Ruta de navegación
Publicaciones
BOCG. Congreso de los Diputados, serie D, núm. 114, de 30/06/2020
cve: BOCG-14-D-114
PDF
BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
XIV LEGISLATURA
Serie D: GENERAL
30 de junio de 2020
Núm. 114
ÍNDICE
Control de la acción del Gobierno
PROPOSICIONES NO DE LEY
Comisión Constitucional
161/001044 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre 'la actualización de la normativa vigente para adecuarla a las necesidades de una lucha eficaz contra la pandemia global' ...
Comisión de Asuntos Exteriores
161/001036 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la condena de las detenciones arbitrarias de presos políticos en Cuba ... (Página8)
161/001060 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre la juventud en la Acción Exterior española en el contexto de la COVID-19 ... (Página10)
Comisión de Defensa
161/001047 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre la supresión de los límites de edad máximos establecidos para participar en los procesos de selección para cursar las enseñanzas de formación previas a
la incorporación, por promoción interna, a determinadas escalas y Cuerpos de las Fuerzas Armadas ... (Página12)
Comisión de Hacienda
161/001026 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la utilización del superávit y los remanentes de tesorería de las Administraciones Públicas canarias ...
Comisión de Interior
161/001046 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre la consideración de la perspectiva de género en la situación de las funcionarias de prisiones y otras trabajadoras de las cárceles españolas ...
Comisión de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana
161/001041 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Plural, relativa a la reforma del Real Decreto 550/2020, de 2 de junio, por el que se determinan las condiciones de seguridad de las actividades de buceo y por la que se
solicita la transferencia a la Xunta de Galicia de las competencias en esta materia ... (Página17)
161/001057 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre la reanudación del servicio ferroviario nocturno (trenes hotel) entre Galicia, Madrid y Barcelona tras la suspensión efectuada a
consecuencia de la crisis del COVID-19 ... (Página18)
161/001062 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre el Plan estratégico de carreteras ... (Página19)
Comisión de Educación y Formación Profesional
161/001032 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Plural, relativa a la creación de una línea de ayudas específica para el acceso a la universidad o la continuación de estudios, destinada a personas afectadas por la
crisis económica derivada de la pandemia del COVID-19 ... (Página21)
161/001058 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa al diseño de un protocolo para favorecer una vuelta segura a las aulas ante la crisis generada por el COVID-19 ...
Comisión de Trabajo, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones
161/001038 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, relativa a la regulación de la laboralidad de los 'riders' al servicio de plataformas digitales ...
Comisión de Industria, Comercio y Turismo
161/001033 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, relativa a revisar en profundidad nuestro comercio con la República Popular China ... (Página24)
161/001037 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, relativa a la adopción de las medidas necesarias para proteger el comercio y acabar con las falsificaciones y la venta ilegal en España ...
161/001056 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, relativa a la aplicación de un tipo reducido del 10% del IVA al servicio de alquiler de vehículos ('rent a car'), con el fin de equipararlo al resto de actividades
turísticas ... (Página31)
Comisión de Derechos Sociales y Políticas Integrales de la Discapacidad
161/001029 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a impulsar medidas extraordinarias de apoyo a las personas y familias en situación de vulnerabilidad o riesgo de exclusión como
consecuencia de la crisis del coronavirus ... (Página34)
Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación
161/001042 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Plural, sobre el aumento de la cuota de la sardina en la flota del cerco de Galicia ... (Página36)
161/001043 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa al apoyo firme a las explotaciones familiares que garantizan el abastecimiento de productos del sector primario ...
161/001048 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Plural, relativa a la eliminación de la cuota que limita la pesca de la sardina con el arte tradicional del xeito ... (Página38)
Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico
161/001053 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Plural, sobre la declaración del eucalipto como 'especie invasora' y la planificación de su sustitución por otras especies menos dañinas para el medio ambiente y la
economía del medio rural ... (Página39)
161/001059 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre aplicación de excepción al principio de recuperación de costes en las obras de mejora de la Estación de Tratamiento de Agua Potable (ETAP) y
la renovación del resto de la red de abastecimiento en alta de la comarca jienense de El Condado ... (Página40)
Comisión de Cultura y Deporte
161/001054 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, relativa a la defensa de la cultura en libertad ... (Página41)
161/001055 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Plural, relativa a favorecer la igualdad en el deporte profesional femenino ... (Página42)
Comisión de Asuntos Económicos y Transformación Digital
161/001028 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a dar cobertura de banda ancha de muy alta velocidad a todas las áreas industriales de España ... (Página44)
161/001030 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre fomentar y garantizar el comercio electrónico, especialmente en época de crisis y pandemias ... (Página45)
161/001031 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre la utilización de tecnologías y sistemas robotizados y digitales para ayudar a personas mayores confinadas en sus domicilios, especialmente
en caso de pandemia ... (Página46)
161/001051 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a incentivar las startups españolas ante la crisis producida por el COVID-19 ... (Página49)
161/001052 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a reconvertir una parte de la industria española para la elaboración de material sanitario ... (Página52)
Comisión de Sanidad y Consumo
161/001035 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la internacionalización del modelo de formación sanitaria especializada ... (Página53)
Comisión de Ciencia, Innovación y Universidades
161/001049 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a un plan de promoción y defensa de la propiedad industrial vinculada a la innovación con especial defensa de procedimientos tecnológicos
vinculados a la lucha contra el COVID-19 ... (Página54)
161/001050 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a revisar la Estrategia Española de Ciencia y Tecnología y de Innovación para adaptarla a la nueva situación provocada por el COVID-19
... (Página56)
Comisión de Igualdad
161/001040 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la adopción de medidas urgentes que favorezcan políticas de igualdad en Instituciones Penitenciarias ...
161/001045 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre la consideración de la perspectiva de género en la situación de las funcionarias de prisiones y otras trabajadoras de las cárceles españolas ...
Comisión de Derechos de la Infancia y Adolescencia
161/001061 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre protección de la población menor de edad en el uso responsable y con garantías de Internet ... (Página61)
PREGUNTAS PARA RESPUESTA ORAL
Comisión de Presupuestos
181/000388 Pregunta formulada por el Diputado don Víctor Valentín Píriz Maya (GP), sobre razones que han llevado al Gobierno a desistir de la elaboración y aprobación de unos Presupuestos Generales del Estado este año 2020 ...
181/000389 Pregunta formulada por el Diputado don Víctor Valentín Píriz Maya (GP), sobre encaje presupuestario de las partidas, importe de las mismas, medio de financiación e impacto de la renta mínima vital en el presupuesto de la Seguridad
Social ... (Página62)
181/000390 Pregunta formulada por el Diputado don Víctor Valentín Píriz Maya (GP), sobre partidas presupuestarias, importes y contrapartidas, con desglose por medio de comunicación, gastadas durante la crisis del COVID-19 en publicidad
institucional ... (Página63)
181/000391 Pregunta formulada por el Diputado don Víctor Valentín Píriz Maya (GP), sobre valoración del Gobierno acerca de que se hayan cumplido la semana pasada dos años de la aprobación por parte del Congreso de los Diputados de los
presupuestos actualmente en vigor ... (Página63)
181/000392 Pregunta formulada por el Diputado don Víctor Valentín Píriz Maya (GP), sobre impacto presupuestario del COVID-19 en las diferentes partidas que se han enviado como previsiones a la Comisión Europea ...
181/000393 Pregunta formulada por el Diputado don Víctor Valentín Píriz Maya (GP), sobre motivo por el que con una caída del PIB del entorno del 9-15 % según las diferentes previsiones del Gobierno, AIReF o Banco de España, solo incluye el
plan presupuestario enviado a Bruselas una disminución del 5 % en los ingresos tributarios ... (Página63)
181/000394 Pregunta formulada por el Diputado don Víctor Valentín Píriz Maya (GP), sobre desviación del déficit presupuestario de 2019, que supera según la contabilidad nacional el 2,8 % frente al 1,3 % en vigor acordado con Bruselas ...
181/000395 Pregunta formulada por el Diputado don Víctor Valentín Píriz Maya (GP), sobre justificación por el Gobierno de llevar dos años gobernando con los presupuestos elaborados por un Ejecutivo del Partido Popular ...
Comisión de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana
181/000379 Pregunta formulada por la Diputada doña Patricia de las Heras Fernández (GVOX), sobre motivos para el nombramiento de don José Ignacio Carnicer como máximo responsable de la Dirección General de Agenda Urbana y Arquitectura ...
(Página64)
Comisión de Educación y Formación Profesional
181/000378 Pregunta formulada por el Diputado don Joaquín Robles López (GVOX), sobre conocimiento que tiene el Ministerio de Educación y Formación Profesional de las presiones que denuncian multitud de docentes ejercidas por la autoridad
competente con el objetivo de instaurar el aprobado general al alumnado ... (Página65)
Comisión de Derechos Sociales y Políticas Integrales de la Discapacidad
181/000386 Pregunta formulada por la Diputada doña Paloma Gázquez Collado (GP), sobre fecha prevista para proponer un Reglamento para distribuir entre las organizaciones del Tercer Sector los 33 millones de euros que tiene retenidos desde
julio de 2019 cuando fueron donados para fines sociales a través del pago del Impuesto de Sociedades ... (Página65)
Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación
181/000387 Pregunta formulada por el Diputado don Joaquín María García Díez (GP), sobre valoración del hecho de que tras los últimos nombramientos del Colegio de Comisarios de la UE España no obtuviera la Dirección General MARE y solo cuente
con una Dirección General ... (Página65)
Comisión de Ciencia, Innovación y Universidades
181/000380 Pregunta formulada por la Diputada doña Mireia Borràs Pabón (GVOX), sobre prioridad del Gobierno en la búsqueda de una vacuna o tratamiento contra el SARS-CoV-2 ... (Página66)
Comisión de Igualdad
181/000381 Pregunta formulada por la Diputada doña Lourdes Méndez Monasterio (GVOX), sobre conocimiento de la presión que desde el Instituto de la Mujer se está realizando a personas que regentan determinados establecimientos comerciales ...
(Página66)
PREGUNTAS PARA RESPUESTA ESCRITA
184/015576 Autor: Perea i Conillas, María Mercè
Meijón Couselo, Guillermo Antonio
Sahuquillo García, Luis Carlos
Canales Duque, Mariana de Gracia
González Caballero, Miguel Ángel
López Zamora, Cristina
González Ramos, Manuel Gabriel
Vilches Ruiz, María Luisa
Gutiérrez Prieto, Sergio
Padilla Ruiz, Esther
Valerio Cordero, Magdalena
Número de pensionistas por regímenes que tienen complemento de mínimos desde el año 2012 en la Comunidad Autónoma de Castilla y León. Retirada ... (Página67)
184/016271 Autor: Borrego Cortés, Isabel María.
Rojas García, Carlos.
Vázquez Blanco, Ana Belén.
Santamaría Ruiz, Luis.
Criterios objetivos de experiencia, mérito y capacidad seguidos para la elección del General Antonio Afonso Rodríguez para su ascenso y nombramiento como Asesor General de la Defensa, del General Juan Antonio Pozo Vilches para su ascenso y
nombramiento como Fiscal Jefe de la Sala Quinta del Tribunal Supremo y del General don Antonio Conde Ortiz para su ascenso y nombramiento como Inspector General de Sanidad ... (Página67)
CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO
PROPOSICIONES NO DE LEY
La Mesa de la Cámara en su reunión del día de hoy ha acordado admitir a trámite, conforme al artículo 194 del Reglamento, las siguientes Proposiciones no de Ley y considerando que solicitan el debate de las iniciativas en Comisión, disponer
su conocimiento por las Comisiones que se indican, dando traslado al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de junio de 2020.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
Comisión Constitucional
161/001044
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Socialista, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre 'la actualización de la normativa vigente para adecuarla a las necesidades de
una lucha eficaz contra la pandemia global', para su debate en la Comisión Constitucional.
Exposición de motivos
El pasado 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud calificó la situación de emergencia de salud pública, ocasionada por el COVID-19 en diferentes países de todo el planeta, como una pandemia internacional.
Desde entonces, la rápida evolución del contagio del coronavirus, a escala nacional y planetaria, ha requerido la aprobación de medidas urgentes y eficaces para hacer frente a un escenario dramático y desconocido en el campo sanitario para
proteger la salud y la seguridad de la ciudadanía, frenar la progresión de la enfermedad y reforzar el sistema de sanidad pública.
En España, el Gobierno, en el ejercicio de las facultades que le atribuye el artículo 116.2 de la Constitución, acordó como respuesta la declaración del estado de alarma, conforme al artículo cuarto, apartado b), de la Ley Orgánica 4/1981,
de 1 de junio, que fue prorrogada posteriormente en diversas ocasiones con la autorización del Congreso, conforme al artículo 6.2 de la citada Ley Orgánica. Esta ley le habilita a declarar el estado de alarma, en todo o parte del territorio
nacional, cuando se produzcan crisis sanitarias que supongan alteraciones graves de la normalidad.
Es constatable que la gravedad de la situación exigía la adopción, sin demora, de importantes medidas temporales para contener el virus y mitigar el impacto sanitario, social y económico en la sociedad española.
El conjunto de las administraciones públicas se han tenido que enfrentar a una situación no previsible y por tanto desconocida en su alcance y en la gravedad de sus consecuencias. Y han sido necesarias acordar, sobre la marcha, decisiones
muy complejas.
La Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio, de los estados de alarma, excepción y sitio, no prevé todas las necesidades de actuación en un escenario tan complejo como el que vivimos en el siglo XXI para combatir eficazmente la COVID-19. Dicha
ley, en su artículo 11 recoge un conjunto incompleto de medidas y supuestos.
Por otro lado, en su artículo 12, habilita a las autoridades a adoptar las medidas recogidas en otras normas vigentes de diferente rango para la lucha contra las enfermedades infecciosas en España, que son las siguientes:
- Reglamento para la lucha contra las Enfermedades Infecciosas, Desinfección y Desinsectación, aprobado en julio de 1945.
- Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública, que en su artículo 3 indica: 'la autoridad sanitaria, además de realizar las acciones preventivas generales, podrá adoptar las medidas oportunas para
el control de los enfermos (...) así como las que considere necesarias en caso de riesgo de carácter transmisible'.
- La Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad, que en el artículo 26.1 habilita a las autoridades sanitarias a adoptar 'las medidas preventivas que estimen pertinentes', entre las que enumera expresamente algunas de estas posibles
actuaciones, 'y cuantas otras se encuentren sanitariamente justificadas'.
Tras las enseñanzas obtenidas en estas semanas, las citadas normas, aprobadas todas ellas hace más de treinta años, son susceptibles de actualización y adaptación para mejorar el principio de seguridad jurídica, evitando lagunas e
imprecisiones en lo que se refiere a las medidas que necesiten aplicar las autoridades responsables para afrontar, en un estado de alarma, una pandemia como la que estamos sufriendo. Sería necesario recoger con más precisión las medidas preventivas
y de protección a seguir, así como incorporar nuevos protocolos y procedimientos de actuación en régimen de cogobernanza entre el Gobierno de España y los Gobiernos autonómicos.
Se trata de medidas y actuaciones relacionadas con el confinamiento de las personas en sus casas, la limitación del uso de la vía pública, el cierre de centros educativos, la paralización -por fases- de la actividad económica en empresas,
servicios y locales comerciales no esenciales, la aplicación de protocolos sanitarios para la mejor defensa de la salud de la comunidad, la compra por procedimientos de emergencia en el mercado internacional de equipos de protección personal y
diverso material sanitario, decisiones y acuerdos para promover la producción nacional de equipos y material sanitario, instrucciones sobre colaboración entre administraciones, criterios sobre hospitalización y protección de las personas,
actuaciones sobre suministros farmacéuticos y distribución, regulación de la actividad de recursos en instalaciones de titularidad privada -hospitalaria y residencial-, etc..
En base a las anteriores consideraciones, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a analizar las reformas y mejoras precisas en la normativa vigente para que, en un régimen de cogobernanza entre el Gobierno de España y los Gobiernos de las Comunidades Autónomas, se
incorporen las medidas, protocolos y actuaciones más adecuadas para un escenario de lucha contra una pandemia global.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio de 2020.-Odón Elorza González, Diputado.-Rafael Simancas Simancas, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
Comisión de Asuntos Exteriores
161/001036
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, formula la siguiente Proposición no de Ley relativa a la condena de las
detenciones arbitrarias de presos políticos en Cuba, para su debate en la Comisión de Asuntos Exteriores.
Exposición de motivos
La Organización de Naciones Unidas, mediante su Resolución Opinión n.º 4/2020, adoptada y ratificada el 29 de abril de 2020 en el 87.° período de sesiones del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria, ha condenado diez nuevas
detenciones arbitrarias en Cuba y ha solicitado la inmediata liberación de los presos políticos Aymara Nieto Muñoz, Eliecer Bandera Barreras, Humberto Rico Quiala, José Antonio Pompa López, Melkis Faure Hechevarría, Mitzael Díaz Paseiro, Silverio
Portal Contreras.
Iván Amaro Hidalgo, Josiel Guía Piloto y Marbel Mendoza Reyes. La Resolución Opinión solicita igualmente que se repare el daño causado mediante la indemnización que corresponda. Estos diez últimos casos se suman a los denunciados
previamente por Cuban Prisoners Defenders de José Daniel Ferrer, Fernando González Vaillant, José Pupo Chaveco y Roberto de Jesús Quiñones Haces.
El Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria creado ad hoc en Naciones Unidas ha establecido, tras meses de trabajo, que las personas mencionadas fueron detenidas de forma arbitraria y privadas de libertad y de asistencia letrada para
su defensa. Naciones Unidas considera arbitraria la privación de libertad en los casos siguientes:
a) Cuando es manifiestamente imposible invocar fundamento jurídico alguno que la justifique (como el mantenimiento en reclusión de una persona tras haber cumplido su condena o a pesar de una ley de amnistía que le sea aplicable) (categoría
I);
b) cuando la privación de libertad resulta del ejercicio de los derechos o libertades garantizados por los artículos 7, 13, 14, 18, 19, 20 y 21 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y, respecto de los Estados partes, por los
artículos 12, 18, 19, 21, 22, 25, 26 y 27 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (categoría II);
c) cuando la inobservancia, total o parcial, de las normas internacionales relativas al derecho a un juicio imparcial, establecidas en la Declaración Universal de Derechos Humanos y en los instrumentos internacionales pertinentes aceptados
por los Estados interesados, es de una gravedad tal que confiere a la privación de libertad carácter arbitrario (categoría III);
d) cuando los solicitantes de asilo, inmigrantes o refugiados son objeto de detención administrativa prolongada sin posibilidad de examen o recurso administrativo o judicial (categoría IV);
e) cuando la privación de libertad constituye una vulneración del derecho internacional por tratarse de discriminación por motivos de nacimiento, origen nacional, étnico o social, idioma, religión, condición económica, opinión política o de
otra índole, género, orientación sexual, discapacidad u otra condición, que lleva o puede llevar a ignorar el principio de igualdad de los seres humanos (categoría V).
La investigación de ONU sobre estos nuevos casos de detenciones arbitrarias en Cuba se ha desarrollado con la transparencia y objetividad exigibles, teniendo en cuenta tanto la denuncia presentada por Cuban Prisoners Defenders como las
alegaciones presentadas por el propio gobierno de Cuba (11 de febrero de 2020 y siguientes).
El procedimiento establecido por el grupo de trabajo ha recogido testimonios, vídeos y pruebas documentales que demuestran las detenciones arbitrarias sufridas, las falsas acusaciones por atentado y daños y la arbitrariedad de las sentencias
condenatorias, así como las torturas psicológicas, físicas, amenazas y múltiples atropellos sufridos durante su injusto cautiverio en prisión.
Estos hechos prueban que en Cuba, a pesar de los esfuerzos realizados por parte del Gobierno de España, las instituciones de la Unión Europea y otros países para restablecer relaciones diplomáticas y comerciales y tratar de avanzar hacia una
transición democrática no solo sigue existiendo una feroz maquinaria represiva por parte del Estado contra quienes, como los activistas de UNPACU, las Damas de Blanco y otras organizaciones clandestinas de defensores de los derechos humanos,
reclaman exclusivamente su derecho a disentir de la dictadura comunista impuesta en Cuba desde el golpe de Estado del 31 de diciembre de 1959, sino que, según demuestran informes independientes de la Comisión Ínter-Americana de Derechos Humanos
(OEA) y de organizaciones no gubernamentales como Amnistía Internacional, Human Rights Watch, Reporteros sin Fronteras, Freedom House o el Observatorio Cubano por los Derechos Humanos, Cuba vive una de las mayores oleadas represivas desde la
Primavera Negra de 2003.
Si en circunstancias normales las condiciones de vida de los presos políticos en las cárceles de Cuba se pueden calificar de dramáticas por carecer de las mínimas condiciones de salubridad, en un contexto de alto riesgo de contagio por
COVID19 es aún mayor el imperativo moral de exigir la libertad de personas presas de forma injusta por el riesgo que corren sus vidas.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'1. El Congreso de los Diputados expresa su rechazo contra cualquier forma de discriminación y odio por motivo ideológico como el sufrido por personas pacifistas que reclaman para el fin de las dictaduras, la instauración de una democracia
plena y el respeto a los derechos humanos en sus países.
2. El Congreso de los Diputados se adhiere a la Resolución Opinión n.º 4/2020, adoptada y ratificada el 29 de abril de 2020 en el 87.° período de sesiones del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de presos políticos en Cuba,
expresa su solidaridad con los presos políticos Aymara Nieto Muñoz, Eliecer Bandera Barreras, Humberto Rico Quiala, José Antonio Pompa López, Melkis Faure Hechevarría, Mitzael Díaz Paseiro, Silverio Portal Contreras. Iván Amaro Hidalgo, Josiel Guía
Piloto, Marbel Mendoza Reyes, José Daniel Ferrer, Fernando González Vaillant, José Pupo Chaveco y Roberto de Jesús Quiñones Haces y solicita al Gobierno de Cuba su inmediata puesta en libertad, así como que se se repare el daño causado mediante la
indemnización que corresponda.
3. El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
- Liderar, en el ámbito de las instituciones europeas y los organismos multilaterales en que participe, las denuncias contra la represión que sufren los disidentes políticos en países como Cuba, Venezuela o Nicaragua;
- Solicitar a la Delegación de la Unión Europea en Cuba, haciendo referencia a las cláusulas del Acuerdo de Diálogo con Cuba relativas a la defensa de los derechos humanos, que coopere en la defensa de estos disidentes hasta su liberación y
la reparación del daño causado por parte de la dictadura cubana.
- Facilitar asistencia consular y letrada a aquellos presos o detenidos políticos que tengan la nacionalidad española;
- Condicionar cualquier avance de la relación bilateral con Cuba a la demostración de avances en materia de democratización y respeto a los derechos humanos.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de junio de 2020.-María Valentina Martínez Ferro, Marta González Vázquez y Belén Hoyo Juliá, Diputadas.-Cayetana Álvarez de Toledo Peralta-Ramos, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso.
161/001060
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Socialista, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la Juventud en la Acción Exterior Española en el contexto de la COVID-19,
para su debate en la Comisión de Asuntos Exteriores.
Exposición de motivos
Charles Kettering, reconocido investigador americano, dijo en cierta ocasión: 'Me interesa el futuro porque tendré que pasar ahí el resto de mi vida'.
Hay 1.800 millones de jóvenes en el mundo, una generación con un gran potencial y el poder para cambiarlo. La juventud debe ser partícipe de la construcción de su futuro.
En América Latina y el Caribe, por ejemplo, hay 165 millones de personas entre los 10 y los 24 años, una de cada cuatro personas es joven.
Sin la capacidad para vislumbrar un futuro mejor, muchas personas jóvenes toman la decisión de emigrar. Y ahora toda esta situación es agravada por el COVID-19, una emergencia sanitaria que nos ha llevado a un parón profundo de nuestra
economía. En las últimas semanas, la pandemia ocasionada por el COVID-19 se ha intensificado y ampliado a escala mundial. Las repercusiones en la salud pública son enormes, y las economías y los mercados de trabajo están sufriendo perturbaciones
sin precedentes. Es la peor crisis mundial desde la Segunda Guerra Mundial.
Tanto por, sus efectos en la salud de tantas personas como por la forma en que está afectando a la economía mundial, el COVID-19 representa el mayor reto que el mundo ha enfrentado en décadas. El principal desafío para todos los países,
después de tratar de proteger el bienestar físico de los ciudadanos, cuidar a los enfermos y retrasar la propagación del virus, será reencontrar el camino del crecimiento económico y la protección laboral y social. El efecto que está teniendo la
COVID-19 sobre los mercados laborales del mundo no tiene precedentes.
La Organización Internacional del Trabajo (OIT), en un informe publicado el pasado 27 de mayo sobre 'El COVID-19 y el mundo del trabajo' prevé que, a nivel mundial en el segundo trimestre de 2020,
desaparezcan 195 millones de empleos a tiempo completo y alerta de una enorme pérdida de ingresos para millones de trabajadores, con lo que estas previsiones superarían las consecuencias de la crisis de 2008.
Según dicho informe, el 94 % de los trabajadores vive en países en los que se ha aplicado algún tipo de medida de cierre de lugares de trabajo, siendo los jóvenes y en particular las mujeres quienes han sufrido con mayor gravedad y rapidez
el impacto de la pandemia, pues el COVID-19 ha destruido sus empleos y su educación y formación, por lo que además de perder ingresos se enfrentan a mayores dificultades para encontrar un trabajo.
El informe señala que más de uno de cada seis jóvenes ha dejado de trabajar desde que surgió la crisis del COVID-19 y quienes han mantenido su empleo han visto cómo sus horas de trabajo se han reducido un 23 %. Por otro lado, alrededor de
la mitad de los jóvenes concluirá sus estudios con retraso, y el 10 % no podrá terminarlos.
En total, 178 millones de jóvenes trabajadores de todo el mundo o, lo que es lo mismo, más de cuatro de cada diez jóvenes empleados, trabajaban en los sectores más afectados al surgir la crisis. Casi el 77 por ciento de jóvenes trabajadores
en todo el mundo (328 millones) tenían un empleo en el sector informal, frente a alrededor del 60 por ciento de los adultos trabajadores (de 25 años, o más). El índice de informalidad laboral en los jóvenes oscila entre el 32,9 % en Europa y Asia
Central, y el 93,4 % en África. Incluso antes de que surgiera la crisis de la COVID-19, más de 267 millones de jóvenes no tenían empleo, ni participaban en ningún programa educativo o de formación, incluidos casi 68 millones de jóvenes
desempleados.
Asimismo, el informe señala que, por lo general, los jóvenes (de edad comprendida entre 15 a 24 años) son más proclives a estar desempleados o a tener un empleo de peor calidad que los adultos. El índice de desempleo juvenil a escala
mundial en 2019 (13,6 por ciento) rebasó ampliamente el índice que se registró antes de la crisis financiera mundial de 2007 (12,3 por ciento). En 2019, más de tres cuartas partes de los trabajadores jóvenes tenían empleo informal (en particular en
África y Asia meridional), lo que les ha conducido a una situación de vulnerabilidad frente a crisis y recesiones económicas.
