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BOCG. Congreso de los Diputados, serie D, núm. 159, de 14/10/2020
cve: BOCG-14-D-159 PDF



BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES


CONGRESO DE LOS DIPUTADOS


XIV LEGISLATURA


Serie D: GENERAL


14 de octubre de 2020


Núm. 159



ÍNDICE


Control de la acción del Gobierno


PROPOSICIONES NO DE LEY


Comisión de Asuntos Exteriores


161/001468 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre las conclusiones del Informe de la 'Misión Internacional Independiente de determinación de los hechos' de la ONU sobre los actos cometidos
en Venezuela desde el año 2014 ... (Página4)


Comisión de Defensa


161/001442 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, por la que se insta al Gobierno a desarrollar un centro de lanzamiento espacial en la isla de El Hierro ... (Página6)


161/001457 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, relativa al cambio de nombre del salón de actos de la Escuela de Técnicas Aeronáuticas (ESTAER) del Ejército
del Aire ... (Página9)


161/001458 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre la industria española de Defensa ... (Página10)


161/001459 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa a facilitar el acceso a los diferentes documentos contenidos en los archivos militares ... (Página12)


Comisión de Hacienda


161/001460 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre los municipios turísticos ... (Página13)


Comisión de Interior


161/001443 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, por la que se insta al Gobierno a la prohibición de los actos que entrañen un enaltecimiento del terrorismo y/o justificación de los delitos terroristas y sus
autores, así como de los que conlleven descrédito y humillación a las víctimas del terrorismo y sus familiares ... (Página15)


Comisión de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana


161/001461 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Plural, sobre la construcción de un acceso a la autopista AP-7 en la comarca del Montsià ... (Página18)



Página 2





Comisión de Educación y Formación Profesional


161/001467 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre la creación y financiación de la figura del 'Rastreador Educativo' ... (Página18)


Comisión de Industria, Comercio y Turismo


161/001447 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la elaboración de un Plan Estratégico Nacional para el sector Aeroespacial ... (Página20)


161/001470 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, relativa a la elaboración de un Plan Nacional de recuperación e impulso del sector turístico ... (Página21)


Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación


161/001449 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, relativa a la defensa de la producción de maíz español ... (Página27)


161/001453 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, relativa al apoyo de la industria agroalimentaria para su reactivación y transformación económica ... href='#(Página30)'>(Página30)


161/001454 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, sobre mantenimiento de los fondos de la Política Agrícola Común para Canarias ... (Página32)


Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico


161/001445 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la recuperación del frente amurallado de la ciudad de Cádiz ... (Página33)


161/001446 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la declaración del alga asiática como especie exótica invasora ... (Página34)


161/001452 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Plural, relativa al establecimiento de ayudas compensatorias a las mariscadoras y mariscadores durante la ejecución de las obras de regeneración y dragado de la ría do
Burgo ... (Página35)


161/001462 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la protección de la biodiversidad en territorios insulares mediante la gestión, control y posible erradicación de ofidios invasores ...
(Página37)


161/001463 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la construcción de una depuradora en Sanlúcar de Barrameda (Cádiz) ... (Página39)


Comisión de Cultura y Deporte


161/001451 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre el proyecto de parque cultural en la Sierra de San Cristóbal ... (Página39)


161/001455 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a impulsar las celebraciones del V Centenario de la muerte de Elio Antonio de Nebrija, padre de la primera gramática española ... href='#(Página40)'>(Página40)


161/001465 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, por la que se insta al Gobierno a impulsar la presencia de la mujer en los estamentos deportivos ... (Página42)



Página 3





161/001471 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, relativa a la adopción de medidas de impulso y protección para el sector cultural de espectáculos, verbenas y fiestas populares de España ... href='#(Página44)'>(Página44)


Comisión de Sanidad y Consumo


161/001444 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre el establecimiento de criterios objetivos y comunes en toda España para la aplicación por las Comunidades Autónomas de medidas restrictivas para
contener la segunda ola de la pandemia de COVID-19 ... (Página47)


161/001448 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, sobre homologación de mascarillas para personas sordas ... (Página48)


Comisión de Igualdad


161/001466 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, por la que se insta al Gobierno a impulsar la presencia de la mujer en los estamentos deportivos ... (Página49)


Comisión de Seguimiento y Evaluación de los Acuerdos del Pacto de


Estado en materia de Violencia de Género


161/001464 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre medidas destinadas a proteger a las víctimas de violencia de género como consecuencia del confinamiento derivado de la crisis del COVID-19
... (Página52)


Comisión de Derechos de la Infancia y Adolescencia


161/001450 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre apoyo al Proyecto 'Madrasa'.


54


PREGUNTAS PARA RESPUESTA ORAL


Comisión de Industria, Comercio y Turismo


181/000483 Pregunta formulada por la Diputada doña Patricia Rueda Perelló (GVOX), sobre motivos por los que España no ha solicitado a la Unión Europea ningún plan de apoyo al sector turístico, tal y como ha afirmado la Vicepresidenta de la
Comisión Europea ... (Página56)


181/000484 Pregunta formulada por la Diputada doña Patricia Rueda Perelló (GVOX), sobre medidas previstas ante la investigación del Secretario de Estado de Turismo a petición de la Fiscalía Anticorrupción por malversación de fondos ... href='#(Página56)'>(Página56)


Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico


181/000485 Pregunta formulada por la Diputada doña Inés Sabanés Nadal (GPlu), sobre gestión de residuos COVID según la Orden SND/271/2020 ... (Página56)


181/000486 Pregunta formulada por la Diputada doña Inés Sabanés Nadal (GPlu), sobre incumplimiento en depuración de aguas residuales ... (Página57)


PREGUNTAS PARA RESPUESTA ESCRITA


184/023742 Autor: Velarde Gómez, Martina.


Familias desahuciadas que han solicitado y han tenido acceso efectivo a las ayudas al alquiler en los años 2012 a 2019. Retirada.... (Página57)



Página 4





CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO


PROPOSICIONES NO DE LEY


La Mesa de la Cámara en su reunión del día de hoy ha acordado admitir a trámite, conforme al artículo 194 del Reglamento, las siguientes Proposiciones no de Ley y considerando que solicitan el debate de las iniciativas en Comisión, disponer
su conocimiento por las Comisiones que se indican, dando traslado al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.


En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.


Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de octubre de 2020-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.


Comisión de Asuntos Exteriores


161/001468


A la Mesa del Congreso de los Diputados


El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre las conclusiones del Informe de
la 'Misión Internacional Independiente de determinación de los hechos' de la ONU sobre los actos cometidos en Venezuela desde el año 2014, para su debate en la Comisión de Asuntos Exteriores.


Exposición de motivos


El 27 de septiembre de 2019 el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas aprobó la resolución 42/25, en la que se encomendaba a la 'Misión Internacional Independiente de determinación de los hechos' que investigara
durante un año las ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y casos de tortura y tratos crueles cometidos en Venezuela desde el año 2014.


El informe, presentado durante el 75 periodo de sesiones de la Asamblea General de la ONU, ha concluido que el Gobierno de Nicolás Maduro ha cometido violaciones 'flagrantes' de los Derechos Humanos, hasta el punto de que se han identificado
patrones 'coordinados' con políticas del Estado y mantenidos de forma sistemática, lo que equivaldría a crímenes de lesa humanidad.


Esta misión, que no ha podido visitar Venezuela por la negativa del Gobierno de Maduro, ha investigado más de 200 casos y ha concluido, en un informe de 443 páginas, que 'El presidente Maduro y los Ministros del Interior y de Defensa tenían
conocimiento de los crímenes, dieron órdenes, coordinaron actividades y suministraron recursos en apoyo de los planes y políticas en virtud de los cuales se cometieron los crímenes'. La ONU concluye que el alcance de las contribuciones de los
señalados deben ser 'debidamente investigadas por autoridades judiciales competentes que deben determinar su responsabilidad penal individual'.


El informe se basa en el testimonio de exfuncionarios del régimen en instituciones como el Servicio Bolivariano de inteligencia (SEBIN), y la Misión concluye que tanto el SEBIN como la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM),
habrían perseguido a personas bajo la premisa de delitos falsos, con pruebas orquestadas o sin el debido proceso. Detenciones que incluían torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes y en ocasiones tenían como objetivo identificar a la
disidencia política para apresarla y con ello infundir terror en la población.


También habla el informe de la represión de las protestas convocadas en estos últimos años contra el Gobierno, donde se registró 'el asesinato de 36 manifestantes' además de otras prácticas como la tortura.


Sobre las ejecuciones extrajudiciales, llamadas por el régimen de Venezuela 'Operaciones de Liberación del Pueblo' (OLP), supuestamente establecidas para combatir el crimen, el informe asegura que dieron lugar a detenciones arbitrarias y
ejecuciones extrajudiciales. 'La Misión investigó o examinó



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140 operaciones, que dieron lugar a la muerte de 413 personas, en ocasiones con disparos a quemarropa'. La mayor parte estos homicidios y asesinatos han sido cometidos por miembros de las fuerzas de seguridad del Estado, y ni ellos ni sus
responsables jerárquicos han sido puestos a disposición de la justicia. Al contrario, miembros del poder judicial al servicio del gobierno, y en clara vulneración de la separación de poderes, se han encargado de bloquear las investigaciones y de
controlar a otros agentes del Estado que pudieran interferir en las mismas.


Durante su presentación ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU, el Comisionado Miguel Pizarro Rodríguez resaltó el 'Código 80', nombre en clave de la orden recibida por los funcionarios de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) para
asesinar opositores. 'Una fuente con conocimiento interno de las operaciones de la Policía Nacional Bolivariana dijo a la Misión que, después de la verificación de antecedentes, el jefe de la operación en comunicación directa con los superiores
podría solicitar y recibir luz verde para matar'. Además indicó que la población venezolana continúa sufriendo 'graves violaciones a sus derechos económicos y sociales debido a sus bajos salarios, altos precios de los alimentos, persistentes
carencias de los servicios públicos, precario acceso al sistema de salud' y criticó las decisiones de la justicia, que intervino a dos partidos opositores y nombró a un nuevo Consejo Nacional Electoral.


No es la primera vez que el Consejo de Derechos Humanos de la ONU publica informes respecto a Venezuela. En el anterior, publicado en julio de 2020 por la Oficina de la Alta Comisionada Michelle Bachelet, se documentan 38 presuntas
ejecuciones de jóvenes entre mayo de 2019 y mayo de 2020 a manos de las FAES y otras ramas de la represión chavista.


A diferencia de los dos anteriores informes publicados por la Oficina de la Alta Comisionada, esta investigación de carácter independiente tenía como objetivo determinar la responsabilidad, el nivel de involucramiento y la cadena de mando en
cada una de las áreas. Tratándose así de la primera vez que un órgano independiente de Naciones Unidas vincula los crímenes de lesa humanidad con una política de Estado.


Por todo lo expuesto, el Grupo Parlamentario Popular propone, para su debate en la Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso de los Diputados, la siguiente


Proposición no de Ley


'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:


1. Condenar las violaciones de derechos humanos, la represión y los recortes de derechos democráticos y civiles causados por el régimen encabezado por Nicolás Maduro Moros.


2. Declarar su apoyo a las sesenta y cinco recomendaciones recogidas en el Informe presentado al Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas de conformidad con la resolución 42/25 de 27 de diciembre de 2019, en el que
se afirma que el Gobierno de Nicolás Maduro ha cometido violaciones 'flagrantes' de los derechos humanos.


3. Exigir al Gobierno de Venezuela que cesen las violaciones de derechos humanos y termine la impunidad para los represores, llevando a cabo investigaciones rápidas, eficaces, exhaustivas, independientes, imparciales y transparentes, tal
como pide el Informe de la ONU, y haciendo que los autores rindan cuentas ante la justicia.


4. Exigir al Gobierno de Venezuela la inmediata liberación de todos los presos políticos que continúan en prisión o en arresto domiciliario sin haber sido juzgados o habiendo sido condenados de forma arbitraria y sin las más mínimas
garantías procesales de imparcialidad.


5. Promover, en el marco de las instituciones de la Unión Europea y otros organismos multilaterales en los que participe, una investigación independiente de las conclusiones de este informe y pedir en la Unión Europea que se aumenten las
sanciones al régimen de Nicolás Maduro.


6. Emprender las acciones judiciales oportunas ante la justicia española, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y la Corte Penal Internacional para que se investiguen los hechos recogidos en el informe así como las denuncias de aquellos
ciudadanos que han sido víctimas de la represión y tienen doble nacionalidad, la venezolana y la española o la de cualquier otro país de la UE.


7. Promover, en cuantos organismos internacionales tenga presencia y en el ámbito de su política exterior, la condena al Régimen de Maduro y a sus flagrantes violaciones de los Derechos Humanos del pueblo venezolano de forma sistemática.


8. Reiterar su compromiso y apoyo a la oposición política venezolana, también como víctimas, y exigir al Gobierno de Nicolás Maduro que todas víctimas reciban reparación por el daño sufrido.



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9. Rechazar de forma contundente la celebración de las elecciones parlamentarias de Venezuela el próximo 6 de diciembre si no se dan las condiciones democráticas suficientes.'


Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de octubre de 2020.-Valentina Martínez Ferro, Marta González Vázquez y Belén Hoyo Juliá, Diputadas.-Concepción Gamarra Ruiz-Clavijo, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


Comisión de Defensa


161/001442


A la Mesa del Congreso de los Diputados


D.ª. Macarena Olona Choclán, D. Agustín Rosety Fernández de Castro, D. Carlos Hugo Fernández-Roca Suárez, D. Alberto Asarta Cuevas, D. Manuel Mestre Barea, D. Víctor González Coaello de Portugal, D.ª Mireia Borrás Pabón, D. Pedro Fernández
Hernández, D. Francisco José Contreras Peláez, D. Rubén Darío Vega Arias, D. Andrés Alberto Rodríguez Almeida, en sus respectivas condiciones de Portavoz Adjunta y Diputados del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX), al amparo de lo establecido en el
artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan la siguiente Proposición no de Ley por la que se insta al Gobierno a desarrollar un Centro de Lanzamiento Espacial en la isla de El Hierro, para su discusión
en la Comisión de Defensa.


Exposición de motivos


Primero. La empresa española PLD Space, con sede en Elche (Alicante) se dedica al desarrollo de vehículos espaciales que serán capaces de poner en órbita satélites de diversa consideración. La empresa fue fundada por don Raúl Torres, don
Raúl Verdú y don Eleazar González en Elche y, en la actualidad, cuenta con más de 40 empleados. Desde el ario 2012 han recibido el apoyo de importantes empresas del sector espacial, llegando a recibir financiación por valor de 18 millones de euros.


Recientemente, ha concluido con éxito la prueba de su motor para estos cohetes, el TEPREL que utiliza queroseno y oxígeno líquido como combustible, como informaba Infoespacial 1 el pasado 28 de febrero. Ante este hito para la propia empresa
y la industria espacial española, parece cada vez más cercano el día en que los cohetes Miura 1 (vehículo suborbital) y Miura 5 (vehículo orbital) de esta empresa se encuentren operativos para su lanzamiento.


El cohete Miura 1 es -un vehículo de lanzamiento suborbital, desarrollado completamente por PLD Space, para llevar cargas útiles al espacio y devolverlas de forma segura. Está equipado con un sistema de recuperación que permite que PLD
Space recupere y reutilice el vehículo de lanzamiento completo. Ha sido diseñado para investigación en microgravedad y desarrollo tecnológico, pudiendo llevar cargas útiles de 100 kg y realizar hasta cuatro misiones anuales.


El cohete Miura 5, por su parte, es un vehículo de lanzamiento orbital, igualmente dotado de un sistema de recuperación que permitirá su reutilización. El vehículo está dedicado a los pequeños satélites, pudiendo poner en órbita una carga
de 300 a 500 kg y realizar hasta 15 misiones anuales.


Está previsto lanzar el cohete Miura 1 desde el Centro de Experimentación de El Arenosillo (CEDEA) en Huelva, perteneciente al Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial (INTA), organismo este que forma parte del Ministerio de Defensa. Sin
embargo, el lanzamiento del Miura 5 se encuentra en principio asignado al puerto espacial de Kourou, en la Guayana Francesa, aunque consta que se tuvieron en consideración otras localizaciones como las Azores (Portugal) o la isla de El Hierro en el
archipiélago canario.


1 http://www.infoespacial.com/es/2020/02/28/noticia-space-realiza-exito-ensayo-motor-teprelb.htnnl



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[**********página con cuadro**********]


Página de la presentación de PLD Space a la Agencia Espacial Europea dónde se detallan los posibles lugares de lanzamiento de sus cohetes (Arion 2 fue la denominación original del Miura 5).


Segundo. El Grupo Parlamentario VOX preguntó por esta cuestión al Gobierno, solicitando respuesta sobre si había liderado alguna iniciativa en el sentido de promover que los cohetes Miura 5 fueran lanzados desde territorio nacional, con
especial referencia a la isla de El Hierro. Se recibió por este grupo la siguiente contestación -con Registro de entrada 52837 y fecha del 9 de septiembre- 'En relación con el asunto interesado, se señala que no se tiene conocimiento de iniciativas
que se hayan podido llevar a cabo en favor de El Hierro como lugar de lanzamiento' .


Tercero. El negocio de los lanzamientos espaciales comerciales se viene manteniendo estable en los últimos arios, según el Compendio Anual del Transporte Comercial Espacial de 2018, último elaborado por la Administración Federal de Aviación
de los Estados Unidos, 'El tamaño global de la industria espacial, que combina servicios satelitales y equipo de tierra, presupuestos gubernamentales espaciales y los servicios de navegación por satélite, se estima en alrededor de 345 miles de
millones de dólares [...] los servicios de lanzamiento orbital se estiman en 5,5 miles de millones de dólares' . Desde 2004 el número de lanzamientos se ha ido incrementando constantemente debido, sobre todo, al aumento de los lanzamientos de
nuevas potencias espaciales como China, la India o Japón.


Los servicios de lanzamiento venían siendo proporcionados por las propias agencias o empresas espaciales de aquellas potencias con más tradición espacial, como son Estados Unidos o Rusia, pero hoy en día, alrededor de un tercio de los
lanzamientos son procesos comerciales de libre competencia. Empresas de reciente creación como SpaceX, Blue Origin, Rocket Lab y algunas con más trayectoria, como Arianespace, Boeing y Mitsubishi Heavy Industries, han impulsado su desarrollo en
esta área de negocio.


Igualmente, el informe reconoce que 'hay signos de que el mercado de los lanzamientos comerciales puede crecer en los próximos años. Varios nuevos vehículos de lanzamiento se están desarrollando específicamente en la dirección de lo que
algunos creen que es una demanda latente entre los operadores de satélites pequeños [...] hay alrededor de 50 vehículos de lanzamiento pequeños siendo desarrollado mundialmente'. En España, por ejemplo, el INTA ha venido desarrollando NANOSAT que
'es un programa de pequeños satélites (20 kg de peso) que realizan misiones científicas y tecnológicas de bajo coste, como probar nano sensores magnéticos y solares o comunicaciones ópticas intrasatélite que sustituyan el cableado tradicional. Los
nano satélites encarnan un nuevo concepto de diseño para sistemas espaciales y una oportunidad de acceso al espacio con costes y tiempo de desarrollo más reducidos. Así, el programa NANOSAT contempla una serie de nuevos lanzamientos con
aplicaciones concretas, ya que estas pequeñas



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plataformas son especialmente aptas para misiones de demostración en órbita de instrumentos, componentes y tecnologías de apoyo a programas de más envergadura.' Además del programa MICROSAT 'un satélite de más de 100 kg de peso, que puede
llevar una carga útil de 50 kg en órbita baja y que permitirá misiones de mayor alcance' según información extraída de su propia página web.


La creciente miniaturización de distintos equipos electrónicos permitirá, en el futuro, un. gran aumento de las capacidades de estos satélites pequeños, aunque estos ya vienen siendo utilizados en importantes proyectos como el Starlink de
SpaceX. España podría, así, desarrollar su industria de construcción de satélites en la que ya participan empresas como AIRBUS o Hisdesat.


Cuarto. La localización de la isla de El Hierro en el archipiélago de las Canarias es ideal para alcanzar una órbita polar, heliosincrónica o geoestacionaria. Los lanzamientos no afectarían a los países del África Occidental en la eventual
precipitación de cualesquiera restos de los lanzamientos sobre el océano Atlántico.


A lo anterior se añade que el tráfico aéreo y marítimo en El Hierro y zonas cercanas es muy escaso, tiene una población reducida -10.968 personas según datos del INE- y, además, unas condiciones climáticas ideales, con muy pocos días al ario
de precipitaciones y temperaturas muy estables. Todo ello hace de esta isla un lugar ideal como base de lanzamiento de cohetes.


En 1996 el INTA ya elaboró un proyecto para desarrollar este Centro de Lanzamiento en la localidad de La Restinga, en el Municipio de El Pinar, de la Isla de El Hierro, para los cohetes del programa 'Capricornio', aunque en aquel momento
dicho proyecto fuera descartado por el Gobierno. En la actualidad, el desarrollo de este centro tendría efectos muy positivos para la economía de las islas, muy dependientes del turismo, implantando un sector tecnológico nuevo y con alto valor
añadido.


Con respecto al impacto medioambiental, según el artículo publicado por la Journal of Cleaner Production, titulado 'El impacto medioambiental de las emisiones de lanzamientos espaciales: una revisión exhaustiva', los cohetes Miura 1 y Miura
5 no suponen un peligro para la salud al usar combustibles no tóxicos como el oxígeno líquido y el queroseno. Este 'es un propelente comúnmente usado para la primera etapa de un lanzamiento de un cohete...las preocupaciones medioambientales
respecto a las emisiones de la combustión del queroseno de un lanzamiento son relativamente pocas comparadas con los propelentes sólidos e hipergólicos' . A lo que añade que 'En la actualidad, el número de lanzamientos de cohetes que usan queroseno
como propelente, probablemente tendrá un impacto insignificante en el clima global.'.


Quinto. Como señalamos en los expositivos anteriores, el INTA y la empresa PLD Space, vienen colaborando en los proyectos concernientes a los cohetes Miura 1 y Miura 5, previendo el lanzamiento del Miura 1 desde las instalaciones del INTA
en El Arenosillo, desde dónde, además, se realizó una exitosa prueba en colaboración con el Ejército de Tierra del sistema de recuperación del Miura 5.


Asimismo, en una entrevista publicada el 14 de abril de 2019, concedida al medio Defensa.com, el Teniente General José María Salom Piqueres, en aquel momento director del INTA, comentaba al respecto de la colaboración con dicha empresa para
el lanzamiento del Miura 5 que 'Posicionar satélites en órbitas más altas nos exige buscar otras localizaciones [con respecto a El Arenosillol. La zona de Canarias sería una zona óptima, principalmente las islas de El Hierro o La Gomera, que son
las más occidentales.'


Sexto. La industria espacial es sin duda un sector estratégico clave para el desarrollo tecnológico e industrial, así como para la Defensa de España en nuestra era. En este sentido, la Estrategia de Seguridad Nacional ya recoge la
vulnerabilidad del espacio aéreo y ultraterrestre y reconoce que 'La competición entre Estados por el acceso, uso y control del espacio ultraterrestre va a seguir creciendo, dado su gran valor estratégico y comercial' . Asimismo la Estrategia de
Seguridad Nacional Aeroespacial de 2019 reconoce, como medida concreta de incremento y mejora de las capacidades en este sector, entre otras, la de 'Fortalecer la industria aeroespacial nacional para obtener una mayor autonomía y soberanía,
reduciendo la dependencia de terceros países' .


En una reciente entrevista en la Revista Española de Defensa, el General del aire, Javier Salto Martínez-Avial, actual Jefe de Estado Mayor del Ejército del Aire, afirmó que ' ahora estamos en el proceso de pasar de un Ejército del Aire a un
Ejército del Aire y del Espacio' recalcando, una vez más, el deber de los poderes públicos de promover todo desarrollo del sector espacial, a fin de garantizar nuestro acceso al espacio ultraterrestre, sin dejar de lado, además, los beneficios que
este sector reportará para la economía local y nacional.


Por todo ello, el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente



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Proposición no de Ley


'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a lo siguiente:


1. Que, previos los estudios preceptivos al efecto, promueva la construcción y desarrollo de un Centro de Lanzamiento Espacial en la isla de El Hierro o cualquier otra del archipiélago canario considerada idónea.


