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BOCG. Sección Cortes Generales, serie A, núm. 217, de 22/03/2022
cve: BOCG-14-CG-A-217
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BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES
SECCIÓN CORTES GENERALES
XIV LEGISLATURA
Serie A: ACTIVIDADES PARLAMENTARIAS
22 de marzo de 2022
Núm. 217
ÍNDICE
Control de la acción del Gobierno
PROPOSICIONES NO DE LEY/MOCIONES
Comisión Mixta de Control Parlamentario de la Corporación RTVE y sus Sociedades
161/003903 (CD)
663/000188 (S) ;Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la campaña de denuncia internacional por parte de RTVE ante los ataques a la libertad de expresión e información en Rusia ...
161/003905 (CD)
663/000189 (S) ;Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la información sobre la invasión de Ucrania por parte de Rusia ... (Página4)
Comisión Mixta para el Estudio de los Problemas de las Adicciones
661/001515 (S)
161/003911 (CD) ;Moción presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado or la que se insta al Gobierno a la adopción de determinadas medidas para fortalecer la red asistencial incorporando a las personas más vulnerables como son
las personas exconsumidoras o con algún problema de consumo ... (Página6)
Comisión Mixta para la Coordinación y Seguimiento de la Estrategia Española para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)
161/003908 (CD)
663/000190 (S) ;Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, relativa al derecho a la energía ... (Página8)
161/003922 (CD)
663/000191 (S) ;Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa al fortalecimiento del respeto político e institucional y al compromiso con el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 16 de Paz, Justicia e
Instituciones Sólidas ... (Página11)
161/003923 (CD)
663/000192 (S) ;Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa al impulso de la protección de la superficie marina de España, en cumplimiento del Objetivo de Desarrollo Sostenible 14 ...
161/003924 (CD)
663/000193 (S) ;Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa a nuevos indicadores 'Más allá del PIB' ... (Página15)
Control de la aplicación del principio de subsidiariedad
Comisión Mixta para la Unión Europea
282/000134 (CD)
574/000123 (S) ;Informe 13/2022 de la Comisión Mixta para la Unión Europea, sobre la aplicación del principio de subsidiariedad respecto de la Propuesta de Directiva del Consejo por la que se fijan las modalidades de ejercicio del derecho
de sufragio activo y pasivo en las elecciones municipales por parte de los ciudadanos de la Unión residentes en un Estado miembro el que no sean nacionales (versión refundida) [COM (2021) 733 final] [COM (2021) 733 final anexos] [2021/0373 (CNS)]
[SEC (2021) 576 final] [SWD (2021) 357 final] [SWD (2021) 358 final] ... (Página19)
282/000137 (CD)
574/000126 (S);Informe 14/2022 de la Comisión Mixta para la Unión Europea, sobre la aplicación del principio de subsidiariedad respecto de la Propuesta de Directiva del Consejo por la que se fijan las modalidades de ejercicio del derecho de
sufragio activo y pasivo en las elecciones al Parlamento Europeo por parte de los ciudadanos de la Unión residentes en un Estado miembro del que no sean nacionales (versión refundida) [COM (2021) 732 final] [COM (2021) 732 final anexos] [2021/0372
(CNS)] [SEC (2021) 576 final] [SWD (2021) 357 final] [SWD (2021) 358 final] ... (Página21)
CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO
PROPOSICIONES NO DE LEY/MOCIONES
Comisión Mixta de Control Parlamentario de la Corporación RTVE y sus Sociedades
161/003903 (CD)
663/000188 (S)
La Mesa del Congreso de los Diputados, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto al asunto de referencia.
(161) Proposición no de Ley en Comisión.
Autor: Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Proposición no de Ley relativa a la campaña de denuncia internacional por parte de RTVE ante los ataques a la libertad de expresión e información en Rusia.
Acuerdo:
Considerando que se solicita el debate de la iniciativa en Comisión, admitirla a trámite como Proposición no de Ley, conforme al artículo 194 del Reglamento, y disponer su conocimiento por la Comisión Mixta de Control Parlamentario de la
Corporación RTVE y sus Sociedades. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno, al Senado y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la publicación.
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de marzo de 2022.-P.D. El Letrado Mayor de las Cortes Generales, Carlos Gutiérrez Vicén.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la campaña de denuncia
internacional por parte de RTVE ante los ataques a la libertad de expresión e información en Rusia, para su debate en la Comisión Mixta de Control Parlamentario sobre la Corporación RTVE.
Exposición de motivos
Con la invasión de Ucrania por parte de Rusia se han violado todas las normas, convenciones, acuerdos y derechos que amparan y protegen la soberanía de las naciones, y se ha movilizado a la comunidad internacional en el uso de la legítima
defensa sobre la libertad y la democracia de los países libres. Rusia pisotea la legalidad internacional sin el menor escrúpulo ni justificación y Ucrania lucha por sobrevivir a la ocupación y al yugo que Putin trata de imponerle por la fuerza de
las armas.
Las víctimas inocentes se multiplican en muchos rincones de Ucrania, mientras la solidaridad internacional y el concierto democrático de las naciones, organizado fundamentalmente en torno a la OTAN y a la Unión Europea, despliega todas las
iniciativas y medidas disuasorias a su alcance para ayudar a los ucranianos en este desigual combate.
España, como socio leal de la OTAN y de la Unión Europea, respetuosa con la legalidad internacional y como pueblo amante de la libertad debe colaborar solidariamente con toda su fuerza a intentar repeler la agresión rusa y a restablecer el
respeto a la plena soberanía e independencia de Ucrania.
También el pueblo ruso sufre en sus carnes el delirio de Putin sobre Ucrania, padeciendo una cruel represión política, unas condiciones de vida lastimosas, agravadas además por el efecto de las sanciones
económicas impuestas, y un ensañamiento del dictador sobre el ejercicio de las libertades de expresión e información.
Desde el primer momento de la invasión, y a medida que se intensifican los ataques y las atrocidades del ejército ruso sobre el pueblo de Ucrania, se han multiplicado las agresiones, atropellos y censuras que sufre la población rusa en sus
comunicaciones y en sus derechos y libertades relacionadas con la información y la libre expresión.
Con una norma que tiene todos los tintes de una abusiva y deplorable ley marcial, las autoridades rusas han decidido que castigarán con hasta 15 años de cárcel cualquier afirmación sobre sus acciones en Ucrania que ellos mismos califiquen
como falsa. El Parlamento ruso, parodia de una verdadera y democrática representación popular, ha sancionado un concepto de 'desinformación' que es una auténtica burla macabra sobre la verdad de la invasión. Moscú ha bloqueado el acceso de sus
ciudadanos a varios medios occidentales, entre ellos la cadena británica BBC y la alemana Deutsche Welle y el mismo veto se ha extendido a las principales redes sociales Facebook y Twitter. Según el Gobierno de Putin solo las fuentes oficiales
rusas disponen y emiten la información fiable. Putin resucita la policía del pensamiento y la neolengua que magistralmente retrató George Orwell en su obra '1984'.
La Corporación Radiotelevisión Española (RTVE), como medio público de titularidad estatal debe mostrar en todo momento el compromiso más exigente y activo con la causa de la libertad en Ucrania y en contra de la agresión rusa, sin ninguna
duda sobre en quién recae la única responsabilidad de esta guerra brutal. También está obligada a exigir siempre la vigencia y el respeto al derecho de información y expresión que los rusos han perdido con esta invasión ilegal.
Censura y persecución a los periodistas, amenazas a los medios para que desistan de hacer su trabajo de difusión al mundo de los efectos de la guerra y de las protestas crecientes que provoca la invasión, están a la orden del día en Rusia.
Cualquier crítica es tildada de desinformación. Invasión, ofensiva o guerra son términos prohibidos, y tampoco se permiten las referencias a civiles muertos en la invasión de Ucrania. Se ha decretado una colosal patraña que no puede impedir a los
ojos del mundo la comprobación directa del daño y del genocidio que Rusia está llevando a cabo en su vecina Ucrania.
Es necesario hacer una mención sentidamente elogiosa al sacrificio de todos los corresponsales y representantes de los medios de comunicación que tanto desde Rusia como desde Ucrania se juegan la vida para dar a conocer la verdad de la
guerra. Mientras las autoridades rusas mienten una y otra vez sobre la descripción de sus acciones criminales o sobre las restricciones impuestas a los medios de comunicación, algunos medios esquivan como pueden la censura y otros abandonan Rusia
ante las graves consecuencias (multas y cárcel) que el gobierno despótico de Putin ha decretado.
Hay que recordar con emoción y gratitud que Evgeny Sakun, un cámara del canal Kiev Live y ex colaborador de la Agencia de noticias española EFE, falleció el martes 1 de marzo por el ataque ruso con bomba contra la torre de radio y televisión
de Kiev.
La Corporación RTVE, como la Compañía Nacional de Radiodifusión Pública de Ucrania (en ucraniano: ???io?????? ????????? ????????????????? ???????, 'Natsionalna Suspilna Teleradiokompaniya Ukrayiny'), también conocida por la marca Suspilne
(CycninbHe, 'Pública'), forman parte de la Unión Europea de Radiodifusión (UER), como miembros activos. Una organización fundada en 1950 que reúne a un centenar de miembros (activos y asociados) y que se inspira en esta declaración tan oportuna de
traer a la memoria en estas circunstancias:
Creemos que los medios de comunicación de servicio público son la piedra angular de la sociedad democrática, y nosotros somos su voz representativa.
El objetivo de la UER es contribuir a la radiodifusión entre otros, en los siguientes apartados:
1. Promover y desarrollar medios de comunicación de servicio público y sus valores: universalidad, independencia, excelencia, diversidad, responsabilidad social e innovación.
2. Salvaguardar y mejorar la libertad de expresión e información, base de las sociedades democráticas.
3. Potenciar la información plural y la formación libre de opiniones.
Es imprescindible que los ataques rusos a la libertad de comunicación de sus ciudadanos, de periodistas y observadores, no se queden sin respuesta y sin el debido y más duro reproche a escala internacional. Si no existen las condiciones
mínimas necesarias para poder difundir un relato veraz, libre y ajustado a la realidad sobre el conflicto generado por Rusia, se estará extendiendo una densa sombra inaceptable sobre una injusticia, un abuso y un sufrimiento terribles.
