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BOCG. Congreso de los Diputados, serie D, núm. 20, de 28/01/2020
cve: BOCG-14-D-20
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BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
XIV LEGISLATURA
Serie D: GENERAL
28 de enero de 2020
Núm. 20
ÍNDICE
Control de la acción del Gobierno
PROPOSICIONES NO DE LEY
Pleno
162/000044 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre la prohibición de los métodos, programas y terapias de aversión, conversión o contracondicionamiento de la orientación sexual o de la identidad o
expresión de género ... (Página3)
162/000045 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre el reconocimiento de la plena compatibilidad de la pensión de jubilación contributiva con la realización de trabajos por cuenta propia o ajena ...
162/000046 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre la reversión del Real Decreto-ley 7/2019 de medidas urgentes en materia de vivienda y alquiler, y el desarrollo de seguros de arrendamiento
... (Página5)
162/000047 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre la ampliación de la cobertura pública de los tratamientos contra el tabaquismo en el marco del Sistema Nacional de Salud ...
162/000048 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre la inclusión del cribado neonatal para la detección de inmunodeficiencias severas en la Cartera de servicios comunes del Sistema Nacional de Salud ...
(Página8)
162/000049 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, relativa a garantizar la instalación completa de todas las máquinas de diagnóstico y tratamiento oncológico donadas por la Fundación Amancio Ortega y su
puesta en funcionamiento al servicio de todos los usuarios de la Sanidad pública en toda España ... (Página8)
162/000050 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre la revisión del sistema de financiación de las Comunidades Autónomas de régimen común y Haciendas Locales ...
162/000051 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, relativa a preservar y recuperar el litoral de Balerma y Guardias Viejas en la costa del poniente almeriense y resarcir los daños locales ...
162/000052 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Plural, relativa a la modificación del Real Decreto Legislativo 2/2011, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante
... (Página12)
162/000053 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre el restablecimiento de los fondos estatales para la atención de menores extranjeros no acompañados ... (Página14)
162/000054 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, relativa a la elaboración de un nuevo Plan Hidrológico Nacional y un Sistema Nacional de Recursos Hídricos que, bajo los principios de solidaridad, cooperación
territorial y justicia distributiva, garanticen el suministro de agua de calidad y en cantidad suficiente para las necesidades de todos los españoles ... (Página15)
162/000055 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre la reforma de la fiscalidad en la factura de la luz ... (Página16)
162/000056 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre medidas para la reactivación del crecimiento económico y la creación de empleo ... (Página18)
162/000057 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, relativa a la equiparación de la indemnización por residencia en las islas Baleares con respecto a la de las islas Canarias, Ceuta y Melilla ...
162/000058 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, relativa a la aplicación de las medidas necesarias para acabar con el invierno demográfico, fomentar la natalidad y proteger la familia como núcleo de la sociedad
... (Página22)
162/000059 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Plural, relativa a la adopción de medidas para garantizar el cumplimiento de la Ley y la Constitución frente a intentos de censura educativa por parte de cualquier
Comunidad Autónoma ... (Página23)
162/000060 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre medidas para reforzar los protocolos de prevención, detección y actuación ante situaciones de abuso, agresión y explotación sexual como las que han
tenido lugar de manera continuada en centros de menores tutelados dependientes del Consell de Mallorca, y sobre las actuaciones llevadas a cabo por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en torno a la presunta agresión sexual cometida por
varios jóvenes a una menor en Palma la madrugada del 24 y 25/12/2019 ... (Página24)
162/000061 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre el mantenimiento por parte del Estado de las competencias sobre la formación sanitaria especializada ... (Página25)
Competencias en relación con otros órganos e instituciones
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
232/000005 Encabezamiento y fallo de la Sentencia dictada en el recurso de inconstitucionalidad número 1195/2019, promovido por el Consejo de Gobierno de La Rioja, contra los artículos 6.2.c); 7.4; 7.28; 10.2 y 10.3; 11.1 y 2; 12.2.b);
30; 35; 39.1.a); 42.a); 43.a), b) y e); 44.a), 45.1.a), d) y e); 47; 54.6 y 55.1, 2, 3, 5, 12 a 15, 21, 22 y 29 de la Ley 6/2018, de 26 de noviembre, de protección de los animales en la Comunidad Autónoma de La Rioja ...
CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO
PROPOSICIONES NO DE LEY
Pleno
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha acordado admitir a trámite, conforme al artículo 194 del Reglamento, las siguientes Proposiciones no de Ley y considerando que solicitan el debate de las iniciativas ante el Pleno de la
Cámara, disponer su conocimiento por este, dando traslado al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de enero de 2020.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
162/000044
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la prohibición de los métodos, programas y terapias de aversión,
conversión o contracondicionamiento de la orientación sexual o de la identidad o expresión de género, para su debate en el Pleno.
Exposición de motivos
Cada 26 de diciembre se conmemora en España el Día de la Despenalización de la Homosexualidad. Esta efeméride coincide con la aprobación el mismo día en 1978 de una reforma de la Ley de Peligrosidad del franquismo, entonces aún en vigor,
por la que se declaró el fin de la persecución legal de la homosexualidad en nuestro país.
Dicha ley, aprobada en 1970, establecía en su artículo segundo que 'serán declarados en estado peligroso, y se les aplicarán las correspondientes medidas de seguridad y rehabilitación, quienes resulten probadamente incluidos en alguno de los
supuestos de este artículo y se aprecie en ellos una peligrosidad social', supuestos entre los que se incluía, junto a los 'vagos habituales' a los que 'realicen actos de homosexualidad'. La sanción para los declarados en estado peligroso, como los
homosexuales o transexuales, incluía el 'internamiento en un establecimiento de reeducación' y la 'prohibición de residir en el lugar o territorio que se designe o de visitar ciertos lugares o establecimientos públicos'.
A pesar de esta despenalización, el reconocimiento de la persecución de las personas LGTBI y las medidas para su reparación todavía tardaron décadas en llegar. Así, en 2005 se aprobó la reforma del Código Civil por la que se incluía el
matrimonio igualitario, en 2007 la ley por la que se reconocía la represión padecida por las personas LGTBI durante la dictadura y, desde entonces, diferentes leyes autonómicas que reconocían la discriminación específica sufrida por las personas
LGTBI y articulaban medidas para su igualdad social, a la espera de que se produzca la aprobación de una ley nacional sobre esta materia.
Sin embargo, estos avances innegables en la lucha por la igualdad y contra la discriminación por razón de orientación sexual, identidad o expresión de género contrastan con la contradicción que supone que en nuestra sociedad se sigan
realizando métodos, programas o terapias de aversión, conversión o contracondicionamiento, muchas de ellas incluso forzosas o bajo presión del entorno familiar, para que las personas LGTBI modifiquen su identidad o su orientación sexual, todavía
considerada una 'enfermedad' o 'desviación'. Si bien es cierto que varias Comunidades Autónomas disponen de leyes que prohíben expresamente estos métodos, con sanciones en caso de incumplimiento -la Comunidad de Madrid fue pionera en imponer una
sanción de este tipo este mismo año-, la carencia de una legislación nacional impide actuar con la eficacia debida ante este tipo de situaciones.
España no es el único país en el que se realizan estas terapias, de ahí que otros países también hayan aprobado leyes para su prohibición, siendo el más reciente de ellos Alemania, que este mismo mes acaba de aprobar un proyecto de ley en
este sentido.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno de España a impulsar las modificaciones normativas necesarias para prohibir en todo el territorio nacional la realización de métodos, programas y terapias de aversión, conversión o
contracondicionamiento de la orientación sexual o de la identidad o expresión de género, con sanciones en caso de incumplimiento.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de enero de 2020.-Sara Giménez Giménez, Diputada.-Edmundo Bal Francés, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
162/000045
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre el reconocimiento de la plena compatibilidad de la pensión de
jubilación contributiva con la realización de trabajos por cuenta propia o ajena, para su debate en el Pleno.
Exposición de motivos
El aumento sostenido de la esperanza de vida que nuestro país viene experimentando durante las últimas décadas está obligando a repensar el significado que nuestra sociedad asigna a conceptos como el envejecimiento o la jubilación. Uno de
los resultados de este replanteamiento es el denominado 'envejecimiento activo', que rompe el nexo que tradicionalmente se establecía entre jubilación e inactividad. De este modo, superar una determinada edad no tiene por qué conllevar
necesariamente abandonar todo tipo de actividad laboral, sea por cuenta propia o ajena; al contrario, la jubilación pasa a entenderse como una situación en la que la persona beneficiaria pasa de ser, a efectos de la Seguridad Social, de
contribuyente neto a beneficiario neto, sin que eso impida que pueda seguir desarrollando una actividad profesional, percibiendo nuevos ingresos por ello e incluso contribuyendo, si bien con otros parámetros, al propio sistema de la Seguridad
Social.
Nuestro ordenamiento reconoce esta compatibilidad de la pensión de jubilación con la realización de trabajos por cuenta propia o ajena, que se encuentra actualmente regulada en el artículo 214 del texto refundido de la Ley General de la
Seguridad Social.
Sin embargo, las restricciones planteadas por su redacción vigente hacen que esta compatibilidad diste de poder ejercerse en su plenitud. Así, por ejemplo, se establece que la cuantía de la pensión de jubilación compatible con el trabajo
'será equivalente al 50 por ciento del importe resultante en el reconocimiento inicial, una vez aplicado, si procede, el límite máximo de pensión pública, o del que se esté percibiendo, en el momento de inicio de la compatibilidad con el trabajo,
excluido, en todo caso, el complemento por mínimos, cualquiera que sea la jornada laboral o la actividad que realice el pensionista'. De este modo, cualquier beneficiario de una pensión de jubilación que se plantease continuar en su puesto de
trabajo o acceder a un nuevo empleo sabe que sufrirá una minoración drástica en la cuantía de su pensión, frente a la alternativa de demorar su percepción con los beneficios que ello conlleva, lo que acaba por desincentivar el recurso a este régimen
de compatibilidad.
Solamente en el caso de los trabajadores por cuenta propia, desde la entrada en vigor de la Ley 6/2017, de 24 de octubre, de Reformas Urgentes del Trabajo Autónomo, promovida por Ciudadanos en la XII Legislatura, se contempla la posibilidad
de que el autónomo perciba el 100 por ciento de su pensión de su jubilación, eso sí, siempre que el beneficiario acredite tener contratado, al menos, a un trabajador por cuenta ajena, restricción que aún conlleva la exclusión de muchos casos que
podrían beneficiarse de esta compatibilidad.
En todo caso, las limitaciones para el acceso a la compatibilidad no solo se remiten al importe de la cuantía. En el caso de los trabajadores por cuenta ajena, por ejemplo, esta compatibilidad solo se permitirá cuando la empresa no hubiese
adoptado decisiones extintivas en los seis meses anteriores, con algunas excepciones, requisito que, al exigir una serie de condicionantes en la empresa donde presta sus servicios,
convierte esta compatibilidad no en un derecho subjetivo del trabajador que cumpla unas determinadas condiciones, sino en una suerte de incentivo a un empleo bonificado, nada más alejado del objetivo que, entendemos, debería perseguir este
régimen de compatibilidad.
Por otra parte, la aprobación del Real Decreto 302/2019, de 26 de abril, supuso un reconocimiento expreso de la compatibilidad de la pensión contributiva de jubilación con la realización de actividades de creación artística por la que los
beneficiarios perciban ingresos derivados de derechos de propiedad intelectual, incluidos los generados por su transmisión a terceros, con independencia de que por la misma actividad perciban otras remuneraciones conexas, supuso un reconocimiento
expreso de la plenitud de esta compatibilidad, si bien restringida a un ámbito de aplicación muy concreto.