La OIT también ha destacado que existe particular preocupación por el empleo de las mujeres, que podrían resultar más afectadas porque están sobrerrepresentadas en los sectores de salud, turismo y servicios.
Y si bien las mujeres jóvenes representan menos del 39 por ciento del empleo juvenil a escala mundial, constituyen casi el 51 por ciento del empleo juvenil en los servicios de hotelería y alimentación, el 41,7 por ciento en el comercio al
por mayor o al por menor, y el 43,8 por ciento en otros tipos de servicios, es decir, en algunos de los sectores más afectados por esta pandemia.
Los jóvenes son nuestro presente y futuro. Las inversiones que hagamos con y para ellos son el motor del desarrollo sostenible. Y este dependerá en buena medida de la existencia de una generación nueva, empoderada y preparada para hacer
frente al desafío de transformar el desarrollo, de modo que éste llegue a todas las personas y avance al interior de las fronteras de este mundo.
La Agenda 2030 reconoce a las mujeres y los hombres jóvenes como agentes de cambio esenciales, que encontrarán en los 17 ODS 'una plataforma para canalizar sus infinitas capacidades de activismo en la creación de un mundo mejor.' La Agenda
se compromete al ejercicio pleno de los derechos y las capacidades de las personas jóvenes y a empoderar a aquellas que sean más susceptibles de ser dejadas detrás.
Por todo ello el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente:
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que, en su política de Acción Exterior, lleve a cabo cuantas acciones sean necesarias para asegurar a los jóvenes un empleo decente y productivo tras la COVID-19. Para ello deberá:
1. Reforzar el multilateralismo para lograr respuestas coordinadas y eficaces que tracen un mapa de ruta para las nuevas generaciones que contribuya al ejercicio de sus derechos y se aproveche su potencial como agentes de cambio.
2. Tener siempre el impacto de género como eje transversal en las relaciones bilaterales y en los foros globales, para garantizar que las mujeres jóvenes sean parte activa del proceso de reconstrucción. El aumento de la tasa de
participación laboral de las mujeres podrá ser un catalizador que permitiría a los países acelerar el crecimiento económico y aumentar su capital humano.
3. Ejercer un liderazgo, con espíritu multilateral y en el marco de la agenda 2030, con una propuesta para formar parte de una gran alianza contra la pandemia y sus efectos económicos y sociales en la población joven, para que nadie quede
atrás, avanzando hacia modelos más sostenibles y equitativos, y en políticas públicas más inclusivas.
4. Propiciar políticas que traten de evitar que los jóvenes padezcan consecuencias adversas a largo plazo en los planos educativo, formativo y profesional.
5. Fortalecer el compromiso con la formación integral y con la cualificación de las personas jóvenes, que impulse su promoción individual, colectiva y profesional, que se apoye en el sistema educativo y en el entorno laboral como elementos
fundamentales para su integración social.
6. Contribuir a impulsar políticas con el objetivo de alcanzar niveles de crecimiento económico que permitan generar una oferta sustancial de empleo, estable y flexible, que permita a los jóvenes obtener empleos y de calidad.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de junio de 2020.-María Olga Alonso Suárez, Pau Marí Klose, Arnau Ramírez Carner, Héctor Gómez Hernández y Noemí Villagrasa Quero, Diputados.-Ana Belén Fernández Casero y Rafael Simancas Simancas,
Portavoces del Grupo Parlamentario Socialista.
Comisión de Defensa
161/001047
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para la supresión de los límites de edad máximos
establecidos para participar en los procesos de selección para cursar las enseñanzas de formación previas a la incorporación, por promoción interna, a determinadas escalas y Cuerpos de las Fuerza Armadas, para su debate en la Comisión de Defensa.
Exposición de motivos
El pasado 10 de junio se publicó en el 'Boletín Oficial del Estado' (BOE) el Real Decreto 556/2020, por el que se modifica el Real Decreto que aprueba el Reglamento de ingreso, promoción y ordenación de la enseñanza de formación en las
Fuerzas Armadas.
El principal objetivo de la norma recientemente aprobada es la modificación del artículo reglamentario que establece los límites de edad máxima que deben tener los participantes, por promoción interna, para poder formar parte de los procesos
de selección que habilitan para cursar enseñanzas de formación previas a la incorporación a diversas escalas y cuerpos del Ejército.
Si bien es cierto que esta última modificación ha incrementado los umbrales de edad de los participantes por promoción interna, no es menos cierto que se ha perdido la oportunidad de terminar con las desiguales condiciones que existen, sobre
el requisito de edad, entres estos y los participantes por ingreso directo.
Así, desde que el Tribunal Supremo decretase, por sentencia de 9 de mayo de 2014, la nulidad del límite de edad máxima para participar en el proceso de selección de los cursos de formación previos a la incorporación, por ingreso directo, a
las escalas de oficiales de los Cuerpos de Intendencia del Ejército de Tierra, de la Armada y del Ejército del Aire, y del Cuerpo Jurídico Militar y Militar de Intervención, nada se ha hecho para eliminar este límite de edad, al menos, para la
entrada a estos mismos Cuerpos en el caso del acceso por promoción interna. En igual sentido, la sentencia del Tribunal Supremo de 6 de mayo de 2015 para el Cuerpo Militar de Sanidad, sin titulación, por ingreso directo.
Ello impone una injustificada desigualdad para los militares que aspiran a promocionar frente a los aspirantes civiles que, además, no se compadece bien con el espíritu que llevó al alto tribunal a decretar la nulidad del citado requisito de
edad para estos, centrado, entre otros razonamientos, en la falta de adecuada justificación de dicha condición. Y ello es así por mucho que la exposición de motivos del recientemente aprobado Real Decreto insista en justificar la bondad de la
modificación reglamentaria en
el impulso a la promoción y el aumento que ello supondrá de las probabilidades de progresión y desarrollo profesional de las personas integrantes de las Fuerzas Armadas.
Por todo cuanto antecede, el Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a eliminar los límites de edad máximos establecidos en el artículo 16 del Real Decreto 35/2010, de 15 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de ingreso y promoción y de ordenación de la
enseñanza de formación en las Fuerzas Armadas, para participar en los procesos de selección para cursar las enseñanzas de formación previas a la incorporación, por promoción interna, a las escalas de oficiales de los Cuerpos de Intendencia del
Ejército de Tierra, de la Armada y del Ejército del Aire, del Cuerpo Jurídico Militar, Militar de Intervención y Militar de Sanidad, sin titulación, en justa coherencia con la eliminación de estos límites, declarados nulos por el Tribunal Supremo,
para el acceso por ingreso directo.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de junio de 2020.-Miguel Ángel Gutiérrez Vivas, Diputado.-Edmundo Bal Francés, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
Comisión de Hacienda
161/001026
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a utilización del superávit y
los remanentes de tesorería de las Administraciones Públicas canarias, para su debate en la Comisión de Hacienda.
Exposición de motivos
La evolución del impacto que la crisis de la COVID-19 está ejerciendo sobre la economía canaria pone de relieve nuestra alta especialización en los sectores más afectados por la suspensión de actividades impulsada por el Real Decreto de
estado de alarma. Una situación que se ha visto amplificada al coincidir en plena temporada alta turística en Canarias, lo que ha provocado que la intensidad del impacto socioeconómico en nuestro territorio sea claramente superior al de otras
Comunidades Autónomas, lo que justificaría la adopción de medidas específicas de apoyo a nuestro archipiélago.
La crisis sanitaria ha repercutido con especial virulencia en la economía canaria, muy dependiente del exterior y con una estructura productiva muy concentrada en la actividad turística. En todas las proyecciones que se realizan en nuestro
país a nivel autonómico, Canarias figura, precisamente por el cero turístico al que se ha visto sometida, entre las Comunidades Autónomas más gravemente afectadas en el plano económico.
El PIB turístico de Canarias alcanzó los 16.099 millones de euros, elevándose su contribución a la economía de las islas al 35,0 % en 2018. Concretamente el turismo generó 343.899 puestos de trabajo ese año, lo que representa el 40,4 % del
total del empleo de toda la comunidad en ese mismo año.
Las consecuencias del parón de nuestra principal actividad empresarial y el efecto arrastre que conlleva sobre el resto de actividades económicas del archipiélago que influirán sobre el PIB y el empleo al cierre del año 2020, vienen
condicionados por las distintas hipótesis y metodologías de análisis utilizadas. Así, por ejemplo, entidades como el Centro de Predicción Económica (CEPREDE) o el ISTAC han realizado estimaciones sobre la reducción del PIB canario en 2020 que
oscilan entre un 12,7 % (escenario optimista) y un 32,3 % (en el escenario más pesimista).
En cualquier caso, se prevé para este año una caída de ingresos para las administraciones públicas canarias, vía caída de recaudación tributaria, del orden de los 1.500 millones de euros, un incremento del paro hasta alcanzar el 26 % y la
amenaza de que la tasa de pobreza y exclusión social alcance al 60 % de la población canaria.
Para poder mitigar las negativas consecuencias económicas y sociales de la pandemia de la COVID-19 sobre Canarias, se requiere actuar con carácter urgente y adoptar decisiones excepcionales ante situaciones excepcionales.
El superávit presupuestario y el remanente de tesorería de las entidades locales, cabildos insulares y la Comunidad Autónoma de Canarias en 2019 ascendió aproximadamente a 4.500 millones de euros, un ahorro que a nivel nacional puede
alcanzar los 28.000 millones de euros que tienen depositados en entidades financieras como consecuencia de haber generado superávits desde el año 2012.
Hay que señalar que la generación de dichos superávits y remanente en las administraciones no se debe solamente a la aplicación de la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (LOEPSF), sino a la gestión eficiente y
rigurosa de los recursos financieros, lo que ha provocado de manera recurrente un saldo positivo en sus cuentas públicas al cierre de cada ejercicio presupuestario y a tener unas administraciones públicas saneadas. Permitiéndonos tener ahora este
colchón de recursos financieros para enfrentarnos a la crisis sanitaria, social y económica provocada por la COVID-19. Por lo que es más importante y justo aún que se nos permitan su utilización por parte del Estado.
Estos superávit, tal y como recoge el artículo 32 de la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (LOEPSF), se han destinado a reducir el nivel de endeudamiento de las entidades locales, a la ejecución de inversiones
financieramente sostenibles que revierten en beneficio de los vecinos y, en muchos casos, a seguir generando ahorros para poder conjugar la prestación de servicios públicos de calidad a los vecinos con una fiscalidad baja sin hipotecar a las
generaciones futuras.
Desde hace varios años, las entidades locales, Cabildos Insulares e incluso la Comunidad Autónoma de Canarias, que están saneadas y que cumplen con los criterios la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (LOEPSF) y el
periodo medio de pago a proveedores, han venido reclamando al Gobierno una mayor flexibilidad para poder aplicar los superávits generados, pero siempre respetando la autonomía local consagrada en nuestra Carta Magna y en las leyes.
Las entidades locales y los Cabildos constituyen las administraciones más cercanas a los canarios y han mostrado siempre su solidaridad con el resto de las administraciones al asumir competencias impropias sin recibir, en muchos casos, la
financiación adecuada de la Comunidad Autónoma y del Estado para ejercerlas, lo que ha provocado que hayan tenido que destinar recursos propios, recursos de todos sus vecinos, a mantener las mismas.
Además, en esta crisis sanitaria, social y económica, derivada de la pandemia provocada por la COVID-19 han sido los primeros en implementar medidas para contener la expansión del virus y de apoyo a la población más vulnerable (mayores,
enfermos, desempleados, etc.) por ejemplo, aumentar las partidas de emergencia social, ampliar los servicios de ayuda a domicilio, implementar ayudas a los sectores productivos. También han ido por delante en la conversión de muchos servicios
públicos de modalidad presencial a telemática para atender a sus vecinos y proteger a los trabajadores públicos.
Por otra parte, la gran mayoría de entidades locales han aplazado y/o anulado el pago de tributos locales (impuestos, tasas y precios públicos), así como rebajas fiscales tanto a los vecinos como a los comerciantes y empresarios de sus
municipios.
Y todo esto en un contexto de escasez de recursos financieros, falta de liquidez e incertidumbre ante la parálisis y el retraso del Gobierno de Canarias a la hora de cumplir con las transferencias a las entidades locales, en especial con el
Fondo Canario de Financiación Municipal.
Por lo que, en muchas ocasiones, ven restringidas sus posibilidades para hacer frente a la pandemia del COVID-19 y proteger a sus vecinos y tejido productivo por la falta de recursos económicos. Situación frustrante si tenemos en cuenta que
en los bancos se acumula el dinero del superávit y remanente, cuyos importantes no se pueden usar libremente por las numerosas reglas que deben cumplirse para poder aplicarlo y por el límite de actuaciones que pueden realizarse con dichos recursos.
Unas limitaciones que siguen vigentes, aunque el Gobierno haya aprobado, a través del Real Decreto- ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente a la
COVID-19, la posibilidad de que las entidades locales destinen el 20 % de su superávit para atender gastos urgentes derivados de la puesta en marcha de medidas sanitarias, sociales y económicas para hacer frente a la pandemia.
Y siguen vigentes porque este Real Decreto-ley no suprime la obligatoriedad de cumplir todos los requisitos establecidos en la LOEPSF y, por tanto, impide a muchas entidades locales hacer uso del superávit, ni siquiera en ese 20 %.
Además, un 20 % que es insuficiente para atender no solo las actuaciones urgentes, sino todas las medidas que en los próximos meses las entidades locales junto a los Cabildos Insulares y la Comunidad Autónoma, deberán seguir desarrollando
para garantizar la salud, el bienestar de sus vecinos y la recuperación económica, especialmente de aquellos más afectados por la crisis sanitaria y económica.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Flexibilizar la regla de gasto y resto de reglas contenidas en la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera para permitir a la Comunidad Autónoma de Canarias el uso del 100 % del superávit de 2019 para
implementar aquellos servicios, ayudas y medidas extraordinarias que permitan actuar contra los negativos efectos sanitarios, sociales y económicos derivados de la pandemia de la COVID-19 siempre que no supongan gastos estructurales.
2. Flexibilizar la regla de gasto y resto de reglas contenidas en la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera para permitir el uso del 100 % del superávit de 2019 y del remanente de tesorería, a los
Ayuntamientos y los Cabildos con el fin de que puedan poner en marcha aquellos servicios, ayudas y medidas extraordinarias que permitan actuar contra los negativos efectos sanitarios, sociales y económicos derivados de la pandemia de la COVID-19
siempre que no supongan gastos estructurales.
El superávit y el remanente podrán destinarse a gasto corriente o inversión y estos no computarán en la regla de gasto ni en la estabilidad presupuestaria, no siendo necesaria la aprobación de un Plan Económico-Financiero (PEE) para los
supuestos de incumplimiento por uso del Remanente de Tesorería para Gastos Generales (RTGG).
3. Autorizar a la Comunidad Autónoma el uso de los 500 millones, correspondientes a parte de la sentencia judicial sobre el Convenio de Carreteras y que están contabilizados en el superávit del año 2018, para gastos no financieros de libre
disposición, excluyéndolo de su cómputo en el cumplimiento del objetivo de déficit y de la regla de gasto.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de junio de 2020.- María Auxiliadora Pérez Díaz, Guillermo Mariscal Anaya, Ana María Zurita Expósito, Sebastián Jesús Ledesma Martín, Antonio González Terol, María Elvira Rodríguez Herrer y Mario
Garcés Sanagustín, Diputados.-Cayetana Álvarez de Toledo Peralta-Ramos, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Comisión de Interior
161/001046
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(161) Proposición no de Ley en Comisión.
Autor: Grupo Parlamentario Ciudadanos.
Proposición no de Ley sobre la consideración de la perspectiva de género en la situación de las funcionarias de prisiones y otras trabajadoras de las cárceles españolas.
Acuerdo:
Considerando que se solicita el debate de la iniciativa en Comisión, y entendiendo que la previsión contenida en el punto 1 se haría, en todo caso, por el procedimiento reglamentario pertinente, admitirla a trámite como Proposición no de
Ley, conforme al artículo 194 del Reglamento, y disponer su conocimiento por la Comisión de Interior. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, comunicando este acuerdo al Grupo
Parlamentario proponente.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de junio de 2020.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para la consideración de la perspectiva de género en la
situación de las funcionarias de prisiones y otras trabajadoras de las cárceles españolas, para su posterior debate en la Comisión de Interior.
Exposición de motivos
Desde 2007, con la aprobación de la Ley de Igualdad, funcionarios y funcionarias de prisiones trabajan indistintamente en módulos masculinos y femeninos de las cárceles en España. Actualmente existe un déficit de 3500 plazas de funcionarios
en nuestras prisiones, lo que se traduce en que estos deban realizar tareas, como el cierre de celdas o el reparto de las comidas, solos, lo que es particularmente peligroso en el caso de las funcionarias.
Hoy en día existe una funcionaria para una media de 100 internos varones, lo que resulta enormemente limitado, no solo por la carga de trabajo que supone a la hora de llevar a cabo con eficacia las tareas propias del puesto de trabajo, sino
por el riesgo para las mujeres trabajadoras que implica esta situación en un entorno tan vulnerable al conflicto, en muchas ocasiones, de carácter sexual, como es una prisión.
Las funcionarias de prisiones han denunciado reiteradamente la desprotección que sufren frecuentemente ante agresiones de carácter sexual, como tocamientos, acorralamientos, masturbaciones, exhibicionismo, miradas lascivas, comentarios
lascivos en grupo, etc. Y ejemplos pueden mencionarse muchos, como el ocurrido en el Hospital psiquiátrico penitenciario de Alicante, donde se produjeron tocamientos y acorralamientos a una funcionaria que, para mayor estigma, Instituciones
Penitenciarias no consideró agresión sexual, o el acontecido en el centro penitenciario de Ocaña II donde, a pesar de que un interno se masturbó delante de la psicóloga en el despacho, la dirección del centro no tomó medidas adecuadas, limitándose a
poner un cartel prohibiendo al personal femenino tener contacto con el interno a solas.
Estas situaciones, y muchas más que ocurren casi a diario, son reflejo de la total desprotección en la que se encuentran las trabajadoras de las prisiones españolas y de la equivocada política de culpabilización de la víctima que sucede,
también en nuestras cárceles, cuando la única medida que se toma para impedir estos reprobables comportamientos es la de alejar a las funcionarias de las tareas propias de su puesto de trabajo. Por ello, las trabajadoras de los centros
penitenciarios han manifestado en muchas ocasiones que no confían en que la administración penitenciaria las ayudará, por lo que apenas denuncian estos casos que se producen con una enorme frecuencia.
Es imprescindible que las autoridades penitenciarias denuncien de oficio y apoyen a su personal femenino, en vez de restar importancia a los casos o revictimizar a las agredidas.
Por otro lado, muchas de estas agresiones, y otras tantas de todo tipo sucedidas también a los funcionarios hombres, podrían evitarse si todos ellos y ellas tuviesen reconocida la condición de agentes de la autoridad. Aunque la autoridad
que ejercen está reconocida de facto, ninguna ley les otorga este rango, aunque el número de agresiones no deja de incrementarse, con más de 2000 contabilizadas en el último quinquenio.
Es esta una reivindicación histórica de este colectivo que trata, diariamente, con situaciones de enorme vulnerabilidad al conflicto y al uso de la violencia. Otorgarles dicha condición, que hoy todavía no les reconoce ninguna norma con
rango de ley, ayudaría a proteger de una manera más garantista su integridad física, en un contexto de constante incremento del número de agresiones de las que son objeto.
Por todo cuanto antecede, el Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Elaborar, en un plazo de seis meses, un informe que estudie las medidas a adoptar para la consideración de la perspectiva de género en la situación de las funcionarias de prisiones y otras trabajadoras de las cárceles españolas, que será
presentado ante las Comisiones de Interior e Igualdad del Congreso de los Diputados.
2. Establecer un plan o protocolo de actuación para prevenir los ataques y agresiones de carácter sexual que sufren las funcionarias y trabajadoras en los centros penitenciarios españoles, que recoja medidas eficaces para su protección y
que no supongan la revictimización o culpabilización de la víctima.
3. Llevar a cabo las modificaciones necesarias en la Ley Orgánica General Penitenciaria a efectos de establecer la consideración de los y las funcionarias de prisiones como agentes de la autoridad.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de junio de 2020.-Pablo Cambronero Piqueras y Sara Giménez Giménez, Diputados.-Edmundo Bal Francés, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
Comisión de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana
161/001041
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Plural, a instancia del Diputado del Bloque Nacionalista Galego (BNG) Néstor Rego Candamil, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente
Proposición no de Ley para la reforma del Real Decreto 550/2020, de 2 de junio, por el que se determinan las condiciones de seguridad de las actividades de buceo y por la que se solicita la transferencia a la Xunta de Galicia de las competencias en
esta materia, para su debate en la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación.
Exposición de motivos
El 2 de junio el Consejo de Ministros aprobó el Real Decreto 550/2020, por el que se actualiza la normativa relativa a la seguridad en la práctica de la actividad del buceo. El BNG considera que la nueva norma introduce varias cuestiones
que muestran el desconocimiento del marisqueo del longueirón y navaja en la costa gallega, concretamente en aguas de Fisterra y de la Costa da Morte, realizado por la mayoría de los profesionales mediante la técnica denominada chapuzón en apnea,
El BNG cree necesario que el gobierno introduzca una excepción en la aplicación de lo previsto en el artículo 5, letra c), del citado Real Decreto, en el que se determina la prohibición de la apnea para las modalidades de chapuzón
profesional y extractivo. Esta prohibición afectaría al marisqueo extractivo de los moluscos bivalvos del longueirón y la navaja, una actividad marisquera singular de la que viven muchas familias de la Costa da Morte. Ya en el año 2018 se
presentaron alegaciones a lo que ahora recoge la norma, y lo único en lo que se avanzó fue en prever una moratoria en su aplicación por diez años, mediante una disposición adicional, aspecto que consideramos insuficiente y negativo, pues condena el
futuro de esta actividad marisquera singular, al eliminar la forma de extracción más sostenible y que mejor protege el aprovechamiento de los bancos marisqueros de estas especies. Les faltó sensibilidad o conocimiento en el modo de tratar la
singularidad de esta modalidad profesional, y la importancia que este modo de trabajar tiene, incluso para el turismo de la Costa da Morte.
El marisqueo extractivo de la navaja y longueirón es una actividad consolidada desde que en el año 1983 la Consellería de Pesca de la Xunta de Galicia regulara, por primera vez, la captura de estos bivalvos. Inicialmente practicada en
apnea, hoy el colectivo profesional alterna la apnea y el uso de compresor, en función de las condiciones del mar, playas y profundidades, y estado del recurso,
considerándose la apnea como fundamental en la organización de los planes de extracción y reducción de la presión de la actividad de los bancos marisqueros.
Tras cuarenta años de marisqueo de navaja en apnea, tan peculiar y exigente modo de mariscar forma parte de una singularidad indisociable de la identidad e idiosincrasia marinera de Fisterra y la Costa da Morte, un auténtico patrimonio
inmaterial de los oficios del mar que merece todo reconocimiento y protección.
Dada la especial relevancia que tiene el chapuzón en apnea para la extracción profesional de estos bivalvos para estos mariscadores y sus familias, así como para el vecindario de Fisterra y Costa da Morte, debe considerarse la repercusión
del grave alcance negativo que supondrá la aplicación de esta normativa.
Valoramos desde el BNG que la seguridad de estos profesionales se mejora, no prohibiendo su medio de vida, sino aplicando una revisión de sus coeficientes reductores de jubilación, que permitan trabajar en las mejores condiciones
fisiológicas y su retirada a una edad que dignifique el duro trabajo a lo que se exponen durante tantos años.
Se evidencia así, la necesidad de la transferencia de las competencias de seguridad por parte del Estado a la Xunta de Galicia, dado el desconocimiento de la actividad por parte del Ministerio, y dado que la Xunta tiene la competencia para
regular la extracción de los recursos al ostentar competencias exclusivas en acuicultura y marisquen en aguas interiores. Es por ello que, en coherencia, debería ser también competente para establecer las medidas oportunas de seguridad en función
de las características de cada zona, plan y recurso.
El Real Decreto además no tienen en consideración las peculiaridades de los Planes aprobados por la Consellaría del Mar, que incluye un número determinado de embarcaciones y de permisos de explotación, consideraciones que se deberían tener
en cuenta al elaborar las medidas de seguridad y no imponer medidas individuales exigiendo a mayores embarcaciones de apoyo, personal necesario o tiempos de inmersión sin tener en cuenta a realidad de la actividad o dejar en manos del Capitán
Marítimo pertinente la adecuación de los requisitos exigidos.
Es la Xunta de Galicia quien planifica la extracción de los recursos, es la administración que conoce la realidad y tiene la capacidad y medios para hacerle seguimiento e inspeccionar la aplicación de los criterios regulados.
Por todo lo expuesto anteriormente, se presenta la siguiente
Proposición no de Ley:
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a reformar el Real Decreto 550/2020, de 2 de junio, por el que se determinan las condiciones de seguridad de las actividades de buceo, e introducir una excepción en la aplicación de lo previsto
en su artículo 5, letra c) en el que se determina la prohibición de la apnea para las modalidades de buceo profesional y extractivo, pues supondría la prohibición de la apnea para el marisquen extractivo de moluscos bivalvos como el longueirón y la
navaja, una actividad marisquera singular de la que viven muchas familias de la Costa da Morte.
Al mismo tiempo, iniciar los trámites necesarios para transferir a la Xunta de Galiza las competencias en materia de regulación de las condiciones de seguridad de las actividades de buceo que, como materia complementaria de las competencias
exclusivas en materia de acuicultura, marisqueo y aguas interiores, serían gestionadas de forma más coherente y coordinada.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de junio de 2020.-Néstor Rego Candamil, Diputado.-Laura Borràs Castanyer, Portavoz Adjunta del Grupo Parlamentario Plural.
161/001057
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la reanudación del servicio
ferroviario nocturno (trenes hotel) entre Galicia, Madrid y Barcelona tras la suspensión efectuada a consecuencia de la crisis del COVID-19, para su debate en la Comisión de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.
Exposición de motivos
La dirección de Renfe ha decidido no recuperar las relaciones nocturnas ferroviarias entre Galicia con Madrid y Barcelona. Estos trenes nocturnos son fundamentales para Galicia, teniendo un papel fundamental en el tráfico de viajeros
internacionales y de peregrinos. Además, es notable el efecto negativo que supone en las conexiones con otras comunidades, como Madrid y Cataluña, por Castilla y León, La Rioja y Aragón, donde muchos usuarios prefieren estos servicios ferroviarios
frente al sector aéreo, por proximidad, por comodidad, por ser un medio de transporte menos agresivo, por adaptarse a las necesidades de los usuarios y por ofrecer un estilo de viaje mucho más tranquilo y respetuoso con el medio ambiente.
Durante la pandemia del COVID-19, en atención a los motivos de restricción de la movilidad impuestos por el estado de alarma y las fases de la desescalada, se hizo necesario establecer la suspensión de la circulación de los trenes hotel.
