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BOCG. Congreso de los Diputados, serie D, núm. 337, de 05/10/2021
cve: BOCG-14-D-337
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BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
XIV LEGISLATURA
Serie D: GENERAL
5 de octubre de 2021
Núm. 337
ÍNDICE
Control de la acción del Gobierno
PROPOSICIONES NO DE LEY
Comisión Constitucional
161/003195 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre el respeto y no injerencia del Ejecutivo en otros poderes ... (Página7)
Comisión de Justicia
161/003175 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la reforma del Código Penal y la Ley de Enjuiciamiento Criminal para la consideración del delito de la reincidencia ...
161/003186 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a mejorar la justicia en el Campo de Gibraltar (Cádiz) ... (Página10)
Comisión de Defensa
161/003193 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre el incremento salarial de los profesionales de las Fuerzas Armadas ... (Página11)
161/003211 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre el futuro avión de combate europeo ... (Página13)
Comisión de Hacienda y Función Pública
161/003170 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre la aprobación de una deducción fiscal estatal, en el ámbito del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, para aquellos empleadores que tengan
contratada a una persona por la que se efectúen cotizaciones al Sistema Especial de Empleados de Hogar del Régimen General de la Seguridad Social ... (Página14)
161/003184 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, por la que se insta al Gobierno a incluir en la Oferta de Empleo Público correspondiente las plazas declaradas desiertas en una oferta pública
anterior ... (Página15)
Comisión de Interior
161/003169 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa a promover las medidas necesarias para paliar los daños provocados por los incendios en la provincia de Málaga ...
161/003172 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a paliar los efectos ambientales y económicos derivados de los incendios forestales sucedidos en Sierra Bermeja en la provincia de Málaga
... (Página19)
161/003178 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, relativa a declarar zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil los municipios que han sufrido los perjuicios ocasionados por la erupción del
volcán de Cumbre Vieja en la isla de La Palma, de conformidad con el artículo 23 de la Ley 17/2015, de 9 de julio, del Sistema Nacional de Protección Civil ... (Página21)
161/003185 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, sobre la rehabilitación de las instalaciones de la Unidad Cinológica Central y del Centro de Adiestramiento de Perros ubicados en El Pardo ...
161/003187 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a paliar los efectos económicos producidos por una depresión aislada en niveles altos (DANA) en la provincia de Cuenca ...
161/003189 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, relativa a asegurar el alojamiento digno y en las mejores condiciones posibles tanto de la población desalojada de sus hogares por la erupción del volcán de
Cumbre Vieja como de los efectivos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, de Bomberos, de Protección Civil y del Ejército, desplazados a La Palma con el fin de colaborar en el operativo de emergencias ...
161/003194 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a paralizar la venta del Palacio de los Condes Puerto Hermoso en Jerez de la Frontera (Cádiz) ... (Página34)
161/003196 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a paliar los efectos económicos producidos por las lluvias torrenciales el 1/9/2021 en Alcanar y Sant Carles de la Ràpita (Tarragona) ...
(Página35)
161/003197 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, por la que se insta al Gobierno a que establezca un módulo de formación profesional para la obtención del título de técnico en seguridad privada
... (Página36)
Comisión de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana
161/003173 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la autovía A-43 Ciudad Real-Extremadura ... (Página38)
161/003176 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, relativa a que el Documento de Regulación Aeroportuaria sea aprobado por Consejo de Ministros con anterioridad al 30 de septiembre de 2021 incluyendo una reducción
de las tarifas aeroportuarias ... (Página39)
161/003202 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre el desarrollo de actuaciones de rehabilitación sostenible en municipios y núcleos de menos de 5.000 habitantes ...
161/003203 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la garantía de la accesibilidad universal en los programas de rehabilitación de barrios, edificios y viviendas del Plan de
Recuperación, Transformación y Resiliencia ... (Página44)
Comisión de Educación y Formación Profesional
161/003188 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, relativa a impulsar un Plan de tutorías individualizadas ... (Página46)
Comisión de Industria, Comercio y Turismo
161/003171 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre el impulso de la industria nacional de vehículos eléctricos de movilidad aérea para su uso en espacios aéreos urbanos y periurbanos ...
161/003205 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la retractación formal por parte de la Ministra de Industria, Comercio y Turismo, de sus recientes declaraciones públicas sobre la
erupción volcánica originada en la isla de La Palma ... (Página54)
161/003210 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre la industria de los semiconductores ... (Página55)
Comisión de Derechos Sociales y Políticas Integrales de la Discapacidad
161/003191 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, relativa a la promoción de actuaciones ordenadas a la prevención del suicidio ... (Página57)
161/003204 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Plural, por la que se insta al Gobierno a revertir la exclusión del Tercer Sector de Acción Social de la convocatoria de ayudas 2021, de 105 millones de euros y con cargo
a Fondos Europeos Next Generation EU, destinadas al desarrollo de la inteligencia artificial (IA) y a otras tecnologías digitales y su integración en las cadenas de valor ... (Página60)
Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación
161/003182 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre el impulso de un primer plan de ayudas inmediato para paliar los efectos de la erupción en el volcán de Cumbre Vieja en el sector agrícola ...
161/003207 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre la creación de un galardón anual que reconozca la labor y el trabajo en nombre del Gobierno a través del Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación, de los enólogos, como parte más que relevante en la elaboración, divulgación y difusión, de la uva y el vino, elementos fundamentales de la cultura vitivinícola española, siguiendo el ejemplo de países como Francia (Enólogo
Excepcional) o Italia (Cavaliere dell'Ordine della Stella della Soliedaritá Italiana) ... (Página62)
Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico
161/003167 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Plural, sobre la autorización del Parque Eólico de Afrende y de su infraestructura de evacuación que afecta a los concellos de A Estrada, Forcarei y Silleda ...
161/003180 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, relativa a la declaración de zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil en la isla de La Palma por la erupción del volcán de Cumbre Vieja
... (Página66)
161/003206 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Plural, sobre empresas con propósito ... (Página67)
Comisión de Asuntos Económicos y Transformación Digital
161/003168 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, relativa a la elaboración de un nuevo Plan de Educación Financiera que incluya contenidos referidos al Sistema Público de Pensiones así como a los fondos de
inversión, como vehículo de ahorro para la jubilación, especialmente dirigido a los jóvenes ... (Página70)
Comisión de Sanidad y Consumo
161/003177 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre la aprobación y desarrollo del Plan Estratégico de Salud y Medio Ambiente ... (Página79)
161/003199 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, relativa a reforzar el papel de los profesionales farmacéuticos en la promoción y protección de la salud ... (Página81)
161/003213 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre el Trastorno de Compra Compulsiva ... (Página83)
161/003214 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre viajes combinados ... (Página84)
Comisión de Ciencia, Innovación y Universidades
161/003208 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre el reconocimiento de mujeres investigadoras en los nombres de los Premios Nacionales de Investigación ... (Página85)
Comisión de Igualdad
161/003181 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre medidas en favor de las mujeres y niñas de Afganistán ... (Página86)
Comisión de Seguimiento y Evaluación de los Acuerdos del Pacto de Toledo
161/003198 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa a realizar un estudio sobre el sistema de Seguridad Social en base a la Recomendación 1.ª del Pacto de Toledo ...
Comisión de seguimiento y evaluación de los Acuerdos del Pacto de Estado
en materia de Violencia de Género
161/003179 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la implementación de las medidas recogidas en el Pacto de Estado en materia de violencia de género para mujeres mayores de 65 años ...
(Página90)
Comisión de Derechos de la Infancia y Adolescencia
161/003174 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, relativa a fomentar la práctica deportiva en horario no lectivo ... (Página92)
Comisión sobre Seguridad Vial
161/003200 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, por la que se insta al Gobierno a promover ayudas a la conducción ... (Página93)
161/003201 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre circulación por las aceras de los vehículos de movilidad personal ... (Página94)
161/003209 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a promover la renovación del parque de vehículos español para mejorar la seguridad vial, contribuir a la reducción de emisiones
contaminantes y fortalecer la industria nacional de automoción ... (Página95)
PREGUNTAS PARA RESPUESTA ORAL
Comisión de Asuntos Exteriores
181/001354 Pregunta formulada por los Diputados don Iván Espinosa de los Monteros de Simón (GVOX), Olona Choclán, Macarena (GVOX), Asarta Cuevas, Alberto (GVOX), González Coello de Portugal, Víctor (GVOX), Sánchez del Real, Víctor Manuel
(GVOX), Rosety Fernández de Castro, Agustín (GVOX), Del Valle Rodríguez, Emilio Jesús (GVOX), sobre detalles de la ayuda comprometida por parte de Catar a España en la evacuación de afganos ... (Página98)
181/001355 Pregunta formulada por los Diputados don Iván Espinosa de los Monteros de Simón (GVOX), Olona Choclán, Macarena (GVOX), Asarta Cuevas, Alberto (GVOX), González Coello de Portugal, Víctor (GVOX), Sánchez del Real, Víctor Manuel
(GVOX), Rosety Fernández de Castro, Agustín (GVOX), Del Valle Rodríguez, Emilio Jesús (GVOX), sobre previsiones acerca de exigir que los controles en el aeropuerto y puertos sean competencia de las autoridades españolas y no gibraltareñas como
pretende Reino Unido ... (Página99)
181/001356 Pregunta formulada por los Diputados doña Macarena Olona Choclán (GVOX), Asarta Cuevas, Alberto (GVOX), González Coello de Portugal, Víctor (GVOX), Sánchez del Real, Víctor Manuel (GVOX), Rosety Fernández de Castro, Agustín
(GVOX), Del Valle Rodríguez, Emilio Jesús (GVOX), sobre emplazamiento al Emir del Estado de Catar a que este país acoja a refugiados afganos atendiendo a criterios de cercanía cultural, lingüística y religiosa ...
181/001361 Pregunta formulada por los Diputados don Iván Espinosa de los Monteros de Simón (GVOX), Olona Choclán, Macarena (GVOX), Asarta Cuevas, Alberto (GVOX), González Coello de Portugal, Víctor (GVOX), Sánchez del Real, Víctor Manuel
(GVOX), Rosety Fernández de Castro, Agustín (GVOX), Del Valle Rodríguez, Emilio Jesús (GVOX), sobre visto bueno del Gobierno a la designación de Staffan de Mistura como nuevo enviado especial de Naciones Unidas para el Sáhara Occidental ...
Comisión de Defensa
181/001360 Pregunta formulada por el Diputado don Juan Antonio Callejas Cano (GP), sobre motivos y argumentos histórico-científicos que justifiquen que se haya ordenado la retirada de la Corona Real y de la Cruz de Malta de las divisas que
se portan en el uniforme del personal integrante del Cuerpo Militar de Sanidad ... (Página100)
Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación
181/001357 Pregunta formulada por los Diputados don Rubén Darío Vega Arias (GVOX), Chamorro Delmo, Ricardo (GVOX), Nevado del Campo, María Magdalena (GVOX), Gestoso de Miguel, Luis (GVOX), Mariscal Zabala, Manuel (GVOX), sobre partida que va
a destinar el Gobierno al sector pesquero a pequeña escala en relación con el fondo de 5.000 millones de euros sobre la Reserva de Ajuste Brexit ... (Página100)
181/001359 Pregunta formulada por los Diputados don Rubén Darío Vega Arias (GVOX), Fernández Ríos, Tomás (GVOX), Chamorro Delmo, Ricardo (GVOX), Nevado del Campo, María Magdalena (GVOX), Gestoso de Miguel, Luis (GVOX), Mariscal Zabala,
Manuel (GVOX), sore impacto causado a la actividad pesquera en la zona de la ría de Huelva por la mancha de hidrocarburo localizada, así como medidas de compensación que se contemplan para los afectados ... (Página101)
Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico
181/001358 Pregunta formulada por los Diputados don Ricardo Chamorro Delmo (GVOX), Borrás Pabón, Mireia (GVOX), López Maraver, Ángel (GVOX), Gestoso de Miguel, Luis (GVOX), Nevado del Campo, María Magdalena (GVOX), Contreras Peláez,
Francisco José (GVOX), Requejo Novoa, Pedro Jesús (GVOX), sobre medidas que va a adoptar el Gobierno para rebajar la factura de la luz ... (Página101)
PREGUNTAS PARA RESPUESTA ESCRITA
184/062662 Autor: Gómez-Reino Varela, Antonio... (Página102)
Fragmentación del proyecto de parque eólico en Meirama por parte de la empresa Naturgy.
184/062663 Autor: Gómez-Reino Varela, Antonio ... (Página103)
Fragmentación de proyectos de parques eólicos a instalar en la Ribeira Sacra.
CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO
PROPOSICIONES NO DE LEY
La Mesa de la Cámara en su reunión del día de hoy ha acordado admitir a trámite, conforme al artículo 194 del Reglamento, las siguientes Proposiciones no de Ley y considerando que solicitan el debate de las iniciativas en Comisión, disponer
su conocimiento por las Comisiones que se indican, dando traslado al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de septiembre de 2021.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
Comisión Constitucional
161/003195
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre el respeto y no injerencia del
ejecutivo en otros poderes, para su debate en la Comisión Constitucional.
Exposición de motivos
Las declaraciones del ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Félix Bolaños García, el día 2 de septiembre de 2021, en las que manifestó que en una democracia, 'Los jueces no pueden elegir a los jueces',
es una clara injerencia en el poder judicial y una manifestación intolerable en democracia contra el principio de la separación de poderes.
El artículo 122 de la Constitución española establece y regula los aspectos básicos del órgano de gobierno de los jueces, el Consejo General del Poder Judicial. Y en su apartado 3 detalla quienes lo integran, así como el procedimiento que
seguir para su elección.
De igual forma, conviene recordar que el mandato constitucional contenido en ese precepto es consecuencia inmediata y directa de la independencia del Poder Judicial, sancionada por el artículo 117 CE de 1978. Principio básico en un Estado
de Derecho como el nuestro, que acoge la necesaria separación de los tres poderes para que actúen de contrapesos y evitar la preeminencia de uno sobre el otro. Algo que al actual Gobierno le cuesta admitir y, sobre todo, respetar.
Por otra parte, la Comisión Europea también se ha pronunciado para recomendar al Gobierno español que una parte esencial del órgano de gobierno de los jueces -la de los llamados vocales judiciales- sea elegida por los propios jueces. Una
fórmula idónea y equilibrada para mantener la independencia judicial, con el objetivo deseable de despolitizar la justicia.
Por lo tanto, las desafortunadas declaraciones del ministro de Presidencia, Félix Bolaños, suponen un ataque inadmisible a la independencia judicial. Y falta a la verdad porque el marco constitucional si permite que los jueces elijan a los
jueces, por lo que debe rectificar públicamente sus desafortunadas declaraciones y asumir sus responsabilidades políticas.
A diferencia de lo manifestado por el ministro de Presidencia, todas las asociaciones judiciales están de acuerdo en que es necesario reformar el sistema de elección de los vocales judiciales del Consejo General del Poder Judicial, para que
sean elegidos por los jueces.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Respetar y acatar la Constitución española.
2. Respetar la separación de poderes y la independencia de los mismos, absteniéndose de las ya habituales injerencias en su organización, funciones y decisiones.
3. Abandonar las continuas injerencias en el poder legislativo, limitándose a cumplir las obligaciones que respecto al mismo establece la Constitución, así como en relación con su obligación de someterse al control parlamentario en sus
decisiones.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de septiembre de 2021.-Vicente Tirado Ochoa, Isabel María Borrego Cortés, Edurne Uriarte Bengoechea, Ana María Beltrán Villalba, Jaime Miguel Mateu Istúriz, José Antonio Bermúdez de Castro, María
Jesús Moro Almaraz, Carmen Navarro Lacoba y Adolfo Suárez Illana, Diputados.-Concepción Gamarra Ruiz-Clavijo, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Comisión de Justicia
161/003175
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la reforma del Código Penal
y la Ley de Enjuiciamiento Criminal para la consideración del delito de la reincidencia para su debate en Comisión de Industria, Comercio y Turismo.
Exposición de motivos
La multirreincidencia en los delitos leves de hurto es un fenómeno de criminalidad muy grave instaurado en nuestro país desde hace años. Este fenómeno crea una gran alarma social entre los ciudadanos, las empresas pequeñas y grandes, las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y los Juzgados que perciben la impunidad del delincuente profesional, el sobrecoste que se acaba cargando a todos los consumidores y la sensación de frustración para el afectado y la desmotivación para aquellos que
tratan de aplicarles consecuencias. Por ello, uno de los principales objetivos de la reforma del Código Penal de 2015 fue dar una solución definitiva.
En la legislación anterior, la comisión de cuatro faltas en menos de un año se transformaba en delito si sumaban la cantidad necesaria. En la práctica, esto no tenía ninguna aplicabilidad, puesto que no existía registro de las condenas y
por tanto, no se podía demostrar su acumulación.
Para revertir esta situación, una reforma del Código Penal suprimió las faltas y transformó alguna de ellas en delitos leves, posibilitando que estos últimos si accediesen al registro de antecedentes penales. Además se introdujo una tipo
agravado aplicable a los multirreincidentes de hurto. El que cometiera un delito leve de hurto, habiendo sido condenado por sentencia firme por al menos tres delitos leves, se enfrentaría a una pena de prisión de 1 a 3 años.
Se dio, por tanto, un paso importante para tratar de combatir la multirreincidencia delictiva profesional puesto que esta modificación abrió la puerta a que las personas que fueran condenadas en sentencia firme por al menos tres delitos
leves se enfrentaran a una pena de uno a tres años en prisión con el importante efecto disuasorio que eso supondría para la delincuencia.
La mayor severidad de las penas se acompañó de la creación de nuevos juzgados y la utilización de los juicios inmediatos para delitos leves. El resultado fue que se dictaron 300 sentencias de prisión por acumulación de delitos leves en dos
años y se redujeron sobremanera los juicios por hurtos que quedaron en suspensión, pasando de 91.000 en 2015 a 54.000 en 2016.
Sin embargo, esta situación sufrió un vuelco en 2017, cuando el Tribunal Supremo (TS) excluyó del Código Penal el tipo agravado de hurto por reincidencia de delitos leves al considerar que las penas eran desproporcionadas. Esto, en la
práctica, ha supuesto que los profesionales de los robos sin violencia dejen de percibir la prisión como una amenaza real y su mayor preocupación sean las multas. Algunos ladrones profesionales incluso prefieren pagar la multa para quedar limpios y
no buscarse más problemas con la justicia, pero la mayoría simplemente no las pagan. Muchas veces las sanciones son imposibles de notificar porque los infractores no tienen domicilio conocido o, directamente, se declaran insolventes y no las
abonan, lo que deriva en que las sanciones actuales no tengan ningún efecto disuasorio sobre los ladrones 'profesionales de oficio'.
Entre 2014 y 2018 los hurtos se han mantenido estables en una cifra que ha oscilado entre las 727.000 y las 706.000 denuncias anuales entre el primer y el último ejercicio de este periodo. En los primeros datos del año 2020 se aprecien
algunas variaciones significativas como consecuencia de los meses de confinamiento estricto debido a la pandemia de la COVID-19 y que estuvieron acompañados por un gran despliegue policial en las calles y una mayor presencia de seguridad privada en
los supermercados lo que disuadieron a los ladrones durante algunas semanas. Una vez se recuperó una cierta normalidad, en tanto que se suprimieron las restricciones de movilidad, los robos según indican diferentes asociaciones volvieron a los
mismos niveles que antes de que se iniciara la crisis del coronavirus.
Al contrario de lo que se puede creer el ciclo económico no tiene una gran incidencia en la evolución de los hurtos en nuestro país. Hay cierta tendencia a pensar que los robos de poco valor, por ejemplo los que se producen en los
supermercados repuntan en época de crisis porque las personas más vulnerables se ven empujadas a cometerlos para cubrir sus necesidades básicas, pero no es así. La realidad es que este tipo de hurtos son una minoría y no son, por tanto, los que
preocupan al sector. El perfil de los individuos que llevan a cabo los robos en el comercio minorista de manera sistemática dista mucho de una persona con apuros económicos puesto que en la mayoría de los casos son profesionales delincuentes que
conocen a la perfección la norma y la aprovechan para convertir el hurto en su modo de vida. Un estudio de AECOC señalaba que los productos estrella en este tipo de hurtos son botellas de alcohol, aperitivos, conservas y embutidos, lo que redunda
en que la motivación de estos ladrones es lucrarse y no subsistir.
Sin embargo, lo que sí ha tenido una gran repercusión en este tipo de criminalidad son los cambios en el código penal del último lustro. Esta reforma animó a la sociedad a creer en el sistema, a pensar que ahora denunciando se podía
erradicar esta lacra social. La víctima, empezó a ver que su esfuerzo de ir a denunciar y asistir a juicio tenía consecuencias para aquellos que hacían del hurto su modo de vida. Las FCS veían que su labor tenía resultados, de hecho dedicaban más
recursos a perseguir este problema. Los Juzgados, por fin, tenían la información (se tenía en cuenta la hoja de histórico penal en los juicios) y contaban con un marco jurídico para solucionar este tipo de delincuencia.
La necesidad de elevar la severidad de las penas para los ladrones multirreincidentes no es una demanda exclusiva de la patronal española; en el verano de 2019 en el contexto del repunte de la inseguridad en la ciudad de Barcelona, la
Asociación de Fiscales alertó de que las herramientas de las que disponen para combatir los hurtos son 'escasas y poco disuasorias'. Su receta para poner fin a esta lacra social en la que no es solo víctima el comercio sino que podemos ser
cualquier ciudadano, pasa por una reforma del Código Penal y la Ley de Enjuiciamiento Criminal para que se endurezcan las penas. De esta forma, la asociación profesional asegura que se conseguiría un efecto de prevención general para aplacar el
incremento de los delitos leves de hurto.
Según el criterio de la Asociación de Fiscales el remedio sería una modificación del artículo 235 del Código Penal que regula el delito de hurto y extender, así, la condena de hasta tres años de cárcel a los delincuentes que cometan una
sustracción de un objeto valorado en menos de 400 euros si ya ha sido condenado antes por tres delitos de las mismas características. Manifiestan que en julio del 2017, el Tribunal Supremo interpretó restrictivamente la agravación de la pena por
hurto aprobada en el 2015 y a partir de esa resolución, la situación cambió.
Por último la Confederación Española de Comercio exponía ante la Mesa de la Comisión de Industria, Comercio y Turismo seis medidas fundamentales para la recuperación del sector entre las que se encontraba precisamente como 'más necesaria que
nunca' que la Administración ponga coto al hurto multirreincidente en el comercio, una lacra que supone 420 M anuales desperdiciados para la Administración, ya que se dedican 300 M a costes administrativos, policiales y judiciales de causas
judiciales inconclusas de esta naturaleza, y no se llegan a cobrar más 120 M en sanciones derivadas de hurtos en el comercio. Y demás, según AECOC, supone 1.800 M anuales en pérdidas para el sector.
Para ello es fundamental, según ha propuesto la C4 de CEOE, modificar el Código Penal para que la multirreincidencia tenga consecuencias y modificar la Ley de Enjuiciamiento Criminal para ganar operatividad en los procedimientos judiciales.
En la Ley 14/1982, de Enjuiciamiento Criminal, en su Libro VII, 'De la ejecución de sentencias', únicamente se establece qué juzgado tiene que ejecutar las penas y dentro de este, quién se encarga de llevar a cabo este procedimiento. En lo relativo
a la responsabilidad civil se remite expresamente a la Ley 1/2000 de Enjuiciamiento Civil (en adelante, LEC). Todo lo que no aparezca regulado en la LECrim, se remite a lo establecido en la LEC. Actualmente, la regulación de la ejecución de
sentencias penales se hace de acuerdo con lo establecido en la LEC en su Libro 111, 'De la ejecución forzosa y de las medidas cautelares', que establece un único procedimiento para los delitos leves, básicos y graves.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Estudiar la reforma del Código Penal para solucionar la multirreincidencia de hurto cuyo objetivo sea dejar claro que la acumulación de delitos, incluidos los leves, está castigada con pena de prisión.
2. Estudiar la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal en cuanto a la Ejecución de la pena en delitos leves para agilizar la ejecución de las sentencias, ya que si hay procedimientos ágiles en el enjuiciamiento de los delitos leves
(juicio inmediato de delito leve), también tendría que haberlos en la ejecución de esas condenas.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de septiembre de 2021.--María de la O Redondo Calvillo, Tristana María Moraleja Gómez y Guillermo Mariscal Anaya, Diputados.-Concepción Gamarra Ruiz-Clavijo, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso.
161/003186
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a mejorar la justicia en el
Campo de Gibraltar (Cádiz), para su debate en la Comisión de Justicia.
Exposición de motivos
El Campo de Gibraltar es una comarca de la provincia de Cádiz cuya posición geográfica y circunstancias socioecómicas especiales hacen que se haya convertido en un territorio que, a pesar de tener un gran potencial económico y social, está
sufriendo, de manera dramática, las consecuencias del narcotráfico.
Efectivamente, los 14 km que separan España de Marruecos, han convertido al Campo de Gibraltar en el principal pasillo que usan las mafias para traficar con el tabaco y la droga que introducen en Europa a través de las costas españolas pero,
también, en el pasillo que usan para traficar con personas que buscan en nuestro territorio una oportunidad de vida.
La sociedad gaditana y, especialmente, la de los municipios del Campo de Gibraltar, vienen reclamando, desde hace años, el compromiso de todas las administraciones para que, trabajando de manera coordinada, planteen y ejecuten en esta
comarca un plan integral a través de un paquete de medidas sectoriales (sociales, educativas, sanitarias, de justicia, de empleo, de seguridad, de infraestructuras...) que permita a sus vecinos hacer frente a la delincuencia organizada.
Esta es la posición que, entre otros, mantiene la Plataforma 'Por tu seguridad, por la de todos' que, entre otras reivindicaciones, defiende la necesidad de reforzar los juzgados del Campo de Gibraltar a través una mayor dotación de personal
a los juzgados de instrucción ya que sufren más carga de trabajo, así como la definición de un tratamiento penal específico para las 'narcogasolineras' o que el dinero incautado al narcotráfico se reinvierta en políticas sociales y de empleo en la
comarca.
Pero no son los únicos los colectivos sociales los que reclaman más medios y más jueces para la comarca campogibraltareña, pues sindicatos representantes de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y de Vigilancia Aduanera, algunos de
ellos desde la propia Plataforma, reclaman también más medios para la justicia en la zona.
Y, en esta misma línea, los fiscales y los propios jueces se suman a la petición debido a que el éxito de las intervenciones policiales están provocando que los juzgados se encuentren sobrepasados por la carga de trabajo y por la complejidad
de los asuntos que se tramitan y que están relacionados con el tráfico de drogas, pero también de personas y con la inmigración ilegal.
Por último, a la hora de reclamar un mayor esfuerzo por parte del Gobierno de España en la dotación de medios, no podemos dejar de referirnos a la última Memoria Anual de Actividades y Funcionamiento del Tribunal Superior de Justicia de
Andalucía, Ceuta y Melilla del año 2020, el cual al tratar las necesidades judiciales, retrata la situación en la que se encuentran los juzgados andaluces con plantillas muy escasas con las que es imposible atender las necesidades de la población o
el alto número de interinos y la falta de especialización entre otras muchas carencias y deficiencias organizativas.
Finalmente, el propio Gobierno de España ha reconocido recientemente la falta de medios con los que trabajan los jueces y letrados de la Administración de Justicia en el Campo de Gibraltar y ha anunciado públicamente un Plan Específico de
Choque contra la Criminalidad Organizada en la comarca comprometiéndose a reforzar los órganos encargados de la instrucción de las causas en los tres partidos judiciales más afectados (Algeciras, La Línea y San Roque) y a reforzar y a potenciar el
papel de la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos (ORGA) dotándola de más recursos y desarrollando su normativa para facilitar las tareas que realiza relacionadas con el embargo y posterior decomiso de bienes de procedencia delictiva.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Aprobar y desarrollar, con carácter urgente, un Plan Específico de Choque contra la Criminalidad Organizada en el Campo de Gibraltar que conlleve la dotación de medios que la justicia requiere, incluida, en su caso, la creación un nuevo
juzgado, para garantizar la rápida instrucción de las causas en los partidos judiciales de Algeciras, La Línea y San Roque.
2. Reforzar y potenciar la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos (ORGA) dotándola de más recursos y desarrollando su normativa para facilitar las tareas que realiza relacionadas con el embargo y posterior decomiso de bienes de
procedencia delictiva.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de septiembre de 2021.-María José García-Pelayo Jurado, Carlos Rojas García, Luis Santamaría Ruiz y José Ortiz Galván, Diputados.-Concepción Gamarra Ruiz-Clavijo, Portavoz del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso.
Comisión de Defensa
161/003193
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para el incremento salarial de los
profesionales de las Fuerzas Armadas, para su debate en la Comisión de Defensa.
Exposición de motivos
El desequilibrio salarial existente entre los profesionales de las Fuerzas Armadas y el resto de los empleados del sector público en condiciones equiparables de disponibilidad, penosidad, peligrosidad y
régimen de personal viene produciendo, año tras año, un impacto creciente en la pérdida relativa de poder adquisitivo del personal de las Fuerzas Armadas.
Al objeto de reducir la citada brecha, el pasado año se solicitó por parte de las Asociaciones Profesionales y fue respaldado por el Grupo Parlamentario Popular en el trámite de presentación de enmiendas a los Presupuestos Generales del
Estado para 2021, un incremento lineal en las retribuciones de dicho personal de 100 euros mensuales en todas las nóminas con independencia de ejércitos, escalas o empleos.
En su lugar, el Gobierno optó por el incremento del 0,9 %, aplicable a todos los empleados públicos y una subida del complemento de empleo del soldado/marinero para igualarlo al mínimo del complemento de destino del funcionario y del
componente general del complemento específico. Esto supuso un incremento variable en función de los empleos con mayor impacto en los empleos más bajos, casi nulo en los empleos más elevados e insuficiente en los empleos intermedios, como, por
ejemplo, los de los suboficiales.
El análisis del impacto en la capacidad adquisitiva general del conjunto de los profesionales de las Fuerzas Armadas del incremento realizado, arroja un balance global de insuficiente por lo que nuevamente se plantea la necesidad de
considerar la posibilidad de un incremento lineal, con independencia de ejércitos, escalas y empleos de un global de 160 euros mensuales, distribuidos entre 100 euros en el componente singular del complemento específico y 60 euros en el complemento
de empleo.
Se considera que, en tanto no se asuma este esfuerzo puntual como base de partida para los cálculos de incrementos de años subsiguientes no nos pondremos en camino de solventar el desequilibrio que, como se indica, se manifiesta de forma
creciente.
Por otra parte, no es menos cierto que la proporción del gasto asignado a las retribuciones de personal en el conjunto del presupuesto asignado al Ministerio de Defensa, que, durante el ejercicio en curso ha alcanzado el nivel del 54 % del
conjunto, es elevado en comparación con la proporción considerada idónea de distribución del gasto que se estima en un 40 % en gastos de personal y un 60 % en gastos de equipamiento e infraestructuras (adquisiciones y sostenimiento).
Se atribuye dicha anomalía al hecho incontestable de que, dentro de los Presupuestos Generales del Estado, los de Defensa han venido siendo más cortos de lo necesario en función de los compromisos de seguridad y de presencia internacional
que corresponden a la naturaleza y posición estratégica de nuestra nación. Se siguen manteniendo en el entorno del 0,92 % del Producto Interior Bruto (PIB), siendo necesaria su revisión al alza al objeto de ponerse en el medio plazo en el entorno
del 2 % de dicho PIS.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Asumir un incremento lineal de 160 euros mensuales para todos los profesionales de las Fuerzas Armadas con independencia del ejército, escala y empleo, distribuidos entre 100 euros del componente singular del complemento específico y 60
euros del complemento de empleo e incluir dicho incremento en la tramitación de los presupuestos Generales del Estado para 2022.
2. Analizar la posibilidad de acometer un calendario a medio plazo (cinco o seis años) para incrementar progresivamente la partida global de los Presupuestos Generales del Estado asignados al Ministerio de Defensa, de manera que en ese
plazo nos pongamos en camino franco de alcanzar el proyecto de disponer de un 2 % del producto interior bruto como única manera de garantizar unas retribuciones dignas a nuestros profesionales y un sistema de adquisiciones y sostenimiento de
equipamiento e infraestructura de nuestras Fuerzas Armadas acordes con los cometidos a los que deben hacer frente en función de nuestros desafíos de seguridad y nuestros compromisos internacionales. Trasladar los resultados de dicho análisis a la
Comisión de Defensa para conocimiento.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de septiembre de 2021.-Fernando Adolfo Gutiérrez Díaz de Otazu, Diputado.-Concepción Gamarra Ruiz-Clavijo, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/003211
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no
de Ley sobre el futuro avión de combate europeo para su debate en la Comisión de Defensa.
Exposición de motivos
A lo largo de todo el mundo se pueden ver volar, hacer diferentes evoluciones y acrobacias a aviones que datan de principios y mediados del siglo pasado. La estructura, la plataforma del avión es casi la misma de antaño, los motores son
quizás también de la época con algunas adaptaciones. Lo que es, en mucho de los casos, prácticamente nuevos es la cabina y los sistemas de navegación. Un magnífico ejemplo lo tenemos en España con la Fundación Infante de Orleans, con aviones en
vuelo de prácticamente todas las épocas. Uno de los más antiguos, de la década de los 20, es el biplano De Havilland DH-60 Moth.
Y es que un avión puede seguir volando siempre y cuando cuente con un buen mantenimiento. Sin embargo, los avances tecnológicos, tanto en aviónica, radares como en propulsión, hacen de la vida operativa de los modernos aviones de combate
limitada. Pueden seguir volando, pero no así hacer frente a las amenazas y necesidades que la defensa de la nación requiere. Es pues necesario una actualización continua y constante así como nuevos desarrollos que estén a la altura y satisfagan
las exigentes necesidades de la preservación de la paz y seguridad nacional e internacional, en el marco de los compromisos contraídos por España.
Hoy en día los aviones de cuarta generación empiezan a quedarse obsoletos, siendo necesario adaptarse a las nuevas generaciones de este tipo de aviones.
Y en este sentido entra en juego el NGWS/FCAS (New Generation Weapon System/Future Combat Air System), que es un programa en el que participan Alemania, Francia y España para desarrollar un sistema aéreo de armas de nueva generación. Un
proyecto estratégico para Europa y para España tanto para garantizar su soberanía, dotando a las fuerzas armadas españolas y aliadas de la tecnología necesaria para responder con eficacia a las amenazas y escenarios de futuro, como para impulsar la
creación de empleo de alta cualificación y consolidar la base industrial europea.
El NGWS/FCAS es un proyecto multidisciplinar que va más allá del desarrollo de un nuevo avión. Se trata de un sistema aéreo de combate de nueva generación que requiere el desarrollo de diversas tecnologías de futuro en ámbitos tan
innovadores como el ciberespacio, la digitalización, la simulación, la inteligencia artificial, la interconectividad con otras plataformas, la seguridad o, entre otras, la integración de enjambres de aeronaves pilotadas de forma remota y dotadas de
capacidad de decisión propias.
El NGWS/FCAS es clave para nuestro país desde el punto de vista operativo como para la industria española, pues significa la posibilidad de participar en el siguiente salto tecnológico que se va a dar en Europa en el ámbito de la defensa, la
aeronáutica, la seguridad y el espacio, de igual a igual con el resto de empresas europeas. Gracias a este proyecto España podrá mantener el alto nivel de liderazgo tecnológico adquirido, no solo a las grandes empresas sino también a las muchas
pequeñas y medianas empresas que integran nuestra cadena de suministro.
Entendemos que el NGWS/FCAS es la oportunidad de reproducir el efecto decisivo que tuvo el programa Eurofighter durante la década de los ochenta del siglo pasado en el crecimiento y consolidación de nuestro tejido industrial, impulsándolo a
los altos niveles tecnológicos que disfruta actualmente en el mercado internacional.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
'1. Impulsar de manera decidida el proyecto del Futuro Sistema de Combate Aéreo, así como las nuevas capacidades científicas, tecnológicas e industriales que dicho proyecto implica, de modo que España sea un verdadero pilar de la nueva
generación del poder aeroespacial europeo.
2. Fortalecer la base tecnológica e industrial de la Defensa, que forma parte de la estructura del Ministerio de la Defensa y el programa NGWS como uno de los pilares fundamentales para sustentar la consecución de una mayor autonómica
estratégica en el ámbito nacional y europeo para colaborar en nuestros compromisos con Naciones Unidas y la OTAN.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de septiembre de 2021.-Zaida Cantera de Castro, Begoña Nasarre Oliva, Francisco Aranda Vargas, María del Pilar Rodríguez Gómez, Manuel Arribas Maroto, Ana María Botella Gómez, Eva Bravo Barco, Santos
Cerdán León, Antidio Fagúndez Campo, José Ramón Ortega Domínguez, Esther Peña Camarero y José Antonio Rodríguez Salas, Diputados.-Felipe Jesús Sicilia Alférez y Rafaela Crespín Rubio, Portavoces del Grupo Parlamentario Socialista.
Comisión de Hacienda y Función Pública
161/003170
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley, para la aprobación de una deducción fiscal estatal, en
el ámbito del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, para aquellos empleadores que tengan contratada a una persona por la que se efectúen cotizaciones al Sistema Especial de Empleados de Hogar del Régimen General de la Seguridad Social,
para su posterior debate en la Comisión de Hacienda.
Exposición de motivos
El colectivo de las trabajadoras empleadas de hogar, que agrupa en su inmensa mayoría a mujeres, es uno de los gremios más vulnerables a las situaciones de crisis. Ello es debido, en gran medida, a la alta incidencia de la contratación
irregular y la economía sumergida habida en este sector, lo que deja a estas trabajadoras sin derechos y les impide, por ejemplo, optar a ayudas oficiales o subsidios en situaciones de crisis como la actual.
Según datos de la Asociación Nacional de Agencias de Colocación (ANAC), con la pandemia una de cada tres familias ha reducido un 50 % el número de horas contratadas con sus empleadas de hogar, pero 'las reducían solo formalmente, porque las
empleadas mantenían sus mismas horas cobrando en negro', según explica la presidenta de dicha asociación. El porcentaje de empleadas de hogar que trabaja sin contrato ronda el 40 % y, del porcentaje de contrataciones regladas, la inmensa mayoría no
refleja las verdaderas condiciones de jornada y sueldo, según denuncia esta agrupación .
Así, la pandemia y el auge de la demanda de cuidadores de ancianos y niños, han potenciado el abuso en unas condiciones laborales que siempre han sido mayoritariamente precarias, con jornadas semanales que superan en muchas ocasiones las 80
horas por sueldos inferiores al salario mínimo. Según datos de ATH-ELE (Asociación de Trabajadoras Domésticas de Vizcaya), el 26 % de las internas no tuvo ningún tipo de descanso a lo largo del día en 2020, y un 46 % tenía solo dos horas una vez
descontado el tiempo dedicado a dormir. Además, un 26 % no tiene permiso para salir de la vivienda más allá de su día o tarde libre a la semana. Y, todo ello, por un sueldo medio que, con frecuencia, no alcanza los 5 euros/hora.
Estas condiciones abusivas, cercanas a la semiesclavitud, las sufren en su inmensa mayoría trabajadoras extranjeras y sin papeles, que carecen de recursos a su llegada a nuestro país. Gracias a ellas y a costa de su salud y su dignidad,
España está pudiendo resolver la enorme crisis de cuidados que padece y que ha acentuado la pandemia, como denuncia la presidenta de la asociación Servicio Doméstico Activo. De hecho, España es uno de los pocos países occidentales que sigue sin
ratificar el convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), aprobado en el año 2013, para garantizar 'el trabajo decente para las trabajadoras y los trabajadores domésticos', a pesar de las continuas promesas del
Gobierno en este sentido. La ratificación de este instrumento dotaría de derechos a este sector laboral, comenzando por la cobertura por desempleo.
Con esta Proposición no de Ley, se pretende implementar, al menos, una medida que ayudaría a dignificar la profesión y las labores esenciales y enormemente demandadas que llevan a cabo cuidadoras, empleadas domésticas e internas. Para ello,
y con independencia de otras muchas medidas que es necesario tomar en los ámbitos laboral y de protección social, planteamos la introducción de un incentivo fiscal que estimule la contratación en condiciones justas y dignas de estas trabajadoras;
una contratación transparente y legal que ponga freno a las situaciones de abuso y a la caída en el porcentaje de afiliación a la Seguridad Social que experimenta este colectivo.
Con fundamento en este objetivo concreto, proponemos la aprobación de una deducción fiscal a nivel estatal, en el ámbito del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, por contratación de servicio doméstico por el que se efectúen las
correspondientes cotizaciones al Sistema Especial de Empleados de Hogar del Régimen General de la Seguridad Social, en línea con algunas deducciones en este sentido habidas en el ámbito de las comunidades autónomas, pero de alcance más amplio. Así,
entendemos que la deducción más eficaz sería aquella que no viniera limitada por las condiciones particulares económicas o familiares del empleador, pues con este incentivo fiscal no se pretende bonificar una situación familiar o personal concreta
de este, sino incentivar la contratación reglada del empleado para mejorar su situación y el alcance de sus derechos. A nuestro juicio, limitar significativamente el número de contribuyentes con derecho a la deducción, dejaría fuera a un porcentaje
muy importante del número actual de empleadores con servicio doméstico contratado irregularmente, lo que perjudicaría masivamente y de manera directa a los empleados domésticos a los que se intenta proteger.
Por todo lo anterior, el Grupo Parlamentario Ciudadanos, presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Aprobar, en el ámbito del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, una deducción para los contribuyentes que tengan contratada a una persona por la que se efectúen las correspondientes cotizaciones por el Sistema Especial de
Empleados de Hogar del Régimen General de la Seguridad Social, de amplio alcance, con el fin de incentivar la contratación reglada de los y las empleadas pertenecientes a este colectivo, poner freno a los elevados niveles de contratación irregular y
economía sumergida que sufre este gremio, y dignificar su profesión asegurándoles sus derechos.
2. Continuar potenciando y dotando de medios para su mayor eficacia, al Plan de Actuación de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en el Sector del Hogar, puesto en marcha el pasado mes de enero de 2021.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de septiembre de 2021.-Edmundo Bal Francés y María Carmen Martínez Granados, Portavoces del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
161/003184
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para instar al Gobierno a incluir en
la Oferta de Empleo Público correspondiente las plazas declaradas desiertas en una oferta pública anterior, para su debate en la Comisión de Hacienda y Función Pública.
