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BOCG. Congreso de los Diputados, serie D, núm. 222, de 16/02/2021
cve: BOCG-14-D-222
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BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
XIV LEGISLATURA
Serie D: GENERAL
16 de febrero de 2021
Núm. 222
ÍNDICE
Control de la acción del Gobierno
PROPOSICIONES NO DE LEY
Comisión Constitucional
161/001979 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, relativa a la defensa de la prensa en libertad ... (Página7)
Comisión de Asuntos Exteriores
161/001990 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa a intensificar a nivel internacional la lucha y abolición de la trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual y la asistencia y protección
a sus víctimas ... (Página8)
Comisión de Defensa
161/002023 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre la estrategia de Tecnología e Innovación de la Defensa... (Página10)
161/002024 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre planes de calidad de vida ... (Página12)
Comisión de Hacienda
161/002018 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, relativa a la consideración de la práctica deportiva como una actividad esencial y solicitar la baja del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) a servicios
vinculados a la actividad física y deportiva ... (Página13)
161/002027 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre el rescate de Air Europa ... (Página14)
Comisión de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana
161/002016 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Plural, relativa a la construcción de un corredor de mercancías por el interior del Camp de Tarragona ... (Página15)
161/002025 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la puesta en marcha de un plan de acción inmediato para garantizar la supervivencia del transporte en autobús ...
161/002028 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre la publicación en formato Open Source de los datos de los servicios de transporte público ... (Página19)
Comisión de Educación y Formación Profesional
161/001984 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, relativa a garantizar la independencia del Presidente del Consejo Escolar del Estado ... (Página21)
Comisión de Trabajo, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones
161/001987 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, relativa a reconocer de forma excepcional el ingreso mínimo vital a todos los beneficiarios de las rentas de inserción de las Comunidades Autónomas ...
161/001997 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, por la que se insta al Gobierno a exonerar, al menos hasta el 31 de mayo, del pago de la cuota a la Seguridad Social a todos aquellos autónomos
que carezcan de ingresos ... (Página24)
161/001998 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre la promoción de la inclusión digital de las personas en riesgo de exclusión social ... (Página25)
Comisión de Industria, Comercio y Turismo
161/001982 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Republicano, sobre la cobertura para PYMES de un 30% de los recursos destinados a los riesgos de la internacionalización de la economía del Estado español gestionados por
la Compañía Española de Seguros de Crédito a la Exportación (CESCE) ... (Página27)
161/001993 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Republicano, sobre el uso de inhaladores con baja huella de carbono ... (Página29)
161/001995 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, relativa al impulso del turismo activo ... (Página31)
161/002017 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, sobre la salvaguarda del empleo en Air Europa ... (Página36)
161/002021 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa a desarrollar la 'Estrategia de Resiliencia Turística de Canarias' ... (Página37)
161/002022 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa a impulsar el sector exterior y una mayor diversificación de este como palanca para la recuperación económica ...
161/002026 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a implantar mecanismos de flexibilización de las condiciones de contratación de suministro eléctrico de los autónomos y empresas ...
161/002029 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, relativa al impulso y reactivación del sector turístico español ... (Página41)
Comisión de Derechos Sociales y Políticas Integrales de la Discapacidad
161/001988 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre el derecho a la comunicación y a la educación de las personas con discapacidad auditiva ... (Página43)
161/002003 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre fomento e impulso de la Formación Profesional Dual impartida en el marco del Sistema de Formación Profesional cuando el contrato para la
formación y el aprendizaje se suscriba con una persona con discapacidad ... (Página45)
Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación
161/001992 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre el periodo transitorio de aplicación de la Política Agrícola Común (PAC) en España ... (Página46)
161/002009 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Plural, sobre la renovación generacional en la flota pesquera gallega ... (Página48)
Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico
161/001983 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre aprobación de un Plan de restauración de humedales y su entorno ... (Página50)
161/001989 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Plural, sobre las compensaciones económicas a los mariscadores y mariscadoras afectadas por el dragado de la ría do Burgo ... (Página51)
161/002006 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre la gestión de las poblaciones de lobo y su compatibilidad con las medidas de lucha contra la despoblación ...
161/002007 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre el Fondo de Desarrollo Regional (FEDER) y el Reto Demográfico ... (Página53)
161/002010 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la creación del Observatorio Nacional de Economía Circular ... (Página55)
Comisión de Cultura y Deporte
161/001986 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a garantizar la representación internacional del deporte español conforme a la Constitución española y la Ley del Deporte ...
161/001999 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, por la que se insta al Gobierno a declarar el 'Camino de la Vera Cruz de Caravaca' acontecimiento de excepcional interés público ...
161/002000 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, por la que se insta al Gobierno a la recuperación del yacimiento Isla del Fraile de Águilas (Murcia) ... (Página59)
161/002002 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa al apoyo para la promoción del Concurso Nacional de Cante por Peteneras ... (Página60)
161/002012 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre la protección de los derechos de autor de periodistas, fotógrafos editores e ilustradores a través de la gestión colectiva, ante la
trasposición de la de derechos de autor en el mercado único digital (DAMUD) ... (Página61)
161/002014 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa al impulso del Centro de Tecnificación Deportiva (CTD) 'Infanta Cristina' de los Alcázares ... (Página61)
161/002015 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la recuperación de las antiguas baterías de costa de Cartagena ... (Página62)
161/002019 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, relativa a la consideración de la práctica deportiva como una actividad esencial y solicitar la baja del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) a servicios
vinculados a la actividad física y deportiva ... (Página63)
Comisión de Asuntos Económicos y Transformación Digital
161/001980 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre el diagnóstico realista de nuestra situación económica ... (Página65)
161/001985 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a dotar de cobertura de telefonía móvil en zonas de sombra en las carreteras de la Región de Murcia ...
Comisión de Sanidad y Consumo
161/001981 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Republicano, sobre el reconocimiento y la reparación a las personas afectadas por la talidomida en España ... (Página67)
161/001991 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la mejora del diagnóstico precoz y el abordaje temprano del cáncer a pesar de la pandemia de COVID-19 ...
161/002005 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre enfermedades raras ... (Página70)
161/002008 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, relativa a la puesta en marcha de un acuerdo contra el cáncer ... (Página72)
Comisión de Ciencia, Innovación y Universidades
161/002001 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, relativa a la evaluación pública de la actividad investigadora ... (Página73)
Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo
161/002020 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa al fortalecimiento de la acción humanitaria en el contexto de pandemia global y ante la inminente reforma del sistema de la Cooperación Española ...
(Página74)
Comisión de Seguimiento y Evaluación de los Acuerdos del Pacto de
Estado en materia de Violencia de Género
161/001996 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa al impulso de un Plan Nacional de emprendimiento para víctimas de violencia de género ... (Página76)
Comisión sobre Seguridad Vial
161/002004 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a ejecutar con carácter urgente una serie de medidas en la infraestructura viaria para mejorar la Seguridad Vial ...
PREGUNTAS PARA RESPUESTA ORAL
Comisión de Cultura y Deporte
181/000683 Pregunta formulada por el Diputado don Javier Merino Martínez (GP), sobre posición de la Presidenta del Consejo Superior de Deportes en relación con el acuerdo alcanzado por el Presidente del Gobierno y el Presidente de la
Comunidad Autónoma del País Vasco para que la selección de fútbol de ese territorio pueda participar en competiciones oficiales como una selección nacional ... (Página79)
181/000684 Pregunta formulada por el Diputado don Javier Merino Martínez (GP), sobre consideraciones de la Presidenta del Consejo Superior de Deportes acerca de que el circuito profesional de padel 'World Padel Tour' debe recibir ayudas para
promocionar la imagen del deporte español en circuitos internacionales ... (Página79)
181/000685 Pregunta formulada por el Diputado don Javier Merino Martínez (GP), sobre tipo de estudios o trabajos técnicos que tiene previsto contratar el Consejo Superior de Deportes a entidades privadas durante el año 2021 para promover los
valores del deporte entre la población ... (Página80)
181/000686 Pregunta formulada por el Diputado don Javier Merino Martínez (GP), sobre detalle y memoria económica de los proyectos que va a desarrollar el Consejo Superior de Deportes con los fondos asignados a España por el Mecanismo de
Recuperación y Resiliencia de la Unión Europea ... (Página80)
181/000687 Pregunta formulada por el Diputado don Javier Merino Martínez (GP), sobre proyectos que se realizarán en el año 2021 a través de la Fundación Deporte Joven que preside la Presidenta del Consejo Superior de Deportes ...
181/000688 Pregunta formulada por el Diputado don Javier Merino Martínez (GP), sobre consideraciones de la Presidenta del Consejo Superior de Deportes acerca de que la Liga Nacional de Fútbol Sala (LNFS) tiene que convertirse en una
competición de carácter profesional ... (Página80)
181/000690 Pregunta formulada por el Diputado don Javier Merino Martínez (GP), sobre clubes/SAD de Primera y Segunda División del Campeonato Nacional de Liga de Fútbol Español en la misma situación que el Fútbol Club Barcelona cuya memoria
económica arrojaba un pasivo de 1.173 millones de euros en relación a la temporada 2019-2020 ... (Página81)
181/000691 Pregunta formulada por el Diputado don Javier Merino Martínez (GP), sobre fecha desde la que fue conocedor el Consejo Superior de Deportes de que la memoria económica anual del Fútbol Club Barcelona arrojaba un pasivo de 1.173
millones de euros en relación a la temporada 2019-2020 ... (Página81)
Comisión de Igualdad
181/000682 Pregunta formulada por la Diputada doña Paloma Gázquez Collado (GP), sobre previsiones acerca de proyectar algún plan de choque para Asturias, para revertir la tasa de actividad femenina que tal como reflejan los datos del cuarto
trimestre del 2020 es la más baja de España ... (Página81)
PREGUNTAS PARA RESPUESTA ESCRITA
184/031778 Autor: Chamorro Delmo, Ricardo
Vega Arias, Rubén Darío
Nevado del Campo, María Magdalena
López Maraver, Ángel
Mariscal Zabala, Manuel
Criterios objetivos que justifican la modificación del listado de armas y calibres de guerra para incorporar nuevos calibres. Retirada ... (Página82)
184/034858 Autor: Barandiaran Benito, Íñigo
Existencia de algún informe, antecedente, resolución o criterio escrito que permita a la autoridad competente, Guardia Civil u otros, dar soporte a la afirmación de que alguien puede ser considerado como 'persona cercana a entornos
potencialmente peligrosos' ... (Página82)
CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO
PROPOSICIONES NO DE LEY
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha acordado admitir a trámite, conforme al artículo 194 del Reglamento, las siguientes Proposiciones no de Ley, y considerando que solicitan el debate de las iniciativas en Comisión,
disponer su conocimiento por las Comisiones que se indican, dando traslado al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de febrero de 2021.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
Comisión Constitucional
161/001979
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para la defensa de la prensa en libertad, para
su debate en la Comisión Constitucional.
Exposición de motivos
Sin periódicos no hay democracia. Una de las lecciones de la historia reciente del mundo nos muestra que una de las primeras cosas a batir por parte de los enemigos de la libertad, es la prensa libre. La prensa como baluarte de la libertad
y la información como un derecho de la ciudadanía, es una constante en la historia contemporánea, en los guiones cinematográficos, en el teatro o en la literatura.
Los populistas son esencialmente antiliberales, y saben que la supresión de la libertad pasa por erradicar la prensa libre, así como otras instituciones, la justicia, el sistema educativo o los adversarios políticos.
No es la primera vez que Podemos ataca a periodistas, medios de comunicación o usa campañas de intoxicación para tapar sus problemas orgánicos, legales y de coherencia entre lo que dicen y lo que hacen. Pero sí es la primera vez que un
partido de Gobierno organiza verdaderas cacerías de periodistas y medios de comunicación.
Es histórica la incapacidad de llegar a acuerdos de Gobierno entre los partidos que tradicionalmente defienden la España del 78. Hasta ahora esa negativa, por supuestos intereses electorales, para hablar entre PP y PSOE, se pagó en peajes a
los nacionalistas, peajes que tenían -tienen- como moneda de cambio la igualdad entre los españoles. Pero con la entrada de los populistas en la ecuación, ahora el peaje empieza a ser la libertad. Y la primera de las que se pretende erradicar es
la de prensa, que, como hemos dicho, es una molestia para los proyectos liberticidas.
Podemos ha comenzado una campaña, ya en el Gobierno contra la prensa libre en España. Son muchos los periodistas y medios señalados. Algunos destacados ejemplos son Esteban Urreiztieta, Vicente Valles, José María Olmo, Eduardo Inda,
Antonio García Ferreras, Francisco Marhuenda, Joaquín Mansó, Ana Pastor, Ana Terradillos, Susana Griso, Ana Rosa Quintana, Chapu Apaolaza, Carlos Herrera, Jorge Bustos, Carlos Alsina y un largo e inconcluso etcétera. Medios en la diana de Podemos
son El Mundo, La Sexta, Antena 3, El Confidencial, Cope, Ok Diario u Onda Cero.
Son más los periodistas y medios señalados, porque en realidad es un trayecto hasta la erradicación de la prensa en libertad.
Los señalamientos son en redes sociales o en el brazo de propaganda del partido morado, La Última Hora, fruto de un pago por un sombrío asunto bien conocido. Pero también se ha hecho en ruedas de prensa en la Moncloa por parte de Pablo
Iglesias o Irene Montero, tras el Consejo de Ministros. Todo un
símbolo de la peligrosa deriva que está tomando el Gobierno de España, porque aunque sea una parte, todo miembro del Gobierno lo representa.
En Ciudadanos vemos con mucha preocupación el silencio del presidente del Gobierno y de los demás compañeros de gabinete. Si bien sabemos que Iglesias tiene un concepto patrimonial de las instituciones, a las que no respeta y para cuya
destrucción trabaja, antes fuera y ahora dentro del Gobierno, no creemos que sea así en el PSOE.
Es cierto que con ejemplos como con lo que se pretende hacer con el Consejo General del Poder Judicial o con los medios públicos como RTVE, no tenemos perspectivas muy halagüeñas, porque parece que influye más Podemos en el PSOE que al
revés.
De todas formas, como partido liberal y convencido de la necesidad de una prensa libre para el funcionamiento de la democracia, no consideramos admisible que se denigre a periodistas y se descalifique a medios de comunicación para tratar de
evitar que publiquen informaciones sobre Podemos.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los diputados insta al Gobierno de la Nación a:
1. Condenar los ataques que desde miembros del Gobierno y diputados del Congreso han realizado contra la libertad de prensa.
2. Activar los mecanismos pertinentes para evitar la propagación de noticias falsas -fake news-desde blogs o diarios, incluidas las vertidas desde la web La Última Hora.
3. Fomentar el respeto a las instituciones y los derechos fundamentales, si es necesario por la implementación específica de formación en materia de derechos y libertades en aquellos miembros del Gobierno que lo precisen.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de febrero de 2021.-Guillermo Díaz Gómez, Diputado.-Edmundo Bal Francés, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
Comisión de Asuntos Exteriores
161/001990
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Socialista, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a intensificar a nivel internacional la lucha y abolición de la Trata de
Mujeres y Niñas con Fines de Explotación Sexual y la Asistencia y Protección a sus Víctimas, para su debate en la Comisión de Asuntos Exteriores.
Exposición de motivos
El origen del Día Internacional de las Mujeres se remonta al año 1910, momento en el que la II Conferencia Internacional de Mujeres Socialistas designó el 8 de marzo como Día Internacional de la Mujer Trabajadora. No obstante, no sería
hasta 1975 cuando la Organización de Naciones Unidas invitó a sus estados miembros a declarar el 8 de marzo como efeméride que tenga presente que la lucha por los derechos humanos es también la lucha por la igualdad entre mujeres y hombres en todo
el mundo.
Un mundo igualitario y unas vidas libres y sin discriminación ni violencia machista es el mandato de una comunidad internacional que, desde 1999, conmemora también, cada 25 de noviembre, el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia
contra la Mujer para visibilizar que la misma 'es una de las violaciones de los derechos humanos más extendidas, persistentes y devastadoras del mundo actual'. La Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer (1993) define a ésta
como 'todo acto violento basado en la pertenencia al género femenino, que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer; así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación
arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la privada'. Sólo en
España, desde 2003, fecha en la que comenzamos a contabilizar oficialmente las consecuencias más dramáticas de esta lacra social, 1078 mujeres han sido asesinadas, 303 niñas y niños menores de 18 años han quedado huérfanos, y son 37 menores
las y los que han sido asesinados desde 2013. Erradicar esta violencia contra las mujeres que hunde sus raíces en una cultura machista y patriarcal, arraigada en la legitimación de las relaciones de poder desiguales de los hombres sobre las mujeres
y que persiste como una crisis silenciosa y endémica, es una cuestión de Estado que tenemos que abordar como país, dentro y fuera de nuestras fronteras.
Ruth Bader Ginsburg, la emblemática magistrada de la Corte Suprema de los EEUU, afirmaría en su momento que 'el supuesto pedestal sobre el cual han sido colocadas las mujeres, tras ser inspeccionado de cerca, con mucha frecuencia ha
demostrado ser una jaula'. Hoy, Naciones Unidas estima que alrededor del 35 % de las mujeres de todo el mundo sufre violencia física o sexual en algún momento de sus vidas; que 137 mujeres son asesinadas cada día por miembros de su propia familia;
y que de las más de 20 millones de personas que se ven obligadas a realizar trabajos forzados, las mujeres y las niñas representan el 71 % de las víctimas de trata detectadas en todo el mundo, siendo el 95 % de ellas explotadas para la prostitución.
Al cerciorar la violación de derechos humanos de las personas en situación de trata hablamos, en efecto, de un crimen silencioso con rostro de mujer que no perdona a ningún país y que constituye la esclavitud del siglo XXI.
Frente a esta violencia, y de acuerdo con el artículo sexto de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW, 1979), ratificado por España en 1986, los Estados Partes habrán de tomar 'todas
las medidas apropiadas, incluso de carácter legislativo, para suprimir todas las formas de trata de mujeres y explotación de la prostitución de la mujer'. Habiendo ratificado el Convenio del Consejo de Europa sobre lucha contra la trata de seres
humanos (Varsovia, 2005), que asume a su vez los ya ratificados tres ejes del Protocolo de Palermo, o los Planes de Acción de la OSCE contra la trata de personas (2003) y de Acción Mundial de Naciones Unidas para combatir la trata de personas
(2010), nuestro país ha venido cooperando durante las dos últimas décadas en la erradicación de esta forma de explotación humana. Entre los más recientes ejemplos, el Gobierno de España ha participado activamente en la Conferencia de las Partes de
la UNTOC del mes de octubre; ha presentado como parte de la Alianza Internacional de Seguridad los resultados de su primera operación conjunta para combatir la explotación sexual online de niñas y niños; y se encuentra ejecutando, mediante la
AECID, 10,6 millones de euros destinados a programas de lucha contra la trata centrados en Bolivia, Guatemala, Honduras, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay.
De este modo, las y los socialistas somos conscientes de que para la erradicación de la explotación sexual necesitamos del compromiso y el trabajo conjunto de todas las administraciones e instituciones públicas, situando la lucha contra la
impunidad de los usuarios y los explotadores, junto con los derechos de las mujeres y las niñas víctimas de trata y en situación de prostitución, en un lugar central en el desarrollo de las políticas públicas globales. En este sentido, esta mirada
transversal adscrita a la coherencia de políticas encuentra en la Agenda 2030 la hoja de ruta transformadora más eficaz al exigirnos 'eliminar todas las formas de violencia contra todas las mujeres y las niñas en los ámbitos público y privado,
incluidas la trata y la explotación sexual y otros tipos de explotación' (ODS 5.2), 'adoptar medidas inmediatas y eficaces para erradicar el trabajo forzoso y poner fin a las formas contemporáneas de esclavitud y la trata de personas' (ODS 8.7), y,
en definitiva, 'poner fin al maltrato, la explotación, la trata y todas las formas de violencia y tortura contra las niñas y niños' (ODS 16.2).
En palabras de Luis Almagro, Secretario General de la Organización de Estados Americanos (OEA), 'no podemos aceptar un mundo donde los sueños, los derechos y la libertad sean de compra y venta'. En tanto que la democracia no es compatible
con ninguna forma de violencia contra las mujeres ni ninguna forma de esclavitud, la lucha contra la trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual debe ser una prioridad de la acción exterior de nuestro país.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Impulsar en los foros internacionales una estrategia global destinada a la erradicación de la trata con fines de explotación sexual, que constituye una vulneración del derecho fundamental a la libertad, a la integridad física y moral, a
la igualdad y a la dignidad de la persona y que afecta de manera específica
y desproporcionada a las mujeres y a las niñas. En dicha estrategia se deberá prestar especial atención a las medidas para la atención y protección de las víctimas de trata con fines de explotación sexual, y a las mujeres en situación de
prostitución, favoreciendo la dignidad de las mujeres y las niñas, garantizando alternativas psicosociales y laborales, y erradicando a las redes y mafias que se lucran a través de la esclavitud y del entramado asociado a la industria de la
explotación sexual.
2. Continuar contribuyendo al Fondo Fiduciario de las Naciones Unidas de contribuciones voluntarias para las víctimas de la trata de personas, promocionando resoluciones que exhorten a ratificar la UNTOC, y apoyando la labor de la Relatora
Especial del Consejo de Derechos Humanos sobre las formas contemporáneas de la esclavitud y de la Relatora Especial del ACNUR sobre la trata de personas.
3. Participar activamente en la Futura Estrategia de la Unión Europea para la erradicación de la trata de seres humanos, prevista para el 2021, e impulsar en la misma tanto su correcta transversalización de la perspectiva de género y de
interseccionalidad, como su correcta adecuación a la Agenda 2030.
4. Apoyar el pleno desarrollo de la Estrategia de Igualdad de Género de la Unión Europea, muy especialmente en lo que respecta a las medidas destinadas a tipificar y erradicar la violencia de género en el conjunto de la Unión y a prestar el
máximo apoyo a sus víctimas.
5. Impulsar a través de la AECID programas de lucha contra la trata con fines de explotación sexual y contra la violencia contra las mujeres y las niñas.
6. Potenciar la implementación de la Directiva 2011/36/UE relativa a la prevención y lucha contra la trata de seres humanos y la protección de las víctimas, en la línea marcada por la Estrategia Nacional contra el Crimen Organizado y la
Delincuencia Grave (2019-23), que contempla entre sus prioridades la lucha contra la trata de seres humanos.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de enero de 2021.-Héctor Gómez Hernández, Pau Marí Klose, María Olga Alonso Suárez, Noemí Villagrasa Quero, Arnau Ramírez Carner, Laura Berja Vega y María Guijarro Ceballos, Diputados.-Susana Ros
Martínez, Ana Belén Fernández Casero y Rafael Simancas Simancas, Portavoces del Grupo Parlamentario Socialista.
Comisión de Defensa
161/002023
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, tengo el honor de dirigirme a esa mesa para presentar, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, la siguiente Proposición
no de Ley sobre la estrategia de Tecnología e Innovación de la Defensa, para su debate en la Comisión de Defensa.
Exposición de motivos
En la Directiva de Defensa Nacional de 2020, en las Líneas Generales y objetivos de la Política de Defensa, en la letra L, se afirma que nuestras FAS han de mantener un nivel tecnológico avanzado que permita una capacidad operativa acorde a
la evolución de las nuevas tecnologías. Continua, además, exponiendo que la excelencia tecnológica requiere de una adecuada inversión económica, que permita potenciar tres actividades clave: la investigación, el desarrollo e innovación; la
captación de talento, y la formación.
Nuestras Fuerzas Armadas se mueven en un contexto cada vez más complejo donde el papel de la innovación tecnológica adquiere una creciente dimensión e importancia. Está ampliamente reconocido el enorme impacto que el desarrollo tecnológico
tiene en los sistemas de defensa, existiendo una clara correlación entre el grado de tecnificación de los Ejércitos y su eficacia a la hora de llevar a cabo las misiones que se les encomiendan. El impulso a la modernización del capital humano y de
su organización no daría todos sus frutos si no fuera acompañado de más innovación en el desarrollo de los medios materiales.
La política de I+D+i del Ministerio de Defensa forma parte de la política nacional de investigación. Tiene como principal objetivo realizar las correspondientes investigaciones y evaluar su viabilidad para la implantación en los equipos y
sistemas de armas en servicio o en desarrollo; y ello con el fin de
proporcionar los niveles de capacidad y tecnología que requieren nuestras FAS, en el contexto internacional que se mueven y con los niveles de amenaza que soportamos. Al mismo tiempo que se busca el mantenimiento de la base industrial y
tecnológica nacional, en especial en aquellos sectores de interés estratégico para la defensa.
No encontramos, pues, que las políticas tecnológicas de Defensa, de Investigación, Desarrollo e innovación tecnológica (I+D+i) son una de las principales prioridades del Ministerio de Defensa. Políticas, que, a su vez, se integran en la
política general de innovación del Gobierno. Así, el esfuerzo de inversión en investigación se emplea, no únicamente con una finalidad militar, sino también en el incremento de la capacidad tecnológica de la industria española, favoreciendo su
componente internacional fundamentalmente, a través de la Agencia Europea de Defensa, de la Organización de Ciencia y Tecnología de la OTAN y prestando apoyo institucional a sus iniciativas comerciales en el extranjero.
Para desarrollar la política de I+D+i de Defensa es necesario propiciar actuaciones de intercambio de información y colaboración tecnológica que puedan llegar a fructificar, tanto en la consecución de capacidades necesarias para la defensa,
como en el tejido tecnológico e industrial que las posibilita. De ahí la necesidad de coordinación y de impulso de la participación de la industria española de la defensa en los programas de I+D+I de la Unión Europea así como de acuerdos y
protocolos de actuación con Ministerios, como por ejemplo el de Universidades en pos del apoyo y promoción de la tecnología y de la innovación en los ámbitos de defensa y seguridad. De este modo, ambos Departamentos coinciden en reconocer la
existencia de un amplío espectro de tecnologías desarrolladas con carácter civil que tienen aplicaciones de utilidad para la defensa y viceversa. Por ello, consideran necesario proporcionar orientación al tejido tecnológico e industrial nacional en
todo lo relativo a tecnologías de potencial uso dual.
La cooperación civil-militar es un concepto prioritario en la Estrategia Europea de Seguridad y de la Política Europea de Seguridad y Defensa, por lo que el desarrollo de capacidades en el ámbito civil-militar representa un impulso para la
consolidación de esta política.
Con esta actuación, en la que participan también el Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial y la Agencia Estatal de Investigación, se pretende optimizar los recursos de I+D+i de la Administración General del Estado, impulsar la
participación de la industria española de la defensa en los programas de I+D+i de la Unión Europea, reducir la dependencia del exterior y potenciar el desarrollo conjunto de estrategias para promocionar los avances en innovación de las empresas del
sector.
Así, con este acuerdo se permitirá a las partes firmantes promover la coordinación y el asesoramiento, así como el intercambio de información, conocimientos y experiencias en todo lo concerniente a tecnología de la industria española en el
sector de defensa y seguridad.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a culminar e implementar la estrategia de Tecnología e Innovación de la Defensa que, alineada con la Estrategia Española de Ciencia y Tecnología y de Innovación, marque las directrices que
seguirá el I+D+i promovido por el Ministerio en los próximos años en el ámbito del desarrollo de las capacidades militares necesarias para la ventaja operacional de las Fuerzas Armadas.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de noviembre de 2020.-Zaida Cantera de Castro, Begoña Nasarre Oliva, Francisco Aranda Vargas, María del Pilar Rodríguez Gómez, Manuel Arribas Maroto, Ana María Botella Gómez, Eva Bravo Barco, Santos
Cerdán León, Antidio Fagúndez Campo, Héctor Gómez Hernández, José Ramón Ortega Domínguez, Esther Peña Camarero y José Antonio Rodríguez Salas, Diputados.-Felipe Jesús Sicilia Alférez y Rafael Simancas Simancas, Portavoces del Grupo Parlamentario
Socialista.
161/002024
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa mesa para presentar, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, la siguiente Proposición no
de Ley sobre Planes de calidad de vida, para su debate en la Comisión de Defensa.
Exposición de motivos
En la Directiva de Defensa Nacional de 2020, en la Directriz de Actuación número 5, se establece que una de las principales prioridades del Ministerio de Defensa es que los miembros de nuestras Fuerzas Armadas cuenten con una calidad de vida
y unas condiciones de trabajo seguras y dignas, incluyendo las apropiadas medidas para la conciliación familiar y la integración plena y el incremento de la presencia de la mujer en la carrera militar.
Hoy en día, en nuestra sociedad, la conciliación de la vida profesional, familiar y personal es un derecho que involucra a todos los militares, hombres y mujeres, y tiene una especial incidencia en aquellos casos en que los dos cónyuges o
miembros de la pareja son militares.
Una política de personal adecuada a las realidades del siglo XXI ha de prestar especial atención a las medidas específicas de conciliación, actualizando y trabajando en el estudio y desarrollo de aquellas medidas que permitan mejorar la
conciliación del ejercicio de la profesión militar.
Por eso es tan importante la continua actualización de la normativa sobre conciliación transponiendo a las Fuerzas Armadas aquellas medidas que se adopten en el ámbito de la Administración General del Estado (AGE), adaptándolas si fuera
preciso a las peculiaridades de nuestros ejércitos.
De este modo se busca dar continuidad a un proceso en el que entre las numerosas medidas adoptadas dentro de este apartado caben destacar: la reducción de jornada para el cuidado de hijos menores de edad afectados de enfermedades graves;
la adaptación de criterios de la AGE en materia de conciliación; la ampliación de los supuestos de aplazamiento de la participación en misiones internacionales por determinados motivos de carácter familiar; la regulación de las bajas temporales
durante el embarazo y riesgo durante la lactancia natural respecto al personal civil del Ministerio y revisión del régimen de bajas temporales del personal militar; y regulación del régimen de vacaciones, permisos, reducción de jornada y licencias
de los miembros de las Fuerzas Armadas; el establecimiento de destinos condicionados, en el supuesto de que ambos miembros de un matrimonio de militares/pareja de hecho soliciten vacante anunciada por la misma autoridad, se supedita la asignación
de destino a que se conceda a los dos; la asignación temporal de destinos por circunstancias excepcionales de conciliación de la vida profesional, personal y familiar, basadas en motivos de salud, discapacidad o dependencia del militar o sus
familiares; la exención de plazos de mínima permanencia para agrupación familiar; imposibilidad de destinar con carácter forzoso a una provincia diferente, a los miembros de un matrimonio o pareja de hecho entre militares con hijos menores de doce
años a su cargo destinados en la misma provincia; se disponen nuevas causas para designar comisiones de servicio por circunstancias excepcionales de conciliación; se han ampliado los plazos de incorporación a los destinos que implican cambio de
residencia; y de forma innovadora en la Administración se crean comisiones de estudio en el ámbito de cada Ejército con el objeto de analizar y valorar los casos en los que concurran circunstancias excepcionales de salud, discapacidad o
dependencia, tanto del militar como de sus familiares, y cuyo resultado podrá desembocar en la asignación de un destino temporal o de una comisión de servicio.
En las Fuerzas Armadas hay muchísimas posibilidades de cumplir con una misión tan importante como tienen de servir a España y de hacerlo en las mejores condiciones para conciliar la vida personal y familiar. Hagamos que las Fuerzas Armadas
sean un ejemplo y referente para la sociedad en su conjunto en estos temas, al igual que lo son en tantos otros.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a continuar ejecutando durante la presente legislatura los Planes de Calidad de Vida, al objeto de mejorar las instalaciones militares y con ello las condiciones de vida y desarrollo de la
actividad profesional.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de noviembre de 2020.-Zaida Cantera de Castro, Begoña Nasarre Oliva, Francisco Aranda Vargas, María del Pilar Rodríguez Gómez, Manuel Arribas Maroto, Ana María Botella Gómez, Eva Bravo Barco, Santos
Cerdán León, Antidio Fagúndez Campo, Héctor Gómez Hernández, José Ramón Ortega Domínguez, Esther Peña Camarero y José Antonio Rodríguez Salas, Diputados.-Felipe Jesús Sicilia Alférez y Rafael Simancas Simancas, Portavoces del Grupo Parlamentario
Socialista.
Comisión de Hacienda
161/002018
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley para considerar la práctica deportiva como una actividad esencial y
solicitar la baja del impuesto del valor añadido (IVA) a servicios vinculados a la actividad física y deportiva, para su debate en la Comisión de Hacienda.
Exposición de motivos
La pandemia ha puesto el foco en la salud de los ciudadanos, fomentando el autocuidado junto con la prevención. La actividad física moderada es clave para fortalecer el sistema inmunológico, ya que se puede definir como una defensa natural
del cuerpo frente a las infecciones. Numerosos estudios acreditan que la práctica deportiva repercute de forma positiva sobre la salud de las personas. Hacer ejercicio es uno de los mejores tratamientos preventivos contra la COVID-19.
El estudio 'Obesidad, confinamiento y COVID-19', realizado por la Sociedad Española de Obesidad (SEEDO), reveló el pasado mes de julio que el 44 % de los españoles había engordado durante el confinamiento, entre uno y tres kilos, debido a
llevar un estilo de vida más sedentario. De la misma manera, el análisis reveló que las personas que más aumentaron de peso ya eran obesas. Este es un punto muy importante a tener en cuenta debido a que el 80 % de pacientes de coronavirus que
estuvo en situación grave padecía obesidad.