Promover en el seno de la UER una campaña de denuncia de los atropellos, amenazas y riesgos ciertos que la libertad de expresión e información corren actualmente en Rusia es un objetivo que está al alcance de un medio público estatal tan
importante como RTVE y es una iniciativa oportuna y absolutamente necesaria en el contexto de la guerra que se vive en Ucrania.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'La Comisión Mixta de Control Parlamentario sobre RTVE insta a la Corporación RTVE a encabezar en el seno de la Unión Europea de Radiodifusión (UER) una intensa campaña internacional que tenga por objeto denunciar con toda firmeza el
atropello, la burla, las amenazas y el secuestro de la libertad de expresión e información en Rusia con motivo de su agresión bélica a Ucrania.
La Corporación RTVE solicitará a la UER la expulsión de este organismo de cualquier miembro que represente al gobierno ruso o comparta con él la censura y limitación injustificable de los derechos de comunicación en Rusia.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de marzo de 2022.-Eduardo Carazo Hermoso, Macarena Montesinos de Miguel, María Valentina Martínez Ferro, Tomás Cabezón Casas, Andrés Lorite Lorite, Tristana María Moraleja Gómez, María Carmen Riolobos
Regadera, Rodrigo Mediavilla Pérez y José Ángel Alonso Pérez, Diputados.-Francisco Javier Lacalle Lacalle, Sergio Ramos Acosta, Asier Antona Gómez, Amelia Salanueva Murguialday y Antonio Silván Rodríguez, Senadores.-Concepción Gamarra Ruiz-Clavijo,
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/003905 (CD)
663/000189 (S)
La Mesa del Congreso de los Diputados, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto al asunto de referencia.
(161) Proposición no de Ley en Comisión.
Autor: Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Proposición no de Ley relativa a la información sobre la invasión de Ucrania por parte de Rusia.
Acuerdo:
Considerando que se solicita el debate de la iniciativa en Comisión, admitirla a trámite como Proposición no de Ley, conforme al artículo 194 del Reglamento, y disponer su conocimiento por la Comisión Mixta de Control Parlamentario de la
Corporación RTVE y sus Sociedades. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno, al Senado y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la publicación.
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de marzo de 2022.-P.D. El Letrado Mayor de las Cortes Generales, Carlos Gutiérrez Vicén.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley, relativa a la información sobre la
invasión de Ucrania por parte de Rusia, para su debate en la Comisión Mixta de Control Parlamentario sobre la Corporación RTVE.
Exposición de motivos
El 24 de febrero de 2022 Rusia invadió Ucrania, nación soberana e independiente cuya integridad territorial no es negociable.
Rusia ha invadido Ucrania infringiendo todas las normas del derecho internacional con un ataque totalmente injustificado e ilegal.
Este ataque, sin embargo, no es sólo un ataque a una nación soberana, hecho que es suficientemente grave en sí mismo, sino que supone una amenaza a la estabilidad y seguridad de Europa, así como al concepto mismo de democracia y al orden
internacional.
España es un país comprometido con el derecho internacional, con la Carta de Naciones Unidas, que en su artículo 2.4 refiere que la integridad territorial de los estados es inviolable, y con sus socios de la Unión Europea y de la OTAN. Por
ello, el Gobierno de España debe tomar, en el seno de las organizaciones internacionales de las que forma parte, todas las medidas que sean necesarias, incluyendo el apoyo con los recursos materiales -también los de carácter militar- que solicite el
gobierno de Ucrania para poder defender su soberanía, para responder a esta terrible agresión, restablecer la paz y la libertad y defender la democracia en Ucrania.
Mientras estos objetivos se alcanzan, España debe mostrar su solidaridad con todos aquellos ciudadanos ucranianos que han tenido que dejar su hogar huyendo de la guerra, empezando por ofrecer en sus más importantes medios públicos de
comunicación un relato veraz y ajustado a la realidad histórica de la trayectoria e identidad ideológica del sátrapa Vladimir Putin.
Algunos medios informativos como RTVE recuerdan en estas fechas el gobierno autocrático zarista que había en Rusia antes de 1917 y la revolución que terminó con él, olvidando la estrecha y directa vinculación del mismo Putin con el régimen
del estalinismo y comunismo nacido de aquella revolución, que ha escrito las páginas más negras de la historia y causado millones de muertos, además de atentar contra todas las libertades y derechos humanos.
En una escalada creciente de amenazas y agresiones a la libertad de expresión, Rusia bloquea medios extranjeros (como las cadenas BBC o Deutsche Welle) y redes sociales (Facebook y Twitter) con una nueva ley que castiga con cárcel 'la
desinformación' y que en realidad persigue la censura, silenciar a la disidencia y las protestas internas de oposición a la guerra. Con una iniciativa semejante a una ley marcial, Putin pretende dominar los medios de comunicación y castigar las
críticas obstruyendo el acceso a la información.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'La Comisión Mixta de Control Parlamentario RTVE y sus Sociedades insta a la Corporación a:
- Primero. Denunciar y condenar de manera firme y explícita la invasión de Ucrania por parte de Rusia y el uso de la fuerza contra un país soberano, así como respaldar las actuaciones del Gobierno de España, junto a nuestros aliados de la
OTAN y de la UE, para poner fin inmediato a esta incalificable invasión de un estado soberano y democrático, y expresar nuestro apoyo y solidaridad a Ucrania y al pueblo ucraniano, que hacemos extensivos a los más de 112.000 mil ucranianos que
residen en nuestro país.
- Segundo. Reconocer y homenajear el trabajo, sacrificio y valor de todos los corresponsales de los medios de comunicación que sobre los mismos escenarios de la guerra en Ucrania realizan un trabajo esencial de información para la causa de
la libertad y la democracia exponiendo su propia vida. El bombardeo del ejército ruso contra la torre de televisión de la capital de Ucrania, Kiev, ha dejado entre las víctimas mortales la de Yevhenii Sakun, excolaborador como cámara de la Agencia
de noticias EFE.
- Tercero. Que ante los intentos de censurar la libertad de información y manipular el relato de la historia por parte de Rusia, Instar a la Corporación RTVE para que establezca un criterio informativo nítido e indubitado sobre la
vinculación de Vladimir Putin, agresor de Ucrania, con el régimen estalinista y comunista que representa, como heredero de la más cruel y duradera dictadura que persiste todavía en el mundo.
- Cuarto. Mantener una línea de información rigurosa, constante y permanente de las iniciativas de la comunidad internacional y de los organismos de los que España forma parte o a los que está vinculado por lazos del derecho internacional,
para repeler la agresión y para tratar de poner fin al ataque ruso sobre Ucrania.
- Quinto. Que como muestra de apoyo y solidaridad hacia Ucrania y al pueblo ucraniano que reside en nuestro país, brindar toda la colaboración de RTVE en los planes de ayuda humanitaria a la población civil ucraniana, así como a todas las
iniciativas para la acogida masiva de refugiados ucranianos que huyan de la guerra.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de marzo de 2022.-Macarena Montesinos de Miguel, Eduardo Carazo Hermoso, María Valentina Martínez Ferro, Tomás Cabezón Casas, Andrés Lorite Lorite, Tristana María Moraleja Gómez, Carmen Riolobos
Regadera, Rodrigo Mediavilla Pérez y José Ángel Alonso Pérez, Diputados.-Francisco Javier Lacalle Lacalle, Sergio Ramos Acosta, Asier Antona Gómez, Amelia Salanueva Murguialday y Antonio Silván Rodríguez, Senadores.-Concepción Gamarra Ruiz-Clavijo,
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Comisión Mixta para el Estudio de los Problemas de las Adicciones
661/001515 (S)
161/003911 (CD)
La Presidencia del Senado, en ejercicio de la delegación conferida por la Mesa en su reunión del día 12 de diciembre de 2019, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto al asunto de referencia.
Moción en Comisión.
Autor: Grupo Parlamentario Popular en el Senado.
Moción por la que se insta al Gobierno a la adopción de determinadas medidas para fortalecer la red asistencial incorporando a las personas más vulnerables como son las personas exconsumidoras o con algún problema de consumo.
Acuerdo:
Admitir a trámite, conforme al artículo 177.1 del Reglamento de la Cámara, y disponer su conocimiento por la Comisión Mixta para el Estudio de los Problemas de las Adicciones; asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno, al Congreso de
los Diputados, a los Portavoces de los Grupos Parlamentarios y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales (Sección Cortes Generales).
En consecuencia se ordena la publicación en la Sección Cortes Generales del BOCG, de conformidad con lo establecido en el Acuerdo de las Mesas del Congreso de los Diputados y del Senado de 19 de diciembre de 1996.
Palacio del Senado, 8 de marzo de 2022.-P.D. El Letrado Mayor del Senado, Manuel Cavero Gómez.
A la Presidencia del Senado
El Grupo Parlamentario Popular, a iniciativa de Dña. Patricia Rodríguez Calleja, senadora electa por Ávila; Dña. Amaya Landín Díaz de Corcuera, senadora electa por Cantabria; Dña. Ana Isabel Alós López, senadora electa por Huesca; Dña.
Violante Tomás Olivares, senadora electa por Murcia; D. Francisco José Fernández Pérez, senador electo por Ourense; D. Bienvenido de Arriba Sánchez, senador electo por Salamanca; D. Sergio Ramos Acosta, senador electo por Gran Canaria, y al
amparo de lo dispuesto artículo 177 del Reglamento de la Cámara, solicita la tramitación de la siguiente Moción ante la Comisión de Mixta para el Estudio de los Problemas de las Adicciones.
En 2020, la Delegación del Gobierno Para el Plan Nacional Sobre Drogas (DGPNSD) llevó a cabo la evaluación del Plan de Acción Sobre Adicciones 2018-2020 con todas las dificultades añadidas por la pandemia en cuyos resultados se manifestaba
que:
- De seis acciones de atención integral y multidisciplinar a las adicciones que contempla la Estrategia Nacional Sobre Adicciones (ENA), una está aún sin empezar y dos están en curso.
- De seis acciones de prevención de las adicciones que contempla la ENA, tres están en curso (las otras tres finalizadas).