2. Que el centro sea gestionado por el Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial y se encuentre abierto al uso científico, comercial y de defensa.


3. Promover el lanzamiento de los cohetes de empresas españolas, así como de cualquier otra empresa interesada, en el futuro Centro de Lanzamiento.'


Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de septiembre de 2020.-Agustín Rosety Fernández de Castro, Alberto Asarta Cuevas, Carlos Hugo Fernández-Roca Suárez, Manuel Mestre Barea, Víctor González Coaello de Portugal, Mireia Borrás Pabón,
Pedro Fernández Hernández, Rubén Darío Vega Arias, Andrés Alberto Rodríguez Almeida y Francisco José Contreras Peláez, Diputados.-Macarena Olona Choclán, Portavoz del Grupo Parlamentario VOX.


161/001457


A la Mesa del Congreso de los Diputados


El Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, presenta, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, la presente Proposición no de Ley
para su debate y aprobación en la Comisión Constitucional relativa al cambio de nombre del salón de actos de la Escuela de Técnicas Aeronáuticas (ESTAER) del Ejército del Aire.


Exposición de motivos


Como parte del esfuerzo para construir una memoria colectiva y con el objetivo de preservar los valores democráticos en España, la ley de memoria histórica de 2007 ha supuesto un punto de partida con la reprobación a la dictadura militar
franquista. En su exposición de motivos se recoge la condena a la utilización de la violencia con la intención de imponer una ideología política antidemocrática y establecer regímenes totalitarios contrarios a la libertad.


Diversas asociaciones de la sociedad civil española, instituciones europeas e internacionales han condenado tanto el carácter antidemocrático del régimen, así como las graves violaciones de Derechos Humanos cometidas durante la dictadura
franquista. Naciones Unidas lo ha hecho a través del 'Informe del Relator Especial sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición'; la UE a través del 'Informe de la Asamblea Parlamentaria del Consejo
de Europa' firmado en París el 17 de marzo de 2006. Estas condenas se han producido no solo por haber sido un sistema político contrario al democrático y por la sistemática violación de derechos y libertades, sino también por haber sido un sistema
político que ha llegado al poder por medio de un alzamiento militar y una guerra civil.


Sin embargo la rebelión militar que destituyó por medio de la violencia a la Segunda República fue avalada e ideada internamente por muchos militares desleales al sistema democrático vigente en aquel momento. Contrariamente a una práctica
democrática y avanzada de nuestras instituciones, más de cuarenta años después de la dictadura militar, siguen existiendo apoyos a este sistema antidemocrático dentro de las estructuras del ejército español.


El pasado lunes 6 de julio, hemos visto publicado en prensa que la sala principal de actos de la Escuela de Técnicas Aeronáuticas (ESTAER) del Ejército del aire en Torrejón de Ardoz (Madrid), con ello se ha pretendido homenajear a los dos
primeros aviadores laureados, sin embargo consideramos que tal homenaje no tiene cabida en un régimen democrático, ya que posteriormente participaron en la sublevación militar que dio lugar a la Guerra Civil. Concretamente se trata de los
sublevados Julio Ríos Angüeso y Manuel Barreiro Álvarez. Ambos homenajeados resultan haber sido dos militares sublevados y alentadores de un golpe de estado que ha dejado secuelas imborrables en la sociedad Española.



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Por una parte el teniente Julio Ríos Angüeso fue conocido por su participación en la preparación del golpe de Estado de julio de 1936 contra la Segunda República. Su lealtad a la dictadura militar franquista lo llevó a un rápido ascenso
dentro del régimen alcanzando el nombramiento de jefe de las Fuerzas Aéreas del Atlántico, para luego tomar cargo como jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Aéreas de Marruecos. Por otro lado, el capitán Manuel Barreiro Álvarez se declaró inválido
para servir al ejército, aunque se dio de alta como voluntario en apoyo al levantamiento militar.


En función de la consolidación de los derechos humanos y de reconocimiento y protección de la dignidad de las personas, consideramos que homenajear a estos militares franquistas sublevados nombrando al salón de actos de una institución
pública con su nombre significa una lesión a la memoria de aquellas personas que defendieron el régimen constitucional tras la sublevación militar de julio de 1936 y a los principios democráticos más esenciales.


Con el fin de intentar dignificar la memoria de las víctimas y en cumplimiento de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas a favor de quienes padecieron persecución o violencia
durante la guerra civil y la dictadura, consideramos que no cabe rendir homenajes a militares sublevados contra la legalidad democrática. Teniendo en cuenta la finalidad de la ESTAER consideramos que sería más adecuado que dicha sala llevara el
nombre del General Emilio Herrera Linares, quien se considera el más importante ingeniero aeronáutico militar de la historia de España (padre del traje espacial, de múltiples estudios sobre cosmología, relatividad, aeronáutica o física atómica), que
fue silenciado durante el franquismo por su lealtad al régimen constitucional y su oposición al golpe de Estado del 18 de julio de 1936, que encarna la lealtad a la democracia y el espíritu de un ejército democrático.


De no llevar a cabo el mencionado cambio, estaremos enalteciendo un régimen que tiene su origen en la injusticia, así como la figura de los represores que han quedado impunes y por tanto alentando formas de gobierno contrarias a la libertad
y a la democracia.


Por todo ello se presenta la siguiente


Proposición no de Ley


'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:


1. Rechazar cualquier acto de enaltecimiento del franquismo, como lo es la nueva denominación del salón de actos de la Escuela de Técnicas Aeronáuticas del Ejercito del Aire de Torrejón de Ardoz.


2. Tomar las medidas necesarias para que este tipo de homenajes y enaltecimientos a golpistas y sublevados contra la legalidad democrática deje de ser una realidad en cualquier institución pública, haciendo efectiva la legislación vigente
para una memoria democrática también dentro del Ejército.


3. Realizar las medidas correspondientes para efectuar el cambio de nombre del salón de actos de la ESTAER del Ejercito del Aire en Torrejón por el del General Emilio Herrera Linares, lo que supondrá una dignificación de la institución
dentro del marco de los valores democráticos.'


Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de septiembre de 2020.-Jaume Asens Llodrà y Enrique Fernando Santiago Romero, Diputados.-Txema Guijarro García, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en
Común.


161/001458


A la Mesa del Congreso de los Diputados


En nombre el Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para presentar, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, la siguiente Proposición no
de Ley sobre la industria española de Defensa, para su debate en la Comisión de Defensa.


Exposición de motivos


En las líneas generales y objetivos de la Política de Defensa de Defensa Nacional 2020, en su apartado L), se establece que las 'Fuerzas Armadas españolas deben de mantener un nivel tecnológico avanzado que permita una capacidad operativa
acorde a la evolución de las nuevas tecnologías. Para ello se necesita fomentar y proteger una industria de Defensa innovadora, capaz de integrarse en proyectos y grupos empresariales multinacionales, especialmente en el ámbito europeo. La
excelencia tecnológica



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requiere de una adecuada inversión económica, que permita potenciar tres actividades clave: la investigación, desarrollo e innovación, la captación de talento y la formación.


Del mismo modo, en el numeral 14 relativo a las Directrices de actuación se afirma que 'el fortalecimiento de la industria de defensa nacional y el desarrollo de una Base Industrial y Tecnología Europea serán prioritarios, y la mejor forma
de asegurar que el equipamiento de las Fuerzas Armadas se mantiene en vanguardia tecnológica. El Ministerio de Defensa, en estrecha coordinación con otros departamentos con responsabilidades en tecnología e innovación, fomentará las oportunidades y
proyectos de colaboración con la industria europea de defensa en condiciones de competitividad, y prestará una especial atención a las posibilidades de uso dual y tractor de estas tecnologías, para beneficio amplio de la sociedad y el mantenimiento
y generación de empleo cualificado. España debe participar en proyectos tecnológicos clave para incrementar la capacidades de la Unión Europea'.


Igual que ocurre en numerosos países, la industria de Seguridad y Defensa española se encuentra liderada por unas pocas empresas tractoras, con capacidad de diseño, desarrollo y producción de sistemas completos. Coexistiendo con éstas,
existe una red empresarial de pymes, más flexibles y dinámicas, que están especializadas en el diseño, desarrollo y/o producción de diferentes subsistemas que se incorporan en la cadena de suministro de las empresas tractoras para su posterior
integración. Los sistemas de armas suministrados por la industria se caracterizan, por lo general, por ser complejos, multipropósito y de nivel tecnológico elevado, desarrollados en largos periodos de tiempo y con producciones de series cortas.
Implican una movilización significativa de recursos humanos y económicos y, por ello, tienen un fuerte impacto sociolaboral, especialmente regional.


De este modo, y atendiendo a los datos ofrecidos por las principales asociaciones del sector, TEDAE y AESMIDE encontramos que el perfil de las empresas españolas de Seguridad y Defensa está dominado por las pymes, que representan un 83 % del
total, mientras que las grandes empresas, con más de 250 empleados, representan el 17 % del total. Estos datos son significativos si los comparamos con el tamaño de la industria en general, que está dominada por la presencia de un 99.7 % de pymes y
el 0.3 % de grandes empresas. Atendiendo a los últimos datos de 2018, estas empresas han generado más de 22 000 empleados directos, y otros 30 000 empleos indirectos e inducidos alrededor de actividades exclusivas de defensa.


Además, conviene destaca el perfil exportador de la industria de defensa española que destina al extranjero el 81 % de sus ventas. Entorno al 10 % de la cifra de negocio de esta base industrial se ha dedicado a innovación, con una
productividad de casi 115 000 euros anuales por empleado. Se estima que esta actividad supone un impulso económico por el que se generan 2.5 euros por cada euro invertido.


Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente


Proposición no de Ley


'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a continuar con las acciones destinadas a fomentar, preservar, apoyar y priorizar frente a industrias de terceros Estados, tanto los recursos industriales y tecnológicos de las empresas
españolas del sector de la Defensa, como el desarrollo de la innovación en el mismo ámbito; incluyendo un conjunto de medidas destinadas a impulsar la base industrial tecnológica nacional de defensa, de modo que se pueda poner a disposición de
nuestras Fuerzas Armadas los sistemas de defensa más modernos y adecuados a través del desarrollo temprano de tecnologías susceptibles de ser implementadas a tiempo en los futuros sistemas de armas y equipos.


Dentro de la necesaria colaboración europea, seguir apoyando los recursos industriales y tecnológicos de nuestras empresas nacionales, así como respaldar su dimensión y proyección comercial, nacional e internacional.


En estos momentos, y atendiendo a la especial situación generada por la Pandemia mundial de COVID-19, y con base en criterios de Seguridad Nacional que en las licitaciones apoyadas en recursos públicos se maximice la conservación y
generación de empleos en España y que la actividad generada revierta de manera directa en el territorio nacional.'


Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de septiembre de 2020.-Zaida Cantera de Castro, Begoña Nasarre Oliva, Francisco Aranda Vargas, María del Pilar Rodríguez Gómez, Manuel Arribas Maroto, Ana María Botella Gómez, Eva Bravo Barco, Santos
Cerdán León, Antidio Fagúndez Campo, Héctor Gómez Hernández, José Ramón Ortega Domínguez, Esther Peña Camarero y José Antonio Rodríguez Salas, Diputados.-Felipe Jesús Sicilia Alférez y Rafael Simancas Simancas, Portavoces del Grupo Parlamentario
Socialista.



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161/001459


A la Mesa del Congreso de los Diputados


En nombre el Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para presentar, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, la siguiente Proposición no
de Ley para facilitar el acceso a los diferentes documentos contenidos en los archivos militares, para su debate en la Comisión de Defensa.


Exposición de motivos


Junto a los innumerables edificios, lugares y obras de Arte que integran el rico y variado patrimonio cultural e histórico de España, sus comunidades y ciudades, se encuentra el patrimonio documental. Este patrimonio, suele pasar
desapercibido al gran público, sin contar con la atención y conocimiento de las obras de Arte, está recogido en los Artículos 48 y 49 de la Ley 16/1985 de Patrimonio Histórico Español.


Sin embargo, a través del patrimonio documental se puede, reconstruir la génesis, desarrollo y consecuencias de un conflicto, incluidas sus batallas, un proceso revolucionario, las negociaciones entre Estados, el funcionamiento del sistema
judicial, económico, sanitario o político, así como el desarrollo del estado de la ciencia o la vida cotidiana de una sociedad determinada.


Así pues, el patrimonio documental constituye la memoria colectiva de un Estado, de una sociedad... Los documentos que lo integran son los elementos de construcción, los ladrillos, que permiten mantener nuestra memoria colectiva; y por
tanto reviste un inconmensurable valor histórico, cultural, científico y social.


A finales del siglo XIX comenzó un proceso de separación de los Archivos militares de los Archivos de la Administración civil, esto ha hecho que los Ejércitos españoles hayan dispuesto de una organización Archivístico propia, entendiendo por
tal el conjunto de centros, normas y medios humanos y materiales que han hecho posible la gestión continuada de la documentación militar.


Ya en el año 1898, se aprueba el Reglamento Provisional para el Régimen y Servicio de los Archivos militares. Pero será el Reglamento de Archivos Militares, aprobado en 1998 (R.D. 2598/1998, de 4 de diciembre) el que vino a dar carta de
naturaleza a la nueva situación de los archivos de las Fuerzas Armadas, creándose el Sistema Archivístico de la Defensa (en adelante SAD), definido en dicho texto.


El SAD está formado por 26 Archivos, donde se incluyen Archivos intermedios, históricos y científicos y, su contenido documental ocupa más de 155 kilómetros de estanterías que albergan más de 1.600 millones de páginas. Lo que significo que
el Ministerio de Defensa custodia el mayor volumen de patrimonio documental del Estado después del Ministerio de Cultura. Un patrimonio que está formado no solo por documentación administrativa e histórica, sino que también incluye una variada e
importantísima cartografía, planos, dibujos, fotografías, etc.


Colecciones y series documentales que, si bien se nutren principalmente con fondos del S. XVIII en adelante, cuentan con interesantísimas y valiosísimas series documentales que se remontan al S. XVI. Representando un patrimonio
extraordinario que testimonia fidedignamente la vida política, social, económica, militar y científico de nuestro país.


El Ministerio de Defensa tiene la obligación de describir, custodiar y conservar este legado, así como de disponerlo para que pueda ser utilizado por estudiosos, investigadores y la ciudadanía en general.


En esta línea se enmarcan las tres resoluciones adoptadas por la ministra de Defensa para autorizar con carácter general el acceso a documentos de los Archivos militares cuya consulta no se encuentre impedida total o parcialmente por razón
de su clasificación con Arreglo a la Ley 9/1968, de 5 de abril, de Secretos Oficiales o por otros motivos legalmente previstos.


Las acciones encaminadas a facilitar el cumplimiento de los objetivos de estas resoluciones han evidenciado, el lamentable estado en el que estos documentos se encuentran, así como algunas otras carencias del SAB, tales como la deficiente
conservación de algunos edificios en los que se conserva parte de este patrimonio, la carencia de personal especializado, la saturación de documentación sin describir ni valorar, el bajo porcentaje de documentación sin digitalizar así como el dispar
funcionamiento de cada uno de los de los centros integrantes del SAD, entre otras.


A todo ello se ha buscado dar respuesta con el Plan de Archivos de Defensa (aprobado por Orden DEF/994/2019, de 19 de septiembre, BOE n.º 239) que plantea una acción integral sobre el SAD sin precedentes en la Administración General del
Estado. El Plan, estructurado en diez líneas estratégicas, define las actuaciones necesarias para hacerlas efectivas (objetivos), fija proyectos específicos y los



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agrupa en forma de programas (normativo, tecnológico, de infraestructuras, organizativo y operativo) aplicables en el tiempo. Aunque carece de dotación económico específica, el Plan de Archivos de Defensa es expresión de la voluntad de
lograr un Sistema Archivístico cohesionado, innovador y de referencia que asegure la gestión, protección y accesibilidad de los documentos en todo tipo de soporte, en beneficio de la eficacia administrativa, de los derechos de los ciudadanos y de la
sociedad del conocimiento.


Por otra parte, las tecnologías de la comunicación y la información, así como el proceso de digitalización de la Administración, otorgan una oportunidad de oro para la modernización y mejora del SAD, tanto desde la perspectiva organizativa,
como desde la recuperación, conservación y difusión del patrimonio custodiado.


Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente


Proposición no de Ley


'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:


1. Continuar con el proceso de progresiva autorización de la consulta pública de las series documentales contenidas en los archivos militares cuya consulta no se encuentre impedida total o parcialmente por razón de su clasificación con
arreglo a la Ley 9/1968, de 5 de abril, de Secretos Oficiales o por otros motivos legalmente previstos o incluso por razones relacionadas con el gran volumen documentación archivada cuyo acceso público requiera un proceso técnico previo de
tratamiento especializado (inventario, descripción, digitalización....).


2. Implementar el Plan de Archivos de Defensa, poniendo en marcha las medidas en el mismo contempladas, aprovechando las tecnologías actuales, al objeto de:


- avanzar en la organización, descripción y digitalización de los documentos al efecto de facilitar el acceso a los mismos por los investigadores, estudiosos y, la ciudadanía en general;


- impulsar la conservación preventiva del Patrimonio documental custodiado en los archivos del SAD incluyendo acciones de restauración de aquellos documentos cuyo estado de conservación suponga riesgo de pérdida;


- modernizar y racionalizar su organización, unificando la gestión y haciéndolo más eficiente.'


Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de septiembre de 2020.-Zaida Cantera de Castro, Begoña Nasarre Oliva, Francisco Aranda Vargas, María del Pilar Rodríguez Gómez, Manuel Arribas Maroto, Ana María Botella Gómez, Eva Bravo Barco, Santos
Cerdán León, Antidio Fagúndez Campo, Héctor Gómez Hernández, José Ramón Ortega Domínguez, Esther Peña Camarero y José Antonio Rodríguez Salas, Diputados.-Felipe Jesús Sicilia Alférez y Rafael Simancas Simancas, Portavoces del Grupo Parlamentario
Socialista.


Comisión de Hacienda


161/001460


A la Mesa del Congreso de los Diputados


El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre los municipios turísticos, para
su debate en la Comisión de Hacienda.


Exposición de motivos


La importancia que la actividad turística tiene en la estructura social y económica de España es el resultado del esfuerzo de todos los agentes del sector turístico español. Día a día, las condiciones del mercado turístico están sufriendo
profundas transformaciones con la aparición de nuevas demandas, productos y competidores.



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El turista actual es un consumidor maduro que se ha convertido en cliente experto y exigente, con nuevas motivaciones y abundante información que exige unos grados crecientes de sensibilidad por la sostenibilidad ambienta,l económica y
social.


En este marco competitivo, el sector turístico español debe seguir evolucionando con sentido común, tratando de consolidar sus destinos tradicionales y propiciando el desarrollo dinámico y diversificado, atendiendo las exigencias de la
demanda, en un mercado de ofertas extremadamente competitivas y mejorando los estándares de calidad que mantienen a España como un país líder y el más competitivo del mundo en turismo.


El producto turístico tiene un gran componente municipal, por cuanto los servicios, la escena urbana, la seguridad ciudadana, la limpieza, la accesibilidad, la información, la comunicación de la imagen de marca, la innovación y otros
aspectos de fuerte incidencia en la competitividad y comercialización del destino y del sector, dependen en gran medida del grado de eficacia y compromiso asumido por los Ayuntamientos.


La industria turística española supone una actividad socioeconómica de gran magnitud para nuestro equilibrio económico y social, es el más fiel aliado del estado, por lo que supone como empleador, como usuario y como consumidor;
consecuentemente, es un importante contribuyente a la hora de engrosar las cuentas de la hacienda pública a través de los impuestos añadidos.


Las condiciones para calificar a un municipio como turístico, a efectos de la participación en los tributos del Estado, se establecen en el artículo 125 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real
Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo.


En el mismo, se definen como municipios turísticos a aquellos que tengan una población de derecho superior a 20.000 habitantes y que el número de viviendas de segunda residencia supere el número de viviendas principales, sin tener en
consideración, por ejemplo, la oferta de alojamiento regulado o los servicios turísticos que en ellos se prestan. Se trata de un concepto que es preciso modificar porque la realidad lo supera.


Así las cosas, amparados por esta ley y en la actualidad, solo existen en España 21 municipios turísticos, siendo evidente y por todos conocido, que otros municipios también deberían ser reconocidos como tales por su alto flujo turístico
durante todo el año, y no solo en épocas de temporada alta, como es el caso de Benidorm (Alicante), un municipio y destino turístico pionero que, con cerca de 70.000 personas empadronadas, dispone de más de 65.000 plazas de alojamiento turístico
regulado, siendo el cuarto destino nacional tras Madrid, Barcelona y San Bartolomé de Tirajana en número de pernoctaciones, con más de 16.2 millones anuales al año (2019), teniendo por tanto habitualmente que ofrecer servicios como los mencionados
anteriormente a muchas más personas que las censadas.


Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, presenta la siguiente


Proposición no de Ley


'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a acometer las reformas y medidas necesarias en la Ley reguladora de las Haciendas Locales como base del sistema de financiación local, para redefinir y adecuar los criterios exigibles para
poder ser considerado municipio turístico y que estos puedan, de esta manera, obtener una mejor y más justa financiación para una correcta prestación de servicios a los millones de turistas que los visitan, impulsando medidas que les ayuden a
ofrecer unas condiciones en destino más competitivas.'


Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de septiembre de 2020.-Agustín Almodobar Barceló y Isabel María Borrego Cortés, Diputados.-Concepción Gamarra Ruíz-Clavijo, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.



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Comisión de Interior


161/001443


A la Mesa del Congreso de los Diputados


D.ª Macarena Olona Choclán, D.ª Teresa López Álvarez, D. Antonio Salvá Verd, D. Francisco José Alcaraz Martos, D. José María Sánchez García, D. Luis Gestoso de Miguel, D. Ignacio Gil Lázaro y D. Francisco Javier Ortega Smith Molina en sus
respectivas condiciones de Portavoz Adjunta y Diputados del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX), al amparo de lo establecido en los artículos 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, formulan la siguiente Proposición no de
Ley relativa a instar al Gobierno a la prohibición de los actos que entrañen un enaltecimiento del terrorismo y/o justificación de los delitos terroristas y sus autores, así como de los que conlleven descrédito y humillación a las víctimas del
terrorismo y sus familiares, para su discusión en la Comisión de Interior.


Exposición de motivos


Primero. La historia reciente de España está marcada de manera trágica por el terrorismo. En estos años, han sido diferentes las organizaciones terroristas que han actuado en España, siendo especialmente sacudida nuestra sociedad por la
organización terrorista ETA, la cual ha dejado en su sangrienta existencia un balance de 856 fallecidos, miles de heridos y así como otros tantos miles de amenazados y desplazados forzosos internos.


La Constitución española, en su artículo 10, fundamenta el orden político y la paz social en el debido respeto a la dignidad de la persona, en los derechos inviolables que le son inherentes, en el libre desarrollo de la personalidad, así
como en el respeto a la Ley y a los derechos de los demás. Asimismo, en su artículo 15, reconoce el derecho fundamental de todos a la vida y a la integridad física y moral. Igualmente, en su artículo 17, instituye como derechos fundamentales el
derecho a la libertad y a la seguridad, encomendando, en su artículo 9, a los poderes públicos la obligación de promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas,
removiendo los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud.


El terrorismo constituye un ataque directo a estos pilares del Estado de derecho y a los valores democráticos, por lo que resulta imprescindible la implicación de todos los poderes del Estado y de la sociedad en su conjunto para lograr su
erradicación, así como deslegitimar ética, social y políticamente al terrorismo, a su entorno y a quienes lo promueven, lo apoyan o le dan cobertura, persiguiéndolo y garantizando la acción de la justicia frente a todos ellos.


Segundo. Tal y como establece la Ley 29/2011, de 22 de septiembre, de Reconocimiento y Protección Integral a las Víctimas del Terrorismo, estas constituyen una referencia ética para nuestro sistema democrático, al simbolizar la defensa de
la libertad y del Estado de derecho frente a quienes amenazan con destruirlo. Son el exponente de una sociedad que se ha otorgado un régimen de convivencia en paz basado en unos derechos, libertades y obligaciones que sirven de base para una
sociedad plural, democrática, social y de derecho que no se doblega ante nada ni nadie que pretenda contrariar este orden de progreso que nos hemos otorgado, construido desde el diálogo, el consenso y el respeto recíproco entre todas y todos.