Junto con la edad, la obesidad es uno de los principales factores de riesgo para que el coronavirus se presente de forma grave o letal en una persona. En otro estudio español, que contó con el Hospital Gregorio Marañón como uno de los
coordinadores, se descubrió la existencia de hasta 17 variables asociadas con un mayor riesgo de muerte. Entre ellas, además de la obesidad y la edad, se encontraban también otras patologías subyacentes como hipertensión arterial, cirrosis
hepática, enfermedad neurológica crónica, cáncer activo y demencia.
Estas enfermedades, si bien muchas veces aparecen inevitablemente, se pueden prevenir o controlar llevando un buen estilo de vida, con una alimentación saludable y realizando ejercicio de manera regular. Estar en buena forma puede proteger
de algunos factores que parecen estar asociados con un mayor riesgo de hospitalización y mortalidad en pacientes con COVID-19, como el exceso de peso corporal, diabetes, hipertensión, enfermedad cardiovascular y pulmonar.
La transversalidad del deporte impacta positivamente en otros sectores como el sanitario o el económico. De este modo, se puede señalar que la práctica deportiva conlleva una reducción del gasto
sanitario o del absentismo laboral y promover la actividad física y el deporte entre los trabajadores mejora su salud y la rentabilidad de las empresas.
El Consejo Superior de Deportes (CSD) ha analizado las actividades para promover un estilo de vida saludable, ya que promover la actividad física y el deporte entre los trabajadores mejora su salud y la rentabilidad de las empresas y
consigue mejorar su salud, autoestima, conciliación y, además, da una mayor rentabilidad a las empresas debido a que se reducen sustancialmente el número de bajas laborales y hay un incremento de la productividad.
La práctica deportiva no solo ayuda a combatir el COVID- 19, sino que es una herramienta fundamental para mejorar la salud mental, muy deteriorada por esta situación. El deporte está considerado como un antidepresivo natural, y por tanto
beneficioso frente a estados de ansiedad y depresión, como los que puede generar la 'fatiga pandémica' a la que la Organización Mundial de la Salud ha puesto recientemente nombre.
Sus beneficios son tanto preventivos como de recuperación y, en ese sentido, varios estudios han señalado que la realización de ejercicio moderado es una buena herramienta junto con los tratamientos farmacológicos en la recuperación de la
capacidad cardiovascular de las personas que han padecido COVID-19.
La prevención y el cuidado de la salud son vitales para amortiguar el impacto de cualquier enfermedad. Es por ello que potenciar la actividad física debe ser una prioridad por la que se apueste y se promueva su práctica, cuidando también a
las empresas que se comprometen y potencian esos hábitos de salud, puesto que el ejercicio físico debe ser entendido como una herramienta más para luchar contra esta pandemia.
Por todo lo anterior, el Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno de la Nación a:
1. Considerar la práctica deportiva como una actividad esencial, de manera que pueda ser tratada como tal a la hora de aplicar posibles restricciones que puedan limitarla durante la pandemia.
2. Reducir el IVA del 21 % al 10 % en todos los servicios deportivos impartidos en instalaciones y centros deportivos, así como todos aquellos impartidos por profesionales de la actividad física y del deporte y técnicos titulados por
federaciones deportivas, en el marco de la Directiva 2006/112/CE del Consejo, de 28 de noviembre de 2006, relativa al sistema común del impuesto sobre el valor añadido, para que se pueda incorporar en la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto
sobre el Valor Añadido, al menos mientras el país se encuentre en la actual situación de crisis sanitaria y económica provocada por la pandemia del COVID-19.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de febrero de 2021.-Guillermo Díaz Gómez, Diputado.-Edmundo Bal Francés, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
161/002027
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre el rescate de Air Europa, para
su debate en Comisión de Hacienda.
Exposición de motivos
El Real Decreto-ley 25/2020, de 3 de julio, de medidas urgentes para apoyar la reactivación económica y el empleo incluía la creación de un Fondo de apoyo a la solvencia de empresas estratégicas, dotado inicialmente con 10.000 millones de
euros, para la toma de instrumentos financieros, incluyendo deuda, instrumentos híbridos o participaciones en el capital social de empresas solventes consideradas estratégicas para el tejido productivo y económico que estén atravesando dificultades
temporales como consecuencia de la pandemia.
Es una medida de intervención de último recurso y temporal a aplicar, previa solicitud de los beneficiarios, exclusivamente para empresas consideradas estratégicas para el tejido productivo nacional o regional, entre otros motivos, por su
sensible impacto social y económico, su relevancia para la seguridad, la salud de las personas, las infraestructuras, las comunicaciones o su contribución al buen funcionamiento de los mercados.
La gestión del Fondo se encomienda a un Consejo Gestor que depende de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI).
En octubre de 2020 conocimos que SEPI había aprobado una ayuda de 475 millones de euros a la compañía Air Europa a través de dos préstamos: uno participativo de 240 millones de euros y uno ordinario de 235 millones de euros que se sumaban a
los 140 millones de euros que ya se le había concedido mediante los créditos ICO avalados por el Gobierno de España. El Consejo de Ministros ratificó la intervención de la aerolínea el pasado 3 de noviembre.
Desde entonces, la falta de transparencia es total; el Gobierno se ha negado a dar ningún tipo de información al respecto, no ha permitido la comparecencia del vicepresidente de SEPI en Comisión -como hemos solicitado desde el Grupo
Parlamentario Popular-, y responde con evasivas a las preguntas escritas planteadas por los distintos grupos parlamentarios.
Desconocemos las condiciones de la intervención de Air Europa y, lo que es más grave aún, se puede estar vulnerando el 'Marco Temporal relativo a las medidas de ayuda estatal destinadas a respaldar la economía en el contexto del actual brote
de COVID-19' que exige que las ayudas en forma de recapitalización vayan acompañadas de los correspondientes planes de desinversión de la participación estatal.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a poner a disposición de los miembros de la Comisión de Hacienda el expediente completo de la intervención de Air Europa, incluyendo toda la documentación aportada por la compañía, las
propuestas y resoluciones aprobadas por el Consejo Gestor del Fondo, toda la documentación enviada al Consejo de Ministros para su aprobación el pasado 3 de noviembre, y el documento en el que se detallen los planes de desinversión de dicha
participación estatal, tal y como exige el Marco Temporal relativo a las medidas de ayuda estatal.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de febrero de 2021.-Carolina España Reina, Javier Bas Corugeira y Mario Garcés Sanagustín, Diputados.-Concepción Gamarra Ruiz-Clavijo, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Comisión de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana
161/002016
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Plural, a instancias de Ferran Bel i Accensi, Diputado del Partit Demócrata, y al amparo de lo establecido en el artículo 193 y ss. del Reglamento de la Cámara, presenta, para su debate ante el Pleno de la Comisión de
Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, una Proposición no de Ley para la construcción de un Corredor de Mercancías por el interior del Camp de Tarragona.
Exposición de motivos
La configuración del sistema ferroviario en el Camp de Tarragona dificulta el desarrollo de un sistema eficiente y seguro que permita la circulación de pasajeros y viajeros por líneas de ferrocarril distintas.
La instalación del tercer carril ferroviario entre Vila-Seca y Castellbisbal refuerza la incongruencia de este modelo al potenciar el transporte de mercancías dentro de los principales núcleos de población, que están situados en la costa,
mientras que el transporte de pasajeros lo hace cada vez más en estaciones periféricas. Este tercer carril contribuye a la saturación de una de las líneas ferroviarias con más tráfico de
pasajeros y mercancías del estado español. El paso de más trenes de mercancías y más largos puede afectar negativamente al servicio de líneas de pasajeros y puede suponer un grave perjuicio a la actividad portuaria del Port de Tarragona y
de la competitividad industrial del Camp de Tarragona.
Una de las primeras consecuencias de esta situación, en relación al transporte de pasajeros, es el empeoramiento de la conexión ferroviaria de Barcelona con el Camp de Tarragona, especialmente con la estación de Tarragona ciudad. Hay que
remarcar que actualmente el desplazamiento entre Tarragona y Barcelona en línea convencional tarda más tiempo que hace 20 años.
Igualmente el sector portuario e industrial del territorio, que constituye uno de los más dinámicos e importantes del estado con una gran cantidad de empresas, la actividad de las cuales depende en buena parte de la calidad de las
infraestructuras, hace tiempo que reclama una conexión con el ancho de vía europeo a fin de poder atraer nuevas inversiones. Para dar respuesta a esta necesidad se apostó por una solución más rápida a pesar de que provisional, el tercer carril, que
no soluciona el problema de raíz.
Hay que tener en cuenta que la fachada marítima de la comarca del Tarragonès concentra una intensa actividad turística que genera un alto grado de dinamismo comercial y de otros servicios. Desplazar las mercancías por el interior y
separarlas de la línea convencional de pasajeros ayudará a potenciar el crecimiento económico general del territorio. Contrariamente, no hacerlo solo tendrá consecuencias negativas para la economía y el conjunto de la población.
El tercer carril consolida el paso de trenes de mercancías al lado de un elemento central del patrimonio histórico de la ciudad de Tarragona: el anfiteatro. Las vibraciones que provocará el paso de convoyes más largos y pesados del
corredor mediterráneo pueden afectar negativamente este monumento que forma parte del conjunto de Tarraco, declarado Patrimonio Mundial por la UNESCO y que es uno de los elementos más característicos de la identidad de la ciudad.
La existencia del tercer carril alerta del riesgo que supone mantener el tráfico de trenes de mercancías, una parte de las cuales peligrosas, junto a los cascos urbanos, así como el incremento de la contaminación acústica producida por los
convoyes, materias que están reguladas y protegidas por normativas de protección de ámbito comunitario y no comunitario.
Es, por lo tanto, imprescindible, una solución definitiva que dé respuesta a las demandas del sector y en general del territorio.
Existe un amplio consenso en el territorio que implica el sector industrial, la ciudadanía y las instituciones porque pueda llevarse a cabo esta solución definitiva que es el corredor de mercancías por el interior liberando de este modo la
línea de costa para su uso exclusivo de pasajeros.
Por todo ello, los diputados del Partit Demócrata (PDeCAT) presentan la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Reducir al máximo la provisionalidad del tercer carril ferroviario por la línea de la costa del Camp de Tarragona y establecer un periodo determinado con el compromiso de cumplirlo.
2. Construir una plataforma ferroviaria para mercancías en el interior del Camp de Tarragona y liberar así su paso por la línea de la costa que pasa por zonas urbanas y turísticas, tal y como reclama el territorio de manera consensuada.
3. Colaborar con el Gobierno de la Generalitat y los ayuntamientos afectados, en función de sus competencias, a tomar todas las medidas posibles para paliar los efectos negativos del paso de trenes de mercancías sobre las viviendas,
edificios e instalaciones turísticas que se encuentran cerca de las vías de la línea de la costa y que verán agravado su impacto con el tercer carril.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de febrero de 2021.-Ferran Bel i Accensi, Diputado.-Laura Borràs Castanyer, Portavoz del Grupo Parlamentario Plural.
161/002025
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la puesta en marcha de un
Plan de Acción inmediato para garantizar la supervivencia del transporte en autobús para su debate en Comisión de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.
Exposición de motivos
A partir del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, las Órdenes Ministeriales que establecieron unos porcentajes
significativos de reducción del nivel de la oferta total de operaciones de transporte público, las restricciones debido a la pandemia y las condiciones derivadas de la última declaración del estado de alarma, han provocado un nivel de reducción
extraordinario de la oferta total de operaciones de transporte público que en un principio se traduce en el establecimiento de medidas de distanciamiento y la ocupación máxima de personas que podían ir a bordo de los vehículos, pero que se consolida
como una gran disminución de la demanda de viajeros ante las restricciones de movilidad.
La grave situación generada por la aparición del COVID-19 exige la adopción de medidas excepcionales que aúnen la protección de la salud de las personas con el adecuado funcionamiento del sistema de transporte público, que garantiza la
movilidad y el acceso a los servicios básicos y esenciales del Estado del bienestar.
Los servicios de transporte público se han visto fuertemente afectados como consecuencia del COVID-19 y las medidas adoptadas por las distintas Administraciones a todos los niveles para combatirlo. Medidas que han sido de restricción de
uso, pero no de ayudas eficientes y directas al sector para garantizar su supervivencia.
El comunicado emitido por IRU (International Road Transport ) el pasado 1 de abril corrobora que el transporte de viajeros por carretera es la columna vertebral de la economía mundial y contribuye al éxito de numerosos sectores como el
turismo, viajes de negocio y ocio y a medida que las medidas de contención de la pandemia han obligado a miles de personas a quedarse en casa, las operaciones de transporte de viajeros han sido condenadas a un bloqueo que se traduce en una drástica
caída de la demanda del transporte público que alcanza cotas del 90 %, lo que suponen cifras insostenibles a corto plazo.
Este impacto se produce en un momento en el que a los costes fijos hay que sumar la inversión adicional que impone la gestión de la crisis para preservar la salud tanto de trabajadores como de usuarios. Traduciéndose estas medidas en una
inversión extra para preservar el distanciamiento social en infraestructuras y vehículos o la desinfección y limpieza extra de los vehículos de forma diaria.
Las soluciones aportadas hasta la fecha con motivo de la situación del COVID-19, por el Gobierno que contenga medidas con carácter de subvención para el transporte público, no han sido efectivas, aun cuando las actuaciones establecidas han
afectado gravemente estos servicios y colocan en grave e inminente riesgo la viabilidad de sus operaciones. Por eso, resulta necesario establecer medidas compensatorias para paliar los efectos desfavorables provocados, garantizar la prestación de
servicios y preservar el sistema de transporte público en nuestro país.
De cara al futuro hay que garantizar la continuidad del sector de transporte de viajeros por carretera, como el modo de transporte que mayor movilidad genera y en el que se sustenta la cohesión territorial de nuestro país.
Esta situación se puede resumir en las siguientes premisas:
- Al momento presente, más del 50 % de la cuota de viajeros que utilizan el transporte público en España usan el autobús, pues (al igual que el taxi, pero con mucha mayor capacidad) es el medio que permite completar hasta destino los
traslados que se realizan vía aérea, ferroviaria o marítima.
- La coyuntura presente amenaza seriamente la supervivencia de la gran mayoría de las empresas del sector, lo que puede llevar en unos meses al colapso del sistema.
- Todas las concesionarias de líneas han entrado en una situación de desequilibrio económico en la explotación, coyuntura que va a requerir de la creación de un fondo de compensación para asegurar su viabilidad.
- Más del 70 % de sus costes son laborales, por lo que necesitan la extensión de los ERTE hasta que se recupere la plena normalidad.
- Todos los planes de renovación de flotas han quedado en suspenso y paralizados los pedidos de nuevos autobuses menos contaminantes.
A la hora de establecer una estrategia para esta problemática debemos considerar fundamental el preservar el tejido productivo de la movilidad para que, una vez superada la situación y levantadas las restricciones, las empresas tengan la
capacidad de poder ofrecer los niveles necesarios para atender a la demanda de la movilidad de las personas como condición básica de su calidad de vida y para sus necesidades cotidianas y acceder a servicios públicos básicos y a otros de carácter
esencial.
La crisis del COVID 19 ha impactado tan negativamente en la movilidad, que las empresas de transporte de viajeros por carretera precisan más medidas que les permitan subsistir hasta que se recuperen niveles de demanda previos al inicio de la
crisis.
Partimos de la base de que la situación del sector antes de la crisis sanitaria del COVID 19 era la siguiente:
- El sector del transporte de viajeros por carretera estaba formado por 3.400 empresas de autobús españolas, que facturaban anualmente más de 3.500 millones de euros.
- El empleo asociado directamente al transporte de pasajeros por carretera es de 70.000 puestos de trabajo.
- Vehículos disponibles: 42.000 vehículos, siendo la flota más moderna de Europa.
- Transporte anual de pasajeros: 1.750 millones de viajeros (uno de cada dos viajes interurbanos se realizan en autobús).
- Conexiones entre más de 8.000 poblaciones españolas en más de 1.500 líneas para la movilidad.
- Precios inferiores a la mayoría de países europeos.
Y los indicadores de actividad a día de hoy se pueden resumir en:
- El 100 % de las empresas de autobuses se han visto afectadas negativamente, 9 de cada 10 empresas afectadas muy negativamente.
- Más del 42 % de las empresas ha visto que el volumen de sus ingresos ha descendido en un 100 %, mientras que la mitad lo ha visto reducido entre un 50 % y un 100 %. Solo un 1,1 % de las empresas lo ha visto reducido entre un 0 y un 25 %.
- 9 de cada 10 empresas de autobús se han visto obligadas a aplicar un ERTE, y de ellas casi el 80 % no cree que vaya a mantener el empleo dentro de seis meses.
- 8 de cada 10 empresas reconoce haber solicitado o piensa solicitar financiación con avales del Estado para afrontar la crisis COVID 19.
Las pérdidas del autobús ascienden a 4.000 millones de euros en 2020, previéndose otros 2.400 millones en el primer semestre de 2021.
Las empresas de transporte en autobús son clave para la economía local y el tejido empresarial de las regiones y poblaciones de nuestro país, por lo que desde el grupo Parlamentario Popular consideramos prioritario establecer un plan de
acción inmediato para la supervivencia del transporte público.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley:
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a poner en marcha un Plan de Acción inmediato para garantizar la supervivencia del transporte en autobús, donde se establezcan las siguientes medidas:
Medidas inmediatas.
1. Extensión de los ERTES hasta el restablecimiento de las condiciones de movilidad y el restablecimiento de los servicios al menos en un 80 %.
2. Ampliación de los aplazamientos de las obligaciones de pago por contratos de crédito, renting y leasing de vehículos profesionales hasta que el sector recupere la actividad.
3. Establecer medidas eficaces en el ámbito de empleo y Seguridad Social, garantizando el aplazamiento de las cotizaciones, pagos IRPF, Impuesto de Sociedades e IVA.
4. Establecimiento de un fondo económico para el sostenimiento de todos los servicios de transporte público en autobús para 2021.
5. Creación de mecanismos de compensación para el transporte discrecional de similar orden a los que se están llevando a cabo en distintos países de nuestro entorno.
6. Realizar campañas de promoción estimulando el uso del transporte público para recuperar la confianza de los usuarios.
7. Tener en cuenta al transporte de viajeros por carretera en los planes de relanzamiento y apoyo al turismo que desarrolle el Gobierno.
8. En cuanto al transporte escolar, garantizar el pago de los contratos de transporte para este curso.
9. En cuanto al transporte concesional interurbano (autonómico) y a nivel nacional, efectuar el pago de las concesiones, corrigiendo la morosidad de las administraciones públicas con el sector.
10. Establecer la antigüedad de los vehículos en 18 años, en vez de los 16 actuales para transporte escolar, siempre y cuando se cumplan las garantías técnicas y de seguridad.
A medio plazo:
11. Reordenación de los servicios del sistema concesional, con el rediseño del mapa de concesiones al objeto de adaptar las líneas a las necesidades reales de movilidad hoy existentes, buscando mayor efectividad y mayor margen para las
empresas con bonificaciones al viajero recurrente y mayores garantías de movilidad eficiente.
12. Potenciar la figura concesional del transporte a la demanda, tanto para los puntos más alejados de los extrarradios de las grandes ciudades, como para los accesos de nuevas infraestructuras y equipamientos, y en general para todas las
zonas de ámbito rural.
13. Creación de un marco normativo de financiación del transporte público terrestre que dé respuestas a las condiciones diversas de Movilidad y garantice el equilibrio y la calidad de los servicios de transporte en todo el territorio
nacional. Este marco normativo garantizará el cumplimiento de parámetros de Sostenibilidad Ambiental en nuestros núcleos urbanos y rurales y será garantía de igualdad y cohesión territorial.
14. Modificar el marco normativo vigente para hacer compatible en las zonas rurales el transporte escolar con el transporte de viajeros, para así duplicar líneas que son deficitarias y darle racionalidad y viabilidad económica a la
movilidad de las personas en dichos ámbitos.
15. Creación de un paquete de ayudas públicas (Europa/Gobierno de España) al amparo de la Ley de Cambio Climático para la renovación-transformación a la movilidad eléctrica y más seguridad sanitaria en el Transporte de Viajeros por
Carretera.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de febrero de 2021.-Andrés Lorite Lorite, Ana María Zurita Expósito y Mario Garcés Sanagustín, Diputados.-Concepción Gamarra Ruiz-Clavijo, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/002028
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la publicación en formato Open Source de
los datos de los servicios de transporte público, para su debate en la Comisión de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.
Exposición de motivos
Tal y como señalaba recientemente la OCDE, 'una tendencia relativamente reciente en muchos países para aumentar la transparencia y la rendición de cuentas de las instituciones públicas es poner sus datos a disposición del público y permitir
el uso, reutilización y distribución libre de conjuntos de datos por medio de un formato conocido como formato de datos abiertos'. Esta organización ha analizado este fenómeno cada vez más importante, identificando el potencial de la extraordinaria
cantidad y carácter
fundamental de los datos recogidos por los gobiernos no solo en términos de apertura, transparencia y rendición de cuentas, sino también como una vía para aumentar el intercambio, colaboración y compromiso del público. La utilidad de estos
datos abiertos se puede extender, por tanto, a muchos ámbitos de la vida cotidiana de los españoles, como por ejemplo, la del transporte público.
A día de hoy, proporcionar información sobre los sistemas de transporte en el momento preciso para que el usuario sepa cuándo puede encontrar el servicio que desea puede ser fundamental para una elección modal adecuada, especialmente dada la
disponibilidad que ya ofrecen, en múltiples ciudades de Europa, ciertas aplicaciones para smartphone que permiten establecer rutas óptimas combinando el uso de distintos medios de transporte público en tiempo real.
Se debe tener en cuenta que no solo basta con que el usuario disponga del horario entre dos estaciones, especialmente en situaciones en las que los trenes no circulan con un horario fijo sino con un régimen de frecuencias: es necesario
también un conjunto de informaciones que integren la secuencia de estaciones de las líneas, incluyendo las estaciones/apeaderos en las que no se producen paradas facultativas, sus nombres y localización, el número de andén para su estacionamiento y
acceso, las cabeceras o destinos de los trenes en las líneas, un calendario (para los días no laborables y/o días excepcionales), etc.
En este sentido, pese a que tanto Renfe como Adif cuentan con aplicaciones web específicas, estas se encuentran basadas en las informaciones de dos servicios internos en toda la red de Cercanías: uno es Sitra, para la regulación y gestión
del tráfico ferroviario, con cierto nivel de obsolescencia tecnológica y cuya sustitución por el nuevo Sitra+ está prevista a partir de 2019; el otro es el propio sistema multimedia de información al viajero ELCANO, que la ofrece a través de
diferentes canales de comunicación (cartelería, sinóptico, tótems, paneles, megafonía, interfonía, móvil y SMS), pero que aún no está totalmente desplegado en toda la red de Cercanías.
Además estos servicios de información no se encuentran integrados con otros medios de transporte público, reduciendo la utilidad para los usuarios de Cercanías así como impidiendo la intermodalidad tantas veces consagrada en las diferentes
Estrategias y normativas de transporte público, urbano e interurbano.
Uno de los principales problemas para integración de estos sistemas de información es el funcionamiento mediante frecuencias como el que utiliza, por ejemplo, el ferroviario de Cercanías (lo que suele ocurrir en grandes núcleos como Madrid y
Barcelona), la información se resiente, por lo que en las líneas sin elementos de control continuo de posición estos datos pueden llegar a ser, de manera frecuente, ya no solo imprecisos, sino incorrectos en términos de tiempo de espera o número de
andén. Además, a día de hoy, Renfe y Adif no ofrecen aún sus datos en formatos abiertos u Open Source. Por su parte, los Consorcios, como el Regional de Transportes de Madrid o Transports Metropolitans en Barcelona, deben ser las autoridades que
aglutinen la información de todos los medios de transporte (autobuses urbanos e interurbanos, metro pesado y ligero, y trenes de cercanías).
Desde el Grupo Parlamentario Ciudadanos, pensamos que todas estas agencias y entidades deberían impulsar el proceso de apertura de datos, dado su carácter y financiación públicos, con el fin de hacer su información lo más accesible posible.
Además de la labor de puesta a disposición de terceros de los datos para su uso, se lograría homogeneizar y armonizar la información con la del resto de empresas públicas de transporte de nuestro entorno. De esta forma, se impulsaría la utilización
de estos datos para mejorar la usabilidad de esta información presentándola de una forma eficiente, fácil, accesible y respetuosa con la regulación de privacidad.
De este modo se lograrían ganancias de eficiencia: cuando fuese necesario actualizar líneas y servicios, sería más sencillo dar formato a estos datos, resultaría más fácil poner la información al día y definir, por ejemplo, los horarios.
De hecho, aunque los datos finalmente no se abrieran al público, la señalética de las estaciones y los documentos con los horarios podrían beneficiarse de una rápida actualización. Estos datos no solo serían útiles para los ciudadanos sino también
para los gestores y las autoridades de transporte que pueden colaborar con los agentes del sector privado que desarrollen soluciones integrales de transporte con los datos abiertos para mejorar la coordinación entre los diferentes medios de
transporte, así como entre las instituciones gestoras o autoridad competentes.
No podemos olvidar que las aplicaciones abiertas de información sobre transporte público y sus rutas (como Moovit, Here, Urban Step o Citymapper) nacieron gracias a que, en ciudades como Londres o París, tanto Transport for London (TFL) como
Île-de-France Mobilités (antiguamente Syndicat des transports d'Île-de-France - STIF) han contribuido a la construcción de conjuntos de datos y los han abierto al público, en tiempo real.
Teniendo presente lo anterior, el Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Publicar los datos de los servicios de Cercanías, competencia de la Administración Central, de todos los núcleos existentes en España en tiempo real y hacerlos disponibles para aplicaciones en formato Open Source, con el fin de permitir
su uso por parte de cualquier desarrollador, con las salvaguardas legales y de confidencialidad necesarias.
2. Impulsar, mediante comunicaciones y convenios con los gobiernos autonómicos y los ayuntamientos de los núcleos urbanos y conurbaciones que cuenten con más de 250.000 habitantes, acciones similares respecto a sus servicios de transporte
público metropolitano, incluyendo el metro, tren ligero (incluyendo tranvías) y autobuses dependientes de las empresas públicas autonómicas o metropolitanas.
3. Disponer las consignaciones presupuestarias necesarias para realizar la parte dependiente de la Administración General del Estado correspondiente a estas acciones y ejecutarlas en un plazo máximo de 24 meses tras la aprobación de esta
Proposición no de Ley.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de febrero de 2021.-María Muñoz Vidal, Diputada.-Inés Arrimadas García, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
Comisión de Educación y Formación Profesional
161/001984
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley para garantizar la independencia del Presidente del Consejo Escolar del
Estado, para su debate en la Comisión de Educación y Formación Profesional.
Exposición de motivos
La Constitución Española establece en el apartado 1 del artículo 27 que todos tienen derecho a la educación. Igualmente, el apartado 5 del mismo artículo reconoce la obligación de los poderes públicos de garantizar la participación efectiva
de la comunidad educativa en la programación general de la educación.
La Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Educación, desarrolla las herramientas necesarias para garantizar el derecho de la comunidad educativa a participar en aquellos asuntos que afectan al sistema educativo.
Para ello, el instrumento que desarrolla esta Ley para canalizar las demandas de todos los sectores afectados fue la creación del Consejo Escolar del Estado (CEE). Según el artículo 31 de la Ley 8/1985, es el 'órgano de ámbito nacional encargado de
garantizar la participación de la comunidad educativa en la programación general de la enseñanza y de asesoramiento respecto de los proyectos de ley o reglamentos que hayan de ser propuestos o dictados por el Gobierno'.
Entre las competencias que tiene atribuidas este órgano, según lo previsto en los artículos 32 y 33 de la mencionada ley, se encuentra el deber ser consultado por parte del Gobierno de España en todo aquello que afecte a la programación
general de la enseñanza, a la redacción de las normas básicas que haya de dictar para el desarrollo del artículo 27 de la Constitución y sobre las disposiciones que se refieran al desarrollo de la igualdad de derechos y oportunidades y al fomento de
la igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres en la enseñanza. Igualmente, el Consejo Escolar tiene la obligación de elaborar y hacer público con carácter anual un informe sobre el sistema educativo.
En lo que respecta a su máximo representante, el Presidente del Consejo Escolar del Estado, el artículo 31 de la Ley Orgánica reguladora del Derecho a la Educación establece que su nombramiento
corresponde al Gobierno, mediante Real Decreto, de entre personas de reconocido prestigio en el ámbito educativo. Entre las competencias que ostenta esta figura, previstas en el Real Decreto 694/2007, el artículo 4 le confiere las
atribuciones para ejercer la dirección y representación del Consejo y el voto de calidad en caso de empate en alguna de las votaciones que se produzcan.
A pesar de la posición de independencia y consenso que el Presidente del Consejo Escolar debería ocupar en el organigrama del sistema educativo, su figura ha sido objeto de presiones por parte del Gobierno de España durante la presente
legislatura.
El pasado miércoles 27 de enero, a través de ABC, conocíamos que Enrique Roca, presidente del CEE, había presentado su dimisión e iba a ser reemplazado por Encarna Cuenca Carrión, presidenta del Consejo Escolar de Comunidad Valenciana y
persona muy vinculada al PSOE.
De acuerdo con la información publicada por este diario (y con reuniones mantenidas con distintos consejeros por este grupo parlamentario), el expresidente del Consejo Escolar del Estado se sintió obligado a dimitir al ser incapaz de lidiar
con las presiones que llegaban desde el Ministerio de Educación y la división generada en el seno del propio Consejo debido al resultado final de la tramitación de la Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica
2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOMLOE). A su vez, algunos de los miembros de este órgano habrían manifestado que el propio Consejo 'se había politizado demasiado'.
Los hechos narrados ponen de manifiesto que el actual procedimiento de designación del Presidente del CEE y los mecanismos que deben propiciar la transparencia durante su mandato son insuficiente para garantizar que esta figura actúa de
manera autónoma y tiene como aspiración principal representar los intereses y posiciones mayoritarias dentro de la comunidad educativa. Para garantizar estos principios de actuación es necesario impulsar una reforma de la Ley Orgánica reguladora
del Derecho a la Educación que evite cualquier tipo de injerencia política en la labor del Presidente del Consejo Escolar del Estado.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno de España a:
1. Reformar el sistema de elección del Presidente del Consejo Escolar del Estado para que su designación deba ser acordada por mayoría absoluta del Pleno de este órgano, de entre personas de reconocido prestigio en el ámbito educativo.
2. Garantizar que todas las comunicaciones oficiales entre el Ministerio de Educación y el Presidente del Consejo Escolar del Estado son públicas.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de febrero de 2021.-Marta Martín Llaguno, Diputada.-Edmundo Bal Francés, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
Comisión de Trabajo, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones
161/001987
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para reconocer de forma excepcional el ingreso
mínimo vital a todos los beneficiarios de las rentas de inserción de las CC. AA., para su debate en la Comisión de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.
Exposición de motivos
La gestión por parte del Gobierno del Ingreso Mínimo Vital no se está desarrollando con la agilidad que se esperaba y los datos que se conocen muestran que no está cumpliendo con las previsiones que el mismo Ejecutivo se había planteado.
Los últimos datos conocidos de reconocimiento de prestaciones facilitados por el Ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones en el Pleno del Congreso de los
Diputados en diciembre de 2020 muestran como, en esa fecha,160.000 hogares eran ya beneficiarios del IMV, haciendo un total de 460.000 personas cubiertas por esta prestación. Esta cifra no suponía ni un 85 % de las familias beneficiarias de
las rentas de inserción de las Comunidades Autónomas y aún quedan alrededor de 270.000 solicitudes por analizar.
En relación con los requisitos para acceder al ingreso mínimo vital, los requerimientos de información son extensos y en muchos casos complicados de cumplir por los solicitantes. Este hecho se hace aún más relevante para las familias en
situación de pobreza extrema, que encuentran obstáculos materiales e inmateriales para solicitar esta prestación y hace que los colectivos más prioritarios para este tipo de políticas públicas queden excluidos. Un buen ejemplo de ello son las
181.000 solicitantes a los que se les ha requerido que enmienden errores en la solicitud.
Desde que se aprobara este mecanismo, pieza clave en la reducción de la pobreza, se han evidenciado las carencias en materia de coordinación con los esquemas similares de las Comunidades Autónomas, derivando en duplicidades administrativas,
trabas burocráticas y lentitud en la tramitación de los expedientes. Siendo las Comunidades Autónomas las administraciones que disponen de un mayor número de datos en materia social, ya que son estas las que ejercen las competencias en el ámbito de
los servicios sociales, es deseable que, al menos aquellos beneficiarios ya reconocidos por las Comunidades Autónomas en sus esquemas de rentas de inserción sean automáticamente beneficiarios del IMV.
Sobre el ingreso mínimo vital se ha avanzado muchísimo en armonizar las políticas de garantía de ingresos dirigidas a los grupos de población en riesgo de exclusión social, porque hasta ahora era un sistema fragmentado en diecisiete
políticas autonómicas muy dispares entre sí, y era necesario dotar de un marco común de protección a todos los ciudadanos en el territorio español para asegurar la igualdad entre todos los españoles. Desde Ciudadanos ya advertimos de los problemas
de gestión a los que se podría enfrentar el Gobierno con una norma aprobada con demasiada celeridad, tanto por su novedad como por caer como un meteorito en el sistema en el que ya había otras políticas preexistentes a nivel autonómico, requería de
mucho estudio, de mucha planificación y de mucho diálogo. El resultado, predecible, es que el ingreso mínimo vital no ha llegado cuando se necesitaba a todo el mundo afectado ni en el momento en el que lo necesitaban.
