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BOCG. Congreso de los Diputados, serie D, núm. 154, de 06/10/2020
cve: BOCG-14-D-154 PDF



BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES


CONGRESO DE LOS DIPUTADOS


XIV LEGISLATURA


Serie D: GENERAL


6 de octubre de 2020


Núm. 154



ÍNDICE


Control de la acción del Gobierno


PROPOSICIONES NO DE LEY


Comisión Constitucional


161/001404 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la defensa del Estado de Derecho y la unidad de España ... (Página6)


Comisión de Asuntos Exteriores


161/001392 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, relativa a la reubicación urgente de las personas refugiadas en Lesbos tras el incendio del campamento de
Moria ... (Página7)


161/001400 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre el fraude electoral y la represión en Bielorrusia ... (Página8)


161/001401 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre el acuerdo entre el Estado de Israel y Emiratos Árabes Unidos ... (Página10)


Comisión de Defensa


161/001418 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Plural, relativa a suspender la exportación a Arabia Saudí de material de defensa, de otro material y de productos y tecnología de doble uso ... href='#(Página11)'>(Página11)


161/001436 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre la Agenda 2030 ... (Página12)


Comisión de Hacienda


161/001412 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, sobre medidas de lucha contra la elusión fiscal de las empresas que contraten con las Administraciones
públicas ... (Página14)


161/001433 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a reducir el 'fraude carrusel' en el IVA ... (Página15)


Comisión de Interior


161/001406 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa al incremento de efectivos de la Policía Nacional en la ciudad de Rota (Cádiz) ... (Página17)



Página 2





161/001407 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre ubicar en Cartagena una Compañía de los Grupos de Reserva de Seguridad (GRS) de la Guardia Civil ante la masiva llegada de inmigración
ilegal ... (Página18)


161/001421 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, para que el Ministerio del Interior aumente la protección a los Agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y de sus familias ante el
aumento de agresiones, amenazas o coacciones ... (Página19)


161/001428 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Plural, relativa a investigar y denunciar los abusos de Estado realizados por el Ministerio del Interior desde 2012 ... (Página21)


161/001441 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, por la que se insta al Gobierno a emprender una reforma en la regulación del modelo de ingreso en la Orden del Mérito Policial, así como las recompensas en el
ámbito de la Policía Nacional ... (Página22)


Comisión de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana


161/001396 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, relativa a la creación de un plan de fomento y apoyo al transporte discrecional de viajeros ... (Página24)


161/001425 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa a promover el uso de las vías verdes ... (Página27)


161/001431 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la finalización de las obras del Nudo de Tres Caminos en la provincia de Cádiz ... (Página29)


161/001434 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Plural, relativa a la rectificación por parte del Gobierno y la recuperación de la línea de Avant Ourense-A Coruña suprimida, así como de las mejoras necesarias en el
servicio ... (Página29)


Comisión de Educación y Formación Profesional


161/001439 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a acelerar con carácter urgente las actuaciones necesarias que permitan a las Comunidades Autónomas la adquisición de 500.000
dispositivos electrónicos para los alumnos más vulnerables ... (Página30)


Comisión de Trabajo, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones


161/001415 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a crear un fondo especial para la atención de la inmigración irregular destinado a las Comunidades Autónomas y a los Ayuntamientos ...
(Página31)


161/001427 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Plural, por la que se insta al Gobierno a revertir con urgencia los recortes de recursos destinados a políticas activas de empleo ... href='#(Página32)'>(Página32)


Comisión de Industria, Comercio y Turismo


161/000820 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, por la que se insta al Gobierno a introducir sistemas de evaluación periódica del impacto territorial de los
proyectos de inversión que se canalizan a través de la política pública de Reindustrialización y Fortalecimiento de la Competitividad Industrial. Incorporación de firma ... (Página33)



Página 3





161/001437 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la aprobación inmediata de un Plan urgente de medidas de apoyo y estímulo a la reactivación de la demanda del turismo doméstico de
forma alternativa a la cancelación de los programas del Imserso de turismo social para la temporada 2020/2021 ... (Página34)


Comisión de Derechos Sociales y Políticas Integrales de la Discapacidad


161/001413 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre implantación de tecnología adaptada a la comunicación y accesibilidad de personas con discapacidad auditiva, como consecuencia de la crisis
derivada de la COVID-19, y la homologación de las mascarillas comunicativas ... (Página36)


161/001414 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre implantación de tecnología adaptada a la comunicación de personas con discapacidad auditiva ... (Página37)


161/001417 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre la accesibilidad universal para personas autistas mediante pictogramas ... (Página38)


161/001424 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa a la necesidad de contar con una estadística completa y actualizada sobre maltrato a las personas mayores ... (Página40)


Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación


161/001429 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la comercialización de las capturas de marrajo y la viabilidad económica de la flota de palangre de superficie ... href='#(Página41)'>(Página41)


Comisión de Política Territorial y Función Pública


161/001423 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre las medidas económicas de apoyo a los municipios y Entidades Locales para paliar los daños causados por temporales y otras situaciones catastróficas ...
(Página43)


Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico


161/001408 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la creación del Comisionado del Gobierno para la recuperación del Mar Menor ... (Página44)


161/001422 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre la gestión cinegética en los Parques Nacionales ... (Página45)


Comisión de Cultura y Deporte


161/001391 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Euskal Herria para la declaración de la cultura como bien esencial y de primera necesidad ... (Página46)


161/001394 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Plural, relativa a modificar el Reglamento General de Costas ... (Página48)


161/001397 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, relativa a la promoción del reconocimiento de la ciudad de Oviedo como Patrimonio de la UNESCO ... (Página50)


161/001405 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre el impulso de medidas inmediatas y urgentes para hacer efectivo el acceso a los profesionales taurinos a las ayudas de prestación
extraordinaria para artistas de espectáculos impulsadas por el Ministerio de Cultura y Deporte en el Real Decreto 17/2020 ... (Página53)



Página 4





Comisión de Asuntos Económicos y Transformación Digital


161/001419 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podernos-En Comú Podem-Galicia en Común, relativa a garantizar el acceso universal de servicios de comunicaciones de banda ancha en las comarcas
rurales ... (Página54)


Comisión de Sanidad y Consumo


161/001398 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre la puesta en marcha de campañas para la prevención de la ludopatía y riesgos del juego ... (Página56)


161/001416 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre la creación de un comité de expertos independientes para la evaluación de la gestión de la pandemia de COVID-19 en España ... href='#(Página57)'>(Página57)


161/001426 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Plural, sobre la adquisición de vacunas de la COVID-l9 por el Estado español ... (Página58)


161/001438 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre la habilitación de los profesionales de farmacia comunitaria para realizar cribados y labores de rastreos en contagios de COVID-19 ... href='#(Página60)'>(Página60)


Comisión de Ciencia, Innovación y Universidades


161/001399 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la modificación del Real Decreto 1086/1989, de 28 de agosto, sobre retribuciones del profesorado universitario, para reconocer el nivel
administrativo correspondiente a la responsabilidad desempeñada por los cuerpos nacionales de Catedrático de Universidad y Profesor Titular de Universidad, respectivamente, y a la cualificación académica requerida para el acceso a dichos cuerpos ...
(Página61)


161/001403 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a garantizar la neutralidad institucional de la universidad española ... (Página62)


161/001440 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre la agilización de los expedientes de homologación de títulos extranjeros de educación superior a títulos oficiales universitarios españoles
de Grado o Máster que den acceso a profesión regulada en España ... (Página63)


Comisión de Igualdad


161/001395 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, relativa a la protección de la mujer embarazada y del no nacido ... (Página65)


Comisión sobre Seguridad Vial


161/001435 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre la implementación de medidas por parte de la Dirección General de Tráfico (DGT) para la concienciación y fomento del uso de la bicicleta, la reforma del
reglamento de circulación con medidas que aumenten la protección y seguridad de los ciclistas y la colaboración con la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) para la promoción de criterios de pacificación que aseguren la puesta en
marcha de redes ciclistas adecuadas ... (Página66)



Página 5





PREGUNTAS PARA RESPUESTA ORAL


Comisión de Ciencia, Innovación y Universidades


181/000479 Pregunta formulada por el Diputado don Pedro Navarro López (GP), sobre previsiones acerca de realizar el Ministerio de Ciencia e Innovación una auditoría sobre la labor del Gobierno y la toma de decisiones, el asesoramiento
científico y la capacidad demostrada por el sistema durante la pandemia ... (Página68)


Comisión de Seguimiento y Evaluación de los Acuerdos del Pacto de Estado en materia de Violencia de Género


181/000480 Pregunta formulada por la Diputada doña Rosa María Romero Sánchez (GP), sobre nuevas medidas y protocolos de detección y prevención en la lucha contra la mutilación genital femenina que se están aplicando desde el Ministerio de
Igualdad ... (Página68)


181/000481 Pregunta formulada por la Diputada doña María Teresa Jiménez-Becerril Barrio (GP), sobre medidas previstas por la Ministra de Igualdad para luchar contra los matrimonios forzados ... (Página68)


181/000482 Pregunta formulada por la Diputada doña María Soledad Cruz-Guzmán García (GP), sobre actuaciones o campañas previstas por el Ministerio de Igualdad para prevenir comportamientos machistas y de control entre los jóvenes ... href='#(Página69)'>(Página69)



Página 6





CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO


PROPOSICIONES NO DE LEY


La Mesa de la Cámara en su reunión del día de hoy ha acordado admitir a trámite, conforme al artículo 194 del Reglamento, las siguientes Proposiciones no de Ley y considerando que solicitan el debate de las iniciativas en Comisión, disponer
su conocimiento por las Comisiones que se indican, dando traslado al Gobierno y publicar en el 'Boletín Oficial de las Cortes Generales'.


En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.


Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de septiembre de 2020.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.


Comisión Constitucional


161/001404


A la Mesa del Congreso de los Diputados


El Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley en defensa del Estado de Derecho y la unidad de España,
para su debate en la Comisión Constitucional.


Exposición de motivos


A lo largo del mes de septiembre de 2020, y cuando se cumplen tres años de los gravísimos hechos ocurridos en Cataluña, con la aprobación de un referéndum ilegal de independencia, su celebración, y la declaración unilateral de independencia,
en acciones condenadas como sedición y malversación por el Tribunal Supremo, el Gobierno del Partido Socialista y Unidas Podemos ha vuelto a reiterar su objetivo de continuar con la Mesa de negociación con quienes promovieron y llevaron a cabo
aquellos gravísimos atentados contra nuestro Estado de Derecho.


No sólo eso, el Gobierno ha insistido en esta Mesa de negociación después de que los autores de aquellos hechos delictivos hayan reafirmado públicamente en varias ocasiones su voluntad de volver a atentar contra el Estado de Derecho.


El Gobierno de PSOE y Unidas Podemos no sólo mantienen su Mesa de negociación, sino que ha tomado la iniciativa para reactivarla. Ha sido el propio presidente del Gobierno quien llamó a principios de septiembre al presidente de la
Generalitat para acordar una próxima reunión. Y esa llamada siguió al acuerdo, a principios de septiembre en Moncloa, con Gabriel Rufián, portavoz de ERC, para reactivar esa Mesa como condición necesaria para un acuerdo sobre los Presupuestos.


Los independentistas catalanes han reiterado y clarificado en varias ocasiones que los objetivos de esa Mesa son la amnistía y el referéndum. Por parte del Gobierno, la portavoz, María Jesús Montero, ha afirmado que la Mesa tiene como
objetivo 'buscar una solución dialogada al conflicto'. Además, el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, ha afirmado en entrevista periodística que 'las sentencias no resuelven problemas políticos', y que el Gobierno 'se propone reformar los
delitos de sedición y rebelión en el Código Penal'.


Por lo tanto, el Gobierno de España mantiene e impulsa una Mesa de negociación con los autores y defensores de graves delitos contra nuestro Estado de Derecho, que, además, proclaman su objetivo de volver a repetir tales delitos. La misma
creación y mantenimiento de esa Mesa vulnera nuestra Constitución y pone en cuestión las bases de nuestra democracia. Y lo anterior aún se agrava cuando los objetivos de esa Mesa son, no sólo claramente ilegales, sino también contrarios a la unidad
de España.



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Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente


Proposición no de Ley


'El Congreso de Diputados insta al Gobierno a renunciar inmediatamente a la llamada Mesa de Diálogo con la Generalitat de Cataluña, a comprometerse a defender nuestro Estado de Derecho, a rechazar cualquier negociación con quienes proclaman
su voluntad de vulnerarlo, y a defender la unidad de España frente a quienes alientan y defienden su ruptura.'


Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de septiembre de 2020.-Edurne Uriarte Bengoechea e Isabel María Borrego Cortés, Diputadas.-Concepción Gamarra Ruiz-Clavijo, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


Comisión de Asuntos Exteriores


161/001392


El Grupo Parlamentario Confederal Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta esta Proposición no de Ley, para su
debate y aprobación en la Comisión de Asuntos Exteriores, relativa a la reubicación urgente de las personas refugiadas en Lesbos tras el incendio del campamento de Moria.


Exposición de motivos


En la madrugada del pasado miércoles 9 de septiembre varios incendios asolaron el campo de refugiados de Moria, en la isla griega de Lesbos, destruyendo tiendas de campaña, barracones y centros médicos y de asistencia de las ONG. Las casi
13.000 personas refugiadas que habitan el campamento, de las que cerca de 6.000 son menores, llevan días a la intemperie y con escasez de agua y comida, en lo que se constituye una nueva situación de emergencia humanitaria. Dado lo imposible de
permanecer en el propio campamento, las personas se amontonan en los márgenes de la carretera que lleva a Mitilene, la capital de la isla, alrededor del propio asentamiento. Estos hechos se suman al brote de COVID-19 detectado en el campamento días
antes, con un gran componente de riesgo por las malas condiciones de habitabilidad del recinto, que solo está preparado para alojar a 3.000 personas y carece de condiciones de higiene y seguridad adecuadas.


Tanto las ONG que operan en el terreno como el Parlamento Europeo habían alertado ya sobre la fragilidad del asentamiento ante posibles brotes de coronavirus. El propio Parlamento Europeo pidió en fechas recientes la evacuación de los
campos de refugiados de las islas griegas para prevenir contagios ante sus precarias condiciones e instó a Bruselas a dar una respuesta inmediata ante la emergencia. Y una semana después de hacer ese llamamiento, urgió a la Comisión Europea a dar
un nuevo impulso al Pacto de Migración y Asilo. Las organizaciones humanitarias realizaron llamamientos similares.


A estas circunstancias se suma el hecho de que ciertos grupos de habitantes locales de la isla, a los que se han unido incluso camiones enviados por el propio alcalde de la población de Mitilene, están bloqueando los accesos al campamento y
sus alrededores, incluyendo el de miembros de las ONG que acuden a prestar ayuda humanitaria, a la vez que obstruyen la salida de los propios refugiados. También se ha instalado un cordón policial que bloquea entradas y salidas.


El Gobierno griego ha declarado el Estado de Emergencia en Lesbos para los próximos cuatro meses, además de anunciar medidas urgentes para el realojo de los migrantes en carpas y barcos militares. También ha enviado refuerzos policiales a
la isla para mantener el orden público. La Comisión Europea, por su parte, ha anunciado la financiación del traslado urgente de los 400 menores no acompañados para su realojamiento en la península griega.


Las personas migrantes y refugiadas allí alojadas están padeciendo las limitaciones de la política migratoria europea -con campamentos superpoblados y sin unas condiciones mínimas de habitabilidad,



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agua o higiene-, que no suponen una solución a las necesidades de estos miles de personas que huyen de la guerra y la pobreza. La pandemia y los desafíos adicionales que presenta no hacen sino agravar la horrible situación de partida de
estas personas. Tras la destrucción del campamento de Moria, tanto los lugareños como los solicitantes de asilo están aún más expuestos al virus.


Las decisiones políticas que tanto la UE como el gobierno griego han llevado a cabo a este respecto no se están mostrando ni adecuadas ni eficaces para dar respuesta a las necesidades de estas personas, dando como resultado también un
aumento de las cifras de detenidos, abandonados en alta mar o fallecidos que intentaban pisar suelo comunitario. Por ello urge poner fin a esta situación y abordar la cuestión desde una perspectiva de derechos humanos y reparto de responsabilidad
entre los Estados miembros.


Ante este estado de las cosas, es necesario tomar medidas inmediatas. Acciones diseñadas bajo criterios de salud pública y observación estricta del respeto a los derechos humanos, con el traslado inmediato de los solicitantes de asilo a
refugios adecuados en el continente y, principalmente, en el resto de Estados miembros de la UE. Es necesaria una política migratoria común y un sistema de asilo que funcione bajo los principios de la solidaridad real; solidaridad entre Estados
Miembros, solidaridad con las comunidades locales y solidaridad con las personas más vulnerables.


Por todo ello se presenta la siguiente


Proposición no de Ley


'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:


1. Impulsar de manera urgente, en el marco de la Unión Europea, una solución europea para abordar la reubicación, en condiciones dignas, de las personas refugiadas en el campamento de Moria, en la isla de Lesbos, con el siguiente esquema de
actuaciones de emergencia:


a) Evacuar prioritariamente a los colectivos más vulnerables, entre ellos los niños y niñas no acompañadas, y facilitar su traslado a lugares seguros antes de ser reubicados en otros Estados miembros de la UE;


b) Iniciar una investigación sobre las causas fundamentales de esta situación;


c) Proteger a los solicitantes de asilo contra ataques violentos;


d) Facilitar el acceso y atención de las organizaciones de la sociedad civil a las personas necesitadas, en particular para brindar atención médica de emergencia, alimentos, agua y otros materiales esenciales.


2. A nivel estatal, establecer un plan que permita, al menos, cumplir con los compromisos adoptados por el Gobierno de España con relación a los cupos de acogida de personas solicitantes de asilo.'


Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de septiembre de 2020.-Lucía Muñoz Dalda y Gerardo Pisarello Prados, Diputados.-Antonio Gómez-Reino Varela y Enrique Fernando Santiago Romero, Portavoces del Grupo Parlamentario Confederal de Unidas
Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común.


161/001400


A la Mesa del Congreso de los Diputados


El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre el fraude electoral y la
represión en Bielorrusia, para su debate en la Comisión de Asuntos Exteriores.


Exposición de motivos


El 9 de agosto de 2020 se celebraron elecciones presidenciales en Bielorrusia. Tras la proclamación de la victoria de Alexandr Lukashenko, con el 84,17 % de los votos frente al 10,12 % de la líder opositora Svetlana Tijanóvskaya, los
candidatos opositores solicitaron al comité de apelaciones de la Comisión Electoral Central la invalidación del resultado, ante las evidencias del fraude cometido por los partidarios



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de Lukashenko, Presidente de la República durante los últimos 26 años y candidato nuevamente a la reelección. La denuncia ha sido avalada con los numerosos testimonios de quienes observaron anomalías durante la precampaña, la campaña, la
votación y el escrutinio. Las instituciones europeas, numerosos gobiernos y organizaciones no gubernamentales especializadas en observación electoral y en derechos humanos han dado credibilidad a estas denuncias, mientras otras, como la
Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE), se negaron desde un principio a observar lo que consideraron unas elecciones no democráticas.


Como consecuencia del fraude, los ciudadanos de Minsk comenzaron la 'Marcha por la Libertad', una protesta pacífica que ha terminado dando lugar a la mayor movilización en la historia de la exrepública soviética. El régimen presidido por
Lukashenko ha reaccionado a las protestas pacíficas poniendo en funcionamiento una brutal maquinaria represiva, responsable de más de 7.000 detenciones, miles de denuncias por uso desproporcionado de la fuerza, amenazas, detenciones ilegales,
represión y tortura y, al menos, tres asesinatos, uno de los cuales ha sido ampliamente difundido por los medios de comunicación.


El Gobierno de España se ha unido a los de Alemania, Bélgica, Eslovaquia, Estonia, Países Bajos, República Checa, Rumanía, Ucrania, Reino Unido, Suiza, Canadá, Estados Unidos y la Santa Sede expresando su preocupación sobre lo ocurrido,
solicitando el fin de la violencia e instando al diálogo. Muchos de estos gobiernos denuncian el clima antidemocrático en que se han desarrollado las elecciones; desconfían del resultado oficial, condenan la brutal represión de las protestas
pacíficas, las detenciones de periodistas y activistas de derechos civiles y exigen que el Gobierno de Bielorrusia ponga fin de manera inmediata a la represión. Otros, como los de Lituania y Letonia, han ido más allá, otorgando asilo político y
protección a la principal líder de la oposición, Svetlana Tijanóvskaya, e instando a que se establezca un régimen individualizado de sanciones contra los principales responsables del fraude y la represión.


Las instituciones europeas no se han quedado al margen de estas denuncias. El Consejo Europeo celebró una reunión monográfica sobre la situación de Bielorrusia, tras la cual su presidente, Charles Michel, anunció que la UE impondrá
sanciones a un 'número sustancial' de personas consideradas responsables del fraude electoral y de la violencia ejercida estas últimas semanas. El Alto Representante de la UE para Asuntos Exteriores y el Comisario Europeo de Vecindad y Ampliación
emitieron una declaración conjunta en la que condenaban la violencia policial y declaraban que la UE supervisaría lo ocurrido, amenazando a los responsables de la represión con posibles sanciones individuales y al régimen con la revisión de los
términos de la relación bilateral. Finalmente, el 17 de agosto, los líderes políticos de los principales grupos del Parlamento Europeo (PPE, S&D, Renew Europe, Verdes/EFA y ECR) emitieron un comunicado conjunto declarando que las elecciones
presidenciales en Bielorrusia no fueron libres ni justas y que hay suficientes evidencias que apuntan a la victoria de Svetlana Tijanóvskaya. En consecuencia, el Parlamento Europeo ha decidido no reconocer a Aleksandr Lukashenko como presidente
electo, declararlo persona non grata en la UE y abogar por unas nuevas elecciones libres. La Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa también ha expresado su condena respecto a lo ocurrido mediante una declaración ampliamente respaldada.


Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente


Proposición no de Ley


'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:


1. Condenar la brutal represión ejercida contra los ciudadanos que pacíficamente ejercían su derecho a protestar contra la manipulación del resultado electoral en Bielorrusia;


2. Exigir en el ámbito de las Instituciones Europeas y en cuantos organismos internacionales participe la inmediata liberación de los activistas de derechos civiles, periodistas y ciudadanos disidentes que continúan detenidos por su
participación en las protestas pacíficas;


3. No reconocer el resultado de la elección fraudulenta celebrada el 9 de agosto de 2020, solicitando al Gobierno de Bielorrusia la celebración de nuevas elecciones con los mínimos estándares de libertad, igualdad y justicia exigibles a
cualquier democracia;


4. Defender, en el ámbito de las Instituciones europeas y en cuantos organismos internacionales participe, las medidas que se consideren oportunas y necesarias para promover una transición a la



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democracia en Bielorrusia, incluyendo un régimen de sanciones individuales sobre los responsables de la represión;


5. Reiterar el compromiso con la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Carta Europea de Derechos Fundamentales y, en general, con la libertad, la democracia, el estado de derecho y los derechos humanos como claves para el desarrollo
de cualquier país y de sus ciudadanos.'


Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de septiembre de 2020.-María Valentina Martínez Ferro y Marta González Vázquez, Diputadas.-Concepción Gamarra Ruiz-Clavijo, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


161/001401


A la Mesa del Congreso de los Diputados


El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre el acuerdo entre el Estado de
Israel y Emiratos Árabes Unidos, para su debate en la Comisión de Asuntos Exteriores.


Exposición de motivos


El acuerdo alcanzado el 13 de agosto de 2020 entre el Estado de Israel y los Emiratos Árabes Unidos, oficialmente conocido como Acuerdo de Abraham, es un motivo de esperanza para alcanzar una paz duradera en Oriente Medio y un ejemplo a
seguir para conflictos entre naciones enfrentadas por motivos de diferente naturaleza.


Tras los acuerdos de paz alcanzados en Camp David con Egipto (1979) y en Oslo con Jordania (1993), Emiratos Árabes Unidos es el tercer país árabe y el primero del Golfo en firmar un acuerdo con el Estado de Israel.


Tras la redacción definitiva y la firma en Washington, ambas partes han anunciado la normalización de relaciones diplomáticas y el fomento de la cooperación en materias como el comercio, la salud, la seguridad, la educación, el desarrollo de
tecnología aeroespacial y el turismo, así como el establecimiento de vuelos comerciales entre Abu Dhabi y Tel Aviv y un acceso más sencillo a la Mezquita de Al-Aqsa de Jerusalén para los ciudadanos palestinos.


Por su parte, Israel ha anunciado la congelación del proyecto de anexión unilateral de parte de los territorios ocupados en Cisjordania, lo que puede servir para impulsar de nuevo la solución de dos Estados propuesta por la Organización de
Naciones Unidas, avalada por la Unión Europea y aceptada por numerosos Estados, entre ellos el Reino de España, para poner fin al conflicto histórico entre el Estado de Israel y Palestina.


Como efecto colateral del acuerdo, Arabia Saudí ha anunciado ya la apertura de su espacio aéreo a vuelos procedentes de Israel, lo que abre la puerta a la reconfiguración de rutas comerciales y de pasajeros entre los países de Europa y Asia.


Por todo lo expuesto, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso propone, para su debate en la Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso de los Diputados, la siguiente


Proposición no de Ley


'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:


1. Declarar su apoyo al 'Acuerdo de Abraham' alcanzado entre el Estado de Israel y los Emiratos Árabes Unidos con la mediación de los Estados Unidos de América y expresar el deseo de que se convierta en permanente, sirviendo de ejemplo y
aliciente para acuerdos de similar naturaleza entre otros países.


2. Facilitar e impulsar los esfuerzos de las partes por ampliar el alcance del Acuerdo, así como promover, en el ámbito de la programación de las Casas del Ministerio de Asuntos Exteriores competentes en el tema -Casa Árabe, Casa Sefarad y
Casa del Mediterráneo- las posibilidades y perspectivas de



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acuerdos similares, así como la conmemoración del XXX Aniversario de la Conferencia de Paz de Madrid (octubre de 1991).


3. Promover, en cuantos organismos internacionales tenga presencia y en el ámbito bilateral de su política exterior, la mediación entre israelíes y palestinos para lograr la reanudación del Proceso de Paz clave para lograr la estabilidad
del conjunto de la región.


4. Reiterar su compromiso y apoyo con la solución de los Dos Estados, que ha sido avalada por amplios sectores de la sociedad de ambos países, por las instituciones de la Unión Europea y buena parte de la comunidad internacional. Dicha
solución pasa por la apertura de un proceso de negociación que culmine con el reconocimiento mutuo, el fin de la violencia y el respeto a los derechos de todos los ciudadanos.


5. Buscar, en cualquier actuación en este sentido, una acción coordinada en concierto con la Comunidad Internacional y en particular con la Unión Europea, teniendo plenamente en cuenta las legítimas preocupaciones, intereses y aspiraciones
del Estado de Israel.'


Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de septiembre de 2020.-María Valentina Martínez Ferro, Marta González Vázquez y Joaquín María García Díez, Diputados.-Concepción Gamarra Ruiz-Clavijo, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso.


Comisión de Defensa


161/001418


A la Mesa del Congreso de los Diputados


El Grupo Parlamentario Plural, a instancias de la Diputada de Junts Per Catalunya, Laura Borràs i Castanyer, de acuerdo con lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta, para su debate ante la Comisión
de Defensa una Proposición no de Ley para suspender la exportación a Arabia Saudí de material de defensa, de otro material y de productos y tecnología de doble uso.


Exposición de motivos


El pasado miércoles 16 de setiembre del 2020 se aprobó en la Comisión de Exteriores del Parlamento Europeo un informe que insta 'a todos los Estados Miembros de la Unión a abstenerse de vender armas o cualquier equipo militar a Arabia Saudí'
y a cualquier miembro de la coalición internacional que participa en el conflicto bélico en el Yemen. Dicho informe contó con el voto a favor del Partido Socialista (PSOE), a través de su eurodiputado Nacho Sánchez del Amor.


En el período comprendido entre 2010 y 2019, Arabia Saudí se encuentra entre los cinco países que han recibido más exportaciones de material de defensa por parte de España, un material valorado en 1.943.366,000 €. El volumen de
exportaciones armamentísticas a Arabia Saudí lo convierten en el principal aliado español en Oriente Medio y en un socio preferencial, sin importar las claras evidencias que apuntan a ataques indiscriminados de Arabia Saudí hacia la población civil
yemení ni las violaciones de derechos humanos y la represión interna llevada a cabo por la casa de los Saúd.


Solamente durante el año 2018, España vendió munición a Arabia Saudí por valor de 97,5 M€. El pasado año se vendió a Arabia Saudí el siguiente material: dos cañones de salvas con sus municiones, munición de artillería (autorizada en el
primer semestre de 2018), bombas de prácticas, plataformas estabilizadoras multipropósito, partes, piezas y repuestos para aviones de combate derivados de un programa de cooperación europeo, dos UAVs blancos, un simulador de sistema portamortero
para entrenamiento y formación, sistemas electroóptícos para un sistema de vigilancia y protección de fronteras y componentes de cámaras infrarrojas. La práctica totalidad de estos materiales (el 97,1 %) tiene como destino las Fuerzas Armadas de
dicho país.


Tal y como ya denunció el Parlamento Europeo en noviembre del 2018 cuando el Pleno de la Eurocámara votó a favor de imponer sanciones contra España y otros países por vender armas a Arabia Saudí, estas exportaciones contravienen el criterio
tercero y cuarto de la Posición Común Europea sobre



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Exportaciones de Armas, que es de obligado cumplimiento para todos los Estados. El objetivo de la Posición Común es 'evitar la exportación de tecnología militar y equipamiento que pueda ser usado para la represión interna, agresión
internacional o para contribuir a la inseguridad regional'. El criterio tercero establece que 'los Estados Miembros deberán denegar la licencia de exportación de tecnología militar o equipamiento que pueda provocar o alargar un conflicto armado, o
agravar tensiones o conflictos en el país de destinación final'. A su vez, el cuarto criterio, sobre la preservación de la paz, seguridad y estabilidad regional, asevera que 'los Estados Miembros deberán denegar la licencia de exportación si hay un
claro riesgo de que la parte interesada usara la tecnología militar o el equipamiento exportado de manera agresiva contra otro Estado'.


Es relevante destacar que en España no ha habido denegaciones de exportación de material de defensa a Arabia Saudí, mientras que otros países de la Unión Europea sí que lo han hecho. Esto podría considerarse como una falta de voluntad por
parte de la Secretaría de Comercio y de la Junta Interministerial Reguladora del Comercio Exterior de Material de Defensa y de Doble Uso (JIMDDU) de reducir los beneficios obtenidos de estas transacciones.


El mismo presidente Pedro Sánchez, en su comparecencia en la Comisión de Defensa del Congreso de los Diputados hace justamente un año, rechazó suspender la venta de armas al régimen saudí argumentando que se perderían puestos de trabajo 'en
zonas muy afectadas por el drama de la desocupación', obviando los devastadores efectos humanitarios que estas ventas tienen en la vida de millones de personas. Cabe recordar que entre 2015 y 2016 se encontraron armas de producción española en
territorio yemení procedentes de Arabia Saudí.


La política exterior y de defensa debe estar estrechamente vinculada a valores democráticos. Las relaciones comerciales y los intereses económicos no pueden prevalecer sobre la defensa de los derechos humanos y de la libertad. Mediante la
venta de armas a Arabia Saudí, el Estado Español está perpetuando un conflicto en el que según Naciones Unidas se habrían cometido crímenes de guerra, está faltando a sus compromisos internacionales y está poniendo en riesgo las vidas de millones de
personas en Oriente Medio.


Proposición no de Ley


'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a abstenerse de vender armas o cualquier equipo militar a Arabia Saudí, y suspender con carácter de urgencia dichas transacciones a través de la Secretaría de Estado de Comercio y de la Junta
Interministerial Reguladora del Comercio Exterior de Material de Defensa y de Doble Uso y en virtud de lo dispuesto en la Posición Común Europea sobre Exportaciones de Armas.'


Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de septiembre de 2020.-Laura Borràs Castanyer, Portavoz Adjunta del Grupo Parlamentario Plural.


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A la Mesa del Congreso de los Diputados


En nombre el Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a es mesa para presentar, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, la siguiente Proposición no
de Ley sobre la Agenda 2030, para su debate en la Comisión de Defensa.


Exposición de motivos


En el año 2000, los países miembros de las Naciones Unidas acordaron conseguir los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) para el año 2015. Al terminar el periodo de cumplimiento de esos ODM, el 25 de septiembre de 2015, la Asamblea
General de la ONU estableció un nuevo acuerdo mundial sobre cambio climático. Tal día se produjo un acontecimiento histórico, los 193 Estados miembros de todo el



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mundo se comprometieron a adoptar la Agenda 2030, un programa impulsado por la ONU que forma parte del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, y que aborda 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), que a su vez se disgregan en
169 metas a alcanzar.


La Agenda 2030 es un llamamiento a la acción global durante los siguientes 15 años. Los países que forman las Naciones Unidas se comprometen a movilizar los medios necesarios para la implementación de los Objetivos, mediante alianzas
centradas especialmente en las necesidades de los más pobres y vulnerables.


Los ODS representan un camino hacia el desarrollo sostenible abarcando las diferentes esferas económica, social y ambiental, con las que pasar del compromiso a la acción. La innovación y la acción común son clave en la implementación de los
Objetivos de Desarrollo Sostenible, por ello, cuentan con la participación de nuevos actores, el sector privado y la sociedad civil.


Lograr alcanzar las metas de los ODS requiere el compromiso y la participación activa de tres órdenes de gobierno: la Administración Pública, encargada de establecer las estructuras básicas y comunes; el sector privado, que juega un papel
decisivo en la implementación de la Agenda 2030; y la sociedad civil, la suma de las acciones de todas las personas favorecerá el cambio para legar un futuro próspero a las siguientes generaciones.


La estrategia debe ir ligada a abordar una serie de necesidades sociales, como la educación, la salud, la protección social, el empleo y el medioambiente. Para lograrlo, las naciones que forman parte de la ONU y más concretamente las que se
han comprometido a alcanzar los ODS, ya sean ricas, pobres o de ingresos medianos, deben adoptarlos como propios. Y cada país es el encargado del seguimiento y evaluación de sus progresos en el cumplimiento de los objetivos.


La Agenda 2030 es el plan de acción climática más amplio y ambicioso impulsado por la Organización de las Naciones Unidas, pero existen otras medidas a alcanzar en un período de tiempo más breve. La Estrategia Europa 2020 es la agenda de
crecimiento y empleo de la UE en esta década, cuyos objetivos ofrecen un panorama global de lo que deben ser los parámetros fundamentales, relativos al empleo, la investigación y desarrollo, el cambio climático y energía, la educación y pobreza y la
exclusión social.


Finalmente el plan de acción mundial propuesto para 2030 desea asegurar, en base a sus objetivos, el progreso social y económico sostenible y fortalecer la paz en cada uno de los rincones del mundo.


En esta Acción de Gobierno, el Ministerio de Defensa está directamente implicado en 6 de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de este plan de actuación internacional, siendo imprescindible que los diferentes Ministerios, y en concreto
el Ministerio de Defensa, actúen de manera coordinada para alinear sus objetivos con los Presupuestos Generales del Estado.


Entendemos que dentro de las políticas activas del Ministerio de Defensa está la del compromiso con el cumplimiento de la Agenda 2030 y su principal objetivo es que todas las políticas de Defensa y todas sus capacidades sean explotadas al
máximo para conseguir contribuir a los Objetivos de Desarrollo Sostenible.


Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente


Proposición no de Ley


'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a integrar en su actuación la perspectiva de la Agenda 2030, así como a colaborar de manera activa, dentro del ámbito de sus competencias, en la consecución de los objetivos de desarrollo.'


Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de septiembre de 2020.-Zaida Cantera de Castro, Begoña Nasarre Oliva, Francisco Aranda Vargas, María del Pilar Rodríguez Gómez, Manuel Arribas Maroto, Ana María Botella Gómez, Eva Bravo Barco, Santos
Cerdán León, Antidio Fagúndez Campo, Héctor Gómez Hernández, José Ramón Ortega Domínguez, Esther Peña Camarero y José Antonio Rodríguez Salas, Diputados.-Felipe Jesús Sicilia Alférez y Rafael Simancas Simancas, Portavoces del Grupo Parlamentario
Socialista.



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Comisión de Hacienda


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A la Mesa del Congreso de los Diputados


El Grupo Parlamentario Confederal Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de ley, para su debate en la Comisión de
Hacienda, sobre Medidas de lucha contra la elusión fiscal de las empresas que contraten con las Administraciones públicas.


Exposición de motivos


En la actual crisis sanitaria, económica y social generada por la pandemia de la COVID-19 la actuación de la Administración Pública está siendo fundamental para paliar los efectos más nocivos de aquella. Desde el mes de marzo se han
aprobado 27 Reales Decretos Ley que regulan medidas en los ámbitos sanitario, económico y social. Destacan las medidas destinadas a contener la propagación del virus, reforzar los servicios sanitarios, garantizar la liquidez del tejido productivo y
de las rentas de las unidades familiares en un contexto de paralización de la economía afectada por shocks casi simultáneos de oferta y demanda.


Los datos de déficit y Contabilidad Nacional Trimestral prueban el gran esfuerzo que están haciendo las distintas Administraciones Públicas por amortiguar el impacto negativo de la crisis. Durante el primer semestre del año el déficit
público de las administraciones (excluidas las entidades locales) alcanzó el 6,11 % PIB (-68.414 M€), como consecuencia del aumento de los gastos en un 11,4 % (27.344 M€, 20.800 millones corresponden a gastos relacionados con la COVID-19) y un
descenso de los ingresos del 7,2 % (15.342 M€), como consecuencia, principalmente, de la caída de la recaudación tributaria. Además, los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística correspondientes a la Contabilidad Nacional
Trimestral muestran que, mientras que el consumo del sector privado ha descendido considerablemente durante el primer semestre en comparación con el primer semestre del año anterior (10,7 %), las Administraciones Públicas han aumentado su consumo un
3,5 %.


El papel de las Administraciones Públicas no acaba en la fase de contención, sino que este debe considerarse como el preludio de una siguiente fase, la de reconstrucción, en la que su actuación debe contribuir a la consolidación y mejora de
las políticas de gasto social, y a reorientar nuestro modelo económico hacia uno inclusivo, de sectores sostenibles, generadores de valor añadido e intensivos en mano de obra.


Para ello, las Administraciones Públicas cuentan con diferentes herramientas, siendo la contratación pública una de las más importantes. Mediante este instrumento, que moviliza en torno al 10 % del PIB y más del 23 % del gasto público
(datos OCDE), se pueden fomentar nuevas actividades económicas, así como modelar el comportamiento de las empresas, introduciendo criterios de responsabilidad social, medioambiental y fiscal en las compras y contrataciones que realiza.


La normativa actual recoge en su articulado elementos que fomentan la aplicación de los criterios sociales y medioambientales en los contratos públicos. El artículo 1.3 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público,
por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, establece que: 'En toda contratación pública se incorporarán de manera transversal y
preceptiva criterios sociales y medioambientales siempre que guarden relación con el objeto del contrato, en la convicción de que su inclusión proporciona una mejor relación calidad-precio en la prestación contractual, así como una mayor y mejor
eficiencia en la utilización de los fondos públicos. Igualmente se facilitará el acceso a la contratación pública de las pequeñas y medianas empresas, así como de las empresas de economía social'. Sin embargo, la normativa no recoge ningún
precepto que incentive la contratación de empresas que no llevan a cabo prácticas de elusión fiscal.


Desde el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común creemos que las Administraciones Públicas deben, de cara a la consecución de un nuevo modelo económico inclusivo y sostenible, impulsar medidas para
reducir las prácticas de elusión fiscal que generan más desigualdad en nuestra sociedad a través de la herramienta de contratación pública.



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Por todo ello, el Grupo Parlamentario presenta la siguiente


Proposición no de Ley


'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:


1. Estudiar e impulsar medidas a nivel europeo para la prohibición de contratar con empresas o grupos radicados en paraísos fiscales.


2. Estudiar e impulsar la armonización fiscal de tributos como el Impuesto de Sociedades con el objetivo de preservar el mercado interior europeo eliminando las distorsiones producidas por algunas jurisdicciones. La lucha contra los
paraísos fiscales y jurisdicciones que practiquen la elusión y el dumping fiscal será una de las prioridades en el seno de la Unión Europea.


3. Estudiar e impulsar que se amplíe el número de grupos que deben presentar el informe país por país, que dicho informe sea público y, entre tanto, que se amplíe la información estadística publicada en España sobre dicho informe.'


Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de septiembre de 2020.-Txema Guijarro García, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común.


161/001433


A la Mesa del Congreso de los Diputados


El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a reducir el 'fraude
carrusel' en el IVA, para su debate en la Comisión de Hacienda.


Exposición de motivos


En mayo de 2019 se hacían públicos los resultados de una investigación realizada por 34 medios de comunicación de 30 países, desvelando una trama de fraude en el IVA que afecta a todos los países miembros de la UE. Europol cuantifica en
50.000 millones de euros la cantidad defraudada cada año mediante el denominado 'fraude carrusel', de ellos se estiman que casi 2.000 millones de euros se defraudan en nuestro país.


Como ejemplo, en mayo de 2018, en el marco de la llamada Operación Dreams, se desmanteló una red que utilizaba este procedimiento vendiendo productos electrónicos, tanto auténticos como falsificaciones, defraudando a la Hacienda Pública
española más de 45 millones de euros.


El modus operandi no era nuevo, los defraudadores habrían creado una trama para la defraudación del IVA en la comercialización de productos mediante una estructura compleja de sociedades en España, Hungría y Bulgaria, entre otros países.
Compraban mercancía en el extranjero y la vendían en España, donde le cargaban el impuesto correspondiente al cliente, pero no lo ingresaban en las arcas públicas. Esto les permitía tener un margen de beneficio muy grande sobre estos productos,
parte del cual se destina a vender a un precio inferior al del mercado, provocando una competencia desleal con el resto de empresas del sector.


Esta operativa es la que, en mayo de 2019, llevó a la Asociación Nacional de Distribuidores e Importadores de Neumáticos -organización que representa más del 80 % del sector de la distribución de neumáticos en España- a denunciar ante la
Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF), perteneciente a la Agencia Tributaria, ventas por debajo de mercado por un presunto caso de fraude carrusel del IVA en el sector del neumático.


El denominado 'fraude carrusel' se aprovecha de las lagunas existentes en el actual régimen de tributación por IVA de las operaciones intracomunitarias, fruto de la inexistencia de una armonización tributaria plena entre los países de la UE,
y exige una solución a nivel comunitario.


Como cada Estado aplica un tipo de IVA distinto y los países que debido a su estructura económica fuesen importadores netos verían reducida su recaudación (tendrían que devolver a los restantes Estados miembros más cuotas soportadas por las
importaciones realizadas que cuotas repercutidas que les fuesen



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devueltas por las exportaciones realizadas), se optó por un régimen transitorio, aplicable desde el año 1993, en el que se instaura la libre circulación de mercancías en la UE por el Acta Única Europea, según el cual la empresa adquirente
del producto importado que proceda de un país intracomunitario se autorrepercute la cuota que correspondería a dicho producto, para simultáneamente poder deducírsela (en la práctica no ingresará nada en Hacienda). Este régimen, en origen
'transitorio', sigue vigente hoy, 27 años después.


Sin embargo, en posteriores entregas del mismo producto dentro de su mercado interior, sí repercutirá el IVA como en cualquier otra operación, dando por tanto derecho a deducción al siguiente adquirente. La defraudación del IVA denominada
'fraude carrusel' puede resumirse en tres momentos:


1. Una empresa A adquiere una mercancía en otro país de la Unión Europea. Al ser una adquisición intracomunitaria, esta empresa A se autorrepercute la cuota del IVA y, al mismo tiempo, se la deduce.


2. Posteriormente la empresa A vende dicha mercancía en el mercado interior a otra empresa española que pertenece a la misma organización, la empresa B. En esa transmisión interior repercute el IVA dando derecho a la empresa B a su
deducción, pero A no ingresa el IVA en Hacienda y desaparece. La empresa A es lo que se denomina una 'missing trader o trucha' en el argot tributario, ya que siempre va a estar administrada por testaferros o personas interpuestas o insolventes,
careciendo además de una estructura empresarial real. La cuota repercutida por la 'trucha' es exactamente lo que la Hacienda Pública deja de recaudar.


3. Si esta empresa B, en vez de venderlo a un cliente final al que repercute la cuota correspondiente (que será beneficio para ella, ya que se deduce la cuota soportada) lo vuelve a vender a una empresa de la trama que está en otro país
comunitario, podrá solicitar la devolución de la cuota soportada, saqueando así la Hacienda Pública, en un ciclo que se puede volver a empezar dando lugar al llamado carrusel.


Las consecuencias de esta operativa, como puede verse son de extrema gravedad: no sólo se deja de ingresar en la Hacienda Pública, sino que, repetido en forma de carrusel, permite el saqueo de las arcas públicas. En términos económicos, en
un sector tan competitivo como el de los componentes informáticos, se ha utilizado para reducir de forma fraudulenta los costes, vender por debajo de mercado y expulsar a los operadores que cumplen la legalidad.


Conscientes de este problema, la normativa comunitaria introdujo el mecanismo de inversión del sujeto pasivo. Así, la Directiva 2013/43/UE del Consejo, de 22 de julio 2013, por la que se modifica la Directiva 2006/112/CE relativa al sistema
común del impuesto sobre el valor añadido en lo que respecta a la aplicación optativa y temporal del mecanismo de inversión del sujeto pasivo a determinadas entregas de bienes y prestaciones de servicios susceptibles de fraude, otorgó a los Estados
Miembros la posibilidad de establecer que el deudor del IVA sea el sujeto pasivo destinatario en una lista de bienes y servicios que incluían, entre otros:


'c) entregas de teléfonos móviles, consistentes en dispositivos concebidos o adaptados para ser utilizados en conexión con una red autorizada, y que funcionen en determinadas frecuencias, tengan o no otro uso';


'd) entregas de dispositivos de circuitos integrados, tales como microprocesadores y unidades centrales de proceso, en un estadio anterior a su integración en productos de consumo final';


'h) entregas de consolas de videojuegos, ordenadores portátiles y tabletas digitales'.


Nuestro ordenamiento jurídico incorporó parcialmente esta opción cuando se modificó la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido, en su 'artículo 84. Sujetos Pasivos', añadiendo un apartado g) que permitía la
inversión del sujeto pasivo en los siguientes productos:


- Plata, platino y paladio, en bruto, en polvo o semilabrado (...).


- Teléfonos móviles.


- Consolas de videojuegos, ordenadores portátiles y tabletas digitales.


Como vemos, no incorporamos en nuestro ordenamiento el apartado d) de la Directiva Comunitaria, dejando un vacío en productos tales como discos duros, memorias, procesadores, circuitos integrados o



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consumibles informáticos, que siguen siendo objeto de 'fraude carrusel', compitiendo deslealmente con los operadores cumplidores del propio sector.


Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente


Proposición no de Ley


'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:


- Modificar el artículo 84 de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido, para incluir discos duros, memorias, procesadores, circuitos integrados y otros componentes informáticos en la lista de productos
susceptibles de inversión del sujeto pasivo a fin de evitar que estos sean objeto de fraude carrusel.


- Ampliar los supuestos de inversión del sujeto pasivo para incluir aquellos productos que, como parece que sucede con los neumáticos, ya están siendo objeto de esta operativa fraudulenta del IVA.


- Impulsar, en los foros comunitarios correspondientes, las reformas necesarias para combatir el fraude en el IVA que la propia lnterpol estima que nos cuesta 50.000 millones de euros anuales a todos los ciudadanos europeos.'


Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de septiembre de 2020.-Jaime Eduardo de Olano Vela, Joaquín María García Díez y Mario Garcés Sanagustín, Diputados.-Concepción Gamarra Ruiz-Clavijo, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso.


Comisión de Interior


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A la Mesa del Congreso de los Diputados


El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa al incremento de efectivos de
la Policía Nacional en la ciudad de Rota (Cádiz), para su debate en la Comisión de Interior.


Exposición de motivos


La ciudad de Rota es uno de los municipios costeros más importantes de la provincia de Cádiz. Rota cuenta, actualmente, con una población de alrededor de 30.000 habitantes que se triplican durante la época estival.


Además de ser un municipio turístico de primer nivel, en Rota también se encuentra la Base Naval de EE.UU., todo ello, junto con la agricultura y un comercio pujante, hacen de Rota una ciudad con una gran actividad económica y, sobre todo,
si se desarrollan las políticas adecuadas, con un futuro prometedor en relación con la creación de empleo.


Uno de los requisitos fundamentales para garantizar la creación de empleo y una convivencia en libertad es garantizar la seguridad de los ciudadanos. Para ello, la Policía Nacional ha de contar con los medios necesarios tanto en relación al
número de efectivos para prestar los distintos servicios como en cuanto a los medios con que dichos efectivos cuentan para trabajar.


A día de hoy, el Catálogo de la Comisaría de Rota incluye un total de 82 efectivos. Además de que dicho catálogo se encuentra obsoleto por no estar adaptado a las necesidades actuales, la Comisaría no cuenta con todos los servicios
completos en relación al número de efectivos que en dicho catálogo se contemplan.


Efectivamente, la UFAM, en muy poco tiempo se va a quedar únicamente con dos efectivos frente a los cinco que según catálogo debe tener.



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El Servicio de Seguridad Ciudadana tiene un déficit de ocho funcionarios y en el Servicio Operativo de Judicial faltan otros cuatro efectivos. Este último grupo es muy importante porque investiga todo tipo de delitos, además de realizar
funciones de información y extranjería. Finalmente, en el servicio de Policía Científica falta un efectivo.


Por otro lado, los funcionarios de la Policía Nacional en Rota no cuentan con vehículos suficientes debido a las permanentes averías, por lo que, en algunos momentos disponen únicamente de un vehículo, y tampoco tienen los chalecos antibalas
suficientes y con las tallas adecuadas para garantizar su propia seguridad.


Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente


Proposición no de Ley


'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a dotar a la plantilla de la Policía Nacional de Rota (Cádiz) con el número de efectivos incluidos en el Catálogo de la Comisaría de dicha ciudad, así como a garantizar que cuenten con los
vehículos suficientes y los chalecos antibalas necesarios para garantizar la seguridad de los policías nacionales.'


Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de septiembre de 2020.-María José García-Pelayo Jurado y Carlos Rojas García, Diputados.-Concepción Gamarra Ruiz-Clavijo, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


161/001407


A la Mesa del Congreso de los Diputados


El Grupo Parlamentario Popular en e! Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para ubicar en Cartagena una Compañía
de los Grupos de Reserva de Seguridad (GRS) de la Guardia Civil ante la masiva llegada de inmigración ilegal, para su debate en la Comisión de Interior.


Exposición de motivos


En los últimos años se viene produciendo, de forma cada vez más acusada, una intensificación de la llegada de inmigrantes ilegales a las costas españolas procedentes del Norte de África, algo a lo que sin duda no es ajeno el efecto llamada
que las erráticas políticas del Gobierno en materia migratoria está provocando entre muchos nacionales oriundos del continente vecino.


Y esta situación se está viviendo con mayor intensidad en unas zonas que en otras, siendo en concreto la Región de Murcia una de las más perjudicadas por este fenómeno, pues su litoral se está viendo desbordado de forma continua por la
masiva llegada de pateras que parten principalmente desde Argelia rumbo a nuestras playas, calas y puertos.


Esta coyuntura está desarbolando la capacidad operativa de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, cuyos miembros se ven incapaces de controlar la situación ante la insuficiencia de efectivos, pues ven cómo a sus habituales misiones
de garantizar la seguridad ciudadana se les unen ahora también las de la búsqueda de los inmigrantes, que huyen monte a través en el momento que pisan suelo español, y las de custodia de aquellos a los que consiguen atrapar, muchas veces realizadas
en centros de detención por completo improvisados y totalmente inadecuados -como carpas o pabellones deportivos-, desde los que también han protagonizado sonoras fugas en estos últimos meses por la escasez de agentes que pueden dedicarse a dichas
labores.


Y lo peor es que no es un problema que tenga visos de solucionarse a corto y medio plazo, pues las condiciones actuales, unidas a la irresponsable política del Gobierno, auguran que tendrá que pasar mucho tiempo -y un cambio radical de
postulados gubernamentales- antes de que cese el tsunami que se ha generado en todo el Magreb y el Sahel con este efecto llamada sin precedentes directamente auspiciado desde el Ejecutivo de la nación.


Huelga comentar al respecto que no se trata ya de cumplir con las prescripciones de la Ley de Extranjería, que por supuesto sería de por sí motivo más que suficiente, sino también de solventar los problemas añadidos de seguridad ciudadana,
pues los agentes no se están pudiendo emplear a esos



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fines en toda la zona costera al estar dedicados casi por completo a atender la avalancha migratoria, y también de salud pública, dado que muchas de las personas que llegan lo hacen infectadas del coronavirus, con los gravísimos riesgos
adicionales que ello conlleva para la población, dado que cualquiera puede entrar en contacto con ellas.


Por tal razón, se convierte en imprescindible reforzar con urgencia las dotaciones de Policía Nacional y Guardia Civil destinadas a estos menesteres en la Región de Murcia. En relación con las primeras, desde el Gobierno ya se ha anunciado
que se va a retomar el proyecto del anterior Gobierno del Partido Popular para la instalación de un CATE en el puerto de Cartagena, actuación que cuenta con nuestro respaldo, pues sabido es que el actual Consejo de Ministros sólo acierta cuando
rectifica, y ello le exige que tenga que asumir los proyectos del PP.


Y respecto a la Benemérita, y ante la inexistencia de planes específicos al respecto en el Ministerio del Interior, por parte del Grupo Parlamentario Popular se insta al Gobierno a ubicar de forma permanente en Cartagena una Compañía de los
Grupos de Reserva y Seguridad (GRS) de la Guardia Civil para poder hacer frente con garantías a esta problemática.


La actual distribución de los GRS en la geografía nacional se realizó hace ya muchos años y no contempló la existencia del por entonces casi inexistente fenómeno de la inmigración ilegal por mar, como prueba el hecho de que para cubrir todo
el litoral mediterráneo del Sureste peninsular las compañías más cercanas se encuentren en Valencia y Sevilla, es decir, entre 300 y 500 kilómetros de distancia, una separación a todas luces excesiva y que impide que estos grupos de élite puedan
tener una participación efectiva en estas labores, más allá de traslados puntuales y ocasionales que en modo alguno solventan las dificultades provenientes de las tremendas presiones migratorias que se han convertido ya en permanentes en las
provincias de Murcia, Almería y Alicante.


Esa es la razón por la que solicitamos la instalación con carácter definitivo de una compañía de los GRS en Cartagena, pues además de ser el principal foco receptor de pateras, se encuentra equidistante de las provincias hermanas de Almería
y Alicante, a las que también podría dar servicio de forma continua al hallarse a apenas unas decenas de kilómetros de los límites geográficos de ambos territorios.


Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente


Proposición no de Ley


'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a ubicar con carácter permanente en Cartagena una Compañía de los Grupos de Reserva y Seguridad (GRS) de la Guardia Civil para poder hacer frente con garantías a la problemática de la masiva
llegada de inmigración ilegal, con origen en pateras procedentes del norte de África, que en los últimos años vienen sufriendo la Región de Murcia y demás provincias del Sureste peninsular.'


Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de septiembre de 2020.-Teodoro García Egea, Isabel María Borrego Cortés, Juan Luis Pedreño Molina y Carlos Rojas García, Diputados.-Concepción Gamarra Ruiz-Clavijo, Portavoz del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso.


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A la Mesa del Congreso de los Diputados


El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para que el Ministerio del Interior
aumente la protección a los Agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y de sus familias ante el aumento de agresiones, amenazas o coacciones, para su debate en la Comisión de Interior.


Exposición de motivos


Las Asociaciones de la Guardia Civil y Sindicatos de Policía Nacional vienen solicitando de manera reiterada que se refuerce la protección judicial y administrativa tanto a los guardias civiles y policías nacionales como a sus familiares
ante las amenazas y agresiones que, de manera creciente, sufren por su condición de trabajadores de la seguridad pública y personas allegadas a estos.



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El pasado 29 de agosto, el Gobierno de España permitía a una minoría pro etarra la celebración del 'Ospa Eguna' en la localidad navarra de Alsasua, con la única finalidad de humillar, acosar y atacar a la Guardia Civil con total impunidad.
Episodios de acoso y agresiones que se repitieron la madrugada del 13 de septiembre cuando la Guardia Civil procedía a dispersar un macrobotellón organizado en la misma localidad. Agresiones, acoso e insultos que vienen sufriendo los agentes de la
Guardia Civil y sus familias en Alsasua desde hace años. En algunos casos, estas proclamas alientan incluso a cometer delitos contra los miembros de la Guardia Civil, uno de los cuerpos españoles más duramente castigados, junto con sus familiares,
por la acción criminal de la organización terrorista ETA. Año tras año se convierte en una jornada de odio contra la Guardia Civil y de aplauso para los etarras y sus entornos.


Las Asociaciones de la Guardia Civil reclaman que el Gobierno ponga en marcha medidas para evitar estos nuevos hostigamientos en Navarra, pues con sus silencios, lo que está haciendo es avalar la actitud de los radicales abertzales contra el
Instituto Armado.


Episodio similar lo encontramos recientemente este verano en Palma de Mallorca, donde una niña de trece años sufrió una agresión y amenazas por ser hija de un guardia civil, o en Cataluña, donde desde hace años se acosa tanto a los agentes
de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado como a sus propios hijos tanto en la calle como en los colegios.


Desde el Partido Popular observamos con creciente preocupación el incremento exponencial de ataques de odio hacia un colectivo que garantiza la seguridad de nuestros derechos y libertades por quienes quieren romper un sistema de convivencia
democrática.


Estas agresiones suponen un gran daño para los guardias civiles, policías y sus familiares. No solo desde el punto de vista físico, sino también psicológico e incluso económico, ya que los periodos de baja suelen comportar una merma en sus
nóminas.


Por último, a la hora de la condena, es desolador observar lo barato que sale el agredir a un agente en España. Así, nuestro Código Penal recoge unas penas de 1 a 3 años, lo que genera que, en un gran número de casos, los autores ni
ingresen en prisión, ni paguen indemnizaciones si son insolventes. Esta situación choca plenamente, por poner un ejemplo, con el sistema penal en Francia, donde no solamente los Gendarmes y Policías gozan de una protección judicial mucho mayor,
sino que la protección se extiende a los bienes, propiedades y familia de los agentes, de manera que en el país vecino son mayores las condenas para aquellos que atenten contra los familiares de los agentes.


Ante esta situación, de aumento de agresiones, coacciones y amenazas a los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, se debe elevar el grado de protección con el que cuentan con el fin de evitar que su profesión y los cometidos que
desempeñan puedan originar daños en ellos, sus familias o bienes.


Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente


Proposición no de Ley


'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:


- Condenar de manera inequívoca cualquier agresión, amenaza o coacción contra las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y sus familias.


- Reforzar la protección judicial y administrativa frente a las amenazas, coacciones y agresiones que sufren las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado como consecuencia de su trabajo.


- Interesar de la Fiscalía General del Estado que dicte instrucciones precisas para prohibir la celebración de cualquier acto de odio hacia las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.


- Que subsidiariamente se reforme el Código Penal para clarificar y actualizar el tipo penal del delito de odio, hostilidad, discriminación o violencia contra un grupo, una parte del mismo o contra una persona determinada, o cualesquiera
otros tipos penales cuyo bien jurídico protegido pueda comprender la defensa de los Agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y de sus familias como consecuencia del desempeño de su trabajo, de los ataques descritos en esta
iniciativa.'


Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de septiembre de 2020.-Ana María Beltrán Villalba, Isabel María Borrego Cortés y Ana Belén Vázquez Blanco, Diputadas.-Concepción Gamarra Ruiz-Clavijo, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso.



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161/001428


A la Mesa del Congreso de los Diputados


El Grupo Parlamentario Plural, a instancias de la Diputada de Junts Per Catalunya, Laura Borràs i Castanyer, de acuerdo con lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta, para su discusión ante la
Comisión de Interior, una Proposición no de Ley para investigar y denunciar los abusos de Estado realizados por el Ministerio del Interior desde 2012.


Exposición de motivos


Durante la X.a legislatura, el Pleno del Congreso de los Diputados, en su sesión del día 27 de septiembre de 2016, acordó la creación de la 'Comisión de Investigación sobre la utilización partidista en el Ministerio del Interior, bajo el
mandato del ministro Fernández Díaz, de los efectivos, medios y recursos del Departamento y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado con fines políticos'. De los trabajos de esta Comisión se ponen de manifiesto una serie de conclusiones que
fueron aprobadas de forma mayoritaria por los grupos parlamentarios. El punto número 3 de las conclusiones es significativo, ya que por primera vez se concluye que hubo un uso partidista de efectivos y medios del Ministerio de Interior bajo el
mandato del ministro Fernández Díaz:


'3. En el Ministerio del Interior, bajo el mandato del señor Fernández Díaz, usando de manera fraudulenta el catálogo de puestos de trabajo, se creó una estructura policial bajo las instrucciones del señor Cosidó Gutiérrez, por orden del
DAO Eugenio Pino, con el conocimiento y consentimiento del Ministro destinada a obstaculizar la investigación de los escándalos de corrupción que afectaban al Partido Popular y al seguimiento, la investigación y, en su caso, la persecución de
adversarios políticos. A modo de ejemplo: PSOE (como demuestra la creación y trabajos realizados por las BARC), el nacionalismo catalán (señor Trías) o Podemos (Informe Pisa).'


Además de crear informes falsos contra dirigentes favorables a la independencia, o de dejar claro en sede ministerial que 'Esto la Fiscalía te lo afina, hacemos una gestión', la comisión puso de manifiesto que hubo otros momentos en los
cuales se usó el Ministerio del Interior de forma partidista o se hizo de él un uso abusivo.


Son hechos que pusieron de manifiesto la utilización partidista de las instituciones del Estado, la falta de democracia, de transparencia y de veracidad en la actividad y las manifestaciones del Gobierno y más específicamente, en la
actividad y manifestaciones del ministro del Interior con su policía patriótica, medios y recursos. Esta cuestión afectó gravemente al funcionamiento del Ministerio del Interior, se utilizaron fondos reservados para crear falsas pruebas y para
destinarlos a construir o destruir pruebas contra rivales políticos, en vez de destinarlos a cuestiones que verdaderamente puedan afectar a la seguridad o el terrorismo. Esta realidad contrastada, en una democracia es inadmisible. Es abuso de
poder, es corrupción, es extorsión.


El conocimiento de hechos como los descritos debiera llevar al Gobierno de cualquier Estado democrático europeo a promover una investigación para esclarecer los hechos, determinar quiénes fueron las personas implicadas y, en su caso, a
plantear su correspondiente denuncia. Sin embargo, poca transparencia ha habido en la 'limpieza de cloacas'.


En abril del 2019, con la entrada del Gobierno del Partido Socialista, el ministro del Interior Sr. Marlaska manifestó: 'No existen cloacas a día de hoy. Se han tomado medidas'. Además, aseguró que esta práctica eran cosas del pasado, de
la anterior etapa del PP en el Gobierno o a comportamientos concretos. Más recientemente, el pasado 3 de junio, el Presidente del Gobierno reconoció la existencia de una 'mal llamada policía patriótica' y el Ministro del Interior habló de desmontar
'aquello en que el PP había convertido el Ministerio del Interior'.


En otras palabras: el Congreso de los Diputados aprobó unas conclusiones en el marco de la Comisión de Investigación sobre utilización partidista del Ministerio del Interior, en la cual se reconocía que durante los Gobiernos PP hubo una
utilización partidista del Ministerio del Interior y una colaboración entre Gobierno y Fiscalía. El actual Ministro del Interior manifestó, hace algunos meses, haber tomado medidas para que no existan las cloacas de Interior, sin embargo, en junio
de 2020 el Presidente del Gobierno se ha referido a la 'mal llamada policía patriótica', por lo que algo debe quedar. Desde que el Partido Socialista preside el Gobierno es cierto que hay casos que se están investigando, pero no consta que el



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Ministerio del Interior haya dado cuenta a la Fiscalía de las irregularidades y de las responsabilidades sobre estas irregularidades; no consta que el Ministerio del Interior haya dado cuenta al Tribunal de Cuentas sobre la desviación de
fondos hacia actividades tan irregulares.


Por todo ello, los Diputados y Diputadas de Junts per Catalunya presentan la siguiente


Proposición no de Ley


'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:


1. Presentar un informe, en el plazo de un mes, sobre las irregularidades detectadas en relación con la utilización partidista del Ministerio del Interior desde 2012.


2. Instar a la Fiscalía General del Estado, según el artículo octavo de la Ley 50/1981, de 30 de diciembre, por la que se regula el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, a iniciar el procedimiento para promover ante los Tribunales las
actuaciones pertinentes para investigar las actuaciones partidistas efectuadas por el Ministerio del Interior desde 2012.'


Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de septiembre de 2020.-Laura Borràs Castanyer, Portavoz Adjunta del Grupo Parlamentario Plural.


161/001441


A la Mesa del Congreso de los Diputados


El Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley para instar al Gobierno a emprender una reforma en la regulación
del modelo de ingreso en la orden de mérito policial, así como las recompensas en el ámbito de la Policía Nacional, para su debate en la Comisión de Interior.


Exposición de motivos


Año tras año, los policías nacionales en situación administrativa de activo o asimilada se enfrentan a la frustración cara a cara cuando toca soportar estoicamente cómo se distribuyen con pocos visos de objetividad las condecoraciones que
conllevan premios en forma de puntuaciones de baremo e incluso alguna de ellas con gratificaciones económicas vitalicias.


Tenemos que partir de la base de que se trata de condecoraciones reguladas nada más y nada menos en la Ley 5/1964, de 29 de abril, sobre condecoraciones policiales. Es una regulación dictada por Francisco Franco en el Palacio del Pardo, que
genera un halo de subjetividad que se manifiesta año tras año en el día 2 de octubre, día del patrón de la Policía Nacional, y que generan reclamaciones y hasta procedimientos judiciales, lo que en una materia tan sensible no debería producirse.
Pensamos que los recursos usados deberían distribuirse en medios más necesarios para los policías, no en sufragar costosos procedimientos judiciales basados en una regulación manifiestamente mejorable.


Las bases legales para las concesiones de estas recompensas obedecen a criterios objetivos de actuaciones meritorias que cumplan unos requisitos tasados en dicha norma, en cuanto a:


'Artículo quinto.


Para conceder la Medalla de Oro o de Plata al Mérito Policial, según los casos, será preciso que concurra en los interesados alguna de las condiciones siguientes:


a) Resultar muerto en acto de servicio o con ocasión de él, sin menoscabo del honor; ni por imprudencia, impericia o accidente.


b) Resultar con mutilaciones o heridas graves de las que quedaren deformidad o inutilidad importante y permanente, concurriendo las mismas condiciones señaladas en el párrafo anterior.


c) Dirigir o realizar algún servicio de trascendental importancia, que redunde en prestigio de la Corporación, poniendo de manifiesto excepcionales cualidades de patriotismo, lealtad o abnegación.


d) Tener una actuación ejemplar y extraordinaria, destacando por su valor, capacidad o eficacia reiterada en el cumplimiento de importantes servicios, con prestigio de la Corporación.



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e) Realizar, en general, hechos análogos a los expuestos que, sín ajustarse plenamente a las exigencias anteriores, merezcan esta recompensa por implicar méritos de carácter extraordinario.'


'Artículo sexto.


Para la concesión de la Cruz al Mérito Policial con distintivo rojo será necesario que concurra en los interesados cualquiera de las condiciones siguientes:


a) Resultar herido en acto de servicio o con ocasión de él, sin menoscabo del honor, ni por imprudencia, impericia o accidente.


b) Participar en tres o más servicios, en los que, mediando agresión de armas, concurran las circunstancias del apartado anterior, aunque no resultara herido el funcionario.


c) Realizar, en circunstancias de peligro para su persona, un hecho abnegado o que ponga de manifiesto un alto valor en el funcionario, con prestigio para la Corporación o utilidad para el servicio.


d) Observar una conducta que, sin llenar plenamente las condiciones exigidas para la concesión de la Medalla al Mérito Policial, merezca especial recompensa, en consideración a hechos distinguidos y extraordinarios en los que haya quedado
patente un riesgo personal.'


'Artículo séptimo.


Para la concesión de la Cruz al Mérito Policial con distintivo blanco será necesario que concurra en los interesados cualquiera de las condiciones siguientes:


a) Realizar cualquier hecho que evidencie un alto sentido del patriotismo o de la lealtad, con prestigio para la Corporación o utilidad para el servicio.


b) Sobresalir en el cumplimiento de los deberes de su empleo o cargo, o realizar destacados trabajos o estudios profesionales o científicos que redunden en prestigio de la Corporación o utilidad para el servicio.


c) Realizar de cualquier modo no previsto actos distinguidos de análoga naturaleza que redunden en prestigio de la Corporación o utilidad para el servicio.'


Básicamente estos son los casos tasados en los que se debieran conceder las condecoraciones previstas en la norma, pero sucede que en la realidad desaparece este halo de objetividad y, sin embargo, los órganos encargados de la concesión de
dichas recompensas realizan 'cupos' y otros cálculos con el objetivo de premiar en ocasiones a personas que poco tienen que ver con la actividad policial propiamente dicha.


Pondremos un ejemplo: todos los años reciben condecoraciones empresas y organizaciones que nada tienen que ver con la función policial propiamente dicha, y que podían ser premiados con otro tipo de menciones civiles destinadas al efecto.


Desafortunadamente pocos creen ya en la verdadera función de las condecoraciones dados los vicios que padecen, que no es otro que dignificar hechos relevantes y que hablan de una plantilla que a diario realiza actos heroicos con escasos
medios que serían dignos de mención.


Sería necesario revisar la normativa preconstitucional que regula la concesión de condecoraciones para dotarla de una objetividad mucho más sólida que de la que hoy dispone, para evitar las dudas, los conflictos interpretativos y la sospecha
de falta de neutralidad de la que hoy adolece.


Dos serían las bases de las que debería partir una nueva regulación de la materia:


- De un lado, el cambio en la evaluación y situaciones que, sin cambios muy llamativos en la regulación, sí otorgaran mayor grado de objetividad y unos criterios sencillos y cerrados para los tribunales encargados de las concesiones.


- Por otra parte, se debería crear un tribunal ad hoc al efecto para cada año, a modo de tribunal independiente, en el que, además, tuviera participación la ciudadanía a través de medios telemáticos y en el ámbito de la normativa de
participación pública en los asuntos de la Administración Pública.



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Por todo lo expuesto, el Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta la siguiente


Proposición no de Ley


'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:


1. Proceder a una revisión en profundidad de la Ley 5/1964, de 29 de abril, sobre Condecoraciones Policiales, toda vez que la misma es preconstitucional y está obsoleta y proceder a su derogación, si fuera necesario, con aprobación de otra
normativa que garantice el principio de objetividad en la concesión de las citadas prerrogativas.


2. Fortalecer la objetividad de los criterios para la concesión de las condecoraciones en el ámbito de la Dirección General de la Policía, con eliminación de la utilización extrapolicial de dichas recompensas, así como su utilización
política, económica o de cualquier otro interés ajeno al policial y al de seguridad ciudadana.


3. Establecer un sistema de participación pública en las decisiones del tribunal encargado de otorgar las citadas distinciones, con el objetivo de acercar este magnífico servicio público al ciudadano y que sean los ciudadanos junto a los
profesionales los que valoren las propuestas elevadas y su idoneidad.'


Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de septiembre de 2020.-Pablo Cambronera Piqueras, Diputado.-Edmundo Bal Francés, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.


Comisión de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana


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A la Mesa del Congreso de los Diputados


D.ª Macarena Olona Choclán, D.ª Patricia de las Heras Fernández, D.ª Cristina Alicia Esteban Calonje, D.ª Patricia Rueda Perelló, D. José María Figaredo Álvarez-Sala, D. Rubén Darío Vega Arias y D. Tomás Fernández Ríos, en sus respectivas
condiciones de Portavoz Adjunta y Diputados del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX), al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan la siguiente Proposición no de Ley relativa
a la creación de un plan de fomento y apoyo al transporte discrecional de viajeros, para su discusión en la Comisión de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.


Exposición de motivos


Primero. Uno de los sectores que ha sido duramente golpeado por la crisis económica derivada de la situación ocasionada por el virus SARS-CoV-2 (COVID-19), originado en Wuhan, es el de los servicios, entre los que se encuentra el sector del
transporte. El desastre del sector turístico, unido a la desconfianza de los viajeros, las restricciones de movilidad, los rebrotes y la improvisación y falta de coordinación del Gobierno con las Comunidades Autónomas, está abocando al sector a la
ruina. Así lo demuestran los últimos datos de los Registros del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), los cuales indican que en el mes de agosto, de los 3.802.814 desempleados, 2.670.601 pertenecían al sector servicios, es decir, más del 70 %
de las personas en paro pertenecen a este sector. Cabe recordar que el sector de transporte por carretera tiene una importancia estratégica fundamental para el desarrollo económico y social en España, contribuyendo, en gran medida, al crecimiento
económico y a la creación de empleo.



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Fuente: Datos de los registros del Servicio Público de Empleo estatal (SEPE). Ministerio de Trabajo y Economía Social.


Segundo. En lo relativo a los datos del transporte de viajeros, de acuerdo con la última Encuesta de Transporte de Viajeros (TV) del Instituto Nacional de Estadística (INE) del mes de julio, publicada el 14 de septiembre, en julio de 2020
el transporte público de viajeros descendió un 47,4 % con respecto al mismo periodo de 2019, el transporte urbano un 44,6 % y el interurbano un 46,8? %.


Siguiendo con esta encuesta, el transporte discrecional descendió un 87,7 % en relación con julio de 2019 y el especial un 37,3 %. Dentro del especial, el transporte escolar descendió un 87 % y el laboral un 31 %. Estas cifras demuestran
la enorme crisis a la que se enfrenta el sector, que no ve un futuro claro. Hasta la nefasta gestión en relación con la apertura de colegios por parte del Gobierno y la falta de coordinación y comunicación con las comunidades, están poniendo en
riesgo lo que puede ser un balón de oxígeno para el sector.


Transporte de viajeros. Tipo de transporte.


Tasa anual. Porcentaje.


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Fuente: Estadística de Transporte de Viajeros (TV) de julio de 2020 del Instituto Nacional de Estadística.



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Tercero. Las asociaciones y empresarios del sector de transporte discrecional, compuesto en su gran mayoría por pequeñas y medianas empresas, llevan avisando desde hace meses que se deben tomar medidas urgentes, pues en caso contrario se
verán abocados a la ruina. La situación actual es insostenible. De hecho, desde el sector se manifiesta que, de seguir así la situación, en los próximos meses se van a cerrar empresas, va a haber concurso de acreedores y todo esto conllevará una
pérdida de empleo que cifran entre el 70 % y el 80 % de los, aproximadamente, 50.000 puestos de trabajo que genera el sector.


Cuarto. Como en el resto de los sectores, el del transporte discrecional y especial no es una excepción, requiere de la ampliación de los plazos de los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTEs) más allá del 30 de septiembre.
Además, ya no es solo el hecho de ampliar los plazos; la forma de hacerlo es fundamental. El hecho de avisar con suficiente antelación, en vez de improvisar medidas cada cierto tiempo, serviría para dotar al sector de una tranquilidad que
aumentaría su margen de maniobra.


Quinto. El aplazamiento de los pagos de impuestos a nivel nacional, como el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA), como ya han hecho Bélgica o Portugal, o el Impuesto sobre Sociedades (IS), así como el aplazamiento o flexibilidad de los
impuestos contemplados en el sistema tributario español gestionado por los ayuntamientos, como el Impuesto sobre Bienes e Inmuebles (IBI), el Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE) o el Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM), es
fundamental para aumentar el capital de las empresas. Unido a esto, se encuentra la posibilidad de ampliar los plazos de devolución de los préstamos ICO, así como cualquier medida que dote de liquidez a las empresas.


El Real Decreto-ley 26/2020, de 7 de julio, de medidas de reactivación económica para hacer frente al impacto del COVID-19 en los ámbitos de transportes y vivienda, en el capítulo V de medidas en el ámbito del transporte por carretera,
establece en la sección 1, bajo la rúbrica 'Moratorias para el sector del transporte público de mercancías y discrecional de viajeros en autobús', unas medidas entre las que se encuentra una moratoria sobre el pago del principal de las cuotas de los
contratos de préstamos, leasing y renting de vehículos dedicados al transporte público discrecional de viajeros en autobús de hasta un máximo de 6 meses desde la entrada en vigor del Real Decreto-ley. Si bien es una medida que viene demandando el
sector, es insuficiente por sí sola, ya que se debería complementar con las expuestas anteriormente.


Sexto. La gran mayoría de las empresas del sector del transporte discrecional son Pequeñas y Medianas Empresas (PYMEs), alrededor de 3.000 según las cifras del sector, sin olvidar que el 80 % son empresas familiares. Muchas de estas
empresas tienen una larga tradición familiar que, de no tomarse medidas urgentes, verían cómo los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTEs) de sus trabajadores se convierten en Expedientes de Regulación de Empleo (EREs) y cómo muchas
empresas irían a la quiebra o concurso de acreedores.


No hay que perder de vista que, según el Ministerio de Industria Comercio y Turismo en su último informe del mes de agosto de 2020 relativo a las 'Cifras PYME', indica que en España hay 2.853.080 empresas que son PYMEs, es decir, el 99,8 %
del tejido empresarial de España está compuesto por PYMEs que dan empleo a 10.099.411 trabajadores, lo que supone, aproximadamente, el 65,4 % del total del empleo del país.


Séptimo. Uno de los grandes problemas que está habiendo en los transportes públicos en general es la desconfianza por parte de los viajeros a utilizar estos medios de transporte, debido al miedo y la desconfianza de los usuarios por la
falta de previsión e información por parte del Gobierno y las diferentes administraciones. Es necesario, por tanto, diseñar campañas de comunicación para transmitir la seguridad en el uso del transporte discrecional de viajeros y, de esta manera,
generar confianza en el usuario.


Octavo. El artículo 15 de la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres, bajo la rúbrica de 'Programación y planificación', señala expresamente lo siguiente:


'1. La Administración podrá programar o planificar la evolución y desarrollo de los distintos tipos de transportes terrestres, a fin de facilitar el desarrollo equilibrado y armónico del sistema de transportes.


2. Los programas o planes contendrán especialmente previsiones sobre las siguientes cuestiones: a) Los servicios o actividades de gestión pública directa. b) El diseño general o parcial de la red de transportes regulares o de sus ejes
básicos en el transporte de viajeros por carretera y de la Red Nacional



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Integrada en el transporte ferroviario. c) Las restricciones o condicionamientos para el acceso al mercado, si procedieran. d) Las prohibiciones o restricciones de transporte en zona o zonas determinadas, sí procedieran. e) Las medidas de
fomento y apoyo al transporte o a determinadas clases del mismo, si procedieran.'


En definitiva, el mantenimiento del empleo y del tejido empresarial español deber ser uno de los principales objetivos del actual Gobierno. El sector de transportes discrecional de viajeros requiere, en consecuencia, de un paquete de
medidas de fomento y apoyo al transporte discrecional que tenga en cuenta sus peculiaridades, a fin de proteger su actividad y estructura empresarial.


Por los motivos expuestos, el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente


Proposición no de Ley


'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a la creación, en coordinación con las Comunidades Autónomas y los representantes del sector del transporte discrecional de viajeros, un plan de fomento y apoyo al transporte discrecional de
viajeros que tenga en cuenta las peculiaridades del mismo ante la crisis económica y sanitaria ocasionada por la COVID-19 y, concretamente, las siguientes:


- Prorrogar los ERTEs de suspensión de contrato o reducción de jornada por causas derivadas del COVID-19 para las empresas vinculadas al sector hasta junio de 2021, como instrumento decisivo para evitar la pérdida de empleos y dotar al
sector de cierta estabilidad y certidumbre.


- Diseñar campañas de comunicación para transmitir la seguridad en el uso del transporte discrecional de viajeros y, de esta manera, generar confianza en el usuario.


- Inyectar liquidez mediante la ampliación de las líneas de crédito ICO para las empresas del sector con especial vulnerabilidad.


- Promover acuerdos con Comunidades Autónomas y Ayuntamientos para que flexibilicen las condiciones de los pagos de los tributos locales a las empresas del sector, mientras dure la crisis ocasionada por la COVID-19.


- Creación de planes para el mantenimiento del empleo, así como medidas para fomentar la contratación indefinida.


- Establecimiento de un sistema de formación eficaz o protocolo de actuación para todos los agentes intervinientes en el sector de transporte discrecional de viajeros, enfocado a la seguridad y aplicación de protocolos sanitarios a fin de
evitar contagios.


- Bonificaciones de las cuotas de autónomos y de las cotizaciones de los trabajadores de la Seguridad Social, para reducir los gastos y aumentar las posibilidades de contratación de empleados.


- Mantener las medidas adoptadas hasta la recuperación del sector. Para ello, será necesario mantener reuniones periódicas de seguimiento con sus principales representantes.'


Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de septiembre de 2020.-Patricia Rueda Perelló, José María Figaredo Álvarez-Sala, Patricia de las Heras Fernández, Tomás Fernández Ríos, Cristina Alicia Esteban Calonje y Rubén Darío Vega Arias,
Diputados.-Macarena Olona Choclán, Portavoz del Grupo Parlamentario VOX.


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A la Mesa del Congreso de los Diputados


El Grupo Parlamentario Socialista, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley para promover el uso de las vías verdes, para su debate en la Comisión de
Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.


Exposición de motivos


Las Vías Verdes (Greenways) son infraestructuras autónomas destinadas al tráfico no motorizado que utilizan infraestructuras lineales fuera de servicio, como las plataformas de ferrocarriles en desuso y los caminos de sirga de canales.



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Corno consecuencia de las conflictivas décadas de la primera mitad del siglo XX, cargadas de recesiones económicas y de conflictos bélicos nacionales e internacionales, a partir de 1950 se inicia en nuestro país un lento proceso de
disminución del kilometraje de líneas férreas abiertas al servicio. En las décadas de los años 60 y 70 se intensifica el éxodo rural y muchas regiones del interior se desertizan, a la par que los cambios socioeconómicos encaminan a la población
hacia la motorización, provocando una crisis de los tráficos ferroviarios frente a los nuevos medios de transporte, en particular el tráfico por carretera. Así, a comienzos de los años 90 nuestro territorio estaba surcado por docenas de líneas
abandonadas, que configuran un valiosísimo patrimonio ferroviario en desuso, la mayor parte de titularidad pública y que presenta un potencial extraordinario para ser reutilizado por la sociedad con nuevos fines. La planificación óptima de un
programa de reconversión del patrimonio ferroviario español que se encontraba en desuso o infrautilizado planteó la conveniencia de realizar un estudio previo de estas infraestructuras, así como de todos los elementos que, en mayor o menor grado,
condicionan la factibilidad y el éxito de este uso alternativo.


A lo largo de 1993 se fue gestando el nacimiento en España del Programa Vías Verdes, que fue contemplado por el entonces MOPTMA en su Plan Director de Infraestructuras (1993-2007), en el marco del Plan Tejido Verde. Desde aquellas fechas,
se ha venido desarrollando este Programa, en estrecha colaboración con Renfe, FEVE, Comunidades Autónomas, diputaciones y ayuntamientos. La Fundación de los Ferrocarriles Españoles desempeña desde entonces las funciones de coordinación, animación y
promoción del Programa a nivel nacional e internacional. En España existían en 1993 más de 7.600 km de líneas ferroviarias sin servicio, de los cuales más de 2.700 km han sida convertidos en 126 Vías Verdes repartidas por toda España, que
incorporan en su trazado 110 edificios ferroviarios rehabilitados,


El diseño de las Vías Verdes ha aprovechado las ventajas de los trazados ferroviarios sobre los que discurrieron en su día, para ofrecer un máximo grado de facilidad y comodidad en su recorrido, y facilitan su uso a personas con movilidad
reducida y a ciudadanos generalmente alejados del deporte y del ocio al aire libre, convirtiéndose en punto de encuentro de personas procedentes de cualquier sector de la población, sin discriminación por motivos de edad o aptitudes físicas. Su
trazado alejado de las carreteras, la prohibición de la circulación con vehículos a motor, las convierte, además, en ejes de movilidad ligera, de paseo y de comunicación dotados de un elevado nivel de seguridad.


En definitiva, tras veintisiete años desde su puesta en servicio, las Vías Verdes son unas infraestructuras que deben de potenciarse como sistema de transporte alternativo que elimina fronteras, promueve la accesibilidad, beneficia el
desarrollo de las comunidades locales y supone, además, la recuperación y puesta en valor de infraestructuras ferroviarias obsoletas.


Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente


Proposición no de Ley


'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:


1. Promover el binomio Tren + Vías Verdes, al fin de divulgar las ventajas del transporte ferroviario, así como para promocionar los valores combinados con la utilización por los usuarios de las Vías Verdes, impulsando los buenos hábitos de
los turistas para las prácticas del senderismo y del cicloturismo, como actividades saludables, sostenibles y que mejoran la calidad de vida de la ciudadanía.


2. Realizar para ello acciones de difusión de la oferta de Vías Verdes en los medios digitales de Renfe, así como en su programa de Fidelización + Renfe y en la revista Club + Renfe.


3. Impulsar un Plan Nacional de Vías Verdes con una visión interministerial y de forma compartida con los agentes interesados e implicados.'


Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de septiembre de 2020.-Susana Ros Martínez y César Joaquín Ramos Esteban, Diputados.-José Zaragoza Alonso y Rafael Simancas Simancas, Portavoces del Grupo Parlamentario Socialista.



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A la Mesa del Congreso de los Diputados


El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la finalización de las
obras del Nudo de Tres Caminos en la provincia de Cádiz para su debate en la Comisión de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.


Exposición de motivos


El llamado Nudo de Tres Caminos en la provincia de Cádiz que conecta las carreteras A-4, A-48 y CA-33 es una de las infraestructuras más reivindicadas en la provincia, ya que supone la solución definitiva a los atascos que, especialmente, en
primavera y verano, se producen en una de las zonas turísticas más importantes de nuestro país, con las consecuencias que ello provoca para la seguridad de la circulación, además de para una industria tan importante como es la turística.


Efectivamente, si dicho nudo soporta fuera de la temporada estival una media diaria de más de 58.000 vehículos en dirección a la ciudad de San Fernando y más de 28.000 en dirección a Chiclana, este tráfico rodado se multiplica durante los
meses de verano provocando numerosos atascos en la circulación.


El gobierno de España culminó el mes de febrero de 2018 el proceso administrativo previo a la licitación de la nueva infraestructura. En concreto, la resolución publicada en el 'Boletín Oficial del Estado' de 14 de febrero del 2018
contempla una inversión próxima a 80 millones de euros y prevé dotar a este nudo de carreteras de una doble vía que se complementará con arcenes hasta la ciudad de Chiclana de la Frontera para posibilitar tanto la capacidad de vehículos como la
velocidad de circulación, solventando los problemas de circulación actuales.


Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente


Proposición no de Ley


'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a considerar prioritario y garantizar la disponibilidad presupuestaria para ejecutar el Proyecto de construcción 'Mejora de la seguridad vial. Acondicionamiento del Enlace de Tres Caminos.
Carreteras A4, A-48 y CA-33', en la provincia de Cádiz, del que actualmente se está redactando el proyecto de construcción.'


Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de septiembre de 2020.-María José García-Pelayo Jurado y Mario Garcés Sanagustín, Diputados.-Concepción Gamarra Ruiz-Clavijo, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


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A la Mesa del Congreso de los Diputados


El Grupo Parlamentario Plural, a instancia del Diputado del Bloque Nacionalista Galego (BNG), Nestor Rego Candamil, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente
Proposición no de Ley para la rectificación por parte del Gobierno del Estado y la recuperación de la línea de Avant Ourense-A Coruña suprimida, así como de las mejoras necesarias en el servicio para su debate en la Comisión de Transportes,
Movilidad y Agenda Urbana.


Exposición de motivos


El Bloque Nacionalista Gallego lleva años denunciando la hoja de ruta del Gobierno del Estado en materia ferroviaria, que parece firmemente orientada a desmantelar los servicios de Galiza, con una reducción flagrante de la oferta horaria y
con la progresiva privatización o cierre de muchos servicios, como la venta al público de billetes. Lamentablemente, parece que el actual gobierno socialista ha decidido continuar con la política centralista aplicada por los anteriores gobiernos
del Partido Popular, una política que no se corresponde con las necesidades de los y las usuarias.



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Recientemente, con la excusa de la pandemia de coronavirus, hemos ido conociendo como, lejos de recuperar las líneas reducidas durante el estado de alarma y las semanas posteriores debido a la restricción de movimientos, la intención es
aprovechar la coyuntura para suprimir definitivamente muchas de ellas. Una de las que ha trascendido recientemente su supresión es la conexión Avant entre Ourense y A Coruña con parada en Santiago de Compostela de las 06:45, un tren que daba
servicio a muchas personas que estudian o trabajan en estas ciudades.


Esta decisión abunda en una articulación del tren Avant que es claramente constituyente de un agravio con el pueblo gallego y particularmente con la población de Ourense, contribuyendo a su aislamiento en materia de transportes y caminando
en dirección contraria de las necesidades de una parte de nuestro país con graves problemas demográficos y económicos. A día de hoy, esta línea tiene un precio absolutamente abusivo, hasta un 60 % más caro de trayectos similares en el eje
atlántico, pese a haber experimentado un aumento de viajeros en los últimos años y pese a haber sido durante mucho tiempo reconocida como obligación de servicio público, obteniendo fondos de los presupuestos generales del Estado.


Así mismo, cabe señalar que los horarios ofertados se enfocan en función de las necesidades de conexión con la meseta y con Madrid, en lugar de articularse para permitir y favorecer el uso de este medio de transporte en lugar del vehículo
particular.


Esta situación no puede prolongarse, y el gobierno central debe rectificar su actuación para dar cumplimiento a una serie de demandas que además son unánimes en el territorio, como demuestra el acuerdo unánime del Parlamento Gallego
impulsado por el Bloque Nacionalista Gallego el 7 de febrero de 2018 respecto de homogeneizar la política de tarifas y mejorar la oferta horaria.


Por todo lo expuesto anteriormente, se presenta la siguiente


Proposición no de Ley


'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:


1. Restituir de forma inmediata la línea suprimida de tren Avant entre Ourense y A Coruña con parada en Santiago de Compostela que salía a las 6:45 de Ourense.


2. Mejorar y ampliar las frecuencias y oferta horaria de este tramo y reducir al menos en un 30 % su precio para poner fin al abuso actual.'


Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de septiembre de 2020.-Néstor Rego Candamil, Portavoz del Grupo Parlamentario Plural.


Comisión de Educación y Formación Profesional


161/001439


A la Mesa del Congreso de los Diputados


El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para acelerar con carácter urgente las
actuaciones necesarias que permitan a las Comunidades Autónomas la adquisición de 500.000 dispositivos electrónicos para los alumnos más vulnerables, para su debate en la Comisión de Educación y Formación Profesional.


Exposición de motivos


El pasado 16 de junio, el Consejo de Ministros aprobó el programa 'Educa en Digital', un programa dotado con 260 millones de euros, 190 millones de euros a través de Redes (184 millones de fondos FEDER) y 70 millones por parte de las
Comunidades Autónomas, con el que se dotaría medio millón de dispositivos con conectividad a centros educativos a los estudiantes.



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Se trata de la puesta a disposición para los alumnos más vulnerables, mediante préstamo, de los dispositivos que facilitarían la educación digital tanto de forma presencial en el centro como desde el hogar.


Una actuación que el Ministerio de Educación y Formación Profesional calificaba como de emergencia, para comenzar a distribuir a lo largo del primer trimestre del curso 2020-2021.


Pero los 260 millones de euros que el Gobierno comprometió en junio, hace tres meses, para habilitar la posibilidad de la enseñanza 'online' con carácter general, no se han puesto todavía, a fecha de hoy, a disposición de las Comunidades
Autónomas.


La Ministra de Educación y Formación Profesional ha reconocido que respecto al medio millón de ordenadores en préstamo para facilitar la educación semipresencial 'tenemos que tratar de pasar estos tres meses con lo que tenemos, pues no
llegarán antes de Navidades'.


Este grupo ya ha puesto de manifiesto en diferentes ocasiones que la enseñanza mediante dispositivos digitales llegó solo a una parte de los hogares españoles durante el confinamiento del curso escolar 2019/2020. Y que, según datos
facilitados por el Ministerio de Educación y Formación Profesional, la brecha digital afectó entonces a un 12 % de los alumnos. Una cifra que fue cuestionada por otras entidades y expertos en la materia, como el Proyecto Atlántida, que ha calculado
que fue un 30 % del alumnado, unos 2.400.000 alumnos, los que no pudieron seguir el modelo a distancia durante la crisis del coronavirus COVID-19, lo que se traduce en una pérdida severa de aprendizaje.


A la vista de que la crisis sanitaria por el COVID-19 se eleva cada día que pasa en los diferentes territorios de España, y que con el curso comenzado los posibles casos de confinamiento de los alumnos, aulas o incluso centros puedan
incrementarse, resulta urgente acelerar las actuaciones necesarias para permitir a las Comunidades Autónomas poner a disposición de los alumnos, y en particular de los más vulnerables, los dispositivos que garanticen la igualdad de oportunidades de
todos los alumnos y el derecho a la educación.


Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente


Proposición no de Ley


'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a acelerar con carácter urgente las actuaciones necesarias que permitan a las Comunidades Autónomas, en el marco del programa 'Educa en Digital', la adquisición de 500.000 dispositivos
electrónicos adaptados a contenidos educativos para su puesta a disposición de los alumnos más vulnerables, para garantizar la continuidad de su aprendizaje y su derecho a la educación.'


Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de septiembre de 2020.-María Sandra Moneo Díez y Óscar Clavell López, Diputados.-Concepción Gamarra Ruiz-Clavijo, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


Comisión de Trabajo, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones


161/001415


A la Mesa del Congreso de los Diputados


El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para crear un Fondo Especial para la
atención de la inmigración irregular destinado a las Comunidades Autónomas y a los Ayuntamientos, para su debate en la Comisión de Trabajo, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.


Exposición de motivos


El verano de 2020 se ha caracterizado por un agudo repunte en la llegada de pateras a las cosas españolas procedentes tanto de Marruecos como de Argelia. Las costas de las Islas Canarias, de Andalucía, de Murcia, de Baleares y de la
Comunidad Valenciana han sufrido la llegada de miles de



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inmigrantes irregulares, víctimas de las mafias de trata de personas. En Canarias, por ejemplo, la llegada de inmigrantes irregulares ha aumentado ni más ni menos que un 573,5 % con respecto al año pasado, según cifras oficiales del
Ministerio del Interior.


A esta presión migratoria se ha sumado la amenaza a la salud pública del COVID. Al detectarse que algunos inmigrantes irregulares estaban infectados con el virus, se impuso una cuarentena a todos sus compañeros de viaje. Montar y organizar
los campos para mantener en cuarentena a los inmigrantes irregulares ha sido una tarea logísticamente muy compleja de realizar.


Todo ello ha puesto al límite a los servicios sociales de las Comunidades Autónomas y los municipios más afectados por la llegada masiva de pateras. Sus servicios no están dimensionados para esta escala de ayuda. Las poblaciones a las que
han tenido que atender y el tipo de ayuda social requerida están muy por encima de lo previsto.


Frente a este desafío que ha puesto al límite los servicios sociales de las administraciones afectadas, y habida cuenta de que la inmigración y la extranjería son competencias estatales, urge que el Gobierno preste su apoyo a las
administraciones autonómicas y locales en su tarea de ayuda a los inmigrantes irregulares a través de un Fondo de Ayuda.


Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente


Proposición no de Ley


'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a crear un Fondo Especial para la Atención de la Inmigración Irregular que permita dar apoyo económico a aquellas Comunidades Autónomas y Ayuntamientos cuyos servicios de acogida se encuentren
desbordados por esta causa.'


Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de septiembre de 2020.-Guillermo Mariscal Anaya, Carlos Rojas García, José Ortiz Galván, María Teresa Angulo Romero y Carmelo Romero Hernández, Diputados.-Concepción Gamarra Ruiz-Clavijo, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


161/001427


A la Mesa del Congreso de los Diputados


El Grupo Parlamentario Plural, a instancias de la Diputada de Junts per Catalunya, Laura Borràs i Castanyer, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta, para su debate ante la Comisión
de Trabajo, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, una Proposición no de Ley por la que se insta al gobierno a revertir con urgencia los recortes de recursos destinados a políticas activas de empleo.


Exposición de motivos


El Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19, incluye un drástico recorte, por parte del Ministerio de Trabajo, del 55 % de
los fondos asignados a políticas activas de empleo desarrolladas por las comunidades, lo que se traduce para Catalunya en 215 millones de euros menos; de los 388 millones en 2019 se pasa a 173 millones en 2020; asimismo, la reducción de recursos
se aplica a otras comunidades, 430 millones de euros a Andalucía, 139 millones de euros a Madrid, entre otras.


La razón de la reducción, según el ejecutivo fue la de destinar estos recursos a abonar las prestaciones por desempleo vinculadas a la emergencia económica derivada del coronavirus que dependen del Servicio Público de Ocupación Estatal
(SEPE); sin embargo, el recorte en los fondos destinados precisamente a mantener empleo y a favorecer la contratación afecta directamente a los derechos de las personas trabajadoras y deja sin herramientas a los servicios públicos de empleo para
gestionar la poscrisis sanitaria, que se antoja de gran calado y de significativas consecuencias para la economía productiva.


Se trata, como afirma la patronal de la Pequeña y Mediana Empresa de Catalunya (PIMEC), de una medida que atenta contra una de las políticas estratégicas más importantes del país, como es la formación



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profesional ocupacional y continua de las personas, especialmente en momentos como la actual situación de desestabilización del mercado de trabajo.


Las políticas activas de empleo son esenciales para estabilizar el mercado laboral y serán de primerísima y urgente necesidad para hacer frente al escenario post-COVID-19. Las acciones que llevan a cabo las comunidades en materia de
formación y reciclaje de conocimientos y habilidades con aquellos trabajadores que han perdido su empleo constituyen un hábil instrumento que tiene como razón de ser reincorporar con cierta celeridad a los desempleados de nuevo en el mercado de
trabajo. Para ello, resulta necesario contar con una financiación suficiente, máxime para hacer frente al galopante desempleo fruto del confinamiento y que se acentuará en los próximos meses.


Por otra parte, el Ministerio ha actuado unilateralmente, sin consultar normas ni criterios para recortar estos fondos a las CC.AA., lo cual resulta altamente desleal, como tampoco ha consultado las modificaciones normativas que han
impactado de forma extraordinaria en todos los territorios, como las referidas a expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) o los permisos retribuidos. La idiosincrasia propia de cada territorio compele a adaptar las decisiones en función
de las circunstancias y necesidades de cada uno.


Urge revertir la decisión adoptada y urge hacerlo con celeridad con el fin de contribuir a minorar el enorme impacto negativo que la crisis COVID está teniendo sobre el empleo. Es preciso movilizar aquellos recursos financieros alternativos
procedentes de otras partidas presupuestarias no estratégicas y gastos más superfluos del Estado con el fin de recuperar estos recursos para el empleo.


Por todo ello, los Diputados y Diputadas de Junts per Catalunya presentan la siguiente proposición no de ley.


Proposición no de Ley


'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:


1. Revertir con urgencia los recortes de recursos destinados a políticas activas de empleo, aportando a la Generalitat de Catalunya un mínimo adicional de 215 M€, para, cuanto menos, equiparar las cifras de 2020 con las del ejercicio 2019.
Revertir igualmente estos recortes a las demás comunidades.


2. Movilizar recursos financieros procedentes de partidas presupuestarias no estratégicas y de gastos más superfluos del Estado para el sufrago de las prestaciones por desempleo vinculadas a la emergencia económica derivada del coronavirus
en aras de poder compatibilizar las prestaciones por desempleo con las políticas activas de empleo, destinadas precisamente a reactivar la ocupación.'


Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de septiembre de 2020.-Laura Borràs Castanyer, Portavoz Adjunta del Grupo Parlamentario Plural.


Comisión de Industria, Comercio y Turismo


161/000820


La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.


(161) Proposición no de Ley en Comisión.


Autor: Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común.


Incorporación de firma de dos Diputados a la Proposición no de Ley por la que se insta al Gobierno a introducir sistemas de evaluación periódica del impacto territorial de los proyectos de inversión que se canalizan a través de la política
pública de Reindustrialización y Fortalecimiento de la Competitividad Industrial.



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Acuerdo:


Aceptar la declaración de voluntad, teniendo por incorporadas las firmas de referencia, así como comunicarlo a la Comisión de Industria, Comercio y Turismo, al Gobierno y al autor de la iniciativa y publicarlo en el Boletín Oficial de las
Cortes Generales.


En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.


Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de septiembre de 2020.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.


Nota.-La iniciativa de referencia fue publicada en el 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, núm. 91, de 27 de mayo de 2020.


A la Mesa del Congreso de los Diputados


Por el presente escrito, el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común solicita a la Mesa del Congreso adjuntar la firma de los Diputados Alberto Rodríguez Rodríguez y Antón Gómez-Reino Varela a la
Proposición no de Ley por la que se insta al Gobierno a introducir sistemas de evaluación periódica del impacto territorial de los proyectos de inversión que se canalizan a través de la política pública de Reindustrialización y Fortalecimiento de la
Competitividad Industrial, registrada con fecha 13/05/2020 con número de registro 29019.


Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de septiembre de 2020.-Alberto Rodríguez Rodríguez y Antonio Gómez-Reino Varela, Diputados.-Txema Guijarro García, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia
en Común.


161/001437


A la Mesa del Congreso de los Diputados


El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la aprobación inmediata de
un Plan urgente de medidas de apoyo y estímulo a la reactivación de la demanda del turismo doméstico de forma alternativa a la cancelación de los programas del lmserso de turismo social para la temporada 2020/2021, para su debate en la Comisión de
Industria, Comercio y Turismo.


Exposición de motivos


El Consejo de Ministros, en su reunión del pasado 22 de septiembre, ha acordado la cancelación de los programas del lmserso de turismo social para personas mayores y mantenimiento del empleo en zonas turísticas para la temporada 2020/2021 y
de termalismo social para la temporada 2020. Cabe recordar que con anterioridad, el pasado 12 de marzo, dicho Consejo ya había aprobado la interrupción de dicho programa social.


La interrupción y cancelación de este programa emblema que se venía ejecutando ininterrumpidamente desde 1985 tiene lugar en un contexto turístico catastrófico sin precedentes, donde solo entre enero y agosto de 2020, España lleva perdidos
40 millones de turistas y cerca de 60.000 millones de euros en ingresos procedentes del turismo extranjero como consecuencia de que más de 165 países han establecido algún tipo de restricción a la movilidad internacional para los viajeros
procedentes de España. Esto es debido a la grave situación epidemiológica que viene acusando nuestro país, que encabeza el ranking de la lista de países con más contagios por COVID-19 en Europa.


Asimismo, las últimas estimaciones dadas a conocer por parte de organizaciones sectoriales nacionales e internacionales anticipan que al final del presente ejercicio y dependiendo de los escenarios, España podría afrontar pérdidas de
actividad por valores cercanos entre los 100.000 y 135.000 millones de euros y con un posible impacto sobre el mercado de trabajo que podría desembocar en la pérdida o suspensión de más de 2 millones de puestos de trabajo en nuestro país. A finales
de julio, España contaba



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con -823.000 empleados menos en tasa interanual, de los cuales 300.00 han perdido ya sus puestos de trabajo y otros 500.000 se encuentran afectados por ERTEs. Por último, el mes de agosto cerró con una pérdida de casi 40.000 cotizantes
menos en el sector turístico con respecto al mes anterior.


La falta de proactividad diplomática y liderazgo por parte del Gobierno de España demostrados desde el inicio de la pandemia, con la imposición unilateral de una cuarentena en el mes de mayo, han traído como consecuencia un escenario de
tráfico aéreo internacional prácticamente paralizado y donde la recuperación de la conectividad se antoja como elemento determinante y decisivo para la reconstrucción del sector turístico español.


Así las cosas, con el telón de fondo de una segunda ola de la pandemia avanzando por Europa y mientras no se estabilice la evolución de la crisis sanitaria y el hallazgo de una vacuna que permita la reactivación de la demanda turística
internacional, se hace absolutamente imprescindible poner el foco en el estímulo de la demanda interna y el fomento del turismo doméstico en aquellos territorios menos afectados por el virus.


En efecto, en el supuesto de no profundizarse en la prospección de opciones alternativas viables, la cancelación de los programas del Imserso, con una oferta que viene rondando la cifra de casi un millón de plazas anuales, se puede traducir
en la práctica en un perjuicio demoledor para el sector con derivadas sobre 90.000 puestos de trabajo vinculados a los programas de turismo social e impacto económico directo en torno a los 300 millones de euros directos y 600 indirectamente. Hay
que destacar la noción de capilaridad del turismo social del lmserso en cualquiera de sus variantes, distribuyendo riqueza y generando empleo por todos los rincones de la geografía española durante más de tres décadas.


Conviene hacer especial hincapié en las nefastas consecuencias que esta cancelación acarrea para el subsector de agencias de viaje en España, que se ve si cabe aún más penalizado y agraviado, dado que por el volumen de plazas ofertadas y el
comportamiento del turista senior, las mismas venían participando en la distribución de manera significativa, captando cliente en temporada baja. Es preciso recordar que más de un 60 % de las agencias se encuentran todavía cerradas y sufren un
desplome de ingresos superior al 90 %.


El Estado tenía previsto invertir para la temporada 2020/2021 en el Programa de Turismo Social del IMSERSO 52.214.871,61 €.


El Grupo Popular ha propuesto en diferentes ocasiones y de forma insistente a lo largo de estos meses la necesidad de poner en marcha un programa para reactivar el consumo en España en actividades turísticas, como han hecho países de nuestro
entorno.


Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente


Proposición no de Ley


'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a la adopción inmediata de las siguientes medidas:


- Activar de manera urgente el diseño y la organización de un programa de viajes alternativo y planes de estímulo destinando la partida presupuestaria del lmserso a planes de incentivos al turismo, bien por medio de bonos y/o incentivos
fiscales mediante la confección de un programa dirigido a diferentes segmentos de la población.


- Constituir de manera urgente la mesa de trabajo anunciada a principios de año por el Gobierno, de la que forman parte todos los operadores de la industria de viajes, para revisar, rediseñar y adaptar los programas lmserso al entorno
COVID-19 y mejorar el programa de vacaciones de cara a su reactivación.'


Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de septiembre de 2020.-Agustín Almodóbar Barceló, Alicia García Rodríguez e Isabel María Borrego Cortés, Diputados.-Concepción Gamarra Ruiz-Clavijo, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso.



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Comisión de Derechos Sociales y Políticas Integrales de la Discapacidad


161/001413


A la Mesa del Congreso de los Diputados


El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la necesidad de implantación de
tecnología adaptada a la comunicación y accesibilidad de personas con discapacidad auditiva, como consecuencia de la crisis derivada de la COVID-19, y la homologación de las mascarillas comunicativas, para su debate en la Comisión de Derechos
Sociales y Políticas Integrales de la Discapacidad.


Exposición de motivos


En España hay 1.064.000 personas con una discapacidad auditiva de distinto tipo y grado. De ellas, más del 97 % utiliza la lengua oral para comunicarse. Según el INE, 13.300 personas son las que emplean la lengua de signos (Encuesta de
Discapacidad, Autonomía Personal y Situaciones de Dependencia. 2008 - INE).


Cinco de cada 1.000 recién nacidos presentan una sordera de distinto grado, lo que significa que en España, cada año, hay en torno a 2.500 nuevas familias con un hijo/a con sordera. El 50 % de los adolescentes y jóvenes de entre 12 y 35
años de edad en los países más desarrollados están en riesgo de presentar una pérdida de audición por su sobreexposición al ruido en contextos recreativos (Organización Mundial de la Salud).


La presbiacusia afecta, aproximadamente, al 30 % de la población entre los 65-70 años, alcanzando al 80 % de la población por encima de los 75 años. Debido a la contaminación acústica y el estilo de vida, se está provocando un incremento de
estos problemas de audición propios de la edad en otras más precoces, en torno a los 50 años.


La crisis sanitaria, social y económica ocasionada por la COVID-19 ha afectado de manera especial a las personas con discapacidad, entre otras, a las personas con discapacidad auditiva, motivo por el cual se requiere la implementación de
herramientas que les faciliten la información, medidas de protección y prevención sanitaria, entre otras, de manera fácil, accesible y comprensible.


A lo largo de estos meses de pandemia las distintas Administraciones Públicas han potenciado los servicios de atención telefónica para realizar cribados y para facilitar información general sobre el coronavirus. Sin embargo, la implantación
de estos servicios en muchos casos no ha tenido en cuenta a aquellas personas con discapacidad auditiva que no pueden realizar una llamada de teléfono de manera convencional. Por ello, y ante la complicada situación en la que nos encontramos, es
importante que se habiliten canales accesibles de comunicación telefónica (voz, texto a través de mensajería instantánea, imagen mediante videollamada...).


En nuestro país ya existen precedentes, con fácil solución tecnológica, de otros teléfonos y aplicaciones de servicio al ciudadano que permiten dar respuesta a las emergencias de las personas sordas, como el 112, 016 y el teléfono de acoso
escolar.


Ante una cuestión tan sensible, como es la salud de las personas, es fundamental que estas puedan acceder a la comunicación con privacidad y confidencialidad, sin necesitar intermediarios, lo que hace esencial la obtención de respuesta,
además, por el mismo canal que la persona sorda haya utilizado.


En este sentido, si bien el Ministerio de Sanidad habilitó finalmente un servicio automatizado de información sobre la COVID-19 al que se podía acceder a través de WhatsApp, la mayor parte de los servicios de atención telefónica continúan
siendo inaccesibles para las personas con discapacidad auditiva, que tienen que utilizar intermediación para acceder a ellos, bien a través de otra persona, bien a través de sistemas que permiten la comunicación mediante texto, como el Centro de
Intermediación Telefónica.


Por otro lado, en aras de una mayor accesibilidad, en esta pandemia distintas Asociaciones y entidades de la de discapacidad auditiva han fabricado mascarillas comunicativas, con ventana cognitiva, lanzando distintas campañas informativas
para su utilización con el fin de lograr una mejora necesaria para la lectura labial y expresión facial, pero se han encontrado que, aun cumpliendo todas los requisitos establecidos para la fabricación de mascarillas, no se les ha concedido la
homologación preceptiva, siendo una medida fundamental para todas ellas.



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Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente


Proposición no de Ley


'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:


- Reforzar y promover canales accesibles de comunicación que incorporen texto y opción de videollamada sin intermediarios, tales como chats, WhatsApp (a través de texto y/o de videollamada), Telesor, así como otras aplicaciones que permitan
a las personas con discapacidad auditiva una comunicación accesible, en tiempo real, para garantizar que, ante cualquier emergencia sanitaria, máxime en este momento de pandemia, las personas con discapacidad puedan acceder a los servicios de
atención telefónica en igualdad de condiciones que el resto de ciudadanos.


- Que el Ministerio de Sanidad y el Ministerio de Consumo procedan a la homologación de las mascarillas comunicativas lo antes posible.


- Realizar campañas de publicidad para ampliar la utilización de las mascarillas comunicativas no solo en el ámbito sanitario y educativo, sino a nivel general, para que las personas con discapacidad auditiva tengan las mismas oportunidades
que el resto.'


Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de septiembre de 2020.-María del Carmen González Guinda y Margarita Prohens Rigo, Diputadas.-Concepción Gamarra Ruiz-Clavijo, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


161/001414


A la Mesa del Congreso de los Diputados


El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la necesidad de implantación de
tecnología adaptada a la comunicación de personas con discapacidad auditiva, para su debate en la Comisión de Derechos Sociales y Políticas Integrales de la Discapacidad.


Exposición de motivos


En España hay 1.064.000 personas con una discapacidad auditiva de distinto tipo y grado. De ellas, más del 97 % utiliza la lengua oral para comunicarse. Según el INE, 13.300 personas son las que emplean la lengua de signos (Encuesta de
Discapacidad, Autonomía Personal y Situaciones de Dependencia. 2008 - INE).


Cinco de cada 1.000 recién nacidos presentan una sordera de distinto grado, lo que significa que, en España, cada año hay en torno a 2.500 nuevas familias con un hijo/a con sordera. El 50 % de los adolescentes y jóvenes de entre 12 y 35
años de edad en los países más desarrollados están en riesgo de presentar una pérdida de audición por su sobreexposición al ruido en contextos recreativos (Organización Mundial de la Salud).


La presbiacusia afecta, aproximadamente, al 30 % de la población entre los 65-70 años, alcanzando al 80 % de la población por encima de los 75 años. Debido a la contaminación acústica y el estilo de vida, se está provocando un incremento de
estos problemas de audición propios de la edad en otras más precoces, en torno a los 50 años.


En los últimos años, gracias a los progresos científicos y tecnológicos, la mayoría de las personas con discapacidad auditiva se comunican en lengua oral y se encuentran preparadas para vivir de manera autónoma e independiente. Sin embargo,
en determinadas situaciones de interacción con el entorno, si no se dispone de las medidas oportunas, pueden encontrarse con limitaciones en el acceso a la información y a la comunicación.


En la actualidad, la tecnología brinda la oportunidad de disponer de productos de apoyo a la audición, como el bucle magnético.


El bucle magnético es un producto de apoyo para usuarios de prótesis auditivas (audífonos y/o implantes) que facilita la accesibilidad auditiva en el entorno, tanto para la orientación y movilidad en el



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espacio como para la percepción de la información auditiva de todo tipo de fuente sonora, así como del lenguaje.


Con ello se posibilita la comunicación y las relaciones interpersonales en espacios y/o situaciones contaminadas por el ruido ambiente y/o en las que la distancia con el interlocutor o la presencia de varios interlocutores dificulta o impide
dicha comunicación y el acceso a la información. Se trata de un sistema normalizado a nivel mundial, compatible con las prótesis auditivas, que se rentabiliza de manera inmediata, superando con éxito cualquier análisis coste-beneficio.


Además de su instalación en grandes superficies de concurrencia pública, también se precisa en otros espacios en los que es necesaria la comunicación con un interlocutor, como taquillas, ventanillas y mostradores de atención al público. Así
permiten al personal atender a los usuarios de prótesis auditivas, eliminando los efectos adversos provocados por los ruidos de fondo o por la mala acústica que se percibe a través de las mamparas o de las ventanillas acristaladas.


Importante también es su instalación en ascensores, ante situaciones de atrapamiento, y en lntercomunicadores en recintos de transporte público, así como en otras instalaciones, como en centros sanitarios y educativos, residencias de
mayores, iglesias, entre otros.


Cualquier elemento manipulable que disponga de medios informáticos de interacción con el público debería permitir una comunicación interactiva accesible mediante bucle magnético.


En todos los casos, es fundamental que el espacio adaptado esté debidamente señalizado y que se informe al usuario acerca de la implantación de esta medida. En este sentido, tan importante como la disposición de recursos que facilitan la
accesibilidad a las personas con discapacidad, es el darlos a conocer de forma suficiente y reiterada.


Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente


Proposición no de Ley


'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno de España a impulsar la instalación de sistemas de bucles magnéticos en grandes superficies de concurrencia pública, en los que resulta necesaria la comunicación con un interlocutor, como
taquillas, ventanillas, mostradores de atención al público y recepción, que permitan al personal atender a los usuarios de prótesis auditivas correctamente y sin distorsiones.


Asimismo, insta al Gobierno a promover su instalación en ascensores, intercomunicadores en recintos de transporte público, centros sanitarios y educativos, residencias de mayores, iglesias, así como en todas aquellas instalaciones públicas
en las que el ruido u otros condicionantes impidan a las personas con discapacidad auditiva comunicarse en igualdad de condiciones que el resto de personas sin prótesis auditiva.'


Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de septiembre de 2020.-María del Carmen González Guinda y Margarita Prohens Rigo, Diputadas.-Concepción Gamarra Ruiz-Clavijo, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


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A la Mesa del Congreso de los Diputados


En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no
de Ley sobre la Accesibilidad Universal para personas autistas mediante pictogramas, para su debate en la Comisión de Derechos Sociales y Políticas Integrales de la Discapacidad.


Exposición de motivos


La accesibilidad universal es entendida en la norma como 'la condición que deben cumplir los entornos, procesos, bienes, productos y servicios, así como los objetos o instrumentos, herramientas y dispositivos, para ser comprensibles,
utilizables y practicables por todas las personas en condiciones de



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seguridad y comodidad y de la forma más autónoma y natural posible. El incumplimiento del principio de accesibilidad universal y de la obligación de realizar ajustes razonables son considerados por la Ley como supuestos de discriminación y,
más concretamente, como supuestos de violación del derecho a la igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad.


Para luchar contra esta forma de discriminación, se configuran un conjunto de medidas que, en lo que a la accesibilidad universal se refiere, deben tener como resultado el establecimiento de los requisitos que deben cumplir los entornos,
productos y servicios, así como las condiciones de no discriminación en normas, criterios y prácticas, dentro los cinco ámbitos recogidos por la Ley 51/2003 (telecomunicaciones y sociedad de la información; espacios públicos urbanizados,
infraestructuras y edificación; transportes; bienes y servicios a disposición del público; y, relaciones con las Administraciones públicas).


Una buena accesibilidad es aquella que existe, pero que pasa desapercibida para la gran mayoría de usuarios y se consigue cuando las barreras se resuelven, preferiblemente, mediante el diseño desde el origen, aunque también mediante ayudas
técnicas o adaptaciones.


Espacios, productos y servicios se consideran accesibles si se ajustan a los requerimientos funcionales y dimensionales, que garanticen su utilización autónoma y cómoda para personas con movilidad reducida o con cualquier otra limitación.


Por consiguiente, la accesibilidad trata de encontrar la manera de que todas las personas, independientemente de sus capacidades, puedan disfrutar del medio que los rodea, de la manera más sencilla posible y sin ningún tipo de impedimento.


En España hay alrededor de 1.775.000 personas con discapacidad en edad activa, un 5,9 % de la población. Como ejemplo, cerca de 50.000 alumnos y alumnas son autistas, y 450.000 personas con TEA, alrededor de 1.500.000 personas afectadas,
incluyendo a sus familias. Personas que llevan utilizando desde hace años un sistema de pictogramas universal, que facilita y garantiza el derecho a la comunicación.


Concretamente en el año 2008 se crea el Centro Aragonés para la Comunicación Aumentativa y Alternativa (ARASAAC) dependiente del Gobierno de Aragón y desde entonces los pictogramas se han convertido en un sistema de comunicación aumentativa
y alternativa (SAAC) de referencia nacional e internacional.


Este sistema, que fue creado para el ámbito educativo, ha trascendido a otros ámbitos (sanitario, señalética de espacios públicos, atención a personas mayores, etc.) y ofrece recursos gráficos (pictogramas), materiales adaptados, software
gratuito y propuestas didácticas para facilitar la comunicación y la accesibilidad cognitiva a todas aquellas personas que presentan algún tipo de dificultad por distintos factores (personas con autismo, discapacidad intelectual, afasia, personas
que desconocen el idioma, enfermedades neurodegenerativas, etc.).


Son utilizados por profesionales, familias e instituciones de todo el mundo como un apoyo necesario e indispensable para la inclusión de todas las personas en los entornos en los que se desenvuelven habitualmente, respondiendo al artículo 7
de la Convención de los Derechos de las personas con discapacidad donde se recoge este derecho.


Desde su creación, el volumen total de personas beneficiadas ha ido creciendo, en la actualidad se registran más de 3 millones de usuarios anuales de sus recursos, que incluyen más 2.000 fichas y da acceso a más de 30.000 archivos de
materiales y actividades. El Centro ARASAAC es el único a nivel mundial que ofrece una sección de estas características, lo que le convierte en un recurso muy valioso y gratuito en el ámbito de la Comunicación Aumentativa y Alternativa (CAA).


La extensión de la utilización de pictografías es cada vez más común en distintos ámbitos, como el sanitario, en el que un número importante de hospitales está llevando a cabo iniciativas para mejorar la comunicación y la señalización de sus
espacios. En edificios públicos se incorporan pictogramas en ayuntamientos, bibliotecas, museos, parques, casas de cultura, y también se utilizan en tiendas, comisarías de policía, propiciando la igualdad de condiciones.


Sin embargo, a fecha de hoy no existe una norma general y extendida para que la señalización y la utilización de pictogramas sea estándar y así lograr que las personas con discapacidad puedan entender, interpretar y comunicarse adecuadamente
en espacios públicos. Por el contrario, existen adaptaciones de pictogramas que generan confusión a los usuarios y no garantizan ni la accesibilidad ni la seguridad vial para una gran mayoría, personas que se han formado con el método de
pictogramas universal modelo de ARASAAC y lo utilizan cotidianamente.



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Es por tanto necesario avanzar en la accesibilidad universal con garantías de comprensión generalizada para personas con diversas dificultades, defendiendo firmemente el derecho a la comunicación de todas las personas y en todos los
contextos, consiguiendo su inclusión plena en la sociedad en la que todos y todas convivimos.


Para ello, es conveniente en el ámbito local extender el sistema de pictogramas universales homologados o estandarizados en pueblos y ciudades, en espacios públicos, evitando la confusión e inseguridad entre personas que requieren un sistema
de comunicación aumentativa y alternativa.


Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente


Proposición no de Ley


'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:


1. Extender el uso universal de pictogramas en espacios públicos para facilitar el derecho a la comunicación de las personas que requieran un sistema de comunicación aumentativa y alternativa como una vía esencial para ayudar a fomentar la
inclusión en la sociedad en la que viven.


2. Estudiar la posibilidad de desarrollar un catálogo oficial que estandarice los pictogramas en todo el territorio nacional.


3. Acordar con la FEMP (Federación Española de Municipios y Provincias) la utilización y extensión de un sistema estándar de pictogramas universal y accesible para personas que requieran un sistema de comunicación aumentativa y alternativa
que pueda implantarse en los municipios españoles.'


Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de septiembre de 2020.-María Luz Martínez Seijo y Sergio Gutiérrez Prieto, Diputados.-Susana Ros Martínez y Rafael Simancas Simancas, Portavoces del Grupo Parlamentario Socialista.


161/001424


A la Mesa del Congreso de los Diputados


El Grupo Parlamentario Socialista, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la necesidad de contar con una estadística completa y actualizada sobre
maltrato a las personas mayores, para su debate en la Comisión de Derechos Sociales y Políticas Integrales de Discapacidad.


Exposición de motivos


La definición más aceptada sobre el maltrato a las personas mayores es la del INPEA (red internacional de prevención del abuso y maltrato en la vejez): 'Cualquier acto único o repetido, o la falta de medidas apropiadas, que se producen
dentro de cualquier relación donde existe una expectativa de confianza, y que causa daño o angustia a una persona mayor'.


El Plan Internacional de Acción de las Naciones Unidas, adoptado por todos los países en Madrid en abril de 2002, reconoce claramente la importancia del fenómeno del maltrato a las personas mayores y lo pone en el contexto de los Derechos
Humanos Universales.


La OMS considera que este es un problema importante de salud pública, que incluye el maltrato físico, sexual, psicológico o emocional; la violencia por razones económicas o materiales; el abandono; la negligencia, y el menoscabo grave de
dignidad y la falta de respeto.


Conocer, describir y saber definir los malos tratos hacia la población de más edad es el mejor medio para prevenirlos y evitarlos. No se puede tratar aquello que se desconoce. Sin embargo, la OMS alerta de poca información y escasez de
datos rigurosos sobre número de casos, tipos más frecuentes de maltrato, así como sobre el alcance del problema en establecimientos institucionales, como hospitales, hogares de ancianos y otros centros asistenciales de largo plazo.


Nuestro país es un buen ejemplo de ello, ya que no disponemos de datos fiables y actualizados sobre el alcance y los tipos de maltrato a las personas mayores en diferentes entornos, lo que supone un obstáculo para comprender la magnitud y
naturaleza del problema.



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Es necesario concienciar a la sociedad sobre este grave problema y tomar medidas para prevenirlo y abordarlo. Para planificar y llevar a cabo de la manera más adecuada estas políticas es imprescindible contar con una estadística actualizada
y fiable que ofrezca información acerca del maltrato a las personas mayores, su alcance, tipos, desglosado por los diferentes entornos en los que sucede y teniendo en cuenta el enfoque de género, así como las situaciones de discapacidad o
dependencia.


Por todo ello el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente


Proposición no de Ley


'El Congreso de los Diputados insta al Congreso a, en coordinación con las Comunidades Autónomas en el ámbito de sus competencias, elaborar y mantener una estadística actualizada, completa y fiable que ofrezca información acerca de los casos
de maltrato a las personas mayores, su alcance y tipos, desglosados por los diferentes entornos en que se produce y teniendo en cuenta el enfoque de género, así como las situaciones de discapacidad o dependencia.'


Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de septiembre de 2020.-Elvira Ramón Utrabo, Diputada.-Susana Ros Martínez y Rafael Simancas Simancas, Portavoces del Grupo Parlamentario Socialista.


Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación


161/001429


A la Mesa del Congreso de los Diputados


El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la comercialización de las
capturas de marrajo y la viabilidad económica de la flota de palangre de superficie, para su debate en la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación.


Exposición de motivos


La 18.ª reunión del Convenio sobre el Comercio Internacional de Especies de Fauna y Flora Silvestres, más conocido como CITES, decidió la inclusión de las especies de lsurus oxyrinchus (tiburón Mako de aleta corta) e Isurus paucus (tiburón
Mako de aleta larga), ambas denominadas comercialmente como marrajo dientuso, en el Apéndice II del Convenio.


La propuesta de inclusión en el Apéndice II, realizada entre otros por la propia Unión Europea, se hacía de conformidad con el Artículo II párrafo 2 (a) de la Convención, para reconocer a 'las especies que, si bien en la actualidad no se
encuentran necesariamente en peligro de extinción, podrían llegar a esa situación a menos que el comercio en especímenes de dichas especies esté sujeto a una reglamentación estricta a fin de evitar utilización incompatible con su supervivencia'.


Para los países adheridos al Convenio CITES, la inclusión en el Apéndice II supone aumentar el control, la gestión y el conocimiento sobre el comercio de las especies. Por este motivo, se requiere la previa concesión de un certificado,
expedido por una Autoridad Administrativa del Estado, que limita, previo asesoramiento científico, las cantidades totales de especímenes a ser capturados. Además, para las exportaciones que se realicen desde ese país, así como las importaciones que
procedan de otros países, deberán contar con la previa solicitud y emisión de un permiso de exportación o introducción.


La principal amenaza para el marrajo, según la propuesta inicial para la inclusión en el CITES, es la pesca, pues se retiene como captura dirigida e incidental en pesquerías multiespecíficas en toda su área de distribución, en particular
palangres pelágicos.


Sin embargo, en la 26.ª reunión anual de la Comisión Internacional para la Conservación del Atún Atlántico (ICCAT, en sus siglas en inglés) celebrada en noviembre de 2019, se decidía prorrogar las medidas adoptadas en 2017 en relación al
tiburón marrajo dientuso, sin establecer TAC (total admisible de capturas), ni cuotas.


Por este motivo, los palangreros ya tenían la obligación de liberar todos los ejemplares que llegaran vivos al costado del barco y no alijar más toneladas de las que se pescaban antes del 2017, además de



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favorecer el conocimiento científico con observadores a bordo. Estas medidas y otras han sido adoptadas por la flota española para ser un ejemplo internacional en la sostenibilidad de la pesquería.


Consecuentemente, se consideraba que ya existían medidas de gestión a nivel de las Organizaciones Regionales de Pesca de Especies Altamente Migratorias (ORP) y que estas eran adecuadas para asegurar su estado de conservación, ya que su nivel
de explotación se consideraba por debajo de su rendimiento máximo sostenible.


Al tratarse de una especie cuya área de distribución se extiende hasta España, las capturas de marrajo de la flota española debían llegar acompañadas de un dictamen de extracción no perjudicial. La Autoridad Administrativa CITES española,
cuya titularidad corresponde a la Dirección General de Política Comercial y Competitividad del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo fue quien, previo informe previo del Ministerio de Transición Ecológica, emitió ese dictamen preceptivo. Y a
pesar de la adecuación de las medidas tomadas a nivel internacional, en ese dictamen el gobierno español establece mayores limitaciones en la comercialización del marrajo y, en consecuencia, en las cantidades de captura, distintas e inferiores a las
recomendadas en su momento por el ICCAT.


Estas limitaciones han originado por primera vez una situación paradójica. La pesquería no está cerrada porque se están cumpliendo las directrices de gestión que regula el ICCAT, las capturas no se pueden tirar al mar y existen toneladas de
marrajo procesado y almacenado en los frigoríficos que no se pueden vender.


Mientras, el mercado internacional se abastece con otras flotas que no habían pescado habitualmente esta especie, y que no habían implantado las medidas de gestión que sí se había autoimpuesto la flota española.


Por todo ello, y por el impacto en la ya difícil situación económica que atraviesa la flota de palangre de superficie debido a la crisis del coronavirus, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente


Proposición no de Ley


'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:


1. Establecer, de forma inmediata, dada la urgencia y gravedad de la situación, una mesa de dialogo entre las diferentes áreas competentes de la Administración General del Estado (Transición Ecológica, Comercio y Pesca) y las organizaciones
representativas del palangre de superficie y de la comercialización afectadas, para incrementar la coordinación en la toma de decisión entre los diferentes departamentos ministeriales implicados respecto al sector pesquero y la comercialización del
marrajo.


2. Desarrollar, de la mano de Comisión Europea, el análisis de medidas de protección del marrajo dientuso que no lleven al quebranto económico de la flota y que tengan en cuenta todas las medidas de gestión sostenible que las diferentes ORP
y la UE han adoptado en favor de esta especie. En particular:


a) Implantar, en coordinación con la Comisión Europea, una compensación a las flotas de palangre de superficie por la reducción de ingresos que supone la reducción de las capturas y de la facturación por esta especie.


b) Revisar los criterios científicos establecidos por el Ministerio de Transición Ecológica para establecer límites en el dictamen de extracción no perjudicial de las especies de marrajo.


c) Establecer reservas a las limitaciones de capturas de especies de marrajo incluidas en los Apéndices II y proponer periodos transitorios en su captura, avalados por informes científicos solventes, de forma que se pueda dar solución a la
comercialización de las capturas ya realizadas y programar la gestión de la pesquería de forma ordenada.


3. Reclamar, a las organizaciones internacionales y a la propia Comisión Europea, la realización de un verdadero control de capturas y del comercio internacional de estas especies en igualdad de condiciones que la flota española.'


Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de septiembre de 2020.-Joaquín María García Díez y Marta González Vázquez, Diputados.-Concepción Gamarra Ruiz-Clavijo, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.



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Comisión de Política Territorial y Función Pública


161/001423


A la Mesa del Congreso de los Diputados


El Grupo Parlamentario Socialista, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre las medidas económicas de apoyo a los municipios y Entidades Locales para
paliar los daños causados por temporales y otras situaciones catastróficas, para su debate en la Comisión de Política Territorial y Función Pública.


Exposición de motivos


En las últimas décadas se ha producido un incremento de los desastres naturales en el mundo, y aunque España es un país con un nivel de riesgo moderado, los incendios forestales, las inundaciones y aquellos sucesos derivados de la ocurrencia
de fenómenos meteorológicos adversos han ocasionado y ocasionan importantes daños, afectando gravemente a la seguridad de las personas y contribuyendo, además, al deterioro del medio ambiente.


Estas gravísimas situaciones de emergencia o de naturaleza catastrófica, así como la magnitud de los daños y las medidas necesarias para mitigar la grave perturbación, justifican la intervención de la Administración General del Estado, desde
el principio de solidaridad interterritorial y de manera subsidiaria, complementando las actuaciones que, en ejercicio de sus competencias, tienen encomendadas las Administraciones territoriales.


Con la Ley 17/2015, de 9 de julio, del Sistema Nacional de Protección Civil, se regula el refuerzo de los mecanismos que potencian y mejoran el funcionamiento del sistema nacional de protección de los ciudadanos ante emergencias y
catástrofes, estableciendo un procedimiento de declaración de zona afectada, así como las necesarias medidas aplicables, previstos en los artículos 23 y 24 de la Ley, respectivamente.


Este sistema se entiende como un instrumento de seguridad pública, integrado en la política de Seguridad Nacional que facilitará el ejercicio eficiente de cooperación respecto a las competencias distribuidas entre las Administraciones
Públicas, al interconectar la pluralidad de servicios y actuaciones destinados al objetivo común.


Asimismo, con la aprobación del Real Decreto-ley 11/2019, de 20 de septiembre, se adoptaron medidas urgentes para paliar los daños causados por temporales y otras situaciones catastróficas, atribuyendo en este caso al Ministerio de Política
Territorial y Función Pública la gestión del régimen de ayudas a las entidades locales para la recuperación de las zonas siniestradas. De este modo, las entidades locales han podido acceder a las subvenciones del Ministerio y acoger hasta el 50 %
del coste de dicha inversión.


Todo ello es hecho fehaciente de que se han atendido las demandas que han ido planteando distintas entidades locales, como consecuencia de los daños acaecidos por diversas catástrofes entre los años 2019 y 2020, y existiendo compromiso por
el Ministerio de Política Territorial y Función Pública, de continuar ampliando ayudas a otras zonas afectadas por situaciones de emergencia, el Consejo de Ministros aprobó el pasado 25 de agosto el Real Decreto 778/2020 (BOE de 27 de agosto de
2020), por el que se declara la aplicación de las medidas previstas en el artículo 9 del Real Decreto-ley 11/2019, de 20 de septiembre, por el que se adoptan medidas urgentes para paliar los daños causados por temporales y otras situaciones
catastróficas, a diversas situaciones catastróficas acaecidas entre el 1 de abril de 2019 y el 31 de marzo de 2020.


Dato importante a destacar es que la concesión de estas ayudas resulta, en ocasiones, laboriosa y compleja, a consecuencia, por un lado, del grueso de los trámites que provoca dilación en la concesión de la misma, así como por los posibles
errores en la comunicación de la Administración General del Estado con las entidades locales, especialmente con los pequeños ayuntamientos, que a falta de medios telemáticos suficientes o desconocimiento del proceso, gestionan de manera errónea
muchas de estas ayudas o ignoran el estado en el que las mismas se encuentran.



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Por todo ello el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente


Proposición no de Ley


'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:


1. Fomentar la utilización de los medios telemáticos por parte de las entidades locales, para una mayor accesibilidad y agilidad en la gestión de las ayudas económicas por daños causados por temporales y otras situaciones catastróficas, de
modo que puedan recibir una información completa, no solo para conocer en todo momento el estado de sus solicitudes, sino también a efectos de subsanar posibles errores en las mismas.


2. Promover la celebración de sesiones informativas dirigidas a todo el personal de las entidades locales solicitantes de tales ayudas, que sirvan de soporte para una mejor y adecuada gestión de la solicitud de las mismas, con el fin de
evitar que la dificultad en la tramitación administrativa no suponga un impedimento para su obtención, informando de manera constante acerca de las diferentes actualizaciones en los sistemas de acceso.


3. Potenciar la coordinación entre las administraciones implicadas, sobre todo con los municipios de menor tamaño o situados en zonas más despobladas, de acuerdo con lo previsto por el Ministerio para la Transición Ecológica y Reto
Demográfico, para una mejor actualización del estado de las ayudas que se encuentren pendientes o concedidas.


4. Solicitar, cuando se estime conveniente, la contribución financiera del Fondo de Solidaridad de la UE (FSUE) en el caso de catástrofes naturales graves.'


Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de septiembre de 2020.-Uxía Tizón Vázquez, José Luis Aceves Galindo, Josefa Andrés Barea, Ariagona González Pérez, José Losada Fernández, Santos Cerdán León, Rafaela Crespín Rubio, Isaura Leal
Fernández, Patxi López Álvarez, Esther Padilla Ruiz, José Luis Ramos Rodríguez y Herminio Rufino Sancho Íñiguez, Diputados.-Felipe Jesús Sicilia Alférez y Rafael Simancas Simancas, Portavoces del Grupo Parlamentario Socialista.


Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico


161/001408


A la Mesa del Congreso de los Diputados


El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para la creación del Comisionado del
Gobierno para la recuperación del Mar Menor, para su debate en la Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico.


Exposición de motivos


El Mar Menor es un tesoro natural y ecológico para la Región de Murcia, para España y para Europa. Así lo demuestra el hecho de que Naciones Unidas lo haya designado como Zona Especialmente Protegida de Importancia para el Mediterráneo,
junto a sus humedales periféricos; o el hecho de que esté incluido en la lista de humedales de importancia internacional, la lista RAMSAR, que reconoce las funciones fundamentales y ecológicas de los humedales y su valor económico, cultural,
científico y recreativo.


Sin embargo, su frágil equilibrio medioambiental se vio seriamente afectado el pasado mes de septiembre ante los efectos de la DANA, que provocaron la entrada de millones de litros de agua dulce en el Mar Menor con graves consecuencias para
su ecosistema.


Desde el Partido Popular consideramos que su recuperación es un asunto de Estado y exige la coordinación de los trabajos de todos y cada uno de los actores que en ella intervienen, aportando conocimientos y poniendo en práctica proyectos y
estrategias para un objetivo común.


El propio Presidente del Gobierno de España se comprometió en la misma orilla del Mar Menor con su recuperación.



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En la Región de Murcia, estos trabajos son coordinados por la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente a través de la Dirección General del Mar Menor, la cual:


- Asume las competencias y funciones de estudio, planificación, ejecución y desarrollo de los proyectos y actuaciones en el Mar Menor relacionados con la protección y regeneración ambiental de su ecosistema, sin perjuicio de las atribuidas a
otros órganos directivos de la Administración Regional.


- Lleva a cabo la coordinación con los distintos organismos y direcciones generales de la Comunidad Autónoma, y con otras Administraciones Públicas y entidades públicas o privadas con competencias concurrentes para el desarrollo de dichos
proyectos y actuaciones, y el impulso del conocimiento científico y la investigación aplicada en relación con problemas ambientales de la laguna.


- Y además, quedan adscritos a ella tanto el Comité de Asesoramiento Científico del Mar Menor como el Comité de Participación Social del Mar Menor.


Resulta llamativo que a nivel nacional no exista ningún órgano o figura que coordine los trabajos orientados a la preservación del Mar Menor, sobre todo cuando casi todos los 22 ministerios existentes tienen entre sus delegaciones
competencias relativas a los planes de recuperación del Mar Menor.


Es, por tanto, necesaria la creación de una figura que pueda coordinar los trabajos entre ellos, la Comunidad Autónoma de Murcia y las diferentes administraciones locales afectadas, así como órganos de naturaleza pública y privada que puedan
participar.


Esta figura, que debería reunir un alto perfil profesional de probada trayectoria para que hiciese prevalecer los criterios técnicos sobre los políticos, se encargaría de las labores de coordinación entre las administraciones y sus
relaciones con la Unión Europea y otros organismos nacionales e internacionales; además, habría de estar dotado de un presupuesto directo para el desempeño de su labor.


Por ello, proponemos la creación del Comisionado del Gobierno para la recuperación del Mar Menor, con rango de Secretario de Estado y dependiente de Presidencia del Gobierno.


Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente


Proposición no de Ley


'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno para que cree el Comisionado del Gobierno para las actuaciones de recuperación del Mar Menor, con rango de Secretario de Estado.'


Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de septiembre de 2020.-Teodoro García Egea, Isabel María Borrego Cortés y Juan Luis Pedreño Molina, Diputados.-Concepción Gamarra Ruiz-Clavijo, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso.


161/001422


A la Mesa del Congreso de los Diputados


El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la gestión cinegética en los
Parques Nacionales, para su debate en la Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico.


Exposición de motivos


Cada parque nacional español es singular por sus bienes naturales, sus parajes excepcionales o sus valores culturales, educativos y científicos, que les han hecho merecedores de semejante calificación de protección. Igualmente, detrás de
cada Parque Nacional también hay una historia y una actividad tradicional que ha servido para moldear el territorio y justifican su existencia, hasta el hito de su declaración.


El 5 de diciembre de 2014, un día después de la publicación en el Boletín Oficial de las Cortes, entraba en vigor la Ley 30/2014, de 3 de diciembre, de Parques Nacionales. La ley supuso la puesta en marcha de nuevos mecanismos de
coordinación entre las administraciones públicas implicadas, y mejoró aspectos para conservar la integridad de los valores naturales de estos singulares espacios, sin olvidar las actividades y personas que allí viven.



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La Ley establecía un mecanismo de transición para adecuar su gestión a alguna de las exigencias contenidas en la misma. Así, la Disposición adicional séptima establecía un plazo máximo de seis años, a partir de la entrada en vigor, para
adoptar las medidas precisas para adecuar la situación de los parques nacionales ya declarados a determinadas actividades que se consideraran incompatibles con la gestión y conservación de los espacios. Aunque hay varias actuaciones que se
consideran incompatibles, hay una que ha centrado la atención, la caza deportiva y comercial.


Un reciente estudio elaborado por las universidades de Extremadura y Castilla-La Mancha ha destacado el impacto socioeconómico que generaría prohibir la caza sobre los municipios del entorno de los parques nacionales de Monfragüe
(Extremadura) y de Cabañeros (Castilla-La Mancha). Además, se prevé que el impacto y los daños generados por la excesiva densidad de especies silvestres pondrían en peligro la viabilidad de los ecosistemas que les han hecho merecedores de su
declaración.


Por otra parte, el Parque Nacional de Cabañeros, declarado en 1995, inició la tramitación del Plan Rector de Uso y Gestión (PRUG) a finales de febrero de 2015. El PRUG, que se ha anunciado en varias ocasiones como próximo a su aprobación,
también hace referencia a la adaptación del PPNN a la Ley de 2014, en lo relativo a la caza deportiva. Pero el documento, todavía en fase de borrador, no acaba con la crucial discusión sobre la caza en el 45 % del territorio que es de propiedad
privada.


La Ley establece que 'en los casos en que la adecuación afecte a derechos de terceros, las administraciones públicas promoverán la celebración de acuerdos voluntarios o, en su defecto, aplicarán los procedimientos de expropiación forzosa o
rescate de los correspondientes derechos'.


Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente


Proposición no de Ley


'1. El Congreso de los Diputados reconoce la gestión cinegética como un método eficaz de control poblacional, de manera especial en los entornos protegidos, ya que colabora con la conservación de la carga de población de especies y
contribuye a garantizar la conservación del espacio protegido y sus poblaciones.


2. El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:


a) Realizar los cambios legislativos necesarios para que, en el marco de la ley, el control de poblaciones en los Parques Naciones mediante la actividad cinegética pueda ser desarrollado por la iniciativa privada, bajo la supervisión de las
autoridades pertinentes.


b) Remitir a la Cámara la modificación de la Disposición adicional séptima de la Ley 30/2014, de 3 de diciembre, de Parques Nacionales, ampliando la prórroga hasta que se establezca una solución definitiva para las actividades comerciales.'


Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de septiembre de 2020.-Carmen Navarro Lacoba, César Sánchez Pérez, José Alberto Herrero Bono, Juan Diego Requena Ruiz y Guillermo Mariscal Anaya, Diputados.-Concepción Gamarra Ruiz-Clavijo, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


Comisión de Cultura y Deporte


161/001391


A la Mesa del Congreso de los Diputados


El Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu, a instancia de la Diputada Mertxe Aizpurua Arzallus, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley para la
declaración de la Cultura como Bien Esencial y de Primera Necesidad, para su debate en la Comisión de Cultura y Deporte.


Exposición de motivos


La crisis de la COVID-19 ha puesto en evidencia la precariedad del sector cultural en el Estado español. Miles de artistas, profesionales y trabajadores de la Cultura se encontraron, de la noche a la mañana, con su actividad paralizada, sin
indemnizaciones ni posibilidades de acogerse a un ERTE, dado el carácter intermitente en el trabajo.



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Las ayudas aprobadas para el sector en los primeros meses de la pandemia han sido notablemente insuficientes y no han alcanzado a la mayoría del tejido productivo y trabajadores del que es el cuarto sector de la industria del Estado.


La pandemia de la COVID-19 ha incidido con dureza en la actividad de un sector, el de la Cultura, que, por su importancia y relevancia en el desarrollo de un país, debería ser protegido especialmente.


De la misma forma que ha ocurrido en otros países del entorno europeo, es crucial para la sociedad que el sector cultural y su futuro se defiendan desde las instituciones públicas, tanto o más que otras actividades de otros sectores
económicos que sí han contado con el establecimiento de más medidas para su protección.


El sector cultural ha sido especialmente perjudicado por la crisis, y en este momento en el que los rebrotes de la COVID-19 van en aumento el futuro que se presenta lo sitúa ya al borde de un colapso sin retorno. La gravedad de la situación
debe hacer tomar medidas inmediatas que aseguren la pervivencia de todo el sector cultural y garanticen que la salida de esta crisis no suponga un daño irreparable para la cultura.


Una mirada al entorno de países europeos nos muestra cómo el Estado francés ha creado un fondo de urgencia para ayudar a todos los sectores culturales. El gobierno alemán ha dispuesto recursos financieros con los que atender al sector
cultural, Italia ha creado un fondo de emergencia para el audiovisual, el cine y el entretenimiento, y distintas medidas para aliviar la carga del Impuesto de Sociedades para las PYMEs. Bélgica, Portugal, Dinamarca también van muy por delante en la
atención a las necesidades imperiosas que presenta el sector.


Recientemente, el 17 de setiembre de 2020, en 28 ciudades del Estado se realizaron manifestaciones bajo el lema 'Alerta Roja' para alertar de la situación de un sector, el de los Eventos y Espectáculos, que se encuentra en situación límite,
y dar visibilidad a la problemática y reivindicaciones de un gremio que, se estima, supone el 3,8 % del PIB estatal y es responsable de 700.000 puestos de trabajo.


Se trata de un sector muy heterogéneo y fragmentado, por lo que no solo debería ser atendido desde el Ministerio de Cultura y Deporte, sino que también debería darse respuesta desde los Ministerios de Trabajo, Industria, Turismo, Asuntos
Económicos y Hacienda. Una necesidad transversal para una cuestión de calado que afecta a la sociedad en su conjunto. Sin cultura no hay desarrollo social y económico posible. Un plan de rescate de la cultura es un plan de mejora de la sociedad
en su conjunto.


Cada evento, actividad o manifestación cultural suspendida, aplazada o no contemplada debido a la situación de la pandemia envía al paro a un gran número de personas con pocas expectativas reales de poner reiniciar su actividad laboral. Sin
cultura no hay futuro ni recuperación para una sociedad.


Es por ello por lo que Euskal Herria Bildu solicitamos que se declare la Cultura como Bien Esencial y de Primera Necesidad y que se adopten consecuentemente las medidas necesarias para que esta no sea una declaración vacía, sino que suponga
la puesta en marcha de un plan de rescate que asegure la supervivencia y el mantenimiento de un sector para que toda la sociedad pueda acceder a la Cultura. O se protege o desaparecerá.


Por todo ello, Euskal Herria Bildu presenta la siguiente


Proposición no de Ley


'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno español a:


- Declarar la Cultura como Bien Esencial y de Primera Necesidad.


- Adoptar y poner en marcha, fruto de esa declaración como bien esencial y de primera necesidad, medidas económicas y financieras para el rescate del sector, y ayudas directas tanto a autónomos, empresas y trabajadores por cuenta ajena, así
como la aplicación de criterios y decisiones que dinamicen y fomenten la vuelta de la actividad cultural en condiciones de seguridad frente a la pandemia.'


Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de septiembre de 2020.-Mertxe Aizpurua Arzallus, Portavoz del Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu.



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161/001394


A la Mesa del Congreso de los Diputados


El Grupo Parlamentario Plural, a instancias de la Diputada de Junts per Catalunya, Laura Borràs i Castanyer, de acuerdo con lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta, para su discusión ante la
Comisión de Cultura y Deporte, una Proposición no de Ley para modificar el Reglamento General de Costas.


Exposición de motivos


A lo largo de los 8.000 km de costa española existen instalaciones náutico-deportivas dedicadas a actividades correspondientemente federadas y en pleno funcionamiento que ofrecen a sus socios y a los municipios donde se encuentran ubicadas
un servicio integral de acceso a la práctica de actividades náutico-deportivas y de vela. Estos clubes deportivos cuentan con un tejido asociativo que les ha permitido ser sostenibles deportiva y económicamente. Asimismo, son indudablemente un
elemento importante en la vida social de sus respectivas localidades y, por lo tanto, es esencial que estas instalaciones puedan seguir desarrollando su actividad con normalidad. Para ello, deben poder albergar las edificaciones necesarias para
poder cumplir con sus objetivos. Se estima que para que un Club de playa pueda funcionar con normalidad en sus diferentes usos se requieren, excluida la zona de varada, los siguientes espacios, que permiten la práctica de la actividad náutica y del
deporte de vela de un modo seguro, accesible y adecuado: zona de vestuarios, vestuarios técnicos, aseos, duchas, enfermería, aula o espacio polivalente, oficinas o área técnica, almacén o taller, sala de instalaciones, circulaciones y un espacio
libre exterior cubierto.


A los espacios mencionados anteriormente, de unos aproximados 550 m2, hay que añadir los necesarios de servicio de bar o restaurante, de manera que se superaría con creces el límite de 300 m2 que establece la Ley de Costas de 1988,
modificada por la Ley 2/2013, de 29 de mayo, y desarrollada mediante el Reglamento General de Costas (RGC), aprobado por el RD 876/2014. En este sentido, los 700 m2 permitirían el desarrollo de todas las actividades descritas.


Es imprescindible modificar la superficie máxima en el caso de concesiones de edificaciones destinadas a actividades deportivas de carácter náutico, ya que es a todas luces necesaria una superficie superior a 300 m2 para que los clubes
puedan dar oportuno cumplimiento a sus objetivos y a su función social, que es de máximo interés público.


El Reglamento General de Costas solo excluye de la adaptación a las prescripciones de este Reglamento los títulos concesionales prorrogados al amparo del artículo 2 de la Ley 2/2013 a los establecimientos expendedores de comidas y bebidas.
La permanencia en vigor del RGE con su actual redacción implicaría de facto la total imposibilidad de permanencia de muchos de los clubes de playa existentes y la desaparición de la práctica náutico-deportiva que en ellos se realiza, así como la
enseñanza de la vela e implicación del tejido social con el medio marítimo y el deporte. Y es que mientras que el Reglamento excluye a los establecimientos expendedores de comidas y bebidas, no menciona a las instalaciones destinadas a actividades
náutico-federadas. Esto supone un agravio comparativo respecto a los establecimientos de restauración que pudiera tildarse de inconstitucional por vulnerar el artículo 14 de la Constitución Española, ya que se está tratando de manera desigual la
situación de un tipo de establecimientos que, además, ejerce actividad económica lucrativa en perjuicio de entidades sin ánimo de lucro que fomentan el deporte y la integración de la sociedad con el medio ambiente natural.


La Ley de Costas otorga especial protección en su aplicación a aquellos bienes considerados de Interés Cultural. En esta línea, la Disposición adicional tercera del Reglamento que desarrolla la disposición adicional undécima de la Ley
22/1988, de 28 de julio, abunda en el sentido de no distinguir las normas encargadas de proteger los Bienes de Interés Cultural. Sin embargo, en esta normativa se hace una distinción entre los bienes del Patrimonio Histórico Español y los bienes
situados en comunidades autónomas que, en ejercicio de sus competencias, han desarrollado constitucionalmente una normativa propia y que por el solo hecho competencial parecen gozar de menor derecho ante la normativa general del Estado.


Considerando la definición que hace la declaración universal de la diversidad cultural de la UNESCO, 'la cultura debe ser considerada como el conjunto de los rasgos distintivos espirituales y materiales, intelectuales y afectivos que
caracterizan a una sociedad o grupo social y que abarcan, además de las artes y las letras, el modo de vida, las maneras de vivir juntos, los sistemas de valores, las tradiciones y las creencias'. Indudablemente, los clubes náuticos históricos y su
relación con el mar quedarían recogidos en esta interpretación.



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Los clubes náuticos deportivos constituyen un símbolo distintivo del frente marítimo catalán, destacado por su tradición de establecimientos dedicados al baño y en la práctica de los deportes náuticos, especialmente de vela, que desde hace
casi un siglo son un referente dentro y fuera de las fronteras del país, y que encajan en el concepto de la Ley 9/1993, de 30 de septiembre, del patrimonio cultural catalán. La norma autonómica no es ni mejor ni peor que la estatal, pero sí
equivalente y esta consideración debe respetarse, de la misma manera que el reglamento no puede limitar la disposición legal, y por ello cualquier interpretación limitativa de un derecho reconocido por ley no puede incluirse reglamentariamente.


La Ley 2/2013 aprobada por el Partido Popular -y recurrida al Tribunal Constitucional por el Partido Socialista- ha puesto en una situación insostenible a muchas entidades náutico-deportivas con una marcada función social. Solamente en
Catalunya, tres clubes se han visto forzados a cerrar, seis clubes no disponen de concesión, dos están pendientes de prórroga y tres más no disponen de concesión, aunque esta se está tramitando. La reforma del Reglamento General de Costas
preservaría unas instituciones que tienen un papel vital en la vida asociativa y deportiva en todo el país, y se evitarían circunstancias extremas que, sumadas a las dificultades causadas a raíz de la pandemia, podrían poner en riesgo el futuro de
estos clubes, de sus trabajadores y de la cadena de valor que de ellos depende.


Proposición no de Ley


'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:


1. Incluir en el artículo 70 del Reglamento General de Costas, relativo a las instalaciones destinadas a actividades deportivas de carácter náutico federado, una modificación en el apartado C) del apartado 1, con el siguiente redactado:


'Artículo 70. Instalaciones destinadas a actividades deportivas de carácter náutico federado.


1. Las concesiones y autorizaciones de ocupación del dominio público para instalaciones destinadas a actividades deportivas de carácter náutico federado, que únicamente podrán otorgarse en tramos urbanos de playa, además de cumplir las
disposiciones que les sean aplicables con carácter general y las específicas reguladoras de su actividad, deberán ajustarse a los siguientes criterios:


a) Las instalaciones se ubicarán, preferentemente, fuera de la playa. Cuando esto no sea posible, se situarán en los extremos de la playa, adosadas al límite de aquella.


b) Los usos permitidos en estas instalaciones serán los estrictamente necesarios para realizar la actividad deportiva náutica.


c) Las instalaciones deberán estar adaptadas al entorno en que se encuentren situadas. En el caso de instalaciones amparadas por autorizaciones de ocupación, no podrán exceder de 700 metros cuadrados, excluida la superficie ocupada por la
zona de varada. En el caso de instalaciones amparadas por concesión, estas podrán albergar aquellas edificaciones necesarias y justificadas, como pueden ser: edificio social, aulas-escuela de vela, secretaría, salas de reuniones, vestuarios,
pañoles, almacenes, comedor, bar-restaurante, solárium y zona de varada de embarcaciones. En cualquier caso, dichas edificaciones deberán dar cumplimiento a la normativa vigente sobre seguridad, accesibilidad, también para personas con movilidad
reducida, evacuación y normativa contra incendios.


d) En ningún caso se permitirán instalaciones destinadas a actividades deportivas no náuticas.'


2. Incluir en la disposición transitoria vigesimoquinta del Reglamento relativa a la adaptación de los títulos concesionales prorrogados a las disposiciones de este reglamento, un último párrafo, según la siguiente redacción:


'Disposición transitoria vigesimoquinta.


Los títulos concesionales prorrogados al amparo del artículo 2 de la Ley 2/2013, de 29 de mayo, habrán de adaptarse a las prescripciones de este reglamento en el primer tercio del plazo previsto en la prórroga del título concesional. Si
transcurrido este plazo no se hubiera procedido a la adaptación, la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar acordará la caducidad del título.


Los establecimientos expendedores de comidas y bebidas y las instalaciones destinadas a actividades náuticas federadas podrán mantener las superficies reconocidas en el título por el que se otorgó la concesión.'



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3. Modificar el apartado 1 de la disposición adicional tercera del Reglamento que desarrolla la disposición adicional undécima de la Ley 22/1988, de 28 de julio, con el objetivo de no hacer distinciones en las normas encargadas de proteger
los bienes de interés cultural, con la siguiente redacción literal:


'Disposición adicional tercera.


1. Los bienes inmuebles declarados de interés cultural por las administraciones competentes, situados en dominio público marítimo-terrestre quedarán sujetos al régimen concesional previsto en la Ley 22/1988, de 28 de julio, a cuyo efecto la
Administración General del Estado, otorgará la correspondiente concesión, previa solicitud de la misma, en el plazo de un año a contar desde la fecha de la declaración de interés cultural.'


4. Inclusión en el apartado 2 del artículo 69 del Reglamento de la Ley de Costas de un último párrafo, según la siguiente redacción:


'2. Además de las ocupaciones previstas para los tramos naturales de las playas, los tramos urbanos de las mismas podrán disponer de instalaciones fijas destinadas a establecimientos expendedores de comidas y bebidas, con una ocupación
máxima, salvo casos excepcionales debidamente justificados, de 200 metros cuadrados, de los cuales 150 metros cuadrados podrán ser de edificación cerrada y el resto terraza cerrada mediante elementos desmontables que garanticen la permeabilidad de
vistas. A esta superficie se podrán añadir otros 70 metros cuadrados de ocupación abierta y desmontable más una zona de aseo, que no podrá superar los 30 metros cuadrados, siempre que esta sea de uso público y gratuito.


La distancia entre estos establecimientos no podrá ser inferior a 150 metros, no siendo de aplicación en el caso de establecimientos expendedores de comidas y bebidas dentro de instalaciones deportivas de carácter náutico federado'.'


Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de septiembre de 2020.-Laura Borràs Castanyer, Portavoz Adjunta del Grupo Parlamentario Plural.


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A la Mesa del Congreso de los Diputados


D.ª Macarena Olona Choclán, D. José María Figaredo Álvarez-Sala, D.ª Mireia Borras Pabón, D. Francisco José Contreras Peláez, D. José Ramírez del Río, D. Pedro Requejo Novoa, en sus respectivas condiciones de Portavoz Adjunta y Diputados del
Grupo Parlamentario VOX (GPVOX), al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, formula la siguiente Proposición no de Ley relativa a la promoción del reconocimiento de la ciudad de
Oviedo como Patrimonio de la UNESCO, para su debate ante la Comisión de Cultura y Deporte.


Exposición de motivos


Primero. El Patrimonio de la Humanidad de Oviedo.


Oviedo cuenta con un conjunto de monumentos Patrimonio de la Humanidad que representan, en sí mismos, un potente motor para el impulso del turismo cultural. Atrae visitantes, no solo del territorio nacional, sino también y,
fundamentalmente, del extranjero.


La ciudad cuenta con una riqueza cultural, cuyo máximo exponente es el Prerrománico, que está pasando desapercibida si la comparamos con otras ciudades que sí explotan turísticamente sus puntos fuertes por recursos similares. Oviedo tiene
la inmensa suerte de contar con monumentos como Santa María del Naranco, San Miguel de Lillo, la iglesia de San Julián de los Prados, la Cámara Santa, la Catedral o la Fuente de Foncalada. Todas ellas, individualmente, están incluidas por la
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) en su listado de Patrimonio de la Humanidad. Podríamos añadir a estas la iglesia de Santirso o el casco antiguo de Oviedo. Dentro de este último, la Catedral
de Oviedo es la cabecera del Camino Primitivo de Santiago, el inicio del trayecto realizado por el rey Alfonso II el Casto, considerado el primer peregrino a Santiago, en el siglo IX, para confirmar el hallazgo de los restos del Apóstol.



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Sin embargo, Oviedo es un caso negativamente singular, probablemente en el mundo. No existe ni un solo rótulo en la autopista ni en las entradas a la ciudad en las que se resalte el hecho de contar con estos monumentos que han sido
declarados por la UNESCO Patrimonio de la Humanidad.


Merece la pena potenciar a Oviedo como ciudad Patrimonio de la Humanidad a la vista del impresionante patrimonio con el que cuenta. Esta ha sido la estrategia de Salamanca o Segovia, en España, o Burdeos, sin ir más lejos, en Francia.
Obtener esta distinción como ciudad aportaría mucho a Oviedo desde el punto de vista de la imagen, tanto para el turismo como para regenerar la economía real municipal y regional. Ninguna ciudad del mundo debiera infravalorar su patrimonio cultural
por incapacidad, desidia, abandono o pereza.


Segundo. La Declaración de Patrimonio de la Humanidad.


Patrimonio de la Humanidad o Patrimonio Mundial es el título conferido por la UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization) a aquellos lugares propuestos y confirmados para su inclusión en la lista del programa
Patrimonio de la Humanidad, gestionado por el Comité del Patrimonio de la Humanidad. Este Comité está compuesto por 21 Estados miembros elegidos por la Asamblea General de Estados Miembros.


Por medio de esta distinción se califican estos bienes como universales y su disfrute, protección y cuidado pasan a ser reconocidos por todos los pueblos del mundo, independientemente del territorio en el que estén localizados.


El primer paso que debe llevar a cabo un Estado es la realización de un inventario de los bienes susceptibles de ser declarados Patrimonio de la Humanidad en un futuro. Este inventario se denomina Lista Indicativa, y con base en ella se
seleccionan las candidaturas de lugares para su inscripción en la Lista del Patrimonio de la Humanidad. Es un paso de suma importancia, dado que no se podrá considerar una propuesta de inscripción en la Lista del Patrimonio Mundial a menos que el
bien haya figurado como mínimo un año en la Lista Indicativa del Estado Parte.


La elaboración de la Lista Indicativa Española se realiza de la forma siguiente 1:


1. Cada Comunidad Autónoma selecciona los bienes de su Comunidad susceptibles de ser declarados Patrimonio Mundial en el futuro.


2. Esta selección se presenta al Grupo de Trabajo I de Patrimonio Mundial, creado en el año 2010 por el Ministerio de Cultura y avalado por el Consejo de Patrimonio Histórico.


3. La Comunidad Autónoma presenta al Consejo de Patrimonio Histórico los bienes susceptibles de incorporarse a la Lista Indicativa y la recomendación del informe técnico del Grupo de Trabajo.


4. El Pleno del Consejo del Patrimonio Histórico aprueba las inclusiones a la Lista Indicativa Española.


5. El Ministerio da traslado de la Lista al Centro de Patrimonio Mundial que, si se cumplen los requisitos necesarios, lo eleva al Comité de Patrimonio Mundial para su evaluación.


El objetivo del programa es catalogar, preservar y dar a conocer sitios de importancia cultural o natural excepcional para la herencia común de la humanidad. Bajo ciertas condiciones, los lugares mencionados pueden obtener financiación para
su conservación del Fondo para la Conservación del Patrimonio Mundial. Se constituyó por la Convención para la cooperación internacional en la protección de la herencia cultural y natural de la humanidad, que posteriormente fue adoptada por la
conferencia general de la UNESCO el 16 de noviembre de 1972. Desde entonces, 193 Estados miembros han ratificado la convención. Cada sitio Patrimonio Mundial pertenece al país en el que se localiza, pero se considera parte del interés de la
comunidad internacional y debe ser preservado para las futuras generaciones. La protección y la conservación de estos sitios son una preocupación de los 193 Estados miembros de la UNESCO.


Tercero. Los criterios de selección.


Los criterios de selección para que un bien sea incluido en la Lista de Patrimonio Mundial son, entre otros, los siguientes 2:


(i) Representar una obra de arte del genio creador humano;


1 https://www.culturaydeporte.gob.es/cultura/areas/patrimonio/mc/patrimoniomundial/proceso-de-candidaturas-en-espana.html


2 https://patritnoniomundial.cultura.pe/patrirnoniomundial/criteriosdeseleccion#:~:text=Para%20que%20un%20sitio%20sea, uno%20de%20los%20diez%20criterios.



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(ii) Atestiguar un intercambio de influencias considerable, durante un periodo concreto o en un área cultural determinada, en los ámbitos de la arquitectura o la tecnología, las artes monumentales, la planificación urbana o la creación de
paisajes;


(iii) Aportar un testimonio único, o al menos excepcional, sobre una tradición cultural o una civilización viva o desaparecida;


(iv) Constituir un ejemplo eminentemente representativo de un tipo de construcción o de conjunto arquitectónico o tecnológico, o de paisaje, que ilustre uno o varios periodos significativos de la historia humana;


(v) Ser un ejemplo eminente de formas tradicionales de asentamiento humano o de utilización tradicional de las tierras o del mar, representativas de una cultura (o de culturas), o de la interacción entre el hombre y su entorno natural,
especialmente cuando son vulnerables debido a mutaciones irreversibles;


(vi) Estar directa o materialmente asociado con acontecimientos o tradiciones vivas, con ideas, creencias u obras artísticas y literarias que tengan un significado universal excepcional. (Para el Comité, este criterio debería estar
relacionado con otros criterios);


(vii) Representar fenómenos naturales o áreas de belleza natural e importancia estética excepcional;


(viii) Ser ejemplos eminentemente representativos de las grandes fases de la historia de la tierra, incluido el testimonio de la vida, de procesos geológicos en curso en la evolución de las formas terrestres o de elementos geomórficos o
fisiográficos de mucha significación;


(ix) Ser ejemplos eminentemente representativos de procesos ecológicos y biológicos en curso en la evolución y el desarrollo de los ecosistemas y en las comunidades de plantas y animales, terrestres, acuáticos, costeros y marinos;


(x) Contener los hábitats naturales más representativos y más importantes para la conservación in situ de la diversidad biológica, comprendidos aquellos en los que sobreviven especies amenazadas que tienen valor universal excepcional desde
el punto de vista de la ciencia o de la conservación.


Cuarto. Conclusión.


La declaración como Patrimonio de la Humanidad de una ciudad como Oviedo puede suponer un impulso económico magnífico a la ciudad y a la región. El incremento del turismo aparejado a esta declaración será sustancial, lo que repercutirá en
la actividad económica de toda la región.


Asimismo, la declaración como Patrimonio de la Humanidad de Oviedo serviría para situar Asturias en un mapa internacional de atracción del talento y de los recursos humanos. Una forma sencilla de atraer a todos aquellos trabajadores
(telemáticos o presenciales) que a día de hoy comienzan a moverse a nivel mundial en un tráfico posibilitado por la velocidad de las telecomunicaciones.


En definitiva, esta declaración no se limitaría a ser un reclamo turístico para la ciudad, sino que podría constituir un revulsivo necesario para toda la región.


Por todo lo expuesto anteriormente, el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente


Proposición no de Ley


'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno de España a lo siguiente:


1. Apoyar la inclusión de la ciudad de Oviedo en la Lista Indicativa.


2. Valorar y, en su caso, elaborar los estudios y proyectos pertinentes que acrediten la singularidad arquitectónica, histórica y artística de Oviedo y que esta reúne los requisitos necesarios para su calificación como Patrimonio de la
Humanidad.


3. Elaborar y defender el posterior expediente de propuesta de candidatura de Oviedo como Patrimonio de la Humanidad.'


Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de septiembre de 2020.-Francisco José Contreras Peláez, José Ramírez del Río, Mireia Borrás Pabón, Pedro Jesús Requejo Novoa y José María Figaredo Álvarez-Sala, Diputados.-Macarena Olona Choclán,
Portavoz del Grupo Parlamentario VOX.



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161/001405


A la Mesa del Congreso de los Diputados


El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para el impulso de medidas inmediatas
y urgentes para hacer efectivo el acceso a los profesionales taurinos a las ayudas de prestación extraordinaria para artistas de espectáculos impulsadas por el Ministerio de Cultura en el RD 17/2020, para su debate en la Comisión de Cultura y
Deporte.


Exposición de motivos


La crisis económica provocada por la COVID-19 ha afectado de forma profunda al ámbito cultural y en especial a aquellos espectáculos estacionales, que centran su temporada en primavera, verano y otoño, como es el caso de los festivales de
música y, en particular, de los festejos taurinos.


Como consecuencia de la grave situación generada a raíz de la pandemia del COVID-19, que ha supuesto la suspensión de todos los festejos taurinos previstos durante meses, y que empiezan solo ahora a retomar tímidamente su actividad, este
sector atraviesa unas circunstancias muy difíciles. Tanto los ganaderos como los organizadores de eventos taurinos y los profesionales que de forma directa o indirecta participan en los diferentes festejos están sufriendo una merma considerable de
sus ingresos, hasta el punto de poner en riesgo su subsistencia.


Además, la marcada estacionalidad de la actividad taurina es un efecto que viene a agravar las consecuencias de la crisis. Porque si bien todas las industrias y espectáculos culturales van a sufrir unos devastadores efectos por la crisis,
la tauromaquia cuenta con el agravante de que es una industria estacional, que concentra toda su actividad en apenas seis meses. El inicio de la crisis sanitaria ha coincidido precisamente con el comienzo de la temporada taurina, cuando el sector
tenía que comenzar a generar los primeros recursos económicos tras el obligado parón invernal de seis largos meses sin ingreso alguno.


Entidades como ANOET o la Fundación Toro de Lidia han expresado su preocupación y han reclamado ayudas al Ministerio de Cultura. En concreto, la Fundación Toro de Lidia trasladó un documento, respaldado por más de 600 entidades, que reclama
diferentes medidas de apoyo al sector.


El Ministerio de Cultura y Deporte, a través del RDL 17/2020, desarrolló unas medidas urgentes para paliar estos nefastos efectos económicos en un sector con una débil estructura empresarial y una inestable intermitencia de ingresos, que han
hecho que el sector cultural esté viviendo una situación crítica.


Entre las medidas aprobadas en el RDL 17/2020, que espera su tramitación como proyecto de Ley después del verano, se articula una prestación extraordinaria para los artistas de espectáculos dando respuesta al problema de subsidio específico
para artistas. Una prestación que, según el propio ministro de Cultura trasladaba al sector en una reunión con el sector de la tauromaquia, incluía a estos profesionales, más de 10.000 trabajadores que en estos momentos no tienen acceso a ningún
tipo de ayuda. La situación económica que estamos viviendo hace necesario que el gobierno articule herramientas de protección para los trabajadores, sin dejar a ningún colectivo atrás.


La situación de los profesionales taurinos está siendo crítica, ante la imposibilidad de acogerse a ningún tipo de ayuda o subsidio profesional, comprobándose cómo el Ministerio de Trabajo deniega la prestación extraordinaria recogida en el
RDL 17/2020, mientras que, por otro lado, desde el Ministerio de Cultura les consideran incluidos entre el grupo de trabajadores que deben tener acceso a ella.


Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente


Proposición no de Ley


'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno, y en concreto a los Ministerios de Cultura y Deporte y al Ministerio de Trabajo, a desarrollar instrucciones de carácter urgente para que las prestaciones extraordinarias para los artistas
incluyan de manera específica a los profesionales taurinos (toreros, banderilleros, picadores y mozos de espadas) registrados en el Ministerio de Cultura y cuya relación laboral es de carácter especial e integrado en el régimen general de la
Seguridad Social por el RD 2621/1986, cuya actividad quedó suspendida a causa del estado de alarma y cuya reanudación se está desarrollando de manera muy puntual ante las restricciones sanitarias aún vigentes, y que no pueden



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acogerse a ningún tipo de prestación por cese de actividad o desempleo aprobada hasta la fecha con motivo del COVID-19.'


Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de septiembre de 2020.-María Soledad Cruz-Guzmán García, Diego Movellán Lombilla, Carolina España Reina, Eduardo Carazo Hermoso y Marta González Vázquez, Diputados.-Concepción Gamarra Ruiz-Clavijo,
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


Comisión de Asuntos Económicos y Transformación Digital


161/001419


A la Mesa del Congreso de los Diputados


El Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, a iniciativa de su Diputado Antón Gómez-Reino Varela y al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, presenta esta Proposición no de Ley para su debate y aprobación en la Comisión de Asuntos Económicos y Transformación Digital, relativa a garantizar el acceso universal de servicios de comunicaciones de banda ancha en las comarcas
rurales.


Exposición de motivos


El acceso en desigual condición a las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) a nivel estatal supone una merma en relación a la cohesión territorial y social, siendo esta desigualdad un componente fundamental de la llamada
'brecha digital', que propicia la existencia de 17.544 entidades singulares de población en España, que albergan a casi un millón de habitantes, sin conexión a internet o con conexiones a velocidades inferiores a los 30 Mbps. España presenta un
elevado nivel de desarrollo de las infraestructuras de telecomunicaciones, con la red de fibra más extensa de Europa y 45 millones de accesos, pero estos avances se han dado de manera asimétrica, siendo las áreas rurales y entidades singulares menos
pobladas las que cuentan con menores ratios de cobertura de telefonía móvil e intemet, con una concentración especial de estos enclaves en las autonomías de Galicia, Castilla y León y Asturias.


Esta segmentación atiende a los criterios de rentabilidad económica aplicados por las empresas privadas que se han hecho cargo de la instalación de las infraestructuras y equipamientos relacionados con las TIC durante las últimas décadas en
el marco de un mercado plenamente liberalizado. Es una realidad insoslayable que la iniciativa privada ni cubre ni pretende salvaguardar el acceso universal de servicios de comunicaciones de banda ancha, a no ser por medio de la intervención y el
apoyo público. En este sentido, cobra especial relevancia, como instrumento público de impulso, la Orden ECE/1166/2018, de 29 de octubre, por la que se aprueba el Plan para proporcionar cobertura que permita el acceso a servicios de banda ancha a
velocidad de 30 Mbps o superior, a ejecutar por los operadores titulares de concesiones demaniales en la banda de 800 MHz, cuya exigencia de ejecución había estado paralizada por el anterior Gobierno desde la adjudicación de las concesiones.
Gracias a la iniciativa del actual Gobierno, la aplicación de esta Orden ha posibilitado un incremento de más de 30 puntos porcentuales en la cobertura en el medio rural durante el último año, alcanzando así un acceso a redes de 30 Mbps del 94,3 %
de hogares en España.


También, por parte de la entidad pública empresarial 'Red.es', se han puesto en marcha dos programas específicos a este objeto. En primer lugar, el programa 30 Megas Rural, que tiene como objetivo que todos los hogares puedan acceder a
conexiones de banda ancha a una velocidad de al menos 30 Mbits/s en sentido descendente en todo el territorio. En segundo lugar, el programa Escuelas Conectadas, para dotar de conectividad a Internet, mediante redes de banda ancha ultrarrápida, a
los centros docentes españoles no universitarios sostenidos con fondos públicos.


No obstante, la propia Orden ECE/1166/2018 establece como final del plazo para el cumplimiento de las obligaciones de los operadores de completar las instalaciones para dar cobertura de 30 Mbps o superior al menos al 90 % de la población de
unidades poblacionales de menos de 5.000 habitantes la fecha de 1 de enero de 2020. Pasada esta fecha, es necesaria la elaboración de un nuevo plan de



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conectividad, dado que, a pesar de los importantes avances realizados, aún no se ha conseguido el objetivo final, estipulado por la Agenda Digital para Europa y la Agenda Digital para España, de alcanzar la universalización de la cobertura
de banda ancha fija a esta velocidad.


Según datos del informe 'Cobertura de banda ancha en España en el año 2019', publicado con fecha 30 de abril de 2020 por la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales, la cobertura a velocidades de 30 Mbps o
superiores en hogares llega a alrededor del 70 % de los 8.124 municipios españoles, lo que supone que quedan sin esta cobertura 2.331 municipios. Por tamaños poblacionales, quedan sin cobertura de 30 Mbps el 6,4 % de municipios de entre 2.000 y
5.000 habitantes; el 9,2 % de los que tienen entre 1.000 y 2.000 habitantes; el 15,5 % de los que albergan entre 500 y 1.000 habitantes; el 31,8 % de los que concentran entre 100 y 500 habitantes; y el 54,6 % de los municipios con menos de 100
habitantes, Según este mismo informe, y para el conjunto de los 6.697 municipios rurales de España, que concentran a 8.496.250 habitantes, la cobertura de 30 Mbps llega al 87 % de la población, con un incremento de, aproximadamente, 32 puntos
porcentuales respecto a los valores registrados en junio del 2018 gracias a los compromisos adquiridos por los operadores dentro del Plan 800 MHz impulsado por el Gobierno para realizar el despliegue en zonas rurales.


Estos datos muestran cómo, a pesar de los importantes avances realizados, sobre todo en los dos últimos ejercicios, aún es necesaria la continuidad de estos esfuerzos por parte de las administraciones públicas para alcanzar los objetivos de
cohesión y equilibrio social y territorial delimitados desde distintas instancias institucionales. Las políticas comunitarias relativas al desarrollo del mundo rural establecen los criterios de cohesión para afrontar el reto demográfico. Una
dirección que ya marcara el propio Tratado de funcionamiento de la Unión Europea al respecto de la implementación de oportunidades de vida para fijar población joven en todo el territorio e incentivar el equilibrio territorial entre zonas urbanas y
aquellas con baja demografía. En este sentido, tanto la Red Europea de Regiones afectadas por el Cambio Demográfico como el Foro de Comunidades afectadas por el cambio demográfico (Galicia, Aragón, Asturias, Cantabria, Castilla y León, Castilla-La
Mancha, La Rioja y Extremadura) coinciden en que la Unión Europea carece de instrumentos de aplicación directa para una intervención apropiada. Por ello, en el desarrollo de la universalización de la banda ancha, es el Estado quien debe
comprometerse, ateniéndose, en todo caso, a la normativa y orientaciones de la Unión Europea a este respecto.


El acceso a las TIC es una cuestión vertebral, dado que afecta de manera creciente a todos los ámbitos de la vida social, cultural y económica. Las posibilidades del mundo rural para el desarrollo de su actividad productiva, la
modernización del sector primario y la industria, o la mejora de la accesibilidad y capacidad de los servicios públicos, entre otros muchos aspectos, dependen de la disponibilidad de infraestructuras y equipamientos de telecomunicaciones que
equilibren su situación con la de las zonas más urbanizadas.


El papel de las administraciones públicas en la lucha contra la desigualdad es ineludible para combatir un problema de la máxima importancia. Las necesidades en materia regulatoria y presupuestaria para el desarrollo sostenible del medio
rural son ya indiscutibles ante la creciente despoblación que padecen muchas de nuestras provincias, por lo que se hace perentoria la continuidad y desarrollo de los programas que sirven para facilitar la implantación de una red de comunicaciones de
banda ancha en aquellas localidades con menor población, en seguimiento de lo establecido en la Disposición adicional decimoctava de la Ley General de Telecomunicaciones, ajustándose la intervención pública al principio de necesidad, y con la
finalidad de garantizar la obligada cohesión territorial y social.


Por todo ello se presenta la siguiente


Proposición no de Ley


'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno al desarrollo de una nueva planificación para la universalización de la banda ancha ultrarrápida, priorizando las actuaciones en aquellas comarcas rurales con menores tasas de cobertura.'


Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de septiembre de 2020.-Antonio Gómez-Reino Varela, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común.



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Comisión de Sanidad y Consumo


161/001398


A la Mesa del Congreso de los Diputados


El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la puesta en marcha de campañas
para la prevención de la ludopatía y riesgos del juego, para su debate en Comisión de Sanidad y Consumo.


Exposición de motivos


La Organización Mundial de la Salud (OMS) define la ludopatía como un trastorno caracterizado por la presencia de frecuentes y reiterados episodios de participación en juego de apuestas, los cuales dominan la vida del/la enfermo/a en
perjuicio de sus valores y obligaciones sociales, laborales, materiales y familiares.


La propia OMS reconoce la ludopatía como una enfermedad en el año 1980 y está clasificada en el CIE-10 dentro de los trastornos de los hábitos y del control de los impulsos.


La ludopatía se manifiesta como una alteración progresiva del comportamiento por la que el individuo siente una incontrolable necesidad de jugar. Se trata de una adicción donde no se consume ninguna sustancia, pero que generalmente puede
llevar asociado otro tipo de sustancias como el tabaco, alcohol o drogas.


La evidencia científica nos demuestra que la adicción al juego va siguiendo una escala hasta su culminación en el juego patológico o ludopatía, escala que puede llegar hasta el final o detenerse en alguna parte del desarrollo, de forma que
todo jugador patológico ha sido antes 'jugador problema', pero no todo jugador problema acaba siendo patológico (Programa para la Prevención de la Ludopatía del Principado de Asturias).


Estudios evidencian que el inicio temprano con !os juegos de azar incremento notablemente el riesgo de sufrir problemas de adicción (la mayoría de las personas que tienen problemas con el juego comenzaron a jugar en edades tempranas).


Antes de la pandemia se alertaba de que el perfil del ludópata en España estaba cambiando rápidamente. El perfil que se tenía de un hombre casado entre los 35 y 45 años ha cambiado notablemente hacia un perfil mucho más joven, con un
elevado aumento del juego en menores de edad que además de ilegal es altamente peligroso.


Los jugadores patológicos son cada vez más jóvenes y, a diferencia de lo que ocurría hace una década, en que el 75 % de los casos eran adictos a las máquinas de tragaperras mayoritariamente, hoy los más jóvenes están seducidos por las
apuestas deportivas y el póker en la modalidad online.


El aumento de reclamos publicitarios, tales como bonos de bienvenida, promociones o anuncios en todos los medios de comunicación, es especialmente relevante en grupos que puedan ser más vulnerables, entre los que se encuentran los jóvenes y
adolescentes.


Por tanto, poner en marcha una estrategia preventiva en materia de juego tiene que ser uno de los objetivos prioritarios de este gobierno. Se ha de localizar si esfuerzo en los riesgos del juego y en todas aquellas personas que tienen o
pudieran tener problemas asociados al mismo, especialmente en los menores como parte esencial de la sociedad.


Es preciso, y más necesario que nunca, poner en marchas medidas de prevención selectiva y desarrollar factores de protección que refuercen las conductas y hábitos de vida saludables,


Por todo lo anterior, y teniendo presentes las medidas frente a la adicción al juego contempladas en la 'Estrategia Nacional sobre Adicciones 2017-2024', así como en el 'Plan de Acción sobre Adicciones 2018-2020', el Grupo Parlamentario
Popular presenta la siguiente


Proposición no de Ley


'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno de España a:


1. Apostar firmemente por la lucha contra la ludopatía' impulsando una campaña para la prevención de la ludopatía y riesgos del juego.



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2. Poner en marcha un Plan de Lucha contra el juego 'online' ilegal como medida fundamental para evitar el juego en menores de edad.'


Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de septiembre de 2020.-Elena Castillo López, Carmen Riolobos Regadera y José Ignacio Echániz Salgado, Diputados.-Concepción Gamarra Ruiz-Clavijo, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso.


161/001416


A la Mesa del Congreso de los Diputados


El Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la creación de un comité de expertos independientes para la
evaluación de la gestión de la pandemia de COVID-19 en España, para su debate en la Comisión de Sanidad y Consumo.


Exposición de motivos


La segunda ola de la pandemia de la COVID-19 está golpeando a España con dureza, disparando tanto las alarmas sanitarias como económicas. Con la cifra de más de medio millón de contagios, nuestro país no solo lidera el número de casos en la
Unión Europea, sino que también es el país con más contagiados por habitante. Además, nueve de las diez regiones europeas más afectadas por la pandemia son españolas, según el Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades. A fecha de
22 de septiembre de 2020, tres meses después del levantamiento del Estado de Alarma, la cifra de nuevos contagios proporcionada por el Ministerio de Sanidad roza los 11.000, mientras tenemos que lamentar la muerte de 241 compatriotas.


Con estos datos, resulta conveniente preguntarse por qué, tras someterse los españoles a uno de los confinamientos más duros de toda Europa, los indicadores sanitarios siguen siendo los peores de nuestro entorno. Es por ello que la gestión
de la pandemia precisa ahora más que nunca de una evaluación que permita dirimir cuáles fueron los errores en la respuesta durante la primera ola a efectos de evitar que estos puedan estarse repitiendo en la actualidad con nefastas consecuencias en
primer lugar para la salud, pero también para una economía ya muy maltrecha por la crisis económica provocada por la llegada del virus. En ese sentido, el Grupo Parlamentario de Ciudadanos recoge el guante del grupo de expertos destacados en Salud
Pública publicado en la revista científica The Lancet. Un grupo de científicos españoles que ya solicitó una comisión para el estudio y evaluación de la pandemia el pasado mes de agosto, y que recientemente han vuelto a pedir al Gobierno de España
'identificar las debilidades' con el objetivo de 'evitar males mayores'.


Si en agosto ya era necesario respaldar dicha iniciativa, hoy es necesario que esta llegue a las instituciones para lograr el compromiso del Gobierno de España con esa comisión independiente, constituida por expertos nombrados tanto por el
Ejecutivo central como por los regionales, que permita conocer qué errores se han cometido con el único objetivo de que estos no se repitan. No se trata, pues, de encontrar culpables, sino de encontrar soluciones que se han vuelto inaplazables para
frenar la propagación del virus en esta segunda ola a efectos de seguir salvando vidas. Es una medida de carácter urgente, pues cada día que pasa sin tener los resultados de esa evaluación es un día perdido en el que pueden seguirse tomando medidas
ineficientes, o dejándose de tomar otras que deberían ser inmediatas.


Así pues, instamos al conjunto de fuerzas políticas representadas en la cámara, que a buen seguro comparten la finalidad de mejorar la gestión durante la primera ola para dejar de cometer errores irreparables, a apoyar la iniciativa ya
suscrita por expertos científicos para que España tenga una constituida con urgencia comisión independiente, cuyas conclusiones estén fuera de cualquier sospecha partidista o ideológica, para evaluar las actuaciones llevadas a cabo y, sobre todo,
cambiar todo aquello que no ha funcionado para que en los próximos días y semanas la respuesta a esta segunda ola no cometa los mismos errores.



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Teniendo todo ello presente, el Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta la siguiente


Proposición no de Ley


'El Congreso de los Diputados manifiesta la necesidad de constituir una Comisión de Expertos formada por profesionales independientes, españoles e internacionales, para que realice un análisis externo, objetivo e imparcial sobre la gestión
de la crisis sanitaria de COVID-19 en nuestro país por parte del Gobierno de España y las Comunidades Autónomas en el ámbito de sus respectivas competencias, con el objetivo de elaborar un informe, con carácter constructivo, libre de ideologías y
sin ánimo de revanchismo político, que acredite las carencias detectadas y que desarrolle las recomendaciones necesarias para mejorar la respuesta frente a esta segunda ola de la pandemia y ante los futuros rebrotes que puedan suceder.'


Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de septiembre de 2020.-Guillermo Díaz Gómez, Diputado.-Edmundo Bal Francés, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.


161/001426


A la Mesa del Congreso de los Diputados


El Grupo Parlamentario Plural, a instancia del Diputado del Bloque Nacionalista Galego (BNG) Néstor Rego Candamil, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente
Proposición no de Ley sobre la adquisición de vacunas de la COVID-19 por el Estado español para su debate en la Comisión de Sanidad.


Exposición de motivos


A mediados del mes de marzo, la OMS declaraba que la COVID-19 pasaba de ser una epidemia a una pandemia global debido a los alarmantes niveles de propagación y la gravedad de los mismos. Tras esa constatación, y paralelamente a la
instauración de medidas de control para evitar el contagio masivo, se inició una carrera contrareloj para hallar una vacuna que permitiese enfrentar eficazmente el avance de la enfermedad. En esta misma línea, el Estado español debería también
dotarse cuanto antes de todos los medios y recursos necesarios para la lucha contra la COVID-19. Para ello, es imprescindible la adquisición de una vacuna eficaz desde el punto de vista médico y que asegure la disponibilidad de dosis suficientes
para el conjunto de la población, lo que permitiría afrontar lo antes posible y con éxito la crisis sanitaria actual.


Actualmente, cerca de 180 vacunas contra la COVID-19 (basadas en vectores, vacunas mRNA o vacunas inactivadas) se encuentran en desarrollo en todo el mundo. De ellas, 143 están en la fase preclínica y 37 en la clínica. Según la
Organización Mundial de la Salud (OMS), seis de éstas se encuentran en la fase III (etapa en la que se prueban de forma masiva).


De estos seis proyectos, tres son liderados por laboratorios chinos (del Instituto de Productos Biológicos de Wuhan y Sinopharm, del Instituto de Productos Biológicos de Pekín y Sinopharm, y del Instituto de Biotecnología y CanSino
Biological Inc.), uno por un laboratorio norteamericano (está siendo desarrollada por la firma estadounidense Moderna y el Instituto Nacional de Enfermedades Infecciosas de Estados Unidos), otro por uno británico (Instituto Jenner de la Universidad
de Oxford y la farmacéutica AstraZeneca) y el último por un consorcio germano-estadounidense-chino (Pfizer con FosunPharma, BioNTech y Fosun Pharma).


Diferentes países del mundo han alcanzado ya acuerdos comerciales con alguna de las tres vacunas chinas. Así, por ejemplo, la empresa china Sinovac llegó a un acuerdo con el brasileño centro de vacunas Instituto Butantan de Sáo Paulo, para
realizar un gran ensayo con unos 9.000 sanitarios. En este caso, Butantan pagaría el ensayo y reclutaría a las voluntarias y voluntarios. A cambio, Sinovac se compromete a suministrar a Brasil 60 millones de dosis de vacunas y a dejar que fabrique
también más suministros.


El pasado 11 de agosto fue registrada oficialmente por el Ministerio de Salud de la Federación Rusa su vacuna contra la COVID-19 conocida como Sputnik-V y basada en vectores adenovirales, desarrollada en el Centro de Epidemiología Nikolái
Gamaleya, convirtiéndose así en la primera vacuna contra el



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SARS-COV-2 en el mundo. El fármaco completó dos fases de ensayos, cuyos resultados fueron publicados en la prestigiosa revista británica The Lancet (la misma en la que se publicaron resultados similares de la vacuna desarrollada por la
Universidad de Oxford y AstraZeneca). Más de 75 publicaciones internacionales y 250 estudios clínicos apuntan hacia la eficacia y seguridad de la vacuna rusa. Según sus desarrolladores, la vacuna demostró una inmunogenicidad estable y protegerá
contra la COVID-19 por un plazo de hasta dos años. En la segunda semana de septiembre, Rusia comenzaba la tercera fase de los ensayos clínicos en unas 40.000 voluntarias y voluntarios.


Rusia ya ha recibido solicitudes de más de veinte países para adquirir más de 1.000 millones de dosis de esa vacuna. Entre ellos no está el Estado español ni la Unión Europea. Rusia ha llegado ya a acuerdos con cinco países para producir
en los mismos hasta 500 millones de vacunas. Nuevamente, tampoco se encuentra entre ellos el Estado español. Así, por ejemplo, el Estado de Bahía en Brasil, uno de los países más castigados del mundo por la pandemia, ya ha solicitado 50 millones
de dosis de la vacuna rusa a través de un acuerdo firmado el pasado 8 de septiembre. México ya mostró su interés en que se pruebe en 500-2.000 voluntarias/os de su país y la farmacéutica mexicana Landteiner ya firmó un acuerdo para que le
suministre 32 millones de dosis.


Además de Sputnik-V, el gobierno ruso ha desarrollado medicamentos que han demostrado una alta eficacia como el Avifavir, un antiviral que fue desarrollado a partir del principio activo favipiravir, un medicamento originariamente sintetizado
en Japón por la compañía Toyarna Chemical Corporation, perteneciente al grupo Fuji Film. Avifair ya fue utilizado en Rusia con 30.000 pacientes COVID-19, demostrando ser muy eficaz para el tratamiento, sobre todo en estadios tempranos, cuando el
virus está comenzado a multiplicarse. El favipiravir ya está autorizado en Japón y Rusia para el tratamiento de la COVID-19 y preliminarmente autorizado en China (febrero 2020) e India (junio 2020). Al interés clínico se suma el económico, ya que
el Avifair es notablemente más barato que el único fármaco autorizado hasta el momento en España, el Remdesivir (recomendado para adultos y adolescentes a partir de los 12 años con neumonía grave que requieran de oxígeno supletorio). Por el
contrario y como se manifestó anteriormente, Avifavir está indicado para pacientes moderados y graves. La farmacéutica Gilead ha fijado el precio del antiviral para tratar la COVID-19, Remdesivir en 347 euros, por lo que el tratamiento en la
mayoría de los pacientes (cinco días con seis viales) ascendería a unos 2.083 euros, aproximadamente. El genérico medicamento ruso, Avifavir no está aún autorizado en España a pesar de que los estudios científicos apuntan a que reduce en un 50 % la
hospitalización de los casos medios y severos y tener un precio sensiblemente inferior.


Debe recordarse que el Estado español, también ha rechazado recientemente incorporar dentro de los medicamentos en la lucha contra la COVID-19, el antiviral cubano denominado Interferón Alfa2B Humano Recombinante, cuya eficacia frente al
coronavirus fue probada ampliamente en la provincia de Wuhan, epicentro de la pandemia, así como en otros países de todo el mundo, desde el comienzo de la crisis sanitaria.


A pesar de lo avanzadas de las investigaciones y los esperanzadores resultadores de algunas de ellas, el Estado español puso todos los huevos en una misma cesta (obviando casos como los citados de China y Rusia): la vacuna contra la
COVID-19 desarrollada por la Universidad de Oxford conjuntamente con la farmacéutica AstraZeneca. Sin embargo, los problemas de los ensayos después de que un paciente sufriera una enfermedad 'potencialmente sin explicación' y un segundo una
enfermedad neurológica, que obligaron a parar los ensayos, demuestran que no fue una buena decisión.


El Bloque Nacionalista Galego (BNG) ve con gran preocupación esta situación, ya que resulta evidente que, además del interés sanitario, existen otros factores 'menos humanitarios' detrás de la búsqueda y compra de la vacuna. Por una parte,
los intereses económicos de grandes laboratorios e incluso grandes fortunas mundiales y por otra, decisiones geoestratégicas de los estados que convierten esta carrera en una nueva 'guerra fría' en la que está en juego el prestigio y la hegemonía
mundial en materia de ciencia e investigación. Es una irresponsabilidad histórica que los países con más recursos del planeta compitan en vez de cooperar para buscar una solución a un problema global.


Para el BNG está claro que delante de una pandemia que ya le ha costado la vida a más de un millón de personas en el planeta, 30,495 (dato a 21 septiembre. Fuente: Ministerio de Sanidad) de ellas en el Estado español, la búsqueda y
adquisición de vacunas no puede ser abordada desde una perspectiva economicista ni geopolítica sino desde una perspectiva sanitaria y humanitaria. No es admisible, ni política ni moralmente, que en un contexto como el en el que nos encontramos
puedan pesar más los prejuicios ideológicos o determinados intereses económicos y/o geoestratégicos que la vida de decenas de miles de



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personas en el Estado español. Lo que necesitamos es una vacuna (y/o tratamiento) eficaz, segura y que esté disponible cuanto antes. El país de procedencia es absolutamente secundario.


Por todo lo expuesto anteriormente, se presenta por el BNG la siguiente


Proposición no de Ley


'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:


1. Mantener una estrategia propia en la compra de vacunas de la COVID-19 al margen de la estrategia de la UE.


2. Iniciar interlocución directa con los gobiernos de Rusia o China, o con sus representantes autorizados, para poder probar y/o adquirir sus vacunas frente a la COVID-19.


3. Realizar las gestiones necesarias para contactar con los distintos laboratorios internacionales para la realización de encargos de ensayos de vacunas y, específicamente, permitir o facilitar la realización de pruebas de las vacunas
chinas o rusas en el Estado español.


4. Incorporar a la cartera de medicamentos antivirales todas las opciones disponibles a nivel internacional que hayan demostrado su eficacia en la lucha contra la COVID-19 y, concretamente, los antivirales Avifavir e Interferón.'


Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de septiembre de 2020.-Néstor Rego Candamil, Portavoz del Grupo Parlamentario Plural.


161/001438


A la Mesa del Congreso de los Diputados


El Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la habilitación de los profesionales de farmacia comunitaria para
realizar cribados y labores de rastreo en contagios de COVID-19, para su debate en la Comisión de Sanidad y Consumo.


Exposición de motivos


Los profesionales sanitarios han estado desde en todo momento en la primera línea de lucha contra la pandemia de COVID-19. Prueba de este sacrificio son los casi 60.000 sanitarios que han resultado contagiados, el 8,7 % del total de
contagios, y más de 60 los fallecidos desde el estallido de la crisis sanitaria. Unas cifras de difusión sin comparación en otros países de nuestro entorno, que no sólo dan cuenta de la implicación que nuestros profesionales han tenido frente a la
pandemia, sino también el grado de exposición al que han estado injustamente sometidos por la falta de equipos de protección individual durante buena parte de esta pandemia.


Entre los anteriores también se incluyen a los profesionales farmacéuticos, cuya implicación y dedicación han sido completas durante esta crisis sanitaria, y que han desempeñado un papel fundamental en la atención directa a la ciudadanía
desde las farmacias comunitarias. La actual crisis sanitaria ha supuesto una muestra definitiva de que las labores de los profesionales farmacéuticos superan con creces la dispensación de medicamentos y productos sanitarios, siendo su papel
esencial para el adecuado desarrollo de las políticas de salud pública.


En este contexto, desde la Federación Empresarial de Farmacéuticos Españoles (FEFE) han planteado profundizar en esta implicación de los profesionales de la farmacia en materia de salud pública para contribuir a reforzar la lucha contra la
COVID-19. En ese sentido, solicitan que se habilite a los 80.000 profesionales que prestan servicios en las más de 22.000 farmacias comunitarias de España para que puedan realizar cribados, incluidas PCRs, del mismo modo que ya realizan otras
pruebas, como colesterol o embarazo. También plantean que estos profesionales puedan dedicarse a realizar labores de rastreo en casos de contagio de coronavirus, en coordinación con los equipos de atención primaria dentro del ámbito de actuación de
aquellos. Se trataría en ambos casos de un refuerzo cualificado que podría contribuir de manera determinante a la eficacia de las políticas para el control de la pandemia.



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Teniendo todo ello presente, el Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta la siguiente


Proposición no de Ley


'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno de España a que con carácter urgente adopte todas las medidas necesarias para habilitar que los profesionales farmacéuticos puedan realizar cribados de COVID-19, incluidas PCRs, desde las
oficinas de farmacia comunitaria, y dedicarse a labores de rastreo de casos sospechosos o confirmados de contagio por coronavirus en coordinación con los equipos de atención primaria de los servicios públicos de salud.'


Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de septiembre de 2020.-Guillermo Díaz Gómez, Diputado.-Edmundo Bal Francés, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.


Comisión de Ciencia, Innovación y Universidades


161/001399


A la Mesa del Congreso de los Diputados


El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la modificación del Real
Decreto 1086/1989, de 28 de agosto, sobre retribuciones del profesorado universitario, para reconocer el nivel administrativo correspondiente a la responsabilidad desempeñada por los cuerpos nacionales de Catedrático de Universidad y Profesor
Titular de Universidad respectivamente y a la cualificación académica requerida para el acceso a dichos cuerpos, para su debate en la Comisión de Ciencia, Innovación y Universidades.


Exposición de motivos


El Real Decreto 1086/1989, de 28 de agosto, sobre retribuciones del profesorado universitario establece los niveles de complemento de destino del cuerpo de Catedráticos de Universidad en el 29 y el de Profesores Titulares de Universidad en
el 27.


La formación requerida para el acceso a ambos cuerpos es la más exigente de la Administración Publica española, precisando como condición necesaria, aunque no suficiente, estar en posesión del máximo grado académico, el título de doctor.


Asimismo, es importante señalar que tanto los Profesores Titulares de Universidad como los Catedráticos son los miembros de los cuerpos nacionales de funcionarios que son sometidos a lo largo de su carrera a continuos controles y
evaluaciones, tanto en el aspecto docente como en el investigador, sin que los resultados de dichas evaluaciones tengan una incidencia directa en una progresión de dicha carrera profesional, que realmente no existe como tal.


Por otra parte, la responsabilidad del profesor de Universidad es una de las más relevantes que se pueden ostentar desde la función pública: la formación de los titulados superiores, la transmisión del conocimiento y el desarrollo de la
investigación científica, aspectos estos últimos, en los que en España tienen un protagonismo principal los profesores universitarios.


Baste recordar algunos datos, recogidos en el Informe 'La Universidad Española en Cifras 2017/2018' de la CRUE-Universidades Españolas y presentado en febrero de 2020, que indica que la producción científica española representaba en 2017 el
3,25 de la producción mundial duplicando el 1,6 % que representa su economía en el PIB mundial, según el FMI.


Las universidades públicas y privadas y todas las áreas científicas participan en este esfuerzo colectivo que ha situado al país en el ámbito de la producción científica por encima de su tamaño en términos de relación con el PIB mundial.


La calidad de la producción científica de la universidad española y su impacto han seguido mejorando, como ha sucedido en el transcurso de los últimos diez años.


Las universidades españolas produjeron en 2007 el 67,5 % de la producción científica española y en 2017 el 82 %, con un avance del 22 % en su participación, El crecimiento de la producción científica de



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las universidades españolas ha sido, en el periodo 2007 a 2017, del 89,9 %, y las publicaciones en revistas del primer cuartil (el 25 % de las más citadas) han pasado de representar el 47,8 % en 2007 al 52,5 % en 2017.


Sin embargo, por diferentes motivos, estos cuerpos nacionales no tienen la correspondencia de niveles con otros funcionarios de cualificación equivalente. A eso se añade la imposibilidad de incrementar el nivel dentro del mismo cuerpo a
través de una carrera profesional.


Sin perjuicio de la existencia presente o futura de otros incentivos y reconocimientos que evalúen, estimulen y mejoren la calidad en el desempeño de la función, el establecimiento o asignación de nivel 30 y 28 en el complemento de destino
para el caso del cuerpo de Catedráticos de Universidad y de Profesores Titulares de Universidad, respectivamente, equiparándolos a otros altos funcionarios de la Administración, supone un justo reconocimiento a su cualificación profesional.


Por todo ello, el Grupo Parlamentario en el Congreso presenta la siguiente


Proposición no de Ley


'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:


1. Modificar el Real Decreto 108611989, de 28 de agosto, sobre retribuciones del profesorado universitario, para adaptarlo a las responsabilidades y cualificaciones del profesorado numerario de Universidad.


2. Establecer el nivel de complemento de destino 30 para los Catedráticos de Universidad y el nivel de complemento de destino 28 para los Profesores Titulares de Universidad, adaptando en consonancia con los nuevos niveles los componentes y
complementos contemplados en el artículo 2 del citado Real Decreto.'


Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de septiembre de 2020.-María Jesús Moro Almaraz y María Sandra Moneo Díez, Diputadas.-Concepción Gamarra Ruiz-Clavijo, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


161/001403


A la Mesa del Congreso de los Diputados


El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a garantizar la neutralidad
institucional de la universidad española, para su debate en la Comisión de Ciencia, Innovación y Universidades.


Exposición de motivos


Los Claustros de la Universidad de Barcelona, la Universidad Politécnica y la Universidad Autónoma de Barcelona han aprobado en el último año declaraciones por la libertad de las personas juzgadas en la Causa Especial número 20907/2017, en
la línea iniciada anteriormente por alguna otra universidad.


La moción aprobada por la Universidad de Barcelona el 18 de diciembre pidió, además, el archivo de las causas judiciales condenatorias contra miembros de la Universidad, así como dejar de considerar días festivos los días 12 de octubre,
fiesta nacional de España, y 6 de diciembre, Día de la Constitución Española, lo que se trata de una vulneración a la neutralidad político-institucional de dicha Universidad, arrogándose competencias que no le corresponden y saltándose el orden
normativo vigente.


Esta sucesión de acciones que ha pasado de tener un carácter anecdótico a la categoría de general, responde a un elemento coordinado a un uso partidario de las instituciones y falta al debido respeto que merecen todos los miembros de la
comunidad universitaria, indistintamente de su ideología política.


Hemos asistido también al anuncio del Consejero de Políticas Digitales y Administración Pública de un acuerdo de la Generalidad de Cataluña para permitir a los funcionarios públicos trabajar los días 12 de octubre y 6 de diciembre, fiestas
nacionales en toda España.



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Con las mociones aprobadas en las Universidades catalanas, en lugar de velar por la no discriminación por razón de opinión y de libertad ideológica, y por el pluralismo de la comunidad universitaria, los claustros universitarios hacen
política partidaria y excluyente de más de la mitad de la sociedad catalana.


En un paso más, se ha sucedido la persecución de estudiantes y profesores que defendían el cumplimiento de la ley y el respeto a los derechos de todos los profesores y estudiantes ante la convocatoria de huelgas y protestas continuadas por
algunos sectores que defendían posturas independentistas y actitudes violentas para su consecución, buscando la alteración unilateral de las normas académicas, entre otras, en materia de evaluación.


Actuaciones de esta índole, lejos de construir espacios de diálogo y lugares de debates críticos de la situación que se está viviendo en Cataluña, son un acicate a los actos antidemocráticos y sectarios de grupos que utilizan la violencia
para acallar las voces de los que piensan de forma diferente.


No bastan los comunicados condenando acciones violentas, es una obligación de las instituciones anticiparse y prevenirlas. No es suficiente con las declaraciones tibias desmarcándose de los extremistas radicales que acosan en la Universidad
a los disidentes, cuando se aplauden y asumen sus reivindicaciones y se hace apología de su ideario excluyente, de 'cordones sanitarios' frente a los que defienden la Constitución, el imperio de la ley, y reivindican su españolidad como catalanes.
En definitiva, la Universidad catalana no puede tomar partido por un sector apartando a todos los demás, sin reconocer ni proteger la pluralidad que hay en la sociedad, desde el respeto a los valores y a los principios de la Constitución, el valor
fundamental del imperio de la Ley.


Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso presenta la siguiente


Proposición no de Ley


'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:


1. Garantizar la no discriminación por razón de opinión y la libertad ideológica de todos los miembros de la comunidad universitaria.


2. Recordar, a través de los cauces de colaboración existentes, la obligación de los órganos de gobierno de las universidades de mantener la neutralidad institucional en sus pronunciamientos y actuaciones.


3. Denunciar los acuerdos de los Claustros de las Universidades por los que se aprueba la Declaración por la libertad de las personas juzgadas en la Causa Especial número 20907/2017.


4. Condenar todas aquellas conductas que, directa o indirectamente, busquen dejar sin efecto el orden constitucional.


5. Preservar y defender las competencias del Gobierno de España en materia laboral y, en concreto, las establecidas para fijar los festivos nacionales, así como hacer cumplir las disposiciones de la Ley 18/1987, de 7 de octubre, que
establece el día de la Fiesta Nacional de España en el 12 de octubre.'


Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de septiembre de 2020.-María Jesús Moro Almaraz y María Sandra Moneo Díez, Diputadas.-Concepción Gamarra Ruiz-Clavijo, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


161/001440


A la Mesa del Congreso de los Diputados


El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la agilización de los
expedientes de homologación de títulos extranjeros de educación superior a títulos oficiales universitarios españoles de Grado o Máster que den acceso a profesión regulada en España, para su debate en la Comisión de Ciencia, Innovación y
Universidades.



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Exposición de motivos


El Gobierno ha reconocido que existen más de 32.000 expedientes pendientes de homologación de títulos extranjeros de Educación Superior a títulos oficiales universitarios españoles de Grado o Máster que den acceso a profesión regulada en
España. Los retrasos afectan también a expedientes de equivalencia de título extranjero a nivel académico de Grado o Máster universitarios oficiales en ramas de conocimiento y campos específicos.


De más de 32.000 solicitudes sin resolver, un 76,26 % tienen una demora de entre seis meses y un año y medio. El 17,25 % de los expedientes con un retraso de entre año y medio y dos años y medio. Un 4,20 % de los documentos están tardando
entre dos años y medio y tres años y medio. Y un retraso que supera los tres años y medio en el 0,65 %. Solo el 0,31 % de los expedientes que no se han tramitado llevan un retraso inferior a los seis meses.


A ello se une el descenso en la dotación de recursos humanos que prestan servicios en la Subdirección General de Títulos en los últimos años, de casi un 30 % de la plantilla, y que se prevé que pueda aumentar por la edad del personal y por
próximas jubilaciones. En este sentido, el Gobierno ha manifestado 'intentar recuperar este capital humano a través de concursos para ocupar las plazas vacantes'.


Asimismo, el Gobierno ha anunciado que todavía se encuentra en fase de tramitación un proyecto de modificación de la Orden ECD/2654/2015, de 3 de diciembre, para establecer la tramitación electrónica obligatoria de los procedimientos para la
homologación y declaración de equivalencia de los títulos extranjeros de educación superior, desde la presentación de la solicitud a través de la sede electrónica del Departamento hasta la notificación de la resolución. Una Orden cuya modificación
se encontraba ya avanzada en junio de 2018, por lo que resulta injustificada la demora de su aprobación en más de dos años.


El Gobierno debe ejecutar las actuaciones necesarias para solventar esta situación, más allá de sus declaraciones de intenciones, porque en una situación de crisis como la actual se hace más necesario, si cabe, acelerar e impulsar los
expedientes de homologación de estos títulos que permitan el desarrollo profesional de los interesados, y el beneficio de la sociedad en su conjunto.


Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente


Proposición no de Ley


'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:


- Aprobar con carácter urgente la modificación de la Orden ECD/265412015, de 3 de diciembre, para la tramitación electrónica de los procedimientos de homologación y equivalencia que permita su agilización.


- Impulsar con celeridad la resolución pendiente de cada uno de los expedientes de solicitud de títulos extranjeros de educación superior a títulos oficiales universitarios españoles de Grado o Máster que den acceso a profesión regulada en
España.


- Conceder un orden de prioridad en función de las circunstancias actuales ocasionada por la crisis sanitaria del COVID-19, en particular y con las garantías debidas los expedientes de las titulaciones biosanitarias.


- Incrementar la dotación de los recursos humanos y materiales necesarios para atender la tramitación de los expedientes de homologación y equivalencia de los títulos universitarios extranjeros de educación superior, aprobando y convocando
los procedimientos de selección para la incorporación de nueva plantilla, así como para la renovación de los equipamientos informáticos y mejora de la conectividad y digitalización de los procedimientos.


- Aprobar en los próximos Presupuestos Generales del Estado 2021 la dotación presupuestaria suficiente y adecuada a esta finalidad.'


Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de septiembre de 2020.-María Sandra Moneo Díez y María Jesús Moro Almaraz, Diputadas.-Concepción Gamarra Ruiz-Clavijo, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.



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Comisión de Igualdad


161/001395


A la Mesa del Congreso de los Diputados


D.ª Macarena Olona Choclán, D.ª Lourdes Méndez Monasterio, D.ª Carla Toscano Balbín y D.ª Rocío de Meer Méndez, en sus condiciones de Portavoz Adjunta y Diputadas del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX) respectivamente, al amparo de lo dispuesto
en los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan la siguiente Proposición no de Ley relativa a la protección de la mujer embarazada y del no nacido, para su discusión en Comisión de Igualdad.


Exposición de motivos


El número de abortos que anualmente se practican en España es un número escandaloso. Según las estadísticas elaboradas por el Gobierno, sobre la base de los centros que notifican el número de abortos practicados en mujeres comprendidas en
una edad que oscila entre los 15 y 45 años, en el año de 2018 fueron 95.917 mujeres las que interrumpieron de forma voluntaria su embarazo, lo que supone un incremento de 1,91 % respecto a 2017.


Debemos advertir que, a pesar de lo exagerado que resulta ser el número, los datos son incompletos, pues no se han tenido en cuenta las intervenciones practicadas en centros médicos de Comunidades Autónomas que no han notificado el número de
mujeres que han interrumpido su embarazo, en especial el aborto químico, ni tampoco se han tenido en cuenta las mujeres que lo han hecho acudiendo a otras soluciones. Esto lleva a concluir que son bastante más mujeres que las 95.917 registradas en
la estadística las que pueden haber adoptado esta dramática solución.


Además, si se tiene en cuenta la relación del número de abortos con el número de mujeres embarazadas, el número relativo de interrupciones voluntarias de embarazo va aumentando cada año. La práctica del aborto, en muchos casos, se considera
como un medio anticonceptivo más.


No es de extrañar que esto ocurra cuando la Ley Orgánica 2/2010 de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo considera el aborto como un derecho de la mujer, desprotegiendo de forma total al nasciturus, en un
determinado periodo de tiempo en el que la madre podrá disponer de la vida de su hijo, ocultando las consecuencias que para aquella tiene el someterse a su práctica.


Esta ley ignora por completo las causas por las cuales una mujer puede tomar esta dramática solución, dejándola en muchos casos sola ante este drama.


Ninguno de los preceptos contempla acciones para garantizarle el apoyo que esta necesita para llevar a término su embarazo; ni tampoco se le ofrecen ayudas en circunstancias difíciles, sean familiares o económicas. Tampoco se ofrece
información suficiente de lo que significa un aborto, ni de las consecuencias físicas y psíquicas que puede acarrear.


Ante la situación de desprotección generada por la legislación actual, es necesario aprobar medidas positivas de asistencia a la mujer, sobre todo en el mundo laboral, para que el embarazo no penalice y en especial para que las personas más
vulnerables y desprotegidas sepan que cuentan con el apoyo necesario, que no están solas y que van a recibir las ayudas necesarias para sacar adelante su vida y la de su hijo.


Asimismo, deberá protegerse al no nacido, puesto que, amparándose en la libertad de la mujer o el libre desarrollo de su personalidad, no se puede vulnerar el derecho fundamental a la vida, que en nuestro ordenamiento jurídico es un bien
jurídico que el Estado debe proteger, resultando un atentado contra la razón el considerar el aborto como un derecho.


Finalmente, nos parece un contrasentido que, por un lado, nos encontremos en un invierno demográfico, con el grave riesgo que implica para el Estado la disminución de nacimientos y su impacto negativo en el crecimiento, sostenimiento
económico y progreso del propio país y, por otro, con una norma como la LO 2/2010, que facilita la interrupción voluntaria del embarazo.



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Por todo lo anteriormente expuesto, el GPVOX presenta la siguiente


Proposición no de Ley


'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno de la Nación a lo siguiente:


Elaborar y remitir a las Cortes Generales un Proyecto de Ley de Protección de la Vida y la Maternidad, que garantice información y suficiente apoyo a la mujer embarazada, con medidas positivas de ayuda y asistencia, especialmente en favor de
las madres gestantes en situación de vulnerabilidad o desempleo, y una protección adecuada de la vida del no nacido, que ha de conllevar la derogación de la Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de Salud Sexual y Reproductiva y de la Interrupción
Voluntaria del Embarazo.'


Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de septiembre de 2020.-Lourdes Méndez Monasterio, Carla Toscano de Balbín y Rocío de Meer Méndez, Diputadas.-Macarena Olona Choclán, Portavoz del Grupo Parlamentario VOX.


Comisión sobre Seguridad Vial


161/001435


A la Mesa del Congreso de los Diputados


En nombre el Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa mesa para presentar, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, la siguiente Proposición no
de Ley sobre la implementación de medidas por parte de la Dirección General de Tráfico (DGT) para la concienciación y fomento del uso de la bicicleta, la reforma del reglamento de circulación con medidas que aumenten la protección y seguridad de los
ciclistas y la colaboración con la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) para la promoción de criterios de pacificación que aseguren la puesta en marcha de redes ciclistas adecuadas, para su debate en la Comisión de Seguridad Vial.


Exposición de motivos


Según los datos que elabora el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, las ciudades son grandes demandantes de energía y, por lo tanto, grandes focos de contaminación. Uno de los mayores focos de contaminación
proviene del tráfico rodado, puesto que el tráfico por carretera representa aproximadamente el 25 % del total de las emisiones de gases de efecto invernadero y de ellas, un tercio se concentran en aglomeraciones urbanas.


Tenemos que tener en cuenta que la polución atmosférica según la Organización Mundial de la Salud (OMS), está relacionada con cuatro millones de muertes cada año y es un elemento que agrava múltiples enfermedades, incluida la COVID-19.


Según diversos estudios, el dióxido de nitrógeno es un importante indicador de la calidad del aire y altas concentraciones de este gas pueden afectar al sistema respiratorio y agravar ciertas patologías.


Durante el confinamiento según diversos informes el dióxido de nitrógeno, uno de los principales responsables de la contaminación del aire ha disminuido una media del 64 % en las principales ciudades de España, mejorando así la calidad del
aire en nuestros núcleos urbanos.


Hemos comprobado las consecuencias provocadas por la crisis sanitaria de la COVID-19, pero también debemos aprender y poner en práctica una lección positiva de ella. Plantear un nuevo modelo de ciudad, diseñando y concienciando a las
instituciones y a la ciudadanía para poner en marcha cambios en nuestro planeamiento urbano y nuestros hábitos que mejoren la calidad del aire de las ciudades y por ende, nuestra calidad de vida y nuestra salud.


La vuelta escalonada a las calles, la reactivación de la vida en la vía pública tras el confinamiento debido al coronavirus y la necesidad de garantizar las medidas de distanciamiento físico, nos obliga a reflexionar más aún, sobre el
espacio público y el modelo de movilidad de nuestra ciudad.



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Es hora de hacer una apuesta clara por la movilidad sostenible en nuestras ciudades, haciendo ciudades más sostenibles, más respetuosas con el medioambiente y con la salud de las personas.


Debemos transformar nuestras ciudades, haciendo una clara apuesta por la peatonalización, el transporte público, la intermodalidad y el uso de la bicicleta, apostando claramente por los bicicarriles y favoreciendo el uso de la bicicleta como
medio de transporte limitando la velocidad de los vehículos a 30 km/h, favoreciendo así las zonas de tráfico calmado.


La vuelta a la actividad debiera procurarse desde una reflexión generalizada evitando inercias y errores precedentes. Por ello, la bicicleta era y es un medio de transporte seguro y eficaz, es decir, nuestra mayor aliada.


El uso de la bicicleta puede ser un medio de transporte utilizado por una mayoría de la población, garantizando la protección a la salud comunitaria e individual. El planeamiento urbano en nuestras ciudades debe fomentar la movilidad
activa, inclusiva y social.


Una encuesta europea reciente muestra que el 74 % de la ciudadanía española no quiere volver a los niveles de contaminación previos al confinamiento. Más del 80 % de las personas encuestadas apoyan medidas como la restricción de entrada de
coches en las ciudades o un reparto del espacio público más favorable a viandantes, ciclistas y transporte público.


Muchas ciudades del mundo ya están haciendo una gran apuesta y transformando sus ciudades para favorecer el uso de la bicicleta como medio de transporte.


Ciudades como Nueva York, Berlín, París, Milán, Londres o Bogotá apuestan ya por este modelo de desplazamiento e incluso fomentan campañas para la utilización de la bicicleta entre aquellas personas que normalmente no lo hacen.


Queremos apostar por ciudades más sostenibles y respetuosas y beneficiosas con la salud de los ciudadanos y su movilidad.


Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente


Proposición no de Ley


'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:


1. Reformar el reglamento de circulación estableciendo medidas que aumenten la protección y seguridad de los ciclistas.


2. Que desde la Dirección General de Tráfico (DGT):


- se siga trabajando en campañas y acciones de concienciación y fomento del uso de la bicicleta como medio de transporte seguro y sostenible y,


- se continúe trabajando con la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) para promover criterios de pacificación que aseguren la puesta en marcha de redes ciclistas adecuadas.'


Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de septiembre de 2020.-José Carlos Durán Peralta, Maribel García López, Adolfo Pérez Abellás y Daniel Senderos Oraá, Diputados.-Felipe Jesús Sicilia Alférez y Rafael Simancas Simancas, Portavoces del
Grupo Parlamentario Socialista.


PREGUNTAS PARA RESPUESTA ORAL


La Mesa de la Cámara en su reunión del día de hoy ha acordado admitir a trámite, conforme al artículo 189 del Reglamento, las siguientes preguntas orales al Gobierno en Comisión, disponer su conocimiento por las Comisiones que se indican,
dando traslado al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.


En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.


Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de septiembre de 2020.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.



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Comisión de Ciencia, Innovación y Universidades


181/000479


Grupo Parlamentario Popular en el Congreso


Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Ciencia e Innovación y Universidades.


Diputado don Pedro Navarro López.


Texto:


¿Va a realizar de manera directa o indirecta el Ministerio de Ciencia e Innovación una auditoría sobre la labor del Gobierno y la toma de decisiones, el asesoramiento científico y la capacidad demostrada por el sistema durante la pandemia?


Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de septiembre de 2020.-Pedro Navarro López, Diputado.


Comisión de Seguimiento y Evaluación de los Acuerdos del Pacto de Estado en materia de Violencia de Género


181/000480


Grupo Parlamentario Popular en el Congreso


Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Seguimiento y Evaluación Acuerdos Pacto de Estado Violencia de Género.


Diputada doña Rosa Romero Sánchez.


Texto:


¿Qué nuevas medidas y protocolos de detección y prevención en la lucha contra la Mutilación Genital Femenina se están aplicando desde el Ministerio de Igualdad?


Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de septiembre de 2020.-Rosa María Romero Sánchez, Diputada.


181/000481


Grupo Parlamentario Popular en el Congreso


Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Seguimiento y Evaluación Acuerdos Pacto de Estado Violencia de Género.


Diputada doña Teresa Jiménez-Becerril Barrio.


Texto:


¿Qué medidas tiene previstas la Ministra de Igualdad para luchar contra los matrimonios forzados?


Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de septiembre de 2020.-María Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Diputada.



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181/000482


Grupo Parlamentario Popular en el Congreso


Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Seguimiento y Evaluación Acuerdos Pacto de Estado Violencia de Género.


Diputada doña María Soledad Cruz-Guzmán García.


Texto:


¿Qué actuaciones o campañas tiene previsto impulsar el Ministerio de Igualdad para prevenir comportamientos machistas y de control entre los jóvenes?


Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de septiembre de 2020.-María Soledad Cruz-Guzmán García, Diputada.