Por el sacrificio realizado por las víctimas del terrorismo en favor de toda la sociedad, no solo esta sino también los poderes públicos, siempre estarán en deuda con ellas y, por ello, deben mantener el deber, legal y ético de procurar una
protección integral a las mismas, porque, como establece la exposición de motivos de la citada Ley, la dignidad de la sociedad se mide también por la dignidad con la que ampara y protege a quienes han sido víctimas de las acciones del terrorismo.


Sin embargo, esta protección y amparo, legalmente exigidos a los poderes públicos, están siendo sistemáticamente incumplidos, pues no se persiguen prohibiendo y erradicando los actos de enaltecimiento y justificación de los delitos de
terrorismo y de quienes los cometen y, por ende, se están permitiendo actos que humillan y menosprecian el honor y la dignidad de las víctimas del terrorismo, que año tras año se van sucediendo, esencialmente en las Comunidades Autónomas del País
Vasco y Navarra.


Tercero. La petición de la puesta en libertad, el acercamiento y la amnistía de sus presos es una histórica reivindicación de la organización terrorista ETA, que a lo largo de los años ha llevado a cabo a través de asociaciones creadas para
esa misión, desarrollando una auténtica dinámica responsable de



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convocar y difundir los actos de bienvenida u 'ongi Etorri' a los presos de la organización terrorista que salen de prisión, o los actos de homenaje a miembros de la organización terrorista que han fallecido o en el aniversario de su óbito,
para posteriormente difundir su celebración.


En dichos actos de enaltecimiento se presenta a los miembros de la organización terrorista ETA, presos, fallecidos, huidos de la justicia o puestos en libertad, como auténticos héroes, los cuales son ensalzados y loados con honores, entre
salvas de aplausos, bailes y música y ofrendas florales, siendo su único currículum vital conocido el cometer acciones terroristas a cuenta de la organización terrorista ETA, sin que se les conozca mérito alguno digno de tal ensalzamiento y homenaje
público, más allá de su militancia y servicio a esa organización.


Ello conlleva la doble victimización de las víctimas del terrorismo, las cuales asisten con perplejidad a esas honras públicas de miembros de la organización terrorista ETA, donde se les presenta como un ejemplo a seguir y digno de imitar,
dando una imagen del terrorista enaltecedora y triunfalista, generando una sensación de total impunidad.


La realización de dichos actos supone una legitimación y normalización del terrorismo de ETA y de sus acciones violentas. Prueba de ello es el hecho de que, a pesar de haber anunciado el cese definitivo de sus acciones terroristas en 2011 y
su posterior disolución, los homenajes y reconocimientos públicos a los miembros de la organización terrorista ETA son numerosos a día hoy en las Comunidades del País Vasco y Navarra, sin que exista un régimen legal que regule las sanciones e
infracciones a quienes, sean personas físicas o jurídicas, realicen o promuevan, gestionen y coordinen la ejecución de tales actos.


Cuarto. El deber de proteger los derechos al honor y la dignidad de las víctimas del terrorismo no está limitado al ámbito judicial. También los poderes públicos están legalmente obligados a procurar una protección integral a las víctimas
del terrorismo y a proteger sus derechos al honor y la dignidad.


'1. El Estado asume la defensa de la dignidad de las víctimas, estableciendo la prohibición de exhibir públicamente monumentos, escudos, insignias, placas y otros objetos o menciones conmemorativas o de exaltación o enaltecimiento
individual o colectivo del terrorismo, de los terroristas o de las organizaciones terroristas.


2. Las Administraciones Públicas, en el ejercicio de sus competencias, adoptarán las medidas necesarias para dar cumplimiento a esta prohibición. Todo ello sin perjuicio de las actuaciones que las víctimas y sus familiares puedan llevar a
cabo en defensa de su derecho al honor y dignidad .


3. Asimismo prevendrán y evitarán la realización de actos efectuados en público que entrañen descrédito, menosprecio o humillación de las víctimas o de sus familiares, exaltación del terrorismo, homenaje o concesión pública de distinciones
a los terroristas.


4. Los Delegados del Gobierno en las Comunidades Autónomas velarán por el cumplimiento de la obligación establecida en los apartados anteriores, por parte de las Corporaciones Locales, a los efectos de su reclamación de oficio ante los
Tribunales de justicia que sean competentes.'


Por su parte, esta regulación de protección integral a las víctimas del terrorismo ha sido llevada a cabo por la mayor parte de las Comunidades Autónomas de España, entre ellas la del País Vasco, a través de la Ley 4/2008, de 19 de junio, de
Reconocimiento y Reparación a las Víctimas del Terrorismo, en cuyo artículo 4, relativo a la protección de la dignidad de las víctimas del terrorismo y que estas sean tratadas con respeto, dispone en su apartado b) que los poderes públicos vascos.


'Adoptarán medidas apropiadas para garantizar la seguridad, el bienestar físico y psicológico y la intimidad de las víctimas y sus familiares y, en particular, para prevenir y evitar la realización de actos efectuados en público que entrañen
descrédito, menosprecio o humillación de las víctimas o de sus familiares, exaltación del terrorismo, homenaje o concesión pública de distinciones a los terroristas, y actuarán de manera especial contra las pintadas y carteles de tal índole, y, en
su caso, investigarán aquellos que puedan ser constitutivos de infracción penal, quedando abierta la posibilidad del ejercicio de la acción popular por la Administración de la Comunidad Autónoma del País Vasco para la defensa de este derecho.'


Pero esta obligación de protección a las víctimas del terrorismo por parte de los poderes públicos también les es exigida a nivel europeo, pues el 4 de diciembre de 2018, el Parlamento Europeo aprobó por mayoría el Informe de conclusiones de
la Comisión Especial de Terrorismo, y se instó a los países



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miembros de la UE a prohibir este tipo de actos de humillación a las víctimas y enaltecimiento del terrorismo, siendo el tenor literal de dichas conclusiones las siguientes:


'213. Pide a los Estados miembros que creen mecanismos jurídicos para tipificar como delito la apología de un determinado acto de terrorismo ya que es una forma de humillar a las víctimas y provocar la victimización secundaria al atentar
contra su dignidad y su recuperación;


214. Pide a las instituciones pertinentes que proporcionen las salvaguardias necesarias para evitar que se produzca una victimización posterior derivada de humillaciones y ataques a la imagen de las víctimas por parte de sectores sociales
relacionados con el agresor;


214. Pide a los Estados miembros que prohíban los homenajes a las personas declaradas culpables de llevar a cabo actividades terroristas mediante sentencia firme;'


Sexto. Los pilares sobre los que han de descansar toda intervención de los Poderes Públicos son los de memoria, verdad y dignidad para que las víctimas participen como protagonistas en el momento de escribir el relato de lo ocurrido, para
que la historia las presente como víctimas y no como parte de un conflicto inexistente, y para que su sacrificio sirva de ejemplo para situaciones similares que se puedan presentar en el futuro.


El compromiso público de la sociedad y de las instituciones públicas con las víctimas del terrorismo ha de ser inquebrantable para que permanezcan siempre visibles en la sociedad y para que se mantenga su relato de lo sucedido en la memoria
y no dejar opción alguna al blanqueamiento de los crímenes contra los derechos humanos cometidos por la organización terrorista ETA, mediante la tergiversación y manipulación a través de un lenguaje confuso, laxo y sesgado que infunda en las futuras
generaciones la idea de que en España hubo un conflicto político con dos bandos, en vez de una banda terrorista llamada ETA con verdugos que asesinaron en democracia a víctimas inocentes.


Por todo ello, el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente


Proposición no de Ley


'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a lo siguiente:


1. Que inste a los Delegados del Gobierno en las Comunidades Autónomas, especialmente en las del País Vasco y Navarra, en cumplimiento de las disposiciones de la Ley 29/ 2011, de 22 de septiembre, a llevar a cabo las actuaciones necesarias
para impedir la celebración de actos de enaltecimiento del terrorismo y/ o justificación de los delitos terroristas y sus autores, y los que entrañen descrédito o menosprecio a las víctimas del terrorismo y sus familiares, en todas sus
manifestaciones, ya sean homenajes a miembros de ETA fallecidos, por el aniversario de su óbito, sustraídos a la acción de la justicia, actos de bienvenida a los presos de la organización terrorista ETA puestos en libertad, etc.


2. Que dé cumplimiento inmediato a las Recomendaciones del Informe sobre las conclusiones y recomendaciones de la Comisión Especial de Terrorismo del Parlamento Europeo de 21 de noviembre de 2018.


3. Que promueva la modificación de la Ley 29/ 2011, de 22 de septiembre, de Reconocimiento y Protección Integral a las Víctimas del Terrorismo, e incluya en el título séptimo, relativo a la Tutela institucional y apoyo a las víctimas del
terrorismo, capítulo primero, un régimen sancionador en garantía del cumplimiento de los preceptos de la ley, todo ello en atención a la defensa de las víctimas del terrorismo y de la dignidad de los principios y valores constitucionales.'


Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de septiembre del 2020-Francisco José Alcaraz Martos, Luis Gestoso de Miguel, Ignacio Gil Lázaro, Francisco Javier Ortega Smith Molina, José María Sánchez García, Teresa López Álvarez y Antonio Salvá
Verd, Diputados.-Macarena Olona Choclán, Portavoz del Grupo Parlamentario VOX.



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Comisión de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana


161/001461


A la Mesa del Congreso de los Diputados


El Grupo Parlamentario Plural, a instancias del Diputado de Junts per Catalunya, Ferran Bel i Accensi, de acuerdo con lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara presenta para su debate en la Comisión de
Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, una Proposición no de Ley para la construcción de un acceso a la autopista AP-7 en la comarca del Montsià.


Exposición de motivos


La AP-7 (E15 en nomenclatura europea) es la vía rápida de titularidad estatal (mayoritariamente de pago) que une el sur de la Península Ibérica con Francia por la costa y es la vía rápida con más tráfico de turismos y mercancías del Estado.
Se inauguró en 1969 y el tramo Salou-Amposta en 1974. No sería hasta 1978 que se abriría el tramo Amposta-Castelló. Han pasado más de 40 años y la comarca del Montsià es la única comarca que no dispone de entrada y salida en la AP7, con el
consiguiente agravio que supone para ciudadanos, empresas y turistas.


La comarca del Montsià, que limita al este con el Mediterráneo, al sur con el Baix Maestrat (Castelló) y al norte con el Baix Ebre (Tarragona) y al oeste con el Matarranya (Teruel), tiene 12 municipios y 1 EMD, un total de 70.000 habitantes
y uno de los PIB per cápita más bajos de Catalunya. Sus ciudadanos y empresas sufren un agravio respecto a otras comarcas que tienen 1, 2, 3 o incluso 4 accesos a la misma vía rápida. Cabe destacar que el Montsià, como comarca más meridional de
Catalunya queda lejos de todos aquellos servicios e infraestructuras del resto del país donde sus habitantes tienen que desplazar a menudo (hospitales, universidades, puertos y aeropuertos, centros de trabajo, etc).


La distancia que hay entre las entradas más cercanas en el Montsià es la máxima de toda la AP-7, 24 km de distancia entre las entradas de Vinaròs-Ulldecona (42) y La Aldea-Amposta (41). Se da la circunstancia, además, que entre estas dos
entradas hay un tramo con alta siniestralidad, en el término de Freginals, donde los últimos años ha habido varios accidentes mortales y donde se ha constatado que la distancia entre las salidas hace más difícil el acceso de los vehículos sanitarios
y de emergencias y en demora la llegada.


El pasado 31/12/2019 acabó la concesión de la autopista del tramo Salou-Alacant y su gestión ha pasado a manos del Ministerio. Sin embargo, sigue siendo la única vía rápida que cruza la comarca, pero para entrar, los ciudadanos del Montsià
tienen que seguir recorriendo varios kilómetros por vías interurbanas.


Por todo ello los Diputados de Junts per Catalunya presentan la siguiente


Proposición no de Ley


'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno del Estado, titular de la vía AP-7, a estudiar y planificar con la mayor celeridad posible un acceso a la misma, en la comarca del Montsià, entre los municipios de Amposta y Masdenverge.'


Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de octubre de 2020.-Ferran Bel Accensi, Diputado.-Laura Borràs Castanyer, Portavoz del Grupo Parlamentario Plural.


Comisión de Educación y Formación Profesional


161/001467


A la Mesa del Congreso de los Diputados


El Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley para la creación y



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financiación de la figura del 'Rastreador Educativo', para su debate en la Comisión de Educación y Formación Profesional.


Exposición de motivos


La crisis sanitaria generada por la COVID-19 provocó el cierre de los centros educativos desde el mes de marzo de 2020. Esta situación empujó a que el alumnado de todas las etapas educativas realizara clases a distancia desde sus hogares
para seguir el curso. Debido a la rapidez con la que se desarrollaron los acontecimientos, el Estado y las Comunidades Autónomas se vieron obligadas a adaptarse a las nuevas circunstancias, comprando equipos y facilitando el acceso a Internet a
miles de alumnos.


En este momento, aún no tenemos información suficiente para valorar el impacto que tuvo el cierre de los colegios y la realización de las clases a distancia tanto en el rendimiento como en el proceso de aprendizaje del alumnado.


Hasta la fecha, los estudios realizados por diferentes académicos y profesionales de la educación sugieren el posible impacto negativo que esta situación pude haber tenido en la proyección académica de los estudiantes. Por ejemplo, el
estudio realizado por Woessmann (2003), apunta que 'perder un 10 % de horas lectivas podría llegar reducir en un 1,5 % el aprendizaje de los alumnos, lo que en términos de PISA representaría el 20 % del curso escolar respecto a otros países en el
caso de España'.


A falta de datos más precisos sobre la situación en nuestro país, sí conocemos algunas de las mayores cuestiones a las que se enfrentó el profesorado para garantizar el aprendizaje del alumnado en la modalidad online. Una de las quejas más
recurrentes refería a la existencia de 'alumnos desconectados', que durante días y semanas no participaron de las clases a distancia. Aunque un porcentaje de los alumnos no pudieron acceder a las clases a distancia debido a la falta de medio
electrónicos, del resto no conocemos las causas objetivas que imposibilitaron que siguieran estudiando.


No obstante, la situación fue sobrellevada sobre la marcha por el profesorado, que, en muchas ocasiones tuvo que recurrir a horas no laborables para hablar con los padres, madres y tutores del alumnado que no participaban en las clases, con
el evidente perjuicio para los docentes en lo relativo a su jornada laboral y del alumno, que perdió horas lectivas.


Estas circunstancias necesitan de una respuesta contundente por parte de las Administraciones Públicas. La pandemia no puede provocar que en unos años tengamos que hablar de una 'generación perdida', lo cual tendría un coste social y
económico insoportable para nuestro país.


Por ello, es necesario crear una figura especial dentro del entramado del sistema educativo encargada de la vigilancia del alumnado que no participara de las clases online, en el supuesto de que durante este curso se implemente un modelo
semipresencial u online debido a la situación epidemiológica. A su vez, esta figura deberá tener las competencias necesarias para prestar apoyo pedagógico al alumnado que se encuentre en cualquiera de las circunstancias que conlleve su no
participación en las clases.


Por todo lo anterior, el Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta la siguiente


Proposición no de Ley


'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno de la Nación a:


1. Acordar, en el seno de la Conferencia Sectorial de Educación, la creación de la figura de 'Rastreador Educativo' que tendrá, entre sus funciones, realizar el seguimiento de los alumnos desconectados en aquellas comunidades autónomas
donde se implante un modelo semipresencial u online. El 'Rastreador Educativo' desarrollará las demás funciones que acuerde el Gobierno de España con las Comunidades Autónomas en el seno de la Conferencia Sectorial de Educación.


2. Impulsar un Programa de Cooperación Territorial para financiar la contratación por parte de las Comunidades Autónomas de personal destinado a desarrollar las funciones establecidas en el apartado uno para el Rastreador Educativo.'


Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de octubre de 2020.-Marta Martín Llaguno, Diputada.-Edmundo Bal Francés, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.



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Comisión de Industria, Comercio y Turismo


161/001447


La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.


(161) Proposición no de Ley en Comisión.


Autor: Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


Proposición no de Ley relativa a la elaboración de un Plan Estratégico Nacional para el sector Aeroespacial.


Acuerdo:


Teniendo en cuenta la subsanación de la omisión de la firma del portavoz contenida en el escrito número de registro 59353, y considerando que se solicita el debate de la iniciativa en Comisión, admitirla a trámite como Proposición no de Ley,
conforme al artículo 194 del Reglamento, y disponer su conocimiento por la Comisión de Industria, Comercio y Turismo. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.


En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.


Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de octubre de 2020.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.


A la Mesa del Congreso de los Diputados


El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la elaboración de un Plan
Estratégico Nacional para el sector Aeroespacial, para su debate en la Comisión de Industria, Comercio y Turismo.


Exposición de motivos


Según datos facilitados por la Asociación Española de Tecnologías de Defensa, Seguridad, Aeronáutica y Espacio (TEDAE), actualmente, existen en nuestro país 436 empresas vinculadas al sector aeroespacial, de las cuales el 96 % son PYMES.
Además, en torno a 47.000 personas trabajaban el año 2.018 en dicho sector que factura, alrededor, de 10.000 millones de euros anuales. Estas empresas tienen una productividad de más de tres veces superior a la media española y exportan el 66 % de
su volumen de negocio.


El sector aeroespacial español comprende una amplia gama de actividades (diseño, desarrollo, fabricación, comercialización, mantenimiento...) y productos (aviones civiles y militares, helicópteros, satélites, misiles...), estando la mayor
parte del sector dedicado a las aeronaves y estructuras (74,5 %), a motores (8 %), a equipos y sistemas (10 %) y a espacio (7,5 %).


Estos datos se han visto afectados por la crisis sanitaria de la COVID-19 y sus consecuencias económicas. Efectivamente, la Aviación Comercial y el tráfico aéreo han sufrido directamente estas consecuencias económicas al haber disminuido de
manera drástica el número de operaciones de las aerolíneas que, además, han congelado pedidos o, incluso, han rechazado entregas justificándose en las pérdidas que sufren y prevén seguir sufriendo a lo largo de los próximos meses. Esto ha
provocado, a su vez, que los principales fabricantes hayan disminuido la fabricación de aviones alrededor de un 35 %.


La producción del sector aeroespacial español está muy vinculada a la carga de trabajo contratada por parte del Ministerio de Defensa. Tal y como establece la Directiva de Defensa Nacional 2020, 'el fortalecimiento de la industria de
Defensa Nacional y el Desarrollo de las Bases Tecnológicas Europea son prioritario y la mejor forma de asegurar el equipamiento de las Fuerzas Armadas.' Por lo tanto, es fundamental que, en la elaboración del Plan Estratégico Nacional, se tenga en
cuenta la participación económica de dicho Ministerio.



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Por otro lado, no podemos olvidar que el sector aeroespacial español compite con otros países de nuestro entorno europeo y que, frente a las potentes medidas de rescate que Francia y Alemania han destinado al sector, el gobierno español no
solo no ha aprobado un Plan Nacional Estratégico Aeroespacial tras la finalización de los Planes Tecnológicos PTAI y PTAI I, sino que no ha respondido al mismo con medidas de apoyo contundentes tras la crisis sanitaria y económica de la COVID-19


Es fundamental también garantizar el mantenimiento del empleo de las empresas del sector. En estos momentos, los trabajadores del mismo están viviendo momentos de gran preocupación, lo que está provocando que plantillas como la de Airbus
estén convocando movilizaciones para exigir a las administraciones el mantenimiento de sus puestos de trabajo -tal y como ha hecho Francia- y, por supuesto, que no se cierren plantas de la empresa.


Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, presenta la siguiente


Proposición no de Ley


'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a aprobar un Plan Estratégico Nacional para el Sector Aeroespacial que garantice el mantenimiento y el impulso de las distintas empresas del sector y de sus capacidades, el mantenimiento del
empleo y que fomente la participación de nuestro país en los proyectos aeroespaciales.'


Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de septiembre de 2020.-María José García-Pelayo Jurado y Guillermo Mariscal Anaya, Diputados.-Concepción Gamarra Ruiz-Clavijo, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


161/001470


A la Mesa del Congreso de los Diputados


D.a Macarena Olona Choclán, D.a Patricia Rueda Perelló, D. José María Figaredo Álvarez-Sala, D.a Mireia Borrás Pabón, D. Andrés Alberto Rodríguez Almeida y D.a María de la Cabeza Ruiz Solás, en sus respectivas condiciones de Portavoz Adjunta
y Diputados del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX), al amparo de lo establecido en los artículos 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan la siguiente Proposición no de Ley relativa a la elaboración de un Plan
Nacional de recuperación e impulso del sector turístico, para que se debata en la Comisión de Industria, Comercio y Turismo.


Exposición de motivos


Primero. Antes de la aparición del nuevo coronavirus SARS-CoV-2 (COVID-19), originado en la provincia de Wuhan (República Popular China), el turismo representaba el 12 % del PIB, con casi 150 mil millones de Euros según la Cuenta Satélite
del Turismo Español (CSTE) -sistema que permite medir el impacto del turismo sobre la economía nacional-, el 13 % del empleo y, a su vez, contribuía con un saldo de 48 mil millones de euros a la balanza de pagos de nuestra economía. Durante 2019,
nos visitaron más de 84 millones de turistas, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), haciendo de España el segundo país del mundo como destino turístico después de Francia. Según el Foro Económico Mundial, con sede en Suiza,
España en 2019 fue, por tercer año consecutivo, el líder mundial en competitividad turística, por delante de Francia o Alemania.


Según el citado Foro, el liderazgo de España se debía, entre otras cuestiones, a los excelentes recursos culturales y naturales, unidos a una formidable red de infraestructuras 2. Asimismo, España era el cuarto país del mundo en el ránking
de celebración de eventos deportivos y congresos, tras Estados Unidos, Reino Unido y Alemania.


2 'Informe sobre Competitividad en Viajes y Turismo 2019' elaborado por el Foro Económico Mundial (World Economic Forum).



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Con una economía como la española, donde el turismo es uno de sus pilares y un destacado motor económico y de desarrollo social (en 2017 el turismo representó el 11,8 % del PIB y en 2018 sostuvo el 13,5 % del empleo 3), la aparición del
SARSCoV-2 ha sido catastrófica a todos los niveles. En su primera comparecencia ante la Comisión de Industria, Comercio y Turismo del pasado día 9 de septiembre, el Secretario de Estado de Turismo, el Sr. Valdés Verelst, reconoció pérdidas del 75
% para el sector. Por otro lado, EXCELTUR 4, asociación sin ánimo de lucro formada por 28 de las más relevantes empresas de toda la cadena de valor turística, en su última 'revisión del impacto del COVID-19 sobre el sector turístico español' de 18
de agosto de 2020, señaló que la caída de actividad turística directa más indirecta (PIB Turístico) para el conjunto de 2020 ascendería a 98.753 millones de euros (es decir, 15.620 millones de


de euros más de caída que los 83.134 millones de euros que ya se preveía en el escenario de junio, antes de los actuales rebrotes y consecuentes restricciones de movilidad). Ello supondría cerrar 2020, un 64,7 % inferior a los niveles de
actividad turística de 2019.


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FUENTE: Exceltur / Alianza Para La Excelencia Turistica.


Segundo. El Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declaró el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el SARVS-CoV-2, supuso la paralización del turismo en España, provocando un
fuerte impacto económico en el sector. Según la Encuesta de Movimientos turísticos en frontera (FRONTUR), que tiene como objetivo principal proporcionar estimaciones mensuales y anuales del número de visitantes no residentes en España que llegan a
nuestro país, entre enero y julio de 2020 España recibió 13 millones de turistas internacionales, un 72 % menos que en 2019 Asimismo, según datos de AENA (Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea) el tráfico de pasajeros aéreos registró una caída
interanual del 76,2 %, (-61,8% nacional y 80 % el internacional).


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FUENTE: Exceltur / Alianza Para La Excelencia Turistica.


3 'Tourism Trends and Policies 2020' elaborado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).