Desde el Grupo Parlamentario Ciudadanos estamos convencidos en la necesidad de favorecer un envejecimiento activo como expresión de una sociedad donde la edad deje de ser un condicionante ineludible de actividad y por tanto de participación
e inclusión social, pasando a un enfoque donde las circunstancias personales y la voluntad de la persona interesada sean los factores determinantes, y, por ello, presentamos la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno de España a impulsar las modificaciones legislativas que procedan para asegurar la plena compatibilidad de la pensión de jubilación con la realización de trabajos por cuenta propia o ajena, sin
que se produzca minoración alguna en la cuantía de la pensión del beneficiario que opte por esta compatibilidad y sin que resulte exigible la concurrencia de requisitos adicionales a los relacionados con el acceso a la pensión contributiva del
propio trabajador, inclusive, en el caso de los trabajadores por cuenta propia, el tener o no contratado a algún trabajador por cuenta ajena.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de enero de 2020.-Sara Giménez Giménez, Diputada.-Edmundo Bal Francés, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
162/000046
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la reversión del RDL 7/2019 de
medidas urgentes en materia de vivienda y alquiler y el desarrollo de seguros de arrendamiento, para su debate en Pleno.
Exposición de motivos
La vivienda es un elemento clave en la sociedad actual cuya gestión ha de enfocarse de manera transversal para dar respuesta a los problemas que se plantean desde una perspectiva social, económica y de cohesión territorial.
Las únicas medidas adoptadas por el ejecutivo socialista han sido la puesta en marcha del Plan de Vivienda 2018-2021, elaborado por el Partido Popular, y la aprobación del Real Decreto-ley 7/2019 de 'Medidas Urgentes en materia de vivienda y
alquiler', de cuyo contenido se cuestiona tanto la urgencia como su eficacia, habiéndose admitido a trámite el recurso del Partido Popular en contra de la citada norma.
Desde su entrada en vigor no solo no se visualiza ninguna mejora con respecto a las demandas ciudadanas con las que pretendían justificar su creación, sino que se ha visto justo el efecto contrario: contracción de la oferta de alquiler y
subida de precios. El principal problema es que este decreto-ley no ataca la raíz del problema que es la falta de oferta y de seguridad jurídica, por lo que los propietarios suben los precios del alquiler cuando no optan directamente por no renovar
los contratos y poner las viviendas a la venta, restringiendo así la oferta.
Desde el Grupo Parlamentario Popular somos conscientes de la necesidad de aumentar la oferta de vivienda nueva, pero esto es una solución que requiere tiempo y no resuelve a corto plazo el problema del alquiler de los principales demandantes
de vivienda, los jóvenes, a los que se les agrava el problema por la precariedad de un contrato laboral y la falta de garantías al arrendador y el temor al conflicto ante
posibles impagos, actos vandálicos, o reclamación y defensa de los contratos de arrendamiento. Cuestiones que, si se solventasen, estimularían la puesta en el mercado de viviendas inactivas y de una forma más asequible, al estar garantizado
un alquiler responsable. Como ejemplo, solo en Madrid se calcula que se podrían poner en el mercado 263.000 viviendas si se activan medidas en esta dirección.
Por todo lo expuesto, el Grupo Parlamentario Popular, en aras de incrementar la oferta de vivienda y establecer un marco regulador seguro que permita que la actividad de alquiler residencial se desarrolle con las máximas garantías para que
exista un verdadero equilibrio entre las condiciones de arrendadores y arrendatarios, presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que, a través del Ministerio de Fomento, siente las bases para:
1. Revertir las medidas del Real Decreto 7/2019 de medidas urgentes en materia de vivienda y alquiler que han generado un impacto negativo en el mercado.
2. Establecer medidas que favorezcan a corto plazo la puesta en el mercado de vivienda que no se alquila, aun reuniendo las condiciones para ello.
3. Consignar, en los próximos Presupuestos Generales del Estado, una partida destinada a los seguros de arrendamiento con cobertura ante:
- Impago de alquileres (hay aumento de la morosidad del 5,67 % en 2018).
- Protección jurídica del contrato de arrendamiento.
- Actos vandálicos en el interior de la vivienda.
- Asistencia jurídica y asesoramiento en sistemas de arbitraje.
De este modo será el propio Estado quien contribuirá al desarrollo del mercado de alquiler en España.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de enero de 2020.-Ana María Zurita Expósito, Diputada.-Cayetana Álvarez de Toledo Peralta-Ramos, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
162/000047
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la ampliación de la cobertura pública de los tratamientos contra el
tabaquismo en el marco del Sistema Nacional de Salud, para su debate en el Pleno.
Exposición de motivos
El 23,3 % de la población española es fumadora, con una media de consumo de 10,7 cigarrillos diarios. El tabaquismo supone un problema sanitario de primer nivel, que cada año causa más de 58.000 fallecimientos en España, el 29 % de
naturaleza cardiovascular.
Para hacer frente a esta adicción, una de las más extendidas en España, se aprobó la Ley 28/2005, de 26 de diciembre, de medidas sanitarias frente al tabaquismo y reguladora de la venta, el suministro, el consumo y la publicidad de los
productos del tabaco, posteriormente modificada por la Ley 42/2010, de 30 de diciembre.
Además de estas iniciativas en el ámbito legislativo, desde el Gobierno de España se han impulsado numerosas campañas y programas para prestar información, asesoramiento y apoyo a las personas que tuviesen intención de dejar de fumar. La
más reciente fue anunciada por el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social nada más iniciarse 2020, cuando confirmó que comenzaría a financiar un segundo fármaco para ayudar a dejar de fumar, el bupropion, que se suma así a la vareniclina,
que ya recibía financiación pública.
Estos medicamentos podrán ser recetados por los médicos de familia de la Atención Primaria en el marco de un tratamiento que se prolonga durante doce semanas y sus beneficiarios tendrán que cumplir una serie de requisitos, entre los que se
incluyen participar en sesiones de terapia contra el tabaquismo, tener motivación expresa de dejar de fumar constatable con al menos un intento en el último año, fumar 10 o más cigarrillos al día y tener un alto nivel de dependencia del tabaco.
Aunque el desarrollo de estas medidas para ayudar a dejar de fumar, incluida la financiación de un segundo fármaco, contribuyen a mejorar los instrumentos en la lucha contra el tabaquismo -la evidencia indica que la eficacia del tratamiento
se eleva desde el 5-10 % hasta el 30-40 % cuando va acompañada de estos medicamentos-, numerosos médicos de familia y expertos en adicciones han alertado sobre las limitaciones de diseño y de puesta en práctica de las medidas que han sido adoptadas
concretamente por el Gobierno.
Para empezar, como está demostrando el arranque de esta medida, desde el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social ni se ha previsto ni se ha coordinado con las Comunidades Autónomas una agenda específica para las intervenciones
relacionadas con estos tratamientos. En ese sentido, los facultativos sanitarios consideran el consumo de este tipo de medicamentos debe ir integrado dentro de un programa de intervención que incluya una entrevista inicial y visitas sucesivas con
tiempo suficiente para poder hacer un seguimiento del tratamiento, de su efectividad y de los efectos secundarios.
Además, el Gobierno también ha impuesto que estos tratamientos solo puedan ser recetado una vez al año, una limitación que no solo carece de todo sentido terapéutico, sino que además estigmatiza al fumador que recae tras el tratamiento, lo
cual contradice los principios básicos de intervención en casos de adicción como lo es el tabaquismo.
Por otro lado, como se viene señalando desde la Sociedad Española de Especialistas en Tabaquismo (SEDET), resulta incomprensible que el Gobierno anunciase la financiación de la vareniclina y ahora del bupropion y, sin embargo, deje fuera de
la cobertura pública la tercera alternativa terapéutica, los tratamientos sustitutivos de nicotina, en particular a través de parches, chicles o comprimidos, que constituye por otra parte la primera opción por la que suelen decantarse muchas de las
personas que deciden dejar de fumar. Los especialistas señalan la conveniencia de incluir estos tratamientos dentro de la cobertura pública, pues cada uno tiene sus efectos y contraindicaciones propios y por tanto cada uno puede resultar más
indicado para diferentes perfiles de paciente.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta la siguiente
Proposición de no Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno de España a:
1. Flexibilizar la prescripción de los fármacos contra el tabaquismo que cuentan con cobertura pública (en estos momentos, vareniclina y bupropion), eliminando la limitación de que puedan ser recetados más de una vez al año por paciente,
quedando, en consecuencia, bajo el criterio del facultativo médico que supervise el tratamiento, con el fin de garantizar una adecuada adherencia terapéutica que contribuya a su efectividad.
2. Promueva, en el seno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, una agenda específica para las intervenciones de los profesionales sanitarios relacionadas con estos tratamientos contra el tabaquismo, que tenga por objeto
asegurar que los facultativos médicos dispongan del tiempo y los medios necesarios para asegurar el desarrollo de un programa de intervención personalizada con cada paciente que incluya una entrevista inicial y visitas sucesivas con tiempo
suficiente para poder hacer un seguimiento del tratamiento, de su efectividad y de los efectos secundarios.
3. Estudie la ampliación de la cobertura pública de medicamentos contra el tabaquismo, siguiendo la evidencia científica disponible, a los efectos de valorar la inclusión de los tratamientos sustitutivos con nicotina, como parches, chicles
o comprimidos, en las mismas condiciones que los dispensados actualmente a la vareniclina y bupropion, de modo que el facultativo médico que supervise el tratamiento pueda optar por la alternativa terapéutica que resulte más indicada para cada
paciente.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de enero de 2020.-Marta Martín Llaguno, Diputada.-Edmundo Bal Francés, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
162/000048
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la inclusión del cribado neonatal para la detección de
inmunodeficiencias severas en la Cartera de Servicios Comunes del Sistema Nacional de Salud, para su debate en el Pleno.
Exposición de motivos
En la actualidad, la Cartera de Servicios Comunes del Sistema Nacional de Salud (SNS) incluye la detección de diferentes enfermedades congénitas mediante la denominada 'prueba del talón'. Este diagnóstico temprano resulta altamente eficaz,
pues evita el deterioro precoz y permite adelantar el tratamiento de los niños que padecen estas enfermedades.
Sin embargo, actualmente no está incluida en esta Cartera de Servicios Comunes la detección de las inmunodeficiencias combinadas graves mediante esta prueba. Estas enfermedades cursan con infecciones severas en el curso de los primeros
meses de vida (entre los dos y seis meses de vida) y presentan un riesgo de mortalidad del 100 % a edades muy tempranas, siempre antes del primer o segundo año de vida, si no se aplica un tratamiento curativo existente, como un trasplante de médula
ósea o, en casos concretos, terapia génica.
Esta detección precoz mediante el cribado permite tomar decisiones terapéuticas tempranas y evitar el deterioro de los niños evitando el diagnóstico tardío que suele acontecer por la presencia de complicaciones graves, ya sea por infecciones
o por aparición de fenómenos autoinmunes. El coste de este diagnóstico es inferior a los 7 euros por cada prueba y mantiene una buena relación coste beneficio, a pesar de la baja incidencia del síndrome, al reducir la mortalidad en estos pequeños
pasando de un 60 % a un 5 %, si el tratamiento antes descrito se aplica antes de los tres meses y medio de vida.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno de España a adoptar las medidas necesarias, dando traslado de las mismas al Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, para la inclusión en la Cartera de Servicios Comunes del
Sistema Nacional de Salud del cribado neonatal para la detección precoz de las inmunodeficiencias combinadas graves, mediante la ampliación de la denominada 'prueba de talón' a neonatos a este supuesto.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de enero de 2020.-Marta Martín Llaguno, Diputada.-Edmundo Bal Francés, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
162/000049
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley para garantizar la instalación completa de todas las máquinas de
diagnóstico y tratamiento oncológico donadas por la Fundación Amancio Ortega y su puesta en funcionamiento al servicio de todos los usuarios de la sanidad pública en toda España, para su debate en el Pleno.