Exposición de motivos
Los efectos de la pandemia han puesto en evidencia las necesidades estructurales de nuestras Administraciones Públicas, que se han visto al borde del colapso en ámbitos como los centros sanitarios, educativos, administración de Justicia, el
Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), o el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS).
En los momentos más críticos han sido los empleados públicos los que con su esfuerzo y dedicación han garantizado el funcionamiento de los servicios públicos sobre todo en las áreas más sensibles y necesarias para la sociedad.
La pandemia, además de la grave crisis de salud en donde nuestro personal sanitario está dando ejemplo de vocación y de atención a la población, ha traído consigo una gran crisis económica que ha provocado en unos casos una reducción
sustancial de los ingresos económicos de los trabajadores y, en otros, una vulnerabilidad extrema y pobreza en muchas familias.
Tanto el SEPE como el INSS se han visto desbordados por las miles de solicitudes de prestaciones económicas, ERTEs e Ingreso Mínimo Vital respectivamente, que no están siendo atendidas ni en su totalidad ,ni en los plazos fijados debido a la
carencia de personal.
Otros ámbitos de la Administración del Estado (Puestos de Inspección Fronteriza, Oficinas de Registros de las Delegaciones del Gobierno así como en las Áreas Funcionales de éstas, Oficinas de Extranjería, FOGASA, etc) también está padeciendo
la escasez de personal, dado que en los últimos 10 años se han destruido más de 100.000 puestos de trabajo (100.916 según estudio y análisis realizado por CSIF).
A la insuficiencia de personal hemos de añadir el envejecimiento actual de las plantillas públicas, en donde el 50% se encuentra en una horquilla entre los 50 años y los 59 años de edad y un 20% entre los 60 años y los 65 años de edad.
Es absolutamente necesario que el Gobierno diseñe un plan de recursos humanos para el conjunto de las Administraciones Públicas, pilar fundamental para la reconstrucción del país, mediante la creación de empleo de calidad y el
fortalecimiento de los servicios que recibe la ciudadanía.
El empleo de calidad se consigue a través de la superación de las pruebas selectivas convocadas a través de las correspondientes Ofertas de Empleo Público (OEP) para el acceso a los distintos puestos en la Administración.
La convocatoria de las OEP permite a todos los ciudadanos el acceso al empleo público de acuerdo con los principios constitucionales de igualdad, libre concurrencia, mérito. capacidad y publicidad .
Las Administraciones Públicas deben seleccionar a su personal mediante procedimientos en los que se garanticen los principios constitucionales antes expresados así como los siguientes, de conformidad con lo preceptuado en el Estatuto Básico
del Empleado Público:
- Publicidad de las convocatorias y de sus bases.
- Transparencia.
- Imparcialidad, independencia y profesionalidad de los miembros de los órganos de selección.
- Adecuación entre el contenido de los procesos selectivos y las funciones o tareas a desarrollar.
- Y agilidad en los procesos de selección.
Como consecuencia de todo lo expuesto, escasez y envejecimiento de las plantillas públicas, entendemos que todas las plazas convocadas en una OEP que no quedarán cubiertas una vez celebrados los procesos selectivos deberán incluirse en la
OEP siguiente.
No se puede perder ninguna de las plazas que hubieran sido ya autorizadas por ofertas de empleo público anteriores, máxime en el contexto actual descrito en el que urge que deba favorecerse siempre la incorporación de nuevos efectivos.
Se debe tener presente que estas plazas son consecuencia de las tasas de reposición aprobadas anualmente en los PGE y que al incluirse en las ofertas de empleo público están dotadas económicamente. La propuesta que realizamos no supone en
ningún caso aumento del gasto público.
De considerarse consumida una OEP una vez celebrados los procesos selectivos correspondientes, no incorporando las plazas declaradas desiertas en la convocatoria siguiente, implicaría que las Administraciones perderían todas las plazas que
una vez convocadas no se cubrieran, favoreciendo así la pérdida de empleo público neto.
Hay que recordar que todas las plazas ya convocadas estuvieron dentro de las tasas de reposición en el momento de su aprobación por lo que debe arbitrarse que vuelvan a convocarse en el caso de que quedaran vacantes. De no hacerse así se
contribuiría a continuar reduciendo el empleo público por debajo de la tasa de reposición y seguir abundando en el colapso y desbordamiento de los servicios que presta la Administración Pública.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a incluir en las Ofertas de Empleo Público correspondiente todas las plazas que hubieran quedado desiertas en la Oferta de Empleo Público anterior, con la finalidad de no perder ninguna plaza
pública ya convocada y evitar que el empleo público se vea reducido por debajo de la tasa de reposición.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de septiembre de 2021.-Llanos de Luna Tobarra, Beatriz Jiménez Linuesa, Carmen Navarro Lacoba y Vicente Betoret Coll, Diputados.-Concepción Gamarra Ruiz-Clavijo, Portavoz del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso.
Comisión de Interior
161/003169
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Socialista, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para promover las medidas necesarias para paliar
los daños provocados por los incendios en la provincia de Málaga, para su debate y aprobación en la Comisión de Interior.
Exposición de motivos
La provincia de Málaga alcanza una extensión total de 7.308 km2, de los cuales un amplio porcentaje de la misma son zonas rurales y (de) parajes naturales de alta riqueza y belleza patrimonial y medioambiental.
La Sierra Bermeja, al sur de la cordillera penibética andaluza, y concretamente la zona denominada Los Reales de Sierra Bermeja, es un paraje natural catalogado en la Red Natura 2000 desde 1989 y que se extiende por los municipios de
Casares, Estepona y Genalguacil.
La inclusión de esta zona en dicha denominación se debe, de una parte al pinsapar de 1.236 hectáreas que se encuentra en las zonas altas de la sierra, y, de otra, a que el 85 % de las comunidades vegetales existentes en la Sierra Bermeja
está(n) incluido en la directiva HÁBITATS 2000 (92/43/CEE) de la Unión Europea. De todo el territorio dentro de la provincia de Málaga catalogado como Zona Especial de Conservación, la del Valle del Genal es la segunda más extensa con 23.555
hectáreas repartidas en 17 municipios, viéndose solo superada en superficie por la vecina Z.E.C. Sierras Bermeja y Real.
La riqueza de esta zona se vertebra a nivel paisajístico por un ecosistema de media montaña y, a nivel medioambiental por ser un lugar único debido a que el bosque de pinsapos crece sobre peridotitas, rocas ultramáficas procedentes del manto
superior terrestre. Los bosques predominantes en las zonas bajas de la sierra son los alcornocales, los pinares en su zona media, los castañares cultivados o medio asilvestrados en zonas concretas, y los citados pinsapares, catalogado como especie
en peligro de extinción por la Junta de Andalucía, en la cumbre de los Reales de Sierra Bermeja.
A esto hay que añadir otras especies de especial protección de flora como los endemismos bermejenses y de fauna como la cabra montés, el corzo, el meloncillo, el águila real, el águila calzada, el halcón peregrino, el gavilán, el búho real,
y las numerosas especies de invertebrados exclusivas de la zona.
A nivel socioeconómico, este entorno natural permite el desarrollo de diferentes actividades agrícolas y ganaderas adaptadas a las condiciones características de la sierra, así como un creciente turismo rural atraído por los excepcionales
valores medioambientales de la zona y que sostiene a la población de los municipios de Casares, Estepona y Genalguacil (añadir los desalojados), Jubrique, Genalguacil, Faraján, Pujerra, Júzcar y Alpandeire. De una parte, por el componente agrario
propio del terreno y de otra parte, por el turismo rural son el sustento de la población de la zona.
La noche del pasado miércoles 8 de septiembre, tras advertirse el fuego en el municipio de Genalguacil (Málaga), se inicia un incendio que, tras cinco días sin que pudiera declararse bajo control, ha arrasado
cerca de 10.000 hectáreas y obligado al desalojo de aproximadamente 3.000 personas de los municipios malagueños de Jubrique, Genalguacil, Faraján, Pujerra, Alpandeire y Júzcar.
Se trata de uno de los incendios más importantes declarados en la provincia de Málaga no solo por extensión, también por las consecuencias en la implicación para el desarrollo medioambiental y económico de la zona. Tanto las características
de la orografía del terreno, como las climáticas y la propia vegetación han favorecido que el incendio se propague de forma rápida e incontrolada convirtiéndose en un incendio de sexta generación, y según reconocen los expertos que han trabajado en
su extinción, en el más grave y complejo de los sucedidos en Andalucía en las últimas décadas, donde han trabajado casi un millar de efectivos en tierra y más de cuarenta unidades aéreas para lograr acabar con él, y que además ha costado la vida de
un trabajador del INFOCA durante las acciones de extinción del incendio.
Es necesario que los innumerables daños ocasionados, aún todavía no se puede establecer la magnitud ni cuantificación de los mismos, en la Sierra de Bermeja puedan ser reparados, y más aun teniendo en cuenta que los municipios y vecinos/as
afectados sufren desde hace años también las consecuencias del fenómeno de la despoblación, siendo todo el territorio de Sierra Bermeja y del Valle del Genal, ahora en buena parte arrasados por el fuego, un elemento indispensable para la vida de sus
habitantes que se verán gravemente afectados por el incendio ocurrido que ha arrasado 10.000 hectáreas. Los municipios, sus vecinos y vecinas, necesitarían el apoyo total de todas las Administraciones Públicas para que la recuperación económica y
regeneración medioambiental de la zona sea lo antes posible y de la mejor forma.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Elaborar, en coordinación con el resto de Administraciones afectadas, el Informe sobre los daños producidos por el incendio ocurrido en Sierra Bermeja, la provincia de Málaga.
2. Proceder a la declaración de zona gravemente afectada por una emergencia de protección civil, según el procedimiento y a los efectos de lo establecido en la Ley 17/2015, de 9 de julio, de los municipios afectados.
3. A tenor de la declaración de zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil, aplicar las medidas dispuestas en la Ley 17/2015, de 9 de julio, que sean oportunas en cada caso concreto para subsanar los daños provocados
por las incidencias climáticas, entre ellas las siguientes:
- Puesta en marcha de ayudas directas por los daños materiales producidos, tanto en los bienes de las personas y empresas como en los de las Administraciones, así como por los gastos ocasionados para hacer frente a esta catástrofe.
- Indemnizaciones, si procede, por daños producidos en explotaciones agrícolas o ganaderas.
- Beneficios fiscales aplicables a los bienes, empresas, establecimientos industriales, turísticos y mercantiles, explotaciones y otras actividades afectadas.
- Bonificaciones, exenciones y moratorias en los pagos de las cotizaciones a la Seguridad Social.
- Concesión de anticipos directamente por la Administración General del Estado sobre ayudas y subvencíones a las que se tuviera derecho por causa de esta catástrofe.
- Habilitar los créditos extraordinarios necesarios para dar cobertura inmediata a estas medidas.
4. Facilitar a los ayuntamientos y vecinos afectados el apoyo necesario para la tramitación de seguros y ayudas.
5. Llevar a cabo la coordinación y asesoramiento pertinente entre Administraciones para el desarrollo de dichas ayudas.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de septiembre de 2021.-Ignacio López Cano, Fuensanta Lima Cid, José Carlos Durán Peralta, María Dolores Narváez Bandera y David Serrada Pariente, Diputados.-Felipe Jesús Sicilia Alférez y Rafaela
Crespín Rubio, Portavoces del Grupo Parlamentario Socialista.
161/003172
A la Mesa Del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para paliar los efectos ambientales y
económicos derivados de los incendios forestales sucedidos en Sierra Bermeja en la provincia de Málaga, para su debate en la Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico.
Exposición de motivos
El pasado 8 de septiembre se declaraba el incendio de Sierra Bermeja, un fuego al que todo apunta que fue intencionado y que logró ser controlado seis días más tarde, el 14 de septiembre, dejando el triste balance de un bombero forestal
fallecido en acto de servicio, una superficie afectada de 9.670 hectáreas y más de 2.600 personas desalojadas de diferentes municipios de la provincia malagueña.
La Junta de Andalucía y efectivos de las diferentes administraciones que han colaborado en las tareas de extinción coinciden en la virulencia y el carácter inédito de este incendio, explosivo y rápido, que se extendió rápidamente debido
también a la orografía del terreno, con zonas muy escarpadas y pedregosas, así como al cambio climático y al abandono de zonas forestales y rurales.
Todo ello propició la formación de pirocúmulos, que hacen que estos fuegos generen sus propias condiciones climatológicas, algo tan singular que antes solo se había visto en California y Oregón, donde se han conocido casos de incendios que
tardan meses en extinguirse.
Todo ello, sumado a las condiciones de altas temperaturas y baja humedad relativa, y acompañado de un importante incremento de la velocidad del viento, derivó en una fuerte convectividad y en un gran incendio de difícil extinción que obligó
a evacuar hasta seis municipios: Estepona, Genalguacil, Júzcar, Alpandeire, Faraján y Jubrique.
En total, hizo falta movilizar a casi mil efectivos y medio centenar de medios aéreos para luchar contra un incendio voraz. En palabras del subdirector del Centro de Operaciones Regional del lnfoca y Jefe de Extinción, Alejandro García, 'un
monstruo de fuego' con todas las características de los de sexta generación, conocidos por su virulencia, rapidez de propagación y la posibilidad de ocasionar fenómenos meteorológicos como tormentas en su interior, al margen de las condiciones
externas.
Un fuego que la Fiscalía General del Estado apunta como intencionado, confirmando 'la existencia de varios focos iniciales del mismo, originados de forma prácticamente simultánea y cercanos a sendos puntos de una carretera poco transitada,
con posibilidad de estacionamiento de vehículos, que pueden apuntar a una etiología intencional'.
De hecho, la aparición casi simultánea de dos focos en el origen del incendio hizo sospechar a los especialistas de que había sido provocado, tras hallarse 'montoncitos de hojarasca con una piña prendida por un mechero' que avalan esta
hipótesis.
Desde la Junta de Andalucía, ha anunciado un paquete de ayudas para recuperar la zona afectada, que se suma al fondo de 8 millones de euros para la recuperación ambiental y económica que ha dispuesto la Diputación Provincial.
Desde el Gobierno andaluz se ha reconocido y puesto en valor en todo momento la labor de todos los efectivos que han colaborado en la extinción de este incendio: lnfoca, el GREA, el 112, la Guardia Civil, la Policía Nacional y Local,
Bomberos de toda la provincia, la Unidad Militar de Emergencias (UME), así como el apoyo logístico de comunidades como Madrid, Murcia, Extremadura y Castilla-La Mancha.
También se ha contado con un equipo de élite especializado en el diagnóstico de incendios compuesto por personal de comunidades como Valencia, Cataluña y el Estado.
Se puso a disposición del lnfoca todos los medios solicitados, propios y ajenos, en el momento en el que así los requirió. El propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, acordó con el presidente andaluz, Juanma Moreno, que se activaría
la UME cuando los técnicos lo decidieran, siendo así como sucedió.
Los efectivos del lnfoca y las restantes administraciones se han enfrentado, realizando un gran esfuerzo de coordinación, a uno de los incendios más complicados y peligrosos de la historia de este país. Un incendio distinto, con autonomía
propia, capaz de desarrollar su propia dinámica de avance ajena al comportamiento del viento, según han destacado tanto el director como el subdirector del Centro Operativo Regional (COR) del lnfoca, Juan Sánchez y Alejandro García, a los que
siempre agradeceremos su entrega y gran profesionalidad.
Sobre los efectos del incendio, se da el hecho de que, al tratarse de una zona ganadera, el fuego ha afectado al ganado y las llamas han arrasado con el pasto y las reservas de paja de las explotaciones ganaderas, si bien los daños son
imposibles de contabilizar; pero deberán tener una atención especial por parte del Gobierno.
Asimismo, el fuego ha afectado a viviendas, enseres y poblaciones, lo que hace necesario realizar una evaluación de los daños, determinando y cuantificando el alcance real de los mismos.
Sin duda, se trata de un año anómalo, en lo social y lo económico, pero la lacra de los incendios forestales sigue dejando cicatrices en nuestro territorio y huella en aquellas personas que han tenido que sobrellevar sus efectos. Por ello,
solicitamos que estos incendios sean declarados por el Estado como zonas afectadas gravemente por una emergencia de protección civil y poder paliar sus efectos.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Elaborar, en colaboración con las administraciones afectadas y a la mayor brevedad posible, un informe con la evaluación del incendio forestal de Sierra Bermeja, determinando y cuantificando el alcance real de los mismos, y activar las
ayudas derivadas de la situación de emergencia o naturaleza catastrófica, especialmente de los denominados como 'gran incendio' o que hayan afectado a la población o espacios naturales singulares.
2. Analizar la declaración de zona gravemente afectada por una emergencia de protección civil, según el procedimiento y a los efectos de lo establecido en la Ley 17/2015, de 9 de julio, en los municipios malagueños afectados gravemente por
los incendios forestales durante 2021.
3. En atención a la declaración de zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil, aplicar las medidas dispuestas en el artículo 24 de la Ley 17/2015, de 9 de julio, que resulten convenientes para paliar los daños
provocados por los incendios y, en concreto:
a) Conceder ayudas económicas a particulares por daños a vivienda habitual y enseres de primera necesidad que procedan.
b) Realizar la compensación a las corporaciones locales malagueñas por gastos derivados de actuaciones inaplazables.
c) Aprobar las correspondientes ayudas a personas físicas o jurídicas que hayan llevado a cabo la prestación personal de servicios y bienes.
d) Aprobar las correspondientes ayudas destinadas a establecimientos industriales, mercantiles y de servicios.
e) Aprobar, si procede, las subvenciones por daños en infraestructuras municipales y red viaria provincial.
f) Aprobar, si procede, las subvenciones por daños en infraestructuras hidráulicas que se hayan podido ver afectadas por las llamas, en particular aquellas que dan servicio a las comunidades de regantes y pequeños agricultores.
g) Aprobar, si procede, las subvenciones por daños en producciones agrícolas, ganaderas y forestales.
h) Aprobar medidas fiscales, laborales y de la Seguridad Social.
4. Evaluar, si procede, las medidas excepcionales de autorización de reducción de los índices de rendimiento neto de las explotaciones y actividades agrarias realizadas en las zonas siniestradas.
5. Colaborar, con las administraciones competentes, en la realización de los trabajos de restauración forestal y ecológica de las áreas afectadas por el incendio y coordinar las medidas de carácter preventivo, para evitar la repetición de
situaciones similares.
6. Que el Gobierno comunique a los ayuntamientos afectados su decisión sobre la aprobación de las medidas de ayudas aplicadas de cara a la previsión de presupuestos municipales.
7. Llevar a cabo la coordinación y seguimiento de las medidas para lograr su máximo desarrollo, creando una comisión de coordinación según lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley 17/2015, de 9 de julio.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de septiembre de 2021.-Pablo Montesinos Aguayo, Carolina España Reina, Mario Cortés Carballo y César Sánchez Pérez, Diputados.-Concepción Gamarra Ruiz-Clavijo, Portavoz del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso.
161/003178
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Dña. Macarena Olona Choclán, D. Rubén Darío Vega Arias, D. Andrés Alberto Rodríguez Almeida, D. Ricardo Chamorro Delmo, Dña. Mireia Borrás Pabón, D. Ángel López Maraver, D. Luis Gestoso de Miguel, Dña. Magdalena Nevado del Campo, D.
Francisco José Contreras Peláez y D. Pedro Jesús Requejo Novoa, en sus respectivas condiciones de Portavoz Adjunta y Diputados del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX), al amparo de lo dispuesto en los artículos 193 y siguientes del vigente Reglamento
del Congreso de los Diputados, presentan la siguiente Proposición no de Ley relativa a declarar zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil los municipios que han sufrido los perjuicios ocasionados por la erupción del volcán de
Cumbre Vieja en la isla de La Palma, de conformidad con el artículo 23 de la Ley 17/2015, de 9 de julio, del Sistema Nacional de Protección Civil, para su discusión en la Comisión para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.
Exposición de motivos
Primero. Días previos a la erupción del volcán en la isla de La Palma.
En España existen varias áreas volcánicas: las Islas Canarias, la Garrotxa (Girona), Cabo de Gata (Almería), Cofrentes (Valencia), las Islas Columbretes (Castellón) y Campos de Calatrava (Ciudad Real). Sin embargo, solo en las dos primeras
se han producido erupciones en los últimos 10.000 años 1.
En la isla de La Palma la actividad sísmica se reactivó en octubre de 2017, haciéndose notar 10 enjambres sísmicos 2 durante este cuatrienio. El último episodio fue el iniciado el viernes día 11 de septiembre de 2021, que finalmente dio
lugar a la erupción del volcán de Cumbre Vieja, cuando se cumplía
1 GONZÁLEZ, J.A. (20/09/21). 'A veces olvidamos que vivimos en un país con volcanes activos'. Canarias 7. Recuperado de: https://www.canarias7.es/sociedad/veces-olvidamos-vivimos-20210919224441-ntrc.html.
2 Se entiende por enjambre sísmico un conjunto de temblores de tierra continuados en una zona relativamente pequeña producidos por el movimiento del magma bajo la superficie terrestre. Recuperado de:
https://www.rtve.es/noticias/20210916/actividad-sismica-palma-menosintensidad/2171252.shtml.
medio siglo de la última erupción terrestre en España 3. Tras los temblores, el 12 de septiembre de 2021, el Instituto Geográfico Nacional (IGN) informó de una 'nueva serie sísmica localizada en el sur de la isla de La Palma' 4, señalando
expresamente lo siguiente:
'Desde las 3:18 (UTC) de ayer día 11 y hasta las 7:23 (UTC) del día de hoy, se han detectado 58 terremotos, 29 localizados, en la isla de la Palma, todos ellos de pequeña magnitud, en el sur de la isla, siendo el mayor de ellos de magnitud
2,0 mbLg. La profundidad de los terremotos se encuentra entre 10 y 13 km.
En esta zona de la isla de La Palma, desde octubre de 2017 se han sucedido hasta 9 series sísmicas de características similares. La ocurrencia de eventos de este tipo en una zona volcánica activa se encuentra dentro de la normalidad y no
presenta riesgo alguno para la población.'
El 13 de septiembre de 2021, ante la contingencia de erupción del volcán, la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias convocó al Comité Científico de Evaluación y Seguimiento de Fenómenos
Volcánicos (CCES) 5, órgano de consulta y asesoramiento previsto en el Plan Especial de Protección Civil y Atención de Emergencias por riesgo volcánico en la Comunidad Autónoma de Canarias (PEVOLCA). Coordinado por la Dirección General de Seguridad
y Emergencias del Gobierno de Canarias, el Comité Científico contó con la participación de representantes del Instituto Geográfico Nacional (IGN), del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), del Instituto Volcanológico de Canarias
(Involcan), de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), del Instituto Español de Oceanografía (IEO) y de la Universidad de La Laguna, así como de la Consejería de Seguridad del Cabildo de La Palma, y la Delegación, Subdelegación y Dirección
Insular del Gobierno de España en la Isla.
Una vez activado el PEVOLCA, se tomó en consideración el riesgo volcánico en base al sistema de alerta a nivel mundial que clasifica la contingencia en cuatro colores (verde, amarillo, naranja y rojo). El Comité Científico recomendó a la
Dirección del Plan el cambio del semáforo volcánico del verde al amarillo en la zona de Cumbre Vieja y se iniciaron las actuaciones previstas en el Plan: despliegue de instrumentación adicional para seguimiento de la crisis, búsqueda de una
definición geográfica concreta de la posible área afectada, información a la población, etc.
Sin embargo, con el paso de los días, los temblores se acrecentaron y se observó una deformación vertical de 10 centímetros el día 16 de septiembre (indicio claro de que hay magma debajo del suelo haciéndose camino hacia la superficie) 6,
dando lugar a sucesivos avisos del IGN, el último de los cuales -del día 19 de septiembre de 2021 (pocas horas antes de la erupción del volcán, a las 12:00 UTC)-, decía lo siguiente:
'La actividad sísmica en Cumbre Vieja, iniciada el día 11 a las 3:18 (UTC), se ha acelerado en las últimas horas con una intensa sismicidad superficial, entre 0 y 6 km y numerosos sismos sentidos por la población. Hasta este momento y
desde el inicio de la serie, se han detectado 6632 terremotos, de los cuales 1317 han sido localizados. En el día de hoy, se han detectado 327 terremotos de los que se han localizado 86 con una magnitud máxima de 3,8 mbLg para el terremoto ocurrido
a las 10:16 (UTC), ampliamente sentido en la isla y con profundidad de 2 km.
La deformación vertical máxima acumulada ha aumentado hasta el entorno de los 15 cm en la zona cercana a la sismicidad actual y su distribución sigue siendo compatible con un centro de presión en esta área. Estos desplazamientos se han
observado tanto con la red GNSS de la isla como a través de datos InSAR (Sentinel-1).'
Segundo. La erupción del volcán de Cumbre Vieja.
El día 19 de septiembre, a las 15.12 horas (hora local), tras 9 días de actividad sísmica y más de 20.000 terremotos, el volcán de Cumbre Vieja entró en erupción en Montaña Rajada, en la zona Cabeza de Vaca, municipio de El Paso (al suroeste
de la isla de La Palma). La erupción, tras una gran
3 El 20 de octubre de 1971 se iniciaron los temblores de tierra que dieron lugar a la erupción del volcán Teneguía en el sur de la isla de La Palma.
4 INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL. Centro Nacional de Información Geográfica. (12/09/21). Nueva serie sísmica localizada en el sur de la isla de La Palma. Recuperado de:
https://www.ign.es/web/resources/volcanologia/html/CA_noticias.html#20210912.
5 GOBIERNO DE CANARIAS. (13/09/21). El Gobierno activa el PEVOLCA en la zona de Cumbre Vieja en La Palma para el seguimiento de la actividad sísmica. Recuperado de:
https://www3.gobiernodecanarias.org/noticias/el-gobierno-activa-el-pevolca en-la-zona-de-cumbre-vieja-en-la-palma-para-el-seguimiento-de-la-actividad-sismica/.
6 RUS, C. (20/09/21). El volcán en Cumbre Vieja entra en erupción en La Palma después de una semana de seísmos: la primera erupción española en 50 años. Xataka. Recuperado de: https://www .xataka.com/ecología y
naturaleza/volcan-cumbre-vieja-entra-erupcion-palma-despues-semana-seismos-primera-erupcion-espanola-50-anos.
explosión, provocó una enorme columna de humo, ceniza, piroclastos 7 y lava 8. Posteriormente, a las 17.00 (UTC), las autoridades clasificaron en rojo el semáforo de alerta volcánica en la isla 9.
El Instituto de Geociencias de Madrid -IGEO (CSIC-UCM)- ha explicado que la erupción es fisural (lo que supone que de cada grieta emanan lava, rocas y gases) 10. Dos fisuras distintas dieron lugar a nueve bocas eruptivas, aunque no se
descartan nuevos puntos de emisión u otras pequeñas fracturas 11.
El magma ha alcanzado la superficie más rápido de lo previsto, avanzando por la isla una lengua de lava a 1075 grados de temperatura. El manto -de once millones de metros cúbicos- comenzó a aproximarse al mar a 300 metros por hora, causando
pequeños incendios forestales por su paso, así como daños de distinta índole. Para facilitar las tareas de Protección Civil, el IGN ha calculado el posible recorrido de las coladas 12, en función de las características del terreno.
7 'Los piroclastos son fragmentos incandescentes sólidos expulsados al aire directamente en la columna de la erupción'. Nius Diario. Recuperado de:
https://www.niusdiario.es/sociedad/medio-ambiente/que-son-piroclastos-desprende-volcan_18_3205920463.html.
8 BAUTISTA, L. (20/09/21). Evacuación masiva de La Palma ante el avance de la lava del volcán. ABC. Recuperado de: https://lectura.kioskoymas.com/abc/20210920.
9 SALAS, J. (20/09/21). Un nuevo volcán con siete bocas pone en alerta a La Palma. El País. Recuperado de: https://lectura.kioskoymas.com/el-pais/20210920/textview.
10 Twitter de IGEO (CSIC-UCM) del 20 de septiembre de 2021: a las 6:30 a.m. Recuperado de: https://twitter.com/IGeociencias/status/1439809055028137985?ref_src=twsrc%5Etfw.
11 SALAS, J. (20/09/21). La actividad del volcán de La Palma se ralentiza y se descarta que la lava llegue al mar esta noche. El País. Recuperado de:
https://elpais.com/ciencia/2021-09-20/la-lava-del-volcan-de-la-palma-fluye-por-nueve-bocas-y-se-espera-que-llegue-al-mar-al-anochecer.html.
12 'En vulcanología, una colada de lava es un manto de lava fluida, emitido por un volcán durante sus erupciones'. Wikipedia. Recuperado de: https://es.wikipedia.org/wiki/Colada_de_lava.
La Guardia Civil llevó a cabo una evacuación de los vecinos y turistas de las localidades cercanas ante un peligro de aislamiento. En total, más de cinco mil personas fueron desalojadas, aunque se estima que podrían alcanzar las 10.000
según avance la lengua de fuego.
Según fuentes del Ministerio de Interior, el dispositivo establecido en La Palma consta de:
- 92 agentes de la Policía Nacional de la comisaría local de Santa Cruz de La Palma, de la unidad 10.ª de la Unidad de Intervención Policial -UIP-, con base en Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas, y efectivos de la unidad de helicóptero;
- 200 de la Guardia Civil pertenecientes a unidades de seguridad ciudadana, SEPRONA, Tráfico, Unidad de Montaña, Servicio Cinológico, Grupo Rural de Seguridad, Grupos Especiales de Actividades Subacuáticas -GEAS-, patrullera del servicio
marítimo, Policía Judicial y grupo de helicópteros,
- Y 180 de la Unidad Militar de Emergencias (UME) 13, dotados de 57 vehículos, entre ligeros y pesados y tres hidroaviones 14.
Tercero. Posibles daños materiales ocasionados por el volcán.
La zona donde ha surgido el volcán no está habitada y no se han tenido que lamentar pérdidas personales hasta el momento. Sin embargo, a la espera de cuantificar los daños, varias viviendas de Cabeza de Vaca y Las Manchas fueron arrasadas.
Algunos bienes de titularidad pública también resultaron damnificados, ya que el magma ha alcanzado el colegio de Los Campitos (El Paso), ha sepultado carreteras y ha fundido infraestructuras como las tuberías de las conducciones de agua potable,
entre otros.
El despertar volcánico ha afectado también al ganado, fincas y cultivos, particularmente a plantaciones del Plátano de Canarias, que suponen el 50 % del PIB de la isla y un 30 % de los empleos. Además de estar en juego el sustento del
territorio, los perjuicios en el ganado y en los cultivos no van a estar sujetos a derecho de indemnización de Agroseguro (la Agrupación de Entidades Aseguradoras de Seguros Agrarios Combinados) 15.
El medio ambiente también sufrirá daños importantes, no solo por la destrucción de la cubierta forestal y la pérdida del suelo fértil: cuando la lava ardiente entre en contacto con el agua del mar (salada) se producirá una reacción química
emitiendo a la atmósfera partículas de ácido clorhídrico y de vidrio y creando una lluvia ácida, nociva para el entorno y para la salud (puede causar problemas respiratorios e irritaciones en la piel y ojos) 16. Asimismo, puede haber riesgo de
desaparición de ecosistemas que pueden ser vitales para una comarca.
Cuarto. Medidas que pueden adoptarse si se declara el territorio perjudicado por el volcán Cumbre Vieja como 'zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil'.
La Ley 17/2015, de 9 de julio, del Sistema Nacional de Protección Civil (en adelante, Ley 17/2015 o la ley), regula en el artículo 23 el procedimiento de declaración de zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil,
señalando a tal efecto lo siguiente:
'1. La declaración de zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil prevista en esta ley se efectuará por acuerdo de Consejo de Ministros, a propuesta de los Ministros de Hacienda y Administraciones Públicas y del Interior
y, en su caso, de los titulares de los demás ministerios concernidos, e incluirá, en todo caso, la delimitación del área afectada. Dicha declaración podrá ser solicitada por las administraciones públicas interesadas. En estos supuestos, y con
carácter previo a su declaración, el Gobierno podrá solicitar informe a la comunidad o comunidades autónomas afectadas.
2. A los efectos de la declaración de zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil se valorará, en todo caso, que se hayan producido daños personales o materiales derivados de un
13 EFE. (20/09/21). Balance de daños en La Palma: un colegio sepultado y decenas de viviendas arrasadas. El Confidencial. Recuperado de:
https://www.elconfidencial.com/espana/2021-09-20/danos-la-palma-colegio-viviendas-carreteras_3292493/.
14 Ídem.
15 DE BARRÓN, I. (20/09/21). El Consorcio pagará las casas y coches afectados por el volcán de Cumbre Vieja, pero los cultivos no están cubiertos. El País. Recuperado de: https://elpais.com/
economia/2021-09-20/el-consorcio-pagara-las-casas-y-coches-afectados-por-el-volcan-de-cumbre-vieja-pero-los-cultivos-no-estan-cubiertos.html.
16 ABC. (20/09/21). Las dudas más frecuentes sobre el volcán de La Palma: desde quién cubre los daños materiales hasta la posible duración del evento. ABC. Recuperado de:
https://www.abc.es/sociedad/abci-dudas-frecuentes-volcan-la-palma-danos-materiales-duracion-evento-nsv-202109201756_noticia.html.
siniestro que perturbe gravemente las condiciones de vida de la población en un área geográfica determinada o cuando se produzca la paralización, como consecuencia del mismo, de todos o algunos de los servicios públicos esenciales.'
La 'emergencia de protección civil' viene definida en el artículo 2 de la misma ley como una 'situación de riesgo colectivo sobrevenida por un evento que pone en peligro inminente a personas o bienes y exige una gestión rápida por parte de
los poderes públicos para atenderlas y mitigar los daños y tratar de evitar que se convierta en una catástrofe. Se corresponde con otras denominaciones como emergencia extraordinaria, por contraposición a emergencia ordinaria que no tiene
afectación colectiva'. También recoge el concepto de 'catástrofe' como aquella 'situación o acontecimiento que altera o interrumpe sustancialmente el funcionamiento de una comunidad o sociedad por ocasionar gran cantidad de víctimas, daños e
impactos materiales, cuya atención supera los medios disponibles de la propia comunidad'.
En caso de que el Consejo de Ministros acordase la declaración, se podrían adoptar una batería de medidas que figuran en el artículo 24 de la Ley 17/2015, y que son, entre otras, algunas de las siguientes:
a) Ayudas económicas a particulares por daños en vivienda habitual y enseres de primera necesidad.
b) Compensación a Corporaciones Locales por gastos derivados de actuaciones inaplazables.
c) Ayudas a personas físicas o jurídicas que hayan llevado a cabo la prestación personal o de bienes.
d) Ayudas destinadas a establecimientos industriales, mercantiles y de servicios.
e) Subvenciones por daños en infraestructuras municipales, red viaria provincial e insular.
f) Ayudas por daños en producciones agrícolas, ganaderas, forestales y de acuicultura marina.
g) Apertura de líneas de préstamo preferenciales subvencionadas por el Instituto de Crédito Oficial.
2. Además de las medidas previstas en el apartado anterior, se podrán adoptar las siguientes:
a) Medidas fiscales:
1.º Exención de la cuota del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, correspondiente al ejercicio presupuestario en el que haya acaecido la emergencia que afecte a viviendas, establecimientos industriales, turísticos y mercantiles, explotaciones
agrarias, ganaderas y forestales, locales de trabajo y similares, cuando hayan sido dañados y se acredite que tanto las personas como los bienes en ellos ubicados hayan tenido que ser objeto de realojamiento total o parcial en otras viviendas o
locales diferentes hasta la reparación de los daños sufridos, o los destrozos en cosechas constituyan siniestros no cubiertos por ninguna fórmula de aseguramiento público o privado.
2.º Reducción en el Impuesto sobre Actividades Económicas, correspondiente al ejercicio presupuestario en el que haya acaecido la emergencia a las industrias de cualquier naturaleza, establecimientos mercantiles, turísticos y profesionales,
cuyos locales de negocio o bienes afectos a esa actividad hayan sido dañados, siempre que hubieran tenido que ser objeto de realojamiento o se hayan producido daños que obliguen al cierre temporal de la actividad. La indicada reducción será
proporcional al tiempo transcurrido desde el día en que se haya producido el cese de la actividad hasta su reinicio en condiciones de normalidad, ya sea en los mismos locales o en otros habilitados al efecto.
3.º Las exenciones y reducciones de cuotas en los tributos señalados en los ordinales anteriores comprenderán las de los recargos legalmente autorizados sobre los mismos.
4.º Los contribuyentes que, teniendo derecho a los beneficios establecidos en los ordinales anteriores, hubieren satisfecho los recibos correspondientes a dicho ejercicio fiscal, podrán pedir la devolución de las cantidades ingresadas.
5.º Exención de las tasas del organismo autónomo Jefatura Central de Tráfico para la tramitación de las bajas de vehículos solicitadas como consecuencia de los daños producidos, y la expedición de duplicados de permisos de circulación o de
conducción destruidos o extraviados por dichas causas.
6.º La disminución de los ingresos en los tributos locales que, en su caso, se produzca en los ayuntamientos, diputaciones provinciales, cabildos insulares y consejos insulares como consecuencia de la aplicación de este artículo, será
compensada con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, de conformidad con lo establecido en el artículo 9 del texto refundido de la Ley reguladora de Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.
7.º Las ayudas por daños personales estarán exentas del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.
8.º De manera excepcional, el Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas podrá autorizar una reducción de los índices de rendimiento neto de las explotaciones y actividades agrarias realizadas en las zonas siniestradas.
b) Medidas laborales y de Seguridad Social:
1.º Las extinciones o suspensiones de los contratos de trabajo o las reducciones temporales de la jornada de trabajo que tengan su causa directa en la emergencia, así como en las pérdidas de actividad directamente derivadas de la misma que
queden debidamente acreditadas, tendrán la consideración de provenientes de una situación de fuerza mayor, con las consecuencias que se derivan de los artículos 47 y 51 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por el
Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo. En el primer supuesto, la Tesorería General de la Seguridad Social podrá exonerar al empresario del abono de las cuotas de la Seguridad Social y por conceptos de recaudación conjunta mientras dure el
periodo de suspensión, manteniéndose la condición de dicho período como efectivamente cotizado por el trabajador. En los casos en que se produzca extinción del contrato, las indemnizaciones de los trabajadores correrán a cargo del Fondo de Garantía
Salarial, con los límites legalmente establecidos. En el supuesto que se decida por la empresa la suspensión de contratos o la reducción temporal de la jornada de trabajo con base en circunstancias excepcionales, el Servicio Público de Empleo
estatal podrá autorizar que el tiempo en que se perciban las prestaciones por desempleo, reguladas en el título III del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, que
traigan su causa inmediata de las emergencias no se compute a los efectos de consumir los períodos máximos de percepción establecidos. Igualmente, en esos supuestos, se podrá autorizar que reciban prestaciones por desempleo aquellos trabajadores
que carezcan de los períodos de cotización necesarios para tener derecho a ellas.
2.º Las empresas y los trabajadores por cuenta propia incluidos en cualquier régimen de la Seguridad Social podrán solicitar y obtener, previa justificación de los daños sufridos, una moratoria de hasta un año sin interés en el pago de las
cotizaciones a la Seguridad Social y por conceptos de recaudación conjunta correspondientes a tres meses naturales consecutivos, a contar desde el anterior a la producción del siniestro o, en el caso de trabajadores incluidos en el Régimen Especial
de los trabajadores por cuenta propia o autónomos, desde el mes en que aquel se produjo.
3.º Los cotizantes a la Seguridad Social que tengan derecho a los beneficios establecidos en los ordinales anteriores y hayan satisfecho las cuotas correspondientes a las exenciones o a la moratoria de que se trate podrán pedir la devolución
de las cantidades ingresadas, incluidos, en su caso, los intereses de demora, los recargos y costas correspondientes, en los términos legalmente previstos. Si el que tuviera derecho a la devolución fuera deudor a la Seguridad Social por cuotas
correspondientes a otros períodos, el crédito por la devolución será aplicado al pago de deudas pendientes con aquella en la forma que legalmente proceda.
Quinto. La Unión Europea también dispone de mecanismos para mitigar los daños provocados por la erupción del volcán Cumbre Vieja en la isla de La Palma y España debe solicitarlo: El Fondo de Solidaridad.
Mediante el Reglamento (CE) N.º 2012/2002 del Consejo, de 11 de noviembre de 2002 (en adelante, Reglamento), por el que se crea el Fondo de Solidaridad de la Unión Europea (en adelante, FSUE), se recoge el deber de solidaridad con la
población de las regiones afectadas en caso de catástrofes naturales.
El artículo 3 del Reglamento define el objetivo del FSUE, que se configura como complemento de recursos a los esfuerzos económicos que realiza el propio Estado, destinando ayudas a la financiación de medidas que mitiguen los daños que no
sean asegurables, y que se definen como:
- 'El restablecimiento inmediato del funcionamiento de las infraestructuras e instalaciones en los sectores de la energía, el agua potable, la eliminación de las aguas residuales, las telecomunicaciones, los transportes, la sanidad y la
enseñanza.
- La puesta a disposición de alojamientos provisionales y financiación de servicios de auxilio destinados a cubrir las necesidades de la población afectada.
- El aseguramiento inmediato de las infraestructuras de prevención y medidas de protección del patrimonio cultural.
- La limpieza de las zonas siniestradas, incluidas las zonas naturales.
- Medidas destinadas a prestar rápidamente asistencia, incluida asistencia médica, a la población afectada por una emergencia grave de salud pública y a proteger a la población frente al riesgo de verse afectada, entre ellas la prevención,
el seguimiento o el control de la propagación de enfermedades, la lucha contra los riesgos graves para la salud pública o la reducción de su impacto en la salud pública.'
En términos económicos, el FSUE no está comprendido en el presupuesto de la Unión, pero puede movilizar hasta 500 millones de euros al año como complemento del gasto público del Estado beneficiario en operaciones de emergencia, mediante
subvención, y puede sumarse a la dotación no utilizada del ejercicio inmediatamente anterior.
Cuando un Estado sufra las consecuencias de una 'catástrofe natural grave o una catástrofe natural regional' 17, el Ejecutivo deberá solicitar, en su caso, la ayuda del FSUE a la Comisión Europea en un plazo determinado en el Reglamento,
conforme al artículo 4.1.