4 Meliá, Iberia, Globalia, NH Hotel Group, Iberostar, Riu, Google, Amadeus o Renfe, entre otros.



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Respecto al empleo, EXCELTUR señala en su último informe, anteriormente referido, que el negativo efecto sobre el mismo, se elevaba a cierre de julio de 2020, a 823 mil empleados menos que en 2019. Según el Servicio Público de Empleo
Estatal (SEPE), los datos citados derivan de las caídas de contratación de un -67 % en el alojamiento, un -87 % en agencias de viajes, un -81 % en transporte aéreo, un -46 % en restauración y un -45,2 % en establecimientos de ocio.


Tercero. Ante esta situación, el Gobierno presentó el 18 de junio del presente año el conocido como 'Plan de Impulso del sector turístico'. Este plan, lejos de contentar a los representantes del sector, supuso un fuerte varapalo para las
expectativas que tenían los profesionales del turismo. El plan estaba pensado para una situación muy optimista, con clara recuperación del turismo ante la próxima apertura de fronteras y se suponía, como así lo dice su propio nombre, que
constituiría un impulso orientado a la competitividad, la sostenibilidad y formación de los operadores en líneas generales.


Paralelamente, se publicaron varios protocolos sanitarios o guías de medidas para la reducción del contagio por COVID-19 en el sector turístico. Estas guías, elaboradas a imagen y semejanza de las realizadas previamente por las asociaciones
representativas del sector, ante la inacción del Gobierno, dieron origen a la creación, por parte de la Secretaría de Estado de Turismo, del distintivo 'Responsible Tourism', cuya ejecución en la práctica y, según el sector, supuso un completo
malogro, al concederse sin ningún tipo de control.


Sin embargo, a pesar de los 'loables' objetivos del plan, la realidad que está viviendo el sector ha sido completamente distinta a la esperada. Tras la pérdida de vigencia del Estado de Alarma el pasado 21 de junio, y la asunción por parte
de las Comunidades Autónomas de la gestión de la crisis sanitaria en sus respectivas circunscripciones, se ha vivido una multiplicidad de normas que, sin bien tendrían una cierta coordinación con el Gobierno, a través del Consejo Interterritorial
del Sistema Nacional de Salud ('CISNS'), en la práctica ha dado lugar a situaciones completamente distintas en apenas unos kilómetros de diferencia, creando confusión e incoherencia en la toma de decisiones por parte de los administraciones
competentes, rompiendo, a su vez, la unidad de mercado.


Por su parte, dentro de las competencias del Gobierno (Sanidad Exterior, artículo 149.1 16° de la Constitución Española), una vez abiertas las fronteras exteriores, no se exigió tests para la detección del virus, ni en origen ni en destino:
únicamente rellenar un documento de contacto estándar que no aporta ningún tipo de información sobre el estado de salud del viajero, y control de temperatura y visual del mismo. Además, la falta de medidas urgentes y necesarias, como la ampliación
de los ERTEs más allá del 30 de septiembre, o la ampliación de las prórrogas en moratorias de pago de deudas, han causado que el sector viva en un clima de desconfianza respecto a la recuperación, siendo muchos los negocios que se vieron obligados a
cerrar definitivamente o a no retomar la actividad durante el verano.


Cuarto. Ante la aparición de los primeros rebrotes por COVID-19, el pasado 14 de agosto, tras la reunión extraordinaria del CISNS, se aprobaron una serie de actuaciones coordinadas en salud pública. Entre las medidas adoptadas destacaron
el cierre de los locales de ocio (discotecas, salas de baile y bares de copas con y sin actuaciones musicales en directo) y la limitación de horario en los servicios de hotelería en toda España, sin perjuicio, además, de las diferentes medidas
extraordinarias que se han adoptado en determinadas Comunidades Autónomas. Asimismo, el incremento de los rebrotes llevó a otros países a adoptar restricciones a los viajes con destino a España, como el Reino Unido, que estableció una cuarentena
obligatoria para todos los viajeros procedentes de España y la recomendación de no viajar si no era estrictamente necesario. El Reino Unido, principal emisor de turistas a España, no fue el único y gran parte de países europeos actuaron de forma
análoga. Todas estas medidas restrictivas han perjudicado, más si cabe, la confianza del turista extranjero.


Es imposible prever con exactitud las catastróficas consecuencias que la crisis económica y sanitaria ocasionada por la COVID-19 está causando en el sector turístico. Si al inicio de la epidemia el Gobierno actuó tarde, negando la
evidencia, haciendo oídos sordos a lo que nos decían otros países afectados como Italia y no estableciendo controles sanitarios en las fronteras exteriores de España, hoy se suma la amenaza de adoptar nuevas medidas restrictivas ante los rebrotes
del COVID-19, por parte tanto del Gobierno central como de los gobiernos autonómicos. Es evidente, por tanto, la falta de coordinación y cooperación entre las diferentes administraciones públicas, provocando, así, el aumento de la desconfianza en
la recuperación económica de España y del sector turístico. Todo ello está causando la desaparición de un sector esencial para nuestro PIB y para nuestra imagen internacional como país que



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durante décadas ha ocupado posiciones de liderazgo a nivel mundial. Si no llega el turismo a España, la economía estará condenada a depender de la financiación exterior 5.


Quinto. La crisis que vive el turismo arrastra a otros subsectores que, en gran medida, dependen del mismo, como el transporte (Transporte aéreo, marítimo y terrestre, agencias de viajes y los operadores turísticos, VTC, taxis, etc.),
hostelería y restauración, asistencia de seguros y viajes, ocio, exposiciones y congresos, entre otros.


En cuanto a la hostelería, la crisis económica y sanitaria del COVID-19 está golpeando, igualmente, de forma muy severa al sector. La adopción de nuevas medidas sanitarias, como la limitación de horarios en los servicios de hostelería en
toda España, y la amenaza de ciertas Comunidades Autónomas de adoptar nuevas restricciones (caso paradigmático es la Comunidad de Madrid), ha provocado que muchos de estos negocios sean inviables, tanto por la falta de clientes y de turistas como
por la falta de un plan alternativo ante la nueva situación.


Según los últimos datos publicados por el Observatorio de la Hostelería que realiza trimestralmente la Confederación Empresarial de Hostelería de España ('Hostelería de España'), entre los meses de abril y junio estuvieron empleados en el
sector 400.000 trabajadores menos que en los mismos meses del año anterior, 1,4 millones frente a 1,8 millones, según datos de la Encuesta de Población Activa (EPA). Asimismo, el impacto del COVID-19 se ve reflejado en la facturación de los
establecimientos hosteleros que en el primer semestre del año supuso un 50,5 % menos que el año anterior, con las mayores caídas en los meses de abril y mayo, de un 94,4 % y 87,1 %, respectivamente.


En cuanto al número de turistas que visitaron nuestro país en el segundo trimestre del año, no alcanzó los 205 mil personas, frente a los 24 millones de turistas que se recibieron en el mismo trimestre de 2019. Como consecuencia, se han
dejado de recibir, según el Observatorio de la Hostelería, al menos 11.800 millones de euros que se alcanzaron en el mismo periodo de tiempo del año pasado.


Asimismo, respecto a la ocupación en el alojamiento turístico también contrastan los datos con los registrados un año atrás, con 4,3 millones de pernoctaciones entre los meses de abril y junio, frente a los cerca de 127 millones que se
alcanzaron en 2019.


Ante esta situación, y debido a los rebrotes que están teniendo lugar en las últimas semanas, las previsiones del conjunto del año arrojan cifras muy negativas, con pérdidas de 65.000 negocios hosteleros que pueden ascender a 85.000 en el
peor de los casos, y entre 900.000 y 1,1 millones de empleos menos, entre directos e indirectos. Asimismo, la facturación podría suponer descender por encima del 50 %, con pérdidas de hasta 67.000 millones de euros 6.


Sexto. Asimismo, dentro de la hostelería, el sector del ocio nocturno, como actividad complementaria al turismo, ha sido uno de los sectores económicos más castigados por la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19. De acuerdo con los
datos de empresarios y asociaciones del sector del ocio nocturno, desde marzo del presente año el 60 % de los establecimientos no ha abierto y los que lo han podido hacer, lo han hecho en unas condiciones pésimas. Según estas mismas fuentes, se
calcula que el 70 % del sector está en serio riesgo de desaparición. Además, se prevé un descenso de la facturación en el global del ejercicio de un 80 % menos que el pasado.


Hay que recordar que el sector del Ocio Nocturno es clave para el turismo y la cultura, pues agrupa a 25.000 empresas de distinto tamaño, factura aproximadamente 20.000 millones de euros al año, y genera más de 250.000 empleos, 28.000 de los
cuales son autónomos vinculados a las artes escénicas, entre ellos músicos, cantantes, bailarines y técnicos de imagen y sonido, entre otros. Asimismo, este sector atrae a los turistas, ya que más del 30 % de los clientes de estos locales
pertenecen a este colectivo, ya sean extranjeros o nacionales. No hay que olvidar, como señala el sector, que numerosos turistas eligen su destino en función de la oferta de ocio nocturno, siendo el mismo un complemento turístico de cada región.


5 https://www.eleconomista.es/economia/noticias/10640021/07/20/Si-no-llega-el-turismo-extranjero-Espana-vuelve-a-estar-condenada-a-depender-de-la-financiacion-exterior,html


6 Observatorio de la Hostelería, 2.º trimestre de 2020. Confederación Empresarial de Hostelería de España.



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En definitiva, existe un riesgo claro de desaparición del sector, estimando la patronal que presentarán concurso de acreedores cerca del 80 % de los negocios de ocio nocturno. Además, alegan que las medidas adoptadas por el Gobierno, en
coordinación con las Comunidades Autónomas, a través del CISNS, como el cierre de los locales de ocio (discotecas, salas de baile y bares de copas con y sin actuaciones musicales en directo), se adoptaron sin tener en cuenta la opinión de los
empresarios, y sin ofrecer ningún plan alternativo ni paquete de ayudas, sociales y económicas al sector. Además, se está demostrando que las citadas medidas, pensadas exclusivamente desde el punto de vista sanitario sin tener en cuenta otros
posibles factores, no están siendo efectivas por dos motivos: el primero, que los rebrotes y el número de contagios siguen al alza en España a pesar del cierre del ocio nocturno y, en segundo lugar, el impacto económico y social que están
provocando al sector las citadas medidas, puede causar su ruina. Por el contrario, se han realizado campañas que vinculan el ocio nocturno con el incremento de contagios.


A esto se suma la previsible subida de impuestos anunciada por el Gobierno, o el estado de las moratorias para el pago de determinadas deudas cuando no tienen actividad o la misma es prácticamente nula, que hace que el sector viva mucho más
que una crisis. El sector del ocio nocturno está abocado a la desaparición si no se toman medidas urgentes, no ya de impulso, sino de mantenimiento y recuperación.


Séptimo. Otro segmento especialmente afectado por la caída del turismo ocasionado por la crisis del COVID-19 es el de las Agencias de Viajes. Por citar algún ejemplo que sirva para ilustrar el drama del sector basta decir que las cerca de
4.000 agencias de viaje oficiales este mes de agosto han facturado 590.000 euros, mientras que en el mismo periodo de 2019, la facturación alcanzó los 350 millones de euros, un 99,8 % menos. Diversos problemas aquejan a este segmento, pero el hecho
de que la normativa les haga responsables solidarios de la devolución de los viajes contratados y que han sido cancelados o anulados les ha sumido en la más completa ruina: están obligados a devolver cantidades que no han cobrado a título
particular (sino que han sido ingresadas a sus proveedores -aerolíneas, touroperadores, etc-) quienes no les han reintegrado aún estas cantidades, viéndose obligados las agencias a adelantar dichas cantidades cuando llevan 6 meses sin apenas
ingresos y teniendo en consideración los escasos márgenes en su modelo de negocio. Incluso se han visto obligados a devolver los gastos de gestión de los viajes del IMSERSO, con lo que los ingresos no han existido. De no tomarse las medidas
adecuadas, muchas agencias están en riesgo de desaparecer.


Octavo. Por otro lado, el sector del transporte también juega un papel importante en el turismo. Si bien desde las Administraciones se han facilitado ayudas al transporte aéreo, los servicios de transporte discrecional, que tanto dependen
del turismo, han sido los grandes olvidados. La grave crisis del sector es claramente apreciable con los datos de la Encuesta de Transporte de Viajeros (TV) del INE del mes de julio, publicada recientemente, según la cual el transporte discrecional
descendió un 87,7 % en relación con julio de 2019.


Las asociaciones y empresarios del sector de transporte discrecional, compuesto en su gran mayoría por pequeñas y medianas empresas, llevan avisando desde hace meses que se deben tomar medidas urgentes. La situación actual es insostenible.
De hecho, desde dicho sector se manifiesta que, de seguir así la situación, en los próximos meses se van a cerrar empresas, va a haber concurso de acreedores y todo esto conllevará una pérdida de empleo que cifran entre el 70 % y el 80 % de los
aproximadamente 50.000 puestos de trabajo que genera el sector.


Noveno. Además de lo expuesto, no hay que olvidar el turismo interior por residentes. Son muchas las circunstancias que hacen que el turismo de residentes sea un elemento clave, pues es prácticamente la mitad del turismo. Así, durante los
meses de verano, las fiestas patronales de los municipios son un reclamo importantísimo para el turismo: feriantes, espectáculos musicales y culturales, corridas de toros y otros eventos taurinos hacen que los municipios vivan un florecimiento
puntual de sus economías. Estos sectores, especialmente maltratados por el Gobierno y las Comunidades Autónomas desde la pérdida de vigencia del estado de alarma, no pueden quedar fuera de los planes turísticos que se desarrollen y deben ser objeto
de una especial atención. La inmensa mayoría están constituidos, igualmente, por PYMEs y autónomos, con escaso margen de beneficios y sin otra actividad complementaria, por lo que son negocios especialmente vulnerables, máxime cuando, como es el
caso, las fiestas patronales, ferias y otros eventos, han sido suspendidos durante este verano (v.gr. Los Sanfermines, entre otros miles).


Y es que, durante el verano, hemos visto que el sector del turismo interior ha resistido mejor que otros a las presentes circunstancias. Sin embargo no es suficiente, y tal como indicaba en el mes de Julio la directora de la Comisión
regional de Europa de la OMT: 'España y algunos países del sur de Europa han



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tenido cierta tendencia a la pasividad' y recomendaba 'que planifiquen mejor y sean más proactivos'. Lo mismo reclama la Mesa del Turismo, la Confederación Española de Agencias de Viajes, la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos
turísticos e incluso la Asociación Nacional de Empresarios de Transportes en autocares, ANETRA, HOSTELERIA ESPAÑA, entre muchos otros.


Por todo ello se hace necesario establecer políticas decididas que permitan la supervivencia del sector turístico y de aquellas otras ramas económicas que están íntimamente relacionadas con el mismo; políticas que deben estar en
coordinación con aquellas administraciones con competencias en las diversas materias con el fin de establecer un plan único en todo el territorio nacional, que evite las desigualdades, ahorre esfuerzos y dé una imagen de unidad en el exterior.
Estos planes deben incluir a todos los sectores afectados que tengan relación con el turismo, estableciendo medidas concretas para cada uno de los segmentos, en función de sus necesidades concretas. Solo de esta forma, cuando la crisis haya
concluido, se habrán conservado los niveles de calidad y competitividad que han hecho de España la primera potencia mundial del turismo, conservando gran parte de los puestos de trabajo que presenta el sector y la riqueza que crea.


Por todo ello, el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente


Proposición no de Ley


'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a desarrollar, en coordinación con las Comunidades Autónomas y los diferentes representantes del sector del turismo en España, un Plan Nacional de recuperación e impulso del sector turístico,
así como de los sectores íntimamente relacionados con el mismo, a fin de articular un conjunto de ayudas y medidas económicas y sociales para mitigar el impacto económico ocasionado por la crisis del COVID-19. A tal fin se proponen las siguientes
actuaciones:


1. Promover, a través de la Conferencia Sectorial de Turismo, la aplicación de los mismos criterios en todo el territorio nacional, pues el sistema actual genera diferencias entre las diferentes Comunidades Autónomas que no favorecen la
solución a los grandes problemas.


2. Proponer iniciativas y acciones para la mejor promoción exterior del turismo español y para la mayor eficiencia y optimización de la cooperación entre las Administraciones públicas y el sector privado, con el objetivo de contribuir a la
mejor comercialización de los productos y destinos turísticos españoles.


3. Apoyar la comercialización exterior del turismo español.


4. Inclusión en los planes del sector turístico a todos los sectores relacionados directamente con el mismo, a fin de no perder competitividad ni calidad.


5. Llevar a cabo todas las acciones necesarias para ejecutar, en el marco de la Directiva 2006/112/CE del Consejo, de 28 de noviembre de 2006, relativa al sistema común del impuesto sobre el valor añadido, la modificación de la Ley 37/1992,
de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido, con el fin de aplicar un tipo reducido del 4 % al IVA turístico, a los servicios de hostelería, al sector del ocio nocturno, así como a la entrada a los espectáculos culturales (teatros,
circos, festejos taurinos, conciertos, etc.).


6. Prorrogar y flexibilizar los ERTEs de suspensión de contrato o reducción de jornada por causa derivadas del COVID-19 para las empresas vinculadas al turismo, como instrumento decisivo para evitar las pérdidas de empleos y dotar al sector
de cierta estabilidad y certidumbre, hasta el mes de junio de 2021.


7. Establecer acuerdos con las Comunidades Autónomas y Ayuntamientos para que flexibilicen las condiciones de los pagos de tributos locales a empresas relacionadas con el turismo mediante fraccionamientos, con plazos amplios mientras dure
la crisis ocasionada por el SARVS-CoV-2.


8. Instar a los Ayuntamientos y otras administraciones competentes a flexibilizar horarios de apertura y consumo, así como de requisitos para la instalación de terrazas en el caso de la hostelería. En ese sentido, será necesario fijar los
aforos en función de la distancia de seguridad.


9. Inyectar liquidez mediante la ampliación de las líneas ICO y créditos al 0 % de interés para las empresas del sector con especial vulnerabilidad.


10. Promover el incremento del período de carencia para la devolución de préstamos, incluidos los créditos ICO y los avalados por el Estado, para evitar dañar más aún si cabe la liquidez de las empresas del sector.



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11. Eliminar la tributación por IRPF de cheques restaurante y recuperar el gasto deducible para profesionales, autónomos y empresas de hostelería, lógicamente con justificación por motivos empresariales o profesionales mediante declaración
responsable.


12. Creación de planes para al mantenimiento del empleo, especialmente de los colectivos más vulnerables, así como medidas para fomentar la contratación indefinida.


13. La aplicación efectiva de la Directiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, relativa a los servicios en el mercado interior, conocida como la Directiva Bolkestein, con el objetivo de conseguir
una mayor simplificación en los procedimientos y trámites para el acceso y ejercicio de una actividad de servicios y un sistema de cooperación administrativa entre las autoridades competentes de los Estados miembros, así como la puesta en marcha de
nuevos establecimientos y reorganización de los existentes.


14. Inclusión de taxis, VTC, transporte discrecional, coches de alquiler sin conductor y cualquier tipo de transporte público ligado de forma significativa con el sector dentro de los planes para recuperar el sector turístico.


15. Establecer nuevos protocolos sanitarios y de detección del COVID-19 con los touroperadores y compañías áreas. Es imprescindible el establecimiento de estrictos controles de entrada a España, mediante la exigencia de test de detección
en origen y a la llegada.


16. Revisión y, en su caso, modificación de las guías de seguridad para aplicar protocolos anticontagio del COVID-19, ampliando a otros sectores de ser necesario.


17. Establecimiento de un sistema de formación eficaz o protocolo de actuación para todos los agentes intervinientes en el sector turístico y en los servicios de hostelería, enfocado a la seguridad y aplicación de protocolos sanitarios a
fin de evitar contagios.


18. Promover el establecimiento de incentivos para el turismo interior.


19. Diseñar campañas de promoción para la reactivación del consumo y promoción de la hostelería, recabando de la ayuda de todos los agentes del sector y administraciones implicadas, con el fin de ofrecer una imagen unitaria. Estas campañas
deberán incidir, además de la excelencia y el alto valor añadido del sector, en el riguroso cumplimiento de protocolos de seguridad sanitaria, con el objetivo de tranquilizar a los usuarios, tanto nacionales como extranjeros.


20. Dotar a las administraciones competentes de mayores recursos económicos con el fin de que se creen nuevas líneas de apoyo a los comercios para el gasto económico que supone la implantación de medidas sanitarias y de seguridad requeridas
y que repercuten en la protección y salud del personal trabajador y de los usuarios.


21. Eliminar trabas burocráticas y trámites administrativos en aras de facilitar a las empresas la instalación de sistemas electrónicos, aplicaciones informáticas y cualquier tipo de iniciativa digital tendente a facilitar el cumplimiento
de los protocolos de seguridad sanitarios.


22. Apostar por la formación y la digitalización como elementos claves en la competitividad del sector


23. Mantener las medidas adoptadas hasta que la recuperación del sector'.


Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de octubre de 2020.-Patricia Rueda Perelló, José María Figaredo Álvarez-Sala, Mireia Borrás Pabón, Andrés Alberto Rodríguez Almeida, Diputados.-Macarena Olona Choclán, Portavoz del Grupo Parlamentario
VOX.


Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación


161/001449


A la Mesa del Congreso de los Diputados


D.a Macarena Olona Choclán, en su condición de Portavoz Adjunta, y D. Ricardo Chamorro Delmo, D. Rubén Darío Vega Arias, D.a Magdalena Nevado del Campo y D. Manuel Mariscal Zabala, en sus respectivas condiciones de Diputados del Grupo
Parlamentario VOX (GPVOX), al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan la siguiente Proposición no de Ley de defensa de la producción de maíz español, para su discusión en
la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación.



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Exposición de motivos


Primero. El maíz, pese a ser una semilla originaria de América Central, es uno de los cereales más populares del mundo presente en numerosas culturas gastronómicas y un alimento tan saludable como cualquier cereal, ya que es rico en fibra y
muchas vitaminas, minerales y antioxidantes. Además, el sector de los cereales se caracteriza por su elevada base territorial, así como por ser el soporte fundamental de la alimentación humana y animal.


En la península ibérica, los productores de maíz tienen unas características diferenciadas a otros países europeos, en especial porque en España, por tener más horas de sol y más calor, podemos obtener los mayores rendimientos en maíz por
hectárea de toda Europa. A nivel agronómico, nuestras variedades son ciclos más largos porque nuestra latitud es más baja, como también tenemos malas hierbas y hongos diferentes. A nivel mundial, Europa es importadora neta de maíz y especialmente
lo es España. Por eso, mejorar nuestras producciones debería ser un objetivo importante para todos los poderes públicos. Sin embargo, competimos contra países que tienen muchas menos restricciones que nosotros a la hora de producir.


En España, el maíz es uno de los grandes cultivos extensivos del sector agrícola y de gran importancia en nuestra agricultura. Si observamos los datos, la producción de maíz representa el 15,8 % sobre el total de la producción de cereales
en España, con 3,6 millones de toneladas, y el sorgo el 0,1 %, con 34.050 toneladas. El maíz se concentra en su mayor parte en Castilla y León (un millón de toneladas anuales), Aragón (novecientas mil toneladas) y Extremadura (seiscientas mil
toneladas).


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Además, la producción de maíz en España ha experimentado una progresiva innovación tecnológica que ha permitido un importante conocimiento del cultivo por parte de los productores españoles, mayor precisión y, por ende, mayor rentabilidad
que en campañas pasadas.


No obstante, la tendencia de los últimos años ha sido a la baja con una reducción constante del volumen total de producción de maíz en España. Entre los principales problemas que encontramos se encuentra el alto consumo de agua y otros
insumos que elevan los costes de producción, pero también los precios poco remunerativos.


Segundo. Uno de los problemas frecuentes con los que se encuentran los cultivos de maíz es el reparto y el acceso al agua para las explotaciones. Además de temperatura, el maíz exige agua para su producción y, por ello, es fundamental que
se consiga un reparto idóneo del agua en España que garantice el abastecimiento tanto a los ciudadanos como a todas las explotaciones agrarias y ganaderas de nuestro país, en especial en momentos de sequía. Este año, las necesidades parecen
cubiertas y este ha sido un factor determinante para que la intención de siembra no se haya resentido en muchas zonas de España. Sin embargo, los costes de producción de este cereal, y el precio al que cotiza en el mercado, hacen que la cuenta sea
muy ajustada y los márgenes cada vez más estrechos para los agricultores.


