BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES


CONGRESO DE LOS DIPUTADOS


XIV LEGISLATURA


Serie D: GENERAL


8 de octubre de 2021

Núm. 340

ÍNDICE


Control de la acción del Gobierno


PROPOSICIONES NO DE LEY


Pleno


162/000692 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a priorizar la reindustrialización de España. Retirada... (Página2)


162/000835 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, relativa a garantizar la permanencia de la Jefatura Superior de Policía de Vía Layetana... (Página2)


162/000836 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, por la que se insta al Gobierno a garantizar e impulsar el modelo de éxito de la MUFACE... (Página3)


162/000837 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Plural, sobre la prevención, detección y plan de actuación frente al suicidio... (Página5)


162/000838 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a priorizar la reindustrialización de España... (Página6)


162/000839 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a proceder al pago directo de las ayudas en concepto de Bono Social Térmico... (Página20)


162/000840 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la participación activa de España en la elaboración del Tratado Internacional sobre Pandemias planteado desde el Consejo Europeo y la
Organización Mundial de la Salud... (Página23)


162/000841 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre la extensión del régimen fiscal aplicable a los trabajadores desplazados a territorio español, en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, a
aquellos profesionales que vayan a realizar en España una actividad económica significativa, un proyecto empresarial de interés para nuestro país, o una actividad emprendedora de carácter innovador... (Página25)


162/000842 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre la aprobación de una deducción fiscal temporal en el Impuesto sobre Sociedades, por la contratación con carácter indefinido de personas que estuvieran
cobrando la prestación por desempleo... (Página26)

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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO


PROPOSICIONES NO DE LEY


Pleno


162/000692


La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.


(162) Proposición no de Ley ante el Pleno.


Autor: Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


Retirada de su Proposición no de Ley relativa a priorizar la reindustrialización de España.


Acuerdo:


Aceptar la declaración de voluntad, teniendo por retirada la iniciativa de referencia, así como comunicarlo al Gobierno y al autor de la iniciativa y publicarlo en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.


En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.


Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de octubre de 2021.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.


Nota.-La iniciativa de referencia fue publicada en el 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, núm. 277, de 21 de mayo de 2021.


La Mesa de la Cámara en su reunión del día de hoy ha acordado admitir a trámite, conforme al artículo 194 del Reglamento, las siguientes Proposiciones no de Ley y considerando que solicitan el debate de las iniciativas ante el Pleno de la
Cámara, disponer su conocimiento por éste, dando traslado al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.


En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.


Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de octubre de 2021.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.


162/000835


A la Mesa del Congreso de los Diputados


El Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para garantizar la permanencia de la Jefatura
Superior de Policía de Vía Layetana, para su debate ante el Pleno.


Exposición de motivos


Para el independentismo catalán, todo símbolo de la presencia del Estado en Cataluña es incómodo por cuanto representa un obstáculo en su hoja de ruta unilateral.


Como consecuencia de ello, se ha venido desarrollando una ya larga campaña de acoso y hostigamiento a los funcionarios del Estado destinados en Cataluña, singularmente dirigida tanto contra

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policías nacionales y guardias civiles, como contra Jueces, Magistrados y Fiscales que, en los momentos más duros de la deriva secesionista, constituyeron un auténtico dique de contención en defensa de los valores constitucionales y de la
convivencia democrática gravemente amenazados.


Pero si hay un símbolo que encarna en el imaginario colectivo la presencia del Estado en Cataluña y, por eso mismo, se ha convertido en el blanco recurrente de ataques por parte de radicales independentistas, ese es, sin lugar a dudas, la
Jefatura Superior de la Policía Nacional de la Vía Layetana de Barcelona.


En fechas muy recientes, los agentes allí destinados sufrieron, de nuevo, el enésimo acto de intolerable acoso con el pretexto de la celebración de la Diada el pasado sábado 11 de septiembre, cuando grupos de radicales separatistas
protagonizaron graves incidentes. Al término de la manifestación independentista, por cierto, con menguante participación respecto de anteriores años, se produjeron lanzamientos de diversos objetos, pintura, botes de humo y vallas contra los
efectivos de los Mossos que custodiaban el edificio. Estos lamentables incidentes se saldaron con nueve agentes heridos leves y dos personas detenidas, una de ellas por desórdenes públicos y la otra por atentado contra la autoridad.


La salida de los agentes de la policía nacional de esta emblemática sede es un objetivo perseguido por el independentismo, y que se interpretaría como victoria frente al Estado, constituiría para las fuerzas constitucionalistas un acto
vergonzoso de cesión y repliegue del Estado que vendría a añadirse a otras cesiones intolerables como fueron la concesión de los indultos.


Tratándose de un asunto de la competencia exclusiva del Estado, sería intolerable que una reclamación de esta naturaleza, con toda la carga simbólica que conlleva, formase parte de la agenda de 'Mesa de la vergüenza', cuyo contenido se hurta
al conocimiento público.


Por este motivo, el Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta la siguiente


Proposición no de Ley


'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a defender y mantener la presencia del Estado en Cataluña y, especialmente, a no trasladar la Jefatura Superior de Policía de Vía Layetana.'


Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de septiembre de 2021.-Inés Arrimadas García, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.


162/000836


A la Mesa del Congreso de los Diputados


El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para instar al Gobierno a garantizar e
impulsar el modelo de éxito de la MUFACE, para su debate en el Pleno.


Exposición de motivos


La primera ministra de esta legislatura de Política Territorial y Función Pública, doña Carolina Darias, en su comparecencia en esta Cámara el 27/02/2020, dijo respecto al Mutualismo Administrativo que presta la asistencia sanitaria a los
funcionarios y sus familiares lo siguiente:


'Quiero comentarles que es objeto de actuación de este Ministerio la modernización de la MUFACE y en este sentido les anuncio que vamos a continuar el desarrollo del actual Plan Estratégico MUFACE y vamos a comenzar a elaborar un nuevo plan
estratégico que abarque el periodo 2020-2023. En este nuevo plan la mutualidad apuesta por un nuevo enfoque innovador, incorporando la digitalización en la prestación del servicio y reforzando el protagonismo de las direcciones provinciales como
punto de encuentro con el mutualista.'


Con posterioridad, el segundo ministro de esta legislatura de Política Territorial y Función Pública, D. Miquel Iceta, apostó, asimismo, por el modelo del mutualismo administrativo. Durante su fugaz etapa en el Ministerio, se estuvo
trabajando en un nuevo concierto con las compañías aseguradoras para un periodo de tres años, contemplándose también un incremento de las primas para compensar los costes

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'extra' que habían asumido las citadas compañías por la asistencia sanitaria dispensada durante la COVID.


Los socios del Gobierno de Unidas Podemos han abogado siempre por suprimir el Mutualismo Administrativo, una pretensión en la que insisten de forma reiterada y que han plasmado recientemente en diversas iniciativas.


Asimismo, la Fundación Alternativas, próxima al PSOE, comparte con Podemos las intenciones de eliminación de la MUFACE y del resto de Mutualidades (ISFAS y MUGEJU). Circunstancias que han reavivado la inquietud y temor en el colectivo de
beneficiarios de la asistencia sanitaria.


El Mutualismo Administrativo ha convivido con el Sistema Público de Salud desde su nacimiento con el fin de dar la cobertura de un régimen de la Seguridad Social a los funcionarios y a sus familiares.


Hay que recordar que el mutualismo administrativo forma parte del Sistema Nacional de Salud, en los términos de la disposición adicional cuarta de la Ley 16/2003, de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud, por lo que la cobertura
sanitaria que reciben los funcionarios es enteramente pública, por más que la provisión pueda ser pública o privada, precisamente a elección de ellos.


Creemos que no se debería sembrar la duda, como hacen los socios del Gobierno de Podemos, sobre un modelo de éxito que viene funcionando desde hace más de cuarenta años y que de algún modo es patrimonio de los funcionarios mutualistas.


Tampoco nos parece adecuado que el propio Gobierno, a través de la ministra Montero, replique con tibieza o matice que el modelo no está en juego 'al menos en esta legislatura', porque esta actitud genera intranquilidad entre el colectivo de
funcionarios, muchos de ellos pensionistas, que ven en juego su asistencia sanitaria tal como la han venido recibiendo hasta ahora.


Al Estado le cuesta menos un paciente de MUFACE que un paciente atendido en la sanidad pública. El Estado paga unos 883 euros de media al año por un mutualista, y por el del sistema público abona una media de 1.224 euros, una diferencia de
341 euros, lo que se traduce en un ahorro para las arcas públicas de 682 millones de euros anuales. Por tanto, la inversión que se hace a través del modelo mutualista es más eficiente, en términos económicos.


La MUFACE presta la asistencia sanitaria a 1.473.641 personas, el ISFAS a 592.106 y MUGEJU 91.714 beneficiarios. Traspasar a los más de 2 millones de beneficiarios del mutualismo supondría un colapso de la sanidad pública y un aumento muy
considerable de las ya cargadas listas de espera. Por tanto, el sistema del mutualismo reduce en gran medida la presión asistencial en el sistema público y garantiza su viabilidad.


Dado el escenario complejo e incierto como consecuencia de la pandemia a nivel mundial y la trágica experiencia vivida en nuestro país, no parece que el momento, ni las condiciones sean las más idóneas para sobrecargar aún más el sistema
público de salud.


Además, la desaparición de la MUFACE (y de la MUGEJU e ISFAS) implicaría la desaparición de las clínicas y de los centros sanitarios no públicos en provincias cuya actividad está focalizada en la atención y asistencia a los empleados
públicos. Esto supondría, además del colapso asistencial público indicado anteriormente, la desaparición de unos 39.000 puestos de trabajo.


La eliminación del Mutualismo Administrativo repercutiría también en todas las actividades relacionadas con la asistencia sanitaria y hospitalaria (ambulancias, aparatología diagnóstica y rehabilitadora, material sanitario, prótesis,
productos farmacéuticos, material informático, etc.).


En el Grupo Parlamentario Popular entendemos que se ha de seguir apostando por el Mutualismo por todo lo expuesto, por la eficiencia económica, por la creación de puestos de trabajo, directos e indirectos, por la satisfacción de la
prestaciones recibidas por más de 2 millones de beneficiarios y porque garantizan la viabilidad del Sistema Público de Salud, que en la actualidad no podría absorber a un colectivo tan numeroso de funcionarios activos, pensionistas y familiares de
unos y otros.


Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente


Proposición no de Ley


'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:


1. Garantizar, impulsar y modernizar el actual Mutualismo Administrativo y continuar con el desarrollo del Plan Estratégico de MUFACE.


2. Proceder con celeridad a la firma del concierto con las compañías aseguradoras que prestan la asistencia sanitaria.

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3. Cumplir los compromisos adquiridos en esta Cámara, recogidos anteriormente, por los exministros responsables de Función Pública, Dña. Carolina Darias y D. Miguel Iceta.'


Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de septiembre de 2021.-Llanos de Luna Tobarra, Diputada.-Concepción Gamarra Ruiz-Clavijo, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


162/000837


A la Mesa del Congreso de los Diputados


Más País Verdes Equo, en el Grupo Parlamentario Plural, de conformidad con el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley para su debate en Pleno sobre la prevención, detección y plan de
actuación frente al suicidio.


Exposición de motivos


Hay pandemias invisibilizadas. Y una de ellas está vinculada directamente a la salud mental, más concretamente a la realidad del suicidio. Nuestra sociedad tiene cada vez mayor conciencia de la necesidad de romper el silencio. No en vano,
tal y como nos lo recuerda la Organización Mundial de la Salud (OMS), más allá de la COVID-19, con el suicidio estamos ante el mayor problema de Salud Pública en Europa, con una magnitud habitualmente infravalorada.


En el Congreso de los Diputados hemos hablado ya varias veces sobre esta lacra, hemos manifestado nuestra preocupación y la necesidad de poner en marcha medidas, de tener una estrategia actualizada de Salud Mental, así como un plan de choque
contra el suicidio, pero el tiempo apremia y las soluciones no avanzan. Veamos algunas cifras sobre la magnitud de la cuestión:


1.º El conocido dato de más de 10 suicidios consumados al día en nuestro país. Los expertos apuntan a un infrarregistro y una infravaloración. Pero ya de por sí es escandaloso. Hay 11 veces más suicidios que homicidios.