Por otro lado, se debe señalar que, desde el 30 de septiembre de 2014, y tal como recoge el artículo 4.1.ter. del Reglamento, la Comisión Europea elaboró orientaciones para ayudar a acceder y utilizar eficazmente el FSUE. El organismo
encargado de la elaboración de la solicitud de los fondos tendrá a su disposición la Dirección General de Política Regional, que le ofrecerá su asesoramiento a tal efecto.
El procedimiento, según el artículo 4.3 del Reglamento, consiste en que, una vez enviada la información disponible, la Comisión revisa la solicitud y, si es aceptada, propone un importe de ayuda al Parlamento Europeo y el Consejo, quienes
deberán aprobarlo con carácter previo a su abono. Posteriormente, la Comisión adopta la decisión de conceder la ayuda al Estado afectado en el momento en el que los créditos están disponibles en el presupuesto de la Unión, abonándose de inmediato y
en un solo pago. Según el artículo 5.3 del Reglamento, a partir de ese momento, es el Estado el responsable de su ejecución, la selección de las operaciones y su auditoría y control.
Cabe señalar que el FSUE no es un instrumento de respuesta rápida para atajar las consecuencias de un desastre natural. La ayuda financiera solo puede concederse al país solicitante tras la presentación de una solicitud y un procedimiento
presupuestario cuya ejecución puede llevar varios meses.
El Reino de España ha sido apoyado por el Fondo en 5 ocasiones:
- 2003 para el barco Prestige (8,6 millones de euros concedidos, daño estimado de 436 millones).
- Agosto de 2003 para incendios en la frontera con Portugal (1,3 millones de euros, daño estimado de 53 millones).
- Mayo de 2011 para el terremoto de Lorca (21,1 millones de euros, daño estimado de 843 millones).
- Octubre de 2017 para los incendios acaecidos en Galicia (3,2 millones de euros, daño estimado de 129 millones).
- Octubre de 2020 para combatir la COVID-19, con un pago adelantado de 16,8 millones, sobre un monto total de 68,38 (además de los 1.100 millones del Fondo Europeo de Desarrollo Regional para el mismo objetivo).
Sexto. Conclusiones.
En plena crisis económica y sanitaria, la mayor en un siglo, España ha sufrido en el último año catástrofes naturales que han producido extensos daños a lo largo de su geografía. A comienzos de año, la borrasca denominada Filomena provocó
importantes estragos en buena parte del país, paralizando la actividad económica, sanitaria y social. Si bien el Gobierno declaró varias CCAA como zonas afectadas gravemente por una emergencia de protección civil, no solicitó las ayudas del FSUE a
pesar de que podía hacerlo. A ello, se suman las lluvias torrenciales e inundaciones y los incendios que ha arrasado muchos lugares de España en los últimos meses.
La crisis ocasionada por la erupción del volcán de Cumbre Vieja en la isla de La Palma debe ser gestionada por las autoridades públicas de forma inmediata para poder ayudar a las familias de los municipios afectados a recuperar su entorno,
su medio ambiente y su economía. Para ello, el Gobierno
17 Según se establece en el artículo 2.1 a) del Reglamento, podrá activarse la intervención del fondo cuando en una o más regiones de dicho Estado las condiciones de vida, la salud humana, el medio natural o la economía se vean gravemente
afectados como consecuencia de 'a) una catástrofe natural grave o una catástrofe natural regional sobrevenida en el territorio de ese mismo Estado que puede optar a una ayuda o de un Estado vecino que puede optar a una ayuda (...)'.
debe declarar los municipios afectados por los efectos del volcán de Cumbre Vieja como zonas afectadas gravemente por una emergencia de protección civil, así como llevar a cabo todas las acciones necesarias para solicitar las ayudas
correspondientes al FSUE.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente:
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Declarar zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil los municipios afectados por la erupción del volcán de Cumbre Vieja en la isla de La Palma, de conformidad con el artículo 23 de la Ley 17/2015, de 9 de julio, del
Sistema Nacional de Protección Civil.
2. En relación con la declaración citada, aprobar con carácter urgente un paquete de medidas excepcionales destinadas a paliar los efectos adversos provocados por la erupción del volcán de Cumbre Vieja en isla de La Palma, de conformidad
con el artículo 24 de la Ley 17/2015, de 9 de julio, del Sistema Nacional de Protección Civil.
3. Tramitar con carácter urgente los expedientes administrativos relativos a las medidas acordadas como consecuencia de la declaración como zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil en relación con la erupción del
volcán de Cumbre Vieja en la isla de La Palma.
4. Proceder a la inmediata constitución de la Comisión de Coordinación, integrada por representantes de las Administraciones estatal, autonómica y local afectadas, de conformidad con el artículo 25 de la Ley 17/2015, de 9 de julio, del
Sistema Nacional de Protección Civil.
5. Evaluar los daños provocados por la erupción del volcán de Cumbre Vieja en isla de La Palma, que recoja la siguiente información:
a) Los daños totales directos causados por la catástrofe natural y sus repercusiones en la población, la economía y el medio ambiente afectados;
b) La estimación del coste de las operaciones a que se refiere el artículo 3.2 del Reglamento.
c) Otras fuentes de financiación de la Unión.
d) Cualquier otra fuente de financiación nacional o internacional, incluida la cobertura de seguros públicos y privados que pueda contribuir al coste de reparación de los daños.
e) Una descripción sucinta de la aplicación de la legislación de la Unión sobre prevención y gestión de riesgos de catástrofes relacionada con la naturaleza de la catástrofe natural.
6. En el caso de que los requisitos del Reglamento se cumplan, solicitar las ayudas que el Fondo de Solidaridad de la Unión Europea pone a disposición de los Estados para compensar las pérdidas y daños causados por la erupción volcánica
sufrida en la isla de La Palma y sus consecuencias.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de septiembre de 2021.-Andrés Alberto Rodríguez Almeida, Rubén Darío Vega Arias, Ricardo Chamorro Delmo, Mireia Borrás Pabón, Ángel López Maraver, Luis Gestoso de Miguel, María Magdalena Nevado del
Campo, Francisco José Contreras Peláez y Pedro Jesús Requejo Novoa, Diputados.-Macarena Olona Choclán, Portavoz del Grupo Parlamentario VOX.
161/003185
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Dña. Macarena Olona Choclán, D. Francisco Javier Ortega Smith-Molina y Dña. Patricia Rueda Perelló, en sus condiciones de Portavoces Adjuntos, y D. Francisco José Alcaraz Martos, D. Luis Gestoso de Miguel y D. Ignacio Gil Lázaro, en sus
condiciones de Diputados del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX), al amparo de lo dispuesto en los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan la siguiente Proposición no de Ley para la rehabilitación de las instalaciones de la
Unidad Cinológica Central y del Centro de Adiestramiento de Perros ubicados en El Pardo, para su discusión en la Comisión de Interior.
Exposición de motivos
Primero. El Servicio Cinológico de la Guardia Civil.
1. En 1948, la Guardia Civil fue autorizada para la utilización del perro, y un año después se crearon puestos con agentes caninos para la realización de algunas de las funciones de la Benemérita, tales como la búsqueda organizada de
delincuentes y controles en fronteras .
2. La Orden Ministerial de 19 de abril de 1951 creó la Escuela de Adiestramiento de Perros de la Guardia Civil, ubicada en el Pardo (Madrid). Esta escuela constituyó el primer centro de adiestramiento de perros incardinado en una fuerza de
seguridad del que dispuso España, del cual iban a derivar el resto de las escuelas policiales y del Ejército.
3. Posteriormente, en 1982, la Guardia Civil creó por Orden General número 51, de 13 de septiembre, el Servicio Cinológico. Esta unidad nació con el fin de dar apoyo al resto de unidades operativas de la Guardia Civil, aportando aspectos
técnicos y realizando funciones tales como búsquedas de delincuentes y personas desaparecidas, detección de drogas y explosivos, intervenciones en catástrofes y rescates en montañas.
4. Lo anteriormente descrito constituye el origen del actualmente denominado Servicio Cinológico y Remonta ('SECIR'), que es aquel servicio o especialidad de la Guardia Civil que emplea el perro en la prestación del servicio al ciudadano.
5. El Servicio Cinológico es el órgano encargado de la dirección técnica e inspección de las unidades dotadas de perros y de la gestión, administración y apoyo al ganado y animales de utilidad para el servicio.
6. El artículo 8.2, apartado d), de la Orden PRE/422/2013, de 15 de marzo, por la que se desarrolla la estructura orgánica de los Servicios Centrales de la Dirección General de la Guardia Civil, define al SECIR como el órgano, dependiente
de la Jefatura de Unidades Especiales y de Reserva, 'especializado de la Guardia Civil para la dirección técnica y ejecución de los servicios en los que participen Unidades dotadas de perros, así como para inspeccionar y evaluar las aptitudes
técnicas de las Unidades cinológicas del Cuerpo u otros organismos que se determinen. Asimismo, le corresponde la gestión, administración y apoyo al ganado y animales de utilidad para el servicio'.
7. Del SECIR dependen el Centro de Adiestramiento de Perros ('CADEPE') y la Unidad Cinológica Central ('UCICE'), ubicados en El Pardo (Madrid).
8. El CADEPE es el centro en el que se imparten las enseñanzas de formación al personal de la Guardia Civil en adiestramiento de perros para seguridad y rescate, detectores de explosivos y detectores de drogas 18. El cometido fundamental
del CADEPE es la formación de los guardias civiles que desempeñarán en un futuro las funciones de guía de perros y adiestrador de los canes del Servicio Cinológico de la Guardia Civil, con las especialidades siguientes: (i) seguridad y rescate
(SYR); (ii) detectores de explosivos; y (iii) detectores de drogas 19.
9. El adiestramiento también se extiende a las siguientes modalidades de detección: papel moneda, acelerantes de incendios, cadáveres sumergidos, restos biológicos, cebos envenenados, armas detonadas, pasivos de drogas y tabaco. El CADEPE
es el responsable de la selección de alumnos y de su formación en los cursos de especialización. Además, el centro es pionero en la implantación del sistema de adiestramiento de la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas (FRONTEX).
10. Por su parte, la UCICE está formada por guías-instructores encargados del adiestramiento de los canes y de prestar apoyo operativo al resto de unidades del Cuerpo en todo el territorio nacional.
Segundo. La Guardia Civil debe disponer de las instalaciones adecuadas para la efectiva realización de sus funciones.
11. Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado ('FCSE') tienen como misión proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades y garantizar la seguridad ciudadana mediante el desempeño de las funciones establecidas en el artículo 11
de la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad ('LOFCSE'), entre las que se encuentran las siguientes: (i) velar por el cumplimiento de las Leyes y disposiciones generales; (ii) auxiliar y proteger a las personas y
asegurar la conservación y
18 Guardia Civil. Especialidades. Web oficial de la Guardia Civil:
https://www.guardiacivil.es/documentos/Especialidades_pdf_2020/Especialidades2020_ESP.pdf
19 Guardia Civil:
https://www.guardiacivil.es/institucional/serguacivil/centros_docentes/perros/index.html
custodia de los bienes que se encuentren en situación de peligro por cualquier causa; y (iii) prevenir la comisión de actos delictivos.
12. Para ejercer tan importantes cometidos, las FCSE necesitan disponer de medios materiales adecuados que cumplan con las exigencias de seguridad y protección derivadas del carácter especial de sus funciones. Entre estos medios se
encuentran las infraestructuras idóneas que necesitan los agentes para realizar sus funciones.
13. En este sentido, es de vital importancia que el CADEPE ubicado en El Pardo (Madrid) disponga de las instalaciones que garanticen la seguridad y salud, no solo de los agentes de la Guardia Civil, sino también de los propios perros que
son adiestrados para las funciones descritas ut supra.
13. Así, en lo que se refiere específicamente a la Guardia Civil, el artículo 31 de la Ley Orgánica 11/2007, de 22 de octubre, reguladora de los derechos y deberes de los miembros de la Guardia Civil ('LO 11/2007'), bajo la rúbrica de
'Prevención de riesgos laborales y protección de la salud', establece lo siguiente:
'Los miembros de la Guardia Civil tienen derecho a una protección adecuada en materia de seguridad y salud en el trabajo, con las peculiaridades propias de las funciones que tienen encomendadas.
La Administración General del Estado promoverá las medidas necesarias para garantizar, en lo posible, la seguridad y salud del personal de la Institución al utilizar los medios y equipos puestos a su disposición, con especial atención a los
riesgos específicos que se deriven de sus funciones. A tal fin desarrollará una política activa de prevención de riesgos laborales y vigilancia de la salud y proporcionará los equipos de protección individual necesarios para el cumplimiento de su
misión, facilitando la formación e información suficientes en materia de prevención.'
14. Además, los agentes del CADEPE tienen derecho a la conciliación del trabajo con su vida personal y derecho a descanso. Así lo determina el artículo 28.2 de la LO 11/2007: 'Sin perjuicio de las necesidades derivadas del cumplimiento de
sus funciones, para la determinación de la jornada y el horario de trabajo y, en su caso, el régimen de turnos, se tendrá en cuenta la conciliación de la vida familiar y laboral del Guardia Civil'.
Tercero. Estado de la escuela de perros de la Guardia Civil. Denuncias de las asociaciones.
15. Las instalaciones del CADEPE de la Guardia Civil ubicadas en el Pardo (Madrid) se encuentran en pésimo estado. Así lo denuncian algunas de las asociaciones de la Guardia Civil y varios medios de comunicación 20.
16. La Asociación Unificada de Guardias Civiles ha denunciado esta situación en un comunicado manifestando lo siguiente:
'AUGC Madrid denuncia el deplorable estado que presentan las instalaciones de la Unidad Central del Servicio Cinológico de la Guardia Civil en El Pardo. En un estado de semiabandono, los recintos donde se guardan los perros carecen en
muchas zonas de techado y sufren una patente falta de limpieza y mantenimiento. Los perros en plena ola de sol están a la intemperie, mientras que el almacén tiene unas buenas chapas para guardar los escombros, es necesario urgentemente el invertir
en las instalaciones para que los perros estén en las condiciones idóneas para poder desempeñar su labor.
Ante una supuesta falta de presupuesto para atender las necesidades de dichas instalaciones, lo cierto es que, tal y como se aprecia en las imágenes, la impresión que se percibe al contemplarlas es impropia de un cuerpo de seguridad pública
como la Guardia Civil.
Una vez más, como ocurre con otras tantas cosas en la institución, este abandono contrasta con los derroches que cada año se llevan a cabo en desfiles y otros oropeles.
Mientras tanto, los agentes carecen de materiales o vehículos en condiciones o, en este caso, de unas instalaciones dignas donde puedan descansar los animales. Está muy bien hacer homenajes a perros fallecidos, pero ellos lo agradecerían
más si ese dinero se invirtiese en vida para tener unas instalaciones dignas.'
Desde AUGC exigimos la urgente reparación y acondicionamiento de estos recintos.
20 https://www.elconfidencialdigital.com/articulo/el_chivato/escuela-perros-guardia-civil-tan-mal-que-adiestradores-llevan-casa/20210713200150261051.html.
17. Tan deplorable es el estado de la escuela de perros que los adiestradores, que tienen espacio en sus casas, se llevan a los animales para que puedan vivir en condiciones más óptimas. AUGC Cinológico publicó en su cuenta de Twitter el
pasado 14 de julio lo siguiente: 'La escuela de perros de la Guardia Civil está tan mal que los adiestradores se los llevan a casa' 21.
Cuarto. Necesidad de rehabilitar la escuela de perros de la Guardia Civil.
18. Visto el deplorable estado en el que se encuentra la escuela de perros de la Guardia Civil ubicada en El Pardo, desde el Ejecutivo se deben adoptar las medidas necesarias encaminadas a la rehabilitación de sus instalaciones. Ello se
debe realizar por varias razones:
i. En primer lugar, porque, tal y como se dispone en la LO 11/2007, los miembros de la Guardia Civil tienen derecho a una protección adecuada en materia de seguridad y salud en el trabajo. Los agentes deben disponer de unas infraestructuras
idóneas para la realización de las funciones que les han sido encomendadas en la LOFCSE.
ii. En segundo lugar, por la propia protección y salud de los animales. Resultaría paradójico que la Guardia Civil, que se encarga de denunciar y perseguir el delito del maltrato animal, tenga perros, que están a su cargo y a su servicio,
viviendo en unas condiciones deplorables.
iii. Por último, porque los perros del SECIR son animales de servicio que dan apoyo a los agentes de la Guardia Civil y su labor es determinante para la consecución de determinadas actuaciones que llevan a cabo los mismos, como son la
búsqueda de personas en rescates y operaciones de seguridad, detecciones de explosivos y de drogas y otras funciones. Si no están en las mejores condiciones no van a estar capacitados para desempeñar bien su trabajo.
En virtud de lo expuesto, el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a adoptar con carácter urgente, de conformidad con el artículo 31 de la Ley Orgánica 11/2007, de 22 de octubre, reguladora de los derechos y deberes de los miembros de la Guardia Civil, las
medidas necesarias para que se rehabiliten las instalaciones de la Unidad Cinológica Central y del Centro de Adiestramiento de Perros ubicados en El Pardo, en aras de garantizar la salud e higiene en el trabajo de los agentes de la Guardia Civil,
así como la salud y bienestar de los perros, con el fin de asegurar la efectiva prestación del Servicio Cinológico y Remonta de la Guardia Civil.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de septiembre de 2021.-Francisco José Alcaraz Martos, Luis Gestoso de Miguel e Ignacio Gil Lázaro, Diputados.-Macarena Olona Choclán, Francisco Javier Ortega Smith-Molina y Patricia Rueda Perelló,
Portavoces del Grupo Parlamentario VOX.
21 https://twitter.com/AugcCinologico/status/1415388730534383634.
161/003187
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para paliar los efectos económicos
producidos por una depresión aislada en niveles altos (DANA) en la provincia de Cuenca, para su debate en la Comisión de Interior.
Exposición de motivos
El pasado 1 de septiembre de 2021, a consecuencia de la depresión aislada en niveles altos (DANA), se registraron inundaciones e incidentes de diversa índole en municipios de la provincia de Cuenca, gravemente afectadas por las lluvias
torrenciales que se produjeron durante los mismos y sucesivos días.
Debido a estos temporales, algunas viviendas, locales, fábricas, garajes, caminos y carreteras se inundaron llenándose de agua y barro, y provocaron ingentes destrozos en edificios públicos, mobiliario urbano e infraestructuras municipales,
con los graves perjuicios económicos que eso supone para las familias, así como las consecuencias sociales y emocionales que ello implica.
Localidades como Portalrubio, Valdeolivas, Las Mesas, Vindel, Villagarcía del Llano, Casasimarro, Leganiel, Ledaña, Mota del Cuervo, lniesta, Zarza de Tajo, Huete, Horcajo de Santiago, Barajas de Mela, Torrejoncillo del Rey (Horcajada de la
Torre ,Naharros, Villar del Horno, Villarejo y Villar del Aguila), Las Pedroñeras, Castejón, Villar del Infantado y la pedanía de Villa nueva de la Jara (Casas de Santa Cruz) fueron afectadas en el temporal en el que se vio inmersa la provincia
durante las fechas indicadas.
Como en ocasiones anteriores, es de destacar la encomiable labor de los servicios de emergencia tales como Bomberos, Policía Local, Guardia Civil, Protección Civil y Servicios de Emergencia 112, además de todas esas personas voluntarias o
que desde sus diferentes cargos institucionales contribuyeron a paliar los daños sufridos en el territorio de la provincia.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta al siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Elaborar, a la mayor brevedad posible, el informe sobre los daños producidos por las lluvias torrenciales el pasado 1 de septiembre de 2021 en la provincia de Cuenca.
2. Declarar los municipios anteriormente descritos como zona gravemente afectada por una emergencia de protección civil, según el procedimiento y a los efectos de lo establecido en la Ley 17/2015, de 9 de julio.
3. Aplicar, en atención a la declaración de zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil, las medidas dispuestas en el artículo 24 de la Ley 17/2015, de 9 de julio, que resulten convenientes para paliar los daños
provocados por las lluvias e inundaciones, y en concreto:
- Conceder ayudas económicas a particulares por daños en vivienda habitual y enseres de primera necesidad.
- Realizar la compensación a corporaciones locales por gastos derivados de actuaciones inaplazables.
- Aprobar las correspondientes ayudas a personas físicas o jurídicas que hayan llevado a cabo la prestación personal de servicios o de bienes.
- Aprobar las correspondientes ayudas destinadas a establecimientos industriales, mercantiles y de servicios.
- Aprobar las subvenciones por daños en infraestructuras municipales.
- Aplicar medidas fiscales, laborales y de la Seguridad Social.
- Aprobar las subvenciones por daños en producciones agrícolas.
4. Comunicar a los ayuntamientos de las localidades descritas anteriormente su decisión sobre la aprobación de las medidas de ayudas aplicadas, de cara a las previsiones presupuestarias municipales para el próximo ejercicio.
5. Activar, de forma independiente a la declaración como zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil, las ayudas acordes a las características y necesidades del acontecimiento.
6. Afrontar la recuperación y restauración de los impactos sobre las zonas dañadas.
7. Llevar a cabo la coordinación y seguimiento de las medidas para lograr su máximo desarrollo.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de septiembre de 2021.-Beatriz Jiménez Linuesa y Ana Belén Vázquez Blanco, Diputadas.-Concepción Gamarra Ruiz-Clavijo, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/003189
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley, para asegurar el alojamiento digno y en las
mejores condiciones posibles, tanto de la población desalojada de sus hogares por la erupción del volcán Cumbre Vieja como de los efectivos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, de Bomberos, de Protección Civil y del Ejército desplazados
a La Palma con el fin de colaborar en el operativo de emergencias, para su debate en la Comisión de Interior.
Exposición de motivos
La erupción del volcán de Cumbre Vieja es un hecho histórico, no visto en décadas en nuestro país. A pesar de la impecable labor de los expertos, que fueron capaces de predecir el fenómeno por los seísmos previos asociados al mismo, la
erupción de un volcán es un evento inevitablemente destructivo. En el momento de llegar la lava al mar, la cifra de evacuados superaba los 5.000, y se contabilizan daños en entre 120 y 130 viviendas. Una cifra que aumentará porque el volcán sigue
activo y va a seguir expulsando lava durante días. No se ha descartado la posibilidad de lluvia ácida en zonas pobladas, ni tampoco la de que haya una afectación grave al espacio aéreo canario.
El Instituto Volcanológico de Canarias (Involcan) prevé que la erupción emita entre 6.000 y 9.000 toneladas de dióxido de azufre. Esto es especialmente preocupante teniendo en cuenta los muchos ciudadanos que se puedan acercar a la zona
afectada sin saber de la letalidad de este gas. La erupción del Teneguía en 1971, la última que se había sufrido hasta ahora en la isla de La Palma, dejó una sola víctima mortal, que se debió, precisamente, a la inhalación de gases de azufre.
También es especialmente preocupante el impacto de este fenómeno sobre la agricultura, principal actividad económica de la isla. Más allá de los daños inmediatamente materiales, los expertos prevén que el suelo afectado por la erupción de lava no
volverá a ser fértil en décadas.
En este contexto, más de 300 efectivos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, entre ellos, integrantes de seguridad ciudadana, SEPRONA, Tráfico, antidisturbios, Unidad de Montaña y Servicio Cinológico, han sido movilizados a La
Palma ante la emergencia. Igualmente ha sido desplazado a la isla el Grupo Rural de Seguridad, el Grupo Especial de Actividades Subacuáticas, la patrullera del Servicio Marítimo, Policía Judicial y la Unidad de Vuelos de Helicópteros de Zona.
Asimismo, han sido movilizados efectivos de la UME, del Ejército de Tierra y del Consorcio de Bomberos, todo ello con el fin de colaborar en las labores de mitigación y control de los efectos devastadores que se ciernen sobre la isla.
Siendo esto así, y teniendo en cuenta las decenas de viviendas y locales que han debido ser desalojados, preocupan, entre otros muchos aspectos, las limitaciones de alojamiento y habitación con la que se puedan encontrar todos los colectivos
que han sido desplazados a la isla con el fin de reforzar el operativo de emergencias.
Por este motivo, el Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a coordinar, en colaboración con el Gobierno de Canarias, las actuaciones necesarias para poner a disposición, tanto de la población desalojada de sus hogares por la erupción del volcán Cumbre
Vieja como de los efectivos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, de Bomberos, de Protección Civil y del Ejército desplazados a La Palma con el fin de colaborar en el operativo de emergencias, cuantas alternativas habitacionales sean
viables e idóneas
para su alojamiento y estancia en las mejores condiciones posibles mientras dure la catástrofe, contemplando fórmulas de cooperación con el sector privado y hotelero de la Isla, si ello fuera necesario.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de septiembre de 2021.-Miguel Ángel Gutiérrez Vivas y Edmundo Bal Francés, Portavoces del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
161/003194
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a paralizar la venta del
Palacio de los Condes Puerto Hermoso en Jerez de la Frontera (Cádiz), para su debate en la Comisión de Interior.
Exposición de motivos
El Palacio de los Condes de Puerto Hermoso situado en la Plaza del Arroyo de Jerez de la Frontera se trata de un edificio neoclásico que data del año 1873 y que, a lo largo de sus días, ha sido desde residencia familiar a residencia real,
hasta que en el año 1980 se convirtió en sede de la comisaría local de la Policía Nacional.
Durante años el Ministerio de Interior, propietario del edificio, ha usado el mismo como comisaría tras realizar distintas obras de adaptación, hasta que una vez finalizada la construcción de la nueva comisaría, el edificio ha quedado en
desuso.
Tras la negativa del ayuntamiento de la ciudad a adquirir la propiedad o el uso del edificio, el Ministerio de Interior ha decidido poner en venta el mismo.
Resulta cuanto menos sorprendente la negativa a negociar la adquisición de la propiedad o del uso del Palacio de los Condes de Puerto Hermoso por parte del ayuntamiento de Jerez ya que la propia alcaldesa de la ciudad anunció en enero de
2020 su voluntad de obtener la cesión del uso de dicho edificio para, a su vez, cederlo a colectivos ciudadanos.
Así mismo, la propia alcaldesa especificaba en sus declaraciones públicas que 'para que el Ministerio de Interior pueda poner en venta el inmueble de la Plaza del Arroyo primero será necesaria su desafectación, previa modificación puntual
del PGOU, que deberá acreditar que el centro de la ciudad no pierde la superficie de equipamiento público de que ahora dispone.'
A pesar de que ninguno de los trámites administrativos alegados por la propia alcaldesa de la ciudad se han realizado por parte del ayuntamiento, el pasado 29 de julio en la verja situada en la fachada principal del edificio se colgó un
cartel advirtiendo que el edificio está en venta, tal y como se informa en respuesta escrita por parte del Ministerio al Grupo Parlamentario Popular.
Además de que no se han cumplido los trámites administrativos previos necesarios para poder realizar la venta cumpliendo la ley, entendemos que existen otros motivos fundamentales para solicitar la paralización de la venta del referido
edificio por parte del Gobierno y es que la ciudad de Jerez necesita de equipamientos públicos que contribuyan a la revitalización del centro histórico convirtiéndolo en un espacio atractivo para vivir y que además, mantener la titularidad del mismo
en manos públicas es una garantía para la conservación y protección del patrimonio y, por tanto, de la historia de la ciudad.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a paralizar la venta del Palacio de los Condes de Puerto Hermoso en Jerez de la Frontera (Cádiz) y abrir un periodo de negociación con el ayuntamiento de la ciudad a fin de acordar la venta o
cesión de uso de dicho edificio a la ciudad.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de septiembre de 2021.-María José García-Pelayo Jurado, Diputada.-Concepción Gamarra Ruiz-Clavijo, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/003196
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para paliar los efectos económicos
producidos por las lluvias torrenciales el pasado 1 de septiembre de 2021 en Alcanar y Sant Carles de la Ràpita (Tarragona), para su debate en la Comisión de Interior.
Exposición de motivos
El 1 de septiembre de 2021, una fuerte tromba de agua que dejó más de 200 l/m2 en una hora en las localidades de Alcanar y Sant Carles de la Ràpita (Tarragona), provocó graves daños materiales en playas, calles, avenidas, inundando y
arrasando bajos de inmuebles, garajes y vehículos.
Según la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) la lluvia caída en solo una hora equivalió al 50% de las lluvias registradas en Alcanar durante todo un año.
Los servicios de emergencia tuvieron que hacer frente a multitud de intervenciones para salvar a personas atrapadas en sus vehículos o viviendas, así como para achicar agua en garajes y sótanos.
Los agricultores también han advertido de los efectos del temporal en muchas fincas de cultivo, con barrancos arrasados y daños múltiples.
Como en ocasiones anteriores, es de destacar la encomiable labor de los servicios de emergencia tales como Bomberos, Policía, Protección Civil y Servicios de Emergencia 112.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Elaborar, a la mayor brevedad posible, el informe sobre los daños producidos por las lluvias torrenciales el pasado 1 de septiembre de 2021 en Alcanar y Sant Carles de la Ràpita (Tarragona).
2. Declarar los municipios de Alcanar y Sant Carles de la Ràpita (Tarragona) como zona gravemente afectada por una emergencia de protección civil, según el procedimiento y a los efectos de lo establecido en la Ley 17/2015, de 9 de julio.
3. Aplicar, en atención a la declaración de zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil, las medidas dispuestas en el artículo 24 de la Ley 17/2015, de 9 de julio, que resulten convenientes para paliar los daños
provocados por las lluvias e inundaciones, y en concreto:
- Conceder ayudas económicas a particulares por daños en vivienda habitual y enseres de primera necesidad.
- Realizar la compensación a corporaciones locales por gastos derivados de actuaciones inaplazables.
- Aprobar las correspondientes ayudas a personas físicas o jurídicas que hayan llevado a cabo la prestación personal de servicios o de bienes.
- Aprobar las correspondientes ayudas destinadas a establecimientos industriales, mercantiles y de servicios.
- Aprobar las subvenciones por daños en infraestructuras municipales.
- Aplicar medidas fiscales, laborales y de la Seguridad Social.
- Aprobar las subvenciones por daños en producciones agrícolas.
4. Comunicar a los ayuntamientos de Alcanar y Sant Carles de la Ràpita (Tarragona) su decisión sobre la aprobación de las medidas de ayudas aplicadas de cara a las previsiones presupuestarias municipales para el próximo ejercicio.
5. Activar, de forma independiente a la declaración como zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil, las ayudas acordes a las características y necesidades del acontecimiento.
6. Afrontar la recuperación y restauración de los impactos sobre las zonas costeras dañadas.
7. Llevar a cabo la coordinación y seguimiento de las medidas para lograr su máximo desarrollo, creando una comisión de coordinación según lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley 17/2015, de 9 de julio.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de septiembre de 2021.-Llanos de Luna Tobarra, Diputada.-Concepción Gamarra Ruiz-Clavijo, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/003197
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para que el Gobierno establezca un
módulo de formación profesional para la obtención del título de técnico en seguridad privada, para su debate en la Comisión de Interior.
Exposición de motivos
El número de empresas de seguridad privada distribuidas por todo el territorio nacional asciende a 1.581, de las cuales 1.360 han sido habilitadas por el Ministerio del Interior, 196 por la Generalitat de Catalunya y 25 por el Gobierno
Vasco, que facturan más de 4.000 millones de euros al año y dan trabajo a más 100.000 trabajadores, de los cuales el 80% disfruta de una modalidad de contratación de carácter indefinido.
Un dato continuado en el tiempo que revela la situación de atomización del sector, en la información publicada por el Instituto Nacional de Estadística (INE), señala que un 84,7% de las empresas tienen menos de 50 trabajadores.
Cerca de 11.000 vigilantes, el 13%, son mujeres y la edad media se mantiene en 46 años. En cuanto a la formación de este colectivo, un 8% del personal ha cursado estudios universitarios (licenciatura/diplomatura), mientras que el 92%
restante tiene formación en FP, Bachillerato y Enseñanza Obligatoria.
En los últimos años se han producido notables avances en la consideración ciudadana y en el replanteamiento del papel del sector privado de la seguridad, reconociéndose la importancia, eficacia y eficiencia de las alianzas público-privadas
como medio para hacer frente y resolver los problemas acuciantes y variados de seguridad que se producen en la sociedad.
Cada vez más, la seguridad privada se considera una parte indispensable del conjunto de medidas destinadas a la protección y a la defensa de los derechos y legítimos intereses de los ciudadanos.
La seguridad, entendida como pilar básico de la convivencia ejercida en régimen de monopolio por el poder público del Estado, tanto en su vertiente preventiva como investigadora, encuentra en la realización de actividades de seguridad por
otras instancias sociales o agentes privados una oportunidad para verse reforzada, y una forma de articular el reconocimiento de la facultad que tienen los ciudadanos de crear o utilizar los servicios privados de seguridad con las razones profundas
sobre las que se asienta el servicio público de la seguridad.
La proyección de la Administración del Estado sobre la prestación de servicios de seguridad por entidades privadas y sobre su personal se basa en el hecho de que los servicios que prestan forman parte del núcleo esencial de la competencia
exclusiva en materia de seguridad pública atribuida al Estado por el artículo 149.1.29.ª de la Constitución, y en la misión que, según el artículo 104 del propio texto fundamental, incumbe a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, bajo la dependencia
del Gobierno, de proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades y garantizar la seguridad ciudadana.
A partir de ahí se establece un conjunto de controles e intervenciones administrativas que condicionan el ejercicio de las actividades de seguridad por los particulares. Ello significa que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad han de estar
permanentemente presentes en el desarrollo de las actividades privadas de seguridad, conociendo la información trascendente para la seguridad pública que en las mismas se genera y actuando con protagonismo indiscutible, siempre que tales actividades
detecten el acaecimiento de hechos delictivos o que puedan afectar a la seguridad ciudadana.
Es en definitiva el actual modelo español de seguridad privada (complementaria, subordinada, colaboradora y controlada por la seguridad pública), apostando por su papel preventivo en beneficio de la seguridad general, sobre la base
irrenunciable de la preeminencia de la seguridad pública sobre la seguridad privada.
Se hace obligado reconocer la importante contribución de los profesionales de la seguridad privada durante la pandemia, habiendo ejercido un papel esencial en la garantía del control del distanciamiento social, especialmente en espacios de
alta concurrencia, entre los que se encuadran los centros sanitarios y de vacunación.
Un reciente estudio llevado a cabo por Canal Sondeo apunta que nueve de cada diez españoles consultados se sienten más seguros en los lugares con presencia de vigilantes de seguridad privada y casi dos tercios señalan que los profesionales
de la seguridad privada complementan adecuadamente las funciones de las FF.CC., desde el papel subordinado y especialmente colaborador que le atribuye la Ley 5/2014, de 4 de abril, de Seguridad Privada.
La Ley de Seguridad Privada prevé, asimismo que, junto con la vía habitual de acceso a la profesión, vinculada a la superación de una formación inicial de 180 horas en un centro de formación habilitado y un examen posterior por la Policía,
se acceda a la condición de vigilante de seguridad tras aprobar un ciclo de formación profesional. Esta vía de acceso está condicionada a la elaboración de un título por parte del Ministerio de Educación, en su condición de organismo competente
para ello.
Es uno de los aspectos destacados en relación con esta norma, cuya entrada en vigor se produjo ya hace más de siete años. La adopción en el artículo 29.1.a) como vía de acceso adicional a las profesiones reguladas de seguridad privada la
obtención del título de formación profesional que estableciera el Gobierno.
'Artículo 29. Formación.
1. La formación requerida para el personal de seguridad privada consistirá:
a) Para los vigilantes de seguridad, vigilantes de explosivos, escoltas privados, guardas rurales, guardas de caza y guardapescas marítimos, en la obtención de la certificación acreditativa correspondiente, expedida por un centro de
formación de personal de seguridad privada que haya presentado la declaración responsable ante el Ministerio del Interior o el órgano autonómico competente, o de los correspondientes certificados de profesionalidad de vigilancia y seguridad privada
y guarderío rural y marítimo, que establezca el Gobierno a propuesta del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, o del título de formación profesional que establezca el Gobierno a propuesta del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. En estos
dos últimos casos no se exigirá la prueba de comprobación de conocimientos y capacidad a que se refiere el artículo 28.1.i).'
Este punto se consideró de especial relevancia de cara a una mayor profesionalidad del sector, una mayor valoración positiva por la ciudadanía y una mayor contribución indirecta a la función complementaria de la seguridad privada para la
seguridad de los ciudadanos.
Tras los trabajos previos iniciados durante el año 2017 en el seno del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, todavía permanece sin aprobar el Real Decreto que establezca el título de técnico en seguridad privada.
También, y al ser uno de los objetivos de la Ley 5/0214 la mejora de la colaboración de la seguridad privada con la pública, desde la especial mayor cualificación que los alumnos obtendrán tras la superación de esta formación, debería
estudiarse la posibilidad de que, sin interferir en los procesos de selección de las distintas Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, autonómicos o policías locales, este título pueda ser valorado en el acceso a dichos cuerpos, como ocurre en
otros países de nuestro entorno y han solicitado tanto las organizaciones empresariales como sindicales representativas del sector.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Aprobar un Real Decreto que establezca un módulo de formación profesional para la obtención del título de técnico en seguridad privada.
2. Estudiar la posibilidad de que, sin interferir en los procesos de selección de las distintas Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, autonómicos o policías locales, y previo acuerdo con los representantes policiales, este título pueda
ser valorado en el acceso a dichos cuerpos.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de septiembre de 2021.-Ana Belén Vázquez Blanco, Elena Castillo López y Beatriz Jiménez Linuesa, Diputadas.-Concepción Gamarra Ruiz-Clavijo, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Comisión de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana
161/003173
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la Autovía A-43 Ciudad
Real-Extremadura, para su debate en la Comisión de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.
Exposición de motivos
El pasado 14 de septiembre se publicó la Resolución de la Dirección General de Carreteras del 19 de julio de 2021 por la que se modifica la orden del estudio informativo de la A-43, Ciudad Real-Extremadura-Comunidad Valenciana, cuya
propuesta descarta hacer esta autovía.
La propuesta que realiza es acondicionar la carretera N-430 como carretera convencional, en vez de construir una autovía. Textualmente dice:
'La Demarcación de Carreteras del Estado en Extremadura ha formulado, con fecha de 29 de junio de 2021, una propuesta de modificación de la anterior orden de estudio para limitar el alcance del estudio informativo a un acondicionamiento de
la N-430, sin prever que pueda configurarse como primera calzada de la autovía A-43, debido a la necesidad de actuar a corto plazo en la modernización y mejora funcional de la N-430 y la incertidumbre existente en relación al futuro trazado de la
autovía A-43 entre Mérida y Ciudad Real, dados los antecedentes expuestos.'
La propia resolución deja claro que el Ministerio de Transportes descarta construir la autovía A-43 Ciudad Real-Puertollano-Almadén hacia Extremadura y sugiere acondicionar la carretera N-430, como carretera convencional, en vez de construir
la autovía.
El informe concluye que ni la opción Norte de la A-43, ni la opción Sur por Puertollano y Almadén suponen alternativas eficientes y añade que se acometa un acondicionamiento y variantes que supriman las travesías de las poblaciones y se
modernice la actual N-430.
La Resolución también señala, argumenta y justifica la no construcción de esta autovía en la baja demanda de la infraestructura de gran capacidad y el escaso volumen de tráfico, por debajo de los 5.000 vehículos/día que transitan entre
Ciudad Real y Santa Amalia, incluso llega a decir 'frente a esta alternativa de autovía, el trazado de la carretera N-430 tiene una longitud menor, por lo que actuaciones de acondicionamiento del trazado de la N-430 y ejecución de variantes pueden
generar beneficios sociales que compensen los costes en mayor medida que la ejecución de la autovía A-43 y con un menor impacto ambiental, por lo que el acondicionamiento podría ser más rentable socialmente'.
La negativa del Ministerio de Transportes a construir la A-43 repercutirá negativamente para el futuro desarrollo económico y social de Ciudad Real, Castilla-La Mancha y Extremadura.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a retomar el estudio informativo de la Autovía de Alta Capacidad A-43, Ciudad Real-Extremadura-Comunidad Valenciana y dotar de una partida presupuestaria suficiente para su ejecución en los
próximos PGE del 2022.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de septiembre de 2021.-Concepción Gamarra Ruiz-Clavijo, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/003176
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Macarena Olona Choclán, doña Patricia Rueda Perelló, doña Patricia de las Heras Fernández, doña Cristina Alicia Esteban Calonje, don José María Figaredo Álvarez-Sala, don Rubén Darío Vega Arias, y don Juan Carlos Segura Just, en sus
respectivas condiciones de Portavoz Adjunta y Diputados del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX), al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan la siguiente Proposición no de
Ley relativa a que el Documento de Regulación Aeroportuaria sea aprobado por Consejo de Ministros con anterioridad al 30 de septiembre de 2021 incluyendo una reducción de las tarifas aeroportuarias, para su discusión en la Comisión de Transportes,
Movilidad y Agenda Urbana.
Exposición de motivos
Primero. Documento de regulación aeroportuaria.
1. El Documento de Regulación Aeroportuaria ('DORA'), conforme a la Ley 18/2014, de 15 de octubre, de aprobación de medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia (la 'Ley 18/2014'), es el instrumento básico de
definición de las condiciones mínimas necesarias para garantizar la accesibilidad, suficiencia e idoneidad de las infraestructuras aeroportuarias y la adecuada prestación de los servicios aeroportuarios básicos de la red de aeropuertos de Aena,
S.A., todo ello establecido por períodos quinquenales (artículo 23). Para ello, se incluyen, entre otras cuestiones, los incrementos o decrementos que habrán de aplicarse sobre las tarifas que las aerolíneas han de pagar a Aena, S.M.E., S.A.
('AENA') por hacer uso de sus servicios básicos establecidos en el artículo 68.2 de la Ley 21/2003, de 7 de julio, de Seguridad Aérea.
2. En cuanto al procedimiento de elaboración y aprobación, el artículo 24.2 de la Ley 18/2014 establece que AENA debe realizar una propuesta de DORA que posteriormente será remitida tanto a la Dirección General de Aviación Civil ('DGAC')
como a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia ('CNMC' o la 'Comisión'):
'De la propuesta de Documento de Regulación Aeroportuaria (DORA) y de la información relativa a dicha propuesta se dará traslado, para conocimiento, a la Dirección General de Aviación Civil y a la Comisión Nacional de los Mercados y la
Competencia en la misma fecha en que se remita a las asociaciones representativas de usuarios.'