Exposición de motivos
La donación de 310 millones de euros de la Fundación Amancio Ortega a la sanidad pública española ha supuesto de momento que los equipos de radioterapia avanzada para el tratamiento del cáncer se hayan multiplicado por tres en los hospitales
públicos españoles.
Los especialistas estiman que unas 100.000 personas en nuestro país se pueden beneficiar ya de estos nuevos equipos. En concreto, antes de la aportación del empresario gallego, poco más de 20 hospitales públicos en España contaban con la
tecnología más avanzada en este campo, la radioterapia estereotáctica de cuerpo, mientras que ahora, dos años después del anuncio de Ortega, más de 70 hospitales disponen de este sistema.
Este sistema de radioterapia avanzada reduce el tratamiento de los pacientes con cáncer de treinta y cinco a cinco días, o lo que es lo mismo, siete veces menos, según los aportados por la Sociedad Española de Oncología Radioterápica, que
representa a los médicos que más en contacto están con estos equipos en el día a día.
Sin embargo, pese a los beneficios indudables que estos equipos de radioterapia avanzada donados por la Fundación Amancio Ortega tendrían para todos los pacientes que utilizan la sanidad pública, los servicios públicos de salud de algunas
Comunidades Autónomas, entre ellas Cataluña, después de tres años todavía no los han puesto en funcionamiento, sin que se haya dado ninguna explicación al respecto.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno de España a adoptar todas las medidas que procedan, en coordinación con las Comunidades Autónomas, en su caso, a través del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, para
garantizar que en el transcurso del mínimo tiempo posible se lleve a cabo la instalación completa de todas las máquinas de diagnóstico y tratamiento oncológico donadas por la Fundación Amando Ortega y su puesta en funcionamiento al servicio de todos
los usuarios de la sanidad pública en toda España.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de enero de 2020.-Marta Martín Llaguno, Diputada.-Edmundo Bal Francés, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
162/000050
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la revisión del sistema de
financiación de las Comunidades Autónomas de Régimen Común y Haciendas Locales, para su debate en Pleno.
Exposición de motivos
La Constitución Española (CE) recoge en el artículo 156 que 'Las Comunidades Autónomas gozarán de autonomía financiera para el desarrollo y ejecución de sus competencias con arreglo a los principios de coordinación con la Hacienda estatal y
de solidaridad entre todos los españoles'.
En los dos artículos siguientes, 157 y 158 de la CE, se esbozan los recursos que configuran el sistema de financiación autonómica y, posteriormente, se desarrolla y define en la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas
(LOFCA). Hoy sigue vigente la Ley 22/2009, de 18 de diciembre, por la que se regula el sistema de financiación de las Comunidades Autónomas de régimen común y Ciudades con Estatuto de Autonomía y se modifican determinadas normas tributarias. Una
ley que tiene su origen en las negociaciones bilaterales entre el Gobierno socialista de Rodríguez Zapatero y los partidos nacionalistas catalanes que, finalmente, se aprobó sin el consenso necesario y con el voto en contra del Partido Popular.
Aunque el Partido Popular llevaba en su programa la modificación de la LOFCA, no pudo impulsarla en 2011 por la grave situación económica que recibió: la caída de 60.000 millones de euros de ingresos tributarios entre 2007 y 2009 afectaba
directamente a las CC. AA. a través de los tributos cedidos y esto, junto a la imposibilidad de acudir a los mercados financieros -cerrados para este nivel de administración pública- provocó su asfixia financiera y grandes dificultades para una
adecuada prestación de los servicios básicos que tienen transferidos (educación, sanidad, servicios sociales, etc.).
En ese momento, la prioridad del Partido Popular fue evitar la quiebra de las Comunidades Autónomas que habría puesto en riesgo el propio Estado del Bienestar y habría forzado el rescate de nuestro país. Para ello, se adoptaron medidas
urgentes con tres objetivos:
- Proporcionar liquidez extraordinaria a las Administraciones territoriales, garantizando así que no se viesen afectados los servicios básicos que reciben los ciudadanos, con medidas como los Planes de Pago a Proveedores, el Fondo de
Liquidez Autonómica (FLA) o las líneas ICO.
- Garantizar la sostenibilidad de las CC. AA. a través, entre otras, de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.
- Incrementar los Recursos Ordinarios del Sistema de Financiación de las CC. AA., un 23,4 % entre 2011 y 2018, pasando de 84.094 millones de euros en 2011 a 103.817 millones de euros en 2018. Este incremento en la financiación ordinaria
era el resultado del círculo virtuoso de crecimiento y creación de empleo que permitió aumentar la recaudación tributaria y bajar impuestos todos los años desde 2015.
Una vez resuelta la asfixia de las CC. AA. y estabilizada su situación financiera se iniciaron en 2017 los pasos necesarios para avanzar en un nuevo modelo de financiación autonómica y local: se constituyó una Comisión de Expertos para la
Revisión del Modelo de Financiación Autonómica; esta elaboró un informe con recomendaciones específicas; se remitió dicho informe a las CC. AA. a través del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), y se constituyó un Comité Técnico
Permanente de Evaluación (CTPE) en el que estaban representadas todas las CC. AA. -excepto Cataluña que no quiso designar representante- para proponer las modificaciones que considerasen oportunas.
Este proceso se vio truncado por la moción de censura en junio de 2018 y desde entonces no se ha realizado ningún avance, hecho que resulta sorprendente teniendo en cuenta que la actual Ministra de Hacienda en funciones, siendo Consejera de
Hacienda de la Junta de Andalucía, exigía a principios de 2018 que se abordara urgentemente la aprobación de un nuevo modelo de financiación autonómica.
La transformación de la Ministra de Hacienda en funciones no se limita al sistema de financiación autonómica, también ha pasado de reclamar 4.000 millones de euros adicionales para Andalucía a exigir recortes en esta Comunidad Autónoma por
los incumplimientos en los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública y en la regla de gasto en el ejercicio 2018, ejercicio cuyo presupuesto fue elaborado por ella misma y cuya ejecución fue responsabilidad exclusiva del Gobierno
socialista, siendo la propia Ministra en funciones Consejera de Hacienda de la Junta de Andalucía durante el primer semestre.
Y algo similar ocurrió con los 2.500 millones de euros de desfase del IVA generados por la implantación del Sistema Inmediato de Información (SII) en 2017. Recordemos que este nuevo sistema de registro del IVA a través de la Sede
electrónica de la AEAT ha tenido evidentes ventajas:
- Para los contribuyentes, porque les ha permitido disminuir la burocracia, reducir los plazos para la realización de las devoluciones, y simplificar y facilitar el cumplimiento de sus obligaciones tributarias.
- Y para la Administración Tributaria, porque le permite -por un lado- mejorar el servicio público de asistencia que le ofrece, y -por otro- mejorar el control tributario y la lucha contra el fraude fiscal, beneficiando así a toda la
sociedad.
- Pero generó un desfase en el IVA recibido por las CC. AA. en 2017 que es necesario corregir, tal y como exigía Montero siendo Consejera de Hacienda y ahora se niega a realizar siendo Ministra de Hacienda.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a presentar, coincidiendo con el Proyecto de Ley de los Presupuestos Generales del Estado para el año 2020, una revisión del sistema de financiación de las Comunidades Autónomas de Régimen
Común y Haciendas Locales, basado en los informes de expertos publicados en julio de 2017, que resuelva las insuficiencias del sistema y garantice los siguientes principios:
a) Igualdad, de modo que se garantice un acceso efectivo a los servicios públicos esenciales por parte de todos los ciudadanos españoles con independencia del territorio en el que residan;
b) Equidad, de forma que no se produzcan diferencias arbitrarias en el reparto de recursos entre las Comunidades Autónomas ni entre los niveles de financiación de cada una de ellas;
c) Transparencia, de modo que el mecanismo de reparto del sistema resulte claro y comprensible; de suficiencia de recursos, con el fin de cubrir adecuadamente las necesidades objetivas de gasto de cada territorio;
d) Corresponsabilidad fiscal, de manera que se delimite expresamente el ámbito de los servicios comunes garantizados por la financiación del sistema y aquellos otros adicionales que deban ser financiados por las Comunidades Autónomas con
cargo a sus propios recursos.
Igualmente, se insta al Gobierno a compensar los 2.500 millones de euros de desfase del IVA que se generaron tras la implantación del Sistema Inmediato de Información (SII), tal y como se hacía con la Proposición de Ley del PP cuya toma en
consideración se aprobó, por amplia mayoría de la Cámara, en diciembre de 2018.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de enero de 2020.-Mario Garcés Sanagustín, Diputado.-Cayetana Álvarez de Toledo Peralta-Ramos, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
162/000051
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Macarena Olona Choclán, doña Rocío de Meer Méndez y don Carlos Hugo Fernández-Roca Suárez, en sus respectivas condiciones de Portavoz Adjunta y Diputados del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX), al amparo de lo dispuesto en el artículo 193
y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan la siguiente Proposición no de Ley para preservar y recuperar el litoral de Balerma y Guardias Viejas en la costa del poniente almeriense y resarcir los daños locales, para su discusión en Pleno.
Exposición de motivos
Balerma, llamada Malerva en la antigüedad, pertenece al partido judicial de Berja, término jurisdiccional sito al sur de Dalías. Se halla ubicada en la costa occidental del término municipal de El Ejido, delimitada por la rambla de
Balanegra, Guardias Viejas y el mar Mediterráneo.
Al calor del poniente almeriense, y en las localidades de El Ejido, se concentra una alta densidad de producción agrícola intensiva fundamentada especialmente en el modelo de la explotación familiar agraria. De los 5.584 habitantes de
Balerma, la gran mayoría viven de la agricultura por medio de explotaciones bajo plástico que vienen sufriendo la enorme regresión de la costa con un grave impacto y una significativa incertidumbre.
No solamente los agricultores de Balerma sufren esta tragedia, sino que todos sus vecinos ven mermada su calidad de vida y, por supuesto, el derrumbe del turismo como consecuencia de la ausencia de playa y la inactividad del Gobierno central
para poner remedio.
En una zona tradicionalmente pesquera y con el desarrollo de la agricultura intensiva en detrimento de la pesca, amén de otras circunstancias, aún resisten unos veinte pescadores en activo y otros tantos jubilados a los que afecta del mismo
modo esta situación.
Fruto de las diversas obras de reestructuración en el litoral colindante de Balanegra, Balerma ha perdido metros y metros de costa (más de 200), dos calles de viviendas y la destrucción del paseo marítimo.
Al mismo tiempo, y en los meses en que se suceden los temporales, la playa se torna inexistente, y se siguen sucediendo los daños en las estructuras del paseo marítimo, aún sin reparar. Las soluciones por parte del Ministerio no llegan o
son altamente insuficientes para revertir este escenario, y los vecinos y agricultores locales se encuentran en una situación de enorme incertidumbre.
Hace unos meses que se llevó a cabo el aporte de arena previsto en la playa de Balerma como medida de urgencia aprobada en Consejo de Ministros el pasado marzo, así como se finalizaron los trabajos para reparar la franja de paseo marítimo
que se rompió hace unos meses por un fuerte temporal de viento. Sin embargo, nuevos temporales han vuelto a dejar a este núcleo costero ejidense sin playa.
El gobierno local insiste en que 'sin soluciones estructurales, tal y como se adoptaron en Balanegra, no se puede garantizar la estabilidad de la playa ni la seguridad de las fincas y explotaciones agrícolas, que se encuentran a merced de
las inclemencias meteorológicas y de la dinámica del litoral en función de los temporales'.
A la luz del conjunto de informes científicos analizando la regresión, se observa la urgencia de acometer una obra estructural que no consista únicamente en el aporte de arena para convertir un problema de hoy en el problema de mañana,
aumentando el malestar de los vecinos de la localidad ejidense.