2.º Se estima que hay entre un 30-40 % de suicidios ocultos, no registrados en las estadísticas oficiales. No solo por ser una muerte 'vergonzante' para muchas familias, sino también por miedo a no percibir los familiares los seguros de
vida.


3.º Por cada suicidio consumado se calcula que hay 20 intentos. Es decir, hoy mismo hay alrededor de 200 personas en nuestro país que están intentando quitarse la vida.


4.º El 70 % de los fallecidos no tuvieron tentativas previas, ni tratamiento previo, ni habían contactado con el sistema por ese riesgo. Es decir, hay una alarmante desconexión entre necesidad y recurso, lo que motiva mucho más a fondo la
proposición que pretendemos plantear.


5.º El suicidio no es solo una cuestión de depresión. De hecho, el fuerte aumento de consumo de antidepresivos de la última década no ha ido asociado a un descenso general de suicidios.


6.º No obstante, el presupuesto invertido en psicofármacos en nuestro país, superior a los 700 millones de euros, sí que podría estar detrayendo recursos del sistema nacional de salud que redundan en la falta de profesionales para la
atención psicológica en el sistema público y esto sí que puede tener una influencia directa en la prevención tanto del suicidio como de otros problemas de salud mental.


7.º Los datos apuntan, a día de hoy, un repunte de la incidencia, por la COVID-19, tanto por las situaciones de aislamiento, como por las dificultades socioeconómicas añadidas. En Madrid, por ejemplo, se estima un crecimiento del 10 % de
casos.


Sabemos que la prevención funciona. Hay base empírica, como nos recuerda la OMS. Se trata de actuar sobre los factores de protección y los factores de riesgo. Pero estos factores han de ser conocidos por la población y, por tanto,
necesitamos aumentar el conocimiento, la sensibilización y la concienciación. Y el mensaje no es solo para las personas de mayor vulnerabilidad, sino también para esa población general en la que necesitamos romper el estigma y acercarla con
esperanza a esta realidad.


Y no, no hay efecto llamada en las informaciones o en las campañas de información/sensibilización sobre suicidio, si se hacen con los criterios que nos indica la OMS. Se trata de transmitir la información sin sensacionalismo, sin juicios de
valor sobre la persona que lo piensa, lo diseña o lo intenta -que no es ni

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buena ni mala, ni cobarde ni valiente...-, sin entrar en detalles de las circunstancias y sin hablar de los métodos utilizados, por citar solo algunas de las características de una buena comunicación de un tema tan sensible.


El compromiso del Estado ha de ser sistemático y sostenido en el tiempo, como lo es la propia realidad del suicidio. Necesitamos un compromiso del Gobierno de España, así como de todas las CCAA, de todos los partidos políticos, que
visibilice esta realidad y que envíe el mensaje claro a las personas más vulnerables de que no están solas y que el suicidio puede presentarse como una solución permanente ante un intenso dolor pero que, aunque no lo parezca, la desesperanza, el
dolor y el vacío son estados temporales, no permanentes y nuestra sociedad cuenta con caminos de salida reales.


A modo de ejemplo, el recordatorio de acudir a personas de confianza, de pedir ayuda a un profesional o de tener un teléfono de escucha para sostener en la crisis, puede ser de enorme utilidad. O algo tan simple como enviar el mensaje a las
personas afectadas que estamos dispuestos a hablar de ello como, por ejemplo, hizo el Ayuntamiento de Valencia en marzo 2021 con la campaña 'Rompamos el silencio, hablemos del suicidio'.


Por todo ello, Más País Verdes Equo presenta la siguiente


Proposición no de Ley


'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a llevar a cabo e impulsar todas las actuaciones necesarias para garantizar la prevención, detección y plan de actuación frente al suicidio con, entre otras, las siguientes medidas:


1. La puesta en marcha por parte del Ministerio de Sanidad, de manera sistemática, de Campañas de Información/Sensibilización, de objetivo preventivo, en torno al suicidio:


a) Las campañas habrán de ser diseñadas en consonancia con las recomendaciones de la OMS y con ayuda de expertos en comunicación del ámbito de la salud mental.


b) Deberán llevarse a cabo en coordinación con las instituciones implicadas, tanto públicas -como las consejerías de sanidad de las CCAA o los recursos municipales de salud-, como con entidades directamente comprometidas o de afectados de la
sociedad civil.


c) Estas campañas se realizarían los meses de enero, mayo y septiembre (esta en torno al Día Mundial para la Prevención del Suicidio), tanto del año 2022 como de 2023.


d) Al finalizar la campaña, esta será evaluada, para tomar decisiones sobre su continuidad.


Es difícil que haya mayor sufrimiento que el de aquel que está pensando quitarse la vida o del que tiene que experimentar un duelo por el suicidio de un ser querido. No podemos mirar para otro lado. Es una cuestión de vida o muerte. Las
campañas propuestas van en la línea del lema del Día Mundial para la Prevención del Suicidio 2021: ''Crear esperanza a través de la acción''.'


Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de septiembre de 2021.-Íñigo Errejón Galván, Portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Plural.


162/000838


A la Mesa del Congreso de los Diputados


El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para priorizar la reindustrialización
de España, para su debate en Pleno.


Exposición de motivos


Primero. Planteamiento general.


La industria es un sector estratégico que genera hoy el 13 % del PIB y el 12 % del empleo de forma directa, si bien sus efectos indirectos e inducidos alcanzan, respectivamente, el 43 % de la riqueza y el 30 % del empleo. Los puestos de
trabajo son, en la industria, de alta calidad en términos de salario,

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estabilidad y formación (con ratios que superan en los tres casos al resto de las actividades de nuestra economía), y su contribución a las cuentas públicas en términos de cotizaciones, IRPF derivado, IVA, impuestos especiales y otras
figuras tributarias, es proporcionalmente superior a la de otros sectores y esencial para garantizar la sostenibilidad fiscal de los servicios sociales del sector público.


La industria es también responsable del 92 % de las exportaciones de mercancías y de más del 50 % de la inversión privada en investigación, innovación y desarrollo tecnológico, área fundamental no solo para impulsar la competitividad, sino
también para facilitar el desarrollo de productos y tecnologías que garanticen la sostenibilidad y la lucha eficaz contra el cambio climático.


La crisis derivada de la pandemia de COVID-19 ha puesto y sigue poniendo a prueba nuestro tejido industrial, que puede y debe actuar como motor en el proceso de recuperación de la economía española. La experiencia del último año nos ha
mostrado a toda Europa la importancia de consolidar e incrementar la cadena de valor industrial dentro de nuestro territorio. La Comisión Europea ya visualizó el reto de la reindustrialización de Europa en 2014, como quedó expuesto en su estrategia
'Una política industrial integrada para la era de la globalización', en la que establecía como objetivo que la industria representara el 20 % del PIB europeo en 2020.


Sin embargo, este último año de crisis pandémica, ha vuelto a poner en serias dificultades a la industria, lejos de alcanzar el objetivo europeo mencionado. Pero no solo la actual crisis pone en riesgo nuestro tejido industrial. Desde la
década de los años ochenta, la industria española ha venido perdiendo peso por distintas razones, con periodos de cierta recuperación, pero sin que haya sido capaz de conseguir una auténtica reindustrialización hacia el objetivo marcado por la UE
del 20 % del PIB.


Pero sin entrar en el detalle de las causas que en cada periodo de nuestra historia reciente han contribuido al declive del peso industrial en nuestro PIB, hoy ya nadie discute que es necesaria una política industrial y que el acierto o
desacierto en el diseño y ejecución de esa política industrial marcará el futuro de las próximas generaciones de españoles, porque el mundo experimenta hoy una 'ebullición de factores' con grandes dosis de incertidumbre y cambios de paradigma, una
aparición de tecnologías y nuevos modelos de producción, aprovisionamiento y comercialización con una gran capacidad disruptiva. A ello se añade la oportunidad histórica de los fondos europeos del Programa Next Generation UE, que nos brindan la
ventaja de poder contar con los recursos financieros necesarios para acometer las necesarias transformaciones y modernización de nuestro tejido industrial.


Segundo. Políticas y marcos regulatorios para generar confianza que atraiga inversión productiva hacia políticas industriales bien articuladas.


Para comenzar a construir dicha reindustrialización, es imprescindible generar un clima de confianza y estabilidad que atraiga inversión y talento y garantice seguridad jurídica y regulatoria y una trayectoria previsible para los próximos
años.


Ese clima de confianza exige una política económica eficaz, que garantice el equilibrio macroeconómico y fiscal, que actúe como estímulo a la inversión y la financiación y, con ello, que contribuya al fortalecimiento y desarrollo de una
industria sólida, sostenible, innovadora, competitiva y de proyección internacional.


Pero, además de la política económica marco, debe desarrollarse una Estrategia Industrial específica que considere las particularidades de cada sector industrial en España, sus retos y oportunidades, un diagnóstico de situación que articule
un plan de acción, a corto, medio y largo plazo, con líneas estratégicas troncales y una batería de propuestas de actuación, concretas y bien delimitadas, sometidas a evaluación y corrección en un proceso de mejora continua.


Esta Estrategia Industrial y los Planes, Agendas y Hojas de Ruta sectoriales deberán desarrollarse con carácter interministerial, transversal a muchos Ministerios y organizaciones públicas, y recogerá actuaciones tanto del actual Ministerio
de Industria, Comercio y Turismo así como de otros Departamentos Ministeriales, como el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico, el Ministerio de Economía y Transformación Digital, el de Ciencia y Tecnología, entre otros Ministerios y
entidades públicas, orientadas a facilitar un entorno empresarial favorable al desarrollo de nuestro tejido industrial.


Desde finales de los años noventa, en los que se asumieron a escala europea las directrices de un desarrollo plenamente sostenible con objetivos cada vez más ambiciosos para alcanzar una economía descarbonizada y circular, los diferentes
gobiernos han planteado sucesivas agendas y estrategias industriales con el objetivo de que nuestra economía productiva alcanzara los nuevos retos manteniendo su competitividad. En este contexto, fenómenos disruptivos como la crisis financiera de
2008 -y más recientemente la pandemia mundial-, o el desarrollo de tecnologías avanzadas en la lucha contra el

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cambio climático, la eficiencia energética o la digitalización, han provocado una actualización más o menos continua y de menor o mayor calado, de los posicionamientos estratégicos respecto a la industria.


Así en la última década, se aprobó en julio de 2014 la 'Agenda para el fortalecimiento del sector industrial en España' que establecía diez líneas de actuación estratégicas en tres ámbitos de actuación (nacional, internacional y
transversal), tras la cual se articularon una serie de planes y agendas sectoriales de los sectores productivos estratégicos, elaborados con plena participación de los sectores afectados, y que fueron públicamente presentados a lo largo de 2018 y
2019. Las agendas sectoriales aprobadas hasta el momento abarcan la industria eólica, la industria aeronáutica, la industria química y del refino, la industria espacial, la industria cementera, la industria naval, la industria papelera y la
industria de automoción. También en 2018 se impulsó el Marco estratégico de la España industrial 2030 y, en 2019, las Directrices generales de la nueva política industrial española 2030.


Tercero. Diagnóstico de situación general y reformas pendientes.


La evolución de la industria manufacturera en España presenta, desde la crisis de 2008, una evolución negativa pese al periodo de recuperación experimentado entre 2014 y 2019. Así, su contribución a la economía se ha reducido en términos de
valor añadido bruto, índices de producción, cifra de negocios y número de empresas, siendo especialmente relevante la caída del empleo. Así, en 2019, apenas se superaron los 2 millones de puestos de trabajo (2.030.000), frente a los 2,6 millones
registrados en 2008 (2.629.500), lo que ha incidido no solo en la pérdida de la calidad del empleo a nivel global, sino en los propios ingresos del estado, con una reducción de los ingresos por cotizaciones del 17 %.


Independientemente de las crisis globales de 2008 y 2020, que sin duda han sido dos factores determinantes en el registro de este comportamiento, los costes energéticos -y particularmente de la electricidad- se han configurado como el talón
de Aquiles de nuestra economía industrial, esencialmente por la sucesiva introducción de costes regulados ajenos al transporte y distribución, y a la disminución progresiva de sistemas de compensación que sí operan en las principales economías de
nuestro entorno competitivo.