3. Asimismo, conforme al artículo 25.3 de la Ley 18/2014, la CNMC deberá emitir informe sobre la propuesta de DORA antes del 1 de julio para la DGAC, y esta última será la encargada de emitir el DORA. Posteriormente, previo informe de la
Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos ('CDGAE'), a propuesta del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, se aprobará el DORA por Acuerdo de Consejo de Ministros a más tardar el 30 de septiembre del último ejercicio en
que resulte aplicable el Documento vigente en el momento de su adopción (artículo 26 de la Ley 18/2014).
4. El primer DORA para el periodo regulatorio 2017-2021 ('DORA I') fue aprobado por el Consejo de Ministros el 27 de enero de 2017, extendiéndose su eficacia hasta el 31 de diciembre de 2021.
5. Actualmente se encuentra en elaboración el DORA para el periodo 2022-2026 ('DORA 11'). En concreto, una vez emitido el informe de la CNMC, está pendiente el dictamen de la DGAC, tras el que la CDGAE preparará nuevo informe.
Posteriormente el DORA II deberá ser aprobado antes del 30 de septiembre, por tanto, en el Consejo de Ministros del día 28 del mismo mes.
Segundo. Discrepancias entre AENA y la CNMC en el cálculo de las tarifas aeroportuarias.
6. La CNMC ha aprobado el Informe en relación con el segundo Documento de Regulación Aeroportuaria (DORA II) para el periodo 2022-2026, en el ámbito de sus funciones reguladoras del sector aeroportuario (STP/DTSP/013/21) 22 (el 'Informe').
En el Informe, la Comisión considera, a diferencia de AENA, que debe llevarse a cabo una reducción de las referidas tarifas en un 0,44% anual durante los cinco años del periodo 2022-2026 23.
7. La diferencia entre la propuesta de DORA II realizada por AENA y el informe de la CNMC sería debida a una serie de discrepancias entre varios factores a valorar a la hora de calcular la actualización de las tarifas aeroportuarias. En
definitiva, la CNMC considera que lo acertado es reducir las tarifas aeroportuarias, de forma que se garantice la sostenibilidad económica de la red aeroportuaria en el periodo del segundo DORA, al tiempo que se procura la recuperación del tráfico
aéreo tras la crisis por la COVID-19 24.
8. No solo la CNMC ha mostrado su disconformidad con la propuesta de AENA, sino que numerosos representantes del sector aéreo 25, quienes han participado en el procedimiento de transparencia y consultas (artículo 24 Ley 18/2014), también
trasladaron su desacuerdo con determinados puntos del futuro DORA 11.
9. En concreto, en la última sesión plenaria (2 de marzo), en la que la gestora aeroportuaria presentó su propuesta definitiva de DORA, las asociaciones de la Aviación Comercial manifestaron no estar conformes en algunos puntos relevantes,
en particular, en los niveles de eficiencia de los costes operativos, la estimación del coste de capital las proyecciones de tráfico, el ajuste en la imputación de los costes comerciales y el tratamiento de los costes debidos a la normativa de
seguridad aprobada con posterioridad a la Ley 18/2014 (pág. 11 del Informe).
10. Por otro lado, las asociaciones de la Aviación General, mediante escrito de fecha 2 de marzo de 2021, secundaron la posición de la Aviación Comercial durante el proceso de consultas del DORA en cuanto a los coeficientes de cálculo del
IMAP, previsiones de crecimiento de tráfico y costes, siendo contrarios a un escenario futuro de subida de tarifas aeroportuarias y de aplicación del artículo 27 de la Ley 18/2014 que, según ellos, perjudicaría el reparto equitativo de los costes de
la crisis y desincentivaría la recuperación del sector (pág. 11 del Informe).
11. Conviene recalcar que esta situación por la que AENA intenta justificar una sobreestimación de determinadas cifras de cara a conseguir un incremento de las tarifas aeroportuarias no es nueva. De hecho, ya ocurrió con el DORA I, y en
aquella ocasión también se produjo la acertada oposición de la CNMC que derivó en una reducción de las tasas.
Tercero. Ampliación del aeropuerto Josep Tarradellas Barcelona-El Prat.
12. La ampliación del aeropuerto del Prat es una reivindicación que se viene realizando desde diferentes ámbitos y desde hace muchos años. Así, la sociedad económica barcelonesa, con el apoyo del Ayuntamiento de Barcelona y la Generalidad
de Cataluña, presentó un manifiesto en 2007 solicitando esta
22 Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia: Acuerdo por el que se emite el informe previsto en el artículo 25.3 de la Ley 18/2014, de 15 de octubre, de aprobación de medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la
eficiencia en relación al documento de regulación aeroportuaria, 16 de junio de 2021. También disponible en: https://www.cnmc.es/sites/default/files/ editor_contenidos/Notas%20de%20prensa/2021/20210628_NP_%20NuevoD0RAII_2022_2026_.pdf[fecha de
consulta: 30 de junio de 2021].
23 Ibid., pág. 113.
24 Ídem.
25 Asociación Española de Compañías Aéreas (AECA), Asociación de Pilotos Propietarios de Aeronaves (AOPA), Asociación de Líneas Aéreas (ALA), Comité Aerolíneas Operadoras (AOC) España, International Air Transport Association (IATA),
Asociación de Empresas de Servicios de Asistencia en Tierra en Aeropuertos (ASEATA), Real Aeroclub de España (RACE) y las compañías aéreas Easyjet, Jet2.com, Norwegian, Wamos Air, Candor, Ryanair y Vueling. Fueron también convocadas, aunque no
acudieron al proceso de consultas las asociaciones Airlines International Representation in Europe (AIRE), Airlines for Europe (A4E) y Real Federación Aeronáutica Española (RFAE).
construcción 26. No obstante, este proyecto paralizado durante mucho tiempo volvió a plantearse quince años después mediante un nuevo manifiesto presentado por más de 200 entidades catalanas 27.
13. Es por ello que este Grupo Parlamentario presentó varias iniciativas interesándose por este proyecto, a las que el Gobierno contestó el 12 de julio mediante respuesta con número de registro 141837. En esta contestación se exponía lo
siguiente:
'[...]
Por ello, para seguir mejorando la conectividad de largo radio y convertir a esta infraestructura aeroportuaria en un gran 'hub' internacional que conecte y haga de punto de enlace entre diferentes destinos, es necesario proceder a su
ampliación en los próximos años, llevando a cabo importantes actuaciones inversoras.
Para este desarrollo se necesitan actuaciones en ámbitos muy concretos y, en particular, adaptar la capacidad del campo de vuelo, así como adaptar también la capacidad del lado tierra y convertir al aeropuerto en un referente de
sostenibilidad.
Para ello, el Gobierno, a través del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana y AENA, está realizando los estudios necesarios y contemplando un amplio abanico de medidas de mejora de la sostenibilidad del aeropuerto.
Por otro lado, es importante destacar que la adecuación del aeropuerto, al estar situado en un entorno natural, se desarrollaría con un plan que incluyera actuaciones cuidadosamente diseñadas para minimizar el impacto en este entorno. El
conjunto de todas las actuaciones necesarias para el desarrollo del Aeropuerto de J.T. Barcelona-El Prat supondrá más de 1.700 millones de euros.
Además, se prevé que, con el desarrollo de las actuaciones de ampliación incluidas en la propuesta de revisión del Plan Director, el número de empleos directos generados en el aeropuerto superen los 83.000 y los 365.000 totales, incrementado
su contribución al Producto Interior Bruto (PIB) de Cataluña hasta el 8,9% a partir de su puesta en marcha' [énfasis añadido].
14. Pese a lo expuesto, la Ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana ha comunicado la decisión de abandonar por parte del Gobierno la ampliación del aeropuerto Josep Tarradellas Barcelona-El Prat. Según explicaba Dña. Raquel
Sánchez la decisión se ha tomado ante 'una pérdida de confianza manifiesta' y la imposibilidad de llegar a un acuerdo con las administraciones catalanas implicadas, puesto que no existe 'un apoyo nítido y sin fisuras por parte de la Genaralitat'.
Por todo ello, la Ministra ha concluido que ya no será posible que la ampliación del aeropuerto llegue al Consejo de Ministros del 28 de septiembre, dado que a fecha de hoy no se dan las condiciones para llevar a cabo este proyecto 28.
15. La consecuencia de lo anterior es la supresión de la inversión recogida en el DORA II para el aeropuerto barcelonés. En concreto, se eliminarían los 1.704 millones de euros contemplados para la ampliación de la Tl y la construcción de
una nueva terminal satélite (T1S), cuya fecha de finalización estaba prevista para el año 2030.
16. Ante esto, ha surgido la hipótesis de prorrogar el DORA I al amparo del artículo 26.3 de la Ley 18/2014 de cara a continuar las negociaciones oportunas con el Gobierno catalán y conseguir llegar a un acuerdo sobre la referida ampliación
29. No obstante, esta posibilidad ha sido recibida con crítica y preocupación por los representantes del sector aéreo, puesto que una situación de crisis como la actual lo que requiere es la mayor certidumbre y seguridad posibles que permitan que
el sector se recupere.
17. En palabras del presidente de la Asociación de Líneas Aéreas, D. Javier Gándara, 'las compañías aéreas se muestran en contra de prorrogar el actual DORA, cuya vigencia finaliza este año, pues iría en contra del espíritu de la propia
regulación aeroportuaria, que es el de construir un marco de estabilidad y predictibilidad en los próximos cinco años' 30. En conclusión, si se prorroga el DORA I las aerolíneas deben permanecer un año más con medidas desactualizadas y con las
mismas tasas.
26 https://www.abc.es/espana/catalunya/abci-clamor-sociedad-barcelonesa-ampliacion-prat generalitat-rechaza-202105301301 noticia.html [fecha de consulta: 9 de septiembre de 2021].
27 https://www.expansion.com/catalunya/2021/05/30/60b34c3b468aeb8a068b466b.html [fecha de consulta: 9 de septiembre de 2021].
28 https://www.youtube.com/watch?v=JrP-6US1-P8 [fecha de consulta: 17 de septiembre de 2021].
29 https://www.lavanguardia.com/politica/20210913/7716279/el-prat-aeropuerto-negociacion-ano-gobierno-govern-generalitat.html [fecha de consulta: 20 de septiembre de 2021].
30 https://cincodias.elpais.com/cincodias/2021/09/14/companias/1631615901 178151.html [fecha de consulta: 17 de septiembre de 2021].
18. En el momento actual, precisamente, conviene más que nunca apoyar a las aerolíneas que tan afectadas se han visto como consecuencia de la COVID-19, y no dificultar más su pésima situación. En consecuencia, se deben promover medidas
dirigidas a apoyar al sector y no lastrar más su actividad.
Por los motivos expuestos, el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Aprobar el Documento de Regulación Aeroportuaria II con anterioridad al 30 de septiembre de 2021, de conformidad con el artículo 26.3 de la Ley 18/2014, de 15 de octubre, de aprobación de medidas urgentes para el crecimiento, la
competitividad y la eficiencia.
2. En consecuencia, no prorrogar el vigente Documento de Regulación Aeroportuaria por un año adicional conforme se contempla en el referido artículo.
3. Incluir en el Documento de Regulación Aeroportuaria II la propuesta de reducción de las tasas aeroportuarias para el período 2022-2026 recogida en el informe preceptivo emitido por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia en
virtud de lo establecido en el artículo 25.3 de la Ley 18/2014, de 15 de octubre, de aprobación de medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de septiembre de 2021.-Patricia Rueda Perelló, José María Figaredo Álvarez-Sala, Patricia de las Heras Fernández, Juan Carlos Segura Just, Cristina Alicia Esteban Calonje y Rubén Darío Vega Arias,
Diputados.-Macarena Olona Choclán, Portavoz del Grupo Parlamentario VOX.
161/003202
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para el desarrollo de actuaciones de
rehabilitación sostenible en municipios y núcleos de menos de 5.000 habitantes para su debate en la Comisión de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.
Exposición de motivos
En el Componente 2 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, presentado por el Gobierno en Conferencia Sectorial de Vivienda, Urbanismo y Suelo, el pasado 26 de mayo de 2021, se establece el programa C02.104 denominado Programa
de Regeneración y Reto Demográfico.
Esta inversión dirigida a municipios y núcleos de menos de 5.000 habitantes forma parte de las actuaciones transversales en el marco del Reto Demográfico. El Plan se centra en el fomento de las inversiones verdes, de mejora de la eficiencia
energética de los edificios, equipamiento e infraestructuras públicas, de generación y consumo de energías renovables en general y, en particular, del autoconsumo y las comunidades locales de energía, y de movilidad sostenible.
De acuerdo al mismo: (cito textual).
'Los proyectos objeto de ayuda deberán conseguir una reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero mediante la mejora de la eficiencia energética, la movilidad sostenible o la utilización de fuentes de energías renovables
térmicas o eléctricas.
El programa incentivará proyectos integrales que combinen distintas tipologías de proyectos, proporcionen una solución global a empresas y familias, o se basen en mecanismos de participación social o público-privada como las comunidades de
energías renovables.
Esta inversión va específicamente dirigida a municipios y núcleos de menos de 5.000 habitantes, pero es sinérgica con inversiones en otros componentes (especialmente C1, C7 y C11, relativos a movilidad, renovables y mejora energética de la
Administración) que contienen un tratamiento específico para
municipios y núcleos de baja población. Con ello se logra maximizar el impacto en cohesión social del Plan, contribuyendo a dirigir inversiones a territorios en declive demográfico.'
Este programa afecta a distintas tipologías de inversión, todas ellas ligadas al ámbito energético:
1. Mejora de la eficiencia energética de edificios e infraestructuras.
2. Despliegue generación renovable.
3 Impulso de la movilidad sostenible.
Todos ellos correspondientes a campos de intervención con una contribución climática del 100%, siendo imprescindibles actuaciones dirigidas específicamente a mejorar la calidad del parque edificado en estos entornos que conlleven mejora de
eficiencia energética, así como actuaciones dirigidas a sustituir consumos fósiles mediante la penetración de energías renovables.
De acuerdo al texto presentado del Plan Nacional de Recuperación, Transformación y Resiliencia, en su componente 2, estos Programas de ayudas que se pondrán en marcha en la forma de ayudas directas/subvenciones, a través de tres grandes
bloques de convocatorias:
a. Programa de rehabilitación energética para edificios existentes en municipios y núcleos de menos de 5.000 habitantes (Programa PREE 5000), coherente con la inversión C02.103, adaptando las intensidades de ayuda y criterios elegibles a las
particularidades de los proyectos de rehabilitación energética de edificios en estos territorios.
b. Programa de ayudas a proyectos de desarrollo urbano sostenible en municipios y núcleos de menos de 5.000 habitantes (Programa DUS 5000), dirigido a Entidades Locales para el impulso de iniciativas públicas de mejora de la eficiencia
energética, movilidad sostenible e integración de renovables en edificios e infraestructuras públicas. En este caso, las bases reguladoras y convocatoria corresponderán al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.
c. Programa de ayudas a proyectos singulares e innovadores en municipios y núcleos de menos de 5.000 habitantes, para la selección de proyectos e iniciativas públicas y privadas que faciliten el paso a una economía baja en carbono en
municipios y núcleos de pequeño tamaño que conlleven una reactivación económica. En este caso, las bases reguladoras y convocatoria corresponderán al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.
Desde el Grupo Parlamentario Popular entendemos que la descripción de estos programas resulta absolutamente ambigua y pueden no responder a la realidad de los municipios y núcleos poblacionales de menos de 5.000 habitantes al centrarse
mayoritariamente en actuaciones de eficiencia energética cuando deberían primar las actuaciones integrales de cohesión territorial e igualdad para la población residente en estos núcleos.
Por otro lado, no existe reparto presupuestario, justificándose en no poder realizarse de forma previa entre las tres tipologías de actuación porque dicho desglose imposibilitaría una adecuada ejecución de la inversión.
Desde el Grupo Parlamentario Popular consideramos insuficientes e ineficaces estas propuestas desde la realidad de la España Rural.
Se deben contemplar actuaciones integrales y de accesibilidad tanto en edificios públicos como privados, así como un programa específico de rehabilitación de entornos en el medio rural que comprenda acciones específicas para la cohesión
territorial y la dinamización de determinados núcleos poblacionales.
En base a lo expuesto en el texto de la componente 2 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, se presupone que las previsiones para la primera convocatoria apuntan a finales del 2021 para la publicación de la misma en el BOE y
su difusión.
A partir de ahí, será cuando las Entidades Locales podrán preparar sus propuestas, concursos de proyectos y demás acciones administrativas para poder ser beneficiarias de alguna de estas obras.
Ante la ambigüedad de las determinaciones del texto enviado a la Comisión Europea en lo que respecta a este programa y la certeza de la complejidad de estos procedimientos, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley:
El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Informar a los Ayuntamientos y Entidades Locales, de manera pormenorizada, de los trámites y gestiones precisos para ser beneficiarios del programa definido como C02.I04 (Programa de Regeneración y Reto Demográfico), estableciendo los
términos de la convocatoria, plazos, compromisos y acciones indispensables previas, así como el detalle de las actuaciones que pueden optar a la subvención, a efectos de una mayor celeridad en cuanto se convoque la misma.
2. Articular una coordinación única desde el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana de los tres tipologías de actuación definidas (en caso de que persistan) de forma que se unifiquen criterios tanto para la rehabilitación de
edificios privados, como públicos y de entornos.
3. Estos criterios se deberán sustentar además de en la eficiencia energética y la disminución de emisiones de CO2, en la cohesión territorial y la igualdad, primando actuaciones de mejora de la conectividad, la regeneración económica y la
accesibilidad universal.
4. Articular en coordinación con las CCAA y EELL un mecanismo de agilización administrativa y adaptación de la normativa urbanística que posibilite de manera ágil y efectiva el desarrollo de proyectos destinatarios de estos fondos.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de septiembre de 2021.-Ana María Zurita Expósito y Mario Garcés Sanagustín, Diputados.-Concepción Gamarra Ruiz-Clavijo, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/003203
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la garantía de la
accesibilidad universal en los programas de rehabilitación de barrios, edificios y viviendas del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, para su debate en la Comisión de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.
Exposición de motivos
Dentro del Componente 2 del Plan Nacional de Recuperación, Transformación y Resiliencia se establece como una de sus actuaciones fundamentales el 'Programa de Rehabilitación para la recuperación económica y social en entornos residenciales'.
La inversión se articula en tres líneas de actuación:
Línea de actuación 1: Programa de actuaciones de rehabilitación a nivel de barrio.
Línea de actuación 2: Programa de actuación integral de edificios.
Línea de actuación 3: Creación de un entorno favorable a la actividad (Medidas fiscales).
Esta inversión, según la descripción del texto enviado a Europa, está dirigida, a través de subvenciones y la aplicación de otros instrumentos de apoyo, a impulsar operaciones de rehabilitación, regeneración y renovación urbana a pequeña y
gran escala, en barrios o zonas delimitadas en función de su nivel de renta, favoreciendo el desarrollo de actuaciones de mejora de la eficiencia energética de edificios y viviendas aisladas que formen parte de un enfoque de rehabilitación integral,
que atienda a la conservación, seguridad y sostenibilidad.
En todo caso, siempre según el texto del Componente 2 del Plan, las actuaciones objeto de subvención serán las necesarias para llevar a cabo la renovación de la eficiencia energética de determinados edificios
residenciales de la zona, atendiendo a la lógica de la intervención, la tipología edificatoria y las características de cada edificio.
De la descripción de las actuaciones en la Componente 2, se podría interpretar que dentro de las actuaciones integrales que se describen, aunque de manera somera, podrían tener cabida actuaciones de accesibilidad.
Descripción que no se corresponde con las determinaciones del borrador del Real Decreto por el que se regulan los programas de ayuda en materia de rehabilitación residencial y vivienda social del Plan de Recuperación, Transformación y
Resiliencia, se da cobertura al epígrafe 'Programa de rehabilitación para la recuperación económica y social en entornos residenciales' a través de 5 programas definidos como:
1. Programa de ayuda a las actuaciones de rehabilitación a nivel de barrio.
2. Programa de apoyo a las oficinas de rehabilitación.
3. Programa de ayuda a las actuaciones de rehabilitación a nivel de edificio.
4. Programa de ayuda a las actuaciones de mejora de la eficiencia energética de las viviendas.
5. Programa de ayuda a la elaboración del libro del edificio existente para la rehabilitación y la redacción de proyectos de rehabilitación.
Las actuaciones a nivel de barrio vienen a ser una nueva versión del las ARIS o ARRUS de planes de vivienda anteriores, pero mucho más precarias y mucho más restrictivas, puesto que no se contempla la posibilidad de transformaciones urbanas,
sino únicamente contemplan edificios construidos y la adecuación de su entorno, sin mencionar de forma expresa las actuaciones de accesibilidad y cualquier otra de mejora del parque edificado que no tenga que ver con eficiencia energética.
En materia de accesibilidad, este Real Decreto debería afrontar la realidad de determinados sectores de población, mayores y personas con discapacidad, que requieren que la sociedad esté preparada para dar respuesta desde distintos ámbitos.
En este sentido y atendiendo al fenómeno del envejecimiento, los datos del Instituto Nacional de Estadística indican que la edad media de la población española se sitúa en los 42,9 años, frente a la media de 39,5 de la Unión Europea,
existiendo en nuestro país más de 8 millones de personas de más de 65 años. Por otro lado, las personas con discapacidad, en torno a 3 millones, según la Base Estatal de Datos con valoración del Grado de Discapacidad del Ministerio de Sanidad,
Servicios Sociales e Igualdad, también requieren de una respuesta social similar capaz de atender las necesidades de viviendas dignas y adecuadas.
España es uno de los países que más se verá afectado por el envejecimiento de la población en los próximos años, debido al importante volumen de su generación de babyboomers. Según las proyecciones del INE 2020-2070, el punto álgido del
proceso de envejecimiento de la población se alcanzará previsiblemente alrededor del año 2050, para empezar a declinar a partir de entonces.
Considerando tan solo el horizonte más cercano de los próximos quince años, hay que tener en cuenta que entre 2020 y 2035 el volumen de mayores de 65 años pasaría de representar el 19,6 por 100 de la población en 2020, al 26,5 por 100 en
2035.
Dentro de este grupo, los mayores 70 años pasarían de representar el 14,4 por 100 en 2020 al 19,4 por 100 en 2035 y los mayores de 80 años pasarían de representar el 6 por 100 al 8,1 por 100 en el mismo periodo.
A estos datos se añade otra realidad, como es el deseo de las personas mayores de permanecer en el domicilio y en su entorno habitual, aun cuando las personas necesiten ayuda, es una constante en todos los estudios. Parece necesario
reformular el modelo de los cuidados y por tanto los servicios de apoyo en el domicilio, acompañado de ayudas que hagan accesible las viviendas y sus entornos.
La mayoría de las personas quieren vivir en sus hogares el mayor tiempo posible, por lo que los servicios sociales deberían propiciar todos los apoyos necesarios de proximidad, ayuda a domicilio, teleasistencia avanzada o asistencia
personal, que serán más efectivas si los hogares cuentan con las medidas necesarias de accesibilidad.
Parece imprescindible que la Componente 2 debe tener en cuenta esta realidad, además de una serie de medidas relativas a la mejora de la seguridad de utilización y de la accesibilidad concreta en viviendas, que podrán concederse a aquellos
propietarios de viviendas en edificios de tipología residencial colectiva y viviendas unifamiliares.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a establecer las determinaciones normativas precisas para garantizar la accesibilidad universal en el Programa de Rehabilitación para la recuperación económica y social en entornos
residenciales a través de las actuaciones de rehabilitación de barrios, edificios y viviendas aisladas del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
a. Se considerarán subvencionables todas las actuaciones referentes a accesibilidad y a promover la igualdad y la no discriminación de personas mayores y con discapacidad.
b. Igualmente se deberán articular mecanismos de incentivación fiscal para la ejecución de tales actuaciones complementando las relativas a eficiencia energética, así como en las herramientas que se articulen de mejora de la financiación.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de septiembre de 2021.-Ana María Zurita Expósito, Alicia García Rodríguez y Mario Garcés Sanagustín, Diputados.-Concepción Gamarra Ruiz-Clavijo, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso.
Comisión de Educación y Formación Profesional
161/003188
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley para impulsar un Plan de tutorías individualizadas, para su
debate en la Comisión de Educación y Formación Profesional.
Exposición de motivos
El cierre de los colegios como consecuencia de la crisis provocada por SARS-CoV-2 y la COVID-19 ha puesto de manifiesto la desigualdad existente entre el alumnado en el acceso a los medios y materiales necesarios para acceder a Internet y
realizar clases a distancia. La brecha digital no ha sido la única manera en la que se ha manifestado la falta de igualdad de oportunidades en el sistema educativo durante el confinamiento. También cabe tener en cuenta que no todos los padres,
madres y tutores han podido ayudar a sus hijos de la misma manera a realizar sus tareas durante este tiempo.
Los estudios realizados hasta la fecha por diferentes académicos y profesionales de la educación que han analizado las consecuencias educativas de la pérdida de clases por parte del alumnado, apuntan a que esta situación ha tenido un impacto
negativo en el rendimiento académico de los estudiantes. Ya antes de la pandemia existían estudios como el realizado por Woessmann (2003), que decía que 'perder un 10% de horas lectivas podría llegar reducir en un 1,5% el aprendizaje de los
alumnos, lo que en términos de PISA representaría el 20% del curso escolar respecto a otros países en el caso de España'.
Investigaciones recientes en Bélgica han señalado caídas de hasta un 17% de competencia en matemáticas para los alumnos afectados por el cierre de las clases, y un 20% en competencias lingüísticas. Estos efectos son aún más graves para las
familias en situación de vulnerabilidad, cuyo nivel educativo bajó un 40% más que el del alumno promedio. El confinamiento, por tanto, ha ahondado en la desigualdad existente entre el alumnado, derivada de las condiciones socioeconómicas de sus
hogares de proveniencia.
En el caso del sistema educativo de España, el origen familiar y las circunstancias económicas del alumnado sigue determinado claramente el nivel educativo que puede acabar alcanzado y sus expectativas laborales una vez finalizados sus
estudios. Las diferencias educativas, 'la disponibilidad de recursos tecnológicos, las habilidades no cognitivas', el tipo de trabajo y la situación laboral son factores que inciden de manera directa en el proceso de aprendizaje del alumnado, por
lo que todo hace apuntar que la 'situación económica y laboral en los hogares más afectados por esta crisis sanitaria también se
transmitirá al rendimiento académico, la capacidad de estudio y concentración de los hijos.' Esto es, sin lugar a dudas, una grave traba para la igualdad de oportunidades y la realización de proyectos de vida autónomos por parte de las
personas, y debemos centrar nuestros esfuerzos en cerrar esta brecha.
Una de las propuestas realizadas hasta la fecha para paliar esta situación, propone impulsar tutorías individualizadas al alumnado por tal de reforzar las competencias y el aprendizaje del alumnado. Simon Burgess, en un artículo publicado
recientemente, apuntaba a que las políticas públicas en materia educativa deben ir dirigidas a mitigar el impacto a largo plazo de la COVID-19 en los resultados académicos del alumnado y en sus expectativas profesionales y vitales. Según su
opinión, una forma de reparar el daño causado sería impulsar tutorías de carácter individual, en grupos reducidos, lo cual constituiría un método efectivo, con un bajo coste, asumible en su desarrollo y que podría estar operativo en un periodo
relativamente corto de tiempo para evitar un grave perjuicio a los estudiantes españoles derivado del cierre de los centros escolares.
En el mismo sentido, recientemente EsadeEcPol y Empieza por Educar lanzaron el proyecto 'Menttores', que ofreció tutorías individualizadas online durante 8 semanas del pasado trimestre primaveral en diversos centros públicos y concertados,
centrándose especialmente en alumnos provenientes de situaciones de vulnerabilidad. Los resultados de este RCT fueron esperanzadores, conduciendo a un 75% menos de probabilidades de repetir curso para aquellos pertenecientes al grupo de
tratamiento, una sensible mejoría (17%) en los resultados en matemáticas y un 30% más de posibilidades de aprobar. Más iniciativas similares podrían ser clave para contribuir a reducir la brecha educativa, así como paliar las tremendas pérdidas (de
un 1,5% del PIB, según estimaciones) asociadas a la pérdida educativa durante la pandemia.
El Gobierno ha lanzado el Programa de Refuerzo, Orientación y Apoyo (PROA+) para escuelas que atiendan a los alumnos más vulnerables. Sin embargo, la inversión presupuestada es de 360 millones en tres años, lo que correspondería, según
Lucas Gortázar, a 15 euros por alumno y año. Esto es claramente insuficiente, tal y como se puede comprobar al ver las inversiones realizadas por países de nuestro entorno, como Reino Unido o Países Bajos. El primero invertirá 3000 millones en los
próximos tres años, mientras que los segundos invertirán 8500 en ese mismo período.
Es evidente que la inversión en refuerzo educativo es necesaria, justa, promotora de la igualdad de oportunidades y, prácticamente, se paga por sí misma, puesto que contribuye a reducir gastos como los derivados de la repetición y paliar las
pérdidas previstas en el PIB por los efectos de la pandemia. Hay pocas políticas más importantes que las de garantizar una educación en igualdad de oportunidades y de calidad para todos los alumnos.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno de la Nación a:
1. Incrementar el importe destinado al Plan de Refuerzo, Orientación y Apoyo (PROA+), de tal manera que se alinee con las inversiones realizadas en los países de nuestro entorno.
2. Implantar y reforzar un programa de tutorías, tanto online como offline, en el marco del PROA+, de tal manera que se contribuya a la reducción de desigualdades, especialmente para familias más vulnerables.
3. Colaborar con las Comunidades Autónomas para la implementación y desarrollo del PROA+.
4. Impulsar la evaluación del Programa, de tal manera que se puedan obtener datos para su continuación y mejora, con especial atención a su efecto en las familias en mayor situación de vulnerabilidad. A este respecto, se impulsará la
colaboración con el INEE para la obtención y análisis de datos.
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de septiembre de 2021.-Sara Giménez Giménez, Diputada.-Edmundo Bal Francés, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
Comisión de Industria, Comercio y Turismo
161/003171
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para el Impulso de la industria
nacional de vehículos eléctricos de movilidad aérea para su uso en espacios aéreos urbanos y periurbanos, para su debate en la Comisión de Industria, Comercio y Turismo.
Exposición de motivos
En la actualidad, la Cuarta Revolución Industrial o Industria 4.0 está llamada a introducir importantes cambios económicos y sociales y a exigir una transformación en la estructura, formación y reglas de juego del mundo empresarial. El
software para las empresas, el uso de los ordenadores y la llegada de Internet -que permite conectarse las 24 horas- han transformado la productividad y los canales de compra, a la vez que las redes sociales lo han hecho con el modo de relacionarse
las personas.
Una revolución tecnológica y digital está teniendo lugar en todos los ámbitos de la vida y crece a tal velocidad que resulta ya imparable; un fenómeno muy complejo que tiene un impacto no sólo en las relaciones de producción, la salud, el
empleo, el transporte, las finanzas, la formación, la educación, etc., sino también en la seguridad de los países e incluso en el ámbito de la ética y la transformación social. Todo este proceso en marcha desde hace tres décadas, está experimentado
una extraordinaria aceleración por dos factores: el despliegue de la tecnología 5G y la pandemia de Covid-19 que impone restricciones al contacto social.
La crisis sanitaria, social y económica provocada por la pandemia del Covid-19 puso de manifiesto el importante papel de las TIC en la actualidad. Ciudadanos y empresas se han visto obligados a reinventarse en un nuevo escenario para poder
continuar con la actividad económica y educativa a través del teletrabajo y la nueva forma de enseñanza virtual. Por otro lado, la analítica de datos o la inteligencia artificial ha sido clave para luchar eficazmente contra la última pandemia. La
transformación digital ha contribuido a dar solución a muchos de los problemas derivados del confinamiento de la población a causa de la pandemia del coronavirus. La crisis sanitaria del Covid-19 ha llevado a miles de empresas a tener que
adaptarse, en tiempo récord, a una nueva realidad marcada por el teletrabajo, pero no todas las organizaciones estaban preparadas para afrontar una situación de estas características. Además, esta nueva circunstancia ha puesto al descubierto la
necesidad de legislar el régimen laboral de los trabajadores online y la falta de políticas de conciliación familiar.
Por otro lado, los nuevos desarrollos tecnológicos y la hiperconectividad que nos ofrece la tecnología 5G, plantean retos y oportunidades históricas para el desarrollo de la 'industria inteligente' española y nuevas aplicaciones y
desarrollos en todas las áreas de la actividad humana, como la telemedicina, la movilidad autónoma y conectada, la producción, distribución y almacenamiento de energía, la defensa, la seguridad y la prevención de desastres, la educación y la
capacitación a distancia, la asistencia social remota, el ocio y la cultura y muchas otras.
El uso de la tecnología digital es básico para la prosperidad de todos los sectores productivos y los fondos europeos procedentes del Mecanismo Europeo para la Recuperación y Resiliencia (MRRUE), del Programa Next Generation UE, debe
emplearse en actuaciones industriales estratégicas, que consolide e impulse tejido productivo capaz de aprovechar las oportunidades globales y que se especialice en la capacitación, innovación e investigación en tecnologías disruptivas y que sea
capaz de aprovechar las ventajas competitivas de nuestro país; uno de ellos es el de las aeronaves para uso urbano civil.
España cuenta con el Plan Estratégico para el Desarrollo del Sector Civil de los Drones en España 2018-2021, puesto en marcha por el último Gobierno del Partido Popular, que constituye una buena Hoja de Ruta y debe reforzar nuestras
oportunidades industriales que surgen con los fondos previstos del MRRUE, por lo que debe estrecharse la colaboración público-privada e interdisciplinar de manera que los avances en movilidad urbana con tecnologías descarbonizadas también favorezcan
el desarrollo de nuestra industria en ese sector de vanguardia del transporte aéreo urbano.
Los avances científicos y técnicos han contribuido en los últimos años a la progresiva reducción del coste de la producción industrial de las aeronaves no tripuladas pilotadas por control remoto o autónomas,
denominadas comúnmente 'drones' o UAVs (Unmanned Aerial Vehicle). En España, como en el resto de Europa, se ha producido un importante crecimiento de la actividad de este sector. La Comisión Europea prevé que, en el 2035, el sector europeo
de los drones dará empleo directo a más de cien mil personas y tenga un impacto económico superior a los 100.000 millones de euros al año, principalmente en el sector servicios. España reúne las condiciones necesarias para liderar este proceso
puesto que cuenta con el conocimiento, las empresas y los profesionales que le sitúan en un lugar destacado entre sus vecinos europeos. Por ello, nuestro Grupo Parlamentario Popular ha presentado varias Proposiciones no de Ley para el impulso de
los usos comerciales e industriales y el big data en las aeronaves no tripuladas, pilotadas por control, remoto.
Ahora, con esta Proposición No de Ley el Grupo Parlamentario Popular quiere dar un paso adelante en el impulso de una industria emergente relacionada con los drones con tripulante en espacios aéreos urbanos y periurbanos. también
denominados Vehículos Eléctricos de Despegue y Aterrizaje Vertical (electric Vertical and Take-Off Landing, eVTOL). La Movilidad Aérea Urbana (Urban Air Mobility, UAM) comienza a ser una realidad emergente que promete tecnologías disruptivas en
torno a una nueva cadena de valor industrial para hacer posible un nuevo modo de transporte rápido, seguro y sostenible; desarrollo de las aeronaves urbanas y sus tecnologías de baterías; diseño, construcción y operación de los 'vertipuertos'
pensados para este nuevo tipo de vehículo aéreo; sistemas digitales para la guía y operación de los vehículos, de las infraestructuras y de las rutas; regulación de los corredores aéreos y del nuevo urbanismo; investigación y desarrollo
tecnológico aeronáutico y de las tecnologías de propulsión (baterías, pilas de combustible de hidrógeno...); sostenibilidad cero emisiones con infraestructuras alimentadas por energías renovables integradas y sistemas de almacenamiento... En
definitiva, creación de valor, de tejido productivo y de empleo en una industria propia de este siglo XXI en la que España cuenta con claras ventajas competitivas.
Existen ya en marcha distintos proyectos de investigación y desarrollo de drones para transporte de mercancías o, incluso de pasajeros, en entornos urbanos. Airbus ya realizó con éxito el pasado año el primer proyecto piloto de entregas de
mercancías realizadas a través de drones en el norte de Francia, demostrando la viabilidad del proyecto. En las simulaciones de misión de entrega se utilizaron drones equipados con aviónica desarrollada por Airbus. Ahora que Airbus anuncia
recortes y despidos por la situación de la industria aeronáutica es necesario ofrecer un espacio de colaboración público-privada para que España puede ofrecer alternativas de nuevo negocio y desarrollo industrial en el ámbito aeronáutico, que
complementen el negocio tradicional y sea un instrumento de conservación y atracción de inversión y empleo.
En Corea del Sur ya se ha puesto en marcha este mismo año un Consorcio de colaboración público privada, en un evento, organizado por el Ministerio de Territorio, Infraestructura y Transporte y el Gobierno Metropolitano de Seúl, para que los
servicios de transporte aéreo urbano de bienes y personas 'se lancen en Seúl por primera vez' para operación comercial en los próximos cinco años, marcando así un hito en todo el mundo. Pero en realidad el plan, que establece vuelos de prueba entre
la periferia y los centros de las ciudades para el periodo 2022-2024, no se diferencia mucho de otros que se van a ensayar en las mismas fechas en ciudades de todo el mundo, desde Barcelona a Los Ángeles. Desde esa perspectiva, España cuenta con
capacidades y ventajas competitivas que debemos saber aprovechar.
Una de las claves para el liderazgo en el despliegue de drones y aerotaxis para transporte urbano es el sistema de control de tráfico, que permite que varias unidades vuelen a la vez en condiciones seguras, incluso de forma autónoma y no
tripulada. Para ese objetivo, es imprescindible el despliegue de redes 5G robustas y que ofrezcan la suficiente cobertura. En ese ámbito España cuenta con una clara ventaja competitiva ya que somos uno de los países del mundo que cuenta con un
mayor desarrollo de las redes 5 G.
Los expertos del sector estiman que en el corto plazo es más factible que se permitan vuelos en aeronaves tripuladas, y por lo tanto se puedan transportar personas (y carga) antes que drones no tripulados (autónomos o piloto remoto) para
transporte de carga en áreas urbanas. en el corto plazo. Ya circulan en pruebas vehículos diseñados para ser los taxis del futuro en ciudades que, ante la emergencia climática y el crecimiento de su población, buscan nuevas soluciones para mejorar
la movilidad. Un estudio de Porsche Consulting determina que los coches volarán por ciudades de todo el mundo en menos de una década y el negocio del 'air taxi' será un éxito. Existen seis prototipos en fase de desarrollo avanzado a nivel mundial
(aunque a día de hoy existen más de 100 prototipos en estudio y experimentación), y uno de ellos tiene sello español, el desarrollado por el centro tecnológico Tecnalia,
impulsor del primer aerotaxi de España. Según la información pública ofrecida hasta ahora, el vehículo, volaría a una altura de entre 100 o 300 metros, está diseñado para el traslado de una persona o cargas de hasta 150 kilogramos, y puede
recorrer una distancia de 15 kilómetros en un tiempo aproximado de 15 minutos. Su velocidad rondaría los 90 kilómetros por hora, aunque su diseño le permitiría alcanzar los 190 Kms/hora. Según señalan en Tecnalia, este vehículo podría cubrir las
necesidades de transporte del centro urbano del 85% de todas las ciudades del mundo. El vehículo está involucrado en un proyecto europeo para pruebas en los dos próximos años en tres ciudades europeas; Santiago de Compostela, Cranfield y
Ámsterdam.
Por otro lado, se suceden las noticias sobre la constitución de consorcios multidisciplinares. El fabricante de helicópteros Bell ha unido fuerzas con Uber y varias empresas aeronáuticas, entre ellas la francesa Safran, pensando ya en una
flota de taxis voladores eVTOL. El Nexus, como se llama este avión de propulsión eléctrica híbrida, fue presentado por primera vez en enero en el Consumer Electronics Show de Las Vegas. Entre otras, 20 y 30 empresas están trabajando en conceptos
similares, de pequeñas start-ups a grandes empresas como Airbus, que recientemente presentó su avión eléctrico CityAirbus.
Por su parte, Ferrovial ha incursionado en el sector de la movilidad aérea eléctrica de la mano de la start up alemana Lilium. Las aeronaves de Lilium están preparadas para transportar hasta cinco personas (siete, incluyendo piloto, en su
último modelo) con equipaje y recorrer distancias de más de 300 kilómetros, a 300 kilómetros por hora. Los motores son eléctricos, eficientes y ultra silenciosos. Ambas empresas firmaron recientemente un acuerdo para desarrollar la primera red de
'aeropuertos verticales o vertipuertos' en EEUU, pensados para estas aeronaves urbanas e interurbanas. Sus previsiones pasan por comenzar por los alrededores de Orlando y Tampa (Florida), con 10 instalaciones y una flota de aerotaxis.
Y en España, también Ferrovial está apostando por los 'aeropuertos verticales', pensados para esta nueva realidad tecnológica, con un proyecto, en el que también trabaja la ingeniería ldom, Airbus y los desarrolladores de aeronaves
eléctricos Lilium y Tecnalia, que contempla el desarrollo en España de una red de más de 20 vertipuertos 100% sostenibles conectados entre sí, con inversiones de más de 200 millones de euros. Según la propuesta presentada al Gobierno para obtener
fondos europeos, las infraestructuras y los servicios harán uso de la generación de energía verde y se prevé dotar a estos vertipuertos de aparcamientos para los eVTOL, para vehículos eléctricos terrestres y zonas de recarga de baterías. La red
nacional de 'vertipuertos' propuesta por Ferrovial cuenta con diseños en superficie urbana para atender 50 operaciones a la hora y 1 millón de pasajeros al año, hasta vertipuertos en infraestructura elevada, con capacidades de 30 operaciones a la
hora y 560.000 pasajeros al año y podrían estar operando en el año 2024. Este nuevo modelo de transporte no sólo potenciará nuestra industria de fabricación de vehículos y de los vertipuertos, con sus componentes, sino que facilitará nuevos modos
de desplazamiento, accesibles al gran público, más económicos, ágiles y menos contaminantes, con ahorros económicos, de tiempo y de emisiones.