Tercero. Además, a pesar de la buena producción española de maíz, competimos contra países que tienen muchas menos restricciones que nosotros a la hora de producir. Por ejemplo, competimos contra países que no tienen ni las limitaciones
vigentes en Europa a la hora de usar fitosanitarios, ni las restricciones establecidas a la biotecnología en agricultura. Los maíces modificados genéticamente para ser más eficientes en el consumo de nitrógeno, o de agua, o en el ahorro de
fitosanitarios ya existen en los países americanos y esas plantas son más competitivas que las nuestras.


Cuarto. Los poderes públicos deben adoptar las medidas necesarias para aprobar una mejor gestión del agua que garantice su abastecimiento tanto para los ciudadanos como para los cultivos, al mismo tiempo que valorizar el papel que tiene el
maíz como alternativa de cultivo en las rotaciones de nuestros regadíos. Además de defender la producción española de maíz frente a producciones extranjeras que no cumplen con los mismos estándares fitosanitarios e impulsar en el seno de la Unión
Europea un reparto óptimo de las ayudas europeas contenidas en los fondos agrícolas que ayuden a la agricultura española. Por último, implementar medidas que fomenten la innovación tecnológica ya que la competitividad en agricultura va a pasar
necesariamente por la biotecnología.


Por todo ello, el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente


Proposición no de Ley


'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a lo siguiente:


1. Defender la producción nacional de maíz e impulsar medidas de fomento de las explotaciones agrarias de maíz en España.


2. Establecer medidas fiscales que ayuden al fomento de explotaciones de maíz en España.



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3. Desarrollar programas de reparto del agua y adoptar un Plan Hidrológico Nacional que garantice el agua de forma eficiente a todos los ciudadanos y productores agrarios. El agua es un elemento clave para incrementar la productividad del
maíz y es preciso impulsar medidas, programas y obras que garanticen agua suficiente para este cultivo.


4. Promover el establecimiento de controles sobre las importaciones de maíz para evitar que se comercialice como origen España productos que, aunque se envasan aquí, no son de origen español.


5. Impulsar programas de investigación y desarrollo, innovación biotecnológica y estudios de los cultivos de maíz español.


6. Promover un reparto óptimo de las ayudas europeas contenidas en los fondos agrícolas ahora que se ha reducido la cantidad asignada a la Política Agraria Común (PAC)'.


Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de septiembre de 2020.-Ricardo Chamorro Delmo, Rubén Darío Vega Arias, María Magdalena Nevado del Campo y Manuel Mariscal Zabala, Diputados.-Macarena Olona Choclán, Portavoz del Grupo Parlamentario
VOX.


161/001453


A la Mesa del Congreso de los Diputados


El Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, presenta, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, la presente Proposición no de Ley
para su debate y aprobación en la Comisión agricultura, pesca y alimentación, relativo al apoyo de la industria agroalimentaria para su reactivación y transformación económica.


Exposición de motivos


La estructura económica en las zonas rurales es, en gran medida débil, estacional y muy sensible a las crisis. El Programa de desarrollo rural sostenible (2010-2014) del Ministerio de Agricultura Pesca y Alimentación, hacía una comparativa
y análisis del peso de los sectores económicos los entornos rurales y urbanos con datos referidos a un estudio de Caja España de 2008 y evidenciaba que, la construcción suponía un 16 % en el entorno rural, mientras que en el entorno urbano tenía un
peso del 12 %, la industria, un 19%, frente al 13 % del entorno urbano, el agrario, un 25 %, frente al 3 % del medio urbano y el sector servicios, un 40 %, frente al 72 % del medio urbano.


La importancia del turismo ha ganado mucho peso a lo largo de los años, especialmente el que tiene que ver o implica de alguna manera al turismo gastronómico, pero es indudable la especial importancia de la agricultura en la economía rural
española. La aportación al PIB en 2017 de la industria agroalimentaria y pesquera y las actividades indirectas tales como insumos, transporte y distribución), aporta más del 10% del PIB. Sin embargo, el sector agrícola es uno de los más
maltratados por la economía. Así, nuestras y nuestros agricultores, pescadores y ganaderos, han tenido que hacer grandes desembolsos económicos y se han tenido que endeudar para modernizar la maquinaria y técnicas de producción para adaptarse a un
modelo global cada vez más competitivo, a la misma vez que reciben míseros pagos por sus productos, por parte de las grandes centrales comercializadoras y canales intermediarios, siendo obligados en muchas ocasiones a realizar ventas a pérdidas o a
resultas. En este sentido, es muy importante el paso dado por el gobierno a través de la publicación del Real Decreto-ley 5/2020 de medidas urgentes en materia de agricultura y alimentación, en cuanto al objetivo de evitar las malas prácticas en la
cadena alimentaria, a la misma vez que es urgente la trasposición de la Directiva (UE) 2019/633 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de abril de 2019, relativa a las prácticas comerciales desleales en las relaciones entre empresas en la
cadena de suministro agrícola y alimentario.


Además, la actividad agrícola se ve muy afectada por la climatología que puede provocar malas cosechas o la pérdida completa de la producción, lo que puede llevar a gran endeudamiento para los agricultores y agricultoras propietarios así
como a una importante pérdida de empleo.


En consecuencia, ahora como desde hace décadas, las personas que viven en los entornos rurales se marchan a poblaciones más grandes o a las ciudades donde esperan conseguir un mejor trabajo, con mejores condiciones horarias y económicas, que
le permitiera desarrollar un proyecto de vida, además del



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acceso, a unos sistemas sanitarios y educativos con más recursos y más cercano, a la cultura o al ocio. Pero también para huir de la escasez de redes sociales y de la soledad de la despoblación. Esta situación es especialmente
significativa para los jóvenes, pero también para las mujeres. Ellas mantienen toda la estructura de cuidados familiar y comunitaria además de la realización de un trabajo productivo en muchas ocasiones no reconocido o invisibilizado y algo muy
importante, con un menor acceso a la propiedad de la tierra y, en general de los medios de producción y las tareas de dirección, que siguen estando mayoritariamente en manos de los hombres.


A esta situación se suma la lógica llamada urbanocentrista que es de alguna manera causa de la desagrarización, y el abandono institucional de los entornos rurales. Esta acumulación de realidades ha provocado no solo la despoblación, sino
además un aumento el índice de masculinización de los entornos rurales, ya que las mujeres migran a núcleos poblacionales mayores en busca de un mejor puesto de trabajo, una mejora de su calidad de vida emancipada, pese a tener que perder la, por
muchas querida, vida en las zonas rurales.


En la actualidad, la situación económica y de empleo en las zonas rurales sigue siendo mucho más dura que en otros territorios de España. La concentración de la actividad financiera, turística, industrial y comercial en los grandes núcleos
poblacionales y sus periferias y el abandono institucional complica especialmente la vida en las pequeñas zonas rurales. En 2017, mientras la tasa media de desempleo en España rondaba el 16,5 %, en las zonas rurales era del 19 % según datos de
EAPN.


Si vivir en un entorno rural implica una mayor probabilidad de desempleo, esta situación no mejora para quienes sí desarrollan una actividad laboral. Así, según datos del Ministerio de Hacienda, la renta media de los municipios de menos de
1.000 habitantes, que son aquellos con más riesgo de despoblación, era muy inferior a la de los municipios de más habitantes. En concreto, la renta media de los municipios de más de 1.000 habitantes era de 20.791 euros en 2017, último año en que
hacienda registra datos, mientras que en los de menos de 1000 habitantes era de 13.417 euros, esto es, las personas que viven en un municipio de menos de 1000 habitantes tienen unos ingresos un 64,5 % inferior a los otras ciudadanas y ciudadanos
españoles. En concreto, según los últimos datos desagregados por tipo de urbanización recogidos por Eurostat, relativos a 2014, la tasa de pobreza en las zonas rurales es un 10 % superior a la de las ciudades (aproximadamente un 35 % frente al 25 %
respectivamente). En conclusión, vivir en la España vaciada significa tener muchas más posibilidades de ser pobre, incluso teniendo ingresos.


El actual contexto de pandemia y la declaración del Estado de Alarma que afectó al segundo trimestre del 2020 debido a la COVID-19, está suponiendo una merma muy importante en la economía española que se ve fuertemente agravada para la
economía de las zonas rurales. Las actividades agrícolas, pesqueras y ganaderas están sufriendo fuertes pérdidas especialmente en las actividades productivas que iban dirigidas a hoteles, restaurantes y cafeterías así como en los cáterin (HORECA).


Es necesario salir de esta crisis apostando por las infinitas capacidades económicas de los entornos rurales para proporcionar a la población una mejora de sus condiciones de vida, pero también para evitar la despoblación y equilibrar la
densidad poblacional, además de para por el gran valor de la fijación de población para la conservación medioambiental. Para ello, hace imprescindible la diversificación de la actividad económica, apoyando a las actividades agrícolas, pesqueras y
ganadera, especialmente a aquellas más afectadas por las consecuencias económicas del COVID-19, y a la ampliación de actividades a través de la venta on-line y la industria de manufacturado, transformación envasado y distribución con base local que
aporte mayor valor añadido. Todo ello, pensando especialmente en las pequeñas empresas, en las actividades familiares, así como en el apoyo a mujeres y jóvenes en la inserción laboral y en la actividad empresarial.


Por ello se presenta la siguiente


Proposición no de Ley


'El Congreso insta al Gobierno a:


1. Tomar medidas urgentes para la simplificación de los trámites administrativos para la creación de empresas del ámbito alimentario, para la implantación de empresas y la actividad económica en las zonas afectadas por la despoblación.


2. Fomentar de manera inmediata los cauces on-line de venta directa entre personas y empresas productoras y consumidoras.



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3. Inversión en la industrialización de las zonas rurales en actividades de fuerte presencia de I+D+i, especialmente en el manufacturado, transformación, envasado, y distribución con implantación local.


4. Medidas de apoyo a la reactivación económica de las actividades agrarias, pesqueras y ganaderas, con especial incidencia en el sostenimiento de aquellas más afectadas por el COVID-19, a través de moratorias, bonificaciones, campañas
publicitarias y Favorecer la compra pública o privada en actividades de alimentación colectiva, entre otras.


5. Fomento y fortalecimiento de las redes de distribución agroganadera de proximidad, en coherencia con las estrategias y medidas europeas, como las relativa a la Política Agraria Común o la estrategia 'de la granja a la mesa', entre otras.
Todo ello, mediante el compromiso de la Administración para favorecer, en los procesos de compra pública alimentaria a las producciones de proximidad, con especial esmero en el fortalecimiento de las estructuras de comercialización de la economía de
pequeña y mediana escala y los productores del modelo familiar agroganadero.


6. Favorecer la producción, transformación y venta de productos ecológicos y de proximidad en coherencia con las estrategias y medidas europeas, como las relativa a la Política Agraria Común o la estrategia 'de la granja a la mesa', entre
otras, además de aquellas otras políticas que puedan ser puestas en marcha desde las administraciones central, autonómicas y locales.'


Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de septiembre de 2020.-Isabel Franco Carmona, Diputada.-Txema Guijarro García, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común.


161/001454


A la Mesa de la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación


Doña Ana María Oramas González-Moro, Diputada de Coalición Canaria Nueva Canarias, integrada en el Grupo Parlamentario Mixto, de conformidad con lo previsto en el Reglamento del Congreso de los Diputados presenta, para su debate en Comisión,
la siguiente Proposición no de Ley sobre mantenimiento de los fondos de la política Agraria Común para Canarias.


Exposición de motivos


El pasado 21 de septiembre de 2020 se celebraba un Consejo de Ministros de Agricultura de la Unión Europea. Tras dicha reunión, el Presidente del Consejo Europeo deba a conocer el borrador de informe que propone un recorte de fondos de la
PAC para Canarias que se cifran en más de 227 millones de euros.


Las primeras previsiones presupuestarias de la Unión Europea conocidas a mediados de 2018 para el periodo 2021-2027 implicaban para Canarias un recorte del 3,9 %. Sin embargo, estas previsiones se han visto incrementadas con este nuevo
informe que eleva el recorte al 10,1 % de los fondos.


Tanto Francia como Portugal como el propio Gobierno de España se han pronunciado en contra de estos recortes que significarían la imposibilidad de continuar para muchos agricultores, ganaderos y pescadores que tendrían que abandonar sus
explotaciones o trabajo.


El Informe de la Comisión de 23 de marzo de 2020 (COM (2020) 104 final) señala en sus Conclusiones que:


'Teniendo en cuenta los progresos realizados, la plena aplicación de la Comunicación requiere acelerar y centrar los esfuerzos en sectores clave: abordar el cambio climático, proteger la biodiversidad, introducir la economía circular y
orientarse hacia las energías renovables [...[ Esta es la razón por la que la Comisión prestará especial atención al papel de las regiones ultraperiféricas en el Pacto Verde, teniendo en cuenta sus vulnerabilidades y sus activos [...] Además es
necesario proseguir los esfuerzos para seguir desarrollando la economía azul y mejorando la conectividad en las regiones ultraperiféricas.'


Estas líneas de trabajo se pondrían en riesgo si se producen recortes que imposibiliten la continuidad de las actividades agrarias y pesqueras que supongan el abandono de zonas cultivadas, muchas de ellas en terrenos que no pueden ser
ocupados por otros cultivos o por zonas verdes por las dificultades climáticas.



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En apoyo de las Regiones RUP se manifestó el Parlamento Europeo a través de una Resolución de 14 de marzo de 2020 sobre el próximo marco financiero plurianual en la que se solicita formalmente no solo mantener sino aumentar la dotación
asignada al POSEI para el periodo 2021-2027.


Más de 60 organizaciones representativas del sector de las RUP han hecho llegar una comunicación conjunta a la Presidenta de la Comisión Europea y al Comisario de Agricultura expresando su rechazo a cualquier recorte presupuestario. En este
documento las organizaciones de agricultores de las Islas expresan su enorme preocupación por un potencial recorte presupuestario del POSEI, constatando el cambio de posición de la Comisión Europea y del propio comisario Janusz Wojciechowaki, quien
se había comprometido públicamente a que la Comisión apoyaría al menos el mantenimiento de la dotación financiera del POSEI.


Por todo lo expuesto se formula la siguiente


Proposición no de Ley


'El Congreso de los Diputados insta a la Presidencia del Gobierno de España a obtener el apoyo del Consejo Europeo para el mantenimiento de la ficha financiera de los fondos POSEI en el nuevo marco financiero de la UE.'


Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de septiembre de 2020.-Ana María Oramas González Moro, Diputada.-El Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.


Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico


161/001445


A la Mesa del Congreso de los Diputados


El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la recuperación del frente
amurallado de la ciudad de Cádiz para su debate en la Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico.


Exposición de motivos


Desde el siglo XVII se reconoció a los baluartes, castillos y murallas de la ciudad de Cádiz un carácter defensivo de primer orden lo que otorgó al municipio el reconocimiento de fortaleza estratégica hasta llegar a ser elegida, por este
carácter, como sede de las reuniones de las Cortes Constituyentes.


Las murallas de Cádiz y los castillos de la ciudad tienen por ello, no solo un valor único constituyendo un auténtico legado histórico, sino también un valor patrimonial y cultural fuera de todo género de dudas.


A pesar de este valor incuestionable, el paso del tiempo y el entorno agresivo, están provocando un deterioro muy importante en este frente amurallado.


Por parte del anterior Ministerio de Medio Ambiente, a través de la Dirección General de Costas, se diseñó un Plan de Actuación que comenzó a ejecutarse pero que, la inestabilidad política de los últimos años y la ausencia de unos nuevos
Presupuestos Generales del Estado, han llevado a la más absoluta paralización ante la desidia del nuevo gobierno de la Nación que únicamente ha realizado alguna actuación puntual de urgencia en el Castillo de Santa Catalina.


La situación se hace más compleja si consideramos que el actual Ministerio de Transición Ecológica que es el titular de las fortificaciones y por lo tanto el responsable de su protección cultural, no tiene entre sus funciones el
mantenimiento de estos equipamientos ni tampoco tiene presupuesto para abordar tal competencia.


Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular, haciendo suya la reivindicación de los gaditanos y gaditanas, reclamamos al gobierno de España que redefina las competencias para la conservación de las fortificaciones de la ciudad de Cádiz en
el Ministerio de Cultura si lo considera más adecuado pero que, en todo caso, incluya las partidas presupuestarias necesarias en los próximos Presupuestos Generales del Estado para realizar las intervenciones necesarias que garanticen la
consolidación de las mismas y



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que habilite, con carácter urgente, las partidas necesarias para las actuaciones urgentes que eviten la pérdida de este legado histórico.


Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, presenta la siguiente


Proposición no de Ley


'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a habilitar, con carácter urgente, las partidas necesarias para evitar el deterioro irreparable del frente amurallado de la ciudad de Cádiz y a incluir, en los próximos Presupuestos Generales
del Estado, las partidas presupuestarias necesarias para garantizar su recuperación a través de las ejecución del Plan de Actuación diseñado por la Dirección General de Costas.'


Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de septiembre de 2020.-María José García Pelayo Jurado y Guillermo Mariscal Anaya, Diputados.-Concepción Gamarra Ruiz-Clavijo, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


161/001446


La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.


(161) Proposición no de Ley en Comisión.


Autor: Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


Proposición no de Ley relativa a la declaración del alga asiática como especie exótica invasora.


Acuerdo:


Teniendo en cuenta la subsanación de la omisión de la firma del portavoz contenida en el escrito número de registro 59352, y considerando que se solicita el debate de la iniciativa en Comisión, admitirla a trámite como Proposición no de Ley,
conforme al artículo 194 del Reglamento, y disponer su conocimiento por la Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.


En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.


Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de octubre de 2020.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.


A la Mesa del Congreso de los Diputados


El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la declaración del alga
asiática como especie exótica invasora, para su debate en la Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico.


Exposición de motivos


Desde el mes de julio del pasado año 2019 el litoral de la provincia de Cádiz, así como las costas de Huelva, Granada y Málaga están sufriendo la presencia del alga asiática. Dicha presencia se ha convertido en un grave problema para el
sector pesquero de las zonas afectadas al que ha provocado importantes pérdidas, así como para la industria turística, por su repercusión en la imagen de nuestras playas e incluso ha perjudicado a los ayuntamientos de los municipios afectados que se
han visto obligados a retirar, con cargo a sus propios presupuestos, grandes toneladas de algas de sus playas.



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Dicha especie asiática, calificada por los expertos como la Rugulopterix Okamurae, llegó, al parecer, a las costas andaluzas en las aguas de lastre de mercantes del continente asiático y proliferó de forma salvaje sin llamar la atención por
su parecido con otras especies autóctonas.


A pesar de la urgencia en la declaración de este alga como especie invasora y de que el Delegado del Gobierno en Andalucía manifestara públicamente el compromiso del gobierno de España de que se declararía como especie invasora antes de que
finalizara el año 2019, dicha declaración aún no se ha producido.


Por parte del Ministerio de Transición Ecológica se ha sostenido recientemente que aún es necesario superar tres trámites administrativos: el dictamen del Comité Científico de su propuesta de catalogación, la realización de una consulta a
la Comisión Estatal para el Patrimonio Natural y la Biodiversidad y, posteriormente, la tramitación de una Orden Ministerial. Superados esos tres trámites, sería posible que el alga figurara en el Catálogo Español de Especies Exóticas Invasoras.


El retraso en la inclusión en el Catálogo Español está, a su vez, provocando un perjuicio añadido pues, tal y como reconoce la Dirección General de Medio Ambiente de la Comisión Europea, el hecho de que no se haya recibido solicitud del
gobierno de España para la inclusión del alga en la lista de especies exóticas invasoras de la Unión Europea, provoca que nuestro país no pueda recibir ayudas económicas para compensar incidentes medioambientales o ayudas para la realización de
estudios y controles, entre otras.


Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, presenta la siguiente


Proposición no de Ley


'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a agilizar los trámites administrativos necesarios para declarar el alga asiática (Rugulopterix Okamurae) como especie invasora y a su inclusión en el Catálogo Español de Especies Exóticas
Invasoras así como a solicitar a la Unión Europea su inclusión en la lista de especies exóticas invasoras y las ayudas económicas que dicha inclusión reconoce.'


Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de septiembre de 2020.-María José García Pelayo Jurado y Guillermo Mariscal Anaya, Diputados.-Concepción Gamarra Ruiz-Clavijo, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


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A la Mesa del Congreso de los Diputados


El Grupo Parlamentario Plural, a instancia del Diputado del Bloque Nacionalista Galego (BNG) Néstor Rego Candamil, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente
Proposición no de Ley para el establecimiento de ayudas compensatorias a las mariscadoras y mariscadores durante la ejecución de las obras de regeneración y dragado de la Ría do Burgo para su debate en la Comisión de Transición Ecológica y Reto
Demográfico.


Exposición de motivos


La Ría do Burgo es un ecosistema de gran valor medioambiental que sufre las consecuencias de una gran presión urbana y de un nivel de contaminación que hacen urgente que se actúe para conseguir su regeneración integral. Distintos colectivos
ecologistas, sociales y el propio BNG han venido reclamando en los últimos años una actuación completa que permita recuperar el valor ambiental y económico de la ría.


Fruto de ese trabajo, y de la presión social y política, en el 2015 se iniciaban los trámites para poner en marcha el 'Dragado ambiental de los sedimentos de la Ría do Burgo', proyecto que ahora finalmente parece tomar forma. Todos los
vecinos y vecinas de los concellos que rodean la Ría do Burgo, así como el conjunto de actores sociales, institucionales y económicos de la zona, y que directa o indirectamente dependen de la buena salud ambiental de la ría, llevan años esperando a
que se materialice. El acuerdo alcanzado entre el Ministerio de Transición Ecológica y la Xunta de Galiza sobre el proceso de licitación es una buena noticia, pues significa que las obras, tan necesarias, se iniciarán en breve. Sin embargo,



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siguen quedando reclamaciones sociales pendientes y que es urgente que se atiendan y se incorporen al proyecto, pues son también parte esencial en el mismo.


La regeneración de la Ría do Burgo debe ser un proyecto integral, en la que el dragado es solo una parte. Así, desde el primer momento, la Mesa da Ría do Burgo, constituida por distintas entidades (Confraría de Pescadores da Coruña,
Plataforma en defensa da Ría do Burgo, Universidade da Coruña y los concellos de Cambre, Culleredo, A Coruña y Oleiros), planteaban la necesidad de establecer compensaciones económicas para el sector marisquero, pues la paralización de esta
actividad durante la ejecución del dragado ocasionaría graves pérdidas económicas y pondría en riesgo la posibilidad de su reanudación una vez terminara la actuación.


Además, se reclamaba también desde el conjunto de los colectivos implicados, el establecimiento de un plan de vigilancia que incluya el control exhaustivo y periódico de la calidad de las aguas, la estanquidad de los recintos de
confinamiento de los lodos y la evolución de la flora y fauna.


Por último, se consideraba que era imprescindible la constitución de una Comisión de Seguimiento en el que estén representadas las distintas administraciones y todos los agentes implicados. Sin embargo, todas estas reclamaciones siguen sin
tener respuesta.


Finalmente, entendemos que sería beneficioso que se aprovecharan los mecanismos que pone a disposición de las Administraciones Públicas la Ley de Contratos del Sector Público para la introducción de cláusulas sociales o medioambientales en
los procedimientos de contratación. Estas cláusulas son un mecanismo que permite incidir y fomentar que las empresas que realicen obras financiadas con fondos públicos lleven a cabo acciones que reviertan en beneficio de la comunidad. Así, la
empresa que finalmente resulte adjudicataria en el procedimiento, debería contar para la realización de las obras de dragado con los propios mariscadores que son los que mejor conocen el medio en el que se van a desarrollar. Establecer como
condición que la empresa deba contratar a mariscadoras y mariscadores en la realización de los trabajos de regeneración y dragado sería plenamente conforme con la normativa europea y estatal. Serviría para, conjuntamente con las ayudas
compensatorias al sector, paliar los efectos negativos de la obligada parada de la actividad mientras se desarrollen las labores de dragado.


Por todo lo expuesto anteriormente, se presenta la siguiente


Proposición no de Ley:


'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:


1. Llegar a un acuerdo con todas las Administraciones implicadas en el Proyecto del Dragado ambiental de la Ría do Burgo y con la Confraría de Pescadores da Coruña para asegurar las necesarias compensaciones económicas para las y los
afectados durante la suspensión de la actividad extractiva y su mantenimiento hasta que se pueda reanudar la práctica del marisqueo con total normalidad para así permitir la posibilidad de mantener la actividad una vez que termine el Dragado.


2. Incluir como parte del Proyecto el establecimiento de un plan de vigilancia que incluya el control exhaustivo y periódico de la calidad de las aguas, la estanquidad de los recintos de confinamiento de los lodos y la evolución de la flora
y fauna.


3. Constituir una Comisión de Seguimiento en el que estén representadas las distintas administraciones y todos los agentes implicados.


4. Introducir en el procedimiento de contratación una cláusula social que establezca como condición a la empresa que finalmente resulte adjudicataria en el procedimiento, el deber de contratar en la realización de las obras de regeneración
y dragado a mariscadoras y mariscadores.'


Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de septiembre de 2020.-Néstor Rego Candamil, Portavoz del Grupo Parlamentario Plural.



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A la Mesa del Congreso de los Diputados


El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para la protección de la biodiversidad
en territorios insulares mediante la gestión, control y posible erradicación de ofidios invasores, para su debate en Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico.


Exposición de motivos


La especial vulnerabilidad de las islas ante las especies exóticas invasoras se recoge de manera reiterada en la normativa sobre lucha contra las especies exóticas invasoras, por tratarse de sistemas biológicos altamente sensibles.


La experiencia acumulada en comunidades autónomas como las Islas Baleares y las Islas Canarias, donde en relativamente poco tiempo han comenzado a proliferar exponencialmente especies exóticas invasoras, ha obligado redactar una estrategia
conjunta entre los gobiernos estatales y regionales a fin de gestionar y controlar las especies de ofidios que tienen un efecto negativo similar en ambos territorios insulares. Esta estrategia establece acciones comunes para la gestión, el control
y la posible erradicación de los ofidios en islas.


Hace ya más de dos años el Ministerio para la Transición Ecológica (MITECO) juntamente con comunidades autónomas (CCAA) y las ciudades de Ceuta y Melilla elaboraron un documento sobre estrategia de gestión, control y posible erradicación de
ofidios invasores en islas.


En este documento se establece expresamente la necesidad de desarrollar en las islas programas específicos de gestión, control y posible erradicación donde han sido detectadas especies exóticas invasoras o se han evidenciado su
naturalización, todo ello a fin de paliar los efectos negativos sobre los hábitats naturales y sobre las especies autóctonas y evitar su expansión en otras islas.


La presencia de ofidios en islas es altamente preocupante tanto por su incesante reproducción y dificultad de erradicación como por la grave amenaza que representan contra la supervivencia de las especies autóctonas.


A modo de ejemplo conviene poner de relieve que la reciente llegada de ofidios a las Pitiusas ha puesto en evidente y serio riesgo la vida de una especie endémica como la lagartija de las Pitiusas, científicamente conocida con el nombre de
Podarcis Pityusensis, especie a la que se está desplazando por la llegada de ofidios a las islas.


En las Islas Canarias se reproduce la misma situación. En la isla de Gran Canaria la población de lagartos Gallotia stehlini, especie autóctona del Archipiélago de la que se alimentan las serpientes, ha pasado de 400 unidades por hectárea a
menos de 40. Según los expertos el lagarto de Gran Canaria, una especie endémica que ocupa un nicho ecológico fundamental en la biodiversidad de la isla, puede estar en peligro de extinción.


Según se desprende del documento sobre estrategia de gestión, control y posible erradicación de ofidios invasores en islas todo apunta a que la vía de entrada de especies invasoras en Canarias y Baleares responden a un mismo patrón: la
introducción involuntaria asociada a la importación de olivos y/u otras especies ornamentales de gran porte desde la Península Ibérica.


Este documento fue elaborado como instrumento de referencia en la implementación de medidas de actuación compartidas entre las CCAA y el gobierno de Estado. De entre todas ellas se hace especial insistencia en la prevención de llegada de
ofidios y su expansión, la aprobación de normativas de bioseguridad en el comercio de ofidios y de sus vías de introducción accidental; inspecciones en puertos y aeropuertos; cuarentenas y protocolos de importación y exportación; el control de la
importación de especies vegetales desde las áreas de distribución natural de las especies exóticas invasoras y acciones de alerta temprana y erradicación rápida minimicen el peligro de aclimatación en el medio natural, entre otras.


Qué duda cabe que las invasiones biológicas están entre las principales causas de pérdida de biodiversidad. No obstante, si además se producen en ecosistemas extremadamente sensibles como son las islas, las consecuencias pueden ser
irreversibles.



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Las islas con mayor presencia de ofidios son Ibiza y Formentera. Desde el año 2016 se han atrapado 5.081 serpientes a través de cuatro campañas de captura. De esta suma, Ibiza acumula hasta 2.770 reptiles, mientras que Formentera ha
notificado 2.311.


Los expertos de Medio Ambiente calculan que se alcanzará la erradicación de estas especies invasoras a medio plazo en Formentera, mientras que en Ibiza todavía no se prevé un control de la situación y se prevé que su expansión continúe en
aumento.


En la isla de Gran Canaria se ha realizado un total de 1.087 capturas de ejemplares de serpiente real durante el 2019 y nada hace prever una erradicación de la invasión a medio plazo.


Ante esta situación el Gobierno de las Islas Baleares ha sido el primero en denunciar la total ausencia de implicación del Gobierno del Estado. El consejero de Medio Ambiente y Territorio ha exigido al Ministerio de Transición Ecológica
cumpla con los compromisos adquiridos en materia de bioseguridad ante la propagación de serpientes invasoras y ha recordado que la estrategia establecía inspecciones en puertos y aeropuertos, además de cuarentenas y protocolos de importación y
exportación, acciones que ninguna de ellas se ha puesto en práctica a pesar de haber transcurrido dos años desde la aprobación del documento estratégico para la erradicación de especies invasoras.


Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, presenta la siguiente


Proposición no de Ley


'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:


1. Colaborar con la administración autonómica que en su caso corresponda, en la ejecución de las medidas contempladas en el documento de estrategia de gestión, control y posible erradicación de ofidios invasores elaborado por el Ministerio
de Transición Ecológica y Reto Demográfico, y de forma prioritaria a ejecutar las siguientes:


a) desarrollar las medidas de gestión, control y posible erradicación de las especies de ofidios ya naturalizadas en las islas.


b) redactar, aprobar y publicar normativas de bioseguridad en el comercio de ofidios y de sus vías de introducción accidental o provocada.


c) promover el control de la importación de especies vegetales desde las áreas de distribución natural de las especies exóticas invasoras.


d) promover la coordinación con las autoridades competentes tanto en origen como en destino, inspectores veterinarios y fitosanitarios, para establecer un sistema de control y buenas prácticas en el trasporte de olivos u otras especies
vegetales de gran porte que puedan ser vector de entrada de ofidios en territorios insulares.


e) establecer medidas de cuarentena o de tratamiento de estos vectores previo a su introducción en las islas.


f) establecer un control de embarque de olivos y otras especies vegetales de medio y gran porte con destino a las islas debe incluir las garantías pertinentes de la empresa de origen sobre los tratamientos previos al embarque que disminuyan
la posibilidad de transporte de ofidios.


g) establecer en los puertos de entrada en las islas, en colaboración las autoridades ambientales y con otros agentes de la autoridad, inspecciones, totales o muestrales, de partidas de planta ornamental susceptible de transportar ofidios y
mantener en su caso las plantas en cuarentena en lugares apropiados.


2. Ejecutar un plan urgente de recuperación y protección de las especies endémicas en riesgo de extinción por la aparición de especies invasoras en los archipiélagos, en concreto la lagartija conocida como Podarcis Pityusensis propia de las
islas de Ibiza y Formentera o el lagarto Gallotia stehlini propio de la isla de Gran Canaria.'


Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de octubre de 2020.-Miguel Ángel Jerez Juan, Margarita Prohens Rigo, María Auxiliadora Pérez Diaz y Guillermo Mariscal Anaya, Diputados.-Concepción Gamarra Ruiz-Clavijo, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.



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161/001463


A la Mesa del Congreso de los Diputados


El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la construcción de una
depuradora en Sanlúcar de Barrameda (Cádiz), para su debate en la Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico.


Exposición de motivos


El Gobierno de España incluyó la construcción de la nueva depuradora de Sanlúcar de Barrameda (Cádiz) en la relación de las 31 nuevas depuradoras que, con una inversión global de 230 millones de euros, construiría el Estado en Andalucía,
tras ser declaradas obras 'de interés general' por acuerdo de los anteriores gobiernos de la nación y de la Junta de Andalucía.


Efectivamente, la construcción de dicha depuradora se incluyó en el Anexo C IV 'Actuaciones que cuentan con declaración de interés general del Estado y con declaración de interés autonómico' del 'Protocolo General entre el Ministerio de
Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente y la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía, por el que se definen las líneas a seguir por ambas administraciones para el cumplimiento de la Directiva
91/271/CEE, sobre el tratamiento de las aguas residuales urbanas en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía', suscrito el 19 de julio de 2017.


A pesar de que la construcción de la nueva depuradora del municipio de Sanlúcar es un proyecto reclamado desde hace años por los vecinos y por distintos actores sociales, el Gobierno de España manifiesta, actualmente, que 'no es posible
determinar los plazos de ejecución de las obras ni la fecha posible de inicio de las mismas'.


El Gobierno desconoce, con esta respuesta, la situación límite que el vecindario de Sanlúcar está padeciendo, desde hace años, como consecuencia del deficiente funcionamiento de la depuradora actual. Grupos de ciudadanos, y vecinos a título
particular, llevan años denunciando que la deficiente depuración de la EDAR provoca, en muchas ocasiones, molestias por los malos olores. Además, los problemas de depuración ponen en peligro la posibilidad de usar el agua para el baño por el riesgo
de contaminación.


Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, presenta la siguiente


Proposición no de Ley


'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a desbloquear la situación e iniciar con la mayor brevedad las obras de la nueva EDAR de Sanlúcar de Barrameda (Cádiz), dotando las partidas presupuestarias necesarias y sacando la
infraestructura a licitación de manera inmediata.'


Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de octubre de 2020.-María José García-Pelayo Jurado y Guillermo Mariscal Anaya, Diputados.-Concepción Gamarra Ruiz-Clavijo, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


Comisión de Cultura y Deporte


161/001451


A la Mesa del Congreso de los Diputados


El Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre el proyecto de parque cultural en la Sierra de San
Cristóbal, para su debate en la Comisión de Cultura y Deporte.


Exposición de motivos


La Sierra de San Cristóbal se encuentra en el límite entre los municipios de Jerez de la Frontera y el Puerto de Santa María. En este emplazamiento, se hallan diferentes yacimientos de interés cultural. Entre



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esos elementos de alto valor arqueológico, destaca el yacimiento de Doña Blanca, ubicándose el castillo de Doña Blanca, y que tal y como recuerda la Junta de Andalucía, es fundamental para la investigación de la protohistoria no solo en la
Península sino también en el Mediterráneo, sobre todo para el estudio de la presencia fenicia en Cádiz.


En este emplazamiento, también se ubica el centro productor de vino más antiguo de Occidente, construido aproximadamente en el siglo III a.C. El referido centro productor de vino permanece oculto actualmente por razones como la falta de
fondos para realizar su excavación.


Asimismo, destaca en esta ubicación las cuevas-cantera de donde se extrajeron piedras durante siglos, algunas de las cuales forman parte en la actualidad de la estructura del Ayuntamiento de Sevilla y de las Catedrales de Sevilla y Jerez.
La espectacularidad de la localización, atrajo al rey Alfonso XIII en el siglo XX a este lugar, llegando a declarar que eran las cuevas más grandes y maravillosas que había visto. En la actualidad, una parte de las cuevas-canteras de la Sierra de
San Cristóbal fueron declaradas Bien de Interés Cultura por parte de la Junta de Andalucía en el año 2001.


Hasta el día de hoy, se ha intentado impulsar un proyecto para crear un parque cultural en la Sierra de San Cristóbal, con el objetivo dar un impulso económico a la región mediante la creación de un parque cultural, arqueológico y lúdico.
Este proyecto contemplaría la construcción, de entre otras infraestructuras, de una Escuela del Patrimonio Histórico-Arqueológico-Medio Ambiental en la Sierra de San Cristóbal con las que aprovechar el potencial del lugar y promover un nuevo tipo
turismo.


El proyecto de parque cultural en la Sierra de San Cristóbal podría suponer un estímulo económico para la provincia de Cádiz, una de las regiones con una de las tasas de paro más elevadas de toda España, así como una importante dependencia
del sector turístico a la hora de generar riqueza y empleo.


Para que esta iniciativa se haga realidad, no solo es necesaria la iniciativa privada y el compromiso de los Ayuntamientos del Puerto de Santa María y Jerez de la Frontera, sino también la implicación en el mismo de la Junta de Andalucía y
del Gobierno de España.


Por todo lo anterior, el Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta la siguiente


Proposición no de Ley


'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno de la Nación a:


1. Impulsar, en colaboración con la Junta de Andalucía y las Corporaciones locales afectada, el proyecto de parque cultural en la Sierra de San Cristóbal.


2. Incluir los proyectos de excavación necesarios para impulsar el proyecto cultural de la Sierra de San Cristóbal dentro las actuaciones de Patrimonio Histórico financiadas por el 1,5 % cultural, en el supuesto de que sus promotores
presenten su candidatura y cumplan con los requisitos establecidos reglamentariamente.


3. Aumentar la partida presupuestaria dirigida a las ayudas y subvenciones para financiar excavaciones arqueológicas en el exterior, dentro del Plan establecido por el Instituto de Patrimonio Cultural de España.'


Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de septiembre de 2020.-María Carmen Martínez Granados y Guillermo Díaz Gómez, Diputados.-Edmundo Bal Francés, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.


161/001455


A la Mesa del Congreso de los Diputados


El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para impulsar las celebraciones del V
Centenario de la muerte de Elio Antonio de Nebrija, padre de la primera gramática española, para su debate en la Comisión de Cultura.



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Exposición de motivos


En 1522 muere en Alcalá de Henares el padre de la primera gramática española, Elio Antonio de Nebrija. Esta ópera prima de la lengua castellana fue también la primera gramática en el mundo en una lengua distinta al latín.


Nacido en Lebrija (Sevilla) en torno a 1444, fue estudiante en la Universidad de Salamanca, consiguiendo posteriormente una beca para trasladarse y continuar estudios en el Real Colegio de los Españoles en la Universidad de Bolonia, donde
permaneció diez anos, fundamentales para su conocimiento del latín y su enseñanza. En 1475 se traslada a Salamanca de nuevo para ser lector de Elocuencia y de Poesía en la universidad, y posteriormente catedrático de Prima de Gramática. Es
entonces cuando se da cuenta de que no existe manual alguno para sus estudiantes, escribiendo las lntroductiones Latinae, en las que pretende restituir la pureza de la lengua latina y de las que se imprimieron numerosas ediciones en años
posteriores. Hacia 1485 fray Hernando de Talavera, obispo de Avila, le indica la voluntad de la reina Isabel de editar las lntroductiones en su traducción al castellano, siendo 'el primero que abrí tienda de la lengua latina'.


En 1487 abandona la universidad y pasa a trabajar para Juan de Zúñiga, arzobispo de Sevilla, y es en esa época en la que publica la Gramática de la Lengua Castellana y el Diccionario latino-español, entre otras obras. Fue posteriormente, al
final de su vida, catedrático de Retórica de la Universidad de Alcalá, recién creada, con el privilegio de que 'leyese lo que el quisiese, y si no quisiese leer, que no leyese, y que esto no lo mandaba dar porque trabajase, sino por pagarle lo que
le debía España'. En 1517 publicó las Reglas de la Ortographia en la lengua castellana, falleciendo cinco años después, en 1522, en Alcalá de Henares. Nebrija revolucionó la filología clásica y puso los cimientos de la filología española,
vinculándose con la tradición romana, en la que bebe. La publicación en 1492 de la Gramática de la Lengua castellana coincide con la toma de Granada y el descubrimiento de América, hecho decisivo para que su texto se utilice en el conocimiento del
castellano de los nuevos territorios del reino. Pero su curiosidad y erudición no se limita al castellano o el latín, sino que publica diferentes obras históricas, astronómicas, médicas o jurídicas. La Gramática fue la primera publicada en Europa
de una lengua romance y en ella Nebrija siguió los mismos principios que habían inspirado sus Introductiones, la necesidad del estudio gramatical para la fijación y pureza de la lengua.


Con motivo de los 500 años de su muerte, se celebra el V Centenario Elio Antonio de Nebrija en el próximo 2022, momento perfecto para recordar y difundir la importancia de la Primera Gramática Castellana, así como la figura y trabajos de su
autor. Esta importante efeméride ha dado lugar a diferentes propuestas para la conmemoración de esta fecha, en honor a uno de los mejores humanistas y filólogos de todos los tiempos. La gramática de Nebrija fue decisiva para a propagación del
español en todo el mundo y es un referente en los posteriores trabajos sobre nuestra lengua.


Hoy en día, son más de 400 millones de personas en todo el mundo los que se comunican en español, siendo una lengua con una gran demanda de aprendizaje. De ahí la necesidad de la difusión, el estudio y conservación de este patrimonio común
que une e identifica a los hispanohablantes repartidos por todo el mundo.


Concienciar a la sociedad de la importancia del papel histórico y literario de Elio Antonio de Nebrija, por ser el autor de la primera gramática castellana y del primer diccionario latino-español, es una tarea en la que deberían implicarse
todos los niveles de gobierno; local, regional y nacional.


Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, presenta la siguiente


Proposición no de Ley


'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:


1. Reforzar la proyección internacional del Centenario de la muerte de Elio Antonio de Nebrija, impulsando a través de la dirección del Instituto Cervantes y de AECID una agenda de actos internacionales coordinada durante el año 2022 con
todas las sedes internacionales del Instituto Cervantes y os Centros Culturales de España en el extranjero gestionados por la AECID.


2. Considerar la efeméride acontecimiento de especial interés, sometido a beneficios fiscales.


3. Contribuir a través de aportación presupuestaria por parte del Ministerio de Cultura a la cofinanciación de una sede y exposición permanente de la figura de Elio Antonio de Nebrija, en su ciudad natal, Lebrija.



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4. Instar al Ministerio de Educación y Formación Profesional, al desarrollo de material divulgativo sobre la figura de Elio Antonio de Nebrija.'


Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de septiembre de 2020.-María Soledad Cruz-Guzmán García, María Teresa Jiménez Becerril Barrio, Marta González Vázquez, Eduardo Carazo Hermoso, José Ángel Alonso Pérez, María Jesús Moro Almaraz, José
Antonio Bermúdez de Castro Fernández y Alberto Casero Ávila, Diputados.-Concepción Gamarra Ruiz-Clavijo, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


161/001465


A la Mesa del Congreso de los Diputados


El Grupo Parlamentario Socialista, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley para instar al Gobierno a impulsar la presencia de la mujer en los estamentos
deportivos, para su debate en la Comisión de Cultura y Deporte.


Exposición de motivos


La crisis COVID-19 nos está afectando a todas las personas y en todo el mundo, pero afecta de modos diferentes a distintos grupos y agudiza las desigualdades existentes. Según Naciones Unidas la pandemia está teniendo consecuencias sociales
y económicas devastadoras especialmente para las mujeres y las niñas. Son muchos los esfuerzos que durante décadas se han realizado para que las desigualdades de género vayan desapareciendo. Se ha demostrado que, aunque son muchos años los que se
tardan en conseguir derechos para las mujeres basta una crisis económica o social para que se pongan en cuestión.


Es una obviedad que al existir numerosas brechas de género algunas de ellas se han visto incrementadas durante la pandemia. La desigualdad ha aumentado ya que la pandemia no ha tenido el mismo impacto en hombres y mujeres y esta cuestión
debe tenerse muy presente en el diseño de políticas públicas para la recuperación tras la COVID-19. Las políticas públicas para la reconstrucción son una magnífica oportunidad para diseñar la salida de la crisis tanto sanitaria como económica y
social con perspectiva de género sin perder de vista las necesidades y derecho a la igualdad de trato de las mujeres. La reconstrucción tras la crisis de la COVID-19 nos obliga a hacer propuestas para salir de esta crisis sin dejar a nadie atrás.
Este nuevo escenario puede presentarse como una oportunidad para construir un marco social y laboral en el deporte sobre mimbres más igualitarios y reduciendo las brechas de la desigualdad entre mujeres y hombres.


El deporte en su forma más básica fomenta la participación equilibrada y tiene la capacidad de promover la igualdad de género. A través del deporte se puede empoderar a las mujeres y las niñas que además pueden beneficiarse de su efecto
positivo sobre el estado de salud y psicosocial. La participación femenina en el deporte debe impulsar el cambio de valores en la sociedad, debiendo ser un motor de cambio importante, en todas las modalidades y con todos los derechos.


El deporte es un excelente paradigma de cómo las mujeres y las niñas se hacen visibles en ámbitos donde han estado invisibilizadas. Las mujeres deportistas puede y deben servir de modelos y así hacer del deporte una herramienta para la
igualdad. Su profesionalización, el aumento de la participación y la igualdad en el mundo del deporte son cuestiones clave que en estos momentos no podemos dejar de contemplar. Las cifras de participación de la mujer en la alta competición y en el
deporte federado son esclarecedoras: en el deporte federado participan un 77 % hombres y un 23 % de mujeres y en lo relativo a los deportistas de alto nivel, el 62,8 % son hombres y el 37,2 % mujeres. (Anuario 2019 CSD)


La ausencia de perspectiva de género en el deporte se traduce en la reproducción de estructuras, roles y estereotipos sexistas en el ámbito deportivo. Esta discriminación directa e indirectamente que sufren las mujeres penaliza sus carreras
deportivas con condiciones de mayor precariedad, impide el acceso en igualdad a los puestos de máxima responsabilidad, y otorga menor reconocimiento social. Las mujeres deportistas realizan el mismo trabajo que los hombres deportistas, pero en
condiciones de mayor vulnerabilidad y discriminación.



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Con la Orden PRE/525/2005, de 7 de marzo que da publicidad al Acuerdo del Consejo de Ministros, se adoptaron una serie de medidas para favorecer la igualdad entre mujeres y hombres. Mediante la misma, se creó dentro del Consejo Superior de
Deportes una unidad con carácter permanente para desarrollar el Programa Mujer y Deporte, se acordó la firma de un convenio entre el CSD y el Instituto de la Mujer para promover el deporte femenino, se encomendó al Consejo Superior de Deportes que
en todas las campañas o exposiciones para el fomento del deporte se aplique el principio de paridad, acordando también que el mismo Consejo promueva estudios de investigación, análisis y estadísticas dirigidos a fomentar la igualdad de género en el
deporte.


Por otro lado, uno de los objetivos principales de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva entre mujeres y hombres, es promover esa igualdad en nuestra sociedad, mediante políticas activas, superando así tanto los
distintos obstáculos aún existentes, como los estereotipos sociales que impiden alcanzarla. El principio de igualdad se proyecta sobre todos los ámbitos del ordenamiento y de la realidad social en que pueda generarse desigualdad y el deporte no es
una excepción. La Ley en su articulado ordena la igualdad de trato y de oportunidades en el acceso al empleo, en la formación y en la promoción profesional, así como en las condiciones de trabajo, regula y ampara a la mujer en el trato relacionado
con el embarazo y la maternidad, la educación, el deporte, los medios de comunicación o la salud entre otros ámbitos.


En concreto, el artículo 29 de la Ley Orgánica 3/2007 desarrolla la igualdad en el ámbito deportivo, indicando que, los programas públicos de desarrollo del deporte incorporarán la efectiva consideración del principio de igualdad real y
efectiva entre mujeres y hombres en su diseño y ejecución, indicando en su punto dos que el gobierno promoverá el deporte femenino y favorecerá la efectiva apertura de las disciplinas deportivas a las mujeres, mediante el desarrollo de programas
específicos en todas las etapas de la vida y en todos los niveles, incluidos los de responsabilidad y decisión.