Es por todo lo anterior que desde Ciudadanos proponemos una solución a los problemas de gestión que puede dar acceso a los que más necesitan esta prestación, utilizando los recursos de información que ya están en manos de las Comunidades
Autónomas que tienen esquemas de prestaciones de rentas de inserción o básicas similares y aprovechando esta información compartida para garantizar el acceso de las familias más vulnerables al ingreso mínimo vital.
En concreto, planteamos el reconocimiento de forma excepcional del ingreso mínimo vital a aquellas personas beneficiarias de las distintas rentas de inserción o básicas establecidas por las Comunidades Autónomas. Las administraciones
autonómicas comunicarán a través de los protocolos telemáticos de intercambio de información habilitados al efecto, la información de dichos beneficiarios, garantizando su acceso hasta que se pueda asegurar una tramitación ágil y eficiente del
ingreso mínimo vital. De esta forma, aun cuando las personas que accedan a la prestación a través de este procedimiento excepcional no reúnan la totalidad de requisitos exigidos en la norma reguladora del ingreso mínimo vital, en todos los casos
sus circunstancias se circunscriben dentro de la definición de situaciones de pobreza severa o riesgo de exclusión social, al compartir las rentas mínimas o básicas la misma finalidad que la prestación estatal. Se garantiza así el acceso a los
colectivos de pobreza severa, que son los que más dificultades encuentran a lo largo del proceso administrativo en un sistema excesivamente burocrático. Además, al producirse el reconocimiento automático del derecho a la prestación, al haber sido
realizada la acreditación de los requisitos correspondientes por parte de las administraciones autonómicas, se pueden dedicar los recursos liberados a través de esta solución al refuerzo de asistencia a las familias en pobreza severa que se
encuentran fuera del sistema y que requieren urgentemente de esta prestación.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que, con carácter urgente, proceda al reconocimiento de oficio de la prestación de ingreso mínimo vital a todas las personas que actualmente sean beneficiarias de las distintas rentas de
inserción o básicas establecidas por las Comunidades Autónomas, de forma excepcional y sin perjuicio de la posterior comprobación del cumplimiento de los requisitos para determinar la continuidad de la prestación, como medida para agilizar la
gestión de la
prestación y garantizar una cobertura eficaz e inmediata de las personas y unidades familiares en situación de pobreza severa en España.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de febrero de 2021.-Sara Giménez Giménez, Diputada.-Inés Arrimadas García, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
161/001997
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para instar al Gobierno a exonerar, al
menos hasta el 31 de mayo, del pago de la cuota a la Seguridad Social a todos aquellos autónomos que carezcan de ingresos, para su debate en la Comisión de Trabajo, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.
Exposición de motivos
Próximamente se cumplirá un año desde el inicio de la pandemia, un año fatídico en todos los aspectos, sanitario, económico y laboral. Lo que parecía que iba a ser una situación excepcional se está prolongando en el tiempo de una manera
descontrolada.
La gestión improvisada del Gobierno, más preocupado por sus batallas internas que por el devenir del país, ha concluido con una infame cifra (aún sin aclarar) de personas fallecidas por Covid-19 y un ritmo de contagios trepidante y con la
economía del país por el suelo. La economía española habrá perdido en 2020, según las estimaciones de organismos nacionales e internacionales, cerca de 120.000 millones de euros como consecuencia de la crisis del coronavirus.
El colectivo de los trabajadores autónomos está siendo uno de los grandes afectados por la crisis sanitaria. Las restricciones que hemos padecido y que a día de hoy continuamos padeciendo con el estado de alarma, con toque de queda
nocturno, con confinamientos, cierres perimetrales, cierres de actividades, restricciones a la movilidad, etc., unido a las escasas medidas adoptadas por el Gobierno en beneficio de los trabajadores por cuenta propia, ha hecho que las consecuencias
económicas derivadas de la pandemia sean astronómicas para estos.
El balance del año 2020 ha sido desolador para los autónomos. Según el último barómetro de la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA) publicado el pasado 11 de enero de 2021: (I) dos millones de autónomos perdieron más de 15.000 euros
en 2020, (II) uno de cada tres autónomos, el 33,5 %, aseguran que sus pérdidas son superiores a 30.000 , (III) en torno a 1.500.000 autónomos han solicitado el cese de actividad tanto la prestación ordinaria como la extraordinaria en 2020, (IV) uno
de cada tres autónomos sufre morosidad, tanto pública como privada, (V) casi el 40 % de los autónomos que tienen trabajadores afirma que ha solicitado un ERTE o tiene previsto hacerlo, (VI) el 34,9 % de los autónomos con trabajadores no tiene
liquidez para afrontar despidos.
Es cierto, que el pasado 26 de enero, en línea con la propuesta que desde el Partido Popular habíamos planteado tiempo antes, se prorrogó la prestación extraordinaria por cese de actividad para los trabajadores autónomos hasta el 31 de mayo
de 2021. Esto es una buena noticia, sin embargo, la implementación de esta medida es a todas luces insuficiente y debemos de ir más allá para dar una burbuja de oxígeno a los autónomos que más están padeciendo la crisis sanitaria.
En la situación actual, con la llegada de la tercera ola y con nuevas restricciones y limitaciones de actividad, se prevé que se multiplique el número de autónomos que va a percibir la prestación extraordinaria por cese de actividad, pasando
entre febrero y mayo de los 350.000 actuales a más de 800.000. Esto significa que serán muchos más los autónomos que se encuentren en la cuerda floja. Muchos de estos emprendedores, además, tienen personas contratadas a las que deben de pagar la
nómina, y continúan teniendo obligaciones económicas, pago de alquiler del local, hipoteca, suministros, cotizaciones, cuota, etc. Esta es la dramática realidad que están viviendo muchos autónomos a día de hoy en nuestro país, una importante
reducción de ingresos -en muchos casos ingresos casi inexistentes o nulos- y multitud de gastos a los que hacer frente.
Si no se adoptan nuevas medidas con urgencia, muchos emprendedores tendrán que cerrar su negocio ahogados por los gastos. Desde el comienzo de la pandemia, hace ya casi un año, el Partido Popular ha defendido firmemente la necesidad de
exonerar del pago de cuotas a la Seguridad Social a todos aquellos autónomos que carezcan de ingresos, sin excepción, sean o no beneficiarios de la prestación extraordinaria por cese de actividad y persistiremos en ello y reiteraremos nuestra
petición tanto como haga falta hasta que esta medida se haga afectiva: a ingresos cero, cuota cero.
No cabe duda de que el colectivo de los trabajadores autónomos es el gran olvidado del Gobierno y ante un Gobierno ausente, es nuestra responsabilidad continuar apoyando -como siempre hemos hecho- a uno de los colectivos más golpeados por
los efectos económicos de la pandemia y seguiremos trabajando para allanarles el camino frente a un Gobierno que solo les pone trabas. Hablar de autónomos es hablar de un colectivo que genera riqueza y empleo en España, ya que crean más de 4
millones de puestos de trabajo de manera directa o indirecta y no se les puede dejar en la cuneta.
Desde el Grupo Parlamentario Popular reafirmamos nuestro compromiso con este colectivo y reconocemos su imprescindible función en la política económica y social de nuestro país. Tenemos claro que el presente y el futuro de España pasa por
apoyar a los emprendedores y de manera particular a los autónomos. Apoyar a los autónomos es apoyar la creación de empleo.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que, debido a la situación de excepcionalidad que estamos viviendo como consecuencia de la pandemia de la Covid-19 que está afectando gravemente al colectivo de trabajadores autónomos,
proceda a:
- Exonerar, al menos hasta el 31 de mayo, del pago de la cuota a la Seguridad Social a todos aquellos autónomos que carezcan de ingresos: a ingresos cero, cuota cero.
- Aplicar esta exoneración del pago de cuotas a todos los autónomos que carezcan de ingresos sin excepción, sean o no beneficiarios de la prestación extraordinaria por cese de actividad.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de febrero de 2021.-José Ignacio Echániz Salgado, Diego Movellán Lombilla y Carolina España Reina, Diputados.-Concepción Gamarra Ruiz-Clavijo, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/001998
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para la promoción de la Inclusión
Digital de las personas en riesgo de exclusión social, para su debate en la Comisión de Trabajo, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones / Derechos Sociales y Políticas Integrales de Discapacidad.
Exposición de motivos
El uso de las nuevas tecnologías de la información ha supuesto un cambio radical en las relaciones laborales y sociales. Los beneficios del conocimiento y uso de las TICS son innumerables, contribuyendo al desarrollo de las sociedades en
general y de las personas en particular, pues permiten mayores oportunidades educativas, laborales, de ocio, así como de acceso a la información en general.
En un mundo cada vez más digitalizado y globalizado, disponer de competencias tecnológicas resulta cada vez más necesario, algo que se ha mostrado de manera extraordinaria durante la pandemia provocada por la COVID 19 que aun padecemos.
Sin embargo, 'a sensu contrario', el avance de la implementación de la tecnología en todos los ámbitos puede aumentar situaciones de exclusión cuando no resulta accesible para todos, sea por falta de medios técnicos, o lo sea por falta de
formación y conocimientos, pudiendo así convertirse en una nueva barrera para determinados colectivos, especialmente los más vulnerables.
La brecha digital es aquella que separa a las personas que tienen acceso a internet, a las TICS, de quienes no lo tienen y en su aparición confluyen distintos determinantes: edad, entorno rural o urbano, pero también nivel formativo, estado
socioeconómico o nivel de renta.
Este asunto no resulta baladí dado que está relacionado con al menos tres de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) fijados por la ONU en su Agenda 2030 para promover la prosperidad de todos y preservar el planeta. Se trata de los
objetivos número 1 (Fin de la pobreza), 4 (Educación de calidad) y 10 (Reducción de las desigualdades). Acabar con esa brecha es esencial para que todos los ciudadanos puedan prosperar y ejercer sus derechos, sin importar su origen o las
circunstancias de su vida.
El confinamiento ha puesto en evidencia varias brechas en el ámbito digital. La territorial es una de ellas, pero también las hay en el ámbito educativo (al menos el 10 % de los niños se quedaron desconectados del sistema educativo durante
el mismo), en el de las habilidades en general, e incluso existe la brecha de género.
Los indicadores de la UE señalan que el punto más débil de la digitalización en España son los ciudadanos. En el Informe de Índice de Economía y Sociedad Digital (DESI) de la Comisión Europea del año 2020, elaborado antes de la pandemia, el
denominado capital humano es el parámetro en el que ocupamos peor posición: los decimosextos, de 27 países. El 43 % de los españoles de entre 16 y 74 años carecen de competencias digitales básicas, un punto menos que en el conjunto de Europa. El
porcentaje de especialistas en Tecnologías de la Información es del 3,2 %, frente al 3,9 % de media.
Y en este apartado, son precisamente las personas más vulnerables quienes padecen, en mayor medida, las consecuencias negativas de la brecha digital, al carecer en muchas ocasiones de medios económicos y materiales para acceder a internet,
pero también, en otras muchas, de los suficientes conocimientos para el manejo y aprovechamiento de todo el mundo de oportunidades e información que internet ofrece: acceso a ofertas de empleo, formación on-line, y ahora, de manera generalizada,
solicitud de prestaciones y/o ayudas sociales.
La cada vez mayor digitalización de las Administraciones Públicas, llevada a su máxima capacidad como consecuencia de la pandemia, lo que ha supuesto un avance sin duda, pero también ha conllevado un cambio en la forma habitual de
relacionarse entre estas y los ciudadanos, especialmente para aquellos colectivos más vulnerables, habituados a la atención personal que prestan los Servicios Sociales de Ayuntamientos y Comunidades Autónomas.
Es más, todo ello puede agudizarse cuando existen situaciones que generen doble discriminación, como el género, discapacidad, edad, origen, la situación socioeconómica o el lugar de residencia, especialmente si se vive en el ámbito rural.
Esta circunstancia puede estar ocasionando, como indicábamos, una nueva barrera para la inclusión, pues son muchas las personas y familias que no acceden a las prestaciones o ayudas que necesitan, sobre todo en estos difíciles momentos, por
la imposibilidad de solicitar las mismas o por no disponer tan siquiera de la información necesaria.
Un ejemplo de ello es el Ingreso Mínimo Vital. Como vienen advirtiendo distintas entidades sociales y el propio Defensor del Pueblo, el hecho de que la Sede Electrónica de la Seguridad Social sea el canal prioritario para su solicitud y el
excesivo peso de los mecanismos telemáticos, está suponiendo muchos obstáculos para su tramitación. No ya solo por el colapso que está sufriendo la Seguridad Social y las nefastas consecuencias en lo relativo a la resolución de los expedientes y
reconocimiento de las prestaciones como las pensiones de jubilación, viudedad, orfandad, etc., sino también por la imposibilidad de muchas personas de tan siquiera presentar su solicitud. Las principales dificultades que se encuentran vienen
referidas a la carencia de internet, de competencias digitales básicas y las dificultades para comprender los procesos administrativos sobre gestión a través de internet.
Según un nuevo Informe del Equipo de Estudios de Cáritas Española sobre el impacto que está teniendo la crisis social y económica causada por la COVID-19, un 40 % de las personas acompañadas por esta entidad no han solicitado la prestación.
Prácticamente la mitad de los hogares encuestados, el 49 %, afirmaron no haber recibido ninguna información sobre el IMV. El 17 % de las familias aseguró que había recibido algo de información sobre la ayuda, pero no la suficiente como para poder
solicitarla.
El resultado de este desconocimiento es que muy pocos hogares habían pedido el IMV, el 27 %, la mayor parte alegando que se debía a falta de información sobre la medida.
Y esto mismo ocurre con otro tipo de prestaciones o trámites administrativos necesarios: empadronamientos, obtención de certificado digital, inscripción como demandante de empleo, solicitud de pensiones, ayudas familiares, etc.
Además, el fin primordial tanto del IMV como de las distintas rentas de inserción autonómicas ha de ser la Inclusión sociolaboral de sus beneficiarios, siendo requisito preceptivo la participación de los mismos en programas o itinerarios de
inclusión, que en muchas ocasiones, sobre todo mientras persistan las limitaciones y restricciones causadas por la crisis sanitaria, podrían ser llevados a cabo de manera online como alternativa a no poder ejecutarlos.
Carecer, pues, de los suficientes conocimientos para poder recibir esa atención y seguimiento on-line, aleja más a estas personas del empleo, la formación y disminuye pues sus posibilidades de inserción.
Desde el Partido Popular venimos reivindicando a través de distintas iniciativas la necesidad de que el Gobierno suscriba Convenios con Comunidades Autónomas y Entidades Locales, con la suficiente dotación presupuestaria, para que sus
Servicios Sociales puedan realizar el asesoramiento y acompañamiento en la tramitación de las solicitudes del Ingreso Mínimo Vital y poder seguir así prestando esa atención personalizada que requieren determinados colectivos de personas.
Igualmente, reclamamos al Gobierno la urgente implementación del Plan 300x100 de redes de conectividad ultrarrápida en todo el territorio nacional y el desarrollo de Servicios Digitales en zonas rurales y la España despoblada.
Y paralelamente, como complementario a todo ello, mediante la presente iniciativa, insistimos en la necesidad de llevar a cabo medidas de formación específicas para la Inclusión digital de las personas en riesgo de exclusión social, con
objeto de impedir que la falta de conocimientos y competencias digitales se convierta en una barrera más que añadir al difícil tránsito hacia la inclusión.
Para el Partido Popular resulta fundamental trabajar desde todos los ámbitos y frentes posibles para conseguir que nadie que necesite atención y/o ayuda, se quede atrás, sin recibirla.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
- Elaborar un Plan de Promoción de la Inclusión Digital de las personas en riesgo de exclusión social, con la suficiente dotación económica, a fin de que, en coordinación con las Comunidades Autónomas y Entidades Locales, y a través de los
Itinerarios de Inclusión, Programas de Formación para el Empleo o cualesquiera otros recursos de los que en los ámbitos social y de la formación se disponga, se forme en competencias tecnológicas y digitales a las personas más vulnerables, al objeto
de dotarles de la capacidad suficiente para disponer de los innumerables recursos laborales, de formación, sociales que las nuevas tecnologías ofrecen, así como facilitar sus relaciones con la Administración, y evitar que la imparable digitalización
de la sociedad se convierta en una nueva barrera para la inclusión.
- Simplificar la gestión y trámites administrativos, dotándolos de mayor transparencia y agilidad dando así cumplimiento a la normativa vigente al respecto.
- Implementar la accesibilidad, herramientas como la lectura fácil, entre otras, especialmente en los trámites o contenidos dirigidos a los sectores más vulnerables de manera que se asegure su inclusión.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de febrero de 2021.-María Teresa Angulo Romero, Alicia García Rodríguez, Llanos de Luna Tobarra y Marga Prohens Rigo, Diputadas.-Concepción Gamarra Ruiz-Clavijo, Portavoz del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso.
Comisión de Industria, Comercio y Turismo
161/001982
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Republicano, a instancia del Diputado Joan Capdevila i Esteve, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la cobertura
para PYMES de un 30 % de los recursos destinados a los riesgos de la internacionalización de la economía del Estado español gestionados por el CESCE para su debate en instancia en la Comisión de Industria, Comercio y Turismo.
Exposición de motivos
La Compañía Española de Seguros de Crédito a la Exportación, en adelante referida como CESCE, es una empresa de gestión integral del crédito comercial con actividad en nueve países. Es el cuarto grupo Mundial y el segundo del Estado español
en crédito y en caución. El CESCE es una agencia de crédito a la exportación mayormente participada por el Estado, por los principales grupos bancarios y las compañías de seguros españolas. Principalmente sus servicios se clasifican en cuatro
áreas: fianzas de seguro a exportaciones, crédito suministrador, seguro de obras y seguros de inversiones para inversores.
CESCE es también la Agencia de Crédito a la Exportación (ECA) española que gestiona en exclusiva el seguro de crédito y de inversiones por cuenta del Estado, cubriendo los riesgos políticos, comerciales y extraordinarios asociados a la
internacionalización de las empresas españolas desde 1971. A su vez, gestiona desde junio de 2020 la cobertura de los riesgos a medio y largo plazo de los consumidores electrointensivos, ambos por cuenta del Estado.
La administración de la cobertura por cuenta del Estado realizada por CESCE abarca desde el análisis de las operaciones de exportación o de financiación que se pretenden asegurar y su seguimiento, hasta la tramitación y liquidación de
siniestros. Incluye, además, las acciones de recuperación de los créditos impagados. Todas sus actuaciones se realizan en coordinación con el Ministerio de Economía.
El Estado, por su parte, asume la responsabilidad última como garante o asegurador de los riesgos. Por lo que los Presupuestos Generales del Estado fijan anualmente el límite de las mismas. El instrumento cuenta, además, con el respaldo de
un Fondo de Reserva de los Riesgos de la Internacionalización de titularidad estatal dotado con los recursos que genera la propia actividad aseguradora.
El CESCE es uno de los actores principales en la ejecución del programa 431A Promoción comercial e internacionalización de la empresa, en adelante programa 431A, perteneciente a los actuales Presupuestos generales del Estado. Siendo el
principal objetivo del mismo, promover la participación de las empresas en los mercados internacionales. Este programa se respalda en la Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su internacionalización. En la cual se
establece que las políticas de fomento de la internacionalización son el conjunto de actuaciones que desarrolla el sector público, junto con el sector privado, para reforzar la dimensión internacional de la economía y fomentar la presencia exterior
de las empresas y de los emprendedores como factores de estabilidad, crecimiento y creación de empleo.
En esta línea, el programa 431A incluye el Plan de Acción para la Internacionalización de la Economía Española 2019-2020, el cual se desarrolla a través de seis ejes de actuación. El primero de ellos destina la mayor parte de sus esfuerzos
a la mejora del acceso de la Pequeña y Mediana Empresa, en adelante PYMES, a los mercados exteriores. Es aquí, donde el CESCE adquiere una serie de compromisos en relación a las PYMES:
- Modernizar los instrumentos de apoyo financiero oficial a las empresas para su internacionalización.
- Mejorar la atención al cliente adecuando sus tiempos de respuesta a las necesidades del mercado y realizando una segmentación de los clientes entre PYMES y grandes empresas, a los que se atenderá de manera diferente en función de sus
necesidades.
- Adaptar los productos ofrecidos por CESCE a las necesidades de la empresa, en particular de las PYMES. En concreto, cabe destacar la modificación de algunos de los condicionados generales y particulares de las pólizas que CESCE
comercializa por cuenta del Estado.
- Mejorar los procesos en la tramitación de pólizas de CESCE, especialmente demandadas por las PYMES (crédito suministrador y crédito documentario).
- Diseñar herramientas comerciales y jornadas de difusión específicas para PYMES.
La internacionalización es una vía de crecimiento y expansión clave para las PYMES. En épocas de crisis del mercado, cuando la demanda interna se estanca y las ventas caen, la búsqueda de nuevos mercados se convierte en una necesidad. Por
lo tanto, aunque las iniciativas promovidas por CESCE contienen un valor provechoso para las PYMES decididas a internacionalizarse, la realidad es que son insuficientes. Estas medidas únicamente se orientan a la gestión, la formación y el
asesoramiento. Todas ellas, útiles en cuanto a acompañamiento, seguimiento y evaluación de la internacionalización de las entidades. Sin embargo, no son eficientes en cuanto a la provisión de cobertura real que propicie la seguridad y el
compromiso, por parte de las administraciones públicas competentes, que el Plan de Acción para la Internacionalización de la Economía Española 2019-2020 proclama.
En el Estado español, la mayoría de las empresas son pymes, por lo general microempresas con menos de nueve trabajadores. Por ende, considerando el gran impacto de las pymes en la economía del
Estado español, así como su trascendencia en términos de creación de empleo, y el grave contexto de recesión económica actual, se observan insuficientes las actuaciones del CESCE hacia las pymes. Para potenciar su internacionalización y
fomentar su crecimiento, es imprescindible garantizar que acceden a los recursos disponibles. En caso contrario, aumentan más las diferencias entre la capacidad de las grandes empresas y las pequeñas y medianas.
El Grupo Parlamentario Republicano presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta el Gobierno español a:
1. Garantizar que un mínimo del 30 % de los recursos destinados para la cobertura de los riesgos de la internacionalización de la economía del Estado español gestionados por el CESCE, a través de la Agencia de Crédito a la Exportación
(ECA), se destine a pequeñas y medianas empresas para el 2021.
2. Realizar, en el plazo de seis meses, las modificaciones legislativas oportunas para garantizar que un mínimo del 30 % de los recursos destinados para la cobertura de los riesgos de la internacionalización de la economía del Estado
español gestionados por el CESCE, a través de la Agencia de Crédito a la Exportación (ECA), se destine a pequeñas y medianas empresas.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de febrero de 2021.-Joan Capdevila i Esteve y Jordi Salvador i Duch, Diputados.-Gabriel Rufián Romero, Portavoz del Grupo Parlamentario Republicano.
161/001993
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Republicano, a instancia del Diputado Joan Capdevila i Esteve, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre el Uso de
inhaladores con baja huella de carbono para su debate en instancia en la Comisión de Industria, Comercio y Turismo.
Exposición de motivos
Uno de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 es el 13.º: 'Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos'. Estos objetivos deben ser compromisos y encontrarse, contemplados como tales, en el
centro de la visión de Estado y de la acción de su Gobierno. La descarbonización es una tendencia sobre la que muchos países de nuestro entorno ya están dando pasos concretos. También el Estado español debe darlos, en coherencia con los diferentes
compromisos adoptados por su Gobierno: decisión del Consejo de la UE relativa a la celebración de la Enmienda de Kigali al Protocolo de Montreal (julio 2017), celebración de la COP25 Madrid-Chile (diciembre 2019), declaración oficial de la
Emergencia Climática (enero 2020), presentación del borrador del Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático 2021-2030 y envío a las Cortes por parte del Gobierno del proyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética (mayo 2020),
aprobación de la Estrategia de Descarbonización a Largo Plazo, dentro del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (noviembre 2020).
El sector de la salud es un responsable importante del cambio climático: su huella climática equivale al 4,4 % de las emisiones globales netas de CO2 (2 gigatoneladas equivalentes) y a las emisiones anuales de gases de efecto invernadero de
514 centrales eléctricas de carbón. Si el sector de la salud fuese un país, sería el 5.º emisor más grande del planeta, posición que hoy ocupa Japón, solo por detrás de China, EE.UU., India y Rusia. La inversión en salud y las políticas sanitarias
deben enfocarse al objetivo de respaldar la descarbonización y entrelazarse con el objetivo climático global de alcanzar las emisiones netas cero de CO2, ya que jugarán un papel clave en que pueda conseguirse. En tal sentido, Farmaindustria
(asociación empresarial de la industria farmacéutica, sector clave a escala global) ha reiterado recientemente su compromiso en la Comisión para la Reconstrucción Social y Económica del Congreso de los Diputados para contribuir a los ODS de manera
sostenida en el tiempo. Así mismo, el Consejo General de Farmacéuticos ha mostrado su compromiso con los ODS, tanto a través de sus beneficios para la sociedad en su conjunto, como por un entorno saludable, para impulsar el desarrollo y
poniendo al paciente en el centro de su acción. También, es de destacar el papel de las sociedades científicas, que tienen la tarea de impulsar un cambio hacia un sistema sanitario más sostenible. La Sociedad Respiratoria Europea (ERS) ha
pedido la involucración de los profesionales sanitarios para luchar contra el calentamiento global, mientras que la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica (SEPAR), que engloba a la totalidad de los profesionales de la salud respiratoria
a nivel estatal, ha designado el periodo 2020-2021 como 'Año SEPAR por la calidad del aire. Cambio climático y salud', decisión que muestra la relevancia que se da a este asunto, sobre el que hay un gran consenso científico y académico. El cambio
climático es una amenaza real para la salud que afectará desproporcionadamente a los más pobres y vulnerables, incluidas las personas con enfermedades pulmonares preexistentes.
Uno de los arquetipos más eficientes para favorecer la reducción de la huella de carbono es el de los inhaladores, cada dispositivo inhalador convencional para enfermedades como asma y EPOC supone en su fabricación la emisión de una cantidad
de CO2 similar a la que emite un turismo en un trayecto de 290 kilómetros, una distancia equivalente a recorrer ida y vuelta el trayecto Barcelona-Lleida. En el Estado español se consumen más de 16 millones de inhaladores con HFC al año, esto se
traduce en unas emisiones de CO2 equivalentes a 13.115 vuelos anuales Barcelona-Londres o equivalentes a las de 218.387 vehículos al año.
Actualmente, uno de los tipos de inhaladores que se emplean son los inhaladores de polvo seco, porque (1) Tienen poca huella de carbono: mientras la huella de carbono para fabricar un inhalador con polvo seco está entre 0,7 y 0,8 kilogramos
de CO2, para la fabricación de los inhaladores de gas esta huella de carbono se dispara hasta los 28 kilogramos de CO2; (2) No emplean HFCs: los gases que se utilizan para los inhaladores convencionales son hidrofluorocarburos (HFC), un elemento
que es mil veces más potente que el CO2 a la hora de producir el efecto invernadero. Los inhaladores de polvo seco, fabricados por varias compañías farmacéuticas con presencia en el Estado. Por lo tanto, son una buena opción para disminuir de
forma relevante la huella de carbono en relación con los otros tipos de inhaladores (un 98 % menos). A su vez, su uso contribuiría a minimizar la emisión de gases de efecto invernadero y además no supondría un mayor gasto ni para los pacientes, ni
para el sistema sanitario público, ya que su precio es igual independientemente de si son convencionales o de polvo seco.
Una medida para frenar la cantidad de emisiones de CO2 causadas por la producción de inhaladores es aumentar de forma progresiva la utilización de inhaladores con baja huella de carbono, siempre adaptándose a las necesidades concretas de los
pacientes. En esta línea ya han comenzado a trabajar algunos países del entorno, como Reino Unido o Bélgica, promoviendo el uso de inhaladores con baja huella de carbono.
Sustituir el 100 % de los inhaladores convencionales por inhaladores con baja huella de carbono equivaldría a reducir 3.000 vuelos de ida y vuelta entre Bruselas y Londres en un año. Así mismo, posicionaría a las administraciones
competentes como líderes en la ruta de descarbonización, dando sentido a los compromisos contraídos a nivel internacional (COP25, Protocolo de Montreal) y a nivel estatal (Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático, Estrategia de
Descarbonización a Largo Plazo). A su vez, supondría un avance en las directivas recogidas en la Ley de Cambio Climático y Transición Energética para poder alcanzar la neutralidad de emisiones en 2050. Por último, todavía cabe señalar que la
utilización de inhaladores con baja huella de carbono no produciría una modificación en el precio final del consumidor, ni al Sistema Nacional de Salud, puesto que el precio de ambos tipos de inhaladores es el mismo.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Republicano en el Congreso, presenta la siguiente
Proposición no de Ley.
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno español a:
1. Adoptar, a través de la Oficina Española de Cambio Climático, medidas reales y eficaces que permitan al Estado español cumplir con los compromisos estatales e internacionales en materia de cambio climático y reducción de emisiones de
gases de efecto invernadero.
2. Impulsar, en coherencia con su compromiso con este objetivo, la utilización del uso de inhaladores con baja huella de carbono, como son los inhaladores de polvo seco, y la reducción progresiva, con unos objetivos anuales, de la
utilización de inhaladores que emitan mayores cantidades de CO2, siempre teniendo en cuenta las necesidades de los pacientes en cada momento.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de febrero de 2021.-Joan Capdevila i Esteve y Jordi Salvador i Duch, Diputados.-Gabriel Rufián Romero, Portavoz del Grupo Parlamentario Republicano.
161/001995
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Macarena Olona Choclán, doña Patricia Rueda Perelló, don José María Figaredo Álvarez-Sala, don Rafael Fernández-Lomana Gutiérrez, doña Mireia Borrás Pabón, don Andrés Alberto Rodríguez Almeida y doña María de la Cabeza Ruiz Solás, en
sus respectivas condiciones de Portavoz Adjunta y de Diputados, todos ellos del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX), al amparo de lo establecido en los artículos 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan la
siguiente Proposición no de Ley relativa al impulso del turismo activo para su debate en la Comisión de Industria, Comercio y Turismo.
Exposición de motivos
Primero. La importancia del turismo.
1. Durante el año 2019 España fue el segundo país receptor de turistas del mundo, solo por detrás de Francia. También fue segundo por gasto de turistas, tras Estados Unidos. Ello trajo consigo que el peso del turismo en nuestra economía
fuera del 12,4 % del PIB, alcanzando los 154.487 millones de euros en 2019 según la Cuenta Satélite del Turismo de España (CSTE).
2. Asimismo, el Estudio de posicionamiento de España como destino turístico 1 se concluye que, para el total de los mercados emisores, España se erige como el destino al que más turistas viajaron en el período 2017-2019.
3. Sin embargo, la irrupción del coronavirus y las ineficaces políticas aplicadas por el Gobierno de España han sumido al país en una grave crisis, de la que ningún sector ha salido indemne. El turismo ha salido perjudicado en todo el
mundo, pero en España ha sido golpeado con una dureza especial y escasamente protegido. Así, según la estadística FRONTUR 2 de noviembre de 2020, durante los primeros 11 meses del año pasado nos visitaron 18,3 millones de turistas, un 76,9 % menos
que el año anterior.
4. De igual forma, la estadística EGATUR 3 del mismo periodo publicada por el Instituto Nacional de Estadística (INE) refleja una reducción del gasto por turista de un 78,1 % respecto del año anterior:
5. Hay que destacar que, según expone Turespaña 4, 'en diciembre de 2020 los trabajadores afiliados a la Seguridad Social en turismo decrecieron un 13,7 % interanualmente (327.325 afiliados menos). (...) El empleo en turismo representa en
este mes el 10,9 % del total de afiliados en la economía nacional'.
1 Estudio de posicionamiento de España como destino turístico. Real Instituto Elcano y Turespaña. Informe general de resultados. Diciembre de 2020: http://www.realinstitutoelcano.org/wps/portal/rielcano es/contenido?WCM GLOBAL
CONTEXT= /elcano/el-cano es/zonas es/ imagen+de+espana/estudio-posicionamiento-de-espana-como-destino-turistico.
2 Instituto Nacional de Estadística. Nota de prensa de 5 de enero de 2021. Estadística de Movimientos Turísticos en Fronteras, datos provisionales de noviembre de 2020 [fecha de consulta: 25 de enero de 2021].
3 https:/ /www.ine.es/daco/daco42/egatur/egatur1120.pdf [Consultado el 25/01/2021].
4 https: / / www. tourspain. es / es-es / ConocimientoTuristico/ AfiliacionSS/ notaAfiliacionALaSS1220.pdf [Fecha de consulta: 25 de enero de 2021].
Segundo. Modelo turístico en España. Turismo activo.
6. El tradicional reclamo turístico de España, el conocido como turismo de 'sol y playa', está sujeto a factores como la estacionalidad, que han posibilitado en las últimas décadas el surgimiento de nuevos segmentos turísticos.
7. Con carácter previo a la epidemia ya se encontraba en auge un prototipo de turista que reclamaba más actividades deportivas y recreativas al aire libre. Este tipo de demanda se justifica principalmente en una mayor búsqueda de espacios
abiertos y no contaminados, por lo que no es difícil deducir que la emergencia de salud pública y el cambio de hábitos que ha supuesto haya provocado un repunte de este subsector turístico.