Finalmente, Enaire, como empresa pública del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, debe cumplir un rol impulsor y aglutinador de la colaboración público privada y el buen uso de los fondos europeos para atraer y ayudar a las
empresas del sector privado u organismos públicos que perciban las oportunidades para nuestra industria, si somos capaces de posicionarnos en la vanguardia de este nuevo sector emergente. Y deben sumarse también otros organismos que impulsan
iniciativas relacionadas con la generación eléctrica con energías renovables, la digitalización de nuestras ciudades y el desarrollo del hidrógeno verde. En definitiva, es preciso dar forma al cluster especializado y multidisciplinar que aproveche
y ponga en valor los avances que hemos conseguido y prosiga al acierto estratégico de la Hoja de Ruta iniciada en 2018.
Por lo tanto, en España no partimos de cero. Al contrario, España cuenta con industria aeronaútica en toda la cadena de valor, robusta red de 5G en creciente despliegue, experiencias piloto en marcha, tecnologías disruptivas de movilidad
eléctrica e hidrógeno, y una red de centros tecnológicos con capacidades para incrementar las sinergias entre Academia, Empresas y Administraciones públicas, con enfoque multidisciplinar, si se les dota de los fondos y la normativa adecuada.
Podemos atraer talento a España en este sector de vanguardia.
El desarrollo de esa oportunidad industrial y climática para nuestro país, exige también una adecuada regulación, ya que la proliferación del uso de drones y el potencial de usos posibles ha hecho surgir la necesidad de regular su
utilización para evitar riesgos en la seguridad aérea.
La iniciativa que proponemos está alineada con las tendencias en el transporte de viajeros que se vienen fomentando en España y en el mundo más avanzado; la evolución hacia un modelo de movilidad inteligente que trabaje conjuntamente sobre
la dimensión ambiental, la dimensión económica y la dimensión social, con foco en las personas y su calidad de vida, logrando que nuestras ciudades sean más limpias, sanas y habitables, haciendo uso de un sistema de transporte inteligente, que
disminuya los accidentes, reduzca las congestiones, optimice el uso de la energía y dé respuesta a las crecientes demandas. Y en el transporte de mercancías y logística, se viene impulsando la digitalización del sector logístico como elemento
crucial para responder a las nuevas demandas digitales y poder ganar competitividad mediante un uso inteligente de las nuevas tecnologías. Por esa razón, las previstas ayudas de la UE encajan en el desarrollo de las capacidades latentes en España
para relanzar esta industria de vanguardia que apoya la presente PNL.
Además, el GPP ya presentó en el trámite parlamentario de los PGE un paquete de enmiendas que se enfoca en el desarrollo de este tipo de tecnologías disruptivas: una dotación de 9 millones de euros para Estudios técnicos para desarrollo de
tecnologías disruptivas y marco normativo para el vehículo conectado y vehículo aéreo urbano. La iniciativa se enmarca nuestra Propuesta de un plan INDU-REN 2024, para el fomento de las industrias españolas de tecnologías de generación eléctrica
con energía renovable, que dotamos con 6.000 millones de euros; el PLAN del Vehículo con Energías Alternativas-VEA 2021-2024, dotado con 1.500 millones de euros, para el desarrollo de toda la cadena de valor industrial del vehículo alternativo; y
3.000 millones para la RED H-24, una red de producción, transporte y distribución de hidrogeno verde, a la que se añade la red RIS-24, una Red nacional de instalaciones de recarga, repostaje y servicios al vehículo alternativo, con una dotación de
inversión pública de 1.000 millones de euros.
Es urgente que el vehículo aéreo urbano tenga su espacio en ese conjunto de medidas de desarrollo industrial y tecnológico para nuestro país, de manera muy vinculada a la transformación energética, la política climática y las soluciones para
la agenda urbana. La movilidad sostenible, con hidrógeno o eléctrica, aérea o no, no será sostenible si nuestra producción eléctrica y de hidrógeno no se basa fundamentalmente en energía renovable y no es capaz de incrementar sus valores de ahorro
y eficiencia energética.
Ese esfuerzo inversor público debe acompañarse de un mejor sistema de colaboración con la iniciativa privada, además de con la actualización de los planes sectoriales al actual contexto de crisis, con un rol mucho más activo que han de jugar
los centros tecnológicos y reservando ayudas para los procesos de innovación que la industria auxiliar española debe acometer regularmente para adaptarse a los requerimientos de sus grandes clientes fabricantes, para lo que proponemos dotaciones
presupuestarias con planes trianuales que suman 300 millones en el primer caso y 150 millones en el segundo.
La presente Proposición no de Ley debe enmarcarse en Proposición no de Ley transaccional aprobada en la Comisión de Industria, Comercio y Turismo y suscrita conjuntamente por PSOE, PP y Cs, en su sesión de 13 de octubre de 2020 que aprueba
las bases para un Pacto nacional por la Industria.
Por todo lo expuesto, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a poner en marcha de manera urgente la actualización del Plan Estratégico para el Desarrollo del Sector Civil de los Orones en España 2018-2021 y su extensión al periodo 2021-2025, en el marco
del Pacto por la Industria aprobado en sesión de 13 de octubre de 2020 de la Comisión de Industria, Comercio y Turismo, que contenga, entre otras, las siguientes medidas:
Primero. La concreción de un Pacto de Estado para el desarrollo de la Industria española de la Movilidad Área Urbana y Periurbana y que desarrolle un Programa Industrial Aerotaxi-2030, como uno de los componentes sectoriales del Pacto de
Estado por la Industria, y que incorpore la colaboración público-privada.
Segundo. El desarrollo del Programa con alcance nacional, multidisciplinar e interministerial -sin perjuicio de las competencias que, en su caso, hayan asumido las Comunidades Autónomas en el marco de la Constitución, de los Estatutos de
Autonomía y de la legislación del Estado en materia de Industria, Ciencia e Innovación, Educación, Medio Ambiente y Transporte-, como Hoja de Ruta y marco de actuación ordenado para generar un Cluster o Consorcio especializado en esta tecnología del
vehículo aéreo urbano y periurbano, así como en las infraestructuras físicas y digitales para su operación, para
aprovechar todas las sinergias de la colaboración público privada, academia, universidad, empresa, centros tecnológicas y distintos niveles administrativos (local, autonómico, estatal y europeo).
Tercero. La Estrategia sectorial y el Plan Industrial tendrán como objetivos:
a) Promover un ecosistema industrial favorable para el desarrollo y el uso de las tecnologías esenciales facilitadoras de la fabricación nacional de vehículos aéreos de transporte urbano y periurbano, de sus baterías y componentes y de sus
infraestructuras y servicios vinculados.
b) Facilitar los cambios normativos para la normalización del uso de dichos vehículos aéreos urbanos y periurbanos tripulados en funciones civiles y comerciales, en condiciones técnicas y de seguridad adecuadas.
c) Potenciar la integración en esta rama de actividad de las tecnologías disruptivas y su más rápido desarrollo en España como la Inteligencia Artificial, el blockchain, el big data y el advance data analiltyc, en el marco del desarrollo de
la hiperconectividad con tecnologías 5G aplicado a la movilidad aérea urbana y periurbana.
d) Incrementar las inversiones en investigación e innovación en toda la cadena de valor industrial de aeronaves civiles tripuladas de ámbito urbano y periurbano, incluido la generación eléctrica renovable y el hidrógeno verde, así como para
su uso en aplicaciones en el sector industrial y comercial, especialmente el del transporte. La investigación y la innovación incluirá el desarrollo de nuevos modelos de negocio y de colaboración público-privada, que dinamicen las inversiones hacia
el sector.
e) Dotar a los organismos nacionales especializados en Ciberseguridad, de recursos humanos y tecnológicos adecuados para el normal desenvolvimiento del transporte aéreo urbano y periurbano, tripulado o no tripulado.
f) Evaluar las potenciales sinergias industriales y en investigación e innovación con los proyectos en desarrollo del vehículo terrestre eléctrico, conectado y autónomo.
g) Difundir y promocionar a nivel nacional e internacional la realidad industrial y tecnológica española en el sector, como una de las líderes globales en estas tecnologías emergentes, a fin de atraer inversión, empresas innovadoras y
talento.
h) Adaptar los planes educativos y la formación de los estudiantes y trabajadores a los requerimientos profesionales del sector, favoreciendo la creación de talento tecnológico y la atracción de talento exterior.
i) Incentivar financiera y fiscalmente la inversión en la cadena de valor industrial de las aeronaves tripuladas urbanas y periurbanas y de sus infraestructuras físicas y digitales para su operación.
Cuarto. Articular los proyectos industriales de desarrollo que conformen el Programa AeroTaxi-2030 como Proyectos Estratégicos para la Recuperación y Transformación Económica (PERTEs) para recibir fondos europeos del Mecanismo de
Recuperación y Resiliencia UE.
Quinto. Para el establecimiento de bases y la determinación de usos de última milla en el ámbito urbano en todo caso se tendrán en cuenta las competencias de otras administraciones en relación con el ámbito territorial municipal y urbano.
Sexto. Las Administraciones Públicas, en el ámbito de sus competencias, establecerán un sello de homologación nacional de drones tripulados o eVTOLs que garantice una serie de normas en su fabricación para impedir fallos y accidentes, así
como de las infraestructuras vinculadas a su operación.
Séptimo. El Ministerio de Industria, Comercio y Turismo liderará y coordinará las actuaciones relacionadas con la formación y la investigación del Programa Aero-Taxi 2030, mediante las siguientes actuaciones:
6.1 En el plazo de tres meses desde la aprobación de esta PNL deberán concluirse y remitirse al Congreso para su evaluación, los Estudios técnicos que justifiquen la reforma normativa referida en los apartados anteriores y otras reformas
legales que resulten adecuadas para el desarrollo industrial y el uso de vehículos aéreos tripulados para transporte de pasajeros en entorno urbano y periurbano, y de sus infraestructuras físicas y digitales.
6.2 En el plazo de seis meses desde la aprobación de esta Proposición no de Ley, los ministerios competentes elaborarán un libro blanco sobre capacitaciones requeridas en Educación Superior para el desarrollo de las aeronaves civiles
pilotadas para transporte de viajeros y mercancías en entorno urbano y periurbano, así como de sus aplicaciones e infraestructuras físicas y digitales.
6.3 El desarrollo industrial de las aeronaves civiles y sus infraestructuras físicas y digitales objeto de esta Proposición no de Ley se considerará como tecnología disruptiva y facilitadora a efectos de su
inclusión en la Estrategia Española de Ciencia, tecnología e Innovación y las acciones que se recogerán en el Plan Estatal de l+D+i.
Octavo. El desarrollo de los usos comerciales e industriales de las aeronaves objeto de esta Proposición no de Ley, de sus infraestructuras físicas y digitales y de los procesos industriales empleados en su fabricación deberá tener en
cuenta el impacto ambiental, promoviéndose las energías renovables como fuente de suministro de vehículos e infraestructuras.
Noveno. A fin de anticipar el supuesto de que la aeronave urbana o periurbana tripulada haga uso de algunos de los niveles de conducción autónoma de vehículos, las Administraciones Públicas, en el ámbito de sus competencias, desarrollarán
las siguientes actuaciones:
a) Adaptar la legislación española a la normativa europea referente al fomento del desarrollo transfronterizo de los vehículos autónomos y automatizados y la explotación de su potencial económico.
b) Intensificar las inversiones públicas en las infraestructuras aeroviarias, energéticas y de TIC e incentivar las privadas.
c) Facilitar la creación de corredores de alto tráfico en ámbito intraurbano, periurbano e interurbano para esta tipología de vehículo eVOLT.
d) Apoyar el proyecto europeo satelital para completar el sistema europeo de posicionamiento con el fin de que la implantación de vehículos autónomos tenga la fiabilidad de la información de posición y tiempo proporcionada por los programas
europeos de navegación por satélite Galileo y EGNOS.
e) Evaluar de forma continuada las cuestiones relativas a seguridad y ciberseguridad relacionados con el uso generalizado de drones.
f) Implantar en drones un sistema obligatorio de seguimiento e identificación de los RPAS que permita conocer en tiempo real su posición en vuelo.
g) Elaborar un reglamento para las aeronaves urbanas e interurbanas o drones tripulados que resulte acorde con la legislación europea para garantizar su seguridad y el respeto a las normas europeas sobre aviación civil.
Décimo. La elaboración de una Hoja de ruta de modificaciones normativas que contemple las medidas contenidas en los apartados anteriores para la elaboración de un texto unificado en una Ley de Trasporte Aéreo Urbano y Periurbano y que,
adicionalmente considere:
1. Favorecer el establecimiento de bases para el repostaje y mantenimiento de aeronaves civiles intraurbanas, periurbanas e interurbanas a fin de facilitar el cambio modal de las mercancías y pasajeros.
2. Establecer corredores aéreos de drones en centros logísticos, que puedan sustituir al transporte convencional.
3. Crear aerovías que permitan a los eVOLTs circular por un espacio aéreo exclusivo.
4. Permitir el uso de las CTR o zonas de control de los aeropuertos para las empresas operadoras de vuelo con aeronaves urbanas, periurbanas e intraurbanas, estableciendo los necesarios requisitos de permisos de vuelo, informes de
seguridad, titulación de radiofonista, etc.
5. Dictar medidas básicas para habilitar el entorno urbano a la navegación aérea de aeronaves civiles urbanas, periurbanas e interurbanas y sus limitaciones.
6. Facilitar esquemas de sand box para facilitar el desarrollo de proyectos piloto y pruebas que permitan el aprendizaje de experiencias tanto a los agentes públicos como a las autoridades de manera similar a la regulación ya vigente en el
sector financiero.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de septiembre de 2021.-Mario Cortés Carballo, Tristana María Moraleja Gómez y Guillermo Mariscal Anaya, Diputados.-Concepción Gamarra Ruiz-Clavijo, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso.
161/003205
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la retractación formal por
parte de la Ministra de Industria, Comercio y Turismo, de sus recientes declaraciones públicas sobre la erupción volcánica originada en la isla de La Palma, para su debate en la Comisión de Industria, Comercio y Turismo.
Exposición de motivos
Tal como venían apuntando a lo largo de las últimas fechas las predicciones de los expertos, la erupción volcánica que comenzó el pasado domingo 19 de septiembre en la isla de La Palma tras varias semanas de una actividad sísmica creciente,
cubre de momento más de 225 hectáreas de terreno y ha dañado enormemente hasta el momento más de 190 viviendas y entre 300 y 400 fincas (se calcula que la erupción paraliza la cosecha de alrededor del 20% de la producción platanera de Canarias) a
partir de datos del Comité Director del Plan de Emergencias Volcánicas de Canarias, de modo que desde el pasado fin de semana y sólo hasta el día de hoy, alrededor de 7.000 personas han sido evacuadas de sus zonas de residencia tras la erupción y el
avance de las lenguas de lava, generándose consiguientemente una situación dramática para una proporción considerable de familias palmeras que han perdido sus propiedades u hogares y en muchos casos, su único medio de vida relacionado
fundamentalmente con la actividad agrícola y a la espera entretanto de una pronta declaración de zona de emergencia por parte del Gobierno de España, junto con la ayuda y solidaridad efectivas procedentes de otras Instituciones. De momento, los
respectivos Presidentes de los Gobiernos central, de la comunidad autónoma y del Cabildo de La Palma vienen apelando públicamente a la responsabilidad de los ciudadanos 'por su seguridad y para que los equipos de emergencia puedan desempeñar su
trabajo', como ha señalado el propio Presidente del Cabildo palmero.
No obstante, el pasado lunes durante el transcurso de una entrevista en el programa 'La Mañana de Andalucía' de Canal Sur Radio, la Ministra de Industria, Comercio y Turismo, Dña. Reyes Maroto manifestó textualmente que 'desde Turespaña y
desde las embajadas vamos a dar toda la información para que la isla (de La Palma) se convierta en un reclamo para los turistas que quieran ver este espectáculo tan maravilloso de la naturaleza', evidenciando con tales declaraciones desde su
condición de miembro del Gobierno de España y al propio tiempo, máxima responsable de la política turística del Estado, su falta de responsabilidad, empatía, solidaridad, despreocupación y sentido más elemental de la prudencia en un contexto
enormemente crítico para el pueblo de la comúnmente conocida como la 'Isla Bonita'; manifestaciones en definitiva, que han provocado en su conjunto un rechazo y condena generalizados por parte del espectro parlamentario junto a la opinión pública y
medios de comunicación.
Por todo lo expuesto, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a la adopción de la siguiente medida:
- Desautorizar formalmente y simultáneamente exigir de manera inmediata desde la Presidencia del Gobierno de España a la Ministra titular del Departamento de Industria, Comercio y Turismo, Dña. María Reyes Maroto lllera, un ejercicio de
firme rectificación sobre la base de sus desafortunadas e irresponsables declaraciones públicas del pasado día 20 de septiembre en alusión a la erupción volcánica en la isla de La Palma.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de septiembre de 2021.-Sebastián Jesús Ledesma Martín y Agustín Almodóbar Barceló, Diputados.-Concepción Gamarra Ruiz-Clavijo, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/003210
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Socialista, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre Industria de los semiconductores, para su debate en la Comisión de Industria,
Comercio y Turismo.
Exposición de motivos
La pandemia por COVID-19 ha tenido entre sus efectos colaterales la aparición de problemas de escasez en el suministro de semiconductores, dificultando con ello la producción de diversos bienes, especialmente a la industria del automóvil.
De una parte, las medidas de confinamiento supusieron el cierre temporal de fábricas, para recuperar luego su producción de forma paulatina dado que, por su elevada complejidad técnica, recuperar la actividad requiere tiempo. Pero al mismo
tiempo, las medidas de distancia social hicieron que se disparase la demanda de algunos bienes tecnológicos, como los ordenadores personales y portátiles, y con ello mayor necesidad de semiconductores.
A estos cuellos de botella ante el aumento de la demanda y rigideces en la oferta se sumaría la acumulación de stocks por parte de algunas grandes tecnológicas, ante el riesgo de ver comprometido su acceso a suministros, ante posibles
sanciones comerciales en un contexto de pugna comercial entre Estados Unidos y China.
Sin embargo, el problema de fondo en esta industria resulta más complejo que los efectos coyunturales derivados de la pandemia. Para entender mejor la problemática conviene precisar brevemente algunas consideraciones de esta industria
estratégica. Los semiconductores son un elemento tan pequeño como complejo técnicamente. La producción de chips se puede dividir en tres fases: diseño (la parte de ingeniería); la fabricación, denominada 'fundición' (foundry) y la prueba y
montaje externalizado (OSAT, por sus siglas en inglés). De todas ellas, la más compleja con diferencia es la segunda, la fundición, que por esa razón tiene unas elevadas barreras de entrada. Tal complejidad técnica conlleva un elevado grado de
especialización, donde por lo general las empresas se dedican solo a una parte del proceso salvo dos excepciones notables (la estadounidense lntel y la surcoreana Samsung). Se trata, además, de una industria muy intensiva en capital e l+D, que
requiere de grandes inversiones de forma cíclica, ante los continuos avances y rápidos tecnológicos del sector.
Ahora bien, esta elevada especialización ha implicado a su vez una notable concentración de la producción, sobre todo en la fase de fundición. Durante las últimas décadas, las grandes empresas estadounidenses, japonesas y europeas han
tendido a externalizar su producción fundamentalmente en dos países: Taiwán y Corea del Sur. Tal es así que estas dos economías concentran ahora el 83% de toda la fabricación mundial en esa fase de fundición. Taiwán por sí sola representa casi
dos terceras partes de esa producción (el 65% del total). Esta concentración geográfica lo es también en lo empresarial, con dos empresas líderes en esta fase: la taiwanesa TSMC y la surcoreana Samsung, la primera de ellas especializada en la
producción de chips para otras compañías.
Estados Unidos mantiene aún el dominio en el extremo superior de la cadena de valor, pero como puede deducirse, depende sobremanera de sus socios asiáticos y se plantea por ello medidas para incrementar la producción local.
Por su parte, China se ha convertido en el principal fabricante global de productos electrónicos, pero con una cuota de producción mundial del 6% en 2020 apenas logra producir una mínima parte de los semiconductores que necesita, teniendo
que importar el resto. Para hacernos una mejor idea de sus necesidades de abastecimiento pensemos que sus importaciones de semiconductores en ese año duplicaron en valor a las de petróleo. Y eso que China es el principal importador global de este
recurso fósil. Las ingentes inversiones con su programa 'Made in China' no parece que sirvan para cumplir con su objetivo marcado de un 70% de producción local de semiconductores en 2025, lo que evidencia las enormes barreras de entrada en esta
actividad.
En lo referente a Europa, ha quedado descolgada en la pugna tecnológica entre Asia y Estados Unidos, si bien cuenta con algunas empresas importantes en semiconductores, orientadas sobre todo en la automoción. Un sector en el que estos
tienen una importancia creciente, y que será mayor todavía con el vehículo eléctrico y con el despliegue de las energías renovables. Pero, por otro lado, esta industria ha sido especialmente sensible a los cuellos de botella en el suministro de
chips, paralizando incluso algunas
factorías ante los retrasos en las entregas. La causa se encuentra en el propio modelo just in time, JIT (justo a tiempo) en la cadena de valor del automóvil, que trata de minimizar el almacenamiento de stocks. De esta forma, cuando la
entrega de chips se vio dificultada, las factorías de automóviles carecían de reservas de este componente con el que suplir a corto plazo sus necesidades, mientras que los fabricantes de semiconductores priorizaban a otros demandantes. Estos
desajustes entre oferta y demanda es probable que prosigan incluso en 2022, en un contexto de más que previsible incremento de la demanda. Así pues, la vulnerabilidad del sector automotriz es notoria.
Otro factor adicional de vulnerabilidad es la ya citada concentración geográfica en la producción. Esto se ha evidenciado recientemente en el caso de Taiwán, donde la producción se ha visto más comprometida por la mayor sequía de la isla en
el último medio siglo, para una industria intensiva en agua.
La concentración geográfica lo es también empresarial, especialmente en la parte de producción o fundición. Una oligopolización que ha podido coadyuvar a un insuficiente nivel de inversión, que ha colaborado en agravar las dificultades de
oferta.
En consecuencia, los recientes problemas en esta industria van más allá de factores coyunturales. Ante toda esta situación se ha iniciado una carrera global por la relocalización y la atracción de inversiones que permitan aumentar el peso
de la producción local en semiconductores, especialmente por parte de China y Estados Unidos.
En el caso europeo, se plantea la posibilidad de atraer a grandes compañías multinacionales para traer parte de su producción en territorio comunitario. Una inversión que puede encontrar un mayor atractivo ahora en la UE, tanto para reducir
así riesgos gracias a una mayor diversificación geográfica, como por las buenas expectativas que plantea para el sector el programa Next Generation EU, con la digitalización como una de sus dos principales líneas de inversiones.
Por su parte, España junto con otros diecisiete Estados miembros de la UE, firmaron en diciembre de 2020 la declaración: 'Una iniciativa europea sobre procesadores y tecnologías de semiconductores'. En ella se recogía el compromiso de
trabajar de forma conjunta para invertir en tecnologías de semiconductores en toda la cadena de valor con el desarrollo de una propuesta de Proyecto Importante de Interés Común Europeo (IPCEI, por su acrónimo en inglés) en el ámbito de la
microelectrónica.
A tal efecto, dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo publicó un aviso de Manifestación de Interés en dicho IPCEI, para identificar con ello en nuestro territorio a las
entidades que pudieran estar interesadas. Una convocatoria que se cerró el 18 de marzo pasado. Se tratará ahora de que, aquellas interesadas y que cumplan los requisitos necesarios puedan coordinarse con las de otros países y plantear un proyecto
conjunto en el marco de ese IPCEI, supeditado a su aprobación por la Comisión Europea.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Impulsar, en coordinación con el resto de sus socios europeos y las empresas involucradas, la puesta en marcha de un Proyecto Importante de Interés Común Europeo (IPCEI) en materia de microelectrónica y conectividad, que sirva para
aumentar la producción de semiconductores en territorio europeo.
2. Promover, tanto a escala nacional como europea la posible atracción de inversión extranjera directa para la producción de semiconductores en territorio de la UE. Una inversión exigente en estándares tanto laborales como
medioambientales, y con especial atención en el sector de la automoción donde, tanto España como la UE presentan importantes ventajas en términos de especialización.
3. Proponer a la UE una reforma de las reglas fiscales europeas, de manera que la inversión pública en materia de digitalización y transición ecológica no computen a efectos de déficit presupuestario.
4. Promover la elaboración de planes europeos específicos de l+D en el terreno de la microelectrónica, que permitan avanzar en la reducción de la brecha tecnológica europea con respecto a Asia y Estados Unidos.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de septiembre de 2021.-Alejandro Soler Mur, Sandra Guaita Esteruelas, Adolfo Pérez Abellás, Cristina López Zamora, María Luisa Faneca López, Juan Bernardo Fuentes Curbelo, Ana María Botella Gómez,
María del Pilar Rodríguez Gómez, Patxi López Álvarez, María Ángeles Marra Domínguez, Cesar Joaquín Ramos Esteban, German Renau Martínez y Juan Francisco Serrano Martínez, Diputados.-José Zaragoza Alonso y Rafaela Crespín Rubio, Portavoces del Grupo
Parlamentario Socialista.
Comisión de Derechos Sociales y Políticas Integrales de la Discapacidad
161/003191
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Macarena Olona Choclán, doña Rocío de Meer Méndez, doña María de los Reyes Romero Vilches, doña Cristina Alicia Esteban Calonje, doña Lourdes Méndez Monasterio y doña Georgina Trías Gil, en sus respectivas condiciones de Portavoz
Adjunta y Diputadas del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX), al amparo de lo dispuesto en los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan la siguiente Proposición no de Ley relativa a la promoción de actuaciones ordenadas a la
prevención del suicidio, para su discusión en la Comisión de Derechos sociales y Políticas integrales de la Discapacidad.
Exposición de motivos
Primero. La vida como bien frente a la cultura de la muerte.
El derecho a la vida, reconocido en el artículo 15 de nuestra Carta Magna, 'constituye el derecho fundamental esencial y troncal en cuanto es el supuesto ontológico sin el cual los restantes derechos no tendrían existencia posible' y, por
esta razón, 'obliga a los Estados a adoptar las medidas positivas necesarias para proteger la vida de las personas' (STC 53/1985, FJ 3.º).
El Grupo Parlamentario VOX aboga por la defensa de la vida de una forma unitaria, sin excepciones. Esta defensa pasa por el fomento de una cultura de la vida. En este sentido, uno de los grandes problemas sociales a abordar es el del
suicidio, que constituye la primera causa de muerte no natural en España.
Segundo. El suicidio: Un drama social.
Según publica el INE, entre enero y mayo de 2020 'se produjeron en España 231.014 defunciones, 43.537 más que en el mismo periodo del año anterior (un 23,2 % más)'. Del total de fallecimientos, 5.850 se debieron a causas externas, de las
cuales la primera fue el suicidio 31.
Si atendemos los últimos datos definitivos publicados por el INE, en el año 2019 el total de suicidios ascendió a 3.671. De media, en 2019, cada día se quitaron la vida más de 10 personas. En 2018, la cifra fue de 3.539, es decir, el
incremento fue del 3,7%, aproximadamente. Estos datos revisten todavía más gravedad al insertarlos en una línea temporal, ya que las cifras anuales de suicidios se han duplicado desde 1980 (año en el que se notificaron 1.652 suicidios) 32.
31 https://www.ine.es/prensa/edcm_ene_may_19_20.pdf
32 España contaba entonces con una población de cerca de 37,5 millones de habitantes. Aún así, la tasa por cada cien mil habitantes ha aumentado.
Estableciendo una comparación con las muertes por accidente de tráfico -que, además, constituyen la causa externa de defunción más difundida por los medios de comunicación de masas-, en 2019 la cifra de suicidios dobló a la de muertes por
accidentes de tráfico (1.842).
La Fundación Española para la Prevención del Suicidio creó un Observatorio del Suicidio en España 'con objeto de mantener, analizar y divulgar los datos sobre la conducta suicida en España, de manera que sirva como punto de partida para su
prevención y disminución', y arrojaba algunas conclusiones sobre la base de los datos ofrecidos por el INE, como que la cifra de suicidios es trece veces superior a la de los homicidios, y sesenta y siete veces superior a la de las víctimas mortales
por la llamada 'violencia de género' 33.
Todos estos datos hacen referencia, naturalmente, a los suicidios consumados. Las cifras no son rigurosas, pues la propia naturaleza de los hechos lo impone, dada la dificultad, en muchos casos, de delimitar si se trata de un accidente o de
un suicidio.
A esto hay que sumar la ausencia de información sistematizada acerca de las tentativas de suicidio. El último boletín que las contemplaba ofrecía la siguiente información: en 2006, 2.017 personas intentaron suicidarse. Del total, 1.806
fueron suicidios consumados y 211 tentativas.
Cifras globales apuntan a que 'los intentos de suicidio son hasta 20 veces más frecuentes que los suicidios consumados' 34. Tras estas cifras, no solo se encuentran las personas concretas que son víctimas del suicidio, sino todas aquellas
que se ven involucradas en esta realidad, como familiares y amigos. Y es
33 https://www.fsme.es/observatorio-del-suicidio/
34 MACIONIS, J. J. y PLUMMER, K., Sociología, Pearson, Madrid, 2012, p. 7.
que, junto a la prevención, también se hace necesario reconocer la realidad de las familias que han padecido de primera mano el suicidio, tanto de manera consumada como en grado de tentativa o que conviven con personas con ideas suicidas.
Tercero. Necesidad de actuaciones frente al suicidio.
Tanto la Comisión Europea, en su llamado Pacto Europeo por la Salud Mental y el Bienestar (Scheftlein, 2011)' como la OMS (World Health Organization WHO, 2018), la Sociedad Británica de Psicología o la Federación Europea de Asociaciones de
Psicólogos (EFPA-European Federation of Psychologists Association) coinciden en señalar varios puntos comunes respecto al suicidio, destacando los siguientes:
1. 'Que la prevención del suicidio debe ser un área de actuación prioritaria.
2. Que se debe superar una serie de barreras tales como la falta de sensibilización y el tabú y el estigma alrededor de este problema.
3. Que es un problema prevenible, ya que la estrategia de identificación temprana de pensamientos y conductas suicidas y la atención y cuidado eficaz de quienes están en riesgo con claves para garantizar la prevención del suicidio.
4. Que los enfoques psicológicos o psicosociales juegan un papel muy importante, ya que la comunicación y las relaciones interpersonales forman parte central de la prevención, y estas son herramientas esencialmente psicológicas' 35.
Junto a estos puntos comunes, que sirven de base para las actuaciones de los poderes públicos, existen una serie de creencias extendidas acerca del suicidio como el denominado 'efecto llamada', la idea de que los suicidios son repentinos y
no muestran elementos reconocibles previos, o la idea de que todas las personas que presentan ideas suicidas necesariamente padecen una enfermedad o trastorno mental 36.
Por otro, el Libro Blanco Depresión y Suicidio 2020. Documento Estratégico para la Promoción de la Salud Mental, promovido, entre otros, por la Sociedad Española de Psiquiatría, la Fundación Española de Psiquiatría y Salud Mental y la
Sociedad Española de Psiquiatría Biológica, recoge entre sus propuestas estratégicas:
- 'Sensibilización de la población general y medidas de prevención universal.
- Mejorar la detección y el manejo del riesgo de suicidio entre los profesionales sanitarios.
- Intervención específica en grupos de riesgo
- Mejora de la Coordinación intersectorial y formación de facilitadores sociales
- Mejora de la recogida de datos de las conductas suicidas y de los suicidios consumados.
- Promoción de la investigación en suicidio.
- Prevención del suicidio' 37.
Por último, cabe señalar que las nuevas tecnologías representan un factor de entre los muchos que hay que tener en cuenta a la hora de analizar del suicidio. La doctora Susana Escames Bermúdez recoge una advertencia de Zygmunt Bauman,
indicando que las 'nuevas tecnologías han modificado la forma de establecer relaciones interpersonales' y que 'el hecho que desde la soledad de una habitación sea posible comunicarse con decenas de personas a la vez, ha propiciado la fragilidad a la
hora de establecer vínculos: el aislamiento social se consolida, siendo las 'conexiones' resultantes cada vez más superficiales y breves'. Además, 'en estos tiempos de pandemia, como consecuencia incluso del distanciamiento físico transitorio
imperante, eventos multipersonales, por plataforma, generan vivencias de una mera 'unión circunstancial' donde la presencialidad no resultaría imprescindible' 38.
Las causas del suicidio, bien sea en grado de tentativa o consumado, obedecen a muy diversos factores. El fenómeno del suicidio exige una corresponsabilidad en su prevención, toda vez que son precisamente las familias, así como los
distintos entornos y, por su especial importancia, los centros
35 Ibídem, p. 55.
36 Ibídem, p. 51 y ss.
37 https://fepsm.org/files/files/LibroBlancoDepresionySuicidio2020.pdf
38 https://www.colegiomedico.org.uy/wp-content/uploads/2021/04/6-Consideraciones-sobre-bioetica-y-conductas-suicidas.pdf
educativos, quienes están llamados a abordarlo, además de los distintos sistemas sanitarios 39. En definitiva, es urgente que, desde el Estado, en necesaria coordinación con las distintas Comunidades Autónomas, se promueva la investigación
acerca del fenómeno del suicidio para poder abordarlo con toda su complejidad, así como llevar a cabo las actuaciones necesarias para que la misma vida social asimile el suicidio como un problema común.
Al amparo de lo expuesto, el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a lo siguiente:
1. Elaborar un Informe sobre el suicidio en España, para conocer en profundidad esta realidad y abordarla con rigor desde los poderes públicos, y remitirlo en el plazo de treinta días a la Comisión de Derechos Sociales y Políticas
Integrales de la Discapacidad del Congreso de los Diputados.
2. Diseñar nuevas campañas de información para dar a conocer la realidad del suicidio, de forma especialmente orientada a desmitificar ciertos aspectos del mismo.
3. Promover que en todo el territorio nacional el servicio de emergencias del 112 garantice una atención especializada en el suicidio.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de septiembre de 2021.-Rocío de Meer Méndez, María de los Reyes Romero Vilches, Cristina Alicia Esteban Calonje, Lourdes Méndez Monasterio y Georgina Trías Gil, Diputadas.-Macarena Olona Choclán,
Portavoz del Grupo Parlamentario VOX.
161/003204
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Plural, a instancias del diputado del PDeCAT Ferran Bel i Accensi, de acuerdo con lo establecido en el artículo 193 y ss. del Reglamento de la Cámara, presenta, para su discusión en la Comisión de Derechos Sociales y
Políticas Integrales de la Discapacidad, una Proposición no de Ley por la que se insta al Gobierno a revertir la exclusión del tercer sector de acción social de la convocatoria de ayudas 2021, de 105 millones de euros y con cargo a Fondos Europeos
Next Generation EU, destinadas al desarrollo de la inteligencia artificial (IA) y a otras tecnologías digitales y su integración en las cadenas de valor.
Exposición de motivos
Múltiples entidades del Tercer Sector de acción social han mostrado su rotunda disconformidad y preocupación con la decisión de Red.es, entidad pública adscrita al Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital dedicada al
desarrollo de programas de impulso de la economía digital, la innovación, el emprendimiento, la formación para jóvenes y profesionales y el apoyo a pymes mediante el fomento de un uso eficiente e intensivo de las Tecnologías de la Información y la
Comunicación (TIC), de excluir al Tercer Sector de la convocatoria de ayudas con cargo a fondos europeos Next Generation EU destinadas al desarrollo de la inteligencia artificial (IA) y a otras tecnologías digitales, cuyo plazo de presentación de
solicitudes vence el próxima 8 de octubre de 2021.
El presupuesto de la convocatoria de ayudas 2021, de 105 millones de euros, es una de las inversiones del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, y se enmarca en la agenda España Digital 2025 y en la Estrategia Nacional de
Inteligencia Artificial. Esta convocatoria destinará 50 millones de euros a financiar proyectos de investigación industrial y 55 millones de euros para proyectos destinados al desarrollo experimental relacionados con tecnologías digitales como:
inteligencia artificial, Internet de las cosas, tecnologías de procesamiento masivo de datos e información, computación de alto rendimiento y en la nube, procesamiento de lenguaje natural, ciberseguridad, biometría e identidad digital, blockchain,
39 CASTELLVI-OBIOLS, P. y PIQUERAS RODRÍGUEZ, J. A., 'El suicidio en la adolescencia: un problema de salud pública que se puede y debe prevenir (2018)', Revista de estudios de juventud, p. 54. En: http://www.injuve.es/sites/default/files/
adjuntos/2019/ 06/3.el_suicidio_en_la_adolescencia_un_problema_de_salud_pub lica_que _se_puede_y _debe_prevenir.pdf
robótica, realidad virtual y aumentada, efectos especiales y simulación, e impresión 3D y fabricación aditiva. Se financiarán un máximo de 3 proyectos por entidad solicitante.
El presupuesto mínimo de los proyectos subvencionables de investigación industrial será de 500.000 euros y el máximo de 10 millones de euros, mientras que en el caso de los proyectos de desarrollo experimental el mínimo será de 300.000 euros
y el máximo de 5 millones de euros.
El porcentaje máximo de intensidad de la ayuda oscila entre el 25% y el 80% de los gastos subvencionables en función del tipo de actividad, del tamaño de la empresa y de si los resultados de los proyectos son susceptibles o no de difundirse
ampliamente por medio de conferencias, publicaciones, bases de libre acceso o programas informáticos gratuitos o de fuente abierta. Además, los beneficiarios podrán obtener financiación a través de la línea 'ICO-Red.es Acelera'.
En este sentido, la resolución de Red.es por la que se convocan las ayudas 2021 destinadas a proyectos de investigación y desarrollo en inteligencia artificial y otras tecnologías digitales y su integración en las cadenas de valor, establece
en su punto 3.3 que 'no podrán ser beneficiarias (...) las entidades sin ánimo de lucro, las asociaciones o fundaciones (...)', entre otros operadores. Esta exclusión, a todas luces discriminatoria, es contraria a la regulación tanto española como
europea de estos fondos, que debe estar al servicio de la cohesión y la inclusión sociales, y que debe servir para sobreponerse de los devastadores efectos que la pandemia del coronavirus ha causado a los grupos de población en situación de mayor
fragilidad, como es el caso de las personas con discapacidad y demás colectivos vulnerables.
Discriminar sin fundamento a la sociedad civil de la posibilidad de presentar y gestionar programas y proyectos en materia de inteligencia artificial y digitalización, anula el impacto social de estos fondos empobreciendo el enfoque
inclusivo que ha de presidir la democratización tecnológica que precisa la comunidad.
Por todo ello, los diputados del PDeCAT presentan la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a revertir la exclusión del tercer sector de acción social de la convocatoria de ayudas 2021, cuyo presupuesto total asciende a 105 millones de euros y con cargo a fondos europeos Next
Generation EU, destinadas al desarrollo de la inteligencia artificial (IA) y a otras tecnologías digitales y su integración en las cadenas de valor y que, tanto en la presente como en futuras convocatorias, se garantice la participación del Tercer
Sector de Acción Social.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de septiembre de 2021.-Ferran Bel Accensi, Diputado.-El Portavoz del Grupo Parlamentario Plural.
Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación
161/003182
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley para el impulso de un primer Plan de Ayudas inmediato para paliar
los efectos de la erupción en el volcán de Cumbre Vieja en el sector agrícola para su debate en la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación.
Exposición de motivos
La erupción del volcán de Cumbre Vieja es un hecho histórico, no visto en décadas en nuestro país. A pesar de la impecable labor de los expertos, que fueron capaces de predecir el fenómeno por los seísmos previos asociados al mismo, la
erupción de un volcán es un evento inevitablemente destructivo. Cuando aún no ha alcanzado la colada al mar, la cifra de evacuados supera los 6.000 y se contabilizan daños en entre 120 y 130 viviendas. Una cifra que aumentará porque el volcán
sigue activo y va a seguir expulsando lava durante días.
Canarias, y muy en particular la isla de La Palma, no es ajena a la realidad volcánica y pervive en la memoria colectiva el recuerdo de las erupciones previas del Teneguía (1971) y el San Juan (1949). Esta experiencia ha permitido una
gestión impecable por parte de los servicios de protección civil, técnicos, científicos, fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y por parte de la propia ciudadanía y evitado tragedias personales mayores. Sin embargo, esta experiencia también nos
recuerda los estragos que causan las coladas magmáticas en las tierras de cultivo o destinadas a la ganadería, volviéndolas prácticamente inservibles y eliminando la que para muchas familias es su único medio de sustento económico.
La actividad agrícola en Canarias, por su orografía y particularidades climáticas, tiende a concentrarse en las zonas medianías y de costa. Este es el caso, entre otros, de los cultivos de plátano y los viñedos, cultivos que además de ser
de una excelente calidad reconocida internacionalmente, forman ya parte misma de la identidad canaria. Por desgracia, la erupción en Cumbre Vieja expone justo a este y tantos otros tipos de cultivos a su irreparable destrucción. Las asociaciones
agrarias (UPA, COAG y ASAJA- ASPA) cifran en más de 400 las explotaciones afectadas, pero podrían ser muchas más. La Asociación Palmera de Agricultores y Ganaderos (ASPA) advierte de que si se ven afectadas las infraestructuras hidráulicas no se
podrá regar, porque el agua proviene de la parte oeste de la isla hacia el sur y todo lo que quede de colada hacia el sur no tendrá riego, afectando a gran parte de los cultivos de plátanos.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Aprobar, a la mayor brevedad, una línea de ayudas directas extraordinarias para indemnizar la totalidad de los daños sufridos por la pérdida de explotaciones agrícolas y ganaderas, incluyendo aquellos elementos afectos anejos que no sean
asegurables.
2. Elaborar un plan de actuaciones urgentes para garantizar que la red de riego pueda seguir funcionando en las zonas agrícolas no directamente afectadas por las coladas y minimizar daños colaterales, así como reconstruir la infraestructura
de riego destruida en cuanto sea seguro acometer tales actuaciones.
3. Ofrecer el apoyo técnico necesario para que los agricultores y ganaderos de la isla de La Palma puedan acceder, comprender y utilizar los datos científicos recogidos por INVOLCAN y otras entidades de investigación y seguimiento que se
encuentran actualmente monitorizando la erupción de Cumbre Vieja, de forma que el impacto de la misma en la producción agrícola de La Palma sea el menor posible.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de septiembre de 2021.-María Carmen Martínez Granados, Diputada.-Edmundo Bal Francés, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
161/003207
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no
de Ley para la creación de un galardón anual que reconozca la labor y el trabajo en nombre del Gobierno a través del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, de los enólogos, como parte más que relevante en la elaboración, divulgación y
difusión, de la uva y el vino, elementos fundamentales de la cultura vitivinícola española, siguiendo el ejemplo de países como Francia (Enólogo Excepcional) o Italia (Cavaliere dell'Ordine della Stella della Soliedaritá Italiana), para su debate en
la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación.