En el último barómetro comparativo de precios eléctricos finales para la industria electrointensiva (correspondientes al 24 de mayo de 2021), muestran que los precios del mercado mayorista son un 36 % y un 8 % superiores a los franceses y
alemanes, y que los costes regulados en España son 18 veces más elevados que los franceses y 5 veces que los alemanes. Todo ello unido a nuestro menor sistema de compensaciones, arroja un diferencial en el precio final difícilmente sostenible y
justificable: las empresas intensivas pagan en España un 114 % más y un 57 % que sus homólogas en el país vecino y Alemania.


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A esta situación se añade el Anteproyecto de Ley de Fondo Nacional para la Sostenibilidad del Sistema Eléctrico que, con su diseño actual, podría incorporar un sobrecoste superior a los 2.600 millones € a los consumidores industriales,
afectando especialmente a las industrias consumidoras de gas y a aquellos sectores con consumos intermedios y elevados de electricidad. La propia Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ya ha llamado la atención sobre este
particular en su Informe sobre dicho Anteproyecto de Ley. Algunas estimaciones calculan un incremento del 8 % de la factura energética a 3.500 industrias españolas como consecuencia del actual diseño del Fondo.


El Comité de Expertos para la reforma del sector energético, en su Informe de marzo de 2018, recomendaba distintas opciones y, entre ellas, trasladar los costes hundidos de la transformación a los Presupuestos Generales del Estado. Debe
tenerse en cuenta además que el sector eléctrico no compite internacionalmente, mientras que el sector de hidrocarburos y la industria si están sometidos a esa competencia internacional, por lo que es necesario un mayor análisis y escenarios de
sensibilidad sobre la mejor forma de distribuir la carga fiscal inherente a la vocación transformadora hacia la descarbonización de manera coherente en tiempo y forma para que nuestra industria sea parte de la solución.


Finalmente, está el Proyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética desde junio del año pasado, aprobado en una sola sesión sin apenas debate de las más de 700 enmiendas presentadas, en sesión de la Comisión de Transición
Ecológica y Reto Demográfico en el mes de abril de 2021. La abstención final del Grupo Parlamentario Popular es la expresión de la contradicción de los términos de dicho proyecto de Ley con los compromisos asumidos por los grupos parlamentarios que
apoyan al Gobierno, cuando se aprobó impulsar un Pacto por la Industria en la Comisión de Industria, Comercio y Turismo.


También debe resaltarse, por su importancia como ha sido puesto de relieve en recientes comparecencias en la Comisión de Industria, Comercio y Turismo, el efecto demoledor para nuestro tejido productivo de la alta morosidad que se
experimenta en España en comparación con nuestros vecinos europeos. En un año 2020, marcado por la crisis del COVID-19 y por la relajación de la disciplina fiscal para hacer frente a sus consecuencias económicas -que se ha traducido en un
espectacular incremento de la deuda pública española-, sin embargo, la situación de morosidad en el pago a empresas, PYMES y autónomos sigue empeorando. En el último Informe de Comportamientos de Pagos 2020, elaborado por la Plataforma
Multisectorial contra la Morosidad, se muestran datos preocupantes en un contexto tan excepcional como el que vive nuestro tejido productivo:


- El plazo medio de pago en el sector privado es de 77 días, con un incremento del 5 % (4 días), frente a los 73 de 2019.


- El plazo medio de pago en el sector público es también de 77 días, pero con un incremento mayor (incremento de 7 días, un 10 %), frente a los 70 días de 2019.


Según la Plataforma, medio millón de empresas están en riesgo de quiebra principalmente por el retraso en los pagos. El mismo Informe señala que, según las empresas encuestadas, si cobraran todas sus facturas en plazo, el 11 % reducirían su
necesidad de financiación en más de un 40 %, y el 24 % de los encuestados la rebajarían entre un 20 % y un 40 %. Por otro lado, la ratio de morosidad (porcentaje de impagos respecto al total de facturación), se cifró en el 5,4 %, lo que significó
un aumento de un 74 % respecto a 2019.


Además, las empresas españolas sufren esta situación con mayor intensidad que las europeas. Según la información aportada en el informe de la Comisión Europea de junio 2018, 'Business-to-business transactions: a comparative analysis of
legal measures vs. soft-law instruments for improving payment behaviour', los plazos de pago en España son los más largos de la UE.

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Toda la situación expuesta no puede ser desconocida a la hora de abordar la estrategia para la consolidación y recuperación de la cadena de valor industrial, constituida en su inmensa mayoría por PYMES.


En el corto plazo, hay que poner en marcha un Plan de Rescate a la Economía Productiva en coordinación con las diferentes administraciones públicas, los agentes sociales y el resto de las fuerzas políticas. También a corto plazo, debe
aprobarse un Plan de Reequilibrio Fiscal.


En el largo plazo son imprescindibles reformas estructurales, que nos permitan aumentar la competitividad de las empresas, reducir trabas burocráticas, abaratar los costes energéticos y apostar por las personas apoyándonos en:


- La educación y la formación: hay que retirar la actual reforma educativa e iniciar un Pacto de Estado por la Educación que, desde el máximo consenso, nos sitúe en la vanguardia de las nuevas tecnologías y permita a nuestros estudiantes
competir en un mundo globalizado, digital y tecnológico.


- La digitalización: la transformación digital hacia la España 5.0 nos permitirá aprovechar las oportunidades que ofrecen tanto la globalización como las nuevas tecnologías para aumentar nuestra competitividad y situarnos al frente del
desarrollo económico y social.


- La descarbonización, que sea fruto de la creciente electrificación de nuestro sector energético con energías limpias, pero de manera compatible con otros combustibles renovables y sin emisiones, que facilite la transformación de nuestra
industria y su contribución a la recuperación y a la sostenibilidad de nuestro progreso.


Sin embargo, iniciativas expresadas por el Gobierno en torno a la derogación de la reforma laboral; subidas adicionales de impuestos; subida de la base máxima de cotización a la Seguridad Social; pagos por el uso de vías de alta
capacidad; nuevamente el impuesto al diésel y la creación de un comité de expertos para la reforma fiscal con el encargo de elevar la recaudación tributaria en 80.000 millones de euros, pueden suponer un freno extremo para bordar la recuperación
económica e industrial que precisa España. Tal y como expresa el Informe de la OCDE respecto a España: 'Cualquier subida de impuestos solo se debería implementar una vez que la recuperación esté firmemente en marcha, y posiblemente necesite ir
acompañada de medidas compensatorias focalizadas y limitadas en el tiempo para los hogares más vulnerables'.


El objetivo tiene que ser otro. El objetivo tiene que ser llevar a cabo transformaciones y reformas estructurales dirigidas hacia la descarbonización de nuestra economía, generando progreso, empleo y

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nuevo tejido productivo. Pero no haciendo 'tabla rasa' de la industria pre-existente. La Unión Europea, en su Estrategia de política industrial de 10 de marzo de 2020, recientemente actualizada, establecía la necesidad de evaluar con
detalle las oportunidades y los retos que se presentan a los ecosistemas industriales.


Cuarto. Las singularidades de cada sector industrial y su evolución en la post-pandemia.


En definitiva, se precisa una política industrial proactiva y adaptada a la situación generada con la crisis de la pandemia y a los cambios en las cadenas de valor globales, en la que deben actualizarse las agendas sectoriales con arreglo a
la situación excepcional que experimentan los distintos sectores industriales. Las políticas energéticas y de descarbonización deben orientarse simultáneamente a lucha contra el cambio climático y a mejorar la competitividad de nuestra industria, y
no a alcanzar una a costa de la otra, porque de lo contrario pondremos en riesgo a nuestras empresas y los objetivos de atracción de talento y relocalización industrial en nuestro país.


Los cierres y despidos colectivos que afectan a grupos industriales en España se anuncian cada semana. Al menos 16 grandes empresas industriales, como Airbus, Bosch, CIE Automotive, Gestamp, Siemens Gamesa, Nissan, Abengoa, Alcoa, Celsa,
Duro Felguera, Acciona Facility Services, ITP Aero, Airnnova, Tubacex, Continental, TE Connectivity, U-Shin. Jobelsa, Heineken, Coca-Cola, Italco, entre otros, han anunciado recortes de plantilla que afectarían a más de 5.000 trabajadores. Solo
los casos más mediáticos suponen la extinción o peligro de desaparición de más de 22.000 empleos en España.


La pandemia de COVID-19 ha llevado a nuestra industria a experimentar dificultades adicionales a los problemas que ya se habían detectado en algunos sectores históricamente. El INE diagnosticó la caída del Índice de Producción Industrial en
más de un 9 % en el 2020, la mayor caída desde hace 11 años, pero no es menos cierto que esa afectación no es homogénea y ofrece claros indicios de que también surgen nuevos retos y nuevas oportunidades si se desarrollan las políticas industriales
adecuadas.


Ante este contexto, y como ya se señalaba en nuestra Ponencia del Grupo Parlamentario Popular en la denominada Comisión para la Reconstrucción, en junio del pasado año 2020, la industria debe ser prioritaria en el Plan de Recuperación y no
limitarse a aceptar los impactos negativos que se derivan para ella de las políticas de otros Ministerios. Como hemos señalado, está ya aprobada la Ley de Cambio Climático, del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico. Y del mismo
Ministerio, se encuentran en fase de tramitación el Anteproyecto de Ley para la creación del Fondo Nacional para la Sostenibilidad y del Sistema Eléctrico Nacional, el proyecto de Ley de Residuos y el de Economía Circular. La Estrategia Digital
España 2025 del Ministerio de Asuntos Económicos y de Transformación Digital, también tiene a su cargo desarrollos transversales que impactan en la Industria, como los programas relativos a la Industria 4.0. De la misma forma, los Ministerios de
Ciencia e Innovación y el Ministerio de Educación, deben trabajar en los desarrollos de investigación, innovación, centros tecnológicos y el fortalecimiento de las capacitaciones y el ecosistema universidad-empresa-clusters-administraciones,
contando con importantes partidas presupuestarias asignadas en los Presupuestos Generales del Estado de 2021.


Si a ello se añaden las ayudas europeas procedentes del programa Next Generation UE, la conclusión no puede ser otra que la industria española necesita más que nunca una auténtica política industrial que sea capaz de encajar todas las piezas
del complejo mosaico de actuaciones ministeriales que afectan muy intensamente a la industria y aprovechar todo el potencial transformador de los fondos comprometidos por la UE.


Quinto. La oportunidad para la reindustrialización con las ayudas europeas y sus condicionantes.


Como es bien sabido, el pasado 21 de julio de 2020, en respuesta a esta situación excepcional de la pandemia, se alcanzó un histórico acuerdo en el Consejo Europeo sobre un nuevo Fondo de Recuperación, ratificado este mes de febrero por el
Parlamento Europeo, que permitirá a España movilizar un volumen de inversión sin precedentes en los próximos años; más de 140.000 millones de euros. Solo para el ejercicio 2021, los Presupuestos Generales del Estado contemplan una dotación de
24.128 millones de euros del Mecanismo para la Recuperación y Resiliencia y 2.436 millones del programa React EU.


La primera reflexión es que los fondos europeos conllevan una obligación -habrá que devolverlos en el futuro- y una responsabilidad -invertirlos correctamente en proyectos que generen riqueza y empleo y eviten una carga futura-, que exigiría
una coordinación (por no decir consenso) con el resto de AAPP

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(tanto CCAA como EELL), con la sociedad civil y con todas las fuerzas políticas, una gestión profesionalizada, y un control ágil, pero estricto de los mismos.


Así intentó facilitarlo este Grupo Parlamentario Popular con la propuesta de una Autoridad Independiente para la Recuperación Económica, que permitiera que la gestión se hiciera de forma profesional e independiente, como se ha hecho en otros
países europeos: Olivier Blanchard en Francia, premio nobel de economía en 2014; Vittorio Colao en Italia, exconsejero mundial de Vodafone; el Consejo de Expertos para la Evaluación del Desarrollo Macroeconómico en Alemania, el llamado grupo de
los 5 sabios que asesora de forma independiente a los gobiernos alemanes desde hace 60 años.


La segunda reflexión es, ¿qué condicionalidad hay asociada a la percepción de estos fondos? En la enésima presentación del Plan de Recuperación hemos conocido 212 reformas e inversiones (en realidad, unas y otras se mezclan) que no se
concretan. Todo son Estrategias, Agendas, Planes o Nuevas Leyes de los que solo se conoce el nombre, pero no el contenido ni el detalle. Imposible estar de acuerdo o en contra de algo que no se conoce.


¿Cuántos de esos planes, reformas e inversiones se van a traducir en proyectos que consoliden industria o que generen nueva industria nacional? Se dan cifras pero no se explica de donde salen ni cómo se van a ejecutar, y da la impresión de
que una misma partida de los PGE se combina para ser incluida en distintas 'medidas', amplificando artificialmente el presupuesto disponible. Hay que recordar que los recursos que se asignan en los Presupuestos Generales de 2021 al Ministerio de
Industria, Comercio y Turismo no se aprecia prioridad alguna por su parte hacia este Ministerio estratégico para salir de la crisis; recibe 1.798 millones de los 26.634 millones de los fondos europeos que asignan a este ejercicio, el 6,7 % de esos
fondos, cuando la suma de peso en el PIB de Industria, Comercio y Turismo, alcanza sobradamente el 40 % y son sectores especialmente golpeados por esta crisis. Y de ellos, 1.300 los consumen las transferencias para el sector del turismo, claramente
insuficiente para el sector, y que deja al mismo tiempo al resto de políticas del Ministerio 'ahogadas' y prácticamente sin presupuesto disponible procedentes de estos fondos europeos.


Y entre tanta generalidad que 'maquilla' la escasez presupuestaria para la política industrial, se diluyen las reformas estructurales y transversales que nuestra industria y nuestro tejido productivo necesita y que realmente van a exigir en
Bruselas: reforma del mercado laboral, simplificación normativa y mayor unidad de mercado, reforma educativa y de la formación, medidas para volver al equilibrio presupuestario o reforma de las pensiones y de los mecanismos contributivos, que
penalizan hoy la creación de empleo...


En la presentación del pasado 7 de octubre del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), el Gobierno señalaba diez políticas clave. De ellas, solo una, la número 5, se enfoca en la Modernización y digitalización del tejido
industrial y de la pyme, recuperación del turismo e impulso a una España Nación Emprendedora, que incluye un componente sobre 'Política Industrial España 2030' y esta a su vez contiene el Programa de Impulso de proyectos tractores de Competitividad
y Sostenibilidad Industrial.


Sexto. Los proyectos tractores (PERTES) y su proyección industrial.


La categorización de los proyectos como 'proyectos tractores' se introduce en el Real Decreto Ley 36/2020, de 30 de diciembre -ratificado por el Congreso y tramitado en la actualidad como Proyecto de Ley-, por el que se aprueban medidas
urgentes para la modernización de la Administración Pública y para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR).


Sin embargo, existen muchas dudas e incertidumbres sobre cómo se procederá a la evaluación de los proyectos, los criterios reglados para la decisión, la participación de los agentes económicos y sociales y de las CCAA y la supervisión del
proceso por parte del Parlamento, a fin de que no se dilapiden los recursos en proyectos dispersos y sin real capacidad tractora y transformadora.


Las dudas se acrecientan cuando consta que -sin saber aún cual será la redacción final como Ley de dicha normativa reguladora-, diferentes Ministerios, y entre ellos el Ministerio de Industria, han comenzado los procesos denominados de
Manifestación de Interés (MDI), con el objetivo de identificar áreas de interés dentro del Programa de Impulso de proyectos tractores de Competitividad y Sostenibilidad Industrial, que permitan identificar posibles grandes proyectos y sus
condicionantes, para impulsar aquellos proyectos estratégicos de máximo impacto mediante futuras convocatorias del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo que faciliten el desarrollo de dichos proyectos estratégicos para la transición
industrial.

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Y, por otro lado, aunque lo cierto es que los proyectos presentados en dichas MDI no generan ningún derecho al acceso a la potencial financiación que pueda convocarse por la Administración para el apoyo de proyectos tractores, ni ninguna
obligación a la Administración, no deja de existir un riesgo de que las convocatorias oficiales de ayudas se 'adapten' a los proyectos analizados en los MDI, con riesgo de la más eficiente concurrencia y competencia, cuando la normativa, los
criterios reglados, las dotaciones presupuestarias disponibles y, en definitiva, las políticas estratégicas, están aún sin definir. En definitiva, en lugar de adaptar la política industrial a los proyectos presentados a iniciativa de parte, en
situación de incertidumbre regulatoria y en plazos muy breves, sería deseable que los proyectos se articulen en torno a una política industrial de país claramente y previamente definida para, al menos, todo el periodo plurianual 2021-2026 de
ejecución de los fondos comunitarios, en torno a un Pacto de Estado por la Industria que otorgue estabilidad y certidumbre a dicha política industrial.


Se han presentado a las distintas declaraciones de interés puestas en marcha por varios Ministerios, más de 4.000 proyectos industriales. Tan solo los 462 proyectos presentados en el Ministerio de Industria y que cumplían con los requisitos
de la convocatoria, totalizaban una previsión de inversión de 143.000 millones €, cribados posteriormente hasta 139 proyectos con una inversión de 30.000 millones. Debemos dar preferencia industrial al Plan de Recuperación, y que ninguno se quede
sin ejecutar. Por eso es preocupante que el Ministerio de Industria solo disponga de 2.000 millones, apenas un 7 % de lo solicitado, del conjunto de los fondos europeos para 2021.


Séptimo. El necesario giro en la buena dirección para la reindustrialización; no partimos de cero.


Toda buena política consiste en definir prioridades y anticipar situaciones para potenciar las oportunidades y mitigar los riesgos. Y en la industria, esa buena política es imprescindible y determinante para consolidar e impulsar nuestro
tejido industrial en el actual contexto de crisis, pero también de oportunidad histórica y, probablemente, irrepetible. No es una buena solución actuar solo reactivamente a la situación, atendiendo solo los proyectos cuyos promotores tienen la
capacidad y el legítimo interés de catalogarlos como prioritarios y estratégicos para su propio desarrollo de negocio.


No parece tampoco equilibrado que los Presupuestos Generales del Estado para 2021 apenas dediquen 300 millones de fondos europeos en el ámbito del Ministerio de Industria y, sin embargo, se destinen 5.000 millones al IDAE o casi 7.000
millones para el Ministerio de Transición Ecológica, para proyectos que pueden acabar impulsando las industrias de terceros países con productos y servicios traídos del exterior.


En esa tarea, la Estrategia para la Industria es un marco de referencia de actuaciones a corto, medio y largo plazo que debe actualizarse para incorporar las lecciones aprendidas con la nueva situación creada con la pandemia de COVID-19.
Esa actualización debe ser fruto de la reflexión conjunta entre autoridades y agentes económicos y sociales, pero las actuaciones urgentes e inmediatas a muy corto plazo exigen la identificación de los criterios fundamentales para que nuestra
industria no se quede atrás.


Es necesario -como venimos reiterando en esta PNL-, que el Ministerio de Industria desarrolle eficazmente los planes sectoriales actualizados a la excepcional situación de la pandemia. El Plan de automoción de junio de 2020 debe
desarrollarse con dotaciones presupuestarias suficientes y proyectos concretos. En ese sentido, es una buena noticia la aprobación en sesión de 16 de diciembre pasado, de la Proposición No de Ley del Grupo Parlamentario Popular sobre el impulso a
la cadena industrial del vehículo eléctrico y alternativo, con el apoyo de todos los grupos de la Cámara, que marca una buena hoja de ruta sobre cómo se puede seguir apoyando a nuestra industria con la indicación de directrices concretas.


Como también constituye un ejemplo de responsabilidad la enmienda transaccional suscrita por Grupo Socialista, GPP y Cs en relación con la Proposición no de Ley 161/000776 sobre un Pacto por la Industria, también aprobada en la Comisión de
Industria, Comercio y Turismo en su sesión de 13 de octubre de 2020, y que incorpora los ejes principales del Pacto por la Industria que dejó formulado el Gobierno de Mariano Rajoy hace ya casi tres años, días antes de la moción de censura. En esa
propuesta transaccional de Grupo Socialista, Grupo Parlamentario Popular y Grupo Ciudadanos, aprobada en Comisión, el Congreso insta al Gobierno a desarrollar un Pacto por la Industria y una serie de medidas que, lamentablemente y pese a la urgencia
de la situación, siguen sin impulsarse, incluyendo la nueva Ley de Industria. Especialmente relevante es que no existe una adecuada gobernanza que permita hablar de una auténtica política industrial de Gobierno o de país; algunos de los
Ministerios que tienen la capacidad de orientar los fondos europeos hacia programas y proyectos concretos, parecen considerar la industria

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como el 'enemigo a batir'; y las nuevas cargas tributarias sobre el componente energético de hidrocarburos que alimenta en gran medida a nuestra industria, amenaza su sostenibilidad y competitividad, incumpliendo por tanto, lo mandatado por
el Congreso al Gobierno en la referida Resolución. Este es uno de los puntos principales que justifica esta Proposición no de Ley, porque, como se verá más adelante, no se pretende poner en cuestión los objetivos climáticos ni los retos de
descarbonización de la economía española. La cuestión no es el qué, sino el cómo.


Y hay que cambiar radicalmente el enfoque de los fondos europeos para priorizar su inversión en tejido industrial. La coherencia y eficacia de esa Política industrial de Estado tiene que ponerse a prueba en la selección, coordinación,
ejecución y supervisión de los proyectos tractores que puedan formar parte de esa primera fase de impulso de la reindustrialización en España.


Al Plan de Recuperación con los fondos europeos se les está dando un enfoque excesivamente transversal desde los Ministerios que atienden a las principales políticas consideradas prioritarias por la propia UE, pero falta trasladar y combinar
ese enfoque con un desarrollo vertical bien planificado y muy enfocado a la consolidación y generación de tejido industrial en España, que supere la dispersión en proyectos desconectados entre sí o limitados a un solo ejercicio presupuestario.


Los proyectos deben de tener como objetivo generar riqueza y empleo a largo plazo y transformar la economía a un coste razonable desde un punto de vista de la eficiencia. Para ello se requiere una estrategia bien planificada, pero también
un análisis del impacto en el tejido industrial de las distintas iniciativas legislativas en marcha en relación con las políticas climáticas y ambientales o la política fiscal, para el máximo aprovechamiento de dichos fondos. Deseos y voluntarismo
político y realidades industriales y económicas pueden no coincidir. Para que un proyecto sea innovador y transformador, lo primero que hay que conseguir es que sea rentable, implementable y sostenible; no solo se trata de incorporar nuevos
sistemas de energía o de digitalización, es una oportunidad de mejorar la regulación, atraer inversión privada y desarrollar ecosistemas industriales interconectados.


Es urgente articular una buena Estrategia Industrial con esos 4.000 proyectos presentados como Manifestaciones de Interés y desarrollar un Plan que incorpore inversión privada, con modificación del Reglamento para co-financiamiento por
categorías, por ejemplo. Francia ya ha adjudicado 16 proyectos con importe medio de 16 millones con un 23 % de subvención. El Gobierno debe negociar con Bruselas la modificación de las categorías para que el 20 % pueda ser un mínimo, un suelo,
pero no un máximo de co-financiamiento. Hay que ser ambiciosos, dada la situación excepcional. Esas modificaciones deben ir orientadas a priorizar la industria nacional para alcanzar el objetivo europeo del 20 % del PIB. Cada país puede solicitar
a la Comisión que se exonere el Reglamento con propuestas individualizadas de ayuda por proyecto, justificando la petición de mayores coeficientes de co-financiamiento para evitar la deslocalización industrial hacia países con mejores sistemas de
ayudas de apoyo a la industria. En este punto es necesario recordar que el Congreso insta al Gobierno a apoyar a la industria '... con los mismos instrumentos y en la misma cuantía que lo hacen otros países europeos...'.


Por otro lado, la gobernanza de la Estrategia, el Plan y la Política industrial debe articularse más eficientemente que hasta ahora. Debe tener en cuenta la plurianualidad de las ayudas europeas, el ámbito temporal de los créditos
considerando su continuidad en los próximos años para planificar el desarrollo de cada proyecto por fases; los proyectos industriales requieren una planificación de medio y largo plazo, una maduración que no puede improvisarse. Si no se tiene en
cuenta esta particularidad, los fondos corren el riesgo de acabar destinados en proyectos tradicionales, antiguos o en meros 'Planes E' de compras de equipos o actuaciones puntuales, con muy poca capacidad tractora para modernizar y reindustrializar
nuestra economía. El elemento tiempo es determinante para ser ágiles, pero también inteligentes y realistas; se necesita tiempo para ir madurando la transformación, modular los plazos. Un efecto transformador en el corto plazo en la industria, es
imposible.


Adicionalmente, también es importante para una adecuada co-gobernanza establecer mecanismos realistas de corresponsabilidad; en los proyectos muy grandes, con vocación tractora de cientos de millones, en el que entran muchos socios de
varios sectores (por ejemplo, irrigación, con 200 o 250 socios), los mecanismos de responsabilidad de los socios deben establecer modelos en los que pueda individualizarse la responsabilidad de cada socio, porque en caso contrario nadie firmará un
Consorcio con responsabilidades solidarias multimillonarias con 200 socios que no conoce. Esta cuestión cobra aún más importancia a la hora de incorporar al ecosistema de Pymes a los grandes proyectos tractores, así como al rol que corresponderá al
Gobierno y a las participaciones públicas empresariales en la

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conformación y gobernanza de dichos consorcios, porque la inversión privada es incompatible con una gestión burocratizada de los proyectos empresariales industriales.


El acierto en esa Estrategia, en el Plan de ejecución en la primera fase de corto plazo y en su gobernanza, supone que España se juegue en los próximos tres años ganar o perder entre 15 o 20 años de desarrollo industrial.


En definitiva, esta Proposición no de Ley quiere visibilizar el esfuerzo que realiza nuestra industria y el apoyo que desde las administraciones públicas todos debemos estar comprometidos a ofrecerles, con un Pacto de Estado, que desarrolle
a corto plazo los ejes citados, con partidas presupuestarias procedentes no solo del Ministerio de Industria, sino también de las políticas transversales de digitalización, de innovación, de transformación energética, de economía circular, de otros
ministerios, y con mecanismos de gobernanza que permitan una gestión eficiente y transparente de la asignación y supervisión de las ayudas procedentes de la UE. En ese sentido, el GPP seguirá apoyando las negociaciones que sean necesarias con sus
socios del Partido Popular Europeo para que las decisiones de la UE consideren los intereses y necesidades de la industria española. Los objetivos climáticos no están en cuestión, pero sí el cómo alcanzarlos de manera eficiente en términos de
productividad, progreso y empleo, ya que el Gobierno, bajo el impulso de las políticas del Ministerio de Transición Ecológica, no está atendiendo a lo aprobado en este Congreso como parte de un Pacto por la Industria.


Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente


Proposición no de Ley


'Para instar al Gobierno a elaborar un 'Plan extraordinario para reindustrializar España. España REINDUS 2020-2050', que integre, armonice y continúe los ejes estratégicos de la 'Agenda para el fortalecimiento del sector industrial en
España' de julio de 2014, el 'Pacto por la Industria' ofrecido junio de 2018, y las Directrices Generales de la nueva política industrial española 2030' de febrero de 2019, actualizado a las nuevas y excepcionales circunstancias y considerar la
implicación de todos los Ministerios, bajo el liderazgo del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.


El Plan Extraordinario España REINDUS. 2020-2050 contendrá cuatro grandes áreas de actuación y, al menos, dos protocolos para las transformaciones transversales prioritarias.


Cuatro áreas de actuación y ejes principales de desarrollo.


1. Medidas de carácter estratégico, que deben desarrollar un Pacto Nacional por la Industria, consensuado entre las principales fuerzas políticas, Comunidades Autónomas y agentes económicos y sociales, que incluirá varios elementos clave:


1.1 La constitución en el plazo de un mes, en el seno de la Comisión de Industria, Comercio y Turismo, de una Mesa para el Pacto de Estado por la Industria, que vele por el cumplimiento y desarrollo del Pacto de Estado acordado en la Cámara.


1.2 La elaboración de una Estrategia Industrial Actualizada para la Reindustrialización 2020-2030, que actualice y adapte a la situación creada con la pandemia de COVID-19 los planes vigentes, las agendas sectoriales y se enfoque en las
oportunidades de transformación generadas con el programa de fondos europeos Next Generation UE.


1.3 El desarrollo y culminación de los trabajos necesarios para, en el plazo máximo de tres meses, proceder a la aprobación de una nueva Ley de Industria que incorpore los cambios estructurales en los mercados globales, las nuevas tendencias
de los fenómenos disruptivos y las crecientes posibilidades tecnológicas con el objetivo de consolidar un tejido industrial sostenible, moderno, competitivo y generador de empleo de calidad.


1.4 Un Protocolo para la Descarbonización de la Industria para la reforma del marco regulatorio del sector energético español, con enfoque global y sistémico, que garantice su sostenibilidad técnica y económica de manera equitativa y
mediante una transición justa, gradual, coste eficiente e inteligente.


1.5 Una Agenda para la Industria 5.0 que incorpore sistémicamente innovación, tecnologías disruptivas, digitalización y formación singularizada para las nuevas necesidades y requerimientos laborales de nuestro tejido industrial.

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2. Medidas de carácter macroeconómico, cuyo objeto es mejorar el entorno en el que funciona la industria creando un marco de confianza, seguridad jurídica y previsibilidad regulatoria para atraer inversión al tejido productivo y al empleo
industrial. Sus ejes fundamentales de actuación serán los siguientes:


2.1 Rebaja de la presión fiscal a emprendedores, autónomos, familias y empresas, a fin de incrementar la actividad y ensanchar la base imponible para mantener el gasto social necesario en nuestro Estado del Bienestar, incentivar el consumo y
atraer inversión y relocalización de empresas del exterior.


2.2 Cumplimiento de la obligación legal de elaboración por el Gobierno de un Plan de Reequilibrio presupuestario a medio plazo, como medida necesaria que debe acompañar a la suspensión de las reglas fiscales, a fin de generar credibilidad en
los inversores, agentes y mercados financieros.


2.3 Plan nacional de Simplificación burocrática con el objetivo de modernizar la Administración pública y hacerla más eficiente, facilitar trámites y licencias, incentivar el emprendimiento empresarial y permitir mayores economías de escala
reduciendo la heterogeneidad administrativa de escala subestatal.


2.4 Priorizar la formación y los mecanismos de flexiseguridad vinculados al mantenimiento de los modelos que permiten la flexibilidad suficiente para evitar despidos (ERTEs, teletrabajo...), el perfeccionamiento de las capacidades del
empleado para su rápida contratación, y el impulso del emprendimiento (tarifa plan autónomos, mejora ley de segunda oportunidad, agilidad constitución microempresas...), mediante esquemas de colaboración público-privada y reforma del ecosistema
formativo Universidad-Empresa-Administración.


2.5 Favorecer la competitividad mediante una regulación más sencilla e inteligente, y mejorando la profesionalización, independencia y modernización de los organismos reguladores.


3. Medidas de carácter coyuntural, con un doble objetivo:


3.1 En primer lugar, garantizar que se maximiza el potencial transformador de los programas de financiación habilitados por la UE mediante el mecanismo Next Generation UE y otros, con visión holística de la creciente convergencia de los
sectores industriales, energéticos y digitales y atendiendo entre otros, a los siguientes ejes:


3.1.1 Declarar de interés nacional y prioritarios los proyectos de naturaleza industrial postulados para la asignación de fondos europeos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, de forma que se asignen a ellos al menos el 30 % de la
cantidad total de dichos fondos europeos, considerando proyectos que puedan abarcar todo el periodo plurianual.


3.1.2 Inversión con criterios de costo/eficiencia de los recursos procedentes del Fondo Europeo para la Recuperación y la Resiliencia, que pueda generar riqueza y empleo que permita devolverlo en un futuro sin incrementar la carga de la
deuda a las generaciones futuras.


3.1.3 La priorización hacia proyectos industriales de los fondos europeos de transformación, que pongan especial atención en mecanismos que faciliten la participación de las PYMES y el emprendimiento español en la cadena de valor.


3.1.4 Cambio radical en los procesos de análisis y selección, estableciendo mecanismos que garanticen la transparencia y la concurrencia competitiva para su asignación a los proyectos y la adecuada transición justa en los territorios
mientras estén vigentes los fondos europeos, minimizando los riesgos jurídicos ante la revisión de las instituciones europeas, así como la incorporación de mejoras en el marco normativo que faciliten:


i. Mecanismos eficientes de asignación de responsabilidad entre los partícipes de cada Consorcio.


ii. La efectiva incorporación a los proyectos por parte de las Pymes, atendiendo a sus peculiaridades.


iii. Los baremos adecuados de co-financiamiento para la mayor atracción de inversión privada que complemente los fondos comunitarios asignados a los proyectos


3.1.5 Creación de una Autoridad Independiente para la Recuperación Económica que: a) garantice una ejecución ágil, eficaz y eficiente de los fondos europeos; b) evite que se conviertan en un nuevo Plan de gasto improductivo que dilapide el
dinero sin generar riqueza ni empleo; c) salvaguarde el interés general, estableciendo todos los controles que eviten un uso discrecional y partidista de los mismos.

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3.2 En segundo lugar, un conjunto de medidas de carácter paliativo, con el objetivo de recuperar lo antes posible la actividad económica tras la pandemia. Estarán constituidas fundamentalmente por dos Planes de Choque complementarios y
adicionales a las medidas ya vigentes: el Plan de Rescate a la Economía Productiva y el Plan de Reequilibrio Fiscal.


3.2.1 El Plan de Rescate a la Economía Productiva -en coordinación con las diferentes administraciones públicas, los agentes sociales y el resto de las fuerzas políticas- tendrá como objetivo:


- Apoyar a todos los autónomos y pymes que tienen negocios viables pero que se encuentran en situación de riesgo de insolvencia por una situación que se está alargando en el tiempo mucho más de lo inicialmente previsto.


- Incluir todos los territorios de nuestro país en igualdad de condiciones.


- Permitir frenar la destrucción de nuestro tejido productivo y, por tanto, del empleo.


- Recuperar la competitividad de nuestras empresas y la credibilidad de nuestro país.


- Volver al círculo virtuoso del crecimiento económico y la creación de empleo que ya nos permitió salir de la anterior crisis financiera.


Este Plan de Rescate a la Economía Productiva debe incluir, entre otros:


- Un fondo de apoyo financiero y capitalización de empresas, dirigido tanto a empresas viables que necesitan capital para subsistir hasta que la recuperación económica sea posible como a startups que puedan contribuir al crecimiento y la
creación de empleo en sectores innovadores.


- Ayudas directas que sustituyan el mecanismo de los avales y del endeudamiento, para evitar que donde el tejido productivo tenía un problema de liquidez, se transforme en un problema de solvencia que, si no se ataja, puede provocar un
efecto dominó que acabaría en una crisis financiera y de deuda.


- Un Programa de Choque de Apoyo Fiscal, con exenciones a los autónomos y pymes que no pueden desarrollar su actividad con normalidad, que retrase la entrada en vigor de los nuevos impuestos hasta que se adopten de forma coordinada en Europa
para no perjudicar la competitividad de nuestras empresas (tal y como ha pedido Bruselas), y que incluya bajadas selectivas y temporales de impuestos que permitan reactivar sectores estratégicos de nuestra economía.


3.2.2 El Plan de Reequilibrio fiscal se orientará, entre otras medidas, a:


- Reducir el gasto público superfluo e ineficiente y liberar los recursos suficientes para adoptar todas las medidas anteriores, estimado por la AlReF entre 22.000 y 32.000 millones de euros.


- Comprometer una senda de reducción del déficit público que permita recuperar la credibilidad de nuestro país, y atraer inversión y talento.


- Frenar la deuda que amenaza la sostenibilidad de nuestras cuentas públicas y supone un riesgo cierto de crisis financiera y de deuda que volvería a poner en riesgo nuestro estado del bienestar.


4. Finalmente, un conjunto de medidas de gobernanza y coordinación de todas las acciones descritas en los apartados precedentes mediante la creación, en el seno del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, de una Agencia Nacional para
el Desarrollo Industrial, sin incremento de gasto público, abierto a la participación de los agentes económicos y sociales, como mecanismo de gobernanza participativo, que:


4.1 Reorganice los organismos y departamentos gubernamentales con competencias para desarrollar las medidas descritas en los apartados anteriores.


4.2 Combine políticas transversales con políticas verticales y sectoriales, generando ecosistemas industriales o clusters multidisciplinares y con participación de empresa-centros tecnológicos-universidad-administraciones públicas.


4.3 Coordine las actuaciones de la SEPI, en la ejecución del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas y de otros programas de otros Ministerios con incidencia en el tejido industrial,


4.4 Coordine y facilite las políticas industriales de las Comunidades Autónomas, en el ámbito de sus competencias, y su proyección en las políticas comunitarias, a fin de conseguir economías de escala y la máxima eficiencia en la proyección
exterior en los mercados internacionales.

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Dos propuestas y protocolos concretos.


Con independencia de aprobar la puesta en marcha de esta nueva política industrial, diseñada en los bloques de alto nivel mencionados hasta ahora, la extrema importancia de acometer este nuevo proyecto-país justifica también que en esta
decisión se adelante ya el contenido de algunos acuerdos clave. En concreto, el Congreso apoya dotar de un contenido mínimo a la Estructura Industrial Actualizada 2020-2030 y al Protocolo para la Descarbonización de la Industria Española, que se
detallan a continuación.


1. Decálogo para la Estrategia Industrial Actualizada para la Reindustrialización 2020-2030.


La Estrategia Integral Actualizada contendrá los desarrollos necesarios para:


1. Fomentar la demanda de bienes y servicios industriales con efecto multiplicador en la economía, como la automoción y la movilidad sostenible, la rehabilitación y construcción de edificios energéticamente eficientes o el desarrollo de
infraestructuras que favorezcan la descarbonización y la conservación ambiental ('infraestructuras verdes').


2. Mejorar la competitividad de los factores productivos clave, tales como la formación y empleabilidad, el suministro energético estable, competitivo y sostenible, la mejora de las infraestructuras y el sistema logístico y de transporte,
la protección de la propiedad industrial y de los activos intangibles, la inversión en bienes de equipo, o el acceso al financiamiento.


3. Reforzar la estabilidad y uniformidad del marco regulatorio español, mejorando la regulación para la unidad de mercado, la seguridad jurídica y la simplificación administrativa y favoreciendo una más equilibrada distribución territorial
del tejido industrial, de acuerdo con el espíritu y la letra del marco regulatorio europeo.


4. Potenciar la eficiencia y la orientación al mercado y a los retos de la sociedad de la I+D+i, con especial atención a las tecnologías disruptivas como la inteligencia artificial, la biotecnología y los nuevos materiales.


5. Favorecer un mayor tamaño de la PYME industrial, no solo con crecimiento orgánico sino mediante mecanismos de alianzas y economía colaborativa, su mejor encaje en la cadena de valor de la gran empresa española y su profesionalización,
con programas de 'voluntariado social' para el emprendimiento y el acompañamiento experto en las fases iniciales del emprendimiento o start ups.


6. Facilitar el acceso a la financiación, tanto bancaria como no bancaria, a las empresas y proyectos industriales, incrementando el peso de la financiación no convencional en las empresas industriales y las posibilidades del mecenazgo en
actividades de emprendimiento industrial.


7. Acelerar a digitalización de la industria española y la extensión de las redes de alta capacidad y de 50, con un programa específico de Agenda Digital para cada sector industrial diferenciado y atendiendo a sus peculiaridades sectoriales
y de tamaño.


8. Apoyar la internacionalización y diversificación de nuestra industria, las alianzas estratégicas, la economía colaborativa e intensificar la diplomacia económica en el exterior.


9. Actualizar las Agendas sectoriales vigentes de los sectores industriales, para su adaptación a la crisis generada por la pandemia de COVID-19 y elaboración de las nuevas agendas sectoriales aún no aprobadas.


Enfocar la política industrial con un mecanismo de gobernanza y una combinación de medidas de ámbito nacional, internacional y transversal, que supere el reducido ámbito del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.


2. Protocolo para la Descarbonización del sector industrial español.


En el plazo máximo de tres meses, el Gobierno remitirá al Congreso, para su debate y aprobación, un Protocolo para la Descarbonización del sector industrial español, que contenga al menos el siguiente Decálogo de medidas para apoyar la
descarbonización de la industria española con las siguientes medidas:


1. Desarrollo urgente de normativa que rebaje con carácter general la factura eléctrica y de gas para garantizar la competitividad de toda la industria española, incluyendo también normativa específica para

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consumidores hiperintensivos y gasintensivos, co-generación de alta eficiencia, e impulso del hidrógeno verde y combustibles sintéticos y alternativos limpios.


2. Diseño de una Estrategia Nacional para una Industria Sostenible 2030, que desarrolle la marca certificada 'Industria Española Sostenible' y sea foco de las políticas para una descarbonización que resulte compatible con un relanzamiento
de nuestro tejido industrial y del empleo de calidad, incorporando como principios rectores de una buena política industrial para la descarbonización:


- El principio de neutralidad tecnológica y libre competencia.


- El principio de cómputo de emisiones netas.


- El principio de huella de carbono de la vida del producto.


- El principio de máximo aprovechamiento de los recursos naturales autóctonos.


- El principio de equilibrio de las condiciones de competencia frente a otros países.


- El principio de integralidad de la fiscalidad verde bajo el criterio de que 'quien contamina, paga y el que descontamina, recibe'.


3. Elaboración de un Plan Nacional de Fomento de Tecnologías Limpias con perspectivas de futuro y Tecnologías Disruptivas para la descarbonización, con la participación pública y privada, y con la participación de las Comunidades Autónomas,
que aproveche el potencial industrial de España y sus ventajas competitivas en esas tecnologías emergentes.


4. Elaboración de un Programa Nacional para una Economía Circular en la Industria, con medidas y planes de acción sectorial, alineados con los objetivos climáticos acordados por el Acuerdo de París, las líneas de actuación del Green New
Deal y la Estrategia Nacional de Economía Circular, para disminuir la producción de residuos industriales y maximizar la reutilización, el reciclaje y la valorización. Para ello será fundamental una definición lo más inclusiva posible de las
diferentes tecnologías que fomentan la circularidad, como el reciclado químico, y especialmente de la consideración de fin de residuo.


La economía circular puede, entre otros aspectos, ser un gran catalizador de la movilidad sostenible: aspectos como la creación de un hub español de combustibles cero emisiones netas basados en la economía circular, pueden generar muchos
miles de puestos de trabajo, inversión en tecnología y optimizar las infraestructuras existentes mientras complementariamente el sector de la automoción español desarrolla sus capacidades de producción de vehículos eléctricos en la medida en que los
ciudadanos los demanden.


5. Desarrollo de una Estrategia Digital específica para la Descarbonización de la Industria, que potencie la industria digital y que tenga como objeto desarrollar las previsiones de la Estrategia Digital España 2025 referidas al cambio
climático y contribuya a la digitalización específica y propia de cada sector industrial para su adaptación y descarbonización.


6. Elaboración de un Plan Nacional de 'Construcción Verde', que potencie la industria de la construcción y el empleo, mediante el desarrollo de proyectos de infraestructuras al menos en cinco ámbitos (el impulso de las infraestructuras
relacionadas con la Agenda ODS 2030, como las vinculadas con la gestión del agua; infraestructuras para la descarbonización del transporte mediante la movilidad sostenible, las conexiones intermodales, los nodos logísticos y la mejora de la red
ferroviaria de mercancías; las infraestructuras para la prevención de los efectos del cambio climático por fenómenos extremos; infraestructuras para la extensión de la red de energías renovables, de las infraestructuras para la economía circular y
del urbanismo inclusivo y sostenible; infraestructuras de telecomunicaciones y redes ultrarrápidas).


7. Definición de una Estrategia Española para la Industria Básica y las Materias Primas Minerales Sostenibles 2020-2030, que atienda a la necesidad de contar en España con los componentes industriales esenciales para el desarrollo de la
economía verde, a fin de que sea un aliado estratégico en la cadena de valor con otros ecosistemas industriales en la lucha contra el cambio climático y de la descarbonización de la economía y facilite el mantenimiento de la actividad industrial y
la cohesión territorial en la España vacía, mediante mecanismos de economía circular e industria de proximidad.


8. Puesta en marcha de un Plan de Impulso a la industria de localización rural, agroalimentaria y de proximidad para luchar contra el fenómeno de la España despoblada y robustecer el desarrollo regional, y con ello, los servicios
ambientales y la gestión de los recursos naturales que brinda el mundo rural, generando arraigo y empleo de calidad.


9. Promoción e Impulso de los clusters industriales y plataformas colaborativas intersectoriales e interdisciplinares, que aprovechen el actual tejido industrial y las ventajas competitivas de nuestros

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recursos autóctonos en sector de automoción, naval y aeronáutico, energías renovables y recursos minerales, infraestructuras eléctricas, gasistas y digitales, para avanzar en la transformación del transporte que permita aprovechar las nuevas
oportunidades industriales, apoyándose en tecnologías maduras e infraestructuras ya operativas.


10. Plan Urgente para la relocalización y arraigo industrial en España de nuevas cadenas de valor, nuevos modos de producción, nuevos productos y servicios, talento profesional y nuevos modelos de negocio, en tecnologías y productos que
hacen converger distintos sectores como el de la automoción, la energía y las telecomunicaciones en proyectos como el de vehículo eléctrico y conectado o soluciones de movilidad basadas en hidrógeno verde y gases renovables, entre otros.'


Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de septiembre de 2021.-Tristana Moraleja Gómez y Guillermo Mariscal Anaya, Diputados.-Concepción Gamarra Ruiz-Clavijo, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


162/000839


A la Mesa del Congreso de los Diputados


El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley proceder al pago directo de las ayudas
en concepto de Bono Social Térmico, para su debate en Pleno.


Exposición de motivos


El Bono Social Térmico es una prestación económica de concesión directa destinada a paliar la pobreza energética en consumidores vulnerables y está regulado en el artículo 5 del Real Decreto-ley 15/2018, de 5 de octubre, de medidas urgentes
para la transición energética y la protección de los consumidores.


La ayuda a conceder tiene como finalidad compensar los gastos necesarios para garantizar el suministro de energía para uso térmico, destinada a calefacción, agua caliente sanitaria o cocina, independientemente de cuál sea la fuente
utilizada. Además de complementar la ayuda percibida en concepto de Bono Social Eléctrico creado por un Gobierno del Partido Popular. (Se benefician de oficio todos los consumidores que estén acogidos al Bono Social de la Electricidad a 31 de
diciembre del año anterior. Sin realizar ninguna solicitud.)


La partida prevista para el abono de este Bono Social térmico es a cargo de los Presupuestos del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (artículo 7 del Real Decreto-ley 15/2018, de 5 de octubre, que determina que el
Bono Social Térmico se financiará con cargo a los Presupuestos Generales del Estado), sin perjuicio de que el pago de las ayudas estuvieran encomendadas a las Comunidades Autónomas, una vez que las comercializadoras de referencia de la electricidad
le habían facilitado a la Dirección General de Política Energética y Minas dependiente del Ministerio, un listado de sus clientes con la determinación del importe de la ayuda del Bono Social Térmico de cada uno de los beneficiarios.


La cuantía a percibir se calculaba en función del grado de vulnerabilidad del consumidor y de la zona climática a la que pertenezca la vivienda. Las cuantías oscilaban entre 25 y 123,94 euros, siendo compatible con cualquier otro tipo de
ayudas que se otorguen para la misma finalidad (la ya aludida anteriormente del Bono Social Eléctrico).


Esta medida fue aprobada en octubre de 2018 mediante el Real Decreto-ley 15/2018 haciéndose efectiva por primera vez en 2020 para ayudar a las personas que sufren pobreza energética, personas que tenían derecho a 31 de diciembre de 2019.


En julio del año 2020, el Ministerio de Transición Ecológica aprobó la Resolución por la que se autorizaba la transferencia a las Comunidades Autónomas en concepto de Bono Social Térmico de 90.000.000 de euros, contemplados en los
Presupuestos Generales del Estado y destinados al pago de las de ayudas directas, sin que se transfiriese ninguna cantidad en concepto de tramitación de estas ayudas.

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Así, por ejemplo, la Comunidad Autónoma de Madrid recibió el 30 de julio de 2020 una transferencia de 11.905.136,06 euros en concepto de Bono Social Térmico 2020 y simultáneamente el Ministerio remitió a esta Comunidad el listado con los
datos de los 139.545 beneficiarios al objeto de que se procediera a su pago directamente, pago que fue efectivamente realizado por la Comunidad.


