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BOCG. Congreso de los Diputados, serie D, núm. 104, de 16/06/2020
cve: BOCG-14-D-104
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BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
XIV LEGISLATURA
Serie D: GENERAL
16 de junio de 2020
Núm. 104
ÍNDICE
Control de la acción del Gobierno
PROPOSICIONES NO DE LEY
Comisión de Justicia
161/000943 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, relativa a la creación de una Policía Judicial independiente ... (Página6)
161/000948 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, relativa a impulsar la reactivación de la Justicia y la tutela de los derechos de la ciudadanía ...
Comisión de Hacienda
161/000970 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Plural, relativa a la derogación urgente de la Ley de Estabilidad Presupuestaria en lo referente al superávit de los Ayuntamientos ... (Página9)
Comisión de Presupuestos
161/000964 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, relativa a la adopción de medidas de estrategia de política presupuestaria para la puesta en marcha de un sistema de Presupuesto en Base Cero ...
Comisión de Interior
161/000949 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, relativa a la reprobación del Ministro del Interior, don Fernando Grande-Marlaska ... (Página15)
161/000974 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Plural, sobre la retirada de distinciones, condecoraciones y medallas concedidas por el Estado, a todas las personas que hayan sido imputadas por crímenes de lesa
humanidad ... (Página16)
Comisión de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana
161/000950 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Republicano, sobre medidas financieras para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19 en el pago de los alquileres de vivienda habitual ...
161/000952 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa a impulsar la publicación de la estrategia indicativa del desarrollo, mantenimiento y renovación de las infraestructuras ferroviarias integrantes de
la Red Ferroviaria de Interés General ... (Página20)
161/000953 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre la renovación del Marco Estratégico del Sistema Portuario de Interés General ... (Página21)
161/000954 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre impulsar un plan de ayudas al sector del transporte en el seno de la Unión Europea ... (Página22)
Comisión de Trabajo, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones
161/000945 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, relativa al pago de la totalidad de ayudas por Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) previo a la aprobación de la ayuda del Ingreso Mínimo Vital ...
(Página23)
161/000969 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre medidas para extender la duración y potenciar la aplicación de los ERTE por causas relacionadas con la crisis sanitaria del COVID-19 ...
161/000978 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, relativa a las consecuencias del incumplimiento del compromiso de mantenimiento del empleo ... (Página27)
Comisión de Industria, Comercio y Turismo
161/000960 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, relativa a microcréditos para el pequeño comercio, hostelería y autónomos ... (Página29)
161/000961 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, relativa al impulso del sector de la hostelería ... (Página29)
161/000980 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre la creación de un Programa de apoyo a la fabricación nacional de material sanitario y de una Reserva Estratégica ...
Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación
161/000972 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA) ... (Página34)
161/000976 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, sobre medidas de fomento de la producción española de aguacate ... (Página36)
161/000981 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa al apoyo al sector ganadero de lidia para paliar el impacto económico y social ocasionado por la crisis sanitaria del COVID-19 ...
Comisión de Política Territorial y Función Pública
161/000973 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre la necesaria aprobación de una Ley de Función Pública para la Administración General del Estado ... (Página40)
Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico
161/000947 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, relativa a la adopción de un Plan Nacional de prevención, lucha, control y erradicación de la 'Cortaderia selloana' ... (Página41)
Comisión de Cultura y Deporte
161/000944 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, sobre la celebración del quinto centenario de la conquista de México ... (Página43)
Comisión de Asuntos Económicos y Transformación Digital
161/000971 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, sobre la creación de una Autoridad para la Protección del Cliente Financiero ...
Comisión de Sanidad y Consumo
161/000946 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, relativa a las aguas residuales y la presencia de SARS-CoV-2 (COVID-19) ... (Página47)
161/000959 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, sobre el estado de salud mental ocasionado por el coronavirus ... (Página48)
161/000977 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, relativa a la atención sanitaria en residencias de mayores y centros sociosanitarios ... (Página51)
Comisión de Ciencia, Innovación y Universidades
161/000979 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, por la que se insta al Gobierno a fomentar el acceso universal a las vacunas, los tratamientos y los diagnósticos, en especial en la lucha contra el COVID-19
... (Página54)
161/000982 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre la adopción de medidas para planificar el curso universitario 2020-2021 ... (Página56)
Comisión de Igualdad
161/000955 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa a la adopción de medidas para incorporar la perspectiva de género en todas las políticas públicas destinadas a paliar los efectos del COVID-19 ...
(Página57)
161/000956 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre impulsar políticas específicas destinadas al pleno reconocimiento de las condiciones laborales de los empleos altamente feminizados y visibilizar su
precariedad con el objeto de corregirla ... (Página59)
161/000957 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre continuar trabajando en políticas públicas destinadas a paliar los efectos del COVID-19 en las familias monomarentales ...
161/000968 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, relativa a la igualdad de trato de las personas independientemente de su origen racial o étnico ...
PREGUNTAS PARA RESPUESTA ORAL
Comisión de Hacienda
181/000332 Pregunta formulada por la Diputada doña Inés María Cañizares Pacheco (GVOX), sobre planes de la Ministra de Hacienda para designar a la persona sustituta del señor Fernández Guerrero en la Presidencia del principal conglomerado
empresarial del Estado ... (Página64)
Comisión de Interior
181/000331 Pregunta formulada por el Diputado don Agustín Almodóbar Barceló (GP), sobre previsión respecto a la construcción de una nueva comisaría del Cuerpo Nacional de Policía en la localidad de Benidorm (Alicante), cuyo Ayuntamiento ya
cedió los terrenos y elaboró el proyecto básico ... (Página64)
Comisión de Trabajo, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones
181/000343 Pregunta formulada por el Diputado don Juan José Aizcorbe Torra (GVOX), sobre previsiones acerca de prolongar y flexibilizar los ERTE por causa de fuerza mayor que hayan sido acordados durante el estado de alarma decretado a causa
del COVID-19 ... (Página65)
181/000344 Pregunta formulada por el Diputado don Juan José Aizcorbe Torra (GVOX), sobre cotizaciones, recargos e intereses de demora que deberá reintegrar una empresa en caso de incumplimiento del compromiso de mantenimiento del empleo
previsto en la disposición adicional sexta del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, si se extingue un solo contrato de trabajo ... (Página65)
Comisión de Industria, Comercio y Turismo
181/000329 Pregunta formulada por el Diputado don Agustín Almodóbar Barceló (GP), sobre conocimiento que tiene el Gobierno de las prioridades que tiene el sector turístico español ... (Página65)
Comisión de Derechos Sociales y Políticas Integrales de la Discapacidad
181/000328 Pregunta formulada por el Diputado don Agustín Almodóbar Barceló (GP), sobre fecha prevista para formar la mesa de trabajo que debe rediseñar, revisar, mejorar y actualizar el programa de viajes del IMSERSO ...
Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico
181/000330 Pregunta formulada por el Diputado don César Sánchez Pérez (GP), sobre medidas que está aplicando el Gobierno para evitar la obsolescencia programada de los productos industriales, principal causa de la acumulación de deshechos de
electrodomésticos y aparatos electrónicos en las ciudades españolas ... (Página66)
181/000334 Pregunta formulada por la Diputada doña Paloma Gázquez Collado (GP), sobre tipo de residuo para el que estaba diseñado el vertedero de Zaldívar ... (Página66)
181/000335 Pregunta formulada por la Diputada doña Paloma Gázquez Collado (GP), sobre conocimiento por el Gobierno de la existencia del proyecto del vertedero de Zaldívar y si cumplía con lo regulado por el Real Decreto 1481/2001, de 27 de
diciembre ... (Página67)
181/000336 Pregunta formulada por la Diputada doña Paloma Gázquez Collado (GP), sobre control del tipo de vertidos que se estaban recogiendo en el vertedero de Zaldívar ... (Página67)
181/000337 Pregunta formulada por la Diputada doña Paloma Gázquez Collado (GP), sobre revisión por el Gobierno de los procedimientos de control y vigilancia durante la fase de explotación del vertedero de Zaldívar ...
181/000338 Pregunta formulada por la Diputada doña Paloma Gázquez Collado (GP), sobre intención de pedir responsabilidades al Gobierno vasco sobre el accidente del vertedero de Zaldívar ... (Página68)
181/000339 Pregunta formulada por la Diputada doña Paloma Gázquez Collado (GP), sobre realización de alguna investigación sobre el derrumbamiento en el vertedero de Zaldívar ... (Página68)
Comisión de Sanidad y Consumo
181/000345 Pregunta formulada por la Diputada doña Elena Castillo López (GP), sobre líneas de trabajo que está diseñando el Ministro de Consumo para la tercera dimensión del Turismo ... (Página68)
181/000346 Pregunta formulada por la Diputada doña Elena Castillo López (GP), sobre propuestas del Ministro cuando afirma que cualquier país desarrollado con una capacidad alta de proceder al reparto de salarios elevados y alta productividad
requiere de un cambio estructural ... (Página69)
CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO
PROPOSICIONES NO DE LEY
La Mesa de la Cámara en su reunión del día de hoy ha acordado admitir a trámite, conforme al artículo 194 del Reglamento, las siguientes Proposiciones no de Ley y considerando que solicitan el debate de las iniciativas en Comisión, disponer
su conocimiento por las Comisiones que se indican, dando traslado al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de junio de 2020.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
Comisión de Justicia
161/000943
A la Mesa del Congreso de los Diputados
D.ª Macarena Olona Choclán, D. Javier Ortega Smith-Molina, D. Eduardo Luis Ruiz Navarro, D. Pedro Fernández Hernández, D. Patricia de las Heras Fernández, D. José María Sánchez García, D. Francisco José Alcaraz Martos, D. Luis Gestoso de
Miguel y D. Ignacio Gil Lázaro, en sus condiciones de Portavoz Adjunta y de Diputados del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX), al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan la
siguiente Proposición no de Ley relativa a la creación de una Policía Judicial independiente, para su discusión en la Comisión de Justicia.
Exposición de motivos
Primero. La Guardia Civil y el Cuerpo Nacional de la Policía tienen como misión proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades y garantizar la seguridad ciudadana. Ambos cuerpos a día de hoy son dependientes del Ministerio del
Interior, formando parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
En el artículo quinto de la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, se recogen sus principios básicos de actuación, siendo el punto 1 del citado artículo la adecuación al ordenamiento jurídico, y concretamente
establece en sus apartados b) y c), actuar en el cumplimiento de sus funciones con absoluta neutralidad política e imparcialidad y colaborar con la Administración de Justicia y auxiliarla en los términos establecidos en la Ley.
Segundo. La Policía Judicial es una unidad especializada integrada por miembros de las FYCSE, que tiene como misión la persecución de determinados delitos y el auxilio a la Administración de Justicia.
El artículo 126 de la Constitución Española establece que 'La policía judicial depende de los Jueces, de los Tribunales y del Ministerio Fiscal en sus funciones de averiguación del delito y descubrimiento y aseguramiento del delincuente, en
los términos que la ley establezca'.
La Ley de Enjuiciamiento Criminal, en sintonía con la Constitución, también recoge en sus artículos 282 y 283 los objetivos y obligaciones de la policía judicial, entre ellas auxiliar a jueces y Tribunales en material penal, y del Ministerio
Fiscal, quedando obligados a recibir las instrucciones que de ellos reciban.
La posterior Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, en desarrollo del precepto constitucional, en su Título II, Capítulo V, trata de 'La organización de unidades de policía judicial'. Recoge en su artículo
30.1 que 'la organización de la Policía Judicial corresponde con exclusividad al Gobierno, que podrá oír al Consejo General del Poder Judicial y al Fiscal General del Estado'.
El Real Decreto 769/1987, de 19 de junio, sobre regulación de la Policía Judicial, está orientado a delimitar las funciones de la Policía Judicial.
Su artículo 23 abre la posibilidad de la creación de unidades adscritas de forma permanente a Juzgados y Tribunales, incluso en las propias dependencias judiciales. Se acerca a la idea de una Policía Judicial independiente del Gobierno, y
dependiente íntegramente del Poder Judicial.
Tercero. Si bien la Policía Judicial está sujeta a una dependencia funcional de los jueces, Tribunales o miembros del Ministerio Fiscal, como se recoge en la legislación anteriormente citada, paradójicamente su dependencia orgánica
corresponde al Ministerio de Interior, al poder ejecutivo.
Cuarto. Esta extraña e insana interrelación de poderes lleva en la práctica a situaciones de grave injusticia moral, poniendo en manos del Ministerio del Interior la tentadora herramienta para tomar decisiones arbitrarias que penalicen la
actuación independiente de la Policía Judicial, en base a las actuaciones llevadas a cabo a petición de la autoridad judicial, cuando los intereses del poder ejecutivo no coincidan con el deber de esclarecimiento de delitos del poder judicial.
Se produce un grave conflicto en la actuación del correcto desempeño de la Policía Judicial, impidiéndole cumplir con su obligación de actuar con absoluta neutralidad política, temiendo ser conminado por el Ministerio de Interior cuando su
actuación no coadyuve la política del ejecutivo.
Y de igual modo esta dependencia gubernativa permite la 'contaminación' de las investigaciones criminales por parte del poder ejecutivo a través de sus mandos policiales y/o políticos, dando lugar a enfrentamientos entre jueces y tribunales
con altos mandos policiales y/o políticos.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a lo siguiente:
1. Promover la modificación de la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, en orden a dotar a la Policía Judicial de una dependencia total, orgánica y funcional, de los jueces, Tribunales y Ministerio Fiscal,
cumpliendo así con el principio de separación de poderes del Estado y acabando con la actual dependencia orgánica del Gobierno, permitiendo las garantías procesales necesarias para la averiguación del delito y el descubrimiento del delincuente.
2. Dotar a los Juzgados y Tribunales de la creación de sus propias unidades de Policía Judicial, adscritas de forma permanente.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de junio de 2020.-Francisco Javier Ortega Smith-Molina, Eduardo Luis Ruiz Navarro, Pedro Fernández Hernández, José María Sánchez García, Francisco José Alcaraz Martos, Luis Gestoso de Miguel, Ignacio
Gil Lázaro y Patricia de las Heras Fernández, Diputados.-Macarena Olona Choclán, Portavoz del Grupo Parlamentario VOX.
161/000948
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, de conformidad con el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley para impulsar la reactivación de la
Justicia y la tutela de los derechos de la ciudadanía, para su debate en la Comisión de Justicia.
Exposición de motivos
El Consejo de Ministros del pasado 28 de abril aprobó el Real Decreto-ley 16/2020, de 28 de abril, de medidas procesales y organizativas para hacer frente al COVID-19 en el ámbito de la Administración de Justicia, con el objetivo de
reactivar la Administración de Justicia y en especial, hacer frente al aumento de la litigiosidad que provocará levantamiento de los plazos procesales suspendidos por el estado de alarma. Además, mediante este Decreto-ley se garantiza la tutela
judicial efectiva sin dilaciones indebidas, poniendo el foco en los sujetos o sectores más afectados por esta crisis, estableciendo procedimientos especiales o especialidades sobre procedimientos ya existentes, que permitan tutelar de manera rápida
y eficaz los derechos e intereses de las personas en situación de vulnerabilidad económica. Se trata de
sustanciar con celeridad pretensiones con origen directo y relacionadas con la crisis sanitaria derivada del COVID-19, que afectará con mayor impacto a las personas ya de por si en situación de vulnerabilidad.
Asimismo, se adoptan medidas para evitar que el escenario post COVID-19 lleve a declaraciones de concurso o a la apertura de la fase de liquidación de empresas que podrían ser viables en condiciones normales de mercado y se establecen
medidas organizativas que permitan optimizar los medios personales y materiales y que permitan proteger adecuadamente la vida y la salud de todas las personas, ciudadanos y ciudadanas, profesionales y funcionariado, evitando situaciones de contagio.
Con esta finalidad, se incorporan las nuevas tecnologías a las actuaciones procesales que eviten, en la medida de lo posible, excesivas concentraciones en las sedes judiciales y permita la necesaria distancia de seguridad en vistas y audiencias
públicas. El objetivo es en definitiva, alcanzar una progresiva reactivación del normal funcionamiento de los Juzgados y Tribunales, ya de por sí afectados desde hace tiempo por una falta de medios personales y materiales.
El Real Decreto-ley aprobado es un primer paso necesario pero no el último con el fin de reactivar la Administración de Justicia y la cobertura de los derechos de la ciudadanía. Asimismo, entendemos la tensión que alguna de estas medidas
excepcionales puede ocasionar con el principio de inmediación procesal, la publicidad y la oralidad de los actos procesales. Ante esta situación, el Gobierno, así como todas las administraciones implicadas, deben en todo caso adoptar las
previsiones necesarias para asegurar que la introducción de métodos telemáticos en la Administración de Justicia no merme los derechos de todas las partes del proceso y en especial, los de los acusados y acusadas.
Siguiendo con las medidas garantistas que podrían añadirse a las ya aprobadas por el Gobierno, en concreto, a la atención a abogados y abogadas y procuradores y procuradores, que se lleva a cabo de forma prioritaria de forma telefónica o por
correo electrónica, debería sumarse el acceso al expediente judicial completo, especialmente en el orden jurisdiccional penal. Actualmente, no existe una previsión en este sentido y es necesario que la Administración de Justicia asegure a los y las
profesionales el acceso al expediente judicial de forma telemática de un modo fácilmente tratable para el desarrollo de su trabajo y en especial, para la garantía del derecho de defensa.
No podemos obviar que con el fin de poder recuperar la actividad procesal que no se ha podido llevar a cabo durante la vigencia del estado de alarma, se habilitan por el Decreto-ley los días comprendidos entre el 11 y el 31 de agosto, lo que
va a conllevar un esfuerzo adicional a los y las profesionales que trabajan en la Administración de Justicia y en especial, a procuradoras y abogadas, que pueden encontrarse ante situaciones de difícil conciliación personal y familiar. Es por ello
necesario que el Gobierno siga adoptando las medidas necesarias para asegurar que los y en especial, las profesionales, por ser estas últimas sobre las que todavía recae en la gran mayoría de hogares el trabajo reproductivo, pueden compatibilizar su
actividad profesional con la conciliación personal y familiar en un periodo tradicionalmente vacacional.
En este sentido, debe asegurarse también que los pequeños despachos de abogados y abogadas, que en muchas ocasiones desarrollan su trabajo de forma autónoma, puedan ejercer en estos periodos extraordinariamente habilitados sin que se vean
ante una sobrecarga excesiva de trabajo ni mermados de sus periodos de descanso. El reinicio del cómputo de los plazos y términos que se hayan visto afectados como consecuencia de la declaración del estado de alarma, es decir, el hecho que no se
compute el plazo transcurrido previamente a la declaración del estado de alarma, pretende facilitar a las y los profesionales el desarrollo de su trabajo en una situación tan complicada como la que estamos viviendo, lo que sin dudas repercute
positivamente en la defensa de los derechos de la ciudadanía.
Con carácter general, y más allá de la situación extraordinaria derivada de la crisis sanitaria, que ha agravado los problemas de infradotación de la Administración de Justicia, deberían impulsarse las reformas oportunas para el fomento de
la mediación para la resolución extrajudicial de conflictos y destinarse más medios personales y materiales para asegurar la tutela judicial efectiva de toda la ciudadanía. En la situación de emergencia social y económica en la que vivimos, estas
demandas se hacen más necesarias que nunca.
Por todo ello el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Adoptar las medidas necesarias para asegurar que la introducción de métodos telemáticos en la Administración de Justicia, necesarios para garantizar la salud y la seguridad laboral, no suponga una merma los derechos de todas las partes
del proceso y en especial, los de los acusados y acusadas en los procedimientos penales.
2. Destinar más medios personales y materiales para asegurar la tutela judicial efectiva de toda la ciudadanía e impulsar las reformas oportunas para el fomento de la mediación en la resolución extrajudicial de conflictos.
3. Sumar, a la preferencia por la atención de forma telefónica o por correo electrónico a abogados y abogadas y procuradores y procuradores, prevista por el Real Decreto-ley 16/2020, de 28 de abril, que se garantice el acceso al expediente
judicial completo.
4. Seguir impulsando las medidas necesarias para asegurar que los profesionales y en especial, las profesionales, pueden compatibilizar su actividad profesional con la conciliación personal y familiar en los periodos extraordinariamente
habilitados Real Decreto-ley 16/2020, de 28 de abril. También, que los pequeños despachos de abogados y abogadas puedan ejercer en estos periodos sin que se vean ante una sobrecarga excesiva de trabajo ni mermadas de sus periodos de descanso.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de junio de 2020.-Joan Mena Arca, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común.
Comisión de Hacienda
161/000970
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Plural, a instancia del Diputado del Bloque Nacionalista Galego, Néstor Rego Candamil, al amparo de lo dispuesto en el artículo 194 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no
de Ley para la derogación urgente de la Ley de Estabilidad Presupuestaria en lo referente al superávit de los ayuntamientos, para su debate en la Comisión de Hacienda.
Exposición de motivos
La reforma del artículo 135 de la Constitución Española aprobada en 2011 estableció el marco que determinó, como fórmula milagrosa para la solución de la crisis económica, un férreo control del gasto público, del endeudamiento y la capacidad
de inversión de las administraciones públicas. Sin embargo, la política de estabilidad presupuestaria no fue de 'control de gasto público' sino de recorte de gasto social, lo que produjo el aumento de la brecha social, y agravó los efectos de la
crisis económica para las personas más desfavorecidas, provocado un desempleo masivo y graves dificultades de financiación de las empresas y la economía productiva.
En desarrollo del artículo 135 se aprobó la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, que en su capítulo II establece tres reglas fiscales básicas: el equilibrio o superávit estructural;
el límite a la ratio de la deuda pública del 60 % del PIB. (3 % las entidades locales); y la regla de gasto, por la cual el gasto computable no puede superar la tasa de referencia del crecimiento del PIB a medio plazo.
El BNG sigue considerando necesario que se derogue por completo esta norma que limita la capacidad de respuesta a las necesidades sociales por parte de las Administraciones Públicas, pero es especialmente urgente, que en el momento actual,
para poder hacer frente a las consecuencias de la crisis sanitaria por la COVID-19, se debe permitir a los ayuntamientos hacer uso del superávit, y que estos puedan invertirlo, por ejemplo, en la recuperación de las economías locales y en la
atención a los servicios sociales.
La deuda viva de los ayuntamientos españoles al terminar el 2018 era de 20.952 millones de euros y la de las diputaciones de 4.472 millones. En el caso gallego la deuda aún es mucho menor, así, la deuda de las cuatro diputaciones asciende a
22 millones de euros (21,949 millones), y la de todos los ayuntamientos gallegos no llegaba a los 252 millones (251,488 millones). Cifras que han seguido descendiendo en 2019. Este dato es trascendente, ya que implica que las entidades locales
gallegas cumplen sobradamente la ratio de deuda sin llegar ni siquiera al 0,5 % del PIB.
El superávit de los ayuntamientos se tiene que destinar obligatoriamente a la amortización de deuda, aunque de manera discrecional, los presupuestos del estado permitan anualmente destinarlo a inversiones financieramente sostenibles, con
toda una serie de condicionantes de muy difícil cumplimiento (resulta imposible utilizar las bajas en las adjudicaciones, no computa el que no se ejecuta dentro del período establecido...). Por lo tanto, los ayuntamientos se han visto forzados a
amortizar deuda, llegando incluso muchos de ellos a tener deuda cero, pero siguen sin poder destinar el superávit a otros fines.
Son muchos los ayuntamientos que se ven obligados a incumplir la regla de gasto, dada la especificidad de los ayuntamientos, así como la legislación específica en la materia establecida por la LRHL y su normativa de desarrollo, con las
consecuencias en el desarrollo de sus presupuestos que esto implica.
Dado que a los ayuntamientos se les imposibilita, en la práctica, la utilización del superávit presupuestario es necesario que en estos momentos de grave crisis se puedan destinar los remanentes presupuestarios de años anteriores a los fines
que consideren necesarios. Durante la crisis derivada de la COVID-19 y mucho más, si cabe, ahora que estamos saliendo de la misma y va a ser imprescindible una reactivación económica, los ayuntamientos, como administración más próxima a la
ciudadanía, deben poner estos recursos al servicio de sus vecinos y vecinas sin limitaciones.
Hoy más que nunca es necesario derogar la Ley Orgánica 2/2012 para que desde los ayuntamientos y las diputaciones se puedan adoptar políticas activas de empleo, solidaridad y reactivación económica, ya que esta Ley es un grave obstáculo en
estos momentos en los que lo necesario es rescatar a las personas.
Por todo lo expuesto anteriormente, se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso insta al Gobierno del Estado a derogar la Ley de Estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, Ley Orgánica de 2/2012, de 27 de abril, en esta situación de grave crisis para que de este modo se puedan destinar los
recursos de los ayuntamientos, y su superávit presupuestario, a políticas activas de empleo, solidaridad y reactivación económica.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de junio de 2020.-Néstor Rego Candamil, Diputado.-Laura Borràs Castanyer, Portavoz Adjunta del Grupo Parlamentario Plural.
Comisión de Presupuestos
161/000964
A la Mesa del Congreso de los Diputados
D.ª Macarena Olona Choclán, D.ª Inés Cañizares Pacheco, D. Pablo Sáez Alonso-Muñumer, D. Iván Espinosa de los Monteros y de Simón y D. Víctor González Coello de Portugal, en sus respectivas condiciones de Portavoz Adjunta y Diputados del
Grupo Parlamentario VOX (GPVOX), al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan la siguiente Proposición no de Ley relativa a la adopción de medidas de estrategia de
política presupuestaria para la puesta en marcha de un sistema de Presupuesto en Base Cero, para su discusión en la Comisión de Presupuestos.
Exposición de motivos
Primero. Los presupuestos generales del estado comportan el espejo del diseño y ejecución de las líneas de política económica de los distintos gobiernos y son la plasmación contable y jurídica del programa económico de un ejecutivo en el
que los ciudadanos prestan su confianza y lo mandatan para la gestión de las cuentas públicas de nuestro país. El artículo 134.3 de la Constitución Española establece que 'el Gobierno deberá presentar ante el Congreso de los Diputados los
Presupuestos Generales del Estado al menos tres meses antes de la expiración de los del año anterior'. Asimismo, el 27 de septiembre de 2011, las Cortes Generales acordaron, a propuesta del Gobierno de aquel entonces, modificar la Constitución
Española introduciendo los conceptos de estabilidad presupuestaria en el artículo 135, en el que se establece en su apartado primero que 'todas las Administraciones Públicas adecuarán sus actuaciones al principio de estabilidad presupuestaria'.
Además, en la disposición adicional única de la Reforma se establece que a partir del año 2020 entrarán en vigor los límites de déficit estructural establecidos en el segundo apartado del artículo 135 y desarrollado en el artículo 11 de la Ley
Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, que en su apartado segundo establece que 'ninguna Administración Pública podrá incurrir en déficit estructural, definido como déficit ajustado del ciclo,
neto de medidas excepcionales y temporales. No obstante, en caso de reformas estructurales con efectos presupuestarios a largo plazo, de acuerdo con la normativa europea, podrá alcanzarse en el conjunto de Administraciones Públicas un déficit
estructural del 0,4 por ciento del Producto Interior Bruto nacional expresado en términos nominales, o el establecido en la normativa europea cuando este fuera inferior'.
Por otro lado, el artículo 11.3 de la Ley Orgánica 2/2012 de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, da un margen excepcional al Estado y a las Comunidades Autónomas para incurrir en déficit estructural en
caso de situaciones de emergencia extraordinaria que escapen al control de las Administraciones Públicas y perjudiquen considerablemente su situación financiera y su sostenibilidad económica o social, apreciadas por la mayoría absoluta de los
miembros del Congreso de los Diputados. En este sentido, cabe destacar que la economía española ya presentó un déficit estructural del 3 % en 2019 según el Banco de España, superior al 2,6 % registrado en 2018, lo que hace significativa la magnitud
del reto de reducción de déficit público en la economía española.
Segundo. El Instituto Nacional de Estadística (INE) publicó el pasado 31 de marzo las Cuentas Trimestrales no Financieras de los Sectores Institucionales por las que arrojaba una necesidad de financiación del conjunto de las
administraciones públicas de 33.223 millones de euros con las ayudas a instituciones financieras incluidas (22 millones de euros). La tarde de ese mismo día, el Ministerio de Hacienda publicaba un déficit del conjunto de las administraciones
pública de 32.904 millones de euros con ayudas financieras incluidas. Por tanto, por primera vez se produjo un desfase entre ambas fuentes que ascendió a 319 millones a favor de las cuentas del Ministerio de Hacienda.
En el contexto del Protocolo de Déficit Excesivo, la Comisión Europea a través de Eurostat publicó el día 22 de abril la primera notificación de déficit y deuda referida de España correspondiente al ejercicio 2019, en la que alerta de que el
desfase de los datos del Ministerio de Hacienda respecto a lo verdaderamente ejecutado es de 2.291 millones de euros, llegando a alcanzar el déficit del conjunto de las administraciones públicas los 35.195 millones de euros, lo que supone el 2,8 %
del PIB y dos décimas por encima del 2,6 % anunciado por el Gobierno.
Según las nuevas cuentas de la IGAE, es la Administración Central quien absorbe el 100 % del desfase anunciado por Eurostat, pasando de tener una necesidad de financiación en el ejercicio 2019 de 13.896 millones de euros a 16.187 millones de
euros, lo que supone un aumento de dos décimas del PIB hasta el 1,3 %. Este desfase es de más 10. 000 millones de euros respecto al objetivo comprometido con la Comisión Europea, que hubieran servido para el pago de los salarios de todos aquellos
autónomos y trabajadores que han cerrado su actividad, han sido despedidos o han sufrido un ERTE por imposición del Gobierno. Este desajuste se ha producido a pesar de contar con un crecimiento robusto de la economía del 2 % en términos de PIB
real, y que habría servido para ahondar aún más en las reformas estructurales y en la reducción del déficit público.
El desfase de datos de Eurostat respecto a lo publicado inicialmente por el Gobierno el 31 de marzo están íntegramente imputados a la Administración Central y concretamente por el lado de menores ingresos. Los recursos no financieros de las
AAPP han sido de 4.039 millones de euros inferiores a los previsto en el Plan Presupuestario 2020 de octubre, y 1.542 millones inferior al del Programa de
Estabilidad. Los empleos no financieros de las AAPP han sido 6.197 millones de euros superior al Plan Presupuestario de octubre y 8.677 superior que el previsto en el Programa de Estabilidad de abril de 2019.
Tercero. España está sufriendo la mayor crisis económica de su historia en tiempos de paz, derivado de un shock de naturaleza externa provocado por la pandemia del COVID-19. Todos los países de nuestro entorno están sufriendo en términos
económicos, sociales y sanitarios. Sin embargo, los organismos internacionales achacan a nuestro país el peor escenario a medio y largo plazo. Efectivamente, al igual que sucedió en el año 2008 con la crisis financiera provocada por la drástica
caída de la liquidez en los mercados internacionales, la economía española se presenta ante esta nueva crisis con fuertes debilidades macroeconómicas agravadas y provocadas en tiempos muy recientes. España ha sido golpeada duramente por el
implacable mazo de la pandemia y se enfrenta a ella con las defensas muy bajas y sin haberse preparado, no ya para una crisis sanitaria, sino para cualquier shock económico que pudiera haberse ocasionado.
A las debilidades propias de la economía española, como una tasa de paro estructural de las más altas de los países desarrollados, es de especial gravedad el shock negativo por el lado de la oferta provocado por el Gobierno mediante el Real
Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, por el cual se da imperativo legal al sector privado de cierre de gran parte de la actividad
económica en nuestro país, que hoy en día sigue sin poder actuar a pleno rendimiento o por lo menos con cierta libertad.
Frente a las necesidades de financiación del sector público, el sector privado presentó una capacidad de financiación respecto al resto del mundo del 5,2 % del PIB en 2019, lo que refleja el gran papel que juega este sector en el
sostenimiento de los pilares básicos de la prosperidad y de la creación de empleo en España, comportándose como el único sector y variable endógena que puede salvar a nuestra economía. El Gobierno pretende, con sus medidas contradictorias, seguir
ahogando a la iniciativa privada para la consecución de unos objetivos políticos y personales difíciles de poder definir con cierta claridad.
Sin embargo, la economía española presenta fuertes vulnerabilidades que a través de las políticas del Gobierno se van a ver incrementadas, como en el significativo nivel de paro estructural y el alto nivel de prestaciones que hay que
afrontar. En el primer trimestre del año, la tasa de paro del 14,5 % ha sido la más alta después de la de Grecia, el número de parados españoles supone el 28,5 % del total de parados en la zona del euro, y mientras que España ha aumentado los
parados en un 3,6 % respecto hace un año, la zona del euro lo ha reducido en un 5,8 %. Asimismo, las pensiones contributivas han sido 9.799.395 y las no contributivas 452.307, los beneficiarios por prestaciones por desempleo son 2.109.487. Estos
datos son el fiel reflejo del esfuerzo que las administraciones públicas que, a través de los impuestos al tejido productivo español, tienen que hacer para mantener el estado del bienestar.
España se enfrenta a desafíos jamás encontrados. Primero, unas finanzas públicas sin margen de maniobra, un sector privado que por imperativo legal no puede trabajar, negocios que por las condiciones de la pandemia no podrán abrir a pleno
rendimiento y un nivel de desempleo altamente peligroso.
Se antoja de imperiosa necesidad un cambio del modelo para así poder mantener y mejorar el estado del bienestar, para pagar las pensiones a nuestros mayores, aguantar a aquellas personas que temporalmente lo estén pasando mal y fortalecer
nuestro sistema sanitario. Bien es sabido que, en la actual situación y aun recibiendo las ayudas de la Unión Europea, el Gobierno socialista se verá comprometido para poder afrontar el pago de los sueldos a los funcionarios y de los pensionistas,
como ya pasó en los '90 y '10.
Cuarto. El Gobierno deberá presentar un nuevo Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado y uno de los cambios más importantes a abordar será cómo elaborar en este trimestre unas nuevas cuentas públicas. Una forma habitual de
preparación de un presupuesto consiste en tomar como punto de partida las necesidades de gasto del año anterior y extrapolar al año siguiente. Estos históricos de presupuesto son ajustados con la inflación añadiéndose además nuevos gastos derivados
de la consecución de los objetivos que los gobiernos (en caso de presupuestos públicos) quieran conseguir. Al ajustare a la inflación genera una espiral inflacionista que puede convertirse en perniciosa en las fases de caída en los ingresos. La
metodología actual genera dos escenarios, por un lado, que estos nuevos gastos ad-hoc producirán, siempre que no vengan acompañados de incrementos iguales o superiores de los ingresos, una situación de déficit público que necesitará ser financiado,
con el consiguiente aumento de la deuda pública. Por otro lado, si los ingresos no compensan los nuevos gastos, se producen caídas en el gasto público que en ocasiones pueden ver reflejadas un empobrecimiento en la calidad de los servicios
prestados por las AAPP ya que los ajustes del presupuesto no valoran el beneficio derivado de
los diferentes destinos del gasto ya que el sistema presupuestario actual no ofrece información adecuada de los mismos. Esto puede ir acompañado asimismo de un aumento de la carga tributaria al contribuyente con posibles efectos contrarios
de los que se pretende conseguir.
El debate de política fiscal y presupuestaria siempre se ha basado en la aplicación de mayores o menores gastos y en el aumento o bajada de los impuestos para compensar y poder alcanzar el equilibrio presupuestario. A pesar de los
diferentes esfuerzos de todas las administraciones, el objetivo apenas se ha podido conseguir. Las cuentas públicas de España arrojan situaciones de déficit históricos a excepción del periodo 2005-2007 con incrementos excesivos en la deuda pública
sobre todo en los últimos años.
Esta situación estructural de la economía española debe corregirse con medidas de carácter estructural y permanente. Por ello, el Grupo Parlamentario VOX propone la puesta en marcha de la metodología del Presupuesto de Base Cero (en
adelante PBC), creada por Pete Pyhrr en 1970 para la aplicación de los procesos presupuestarios de Texas Instrument y que luego se implantó en más empresas de Estados Unidos. Su creador la definió como 'un proceso operativo de planificación y
presupuesto que exige a cada administrador justificar detalladamente la totalidad de sus peticiones presupuestarias desde el principio'. En 1971, Jimmy Carter, que por aquel entonces era Gobernador del estado de Georgia, puso a Pete Pyhrr como
asesor de su oficina presupuestaria para la implantación por primera vez en un presupuesto público de la metodología Base Cero, obteniendo en un solo año unos ahorros de 55 millones de dólares sin que hubiera habido una disminución en la calidad de
los servicios prestados. En 1978 el presupuesto en base cero lo aplicaban 800 empresas de Estados Unidos y en 10 Estados.
En España se intentó introducir de forma gradual el Presupuesto en Base Cero en 1979 mediante la aprobación por el Consejo de Ministros de la adopción de Medidas de Racionalización y Limitación del Gasto Público dentro del Programa a Medio
Plazo para la Economía Española. Un año más tarde, mediante Orden de la Presidencia de Gobierno de 4 de febrero de 1980, sobre Revisión y Evaluación de los Programas de Gasto de los Departamentos Ministeriales y sus Organismos Autónomos, se
estableció la implantación gradual en el presupuesto de gastos del 25 % de cada departamento, pero algunos factores impidieron su efectividad, su amplitud y su duración en el tiempo. Según el profesor Barea en 'Reflexiones sobre cómo reducir el
déficit público', señala como factores la ineficiencia del sector público en cuanto a la gerencia y la organización, y a la debilidad en las Cortes Generales a la hora de la tramitación parlamentaria y en su control. Sin embargo, hay que destacar
como el sector público hoy cuenta con ingentes recursos ofimáticos y de telecomunicaciones que pueden hacer a la administración
pública de palanca para el uso eficiente de los recursos públicos y la obtención de ahorros sustanciales para los contribuyentes y la economía en su conjunto.
Quinto. El PBC es una metodología para la elaboración del presupuesto que asigna fondos según la eficiencia y necesidad para alcanzar los objetivos de la organización en lugar de considerar el historial de años anteriores. En definitiva,
ninguna cuenta se presupuesta de forma automática.
En el PBC, los encargados del presupuesto revisan, al inicio del ejercicio, los distintos objetivos y gastos de la organización y deberán justificar cada uno de ellos para recibir los fondos. Cada nivel de gasto debe estar debidamente
justificado y, en ningún caso, podrá ser explicado por el nivel de gasto de ejercicios anteriores. Es por tanto un enfoque flexible de gestión que proporciona una base fiable para reasignar los recursos, mediante la revisión y justificación
sistemática de los niveles de financiación y ejecución de los programas corrientes.
Las numerosas ventajas del uso de la metodología de unos Presupuestos en base cero entre otras serían las siguientes:
- Permite identificar, evaluar y justificar cada una de las actividades planteadas, teniendo en cuenta los niveles mínimos de coste, medios y esfuerzo de cada unidad necesarios para realizar cada actividad.
- Permite encontrar gastos de programas obsoletos incorporados en los presupuestos por pura repetición y, consecuentemente, proceder a su eliminación, así como de partidas menos productivas, que se ponen de manifiesto mediante los procesos
de análisis y priorización de actividades, propios del PBC. De esta manera, dicho método presupuestario, logra erradicar la técnica de incrementar los gastos de manera mecánica asociado a otras técnicas presupuestarias, al tener que justificar la
necesidad y relevancia de cada partida.
- Ofrece mayor información para la toma de decisiones. Un aspecto negativo corriente en las administraciones públicas, es la duplicidad de esfuerzos y que, en ocasiones, dos órganos diferentes realicen tareas similares, lo que conlleva a un
derroche de tiempo y recursos. El Presupuesto Base Cero, al estudiar detalladamente cada una de las actividades que se desarrollan de abajo arriba, ofrece la información adecuada para evitar que se cometan dichos errores.
- Proporciona una mayor eficiencia de los recursos utilizados por el sector público. No se centra únicamente en cuánto se debe gastar, sino en porqué se debe gastar y cuál es la alternativa mejor.
- Permite unir el proceso de planificación con el presupuesto anual. En la elaboración de dicho Presupuesto, el primer paso es el establecimiento de los objetivos a seguir, a partir de los cuales se estructura todo el presupuesto. De esta
forma, son los objetivos los que dan pie al nivel de gasto y no los gastos los que finalmente describen los objetivos. El presupuesto vuelve a convertirse así, en el medio para alcanzar los objetivos.
- Permite una mayor participación en el proceso presupuestario y un mejor conocimiento en cuanto al destino de los recursos, por parte de las unidades de gestión inferiores.
- Como todas las unidades participan en el proceso de elaboración presupuestario, se consigue un mayor espíritu de unidad y coordinación. Al ser cada partida presupuestaria de utilidad, cada unidad de acción y gestión siente que su trabajo
es necesario para el funcionamiento de la organización, lo que lo motiva y hace que su aportación no quede obsoleta.
Las ventajas mencionadas confieren a esta técnica presupuestaria un atractivo que supera las reticencias que su implantación pueda concitar. Este atractivo es el que ha llevado a numerosas empresas privadas, con estructuras complejas, pero
fuertemente digitalizadas y con procedimientos claros y definidos, a implantar este proceso de presupuestación.
Con independencia del impacto económico, un PBC mejoraría la valoración que los ciudadanos otorgan al Sector Público al asegurar que el dinero público es utilizado de forma adecuada.
Todo ello supone, por tanto, abrir la vía para contemplar nuevos paradigmas en nuestro país, y que otras prósperas economías ya han aplicado con éxito contrastado. Pero también para adaptar a la economía española a los nuevos paradigmas que
exige esta pandemia y transformar la amenaza en oportunidad: adaptación vs rendición, éxito vs derrota, prosperidad vs superveniencia, libertad vs socialismo. Entre ambas opciones, solo queda la primera, y para ello la implantación de una
metodología PBC permitiría evitar el despilfarro en el gasto público, reduciendo así el déficit público. Un proceso que, a la vista de los déficits continuados que registran las cuentas públicas en los últimos años, las exigencias de reducción del
mismo por los organismos europeos, así como el elevado nivel de deuda pública, se
convierte en una verdadera necesidad y supone una herramienta de apalancamiento para la prosperidad y la riqueza de nuestro país.
Por los motivos expuestos, el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a adoptar la metodología presupuestaria del Presupuesto en Base Cero con el objetivo de proporcionar mayor eficiencia en el uso de los recursos públicos, ofrecer mayor información en la toma de
decisiones y colaborar en la consecución del objetivo de reducción del déficit público.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de junio de 2020.-Pablo Sáez Alonso-Muñumer, Inés María Cañizares Pacheco, Iván Espinosa de los Monteros de Simón y Víctor González Coello de Portugal, Diputados.-Macarena Olona Choclán, Portavoz del
Grupo Parlamentario VOX.
Comisión de Interior
161/000949
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley para la reprobación del Ministro del Interior, D. Fernando
Grande-Marlaska, para su debate en la Comisión de Interior.
Exposición de motivos
El pasado lunes, 25 de mayo, se conoció la destitución del Jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Madrid, el coronel Diego Pérez de los Cobos. Desde entonces, ha trascendido la relación de sucesos que, más que presumiblemente,
desembocaron en la expulsión del citado coronel del puesto que ocupaba hasta ese momento.
Según la información conocida, el pasado domingo por la tarde el General Jefe de la Guardia Civil de Madrid, José Antonio Berrocal, inmediato superior jerárquico del coronel Pérez de los Cobos, se puso en contacto con él para interesarse por
las diligencias que los investigadores a su mando, en su calidad de policía judicial, habían entregado al Juzgado en el curso del procedimiento abierto contra el delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, por su posible responsabilidad
penal en la autorización de manifestaciones por el Día de la Mujer el pasado 8 de marzo, desoyendo las advertencias del riesgo de contagio por coronavirus.
Toda vez que el coronel le negara conocer los detalles de tal investigación y le pusiera de manifiesto su negativa a interpelar a sus subordinados sobre ello, recibió una segunda llamada, esa misma tarde, del teniente general Fernando
Santafé, con el mismo objeto.
Obtenida por este idéntica respuesta, se produjo entonces un tercer contacto con el coronel, esta vez, de la Directora General de la Guardia Civil, María Gámez Gámez, comunicándole su inmediata destitución. Esta deshonrosa llamada es, por
cierto, lo único que se conoce de la labor llevada a cabo por la citada Directora General durante esta crisis, hasta la fecha.
Esta cascada de sucesos así relatada no puede llevar a conclusión distinta de que el coronel fue destituido por negarse a obtener información de la policía judicial a su cargo sobre el contenido del informe presuntamente comprometido para al
Gobierno, e informar sobre el mismo a sus mandos superiores y, en última instancia, al Ministro del Interior. Es más, por lo que ha trascendido, la propia Directora General de la Guardia Civil le recriminó al coronel precisamente esto, no haber
hecho lo necesario para conocer el contenido de la investigación dado lo 'delicado para el Gobierno' del mencionado proceso judicial.
El Ministro del Interior sabe con seguridad, no solo en su calidad de Ministro, sino por su condición de juez, que el Real Decreto de Regulación de la Policía Judicial, obliga a los funcionarios que la integran a guardar rigurosa reserva y
secreto sobre la evolución y resultado de las investigaciones en las que
participen, incluso para con los miembros de la misma Unidad Orgánica, si el juez lo ha exigido expresamente, como ocurría en este caso.
Al coronel Pérez de los Cobos se le pidió, en suma, que infringiera la ley y que actuara contra su honor y, al negarse a ello, fue destituido por haber dejado de contar con la 'confianza' del Ministro.
Posteriormente, la prensa confirmó estas sospechas al revelar el documento reservado en el que la Directora General del Instituto Armado, propuso al Secretario de Estado de Seguridad, Rafael Pérez, el cese del citado coronel especificando,
textualmente, que ello es debido a 'no informar del desarrollo de investigaciones y actuaciones de la Guardia Civil, en el marco operativo y de Policía Judicial, con fines de conocimiento'.
La revelación de este documento compromete a toda la cúpula del Ministerio de Interior y, en representación del mismo, a su máximo dirigente, el Ministro Grande-Marlaska. Desmiente, además, la versión oficial según la cual, la destitución
del coronel se llevó a cabo en el marco de una normal reestructuración de equipos. Ello no solo resulta extraordinariamente poco creíble en un cese producido a las 22.00 horas de un domingo tras las varias llamadas ya apuntadas, sino que además se
compadece mal con el hecho de no haberse nombrado aún hoy, más de una semana después, el sustituto del coronel cesado.
Al margen de destituciones injustificadas o designaciones a la carta, el deterioro infligido por el Ministro del Interior a la imagen y reputación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado es un hecho, y resulta enteramente
inaceptable para con un colectivo que es, siempre, de los mejor valorados por los ciudadanos gracias a su profesionalidad.
El Ministro Grande-Marlaska es sospechoso de poner en riesgo la reputación y el buen hacer de los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para la obtención de beneficios políticos; es sospechoso de destituir a importantes
cargos del Instituto Armado por no plegarse a sus peticiones ilegales y sectarias; es sospechoso de nombrar a dedo a cargos afines carentes de la neutralidad política exigida a los miembros del Cuerpo y es, en todo caso, culpable de haber generado
la mayor crisis vivida en la cúpula de la Guardia Civil en décadas.
En consecuencia, el Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados acuerda la reprobación del Ministro del Interior, D. Fernando Grande-Marlaska, por las irregularidades conocidas en el cese del Jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Madrid, coronel Diego Pérez de los
Cobos, que habría tenido su origen en no proporcionar a la cúpula del Ministerio información sobre la investigación llevada a cabo por la Policía Judicial a su mando, en el marco de un proceso judicial presuntamente comprometido para el Gobierno
sobre las manifestaciones del pasado día 8 de marzo de 2020, así como por ser el origen de una de las mayores crisis vividas en la cúpula de la Guardia Civil en democracia.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de junio de 2020.-Edmundo Bal Francés, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
161/000974
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Más País, en el Grupo Parlamentario Plural, de conformidad con el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de ley sobre la retirada de distinciones, condecoraciones y medallas concedidas por
el Estado, a todas las personas que hayan sido imputadas por crímenes de Lesa Humanidad, para su debate en la Comisión para la Auditoría de la Calidad Democrática, la lucha contra la Corrupción y las Reformas Institucionales y Legales.
Exposición de motivos
En las últimas décadas han sido muchos los países democráticos que han ido incorporando e implementando los emergentes mecanismos jurídicos y herramientas institucionales promovidos por
Naciones Unidas y otros actores internacionales, a la hora de promover y garantizar el derecho a la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición en relación con las víctimas de graves violaciones de Derechos Humanos
cometidas por el Estado en el pasado más reciente. Son muchos los países los que, al iniciar su transición política a la democracia o en años posteriores, han ido realizando, a partir de una enorme lucha colectiva de las víctimas y una demanda de
gran parte de la sociedad civil, mecanismos derivados de la Justicia Transicional, Justicia Universal u otros instrumentos como las denominadas 'Comisiones de la verdad'.
Sin embargo, España, con un golpe de Estado, una contienda civil de tres años y una dictadura de casi cuatro décadas, ha suspendido reiteradamente en esta materia como indican los informes que los Relatores de Derechos Humanos de la ONU han
publicado en los últimos años, tales como las Observaciones finales sobre el sexto informe periódico de España del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas (2015); Observaciones preliminares e informe final del Relator especial para la Verdad,
la Justicia, La Reparación y las Garantías de no Repetición de Naciones Unidas (2014); Observaciones preliminares e informe final del Relator del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o involuntarias de Naciones Unidas (2014);
Observaciones finales sobre España del Comité contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas (2013); Informe del Comité contra la tortura de Naciones Unidas (2009).
En estos informes, se constata claramente la ausencia de una Política Pública integral de Memoria y Derechos Humanos, que conlleva continuos agravios a miles de ciudadanos y ciudadanas, por el incumplimiento del derecho a la verdad, la
justicia y la reparación para aquellas personas, hombres y mujeres, que lucharon por los valores democráticos y las libertades que hoy en día disfrutamos y ejercemos los y las españolas. Las democracias, en contra de lo que a veces puede leerse en
libros de texto que privilegian pactos, tratados de guerra, grandes nombres y hombres de Estado, siempre han podido conquistarse gracias a la lucha constante y colectiva de hombres y mujeres anónimas que, en muchos casos, dieron su vida por ella.
Nuestra transición a la democracia no fue una excepción, como constatan las cerca de setecientas muertes de hombres y mujeres cometidas por motivos políticos durante ese periodo, tal y como recogen diferentes estudios e informes académicos, ya que
no hay un registro oficial de víctimas.
Si bien nuestro país se adscribió al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y convirtió en obligatorios los derechos recogidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y la Constitución española establece en su
artículo 10 que 'Las normas relativas a los derechos fundamentales y a las libertades que la Constitución reconoce se interpretarán de conformidad con la Declaración Universal de los Derechos Humanos y los tratados y acuerdos internacionales sobre
las mismas materia ratificados por España', nuestro país está muy lejos de garantizar el debido reconocimiento a todas estas personas. Hasta ahora, ni una sola de todas estas vulneraciones ha sido reparada por la justicia, y ni uno solo de los
responsables de los crímenes ha comparecido ante un juzgado o tribunal. Esta anómala y vergonzosa situación no puede ni debe continuar: no afecta en exclusiva a las víctimas y a sus familiares, que ya de por sí son decenas de miles de personas,
sino que concierne a la sociedad en su conjunto y, más específicamente, a las instituciones representativas de un sistema de libertades que se precie de tal nombre.
Hasta tal punto ha sido la inacción y la indiferencia de las instituciones españolas, que muchas de las iniciativas políticas y jurídicas con el objetivo de garantizar estos derechos a nuestros ciudadanos y ciudadanas han debido de cruzar
las fronteras nacionales y apoyarse en otros países e instituciones. Una de ellas ha sido la causa número 4591/2010 que se tramita, en virtud o en aplicación del principio de Justicia Universal, ante el Juzgado Nacional de lo Criminal y
Correccional Federal número 1, de la República Argentina, por crímenes contra la humanidad cometidos durante la dictadura franquista en nuestro país.
En el marco de la citada causa criminal 4591/10, a fecha 30 de octubre de 2014, el Juzgado Argentino procedió a la imputación de una serie de delitos, en un contexto de crímenes contra la humanidad, a un total de veinte personas (algunos de
ellos ya fallecidos): los ex funcionarios del régimen franquista imputados por delitos de torturas José Ignacio Giralte González, Celso Galván Abascal, Antonio González Pacheco alias 'Billy el Niño', Jesús Muñecas Aguilar, Jesús González Reglero,
Ricardo Algar Barrón, Félix Criado Sanz Pascual, Honrado de la Fuente, Jesús Martínez Torres, Benjamín Solsona Cortés y Atilano del Valle Oter; los exministros franquista imputados por delitos de homicidio con la circunstancia agravante de haber
sido cometido con el concurso premeditado de dos o más personas, de Gobernación
Rodolfo Martín Villa, exministro de la vivienda y Secretario General del Movimiento José Utrera Molina, exministro de la Presidencia del franquismo Antonio Carro Martínez; exministro de Trabajo Fernando Suárez González; exvice presidente
Licinio de la Fuente; exministro de Hacienda Antonio Barrera de Irimo; exministro de Justicia José María Sánchez-Ventura Pascual; Exministro de la Presidencia Alfonso Osorio García; Excapitán de Policía Jesús Quintana Saracíbar; Ex integrante
del Consejo de Guerra Carlos Rey González; Ex juez Antonio Troncoso de Castro; Ex juez Jesús Cejas Mohedano y el ex médico Abelardo García Balague por delitos de sustracción de menores.
Sin embargo, dicha solicitud de extradición fue denegada por medio de Acuerdo del Consejo de Ministros de fecha 13 de marzo de 2015 y rechazada por la Audiencia Nacional el 30 de abril de 2014, representando un grave incumplimiento del
Tratado de Extradición y Asistencia Judicial en Materia Penal suscrito entre España y Argentina, entre otras leyes y tratados internacionales. Asimismo, la Fiscalía General del Estado emitió con fecha 30 de septiembre de 2016, una instrucción de
obligado cumplimiento para impedir que los Jueces y Juezas del Estado español, mediante la ejecución de los correspondientes exhortos o comisiones rogatorias, tomasen declaración tanto a las víctimas de la dictadura franquista como a los victimarios
en la causa penal que se tramita en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal número 1 de Buenos Aires.
Estas iniciativas del poder ejecutivo y del poder judicial están orientadas por las mismas disposiciones en el ámbito legislativo. En particular, en las últimas dos legislaturas se ha votado sistemáticamente en esta misma Cámara en contra
de las propuestas parlamentarias que solicitaban, proponían o instaban a: colaborar con la citada causa criminal 4591/10 a través de la aprobación de la orden de detención preventiva con fines de extradición para los imputados; reformar la Ley de
Amnistía de 1977 con las modificaciones pertinentes para poder investigar y juzgar crímenes imprescriptibles; o retirar todo tipo de distinciones, condecoraciones y medallas concedidas por el Estado, en el ámbito competencial de la Administración
General del Estado, a todas las personas imputadas, sólo por citar las más importantes.
Particularmente alarmantes y sintomáticas han sido las diferentes respuestas de los gobiernos de las dos anteriores legislaturas, así como del gobierno actual hasta su rectificación del día 11 de febrero de 2020, en relación a las
iniciativas parlamentarias y legislativas que se han tramitado sobre el estado actual de las distinciones, condecoraciones y medallas concedidas por el Estado español al ex-inspector de policía Antonio González Pacheco, imputado en la causa citada
por delitos de tortura. En primer lugar, hasta el 11 de febrero de este año, y sólo a petición de un grupo parlamentario, no se había desclasificado el expediente de la actividad laboral de esta persona que demuestra que el régimen franquista
gratificaba con reconocimiento público y premios en metálico la represión política. Esta desclasificación se ha llevado a cabo después de que un informe jurídico avalase que el derecho a la información en este caso era de interés público y no
atentaba al derecho a la intimidad de las personas. Ello permite dar cuenta de las enormes carencias que nuestras políticas públicas de acceso a archivos tienen todavía en la actualidad. En segundo lugar, hasta el día de hoy esta persona
disfrutaba de las condecoraciones, medallas y distinciones que se le brindaron, mientras que muchas de las personas que dieron su vida por la democracia y por las libertades que hoy ejercemos no han sido reparadas y reconocidas de forma pública y
oficial por el Estado español.
En la pasada sesión de control al gobierno del 12 de febrero de 2020 el ministro del Interior Sr. Grande-Marlaska hizo referencia a la Proposición de Ley de Memoria Histórica y Democrática del Partido Socialista, actualmente registrada para
su tramitación, como el marco legislativo por el que proceder a regular la retirada de las condecoraciones en aquellas personas que concurrieran en concreto en una actitud o una conducta contraria a los valores y principios constitucionales. Sin
embargo, en el artículo 2 último apartado de dicha Proposición de Ley propone que 'no se procederá la revocación cuando el beneficiario de la recompensa hubiera fallecido', ejerciendo de este modo una claro agravio para las víctimas pues mucha de la
gente imputada ya ha fallecido.
Por todo ello, Más País, en el Grupo Parlamentario Plural, presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'1. Retirar todo tipo de distinciones, condecoraciones y medallas concedidas por el Estado, en el ámbito competencial de la Administración General del Estado, a todas las persona que hayan sido imputadas por crímenes de Lesa Humanidad en la
causa penal número 4.591/2010 que se tramita ante el Juzgado Criminal y Correccional Federal 1 de Buenos Aires (Argentina), o que hayan concurrido en una actitud o una conducta que manifiesta una violación fundamental de derechos humanos, bien antes
de la
concesión o bien después de su concesión. Se incluirán en esta retirada las recompensas económicas derivadas de las mismas así como prestaciones o pensiones de toda índole. Se procederá a la revocación también a título póstumo, cuando el
beneficiario ya hubiera fallecido, afectando a las posibles pensiones y prestaciones a familiares.
2. Tramitar todas instrucciones correspondientes y necesarias a los Servicios Jurídicos del Estado para que promuevan todas las acciones oportunas ante los Tribunales del orden jurisdiccional penal para la investigación y enjuiciamiento de
los crímenes de Lesa Humanidad y graves violaciones de derechos humanos cometidos por el régimen franquista durante la dictadura y la transición a la democracia. Dejar sin efecto la Instrucción de la Fiscalía General del Estado español de 30 de
septiembre de 2016 con el objetivo de colaborar adecuada y eficazmente con las autoridades judiciales argentinas en la tramitación de la causa penal que reside ante el Juzgado Criminal y Correccional Federal 1 de Buenos Aires (Argentina), causa
número 4.591/2010, seguida por genocidio y/o crímenes de lesa humanidad cometidos por la dictadura franquista.
3. Declarar la nulidad de las sentencias dictadas por los Tribunales franquistas, en aplicación de sus leyes a fin de reparar y rehabilitar, moral y jurídicamente, a las víctimas de la represión franquista y a los defensores de la
democracia.
4. Proceder a la desclasificación, apertura y tratamiento público de todo el patrimonio documental, de archivos y otros documentos relacionados con la violencia política ejercida por la dictadura franquista, la cual acogerá las
recomendaciones formuladas en el Libro Blanco sobre el acceso a los archivos y la Memoria Histórica, y garantizará la colaboración entre las distintas administraciones para aumentar la transparencia y el libre acceso a la información en conformidad
con la aprobación de la Resolución 9/11 sobre el Derecho a la Verdad del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas sobre el acceso a archivos como elemento fundamental para combatir la impunidad, acceder a la verdad y proveer reparaciones.
5. Fortalecer los programas de formación de funcionarios públicos de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado en materia de derechos humanos e incorporar materias relacionadas con la historia de la Guerra Civil y el franquismo, en
línea con los planes de estudio nacionales, incluyendo el estudio de las responsabilidades de las instituciones del Estado en las violaciones graves de los derechos humanos y del derecho humanitario durante este período, como una medida de
educación, sensibilización y para promover la no repetición. Centrar este estudio en los derechos de todas las víctimas.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de junio de 2020.-Inés Sabanés Nadal, Diputada.-Iñigo Errejón Galván, Portavoz del Grupo Parlamentario Plural.
Comisión de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana
161/000950
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Republicano, a instancia del Diputado Xavier Eritja Ciuró, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley de medidas financieras
para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19 en el pago de los alquileres de vivienda habitual, para su debate en la Comisión de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.
Exposición de motivos
El pasado sábado 11 de abril se publicó en el 'BOE' la Orden TMA/336/2020, de 9 de abril, por la que se incorpora, sustituye y modifican sendos programas de ayuda del Plan Estatal de Vivienda 2018-2021, en cumplimiento de lo dispuesto en los
artículos 10, 11 y 12 del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19.
Dicha orden contemplaba dos programas de ayudas financieras, gestionados por las Comunidades Autónomas. Uno de ayudas para los alquileres de vivienda habitual y otro de ayudas a las víctimas de violencia de género, personas objeto de
desahucio de su vivienda habitual, personas sin hogar y otras personas especialmente vulnerables.
La dotación económica que movilizaba la orden era de 100 millones de euros para las CCAA. En Cataluña le correspondería 14,5 M. Las estimaciones indican que con dicho volumen financiero se podría ayudar a 2500-3000 arrendatarios, lo que
supone un 0,4 % de los 664.010 contratos de alquiler registrados en el Incasol a 31 de diciembre de 2019.
Solo 15 días después de que la Generalitat activara el trámite para la solicitud de ayudas al alquiler consecuencia de la crisis del COVID-19 ya se han agotado los 14,5M aportados por la TMA/336/2020.
Por todo ello se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno español a modificar la dotación presupuestaria del Plan Estatal de Vivienda 2018-2021 con una partida extraordinaria de 1.000 millones de euros en transferencias directas a las Comunidades
Autónomas para el desarrollo de la Orden TMA/336/2020, de 9 de abril para luchar contra la crisis habitacional provocada por la COVID-19.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de junio de 2020.-Francesc Xavier Eritja Ciuró, Diputado.-Gabriel Rufián Romero, Portavoz del Grupo Parlamentario Republicano.
161/000952
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley
para impulsar la publicación de la estrategia indicativa del desarrollo, mantenimiento y renovación de las infraestructuras ferroviarias integrantes de la Red Ferroviaria de Interés General, para su debate en la Comisión de Transportes, Movilidad y
Agenda Urbana.
Exposición de motivos
La Ley del Sector Ferroviario tiene entre sus objetivos mejorar la planificación de las infraestructuras ferroviarias imponiendo al Ministerio de Fomento, hoy Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, la obligación de aprobar y
de publicar la estrategia indicativa del desarrollo, mantenimiento y renovación de las infraestructuras ferroviarias integrantes de la Red Ferroviaria de Interés General, destinada a satisfacer las necesidades futuras de movilidad. Esta estrategia
indicativa, debe establecer un marco general de prioridades y financiero y estará basada en la eficiencia económica y social y en la financiación sostenible del sistema ferroviario; debe cubrir un periodo temporal de al menos cinco años y debe
contar con una amplia participación de las administraciones públicas y agentes implicados.
Se trata, es suma, de una herramienta para satisfacer las necesidades de la sociedad de un transporte ferroviario interconectado, interoperable e intermodal, mediante actuaciones que se coordinaran con los distintos niveles competenciales de
la administración, así como para impulsar la cohesión territorial, económica y social y un sistema ferroviario eficiente que establezca los criterios para que la prestación de transporte de viajeros y mercancías se realice con eficacia, continuidad
y seguridad y sobre todo protegiendo los intereses de los usuarios.
Esta estrategia indicativa debe servir de base para la elaboración, desarrollo y ejecución, por el administrador de infraestructuras ferroviarias, de un programa de actividad que incluya planes de inversión y financiación, orientado a
garantizar un uso, suministro y desarrollo óptimo y eficiente de la infraestructura, asegurando el equilibrio financiero. Este programa debe contener todas las actuaciones relacionadas con el establecimiento de infraestructuras ferroviarias de la
Red Ferroviaria de Interés General, o cualquier modificación de las mismas desde el punto de vista del trazado o de sus condiciones funcionales o de explotación, previstas para los cinco años siguientes.
La disposición adicional quinta de la Ley del Sector Ferroviario fijaba como fecha para la publicación de la estrategia indicativa del desarrollo, mantenimiento y renovación de la infraestructura ferroviaria, el 16 de diciembre de 2016 sin
que, hasta el momento, haya sido publicada.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a elaborar y tramitar la estrategia indicativa del desarrollo, mantenimiento y renovación de las infraestructuras ferroviarias integrantes de la Red Ferroviaria de Interés General, destinada a
satisfacer las necesidades futuras de movilidad, de forma que se garantice un transporte ferroviario interconectado, interoperable e intermodal que impulse la cohesión territorial, económica y social.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de junio de 2020.-César Joaquín Ramos Esteban, Diputado.-José Zaragoza Alonso y Rafael Simancas Simancas, Portavoces del Grupo Parlamentario Socialista.
161/000953
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley
sobre la renovación del Marco Estratégico del Sistema Portuario de Interés General, para su debate en la Comisión de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.
Exposición de motivos
El Sistema Portuario español de titularidad estatal está integrado por 46 puertos de interés general, gestionados por 28 Autoridades Portuarias. Por ellos pasan cerca del 60 % de las exportaciones y el 85 % de las importaciones, lo que
representa el 53 % del comercio exterior español con la Unión Europea y el 96 % con terceros países. Aportan cerca del 20 % del PIB del sector del transporte, lo que representa el 1,1 % del PIB español. Asimismo, generan más de 35.000 puestos de
trabajo directos y unos 110.000 de forma indirecta.
La competitividad de nuestra economía y nuestro desarrollo económico y social dependen, cada vez más, de un sistema de transportes eficaz en el que los puertos resultan ser un elemento estratégico de primer orden, tanto desde la perspectiva
del comercio como del transporte. La competitividad de la economía española en el marco del mercado interior europeo y de una economía globalizada exige un sistema portuario eficaz y eficiente, que permita desplazar mercancías de un modo rápido,
fiable, seguro y con unos costes adecuados.
La actividad y el desarrollo futuro del Sistema Portuario español de titularidad estatal se determinan sobre la base de un Marco Estratégico cuya finalidad debe de ser garantizar que nuestros puertos puedan operar con éxito en los mercados
globalizados y dar oportuna respuesta al exigente y cambiante entorno actual en el que se encuentran inmersos.
La revisión y la repetición periódica del proceso de elaboración del Marco Estratégico permiten las actualizaciones y modificaciones necesarias a lo largo del tiempo para adaptarlo a las nuevas circunstancias competitivas con objeto de
conseguir la máxima eficiencia de todo nuestro sistema portuario y, por ende, la generación de una mayor riqueza y empleo en nuestro país.
Los cambios producidos desde la aprobación, en el año 1998, del actual Marco Estratégico, aconsejan una reformulación de sus bases de desarrollo estratégico, los criterios de actuación y los objetivos generales, que siente las bases para
ajustarse mejor a las necesidades de los sectores de actividad económica del área de influencia, y ofrezca una oferta más apropiada a los intereses de las personas y empresas decididas a utilizar el modo marítimo.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a la renovación del Marco Estratégico del Sistema Portuario de Interés General siguiendo, como principios rectores, la eficiencia, sostenibilidad, seguridad y digitalización. Estos principios
deben servir de base para lograr una plena integración de los puertos de interés general en las redes de transporte, logística y comercio, acorde con las políticas europea y nacional de transporte, y las circunstancias territoriales y locales de sus
respectivos entornos.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de mayo de 2020.-César Joaquín Ramos Esteban, Diputado.-José Zaragoza Alonso y Rafael Simancas Simancas, Portavoces del Grupo Parlamentario Socialista.
161/000954
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley
para impulsar un plan de ayudas al sector del transporte en el seno de la Unión Europea, para su debate en la Comisión de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.
Exposición de motivos
El transporte de viajeros y mercancías es un sector estratégico básico que garantiza la movilidad de los ciudadanos, el desarrollo de la economía, el incremento de la productividad y la libre circulación de mercancías. Constituye un
mecanismo indispensable para el desarrollo sostenible de los países, así como un elemento estratégico para su crecimiento económico.
Según datos de contabilidad nacional, la producción del sector transporte y almacenamiento en España, alcanzó los 121.861 millones de euros en 2018, con un valor añadido de 49.962 millones de euros. De acuerdo con el Directorio Central de
Empresas del INE, en el año 2018 estaban registradas 197.444 empresas en el sector transporte y almacenamiento, de las cuales 166.261 operaban en la rama del transporte terrestre y por tubería. El valor de las importaciones en 2017 alcanzó los
302.431 millones de euros y las exportaciones llegaron a los 276.142 millones de euros. En toneladas, se importaron 265 millones de toneladas y se exportaron 181 millones de toneladas. En 2018 se registraron 981.100 ocupados en el sector
transporte y almacenamiento según la Encuesta de Población Activa. El número de afiliados a la Seguridad Social en el sector transporte y almacenamiento alcanzó los 925.469 trabajadores. En 2017 las empresas del sector transporte y almacenamiento
alcanzaron una cifra de negocio de 111.009 millones de euros, con un valor de la producción de 85.592 millones, según la Estadística Estructural de Empresas.
En relación a la movilidad, según datos del Observatorio del Transporte y la Logística, 28.331 millones de viajeros-km utilizaron el conjunto de redes ferroviarias españolas; 222.8 millones de pasajeros utilizaron el modo aéreo y 28
millones el marítimo. 32.188 millones de viajeros-km utilizaron el transporte en autobús en 2018.
Por lo que respecta a la Unión Europea, los transportes son una piedra angular de la integración europea y su importancia es vital para hacer realidad la libre circulación de personas, servicios y bienes. Pero además, los transportes son un
sector clave de la economía: suponen más del 9 % del valor añadido bruto de la UE (contribución de la UE a la economía). Los servicios de transporte representan por sí solos alrededor de 664 millones de euros y dan empleo a unos 11 millones de
personas.
Como consecuencia de la necesidad de frenar la pandemia, disminuir el número de contagios y evitar el colapso del sistema sanitario se han tenido que adoptar medidas de contención que, a la vez que se muestran efectivas contra la extensión
del coronavirus COVID-19, están teniendo un gran impacto negativo en el sector del transporte. El sector de transportes se está viendo especialmente afectado por la reducción drástica de la movilidad, de la actividad turística y de ocio, así como
por la caída en la actividad industrial, situando a nuestro país y al conjunto de los países de la Unión Europea ante la necesidad de adoptar medidas que pallen en el corto plazo las consecuencias negativas de la pandemia
en el sector y que eviten, en el medio y largo plazo, la destrucción de empresas en el sector del transporte que tendría consecuencias muy negativas para la industria, el turismo y la movilidad.
A pesar de que al inicio de la crisis sanitaria ha habido una cierta unilateralidad en la actuación de los distintos países, la actuación conjunta en el seno de la Unión Europea es fundamental a la hora de afrontar las consecuencias
económicas de la actual crisis sanitaria. La Unión Europea y sus Estados miembros disponen de recursos comunes para luchar contra la pandemia y sus consecuencias. Sólo cooperando y con el espíritu de unidad que alumbró el proyecto europeo,
podremos acelerar la salida de la crisis y salir reforzados.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno seguir impulsando, en el seno de la Unión Europea:
1. Un plan de recuperación y reconstrucción a gran escala destinado a realizar inversiones en apoyo de la economía europea después de la crisis sanitaria, que acelere la recuperación, mejore su fortaleza y cree empleo, al mismo tiempo que
contribuye a la transición ecológica, fomenta la sostenibilidad y el desarrollo social. Dicho plan de recuperación y reconstrucción debe incorporar medidas específicas de apoyo financiero al sector del transporte a corto y medio plazo así como
dotaciones para infraestructuras que permitan mantener los actuales niveles de inversión, destinadas principalmente a garantizar la libre circulación de mercancías y la movilidad en igualdad de condiciones de todos los ciudadanos, de forma
sostenible, anticipándose a los nuevos escenarios y modalidades de transporte.
2. La unificación de criterios para todos los modos de transporte en las relaciones transfronterizas entre los Estados miembros en la desescalada de las medidas de contención de la pandemia provocada por el nuevo coronavirus COVID-19.
3. Medidas destinadas garantizar la continuidad de los transportes de mercancías manteniendo y ampliando a todo tipo de mercancías los denominados 'corredores verdes' con objeto de facilitar el tránsito entre los Estados.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de mayo de 2020.-César Joaquín Ramos Esteban, Diputado.-José Zaragoza Alonso y Rafael Simancas Simancas, Portavoces del Grupo Parlamentario Socialista.
Comisión de Trabajo, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones
161/000945
A la Mesa del Congreso de los Diputados
D.a Macarena Olona Choclán, D. Juan José Aizcorbe Torra, D.ª María Teresa López Álvarez, D.a Mireia Borrás Pabón, D.ª María de la Cabeza Ruiz Solás, y D.ª Rocío de Meer Méndez, en sus condiciones de Diputados del Grupo Parlamentario VOX
(GPVOX), al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan la siguiente Proposición no de Ley relativa al pago de la totalidad de ayudas por Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) previo a
la aprobación de la ayuda del Ingreso Mínimo Vital, para su debate en la Comisión de Trabajo, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.
Exposición de motivos
Primero. España vive uno de los momentos más duros de su historia reciente, debido a la epidemia del SARS-CoV-2 (COVID-19), que está afectando de forma especial a nuestro país tanto a nivel económico como sanitario.
Debido a la referida crisis sanitaria, el pasado 14 de marzo de 2020, el Gobierno aprobó el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declaró el estado de alarma.
Desde el momento en que se ha declarado el estado de alarma y ante el parón de la actividad empresarial, son muchas las empresas que se han acogido a Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) por causa de fuerza mayor; otras,
minoritarias, lo han hecho por causas objetivas.
De acuerdo con el Real Decreto-ley 18/2020, de 12 de mayo, de medidas sociales en defensa del empleo, la situación de fuerza mayor se ha extendido hasta el 30 de junio de 2020, con independencia de que en dicha fecha subsista el estado de
alarma actualmente vigente.
Segundo. Los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) son un procedimiento por el que se comunica la suspensión de los contratos de trabajo o la reducción de jornada de los mismo. La regulación de este tipo de procedimiento se
prevé en el Estatuto de los Trabajadores, aprobado mediante Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, y desarrollado reglamentariamente mediante el Real Decreto 1483/2012, de 29 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de los
procedimientos de despido colectivo y de suspensión de contratos y reducción de jornada.
A raíz de la declaración del estado de alarma, el Gobierno de España ha ido aprobando diversas disposiciones legales, algunas de las cuales afectan a las normas reguladoras de este procedimiento, estableciendo determinadas especialidades.
En este sentido, el Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes y extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19, dispone que 'las medidas adoptadas en materia de suspensión temporal de
contratos y reducción temporal de la jornada (ERTEs) persiguen evitar que una situación coyuntural como la actual tenga un impacto negativo de carácter estructural sobre el empleo'.
Tal y como han señalado expertos en derecho laboral, concurre la fuerza mayor cuando, como consecuencia del COVID-19 y del estado de alarma, se produzca una disminución tal de actividad que implique la suspensión o cancelación de prestación
de servicios o provisión de productos, cierre de locales de afluencia pública, restricciones en el transporte y en la movilidad de las personas y/o las mercancías, falta de suministros que impidan continuar la actividad, o bien situaciones urgentes
y extraordinarias debidas al contagio de la plantilla o la adopción de medidas de aislamiento preventivo.
El Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19, señala que la existencia de fuerza mayor deberá ser constatada por la autoridad laboral.
Según datos oficiales, a 30 de abril de 2020, 3,39 millones de trabajadores están afectados por un ERTE, de los que 3,07 millones lo eran por un expediente por causas de fuerza mayor.
Tercero. Los trabajadores afectados por un ERTE tienen derecho al cobro de una prestación por desempleo cuya cuantía abarca el 70 % de la base reguladora. Sin embargo, como en todas las prestaciones gestionadas por la Seguridad Social, las
cuantías tienen un límite mínimo y un límite máximo. El mínimo sin hijos se sitúa en 501,98 euros y con hijos es de 671,40 euros. Respecto al límite máximo, la prestación de un trabajador sin hijos a cargo puede alcanzar los 1.098,09 euros con un
hijo, 1.254,96 y con 2 hijos (o más), 1.411,83 euros. Por lo tanto, la cuantía es la misma con independencia de si el trabajador tiene 2 o más hijos. De este modo, a efectos de la determinación de la cuantía máxima de la prestación como
consecuencia de un ERTE, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones solo contempla a las familias con uno o dos hijos.
Esta situación es especialmente grave en el contexto que estamos viviendo: son muchas las familias numerosas en las que uno o ambos progenitores han sido objeto de un ERTE, con la consecuente merma de ingresos. Sin embargo, las cargas
económicas familiares siguen siendo las mismas.
Aunque la prestación por ERTE es análoga a la que está aprobada para la prestación por desempleo, ante los momentos de excepcionalidad que estamos viviendo por la pandemia de la COVID-19, deben adoptarse medidas excepcionales en las
prestaciones por ERTE, teniendo en cuenta que multitud de trabajadores no han recibido aún ninguna prestación desde mediados de marzo.
En efecto, según estimaciones del propio SEPE, aproximadamente 300.000 personas no han cobrado todavía las ayudas por ERTE desde el pasado 14 de marzo. Sin embargo, varias asociaciones como el Consejo General de los Colegios de Gestores
Administrativos aumentan esas cifras a los 900.000 trabajadores.
La ausencia del cobro de las prestaciones es un auténtico drama para muchas personas y familias que han visto cómo en pocas semanas su situación personal, familiar y económica ha cambiado drásticamente. Un indicador de esta grave situación
puede apreciarse en el aumento de las colas en
comedores sociales, mostrando imágenes que demuestran el dolor de muchas familias al no poder llegar a fin de mes.
Cuarto. El pasado 29 de mayo de 2020, el Consejo de Ministros aprobó una nueva ayuda estatal denominado 'Ingreso Mínimo Vital'. Tal medida ha sido cifrada por el Ejecutivo en 3.000 millones de euros anuales y correrá a cargo de la
Seguridad Social.
Según el Gobierno, esta medida tiene por finalidad dar cobertura a las familias en riesgo de exclusión social y cuya cuantía oscilará entre los 461 y 1.100 euros. Está previsto que esta ayuda comience a cobrarse a partir del propio mes de
junio. De acuerdo con declaraciones del Ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, el ingreso mínimo vital llegará a 850.000 familias que agrupan unos 2,3 millones de personas.
Sin embargo, el pasado año la Autoridad Independiente de la Responsabilidad Fiscal (AIReF) planteó un esquema del ingreso mínimo vital que tendría un coste para las arcas públicas de alrededor de 3.500 millones de euros, con unos datos mucho
mejores que los que se desprenden actualmente teniendo en cuenta la crisis económica que provocará la COVID-19.
En cualquier caso, desde el Grupo Parlamentario VOX, entendemos que antes de que se hubiese aprobado una nueva ayuda estatal para paliar los efectos de la COVID-19, deberían resolverse los miles de solicitudes de prestaciones de desempleo
fruto de ERTE y que afectan a más de 700.000 españoles.
Por todo lo expuesto anteriormente, el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a lo siguiente:
1. Agilizar la tramitación y resolución de las solicitudes de las prestaciones de desempleo fruto de un ERTE y que afectan a cientos de miles de españoles.
2. Consecuentemente, proceder en el plazo más breve posible al pago de las prestaciones de desempleo a todos aquellos trabajadores que tengan derecho a ellas y que a fecha de esta Proposición no de Ley todavía no han percibido.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de junio de 2020.-Juan José Aizcorbe Torra, Mireia Borrás Pabón, María Teresa López Álvarez, María de la Cabeza Ruiz Solás y Rocío de Meer Méndez, Diputados.-Macarena Olona Choclán, Portavoz del Grupo
Parlamentario VOX.
161/000969
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre medidas para extender la duración y potenciar la aplicación de los
ERTEs por causas relacionadas con la crisis sanitaria de la COVID-19, para su debate en la Comisión de Trabajo, Inclusión, Migraciones y Seguridad Social.
Exposición de motivos
Las medidas adoptadas hasta el momento para la gestión de la emergencia sanitaria ocasionada por la COVID-19, incluida la suspensión de actividades y la limitación de la movilidad decretadas al amparo del estado de alarma declarado por el
Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19, están teniendo un impacto dramático sobre el empleo. Desde el inicio de la crisis
sanitaria, el paro registrado ha aumentado en más de 600.000 personas, mientras que la Seguridad Social ha perdido un millón de cotizantes.
Si estas cifras no han sido mayores, se debe en buena parte a las medidas adoptadas para canalizar el ajuste del empleo fundamentalmente a través de la utilización de la figura de los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTEs), con
suspensiones del contrato de trabajo o reducciones de jornada acompañadas del reconocimiento del derecho a prestación por desempleo. De hecho, más de 4,5 millones de trabajadores se han visto amparados por estos ERTEs, disponiendo de una cobertura
social
durante el tiempo en que duren estas medidas excepcionales de ajuste. En este sentido, además, se han adoptado medidas excepcionales durante esta crisis sanitaria por la COVID-19, reconociendo, por ejemplo, la exoneración de cotizaciones a
la Seguridad Social que apliquen a estos procedimientos, sin efecto para el trabajador manteniendo la consideración del periodo de afectación como cotizado, o el derecho a la prestación por desempleo a los trabajadores que no reúnen el periodo
mínimo de carencia exigido, así como su reposición de cara a futuras prestaciones.
La importancia de estos ERTEs se aventura igualmente fundamental para asegurar la protección del empleo tanto durante el presente proceso de desescalada de las medidas de confinamiento por la COVID-19 como después de la finalización del
estado de alarma. Ya teniendo en cuenta esta premisa, la aprobación del Real Decreto-ley 18/2020, de 12 de mayo, de medidas sociales en defensa del empleo, implicaba la extensión con carácter general de los ERTEs por causa de fuerza mayor hasta el
30 de junio, así como la posible extensión adicional por acuerdo del Consejo de Ministros de aquellos expedientes en sectores especialmente afectados por el impacto de la crisis sanitaria de la COVID-19. Esta extensión llevaba aparejada, asimismo,
la de las medidas extraordinarias en materia de protección por desempleo y de cotización de la Seguridad Social. En este último caso, las exoneraciones de las aportaciones empresariales se modulan teniendo en cuenta la naturaleza de la causa de
fuerza mayor que motiva el ERTE, total o parcial, el tamaño de la plantilla de la empresa, la reincorporación o no del trabajador a la actividad, y el mes de devengo. No obstante, la aplicación de estos beneficios también quedaba condicionada a
exigencias, inclusive un compromiso de mantenimiento del empleo durante los seis meses siguientes, que por su carácter tan estricto pueden comprometer la viabilidad de las empresas y, con ello, el objetivo que precisamente persiguen estas medidas
excepcionales: proteger el empleo.
Sin embargo, para que estos procedimientos sigan siendo instrumentos útiles durante esta desescalada, se hace necesario, en primer lugar, extender la duración inicial de aquellos autorizados por causa de fuerza mayor, al menos, hasta el 30
de septiembre, para que puedan mantenerse durante todo el tiempo prudencial necesario para hacer posible la recuperación paulatina de la actividad tras la finalización del estado de alarma. Esta extensión, como la vigente, conllevaría la de las
medidas extraordinarias en materia de cotización de la Seguridad Social y de protección por desempleo. Asimismo, debería facilitarse en todo lo posible la conversión de estos ERTEs por causa de fuerza mayor en expedientes por causas económicas,
técnicas, organizativas y de producción una vez se produzca su fecha de finalización.
Por todo ello, desde el Grupo Parlamentario Ciudadanos presentamos la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno de España a que, con el objetivo de que los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTEs) sigan siendo instrumentos útiles para acompasar la recuperación paulatina y gradual de la
actividad económica durante el proceso de desescalada, promueva, entre otras, las siguientes reformas:
1. Extender la duración de los ERTEs por causa de fuerza mayor autorizados al amparo de lo establecido artículo 22 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, con carácter general, hasta el 30 de septiembre, así como posibilitar su
extensión más allá de esa fecha, por acuerdo del Consejo de Ministros, en el caso de aquellos sectores en los que todavía puedan subsistir restricciones específicas a la actividad relacionadas con la COVID-19, durante el tiempo que se estime
necesario para permitir la recuperación de la actividad.
La extensión de la duración de los ERTEs conllevará la de las medidas extraordinarias de protección por desempleo de los trabajadores afectados por el mismo y de la exoneración de las cotizaciones a la Seguridad Social, durante toda la
vigencia del procedimiento.
2. Facilitar en todo lo posible la conversión de dichos ERTEs por causa de fuerza mayor, con motivo de su finalización, en ERTEs por causas económicas, técnicas, organizativas y de producción, de acuerdo con las especialidades previstas en
el artículo 23 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo. En caso de conversión, se preverá el mantenimiento de una exoneración de la cotización a la Seguridad Social en estos ERTEs consecutivos por causas económicas, técnicas, organizativas y de
producción, para favorecer su transición.
3. Definir reglas flexibles de afectación de estos ERTEs, estimulando la reincorporación de los trabajadores por dichos procedimientos, permitiendo igualmente la posibilidad de reafectación de los
trabajadores que hubieran sido previamente desafectados del ERTE, con la consecuente reducción de la jornada o suspensión del contrato, con la finalidad de que estos instrumentos contribuyan a una reposición paulatina del empleo que vaya en
cada momento acompasada a la evolución del nivel de actividad en la empresa.
4. Simplificar el procedimiento de consultas exigido para la aplicación de ERTEs por causas económicas, técnicas, organizativas y de producción, recuperando a tal efecto la regla general prevista en el artículo 41.4 del Estatuto de los
Trabajadores para la conformación de la comisión representativa de los trabajadores en defecto de representación legal.
5. Regular la posibilidad de procedimientos análogos a los ERTEs por causas económicas, técnicas, organizativas y de producción, de carácter individual, como medida para convertir estos procedimientos de suspensión o reducción de jornada en
instrumentos eficaces para la protección del empleo en el caso de pymes y autónomos.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de junio de 2020.-María Muñoz Vidal, Diputada.-Edmundo Bal Francés, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
161/000978
A la Mesa del Congreso de los Diputados
D.ª Macarena Olona Choclán, D. Juan José Aizcorbe Torra, D.ª María Teresa López Álvarez, D.ª Mireia Borrás Pasón, D.ª María de la Cabeza Ruiz Solás, y D.ª Rocío de Meer Méndez, en sus respectivas condiciones de Portavoz Adjunta y Diputados
del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX), al amparo de lo dispuesto en los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan la siguiente Proposición no de Ley relativa a las consecuencias del incumplimiento del compromiso de mantenimiento
del empleo, para su debate en la Comisión de Trabajo, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.
Exposición de motivos
Primero. España vive uno de los momentos más duros de su historia reciente debido a la epidemia del SARS-CoV2 (COVID-19), que está afectando de forma especial a nuestro país tanto a nivel económico como sanitario.
El pasado 14 de marzo de 2020, el Gobierno aprobó el Real Decreto 463/2020, por el que se declaró el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19. Desde el momento en que se ha declarado el
estado de alarma y ante el parón de la actividad empresarial, son muchas las empresas que se han acogido a Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) por causa de fuerza mayor; otras, minoritarias, lo han hecho por causas objetivas.
Segundo. Los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) son un procedimiento por el que se comunica la suspensión de los contratos de trabajo o la reducción de jornada de los mismo. La regulación de este tipo de procedimiento se
prevé en el Estatuto de los Trabajadores, aprobado mediante Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, y desarrollado reglamentariamente mediante el Real Decreto 1483/2012, de 29 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de los
procedimientos de despido colectivo y de suspensión de contratos y reducción de jornada.
A raíz de la declaración del estado de alarma, el Gobierno de España ha ido aprobando diversas disposiciones legales, algunas de las cuales afectan a las normas reguladoras de este procedimiento, estableciendo determinadas especialidades.
En este sentido, el Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes y extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social de la COVID-19, dispone que 'las medidas adoptadas en materia de suspensión temporal de
contratos y reducción temporal de la jornada (ERTEs) persiguen evitar que una situación coyuntural como la actual tenga un impacto negativo de carácter estructural sobre el empleo'.
En este punto es de destacar la Disposición adicional sexta, que regula un compromiso de mantenimiento del empleo durante un período de seis meses desde la fecha de reanudación de la actividad aplicable a todas aquellas empresas que hubiesen
tramitado ERTE a la plantilla de trabajadores. En su redacción original, la Disposición adicional sexta referida disponía que 'Las medidas extraordinarias
en el ámbito laboral previstas en el presente real decreto-ley estarán sujetas al compromiso de la empresa de mantener el empleo durante el plazo de seis meses desde la fecha de reanudación de la actividad'.
Esta redacción de la Disposición adicional sexta motivó muchas dudas de interpretación en su aplicación, en opinión de todos los expertos. Por este y otros motivos, el Real Decreto-ley 18/2020, de 12 de mayo, de medidas sociales en defensa
del empleo modificó y desarrolló la referida Disposición adicional sexta.
Sin embargo, pese a ello, todavía quedan, a juicio de los expertos, algunas dudas sin resolver y que son de suma importancia, a tenor de las consecuencias prácticas que pueden derivarse para las empresas.
Una de estas dudas de interpretación tiene lugar con ocasión del apartado quinto, que regula las consecuencias del incumplimiento del compromiso de mantenimiento del empleo, al disponer que 'Las empresas que incumplan este compromiso deberán
reintegrar la totalidad del importe de las cotizaciones de cuyo pago resultaron exoneradas, con el recargo y los intereses de demora correspondientes, según lo establecido en las normas recaudatorias en materia de Seguridad Social, previas
actuaciones al efecto de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social que acredite el incumplimiento y determine las cantidades a reintegrar'.
De acuerdo con este precepto, si una empresa incumple el compromiso de mantenimiento del empleo dentro del plazo de los seis meses siguientes a la fecha de reanudación de la actividad, deberá reintegrar el importe total de las cotizaciones
de las que hubiese sido exonerada como consecuencia de haber tramitado un ERTE, así como los recargos e intereses de demora correspondientes. Sin embargo, la redacción del precepto no resuelve -quién sabe si intencionadamente- si las cotizaciones,
recargos e intereses de demora que deben reintegrarse son las de todos los trabajadores cuyo contrato de trabajo hubiese sido objeto de un ERTE o únicamente las relativas a aquellos contratos de trabajo que se extingan durante los seis meses
posteriores a la reanudación de la actividad.
Es decir, en tales supuestos ¿la empresa deberá devolver las cotizaciones, recargos e intereses de demora correspondientes a todos los contratos de trabajo que se han suspendido como consecuencia de un ERTE por causa de fuerza mayor? O, por
el contrario, ¿el reintegro de las cotizaciones, recargos e intereses solo comprenderá el de aquellos contratos de trabajo que se extingan dentro del plazo de los seis meses desde la fecha de reanudación de la actividad?
La Disposición adicional sexta del Real Decreto-ley 8/2020 no resuelve estas cuestiones que, a todas luces, afectan sustancialmente a la toma de decisiones empresariales. Por ello, y máxime en las circunstancias actuales, es preciso dotar
de certidumbre y seguridad a las empresas que deben conocer de antemano las consecuencias de sus decisiones y que pasa, en este momento, por regular detalladamente el alcance de las consecuencias del compromiso de mantenimiento del empleo a que se
refiere la Disposición adicional sexta del Real Decreto-ley 8/2020. Esta exigencia no es sino la aplicación práctica y consecuente del principio de seguridad jurídica (art. 9.3 CE). Lo contrario equivaldría dotar de gran discrecionalidad a la
Inspección de Trabajo para resolver a posteriori cuáles son las consecuencias del incumplimiento del compromiso mantenimiento del empleo.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a aclarar, a través de los instrumentos jurídicos pertinentes, el alcance de las consecuencias del incumplimiento del compromiso de mantenimiento del empleo previsto en la Disposición adicional
sexta del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes y extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19, en los términos expuestos en la presente Proposición no de Ley.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de junio de 2020.-Juan José Aizcorbe Torra, Mireia Borrás Pabón, Rocío de Meer Méndez, María Teresa López Álvarez y María de la Cabeza Ruiz Solás, Diputados.-Macarena Olona Choclán, Portavoz del Grupo
Parlamentario VOX.
Comisión de Industria, Comercio y Turismo
161/000960
A la Mesa del Congreso de los Diputados
D.ª Macarena Olona Choclán, D.ª Patricia Rueda Perelló D. José María Figaredo Álvarez-Sala y D.ª Mireia Borrás Pabón, D.ª María Ruiz Solás, D. Andrés Alberto Rodríguez Almeida, en sus respectivas condiciones de Portavoz Adjunta y Diputados
del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX), al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan la siguiente Proposición no de Ley relativa a microcréditos para el pequeño comercio,
hostelería y autónomos, para que se debata en la Comisión de Industria, Comercio y Turismo.
Exposición de motivos
En el inventario de ayudas que se ha puesto en marcha en España por razón de la pandemia del coronavirus existe una laguna muy importante y que afecta a muchos cientos de miles de españoles que no pueden acceder a la financiación bancaria
por el tamaño y entidad de sus empresas o negocios. Así, el más pequeño comercio y la hostelería tienen que caer en opciones de financiación para subsistir muy caras como son anticipos en sus tarjetas de créditos o financiación extrabancaria a
tipos de interés muy onerosos.
Urge, pues, poner en marcha un paquete de ayudas de microcréditos de hasta seis mil euros para asegurar la supervivencia de nuestras empresas y negocios más pequeños. En especial, para los que afectan a sectores como el comercio y la
hostelería, que de no contar con estas ayudas no podrán reabrir sus negocios o lo harán de forma precaria y con enormes dificultades.
Los microcréditos permiten obtener una cantidad de dinero ajustada a las necesidades puntuales de un empresario, particular o autónomo. Una alternativa de financiación fácil para todos aquellos perfiles que suelen tener muchos problemas a
la hora de obtener un préstamo por los cauces tradicionales. En definitiva, los microcréditos constituyen una solución para autónomos y empresarios que han visto mermados sus ingresos durante esta crisis del coronavirus.
Existe un antecedente de ayudas de microcréditos en el marco de la pandemia causada por la COVID-19 para el alquiler de viviendas, y así la Orden TMA/336/2020, de 9 de abril, por la que se incorpora, sustituye y modifican sendos programas de
ayuda del Plan Estatal de Vivienda 2018-2021, regulado en el Real Decreto 106/2018, de 9 de marzo, recoge el nuevo programa de ayudas para contribuir a minimizar el impacto económico y social del COVID-19 en los alquileres de vivienda habitual,
programa que tiene por objeto la concesión de ayudas al alquiler, mediante adjudicación directa a las personas arrendatarias de vivienda habitual que, como consecuencia del impacto económico y social del COVID-19 tengan problemas transitorios para
atender al pago parcial o total del alquiler.
Por lo expuesto, el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a adoptar un paquete de ayudas económicas en forma de microcréditos con tipos de interés bajo a pymes y autónomos para afrontar gastos, en el marco del plan de reactivación económica frente al
impacto negativo ocasionado por el COVID-19.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de junio de 2020.-Patricia Rueda Perelló, José María Figaredo Álvarez-Sala, Mireia Borrás Pabón, María de la Cabeza Ruiz Solás y Andrés Alberto Rodríguez Almeida, Diputados.-Macarena Olona Choclán,
Portavoz del Grupo Parlamentario VOX.
161/000961
A la Mesa del Congreso de los Diputados
D.ª Macarena Olona Choclán, D.ª Patricia Rueda Perelló, D. José María Figaredo Álvarez-Sala, D.ª Mireia Borras Pabón, D. Andrés Alberto Rodríguez Almeida y D.ª María de La Cabeza Ruiz Solás, en su
condición Portavoz Adjunta y Diputados del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX), respectivamente, al amparo de lo establecido en los artículos 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan la siguiente
Proposición no de Ley relativa al impulso del sector de la Hostelería, para que se debata en la Comisión de Industria, Comercio y Turismo.
Exposición de motivos
Primero. España es un país que presenta un sector turístico de primer orden, tanto por su calidad, como por su volumen, siendo el segundo destino turístico a nivel mundial.
Dentro del sector turístico se encuentra la Hostelería, que abarca varias ramas, y que tiene una importancia capital para la economía española. Concretamente, el subsector de la Restauración, que incluye una variada y rica suma de bares,
restaurantes, cafeterías, casas de comidas tradicionales o espacios de alta cocina, entre otros.
En conjunto, el sector de la hostelería supera los 300.000 establecimientos, de los que el subsector de restauración representa la mayor parte con cerca de 280.000 locales.
La producción del total del sector hostelero suma 129.450 millones de euros, que ha impulsado su crecimiento en todos los subsectores, de los cuales cerca de 100.000 millones corresponden a los negocios de restauración. Tiene una gran
importancia económica dentro de la producción nacional, con una destacable contribución a la generación del PIB nacional, que se sitúa, aproximadamente, en el 6,2 %. De ese porcentaje, un 4,7 % procede de los servicios de restauración.
El sector de la restauración se caracteriza, a su vez, por la estructura empresarial, con amplia mayoría de autónomos y pequeñas empresas por lo que el negocio familiar tiene gran importancia. La restauración supone 1.700.00 1 puestos de
trabajo, de los que el 23,6 % son autónomos y el resto asalariados.
Las cifras demuestran la importancia que tiene el conjunto de establecimientos de restauración y del alojamiento que conforman el sector de la hostelería, para el turismo y la economía de nuestro país, por su importante contribución al PIB
nacional, el elevado número de puestos de trabajo que crea y por el papel clave que protagoniza en el desarrollo turístico.
Además de estos significativos datos, el sector de la restauración es un gran consumidor de otras industrias, siendo la de alimentación y bebidas la más importante.
Segundo. Durante el año 2019, el sector de la restauración experimentó un ligero crecimiento y las expectativas que se manejaban para el 2020 seguían en la misma línea: un crecimiento sostenido y moderado.
Sin embargo, la aparición del SARS-CoV-2 (COVID-19), originado en Wuhan, y las medidas adoptadas por el Gobierno para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, han
1 Datos: FACYRE (Federación de Cocineros y Reposteros de España).
supuesto un gran impacto negativo en el sector, que requiere de una serie de medidas efectivas y adaptadas a la hostelería en general y a la restauración en particular.
Desde la declaración del estado de alarma por el Gobierno por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, apenas han existido medidas concretas para este golpeado sector: escasas previsiones relacionadas con las fases de desescalada que
únicamente han generado dudas e incertidumbre. De igual forma, han sido varias las propuestas que ha realizado el sector al Gobierno sin éxito.
Tercero. Entre los problemas más acuciantes que presenta la restauración ocupa un lugar destacado la planificación por el Gobierno de los escenarios de desescalada, en el denominado Plan para la transición hacia una nueva normalidad. En
estos momentos hay gran incertidumbre sobre los criterios y planes, con numerosos cambios de opinión del Ejecutivo, interpretaciones y re-interpretaciones contradictorias de las disposiciones que lo regula, lo que supone que el sector no sabe a qué
atenerse, y consecuentemente dificulta planificar, con antelación suficiente, la reapertura.
Hay que tener en cuenta que la mayoría de los establecimientos dedicados a la restauración llevan cerrados tres meses, sin obtener ingresos y que sin embargo las cargas que soportan son altas: pago de impuestos, alquileres, créditos, etc.
En definitiva, es de destacar que debido a la COVID-19, el sector de la Hostelería ha padecido cancelaciones, Expediente Temporal de Regulación de Empleo no flexibles, cierre de negocio, caída de la facturación, cese de actividad y, por
ello, cese de compras en el comercio de proximidad, entre otros efectos negativos.
Cuarto. Una de las reivindicaciones del sector para mitigar el impacto de la presente crisis sanitaria y económica ha sido la solicitud de moratorias en el pago de las obligaciones tributarias y el replanteamiento de los impuestos y tasas.
En el caso de Alemania, se ha reducido el IVA al sector de la restauración del 19 % al 7 %, y en principio estará en vigor durante un año, hasta finales de junio de 2021, sin perjuicio de otras medidas adoptadas con el fin aliviar los efectos
económicos de las restricciones que ha sufrido el sector en la presente crisis sanitaria y económica.
El sector de la Hostelería solicita moratoria o revisión de los impuestos, así como la creación de sistemas que les ofrezcan liquidez. Los créditos ICO, según están planteados y ejecutados, no siempre sirven a este sector. Una solución es
la creación de microcréditos a un bajo interés y con importes cerrados y por tramos.
Por otro lado, y en cuanto al empleo, es de advertir que los ERTEs presentan problemas de planteamiento importantes. Por un lado, el tiempo que tarda el SEPE en hacer los pagos ha supuesto que haya trabajadores de este sector -y de otros-
que aún no hayan recibido las prestaciones correspondientes. Por otro lado, ante la incertidumbre de las medidas y la reducción impuesta a los negocios -por ejemplo, la reducción de las mesas, de las terrazas, etc.-, el levantamiento de la vigencia
de los ERTES por causas derivadas del COVID-19, una vez concluya el estado de alarma, constituye un riesgo, debido a la duda que existe en la continuidad y viabilidad de los negocios. Así, se hace necesaria una flexibilización de los expedientes de
regulación temporal de empleo y sus condiciones.
Quinto. El sector de la Hostelería es consciente del destacado papel que tiene para la Marca España, pues el turismo gastronómico ha alcanzado gran relevancia en los últimos tiempos y es un polo de atracción del denominado 'turismo de
calidad', formando parte de la idiosincrasia cultural española.
Actualmente tenemos una de las cocinas más importantes del mundo, por calidad y variedad, de temporada y saludable, además de la altísima cocina de grandes cocineros con prestigiosos premios y distinciones, como las estrellas de la guía
Michelín, y muchos de nuestros restaurantes aparecen en las listas y ránkings de los mejores restaurantes del mundo. Este sector es un gran conquistador de turistas, por lo que la hostelería española es un gran escaparate de la marca España. Todo
ello sin mencionar el apartado cultural que representa la gastronomía. Por todo esto, el Gobierno debería tener un especial cuidado con dicho sector, debido a las importantes aportaciones que han hecho, no sólo desde el punto de vista fiscal por su
alto valor añadido, sino también por la mencionada proyección internacional que hacen de España y su impacto en el turismo, clave en la llamada España vaciada, así como el efecto arrastre que tiene con respecto de gran parte de la hostelería de
nuestro país.
Sexto. Al sector de la hostelería se le suma, a su vez, el subsector de la industria de alimentación y bebidas. Según Hostelería España, la Asociación Española de Codificación Comercial (AECOC), asociación empresarial que integra a más de
30 .000 fabricantes y distribuidores, y la Federación Española de Industrias de Alimentación y Bebidas (FIAB), que integran toda la cadena de valor de la hostelería, suponen, en conjunto, algo más del 29 % del PIB y emplean a cerca de 7 millones de
trabajadores.
Algunos estudios sobre el futuro inmediato, consecuencia de la crisis del COVID-19 estiman que el sector de la restauración verá reducida, de forma muy notoria, su actividad, cifra de negocios y viabilidad.
Además, es necesario advertir que los últimos datos alertan que en las provincias que se encuentran en la Fase 1 de la desescalada apenas un 15 % de los establecimientos de restauración han abierto, lo que se traduce en que no hay una
viabilidad de los negocios para reiniciar la temporada.
Según un estudio realizado por Bain&Company e EY, la pérdida de facturación del sector por la actual crisis podría verse reducida en torno al 40 % durante el 2020, con una pérdida estructural definitiva de más de 200.000 empleos y se estima
que 680.000 puestos de trabajo se verán afectados en los peores momentos de la crisis. Asimismo, según el Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social en todo el sector de la hostelería se ha perdido la posibilidad de crear 243.000 puestos
de trabajo en el mes de abril, en relación al año anterior, teniendo en cuenta, además, que casi un millón de trabajadores del sector se han acogido a un ERTE, de los que un tercio son autónomos.
De ello se desprende la necesaria inversión en formación de los agentes que participan en la restauración, pues la formación es una de las formas de mejorar la competitividad. En este sentido se hace imperativa una formación especial
post-COVID-19, donde se enserien las medidas de seguridad.
Séptimo. Por todo lo expuesto, es imprescindible que el Gobierno tome medidas que ayuden a la reactivación del sector, flexibilizando la normativa vigente y armonizando intereses de los hosteleros, comerciantes y empresarios. Y en este
sentido, es necesario aunar esfuerzos con los principales actores del sector del sector y con otras administraciones con competencias relacionadas, pues lo que está en juego es mucho. Todo ello, eso sí, sin dejar a un lado las medidas de sanitarias
y de seguridad que favorezcan una gestión de la demanda de servicios segura y de calidad, para trabajadores y para clientes, lo que supondría un formidable empuje al turismo.
Por todo ello, el grupo parlamentario VOX presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a la creación, en coordinación con las Comunidades Autónomas y los representantes del sector de la Hostelería, un Plan Nacional para la Hostelería y la Restauración, a fin de articular un plan
específico de desescalada que tenga en cuenta las peculiaridades del citado sector, y concretamente las siguientes medidas:
1. Extensión y flexibilización de los ERTES de suspensión de contrato o reducción de jornada por causas derivadas del COVID-19, más allá de la estricta duración del estado de alarma, como instrumento decisivo para garantizar la viabilidad
de las empresas y permitir volver a poner en marcha paulatinamente la actividad, dada la lenta recuperación que van a experimentar sus negocios, garantizando, así, el mínimo impacto posible al empleo durante y después de la crisis.
2. Derogar la cláusula de los ERTES en relación al mantenimiento del empleo en los seis meses siguientes a la reanudación de la actividad.
3. Dotar de seguridad jurídica y certidumbre a las empresas y trabajadores sobre tiempo de tramitación de los ERTEs y cuándo se percibirán las prestaciones de desempleo.
4. Diseñar campañas de promoción para la reactivación del consumo y promoción de la Hostelería española y turismo a nivel mundial, recabando de la ayuda de todos los agentes del sector y administraciones implicadas, con el fin de ofrecer
una imagen unitaria. Estas campañas deberán incidir, además de la excelencia y el alto valor añadido del sector, en el riguroso cumplimiento de protocolos de seguridad sanitaria, con el objetivo de tranquilizar a los usuarios, tanto nacionales como
extranjeros.
5. Maximizar los niveles de liquidez de los negocios del sector de la hostelería, de cara a aumentar su probabilidad de supervivencia post-crisis, establecimiento nuevos avales públicos y líneas de financiación, con tipos de interés
inferiores al 0,25 %.
6. Mayor claridad y transparencia en las medidas adoptadas dentro del marco del llamado Plan para la Transición hacia una nueva normalidad, con el objetivo de poder planificar la reapertura del sector, fijando, además, la distancia de
seguridad como criterio para determinar el aforo de los establecimientos.
7. Eliminar la tributación por IRPF de cheques restaurante y recuperar el gasto deducible para profesionales, autónomos y empresas en hostelería, lógicamente con justificación por motivos empresariales o profesionales mediante declaración
responsable.
8. Moratoria de pagos de impuestos, hipotecas y los instrumentos económicos que generen liquidez.
9. Establecimiento de un sistema de formación eficaz o protocolo de actuación para todos los agentes intervinientes en la Hostelería enfocado a la seguridad y aplicación de protocolos sanitarios a fin de evitar contagios.
10. Facilitar el suministro de cuantos materiales y productos sean necesarios para la seguridad sanitaria, así como facilitar la instalación de sistemas electrónicos, aplicaciones informáticas y cualquier tipo de iniciativa digital tendente
a facilitar el cumplimiento de los protocolos de seguridad sanitarios.
11. Creación de microcréditos con tipos de interés bajo, con importes cerrados y por niveles.
12. Instar a los Ayuntamientos y otras administraciones competentes a flexibilizar horarios de apertura y consumo, así como de requisitos para la instalación de terrazas. En ese sentido, será necesario fijar los aforos en función de la
distancia de seguridad.
13. Instar a los Ayuntamientos a la reducción o eliminación de tasas municipales durante la duración.
14. Que las empresas de la industria de alimentación y bebidas y distribuidores que puedan acreditar que un 40 % de su facturación va, directa o indirectamente, a clientes cuyos CNAE (Clasificación Nacional de Actividades Económicas)
pertenecen a la hostelería estuviesen incluidos en esas nuevas medidas.
15. Mantener las medidas adoptadas hasta que la recuperación del sector. Para ello, será necesario mantener reuniones periódicas de seguimiento con sus principales representantes.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de junio de 2020.-Patricia Rueda Perelló, Mireia Borrás Pabón, Andrés Alberto Rodríguez Almeida, María de la Cabeza Ruiz Solás y José María Figaredo Álvarez-Sala, Diputados.-Macarena Olona Choclán,
Portavoz del Grupo Parlamentario VOX.
161/000980
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Socialista, de conformidad con el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la creación de un Programa de apoyo a la fabricación nacional de material
sanitario y reserva estratégica, para su debate en la Comisión de Industria, Comercio y Turismo.
Exposición de motivos
Hasta ahora, la conformación de grandes distritos industriales o clusters se habían visto solo desde su vertiente más positiva. Estos grandes clusters permitían la creación de grandes economías de escala externas en estas industrias, de
manera que se reducían los costes medios unitarios de producción para estos bienes, al tiempo que esa concentración industrial en unos pocos puntos geográficos permitía aparentemente atraer mejor la I+D en estos sectores. El mundo disponía así de
productos sanitarios de más calidad al tiempo que con menores costes de producción y precios globales más competitivos. Una estrategia industrial en el sector sanitario que propiciaba por tanto la externalización, la deslocalización y la
concentración geográfica de la producción con un resultado positivo para todos.
Sin embargo, la actual crisis por la COVID-19 ha puesto de manifiesto las importantes fragilidades que presenta este modelo de industria sanitaria a escala global. Unas fragilidades que, de hecho, han implicado situaciones de carencia de
material médico como respiradores, así como equipos de protección individual (EPI) fundamentalmente para el personal sanitario o cuidadores en residencias. Esta situación, especialmente durante las semanas iniciales con mayor crecimiento en la
curva de contagios, no ha sido algo exclusivo de un único país como España, sino que se ha observado igualmente en otros con mayor incidencia de la pandemia, tales como Italia, Francia o en países productores de estos materiales como es el caso de
Estados Unidos.
Un informe de la Organización Mundial de Comercio, publicado a primeros del mes de abril, evidenciaba cómo apenas tres países (Alemania, Estados Unidos y Suiza) suministran el 35 % de todos los productos médicos en el mundo. En este caso
habría que considerar, sin embargo, la participación de países, como India y sobre todo China, en la producción de principios activos necesarios para la elaboración de muchos medicamentos. De igual modo, apenas tres países (en este caso China,
Alemania y Estados Unidos) concentran el 40 % de la producción mundial de productos necesarios para la protección del personal sanitario. Solo China produce, por ejemplo, una de cada cuatro mascarillas compradas en
todo el mundo. Y la producción de la mitad de todas las mascarillas en el mundo se reparte entre China, Estados Unidos y Alemania. Por su parte, Malasia fabrica tres de cada cinco guantes de todo el mundo, pero su producción se vio frenada
por las medidas de confinamiento adoptadas en aquel país.
Por tanto, tal concentración de la producción global de estos productos ha generado importantes cuellos de botella, tanto por el enorme crecimiento de la demanda global frente a una oferta muy concentrada, como por el freno en la producción
en algunos casos ante el propio hecho de sufrir allí mismo los estragos de la pandemia. Una demanda que, además requiere un flujo constante de estos productos, pues el material de protección sanitaria como mascarillas, gafas, batas [...] ha de ser
continuamente renovado.
España y la Unión Europea se han visto ante una situación inédita desde la gripe de 1918, y por tanto sin protocolos de actuación. Asimismo, salvo Alemania, se han visto sin una industria propia ni con reservas estratégicas para hacer
frente a esta nueva pandemia.
Afortunadamente, el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo ha coordinado las diversas iniciativas surgidas desde diferentes empresas, desde pymes y autónomos hasta grandes compañías, que se han volcado en la reorientación de su
producción para la fabricación en nuestro país de material sanitario como respiradores mecánicos, así como equipos de protección individual.
A este respecto, y para que nuestra industria permita reforzar el suministro de material sanitario será necesario fijar un programa que vaya más allá de este caso concreto que nos afecta, y establezca un plan de actuación con el sector
empresarial ante posibles pandemias futuras o rebrotes de la actual hasta que se encuentre una vacuna, y sirva así para evitar la vulnerabilidad de depender de importaciones en unos mercados internacionales a su vez tan concentrados.
De igual modo, como una de las lecciones a aprender de la actual crisis, será necesario fijar un plan coordinado con el conjunto de la Unión Europea para mantener una Reserva Estratégica que evite en el futuro posibles problemas de
abastecimiento de material sanitario.
Por todo ello el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Impulsar en el ámbito institucional de la Unión Europea la constitución de una Reserva Estratégica que garantice el abastecimiento de material sanitario para posibles futuras crisis sanitarias.
2. Establecer, en coordinación con las Comunidades Autónomas en el seno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, una reserva estratégica para afrontar posibles situaciones de emergencias sanitarias.
3. Crear un nuevo programa de apoyo a la fabricación nacional de equipos y material sanitario u otros productos, así como equipos de protección individual que sean considerados de emergencia por el Gobierno en relación con futuras
pandemias.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de abril de 2020.-Alejandro Soler Mur, Adolfo Pérez Abellás, Sandra Guaita Esteruelas, Juan Bernardo Fuentes Curbelo, Cristina López Zamora, Ana María Botella Gómez, María Luisa Faneca López, Patxi
López Álvarez, María Ángeles Marra Domínguez, César Joaquín Ramos Esteban, Germán Renau Martínez, María del Pilar Rodríguez Gómez y Juan Francisco Serrano Martínez, Diputados.-José Zaragoza Alonso y Rafael Simancas Simancas, Portavoces del Grupo
Parlamentario Socialista.
Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación
161/000972
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados,
presentar la siguiente Proposición no de Ley sobre La Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA), para su debate en la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación.
Exposición de motivos
La Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA) es un organismo autónomo, adscrito al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. Se constituyó en enero de 2014. El 4 de abril se publicó en el Boletín Oficial del
Estado, el Real Decreto 227/2014, por el que se aprueba el Estatuto de la Agencia de Información y Control Alimentarios. Su función principal es supervisar el cumplimiento de la Ley 12/2013, de 2 de agosto, de medidas para mejorar el funcionamiento
de la cadena alimentaria.
La Ley 12/2013, de 2 de agosto, de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena exige responsabilidad a todos los agentes, y contempla un sistema de control público que se canaliza a través de la Agencia de Información y Control
Alimentarios (AICA).
La Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA) vigila:
- Que existan contratos por escrito entre las partes.
- Que haya un precio fijado en el contrato.
- Que no se modifiquen unilateralmente los contratos.
- Que no se impongan pagos adicionales no previstos.
- Que se cumplan los plazos de pago.
- Que no se utilice la información comercial sensible para otros fines.
- Que se respeten las condiciones de las subastas electrónicas de acuerdo a la Ley.
Todas las actuaciones de AICA se dirigen al control administrativo de la Cadena Alimentaria (productores, fabricantes de alimentación y bebidas y distribuidores), así como a la colaboración con instituciones y administraciones públicas,
garantizando con todos ellos la máxima transparencia informativa e independencia en la gestión.
AICA quiere ser una herramienta útil y eficaz al servicio de las empresas de la cadena alimentaria y de los agentes institucionales.
Es necesario reforzar el papel de la Agencia. Incrementar las inspecciones de oficio realizadas por la AICA. Es muy importante la difusión de las multas ya que aunque las multas son de una cuantía que no supone un impacto a nivel económico
dado el tamaño de muchas compañías, pero si pueden ser importantes a nivel de reputación.
Según datos suministrados por la propia Agencia, las sanciones que esta entidad ha impuesto, se dirige principalmente a la industria alimentaria y a la distribución. Los más perjudicados de estas acciones que rozan la ilegalidad suele ser
el eslabón más frágil de la cadena: los agricultores y ganaderos.
Además de los programas de control e inspección efectuados de oficio, AICA ha analizado todas las denuncias que se le han presentado, un total de 293 en seis años. El motivo más frecuente de sanción se debe al incumplimiento de los plazos
de pago(40 %), ausencia de contratos (16 %), no incluir los extremos mínimos en los contratos (13 %) y no suministrar la información requerida (11 %). Un 39 % de las infracciones sancionadas son atribuidas a la industria agroalimentaria. El 37 % a
la distribución comercial mayorista, el 16 % a la distribución minorista y el 8 % a productores.
Por todo lo expuesto, el Grupo Parlamentario Socialista, presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Reforzar el papel de la Agencia de Información y Control Alimentaria (AICA).
2. Incrementar el presupuesto de la Agencia AICA.
3. Dotar de mayor personal a la Agencia.
4. Promover que las comunidades autónomas cooperen en la realización de controles en el marco de un plan de control específico para que complementen la acción de AICA en el control de la existencia de contratos escritos y su contenido.
5. Reforzar su planificación proactiva de las inspecciones, con el objeto de luchar contra las prácticas comerciales abusivas y para que las remuneraciones que reciban los eslabones más débiles pueda verse mejorada.
6. Planificar actuaciones de control en momentos concretos, como la campaña de producción de sectores más vulnerables o programas para operadores determinados que se hayan identificados con mayor riesgo para el cumplimiento de la ley de la
cadena.
7. Difundir un mayor conocimiento de la ley y de la labor de la Agencia entre los agentes de la cadena alimentaria.
8. Adaptar la AICA como Agencia Europea, como contempla la Directiva de prácticas comerciales desleales, recientemente acordada en la Unión Europea.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de junio de 2020.-Manuel Gabriel González Ramos, Diputado.-Felipe Jesús Sicilia Alférez y Rafael Simancas Simancas, Portavoces del Grupo Parlamentario Socialista.
161/000976
A la Mesa del Congreso de los Diputados
D.ª Macarena Olona Choclán, D. Ricardo Chamorro Delmo, D. Rubén Darío Vega Arias, D. Manuel Mariscal Zabala, D. Ángel López Maraver, D. Luis Gestoso de Miguel, D. Patricia Rueda Perelló y D. Rubén Silvano Manso Olivar, en sus respectivas
condiciones de Portavoz Adjunta y Diputados del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX), al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan la siguiente Proposición no de Ley de medidas
de fomento de la producción española de aguacate, para su discusión en la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación.
Exposición de motivos
Primero. El aguacate (Persea americana Mill) es un frutal de origen mexicano de la familia de las Laureaceas, introducido en España entre los siglos XVII y XVIII, aunque no fue hasta mediados del siglo XIX cuando se desarrolló su cultivo a
nivel productivo.
En los últimos años, el consumo mundial de aguacate ha crecido a una velocidad exorbitante debido a la gran demanda por parte de Estados Unidos, Europa y China. Ante esta situación, España se ha convertido en un importante productor de
aguacate, gracias al clima mediterráneo subtropical, siendo el único país europeo que produce y exporta esta exótica fruta, haciendo de puerta de entrada al resto de Europa.
Sin embargo, aunque España lidera la producción europea de aguacate, sólo el 20 % de ésta se destina al consumo interno dado que el 80 % se exporta, en especial, al resto de países europeos con Francia, Alemania y Reino Unido a la cabeza.
El viejo continente consume entre 400. 000 y 500. 000 toneladas de aguacate al año, pero sólo un 10 % procede de España. El resto proceden de Méjico y Chile, Perú e Israel. Así pues, España tiene una oportunidad de crecimiento en este
mercado gracias a la proximidad, el marco común y nuestra calidad hortofrutícola. Además, tampoco se puede olvidar que España es la puerta de entrada de aguacate hacia Europa ya que es a través de nuestro país por donde entran, se transforman y se
distribuyen al resto de países.
Segundo. No obstante, desde hace años, la demanda europea de esta fruta es netamente superior a la oferta disponible, lo que genera que el precio en origen sea elevado. La producción española es muy pequeña en comparación con las
necesidades europeas, e incluso la producción se ha estancado, lo que
genera que España esté perdiendo la oportunidad de posicionarse al frente de este mercado, circunstancia que podemos observar en los datos de la Federación Española de Asociaciones de Productores Exportadores de Frutas y Hortalizas:
Año;Toneladas de producción nacional;Toneladas de importación en Europa ;Miles de euros pagados a países extracomunitarios, por la importación de aguacate
2019;119.143 ;;151.160
2018 ;107.622 ;606.828 ;142.209
2017 ;107.000 ;486.158 ;121.164
2016 ; 91.664 ;446.994 ;89.207
2015 ; 81.580 ;343.442 ;72.601
Tercero. No obstante, la producción española de aguacate se encuentra bien posicionada frente a la de otros orígenes de cara al mercado europeo, debido, en primer lugar, a la cercanía de nuestra zona productora a los mercado de destino, lo
que facilita la recolección de la fruta en el óptimo de consumo y, por tanto, con una alta calidad organoléptica. Además, la situación fitosanitaria de este cultivo en España, con pocas plagas y enfermedades importantes, permite una producción
prácticamente libre de tratamientos químicos, lo que facilita su comercialización en países con medidas más restrictivas en materia de residuos en frutos.
Por tanto, España tiene un potencial camino de crecimiento en el mercado mundial y europeo de aguacates. Gracias al microclima tropical presente en numerosas zonas españolas como Granada, Málaga o Canarias, España puede convertirse en un
competidor importante en la producción de esta fruta. Además, la rentabilidad de esta producción en nuestro país está garantizada.
Es más, fomentar la producción de aguacate no solo repercute en los productores agrarios sino también en otros sectores como las empaquetadoras y comercializadoras, generando numerosos puestos de trabajo, máxime en momentos de crisis
económica como el actual.
Cuarto. Sin embargo, nuestro país debe hacer frente a varios problemas que impiden el desarrollo de este tipo de explotación agraria. Por un lado, la inexistencia de ayudas fiscales o de otro tipo que permitan fomentar la producción de
aguacate. Por otro lado, la falta de un Plan Hidrológico Nacional que garantice el abastecimiento y el reparto de agua eficaz a todo tipo de explotación, en especial las del aguacate, ya que la escasez de agua impide la expansión de los cultivos.
Quinto. Hay que tener presente también que, desde hace unos años la producción española de aguacate tiene que soportar la entrada de aguacate marroquí en España que luego se vende como español.
Como se ha publicado en diversos medios, algunas empresas españolas acuden a Marruecos, porque los costes de producción son menores y repercute en el precio, para comprar lotes a granel de aguacate que es importado y envasado en España para
ser posteriormente comercializado como origen España. El tamaño, la variedad y la proximidad de Marruecos con España (reduciendo el tiempo de maduración) hacen que sea muy difícil para el consumidor español de identificar el origen de esta fruta.
Además, esta conducta no solo afecta al consumidor español y europeo, sino también a los agricultores españoles que tienen que soportar unos costes de producción mayores (por la calidad y exquisitez de sus producciones) mientras que los
requisitos fitosanitarios de Marruecos son menores. Y, al mismo tiempo, durante el período de epidemia sanitaria generada por el virus SARS-CoV-2 (COVID-19) de Wuhan (China), mientras la producción española se ha paralizado, las importaciones
marroquíes de aguacate se han triplicado esta temporada, respecto de la anterior, con 32. 800 toneladas. El aguacate español no compite en las mismas condiciones que el aguacate marroquí.
Sexto. En conclusión, existe una ventana de oportunidad para fomentar las explotaciones españolas de aguacate ya que nuestro país posee las características necesarias para este tipo de producción. Solamente hace falta que los poderes
públicos aprueben medidas que ayuden a ello, reduzcan trabas e impedimentos, e impulsen un tipo de explotación de gran rentabilidad.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a lo siguiente:
1. Impulsar medidas de fomento de las explotaciones agrarias de aguacate en España.
2. Establecer medidas fiscales que ayuden al fomento de explotaciones de aguacate en España.
3. Incrementar los controles sobre las importaciones de aguacate para evitar que se comercialice como origen España productos que, aunque se envasan aquí, no son de origen español.
4. Desarrollar programas de reparto del agua que, junto con un Plan Hidrológico Nacional, garantice el abastecimiento de agua a toda explotación agraria, incluidas las del aguacate.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de junio de 2020.-Ricardo Chamorro Delmo, Rubén Darío Vega Arias, Manuel Mariscal Zabala, Ángel López Maraver, Luis Gestoso de Miguel, Patricia Rueda Perelló y Rubén Silvano Manso Olivar,
Diputados.-Macarena Olona Choclán, Portavoz del Grupo Parlamentario VOX.
161/000981
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para el apoyo al sector ganadero del
lidia para paliar el impacto económico y social ocasionado por la crisis sanitaria del COVID-19, para su debate en Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación.
Exposición de motivos
Dentro del sector ganadero, la cría de ganado de lidia es un sector con unas características propias. Incluida en el Catálogo Oficial de Razas de Ganado de España, se encuentra recogido en el Anexo I del Real Decreto 45/2019, dentro de las
especies bovinas, destacándose por el sistema de producción o la secular vinculación cultural con nuestro país.
La raza de ganadería brava o de lidia tiene una etología característica que condiciona su producción o crianza, una raza seleccionada genéticamente durante siglos y registrada en un libro genealógico. El sistema de producción, motor para el
desarrollo rural de muchas regiones, es extensivo en condiciones de semilibertad y en régimen de manadas, adaptado a espacios naturales o seminaturales, como la dehesa, las marismas o la campiña, catalogados en muchas ocasiones como de alto valor
ecológico.
La producción ganadera tiene un destino preferente, obtener un animal apto para la lidia, por lo que se siguen criterios de selección distintos a los criterios de domesticación convencionales que han guiado a otras razas de aptitud carne o
leche. La Ley 18/2013, de 12 de noviembre, para la regulación de la Tauromaquia como patrimonio cultural, establece que el carácter cultural de la tauromaquia, constituyendo un sector económico de primera magnitud y con una incidencia tangible en
ámbitos diversos, entre ellos el turístico, incluye 'la crianza y selección del toro de lidia' como parte del patrimonio a conservar.
Según los Datos Censales de la raza Lidia, publicados por el Ministerio, en España existen 895 ganaderías activas en el libro genealógico, distribuidas en 38 provincias, con más de 200. 000 cabezas de ganado. Se estima que alrededor de
300. 000 hectáreas están dedicadas a la producción de ganado de lidia, con amplia implantación en las zonas adehesadas de las dos mesetas, Andalucía y Extremadura, demostrando la importancia de esta ganadería en la estructura territorial, la
fijación de la población y la creación de empleo, especialmente en zonas con problemas de despoblación. Además, la raza bovina de lidia tiene autorización del uso del logotipo 100 % raza autóctona.
En la actualidad existen cinco asociaciones que agrupan la práctica totalidad de los ganaderos de la raza, pero, según los datos y criterio del censo del ministerio, la evolución de la población se encuentra en recesión. La raza se ha
conservado gracias a las ganaderías especializadas en la cría de unos animales característicos, que requieren de un manejo especial, grandes extensiones de terreno y un ciclo de producción que varía entre uno y cinco años, lo que obliga a una
planificación previa y grandes inversiones.
Es imposible desligar la ganadería brava de los espectáculos taurinos, pero la carne también tiene un elevado valor culinario, y se distribuye por canales comerciales muy localizados, especialmente durante el periodo de festejos, como
algunas carnicerías especializadas y el canal de hostelería y restauración (HORECA), que hacen de este producto un reclamo gastronómico.
Las ganaderías también destinan parte de su producción directamente al consumo, sin pasar por un festejo taurino, a través de un matadero, como cualquier otro tipo de raza de ganado vacuno.
La crisis del COVID-19, con el cierre de los festejos taurinos, ha sumido al sector en una grave crisis. Durante los meses de marzo a junio se celebran gran número de fiestas locales que tienen programadas actividades taurinas de prestigio,
como la Feria de Abril, las Fallas o San Isidro. Esta situación provoca un stock del total de carnada prevista para 2020, más de 10 .000 animales sin salida al sector de espectáculos, turismo y ocio.
En el caso de un 2020 sin temporada taurina -marzo a octubre-, la proyección económica de pérdidas para los ganaderos de bravo supera los 35 millones de euros, únicamente calculando corridas de toros, a lo que habría que añadir la pérdida
que supone añojos, erales y utreros, que se quedarán en el campo. En total, los ganaderos de toro de lidia prevén pérdidas de 77 millones de euros.
El cierre del canal HORECA también ha condicionado el aprovechamiento adicional de la carne, a lo que hay que unir el desplome de los precios de mercado de la carne procedente de mataderos.
En definitiva, el ganado de lidia constituye una raza autóctona cuya producción tiene una gran trascendencia económica y social en nuestro país, al formar parte inherente de la tauromaquia, además de un elemento agroalimentario y
medioambiental de primer orden, y está viéndose gravemente afectado por la crisis sanitaria del COVID-19.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Implantar líneas de ayudas directas a la producción de bovino extensivo de lidia con destino alimentario, que permitan paliar las pérdidas en la cuenta de resultados de las empresas agropecuarias de lidia, al igual que se está realizando
en otros sectores ganaderos afectados vinculados al canal HORECA.
2. Implantar líneas de apoyo específicas y coordinar actuaciones interministeriales para la conservación del valor genético y patrimonial del toro, en línea con lo establecido en la Ley 18/2013, de 12 de noviembre, para la regulación de la
Tauromaquia como patrimonio cultural, el mantenimiento del tejido rural y del empleo, o la preservación medioambiental de espacios catalogados por la UE como de Alto Valor Natural.
3. Incluir a las empresas ganaderas de bravo dentro del paquete de ayudas que se recogen en el Real Decreto-ley 8/2020 de 17 de marzo, que tienen por objeto facilitar liquidez, dotar de flexibilidad, favorecer el mantenimiento de empleo
para todas las empresas sin distinción del sector de actividad, especialmente las líneas para facilitar el crédito, flexibilidad en el pago de las deudas tributarias, mecanismos de ajuste temporal del empleo, etc.
4. Incorporar a la ganadería de lidia a alguno de los sectores en que se encuentra encuadrada su actividad, ganadera o cultural, a efectos de implantar el tipo de IVA que corresponda como producto agropecuario, por su consideración como
elemento imprescindible para una actividad cultural.
5. Armonizar la política sanitaria animal en la aplicación de la normativa europea para ayudar y proteger al ganadero, de forma que las imposiciones sanitarias no dificulten aún más, si cabe, su poco sostenible situación..
6. Buscar canales de comercialización alternativos y promover en ellos las venas de carne de res brava.
7. Incluir la carne procedente de la ganadería de lidia entre los productos alimentarios promocionados por las campañas institucionales y divulgar el valor de estas ganaderías en el entorno natural y social del medio rural.
8. Apoyar el reconocimiento de la ganadería de lidia, destinada a la cadena de consumo, como receptora de las ayudas de la PAC, incidiendo en su papel en el mantenimiento y conservación de la dehesa y en su valor económico y ambiental en la
futura negociación de la Política Agraria Común.
9. Reducir el índice de estimación objetiva en el IRPF para el cálculo de los rendimientos netos procedentes de la venta del ganado bravo en la convocatoria anual de módulos, teniendo en cuenta la situación derivada del COVID-19.
10. Incluir a las explotaciones de ganado de lidia y asociaciones relacionadas con el sector en las mejoras previstas para otros sectores respecto a beneficios en materia de cuotas de la Seguridad Social.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de junio de 2020.-Milagros Marcos Ortega, María Soledad Cruz-Guzmán García, Marta González Vázquez, José Antonio Bermúdez de Castro Fernández, Carmen Navarro Lacoba, Vicente Betoret Coll, Alberto
Casero Ávila, Víctor Valentín Píriz Maya y José Alberto Herrero Bono, Diputados.-Cayetana Álvarez de Toledo Peralta-Ramos, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Comisión de Política Territorial y Función Pública
161/000973
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de ley sobre la
necesaria aprobación de una Ley de Función Pública para la Administración General del Estado, para su debate en la Comisión de Política Territorial y Función Pública.
Exposición de motivos
El Diccionario del español jurídico de la Real Academia Española de la Lengua y el Consejo General del Poder Judicial define la función pública de tres maneras distintas:
- Competencia o potestad de la Administración pública.
- Tarea que corresponde realizar a una institución o entidad pública o a un funcionario.
- Conjunto de personas que tienen la condición de funcionario público.
La Constitución española de 1978 en su artículo 23 otorga un papel fundamental a la función pública en la Administración Pública, al determinar que todos los ciudadanos tendrán el derecho de acceso a los asuntos públicos, ya sea directamente
o por medio de representantes, como también tienen el derecho a acceder a las funciones y cargos públicos en condiciones de igualdad y conforme a los requisitos señalados en las leyes.
En su artículo 103.3 la Constitución establece que la ley regulará el estatuto de los funcionarios públicos y su artículo 149.1.18.ª atribuye al Estado la competencia sobre las bases del régimen estatutario de los funcionarios de las
Administraciones Públicas. Estas previsiones constitucionales culminaron en la aprobación en el año 2007 del Estatuto Básico del Empleado Público, hoy texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por Real Decreto
Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, en adelante, EBEP, que tiene naturaleza de ley básica pero que necesita de un desarrollo legislativo ulterior.
El artículo 6 del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público prevé, en este sentido, que las Cortes Generales y las asambleas legislativas de las comunidades autónomas aprobarán, en el ámbito de sus competencias, las
leyes reguladoras de la Función Pública de la Administración General del Estado y de las comunidades autónomas.
En la actualidad no contamos con una única ley que regule de forma completa la función pública de la Administración General del Estado -manteniendo su vigencia, aunque sin carácter básico, siempre que no se opongan a lo establecido por el
Estatuto Básico del Empleado Público, hasta tanto se lleve a cabo el desarrollo normativo en el ámbito de la Administración General del Estado- normas que, en algunos casos, incluso están parcialmente derogadas o se mantenía temporalmente su
vigencia hasta el citado desarrollo normativo como la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública o la Ley de Funcionarios Civiles del Estado, aprobada por Decreto 315/1964, de 7 de febrero.
Las centrales sindicales en los últimos años reclaman la aprobación de una Ley de Función Pública de la Administración General del Estado que complemente el marco normativo establecido por el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del
Empleado Público, desarrollando y actualizando su modelo de organización y gestión de la función pública.
Es evidente que la aprobación de una Ley de Función Pública de la Administración General del Estado incrementaría la seguridad jurídica, cubriría vacíos normativos y permitiría la implantación de aquellos elementos nucleares para la reforma
de la función pública recogidos en el Estatuto Básico que, por falta desarrollo normativo, no han podido ser puestos en marcha en el ámbito de la Administración General del Estado.
Teniendo presente la necesidad de dicho desarrollo el Gobierno de España, a través de las 'Instrucciones para la aplicación del Estatuto Básico del Empleado Público en el ámbito de la Administración General del Estado y sus Organismos
Públicos', aprobadas por Resolución de 21 de junio de 2007, de la Secretaría General para la Administración Pública (BOE núm. 150, de 23 de junio de 2007), buscó lograr una actuación coordinada y homogénea de los responsables de la gestión de los
recursos humanos, entre otros aspectos en relación con los preceptos de la normativa de función pública que permaneciesen vigentes hasta la aprobación de la Ley de Función Pública de la Administración General del Estado.
Es un momento idóneo, después de comprobar el papel primordial de 'lo público' en la lucha contra la pandemia del COVID-19, para impulsar una reforma estructural del sistema de empleo público que suponga una mejora de la calidad, la eficacia
y la eficiencia y que garantice la prestación de servicios públicos en una sociedad abierta, plural y diversa como es la española.
Las características de nuestro país y la necesidad de avanzar en la búsqueda de una Administración inclusiva, ágil, sostenible, proactiva e innovadora, fomentando un servicio público receptivo y adaptable que sea capaz de solucionar los
retos actuales y futuros y las circunstancias cambiantes, que cuente con profesionales capaces de servir a los intereses generales y de contribuir a satisfacer el derecho de la ciudadanía a una buena administración, hace necesaria la aprobación de
un texto legal.
Es por todo ello que el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a la aprobación de un proyecto de ley de Función Pública de la Administración General del Estado en la presente legislatura, que cuente con los procesos de participación y negociación oportunos
en la oportunidad de lograr un texto legislativo que pueda ser aprobado con el mayor consenso posible para que sea una herramienta útil para la sociedad, la administración y sus profesionales.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de junio de 2020.-José Luis Aceves Galindo, Josefa Andrés Barea, Ariagona González Pérez, José Losada Fernández, Uxía Tizón Vázquez, Santos Cerdán León, Rafaela Crespín Rubio, Isaura Leal Fernández,
Patxi López Álvarez, Esther Padilla Ruíz, José Luis Ramos Rodríguez y Herminio Rufino Sancho Iñiguez, Diputados.-Felipe Jesús Sicilia Alférez y Rafael Simancas Simancas, Portavoces del Grupo Parlamentario Socialista.
Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico
161/000947
A la Mesa del Congreso de los Diputados
D.ª Macarena Olona Choclán, D. Ricardo Chamorro Delmo, D. Rubén Darío Vega Arias, D. Manuel Mariscal Zabala, D. Ángel López Maraver y D. Luis Gestoso de Miguel, en sus respectivas condiciones de Portavoz Adjunta y Diputados del Grupo
Parlamentario VOX (GPVOX), al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan la siguiente Proposición no de Ley relativa a la adopción de una Plan Nacional de prevención, lucha,
control y erradicación de la 'Cortaderia selloana', para su discusión en la Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico.
Exposición de motivos
Primero. Desde hace varios años, España viene sufriendo la invasión de una especie vegetal, el plumero de la pampa (Cortaderia selloana), que pone en serio riesgo el ecosistema español por su potencial capacidad invasiva, siendo capaz de
colonizar con gran rapidez cualquier terreno.
Segundo. Según diversos estudios, aunque se tiene constancia de esta planta en Europa a principios del siglo XIX, esta planta llegó a España desde Sudamérica a mediados de los años cincuenta como planta decorativa y ornamental. En poco
tiempo se hizo popular y comenzó a adornar tanto jardines y casas como rotondas, carreteras y otros espacios públicos, al mismo tiempo que se convertía en una seria amenaza para nuestro ecosistema, en especial para la zona norte del Cantábrico y
para la costa mediterránea.
Tercero. El Gobierno incluyó a esta especie vegetal en el Catálogo de Especies Exóticas Invasoras en el año 2013, fecha desde la que está prohibida su posesión, plantación, transporte y comercialización, pero sin mucho éxito debido al
comercio ilegal de esta especie vegetal a través de internet, y al potencial colonizador de esta planta que es capaz de invadir prácticamente cualquier terreno con mucha rapidez: marismas, bosques, dunas, cunetas, prados, e incluso tejados y
paredes. Unido todo ello a la falta de un programa nacional de colaboración entre las distintas administraciones.
Cuarto. Desde el punto de vista medioambiental, nos encontramos frente a una especie vegetal muy peligrosa con capacidad para desplazar a otras especies vegetales e incluso animales. Es capaz de germinar bajo un amplio rango de condiciones
meteorológicas muy alto y no hay lugar que se le resista. A lo largo del tiempo ha conseguido asentarse en amplias zonas de la geografía española dañando gravemente espacios de especies autóctonas protegidas.
Quinto. Otro peligro que presenta es el riesgo para la población en general, no solo porque afecte a la biodiversidad, sino porque supone un riesgo social, por ejemplo, invadiendo cunetas y disminuyendo la visibilidad en las carreteras,
obstruyendo pasos en montes e infestando explotaciones agrarias. Tampoco debemos olvidar que produce grandes cantidades de material inflamable (por su facilidad para constituir densas poblaciones) aumentando el riesgo de incendio.
Sexto. Además, el plumero de la pampa es un peligro para la salud de los españoles por los problemas respiratorios que comporta. Diversos estudios han constatado el incremento de los casos de alergia respiratoria producidos por esta
planta, máxime cuando su período de floración y polinización (en invierno) se produce en una época de mínimos polínicos de otras gramíneas (que es en primavera).
Séptimo. En España, en 2018 se elaboró la Estrategia de gestión, control y posible erradicación del plumero de la pampa (Cortaderia selloana) y otras especies Cortaderia que, sin embargo, se ha demostrado insuficiente para combatir esta
terrible plaga. Dicha Estrategia establece diversos actores, cada uno de ellos con competencia sobre una zona, pero no desarrolla mecanismos de organización. La
coordinación de todos estos actores en torno al Grupo de Trabajo de Especies Exóticas Invasoras se ha demostrado como ineficaz para poner fin a la expansión del plumero de la pampa.
Octavo. También se puso en marcha en 2018 un proyecto, LIFE+ Stop Cortaderia, para frenar la expansión de esta planta por todo el arco atlántico, desde Portugal hasta Francia, pasando por todo el litoral cantábrico. Se trata de un proyecto
impulsado por el Gobierno regional de Cantabria y que cuenta con la colaboración de organizaciones ambientalistas y financiación tanto española como europea. El objetivo principal es la eliminación de la planta invasora plumero de la pampa de los
espacios protegidos costeros de la Red Natura 2000 de Cantabria, y la contención de su expansión hacia el interior de dicha región. Sin embargo, se trata de un proyecto circunscrito al norte peninsular.
Noveno. Como se ha mencionado, el período de floración no se produce hasta agosto, siendo la fructificación en septiembre y octubre, y la dispersión de semillas a finales de año. Actualmente nos encontramos en el momento adecuado para
actuar y desarrollar planes de erradicación de esta planta antes de que finalice el verano.
Décimo. La presencia de esta especie en España pone en peligro el ecosistema español por ser el plumero de la pampa (Cortaderia selloana) una especie invasora que está devastando el ecosistema español. Además, su presencia también comporta
un riesgo para la población por la obstrucción de caminos y carreteras y su capacidad para inflamarse, y de salud pública por los problemas respiratorios que genera. Así pues, los poderes públicos tienen que adoptar las medidas que sean necesarias
para erradicar esta especie vegetal que está dañando gravemente nuestro ecosistema.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a lo siguiente:
1. Adoptar, en coordinación con las Comunidades Autónomas y dentro del marco de sus competencias, un Plan Nacional de prevención, lucha, control y erradicación de la 'Cortaderia selloana', a fin de proteger el ecosistema español frente a la
invasión de esta especie vegetal conocido como el plumero de la pampa.
2. Reforzar el sistema de control de las vías ilegales para evitar la comercialización de esta especie vegetal en el mercado negro.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de junio de 2020.-Ricardo Chamorro Delmo, Rubén Darío Vega Arias, Manuel Mariscal Zabala, Ángel López Maraver y Luis Gestoso de Miguel, Diputados.-Macarena Olona Choclán, Portavoz del Grupo
Parlamentario VOX.
Comisión de Cultura y Deporte
161/000944
A la Mesa del Congreso de los Diputados
D.ª Macarena Olona Choclán, D. Francisco José Contreras Peláez, D. Rafael Fernández-Lomana Gutiérrez, y D. José Ramírez del Río, en calidad de Portavoz Adjunta y Diputados del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX), respectivamente, al amparo de lo
establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan la siguiente Proposición no de Ley sobre la celebración del quinto centenario de la conquista de México, para su discusión en la Comisión de
Cultura y Deporte.
Exposición de motivos
Primero. En 2021 se cumplen 500 años de la conquista de México por Hernán Cortés, después de que él y sus compañeros pisaran el continente en la primavera de 1519. Se trata de un hito fundamental de la historia de España y de los países
hispanoamericanos. Aquellos hechos supusieron el salto de la presencia española desde las Antillas a Tierra Firme (excepción hecha del precedente de los asentamientos
de Nicuesa, Enciso y Núñez de Balboa en el Darién, en la Panamá actual); un salto no solo territorial sino también conceptual, con la superación del 'modelo antillano' -más depredador-extractivo- y el desarrollo del modelo novohispano, que
concibe a América, no como un campo de recursos a disposición de los conquistadores, sino como una verdadera nueva España que debe integrar a los indígenas y elevarlos a la civilización y la posibilidad de la salvación, con arreglo a las categorías
religiosas de la época.
Segundo. Esta efeméride merece conmemoración oficial por las siguientes razones:
1. La conquista de México fue una hazaña bélica y política que suscitó durante siglos el asombro de los historiadores, que la han comparado a la de Alejandro Magno y la de Julio César. Que menos de un millar de españoles pudieran
prevalecer sobre las decenas, quizás centenares de miles de guerreros del imperio mexicano se explica solo por el genio militar de Cortés, sino también por sus dotes diplomáticas, que le permitieron anudar una amplia coalición de pueblos oprimidos
por los mexicas: tlaxcaltecas, cempoaltecas, totonacas, etc. Todas esas etnias vieron en la llegada de los españoles la oportunidad para la liberación del yugo azteca, que incluía pesados tributos y la entrega constante de víctimas para los
sacrificios humanos.
La presencia española, sobre todo en su fase más temprana, no estuvo exenta de abusos. Sin embargo, el imperio español representa un caso único en la historia universal en lo que se refiere al constante autocuestionamiento moral y el libre
debate en torno a la justicia de la conquista. Los denunciadores de excesos -incluso los mixtificadores como Bartolomé de las Casas- no solo no eran reprimidos, sino que eran invitados a la corte y escuchados por unos reyes obsesionados por
escrúpulos morales. Así lo reconoció, por ejemplo, Lewis Hanke en su obra clásica The Spanish Struggle for Justice in the Con quest of America: 'En el Archivo de Indias de Sevilla duermen miles de cartas e informes [sobre asuntos indianos] que
amonestan, exhortan e incluso amenazan a los monarcas más poderosos de su tiempo. [...] Y los reyes permitieron e incluso estimularon en ocasiones la discusión sobre un asunto tan delicado como su derecho a gobernar el Nuevo Mundo. [...] Ningún
otro pueblo de Europa se ha entregado antes o después a una tal lucha por la justicia'.
En su lecho de muerte, Isabel la Católica añadió un codicilo a su testamento en el que rogaba a sus sucesores que 'no consientan ni den lugar a que los indios [...] reciban agravio alguno en sus personas ni sus bienes, sino que manden que
sean bien y justamente tratados'. El Derecho indiano prefigura con cuatro siglos de adelanto la moderna legislación social: por ejemplo, las Leyes de Burgos (1512) reglamentan el jornal, vivienda y descanso de los indígenas de las encomiendas, y
prohíben el trabajo de las embarazadas a partir del cuarto mes. Y en 1550, Carlos I paraliza la expansión española en América, a la espera del resultado de la Controversia de Valladolid, debate público -juzgado por una comisión de teólogos y
juristas- en el que Juan Ginés de Sepúlveda y el hipercrítico Bartolomé de las Casas discuten la legitimidad de la empresa colonial: 'Nunca antes o después un emperador en la cima de su poder ha ordenado que cesen sus conquistas hasta que se
pudiera decidir si eran justas' (Lewis Hanke).
2. Gustavo Bueno propuso una distinción entre 'imperios depredadores' e 'imperios generadores'. El español -como el alejandrino o el romano- forma parte de estos últimos. En las Indias, España intentó trasplantarse a sí misma a través de
instituciones como el cabildo. Los imperios depredadores solo fundan factorías y plantaciones; los generadores construyen ciudades, iglesias y universidades. Lo característico de los imperios generadores es la vocación civilizadora, el compromiso
de compartir las ventajas tecnológicas y espirituales con una población más amplia. Los conquistadores aspiraban ciertamente al enriquecimiento y la gloria, pero se tomaban también muy en serio la evangelización de los indígenas, en contraste con
otros imperios que solo buscaron la explotación de los colonizados. En su primera entrevista con Moctezuma, referida por Bernal Díaz del Castillo, Hernán Cortés le explica que '[el emperador Carlos] nos envió para que no adoren aquellos ídolos ni
les sacrifiquen más indios ni indias, pues todos somos hermanos, ni consientan sodomías ni robos'. El imperio generador eleva a los conquistados a la misma categoría jurídica y moral de los habitantes de la metrópoli ('españoles americanos') y
propicia la hibridación racial de forasteros y naturales.
Significativamente, las Ordenanzas indianas de 1573 proscriben el término 'conquista' del lenguaje oficial -sustituyéndolo por los de 'descubrimiento' y 'población'- y hacen inventario de lo aportado por España a los pueblos amerindios:
'Les hemos enviado quien les enseñe la doctrina cristiana y fe, en que se puedan salvar. Y [...] los mantenemos en justicia, de manera que ninguno pueda agraviar a otro. Y los tenemos en paz para que no se maten, ni coman ni sacrifiquen, como en
algunas partes se hacía. Y
pueden andar seguros por todos los caminos, tratar y contratar y comerciar. Háseles enseñado pulicía [civilización], visten y calzan, y tienen muchos otros bienes que antes les eran prohibidos. Hánseles quitado las cargas y servidumbres.
Háseles dado el uso de pan y vino y aceite y otros muchos mantenimientos. Paño, seda, lienzo, caballos, ganado, herramientas y armas, y todo lo demás que de España ha habido. Y enseñado los oficios, con que viven ricamente'.
3. El imperio español sacó a los pueblos precolombinos de la antropofagia, la esclavitud, los sacrificios humanos y la prehistoria tecnológica (no conocían ni la rueda, ni la escritura, ni los animales de carga: el transporte de mercancías
se hacía a espaldas humanas). El primer arzobispo de México, Juan de Zumárraga, insiste en que se envíen asnos desde España, para no usar porteadores. Se crean pronto instituciones de enseñanza para indígenas, como el Colegio de Santa Cruz de
Tlatelolco, y hospitales como el de Jesús, fundado en 1524 por el propio Hernán Cortés -todavía en funcionamiento-, el de San José de los Naturales o el de San Cosme y San Damián. En 1539 se establece en México la primera imprenta del Nuevo Mundo,
filial de la de Cronemberg en Sevilla. En la década de 1550, las primeras universidades: la de San Marcos de Lima (1551) y la Real y Pontificia de México (1553). En ellas se crearán cátedras de lenguas indígenas, en las que se escriben las
primeras gramáticas quechua o náuhatl; los frailes las habían aprendido desde el principio (Fray Andrés de Olmos, Arte para aprender la lengua mexicana, 1547), para impulsar una evangelización que fue muy rápida y exitosa.
La labor civilizatoria hispana expandió los horizontes de pueblos indígenas hasta entonces encerrados en un microcosmos biológico e histórico -se desconocían unos a otros-abriéndolos al mundo, relacionándolos entre sí (el 'ius
communicationis' de Francisco de Vitoria), integrándolos en una totalidad hispanoamericana: 'Bajo el sabio ministerio del conde de Floridablanca se estableció una comunicación reglada de correo desde el Paraguay hasta la costa noroeste de la
América septentrional', anota el viajero Alexander Von Humboldt en 1804. La América virreinal es un paréntesis de tres siglos de paz, sin rebeliones indígenas importantes, si exceptuamos la de Tupac Amaru II. Viajeros ingleses y franceses se
asombran a finales del siglo XVIII de que algunas ciudades hispanoamericanas sean más modernas y espléndidas que las de la Península (y ciertamente más que la de los recién nacidos Estados Unidos de América).
4. El imperio español fue el menos racista de la historia. El mestizaje entre españoles e indios fue intenso desde el principio. Aunque no exenta de la lacra de la esclavitud, la América española contaba con solo un 4 % de población
africana en 1800 (compárese con el 90 % de las posesiones inglesas y francesas del Caribe), y su trato era más humanitario, regulado por el Código Negro Carolino. Hernán Cortés hace educar en la corte al hijo mestizo habido con Doña Marina
(Malinche), y consigue para él la orden de Santiago. El capitán Martín García de Loyola, pariente de San Ignacio, casó con una princesa inca, y su descendencia fue ennoblecida en España. El Inca Garcilaso, uno de los primeros historiadores
hispanoamericanos, también nació de español e india. Se podrían multiplicar los ejemplos.
Como explicó el mexicano José Vasconcelos, para los españoles del siglo XVI la división importante no era la racial, sino la religiosa: el mundo no se dividía en blancos frente a gente de color, sino en cristianos y paganos. Los españoles
se consideraban depositarios de la verdad religiosa, e inferían de ello el derecho y deber de evangelizar a otros pueblos. Esto puede resultar chocante desde la perspectiva relativista del occidental del siglo XXI, pero implica un profundo
humanismo universalista: el de raza distinta es considerado civilizable y salvable (los ingleses de los siglos XVII y XVIII, en cambio, no harán apenas esfuerzos por convertir a los indios de Norteamérica).
Ramiro de Maeztu lo formuló así: 'Este humanismo [hispánico] es una fe profunda en la igualdad esencial de los hombres [...]. A los ojos del español, todo hombre, sea cualquiera [...] su nación o su raza, es siempre un hombre [...]. No
hay pecador que no pueda redimirse, ni justo que no esté al borde del abismo. [...] Es la doctrina del hombre que enseña la Iglesia Católica. [...] Nunca creímos que la Providencia nos había predestinado para ser mejores que los demás pueblos.
[...] Los españoles no damos importancia a la sangre, ni al color de la piel, porque lo que llamamos raza no está constituido por aquellas características que puedan transmitirse al través de las oscuridades protoplásmicas, sino por aquellas otras
que son luz del espíritu, como el habla y el credo. La Hispanidad está compuesta por hombres de las razas blanca, negra, india y malaya, y sus combinaciones' (Defensa de la hispanidad).
Por todo lo anterior, el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a lo siguiente:
1. Impulsar, en colaboración con los Estados Unidos Mexicanos, una adecuada conmemoración oficial del quinto aniversario de la fundación de Nueva España en ambos países.
2. Impulsar la elaboración de materiales didácticos equilibrados -ni chauvinistas, ni negrolegendarios- que informen a los escolares españoles sobre la figura de Hernán Cortés, la conquista de México y, más genéricamente, sobre la labor
fundadora e integradora de España en América.
3. Garantizar una cobertura suficiente de la efeméride en los medios de comunicación públicos, especialmente en RTVE, con documentales, entrevistas a historiadores y debates especializados.
4. Estudiar la erección de un monumento a Hernán Cortés y otros conquistadores. Sugerimos Castilleja de la Cuesta (Sevilla) como emplazamiento: es el lugar en que Cortés vivió sus últimos años.
5. Reforzar la protección del monumento a Cortés ya existente en Medellín (Badajoz), que ha sido objeto de varios ataques vandálicos. Desarrollar una 'ruta turístico-cultural de los conquistadores' que incluya Medellín, Trujillo,
Castilleja de la Cuesta, Palos de la Frontera y otros lugares de Extremadura y Andalucía asociados a los forjadores de Hispanoamérica.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de junio de 2020.-Francisco José Contreras Peláez, José Ramírez del Río y Rafael Fernández-Lomana Gutiérrez, Diputados.-Macarena Olona Choclán, Portavoz del Grupo Parlamentario VOX.
Comisión de Asuntos Económicos y Transformación Digital
161/000971
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, de conformidad con el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley de Creación de una Autoridad para la
Protección del cliente financiero, para su debate en la Comisión de Asuntos Económicos y Transformación Digital.
Exposición de motivos
Los datos de la última Encuesta de Competencias Financieras realizada conjuntamente por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (en adelante, CNMV) y el Banco de España en colaboración con el Instituto Nacional de Estadística demuestran
que en España falta cultura financiera. Los resultados muestran como solo el 18 % de los encuestados contesta correctamente las tres preguntas que evalúan el conocimiento financiero. Este porcentaje es menor en el caso de las mujeres (11 % frente
al 23 % de hombres) y aumenta con el nivel educativo. Además, casi la mitad de la población (46 %) percibe que sus conocimientos son 'bajos' o 'muy bajos', y otro 46 % dice que son 'medios'.
El escaso conocimiento financiero de la población unido a la falta de control y a la mala praxis empleada por las instituciones financieras monetarias (falta de transparencia y de información en la comercialización de productos financieros
complejos, etc.), genera situaciones de desprotección que conllevan, en determinados casos, a la reclamación y denuncia ante los organismos correspondientes, tal y como ha sucedido en los últimos años, por ejemplo, con la venta de las
participaciones preferentes, las cláusulas suelo y el índice de referencia de préstamos hipotecarios (IRPH).
Según los datos publicados por el Consejo General del Poder Judicial, en el cuarto trimestre del año 2019 (último dato disponible), 244.036 casos correspondientes a acciones individuales sobre condiciones generales incluidas en contratos de
financiación con garantías reales inmobiliarias cuyo prestatario sea una persona física (cláusulas suelo, vencimiento anticipado, intereses moratorios, gastos de formalización de hipoteca o hipotecas multidivisa) se encontraban en trámite. Por otro
lado, los departamentos del Banco de España, de la CNMV y de la dirección General de Seguros y Planes de
Pensiones encargados de atender reclamaciones han experimentado un incremento sustancial en el número de reclamaciones atendidas durante el periodo 2013-2018.
Cabe recordar que los tres organismos supervisores mencionados en el párrafo anterior tuvieron que acomodar su procedimiento de reclamaciones y funcionamiento para cumplir con lo establecido en la disposición primera de la Ley 7/2017, de 2
de noviembre, por la que se incorpora al ordenamiento jurídico español la Directiva 2013/11/UE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de mayo de 2013, relativa a la resolución alternativa de litigios en materia de consumo, hasta la creación
por ley de una nueva autoridad única de resolución alternativa de litigios.
Con la reciente sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre la transparencia del índice de referencia de préstamos hipotecarios (IRPH), se ha evidenciado la urgente necesidad de la creación de una autoridad
independiente de resolución alternativa de litigios, la cual, si atendemos a lo establecido en la disposición primera de la ley 7/2017, debería haberse creado antes del mes de agosto del año 2018.
Una autoridad que permita resolver de manera extrajudicial casos derivados de las malas prácticas de las instituciones que comercializan productos financieros, evitando así el colapso de los tribunales y beneficiando a los ciudadanos que no
pueden permitirse la vía de los Juzgados para realizar este tipo de reclamaciones, tal y como exige el Defensor del Pueblo, Francisco Fernández Marugán.
Por todo ello el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a preparar y presentar, en el plazo máximo de 6 meses, un anteproyecto de Ley para su aprobación por el Conejo de Ministros, para la creación y regulación de una Autoridad de Protección del
Cliente Financiero.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de junio de 2020.-Txema Guijarro García, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común.
Comisión de Sanidad y Consumo
161/000946
A la Mesa del Congreso de los Diputados
D.ª Macarena Olona Choclán, D. Antonio Salvá Verd y D. Juan Luis Steegmann Olmedillas, en sus respectivas condiciones de Portavoz Adjunta y Diputados del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX), al amparo de lo establecido en el artículo 193 y
siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan la siguiente Proposición no de Ley en relación con las aguas residuales y la presencia de SARS-CoV-2 (COVID-19), para su discusión en la Comisión de Sanidad y Consumo.
Exposición de motivos
Los científicos afirman que es posible la propagación del virus SARS-Cov-2 (COVID-19) en circunstancias favorables y pretenden la detección de biomarcadores virales en heces y orina que van a parar al alcantarillado. Estudios recientes han
demostrado que el SARS-CoV-2 vivo puede aislarse de las heces y la orina de las personas infectadas y sobrevivir varios días en un ambiente apropiado después de salir del cuerpo humano. Se dispone de estudios recientes que han mostrado que el virus
está presente en las aguas residuales, detectándose material genético de SARS-CoV-2 en aguas de entrada a plantas depuradoras.
De hecho, en el documento del Ministerio de Sanidad 'El virus SARS-CoV-2 y el agua residual urbana', de 20 de mayo de 2020 se afirma textualmente que 'se dispone de estudios recientes que han mostrado que el virus está presente en las aguas
residuales, detectándose material genético de SARS-CoV-2 en aguas de entrada a plantas depuradoras'. Sin embargo, seguidamente se afirma que
'por otro lado, hay que resaltar que la presencia de este virus en la salida de las plantas depuradoras de aguas residuales es muy limitada'.
Esto indica que el riesgo de contaminación ambiental de aguas potables o playas puede ser reducido si las aguas residuales se tratan convenientemente.
Los expertos afirman que el rastreo de fuentes desconocidas de COVID-19, la detección rápida y exacta de posibles portadores de virus y el diagnóstico de pacientes asintomáticos son pasos cruciales para la intervención y la prevención en una
etapa temprana, por lo cual resulta imprescindible estudiar todos los medios de transmisión.
De lo anterior se deduce lo siguiente:
1. Hay dudas razonables sobre la presencia del SARS-Cov2 en la salida de las plantas depuradoras.
2. Si está presente, una intervención sobre ellas podría disminuir la transmisión fecal-oral del virus
Por todo lo expuesto, el Grupo Parlamentario VOX formula la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a lo siguiente:
1. Que el Centro Nacional de Epidemiologia (CNE) y el Centro Nacional de Microbiología (CNM) inicien estudios para descartar la presencia del SARSCov2 a la entrada y a la salida de las plantas depuradoras.
2. Que, en caso de ser detectado, tome las medidas apropiadas para su desinfección.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de junio de 2020.-Antonio Salvá Verd y Juan Luis Steegmann Olmedillas, Diputados.-Macarena Olona Choclán, Portavoz del Grupo Parlamentario VOX.
161/000959
A la Mesa del Congreso de los Diputados
D.ª Macarena Olona Choclán, D. Antonio Salvá Verd, en sus respectivas condiciones de Portavoz y Diputado del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX), al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, presentan la siguiente Proposición no de Ley en relación con el estado de salud mental ocasionado por el coronavirus, para su discusión en la Comisión de Sanidad.
Exposición de motivos
La crisis sanitaria generada por la pandemia de COVID-19 supone también una enorme amenaza para la salud mental.
La OMS ha alertado sobre este impacto y son muchos los expertos que auguran que la próxima pandemia golpeará en este terreno.
En nuestro país, la depresión es la enfermedad mental con mayor prevalencia. Según la última Encuesta Nacional de Salud realizada en 2017, cerca de tres millones de personas están diagnosticadas con esta patología. Una cifra que apenas es
la punta del iceberg, puesto que una gran parte de los afectados no acude al especialista en busca de ayuda profesional.
El confinamiento, el luto sin despedidas o la preocupación ante la incertidumbre económica son situaciones que pueden agravar el estado de los pacientes con depresión mayor.
María José Acebes, psicóloga y profesora de Estudios de Psicología y Ciencias de la Educación en la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), matiza que es 'importante recalcar que ante la situación de impacto que estamos viviendo, es normal
sentir estrés y ansiedad, pero sentirse ansioso o irascible estos días, que las emociones fluctúen a lo largo de la jornada, que uno se enfade y llore, no tiene por qué considerarse patológico'. La ansiedad es una 'respuesta normal' a situaciones
de peligro, y esta
circunstancia es nueva para todos, hay incertidumbre, hay una amenaza real. Sólo si esa sensación persiste y resulta limitante para llevar una vida 'normal' es cuando hay que hablar de ansiedad 'patológica y perjudicial'.
La población susceptible de necesitar atención psicosocial por los Servicios de Salud sería la siguiente:
- Personas con trastorno mental grave.
- Pacientes en aislamiento domiciliario y familiares.
- Pacientes en aislamiento en el hospital y familiares.
- Personas especialmente vulnerables (personas mayores en soledad, personas en duelo por familiares fallecidos por COVID-19, personas con demencia o discapacidad y familiares cuidadores).
- Profesionales sanitarios del Servicio de Salud.
Primero. En pacientes en situación de gravedad o últimos días y exitus en la crisis de COVID-19. Enfermos, familiares y duelo.
El coronavirus podría infectar el cerebro o desencadenar respuestas inmunes que tienen efectos adversos adicionales sobre la función cerebral y la salud mental en pacientes con COVID-19. Frente a esto, las administraciones deben
proporcionar recursos adicionales para comprender los efectos psicológicos, sociales y neurocientíficos de esta pandemia. Su movilización permitirá aplicar los conocimientos adquiridos a cualquier periodo futuro de un nuevo brote y el encierro, que
será particularmente importante para los profesionales sanitarios y los grupos vulnerables, así como futuras pandemias.
La epidemia de síndrome respiratorio agudo severo en 2003 se asoció con un aumento del 30 por ciento en el suicidio en las personas mayores de 65.
El acompañamiento a pacientes y familiares en situaciones de gravedad, en los últimos días de vida y en los días posteriores a las pérdidas significativas es fundamental, y la pandemia actual puede impedir o dificultar en muchos casos un
proceso natural emocionalmente saludable. Cobra importancia el acompañamiento por parte de los profesionales sanitarios, quienes pueden ayudar a amortiguar las dificultades que surgen como consecuencia de, en este caso, una enfermedad infecciosa de
manera que se fortalezcan recursos y resiliencia y se prevenga o aminore la posibilidad de problemas futuros en la elaboración del duelo. Los objetivos deberían ser proporcionar una atención de calidad a pacientes y sus familiares que están en
situación de últimos días o tras el fallecimiento de aquellos, para llevar a cabo una despedida lo más adecuada en cada caso particular, facilitar el duelo y prevenir o aminorar en lo posible, problemas emocionales futuros en un contexto de elevado
estrés sanitario.
Consideramos fundamental el acompañamiento, ya sea del paciente en situación de aislamiento, en situación de gravedad y/o durante los últimos días, facilitando el proceso de comunicación con sus familiares y equipo sanitario cuando se
requiera y también durante el proceso posterior al fallecimiento (a la sala de identificación, en momentos previos y posteriores) y mediante seguimiento telefónico de la familia en duelo.
Esos familiares que no han podido despedirse necesitan apoyo extra y supervisión. Es fundamental que hagan algún tipo de duelo, aunque sea simbólico, como un pequeño acto de despedida en familia, desde casa.
Segundo. Aislamiento social.
Aunque se espera un aumento en los síntomas de ansiedad durante estas circunstancias extraordinarias, existe el riesgo de que prevalezca un número clínicamente relevante de personas con ansiedad o/y depresión y que participen en
comportamientos perjudiciales como suicidio y autolesiones, abuso de alcohol y sustancias, juegos de azar, abusos y riesgos psicosociales, desconexión social, estrés económico, duelo, pérdida, desempleo, falta de vivienda o ruptura de relaciones,
que con toda probabilidad van a incrementarse. Sin embargo, cabe destacar que el aumento del suicidio es evitable, especialmente con esfuerzos nacionales de mitigación.
Las situaciones derivadas del estado de alarma implican que las personas experimenten síntomas derivados del distanciamiento social, la cuarentena o el aislamiento, generando sensación de ansiedad, preocupación o miedo.
- Resulta también esencial prestar atención a grupos como los niños, quienes deben ser informados de manera adaptada a su edad. Es necesario comprender que no sirve de nada mantenerles al margen u ocultarles lo que ocurre. El confinamiento
afecta de manera especial a la salud de los niños, sobre todo
de los más pequeños ya que está afectando a todas las áreas clave del neurodesarrollo de la primera infancia (hasta los 7 años): desde el movimiento, a las relaciones sociales, el juego o el aprendizaje.
El hecho de no poder estar en contacto con sus iguales, ni con sus profesores, que en esta edad son figuras de referencia importantísima; de no poder salir al parque a correr y a jugar, sumado a no entender qué pasa, al miedo, y a las
condiciones que ven en casa, con padres que pueden haber perdido su trabajo o con abuelos enfermos, les genera ansiedad, frustración, estrés, que no saben elaborar porque no tienen aún las herramientas emocionales necesarias para ello. Cuanto más
larga sea la cuarentena, el riesgo de que acabe teniendo un impacto en la salud psicológica de los niños a largo plazo será mayor.
Todas las experiencias que vivimos modifican de alguna manera la estructura cerebral a lo largo de toda la vida, y tienen repercusiones en nuestra salud mental a largo plazo.
- En el caso de los adolescentes, la situación es parecida. Al principio se lo tomaron como unas vacaciones, pero pasado un tiempo, la cosa cambió. Hay jóvenes que no pueden dormir y otros que han perdido el apetito. Algunos son hijos de
sanitarios y tienen miedo y sufren estigma. Otros están angustiados con el curso, sobre todo los de segundo de bachillerato por la selectividad, porque se juegan su futuro; la mayoría sienten ansiedad ante la incertidumbre de la situación. Y
muchos ha perdido a algún familiar o tienen a alguien cercano enfermo, y tienen miedo a contagiarse. Además de desmotivarles desde el punto de vista académico.
- Respecto a pacientes con depresión o enfermedad mental, estos son también un colectivo sobre el que proyectar atención. Mantener el cumplimiento del tratamiento, así como el contacto y la comunicación con su entorno familiar y amigos es
muy importante.
- Mención especial merece la tercera edad, que también debe luchar contra los efectos de la cuarentena en su salud mental. Sobre todo, por el sentimiento de soledad que les genera el no poder ver a sus familiares que tanto necesitan desde
el punto de vista emocional.
Tercero. Situación económica en España.
Nos preocupan las consecuencias directas del confinamiento que ya hemos visto (enojo, ansiedad, insomnio), pero más todavía el paisaje desolador que se nos viene si no activamos ya la economía y el tejido industrial y laboral.
Es probable que las consecuencias potenciales de una recesión económica en la salud mental sean profundas para las personas directamente afectadas.
Un estudio de la Universidad de Baleares dedujo que en el comienzo de la última crisis económica en España, 2008, aumentó la incidencia de trastornos mentales por el efecto laboral sobre la población: un 19 % más de depresiones, un 8 % más
de trastornos de ansiedad y un 8 % más de conductas alteradas por el alcohol.
Las medidas tan drásticas a las que nos hemos visto sometidos pueden tener consecuencias en la salud mental. La fractura de las empresas, el cese de actividad, el riesgo de quiebra y el aumento del desempleo son variables relacionadas con
la intención suicida. Se necesita producir, no solo subvencionar. Con ayudas públicas no se genera riqueza.
Si esta situación de inseguridad económica y laboral se prolonga, tendremos con toda probabilidad que preparar nuestro sistema sanitario para problemas de salud mental.
Sobre las medidas de desescalada, un número muy alto de españoles está de acuerdo con la declaración de que el Gobierno no solo debe comunicar a los ciudadanos qué hay que hacer para cumplir las medidas de seguridad, sino explicar claramente
cómo se está planificando la salida. Al no saber los criterios para avanzar en las fases, genera una gran incertidumbre y como consecuencia ansiedad y preocupación por los futuros trabajos y la estabilidad económica tan deseada en estos momentos.
Por todo lo expuesto, el Grupo Parlamentario VOX formula la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a lo siguiente:
1. Promover el desarrollo de medidas de Salud Pública adecuadas a nivel nacional, acompañadas de medidas de apoyo psicosocial, como pueden ser sesiones individuales y grupales reducidas de atención psicológica, la atención psicológica a
distancia, así como las sesiones de entrenamiento y regulación emocional que promuevan el autocuidado del profesional.
2. Promover la contratación de personal especializado como psiquiatras, psicólogos clínicos, diplomados universitarios en enfermería y terapeuta ocupacional a fin de reforzar las plantillas de las diferentes unidades de Salud Mental de los
hospitales.
3. Destinar recursos económicos al refuerzo de la atención en Salud Mental de las distintas Comunidades Autónomas.
4. Promover y sistematizar medidas para proteger y favorecer el bienestar psicosocial, así como para prevenir, identificar, y tratar los trastornos mentales en situación de crisis de salud pública por enfermedad transmisible COVID-19.
5. Almacenar información básica que permita la investigación evaluativa para planes futuros en situaciones de crisis.
6. Realizar un estudio de las consecuencias sociales que tiene y ha tenido el confinamiento y el estado de alarma en la situación laboral y económica de la población española.
7. Promover la monitorización e información sobre las tasas de ansiedad, depresión, autolesiones, suicidios y otros problemas de salud mental ya que esto ayudará a comprender los mecanismos e informar las intervenciones.
8. Incrementar la financiación para descubrir, evaluar y refinar las intervenciones con el fin de abordar aspectos psicológicos, sociales y neurocientíficos de la pandemia. Y para hacer frente a este desafío se requerirá la integración
entre disciplinas y sectores y debe hacerse junto con personas con experiencia. Por todo ello, instamos al Gobierno a aumentar la financiación para cumplir con estas prioridades.
9. Promover el reforzamiento de la Salud Mental en España en el ámbito de la Atención Primaria y la Salud Mental Comunitaria especializada, como consecuencia de las previsiones de un incremento en la demanda de este tipo de atención por
parte de los ciudadanos tras la crisis sociosanitaria de la COVID-19.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de junio de 2020.-Antonio Salvá Verd, Diputado.-Macarena Olona Choclán, Portavoz del Grupo Parlamentario VOX.
161/000977
A la Mesa del Congreso de los Diputados
D.ª Macarena Olona Choclán, D.ª Lourdes Méndez Monasterio y D. Juan Luis Steegmann Olmedillas, en sus respectivas condiciones de Portavoz Adjunta y Diputados del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX), al amparo de lo establecido en el artículo 193
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan la siguiente Proposición no de Ley en relación con la Atención sanitaria en residencias de mayores y centros sociosanitarios, para su discusión en la Comisión de Sanidad y
Consumo.
Exposición de motivos
Hasta donde conocemos, el SARS-CoV-2 (COVID-19) afecta de forma más grave a mayores de 65 años con patología cardiovascular previa (sobre todo hipertensión e insuficiencia cardíaca) y en menor medida con patología respiratoria crónica y
diabetes. La mortalidad aumenta con la edad. Los datos disponibles de un estudio realizado en China revelan que la mortalidad en la franja de edad entre 60-69 años es de 3,6 %; la mortalidad entre 70-79 años es del 8 % y la mortalidad en los
mayores de 80 % es del 14,8 %.
Los residentes y usuarios de los centros sociosanitarios se encuentran en una situación de vulnerabilidad ante la infección por COVID-19 por varios motivos:
- Habitualmente presentan patología de base o comorbilidades.
- Suelen presentar edad avanzada.
- Tienen contacto estrecho con otras personas (sus cuidadores) y otros convivientes.
- Pasan mucho tiempo en entornos cerrados y con población igualmente vulnerable.
Primero. Los centros sociosanitarios deberán elaborar planes de actuación dirigidos a la eventual aparición de brotes de la COVID-19 adaptados a las características de cada centro. En este plan se incluirán las necesidades de equipos de
protección en estas situaciones, la provisión de jabón, papel y soluciones desinfectantes, así como un plan de continuidad de la actividad ante una previsible baja de personal.
Segundo. En España hay 19.168 ancianos que han muerto en residencias con COVID-19 o síntomas compatibles con la enfermedad.
Fuente: Ministerio de Sanidad, Consejerías de las CCAA La fecha de actualización de estos datos es diferente para cada Comunidad Autónoma y depende del momento en el que se han facilitado.
El número de víctimas mortales que la COVID-19 ha dejado en las aproximadamente 5.457 residencias de ancianos españolas, ya sean públicas, concertadas o privadas se sitúan en 19.168, según los datos proporcionados por las Comunidades
Autónomas y que ya están a disposición del Gobierno, aunque aún no las ha dado a conocer de forma oficial. La mayoría de las defunciones se han producido en Madrid, Cataluña, Castilla y León y Castilla-La Mancha. Así, los fallecidos en residencias
de ancianos equivaldrían a un 71 % del total notificado oficialmente por el Ministerio de Sanidad.
Sanidad ya ha comenzado a distribuir miles de test rápidos a las distintas autonomías para que empiecen a realizar las pruebas en lugares sensibles, como residencias y centros sociosanitarios, y está en disposición de conocer tanto los casos
como los fallecimientos. Pero por su parte, solo apunta como víctimas de coronavirus a personas que han muerto después de haber dado positivo. Es decir, las pruebas de diagnóstico de la COVID-19 no se hacen post mortem, por lo que no computarían
fallecidos con coronavirus a los que no se les haya realizado la citada prueba.
Si a esto añadimos que cada Comunidad Autónoma ha ido informando hasta ahora de los datos de una forma heterogénea y no siempre precisa, algunas añaden en su recuento fallecimientos de personas con sintomatología compatible con la COVID-19,
pero sin confirmar, algo que el Ministerio de Sanidad quiso cambiar al dar de plazo hasta el 8 de abril a las autonomías para que ofrecieran datos detallados sobre el número de fallecidos con coronavirus en las residencias, los ancianos contagiados
y los centros afectados. Sin embargo, esos datos tardaron en ser recopilados y comunicados y el Ejecutivo central aún no los ha hecho públicos.
Cuarto. La Fiscalía General del Estado mantiene 190 diligencias de índole civil y 171 penales en relación con la gestión de la crisis del coronavirus en las residencias. En la última semana ha cursado once nuevas investigaciones penales
(tres en Madrid, tres en Castilla y León; dos en Cataluña; dos en Galicia y una en Castilla-La Mancha) por la situación creada en las residencias de mayores a causa de la pandemia del coronavirus.
Madrid es la Comunidad Autónoma que acumula más pesquisas (un centenar de procedimientos, a 25 de mayo), seguida de Cataluña, con menos de la mitad de las diligencias abiertas (32), Castilla y León (20) y Castilla-La Mancha (18).
También, un grupo de abogados de toda España, en nombre de 3.000 familiares de fallecidos con coronavirus, han presentado una querella contra el Gobierno ante el Tribunal Supremo por un posible delito de homicidio imprudente en la gestión de
la epidemia.
Basándonos en los datos que ha recopilado RTVE y que a su vez han sido ofrecidos por las distintas autoridades regionales, son los siguientes:
1. Madrid y Cataluña suman casi 10.000 fallecidos en residencias.
Desde que comenzó la pandemia, las más de 700 residencias de la Comunidad de Madrid suman 5.972 fallecidos con coronavirus o sintomatología. Es la cifra de usuarios de residencias fallecidos con coronavirus o síntomas compatibles remitidas
al Ministerio de Sanidad desde el 8 de marzo, de un total de 7.863 muertos en estos centros por cualquier causa en el mismo período.
Los datos se refieren a los centros de servicios sociales de carácter residencial autorizados en la Comunidad de Madrid y que prestan atención a personas mayores, personas con discapacidad y personas con enfermedad mental. Son 710 centros
y, según el último balance, 42.274 residentes, ya que la cifra ha bajado en las últimas semanas. La gran mayoría son geriátricos, un total de 475 centros, entre públicos, concertados, privados y de gestión indirecta. Hasta la fecha, un total de 14
residencias están intervenidas por el Ejecutivo regional, con un total de 1.441 residentes y 1.401 trabajadores, debido a un 'incremento no esperado de fallecimientos'.
Los fallecidos con coronavirus en residencias de Cataluña desde el 15 de marzo se elevan a 3.973, lo que supone el 72 % del total en la Comunidad, según el registro de las funerarias regionales. El Departamento de Salud ha informado de que
hasta ahora son 13.826 las personas diagnosticadas de coronavirus en geriátricos. En la región catalana, hay un total de 64.093 personas mayores que viven en alguna de las 1.073 residencias de esta comunidad, ya sean públicas o privadas.
2. Más de 1.400 confirmados en Castilla y León.
En Castilla y León, las plazas en residencias públicas y privadas ascienden a casi 44.300 y han muerto 2.579 personas en centros públicos y privados, según datos de la Junta de Castilla y León. De ellos, habían dado positivo por coronavirus
1.476 y 1.103 tenían síntomas compatibles.
Además y según los datos facilitados por la Consejería de Familia, de esos 1.214 centros analizados por la Junta se han registrado fallecidos en 266 residencias, 58 de ellos con un solo caso y 132 centros con más de cinco casos. En
concreto, 1.721 personas han perdido la vida en su residencia o centro mientras que otras 858 han fallecido en el hospital.
En Castilla-La Mancha, se ha registrado la muerte de 2.440 usuarios de residencias de mayores con coronavirus, de los cuales 1.254 son casos confirmados y 1.186 corresponde a personas sospechosas de estar contagiadas. En conjunto, un 82 %
del total de los fallecimientos registrados en la región.
En la Comunidad Valenciana han fallecido 529 personas con coronavirus en residencias, que representan casi un 40 % del total de defunciones en la región. Además, en estos momentos hay casos positivos en 77 centros donde 2.359 residentes y
786 trabajadores se han contagiado. Por otro lado, se encuentran bajo vigilancia activa de control sanitario 28 residencias, según datos facilitados por la Consejería de Sanidad de la Generalitat Valenciana.
3. Regiones donde los fallecidos en residencias son más del 50 % del total.
Mientras, en Aragón, 704 usuarios de residencias han fallecido (el 85 % del total de muertos con coronavirus en la región). En los centros residenciales, donde viven 22.000 personas y trabajan 8.700, la cifra de casos confirmados asciende a
2.293 personas. Además, en este tiempo, se han recuperado 1.072 personas.
En Extremadura, 429 residentes contagiados han fallecido, según el Gobierno extremeño, que incluye en ese cómputo a 339 positivos confirmados y 90 con sintomatología compatible con el virus, un número que representa el 84,6 % del total de
defunciones en una Comunidad Autónoma en la que uno de los principales focos de contagios está en una residencia de ancianos de Cáceres.
En Navarra, los fallecidos con COVID-19 en residencias son 430, sumando los 266 confirmados y los 164 sospechosos con sintomatología compatible, lo que equivale al 88 % de muertes en la región. En Galicia, son 272 las personas que han
fallecido en residencias: 132 lo han hecho en centros de mayores
y 139 en hospitales y residencias integradas. En los centros de mayores gallegos hay 68 casos activos entre los residentes y 59 entre los profesionales sanitarios.
En Andalucía, donde las residencias de mayores cuentan con 2.685 residentes confirmados como casos positivos de SARS-CoV-2, se han registrado 552 fallecimientos, que representan el 39,32 % del total de muertes contabilizadas hasta la fecha
en el conjunto de la región por esta enfermedad. En Murcia registran 66 casos, el 45,27 % del total de las muertes en la región, aunque en los datos de la Consejería de Política Social también cuentan los fallecimientos en un centro para personas
con discapacidad.
Al amparo de lo expuesto, el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a promover, en el seno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS), como órgano permanente de coordinación, cooperación, comunicación e información de los servicios de
salud entre ellos y con la Administración del Estado, la elaboración de un Plan Integral de prevención y control frente al COVID-19 en residencias de mayores y otros centros de servicios sociales de carácter residencial, una vez concluido el estado
de alarma decretado por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, con los siguientes objetivos:
- Determinar, con carácter general, las condiciones y requisitos técnicos mínimos para la aprobación y homologación, tras la crisis sanitaria del COVID-19, de las instalaciones y equipos de los centros y servicios sociosanitarios y de las
residencias de mayores.
- El establecimiento de medios y de sistemas de relación que garanticen la información y comunicación recíprocas entre la Administración Sanitaria del Estado y la de las Comunidades Autónomas en materia de residencias de mayores y otros
centros de servicios sociales de carácter residencial.
- Determinar las garantías mínimas de seguridad y calidad para la puesta en funcionamiento de los centros, servicios y establecimientos sociosanitarios, así como residencias de mayores, tras el COVID-19.
- El establecimiento con carácter general de criterios mínimos básicos y comunes de evaluación de la eficacia y rendimiento de los servicios y centros sociosanitarios.
- Establecer las líneas genéricas del programa formativo de los profesionales de los centros sociosanitarios.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de junio de 2020.-Lourdes Méndez Monasterio y Juan Luis Steegmann Olmedillas, Diputados.-Macarena Olona Choclán, Portavoz del Grupo Parlamentario VOX.
Comisión de Ciencia, Innovación y Universidades
161/000979
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Socialista, de conformidad con el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley para instar al Gobierno a fomentar el acceso universal a las vacunas, los
tratamientos y los diagnósticos, en especial en la lucha contra el COVID-19, para su debate en la Comisión, de Ciencia, Innovación y Universidades.
Exposición de motivos
La pandemia del COVID-19 ha golpeado a prácticamente todo el mundo. Todos los países se han visto afectados, incluida España. La gran diferencia no estriba en cómo se vio afectado cada Estado, cada país, sino cómo dichos países gestionaron
y salieron de la pandemia del Coronavirus. En el caso de España, y con objeto de proteger la salud y seguridad de la ciudadanía, contener la progresión de la enfermedad provocada por el coronavirus COVID-19 y reforzar el sistema de salud pública,
el Gobierno decretó, el pasado 14 de marzo, el estado de alarma en España. Dicha declaración del estado de alarma ha resultado esencial para contener la propagación de la enfermedad y mitigar los efectos de la epidemia. Y en dicha gestión de la
crisis, las medidas sociales y económicas que se han adoptado para apoyar y estar con la población que padece tal pandemia es otro de los ejemplos distintivos de la acción del Gobierno, poniendo
en el centro de su atención a las personas. Pero, además, la acción de Gobierno ha tenido muy claro desde el principio que sólo la ciencia traerá una solución completa a esta pandemia, aunque las soluciones del día a día tienen que venir de
la responsabilidad social, la solidaridad y el esfuerzo de la ciudadanía española.
En este sentido, los esfuerzos en este campo son un ejemplo de dichas políticas y del esfuerzo del Gobierno en esta lucha, con cerca de 30 millones para la investigación frente al COVID-19, que, además, ha movilizado otros 500 millones para
ayudas empresariales. Decisiones estas basadas en la evidencia científica, donde el Instituto de Salud Carlos III (ISCIII) ha tenido un especial protagonismo junto con el Centro Nacional de Epidemiología, clave en la notificación de los casos de
COVID-19 desde las CCAA, y en el estudio de seroprevalencia; y el Centro Nacional de Microbiología, que en enero descifró el genoma del nuevo coronavirus y en el que se establecieron los primeros protocolos de pruebas diagnósticas.
En este sentido queda meridianamente claro que el único camino posible para vencer a la pandemia será el del acceso rápido y asequible a las vacunas, los tratamientos y los diagnósticos en todo el mundo, y siempre bajo una misma premisa:
'no dejar a nadie atrás'. Para ello, es imprescindible que España esté en primera línea de esta iniciativa, tanto a nivel mundial como europeo. En este sentido, el Gobierno ha anunciado la donación de 50 millones de euros para la Alianza de
Vacunas (GAVI) a lo largo de 10 años, extendiéndose el compromiso ya existente a través de la Facilidad Financiera para la Inmunización (IFFIM) hasta 2035; y una contribución de 75 millones de euros a la Coalición para las Innovaciones en
Preparación para las Epidemias (CEPI) en 15 años. El conjunto de este aporte se suma a los 100 millones de euros para el Fondo Global contra el sida, la tuberculosis y la, malaria, anunciados en septiembre de 2019, para el período 2020-2022. Pero
además de las contribuciones financieras aportadas por los donantes, es fundamental que todos los países sean capaces de crear estructuras de colaboración duraderas que puedan mejorar la respuesta ante otras enfermedades -presentes y futuras- a
escala global; pues, 'Ahora más que nunca, debemos estar unidos. Porque unidos, somos más fuertes'.
En la reunión informal de alto nivel del Consejo de Ministros de Investigación de la Unión Europea de principios de abril partió un plan de acción con 10 propuestas que permitan atajar la crisis del COVID, donde la presidencia croata
encomendó a los estados miembros a proponer mecanismos de coordinación de las políticas nacionales, así como plantear el uso de otros fondos europeos, como los fondos estructurales, para potenciar la investigación e innovación en respuesta al
COVID-19.
El Gobierno de España, guiado por la aspiración a contribuir a un planeta sin sufrimiento humano y a salvo de las devastadoras consecuencias sociales y económicas del coronavirus, aúna fuerzas para instaurar una colaboración a nivel global a
fin de acelerar el desarrollo, la producción y el acceso equitativo en todo el mundo a nuevas tecnologías sanitarias esenciales para combatir el coronavirus.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a aunar todos los esfuerzos necesarios, nacionales, internacionales así como en el seno de la Unión Europea, para:
- Que se instaure una colaboración a nivel global para acelerar el desarrollo, la producción y el acceso equitativo en todo el mundo a nuevas tecnologías sanitarias esenciales para combatir el coronavirus;
- Que busque la coordinación y cooperación europea frente a la crisis, a través de la creación de un banco de patentes abiertas con las tecnologías y terapias que se desarrollen frente al COVID, así como utilizar fondos europeos para apoyar
a las pymes innovadoras, los proyectos de investigación y la adquisición del material científico para programas operacionales;
- Que movilice fondos para combatir la enfermedad y asegurar el apoyo político al acceso equitativo a vacunas y tratamientos contra el virus;
- Que solicite excepciones a reglas de patentes para que la vacuna llegue pronto y rápido a todos, con la idea de que los Gobiernos pueden y deben garantizar el acceso equitativo a la vacuna.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de junio de 2020.-Javier Alfonso Cendón, Helena Caballero Gutiérrez, Roberto García Morís, Sandra Guaita Esteruelas, Miguel Ángel González Caballero y Juan Francisco Serrano Martínez, Diputados.-José
Zaragoza Alonso y Rafael Simancas Simancas, Portavoces del Grupo Parlamentario Socialista.
161/000982
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la adopción de medidas para
planificar el curso universitario 2020-2021, para su debate en la Comisión de Ciencia, innovación y Universidades.
Exposición de motivos
Tras vernos sorprendidos por la pandemia del COVID-19 y afectados gravemente, primero, por las consecuencias de la rápida extensión y virulencia del virus y, después, por las que se derivan de la gestión gubernamental, nos enfrentamos ahora
a un tiempo de incertidumbre por posibles rebrotes, por no existir todavía un tratamiento claro o una vacuna y por desconocer también si estos últimos se conseguirán en breve. Incertidumbre a la que se han referido diferentes miembros del Gobierno
y, en particular, el Ministro de Universidades y la Ministra de Educación y Formación Profesional.
Mientras que la aparición imprevisible del virus y la pandemia obligaba a decisiones rápidas -y nos referimos ahora al ámbito universitario en exclusiva- e incluso a improvisar soluciones para transformar en tiempo record la docencia
universitaria mayoritariamente presencial en docencia a distancia y/o virtual, no puede permitirse este país que el curso próximo, cuyo inicio, al menos, no se producirá en condiciones de normalidad y sobre el que pesarán los riesgos de nuevos
confinamientos, no se planifique. Ya no es tiempo de improvisación.
La entrega de los docentes y de los gestores universitarios y el ejemplo responsable de los estudiantes universitarios debe reconocerse. Este esfuerzo colectivo no puede pasar desapercibido y el mejor agradecimiento que desde los poderes
públicos puede plantearse es ofrecerles apoyo y mejores instrumentos para cumplir su función. No podemos olvidar que han puesto sus propios medios, su tiempo por encima de la jornada laboral, su preocupación por buscar las mejores vías para la
transmisión de conocimientos y para atención y seguimiento de los estudiantes. Las universidades han proporcionado ordenadores, tarjetas de conexión, formación inmediata en el manejo de aplicaciones y plataformas o de preparación de materiales. Y
los representantes de los estudiantes han estado a la altura del comportamiento ejemplar de sus representados trasladando a las autoridades problemas reales, demandando soluciones adecuadas, preocupándose, en definitiva, por colaborar a que pudiera
superarse el curso en las mejores condiciones y merecen una formación de calidad bien planificada.
Nuestro Grupo considera, sin embargo, que la gestión del Ministerio de Universidades en tiempo de estado de alarma del curso 2019-2020 no estuvo a la altura de los universitarios, de las universidades y de los gestores autonómicos. Esa
gestión ha sido desacertada: Sus pocas actuaciones o bien son brindis al sol o responden a la filosofía del 'yo invito y tú pagas' puesto que su financiación recaerá sobre las universidades o las Comunidades Autónomas. Y ello a pesar de que el
Gobierno ha dispuesto de un instrumento constitucional excepcional que ha permitido concentrar en un mando único la adopción de decisiones para luchar contra la pandemia y plantear las soluciones precisas frente a las consecuencias derivadas de un
largo confinamiento general con un brusco y muy generalizado parón económico, pero que no lo ha dirigido al objetivo debido, a poner en marcha en el ámbito universitario los mecanismos necesarios para trabajar durante una pandemia.
Esconderse tras la estructura competencial española en la materia no es más que una excusa para no liderar una respuesta articulada que garantice la igualdad en el sistema universitario español, sin que ello suponga afectar a las diversas
competencias de las distintas autoridades universitarias. Esa igualdad de trato sólo puede alcanzarse con un marco básico de respuesta a las nuevas condiciones planteado desde el Gobierno, con la participación en su diseño de todos los que luego
tendrán que ejecutarlo en el ámbito de sus competencias. También es preciso ofrecer un marco de apoyo económico para evitar que las nuevas exigencias erosionen gravemente la situación de las universidades o de las CCAA que han de soportar ya la
gestión educativa, sanitaria y social que multiplican sus costes con la crisis.
El Gobierno no puede eludir sus responsabilidades dedicando su gestión a imponer agenda y propuestas desapegadas del drástico cambio de circunstancias esperando que otros se ocupen y que la situación extraordinaria se supere. El número de
nuevas necesidades, la urgencia para planificar el curso, los tiempos para diseñar, consensuar, aprobar y publicar los instrumentos normativos no nos permiten
entender que lo que planteamos aquí no se haya puesto en marcha ya. La urgencia en las propuestas que formulamos no creemos que puedan negarse fundadamente.
Estamos convencidos que todos debemos contribuir a la reactivación de todos nuestros sectores sociales y económicos y nos preocupa que el Gobierno siga olvidándose de la educación superior y de la investigación universitaria que es capital
para garantizar promociones bien formadas y que la investigación y la transferencia contribuyan a superar los actuales retos de país. La planificación a la que apelamos debe ir dirigida a reforzar la calidad del sistema público universitario y su
capacidad de reacción ante circunstancias inesperadas como la pandemia sufrida, pero preservando al tiempo las señas de identidad de nuestras universidades públicas, aprovechando el valor añadido de las ventajas de la digitalización, sin perder los
beneficios de la enseñanza presencial.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Elaborar un protocolo sanitario que establezca las bases para la adopción de medidas en materia de seguridad sanitaria y riesgos en las Universidades para el curso 2020-21 acompañado de un programa de ayudas a las Universidades para el
acopio de materiales necesarios, realización de instalaciones acomodadas a las medidas de prevención sanitaria para la realización de las actividades universitarias (gestión, formación, investigación, actividades culturales, sociales y de
voluntariado) para reforzar los instrumentos que les permita mantener su carácter de presenciales.
2. Elaborar un programa transitorio para afrontar las necesidades de las universidades, en un escenario de prevención a la pandemia y de recuperación post pandemia, de contratación de profesorado y de prórroga de sus contratos cuya
extinción deba producirse en esa etapa, para garantizar las actividades presenciales en las universidades que precisarán de condiciones que obligan a reducción de estudiantes por grupos y a la ampliación del número en la planificación docente de los
grupos.
3. Realizar una convocatoria extraordinaria de ayudas para reforzar las herramientas tecnológicas que permitan a las universidades mejorar su respuesta en formación virtual, tanto en formación continuada de los docentes, como para la
docencia ordinaria como herramientas complementarias de la docencia presencial o, en su caso, para su transformación en docencia virtual prioritaria si las condiciones sanitarias lo exigieran.
4. Crear una línea de ayudas para estudiantes con dificultades para adquirir hardware óptimo para el seguimiento de la docencia virtual o para sostener los gastos derivados de las conexiones con las operadoras, contribuyendo a eliminar
parte de la brecha digital que perjudica en las actuales circunstancias a los más vulnerables.
5. Promover acciones inmediatas que agilicen la superación de la brecha digital vinculada al territorio, permitiendo mejorar las condiciones de conectividad de aquellas zonas del país con dificultades en la actualidad para contar con
conexiones rápidas a internet.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de junio de 2020.-María Jesús Moro Almaraz, María Sandra Moneo Díez y Elena Castillo López,-Diputadas.-Cayetana Álvarez de Toledo Peralta-Ramos, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso.
Comisión de Igualdad
161/000955
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a la Mesa para, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley relativa a la
adopción de medidas para incorporar la perspectiva de género en todas las políticas públicas destinadas a paliar los efectos de la COVID-19 en nuestro país, para su debate en Comisión de Igualdad.
Exposición de motivos
La igualdad entre mujeres y hombres es un principio jurídico universal reconocido tanto en nuestra Constitución como en los principales textos internacionales sobre derechos humanos. La principal herramienta para conseguir la igualdad de
género a través de las políticas públicas es la aplicación del principio de transversalidad de género en todas las políticas públicas. Incorporar la perspectiva de género no supone un trabajo extra en el diseño, implantación y evaluación de las
políticas públicas sino que por el contrario es una forma de gestionar lo público asumiendo que el género es un factor determinante que impacta en las políticas públicas de manera diferenciada en hombres y mujeres.
Según la definición adoptada por el Consejo de Europa en 1993 la transversalidad de género es la organización (la reorganización), la mejora, el desarrollo y la evaluación de los procesos políticos, de modo que una perspectiva de igualdad de
género se incorpore en todas las políticas, a todos los niveles y en todas las etapas, por los actores normalmente involucrados en la adopción de medidas políticas. La Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer celebrada en 1995 en Pekín defendió la
incorporación de una perspectiva de género como un enfoque fundamental y estratégico para alcanzar los compromisos en igualdad de género. España adoptó la Declaración aprobada en Pekín por la que nuestro país se comprometió a aplicar y garantizar
que todas las políticas públicas y programas reflejen una perspectiva de género.
La Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, establece que la ordenación general de las políticas públicas, bajo la óptica del principio de igualdad y la perspectiva de género, se plasma en el
establecimiento de criterios de actuación de todos los poderes públicos. Su artículo 15 dispone que el principio de igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres informará, con carácter transversal, la actuación de todos los poderes
públicos y que las administraciones públicas lo integrarán, de forma activa, en la adopción y ejecución de sus disposiciones normativas, en la definición y presupuestación de políticas públicas en todos los ámbitos y en el desarrollo del conjunto de
todas sus actividades.
En la actualidad, la crisis sanitaria generada por la COVID-19 está teniendo terribles consecuencias en España y en muchos otros países del mundo. El Gobierno, en colaboración con las Comunidades autónomas, ha desplegado una batería de
políticas públicas para paliar las dramáticas consecuencias que el virus tiene en vidas humanas, pero también para mitigar las consecuencias sociales y económicas de la pandemia.
El Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) ha señalado el pasado mes de marzo que la COVID-19 afecta de manera diferente a hombres y mujeres ya que las pandemias empeoran las desigualdades a las que ya se enfrentan las mujeres.
Asimismo, existe un mayor riesgo de exposición al virus de las mujeres dada la feminización de las profesiones vinculadas a los cuidados. Este informe de Naciones Unidas señala que, dado que las mujeres representan globalmente el 70 % del personal
en el sector social y sanitario, se debería prestar especial atención a cómo su entorno de trabajo puede exponerles al virus. Además, ante una situación de confinamiento como la que nos encontramos en España, las mujeres y sus hijos e hijas pueden
encontrarse en mayor riesgo de sufrir violencia de género debido a un aumento de la tensión en el hogar y encontrarse encerradas con su maltratador.
El Gobierno ha dado respuesta a los desafíos de la emergencia desde la perspectiva de género. El resultado son las numerosas medidas en materia de atención a las víctimas de la violencia de género y de sus hijos e hijas, la atención a
mujeres en situación de prostitución y explotación sexual y la prestación para trabajadoras del hogar. A estas medidas hay que sumar las políticas públicas que se han implementado en materia laboral y que afectan especialmente a las mujeres ya que
son las que sufren mayor precariedad en el empleo.
Más allá de la respuesta de emergencia que se ha dado ante la COVID-19 es prioritario que en la salida de la crisis sanitaria y económica nadie se quede atrás, tampoco las mujeres. La crisis mundial generada por la COVID-19 ha cambiado de
golpe las prioridades políticas, sociales y económicas. La pandemia ha puesto de manifiesto que garantizar un sistema sanitario público y universal es una cuestión esencial en una sociedad que aspira al bienestar social. Al mismo tiempo la
pandemia ha visibilizado por un lado que todos los trabajos relacionados con los cuidados y los servicios públicos son absolutamente esenciales y por otro que son sectores muy precarizados y feminizados.
Las políticas públicas de reconstrucción necesarias para impulsar de nuevo la economía en nuestro país no pueden dejar a nadie atrás. La anterior crisis económica se saldó con precariedad en el empleo y
recortes en los servicios públicos que afectaron mayoritariamente las mujeres. En esta ocasión, la igualdad entre mujeres y hombres no puede ser el precio de la recuperación económica.
Por, ello, el Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a mantener la perspectiva de género en el diseño de todas las políticas públicas destinadas a la reconstrucción para paliar las consecuencias sanitarias, económicas y sociales generadas por la
COVID-19.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de mayo de 2020.-Laura Berja Vega, Diputada.-Susana Ros Martínez y Rafael Simancas Simancas, Portavoces del Grupo Parlamentario Socialista.
161/000956
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a esta mesa, para al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley para
impulsar políticas específicas destinadas al pleno reconocimiento de las condiciones laborales de los empleos altamente feminizados y visibilizar su precariedad con el objeto de corregirla, para su debate en la Comisión de Igualdad.
Exposición de motivos
La reconstrucción tras la crisis de la COVID-19 obliga a los poderes públicos y a los agentes sociales a hacer propuestas para salir de esta crisis sin dejar a nadie atrás. Este nuevo escenario puede presentarse como una oportunidad para
construir un marco laboral sobre mimbres más igualitarios y reduciendo las brechas de la desigualdad entre mujeres y hombres.
El mercado de trabajo en nuestro país se sostiene con unas relaciones que sitúan a mujeres y hombres en itinerarios profesionales diferentes, con condiciones laborales distintas y con reconocimientos social y económico desigual. A pesar de
los esfuerzos legislativos que se han realizado, el principio de igualdad recogido en nuestra Constitución todavía no se traduce en la actualidad en una igualdad efectiva entre mujeres y hombres en el ámbito laboral.
La ausencia de perspectiva de género en la relaciones laborales se traduce en un mercado de trabajo estructuralmente sexista que discrimina directa e indirectamente a las mujeres, que las penaliza con condiciones de mayor precariedad, que
les impide el acceso en igualdad de condiciones a los puestos de máxima responsabilidad, que otorga menor reconocimiento a las profesiones que mayoritariamente realizan y cuyas condiciones de vulnerabilidad las expone a situaciones de violencia y
acoso.
Las mujeres, antes de la crisis de la COVID 19, sufrían menores tasas de ocupación, mayores tasas de paro, menores salarios y los datos de alta parcialización y temporalidad de sus contratos son muy preocupantes. También lo son los datos de
remuneración por sectores y de acceso a la toma de decisiones.
Las modificaciones que se han producido en las distintas normas laborales han ido corrigiendo, en parte, algunas de las disfunciones del complejo marco laboral legislativo. De este modo en marzo del pasado año, se aprobó el Real Decreto-ley
6/2019, de 1 de marzo, de medidas urgentes para garantía de la igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres en el empleo y la ocupación, que recogía modificaciones en materia de igualdad salarial en el Estatuto de los Trabajadores (ET)
y en la Ley Orgánica para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres.
Se modificó su artículo 22 del ET, para establecer modelos no sexistas de clasificación profesional, el artículo 28, para incluir la definición de trabajo de igual de valor y los registros salariales. Y el artículo 64, confiriendo el
derecho a la Representación Legal de los Trabajadores 'a recibir información, al menos anualmente, relativa a la aplicación en la empresa del derecho de igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, en la que deberá incluirse el
registro previsto en el artículo 28.2 y los datos sobre la proporción de mujeres y hombres en los diferentes niveles profesionales'.
La segregación horizontal es la diferenciación que existe en el mercado laboral entre sectores profesionales altamente ocupados por hombres, donde las mujeres estamos infrarrepresentadas o los altamente ocupados por mujeres donde los hombres
tienen una presencia ínfima. Los informes de CCOO y UGT de 2020 sobre brechas en el empleo reflejan esta segregación que marca diferencias en el nivel de reconocimiento económico y social y las condiciones que se dan en función de la segregación
horizontal. Así, entre las conclusiones que se extraen, se evidencia que los sectores profesionales feminizados están peor retribuidos que aquellos altamente masculinizados y cuyo requerimiento académico es similar en ambos casos. También las
condiciones laborales son más precarias en los sectores feminizados. Los informes elaborados en febrero de 2020 por CCOO (Igualdad retributiva, un derecho pendiente) y UGT (Es urgente legislar sobre la discriminación salarial hacia las mujeres)
ponen en evidencia la brecha salarial de género en aquellos sectores altamente feminizados, siendo mayor la retribución de aquellos hombres que realizan estas actividades. Uno de los sectores donde la presencia de mujeres es muy superior a la de
los hombres, son las Actividades Sanitarias y de Servicios Sociales donde desempeñan sus tareas 1. 158 .000 mujeres y 308. 500 hombres y las mujeres ganan 9.895,61 euros de media, menos al año. Resultado de una brecha salarial del 29,33 %. No
existe justificación en el número de horas trabajadas, según la Encuesta de Población Activa del mismo año de referencia, 2017, la brecha en horas entre mujeres y hombres se establece en el 6,5 % horas, ya que las mujeres trabajan de media semanal
dos horas y media menos que los hombres.
Por tanto, los empleos que con mayor frecuencia realizan las mujeres, conocidos como empleos feminizados, se desarrollan en condiciones más precarias y existe un gran vacío en el reconocimiento de sus derechos laborales. Las profesiones
realizadas casi en su totalidad por mujeres como las empleadas del hogar, las camareras de piso, las cuidadoras de personas dependientes o las aparadoras del calzado son las menos reconocidas, las menos remuneradas, las más invisibles, las que
suponen mayores sobrecargas de trabajo y las que cuyas condiciones condenan a cientos de miles de mujeres a la pobreza.
Durante la crisis de la COVID-19, el Gobierno de España creó un precedente muy importante en el reconocimiento de los derechos de estas mujeres con la aprobación de la prestación para empleadas del hogar por cese o reducción de actividad,
recogida en el Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo. El artículo 30 de la norma establece que tendrán derecho a esta nueva prestación las personas dada de alta como empleadas de hogar antes de la entrada en vigor del estado de alarma que hayan
dejado de prestar servicios en uno o varios domicilios, total o parcialmente, también las que hayan sido objetos de despido o desistimiento de contrato durante la crisis sanitaria. Con ello las empleadas del hogar tendrán derecho a un subsidio
equivalente al 70 % de su base reguladora en el caso de que la pérdida de actividad sea total. Además el nuevo subsidio es compatible con otros ingresos por cuenta propia o ajena, siempre que no superen en conjunto el SMI. La medida pretende
equiparar a las trabajadoras del hogar con el resto de empleados que vean sus trabajos suspendidos o sus horas reducidas por un ERTE, para que cobren un 70 % de su salario base durante un mes. Las propias organizaciones de mujeres empleadas de
hogar valoraron positivamente que se reconozca por primera vez un subsidio de este tipo.
Este es un paso adelante en la tarea del Gobierno de visibilizar estos trabajos y corregir la precariedad que asumen.
Por ello, el Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso, presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno de España a reforzar el desarrollo de políticas específicas que mejoren las condiciones laborales de los empleos altamente feminizados con el objetivo de reducir su precariedad.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de junio de 2020.-Laura Berja Vega, Diputada.-Susana Ros Martínez y Rafael Simancas Simancas, Portavoces del Grupo Parlamentario Socialista.
161/000957
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a esta mesa, para al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley para
continuar trabajando en políticas públicas destinadas a paliar los efectos de la COVID-19 en las familias monomarentales, para su debate en la Comisión de Igualdad.
Exposición de motivos
La pandemia mundial de la COVID-19 ha provocado una gran crisis sanitaria con graves efectos sobre la salud pública y con consecuencias sociales y económicas devastadoras. Las repercusiones económicas de esta crisis tienen incidencia
desigual en mujeres y hombres puesto que la condiciones sociales, laborales y personales de las que parten son también desiguales.
La mayor movilización de recursos conocida en democracia llevada a cabo por el Gobierno de España tiene como objeto crear un gran escudo social para proteger a todas las familias y favorecer una salida de la crisis sin que nadie se quede
atrás.
La situación de las mujeres que forman familias monoparentales, es decir, las familias monomarentales es de especial vulnerabilidad. Según el informe de La Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en el Estado Español
(EAPN España 'Género, Monoparentalidad y Rentas Mínimas', presentado en septiembre de 2019, en 2018 había un total de 1.878.000 hogares monoparentales en España (El 10,3 % del total de hogares). De estos, uno de cada dos se encuentra en riesgo de
pobreza y exclusión (AROPE), casi el doble del valor para el total de los hogares de España (26,1 %) y sufre una tasa de pobreza infantil 15 veces superior a la media. Respecto al sexo, más de 1,5 millones de hogares monoparentales estaban
encabezados por mujeres (81,9 %), es decir que la gran mayoría son familias monomarentales. Los datos más significativos de este estudio son los siguientes:
1. Estos hogares experimentan las tasas de riesgo de pobreza relativa más altas por tipo de hogar, el 42,9 % en 2018.
2. La tasa de pobreza infantil para los hogares monoparentales es 15 veces superior a la media.
3. El 57,3 % de estos hogares reside en ciudades con una población de más de 50. 000 habitantes.
4. El 43 % de las mujeres con hogares monoparentales están desempleadas, mientras que un 17 % tienen algún tipo de ocupación, pero sin contrato.
5. Más de la mitad (el 50,8 %) de estos hogares no puede irse de vacaciones al menos una semana al año y el 53,7 % no tiene capacidad para afrontar gastos imprevistos de 650 euros o superiores. Un 7,4 % no puede incorporar proteínas a su
dieta cada dos días.
6. El 18 % ha tenido retrasos en el pago de los gastos relacionados con la vivienda principal.
7. Un 16,4 % no puede mantener su casa a temperatura adecuada (pobreza energética).
8. El 16,5 % no puede permitirse un coche y el 11,5 % carece de ordenador, lo que genera una gran brecha digital en el proceso educativo de los niños y niñas en situación de confinamiento.
9. El 74,9 % llegan a fin de mes con algún grado de dificultad.
Todos estos datos son anteriores a la crisis de la COVID-19 por lo que las repercusiones económicas y sociales para las familias monoparentales, especialmente para las monomarentales, después de la crisis han agravado duramente su situación.
Además la escasez de recursos de corresponsabilidad destinados a estas familias hace muy compleja la situación de las mismas en este estado de alarma. Las familias monomarentales no tienen la posibilidad de repartir las tareas del hogar y no tienen
opciones para acogerse a medidas de conciliación sin que se vean mermados sus ingresos.
El mercado laboral delega en las mujeres los empleos más precarios, así las tasas de parcialidad y temporalidad de los contratos de las mujeres superan en gran medida a la de los hombres. También las mujeres tienen menores ingresos
procedentes de las rentas del trabajo que los hombres. En las familias monomarentales esta situación se agrava ante las nulas o escasas fuentes de ingresos ajenas a la del trabajo de la propia madre. Muchas de estas mujeres están ahora en
situación de desempleo, por lo que la situación de estas familias es de extrema vulnerabilidad.
Las medidas sociales impulsadas por el Gobierno van dirigidas a todas las familias por lo que las familias monoparentales se verán beneficiadas por el escudo social del Gobierno. Sin embargo, es
importante trabajar en la línea que ha comenzado a desarrollar el Gobierno de hacer políticas específicas para grupos de personas vulnerables como son las familias monomarentales.
Por ello, el Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso, presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno de España a diseñar y desarrollar políticas públicas específicas destinadas a paliar los efectos de la crisis provocada por la COVID-19 en las familias monoparentales y monomarentales.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de mayo de 2020.-Laura Berja Vega, Diputada.-Susana Ros Martínez y Rafael Simancas Simancas, Portavoces del Grupo Parlamentario Socialista.
161/000968
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, de conformidad con el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de ley para su debate en la Comisión de
Igualdad relativa a la igualdad de trato de las personas independientemente de su origen racial o étnico.
Exposición de motivos
La Directiva Europea 2000/43/CE del Consejo de la Unión Europea, aprobada el 29 de junio de 2000, relativa a la aplicación del principio de igualdad de trato de las personas independientemente de su origen racial o étnico, tiene por objeto
establecer los requisitos mínimos para la aplicación del principio de igualdad y no discriminación en la Unión Europea (UE).
La aplicación de este principio se basa en la necesidad de reconocer distintas formas de discriminación por motivos de origen racial o étnico. Su aplicación se extiende a todos los sectores de actividad en materia de acceso al empleo, las
condiciones de trabajo, inclusive en la promoción, la remuneración y el despido; el acceso a la formación profesional; la participación en las organizaciones de trabajadores o de empresarios, así como en cualquier organización profesional; el
acceso a la protección social y a la asistencia sanitaria; la educación; el acceso a bienes y servicios y su suministro, incluida la vivienda.
Entre las principales cuestiones recogidas en la Directiva 2000/43/CE se encuentra el derecho a la reparación, el establecimiento de organismos expertos e independientes que velen por el cumplimiento del principio de igualdad de trato y no
discriminación, la recopilación y divulgación de información, el papel de los interlocutores sociales, la integración de la perspectiva de la discriminación múltiple y la implementación de medidas de acción positiva.
Desde la aprobación de la Directiva Europea 2000/43/CE, la promoción del principio de igualdad de trato y no discriminación por motivo de origen racial o étnico ha quedado manifiesto en diferentes textos aprobados por el Parlamento Europeo:
- 'Resolución del Parlamento Europeo, de 25 de octubre de 2017, sobre los aspectos de la inclusión de los gitanos en la UE relacionados con los derechos fundamentales: combatir el antigitanismo'.
- 'Resolución del Parlamento Europeo, de 1 de junio de 2017, sobre la lucha contra el antisemitismo.'
- 'Resolución del Parlamento Europeo, de 5 de julio de 2016, sobre los refugiados: inclusión social e integración en el mercado laboral.'
- Las conclusiones del primer coloquio anual de la Comisión sobre derechos fundamentales, celebrado en Bruselas los días 1 y 2 de octubre de 2015, bajo el título 'Tolerancia y respeto: prevenir y combatir el odio antisemita y antimusulmán
en Europa'.
El último informe sobre el estado del racismo y la intolerancia en Europa, publicado en marzo de 2020 por la Comisión Europea contra el Racismo y la Intolerancia (ECRI por sus siglas en inglés), reconoce la persistencia de prejuicios y
estereotipos antigitanos, antisemitas, islamófobos y xenófobos.
El informe reconoce que el discurso de odio ha aumentado notablemente en las plataformas online. Ya en su 'Recomendación general n.º 15 relativa a la lucha contra el discurso de odio', adoptada el 8 de diciembre de 2015, el ECRI recomendó a
los Gobiernos de los Estados miembros: designar organismos públicos que puedan determinar las condiciones que fomentan el uso del discurso de odio como fenómeno y sus distintas formas, así como evaluar su difusión y el daño que producen, a fin de
desincentivar e impedir su uso y reducir y reparar los daños causados.
Por todo ello el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Impulsar una Ley Orgánica de Igualdad de Trato de las personas independientemente de su origen racial o étnico, trasponiendo los términos de la Directiva Europea 2000/43/CE.
2. Promover la creación de un organismo experto e independiente que vele por el cumplimiento del principio de igualdad de trato, a través de una doble capacidad: a) la capacidad de litigar en casos de discriminación y de dar acompañamiento
y asesoramiento jurídico a las víctimas. b) La capacidad de recopilar y divulgar información oficial que permita visibilizar el desarrollo de todas las formas de discriminación por motivos de origen racial o étnico; incluyendo las nuevas formas
del discurso de odio en la esfera digital. Esta información debería facilitar la disponibilidad de los datos desagregados en función de la raza, la etnia, la religión, la nacionalidad o el género, aplicando el enfoque de la discriminación
interseccional.
3. Fomentar cursos de formación sobre el principio de igualdad de trato y no discriminación por motivo de origen racial o étnico, tanto en los consejos audiovisuales como en los equipos profesionales de las empresas públicas dedicadas a la
publicidad, la información y la comunicación; contando con la participación de formadores y formadoras profesionales pertenecientes a los colectivos vulnerables, a fin de que los miembros de los propios colectivos puedan contribuir activamente a
una representación no estereotipada de su identidad.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de junio de 2020.-Ismael Cortés Gómez, Diputado.-Joan Mena Arca, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común.
PREGUNTAS PARA RESPUESTA ORAL
La Mesa de la Cámara en su reunión del día de hoy ha acordado admitir a trámite, conforme al artículo 189 del Reglamento, las siguientes preguntas orales al Gobierno en Comisión, disponer su conocimiento por las Comisiones que se indican,
dando traslado al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de junio de 2020.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
Comisión de Hacienda
181/000332
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Hacienda
Diputada doña Inés María Cañizares Pacheco, Diputada del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX)
Dirigida a Sra. Ministra de Hacienda, doña María Jesús Montero Cuadrado
Texto:
Han transcurrido ya ocho meses desde la dimisión del presidente de SEPI, don Vicente Fernández Guerrero, por su imputación en la adjudicación a la agrupación empresarial México Minorbis de los derechos de explotación del yacimiento minero de
Aznalcóllar (Sevilla) en 2015. ¿Cuáles son los planes de la ministra de Hacienda para designar a la persona sustituta del señor Fernández Guerrero en la Presidencia del principal conglomerado empresarial del Estado?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de junio de 2020.-Inés María Cañizares Pacheco, Diputada.
Comisión de Interior
181/000331
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Interior
Diputado don Agustín Almodóbar Barceló
Texto:
¿Cuál es la previsión del Gobierno respecto a la construcción de una nueva Comisaría del Cuerpo Nacional de Policía en la localidad de Benidorm (Alicante), cuyo Ayuntamiento ya cedió los terrenos y elaboró el proyecto básico?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de junio de 2020.-Agustín Almodóbar Barceló, Diputado.
Comisión de Trabajo, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones
181/000343
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Trabajo, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones
Diputado don Juan José Aizcorbe Torra, Diputado Del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX)
Dirigida a Ministra de Trabajo y Economía Social, doña Yolanda Díaz Pérez
Texto:
¿Tiene el Gobierno de España intención de prolongar y flexibilizar los ERTE por causa de fuerza mayor que hayan sido acordados durante el estado de alarma decretado a causa del COVID-19?
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de junio de 2020.-Juan José Aizcorbe Torra, Diputado.
181/000344
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Trabajo, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones
Diputado don Juan José Aizcorbe Torra, Diputado Del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX)
Dirigida a Ministra de Trabajo y Economía Social, doña Yolanda Díaz Pérez
Texto:
¿Cuáles son las cotizaciones, recargos e intereses de demora que deberá reintegrar una empresa en caso de incumplimiento del compromiso de mantenimiento del empleo previsto en la Disposición Adicional Sexta del Real Decreto-ley 8/2020, de 17
de marzo, si se extingue un solo contrato de trabajo, las relativas al contrato de trabajo extinguido o las de todos los trabajadores cuyo contrato de trabajo haya sido objeto de un ERTE a pesar de cumplirse con el compromiso de mantenimiento del
empleo?
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de junio de 2020.-Juan José Aizcorbe Torra, Diputado.
Comisión de Industria, Comercio y Turismo
181/000329
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Industria, Comercio y Turismo
Diputado don Agustín Almodóbar Barceló
Texto:
¿Conoce el Gobierno cuales son las prioridades que tiene el sector turístico español?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de junio de 2020.-Agustín Almodóbar Barceló, Diputado.
Comisión de Derechos Sociales y Políticas Integrales de la Discapacidad
181/000328
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Industria, Comercio y Turismo
Diputado don Agustín Almodóbar Barceló
Texto:
¿Cuándo prevé el Gobierno formar la mesa de trabajo que debe rediseñar, revisar, mejorar y actualizar el programa de viajes del IMSERSO?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de junio de 2020.-Agustín Almodóbar Barceló, Diputado.
Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico
181/000330
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico
Diputado don César Sánchez Pérez
Texto:
La economía circular es un concepto económico basado en la sostenibilidad cuyo objetivo se basa en que el valor de los productos, los materiales y los recursos se mantenga en la economía durante el mayor tiempo posible y, por consiguiente,
se reduzca al mínimo la generación de residuos y contribuya a frenar el cambio climático. ¿Qué medidas está aplicando el Gobierno para evitar la obsolescencia programada de los productos industriales, principal causa de la acumulación de deshechos
de electrodomésticos y aparatos electrónicos en las ciudades españolas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de junio de 2020.-César Sánchez Pérez, Diputado.
181/000334
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico
Diputada doña Paloma Gázquez Collado
Texto:
El pasado 6 de febrero se produjo el derrumbamiento del vertedero de Zaldibar, que al margen de otros graves problemas, llevó consigo la desaparición de dos personas. Por ello se plantea la siguiente pregunta:
¿Tenía constancia el Gobierno de España de para qué tipo de residuo estaba diseñado el Proyecto?
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de junio de 2020.-Paloma Gázquez Collado, Diputada.
181/000335
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico
Diputada doña Paloma Gázquez Collado
Texto:
El pasado 6 de febrero se produjo el derrumbamiento del vertedero de Zaldibar, que al margen de otros graves problemas, llevó consigo la desaparición de dos personas. Por ello se plantea la siguiente pregunta:
¿Tenía conocimiento el Gobierno de España del proyecto del vertedero de Zaldibar y si cumplía lo regulado por el Real Decreto 1481/2001?
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de junio de 2020.-Paloma Gázquez Collado, Diputada.
181/000336
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico
Diputada doña Paloma Gázquez Collado
Texto:
El pasado 6 de febrero se produjo el derrumbamiento del vertedero de Zaldibar, que al margen de otros graves problemas, llevó consigo la desaparición de dos personas. Por ello se plantea la siguiente pregunta:
¿Controló el Gobierno de España qué tipo de vertidos se estaban recogiendo en el vertedero de Zaldibar?
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de junio de 2020.-Paloma Gázquez Collado, Diputada.
181/000337
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico
Diputada doña Paloma Gázquez Collado
Texto:
El pasado 6 de febrero se produjo el derrumbamiento del vertedero de Zaldibar, que al margen de otros graves problemas, llevó consigo la desaparición de dos personas. Por ello se plantea la siguiente pregunta:
¿Revisó el Gobierno de España si se siguieron los procedimientos de control y vigilancia durante la fase de explotación?
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de junio de 2020.-Paloma Gázquez Collado, Diputada.
181/000338
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico
Diputada doña Paloma Gázquez Collado
Texto:
El pasado 6 de febrero se produjo el derrumbamiento del vertedero de Zaldibar, que al margen de otros graves problemas, llevó consigo la desaparición de dos personas. Por ello se plantea la siguiente pregunta:
¿Va a pedir responsabilidades el Gobierno de España al Gobierno Vasco sobre este accidente?
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de junio de 2020.-Paloma Gázquez Collado, Diputada.
181/000339
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico
Diputada doña Paloma Gázquez Collado
Texto:
El pasado 6 de febrero se produjo el derrumbamiento del vertedero de Zaldibar, que al margen de otros graves problemas, llevó consigo la desaparición de dos personas. Por ello se plantea la siguiente pregunta:
¿Está realizando el Gobierno de España alguna investigación sobre lo sucedido?
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de junio de 2020.-Paloma Gázquez Collado, Diputada.
Comisión de Sanidad y Consumo
181/000345
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Sanidad y Consumo
Diputada doña Elena Castillo López
Texto:
¿Qué líneas de trabajo está diseñando el Ministro de Consumo para la tercera dimensión del turismo?
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de junio de 2020.-Elena Castillo López, Diputada.
181/000346
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Sanidad y Consumo
Diputada doña Elena Castillo López
Texto:
¿Qué propone el Señor Ministro para España cuando afirma que cualquier país desarrollado con una capacidad alta de proceder al reparto de salarios elevados y alta productividad, requiere de un cambio estructural?
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de junio de 2020.-Elena Castillo López, Diputada.