Motivos de índole coyuntural y sanitaria llevaron al Gobierno a establecer la supresión temporal de este servicio. Lo lógico sería que, al igual que el resto del transporte ferroviario, en el plan de vuelta a la normalidad se estableciese la
recuperación de la oferta de este servicio y su reposición cuando se alcance la plena normalidad de los territorios por los que circula el tren hotel.
A pesar de lo anterior, la compañía Renfe ha descartado recuperar el servicio de los trenes hotel tras la crisis del COVID-19, fundamentando dicha decisión en las pérdidas económicas que este histórico servicio venía acumulando y las nuevas
normas de seguridad e higiene que serán precisas en orden a evitar la propagación del virus. Esta decisión podría así suponer la definitiva desaparición de este histórico servicio nocturno. En definitiva, la crisis provocada por el COVID-19 está
sirviéndole a la compañía ferroviaria como excusa para dar un cerrojazo definitivo a este servicio público de transporte.
En estos momentos, los servicios nocturnos son conexiones esenciales para la comunidad gallega, sobre todo mientras no se vean reducidos los tiempos de viaje por la puesta en servicio de la línea de alta velocidad a Madrid. Mientras no
llegue el AVE a tierras gallegas, este servicio es fundamental en materia de movilidad y para garantizar las conexiones.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a llevar a cabo las medidas oportunas en orden a la reanudación del servicio ferroviario nocturno (trenes hotel) entre Galicia, Madrid y Barcelona tras la suspensión efectuada a consecuencia de
la crisis del COVID-19.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de junio de 2020.-Andrés Lorite Lorite, Tristana María Moraleja Gómez, Marta González Vázquez y María Valentina Martínez Ferro, Diputados.-Cayetana Álvarez de Toledo Peralta-Ramos, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.
161/001062
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley
sobre el Plan estratégico de carreteras, para su debate en la Comisión de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.
Exposición de motivos
La red de carreteras de España tiene 165.624 kilómetros, de los cuales 26.404 km (Red de Carreteras del Estado, RCE) están administradas por el Ministerio de Fomento (392 carreteras) y representan el 52,5 % del tráfico total y el 65,3 % del
tráfico pesado. De estos más de veintiséis mil kilómetros de la RCE, 14.384,54 km corresponden a carreteras convencionales, 484,57 km a carreteras multicarril y 11.535,50 km a autopistas y autovías. Su coste medio de construcción es de 4,06
millones de euros/km, en el caso de carreteras convencionales, y 7,91 millones de euros/km en las autovías. Las carreteras son una pieza clave en el desarrollo económico y social en el territorio de cualquier país. Existe una correlación
clara entre la existencia de eficientes redes de carreteras y las oportunidades para el avance económico y social. Como señalaba el Presidente estadounidense John F. Kennedy: los caminos construyen la riqueza de una nación.
Nuestras carreteras tienen una importancia crucial en la vertebración de nuestro territorio, influyen de forma determinante en la configuración del mismo y permiten la interrelación de áreas más atrasadas con otras tecnológicamente más
avanzadas, posibilitando el reequilibrio de las primeras. El transporte juega un papel fundamental en la economía, especialmente en la integración del mercado, y tiene un impacto directo sobre los costos de las transacciones entre los agentes
económicos. Nuestra red viaria cumple con una importante función estratégica en el desarrollo del territorio, permitiendo una comunicación eficiente entre los diferentes centros de interés.
La importancia de estas infraestructuras como elementos vertebradores del territorio y su influencia en el desarrollo económico y social de nuestro país, determina la trascendencia de su planificación.
La aplicación de la planificación, ya sea en el desarrollo de infraestructuras o en la conservación de las ya existentes, permite coordinar las actuaciones de las distintas administraciones, determinar las necesidades presupuestarias y las
dotaciones necesarias para su correcta ejecución, aportando a la Administración un conocimiento preciso de las previsiones que van a ser necesarias en los años de vigencia del plan. Junto a ello, hoy en la planificación de estas infraestructuras
deben de tenerse en cuenta nuevas variables, como es la sostenibilidad, la intermodalidad y la reducción del consumo de energías fósiles y de los niveles de emisión de gases contaminantes a la atmósfera.
Planificar, significa construir el futuro y constituye el comienzo de toda buena gestión. Nos permite anticiparnos a necesidades futuras, adoptar decisiones de inversión y analizar las posibles desviaciones.
Desde la transferencia de competencias de las carreteras a las Autonomías entre 1980 y 1984, España ha contado con cinco planes distintos, bien específicos, como el I Plan de Carreteras de 1986, que supuso la construcción de una verdadera
red de alta capacidad para las carreteras españolas, o bien incardinados en planes generales de infraestructuras, como el actual PITVI.
Hoy, la elaboración por el Gobierno de un Plan estratégico de carreteras, es además de una necesidad derivada de una gestión eficiente de los recursos, una obligación legal; así, el artículo 7 de la Ley 37/2015, de 29 de septiembre, de
carreteras, obliga al Gobierno a elaborar y aprobar el Plan estratégico de las carreteras del Estado, definiéndolo como el instrumento técnico y jurídico de la política sectorial de carreteras, que debe contener las previsiones y objetivos a cumplir
y las prioridades de actuación en relación con carreteras estatales y sus elementos funcionales con sujeción, en su caso, a la planificación de ámbito superior de carácter territorial, económico o intermodal. Así mismo, la Ley de Carreteras le
impone a este Plan un contenido mínimo que abarca, desde el diagnóstico de la actual red, hasta los criterios de inversión y priorización, pasando por la coordinación con otras redes o la Implantación y despliegue de servicios avanzados a las
carreteras y sistemas inteligentes de transportes, entre otros.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista formula la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a elaborar el Plan estratégico de carreteras, como instrumento técnico y jurídico de la política sectorial de carreteras, que contenga las previsiones y objetivos a cumplir y las prioridades de
actuación en relación con carreteras estatales y sus elementos funcionales, en consonancia con la planificación de ámbito superior de carácter territorial, económico o intermodal.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de junio de 2020.-César Joaquín Ramos Esteban, Diputado.-José Zaragoza Alonso y Rafael Simancas Simancas, Portavoces del Grupo Parlamentario Socialista.
Comisión de Educación y Formación Profesional
161/001032
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Plural, a instancia del Diputado Néstor Rego Candamil, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley para la creación de una
línea de ayudas especifica para el acceso a la universidad o la continuación de estudios destinada a personas afectadas por la crisis económica derivada de la pandemia de la COVID-19, para su debate en la Comisión de Educación.
Exposición de motivos
El Bloque Nacionalista Galego ha defendido siempre una universidad pública, gallega, gratuita y conectada con la realidad de Galicia. Apostar por el conocimiento y la innovación es fundamental, y más, en la actual situación de crisis
económica, donde puede servir de motor de recuperación, apostando por la inversión pública en formación y en I+D+i, sobre todo en áreas y sectores conectadas con los sectores productivos e industriales, de forma que investigación y economía
establezcan sinergias de cooperación.
La paralización económica obligada derivada de la emergencia sanitaria de la COVID-19 ha supuesto una alteración de la economía y de los recursos de las familias, y esto puede implicar que muchas y muchos estudiantes no comiencen sus
estudios universitarios el próximo curso, ante la falta de medios económicos para ello, o que decidan dejar los estudios iniciados y no continuar por motivos semejantes.
Para evitar que la crisis económica no afecte a la formación y a la investigación universitaria, capital de futuro, es necesario que se prevea una línea de ayudas específica que, atendiendo exclusivamente a criterios económicos y siendo
compatible con el resto de becas ordinarias, facilite tanto el acceso como la continuación de estudios de todos las y los estudiantes, garantizando así que la reducción de ingresos familiares por la crisis del COVID- 19 no sea un obstáculo para el
acceso a los estudios universitarios.
Es una cuestión urgente de cara al inicio del curso y que requiere medidas extraordinarias, se garantizará de este modo que ninguna persona ya matriculada se quede sin la posibilidad de continuar por cuestiones económicas y, en segundo
lugar, se impedirá que ningún estudiante cuyo padre o madre tuviera que cerrar su negocio o se quedara en el paro, vea frustrada su oportunidad de acceder al sistema universitario. Por eso estas ayudas deben contemplar la situación derivada de la
COVID19 y tener en cuenta, no la situación económica del año pasado sino la actual, arbitrando medidas de forma conjunta entre las universidades y las administraciones públicas implicadas.
Por todo lo expuesto anteriormente, se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a regular de forma urgente para el comienzo del próximo curso universitario, una línea de ayudas específica que, atendiendo solo a criterios económicos y que siendo compatible con el resto de
las becas ordinarias, facilite tanto el acceso a los estudios universitarios como la continuación de los mismos por parte de todas las y los estudiantes, garantizando así que la reducción de ingresos familiares por la crisis del COVID-19 no sea un
obstáculo para el acceso a la formación universitaria.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de junio de 2020.-Néstor Rego Candamil, Diputado.-Laura Borràs Castanyer, Portavoz Adjunta del Grupo Parlamentario Plural.
161/001058
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa al diseño de un protocolo
para favorecer una vuelta segura a las aulas ante la crisis generada por COVID-19, para su debate en la Comisión de Educación y Formación Profesional.
Exposición de motivos
El parón en la actividad educativa presencial ha sido, junto con los contagios (más de 212.000 en el momento en el que de redactaba la presente iniciativa) y los fallecimientos (más de 24.000), la destrucción de puestos de trabajo, la
interrupción de una parte relevante de la actividad comercial y económica... una de las principales consecuencias negativas que la crisis generada por el coronavirus (COVID-19) está teniendo en nuestro país.
La formación impartida en los centros de educación primaria y secundaria, en los institutos, en las universidades, en las escuelas de postgrado... se ha visto forzada a la parálisis por las limitaciones de movimiento requeridas para
preservar la salud pública y evitar la propagación del COVID-19, o abocada, en el mejor de los casos, a las vías virtuales y telemáticas para mantener su desarrollo.
En este contexto, el Gobierno lleva varios días exponiendo públicamente su voluntad de iniciar el levantamiento escalonado del confinamiento de los ciudadanos en sus casas. Un ejemplo representativo de ello es -más allá de las idas y
venidas del propio Ejecutivo en cuanto a si pueden ir a los supermercados o dar paseos...- el anuncio realizado de posibilitar que los niños menores de catorce años puedan salir a la calle.
Por ello, teniendo siempre presente la preservación de la salud de los ciudadanos frente al virus como la prioridad y con el objetivo de reducir todo lo posible el impacto del COVID-19 en el curso lectivo vigente, parece oportuno poner sobre
la mesa la necesidad de que todos los agentes del sector educativo, pero especialmente el Gobierno de España por las competencias que el estado de alarma le otorga en exclusiva, reflexionen sobre las medidas que sería necesario implementar para
poder retomar desde la seguridad la actividad educativa en su versión presencial.
Garantizar un suministro adecuado en cantidad y calidad de equipos de protección individual -mascarillas, guantes, geles y soluciones hidroalcohólicas...- realizar pruebas diagnósticas de forma generalizada, fijar aforos máximos en función
del tamaño de las aulas, establecer distancias mínimas entre los alumnos... son algunas de las variables a concretar y llevar a la práctica para posibilitar la vuelta a los centros educativos sin poner en riesgo la salud.
Por todo lo anterior, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a diseñar y a poner en práctica ante la crisis generada por el coronavirus (COVID-19), con la preservación de la salud pública como prioridad, en coordinación con las Comunidades Autónomas y
desde la cooperación con el conjunto del sector educativo, un protocolo con el que favorecer una vuelta segura a las aulas en toda España y hacer posible la recuperación de la formación presencial en todos los niveles educativos.
El protocolo deberá incluir medidas como el suministro adecuado en cantidad y calidad de equipos de protección individual, así como la realización de pruebas diagnósticas, para alumnos, profesores y personal de administración y servicio; la
fijación de aforos máximos en función del tamaño de las aulas o el establecimiento de distancias mínimas entre los alumnos.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de junio de 2020.-María Sandra Moneo Díez y José Ignacio Echániz Salgado, Diputados.-Cayetana Álvarez de Toledo Peralta-Ramos, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Comisión de Trabajo, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones
161/001038
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Confederal Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley, para su debate en la de Comisión de
Trabajo, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones en materia de regulación de la laboralidad de los 'riders' al servicio de plataformas digitales.
Exposición de motivos
Recientemente se han dictado numerosas sentencias que reconocen el carácter laboral de la relación que une a los así llamados riders con las plataformas para las que prestan servicios. Las razones y los conceptos que exponen los tribunales
en las sentencias para fallar en contra de estas plataformas y a favor de la laboralidad de la relación son las que se exponen a continuación.
La organización del trabajo es uno de los aspectos fundamentales en este colectivo para que se den situaciones de abuso, dado que esta relación laboral no responde a un patrón clásico. Los riders dependen al 100 % de la app de la empresa
para realizar su trabajo, y toda la jornada de estos trabajadores se está a disposición del negocio y la plataforma. Es la empresa la que le dice al repartidor cuándo puede trabajar, cuánto puede ganar y dónde puede hacerlo, por lo que en ningún
caso pueden los riders ser considerados autónomos: carecen por completo de cualquier poder de decisión sobre su propio trabajo.
Otra de las notas características de la relación laboral sería la dependencia, en contraposición al concepto de autonomía en la prestación: los repartidores no tienen la autonomía que deberían tener como trabajadores autónomos. Dicha
autonomía ha de considerarse en el sentido de poder de gestión del negocio, por ejemplo, la relación con los proveedores, el precio. Y este tipo de autonomía no se da en ningún caso; una vez más, dependen completamente de la app de la empresa.
En cuanto a la ajenidad en la relación laboral, algunos de los indicios más comunes de en la doctrina jurisprudencial son la entrega de material al trabajador por parte del empresario y la toma de decisiones por parte del dueño de la empresa
-y no del trabajador- en cuestiones como las relaciones con el público o los precios del servicio. Gran parte de las sentencias que fallan en contra de las plataformas se apoyan en la ajenidad: los riders, no forman parte de las relaciones entre
plataforma, restaurantes y clientes.
Otra manifestación de la ajenidad en la relación laboral es la ajenidad en los medios: los riders aportan medios para prestación de sus servicios, pero esto no puede entenderse como una falta de ajenidad, sino más bien como un abuso
empresarial. La enorme importancia económica de la plataforma digital propiedad de la demandada que representa su marca como seña de identidad en el mercado y constituye, a su vez, su herramienta esencial de funcionamiento a través de distintas
aplicaciones informáticas en relación tanto a los comercios asociados y los clientes finales o usuarios que se conectan a ella. Y este es el verdadero medio que es ajeno al rider.
Y por último, hay que tener en cuenta la ajenidad en los frutos: el hecho de no cobrar por el servicio si este no llega a materializarse a satisfacción del cliente no es sino consecuencia obligada de la tipología de retribución por unidad
de obra que las partes pactaron, sin que ello suponga responder de su buen fin asumiendo el riesgo y ventura del negocio.
Por otra parte, un indicador claro del carácter laboral de la relación es el poder sancionador de la empresa, a través de su plataforma, que se ejerce de forma efectiva, unilateral y sin ningún tipo de control ni posibilidad de defensa por
parte del rider. Las plataformas suele emplear como sanción el bloqueo de la aplicación, sanción que no se entrega por escrito impidiendo así el derecho a la defensa más elemental, por no hablar de la imposibilidad de obtener una adecuada tutela
judicial efectiva.
Todas estas notas y características han sido expuestas por los tribunales en numerosas sentencias en las que se declara la laboralidad de este tipo de prestaciones de trabajo. A la que hay que añadir un razonamiento simple: nadie en su
sano juicio considera a los riders empresarios autónomos; nadie puede defender sin incurrir en un alto grado de cinismo e hipocresía que estas personas se lucran con el negocio de ser rider. Por el contrario, lo que subyace en esta relación
laboral no reconocida es, por un lado una serie de trabajadores que buscan empleo y por otra una empresa que trata de evitar costes de personal no reconociendo derechos a sus trabajadores.
Cuando se habla de la precariedad de los riders no solo nos referimos a sus condiciones contractuales o salariales, ya de por sí paupérrimas. La precariedad en este colectivo se extiende a la peligrosidad inherente a la prestación de sus
servicios y la nula inversión por parte de sus empleadores en prevención de riesgos laborales, negándose a asumir su responsabilidad en materia de control de la prestación, vigilancia de la salud y garante de la prestación del trabajo en condiciones
de seguridad y salud adecuadas.
Especialmente grave y relevante en los últimos tiempos es la situación que estos trabajadores han tenido que vivir en la crisis sanitaria del COVID-19, trabajando sin las más mínimas medidas de seguridad y salud y sin que sus empleadores
proporcionaran medios materiales adecuados para llevar a cabo su trabajo.
Por todo ello, y en el marco de las nuevas formas de economía colaborativa, se hace urgente y perentorio regular las nuevas formas de prestación laboral que surgen al hilo de las nuevas tecnologías, con el fin de garantizar los derechos de
los trabajadores. Derechos que en muchos casos son vulnerados sin oposición alguna aprovechando la situación de necesidad de los trabajadores precarios que no pueden permitirse rechazar de plano las condiciones laborales que les ofrecen.
Por todo ello el Grupo Parlamentario Confederal Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
Uno. Regular de forma urgente la figura de los 'riders' estableciendo expresamente la laboralidad de este tipo de relación entre empresario y persona trabajadora basada en plataformas digitales.
Dos. Regular expresamente las condiciones que dan lugar a este tipo de relación laboral con el fin de evitar situaciones de abuso creadas por un vacío normativo, como se ha producido hasta ahora. En especial, establecer la duración mínima
de su jornada así como las condiciones de la prestación laboral, en especial la ajenidad en los medios, para evitar que la persona trabajadora tenga que poner los medios para realizar su propio trabajo.
Tres. Garantizar que se cumplan las medidas de prevención de riesgos laborales en este sector, regulando expresamente las peculiaridades de la actividad y dictando las instrucciones precisas a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social
para que garantice la prestación del trabajo en unas condiciones adecuadas de seguridad y salud.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de junio de 2020.-Alberto Rodríguez Rodríguez, Diputado.-Txema Guijarro García, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común.
Comisión de Industria, Comercio y Turismo
161/001033
A la Mesa del Congreso de los Diputados
D.ª Macarena Olona Choclán, D.ª Patricia Rueda Perelló, D. José María Figaredo Álvarez-Sala, D.ª Mireia Borràs Pabón, D. Andrés Alberto Rodríguez Almeida y D.ª María de la Cabeza Ruiz Solás, en su condición de Portavoz Adjunta y Diputados
del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX), al amparo de lo establecido en los artículos 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan la siguiente Proposición no de Ley relativa a revisar en profundidad nuestro comercio
con la República Popular China, para que se debata en la Comisión de Industria, Turismo y Comercio.
Exposición de motivos
Primero. La República Popular China (en adelante, 'China') ha conseguido un desarrollo económico que ha hecho crecer su economía más de doscientas veces según el Banco Mundial. Actualmente, es la segunda economía del mundo en PIB nominal y
la primera en paridad de poder adquisitivo (PPP). La
primera en actividad comercial tanto en importaciones como exportaciones que generan una balanza de pagos positiva de más de 400 mil millones de dólares americanos, y unas reservas de 3,4 billones de dólares. Pese a todo, aún le queda a
China bastante camino por recorrer, pues con algo menos de 18 mil dólares de renta per cápita, los 1.400 millones de chinos no han llegado a la media de renta per cápita mundial.
Segundo. Desde finales de los años ochenta el Mundo ha ido comprobando como las sociedades socialistas que llegaron a gobernar a más de un tercio de la humanidad se han ido incorporando al capitalismo. Hoy las pocas economías socialistas
que quedan tienen unos niveles socioeconómicos muy pobres.
Pero dentro de la evolución hacia libertad no todos los países han podido consolidar el denominado modelo occidental de las democracias. Algunos países han derivado hacia un capitalismo salvaje denominado capitalismo político en el que la
democracia no existe. Son estados donde impera un partido único de procedencia comunista, donde el principio de legalidad se practica de forma muy poco consistente, existe una burocracia todopoderosa y una gran autonomía del estado, que no implica
necesariamente mantener la propiedad sobre los medios de producción, pero sí una gran capacidad para dirigirlos (Milanovic).
Dentro de estos capitalismos políticos, el de China, constituye uno de los grandes hitos de la historia económica. Un hito al que ha contribuido sin duda la generosidad y pasividad de muchos de los estados denominados occidentales a la hora
de mantener intercambios con China, permitiendo prácticas laborales atroces, un coste medioambiental altísimo, todo tipo de violaciones de los derechos de propiedad intelectual, una falta total de equivalencia en las relaciones comerciales y, en
demasiadas ocasiones, un flagrante dumping 1. El tratamiento de las inversiones chinas en el extranjero y viceversa no tienen ningún tipo de reciprocidad en su tratamiento.
Los intercambios de España con China están absolutamente desequilibrados pues importamos 29.155 millones de Euros y exportamos por valor de 6.801 millones de Euros, lo que supone un déficit comercial de 22.354 millones de Euros. Ello
implica una tasa de cobertura de 22.33 %, cifra que se ha repetido prácticamente en los últimos tres años.
En 2019 las importaciones crecieron un 8,3 % interanual, alcanzando los 29.155 millones de euros y ocupando el puesto 3 en la clasificación mundial. Los principales productos importados han sido los siguientes: equipos de
telecomunicaciones (6,3 %), máquinas de tratamiento y procesamiento de datos e información (4,4 %), transistores y dispositivos semiconductores (2,9 %), artículos de marroquinería (2,6 %), y juegos y juguetes (2,5 %). Con independencia de estos
rubros, debemos identificar aquellos productos que pueden fácilmente producirse en España y cuya ruptura en el suministro puedan causar gravísimos problemas como fue el caso de los EPIs durante la crisis sanitaria que hemos sufrido en los últimos
meses.
Los principales productos exportados han sido: carne de porcino congelada (24,9 %), cobre y sus aleaciones (6,5 %), despojos comestibles de animales (5,8 %), equipos, componentes y accesorios de automoción (5,2 %), y desperdicios y desechos
de cobre (3,1 %). En cuanto a las inversiones chinas en España tienen un carácter más bien modesto de apenas mil millones por año y raramente se realizan operaciones grandes o estratégicas 2.
Tercero. China y la Unión Europea (UE) constituyen los dos bloques comerciales más grandes del mundo con intercambios por valor de mil millones de Euros diarios. China también mantiene una balanza comercial positiva con la UE cifrada en
164 mil millones de Euros (362/198 MM ). En cuanto a las inversiones, la UE y China negocian desde 2012 con una treintena de rondas de negociación, un acuerdo que garantice la plena reciprocidad y el acceso en igualdad de condiciones de las
empresas de la UE al mercado chino. No se nos escapará que, dado el éxito del modelo, las posibilidades de un pleno acceso al mercado chino para los inversores europeos no son más que una entelequia.
Tal y como se ha demostrado durante la crisis producida por el nuevo coronavirus, la dependencia de nuestra economía frente al gigante chino es excesiva. Hemos tenido que importar guantes, batas, mascarillas y test (test muchos de ellos
defectuosos y mascarillas caducadas). Compras que deben ser investigadas por su falta de transparencia, sospechas de sobreprecios y oscurantismo recurrente. Incluso aún deben explicarse las razones por las que algunas importaciones urgentes de
material sanitario
1 1Práctica comercial que consiste en vender un producto por debajo de su precio normal, o incluso por debajo de su coste de producción, con el fin inmediato de ir eliminando las empresas competidoras y apoderarse finalmente del mercado.
2 2Todos los datos son de MINCOTUR, 2019.
esencial se 'perdieron' durante semanas. Material que no llegó para proteger a nuestros sanitarios, a nuestras Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y a la población en general. Los españoles deben ser informados si nuestras compras
urgentes con China se han realizado de forma seria, con honestidad, corrección comercial y a precios razonables.
Esta crisis ha evidenciado una realidad: la excesiva dependencia de España ante el gigante asiático. Un gigante que merma la capacidad de nuestra industria ante la competencia desleal que ejerce. Es una realidad que en la República
Popular China las condiciones salariales son mayoritariamente precarias. Hay asimetría, desequilibrio y falta de la adecuada reciprocidad, y tanto las empresas como las instituciones europeas e internacionales lo manifiestan.
Cuarto. Así el anuncio por el Gobierno de Australia de una investigación independiente sobre el origen del virus de Wuhan fue objeto de represalias por parte del país asiático con un bloqueo de las importaciones de carne y el
establecimiento de aranceles punitivos sobre la cebada. Así mismo se ha iniciado un boicot al consumo de productos australianos en China, incluido el carbón que se utiliza en sus centrales eléctricas.
No queremos dejar de destacar que cualquier país en cuyo seno hubiera surgido un virus como es el nuevo coronavirus COVID-19, que está causando centenares de miles de muertos y un daño muy profundo a las economías, merece una investigación
profunda y que se diluciden responsabilidades.
Canadá es otro ejemplo de la nueva agresividad china: con motivo de la detención de un ejecutivo de Huawei (extraditable a EE.UU.), se ha procedido a la detención de algunos ciudadanos canadienses en China como represalia. Este hecho, que
podría considerarse menor en el contexto de las relaciones internacionales, está causando un grave parón en el intercambio comercial entre los dos países.
Quinto. Finalmente, otro ejemplo de la nueva actitud del gobierno chino, ciertamente mucho más agresiva, es el endurecimiento del Gobierno con la imposición unilateral de una nueva ley de seguridad en Hong Kong y la limitación de las
libertades que goza el territorio bajo el principio pactado con los británicos en 1997 de un país, dos sistemas. En este sentido traeremos a colación las palabras del Alto representante de la UE para Asuntos Exteriores y Seguridad, Josep Borrell,
quien afirmó que: 'las medidas de China debilitaban la autonomía de Hong Kong', pero que no se preveía ninguna acción pese a que suponía un incumplimiento de las obligaciones internacionales de la República Popular China. Sólo Suecia ha pedido
expresamente que la UE actúe con contundencia.
La opacidad del régimen chino se ha incrementado con las políticas del actual presidente Xi Jinping. La cara amable del capitalismo (político) chino es cosa del pasado como se ha demostrado en los últimos tiempos. España está a tiempo de
revisar sus relaciones comerciales con China, exigir reciprocidad y acabar con las enormes y esenciales vulnerabilidades que hemos vivido por causa del nuevo coronavirus originado, paradojas de la vida, en China.
Sexto. Existen antecedentes de la revisión de nuestro comercio exterior por cuestiones estratégicas. De esta forma el suministro de productos petrolíferos pasó de un monopsonio de los países árabes a una diversificación de la oferta
incorporando el África del oeste (Nigeria en particular) y Sudamérica. También en este punto nos queremos referir a una Proposición no de Ley (25.435 de 30 de abril, 2020) relativa a la creación y mantenimiento de una reserva estratégica de
distintos materiales primando la producción nacional de los mismos. Una proposición que se basa en las reservas estratégicas establecidas por ley en algunos países como Suiza o EE.UU. o incluso el nuestro con respecto a los carburantes (Real
Decreto 1716/2004, de 23 de julio, por el que se regula la obligación de mantenimiento de existencias mínimas de seguridad, la diversificación de abastecimiento de gas natural y la corporación de reservas estratégicas de productos petrolíferos.).