Las deportistas con este ordenamiento jurídico tienen un derecho fundamental adquirido de poder practicar su modalidad deportiva, participar en el deporte escolar, en el federado y en la alta competición, mantener relaciones laborales justas
y medidas de conciliación de la vida personal, familiar y laboral en las mismas condiciones que los hombres, además de poder participar activamente e igualitariamente en órganos y cargos de responsabilidad en el ámbito federativo, empresarial y
asociativo del deporte.


Esto no es solo una exigencia de nuestro ordenamiento constitucional y europeo, es también un derecho de las mujeres y un elemento enriquecedor de la sociedad española que contribuye al desarrollo económico y el aumento del empleo. La
participación equilibrada de las mujeres y de los hombres en la toma de decisiones en cualquier ámbito, es un requisito previo de la sociedad democrática. Los últimos datos aportados por el Comité Olímpico Español y el Consejo Superior de Deportes
arrojan una realidad que nos muestra que hay margen de mejora en materia de igualdad: las mujeres representan un 43,7 % en los cargos de Dirección, Subdirección y Jefaturas del CSD. En el COE, en su Comité Ejecutivo y en las comisiones un 21 %.
Es significativo que en el ámbito autonómico las mujeres representen el 22,3 % de Direcciones de Deportes (Informe Jornadas 'Mujer en el deporte femenino 2015').


Por tanto, es necesario, aparte de la creación de una Ley de profesiones del Deporte, revisar o reformar:


- Los criterios para la calificación de las competiciones de carácter profesional.


- La representatividad en los órganos donde se toman las decisiones en el deporte.


- El reparto de las ayudas de manera equitativa.


- Los planes de Igualdad en las Federaciones y en los clubes.


- La presencia y la visibilidad equitativa en los medios de comunicación.


- Equipaciones, premiaciones y entrenamientos en condiciones de igualad para hombres y mujeres.


Asimismo, resulta fundamental que en el deporte escolar se impulsen prácticas deportivas no estereotipadas.


Desde el ámbito público debemos abordar estas cuestiones urgentemente para que todo este mundo deportivo, en esta etapa de crisis COVID19 y posteriormente a la misma, sea un espacio donde la igualdad real y efectiva esté presente sin
barreras ni discriminaciones.


Somos conscientes que, con las actuales dotaciones económicas, no se puede hacer frente a las propuestas que implican aumento presupuestario, por lo que sería imprescindible y conveniente que todos los grupos parlamentarios apoyen los PGE de
2021 para asumir el impacto económico consiguiente y se puedan hacer realidad las medidas incluidas en la iniciativa.



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Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente


Proposición no de Ley


'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:


1. Revisar, actualizar e impulsar el Programa Mujer y Deporte por parte del Consejo Superior de Deportes.


2. Incorporar nuevas líneas de actuación dentro de las políticas activas que incluyan:


- Medidas y estrategias apropiadas para promover una representación y una participación equilibrada y paritaria de las mujeres en todos los ámbitos de toma de decisiones dentro del mundo federativo, empresarial y asociativo en relación con
el deporte.


- Planes de igualdad en todo el tejido federativo, empresarial y asociativo dentro del mundo del deporte.


- Regularización de los planes de conciliación personal, familiar y profesional para las deportistas de alta competición y competición profesional.


- Formación en igualdad de género para todo el tejido universitario, federativo, profesional, empresarial y asociativo dentro del mundo del deporte.


- Implementación de ayudas y subvenciones directas a las deportistas federadas de alta competición y competición profesional.


- Establecimiento de una estrategia global para incrementar la presencia de la mujer deportista en los medios de comunicación al 50 %, velando por la transmisión de una imagen igualitaria, plural y no estereotipada de mujeres y hombres en la
sociedad.


3. Vincular las ayudas a las Federaciones Deportivas Españolas con el cumplimiento del Programa Mujer y Deporte que surja después de su actualización.


4. Realizar estudios con perspectiva de género sobre la situación de mujeres y hombres en el ámbito deportivo.'


Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de septiembre de 2020.-Laura Berja Vega, Juan Luis Soto Burillo, Fuensanta Lima Cid, María Guijarro Ceballos y Maribel García López, Diputados.-Guillermo Antonio Meijón Couselo y Rafael Simancas
Simancas, Portavoces del Grupo Parlamentario Socialista.


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A la Mesa del Congreso de los Diputados


D.a Macarena Olona Choclán, D. Rodrigo Jiménez Revuelta, D.a Patricia Rueda Perelló, D. José Ramírez del Rio, D.a Mireia Borrás Pabón y D. Rafael Fernández-Lomana Gutiérrez en sus respectivas condiciones de Portavoz Adjunta y Diputados del
Grupo Parlamentario VOX (GPVOX), al amparo de lo establecido en los artículos 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, formulan la siguiente Proposición no de Ley relativa a la adopción de medidas de impulso y
protección para el sector cultural de espectáculos, verbenas y fiestas populares de España, para su debate en la Comisión de Cultura y Deportes.


Exposición de motivos


Primero. El Real Decreto-ley 17/ 2020, de 5 de mayo, refleja en su exposición de motivos lo siguiente:


'Entre los sectores económicos especialmente afectados por la crisis y sus consecuencias se encuentra el de la cultura. El conjunto de los espacios culturales y escénicos se ha visto absolutamente paralizado, lo que ha abocado a sus
profesionales a una drástica pérdida de ingresos y a una situación crítica, dada su fragilidad estructural. Para hacer frente a esa situación, es imprescindible implementar nuevas medidas que complementen y adapten las ya existentes con carácter
general, acomodándolas a las singularidades del sector. Estas singularidades hacían muchas veces ineficaces las previsiones



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generalistas, tanto para la protección de trabajadores como para las empresas, especialmente autónomos y PYMES, que, a la pérdida de liquidez, sumaban la falta de acceso adecuado a la financiación'.


Por otra parte, el artículo 3 del citado Real Decreto-ley dispone un sistema de ayudas extraordinarias a las artes escénicas y de la música como consecuencia del impacto negativo de la crisis sanitaria del COVID-19. Dicho artículo señala
expresamente lo siguiente:


'1. Se establece un sistema de ayudas extraordinarias a las artes escénicas y de la música como consecuencia del impacto negativo de la crisis sanitaria del COVID-19. Estas ayudas tendrán carácter excepcional y se concederán por una sola
vez, con arreglo a las siguientes condiciones: a) Las ayudas se otorgarán de acuerdo con los principios de publicidad, transparencia, objetividad, igualdad y no discriminación y mediante el procedimiento de concurrencia competitiva, con las
especialidades establecidas en la presente disposición y en la resolución de convocatoria.'


Segundo. El sector cultural de espectáculos, verbenas y fiestas populares de España está siendo uno de los sectores más afectados por la crisis económica y sanitaria ocasionada por el brote epidémico de la COVID-19. Desde la declaración
del Estado de alarma por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, cientos de eventos han tenido que ser cancelados o aplazados, en el mejor de los casos, en toda España, provocando grandes pérdidas al sector, y causando una situación límite a los
empresarios y trabajadores de los mismos.


Ante esta situación, el Grupo Parlamentario VOX presentó, el pasado 29 de mayo, una pregunta por escrito al Gobierno, en la que se solicitó conocer qué tipo de medidas se había planteado adoptar el Ejecutivo en relación con la cancelación de
espectáculos artísticos, conciertos y festivales por causa de fuerza mayor debido al Estado de alarma.


El 3 de agosto del presente año, el Gobierno contestó en los siguientes términos:


'[ ...] Cabe señalar que se han habilitado líneas de crédito en condiciones especiales que ayuden a paliar el descenso de consumo de productos y servicios culturales producido desde que se decretó el estado de alarma. En este contexto, el
artículo 1 del ya citado Real Decreto-ley 17/2020, de 5 de mayo, ha concedido dos subvenciones directas a la Sociedad de Garantía Recíproca Audiovisual Fianzas SGR ('CREA SGR') para promover una línea de liquidez dirigida exclusivamente al sector
cultural para necesidades de tesorería derivadas de la crisis de la COVID-19.


La línea, posibilitada por una subvención del Ministerio de Cultura y Deporte al fondo de provisiones técnicas de CREA SGR, será avalada por CREA SGR, a través del Instrumento de Garantía financiera para los sectores culturales y creativos
de la Comisión Europea (programa Europa Creativa), canalizada a través de las entidades financieras que deseen colaborar. Además, los costes de la comisión de apertura del aval serán subvencionados por el Ministerio de Cultura y Deporte.


Las condiciones principales de la línea son las siguientes:


- Objeto: necesidades de tesorería derivadas de la crisis sanitaria de la COVID-19.


- Plazos: se podrá solicitar por un periodo de hasta 4 años, y con una carencia del principal de hasta 18 meses.


- Beneficiarios: la línea podrá ser solicitada por pequeñas y medicinas empresas, autónomos, fundaciones y festivales culturales.


- Garantías: no se solicitará ninguna garantía adicional más allá de la situación de la propia entidad solicitante.


- Importe: desde 20.000 hasta 100.000 euros.


- Costes bancarios: serán del 0,5 % por la apertura del préstamo y el tipo de interés Euribor+1,5 % . El pago de intereses podrá ser mensual o trimestral.


- Coste del aval: El único coste del aval será de un 1 % anual, así como las cuotas sociales (0,5 %), que se devolverán al finalizar el préstamo. El coste de la comisión de apertura del aval para acceder a las líneas de financiación será
subvencionado por el Ministerio de Cultura y Deporte.


- Líneas de financiación diferenciadas por sectores.



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La línea de financiación, que podrá alcanzar un total de 780 millones de euros, comprenderá las siguientes líneas:


- Línea Audiovisual.


- Línea de las Artes Escénicas.


- Línea de la Industria Musical.


- Línea de la Industria del Libro.


- Línea de las Bellas Artes.


- Línea de otras empresas del sector cultural.


Cada línea financiará proyectos de ese ámbito y recibirá un importe mínimo de 40 millones de euros. El Ministerio de Cultura y Deporte y CREA SGR realizarán un seguimiento mensual de la distribución de la financiación por líneas.


Esta solución financiera permitirá aportar liquidez al sector cultural de forma urgente, pero de una forma especializada y enfocada a las singularidades de los sectores culturales y creativos.


Tercero. Sin embargo, la realidad es bien distinta, pues las ayudas programadas no están llegando. El sector cultural de espectáculos, verbenas y fiestas populares de España está viviendo un auténtico desierto económico, debido a la falta
de ayudas directas, y se están viendo abocados a la desaparición. No podemos olvidar que el sector del espectáculo aglutina a profesionales y empresas con un impacto directo estimado en el tejido económico del 3,8 % del PIB de España.


Por otro lado, son muchas las familias que viven de la cultura del espectáculo y que han visto cómo sus ingresos se han visto paralizados. Se calcula que trabajan en el sector cultural de espectáculos, verbenas y fiestas populares, 700.000
personas de manera directa, aunque de manera indirecta, podrían ser hasta un millón de personas las que trabajan en actividades derivadas del sector. Cabe destacar, entre otros, los técnicos de sonido e iluminación, los montadores de escenarios,
músicos y cantantes, orquestas de baile, bandas de música, discotecas móviles, empresas de sonorizaciones y espectáculos, circos, distribuidores de material escénico.


En definitiva, el mantenimiento del empleo y del tejido empresarial español deber ser uno de los principales objetivos del actual Gobierno, y los espectáculos culturales, verbenas y fiestas populares como sector especialmente sensible y
vulnerable a la actual crisis económica y sanitaria requiere de un plan de ayudas que tenga en cuenta sus peculiaridades, a fin de proteger su actividad y estructura empresarial.


Por todo ello, el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente


Proposición no de Ley


'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a la creación, en coordinación con las Comunidades Autónomas y los representantes del sector cultural de espectáculos, verbenas y fiestas populares, un Plan Nacional de impulso y protección del
sector cultural de espectáculos, verbenas y fiestas populares de España, a fin de articular un paquete de ayudas que tenga en cuenta las peculiaridades del mismo ante la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19 y, concretamente, las siguientes:


- Promover la realización de eventos culturales, con la adopción de todas las medidas de seguridad y sanitarias necesarias: Promover la reactivación inmediata de las agendas culturales y de eventos de las administraciones públicas, en
especial las de las entidades locales, bajo el estricto cumplimiento de todos los protocolos de seguridad sanitaria.


- Prórroga de la prestación por cese de actividad. El mantenimiento de la prestación debe ir vinculada al progresivo aumento la actividad: Prorrogar la prestación especial por cese de actividad, hasta su reactivación con una recuperación
del 100 % de aforos, a los que continúan con su actividad paralizada, con exención al 100 % de la cuota del RETA, y posibilidad de acceso reduciendo el requisito de la disminución de ingresos al 30 % en relación con los mismos trimestres del año
anterior. Cotización escalonada según días trabajados.


- Promover la adopción de medidas legislativas específicas para los que, debido al carácter estacional e intermitente de la actividad, no se encontraban de alta en el sistema de la seguridad social o se encontraban de baja por enfermedad en
el momento de inicio de la pandemia.


- Reconocimiento de cese de actividad Extraordinaria por fuerza mayor a los trabajadores autónomos con menos de 2 años de alta en el RETA. Acceso a las prestaciones por cese de actividad hasta su reactivación con una recuperación del 100 %
de aforos.



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- Promover la reducción del tipo impositivo y/ o establecimiento de deducciones en la cuota del IRPF para trabajadores autónomos y profesionales del sector desde su incorporación a la actividad, teniendo en cuenta la estacionalidad e
intermitencia de su actividad.


- Durante el periodo de inactividad, y hasta que se reactive con una recuperación del 100 % de los aforos, los trabajadores no verán consumido su derecho a prestaciones y/o subsidios, teniéndose en cuenta el carácter retroactivo de esta
medida desde el 14 de marzo del 2020.


- Promover la reducción del tipo impositivo del Impuesto sobre Sociedades para los ejercicios 2020 y 2021, y aplazamientos excepcionales sin garantías en deudas tributarias de cualquier cuantía, hasta los 18 meses. Promover la exención para
los mismos periodos del Impuesto sobre actividades económicas, Impuesto sobre Bienes Inmuebles afectos al desarrollo de la actividad, así como tributos locales, tasas e impuestos especiales vinculados al desarrollo de la actividad empresarial.


- Llevar a cabo todas las acciones necesarias para ejecutar, en el marco de la Directiva 2006/112/CE del Consejo, de 28 de noviembre de 2006, relativa al sistema común del impuesto sobre el valor añadido, la modificación de la Ley 37/ 1992,
de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido, con el fin de aplicar un tipo reducido del 4 % del IVA al los sectores vinculados a la Industria Cultural, del Espectáculo y Turismo de Congresos, Reuniones, Incentivos y Eventos (MICE), como
medida dinamizadora de la actividad.


- Moratoria en créditos ICO hasta la reactivación de la actividad entendida como la recuperación del 100 % de los aforos.'


Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de octubre de 2020.-Rodrigo Jiménez Revuelta, Patricia Rueda Perelló, José Ramírez del Río, Rafael Fernández-Lomana Gutiérrez y Mireia Borrás Pabón, Diputados.-Macarena Olona Choclán, Portavoz del
Grupo Parlamentario VOX.


Comisión de Sanidad y Consumo


161/001444


A la Mesa del Congreso de los Diputados


El Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre el establecimiento de criterios objetivos y comunes en toda España
para la aplicación por las Comunidades Autónomas de medidas restrictivas para contener la segunda ola de la pandemia de COVID-19, para su debate en la Comisión de Sanidad y Consumo.


Exposición de motivos


La segunda ola de la pandemia de COVID-19, como ya sucediera con la primera, está golpeando con especial virulencia a nuestro país. Como resultado, España es ya el país europeo con mayor número de contagios y el cuarto con mayor número de
fallecimientos, aunque es el primero en exceso de mortalidad en este periodo respecto al año anterior. También España es el país de la OCDE que más empleo ha destruido y el segundo en el que más ha caído el PIB. Lo peor de todo es que, después del
impacto de una primera ola, auspiciado en buena medida por una falta de previsión y reacción ante los primeros casos de la pandemia, resulta incomprensible la inacción que el Gobierno de España está mostrando ante los nuevos rebrotes que se vienen
sucediendo.


Las noticias de las últimas semanas han estado focalizadas en la Comunidad de Madrid, que en la actualidad con casi 214.000 casos acumula el mayor número de casos de la pandemia, seguida de Cataluña con más de 135.000 casos, siendo ambas dos
de los territorios con mayor número de habitantes y mayor densidad poblacional de todo el país, así como con una mayor movilidad interna y externa, tanto con el resto del territorio nacional como con el extranjero. No obstante, la polémica no viene
dada por la incidencia de la pandemia, aspecto que en estos momentos debería ser el único motivo de preocupación, sino por la actitud contradictoria mostrada por el Gobierno de España ante la evolución de la pandemia. Así, desde el ejecutivo
central y en particular desde el Ministerio de Sanidad, se han alternado mensajes



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confusos que por un lado emplazaban al diálogo y la coordinación para mejorar la eficacia en la gestión de la pandemia mientras por otro se actuaba de manera unilateral, incluso amenazando públicamente a la Comunidad de Madrid con aplicar
directamente y de manera discrecional medidas restrictivas en función de criterios que no figuran en ningún protocolo oficial ni cuyos fundamentos vienen avalados por ninguna evidencia ni respaldados por ningún comité científico y que, por supuesto,
no se están exigiendo a ninguna otra Comunidad Autónoma.


De hecho, los últimos datos de incidencia acumulada de la pandemia indicaban que la Comunidad Foral de Navarra, con 358,14 casos por 100 mil habitantes, acababa de superar recientemente los niveles de la Comunidad de Madrid, con 267,09 casos
por 100 mil habitantes. Sin embargo, a diferencia del tratamiento casi obsesivo que la segunda ha recibido por parte del Gobierno de España, no se conoce que desde el ejecutivo se haya emitido ninguna recomendación para la aplicación de medidas
restrictivas de diversa índole por parte del Gobierno de Navarra, del mismo color político que el Gobierno central, ni mucho menos que desde este se haya amenazado con una posible intervención para imponer directamente estas restricciones sobre todo
o parte del territorio de la Comunidad Foral.


Teniendo todo ello presente, el Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta la siguiente


Proposición no de Ley


'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno de España a que con carácter urgente convoque una sesión del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud al objeto de establecer unos criterios objetivos, científicos y
epidemiológicos, comunes en toda España, que rijan en la aplicación por parte de las Comunidades Autónomas de las medidas de distanciamiento social, incluidas restricciones de la movilidad interna y de entrada y salida en áreas afectadas, para
contener la propagación de la segunda ola de la pandemia de COVID-19.'


Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de septiembre de 2020.-Guillermo Díaz Gómez, Diputado.-Edmundo Bal Francés, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.


161/001448


A la Mesa de la Comisión de Sanidad


Ana María Oramas González-Moro, Diputada de Coalición Canaria Nueva Canarias, integrada en el Grupo Parlamentario Mixto, de conformidad con lo previsto en el Reglamento del Congreso de los Diputados presenta, para su debate en Comisión, la
siguiente Proposición no de Ley sobre homologación de mascarillas para personas sordas.


Exposición de motivos


El pasado 23 de septiembre se celebró el Día Internacional de las Personas Sordas. Este año esta celebración tiene como uno de sus objetivos la solución de uno de los problemas que ha traído la pandemia de la COVID-19, el uso de mascarillas
que dificultan el entendimiento para las personas con dificultades de audición, y en especial para las personas que necesitan lectura de labios para poder comunicarse. Este problema se extiende a las personas con espectro autista u otras patologías
que necesitan ver las emociones que refleja al ver un rostro.


Para Marcos Lechet, uno de los promotores de esta iniciativa 'nos apoyamos en la lectura de labios para comprender mejor lo que nos dicen'. La petición iniciada por Marcos Lechet reunió más de 70.000 firmas que fueron entregadas al Ministro
de Sanidad el pasado día 3 de septiembre.


A raíz de esta recogida de firmas, el Ministerio de Sanidad se informó de que se estaba trabajando con el Ministerio de Consumo y el de Industria para localizar a empresas que puedan fabricar ese tipo de mascarillas, así como con AENOR para
abordar la homologación necesaria. Sin embargo, desde ese día no se han producido nuevas noticias, ha comenzado el curso escolar para los niños y niñas sordas sin que se haya dado solución a este problema.



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A continuación transcribimos una de las opiniones que nos han hecho llegar sobre este tema desde la Isla de Tenerife:


'Las mascarillas opacas nos están trayendo muchos problemas de comunicación, y por lo tanto nos están excluyendo, nos sentimos muy tristes porque no logramos tener una conversación en la que podamos entender a los amigos, o incluso cuando
haces unas gestiones, nos hacen sentir tontos, al ver incluso la frustración de la persona que nos habla, a pesar de que le damos alternativas, como bajarse un poco la mascarilla y que nosotros nos alejamos un poco más, algunas personas lo hacen,
otras no, y lo mismo pasa cuando le pides que te lo escriban. Que en una administración no tengan accesibilidad para que una persona sepa qué le están diciendo es tremendo. Lo mismo ocurre si vas a la policía o vas a tu médico, aún más reacios a
bajarla.


Mi propio amigo se negó a bajarse la mascarilla por miedo a contagios y miedo a que le multen. ¿Qué ocurre también con los profesionales con hipoacusia? Un docente con pérdida auditiva que debe enfrentarse a un aula con alumnos con
mascarillas es igual que si le hablarán en coreano, esa inseguridad y esa inquietud causa angustia.


Personal médico, gente común como tú y como yo que no pueden rendir en su trabajo al no poder seguir las indicaciones. O las personas mayores, que se fijan en la boca y están viviendo una doble Soledad.


Lamentablemente la gente no sabe lengua de signos y no todas las personas sordas se comunican en lengua de signos, las hay con ayudas técnicas, implantes o audífonos, pero las mascarillas distorsionan el sonido, como fuera, las personas
sordas todas se fijan en los gestos faciales, la boca y el movimiento corporal.


Por eso pedimos mascarillas transparentes para personas con autismo que necesiten ver las expresiones del rostro, mascarillas transparentes para que cualquier niño se sienta seguro y tranquilo al ver la cara de su profesor. Y que cualquier
persona pueda ver una sonrisa o un enfado si me apuras en la cara de cualquier persona. Solicito mascarillas homologadas a sanidad porque de esta forma las personas se sienten seguras de que esa mascarilla ofrece garantías contra el bicho.'


Por todo lo expuesto se formula la siguiente


Proposición no de Ley


'El Congreso de los Diputados insta al Ministerio de Sanidad a proceder a la homologación de algún tipo de mascarilla sanitaria frente a la COVID-19 que permita a las personas con dificultades de audición así como a sus familiares, amigos y
personal relacionado con ellos la comunicación a través de lectura de los labios.'


Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de septiembre de 2020.-Ana María Oramas González Moro, Diputada.-El Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.


Comisión de Igualdad


161/001466


A la Mesa del Congreso de los Diputados


El Grupo Parlamentario Socialista, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley para instar al Gobierno a impulsar la presencia de la mujer en los estamentos
deportivos, para su debate en la Comisión de Igualdad.


Exposición de motivos


La crisis COVID-19 nos está afectando a todas las personas y en todo el mundo, pero afecta de modos diferentes a distintos grupos y agudiza las desigualdades existentes. Según Naciones Unidas la pandemia está teniendo consecuencias sociales
y económicas devastadoras especialmente para las mujeres y las niñas. Son muchos los esfuerzos que durante décadas se han realizado para que las



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desigualdades de género vayan desapareciendo. Se ha demostrado que, aunque son muchos años los que se tardan en conseguir derechos para las mujeres basta una crisis económica o social para que se pongan en cuestión.


Es una obvíedad que al existir numerosas brechas de género algunas de ellas se han visto incrementadas durante la pandemia. La desigualdad ha aumentado ya que la pandemia no ha tenido el mismo impacto en hombres y mujeres y esta cuestión
debe tenerse muy presente en el diseño de políticas públicas para la recuperación tras la COVID-19. Las políticas públicas para la reconstrucción son una magnífica oportunidad para diseñar la salida de la crisis tanto sanitaria como económica y
social con perspectiva de género sin perder de vista las necesidades y derecho a la igualdad de trato de las mujeres. La reconstrucción tras la crisis de la COVID-19 nos obliga a hacer propuestas para salir de esta crisis sin dejar a nadie atrás.
Este nuevo escenario puede presentarse como una oportunidad para construir un marco social y laboral en el deporte sobre mimbres más igualitarios y reduciendo las brechas de la desigualdad entre mujeres y hombres.


El deporte en su forma más básica fomenta la participación equilibrada y tiene la capacidad de promover la igualdad de género. A través del deporte se puede empoderar a las mujeres y las niñas que además pueden beneficiarse de su efecto
positivo sobre el estado de salud y psicosocial. La participación femenina en el deporte debe impulsar el cambio de valores en la sociedad, debiendo ser un motor de cambio importante, en todas las modalidades y con todos los derechos.


El deporte es un excelente paradigma de cómo las mujeres y las niñas se hacen visibles en ámbitos donde han estado invisibilizadas. Las mujeres deportistas puede y deben servir de modelos y así hacer del deporte una herramienta para la
igualdad. Su profesionalización, el aumento de la participación y la igualdad en el mundo del deporte son cuestiones clave que en estos momentos no podemos dejar de contemplar. Las cifras de participación de la mujer en la alta competición y en el
deporte federado son esclarecedoras: en el deporte federado participan un 77% hombres y un 23% de mujeres y en lo relativo a los deportistas de alto nivel, el 62,8% son hombres y el 37,2% mujeres (Anuario 2019 CSD).


La ausencia de perspectiva de género en el deporte se traduce en la reproducción de estructuras, roles y estereotipos sexistas en el ámbito deportivo. Esta discriminación directa e indirectamente que sufren las mujeres penaliza sus carreras
deportivas con condiciones de mayor precariedad, impide el acceso en igualdad a los puestos de máxima responsabilidad, y otorga menor reconocimiento social. Las mujeres deportistas realizan el mismo trabajo que los hombres deportistas, pero en
condiciones de mayor vulnerabilidad y discriminación.


Con la Orden PRE/525/2005, de 7 de marzo que da publicidad al Acuerdo del Consejo de Ministros, se adoptaron una serie de medidas para favorecer la igualdad entre mujeres y hombres. Mediante la misma, se creó dentro del Consejo Superior de
Deportes una unidad con carácter permanente para desarrollar el Programa Mujer y Deporte, se acordó la firma de un convenio entre el CSD y el Instituto de la Mujer para promover el deporte femenino, se encomendó al Consejo Superior de Deportes que
en todas las campañas o exposiciones para el fomento del deporte se aplique el principio de paridad, acordando también que el mismo Consejo promueva estudios de investigación, análisis y estadísticas dirigidos a fomentar la igualdad de género en el
deporte.


Por otro lado, uno de los objetivos principales de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva entre mujeres y hombres, es promover esa igualdad en nuestra sociedad, mediante políticas activas, superando así tanto los
distintos obstáculos aún existentes, como los estereotipos sociales que impiden alcanzarla. El principio de igualdad se proyecta sobre todos los ámbitos del ordenamiento y de la realidad social en que pueda generarse desigualdad y el deporte no es
una excepción. La Ley en su articulado ordena la igualdad de trato y de oportunidades en el acceso al empleo, en la formación y en la promoción profesional, así como en las condiciones de trabajo, regula y ampara a la mujer en el trato relacionado
con el embarazo y la maternidad, la educación, el deporte, los medios de comunicación o la salud entre otros ámbitos.


En concreto, el artículo 29 de la Ley Orgánica 3/2007 desarrolla la igualdad en el ámbito deportivo, indicando que, los programas públicos de desarrollo del deporte incorporarán la efectiva consideración del principio de igualdad real y
efectiva entre mujeres y hombres en su diseño y ejecución, indicando en su punto dos que el gobierno promoverá el deporte femenino y favorecerá la efectiva apertura de las disciplinas deportivas a las mujeres, mediante el desarrollo de programas
específicos en todas las etapas de la vida y en todos los niveles, incluidos los de responsabilidad y decisión.



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Las deportistas con este ordenamiento jurídico tienen un derecho fundamental adquirido de poder practicar su modalidad deportiva, participar en el deporte escolar, en el federado y en la alta competición, mantener relaciones laborales justas
y medidas de conciliación de la vida personal, familiar y laboral en las mismas condiciones que los hombres, además de poder participar activamente e igualitariamente en órganos y cargos de responsabilidad en el ámbito federativo, empresarial y
asociativo del deporte.


Esto no es solo una exigencia de nuestro ordenamiento constitucional y europeo, es también un derecho de las mujeres y un elemento enriquecedor de la sociedad española que contribuye al desarrollo económico y el aumento del empleo. La
participación equilibrada de las mujeres y de los hombres en la toma de decisiones en cualquier ámbito, es un requisito previo de la sociedad democrática. Los últimos datos aportados por el Comité Olímpico Español y el Consejo Superior de Deportes
arrojan una realidad que nos muestra que hay margen de mejora en materia de igualdad: las mujeres representan un 43,7% en los cargos de Dirección, Subdirección y Jefaturas del CSD. En el COE, en su Comité Ejecutivo y en las comisiones un 21%. Es
significativo que en el ámbito autonómico las mujeres representen el 22,3% de Direcciones de Deportes (Informe Jornadas 'Mujer en el deporte femenino 2015').


Por tanto, es necesario, aparte de la creación de una Ley de profesiones del Deporte, revisar o reformar:


- los criterios para la calificación de las competiciones de carácter profesional;


- la representatividad en los órganos donde se toman las decisiones en el deporte;


- el reparto de las ayudas de manera equitativa;


- los planes de Igualdad en las Federaciones y en los clubes;


- la presencia y la visibilidad equitativa en los medios de comunicación;


- equipaciones, premiaciones y entrenamientos en condiciones de igualad para hombres y mujeres.


Asimismo, resulta fundamental que en el deporte escolar se impulsen prácticas deportivas no estereotipadas.


Desde el ámbito público debemos abordar estas cuestiones urgentemente para que todo este mundo deportivo, en esta etapa de crisis COVID-19 y posteriormente a la misma, sea un espacio donde la igualdad real y efectiva esté presente sin
barreras ni discriminaciones.


Somos conscientes que, con las actuales dotaciones económicas, no se puede hacer frente a las propuestas que implican aumento presupuestario, por lo que sería imprescindible y conveniente que todos los grupos parlamentarios apoyen los PGE de
2021 para asumir el impacto económico consiguiente y se puedan hacer realidad las medidas incluidas en la iniciativa


Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente


Proposición no de Ley


'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:


1. Revisar, actualizar e impulsar el Programa Mujer y Deporte por parte del Consejo Superior de Deportes.


2. Incorporar nuevas líneas de actuación dentro de las políticas activas que incluyan:


- Medidas y estrategias apropiadas para promover una representación y una participación equilibrada y paritaria de las mujeres en todos los ámbitos de toma de decisiones dentro del mundo federativo, empresarial y asociativo en relación con
el deporte.


- Planes de igualdad en todo el tejido federativo, empresarial y asociativo dentro del mundo del deporte.


- Regularización de los planes de conciliación personal, familiar y profesional para las deportistas de alta competición y competición profesional.


- Formación en igualdad de género para todo el tejido universitario, federativo, profesional, empresarial y asociativo dentro del mundo del deporte.


- Implementación de ayudas y subvenciones directas a las deportistas federadas de alta competición y competición profesional.


- Establecimiento de una estrategia global para incrementar la presencia de la mujer deportista en los medios de comunicación al 50%, velando por la transmisión de una imagen igualitaria, plural y no estereotipada de mujeres y hombres en la
sociedad.



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3. Vincular las ayudas a las Federaciones Deportivas Españolas con el cumplimiento del Programa Mujer y Deporte que surja después de su actualización.


4. Realizar estudios con perspectiva de género sobre la situación de mujeres y hombres en el ámbito deportivo.'


Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de septiembre de 2020.-Laura Berja Vega, Juan Luis Soto Burillo, Fuensanta Lima Cid, María Guijarro Ceballos y María Isabel García López, Diputados.-Susana Ros Martínez y Rafael Simancas Simancas,
Portavoces del Grupo Parlamentario Socialista.


Comisión de Seguimiento y Evaluación de los Acuerdos del Pacto de Estado en materia de Violencia de Género


161/001464


A la Mesa del Congreso de los Diputados


El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre medidas destinadas a proteger a
las víctimas de violencia de género como consecuencia del confinamiento derivado de la crisis del COVID-19, para su debate en la Comisión de seguimiento y evaluación de los Acuerdos del Pacto de Estado contra la Violencia de Género.


Exposición de motivos


El Pacto de Estado contra la violencia de Género aprobado a finales del año 2017, indica que la Violencia de Género 'es la manifestación más cruel e inhumana de la secular desigualdad existente entre mujeres y hombre que se ha producido a lo
largo de toda la historia, en todos los países y culturas con independencia del nivel social, cultural o económico de las personas que la ejercen y padecen. Combatir todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda
tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico, o perjuicio económico para la mujer, tanto en la vida pública como en la privada, debe ser una cuestión de Estado, ya que la violencia contra la mujer constituye una violación
de los derechos humanos y las libertades fundamentales'.


El Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica (Convenio de Estambul), que entró en vigor con fecha 1 de agosto de 2014, siendo firmado por 46 países, entre ellos
España, y ratificado por 34, contempla como uno de sus puntos fundamentales todas las formas de violencia sobre la mujer constitutivas de delito: la violencia física, psicológica y sexual, la violación, la mutilación genital femenina, el matrimonio
forzado, el acoso, el aborto forzado y la esterilización forzosa.


El Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial ha publicado el pasado mes de mayo un informe estadístico que analiza los crímenes machistas ocurridos en España entre enero de 2003, fecha en
la que empezaron a contabilizarse las mujeres muertas a manos de sus parejas o exparejas, y el 20 abril de 2019, día en que fue asesinada la víctima número mil: 'Informe sobre los mil primeros casos de víctimas mortales por violencia de género en
el ámbito de la pareja o expareja'.


El informe se ha elaborado a partir de los datos objetivos contenidos en los expedientes judiciales y ha proporcionado una visión global de los mil asesinatos a partir de indicadores como edad de víctima y agresor, relación entre ambos,
existencia de hijos e hijas, nacionalidad o lugar en el que se cometió el asesinato, entre otros. A partir de esta información y de la elaboración de los perfiles de víctima y victimario, puede afirmarse que la violencia machista afecta a todos los
ámbitos y orígenes, sea cual sea la nacionalidad, clase social, grupo étnico, edad o nivel de estudios.


Del estudio se desprende que durante esos dieciséis años y cuatro meses hubo un asesinato machista cada semana y una media de 61,3 víctimas mortales cada año. En 38 de los casos, un total de 44 personas cercanas a las víctimas fueron
asesinadas al mismo tiempo; 23 de ellas menores.



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Pues bien, uno de los mayores factores de riesgo para las víctimas de violencia de género, según se recoge en este Informe, es la convivencia en el hogar familiar. Clarificadores son los datos que se desprenden del mismo:


- Un 60,5% del total de fallecidas mantenían la convivencia con su agresor en el momento de su muerte.


- Un 10% continuaba la convivencia pese a la existencia de denuncia.


- El 75% de los crímenes se produjeron en el domicilio familiar.


- El 42,9% de las víctimas fueron asesinadas por sus maridos y en el 60,6% de los casos la relación entre ambos se mantenía en el momento de la agresión.


- 765 menores se quedaron en situación de orfandad por el asesinato de sus madres, y el 49% de las víctimas tenía hijos menores de edad.


- Los meses de julio y enero fueron los que registraron mayor número de asesinatos machistas.


Por otro lado, la Jurisprudencia del Tribunal Supremo hace referencia al aumento del riesgo cuando victimario y víctima siguen conviviendo una vez que esta ha tomado la decisión de romper la relación; Así como también a que el temor a una
agresión mayor es, en gran medida, la causa del silencio de la víctima o de la interposición tardía de la denuncia.


Lo anteriormente expuesto nos pueden dar una idea de la triste realidad que han vivido muchas mujeres durante la pandemia de la COVID-19, el peligro que ha supuesto para ellas y sus hijos la convivencia continuada como consecuencia del largo
y duro confinamiento decretado por el Estado de Alarma.


Según un artículo publicado por ONU Mujeres el pasado 6 de abril, la enfermedad COVID-19 se ha convertido en la 'situación perfecta' para ejercer un comportamiento controlador y violento en el hogar.


No en vano, los datos del propio Gobierno de España indican que se han producido 8.790 detenciones por violencia de género durante el periodo de Estado de Alarma y 4 mujeres y 2 niños han sido asesinados a lo largo del mismo.


El pasado 15 de junio, la presidenta del Observatorio contra la Violencia de Género del Consejo General del Poder Judicial, María Ángeles Carmona, indicó en el Grupo de trabajo de Política Social de la Comisión de Reconstrucción de la Cámara
baja que el confinamiento había provocado una caída de las denuncias durante los meses de marzo y abril. Sin embargo, tras iniciarse el desescalada se había registrado un repunte en las mismas que persistía en estas últimas semanas.


En este sentido, el propio Consejo General del Poder Judicial ha sido consciente de que la violencia se ha mantenido durante la pandemia, a pesar de esta bajada de denuncias, debido a que el número 016 de ayuda a las víctimas de esta lacra
registró un aumento de llamadas en los primeros meses de confinamiento de un 61,6%, según los datos de la Delegación de Gobierno.


Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, presenta la siguiente:


Proposición no de Ley


'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno de España a:


- Realizar un seguimiento exhaustivo de todos los casos activos de violencia de género en el Ministerio de Interior.


- Dotar de más y mejores medios materiales, así como de mayor número de efectivos a las distintas Unidades encargadas de casos de violencia de género de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.


- Ampliar el número de recursos habitacionales y de emergencia en previsión del repunte en su demanda, cumpliendo con la normativa de protección y seguridad derivada de la crisis de la COVID-19.


- Implantar un Plan de atención psicológica reforzada para hacer frente a las consecuencias derivadas del duro confinamiento entre víctimas, sus hijos y los agresores.


- Reforzar los servicios de atención telefónica destinados a las víctimas de violencia, incluyendo los servicios de traducción e interpretación telefónica para las víctimas de violencia de género que no hablan la lengua oficial del Estado o
las cooficiales en las respectivas Comunidades Autónomas.


- Reforzar el servicio Telefónico de Atención y Protección para víctimas de la violencia de género (ATENPRO), y Alertcops, en coordinación con los de las Comunidades Autónomas.



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- Reforzar los servicios que inciden en la recuperación socio laboral de las víctimas de violencia de género, especialmente en las situaciones de mayor vulnerabilidad, en colaboración con los organismos competentes en materia de empleo de
las distintas Administraciones Públicas.


- Dotar a los Juzgados y Tribunales de mayores medios materiales y humanos para agilizar los procedimientos derivados de violencia de género, especialmente ante el posible aumento derivado del final del confinamiento.


- Dotar a los Juzgados y Tribunales de medios tecnológicos que permitan realizar prueba preconstituida en los supuestos de violencia de género, para evitar la revictimizacion de las mujeres.


- Dotar a todos los profesionales que trabajar con víctimas de violencia de género de Equipos de Protección Individual (EPIS), así como del resto de medidas de protección y prevención de la COVID-19, para que desarrollen su trabajo con total
seguridad y evitar posibles contagios.


- Reforzar los Protocolos y el apoyo a los profesionales de atención primaria para la detección precoz de posibles casos de violencia de género ante la suspensión de la atención presencial y su sustitución por la telefónica.


- Implementar medidas y acciones destinadas a víctimas de violencia de género y sus hijos menores de edad ante la segunda ola de la COVID-19, especialmente, destinadas a las víctimas más vulnerables o las que viven en el medio rural.


- Establecer medidas de asistencia, atención y acogida accesibles para las mujeres con discapacidad ante la segunda ola de la COVID-19.


- Garantizar una protección, atención e intervención integral a las víctimas de trata con fines de explotación sexual que se hayan detectado durante el confinamiento. Con este objetivo, se reforzará la vigilancia a través de las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad del Estado en los lugares donde se ejerza este tipo de violencia, se facilitará alojamiento alternativo y asistencia sanitaria y social a las víctimas que hayan contraído COVID-19.


- Presentar, de forma periódica, en el Congreso de los Diputados una evaluación del funcionamiento de los servicios de atención y protección telefónica.


- Presentar un evaluación de las medidas de protección y del Plan de Contingencia para las víctimas de violencia de género durante el Estado de Alarma.'


Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de octubre de 2020.-Margarita Prohens Rigo, Beatriz Álvarez Fanjul y Rosas María Romero Sánchez, Diputadas.-Concepción Gamarra Ruiz-Clavijo, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


Comisión de Derechos de la Infancia y Adolescencia


161/001450


A la Mesa del Congreso de los Diputados


En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a esta Mesa, para al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley de apoyo
al Proyecto 'Madrasa', para su debate en la Comisión de Derechos de la Infancia y la Adolescencia.


Exposición de motivos


El proyecto Madrasa tiene como objetivo principal facilitar a adolescentes saharauis que residen en los campos de refugiados de Tinduf, al sur de Argelia, todos los medios para su formación académica y personal. Para lograrlo, promueve la
estancia temporal por estudios en familias españolas, sin perder el arraigo con su cultura, lengua y familias biológicas. Este programa se viene desarrollando en España desde hace algunos años, con desigual implantación en las diferentes
Comunidades Autónomas.


Los menores ingresan en el programa a partir de los 12 años para incorporarse a la Educación Secundaria y con el objetivo de que desarrollen todo su potencial académico hasta estudios técnicos o superiores. Madrasa facilita a estos jóvenes
saharauis refugiados apoyos familiares y comunitarios para



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que estudien en España. A la vez, el programa facilita a estos alumnos apoyos extraescolares de lengua y cultura saharaui, para que durante el curso escolar no se desvinculen de ellas.


Madrasa es un proyecto que tiene como premisa la del interés superior de los menores. Se inscribe en el ámbito del desarrollo, la solidaridad internacional, la acción humanitaria, la educación y la defensa de los derechos humanos.


El pueblo saharaui tiene el triste récord de vivir en el campamento de refugiados más antiguo e inhóspito del mundo, emplazado en la Hamada de Tindouf en Argelia, en pleno desierto del Sahara. En los campamentos de refugiados saharauis la
educación es obligatoria pero se interrumpe en edades tempranas. El proyecto Madrasa es un puente vital para que los jóvenes saharauis no se vean abruptamente empujados al abandono de su proceso formativo por falta de alternativas. Facilitando su
convivencia con familias españolas y su inclusión en el sistema educativo español, se ofrecen oportunidades y futuro a quién de otra manera no lo tendría.


Se construye desde la convicción de que todas las personas, también los que sufren por las guerras o los desplazamientos, tienen derecho a la educación, y a un desarrollo profesional que les permita labrarse un proyecto de vida, que al mismo
tiempo sea solidario para con la comunidad.


El proyecto promueve muy directamente el desarrollo de los pueblos, promoviendo la formación de jóvenes saharauis, dotándolos con las suficientes herramientas formativas que les permitan en el futuro unas mejores oportunidades de vida, tanto
personales como colectivas. El proyecto Madrasa es un viaje de vuelta e ida. Los jóvenes saharauis se forman en España con el deseo de aportar todos los saberes y conocimientos adquiridos durante su estancia a la propia colectividad saharaui.


Madrasa funciona gracias a la implicación de las familias voluntarias, sin este eslabón, Madrasa no sería viable. La familia voluntaria acepta al menor como un miembro más, comprometiéndose a su atención, cuidado y escolarización durante
toda su etapa formativa. Las familias de acogida sufragan todos los gastos que se derivan del programa de estudios. Al ser relativamente nuevo y poco conocido, el programa no cuenta con ayudas públicas.


En la gestión y difusión del programa están implicadas las organizaciones de solidaridad con el pueblo saharaui. Se trata de una red de asociaciones con implantación en numerosos municipios de todos los territorios.


En los años en que lleva funcionando, la aceptación del proyecto y de los estudiantes ha sido total e integradora. Los menores conviven con sus compañeros y amigos desde la normalidad entre iguales y con el resto de sociedad.


A la vista de los buenos resultados, el programa tiene que continuar funcionando, mejorar y crecer. Para lograrlo, es necesario que las administraciones públicas se impliquen en él apoyando, desde los diferentes ámbitos a las organizaciones
que lo promueven y a las familias que lo hacen posible.


Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente


Proposición no de Ley


'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno, en coordinación con las Comunidades Autónomas, entidades locales y el movimiento asociativo a apoyar el desarrollo del Proyecto 'Madrasa'.'


Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de septiembre de 2020.-Omar Anguita Pérez, Diputado.-Susana Ros Martínez y Rafael Simancas Simancas, Portavoces del Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso.


PREGUNTAS PARA RESPUESTA ORAL


La Mesa de la Cámara en su reunión del día de hoy ha acordado admitir a trámite, conforme al artículo 189 del Reglamento, las siguientes preguntas orales al Gobierno en Comisión, disponer su conocimiento por las Comisiones que se indican,
dando traslado al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.


En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.


Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de octubre de 2020-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.



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Comisión de Industria, Comercio y Turismo


181/000483


A la Mesa del Congreso de los Diputados


Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Industria, Comercio y Turismo


Diputada doña Patricia Rueda Perelló, Diputada del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX)


Dirigida a la Ministra de Industria, Comercio y Turismo, doña María Reyes Maroto Illera


Texto:


¿Por qué España no ha solicitado a la Unión Europea ningún plan de apoyo al sector turístico, tal y cómo ha afirmado la Vicepresidenta de la Comisión Europea?


Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de septiembre de 2020.-Patricia Rueda Perelló, Diputada.


181/000484


A la Mesa del Congreso de los Diputados


Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Industria, Comercio y Turismo


Diputada doña Patricia Rueda Perelló, Diputada del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX)


Dirigida a la Ministra de Industria, Comercio y Turismo, doña María Reyes Maroto Illera


Texto:


¿Qué medidas va a adoptar su Ministerio ante la investigación del Secretario de Estado de Turismo a petición de la Fiscalía Anticorrupción por malversación de fondos?


Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de septiembre de 2020.-Patricia Rueda Perelló, Diputada.


Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico


181/000485


A la Mesa del Congreso de los Diputados


Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico


Diputada doña Inés Sabanés Nadal, Grupo Parlamentario Plural (GPlu)


Dirigida a la Ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico, doña Teresa Ribera Rodríguez


Texto:


De acuerdo con la información recibida por el Ministerio de Transición Ecológica sobre el tratamiento de residuos sanitarios durante la crisis de la COVID-19, ¿ha realizado el Ministerio, en conjunto con las Comunidades Autónomas, el
análisis y balance de la gestión de residuos afectados por la Orden SND/271/2020?


Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de septiembre de 2020.-Inés Sabanés Nadal, Diputada.



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181/000486


A la Mesa del Congreso de los Diputados


Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico


Diputada doña Inés Sabanés Nadal, Grupo Parlamentario Plural (GPlu)


Dirigida a la Ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico, doña Teresa Ribera Rodríguez


Texto:


¿Qué medidas van a tomar para corregir los incumplimientos de la directiva europea comunitaria sobre depuración de aguas residuales urbanas en los municipios y/o aglomeraciones urbanas que no depuram correctamente sus aguas residuales?


Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de septiembre de 2020.-Inés Sabanés Nadal, Diputada


PREGUNTAS PARA RESPUESTA ESCRITA


184/023742


La Mesa de la Cámara en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.


(184) Pregunta al Gobierno con respuesta escrita.


Autor: Velarde Gómez, Martina (GCUP-EC-GC).


Retirada de su pregunta sobre familias desahuciadas que han solicitado y han tenido acceso efectivo a las ayudas al alquiler en los años 2012 a 2019.


Acuerdo:


Aceptar la declaración de voluntad, teniendo por retirada la iniciativa de referencia, así como comunicarlo al Gobierno y a la autora de la iniciativa y publicarlo en el 'Boletín Oficial de las Cortes Generales'.


En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.


Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de octubre de 2020-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.


Nota-La iniciativa de referencia fue publicada en el 'BOCG, Congreso de los Diputados', serie D, núm. 153, de 5 de octubre de 2020.