Exposición de motivos
España ocupa los primeros lugares en el ranking de los países que más vino venden y producen, junto a Italia y Francia. Ello convierte a la vitivinicultura más allá del concepto de labores de trabajo en una forma de cultura, sin olvidar que
el vino es un alimento siguiendo las directrices que convierten una
sustancia en tal concepto, contiene micro y macro nutrientes, tiene por ello fines nutricionales pero así mismo y también sociales y emocionales. No podemos obviar el hecho de que además la fascinante cultura vitivinícola supone una labor
profesional que representa la base laboral y de supervivencia de muchas familias en nuestro país y que más allá de las necesarias recomendaciones de consumo responsable, ya existentes, se hace preciso también reivindicar las empíricas excelencias de
una cultura, propia de nuestro ámbito mediterráneo y de nuestra historia y tradición. La cultura vitivinícola forma parte de nuestra imagen de país, es un vector que atrae turismo, es motor de desarrollo responsable y sostenible y se enfoca como
eje importante en innovación y desarrollo. España supone un trece porcentual del viñedo total mundial, la actividad representa un 2,2% del Valor Añadido Bruto para nuestra economía, con unos índices de exportación relevantes que alcanzan a más de
ciento ochenta y cinco países, representando además un veinticinco por ciento de la producción europea de vino. Por si todos estos datos parecieran poco, la cultura vitivinícola puede considerarse como uno de los activos en la lucha contra el
despoblamiento de las zonas rurales, no ya solo a nivel de elaboración sino también a través de iniciativas y proyecciones de enoturismo con más de tres millones de personas que visitan bodegas, viñedos y zonas de expansión relacionadas, suponiendo
más de ochenta millones de euros anuales de gasto. Líderes también en prácticas de agricultura ecológica relacionadas con la viña, en datos de 2020 más de ciento veinte mil hectáreas que acreditan esta condición, muy implicada en el desarrollo
sostenible, en los parajes naturales y el respeto al medio ambiente y la transición ecológica.
Por todo ello y como un símbolo de reconocimiento con vocación internacionalista, al ejemplo de nuestros países vecinos y salvando la idea de que en España no se valora lo propio de un modo suficiente, se hace ya necesario reconocer a todos
y todas, hombres y mujeres del vino, jóvenes, adultos y veteranos, con un galardón que ponga en valor la difusión, divulgación y visibilidad de su esfuerzo, de la labor realizada en todos los ámbitos para ensalzar nuestra vitivinicultura, los rasgos
y detalles que ponen en primera línea nuestra agricultura, nuestras elaboraciones, nuestra ampelografía y todos aquellos matices y detalles que nos conceden personalidad propia, excelencia y que colocan a nuestra cultura vitivinícola en los primeros
puestos a nivel internacional. Un galardón que nos dé prestigio, que tenga carácter oficial y que contribuya desde los poderes públicos a apoyar, reconocer y situar la cultura vitivinícola española en el primer plano que merece.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Crear un galardón institucional que, entregado con una periodicidad anual, premie y reconozca a mujeres y hombres del pasado o presente, que de cualquier modo hayan contribuido a la divulgación, difusión y a dar visibilidad a la riqueza
cultural que supone la vitivinicultura española, a través de cualquiera de sus denominaciones de origen y expresiones, académicas, profesionales, laborales o informativas.
2. A tal efecto crear un jurado compuesto de forma paritaria por hombres y mujeres que sean garantía de interés imparcial por la cultura vitivinícola, que puedan definir y debatir la identidad de los candidatos y candidatas a tal
distinción.
3. Reconocer de este modo el valor de esta cultura, y de todos y todas aquellos y aquellas que vienen desempeñando desde tiempo inmemorial una labor que en sus diferentes expresiones, contribuyen a dar brillo a la imagen de España a nivel
internacional.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de septiembre de 2021.-Juan Cuatrecasas Asua y Manuel Gabriel González Ramos, Diputados.-Felipe Jesús Sicilia Alférez y Rafaela Crespín Rubio, Portavoces del Grupo Parlamentario Socialista.
Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico
161/003167
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Plural, a instancia del diputado del Bloque Nacionalista Galego (BNG) Néstor Rego Candamil, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente
Proposición no de Ley sobre la autorización del PE de Afrende y de su infraestructura de evacuación que afecta a los concellos de A Estrada, Forcarei y Silleda para su debate en la Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico.
Exposición de motivos
El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, a través de la Dirección General de Política Energética y Minas, está tramitando el expediente para la instalación de un nuevo parque eólico en la comarca de A Estrada-Deza.
Se trata del llamado P.E. Afrende de 53,6 MW y de su línea de evacuación promovidos por Volantis Renovables, S.L.U, que afectará a los concellos de Silleda, Forcarei y A Estrada.
El proyecto remitido al Ministerio prevé la instalación de un total de 9 aerogeneradores y ocupará una poligonal de 1271,41 Ha y además prevé la evacuación de la energía mediante una línea aérea de 132 kV y una longitud de 1,927 km hasta la
subestación del futuro P.E. de Outeiro Grande que a su vez evacuará, junto con otros parques eólicos de esta zona, hasta la subestación de Silleda. Así, la evacuación de la energía generada en el P.E. de Afrende utilizará una infraestructura de
evacuación compartida con los parques eólicos de Outeiro Grande y de Monte Festeiros. En este sentido, es necesario recordar que la fragmentación de un Parque Eólico es una práctica fraudulenta y que existe ya jurisprudencia al respecto. En Galiza
se pueden citar distintos casos en los que se presentan Estudios de Impacto Ambiental individual de cada uno de los proyectos fragmentados, evitando una evaluación global de todo el proyecto y de las garantías exigibles lo que supone un claro fraude
de ley. En este sentido, la STSJ de Galiza 245/2020 de la Sala de lo Contencioso Administrativo ha establecido que debe contemplarse necesariamente como un único Parque Eólico los casos en que 'es consubstancial que los generadores en ellos
agrupados hayan necesariamente de compartir, además de las líneas propias de unión entre sí, unos mismos accesos, un mismo sistema de control y unas infraestructuras comunes y que la energía resultante ha de inyectarse mediante una sola línea de
conexión del parque, sin que sea posible descomponer, a efectos jurídicos, un parque proyectado para diseccionar de él varios aerogeneradores a los que se daría un tratamiento autónomo'.
Resulta evidente que aunque los P.E. de Outeiro Grande y de Monte Festeiros han seguido su tramitación ante la Xunta de Galiza por su potencia, forman una unidad con este nuevo parque proyectado y que por lo tanto debe ser valorado su
impacto ambiental de forma conjunta. En este sentido cabe destacar la falta de vigencia de las declaraciones de impacto ambiental de los P.E. de Outeiro Grande y de Monte Festeiros. Ambas deben considerarse sin efectos y no vigentes por el
transcurso de los plazos que se establecen en la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental.
Además, en la misma área geográfica en que se prevé la instalación de este P.E. de Afrende se sitúan ya otros cinco parques en funcionamiento o que cuentan con la autorización pertinente, todos ellos en un radio de apenas 10 km, como son el
P.E do Couto San Sebastián, el P.E. Masgalán-Campo do Coco, el P.E. Monte Arca (Fase I, PO 11 e Ampliación), el P.E. de As Cruces y el P.E. Pico Touriñán. A estos debe sumarse todos los que se encuentran en fase de tramitación y los de nueva
solicitud entre los que se encuentran el P.E. As Penizas, el de Cabanelas, el de Campo das rosas, el de Monte Festeiros, el de Outeiro Grande, el de Pedra Longa, el de Touriñán III-2, el de Borreiro, o todas las ampliaciones del Monte Arca.
Especial consideración debe darse al P.E. Borreiro del cual, el nuevo parque de Afrende sería prácticamente una continuación del mismo, pues los aerogeneradores ya existentes tendrían una separación de apenas 675 metros respecto a los que
se proyecta instalar. Otro argumento que apoya la necesidad de evaluación conjunta del impacto ambiental, pues vendrían a constituir un único parque continuo, sin que en el informe presentado por la empresa se haga referencia a este hecho.
Es evidente por lo tanto, el excesivo volumen de parques que pretenden instalarse en la zona, solicitudes que se aprovechan de una regulación obsoleta, el Plan Eólico de Galiza, pues no se adapta a la actual situación socioeconómica de los
concellos afectados, ni su contenido prevé la tecnología eólica que ahora se pretende implantar, donde las dimensiones y potencia de los aerogeneradores se han visto incrementadas exponencialmente respecto a las existentes en 2005 cuando se aprobó
la citada normativa.
La proximidad del parque y de su línea de evacuación afectará especialmente a los núcleos más próximos donde sus vecinos y vecinas deberán soportar la contaminación acústica y paisajística, afectando directamente a su calidad de vida, viendo
además como sus propiedades ven reducido su valor y las actividades industriales, agrarias o forestales que pueden desenvolverse en sus terrenos enormemente limitadas. En esta situación se encontrarán los núcleos de Liripio, Ribela, Vinseiro,
Pardemarín, Olives y Curantes en el Concello de A Estrada, los de Quintillán y Meavía en el Concello de Forcarei y los de Moalde y Escuadro en el Concello de Silleda.
El parque eólico afectará también de forma directa al patrimonio natural de la zona. Así, puede destacarse especialmente la invasión de las Brañas do Xestoso, declarada LIC en 2004 y ZEC en 2014, sobre la que los perjuicios serán
irreparables al tratarse de un área prioritaria de reproducción y alimentación de aves. Esta zona de alto valor natural ha sido también incluida en la Red Natura. El proyecto tendrá por lo tanto graves consecuencias para la conservación de la
fauna, sobre todo para las especies protegidas o amenazadas que ocupan este hábitat como son el Circus pygargus, Streptopelia turtur, Canis lupus, Galemys pyrenaicus, Lutra lutra, Rana ibérica, Rana temporaria, Natrix maura, Petromyzon marinus,
Salmo trutta o el Salmo salar.
El parque también supondrá graves perjuicios para distintos humedales, charcas y lagunas naturales, además de tener un fuerte impacto sobre los acuíferos y aguas subterráneas por el movimiento de tierras y la construcción de los pilares y
las vías de acceso. Todo ello afectará a las zonas de afloramiento y a su captación para el consumo humano y para su uso en las distintas explotaciones agro-forestales de la zona. Sin embargo, ninguna de estas circunstancias ha sido incluida en su
evaluación de impacto ambiental por la empresa promotora.
Debe además tenerse en consideración que el proyecto prevé su implantación en terrenos que han sido objeto de concentración parcelaria, proceso en el que se han invertido años de trabajo y dinero público para mejorar la extensión de las
fincas y poder dedicarlas a la producción agro-forestal. Esfuerzo y recursos que se echarán a perder si se permite la ubicación del parque eólico en esas tierras.
La implantación del llamado parque eólico de Afrende también afectará negativamente al patrimonio histórico y cultural de la zona, poniendo en peligro la conservación y puesta en valor de un gran número de elementos entre los que cabe citar
la Capela de San Amaro o las mámoas de Boi Morto, Campo daTomba o Regó da Cruz, además del Couto do Castro o la invasión del trazado del Camino de Santiago.
Por último, cabe también citar la especial afección sobre el Observatorio Astronómico de Forcarei, gestionado por la Fundación Ceo, Ciencia y Cultura, que presta, desde hace más de 10 años, un valioso servicio a la sociedad en términos
educativos, científicos y de divulgación. De colocarse, tal como parece previsible por la información hecha pública hasta el momento, que la cercanía de las torres a los telescopios incidiría negativamente en el seeing (grado de nitidez, en la
contaminación acústica y, por ende, en la calidad astronómica genérica alcanzable y condiciones de trabajo nocturno generales que un observatorio astronómico necesita. Debe tenerse en consideración que el observatorio no sólo supone trabajo de
investigación y divulgación científica, si no que sirve de motor económico al concello y la comarca al atraer visitantes, reactivando un turismo interesado en la observación del cielo nocturno, oportunidad que se verá truncada si se permite la
destrucción de las condiciones necesarias para su actividad.
En definitiva, el Parque Eólico de Afrende, no repercute, en absoluto, de manera positiva en la economía de los habitantes de los concellos afectados y tendrá, en contrapartida, un efecto negativo en la conservación de la riqueza
paisajística, natural y patrimonial de la zona. No servirá para el desarrollo socioeconómico de las poblaciones próximas ni generará riqueza en el territorio, todo lo contrario, contribuye al abandono rural pues impide el desarrollo de otras
iniciativas empresariales de aprovechamiento agroganadero y forestal, sin generar alternativas de empleo a cambio. Todo ello, para lograr un mayor lucro de las compañías energéticas que lo promueven, que exportarán esa energía hacia otras partes
del Estado, sin que Galiza, como territorio excedentario, cuente con compensación alguna.
Por todo lo expuesto anteriormente, el BNG presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno del Estado a:
1. Rechazar el Estudio de Impacto Ambiental y denegar la autorización para la construcción del Parque Eólico Alto de Afrende, de 53,6 MW, así como su infraestructura de evacuación, que afectaría a los concellos de A Estrada, Forcarei y
Silleda, al que se le ha asignado el código PEol-532 por su incompatibilidad con el mantenimiento de los valores ambientales, patrimoniales, socioeconómicos y paisajísticos del territorio en el que se va a implantar.
2. Paralizar todos los proyectos eólicos en tramitación actualmente para, en colaboración con la Xunta de Galiza y respetando sus competencias propias en esta materia, realizar una valoración conjunta del desarrollo eólico para una
planificación adecuada y coordinada del mismo.
3. Elaborar, junto con la Xunta de Galiza y respetando sus competencias, una Planificación Eólica conjunta asentada en criterios de proporcionalidad, racionalidad y equilibrio, que proteja el patrimonio natural y cultural respetando el
desarrollo y mantenimiento de actividades de aprovechamiento agrícola y forestal.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de septiembre de 2021.-Néstor Rego Candamil, Portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Plural.
161/003180
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para la declaración de zona afectada gravemente
por una emergencia de protección civil en la isla de La Palma por la erupción del volcán de Cumbre Vieja, para su debate en la Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico.
Exposición de motivos
La erupción del volcán de Cumbre Vieja es un hecho histórico, no visto en décadas en nuestro país. A pesar de la impecable labor de los expertos, que fueron capaces de predecir el fenómeno por los seísmos previos asociados al mismo, la
erupción de un volcán es un evento inevitablemente destructivo. En el momento de llegar la lava al mar, la cifra de evacuados superaba los 5.000, y se contabilizan daños en entre 120 y 130 viviendas. Una cifra que aumentará porque el volcán sigue
activo y va a seguir expulsando lava durante días. No se ha descartado la posibilidad de lluvia ácida en zonas pobladas, ni tampoco la de que haya una afectación grave al espacio aéreo canario.
El Instituto Volcanológico de Canarias (Involcan) prevé que la erupción emita entre 6.000 y 9.000 toneladas de dióxido de azufre. Esto es especialmente preocupante teniendo en cuenta los muchos ciudadanos que se puedan acercar a la zona
afectada sin saber de la letalidad de este gas. La erupción del Teneguía en 1971, la última que se había sufrido hasta ahora en la isla de La Palma, dejó una sola víctima mortal, que se debió, precisamente, a la inhalación de gases de azufre.
También es especialmente preocupante el impacto de este fenómeno sobre la agricultura, principal actividad económica de la isla. Más allá de los daños inmediatamente materiales, los expertos prevén que el suelo afectado por la erupción de lava no
volverá a ser fértil en décadas.
La Ley 17/2015 de 9 de julio, del Sistema Nacional de Protección Civil, establece, en su artículo 23, que se podrá declarar una zona como afectada gravemente por una emergencia de protección civil mediante acuerdo del Consejo de Ministros, a
propuesta de los titulares de Hacienda y Administraciones Públicas y del Interior. Esta declaración facilitará y agilizará la tramitación de ayudas directas para las familias y empresas que se hayan visto afectadas por una catástrofe natural.
Además, se debe efectuar una evaluación de daños para estimar el coste económico de este fenómeno y, por tanto, adecuar las ayudas directas a su impacto real.
Por este motivo, el Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Prestar la asistencia técnica y logística necesarias al Gobierno de Canarias, al Cabildo de La Palma y a las corporaciones locales de los municipios afectados por la erupción del volcán de Cumbre Vieja para que puedan realizar, a la
mayor brevedad posible, la evaluación de los daños causados
2. Declarar, mediante acuerdo del Consejo de Ministros, la situación de zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil al conjunto de la isla de La Palma por la erupción del volcán de Cumbre Vieja, permitiendo así el acceso
más ágil y sencillo a ayudas directas por parte de los hogares, empresas, explotaciones agrarias, industrias y ayuntamientos afectados.
3. Ofrecer, en coordinación con el Gobierno de Canarias, la asistencia técnica y logística necesaria a los afectados por la erupción del volcán de Cumbre Vieja para que puedan realizar los trámites necesarios para solicitar compensaciones
por los daños sufridos a causa de esta catástrofe natural sin enfrentarse a una carga burocrática inasumible que pueda retrasar la llegada de esas ayudas.
4. Coordinar, en colaboración con el Gobierno de Canarias, las actuaciones necesarias para poner a disposición de la población afectada por la erupción del volcán Cumbre Vieja alternativas habitacionales viables, contemplando fórmulas de
cooperación con el sector privado.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de septiembre de 2021.-María Carmen Martínez Granados y Miguel Ángel Gutiérrez Vivas, Diputados.-Edmundo Bal Francés, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
161/003206
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Más País Verdes Equo, en el Grupo Parlamentario Plural, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre empresas con propósito para su debate en la Comisión de
Transición Ecológica, sobre el reconocimiento de una figura jurídica propia para aquellas sociedades de capital que, además del propósito económico, incluyen en sus estatutos un propósito social y ambiental, así como que demuestren cumplir con los
más altos estándares de buen gobierno, transparencia y desempeño social y ambiental.
Exposición de motivos
La crisis sanitaria motivada por la COVID-19 ha vuelto a situar en primer plano la magnitud de las consecuencias derivadas de los retos globales a los que nos enfrentamos como sociedad, como son la lucha contra el cambio climático o el logro
de un desarrollo sostenible, justo e inclusivo que conjugue personas, planeta y prosperidad, sin dejar a nadie atrás.
En el año 2015, 193 Estados Miembros de las Naciones Unidas, incluida España, firmaron los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y pusieron en marcha la llamada Agenda 2030 para su consecución. Estos compromisos identifican e interpelan
directamente también al sector privado como actor clave en la promoción de la transición hacia una economía baja en emisiones, que, al mismo tiempo, tenga presentes objetivos de justicia social y ambiental asociados, como el logro de un trabajo
decente y seguro para todas y todos, o la protección de los ecosistemas terrestres y la vida marina. Si queremos alcanzar los objetivos climáticos del Pacto Verde Europeo y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, resulta indispensable contar con el
sector público, el sector privado y el conjunto de la sociedad española. Solo así podremos resolver los grandes retos sociales, económicos y medioambientales a los que nos enfrentamos como sociedad, y que hemos visto agravados durante la crisis de
la COVID-19.
Sin embargo, seis años más tarde de aquel hito multilateral, la situación dista mucho de haber mejorado, al menos de manera suficiente y significativa. Solo atendiendo a los datos de nuestro país: el 21 % de la población vive en riesgo de
pobreza en España, según la encuesta de condiciones de vida INE2020, y siete de cada diez personas de entre 18 y 34 años siente desesperanza de cara al futuro
(Encuesta sobre la salud mental de los españoles durante la pandemia de la COVID-19, CIS marzo 2021). La precariedad que presenta el mercado laboral es una de las razones por las cuales la juventud española mantiene una de las tasas de
emancipación más tardía en comparación con la media europea, así como por lo que la natalidad en España ha descendido significativamente desde la crisis económica de 2008, según datos de INJUVE 2020 'Informe juventud en España', alcanzando un suelo
tristemente histórico.
En este sentido, la tasa de paro en nuestro país (15,98 %) sigue en niveles superiores a principios de 2018 y en el caso de la población joven sigue rozando el 40 % (1TR2021, INE).
Además, según el informe 'Gender Pay Gap: how much less do women earn than men?' de Eurostat Marzo 2021, la brecha salarial entre hombres y mujeres se sitúa en el 11,9 %. En materia medioambiental, los retos también son significativos.
Más del 70 % de la energía producida y consumida en España sigue procediendo de combustibles fósiles y casi el 11 % de las muertes en nuestro país se deben a la contaminación.
Ahora más que nunca, tras la crisis de la COVID-19, tenemos la oportunidad y la obligación de impulsar una visión transformadora de la economía y del papel de la empresa en España. Los fundamentos para hacerlo ya se han puesto en marcha.
El 'Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia: España Puede' con el que España pretende articular la recuperación de la crisis, debe alinearse con las agendas estratégicas de la UE, la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible
de Naciones Unidas: la transición ecológica, la transformación digital, la igualdad de género y la cohesión social y territorial.
Pero para que dicha recuperación sea justa, efectiva y responsable, es necesario orientar al sector empresarial para que esté genuinamente alineado con la creación de valor para el conjunto de la sociedad y abrace la denominada economía de
triple impacto -ambiental, social y económico-. Así lo han reconocido foros empresariales como el Business Roundtable o el Foro Económico Mundial que, con su reciente Manifiesto de Davos 2020, reconoce que el propósito de las empresas debe ser
colaborar con todos sus grupos de interés en la creación de valor compartido y sostenido. Al crearlo, las empresas no cumplen únicamente con sus accionistas, sino con todo su ecosistema: empleados, clientes, proveedores, comunidades locales y la
sociedad en general.
Además, otros países de nuestro entorno como Francia, Italia, Uruguay, Chile, Estados Unidos o Canadá, entre otros, ya reconocen jurídicamente a aquellas empresas que demuestran cumplir con objetivos exigentes a nivel social y ambiental,
elevando los estándares laborales, reduciendo al máximo su impacto ambiental y fomentando la transparencia y la rendición de cuentas. Asimismo, la propia Comisión Europea está elaborando una propuesta de directiva sobre Gobernanza empresarial
sostenible que, junto con los trabajos de la directiva sobre los planes de diligencia debida, tiene el objetivo de promover la creación de valor sostenible a largo plazo y de alinear mejor los intereses de las empresas, sus accionistas, los
gestores, las partes interesadas y la sociedad.
En España, aquellas empresas que ya incluyen el propósito de triple impacto y han adoptado, de forma voluntaria, un modelo de gobernanza según el cual los administradores o miembros del consejo deben considerar y alinear los intereses de los
accionistas con los del resto de grupos de interés de la compañía para cumplir con sus deberes fiduciarios, ya han demostrado contribuir a mejorar algunos de los retos mencionados.
- En términos sociales, el 64 % de las empresas con propósito aumentaron más de un 25 % de su plantilla en 2019 y en sus puestos de dirección había un 16 % más de mujeres respecto al promedio en España.
- En términos económicos, la facturación total de estas empresas ha crecido un 43 % desde 2019.
- En términos medioambientales, el 63 % de las empresas con propósito tienen proveedores locales y el 42 % de estas empresas utilizan el 100 % de energía renovable en sus procesos (Memoria anual B Lab Spain 2019 y 2020).
A través de las 'Sociedades de Beneficio e Interés Común' (SBIC), en España se crearía una figura jurídica que identifique legalmente a aquellas sociedades de capital que alcancen los estándares más exigentes en materia social, ambiental, de
transparencia y de buen gobierno corporativo. Es decir, empresas con ánimo de lucro que buscan proactivamente generar un impacto positivo en la sociedad, utilizando recursos privados para contribuir a resolver problemas públicos, como refleja el
Libro verde de las empresas con propósito; ed. La Cultivada, 2021.
En España, el marco general societario que agrupa a las sociedades mercantiles con ánimo de lucro lo encontramos en el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de
Capital (en adelante, LSC). Si bien, distintas reformas de esta Ley han permitido incorporar elementos ligados a la responsabilidad de estas empresas con el contexto en el que operan, el resultado resulta insuficiente a la hora de reconocer un
objeto social vinculado al propósito social o ambiental, lo que genera frustración, inseguridad jurídica y, sobre todo, desincentiva que un mayor número de sociedades incorpore el impacto social y medioambiental en su estrategia de negocio y
propósito corporativo. En otras palabras, el marco jurídico limita el potencial beneficio que las empresas con propósito pueden aportar en la consecución de los objetivos e interés comunes (Agenda 2030 y ODS, pero también a los planes de
recuperación post- COVID 19).
Las empresas mercantiles con ánimo de lucro y propósito social tampoco tendrían cabida en la Ley 5/2011, de 29 de marzo, de Economía Social. En primer lugar, porque se trata de empresas mercantiles con ánimo de lucro (sociedades de
responsabilidad limitada, sociedades anónimas, etc.). Y, en segundo lugar, porque el logro de sus fines sociales y medioambientales no solo es un objetivo en sí mismo, sino que también debe encajarse en su propia estrategia de negocio, afectando al
conjunto de su actividad económica, relación con proveedores, clientes, trabajadores, etc., sin, por ello, perder su identidad como sociedades limitadas o anónimas.
Así, al igual que una fundación tiene un régimen jurídico propio y diferente de una asociación, a pesar de que ambas entidades forman parte del marco jurídico general de la economía social, una sociedad limitada y una empresa con propósito
comparten la legislación aplicable a las sociedades de capital; sin embargo, en tanto que esta no permite, actualmente, reconocer las diferencias entre una y la otra, cabría incorporar una regulación específica que permita a aquellas empresas que
así lo decidan y que demuestren su desempeño, adquirir un estatus diferenciado, según refleja el Libro verde de las empresas con propósito; ed. La Cultivada, 2021.
Este reconocimiento garantizaría la veracidad y el alcance del impacto de estas empresas, que tendrían que elevar sus estándares y demostrar su cumplimiento para adoptar el modelo. Todo ello, tendría un efecto directo en su relación con las
administraciones públicas, ciudadanía, inversores, clientes y proveedores. De esta forma, la creación de esta figura tendría un efecto tractor sobre otras empresas que, para convertirse en empresas con propósito reconocidas, también identificarían
incentivos en impulsar su compromiso social y ambiental.
De este modo, involucraríamos al sector empresarial en la transición de nuestro modelo económico hacia uno más sostenible que, en línea con otros países de nuestro entorno, promueva estándares más exigentes en materia laboral, social,
climática, de transparencia y de gobernanza.
Por todo ello, Más País Verdes Equo, en el Grupo Parlamentario Plural, presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a reconocer, en la Ley de Sociedades de Capital, una figura jurídica propia, las Sociedades de Beneficio e Interés Común, para aquellas empresas con ánimo de lucro (sociedades anónimas o de
responsabilidad limitada) que, voluntariamente, decidan recoger en sus estatutos:
- Su compromiso con la generación explícita de impacto positivo en las personas y el medio ambiente a través de su actividad;
- Someterse a mayores niveles de transparencia estando sujetas a verificación externa que garantice su desempeño en los mencionados objetivos sociales, económicos y ambientales;
- Incorporar deberes fiduciarios y de rendición de cuentas, para ser legalmente responsables de considerar a todos los grupos de interés en sus decisiones.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de septiembre de 2021.-Inés Sabanés Nadal, Diputada.- Íñigo Errejón Galván, Portavoz Grupo Parlamentario Plural.
Comisión de Asuntos Económicos y Transformación Digital
161/003168
A la Mesa del Congreso de los Diputados
D. Iván Espinosa de los Monteros y de Simón, D.ª Macarena Olona Choclán, D.ª Inés María Cañizares Pacheco, D. Víctor González Coello de Portugal, D. Pablo Sáez Alonso Muñumer, D. Rubén Silvano Manso Olivar y D. Rodrigo Jiménez Revuelta, en
sus respectivas condiciones de Portavoz, Portavoz Adjunta y Diputados del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX), al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan la siguiente
Proposición no de Ley relativa a la elaboración de un nuevo Plan de Educación Financiera que incluya contenidos referidos al Sistema Público de Pensiones, así como a los fondos de inversión, como vehículo de ahorro para la jubilación, especialmente
dirigido a los jóvenes, para su debate en la Comisión de Asuntos Económicos y Transformación Digital.
Exposición de motivos
Primero. El plan de educación financiera como medio para realizar campañas de comunicación relativas al ahorro.
1. En julio de 2005, el Consejo de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), aprobó una recomendación sobre 'los Principios y Buenas Prácticas de Educación y Concienciación Financiera'. Entre estos Principios y
Buenas Prácticas destacaba el siguiente: 'la educación financiera debe comenzar en la escuela, las personas deben ser educadas sobre cuestiones financieras lo antes posible en sus vidas', y 'se debe considerar el hacer que la educación financiera
sea una parte de los programas estatales de asistencia social' 40 .
2. En el año 2008, el Banco de España y la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), comenzaron a desarrollar una estrategia nacional de este tipo de formación, con el Plan de Educación Financiera 2008-2012. Este Plan recogía el
compromiso de impulsar actuaciones con el objetivo de contribuir a que los ciudadanos adoptasen decisiones financieras ajustadas a sus características personales y familiares, necesidades y expectativas y asumieran una mejor gestión de los riesgos.
Posteriormente, en el año 2013, renovaron este compromiso, dando continuidad al programa que había de servir como orientación al Gobierno para el impulso de acciones que revirtieran en una mejor educación financiera.
3. En el año 2017, ambas instituciones elaboraron el Plan de Educación Financiera 2018-2021, el último hasta la fecha, que tenía como objetivo el fomento de la educación financiera en los centros de enseñanza de acuerdo con las
recomendaciones de la OCDE. Dicho Plan contiene una encuesta de Competencias Financieras que 'mide el conocimiento y la comprensión de conceptos financieros de la población española de entre 18 y 79 años, así como la tenencia, adquisición y uso de
distintos vehículos de ahorro, deuda y aseguramiento' 41.
4. El Plan de Educación Financiera se complementa con la página web 'www.finanzasparatodos.es' que pretende ser el portal de referencia de educación financiera en España.
40 https:// www.oecd.org/finance /financ ial-education/35108560.pdf.
41 Plan de Educación Financiera 2018-2021.
Portal web 'www.finanzasparatodos.es'
Segundo. Existe una creciente necesidad de disponer de rentas complementarias a la pensión pública en el momento de la jubilación para poder mantener el nivel de vida del periodo de actividad laboral.
5. El progresivo incremento de la renta media de los españoles de más de 65 años, que ha aumentado durante el periodo 2010-2020 un 19,94 % frente a un incremento de precios del 9,7 % en el mismo periodo, indica la mejora del poder
adquisitivo medio de este colectivo. Este aumento se ha fundamentado en el aumento de las pensiones públicas y en la aportación de los planes de pensiones y otros vehículos financieros. En el periodo 2010-2020, la pensión media de jubilación ha
pasado de 884,07 /mes a 1.161,80 /mes, que se complementa con las prestaciones de los planes de pensiones, que en el año 2020 alcanzaron los 4.385 millones de euros.
Evolución de la renta neta media por persona mayor de 65 años ()
Fuente: INE
Evolución del número de pensiones contributivas y del importe medio mensual (euros)
Fuente: Seguridad Social
6. No obstante, nuestro sistema público de pensiones se encuentra sometido a una serie de riesgos que lo tensionan y cuestionan su viabilidad, al menos en los términos actuales.
7. Las pensiones en España funcionan bajo los siguientes principios:
a) De reparto: las cotizaciones de los trabajadores en activo financian las prestaciones existentes en ese momento.
b) De proporcionalidad contributiva: la cuantía de las prestaciones guardará relación directa con las cantidades aportadas al sistema público y al periodo de cotizaciones efectuadas.
c) De universalidad: aquellos que no hayan contribuido al sistema podrán acceder al nivel no contributivo de prestaciones para poder cubrir las necesidades más básicas.
8. Por lo tanto, un primer factor clave es el número de trabajadores en activo que con sus cotizaciones están financiando el Sistema de pensiones en relación con el número de beneficiarios.
Evolución del ratio cotizante a la Seguridad Social en relación al número de pensionistas en las modalidades contributivas
Fuente: Seguridad Social
9. El ratio alcanzó mínimos en el año 2013 como consecuencia del incremento del desempleo a raíz de la crisis económica 2008-2012, que redujo el número de cotizantes y, por lo tanto, el ratio. La mejora económica supuso el inicio de una
tendencia alcista rota, una vez más, por la pandemia Covid-19.
10. Se da un doble factor que destacará la importancia de este ratio en los próximos años:
a) La evolución del empleo y, por lo tanto, del número de cotizantes.
b) Las previsiones del número de beneficiarios en el futuro próximo.
11. Se muestran a continuación las estimaciones del número de personas de más de 65 años, potenciales perceptores de pensiones de jubilación.
Estimaciones demográficas de España
Fuente: INE
12. Al incremento del número de pensionistas se une el aumento de la proporción de los mismos respecto al total de la población española. Este hecho obligará a que, para mantener las pensiones de jubilación, confluyan una o varias
circunstancias:
a) Reducción de la pensión media.
b) Retraso en la edad de jubilación.
c) Incremento de las cotizaciones sociales.
d) Aumento de transferencias corrientes por parte del Estado a la Seguridad Social.
e) Emisión de deuda.
13. En este punto es importante analizar cómo se financia nuestro sistema público de pensiones. La Seguridad Social es el organismo encargado de la financiación de nuestro Sistema público de pensiones, obteniendo el mayor porcentaje de sus
ingresos de 3 fuentes:
a) Cotizaciones sociales.
b) Transferencias.
c) Deuda.
Previsiones de ingresos del Sistema de la Seguridad Social (2021)
Fuente: Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones
14. A continuación se detallan las previsiones de gastos en prestaciones tanto en pensiones contributivas como no contributivas que soporta el Sistema de la Seguridad Social:
Previsiones de prestaciones del Sistema de la Seguridad Social (millones de euros)
15. El gasto total en prestaciones alcanza los 177.282 millones de euros frente a unos ingresos por cotizaciones, tasas, ingresos patrimoniales, enajenación inversiones reales, y activos financieros de 127.376 millones de euros. El
diferencial se cubre mediante transferencias corrientes, de capital y deuda.
16. Todo ello ha llevado a que la Seguridad Social acumule una creciente deuda que, a fecha de mayo de 2021, alcanzaba los 85.300 millones de euros.
Deuda del Sistema de la Seguridad Social (millones de euros)
Fuente: Banco de España
17. A lo anterior se une un hecho especialmente preocupante, el descenso de la natalidad en España. El drástico descenso de los nacimientos por cada mil habitantes, de no producirse fenómenos inmigratorios regulados de gran alcance,
supondrá menos cotizantes futuros al Sistema de la Seguridad Social.
Tasa bruta de natalidad
Fuente: INE
18. Por lo tanto, el sistema de pensiones español está en un claro riesgo, que compromete su sostenibilidad poniendo en peligro no solo la cuantía de las pensiones sino el acceso a las mismas.
Tercero. Los fondos de inversión como vehículo de ahorro para los particulares.
19. Los fondos de inversión son 'Instituciones de Inversión Colectiva (IIC) configuradas como patrimonios separados sin personalidad jurídica, pertenecientes a una pluralidad de inversores, incluidos
entre ellos otras IIC, cuya gestión y representación corresponde a una sociedad gestora, que ejerce las facultades de dominio sin ser propietaria del fondo, con el concurso de un depositario, y cuyo objeto es la captación de fondos, bienes o
derechos del público para gestionarlos e invertirlos en bienes, derechos, valores u otros instrumentos, financieros o no, siempre que el rendimiento del inversor se establezca en función de los resultados colectivos' 42.
20. Los inversores realizan aportaciones a los Fondos de Inversión y reciben un número de participaciones que representan la parte proporcional del patrimonio del Fondo correspondiente. Las participaciones, que son propiedad del inversor,
se comercializan por una entidad financiera.
21. Los Fondos de Inversión invierten las suscripciones recibidas fundamentalmente en valores financieros. Las entidades que deciden los valores en los que invierten los Fondos de Inversión son las Sociedades Gestoras de Instituciones de
Inversión Colectiva (SGIIC) y las entidades que custodian esos valores son las entidades Depositarias (en general, entidades de crédito o sociedades y agencias de valores). 43
Esquema del proceso de inversión
Fuente: INVERCO
22. Un 9 % de los activos financieros de las familias españolas se encuentra invertido en fondos de inversión. Destaca el hecho de que las cuentas corrientes, activos sin rentabilidad, abarcan el 25 % de los activos financieros de las
familias españolas.
Distribución porcentual de los activos financieros de las familias españolas (2017)
Fuente: Banco de España
42 Ley 35/2003, de 4 de noviembre, de Instituciones de Inversión Colectiva.
43 INVERCO.
23. El porcentaje más elevado de fondos de inversión se encuentra invertido en fondos internacionales (un 37,8 % del total), y dentro de estos son fondos de renta fija, mixta y variable, los que copan el mayor porcentaje (un 46 % del total
de fondos internacionales).
Distribución de activos en fondos de inversión por categorías (millones de euros)
Fuente: INVERCO
24. El porcentaje de hogares 'jóvenes', donde el cabeza de familia tiene menos de 35 años que tiene como parte de su activo fondos de inversión, se ha reducido en el periodo 2014-2017 desde el 2,4 al 1,4 %. El resto de tramos presenta
subidas, excepto el tramo entre 55 y 64 años que presenta un ligero descenso.
Porcentaje de familias, por tramos de edad del cabeza de familia, que cuentan con fondos de inversión como parte de su activo
Fuente: Banco de España
25. Las familias jóvenes han perdido interés en la inversión en fondos de inversión, hecho especialmente preocupante debido a la incertidumbre que presentan las futuras prestaciones del sistema público de pensiones.
26. Es necesario realizar campañas de comunicación entre los más jóvenes de cara a lo siguiente:
a) Informar del sistema público de pensiones y de los factores que determinan la cuantía de la pensión contributiva a recibir.
b) Advertir de las tensiones a las que está sometido el Sistema Público de Pensiones.
c) Dar a conocer vehículos de inversión, poniendo en valor las ventajas fiscales y su función como rentas complementarias en el momento de la jubilación.
27. En este punto es fundamental dar a conocer cómo funciona el interés compuesto. Es el interés de un capital al que se van sumando sus créditos o intereses para producir otros. Es decir, el interés compuesto es el que se obtiene cuando
los intereses que generan nuestros productos de ahorro e inversión generan nuevos intereses. La tasa de interés se aplica sobre un capital que va incrementando, aumentando los intereses en cada periodo. Por tanto, se trata de un proceso geométrico
donde el capital en un momento dado es resultado de multiplicar el capital en un periodo anterior por un número fijo (rentabilidad).
28. La encuesta de Competencias Financieras, contenida en el Plan de Educación Financiera 2018-2021, indica el bajo grado de conocimiento del interés compuesto, dado que un 54 % de los encuestados o desconocían o daban una respuesta
incorrecta sobre esta cuestión.
29. Esta cuestión es fundamental en la inversión en fondos, ya que el capital inicial se verá incrementado por los rendimientos obtenidos, aumentando la base para futuras revalorizaciones . De esta forma el capital inicial, se incrementará
notablemente en un plazo suficientemente amplio y con unas rentabilidades aceptables. Los efectos del interés compuesto se aceleran con el tiempo y se materializan al cabo de bastantes años 44. Por ejemplo, un joven que con 25 años y con un
capital inicial de 1.000 euros, invierta 100 euros mensuales en un fondo que le garantice un tipo de interés mínimo del 4 % anual, con 65 años tendrá un capital acumulado de 120.907,40 euros. El siguiente gráfico detalla el efecto multiplicador del
tiempo y de la rentabilidad.
30. Las virtudes del interés compuesto se pueden aplicar a los dos tipos principales de fondos de inversión: los de gestión activa y los de gestión pasiva:
a) Gestión activa: contienen activos tanto de renta fija como variable. Los gestores, en busca de maximizar la rentabilidad y/ o minimizar el riesgo, cambian frecuentemente la composición del fondo. El incremento del patrimonio del mismo
a causa de las rentabilidades obtenidas incrementará la base sobre la que se aplicarán sucesivas rentabilidades, en un proceso que se acelerará en caso de no producirse reembolsos.
b) Gestión pasiva: contienen activos tanto de renta fija como de variable y su principal diferencia con los fondos de gestión activa es que no tratan de batir a un mercado en cuanto a rentabilidad, sino que replican la estructura de un
índice, minimizando costes. Al igual que los fondos de gestión activa se benefician del interés compuesto en caso de no producirse reembolsos.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente:
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a promover la realización de un nuevo Plan de Educación Financiera 2022-2025, incluyendo en el mismo información, dirigida especialmente a los
44 Eloi Noya.Fin tech. Ahorro e inversión en la era financiera digital. Editorial Almuzara S.L 2021.
jóvenes, relativa al funcionamiento del sistema público de pensiones y los fondos de inversión, haciendo especial énfasis en la función de estos últimos como complemento de la pensión pública, así como las ventajas fiscales que poseen.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de septiembre de 2021.-Inés María Cañizares Pacheco, Rodrigo Jiménez Revuelta, Víctor González Coello de Portugal, Pablo Sáez Alonso-Muñumer y Rubén Silvano Manso Olivar, Diputados.-Macarena Olona
Choclán e Iván Espinosa de los Monteros de Simón, Portavoces del Grupo Parlamentario VOX.
Comisión de Sanidad y Consumo
161/003177
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Socialista, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la aprobación y desarrollo del Plan Estratégico de Salud y Medio Ambiente,
para su debate en la Comisión de Sanidad y Consumo.
Exposición de motivos
Existe consenso de la comunidad científica relativo a la existencia del cambio climático. Así lo refrendan los diversos informes del Grupo lntergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC).
Recientemente, ha sido publicado el informe del Grupo de Trabajo I del Sexto Informe de Evaluación, en el que se concluye, cambios, en muchos casos irreversibles durante siglos o milenios, en el clima de la Tierra en todas las regiones y en
el sistema climático en su conjunto, y donde la influencia humana en dichos cambios es indiscutible. Se destaca que las emisiones de gases de efecto invernadero procedentes de las actividades humanas son responsables de un calentamiento de
aproximadamente 1,1 ºC, y se prevé que la temperatura media mundial durante los próximos 20 años alcanzará o superará un calentamiento de 1,5 ºC.
Según el informe, este aumento de temperatura, en el caso de un incremento de hasta 2 ºC, supondrá que los episodios de calor extremo alcanzarían umbrales de tolerancia graves para la agricultura y la salud.