Es por ello, que por el interés de nuestra industria y con el deseo de aumentar las exportaciones de productos españoles, el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a lo siguiente:
1. Revisar en profundidad los acuerdos comerciales bilaterales vigentes con la República Popular China, con la intención de trabajar contra la competencia desleal, falta de reciprocidad, así como la necesidad de impulsar una política
industrial y tecnológica esencial para que España pueda competir en los mercados globales.
2. Establecer un sistema de incentivos y avales para relocalizar la producción de dichos suministros estratégicos entre industriales españoles.
3. Valorar la reciprocidad en cuanto a las inversiones chinas en España directas o a través de empresas interpuestas dominadas por otras empresas chinas y de las inversiones españolas en China.
4. Elaborar y remitir a la Comisión de Industria, Turismo y Comercio, en un plazo no superior a tres meses, un informe pormenorizado sobre nuestras relaciones comerciales bilaterales con China.
5. Identificar especialmente las áreas en las que se potenciará la producción española por razones estratégicas y de vulnerabilidad por distintas causas y escenarios: rebrote del SARS-CoV-2, otras pandemias, cierre de fronteras,
interrupción del comercio con China, entre otras.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de junio de 2020.-Patricia Rueda Perelló, José María Figaredo Álvarez-Sala, Mireia Borràs Pabón, Andrés Alberto Rodríguez Almeida y María de la Cabeza Ruiz Solás, Diputados.-Macarena Olona Choclán,
Portavoz del Grupo Parlamentario VOX.
161/001037
A la Mesa del Congreso de los Diputados
D.ª Macarena Olona Choclán, D.ª Patricia Rueda Perelló, D. José María Figaredo Álvarez-Sala, D.ª Mireia Borràs Pabón, D. Andrés Alberto Rodríguez Almeida y D.ª María de la Cabeza Ruiz Solás, en sus respectivas condiciones de Portavoz Adjunta
y Diputados del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX), al amparo de lo establecido en los artículos 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan la siguiente Proposición no de Ley relativa a la adopción de las medidas
necesarias para proteger el comercio y acabar con las falsificaciones y la venta ilegal en España, para que se debata en la Comisión de Industria, Turismo y Comercio.
Exposición de motivos
Primero. La venta ilegal y las falsificaciones o infracciones de los derechos de propiedad intelectual es una lacra por el daño que produce al distorsionar la oferta fundamentalmente en el comercio y sus repercusiones en los ingresos
fiscales.
Son muchos los sectores afectados, como la electrónica (quizás el sector más afectado pues mueve casi el 90 % de las falsificaciones), la joyería; la moda, el calzado y el textil deportivo; los productos multimedia, los cosméticos, los
productos alimenticios, el tabaco, medicinas, juguetes y también los suministros del automóvil.
El impacto del daño de las falsificaciones es muy importante. El quebranto fiscal se calcula en más de 15 mil millones de euros en ingresos fiscales y contribuciones a la Seguridad Social 3. Estas actividades suponen para las empresas una
merma de su facturación y la pérdida de cuotas de mercado, además del perjuicio moral y del daño a la imagen provocando, a su vez, una importante disfunción en los mercados pues, además de los desvíos comerciales y el falseamiento de la competencia,
se produce una pérdida de confianza de los operadores y, por tanto, un descenso en la inversión, causando, en última instancia, que el volumen de empleo descienda. Asimismo, este fraude causa la pérdida de decenas de miles de puestos de trabajo,
llegando alguna de las estimaciones a los 67 mil.
El consumo de estos productos repercute en la adecuada protección de los consumidores para quienes estas actividades constituyen un engaño, y que se ven afectados en aspectos tan importantes como la salud y la seguridad pública. No podemos
olvidar, además, que muchos de estos productos se fabrican sin cumplir los mínimos de la legislación medioambiental. Y finalmente, la proliferación de estos da una imagen de país muy poco moderno donde no se respetan los derechos de la propiedad
intelectual.
Asimismo, las vulneraciones de este tipo de derechos han crecido de forma exponencial en los últimos años en la Unión Europea (UE), alcanzando niveles preocupantes, especialmente en los ámbitos relacionados con la salud y la seguridad.
3 1Datos de MINCOTUR.
Según señala la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO, por sus siglas en inglés), principal agencia de la UE dedicada exclusivamente a la propiedad industrial e intelectual, el volumen de falsificaciones en el comercio
podría ser de hasta el 6,8 % de las importaciones totales de la UE, o 121 mil millones de euros. Los costes económicos directos para las industrias legítimas en la UE derivados de la presencia de las falsificaciones en el mercado de la UE ascienden
a 50.000 millones de euros anuales en ventas perdidas, lo que corresponde a 416.000 empleos. Agregando los efectos colaterales en otros sectores produce una pérdida total de ventas de 83.000 millones de euros. Las consecuencias para la salud y la
seguridad de los productos falsificados son considerables, especialmente en el caso de medicamentos falsificados, cosméticos y otros productos cotidianos. Los consumidores europeos están expuestos a una serie de peligros derivados de productos
falsificados, que van desde exposición a productos químicos nocivos a asfixia, descargas eléctricas y una variedad de lesiones.
En lo que respecta a España, EUIPO estima que el mercado interno ha dejado de ingresar 2.200 millones de euros en el último año a causa de los productos falsificados y contenidos pirateados, siendo los sectores más afectados los cosméticos y
artículos para el cuidado personal (con más de 1.100 millones de euros de pérdidas), productos farmacéuticos (con más de 527 millones de euros de pérdidas), vinos y espirituosos (con más de 380 millones de euros de pérdidas), y juguetes y juegos
(con más de 380 millones de euros de pérdidas).
Segundo. Una encuesta reciente de SIGMA2 añade que el 65 % de los madrileños creen que la venta ilegal es un grave problema social que perjudica la imagen de la ciudad de Madrid.
Además, el mundo de la falsificación suele estar asociado con el blanqueo de dinero, el narcotráfico, la trata de seres humanos y la corrupción. España ocupa el cuarto país con mayor número de casos, tan solo detrás de Alemania, Bélgica e
Italia.
El último informe sobre campaña institucional contra las falsificaciones de 5 de diciembre de 2019, publicado por el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, señala que el índice nacional de criminalidad del Ministerio del Interior con
relación a Propiedad Industrial ascendió en relación con los años anteriores, destacando que el número de hechos conocidos ascendía a 1.604. Por Comunidades Autónomas, el ranking lo lidera Andalucía con un total de 461 intervenciones, Cataluña con
246, Comunidad Valenciana con 205 y Madrid con 174. En cuanto a objetos incautados, estos ascendieron a 6.116.730 en 2018. Por CC.AA., también es Andalucía la primera Comunidad Autónoma con 4.547.277 productos falsificados incautados, seguida de
lejos por Castilla y León con 488.162 productos incautados y Cataluña con 249.487. El número de detenidos e investigados ascendió 1.601.
En definitiva, y como así lo señala la Estrategia Nacional contra el Crimen Organizado y la Delincuencia Grave 2019-2023: 'en los últimos años los delitos contra la propiedad intelectual e industrial se han convertido en una de las
principales actividades lucrativas para una parte de la criminalidad organizada. Las elevadas ganancias económicas suponen una oportunidad inmejorable de negocio para el incremento de esta actividad, a menudo transnacional'.
Tercero. En el esfuerzo para combatir esta lacra intervienen todas las administraciones y poderes del estado. Pero es esencial, un efecto coordinador y nacional para dar una respuesta de estado a este problema. La imagen de España como un
país serio y respetuoso con los derechos de propiedad intelectual, la seguridad del tráfico mercantil y del consumo es esencial.
Nuestra legislación es muy exhaustiva al respecto, e incluye una protección penal que se encuentra en el título XIII del libro II de nuestro Código Penal, bajo la rúbrica de los 'Delitos contra el Patrimonio y el Orden Socioeconómico', y
concretamente en su capítulo XI, de los delitos relativos a la propiedad intelectual e industrial, al mercado y a los consumidores. Asimismo, se han incorporado al derecho español la legislación europea de protección de marcas con, entre otros, el
Real Decreto-ley 23/2018, de 21 de diciembre, de transposición de directivas en materia de marcas, transporte ferroviario y viajes combinados y servicios de viaje vinculados. Pero la persecución del delito de propiedad intelectual e industrial
apenas llega a las 1.292 condenas en el año 2019, aunque supone casi el triple desde el año 2014 cuando apenas sumaban 500 condenas (INE).
Cuarto. Además, es crucial realizar una buena campaña de comunicación para concienciar al consumidor de los daños que produce en nuestra economía y Hacienda la compra, consciente, de productos falsificados. Y para ello es esencial el
esfuerzo del Gobierno de la nación. Dichas campañas de sensibilización debe iniciarse desde los colegios e institutos hasta cubrir todos los segmentos de edad de nuestra sociedad, así como a través de distintos soportes gráficos y audiovisuales
difundidos en prensa escrita y digital, páginas web, redes sociales, establecimientos, mercados, dependencias municipales, etc.
Al quebranto en ingresos fiscales y contribuciones a la Seguridad Social, la pérdida de decenas de miles de puestos de trabajo, y el daño que provoca a los pequeños y grandes comercios que pagan impuestos y se atienen a la normativa
establecida hay que sumar que tras la venta ilegal actúan mafias de inmigración ilegal que vulneran derechos humanos.
Quinto. Los problemas que suscitan las actividades vulneradoras de los derechos de la propiedad industrial ha puesto de manifiesto la necesidad de lograr la máxima colaboración del sector público y privado, a fin de conseguir una mayor
eficacia y colaboración en la erradicación de las citadas conductas ilícitas.
Para tal fin, se creó la Comisión intersectorial para actuar contra las actividades vulneradoras de los derechos de propiedad industrial, órgano adscrito al Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. Actualmente se encuentra regulado por
el Real Decreto 54/2014, de 31 de enero, por el que se crea y regula la Comisión intersectorial para actuar contra las actividades vulneradoras de los derechos de propiedad industrial (Real Decreto 54/2014). Dicha Comisión sustituyó a la anterior
Comisión Interministerial para actuar contra las actividades vulneradoras de derechos de propiedad intelectual e industrial. La anterior estaba compuesta exclusivamente por miembros de la Administración General del Estado, sin perjuicio de que
pudieran ser invitadas otras Administraciones públicas y cualesquiera otras entidades públicas y privadas que tuvieran por objeto la protección de los derechos de propiedad intelectual e industrial. En la Comisión Intersectorial creada en el año
2005 se integran todos los entes públicos y privados que pudieran tener competencias o ámbitos de interés en el ámbito de la lucha contra las vulneraciones de los derechos de propiedad industrial, incluyendo las Administraciones Autonómicas y
locales y la representación del Consejo de Consumidores y Usuarios, en tanto que órgano de representación de los consumidores y usuarios de ámbito nacional, cumpliendo, por tanto, con el artículo 51 de la Constitución Española, según el cual:
'1. Los poderes públicos garantizarán la defensa de los consumidores y usuarios, protegiendo, mediante procedimientos eficaces, la seguridad, la salud y los legítimos intereses económicos de los mismos.
2. Los poderes públicos promoverán la información y la educación de los consumidores y usuarios, fomentarán sus organizaciones y oirán a estas en las cuestiones que puedan afectar a aquellos, en los términos que la ley establezca.
3. En el marco de lo dispuesto por los apartados anteriores, la ley regulará el comercio interior y el régimen de autorización de productos comerciales.'
Según el artículo 1 del Real Decreto 54/2014, el objeto de la Comisión intersectorial para actuar contra las actividades vulneradoras de los derechos de propiedad industrial será la coordinación operativa de las Administraciones públicas
entre sí y de estas con las organizaciones privadas dedicadas a la protección de los derechos de propiedad industrial para el estudio, propuesta y ejecución de las actuaciones destinadas a prevenir y eliminar las conductas vulneradoras de estos
derechos. Igualmente, es objeto de la Comisión asegurar la adecuada coordinación con las estructuras comunitarias y organismos internacionales con competencias en estas materias y el cumplimiento de las obligaciones internacionales que España asuma
en este campo. En concreto, la Comisión actuará como cauce de las acciones que sean necesarias para el cumplimiento de los fines del Observatorio Europeo para la lucha contra la falsificación (actual EUIPO).
La Comisión funcionará en Pleno y en grupos de trabajo. Estos últimos están constituidos por el Grupo de Trabajo de Normativa, el Grupo de Trabajo de Estadísticas y el Grupo de Trabajo de Sensibilización.
El Pleno de la Comisión intersectorial para actuar contra las actividades vulneradoras de los derechos de propiedad industrial está formado por diferentes representantes de la Administración general del Estado (Directores Generales del
Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, del Ministerio de Justicia, del Ministerio de Hacienda, del Ministerio del Interior, el Director General de la Oficina Española de Patentes y Marcas, entre otros) dos representantes de las
Comunidades Autónoma, un representante designado por la asociación de ámbito estatal con mayor implantación en representación de las entidades locales, un representante del Consejo de Consumidores y Usuarios y tres representantes de entidades
reconocidas en la defensa de la propiedad industrial.
Además, el Departamento de Coordinación Jurídica y Relaciones Internacionales de la Oficina Española de Patentes y Marcas prestará las funciones de apoyo y asistencia necesarias para el correcto funcionamiento de la Comisión.
Sexto. En resumen, la venta ilegal y las falsificaciones de productos, además de suponer una conculcación de los derechos de propiedad intelectual e industrial reconocidos por las leyes, producen efectos nocivos que afectan, además de a los
propios titulares de los derechos, al mercado, los consumidores, las empresas, la sociedad, así como al propio Estado. Es necesario, por tanto, establecer una serie de medidas dirigidas a reforzar el respeto de los derechos de propiedad industrial,
los derechos de autor y los derechos conexos, así como desarrollar acciones de sensibilización y comunicación para informar a los consumidores de los peligros de la falsificación. Estas medidas deben consistir, entre otras, en la elaboración de un
plan nacional de lucha contra la venta ilegal y falsificación de productos para los próximos 3 años, y no una previsión anual, como se venía anunciando en los últimos años, así como reforzar las campañas publicitarias de concienciación sobre la
importancia de los delitos contra la propiedad intelectual.
En virtud de todo lo expuesto anteriormente, el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a tomar cuantas medidas sean necesarias para proteger el comercio y acabar con las falsificaciones y la venta ilegal en España y, concretamente, la siguientes:
1. Elaborar, en el seno de la Comisión intersectorial para actuar contra las actividades vulneradoras de los derechos de propiedad industrial, un nuevo Plan Nacional de Lucha contra la venta ilegal y las falsificaciones de productos
2020-2023, con los siguientes objetivos:
- Establecer las líneas directrices y las actuaciones y medidas que sean necesarias para la prevención y eliminación de las actividades vulneradoras de la propiedad industrial.
- Promover la celebración de acuerdos y convenios con organizaciones públicas y privadas, nacionales e internacionales, que tengan entre sus fines la protección de los derechos de propiedad industrial.
- Formular a los órganos competentes propuestas sobre aquellas iniciativas y modificaciones legislativas o reglamentarias que se estimen necesarias para la eficaz protección de los derechos de propiedad industrial.
- Diseñar políticas efectivas de respeto de la propiedad intelectual y de apoyo a la innovación y a la creatividad.
- Proponer las actuaciones necesarias para la formación de las autoridades y agentes encargados de la persecución de las actividades ilícitas e infracciones de derechos de propiedad industrial.
2. Reforzar las campañas de concienciación y difusión social de los derechos de propiedad industrial destinadas a sensibilizar a los ciudadanos y a las organizaciones sociales sobre la necesidad de proteger la propiedad industrial.
3. Desarrollar iniciativas para ayudar a innovadores, creadores y empresas (en particular a las PYMEs) a proteger sus derechos de propiedad intelectual.
4. Proporcionar datos, herramientas y bases de datos para apoyar la lucha contra las vulneraciones de la propiedad intelectual.
5. Potenciar las relaciones de España con otros Estados y con organizaciones internacionales y comunitarias competentes en la lucha contra las actividades vulneradoras de los derechos de propiedad industrial.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de junio de 2020.-Patricia Rueda Perelló, José María Figaredo Álvarez-Sala, Mireia Borràs Pabón, Andrés Alberto Rodríguez Almeida y María de la Cabeza Ruiz Solás, Diputados.-Macarena Olona Choclán,
Portavoz del Grupo Parlamentario VOX.
161/001056
A la Mesa del Congreso de los Diputados
D.ª Macarena Olona Choclán, D.ª Patricia Rueda Perelló, D. José María Figaredo Álvarez-Sala, D.ª Mireia Borràs Pabón, D. Andrés Alberto Rodríguez Almeida y D.ª María de la Cabeza Ruiz Solás, en sus respectivas condiciones de Portavoz Adjunta
y Diputados del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX), al amparo de lo establecido en los artículos 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan la siguiente Proposición no de Ley relativa a la aplicación de un tipo
reducido del 10 % de IVA al servicio de alquiler de vehículos ('rent a car'), con el fin de equipararlo al resto de actividades turísticas, para que se debata en la Comisión de Industria, Comercio y Turismo.
Exposición de motivos
Primero. El sector de los vehículos de alquiler ('rent a car') incluye el alquiler de vehículos sin conductor para uso privado, reservados previamente para periodos de tiempo cortos o largos. Existe, actualmente, una estrecha relación
entre el sector turístico y el sector de vehículos de alquiler, dado que los turistas suponen un gran porcentaje de los consumidores de los citados servicios. Por ello, el aumento en el número de viajeros nacionales e internacionales tiene un
impacto directo sobre la demanda en el mercado de vehículos de alquiler. En el año 2018 el sector turístico alcanzó máximos históricos, recibiendo un total de 82,6 millones de turistas, 0,9 % más con respecto a los años anteriores. Este
crecimiento del sector turístico se vio reflejado en el incremento en la facturación del 3 % en el sector de vehículos de alquiler 4.
Segundo. Asimismo, el sector de los vehículos de alquiler se encuentra vinculado estrechamente al transporte y a la fabricación de automóviles. En el 2019, el citado sector compró 270.000 vehículos, lo que supuso una inversión de 5.400
millones de euros, constituyendo uno de los principales motores de desarrollo del sector industrial, dado que son el primer comprador de vehículos de los fabricantes de automóviles. En este mismo periodo de tiempo había, según la Dirección General
de Tráfico (DGT), 818.000 vehículos matriculados dedicados al alquiler. Además, estos vehículos se cambian con una periodicidad muy corta, entre seis meses y dos años, contribuyendo las compañías de alquiler de vehículos a la renovación y
modernización del parque móvil español, disminuyendo la edad media del parque e introduciendo coches con los últimos estándares de seguridad y medioambientales.
Según datos de la DGT, la antigüedad media de los turismos implicados en accidentes mortales se situó en doce años. Comparado con el vehículo privado medio, los coches de alquiler son más nuevos, se realiza un mantenimiento mejor y está
equipado con las últimas medidas de seguridad, lo que se puede asociar con una tasa menor de accidentes y una menor gravedad de los mismos. Además del peligro en la seguridad vial de las carreteras, la antigüedad del parque de vehículos tiene un
efecto negativo social y ambiental por la contaminación que producen.
El 20 % de los coches más antiguos son los responsables de más del 80 % de las emisiones de los vehículos. Concretamente, un vehículo actual emite un tercio menos de CO2 y un 85 % menos de NOx que uno de hace solo diez años 5. Además,
según la Organización Mundial de la Salud, las emisiones del tráfico tienen efectos a corto, medio y largo plazo sobre el bienestar de los ciudadanos. Un estudio realizado por la Federación Nacional de Vehículos de Alquiler (FENEVAL), federación
que representa al 95 % del sector, muestra que los vehículos de 'rent a car' tienen una media de emisiones de CO2 de 124,6 grs/km, mientras que el resto de vehículos emiten un promedio de 138,1 grs/km, lo que supone un ahorro de 14 grs/km de
emisiones, lo que sin duda será de interés del Gobierno habida cuenta de la preocupación por el medio ambiente y que estos vehículos realizaron en 2019 31.350.784.080 kilómetros. Además, las compañías de vehículos, como hemos mencionado, renuevan
su flota con una periodicidad muy corta por lo que los vehículos son más eficientes y menos contaminantes.
Tercero. El turismo y la automoción representan casi un 25 % del Producto Interior Bruto, a lo que contribuye enormemente el sector de alquiler de vehículos. Entre los años 2018 y 2019 creció el número de empresas dedicadas al alquiler de
vehículos un 2,7 %, pasando de 2.094 a 2.150, a pesar de las previsiones de desaceleración de la economía por sus ciclos. De estas empresas, el 92 son PYMEs con menos de diez empleados. Si bien se preveía una cierta crisis del sector por la
inercia de la economía
4 1 DBK, 'Renta-a-Car', Mayo 2018.
5 2 Datos obtenidos de ANFAC (Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones).
para este año, sin embargo, la crisis provocada por el virus de Wuhan ha sumido al sector en una situación crítica.
El nuevo coronavirus SARS-CoV-2 (COVID-19) está causando un impacto muy negativo en el sector de vehículos de alquiler. Durante la vigencia del estado de alarma decretado por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, para la gestión de la
situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, el 30 % de las empresas del sector de vehículos de alquiler ha permanecido cerrada y prácticamente el 100 % de las que sí abrieron presentaron ERTEs. En España el sector prevé cerrar el
presente ejercicio con una reducción de sus ingresos del 75 %, a causa del COVID-19, lo que situaría la facturación del total de las compañías alquiladoras que operan en el mercado nacional en unos 450.000 millones de euros, en comparación con los
1.800 millones que ingresaron en 2019 6. Muchas compañías han cuantificado pérdidas de aproximadamente el 90 % del negocio, sobre todo en zonas turísticas, ya que el alquiler de vehículos está estrechamente vinculado al turismo, viéndose algunas
incluso forzadas a cerrar temporalmente.
En una encuesta realizada por FENEVAL se revela que el 45 % de las empresas se plantean la venta de activos (vehículos) con los que obtener liquidez, mientras que un tercio del total de empresas se encuentra en serio peligro de desaparición.
Sólo en marzo se registró una caída del 75,14 % de las compras de automóviles por parte de las empresas alquiladoras en comparación con febrero de presente año.
Cuarto. Con estas previsiones, que pueden ser incluso mayores, se hace necesario adoptar medidas que impulsen al sector y faciliten su supervivencia, pues no se puede olvidar que es un sector importantísimo para dos de los pilares clave de
nuestra economía: turismo y automoción. Cabe recordar, además, que son muchas las empresas de vehículos de alquiler y los empleos en juego pues el sector de las alquiladoras de vehículos genera 40.000 puestos de trabajos directos e indirectos.
Este sector genera un gran volumen de riqueza a otros sectores como la Logística, Marcas de Automóviles, Talleres, Recambios, Publicidad, Consultoría, Hostelería, Hoteles, Alquileres Propiedades, Petroleras, etc.
Actualmente, el sector tiene un tipo impositivo de IVA del 21 % (el 15 % en el equivalente IGIC de Canarias), mientras que los transportes de pasajeros y el turismo están gravados con el 10 % (7 % IGIC). Con una reducción del tipo
impositivo del IVA (y del IGIC) para equipararlo con el turismo y el transporte de viajeros se obtendrían réditos importantísimos para el Estado además de salvar al sector. Cabe destacar que el 90 % de las contrataciones de vehículos de alquiler se
realiza a través de paquetes turísticos. Por tanto, no parece lógico que se apliquen gravámenes diferentes sobre conceptos que se conciben como parte de un mismo programa turístico. Y es que, mientras que el transporte de viajeros, los
alojamientos y la restauración tributan con un IVA reducido del 10 %, el sector de alquiler de vehículos ('rent a car') lo hace en el régimen general (21 %), lo que supone un agravio comparativo hacia las empresas del sector por dos frentes, el
transporte y el turismo, dos actividades que se han visto gravemente afectadas con la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.
Quinto. FENEVAL ha publicado, recientemente, un estudio relativo a la aplicación del IVA turístico al sector de vehículos de alquiler ('renta a car'), elaborado por MSI Iberia, S.L. En el citado estudio se realiza un balance global
comparativo de los ingresos de Hacienda aplicando, en el primer caso, un 21 % del IVA al cliente final de alquiler de Turismos y, en el segundo, un 10 % de IVA a los Turismos manteniendo, a su vez, el 21 % de IVA a los comerciales. Partiendo de
cada uno de estos dos escenarios, se calculan las siguientes fuentes de ingresos:
- El IVA que ingresaría Hacienda en cada escenario por parte de los clientes finales que alquilan vehículos.
- El IVA que ingresaría Hacienda en cada escenario por la compra de vehículos de las empresas de alquiler de vehículos ('rent a car') a las Marcas.
- Los ingresos que tendría Hacienda en IRPF y Seguridad Social por parte del empleado y los costes salariales a empresas en cada escenario.
- Los ingresos que tendría Hacienda del Impuesto de Sociedades sobre la rentabilidad de las empresas en su facturación.
- Los ingresos que tendría Hacienda sobre los impuestos a los carburantes en cada escenario según kilómetros recorridos.
6 3 Datos de FENEVAL.
Aplicación 21 % IVA
;Año 2020;Año 2021
Ingresos IVA Alquiler Final.;119.597.782;267.684.961
Ingresos IVA Compra Vehículos.;203.464.097;457.563.449
Ingresos por Empleados.;60.325.693;70.667.241
Ingresos por I.S rentabilidad Empresas.;9.254.590;20.710.931
Ingresos impuestos carburantes s/kms.;13.815.863325;16.982.351.100
Total.;14.208.505.487;17.798.941.682
Aplicación 10/21 % IVA*
;Año 2020;Año 2021
Ingresos IVA Alquiler Final.;135.282.402;162.539.220
Ingresos IVA Compra Vehículos.;272.559.235;524.659.316
Ingresos por empleados.;83.963.516;96.202.462
Ingresos por I.S rentabilidad Empresas.;13.483.374;22.768.351
Ingresos impuestos carburantes.;15.615.958.232;17.686.849.950
Total.;16.121.246.759;18.493.019.300
* Se ha tenido en cuenta que en el 2020 se facturan los seis primeros meses los Turismos al 21 % de IVA.
Diferencia en volúmenes
;Año 2020;Año 2021
Ingresos IVA Alquiler Final.;15.684.620;-105.109.741
Ingresos IVA Compra Vehículos.;69.095.138;67.095.867
Ingresos por empleados.;23.637.823;25.535.221
Ingresos por I.S rentabilidad Empresas.;4.228.784;2.057.420
Ingresos impuestos carburantes.;1.800.094.907;704.498.850
Total.;1.912.741.272;694.077.618
Fuente: Informe realizado por MSI Sistemas de Inteligencia de Mercado 'Estudio aplicación IVA turístico al sector Rent a Car.