El Grupo Parlamentario VOX considera absolutamente urgente proteger a los vecinos, su modo de vida y su economía basada, principalmente, en la explotación familiar agraria, la reparación de toda construcción y la recuperación del turismo
local.
Por todo lo anterior, el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a lo siguiente:
1. A que realice un proyecto de obra estructural que restaure definitivamente el litoral ejidense de la localidad de Balerma, con la construcción de espigones similares a los del litoral colindante de Balanegra.
2. Que se resarzan los numerosos daños públicos y particulares en materia de construcción e infraestructuras.
3. Que se bonifique en materia fiscal a los agricultores damnificados y otorgue facilidades para que su producción vuelva a recuperarse.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de enero de 2020.-Rocío de Meer Méndez y Carlos Hugo Fernández-Roca Suárez, Diputados.-Macarena Olona Choclán, Portavoz del Grupo Parlamentario VOX.
162/000052
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Plural, a instancia del Diputado Joan Baldoví Roda, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley para la modificación del
Decreto Legislativo 2/2011, por el cual se aprueba el Texto refundido de la Ley de Puertos del Estado y la Marina Mercante, para su debate en Pleno.
Exposición de motivos
En las últimas décadas hemos visto como la original relación entre puerto y ciudad ha ido experimentando grandes cambios. Los desarrollos inmobiliarios transformaron nuestros puertos históricos, donde convivían usos tradicionales como la
pesca, actividades portuarias residuales y usos intensivos (la náutica popular, las golondrinas, las zonas de baño o el paseo).
En concreto, a partir de la década de los años ochenta, los puertos dejaron de ser puertos fluviales o dársenas interiores protegidas por diques de abrigo, cercanos a la ciudad y rodeados de barrios marineros, para convertirse de manera
hegemónica en almacenes de contenedores. Así pues, los puertos históricos protagonizaron procesos desiguales de renovación urbana que fueron expulsando los usos portuarios, pesqueros e industriales para fomentar una economía terciaria basada en el
ocio y el consumo.
Estos cambios produjeron tal transformación que pasaron a ser, en la gran mayoría de las ocasiones, una recurrente fuente de conflictos, tanto entre administraciones como a escala vecinal. En la mayoría de los casos, dichos conflictos
ocurren cuando los puertos crecen hasta colindar sus instalaciones industriales y de almacenamiento de contenedores con los barrios tradicionales portuarios. Dicha transformación se entronca con la tradición central de la gestión española en
materia de puertos, por la cual las Juntas de Obras se fueron convirtiendo en Autoridades Portuarias, y se fue sustrayendo la gestión que las autoridades locales desempeñaban. De este modo, a día de hoy, las Autoridades Portuarias han quedado
configuradas como espacios de gestión ajenos a la gobernanza municipal que no deben rendir cuentas ante los gobiernos locales.
La Constitución Española contempla en su artículo 149.1.20 la reserva de la Administración General del Estado la competencia sobre los puertos de interés general, que la Ley de Puertos el Estado enumera explícitamente. De esta manera la
legislación en materia portuaria, Decreto Legislativo 2/2011 por el cual se aprueba el Texto refundido de la Ley de Puertos del Estado y la Marina Mercante, TRLPEMM, concede manga ancha a las Autoridades Portuarias para autorizar actividades y
otorgar concesiones en su ámbito, siendo en cambio enormemente restrictiva para implantar determinados usos urbanos y ciudadanos.
El resultado de todo ello es que, actualmente, la Administración General del Estado puede delimitar suelo, definir su régimen de usos, afectar y desafectar espacios de manera unilateral y vaga transparencia en los procesos de toma de
decisiones. De tal manera, las Autoridades Portuarias han adquirido unas competencias sobre una serie de espacios y actividades sin apenas contrapesos.
Este es el caso de lo que ocurre por ejemplo con la ampliación del puerto de Valencia, en la que la Autoridad Portuaria sacó, en abril a 2019, a licitación un proyecto sustancialmente diferente al que se había hecho público en 2001. El
objetivo del nuevo plan es dedicar toda la ampliación norte al tráfico de contenedores y la reubicación de la actual terminal de cruceros que supondría una concesión administrativa de treinta y cinco años para la ocupación de 4.700 metros a manos de
una empresa privada.
La Declaración de Impacto Ambiental para la ampliación del Puerto de Valencia otorgada por el Ministerio de Medio Ambiente en 2007 se pronunció favorablemente y establece condicionantes exclusivamente sobre una de las alternativas propuestas
por los promotores del proyecto.
Somos conocedores de una modificación sustancial del proyecto de la ampliación del Puerto de Valencia que afecta a la ubicación de la terminal de contenedores, a la eliminación de un contradique, prolongar 500 metros el actual dique de
abrigo, incremento de áridos de relleno, cambio de localización del canal de acceso de los grandes barcos mercantes y, por lo tanto, de la zona de dragado. El alcance de las consecuencias ambientales del proyecto modificado no han sido evaluadas ni
son equiparables a las de la alternativa constructiva aprobada.
Por otro lado, la Autoridad Portuaria de Valencia afirma explícitamente que esta terminal de contenedores necesita, para poder ser operativa y viable, la construcción de un acceso viario diferenciado por la parte norte del Puerto de
Valencia. En este sentido, hay que recordar que la Declaración de Impacto Ambiental de este proyecto no incluye y, por tanto, no evalúa los impactos sobre la contaminación del aire ni de los impactos vinculados al tráfico rodado derivadas de este
nuevo proyecto.
Así mismo, es importante tener en cuenta que el contexto jurídico de protección y planificación territorial valenciana ha variado sustancialmente entre 2015 y 2019 respecto al de 2007. En estos años se ha aprobado la Ley de l'Horta en las
Cortes Valencianas, el Plan de acción territorial de ordenación y dinamización de l'Horta de Valencia y el PATIVEL. Además, el Consell de la Generalitat Valenciana, aprobó la Declaración de Emergencia Climática en la Comunidad Valenciana. Entre
los compromisos incluidos en dicha Declaración consta el de garantizar que la situación de emergencia climática se tenga en cuenta el diseño, desarrollo y aplicación de las diversas políticas sectoriales incluidas las de transporte y territorio.
Llama la atención que ante esta situación no se haya tenido en cuenta las repercusiones y el impacto ambiental en las playas del sur de la ampliación del Puerto de Valencia. Un proyecto que generará un gran impacto sobre la gestión de los residuos
generados por los barcos, la cualidad del aire, los fondos marinos, la fachada litoral con la erosión de las playas del sur de la ciudad y la salinización del Parque Natural de la Albufera.
Todo esto hace necesaria una revisión y análisis de la viabilidad ambiental integral del proyecto de ampliación del Puerto de Valencia, incluyendo la de todas las actuaciones territoriales derivadas y vinculadas a la viabilidad económica de
dicha ampliación.
Así pues, el exceso en la acumulación de competencias por parte de la Autoridad Portuaria, vienen dadas por la falta de transparencia y la nula participación de las administraciones autonómicas locales, vecinales y sociales sobre el nuevo
proyecto de la ampliación del puerto de Valencia; todo ello ha condicionado a una ciudad que pretende que el puerto sea una parte integral de la ciudad. A todo ello, se le añade la ausencia en la concreción y conclusiones fehacientes de los
efectos positivos que la ampliación propuesta reportaría sobre la economía y el empleo valenciano.
En Compromís, entendemos que los puertos históricos son ciudad y por ello, consideramos necesario aprovechar su valor público y productivo implicando a toda la ciudadanía en la toma de decisiones, colaborando entre instituciones, recuperando
el espacio público y manteniendo la gestión pública de los activos para impulsar el desarrollo urbano sostenible y la prosperidad inclusiva.
Por todo ello, presentamos la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso insta al Gobierno a modificar el Decreto Legislativo 2/2011, por el cual se aprueba el Texto refundido de la Ley de Puertos del Estado y la Marina Mercante, que permita:
1. Incorporar las recomendaciones de la agenda AIVP 2030 relativas a la interacción puertos-ciudad, para humanizar y democratizar los puertos, que genere espacios de interrelación, movilidad sostenible y
conectada con la ciudad, energías limpias, economía sostenible y protección de la salud de las personas y el planeta, como ejes básicos.
2. Una gestión transparente y multilateral en la toma de decisiones, en la que la administración local y la autonómica, como titulares de la competencia en materia de ordenación del territorio, hayan de aprobar con la Administración General
del Estado, la afección, desafección, ampliaciones y modificaciones del entorno portuario que le atañe, así como autorizar, regular, y gestionar los espacios y usos que se encuentren fuera del ámbito estricto de la competencia exclusiva estatal.
3. Democratización del espacio, incorporando la ciudadanía y a sus representantes en los consejos y espacios de decisión del diseño de planes estratégicos y de interacción con las ciudades.
4. Una definición objetiva y más concreta del concepto de interés general aplicado a los ámbitos estrictamente portuarios (actividades industriales, comerciales, logísticas y de tráfico de pasajeros) y que tenga en cuenta su relación con el
urbanismo y la ordenación del territorio.
Adicionalmente, y de manera urgente el Congreso insta al Gobierno a paralizar la ampliación norte del puerto de Valencia hasta que no se lleve a cabo una nueva Declaración Estratégica de Impacto Ambiental que sustituya a la de 2007 que
realice un análisis integral del proyecto de ampliación modificado incluyendo aspectos como los accesos o las nuevas concesiones previstas. Dicha DEA deberá incluir todas las actuaciones territoriales derivadas y vinculadas en la viabilidad
económica de dicha ampliación, teniendo en cuenta las condiciones actuales de emergencia climática y las exigencias de protección ambiental y territorial derivadas de la normativa autonómica vigente.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de enero de 2020.-Joan Baldoví Roda, Diputado.-Laura Borràs Castanyer, Portavoz del Grupo Parlamentario Plural.
162/000053
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre el restablecimiento de los fondos estatales para la atención de
menores extranjeros no acompañados, para su debate en el Pleno.
Exposición de motivos
Recientemente, el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, a través de la Dirección General de Servicios para la Infancia y la Familia, ha informado por carta a las Comunidades Autónomas de que no mantendrá las ayudas concedidas
para complementar los recursos de los que disponen las entidades públicas de protección de menores de las Comunidades Autónomas y Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla que recibieron un gran número de menores extranjeros no acompañados durante 2018,
las cuales ascendieron hasta los 40 millones de euros en total, y que no librará ninguna otra partida para colaborar en la financiación de estos servicios a lo largo del año 2020.
Esta decisión del Gobierno de Pedro Sánchez resulta especialmente perjudicial para Andalucía, que recibió 26 millones procedentes de estas ayudas, y para las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla. En el caso andaluz, si bien es cierto que
la afluencia de menores extranjeros no acompañados durante este año ha sido inferior a la de 2018, en que esta creció un 115 %, también lo es que el número de menores inmigrantes atendidos por las instituciones públicas andaluzas es de 2.174, muy
similar a los 2.274 en plazas públicas el año anterior. Si a este número se suma el de las plazas no dependientes de forma directa de la Junta de Andalucía, la cifra de menores inmigrantes atendidos asciende a los 5.600.
Los fondos estatales, cuya retirada ha sido decretada ahora por el Gobierno de Pedro Sánchez, no solo se destinan a complementar la atención a estos menores a su llegada a nuestro país, sino también a dar respuesta a sus necesidades de
alojamiento y manutención, así como a su acompañamiento y a la definición de itinerarios para su inclusión social. Este último aspecto resulta especialmente relevante dado que muchos de estos menores se encuentran próximos a cumplir la mayoría de
edad y, por tanto, a perder la tutela de las instituciones públicas. En Andalucía, por ejemplo, el 57 % de estos menores, la mayoría, tienen diecisiete años.
Desde el Grupo Parlamentario Ciudadanos, aun cuando podamos compartir la necesidad de someter a revisión el actual modelo de atención en aras a mejorar su eficacia, creemos totalmente injustificada la retirada de los fondos estatales
decidida por el Gobierno de Pedro Sánchez, además de perjudicial, por cuanto mermará la capacidad de atención de los menores no acompañados que llegan a nuestro país, y por ello, presentamos la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno de España a reconsiderar su decisión de no mantener los fondos estatales para complementar los recursos de los que disponen las entidades públicas de protección de menores de las Comunidades
Autónomas y Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla para atender a menores extranjeros no acompañados, manteniendo su aportación durante todo el tiempo que resulte necesario y, en todo caso, en tanto se lleve a cabo la revisión del modelo de atención
en aras a mejorar su eficacia.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de enero de 2020.-Sara Giménez Giménez, Diputada.-Edmundo Bal Francés, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
162/000054
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Macarena Olona Choclán, en su condición de Portavoz Adjunta del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX), y doña Lourdes Méndez Monasterio, doña Patricia Rueda Perellón y don Ignacio Gil Lázaro, en calidad de Diputados de dicho Grupo
Parlamentario, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan la siguiente Proposición no de Ley relativa a la elaboración de un nuevo plan hidrológico nacional y un sistema nacional de recursos
hídricos que, bajo los principios de solidaridad, cooperación territorial y justicia distributiva, garantice el suministro de agua de calidad y en cantidad suficiente para las necesidades de todos los españoles, para su discusión en Pleno.
Exposición de motivos
El agua es un bien de todos, indispensable y generador de riqueza allí donde hay en abundancia. Una buena distribución, equilibra y vertebra nuestra Nación, por lo que es de extrema necesidad un plan que abarque todas las demandas
hidrológicas de las regiones de España, y un sistema nacional de suministros hídricos que integre la gestión de cuencas y garantice el acceso al agua a todos los españoles, sin importar donde residan.
La actual desigualdad en el acceso a los recursos hídricos está provocando daños en nuestro ecosistema, debido a las extracciones en los acuíferos con el fin de compensar la falta de agua en ciertas zonas de España. Si no se actúa con
celeridad, los daños podrán llegar a ser irreversibles para nuestro medio ambiente, con motivo de su agotamiento y salinización, alterando la sostenibilidad de los recursos subterráneos y el ecosistema terrestre y marino.
La política de construir desaladoras, como alternativa al Plan Hidrológico Nacional, instaladas por todo el litoral español, ha fracasado como remedio para las necesidades del sector agrícola por la mala calidad del agua obtenida, su coste
económico y su impacto energético y ambiental. La desalación es un componente más del sistema de recursos no convencionales o alternativos, que aporta seguridad al sistema de suministros en zonas costeras, pero no puede sustituir la gestión
integrada de recursos y las transferencias entre cuencas allí donde sea necesario.
También es preocupante el impacto ambiental que producen las aguas residuales sin depurar ni poder ser reutilizadas en muchas zonas de España, lo que resulta lesivo para los ecosistemas fluviales y marinos, y perturba la determinación de los
caudales ecológicos de las cuencas hidrográficas.
Por todo lo anterior, consideramos necesaria la elaboración de un Plan Hidrológico Nacional. Dicho Plan debe responder a las exigencias ambientales de los ríos españoles, estableciendo un sistema nacional de tratamiento, saneamiento y
depuración de aguas residuales para su posterior reutilización, pudiendo pasar los caudales regenerados al sistema nacional de bancos de agua.
El sistema nacional de suministros contemplado en el Plan Hidrológico Nacional a aprobar, garantizaría que los recursos naturales y los no convencionales (desalación, reutilización y trasvases) formen un sistema al servicio de la seguridad
hidráulica de la Nación.
Para la implantación de un verdadero Plan Hidrológico se debe impulsar la creación de una autoridad única para el agua en España, que coordine las actuaciones necesarias para llevar a cabo una gestión del agua sometida al bien común y a una
autoridad nacional única.
Las zonas de escasez y sequía estructural deben ser objeto de especial atención en un necesario Plan Hidrológico Nacional que debe unificar el sistema nacional de trasvases y suministros para su gestión no politizada y profesional, conforme
al principio de cooperación entre los territorios afectados.
También es necesaria la creación de una Plataforma de Entendimiento para que todos los afectados e interesados en la gestión integrada de cuencas, especialmente regantes y ribereños, puedan participar y contrastar su información y
necesidades, sin contaminar los órganos de asesoramiento técnico de la administración hidráulica española.
El Plan Hidrológico Nacional priorizará la disciplina de la planificación hídrica, para evitar que las Administraciones regionales y locales sigan ignorando los mapas de zonas inundables en sus decisiones urbanísticas y de ordenación
territorial.
Asimismo, un sistema nacional integrado de recursos hídricos, impulsará la regulación de las transferencias de acuerdo con normas técnicas, de aplicación automática, que eviten la discrecionalidad y la arbitrariedad en la toma de decisiones
e impidan los conflictos entre usuarios.
Un sistema nacional integrado de cuencas y recursos debe adaptar su planificación a las singularidades climáticas de nuestra Patria y promover las excepciones y adaptaciones necesarias en el marco de la normativa europea.
El Plan Hidrológico Nacional y el sistema de gestión integrada deben poner fin a la guerra del agua entre territorios y ciudadanos españoles, un conflicto artificial promovido por las Comunidades Autónomas, las oligarquías regionales y los
activistas climáticos contrarios a la agricultura y el turismo.
Por todo lo anteriormente expuesto, el GPVOX presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno de la Nación a llevar a cabo las siguientes actuaciones:
1. Redactar y aprobar un Proyecto de Ley para su remisión a las Cortes de un Plan Hidrológico Nacional que, bajo los principios de solidaridad, cooperación y justicia distributiva, promueva el interés general y vertebre nuestra Nación,
garantizando el acceso al agua de calidad para atender todas las necesidades económicas y ambientales.
2. La aprobación de este Plan Hidrológico Nacional permitirá desarrollar un sistema nacional de suministros ordenado al bien común, que garantice la sostenibilidad de los recursos naturales y facilite una gestión eficiente del agua de todas
las cuencas de forma integrada, con la previsión de transferencias entre ellas, incluyendo un banco nacional de agua y mercado que favorezca los intercambios de asignaciones entre usuarios.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de enero de 2020.-Lourdes Méndez Monasterio, Patricia Rueda Perelló e Ignacio Gil Lázaro, Diputados.-Macarena Olona Choclán, Portavoz del Grupo Parlamentario VOX.
162/000055
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la reforma de la fiscalidad en la factura
de la luz, para su debate en el Pleno.
Exposición de motivos
En los últimos años, especialmente desde el pasado año 2018, el precio del mercado de generación eléctrica ha registrado continuas subidas alcanzando niveles récord.
Todo ello se ha producido independientemente de la evolución de las reservas hidrológicas de nuestro país, sirva de ejemplo el importante crecimiento registrado en 2018 y que catapultó el índice de agua embalsada elevándolo y manteniéndolo
un 15 % superior con respecto a 2017; regresando a los niveles medios registrados en la última década.
La explicación de estos hechos recala en la fuerte subida del precio de derecho de emisión del CO2 en el mercado de derechos europeo (ETS), cuyo incremento en los últimos dos años ha llegado a ser de hasta 20 euros por tonelada de CO2, cinco
veces el precio de enero de 2017.
Los datos evidencian el mantenimiento de nuestra dependencia de los combustibles fósiles, el escaso desfase entre crecimiento económico y emisiones contaminantes que se ha podido consolidar esta década y, en relación a todo ello, la escasa
producción renovable (en relación a las posibilidades que nuestro país ofrece) con la que cuenta nuestro sistema eléctrico en los meses de verano.
Las características del mercado marginalista, donde la tecnología más cara en cada hora marca la retribución que recibirán el resto de las tecnologías, unidas a la coyuntura internacional descrita, motivan buena parte de este ascenso en el
precio de la luz; pero precisamente por ello es importante destacar la importancia de contar con tecnologías no emisoras de CO2 en dicho mercado con el fin de contener los precios máximos marcados por los combustibles fósiles. Además hay que tener
presente que la reforma del sistema marginalista solo puede venir de la mano de una reforma comunitaria y no de modo unilateral por un Estado miembro.
Esta subida se produce en un contexto en el que España ya tenía una de las facturas eléctricas más caras de la Unión Europea, lo que supone una importante carga para los bolsillos de nuestros ciudadanos y erosiona la competitividad de
nuestras empresas.
Además, la pasada crisis económica y el enquistamiento del paro de larga duración han provocado un alarmante problema para los consumidores más vulnerables, lo que se ha llegado a conocer como 'pobreza energética'. Según datos del año 2016,
4,5 millones de españoles eran pobres desde el punto de vista energético, lo que implica que uno de cada diez hogares no tenía el dinero suficiente para mantener su casa en invierno por encima de los 18 grados centígrados.
Sin embargo, el Gobierno de España no puede ni debe quedarse de brazos cruzados. Si bien es cierto que los principales motivos de esta subida se deben a las circunstancias de mercado descritas, la mayor parte de la factura de la luz no se
destina a sufragar estas cuestiones.
A los costes fijos del sistema, fruto de una mala política energética, hay que añadir una fuerte imposición fiscal que avala la factura como una herramienta recaudatoria en perjuicio de la ciudadanía.
Por estas razones hay que recalcar que sí es posible actuar sobre el enorme papel de los costes fijos y, en concreto, los costes de origen político no relacionados directamente con el suministro eléctrico, que constituyen el 70 % de la
factura; lo que es una rémora para todos los hogares y empresas, así como una mala señal para la eficiencia energética de los consumidores (dado que se distorsionan las señales de precio que deberían concentrarse en el término de consumo y resulta
indiferente consumir más o menos energía).
Actualmente, en la factura de la luz se imputan los siguientes costes no relacionados directamente con el suministro:
- Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) de una cuantía del 21 % para los consumidores peninsulares.
- Impuesto sobre la Electricidad: Una imposición creada con el objeto de evitar que los PGE asumiesen las subvenciones al carbón nacional y que, como ya denunció Ciudadanos, actualmente se usa para la financiación autonómica.
- Tasa Municipal del 1,5 %.
- Impuesto a la generación eléctrica: Todos los generadores sin discriminación pagan un 7 % de sus ingresos para el sostenimiento de los costes del sistema.
- Tasa hidroeléctrica: 25,5 %, similar al anterior que solo aplica a las centrales hidroeléctricas, que pagan esta cantidad además del 7 % anterior.
- Tasas nucleares: Incluyen impuesto por combustible nuclear gastado (2.190 /kg) y por generación de residuos (6.000 /m3 para los de media y baja actividad y 1.000 /m3 para los de muy baja actividad) a sumar al 7 % de generación
eléctrica.
- Tasa ENRESA: Tasa que pagan los propietarios de las centrales nucleares para financiar ENRESA, responsable de la gestión de los residuos nucleares y el desmantelamiento de las mismas.
- Costes extrapeninsulares: El recargo que pagan los consumidores para poder ajustar el precio de la electricidad en todo el territorio nacional (tanto península como islas y ciudades autónomas). Este coste se imputa en los peajes en una
mitad de su cuantía total y en los PGE la mitad restante, suponiendo un total de 1.000 millones de euros anuales.
- Fomento de las energías renovables: La financiación de las energías renovables introducidas durante las dos últimas décadas y que en muchos países se asume desde los PGE. Este coste se imputa en los peajes de la factura y actualmente
supone un gasto corriente de unos 7.000 millones de euros anuales.
En relación a esta cuestión y sin menoscabo de la propuesta principal de esta iniciativa, es importante resaltar que, en virtud de la regulación del Impuesto sobre la Electricidad introducida por el artículo 92 de la Ley 28/2014, de 27 de
noviembre, se entiende por suministro de energía eléctrica tanto la prestación del servicio de peajes de acceso a la red eléctrica como la entrega de electricidad.
Como algunos expertos juristas han señalado, esta normativa da pie a que los costes no relacionados directamente con la definición de dicho artículo no formen parte de la base imponible del IVA y el Impuesto sobre la Electricidad;
excluyéndose así otros costes presentes en la factura que ya se han señalado.
Desde Ciudadanos apostamos por una transición inteligente que apueste por las energías renovables, así como por una auditoría de costes del sistema y de la factura de la luz con el fin de garantizar que los consumidores paguen solo los
costes directamente relacionados con el suministro.
Es hipócrita que desde la administración se trabaje en un bono social eléctrico para paliar las dificultades de las personas más vulnerables por el alto coste de la luz, cuando la mayor parte del recibo son impuestos y costes políticos.
Sería mucho más eficiente trabajar por una factura que refleje los costes reales de producción y que no sea una herramienta de recaudación del Estado.
Además, en el marco de la transición energética, es fundamental contar con una factura bien ordenada; que no contenga costes fijos en la parte variable y no genere problemas de distorsión entre consumidores a la hora de optar por la
generación distribuida. Asimismo, esta factura debe ser competitiva en virtud tanto de las necesidades de familias y empresas como también para favorecer la movilidad eléctrica en detrimento de los combustibles fósiles.
Por todo ello, se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Impulsar, en colaboración con la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia, una reforma de la factura eléctrica para determinar adecuadamente qué conceptos determinan el volumen actual de la factura de la luz y qué costes
deben ser asumidos por los consumidores en virtud de las necesidades expuestas.
2. Impulsar una reforma normativa que modifique la base imponible del Impuesto sobre el Valor Añadido y el Impuesto Eléctrico, con el fin de que aquella se componga únicamente por el precio pagado por la electricidad y el coste asociado a
las redes de transporte y distribución, excluyéndose el resto de costes del sistema eléctrico añadidos, de conformidad con el artículo 92 de la Ley 28/2014, de 27 de noviembre.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de enero de 2020.-María Muñoz Vidal, Diputada.-Edmundo Bal Francés, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
162/000056
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre medidas para la reactivación del
crecimiento económico y la creación de empleo, para su debate en Pleno.
Exposición de motivos
La incapacidad del Gobierno socialista presidido por Rodríguez Zapatero de reconocer y afrontar la crisis económica entre 2007 y 2011 dejó a España al borde de la quiebra. Solo, como ejemplo, recordemos que en ese periodo se cerraron
222.000 pequeñas y medianas empresas, 250.000 autónomos echaron el cierre a sus negocios y 3.514.100 españoles perdieron su empleo, muchos de ellos mujeres.
En ese contexto, el Gobierno del Partido Popular puso en marcha una intensa agenda reformista que permitió revertir la situación, siendo el primer trimestre de 2013 el punto de inflexión en el que se inició la actual etapa de crecimiento
económico y de creación de empleo. En contraste con la última etapa socialista, en este periodo de Gobierno del Partido Popular se crearon 138.000 nuevas pymes, 190.000 autónomos emprendieron nuevos negocios y 2.765.000 españoles encontraron
empleo; de ellos, 222.810 menores de 25 años, lo que permitió superar el umbral de un millón de jóvenes trabajando; y casi la mitad mujeres, permitiendo recuperar todo el empleo femenino destruido en la crisis.
En definitiva, el Partido Popular dejó un país mucho mejor que el que nos encontramos, con una dinámica de fuerte crecimiento económico, creando medio millón de empleos al año, y con unos Presupuestos Generales del Estado para el 2018
aprobados que garantizaban mantener estas dinámicas positivas.
Pero estas inercias positivas no son suficientes per se, y la incapacidad del ejecutivo socialista de acometer las reformas necesarias, unida a la incertidumbre que genera un gobierno débil, está empezando a pesar en nuestra economía, que,
en los últimos meses, ya está dando claros síntomas de desaceleración: el PIB creció un 2,9 % en 2017, un 2,4 % en 2018, y el 0,4 % en el tercer trimestre, apuntando a un crecimiento en el entorno del 1,8 %-1,9 % para este año.
En algunos casos han bastado simples declaraciones para introducir ruido e incertidumbre en sectores que son clave para nuestra economía. Como ejemplos, la matriculación de automóviles que crecía un 7 % en 2018, acumula una caída del - 5,7
% en 2019; el indicador de Confianza Industrial ha pasado de subir un 1,0 % en 2017 a caer un - 0,1 % en 2018 y un - 4,0 % en 2019; o la inversión extranjera ha caído un 63 % en el primer semestre de 2019 frente al mismo periodo del año anterior.
Y esto, obviamente, se traduce en una menor creación de empleo y en empleo de menor calidad: los datos de empleo de noviembre han sido los peores desde 2013, dilapidando el esfuerzo que el Gobierno del PP y toda la sociedad española
hicieron para remontar la crisis. Hoy tenemos 13.688 mujeres y 25.424 jóvenes más en paro que en junio de 2018. Y la contratación indefinida, que en noviembre de 2018 crecía a tasas del 15,72 % anual, se reduce un - 13,14 % en noviembre de 2019.
De la política económica depende que se confirme la desaceleración y se convierta en recesión, o por el contrario que volvamos a impulsar el crecimiento y la creación de empleo. En este sentido, las señales que está dando el ejecutivo
socialista en funciones no son buenas: derogar la reforma laboral que ha permitido crear 2.765.000 empleos; renunciar a determinadas tecnologías (nuclear, carbón...) que encarecerán el precio de la luz y nos harán perder competitividad; subir los
impuestos al trabajo; o disparar el gasto público, generando más déficit y más deuda, son la semilla de la próxima recesión.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
- Cumplir los compromisos que se derivan del Pacto de Estabilidad y Crecimiento de la Zona Euro y ajustarse a la regla de gasto en todas las administraciones públicas, como requisito imprescindible para recuperar la credibilidad de nuestro
país y atraer inversión extranjera.
- Orientar la política fiscal hacia el crecimiento y la competitividad incluyendo incentivos fiscales para atraer tanto empresas altamente innovadoras como profesionales e investigadores de alta cualificación.
- Promover el emprendimiento y la innovación, con programas específicos de apoyo al crecimiento y la internacionalización de nuestras pymes, reformando la ley de segunda oportunidad, e impulsando sectores estratégicos que generan empleo de
alta cualificación, entre otras medidas.
- Garantizar un marco jurídico estable al conjunto de la cadena de valor del sector de la automoción. Defender un mix energético que, cumpliendo los objetivos de seguridad del suministro y de cambio climático, garanticen el menor precio de
la energía tanto para familias como empresas.
- Reactivar el sector turístico, armonizando las normas que afectan al sector, eliminando las tasas específicas que gravan esta actividad o combatiendo la turismofobia creciente en algunos destinos turísticos, entre otras.
- Potenciar los Planes de Desarrollo Rural para hacer de la actividad agrícola, ganadera y forestal verdaderos motores de dinamización económica, mejorando su competitividad y sostenibilidad.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de enero de 2020.-Mario Garcés Sanagustín, Diputado.-Cayetana Álvarez de Toledo Peralta-Ramos, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
162/000057
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Macarena Olona Choclán y doña Patricia de las Heras Fernández, en sus condiciones de Portavoz Adjunta y Diputada del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX), respectivamente, al amparo de lo dispuesto en los artículos 193 y siguientes del
Reglamento de la Cámara, formulan la siguiente Proposición no de Ley, relativa a la equiparación de la indemnización por residencia en las Islas Baleares con respecto a la de las islas Canarias, Ceuta y Melilla, para su discusión en Pleno.
Exposición de motivos
Nuestra Carta Magna establece en su artículo 104 que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, bajo la dependencia del Gobierno, tendrán como misión proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades y garantizar la seguridad ciudadana.
Según el Anuario estadístico del Ministerio del Interior de 2018, la tasa de criminalidad por Comunidades Autónomas (infracciones penales por 1.000 habitantes) alcanza su máxima expresión en las islas Baleares con un 65,2, siendo no solo la
más alta de todas las Comunidades Autónomas, sino incluso la más alta con respecto a la media en toda España, resultando esta de 45,6.
Concretamente, se conocieron 72.157 infracciones penales en 2017 y 73.661 en 2018. A esto hay que añadir que Baleares posee una de las tasas más bajas de causas penales esclarecidas, es decir, la Comunidad Autónoma con mayor tasa de
criminalidad per cápita tiene el peor resultado de esclarecimiento de infracciones. Pero ello no nos sorprende, porque los encargados de velar por la seguridad ciudadana y esclarecer los hechos delictivos, es decir, nuestras Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad del Estado, no eligen Baleares como destino.
Tampoco es novedoso este extremo, ya que la carestía de la vida en Baleares, sumado al elevado índice referido anteriormente, no la convierten en un destino ya no solo apetecible, sino ni siquiera sostenible.
Destinos que se encontraron en esta misma situación, como son Canarias, Ceuta y Melilla, solventaron la situación incentivando los mismos con el reconocimiento de una indemnización por residencia. Estos importes para un grupo C1, que es el
que se correspondería con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en las capitales de Provincia de Canarias (Tenerife y Gran Canaria) es de 117,92 euros y, en el caso de Ceuta y Melilla, de 545,77 euros. Sin embargo, en Mallorca, la
indemnización por residencia es de 65,63 euros, y en las islas menores (Menorca, Ibiza y Formentera), de 82,66 euros.
Es urgente la equiparación de la indemnización por residencia de las islas Baleares con Canarias, al compartir con estas las únicas situaciones de insularidad de todo el territorio nacional. Como hemos visto, dicha equiparación estaría más
que justificada con el fin de incentivar Baleares como destino para los funcionarios, ya no por motivos personales o individuales, sino por el superior interés común de mejorar y velar por la seguridad ciudadana de todos los ciudadanos que residen
en dicho territorio.
El artículo 9.2 de la Constitución española obliga a los poderes públicos a promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas. El juicio en torno a si una
desigualdad es o no razonable inevitablemente comportará siempre una ponderación sustantiva no solo formal entre posiciones de hecho realmente distintas y, por tanto, atendidas ya en su dimensión material. En otras palabras, la justicia material
supone un trato igual ante situaciones iguales, y un trato desigual ante situaciones desiguales.
Así, geográficamente hablando, tanto Canarias como Baleares son islas con una identidad propia separadas del resto de la península igual que Ceuta y Melilla, con los sobrecostes que ello supone, y de ahí que se previera un trato diferenciado
para estos territorios estableciendo una indemnización por residencia para tales destinos -aunque con el detrimento en un tratamiento desigual respecto de Baleares-. Si tenemos en cuenta el propio coste de vida inherente a Baleares, mucho más
elevado incluso que el de Canarias, Ceuta o Melilla, resulta totalmente injustificada una indemnización inferior para aquella respecto de estos últimos, pues es contrario a la finalidad de este concepto 'indemnización por residencia' como se ha
expuesto.
En este sentido, el cálculo de variaciones del Índice de Precios al Consumo (sistema IPC) del Instituto Nacional de Estadísticas, muestra que la variación en Baleares de diciembre de 2018 a diciembre de 2019 ha sido de un punto porcentual
(casi el más alto por Comunidades Autónomas), alcanzando los 104,9 puntos.
En síntesis, el artículo 104 de la Constitución quedaría prácticamente vacío de contenido en las islas Baleares si no se produce la equiparación de indemnización por residencia respecto de otros territorios en idéntica situación, en
aplicación de la igualdad real y efectiva, y ello motivado por la fuga de nuestras Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, que eligen otros destinos más económicos y con mejores condiciones.