- En el área de incorporación social solo hay una acción prevista y se encuentra en curso, las personas exconsumidoras o personas que tienen algún problema de consumo y están en tratamiento (sin trabajar la incorporación social, el éxito del
tratamiento se reduce sustancialmente).
- De tres acciones de reducción del daño que contempla la ENA, las tres están en curso. Consideramos que habiendo sido España pionera en reducción de daños a nivel europeo y mundial, se están perdiendo muchos servicios de reducción de daños
que tienen un alto valor y evidencia.
- En la última Comisión de Estupefacientes de la ONU 2021 hubo dos servicios de reducción de daños españoles que se presentaron como buenas experiencias (ambos servicios gestionados por ONGs de la Red UNAD en Euskadl y Cataluña). Y, sin
embargo, son casos aislados en el país. De hecho, uno de ellos está en peligro de desaparecer.
- El 37,5 % de las acciones de la meta 1 de la ENA (hacia una sociedad más saludable) no han sido alcanzadas todavía.
En estos resultados hay que tener en cuenta la coyuntura derivada de la COVID-19, en la que los servicios de atención a las adicciones soportan una presión mayor a la habitual (además de nuevas personas usuarias en centros socio-sanitarios
de adicciones, la tasa de recaídas ha aumentado).
El incremento por consumos problemáticos de juego y juego online, la situación de aislamiento social y junto a la posterior desescalada especialmente en población joven, ha ocasionado que estos colectivos vulnerables sean los primeros
afectados y los primeros en sufrir las consecuencias (pérdida de empleo, problemas de acceso a la vivienda, etc.), además de nuevos fenómenos a los que responder (como, por ejemplo, el chemsex o el consumo abusivo de internet).
En los Presupuestos Generales del Estado para 2021 se introdujo un nuevo programa con los fondos REACT EU, el programa 230 B dirigido al desarrollo de la DGPNSD1, dotado con 13,2 millones de euros, que finalmente el Gobierno de España
trasladó esta partida correspondiente a la adquisición de vacunas.
Resulta muy preocupante que no está yendo aparejado el aumento de la demanda con un aumento en la inversión presupuestaria y de recursos.
Las políticas de reducción de la demanda del consumo de drogas (programas de prevención, tratamiento, reducción de daños e incorporación social) son imprescindibles en nuestra sociedad y requiere del apoyo presupuestario para cubrir su
alcance a nivel cuantitativo y cualitativo.
Por ello es necesario, completar las acciones en marcha y pendientes del Plan de Acción Sobre Adicciones 2018-2020 y el Plan de Acción Sobre Adicciones 2021-2024, y dar respuesta a las necesidades de salud y sociales de un colectivo
vulnerable como es el de las personas con problemas de consumo u otras adicciones. Necesidades que han quedado mal dimensionadas tras la pandemia en la Estrategia Nacional de Adicciones, ya que ésta se diseñó en un contexto pre-pandemia.
La labor de la DGPNSD es clave para Impulsar la cohesión y promover la integración social e incorporación de personas vulnerables a la sociedad. La asistencia psicológica, médica y social se puede cubrir, aunque de manera limitada,
telemáticamente en aquellos casos más urgentes.
Algunas entidades del tercer sector del ámbito de las adicciones han iniciado este camino a raíz de la pandemia, pero lo han hecho sin recursos y sin financiación.
Es necesario invertir en esta transformación digital y formar a los equipos profesionales.
Por todo cuanto antecede, el Grupo Parlamentario Popular propone a la aprobación de la Comisión la siguiente
Moción.
'La Comisión de Mixta para el Estudio de los Problemas de las Adicciones insta al Gobierno en coordinación con las CCAA a fortalecer la red asistencial e incorporar cuanto antes el presupuesto destinado a programas de prevención,
incorporando a las personas más vulnerables como son las personas exconsumidoras o personas que tienen algún problema de consumo para que organizaciones de la sociedad civil puedan colaborar a mejorar la calidad de vida y la defensa de derechos de
las personas con problemas de consumo o adicciones, así como de sus familias, a través:
1. Prevenir y paliar los impactos de la pandemia (aumento del consumo compulsivo de internet, sobre todo, en menores y adolescentes, aumento de consumos problemáticos de juego y juego online.
2. Adaptación a la vía telemática: es urgente que la atención sociosanitaria a las adicciones se pueda prestar de manera telemática para aquellas personas no afectadas por la brecha digital (manteniendo la presencialidad, sobre todo para
quienes sufren la brecha digital).
3. Poner en marcha recursos habitacionales para personas sin hogar con problemas de consumo. Introducir servicios de reducción de daños en estos recursos habitacionales. Introducir perspectiva de género en estos recursos.
4. Invertir en programas de prevención de las adicciones. No solo de drogas sino también de adicciones sin sustancia como al juego. El crecimiento de problemas de consumo del juego online y el uso abusivo de internet se ha agravado por la
situación de aislamiento social y la limitación de actividades, especialmente en la infancia y juventud.
5. Refuerzo de centros residenciales que den respuesta a las necesidades de las mujeres con problemas de adicciones. Se estima que entorno al 85-90 % de las mujeres que atendemos en la red son víctimas de violencias de género. En España
apenas existen centros que aborden esta doble problemática (las adicciones y las violencias de género).'
Coste económico: No es posible realizar dicha estimación por no tener los datos o herramientas precisos, por lo que serán los Ministerios correspondientes los que tengan que establecerlo.
Palacio del Senado, 7 de marzo de 2022.-Javier Ignacio Maroto Aranzábal, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Senado.
Comisión Mixta para la Coordinación y Seguimiento de la Estrategia Española para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)
161/003908 (CD)
663/000190 (S)
La Mesa del Congreso de los Diputados, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto al asunto de referencia.
(161) Proposición no de Ley en Comisión.
Autor: Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común.
Proposición no de Ley relativa al derecho a la energía.
Acuerdo:
Considerando que se solicita el debate de la iniciativa en Comisión, y entendiendo que es la Comisión Mixta la que insta al Gobierno a la adopción de las medidas correspondientes, admitirla a trámite como Proposición no de Ley, conforme al
artículo 194 del Reglamento, y disponer su conocimiento por la Comisión Mixta para la Coordinación y Seguimiento de la Estrategia Española para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno,
al Senado, al Grupo proponente y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la publicación.
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de marzo de 2022.-P.D. El Letrado Mayor de las Cortes Generales, Carlos Gutiérrez Vicén.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Confederal Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente
Proposición no de Ley relativa al derecho a la energía para su debate en la Comisión Mixta para la Coordinación y Seguimiento de la Estrategia Española para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).
Exposición de motivos
El artículo 47 de la Constitución Española (CE) reconoce el derecho al disfrute de una vivienda digna y adecuada e impone seguidamente a los poderes públicos el deber de promover las condiciones necesarias que garanticen la igualdad en el
ejercicio de los derechos. Por su parte, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas, en su Observación General número 4, ha determinado que el contenido del Derecho a la Vivienda Adecuada incluye el acceso
permanente a 'recursos naturales y comunes, a agua potable, a energía para la cocina, la calefacción y el alumbrado, a instalaciones sanitarias y de aseo, de almacenamiento de alimentos, de eliminación de desechos, de drenaje y a servicios de
emergencia'.
Por tanto, el acceso a suministros básicos como el agua, la electricidad o el gas en el hogar es una condición sine qua non para el desarrollo de una vida en condiciones de dignidad.
El suministro de electricidad es, en definitiva, un servicio esencial, básico y de interés general, imprescindible para el desarrollo de la vida cotidiana de las personas. Además, se trata de un derecho instrumental para el ejercicio de
otros derechos fundamentales reconocidos en la CE como son el derecho a la educación (art. 27) o a la salud (art. 43), y del que también dependen las posibilidades de búsqueda de empleo y desarrollo profesional (art. 35), entre otros derechos.
Cada vez existe mayor consenso sobre la defensa del derecho a la energía y garantía de acceso universal. La consolidación de esta reivindicación se refleja en propuestas normativas globales como el Objetivo de Desarrollo Sostenible número
7, que reclama 'el acceso a la energía asequible, fiable, sostenible y moderna para todos'.
A pesar de que el acceso a la energía debería estar garantizado, tal y como está establecido en el ordenamiento jurídico español e internacional, hay en España al menos una docena de barrios y asentamientos en los que de manera constante -y
en algunos casos desde hace años- se vienen produciendo interrupciones en el suministro eléctrico.
Entre ellos se encuentran la Cañada Real Galiana (Madrid); el Distrito Norte (Granada); la Font de la Pólvora (Girona); el Puche, la Chanca y el Quemadero (Almería); Sant Ro (Badalona), o el Polígono Sur (Sevilla). En dichos lugares,
las compañías eléctricas están procediendo a la interrupción del suministro de forma periódica o permanente, dejando sin electricidad a familias en una decisión justificada en supuestas razones de seguridad, que vinculan a las presuntas
sobretensiones generadas por prácticas puntuales de cultivo de sustancias ilícitas. A ello se suma la antigüedad de las instalaciones y la falta de inversión para su mantenimiento en condiciones adecuadas, e incluso la ausencia total de
infraestructuras. La situación afecta particularmente a aquellos barrios en situación de mayor vulnerabilidad social.
El caso más conocido es el de los sectores 5 y 6 de la Cañada Real Galiana, que desde hace más de un año no cuentan con suministro regular de energía eléctrica. Esta circunstancia está afectando a más de 4.500 personas, entre ellas 1.800
menores de edad. Los problemas principales del asentamiento son bien conocidos en cuanto al incumplimiento de derechos básicos y la precariedad de las condiciones de vida que padece su población. Están marcadas por la pobreza y la carencia de
servicios básicos y de una vivienda digna, lo que se traduce en riesgos muy serios para la salud, dificultades de escolarización y abandono escolar, desempleo o inseguridad ciudadana, entre otros problemas; todo ello agravado por pandemia de la
COVID-19.
Fuentes oficiales indican que el alto consumo que ha provocado la falta de suministro a las viviendas residenciales podría deberse a la existencia de invernaderos de cultivos ilícitos, que generarían una sobredemanda de electricidad que
activaría automáticamente las protecciones de la línea por sobrecarga eléctrica. Aunque pueda existir esta realidad, lo cierto es que no por ello se puede permitir un impacto tan negativo sobre el conjunto de la población como el que provoca la
ausencia prolongada de suministro eléctrico para las personas que residen en este asentamiento y que tratan de salir adelante con su esfuerzo y trabajo.
Ante esta situación, en diciembre de 2020 nueve relatores especiales del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas alertaron al Gobierno de España respecto a la magnitud del problema de exclusión social y de vulneración de derechos
básicos que experimentan los habitantes de la Cañada Real Galiana, calificándolo de catástrofe humanitaria y de derrota de los derechos sociales. Las
consecuencias de la ausencia de electricidad están agravando las situaciones de extrema vulnerabilidad y riesgo social de los habitantes de la Cañada, vulnerando los derechos de la infancia a una vivienda adecuada y, como consecuencia, su
derecho a la alimentación, educación y, en definitiva, a una vida en condiciones de dignidad.
Los habitantes de la Cañada llevan años esperando la colaboración efectiva de las administraciones autonómica y locales competentes para la reactivación del Plan Regional por la Cañada Real Galiana. Este Plan debía dar solución al problema
de asentamiento irregular, realojando a las familias en situación de vulnerabilidad extrema y promoviendo obras de acondicionamiento urbanístico, la prestación de los servicios sociales básicos y la reactivación del suministro eléctrico.
El pasado mes de noviembre, el Consejo de Ministros aprobó, a instancias e iniciativa del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, el Real Decreto 1058/2021, de 30 de noviembre, por el que se regula la concesión directa de subvenciones
por valor de 5 millones de euros a los Ayuntamientos de Madrid y de Rivas-Vaciamadrid para la realización de programas de realojo para familias en situación de vulnerabilidad social extrema en los sectores 4, 5 y 6 de la Cañada Real Galiana. Esta
partida, proveniente del Programa 921Y de la Secretaría de Estado para la Agenda 2030 en los Presupuestos Generales del Estado, debe servir para que las administraciones competentes cumplan con su responsabilidad y activen los protocolos para
cumplir con dicho Pacto Regional, revirtiendo la situación de pobreza y de exclusión social y la vulneración de derechos básicos que experimenta su población.
Lamentablemente, este no es el único caso. Los vecinos del distrito Norte de Granada, que lidera las listas de desempleo de esta capital, conviven desde hace más de una década con constantes cortes de suministros y apagones que se agudizan
tanto con el calor como con las bajas temperaturas. Se repite el relato y la criminalización de este barrio por parte de Endesa, la compañía eléctrica encargada del suministro en este caso, que justifica los cortes de energía achacándolos a los
enganches ilegales a la luz que podrían estar alimentando plantaciones de cultivos ilícitos. Las mismas autoridades que plantean esta hipótesis reconocen que, en todo caso, no más del 2% de las viviendas existentes estarían dedicadas a esas
actividades ilegales. Lo mismo ocurre en el barrio de Font de la Pólvora en Girona, donde desde hace cinco años los vecinos sufren cortes de luz diarios y redadas policiales que buscan contadores 'pinchados'. La línea eléctrica del barrio,
instalada en los años 70, no está modernizada, pero tanto Endesa como las administraciones competentes justifican los cortes de luz en las actividades ilícitas.
El problema de los cortes de electricidad en estas zonas no es un hecho puntual ni extraordinario, no es un escenario aislado ni una foto fija que afecte a pocas familias. Es una forma de vida, una realidad con efectos colaterales y un
fenómeno que aumenta el círculo vicioso de la desigualdad.
Los estereotipos tienen efectos letales, especialmente, cuando la carga de la prueba recae sobre sectores de la sociedad que viven en condiciones de precariedad o son extremadamente vulnerables. Estas situaciones vulneran la consecución en
España de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030; en particular, los números 10 (reducción de las desigualdades), 11 (lograr que las ciudades sean más inclusivas, seguras, resilientes y sostenibles), 1 (poner fin a la pobreza en
todas sus formas), 3 (garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades, 4 (garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad) o 5 (lograr la igualdad de género y empoderar a todas las mujeres y las niñas),
entre otros objetivos.
Por todo ello, el Grupo Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Poner fin, en colaboración con las Administraciones públicas y empresas eléctricas, a los cortes de suministros básicos de forma general en zonas afectadas, y especialmente en aquellas socialmente vulnerables.
2. Acelerar las medidas que se están llevando a cabo en la Cañada Real e intensificar con urgencia los mecanismos de cooperación con las administraciones territoriales competentes, tal como dispone el Pacto Regional por la Cañada Real
Galiana, firmado el 17 de mayo de 2017 en la Real Casa de Correos, por la Administración General del Estado, a través de la Delegación del Gobierno en Madrid, la Comunidad
de Madrid, los Ayuntamientos de Coslada, Madrid, y Rivas-Vaciamadrid y por los Grupos Políticos con representación en la Asamblea de Madrid, y que implica los siguientes objetivos:
- Restaurar el medio natural del territorio en aquellos casos que tengan nula capacidad de acogida para usos residenciales o actividades económicas.
- Regularizar la situación patrimonial y urbanística de los inmuebles y/o parcelas mediante un proyecto de renovación urbana basado en los principios de legalidad, derecho a la vivienda y derecho a la ciudad.
- Elaborar e implementar una estrategia para el realojo de la población que ya sea por razones territoriales, ambientales, de seguridad o de salubridad no puedan continuar en sus viviendas o infraviviendas y adoptar medidas urgentes para
salvaguardar la integridad, salubridad e integración de la población más desfavorecida bajo el enfoque y obligaciones derivadas de los Tratados Internacionales de Derechos Humanos suscritos por España, y de los compromisos de la Agenda 2030 para el
Desarrollo Sostenible, incluyendo las premisas establecidas en la Conferencia de Naciones Unidas sobre Vivienda y Desarrollo Urbano Sostenible 'Habitat III', enmarcados en la denominada Nueva Agenda Urbana (2016).
- Ofrecer una solución transitoria mientras concluyen los realojos para garantizar el acceso a la electricidad por parte de la población afectada por los cortes de suministro.
- Diseñar, de forma coordinada con las Administraciones públicas competentes, un mecanismo eficaz y periódico de rendición de cuentas ante la ciudadanía sobre los progresos alcanzados en la consecución de los citados objetivos del Pacto
Regional por la Cañada Real Galiana.
3. Impulsar una normativa que prohíba expresamente los cortes del suministro eléctrico generalizado, incluyendo mecanismos para investigar las prácticas de las compañías eléctricas en aquellas zonas donde no garanticen el acceso al
suministro eléctrico y fijando un régimen sancionador que logre disuadir a las compañías de la realización de dichas prácticas.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de marzo de 2022.-Ismael Cortés Gómez, Diputado.-Aina Vidal Sáez, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común.
161/003922 (CD)
663/000191 (S)
La Mesa del Congreso de los Diputados, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto al asunto de referencia.
(161) Proposición no de Ley en Comisión.
Autor: Grupo Parlamentario Socialista.
Proposición no de Ley relativa al fortalecimiento del respeto político e institucional y al compromiso con el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 16 de Paz, Justicia e Instituciones Sólidas.
Acuerdo:
Considerando que se solicita el debate de la iniciativa en Comisión, admitirla a trámite como Proposición no de Ley, conforme al artículo 194 del Reglamento, y disponer su conocimiento por la Comisión Mixta para la Coordinación y Seguimiento
de la Estrategia Española para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno, al Senado y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la publicación.
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de marzo de 2022.-P.D. El Letrado Mayor de las Cortes Generales, Carlos Gutiérrez Vicén.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Socialista, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa al fortalecimiento del respeto político e institucional y al compromiso
con el Objetivo de Desarrollo Sostenible n.º 16 de Paz, Justicia e Instituciones Sólidas, para su debate en la Comisión Mixta para la Coordinación y Seguimiento de la Estrategia Española para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).
Exposición de motivos
En el último barómetro del CIS -enero de 2022- se vuelve a observar que la política y los diferentes elementos relacionados a ella siguen siendo un foco de preocupación para los españoles.
El comportamiento inadecuado de algunos políticos continúa siendo uno de los principales problemas que la ciudadanía piensa que existe en España. Este problema representa el 15,6 % de preocupación para los españoles, siendo la quinta
preocupación del conjunto de la ciudadanía, que recoge el barómetro del CIS del mes de enero de 2022.
Huelga decir que no es un hecho aislado de este mes. Ya en anteriores barómetros se observa que el entorno político, con las sucesivas variables, representan un polo de malestar para la sociedad española. La polarización, crispación, falta
de acuerdos y de respeto institucional son causas que generan desafección ciudadana por la política que se visualiza en los termómetros demoscópicos.
Esta carencia de respeto hacia las instituciones y la política se vuelve habitual en las diferentes Administraciones de nuestro país. El Congreso de los Diputados, el Senado, parlamentos autonómicos y ayuntamientos albergan, en numerosas
ocasiones, crispación y polarización, creando un clima que es percibido negativamente por la población. Estos comportamientos dañan las instituciones que nos hemos dado entre todos para el debate de ideas y convicciones que representan al conjunto
de la ciudadanía.
El crecimiento de la polarización sociopolítica como consecuencia de la crisis sanitaria, ha multiplicado comportamientos radicales y poco moderados de algunos miembros de la oposición en nuestro país. Algunos representantes de la derecha
política han aumentado el tono discursivo de forma muy agresiva, poco moderada e, incluso, con una prolífica lista de insultos y descalificaciones propia de entornos poco adecuados y muy alejados de parecerse a la cultura parlamentaria connatural de
cualquier democracia consolidada. El Congreso de los Diputados ha asistido durante esta Legislatura a sesiones muy desafortunadas que han contribuido a trasladar mensajes negativos hacia la ciudadanía.
El ejemplo más reciente es la situación vivida durante la tramitación de la reforma laboral. Ante un error humano cometido por un diputado del grupo popular en la votación que permitió la aprobación de la misma, el propio Partido Popular ha
tildado la validación de la norma como 'pucherazo', 'prevaricación' o 'secuestro de la democracia'. Este tipo de comportamientos no hace más que dañar y erosionar la fortaleza de nuestra democracia. Es otro ejemplo más de la falta de respeto
institucional que se ha instalado en el panorama político.
Estos discursos que insultan, ridiculizan, marcan y deshumanizan al adversario político son el germen de discursos de odio que nos trasladan a otros momentos históricos propios de épocas con tintes oscuros. Como consecuencia, generan un
enfrentamiento en la sociedad española que contribuyen al alto grado de desafección política que vienen recogiendo los diversos estudios de opinión política sobre satisfacción y confianza hacia el sistema político; en contraste con la percepción
internacional que se hace del nivel de calidad democrática de España 1.
Es oportuno mencionar que el auge del populismo, extremismo y radicalidad en las democracias occidentales -como en Polonia o Hungría- han sido exportados y asumidos por diferentes organizaciones políticas de la derecha y extrema derecha
española. Por ejemplo, en Polonia, el partido Ley y Justicia ha acrecentado tanto el nivel de polarización, que ha generado tal fractura social que sigue manteniéndose y profundizándose a día de hoy 2. En Hungría, Viktor Orbán, líder de FIDESZ,
partido gobernante húngaro, y vinculado con la extrema derecha española representada por VOX, ha sustituido el orden democrático liberal surgido tras la caída de la URSS por una autocracia que difumina los límites de la separación de poderes.
El orden democrático social y de derecho consolidado tras la caída del muro de Berlín en 1989 está siendo sustituido por democracias iliberales 3 basadas en un autoritarismo que se apoya en el populismo
1 Real Instituto Elcano. 2022. España en el mundo 2022: perspectivas y desafíos en democracia, derechos y ciudadanía.
2 Anne Applebaum. El ocaso de la democracia. 2022.
3 Ivan Krastev y Stephen Holmes. La luz que se apaga: cómo Occidente ganó la Guerra Fría pero perdió la paz. 2019.
creciente. El aumento de estas fuerzas políticas en democracias jóvenes surgidas tras la desintegración de la URSS está siendo cogidas como ejemplos en organizaciones de extrema derecha en democracias consolidadas como el Frente Nacional en
Francia, AfD en Alemania, La Lega en Italia o VOX en España. Las consecuencias de las crisis socioeconómicas y sanitarias -gran recesión de 2008 o la COVID-19- han espoleado estos movimientos amenazando el Estado social y de derecho que ha generado
el mayor periodo de estabilidad política en el mundo.
En España, es prioritario que el principal partido de la oposición, el Partido Popular, recupere el sentido de Estado para que pueda continuar contribuyendo al desarrollo de la democracia. En situaciones de crisis económica, política y
social es frecuente que opciones populistas consigan hacerse un espacio a causa de la incertidumbre en las sociedades. Por ello, es más necesario si cabe, la responsabilidad de aquellos partidos políticos con mayor experiencia parlamentaria.
Los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, en particular, el ODS 16: Paz, Justicia e Instituciones Sólidas, muestra la importancia de consolidar y fortalecer las instituciones como parte del Estado de Derecho. La
transparencia y rendición de cuentas construyen instituciones eficaces que benefician la salud de las democracias.
Por todas estas razones, es de suma importancia promover y recuperar el respeto institucional y político y ahuyentar los espacios de populismo y autoritarismo que intentan asentarse y destruir las principales democracias europeas.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'La Comisión Mixta de planificación y estrategia de los Objetivos de Desarrollo Sostenible reafirma su compromiso por el respeto político e institucional y el fortalecimiento de la democracia, y se compromete con el Objetivo de Desarrollo
Sostenible n.º 16 de Paz, Justicia e Instituciones Sólidas resaltando la importancia de consolidar y fortalecer las Instituciones como parte del Estado de Derecho.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de marzo de 2022.-Noemí Villagrasa Quero, María Montserrat García Chavarría, Daniel Senderos Oraá y Javier Alfonso Cendón, Diputados.-Ana Belén Fernández Casero y Rafaela Crespín Rubio, Portavoces
del Grupo Parlamentario Socialista.
161/003923 (CD)
663/000192 (S)
La Mesa del Congreso de los Diputados, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto al asunto de referencia.
(161) Proposición no de Ley en Comisión.
Autor: Grupo Parlamentario Socialista.
Proposición no de Ley relativa al impulso de la protección de la superficie marina de España, en cumplimiento del Objetivo de Desarrollo Sostenible 14.
Acuerdo:
Considerando que se solicita el debate de la iniciativa en Comisión, admitirla a trámite como Proposición no de Ley, conforme al artículo 194 del Reglamento, y disponer su conocimiento por la Comisión Mixta para la Coordinación y Seguimiento
de la Estrategia Española para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno, al Senado y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la publicación.
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de marzo de 2022.-P.D. El Letrado Mayor de las Cortes Generales, Carlos Gutiérrez Vicén.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Socialista, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa al impulso de la protección de la superficie marina de España, en
cumplimiento del Objetivo de Desarrollo Sostenible 14, para su debate en la Comisión Mixta para la Coordinación y Seguimiento de la Estrategia Española para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).
Exposición de motivos
Los océanos son una de las principales reservas de la biodiversidad del planeta. Los océanos y mares representan más del 90 % del espacio habitable del planeta y contienen más de 250.000 especies que conocemos -y aún quedan muchas por
descubrir-. Gran parte de nuestros recursos materiales provienen de océanos y mares: lluvia, agua potable, comida o incluso el oxígeno que respiramos es proporcionado por el entorno marino 4.
La lucha contra el cambio climático y por la sostenibilidad de nuestro planeta son dos de las contiendas de nuestro presente y futuro más cercano. La conservación de nuestros ecosistemas naturales se ha hecho más acuciante después del nivel
de desarrollo industrial que está viviendo nuestro planeta y está agotando nuestros recursos naturales.
Según la ONU, los océanos cubren las tres cuartas partes de la superficie de la Tierra, conteniendo el 97 % del agua del planeta y representando el 99% de la superficie habitable del planeta. Por otra parte, más de 3.000 millones de
personas dependen de la biodiversidad marina y costera para su sustento. La Agenda 2030 y sus Objetivos de Desarrollo Sostenible, en su objetivo 14, recogen el interés por la conservación y utilización sostenible de los océanos, mares y recursos
marinos 5.
El objetivo 14 tiene como metas: prevenir y reducir la contaminación marina de todo tipo; gestionar y proteger sosteniblemente los ecosistemas marinos y costeros; minimizar y abordar los efectos de la acidificación de los océanos;
reglamentar eficazmente la explotación pesquera y poner fin a la pesca excesiva, la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada y las prácticas pesqueras destructivas; la conservación de zonas costeras y marinas; prohibir ciertas formas de
subvenciones a la pesca; facilitar el acceso de los pescadores artesanales a los recursos marinos y los mercados, entre otras.
La cumbre One Planet Summit celebrada en 2021 comprometió a medio centenar de países a proteger el 30 % de la superficie terrestre y marina en el año 2030 6. La denominada 'Coalición de Alta Ambición para las Personas y la Naturaleza' fue
formada durante la citada cumbre y estableció un objetivo ambicioso como es el de alcanzar un alto nivel de protección de la superficie terrestre y marina. Ahora mismo, solo el 15 % de la superficie terrestre y el 7 % de la superficie marina están
protegidas.
España es uno de los cincuenta países que se comprometió con el objetivo y que más avanzada tiene su meta. En esta línea, el Ministerio de Transición Ecológica pretende alcanzar el 15 % de protección de la superficie marina en 2023 en
coordinación con las Comunidades Autónomas y Ciudades Autónomas Litorales.
Hay que recordar que España protege actualmente el 13 % 7 de la superficie marina (en total 131.789 km2), habiendo recorrido un gran camino desde el 1 % en un tiempo muy breve. Con este objetivo, España es uno de los pocos países europeos
que ha superado el umbral del 10 % establecido por el Convenio de Diversidad Biológica de Naciones Unidas. Además, España es uno de los países con mayor protección de su superficie incluida en la Red Natura 2000 con más de 138.222.782 km2, de los
cuales 84.000 km2 son marinos.
El Gobierno de España, en cumplimiento de la Estrategia de Biodiversidad de la Unión Europea 2030 y de la Declaración de Emergencia Climática aprobada por el mismo, está haciendo grandes avances en la protección del medio ambiente y en
contener los efectos del cambio climático.
4 Primera evaluación integrada del medio marino a escala mundial (Evaluación Mundial de los Océanos) (ONU, 2016).
5 https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/oceans/#:~:text=Los%20oc%C3%A9anos%20cubren%20las%20tres,y%20costera%20para%20su%20sustento.
6 https://www.oneplanetsummit.fr/en/coalitions-82/high-ambition-coalition-nature-and-people-190.
7 https://www.miteco.gob.es/es/prensa/ultimas-noticias/teresa-ribera-aboga-por-que-el-30-de-la-superficie-marina-espa%C3%B1ola-sea-protegida-en-2030/tcm:30-509661.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'La Comisión Mixta de planificación y estrategia de los Objetivos de Desarrollo Sostenible insta al Gobierno de España a impulsar el objetivo de protección del 30% de la superficie marina española, en cumplimiento del Objetivo de Desarrollo
Sostenible 14.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de marzo de 2022.-Noemí Villagrasa Quero, Helena Caballero Gutiérrez, María Montserrat García Chavarría y Eva Patricia Bueno Campanario, Diputados.-Ana Belén Fernández Casero y Rafaela Crespín Rubio,
Portavoces del Grupo Parlamentario Socialista.
161/003924 (CD)
663/000193 (S)
La Mesa del Congreso de los Diputados, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto al asunto de referencia.
(161) Proposición no de Ley en Comisión.
Autor: Grupo Parlamentario Socialista.
Proposición no de Ley relativa a nuevos indicadores 'Más allá del PIB'.
Acuerdo:
Considerando que se solicita el debate de la iniciativa en Comisión, admitirla a trámite como Proposición no de Ley, conforme al artículo 194 del Reglamento, y disponer su conocimiento por la Comisión Mixta para la Coordinación y Seguimiento
de la Estrategia Española para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno, al Senado y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la publicación.
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de marzo de 2022.-P.D. El Letrado Mayor de las Cortes Generales, Carlos Gutiérrez Vicén.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Socialista, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a nuevos indicadores 'Más allá del PIB', para su debate en la Comisión
Mixta para la Coordinación y Seguimiento de la Estrategia Española para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).
Exposición de motivos
Los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 representa el mayor proyecto político del siglo XXI. Un proyecto político elaborado para el desarrollo de las personas, cuidar nuestro planeta, poder alcanzar niveles de prosperidad y
fortalecer la paz universal y la justicia social. La introducción de nuevos indicadores que puedan medir las anteriores variables generará una aproximación más exacta del progreso de las sociedades donde vivimos.
En la teoría económica clásica, según se fue generalizando la idea de que mayores niveles de renta y riqueza se traducían en mejores condiciones de vida, se hizo depender el bienestar de las mejoras en el poder adquisitivo. Así, durante
décadas, ha existido un consenso sobre la utilidad de Producto Interior
Bruto (PIB) como medida óptima del crecimiento económico, pero cada vez hay más evidencias que ponen de manifiesto que el crecimiento económico de un país no es sinónimo de igualdad y de reparto equitativo de su riqueza.
En la actualidad, la pandemia derivada de la COVID-19 ha puesto de manifiesto las limitaciones en la capacidad de evaluar el impacto de determinados choques externos en las economías, así como la necesidad de desarrollar mejores métricas
para evaluar los efectos en las economías y en la sociedad.
Hoy en día, cuando el desafío es lograr generar sociedades más prósperas, que fortalezcan el desarrollo económico y social para toda la ciudadanía, hay un debate abierto en todo el mundo sobre cómo medir el progreso, el bienestar y la
sostenibilidad.
Este debate parte de la economía de la felicidad, que cuestiona la riqueza como variable explicativa primordial del bienestar, y el avance de sus resultados empíricos, centrados en el descubrimiento de los determinantes macroeconómicos y
microeconómicos de la felicidad, para distintos colectivos, países y momentos temporales, muestran la consistencia de este enfoque como complemento al análisis económico, social y laboral tradicional. La clave es el cuestionamiento de la riqueza
como variable explicativa primordial del bienestar y concibe la existencia de la economía por y para las personas, con el fin de mejorar los niveles de bienestar, tanto individual como colectivo.
En este sentido, existe un consenso cada vez más sobre la necesidad de desarrollar nuevos indicadores económicos en instituciones como la OCDE, el Banco Mundial o Eurostat sobre la necesidad de actualizar las herramientas analíticas para
medir adecuadamente el progreso, el crecimiento potencial y la resiliencia económica, teniendo en cuenta la sostenibilidad, desde el punto de vista económico y financiero, pero también medioambiental y social.
Algunos ejemplos de estas iniciativas son 'GDP and beyond' de la Comisión Europea, y la publicación de los Indicadores de Calidad de Vida de carácter multidimensional, ¿y 'How's life? Measuring well-being', de la OCDE, con la publicación
del Better Life Index. Estas iniciativas, junto con el Cuadro de mando Social del Pilar Europeo de Derechos Sociales en la Unión Europea, comparten una idea subyacente: la relevancia de las variables económicas como la inflación o el crecimiento,
son solo un medio para lograr un fin, mejorar el bienestar y la calidad de vida de la ciudadanía.
Parece evidente que es necesario desarrollar nuevos indicadores para capturar los cambios estructurales, como los derivados de la digitalización o la transición ecológica, así como la necesidad de incorporar consideraciones sociales a la
hora de medir los resultados económicos y la sostenibilidad, así como nuevas métricas que reflejen situaciones de vulnerabilidad e inseguridad.
El PIB no es un instrumento perfecto, lo que no significa que haya que eliminarlo como indicador de crecimiento económico, puesto que es una medida objetiva consensuada y comparable para todas las economías, sino que hay que revisarlo para
convertirlo en una mejor métrica del tamaño real de la economía y complementarlo con indicadores sobre la distribución de los recursos, para evaluar si se hace en términos sostenibles y equitativos.
El PIB es una variable fundamental para medir el desarrollo económico, pero no tiene la capacidad de reflejar aspectos esenciales como la distribución equitativa o la sostenibilidad medioambiental, entre otros factores que determinan el
bienestar de un país, y sus debilidades e insuficiencias han quedado de manifiesto más que nunca durante la pandemia de la COVID-19.
La elección no es entre crecimiento o igualdad, sino que se debe y se puede aspirar a una sociedad más rica y, por tanto, más igualitaria. Por tanto, urge modernizar los indicadores para medir la distribución de los recursos, con el
objetivo de garantizar la máxima creación de oportunidades y el reparto más justo de los frutos del crecimiento económico, así como el diseño de políticas económicas que no se basen única y exclusivamente en el crecimiento del PIB.
Si la idea de bienestar y prosperidad social ha evolucionado, también deben hacerlo las herramientas analíticas, para tener en cuenta diferentes variables, más allá de crecimiento económico tradicional. Algunos países como Nueva Zelanda,
con el Marco de Estándares de Vida, o Bután, con el Índice de Felicidad Nacional, ya han avanzado en la senda de desarrollar herramientas multidimensionales de evaluación de las economías que van más allá del PIB.
Los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, conforman un proyecto político basado en alcanzar 169 metas que permitan avanzar hacia sociedades más inclusivas, cohesionadas, con mayor justicia social y medioambientalmente
sostenibles. Esta iniciativa enlaza directamente con el ODS3: salud y bienestar; ODS8: trabajo decente y crecimiento económico; ODS10: reducción de las desigualdades; ODS13: acción por el clima y el ODS16: paz, justicia e instituciones
sólidas. La utilización de nuevos
indicadores ofrecerá una medición equilibrada de la realidad de nuestro país y mostrará una nueva visión capaz de visualizar el bienestar de las personas.
La mejora del bienestar requiere un enfoque integral, que combine el análisis de indicadores económicos tradicionales con la incorporación de nuevos enfoques y propuestas analíticas que sean capaces de medir la calidad del Estado de
Bienestar, las condiciones de vida, la dignidad de trabajo, las desigualdades existentes o la sostenibilidad ambiental, entre otros elementos claves para lograr sociedades justas, sostenibles y prósperas.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'La Comisión Mixta de planificación y estrategia de los Objetivos de Desarrollo Sostenible insta al Gobierno de España a:
1. Solicitar al Instituto Nacional de Estadística el análisis de las iniciativas existentes en la actualidad con el enfoque 'Más allá de PIB' y a elaborar una propuesta para diseñar una iniciativa similar al caso español.
2. Elaborar, con el Consejo Superior de Estadística, nuevas métricas y nuevos indicadores económicos y sociales que tengan en cuenta el progreso justo, seguro y duradero, priorizando el bienestar económico, social y medioambiental de la
ciudadanía, alineado con la Agenda 2030, con el enfoque de Coherencia de Políticas para el Desarrollo Sostenible y en especial con la contribución al Marco de Indicadores para el Seguimiento de la Estrategia de Desarrollo Sostenible 2030.
3. Seguir desarrollando informes periódicos de impacto de las políticas llevas a cabo, sobre la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, el avance en igualdad de género y en la reducción de la desigualdad
social en España, en línea con los presentados en los Presupuestos Generales del Estado 2022.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de marzo de 2022.-Noemí Villagrasa Quero, Sonia Ferrer Tesoro, Daniel Senderos Oraá, Helena Caballero Gutiérrez y Arnau Ramírez Carner, Diputados.-Ana Belén Fernández Casero y Rafaela Crespín Rubio,
Portavoces del Grupo Parlamentario Socialista.
CONTROL DE LA APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE SUBSIDIARIEDAD
Comisión Mixta para la Unión Europea
Se ordena la publicación en la Sección Cortes Generales del BOCG, del acuerdo adoptado por la Comisión Mixta para la Unión Europea, en su sesión del día 15 de marzo de 2022, de aprobar los siguientes Informes sobre la aplicación del
principio de subsidiariedad:
- Informe 13/2022 de la Comisión Mixta para la Unión Europea, sobre la aplicación del principio de subsidiariedad por la Comunicación de que la Comisión Europea ha informado que ha iniciado el plazo para emitir dictamen motivado sobre la
vulneración del principio de subsidiariedad respecto de la Propuesta de Directiva del Consejo por la que se fijan las modalidades de ejercicio del derecho de sufragio activo y pasivo en las elecciones municipales por parte de los ciudadanos de la
Unión residentes en un Estado miembro el que no sean nacionales (versión refundida) (COM (2021) 733 final) (COM (2021) 733 final anexos) (2021/0373 (CNS)) (SEC (2021) 576 final) (SWD (2021) 357 final) (SWD (2021) 358 final) (núm. expte. Congreso,
Senado: 282/134, 574/123).
- Informe 14/2022 de la Comisión Mixta para la Unión Europea, sobre la aplicación del principio de subsidiariedad por la Comunicación de que la Comisión Europea ha informado que ha iniciado el plazo para emitir dictamen motivado sobre la
vulneración del principio de subsidiariedad respecto de la Propuesta de Directiva del Consejo por la que se fijan las modalidades de ejercicio del derecho de sufragio activo y pasivo en las elecciones al Parlamento Europeo por parte de los
ciudadanos de la Unión
residentes en un Estado miembro del que no sean nacionales (versión refundida) (COM (2021) 732 final) (COM (2021) 732 final anexos) (2021/0372 (CNS)) (SEC (2021) 576 final) (SWD (2021) 357 final) (SWD (2021) 358 final) (núm. expte.
Congreso, Senado: 282/137, 574/126).
Palacio del Congreso de los Diputados, a 15 de marzo de 2022..-P.D. El Letrado Mayor de las Cortes Generales, Carlos Gutiérrez Vicén.
282/000134 (CD)
574/000123 (S)
INFORME 13/2022 DE LA COMISIÓN MIXTA PARA LA UNIÓN EUROPEA, DE 15 DE MARZO DE 2022, SOBRE LA APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE SUBSIDIARIEDAD POR LA PROPUESTA DE DIRECTIVA DEL CONSEJO POR LA QUE SE FIJAN LAS MODALIDADES DE EJERCICIO DEL DERECHO DE
SUFRAGIO ACTIVO Y PASIVO EN LAS ELECCIONES MUNICIPALES POR PARTE DE LOS CIUDADANOS DE LA UNIÓN RESIDENTES EN UN ESTADO MIEMBRO DEL QUE NO SEAN NACIONALES (VERSIÓN REFUNDIDA) [COM (2021) 733 FINAL] [COM (2021) 733 FINAL ANEXOS] [2021/0373 CNS)] [SEC
(2021) 576 FINAL] [SWD (2021) 357 FINAL] [SWD (2021) 358 FINAL]
ANTECEDENTES
A. El Protocolo sobre la aplicación de los principios de subsidiariedad y proporcionalidad, anejo al Tratado de Lisboa de 2007, en vigor desde el 1 de diciembre de 2009, ha establecido un procedimiento de control por los Parlamentos
nacionales del cumplimiento del principio de subsidiariedad por las iniciativas legislativas europeas. Dicho Protocolo ha sido desarrollado en España por la Ley 24/2009, de 22 de diciembre, de modificación de la Ley 8/1994, de 19 de mayo. En
particular, los nuevos artículos 3 j), 5 y 6 de la Ley 8/1994 constituyen el fundamento jurídico de este informe.
B. La Propuesta de Directiva del Consejo por la que se fijan las modalidades de ejercicio del derecho de sufragio activo y pasivo en las elecciones municipales por parte de los ciudadanos de la Unión residentes en un Estado miembro del que
no sean nacionales (versión refundida), ha sido aprobada por la Comisión Europea y remitida a los Parlamentos nacionales, los cuales disponen de un plazo de ocho semanas para verificar el control de subsidiariedad de la iniciativa, plazo que
concluye el 21 de marzo de 2022.
C. La Mesa y los Portavoces de la Comisión Mixta para la Unión Europea, el 1 de febrero de 2022, adoptaron el acuerdo de proceder a realizar el examen de la iniciativa legislativa europea indicada, designando como ponente a la Diputada D.ª
Mariona Illamola Dausà (GPlu), y solicitando al Gobierno el informe previsto en el artículo 3 j) de la Ley 8/1994.
D. Se ha recibido Informe del Gobierno en el que se manifiesta la conformidad de la iniciativa con el principio de subsidiariedad. Asimismo, se han recibido escritos del Parlamento de La Rioja, de la Asamblea de Extremadura, del Parlamento
de Galicia y del Parlamento de Cantabria, comunicando el archivo del expediente o la no emisión de dictamen motivado.
E. La Comisión Mixta para la Unión Europea, en su sesión celebrada el 15 de marzo de 2022, aprobó el presente
INFORME
1. El artículo 5.1 del Tratado de la Unión Europea señala que 'el ejercicio de las competencias de la Unión se rige por los principios de subsidiariedad y proporcionalidad'. De acuerdo con el artículo 5.3 del mismo Tratado, 'en virtud del
principio de subsidiariedad la Unión intervendrá sólo en caso de que, y en la medida en que, los objetivos de la acción pretendida no puedan ser alcanzados de manera suficiente por los Estados miembros, ni a nivel central ni a nivel regional y
local, sino que puedan alcanzarse mejor, debido a la dimensión o a los efectos de la acción pretendida, a escala de la Unión'.
2. La Propuesta legislativa analizada se basa en el artículo 20, apartado 2, letra b) y el 22.1 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, que establece lo siguiente:
'Artículo 20.
2. Los ciudadanos de la Unión son titulares de derechos y están sujetos a los deberes establecidos en los Tratados. Tienen, entre otras cosas, el derecho:
b) de sufragio activo y pasivo en las elecciones al Parlamento Europeo y en las elecciones municipales del Estado miembro en el que residan, en las mismas condiciones que los nacionales de dicho Estado.'
'Artículo 22.
1. Todo ciudadano de la Unión que resida en un Estado miembro del que no sea nacional tendrá derecho a ser elector y elegible en las elecciones municipales del Estado miembro en el que resida, en las mismas condiciones que los nacionales de
dicho Estado. Este derecho se ejercerá sin perjuicio de las modalidades que el Consejo adopte, por unanimidad con arreglo a un procedimiento legislativo especial, y previa consulta al Parlamento Europeo; dichas modalidades podrán establecer
excepciones cuando así lo justifiquen problemas específicos de un Estado miembro.'
3. En noviembre de 2021 la Comisión Europea presentó su Plan de Acción de Democracia europea, así como de un informe sobre la ciudadanía de la UE. A través de ellos la Comisión Europea propone distintas medidas para reforzar la democracia
y la integridad electoral. Un primer instrumento es un nuevo Reglamento sobre transparencia y segmentación de la publicidad política; otro, un Reglamento de refundición relativo a la financiación de partidos políticos y fundaciones políticas; y
un tercer elemento es la actualización de dos directivas europeas sobre las elecciones europeas y municipales para los ciudadanos de la UE que residen en un Estado diferente del de su nacionalidad (ciudadanos móviles). El objetivo de la institución
comunitaria es que todas estas novedades legislativas surtan efectos en 2023 a fin de poder ser aplicadas en las elecciones al Parlamento Europeo de mayo de 2024. Los Estados miembros, y sobretodo España, por la celebración de comicios electorales
en 2023, deberían estar atentas a los plazos de transposición de ambas directivas para poder incorporar estas novedades en dichos comicios.
Las citadas dos directivas proponen cambios con la finalidad de incrementar la participación en las elecciones municipales y/o al Parlamento Europeo de los 13,5 millones de ciudadanos móviles, 12 millones de los cuales tienen derecho de
sufragio. Las estadísticas muestran que son pocos los que ejercen sus derechos de sufragio activo y pasivo en su país de residencia. Con la consecuente afectación a sus derechos democráticos.
Las principales dificultades detectadas para ello son los complicados procesos de registro en el Estado de residencia o la falta de información clara de sus derechos. A la poca información sobre los procesos electorales se une la elevada
burocracia en el proceso de registro, y las barreras idiomáticas. Así como el miedo a perder el derecho de voto en el Estado del que son nacionales respecto de las demás elecciones si se inscriben en el registro del Estado de residencia.
La Propuesta COM (2021)733 supone una modificación de la vigente Directiva 94/80/CE del Consejo sobre el derecho de sufragio activo y pasivo de los ciudadanos móviles en las elecciones municipales. Pretende facilitar la comunicación de
información a los ciudadanos móviles y actualizar las disposiciones obsoletas, tanto del texto como de su anexo. El contenido de la propuesta es el resultado del estudio en el marco del Programa de adecuación y eficacia de la reglamentación
(REFIT).
Como puntos esenciales a destacar de los aspectos que introduce o modifica se encuentran:
a) La mejora en la información para ejercer derechos electorales en el Estado de residencia, ello implica una comunicación más efectiva, clara y comprensible, que se adapte a los distintos grupos electorales (jóvenes, necesidades
específicas...), y una variedad de canales de comunicación. En este sentido el informe del Gobierno de España recoge la observación del Ministerio del Interior valorando que quizás el mejor instrumento sería la remisión a una página web.
b) La simplificación de los procesos de inscripción, garantizado un acceso inmediato y fácil al estado de la misma y reduciendo los obstáculos. Estableciendo modelos normalizados de registro como votantes o candidatos y añadiendo datos de
contacto para recibir la información.
c) La obligación del uso de distintas lenguas de comunicación de la información: una o varias de las lenguas oficiales del Estado de residencia, así como otra que entienda la mayoría de los residentes. En este punto en el informe del
Gobierno de España se recogen las dudas, expresadas por el Ministerio del Interior, sobre un posible trato discriminatorio respecto de los nacionales.
d) La regulación de la inscripción en el censo del Estado de residencia y en el de acogida así como de los efectos de la baja en el mismo en las elecciones del Estado miembro de origen. Incluyendo salvaguardias para que no sean dados de
baja del censo electoral de su país se origen.
e) La inclusión de salvaguardias que vayan a facilitar la identificación de los ciudadanos móviles registrados que intenten votar en más de un Estado, ello a través de una base de datos comunes de intercambio de lucha contra el voto
múltiple.
f) La garantía en la igualdad, respecto de los nacionales del Estado de residencia, en el acceso a las soluciones de voto anticipado, voto por correo postal, voto electrónico o por internet para los ciudadanos móviles de la UE.
g) La facultad de la Comisión de adoptar actos delegados
La nueva norma pretende subsanar deficiencias y obstáculos de la actualmente vigente, así como actualizar su lenguaje. Una reforma que pretende facilitar el ejercicio de un derecho, en este caso político, reconocido en los propios Tratados
de la UE y que contribuye al desarrollo de la ciudadanía europea. Por ello la solución de refundición adoptada es correcta. En este sentido, la base jurídica se adapta a la del vigente TFUE (art. 20 y 22) y CDFUE (art. 40).
No se observa ninguna incompatibilidad con el respeto del principio de subsidiariedad pues se trata del desarrollo previsto expresamente de las disposiciones del TFUE, que inicialmente se hizo a través de la Directiva que ahora se reforma.
Aunque no afecta a la subsidiariedad, se resalta que los cambios tampoco producen ninguna afectación presupuestaria, añadido al hecho que incluso algunas de las nuevas medidas propuestas ya son aplicadas.
CONCLUSIÓN
Por los motivos expuestos, la Comisión Mixta para la Unión Europea entiende que la Propuesta de Directiva del Consejo por la que se fijan las modalidades de ejercicio del derecho de sufragio activo y pasivo en las elecciones municipales por
parte de los ciudadanos de la Unión residentes en un Estado miembro del que no sean nacionales (versión refundida), es conforme al principio de subsidiariedad establecido en el vigente Tratado de la Unión Europea.
282/000137 (CD)
574/000126 (S)
INFORME 14/2022 DE LA COMISIÓN MIXTA PARA LA UNIÓN EUROPEA, DE 15 DE MARZO DE 2022, SOBRE LA APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE SUBSIDIARIEDAD POR LA PROPUESTA DE DIRECTIVA DEL CONSEJO POR LA QUE SE FIJAN LAS MODALIDADES DE EJERCICIO DEL DERECHO DE
SUFRAGIO ACTIVO Y PASIVO EN LAS ELECCIONES AL PARLAMENTO EUROPEO POR PARTE DE LOS CIUDADANOS DE LA UNIÓN RESIDENTES EN UN ESTADO MIEMBRO DEL QUE NO SEAN NACIONALES (VERSIÓN REFUNDIDA) [COM (2021) 732 FINAL] [COM (2021) 732 FINAL ANEXOS] [2021/0372
(CNS)] [COM (2021) 733 FINAL] [SEC (2021) 576 FINAL] [SWD (2021) 357 FINAL] [SWD (2021) 358 FINAL]
ANTECEDENTES
A. El Protocolo sobre la aplicación de los principios de subsidiariedad y proporcionalidad, anejo al Tratado de Lisboa de 2007, en vigor desde el 1 de diciembre de 2009, ha establecido un procedimiento de control por los Parlamentos
nacionales del cumplimiento del principio de subsidiariedad por las iniciativas
legislativas europeas. Dicho Protocolo ha sido desarrollado en España por la Ley 24/2009, de 22 de diciembre, de modificación de la Ley 8/1994, de 19 de mayo. En particular, los nuevos artículos 3 j), 5 y 6 de la Ley 8/1994 constituyen el
fundamento jurídico de este informe.
B. La Propuesta de Directiva del Consejo por la que se fijan las modalidades de ejercicio del derecho de sufragio activo y pasivo en las elecciones al Parlamento Europeo por parte de los ciudadanos de la Unión residentes en un Estado miembro
del que no sean nacionales (versión refundida), ha sido aprobada por la Comisión Europea y remitida a los Parlamentos nacionales, los cuales disponen de un plazo de ocho semanas para verificar el control de subsidiariedad de la iniciativa, plazo que
concluye el 22 de marzo de 2022.
C. La Mesa y los Portavoces de la Comisión Mixta para la Unión Europea, el 1 de febrero de 2022, adoptaron el acuerdo de proceder a realizar el examen de la iniciativa legislativa europea indicada, designando como ponente a la Diputada D.ª
Mariona Illamola Dausà (GPlu), y solicitando al Gobierno el informe previsto en el artículo 3 j) de la Ley 8/1994.
D. Se ha recibido informe del Gobierno en el que se manifiesta la conformidad de la iniciativa con el principio de subsidiariedad. Asimismo, se han recibido escritos del Parlamento de La Rioja, de la Asamblea de Extremadura, del Parlamento
Vasco y del Parlamento de Cantabria, comunicando el archivo del expediente o la no emisión de dictamen motivado.
E. La Comisión Mixta para la Unión Europea, en su sesión celebrada el 15 de marzo de 2022, aprobó el presente
INFORME
1. El artículo 5.1 del Tratado de la Unión Europea señala que 'el ejercicio de las competencias de la Unión se rige por los principios de subsidiariedad y proporcionalidad'. De acuerdo con el artículo 5.3 del mismo Tratado, 'en virtud del
principio de subsidiariedad la Unión intervendrá sólo en caso de que, y en la medida en que, los objetivos de la acción pretendida no puedan ser alcanzados de manera suficiente por los Estados miembros, ni a nivel central ni a nivel regional y
local, sino que puedan alcanzarse mejor, debido a la dimensión o a los efectos de la acción pretendida, a escala de la Unión'.
2. La Propuesta legislativa analizada se basa en el artículo 20, apartado 2, letra b) y el 22.1 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, que establecen lo siguiente:
'Artículo 20.
[...]
2. Los ciudadanos de la Unión son titulares de derechos y están sujetos a los deberes establecidos en los Tratados. Tienen, entre otras cosas, el derecho:
b) de sufragio activo y pasivo en las elecciones al Parlamento Europeo y en las elecciones municipales del Estado miembro en el que residan, en las mismas condiciones que los nacionales de dicho Estado.'
'Artículo 22.
[...]
2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 223 y en las normas adoptadas para su aplicación, todo ciudadano de la Unión que resida en un Estado miembro del que no sea nacional tendrá derecho a ser elector y elegible en
las elecciones al Parlamento Europeo en el Estado miembro en el que resida, en las mismas condiciones que los nacionales de dicho Estado. Este derecho se ejercerá sin perjuicio de las modalidades que el Consejo adopte, por unanimidad con arreglo a
un procedimiento legislativo especial, y previa consulta al Parlamento Europeo; dichas modalidades podrán establecer excepciones cuando así lo justifiquen problemas específicos de un Estado miembro.'
3. En noviembre de 2021 la Comisión Europea presentó su Plan de Acción de Democracia europea, así como un informe sobre la ciudadanía de la UE. A través de ellos la Comisión Europea propone distintas medidas para reforzar la democracia.
Un primer instrumento es un nuevo Reglamento sobre transparencia y segmentación de la publicidad política; otro, un Reglamento de refundición relativo a la financiación de partidos políticos y fundaciones políticas; y un tercer elemento es la
actualización de dos directivas
europeas sobre las elecciones europeas y municipales para los ciudadanos de la UE que residen en un Estado diferente del de su nacionalidad (ciudadanos móviles). El objetivo de la institución comunitaria es que todas estas novedades
legislativas surtan efectos en 2023 a fin de poder ser aplicadas en las elecciones al Parlamento Europeo de mayo de 2024.
Las citadas dos directivas proponen cambios con la finalidad de incrementar la participación en las elecciones municipales y/o al Parlamento Europeo de los 13,5 millones de ciudadanos móviles, 12 millones de los cuales tienen derecho de
sufragio. Las estadísticas muestran que son pocos los que ejercen sus derechos de sufragio activo y pasivo en su país de residencia. Con la consecuente afectación a sus derechos democráticos.
Las principales dificultades detectadas para ello son los complicados procesos de registro en el Estado de residencia o la falta de información clara de sus derechos. A la poca información sobre los procesos electorales se une la elevada
burocracia en el proceso de registro, y las barreras idiomáticas. Así como el miedo a perder el derecho de voto en el Estado del que son nacionales respecto de las demás elecciones si se inscriben en el registro del Estado de residencia.
La propuesta COM (2021)732 supone una modificación de la vigente Directiva 93/109/CE del Consejo sobre el derecho de sufragio activo y pasivo de los ciudadanos móviles de la UE en las elecciones al Parlamento Europeo. Actualización, cuya
necesidad ya se había señalado en distintas ocasiones. La propuesta pretende facilitar la comunicación de información a los ciudadanos y mejorar el intercambio de información entre los Estados. Así como actualizar, aclarar y reforzar la normativa
existente para atajar las dificultades a las que se enfrentan los ciudadanos móviles. El contenido de la propuesta es el resultado del estudio en el marco del Programa de adecuación y eficacia de la reglamentación (REFIT).
Como puntos esenciales a destacar de los aspectos que introduce o modifica se encuentran:
- La mejora en la información, que debe ser proactiva e inclusiva, para ejercer derechos electorales en el Estado de residencia. Ello implica una comunicación más efectiva, clara y comprensible, que se adapte a los distintos grupos
electorales (jóvenes, necesidades específicas...), y una variedad de canales de comunicación. Para ello se insta a la creación de una autoridad nacional. En este sentido el informe del Gobierno de España recoge la observación del Ministerio del
Interior valorando que quizás el mejor instrumento sería la remisión a una página web.
- La simplificación de las trabas administrativas en los procesos de inscripción, garantizado un acceso inmediato y fácil al estado de la misma. Estableciendo modelos normalizados de registro como votantes o candidatos y añadiendo datos de
contacto para recibir la información.
- La obligación del uso de distintas lenguas de comunicación de la información: una o varias de las lenguas oficiales del Estado de residencia, así como otra lengua oficial de la UE que entienda la mayoría de los residentes.
- La regulación de la inscripción en el censo del Estado de residencia y en el de acogida, así como de los efectos de la baja en el mismo en las elecciones del Estado miembro de origen. Incluyendo salvaguardias para que no sean dados de
baja del censo electoral de su país se origen.
- La inclusión de salvaguardias que vayan a facilitar la identificación de los ciudadanos móviles registrados que intenten votar en más de un Estado, ello a través de una base de datos comunes de intercambio de lucha contra el voto múltiple.
- La garantía en la igualdad, respecto de los nacionales del Estado de residencia, en el acceso a las soluciones de voto anticipado, voto por correo postal, voto electrónico o por internet para los ciudadanos móviles de la UE.
- La facultad de la Comisión de adoptar actos delegados y de ejecución
- La racionalización del sistema de intercambio de información, estableciendo un conjunto único de datos.
- A fin de realizar un seguimiento, en los seis meses posteriores a cada elección al Parlamento Europeo, los Estados deberán enviar a la Comisión un informe, con datos estadísticos, sobre la aplicación de la Directiva. Y en los 12 meses
posteriores, ésta deberá presentar al PE y al Consejo un informe comparativo sobre el mismo tema.
La nueva norma pretende subsanar deficiencias y obstáculos de la actualmente vigente, así como actualizar su lenguaje. Una reforma que pretende facilitar el ejercicio de un derecho, en este caso político, reconocido en los propios Tratados
de la UE y que contribuye al desarrollo de la ciudadanía europea. Por
ello la solución de refundición adoptada es correcta. En este sentido, la base jurídica se adapta a la del vigente TFUE.
No se observa ninguna incompatibilidad con el respeto del principio de subsidiariedad pues se trata del desarrollo previsto expresamente de las disposiciones del TFUE, que inicialmente se hizo a través de la Directiva que ahora se reforma.
Dado que las cuestiones transfronterizas están fuera del alcance de cada Estado miembro, los Estados no pueden resolver los problemas individualmente. Por ello la coordinación entre ellos facilitará el ejercicio de derechos políticos de la
ciudadanía móvil.
La propuesta es coherente con las disposiciones existentes en la misma política sectorial y con otras políticas de la Unión. Simplifica el proceso de inscripción para votar y presentarse a las elecciones europeas contribuyendo a desarrollar
la democracia y legitimidad de las instituciones europeas.
Aunque no afecta a la subsidiariedad, se resalta que los cambios tampoco producen ninguna afectación presupuestaria, añadido al hecho que incluso algunas de las nuevas medidas propuestas ya son aplicadas.
CONCLUSIÓN
Por los motivos expuestos, la Comisión Mixta para la Unión Europea entiende que la Propuesta de Directiva del Consejo por la que se fijan las modalidades de ejercicio del derecho de sufragio activo y pasivo en las elecciones al Parlamento
Europeo por parte de los ciudadanos de la Unión residentes en un Estado miembro del que no sean nacionales (versión refundida), es conforme al principio de subsidiariedad establecido en el vigente Tratado de la Unión Europea.