El calentamiento global, por tanto, no es un fenómeno exclusivamente ambiental, también trae consigo consecuencias económicas, sociales y especialmente graves sobre la salud pública.
La OMS afirma que 'el cambio climático incide en los determinantes sociales y medioambientales sobre la salud de la población, relacionados con un aire limpio, agua potable, alimentos suficientes y una vivienda segura'.
Las consecuencias del cambio climático son un grave problema de salud pública, con una importante mortalidad y morbilidad asociada.
La OMS estima que 'entre 2030 y 2050 el cambio climático causará unas 250.000 defunciones adicionales cada año, debido a la malnutrición, el paludismo, la diarrea y el estrés calórico'.
Cabe destacar que en Europa se calcula que se producen alrededor de 1,4 millones de muertes al año debidas a causas relacionadas con el medio ambiente.
Según un estudio reciente del Instituto de Salud Global de Barcelona (ISGlobal), 'Projections of temperature-attributable mortality in Europe: a time series analysis of 147 contiguous regions in 16 countries', en Europa se va a ver
incrementada la mortalidad como consecuencia del calor extremo, especialmente en el arco mediterráneo. De manera que si no se siguen reforzando las medidas para mitigar las consecuencias del calentamiento global, en el escenario de emisiones más
altas sin adaptación, las proyecciones de mortalidad por temperaturas extremas, se verán sobrepasadas a la mortalidad atribuible al frío.
Según datos del informe sobre 'Impactos del Cambio Climático en la Salud' del Ministerio de Sanidad, en España son atribuibles 13.915 muertes a los efectos de partículas en suspensión y 947 al ozono.
Además, la contaminación atmosférica puede provocar la aparición y agravamiento de enfermedades respiratorias, como el asma y el EPOC en adultos, así como enfermedades cardiovasculares y cánceres.
Según la OMS, 'la disminución de las emisiones de gases de efecto invernadero pueden traducirse en mejoras de la salud', especialmente mediante la reducción de la contaminación atmosférica.
Por todo ello, la importancia de que la comunidad internacional se haya comprometido con hacer frente a las consecuencias sanitarias del cambio climático. Así, en la 61.ª Asamblea Mundial de la OMS, se instó a los Estados miembros a
elaborar medidas sanitarias y su incorporación en los planes de adaptación al cambio climático, reconociendo así el impacto del cambio climático en la salud pública. Con el objetivo de que los Estados reforzasen 'la capacidad de los sistemas de
salud para vigilar y reducir al mínimo las repercusiones del cambio climático en la salud pública mediante medidas apropiadas de prevención, preparación, respuesta oportuna y gestión eficaz de desastres naturales'.
En este marco y en consonancia con los compromisos internacionales de nuestro país con la Unión Europea, Directivas y Reglamentos y demás legislación europea sobre salud y ambiente, la OMS, Europa 2020, Agenda 2030 para el Desarrollo
Sostenible (2015), el Pacto Verde Europeo (2019), el Acuerdo de París sobre cambio climático (2015) y la Estrategia de sostenibilidad de la UE para las sustancias químicas (2020), el Gobierno de España ha presentado recientemente el borrador del
Plan Estratégico de Salud y Medio Ambiente.
Este Plan Estratégico forma parte de la más amplia Estrategia de Salud Pública, recogida en la Ley de Salud Pública y amparada por el artículo 43 de la Constitución Española, que contempla el derecho a la protección de la salud.
Este documento ha sido elaborado por el Ministerio de Sanidad, en coordinación con el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, y con la participación de expertos de cada una de las áreas temáticas que tienen un mayor
impacto sobre la salud pública, de las Comunidades Autónomas y de la Administración General del Estado, para que nuestro país cuente con una herramienta de gestión eficaz que pueda hacer frente a los desafíos ambientales actuales, de manera que se
posibilite una organización que permita una adecuada coordinación entre el sector salud y otros sectores.
Según el borrador del Plan Estratégico, 'su objetivo principal es promover entornos saludables que ayuden a conseguir los objetivos de salud de la población y disminuyan los riesgos derivados de los factores ambientales y sus condicionantes,
disminuyendo la carga de enfermedades e identificando nuevas amenazas, teniendo especialmente en cuenta las desigualdades sociales y el impacto económico. Para todo ello, se facilitará el desarrollo de políticas en materia de salud ambiental'.
Este plan servirá para anticipar amenazas y riesgos emergentes derivados del cambio climático, así como la exposición a los factores químicos, físicos y biológicos que influyen en la salud ambiental.
Su ejecución debe fortalecer las capacidades técnicas, los sistemas de vigilancia epidemiológica de la exposición a factores ambientales, la calidad de las evaluaciones de los riesgos, la capacidad de diálogo con los agentes implicados y la
rápida respuesta ante los riesgos ambientales.
En este contexto, la epidemiología ambiental tiene como objetivo relacionar la exposición y sus efectos en la salud humana, identificando las causas ambientales de las enfermedades, como, por ejemplo, los contaminantes del aire y del agua,
contaminantes de los alimentos o las características del entorno construido en las poblaciones, entre muchos otros.
El reto actual es poder desarrollar una perspectiva multidisciplinaria que fomente la identificación de los factores causales de la enfermedad y que se puedan desarrollar intervenciones más efectivas para prevenir la enfermedad, en el marco
de la equidad y la promoción de ambientes saludables.
En España, existen diversos organismos dedicados a la investigación y evaluación de la epidemiología ambiental, siendo uno de ellos el Instituto de Salud Carlos III (ISCIII). Adscritos al ISCIII, se encuentran el Centro Nacional de Sanidad
Ambiental, especializado en los aspectos sanitarios derivados de la contaminación medioambiental, y la Unidad de Epidemiología del Cáncer y Ambiental (Centro Nacional de Epidemiología), que proporciona información sobre la epidemiología del cáncer
en España y sus determinantes, desde una perspectiva de salud pública. Otro organismo dependiente del ISCIII es el Centro de Investigación Biomédica en Red-Epidemiología y Salud Pública (CIBERESP), que centra sus actividades en conocer la magnitud
y la distribución de los problemas de salud pública e identificar los factores determinantes de los mismos. Hay varios Centros de Investigación (CSIC, CIEMAT, etc.) y Universitarios que pueden aportar un valioso conocimiento sobre la influencia de
los factores ambientales en la salud humana. Otras instituciones reconocidas por su labor en la sanidad ambiental son la Sociedad Española de Sanidad Ambiental (SESA), que se centra en el estudio e identificación de los factores de riesgo
ambientales y sus
efectos para la salud; y la Sociedad Española de Epidemiología (SEE), y la Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria (SESPAS) que promueven múltiples grupos de trabajos dedicados a los estudios, opiniones o valoraciones
acerca de los problemas de salud de la sociedad, a la vez que fomentan el estudio y mejor conocimiento de la epidemiología, en todas sus vertientes.
La Unidad de Sanidad Ambiental del Ministerio de Sanidad debe asumir la coordinación de todas estas entidades dedicadas a la vigilancia y epidemiología ambiental. La información obtenida permitirá evaluar las consecuencias de los problemas
ambientales que impliquen un riesgo para la salud, para posteriormente desarrollar las medidas más adecuadas de protección de la salud.
Por todo lo anteriormente expuesto, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Aprobar el Plan Estratégico de Salud y Medio Ambiente (PESMA), para su posterior remisión al Consejo lnterterritorial del Sistema Nacional de Salud, para su análisis, valoración e implementación en coordinación con las Comunidades
Autónomas.
2. Aportar la financiación necesaria que permita dotar al Ministerio de Sanidad y a las Unidades de salud ambiental de las Comunidades Autónomas de los recursos técnicos y humanos necesarios para la aplicación efectiva del Plan Estratégico
de Salud y Medio Ambiente.
3. Crear una Unidad de Evaluación de riesgos y Vigilancia Epidemiológica de los efectos derivados de la exposición a los factores ambientales, que aporte las mejores evidencias de la relación entre salud y ambiente.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de septiembre de 2021.-Ana Prieto Nieto, Diputada.-Guillermo Antonio Meijón Couselo y Rafaela Crispín Rubio, Portavoces del Grupo Parlamentario Socialista.
161/003199
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley para reforzar el papel de los profesionales farmacéuticos en la promoción
y protección de la salud, para su debate en la Comisión de Sanidad y Consumo.
Exposición de motivos
La pandemia de COVID-19 ha supuesto una grave emergencia sanitaria que ha afectado a todo el planeta, pero que se ha cebado especialmente con nuestro país. Durante mucho tiempo se ha dicho que nuestro sistema sanitario era uno de los
mejores del mundo, pero esta crisis de salud pública ha puesto en evidencia muchos aspectos del Sistema Nacional de Salud que necesitan reformas o mejoras sustanciales. Sí es cierto, en cambio, que la situación tan crítica que hemos vivido en los
pasados meses ha demostrado que contamos con unos profesionales sanitarios de primer orden, y su compromiso durante este tiempo ha ido, en general, mucho más allá de su estricto deber.
Pese a ello, hay un colectivo de profesionales sanitarios que sigue jugando un papel menor al que le correspondería en la prevención y atención sanitaria: los farmacéuticos. En 2020, había en España 75.260 farmacéuticos colegiados, siendo
el perfil en un 71,6 % mujeres y en un 43,9 % profesionales menores de 44 años. El 87,7 % de los farmacéuticos en activo ejerce en farmacia comunitaria y destacan por número de colegiados otros ámbitos profesionales como Alimentación, Dermofarmacia
y Ortopedia con 12.063, 11.665 y 10.352, respectivamente; le siguen la Farmacia Hospitalaria con 2.014 colegiados; los Análisis Clínicos con 1.914; la Industria y Distribución farmacéutica, con 1.246 y 835, respectivamente; Óptica y Acústica,
1.793; Administración y Salud Pública, 959, y Docencia e Investigación, 340.
En España hay, además, 22.102 farmacias comunitarias, de las cuales el 35,7 % están situadas en capitales de provincia y el resto, un 64,3 % en otros municipios, existiendo 2.128 en pueblos de menos
de 1.000 habitantes de las que 1.208 se encuentran en núcleos de menos de 500, jugando un papel fundamental en la asistencia a personas que viven en zonas poco densamente pobladas o en zonas rurales. Es precisamente en estas áreas en las
que los profesionales farmacéuticos demuestran el valor añadido que aportan, por ejemplo, en materia de detección temprana de dolencias y patologías, en facilitación de la adherencia terapéutica por un conocimiento más cercano de los pacientes o,
también, en materia de uso racional de medicamentos y productos sanitarios, entre otros.
Durante los meses de restricciones al movimiento y en los que los centros de salud se encontraban al borde del colapso, las oficinas de farmacia se han convertido, además, en el punto clave de referencia sanitaria para millones de españoles,
especialmente para pacientes vulnerables y con enfermedades crónicas que no podían acudir a sus consultas médicas habituales por su exposición al COVID-19. Los profesionales de las oficinas de farmacia también han sido claves en la dispensación de
medicamentos con entrega en el domicilio o en la entrega de medicamentos de ámbito hospitalario.
Desde el GP Ciudadanos tenemos claro que las oficinas de farmacia deben ser el primer nivel de la asistencia sanitaria, y así lo hemos defendido a lo largo de esta pandemia. Por ejemplo, nuestro grupo parlamentario propuso que se incluyera
a los profesionales de las oficinas de farmacia en los esfuerzos de cribado para detectar brotes de COVID-19 en núcleos poblacionales, o también que se les habilitara para acceder a la Historia Clínica Digital de los pacientes y que pudieran, en
determinados casos, prescribir medicamentos para tratamientos ya iniciados. Más recientemente, también desde el GP Ciudadanos planteamos la necesidad de que se habilitara a las oficinas de farmacias para la venta de pruebas autodiagnósticas de
COVID-19, tal y como venían planteando desde hace tiempo los profesionales. Tras las reticencias iniciales del Gobierno de España, finalmente la Ministra de Sanidad admitió que esta medida había sido un acierto y la venta de pruebas
autodiagnósticas estaba funcionando muy bien.
En definitiva, consideramos que es necesario hacer honor al papel y la disposición que los profesionales farmacéuticos han demostrado tener en esta pandemia y reforzar su posición en el Sistema Nacional de Salud.
Por este motivo, y por el Día Mundial del Farmacéutico que se celebra el 25 de septiembre, el Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados acuerda reconocer el papel fundamental que los profesionales farmacéuticos desempeñan en el Sistema Nacional de Salud e insta al Gobierno a:
1. Impulsar una cartera unificada de servicios asistenciales que puedan prestar las oficinas de farmacia para descongestionar la presión asistencial de la Atención Primaria, de forma acordada con las Comunidades Autónomas, para incluir
procedimientos como la revisión y prescripción de medicamentos, el control de la adherencia terapéutica de tratamientos o el seguimiento farmacoterapéutico.
2. Asegurar el acceso de los profesionales de las oficinas de farmacia al historial farmacoterapéutico de los pacientes, tanto en lo referente a los medicamentos prescritos en el ámbito del Sistema Nacional de Salud como por parte de
profesionales de la sanidad privada, unificando los historiales actuales y haciéndolos accesibles en formato digital.
3. Aprobar una nueva Estrategia Nacional de Salud Pública que cuente con la Farmacia Comunitaria y que le otorgue un papel reforzado en el nuevo sistema de vigilancia de salud pública que el Gobierno tiene previsto poner en marcha.
4. Facilitar el acceso de los profesionales farmacéuticos a competencias digitales para poder aprovechar la transformación digital del sistema sanitario que se tiene previsto financiar con fondos europeos Next Generation EU y la integración
en red de las oficinas de farmacia con el Sistema Nacional de Salud.
5. Revisar, de forma conjunta con las Comunidades Autónomas, los sistemas de incentivos económicos y fiscales para el establecimiento y mantenimiento de las oficinas de farmacia situadas en zonas poco densamente pobladas y zonas rurales,
debido a su labor de fijación de población.
6. Establecer un plan por el uso racional de medicamentos y productos sanitarios que tenga como prioridad las actuaciones en torno a las oficinas de farmacia y pueda aprovechar la relación cotidiana que los farmacéuticos de la Farmacia
Comunitaria tienen con los pacientes.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de septiembre de 2021.-Guillermo Díaz Gómez, Diputado.-Edmundo Bal Francés, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
161/003213
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley
sobre el Trastorno de Compra Compulsiva, para su debate en la Comisión de Sanidad y Consumo.
Exposición de motivos
La Estrategia Nacional sobre Adicciones 2017-2024 incorpora a su ámbito de actuación las denominadas 'adicciones comportamentales' o 'adicciones sin sustancia' que la doctrina asocia con aquellas que suponen la pérdida de control sobre una
conducta que genera la aparición de consecuencias adversas y una falta de resistencia al impulso o tentación de realizar un acto dañino para sí mismo o para otros. Dicha Estrategia señala que las adicciones sin sustancia (...) han irrumpido de
manera notable en los últimos años y su presencia ya se está dejando notar en las demandas asistenciales. Si bien es cierto que la tipología de adicciones comportamentales es abordada como un nuevo campo por la Estrategia Nacional sobre Adicciones,
su actuación se centra especialmente en el juego de apuesta (presencial y online), los videojuegos y otras adicciones a través de nuevas tecnologías.
Según el Informe sobre Adicciones Comportamentales, elaborado por el Observatorio Español de las Drogas y las Adicciones, aplicando los criterios del Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales de la Asociación Americana de
Psiquiatría (DSM-V), en 2017 un 2 % de la población de 15 a 64 años realizaría un posible juego problemático y un 0,5 % un posible trastorno de juego. Respecto al uso de Internet, un 2,9 % de la población de 15 a 64 años realizaría un posible uso
compulsivo de internet y un 6,1 % de los estudiantes de 14 a 18 años presentaría un posible trastorno por uso de videojuegos. Estudios específicos sobre la prevalencia de la compra compulsiva, considerada por muchos psiquiatras dentro de la
tipología de adicciones sin sustancia, realizados en otros países, principalmente Estados Unidos, estiman que este tipo de adicción puede afectar entre el 2 y el 8 % de la población. Estudios realizados en Bizkaia o en Galicia, en el ámbito
autonómico, han estimado en más de un 5 % las personas consumidoras que pueden ser adictas a las compras. Esta patología podría incluirse, al igual que otras adicciones comportamentales, dentro de los trastornos de los hábitos y del control de los
impulsos del CIE-11 con características como la presencia de impulsos irresistibles a ejecutar un acto y la incapacidad para la reflexión previa al acto conductual, que se manifiesta en una doble vertiente: la dificultad para resistir el impulso y
la precipitación a los estímulos.
El Trastorno de Compra Compulsiva, conocido por sus siglas en inglés como CBD (Compulsive Buying Disorder) se caracteriza por la pérdida de control sobre la compra, la adquisición de artículos innecesarios o no deseados, causando
consecuencias negativas significativas como la acumulación de deudas o la angustia psicosocial. Este trastorno fue descrito por los padres de la psiquiatría moderna, Kraepelin y Bleuler, que lo incluyeron en sus libros de texto describiéndolo como
una monomanía y lo denominaron oniomanía.
Autores como Faber y o·Guinn (1988) han llamado la atención sobre la necesidad de considerar la incidencia de factores sociológicos, tales como la cultura materialista fomentada desde el lado de la oferta y difundida por los medios de
comunicación, y factores psicológicos como el consumo compulsivo, es decir, la compra excesiva motivada por un deseo de hacer frente a otros problemas psicológicos, en el análisis de las causas del sobreendeudamiento. Esta incidencia en el
sobreendeudamiento familiar hoy está clara. En el documento informativo del Comité Económico y Social Europeo 'El sobreendeudamiento de los Hogares (2000)', ya se citaba como un factor principal del sobreendeudamiento, 'el descontrol en la gestión
familiar de recursos y rentas que incluyen situaciones como la propensión al consumismo, que puede llegar incluso a una adicción al consumo (bulimia de consumo)'.
Además de relacionarse con problemas de sobreendeudamiento o imposibilidad de hacer frente a las deudas, el Trastorno de Compra Compulsiva provoca distrés psicológico y se asocia con problemas que van desde la disminución del rendimiento
escolar hasta los intentos autolíticos en los casos más graves.
El auge de la compra online supone un elemento de riesgo añadido en este tipo de trastornos. Las características de Internet favorecen la desinhibición y facilitan el hecho de actuar de forma impulsiva con
menos control que en la compra presencial. Además, el acto de comprar se realiza sin la entrega de dinero físico, con lo que disminuye la percepción sobre las consecuencias negativas.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Estudiar la existencia de 'compra compulsiva' como entidad nosológica, mediante la realización de estudios llevados a cabo por las asociaciones de profesionales o las agencias de evaluación de tecnologías sanitarias de la red del SNS,
que permitan disponer de una definición de la que partir para su posible introducción en futuras estrategias y encuestas.
2. En colaboración con las asociaciones de consumidores de ámbito estatal, mejorar la formación de las personas consumidoras con objeto de reducir el impacto de las campañas publicitarias y las técnicas de marketing en la compra por
impulso.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de septiembre de 2021.-Marisol Sánchez Jódar y Daniel Vicente Viondi, Diputados.-Guillermo Antonio Meijón Couselo y Rafaela Crespín Rubio, Portavoces del Grupo Parlamentario Socialista.
161/003214
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, me dirijo a esta Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley sobre
viajes combinados, para su debate en la Comisión de Sanidad y Consumo.
Exposición de motivos
Las restricciones de la movilidad para impedir la propagación de las infecciones por el coronavirus SARS-CoV-2 han causado un gran impacto en toda Europa, tanto entre los organizadores de viajes combinados como entre los proveedores de otros
servicios turísticos que forman parte de viajes combinados.
En aplicación de lo dispuesto por la Directiva (UE) 2015/2302 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de noviembre de 2015, relativa a los viajes combinados y a los servicios de viaje vinculado, traspuesta a nuestro ordenamiento jurídico
en diciembre de 2018, la imposibilidad de ejecutar el contrato por circunstancias inevitables y extraordinarias obligaba al organizador o al minorista a reembolsar a los viajeros las cantidades abonadas por estos en los viajes, contratados y
cancelados, en un plazo no superior a catorce días naturales.
Las restricciones a la movilidad, imposibles de prever en el momento la aprobación de la normativa, han provocado una grave situación a cientos de minoristas que se han encontrado ante la obligación de hacer frente al reembolso de cantidades
que ellas ya habían abonado a sus proveedores y que no habían podido recuperar.
Para tratar de hacer frente a esta situación, el Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptaban medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19, estableció en su artículo 36
(modificado por la disposición final quinta del Real Decreto-ley 21/2020, de 9 de junio) que 'en el supuesto de que se trate de contratos de viaje combinado, que hayan sido cancelados con motivo del COVID-19, el organizador o, en su caso, el
minorista podrán entregar al consumidor o usuario, previa aceptación por parte de este, un bono para ser utilizado dentro de un año desde la finalización de la vigencia del estado de alarma y sus prórrogas, por una cuantía igual al reembolso que
hubiera correspondido. Transcurrido el periodo de validez del bono sin haber sido utilizado, el consumidor podrá solicitar el reembolso completo de cualquier pago realizado, que deberá abonarse, a más tardar, en 14 días, siempre que el motivo de la
cancelación sea con motivo del COVID-19, o 'como consecuencia de las medidas adoptadas por las autoridades competentes durante la vigencia del estado de alarma o durante las fases de desescalada o nueva normalidad'.
La normativa, adaptada a la Recomendación (UE) 2020/648 de la Comisión, de 13 de mayo de 2020, relativa a los bonos ofrecidos a los pasajeros y a los viajeros como alternativa al reembolso de viajes combinados y servicios de transporte
cancelados en el contexto de la pandemia de COVID-19, trata de hacer frente a una situación insostenible de tesorería e ingresos de organizadores y minoristas, tratando de aliviar los problemas de liquidez a la vez que se garantiza una mayor
protección de los viajeros.
Se trata de una situación tremendamente complicada, tanto para el consumidor final como para los operadores turísticos, la mayor parte de ellos autónomos y pequeñas pymes, así como para el sector del transporte de viajeros, y cuya solución
se podría haber canalizado de haberse previsto en la normativa europea circunstancias extraordinarias como la acaecida por la pandemia provocada por el coronavirus SARS CoV-2.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Modificar el régimen de garantías, dentro del margen permitido por la Directiva (UE) 2015/2302, relativa a los viajes combinados y a los servicios de viaje vinculados, para aunar los distintos intereses de las partes sin menoscabar los
derechos de los viajeros, de forma que los operadores económicos pasen a responder por los aspectos que estén dentro de su ámbito de gestión.
2. Seguir reforzando el cumplimiento de la normativa que regula los derechos de los viajeros en relación con los distintos servicios que incluyen los viajes combinados.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de septiembre de 2021.-Marisol Sánchez Jódar, César Joaquín Ramos Esteban y Adolfo Pérez Abellás, Diputados.-Guillermo Antonio Meijón Couselo y Rafaela Crespín Rubio, Portavoces del Grupo
Parlamentario Socialista.
Comisión de Ciencia, Innovación y Universidades
161/003208
A la Mesa Del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley, sobre el reconocimiento de mujeres investigadoras en los nombres
de los Premios Nacionales de Investigación, para su debate en la Comisión de Ciencia, Innovación y Universidades.
Exposición de motivos
Los Premios Nacionales de Investigación son los principales galardones que otorga el Ministerio de Ciencia e Innovación a los científicos más prometedores de nuestro país. Por ello, precisamente, estos diferentes premios -en sus diversas
disciplinas- llevan los nombres de figuras relevantes de la ciencia y la tecnología españolas. Por ejemplo, el Premio Nacional de Biología lleva el nombre de Santiago Ramón y Cajal, el de Humanidades se denomina en honor a Ramón Menéndez Pidal, el
de Medicina lleva el nombre del doctor Gregorio Marañón y el de Transferencia de Tecnología se denomina en honor al ingeniero e inventor Juan de la Cierva.
El pasado mes de marzo, el Ministerio de Ciencia e Innovación tomó la decisión de eliminar los nombres de estos premios, presuntamente porque no reconocían la labor que las mujeres científicas e investigadoras habían hecho al avance de la
ciencia en España. Sin embargo, meses después el Ministerio de Ciencia e Innovación dio marcha atrás debido a la contestación popular por eliminar a estos ilustres científicos de los Premios Nacionales de Investigación. Curiosamente, en esa marcha
atrás, hecha oficial el pasado 18 de septiembre, el Ministerio decidió mantener los nombres previos y no incluir a ninguna mujer científica en los reconocimientos.
Desde el GP Ciudadanos hemos llevado a cabo varias iniciativas para mejorar la visibilidad de las mujeres científicas españolas, y nuestro compromiso con asegurar la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres a la hora de acceder a la
ciencia y la tecnología es claro. Por ello, consideramos que, aprovechando la rectificación del Gobierno, mejor habría sido diversificar los nombres de los Premios para reconocer mejor la labor de españolas como Margarita Salas, Jimena Fernández de
la Vega, Ángeles Alvariño o Pilar Careaga.
Teniendo esto en cuenta, el Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta la siguiente:
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a asegurar una mejor representación de la aportación científica que han realizado las mujeres españolas a la ciencia y la innovación mediante el nombramiento de más Premios Nacionales de
Investigación en honor a mujeres científicas e investigadoras.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de septiembre de 2021.-Juan Ignacio López-Bas Valero, Diputado.-Inés Arrimadas García, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
Comisión de Igualdad
161/003181
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley, sobre medidas en favor de las mujeres
y niñas de Afganistán, para su debate en la Comisión de Igualdad.
Exposición de motivos
La igualdad entre mujeres y hombres es un principio jurídico universal reconocido desde hace décadas en diversos textos internacionales sobre derechos humanos y un principio fundamental de la Unión Europea que debe integrarse en todas las
políticas y acciones de sus Estados miembros.
A las pocas horas de que los talibanes se hicieran con el control de Kabul, Zabihullah Mujahid, su portavoz, aseguró en una conferencia de prensa que 'honrarían los derechos de las mujeres y los medios de comunicación independientes, pero
dentro de los ''marcos'' de la ley islámica' 45. La historia, sin embargo, dice lo contrario. Cuando los talibanes tomaron el control del país en 1996 a las mujeres afganas se les prohibió asistir a la escuela, trabajar fuera de casa y salir a la
calle sin un acompañante masculino. Las viudas no podían trabajar y mendigar era su único medio de supervivencia.
En Afganistán, de nuevo, este principio jurídico universal se ha visto conculcado con la llegada al poder del régimen talibán, los antecedentes así lo acreditan y ya se ha empezado a vislumbrar por las noticias que llegan desde ese país.
El burka, símbolo de la opresión a la que se vieron sometidas las mujeres afganas de 1996 a 2001, ha vuelto a aparecer en las calles de Kabul y de otras ciudades y pueblos de Afganistán.
En Afganistán existen casi 39 millones de habitantes, de los que casi 19 millones son mujeres. A partir de 2001 se llevaron a cabo avances significativos para ellas, debido a la mejora de oportunidades de educación y empleo, y a las
reformas legales que fueron posibles gracias a la capacitación de un grupo de Abogadas, Fiscales y Juezas, y mediante la adopción de nuevas leyes, entre las que destaca la Ley contra la Violencia de Género.
Esta Ley, promulgada en 2009 y ratificada en 2018, tipifica como delitos penales 22 actos de abuso contra mujeres entre los que se incluyen la violación, el matrimonio forzado, o prohibir el acceso al trabajo o la educación en mujeres y
niñas.
En 2001 no había niñas en las escuelas de primaria, en 2002 eran un 43 % y en 2018 un 83 %. El 21 % de las matrículas de la Educación secundaria corresponde a niñas, y de los 3,7 millones de niños que no asisten a la escuela, 2,2 millones
son niñas.
45 https://www.bbc.com/mundo/noticias-internaciona 1-58250263.
Todas estas mejoras se han visto frenadas en seco con la llegada al poder de los talibanes, suponiendo un importante retroceso en la mejora de la calidad de vida de las mujeres y niñas afganas y en la consecución de su igualdad.
El futuro en Afganistán, extremadamente complicado para todos, se presenta aún más trágico para las mujeres y los niños, quienes en el primer semestre de 2021 representaron el 46 % de todas las víctimas civiles registradas, siendo el 32 %
niños (1.682 en total, 468 muertos y 1.214 heridos) y el 14 % mujeres (727 en total, 219 muertas y 508 heridas) 46. Si en cualquier contexto de conflicto siempre es especialmente preocupante la situación de las mujeres y los niños (en Afganistán,
de los 250.000 afganos desplazados entre mayo y principios de agosto, casi el 80 % eran mujeres y niños 47) , la vuelta de los talibanes al poder hace presagiar la violación sistemática de los derechos de las mujeres y las niñas (y especialmente de
las pertenecientes a minorías religiosas).
En este sentido, el Gobierno de España no ha reaccionado como debiera ante lo que está sucediendo, más bien, se ha visto con sorpresa e inquietud como, hace unos días, la Ministra de Igualdad, en un medio de comunicación, comparaba y
prácticamente equiparaba la situación actual de las mujeres afganas con las españolas. Increíble, pero cierto, y, sobre todo, profundamente irresponsable:
- En España, las mujeres pueden trabajar libremente y sin limitaciones.
En Afganistán, las mujeres no pueden trabajar, únicamente en algunos casos como médicos o enfermeras.
- En España, las mujeres pueden salir de sus casas cuando y a donde quieran.
En Afganistán, las mujeres no pueden hacer nada fuera de casa si no es en compañía de su marido, su padre o un hermano.
- En España, las mujeres pueden emprender, tener su propio negocio.
En Afganistán no pueden hacerlo.
- En España existe libertad de elección de médico.
En Afganistán, las mujeres no pueden ser tratadas por médicos o enfermeros.
- En España, las mujeres pueden y deben estudiar.
En Afganistán no pueden estudiar ni ir a la Universidad.
- En España, las mujeres se pueden vestir como deseen.
En Afganistán deben llevar obligatoriamente burka.
- En España, las mujeres crean moda, diseñan o arreglan ropa.
En Afganistán, las mujeres pueden ser azotadas si enseñan los tobillos. Tampoco pueden coser ropa o acudir a sastres.
- En España, las mujeres eligen a su pareja.
En Afganistán, las mujeres podrán ser lapidadas si son acusadas de tener relaciones extramatrimoniales.
- En España, las mujeres son libres.
En Afganistán pueden ser azotadas, golpeadas o insultadas si no visten según las reglas o por no ir acompañadas por un hombre.
- En España, las mujeres pueden usar o no, libremente, maquillaje.
En Afganistán no pueden usar cosméticos.
- En España, las mujeres tienen libertad de expresión y opinión.
En Afganistán, las mujeres no pueden hablar o estrechar la mano a hombres que no sean su marido, padre o hermano.
- En España, las mujeres se pueden reunir, mantener relaciones sociales libremente.
En Afganistán no pueden reírse en voz alta.
- En España, las mujeres pueden usar el calzado que deseen.
En Afganistán no pueden llevar zapatos de tacón.
- En España, las mujeres pueden utilizar el transporte público que consideren.
En Afganistán no pueden subir a un taxi sin un hombre que las acompañe, ni viajar en el mismo autobús que los hombres.
- En España, la presencia de las mujeres es visible en cualquier medio de comunicación.
En Afganistán no pueden participar en la radio, televisión o reuniones públicas.
46 htt ps://unama.unmissions.org/ civiIian-casualti es-set-hit -unprecedented-highs-2021-unIess-urgent-action stem-vioIence--un-report
47 https://news.un.org/en/story/2021/08/1097742
- En España, las mujeres practican deporte libremente.
En Afganistán no pueden practicar deporte, ni entrar en centros deportivos.
- En España, las mujeres conducen.
En Afganistán, ni pueden conducir, ni montar en bicicleta, ni siquiera si están acompañadas por un hombre.
- En España, las mujeres tienen libertad de reunión, de viajar, de celebrar lo que consideren oportuno.
En Afganistán no pueden reunirse con ocasión de festividades, ni siquiera religiosas.
- En España, las mujeres constituyen una parte esencial de nuestra historia, cultura, etc.
En Afganistán van a modificar las calles con nombre de mujer.
- En España, las mujeres pueden compartir sus experiencias, problemas cotidianos con vecinos, amigos, etc.
En Afganistán no pueden asomarse a ventanas, o balcones, ni ser vistas. Las ventanas deben tener cortinas opacas.
- En España existen baños públicos diferenciados para hombres y mujeres.
En Afganistán, las mujeres no pueden entrar en los baños públicos.
- En España, las mujeres realizan fotografías, y salen en ellas.
En Afganistán no pueden, ni lo uno, ni lo otro.
- En España, las mujeres escriben libros, salen en anuncios, revistas, etc.
En Afganistán, lo tienen prohibido.
Solo son algunas de las diferencias entre España y Afganistán, su comparación resulta imprudente, y declaraciones de estas características no coadyuvan a que sus derechos fundamentales no se vean suprimidos.
El Gobierno de España debe tomar parte en este asunto e instar a la Comunidad Internacional a no abandonar a las más vulnerables de Afganistán. Urge trabajar en una solución internacional que asegure la protección de los derechos humanos y
las ayudas necesarias a las mujeres y niñas afganas.
Es más, no se debe permitir que lo acaecido en este país se reproduzca en países de su entorno.
Hoy más que nunca deben tenerse presentes las palabras de Malala Yousafzai (Premio Nobel de la Paz) 'La educación es un poder para las mujeres, y eso es por lo que los terroristas le tienen miedo a la educación. Ellos no quieren que una
mujer se eduque porque entonces esa mujer será más poderosa'.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
- Desarrollar un Plan específico de asilo y refugio para todas aquellas mujeres afganas que han trabajado y colaborado con los países occidentales estos últimos 20 años.
- Impulsar proyectos entre los Ministerios competentes, especialmente el de Igualdad y Asuntos Exteriores, de ayuda y protección a las mujeres, y niñas afganas.
- Instar a la Comunidad Internacional para que desarrolle iniciativas que defiendan expresamente los derechos de las mujeres y niñas afganas.
- Solicitar a la Comunidad Internacional a actuar de manera urgente con el fin de protegerlas de la violencia, con el objetivo de salvaguardar su derecho a la salud, al trabajo, a la educación y a la libertad de movimiento, expresión,
reunión, etc.
- Requerir a la Ministra de Igualdad a retirar sus declaraciones públicas, resaltando la importancia que tiene la dramática situación que está viviendo este país, más concretamente las mujeres y niñas afganas.
- Que, el Congreso de los Diputados, repruebe a la Ministra de Igualdad por sus inadmisibles e injustas declaraciones públicas, dado que, por un lado, trivializan el dolor y sufrimiento de las mujeres y niñas afganas y, por otro lado,
ningunean el arduo trabajo que en materia de igualdad han realizado a lo largo de los años las administraciones públicas, instituciones, y sociedad en general, y que actualmente siguen luchando por este loable objetivo.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de septiembre de 2021.-María Auxiliadora Pérez Díaz, Edurne Uriarte Bengoetxea y Margarita Prohens Rigo, Diputadas.-Concepción Gamarra Ruiz-Clavijo, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso.
Comisión de Seguimiento y Evaluación de los Acuerdos del Pacto de Toledo
161/003198
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Socialista, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley para realizar un estudio sobre el sistema de Seguridad Social en base a la
Recomendación 1.ª del Pacto de Toledo, para su debate en la Comisión de Seguimiento y Evaluación de los Acuerdos del Pacto de Toledo.
Exposición de motivos
El sistema de Seguridad social ha sido y es un instrumento de protección de las personas en momentos de adversidad como cuando pierden el empleo, sufren un accidente o enfermedad, o cuando finalizan su vida profesional y requieren tener
ingresos suficientes.
El sistema de Seguridad Social ejerce de catalizador del bienestar de las personas, de la economía y de la cohesión social. De las personas y de la cohesión social por cuanto es un elemento emancipador que genera seguridad, autonomía y
capacidad para desarrollar su proyecto vital.
Y económicamente, porque a nadie se le escapa el importante peso tanto en los ingresos como en el gasto sobre los Presupuestos Generales del Estado. Concretamente, el gasto es del 42,1 %. O, cuando nos referimos al Fondo de Reserva o
'hucha de las pensiones', dotado de los excedentes de las cotizaciones, llegando a más de 67.000 M en 2011 y que fue un gran activo económico.
Desde hace décadas y de forma periódica, se cuestiona tanto la solvencia como la viabilidad del sistema. Los ataques directos alertando de su debilidad desde determinados sectores son habituales en el día a día. En cualquier caso, y si
bien las pensiones han dejado de ser una preocupación para los españoles, según indica el CIS de mayo de 2021, lo cierto es que se trata de una cuestión que no deja indiferente a nadie. Ni a mayores, ni a jóvenes, ni a las personas trabajadoras,
especialmente a las mujeres, personas con discapacidad o migrantes. Las pensiones preocupan a toda la ciudadanía.
Cada vez que se ha cuestionado el sistema de Seguridad Social, el grupo socialista ha afirmado de forma rotunda y reiterada que este es sostenible -a corto, medio y largo plazo- si se adoptan las medidas adecuadas que lleven a su equilibrio.
De hecho, ese fue el compromiso del actual presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en 2018 cuando presentó su propuesta de reforma para la sostenibilidad de las pensiones. Y este es el camino iniciado por la Ley de Presupuestos Generales del Estado
para 2021, así como la actual reforma de pensiones -que se encuentra en trámite parlamentario- y que recoge parte de las Recomendaciones contenidas en el Informe de Evaluación y Reforma del Pacto de Toledo, así como es fruto del diálogo social.
El Pacto de Toledo, en sus Recomendaciones aprobadas el pasado 19 de noviembre de 2020, orientan al Gobierno hacia la necesidad de hacer sostenible el sistema, a la vez que creíble y que genere confianza en la ciudadanía. Y ello ante la
desconfianza asentada en una parte de la ciudadanía y de los agentes económicos sobre su viabilidad que siembra incertidumbre en el propio sistema y que es necesario eliminar.
Y esta certidumbre ha de asentarse, entre otros elementos, en la transparencia. En este objetivo, se hace necesario que las ciudadanas y los ciudadanos tengan conocimiento sobre cómo ha funcionado el sistema a lo largo de su historia y,
especialmente, a qué se han destinado sus recursos. Más de una vez se ha hecho creer, de forma interesada, que las cotizaciones de las personas trabajadoras se han destinado a fines distintos a los que estaban legalmente prescritos.
A lo largo de más de 40 años el sistema de protección social ha sido la columna vertebral del sistema de bienestar. Y por ello, el grupo parlamentario socialista, recogiendo la inquietud y la incertidumbre artificialmente generada,
considera esencial dar una imagen fiel, tal y como recomienda el Pacto de Toledo en la Recomendación 1.ª relativa a la 'Consolidación de la separación de fuentes y restablecimiento del equilibrio financiero', que señala:
'(...) La asunción progresiva por el Estado de esta relación de gastos -que impropiamente financian las cotizaciones sociales- ha de implicar la modificación del artículo 109 de la Ley General de la Seguridad Social y debe ajustarse a un
calendario que permita acabar con el déficit financiero de la Seguridad Social y con la política de préstamos del sistema en un plazo breve de tiempo que no podrá exceder del año 2023. De este modo, se obtendrá un diagnóstico preciso de la
situación financiera del
sistema y con ello se contribuirá de forma decisiva a rebajar la alarma que las actuales dificultades financieras han generado y, en el largo plazo, a reforzar su sostenibilidad. La Comisión considera fundamental que la ciudadanía tenga una
imagen fidedigna de la situación de la Seguridad Social a partir del conocimiento preciso del decisivo papel que ha desempeñado en la construcción de las instituciones de nuestro Estado de bienestar. Para ello ha de elaborarse un estudio que
refleje en qué medida las cotizaciones sociales asumieron durante años el peso de la financiación de otras políticas del Estado. A los efectos de cuantificar esa formidable aportación hemos de remitimos a los datos que ofrece el Tribunal de Cuentas
en su Informe de fiscalización sobre la evolución económico-financiera, patrimonial y presupuestaria del sistema de la Seguridad Social a 31 de diciembre de 2018 (...).'
Y continua diciendo:
'(...) Si las cotizaciones se hubieran limitado a financiar prestaciones de naturaleza estrictamente contributiva, se habrían evitado dos problemas: En primer lugar, las tensiones generadas por la sobrecarga de las cotizaciones han alentado
un falso conflicto intergeneracional que oculta que, durante años, los excedentes del sistema se utilizaron para financiar otras políticas sociales y el desarrollo del propio sistema del Estado del Bienestar. En segundo lugar, el desequilibrio
presupuestario ha derivado en la concesión de préstamos del Estado a la Seguridad Social, cuando las reservas financieras del sistema habrían sido suficientes para cubrir las prestaciones contributivas. Ello ha generado una imagen distorsionada de
desequilibrio del sistema, generando alarmismo e incertidumbre a los pensionistas y al conjunto de la población (...).'
En base al contenido de la Recomendación anterior, se presenta esta iniciativa parlamentaria, con la finalidad de generar certidumbre y confianza, dando a conocer cómo el sistema de la Seguridad Social ha sido capaz de construir un amplio
mecanismo para dar protección a las personas y lo va a continuar siendo.
Los socialistas nos dirigimos a trabajadores y trabajadoras, jóvenes, personas con discapacidad y también a las personas que han migrado de su país y, desde luego, a los mayores. A todos ellos va dirigida esta iniciativa, con la intención
de que toda la ciudadanía tenga un conocimiento exacto, puntual y fiel sobre la evolución económico financiera de la Seguridad Social en las últimas décadas y su situación actual.
Por todo ello el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a realizar un estudio, por parte de la Intervención General de la Seguridad Social, que sea posteriormente evaluado por el Tribunal de Cuentas y remitido a la Comisión de Seguimiento y
Evaluación del Pacto de Toledo, en los términos que establece la Recomendación 1.ª del Pacto de Toledo, en su reformulación del año 2020.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de septiembre de 2021.-María Mercè Perea i Conillas, Gema López Somoza, María Olga Alonso Suárez, Javier Antón Cacho, Eva Bravo Barco, José Carlos Durán Peralta, Fuensanta Lima Cid, María Dolores
Narváez Bandera, María Inmaculada Oria López, Ana Prieto Nieto, Luis Carlos Sahuquillo García y Magdalena Valerio Cordero, Diputados.-Guillermo Antonio Meijón Couselo y Rafaela Crespín Rubio, Portavoces del Grupo Parlamentario Socialista.