En atención a los anteriores cuadros, tanto en 2020 como en 2021, la Hacienda Pública ingresaría más con una reducción del tipo impositivo del IVA hasta el 10 % (7 % IGIC), recaudándose 1.912.741.272 euros en 2020, y 694.077.618 euros en
2021.
Según el estudio de MSI Iberia el efecto sobre empresas y trabajadores también es notable. Con esa reducción habría 480 empresas más activas en 2020 y un número similar en 2021, que supondría la conservación del sector, dando empleo a 1.632
trabajadores directos en 2020 y en torno a 1.800 en 2021.
Además de ello, se adquirirían casi 25.000 vehículos más en 2020 y otros 14.500 en 2021, lo que, a su vez, implicaría un ahorro en cuanto a emisiones de CO2.
El estudio concluye señalando que a pesar del menor ingreso de IVA en el año 2021, debido al alquiler final, se recupera y se supera en los siguientes conceptos. Todo sin perjuicio de los efectos negativos que
conllevaría la no aplicación del tipo reducido del IVA al sector, generando un mayor aumento de desempleo e incrementando, por tanto, el coste del Estado en las prestaciones de desempleo.
Asimismo, no se puede desconocer que lo que se viene llamando 'nueva normalidad' por el Gobierno, conlleva, entre otras consecuencias, que los españoles opten por transportes alternativos al público para evitar posibles contagios, con lo que
el parque de vehículos de alquiler, más modernos, seguros y ecológicos daría una respuesta a esta nueva demanda.
Finalmente, es preciso destacar que más de dos tercios de la actividad del sector de vehículos de alquiler están relacionada con el turismo, por lo que debería ser considerado a efectos tributarios como un subsector turístico y, por tanto,
gravarse con un IVA reducido.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a llevar a cabo todas las acciones necesarias para ejecutar, en el marco de la Directiva 2006/112/CE del Consejo, de 28 de noviembre de 2006, relativa al sistema común del impuesto sobre el
valor añadido, la modificación de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido, con el objeto de aplicar un tipo reducido del 10 % de IVA al servicio de alquiler de vehículos ('rent a car'), a fin de equipararlo al resto
de actividades turísticas como los servicios de hostelería o el transporte de viajeros.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de junio de 2020.-Patricia Rueda Perelló, Mireia Borràs Pabón, Andrés Alberto Rodríguez Almeida, María de la Cabeza Ruiz Solás y José María Figaredo Álvarez-Sala, Diputados.-Macarena Olona Choclán,
Portavoz del Grupo Parlamentario VOX.
Comisión de los Derechos Sociales y Políticas Integrales de la Discapacidad
161/001029
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para impulsar medidas extraordinarias
de apoyo a las personas y familias en situación de vulnerabilidad o riesgo de exclusión como consecuencia de la crisis del coronavirus, para su debate en Comisión de Derechos Sociales y Agenda 2030.
Exposición de motivos
La pandemia causada por la COVID- ha derivado en una crisis sanitaria, económica y social. Ha generado nuevas situaciones de pobreza, con muchas más personas vulnerables y en exclusión social.
Este aumento de la pobreza en España proviene de la pérdida de empleo y los ERTE generada por el confinamiento decretado por el Gobierno para responder a la pandemia del COVID-19. Es una crisis que ha generado nuevos perfiles de usuarios de
los servicios sociales y nuevas demandas.
Durante estos meses son millones las personas que han perdido su empleo o se han visto afectadas por un ERTE. Son demasiadas las familias que se han visto sin nada de un día para otro, y han tenido que recurrir a ayudas para alimentarse,
acudiendo a los servicios sociales municipales o a las entidades del tercer sector, como Cáritas o Cruz Roja.
Las Comunidades Autónomas, las corporaciones locales y las entidades del Tercer Sector de Acción Social han visto como se han multiplicado las peticiones de ayuda de urgente necesidad.
El ayuntamiento de Madrid ha invertido 19 millones de euros en ayudas alimentarias para asistir a 82.000 personas y 30.000 familias en Madrid. Ha dedicado el 20 % del superávit del año 2019 a paliar la crisis económica y social. En la
Comunidad de Madrid, las unidades de Respuesta Social se han incrementado un 125 %. Castilla y León ha destinado a las corporaciones locales un total de nueve millones de euros del Fondo Social Extraordinario para cofinanciar las necesidades
sociales generadas por la crisis del COVID-19.
Es importante destacar la coordinación entre el sector público y el privado, para generar juntos respuestas más potentes a las nuevas situaciones de pobreza surgidas como consecuencia de la pandemia.
El objetivo de todos debe ser detectar los nuevos casos con antelación, y ofrecer la mejor atención a las personas y familias que se encuentran en situación de vulnerabilidad o exclusión como consecuencia del coronavirus.
Poniendo siempre a las personas y a su dignidad en el centro de todas las atenciones, habría que plantearse un reto:
Detectar y dar respuesta a las necesidades emergentes de los ciudadanos, una respuesta unificada e integral a las personas en desventaja social como consecuencia del coronavirus, personas que se han quedado sin ingresos durante la pandemia.
Es prioritario atender las necesidades de estas personas, con garantías de acceso y proximidad, agilidad en la atención y provisión inmediata de recursos a sus circunstancias de desventaja, evitando la caída en situaciones de nueva exclusión
social.
Para ello, es necesario que el Gobierno impulse medidas extraordinarias de apoyo a las personas y familias afectadas. Así mismo, debería mejorar la coordinación y acción conjunta entre todos los servicios sociales y de empleo para atender a
estas personas.
Las comunidades autónomas necesitan conocer el escenario presupuestario y los porcentajes de déficit y deuda, para la reactivación económica y la recuperación del empleo, así como para proteger a los más vulnerables.
Igualmente, el Gobierno debería flexibilizar los criterios para que los ayuntamientos que tienen superávit puedan destinar ese dinero a pagar los gastos generados por la pandemia, proteger a las personas más vulnerables, e impulsar la
creación de empleo.
Por todo ello, se plantea la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Activar un canal de detección, en colaboración con las comunidades autónomas, de las situaciones nuevas de vulnerabilidad para garantizar una atención inmediata con el fin de dar una respuesta urgente a las necesidades más básicas de
vulnerabilidad (personas que han perdido sus apoyos habituales, familias con insuficientes recursos económicos y personas que, por enfermedad u otras circunstancias, no puedan salir de casa).
2. Impulsar medidas extraordinarias de apoyo a las personas y familias afectadas por la crisis en situación de vulnerabilidad o riesgo de exclusión como consecuencia de la crisis.
3. Mejorar la coordinación entre los diferentes ministerios, conectar los servicios sociales con el sistema de empleo y otros servicios que permitan cubrir las necesidades de subsistencia y mejorar su inclusión social y laboral.
4. Aprobar un Fondo Extraordinario no reembolsable, para hacer frente a la inversión realizada por las comunidades autónomas y corporaciones locales, destinado a hacer frente a las necesidades básicas de las personas sin ingresos como
consecuencia de la pandemia.
5. Impulsar un Plan de acción para protegerá las personas más vulnerables para garantizar la inserción laboral y la empleabilidad de las personas afectadas por la crisis, a través de proyectos de inserción sociolaboral.
6. Facilitar el uso de los remanentes de tesorería y flexibilizar los criterios para que los ayuntamientos puedan destinar su superávit a protegerá las personas más vulnerables como consecuencia de la pandemia COVID-19.
7. Impulsar un Fondo destinado a las entidades del Tercer Sector de Acción Social para afrontar las nuevas necesidades generadas como consecuencia del COVID-19.
8. Impulsar, en el marco de la Unión Europea, que el Fondo de Ayuda Europea para las personas más vulnerables (FEAD) para el periodo 2021-2027 mantenga el presupuesto asignado para el periodo 2014-2020, más de 3.800 millones, con objeto de
incrementar las intervenciones de carácter social, y mejorarla atención a los beneficiarios del mismo como consecuencia del coronavirus.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de junio de 2020.-Alicia García Rodríguez, Pilar Marcos Domínguez, María Sandra Moneo Díez, Concepción Gamarra Ruiz-Clavijo, María Teresa Angulo Romero, María del Carmen González Guinda, Carmelo
Romero Hernández, Diego Movellán Lombilla, Miguel Ángel Paniagua Núñez y Carmen Navarro Lacoba, Diputados.-Cayetana Álvarez de Toledo Peralta-Ramos, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación
161/001042
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Plural, a instancia del Diputado del Bloque Nacionalista Galego (BNG) Néstor Rego Candamil, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente
Proposición no de Ley sobre el aumento de la cuota de la sardina en la flota del cerco de Galicia para su debate en la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación.
Exposición de motivos
La pesquería de la sardina es una de las más tradicionales e importantes para el sector pesquero gallego, y más concretamente para los barcos del cerco. A principios del mes de mayo se publicaba en el Boletín Oficial del Estado la
Resolución de 30 de abril de 2020, de la Secretaría General de Pesca, por la que se establecen disposiciones de ordenación de la pesquería de la sardina ibérica (Sardina pilchardus) que se pesca en aguas ibéricas de la zona CIEM VIIIc y IXa, dándose
inicio a la campaña el 4 de mayo para los barcos gallegos y del Cantábrico noroeste.
Los barcos del cerco gallego podrán pescar hasta el 31 de julio pero tienen la limitación de 1.860,426 toneladas de sardina. Esta cuota máxima es resultado de un acuerdo entre Portugal y el Estado español, mediante el cual, ante la
preocupante situación que atravesó hace años la sardina, se limitaba su explotación para garantizar la recuperación biológica de la especie. Reparto, en el que curiosa e inexplicablemente, a pesar de tener solo Galicia más barcos que todo Portugal,
el reparto ha favorecido al país luso, al que corresponde un 66% de la cuota a repartir.
Sin embargo, el problema ahora mismo no es la cantidad de recursos de la especie, pues los últimos estudios realizados por el Instituto Portugués del Mar y la Atmósfera, como el PELAGO20 en el que se ha analizado la presencia de bancos de
sardina en toda la costa de Portugal y el Golfo de Cádiz, han constatado un aumento considerable de la sardina. Este estudio, realizado con el buque oceanográfico Miguel Oliver, de la Secretaría General de Pesca, avala que la costa gallega está
llena de sardina, y prueba de ello es que, en este momento se pueda pescar en todo el litoral.
Así, la flota del cerco se verá obligada en breve a parar su actividad, pues cubrirá su cuota antes incluso de la fecha límite pactada para la pesquería, limitación que no se entiende cuando la especie se encuentra ahora plenamente
recuperada, motivo por el que el sector solicita que se establezca un aumento significativo de la cuota actual, permitiendo de este forma el mantenimiento de la actividad que permita su subsistencia. De no aumentarse de forma importante la cuota, y
dado que en este momento no tienen otra pesquería alternativa se pondría en riesgo la continuidad de la flota del cerco, y se privaría de un motor económico fundamental a las poblaciones costeras gallegas.
Por todo lo expuesto anteriormente, se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a realizar las gestiones necesarias para, teniendo en cuenta los últimos estudios realizados sobre los recursos disponibles de la especie que indican la total recuperación de la misma, aumentar
de forma significativa la cuota a disposición de la flota del cerco de la pesquería de la sardina ibérica (Sardina pilchardus) que se pesca en aguas ibéricas de la zona CIEM VIIIc y IXa, garantizando así la viabilidad y mantenimiento de la actividad
del sector que de otro modo vería peligrar su subsistencia.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de junio de 2020.-Néstor Rego Candamil, Diputado.-Laura Borràs Castanyer, Portavoz Adjunta del Grupo Parlamentario Plural.
161/001043
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición
no de Ley para el apoyo firme a las explotaciones familiares que garantizan el abastecimiento de productos del sector primario, para su debate en la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación.
Exposición de motivos
Ante esta emergencia nacional, de salud pública, como lo es la lucha contra la epidemia del coronavirus COVID-19, es necesario la colaboración entre todas las administraciones con unidad y cooperación en la búsqueda de soluciones para el
sector agrario.
Hay que poner en valor la respuesta que está dando el sector, es decir, hay que elogiar el trabajo y el sacrificio de productores, trabajadores, empresarios, así como de las cadenas de distribución que ante esta crisis sanitaria sin
precedente, que ha obligado al Gobierno a decretar el estado de alarma, están consiguiendo el buen funcionamiento de la cadena alimentaria para asegurar el abastecimiento de la población.
Como ha quedado remarcado, este sector es considerado estratégico conforme al artículo 15 del Real Decreto 463/2020, que declara el estado de alarma, y que establece que las autoridades adoptarán las medidas necesarias para garantizar el
abastecimiento alimentario.
Todo esto nos tiene que hacer reflexionar sobre la importancia que debemos dar a la agricultura familiar que es la mayoría a nivel mundial, produciendo más del 60 % de los alimentos del planeta, y es clave en la lucha contra el cambio
climático y en el mantenimiento de la biodiversidad.
En España alrededor del 80 % de las explotaciones son familiares y el trabajo familiar supone casi el 60 % del empleo agrario. Esto debería obligarnos a trabajar en promover que las explotaciones agrarias sean productivas, competitivas y
sostenibles, en su triple vertiente, ambiental, económica y social, hay que hacer un especial esfuerzo para favorecer el relevo generacional, incrementando los apoyos para la incorporación de las mujeres, y de jóvenes agricultores.
Dentro de la PAC, los trabajos del Plan Estratégico deben de servir para identificar las necesidades reales de la agricultura, diseñando las medidas más adecuadas para mejorar la competitividad y la sostenibilidad, con una especial atención
a las explotaciones familiares.
Desde España. Dentro del proceso de reforma de la PAC se tiene que defender una PAC más justa y equilibrada, que apoye a la agricultura familiar y en la que se distribuya los apoyos a partir de determinados niveles de ayuda a través de la
aplicación del 'capping' y del pago redistributivo.
Ante la situación producida por la crisis del COVID-19 en el sector agrario y ganadero; y para poder garantizar la continuidad de los diferentes sectores agrarios, y para defender al máximo a la agricultura familiar, el Grupo Parlamentario
Socialista, presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados, insta al Gobierno a reforzar el apoyo a las explotaciones familiares agrarias, y a sus profesionales, dado que son la principal fuente del abastecimiento de alimentos en España, y su actividad ayuda a vertebrar
el territorio.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de junio de 2020.-Herminio Rufino Sancho Íñiguez, Diputado.-Felipe Jesús Sicilia Alférez y Rafael Simancas Simancas, Portavoces del Grupo Parlamentario Socialista.
161/001048
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Plural, a instancia del diputado del Bloque Nacionalista Galego (BNG) Néstor Rego Candamil, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente
Proposición no de Ley para la eliminación de la cuota que limita la pesca de la sardina con el arte tradicional del xeito, para su debate en la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación.
Exposición de motivos
El xeito es una actividad profesional pesquera fundamental para Galicia. Se trata de un sector estratégico tanto por su dimensión social como por su peso económico en muchos pueblos costeros por los ingresos que genera en los mismos.
En Galicia se contabilizan unas 427 pequeñas embarcaciones que tienen en su permex el arte del xeito, y se localizan principalmente en los puertos de las Rías Baixas (A Guarda, Cabo de Cruz, Poio, Rianxo, Cambados, Illa de Arousa, A Pobra e
Redondela, entre otros). El xeito es un arte de enmalle muy selectiva, en la que el 85 % de las capturas corresponden a la sardina. Es un arte artesanal y sustentable, que debe quedar por este motivo fuera de Tacs y cuotas.
La pesca con el arte del xeito, al igual que todo el sector de la pesca artesanal, debería quedar exento, a la mayor brevedad, de estar sometidos a topes de captura pues, de lo contrario, se condenaría a la desaparición una actividad
pesquera ancestral y respetuosa con la biodiversidad de los hábitats naturales de nuestras Rías y Costas, muy distinto a un sistema de producción industrial, que son los que pueden poner en riesgo la conservación de las pesquerías y la biodiversidad
marina.
La propia Política Pesquería Común (PPC) en su artículo 17, entre otros, establece criterios para aplicar que ciertos casos puedan quedar fuera del establecimiento de cuotas. La pesca artesanal como el arte del xeito, cumple con todos los
requisitos para obtener el reconocimiento de exención de Tacs y cuotas para este segmento de flota. Además, la propia resolución del Parlamento Europeo, de 15 de diciembre de 2015-2015/2092(INI), en su apartado 25, considera que la pesca artesanal
incidental dentro de las aguas interiores de los estados miembros y sus regiones debe quedar fuera de Tacs y cuotas.
Además, la flota del xeito se ve gravemente afectada por la estacionalidad fijada, pues el estado óptimo de la sardina se sitúa en los meses de julio, agosto y septiembre, pero la regulación actual, limita la pesca de la sardina hasta el 31
de julio. A mayores, la cuota asignada es diaria y no acumulativa, por lo que los días en que las condiciones no permiten faenar no pueden ser recuperados y computan igualmente.
Otra regulación que ha afectado gravemente al sector ha sido la autorización en exclusiva para la pesca de la sardina de las embarcaciones que pudieran acreditar haberse dedicado a esta pesquería en los últimos tres años, lo que ha dejado
fuera muchas embarcaciones que, o bien habiéndolo hecho no pudieron acreditarlo, o bien, por motivos puntuales no faenaron en alguna de esas campañas. Ese criterio es injusto y arbitrario, y parece diseñado con la única finalidad de reducir el
número de embarcaciones dedicadas a la pesca de la sardina, y así erradicar paulatinamente el arte del xeito.
Diferentes entidades y asociaciones han presentado ya alegaciones en este sentido, pero no han sido escuchadas por parte del Gobierno, cuando son dos reclamaciones justas y avaladas por la legalidad vigente.
Por todo lo expuesto anteriormente, se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Eliminar la cuota de capturas de sardina para la flota del xeito por tratarse de un arte artesanal y sustentable que no pone en riesgo la actual buena salud de la especie, y mientras tanto, de forma inmediata, ajustar e incrementar las
cantidades de captura de sardina para la flota del xeito, que no bajen de los 200.000 kgs o, como mínimo, establecer un porcentaje semejante al de capturas reales del año 2019.
2. Incluir en el listado de embarcaciones habilitadas para la pesca de la sardina a la totalidad de embarcaciones autorizadas hasta el año 2018 para la captura de la sardina y que han sido eliminadas al no acreditar ventas durante los años
anteriores a la Orden APM/605/2018, de 1 de junio.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de junio de 2020.-Néstor Rego Candamil, Diputado.-Laura Borràs Castanyer, Portavoz Adjunta del Grupo Parlamentario Plural.
Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico
161/001053
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Más País-Equo, en el Grupo Parlamentario Plural, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la declaración del eucalipto como 'especie invasora' y la
planificación de su sustitución por otras especies menos dañinas para el medio ambiente y la economía del medio rural, en la Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico.
Exposición de motivos
Proteger la biodiversidad de nuestro país es uno de los deberes pendientes en la lucha contra el cambio climático, pero también como la forma más eficiente de crear una barrera natural que nos proteja de posibles crisis como la causada por
la COVID19. Numerosos estudios han demostrado que la pérdida de biodiversidad tiene como consecuencia directa la mayor propagación de virus y enfermedades. Por eso, en esta nueva etapa de reconstrucción económica y social no podemos olvidar que,
si queremos recuperarnos de una catástrofe, no podemos hacerlo siguiendo las mismas lógicas que nos trajeron hasta aquí.
En todo el norte peninsular se apostó durante años por la plantación de distintas variedades de Eucalyptus como forma rápida de obtener más recursos naturales. Pero en ese proceso se obvió que el eucalipto no es un árbol más: es una
especie que seca los manantiales, destruye la estructura del suelo hasta hacerlo estéril, dificulta el crecimiento de otras plantas y, sobre todo, incrementa exponencialmente el riesgo de incendios forestales que arrasan todo el ecosistema del
monte, como ya ha sucedido años atrás en Portugal y Galicia. Este comportamiento ha sido estudiado y documentado desde hace años por la comunidad científica, que ha advertido de forma reiterada sobre los peligros de su plantación masiva.
Proteger la biodiversidad exige cuidar nuestros bosques de especies autóctonas y 'naturalizar' la gestión de las plantaciones forestales de coníferas. Sin embargo Euskadi, Galicia, Asturias y otras zonas del norte de nuestro país, las
especies autóctonas y las coníferas están siendo sustituidas por plantaciones forestales de eucaliptos, en especial desde la aparición de la enfermedad de la banda marrón del pino.
Además, y desde un punto de vista económico, el supuesto beneficio de las plantaciones de eucaliptos es más reducido de lo que se estimaba y se restringe a los propietarios forestales. Sin embargo el perjuicio económico de plantar
eucaliptos no solo es superior a los beneficios, sino que además afecta a toda la sociedad, empezando por aquellas personas que habitan en el mundo rural y que ven cómo se empobrece el medio del que viven a medida que se secan los manantiales y el
suelo, se reducen los arroyos, o que lo pierden todo cuando un incendio arrasa con los bosques de eucalipto y todo lo que encuentran a su paso.
Por todo ello, Más País-Equo, en el Grupo Parlamentario Plural presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno:
1. A poner en marcha el procedimiento administrativo para inscribir las distintas variedades de Eucalyptus en el Catálogo Español de Especies Exóticas Invasoras, de acuerdo con el dictamen emitido por el Comité Científico Asesor del
Ministerio en esta materia.
2. A modificar, así como al resto de administraciones públicas, sus políticas forestales para evitar la plantación de eucaliptos en sus respectivos territorios, y a planificar la sustitución ordenada de las plantaciones industriales
existentes en la actualidad en los montes de titularidad pública.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de junio de 2020.-Inés Sabanés Nadal, Diputada.-Íñigo Errejón Galván, Portavoz del Grupo Parlamentario Plural.
161/001059
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley de aplicación de Excepción al
principio de recuperación de costes en las obras de mejora de la Estación de Tratamiento de Agua Potable (ETAP) y la renovación del resto de la red de abastecimiento en alta de la comarca jiennense de El Condado, para su debate en la Comisión de
Transición Energética y Reto Demográfico.
Exposición de motivos
El pasado febrero de 2020, la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (en adelante, CHG), organismo dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, ha adjudicado por 6.417.971,99 euros la mejora de la
Estación de Tratamiento de Agua Potable (ETAP) y la renovación del resto de la red de abastecimiento en alta de la comarca jiennense de El Condado.
Esta obra, era una aspiración de los municipios que se abastecen de agua potable desde el embalse de El Dañador, de tener agua potable en cantidad y calidad, en un sistema de abastecimiento con origen en el citado embalse, que se puso en
servicio en 1965, y que permite resolver los problemas de suministro de agua potable que registraban los núcleos de población incluidos en la comarca de El Condado. Las canalizaciones, que se construyeron con fibrocemento, se rompían con frecuencia
y no garantizaban, por tanto, el abastecimiento de la zona.
Durante estos últimos años, se han producido diversos cortes de suministro debido a la antigüedad de la infraestructura, además de problemas de calidad de agua, como los vividos en el verano de 2018, en los que una crisis sanitaria provocada
por la presencia de trihalometanos en el agua, dejó sin abastecimiento a todo el sistema durante un mes.
Además de esas circunstancias, los municipios de la comarca de El Condado que se abastecen del Dañador (Santisteban del Puerto, Arquillos, Navas de San Juan, Castellar, Montizón, Chiclana de Segura y Sorihuela del Guadalimar), están
integrados en un ámbito de gestión, en el que una población muy reducida está soportando todos los costes de explotación y amortización mediante el Canon de Regulación Específico.
Una posible solución para este grave problema, es la excepción contemplada en el artículo 111 bis.3) del Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Aguas (en adelante, TRLA), en
relación al principio de recuperación de costes, aplicable en esta ocasión, pues se trata de una comarca integrada por municipios muy pequeños, en regresión poblacional, en una zona rural muy desfavorecida, donde las rentas familiares se encuentran
por debajo de la media, en la que el coste del agua es uno de los más altos de toda la demarcación hidrográfica de la cuenca del Guadalquivir, donde los efectos provocados por la crisis sanitaria del COVID-19 han
hecho que las economías familiares se vean muy mermadas y en la que el principal sustento económico que es la agricultura.
Por tanto, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 111 bis.3) del TRLA y en consonancia con el artículo 42.4 del Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Planificación Hidrológica, el Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a aplicar la excepción prevista en el artículo 111 bis.3) del TRLA a las obras de mejora de la Estación de Tratamiento de Agua Potable (ETAP) y renovación del resto de la red de abastecimiento
en alta de la comarca jiennense de El Condado. Para ello, se insta al Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico a resolver de forma motivada, según los criterios anteriormente mencionados, la citada excepción.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de junio de 2020.-Juan Diego Requena Ruiz y Guillermo Mariscal Anaya, Diputados.-Cayetana Álvarez de Toledo Peralta-Ramos, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Comisión de Cultura y Deporte
161/001054
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley para la Defensa de la Cultura en Libertad, para su debate en la
Comisión de Cultura y Deporte.
Exposición de motivos
En estas últimas semanas ha quedado patente la existencia de un movimiento 'revisionista' que pretende poner en tela de juicio toda la producción artística realizada durante siglos, juzgando diferentes obras o monumentos históricos con los
ojos del presente. En las últimas fechas, los amantes de la cultura y la libertad hemos tenido que ver cómo desde diferentes movimientos se ha empezado a criticar la obra literaria de Tolkien o como diferentes HBO retiraba de su catálogo 'Lo que el
viento se llevó', por considerarla una película racista.
Esta pulsión, canalizada a través de movimientos posmodernos, pretende no solo juzgar la historia y el arte a partir de los valores actuales, cosa que es legítima, aunque profundamente equivocada, sino que intenta imponer la censura, o aboga
directamente por la destrucción, de determinadas películas o monumentos que narran historias o enlazan la figura de personas cuyos principios no encajan con los actuales.
Si esta corriente consigue imponer sus postulados, estaremos abriendo la puerta a una deriva autoritaria, que en estos momentos se presenta bajo el paraguas de la defensa de lo correcto, la igualdad y los principios del siglo XXI. En caso
de que estas corrientes consigan imponer su terreno de juego, provocaría situaciones tan surrealistas como evitar la difusión de obras maestras cinematográficas como 'Historias de Filadelfia' o 'Gilda', o la obra de teatro de Romeo y Julieta por
suponer una 'apología del amor romántico'. Del mismo modo, y con los mismos argumentos que utilizan, y en relación a la producción cultural española, podrían quedar vedadas las obras Berlanga o Camilo José Cela al no ser acordes a los valores y
principios actuales. También las obras de Francisco de Quevedo podrían ser objeto de censura, al poder ser caracterizado su contenido homofóbico.
Los representantes públicos en democracia debemos defender la libertad de la ciudadanía para acceder a la cultura en condiciones de igualdad, propiciando que la ciudadanía pueda conocer la historia y su arte sin la presencia o presión de una
suerte de 'calvinismo civil' al que hay que hacer frente desde los poderes públicos.
Del mismo modo que Castiello se levantó contra Calvino, en el libro de Stefan Zweig, los que defendemos la libertad y la democracia debemos proteger la libertad de los artistas, los escritores, los directores de cine, los creadores en
general como instrumento para generar conciencia crítica en un país democrático.