8. De hecho, de acuerdo con el citado Estudio de posicionamiento de España como destino turístico 5, en España se producen muchas situaciones de masificación, con mayor incidencia en los tradicionales destinos de sol y playa así como en las
grandes ciudades, principalmente Madrid y Barcelona.
9. Así, se hace necesario ampliar y adaptar la oferta turística hacia nuevos destinos y segmentos que respondan a las nuevas necesidades y reclamos, de forma que no se pierda competitividad en la oferta respecto a nuestros competidores.
Con este motivo, el nuevo tipo de turismo, conocido como turismo activo, pretende englobar un gran número de actividades cuyo denominador común es el contacto con la naturaleza y el aire libre.
A. Turismo deportivo o el deporte como turismo.
10. El deporte unido al turismo está ganando importancia en los últimos años en España. Según los datos que aporta el Anuario de Estadísticas Deportivas de 2019 (último disponible) que publica el Ministerio de Cultura y Deporte 6,
utilizando las encuestas del INE, ETR/FAMILITUR y EGATUR, los viajes motivados por el deporte representan el 4,1 % del total de desplazamientos realizados en 2018 por residentes y un 2 % de no residentes. Estos viajes supusieron un gasto de 1.027,1
millones de euros de residentes y de 1.414,2 millones de no residentes.
11. Entre las actividades que destacan dentro del turismo deportivo se encuentran, como ejemplos principales, el senderismo, la escalada, ciclismo, los descensos de ríos y barrancos, los deportes multiaventura, el buceo o la observación de
la naturaleza.
12. Uno de los sectores dentro del turismo deportivo es el del golf. Se trata de un turismo de altísima calidad que tiene un gran impacto en nuestra economía. Según el informe El Golf como catalizador de la actividad económica en España
7, presentado en 2020, 1.195.000 turistas extranjeros vienen a España para la práctica de este deporte, generando un impacto en nuestra economía de 12.769 millones de euros entre efectos directos e indirectos. A su vez, generan un empleo de 121.393
puestos de trabajo anuales, de los que el 95,5 % son contratos indefinidos y una cifra similar a tiempo completo.
13. A todo lo anterior se suma que los turistas demandantes de esta actividad realizan grandes inversiones en España (por ejemplo, el valor de sus viviendas supone unos 42.000 millones de euros de inversión), con lo que ello implica en la
economía española. Asimismo, debe subrayarse que la conservación en la mayoría de los campos es respetuosa con el medio ambiente y sostenible, pues, entre otras cuestiones, mantienen sus zonas verdes con agua reciclada.
14. También podrían mencionarse dentro de esta categoría los deportes invernales, como el esquí. Se trata de un sector muy consolidado a nivel nacional y con muchísimo potencial internacional. Sin embargo, su principal problema es el de
la estacionalidad, ya que depende de la nieve y de su calidad. El turismo activo permite convertir las estaciones de esquí en lugares donde practicar otros deportes en otros momentos del año como senderismo o escalada.
5 Op. Cit., págs. 47 y ss.
6 https: / / www.culturaydeporte.gob.es/ dam/jcr:4263f731-1990-43cd-8809-7eff8e7dd27e/ graficos-anuario-de-estadisticas-deportivas-2019.pdf [Fecha de consulta: 25 de enero de 2021].
7 El golf como catalizador de la actividad económica en España. Federación Española de Golf y Asociación Española de Campos de Golf. http:/ / www.rfegolf.es/ArtculosDocumento /CO- MIT?%C3?%89?%2ORFEG/RFEG?%202020/Estudio?%20impacto ?%
20econ ?% C3 ?%B3mico?% 20golf ?% 20en ?% 20Espa ?%C3 ?%B1 a ?%202020/ INFORME?%20GOLF?%20IE?%20-?%20AECG ?%20-?%2ORFEG?%20-?%20DEF.pdf [Fecha de consulta: 25 de enero de 2021].
B. Viajes de fin de semana fuera de las grandes ciudades.
15. Son muchas las pequeñas ciudades y poblaciones españolas con una oferta turística muy significativa, tanto a nivel histórico como cultural o paisajístico. Y son en estos destinos en los que se realizan los conocidos como 'CityBreaks' o
viajes de corta duración a núcleos urbanos. Esta modalidad turística, que se puede practicar durante todo el año, destaca por conseguir reducir la estacionalidad.
16. Ahora bien, en España existen una amplia variedad de ciudades y poblaciones con buenas comunicaciones, infraestructuras y una amplia oferta turística que, sin embargo, necesitan de una buena canalización de la oferta turística para
adquirir relevancia. Por ejemplo, se puede promocionar este turismo a través de la creación de rutas gastronómicas, enológicas o históricas, así como mediante la promoción de actividades culturales o granjas-escuela.
C. Turismo religioso o espiritual.
17. Dentro de este tipo de turismo encontramos actividades como el Camino de Santiago y otras peregrinaciones menos conocidas, así como otros viajes efectuados por motivos religiosos, como ocurre con la Semana Santa, con otros actos
extraordinarios de hermandades y cofradías o con romerías populares. Esta modalidad de turismo activo conjuga las creencias de los turistas con otras actividades complementarias como el senderismo, el ciclismo o distintas actividades culturales e,
indudablemente, gastronómicas.
18. Todos estos tipos de turismo activo generan unos beneficios indudables. Por un lado, sirven para desestacionalizar y desmasificar el turismo tradicional, ya que amplían la variedad de la oferta y su adaptación a la demanda.
19. Por otro lado, son un instrumento para evitar la despoblación de muchos lugares y la pérdida de su acervo cultural, y son al tiempo un atractivo para la inversión y democratización de las oportunidades del mundo rural, incluso para la
renovación y mejora de infraestructuras. De igual forma, suponen beneficios a los turistas por ser un turismo que se realiza en el medio natural, más ecológico y sostenible.
20. En este sentido, debe atenderse a la definición de Ecoturismo definido en la Declaración de Ecoturismo de Daimiel (2016): 'El ecoturismo es el viaje a un área natural para conocerla, interpretarla, disfrutarla y recorrerla, al tiempo
que se aprecia y contribuye de forma práctica a su conservación, sin generar impactos sobre el medio y repercutiendo positivamente en la población local' 8.
21. Asimismo, cabe destacar que el turismo activo, integrado principalmente por empresas familiares, es un gran generador de riqueza y empleo ya que, según datos facilitados por la Asociación Nacional de Empresas de Turismo Activo (ANETA),
existen aproximadamente 4.000 empresas de turismo activo en España con una facturación que se acerca a los 300 millones de euros 9.
22. Es importante subrayar también que, desde el punto de vista económico, no ofrece beneficios únicamente a los integrantes directos del sector, sino que también se ven beneficiadas otras áreas de forma indirecta, como transportes,
hostelería o comercios.
23. Y, por último, se trata de un sector muy especializado y preocupado por su profesionalización y por elevar su calidad y competitividad. Es por ello precisamente que se creó el Club de Producto de Turismo Activo que 'tiene como objetivo
principal diferenciar a aquellas empresas de turismo activo españolas que cumplen los mejores estándares en la prestación del servicio de turismo activo o de aventura' 10.
Tercero. Plan de impulso del turismo activo.
24. El turismo se enfrenta a graves dificultadas en estos momentos, y se precisan soluciones de ayuda urgentes. El principal problema de la falta de visitantes es la falta de liquidez de las empresas que integran el sector. Sin embargo,
también se lucha por mantener la competitividad en los niveles previos a la presente crisis, de forma que, cuando comience la recuperación, esta magnitud no solo se haya mantenido sino mejorado.
8 Declaración de ecoturismo de Daimiel (Noviembre, 2016) - SoyEcoturista.com [fecha de consulta: 1 de febrero de 2021].
9 https:/ / www.hosteltur.com/comunidad/nota/021531 el-turismo-activo-alternativa-sostenible-para-viajar-en-europa.html [fecha de consulta: 26 de enero 2021].
10 http://www.xn--turismoactivoespaa-30b.com/ [fecha de consulta: 26 de enero 2021].
a) Compensaciones.
25. Como se indicaba, el principal problema que vive el sector turístico actualmente es el de la insolvencia inminente, problema que solo puede ser solucionado mediante indemnizaciones que compensen las pérdidas sufridas como consecuencia
de la epidemia y de las restricciones impuestas por el Gobierno. Así, en los países de la Unión Europea se están otorgando ayudas directas a empresas y autónomos en función de la facturación para el mismo periodo en el año anterior o para la
satisfacción de gastos fijos de las empresas. Todo enfocado como inversiones a futuro en el tejido empresarial del país.
b) Impuesto sobre el valor añadido.
26. De igual forma, la fiscalidad relativa al IVA es otro punto importante en el trabajo de apoyo al turismo. Muchas de estas actividades que engloban el turismo activo tienen un tipo de IVA del 21 %. De ahí, que desde el sector se
reclame una bajada del IVA en equiparación al resto del sector turístico. De hecho, desde el sector se afirma que solo así podrán recuperar parte de su rentabilidad, recordando al mismo tiempo que otros países como Gran Bretaña ya habrían bajado el
IVA hasta el 5 % 11.
27. Por ejemplo, actividades como el golf, que traen consigo una elevada inversión extranjera en nuestro país, se han visto gravemente perjudicadas desde la reforma de este impuesto por el anterior Gobierno 12. Los campos de golf se vieron
obligados a aplicar el tipo general del impuesto, mientras que hasta ese momento se aplicaba el tipo turístico. Ello encarece los precios para los usuarios y favorece el crecimiento de nuestros competidores (Portugal, Marruecos o Turquía), con un
régimen impositivo más favorable.
c) Impuesto de Actividades Económicas.
28. Otra reivindicación desde el sector es la creación de un epígrafe específico en el sistema tributario español que represente al turismo activo ante la Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT) mediante el Impuesto de
Actividades Económicas (IAE) y, por tanto, con su correspondiente correlación con la Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE).
29. Así, el presidente de la Asociación Nacional de Empresas de Turismo Activo (ANETA), don Óscar Santos, afirmaba que 'prácticamente todas las comunidades autónomas han hecho un esfuerzo por articular un Decreto de Turismo Activo con su
correspondiente registro y codificación oficial, pero desde el Gobierno Central no han armonizado la clasificación' 13.
30. Las empresas del turismo activo se han visto obligadas a incluirse en categorías de IAE y CNAE tales como formación, alojamiento, deporte, cultura, etc. En concreto, desde ANETA se informa que los principales CNAE en los que se
incluyen las empresas de turismo activo serían los siguientes:
7721. Alquiler de artículos deportivos y de ocio.
7734. Alquiler de medios de navegación.
8551. Educación deportiva y recreativa.
9311. Gestión de instalaciones deportivas.
9319. Otras actividades deportivas.
9321. Actividades de los parques de atracciones y los parques temáticos.
9329. Otras actividades recreativas y de entretenimiento.
31. Pues bien, existen dos razones fundamentales por las que se reclama una clasificación específica de CNAE desde el sector.
32. En primer lugar, una que trae causa en el control estadístico. Efectivamente, conforme al artículo cuarto del Real Decreto 475/2007, de 13 de abril, por el que se aprueba la Clasificación Nacional de Actividades Económicas 2009
(CNAE-2009), el INE tiene encomendado garantizar la difusión de los CNAE, pero además realiza numerosas estadísticas vinculadas con esta clasificación. Por tanto, si no existe una correcta atribución de los códigos es prácticamente imposible
conocer que influencia y afluencia tiene realmente este subsector turístico en determinados territorios.
11 https: / / tecnohotelnews.com /2020/12/14/ empresas-turismo-deportivo-iva/ y https: / / www.preferente.com/ noticias-turismo-destinos/ gran-bretana-da-oxigeno-al-turismo-y-baja-el-iva-del-20-al-5-por-ciento-301779.html [fecha de
consulta: 1 de febrero de 2021].
12 Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad.
13 ANETA pide al Gobierno reconocer la existencia del Turismo Activo - ANETA [fecha de consulta: 26 de enero de 2021].
33. En segundo lugar, aparece otra razón a raíz de la crisis sanitaria y la normativa dictada por el Gobierno en orden a ayudar al sector turístico. Por ejemplo, cuando se adoptaron las primeras resoluciones relacionadas con el
otorgamiento de las líneas de avales a través del ICO se incluía como anexo una tabla en las que aparecían los códigos CNAE a los que pertenecían las empresas especialmente afectadas que podrían acceder a esas ayudas. Como se apuntaba, en la
mayoría de los casos, la clasificación adoptada por las empresas de turismo activo no está vinculada con el sector del turismo. Por tanto, las empresas de turismo activo quedaron fuera de ese listado e, inicialmente, no pudieron optar a estas
medidas de soporte al sector.
d) Otras cuestiones: seguridad sanitaria, formación, digitalización y promoción del turismo
34. En otro orden de cosas, según el citado informe Estudio de posicionamiento de España como destino turístico, nuestro país también debe conseguir un grado de seguridad sanitaria que genere confianza en el turista para, una vez
normalizada la situación, acudir a España. Es por ello que se hace imprescindible seguir trabajando en el establecimiento de protocolos y prácticas seguras, así como en adaptar permanentemente los existentes a las nuevas circunstancias.
35. Debe incidirse asimismo en la formación y digitalización del turismo. Gran parte de la oferta de turismo activo está gestionada por PYMES en las que la formación y la digitalización es un elemento indispensable, sobre todo la que
corresponde al ámbito rural.
36. A pesar de que algunas de estas políticas se han puesto en marcha por anteriores Gobiernos, con planes de digitalización y formación, es necesario potenciarlos.
Sin embargo, de nada sirven estos planes si no se conserva el tejido turístico existente. El capital humano ya formado no se puede perder ante la falta de ayudas que compensen las restricciones impuestas por las diferentes administraciones
que han paralizado el turismo. Conservar el tejido turístico y las personas que en este sector trabajan es fundamental.
37. Todas estas medidas deben complementarse con la necesaria promoción del turismo activo. En este sentido, Turespaña debe ser la responsable de trabajar sobre ello en el plan que se realice para el próximo periodo.
38. Por todo lo expuesto, es necesario utilizar el turismo activo como una de los instrumentos existentes para mantener y crear empleo, generar riqueza, acabar con el abandono del mundo rural, apostar por el mantenimiento del ecosistema,
divulgar nuestro patrimonio y mantener el liderazgo de España como una de las mayores potencias en el turismo, al ofrecer modelos de experiencias que atienden a las más diversas motivaciones del turista y a las necesidades de este tipo de turismo.
En atención a lo expuesto, el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a adoptar las siguientes medidas para impulsar el turismo activo:
1. Establecer un plan nacional de compensaciones para empresas del sector que se hayan visto afectadas por las restricciones impuestas por el Gobierno a consecuencia de la pandemia.
2. Promover la creación de un epígrafe específico en el sistema tributario español que represente a las nuevas modalidades de turismo (como es el turismo activo) ante la Hacienda pública mediante el Impuesto de Actividades Económicas (IAE)
y, por tanto, con su correspondiente correlación con la Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE). Ello, a través de la modificación de las siguientes normas, de acuerdo con sus correspondientes procesos de modificación:
- Real Decreto Legislativo 1175/1990, de 28 de septiembre, por el que se aprueban las tarifas y la instrucción del Impuesto sobre Actividades Económicas, por la que se crea un nuevo grupo en la Agrupación 96. Servicios recreativos y
culturales.
- Real Decreto 475/2007, de 13 de abril, por el que se aprueba la Clasificación Nacional de Actividades Económicas 2009 (CNAE-2009), por la que se incluyen nuevos grupos de CNAE en la división 93. Actividades deportivas, recreativas y de
entretenimiento y en la división 85. Otra educación.
3. Promover, en el marco de la Directiva 2006/112/CE del Consejo, de 28 de noviembre de 2006, relativa al sistema común del Impuesto sobre el Valor Añadido, la modificación de la Ley 37/1992, de 28
de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido, con el fin de aplicar un tipo reducido de IVA a todos los subsectores turísticos, como son el turismo deportivo y el turismo activo.
4. Incluir en el Plan que en su momento diseñe Turespaña para el 2021-2023 todas las modalidades de turismo, así como las siguientes cuestiones:
a) La creación de planes específicos para el turismo activo.
b) Potenciación del turismo deportivo.
c) Favorecimiento de la desestacionalización del turismo buscando la diversificación de la oferta en periodos fuera de la temporada alta y la reconversión de destinos.
d) Impulso del turismo urbano y rural, a través de la promoción de su cultura, naturaleza, gastronomía, enología y de su sector MICE.
e) Profundizar en los aspectos digitales que permitan poner en contacto la oferta y la demanda y la adaptación de las necesidades del emisor como de los destinos.
5. Impulsar convenios de colaboración entre el Gobierno, administraciones y clubes de producto que mejoren la calidad de los servicios turísticos y su competitividad, implicando la colaboración público-privada en la potenciación de
segmentos turísticos en auge.
6. Adaptar las guías de seguridad frente al coronavirus ante los nuevos escenarios y crear nuevas guías teniendo presentes las concretas realidades de cada sector turístico y sus modalidades para, de esta manera, reforzar la imagen de
España como destino turístico seguro.
7. Impulsar la digitalización para las nuevas modalidades de turismo, incidiendo en aquellas que se desarrollen en núcleos rurales.
8. Promover y reforzar la formación de los profesionales y trabajadores que integran el sector turístico.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de febrero de 2021.-Patricia Rueda Perelló, José María Figaredo Álvarez-Sala, Mireia Borrás Pabón, Andrés Alberto Rodríguez Almeida, María de la Cabeza Ruiz Solás y Rafael Fernández-Lomana Gutiérrez,
Diputados.-Macarena Olona Choclán, Portavoz del Grupo Parlamentario VOX.
161/002017
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley en materia de salvaguarda del
empleo en Air Europa para su debate en la Comisión de Industria, Comercio y Turismo.
Exposición de motivos
Air Europa es la cuarta aerolínea en España por número de pasajeros, con una flota de 66 aviones, que opera rutas nacionales e internacionales a 69 destinos. Recientemente, la SEPI rescató a la aerolínea a través de su Fondo de Apoyo a la
Solvencia de Empresas Estratégicas, con una inyección inicial de 475 millones de euros públicos.
Este Fondo, según se recoge en su objeto, se creó para 'otorgar apoyo financiero público temporal para reforzar la solvencia empresarial, en particular mediante la concesión de préstamos participativos, deuda subordinada, suscripción de
acciones u otros instrumentos de capital, a empresas no financieras, que atraviesen severas dificultades de carácter temporal a consecuencia de la pandemia del COVID-19 y que sean consideradas estratégicas para el tejido productivo nacional o
regional, entre otros motivos, por su sensible impacto social y económico, su relevancia para la seguridad, la salud de las personas, las infraestructuras, las comunicaciones o su contribución al buen funcionamiento de los mercados, cuando el
crédito o las medidas de apoyo a la liquidez no fuesen suficientes para asegurar el mantenimiento de su actividad'.
En diciembre se han reunido los consejos de administración de Iberia y su matriz IAG para formalizar la compra de Air Europa, ahora que la SEPI y fondos públicos han iniciado el saneamiento de esta empresa de capital 100 % privado y gestión
familiar.
Por todo ello el Grupo Parlamentario presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que, atendiendo a la consideración de la empresa Air Europa como estratégica ''por su sensible impacto social y económico'', traslade a la SEPI las instrucciones necesarias para que en el
plan de seguimiento, evaluación y fiscalización de esta inversión pública se tenga especial vigilancia de la preservación de los puestos de trabajo.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de febrero de 2021.-Antonia Jover Díaz y Alberto Rodríguez Rodríguez, Diputados.-Txema Guijarro García, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común.
161/002021
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Socialista, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley, para Desarrollar la 'Estrategia de Resiliencia Turística de Canarias', para su
debate en la Comisión de Industria, Comercio y Turismo.
Exposición de motivos
El turismo representa para España el 12,3 % del PIB y supone el 13,7 % de la afiliación a la Seguridad Social. En 2019 España fue el segundo país del mundo en gasto realizado por turistas, con 89.856 millones de euros y también el segundo
país del mundo en número de turistas extranjeros recibidos, con más de 83 millones de turistas internacionales.
Desgraciadamente, los efectos de la crisis sanitaria han reducido esas cifras en un 77,3 % menos de visitantes (64,5 millones menos) y en un 78,5 % de millones de euros en ingresos del sector (72.172 millones menos). Otras magnitudes como
la ocupación hotelera también han caído dramáticamente. La ocupación hotelera ha caído un 39,3 % en España respecto del año 2019 y en Canarias, pese a presentar las mejores cifras, ha supuesto una perdida del 26,3 %.
En un contexto de elevada dependencia para la economía insular donde las cifras se sitúan cerca del 35 % del PIB insular, lo que a su vez representa el 40 % de la afiliación a la Seguridad Social. Estas cifras de dependencia, en
determinados lugares de especial desarrollo turístico, se elevan a cerca del 70 % de afiliación a la Seguridad Social.
En este contexto, y como es sobradamente conocido, la Unión Europea lanzó el Plan de Recuperación (Next Generation EU) del que hasta 3.400 millones de euros serán destinados al sector turístico en su conjunto en los próximos tres años. Para
el ejercicio 2021, la Ley 11/2020, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2021, ha previsto en su anexo 1 la partida presupuestaria 430A destinada a Comercio, Turismo y PYMES. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia,
un total de 1.289,2 millones de euros.
Por todo ello el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a continuar desarrollando la Estrategia de Resiliencia Turística de Canarias en colaboración con el Gobierno de Canarias al objeto de establecer un programa de inversiones específico para el
archipiélago para la modernización y transformación del ecosistema turístico de las islas.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de febrero de 2021.-Adolfo Pérez Abellas, Alejandro Soler Mur, Ana María Botella Gómez, María Luisa Faneca López, Juan Bernardo Fuentes Curbelo, Sandra Guaita Esteruelas, Patxi López Álvarez, Cristina
López Zamora, María Ángeles Marra Domínguez, César Joaquín Ramos Esteban, Germán Renau Martínez, María del Pilar Rodríguez Gómez y Juan Francisco Serrano Martínez, Diputados.-José Zaragoza Alonso y Rafael Simancas Simancas, Portavoces del Grupo
Parlamentario Socialista.
161/002022
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Socialista, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley para impulsar el sector exterior y una mayor diversificación de este como palanca
para la recuperación económica, para su debate en la Comisión de Industria, Comercio y Turismo.
Exposición de motivos
Tras la recesión de 2008, el comercio exterior de España mostró una rápida recuperación a partir de 2010, si bien en 2018 y 2019 se registró una cierta ralentización en el ritmo de crecimiento de nuestras exportaciones de bienes y servicios.
Se trataba de un efecto más bien vinculado con la atonía que mostraba el comercio global, en buena medida afectado por las trifulcas comerciales entre Estados Unidos y China.
Esta languidez del comercio global junto con los efectos derivados de la pandemia por la COVID-19 supusieron que, a partir del primer trimestre de 2020, las exportaciones españolas de bienes y servicios registraran tasas negativas de
crecimiento interanual negativas, habiendo alcanzado su mínimo en el segundo trimestre del pasado año (-38 % interanual en términos de volumen, según datos del INE). A partir de entonces, la demanda externa sigue una senda de recuperación,
especialmente intensa en el tercer trimestre de 2020, con un incremento del 26,4 % intertrimestral, que se ha mantenido luego en tasa positiva, aunque menor, para el último trimestre del pasado año (3,7 % intertrimestral).
Esta recuperación de la demanda externa dependerá, obviamente, de cómo logremos superar de forma global la pandemia por la COVID-19, según sea la rapidez con la que se logre inmunizar a la población con las vacunas. No obstante, es también
un momento propicio para implementar políticas que permitan mejorar nuestra competitividad estructural, esto es, a mejorar la composición y calidad técnica de nuestras exportaciones, que permitan dotar a nuestro sector exterior de una mayor
resiliencia. Para ello resulta indispensable impulsar la mejora en el nivel tecnológico medio de nuestras exportaciones, hoy en día dominada por bienes de tecnología media. A su vez, potenciar la orientación exportadora de nuestras pymes, frente a
un sector exportador dominado por un pequeño grupo de grandes empresas. Una mayor capacidad exportadora para las pymes que dependerá entre otros factores de que puedan adquirir un mayor tamaño relativo, de manera que aprovechen así mejoras
competitivas por rendimientos crecientes de escala. En segundo lugar, de su nivel de digitalización, que les permitirá ganar en eficiencia y acceso a mercados globales. Y tercero, un mayor contenido de gastos en I+D, factor asociado a una mayor
capacidad exportadora de las empresas, y que permite mejoras en la calidad y diversificación de su oferta.
Por último, resulta necesario incidir además en una mayor diversificación de nuestras exportaciones como también de los mercados destino de nuestras ventas al exterior. Al respecto, si bien ha disminuido el porcentaje de nuestros bienes con
destino al resto de la eurozona, estos suponen aún más de la mitad del total mundial (51,7 % en 2019, o del 59,1 % si consideramos el conjunto de la UE, según datos del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo). Mientras, hay margen potencial
para mejorar la cuota comercial española en otros mercados como los asiáticos, América del Norte o África, entre otros.
Se trata, en definitiva, de:
Reforzar nuestro sector exterior, hacerlo más resiliente;
a) Contribuir a su adaptación a los cambios tecnológicos acelerados por la pandemia;
b) Consolidarse, en definitiva, como pieza fundamental en la recuperación de nuestra economía;
c) Facilitar un mayor acceso de las pymes a los mercados exteriores, promover la diversificación geográfica, aumentar el valor añadido de los bienes y servicios exportados, la atracción de talento para la expansión internacional, consolidar
a España como inversor global y reforzar su capacidad para atraer inversiones extranjeras en sectores estratégicos.
Será, por tanto, un aprovechar la salida de esta crisis sanitaria y el apoyo ingente de recursos que supone el Mecanismo Europeo de Recuperación y Resiliencia (Next Generation EU) para reforzar nuestra inserción exterior que reviertan en
mejoras en términos de mejora de renta y empleo en un
modelo de inserción comercial orientado por criterios de equidad social, transformación digital y sostenibilidad ecológica.
Por todo lo anteriormente expuesto, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a adoptar medidas encaminadas en:
1. Conseguir que el sector exterior se configure como pilar de crecimiento y empleo, a través de:
- El fomento de la diversificación de las exportaciones y la implantación de nuestras empresas en sectores y destinos estratégicos.
- La atracción de inversión extranjera directa en sectores estratégicos, asegurando la coherencia con la política industrial y los planes sectoriales, así como las oportunidades que surjan en la reorganización de las cadenas globales de
valor.
2. Potenciar la resiliencia de nuestro sector exterior:
- Dotándole de instrumentos suficientes y adecuados a sus necesidades, que le permitan resistir ante eventuales rebrotes;
- mediante el apoyo a las empresas españolas para incrementar su digitalización y el uso intensivo de tecnologías;
- mediante el refuerzo de las cadenas globales de valor en las que España está integrada; y
- mediante la consolidación de la sostenibilidad como una herramienta de internacionalización dentro de una estrategia empresarial que busque potenciar el impacto social y medioambiental en los mercados de destino, así como reducir el riesgo
ante marcos regulatorios potencialmente inciertos o cambiantes.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de febrero de 2021.-Alejandro Soler Mur, Adolfo Pérez Abellás, Ana María Botella Gómez, María Luisa Faneca López, Juan Bernardo Fuentes Curbelo, Sandra Guaita Esteruelas, Patxi López Álvarez, Cristina
López Zamora, María Ángeles Marra Domínguez, César Joaquín Ramos Esteban, Germán Renau Martínez, María del Pilar Rodríguez Gómez y Juan Francisco Serrano Martínez, Diputados.-José Zaragoza Alonso y Rafael Simancas Simancas, Portavoces del Grupo
Parlamentario Socialista.
161/002026
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley, para implantar mecanismos de
flexibilización de las condiciones de contratación de suministro eléctrico de los autónomos y empresas, para su debate en la Comisión de Industria, Comercio y Turismo.
Exposición de motivos
El estado de alarma como consecuencia de la emergencia sanitaria provocada por el COVID-19 ha tenido, entre múltiples consecuencias, la restricción de la movilidad y de la actividad económica, motivando que muchos autónomos y empresas hayan
disminuido considerablemente su actividad comercial y productiva, generando esta situación unas menores necesidades de consumo eléctrico.
Estas menores necesidades deben de ir acompañadas de una posibilidad de modificar las condiciones de contratación del suministro eléctrico al objeto de que la facturación eléctrica en su parte regulada refleje esta realidad evitando
situaciones gravosas que resultan indeseadas e injustificables.
Al objeto de dar respuesta a esta necesidad, se cita el Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19.
En el mencionado texto legal se recoge en su Capítulo III una sección 2.a destinada a la flexibilización en materia de suministros; estableciendo su artículo 42 mecanismos de flexibilización de los contratos de suministro de electricidad
para autónomos y empresas. Meses después el Gobierno ha decretado un nuevo estado de alarma mediante Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, que se prorroga mediante Real Decreto 956/2020, de 3 de noviembre, y extiende el estado de alarma hasta el
9 de mayo de 2021.
Resulta imperioso que los mecanismos iniciales de flexibilización contemplados en el referido artículo 42 y los artículos 43 y 44 del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, pensados para un estado de alarma que se estimaba sería único y
excepcional, deban ser interpretados de acuerdo con la realidad en la que nuestros autónomos y empresas están accediendo a la denominada 'nueva normalidad'.
Efectivamente, los autónomos y las empresas en esta 'nueva normalidad', casi un año después del primer Decreto de Estado de Alarma, tan pronto van recuperando su actividad comercial y productiva de una manera escalonada y progresiva en el
tiempo, como vuelven a las restricciones y toques de queda; ninguno de ellos tiene un mínimo de certidumbre sobre cómo organizar sus negocios para los próximos meses. Por otro lado, nadie puede pensar que por el hecho de que se haya terminado el
estado de alarma, nuestros autónomos y empresas van a recuperar de manera automática la situación económica que tenían con anterioridad al mismo, dado el prolongado periodo de estado de alarma y de las restricciones legales a la apertura de sus
negocios.
El sector del comercio, por ejemplo, concentra 3,2 millones de empleos y el 13 % del PIB nacional, es uno de los sectores con mayor número de trabajadores acogidos al ERTE, superando las 107.000 personas, y con el mayor número de
trabajadores jóvenes y mujeres. Las caídas de facturación anual ronda ya el 60%.
Según la Confederación Española de Comercio, el 15 % del comercio minorista ya no abrió después del confinamiento de marzo, y a 31 de diciembre habrían cerrado el 30 %. Hablamos de 200.000 comercios cerrados.
Desde organizaciones gremiales representativas del sector, por ejemplo, calculan que un retorno al confinamiento total expondría a las pymes a unas pérdidas por semana de unos 1.100 millones, afectando a unos 300.000 trabajadores.
Por todo lo anteriormente expuesto, entendemos necesario aligerar la carga de costes fijos de la facturación eléctrica de nuestros autónomos y empresas para conseguir que tenga una mayor confianza para asumir los riesgos inherentes a la
recuperación de la normalidad. Hay que tener muy presente que un empresario no ha podido saber en este último año si su negocio iba a poder estar legalmente abierto o no; no ha podido saber cuántos clientes tendrá, ni el volumen de negocio que
generará, ni cuándo y cómo lo generará.
Debemos conseguir flexibilizar los costes de la actividad empresarial, de forma que asuman los costes directos derivados de la generación de actividad, tratando de evitar que asuman costes estructurales, rígidos y no gestionables, como es el
de la potencia contratada.
En ese sentido, las reformas que deberían estar entrando en vigor el próximo abril de 2021 no van a resolver el problema ya causado a las pymes y autónomos. Real Decreto-ley 1/2019, de 11 de enero, asignó a la Comisión Nacional de los
Mercados y la Competencia (CNMC) la función de establecer, mediante Circular, la estructura y metodología para el cálculo de la parte de los peajes de acceso a las redes de electricidad destinados a cubrir la retribución del transporte y
distribución, respetando el principio de sostenibilidad económica y financiera del sistema eléctrico de conformidad con la Ley 24/2013, de 26 de diciembre.
Como consecuencia de lo anterior, la CNMC emitió la Circular 3/2020, de 15 de enero, que establece posibilidades de dos términos de potencia para determinados pequeños consumidores, así como diferentes periodos horarios. Sin embargo, dicha
Circular quedó suspendida en su aplicación hasta abril de 2021, mediante la Circular 7/2020, ya que aún no se había aprobado por el Gobierno el Real Decreto por el que se establece la metodología para el cálculo de los peajes de transporte y
distribución de electricidad. Debería producirse dicha aprobación, por tanto, del referido Real Decreto en los próximos meses para la plena entrada en vigor de la Circular 3/2020, pero no resolverá el problema ya causado a las pymes y autónomos y
no facilitará el mecanismo que necesitan para adaptar los términos fijos de su
consumo eléctrico a los vaivenes normativos y de restricciones del marco legal diseñado para los sucesivos estados de alarma.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
Primero. Prorrogar la vigencia de los artículos 42, 43 y 44 para autónomos y empresas del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al
COVID-19 durante 18 meses más, a partir de la terminación de los tres meses posteriores a la terminación del actual estado de alarma.
Segundo. Que la facturación eléctrica de los autónomos y empresas, contemplados en el referido artículo 42, se efectúe no en función de la potencia contratada, sino considerando la potencia realmente utilizada, mediante la modificación del
Real Decreto 1164/2001, de 26 de octubre, por el que se establecen tarifas de acceso a las redes de transporte y distribución de energía eléctrica.
Uno. Se modificaría el párrafo 2.° del artículo 5.4, que quedaría redactado en los siguientes términos:
'2.º Al consumidor o su mandatario, de acuerdo con el ámbito de aplicación de las tarifas de acceso establecido en el artículo 1, apartado 1, del presente Real Decreto, que haya cambiado voluntariamente de tarifa, o modalidad, podrá
negársele pasar a otra mientras no hayan transcurrido, como mínimo, doce meses, excepto si se produjese algún cambio en la estructura tarifaria que le afecte. Estos cambios no implican el pago de derecho alguno por este concepto a favor de la
empresa distribuidora. No obstante, lo anterior, el consumidor que afectado por Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 o por
sucesivos Reales Decretos de Estado de Alarma y sus prórrogas, se le haya decretado la suspensión de su actividad, podrá solicitar la reducción de su potencia contratada en los términos establecidos en el Real Decreto-ley 15/2018, de 5 de octubre,
de medidas urgentes para la transición energética y la protección de los consumidores, y retornar a su potencia original sin que ello suponga coste alguno para el usuario.'
Tercero. Adicionalmente, aquellos autónomos y empresas que cuenten con instrumento de medida determinado (maxímetro) para el control de la potencia instantánea utilizada, serán objeto de la facturación correspondiente a la potencia
realmente utilizada.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de febrero de 2021.-Guillermo Mariscal Anaya, Juan Diego Requena Ruiz y Diego Gago Bugarín, Diputados.-Concepción Gamarra Ruiz-Clavijo, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/002029
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley, para el impulso y reactivación del sector
turístico español, para su debate en la Comisión de Industria, Comercio y Turismo.
Exposición de motivos
Cuando España se encerró en marzo de 2020 para ponerle freno a la pandemia de COVID-19 no sabía cuándo iba a salir. En la mente de muchos, tanto ciudadanos como quienes estaban en posiciones de responsabilidad, esa situación y las medidas
de control de la pandemia iban a ser de carácter eminentemente excepcional y temporal. En consecuencia, las medidas económicas que las acompañaron también fueron pensadas para una crisis muy intensa, pero también de muy corta duración.
El primer problema que querían evitar muchas de esas medidas era que una situación de repentina falta de liquidez en la economía llevara a la insolvencia de miles de empresas. Se aprobaron así varias medidas encaminadas a facilitar la
liquidez como moratorias en los pagos de deudas tributarias o las facilidades de crédito, incluidos los 2.500 millones de euros en créditos ICO para el sector turístico impulsados por Ciudadanos.
El otro problema que se quería evitar, que en el fondo no deja de ser una derivada del anterior, es que la falta de ingresos y liquidez de las empresas llevara a una destrucción masiva de empleo por la imposibilidad de pagar las nóminas de
los trabajadores. Como es conocido, los ERTE, en particular, han jugado un papel clave para el sostenimiento del empleo en los sectores más afectados.
Sin embargo, transcurrido casi un año desde que nos confinamos por primera vez en casa, la pandemia y la crisis de ella derivada no solo no ha remitido, sino que por desgracia sabemos ya que quedan muchos meses por delante antes de que la
situación vuelva a una relativa normalidad social y económica.
En sectores como el turismo y la hostelería hace tiempo que la crisis dejó de ser un problema de liquidez para pasar a ser un grave problema de solvencia y medidas como las moratorias se vuelven insuficientes cuando no hay recuperación de la
actividad a la vista. España no puede permitir que una acción poco ambiciosa de sus gobernantes lleve a la destrucción irreversible del tejido empresarial de uno de los sectores más importantes de su economía como es el turismo y sectores
relacionados, que suponen casi tres millones de puestos de trabajo y el 11% de todas las empresas, siendo pymes la gran mayoría de ellas.
Ante una situación extraordinaria como la que vive el sector turístico español, es imprescindible que las Administraciones Públicas presten su ayuda también de forma extraordinaria. Cuando gobiernos de países de nuestro entorno sí están
actuando para reforzar y renovar sus sectores turísticos, la inacción del Gobierno español pone en riesgo el liderazgo del sector turístico español y causa una inasumible pérdida de competitividad internacional del que es uno de los sectores de
nuestra economía más competitivos y profesionalizados.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a tomar las siguientes medidas para el impulso y reactivación del sector turístico:
1. Crear un Fondo de Reactivación del Sector Turístico de 20.000 millones de euros de ayudas directas para inversiones dirigidas a:
a) Modernización, crecimiento y fortalecimiento empresarial;
b) Digitalización e implementación de servicios online y a distancia;
c) Formación y sostenibilidad del sector;
d) Asistencia al sector hostelero para el sostenimiento del tejido empresarial y laboral en dificultades a causa de la situación socio-sanitaria.
Del conjunto del fondo, 15.000 millones quedarán reservados para empresas cuya facturación no exceda de 800.000 euros.
2. Fijar, con carácter excepcional y vigencia durante todo el tiempo que estén en vigor las medidas de control sanitario contra la COVID-19 y, en cualquier caso, durante todo el año 2021, el tipo del 4 por 100 del Impuesto sobre el Valor
Añadido a los servicios prestados por las actividades del sector del turismo o vinculadas al mismo.
3. Tomar medidas especialmente encaminadas a ayudar los elementos más vulnerables del tejido empresarial turístico como son los autónomos y las pymes, incluyendo:
a) Establecer una tarifa plana de 60 euros para todos los autónomos que reanuden su actividad durante 2020 y 2021;
b) Permitir que los autónomos con una caída en la facturación de su negocio igual o superior al 40% puedan acceder a la prestación extraordinaria por cese de actividad como consecuencia de las medidas sanitarias de control de la COVID-19;
c) Exención de la totalidad de la cuota de autónomos para aquellos que no estén percibiendo ingresos con motivo de las medidas sanitarias de control de la COVID-19.
4. Diseñar e implementar un Bono Turístico para, ante el cierre de gran parte de los mercados internacionales, fomentar el turismo doméstico y facilitar los viajes dentro del territorio nacional.
5. Trabajar desde ya en la implementación de corredores turísticos entre los principales países emisores de turistas y destinos nacionales, especialmente con los archipiélagos canario y balear, para que estén operativos antes del inicio de
la temporada alta estival.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de febrero de 2021.-María Carmen Martínez Granados, Diputada.-Inés Arrimadas García, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
Comisión de Derechos Sociales y Políticas Integrales de la Discapacidad
161/001988
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no
de Ley, sobre el derecho a la comunicación y a la educación de las personas con discapacidad auditiva, para su debate en la Comisión de Derechos Sociales y Políticas Integrales de la Discapacidad.
Exposición de motivos
Según datos del INE, en España aproximadamente un 9 % de la población tiene alguna discapacidad. Entre ellos, los menores de edad con algún tipo de discapacidad son especialmente sensibles, requiriendo una atención continua
recomendablemente en el entorno familiar.
El artículo 27 de la Constitución reconoce el derecho a la educación para todos los alumnos y alumnas durante la educación básica. Este derecho debe garantizarse sin excepción a toda la sociedad. Para eso las administraciones educativas
tienen que tomar las medidas adecuadas para garantizarlo a todos los alumnos y alumnas independientemente de sus condiciones personales, origen socioeconómico, etnia, religión, sexo o con cualquier tipo de discapacidad.
La escuela inclusiva es un modo de concebir la educación y la función social del centro escolar, para adecuar y mejorar la respuesta educativa a la diversidad, reconociéndola y no asimilándola, de tal forma que todo el alumnado tiene el
mismo derecho a acceder a un currículo culturalmente valorado, compartido con los compañeros de la misma edad, oponiéndose a cualquier forma de segregación.
De este modo, una escuela para todos y para todas es una escuela donde todos y todas tienen cabida indistintamente de sus características, dificultades y ritmos en su proceso de aprendizaje, partiendo de la premisa de que cualquier alumno es
educable en un entorno ordinario, respondiendo no solo a las necesidades educativas de algunos alumnos, sino a las de todos los alumnos, sin discriminación de ningún tipo.
Las administraciones educativas, siguiendo la normativa básica del Estado, desarrollan sus planes de atención a la diversidad adaptando los recursos humanos, de modalidades de escolarización a las distintas necesidades del alumnado. El
objetivo, sin ninguna duda, es adaptar la escolarización en un régimen de inclusión educativa, que garantice el continuo de respuesta en todas las etapas, partiendo de la identificación de barreras y centrada en la personalización de la respuesta.
En este sentido, las distintas administraciones han ido adoptando distintos programas y medidas de atención a la diversidad en los últimos años con el objetivo de lograr la mayor inclusión posible dentro del sistema educativo. Sin embargo,
hay distintas discapacidades que requieren no simplemente una atención educativa, sino un planteamiento integral que requiere una atención temprana desde el ámbito de la salud, desde el ámbito social y desde el ámbito educativo. Son tres ámbitos
que requieren una máxima coordinación en determinados casos con el objetivo de que ningún alumno o alumna quede descolgada de su proceso de enseñanza-aprendizaje como herramienta para una inclusión educativa y a la vez social.
Se trata de que todos los niños y niñas tengan la atención necesaria en los distintos ámbitos para poder desarrollar su vida con plenitud, con garantías de inclusión social, de socialización, y de tener garantizado el derecho a la educación,
a la comunicación, a adquirir cualificaciones para su vida laboral en el futuro.
Según un estudio elaborado por la Confederación Española de Familias de Personas Sordas (Fiapas), entre los años 2017 y 2018, sobre una muestra de 793 niños y jóvenes con pérdida auditiva (hasta los 26 años de edad), de 15 comunidades
autónomas y Ceuta, pone en relieve que el 51 % de los casos son usuarios de implante coclear y el 40 % de audífonos. Un 9 % utiliza otro tipo de prótesis auditivas, es decir, cada vez son más los casos de implante coclear con el objetivo de lograr
una inclusión absoluta en el sistema educativo y en la sociedad.
Para que los implantes cocleares logren este objetivo se debe realizar una rehabilitación desde el momento de la intervención con programas de acompañamiento integrales que requieren la atención médica, social y educativa.
Estos programas integrales deben contar con una evaluación que verifique el éxito del implante junto con los logros adquiridos en el proceso comunicativo, de manera que se pueda garantizar que los niños y niñas tengan una escolarización
adecuada en el sistema educativo.
Dicha evaluación debería contemplar la elaboración de informes sobre la conveniencia de recibir apoyos o indicaciones sobre la atención que estos niños y niñas necesiten dentro del sistema educativo para seguir con normalidad el proceso de
enseñanza-aprendizaje, junto con el resto de sus compañeros y compañeras. Es decir, que las medidas partan de la administración, del centro, del aula e individualizadas.
Sin embargo, somos conocedores de que este planteamiento de atención integral no se lleva a cabo en todas las comunidades autónomas. Y la consecuencia es que se están detectando casos de alumnos y alumnas que han tenido una intervención de
implante coclear y que años después de su escolarización no han logrado un proceso normal de comunicación, situación que conlleva un aislamiento personal, social y con un lamentable y consecuente fracaso escolar. Este tipo de situaciones reflejan
que este alumnado no tiene plenamente garantizado el derecho a la educación, pero tampoco el derecho a vivir su infancia como el resto de los niños y niñas al no habérsele prestado una atención adecuada.
Por lo tanto, consideramos necesario abordar una estrategia con la actuación de las distintas administraciones y todos los ámbitos implicados, para promover una comunicación efectiva para estas personas, como garantía de disfrute de una vida
plena en la infancia de todos los niños y niñas con discapacidad auditiva.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a colaborar con las Comunidades Autónomas, para mejorar la atención de los niños y niñas con discapacidad auditiva, con el objeto de:
- Mejorar la atención que reciben los niños y niñas con discapacidad auditiva, para facilitar que adquieran la comunicación plena, especialmente en niños y niñas que hayan sido intervenidos con un implante auditivo.
- En el marco de desarrollo del futuro sistema de atención temprana integral y universal, detectar lo antes posible disfunciones comunicativas en niños y niñas con discapacidad auditiva y atender las necesidades de los niños y niñas que
hayan sido intervenidos con un implante auditivo.
- Mejorar la coordinación entre el sistema de salud, los servicios sociales y educativos, para lograr la plena inclusión de todos los niños y niñas con discapacidad auditiva.
- Elaborar orientaciones y guías para hacer accesibles las propuestas educativas y atender adecuadamente al alumnado con discapacidad auditiva que presente problemas de comunicación y de aislamiento social.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de febrero de 2021.-María Luz Martínez Seijo, María Luisa Carcedo Roces y Sonia Guerra López, Diputadas.-Susana Ros Martínez, Guillermo Antonio Meijón Couselo y Rafael Simancas Simancas, Portavoces
del Grupo Parlamentario Socialista.
161/002003
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley de fomento e impulso de la Formación
Profesional dual impartida en el marco del Sistema de formación profesional cuando el contrato para la formación y el aprendizaje se suscriba con una persona con discapacidad, para su debate en la Comisión de Derechos Sociales y Políticas Integrales
de la Discapacidad.
Exposición de motivos
De acuerdo con los datos facilitados por el INE, en el año 2018 el 58,1 % de los jóvenes con discapacidad entre 16 y 24 años activos se encontraban en situación de desempleo frente a la tasa de los jóvenes sin discapacidad que era del 34 %.
El nivel formativo de los parados en su conjunto es bajo y, lo es más, en los parados con discapacidad en los que su nivel educativo es inferior al de la población en general: más de las tres cuartas partes de los parados del colectivo han
obtenido como máxima titulación la ESO (67,82 % en el resto de la población), tal como recoge el Informe del Mercado de Trabajo de las Personas con Discapacidad elaborado con datos del año 2019.
Estas cifras ponen de manifiesto la grave situación laboral en la que se encuentran en España los jóvenes con discapacidad y su baja cualificación, hechos que pueden tener como consecuencia su desconexión del mercado de trabajo y por ende su
exclusión social.
Partiendo de la base de que la formación es un factor decisivo para la inclusión socio laboral de las personas con discapacidad, la Formación Profesional dual, entendida como el conjunto de acciones e iniciativas formativas mixta de empleo y
formación, que tienen por objeto la cualificación de trabajadores en un régimen de alternancia de actividad laboral en una empresa con la actividad formativa recibida en el marco del sistema de formación profesional para el empleo y a través de un
contrato para la formación surge como una solución que da respuesta a las necesidades y principales dificultades que puede presentar el colectivo en materia de formación profesional y ocupación.
La propia AIReF, en el Estudio de la segunda fase del Spending Review 'Incentivos a la contratación y al trabajo autónomo', asegura que el contrato para la formación y el aprendizaje cumplen el objetivo de favorecer la inserción laboral de
los jóvenes con baja formación. Además, propone concentrar los esfuerzos en mejorar los contratos de formación, en particular su componente formativo, e impulsar su uso por parte de las empresas.
En el caso de las personas con discapacidad, y especialmente de aquellas que tienen dificultades para acceder o superar con éxito una formación reglada, la Formación Profesional dual del ámbito del sistema de formación profesional para el
empleo, se torna como idónea y alternativa para su cualificación, ya que las adaptaciones formativas que permite el contrato para la formación y el aprendizaje lo dotan de la flexibilidad suficiente para que las personas tengan más facilidad a la
hora de poder adquirir las competencias necesarias para adaptarse a un futuro puesto de trabajo, así como para la obtención de la acreditación de un certificado profesional completo o una acreditación parcial acumulable.
Cabe destacar que en el caso de las personas con discapacidad y con especiales dificultades de inserción laboral estas precisan en su mayoría de adaptaciones que respondan a sus necesidades de cualificación profesional, de un aprendizaje
práctico basado en la capacitación de habilidades, tanto técnicas como transversales, de la repetición del aprendizaje adquirido para su consolidación, así como de la individualización de todo el proceso mediante la organización de las tareas en
base al plan de formación y al ritmo de cada persona para adquirir conocimientos. Ello hace necesario:
1. Ampliación de las horas de formación, para acompañar la formación acreditable (certificados profesionales) de especialidades formativas específicas para personas con discapacidad con contenidos adaptados y relacionados con la actividad
profesional, lo cual permitirá a la persona reiterar y reafirmar las competencias profesionales.
2. Entrenamiento en habilidades personales y sociales mediante la inclusión de capacitación complementaria y transversal en los programas de formación con la finalidad de trabajar aspectos
personales y sociales que facilitaran a la persona su adaptación tanto al trabajo como a la comunidad y promoviendo en todo momento su autonomía y desarrollo.
Por tanto, es evidente que el éxito de la formación dual para la cualificación de las personas con discapacidad radica tanto en su metodología de 'aprender haciendo' como en la posibilidad de diseñar un programa formativo flexible que
permita disponer de un mayor número de horas para que la persona pueda adquirir tantas competencias profesionales como personales. Ello implica la necesidad de poder destinar hasta un 50 % de horas de la jornada laboral a la actividad formativa, lo
cual resulta un número de horas superior a las que financia actualmente el Estado.
De acuerdo con la Orden ESS/2518/2013, de 26 de diciembre, mediante la cual se regula los aspectos formativos del contrato para la formación y el aprendizaje, la cuantía máxima que podrá financiarse la empresa para la financiación de los
costes formativos asociados al contrato será la que resulte de multiplicar el correspondiente módulo económico por un número de horas equivalente al 25 % de la jornada laboral el primer año de contrato y del 15 % el segundo y tercer año de contrato.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a fomentar e impulsar la Formación Profesional dual impartida en el marco del sistema de formación profesional cuando el contrato para la formación y el aprendizaje se suscriba con personas con
discapacidad.
Y con el fin de financiar las adaptaciones en duración y contenidos de los programas formativos vinculados al contrato para la formación y el aprendizaje que puedan precisar las personas con discapacidad y especialmente de aquellas con
especiales dificultades de inserción laboral, ya que son las que requieren de una mayor intensidad de adaptaciones y apoyos, se insta a incrementar hasta el 50 % el número de horas de la jornada laboral que podrá aplicarse la empresa para la
financiación de los costes formativos impartidos durante la vigencia del contrato frente al 25 % y 15 % según el año de contrato, que establece la normativa actual.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de febrero de 2021.-Margarita Prohens Rigo, Carmen González Guinda, Alicia García Rodríguez, Miguel Ángel Paniagua Núñez y Diego Movellán Lombilla, Diputados.-Concepción Gamarra Ruiz-Clavijo, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación
161/001992
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre el periodo transitorio de
aplicación de la Política Agrícola Común (PAC) en España, para su debate en la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación.
Exposición de motivos
Una vez finalizado el periodo financiero 2014-2020 y debido al retraso en la aprobación del nuevo Marco Financiero Plurianual de la UE y del marco regulatorio de la nueva Política Agrícola Común (PAC), era necesario establecer un periodo de
transición hasta la fecha en la que entrasen en vigor los nuevos planes estratégicos nacionales de la PAC pos-2020, en todo caso nunca antes de 2022.
El 30 de junio de 2020, el Consejo alcanzaba un acuerdo informal con el Parlamento Europeo para seguir otorgando ayudas a los agricultores europeos con arreglo al actual marco jurídico y hasta finales de 2022, cuando entre en vigor la nueva
política agrícola común. El texto negociado fue refrendado el mismo día por el Comité Especial de Agricultura.
El pasado mes de diciembre, la Unión Europea daba luz verde al Reglamento de Transición y con él a las disposiciones para garantizar una transición fluida entre la Política Agrícola Común (PAC) de la Unión Europea actual y la futura, con la
intención de dar seguridad jurídica a los agricultores y ganaderos europeos y certidumbre y confianza sobre la disponibilidad de los fondos de la PAC, con las mismas normas que tenían hasta ahora.
El Gobierno, en septiembre de 2020, acordó la audiencia pública del proyecto de Real Decreto por el que se establecen las disposiciones específicas para la aplicación en los años 2021 y 2022 de los Reales Decretos 1075/2014, 1076/2014,
1077/2014 y 1078/2014, todos ellos de 19 de diciembre, dictados para la aplicación en España de la política agrícola común, como si de una norma de trámite se tratara, a pesar de regular cambios sustanciales en la PAC, que como tales deberían
haberse tratado en las mesas de diálogo existentes a tal efecto. De hecho, ya en esta norma se han aplicado recortes del 4 %, a razón del 2 % en 2021 y otro 2 % en 2022 en las ayudas directas: pago básico y pago verde, que recibirán todos los
agricultores españoles en 2021, y ello a pesar de los innumerables anuncios del Gobierno anunciando la consecución del objetivo de fondos europeos para la PAC, e incluso que estos eran superiores a los del periodo actual.
Por un lado, a pesar de que la propia Unión Europea mantenía estos dos años como periodo de transición y por tanto prorroga las normas actuales de la PAC hasta finales de 2022, la realidad es que, en este proyecto de Real Decreto aprobado
por el Gobierno el 26 de enero, se va más allá de lo establecido por la UE en el Reglamento de Transición y se imponen cambios en criterios de elegibilidad de las ayudas, sin negociación previa con las CCAA ni con el sector, acabando así con la
seguridad de los productores que, en su mayoría, ya han hecho su planificación de cosecha en base a unas ayudas que no van a llegar.
El Real Decreto establece, entre otras propuestas, una convergencia acelerada en dos años de los derechos de cobro en cada región productiva, eliminando al mismo tiempo el límite máximo de pérdidas del 30 % existente en la actualidad. Y
todo ello a pesar del anuncio del Gobierno de modificación y drástica reducción en 2023 del elemento que sirve de referencia a esta norma, las regiones productivas.
Por otro, muchos ganaderos de cebo pueden perder totalmente la ayuda de la PAC. Este sector se ve especialmente afectado con la decisión unilateral del Gobierno de cambiar el sistema actual, que les permite el cobro de ayudas PAC. No se
entiende que esto se haga sin que previamente se haya consensuado con el sector otra alternativa o solución, teniendo en cuenta que se trata de uno de los sectores más frágiles y afectados por la pandemia del COVID-19 ante el cierre del canal Horeca
y uno de los que más población asienta en el medio rural.
En definitiva, se ha impuesto un modelo de manera unilateral, antes de tiempo, sin negociación, información ni diálogo con las Comunidades Autónomas ni con los propios agricultores.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Negociar y acordar con las CCAA todos los cambios que se propongan en la PAC, con carácter previo al inicio de su tramitación.
2. Eliminar del Real Decreto todas aquellas cuestiones que no se corresponden con las estrictas exigencias de la Comisión Europea para 2021 y 2022 respecto a la nueva PAC.
3. Negociar y acordar con las CCAA los criterios y plazos para que la convergencia en los derechos no sea un atentado a los agricultores y ganaderos, se haga con consenso y no de forma precipitada y unilateral.
4. Mantener los criterios de aprovechamiento de las superficies de pastos o, en su defecto, diseñar un nuevo modelo para las explotaciones sin tierra, modelo que afecta a los sectores de vacuno de cebo y ovino caprino, antes de introducir
modificación alguna.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de febrero de 2021.-Milagros Marcos Ortega y Marta González Vázquez, Diputadas.-Concepción Gamarra Ruiz-Clavijo, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/002009
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Plural, a instancia del Diputado del Bloque Nacionalista Galego (BNG) don Néstor Rego Candamil, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente
Proposición no de Ley, sobre la renovación generacional en la flota pesquera gallega, para su debate en la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación.
Exposición de motivos
El sector pesquero de Galiza, que cuenta en la actualidad con más de 4.000 barcos, lleva una década sufriendo un grave problema de remuda generacional. La falta de gente joven en el sector ya está provocando que muchos buques preparados
para salir al mar no puedan dejar el puerto y deban atrasar durante semanas su partida, produciéndose con ello un daño enorme en toda la cadena de valor.
La escasez de personal afecta a todos los puertos y a todas las flotas, y en parte se debe a que las condiciones de la vida en el mar no atraen a la juventud. De hecho, la Asociación Española de Titulados Náuticos Pesqueros (AETINAPE) ha
puesto de manifiesto la necesidad de invertir si se quiere que los jóvenes que comienzan a definir su futuro laboral vuelvan a ver expectativas de futuro en el mar.
Las principales escuelas náuticas de Galiza (Vigo, Ribeira, A Coruña y Ferrol) suman más de 400 estudiantes, sin embargo, los armadores critican los numerosos obstáculos burocráticos para acoger en prácticas a ese alumnado, y también desde
la Federación de Cofradías llegan quejas sobre los muchos requisitos que se exigen para poder trabajar como marinero a bordo de un buque.
Si bien es cierto que no existe una única causa que explique por qué las nuevas generaciones no quieren dedicarse a la pesca, la realidad pone de manifiesto que, mientras las escuelas náutico-pesqueras llenan sus aulas al máximo de su
capacidad, las distintas flotas tienen cada vez menos tripulación y personal cualificado por lo que, a todos los problemas que están atravesando (cambio climático, contaminación, aumento de los costes de producción, reducción de TAC y cuotas, falta
de ayudas, endurecimiento de la legislación, reducción de venta de pescado, etc.), se suma ahora la falta de remuda generacional que amenaza seriamente la continuidad de las pesquerías a pequeña y mediana escala.
Pero a pesar de la realidad descrita, las políticas pesqueras aplicadas, tanto desde el Gobierno español como desde la Xunta de Galiza, no han prestado atención en ningún momento en la dimensión social que en muchos territorios, y sobre todo
en Galiza, implica este apremiante problema que, sin duda, condiciona todos los demás retos a los que el sector tiene que hacer frente.
No se ha definido una estrategia que recoja las necesidades formativas que el sector detecta, pues no se está impulsando un acercamiento y conocimiento real del alumnado de la formación reglada hacia el propio sector extractivo. Tampoco se
da una respuesta efectiva a las necesidades formativas del sector mediante la organización de cursos específicos y certificados de especialidad para el embarque. Así mismo, no se han priorizado en la oferta de cursos los de las especialidades
marítimas más demandadas coordinándose así con las necesidades del sector, es más, no existe una oferta suficiente de cursos, y mucho menos gratuitos, para la obtención de los certificados necesarios, que, además, normalmente se desarrollan lejos de
las localidades desde las que las y los trabajadores tienen que desplazarse. Además, no se fomenta la pesca artesanal como lugar de aprendizaje del oficio de la pesca para dar posteriormente el salto a otro tipo de pesquerías, ni tampoco se buscan
fórmulas para compatibilizar la actividad laboral y la formativa. Y son otras muchas las deficiencias en las políticas pesqueras formativo-laborales, como el nulo impulso a la presencia de la mujer, la falta de dotación de medios materiales y
humanos en los centros de enseñanza, y todo ello en conjunto impiden que se alcancen los objetivos necesarios y se adapte la formación a las necesidades existentes. Debe recordarse que el Estado es también responsable de la formación de los
trabajadores del mar y que cuenta con instalaciones y medios a través del Instituto Social de la Marina que podrían participar en la mejora formativa en coordinación con las políticas que se impulsen desde la Xunta de Galiza.
Ante la situación descrita, la flota es la que se ha visto en la obligación de resolver por sí misma la falta de mano de obra nueva y formada. Así, desde hace años ha tenido que recurrir a trabajadores extranjeros, pues, a pesar de las
largas listas de personas anotadas en las oficinas de empleo para trabajar a bordo de buques pesqueros, la mayoría no pueden ser contratados por carecer de los certificados que acrediten su formación y, por lo tanto, no cumplir los requisitos
necesarios para poder enrolarlos.
La contratación de personas extranjeras, a la que la flota gallega se ha visto obligada a recurrir, se ha realizado siempre cumpliendo con la legislación vigente y sin que hasta el momento se encontrara impedimento alguno para realizarla.
Pero ahora la Administración General del Estado, ignorando la situación del sector y sus necesidades, dicta unas normas que dificultan, o directamente impiden, la contratación de mano de obra extranjera, cuando era ya una práctica habitual por la
necesidad de cubrir la falta de mano de obra en Galiza, y poder seguir así, manteniendo su actividad.
El 8 de abril de 2019, la Secretaría de Estado de Migraciones dicta Resolución por la que se publica el Acuerdo por el que se aprueban las Instrucciones por las que se determina el procedimiento para la concesión de autorizaciones de
residencia de trabajo de nacionales de terceros países enrolados en buques pesqueros de pabellón español que faenan fuera de la Zona Económica Exclusiva (ZEE) de España sin que exista acuerdo internacional de pesca.
Estas Instrucciones establecen ahora que no se permitirá conceder autorización de residencia y trabajo sin tener previamente la capacitación para el ejercicio de la profesión, en este caso la de marinero de pesca, cuando antes sí se concedía
el visado al trabajador y una vez aquí se realizaba el curso de marinero pescador. Es por esta vía que se fueron incorporando un importante número de tripulantes extranjeros, sobre todo de nacionalidad indonesia, en buques pesqueros gallegos.
Además, las citadas Instrucciones se refieren exclusivamente a los tripulantes de los barcos que faenen fuera de la ZEE, no a los que realizan sus capturas de forma exclusiva en los caladeros del Estado español que quedarían fuera de su
aplicación. En consecuencia, la flota gallega que utilizan las artes de la volanta o el palangre, así como la flota del arrastre o el cerco que salen de esa zona queda directamente afectada por esta nueva normativa.
Pero no siendo suficiente que se exija previamente tener el certificado de capacitación, Migraciones solo acepta las titulaciones expedidas por el Estado español. Así, en el caso de los marineros indonesios, por ejemplo, han denegado el
permiso de trabajo alegando que 'no se podría conceder las autorizaciones de residencia y trabajo sin tener previamente la capacitación para el ejercicio de la profesión (marinero de pesca) y tratándose de indonesios, la Dirección General de Pesca
no ha calificado como válida la titulación como marinero expedida por Indonesia'. Es decir, teniendo la capacitación necesaria no se homologa esa titulación y se exige que se tenga, previamente, la expedida por el Estado español.
Las distintas asociaciones gallegas del sector ya se han dirigido a la Secretaría de Estado de Migraciones solicitando una rectificación y se han adherido a sus reclamaciones la mayoría de los buques de las diferentes flotas que faenan en el
Cantábrico Noroeste, más de 250, así como numerosas cofradías, sin que por el momento hayan recibido respuesta a sus demandas y, por lo tanto, solución a esta gravísima problemática que ya está reteniendo amarrados a puerto muchos barcos por no
tener la tripulación mínima exigida.
Por todo lo expuesto anteriormente, el BNG presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno del Estado a:
1. Modificar a la mayor brevedad posible la Resolución de 8 de abril de 2019 por la que se aprueban las Instrucciones por las que se determina el procedimiento para la concesión de autorizaciones de residencia de trabajo de nacionales de
terceros países por parte de la Secretaría de Estado de Migraciones del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, para permitir la entrada de tripulantes de terceros países en las mismas condiciones en las que se venía haciendo hasta
esa fecha.
2. Mejorar e incrementar la oferta formativa que se imparte por el ISM en sus centros propios o en otros, para en coordinación con la Xunta de Galiza establecer las bases para comenzar a paliar la falta de remuda generacional en las
distintas flotas pesqueras.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de febrero de 2021.-Néstor Rego Candamil, Diputado.-Laura Borràs Castanyer, Portavoz del Grupo Parlamentario Plural.
Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico
161/001983
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Socialista, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre aprobación de un Plan de Restauración de Humedales y su entorno, para su
debate en la Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico.
Exposición de motivos
La Convención sobre los Humedales de Importancia Internacional, conocida como la Convención de Ramsar, es un acuerdo internacional que promueve la conservación y el uso racional de los humedales. Es el único tratado mundial que se centra en
un único ecosistema.
Según esta Convención, la definición del término 'humedal' se refiere a toda área terrestre que está saturada o inundada de agua de manera estacional o permanente.
Los humedales son esenciales para la humanidad por distintas razones.
En primer lugar, proporcionan agua dulce para nuestras necesidades básicas (beber, cocinar y el aseo) y para el riego; alimentan a la humanidad (el arroz, cultivado en arrozales que constituyen humedales, es el alimento básico de casi 3.000
millones de personas y representa el 20% de la alimentación del mundo).
Además, son los amortiguadores de la naturaleza, ya que actúan como esponjas naturales, absorbiendo las precipitaciones y reduciendo el impacto de las inundaciones. La misma capacidad de almacenamiento constituye una salvaguardia contra la
sequía. Los manglares y los arrecifes de coral reducen la velocidad y la altura de las mareas de tempestad y el impacto de los maremotos y huracanes.
Los humedales son esenciales para la biodiversidad. Albergan más de 100.000 especies de agua dulce conocidas. También son esenciales para muchos anfibios y para la reproducción y la migración de las aves.
Proporcionan productos y medios de vida sostenibles. Más de 660 millones de personas dependen de la pesca o la acuicultura para su sustento. También facilitan madera para la construcción, aceite vegetal, plantas medicinales, materia prima
para elaborar tejidos y forraje para los animales.
Sin embargo, según estimaciones recientes, desde 1900 ha desaparecido, al menos, el 64% de los humedales del planeta. Debemos trabajar para frenar los efectos del cambio climático y evitar que estas áreas en peligro sigan aumentando la
lista de humedales desaparecidos.
España posee un gran patrimonio natural de humedales, tanto por la riqueza de tipos ecológicos de ambientes acuáticos que existen como por la diversidad de especies que albergan y de usos que sostienen, que han conformado a lo largo del
tiempo una valiosa cultura asociada a estos aprovechamientos.
Son más de 2.000 humedales de todas las regiones del mundo los incluidos en la Lista Ramsar, ubicados en nuestro país son 75. Innegable el crecimiento desde 1982, año en que España ratificó el Convenio incluyendo Doñana y las Tablas de
Daimiel.
No obstante, la realidad de los humedales en nuestro país es mucho más amplia, que la recogida en los calificados de importancia internacional.
El inventario español de zonas húmedas está formado por 734, cerca de 231.000 hectáreas, que son de vital importancia desde el punto de vista medioambiental, pero también desde el ámbito cultural, turístico, económico que, en muchas
ocasiones, están enclavados en zonas donde el despoblamiento avanza y la conservación de sus áreas húmedas es vital, tanto como las de importancia internacional.
Todas las administraciones deben seguir trabajando por garantizar la conservación y uso racional de nuestros humedales (incluyendo la restauración o rehabilitación de aquellos que hayan sido destruidos o degradados), integrar la conservación
y el uso racional de los humedales en las políticas sectoriales y contribuir al cumplimiento de los compromisos del Estado español en relación a los convenios, directivas, políticas y acuerdos europeos e internacionales relacionados con los
humedales.
Para ello, resulta necesario aprobar un Plan de Restauración de Humedales y su entorno. Nuestro país cuenta con un valioso antecedente: la Estrategia Nacional de Restauración de Ríos, que el Gobierno
de España elaboró en el año 2006 con el objetivo de lograr la mejora del estado ecológico de los ríos e integrar y promover la participación ciudadana en su gestión.
Por todo ello el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a impulsar y poner en marcha, en coordinación con las Comunidades Autónomas y Confederaciones Hidrográficas, un Plan de Restauración de Humedales y su entorno que, entre otras cuestiones,
contenga:
- Medidas dirigidas a promover la restauración ecológica de los humedales.
- Medidas de impulso del control e inspección de las aguas fluviales con el fin de detectar y actuar frente a posibles fuentes de contaminación y a la extracción indebida de agua.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de febrero de 2021.-Esther Padilla Ruiz, Sergio Gutiérrez Prieto, Cristina López Zamora, Helena Caballero Gutiérrez, Antidio Fagúndez Campo, Miguel Ángel González Caballero, Eva Patricia Bueno
Campanario, Germán Renau Martínez, María Inmaculada Oria López, José Luis Aceves Galindo, Daniel Senderos Oraá y Herminio Rufino Sancho Íñiguez, Diputados.-José Zaragoza Alonso y Rafael Simancas Simancas, Portavoces del Grupo Parlamentario
Socialista.
161/001989
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Plural, a instancia del Diputado del Bloque Nacionalista Galego (BNG) don Néstor Rego Candamil, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente
Proposición no de Ley, sobre las compensaciones económicas a los mariscadores y mariscadoras afectadas por el dragado de la ría do Burgo para su debate en la Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico.
Exposición de motivos
Desde el momento en que se hizo pública la intención de acometer, por fin, con cargo a los PGE de 2021, las obras de dragado de la ría do Burgo, el colectivo de mariscadores y mariscadoras recordaban la necesidad de poner en marcha al mismo
tiempo una compensación económica mientras la reanudación de la actividad no fuera posible y así garantizar su continuidad una vez finalizada la limpieza de los fondos.
Sin embargo, las dos administraciones implicadas, la Xunta de Galiza y el Gobierno español, a pesar de reconocer la necesidad de estas ayudas, lanzan balones fuera y consideran competencia de la otra su financiación. La Xunta alega que es
la administración encargada de la ejecución de la obra, en este caso el Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, la que debe encargarse de la compensación por los daños y perjuicios que esta ocasione, y que por lo tanto le
correspondería asumir el coste por esta indemnización. Por su parte, el Ministerio entiende que, dado que la regulación del marisqueo es competencia de la Xunta, debe ser esta la que compense a las personas que deban dejar su trabajo mientras duren
las obras de dragado.
Ante esta falta de acuerdo, el conjunto de los integrantes de la Mesa da Ría do Burgo hicieron público en el mes de noviembre una declaración dirigida a la Xunta y al Gobierno estatal reclamando un entendimiento entre ambos Gobiernos y que
se recoja por escrito la concesión de compensaciones a los mariscadores y mariscadoras durante las obras de descontaminación y mientras no se garanticen las condiciones óptimas para la práctica del marisqueo con total normalidad.
Las obras han sido ya licitadas y resta cada vez menos tiempo hasta el comienzo del dragado, por lo que urge que Gobierno estatal y Xunta de Galiza se sienten a negociar. El colectivo de mariscadores y mariscadoras reclama con urgencia una
reunión entre las asesorías técnico-jurídicas de ambas administraciones y que se tomen las medidas necesarias para que las compensaciones económicas se efectivicen en el momento en que deban parar su actividad.
Por todo lo expuesto anteriormente, el BNG presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno del Estado a llegar a un acuerdo con la Xunta de Galiza sobre las compensaciones económicas que necesariamente deben concederse a los mariscadores y mariscadoras de la ría do Burgo, que verán
paralizada su actividad una vez se inicien las obras de dragado y hasta que se garanticen las condiciones óptimas para la práctica del marisqueo.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de febrero de 2021.-Néstor Rego Candamil, Diputado.-Laura Borràs Castanyer, Portavoz del Grupo Parlamentario Plural.
161/002006
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley, sobre la gestión de las poblaciones
de lobo y su compatibilidad con las medidas de lucha contra la despoblación, para su debate en la Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico.
Exposición de motivos
El lobo es un animal protegido en España desde hace muchos años. En el último censo llevado a cabo en nuestro país, en 2016, con participación de las Comunidades Autónomas, como responsables que son de la gestión, la ocupación territorial
del lobo se estimaba en 91.620 km2, un 18,32% de la superficie de España. Por orden de importancia en cuanto al número de manadas, figuran por este orden, Castilla y León, Galicia y Asturias. Desde las administraciones públicas, se ha considerado
tradicionalmente una prioridad su conservación, así como la compatibilidad de dicha conservación con el desarrollo de actividades tradicionales, como la ganadería extensiva, que resulta fundamental, por otra parte, para la conservación y protección
medioambiental de los hábitats donde conviven.
A nivel europeo, la Directiva 92/43/CEE, relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestre, obliga a los Estados miembros a proteger lugares y especies de gran valor ecológico, entre ellos los grandes
carnívoros. La Directiva da cumplimiento en la UE al Convenio Internacional de Berna.
En el caso del lobo en España, esta directiva distingue entre las poblaciones de lobos que habitan al sur del Duero, que disfrutan de una 'protección estricta' en virtud del Anexo IV, y las poblaciones de lobos que habitan al norte del
Duero, que pueden ser objeto de 'medidas de gestión' según el Anexo V.
La protección de estos animales viene indicada en el artículo 12 de la Directiva:
'Los Estados miembros tomarán las medidas necesarias para instaurar un sistema de protección rigurosa de las especies animales que figuran en la letra a) del Anexo IV, en sus áreas de distribución natural, prohibiendo (...) cualquier forma
de captura o sacrificio deliberado de especímenes de dichas especies en la naturaleza.'
La Directiva, por tanto, excluye de forma general la captura o sacrificio (ya sea mediante agentes públicos o cazadores privados) de algunos ejemplares para limitar la extensión de sus hábitats y defender la actividad ganadera.
Pero el artículo 16 de la Directiva sí permite excepciones si se dan una serie de condiciones:
'Siempre que no exista ninguna otra solución satisfactoria y que ello no suponga perjudicar el mantenimiento, en un estado de conservación favorable, de las poblaciones de la especie de que se trate en su área de distribución natural, los
Estados miembros podrán establecer excepciones a lo dispuesto en los artículos 12, 13 y 14 (...).'
El artículo 16 de la Directiva contempla el caso concreto de la coexistencia con la ganadería:
'Para evitar daños graves, en especial a los cultivos, al ganado, a los bosques, a las pesquerías y a las aguas, así como a otras formas de propiedad.'
A pesar de ello, la realidad es que la implementación de la Directiva es complicada, y en España nos encontramos con dificultades crecientes, a las que debemos tratar de dar respuesta.
Dichas dificultades afectan de manera singular a una Comunidad Autónoma, Castilla y León, por estar incluida en el máximo nivel de protección establecido en la Directiva, y los datos confirman un aumento importante de daños al ganado en los
últimos años, y una preocupación social también creciente.
En el contexto de las nuevas Estrategias europeas, de Biodiversídad y de la Granja a la Mesa, que introducen mayores exigencias de sostenibilidad ambiental tanto para la agricultura como la ganadería, es necesario prestar una especial
atención a la ganadería tradicional extensiva, que es la solución óptima en términos de protección ambiental, producción biológica, calidad y bienestar animal. Pero al mismo tiempo es la más vulnerable a los lobos.
Con carácter general, la industria agroalimentaria es la principal fuente de actividad económica y desarrollo profesional en el mundo rural, y por tanto, es preciso atajar los problemas que puedan poner en riesgo su supervivencia, en el
marco de la Estrategia Nacional Frente al Reto Demográfico: el principal problema para la coexistencia con el lobo, es la ausencia de actividad humana, principal amenaza de los territorios despoblados.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Solicitar con carácter urgente, ante la Comisión Europea, la elaboración de unas directrices interpretativas de la Directiva Hábitats (anexo IV) que permitan a las autoridades competentes adoptar medidas de control de poblaciones de
lobos, con el fin de permitir la coexistencia con la actividad ganadera, sin riesgos.
Estas directrices deben hacer una interpretación de los artículos 12, 13 y 16 de la Directiva Hábitats aplicable a todas las especies, no solo a los grandes depredadores, que dé seguridad jurídica a todas las partes implicadas
(administraciones, ganaderos, cazadores).
2. Incluir este tema en el Orden del Día de la próxima Comisión Delegada para el Reto Demográfico.
3. Integrar, por su importancia para la sostenibilidad económica y social del entorno rural, las medidas de conservación y gestión de las poblaciones de lobo en la futura Estrategia Nacional de Reto Demográfico.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de febrero de 2021.-Carmen Navarro Lacoba y Sandra Moneo Díez, Diputadas.-Concepción Gamarra Ruiz-Clavijo, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/002007
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley, sobre el Fondo de Desarrollo Regional
(FEDER) y el Reto Demográfico, para su debate en la Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico.
Exposición de motivos
El Fondo de Desarrollo Regional, FEDER, fue creado en la Unión Europea para abordar los desequilibrios regionales en el seno de la Unión. El artículo 174 del Tratado Fundacional de la UE establece que el FEDER debe contribuir a reducir las
disparidades entre los distintos niveles de desarrollo
de las distintas regiones, así como compensar a aquellas más desfavorecidas, destacando entre ellas las que sufren rigores naturales o demográficos de forma permanente, tales como las regiones más septentrionales muy escasamente pobladas,
las islas, las regiones transfronterizas o montañosas.
Junto con el Fondo de Cohesión, destinado a promover la cohesión económica, social y territorial de la Unión, aportando una contribución financiera en los ámbitos del medio ambiente y redes transeuropeas de infraestructuras de transporte,
son las dos herramientas fundamentales para avanzar en la construcción de una Europa más integrada, que proteja los intereses de todos los ciudadanos, vivan donde vivan, reduzca desigualdades, y combata discriminaciones de cualquier tipo.
Corresponde a los Estados miembros gestionar de manera compatible y coherente ambos fondos, junto con otros igualmente importantes que conforman el modelo europeo de desarrollo regional (Fondo Social Europeo, Fondo Europeo Agrícola de
Desarrollo Rural y el Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca) y asegurar así su contribución a los objetivos fundacionales de los mismos. En el caso del FEDER, resulta evidente que el reto demográfico es una pieza clave y prioritaria a la hora de
implementar programas, que permitan el desarrollo de infraestructuras digitales, incluyendo las zonas rurales, donde resulta fundamental para la implantación de pequeñas y medianas empresas, la lucha contra el cambio climático en aquellas zonas que
afrontan más dificultades en el proceso de descarbonización, la protección de la biodiversidad, una economía circular, en definitiva, un desarrollo sostenible justo y que genere oportunidades.
Conviene recordar que el reconocimiento del reto demográfico en la legislación europea, y por tanto, en los reglamentos de funcionamiento de estos fondos, tiene su origen en la iniciativa y liderazgo negociador del Eurodiputado español del
Partido Popular Europeo, Ramón Luis Valcárcel, que consiguió en la pasada legislatura que la Eurocámara respaldara sus enmiendas dirigidas a reconocer la necesidad de incorporar el reto demográfico en las reglas de estos fondos, así como un mayor
porcentaje de cofinanciación, sobre todo para las más desfavorecidas.
Una de las enmiendas más significativas en cuanto al impacto en nuestro país, es la que incorporaba un nuevo artículo por el cual, 'las zonas de nivel NUTS3 (provincias) o las agrupaciones de unidades administrativas locales con una densidad
de población inferior a 12,5 habitantes por kilómetro cuadrado en zonas escasamente pobladas o inferior a ocho habitantes por kilómetro cuadrado en zonas muy escasamente pobladas, o con un descenso medio de población superior al 1 % entre 2007 y
2017, deberán estar sujetas a planes regionales y nacionales específicos y públicos, con un fondo incluido en el acuerdo de cooperación'. Se establece, además, que podrá asignarse una financiación específica para estas zonas en el acuerdo de
asociación que establece cada Estado miembro con la Unión Europea. Comunidades Autónomas como Castilla y León, Aragón, Galicia, La Rioja y Castilla-La Mancha se verán claramente atendidas en sus necesidades para afrontar la despoblación, con estas
nuevas disposiciones.
Tras el acuerdo alcanzado a principios del mes de diciembre entre el Parlamento, el Consejo y la Comisión Europea, es previsible que se apruebe de forma definitiva en el Pleno del próximo mes de enero.
La adaptación del FEDER al nuevo contexto provocado por la crisis del COVID resulta fundamental, para que las regiones más desfavorecidas no sufran una doble penalización, de tal manera que el nuevo periodo presupuestario 2021-2027 de
desarrollo regional, que se va a poner en marcha en una situación de dificultad sin precedentes, pero también de esfuerzo y solidaridad financieros europeos igualmente inéditos, permita corregir las desigualdades territoriales que se han ido
agravando en los últimos años, y en el caso de España, con una especial incidencia en territorios que hasta la fecha no habían podido beneficiarse de estos fondos.
Desde el inicio de esta crisis, hemos venido defendiendo la necesidad de incorporar el reto demográfico en el centro de los debates, de las políticas públicas, y de las ayudas que están previstas en el Mecanismo Europeo de Recuperación,
Transformación y Resiliencia. Hemos solicitado la creación de un Fondo específico para despoblación, la reserva de un porcentaje de los fondos para proyectos a desarrollar en las zonas más escasamente pobladas, con el objetivo puesto en la
transformación económica. La España rural necesita de un impulso en sectores como las energías renovables, el turismo interior o redes de datos de alta velocidad. Y nuestro sector primario necesita seguir avanzando en la modernización sostenible y
digital, para seguir creando empleo y riqueza en el campo español.
Asociaciones empresariales y profesionales de las provincias y Comunidades más afectadas, y los propios gobiernos autonómicos, están estableciendo pautas de trabajo y de colaboración para presentar proyectos que puedan recibir los fondos
europeos, tanto del FEDER como del MRR. La sociedad española está demostrando, una vez más, un dinamismo y una capacidad de adaptación admirables, pero necesita
de una hoja de ruta clara por parte del Gobierno, seguridad jurídica para atraer a la iniciativa privada a inversiones transformadoras de nuestro tejido productivo, transparencia, eficacia y eficiencia.
Ante la incapacidad por parte del Gobierno de aprobar una Estrategia frente al Reto Demográfico adaptada al nuevo contexto COVID, nuevo reglamento FEDER 2021-2027 y Mecanismo Europeo de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Publicar con carácter urgente un nuevo mapa de la despoblación en España, con la combinación de los dos nuevos criterios y la designación de las zonas que podrán incorporarse como beneficiarías de las nuevas reglas del FEDER 2021-2027,
así como el borrador de convenio de asociación que deberá firmar el Gobierno con la Unión Europea.
2. Actualizar el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) para incorporar los nuevos objetivos de contribución a la lucha contra el cambio climático de los proyectos y programas FEDER, así como su impacto en términos de creación
de empleo en el territorio.
3. Actualizar y agilizar la evaluación ambiental de planes y proyectos financiados por el FEDER, con el fin de facilitar la máxima cofinanciación posible por parte de la Unión Europea.
4. Presentar ante la Comisión de Transición Ecológica del Congreso de los Diputados, la Estrategia Nacional frente al Reto Demográfico, con la actualización tanto del nuevo FEDER como de los fondos del MRR destinados al Reto Demográfico.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de febrero de 2021.-Carmen Navarro Lacoba y Sandra Moneo Díez, Diputadas.-Concepción Gamarra Ruiz-Clavijo, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/002010
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley, para creación del Observatorio
Nacional de Economía Circular, para su debate en la Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico.
Exposición de motivos
Los dos planes de acción de economía circular de la Unión Europea, 'Cerrar el círculo: un plan de acción de la UE para la economía circular' de 2015 y 'Un nuevo Plan de Acción de Economía Circular para una Europa más limpia y competitiva'
de 2020, este último emanado del Nuevo Pacto Verde Europeo, pretenden mostrar el camino hacia una economía competitiva eficiente en el uso de los recursos y climáticamente neutra, en la que el consumidor juega un papel fundamental.
La primera Estrategia Española de Economía Circular (EEEC), España Circular 2030, fue aprobada en junio de 2020, y pretende incorporar al marco nacional los Planes de Acción europeos, en especial, para sentar las bases para impulsar un nuevo
modelo de producción y consumo en nuestro país. Sin embargo, la EEEC nacía con un enorme retraso, sobre todo teniendo en cuenta que en 2018 existía una propuesta muy avanzada.
La EEEC reconoce que es crucial disponer de la información adecuada sobre el flujo de los residuos antes de la toma de decisiones, pero circunscribe la generación de información a 'observatorios individualizados' por flujos de residuos
concretos y dentro del seno del Consejo de Economía Circular.
Por otra parte, la revisión y aprobación durante 2018 y 2019 de diferentes Directivas; marco de Residuos, de Vertido, de Envases y residuos de envases, de Aparatos eléctricos y electrónicos o la relativa a la reducción del impacto de
determinados productos de plástico, van incorporando los preceptos de los Planes de Acción de la UE con el objetivo de avanzar en la economía circular.
Más concretamente, en relación con la disponibilidad de información, la revisión de la Directiva Marco de Residuos refuerza la obligación de los Estados miembros de comunicar a la Comisión los datos relativos a la aplicación de los objetivos
fijados para la reutilización y el reciclado, las medidas para prevenir la generación de residuos, entre otras.
La Directiva también profundiza en la armonización de la forma de cálculo de la consecución de los objetivos, para que sea más homogénea entre los Estados miembros, mejorar trazabilidad de los residuos y reforzar la Gobernanza en este
ámbito. La veracidad de las informaciones que España transmite a la Comisión ha sido puesta en entredicho en numerosas ocasiones por diversas organizaciones sociales.
En este sentido, algunas organizaciones sectoriales, entidades sin ánimo de lucro y administraciones autonómicas ya han promovido la creación de organismos para facilitar la recopilación de información y el diálogo que ayude a mejorar sus
actuaciones en el ámbito de la economía circular.
Pese a que, en alguna ocasión, altos responsables del Ministerio de transición han anunciado la necesidad de poner en marcha un observatorio para el impulso de la economía circular y a la homologación de los datos, lo cierto es que ni
Estrategia de Economía Circular, ni los borradores del anteproyecto de ley de residuos y suelos contaminados recoge su creación.
Por estos motivos, dada la importancia que la economía circular va a suponer en el futuro para la actividad empresarial de nuestro país y de los compromisos que emanan de las Directivas Europeas, es necesario crear un organismo que sirva
para recopilar la información, elabore los indicadores de seguimiento de nuestros objetivos en la materia y análisis de tendencia, además de servir de punto de encuentro, plataforma de iniciativas de mejora y transmisión del conocimiento y buenas
prácticas.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a promover la creación del Observatorio Nacional de Economía Circular, que estará dotado con los recursos necesarios para ejercer las responsabilidades informativas del Estado en cumplimiento
de los Planes de Acción y de las Directiva europeas en materia de economía circular, de evaluación de las políticas públicas y de apoyo de la Gobernanza de la Estrategia Española con la realización de propuesta. En ningún caso, la creación y puesta
en marcha del Observatorio supondrá un coste adicional para el Ministerio.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de febrero de 2021.-Guillermo Mariscal Anaya, César Sánchez Pérez, Paloma Gázquez Collado, Juan Diego Requena Ruiz, José Alberto Herrero Bono, Diego Gago Bugarin, José Ángel Alonso Pérez, Carmen
Navarro Lacoba y Tomás Cabezón Casas, Diputados.-Concepción Gamarra Ruiz-Clavijo, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Comisión de Cultura y Deporte
161/001986
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley, relativa a garantizar la
representación internacional del deporte español conforme a la Constitución española y la Ley del Deporte, para su debate en la Comisión de Cultura y Deporte.
Exposición de motivos
La federación vasca de Fútbol ha solicitado la oficialidad para competiciones internacionales a las sedes de UEFA y FIFA en Nyon y Zurich, respectivamente. Alegando que la solicitud 'subraya la viabilidad legal y la posibilidad efectiva' de
que la demanda se lleve a trámite. Además, ha notificado a la Real Federación Española de Fútbol su voluntad 'para abrir un periodo de negociación que derive en la consecución de un acuerdo'.
La citada Federación cuenta además con el apoyo del Gobierno Vasco, que ha quedado de manifiesto al completar la delegación que ha presentado la solicitud en UEFA y FIFA.
Resulta muy preocupante las declaraciones de la Ministra Laya cuando manifiesta que una cosa es el deporte y que el fútbol se regula por reglas del deporte y otras las relaciones internacionales.
A preguntas escritas formuladas por Diputados de este Grupo Parlamentario sobre esta cuestión, el Gobierno ha contestado que, en el marco del Acuerdo suscrito con EAJ-PNV para la investidura, cumplirá con el compromiso de 'abrir cauces para
promover la representación internacional de Euskadi en el ámbito deportivo y cultural', y que, en este sentido, explorarán las herramientas que posibiliten el cumplimiento del objetivo, con seguridad jurídica, y en coordinación y colaboración con
los agentes implicados.
La Constitución española establece que corresponde al Estado la competencia exclusiva sobre las relaciones internacionales y, por tanto, la faceta representativa de los intereses deportivos, que se ejerce a través de las federaciones
deportivas de ámbito estatal y de las selecciones deportivas nacionales.
Y al Estado le queda reservado la ordenación del deporte nacional e internacional y la coordinación de las actividades autonómicas en materia deportiva. Las competencias de las Comunidades Autónomas se entienden referidas a la ordenación
del deporte en su territorio y para la satisfacción de sus intereses respectivos.
Por su parte la Ley 10/1990, de 15 de octubre, del Deporte, en su artículo 33.2, dispone que 'las Federaciones Deportivas Españolas ostentarán la representación de España en las actividades y competiciones deportivas de carácter
internacional'. También conforme a lo dispuesto en el Real Decreto 1835/1991, de 20 de diciembre, sobre Federaciones deportivas españolas.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a garantizar:
- La representación que solo ostenta la Selección Nacional Española en cualquier modalidad deportiva en las actividades y competiciones deportivas de carácter internacional.
- La representación internacional del deporte español, a través de los cauces legalmente establecidos, entre ellos, las federaciones deportivas españolas, de las que forman parte las federaciones autonómicas.
- A reconocer expresamente la incompatibilidad de la participación en las competiciones oficiales de la Selección Nacional Española con federaciones o selecciones de las Comunidades Autónomas.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de enero de 2021.-Javier Merino Martínez, Óscar Gamazo Micó, Beatriz Isabel Álvarez Fanjul y Marta González Vázquez, Diputados.-Concepción Gamarra Ruiz-Clavijo, Portavoz del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso.
161/001999
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley, para instar al Gobierno a declarar el
'Camino de la Vera Cruz de Caravaca' acontecimiento de excepcional interés público, para su debate en la Comisión de Cultura y Deporte.
Exposición de motivos
Los incentivos fiscales permitieron constituir, previamente al Año Jubilar Caravaca 2017, la Fundación Camino de la Cruz, con participación de las administraciones públicas, instituciones y empresas privadas.
Caravaca es lugar destacado de peregrinación por encontrarse en su santuario de la Vera Cruz una reliquia del Lignum Crucis, de la cruz de Cristo, desde como mínimo el siglo XIII. La celebración del año jubilar en 2017 contó con grandes
acontecimientos religiosos, culturales y turísticos, como los conciertos de Ara Malikian o José Mercé, eventos gastronómicos y deportivos o las exposiciones de Francisco Salzillo y
su escuela de escultura caravaqueña, 'Signum', sobre el Renacimiento murciano, o 'Místicos', que actualmente se puede visitar. En 2019 se realizaron también eventos culturales, turísticos y deportivos como son los '90K Camino de la Cruz', o
'Las Cocinas del Jubileo y la Regata Camino de la Cruz', entre otras.
Además de estos eventos mencionados, la Fundación Camino de la Cruz ha restaurado la fachada del convento de Santa Clara y parte de los exteriores de la parroquia de El Salvador, recuperando así el patrimonio artístico de Caravaca,
contribuyendo a la consolidación de Caravaca de la Cruz como un referente de turismo cultural y religioso con vistas a la celebración del próximo Año Jubilar de 2024.
La importancia de 'El Camino de la Cruz' como elemento dinamizador de la España del interior, uniendo a 80 municipios de cinco comunidades autónomas (Navarra, Aragón, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana y Región de Murcia), es
fundamental, ya que supone una fuente de oportunidades para el desarrollo socioeconómico de los territorios por los que discurre, desde Puente la Reina hasta Caravaca de la Cruz.
Durante el último año jubilar, celebrado en 2017, más de 500.000 peregrinos visitaron la Basílica de Caravaca de la Cruz. El mayor volumen de llegadas se concentró entre los meses de abril a junio, y de octubre a diciembre, con más de
130.000 peregrinos cada trimestre, lo que puso en evidencia el carácter desestacionalizador de la peregrinación. Ese año se expidieron más de 15.000 credenciales del peregrino y se registraron más de dos millones de visitas a puntos de interés
turístico, religioso y cultural de la Región de Murcia. Además, el año 2020 han visitado Caravaca de la Cruz más de 35.000 peregrinos, a pesar de las circunstancias limitativas de movilidad.
Los incentivos fiscales tuvieron vigencia hasta septiembre de 2019 aunque, en reiteradas ocasiones, por parte del Grupo Parlamentario Popular, se solicitó su prórroga.
En noviembre de 2020, el Grupo Parlamentario Popular presentó una enmienda al Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado que proponía la adición de una disposición adicional nueva con la siguiente redacción:
'Uno. El Programa 'Camino de la Vera Cruz de Caravaca' tendrá la consideración de acontecimiento de excepcional interés público a efectos de lo dispuesto en el artículo 27 de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las
entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo.
Dos. La duración del programa de apoyo a este acontecimiento abarcará desde la fecha de entrada en vigor de esta ley hasta el 31 de diciembre de 2023.
Tres. La certificación de la adecuación de los gastos realizados a los objetivos y planes del programa se efectuará en conformidad con lo dispuesto en la citada Ley 49/2002.
Cuatro. Las actuaciones a realizar serán las que aseguren el adecuado desarrollo del acontecimiento. El desarrollo y concreción en planes y programas de actividades específicas se realizará por el órgano competente de conformidad con lo
dispuesto en la citada Ley 49/2002.
Cinco. Los beneficios fiscales de este programa serán los máximos establecidos en el artículo 27.3 de la Ley 49/2002.'
Dicha enmienda fue vetada, por lo que no pudo ni siquiera debatirse, a pesar de que sí se debatieron enmiendas de contenido similar presentadas por otros grupos parlamentarios.
Caravaca de la Cruz es una de las cinco ciudades declaradas santas en el mundo, y no se le puede privar de 'este programa de incentivos fiscales que ha sido clave para consolidar la marca Caravaca de la Cruz y convertirse en referente
turístico internacional que atrae anualmente a miles de turistas.
Por todo lo anterior, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que reconsidere su decisión y declare el 'Camino de la Vera Cruz de Caravaca' acontecimiento de excepcional interés público a efectos de lo dispuesto en el artículo 27 de la Ley 49/2020, de
23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo, hasta el 31 de diciembre de 2023.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de febrero de 2021.-Teodoro García Egea, Isabel María Borrego Cortés y Juan Luis Pedreño Molina, Diputados.-Concepción Gamarra Ruiz-Clavijo, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/002000
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para instar al Gobierno a la
recuperación del yacimiento Isla del Fraile de Águilas (Murcia) para su debate en la Comisión de Cultura y Deporte.
Exposición de motivos
La isla del Fraile se ubica en el extremo oriental de la bahía de El Hornillo, en el municipio de Águilas (Murcia), a menos de 100 metros de la línea de costa.
Este yacimiento es un 'unicum' en el poblamiento tardoantiguo del suroeste de la Península Ibérica debido a su riqueza arqueológica y su singularidad, conocida tras las recientes excavaciones realizadas. Los hallazgos se relacionan con la
explotación y comercialización de productos derivados de la pesca, así como de una actividad auxiliar asociada. La abundante presencia de vajilla y ánforas de importación muestra que la isla estaba inserta en las principales dinámicas económicas
del imperio romano. Tras las excavaciones de los pasados meses de septiembre y octubre se halló una necrópolis islámica, que se suma a la singularidad del enclave, reafirmando su trascendencia.
Con el fin de proteger su alto valor arqueológico, histórico, etnográfico, industrial y ambiental, el Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia declaró el 26 de abril de 2013 la Isla del Fraile, la Punta del Cigarro
y su entorno subacuático como Bien de Interés Cultural, con categoría de sitio histórico (Decreto n.º 37/2013), tratándose además de una resolución pionera en la Región de Murcia, al extender la máxima figura de protección al entorno subacuático en
un perímetro de unos 100 metros alrededor de la isla.
Sin embargo, es urgente acometer las necesarias actuaciones de recuperación, por lo que, en colaboración con la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y el Ayuntamiento de Águilas, es necesario que el Gobierno de España se implique en un
plan de inversiones para dicha recuperación.
Por otro lado, la contribución del sector privado en la consecución de fines de interés general se reconoce en la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al
mecenazgo. A efectos de esta Ley, se entiende por mecenazgo la contribución privada a la financiación de actividades de interés general.
Con la aprobación de la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades, y que entró en vigor de forma definitiva el 1 de enero de 2016, se mejoran enormemente los incentivos al mecenazgo. En la Ley se realiza una
habilitación normativa a las Leyes de Presupuestos Generales del Estado de cada año para que puedan establecer una relación de actividades prioritarias de mecenazgo, sobre las cuales esas Leyes de Presupuestos podrán elevar en cinco puntos
porcentuales, como máximo, los porcentajes y límites de deducción.
Entre las actividades prioritarias de mecenazgo se encuentra la conservación, restauración o rehabilitación de los bienes del Patrimonio Histórico Español que se relacionan anualmente en la Ley mediante un anexo, para el que esta proposición
no de ley solicita se incorpore el yacimiento de la Isla del Fraile en Águilas.
Por todo lo anterior, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Establecer un programa para poner en valor el yacimiento de Isla del Fraile con la correspondiente dotación económica, así como promover su reconocimiento como yacimiento singular.
2. Incluir, dentro de los programas de ayudas para financiar trabajos de conservación o enriquecimiento de bienes inmuebles del Patrimonio Histórico Español, entre ellos el denominado Programa 1,5% Cultural, las actuaciones de puesta en
valor del yacimiento de la Isla del Fraile y su espacio protegido.
3. Incorporar dentro de las actividades prioritarias de mecenazgo el yacimiento Isla del Fraile.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de febrero de 2021.-Teodoro García Egea, Isabel María Borrego Cortés y Juan Luis Pedreño Molina, Diputados.-Concepción Gamarra Ruiz-Clavijo, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/002002
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa al apoyo para la promoción
del Concurso Nacional de Cante por Peteneras, para su debate en la Comisión de Cultura.
Exposición de motivos:
Paterna de Rivera es un municipio de la provincia de Cádiz situado en la comarca de la Janda. Además de ser un pueblo muy bello y acogedor, es conocido por ser uno de los lugares donde se cría el toro de lidia y por ser cuna del palo
flamenco denominado y conocido mundialmente como 'La Petenera'.
Este palo es muy antiguo, tiene su origen en el siglo XVII y algunas fuentes afirman que su denominación, en sus diferentes versiones, la antigua y la moderna, se debe a una cantaora nacida en Paterna de Rivera llamada Dolores 'la Petenera',
que vivió a finales del siglo XVIII.
El Concurso Internacional de Cante por Petenera se celebra anualmente en Paterna de Rivera desde hace más de 40 años, coincidiendo siempre con el último fin de semana de julio. Este año, concretamente, se ha celebrado su XLIII edición.
Según el Diario de Cádiz, más de 2.000 personas acudieron a disfrutar del cante por petenera, pero lo más importante es que artísticamente esta edición ha sido de primer nivel.
El flamenco fue declarado por la Unesco Patrimonio Inmaterial de la Humanidad y por tanto hay una obligación especial por parte de las administraciones de conservarlo y difundirlo, velando siempre por la conservación de su esencia.
Recientemente, el pasado 10 de noviembre de 2020, se cumplían precisamente diez años de la citada incorporación del Flamenco como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad, razón que debería suponer un mayor esfuerzo de las administraciones públicas en
la difusión y protección de una de las más singulares expresiones artísticas, que define de manera especial la cultura en nuestro país.
El Grupo Parlamentario Popular considera, además, que para el municipio de Paterna y para toda la provincia de Cádiz, sería fundamental desde el punto de vista no solamente cultural, sino también turístico y por tanto económico y para la
creación de empleo, que el Concurso Internacional de Cante por Peteneras recibiera apoyo por parte de todas las administraciones para que pudiera convertirse en un auténtico referente del flamenco en el mundo.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a
- Acordar con la Junta de Andalucía, la Diputación de Cádiz y el Ayuntamiento de Paterna de Rivera las medidas necesarias para apoyar el Concurso Internacional de Cante por Peteneras.
- Declarar el Concurso Internacional de Cante por Peteneras Evento de Especial Interés Público a fin de facilitar la promoción exterior del mismo.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de febrero de 2021.-María Soledad Cruz-Guzmán García, Marta González Vázquez, Eduardo Carazo Hermoso, Alberto Casero Ávila, María José García-Pelayo Jurado y José Ortiz Galván, Diputados.-Concepción
Gamarra Ruiz-Clavijo, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/002012
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para la protección de los derechos de
autor de periodistas, fotógrafos editores e ilustradores a través de la gestión colectiva, ante la trasposición de la de derechos de autor en el mercado único digital (DAMUD), para su debate en la Comisión de Cultura.
Exposición de motivos:
Los contenidos de prensa y revistas son utilizados en internet por los servicios de la sociedad de la información, tales como agregadores y buscadores, sin solicitar autorización ni atender a los derechos de autor que protegen a escritores,
periodistas y fotógrafos.
La Directiva de derechos de autor en el mercado único digital (DAMUD) viene a resolver este injusto uso de la creación de otros, concediendo, según recoge su artículo 15, a los editores de publicaciones periódicas, así como a los autores y
fotógrafos de los textos e imágenes que contienen, los derechos de reproducción y puesta a disposición del público de sus contenidos.
Para poder hacer efectivos estos derechos de autor, se hace indispensable transponer la directiva apoyando la gestión colectiva como mecanismo de gestión. La gestión colectiva es solidaria, eficiente, transparente, democrática y europea.
Esta gestión colectiva pretende apoyar y defender al más débil de la cadena, al autor, que tras años de lucha consiguió consolidar un justo derecho social. La gestión colectiva obligatoria ha permitido a los autores desarrollar gran parte de su
actividad, además de la gran labor de protección social y de apoyo profesional que dan a los mismos.
Proteger a los autores, periodistas y fotógrafos, supone proteger también la pluralidad de prensa e ideas, que son bases fundamentales de nuestro sistema democrático.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Apoyar los derechos de autor recogidos en el artículo 15 de la Directiva de derechos de autor en el mercado único digital (DAMUD) a través de la negociación colectiva y la irrenunciabilidad de los derechos en su transposición a la
legislación española.
2. Desarrollar una campaña de comunicación y difusión para la información sobre la transposición de la citada directiva, y en concreto sobre la inclusión de los derechos de autor recogidos en el artículo 15, para concienciar a la sociedad
de la importancia de estos y luchar, al mismo tiempo, en frenar la piratería digital.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de febrero de 2021.-María Soledad Cruz-Guzmán García, Marta González Vázquez, Eduardo Carazo Hermoso y Alberto Casero Ávila, Diputados.-Concepción Gamarra Ruiz-Clavijo, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.
161/002014
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para el impulso del Centro de
Tecnificación Deportiva (CTD) 'Infanta Cristina' de los Alcázares para su debate en la Comisión de Cultura y Deporte.
Exposición de motivos
El Centro de Tecnificación Deportiva 'Infanta Cristina' es una instalación de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, ubicada en el término municipal de Los Alcázares, a orillas del Mar Menor. Su objetivo principal es el desarrollo y
la práctica del deporte en general, pero con especial dedicación a los deportes náuticos, estando todas adaptadas para acceso a deportistas con discapacidad. Entre sus servicios destacados se encuentran los necesarios para alojamiento de
deportistas, campus deportivos, concentraciones permanentes y temporales de tecnificación de distintas modalidades deportivas o pruebas de esfuerzo máximo, rehabilitación y actividades formativas.
Este Centro colabora con el Consejo Superior de Deportes, junto a las Federaciones Españolas de diferentes disciplinas deportivas, en el desarrollo del Programa Nacional de Tecnificación Deportiva, siendo un centro de referencia en materia
deportiva.
En la Región de Murcia, el deporte es una actividad clave en materia de turismo y centros como el Infanta Cristina de los Alcázares son fundamentales para la tecnificación, entrenamiento y formación de deportistas. Pero, junto a los propios
programas del gobierno regional en materia de proyección del turismo deportivo, se hace necesario un impulso adicional para ayudar al cumplimiento de los objetivos de este CTD.
El Grupo Parlamentario Popular presentó en noviembre una enmienda al Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado 2021, en la que proponía destinar 200.000 para el impulso del Centro de Tecnificación Deportiva. Esta enmienda no fue
aprobada.
Por todo ello el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso formula la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Promover las reformas necesarias en el Centro de Tecnificación Deportiva Los Alcázares para convertirlo en el centro de referencia nacional de los Deportes del Agua.
2. Adquirir los equipamientos suficientes para que los deportistas federados de Alto Rendimiento y Alto Nivel puedan preparar con garantías sus competiciones nacionales e internacionales.
3. Promover la financiación suficiente para la sostenibilidad del centro.
4. Poner en marcha una Campaña de Información Institucional sobre las ventajas del Centro de Tecnificación Deportiva para la práctica y tecnificación de diversos deportes de agua.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de febrero de 2021.-Teodoro García Egea, Isabel María Borrego Cortés y Juan Luis Pedreño Molina, Diputados.-Concepción Gamarra Ruiz-Clavijo, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/002015
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para la Recuperación de las antiguas
baterías de costa de Cartagena para su debate en la Comisión de Cultura y Deporte.
Exposición de motivos
Desde el siglo XVIII, a lo largo de la costa de Cartagena, se construyeron más de veinte baterías de defensa de la ciudad frente a los ataques desde la costa o aéreos, incluyendo en sistemas armamentísticos y edificaciones interiores
elementos característicos de la arquitectura militar de otras épocas, tales como castillos medievales, templos egipcios o mayas.
Baterías como Fajardo, Santa Ana, Cenizas, Roldán, Castillitos, San Isidoro y Santa Florentina o San Leandro son ejemplos destacados de estas construcciones militares de arquitectura defensiva que se encuentran, en la actualidad, en
situación de abandono y de enorme deterioro.
La probabilidad de derrumbe, en un espacio corto de tiempo, de diversos elementos patrimoniales de muchas de estas fortalezas es muy elevada, lo que implicaría una inversión mucho mayor para su recuperación e, incluso, la haría absolutamente
inviable.
El atractivo turístico de estas fortificaciones históricas es absolutamente fundamental para Cartagena y para la Región de Murcia. Como ejemplo, desde 2010 se viene celebrando una competición de atletismo anual, denominada 'La Ruta de las
Fortalezas', organizada conjuntamente por el Ayuntamiento de Cartagena y la Armada Española y que atrae a deportistas de toda España. La recuperación de estas fortalezas supondría un valor patrimonial y turístico incalculable. Además, una vez
rehabilitadas, tendrían la posibilidad de albergar instalaciones como instalaciones turísticas, observatorios, centros de investigación o espacios de exposición, que impulsen el desarrollo económico de esta región.
El Grupo Parlamentario Popular presentó en noviembre una enmienda al Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado 2021, en la que proponía destinar 800.000 para la recuperación de las antiguas baterías de costa de Cartagena. Esta
enmienda no fue aprobada.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso formula la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Realizar un estudio actualizado y detallado sobre la situación y estado de conservación de cada una de estas baterías de costa.
2. Conforme al anterior estudio, elaborar un Plan urgente de Recuperación y Conservación de estas arquitecturas militares, como impulso de la actividad turística de la ciudad de Cartagena y de toda la Región de Murcia, mediante la
recuperación de su valor histórico y su acondicionamiento.
3. Dotar de financiación adecuada y sostenible en el tiempo las actuaciones necesarias para dicha recuperación, de manera que puedan ejecutarse en un plazo temporal que impida el derrumbe de algunas de estas construcciones.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de febrero de 2021.-Teodoro García Egea, Isabel María Borrego Cortés y Juan Luis Pedreño Molina, Diputados.-Concepción Gamarra Ruiz-Clavijo, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/002019
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley para considerar la práctica deportiva como una actividad esencial y
solicitar la baja del impuesto del valor añadido (IVA) a servicios vinculados a la actividad física y deportiva, para su debate en la Comisión de Cultura y Deporte.
Exposición de motivos
La pandemia ha puesto el foco en la salud de los ciudadanos, fomentando el autocuidado junto con la prevención. La actividad física moderada es clave para fortalecer el sistema inmunológico, ya que se puede definir como una defensa natural
del cuerpo frente a las infecciones. Numerosos estudios acreditan que la práctica deportiva repercute de forma positiva sobre la salud de las personas. Hacer ejercicio es uno de los mejores tratamientos preventivos contra la COVID-19.
El estudio 'Obesidad, confinamiento y COVID-19', realizado por la Sociedad Española de Obesidad (SEEDO), reveló el pasado mes de julio que el 44% de los españoles había engordado durante el confinamiento, entre uno y tres kilos, debido a
llevar un estilo de vida más sedentario. De la misma manera, el análisis reveló que las personas que más aumentaron de peso ya eran obesas. Este es un punto muy importante a tener en cuenta debido a que el 80% de pacientes de coronavirus que
estuvo en situación grave padecía obesidad.
Junto con la edad, la obesidad es uno de los principales factores de riesgo para que el coronavirus se presente de forma grave o letal en una persona. En otro estudio español, que contó con el Hospital
Gregorio Marañón como uno de los coordinadores, se descubrió la existencia de hasta 17 variables asociadas con un mayor riesgo de muerte. Entre ellas, además de la obesidad y la edad, se encontraban también otras patologías subyacentes como
hipertensión arterial, cirrosis hepática, enfermedad neurológica crónica, cáncer activo y demencia.
Estas enfermedades, si bien muchas veces aparecen inevitablemente, se pueden prevenir o controlar llevando un buen estilo de vida, con una alimentación saludable y realizando ejercicio de manera regular. Estar en buena forma puede proteger
de algunos factores que parecen estar asociados con un mayor riesgo de hospitalización y mortalidad en pacientes con COVID-19, como el exceso de peso corporal, diabetes, hipertensión, enfermedad cardiovascular y pulmonar.
La transversalidad del deporte impacta positivamente en otros sectores como el sanitario o el económico. De este modo, se puede señalar que la práctica deportiva conlleva una reducción del gasto sanitario o del absentismo laboral y promover
la actividad física y el deporte entre los trabajadores mejora su salud y la rentabilidad de las empresas.
El Consejo Superior de Deportes (CSD) ha analizado las actividades para promover un estilo de vida saludable, ya que promover la actividad física y el deporte entre los trabajadores mejora su salud y la rentabilidad de las empresas y
consigue mejorar su salud, autoestima, conciliación y, además, da una mayor rentabilidad a las empresas debido a que se reducen sustancialmente el número de bajas laborales y hay un incremento de la productividad.
La práctica deportiva no solo ayuda a combatir el COVID-19, sino que es una herramienta fundamental para mejorar la salud mental, muy deteriorada por esta situación. El deporte está considerado como un antidepresivo natural, y por tanto
beneficioso frente a estados de ansiedad y depresión, como los que puede generar la 'fatiga pandémica' a la que la Organización Mundial de la Salud ha puesto recientemente nombre.
Sus beneficios son tanto preventivos como de recuperación y, en ese sentido, varios estudios han señalado que la realización de ejercicio moderado es una buena herramienta junto con los tratamientos farmacológicos en la recuperación de la
capacidad cardiovascular de las personas que han padecido COVID-19.
La prevención y el cuidado de la salud son vitales para amortiguar el impacto de cualquier enfermedad. Es por ello que potenciar la actividad física debe ser una prioridad por la que se apueste y se promueva su práctica, cuidando también a
las empresas que se comprometen y potencian esos hábitos de salud, puesto que el ejercicio físico debe ser entendido como una herramienta más para luchar contra esta pandemia.
Por todo lo anterior, el Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno de la Nación a:
1. Considerar la práctica deportiva como una actividad esencial, de manera que pueda ser tratada como tal a la hora de aplicar posibles restricciones que puedan limitarla durante la pandemia.
2. Reducir el IVA del 21% al 10% en todos los servicios deportivos impartidos en instalaciones y centros deportivos, así como todos aquellos impartidos por profesionales de la actividad física y del deporte y técnicos titulados por
federaciones deportivas, en el marco de la Directiva 2006/112/CE del Consejo, de 28 de noviembre de 2006, relativa al sistema común del impuesto sobre el valor añadido, para que se pueda incorporar en la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto
sobre el Valor Añadido, al menos mientras el país se encuentre en la actual situación de crisis sanitaria y económica provocada por la pandemia del COVID-19.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de febrero de 2021.-Guillermo Díaz Gómez, Diputado.-Edmundo Bal Francés, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
Comisión de Asuntos Económicos y Transformación Digital
161/001980
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(161) Proposición no de Ley en Comisión.
Autor: Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Proposición no de Ley sobre el diagnóstico realista de nuestra situación económica.
Acuerdo:
Considerando que se solicita el debate de la iniciativa en Comisión, y entendiendo que la previsión de la presentación de un Plan ante el Congreso se haría, en todo caso, por el procedimiento reglamentario pertinente, admitirla a trámite
como Proposición no de Ley, conforme al artículo 194 del Reglamento, y disponer su conocimiento por la Comisión de Asuntos Económicos y Transformación Digital. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las
Cortes Generales, comunicando este acuerdo al Grupo Parlamentario proponente.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de febrero de 2021.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre el diagnóstico realista de
nuestra situación económica, para su debate en Comisión de Asuntos Económicos y Transformación Digital.
Exposición de motivos
El pasado 6 de octubre, el Gobierno presentó el cuadro macroeconómico que sirvió de base para los Presupuestos Generales del Estado (PGE) que fueron aprobados el pasado 22 de diciembre de 2020.
La necesidad de cuadrar un aumento del gasto sin precedentes, 68.500 millones de euros de gasto adicional en 2021 de los que 27.000 millones de euros son con cargo a unos fondos europeos que no sabemos cuándo se van a recibir, y justificar
unos ingresos públicos -que si fueran ciertos batirían el récord histórico absoluto de recaudación superando incluso los ingresos previos a la pandemia-, llevaron al Gobierno a presentar un cuadro macroeconómico con unas previsiones totalmente
increíbles.
Así lo manifestaron entonces el Gobernador del Banco de España y la Presidenta de la AiRef. El primero, afirmando que la previsión del gobierno es muy optimista -tanto en el crecimiento del escenario inercial como en los multiplicadores
previstos por el Gobierno para los fondos europeos-. La segunda, afirmando que son más probables los escenarios más pesimistas de las previsiones que hacen tanto los organismos nacionales como internacionales que el escenario del Gobierno.
Y así se señaló desde el Grupo Parlamentario Popular, al que diferentes miembros del Gobierno tildaron de alarmista y desleal por 'no arrimar el hombro' al negarse a apoyar unos presupuestos que, en nuestra opinión, nos condenan al fracaso:
por su falta de credibilidad, por la incertidumbre que generan, por las subidas de impuestos que lastran nuestro tejido productivo y penalizan al talento, por el mayor gasto público, mayor déficit y una deuda que ha subido en 22 puntos del PIB en
2020 y que seguirá subiendo en 2021, siendo esta nuestra mayor vulnerabilidad.
Si esto ya era muy probable en noviembre de 2020, en enero de 2021 es una certeza absoluta: la campaña navideña se ha visto lastrada por las restricciones de movilidad y de apertura de negocios, cuando apenas se ha vacunado al 2% de la
población se ha producido un aumento de contagios en una
tercera ola especialmente severa, seguimos inmersos en un estado de alarma que está aprobado hasta mayo, el turismo y el sector servicios siguen en mínimos, y ya hasta se filtran noticias de la Moncloa reconociendo que vienen por delante 6
meses muy duros.
La mayoría de organismos, tanto nacionales como internacionales, han revisado a la baja sus previsiones de crecimiento y al alza las de déficit y deuda. Como ejemplo, el crecimiento medio previsto para 2021 por estas instituciones (AIReF,
Banco de España, Comisión Europea, OCDE, Funcas y BBVA research) es del 5,8%, 4 puntos porcentuales menos que lo estimado por el Gobierno, mientras que el déficit medio es del -8,6%, casi un punto más del previsto por el Gobierno.
El riesgo de mantener unas previsiones macroeconómicas desfasadas es que el agujero presupuestario que se genere entre 2020 y 2021, que puede rondar los 250.000 millones de euros, se perciba como insostenible y derive en una nueva crisis
financiera y de deuda que nuestro país no se puede permitir. Así lo alertó el propio Gobernador del Banco de España, que también advirtió que 'una vez que se recuperen las reglas comunitarias, tendremos por delante una década de ajustes para poder
reducir los elevados niveles de deuda pública que vamos a alcanzar a finales de 2021'.
Queremos pensar que el incremento del 27,6% en el presupuesto del Programa 931M 'Previsión y Política Económica', que subió de 121,8 millones de euros a 155,4 millones de euros en 2021, será suficiente para evitar bochornos como el de la
Vicepresidenta y Ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital afirmando que 'el impacto económico del coronavirus sería transitorio y poco significativo' solo días antes de que se produjera la mayor caída del PIB desde la guerra civil, o
el del Ministro Escrivá explicando que el crecimiento va a seguir un dibujo como 'el de la lámpara de Aladino', y los profesionales que trabajan en el Gabinete económico impondrán su criterio técnico sobre el político.
Es necesario que el Gobierno asuma la realidad económica y social de nuestro país, porque si el diagnóstico es erróneo, las medidas que se adopten están condenadas al fracaso y lastrarán la recuperación económica y la creación de empleo.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
- Actualizar el cuadro macroeconómico para que refleje la realidad económica y social que tenemos en nuestro país.
- Adoptar cuantas medidas sean necesarias para adecuar los gastos a unas previsiones más realistas de ingresos.
- Presentar ante el Congreso un Plan de Reequilibrio a medio y largo plazo que permita recuperar la credibilidad de nuestro país y atraer inversión y talento.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de febrero de 2021.-Miguel Ángel Castellón Rubio y Mario Garcés Sanagustín, Diputados.-Concepción Gamarra Ruiz-Clavijo, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/001985
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para dotar de Cobertura de Telefonía
Móvil en zonas de sombra en las carreteras de la Región de Murcia para su debate en la Comisión de Asuntos Económicos y Transformación Digital.
Exposición de motivos
Se definen las zonas de sombra, desde el punto de vista del acceso telefónico, como aquellos tramos de carretera que no poseen cobertura de Telefonía móvil, con ninguno de los operadores autorizados por la CNMC y publicado en el Registro de
Operadores de Comunicaciones Electrónicas, dependiente de dicho organismo público.
En 2018, el Gobierno de la Región de Murcia publicó un estudio sobre las mediciones reales de cobertura de telefonía (voz móvil) en las principales carreteras de esta Comunidad Autónoma, considerando todos los operadores principales que
tienen licencia en España para ofrecer este servicio. Se trataba de disponer de la información sobre cuáles son las zonas de sombra de cobertura en estas carreteras, con un total de 722,8 km sometidos a estudio. Entre los más significativos se
encuentran ciertos tramos de la autovía del Noroeste, la de Cartagena con Mazarrón o la carretera entre Yecla y Jumilla, así como el Puerto de la Cadena, entre otros.
La necesidad de establecer comunicación con cualquier servicio de emergencias, en situaciones graves durante desplazamiento en carretera, debe tener la garantía de dicha conexión, en cualquier punto del trazado. Sin embargo, en la Región de
Murcia existen aún muchas zonas de sombra de acceso telefónico que demandan una ayuda inmediata para resolver esta situación, al menos en las principales vías, incluidos puntos de la autovía A7.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso formula la siguiente:
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Elaborar un Mapa actualizado de Cobertura real de telefonía móvil en las principales carreteras de la Región de Murcia, discriminando las zonas según el nivel de señal ofrecido por, al menos, un operador de telecomunicaciones, así como
la posibilidad de establecimiento de llamadas.
2. Dotar de financiación necesaria, desde el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, el despliegue de las infraestructuras necesarias que permitan cubrir, durante el año 2021, al menos, las principales zonas sin cobertura
o zonas de sombra de las carreteras elementales de la Región de Murcia, sometidas a estudio en el Mapa de Cobertura.
3. Establecer un plan de medición, estudio y desarrollo de despliegue de estas infraestructuras de conexión móvil, que incluya un planificación temporal, para el resto de carreteras no contempladas en el Mapa elaborado.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de enero de 2021.-Teodoro García Egea, Isabel María Borrego Cortés y Juan Luis Pedreño Molina, Diputados.-Concepción Gamarra Ruiz-Clavijo, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Comisión de Sanidad y Consumo
161/001981
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Republicano, a instancia del Diputado Xavier Eritja Ciuró, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley para el reconocimiento y
la reparación a las personas afectadas por la talidomida en España, para su debate en instancia en la Comisión de Sanidad y Consumo.
Exposición de motivos
Reconocer los daños producidos para con las personas afectadas por la talidomida y trabajar para su reparación es una de las grandes asignaturas pendientes del Estado español.
Hace más de sesenta años que el estado homologó y facilitó la comercialización de un fármaco que posteriormente se demostró causa de gravísimas anomalías congénitas en los hijos de las madres que lo consumieron.
La práctica totalidad de los estados donde se comercializó han indemnizado oportunamente a los afectados, pero España sigue siendo la excepción y no ha restaurado debidamente la dignidad de un colectivo de máxima vulnerabilidad absolutamente
marginado y maltratado por la administración.
Estamos ante un colectivo de personas, alrededor de 600 en el conjunto del Estado, que llevan toda su vida padeciendo los efectos de graves discapacidades por embriopatia provocadas por la carencia de controles y garantías en el uso e
indicación de un fármaco en su día avalado por el estado.
El conjunto de administraciones y en primera instancia el Gobierno del estado tiene la responsabilidad de dar una respuesta a este colectivo. Negarla es una ofensa a su dignidad como personas vulnerables y a nuestra dignidad como sociedad
supuestamente del bienestar y que dice estar regida por los principios de equidad y la justicia social. La compensación que merecen los afectados tiene que responder a dichos principios y como establece el Real Decreto de 2010 compensar a los
afectados según su nivel de discapacidad.
Una vez definidos dichos criterios se deberían promover políticas proactivas de identificación de los perjudicados que sean accesibles y no excluyentes, cosa que no se ha dado con los actuales protocolos.
El ejemplo de otros países de nuestro entorno, como Alemania, Reino Unido, Italia, Suecia, Dinamarca o Noruega, que han aceptado las responsabilidades a su momento, con la reclamación pertinente a Grünenthal y, a la vez, con importantes
ayudas económicas y sociales vitalicias para estas personas, son una muestra más de aquello que se tendría que haber hecho.
En cambio, en el estado español se está condicionando dichas compensaciones no solo del grado de discapacidad resultante, sino también al resultado de pruebas genéticas. Dichas pruebas no tienen indicación clínica y pretenden demostrar que
las malformaciones en algunas personas no son consecuencia de la talidomida sino de mutaciones que existen en su genoma con la consecuente exclusión de los mecanismos de ayuda y compensación. La asunción de que personas afectadas por la misma
patología y con análogas afectaciones a su vida no sean tratadas en igualdad de condiciones representa un agravio indigno e inadmisible.
Toda persona que sufre claramente los efectos de una iatrogenia tiene que tener un reconocimiento social y un resarcimiento responsable y proporcional a su grado de afectación.
El colectivo de afectados está perfectamente dimensionado e identificado y merece una solución definitiva que ponga fin al calvario que ha supuesto todos estos años la lucha por el reconocimiento de su situación, una lucha a la que no se ha
dado la correspondiente respuesta desde la Administración General del Estado.
No se puede demorar más una situación de injusticia e indignidad que afecta a un colectivo que por su condición generacional está en una etapa avanzada de la vida y se va reduciendo año tras año.
Es preciso dar una solución rápida y definitiva a una de las carpetas más negras de nuestro pasado reciente y restaurar la dignidad de aquellos que tanto han padecido.
Por todo ello se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno español a:
1. Crear, en un plazo inferior a tres meses, un fondo de compensación específico de treinta millones de euros para la reparación de las personas afectadas por la talidomida en España.
2. Establecer, en un plazo inferior a tres meses, un nuevo mecanismo de reparto de ayudas que mediante los criterios de reparto establecidos en el Real Decreto 1006/2010, de 5 de agosto, por el que se regula el procedimiento de concesión de
ayudas a las personas afectadas por la talidomida en España durante el periodo 1960-1965, asegure la plena integración del colectivo y el acceso a las prestaciones sin exclusiones de ningún tipo.
3. Proceder a indemnizar a todos los afectados, mediante criterios de equidad y de acuerdo a una tabla de valoración de discapacidad, en un plazo inferior a seis meses.
4. Activar los mecanismos de negociación y mediación con la compañía Grünenthal, a fin de que esta contribuya económicamente a la reparación del daño causado.
5. Realizar, en nombre del estado, una disculpa pública hacia todos los afectados por la talidomida y sus familiares por el gran dolor padecido.
6. Reconocer el trabajo y la lucha de las personas afectadas y sus familiares, tanto para reivindicar su derecho a un justo resarcimiento por el daño causado como por la contribución que han hecho a mejorar el sistema de farmacovigilancia y
evitar que situaciones como la de la talidomida se repitiesen.
7. Crear un comité de seguimiento formado por representantes de las asociaciones de víctimas y representantes de las administraciones competentes, a fin de velar por la plena ejecución de dicha iniciativa.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de febrero de 2021.-Francesc Xavier Eritja Ciuró, Diputado.-Gabriel Rufián Romero, Portavoz del Grupo Parlamentario Republicano.
161/001991
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la mejora del diagnóstico
precoz y el abordaje temprano del cáncer a pesar de la pandemia de COVID-19, para su debate en la Comisión de Sanidad y Consumo.
Exposición de motivos
El cáncer es considerado por muchos expertos como una 'pandemia' que afecta al año en España a 280.000 personas y a 19 millones de nuevos casos a nivel mundial.
Según la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM), el término cáncer comprende un grupo numeroso de enfermedades que se caracterizan por el desarrollo de células tumorales que han 'perdido' la capacidad para morir y se dividen, crecen y
se diseminan sin control en cualquier parte del cuerpo, formando unas masas denominadas 'neoplasias' cuya expansión puede destruir y sustituir a los tejidos normales.
Junto con los factores genéticos propios de cada persona y el envejecimiento, la Organización Mundial de la Salud (OMS) señala el consumo de tabaco y la ingesta de bebidas alcohólicas, así como la mala alimentación, el exceso de peso, la
contaminación y el sedentarismo como los principales factores de riesgo de padecer cáncer.
De acuerdo con las cifras ofrecidas por la Asociación Española Contra el Cáncer, cada año fallecen en España 112.075 personas por culpa de los más de 200 tipos de cáncer conocidos, siendo la segunda causa de muerte en nuestro país.
La crisis sanitaria de la COVID ha tenido un impacto clínico negativo en el cáncer, ya que ha supuesto que uno de cada cinco pacientes no han sido diagnosticados o han sido diagnosticados tarde, se ha reducido en un 21 % el número de
primeras consultas de marzo a junio de 2020, descenso de un 30 % de las consultas presenciales, descenso medio de un 30% en el número de pacientes reclutados para ensayos clínicos, disminución en un 57% de la actividad de diagnóstico en citología y
en un 41 % en biopsias. Con estos datos queda demostrado que se ha desestabilizado la asistencia a pacientes con cáncer.
Las consecuencias se notarán durante años. Esto es paradójico en un momento en el que se pueden curar muchos cánceres en función de la etapa del cáncer al momento del diagnóstico. Por ejemplo, la tasa de supervivencia relativa de cinco
años para el cáncer colorrectal en etapa inicial es del 90 %.
La supervivencia en cáncer se ha incrementado un 20 % en los últimos veinte años, gracias a la investigación, que se ha visto afectada por la crisis sanitaria del coronavirus, llegando a reducirse en un 30 % o más y afectando en sí al
desarrollo de nuevas herramientas de diagnóstico precoz y tratamientos más eficaces y eficientes. La investigación es el motor para conseguir que el cáncer pueda ser una enfermedad prevenible, curable o cronificable.
La investigación, junto a la prevención y la detección precoz (ligada a un tratamiento temprano) son aspectos que influyen en la reducción de la mortalidad y en aumentar la supervivencia del cáncer.
El informe 'Las cifras del cáncer en España en 2021' (basado en los datos comprendidos en la 'Red Española de Registros de Cáncer') cuantifica en 276.239 los casos nuevos que se diagnosticarán en nuestro país este mismo año.
No obstante, se trata seguramente de una cifra menor a la real debido al impacto negativo que la COVID-19 está teniendo en el funcionamiento general del sistema sanitario y, concretamente, en la realización adecuada y continuada de cribados
con los que detectar tumores como los de mama y de colon, entre otros.
La SEOM fija en un 21 por ciento los nuevos casos no diagnosticados (unas 55.000 personas) únicamente durante el periodo temporal correspondiente a la primera ola de la pandemia. Se trata de una realidad que hace necesario realizar un
esfuerzo para recuperar este retraso.
Por ese motivo, y teniendo presentes pronósticos como el incremento por encima de 160.000 de las muertes por cáncer que se producirán en España en el año 2040, por lo que, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a impulsar, a partir de la actualización urgente de la Estrategia en Cáncer del Sistema Nacional de Salud y desde el consenso con las Comunidades Autónomas y la coordinación con las sociedades
científicas y las asociaciones de pacientes, cuantas medidas sean necesarias para desarrollar el diagnóstico precoz del cáncer en toda España hasta niveles de actividad cuanto menos similares a los registrados antes de la pandemia de COVID-19,
procurando también progresos en el tratamiento temprano y redoblando los esfuerzos realizados en l+D+i para agilizar la consecución de avances diagnósticos y terapéuticos, así como su plena puesta a disposición de todos los ciudadanos en condiciones
de equidad y accesibilidad.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de febrero de 2021.-José Ignacio Echániz Salgado, Ana María Pastor Julián y Elvira Velasco Morillo, Diputados.-Concepción Gamarra Ruiz-Clavijo, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/002005
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Socialista, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre Enfermedades Raras, para su debate en la Comisión de Sanidad y Consumo.
Exposición de motivos
Según datos de la Federación Española de Enfermedades Raras (FEDER), se calcula que en nuestro país viven, actualmente, alrededor de tres millones de personas con enfermedades raras.
Estas personas constituyen un colectivo de gran vulnerabilidad, al convivir con patologías genéticas, crónicas, multisistémicas y degenerativas, de difícil diagnóstico y tratamiento, que requieren de importantes esfuerzos de cara a prevenir
la morbilidad, la mortalidad temprana asociada y la reducción de la calidad de vida de estas personas y de sus familias.
Esa vulnerabilidad se ha visto agravada durante la crisis sanitaria derivada de la COVID-19. En estos meses de pandemia, muchas de estas personas han visto dificultada la atención a su patología, especialmente en lo relativo a terapias,
pruebas diagnósticas, consultas con especialistas e intervenciones quirúrgicas, lo que está suponiendo que muchas de estas personas estén teniendo problemas a la hora de controlar y paliar su enfermedad.
A esto se une la incertidumbre añadida al desconocer los efectos que el virus SARS-CoV-2 puede tener en la enfermedad con la que conviven, en el caso de contraerlo.
Desde que la Organización Mundial de la Salud declarara pandemia internacional la situación de emergencia ocasionada por el brote epidémico de COVID-19, el Gobierno de España, en coordinación con las Comunidades Autónomas, viene
desarrollando múltiples actuaciones. Concretamente, con el objetivo de garantizar las capacidades del sistema sanitario, fue aprobado el Real Decreto-ley 21/2020, que establece la necesidad de disponer de recursos suficientes para afrontar el
control de la pandemia, y el tratamiento de los casos y la obligación de las Comunidades Autónomas de disponer de profesionales sanitarios suficientes, y de planes de contingencia ante la COVID-19. Información que debe de ser remitida al Ministerio
de Sanidad.
En este sentido, desde la Administración General de Estado se dispuso la creación del Fondo COVID-19, mediante el Real Decreto-ley 22/2220, que establece un crédito extraordinario de 16.000
millones de euros, de los cuales 9.000 destinados a la sanidad, cuyo objetivo es dotar de mayor financiación mediante transferencias a las comunidades autónomas y ciudades con estatuto de autonomía.
Esta crisis sanitaria pone en evidencia la necesidad de ofrecer una mejor atención a los pacientes con enfermedades raras, de manera que sea integrada y continua.
A los problemas derivados del contexto actual de pandemia, se unen múltiples desafíos en torno al abordaje de estas enfermedades, relativos a:
- la prevención y diagnóstico precoz,
- la atención sanitaria adecuada a las necesidades de las y los pacientes y continuada a lo largo de todas las etapas de la enfermedad, de manera coordinada entre los diferentes servicios asistenciales,
- acceso en términos de equidad a tratamientos y uso de terapias avanzadas,
- reforzar la investigación,
- formación, sensibilización y conocimiento de estas enfermedades, tanto por parte de los profesionales sanitarios, como de la sociedad en general.
Algunas de estas cuestiones forman parte de las líneas de la Estrategia en Enfermedades Raras del Sistema Nacional de Salud, actualizada en el año 2014 por el Consejo Interterritorial del SNS, y del Plan de Calidad para el Sistema de Salud.
Este Grupo Parlamentario comparte con las asociaciones que forman parte de la comunidad de las enfermedades raras o poco frecuentes, la importancia de ofrecer la mejor atención sanitaria a estas personas, que pasa entre otras cuestiones, por
facilitar y agilizar la atención, promover la formación continuada relativa a estas enfermedades entre el personal sanitario, mejorar la coordinación entre los centros sanitarios y llevar a cabo una designación suficiente de Centros, Servicios y
Unidades de Referencia (CSUR), con carácter multidisciplinar.
A estas recomendaciones, en el contexto actual, se une la necesidad de incorporar la telemedicina como fórmula para intercambiar datos más allá de cualquier circunstancia, sin perjuicio de que se garantice la presencialidad de la atención
sanitaria con la mayor periodicidad posible.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista considera prioritario desarrollar las medidas necesarias para garantizar la mejor atención sanitaria a las personas con enfermedades raras desde un enfoque multidisciplinar, que posibilite la
vuelta a la nueva normalidad asistencial, dentro de la situación de excepcionalidad y de emergencia sanitaria que estamos viviendo como consecuencia de la situación de pandemia.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados, insta al Gobierno a integrar las necesidades de las enfermedades raras en la planificación global de la cobertura universal de forma efectiva, garantizando el acceso al diagnóstico y tratamiento de todas las
personas, independientemente de la enfermedad que padezcan y de acuerdo a criterios de equidad. Para la consecución de este objetivo:
- Llevar a cabo un nuevo informe de seguimiento y evaluación de la Estrategia en Enfermedades Raras del Sistema Nacional de Salud.
- Con la recuperación de la dotación del Fondo de Cohesión Sanitaria en los PGE 2021, impulsar la red de Centros, Servicios y Unidades de Referencia (CSUR).
- Impulsar la Estrategia en Enfermedades Raras del Sistema Nacional de Salud, manteniendo las subvenciones a las Comunidades Autónomas para su adecuada implementación.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de febrero de 2021.-Ana Prieto Nieto, Julio Navalpotro Gómez, Marisol Sánchez Jódar, Carmen Andrés Añón, José Ramón Ortega Domínguez, Josefa Andrés Barea, Laura Berja Vega, María Luisa Carcedo Roces,
Sandra Guaita Esteruelas, Elvira Ramón Utrabo, Daniel Vicente Viondi, Agustín Zamarrón Moreno y Andrea Fernández Benéitez, Diputados.-Guillermo Antonio Meijón Couselo y Rafael Simancas Simancas, Portavoces del Grupo Parlamentario Socialista.
161/002008
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para la puesta en marcha de un Acuerdo contra el
Cáncer, para su debate en la Comisión de Sanidad y Consumo.
Exposición de motivos
La pandemia de COVID-19 ha tenido un impacto negativo de gran magnitud sobre el sistema sanitario español. No solo se trata de una enfermedad extremadamente contagiosa y con una tasa de mortalidad relativamente alta, sino que también deja
unas secuelas cardiovasculares que exigen un nivel de seguimiento muy concienzudo. No en vano, los efectos de la pandemia en nuestro país se han cobrado ya en torno a 120.000 personas, según los datos de exceso de mortalidad de los servicios
funerarios.
Además, la incidencia de la pandemia tiene también terribles consecuencias para el diagnóstico temprano y el tratamiento de enfermedades crónicas. No solo esto es ineficiente en materia de gasto sanitario, puesto que la inversión en
prevención conlleva importantes ahorros en tratamientos costosos y medicación poco accesible, sino que además pone en riesgo las vidas de cientos de miles de personas que podrían tener un diagnóstico temprano y tratable de forma menos invasiva. El
cáncer es una de esas enfermedades, y se ha convertido en la tercera causa de muerte en nuestro país el pasado 2020, por detrás de las enfermedades cardiovasculares y del COVID-19.
Según la guía de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para la detección temprana del cáncer, es necesario tomar medidas para sensibilizar al público acerca de los síntomas para recurrir a la asistencia médica cuando se detecten, o
invertir de forma decidida en la prevención mediante equipamientos y formación del personal sanitario. La saturación de los servicios sanitarios durante la pandemia ha puesto en jaque esas estrategias, y los diagnósticos de cáncer han disminuido en
un 21 % entre marzo y junio de 2020 debido a ello. Esto supone que un 21 % menos de enfermos de cáncer tiene acceso a tratamiento y asistencia de forma temprana, lo que puede aumentar la mortalidad entre un 6 % y un 13 %. Los diagnósticos de
tumores cancerígenos han disminuido aún más debido al miedo a acudir a los centros sanitarios y al desbordamiento de su personal, cayendo hasta en un 40% respecto a una situación normal.
La Asociación Española contra el Cáncer (AECC) ha hecho una labor muy importante de concienciación en estos meses, alertando sobre la importancia clave de la detección precoz del cáncer. Asimismo, la AECC ha recordado durante estos meses
que las pruebas de cribado para detección temprana del cáncer solo serán exitosas si tienen alta sensibilidad y especificidad, si son sencillas, cómodas y con aceptación por parte de la población, y si son fácilmente reproducibles e interpretables
por los profesionales. Finalmente, la AECC ha aprovechado este 4 de febrero, Día Mundial contra el Cáncer, para pedir un Acuerdo contra el Cáncer en España. Desde el GP Ciudadanos nos sumamos a esa petición, poniendo especial atención en la
prevención y la detección temprana.
El mejor ejemplo de la importancia de la detección temprana del cáncer es el nuevo Plan de Lucha contra el Cáncer de la Comisión Europea, presentado este mismo 4 de febrero. Este proyecto ya era una de las prioridades de la Comisión Von der
Leyen en materia sanitaria, y se vio retrasado por la pandemia de COVID-19. En este Plan, la Comisión Europea contempla la prevención y la detección temprana como dos de los pilares fundamentales de la lucha contra el cáncer, para lo cual se hará
uso del nuevo programa presupuestario de sanidad a nivel europeo EU4Health, que cuenta con 4.000 millones de euros. El objetivo es reducir el incremento proyectado de la mortalidad de cáncer en la Unión Europea, que actualmente es de un 24 % para
2035.
Por este motivo, el Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a
1. Detallar a la Comisión de Sanidad y Consumo los esfuerzos que se llevarán a cabo a nivel nacional para mejorar la prevención y detección temprana del cáncer en España y su dotación presupuestaria específica.
2. Convocar, con la mayor brevedad posible tras el fin de la pandemia de COVID-19, una sesión monográfica del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud sobre prevención y detección temprana del cáncer.
3. Impulsar la investigación en materia de prevención, diagnóstico y tratamiento del cáncer no solo ligado a la gerociencia, como recoge la Estrategia Española de Ciencia, Tecnología e Innovación 2021-2027, sino también con especial
atención a prevención y detección temprana en niños y adolescentes y colectivos vulnerables.
4. Estudiar, de forma conjunta con las Comunidades Autónomas en el seno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, la actualización de la estrategia española de cáncer mediante un Acuerdo contra el Cáncer que ponga el foco
en la prevención y la detección temprana mediante bioindicadores incluidos en otro tipo de revisiones periódicas y exámenes médicos.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de febrero de 2021.-Guillermo Díaz Gómez, Diputado.-Inés Arrimadas García, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
Comisión de Ciencia, Innovación y Universidades
161/002001
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Confederal Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de ley para su debate en la Comisión de
Ciencia, Innovación y Universidades, relativa a la evaluación pública de la actividad investigadora.
Exposición de motivos
Desde hace décadas, la evaluación de la calidad de la investigación se encuentra dominada por el factor de impacto o índices de valoración de las revistas científicas. Con carácter general, la evaluación de las y los investigadores, los
centros y los proyectos de investigación gira en torno a una serie de índices que, a grandes rasgos, priorizan el volumen de citas de las investigaciones publicadas en las revistas.
En sus orígenes, el factor de impacto se concibió como una herramienta para gestionar la creciente información científica y la adquisición de publicaciones por las bibliotecas y centros de documentación. Progresivamente, las
Administraciones y la comunidad científica fueron asumiendo que estos instrumentos privados de medición podían adoptar una función de evaluación de la calidad investigadora.
En España, los índices de impacto son utilizados por la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA), las universidades y otros organismos públicos y privados en múltiples procesos y convocatorias que requieren una
evaluación objetiva de la investigación científica.
El factor de impacto está siendo objeto de crecientes críticas procedentes de personas expertas y del personal de investigación. Los principales índices son propiedad de empresas privadas transnacionales que operan con intereses
particulares y monopolísticos. En su elaboración intervienen sesgos idiomáticos y geográficos. De facto, la evaluación de la calidad de la investigación se halla privatizada y regida por criterios más crematísticos que científicos.
La volatilidad de las listas de impacto es muy alta. No son pocas las revistas que varían de cuartil de un año para otro, de manera que el actual sistema de evaluación también genera inseguridad a las y los investigadores. Además, existen
numerosos casos de revistas que mejoran su posición en las listas de manera artificial, ocupando puestos que no corresponden a su percepción por parte de la comunidad científica. Por último, las distintas áreas de conocimiento presentan
particularidades y necesidades específicas que no siempre son atendidas por los índices de impacto hegemónicos.
Si bien es cierto que la evaluación de la investigación científica requiere herramientas objetivables de medición, los resultados de los actuales índices de impacto cuando menos son cuestionables. Las empresas que los elaboran están
funcionando como autoridades privadas que condicionan la orientación de la investigación científica. Resulta necesario que los poderes públicos se doten de herramientas públicas e independientes para mejorar la evaluación de la calidad
investigadora.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a llevar a cabo, en colaboración con las agencias de evaluación del Sistema Español de Ciencia, Tecnología e Innovación, las actuaciones necesarias para que en la evaluación del rendimiento
investigador se introduzcan criterios más adecuados, basados en el artículo y no en la revista, que sustituyan o complementen al factor de impacto de las revistas científicas (JIF) y que supongan la inclusión del nuevo paradigma de la Ciencia
Abierta considerando las publicaciones y datos de investigación en abierto.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de febrero de 2021.-Javier Sánchez Serna, Diputado.-Txema Guijarro García, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común.
Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo
161/002020
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Socialista, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa al Fortalecimiento de la Acción Humanitaria en el contexto de pandemia
global y ante la inminente reforma del sistema de la Cooperación Española, para su debate en la Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo.
Exposición de motivos
Tras casi una década perdida en la que se produjo un recorte aproximado en Ayuda Oficial al Desarrollo de un 90 % en Acción Humanitaria, el Gobierno de España ha impulsado unos presupuestos históricos para una crisis global que exige
contener el avance de la pandemia en las poblaciones en situación de mayor vulnerabilidad, tanto en nuestra sociedad como en otras latitudes, y sin dejar a nadie atrás. En efecto, si bien el virus carece de fronteras y no distingue entre
nacionalidades, la fragilidad de los sistemas de salud de los países empobrecidos, unida al sobreendeudamiento de sus Estados y a las debilidades estructurales que padecen sus instituciones, vaticinan un riesgo de colapso elevado de los servicios
que vendrá a perpetuar y expandir la crisis en el tiempo.
En este contexto, la Ministra de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, presentaría el pasado mes de julio la Estrategia de Respuesta Conjunta de la Cooperación Española a la Crisis del COVID-19, elaborada conjuntamente por el
Gobierno, comunidades autónomas, entes locales, ONGD, organizaciones sindicales, entidades empresariales y academia. Con carácter inmediato, el Gobierno de España identificó recursos para hacer frente a la crisis por un monto inicial de
aproximadamente 318 millones de euros en 2020 en donaciones, más de 1.355,3 millones de euros en cooperación financiera reembolsable, y anunció el compromiso de movilizar, en un horizonte mínimo de dos años, 1.700 millones de euros para terceros
países.
La presente es la primera gran crisis humanitaria y de emergencia acaecida desde la aprobación en 2019 de una Estrategia de Acción Humanitaria de la Cooperación Española (2019-2026) que ya estaba siendo implementada por la AECID en múltiples
conflictos humanitarios. En coherencia con la Estrategia, nuestro país responde hoy con un enfoque multilateralista y europeísta que da cumplimiento íntegro a los principios humanitarios, que incorpora la perspectiva de género y desarrolla toda una
diplomacia humanitaria alineada con el Grand Bargain en toda su extensión, haciendo uso de los estándares de calidad y rendición de cuentas en el ámbito humanitario (en especial los agrupados en el 'Humanitarian Standards Partnership'). En
definitiva, y mediante ambas Estrategias, el Gobierno de España demuestra su compromiso con salvar vidas, reforzar sistemas de salud local, proteger y recuperar derechos y medios de vida y fortalecer sistemas de protección social. Un compromiso que
se ha visto también traducido en
su contribución a la mejora del sistema humanitario global durante su presidencia (julio 2019-julio 2020) en el Grupo de Donantes de Apoyo a la Oficina de las Naciones Unidas de Coordinación Humanitaria (OCHA), en el retorno de España al
Fondo Global contra el SIDA o en su presencia en el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR).
No obstante, huelga recordar que la COVID-19 está presente en muchos países que ya sufrían enormes necesidades humanitarias debido a conflictos olvidados, desastres naturales y/o cambio climático. Hablamos de 100 millones de personas que
dependen totalmente de la acción humanitaria para sobrevivir y, también, de millones de personas desplazadas, migrantes y refugiadas que se encuentran atrapadas en una situación especialmente crítica, particularmente en el Sahel, en Centroamérica o
en los países receptores de migrantes de origen venezolano. Frente a ello, el Gobierno de España ha presentado y desarrollado cinco estrategias humanitarias específicas: Sahel y lago Chad; campamentos de población refugiada saharaui; Palestina;
crisis siria; América Latina y Caribe; e impulsado, junto a la UE, la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), una conferencia de donantes que logró recaudar más de 2.500
millones de euros para la emigración venezolana el pasado mes de mayo.
Con todo ello, y por su experiencia, capital humano y conocimiento acumulado a través de años de experiencia en la protección de bienes públicos globales como la salud, las ONGD siguen siendo vitales para la ejecución compartida de una
acción humanitaria eficaz y al servicio de las poblaciones afectadas. Es por ello que los actuales Presupuestos del Estado no han dejado de dotar a las mismas para este fin, y vaticinan un incremento mayor en futuros ejercicios presupuestarios.
En síntesis, la propagación del virus nos demuestra que recuperar la política de Cooperación como política de Estado, situándola en la centralidad de su acción exterior, no es una opción; es una necesidad para un país que se sabe parte de
una aldea global interdependiente y que, en ella, busca erigirse garante de los derechos humanos y la solidaridad universal. Urge, por tanto, y en el marco de la reforma de la arquitectura institucional y normativa de la política de cooperación,
blindar el tránsito hacia una acción humanitaria de mayor alcance, adaptada a la Agenda para la Humanidad y alineada con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, que incluya medidas de preparación de riesgos ante desastres y de
rehabilitación temprana, que fomente una mayor participación de la cooperación oficial descentralizada, y que otorgue un mayor protagonismo a los aspectos de calidad y gestión del conocimiento y a la armonización de procedimientos e instrumentos de
todos los actores de la acción humanitaria española.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno de España a:
1. Establecer, en el marco de la reforma de la arquitectura legislativa e institucional de la Cooperación española, el 10 % del presupuesto de la Ayuda Oficial al Desarrollo como suelo mínimo de la acción humanitaria.
2. Aumentar la capacidad logística de la Oficina Humanitaria de la AECID aumentando sus recursos humanos y simplificando sus procedimientos de acción directa.
3. Impulsar una acción humanitaria alineada estratégicamente con la Agenda 2030, los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y la coherencia de políticas, que aúne los esfuerzos de Gobierno, Comunidades Autónomas y entes locales.
4. Seguir respondiendo a la emergencia sanitaria apoyando al Plan Global de Respuesta Humanitaria de las Naciones Unidas y al llamamiento para la COVID- 19 del Movimiento Internacional de Cruz Roja y Media Luna Roja.
5. Incrementar la colaboración humanitaria entre la AECID y otras direcciones, departamentos y unidades ministeriales, fortaleciendo su articulación holística mediante la simplificación, armonización y/o institucionalización de mecanismos
de gobernanza y coordinación interministeriales e interdepartamentales.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de febrero de 2021.-María Guijarro Ceballos, Javier Cerqueiro González, José Losada Fernández y Esther Padilla Ruiz, Diputados.-Ana Belén Fernández Casero y Rafael Simancas Simancas, Portavoces del
Grupo Parlamentario Socialista.
Comisión de Seguimiento y Evaluación de los Acuerdos del Pacto de Estado en materia de Violencia de Género
161/001996
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para el impulso de un Plan Nacional de
Emprendimiento para Víctimas de Violencia de Género para su debate en la Comisión de Seguimiento y Evaluación de los Acuerdos del Pacto de Estado en materia de Violencia de Género.
Exposición de motivos
Diversos estudios demuestran que las mujeres expuestas a violencia de género en el hogar y en el trabajo ganan menos sueldo y exhiben un menor desempeño y estabilidad laboral. La independencia económica, la autoestima de desarrollar una
actividad económica propia, el crecimiento personal y profesional, son valiosas herramientas para luchar contra la lacra de la Violencia de Género.
En el Eje 3, apartado 4.º, del Pacto de Estado contra la Violencia de Género se desarrolla el aspecto laboral, contemplándose que se potenciarán también los planes de inserción laboral de mujeres víctimas, implicando activamente a los
agentes sociales, y se simplificarán y mejorarán los sistemas de ayudas previstos actualmente, concretamente:
- Medida número 174: Estudiar el actual sistema de ayudas de la Renta Activa de Inserción y del artículo 27 de la LO 1/2004, para mejorar la situación de las mujeres víctimas sin empleo, y evaluar su sustitución por un subsidio de desempleo
de seis meses de duración, que se ampliará por periodos semestrales prorrogables, siempre que las personas beneficiarías continuaran cumpliendo con los requisitos para continuar percibiéndolo. Estas ayudas se financiarán con cargo a los
Presupuestos Generales del Estado.
- Medida número 175: Potenciar el plan de inserción sociolaboral para las víctimas regulado en el Real Decreto 1917/2008, de 21 de noviembre, por el que se aprueba el programa de inserción sociolaboral para mujeres víctimas de violencia de
género, desarrollando más extensivamente las medidas de actuación allí recogidas y contemplando asimismo medidas de adaptación a las necesidades individuales de las víctimas, conectándolas con las ayudas económicas existentes y simplificando las
condiciones para acceder a estas.
- Medida número 176: Promover el establecimiento de cuotas de reserva de los contratos programa en el ámbito de las Administraciones Públicas para las mujeres víctimas de violencia de género que cumplan con los requisitos que normativamente
se establezcan.
- Medida número 177: Seguir impulsando la adhesión de empresas a la Red de Empresas por una Sociedad libre de Violencia de Género, potenciando la contratación de estas mujeres víctimas de Violencia de Género.
- Medida número 178: Incorporar en las Guías de Recursos a disposición de las víctimas el Protocolo para prevención de Violencia de Género en lugares de trabajo elaborado por la Asociación Española de Auditores Sociolaborales.
Por otro lado, la ONU en sus 16 medidas para poner fin a la violencia contra las mujeres, indica en el número 11, Mejorar la autonomía económica de las mujeres..., 'Las oportunidades económicas y laborales desiguales en detrimento de las
mujeres son un factor primordial que perpetúa su permanencia en situaciones de violencia, explotación y abuso'.
En Latinoamérica encontramos grandes expertos que se alinean con este posicionamiento. 'El emprendimiento y en general los procesos de participación en la dinámica económica contribuyen a generar cambios personales porque las mujeres se
sienten valoradas, útiles, inteligentes, reconocidas', dice Martha Laverde, especialista en educación del Banco Mundial. 'Dejan su papel de dependiente económico por la de aportante, con mejores condiciones de bienestar y calidad de vida para su
familia y para sí mismas'.
Qué mejor acción de comunicación que la propia experiencia de las mujeres que han sobrevivido a la violencia, y han generado un nuevo proyecto de vida y una nueva actividad profesional.
Un buen ejemplo es el que nos da Ana Bella. Ana Bella fue víctima de violencia de género y gracias a su afán de superación consiguió superar las grandes barreras que la sociedad y, sobre todo, las que el mundo laboral le ponían. Creó en el
año 2002 la Fundación Ana Bella, y unos años después una Escuela bajo el mismo nombre, en la que forman a mujeres supervivientes de violencia de género para que liberen su potencial y lo enfoquen en su inserción laboral.
'Las mujeres que hemos sido maltratadas no somos el problema somos parte de la solución. Si hemos sido capaces de superar los malos tratos es porque somos mujeres muy fuertes, mujeres acostumbradas a trabajar bajo presión, mujeres que
sabemos reinventarnos cada día para salir adelante, mujeres que nos reponemos rápidamente a la frustración, que tenemos una gran tolerancia al fracaso, que somos perseverantes y seguimos intentándolo a pesar de las dificultades, por lo que somos
mujeres de éxito. Estas cualidades, que nos hicieron resistir y superar el maltrato, si las enfocamos en el mundo laboral, hacen de nosotras trabajadoras muy eficaces y comprometidas con el desarrollo económico y social de las empresas. Si las
enfocamos en nuestra transformación personal, nos convertimos en mujeres supervivientes líderes de nuestro futuro. Si las enfocamos en transformar nuestro entorno somos agentes de cambio social.'
Con este espíritu, y el convencimiento de la necesidad de esforzarnos en medidas que puedan dotar de independencia a las mujeres que han sufrido Violencia de Género, para que puedan disfrutar de una autonomía de vida a través de su
independencia económica y salir definitivamente de la violencia de género, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
- Desarrollar un Plan Nacional de emprendimiento para mujeres víctimas de violencia de género, en colaboración de las Comunidades Autónomas y el Ministerio de Trabajo que contenga las medidas descritas en el Pacto de Estado contra la
Violencia de Género.
- El Plan Nacional deberá contar con indicadores de seguimiento y efectividad, así como con financiación suficiente.
- Desarrollar las medidas recogidas en el Eje 3.º, apartado 4.º, del Pacto de Estado contra la Violencia de Género.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de febrero de 2021.-Margarita Prohens Rigo, Tristana María Moraleja Gómez, Beatriz Álvarez Fanjul, Rosa María Romero Sánchez, María Soledad Cruz-Guzmán García, María Teresa Jiménez-Becerril Barrio,
María de la O Redondo Calvillo, Carmen Riolobos Regadera, Ana María Zurita Expósito, Alicia García Rodríguez y María Jesús Moro Almaraz, Diputadas.-Concepción Gamarra Ruiz-Clavijo, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Comisión sobre Seguridad Vial
161/002004
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para ejecutar con carácter urgente una
serie de medidas en la infraestructura viaria para mejorar la Seguridad Vial para su debate en la Comisión de Seguridad Vial.
Exposición de motivos
Técnicamente tenemos varios indicadores y criterios para identificar puntos y tramos donde debemos actuar para mejorar la seguridad vial.
En el año 2000, la DGT definió como Punto Negro 'aquel emplazamiento perteneciente a una calzada de una red de carreteras en el que durante un año natural se hayan detectado 3 o más accidentes con víctimas con una separación máxima entre uno
y otro de 100 metros'.
Así mismo, el Ministerio de Fomento emplea el término 'Tramo de Concentración de Accidentes (TCA)' para referirse a los puntos peligrosos de una red de carreteras; considerándose como tal 'aquel tramo de la red que presenta un riesgo de
accidente significativamente superior a la media'.
Los puntos negros y TACs se definen en función del índice de peligrosidad y el índice de mortalidad que viene dado por el trazado, sección de la vía, el estado del firme, la dimensión de los arcenes, los límites de velocidad... y pueden ser
debidos a diversas causas, entre las que se pueden destacar: zonas de bajo mantenimiento, curvas peligrosas, tramos con baja visibilidad, intersecciones con varios movimientos y alta IMD.
Es cierto que durante los últimos años España ha alcanzado unas cifras mínimas históricas en accidentes y mortalidad. Sin embargo, ese buen camino debe continuar y afianzarse. Las medidas deben consolidarse y deben solaparse las
actuaciones y obras en la infraestructura con los planes formativos preuniversitarios, las guías y las campañas de concienciación. Y es necesario exigir que todas las partes implicadas actúen con responsabilidad en la materia y desarrollen y
exploren medidas y acciones que permitan seguir mejorando. Es imprescindible trabajar de forma coordinada y ser conscientes de la importancia del tema, reaccionando con agilidad y respuesta rápida ante las incidencias.
En el año 2017 el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, presentó un plan de medidas urgentes ante la Comisión sobre Seguridad Vial y Movilidad Sostenible del Congreso de los Diputados; sin embargo, el cambio de Gobierno provocó que no
se hayan ejecutado.
El Plan se estructuraba en 16 medidas de diferente índole, desde actuaciones en la propia infraestructura hasta planes formativos. Preveía reforzar la seguridad en tramos con colocación de nuevos elementos, nuevos estudios sobre puntos
negros, nuevas instrucciones y guías de buenas prácticas y un plan estatal de educación vial.
Independientemente de la no realización de este plan, resulta absolutamente necesario que las partidas presupuestarias de conservación y explotación se doten con el dinero suficiente para acometer las obras necesarias en toda la
infraestructura y superestructura y además se doten de forma regular todos los años. Los datos empíricos demuestran la diferencia económica entre reparar y rehacer; no resulta directamente proporcional una actuación u otra, la diferencia es
exponencial. Y desde luego no se puede permitir dejar morir a nuestra red de infraestructuras.
Los estudios especializados sobre la situación de la conservación de las carreteras demuestran un importante deterioro del pavimento, con calificación media de deficiente. La falta de conservación está infravalorando nuestro patrimonio en
infraestructuras varias (valorado aproximadamente en aproximadamente 150.000 euros) y los presupuestos públicos deben prever las partidas necesarias y no centrar los ajustes en capítulos como estos.
Más preocupantes resultan los estudios que relacionan el progresivo deterioro de las carreteras con el aumento de víctimas en accidentes de tráfico, es decir, el incremento del riesgo por la falta de conservación. Dichos estudios contrastan
desperfectos que afectan a la estructura de la plataforma que comprometen la seguridad en la circulación.
Se propone con esta Proposición no de Ley una serie actuaciones imprescindibles a ejecutar con la mayor celeridad en la infraestructura viaria que recuperen la inversión en la misma, en definitiva unas obras que ayudarán a garantizar una
conservación y explotación correcta de las vías. Los indicadores citados nos marcan el estado de los elementos que componen la vía: bases, firmes, barreras, señalización etc., sobre los que son necesarios actuar mediante muy diferentes
instrumentos que nos proporciona la técnica y la ingeniería: reposición de firmes, relleno de bases, instalación de bandas sonoras, eliminación de taludes, revisión de cambios de rasante, recálculos de peraltes...
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a ejecutar de manera urgente las siguientes medidas efectivas en la infraestructura viaria para mejorar la seguridad vial:
- Elaboración y ejecución de un plan urgente de conservación y mantenimiento de las vías existentes, con especial importancia en la base y subbase del pavimento, el firme, la pintura y la señalización horizontal y vertical, recuperando la
inversión en infraestructuras.
- Mejorar los tramos con baja visibilidad, especialmente curvas y cambios de rasante.
- Actuaciones en los tramos con exceso contrastado de velocidad con ejecución de barreras y elementos disuasorios y avisadores y señalización vertical y horizontal.
- Rediseñar las intersecciones que presenten mayor siniestralidad con varias incorporaciones y una IMD elevada.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de febrero de 2021.-Paloma Gázquez Collado y Óscar Gamazo Micó, Diputados.-Concepción Gamarra Ruiz-Clavijo, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
PREGUNTAS PARA RESPUESTA ORAL
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha acordado admitir a trámite, conforme al artículo 189 del Reglamento, las siguientes preguntas orales al Gobierno en Comisión, disponer su conocimiento por las Comisiones que se indican,
dando traslado al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de febrero de 2021.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
Comisión de Cultura y Deporte
181/000683
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Diputado don Javier Merino Martínez.
Texto:
¿Está a favor la Presidenta del Consejo Superior de Deportes del acuerdo alcanzado por el Presidente del Gobierno de España y el Presidente de la Comunidad Autónoma del País Vasco para que la selección de fútbol de ese territorio pueda
participar en competiciones oficiales como una selección nacional?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de febrero de 2021.-Javier Merino Martínez, Diputado.
181/000684
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Diputado don Javier Merino Martínez.
Texto:
¿Considera la Presidenta del Consejo Superior de Deportes que el circuito profesional de padel 'World Padel Tour' debe recibir ayudas para promocionar la imagen del Deporte Español en circuitos internacionales?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de febrero de 2021.-Javier Merino Martínez, Diputado.
181/000685
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Diputado don Javier Merino Martínez.
Texto:
¿Qué tipo de estudios o trabajos técnicos tiene previsto contratar el Consejo Superior de Deportes a entidades privadas durante el año 2021 para promover los valores del deporte entre la población?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de febrero de 2021.-Javier Merino Martínez, Diputado.
181/000686
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Diputado don Javier Merino Martínez.
Texto:
¿Cuál es el detalle y memoria económica de los proyectos que va a desarrollar el Consejo Superior de Deportes con los fondos asignados a España por el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia de la UE?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de febrero de 2021.-Javier Merino Martínez, Diputado.
181/000687
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Diputado don Javier Merino Martínez.
Texto:
¿Cuáles son los proyectos que se realizarán en 2021 a través de la Fundación Deporte Joven que preside la Presidenta del Consejo Superior de Deportes?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de febrero de 2021.-Javier Merino Martínez, Diputado.
181/000688
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Diputado don Javier Merino Martínez.
Texto:
¿Considera la Presidenta del Consejo Superior de Deportes que la Liga Nacional de Fútbol Sala (LNFS) tiene que convertirse en una competición de carácter profesional?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de febrero de 2021.-Javier Merino Martínez, Diputado.
181/000690
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Diputado don Javier Merino Martínez.
Texto:
¿Existen más Clubes/SAD de Primera y Segunda División del Campeonato Nacional de Liga de Fútbol Español en la misma situación que el Fútbol Club Barcelona cuya memoria económica arrojaba un pasivo de 1.173 millones de euros en relación a la
temporada 2019-2020?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de febrero de 2021.-Javier Merino Martínez, Diputado.
181/000691
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Diputado don Javier Merino Martínez.
Texto:
¿Desde qué fecha fue conocedor el Consejo Superior de Deportes que la memoria económica anual del Fútbol Club Barcelona arrojaba un pasivo de 1.173 millones de euros en relación a la temporada 2019-2020?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de febrero de 2021.-Javier Merino Martínez, Diputado.
Comisión de Igualdad
181/000682
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Diputada doña Paloma Gázquez Collado.
Texto:
¿Tiene proyectado el Gobierno de España algún plan de choque para Asturias para revertir la tasa de actividad femenina que tal como reflejan los datos del cuarto trimestre del 2020 es la más baja de España?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de febrero de 2021.-Paloma Gázquez Collado, Diputada.
PREGUNTAS PARA RESPUESTA ESCRITA
184/031778
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(184) Pregunta al Gobierno con respuesta escrita.
Autor: Chamorro Delmo, Ricardo (GVOX).
Vega Arias, Rubén Darío (GVOX).
Nevado del Campo, María Magdalena (GVOX).
López Maraver, Ángel (GVOX).
Mariscal Zabala, Manuel (GVOX).
Retirada de su pregunta sobre criterios objetivos que justifican la modificación del listado de armas y calibres de guerra para incorporar nuevos calibres.
Acuerdo:
Aceptar la declaración de voluntad, teniendo por retirada la iniciativa de referencia, así como comunicarlo al Gobierno y a los autores de la iniciativa y publicarlo en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de febrero de 2021.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
Nota.-La iniciativa de referencia fue publicada en el 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, núm. 211, de 1 de febrero de 2021.
184/034858
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(184) Pregunta al Gobierno con respuesta escrita.
Autor: Barandiaran Benito, Íñigo (GV (EAJ-PNV)).
Existencia de algún informe, antecedente, resolución o criterio escrito que permita a la autoridad competente, Guardia Civil u otros, dar soporte a la afirmación de que alguien puede ser considerado como 'persona cercana a entornos
potencialmente peligrosos'.
Acuerdo:
Calificar la primera cuestión contenida en el escrito registrado con el número 85742 (número de expediente correspondiente al resto 186/002201) como pregunta al Gobierno con respuesta escrita, trasladar al Gobierno a los efectos de lo
dispuesto en el artículo 190 del Reglamento y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de febrero de 2021.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
Don Íñigo Barandiaran Benito, Diputado del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), recaba del Gobierno, para el mejor cumplimiento de sus funciones parlamentarias, lo siguiente:
El 'BOE' núm. 27, de 1 de febrero de 2021 (Referencia: BOE-A-2021-1380), publica la Resolución de 21 de enero de 2021, de la Secretaría General de Transportes y Movilidad, por la que se aprueba la actualización de la parte pública del
citado Programa Nacional de Seguridad para la Aviación Civil, y toma como antecedentes el Acuerdo de Consejo de Ministros de 6 de julio de 2012, dictado en cumplimiento del Reglamento (CE) n.º 300/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de
marzo de 2008, por el que se establecen las normas comunes para la seguridad de la aviación civil y por el que se deroga el Reglamento (CE) n.º 2320/2002.
¿Existe algún informe, antecedente, resolución o criterio escrito que permita a la autoridad competente, Guardia Civil u otros, dar soporte a la afirmación de que alguien puede ser considerado como 'persona cercana a entornos potencialmente
peligrosos'? [...]
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de febrero de 2021.-Íñigo Barandiaran Benito, Diputado.