Posteriormente, el Gobierno Vasco planteó recurso de inconstitucionalidad de carácter competencial por vulneración de la competencia exclusiva que el artículo 10.12.º de su Estatuto de Autonomía le atribuye en materia de asistencia social;
declarando la Sentencia del Tribunal Constitucional n.º 134/2020, de 23 de septiembre, la inconstitucionalidad de determinados artículos del Real Decreto-ley 15/2018 basándose en que se infringen las competencias exclusivas de la Comunidad Autónoma
en materia de asistencia social. Sin embargo, por seguridad jurídica y para evitar lesión de derechos de terceros 'salva' los efectos jurídicos y económicos de toda la gestión centralizada de las ayudas del bono térmico desarrollada por el
Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico en relación con el ejercicio 2019, para lo que era habilitado por la Disposición Adicional Novena que es declarada inconstitucional.


Por tanto, la gestión de las ayudas debió quedar corregida en los propios actos de gestión de las ayudas por parte de las Comunidades Autónomas en los aspectos declarados inconstitucionales a partir de la fecha de publicación de la Sentencia
para las ayudas gestionadas durante el 2020 y en las que correspondan al presente ejercicio 2021.


El Alto Tribunal llega a señalar lo siguiente:


'... Precisamente las diferencias en la configuración de este bono social térmico son las que hacen que su encuadramiento competencial sea diferente de aquel que, de acuerdo con nuestra doctrina (por todas, STC 54/2018, de 24 de mayo, FJ 3)
es aplicable al bono social eléctrico, en cuanto integrante del bloque normativo relativo al establecimiento de las condiciones de acceso y suspensión del suministro de energía eléctrica y cuyo coste, conforme establece el artículo 45.4 de la Ley
24/2013, será asumido por las matrices de los grupos de sociedades que desarrollen la actividad de comercialización de energía eléctrica, o por las propias sociedades que así lo hagan si no forman parte de ningún grupo societario. A diferencia del
anterior, con el bono social térmico se articula un programa de ayudas de carácter asistencial con cargo al presupuesto estatal que nada tiene que ver con los derechos y las obligaciones derivados de las relaciones entre los consumidores o usuarios
y las empresas suministradoras de energía, ni tampoco con las consecuencias derivadas de los impagos del suministro eléctrico o de gas.


La vinculación a la asistencia social de las ayudas objeto del presente proceso se ve confirmada por el hecho de que, aun configuradas como 'destinadas a paliar la pobreza energética en consumidores vulnerables, en lo que respecta a energía
destinada a calefacción, agua caliente sanitaria o cocina', lo cierto es que no hay mecanismo alguno en la norma para asegurar que los fondos otorgados se destinan por sus perceptores a la finalidad prevista, lo que acentúa todavía más el carácter
asistencial de esta ayuda, en cuanto destinada a determinados beneficiarios en situación de vulnerabilidad.' (Fundamento Jurídico 4).


En definitiva, la articulación de las ayudas del bono social eléctrico creado durante el último Gobierno del Partido Popular es plenamente constitucional, pero el creado por el actual Gobierno respecto al bono social térmico no lo es. Y no
lo es porque como declara el TC:


'Una vez encuadrado el régimen de las subvenciones objeto de conflicto en el supuesto a) del fundamento jurídico 8 de la STC 13/1992, debe recordarse la doctrina de este tribunal que, a partir de la STC 178/2011, de 8 de noviembre, FJ 7, con
ocasión de un conflicto referido a subvenciones relativas al área de la asistencia social, y, por consiguiente, incluido en el primer supuesto del fundamento jurídico 8 de la STC 13/1992, ha declarado que 'consideraremos incluida en la esfera de la
competencia estatal la regulación de los aspectos centrales del régimen subvencional -objeto y finalidad de las ayudas, modalidad técnica de las mismas, beneficiarios y requisitos esenciales de acceso- mientras que situaremos dentro de la
competencia autonómica lo atinente a su gestión, esto es, la tramitación, resolución y pago de las subvenciones, así como la regulación del procedimiento correspondiente a todos estos aspectos, ya que es doctrina reiterada de este tribunal que 'las
normas procedimentales ratione materiae deben ser dictadas por las comunidades autónomas competentes en el correspondiente sector material, respetando las reglas del procedimiento administrativo común (por todas, STC 98/2001, de 5 de abril, FJ 8,
con cita de la STC 227/1998, de 26 de noviembre, FJ 32)' (STC 188/2001, de 20 de septiembre)'

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(STC 87/2016, de 28 de abril, FJ 6, citando la STC 36/2012, de 15 de marzo, FJ 8).' (Fundamento Jurídico 5).


Por ello, el Tribunal señala que:


'... Al Estado compete calcular la distribución territorial del presupuesto disponible en el ejercicio y transferirlos a las comunidades autónomas competentes para su pago, conforme al art. 9 y anexo I, para lo cual le es suficiente la
información relativa al número de beneficiarios pertenecientes a cada zona climática y grado de vulnerabilidad, sin que le resulte necesario para la realización de dichas tareas establecer esta obligación de remisión de información de modo tan
detallado y centralizar su remisión en un órgano estatal (...) El escrito de interposición del recurso sostiene que esta disposición adicional centraliza, sin fundamento para ello, todos los aspectos relativos a la gestión y pago de las ayudas para
el año 2019. Para el abogado del Estado la gestión centralizada tenía por objeto asegurar la disponibilidad de los fondos por parte de los beneficiarios, atendiendo a la fecha en la que se aprobó el Real Decreto-ley 15/2018. Esta impugnación debe
ser estimada. Puesto que la comunidad autónoma ostenta una competencia exclusiva sobre asistencia social y el Estado no ha invocado título competencial suficiente, genérico o específico, sobre la misma, nos encontramos, como ya hemos señalado
antes, en el primer supuesto recogido en el fundamento jurídico 8 a) de la STC 13/1992. Supuesto que excluye la posibilidad de gestión centralizada, pues esta solo es posible que tenga lugar cuando el Estado haya invocado y ostente algún título
competencial.'


Sin embargo, en este año 2021, las Comunidades Autónomas no han recibido la transferencia de cantidad alguna para el pago de estas ayudas, ni el listado de beneficiarios a 31 de diciembre de 2020.


El Gobierno tampoco ha establecido el mecanismo necesario para que las Comunidades Autónomas puedan disponer de los datos de los beneficiarios del Bono Social Eléctrico a fecha de 31 de diciembre 2020, que serán a los que corresponderá
percibir el Bono Social Térmico en 2021.


Es evidente que si las Administraciones Autonómicas no disponen de los datos actualizados de los beneficiarios e importes que les corresponden, no podrán gestionar las ayudas; por lo que resulta imprescindible que, por parte del Gobierno,
se regule el procedimiento de acceso a dichos datos que están en posesión de las comercializadoras.


Igualmente, las Comunidades desconocen la fecha prevista de las transferencias de fondos para poder proceder a generar crédito con el que realizar el pago a los beneficiarios.


En los Presupuestos Generales del Estado aprobados para el año 2021 se contemplaba en la partida 23.03.425A.450 el importe de 105.000.000 de euros con destino al Bono Social Térmico.


Con fecha 2 de junio de 2021, se ha publicado en el BOE el Real Decreto 391/2021, de 1 de junio, por el que se regula la concesión directa de subvenciones por valor de 2,5 millones de euros a las Comunidades Autónomas y Ciudades con Estatuto
de Autonomía, para colaborar en la financiación de la tramitación de las ayudas derivadas de la tramitación bono social térmico correspondiente al ejercicio 2020, con cargo al presupuesto del año 2021. Sin que a fecha de hoy, se haya realizado el
pago de dicha transferencia.


Como es evidente, si las Comunidades Autónomas no reciben fondos para el pago del bono social térmico, ni para su gestión, no podrán hacer frente a su tramitación por carecer de presupuesto para ello; sin que por otra parte el Ministerio
haya dado respuesta a las peticiones de información trasladadas.


Estas transferencias deberán recibirse asimismo a la mayor brevedad posible, pues de lo contrario las Comunidades Autónomas carecerán de tiempo para gestionar su pago, lo que finalmente irá en perjuicio de los ciudadanos que tienen derecho a
ellas y que no olvidemos que son ciudadanos vulnerables.


A estos efectos, resulta esencial la consideración que viene manifestada expresamente en el Preámbulo del Real Decreto 391/2021, de 1 de junio, por el que se regula la concesión directa de subvenciones a las Comunidades Autónomas, cuando
dice:


'De acuerdo al artículo 7 del citado real decreto-ley, el Bono Social Térmico se financia con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, pero la gestión y el pago del mismo, de acuerdo a lo establecido por el artículo 10.2 del Real
Decreto-ley 15/2018, de 5 de octubre, se realizará por las administraciones territoriales autonómicas, correspondiendo al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico transferir a las administraciones autonómicas los fondos
correspondientes al total de beneficiarios de cada

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administración, correspondiéndole a estas el cálculo de las ayudas en base a los criterios definidos en el citado real decreto-ley, así como los procesos inherentes a su gestión y pago.'


Por tanto, el Gobierno, a través del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico debe cumplir con su obligación lo antes posible, dado que las personas vulnerables no pueden esperar más; si además tenemos en cuenta que el
precio de la luz está desbocado, que el precio medio diario de la electricidad en el mercado mayorista está alcanzando récord histórico etc.


Máxime cuando la tasa de riesgo de pobreza y/o exclusión social AROPE (At Risk Of Poverty or social Exclusion) se situó en el 26,4 % de la población residente en España (frente al 25,3 % registrado el año anterior) y al 20,9 % en la
Comunidad de Madrid, y afectó a 12.495.000 personas, y el porcentaje de población en situación de carencia material severa subió del 4,7 % al 7 % y afectó a 3,3 millones de personas.


En 2020 se han incrementado en un 42 % el número de personas apoyadas por Cruz Roja que han recibido kits de ahorro energético de esta organización con respecto al año anterior.


Al menos 1.293.836 hogares que, según el último 'Boletín de indicadores eléctricos' elaborado por la CNMC están en situación de pobreza energética en España, esperan que se tomen medidas estructurales, ambiciosas, que no decaigan al cabo de
unos meses.


Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente


Proposición no de Ley


'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:


1. Establecer con carácter de urgencia el mecanismo para que las Comunidades Autónomas puedan acceder a los datos de los beneficiarios del Bono social eléctrico a fecha de 31 del diciembre 2020.


2. Realizar de manera inmediata y efectiva la transferencia de fondos a las Comunidades Autónomas para el pago directo de las ayudas en concepto de Bono Social Térmico de 2020 con cargo a los PGE de 2021.


3. Abonar de manera inmediata a las Comunidades Autónomas las cantidades destinadas a la tramitación de las ayudas del ejercicio 2020, que fueron concedidas por Real Decreto 921/2021.'


Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de septiembre de 2021.-Alicia García Rodríguez, Juan Diego Requena Ruiz, Margarita Prohens Rigo y Ana María Pastor Julián, Diputados.-Concepción Gamarra Ruiz-Clavijo, Portavoz del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso.


162/000840


A la Mesa del Congreso de los Diputados


El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la participación activa de
España en la elaboración del Tratado Internacional sobre Pandemias planteado desde el Consejo Europeo y la Organización Mundial de la Salud, para su debate en Pleno.


Exposición de motivos


Charles Michel, presidente del Consejo Europeo, propuso la creación de un Tratado Internacional sobre Pandemias en el 'Foro de París sobre la Paz' celebrado en noviembre de 2020.


Dicha propuesta tuvo su razón de ser en los estragos causados por la COVID-19, que, de acuerdo con los datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) divulgados por el Ministerio de Sanidad el 28 de septiembre de 2021, ha provocado desde
finales de 2019, cuanto menos, 231.703.120 contagios y 4.746.620 fallecidos en todo el mundo (4.953.930 casos y 86.358 fallecidos en España).


En este contexto, y partiendo de los errores cometidos así como de las buenas prácticas y las experiencias de éxito frente al virus SARS-COV-2, el objetivo pretendido con el Tratado es reforzar la

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seguridad sanitaria mundial frente a futuras crisis de salud pública, especialmente en todo lo relativo a la preparación y la respuesta ante emergencias.