Esta situación tiene especial repercusión en España, donde disponemos de una extensa y variada producción artística en todas sus formas. Ser responsable de la gestión de todo el patrimonio cultural que existe en España, nos obliga a
defender la cultura de los nuevos puritanos, quienes se encuentran cosiendo en masa letras escarlatas en la solapa de quien no piensa igual que este movimiento, que representa una nueva pulsión liberticida fruto del desconocimiento y la fobia como
principales motores de su acción política.
Por todo lo anterior, el Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno de la Nación a:
1. Defender el acceso a la Cultura en Libertad dando cumplimiento efectivo al artículo 20.1 de la Constitución, que reconoce y protege el derecho a la producción y creación literaria, artística, científica y técnica y el artículo 44, que
proclama la obligación de los poderes públicos de tutelar el acceso a la cultura, a la que todos tienen derecho.
2. Adoptar cuantas medidas y modificaciones normativas considere necesarias para evitar cualquier tipo de censura o de destrucción de la producción artística en cualquiera de sus formas.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de junio de 2020.-Guillermo Díaz Gómez, Diputado.-Edmundo Bal Francés, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
161/001055
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Plural, a instancias de las Diputadas de Junts per Catalunya Miriam Nogueras i Camero y Laura Borras i Castanyer, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta, para
su debate ante la Comisión de Cultura y Deporte, una Proposición no de Ley para favorecer la igualdad en el deporte profesional femenino.
Exposición de motivos
Cada vez más, más mujeres de todas las edades practican el deporte de forma federada. En concreto, en 2018, cerca de 900.000 mujeres competían en alguna disciplina deportiva en el estado, lo que significa un 23 % del total de deportistas
federados.
De ellas, 65.000 son futbolistas, es decir, han escogido jugar al fútbol como deporte, e incluso muchas como profesión.
El pasado mes de febrero, los sindicatos de las futbolistas que juegan en primera división y la asociación de clubes de fútbol femenino firmaron un convenio colectivo realista y acorde con las posibilidades del momento. La existencia de
este convenio se ha evidenciado esencial para la mayoría de jugadoras ya que, en un momento tan difícil y extraordinario como el del parón de la liga profesional femenina debido al COVID-19, han podido regular sus salarios y situaciones laborales.
Este convenio ha sido un buen paso en la dirección correcta, pero es insuficiente. Hay que tener en cuenta que en el resto de disciplinas deportivas colectivas practicadas por mujeres no existe un convenio colectivo. Desde el punto de
vista contractual, en el estado español solo se reconoce en torno al 5 % del total de relaciones contractuales de las deportistas en la máxima categoría de unas ligas que no son profesionales. Entre los principales perjuicios de este empleo no
declarado se encuentra la falta de protección en materia de seguridad y salud laboral o la falta de afiliación de las deportistas en la Seguridad Social.
La legislación que regula la relación especial de trabajo de los deportistas profesionales es el Real Decreto 1006/1985, y de forma supletoria, según este mismo real decreto, se aplica el Estatuto de los
Trabajadores. Ese Real Decreto no está adaptado a la Ley de Igualdad de 2007 y no contiene ninguna referencia a consolida la transversalidad de la que se habla en relación a la igualdad real y efectiva. De hecho, el deporte otorga un
ejemplo muy singular de brecha salarial, inexistencia de convenios colectivos para hombres y mujeres en la actividad deportiva. Y todo ello deviene de situaciones de desigualdad real, anacrónicas y segregacionistas.
El problema de este real decreto es que una gran cantidad de cuestiones laborales tales como salarios, remuneraciones indirectas, jornadas laborales, fraccionamiento de las vacaciones, derechos de imagen o derechos colectivos están sujetas
al acuerdo individual o al convenio colectivo. El real decreto no determina la obligación de que a partir de una fecha determinada se firme un convenio, lo cual debilita a las profesionales del deporte, ya que muchas deportistas no tienen la
suficiente fuerza de negociación para poder exigir unos derechos laborales similares a los de otros sectores; con lo que no es eficaz, entre otras cuestiones, para luchar contra el empleo no declarado de deportistas.
Hay que tener en cuenta también que preceptos muy importantes de la Ley Orgánica 3/2007 para la Igualdad efectiva de mujeres y hombres, no se cumplen en el deporte profesional femenino. Entre estos:
'Artículo 3. El principio de igualdad de trato entre mujeres y hombres.
El principio de igualdad de trato entre mujeres y hombres supone la ausencia de toda discriminación, directa o indirecta, por razón de sexo, y, especialmente, las derivadas de la maternidad, la asunción de obligaciones familiares y el estado
civil.'
Artículo 8. Discriminación por embarazo o maternidad.
Constituye discriminación directa por razón de sexo todo trato desfavorable, a las mujeres relacionado con el embarazo o la maternidad.'
'Artículo 5. Igualdad de trato y de oportunidades en el acceso al empleo, en la formación y en la promoción profesionales, y en las condiciones de trabajo.'
'Artículo 29. Deportes.
1. Todos los programas públicos de desarrollo del deporte incorporarán la efectiva consideración del principio de igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres en su diseño y ejecución.
2. El Gobierno promoverá el deporte femenino y favorecerá la efectiva apertura de las disciplinas deportivas a las mujeres, mediante el desarrollo de programas específicos en todas las etapas de la vida y en todos los niveles, incluidos los
de responsabilidad y decisión.'
'Artículo 11. Acciones positivas.
1. Con el fin de hacer efectivo el derecho constitucional de la igualdad, los Poderes Públicos adoptarán medidas específicas en favor de las mujeres para corregir situaciones patentes de desigualdad de hecho respecto de los hombres. Tales
medidas, que serán aplicables en tanto subsistan dichas situaciones, habrán de ser razonables y proporcionadas en relación con el objetivo perseguido en cada caso.
2. También las personas físicas y jurídicas privadas podrán adoptar este tipo de medidas en los términos establecidos en la presente Ley.'
Por ello, los Diputados y Diputadas de Junts per Catalunya presentan la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a elaborar, en el plazo de seis meses desde la aprobación de la presente Proposición no de ley, un informe, previa consulta con los responsables de deporte de las comunidades autónomas y de las
principales asociaciones representativas del deporte femenino, que determine las modificaciones normativas y las medidas necesarias para garantizar:
1. La adecuada profesionalización del deporte femenino en España. Eliminando las desigualdades entre hombres y mujeres que participan en el mismo ámbito laboral, dando la calificación de ligas
profesionales a las ligas femeninas que tengan convenios colectivos, así como libertad en la forma de los clubes, siempre con el consiguiente control económico y responsabilidad patrimonial ante los impagos.
2. La plena aplicación de las leves de igualdad en las actividades deportivas con expresa erradicación de la discriminación de las mujeres por motivo de sexo en el deporte.
3. La obligación de las Federaciones de disponer de un Plan específico para la profesionalización de las Ligas Femeninas.
4. La articulación de garantías laborales sólidas para el deporte profesional femenino, que abarque tanto la relación contractual como la que regula derechos de imagen, la conciliación, la maternidad y la profesionalización de unas
competiciones donde se den las mismas garantías que las de las que se otorgan a los deportistas masculinos en el mismo deporte.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de junio de 2020.-Miriam Nogueras i Camero, Diputada.-Laura Borràs Castanyer, Portavoz Adjunta del Grupo Parlamentario Plural.
Comisión de Asuntos Económicos y Transformación Digital
161/001028
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para dar cobertura de banda ancha de
muy alta velocidad a todas las áreas industriales de España, para su debate en la Comisión de Asuntos Económicos y Transformación Digital.
Exposición de motivos
El objetivo que se persigue con el Plan Nacional de Extensión de la Banda Ancha Nueva Generación es el de acelerar la extensión de la cobertura de las redes públicas de comunicaciones electrónicas, capaces de proporcionar servicios de banda
ancha de muy alta velocidad a las zonas sin cobertura actual ni prevista en los próximos años (zonas blancas), así como a aquellas que la tienen de un solo operador (zonas grises), lo que debe permitir mejorar la funcionalidad y la calidad de los
servicios digitales necesarios para la transformación digital y con ello aumentar el bienestar y la calidad de vida de los ciudadanos, contribuyendo al éxito de un modelo sostenible basado en la sociedad del Gigabit.
El programa de extensión de la banda ancha de nueva generación está cofinanciado con el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) y está diseñado para dar cobertura de alta velocidad a hogares del entorno rural, pero su propia definición
y la forma en que ha sido ejecutado por las beneficiarías de las subvenciones convocadas, que son las compañías operadoras, hace que haya numerosos polígonos industriales y zonas logísticas y empresariales en los núcleos rurales que están quedando
al margen de este proceso de digitalización.
Con carácter general, los operadores están procediendo a presentar proyectos para la instalación de fibra óptica en distintos núcleos residenciales del entorno rural-cascos urbanos y urbanizaciones anexas- y una vez que un municipio o
entidad de población recibe una de estas inversiones, aun cuando únicamente tenga alcance parcial, pierde la condición de zona blanca, lo que le excluye de actuaciones subvencionables posteriores.
Además, resulta un absoluto contrasentido que si, en momentos como los actuales, hemos sido conscientes de la necesidad de potenciar conceptos como el teletrabajo, la conectividad, la presencia en las redes, etc. no se esté teniendo en
cuenta la realidad de un gran número de municipios rurales cuyas áreas logísticas y empresariales suelen estar alejadas de su casco urbano por razón de su planeamiento urbanístico y están siendo obviadas por los operadores.
Incluso teniendo la infraestructura y canalización interna completamente acabada, el hecho de tener que construir infraestructura para hacer llegar la fibra hasta esas áreas empresariales está generando el rechazo de las operadoras para
hacerlo posible.
Además de apoyar la digitalización de los entornos rurales debemos digitalizar también los espacios generadores de empleo que continúan el proceso de la cadena de valor, ampliando la digitalización a aquellos espacios donde se asientan
empresas de agroindustria, distribución, logística y otras muchas para las que la conectividad es esencial.
La aplicación práctica del Plan Nacional de Extensión de la Banda Ancha Nueva Generación no está resultando tan eficiente como se planteó inicialmente ni está permitiendo incrementar la conectividad empresarial en el mundo rural hasta los
niveles deseables.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a identificar como Zonas Blancas elegibles a todas las áreas industriales de España que no cuenten con cobertura de banda ancha de muy alta velocidad y una vez descrito el catálogo de todas
esas zonas, de la mano de las entidades locales y operadores, establecer una línea de financiación específica y preferencial para hacer posible su digitalización con fibra óptica, en el plazo máximo de dos años.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de junio de 2020.-Alicia García Rodríguez, Guillermo Mariscal Anaya, Juan Luis Pedreño Molina y Tristana María Moraleja Gómez, Diputados.-Cayetana Álvarez de Toledo Peralta-Ramos, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.
161/001030
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para fomentar y garantizar el
comercio electrónico, especialmente en época de crisis y pandemias, para su debate en la Comisión de Asuntos Económicos y Transformación Digital.
Exposición de motivos
El comercio electrónico o e-commerce en España ha experimentado un extraordinario avance y su difusión es ya un hecho es imparable. Según los últimos datos publicados por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), las
ventas realizadas a través de Internet alcanzan ya los 12.000 millones de euros en volumen de negocio. Las cifras se refieren al segundo trimestre del año 2019 y revelan que el sector creció un 28 % respecto al mismo periodo del año anterior y un
9,4 % en relación al primer trimestre de 2019.
En España, poco más del 20 % de las compras se hacen a través de Internet: un porcentaje inferior al de otros países como Reino Unido, Estados Unidos o Corea del Sur, donde la compra Online está mucho más extendida.
Los sectores más utilizados son las agencias de viajes y los operadores turísticos, con el 16 % de la facturación total; le siguen el transporte aéreo, con un 8,8 %, la hostelería, con un 5,8 % y la moda, que apenas aporta el 5,6 % del
volumen total.
Según el informe El Comercio Electrónico B2C en España. 2018 (edición 2019) del Observatorio Nacional de las Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información (ONTSI) de Red.es, publicado por el Ministerio de Economía y Empresa, el
gasto medio de los compradores por Internet aumenta un 40,6 %, alcanzando los 1.920 euros anuales; el e-commerce creció un 32,4 % en 2018, hasta los 41.509 millones de euros. Las páginas web de comercio electrónico en España acumularon el 53 % del
volumen de negocio mientras que las web extranjeras acumularon el 47% restante.
Cabe destacar que durante la crisis del coronavirus, como consecuencia de la necesidad de los ciudadanos confinados de poder acceder a productos desde su casa, el comercio online ha crecido de forma exponencial:
- El sector de alimentación en negocios digitales ha experimentado un incremento de un 218,5 % alcanzando el pico máximo el 26 de marzo.
- En el sector belleza, el número de transacciones online se ha incrementado un 31,0 %.
- A partir del día 14 se disparó el consumo de material deportivo en un 22,6 %.
- El sector de la electrónica mostró un incremento del 138,5 % gracias al impulso del teletrabajo.
- En cuanto a material escolar, se incrementó en un 84,8 %.
- El sector digital de Farmacia mostró su mayor pico de crecimiento a finales de febrero, llegando a multiplicar por 25 su volumen habitual de transacciones.
- Por el contrario, el sector de la moda muestra una caída cada vez mayor respecto al año pasado.
Todo apuntaba a que el e-commerce iba a ser la solución al abastecimiento de la población española confinada en sus hogares, sin embargo, no ha sido así: el aluvión de pedidos ha colapsado los sistemas de los establecimientos, especialmente
de los grandes supermercados con un plazo de entrega más largo de lo habitual, en el caso de llegar a conseguir tramitarlos. El e-commerce no ha sido capaz de asumir el enorme volumen de pedidos, envíos y logística y la población ha tenido que
acudir a las tiendas para abastecerse, con el consiguiente riesgo de contagio por personas infectadas que a veces son asintomáticas.
Por todo ello, en situaciones de crisis o pandemias, es prioritario emprender medidas para procurar la sostenibilidad del e-commerce de las empresas dedicadas a productos de primera necesidad, especialmente el pequeño comercio, para el
abastecimiento de los colectivos más vulnerables como personas mayores, con movilidad reducida, personas con discapacidad, mujeres embarazadas, etc. o en cuarentena con posibilidad de contagio.
Por todo ello el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso formula la siguiente
Proposición no de Ley
'1. Mantener el flujo de la actividad comercial online ante el cierre de los comercios físicos en situaciones de crisis o pandemia.
2. Fomentar sectores en auge como farmacias y supermercados a través de las nuevas tecnologías y sus canales online para el abastecimiento de recursos básicos.
3. Promocionar la venta online de los pequeños comercios para que puedan seguir vendiendo sus productos en situación de crisis o pandemia.
4. Promocionar la venta online de los productos perecederos para dar salida a los stock que generan determinados productos al cerrar el comercio físico durante una crisis o pandemia.
5. Garantizar puestos de empleo activos y salarios aprovechando la posibilidad que ofrece el e-commerce de seguir con la actividad regular.
6. Incentivar fiscalmente la inversión en desarrollo tecnológico e impulsar iniciativas y acciones que fomenten el e-commerce.
7. Realizar campañas de mentalización, dirigidas especialmente al pequeño comercio, para que digitalicen sus procesos de venta.
8. Redefinir los perfiles profesionales de las empresas y generar una demanda de talento especializado.
9. Incluir estrategias del comercio electrónico en los planes de estudio de la Formación Profesional.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de junio de 2020.-Teodoro Garcia Egea, Juan Luis Pedreño Molina y Mario Cortés Carballo, Diputados.-Cayetana Álvarez de Toledo Peralta-Ramos, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/001031
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la utilización de tecnologías y
sistemas robotizados y digitales para ayudar a personas mayores confinadas en sus domicilios, especialmente en caso de pandemia, para su debate en Comisión de Asuntos Económicos y Transformación Digital.
Exposición de motivos
En España existen más de dos millones de personas mayores de 65 años que viven solas y, de estas, más de 850.000 tienen 80 años o más. En las zonas rurales, la población está cada vez más envejecida.
La situación de confinamiento para detener la pandemia del COVID-19 ha puesto de manifiesto la situación de las personas de la tercera de edad, carentes de cuidadores o sin poder recurrir a ellos por miedo al contagio, que tienen que
arreglárselas solos cada día para llevar a cabo sus rutinas diarias: comida, aseo, medicación, etc... Para ellos, es clave mantener la comunicación con los sanitarios, pero también con los familiares y amigos, ya sea por teléfono o
videoconferencia. Casi el 50 % de los mayores de 65 años se conecta a Internet desde su casa y, en la mayoría de los casos, lo hacen a través de su propio móvil pero, entre la población de más edad, no conocen el uso de las nuevas tecnologías.
En consecuencia, se hace necesaria la implementación urgente de un 'Plan Integral de mayores y dependientes conectados', que aproveche el potencial de las tecnologías digitales para paliar la situación de aislamiento social y les proteja,
más eficazmente, ante la alta vulnerabilidad en que se encuentran nuestros mayores y dependientes en la actual situación crítica. Esta fuerte, necesaria y prioritaria inversión permitirá, además, generar actividad económica de vanguardia para
nuestro tejido empresarial, tanto para atender las actuales prioridades nacionales como las que pueden surgir en el contexto de extensión de la pandemia a nivel global.
No hay que olvidar que muchas empresas e industrias de salud 4.0 están generando nuevos productos y servicios gracias a tecnologías como el M2M (machine to machine), el Internet de las Cosas (loT), la inteligencia artificial, la robótica,
las aplicaciones informáticas o digitales (apps), etc.
Considerando la perspectiva de la robótica asistencial, el Gobierno de Japón, debido al envejecimiento de la población y la carencia de personal enfermero, lanzó en 2018 un plan tecnológico para que los robots cuidaran en 2020 del 80 % de
las personas de tercera edad. Para ello, el Gobierno nipón ha impulsado numerosas empresas tecnológicas con el objetivo de que produzcan dispositivos robóticos que ayuden a las personas mayores en sus tareas diarias: levantarse de la cama,
sentarse en una silla de ruedas, bañarse, hacer ejercicio o incluso jugar con ellos. Debido a que muchos de los antiguos complejos de viviendas de Japón no tienen ascensores, ya se han probado robots capaces de subir y bajar escaleras para ayudar a
sus residentes de edad avanzada a sacar la basura. Y en la residencia de la tercera edad Shintomi de Tokio tienen robots que despiertan a sus pacientes todas las mañanas y detecta si alguno se cae de la cama por la noche, tiene fiebre o está
teniendo un infarto.
Las principales ventajas de recurrir a las máquinas en el cuidado de las personas de la tercera edad son reducir la carga física y mental de los trabajadores y mejorar la calidad de los servicios. La automatización de tareas, antes
realizadas por cuidadores, concede una mayor dependencia para la tercera edad y permite a los sanitarios dedicar más atención personal.
Por ahora, los resultados en Japón son positivos. Al principio, originó cierta sorpresa pero a medida que se han puesto en marcha, los clientes lo valoran como un instrumento de gran ayuda y está proliferando su utilización en las
residencias de mayores.
Uno de los principales dilemas a los que se enfrenta la robótica es si resulta ético o no dejar a nuestros mayores en manos de aparatos programados. Sin embargo, en caso de una extrema necesidad como el caso de la pandemia del COVID-19 se
ha echado en falta la escasa proliferación del uso de las tecnologías y sistemas robotizados y digitales.
A la vez que avance la tecnología es necesario desarrollar un programa de mentalización de los ciudadanos españoles respecto a la convivencia con un sistema robotizado que ayude no sólo a los ciudadanos mayores sino también a los que tengan
un alto grado de dependencia, especialmente en casos de una pandemia.
Para la implantación de la robótica en el cuidado de las personas de la tercera edad, es necesario que los cuidadores y sanitarios se formen adecuadamente en su manejo y que las empresas tecnológicas adapten sus diseños a las necesidades de
los clientes.
Los sistemas robotizados y digitales podrían ser una de las respuestas al acelerado envejecimiento que sufre España y dar solución al cuidado de los mayores en situaciones de confinamiento, especialmente en el caso de pandemia, porque lo
ocurrido con el COVID-19 ya no es ciencia ficción.
Otras experiencias han demostrado que el uso de un chatbot o robot conversacional ayuda a mejorar la adherencia al tratamiento por parte de los pacientes. Un chatbot es un programa informático que emula la conversación humana con una
persona al proveer respuestas automáticas a consultas o preguntas
realizadas por el usuario-paciente. El robot conversacional se basa en algoritmos de procesamiento de lenguaje natural, almacena toda la información en servidores seguros certificados para el almacenamiento de datos de atención médica y
procesa las respuestas con técnicas avanzadas de tratamiento de la información. De esa forma, el chatbot es capaz de analizar las consultas de los pacientes y enviar respuestas personalizadas y clínicamente validadas porque, en último término,
están controladas por profesionales de la salud.
El uso de chatbots para aplicaciones médicas se ha revelado especialmente útil como complemento y apoyo a los servicios de la telemedicina. La telemedicina ha mejorado la calidad de vida de los pacientes mayores y dependientes, pero los
convierte en más responsables de la propia atención y tratamiento de su enfermedad, una situación que, en algunos casos, no está exenta de riesgos; la adherencia al tratamiento puede resultar más difícil sin un equipo de cuidadores que rodea al
paciente como sucede en el entorno hospitalario.
Por otro lado, de manera similar a la robótica mecánica y la conversacional, también la utilización de la robótica área, como los drones, resultan útiles para tareas de supervisión médica o asistencial de personas y/o entrega de productos en
residencias o viviendas de mayores que permitan la utilización de este tipo de robótica, ya que puede proteger a los mayores de los riesgos del contacto humano mientras persista la situación crítica.
En cualquier caso, es imprescindible desarrollar fórmulas que permitan 'humanizar' la incorporación de estas nuevas tecnologías robóticas y digitales a la vida diaria de nuestros mayores. En estos momentos dramáticos es necesario un nuevo
concepto de 'tecnología humanista', como gran motor de la 4a revolución industrial, que coloque al individuo en el centro y fin último de toda tecnología, y que aplique un código ético humanista a la hora de implementarla.
La sensación de soledad y desamparo en que se encuentran muchos de ellos, podría agravarse si la introducción de robótica y tecnología no va acompañada también de la reconexión con sus familias, amigos y resto de la sociedad. Mientras esa
reconexión no sea posible de manera física y presencial, -por exigencias de preservación de su propia salud-, debemos intensificar las posibilidades tecnológicas para que el reencuentro se pueda producir con los medios digitales ya disponibles. Y
puede hacerse desde una triple perspectiva: desde una perspectiva sanitaria; desde una perspectiva de educación y capacitación; y desde una perspectiva de ocio y cultura.
España cuenta con un potente ecosistema industrial con sistemas, programas, equipos, expertos y modelos de conocimiento de vanguardia mundial en el sector de la telemedicina o e-health, desde sistemas de teleconsulta diagnóstica, hasta
programas de hospitalización domiciliaria, pasando por asistencia preventiva distrital. Es estratégico dotar de recursos presupuestarios suficientes a los usuarios finales de estas soluciones para combatir sanitariamente, con medios tecnológicos de
este siglo, la pandemia, especialmente en el colectivo de las personas mayores y dependientes, al tiempo que se facilita la expansión y la creación de empleo en una industria nacional de la e-Salud que puede brindar apoyo también a otros países que
están o estarán afectados por la crisis sanitaria.
Es también imprescindible aprovechar el conocimiento y capacidades de nuestras empresas expertas en Big Data y Advance Data Analityc para estructurar un banco de datos y herramientas de Business Intelligence fortalecidas con Inteligencia
artificial, así como acuerdos con empresas de telecomunicaciones que permitan la geolocalización de focos de contagio y su proximidad a densidades de población de mayores para realizar un seguimiento preventivo en tiempo real del potencial de
afectación y singularizar las medidas preventivas a adoptar en cada caso.
La proliferación de multitud de tecnologías disruptivas en el sector salud está reorientando el modelo de atención a los pacientes hacia lo que se viene denominando medicina de las 4P: predictiva, preventiva, personalizada y participativa.
En ese sentido, hay avances muy significativos en materia de genómica y biopsia líquida (diagnóstico precoz de enfermedades a través de análisis de sangre), y para ello son imprescindibles tecnologías como los dispositivos conectados, las
aplicaciones móviles y la computación en la 'nube' o 'cloud computing'. Igualmente existen ya sistemas operativos e implementados de prestación de servicios digitales de consulta bajo demanda (videoconferencia médica).
También aparecen con creciente protagonismo tecnologías relacionadas con las plataformas conectadas y comunidades virtuales, que permiten compartir experiencias e información confiable y contrastada para avanzar en el autoconocimiento y
autodiagnóstico del paciente.
Es responsabilidad del Ejecutivo que los suministros esenciales para nuestros mayores estén garantizados durante esta emergencia y después de ella. En la medida que se extienda en nuestro país
el uso de las tecnologías que permitan actividades de comercio electrónico y pedidos on Une, se incrementarán las necesidades de entrega a domicilio de mercancías y productos. Adicionalmente, las necesidades de aislamiento de estos
colectivos de la población especialmente vulnerable, hace necesario reforzar los sistemas de entrega a domicilio.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso presenta la siguiente
Proposición no de ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Impulsar a las empresas tecnológicas españolas, a través de ayudas financieras y tributarias, con el fin de que produzcan dispositivos robóticos, drones, programas y sistemas digitales que ayuden a las personas mayores y dependientes en
sus tareas diarias básicas y en su atención a domicilio, y adapten mejor sus diseños a las necesidades de los clientes, con especial atención a los habitantes de las zonas rurales.
2. Reforzar tecnológicamente la asistencia integral de las personas mayores y dependientes a través de las siguientes líneas de acción:
2.1 Facilitar y promoverla coordinación telemática de los servicios médicos de los centros residenciales con el sistema sanitario, dotándolos de los recursos y tecnología necesaria para poder atender adecuadamente a los pacientes en su
residencia y mantener una comunicación fluida entre los profesionales.
2.2 Desarrollar plataformas digitales y bases de datos que promuevan la coordinación entre la asistencia sanitaria, los servicios sociales, el tercer sector y el voluntariado para que la asistencia integral sea una realidad, así como las
actividades de autodiagnóstico en plataformas de comunidades virtuales.
2.3 Elaborar planes de ayuda e incentivos para la implementación urgente de las descritas tecnologías digitales en residencias y viviendas de mayores, a fin de mitigar sus riesgos de contagio, mejorar las medidas de prevención y reconectar a
los mayores con su círculo familiar y personal, así como con el conjunto de la sociedad.
3. Desarrollar planes de formación a los empleados de las residencias de mayores y de personas dependientes para el manejo de sistemas robotizados y digitales, sistemas de teleasistencia, hospitalización domiciliaria y equipos telemáticos
en general.
4. Concienciar a la sociedad española, especialmente a las personas mayores, de los aspectos positivos de recibir la asistencia de un sistema robotizado y hacer uso de tecnologías digitales del siglo XXI, especialmente en situaciones de
pandemia.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de junio de 2020.-Juan Luis Pedreño Molina y Teodoro García Egea, Diputados.-Cayetana Álvarez de Toledo Peralta-Ramos, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/001051
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para incentivar las startups españolas
ante la crisis producida por el COVID-19, para su debate en la Comisión de Asuntos Económicos y Transformación Digital.