Esta equiparación de indemnización por residencia con Canarias lleva reclamándose desde 2003 para todos los Empleados Públicos Estatales destinados en las islas Baleares, quienes padecen exactamente las mismas consecuencias y merecen, como
no puede ser de otro modo, que se les reconozca idéntico complemento a todos ellos por virtud del tan mencionado principio de igualdad.
A lo largo de los años, se han sucedido las promesas y compromisos electorales de los partidos que se han turnado en el Gobierno de la Nación, con el resultado de no haber dado solución a tan importante cuestión que afecta al supremo interés
general.
El hecho de que la indemnización por residencia deba ser equiparada con Canarias ha sido tácitamente reconocido por el Ministerio de Hacienda y Función Pública, en concreto, mediante una Orden de 20 de abril de 2018 firmada por el Secretario
de Estado de Presupuestos y Gastos, quién para paliar temporal e insuficientemente tal agravio, decidió en mayo aumentar la partida presupuestaria destinada al pago del complemento de productividad para funcionarios del Ministerio del Interior que
trabajan en Ibiza, tanto agentes de Guardia Civil como del Cuerpo Nacional de Policía. El objetivo es 'incentivar la cobertura de los puestos de trabajo de personal funcionario existentes en la isla de Ibiza', atendiendo a 'las especiales
circunstancias que concurren en ese territorio, que dificultan el normal desarrollo de los servicios públicos'. Sin embargo, además de ser insuficientes, dichos importes no corresponden al concepto que debe acogerse, ni ha sido aprobado por los
cauces legales de manera definitiva, ni mucho menos se han paliado los déficits sufridos por todos los funcionarios del Estado destinados en las islas Baleares, lo que atenta gravemente contra el principio de igualdad.
A mayor abundamiento, tales cuantías no han sido sufragadas en 2019, ni observamos previsión de abonarlas este año o los siguientes. Como se ha referido, dichos complementos responden a una medida provisional e insuficiente en
reconocimiento de una urgente necesidad, lo que hace que se presente como inminentemente necesaria su regulación por los cauces legales correspondientes.
Por todo lo expuesto, el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a llevar a cabo e impulsar todas las actuaciones necesarias para que se equipare la indemnización por residencia de todos los Empleados Públicos Estatales destinados en las islas Baleares
respecto a la de las islas Canarias, Ceuta y Melilla.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de enero de 2020.-Patricia de las Heras Fernández, Diputada.-Macarena Olona Choclán, Portavoz del Grupo Parlamentario VOX.
162/000058
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Macarena Olona Choclán, en su condición de Portavoz Adjunta y Diputada del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX), y don Ignacio Garriga Vaz de Concicao, don Juan José Aizcorbe Torra, doña Lourdes Méndez Monasterio y doña María de los Reyes
Romero Vilches, en calidad de diputados del citado Grupo Parlamentario, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan la siguiente Proposición no de Ley, relativa a la
aplicación de las medidas necesarias para acabar con el invierno demográfico, fomentar la natalidad y proteger la familia como núcleo de la sociedad, para su discusión en el Pleno.
Exposición de motivos
La familia es el pilar de nuestra sociedad y la garante del futuro de nuestra Nación. Es la institución mejor valorada por los españoles. En concreto, más del 98,7 % de los ciudadanos valora la familia como aspecto importante o muy
importante en su vida. Sin embargo, este reconocimiento social se traduce en un reducido apoyo real y efectivo por parte de las administraciones, que le dedican escasos recursos económicos y sociales a esta cuestión.
Es necesario y urgente avanzar en garantizar una política familiar efectiva que redunde en beneficio de los hogares, especialmente de aquellos con mayor número de personas dependientes (ascendientes, descendientes, discapacitados) y más
vulnerables.
La Declaración Universal de Derechos Humanos de 10 de diciembre de 1948, en su artículo 16.3, establece que 'la familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección de la sociedad y del Estado'.
La crisis económica ha castigado duramente a las familias españolas. La tasa de pobreza de las familias numerosas españolas (43,9 %) con tres o más hijos casi triplica la tasa de pobreza de hogares sin menores a cargo (16,8 %) de la Unión
Europea.
De acuerdo con lo señalado por el propio Instituto Nacional de Estadística (INE), en 2022 España contaría con 45,1 millones de habitantes, un 2,5 % menos que en el año 2012. Y a mediados de siglo, en 2052, la población española sería de
41,6 millones de habitantes; es decir, cerca de un 10 % menos que en la actualidad.
El descenso de la natalidad, el saldo migratorio negativo y el progresivo envejecimiento de la población también tendrían efectos en la futura inversión de la pirámide poblacional a largo plazo. Según las proyecciones demográficas del INE,
en 2052 el grupo de edad de las personas mayores de 64 años se incrementaría en más de siete millones de personas, lo que supondría cerca del 37 % de la población total en España a mediados de siglo.
La falta de relevo generacional, fruto del invierno demográfico, nos urge a tomar medidas para proteger a la familia, especialmente a las familias numerosas, como garantes del relevo generacional. Debemos incentivar también el número de
nacimientos para revertir la tendencia de la pirámide poblacional.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que, dentro de sus competencias, lleve a cabo las siguientes actuaciones:
1. Elaborar un Pacto de Estado por la Familia y la Infancia, en común acuerdo con las instituciones políticas, organizaciones de la sociedad civil que trabajen en materia de familia e infancia, agentes sociales y empresariales, que sirva de
modelo de estabilidad para garantizar una protección social y económica de las familias permanente en el tiempo, al margen de las alternancias políticas en el poder.
2. Promover el establecimiento de una Mesa Sectorial de Familia coordinada por la Comisión Interministerial de Familia con el objeto de establecer una colaboración entre la Administración General del Estado y las Comunidades Autónomas que
tenga por propósito fortalecer una mayor protección hacia la familia y, en especial, hacia las familias numerosas.
3. Reformar la Ley de Protección a las Familias Numerosas, con el objetivo de actualizar y mejorar la acción protectora en beneficio de este colectivo (mantenimiento de la categoría especial de las familias numerosas hasta que el último de
los hijos salga del título desde agosto de 2015, y conceder la categoría especial a las familias formadas por cuatro hijos, entre otras).
4. Aumentar el cheque familiar en 600 euros por hijo a partir del tercer hijo y siguientes.
5. Elevar la cantidad del mínimo exento por descendiente a aplicar en el IRPF a partir del tercer hijo y siguientes.
6. Introducir una prestación por hijo universal de 100 euros/mes por hijo.
7. Necesidad de que se aplique el criterio de renta per cápita familiar en todas las prestaciones y ayudas públicas.
8. Establecer una exención para las familias numerosas en el copago farmacéutico para la compra de medicamentos.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de enero de 2020.-Ignacio Garriga Vaz de Concicao, María de los Reyes Romero Vilches, Lourdes Méndez Monasterio y Juan José Aizcorbe Torra, Diputados.-Macarena Olona Choclán, Portavoz del Grupo
Parlamentario VOX.
162/000059
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Plural, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley, para su debate en Pleno, relativa a la adopción de medidas para garantizar el
cumplimiento de la Ley y la Constitución frente a intentos de censura educativa por parte de cualquier Comunidad Autónoma.
Exposición de motivos
La educación es un valor fundamental de nuestra Constitución, que en su artículo 20.c) consagra el derecho a la libertad de cátedra y en su artículo 27 el derecho a la educación. Concretamente, el artículo 27.2 determina que la educación
tendrá por objeto 'el pleno desarrollo de la personalidad humana en el respeto a los principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales'. Así mismo, la Constitución española también establece que los poderes públicos
deben garantizar que niños y niñas sean educados en el fomento de la igualdad y el respeto, de acuerdo con la Declaración Universal de los Derechos Humanos y la Convención de los Derechos del Niño, que en su en su artículo 3, párrafo 1, proclama que
el interés superior del menor siempre debe prevalecer, en tanto que los niños y las niñas son sujetos de derechos cuya libertad debe ser protegida por las instituciones.
Por otro lado, la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, fija en sus artículos 121.1 y 125 el tratamiento transversal en las áreas, materias o módulos de la educación en valores y otras enseñanzas, y su inclusión prescriptiva en la
Programación General Anual del centro. La toma de decisiones sobre la concreción del currículo y los aspectos educativos de los proyectos y de la programación general anual corresponde al Claustro del profesorado y al Consejo Escolar, así como al
director/a del centro, que debe garantizar en el cumplimiento de la Ley. Son los docentes quienes, en el marco de la autonomía pedagógica establecida en la Ley, tienen competencia para fijar las actividades complementarias que consideren oportunas,
actividades que serán en todo caso evaluables a efectos académicos y obligatorias por ello.
Actualmente, la lucha contra el acoso escolar es, además, uno de los retos más importantes que tenernos a nivel educativo y, por ende, los contenidos LGTBI, la educación afectivo-sexual, la educación en diversidad o el fomento de la
convivencia son elementos fundamentales en la educación de niños y niñas tal, y como queda fijado en los objetivos 4 y 5 de la Agenda 2030, y en las recomendaciones del Relator Especial de la ONU 2010 sobre el Derecho a la Educación.
Por consiguiente, nuestras instituciones deben garantizar activamente la consecución de estos objetivos en beneficio de niños y niñas y no pueden permitir medidas que los menoscaben, como el veto parental, como las que se están planteando
llevar a cabo en la región de Murcia o Andalucía. Abrir la puerta a la censura educativa es poner en riesgo los pilares fundamentales de una sociedad democrática. Reconocer dicha amenaza supone defender lo que significa la escuela en una sociedad
democrática y garantizar los derechos de los menores a crecer en libertad sin ver coartado el desarrollo de su personalidad.
Por todo ello el Grupo Parlamentario presenta la siguiente
Proposición no de Ley
El Congreso de los Diputados insta al Gobierno de España a:
'1. Tomar cuantas medidas estén en su mano para garantizar el cumplimiento de la Ley y la Constitución frente intentos de censura educativa por parte de cualquier Comunidad Autónoma.
2. Avanzar en materia de convivencia, fomento del respeto a la diversidad y educación afectivo-sexual, facilitando planes de educación sexual integral que protejan el papel de la escuela como instrumento para el libre desarrollo de la
personalidad de los menores, con pleno respeto a su orientación sexual, género, raza, religión, etc., y erradicando toda forma de acoso escolar y discriminación.
3. A modificar la Ley educativa para recuperar las competencias de los consejos escolares en la aprobación de la programación de los centros, así como impulsar y financiar una mayor implicación y participación de las familias en los centros
educativos, de acuerdo a lo establecido en nuestra Constitución.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de enero de 2020.-Íñigo Errejón Galván, Portavoz Adjunto del Grupo Parlamentario Plural.
162/000060
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre medidas para reforzar los protocolos de prevención, detección y
actuación ante situaciones de abuso, agresión y explotación sexual como las que se han conocido que han tenido lugar de manera continuada en centros de menores tutelados dependientes del Consell de Mallorca y sobre las actuaciones llevadas a cabo
por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en torno a este caso en concreto, para su debate en el Pleno.
Exposición de motivos
Recientemente, se conocía a través de los medios de comunicación que la presunta agresión sexual cometida por varios jóvenes a una menor en Palma entre la noche del 24 y la madrugada del 25 de diciembre podría haber destapado una red de
drogas y prostitución de menores internos en centros de menores en Palma. Tanto la menor como varios de los presuntos agresores residen en la actualidad en centros tutelados de la isla de Mallorca.
Tanto la Policía Nacional y la Guardia Civil confirman que han detectado 'casos de personas que prostituyen a adolescentes que residen en centros tutelados por el Consell de Mallorca'. En la misma línea, la prensa local se hacía eco de la
opinión de varios educadores que trabajan en estos centros de protección de menores, los cuales denunciaban que la 'prostitución de las niñas acogidas en estos centros de la isla está totalmente extendida, y que en algunos casos afecta a la práctica
totalidad de las menores ingresadas'.
Por otra parte, fuentes policiales involucradas en las investigaciones sobre este caso declaraban que 'hay una negligencia absoluta por parte de los servicios sociales' y que, pese a las denuncias reiteradas de los trabajadores, cuando estas
llegan a los niveles superiores del Institut Mallorquí d'Afers Socials (IMAS) 'los casos se minimizan, porque no tienen medios para evitarlo' y que 'prefieren mirar para otro lado'.
A raíz de estos acontecimientos y del elevado número de denuncias sin atender que se ha puesto de manifiesto, el IMAS ha terminado por reconocer que tiene constancia de 16 casos de explotación sexual infantil. Se trata de 15 niñas y un
niño, dos de ellos residen en centros de acogida de la Península por su seguridad. El Conseller ejecutivo del IMAS, Javier de Juan, minimizó las críticas y señaló que los casos señalados se encontraban bajo la investigación de la Unidad de Atención
a la Familia y la Mujer (UFAM) de la Policía Nacional, como con el Equipo de Mujer-Menor (EMUME) de la Guardia Civil. La posterior comparecencia de la Consellera d'Afers Social del Govern balear, Fina Santiago, tampoco aportó luz sobre este asunto.
De estas situaciones de explotación sexual se hacen eco informes de hace más de tres años, sin que hasta el momento parezca ni que el IMAS, ni tampoco por el Consell de Mallorca ni la Consellería d'Afers
Socials del Govern balear, formados ambos por PSOE, Podemos y partidos nacionalistas desde el año 2015, hayan asumido ninguna responsabilidad por estos casos ni hayan adoptado ninguna medida para ponerles freno.
Resulta absolutamente intolerable que menores que están bajo la tutela de la Administración por padecer situaciones de vulnerabilidad, desamparo o abuso en su entorno familiar y que residen en centros de su titularidad puedan convertirse en
víctimas de abusos y agresiones sexuales, e incluso situaciones de explotación sexual continuada, y lo es más aún que la Administración, siendo conocedora de tales situaciones, parezca mirar hacia otro lado en lugar de hacer todo lo que esté a su
alcance para prevenir, detectar e investigar estos posibles casos y, en su caso, actuar con la mayor contundencia para atajarlos lo antes posible.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno de España a adoptar todas las medidas necesarias para garantizar la protección integral y la asistencia de los menores tutelados residentes en centros de responsabilidad pública ante
situaciones de abuso, agresión y explotación sexual y a que, con tal finalidad, emprenda, entre otras medidas, las siguientes:
1. Promover el establecimiento o, en su caso, revisión, de directrices comunes para el diseño y evaluación de los protocolos de prevención, detección y actuación en casos de abuso, agresión o explotación sexual de menores tutelados en
centros públicos, así como impulse, en colaboración con las Comunidades Autónomas, la revisión de los protocolos autonómicos vigentes para asegurar la eficacia de su respuesta ante estas situaciones.
2. Impulsar la actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, en colaboración con las autoridades competentes, para esclarecer los casos de abuso, agresión y explotación sexual de menores tutelados residentes en centros
dependientes del Consell de Mallorca de las que se ha tenido recientemente conocimiento, y para asegurar la detección y puesta a disposición de la justicia de los presuntos responsables.
3. Aprobar y presentar ante esta Cámara un Proyecto de Ley de Protección Integral de la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia, que asegure la protección y asistencia de todos los menores que sean víctimas de cualquier forma de
violencia, incluidos casos de agresión, abuso y explotación sexual que suponen una grave violación de sus derechos fundamentales, y que contemple disposiciones específicas para garantizar la protección de los menores tutelados residentes en centros
de responsabilidad pública.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de enero de 2020.-Sara Giménez Giménez y Pablo Cambronero Piqueras, Diputados.-Inés Arrimadas García, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
162/000061
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley, sobre el mantenimiento por parte del Estado de las competencias sobre la
formación sanitaria especializada, para su debate en el Pleno.
Exposición de motivos
El Acuerdo para un Gobierno de Coalición suscrito entre el PSOE y Unidas Podemos establece, en su apartado 9.4, que ambas partes se comprometen desde el Gobierno a traspasar a la Generalitat 'aquellas competencias pendientes ya reconocidas
en el Estatut de Cataluña en materias como la gestión de becas universitarias, la formación sanitaria especializada, el salvamento marítimo o la ejecución de la legislación laboral en el ámbito del trabajo, el empleo y la formación profesional'.
La formación sanitaria especializada en Ciencias de la Salud (que incluye los sistemas MIR, EIR, FIR, PIR, etc.) en nuestro país tiene actualmente lugar por medio del sistema de residencia, previa participación en una prueba selectiva de
convocatoria anual de carácter nacional para el acceso a una plaza en un
centro o unidad docente acreditada, a efectos de la obtención del título de especialista, y por cuyos servicios como trabajadores percibirán las retribuciones legalmente establecidas. Este sistema se regula de acuerdo con lo dispuesto en el
artículo 20 de la Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de ordenación de las profesiones sanitarias, y conforme a lo establecido en el Real Decreto 1146/2006, de 6 de octubre, por el que se regula la relación laboral especial de residencia para la
formación de especialistas en Ciencias de la Salud. Son las competencias sobre la gestión de este sistema de formación sanitaria especializada las que los partidos firmantes del acuerdo se comprometen ahora a traspasar a la Generalitat de Cataluña
como contraprestación al acuerdo con Esquerra Republicana de Catalunya para su abstención en la investidura.
El Estatuto de Autonomía de Cataluña declara, en su artículo 162.3.d), que corresponde a la Generalitat la competencia compartida en el ámbito de 'la formación sanitaria especializada, que incluye la acreditación y la evaluación de centros;
la planificación de la oferta de plazas; la participación en la elaboración de las convocatorias y la gestión de los programas de formación de las especialidades y las áreas de capacitación específica y la expedición de diplomas de áreas de
capacitación específica'. Sin embargo, como ha afirmado el Tribunal Constitucional, por ejemplo, en la Sentencia del Estatut (Sentencia 31/2010, de 28 de junio de 2010), las competencias autonómicas deben ser interpretadas en coherencia con la
distribución constitucional que, lógicamente, tiene un rango normativo superior.
La Constitución española atribuye, con carácter exclusivo, al Estado, en el artículo 149.1.16.ª, las competencias relativas a la sanidad exterior, las bases y coordinación general de la sanidad y la legislación sobre productos farmacéuticos
y, en el artículo 149.1.30.ª, las relativas a la regulación de las condiciones de obtención, expedición y homologación de títulos académicos y profesionales y normas básicas para el desarrollo del artículo 27 de la Constitución, a fin de garantizar
el cumplimiento de las obligaciones de los poderes públicos en esta materia. Ambas competencias, tanto sanitarias como de homologación de títulos académicos, son, precisamente, las que configuran el desarrollo de la formación sanitaria
especializada exclusivamente por parte del Estado.
De consumarse la transferencia de estas competencias sobre la formación sanitaria especializada, la Generalitat de Cataluña pasaría a ser la encargada de decidir, entre otras cuestiones, el número de plazas en las distintas modalidades del
sistema de formación especializada en Ciencias de la Salud (MIR, EIR, FIR, PIR, etc.) que se ofertan cada año, cuántas por especialidad, cuál será el número de unidades docentes, cuál debe ser el temario, la estructura del examen, las preguntas, en
qué fecha se celebra o qué número de residentes absorbe cada centro hospitalario.
Unas decisiones cuyos resultados pueden plantear notables diferencias con los del sistema de formación aplicado con carácter general en las restantes Comunidades Autónomas. Sobre todo cuando, atendiendo a la trayectoria demostrada por la
Generalitat en manos de los sucesivos gobiernos catalanes liderados por partidos nacionalistas y separatistas en todos los ámbitos y especialmente en el de la educación, cabe esperar que pretendan utilizar estas competencias para establecer
requisitos lingüísticos de conocimiento del catalán, sea en las pruebas selectivas o en el contenido de la programación formativa, cuya finalidad sea en el fondo la de excluir en la práctica a todos los aspirantes castellanohablantes, contribuyendo
así a levantar nuevas barreras para el acceso en condiciones de igualdad al empleo público y, con ello, a acrecentar más aún la desigualdad entre españoles en función de territorios.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno de España a garantizar el mantenimiento por parte del Estado de las competencias relativas a la formación sanitaria especializada (MIR, EIR, FIR, PIR, etc.), como garantía para preservar los
estándares de excelencia de la formación especializada en el ámbito de las Ciencias de la Salud y su acceso en igualdad de condiciones en toda España, rechazando cualquier pretensión de transferencia de estas competencias por intereses políticos
hacia las Comunidades Autónomas.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de enero de 2020.-Marta Martín Llaguno, Diputada.-José María Espejo-Saavedra Conesa, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
COMPETENCIAS EN RELACIÓN CON OTROS ÓRGANOS E INSTITUCIONES
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
232/000005
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(232) Recurso de inconstitucionalidad.
Autor: Tribunal Constitucional.
Sentencia dictada por el citado Tribunal en el recurso de inconstitucionalidad número 1195/2019, promovido por el Consejo de Gobierno de La Rioja, contra los artículos 6.2.c); 7.4; 7.28; 10.2 y 10.3; 11.1 y 2; 12.2.b); 30; 35;
39.1.a); 42.a); 43.a), b) y e); 44.a), 45.1.a), d) y e); 47; 54.6 y 55.1, 2, 3, 5, 12 a 15, 21, 22 y 29 de la Ley 6/2018, de 26 de noviembre, de protección de los animales en la Comunidad Autónoma de La Rioja, así como votos particulares
formulados a la misma.
Acuerdo:
Tomar conocimiento y trasladar a la Dirección de Estudios, Análisis y Publicaciones y a la Asesoría Jurídica de la Secretaría General, así como publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales el encabezamiento y el fallo de la
sentencia.
En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de enero de 2020.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
El Pleno del Tribunal Constitucional, compuesto por el magistrado don Juan José González Rivas, presidente; la magistrada doña Encarnación Roca Trías; los magistrados don Andrés Ollero Tassara, don Fernando Valdés Dal-Ré, don Santiago
Martínez-Vares García, don Juan Antonio Xiol Ríos, don Pedro José González-Trevijano Sánchez, don Antonio Narváez Rodríguez, don Alfredo Montoya Melgar, don Ricardo Enríquez Sancho, don Cándido Conde-Pumpido Tourón y la magistrada doña María Luisa
Balaguer Callejón, ha pronunciado
EN NOMBRE DEL REY
la siguiente
SENTENCIA
En el recurso de inconstitucionalidad núm. 1195-2019, interpuesto por el Consejo de Gobierno de La Rioja, contra los arts. 6.2.c); 7,4; 7.28; 10.2 y 3; 11.1 y 2; 12.2.b); 30; 35; 39.1.a); 42.a); 43.a), b) y e); 44.a); 45.1.a),
d) y e); 47; 54.6; y 55.1, 2, 3, 5, 12 a 15, 21, 22 y 29, de la Ley del Parlamento de La Rioja 6/2018, de 26 de noviembre, de protección de los animales. Ha intervenido el Ministerio Fiscal. Han comparecido y formulado alegaciones el abogado
del Estado y el representante legal del Parlamento de La Rioja. Ha sido ponente el magistrado don Fernando Valdés Dal-Ré.
[...]
FALLO
En atención a todo lo expuesto, el Tribunal Constitucional, por la autoridad que le confiere la Constitución de la Nación Española, ha decidido:
Inadmitir el presente recurso de inconstitucionalidad.
Publíquese esta sentencia en el 'Boletín Oficial del Estado'.
Dada en Madrid, a 18 de diciembre de 2019.