En este sentido, durante el Consejo Europeo celebrado el 25 de febrero de 2021, los dirigentes de la Unión Europea pusieron en valor la cooperación multilateral mundial como un elemento cardinal para afrontar las amenazas sanitarias actuales
y las venideras, y acordaron trabajar en convergencia con la OMS en favor de un gran acuerdo.


Un mes después, concretamente el pasado 30 de marzo, otros dirigentes mundiales se sumaron al planteamiento esgrimido durante el referido Consejo Europeo, que en mayo adoptó una Decisión para apoyar el inicio de las negociaciones con las que
hacer realidad el Tratado.


En el Consejo Europeo, donde se considera que la COVID-19 es un reto mundial y que ningún gobierno ni institución puede hacer frente de forma aislada a la amenaza que suponen las pandemias, se respalda la idea de un Tratado sustentado en la
solidaridad colectiva y en los principios de equidad, inclusividad y transparencia; un Tratado que mejore la coordinación internacional tanto en la fase de detección, como en las de alarma y respuesta; un Tratado vinculante desde el punto de vista
jurídico con arreglo al Derecho internacional que permita a los países de todo el mundo reforzar su resiliencia y sus capacidades frente a futuras pandemias.


Según el Consejo Europeo, desde el establecimiento de unos objetivos y unos principios fundamentales para ordenar y estructurar la acción colectiva, el Tratado ha de ser focalizado hacia la prevención y la detección precoz; hacia la
referida resiliencia; la garantía de acceso universal y equitativo a diagnósticos, tratamientos y vacunas; la creación de un marco sanitario internacional más sólido con la OMS como autoridad coordinadora de las cuestiones sanitarias a escala
mundial, y el impulso del concepto 'one health' para mejorar la preservación de la salud de las personas desde una conexión más estrecha con la salud animal.


Desde el Consejo Europeo también hacen referencia a la mejora en la vigilancia y la supervisión de riesgos de pandemia (mayor capacidad de análisis en laboratorios, más colaboración de centros de investigación, más sinergias en el ámbito de
la financiación...) como un incentivo y un beneficio real de hacer realidad el Tratado.


Además, y desde las innovaciones tecnológicas y digitales, el Tratado ha de servir para procurar una comunicación más temprana, precisa y en tiempo real de las alertas y las amenazas para la salud pública en todo el mundo, favoreciendo en
consecuencia una respuesta más ágil, así como cadenas de suministros de todo tipo (material médico, equipamiento de protección, fármacos...) más efectivas y una suma de esfuerzos de la comunidad científica e investigadora para encontrar, desarrollar
y aportar soluciones (los mencionados diagnósticos, tratamientos, vacunas...) eficaces y seguras.


El Tratado también ha de resultar de utilidad para avanzar en términos de control, seguimiento y rendición de cuentas mediante evaluaciones externas conjuntas, así como, y desde la información y la transparencia, para incrementar los niveles
de confianza de los ciudadanos en los sistemas sanitarios.


A fin de cuentas, la finalidad de desarrollar el Tratado es, dar un paso más y extraer enseñanzas de la pandemia de COVID-19 para poder actuar con mayor rapidez y de forma más coordinada, garantizar la disponibilidad de equipos médicos e
intercambiar información entre nosotros con gran celeridad para proteger a nuestros ciudadanos de la mejor manera posible.


Por todo ello, considerando que los dirigentes del 'G-7' también calificaron como necesario un Tratado Internacional sobre Pandemias en su Declaración del 19 de febrero de este año y teniendo presente que los 194 Estados que forman parte de
la OMS adoptaron en la Asamblea Mundial de la Salud celebrada el pasado 31 de mayo la decisión de debatir sobre el referido Tratado Internacional en una sesión extraordinaria que se celebrará el próximo mes de noviembre, el Grupo Parlamentario
Popular presenta la siguiente


Proposición no de Ley


'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a participar activamente en la redacción y la aplicación del Tratado Internacional sobre Pandemias planteado desde el Consejo de Europa y la Organización Mundial de la Salud.


Para ello, el Gobierno consensuará las aportaciones que realice al Tratado con los grupos parlamentarios del Congreso de los Diputados y con las Comunidades Autónomas, teniendo también en cuenta las consideraciones y propuestas que realicen
agentes del sector salud como los profesionales

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sanitarios, los pacientes, la industria farmacéutica o las empresas españolas de biotecnología y tecnología sanitaria.


Además, el Gobierno desarrollará con diligencia cuantas acciones sean necesarias para ratificar e implementar en su momento el Tratado a nivel nacional.'


Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de septiembre de 2021.-José Ignacio Echániz Salgado, Diputado.-Concepción Gamarra Ruiz-Clavijo, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


162/000841


A la Mesa del Congreso de los Diputados


El Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley, para la extensión del régimen fiscal aplicable a los
trabajadores desplazados a territorio español, en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, a aquellos profesionales que vayan a realizar en España una actividad económica significativa, un proyecto empresarial de interés para nuestro
país, o una actividad emprendedora de carácter innovador, para su posterior debate en el Pleno.


Exposición de motivos


La actividad emprendedora es uno de los mecanismos más útiles para el desarrollo de una economía dinámica y competitiva, y más en tiempos de crisis como el actual. En tiempos de crisis en los que tantos negocios se están viendo abocados al
cierre, es más importante que nunca mantener y atraer a emprendedores para que cuenten con un impulso adicional para poner en práctica sus ideas, crear riqueza, puestos de trabajo y futuro.


Teniendo en cuenta la importancia de la actividad emprendedora para la economía, máxime en estos momentos, parece necesario tomar medidas que permitan estimular la inversión en las compañías de nueva creación y atraer talento.


En este contexto, se hace necesario contar con todo el talento emprendedor extranjero que podamos atraer hacia nuestro país, así como aportar facilidades de retorno a los compatriotas que tuvieron que emigrar buscando un futuro mejor que el
que este país les ofrecía en un momento determinado.


Así, la presente iniciativa tiene por finalidad extender el régimen fiscal especial aplicable a los trabajadores desplazados a territorio español, en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, a todas aquellas personas que se
desplacen a nuestro país con la intención de llevar a cabo en él una actividad económica cualificada, la puesta en marcha de un negocio de interés general para nuestro país, o la realización de una inversión de capital significativa para la creación
de un proyecto empresarial con el objeto, entre otros, de crear puestos de trabajo.


Se pretende en suma, fomentar la atracción a España de talento, emprendimiento y capacidad de desarrollo de proyectos empresariales que ya se inició con la aprobación de la Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a emprendedores y su
internacionalización, que regula un régimen favorable para la concesión de permisos de residencia a los colectivos emprendedores, pero que no se ha visto avalada por un régimen fiscal beneficioso en la misma línea.


Con la aprobación de una medida de estas características se terminaría, además, con la desventaja competitiva que la falta de regulación de este régimen especial para las actividades económicas y el emprendimiento supone para nuestro país en
relación con los países de nuestro entorno.


Es por ello, que el Grupo Parlamentario Ciudadanos, presenta la siguiente


Proposición no de Ley


'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a impulsar la modificación del artículo 93 de la Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, que regula el régimen fiscal especial aplicable a los trabajadores desplazados a
territorio español, con el fin de incluir en el mismo a los profesionales que se desplacen a nuestro país con el fin de realizar en él una actividad económica cualificada o una inversión

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significativa de capital materializada en un proyecto empresarial que vaya a desarrollarse en España, así como para iniciar o desarrollar una actividad emprendedora de carácter innovador y con especial interés económico para España.'


Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de octubre de 2021.-Edmundo Bal Francés, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.


162/000842


A la Mesa del Congreso de los Diputados


El Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley, para la aprobación de una deducción fiscal temporal en
el Impuesto sobre Sociedades, por la contratación con carácter indefinido de personas que estuvieran cobrando la prestación por desempleo, para su posterior debate en el Pleno.


Exposición de motivos


La crisis económica y social provocada por el coronavirus ha venido a enfatizar, aún más, los graves problemas de los que adolece nuestro mercado de trabajo. La tasa de paro se situó, el pasado mes de julio, en casi el 15 %, superando un
insoportable 35 % entre las personas menores de 25 años. Por otro lado, si bien es cierto que julio cerró con un número de asalariados similar al del mismo mes del ejercicio 2019, no es menos cierto que se está intensificando el deterioro en la
calidad del empleo y se está acelerando el crecimiento del paro de larga duración.


Así, en estas nuevas ocupaciones, las contrataciones temporales duplican las indefinidas y más del 75 % de las nuevas contrataciones son parciales ante la imposibilidad de encontrar puestos a jornada completa. Los registros de la Encuesta
de Población Activa (EPA) son claros: casi 5 millones de personas lleva menos de los dos años que marca el umbral del contrato fijo, en su actual puesto de trabajo, algo que pone de manifiesto el altísimo grado de rotación en el mercado laboral
español con la firma de contratos de trabajo mayoritariamente temporales.


Al margen del drama que supone para miles de familias la situación de desempleo y empleo precario, las consecuencias de las deficiencias de nuestro mercado laboral se extienden también a los datos macroeconómicos y de recaudación tributaria.
Así, el IRPF es, junto con el IVA, la principal fuente de recaudación tributaria en España, lo que nos convierte en un país con una enorme dependencia de los impuestos originados en el trabajo asalariado para el sostenimiento del gasto público.
Esto supone un grandísimo problema en un país caracterizado por su elevado nivel de desempleo, la precariedad de su contratación laboral y el bajo nivel de sus sueldos medios y del sueldo más habitual, que no llega a los 18.000 euros brutos al año.


España tiene unos tipos impositivos por IRPF que ya se sitúan entre los más altos de la Unión Europea. Sin embargo, es cierto que la presión fiscal en nuestro país está alejada de la de los principales países de nuestro entorno. A nuestro
juicio, para incrementar la recaudación tributaria por este impuesto, la solución no debe pasar por un incremento de tipos impositivos, sino por dinamizar el mercado laboral, generar empleo e incrementar sueldos.


Todo este contexto pone de manifiesto la inaplazable necesidad de poner en marcha medidas que impulsen la actividad económica, la creación de puestos de trabajo de calidad y la activación de políticas de empleo e incentivos fiscales que
coadyuven a este objetivo.


Es por ello que mediante esta iniciativa parlamentaria venimos a proponer la regulación, siquiera con carácter temporal hasta que el ciclo económico cambie y el nivel de desempleo se estabilice en un ratio asumible, de una deducción fiscal
en el Impuesto sobre Sociedades para que las empresas consigan incentivos a la contratación de personal con carácter indefinido, tal y como ya se ha hecho en otras situaciones de crisis.


Así, efectivamente, los incentivos fiscales a la contratación son frecuentemente utilizados en las épocas de crisis con el fin de dar un impulso al empleo. El primer precedente en democracia se sitúa en la Ley 50/1977, de 14 de noviembre,
sobre medidas urgentes de reforma fiscal, que otorgaba ya una

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deducción de hasta el 20 % del sueldo satisfecho por cada nuevo trabajador contratado con carácter fijo que estuviera en situación previa de desempleo, y siempre que en cómputo anual se hubiera incrementado la plantilla. Por otro lado,
hasta hace pocos años existía en nuestro ordenamiento una deducción fiscal en el ámbito del Impuesto sobre Sociedades para la creación de empleo; en concreto, para la contratación de trabajadores por tiempo indefinido de apoyo a los emprendedores,
que se encontraran cobrando la prestación por desempleo. Sin embargo, este tipo de contrato fue derogado por el actual gobierno al poco de llegar al poder y, con ello, la deducción fiscal que el mismo llevaba aparejada, quedando hoy vigente
únicamente la deducción por creación de empleo para trabajadores con discapacidad.


Por todo ello, y con el fin de dar un impulso decidido al empleo durante la actual situación de crisis, el Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta la siguiente


Proposición no de Ley


'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a aprobar, en la Ley del Impuesto sobre Sociedades, una deducción fiscal que fomente la contratación indefinida de personas que estuvieran cobrando la prestación por desempleo, equivalente al
coste del subsidio ahorrado por el Estado. Esta deducción podría establecerse con carácter únicamente temporal ligado al ciclo económico, hasta que el nivel de desempleo global se sitúe en un máximo del 8 %.'


Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de octubre de 2021.-Edmundo Bal Francés, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.