Comisión de Seguimiento y evaluación de los Acuerdos del Pacto de Estado en materia de Violencia de Género
161/003179
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la implementación de las
medidas recogidas en el Pacto de Estado en materia de Violencia de Género para mujeres mayores de 65 años, para su debate en la Comisión de seguimiento y evaluación de los Acuerdos del Pacto de Estado en materia de Violencia de Género.
Exposición de motivos
En España, según los datos estadísticos del Padrón Continuo (INE) a 1 de enero de 2019 había 9.057.193 personas mayores, un 19,3 % sobre el total de la población (47.026.208). Las mujeres son mayoritarias en la vejez, superando en un 32 % a
los hombres (5.145.437 y 3.911.756, respectivamente), y esta principalidad es aún más acentuada cuanto más avanzada la edad.
A fecha 1 de enero de 2020 la población mayor de 64 años en España ascendía a 9,28 millones de personas, volviendo así nuevamente a incrementarse, como ocurriese en años anteriores. En enero de 2021, un 19,7 % tiene 65 años o más, 9.307.511
personas.
Entre las 1.092 mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas, desde el año 2003, año desde el que se dispone de datos, las que tenían más de 60 años fueron las que menos habían denunciado previamente a sus agresores, tal como ocurre en la
mayoría de los casos y, de forma aún más pronunciada, entre las mujeres más mayores. Son los casos más silenciosos, las víctimas invisibles. En el 92 % de los casos no había o no constan denuncias.
Son mujeres a las que les cuesta identificarse a sí mismas como víctimas de malos tratos. Que nacieron en un momento en que la sociedad prácticamente lo único que esperaba de ellas era un matrimonio para 'toda la vida' y un papel como
esposas, madres y cuidadoras subordinadas al marido.
En esa época no podían abrir una cuenta bancaria sin el permiso de ellos, trabajaban en mucho menor porcentaje que los hombres fuera de casa y estaba vigente el débito conyugal.
Según un estudio de diciembre de 2018 del Instituto Aragonés de la Mujer, la violencia que sufren las mujeres en la tercera edad constituye 'una suerte de punto ciego', entre otros, 'por la propia dificultad para estas mujeres, socializadas
en un régimen conservador, de identificarse como víctimas de malos tratos'.
En mayores de 65, el tipo de violencia más habitual es la psicológica, entre las más difíciles de detectar y de demostrar. Son mujeres que suelen tener una dependencia económica y una obediencia sepulcral a sus maridos, por lo que les
cuesta identificar el maltrato continuado, convirtiéndose en víctimas que no viven esa situación como una relación violenta.
Un total de 141 mujeres mayores de 61 años han sido asesinadas desde que arrancó la contabilidad oficial en 2003. Representan el 13,06 % del total.
El entorno rural es en el que hay menos medios y cuesta más detectar los casos, según señalan diferentes especialistas. Y es justo el entorno donde se concentra más la población de la tercera edad.
Si bien es cierto que en los últimos años se está notando un cambio en la percepción que tienen ellas de su propia realidad, quizás por lo que cuentan sus hijos o nietos o por lo que pueden ver en televisión, que implica, en muchas
ocasiones, que tomen consciencia de que lo que les pasa no es normal, aunque lo hayan tolerado siempre y no se atrevan a denunciarlo.
El Congreso de los Diputados aprobó, después de meses de comparecencias de personas expertas y de negociaciones entre los Grupos parlamentarios, el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, con el acuerdo de todos los Grupos
parlamentarios a excepción de Unidas Podemos, que, aunque había participado durante todo el proceso, decidió abstenerse en el último momento. En el Senado de España, un texto similar se aprobó paralelamente, ratificándose en diciembre de 2017, e
incorporando el Gobierno de Mariano Rajoy ambos documentos en un único texto que aporta más de doscientas medidas para mejorar el marco legislativo y de respuesta a la violencia de género en nuestro país.
En consecuencia, deben desarrollarse las medidas del Pacto de Estado en materia de Violencia de Género destinadas a víctimas mayores de 65 años, como se señala en su Eje 3, que se revisarán los planes de atención a las víctimas garantizando
un tratamiento personalizado, se potenciarán y adecuarán los recursos existentes y se facilitará el acceso a los mismos de todas las mujeres, con especial atención a los colectivos de mujeres más vulnerables como las mujeres mayores, las mujeres
migrantes, las mujeres con cualquier tipo de discapacidad, las mujeres de minorías étnicas y las mujeres que residan en el ámbito rural.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a desarrollar e implementar las medidas del Pacto de Estado en materia de Violencia de Género destinadas a mujeres mayores de 65 años, entre otras las siguientes:
- Medida 33:
Visibilizar en campañas y actuaciones a las mujeres mayores.
- Medida 75:
Establecer, desde una actuación coordinada y puesta en común de las diferentes actuaciones llevadas a cabo individualmente desde los distintos servicios, como funciones de las Unidades de apoyo, las siguientes:
Elaborar propuestas para mejorar el apoyo social, educativo, formación e inserción laboral, y también sobre la necesidad de articular ayudas, incluso económicas por carecer de recursos, o la prioridad para acceder a casas de acogida o pisos
tutelados, viviendas públicas o residencias de mayores.
- Medida 192:
Diseñar protocolos específicos o incorporar medidas especializadas en los que ya existen, para la atención de mujeres de colectivos más vulnerables, como las mujeres mayores, mujeres con diversidad funcional/discapacidad o mujeres migrantes
en situación irregular.
- Medida 254:
Elaborar campañas y materiales informativos contra la violencia sexual, las violencias sexuales y las diferentes realidades de las mujeres (edad, procedencia o situación de diversidad funcional/discapacidad), con el objetivo de que exista
una mayor conciencia social sobre estas formas de violencia de género.
Así como el resto que conlleven la mejora de detección, atención e intervención integral de mujeres mayores de víctimas de violencia de género.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de septiembre de 2021.-María Auxiliadora Pérez Díaz, Beatriz Álvarez Fanjul y Margarita Prohens Rigo, Diputadas.-Concepción Gamarra Ruiz-Clavijo, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso.
Comisión de Derechos de la Infancia y Adolescencia
161/003174
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley para fomentar la práctica deportiva en horario no lectivo, para
su debate en la Comisión de Derechos de la Infancia y Adolescencia.
Exposición de motivos
Según los datos de un estudio elaborado por el Instituto Nacional de Evaluación Educativa (INEE) en el año 2004 sobre las actividades del alumno fuera del horario escolar, el deporte es la actividad más practicada entre los estudiantes
escolarizados en la Etapa de Educación Obligatoria. Según los resultados del análisis realizado por el organismo público, el 73 % del alumnado de la Etapa de Educación Primaria y el 62 % del alumnado de la Etapa de Educación Secundaria realizaban
algún tipo de actividad deportiva.
Este estudio también destacaba que la participación en actividades extraescolares estaba relacionada con el nivel de estudios alcanzado por los padres. Concretamente, el INEE destacaba que a mayor nivel de estudios, mayor es la proporción
de alumnos que realizan más de una actividad extraescolar. Asimismo, los resultados también mostraban que 'los chicos participan en estas actividades en porcentaje más alto que las chicas en las dos etapas educativas analizadas y que, en conjunto,
los alumnos de centros privados lo hacen en mayor proporción que los alumnos de los centros públicos'.
Todos los indicadores apuntan a que la pandemia ha tenido un fuerte impacto en los ingresos de muchas familias de nuestro país. Del mismo modo, la Asociación Española de Pediatría alertaba que durante el año 2020 habían incrementado un 50 %
las urgencias pediátricas por problemas psiquiátricos. A este contexto debemos añadirle que el 40 % de los niños de entre 6 y 9 años tienen sobrepeso u
obesidad en España, siendo los menores de familias con menos recursos económicos los que mayor probabilidad tienen de sufrirlo, según el estudio Aladino sobre la Alimentación, Actividad Física, Desarrollo Infantil y Obesidad en España.
Esta situación obliga a los poderes públicos, en particular al Estado y a las Comunidades Autónomas, a impulsar medidas dirigidas a facilitar el acceso a la práctica deportiva de los menores de edad como herramienta para mejorar su salud
física y mental.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno de la Nación a:
1. Incrementar la partida destinada a la Federación Española de Municipios y Provincias para la promoción de programas deportivos para la reducción de la desigualdad en el marco de la Agenda 2030 hasta alcanzar la cifra de 200 millones de
euros en los próximos dos años.
2. Incluir, entre los objetivos del programa mencionado en el apartado anterior, el desarrollo de actividades deportivas en horario no lectivo en las escuelas que cuenten con jornada escolar continua, priorizando a los centros de alta
complejidad.
3. Priorizar la contratación de profesorado titulado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte que se encuentre en la Bolsa de Trabajo de profesorado interno para el desarrollo de este programa.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de septiembre de 2021.-Sara Giménez Giménez, Diputada.-Edmundo Bal Francés, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
Comisión sobre Seguridad Vial
161/003200
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Socialista y el Grupo Parlamentario Confedera! de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan
la siguiente Proposición no de Ley instando al Gobierno a promover ayudas a la conducción, para su debate y aprobación en la Comisión sobre Seguridad Vial.
Exposición de motivos
El 27 de noviembre del año 2019 se aprobó el Reglamento de la Unión Europea 2019/2144 del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a los requisitos de homologación de tipo de los vehículos de motor y de sus remolques, así como de los
sistemas, componentes y unidades técnicas independientes destinados a esos vehículos, en lo que respecta a su seguridad general y a la protección de los ocupantes de los vehículos y de los usuarios vulnerables de la vía pública, por el que se
modifican diversos reglamentos.
Este Reglamento supone un enorme avance en las exigencias que en materia de seguridad la Unión Europea establece para los vehículos fabricados dentro de su territorio y consolida el liderazgo político en la consecución de la reducción global
del número de víctimas mortales y heridos graves en las carreteras.
El Reglamento pone de manifiesto que, además de las medidas de seguridad para proteger a los ocupantes de los vehículos, es necesaria la aplicación de medidas específicas para evitar víctimas mortales y heridos entre los usuarios vulnerables
de la vía pública, como los ciclistas y los peatones, a fin de proteger a los usuarios de la vía pública fuera de los vehículos, exigiendo una mejora del comportamiento de los vehículos en este sentido.
Es por tanto exigencia y ambición del Reglamento la introducción de un conjunto de nuevas tecnologías, que permitan conseguir un nuevo salto en términos de seguridad vial, es decir, en alejar la muerte y las lesiones de las carreteras
europeas, a la vez que servir de referencia para el resto del mundo. Se establecen así nuevos sistemas de ayuda a la conducción -ADAS- y un calendario ambicioso para
su implementación en función del tipo de vehículo, de modo que se aclaran los plazos tanto para las homologaciones como para las nuevas matriculaciones. El cumplimiento de estos plazos ayudará a dar un salto en la automatización de los
vehículos. Este salto provocará que los vehículos que circulen por Europa alcancen el nivel 2 de automatización y favorecerá los siguientes pasos de la innovación en el camino hacia la plena automatización de los vehículos, que debe contribuir,
como el propio Reglamento establece, a la reducción de más del 90 por ciento de los accidentes debidos a día de hoy al error humano y a su falibilidad.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que, con motivo de la aplicabilidad a partir del 6 de julio de 2022 del Reglamento de la Unión Europea 2019/2144 del Parlamento Europeo y del Consejo, lleve a cabo las acciones oportunas para
la máxima información, divulgación y promoción de los sistemas de ayuda a la conducción (ADAS) y de sus ventajas.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de septiembre de 2021.-José Carlos Durán Peralta, Diputado.-Felipe Jesús Sicilia Alférez y Rafaela Crespín Rubio, Portavoces del Grupo Parlamentario Socialista.-Ismael Cortés Gómez, Diputado.-Joan
Mena Arca, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común.
161/003201
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Socialista y el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan
la siguiente Proposición no de Ley sobre circulación por las aceras de los vehículos de movilidad personal, para su debate y aprobación en la Comisión sobre Seguridad Vial.
Exposición de motivos
El Real Decreto 970/2020, de 10 de noviembre, por el que se modifican el Reglamento General de Circulación, aprobado por Real Decreto 1428/2003, de 21 de noviembre, y el Reglamento General de Vehículos, aprobado por Real Decreto 2822/1998,
de 23 de diciembre, en materia de medidas urbanas de tráfico; otorga a los vehículos de movilidad personal, entre los que se encuentran los patinetes, la consideración vehículos a todos los efectos, estando sus conductores obligados a cumplir las
normas de circulación, como el resto de conductores.
Entre las normas, los conductores de estos vehículos están sometidos a las mismas tasas máximas de alcohol permitidas por la Ley de Seguridad Vial, así como a la prohibición de conducir con presencia de drogas en el organismo. Tampoco
pueden llevar auriculares puestos, ni hacer uso del móvil o cualquier otro dispositivo mientras van conduciendo.
Estos vehículos no pueden circular por las aceras además de tener prohibida la circulación en vías interurbanas, travesías, autopistas, autovías o túneles urbanos.
El artículo 121.5 del Reglamento General de Circulación recoge la prohibición expresa de circulación de vehículos por las aceras: 'La circulación de toda clase de vehículos en ningún caso deberá efectuarse por las aceras y demás zonas
peatonales'.
Con la situación vivida por la pandemia nuestros hábitos de movilidad han cambiado y los patinetes se han ido consolidando como una forma de desplazamiento por las ciudades, formando parte del paisaje urbano, pero también es frecuente verlos
circulando por las aceras a pesar de estar expresamente prohibido.
Este tipo de comportamientos genera quejas ciudadanas, no garantiza una convivencia armónica de los diferentes modos de transporte y no es respetuosa con los peatones.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista y el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común presentan la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que, en colaboración con las Corporaciones Locales y sus Cuerpos de Policía dependientes, organice una campaña de vigilancia y control sobre el cumplimiento de la prohibición de circular por
las aceras a los Vehículos de Movilidad Personal, con el apoyo de la correspondiente campaña de comunicación y divulgación.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de septiembre de 2021.-José Carlos Durán Peralta, Diputado.-Felipe Jesús Sicilia Alférez y Rafaela Crespín Rubio, Portavoces del Grupo Parlamentario Socialista.-Ismael Cortés Gómez, Diputado.-Joan
Mena Arca, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común.
161/003209
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para promover la renovación del parque
de vehículos español para mejorar la seguridad vial, contribuir a la reducción de emisiones contaminantes y fortalecer la industria nacional de automoción, para su debate en la Comisión de Seguridad Vial.
Exposición de motivos
Nuestra industria de automoción es la segunda de Europa y la octava el mundo, generando el 10 % del PIB y empleando a dos millones de españoles. Cuenta con 17 fábricas en 10 CCAA, 14 marcas y 44 modelos fabricados en España (de los cuales
15 serán modelos eléctricos a partir del presente año). Una industria que tiene el compromiso de evolucionar hacia la descarbonización, y cuya transformación ya ha sido cuantificada por el sector; se creará un valor en la cadena industrial de
automoción española que podría pasar de los 210.000 millones de euros hoy a 310.000 millones de euros en 2040.
Este incremento de valor supondría un 12 % de aumento en la recaudación fiscal, con una elevación estimada del PIB nacional del 12 %, y un incremento del 4,5 % de la balanza comercial, creando además 1,48 millones de puestos de trabajo en
España.
Pero para que esa transformación industrial sea posible es fundamental que la demanda interna actúe como motor del cambio. La crisis del COVID-19 no ha venido a facilitar ese impulso transformador de nuestra industria de automoción. El
impacto de la pandemia se ha traducido en una caída del 32 % en matriculaciones en 2020, descendiendo de un millón y 258.260 unidades en 2019 a 851.211 unidades en 2020. Si analizamos también las exportaciones, se comprueba que la producción
también cayó, aunque en menor medida, un 19 %, en torno a 600.000 unidades menos que en el mismo periodo del año pasado.
A pesar de que la demanda nacional que se estima para el presente año 2021 sea de 925.000 unidades (un 9 % más), si lo comparamos con la caída producida en el 2020, se seguirá manteniendo en cifras muy inferiores a las de 2019, por lo que la
recuperación comenzará como muy pronto en 2022 y no se completará en principio hasta 2023.
En cuanto a las ayudas previstas para la transformación y renovación del parque móvil, se constata que siguen sin funcionar; puesto que ya acumula una antigüedad de más de 13,2 años, aumentando la media en 12 meses. Ello hace que España
siga a la cola de Europa en la edad media del parque.
Debe llamar nuestra atención el hecho de que el mercado de usados cayera en España solo un -6,4 %, frente al -35,9 % de mercado de nuevos vehículos. Se venden 2,1 vehículos de ocasión por cada uno nuevo en España, demostrando que los más
envejecidos son los económicamente más accesibles. Así, se vendieron en España 784.441 usados, frente a las 360.057 nuevas matriculaciones en 2020.
Especialmente alarmante es que, de los usados vendidos, el 32,7 % tenía más de 15 años (la cuota crece un 15,6 % respecto a 2019); y el 26,5 % entre 10 y 15 años (incremento del 26,3 % respecto a 2019).
En resumen, el 60,1 % de los coches de segunda mano vendidos en España en 2020 tenía más de 10 años. Y los más vendidos han sido modelos diésel (60,1 %), frente a los de gasolina que representaron el 36,1 %.
Esta situación pone de relieve que el diseño del mecanismo de ayudas no está funcionando. Por un lado, las ayudas para el achatarramiento estuvieron mal planteadas; solo se usaron 50 millones de los 250 millones disponibles en 2020 y el
Gobierno tomó la decisión de no mantener el Programa Renove para el ejercicio 2021, cuestión que consideramos como un profundo error (a pesar de que no haya sido un mecanismo de ayudas eficaz tal y como estaba redactado) dado el envejecimiento del
parque y las consecuencias que para la descarbonización y la seguridad vial se derivan de ello.
A día de hoy no se conoce ninguna alternativa al Plan Renove, tan solo el programa MOVES destinado a la movilidad eléctrica. Un programa MOVES que a un mes de que cierre el plazo, aún no ha sido publicado en ninguna CCAA, impidiendo su
aplicación práctica, y afectando tan solo al 2 % del parque; eléctricos e híbridos enchufables.
Por otra parte, el indicador de retirada de vehículos en 2019 se situó en el 3 %, lejos de lo que fue el mejor dato del 5 % de años anteriores. Han de tomarse medidas eficaces para recuperar al menos ese 5 % perdido.
Esta situación no solo afecta a nuestras oportunidades industriales y al potencial de conservación y generación de empleo, sino que acaba generando serios problemas en la seguridad vial. Los vehículos más antiguos disponen de menos ayudas a
la conducción y también disponen de menos elementos de protección para las personas, teniendo por tanto menos capacidad de respuesta ante una emergencia y por ello son más inseguros.
La seguridad vial requiere de un compromiso sin matices por parte de todos los ciudadanos como usuarios de las vías públicas, ya sea como conductores o peatones. Muchos siniestros que se producen en las vías públicas se pueden evitar y para
ello es imprescindible mantener una presión constante sobre los distintos factores involucrados en conseguir las mejores condiciones de uso de las calles y carreteras con el menor índice de riesgo.
Las estadísticas ponen de relieve que los conductores son factor determinante y, por ello, las acciones orientadas a conseguir su atención y colaboración para el incremento de la seguridad vial deben seguir siendo objetivo principal. Pero
no solo los conductores y los peatones aparecen como responsables de siniestros; también el estado de las vías públicas, su adecuado diseño, su conservación y señalización, así como el estado y condiciones de los vehículos que forman parte del
tráfico. Tanto las infraestructuras como los vehículos, según su estado de conservación y sus condiciones materiales, pueden constituirse en un factor de riesgo por deficiencias en su funcionamiento o déficit en mantenimiento.
La antigüedad del parque, por tanto, guarda relación con la evidencia del riesgo para la vida y la salud de las personas, ya es consecuencia de la alta siniestralidad de los vehículos antiguos según los datos comparados de la DGT. La tasa
de fallecidos por accidentes en los que estaban involucrados turismos de menos de cuatro años de antigüedad es de 2,1, y de heridos hospitalizados el 12,2; sin embargo, en aquellos de más de 14 años, la tasa de fallecidos alcanza 4,7 y la de
heridos hospitalizados se eleva a 15,8. Por otro lado, las furgonetas de más de 20 años implicadas en accidentes se acerca al 16 %, un vehículo con más de 15 años de antigüedad tiene un ratio de mortalidad cuatro veces mayor que otro más nuevo y
según datos de la DGT en el 45 % de los accidentes se ven implicados vehículos de más de 10 años. Es puro sentido común, pero, en cualquier caso, todos los datos consultados de diversas fuentes confirman que un vehículo más antiguo es menos seguro,
tanto por su capacidad de respuesta en un siniestro como por la protección que ofrece. Todos los expertos coinciden en que una renovación de nuestro parque móvil tendría un efecto inmediato en el número de siniestros y en sus consecuencias.
Otra cuestión de importancia es el adecuado mantenimiento de un parque tan envejecido como el español. Las Inspecciones Técnicas de Vehículos (ITV), que tienen encomendada esa importante función de control de la idoneidad de los vehículos
que circulan en España, se constituyen en el elemento fundamental del proceso de garantía de la seguridad vial. Es preocupante que se esté comprobando un creciente absentismo en el trámite obligado de la inspección técnica con un grave y alto
índice de hasta el 40 % en el caso de furgonetas. Fuentes oficiales cifran el número de vehículos que circulan sin la ITV en siete millones de vehículos, es decir, uno de cada cinco del total del parque. Es urgente, por tanto, actuar para reducir
drásticamente esas cifras.
También el poder adquisitivo juega un papel clave en la antigüedad del parque, porque muchos compradores deciden adquirir un vehículo usado muy antiguo porque no tienen capacidad económica
para acceder a uno nuevo o seminuevo. En ese sentido, la dinamización del mercado de renovación del parque móvil recomendaría políticas de ayudas que tengan en cuenta también los vehículos seminuevos, para que los compradores de vehículos
muy antiguos puedan acceder a los más modernos, más seguros y menos contaminantes, sin necesidad de que sean nuevos. La graduación de las ayudas en función de la capacidad económica del adquirente y la contención o disminución de la presión fiscal
sobre la automoción y combustibles también ayudarían en esa misma dirección.
En cuanto a la renovación del parque y su efecto en la descarbonización, tenemos que tener en cuenta que España tiene el compromiso ante la Comisión Europea de tener un parque de vehículos eléctricos en 2030 de cinco millones, así como un
ambicioso objetivo de reducción de emisiones de CO2 y otras partículas contaminantes. La renovación del parque que se propone contribuirá decisivamente a la consecución e incluso mejora de dichos objetivos.
Para el Grupo Parlamentario Popular no solo es posible, sino que es mucho más eficiente en términos de descarbonización, el modelo progresivo integral que considere tanto los objetivos climáticos como la mejora de la seguridad vial, la
calidad del transporte y el impulso de nuestro tejido productivo y el empleo.
Con un modelo neutro tecnológicamente objetivo (que considere en la ecuación la descarbonización, pero también el mantenimiento y la creación de empleo), se puede impulsar decididamente la electrificación, pero también la renovación del
parque con otras tecnologías menos contaminantes. Para ello, según el sector solo necesita la puesta en marcha de las medidas gubernamentales que permitan que la demanda interna 'tire' de la transformación. Se trataría de transitar de los 25
millones actuales (con 13,2 años de antigüedad de promedio y 80 millones de t/año de emisiones de CO2), a 20 millones de parque en 2030, con un promedio de nueve años de antigüedad y unas emisiones de CO2 de 36M de t/año; es decir, rejuvenecer el
parque automotor, reducir su tamaño y reducir así hasta un 54 % las emisiones, superando los objetivos del PNIEC.
Por el contrario, con el modelo acelerado y enfocado solo en el impulso de una determinada tecnología, tendremos una reducción de solo 34 % de emisiones [frente a las (54 %) que el GPP y el sector propone], con una antigüedad promedio de 14
años y un mayor riesgo para la seguridad vial, con una fuerte polarización del parque (vehículos muy antiguos vs 3 millones de eléctricos), y un elevado e innecesario impacto económico negativo para España en términos de tejido industrial y de
empleo.
Además conviene recordar que el calentamiento global, fruto de las emisiones de gases de efecto invernadero, provoca condiciones meteorológicas extremas, adversas e inesperadas que afectan también seriamente al factor seguridad en la
conducción.
Por todo ello, es necesario establecer un marco normativo regulatorio y unas políticas que ayuden a definir un contexto favorable para la inversión por parte de las industrias, las empresas de la cadena de valor, los usuarios y consumidores
finales que adquieren los vehículos.
El Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
Primero. Poner en marcha un Plan Nacional Integral de Modernización y Renovación del parque móvil español que cumpla el triple objetivo de: 1) mejorar la seguridad vial; 2) reducir las emisiones de CO2 y otros contaminantes; 3)
contribuir, aprovechando los fondos europeos, a la transformación de la industria auxiliar y la cadena de valor del sector de la automoción.
El referido Plan deberá entrar en vigor en el menor tiempo posible desde la aprobación de la presente Proposición no de Ley.
El Plan se articulará con arreglo a los siguientes criterios rectores:
1. Se fijará como objetivo la retirada del mayor número posible de vehículos con una antigüedad mayor de 10 años de cualquier tipología (camiones, autobuses, furgonetas, automóvil y motos), por el riesgo que suponen para la seguridad vial y
por su efecto contaminador.
2. El vehículo que sustituya al retirado deberá contar para su adquisición con el debido apoyo económico desde los poderes públicos, siempre y cuando cumpla las exigencias comunitarias en relación a las normas de seguridad y las emisiones,
cualquiera que sea su tecnología de propulsión.
3. Además de los vehículos nuevos, también podrá beneficiarse del apoyo económico la adquisición de vehículos de ocasión o usados, con una antigüedad no mayor de siete años.
4. A los efectos de la concesión del apoyo, se tendrá en cuenta tanto el nivel de renta del beneficiario como el precio y tipo de vehículo que se adquiere, siempre que cumplan con los parámetros europeos de contaminación.
5. La necesidad de reforzar el obligado cumplimiento de las Inspecciones Técnicas de Vehículos con plena colaboración de las ITV, la Dirección General de Tráfico y el Consorcio de Compensación de Seguros.
6. La actualización y adaptación de la formación y capacitación de los profesionales dedicados a la reparación, mantenimiento y conversión de vehículos, ante los cambios tecnológicos y los modelos de negocio futuros.
7. La mejora de la trazabilidad, control y supervisión del adecuado uso de los componentes de segunda mano en beneficio de la calidad técnica y seguridad de la reparación.
Este Plan requerirá de un marco regulatorio estable, con suficiente dotación presupuestaria plurianual e incluirá el 'Programa de Renovación del parque circulante español 2030 (Programa Renove-30)' para garantizar la eficacia y cumplimiento
de los objetivos.
El desarrollo de las medidas previstas en los apartados precedentes que requieran de dotación presupuestaria han de contar con apoyo de los fondos europeos previstos para la recuperación económica.
Segundo. Promover junto con las administraciones públicas, Administración General del Estado, Comunidades Autónomas y Entidades locales, la asunción y el compromiso de renovar el parque móvil de su titularidad, con el objetivo de trasladar
una imagen ejemplarizante frente a la inseguridad vial y la contaminación ambiental.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de septiembre de 2021.-Diego Gago Bugarín, Juan José Matarí Sáez, Óscar Gamazo Micó, Jaime Miguel Mateu Istúriz, Tristana María Moraleja Gómez y Guillermo Mariscal Anaya, Diputados.-Concepción
Gamarra Ruiz-Clavijo, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
PREGUNTAS PARA RESPUESTA ORAL
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha acordado admitir a trámite, conforme al artículo 189 del Reglamento, las siguientes preguntas orales al Gobierno en Comisión, disponer su conocimiento por las Comisiones que se indican,
dando traslado al Gobierno, y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de septiembre de 2021.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
Comisión de Asuntos Exteriores
181/001354
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Diputados don Iván Espinosa de los Monteros de Simón, doña Macarena Olona Choclán, don Alberto Asarta Cuevas, don Víctor González Coello de Portugal, don Víctor Sánchez del Real, don Agustín Rosety Fernández de Castro y don Emilio Jesús del
Valle Rodríguez, Diputados de la Comisión de Asuntos Exteriores del Grupo Parlamentario VOX.
Dirigida al Ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación.
Texto:
Según informaciones publicadas, el Emir del Estado de Catar, el jeque Tamim bin Hamad Al Thani, aseguró el día 14 de septiembre que su país ayudará a España en la evacuación de afganos. Atendiendo a estas informaciones, ¿podría indicar los
detalles de la ayuda comprometida por parte de Catar?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de septiembre de 2021.-Macarena Olona Choclán, Alberto Asarta Cuevas, Víctor González Coello de Portugal, Agustín Rosety Fernández de Castro, Víctor Manuel Sánchez del Real, Emilio Jesús del Valle
Rodríguez e Iván Espinosa de los Monteros de Simón, Diputados.
181/001355
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Diputados don Iván Espinosa de los Monteros y de Simón, doña Macarena Olona Choclán, don Alberto Asarta Cuevas, don Víctor González Coello de Portugal, don Víctor Sánchez del Real, don Agustín Rosety Fernández de Castro y don Emilio Jesús
del Valle Rodríguez, Diputados de la Comisión de Asuntos Exteriores del Grupo Parlamentario VOX.
Dirigida al Ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación.
Texto:
Según informaciones publicadas, Fabián Picardo, Alcalde principal de Gibraltar, ha realizado las siguientes declaraciones: 'Solo nosotros decidiremos quién entra o no en Gibraltar', reiterando así su rechazo al mandato de negociación sobre
Gibraltar propuesto por la Unión Europea. Atendiendo a estas informaciones, ¿va a exigir España que los controles en el aeropuerto y puertos sean competencia de las autoridades españoles y no gibraltareñas como pretende Reino Unido?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de septiembre de 2021.-Macarena Olona Choclán, Alberto Asarta Cuevas, Víctor González Coello de Portugal, Agustín Rosety Fernández de Castro, Víctor Manuel Sánchez del Real, Emilio Jesús del Valle
Rodríguez e Iván Espinosa de los Monteros de Simón, Diputados.
181/001356
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Diputados doña Macarena Olona Choclán, don Alberto Asarta Cuevas, don Víctor González Coello de Portugal, don Víctor Sánchez del Real, don Agustín Rosety Fernández de Castro y don Emilio Jesús del Valle Rodríguez, Diputados de la Comisión de
Asuntos Exteriores del Grupo Parlamentario VOX.
Dirigida al Ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación.
Texto:
Según informaciones publicadas, el Emir del Estado de Catar, el jeque Tamim bin Hamad Al Thani, aseguró ayer día 14 de septiembre que su país ayudará a España en la evacuación de afganos. Ante estas informaciones, ¿podría indicar si ha
emplazado al Emir del Estado de Catar a que este país acoja a refugiados afganos atendiendo a criterios de cercanía cultural, lingüística y religiosa?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de septiembre de 2021.-Macarena Olona Choclán, Alberto Asarta Cuevas, Víctor González Coello de Portugal, Agustín Rosety Fernández de Castro, Víctor Manuel Sánchez del Real y Emilio Jesús del Valle
Rodríguez, Diputados.
181/001361
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Diputados don Iván Espinosa de los Monteros de Simón, doña Macarena Olona Choclán, don Alberto Asarta Cuevas, don Víctor González Coello de Portugal, don Víctor Sánchez del Real, don Agustín Rosety Fernández de Castro y don Emilio Jesús del
Valle Rodríguez, Diputados de la Comisión de Asuntos Exteriores del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX).
Dirigida al Ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación.
Texto:
Según informaciones publicadas, el Gobierno de Marruecos 'ha dado su visto bueno a la designación de Staffan de Mistura como nuevo enviado especial de Naciones Unidas para el Sáhara Occidental, lo que permitirá al Secretario General de la
ONU, António Guterres, anunciar en los próximos días el nombramiento del diplomático italiano-sueco (antiguo enviado de la ONU en Siria) para un cargo que lleva más de dos años desierto'. Atendiendo a estas informaciones, ¿podría indicar el
Gobierno si también ha dado su visto bueno a la designación de Staffan de Mistura como nuevo enviado especial de Naciones Unidas para el Sáhara Occidental?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de septiembre de 2021.-Iván Espinosa de los Monteros de Simón, Macarena Olona Choclán, Víctor González Coello de Portugal, Alberto Asarta Cuevas, Víctor Manuel Sánchez del Real, Agustín Rosety
Fernández de Castro y Emilio Jesús del Valle Rodríguez, Diputados.
Comisión de Defensa
181/001360
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Diputado don Juan Antonio Callejas Cano.
Texto:
¿Cuáles son los motivos y los argumentos histórico-científicos que justifiquen que se haya ordenado la retirada de la Corona Real y de la Cruz de Malta de las Divisas que se portan en el uniforme del personal integrante del Cuerpo Militar de
Sanidad?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de septiembre de 2021.-Juan Antonio Callejas Cano, Diputado.
Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación
181/001357
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Diputados don Rubén Darío Vega Arias, don Ricardo Chamorro Delmo, doña Magdalena Nevado del Campo, don Luis Gestoso de Miguel y don Manuel Mariscal Zabala, en sus condiciones de Diputados del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX).
Dirigida al Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación.
Texto:
En relación con el fondo de 5.000 millones de euros sobre la Reserva de Ajuste Brexit, ¿qué partida va a destinar el Gobierno al sector pesquero a pequeña escala?
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de septiembre de 2021.-Rubén Darío Vega Arias, Ricardo Chamorro Delmo, María Magdalena Nevado del Campo, Luis Gestoso de Miguel y Manuel Mariscal Zabala, Diputados.
181/001359
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Diputados don Rubén Darío Vega Arias, don Tomás Fernández Ríos, don Ricardo Chamorro Delmo, doña Magdalena Nevado del Campo, don Luis Gestoso de Miguel y don Manuel Mariscal Zabala, en sus condiciones de Diputados del Grupo Parlamentario VOX
(GPVOX).
Dirigida al Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación.
Texto:
Tras la apertura y conclusión de un expediente sancionador por la mancha de hidrocarburo localizada en la zona de la ría de Huelva, ¿cuál ha sido el impacto causado a la actividad pesquera de la zona y qué medidas de compensación se
contemplan para los afectados?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de septiembre de 2021.-Rubén Darío Vega Arias, Ricardo Chamorro Delmo, María Magdalena Nevado del Campo, Luis Gestoso de Miguel, Manuel Mariscal Zabala y Tomás Fernández Ríos, Diputados.
Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico
181/001358
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Diputados don Ricardo Chamorro Delmo, doña Mireia Borrás Pabón, don Ángel López Maraver, don Luis Gestoso de Miguel, doña Magdalena Nevado del Campo, don Francisco José Contreras Peláez y don Pedro Jesús Requejo Novoa, en sus condiciones de
Diputados del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX).
Dirigida a la Ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.
Texto:
El 16 de septiembre de 2021 el precio de la luz rompió nuevamente los récords de la serie histórica y se situó en 188,88 euros por megavatio hora. ¿Qué medidas va a adoptar el Gobierno para rebajar la factura de la luz?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de septiembre de 2021.-Ricardo Chamorro Delmo, Mireia Borrás Pabón, Ángel López Maraver, Luis Gestoso de Miguel, María Magdalena Nevado del Campo, Francisco José Contreras Peláez y Pedro Jesús
Requejo Novoa, Diputados.
PREGUNTAS PARA RESPUESTA ESCRITA
184/062662
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(184) Pregunta al Gobierno con respuesta escrita.
Autor: Gómez-Reino Varela, Antonio (GCUP-EC-GC).
Fragmentación del proyecto de parque eólico en Meirama por parte de la empresa Naturgy.
Acuerdo:
Teniendo en cuenta la presente reformulación, admitir a trámite la pregunta de referencia, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales,
comunicando este acuerdo al autor de la iniciativa.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de septiembre de 2021.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Confederal Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, a iniciativa de su Diputado, don Antón Gómez-Reino Varela, y al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 del Reglamento de la Cámara, formula la siguiente
pregunta para su respuesta por escrito, relativa a la fragmentación del proyecto de parque eólico en Meirama por parte de la empresa Naturgy.
Exposición de motivos
La empresa Naturgy Renovables, S.L.U. ha presentado ante la Xunta de Galicia solicitud de autorización administrativa para los proyectos Parque Eólico Meirama (expediente IN408A 2018/27) y Parque Eólico As Encrobas (expediente IN408A
2020/93), ambos localizados en los municipios de Cerceda, Carral y Ordes, en la provincia de A Coruña. El primero de ellos tiene una potencia a instalar de 49,5 MW, mientras que el segundo presenta una instalación de 20 MW. Desde diferentes
instancias se ha denunciado que se trata de un único proyecto fragmentado en dos de manera artificial para eludir un control ambiental más estricto por parte del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, que sería el competente
para ello si el proyecto superara los 50 MW, haciéndolo a través de la Xunta de Galicia, que realiza un control más laxo de los impactos y reduce los tiempos de tramitación gracias a la Ley de Fomento de la Implantación de Iniciativas Empresariales
en Galicia.
Desde estas mismas instancias se denuncia el impacto negativo en los ámbitos ambiental, paisajístico y social que tendrían estas instalaciones, en un territorio que ya ha sufrido durante décadas las agresiones al medio por la actividad de la
central térmica ahora clausurada y las explotaciones mineras. Asimismo se apunta a que los proyectos presentados no se adecuan a la Ley de Expropiación Forzosa y a la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea en lo relativo a la
valoración e indemnización de los terrenos afectados dentro de la poligonal de ambos parques.
Por todo lo expuesto, se formulan las siguientes preguntas para su respuesta por escrito:
1. ¿Tiene conocimiento el Ministerio para la Transición Ecológica de la presentación ante la Xunta de Galicia, por parte de la empresa Naturgy Renovables, S.L.U., de los proyectos Parque Eólico Meirama y Parque Eólico As Encrobas, ambos
localizados en los municipios de Cerceda, Carral y Ordes, que suman una potencia a instalar de 69,5 MW?
2. ¿Se ha tomado o se prevé tomar, por parte del Ministerio y en el marco de sus competencias, alguna medida para fiscalizar y evitar la presentación fraudulenta de proyectos fragmentados de instalación de parques eólicos con objeto de
facilitar su autorización administrativa evitando su tramitación a través del propio Ministerio?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de septiembre de 2021.-Antonio Gómez-Reino Varela, Diputado.
184/062663
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(184) Pregunta al Gobierno con respuesta escrita.
Autor: Gómez-Reino Varela, Antonio (GCUP-EC-GC).
Fragmentación de proyectos de parques eólicos a instalar en la Ribeira Sacra.
Acuerdo:
Teniendo en cuenta la presente reformulación, admitir a trámite la pregunta de referencia, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales,
comunicando este acuerdo al autor de la iniciativa.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de septiembre de 2021.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Confederal Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, a iniciativa de su Diputado, don Antón Gómez-Reino Varela, y al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 del Reglamento de la Cámara, formula la siguiente
pregunta para su respuesta por escrito, relativa a la fragmentación de proyectos de parques eólicos a instalar en la Ribeira Sacra.
Exposición de motivos
Por parte de la empresa Wind Grower, SL se ha presentado ante la Xunta de Galicia solicitud de autorización administrativa para el proyecto Parque Eólico Treobada, que pretende instalar 12 aerogeneradores con una potencia total de 50 MW,
afectando a los municipios de Castro Caldelas, Chandrexa de Queixa, A Pobra de Trives y San Xoán de Río, situados en el entorno de la Ribeira Sacra. El proyecto no incluye la instalación de una subestación transformadora de energía, utilizando para
estos fines la del parque eólico Ventumelo, otro proyecto de 50 MW en los municipios de A Pobra de Trives, Ribas de Sil y San Xoán de Río, cuya promotora es la empresa Wind Hero, SL. Ambas sociedades tienen por administrador al empresario Antonio
Mascaró Gomila. También se encuentran en fase de tramitación por parte del Xunta de Galicia, impulsados por empresas que tienen por administrador a este mismo empresario, los parques eólicos de Neboada, Orballeira y Xeada, que compartirían las
infraestructuras de evacuación y que afectarían a los municipios de Larouco, Quiroga, A Rúa y Vilamartín de Valdeorras. Todos ellos proyectos que pretenden instalar 50 MW de potencia y todos localizados en la Ribeira Sacra. La fragmentación de
proyectos por parte de este promotor, a través de diferentes empresas, podría tener como objetivo eludir la supervisión y evaluación de sus impactos ambientales, patrimoniales y paisajísticos por parte del Ministerio para la Transición Ecológica,
acogiéndose a la tramitación por parte del Xunta de Galicia, que ha mostrado en el pasado una mayor laxitud en estos procedimientos.
El impacto ambiental de estos proyectos es patente en una zona de alto valor ecológico y paisajístico, donde habitan especies vulnerables y en peligro de extinción. Asimismo, los proyectos presentados incluyen la localización de
infraestructuras dentro de la zona de amortiguamiento del BIC de la Ribeira Sacra, espacio delimitado para reforzar la protección del bien y sus condiciones de implantación en el territorio. También tendrían una afectación directa sobre el Área de
Especial Interés Paisajístico (AEIP) de la Ribeira Sacra y el AEIP del Valle del río Navea. Estos proyectos, de llevarse a cabo, podrían perjudicar la candidatura de la Ribeira Sacra como Patrimonio de la Humanidad, como se desprende del informe
publicado por el Consejo Internacional de Monumentos y Sitios (ICOMOS) el pasado mes de junio, en el que alertaba de que el impacto visual de los aerogeneradores (en referencia a los ya instalados en Paradela y Chandrexa de Queixa) dificulta la
concepción unitaria del territorio, considerando que estas infraestructuras no deberían estar permitidas en áreas que pretendan ser declaradas bajo esta figura de protección.
Por todo lo expuesto, se formulan las siguientes preguntas para su respuesta por escrito:
1. ¿Tiene conocimiento el Ministerio para la Transición Ecológica de la presentación ante la Xunta de Galicia, por parte de las empresas Wind Grower, SL y Wind Hero, SL, ambas administradas por el empresario Antonio Mascaró Gomila, de los
proyectos de parques eólicos Treobada, Ventumelo, Neboada, Orblleira y Xeada, todos con 50 MW de potencia a instalar y todos en el entorno de la Ribeira Sacra?
2. ¿Se ha tomado o se prevé tomar, por parte del Ministerio y en el marco de sus competencias, alguna medida para fiscalizar y evitar la presentación fraudulenta de proyectos fragmentados de instalación de parques eólicos con objeto de
facilitar su autorización administrativa evitando su tramitación a través del propio Ministerio?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de septiembre de 2021.-Antonio Gómez-Reino Varela, Diputado.