Exposición de motivos
La pandemia por el COVID-19 ha derivado en una grave crisis económica y social que España deberá superar cuando termine el confinamiento y el gobierno emprenda la reactivación económica.
El conjunto de la economía se ha paralizado y ahora los gobiernos deben de tomar decisiones e impulsar medidas para la reactivación económica cuando se empiecen a derogar las medidas de
confinamiento. La mayoría de los países ya se han dado cuenta de que para que la economía rebote en forma de 'V' es necesario garantizar el mantenimiento de la actividad, a través de inyectar liquidez de forma directa a las empresas para
que puedan mantener tanto a sus empleados como a sus activos.
Francia ha anunciado un plan específico para ayudar a startups por valor de 4.000 millones de euros a través de las siguientes medidas: pagar el 84 % de los salarios de los trabajadores de las startups, poner 80 millones para co-invertir en
startups que estuvieran en trámites de financiación, otorgar préstamos para pagar sueldos durante dos años a startups por valor de 2.000 millones, devolver el IVA y desgravaciones fiscales por l+D por valor de 1.500 millones; e inyectar 250
millones en los presupuestos de Bpi France (la banca pública de inversión) para startups.
En Alemania, el propio ministro de Economía, Peter Altmaier, ha reconocido que los instrumentos clásicos de crédito 'no son los más adecuados para empresas innovadoras y jóvenes como las startups'. Por eso, su Gobierno ha apostado por el
impulso de un programa para startups dotado con 2.200 millones de euros. Entre las medidas que incluye se encuentran las siguientes: inyectar dinero público para fondos e inversiones de venture capital (inversiones en startups a cambio de una
participación en el capital de la empresa); facilitar el acceso a financiación a jóvenes startups que no tengan operaciones de venture capital; y un conjunto de operaciones por parte de la banca pública alemana con el Fondo Europeo de Inversiones
para inyectar dinero en el ecosistema emprendedor alemán.
En Inglaterra, la apertura de una startup se puede hacer on line, las tarifas se pagan después de aproximadamente un año y medio, la tasa estándar del Impuesto de Sociedades es del 19 % y el IVA hasta £ 85,000 no se paga. El acceso a las
ayudas de l+D se destinan a proyectos específicos destinados a lograr el progreso científico y tecnológico en el campo en el que opera la empresa. Por otro lado, se ha diseñado el Plan SEIS (Plan de Inversión Empresarial, en sus siglas en inglés),
para impulsar el crecimiento económico en el Reino Unido mediante la promoción de nuevas empresas y emprendimientos. En concreto, ofrece grandes beneficios fiscales a los inversores de pequeñas empresas en fase inicial. Por otra parte, el Reino
Unido ha lanzado un plan de estímulo fiscal y económico para afrontar la crisis del coronavirus: 230 millones de euros para la ciencia; 340 millones para reducir las emisiones contaminantes; 680 millones para nuevas infraestructuras de
comunicación; casi 6.000 millones en préstamos para las empresas; y mantener el Impuesto de Sociedades en el 19 %.
En España, el Gobierno apuesta porque las empresas pidan préstamos avalados en un alto porcentaje por el Estado, aunque la mayoría de las pymes y autónomos no van a poder tener acceso a ellos. En el caso de las startups el problema es aún
mayor por su propia estructura y porque su financiación se hace directamente a través del capital y no de los bancos. Además, sus modelos de negocios y la falta de garantías hacen prácticamente imposible el acceso a créditos bancarios.
Por ello, urge la elaboración de un conjunto de medidas concretas enfocadas al sector; un Plan específico para startups orientado a garantizar que les llegue liquidez; la implantación de medidas para retrasar y cancelar impuestos y
cotizaciones y que todas las Agencias públicas que otorgan préstamos, subvenciones y desgravaciones flexibilicen sus condiciones para destinar la máxima liquidez hacia las startups y el sector innovador.
Las tareas de reconstrucción de la economía española son fundamentales para nuestro futuro y el sector del emprendimiento va a ser uno de los agentes que deberán liderar, junto a otros, las tareas de creación de valor, formación de empleo y
transformación digital, económica y de procesos. Pero, para conseguirlo, es necesario garantizar la supervivencia del máximo número de startups que sea posible. No se debe permitir que caigan por no haber pensado en ellas, ya que no solo se
debilitará el sector innovador de la economía sino que se correrá el riesgo de perder a una parte importante de nuestro capital humano más cualificado. Hoy se necesita a los emprendedores más que nunca.
Si los distintos países europeos apuestan por sus startups y el gobierno español se olvida de ellas, perderemos competitividad en términos internacionales en los próximos años, justo cuando más vamos a necesitar atraer y retener nuestro
talento. Por ello, hoy es más importante que nunca que las startups trabajen de manera conjunta con el sector público porque el futuro de la economía y la innovación de España están en juego.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Establecer una delimitación conceptual de las startups que cumplan con los requisitos para la concesión de ayudas.
2. Eliminar las trabas burocráticas y facilitar el registro de una empresa en el plazo de 24 horas.
3. Incentivar la inversión en startups mediante beneficios fiscales adecuados. Promover incentivos fiscales específicos para las grandes compañías que inviertan en startups innovadoras.
4. Flexibilizar tanto el proceso de concesión y suscripción como la devolución de préstamos y créditos públicos de los programas públicos de ayuda a la l+D+i, al emprendimiento, la creación y el crecimiento de las empresas como los
gestionados por la AEI, CDTI, SGIPYME, EN ISA, ICF, e ICO entre otros.
5. En los casos en los que el desembolso de ayudas o créditos de los anteriores organismos esté sujeto a un plazo temporal o a acreditación documental, acelerar el desembolso sujeto a comprobación posterior.
6. Impulsar la coinversión, por parte del Estado al 50%, de la inversión de inversores o promotores, estableciendo un límite; y de los anticipos de inversión de operaciones en curso.
7. Modificación de la Disposición final cuarta del Real Decreto 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19 por la que se modifica la Ley 19/2003, de 4 de julio,
sobre régimen jurídico de los movimientos de capitales y de las transacciones económicas con el exterior, en su artículo Uno, por el que se añade un artículo 7 bis 'Suspensión del régimen de liberalización de determinadas inversiones extranjeras
directas en España' a dicha ley. Se propone la modificación del primer párrafo del punto 2 del citado artículo 7 bis de la siguiente forma:
Texto actual:
Queda suspendido el régimen de liberalización de las inversiones extranjeras directas en España, que se realicen en los sectores que se citan a continuación y que afectan al orden público, la seguridad pública y a la salud pública.
Texto modificado:
'Queda suspendido el régimen de liberalización de las inversiones extranjeras directas en España, que se realicen en los sectores que se citan a continuación y que afectan al orden público, la seguridad pública y a la salud pública,
exceptuando aquellas empresas que no coticen en bolsa.'
8. Modificación del punto 1 del artículo 29. Aprobación de una Línea para la cobertura por cuenta del Estado de la financiación otorgada por entidades financieras a empresas y autónomos, del Real Decreto 8/2020, de 17 de marzo, de medidas
urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19.
Texto actual:
1. Para facilitar el mantenimiento del empleo y paliarlos efectos económicos del COVID-19, el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital otorgará avales a la financiación concedida por entidades de crédito, establecimientos
financieros de crédito, entidades de dinero electrónico y entidades de pagos a empresas y autónomos para atender sus necesidades derivadas, entre otras, de la gestión de facturas, necesidad de circulante, vencimientos de obligaciones financieras o
tributarias u otras necesidades de liquidez.
Texto modificado
'1. Para facilitar el mantenimiento del empleo y paliar los efectos económicos del COVID-19, el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital otorgará avales a la financiación concedida por entidades de crédito, establecimientos
financieros de crédito, entidades de dinero electrónico y entidades de pagos a empresas y autónomos para atender sus necesidades derivadas, entre otras, de la
gestión de facturas, necesidad de circulante, vencimientos de obligaciones financieras o tributarias u otras necesidades de liquidez, con exclusión de las empresas de base tecnológica de cumplimiento de criterios específicos de facturación o
beneficios (para dar cabida a startups).'
9. Incentivar los estudios de STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas Science, por sus siglas en inglés) y eliminar la brecha de género.
10. Fomentar la incorporación de talento y evitar la fuga de talento español a las empresas de innovación extranjeras. Promocionar los planes de stock option (remuneración ofrecida por una empresa a sus trabajadores, normalmente a los
altos directivos, como complemento al salario fijo y con el objetivo de mejorar el rendimiento o aumentar la fidelidad).
11. Revisar la normativa de la protección jurídica del software por medio de patentes.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de junio de 2020.-Teodoro García Egea, Juan Luis Pedreño Molina y Mario Cortés Carballo, Diputados.-Cayetana Álvarez de Toledo Peralta-Ramos, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/001052
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para reconvertir una parte de la
industria española para la elaboración de material sanitario, para su debate en la Comisión de Asuntos Económicos y Transformación Digital.
Exposición de motivos
Asistimos a una crisis humanitaria sin precedente a causa de la expansión del virus COVID-19, cuyo terrible impacto esta todavía por evaluar. A esta crisis se suma la situación económica provocada por el confinamiento y la falta de
actividad mercantil; muchos puestos de trabajo se han perdido y miles de familias ni siquiera han podido despedirse de sus seres queridos. Además, la mayoría de los economistas dan por hecho que ya nos encontramos en una recesión mundial que
castiga especialmente a los países emergentes y ya se estudian soluciones para mitigar as consecuencias sociales y económicas que sucederán tras la pandemia.
Tanto España como los países de la Unión Europea tienen a China como principal proveedor de material sanitario para atajar el coronavirus, lo que pone de manifiesto una autentica dependencia del abastecimiento externo. Pero la realidad es
que España y los países del entorno cuentan con recursos materiales suficientes para fabricar, por sus propios medios, estos productos industriales tan necesarios para salvar vidas humanas (tests diagnosticos, respiradores, batas, equipos de
desinfección, mascarillas, guantes, desinfectantes, etc.).
Las redes logísticas son una de las ayudas más importantes durante la crisis sanitaria porque se necesita movilizar los recursos de manera rápida. El sector industrial se ha tenido que adaptar a este nuevo escenario y trabaja en soluciones
para que, en caso de futuras pandemias, seamos capaces de reaccionar con mayor rapidez. En todo el mundo han sido muchas las empresas que se han lanzado a producir material sanitario para luchar contra el coronavirus. Francia e Italia fueron las
primeras en cambiar sus talleres de moda y fabricas de perfumes para producir mascarillas o geles desinfectantes. También las universidades han colaborado en este esfuerzo colectivo poniendo a disposición de los sanitarios su avanzada tecnología.
Por su parte, España es un ejemplo de solidaridad y de trabajo en común. La crisis sanitaria del COVID-19 y el estado de alarma decretado por el Gobierno central ha desencadenado iniciativas altruistas en el sector tecnológico. Ademas los
makers, expertos en nuevas tecnologías, se han organizado de manera voluntaria para llevar a cabo ideas y proyectos innovadores tan necesarios en estos criticos momentos. Un ejemplo de ello es el hospital levantado en el recinto de IFEMA.
Es necesario que la industria española mejore su modelo de producían y trabajo para lanzarse a crear productos necesarios y responder a las necesidades sanitarias de una pandemia. Solo así podrá llegar a autoabastecerse sin necesidad de
depender de un pais tercero como China.
La industria española puede fabricar todo lo necesario para atajar una crisis sanitaria de esta envergadura pero, para ello, es necesario disponer de un 'mapa de necesidades tecnológicas y capacidades industriales'; un mapa en el que se
identifiquen las necesidades sanitarias regionales y se pongan en relación con las industrias químicas, tecnológicas, textiles, etc., de cada provincia o Comunidad Autónoma. De esa forma, podrá evitarse en el futuro el desafortunado hecho de que
los sanitarios que están en primera fila de la crisis sanitarias no puedan acceder a los medios de protección necesarios para no contagiarse.
Por todo ello el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso formula la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a impulsar las medidas que sean necesarias para:
1. Desarrollar un mapa de las capacidades industriales y tecnológicas de coda Comunidad Autónoma que patio en relación su producción con las necesidades sanitarias, de forma que se permita conocer la capacidad que tiene el país para dar una
solución rápida en situaciones de emergencia coma la pandemia del coronavirus y sin depender de terceros países.
2. Fomentar el potencial nacional de las empresas tecnológicas a través de su financiación, potenciando e/ emprendimiento y el crecimiento del talento.
3. Dotar de mayor financiación, en los Presupuestos Generales del Estado 2020, a la innovación tecnológica e investigación académica con el fin de aunar esfuerzos entre emprendedores y científicos y contribuir a atajar futuras pandemias.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de junio de 2020.-Teodoro García Egea, Juan Luis Pedreño Molina y Mario Cortés Carballo, Diputados.-Cayetana Álvarez de Toledo Peralta-Ramos, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Comisión de Sanidad y Consumo
161/001035
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la internacionalización del
modelo de formación sanitaria especializada, para su debate en la Comisión de Sanidad y Consumo.
Exposición de motivos
Los profesionales sanitarios del Sistema Nacional de Salud se encuentran entre los mejor valorados de España y son solicitados por los países de todo el mundo tanto por los resultados de su trabajo asistencial, como por la calidad de su
desempeño docente e investigador.
Esta realidad se debe en gran medida al modelo de formación sanitaria especializada, que dio sus primeros pasos en firme en nuestro país a mediados de la década de 1960 (en centros asistenciales como el extinto Hospital General de Asturias y
la -entonces- Clínica Puerta de Hierro de Madrid), se expandió en los 70 (con normas como el Real Decreto 2015/1978, de 15 de julio, por el que se regula la obtención de títulos en especialidades médicas, y el Real Decreto 3303/1978, de 29 de
diciembre, de regulación de la medicina de familia y comunitaria como especialidad de la profesión médica) y terminó de consolidarse como única vía legal de especialización en los 80' (esencialmente con el Real Decreto 127/1984, de 11 de enero, por
el que se regula la formación médica especializada y la obtención del título de médico especialista).
Ya en los años 90, fueron impulsados distintos avances en la formación especializada mediante iniciativas como la Orden de 22 de junio de 1995 por la que se regulan las Comisiones de Docencia y 105 sistemas de evaluación de la formación de
Médicos y de Farmacéuticos Especialistas, aunque el avance realmente decisivo para actualizar el modelo tuvo lugar en los 2000, concretamente con la Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de ordenación de las profesiones sanitarias.
Teniendo presente esta trayectoria, referirse a la evolución experimentada y a los resultados cosechados por el modelo de formación sanitaria especializada en las últimas décadas, es aludir a una historia de éxito; a un modelo que muchos
países han intentado reproducir a nuestra imagen y semejanza. No obstante, el modelo tiene cierto margen de mejora. Un ejemplo representativo de ello puede ser el desarrollo de ciertas especialidades y los sistemas de evaluación. Otra muestra a
considerar puede ser la idea planteada desde el Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos de España para que el modelo se internacionalice y haga posible que, de una manera protocolizada y con todas las garantías pertinentes de calidad y
seguridad, los residentes puedan desarrollar su formación especializada en centros asistenciales de otros países -cuanto menos- de la Unión Europea.
El Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos de España considera necesario que esta opción se formalice más allá de los acuerdos puntuales y particulares que los hospitales y las Comunidades Autónomas puedan tener, y propone periodos
de seis meses y un año para que los residentes tengan acceso a formación especializada en un entorno internacional.
Por ello el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a impulsar, desde la plena coordinación con las Comunidades Autónomas en el Consejo lnterterritorial del Sistema Nacional de Salud y la cooperación con los consejos de colegios profesionales,
programas con los que hacer posible, con todas las garantías de calidad y seguridad necesarias, el desarrollo reglado de parte de la formación sanitaria especializada en centros asistencia/es de otros países.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de junio de 2020.-José Ignacio Echániz Salgado Concepción Gamarra Ruiz-Clavijo y Elvira Velasco Morillo, Diputados-Cayetana Álvarez de Toledo Peralta-Ramos, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso.
Comisión de Ciencia, Innovación y Universidades
161/001049
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley en la que se solicita un plan de
promoción y defensa de la Propiedad Industrial vinculada a la Innovación con especial defensa de procedimientos tecnológicos vinculados a la lucha contra el COVID-19, para su debate en la Comisión de Ciencia, Innovación y Universidades.
Exposición de motivos
La crisis sanitaria, social y económica provocada por el COVID-19 en nuestro país amenaza gravemente la estabilidad económica, el mantenimiento del empleo, la confianza de nuestro consumo y tejido empresarial e inversor y por lo tanto la
sostenibilidad del propio Estado del bienestar a corto plazo.
A la ya irreversible pérdida de vidas humanas y a las consecuencias sociales y económicas a corto plazo debemos plantear respuestas que impidan que la situación devenga en sistémica mirando al futuro con planteamientos y estrategias de país
que permitan que la economía y la sociedad española en su conjunto vuelvan cuanto antes al crecimiento social y económico sostenidos.
Que la inversión en Innovación, desarrollo e investigación es un aspecto clave para la competitividad de los países es algo indiscutible. Esta afirmación ha quedado demostrada, más si cabe en la situación de
pandemia que estamos viviendo, en la que vemos que las políticas de apoyo que se están poniendo en marcha en aquellos países que mejor respuesta han dado a la misma incluyen como factor clave medidas específicas para que tanto el sector
privado como los organismos de investigación públicos tengan a su alcance herramientas que les permitan ser más competitivos.
España, antes de la crisis del coronavirus, tenía una cifra de desempleo superior al 13,9%, según cifras del INEM para enero de 2020. Los expertos vienen avisando desde hace tiempo del peligro de centrar el foco de la economía española en
el turismo y de no dedicar más recursos materiales y humanos en el desarrollo de tecnologías propias.
Según la OEPM (Oficina Española de Patentes y Marcas) el número de Patentes nacionales en vigor a 31 de diciembre de 2018 era de 28.093 y se concedieron en ese año 1.698. Por otra parte, analizadas las solicitudes de abril a diciembre, en
2018 se aprecia una disminución en el porcentaje de Patentes del 0,42 % respecto al mismo periodo del año anterior, de 1.183 a 1.178. Pero si consideramos el conjunto del año, -con efecto del cambio de Ley a partir de abril que acumuló muchas
solicitudes en el primer trimestre del 2017-, la solicitud de patentes a la OEMP cayó un 30 % en 2018 respecto a los datos del año anterior. Así, en 2018 se presentaron un total de 1.576 solicitudes de patentes, frente a las 2.286 de 2017.
Según la misma Oficina Española de Patentes y Marcas, las solicitudes de patente nacional en 2019 han sido 1.356, con una nueva caída, en este caso del 12 %, respecto a 2018. En el caso de modelos de utilidad, las solicitudes de registro
ascendieron a 2.731, frente a las 2.700 solicitudes de modelos de utilidad lo que supone un incremento de poco más del 1 %.
Este descenso en el registro de patentes nacionales, no es compensado con el incremento en el caso de las patentes europeas con origen español. Las cifras de 2018 según la Oficina Europea de Patentes, arrojan que el incremento de patentes
europeas de origen español ha sido de un 6,3 %, con 1.776 solicitudes. Y las relativas al año 2019, crecieron también un 6 % respecto al año anterior alcanzando las 1.887 solicitudes.
La Propiedad Industrial protege productos, diseños o procesos técnicos contra la imitación de competidores mediante el mecanismo de registro de patentes durante veinte años y mediante los denominados modelos de utilidad, por periodos de diez
años; y asegura que la empresa u organismo de investigación que ha invertido elevados recursos en un desarrollo, mantenga en ese periodo el derecho exclusivo de comercialización.
La correlación entre propiedad industrial y crecimiento económico y empleo es una constante ampliamente confirmada, Alemania por ejemplo tiene una tasa de desempleo de 3,2 % y, según la DPMA (Oficina de Patentes Alemana), el número de
patentes registradas se sitúan en 128.921, datos confirmados por el Informe de Competitividad Global 2018 del Foro Económico Mundial, que vino a reiterar el liderazgo de Alemania en el campo de la innovación. En la clasificación general, también es
el número uno en Europa y el número tres a escala mundial, después de Estados Unidos y Singapur.
En 2016, el Gobierno alemán, la industria y la ciencia alemanes invirtieron la cifra récord de 92.200 millones de euros en investigación y desarrollo, lo que equivale al 2,94 por ciento del producto interior bruto (PIB) del país. En
comparación, los 28 países de la Unión Europea invirtieron según los últimos datos una medía del 2,03 por ciento de su PIB en Investigación y Desarrollo. Alemania tiene previsto invertir anualmente el 3,5 por ciento del PIB en investigación y
desarrollo hasta 2025.
En 2013 el estudio 'Análisis de la apropiación del conocimiento científico', encargado por la FECYT (Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología) indicaba que el 22 % de las investigaciones científicas españolas con mayor nivel de
excelencia fueron 'apropiadas' por empresas de otros países para elaborar sus propias patentes. Destacando entre los países que más usan la ciencia española EEUU, Alemania, Francia, Japón y Reino Unido. Sorprende entre estos datos el hecho de que
EE.UU. generó más patentes a partir de investigaciones españolas que la propia España (6,861 frente a 5,895).
Hoy más que nunca, inmersos en la crisis económica que conlleva la pandemia del coronavírus, España debe diversificar su economía e invertir en innovación y tecnología para asegurar un futuro a sus ciudadanos.
El Gobierno de España debe fomentar una economía que no se centre exclusivamente en el sector servicios y turístico y llevar a cabo medidas con visión de futuro que propicien una fuerte conexión entre política, empresa y ciencia.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a impulsar las medidas necesarias para:
1. Garantizar herramientas de defensa de la Propiedad Industrial a los sectores público y privado a nivel internacional, para rentabilizar el esfuerzo innovador español y hacer sostenibles las ventajas competitivas empresariales impidiendo
la comercialización indebida por terceros en el exterior.
2. Implementar sin retrasos indebidos ni recortes financieros de las medidas recogidas por el próximo Programa Marco Horizonte Europa.
3. Fomentar la colaboración entre los centros tecnológicos públicos y privados, empresas y universidades para permeabilizar la transferencia del conocimiento y la innovación al tejido productivo.
4. Acabar de elaborar y publicar la 'Ley de fomento del ecosistema startup', así como los resultados de la Estrategia Nacional Emprendedora, para el fomento de la innovación, el desarrollo, la investigación y el registro de patentes por
parte de micropymes y emprendedores, con especial atención a los incentivos que consideren:
4. 1 Beneficios fiscales y de bonificación en las cuotas de la Seguridad Social para los fundadores que sean trabajadores autónomos y para la contratación de los primeros trabajadores durante, al menos, los tres primeros años.
4.2 Políticas fiscales que favorezcan la inversión de los Business Angels y extensión a las personas físicas de la deducción del IRPF sobre el capital invertido.
4.3 Medidas que impulsen la atracción de talento extranjero y retención del talento nacional aplicado a la innovación, el desarrollo y la investigación en starts ups españolas, en colaboración con escuelas de negocio con alumnos con
proyectos innovadores.
4.4 Incentivos a las grandes empresas para que integren proyectos desarrollados por start-ups en su cadena de producción de bienes y servicios.
4.5 Medidas de impulso al uso de instrumentos de compra pública innovadora que promuevan la participación de start-ups de base tecnológica en los proyectos de las Administraciones públicas.
4.6 Constitución de una Mesa de trabajo con organizaciones representativas de este sector transversal y singular, para consensuar estas y otras medidas que impulsen la innovación y la investigación en las micropymes y Pymes españolas, así
como la distribución más eficiente de las dotaciones presupuestarias de la Estrategia Nacional Emprendedora (ENE).
5. Procurar medidas para aumentar el número de patentes y modelos de utilidad propios en colaboración con las organizaciones patronales y la Federación Española de Centros Tecnológicos, fomentando la inversión de la pequeña y mediana
empresa en procesos de homologación de propiedad industrial.
Crear un procedimiento de registro específico con tramitación administrativa reducida para todas aquellas patentes y modelos de utilidad vinculados a procedimientos tecnológicos de detección, curación y prevención del COVID19.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de junio de 2020.-María Sandra Moneo Díez, Pedro Navarro López, María Jesús Moro Almaraz, Juan Luis Pedreño Molina, Elena Castillo López, Ana María Pastor Julián, Mario Cortés Carballo, Vicente
Betoret Coll y Eduardo Carazo Hermoso, Diputados-Cayetana Álvarez de Toledo Peralta-Ramos, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/001050
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no
de Ley para revisar la Estrategia Española de Ciencia y Tecnología y de Innovación para adaptarla a la nueva situación provocada por el COVID-19, para la Comisión de Ciencia, Innovación y Universidades.
Exposición de motivos
La Estrategia Española de Ciencia y Tecnología y de Innovación es el instrumento marco en el que quedan establecidos los objetivos generales a alcanzar durante el período 2013-2020 ligados al fomento y desarrollo de las actividades de l+D+i
en España. Estos objetivos se alinean con los que marca la Unión Europea dentro del nuevo programa marco para la financiación de las actividades de l+D+i 'Horizonte 2020' para el período 2014-2020, contribuyendo a incentivar la participación activa
de los agentes del Sistema Español de Ciencia, Tecnología e Innovación en el espacio europeo.
Su objetivo es fijar un marco estratégico que permita identificar los ejes prioritarios sobre los que es necesario actuar y los objetivos generales, contemplando las actividades de l+D+i como un proceso continuo, complejo y con múltiples
interacciones entre los agentes.
Como recoge su preámbulo la elaboración de la Estrategia Española de Ciencia y Tecnología y de Innovación 2013-2020, a lo largo del año 2012, se produjo cuando el país estaba atravesando uno de los momentos de mayores dificultades económicas
cuyos efectos afectaron también al Sistema Español de Ciencia, Tecnología e Innovación, cuya financiación desde 2010 -y tras décadas de crecimiento sostenido-, registró un progresivo descenso tanto en los niveles de inversión pública como
empresarial, situación que muestra numerosas semejanzas por las provocadas por el COVID-19.
La Estrategia Española de Ciencia y Tecnología y de Innovación 2013-2020 fue el resultado de la colaboración entre la Administración General del Estado y las administraciones de las Comunidades Autónomas. Durante la confección de la
estrategia se contó con la participación de los agentes sociales y de un extenso grupo de expertos independientes pertenecientes a la comunidad científica, tecnológica y empresarial del país.
En este sentido es de destacar que el Informe COTEC, que refleja cada año desde 1996 la situación de la l+D+I en España ofreciendo indicadores sobre la materia, incluyendo entre otras cosas la ejecución presupuestaria, recoge que el
ejercicio 2019 ha sido el de peor ejecución presupuestaria de la serie histórica, hecho que debe ser corregido a corto plazo para hacer frente a los desafíos que provoca en nuestra economía la crisis provocada por el COVID-19, con el objetivo de
convertir nuestra economía en más competitiva, modernizar nuestro tejido productivo y para asegurar el crecimiento sostenido.
Esta crisis va a provocar cambios en la sociedad, que tendrán efectos a medio largo plazo, y conducirán a una transformación de la economía y se hace fundamental compatibilizar el enfoque defensivo anterior de conservación y recuperación del
tejido empresarial existente, con un enfoque proactivo de futuro, apoyando los esfuerzos de recuperación con el apoyo a los sectores en su proceso de adaptación a los cambios estructurales.
Siguiendo el modelo de negociación y colaboración marcado por la actual Estrategia 2012-2020 los agentes económicos reclaman desarrollar un modelo de relación más digital a todos los niveles, tanto desde el sector público como el sector
privado, para ellos es obligado intensificar y potenciar estratégicamente las actividades de l+D+I como palanca de competitividad empresarial, tal y como ha puesto de manifiesto esta crisis sanitaria. Las Administraciones Públicas deben asumir un
mayor liderazgo, tanto promoviendo una mayor inversión pública y privada en l+D+I, como facilitando una colaboración eficiente entre los distintos actores.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno para impulsar las medidas necesarias para:
1. Revisar, junto a agentes económicos, científicos y grupos políticos la Estrategia Española de Ciencia, Tecnología e Innovación para adaptarla a la nueva realidad provocada por la crisis sanitaria, racionalizando y armonizando la
normativa reguladora del sistema.
2. Fomentar las relaciones de cooperación y colaboración de l+D+i entre la empresa y los distintos integrantes del sistema investigador, científico y universitario.
3. Garantizar la Propiedad Industrial de los investigadores españoles a nivel internacional para rentabilizar el esfuerzo innovador y hacer sostenibles las ventajas competitivas empresaria/es.
4. Estimular el incremento de las vocaciones científicas y tecnológicas en la etapa escolar y el talento STEM y promover la alfabetización científica aumentando el nivel de comprensión y capacidad tecnológica del conjunto de la población.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de junio de 2020.-María Sandra Moneo Díez y Pedro Navarro López, Diputados-Cayetana Álvarez de Toledo Peralta-Ramos, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Comisión de Igualdad
161/001040
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley, para la adopción de medidas urgentes
que favorezcan políticas de igualdad en Instituciones Penitenciarias para ser debatida en la Comisión de Igualdad.
Exposición de motivos
Entendemos que el fomento de la igualdad entre hombres y mujeres debe ser una prioridad de toda la sociedad y también del Gobierno de España que debe hacerlo extensible a todos los ámbitos de las políticas públicas. Esta prioridad tiene que
abarcar también a la política penitenciaria en todos sus ámbitos.
Es evidente que la población reclusa femenina sufre especialmente la falta de políticas a favor de la igualdad plena de la mujer que garanticen su seguridad, su formación y su reinserción en condiciones de igualdad respecto al resto de
reclusos.
Esta necesidad de adoptar medidas en favor de la igualdad y de la conciliación laboral también afecta a las empleadas públicas que trabajan en Instituciones Penitenciarias.
Respecto al conjunto de empleados públicos penitenciarios, hombres y mujeres, entendemos que deberían ser reconocidos como esenciales para garantizar los derechos del conjunto de penados internados en las cárceles españolas.
Es evidente que estos empleados públicos también necesitan actuaciones urgentes, para que en base al principio de igualdad, les sean reconocidos determinados derechos sociolaborales. Derechos que de ser reconocidos y aplicados mejorarán el
funcionamiento de los centros penitenciarios españoles y por tanto las condiciones de vida del conjunto de la población reclusa.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a adoptar todas las medidas necesarias que garanticen con carácter de urgencia:
- Un aumento de los programas de empoderamiento, de habilidades sociales y de emprendimiento laboral para las reclusas.
- Un diseño de módulos que promueva que la vida penitenciaria de las reclusas transcurra en un ambiente más seguro. Así es fundamental el incremento del personal en todos los campos relacionados con el trabajo penitenciario, vigilancia y
tratamiento, y también del personal que las atienda cuando las internas vuelvan a su realidad exterior.
- Una mejora de los protocolos de igualdad y de conciliación desde la voluntad de lograr la igualdad real y efectiva de las mujeres en la política penitenciaria, tanto para las reclusas como para las empleadas públicas de prisiones.
Protocolos que, en la medida de lo posible, también deben extenderse a los reclusos y a los empleados públicos.
- Un servicio sanitario penitenciario de calidad y bien dotado de personal. Debe poder garantizar el tratamiento a las reclusas en condiciones de igualdad.
- Un aumento de las plantillas disponibles de los funcionarios y laborales de prisiones, mediante una oferta de empleo extraordinaria en 2020 y 2021 que cubran las vacantes existentes. Ello debe permitir un tratamiento que mejore las
condiciones de seguridad e igualdad para los hombres y mujeres encarcelados
- Una mejora sustancial de las instalaciones carcelarias que favorezcan la igualdad y el tratamiento diferenciado de las reclusas.
- Una mejora de los medios materiales que se proporcionan a los empleados públicos de prisiones para un trabajo más seguro para el conjunto de la población reclusa.
- El reconocimiento a los funcionarios de prisiones de la condición de agentes de la autoridad, para igualarlo a otros funcionarios así reconocidos.
- Un plan de mejora continua de la formación de los empleados públicos de prisiones en todos los ámbitos, con especial incidencia en las políticas de igualdad.
- La mejora global de las condiciones laborales de los empleados públicos de prisiones, incluyendo un plan trianual para su equiparación salarial.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de junio de 2020.-María José García-Pelayo Jurado, Margarita Prohens Rigo, Beatriz Álvarez Fanjul, Pilar Marcos Domínguez, María del Carmen González Guinda, Ana María Zurita Expósito, Edurne Uriarte
Bengoechea, María Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Rosa María Romero Sánchez, Alicia García Rodríguez, María Jesús Moro Almaraz, Tristana María Moraleja Gómez, María Soledad Cruz-Guzmán García y María de la O Redondo Calvillo, Diputadas-Cayetana
Álvarez de Toledo Peralta-Ramos, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/001045
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(161) Proposición no de Ley en Comisión.
Autor: Grupo Parlamentario Ciudadanos.
Proposición no de Ley sobre la consideración de la perspectiva de género en la situación de las funcionarias de prisiones y otras trabajadoras de las cárceles españolas.
Acuerdo:
Considerando que se solicita el debate de la iniciativa en Comisión, y entendiendo que la previsión contenida en el punto 1 se haría, en todo caso, por el procedimiento reglamentario pertinente, admitirla a trámite como Proposición no de
Ley, conforme al artículo 194 del Reglamento, y disponer su conocimiento por la Comisión de Igualdad. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, comunicando este acuerdo al Grupo
Parlamentario proponente.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de junio de 2020.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para la consideración de la perspectiva de género en la
situación de las funcionarias de prisiones y otras trabajadoras de las cárceles españolas, para su posterior debate en la Comisión de Igualdad.
Exposición de motivos
Desde 2007, con la aprobación de la Ley de Igualdad, funcionarios y funcionarias de prisiones trabajan indistintamente en módulos masculinos y femeninos de las cárceles en España.
Actualmente existe un déficit de 3.500 plazas de funcionarios en nuestras prisiones, lo que se traduce en que estos deban realizar tareas, como el cierre de celdas o el reparto de las comidas, solos, lo que es particularmente peligroso en el
caso de las funcionarias.
Hoy en día existe una funcionaria para una media de 100 internos varones, lo que resulta enormemente limitado, no solo por la carga de trabajo que supone a la hora de llevar a cabo con eficacia las tareas propias del puesto de trabajo, sino
por el riesgo para las mujeres trabajadoras que implica esta situación en un entorno tan vulnerable al conflicto, en muchas ocasiones, de carácter sexual, como es una prisión.
Las funcionarias de prisiones han denunciado reiteradamente la desprotección que sufren frecuentemente ante agresiones de carácter sexual, como tocamientos, acorralamientos, masturbaciones, exhibicionismo, miradas lascivas, comentarios
lascivos en grupo, etc. Y ejemplos pueden mencionarse muchos, como el ocurrido en el hospital psiquiátrico penitenciario de Alicante, donde se produjeron tocamientos y acorralamientos a una funcionaria que, para mayor estigma, Instituciones
Penitenciarias no consideró agresión sexual, o el acontecido en el centro penitenciario de Ocaña II donde, a pesar de que un interno se masturbó delante de la psicóloga en el despacho, la dirección del centro no tomó medidas adecuadas, limitándose a
poner un cartel prohibiendo al personal femenino tener contacto con el interno a solas.
Estas situaciones, y muchas más que ocurren casi a diario, son reflejo de la total desprotección en la que se encuentran las trabajadoras de las prisiones españolas y de la equivocada política de culpabilización de la víctima que sucede,
también en nuestras cárceles, cuando la única medida que se toma para impedir estos reprobables comportamientos es la de alejar a las funcionarias de las tareas propias de su puesto de trabajo. Por ello, las trabajadoras de los centros
penitenciarios han manifestado en muchas ocasiones que no confían en que la administración penitenciaria las ayudará, por lo que apenas denuncian estos casos que se producen con una enorme frecuencia. Es imprescindible que las autoridades
penitenciarias denuncien de oficio y apoyen a su personal femenino, en vez de restar importancia a los casos o revictimizar a las agredidas. Por otro lado, muchas de estas agresiones, y otras tantas de todo tipo sucedidas también a los funcionarios
hombres, podrían evitarse si todos ellos y ellas tuviesen reconocida la condición de agentes de la autoridad. Aunque la autoridad que ejercen está reconocida de facto, ninguna ley les otorga este rango, aunque el número de agresiones no deja de
incrementarse, con más de 2.000 contabilizadas en el último quinquenio.
Es esta una reivindicación histórica de este colectivo que trata, diariamente, con situaciones de enorme vulnerabilidad al conflicto y al uso de la violencia. Otorgarles dicha condición, que hoy todavía no les reconoce ninguna norma con
rango de ley, ayudaría a proteger de una manera más garantista su integridad física, en un contexto de constante incremento del número de agresiones de las que son objeto.
Por todo cuanto antecede, el Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Elaborar, en un plazo de seis meses, un informe que estudie las medidas a adoptar para la consideración de la perspectiva de género en la situación de las funcionarias de prisiones y otras trabajadoras de las cárceles españolas, que será
presentado ante las Comisiones de Interior e Igualdad del Congreso de los Diputados,
2. Establecer un plan o protocolo de actuación para prevenir los ataques y agresiones de carácter sexual que sufren las funcionarias y trabajadoras en los centros penitenciarios españoles, que recoja medidas eficaces para su protección y
que no supongan la revictimización o culpabilización de la víctima,
3. Llevar a cabo las modificaciones necesarias en la Ley Orgánica General Penitenciaria a efectos de establecer la consideración de los y las funcionarias de prisiones como agentes de la autoridad.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de junio de 2020.-Pablo Cambronera Piqueras y Sara Giménez Giménez, Diputados.-Edmundo Bal Francés, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
Comisión de Derechos de la Infancia y Adolescencia
161/001061
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a la Mesa para, al amparo del artículo 193 y siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley sobre Protección de
la población menor de edad en el uso responsable y con garantías de internet, para su debate en la Comisión de Derechos de la Infancia y Adolescencia.
Exposición de motivos
El pasado 11 de marzo de 2020 la Organización Mundial de la Salud elevó a situación de pandemia internacional la situación de emergencia sanitaria provocada por el COVID-19.
En correlación a esta declaración, y ante la rápida propagación del virus en nuestro país, el Gobierno de España estableció, mediante el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, medidas extraordinarias temporales en aras de proteger la salud y
la seguridad de la población, contener la progresión de la enfermedad y reforzar el sistema de salud pública.
Entre estas medidas, se encuentra la suspensión de la actividad educativa presencial en todos los centros, grados, cursos y niveles de enseñanza, contemplados en el artículo 3 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, incluida
la enseñanza universitaria y cualesquiera otras actividades educativas o de formación impartidas en centros públicos y privados. Medida que afecta a toda la población menor de edad del conjunto del país.
Este hecho, junto a las medidas de distanciamiento social en confinación domiciliaria, hace que el uso de internet, tanto con fines educativos como lúdicos, por parte de la población menor de edad se vea incrementado en este periodo. Según
datos del Instituto Nacional de Estadística de 2019, el 89,7 % de esta población usa ordenador en casa.
Sin duda, internet es un espacio idóneo para la interacción entre la población menor de edad y su entorno social y educativo, pero representa también un espacio que puede poner en riesgo sus derechos.
En España, los menores gozan de los derechos que les reconoce la Constitución y los Tratados Internacionales de los que España es parte especialmente la Convención de Derechos del Niño de Naciones Unidas.
En concreto, el derecho al honor, la intimidad personal y familiar y la propia imagen están protegidos por la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor, de modificación parcial del Código Civil y de la Ley de
Enjuiciamiento Civil. Este derecho comprende también la inviolabilidad del domicilio familiar y de la correspondencia, así como del secreto de las comunicaciones.
Esta Ley considera intromisión ilegítima en el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen del menor, cualquier utilización de su imagen o su nombre en los medios de comunicación que pueda implicar menoscabo de
su honra o reputación, o que sea contraria a sus intereses incluso si consta el consentimiento del menor o de sus representantes legales. Y establece que los padres o tutores y los poderes públicos respetarán estos derechos y los protegerán frente
a posibles ataques El Gobierno de España, a través del Instituto Nacional de Ciberseguridad, pone a disposición de niños, niñas y adolescentes y sus familias y docentes herramientas para el uso seguro y responsable y la prevención de acceso a
contenidos perjudiciales, de contactos dañinos o conductas inapropiadas.
Entre ellas, programas para prevenir y reaccionar ante el ciberacoso, guías de uso en convivencia y respeto de internet y un servicio de consulta, atendido por un equipo multidisciplinar, compuesto por psicólogos, expertos en seguridad IT y
asesoramiento legal, al que los usuarios pueden reportar contenidos inapropiados o molestos para los menores.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno de España, en el contexto del COVID 19, a seguir reforzando la difusión y el conocimiento entre la ciudadanía de los programas, guías, recursos que el
Instituto Nacional de Ciberseguridad pone a disposición de la población menor de edad, sus familias y docentes para el uso seguro y responsable de internet.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de junio de 2020.-Omar Anguita Pérez y Carmen Andrés Añón, Diputados.-Susana Ros Martínez y Rafael Simancas Simancas, Portavoces del Grupo Parlamentario Socialista.
PREGUNTAS PARA RESPUESTA ORAL
La Mesa de la Cámara en su reunión del día de hoy ha acordado admitir a trámite, conforme al artículo 189 del Reglamento, las siguientes preguntas orales al Gobierno en Comisión, disponer su conocimiento por las Comisiones que se indican,
dando traslado al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de junio de 2020.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
Comisión de Presupuestos
181/000388
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Hacienda
Diputado don Víctor Píriz Maya
Texto:
¿Cuáles han sido las razones que han llevado al Gobierno a desistir de la elaboración y aprobación de unos PGE este año 2020?
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de junio de 2020 -Víctor Valentín Píriz Maya, Diputado.
181/000389
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Hacienda
Diputado don Víctor Píriz Maya
Texto:
¿Cuál ha sido el encaje presupuestario de las partidas, importe de las mismas, medio de financiación e impacto de la renta mínima vital en el presupuesto de la Seguridad Social?
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de junio de 2020 -Víctor Valentín Píriz Maya, Diputado.
181/000390
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Hacienda
Diputado don Víctor Píriz Maya
Texto:
¿En qué partidas presupuestarias, con qué importes, con qué contrapartidas y con desglose por medio de comunicación se ha gastado durante la crisis del COVID-19 en publicidad institucional?
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de junio de 2020 -Víctor Valentín Píriz Maya, Diputado.
181/000391
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Hacienda
Diputado don Víctor Píriz Maya
Texto:
¿Cómo valora el Gobierno de España que se hayan cumplido la semana pasada dos años de la aprobación por parte del Congreso de los Diputados de los presupuestos actualmente en vigor?
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de junio de 2020 -Víctor Valentín Píriz Maya, Diputado.
181/000392
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Hacienda
Diputado don Víctor Píriz Maya
Texto:
¿Podría desglosarnos el impacto presupuestario del COVID-19 en las diferentes partidas que se han enviado como previsiones a la Comisión Europea?
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de junio de 2020 -Víctor Valentín Píriz Maya, Diputado.
181/000393
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Hacienda
Diputado don Víctor Píriz Maya
Texto:
¿Podría explicar por qué con una caída del PIB del entorno del 9-15 % según las diferentes previsiones del Gobierno, Airef o Banco de España, solo incluye el plan presupuestario enviado a Bruselas una disminución del 5 % en los ingresos
tributarios?
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de junio de 2020 -Víctor Valentín Píriz Maya, Diputado.
181/000394
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Hacienda
Diputado don Víctor Píriz Maya
Texto:
¿Cómo explica el Gobierno la desviación del déficit presupuestario de 2019, que supera según la contabilidad nacional el 2,8 % frente al 1,3 % en vigor acordado con Bruselas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de junio de 2020 -Víctor Valentín Píriz Maya, Diputado.
181/000395
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Hacienda
Diputado don Víctor Píriz Maya
Texto:
¿Si, tal y como afirma el Gobierno, los Presupuestos Generales del Estado en vigor, elaborados por un Ejecutivo del Partido Popular, no planteaban el crecimiento 'con bases justas y sólidas', cómo justifican que lleven gobernando dos años
con esos presupuestos?
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de junio de 2020 -Víctor Valentín Píriz Maya, Diputado.
Comisión de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana
181/000379
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Grupo Parlamentario VOX
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana
Doña Patricia de las Heras Fernández, Diputada del Grupo Parlamentario VOX.
Dirigida al Ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, don José Luis Ábalos Meco
Texto:
¿Cuáles son los motivos reales para el nombramiento de don José Ignacio Carnicer como máximo responsable de la recientemente creada Dirección General de Agenda Urbana y Arquitectura?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio de 2020.-Patricia de las Heras Fernández, Diputada.
181/000378
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Grupo Parlamentario VOX
Pregunta con respuesta oral en Comisión
Don Joaquín Robles Ortiz, Diputado del Grupo Parlamentario VOX.
Dirigida a la Ministra de Educación y Formación Profesional, doña Isabel Celáa Diéguez.
Texto:
¿Tiene conocimiento el Ministerio de Educación y Formación Profesional de las presiones que denuncian multitud de docentes ejercidas por la autoridad competente con el objetivo de instaurar el aprobado general al alumnado?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio de 2020.-Joaquín Robles Ortiz, Diputado.
Comisión de Derechos Sociales y Políticas Integrales de la Discapacidad
181/000386
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Cooperación Internacional
Diputada doña Paloma Gázquez Collado
Texto:
¿Cuándo piensa el Gobierno proponer un Reglamento para distribuir entre las organizaciones del Tercer Sector los 33 millones de euros que tiene retenidos desde julio de 2019 cuando fueron donados para fines sociales a través del pago del
Impuesto de Sociedades?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de junio de 2020.-Paloma Gázquez Collado, Diputada.
Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación
181/000387
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación
Diputado don Joaquín García Díez
Texto:
¿Qué valoración hace el Gobierno de que tras los últimos nombramientos del Colegio de Comisarios de la UE España no obtuviera la DG MARE y solo cuente con una Dirección General?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de junio de 2020.-Joaquín María García Díez, Diputado.
Comisión de Ciencia, Innovación y Universidades
181/000380
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Grupo Parlamentario VOX
Pregunta con respuesta oral en la en la Comisión de Ciencia, Innovación y Universidades
Doña Mireia Borràs Pabón, Diputada del Grupo Parlamentario VOX.
Dirigida al Ministro de Ciencia e Innovación, don Pedro Duque Duque
Texto:
Teniendo en cuenta los recursos económicos que el Gobierno de España ha destinado a la investigación de una vacuna o tratamiento contra la COVID-19, ¿cuál es la prioridad del Gobierno de España en la búsqueda de una vacuna o tratamiento
contra el SARS-CoV-2?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de junio de 2020.-Mireia Borràs Pabón, Diputada.
Comisión de Igualdad
181/000381
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Grupo Parlamentario VOX
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Igualdad
Doña Lourdes Méndez Monasterio, Diputada del Grupo Parlamentario VOX.
Dirigida a la Ministra de Igualdad, doña Irene Montero Gil
Texto:
¿Tiene conocimiento de la presión que desde el Instituto de la Mujer se está realizando a personas que regentan determinados establecimientos comerciales?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de junio de 2020.-Lourdes Méndez Monasterio, Diputada.
PREGUNTAS PARA RESPUESTA ESCRITA
184/015576
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(184) Pregunta al Gobierno con respuesta escrita.
Autor: Perea i Conillas, María Mercè (GS).
Sahuquillo García, Luis Carlos (GS).
Canales Duque, Mariana de Gracia (GS).
González Caballero, Miguel Ángel (GS).
López Zamora, Cristina (GS).
González Ramos, Manuel Gabriel (GS).
Vilches Ruiz, María Luisa (GS).
Gutiérrez Prieto, Sergio (GS).
Padilla Ruiz, Esther (GS).
Valerio Cordero, Magdalena (GS).
Meijón Couselo, Guillermo Antonio (GS).
Retirada de su pregunta sobre número de pensionistas por regímenes que tienen complemento de mínimos desde el año 2012 en la Comunidad Autónoma de Castilla y León.
Acuerdo:
Aceptar la declaración de voluntad, teniendo por retirada la iniciativa de referencia, así como comunicarlo al Gobierno y a los autores de la iniciativa y publicarlo en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de junio de 2020.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
Nota.-La iniciativa de referencia fue publicada en el 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, núm. 108, de 22 de junio de 2020.
184/016271
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(184) Pregunta al Gobierno con respuesta escrita.
Autor: Borrego Cortés, Isabel María (GP).
Rojas García, Carlos (GP).
Vázquez Blanco, Ana Belén (GP).
Santamaría Ruiz, Luis (GP).
Criterios objetivos de experiencia, mérito y capacidad seguidos para la elección del General Antonio Afonso Rodríguez para su ascenso y nombramiento como Asesor General de la Defensa, del General Juan Antonio Pozo Vilches para su ascenso y
nombramiento como Fiscal Jefe de la Sala Quinta del Tribunal Supremo y del General don Antonio Conde Ortiz para su ascenso y nombramiento como Inspector General de Sanidad.
Acuerdo:
1. En cuanto a la solicitud de que se facilite una serie de documentación, y teniendo en cuenta la subsanación de falta de firma contenida en el escrito número de registro 41434, admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de
los artículos 7 del Reglamento de la Cámara y 109 de la Constitución y trasladar a la Administración Pública correspondiente (nuevo número de expediente 186/001498/0000).
2. En cuanto al resto, admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
3. Comunicar este acuerdo a los Sres. Diputados autores de la iniciativa.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de junio de 2020-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
D.ª Isabel Borrego Cortés, D. Carlos Rojas García, D.ª M. Ana Belén Vázquez Blanco, D. Luis Santamaría Ruiz, Diputados pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, presentan la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desean obtener respuesta por escrito.
El pasado 31 de mayo La Razón publicaba el siguiente titular 'La desescalada de Marlaska: del 7 al 1 en 24 horas', artículo donde explicaba cómo se puede controlar una institución, en este caso la Guardia Civil, con una 'adecuada' política
de ceses y nombramientos. Según parece está práctica también viene haciéndose en el Ministerio de Defensa desde hace algunos meses. Voz Populi daba la voz de alarma, el de 21 de febrero con su artículo 'Robles se salta la antigüedad y el mérito en
los últimos ascensos de generales' donde informaba sobre la 'sorpresa' que había generado los últimos ascensos a general en el cuerpo jurídico y el malestar de los médicos militares por los continuos ceses y 'extraños' movimientos de personal. El
artículo 74 de la Ley de la Carrera Militar (LCM) establece que la carrera militar 'queda definida por la ocupación de diferentes destinos, el ascenso a los sucesivos empleos y la progresiva capacitación para puestos de mayor responsabilidad,
combinando preparación y experiencia profesional'. Más adelante el artículo 88 se refiere al régimen de ascensos y dispone que 'debe potenciar el mérito y la capacidad de sus miembros e incentivar su preparación y dedicación profesional' y en su
apartado a) añade que los ascensos por elección (los de general y coronel) 'se producirán entre aquellos militares más capacitados e idóneos'.
En definitiva, según la LCM, los ascensos y nombramientos deben basarse en la preparación, la experiencia, el mérito, la capacidad y la idoneidad. La apreciación y valoración de estas condiciones no puede basarse en la mera arbitrariedad y
por ello los militares se someten a procesos de evaluación sobre la base de parámetros objetivos y reglados de tal forma que el margen de subjetividad quede reducido al mínimo. Además, estas evaluaciones se hacen en las correspondientes Juntas de
Evaluación; se opta por un órgano colegiado con el objetivo de que las valoraciones queden ponderadas por la concurrencia de varios vocales evitando dejar en manos de una sola persona una decisión que debe ser lo más objetiva posible y que
determina la trayectoria profesional de los militares y el ejercicio de determinados cargos. Finalmente las decisiones de las Juntas de Evaluación quedan plasmadas en las correspondientes actas donde se establece la correspondiente ordenación.
Esta ordenación se efectúa precisamente para determinar de modo inequívoco quiénes de los evaluados reúnen mayor preparación, experiencia, mérito y capacidad. Esta proceso -largo y costoso- y la subsiguiente ordenación no se efectúa por amor al
arte sino para determinar con objetividad, rigor y justicia cuál es el orden en el que deben producirse los ascensos. Por todo ello, el escalafón resultante de los procesos de evaluación debe ser respetado en los ascensos, hacer lo contrario sería
un grave atentado contra la justicia formal y material salvo que admitiésemos que las Juntas de Evaluación son ineptas y su trabajo inútil. Ello no significa que en determinados casos pueda haber excepciones, pero, como su propio nombre indica,
deben tener carácter extraordinario (la excepción no puede convertirse en regla) y, sobre todo, caso de producirse deben estar justificadas y debidamente motivadas.
Sin embargo estos criterios han sido palmariamente obviados en algunos ascensos y nombramientos de extrema relevancia. Veamos los casos más relevantes:
En virtud de lo anteriormente expuesto se plantea la Gobierno las siguientes preguntas:
¿Qué criterios objetivos de experiencia, mérito y capacidad se siguieron para la elección del general Antonio Afonso Rodríguez en relación con su ascenso y nombramiento como Asesor General de la Defensa? [...]
¿Qué criterios objetivos de experiencia, mérito y capacidad se siguieron para la elección del general Juan Antonio Pozo Vilches en relación con su ascenso y nombramiento como Fiscal Jefe de la Sala Quinta del Tribunal Supremo? [...]
¿Qué criterios objetivos de experiencia, mérito y capacidad se siguieron para la elección del general Antonio Conde Ortiz en relación con su ascenso y nombramiento como Inspector General de Sanidad? [...]
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de junio de 2020.-Isabel María Borrego Cortés, Carlos Rojas García, Ana Belén Vázquez Blanco y Luis Santamaría Ruiz, Diputados.-Guillermo Mariscal Anaya, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso.