BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES


CONGRESO DE LOS DIPUTADOS


XIV LEGISLATURA


Serie A: PROYECTOS DE LEY


3 de noviembre de 2021

Núm. 70-3

ENMIENDAS DE TOTALIDAD


121/000070 Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2022.


En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara, se ordena la publicación en el Boletín Oficial de las Cortes Generales de las enmiendas a la totalidad presentadas en relación con el Proyecto de Ley de
Presupuestos Generales del Estado para el año 2022.


Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de octubre de 2021.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.


ENMIENDA NÚM. 1


FIRMANTE:


Grupo Parlamentario Ciudadanos


A la Mesa de la Comisión de Presupuestos


El Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 133 y siguientes del Reglamento de la Cámara, mediante el presente escrito, viene a presentar enmienda a la totalidad de devolución al Proyecto de Ley de
Presupuestos Generales del Estado para el año 2022.


Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de octubre de 2021.-Inés Arrimadas García y Edmundo Bal Francés, Portavoces del Grupo Parlamentario Ciudadanos.


Enmienda a la totalidad de devolución


I. Introducción


Los Presupuestos Generales del Estado que nos presenta el Gobierno para nuestra consideración y debate, abundan en propaganda y carecen de soluciones estructurales a problemas reales. A las Cuentas aprobadas por el Ejecutivo para el próximo
ejercicio les falta realismo en las estimaciones macroeconómicas y los niveles de crecimiento; caen en el empleo abusivo de un gasto muchas veces ineficiente que eleva nuestra deuda pública hasta niveles insoportables; imponen subidas de impuestos
a unas familias, unos autónomos y empresas, y unas clases medias ahogadas por la crisis; acentúan la desigualdad entre españoles y los privilegios de aquellos territorios políticamente afines o cuyo apoyo al Gobierno es necesario; publicitan
medidas populistas, electoralistas y cosméticas que no atacan la raíz de los problemas de nuestro país; y olvidan medidas indispensables para mejorar la vida de los ciudadanos en los ámbitos de la juventud, el impulso empresarial, la educación, la
sanidad o la ciencia.


Porque creemos que es fundamental poner confianza, certidumbre y previsibilidad en nuestra economía de hoy y en nuestra situación en el futuro, y porque creemos que se pueden hacer mejor las cosas procurando la igualdad de oportunidades de
todos los españoles impulsando medidas valientes a

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problemas reales, los liberales españoles presentamos esta enmienda a la totalidad de unas Cuentas Públicas despreocupadas por la sostenibilidad futura del sistema, la hipoteca inasumible que le estamos dejando a nuestras generaciones
futuras, los desequilibrios territoriales creados, la adopción de reformas estructurales y planes de reconversión de nuestro modelo productivo, y la toma de las decisiones osadas que necesita nuestro país para mejorar la vida de los españoles.


Las razones por las que pedimos al Gobierno la devolución del Proyecto de Presupuestos Generales del Estado para el ejercicio 2022, son las siguientes:


II. Son unos Presupuestos que olvidan la sostenibilidad futura del sistema


La suspensión de las reglas fiscales en Europa lleva permitiendo al Ejecutivo gobernar sin sujeción a límite alguno en la contención del gasto público y la desviación del déficit, desde el inicio de la pandemia. El Gobierno ha conseguido,
de facto, gobernar haciendo uso de un gasto sin reglas, como siempre han buscado los partidos que lo sostienen, con varios intentos de reforma de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (LOEPSF) en esta dirección.


Como ha recordado la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), al momento de iniciarse la actual crisis no existía el margen fiscal que habrían permitido crear los años previos de recuperación económica, por lo que partíamos
ya de una situación particularmente vulnerable. Es en este contexto, en el que la crisis económica provocada por la pandemia del coronavirus, ha venido a ser la coartada conveniente para un Gobierno manirroto que, desde la llegada de Pedro Sánchez
a Moncloa, no ha perdido oportunidad de mostrar su falta de respeto por la sostenibilidad del sistema y la cuadratura de las cuentas públicas. Hablamos de un Gobierno despilfarrador que, con su propaganda de 'Viernes sociales', ya se permitió
cerrar el ejercicio 2019 en un 2,8 % de déficit, tras poco más de un año dirigiendo el país y en momentos de razonable expansión económica, terminando con siete años consecutivos de reducción del mismo y situando a España cerca de deber someter sus
cuentas a la supervisión europea. Hablamos, también, de un Gobierno que intentó maniobrar para evitar el veto del Senado tras el amplio rechazo parlamentario a sus primeros objetivos de déficit en el año 2018, en lugar de centrarse en traer unos
objetivos más sensatos y razonados que obtuvieran el consenso parlamentario mayoritario. Hablamos, por tanto, de un Gobierno trilero a quien no preocupa crear enormes agujeros en nuestras Cuentas públicas mientras éstas sirvan a sus objetivos
electoralistas. Una serie de prácticas que en este Proyecto de Presupuestos 2022, lejos de ser rectificadas, se acentúan.


La gestión en manos de un Gobierno así, de la lógica necesidad de incrementar nuestro nivel de gasto público en la actual coyuntura provocada por la pandemia, terminará teniendo consecuencias perversas para nuestro país fruto de una mala
gestión que, de no corregirse, se verá probablemente abocado a sufrir en un futuro cercano un nivel de recortes y rigidez presupuestaria que hipotecará el futuro de varias generaciones.


Los datos están ahí. El Gobierno ha presentado unas Cuentas fundamentadas en unas previsiones macroeconómicas de crecimiento del 6.5 % para 2021, necesariamente rebajadas desde el optimista 9.8 % que había presentado inicialmente, y el 7 %
para 2022. Estos datos reflejan un nivel de crecimiento a partir del segundo y tercer trimestre de este año que ya ha sido defraudado por los datos ofrecidos por el Instituto Nacional de Estadística (INE) a finales de septiembre, con una notoria
rebaja de 1.7 puntos en el crecimiento estimado para el primer semestre del año. Esta importantísima corrección a la baja podría suponer una revisión notable de las previsiones de crecimiento para este año y el que viene, y en el que se fundamentan
los Presupuestos, como ya han anunciado diversos estudios. Estas previsiones de crecimiento del 7 % para 2022, además, no vienen avaladas por las estimaciones del Banco de España, que situaba el mismo tan solo en el 5.9 % incluso antes de la
corrección de crecimiento del primer semestre realizada por el INE, ni de FUNCAS, que lo fija en el 6.1 %, ni del BBVA Research, que lo estanca en el 5.5 %, previendo todos ellos una salida de la crisis mucho más ralentizada que la subida del precio
de la luz o la ejecución de los fondos europeos.


Por otro lado, la deuda en España ha aumentado durante la crisis del coronavirus 30 puntos, 10 puntos por encima de la media de las economías desarrolladas. La AIReF reiteradamente muestra su preocupación por el nivel alcanzado por nuestra
deuda pública, manifestando que la misma, hoy situada en un 120 %, continuará por encima del 100 %, al menos, hasta 2030, y no estará en niveles controlados, al menos, hasta 2050. Y, todo ello, por cierto, sin tener en cuenta el nivel de
revalorización de las pensiones y la presumible derogación del factor de sostenibilidad de las mismas por parte del Gobierno sin contar aún con un Plan B que garantice el mantenimiento del sistema. Ello, terminará situando nuestro nivel de

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deuda en el 175 % en 2050 si no se toman medidas valientes, según cálculos de la Autoridad fiscal. La situación es inquietante aún sin tener en cuenta el previsiblemente cercano encarecimiento de la deuda ante la paulatina retirada de los
estímulos por parte del Banco Central Europeo (BCE), que nos llevará a soportar impactos de 15.000 millones de euros en nuestro nivel de deuda con un mero aumento del 1 % en el tipo dé interés, por ejemplo.


La Comisión Europea ya avisó de que las medidas a tomar durante los ejercicios 2020 y 2021 debían ser oportunas, temporales y selectivas, con el objetivo de no poner en peligro la sostenibilidad en el medio plazo. Para el próximo ejercicio
2022 ha señalado, además, que deben ser prudentes en países con un elevado ratio de deuda, como España. De otro lado, Europa ha anunciado que reactivará a partir de 2023 los ajustes presupuestarios. Así, los fondos europeos para la Reconstrucción
se podrían congelar en el futuro para los países con déficit excesivo que no apliquen las recomendaciones de la Unión Europea para su reducción.


A pesar de estos datos, el Gobierno presenta un Presupuesto con récord en nivel de gasto público, casi 200.000 millones de euros, una cantidad no solo disparada, sino lo que es peor, no acompañada de medidas de reducción de costes
superfluos, duplicidades, y sin ningún tipo de revisión del tamaño de la Administración. Dado que la experiencia demuestra que las partidas de gasto tienen muy complicado poder revertirse por el coste político que el electoralismo del Gobierno le
impide asumir, nos enfrentamos a una más que previsible senda de crecimiento del gasto estructural que podría situarse cercano al 5 % en los próximos años y que augura compromisos de austeridad que marcarán la agenda económica durante años.


Ante este incierto panorama, se hubiera esperado que las Cuentas Públicas de nuestro país para el próximo ejercicio contemplaran medidas de contención razonada del gasto e, incluso, medidas de ahorro ahí donde fuera posible, implementando
mecanismos intrínsecos de control ex-ante de nuestras políticas públicas y recortando, por ejemplo, en gastos supérfluos, chiringuitos ideológicos, el tamaño de nuestra Administración, o programas de gasto ineficientes. Pero nada de ello se
encuentra en los Presupuestos que nos trae el Gobierno.


Estas Cuentas no contienen ni una sola medida de esfuerzo encaminado a asegurar la sostenibilidad presupuestaria del sistema, ni una Estrategia Fiscal Completa, ni el Plan de Reequilibrio que llevan pidiendo la AIReF y el Banco de España
desde el inicio de la pandemia, y que no es sino reflejo de la exigencia contemplada en la LOEPSF para cuando se activa la cláusula de escape. El Gobierno no ha realizado tampoco el marco presupuestario plurianual recomendado por la Autoridad
fiscal que acompañe al Plan de Recuperación, con detalle y concreción sobre partidas presupuestarias y medidas a adoptar, como sí han hecho otros países europeos de nuestro entorno. Y tampoco ha adoptado medidas estructurales de reducción del nivel
de deuda y déficit, limitándose a aprovecharse de la trayectoria decreciente de estos indicadores gracias a la mejora del componente cíclico.


Al contrario de lo que vuelve a demostrar este Gobierno en estas Cuentas, en Ciudadanos siempre hemos considerado indispensable, allí donde tenemos y hemos tenido responsabilidades de Gobierno y, también, cuando acordamos los tres veces
prorrogados Presupuestos de 2018, la necesidad de esforzarse por cuadrar las cuentas. Comprendemos que la necesidad de dar respuesta a la crisis actual requiere de un incremento del gasto, y también nos parece imperioso mejorar la calidad y la
prestación de nuestros servicios públicos, pero ello no debe estar reñido con la búsqueda de nichos de mejora en nuestras políticas públicas que nos permitan ahorrar allí donde sea posible y recortar dispendios innecesarios allí donde se estén
produciendo. Y ello no solo es posible en las situaciones de crisis, sino que es más necesario que nunca.


III. Unos Presupuestos que incrementan la presión fiscal sobre los contribuyentes en el peor momento de la crisis


El Gobierno plantea unas Cuentas Públicas para el próximo ejercicio con las que, dice, espera recaudar 232.352 millones de euros en concepto de ingresos tributarios, frente a los 214.995 millones del avance de la liquidación de 2021 y los
194.051 millones recaudados en 2020. Para ello, prevé un incremento recaudatorio importante; de casi el 12 % en el Impuesto sobre Sociedades, del 9.5 % en IVA, casi el 7 % en el IRPF, y del 8,2 % en los Impuestos Especiales.


Nos encontramos ante unas Cuentas que son el reflejo lógico del Gobierno que las firma; unas Cuentas fundamentadas en previsiones de crecimiento no avaladas, y en ingresos recaudatorios apoyados

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en importantes subidas impositivas para, en paralelo, ofrecer un elevadísimo incremento de gasto público que posteriormente deberá ajustarse vía inejecución presupuestaria.


En las anteriores Cuentas Públicas, en los peores momentos de la actual crisis, este Gobierno planteó un Presupuesto cargado de subidas impositivas para clases medias y trabajadoras, a pesar de sus promesas de no moverse en esta dirección.
Así, incrementó el IRPF, el Impuesto sobre el Patrimonio, el Impuesto a las Primas de Seguro, el IVA de las bebidas azucaradas, y la reducción de los incentivos a la inversión en planes de pensiones privados, y se vio obligado a dejar a un lado,
temporalmente, el Impuesto de Matriculación o la subida del diésel, también entre sus objetivos en el corto plazo. Hablamos además de un Gobierno que ha aprobado recientemente el impuesto a los envases de plástico o al almacenamiento de residuos, y
que ya ha puesto en el radar el peaje en las carreteras o el impuesto a los billetes de avión.


Lejos de rectificar, se nos presentan para el próximo año unas Cuentas Públicas que aprietan de nuevo el cinturón sobre unos contribuyentes ahogados por un Gobierno que solo conoce el recurso al incremento de la presión fiscal como fuente de
financiación del gasto público.


a) Impuesto sobre Sociedades. El Gobierno impone en estas Cuentas el establecimiento de una tributación mínima del 15 % en el Impuesto sobre Sociedades que afectará a determinadas empresas de nuestro país. Ello resulta particularmente
sorprendente si tenemos en cuenta que tanto el Presidente del Gobierno como la Ministra de Hacienda habían manifestado, hace apenas unos meses, que no era el momento de tomar medidas tributarias ni realizar reformas fiscales, sino que debía
esperarse al Informe que el Comité de Expertos emitirá el próximo febrero para la reforma integral de nuestro sistema tributario. La sorpresa que la introducción de esta tributación mínima societaria ha podido producir en parte del tejido
productivo de nuestro país, es solo el reflejo del estupor con el que nuestra sociedad asume las contradicciones de un Presidente subyugado por las exigencias de sus socios.


Como es sabido, se está actualmente trabajando en un consenso internacional para el establecimiento de este tipo mínimo de tributación societaria, y el grupo parlamentario que suscribe la presente enmienda, asumirá siempre los acuerdos
internacionales que se tomen por consenso. Pero esto queda lejos de defender y apoyar las medidas que se tomen de manera unilateral en nuestro país obviando las negociaciones supranacionales, generando inseguridad jurídica en potenciales inversores
y perjudicando con ello, en definitiva, a nuestras empresas, nuestra economía y nuestra competitividad internacional.


Se hace necesario en este punto recordar lo sucedido con el Impuesto sobre Determinados Servicios Digitales y el Impuesto a las Transacciones Financieras, que fueron aprobados unilateralmente por España obviando el consenso internacional, y
que derivaron en su repercusión al consumidor final y el castigo a nuestros productos en forma de aranceles extranjeros. Y todo ello, para mayor desastre, para terminar consiguiendo un nivel de recaudación muy por debajo del esperado (en concreto,
se recaudó un 80 % menos de lo esperado en la Tasa Digital y un 60 % menos en la Tasa Tobin) e incapaz de coadyuvar, en su caso, a mitigar los efectos adversos de la pérdida de confianza de nuestros inversores y de competitividad de nuestras
empresas.


La Comisión Europea ha paralizado los trabajos para la aprobación de la Tasa Digital global a raíz del acuerdo del G-20 para el establecimiento próximo de una tributación mínima del 15 % en el Impuesto sobre Sociedades. Nuestro Gobierno,
sin embargo, de nuevo actúa al margen del consenso y el calendario internacionales, y mantiene aprobados, en los Presupuestos que se nos presentan a debate, ambas figuras impositivas en nuestro sistema tributario en perjuicio de nuestras empresas
con mayor relevancia en el exterior.


b) Planes de Pensiones. Estos Presupuestos, como ya hicieran los de 2021, vuelven a minorar el límite de reducción en la base imponible del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) por aportaciones a planes de pensiones
privados, dejándolos en un máximo de 1.500 euros anuales, desde los 8.000 en que se encontraban en 2020. El Gobierno quiere impulsar únicamente los planes de pensiones de empleo, 'segundo pilar' del modelo de pensiones, castigando los planes
privados, 'tercer pilar'.


Aunque coincidimos en la conveniencia de impulsar los planes de pensiones públicos de empleo, también creemos que debe promocionarse y protegerse cualquier forma de ahorro individual para el futuro, máxime teniendo en cuenta la situación
actual del sistema público de pensiones y la ausencia de regulación, a la fecha, sobre el modo de garantizar la sostenibilidad del sistema y el diseño del mecanismo de equilibrio que permita pagar las pensiones en el futuro, como anteriormente ya
hemos puesto de manifiesto.

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El Gobierno actúa de manera sectaria, movido por prejuicios ideológicos contra el ahorro individual privado, en la planificación de la previsión social, considerando 'ricos' a los trabajadores que contribuyen como pueden a un plan de
pensiones privado para complementar su menguante pensión del futuro, al suprimir casi en su totalidad las ventajas fiscales asociadas a dichos mecanismos de ahorro individual. La consecuencia inmediata de este proceder ha sido la drástica caída de
las aportaciones a estos sistemas de ahorro en más de un 20 % durante los seis primeros meses del año y, en consecuencia, un enorme desincentivo al ahorro personal. Todo ello en un país que, hoy por hoy, dispone de más del 70 % del ahorro acumulado
en previsión social, en planes individuales. Estos Presupuestos, de nuevo, castigan a los pequeños ahorradores y a las clases medias que buscan alternativas para conseguir, en el momento de retirarse del mercado laboral, una tranquilidad que el
Gobierno hoy no les ofrece.


c) Impuesto de matriculación. El Gobierno incrementa de facto el impuesto de matriculación a partir del 1 de enero de 2022 para millones de conductores. Así, en las pasadas Cuentas Públicas correspondientes al ejercicio 2021, se aprobó una
enmienda, con el voto favorable del grupo parlamentario Ciudadanos, que suspendía la subida de este impuesto para el ejercicio 2021. Esta medida de contención decae el próximo 31 de diciembre sin que el Gobierno haya tratado en modo alguno de
mitigar su impacto para las clases medias y trabajadoras de nuestro país que, de nuevo, se verán directamente afectados por este incremento impositivo.


Estas Cuentas podrían haber incorporado, como hicieran en su momento Francia, Italia o Portugal, países fabricantes como España, medidas de adaptación de las mediciones de CO2 a la realidad actual para evitar así una mayor presión fiscal y,
por lo tanto, una caída todavía mayor del mercado del automóvil. O podría haberse optado por la eliminación de esta figura impositiva, como han hecho ya también numerosas economías de nuestro entorno como Alemania, República Checa, o Rumania. De
nuevo, el Gobierno de España, elige aquí lo peor de los mundos.


Nada de ello se recoge, sin embargo, en estas Cuentas y ello a pesar de la enorme afectación que el sector de la automoción ha tenido como consecuencia de la crisis del COVID-19. Así, es previsible que pierda más de 500.000 vehículos de
demanda en 2021, con un efecto directo sobre la producción y la pérdida de puestos de trabajo en el sector.


d) Incremento de los Impuestos Patrimoniales. Estos Presupuestos prevén, además, la actualización de los valores catastrales de más de 800.000 inmuebles, cantidad un 65 % superior a la presupuestada tanto en 2021 como en 2020. Si bien es
cierto que la revisión de valores catastrales es habitual, no lo es menos que ésta suele ser al alza y que el Gobierno realiza ahora esta revisión masiva en el número de inmuebles en coordinación con las previsiones recientemente aprobadas en la Ley
de Lucha contra el Fraude. Así, la citada Ley, incluyó la referencia al valor determinado por la Administración/Catastro como uno de los valores a considerar en la determinación de la valoración de los inmuebles en la liquidación de los impuestos
patrimoniales. Todo ello supondrá, de facto, importantes potenciales subidas impositivas en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles, el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, y el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos
Documentados, que directamente afectan a cientos de miles de propietarios de nuestra clase media y trabajadora.


e) Precio de la luz. En los Presupuestos que se nos traen a nuestra consideración, se contempla para el año 2022 una recaudación normalizada del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA), incluso aumentada en casi el 10 %, y del Impuesto
especial sobre la electricidad. Ello implicará, entendemos a salvo alguna aclaración que el Gobierno aún no ha hecho, que estos dos tributos recuperarán, a partir del 1 de enero de 2022, su tributación normalizada anterior a la rebaja coyuntural
aprobada para 2021.


De ser esto así, el Gobierno de nuevo pone de manifiesto que no le importa la búsqueda de soluciones eficaces y duraderas, limitándose a la aprobación de medidas de corto alcance y solución cosmética a los problemas reales de los ciudadanos.


El Gobierno debe aclarar ya si mantendrá las actuales rebajas de los impuestos asociados al recibo de la luz más allá del 31 de diciembre de 2021 y, en este caso, si miente a los españoles y a Europa en sus estimaciones de ingresos
recaudatorios, o si por el contrario, derogará a finales de este año estas reducciones temporales de impuestos, siendo así que el alza de los precios se prevé, al menos, hasta el 31 de marzo de 2022, según el decreto intervencionista que aprobó el
Consejo de Ministros recientemente.


f) Cotizaciones sociales. Estos Presupuestos prevén una subida para los más de 3 millones de autónomos de nuestro país, tanto del tipo de cotización, del 30.6 % al 30.9 %, como de la base de cotización mínima, hasta 960,60 euros. Esto
supondrá una subida de entorno a 8 euros al mes para los

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casi 2 millones de autónomos que cotizan por la base mínima; es decir, un aumento de entre 96 y 225 euros más al año dependiendo de su tipo de cotización, en una nueva muestra del olvido y la ignominia a la que este Gobierno tiene sometidos
a nuestros emprendedores, empresarios y, en general, a todas las personas con cuya iniciativa se generan puestos de trabajo.


En definitiva, estamos ante los Presupuestos de un Gobierno que solo sabe recurrir a las subidas impositivas para aumentar la recaudación y la mejora en la prestación de los servicios públicos y, todo ello, ello a pesar de encontrarnos en
una de las coyunturas económicas más difíciles de nuestra historia reciente. Nuestro Gobierno no escucha a organismos independientes, como la AIReF, cuya Presidenta se ha pronunciado reiteradamente en contra de adoptar medidas de marcado carácter
tributario que puedan perjudicar a nuestros contribuyentes en este momento de debilidad en las rentas de las familias y las empresas. Y tampoco escucha lo que se está haciendo en países vecinos, como Italia, que ha enviado a Bruselas un Plan que
plantea una rebaja de impuestos de 8.000 millones de euros y, en paralelo, una reducción del déficit de más de 5 puntos; un plan, en palabras del Gobierno italiano, 'para apoyar la economía en la salida de la pandemia y reforzar el ritmo de
crecimiento a medio plazo, reduciendo la presión fiscal sobre las familias y las empresas'.


IV. Incrementan la desigualdad entre los españoles


a) Crean desequilibrios interesados entre los españoles. Del análisis de estos Presupuestos se desprende, por ejemplo, que Cataluña recibirá 231 millones más de inversión pública que en 2021, elevándose hasta los 2.230 millones, mientras la
Comunidad de Madrid pierde más de 100 millones, estancándose en los 1.151 millones; que la inversión pér cápita en Cataluña es un 7 % mayor que en Andalucía, a pesar de que la renta media andaluza es mucho menor que la catalana; que la Comunidad
de Madrid recibirá el 9 % de inversión total siendo así que representa al 14 % de la población española y el 19 % del PIB; o que las cuatro Comunidades Autónomas que más ven incrementar sus inversiones están gobernadas por partidos que apoyan al
Gobierno central, como Baleares (con un incremento del 86 %), Extremadura (con un incremento del 68 %), Cataluña (con un repunte a la inversión del 39 %), y la Comunidad Valenciana (con una subida de más del 20 %).


Todos estos datos hacen inevitable interpretar estos Presupuestos como el precio que el Gobierno debe pagar por obtener el voto favorable a los mismos de sus socios separatistas, así como el castigo a Comunidades gobernadas por partidos en
la oposición a los que el Gobierno ha decidido deliberadamente dar la espalda, como prueban las medidas populistas incluidas en las Cuentas, y las más que presumibles contrapartidas al nacionalismo. En suma, se produce en estas Cuentas la paradoja
de un Gobierno que premia a los territorios dirigidos por gobernantes amenazantes y desleales con la ley y las normas de convivencia que todos nos hemos dado, pero a los que ha elegido para mantenerse en el poder, y el castigo que inflige a las
regiones responsables, solidarias y cumplidoras con nuestro marco de convivencia constitucional, pero cuyo apoyo desprecia como desprecia el de los partidos que, como Ciudadanos, buscan la equidad, la igualdad y la justicia en el reparto del dinero
de todos.


b) Acrecientan los privilegios territoriales en contra de la igualdad de los españoles. Estas Cuentas contemplan una transferencia de más de 18.000 millones de euros en 2022 a la Seguridad Social para tapar en parte su agujero de déficit.
Una de las consecuencias inmediatas de que el déficit de las pensiones pase a sufragarse con impuestos en vez de cotizaciones sociales, es que seremos los contribuyentes de las comunidades de régimen común quienes pagaremos las prestaciones de todos
los contribuyentes, incluidos vascos y navarros que, sin embargo, no satisfacen impuestos en España de la misma forma que los demás. Cuando esta situación se dió en el pasado, el PP, el PSOE y Unidas Podemos, lejos de recortar las desigualdades que
esta situación provocaba en todos los españoles de régimen común, redujeron el cupo que el País Vasco debía pagar al Estado, obviando el necesario ajuste y blindando esta financiación privilegiada.


El traspaso de esta transferencia del Estado a la Seguridad Social y la nueva asunción de los gastos impropios a sufragar vía impuestos de todos los españoles, debería llevar aparejada la revisión inmediata, transparente y justa del cálculo
del cupo vasco. De no corregirse este desequilibrio, y nos tememos que no se corregirá por la hipoteca en forma de apoyo parlamentario que el Gobierno tiene firmada con el Partido Nacionalista Vasco, estas prestaciones correrán a cargo de todos los
españoles que no cuentan con el privilegio de residir en un territorio con un régimen foral, acrecentando la afrenta hacia la gran mayoría de españoles en favor de un territorio gobernado por quienes rechazan la pertenencia a nuestro país.

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c) Ignoran el problema de la despoblación en España. Según un estudio del Centro de Estudios Demográficos de la Universidad Autónoma de Barcelona, en los próximos años desaparecerán 1.840 pueblos por falta de habitantes, es decir, el 23 %
de los municipios de España dejarán de existir. Un auténtico drama que es común en grandes zonas del territorio español y al que se debe buscar soluciones para revertir este fenómeno. Sin embargo, el Gobierno, que no cree necesitar el apoyo de las
provincias castigadas por la despoblación para la consecución de sus fines partidistas, se olvida por completo de las mismas en la Cuentas Públicas cuya aprobación pretende para el próximo ejercicio. Así, estos Presupuestos carecen de inversiones
relevantes y suficientes que favorezcan el desarrollo económico y social de la España Vaciada, así como de infraestructuras urgentes y necesarias, viarias y ferroviarias, que conecten y permitan prosperar a la España del Interior.


Entre otras medidas, ya el año pasado le propusimos al Gobierno la elaboración de un informe que analizara las repercusiones de introducir una fiscalidad diferenciada para las áreas escasamente pobladas de nuestro país, siguiendo el modelo
aplicado en otros países de nuestro entorno europeo, como Finlandia o Escocia, con modificaciones en los principales impuestos, así como en las cotizaciones a la Seguridad Social de empleadores y trabajadores. Una de esas soluciones, que se ha
probado eficaz en otros países, es la de incentivar fiscalmente estas zonas escasamente pobladas para, por un lado, hacerlas más atractivas para que empresas y ciudadanos se instalen allí y, por otro lado, compensar a los habitantes de estas zonas
por los menores servicios públicos de los que disfrutan y del mayor coste que sufren al tener que desplazarse para recibir servicios básicos como sanidad o educación.


Pero nada de ello asume el Gobierno en los Presupuestos que, dice, han sido aprobados en beneficio de todos los españoles.


V. Estos Presupuestos no recogen medidas que en Ciudadanos consideramos indispensables


Creación de una Oficina Independiente de Reconstrucción y Reformas. El Plan que presentó el Gobierno para el uso de los fondos europeos estaba vacío de contenido, y la sospecha de politización planea sobre la importantísima asignación que
se haga de estos recursos. A día de hoy, todavía no conocemos los criterios de evaluación del impacto socio-económico en la elección de los proyectos, los mecanismos de control y evaluación de los mismos -que, en todo caso, sí sabemos que no
correrán a cargo de una agencia de evaluación independiente-, las personas que conformarán los equipos de trabajo, o las formas de participación ciudadana.


El Gobernador del Banco de España coincide en estimar los riesgos que vemos desde Ciudadanos en el uso del dinero europeo y 've peligro' en que se acierte en los proyectos, debido a la falta de organismos de supervisión y control
independientes y de mecanismos de examen previos y posteriores. En la misma línea, la AIReF también nos ha advertido de que debemos ser prudentes en la utilización de los fondos europeos sin caer en la creación de gastos estructurales con ingresos
coyunturales. Así, los fondos europeos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia deben destinarse a acometer reformas genuinamente transformadoras de la economía española, que impulsen nuestra productividad y nos hagan más competitivos. No
deben, por el contrario, malgastarse como mera herramienta de ajuste en gastos corrientes.


Por otro lado, el Gobierno no ofrece tampoco en estas Cuentas garantía alguna con respecto al ritmo de ejecución de esta ayuda europea, siendo así que un retraso significativo en la misma afectará de forma muy importante a nuestra
recuperación económica, asentada de manera sustancial sobre el aprovechamiento que seamos capaces de dar a este apoyo financiero extraordinario. Si bien el Gobierno insiste en que utilizará todos los recursos que presupuestó para el presente año,
la lentitud en el uso real de los mismos -a finales de agosto apenas se había invertido efectivamente 5.000 millones de euros de los 22.000 millones presupuestos-, nos hace ser pesimistas sobre el éxito y eficacia de esta ayuda única y
trascendental.


Visto este contexto, en Ciudadanos consideramos esencial contar con una oficina que permita garantizar la correcta utilización de los fondos europeos y su ejecución efectiva en proyectos útiles que transformen nuestra economía y que tengan
un efecto tractor, elevando nuestro crecimiento potencial tan dañado por las deficiencias estructurales de nuestro sistema económico. De lo contrario, corremos el riesgo serio de desaprovechar esta oportunidad única, como nos sucedió en el período
2014-2020, cuando nuestro país apenas fue capaz de absorber y ejecutar el 34 % de los fondos estructurales y de inversión puestos a nuestra disposición.

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España cuenta con una oportunidad inigualable con ocasión de la recepción de recursos financieros del Fondo de Recuperación y Resiliencia, y nos enfrentamos al reto de utilizar los mismos de forma eficiente. Por ello, se hace imprescindible
la creación de una Oficina supra ministerial que tenga una perspectiva global en todos los niveles de la Administración así como de forma transversal de todos los ministerios, y que sea capaz de establecer los criterios objetivos y de rentabilidad
socioeconómica necesarios para emplear de la forma más eficiente los fondos comunitarios. Esta Oficina debería cumplir los más estrictos estándares de independencia, capacitación y rendición de cuentas, pero nada de ello contempla el Gobierno en
los Presupuestos que trae a nuestra consideración.


Elaboración de una Estrategia Nacional Integral de Salud Mental y un Plan Estratégico de Prevención del Suicidio. La Salud Mental, generalmente ignorada e invisibilizada, debe ponerse en el centro del debate político. Estos Presupuestos
contienen una actualización de la Estrategia de Salud Mental dotada con 30 millones de euros, lo que resulta claramente insuficiente para los retos que el enorme catálogo de enfermedades mentales nos plantea. Además, estas Cuentas tampoco contienen
previsiones económicas suficientes para atajar y enfrentar el problema de primer orden que supone el suicidio en nuestro país, con una media cercana a las diez muertes al día por esta causa. Se necesitan recursos para crear un Plan Nacional de
Prevención del Suicidio, no contemplado en absoluto en estas Cuentas, que incluya la elaboración de Códigos de Riesgo de Suicidio en todos los centros de salud, planes de promoción del bienestar emocional entre los jóvenes, implementación de
protocolos de prevención, detección e intervención inmediatas, aumento de profesionales de psicología clínica y psiquiatría hasta situarnos en la media europea, formación de profesionales y servidores públicos, incorporación de psicólogos clínicos
en la Atención Primaria, refuerzo del sistema asistencial, digitalización y formación en competencias digitales tanto para pacientes como para facultativos, y un largo etcétera. Para todo ello, se necesita contar con una dotación presupuestaria
generosa y suficiente que, hoy, no contemplan estas Cuentas.


Creación de una Agencia Independiente de Evaluación Educativa y un Plan Nacional contra el Fracaso Escolar. Nuestro país necesita contar con una Agencia Independiente en el ámbito educativo que sea capaz de evaluar, sin injerencias
externas, las políticas desarrolladas por las administraciones educativas de las diferentes comunidades autónomas. Debe tratarse de una Agencia que actúe de manera transparente en la evaluación de nuestro sistema educativo, así como en el impacto
de las reformas impulsadas por las diferentes Administraciones educativas. Además, el Gobierno debe impulsar un Plan contra el Fracaso Escolar cuyo objetivo sea, al menos, reducir la tasa de fracaso escolar al 10 % en 5 años. Todo ello con el
objetivo de contar con un sistema educativo que goce de la mayor excelencia, rigor e imparcialidad política en la formación de unas generaciones futuras que cuenten con el máximo nivel de competencia y preparación. Lamentablemente, todo lo ofrecido
en materia educativa por el Gobierno de España, con la enésima ley de Educación aprobada sin consenso, camina en el preciso sentido contrario a las necesidades de nuestro país.


Priorización de la inversión en Ciencia y elaboración de un Plan de Atracción y Retención del Talento Investigador. En Ciudadanos entendemos fundamental para nuestro desarrollo como sociedad y la mejora de nuestras condiciones de vida,
apostar decididamente por invertir en Ciencia. Nuestro objetivo como país debería pasar por aspirar a dedicar, al menos, el 3 % del PIB a l+D en el año 2030, en línea con los países a la vanguardia de la ciencia y la innovación de la Unión Europea
y la OCDE. El Gobierno obvia medidas tan sencillas reiteradamente propuestas por nosotros, como el establecimiento de una casilla en la declaración de la renta para que los ciudadanos tengan la posibilidad de elegir destinar parte de sus impuestos
a financiar actividades relacionadas con la Ciencia. Por otro lado, debemos impulsar medidas que bonifiquen la contratación de científicos y tecnólogos en organismos públicos y empresas, así como considerar el establecimiento de un Plan de
Incentivos Fiscales a la Innovación que dé oxígeno a las empresas que más apuesten por la l+D, y el incremento presupuestario de la Red Cervera, destinada a favorecer la transferencia de conocimiento entre centros tecnológicos y empresas,
especialmente pymes, que se creó a instancias de Ciudadanos.


Oportunidades para los jóvenes, no subsidios. Aprobación de soluciones reales y no meramente cosméticas para nuestros jóvenes. Las políticas anunciadas por el Gobierno en materia de vivienda previstas en un futuro Proyecto de Ley de
Vivienda, no ayudarán a facilitar de manera sustancial el acceso a la vivienda, especialmente a los más jóvenes. Teniendo en cuenta lo que se sabe hasta el momento, la medida estrella que el Gobierno pretende incorporar a nuestra legislación será
la limitación del precio del alquiler a los grandes tenedores. El actual Ejecutivo defiende que este mecanismo facilitará una bajada de los precios en el mercado de viviendas en el alquiler. Sin embargo, el número de pisos en manos de

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'grandes tenedores' no alcanza apenas el 15 % de las viviendas alquiladas en nuestro país. Es por ello por lo que será un número muy pequeño el de las viviendas que se verán afectadas por esta disposición, lo que imposibilita de facto
cualquier reducción sustancial de los precios en el mercado. A su vez, las ciudades y regiones internacionales que han aplicado este tipo de medidas de manera generalizada a todos los inmuebles en régimen de arrendamiento, no han conseguido una
reducción sustancial en los precios del alquiler; por el contrario, sí se ha identificado una reducción de la oferta de pisos y una menor inversión de los propietarios en el mantenimiento y rehabilitación de los inmuebles. Es en este contexto, en
el que los Presupuestos para 2022 recogen una partida de 200 millones de euros para el establecimiento de un bono vivienda de 250 euros para facilitar el pago de las mensualidades a los más jóvenes. A pesar de lo mediático de la medida, todos los
estudios apuntan a que este tipo de transferencias acaban en manos de los propietarios, que incrementan los precios.


De otro lado, por ejemplo, se aprueba en estas Cuentas el pago de un bono cultural a todos los jóvenes que cumplan 18 años durante 2022, sin atender a ninguna otra consideración, como su nivel de renta, en otro ejemplo más de los dispendios
y las medidas meramente electoralistas que adopta un Gobierno más preocupado por la propaganda que por la adopción de soluciones serias a problemas importantes.


El Gobierno ha perdido la oportunidad en estas Cuentas de apostar por soluciones reales, como la aprobación de un Plan Integral de Vivienda con medidas estructurales que aumenten el parque público de vivienda en alquiler para los más jóvenes
o el fomento de la colaboración público privada, o la aprobación de un Plan Integral de reactivación de la economía, fomentando de manera decidida el empleo de calidad para combatir la precariedad y el acusado desempleo entre los más jóvenes que
sitúa a España a la cabeza del paro juvenil, el emprendimiento, la inversión, la protección de nuestros autónomos y nuestras empresas y la atracción de talento.


Elaboración con carácter urgente y prioritario una propuesta de reforma del sistema de financiación autonómica. El actual modelo de financiación autonómica debe ser revisado y reformado con carácter urgente, pues el mismo se quedó obsoleto
hace más de siete años. Es necesario proponer un marco más sencillo, transparente y justo que asegure el equilibrio en la obtención de recursos por parte de todas las comunidades autónomas y el acceso a los servicios públicos de todos los españoles
en las mismas condiciones, con independencia de su lugar de residencia. Una reforma que, a pesar de las continuas promesas incluso a sus socios de investidura, el Gobierno lleva años posponiendo para no enfrentar el problema del injusto reparto de
los recursos entre los ciudadanos, los privilegios de unos territorios frente a otros, y la falta de cooperación y lealtad institucional, entre otros.


Prórroga de las medidas que den oxígeno a nuestros empresarios, como la suspensión de la causa de disolución obligatoria por pérdidas, para las pérdidas empresariales que puedan producirse durante el ejercicio 2021. La crisis económica que
tan fuertemente está golpeando a nuestro tejido productivo, sigue haciendo estragos aún hoy, en los resultados empresariales de nuestras compañías, el 80 % pequeñas y medianas empresas. Es fundamental que se contemple la prórroga de la suspensión,
aprobada el pasado año, de la causa de disolución obligatoria por las pérdidas generadas durante el año 2020, también a las generadas durante, al menos, el presente ejercicio 2021. De lo contrario, miles de negocios y empresas viables se verán
obligadas a cerrar y a disolverse por una situación coyuntural de la que puedan salir adelante en el futuro, cuando la economía de nuestro país vuelva a crecer al ritmo previo al estallido de esta crisis. Solo a principios de este año 2021, más de
200.000 empresas, una de cada seis, había tenido que echar el cierre en apenas unos meses. El Gobierno está obligado a poner todos los medios a su alcance para apoyar a nuestro sector empresarial, máxime en una medida a coste cero como la que aquí
planteamos.


Aprobación de ayudas para los enfermos de ELA. El Gobierno se olvida de los enfermos de Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA), una enfermedad progresiva del sistema nervioso, degenerativa e incapacitante que afecta, al menos, a 3.000
personas en nuestro país y de la que se hacen cerca de 900 diagnósticos al año, la mayoría tardíos por los más de tres años de media que transcurren entre los primeros síntomas y el diagnóstico definitivo. Nuestro Grupo Parlamentario ha registrado
una Proposición de Ley para garantizar el derecho a una vida digna de estas personas, con el fin de que se les reconozca automáticamente un grado de incapacidad del 33 % en el momento del diagnóstico, que se mejoren los servicios y la dotación de
recursos técnicos y humanos especializados en su cuidado y tratamiento, que se establezcan deducciones fiscales para la adquisición, reforma y adecuación de sus viviendas habituales y, en fin, para que se invierta en ciencia relacionada con la cura
de esta enfermedad degenerativa. Nada se recoge en estos Presupuestos al respecto de un asunto tan sensible y que tanto nos preocupa a nosotros.

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Incremento de los recursos para los afectados por la Talidomida. Desde nuestro grupo parlamentario siempre hemos estado del lado de las víctimas de la talidomida, al contrario del proceder de este Gobierno que no atiende a las asociaciones
de afectados desde hace más de un año. Por ello queremos, también aquí, hacerles el reconocimiento que se merecen. La cantidad destinada en los Presupuestos a las víctimas de este fármaco, por importe de 20 millones de euros, es idéntica a la de
otros ejercicios pasados y, además de ser insuficiente, nunca ha llegado a manos de sus beneficiarios. Hablamos de un colectivo que empieza a rondar la edad de jubilación pero que vive, en su mayoría, de pensiones no contributivas al no haber
podido apenas trabajar en empleos convencionales dado su elevado grado de discapacidad. Es indispensable estar del lado de quienes han sufrido daños irreparables en su vida dándoles, al menos, una compensación económica suficiente y digna que
mitigue, si quiera en parte, el daño sufrido durante décadas. Es necesario que se apruebe la ley que permita a los afectados solicitar las ayudas y, además, es necesario incrementar la dotación económica prevista en estas Cuentas de manera
considerable. Las víctimas de la talidomida llevan más de sesenta años esperando que se haga justicia con ellas y el Gobierno está en la obligación de terminar con esta injusta espera. En Ciudadanos siempre estaremos de su lado.


VI. Conclusión


Los Presupuestos que ha presentado el Gobierno para el ejercicio 2022 no son unos buenos presupuestos para España ni para nuestros ciudadanos. Las estimaciones de crecimiento e ingresos son poco realistas, no están avaladas y no cuadran;
se dispara el gasto estructural a niveles inasumibles sin que exista una sola medida que atisbe si quiera una remota senda de consolidación fiscal que ponga en orden nuestros números en un futuro cercano; se incrementa la presión impositiva sobre
unos contribuyentes exhaustos; se ahonda en las diferencias y privilegios territoriales al servicio del partido en el Gobierno; se aprueban medidas cosméticas que suponen derroches carentes de la valentía necesaria para adoptar soluciones
estructurales a problemas reales; y se ignoran compromisos ineludibles para mejorar la vida de nuestros ciudadanos en el ámbito de la vivienda, la salud o la educación.


Pero siendo esto grave y, desde luego, suficiente para que el Gobierno se viera obligado a plantear otras Cuentas Públicas para el próximo ejercicio, lo más penoso para nuestro país será comprobar, con rabia y desconsuelo, cómo el Presidente
implora el apoyo parlamentario no de quienes exigen inversiones en sanidad, empleo, educación o ciencia, sino de quienes, de un lado, buscan privilegios intolerables para sus territorios y sus gobiernos desleales, profundizando en un tratamiento
diferenciador injusto para con el resto de españoles y gobiernos cumplidores con la ley y, de otro lado, éste aún más insoportable, buscan un trato de favor para presos asesinos, extorsionadores y secuestradores de una banda terrorista, ETA, cuya
actividad sangrienta no condenan.


Es por todos estos sobrados motivos, por los que el Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta esta enmienda a la totalidad del Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2022, y solicita su devolución ai Gobierno.


ENMIENDA NÚM. 2


FIRMANTE:


Míriam Nogueras i Camero


(Grupo Parlamentario Plural)


A la Mesa de la Comisión de Presupuestos


El Grupo Parlamentario Plural, a instancias de la Diputada de Junts per Catalunya, Míriam Nogueras i Camero, al amparo de lo establecido en el artículo 110 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente enmienda a la
totalidad al Proyecto de Ley Presupuestos Generales del Estado para el año 2022.


Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de octubre de 2021.-Míriam Nogueras i Camero, Portavoz adjunta del Grupo Parlamentario Plural.

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Enmienda a la totalidad de devolución


Exposición de motivos


La previsión de los Presupuestos del Estado ha dejado de ser una guía real para conocer el grado de inversión de cada territorio y para saber dónde se destinan más recursos. La única realidad en la que nos podemos basar es en su ejecución.


En los primeros 6 meses de 2021, según la Intervención General del Estado, solo se han ejecutado el 13 % de las inversiones previstas en Catalunya para este 2021.


La voluntad política para revertir esta tendencia también se ha demostrado baja. Para conseguir la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado del año 2021 se pactó, entre otras cosas, la creación de la Comisión de seguimiento de
las inversiones estatales en infraestructuras en Catalunya. A día de hoy, que estamos tramitando los Presupuestos Generales del Estado para el año 2022, esta comisión ni siquiera se ha reunido una sola vez. Ni se ha reunido, ni se han cumplido la
gran mayoría de promesas que el Gobierno hizo a Catalunya.


Este Gobierno no cumple los acuerdos a los que se compromete ni tampoco la ley de presupuestos.


El concepto empresarial anglosajón 'complain or explain' debería ser una exigencia de todos los partidos en las negociaciones de los presupuestos. Para Junts, lo es. Cumple o explica. Y nos encontramos frente a un Gobierno que ni cumple
ni explica porque no cumple.


En el período 2015-2020 el Estado en Catalunya ha ejecutado, de media, el 65 % del presupuesto. La media de ejecución en el Estado es del 75 %.


Desde Junts exigimos que la parte del presupuesto que no se ejecute, sea transferida a la Generalitat de Catalunya.


También así, la descentralización e incremento de partidas: la gestión del Ingreso Mínimo Vital, ya que Catalunya solo recibe el 6 % de los recursos pero representa el 16,5 % de la población; descentralización de los recursos destinados a
vivienda; transferir a la Generalitat el importe correspondiente a Catalunya del bono cultural; incremento de la financiación de la ley de dependencia; alfombra roja al català (y al resto de lenguas minoritarias) si realmente creen que los
ciudadanos de Catalunya tenemos derecho a vivir 24 horas en català.


Los Presupuestos Generales del Estado 2022 prevén una inversión en Catalunya similar a la del 2021. Es decir, no solo insuficiente sino sin ninguna garantía de ejecución de los mismos. Es más, en el anexo de inversiones para el año 2022
siguen figurando los mismos proyectos no ejecutados para el año 2021. Por lo tanto, este Gobierno pone las mismas inversiones año tras año en los PGE, las vende cada año, y las incumple cada año. Esta es la historia de los PGE respecto a
Catalunya. Exigimos rigor y seriedad por parte del Gobierno Español.


El Estudio FEDEA (Fundación de Estudios de Economía Aplicada) apunta que el 60 % del gasto COVID se prolongará. Frente a este escenario, en el cual la pandemia no finaliza el 31 de diciembre tal y como refleja (erróneamente) esta previsión
que hace el Gobierno de España, no podemos comprender que no exista para el año 2022, un fondo extraordinario COVID. Es necesario el mantenimiento del fondo COVID en los presupuestos para el próximo año, para evitar así el colapso del sistema
sanitario.


Este Proyecto de Ley General de Presupuestos para el año 2022 no da respuesta ni resuelve las enormes carencias de los servicios públicos más sensibles para los ciudadanos: educación, sanidad, servicios sociales, vivienda, Rodalies y
pensiones, entre otros. Para ello serían necesarios 10.000M€ adicionales que no solo no están previstos sino que se acumulan a las deudas históricas sin saldar. La acumulación de agravios y de deudas pendientes, lejos de minimizarse, aumenta año
tras año, afectando directamente al bienestar de todos los catalanes y catalanas.


Es decir: el Gobierno del Reino de España, ni salda la deuda histórica acumulada con Catalunya, ni cumple los compromisos a los que llega con los partidos catalanes, ni ejecuta los presupuestos que debe cumplir por ley.


Otro tema nuclear para Junts son los Fondos Next Generation. Se acordó una cogestión de ellos y de nuevo, este Gobierno, incumple los compromisos a los que llega, la cogestión no se materializa y nos encontramos ante una gestión unilateral
de dichos fondos. Hace tiempo que advertimos que la selección de proyectos debería seguir criterios de competitividad y transparencia, pero no ha sido así.


Consideramos que quién conoce mejor las necesidades es el Govern de la Generalitat de Catalunya y, por lo tanto, debe determinar la finalidad a la que destinarlos, así como, las condiciones en las que se realizan las convocatorias,
priorizando así los proyectos de inversión necesarios en Catalunya.

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De hecho, cuando el estado español es quien hace el reparto de los fondos europeos, de acuerdo con los datos históricos de los últimos 25 años, Catalunya solo recibe el 10 %, aunque representa el 16 % de la población y el 19 % del PIB.


Cuando es Europa quien reparte directamente estos fondos, sin la intermediación del estado español, Catalunya, gracias a los proyectos competitivos que presenta, a la colaboración público privada y tecnológico científica, a las
multinacionales y a las pymes, recibe entre un 3 y un 4 % del total de los fondos europeos, como el Horizon 2020, aunque represente el 1,5 % de la población.


Si Catalunya dispusiera de los recursos que genera, mejoraría la atención de las necesidades básicas de su ciudadanía.


En cambio, lo que encontramos es el ya conocido déficit fiscal, cifrado para este año en 18.000 millones de euros, que representa una detracción de recursos netos continuada y muy elevada, que frena las capacidades de modernización de la
economía catalana y pone en riesgo la atención de las necesidades sociales, al que se le debe sumar el histórico déficit en inversiones.


Para finalizar, los informes de los organismos independientes consideran que estos PGE son demasiado optimistas en referencia al pronóstico de crecimiento. La previsión parte de un cuadro macroeconómico poco realista para los próximos
trimestres, exactamente igual de poco realistas que eran los anteriores presupuestos. Sus cifras están mal dimensionadas cómo sucede de manera reiterada.


El Proyecto de Ley presentado resulta insuficiente para afrontar con éxito los retos sociales y económicos que la sociedad catalana necesita, más aún en una época de pandemia, cuando otros países europeos han incorporado partidas específicas
para combatir a la COVID-19 y sus efectos.


Todo lo expuesto es solo una parte del maltrato y menosprecio del Estado Español respecto a Catalunya, sus instituciones, su ciudadanía y sus trabajadores. Existe un maltrato más agudo que el económico. Este Gobierno ha sido incapaz de
abrirse a debatir sobre la ley de amnistía. Hablan de pasar página, pero no dicen que quieren hacerlo dejando atrás a miles de represaliados y dejando sin protección a todos aquellos perseguidos por la injusticia española y organismos corruptos
como el Tribunal de Cuentas.


Este Gobierno que habla de diálogo pero que excluye y veta de él a una gran parte del independentismo, negándose, además, a negociar un referéndum de autodeterminación.


Por todo ello Junts per Catalunya presenta esta enmienda a la totalidad al Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado de 2022, solicitando su devolución al Gobierno.


ENMIENDA NÚM. 3


FIRMANTE:


Ana María Oramas González-Moro


(Grupo Parlamentario Mixto)


A la Mesa de la Comisión de Presupuestos


El Grupo Parlamentario Mixto, a instancia de la Diputada Ana María Oramas González-Moro de Coalición Canaria-PNC, de acuerdo con lo establecido en el Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente enmienda de totalidad al Proyecto de
Presupuestos Generales del Estado para 2022, solicitando la devolución al Gobierno.


Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de octubre de 2021.-Ana María Oramas González-Moro, Diputada.-El Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.

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Enmienda a la totalidad de devolución


Exposición de motivos


1. Preámbulo


2. Incumplimiento REF


- Media de inversión.


- Sentencia de carreteras.


- Empleo.


- Pobreza.


- Inversión en infraestructuras aeroportuarias y portuarias.


- Tasas Aeroportuarias.


- Disminución partidas fletes mercancías, plátano.


- Partidas y proyectos sin financiación.


- Modificación REF: IS.


- Instrumentos no aprovechados fiscalidad.


Fondos Europeos y ultraperiferia


- Informe del retraso y ayudas que no llegan a las empresas.


Inmigración


- Política migratoria integral.


- Fondos para los Ministerios.


- SIVE.


- Menores.


La Palma


Conclusión


Exposición de motivos


Preámbulo


Aunque la crisis sanitaria se empieza a quedar atrás, los efectos del coronavirus en la economía dejarán huella durante mucho tiempo. La recuperación será larga y desigual. Y el barómetro anual del Comité Europeo de las Regiones (CDR) no
arroja un pronóstico ilusionante para Canarias: las características estructurales de su economía la colocan en una posición muy frágil y vulnerable. En concreto, el informe publicado por el órgano consultivo de la Unión Europea coloca a la
Comunidad Autónoma entre las zonas del continente más susceptibles de sufrir un impacto económico negativo a medio plazo (en los próximos 10 años). El barómetro analiza las consecuencias de las restricciones anti-Covid y criterios como el peso del
sector turístico, la cultura, la hostelería o los jóvenes sin trabajo.


Los Presupuestos Generales del Estado tendrían que ser la herramienta principal para poder llevar a cabo aquellas políticas que den respuesta a las necesidades de la ciudadanía, y especialmente los de este año que deben abordar desde un
diagnóstico certero las propuestas para la salida de la crisis, con las políticas necesarias para atender las singularidades de los territorios, los sectores en función del impacto y las previsiones de salida de la crisis. Estos presupuestos no van
en esta línea en general y mucho menos desde la óptica de Canarias y su ciudadanía. Una vez más son unos presupuestos que le dan la espalda a los canarios; este proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado vulnera el REF y empobrecen a
Canarias.


Son unos presupuestos que en un escenario tan poco esperanzador, tampoco tiene presenten las deudas acumuladas, los incumplimientos flagrantes de nuestro Régimen Económico y Fiscal, y dan a entender que la ley hay quien puede saltársela sin
consecuencias, mermando de forma directa los ingresos y la calidad de vida de los de los canarios y canarias sin tener en cuenta nuestras singularidades recogidas hace apenas tres años en el nuevo Estatuto de Autonomía de Canarias y el REF.

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Desde Coalición Canaria-Partido Nacionalista Canario entendíamos que era absolutamente necesario una vez superado lo peor de la crisis sanitaria abordar la salida de esta crisis social y económica una forma integral.


Mientras la respuesta de la UE no se hizo esperar, desde el principio de la pandemia tomando decisiones como la suspensión de las reglas fiscales hasta la inyección de Fondos Europeos específicos para el sostenimiento del tejido productivo
de las regiones europeas, la merma de ingresos o la salvaguarda de los servicios públicos, se abordaba el reto de la vacunación para evitar la propagación de los contagios. En tanto se luchaba contra la pandemia y la UE dispuso de medidas y fondos
para sostener el tejido productivo, pymes, autónomos, empresas y abordar una recuperación económica igualitaria.


Por todo ello los nacionalistas canarios entendíamos, que igual que arbitró la UE la respuesta en función del impacto de la crisis en casa país, que era necesario que el Estado contara con unos Presupuestos Generales que le permitieran
afrontar las consecuencias económicas y sociales para mitigar el impacto de la crisis en función del impacto sobre la economía de cada territorio.


En Canarias, el impacto de la COVID-19 y las restricciones sobre el sector turístico, supuso la práctica paralización del conjunto de la economía Canaria. En términos de PIB en 2020 cayó un 21,6 % hasta 10.000 millones frente al 10,8 % de
España, es decir, duplicando el impacto económico respecto al resto de España.


También en términos de desempleo, casi 10 puntos por encima de la media española, siendo las primera Comunidad Autónoma con personas en ERTE durante el 2020 y 2021 o en la destrucción de empresas -un 6,6 % superior a la media española-. A
las dificultades estructurales que tiene Canarias y por lo que tiene un trato singular en el Tratado de la UE y también en la Constitución, se han unido en 2020 y 2021 con una mayor virulencia y devastación las consecuencias en lo económico y social
derivado del Covid. Sin embargo, los Presupuestos Generales del Estado para 2022 no contemplan las medidas específicas y singulares que requiere Canarias, para superar los problemas estructurales y mucho menos una salida robusta y justa de la
crisis económica.


En la distribución de los Fondos Europeos el Gobierno de España no ha tenido en cuenta, como sí lo hizo la propia UE con España, las peculiaridades de Canarias, nuestra condición ultraperiférica, la dependencia del sector turístico y su
impacto económico y sobre el desempleo. En los PG2022 no aparecen referencias respecto a estos elementos que permita concluir que habrá una respuesta específica de Fondos Europeos para Canarias.


Por otro lado, estos presupuestos vuelven a incumplir nuestro Régimen Económico y Fiscal y nuestro Estatuto de Autonomía de Canarias, no contemplando la inversiones y partidas específicas que vienen recogidas en el nuevo REF o no cumpliendo
con la inversión promedio que especifica el artículo 168 del Estatuto de Autonomía. Por otro lado, aborda el incremento del mínimo de tributación al 15 % del impuesto de sociedades que deja fuera figuras fiscales recogidas en nuestro REF como son
las bonificaciones por lo que se produce no sólo, como se ha dicho, dudas en la interpretación. Para este grupo político no hay ninguna duda el Régimen Económico y Fiscal está siendo modificado, conculcando sus principios de mantenimiento de
diferencial fiscal en este Proyecto de Presupuestos.


Migración


La llegada durante el 2021, hasta el 15 de octubre, de más de 14.000 migrantes, sin que el Gobierno de España haya desplegado una política integral y de emergencia para esta tierra es una evidencia. La cifra casi duplica, a falta de dos
meses para terminar el año, las ya insoportables del año 2020. Este brutal reto de la inmigración Canarias y su gente lo está afrontando prácticamente en solitario, sin una política migratoria integral desplegada desde todos los ministerios
implicados y requiriendo la solidaridad e implicación de la UE y sus autoridades. En todo este tiempo Canarias se ha encontrado sola, ha visto como en nuestra tierra se vulneraban los derechos humanos, se trataba sin la más mínima dignidad a las
personas migrantes, sin la más mínima sensibilidad con una tierra que no es el trayecto final de los miles de migrante y que sin embargo el Gobierno de España mira hacia otro lado mientras miles de personas llegan a nuestras costas y otros miles
pierden la vida en el intento.


No es de recibo la respuesta timorata y cobarde que dan estos presupuestos a un problema que supera fronteras y nos compete a todos pero muy especialmente al Gobierno de España. Y estos presupuestos no contemplan, salvo una partida de 50
millones calificada de 'insuficiente' por el mismo Gobierno de Canarias que no alcanza, siquiera, para atender a los 2.700 menores migrantes que

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actualmente tutela la Comunidad Autónoma. Sin duda, una respuesta insuficiente para atender una situación que desborda la capacidad de acogida y atención digna.


La Palma


A todo ello se ha sumado, en las últimas semanas, en la isla de la Palma los efectos devastadores del Volcán Cumbre Vieja. Tras cuatro semanas de que comenzara la erupción, la devastación y los destrozos alcanzan términos incalculables en
lo económico y gigantes en sus términos. La lava ha arrasado ya más de 891 hectáreas, dejando 8.000 personas evacuadas, y 2.270 edificaciones (datos a 24 de octubre de 2021) destruidas, kilómetros de carreteras, red de abastecimiento de agua,
infraestructuras públicas, colegios, centros de salud, iglesias. No se trata tan sólo de los bienes materiales, el volcán ha arrasado con el modo de vida de miles de palmeros y palmeras. Las secuelas del volcán, que aun se mantiene en plena
actividad y que nadie puede vaticinar el fin de la erupción, son también incalculables desde el punto de vista emocional y psicológico para las miles de familias que lo han perdido todo.


Estos PGE2022 no hacen la más mínima mención a la catástrofe que vive la isla de la Palma. No prevé ninguna medida para atender a las familias, empresas, sector agrario y atenuar las consecuencias globales sobre la economía de la isla de la
Palma. No hace ninguna referencia sobre cómo recuperar una isla a la que el volcán ha borrado la zona de mayor impulso económico y su principal activo, el cultivo del plátano. Esta catástrofe requiere que de un Plan Especifico de Recuperación para
la Palma, cuyas medidas deben contemplarse en el principal instrumento de política económica de un país, de lo acertado de esas medidas depende el futuro de miles de palmeros; estos tienen que recoger las actuaciones económicas, fiscales,
laborales, y de compensación justa para quienes lo han perdido todo. Este partido nacionalista no puede ni quiere mirar para otro lado cuando la principal herramienta de planificación económica que tiene el Estado no contempla una realidad que no
pasará en días. Creemos que desde la unidad de la acción política y con medios económicos, fiscales y de cobertura social se dibuje un futuro de esperanza para la Palma.


La vulneración de nuestros derechos, la modificación por la puerta de atrás de nuestro Fuero, la desatención y falta de Fondos Europeos para los principales retos de la recuperación económica tras la Covid, el desprecio a la crisis
migratoria o el ninguneo a la catástrofe del Volcán de la Palma no puede ser jamás un buen punto de partida. Coalición Canaria no lo puede permitir, y por eso presenta esta enmienda a la totalidad, que estos presupuestos maquillen, engañen e
ignoren la realidad singular de Canarias.


En este sentido, y como se expondrá a continuación, existen evidencias jurídicas fundamentadas para demostrar que en estos PGE2022 se vulneran derechos de obligado cumplimiento del Estado con el archipiélago canario, con sus ciudadanos y con
los agentes económicos y sociales que operan en Canarias, tanto de carácter social, económico como fiscal.


Por tanto, existen sólidos argumentos, que analizaremos a continuación, para que Coalición Canaria-PNC no acepte estos Presupuestos Generales en su conjunto y presente la correspondiente enmienda a la totalidad y su devolución al Gobierno.


INCUMPLIMIENTO DEL RÉGIMEN ECONÓMICO Y FISCAL


Es en el Régimen Económico y Fiscal Canario (REF) y nuestro Estatuto de Autonomía donde se reconoce la necesidad de adecuar las políticas y decisiones a nuestra condición de Región Ultraperiférica, estas son las dos principales herramientas
que Canarias tiene, y no puede renunciar a ellas, para hacer frente a esta dramática situación. Lo son ahora y lo han sido a lo largo de su historia. El REF históricamente ha estado destinado a promover el desarrollo económico y social nuestro
Archipiélago, diferenciando a Canarias del resto del territorio español.


Recordamos que el REF viene reconocido y garantizado al más alto nivel, tanto en la Constitución como en el Estatuto de Autonomía, y en el ámbito Europeo en el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.


En noviembre de 2018, se aprobó y entró en vigor la reforma del Estatuto de Autonomía y el nuevo REF, dos normas renovadas y trascendentales para el desarrollo futuro de las islas y sus ciudadanos, con importantes avances y mejoras
económicas y fiscales, que suponen una mejoría del hecho diferencial canario, dejándolas ancladas con rango de ley.


Por su parte, el nuevo REF incorpora una serie de medidas, tanto de carácter social, económico y fiscal, sustentadas en el objetivo fundamental de esta norma, que no es otro que garantizar el desarrollo

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económico y social del archipiélago mediante la diversificación de la actividad productiva y la creación de empleo, y respetando siempre, el diferencial fiscal que por derecho atribuye esta norma al archipiélago canario.


De igual manera, la reforma de Estatuto supone reconocer entre otros aspectos, la ultraperificidad de Canarias, derivada de su insularidad y lejanía, incluyendo el mar dentro del ámbito territorial canario, una característica que ya reconoce
el Tratado de la Unión Europea dentro de su artículo 349, y que ahora se consagra por rango de ley en el nuevo Estatuto.


Otros de los aspectos más significativos de esta norma se recoge en su artículo 168 a través del Principio de Solidaridad Interterritorial para lograr la equiparación progresiva de las condiciones socioeconómicas de la población de las Islas
al promedio estatal.


Además, otras de las novedades desde el punto de vista de la financiación es que se logra la desvinculación completa del REF del Sistema de Financiación Autonómica, a lo que se une la posibilidad de asumir una serie de competencias fruto de
los nuevos preceptos que dicha norma incluye.


Por tanto, antes de entrar en la valoración del proyecto de Ley de los Presupuestos Generales del Estado para 2022 (PGE 2022), hay que dejar patente, que estas normas otorgan y reconocen unas singularidades específicas y particulares de las
islas, al igual que el artículo 349 del Tratado de la UE, que no tienen otras Comunidades Autónomas, que se traducen en derechos a los que deben darse respuesta por parte de los poderes públicos.


Estos derechos deben tener su reflejo en los Presupuestos Generales del Estado como instrumentos en beneficio de la ciudadanía, de la cohesión social y del empleo para afrontar las consecuencias de la crisis sobre el desarrollo de la
actividad económica en Canarias.


En este sentido, el Gobierno de España ha presentado en el Congreso de los Diputados el proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado de 2022, que esta formación política no va a apoyar. Además, va a solicitar su devolución a través
de la presente enmienda a la totalidad porque, precisamente, vulnera los derechos antes citados, tanto desde el punto de vista social como del económico y fiscal, como veremos a continuación en un contexto de la economía y social como nunca había
vivido Canarias.


El paro y la precariedad el mayor problema de Canarias que los PGE2022 no afronta


Según el informe del mes de julio del propio Gobierno de Canarias para el Seguimiento del Impacto Económico del COVID-19, el PIB se redujo en Canarias en 2020 un -20,1 % frente al -10,8 % de la media nacional, debido a una mayor repercusión
de la crisis del COVID-19 sobre la actividad productiva, y en concreto la actividad turística, principal motor de la economía del Archipiélago. Este comportamiento se ha reproducido durante el primer trimestre de 2021.


Asimismo, la demanda eléctrica sugiere unos niveles del PIB en el segundo trimestre de 2021 que mejoran sus resultados en tasas anuales debido al efecto base y a las menores restricciones a la movilidad, sin embargo la fragilidad de la
recuperación y la vulnerabilidad de la economía hace que Canarias se enfrenté a un reto de naturaleza económica y social sin precedentes.


La pandemia del coronavirus paralizó la actividad económica en Canarias durante prácticamente todo el 2020 y nuestras islas se han vistos sometidas a severas restricciones durante la mayor parte del primer semestre de 2021. La dependencia
económica del sector turístico, que vio como durante 2020 y hasta el tercer trimestre de 2021 apenas se recuperaba algo de sus reservas, ha supuesto un mayor impacto sobre el mercado laboral canario y el cierre de miles de empresas que no han
resistido que no llegaran a tiempo las ayudas y el apoyo a los diferentes sectores.


El gasto turístico según el INE, en el conjunto de 2020 se redujo un -71,4 % respecto a 2019, esto es, unos 12.043 millones de euros menos. En el acumulado de enero a mayo de 2021 el gasto total de los turistas internacionales del
Archipiélago se cuantifica en 750 millones de euros una cifra que queda muy lejos de los datos precrisis. Las previsiones de recuperación tanto económica como del tejido productivo y su impacto sobre el desempleo y la pobreza no son nada halagüeñas
a corto plazo.


El mercado de trabajo continúa en una situación delicada, si bien a partir de marzo se observa una ligera recuperación de sus principales indicadores. En la comparativa regional, Canarias es la Comunidad Autónoma que muestra el mayor
impacto del coronavirus en el mercado de trabajo. De hecho, con datos de junio, Canarias sigue siendo la Comunidad con mayor peso de los trabajadores que no se encuentran trabajando, bien porque están en paro o bien porque están en ERTE.

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Canarias es la única Comunidad Autónoma con crecimiento del paro en términos anuales. Respecto al mes previo a la crisis sanitaria (febrero de 2020), el Archipiélago presenta en junio de 2021 el mayor crecimiento del paro registrado con un
+32,1 % frente a una media nacional del +11,3 %.


Las listas de desempleo en el Archipiélago la integran 213.558 personas en el mes de septiembre, según datos del en Canarias Ministerio de Trabajo, la incipiente recuperación del turismo logra una mejoría de los datos de desempleo, pero
lejos de alcanzar la media española que se sitúa a casi 10 puntos por debajo de la tasa de paro en Canarias.


Paro juvenil en Canarias


Los jóvenes fueron uno de los colectivos más castigado por la crisis de 2008, tras alcanzar una tasa de paro del 80 % (solo trabajaban dos de cada diez) y verse obligados a marcharse de su país para buscar un futuro, y de nuevo vuelve a
sufrir de lleno el impacto que la crisis de la Covid está teniendo en el mercado laboral.


Si nos vamos a los datos de desempleo por edades Canarias es la segunda comunidad autónoma en mayor tasa de paro juvenil se superada tan sólo por Ceuta y que sitúa a los jóvenes canarios con una tasa de desempleo de un 52,3 % la friolera de
20 puntos por encima de la media española, que para el 2T de 2021 se encontraba en un 32,3 %.


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Los jóvenes canarios vuelven a toparse con una cruda realidad a la hora de acceder al mercado laboral: no hay trabajo y el que hay es en condiciones precarias. Los que encuentran uno se tienen que conformar en muchas ocasiones con empleos
que están muy por debajo de su nivel de cualificación.

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A las dificultades para incorporarse al mercado laboral se une que, al tratarse del eslabón más débil de la cadena, al ser el colectivo que acapara el mayor número de contratos temporales y tener los sueldos más bajos, son los primeros que
se van al paro ante cualquier eventualidad económica que obligue a la empresa a tomar medidas de ajustes de plantilla y ahorro de costes.


En este contexto los PGE2022 no sólo no contienen una estrategia para atajar la lacra del desempleo entre los jóvenes en Canarias y sino que muy al contrario recorta 100 millones el presupuesto destinado a empleo juvenil.


Canarias en el contexto del Plan Integral de Empleo de Canarias con las cifras actuales de paro para el conjunto de la población y en especial para los jóvenes no puede quedarse cruzada de brazos cuando no sólo ve que no se incrementan los
recursos destinados a la lucha contra el desempleo, manteniéndose la misma cifra de cuando la tasa de paro en Canarias apenas alcanzaba el 19 % sino que ve como se recortan la aportación del Estado en un 53 % cuando se distribuyen los recursos para
la formación para el empleo en el marco de la conferencia sectorial entre el conjunto de la Comunidades Autónomas.


De la misma manera que el Gobierno de España niega a Canarias el Plan Integral de Empleo en materia de educación donde estos presupuestos tampoco aparecen los 42 millones de euros de inversión en infraestructuras educativas que si recogían
los presupuestos del año 2018. En el marco de un ambicioso plan de infraestructuras para la formación y educación de los jóvenes que permitiera compensar el déficit de inversión poniendo a la educación como un elemento esencial de la salida de la
crisis económica y social y colocando a los jóvenes en el centro de la estrategia.


La pobreza en Canarias


Un 36,3 % de la población canaria se encuentra en riesgo de pobreza o de exclusión social. El riesgo de pobreza o exclusión social en Canarias se ha incrementado un cuatro por ciento en 2020, según refleja la Red Europea de Lucha contra la
Pobreza y la Exclusión Social en España (EAPN-ES) en su XI Informe 'El Estado de la Pobreza. La pobreza severa se disparó un 49 % en Canarias en 2020'.


En este último año, con un aumento del 49 por ciento, la tasa 'ha perdido en un año todo lo que había ganado en los últimos tres' y además con una diferencia de 7,2 puntos porcentuales por encima de la media nacional, por lo que Canarias se
sitúa como la comunidad con más tasa de pobreza severa en España. Todo ello, después de que 147.500 personas nuevas se hayan incorporado a la pobreza severa, ascendiendo el total a 373.600 canarios y canarias. Especial mención requiere la crudeza
de la pobreza infantil y la brecha que supone. Un 39,8 % de los niños de Canarias están en riesgo de pobreza, según la actualización de los datos sobre este ámbito calculados con los indicadores económicos y sociodemográficos. El mapa de la
pobreza infantil en España elaborado por la consultora AIS revela que 1 de cada 5 niños está en riesgo de pobreza, y que la región con la situación más preocupante de pobreza infantil es Extremadura, con casi la mitad (47,8 %) de los niños en
situación de riesgo de pobreza, seguida de Canarias.


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Miles de personas han perdido su trabajo, a día de hoy cada 100 hogares canarios, 15 tienen ahora mismo todos sus miembros parados y, quienes siguen aguantando en sus puestos de trabajo lo hacen con sueldos bajos. Las organizaciones no
gubernamentales están desbordadas por la necesidad, las llamadas 'colas del hambre' donde el número de personas atendidas ha aumentado el 100 %. Durante 2020 y 2021 la situación de ERTE o tener un empleo no es garantía de llegar a final de mes.


Muchas familias están en el borde porque los ratios de endeudamiento de Canarias son bastante altos y los niveles de renta son muy bajos. Hay un porcentaje muy elevado de personas con rentas por debajo de los 10.000 euros. Esto hace que
cualquier crisis o problema nos haga tener que recurrir a un soporte familiar, a pedir ayudas.


Con un aumento de casi un 50 % de la pobreza severa en 2020, con un incremento del 100 % de las personas que acuden a los bancos de alimentos los PGE para Canarias mantienen la cifra de 30 millones para el Plan de Lucha contra la Pobreza del
año 2018. No se alcanza a entender que con unas cifras tan descomunales que nos hablan de 343.000 personas en situación de pobreza en Canarias los presupuestos no contemplen duplicar el presupuesto para este fin.


Los hándicaps para Canarias que el Presupuesto 2022 no contempla


Una de las hipótesis básicas en la estimación del crecimiento económico en el Proyecto de PGE 2022, es el precio del barril de Brent, que se prevé se mantenga en el entorno de los 60 dólares, que supone un 16 % menos del precio estimado para
2021, a pesar de que ya en el mes de junio, y desde diciembre 2020, debido a la vuelta de los viajes y el turismo, había aumentado el precio casi un 50 %, hasta rozar los 72 dólares el barril. Se mantuvo en estos términos durante el verano, pero
desde mediados de septiembre, el precio no ha dejado de subir hasta casi llegar a los 86 dólares el barril en octubre, debido a la baja oferta y elevada demanda. Acuerdos entre productores de reducción de la producción para subir precios; ausencia
de nuevas inversiones en el sector petrolero y en el de otras energías fósiles debido al proceso de transición energética hacia las energías verdes en los países avanzados, que penaliza estas energías y premia a las renovables; y quema de petróleo
por las centrales eléctricas para producir energía, ante la falta de gas, son las principales razones del grave desajuste entre oferta y demanda de este producto.


La dependencia de Canarias del transporte para su recuperación económica, el precio y la crisis de los combustibles, el alza de los precios de la energía suponen un grave hándicap que puede lastrar la recuperación económica de nuestras
islas. Así mismo la inflación, que en España ya ha alcanzado el 4 %, un nivel no visto desde hace 13 años, y en la Unión Europea un 3,4 %, no solo es debida al aumento del precio de la electricidad, sino también al encarecimiento del transporte,
los combustibles y las materias primas, subidas que ya se están trasladando al precio de los productos finales y que ya afectan a la cesta de la compra y que recortan el poder adquisitivo de los salarios.


Incumplimiento de invertir en Canarias al menos la media de inversión territorializada


Con el nuevo Estatuto de Autonomía, el Estado reconoce la 'ultraperificidad' de Canarias, una singularidad derivada de la insularidad y lejanía, ya reconocida por el propio Tratado de la UE (artículo 349), y que obliga a los poderes públicos
a dotar a las islas de recursos económicos adicionales que hay que dimensionar, indispensables para cumplir con cada uno de los preceptos que integran ambas normas con rango de ley.


Los artículos 95 y 96 del REF y 168 del Estatuto para la Compensación por el hecho insular:


'Se considerarán de interés general a efectos de la inclusión de los créditos correspondientes en los Presupuestos Generales del Estado, las obras de infraestructura y las instalaciones de telecomunicación que permitan o faciliten la
integración del territorio del Archipiélago con el resto del territorio nacional o interconecten los principales núcleos urbanos de Canarias o las diferentes islas entre sí.


En cada ejercicio, el Programa de Inversiones Públicas que se ejecute en Canarias se distribuirá entre el Estado y la Comunidad Autónoma de tal modo que las inversiones estatales no sean inferiores al promedio que corresponda para el
conjunto de las Comunidades Autónomas, excluidas de este cómputo las inversiones que compensen del hecho insular.'


Las Inversiones Reales crecen en un 0,49 % colocando la cantidad presupuestada en 362,40 millones de euros, siendo una de las Comunidades Autónomas con menor esfuerzo inversor (la decimotercera,

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para ser exactos) lo que resulta curioso dado el impacto de la crisis experimentada en el Archipiélago comparativamente hablando con el resto del Estado. Vemos como la inversión directa del Estado en Canarias sitúa a nuestra comunidad
autónoma en 166,9 € por habitante frente a la media del inversión en capítulo VI del Estado que asciende a 274,7 € es decir 107,8€ menos de inversión directa por habitante del Estado en Canarias.


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Vemos como Canarias queda a la cola en la inversión real, especialmente llamativo en lo que se refiere a la inversión en aeropuertos que disminuye en más de 57 millones de euros en una tierra cuyas

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comunicaciones, conectividad y movilidad dependen de estas infraestructuras. Cuando específicamente se recoge en varios artículos del Estatuto de Autonomía de Canarias como el artículo 3 sobre la Lejanía, insularidad y ultraperiferia:


'Dada la lejanía, la insularidad y la condición ultraperiférica de Canarias, reconocidas por los Tratados constitutivos de la Unión Europea, la Constitución y el presente Estatuto, los poderes públicos, en el ámbito de sus respectivas
competencias, tendrán en cuenta estas circunstancias cuando sea preciso adaptar sus políticas y actuaciones legislativas y reglamentarias, así como sus decisiones financieras y presupuestarias, cuando dichas circunstancias incidan de manera
determinante en tales competencias, fijando las condiciones específicas para su aplicación en el Archipiélago. Especialmente, esta adaptación se producirá en materia de transportes y telecomunicaciones y sus infraestructuras; mercado interior;
energía; medio ambiente; puertos; aeropuertos; inmigración; fiscalidad; comercio exterior; y, en especial, en el abastecimiento de materias primas y líneas de consumo esenciales y cooperación al desarrollo de países vecinos.'


Si profundizamos algo más en las cifras, analizando partida por partida vemos que realmente la inversión directa del Estado se incrementa a través de las actuaciones de Acuest fruto del convenio con el Cabildo de Tenerife donde la empresa
financia y ejecuta actuaciones de saneamiento y depuración pero que no pueden entenderse como una inversión directa del Estado asociada ya que la empresa actúa como un banco que adelanta o presta los recursos que después recuperará del cobro de las
tasas. Estas inversiones se incrementan en unos 50 millones lo que viene a 'compensar' el recorte de la inversión directa del Estado.


El maquillaje de la inversión vía pago de parte de la sentencia de carreteras


La ley de PGE 2022, incumplen uno de los principios que recoge en nuevo Estatuto, el artículo 168 de Solidaridad Interterritorial, y también a los artículos 95 y 96 del REF. Podemos comprobar como los PGE2022 incrementan las inversiones vía
transferencia el Estado de forma ficticia queriendo maquillar las cuentas de las transferencias de capital incluyendo parte del pago de la sentencia 200 millones de los 1.000 millones a los que condenó el TS al Gobierno de España por incumplimiento
del convenio de carreteras en el capítulo 7 del Ministerio de Transporte, Vivienda y Agenda Urbana; distorsionando así la asignación de la inversión en Canarias.


Ante la importancia y relevancia vital que tiene para la Comunidad Autónoma insistimos en que los PGE deben recoger el mecanismo jurídico y en su caso las cuantías que correspondan para la ejecución de las sentencias del Tribunal Supremo y
por tanto, transfiera a Canarias los más de 1.000 millones que aún se le adeudan por incumplimiento del Convenio de Carreteras en los años 2012, 2013 y 2014.


Es vital para Canarias que se dote de un marco jurídico que sirva de 'percha' para la firma de un acuerdo para la transferencia de esos fondos y las cuantía puedan ser incorporados al Presupuesto de la Comunidad Autónoma para 2022,
suscribiendo una adenda al Convenio de Carreteras por importe de 500 millones de euros de los que los primeros 200 deberían incorporarse a los PG2022 de forma que se destinen al impulso de la obra pública.


La suspensión de las reglas fiscales para el 2022 abriría una puerta para que puedan ser consignados. Sin embargo se hace necesario arbitrar el mecanismo jurídico para la transferencia de esos recursos por importe de más de 500 millones y
la seguridad del abono de dichas sentencias.


El actual proyecto de PGE2022 en el texto articulado este mandato por sentencia que se refiere a abonar la deuda derivada de las sentencias del Tribunal Supremo por incumplimiento por parte del Estado del Convenio de Carreteras suscrito el
31 de enero de 2006; librando la cuantía de 516 millones de euros que el Estado llevó a superávit de Canarias en 2018, para que puedan destinarse a gastos no financieros en sus servicios públicos y demás competencias y de los que se consignaron 100
millones en 2021 que ha fecha de hoy no han sido transferidos.


Por otro lado, se consigna un importe de 200 millones como pago de sentencia a Canarias en capítulo 7 dentro del marco del Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana, lo que ha llevado a la confusión de incorporarlo a las
inversiones cuando se trata del pago de una sentencia, sin embargo en el texto articulado del Proyecto de Presupuesto no deja claro que se trata de los recursos que el Gobierno de España llevó a superávit, de forma que podrían confundirse con la
parte de la sentencia que se refiere a obra no ejecutada y que debe incorporarse al actual convenio. En el texto articulado de la ley debe quedar claro que estos fondos son de libre disposición de la Comunidad Autónoma.

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Como podemos constatar la inversión por transferencias de capital en el presupuesto de inversión para Canarias se incrementa en tan sólo 11,7 millones de euros respecto a 2021. Puesto que no podemos considerar el incremento ficticio por la
vía la consignación de una parte de la deuda que deriva de la sentencia de carreteras que no será para inversiones, ni la partida proveniente del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia para la recuperación del turismo en Canarias que provienen de
Fondos Europeos consignados para tal fin.


Con lo que podemos concluir que el incremento de tan sólo 11, 7 millones de euros en transferencias de capital no compensa la disminución de las inversiones reales del Estado en Canarias que disminuye en 50 millones de euros. Es decir, en
un escenario de mayor inversión y crecimiento de los PGE2022 Canarias recibirá menos inversión.


Por lo tanto si se analiza la inversión por transferencia de capital esta consignación no puede ni debe ser considerada. Por lo que los transferencias de capital se incrementan tan sólo por una partida presupuestaria que está vinculada no
con el REF sino con los fondos europeos consignados en el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia en este caso con una partida en turismo que pasa de 20 a 50 millones. Si tenemos en consideración estos fondos que vienen de la UE, vemos que las
partidas del capítulo 7 se incrementan en 41,7 millones, por los efectos de estos fondos de Rescate de la UE y el incremento de 17 millones en carreteras pero que sin embargo olvidan las inversiones en infraestructuras hidráulicas, costas,
infraestructuras educativas, internacionalización de la economía, extensión de la banda ancha, y otras que tienen su correspondencia en el REF.


Para la realización efectiva del principio de solidaridad interterritorial, los proyectos de infraestructuras y las instalaciones de telecomunicación que permitan o faciliten la integración del territorio del Archipiélago o su conexión con
el territorio peninsular, así como los de infraestructuras turísticas y energéticas o de actuaciones medioambientales de carácter estratégico para Canarias, tendrán la consideración de interés general, a los efectos de la participación del Estado en
su financiación.


En cada ejercicio presupuestario y dentro del principio de la solidaridad interterritorial, se ejecutará un programa de inversiones públicas distribuido entre el Estado y la Comunidad Autónoma.


El objetivo de estas políticas debe ser la equiparación progresiva de las condiciones socioeconómicas de la población de las islas al promedio estatal. Esto se medirá periódicamente y las desviaciones serán compensadas con políticas de
gasto eficientes.


Como hemos podido comprobar estos principios recogidos en nuestro Régimen Económico y Fiscal y en el Estatuto de Autonomía se vulneran en los PGE2022.


Incumplimiento de las Partidas v Programas Presupuestarios del REF


Programas y convenios fundamentales para darle cumplimiento al REF y al nuevo Estatuto de Autonomía como actuaciones en obras hidráulicas; costas, infraestructuras educativas o vivienda entre

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otras no vienen recogidos en el proyecto de presupuestos para el 2022, situando nuevamente a las islas en situación de desventaja e incumpliendo con los principios de nuestro Régimen Económico y Fiscal.


Estos hechos no solo han tendrán un impacto negativo en términos de desarrollo económico y social por las inversiones que no se han podido llevar a cabo en el conjunto de las islas durante estos últimos años sino que también, y como veremos
a continuación, muchas de estas partidas se eliminan en los PGE de 2022, lo que provoca que, Canarias, nuevamente se posicione por debajo de la media de inversión del conjunto del Estado, argumentos más que suficientes para que esta formación
política solicite la devolución de los presupuestos.


El nuevo Régimen Económico y Fiscal de Canarias, cuya finalidad es la de preservar los objetivos esenciales que, desde su establecimiento, guían aquel y que no son otros que el desarrollo económico y social del archipiélago mediante la
diversificación de la actividad productiva y la adopción de medidas dirigidas específicamente a potenciar la creación de empleo.


Entre las finalidades de la ley, hay que citar:


- Actualizar los aspectos económicos del tradicional Régimen Económico y Fiscal de Canarias.


- El reconocimiento de las limitaciones estructurales y permanentes de Canarias como RUP y la referencia al artículo 349 TFUE, para garantizar que la lejanía e insularidad sean compensadas a través de políticas específicas y suficientes.


- Promover el desarrollo y la cohesión económica, social y territorial de Canarias, con medidas económicas y fiscales específicas, y con especial atención a las islas no capitalinas;


- El fomento de la internacionalización de la economía canaria.


Los principios en que se basa la ley del REF:


En materia de Financiación:


- El REF garantiza una presión fiscal estatal menor junto a los contenidos de las libertades, compensaciones e incentivos propios para el desarrollo económico del archipiélago.


- El coste de la actividad económica en Canarias no debe situar al archipiélago en una situación de desventaja respecto a la media de las restantes regiones del territorio nacional.


- La existencia de un REF específico en el archipiélago no dará lugar, en ningún supuesto, a la disminución del volumen del gasto público estatal corriente y de inversión, destinable a las Islas en ausencia del mismo.


- Los recursos del REF son adicionales a los contemplados en la política y normativa vigente en cada momento para la financiación de las CCAA y de sus Entidades Locales, por lo que los recursos del REF no se integrarán ni computarán en el
SFA respetando el espacio fiscal propio canario y para que su desarrollo no penalice a la autonomía financiera de la CAC.


- El REF es de obligado cumplimiento.


- Principios derivados de la condición de RUP de Canarias, de forma que los ciudadanos canarios deben disfrutar de las mismas oportunidades que las que prevalecen en el conjunto de la UE, debiéndose modular a tal fin la actuación estatal en
las políticas económicas y fiscales.


- Necesidad de valorar la modulación en la aplicación de las distintas políticas en Canarias.


- Principios derivados de la cohesión económica, social y territorial en atención a la consideración Canarias como RUP.


- Consideración de la doble insularidad en todas las medidas compensatorias.


Principios en materia de Transportes:


- Promover ante la UE la exclusión del sistema de comercio de emisiones de gases de efecto invernadero en la aviación.


- Reconocimiento de los puertos y aeropuertos de titularidad estatal en Canarias como de interés general y el aseguramiento de las inversiones necesarias para el mantenimiento de los mismos, especialmente en las islas no capitalinas.


- Mención explícita de la quinta libertad (aunque ya estaba implícita).


- Canarias constituye un modelo portuario y aeroportuario especifico, con un tratamiento diferenciado y participación de la CAC en su planificación.

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- Compromiso para renovar las autorizaciones europeas en materia de Fondo de desarrollo de Vuelos y las especificidades en materia de infraestructuras.


- Consideración del transporte aéreo y marítimo de personas como servicio público esencial y aumento de la compensación hasta el 75 % para los trayectos con la Península y para los aéreos interinsulares. También aumento hasta el 50 % de la
financiación estatal en transporte marítimo interinsular, (aplicable todo ello sobre la tarifa de servicio regular).


- Posibilidad de aumentar la cuantía para atender realidades insulares, económicas y sociales singulares.


- Posibilidad de fijar precios máximos de referencia de los billetes, pero sólo en las líneas declaradas como Obligación de Servicio Público.


- Garantía de anclar en la Ley una compensación del 100 % del coste del transporte de mercancías (tanto marítimo como aéreo, interinsular y con Península o UE).


- Necesidad de adecuar y adaptar los trámites de exportación, importación y tránsito de mercancías (necesidad de un tratamiento aduanero específico y más flexible).


Incumplimientos del REF en materia de transporte


Disminución de las inversiones aeroportuarias, en este capítulo concreto hay que centrar la crítica en la evolución negativa de las cuantías que se destinan por parte de AENA a los aeropuertos canarios que disminuyen en más de 57 millones
para el conjunto de Canarias tanto para la provincia de Las Palmas (61,49 millones de euros con una caída del 10,91 %) como para la de Santa Cruz de Tenerife (32,14 millones de euros con un descenso del 62,19 %). Este aspecto es especialmente
curioso habida cuenta de la excelente rentabilidad que han mostrado la gran mayoría de los aeropuertos canarios lo cual demanda inversiones que mejoren las infraestructuras para potenciar la conectividad aérea del Archipiélago.


En el ámbito portuario se asiste a una descompensación en las inversiones entre autoridades portuarias, puesto que mientras crece Puertos del Estado y la Autoridad Portuaria de Las Palmas en un 25,32 %, dejando la cifra presupuestada en
58,32 millones de euros, cae la destinada a la de Santa Cruz de Tenerife (21,75 %) con una cuantía final de 52,28 millones de euros. Hay que decir, que las inversiones de las Autoridad Portuaria de Las Palmas lo son para las islas de Fuerteventura
y Lanzarote y no así para Gran Canaria.


Hay una reducción en la subvención al transporte marítimo y aéreo de mercancías con origen o destino en territorios extrapeninsulares al destinar 59,03 millones de euros, frente a los 62 millones de 2021 llama la atención esta decisión ya
que todo anuncia a un incremento de los fletes tanto con la península, como en el transporte intersinsular o el resto del mundo. El alza de los precios del crudo y la crisis geopolítica.


También se disminuye en 11 millones de euros las subvenciones a residentes en al tráfico aéreo regular entre la Península y Canarias frente a lo consignado para 2020, dejando la cantidad final en 409,50 millones de euros mientras se congelan
las destinadas al transporte marítimo y las correspondientes al transporte regular de viajeros entre las distintas Islas Canarias.


Desde un punto de vista sectorial la compensación destinada al plátano de Canarias se congela en 10 millones de euros. Dicha cantidad, según ASPROCAN, apenas supone el 30 % del coste, cuando el fuero canario recoge que tales cuantías deben
ser del 100 %, de ahí que sería necesario el incrementar en al menos 20 millones de euros más dicha partida presupuestaria para cumplir con lo establecido en el Régimen Económico y Fiscal.


No parece que el Gobierno de España atienda a la más que clara alza de los combustibles y el impacto en los precios del transporte tanto de pasajeros como de mercancías en Canarias.


No se incrementan las dotaciones necesarias para garantizar el funcionamiento 24/7 en los trámites de exportación, importación y tránsito de mercancías, teniendo en cuenta los problemas del bloqueo de mercancías desde y hacia la península y
la necesidad de un tratamiento aduanero específico y más flexible.


Se desatiende la necesidad de contar con un Fondo de Desarrollo de Vuelos que permita la mejora de la conectividad a precios asequibles para poder recuperar las conexiones anteriores al inicio de la pandemia e impulsar la
internacionalización de la economía Canaria, especialmente hacia otros destinos Europeo, África y América.

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Los presupuestos mantienen la eliminación de la bonificación en los tráficos interinsulares para los vehículos de los no residentes que no es de aplicación para las Islas Baleares, quedando que en el caso del archipiélago canario, estos
coeficientes reducidos serán del 30 % y se aplicarán exclusivamente en los supuestos de vehículos en régimen de pasaje y en los supuestos de pasajeros en régimen de transporte residentes en la Comunidad Autónoma canaria, transportados en buques
integrado en servicios marítimos interinsulares en el citado archipiélago, con especial afección a las islas no capitalinas.


No existe una política de bonificación de tasas aeroportuarias para la captación de tráficos que permita compensar el alza de los combustibles y el impacto sobre la recuperación de la economía canaria.


En materia de incentivos económicos regionales:


- Se modifica el volumen mínimo de inversión inferior al territorio nacional (300.000 euros en GC y TFE), con un plus de reducción en las islas no capitalinas (mínimo de 100.000 euros y un porcentaje superior de puntuación.


- Ampliación de los sectores a valorar, con especial consideración de las islas no capitalinas.


- Posibilidad de modificar los requisitos de dimensión y autofinanciación exigidos y los sectores y actividades prioritarias en las islas no capitalinas;


- Aplicación del principio de Responsabilidad Social Corporativa de las empresas beneficiarías.


Principios en materia de Formación, empleo e integración social:


- Reconocimiento de un tratamiento diferencial y una dotación específica y diferenciada en materia de Planes de Empleo;


- Dotación específica en los PGE para paliar la pobreza y la exclusión social en Canarias;


- Adaptación de los Planes de Formación Profesional para el Empleo a las peculiaridades insulares;


- Establecimiento de un programa específico de becas de estudio para los estudiantes canarios que no encuentren en su isla de residencia la oferta educativa que demanden.


- Garantizar una adecuada provisión de plazas de Formación Profesional en Canarias;


- Reconocimiento del papel de las Universidades y establecimiento de ayudas con carácter obligatorio para compensar costes adicionales de movilidad a estudiantes y profesores y para promover la I+D+i.


Incumplimientos en materia de materia de Formación, empleo e integración social:


Desaparece la partida del PIEC educación dotada en 2018 de 42 millones de euros. No existe partida presupuestaria para atender a las necesidades de infraestructuras educativas que históricamente se encontraban vinculadas al Plan Integral de
Empleo en materia educativa.


No parece lógico que se mantenga congelada la partida del Plan Integral de Empleo de Canarias en 42 millones de euros cuando vemos que todos los datos apuntan a una recuperación lenta del desempleo en Canarias, se propone que esta partida se
incremente.


Lo mismo ocurre con la dotación específica en los PGE para paliar la pobreza y la exclusión social, que se mantiene congelada en 30 millones exactamente la misma cifra que en 2018 cuando las necesidades de atención se han visto incrementadas
en un 100 % y el impacto de la pobreza en Canarias se ha incrementado en el último año en u 49 %. Es claramente insuficiente la dotación de esta partida.


Existe un déficit de provisión de plazas de Formación Profesional que está teniendo impacto en la formación de los jóvenes, así como denunciamos la disminución de 100 millones de euros para el empleo juvenil.


En el ámbito universitario público, desaparecen las aportaciones para la estrategia de especialización inteligente como centros de referencia nacional dotadas con 1 millón de euros para cada Universidad.


Principios en materia de Energía. Telecomunicaciones v residuos.


- Fomento de las energías renovables en los sistemas energéticos aislados canarios.


- Promoción del autoconsumo en los sistemas eléctricos aislados canarios, con exención, con carácter indefinido del cargo variable transitorio siempre que el autoconsumo reduzca los costes energéticos en dichos sistemas.


- Además, la suma las potencias instaladas de las instalaciones de producción podrá ser superior a la potencia contratada por el consumidor, antes de la entrada en vigor de esta Ley.

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- Acceso a la información y las nuevas tecnologías de toda la población de Canarias en condiciones de calidad y precio similares a la de Península.


- Introducción de un nuevo artículo sobre gestión y valorización de residuos en Canarias.


Incumplimientos en materia de Energía. Telecomunicaciones y residuos


No existe una referencia, partida ni programa especifico en materia de fomento de las energías renovables en los sistemas energéticos aislados canarios o la promoción del autoconsumo en los sistemas eléctricos aislados canarios. Ninguno de
estos principios tienen reflejo en los PGE2022.


Agenda Digital. Programa de Extensión de la Banda Anchade Nueva Generación en Canarias se pierde la dotación para extender la conexión de alta velocidad en el Archipiélago, que pasa de tener una consignación de 5 millones de euros en 2018 a
1 millón de euros en 2021 a 0 en los actuales presupuestos.


Principios en materia de internacionalización:


- Ampliación y refuerzo del CAPCAO (ahora CAPECC), que amplía sus competencias a la atracción de inversiones, amplía su ámbito geográfico e incorpora a representantes de Fomento y de Exteriores.


- Podrán establecerse Zonas Francas en todo el territorio de las islas Canarias.


- La Administración General del Estado y la Comunidad Autónoma de Canarias asegurarán la suficiencia y la autonomía financiera de dichas Zonas francas.


Incumplimientos en materia de internacionalización de la economía Canaria:


Con estos presupuestos no se asegura la suficiencia ni la autonomía financiera de las Zonas Francas existentes en Canarias.


No se consigna la partida presupuestaria correspondiente al convenio para la internacionalización de la economía canaria que en 2018 ascendía a 500 mil euros.


En materia de promoción turística:


- Aprobación de un Plan Estratégico del Turismo, un Plan específico de Formación Profesional en el sector turístico y un Plan de Inversiones en infraestructuras en zonas turísticas.


- Inclusión de la estacionalidad en dichos planes y medidas.


- Dotación de puestos en Oficinas Exteriores de España para la promoción de la marca Islas Canarias.


Incumplimiento del REF en materia de turismo:


No se incluye un Plan Estratégico del Turismo, ni un Plan específico de Formación Profesional en el sector turístico y ni un Plan de Inversiones en infraestructuras. La partida que aparece por importe de 50 millones corresponden a Fondos
Europeos destinados a la recuperación del sector por el impacto del COVID-19 pero no responde y no puede confundirse con los artículos del REF que son anteriores a la pandemia.


Principios en materia de apoyo a los distintos sectores económicos:


- Apoyo a la promoción turística e inclusión del sector turístico como sector de especial atención en los incentivos económicos regionales;


- Consolidación del aumento de las ayudas al transporte de mercancías agrícolas e industriales;


- Especial consideración de sectores de la industria de la alimentación y bebida y de transformación y comercialización de productos agrícolas y ganaderos en los incentivos económicos regionales;


- Aumento de la dotación estatal = 100 % de financiación estatal de las medidas adicionales de fomento de las producciones locales del POSEI, y aumento del 65 % en las subvenciones de seguros agrarios aplicables en Canarias.


- Fomento de la movilidad a y desde Península de bienes artísticos con motivo de exposiciones, con exención de gravámenes fiscales y aduaneros.


Incumplimiento respecto a los apoyos a los sectores económicos en Canarias:


No existe ninguna partida para el apoyo a la promoción turística.


Se disminuye el apoyo al sector industrial rebajando la partida de transporte de mercancías.

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Desaparecen las partidas presupuestarias destinadas a la reindustrialización de Canarias que contaban en 2018 con una dotación de 15 millones para Políticas de reindustrialización en zonas desfavorecidas Canarias así como tampoco existe en
los PGE2022 la partida destinada al Hierro en materia de Reindustrialización en Zonas Desfavorecidas. Canarias El Hierro dotada en 2018 con 3,5 millones de euros.


Partidas presupuestarias ausentes en los PGE2022


Principales partidas ausentes en el Proyecto de PGE 2022;Millones de euros


Plan Especial de Empleo de Canarias (Infraestructuras educativas).;42,0


Convenio para el desarrollo de actuaciones en materia de aguas.;40,0


Actuaciones costas en Canarias.;6,0


Actuaciones en Educación Infantil de 0 a 3 años.;3,0


Convenio para la rehabilitación de infraestructura y equipamiento en zonas turísticas.;15,0


Universidades públicas canarias.;5,0


Agenda Digital. Programa de Extensión de la Banda Ancha de Nueva Generación en.Canarias.;5,0


Actuaciones complementarias al Plan Estatal de Vivienda en las Islas Canarias.;11,6


TOTAL.;127,6


El nuevo REF lleva aparejado un conjunto de medidas y herramientas que implican la articulación por parte de los poderes público de recursos adicionales cuantificables a través de las cuentas estatales para cumplir con las propias
finalidades de la norma antes expuestas.


Para el análisis del proyecto de Ley de los Presupuestos Generales del Estado y su impacto en Canarias, es conveniente, tal y como se recogió en la introducción de la presente enmienda, dimensionar el impacto que el nuevo REF y Estatuto de
Autonomía de Canarias tienen sobre los PGE, para traducir en términos de recursos económicos, lo que dichas normas y sus preceptos suponen en su conjunto, fruto de las nuevas medidas que llevan incorporadas, y que son de obligado cumplimiento por
parte del Estado.


Del análisis global y pormenorizado realizado sobre el proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado para 2022, tanto de su articulado como de las diferentes partidas económicas destinadas a Canarias que se recogen en el mismo, la
primera conclusión que se extrae es que no se da cumplimiento al conjunto de medidas del nuevo REF ni a las del Estatuto de Autonomía, en tanto en cuanto no se produce una correspondencia entre los recursos que los PGE 2022 destinan a Canarias y los
que por Ley.


Coalición Canaria-PNC cree que existen sólidos y contrastados argumentos jurídicos tanto de carácter social, económico y fiscal que esbozaremos a continuación, y que analizaremos sección por sección del Proyecto de Ley para detallar el
déficit de recursos que arroja con Canarias.


MODIFICACIÓN DEL RÉGIMEN ECONÓMICO Y FISCAL


El REF garantiza una presión fiscal estatal menor junto a los contenidos de las libertades, compensaciones e incentivos propios para el desarrollo económico del archipiélago. Pues bien, el proyecto de Ley de PGE para el año 2022 se recupera
la propuesta de establecer una tributación mínima en el Impuesto de Sociedades. En concreto, se prevé incorporar en el sistema tributario español un tipo mínimo del 15 % en la tributación en el Impuesto sobre Sociedades, con efectos a partir del 1
de enero de 2022, sobre la base imponible de las empresas cuyo importe neto de la cifra de negocios fuera igual o superior a 20 millones de euros o que tributen en el régimen de consolidación fiscal, en cuyo caso no se haría distinción en cuanto a
la cifra de negocios.


En la redacción que presenta el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2022 se establecen una serie de reglas para su aplicación que vienen a exceptuar de manera expresa las deducciones cuyo importe se determine con
arreglo a lo dispuesto en la Ley 20/1991, de 7 de junio, de modificación de los aspectos fiscales del Régimen Económico Fiscal de Canarias, y en la Ley 19/1994,

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de 6 de julio, de modificación del Régimen Económico y Fiscal de Canarias, se aplicarán, respetando sus propios límites, en todo caso.


No obstante, cabe advertir que de la redacción propuesta pudiera inferirse que la aplicación de una cuota de tributación mínima podría impedir a las empresas canarias acogerse a las bonificaciones y reducciones diferenciadas que también
contempla nuestro Régimen Económico y Fiscal de Canarias, como puede ser la Bonificación por la producción de bienes corporales, u otras reducciones y bonificaciones vigente. De manera que de forma indirecta se estaría modificando el Régimen
Económico y Fiscal de Canarias, como ya ocurriera para los rodajes de cine y que ha supuesto la interposición de sendos recursos de inconstitucionalidad.


En la redacción del artículo debería constar de manera expresa que no se podrá considerar incumplida la aplicación de la señalada cuota líquida mínima descrita en este artículo por el disfrute y/o aplicación de las deducciones,
bonificaciones, reducciones y regímenes que se establezcan en la Ley 20/1991, de 7 de junio, de modificación de los aspectos fiscales del régimen económico fiscal de canarias y de la citada Ley 19/1994, de 6 de julio aun cuando la cuantía resultante
de su aplicación en la liquidación del impuesto sea inferior a la misma.


FONDOS EUROPEOS Y CANARIAS COMO REGIÓN ULTRAPERIFÉRICA


El 21 de julio de 2020, el Consejo Europeo acordó un instrumento excepcional de recuperación temporal conocido como 'Next Generation EU' (Próxima Generación UE) por un importe de 750.000 millones de euros. El Fondo de Recuperación debía
garantizar una respuesta europea coordinada con los Estados miembros para hacer frente a las consecuencias económicas y sociales de la pandemia. El acuerdo de julio de 2020 sobre el Fondo de Recuperación 'Next Generation EU' autoriza a la Comisión
Europea a endeudarse hasta 750.000 millones de euros en nombre de la Unión Europea. Los fondos pueden utilizarse para conceder préstamos reembolsables por un volumen de hasta 360.000 millones de euros y transferencias no reembolsables por una
cantidad de 390.000 millones de euros. El desembolso de estos importes se realizará a lo largo de 6 años, hasta finales de 2026. La parte que corresponde a los préstamos reembolsables se tendrá que devolver antes del 31 de diciembre de 2058.


Los dos instrumentos de mayor volumen del 'Next Generation EU' son los siguientes:


- El Mecanismo para la Recuperación y la Resiliencia (MRR) constituye el núcleo del Fondo de Recuperación y está dotado con 672.500 millones de euros, de los cuales 360.000 millones se destinarán a préstamos y 312.500 millones de euros se
constituirán como transferencias no reembolsables.


Su finalidad es apoyar la inversión y las reformas en los Estados Miembros para lograr una recuperación sostenible y resiliente, al tiempo que se promueven las prioridades ecológicas y digitales de la Unión.


- El REACT EU está dotado con 47.500 millones de euros. Los fondos de REACT EU operan como fondos estructurales, pero con mayor flexibilidad y agilidad en su ejecución. REACT EU promoverá la recuperación ecológica, digital y resiliente de
la economía.


El criterio de reparto del MRR garantiza un apoyo financiero mayor a aquellos Estados miembros cuya situación económica y social se haya deteriorado más, como consecuencia de la pandemia y las medidas de restricción de la actividad económica
necesarias para combatir a la COVID-19. Los fondos del MRR se asignan en dos tramos: un 70 % sobre indicadores económicos anteriores a la emergencia sanitaria y el restante 30 % se decidirá en 2022 con los datos que reflejen la evolución económica
entre 2020 y 2022.


Sin embargo, tal y como vemos en los PGE2022 este mismo criterio no ha sido empleado para su distribución en el territorio y entre las regiones más afectadas. El plan nacional para la recuperación, que se denomina Plan de Recuperación,
Transformación y Resiliencia, se encuentra ya distribuido en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2022 por Ministerios a los que acuden empresas, administraciones locales, autonómicas en régimen de concurrencia competitiva. Estos
presupuestos incorporarán los 27.436 millones en transferencias previstas a través de los nuevos instrumentos de financiación de la UE.


Después de un año se alerta de que esos avances regulatorios y administrativos no se están concretando aún en la activación de proyectos concretos y de que se llegará a final de año habiendo ejecutado una parte muy menor de las inversiones
previstas. 'La información disponible más recientemente sugiere que la absorción de los fondos del PRTR habría sido relativamente modesta hasta la fecha', advertía el Banco de España en su último Boletín Económico.

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Los PGE se incorporan los 27.633 millones de euros que corresponden a España. Es una cifra un 3,8 % superior a la de 2021. De esos más de 27 mil millones el sector industrial y energía recibirán un 19,8 %, mientras que un 19,6 % se
destinará a I+D+i y digitalización. Estas inversiones son prioritarias y tras ellas están los fondos e infraestructuras y ecosistemas resilientes, según expone el propio Proyecto de Presupuestos 2022. A ellos se destinará un 17,4 %.


Para el acceso a vivienda y fomento de la edificación habrá un 9 %, a la vez que comercio, turismo y pymes recibirán el 7,1 %. El sector de la educación percibirá un 5,8 %, mientras que servicios sociales y promoción social lo harán de un
4,7 %. Por último, el 2,9 % irá a fomento del empleo y el 2,7 % o a vacunas contra la COVID-19, entre otras partidas.


Pues bien de esos más de 27,6 mil millones de euros, Canarias la comunidad autónoma con los peores indicadores económicos y de paro, y con el mayor impacto sobre su principal motor económico, y única RUP del Estado, cuenta tan sólo con una
partida nominada de 50 millones de euros para un convenio de recuperación del turismo dentro del Mecanismo de Reactivación y Resiliencia.


Consideramos 'lamentable' que estos PGE no solo no contemplen partidas específicas para Canarias en este apartado como Región Ultraperiférica (cosa que, sí hace Francia con sus territorios de ultramar) sino que, además, de la totalidad de
esos 27,6 mil millones de euros de fondos 'Next Generation EU' solo se destinen 50 millones de euros que suplen y complementan los 15 millones que ya existían para dotar el Convenio de Infraestructuras turísticas.


El Parlamento de Canarias se expresó a este respecto aprobando por unanimidad una Moción para que a una distribución de los Fondos Europeos dirigidos a paliar los efectos del COVID-19 con los mismos criterios que lo ha realizado la Comisión
Europea, teniendo en cuenta aquellas comunidades autónomas que sufren un mayor impacto económico, una mayor caída del PIB y una mayor destrucción del empleo, así como nuestra condición de región ultraperiferica.


España incumple con este criterio, distribuyendo entre los Ministerios sin asignar a los territorios sometiendo a Canarias como región con mayor impacto a una concurrencia competitiva o a una distribución discrecional que nada tiene que ver
con la cobertura de las necesidades para la reactivación que Canarias, ni su trato singular como región ultraperiferica.


Como vemos en el siguiente mapa correspondiente al impacto negativo de la COVID-19 y sus restricciones sobre las economías de las regiones europeas y sus previsiones de recuperación vemos como Canarias se encuentra entre a la regiones que
mayor impacto han sufrido y cuya economía tiene un nivel de vulnerabilidad y fragilidad en términos de capacidad de recuperación que la propia UE la sitúa entre las regiones con más dificultades para la recuperación a medio plazo esto es 10 años.

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INMIGRACIÓN


Las migraciones son un fenómeno natural innato a la condición humana. Y, aunque estas son un fenómeno constante, las diferentes fases y procesos migratorios tienen múltiples explicaciones a nivel macro (económicas, geopolíticas o sociales],
con otras regionales o locales (tanto de los lugares de origen de las personas migrantes como de las propias rutas migratorias). Por ello, explicar las causas del aumento de llegadas en Canarias no deja de ser un ejercicio complejo de difícil
simplificación.


Sin embargo, enumeramos aquí algunas de las razones se barajan como posibles causas:


- Desviación de las rutas migratorias: la presión policial y el control de fronteras (tanto de la parte española como marroquí) en la ruta del mediterráneo central (ruta italiana) y occidental (la ruta del estrecho y el mar de Alborán), así
como la mayor dificultad de acceder a Ceuta y Melilla, ha provocado un desplazamiento de la migración hacia la ruta del Atlántico diversificando los puntos de salida a lo largo de la costa de África Occidental.


- Impacto de la Pandemia: el COVID ha sido, sin lugar a dudas, un factor que ha incrementado los flujos migratorios habituales, por su doble impacto en origen. En primer lugar, la pandemia ha cerrado muchas de las rutas terrestres que los
migrantes en tránsito solían utilizar para desplazarse entre países, haciéndose imposible el acceso a otros puntos de salida, como por ejemplo los vinculados a la ruta del Mediterráneo, provocando así, que las personas se vieran obligadas a quedarse
en los países de la fachada atlántica (Mauritania, Senegal, Marruecos, Gambia) y con la única opción de recurrir a la ruta canaria para salir de allí, pese a ser una de las más peligrosas del mundo.


En segundo lugar, el efecto de la pandemia ha provocado un descenso significativo de los ingresos de las personas migrantes, especialmente aquellas en situación irregular, que se han visto completamente desprotegidas frente a la crisis y que
no han podido ayudar a familias enteras que dependen de estos ingresos.


Pues bien ante este enorme reto de dimensiones múltiples el Gobierno de España opta por encapsular a los migrantes en Canarias y evitar una acogida integral y la ayuda de otras autonomías.

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Los PGE2022 han asignado a Canarias una transferencia corriente a la Comunidad Autónoma por importe de 50 millones de euros, sin embargo no vemos que detrás haya una voluntad de una política migratoria integral y solidaria en el Estado y en
Europa.


Canarias, por su experiencia en procesos migratorios, cooperación al desarrollo, experiencias de codesarrollo y por su población acogedora, solidaria e intercultural, dispone de las herramientas necesarias para afrontar y liderar unas
formas.


Es necesario favorecer en estos momentos alternativas innovadoras que alumbran un camino diferente al actual, que construya una pedagogía de cambio de las actuales decisiones en materia migratoria donde lo concreto y lo global debe ser
prioritario. Canarias necesita una voz y un discurso común de reivindicaciones del respeto a los Derecho Humanos y del giro a otra forma de funcionar en materia migratoria. Favorecimiento de procesos de acogida integral respecto a los derechos
humanos, la solidaridad del Estado y de Europa con Canarias y la cooperación en origen.


Hay que dar un giro en la política migratoria española y europea garantizando la asistencia jurídica desde la información y asesoramiento en condiciones dignas a las personas recién llegadas a nuestras costas en pro de la defensa de sus
derechos de asilo y refugio; la derivación a instalaciones adecuadas dentro y fuera de Canarias que garanticen una permanencia que respete su dignidad en territorio europeo; la activación real y prioritaria de la cooperación al desarrollo de
iniciativas de economía local en origen favoreciendo trabajar desde las causas de la inmigración y no desde las consecuencias y la activación de las mesas técnicas de coordinación a través del Foro Canario de la Inmigración para la construcción de
una defensa común ante la vulneración de los derechos humanos de las personas migrantes.


Canarias no puede seguir afrontando en solitario este enorme y complejo reto, no puede ser la cárcel de Europa, no podemos permitir la vulneración de los derechos humanos en nuestro territorio y que no se tengan las condiciones dignas para
una primera acogida. Desde nuestro grupo estamos convencidos que entre todos podemos lograr la recuperación de vías dignas de gestión y acogida y respeto de los derechos humanos sean posibles, afrontando los dos grandes dramas que afectan a nuestra
sociedad, pero se necesitan recursos en los ministerios directamente implicados.


LA PALMA


La catástrofe que vive la isla de La Palma con la erupción del volcán, que aún no ha terminado su proceso destructivo, genera un daño social y económico para la totalidad de la isla y especialmente para las áreas de los municipios de El
Paso, Los Llanos de Aridane y Tazacorte. Este daño social y económico requiere de un plan de actuación integral que debe estar recogido en los PGE 2022 ya que el trabajo a acometer no puede improvisarse. Es necesario, y vital para la isla, que los
PGE se conviertan en la principal herramienta de trabajo que guíe los trabajos de reconstrucción tanto de los daños materiales como de las redes económicas para garantizar así una vuelta a la normalidad para los palmeros y palmeras. Un plan de
actuación integral que debe ser plurianual para garantizar no solo la cobertura de daños sino la total reconstrucción.


Asimismo, entendemos que el texto articulado de los PGE deben recoger de forma explícita que las compensaciones para los afectados deben ser 'a precio de mercado' y, además, debe permitirse que la titularidad de las propiedades pueda
acreditarse por cualquier medio válido en derecho dada la compleja estructura de la propiedad en la Isla de La Palma.


Estos PGE, que no recogen partida alguna, debe incorporar como punto de partida.


- 10 millones de euros para el establecimiento de equipos de apoyo psicológicos.


- 4 millones de euros para la reposición de la infraestructura educativa dañada o desaparecida.


- 10 millones para la reconstrucción y refuerzo de las infraestructuras sanitarias.


- 30 millones de euros para ayudas alquiler.


- 5 millones de euros para reconstrucción y reparación de banda ancha.


- 10 millones de euros para ayudas de emergencia social.


- 10 millones de euros para la reconstrucción y reparación de infraestructura viaria.


- 5 millones de euros para ayudas para autónomos y pymes.


- 10 millones para la reconstrucción y reparación de obras hidráulicas y saneamiento.

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CONCLUSIÓN


Los nacionalistas canarios entendemos, y así lo defendemos, que con el mayor presupuesto de la historia de España, la inversión en Canarias no puede seguir a la cola de España, se condena de esta manera a Canarias y su salida de la crisis
además de incumplir nuestro REF y el Estatuto de Autonomía de Canarias.


Estos PGE intentan hacer pasar el pago de una parte de una sentencia como inversión tan sólo para maquillar las verdaderas cifras de inversión en Canarias, que en su inversión real crece, tan solo unos ridículos 10 millones de euros, lo que
supone un incumplimiento de nuestro REF en sus artículos 95 y 96 que estipula que la inversión en Canarias las inversiones estatales no sean inferiores al promedio que corresponda para el conjunto de las Comunidades Autónomas, excluidas de este
cómputo las inversiones que compensen del hecho insular.


Con un presupuesto expansivo, el mayor de toda la democracia, no solo no se cumple el REF sino que se modifica el mismo, ignorándolo en la subida del mínimo de tributación del Impuesto de Sociedades. Esta subida introduce modificaciones que
afectan a la Zona Especial Canaria, las deducciones y otras figuras fiscales como bonificaciones o la reserva de inversiones que son ignoradas por los PGE llevando consigo una modificación unilateral y de facto nuestro Régimen Económico y Fiscal,
sin contar como aparece en el Estatuto de Autonomía de Canarias con el informe favorable del Parlamento de Canarias.


No es la primera vez que este Gobierno de España ignora una Ley Orgánica del Estado, nuestro Estatuto, y pisoteando sus derechos consolidados por tanto en el ordenamiento jurídico español y también reconocidos en el Tratado Fundacional de la
UE. Tan sólo hay que recordar el atropello perpetrado a los rodajes de cine en Canarias que ha llevado al Parlamento de Canarias a presentar sendos recursos de inconstitucionalidad, pues bien, en estos presupuestos nos encontramos con algo
parecido, la voluntad homogeneizadora y de acabar con unos derechos irrenunciables por constituir la base esencial de nuestro Fuero, derechos fiscales diferenciados que permiten la diversificación económica y que vienen consolidados en sus distintas
acepciones desde la Corona de Castilla.


Es un principio irrenunciable de nuestra formación y un compromiso que mantenemos vivo con el pueblo canario ejercer como garantes en las Cortes Generales de los nuevos derechos adquiridos por nuestra Comunidad Autónoma tras la reciente, en
2018, aprobación del nuevo Estatuto de Autonomía y el nuevo Régimen Económico y Fiscal. Cuando nos presentamos a las elecciones nos comprometimos con la ciudadanía canaria a denunciar en el Congreso y en el Senado cualquier incumplimiento de
nuestro fuero para que no se de ni un solo paso atrás que merme aquellos planes y proyectos que hemos conquistado en las leyes y en los Presupuestos del Estado; lo que nos corresponde a una comunidad insular y alejada del territorio continental
europeo, para estar en igualdad de condiciones que el resto de los territorios de España.


Ese compromiso, sumado a la negativa del Gobierno de España a reconocer la necesidad de una modulación de sus políticas en atención a los daños económicos y sociales de la crisis tras la pandemia y la necesidad de inyectar recursos
específicos a Canarias recogidos en nuestro Régimen Económico y Fiscal y Estatuto de Autonomía para su recuperación económica, la desidia frente a la necesidad de una política migratoria integral, que permita un trato humanitario y digno a quienes
llegan a las costas Canarias sin que se merme la calidad de los servicios públicos o el que se ignore la importancia de vertebrar toda una agenda de rescate y recuperación social y económica para una situación catastrófica como la que está viviendo
La Palma es el que justifica esta enmienda a la totalidad a un proyecto de PGE2022.


Defendemos que el Archipiélago no puede permitirse la renuncia a sus derechos. Unos derechos que, de conculcarse en este presupuesto que denominan de la recuperación justa pero que no hace más que abrir la brecha de la desigualdad de
Canarias con el resto de España. Que ignora el nuevo Estatuto y el REF dejando reducidos a papel mojado y, por tanto, dejarán de ser la herramienta que nos garantizaría ser ciudadanos en igualdad de condiciones que el resto del Estado.


Por ello, por responsabilidad, convicción y compromiso con el pueblo canario, Coalición Canaria-Partido Nacionalista Canario presenta esta enmienda a la totalidad; en defensa de Canarias y de sus derechos históricos.

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ENMIENDA NÚM. 4


FIRMANTE:


Isidro Manuel Martínez Oblanca


(Grupo Parlamentario Mixto)


A la Mesa de la Comisión de Presupuestos


El Grupo Parlamentario Mixto, a iniciativa de Don Isidro Manuel Martínez Oblanca, Diputado de Foro, de acuerdo con lo establecido en el vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente enmienda a la totalidad al
Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2022.


Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de octubre de 2021.-Isidro Manuel Martínez Oblanca, Portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Mixto.


Enmienda a la totalidad de devolución


Exposición de motivos


El proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado 2022 mantiene características del mismo tenor que anteriores cuentas públicas presentadas ante las Cortes Generales por los diferentes Gobiernos presididos por Pedro Sánchez Pérez
Castejón las cuales, en su correspondiente trámite parlamentario, ya fueron objeto de enmiendas de totalidad por parte del diputado que suscribe al objeto de rechazar el empobrecimiento, la desigualdad, la precariedad, la inestabilidad
socioeconómica y las burlas a la Constitución a la que la política del Ejecutivo de coalición PSOE-UP (social-comunista) está llevando a España. Una ley presupuestaria va muchísimo más allá de ser un documento lleno de cifras, capítulos y
conceptos, toda vez que lo que refleja es la voluntad del Gobierno para gestionar y desarrollar las materias, planes y proyectos que le competen.


La permanente y creciente incertidumbre en materia laboral, agudizada por la necesidad de las empresas y autónomos de acomodar y restringir su actividad normal por las limitaciones derivadas de la pandemia del COVID-19 a lo largo de año y
medio, tiene una deriva más preocupante aún, si cabe, en el caso de los jóvenes porque España ostenta el récord de desempleo juvenil más elevado de la Unión Europea (38,38 % al cierre del segundo trimestre de este año duplicando las tasas medias de
la eurozona). Asimismo, los grandes impactos socioeconómicos ocasionados por los clamorosos incumplimientos del Gobierno para rebajar el recibo de la luz, o la constatación de que, con datos actualizados, España se ha colocado entre las economías
con mayor déficit y endeudamiento de la Unión Europea (UE).


Cesiones y concesiones


A los malos datos económicos producto de la gestión del Gobierno se suma su contumaz y nefasta acción política que está minando nuestro sistema democrático. La reactivación de cesiones y concesiones a grupos parlamentarios, organizaciones
políticas y gobiernos autonómicos que nunca han ocultado sus intenciones de separarse de España se refleja de forma expresa en la celebración de las rondas 'bilaterales' entre el Gobierno de España y la Generalidad de Cataluña con la que se ha
abierto una denominada 'mesa de diálogo', pese a que los independentistas mantienen una retadora actitud de separatismo y de ruptura de la unidad de España, pero a los que el Gobierno ha tomado desde la investidura, en enero de 2020, como socios
imprescindibles de la actual XIV Legislatura que comenzó el 3 de diciembre de 2019.


Baste señalar que en los días previos y también posteriores a la aprobación por el Consejo de Ministros (jueves, 7 de octubre de 2021) de la propuesta de cuentas públicas para el próximo ejercicio 2022, varios de los socios independentistas
y separatistas que participan en las negociaciones con el Gobierno de PSOE-UP -y que, sin la menor duda, le facilitarán, una vez más, los votos para superar el trámite tanto en el Congreso como en el Senado- condicionaron su respaldo parlamentario a
posteriores acuerdos en materias absolutamente ajenas a los presupuestos tales como:

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- Derogación de la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana, conocida como 'Ley mordaza' que, por otra parte, a principios de 2021 fue declarada por el Tribunal Constitucional como ajustada a la Carta
Magna.


- Derogación de la Ley 9/1968, de 5 de abril, sobre secretos oficiales.


- Derogación de la Reforma Laboral de 2012, producto de la convalidación parlamentaria del Real Decreto-ley 3/2012, de 10 de febrero, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral, y de su tramitación en las Cortes Generales por el
procedimiento de urgencia.


- Modificación del Proyecto de Ley de Memoria Democrática.


De no menor relevancia, por explícitas, fueron las declaraciones del coordinador de EH Bildu, Arnaldo Otegi, en las que afirmó el pasado 18 de octubre que 'tenemos a 200 presos en la cárcel y, si para sacarlos hay que votar a favor de los
presupuestos, pues votamos. Así de alto y de claro os lo digo'. Tales manifestaciones fueron matizadas por su autor horas después aclarando que la aspiración de los representantes de EH Bildu es una modificación del Código Penal que abra las
puertas de las cárceles a los condenados por delitos de terrorismo. A la par, el Gobierno utilizó sus canales parlamentarios y mediáticos para rememorar el décimo aniversario del final de la actividad de la banda terrorista ETA atribuyendo el
mérito al Ejecutivo socialista que en 2011 presidía el señor Rodríguez Zapatero, como si el estado de Derecho, la sacrificada actuación de nuestras Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado o la sociedad española no hubiesen tenido nada que ver en
el término de la actividad terrorista. Coincidiendo con la campaña del Gobierno, esa misma semana se celebró una manifestación en San Sebastián reclamando el fin de la política penitenciaria de 'excepción' (sic) para los presos de ETA,
reivindicación a la que se sumaron varios políticos presos secesionistas indultados por el Gobierno a finales del pasado mes de junio (indulto recurrido ante los Tribunales por diferentes partidos y organizaciones), así como representantes
sindicales y de organizaciones políticas con las que el Gobierno mantiene trato preferencia! y negociaciones, entre ellas las derivadas del trámite de aprobación del proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado 2022.


Propaganda


Como se ha resaltado en anteriores enmiendas de totalidad a los proyectos presupuestarios elaborados por los gobiernos presididos por Pedro Sánchez desde que fue elegido presidente tras la moción de censura sustanciada en junio de 2018, la
propaganda acompaña la presentación de las partidas presupuestarias e, igualmente también en esta ocasión se ha puesto de manifiesto la maquinaria propagandística respecto al actual proyecto que tuvo su entrada en las Cortes Generales el 13 de
octubre de 2021. Antes y ahora la dinámica continúa siendo idéntica, así como también la inconsistencia de los datos que se acompaña con la minusvaloración de las previsiones económicas realizadas por organismos nacionales, europeos e
internacionales, muy dispares de las del Ejecutivo.


Los precedentes de anteriores gestiones de gobiernos socialistas, similares a lo que sucede ahora en España, ya deberían ser motivo de alerta y preocupación por sus graves resultados sobre la economía y la sociedad. Recuérdese al respecto
la catástrofe laboral a la que arrastró el infausto gobierno de Rodríguez Zapatero que llevó al paro a varios millones de españoles y que, partiendo en 2008 de la solemne promesa presidencial de alcanzar 'el pleno empleo', puso al borde del rescate
la economía española. De hecho, in extremis, se procedió en septiembre de 2011 (cuando ya estaba anunciada la fecha disolución de las Cámaras y, por tanto, el final de la X Legislatura) a una atropellada reforma del artículo 135 de la Constitución
Española para consignar en nuestro texto fundamental el principio de estabilidad presupuestaria y los límites al endeudamiento público. Tal reforma de la Carta Magna fue rechazada por Foro Asturias que consideró que lo que fracasa en España, al
igual que está sucediendo ahora, son las desequilibradas políticas económicas socialistas, agudizadas actualmente por la gestión de ministerios comunistas (cinco) y la indisciplina en el manejo de las cuentas públicas.


En relación con el calendario iniciado el 13 de octubre de tramitación del Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2022 procede reseñar que se reservaron solo cinco días (del 25 al 29 de octubre) para las
comparecencias de noventa y tres (93) altos cargos al objeto de explicar las diferentes partidas, conceptos, etc. en sesiones maratonianas simultáneas para explicar ante diversas Comisiones los aspectos relativos a sus respectivos departamentos,
organismos e instituciones. Las prisas y los apuros del Ejecutivo condicionan el examen parlamentario de los datos en tramitación.

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Un Gobierno instalado en la inconstitucionalidad y desafiante con los poderes del Estado


Tras el proyecto de presupuestos Generales del Estado 2022, que el Gobierno defiende como una herramienta de 'recuperación justa, para hacer de España un país más productivo, más competitivo y sostenible, garantizando que la mejora económica
llega a todas las familias', se camufla una agenda legislativa que pretende dar continuidad a los embates contra los poderes del Estado que, en la práctica, ya se están perpetrando. El reciente y grave episodio protagonizado por la ministra de
Derechos Sociales y Agenda 2030, lone Belarra, tachando de 'prevaricación' la actuación del Tribunal Supremo a cuenta de la sentencia sobre el caso que afectaba a un diputado del Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia
en Común en el Congreso de los Diputados, supone una acción sin precedentes contra la Justicia, uno de los poderes del Estado. En España, donde la separación y el respeto entre los diferentes poderes forma parte de la esencia democrática, no
debería haberse permitido que tamaño ataque protagonizado por un miembro del Gobierno se saldara sin su salida inmediata del Ejecutivo; el presidente Sánchez lo ha tolerado.


También forman parte habitual de la acción del Gobierno y de sus socios parlamentarios el zarandeo a la Constitución Española o el repudio hacia el ejemplar y modélico proceso de la Transición dirigido magistralmente por el Rey Juan Carlos I
que, hace cuatro décadas, propició el escenario para avanzar en materia de libertades tras la dictadura y que ha situado a España en el bloque mundial de países con mejores estándares democráticos pero cuya imagen internacional se ve menoscabada por
una acción exterior en la que, lamentable y paradójicamente, se utilizaron recursos públicos, caso de las campañas de desprestigio orquestadas desde 'embajadas' autonómicas. Los pactos y acuerdos que el Gobierno de coalición PSOE-UP presidido por
Pedro Sánchez, y que tienen su plasmación en el proyecto de cuentas públicas para 2022, continúan una deriva perversa que beneficia a los partidos políticos y organizaciones cuyo principal e indisimulado objetivo es la ruptura de la unidad de
España, el menosprecio a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y la división entre españoles.


El desprecio del Gobierno hacia la Constitución Española se ha reflejado en diferentes sentencias del Tribunal Constitucional en relación con diversas medidas adoptadas en 2020 para aplicar un primer decreto de estado de alarma que confinó a
todos los españoles mediante una fórmula legislativa que supuso el mayor ataque a sus derechos fundamentales en casi medio siglo suspendiendo la libertad de circulación ciudadana a determinados supuestos y decretando el cierre de la mayoría de
comercios y la totalidad de los lugares de ocio, educativos y culturales. Tras la sentencia que declaró la inconstitucionalidad de las medidas impulsadas, miembros del Ejecutivo arremetieron contra el Tribunal Constitucional calificando incluso de
'elucubraciones doctrinales' el contenido de la sentencia. Más recientemente, el mismo alto tribunal también tumbó las medidas adoptadas por el Gobierno en relación con un segundo estado de alarma que prorrogó durante seis meses el primero y
también consideró inconstitucional -entre otros aspectos- la falta de control del Congreso y la decisión de dejar el alcance de las restricciones de derechos fundamentales en manos de las comunidades autónomas. Jamás un Gobierno recibió tamaña
tanda de varapalos del tribunal de garantías. A cuenta de las medidas ilegales del Gobierno se realizaron del orden de 1.400.000 propuestas de sanción y un número indeterminado de multas cuyo importe, en todo caso, tendrá que ser devuelto a los
ciudadanos.


Asimismo, el Ejecutivo también trató de burlar por la vía del Real Decreto-ley la acción legislativa de las Cortes generales, caso de la fórmula para integrar al entonces vicepresidente primero del Gobierno, Pablo Iglesias, y al director del
Gabinete de la Presidencia, Iván Redondo, en la comisión del Centro Nacional de Inteligencia (CNI). El Tribunal Constitucional consideró que no cumplía el requisito de especial urgencia que permitía aprobarlo por la vía del decreto-ley y que no
guardaba relación alguna con las medidas contra la pandemia a las que acompañaba.


De los despropósitos de la transición justa hacia los evanescentes propósitos de la recuperación justa


El señor Sánchez Pérez-Castejón (candidato a la Presidencia del Gobierno):


[...] 'reformaremos el mercado eléctrico con el propósito de reducir la factura energética, siempre dando certidumbre a los inversores antiguos y futuros -no como ocurrió con anteriores administraciones-, y cualquier acción emprendida por el
Gobierno tendrá como prioridad la transición justa en el nuevo modelo energético' (Debate sobre la investidura del candidato a la Presidencia del Gobierno. Extracto del Diario de Sesiones. 4 de enero de 2020).

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Coalición Progresista PSOE-Unidas Podemos.


Un nuevo acuerdo para España.


30 de diciembre de 2019.


3.2. Aprobación del Plan nacional integrado de energía y clima, reforma del mercado eléctrico y bajada de la factura, como principales instrumentos para complementar y desarrollar la ley, estableciendo las sendas a seguir; definiendo el
mix energético para el periodo 2021-2030, haciendo el sistema más justo socialmente y dando certidumbre a los inversores antiguos y futuros:


Elaboraremos un Plan de Reforma del Sistema Eléctrico que favorezca la transición hacia la descarbonización y unos precios asequibles para el consumidor y las empresas.


A pesar de la permanente política de parcheo para implementar medidas con las que tratar de frente a la situación económica derivada de los precios energéticos -el último Consejo de ministros celebrado hace tres días, volvió a aprobar
medidas de urgencia sobre otras resoluciones, también de urgencia, que han venido adoptándose tan repetida como inútilmente a lo largo de 2021- mientras se mantenga la política energética que fue anticipada a la Comisión Europea, incluso desde antes
de la formación del primer gobierno de Pedro Sánchez, España continuará profundizando la crisis que ahora está atenazando y amenazando severamente el crecimiento económico.


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La gestión del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha supuesto, tres años y cuatro meses después de su creación y bajo el mandato de la misma titular, que los españoles paguemos el recibo de la luz más alto de la
historia -más del doble que a la llegada de Sánchez a la presidencia- y los sucesivos parches legislativos aplicados para corregir el desbarajuste energético no solo no han mitigado la asfixia doméstica, comercial y empresarial sino que arrecian más
y más sobre la economía de las familias, los comercios, las PYMES, la industria y, en definitiva, sobre la cesta de la compra y la vida cotidiana de los españoles. El mes de octubre de 2021, a punto de terminar, ha sido el de los precios de la
electricidad más caros de la historia de España.


El alza de la luz impacta sobre el conjunto de la sociedad, pero en el caso de la industria ya está provocando parones en la producción. El presidente del Gobierno fracasó en la última cumbre europea -este mismo mes de octubre- tras
plantear compromisos comunitarios para abaratar en España e! alto y creciente precio de la energía lo que mantiene a nuestro país como en uno de los miembros de la Unión Europea donde la carestía de la tarifa eléctrica más se ha disparado.


La renuncia a la soberanía energética de España


A diferencia de otros miembros de la Unión Europea y del resto del mundo, el Gobierno aceleró eí cierre de la minería del carbón renunciando a la soberanía energética de España. Semejante decisión nos ha convertido en un país con una enorme
dependencia energética, pagamos las facturas al precio que fijen los proveedores externos y el suministro queda condicionado por sus decisiones o por incidencias como la que se ha planteado muy recientemente con el bloqueo del gasoducto del Magreb
tras la rotura de relaciones entre Argelia y Marruecos.

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La denominada 'transición justa' en torno a la política energética se ha llevado por delante el sector del carbón condenado a las cuencas mineras a la desertización. Desde la firma de los acuerdos con los agentes sociales se han venido
retrasando las ayudas comprometidas o dilatándolas en el tiempo, lo que está impidiendo afrontar un nuevo futuro en los territorios afectados. En este sentido, es paradigmático el caso de varias centrales térmicas cerradas sin que se hayan
ejecutado medidas para compensar la grave pérdida de la actividad económica en sus entornos.


Paradójicamente y mientras se destruyeron importantes bolsas de empleo en las comarcas mineras españolas, España está comprando energía producida en centrales térmicas de Marruecos. Es decir que el Gobierno destruye empleo en nombre de la
descarbonización para crearlo en otros lugares donde se mantiene o se incrementa el uso del carbón lo que contribuye un 0 % al cambio climático del planeta y un 100 % al empobrecimiento de España.


¿Previsiones?


Desde que Pedro Sánchez es presidente (junio de 2018, tras la Moción de Censura) ha sido una constante el desfase entre las desmedidas e insolventes previsiones macroeconómicas realizadas por sus Gobiernos para elaborar cada propuesta anual
de presupuestos y la cruda realidad. Las desacertadas previsiones han derivado en resultados nocivos para la economía nacional y mantienen efectos calamitosos para eí tejido productivo y las economías domésticas. La severa discrepancia
macroeconómica tuvo similar precedente hace un año durante las semanas preliminares a la tramitación de la ley presupuestaria vigente y se ha vuelto a repetir en estas últimas fechas. Tómese de muestra el rotundo contraste entre los vaticinios de
'crecimiento robusto' realizados desde la Vicepresidencia primera del Gobierno, responsable de la política económica, cuando su titular, la señora Calviño Santamaría, escribió en un artículo publicado a principios del pasado mes de septiembre que:


'La economía española está en una fase expansiva y todas las previsiones apuntan a que, en ausencia de shocks externos negativos, el crecimiento seguirá siendo robusto en los próximos meses. Es io primero que hay que dejar claro ahora que
algunos hacen sonar las alarmas', (Diario económico ('Expansión')


Muy pocos días después, el Instituto Nacional de Estadística (INE), organismo que, por cierto, está adscrito al Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital del que es responsable la propia vicepresidenta primera, desbarató las
previsiones ministeriales y revisó muy a la baja la deriva del Producto Interior Bruto (PIB) señalando un crecimiento en el segundo trimestre con previsiones del 2,8 % que pasaron al 1,1 %, es decir un desfase inaudito y de gran magnitud que echó
por tierra todos los indicadores económicos y destapó, una vez más, las manipulaciones del Gobierno. De hecho, los especialistas económicos subrayaron que nunca antes el INE había realizado una corrección tan grande.


También en la ronda de comparecencias celebradas para informar sobre el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2022, el Gobernador del Banco de España -primera autoridad en comparecer ante la Comisión de
Presupuestos- señaló varios factores que invitan a impulsar una revisión a la baja de las estimaciones contempladas en las cuentas elaboradas por el Ejecutivo que contemplan un Producto Interior bruto (PIB) de un 6,5 % este año 2021 y un 7 % en
2022. Para el Banco de España, sin embargo, habría que corregir a la baja el crecimiento experimentado en el segundo trimestre de este año, que el INE ya redujo del 2,8 % al 1,1 %, todo ello unido a la expectativa de un tercer trimestre de
crecimiento claro pero más estable de lo esperado a la luz de los primeros datos oficiales, así como la incertidumbre que rodea el alza generalizada de la inflación y los problemas que están generándose en las cadenas de producción de todo el
planeta. El Banco de España, dentro de sus funciones como banco central nacional, se sumó a los analistas que ya han comenzado a revisar a la baja sus cifras iniciales, caso del FMI, con una estimación media de avance del PIB español de solo el 5,6
% este año y del 6,1 % para 2022, es decir, casi un punto de rebaja frente a las proyecciones del Gobierno en cada caso.


La primera autoridad bancaria nacional señaló, asimismo, otros factores, caso de la próxima reforma de las reglas fiscales de la Unión Europea, que abocan a España a la adopción de medidas para revisar los objetivos de déficit y deuda antes
de su reactivación en 2023, corrigiendo graves deficiencias que ya vienen de antes de la crisis, y pidió que se impulsen cuanto antes planes de reconducción a medio plazo. No parece que el proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado 2022
desvele un propósito de enmienda por parte del Gobierno que, otro ejercicio económico más, incide en la falta de rigor.

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En ese mismo primer día de comparecencias en el Congreso de los Diputados, lunes 25 de octubre, la presidenta de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) también recortó las previsiones de crecimiento realizadas por el
Gobierno en curso del 6,4 % al 5,5 %, y también estimó una bajada para el año 2022 del 6,8 % al 6,3 %. Esto son 0,9 puntos menos para este año y otros 0,5 puntos menos para el próximo 2022 lo que supondrá una gran rebaja que hará mella en el PIB,
equivalentes aproximadamente a 15.000 millones de euros inferior al estimado por el Gobierno de coalición PSOE-UP.


Inflación y empobrecimiento


De no menor relevancia es el incremento de la inflación que ha desbordado todas las previsiones. Viene al caso recordar que el término 'inflación' es también conocido eufemísticamente como 'el impuesto de los pobres'. El Instituto Nacional
de Estadística acaba de confirmar que el índice de Precios al Consumo (IPC) son un 5,5 % más altos de lo que eran hace un año lo que supone la mayor subida en 29 años con lo que la inflación ha alcanzado niveles que nos devuelven a 1992.


La gran subida promedio del IPC también desbarata las previsiones macroeconómicas realizadas por el Gobierno situándose ya en el 2,5 %, muy por encima de la expectativa de inflación del 0,9 % que había pronosticado el Ejecutivo y también del
objetivo de estabilidad de precios del 2 % marcado por el Banco Central Europeo.


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El paulatino empobrecimiento de la sociedad española se ha tomado en una constante de enorme preocupación tras año y medio de pandemia y otro tanto de pésima gestión gubernamental. En este sentido, viene al caso mencionar, aunque sea
brevemente, las últimas novedades relativas a los que denomina indicador AROPE que mide diferentes variables relativas al riesgo de pobreza y exclusión social y que contabiliza la población que se encuentra en riesgo de pobreza, con carencia
material o con baja intensidad en el empleo,


El Senado fue el lugar elegido el pasado 14 de octubre de 2021 para presentar el informe anual que, desde 2008, realiza la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en el Estado Español (EAPN-ES). Sus diferentes
indicadores señalan una tendencia que profundiza los niveles de desigualdad y pobreza entre españoles y territorios.

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En la comparativa con los países de la Unión Europea (UE) el informe de la la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en e! Estado Español (EAPN-ES) explica que 'así, para prácticamente todas las variables de pobreza,
exclusión y desigualdad, los datos españoles están por encima del valor medio que corresponde al conjunto de la Unión Europea, tanto en lo que se refiere a los valores del año 2018 como a la variación acumulada desde el año 2008 y ocupan, también,
las posiciones más elevadas. Por una parte, la tasa AROPE es 3,9 puntos porcentuales superior a la media UE y la séptima más alta de todos los países miembros. Por encima sólo están Bulgaria, Rumania, Grecia, Letonia, Lituania e Italia. Respecto
a su evolución desde el año 2008, el AROPE, el incremento en España es el cuarto más elevado de todos los países de la UE.

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España entre las economías de la Unión Europea con mayor déficit y endeudamiento


Con semejantes antecedentes el Ejecutivo elaboró para 2022 un proyecto de cuentas públicas que autocalifica de 'recuperación justa' cuya presentación ha venido acompañada, como ya es ceremonia habitual en el proceder de la Moncloa, de una
profusa campaña de propaganda con la que trata de ocultar las opiniones en contra de los analistas, de los sectores empresariales (es decir, de los que crean empleo) e incluso camuflar las recomendaciones de la Comisión Europea.


Es conocido que en la propia composición cuantitativa del banco azul -nada más y nada menos que 22 ministros al frente de sus respectivas macroestructuras ministeriales- ya se advierte la inclinación del Gobierno por el despilfarro con la
consiguiente creación de multitud de variopintos organismos, muchos de ellos totalmente prescindibles, en una línea absolutamente contraria a la de control, mesura y contención del gasto que requieren unos tiempos en los que la crisis, el desempleo,
la presión fiscal y, últimamente, la inflación y el índice de precios al consumo están azotando a los españoles y empobreciendo al conjunto de ia sociedad en una etapa histórica muy marcada por el desarrollo de ia pandemia del COVID-19.


La elaboración de este proyecto de cuentas públicas para el próximo ejercicio 2022 ha venido precedida de la negociación de una ley de vivienda en la que Unidas Podemos, que aporta cinco ministros al Gobierno, ha impuesto, una vez más, su
agenda ideológica que, por comunista, es marcadamente contraria a la libertad lo que también constituye un motivo de creciente preocupación en el conjunto de la Unión Europea de la que España forma parte. Esta nueva ley posibilitará, entre otros
aspectos, la intervención sobre el mercado inmobiliario con regulación de alquileres, que va a generar inseguridad jurídica y ahuyentará la inversión de fondos extranjeros que son imprescindibles para incrementar el parque de viviendas en régimen de
alquiler. La futura ley de vivienda, ligada irresponsablemente a la negociación presupuestaria entre los dos partidos que forman el Gobierno, constituirá, de no corregirse y modular sus pretensiones iniciales, todo un ataque a la propiedad privada
y a la fórmula tradicional en la que las familias españolas han invertido sus esfuerzos y sus ahorros, además de un descomunal zarandeo al mercado inmobiliario que, asimismo, también se extenderá al dotar de otras posibilidades intervencionistas a
instituciones autonómicas y entidades locales, incluida la subida del Impuesto sobre

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Bienes Inmuebles (IBI), medida a la que ya se han adherido públicamente de forma entusiasta algunos ayuntamientos.


Con semejantes antecedentes el Ejecutivo elaboró para 2022 un proyecto de cuentas públicas que autocalifica de 'recuperación justa' y cuya presentación ha venido acompañada, como ya es ceremonia habitual en el proceder de la Moncloa, de una
profusa campaña de propaganda con la que trata de ocultar las opiniones en contra de los analistas, de los sectores empresariales (es decir, de los que crean empleo) e incluso camuflar las recomendaciones de la Comisión Europea.


El proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado 2022 debería estar basado en datos macroeconómicos fiables y actualizados. Las previsiones de crecimiento económico señaladas a finales del pasado mes de septiembre por el Instituto
Nacional de Estadística (INE) contravienen severamente las planteadas con anterioridad desde la vicepresidencia económica del Gobierno, lo que anticipa un descuadre contable que acabará arrastrando a España hacia un mayor déficit y a un
empeoramiento económico que se reflejará en mayores niveles de deuda pública y empobrecimiento general. En este sentido procede resaltar, como hizo muy recientemente el Banco de España, que la deuda pública subió en agosto en 3.243 millones
situándose en 1,4 billones de euros. Por otra parte, Eurostat colocó a España entre las economías de la Unión Europea con mayor déficit y endeudamiento atribuyéndole en agosto 1,22 billones de euros, es decir 8.835 millones más que en julio (0,4
%), lo que supone una tasa interanual del 5,8 %. España registró la tercera tasa de déficit público más elevada de la Unión Europea en el segundo trimestre de 2021, un 7,3 % de su PIB, por detrás de Francia y Hungría, marcando la cuarta cifra más
elevada de deuda pública de toda la Unión Europea, un 122,8 %, solo por detrás de Grecia, Italia y Portugal en el citado periodo.


La creación de empleo y la reforma laboral


Hace nueve años, tras el desastre socioeconómico del gobierno socialista de Rodríguez Zapatero y la llegada a la presidencia de Mariano Rajoy, las normas contempladas en el Real Decreto-ley 3/2012, de 10 de febrero, de medidas urgentes para
la reforma del mercado laboral, fueron apoyadas por Foro Asturias tanto en la convalidación por el Congreso de los Diputados como en su tramitación como proyecto de ley. El grotesco espectáculo actual del Gobierno de Coalición PSOE-UP con abiertas
discusiones a cuenta de la posible derogación de la reforma laboral oculta, sin embargo, la necesidad imprescindible de aplicar en España las medidas de corte europeo que permiten a países homólogos al nuestro afrontar la creación de empleo y
superar sus respectivas crisis. No será posible resolver los gravísimos problemas derivados de la pandemia del coronavirus COVID-19 sin alcanzar un alto consenso políticos y con los agentes sociales que responda a las amenazas que se ciernen sobre
los trabajadores y las empresas.


Las ostensibles diferencias internas en el seno del Gobierno anticipan un largo periodo de enfrentamientos que no contribuirán a afrontar la principal prioridad de los españoles: la creación de empleo. Resulta muy inquietante el marco en
el que la recuperación económica tiene que desarrollarse habida cuenta de los crecientes impactos que sufre la economía de las empresas grandes, medianas y pequeñas y los hogares a cuenta del recibo de la luz y de los precios de los carburantes, con
impactos desmedidos en la cesta de la compra. Ante el silencio del Gobierno, ya se vaticina para el invierno una gran escalada de precios en los productos básicos.


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Desigualdades territoriales. Incumplimientos con Asturias


Al igual que en el vigente ejercicio presupuestario, para el año 2022 el Gobierno vuelve a hacer caso omiso del Artículo 138 de nuestra Carta Magna que expresamente señala:


1. El Estado garantiza la realización efectiva del principio de solidaridad consagrado en el artículo 2 de la Constitución, velando por el establecimiento de un equilibrio económico, adecuado y justo entre las diversas partes del territorio
español, y atendiendo en particular a las circunstancias del hecho insular.


2. Las diferencias entre los Estatutos de las distintas Comunidades Autónomas no podrán implicar, en ningún caso, privilegios económicos o sociales.


Todo el periodo que lleva como presidente del Gobierno Pedro Sánchez (casi tres años y medio) ha supuesto un tiempo perdido para Asturias y un retroceso en su modernización. Al incumplimiento de sus compromisos específicos adquiridos en el
debate de la Moción de Censura de 2018 en los que afirmó que [...] 'lógicamente nosotros vamos a respetar la ejecución de las obras que han sido presupuestadas en materia de infraestructuras por parte del actual Gobierno; no queda otra, porque
evidentemente no son nuestros presupuestos, pero desde luego no vamos a incumplir el acuerdo de esta Cámara' cabe añadir y constatar los retrasos y paralizaciones de obras y proyectos imprescindibles para una región que, desde hace años, tiene, con
diferencia, los peores datos en la tasa nacional de población activa, es decir, el indicador oficial de los españoles que trabajan o que están buscando trabajo. Un repaso permite señalar algunos proyectos interminables que Asturias precisa para su
inmediato futuro.


- A diferencia de otros territorios y proyectos de infraestructuras, en materia de Alta Velocidad ferroviaria se ha relegado el ancho europeo o UIC y despreciado los requisitos de alta velocidad entre Madrid y Asturias, dentro del corredor
norte-noroeste, cuyo resultado debería suponer un tiempo de 2 h 30' en el trayecto Madrid-Oviedo, homologable con el resto de las capitales y principales ciudades de España como Zaragoza, Valencia, Alicante, Castellón, Murcia, Sevilla, Málaga o
Barcelona. Igualmente, el Gobierno ha retirado el acuerdo para acometer los Estudios Informativos de los tramos ferroviarios Pola de Lena/ Oviedo /Gijón-Avilés en Asturias, concebidos para mantener la centralidad de las estaciones afectadas por la
circulación del AVE y para combinar su uso con la adecuada red de Cercanías.


- Persiste, una vez más, el agravio comparativo ferroviario a la vista del trato inversor que recibirá el desarrollo del Corredor Mediterráneo y el de otro corredor estratégico como es el Atlántico cuya ejecución es nuevamente relegada.
Este trato desigual del Gobierno con los dos corredores ferroviarios transeuropeos resulta injustificable y una muestra de la falta de equidad en la asignación de las consignaciones presupuestarias anuales consignadas en el Capítulo VI de los
Presupuestos Generales del Estado.

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- En relación con la red ferroviaria de Cercanías, el Ministerio de Infraestructuras, Movilidad y Agenda Urbana fulminó el Plan de Cercanías consensuado a finales de 2017 por el entonces Ministerio de Fomento (Partido Popular) y el gobierno
del Principado (PSOE), respaldado por ayuntamientos y organizaciones sindicales y empresariales de Asturias. Dicho Plan de Cercanías ferroviarias preveía acometer inversiones por importe de 580,9 millones de euros hasta el año 2025, de los que
338,8 se pretendían destinar a la red de ancho ibérico y los 178,6 restantes a la de ancho métrico (antigua Feve). Para 2022 se prevé once veces más de inversión para las Rodalíes de Cataluña que para las Cercanías asturianas que vienen sufriendo
un grave abandono tanto en las infraestructuras como en el material rodante.


- Como ya resulta tradición, coincidiendo con la llegada del partido socialista al Gobierno, se ha vuelto a frenar el impulso al Plan de Integración del Ferrocarril en Gijón ignorando el convenio publicado en mayo de 2019 en el 'Boletín
Oficial del ·Estado' (BOE) suscrito por las tres administraciones y por los diferentes partidos políticos con representación municipal para ubicar la futura estación intermodal en las proximidades del Museo del Ferrocarril, de tal manera que se
pierde la centralidad para la que fue concebido el proyecto que tiene construido en el subsuelo -sin uso y abandonado desde hace años- un túnel de 3,5 Km con espacio para varias estaciones subterráneas al objeto de aproximar el tren a los ciudadanos
y captar usuarios para el ferrocarril. Lejos de cumplir su palabra y de respetar lo firmado y publicado en el BOE, el Ejecutivo del señor Sánchez Pérez-Castejón ha paralizado este crucial proyecto al que el proyecto de presupuestos generales para
2022 dedica unos pírricos 39.840 €.


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En relación con las infraestructuras viarias, el Gobierno de Coalición PSOE-Unidas Podemos ha utilizado como pretexto el argayo sufrido el pasado mes de abril en las obras de autovía entre Cornellana-Salas-La Espina, infraestructura
trascendental para las comunicaciones del suroccidente asturiano, para retrasar la ejecución y posterior puesta en servicio de la A-63 Oviedo-La Espina. Las obras de esta autovía ya habían sido paralizadas en 2010 y su reanudación permitió la
terminación del tramo Doriga-Cornellana pero ahora ha sufrido un nuevo varapalo como consecuencia del desprendimiento de un talud que también afectó a la carretera nacional N-634 y que ha provocado el aislamiento parcial del suroccidente de Asturias

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que, por otra parte, sufre históricas dificultades de comunicación que le han impedido su pleno desarrollo económico y social.


- En materia portuaria, continúa sin recuperarse para el tráfico marítimo la Autopista del Mar entre el puerto de Gíjón-EI Musel y el de Saint Nazaire (Francia), u otro puerto francés alternativo. Asimismo, tras la paralización de las obras
del tramo Lloreda-Veriña, el Gobierno ha hecho trizas el convenio firmado en 2005 con el Principado, el Ayuntamiento de Gijón y la Autoridad Portuaria de El Musel, para dotar de enlaces viarios al puerto gijonés y evitar el paso de tráfico pesado y
peligroso por el casco urbano de la ciudad, zona de La Calzada. En el proyecto de presupuestos para 2022 se han consignado una menudencia presupuestaria de 200.000 €.


- Tanto el puerto de Gijón-El Musel como el de Avilés quedan relegados de la red europea de transportes TEN-T como secuela del mantenimiento del ancho de vía ibérico lo que, en la práctica, es un obstáculo insalvable para la liberalización
del transporte ferroviario de mercancías en favor de Renfe.


- Sin noticias de las compensaciones para paliar los cierres de las centrales térmicas de generación eléctrica en Lada (Langreo) y Soto de la Barca (Tineo) que abocaron a centenares de trabajadores al paro, sin alternativa laboral, y
arrastran a las comarcas donde estaban implantadas las centrales a la desertización.


- Un año más, resulta inexplicable el desperdicio de una importante infraestructura energética como es la regasificadora instalada en el puerto de El Musel, concebida como básica y necesaria para impulsar el proceso de descarbonización
gradual y para facilitar el proceso de sustitución del carbón por el gas en el mix de generación.


- La convocatoria y ejecución para ayudas a las industrias de consumo electro-intensivo a nivel nacional para costes indirectos del CO2 ha resultado un fiasco tal y como han denunciado las empresas que, año tras año, producen frente a sus
competidores europeos y mundiales con una gran merma competitiva, y pérdida de puestos de trabajo (más de 5.000 en los últimos años). La industria continúa sufriendo el varapalo derivado de la aprobación por el Gobierno del Estatuto del Consumidor
Electrointensivo que aumenta el severo riesgo de deslocalización si el precio de la electricidad persiste en 2022. Ya hay empresas que están parando la producción horas o incluso días. La factura eléctrica supone en algunos casos el 80 % total de
los costes de estas industrias lo que hace imposible su competitividad y el mantenimiento del empleo.


- La gasolina, al igual que la electricidad, también está a precio récord. A fecha actualizada, el combustible ya se vende en Asturias a 1,520 euros el litro, la cifra más alta registrada en la historia y por encima de la media española.
Llenar hoy el depósito cuesta 19 euros más que hace un año.


- El cierre de pozos de extracción carbonífera en los municipios mineros de Asturias ha generado la subida del desempleo en estos territorios para los que urge que se adopten las medidas derivadas del 'Plan Urgente', que recoge el 'Acuerdo
Marco para una Transición Justa de la Minería del Carbón y desarrollo sostenible de las Comarcas Mineras para el periodo 2019-2027', que pretenden mitigar el impacto de la pérdida de empleo a corto plazo y que no se están aplicando.


- Junto con los cambios normativos propiciados por el Gobierno respecto a la protección del lobo -una de las grandes amenazas para los territorios más allá del norte del Duero, entre ellos Asturias-, el sector ganadero continúa siendo
víctima de una política que, incluso, ha atacado el consumo de carne. Todo ello incide en el abandono del campo que en el caso de la Cornisa Cantábrica afecta al modelo de explotaciones familiares y que repercute en una preocupante despoblación del
medio rural.


- El Gobierno ralentiza el desarrollo de la dotación asignada al Proyecto de Conservación y Restauración de las pinturas y revestimientos murales de la Iglesia de san Miguel de Lillo con destino a otros proyectos de rehabilitación del
prerrománico asturiano, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.


- Continúa pendiente la urgente rehabilitación del patrimonio monumental en relación con los enclaves del románico asturiano de los Monasterios de San Antolín de Bedón (Llanes), San Salvador de Cornellana (Salas), y Santa María de Obona
(Tineo), que amenazan ruina irrecuperable.


- Ningún atisbo de acometer la deuda histórica del Estado con Asturias, agrandada por las aportaciones extraordinarias que el Ejecutivo ha entregado a gobiernos autonómicos incumplidores con los parámetros de déficit y de estabilidad
presupuestaria y sostenibilidad financiera, caso de la Generalidad de Cataluña. Para que Asturias reciba del Estado los mismos ahorros (medidos en euros/habitante) que Cataluña -la CCAA más incumplidora de sus obligaciones financieras, y la que más
recibió por subvención de intereses de los créditos concedidos por el Estado- la administración central tiene

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pendiente de aportar a Asturias del orden de 1.054 millones de euros. A ello tenemos que añadir, los 213 millones de euros adeudados por el Gobierno de España en concepto del cumplimiento de la sentencia firme por la eliminación ilegal de
Sos convenios de los Fondos Mineros. Una vez más, cabe señalar la ausencia en los Presupuestos Generales 2022 de consignación alguna para afrontar tal deuda histórica pendiente con Asturias que permitiría al Principado moverse en idénticos márgenes
que el resto de las Comunidades Autónomas, sin discriminaciones.


- Pese a su urgencia y ser materia prioritaria para Asturias, el Gobierno continúa sin elaborar un plan para promover la implicación de la Unión Europea en el que se incluyan ayudas para afrontar el gravísimo problema nacional de
envejecimiento de la población y crisis demográfica en Asturias -la Comunidad Autónoma con peores indicadores de disminución de la población, caída de la natalidad y envejecimiento- y en España, con recursos para afrontar el problema y, en su caso,
participación y colaboración de las Comunidades Autónomas.


- El proyecto de presupuestos para 2022 supone un nuevo retraso en la reforma del sistema de financiación autonómica. El Gobierno persiste en mantener el sistema de financiación autonómica que mantendrá a Asturias como una de las
Comunidades Autónomas de régimen común más perjudicadas. El sistema de financiación autonómica, vigente desde 2009, ya tenía que haberse reformado en 2014 y resulta muy perjudicial e insolidario, porque repercute negativamente sobre los servicios
públicos esenciales (sanidad, educación, servicios sociales).


- Finalmente, las serias dudas sobre las previsiones macroeconómicas contenidas en los cálculos de! Gobierno para elaborar las cuentas públicas para el ejercicio 2022, tienen también una trascendencia particularizada para Asturias. Las
previsiones sobre el Producto Interior Bruto (PIB) realizadas por BBVA Research (referente de investigación y de análisis económico nacional e internacional), publicadas hoy mismo, auguran que Asturias será la Comunidad Autónoma española que menos
crecerá en 2022 sin que el Gobierno, un año más, aplique medidas que corrijan el palmario proceso de decadencia regional que está sufriendo el Principado y que se refleja específicamente en el éxodo juvenil, la despoblación, la bajísima natalidad,
el envejecimiento, la caída de la actividad económica, la carencia de infraestructuras y la continuada merma de oportunidades laborales por la destrucción -sin alternativa- de puestos de trabajo.


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Enmienda de totalidad con devolución al Gobierno


En definitiva, tanto por el inmediato futuro de España como el de Asturias, comunidad de origen a la que este diputado representa en la XIV Legislatura, hay motivaciones más que suficientes que justifican

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la necesidad de plantear la presente enmienda de totalidad y, de acuerdo con el Reglamento del Congreso y los procedimientos que correspondan, devolver al Gobierno el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2022.


ENMIENDA NÚM. 5


FIRMANTE:


Grupo Parlamentario Popular en el Congreso


A la Mesa de la Comisión de Presupuestos


El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 110 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente enmienda a la totalidad del Proyecto de Ley de Presupuestos
Generales del Estado para el año 2022, por lo que se solicita su devolución al Gobierno.


Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de octubre de 2021.-Pablo Casado Blanco, Mario Garcés Sanagustín, María Elvira Rodríguez Herrer y Víctor Valentín Píriz Maya, Diputados.-Concepción Gamarra Ruiz-Clavijo, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.


Enmienda a la totalidad de devolución


Exposición de motivos


I


Los Presupuestos Generales del Estado de 2022 son el canto del cisne de Pedro Sánchez, el epitafio económico y fiscal de un Gobierno en descomposición que ha devuelto a España al abismo del déficit, la deuda y el paro, tras su calamitosa
gestión de la crisis sanitaria y su derivada económica y social. Sobre el castillo en el aire de un cuadro macroeconómico quimérico, que contiene unas proyecciones de crecimiento económico que superan en un punto a la media del consenso de los
analistas tanto para el año 2021 como para el año 2022, el Gobierno de Sánchez hace oídos sordos, otro año más, a las llamadas a la prudencia del Banco de España y a la reciente revisión a la baja de las perspectivas del resto de organismos
nacionales e internacionales, desde la AIReF al FMI, para terminar presentando unos presupuestos incompatibles con la realidad y con las reglas más elementales de las matemáticas. Previsiones imaginarias de crecimiento, incrementos de ingresos
tributarios solo sostenidos por el impuesto invisible de la inflación, y un gasto público faraónico conforman unos Presupuestos Generales del Estado que son el cuento de la lechera populista.


Sin una sola reforma estructural que lo contemple, sin un paquete de ayudas al tejido empresarial digno de tal nombre, sin un plan de consolidación fiscal a medio plazo que dote de credibilidad a la política económica, y sin un atisbo de
proyecto de país más allá de la cruda conservación personal del poder, el plan presupuestario es una coartada legislativa para enmascarar una escalada sin freno de gasto electoralista con la que Sánchez trata de llegar a la orilla del final de la
legislatura tras el naufragio de su Gobierno. Esta espiral, estructural e insostenible en el tiempo, de gasto público será nuevamente financiada por las clases medias, autónomos y pequeñas y medianas empresas, a todos los cuales les espera una
nueva vuelta de tuerca de fiscalidad confiscatoria que acumulará al cierre del próximo año más de 8.000 millones de euros en subidas impositivas respecto a 2019.


El Gobierno vuelve a penalizar el ahorro y a gravar el trabajo, al tiempo que admite su incapacidad para reducir los niveles de paro y para ensanchar las oportunidades de futuro a 11 millones de españoles en situación de exclusión social.
Sánchez gasta como si no hubiera un mañana -cierto que para su

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Gobierno no lo hay- pero deja en herencia desequilibrios estructurales en las finanzas públicas, un desempleo juvenil superior al 35 %, una inoperancia peronista en la ejecución de los fondos europeos (menos del 5 % de ejecución real de lo
presupuestado en los PGE de 2021 a 31 de agosto) y una hipoteca insostenible de deuda en el entorno del 120 % del PIB sobre varias generaciones de españoles. Agotado todo margen de maniobra fiscal frente al riesgo de crisis venideras, la suerte de
la economía española pende del hilo de la política monetaria expansiva del Banco Central Europeo.


En un escenario de elevada incertidumbre por la crisis energética, los cuellos de botella en las cadenas globales de suministro y una impredecible espiral inflacionista que ya golpea de lleno a la industria, a las empresas de consumo y a la
cesta de la compra (el IPC alcanzó el 5,5 % en octubre), las fragilidades endógenas y exógenas del cortoplacismo presupuestario del Gobierno son tan alarmantes como sus condicionamientos políticos.


Por orden cronológico, el primer cambalache extrapresupuestario fue un acuerdo entre los dos socios del Gobierno para aprobar una ley de vivienda que volatiliza los principios de la propiedad privada, la seguridad jurídica y la libertad
económica en España. Una dosis venenosa de populismo intervencionista cuya consecuencia más inmediata será el estrangulamiento del mercado residencial de alquiler y la huida en el sector inmobiliario de inversores nacionales e internacionales,
alarmados ya por la incautación de los 'groseros' beneficios de las empresas del sector eléctrico por parte de un Gobierno impotente ante la crisis energética y la escalada histórica superior al 44 % en la factura de la luz.


El doble discurso mantenido durante años por Pedro Sánchez ante las autoridades europeas, por un lado, y ante sus socios de Gobierno y la sociedad española, por otro, empieza a desmoronarse en el vacío de sus embusteras contradicciones. La
negociación presupuestaria entre los dos socios del Gobierno se vinculó a la contrarreforma del sistema de pensiones y a la derogación de la reforma laboral, aun a sabiendas del peligro de incumplimiento de la condicionalidad vinculada a la
transferencia de 12.000 millones de euros en fondos europeos. A la espera de conocer el mecanismo de equidad intergeneracional que oculta el ministro Escrivá para sustituir, por las enmiendas de la puerta de atrás, el factor de sostenibilidad que
garantizaba un futuro de viabilidad para nuestro sistema de pensiones, los partidos del Gobierno han abierto renovadas hostilidades en su segundo frente de batalla a cuenta de la intensidad de la derogación de la reforma laboral. La derogación fue
acordada entre ambas partes en el pacto de Gobierno y confirmada por Sánchez en una de sus componendas con Bildu en el primer estado de alarma inconstitucional.


Aprobada en 2012 por el Gobierno del Partido Popular, la reforma del mercado de trabajo detuvo primero la sangría laboral desatada por la crisis financiera y deuda soberana, impulsó después la creación de tres millones de puestos de trabajo
en cinco años de crecimiento ininterrumpido, y ha permitido finalmente la articulación de la figura jurídica de los ERTE para proteger los empleos de millones de españoles durante la crisis sanitaria de la pandemia. Una reforma estructural, por
tanto, que ha demostrado ser útil y eficaz en cualquier coyuntura económica.


Ahora, ante la espada podemita y la pared de Bruselas, Sánchez discute la recuperación de la prevalencia de los convenios de sector sobre los de empresa y el carácter ultraactivo de los convenios para empoderar a los sindicatos y
desequilibrar de una vez para siempre el diálogo social. Si el deseo de la ministra Calviño es retroceder una década en la modernización de la economía española (ella es la moderada), la ministra Díaz -auténtica mandamás económica del Gobierno- la
supera sobradamente en ambición derogatoria y pretende, nada menos, que convertir la legislación laboral en una máquina de destrucción de puestos de trabajo.


La última hipoteca política conocida (a día de hoy) delata la estatura moral del presidente del Gobierno. Si uno de los trueques con ERC a cambio de su apoyo a las cuentas de 2021 se materializó en presupuestos por indultos, el pago a Bildu
por su respaldo a las cuentas de 2022, en palabras de Otegi, se materializará en presupuestos por presos. Es este el testimonio más revelador de una política presupuestaria rehén de independentistas y herederos políticos de la barbarie etarra. Es
la confesión de parte de los albaceas del terrorismo: necesitan a Sánchez seis años más para culminar el blanqueo institucional que los homologue, para reescribir la historia de sus crímenes abominables y para alcanzar su objetivo de erradicar la
memoria de las víctimas del terrorismo al conjunto del pueblo español. Más allá de los desequilibrios estructurales en nuestra economía, más allá de todo el despilfarro improductivo, del latigazo fiscal a las clases medias, del descrédito de la
política económica y de una escalada del déficit estructural hasta el entorno del 5 % del PIB, el coste de los Presupuestos Generales del Estado en términos de dignidad nacional es incalculable.

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II


En circunstancias normales, los Presupuestos Generales del Estado son el instrumento más valioso de política económica en manos de un Gobierno responsable para impulsar la prosperidad económica y social, la competitividad nacional y la
creación de empleo.


Las coyunturas adversas de crisis y de incertidumbre global son especialmente reveladoras de las estrategias gubernamentales. La credibilidad económica y fiscal de un país se juega de forma decisiva en momentos como el actual, el umbral de
salida de una crisis tan severa como la pandémica. Es aquí y ahora cuando un Gobierno, tras haber desembolsado una cantidad extraordinaria de gasto sanitario coyuntural asociado al combate contra el coronavirus, puede tomar la decisión de enviar al
mundo un mensaje claro de responsabilidad a través de un compromiso sin reservas con la recuperación de la competitividad del tejido productivo, con la sostenibilidad de las finanzas públicas y la corrección de los desequilibrios provocados por el
embate de la crisis en la cuenta de ingresos y gastos. Pero no caben ingenuidades con Sánchez. A contracorriente de las grandes naciones de nuestro entorno, el Gobierno se ha aprovechado de la suspensión de las reglas fiscales comunitarias para
sustituir el gasto coyuntural asociado a la pandemia por una cantidad equivalente de gasto puramente electoralista.


Esta suplantación de gasto no ha pasado desapercibida ni mucho menos a la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF). En sus nuevas recomendaciones, presentadas esta misma semana durante las jornadas de comparecencias de los
Presupuestos, el organismo que preside Cristina Herrero ha instado al Gobierno a adoptar 'las medidas necesarias para evitar que el espacio fiscal que deja la retirada de las medidas para luchar contra la Covid y la positiva evolución de los
ingresos pueda utilizarse para realizar gasto estructural que no cuente con una fuente de financiación permanente'.


Podemos comparar ya los proyectos presupuestarios antagónicos de dos naciones vecinas, Italia y España, que han sufrido de forma similar los estragos humanos y económicos de la pandemia. En la línea de la mayoría de los Gobiernos europeos,
como el francés o el alemán, el Ejecutivo de Mario Draghi ha remitido a Bruselas unas cuentas para 2022 que contemplan una rebaja fiscal de más de 8.000 millones de euros de la mano de una ambiciosa eliminación de las tasas burocráticas que
obstaculizan el desarrollo empresarial y una importante rebaja del IRPF a las familias y autónomos, junto con una reducción de casi cinco puntos en el déficit público. En palabras del primer ministro italiano 'bajamos impuestos para potenciar el
empleo y ayudar al país a crecer en el medio y largo plazo'. La conclusión es evidente en sí misma: Las diferencias entre los presupuestos presentados por el Gobierno italiano y el español son las que van de un Mario Draghi a un Pedro Sánchez.


La decisión del presidente del Gobierno español de volver a aumentar los impuestos y cotizaciones sociales a trabajadores, autónomos y empresarios en 2022 supone un nuevo palo ideológico entre las ruedas de la inversión productiva y de la
competitividad de nuestro tejido empresarial, privado de 71.500 empresas desde febrero de 2020 y de casi 100.000 empresas menos (97.521) desde que gobierna la izquierda.


Con España definitivamente condenada al vagón de cola de la salida europea de la crisis económica y social, el Gobierno de Sánchez se erige ahora en la mayor amenaza para la capacidad de respuesta de la economía española ante la
incertidumbre que se extiende a escala global. Por su irresponsabilidad e imprudencia ante un escenario impredecible, que podría desembocar antes de lo esperado en un endurecimiento de la política monetaria y en una escalada de los costes de
financiación de la deuda pública española, el Gobierno de Sánchez corre el riesgo de convertir estos presupuestos en la antesala de una nueva insolvencia de las finanzas nacionales y de una ronda venidera de recortes sociales en la más genuina
tradición socialista. Sánchez es ahora guardián y depositario de ese ruinoso acervo; no en vano fue él quien apoyó desde su escaño los feroces tijeretazos sociales de Rodríguez Zapatero.


III


Por segundo año consecutivo, las proyecciones del cuadro macroeconómico invalidan ya de partida el proyecto de Presupuestos Generales del Estado. El Gobierno ha mantenido inalterado el escenario macro que sirve de base a los PGE, pese al
varapalo propiciado en septiembre por el INE al recortar el crecimiento económico del -0,4 % al -0,6 % en el primer trimestre de 2021 y del +2,8 % al +1,1 % en el segundo. Esta inédita revisión hace ya imposible el cumplimiento de las ya recortadas
previsiones del Gobierno para final del ejercicio (del 9,8 % al 6,5 %), puesto que el avance de la Contabilidad Nacional del tercer trimestre muestra un crecimiento anual de tan solo el 2,7 %.

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En abierta colisión con la propaganda del Ejecutivo, la recuperación sigue siendo 'claramente incompleta', en palabras del gobernador del Banco de España: A 30 de junio de 2021, el PIB español se situaba aún 8,4 puntos porcentuales por
debajo del previo al estallido de la pandemia, frente a una brecha negativa de solo 2,5 puntos de media en la zona euro. España cerrará 2021 con un crecimiento económico en torno a la mitad de lo fantaseado por el Gobierno justo hace un año (9,8
%). Por aquellas fechas, el Partido Popular ya denunciaba que esta hipótesis insostenible convertía a los presupuestos de 2021 en papel mojado antes de iniciar su tramitación parlamentaria. De forma mimética, las estimaciones para el próximo año
son ya pasto de la obsolescencia programada en la que recalcitrantemente incurre este Gobierno.


Y es que las últimas proyecciones de organismos nacionales e internacionales echan por tierra la vulgar propaganda gubernamental. La media del consenso de los analistas con respecto al crecimiento de la economía española (5,6 % para 2021 y
6,1 % para 2022,) es prácticamente un punto inferior a las estimaciones del Gobierno (6,5 % para 2021 y 7 % para 2022).


El Banco de España ha sido categórico al desconfiar de las estimaciones de las cuentas públicas. La AIReF ha revisado a la baja su escenario central, situando la proyección en 2021 en un 5,5 % y en 2022 en un 6,3 %. Los análisis publicados
por el BBVA sitúan en un 5,2 % el crecimiento previsto al cierre de 2021 (1,3 puntos menos que el Gobierno) y en un 5,5 % para 2022 (-1,5 puntos), con lo que la entidad financiera concluye que España no recuperará los niveles de PIB previos a la
pandemia hasta el año 2023.


Funcas ha sido el último organismo en sumarse a la cascada de revisiones a la baja del PIB, con un recorte desde el 6,3 % al 5,1 % en 2021 (6 % para 2022, un punto menos que el Gobierno). Por su parte, el FMI constata en sus proyecciones
una verdad incontrovertible para todos: la incapacidad del Gobierno para revertir las cifras de paro. Así, el organismo estima una tasa de desempleo del 14,8 % a finales de 2022 frente al 13,8 % del último trimestre de 2019 a pesar de haber creado
351.000 empleos públicos desde junio de 2018 hasta hoy. Y esta es, sin lugar a duda, una de las piedras de toque de la inoperancia del Gobierno: Disponiendo de 150.000 millones de euros más de recursos en el presupuesto entre los años 2020 y 2022,
y de 54.000 millones de euros en fondos europeos entre 2021 y 2022, reconoce que el empleo apenas crecerá un 2,7 % en 2022.


Las hipótesis de partida del cuadro macroeconómico son un brindis al sol. El Gobierno calcula en los PGE un deflactor del 1,3 %, cuando el Gobernador del Banco de España ha reconocido que sus previsiones de inflación se sitúan en torno al
2,8 % para 2022 (el IPC cerró en octubre en el 5,5 %, su nivel más alto desde hace tres décadas). De hecho, las presiones inflacionistas esconden problemas estructurales tras la triple escalada de la electricidad, combustibles y materias primas,
que amenazan con prolongar en el tiempo el alza de precios, como acaba de alertar la presidenta de la AIReF. Los riesgos de segunda ronda del alza de precios son evidentes en nuestro país, teniendo en cuenta que el 50 % del gasto público está
indexado a la evolución del IPC.


En este contexto, las estimaciones del Gobierno en relación con el precio del crudo para 2022 son un artificio voluntarista (un 15,6 % inferiores a la media de este año), cuando la realidad es que el precio del petróleo se ha duplicado en
los últimos 12 meses y acaba de superar los 85 dólares el barril, un 40 % más que el precio estimado para 2022. Por otra parte, cada subida del 10 % en los precios de la electricidad (España acumula un 44 % de subida interanual) conlleva un impacto
negativo de 3 décimas en un plazo de 2-3 años, tal y como ha señalado Hernández de Cos en el Congreso de los Diputados.


¿Por qué entonces la obcecación del Gobierno en mantener unas cifras que nadie cree? Por la sencilla razón de que Sánchez necesita, al igual que en los PGE de 2021, unas previsiones infladas de crecimiento económico para cuadrar el gasto
babilónico contenido en estos PGE (un 21,7 % superior respecto a las últimas cuentas públicas previas a la pandemia) y así dejar sobre el papel un déficit público permisible a ojos de Bruselas. Como ya ocurrió con las cuentas en vigor, el Gobierno
construye la casa de los presupuestos por el tejado del gasto, cuadrando a continuación las restantes partidas y variables para que encaje todo en el Excel. En conclusión, en un escenario de crisis inflacionista, los presupuestos se basan en unas
previsiones de crecimiento ilusorias que pronto habrán de ser revisadas a la baja, como ya ocurrió el pasado 9 de abril con las que servían de base a los presupuestos de 2021.


IV


Lo único real del cuadro macroeconómico en vigor son los datos de 2020 (imposibles ya de maquillar para el Gobierno), un año en el que España sufrió la mayor caída del PIB desde la guerra civil (-10,8 %

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del PIB). Las consecuencias económicas de la pandemia fueron devastadoras: Una pérdida total de 123.000 millones de euros de riqueza nacional (más que todos los años juntos de la anterior crisis financiera -89.000 millones de euros-) junto
con la mayor destrucción de tejido empresarial y de empleo de nuestro entorno, la mayor tasa de desempleo de Europa y unos niveles subdesarrollados de paro femenino (16,36 %) y de paro juvenil (35 %).


Ni siquiera el rebote automático de la actividad de este año ha permitido reincorporar al mercado laboral a los 178.000 parados más que hay ahora respecto a septiembre de 2019 y a los 239.000 trabajadores en ERTE y 226.000 autónomos en cese
de actividad que aún no han conseguido retomar su normalidad laboral. Por desgracia, ni cumpliendo el eufórico escenario del Gobierno, podremos volver a los niveles de desempleo previos a la pandemia (13,8 %), por no hablar de cerrar la brecha de
nuestros niveles de paro con los de Europa.


Si el cuadro macroeconómico está sesgado por la imaginación del Gobierno, el cuadro de ingresos tributarios (+8,1 % respecto a 2021) se sostiene únicamente por el efecto positivo del alza inflacionista en la recaudación tributaria, a costa
-eso sí- de una pérdida generalizada de poder adquisitivo para una mayoría de españoles. El empobrecimiento generado por la inflación será particularmente acuciante en los hogares de menor renta, cuya desprotección ante la crisis guarda relación
directa con el fracaso de la política económica y con el hundimiento del escudo social, en particular, en lo relativo al colapso en la gestión del Ingreso Mínimo Vital. Por desgracia, la cuesta de enero será temible en 2022.


El presente ejercicio, por contra, concluirá con una horquilla de entre 7.000 millones y 10.000 millones de menor recaudación, y eso a pesar de la subida de impuestos contenida en los PGE de 2021 y de la escalada del IPC hasta el 5,5 %
actual, a cierre de octubre. Esto es debido a la disminuida recaudación procedente tanto de las nuevas figuras tributarias (impuesto sobre transacciones financieras e impuesto sobre determinados servicios digitales, básicamente) como de los
impuestos indirectos.


El Gobierno ha dejado en principio para 2023 la subida masiva de impuestos que tiene comprometida en el plan remitido a Bruselas (peajes en las carreteras convencionales, subida del diésel, supresión de la reducción por tributación
conjunta...). No obstante, por si a alguien le quedara algún resquicio de duda sobre el cariz ideológico que impregna la política fiscal, la ministra de Hacienda ya ha puesto los deberes a su comité de expertos: una subida de impuestos a los
españoles de 80.000 millones de euros.


El trágala de los hachazos impositivos de Pedro Sánchez se demuestra de forma evidente en su ambivalente carácter procíclico y anticíclico. Es decir, este Gobierno aumenta los impuestos en todo momento y lugar, cuando lo que debería hacer
es rebajarlos de manera neta siempre que sea posible. Pero Sánchez los sube sea cual sea la situación económica y social en la que nos encontremos, tanto en las crisis como en las recuperaciones. Si crece la economía un 2,1 %, como en 2019, sube
los impuestos porque crece la economía. Si se desploma la economía un 10,8 %, como en 2020, sube los impuestos porque se desploma la economía. Si hay atisbos de recuperación de la economía, que rebotará en torno al 5,0 % en 2021, sube los
impuestos porque hay atisbos de recuperación en la economía.


Los Presupuestos de 2022 no podían faltar a la cita anual del pisoteo tributario a las clases medias españolas. Porque, si el impacto recaudatorio en el próximo año de las alzas tributarias ya aprobadas en los PGE de 2021 ascenderá a 2.135
millones de euros, las subidas previstas para 2022 (impuesto sobre residuos, plásticos de un solo uso, nueva reducción del límite de aportaciones a los planes privados de pensiones, tipo mínimo del 15 % en el impuesto de sociedades, aumento del 1 %
de todas las tasas, subida del impuesto de matriculación, elevación de las bases máximas de cotización a la Seguridad Social y alza de las cotizaciones de los autónomos) se calculan en una cantidad del mismo orden, en torno a los 2.000 millones de
euros.


V


En el trienio 2020-2022, el incremento del gasto público habrá generado un déficit público acumulado cercano a los 300.000 millones de euros. Innumerables son los ejemplos del pródigo despilfarro de los recursos a cuenta del bolsillo del
contribuyente. El presupuesto de Presidencia del Gobierno, incluyendo el programa de cobertura informativa, duplica al del último Gobierno del PP (+97 %). Solo en altos cargos, el Gobierno de Sánchez cuesta 108 millones de euros más a los
españoles que en 2018. Mientras reparte 400 euros a cada joven, con independencia de su renta, para que lo gaste donde el Gobierno le diga, endosa al mismo tiempo a cada español una deuda per cápita de 5.350 euros, incluidos esos mismos jóvenes.
Mientras se niegan ayudas a nuestros autónomos y pymes, se incrementa un 46,7 % el

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presupuesto del Ministerio más prescindible e inoperante de nuestra democracia, el de consumo del ministro Garzón.


El déficit estructural se eleva al 5 %, una losa cada vez más pesada sobre el horizonte de la economía española. La deuda pública, que en palabras de la ministra Calviño 'pagarán nuestros hijos y nuestros nietos', supera los 1,4 billones de
euros. Las compras de deuda del Banco Central Europeo (acumula 330.000 millones de deuda española) y los artificialmente bajos tipos de interés son el único salvavidas financiero de la economía española, teniendo en cuenta que el Gobierno se niega
obcecadamente a presentar sendos planes de reformas y de consolidación fiscal a medio plazo para dotar de certidumbre y credibilidad a la política económica. Como señaló la presidenta de la AIReF en su comparecencia en la Comisión de Presupuestos
del Congreso de los Diputados, un plan de consolidación fiscal no implica ni mucho menos recortes sociales, sino un programa creíble de eficiencia en el gasto público y de crecimiento económico a través de reformas estructurales, al que además está
obligado el Gobierno en virtud del artículo 11.3 de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (LOEPSF).


Los Presupuestos, por otra parte, incorporan 27.633 millones de euros en fondos europeos, 1.000 millones de euros más que los presupuestados -que no ejecutados- en 2021. El Gobierno, tras negarse a crear una Autoridad Independiente para
gestionar con transparencia y eficacia el reparto de los recursos, oculta a los españoles el reciente acuerdo de cumplimiento (operational arrangement) acordado con Bruselas sobre el calendario de reformas asociadas a la liberación de los próximos
tramos.


Aún en el caso de que los fondos sean entregados con normalidad, de poco servirán si el grado de ejecución es tan bajo como el que el Gobierno arrastra en este ejercicio. Una maraña de burocracia retrasa la fluida canalización de los
mismos, hasta el punto de que a 31 de agosto de 2021 la ejecución media de los fondos, excluyendo la partida destinada a vacunas (la única eficazmente implementada al no depender del Gobierno de Sánchez sino de la UE y de las CCAA), era del 20 %.
Un porcentaje que incluye las transferencias a otros fondos creados ad hoc, organismos públicos u otros niveles de administración pública que, en realidad, no supone una ejecución real y efectiva de los mismos.


Llueve sobre el mojado de la negligencia gubernamental para llevar a término la ejecución eficaz de cualquier plan:


- De los 40.000 millones previstos para los préstamos ICO inversión se han concedido sólo 8.419 millones de euros, el 21 % un año después de su aprobación.


- De los 10.000 millones del fondo de rescate de SEPI, apenas se han concedido 1.347 millones, el 13,5 %, mientras decenas de compañías señeras en riesgo de concurso de acreedores (pertenecientes en su mayoría al sector turístico, el más
golpeado por las restricciones de la crisis sanitaria) hacen cola a las puertas del organismo público parar recibir unas ayudas que no llegan tras la imputación de la cúpula de la SEPI por un presunto delito de malversación en el rescate de la
compañía aérea Plus Ultra.


- De los 7.000 millones de ayudas directas para autónomos, apenas se ha concedido algo más de la mitad. Se ha dejado en la cuneta a una mayoría de autónomos por el diseño y las condiciones exigidas por el Gobierno, un error que han vuelto a
cometer en la concesión de las ayudas especiales a los autónomos de La Palma.


A fecha de 31 de agosto de 2021, la ejecución del presupuesto de 2021 se traduce en un clamoroso retraso. Destaca la bajísima ejecución de políticas como comercio, turismo y pymes (5,0 %), l+D+i (14,8 %), acceso a la vivienda y fomento de
la edificación (17,7 %), industria y energía (20,2 %) o infraestructuras (2.993 millones de euros de los 9.494 millones presupuestados). Los precedentes en la ejecución presupuestaria de este Gobierno son alarmantemente ineficaces e ineficientes,
lo que hace dudar seriamente de la capacidad de ejecución de los 70.000 millones de euros a que ascienden los fondos europeos y del nivel del efecto multiplicador potencial de los mismos sobre el crecimiento de la economía española.


La incapacidad del Gobierno para llevar a término sus propios planes alcanza su cénit en el Ingreso Mínimo Vital, parte nuclear de su negligente escudo social. Más de un año después de su aprobación, la presunta medida estrella del Gobierno
para la lucha contra la pobreza apenas alcanza un tercio de la población que se marcó como objetivo. Según el último informe de Cáritas, tan sólo el 18,6 % de los solicitantes en pobreza severa lo está cobrando o lo tiene concedido. A la mitad de
los solicitantes en pobreza severa, el 49 %, le ha sido denegado. En total, tres de cada cuatro peticiones están siendo rechazadas. De los 3.000 millones de euros presupuestados, solamente se ha ejecutado alrededor del 50 %. El fracaso del
Ingreso Mínimo Vital,

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lastrado por las falsas expectativas propagandísticas y el colapso burocrático del Gobierno, es el testimonio del hundimiento de toda la política social de Pedro Sánchez.


Después de tres años y medio de Gobiernos sanchistas, España es un país más pobre, con mayores niveles de desigualdad, con menos oportunidades para las mujeres, para los jóvenes, para las familias (especialmente las numerosas y las
monoparentales) y con una desprotección rampante de los menores, de las personas con discapacidad, y de todos los que viven en riesgo de exclusión social. La incompetencia del Gobierno, demostrada por enésima vez en su ineptitud para poner freno a
la escalada histórica de la factura eléctrica, ha convertido a España en un país hostil para los grupos de población más vulnerables.


VI


La conclusión de esta enmienda a la totalidad es obvia. Los Presupuestos Generales del Estado para 2022 nacen tan muertos como las expectativas de supervivencia política del Gobierno de coalición populista. Sin embargo, aun en los meses
crepusculares de su presidencia, Pedro Sánchez conserva la oportunidad postrera de corregir el rumbo insensato de su mandato. El presidente del Gobierno ligó su suerte al blanqueamiento de los enemigos de nuestro sistema constitucional, pero aún
está a tiempo de rectificar y romper las ataduras que le hacen cautivo de la antipolítica y del separatismo radical. Aún dispone de margen para retirar el proyecto presupuestario en la tramitación parlamentaria y poner en marcha el plan nacional de
reformas que Pablo Casado le propuso hace ya más de un año.


En palabras del presidente del Partido Popular, 'a tiempo estamos de ir por el buen camino; el camino del reformismo, de la moderación, del europeísmo, del diálogo social de verdad, de los consensos con la oposición y las administraciones.
En definitiva, la solución que siempre se ha puesto en marcha cuando ha habido que sacar a España de una grave recesión. Mi balance es de esperanza y de mirar al futuro creyendo que podemos salir de esta. Diciendo la verdad por dura que sea, sin
quedarnos en la demagogia de la propaganda. Diciendo que va a ser duro y que va a requerir esfuerzos'.


Estas son palabras recientes del próximo presidente del Gobierno. Condensan la responsabilidad del ideario subyacente en un proyecto de país a la altura del talento de la sociedad española. Más pronto que tarde, en dos años a lo sumo, el
presidente del Partido Popular devolverá la dignidad a la institución del Gobierno de la Nación y pondrá en marcha la agenda de reformas estructurales más ambiciosa de las últimas décadas. La economía española recuperará la seriedad, la
credibilidad y el prestigio perdidos en el despeñadero populista. Nuestro país volverá a la primera fila europea del crecimiento económico y creación de empleo, como ya ha demostrado en recientes coyunturas históricas. A la espera de ese momento,
el Grupo Parlamentario Popular presenta esta enmienda a la totalidad al Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2022, por lo que solicita su devolución al Gobierno.


ENMIENDA NÚM. 6


FIRMANTE:


Mireia Vehí Cantenys


Albert Botran Pahissa


(Grupo Parlamentario Mixto)


A la Mesa de la Comisión de Presupuestos


El Grupo Parlamentario Mixto, a instancia de los Diputados, Mireia Vehí i Cantenys y Albert Botran i Pahissa de CUP, de acuerdo con lo establecido en el reglamento de la Cámara, presentan la siguiente enmienda de totalidad al Proyecto de
Presupuestos Generales del Estado para 2022, solicitando la devolución al Gobierno.


Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de octubre de 2021.-Mireia Vehí Cantenys y Albert Botran Pahissa, Diputados.-El Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.

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Enmienda a la totalidad de devolución


Exposición de motivos


Balance de las cuestiones planteadas por la CUP-PR en el ejercicio de 2021


En el ejercicio presupuestario del 2021, desde la CUP-PR planteamos una serie de argumentos que sostenían la justificación de la enmienda a la totalidad que presentamos a los presupuestos generales del Estado para el año en curso. Dicha
enmienda a la totalidad estaba basada en 5 motivos principales:


1. Falta de compromiso del gobierno de coalición con el referéndum de autodeterminación y la ley de amnistía en Catalunya.


2. Falta de compromiso del gobierno de coalición con la desjudicialización del conflicto político entre Catalunya y el estado español.


3. Sobreprotección a las grandes corporaciones en un contexto de crisis sanitaria y económica.


4. Aumento del gasto militar, del CNI y del presupuesto asignado a la Casa del Rey.


5. Falta de compromiso con medidas de fiscalidad transformadoras.


6. Falta de claridad con la transparencia de la adjudicación y distribución, así como con las consecuencias futuras en materia de reformas, que acarrean los fondos europeos y su distribución.


Un año después, y tras 12 meses de legislatura, estamos en disposición de afirmar que no han cambiado las prioridades del gobierno de coalición y por ese motivo, volvemos a presentar una enmienda a la totalidad para la devolución al gobierno
del Proyecto de Ley de Presupuestos para el ejercicio del 2022.


Pero centrémonos primero en el balance del 2021 y aquellas cuestiones planteadas por la CUP-PR:


Sobre las cuestiones de amnistía y de autodeterminación, la mesa de diálogo entre gobiernos solamente ha tenido un límite verbalizado: la imposibilidad de hablar y de hacer un referéndum en Catalunya. Y, en relación a la ley de amnistía,
las declaraciones de varios miembros del gobierno también han sido meridianamente claras: no habrá tramitación de la ley.


Ya lo señalamos en 2021, y así vuelve a repetirse en 2022: es altísimo el gasto militar, el del CNI y el de la corona en esta contienda. Además, en lo referente a las grandes corporaciones y los fondos europeos, estamos peor que como
estábamos un año atrás, ya que hemos conocido algunas de las inversiones previstas para que las desarrollen las grandes corporaciones del IBEX 35 y además empezamos a atisbar las contrapartidas que exigirá Bruselas.


Finalmente, en relación a las medidas de fiscalídad propuestas, en 2021 la composición final de la ley presupuestaria era insuficiente, y se repite en la propuesta del 2022. A pesar que este año hay alguna modificación más, como la del
impuesto de sociedades, es un cambio tímido que no apunta una transformación radical de la distribución de la riqueza.


Pero continuando con el repaso de 2021, y analizando las distintas estrategias que hubo con los presupuestos del gobierno de coalición, otra fuerza política catalana (ERC) decidió aprobar las cuentas del año en curso a cambio de un pacto
compuesto de diferentes elementos que tratamos de resumir en grandes líneas:


- Aumentar las inversiones en Catalunya y saldar las deudas con la Consejería de Educación.


- Creación de un comité bilateral para la reforma fiscal e iniciar un trabajo para la reforma del impuesto de las grandes fortunas.


- Gestionar los fondos europeos que le correspondan a Catalunya desde la Generalitat.


- Gestionar el Ingreso Mínimo Vital desde Catalunya.


- Corregir el dumping fiscal de Madrid.


- Aumentar la inversión en infraestructuras.


Se tildó la estrategia de ganadora, y de útil, alegando que la negociación de presupuestos y partidas para Catalunya había sido un éxito del principal partido soberanista que encabeza el gobierno de la Generalitat. No obstante, y a pesar de
la buena dirección de los acuerdos, no se ha cumplido casi nada de lo pactado.

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La ejecución de las inversiones en Catalunya a mediados del 2021 era tan solo de un 13,3 %, siendo la comunidad donde menos se ejecutó el presupuesto durante dicho período, porcentaje parecido al del País Valencia, que se sitúa en el 16,1 %.
Y este fenómeno no es exclusivo del gobierno de coalición. Hay un agravio reiterado en relación con la ejecución de las inversiones previstas en las cuentas, porque entre lo que se aprueba en el Congreso y lo que se termina ejecutando, hay una gran
diferencia. Que a mitad de año solo se hayan ejecutado un 13,3 % de las inversiones en Catalunya o del 16,1 % en el País Valencia, mientras que en otras comunidades se haya ejecutado el 41 %, Madrid en este caso, es la evidencia de que el gobierno
actual, que ya lleva unos años siendo responsable de dicha ejecución, no parece que tenga la intención de revertir ese agravio en relación a ciertos territorios del estado.


Y ya no es solamente que no se ejecute lo acordado sino que además, aunque se ejecutase la cifra en su totalidad, que sería del 16,6 % del total del presupuesto, se seguiría sin cumplir la demanda histórica que reclama la Generalitat de
Catalunya que es que se equipare el nivel de inversión con el peso de Catalunya al total del PIB del estado español, es decir, de! 19 %. Dicha problemática, no solamente ocurre en el caso de Catalunya, es un problema estructural también con el País
Valencia y con les Illes, que demandan cambios concretos en relación a la financiación desde hace muchos años.


Con relación a la creación de un mecanismo para verificar el cumplimiento de las inversiones en Catalunya, formado por el Estado y la Generalitat, que se reuniría cada cuatro meses para evaluar la ejecución de dichas inversiones, un año
después, sabemos que la esperada comisión bilateral sólo se ha reunido una vez en noviembre del 2021, y no parece que tengamos una previsión de la ejecución total de las inversiones que ya contemplaban los presupuestos anteriores. Para que
Catalunya recibiese todo io que se acordó que se ejecutaría en el ejercicio pasado, se tendría que ejecutar en el segundo período de 2021 más de seis veces más de lo que se ha ejecutado en la primera mitad del mismo año.


Centrándonos en la reforma fiscal, esta ha consistido en una modificación del impuesto de sociedades para el 2022 que impone la OCDE, y el impuesto de las grandes fortunas no existe. Y, en lo que respecta a los fondos europeos no se están
gestionando desde la Generalitat tal y como se pactó y, concretamente, se gobiernan y se distribuyen a partir del Real Decreto-ley 36/2020 que el gobierno de coalición aprobó con el apoyo de VOX y que centraliza claramente su gestión y
clasificación.


Por último, y para terminar el breve repaso de incumplimientos del gobierno de coalición con ia estrategia de la 'política útil', el ingreso mínimo vital no se gestiona desde la administración catalana, y los circuitos de acceso son externos
al Servei d'Ocupació de Catalunya.


Del mismo modo que el Gobierno de España no ha desplegado los acuerdos con Esquerra Republicana de Catalunya, a cambio de la aprobación de las cuentas del 2021, en algunos casos ha agravado la situación: la falta de blindaje de la lengua
catalana en la ley audiovisual, la imposición del decreto de interinaje conocido como el 'Icetazo' o la imposición de grandes infraestructuras de transportes de pasajeros y mercancías en los tres territorios deis Països Catalans, en contra de las
necesidades de las poblaciones, son muestras de su dinámica emancipada de las voluntades populares.


Balance de la CUP - PR que motiva la enmienda a la totalidad a los PGE de 2022


Cuando el Ministro Félix Bolaños se dirigió a la CUP PR para presentar la propuesta de presupuestos del 2022, declinamos la invitación argumentando que los presupuestos son la herramienta principal de ejecución política de un gobierno, y que
el suyo estaba fallando en tres aspectos fundamentales:


- Políticas redistributivas y radicalmente transformadoras en un momento de crisis económica y climática.


- Políticas que cambien el rumbo centralista y dilapidador de soberanías para con las CCAA y los ayuntamientos, que vienen siendo desde tiempos de los gobiernos del Partido Popular.


- Políticas sensibles a las demandas democráticas para ejercer el derecho a la autodeterminación de buena parte de la ciudadanía de Catalunya y deis Països Catalans.


Estos tres límites explican la política del gobierno de coalición en el último año, de hecho la ley catalana de vivienda los ejemplariza alrededor de un solo eje. El 10 de septiembre de 2020 el Parlament de Catalunya aprueba la ley catalana
de regulación de alquileres, una norma pionera en todo el estado español para poner soluciones al problema de acceso a la vivienda reflejándose en legislaciones europeas. El gobierno de coalición decide llevarla al Tribunal Constitucional por
invasión de competencias, situación que podía haberse solucionado asumiendo la ley y aplicándola con perspectiva estatal, pero decide

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recurrir a la judicialización de la vida parlamentaria y este mismo mes de octubre del 2021 anuncia una ley de vivienda propia. Un texto que no regula los alquileres, se carga la obligación de ceder como vivienda pública el 30 % de la
vivienda construida en el área metropolitana de Barcelona (en el caso catalán) y que acompaña con un bono de 200M€ a los jóvenes para que puedan pagar el alquiler, sin prever que esta ayuda puede contribuir a un aumento de los precios todavía más
fuerte. Este caso ejemplifica la dinámica centralista, de talante autoritario, y con trasfondo poco transformador del gobierno de coalición y el dinero público parece que acabará, otra vez, en los bolsillos de los grandes propietarios.


Tras comprobar y afianzar la repetición de los argumentos que nos llevaron a no sentarnos con el Ministro de la Presidencia, una vez trabajada la propuesta de presupuestos, tenemos más argumentos para sustentar la enmienda a la totalidad.
Los expondremos siguiendo un esquema sencillo de análisis: orígenes y destinos de los fondos, como si de una economía doméstica se tratara.


¿De dónde sale el dinero?


Los presupuestos generales del Estado que nos presenta la Ministra de Hacienda y Función Pública son realmente unos presupuestos expansivos, cuentan con 458.970M€, pero como no se ha modificado sustancialmente el esquema fiscal, se añaden de
fondos europeos (27.633M€). Los fondos europeos presentan dos conflictos fundamentales: el primero, que abordaremos en el siguiente apartado de este documento, es que en su gran mayoría se están destinando a proyectos que ejecutan grandes
corporaciones del IBEX 35. El segundo, que comportan reformas estructurales en materia laboral y de pensiones. Y finalmente, hay un tercer elemento problemático en esta cuestión: la falta de transparencia del gobierno en relación a los proyectos,
las empresas y la contrapartidas de todo este entramado que ya señalamos en la aprobación del Real Decreto-ley 36/2020 y, por ese motivo, desde la CUP-PR presentamos enmiendas en relación a dicha cuestión en el proceso de la tramitación
parlamentaria.


Por otro lado, se mantienen cuatro grandes formas impositivas de recaudar: impuesto de sociedades, IVA, IRPF e impuestos especiales. El impuesto de sociedades se modifica con un tipo mínimo del 15 %, que es lo que impone la OCDE, y que es
totalmente insuficiente desde una perspectiva de repartición de la riqueza. En relación a los impuestos especiales, sube el del tabaco pero baja el de la electricidad. Asombrosamente, no solo baja el impuesto especial, también el IVA de la luz, y
tampoco se cobra a las grandes comercializadoras, productoras y distribuidoras de energía eléctrica el impuesto de producción eléctrica. Es decir, se pretende bajar el precio de la factura de la luz bajando impuestos a las grandes comercializadoras
que tienen un margen de beneficios espeluznante.


En materia de vivienda, la inversión aumenta un 46,3 % en relación a los presupuestos que nos presentaban gobiernos anteriores y se baja la bonificación a las empresas que se dedican al arrendamiento de vivienda hasta el 40 %. Aunque estos
datos van en la dirección de garantizar el derecho a la vivienda, si se estudian las cuentas al detalle se verá que se mantiene la bonificación a empresas que se dedican al arrendamiento de vivienda en un alto porcentaje (40 %), y además se
incorporan exenciones fiscales de hasta 90 % a los pequeños propietarios que decidan alquilar. Además, queremos señalar la preocupación de la reiterada negativa por parte del gobierno respecto a la regulación del mercado de los alquileres que se ve
reflejada en la nueva ley de vivienda, así como la falta de medidas orientadas a aumentar de manera efectiva el parque público de vivienda. Para no regular el mercado con precios máximos, se continúa transfiriendo dinero, en forma de ahorro y
bonificación, a grandes empresas y propietarios, que a pesar de ser grandes tenedores no se ven obligados a alquilar con precio máximo, y por lo tanto las medidas no tienen un efecto positivo en la estabilización del mercado del alquiler.


¿A dónde va el dinero?


Si observamos los grandes ítems del esquema que ha facilitado el Ministerio de Hacienda para la distribución del gasto y los enumeramos según volumen de la inversión, el gasto social es más del 50 % de lo previsto, después vienen las
actividades de carácter general -deuda pública y transferencias a las comunidades autónomas-, en tercer lugar encontramos las infraestructuras, la industria y la investigación civil, y finalmente las cuestiones de defensa.


En relación al gasto social, pensiones ocupa una gran parte del diagrama, y esto que sería una buena noticia se estropea por al menos dos elementos. El primero es que a través de los medios de comunicación hemos sabido que el Ministro
Escribá prevé donar dinero público a un fondo privado de inversiones donde la banca va a participar activamente. Esta información se añade a la incertidumbre alrededor de la reforma

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de las pensiones, en la que la CUP-PR se quedó en solitario votando en contra del dictamen del Pacto de Toledo y de la que todavía nos faltan elementos importantes por saber. Se invierte mucho dinero en pensiones, pero existe el peligro que
éste acabe en manos privadas, ya sea por experimentos con fondos privados o por la inminente privatización de algunos aspectos de la gestión y el cobro de las pensiones.


Si continuamos con el mismo ítem de inversión social, y observando que la inversión sube un 16,7 % en el Capítulo lI (Bienes y servicios externalizados), 5 veces más que en el Capítulo I (Personal Propio), intuimos que buena parte del gasto
social se va a vehicular a empresas privadas para que gestionen residencias, centros de mayores y servicios varios. No entendemos que no haya un cambio de rumbo en las políticas sociales apostando por lo público (equipamientos, personal servicios
concretos a personas o entes administrativos), que suele ser más económico y más fácil de evaluar, después del drama humano que ha supuesto la gestión de las residencias durante la crisis de la COVID-19.


Además en este ítem entran también los bonos jóvenes de vivienda, cultura, y el bono térmico, medidas que evitan afrontar el problema del mercado de la vivienda y de la energía desde una lógica redistributiva para repartir beneficios y
asegurar derechos. Se sigue con un esquema de políticas sociales privatizado en su mayor parte -reproduciendo la máxima neoliberal que el mercado privado es más eficiente que el servicio público-, y manteniendo una lógica asistencial de las
inversiones orientada a paliar las situaciones más vulnerables sin repartir la riqueza ni a corto ni a medio plazo.


Si pasamos ai segundo gran ítem, reiteramos la falta de ejecución de las inversiones prometidas en Catalunya, el País Valencia y les Illes desde hace muchos ejercicios. En el ámbito de las infraestructuras se prevén inversiones para la red
ferroviaria y para vehículos eléctricos, pero no parece que las inversiones en los Països Catalans vayan orientadas a solucionar la falta de transporte público y a la poca eficiencia de la red pública de transporte de cercanías, elementos troncales
para el futuro sostenibie de dicho territorio.


En este ítem también cabe resaltar el aumento de deuda pública que actualmente se sitúa en un 125,3 % del PIB (datos del primer trimestre del año 2021), y que parte del gasto de los presupuestos irá para paliar los intereses de esta, que
ascienden hasta 30.000M€ anuales. A pesar de la suspensión de la regla del techo de gasto europeo, cabría medir el disparo de ia deuda pública, porque no sabemos cuándo se va a volver a activar la norma ni qué condiciones van a exigir los
acreedores. Queremos recordar que el dinero público que la UE ha puesto en funcionamiento se avala en el mercado privado y que la cadena de la deuda es tremendamente inestable y su quiebra tiene consecuencias devastadoras para las estructuras
públicas de las sociedades.


En tercer lugar, y en el capítulo de infraestructuras, industria e investigación civil, las grandes empresas del IBEX 35, se llevan la mayor parte del pastel. Unos 3000M€ para fomento de la edificación, 445M€ para vehículo eléctrico, 435M€
para energías renovables, y 635M€ para nuevas infraestructuras ferroviarias -que visto los precedentes, intuimos que no serán de cercanías-. En estas cifras se destinan buena parte de los fondos europeos, que irán a grandes corporaciones que además
justificarán su 'cara verde' haciendo macro proyectos que continúan con el marco de crecimiento ilimitado y de cero reversiones económicas y energéticas en el territorio. La ampliación del aeropuerto de Palma o del de Barcelona, así como la
ampliación del puerto de Valencia, son ejemplos claros de infraestructuras que no benefician a la mayoría de la población que vive en los territorios afectados, porque no responden a sus necesidades cotidianas y así lo han manifestado diversos
movimientos ciudadanos en defensa del medio ambiente a través de recientes movilizaciones.


En relación con el presupuesto destinado a defensa, que representa una partida importante en el presupuesto de este año, el del ejercicio anterior ya suponía un 31,7 % de las inversiones, y contaba con un aumento de! 5 % respecto al
ejercicio del año anterior. Pues bien, para este año 2022, el gasto en defensa sigue aumentando en un 7,87 %, hasta llegar a los 10.152 millones de euros. No entendemos cómo en medio de una crisis sanitaria y económica como la actual, que está
teniendo múltiples consecuencias sociales a distintos niveles, se destine una partida de 2.342 millones al pago pendiente de los programas especiales de armamento, incrementándose así en un 21,6 % el presupuesto a dichos programas. Sin lugar a
duda, consideramos que no debería ser una prioridad para el gobierno aumentar la partida en gasto militar y que la prioridad del aumento del gasto debe destinarse a priorizar aún más el gasto social y a fortalecer los servicios públicos.


El presupuesto destinado a la Casa Real, que en 2021 ya se incrementó en un 6,9 % respecto al año 2018 y que suponía un total de 8.431.150 millones de euros, se mantiene y por tanto, se consolida. Dada la situación del rey emérito, la
investigación de la justicia suiza de las cuentas en paraísos fiscales,

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las tarjetas opacas y los negocios de dudosa legalidad, es incomprensible cómo el gobierno de coalición impide sistemáticamente que el Congreso investigue la situación y mantiene el gasto dedicado la familia real.


En conclusión, los presupuestos que nos presenta el gobierno para el año 2022, no consideramos que sean los presupuestos que necesitan los trabajadores y trabajadores deis Països Catalans. Más dinero para armas, grandes corporaciones,
fondos de pensiones y macro infraestructuras, timidez en las medidas de fiscalidad progresiva, y nada que se parezca a la redistribución de la riqueza, ni a cumplir con las inversiones prometidas en Catalunya, el País Valencià i les Illes durante
años. Son muchas las ocasiones en las que el gobierno de progreso es muy valiente con los de abajo, y muy cobarde con los de arriba. Una verdadera sin razón en un escenario de crisis climática, crisis económica y de escasez de productos, y con la
derecha y la ultraderecha subiendo cada vez más en las encuestas.


Es por ello que la CUP-PR presentamos la presente enmienda a la totalidad y solicitamos la devolución del Proyecto al Gobierno.


ENMIENDA NÚM. 7


FIRMANTE:


Grupo Parlamentario VOX


A la Mesa de la Comisión de Presupuestos


Doña Macarena Olona Choclán, en su condición de Portavoz Adjunta del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX), respectivamente, al amparo de lo establecido en el artículo 133 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados,
presentan la siguiente enmienda a la totalidad al Proyecto de Ley de Presupuestos Generales para el año 2022.


Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de octubre de 2021.-Macarena Olona Choclán, Portavoz del Grupo Parlamentarios VOX.


Enmienda a la totalidad de devolución


Exposición de motivos


El 28 de octubre de 2020 el Gobierno de coalición presentó el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2021 (PGE21). En el momento de su presentación España atravesaba la segunda ola de la pandemia provocada por el
virus de Wuhan. Nuestro país lideraba el número de muertos por cada 100.000 habitantes, y sufría el mayor derrumbe económico del mundo desarrollado, que terminó con una caída interanual del Producto Interior Bruto (PIB) del 10,8 % y un deterioro
del tejido productivo que, en términos de destrucción de empresas y empleos, fue devastador. Más de 130.000 empresas desaparecieron y se perdió, a nivel europeo, uno de cada tres empleos.


Ante este contexto desolador era necesario aprobar unas cuentas públicas capaces de articular una respuesta contundente a la situación de emergencia económica; que atendiera las urgencias de la crisis sanitaria; paliara la pérdida de las
rentas de los hogares y evitara que una pérdida temporal de la actividad acabara convirtiéndose en una destrucción permanente del tejido productivo. En definitiva, era preciso articular una respuesta contundente, extraordinaria y acotada en el
tiempo que permitiera salvar vidas y empleos, que nos preparara para afrontar con rapidez una recuperación económica. En lugar de acometer esos objetivos, el Gobierno optó por subir los impuestos y aprobar un gasto desmedido, insostenible,
estructural, destinado a garantizar sus apoyos electorales que generan una losa para el crecimiento y el empleo a medio y largo plazo.


El Grupo Parlamentario VOX presentó, frente a los presupuestos de la ruina, una enmienda de Totalidad. Los 52 diputados que conforman este grupo parlamentario no querían ser corresponsables del despropósito de ese Proyecto de Ley, por
suponer 'una burla para hoy y una ruina para mañana'.

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Finalmente, el Gobierno aprobó las cuentas más expansivas de la historia con un agujero de 81.037 millones de euros. Hoy sabemos que la respuesta fue un fracaso. De hecho, mucho tiempo después de su aprobación, los mecanismos diseñados
para ayudar a las familias más necesitadas llegaban a un porcentaje muy limitado de los hogares españoles; las ayudas a empresas, aprobadas con muchos meses de retraso en relación con los países de nuestro entorno, se perdieron en un laberinto
burocrático y las subidas de impuestos incrementaron la presión sobre un sector productivo con serios problemas de solvencia.


Además, cabe destacar que en el momento de la tramitación de los Presupuestos Generales del Estado para el año 2022 (PGE 2022) los indicadores muestran que hay más de seis millones de personas en situación de pobreza severa; seguimos con
70.000 empresas menos que antes de la llegada de la pandemia y faltan todavía más de 400.000 puestos de trabajo para recuperar el empleo efectivo previo a la crisis.


España ha dejado atrás los confinamientos, los cierres perimetrales y las suspensiones de derechos declaradas inconstitucionales por el Tribunal Constitucional. Se puede afirmar, en consecuencia, que España no sale más fuerte.


Se están materializando los riesgos que amenazaban la recuperación económica como el desabastecimiento, la persistente inflación o la falta de ejecución de los fondos europeos. España se enfrenta a una recuperación lenta (la más rezagada de
los países de la zona euro), con más deuda y una limitada recuperación del empleo privado.


Casi un año más tarde, los PGE22 se configuran como una continuación de los del 2021. Estas cuentas -como las presentadas entonces- carecen, de partida, de credibilidad.


A pesar de la situación de extrema vulnerabilidad de nuestras cuentas públicas, -con el mayor déficit de Europa y una deuda pública que supera el 122 % sobre el PIB- esta iniciativa renuncia a controlar el gasto político y reevaluar los
gastos innecesarios para su eliminación y la adecuada asignación eficiente de los recursos.


Los PGE 2022 están basados en unas previsiones económicas superadas y en ingresos inciertos. A pesar de la desaparición de las ayudas extraordinarias que se pusieron en marcha durante la pandemia plantea un gasto histórico récord
incrementando el gasto improductivo. Estos presupuestos vuelven a castigar a pymes, autónomos, comerciantes, hosteleros manteniendo las subidas fiscales aprobadas el año pasado a pesar de haber mostrado su ineficacia para mejorar la recaudación e
incorpora nuevas subidas que ponen en riesgo la recuperación. Además, los PGE 2022 insisten en promover políticas ideológicas que se han demostrado inútiles para los españoles. Y se orienta a garantizar los apoyos electorales que Pedro Sánchez
necesita para permanecer el poder.


Pero, sobre todo, los Presupuestos Generales del Estado representan una oportunidad perdida para afrontar con valentía y determinación las deficiencias estructurales de la economía española. Es prioritario reducir el gasto público
innecesario; avanzar en la unidad de mercado; garantizar el sostenimiento de las pensiones dignas; llevar a cabo reformas que atajen los problemas estructurales que han lastrado nuestro crecimiento durante años; que aumenten el crecimiento
potencial de la economía española y reduzcan su desempleo estructural, con el consiguiente incremento de las bases imponibles y de la capacidad recaudatoria para financiar los servicios públicos. Con estos Presupuestos, el Gobierno de Pedro
Sánchez, más interesado en atender los intereses de agendas globalistas, vuelve a elegir olvidarse de España y de los españoles.


El GPVOX presenta esta Enmienda a la totalidad ante la urgente necesidad de elaborar unos nuevos presupuestos generales, con los objetivos precisos para obtener una recuperación económica robusta y sin mayor dilación, y que mitigue los
desequilibrios estructurales acumulados en los últimos años y, sobre todo, que redunden en beneficio de los españoles y de sus familias.


Este Proyecto de Ley, la mayor plasmación del programa político del Gobierno, se antoja como la continuidad de una ambición desmedida por el poder, por el control de los recursos y de las normas, a costa de la cesión de España a los
nacionalistas y separatistas. Con la dignidad y la libertad de todos los españoles como referente de este Grupo Parlamentario, los 52 de VOX presentan esta enmienda a la totalidad por las siguientes razones:


Primero. Por la ficción del cuadro macroeconómico


El Gobernador del Banco de España adelantó el 25 de octubre en el Congreso de los Diputados que ya existe una significativa revisión a la baja sobre las proyecciones macroeconómicas, si bien no puede

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publicarlas por el calendario que tiene la Institución como miembro del Sistema Europeo de Bancos Centrales (SEBC).


Este Grupo Parlamentario advirtió de los riesgos asociados a la falta de prudencia por parte del Gobierno de estimar un crecimiento del PIB real del 9,8 % para 2021. Cuatro meses después de la aprobación de los PGE21, el propio Gobierno
rebajó la previsión al 6,5 %, y hoy lo mantiene. Las actuales previsiones de los principales servicios de estudio prevén de media un crecimiento para el presente ejercicio del 5,5 %, por lo que España terminaría creciendo en el año 2021 casi la
mitad de lo proyectado por el Gobierno.


Para el ejercicio 2022, el Gobierno mantiene una previsión de crecimiento del PIB real del 7,0 % y del nominal 8,6 %, y así lo traslada a las principales magnitudes del presupuesto. La ficción del cuadro macroeconómico se fundamenta por los
siguientes motivos:


1. El crecimiento del ejercicio 2021 del 6,5 % está lejos de poder cumplirse y el Gobierno lo sabía antes de la presentación de los PGE21.


2. Las medidas de carácter tributario puestas en marcha en el ejercicio 2020 y en el 2021, sumadas a las planteadas en el ejercicio 2022, supondrá una rémora al consumo, a la inversión productiva y por tanto a la capacidad de recuperación
económica.


3. El incremento sostenido de los precios de las materias primas energéticas, que el Gobierno no incluye, puede lastrar seriamente el crecimiento y generar una inflación de costes.


4. La crisis mundial de suministros esté afectando de manera muy grave a cadenas de producción.


5. La ejecución de proyectos con cargo al MRR se está retrasando y su impacto en el crecimiento corre el riesgo real de ser muy inferior.


Ahora bien, el Gobierno ha incorporado, en la presentación del día 13 de octubre, riesgos asociados al escenario con el que se han elaborado los PGE22:


- En primer lugar, la reducción de la incidencia de la COVID-19 y la mejora en el impacto económico de la pandemia en el sistema sanitario. Si bien, no tiene en cuenta la evolución de la epidemia a nivel global.


- En segundo lugar, por los riesgos derivados de la creciente inflación, que achacan a un efecto base, a un efecto estadístico que ya no generará distorsiones para el próximo ejercicio.


• Con un análisis parcial, el Gobierno llega a indicar que los precios energéticos han aumento desde diciembre de 2020 a agosto de 2021 un 2,2 %, sin tener en cuenta que en el mes de septiembre 1 las siguientes subclases del índice General
de Precios al Consumo (IPC) han subido en términos interanuales: Electricidad: +44 %; Gas natural y gas ciudad: 4,2 %; Hidrocarburos licuados: +26,1 %; Combustibles líquidos: +42,5 %; Gasóleo: +23 %; Gasolina: +22,1 %. El dato general
adelantado del mes de octubre es de un aumento de los precios del 5,5 %, el más alto desde agosto de 1992 2.


• En Libro Amarillo de los PGE 2022 también se afirma que la evolución de la inflación subyacente evoluciona de manera estable, negando la inflación de costes que se está produciendo en el conjunto de la economía al trasladarse los costes
energéticos a los precios del resto de bienes y servicios, lo que ha hecho que la tasa interanual del IPC subyacente haya escalado desde el 0,0 % en abril al 1,0 % en septiembre.


• Asimismo, el Gobierno asegura que, en cuanto las dificultades de aprovisionamiento a nivel mundial que, por ejemplo, están afectando a la escasez de microchips, 'estas tensiones de oferta parecen haberse trasladado en forma de retrasos y
roturas de stock, sin afectar sensiblemente a la inflación general'. Sin embargo, el Gobierno no quiere prestar atención al verdadero problema que supone este hecho ya que muchas cadenas de producción han decidido paralizar su actividad ante la
escasez o el alto precio de muchos bienes intermedios, con los efectos de segunda vuelta sobre la restricción de la oferta agregada. Sobre este asunto se ha pronunciado la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), como se expondrá
a continuación.


- En tercer lugar, el Gobierno contempla el riesgo de histéresis que se puede producir en la economía. Tiene en cuenta que parte del tejido productivo no pueda recuperar los niveles de actividad


1 Últimos datos disponibles para índices de subclases de IPC.


2 https://www.ine.es/daco/daco42/ daco421/ipcial021.pdf

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previos a marzo de 2020, si bien confía en las medidas de inyección de liquidez otorgadas por la AGE para su mantenimiento, así como en la recuperación de la actividad económica para volver a la situación previa a la crisis. Sin embargo, es
necesario hacer las siguientes precisiones:


• Por un lado, no se está valorando el riesgo derivado de los pasivos contingentes derivados de la histéresis descrita, de tal forma que muchas empresas que se vieron obligadas a recurrir a las medidas de crédito del Gobierno no podrán
devolver los préstamos avalados por el Estado. La propia AIReF solicitó al Gobierno información sobre la evolución de estos pasivos contingentes, y en julio de este año la presidenta reconoció en el Congreso que no disponía de información
suficiente para analizarlo.


• Por otro lado, el número de empleados en ERTE en septiembre fue de 248.797 trabajadores y 283.747 autónomos solicitando prestaciones por cese de actividad, sin que el Gobierno valore la situación de estas variables para predecir su impacto
presupuestario y en la afectación del crecimiento económico.


Teniendo en cuenta lo anterior, la AIReF hizo público el 20 de septiembre el Aval de las Previsiones Macroeconómicas del Proyecto de PGE22 3. Se recuerda que este aval fue publicado días antes de la revisión a la baja del PIB
correspondiente al segundo trimestre de 2021 por parte del Instituto Nacional de Estadística (INE), de tal forma que, con base a los supuestos marcados por el Gobierno, la Institución consideró que las previsiones del Gobierno estaban dentro de las
bandas de confianza estimadas por ésta. A pesar del buen tono de crecimiento observado antes de la mencionada revisión, la AIReF advirtió lo siguiente: 'Estas bandas elaboradas con criterios estadísticos no pueden reflejar la incertidumbre que
todavía existe en torno a las siguientes cuestiones:


1. La evolución futura de la pandemia: Mientras que el Gobierno se felicita por la evolución de la vacunación en España, la AIReF recuerda que, no sólo la propia Institución, sino la mayoría de las analistas incorporan en sus escenarios
los riesgos derivados de las bajas tasas de vacunación en el resto del mundo, por lo que no se puede dar por acabada la crisis sanitaria y la aparición de nuevas variantes que hagan motivar restricciones a la movilidad y a la actividad económica.


2. El ritmo con que los proyectos asociados al PRTR se irán trasladando a la formación bruta de capital fijo y al empleo: Además de lo mencionado anteriormente, la AIReF estima una alta probabilidad de retrasos en la ejecución de los
Proyectos Estratégicos para la Recuperación y Transformación Económica (PERTE) que siguen en estudio, que aunque el Gobierno reconoce, no cuantifica de ninguna forma en la elaboración de los PGE22, siendo imprudente e impredecible.


3. La persistencia de los problemas de suministros en los procesos productivos y de las tensiones inflacionistas asociadas'. A pesar de la poca importancia dada a este aspecto por el Gobierno, esta disrupción entre oferta y demanda está
afectando a España en menor medida, pero sí de forma significativa a muchos de sus principales socios comerciales. La AIReF sí estima que dichos desacoples en el mercado afecten a los precios que, además, puedan perdurar en el tiempo. En este
mismo sentido, la Institución advierte al Gobierno el riesgo añadido del aumento sostenido de los precios de las materias primas energéticas sobre los costes de producción y la capacidad adquisitiva de las familias.


Efectivamente, el Gobierno considera que el precio del petróleo Brent tendrá un precio medio en el próximo ejercicio de 60,4 dólares por barril, lo que reflejaría una tendencia a la baja en contra de las previsiones de los principales
analistas. En este ejercicio 2021, prevén un precio del barril de petróleo Brent de 71,6 dólares, mientras que el Banco de España muestra que hasta agosto alcanzó los 67,4 dólares 4 y alcanzando, según Bloomberg, los 85 dólares a finales de octubre
en una tendencia al alza que triplica los precios de hace un año.


El 25 de octubre la AIReF realizó una revisión a la baja de las estimaciones de crecimiento, que no estaban alineadas con el Gobierno, con un aumento del 5,5 % del PIB real para 2021 en lugar del 6,5 % y del 6,3 % para 2022, en lugar del 7
%. Sólo por este hecho, el Gobierno debería rehacer los PGE22.


Por otro lado, el Banco de España publicó sus últimas proyecciones macroeconómicas días antes de la revisión del PIB por parte del INE. Aún con el positivo dato del segundo trimestre, la institución otorgaba para el ejercicio 2022 un
crecimiento del 5,9 %, alejado del 7 % del Gobierno. Además, el Banco de España alertaba de riesgos al crecimiento con alta probabilidad de suceso, como es la evolución de los efectos


3 https:// www.AIReF.es/wp-content/uploads/2021/09/ AVALMACRO/ Aval-PGE-2022.pdf


4 https:// www.bde.es/webbde/es/estadis/infoest/ e0207.pdf

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negativos de la crisis sanitaria en países en vías de desarrollo con los que España tiene relación comercial, la detracción del consumo privado por efecto precaución y 'en anticipación de que el elevado volumen de deuda pública acumulado con
la crisis conduzca a un aumento de impuestos en el futuro' 5 , en la ejecución de los programas del PTRT ya que 'la distribución temporal de este gasto' y la magnitud de su impacto siguen siendo inciertos. Asimismo, contempla riesgos en la
evolución de los precios y en tensiones inflacionistas más pronunciados en el futuro.


Por tanto, los PGE22 no contemplan los verdaderos riesgos a la baja para el crecimiento que existen para el presente ejercicio y para el próximo, y ello supone poner en peligro las cuentas que presenta el Gobierno y que soportan el conjunto
de empresas y familias españolas con sus impuestos. Una vez los principales servicios de estudio han incorporado información actualizada a las proyecciones macroeconómicas, las cifras que se contemplan difieren mucho de las del Gobierno:


[**********página con cuadro**********]


La ficción del escenario a medio plazo de la economía, planteada por el Gobierno, hunde a los españoles en una senda de incertidumbre sobre la acumulación de riesgos macroeconómicos, que les afecta directamente, y que habrá que gestionar.
La insistencia del Gobierno en negar la realidad y ceder al chantaje de los grupos nacionalistas y secesionistas que lo apoyan, tendrá unas consecuencias enormemente perjudiciales para el escenario económico del país.


Segundo. Por la falta de prudencia del gobierno ante los riesgos macroeconómicos que amenazan la recuperación


'Unos presupuestos para la transformación que consolidan un modelo de crecimiento económico equilibrado, sólido, inclusivo y sostenible'. Libro Amarillo PGE21. Pág 13.


Como hemos visto, los PGE21 se basaron en unas previsiones macroeconómicas que se han revelado irreales, subidas de impuestos y creación de nuevas figuras tributarias en contra de la racionalidad económica y del momento, un aumento del gasto
público sin buscar la eficiencia de este, una ausencia de reformas estructurales imprescindibles desde hace años, y una estimación de recepción de fondos procedentes del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia de la Unión Europea (MRR) muy alejada
del grado de ejecución implementado.


Desde la presentación de los PGE21, la economía española sigue deteriorando sus desequilibrios estructurales con el riesgo que comporta en el caso de que se den posibles crisis consecutivas.


5 https: //www.bde.es/f/webbde/SES/Secciones/Publicaciones/InformesBoletinesRevistas/BoletinEconomico / 21/T3/ Fich / be2103-it-Recl .pdf

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Los resultados son devastadores. Desde su presentación en las Cortes Generales hasta el segundo trimestre del presente ejercicio,


- Se ha acumulado un saldo negativo del conjunto de las Administraciones Públicas (AAPP) de 96.017 millones de euros 6,


- Existe una mayor deuda PDE de las AAPP de 116.488 millones 7 hasta alcanzar el 122,78 % del PIB.


- El PIB nominal anualizado apenas ha crecido en 13.453 millones 8, un 1,2 % más.


Para la aprobación de los Presupuestos, el Gobierno solicitó al Congreso de los Diputados, en octubre de 2020, la suspensión de las reglas fiscales 9, previstas en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y
Sostenibilidad Financiera (LO 2/2012).. Esto ha permitido a las AAPP incumplir excepcionalmente las reglas previstas en Ley Orgánica antes mencionada en lo que al déficit y deuda pública se refiere.


No cabe duda de que ha sido necesario un aumento del gasto público de forma excepcional y temporal para cubrir los daños económicos generados por la COVID-19 y por los efectos negativos derivados de las restrictivas medidas del Gobierno.
Ahora bien, este aumento del gasto ha sido descontrolado e ineficiente. No se han eliminado partidas de gasto político, ideológicas ni reevaluado otras, que, por inercia de ejercicios anteriores, siguen dotándose sin una evaluación adecuada de su
necesidad y efectividad.


El Gobierno estableció en los PGE21 unas tasas de referencia del -7,7 % de déficit para el conjunto de las AAPP en el año 2021, compuesto por un -5,2 % por la Administración General del Estado (AGE), un -1,1 % por las Comunidades Autónomas
(CCAA), un -0,1 % por las CCLL y un -1,3 % por la Seguridad Social (AASS) 10. En la Actualización del Programa de Estabilidad 2021-2024 (APE) la previsión empeoró para el conjunto de las AAPP con un saldo negativo del -8,4 % 11, provocado por un
dato esperado para la AGE del -6,3 %. Estas tasas de referencia se han mantenido en la última comunicación del Gobierno de julio de 2021 12, y el reto de superarlo comprometería gravemente a las cuentas que ha presentado el Gobierno ante las Cortes
Generales.


Este cambio en las previsiones de déficit del conjunto de las AAPP y de la AGE han estado motivados fundamentalmente por la revisión del cuadro macroeconómico del Gobierno. Efectivamente, el Grupo Parlamentario VOX advirtió hace un año que,
'el escenario macroeconómico que acompaña y que, al mismo tiempo, condiciona el conjunto del proyecto de ley de PGE21, presenta graves deficiencias que, bajo un principio de prudencia mínimo, supone enormes riesgos para el equilibrio macroeconómico
de la nación'.


Por tanto, desviarse de las cifras de déficit previstas en los PGE21 ha supuesto una irresponsabilidad. Desviarse del último previsto para 2021 en los PGE22 puede ser imperdonable.


- Por un lado, los pagos realizados (no financieros) por el Sector Público Estatal con presupuesto limitativo y sin contar con la Seguridad Social, ha sido hasta agosto del 52,8 % (62,37 % de gastos comprometidos) sobre el total de créditos
definitivos, lo que implica una ejecución muy reducida atendiendo al poco plazo para la finalización del ejercicio y a la comparativa histórica. En este sentido, cabe destacar la ineficiencia del sector público en cuanto a la ejecución del
presupuesto, siempre concentrada en el último trimestre del año para poder justificar sus programas de gasto para el ejercicio próximo.


- Por otro lado, la recaudación neta (no financiero) del Sector Público Estatal de carácter limitativo, excluyendo a la Seguridad Social, ha sido hasta el mes de agosto del 53,9 % sobre las previsiones presupuestarias (58,2 % de derechos
reconocidos netos), por debajo de lo deseable. Los PGE21 incluían unos ingresos tributarios del Estado de 121.770 millones de euros, y del conjunto de AAPP de 222.107.


6 Fuente: IGAE. Resultado de la suma de los déficits del último trimestre de 2020 al segundo de 2021.


7 Fuente: Banco de España. Diferencia entre la deuda del tercer trimestre de 2020 y el segundo de 2021.


8 Fuente: INE. Diferencia entre el PIB anualizado de 4 trimestres, entre el tercero de 2020 y el segundo de 2021.


9 Comunicación del acuerdo del Consejo de Ministros de 6 de octubre de 2020, por el que se solicita del Congreso de los Diputados la apreciación de que España está sufriendo una pandemia, lo que supone una situación de emergencia
extraordinaria, a los efectos previstos en los artículos 135.4 de la Constitución y 11.3 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.


10 https:// www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/resúmenes/ Documents/2020/061020_0bjetiv os-estabilidad-techo-gasto.pdf


11 https: //portal.mineco.gob.es/RecursosArticulo/mineco/economia/ macro/mensuales/Programa_ Estabilidad.2021-2024.pdf


12 https://www.hacienda.gob.es/Documentacion/Publico/GabmeteMinistro/Notas%20Prensa/2021/S.E.%20PRESUPUESTOS%20Y%20G ASTOS/27-07-21-NP-LIMITE-DE-G ASTO-NO-FINANCIERO-2022.pdf

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Según el Informe de Recaudación Tributaria 13, la recaudación del Estado hasta el mes de agosto ascendió a los 73.932 millones de euros, lo que supone el 60,7 % de la previsión para todo el año. Para alcanzar el 100 % en el conjunto del año
la previsión de ingresos del Estado, la recaudación tributaria debería aumentar en 1.812 millones de euros al mes, desde septiembre a diciembre. Lo mismo sucede con la recaudación tributaria de las AAPP. La recaudación ascendió a los 141.867
millones de euros hasta agosto, lo que representa el 63,9 % del total previsto en recaudación para todo el año. Sin embargo, para poder llegar a los ingresos tributarias esperados por el Gobierno, se debería ingresar 1.551 millones de euros más al
mes.


Para no sobrepasar el déficit de la AGE previsto para el ejercicio 2021, que es el que más peso supone en el saldo del conjunto de las AAPP, cabría pensar que el Gobierno no está ejecutando los gastos a observar una ralentización de los
ingresos ante una reducción del crecimiento económico esperado en el segundo trimestre. Si bien, la prudencia indica que se debe esperar a conocer los datos definitivos.


Sin embargo, los datos conocidos de déficit hasta la fecha no son positivos. El saldo negativo de las AAPP ha alcanzado en el segundo trimestre los 32.672 millones de euros, casi el doble que el primer trimestre, siendo el 10,9 % del PIB.
El INE indica que, descontando efectos estacionales y de calendario, este dato sería del 7,3 %. Sin embargo, el dato tendencial del déficit calculado como anualizado de los últimos 4 trimestres arroja una necesidad de financiación de 100.432
millones de euros, el 8,7 % del PIB.


Otro de los riesgos macroeconómicos a los que el Gobierno está condenando a España es el efecto expulsión del sector privado vía destrucción del tejido productivo y la generación de empleo público. En términos de contabilidad nacional, el
gasto público del conjunto de las AAPP ha ascendido a los 460.805 millones de euros desde la presentación de los PGE21, lo que equivale al 52,4 % del PIB en el periodo 14. Antes de la aparición de la COVID-19 este porcentaje era del 42,1 %. Esto
supone un fortalecimiento del peso del sector público en la economía que amenaza la sostenibilidad y recuperación económica.


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El proceso de generación de déficit público está siendo compensado por la capacidad de financiación del sector privado, que aun así disminuye al 10 % del PIB, y ello obliga a la economía española a mantener una capacidad de financiación
respecto al resto del mundo del 1,3 % del PIB. Con respecto al segundo trimestre de 2021, se puede observar en la siguiente gráfica el proceso de absorción de capacidad de financiación del sector privado por parte del sector público.


13 https://www.agenciatributaria.es/static_files/AEAT/Estudios/Estadísticas/Informes_Estadisticos/Informes_mensuales_recaudacion_tributaria/2021/IMR_21_08_es_es.pdf


14 IGAE e INE. https//www.igae.pap.hacienda.gob.es/cigae/Trimestral.aspx

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Todo ello colabora en el crecimiento de la deuda del conjunto de las Administraciones Públicas que, a estas alturas, parece claramente descontrolada. El Banco de España ha publicado los datos referentes a la deuda de las AAPP del segundo
trimestre del año 15, que aumenta en 31.618 millones de euros respecto al primer trimestre y en 78.908 millones de euros respecto a final del año 2020. En porcentaje del PIB alcanza el 122,8 %, menor que el 125,8 % del anterior trimestre motivado
por el aumento del denominador exclusivamente. El Gobierno previo en la APE 2021-2024 que la deuda pública se situará a final del presente año en el 119,5 % del PIB, y mantuvo dicha cifra en el cuadro macroeconómico que acompaña a los PGE22, a
pesar de que se antoja muy difícil de conseguir a la luz del cumplimiento de crecimiento del PIB tanto real como nominal.


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En definitiva, ningún gobierno de la Nación ha atajado los desequilibrios macroeconómicos de las AAPP. Ello conlleva una asunción de riesgos por parte del sector privado, que es el que sostiene al público, por dos vías:


1. Toda actividad pública es aguantada por los recursos extraídos de la actividad privada.


15 https://www.bde.es/webbde/es/estadis/infoest/bolestll.html

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2. Los desequilibrios del sector público lastran la competitividad del sector privado vía costes de financiación, aumento de costes fiscales, y resto de costes normativos y regulatorios que están en auge para el sostenimiento del sector
público, que en buena parte se debe a gastos no reevaluados y de componente ideológico sin demanda social.


Ello ha originado el mencionado efecto expulsión a la economía privada, como se puede apreciar en los datos de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) sobre los empleos no financieros del sector público sobre el PIB.
Así, la actividad económica está proviniendo en su mayoría de la actividad de las AAPP, mientras que la economía privada apenas aporta crecimiento ya que buena parte se sostiene por la inyección de capital público a través de medidas de políticas
económicas de carácter keynesiano. Estas medidas se han evidenciado, en la extensa literatura económica, como un fracaso, y sólo pueden ser efectivas en el corto plazo y de forma temporal.


Uno de los resultados que aclaran el desplazamiento de las AAPP al sector privado productivo -y que se insiste, este aguanta al primero-, es la evolución del mercado laboral en España. Desde antes de la aparición de la COVID-19 y de la
aplicación de las restrictivas medidas del Gobierno para controlar, fuera de plazo, un problema sanitario que estaba afectando a nivel global, apenas se han creado en España 64.100 puestos de trabajo 16. Sin embargo, el número de empleados del
sector público ha aumentado en 230.700 personas, lo que se traduce en una destrucción real de 166.600 puestos de trabajo en el sector privado.


El origen de todo ello es que el Gobierno actuó de forma temeraria otorgando un crecimiento del 9,8 % en los PGE21, ya que la previsión de ingresos y el resto de las variables fiscales y presupuestarias emanan de esta cifra. Cuatro meses
más tarde de la aprobación de los PGE21, la Actualización del Programa de Estabilidad 2021-2024, que el Gobierno remitió a la Comisión Europea, reducía la previsión de crecimiento al 6,5 %, y por ende aumentó la previsión de déficit al -8,4 % del
PIB para el presente ejercicio. Cinco meses después, el cuadro macroeconómico y las previsiones de déficit para 2021 apenas han cambiado a pesar de la corrección a la baja de crecimiento por parte del INE a finales del mes pasado 17, y justo un día
después de la presentación de las previsiones macroeconómicas que acompañan a los PGE22. A pesar de esta mala noticia, el Gobierno no ha cambiado el cuadro macroeconómico para la presentación de los PGE22. Incluso con una recuperación por encima
de lo esperado para el tercer trimestre, el crecimiento de la economía española para el conjunto del año 2021 no llegaría al 6 % (la última previsión del Fondo Monetario Internacional (FMI) estima un crecimiento en 2021 del 5,7 %) respecto al 2020,
lo que se aleja mucho del 9,8 % recogido en el cuadro macroeconómico del Gobierno que acompañaba a los PGE21, e incluso a el 6,5 % previsto en los PGE22.


Los riesgos esperados por el incumplimiento de los objetivos en la segunda mitad del año son por un lado el crecimiento de los precios, que además ralentice la recuperación del consumo. Por el lado de la oferta, la lentitud en la ejecución
de las inversiones del Plan de Transformación, Recuperación y Resiliencia (PTRR) financiados con el MRR. En este aspecto hay que tener en este año existen riesgos a la baja en cuanto a la falta de inversiones previstas en los PGE21 por los plazos
de ejecución y tampoco por las cuantías esperadas.


En todo lo expuesto existe una amenaza al crecimiento del PIB real y concretamente en el consumo privado. Esto es, el deflactor del consumo privado. La previsión de este componente en abril fue del +0,8 % para 2021 y del 1,1 % para 2022.
Sin embargo, ante el importante aumento de los precios que se experimentaba en el segundo trimestre, la previsión del Gobierno cambio en el Informe de situación de la Economía Española 2021 presentada el mes de julio. Así, se corrigió al alza el
deflactor del consumo privado hasta el 1,9 % en 2021 y al 1,3 % en 2022. En la actualización del cuadro macroeconómico de septiembre se mantiene la anterior previsión, a pesar de que los precios medidos en términos de IPC del INE muestran un
crecimiento constante con datos posteriores al análisis realizado por el Gobierno en la revisión de julio.


16 https://www.ine.es/jaxiT3/Tabla.htm?t=4490&L=0


17 https://www.ine.es/daco/daco42/daco4214/cntr0221.pdf

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Actualmente, se está produciendo un proceso de inflación de costes por un shock de oferta motiva por el aumento de los precios energéticos, así como por la falta de suministro de componentes y materias primas en los mercados internacionales,
sin que el Gobierno esté atajando activamente mediante los instrumentos de política energética y comercial de forma creíble en el corto plazo y sostenible en el medio plazo. La evolución del crecimiento económico está siendo inferior al previsto y
no está reflejando la ingente cantidad de recursos público, lo que refleja una gran ineficiencia del mismo. En este sentido, la productividad por puesto de trabajo equivalente a tiempo completo continúa con la senda descendente y en términos de
hora efectivamente trabajada alcanza casi los dos dígitos negativos. Por último, el mercado laboral se encuentra actualmente sostenida por el sector público, sin que presente un dinamismo acorde a las previsiones del Gobierno. En definitiva, el
riesgo de entrar en un proceso de estanflación 18 es real.


En conclusión, la advertencia del GPVOX al Gobierno sobre los PGE21 tristemente se ha cumplido. Las consecuencias esperadas son el reflejo de los acuerdos de gestión que dependen de partidos secesionistas y nacionalistas, que no buscan la
prosperidad de la Nación, sino de sus fantasías totalitarias. La irresponsabilidad de aprobar unos PGE21, que no apoyaba ningún servicio de estudios en términos de previsiones macroeconómicas, ha sumido a España en un ahondamiento de sus
desequilibrios fiscales y macroeconómicos que costarán mucho sacrificio a las generaciones presentes y venideras poder corregirlas. Ahora bien, para cuando eso ocurra, los responsables no pagarán por lo que las familias españolas si tendrán que
pagar.


Si los PGE21 fueron denominados por el Gobierno los 'de la Transformación', sin apenas ejecución de los fondos europeos a octubre de 2021, los PGE22 han sido bautizados como los de la 'Recuperación Justa', lo que hace temer un aumento de la
pobreza en el conjunto de la sociedad española.


Tercero. Por la ausencia del diseño de un plan de ajuste fiscal a medio plazo


'La ley dice que la activación de la cláusula de escape lleva aparejada la presentación de un plan de reequilibrio donde se cuente cómo se va a volver a la senda. Entonces, ¿es obligatorio presentar el plan de reequilibrio? La Ley de
estabilidad dice que sí y, además, con las condiciones y requisitos en cuanto a tramitación y aprobación que dice la ley orgánica' 19. Dña. Cristina Herrero Sánchez. Presidenta de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal. 29 de junio
de 2021. Congreso de los Diputados.


Marco normativo.


En el marco de los compromisos asumidos por España en el Pacto de Estabilidad y Crecimiento de la Unión, así como en el compromiso posterior firmado a través del 'Pacto Presupuestario' de incorporar la 'regla de oro 'del equilibrio
presupuestario en la legislación nacional, el 26 de agosto de 2011, los dos principales grupos parlamentarios en el Congreso de los Diputados tomaron la iniciativa de presentar la


18 https://dle.rae.es/estanflaci%C3%B3n


19 https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/DS/CO/DSCD-14-CO-460.PDF#page=2

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Proposición de Reforma del artículo 135 de la Constitución Española 20 por el procedimiento de urgencia, y su aprobación en lectura única.


El 27 de abril de 2012 se aprobó en las Cortes Generales la Ley Orgánica 2/2012, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (LOEPSF) 21, por la que se finaliza el proceso de incorporación al marco jurídico español de los
preceptos introducidos en el artículo 135 de la CE.


El artículo 11.3 de la LOEPSF recoge la excepción para que dicha regla se rompa temporalmente ante casos de especial gravedad, y que deberá ser oída y apreciada por la mayoría absoluta de los miembros del Congreso de los Diputados. Este
mismo apartado del artículo 11 de la LOEPSF señala que la sostenibilidad del sector público deberá ser garantizada en el medio plazo y aprobarse un plan de reequilibrio para la corrección de los desequilibrios.


En términos de sostenibilidad financiera, el artículo 13.3 de la LOEPSF conduce a las administraciones públicas en la misma dirección en casos de recesión económica grave o situaciones de emergencia extraordinaria, de tal forma que 'los
límites de deuda pública solo podrán superarse por las circunstancias y en los términos previstos en el artículo 11.3 de esta Ley'. Y menciona para el caso de necesidad de financiación de las administraciones públicas que, 'en estos casos deberá
aprobarse un plan de reequilibrio que permita alcanzar el límite de deuda teniendo en cuenta la circunstancia excepcional que originó el incumplimiento'.


La LOEPSF desarrolla en sus artículos 22 y 23 los supuestos mencionados con anterioridad sobre las circunstancias que pueden acaecer y que recogen los artículos 11.3 y 13.3 de la citada ley. El artículo 22 define las causas por las que una
administración deberá presentar un plan de reequilibrio, y concretamente acerca del incumplimiento de la senda de estabilidad establece en su primer apartado que 'La administración que hubiera incurrido en los supuestos previstos en el artículo 11.3
de esta Ley; presentará un plan de reequilibrio que, además de incluir lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 21, recogerá la senda prevista para alcanzar el objetivo de estabilidad presupuestaria, desagregando la evolución de los ingresos y
los gastos, y de sus principales partidas, que permiten cumplir dicha senda'. En términos de sostenibilidad financiera enumera en su apartado 2 la información que debe suministrar la administración incumplidora bajo el criterio del artículo 13.3.


Por el lado del artículo 23 de la LOEPSF, sobre 'Tramitación y seguimiento de los planes económico-financieros y de los planes de reequilibrio', establece en su apartado 2 que 'el plan de reequilibrio de la Administración central será
elaborado por el Gobierno, a propuesta del Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, y se remitirá a las Cortes Generales para su aprobación, siguiendo el procedimiento establecido en el artículo 15.6 de esta Ley', esto es, conteniendo los
objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública acompañado de las recomendaciones y del informe sobre el cumplimiento de los principios de sostenibilidad financiera y de plurianualidad, siguiendo el trámite parlamentario establecido en
dicho artículo de la LOEPSF.


Advertencia de las autoridades macroprudenciales.


Tanto el Banco de España como la AIReF, han advertido de los riesgos que implica hacer frente a la crisis económica generada por la COVID-19 y las medidas de restricción a la actividad económica por parte del Gobierno, con la situación de
déficit público estructural y deuda de partida. De esta forma, han insistido desde hace año y medio de la necesidad de elaborar una estrategia de consolidación presupuestaria a través de una revisión del gasto y de la estructura y capacidad
impositivas, que permitan sanear nuestras finanzas públicas 22.


El Gobernador del Banco de España hizo esta recomendación en el Congreso de los Diputados el 18 de mayo de 2020 y con motivo de la Comisión para la Reconstrucción Social y Económica 23, afirmando que 'debemos aceptar que la necesaria
expansión fiscal en el corto plazo debe venir de la mano de un plan de saneamiento de las cuentas públicas en el medio plazo'. Con motivo de la presentación del informe anual del Banco de España 24 el 6 de octubre de 2020, el Gobernador repitió los
mensajes ya lanzados con las especificidades relacionadas en el Plan de Recuperación de la Unión Europea, y aclarando la diferenciación entre reformas estructurales y el plan de consolidación a medio plazo. Las


20 http://www.congreso.es/public_oficiales/L9/CONG/BOCG/B/B_329-01.PDF


21 https://www.boe.es/buscar/pdf/2012/BOE-A-2012-5730-consolidado.pdf


22 https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/DS/CO/DSCD-14-CO80.PDF#page=47


23 https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/DS/CO/DSCD-14-CO-113.PDF#page=2


24 https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/DS/CO/DSCD-14-CO-167.PDF#page=2

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primeras deberán diseñarse e implantarse con urgencia mientras que la segunda no es necesario que se ejecute hasta que las condiciones lo permitan, pero sí diseñarse para dar credibilidad y confianza a los agentes económicos.


El Gobernador volvió a insistir en este mismo asunto en su comparecencia del 4 de noviembre en el Congreso de los Diputados con ocasión del debate de los PGE21 25, y en el Senado el 11 de diciembre de 2020, asegurando además que con base en
la estimación del Banco de España la ratio de deuda pública en porcentaje del PIB no se situaría por debajo del nivel del año 2019 hasta el 2035.


El Informe de Estabilidad Financiera del 29 de abril de 2021 termina concluyendo que 'las autoridades deberían diseñar sin más demora un programa creíble y suficiente de consolidación de las finanzas públicas a lo largo de un período
dilatado de tiempo, que comience a implementarse tras la salida de la crisis sanitaria y económica'. En el Informe Anual de la institución presentado en mayo señala que la situación de endeudamiento y de déficit estructural persistente que muestra
la economía española la hace más vulnerable que países de nuestro entorno ante riesgos probables de endurecimiento en las condiciones de financiación y en la confianza de los inversores, por lo que un 'diseño temprano de una estrategia de
consolidación fiscal tendría indudables ventajas en términos de mejora de la credibilidad de nuestra política económica'.


La AIReF también ha insistido en la necesidad de diseñar y presentar un plan de reequilibrio. En el Informe sobre la Actualización del Programa de Estabilidad (APE) 2020-2023 del 6 de mayo del año 2020 recomendó activamente que se iniciaran
'los trabajos para establecer un Plan de Reequilibrio que sirva de orientación fiscal a medio plazo y garantice de manera realista y creíble la sostenibilidad de financiera de las Administraciones Públicas'.


Más tarde, el 13 de octubre, la AIReF presentó el Informe sobre la concurrencia de las circunstancias excepcionales a las que hace referencia el artículo 11.3 de la LOEPSF, lo que supone el informe previo recogido el artículo 23.1. En este
sentido, la AIReF concluyó en sus 'Recomendaciones Reiteradas' al Gobierno que era necesario establecer una estrategia fiscal que sirviera de orientación fiscal para garantizar la sostenibilidad de las Administraciones Públicas en todos los
subsectores, teniendo en cuenta sus realidad fiscales y competenciales, para obtener una mayor coordinación y efectividad, considerar los riesgos asumidos por el nivel de deuda pública, estableciendo para ello un calendario aproximado y así servir
de marco para la implementación futura de los planes de reequilibrio del conjunto de AAPP en coordinación con los fondos provenientes del Plan de Recuperación y Resiliencia de la Unión Europea. La misma recomendación hizo la AIReF en el informe de
concurrencia de circunstancias excepcionales para el ejercicio presupuestario 2022.


El 5 de noviembre, con motivo del proyecto de Ley de PGE21 26, la presidenta de la AIReF aclaró que la supervisión fiscal en España y en el marco de la Unión Europea no están suspendidas. 'Lo único que está en suspenso son las reglas
fiscales'. Efectivamente, la AIReF ya advirtió en aquella fecha que el Plan Nacional de Recuperación y Resiliencia que se enviará a Bruselas debería 'ir acompañado de un marco presupuestario plurianual que, desde luego, no es la actualización del
programa de estabilidad'. Finalmente, el Gobierno presentó una Actualización del Programa de Estabilidad 2021-2024 sin concreción plurianual de las medidas de ingresos ni de reformas estructurales con impacto en los gastos.


En el 'Informe sobre los Presupuestos Iniciales de las AA.PP. 2021' 27 presentado por la AIReF el pasado 8 de abril de 2021, se reiteró como 'Recomendación Viva' la necesidad de establecer las mismas medidas, con respecto al plan de
reequilibrio, requeridas por la institución el 13 de octubre de 2020. La AIReF señala en el referido informe que a pesar de que el Ministerio de Hacienda considera que ya las ha puesto en práctica con la presentación del Plan Presupuestario 2021 y
con la aprobación de los PGE21, 'en opinión de la AIReF, el carácter anual que define tanto al plan presupuestario como a los PGE impide que estos documentos puedan cumplir satisfactoriamente esta recomendación'. Asimismo, la AIReF presentó el 15
de abril de este año la 'Opinión sobre la Transparencia Fiscal en las Administraciones Públicas en España', en el que volvió a recordar la necesidad de establecer un marco presupuestario a medio plazo integral.


El último informe de la AIReF emitido el pasado 11 de mayo sobre la Actualización del Programa de Estabilidad 2021-2024 insistió en la necesidad de diseñar 'una estrategia fiscal a medio plazo creíble y


25 https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/DS/CO/DSCD-14-CO-202.PDF#page=3


26 https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/DS/CO/DSCD-14-CO-204.PDF#page=3


27 https://www.AIReF.es/wp-content/uploads/2021/04/PRESUPUESTOS-INICIALES/Informe-Ptos-iniciales-2021-pdf

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realista que garantice la sostenibilidad de las finanzas públicas', debido a que la APE resulta insuficiente para conseguir los objetivos que se persigue con la mencionada estrategia.


Incumplimiento reiterado del Gobierno.


'No es el momento de iniciar el proceso de consolidación fiscal ahora. El proceso de consolidación fiscal será fundamental para esta economía, pero debe iniciarse cuando la recuperación económica sea sólida. Ahora bien, por los mismos
argumentos que acabo de esgrimir para el caso de las reformas estructurales, que no solamente tienen que diseñarse, sino implementarse con urgencia, en el caso de la consolidación fiscal uno puede separar lo que es el diseño, que debe hacerse hoy
precisamente para ganar credibilidad y confianza, y su ejecución, que tiene que hacerse de manera gradual, solo, insisto, una vez que la recuperación económica sea sólida'. D. Pablo Hernández de Cos. Gobernador del Banco de España. 6 de octubre
de 2020. Congreso de los Diputados.


El Gobierno no ha promovido el diseño de un plan de consolidación fiscal para alcanzar un nivel de déficit que permita reconducir la deuda hacia sendas más sostenibles que reduzcan la vulnerabilidad de la economía española. El Gobierno
argumenta que no se dan las circunstancias para elaborar y presentar un plan de reequilibrio por dos razones:


1. Las reglas fiscales están suspendidas 28.


2. Las circunstancias económicas no permiten tomar medidas de ajuste fiscal que pongan en riesgo la recuperación 29.


Por un lado, el Gobierno considera que la suspensión de las reglas fiscales es un impedimento para el diseño y presentación de un plan de reequilibrio, sin tener en cuenta que dicho aspecto queda recogido claramente en la LOEPSF.


Por otro lado, como bien se ha señalado, el diseño de una estrategia de consolidación fiscal a medio plazo no implica necesariamente la aplicación del mismo hasta que las circunstancias lo permitan. Al contrario, la elaboración de una hoja
de ruta con la que el Gobierno establecería las pautas y los objetivos de reducción de déficit y de deuda, con una estrategia fiscal que permita otorgar a los agentes económicos certidumbre. De esta forma se generaría la confianza suficiente para
la determinación de decisiones de consumo, inversión y ahorro que pudieran acelerar la salida de la crisis económica.


En definitiva, el Gobierno deja a un lado el desarrollo constitucional reflejado en la LOEPSF, convirtiendo a esta Ley en papel mojado y generando una peligrosa inseguridad jurídica a los agentes económicos nacionales y extranjeros. Este
hecho dificulta la salida de la crisis económica.


Por último, las continuas negativas del Gobierno para presentar el plan mencionado abre dos opciones: o que el Gobierno del PSOE y Podemos no saben realizar un plan de ajuste fiscal porque nunca lo han hecho, o lo que puede ser más
peligroso, la intención de sumir a los españoles en una pobreza permanente en la que España deba tener que dar cuentas a países extranjeros por la peligrosa deuda soberana asumida, al estilo de las repúblicas socialistas y bolivarianas.


Cuarto. Por la ficticia previsión de recepción de fondos de Europa y los riesgos sobre el cumplimiento del plan de recuperación


El límite de gasto no financiero del Estado para el año 2021 incluía 27.436 millones de programa NextGenEU. Concretamente, 25.000 millones de euros del MRR y 2.436 millones del REACT-EU 30. Estas cifras se mantienen en la presentación del
límite de gasto no financiero del Estado para el año 2022, si


28 'La AIReF lo que ha hecho es recordar lo que dice la ley orgánica; no tenemos una presión para presentar un plan de reequilibrio ahora. La AIReF es consciente de que la UE pide que no se retiren los estímulos fiscales; sólo nos
recuerdan que debe haber cumplimiento de la ley orgánica. Pero éste no es el planteamiento. Este debate tendremos que afrontarlo cuando la Comisión Europea decida la vuelta a las normas fiscales. Volveremos a los planes fiscales cuando vuelvan
las reglas fiscales'. Ministra de Hacienda. 1 de abril de 2021. Congreso de los Diputados.


29 'El plan de reequilibrio lo vamos a presentar en el momento en el que tengamos una situación estable de país'. Secretaria de Estado de Hacienda. 4 de noviembre de 2020. Congreso de los Diputados.


30 Con ello, y con transferencias extraordinarias a la Seguridad Social y a CCAA, el techo de gasto alcanzó los 196.097. Sin embargo, en el libro amarillo se matizó que después de la adecuación del gasto a las nuevas medidas tributarias
(página 33 Libro Amarillo 2021), el límite de gasto no financiero (por modificación del homogéneo) quedaba en 195.335 millones de euros, 762 millones inferior. El Gobierno no ha modificado dichas cifras, sobre todo las del MRR, en la presentación
del techo de gasto del año 2022, pero sí en el Libro Amarillo 2022 y en el DBP22.

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bien, finalmente se presupuestaron 24.198 millones del MRR, que junto con los 2.436 millones del REACT-EU, los fondos NextGen-EU presupuestados por el Gobierno ascendieron a 26.634 millones.


Atendiendo al presupuesto del MRR, hasta agosto del presente ejercicio, el total de obligaciones reconocidas ha ascendido a 4.969,5 millones de euros, lo que implica una ejecución del 20,5 %. En cuanto al REACT-EU la ejecución ha sido de
672,2 millones de euros, el 27,6 %. Se prevé que estás cifras no mejoren sustancialmente en el tercer trimestre del año, y como advierte la AIReF, existen riesgos de no poder llevarlos a cabo en el cuarto trimestre.


El Gobierno presupuestó estas enormes cuantías de gasto sin certidumbre en cuanto a la recepción de fondos en tiempo y en forma. Así, el pasado mes de julio el Consejo de Asuntos Económicos y Financieros (ECOFIN) avaló la propuesta enviada
por la Comisión Europea del PRTR presentado por el Gobierno, de tal forma que la primera recepción de fondos del MRR llegó el pasado mes de agosto por 9.036,6 millones en concepto de prefinanciación (no condicionado al cumplimiento de hitos ni
objetivos), y el próximo mes de diciembre se desembolsarían para España los primeros 10.000 millones, donde ya habrá condicionalidad. Esto implica un desfase de 5.161 millones de euros con respecto a lo presupuestado por el Gobierno para 2021.


Para el ejercicio 2022, el Gobierno ha presupuestado 26.900 millones de euros del MRR y 733 millones del REACT-EU, alcanzando el total de fondos europeos los 27.633 millones, casi 1.000 millones más que el año anterior. La previsión de
recepción de fondos del Gobierno es de 12.000 millones en el primer semestre y de 6.000 millones en el segundo, lo que supone otro desfase de 9.633 millones de euros. En conjunto para ambos ejercicios, la diferencia entre lo presupuestado y los
fondos realmente recibidos del MRR es de 14.794 millones de euros.


En este sentido, se podría pensar que el Tesoro realizaría la gestión necesaria para la financiación de lo presupuestado con cargo a los desembolsos pendientes del MRR. Sin embargo, los riesgos derivados de la falta de prudencia en el
adelanto de unos gastos triunfalistas pueden poner en serio riesgo la ejecución de los proyectos empresariales, y por tanto las decisiones de inversión y la confianza empresarial. Si no se cumplen con las reformas comprometidas, España corre el
grave riesgo de no recibir los fondos, o de recibirlos con retrasos, afectando a las principales magnitudes de los presupuestos de los subsectores de las AAPP. 'La liberación de los fondos en el marco del Mecanismo depende del cumplimiento
satisfactorio por parte de los Estados miembros de los hitos y objetivos pertinentes que figuren en los planes de recuperación y resiliencia cuya evaluación debe haber recibido la aprobación del Consejo' 31. En este sentido, cabe destacar los
siguientes anuncios:


1. El Reglamento 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo de 12 de febrero de 2021 por el que se establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia expuso dicha condicionalidad con respecto a la consecución de los hitos por cada uno
de los países, de tal forma que se llegarían a realizar pagos parciales, e incluso podrían exigir la devolución de los importes en los casos más extremos 32.


2. En septiembre, la Comisión Europea recordó que no desvelaría la detracción de fondos europeos en el caso de que los países miembros beneficiados por las ayudas no cumplan con los plazos para la aprobación de las principales reformas.


3. Por otro lado, la secretaria general de la Comisión Europea, Dña. Celine Gauer, advirtió el pasado 6 de octubre en el Congreso de los Diputados sobre la necesidad de cumplir con las reformas comprometidas, así como con el equilibrio
presupuestario a medio plazo, para no sufrir retrasos en los desembolsos de los fondos. Concretamente, mostró su preocupación por la reforma del mercado laboral y el de las pensiones, que debería estar lista antes de final de año. Asimismo, mostró
preocupación por el alto grado de descentralización para la ejecución de las inversiones.


El pasado mes de septiembre, ESADE y la consultora EY publicaron un documento titulado 'Las siete pruebas de la gestión de los fondos' en el que se pueden observar los desafíos a los que se enfrenta el Gobierno para la eficacia tanto de los
provenientes del NextGenEU como del Macro Financiero Plurianual 2021-2027 (MFP), por los cuellos de botellas que de existen y que 'deben eliminarse' 33. Entre ellos, se destaca la 'necesidad de establecer criterios objetivables de necesidad y
efectividad en el reparto


31 https://www.boe.es/doue/2021/057/L00017-00075.pdf


32 'Se dará prioridad a la suspensión de los compromisos; los pagos solo se suspenderán cuando se precise actuar deforma inmediata en caso de un incumplimiento significativo'.


33 https://www.esade.edu/ecpol/wp-content/uploads/2021/09/Las-siete-pruebas-de-la-gestion-de-fondos-europeos-Manuel-Hidalgo-EsadeEcPoI.pdf

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de los fondos' que deben seguir 'estrategias de política económica bien diseñadas' atendiendo a las restricciones presupuestarias, 'que no estén condicionadas por cuotas de poder', que 'el control de la ejecución no debería estar
sobredimensionada en cuanto a administraciones y organismos que intervienen, ni éstos infradotados en cuanto a personal y capacidad' y finalmente sobre 'los mandos técnicos al frente de la ejecución de fondos europeos', que 'deberían tener los
incentivos y las capacidades adecuadas para centrarse en objetivos a largo plazo desacoplados del ciclo político cortoplacista'.


Otro de los factores que consideramos un riesgo para la eficiencia de los fondos del MRR es la dificultad de acceso de las PYMES y de los autónomos a los mismos, que son el tejido productivo a través del cual España debe volver al
crecimiento económico, a la generación de empleo y a la prosperidad de la Nación. Sin contar con estos agentes, cualquier medida de política económica será un fracaso. Consideramos dos riesgos para la eficacia en la ejecución de los fondos del MRR
por lo siguiente:


1. La complejidad de la regulación establecida y las condiciones del Gobierno para su acceso dificultan al extremo poder acudir por sí solas a estas ayudas.


- El coste podría inasumible, o inviable para la rentabilidad de los proyectos, ya que la gran mayoría de autónomos y PYMEs tendrían que acudir a consultorías especializadas 34.


- Asimismo, la encuesta realizada por Gestores Administrativos arrojó que solo el 14 % de las PYMEs tendrían intención de acudir a la solicitud de los fondos 35.


2. El Gobierno tiene comprometida la aprobación de una reforma laboral que penaliza a las PYMES y a los autónomos 36. Efectivamente, dentro del PRTR enviado a Bruselas y aprobado, la pretensión de la reforma laboral por la que ahora se
beneficia políticamente el Gobierno, tiene 5 elementos, de los cuales el cuarto se define como 'regulación de subcontratas'. Esta reforma se encuentra en la Reforma 9 del Componente 23 y establece que 'es preciso revisar la regulación de las
subcontratas y lograr una adecuada articulación de las condiciones aplicables al trabajo por cuenta ajena y por cuenta propia (autónomos)' 37. La intención del Gobierno es 'adoptar las medidas normativas que permitan asegurar que las personas
trabajadoras que sean contratadas para realizar servicios comprendidos dentro de la propia actividad del empresario principal tengan las mismas condiciones que tendrían de ser contratados directamente por éste, tanto si dichas condiciones traen
causa del convenio colectivo de la empresa principal como si son acordadas por dicha empresa en el momento de la contratación' 38. Es por ello que el Gobierno pone más trabas y complicaciones a la ejecución de los proyectos que ya vienen con
retraso, añadiendo incertidumbre regulatoria.


Asimismo, el despliegue de las 102 medidas o reformas estructurales comprometidas y aprobadas finalmente por la Comisión Europea el pasado 3 de julio requerirán aproximadamente sesenta normas con rango de ley. Estas normas, cuya aprobación
les corresponde a las Cortes Generales, dependen de la voluntad de todos los partidos políticos, si bien el desafío lo entrañan los propios socios del Gobierno.


Desde VOX seguimos considerando que la llegada de los fondos es necesaria, es urgente y es una gran oportunidad que tenemos que aprovechar. No podemos volver a fallar a los españoles. Esos fondos deben llegar, y llegar bien.


El PTRT del Reino de España es un proyecto que debería ser un proyecto de país, un plan que, por su marco temporal afectará a varios gobiernos y, por su impacto presupuestario, a varias generaciones. Sin embargo, el Gobierno está
presupuestando lo antes posible todo lo que puede, sin disponer del libramiento de los fondos, para que este proyecto sea sólo suyo, poniendo en riesgo la credibilidad de España ante los españoles, Europa y el resto del mundo.


Quinto. Por la previsión de ingresos y las medidas tributarias


La estimación de crecimiento económico es la base para la estimación de los ingresos y, por ello, ésta no va a reflejar la realidad que va a vivir la economía española, con lo que, en un escenario de


34 https://www.eImundo.es/economía/empresas/2021/09/07/61374479e4d4d8482c8b45c4.html


35 https//www.abc.es/economia/abci-solo-14-por-ciento-pymes-solicitaran-fondos-europeos-202108021358_noticia.html


36 https://www.hoy.es/economia/trabajo/restricciones-subcontratas-despidos-20210609180117-ntrc.html


37 Página 133.https://www.lamoncloa.gob.es/temas/fondos-recuperacion/Documents/30042021-PIan_Recuperacion_%20Transformacion_%20Resiliencia.pdf


38 https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/D/BOCG-14-D-199.PDF#page=31

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mantenimiento del gasto proyectado, el déficit superará con creces el proyectado del -5,0 % y la vuelta al reequilibrio será mucho más larga y costosa. Además, las nuevas medidas fiscales y las ya aprobadas, que no sólo afectarán en mayor
medida a los grupos de rentas medias que a los de rentas altas, no tendrán la recaudación esperada e incluso llegarán a generar un efecto contrario sobre el consumo y decisiones de inversión.


Efectivamente, mientras se presupuestaron para 2021 unos ingresos no financieros de 255.631 millones de euros, el avance de liquidación que ahora presenta el Gobierno es de 242.678 millones. Lo mismo sucede con los ingresos tributarios
previsto por el Gobierno hace un año que ascendieran a 222.107 millones de euros y hoy prevén que no alcancen los 215.000 millones. El fracaso del Gobierno, o, mejor dicho, la imprudencia manifiesta en materia fiscal está en línea con el optimismo
desmedido que supone un grave riesgo para todos los españoles.


Para el próximo ejercicio, el Gobierno confía en que los ingresos no financieros aumenten por el buen tono del crecimiento económico y por el impulso de la inversión y demanda interna. Todo ello basado en un aumento del PIB nominal del 8,6
%. En línea con la negativa del Gobierno de rectificar en el cuadro macroeconómico y pesar de las advertencias de la AIReF y del Banco de España, se han establecido unos ingresos no financieros 39 que con respecto al avance de liquidación previsto
para el ejercicio 2021, van a aumentar en 2022 un 10,8 %, con un alza significativo en los ingresos no tributarios del 26,9 % motivado por las transferencias de corrientes (+60,5 %) y las transferencias de capital (+89,4 %) por los fondos europeos.
Los ingresos tributarios del total de AAPP crecerán según el Gobierno un 8,1 % y los del Estado un 18,6 %.


Dos son los factores que el Gobierno ha utilizado en sus hipótesis para calcular el aumento de los ingresos no financieros como 'recaudación récord':


1. Un buen tono del crecimiento económico, con inflación controlada y una adecuada ejecución del MRR.


2. Nuevas medidas de carácter tributario que han sido destacadas en la presentación de los PGE22 y en el propio Libro Amarillo.


Como ya se ha mencionado, la primera hipótesis es difícil de predecir, si bien la prudencia en este aspecto es la base para el crecimiento económico de España y para el adecuado control de los riesgos macroeconómicos a los que nos está
sumiendo el Gobierno. En cualquier caso, se reitera que la previsión para 2022 de un crecimiento del PIB real del 7 % y del nominal del 8,6 % es más optimista que los más importantes servicios de estudios, como el BBVA que prevé un alza del 5,5 %
en línea con Caixabank o con el FMI. Este argumento se ha visto fortalecido por el ajuste de previsiones de crecimiento para el año 2021.


En cuanto a la segunda hipótesis, cabe destacar que el Gobierno aplicó un conjunto de nuevas medidas en los PGE21 para recaudar 1.862 millones de euros más en el actual ejercicio e incluyó medidas tributarias en otras leyes incorporadas a la
previsión de ingresos del presupuesto que ascendían a 4.223 millones de euros. Sin embargo, hasta el mes de agosto sólo lleva 777 millones de ambas cuantías previstas. El Gobierno reconoce en los PGE22 que ahora estas medidas tendrán un impacto
recaudatorio de 1.450 millones de euros y que buena parte del fracaso del 2021 será un éxito para el 2022. La imprudencia y el desatino del Gobierno es un riesgo que España no se puede permitir más tiempo.


Para el próximo ejercicio, sumadas a las medidas tributarias aprobadas en los PGE21, que incluían medidas de ingresos de 2.185 millones de euros, las nuevas medidas tributarias que plantea el Gobierno en los PGE22 carecen de una
cuantificación y de un desarrollo suficiente que otorgue certidumbre a los sujetos tributarios. Las más destacadas por su impacto global sobre las familias y las empresas son:


- Reducción aún mayor del límite de aportación deducible en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) de 2.000 a 1.500 euros anuales, y traslada esa diferencia a las aportaciones desgravables de los planes de empleo cuando la
tasa de paro es del 15 %. El Gobierno sigue avanzando en la lucha contra los planes de pensiones privados. Junto con la penalización prevista al ahorro en vivienda de la futura Ley, el Gobierno penaliza el ahorro de los hogares para no permitir
que exista ninguna oportunidad de escapar a la ambición por el gasto desmedido.


39 Incluido los fondos Next Generation EU y antes de descontar las Participaciones de las Administraciones Territoriales en IRPF, IVA e Impuestos Especiales.

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- Establecer una tributación mínima del 15 % de la base imponible en el Impuesto sobre Sociedades para determinadas empresas con importe neto de la cifra de negocios igual o superior a 20 millones de euros, o que tributen en el régimen de
consolidación fiscal, y del 18 % para entidades de crédito y energéticas de hidrocarburos. Esta medida, que se está negociando en el marco de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), va a ser adoptada por el Gobierno
socialista antes de que exista cualquier consenso con los principales socios económicos mundiales, al igual que ha sucedido con el Impuesto sobre Transacciones Financieras y con el de Determinados Servicios Digitales. Estas decisiones demagógicas
empeoran la situación competitiva de las empresas españolas, y concretamente de aquellas más internacionalizadas. Esta es una muestra evidente, una más, de la intención del Gobierno de sumir a España en la pobreza transversal sin dejar a nadie
atrás.


- Junto con esta medida, se pretende que la cuota íntegra del grupo fiscal se minorará en el importe de las deducciones y bonificaciones previstas en los Capítulos II, III y IV del Título VI de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, así como
cualquier otra deducción que pudiera resultar de aplicación, dando lugar a la cuota líquida del mismo que, en ningún caso, podrá ser negativa.


- Se reduce la bonificación para las entidades dedicadas al arrendamiento de vivienda del 85 % al 40 %, lo que reduce los márgenes empresariales de estas empresas. Esta medida, junto con la reforma prevista para el mercado del alquiler y
las ayudas insuficientes al alquiler joven, impulsarán al alza el precio de las viviendas perjudicando sobremanera a los grupos de población con rentas medias y bajas, que en tampoco puedan acceder a la compra de pisos. Estas medidas no favorecen
el alquiler a largo plazo y pueden suponer un incentivo perverso a la restricción de la oferta y a un aumento de los impagos.


Por otro lado, las medidas en términos de ingresos de la Seguridad Social para contribuir en un 9 % al crecimiento de las cotizaciones sociales son,


- Aumento del 1,7 % de las bases máximas de cotización, pasando a estar en los 4.139,4 euros, de tal forma que la cuota alcanzará los 1.266,6 euros mensuales, 33,42 euros más al mes.


- Aumenta la base cotización pata los autónomos de tal forma que la cotización mínima pasará a ser de 960,6 euros con un tipo de cotización del 30,6 %, lo que supondrá un aumento de 96 euros anuales. Los trabajadores por cuenta propia que
coticen por la base mínima pagarán 294 euros mensuales, 8 euros más, afectando a 1,8 millones de autónomos según la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA). Esta medida viene motivada por el aumento del Salario Mínimo Interprofesional a 965
euros mensuales.


Los ciudadanos y las empresas tiene que pagar por la nefasta gestión de los gobiernos que ha terminado convirtiéndose en una insostenibilidad del sistema hasta el punto de que el 25 % de los recursos de la Seguridad Social provienen de
transferencias del Estado.


Asimismo, el Gobierno se ha jactado en la presentación de los PGE22 de que la recaudación por IRPF será la mayor de la historia en 2022 hasta alcanzar los 100.132 millones de euros con un crecimiento del 6,7 %. Este hecho, que podría
suponer una buena noticia para la reducción del déficit y una muestra del buen tono de la economía, se traduce en el persistente recurso del Gobierno de coalición para llevar a cabo sus gastos ideológicos y sus proyectos con el fin último de
mantenerse en el poder. Con una tasa de paro del 14,2 % para el ejercicio 2022 y un aumento del empleo (p.t.e.t.c) del 2,7 %, el aumento de recaudación por IRPF no vendrá de los supuestos contemplados por el Gobierno y conllevará a las familias
españolas a disponer de menor renta disponible, menor capacidad de consumo y de ahorro, con sus efectos sobre la oferta económica.


Por otro lado, a pesar de que se han tomado medidas tributarias para reducir la factura de la electricidad, ante el aumento de un 44 % de precios, el Gobierno está llenando las arcas públicas con los ingresos por emisiones de CO2. Los
ingresos patrimoniales por esta partida han aumentado hasta el mes de agosto un 106 % hasta los 1.557 millones de euros y supera toda la recaudación por este concepto en 2020. Se prevé que en este ejercicio se alcancen los 2.335 millones de euros y
que en el 2022 alcancen los 2.000 millones. El principal beneficiado del aumento del precio de la electricidad es el erario.


Asimismo, la Ley de Fraude Fiscal recoge una subida silenciosa de impuestos con el denominado 'catastrazo' en el que el valor real será sustituido por el valor de referencia. Esto significa que el Catastro determinará el valor de los
inmuebles que equiparará al supuesto valor de mercado, lo que encierra una subida del Impuesto Sobre Patrimonio, Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones y Transmisión Patrimoniales y Actos Jurídicos documentados, y deja la posibilidad de que los
ayuntamientos en el

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impuesto sobre IBI apliquen ese valor de referencia y por lo tanto también se vea afectado este impuesto. Además, provocará también una alta litigiosidad.


El Gobierno de coalición ha tratado de engañar a los españoles vendiendo que el aumento de los impuestos es para los 'ricos' y que hacen más progresivo el sistema tributario español. Más lejos de la realidad, el verdadero y cruel aumento de
los impuestos se les hace a las familias de rentas medidas, a las familias trabajadoras que madrugan y emprenden, que se preparan y se sacrifican por sacar a sus hijos y dependientes adelante. Por las medidas tributarias y por el engaño a todos los
españoles, este Grupo Parlamentario rechaza los PGE22 porque:


- Castigan con más impuestos a las familias con rentas medias y bajas.


- Lastran la competitividad de las empresas aumentando sus costes fiscales.


- Penalizan el consumo y la inversión en medio de la mayor crisis conocida en tiempos de paz.


Sexto. Por la estrategia del gobierno en las políticas de gasto


'Los presupuestos de una transformación justa para avanzar hacia un país más verde, más digital, más cohesionado y más igualitario, afianzando la recuperación económica sin dejar a nadie atrás'. Libro Amarillo PGE22. Pág. 13.


El Gobierno anuncia los presupuestos como los más sociales, en los que el 59,8 % del total presupuestado está destinado al 'gasto social'. Al mismo tiempo, reconoce que 'existen una serie de compromisos que deben atenderse con los créditos
del Presupuesto del Estado como son: los intereses de la deuda, las pensiones de clases pasivas, las aportaciones al mutualismo administrativo, los créditos derivados de la centralización de contratos, las transferencias a la UE, los órganos
constitucionales, los fondos de compensación interterritorial y otros gastos de los entes territoriales' por lo que 'el presupuesto no financiero del que pueden disponer el conjunto de ministerios es de 49.672 millones de euros'. Se podría
interpretar que, por un lado, el Gobierno utiliza los presupuestos para garantizar el Estado del Bienestar, aunque, por otro lado, reconozca que el margen discrecional para la implementación de políticas es escaso con respecto al presupuesto global.
Si bien, ninguna de ambas opciones son realmente los riesgos que asume España con estos presupuestos del Gobierno, la auténtica plasmación de un programa político de izquierdas que condena a la pobreza a medio plazo y las generaciones futuras.


España está sufriendo las consecuencias de las políticas socialistas y comunistas que se están poniendo en práctica desde el verano de 2018. Los PGE22 aumentan el gasto hasta los 527.108 millones de euros desde los 451.119 millones de 2018.
Podría parecer difícil criticar unos presupuestos que aumentan en buena parte de sus partidas. Sin embargo, todo ello debe ser financiado por la actividad económica del sector privado 40, esto es, de las familias y empresas españolas. La falta de
responsabilidad y de solidaridad del Gobierno con sus conciudadanos se plasma de nuevo en los PGE y reflejan el cortoplacismo que puede acabar arruinando a los españoles. Ya no sólo por la concentración de la mayor parte de los fondos del MRR antes
de que pueda llegar un gobierno de distinto partido, sino por la carga ideológica que irradia a buena parte del gasto presupuestado, mucho del cuál no atiende a razones de demanda social.


El Gobierno está condicionando la disponibilidad del dinero de todos en la aplicación de su ideología. Esto es, dispone gasto público en función del cumplimiento de los requisitos políticos para ser beneficiado de ayudas o de contratos.
Por un lado, la regulación llevada a cabo en materia ideológica, como, por ejemplo, en 'igualdad de género', obliga al gobierno corporativo a incluir en sus sistemas operacionales pautas de importante calado político. Asimismo, se está
desarrollando un ejercicio de competición empresarial de agrado al Gobierno, alcanzando medidas en línea con los objetivos de la Agenda 2030 que poco o nada tienen que ver con la actividad empresarial.


El PTRT es un claro ejemplo de la transversalidad de la ideología globalista asumida por el Gobierno en dicha Agenda, por la que condiciona la recepción de fondos para proyectos de inversión en función de la aplicación de un programa
electoral en una decisión empresarial. Así, mientras que buena parte del tejido productivo no puede incorporar la 'perspectiva de género interseccional' planteada por el Gobierno,


40 Incluyendo los fondos NextGenEU. Efectivamente, los instrumentos que está utilizando la Unión Europea para financiar el Plan de Recuperación serán pagados con los impuestos de los ciudadanos europeos, donde España tiene la parte
proporcional. Europa ha tomado por primera vez medidas de endeudamiento comunitario para poder financiar un plan que, por cada uno de los países, hubiera supuesto riesgos macroeconómicos inasumibles, esto es, no hubiera dado margen a la
sostenibilidad de las finanzas públicas nacionales.

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las empresas que puedan desarrollarlo asumirán mayores costes en sus procesos productivos, restando competitividad a sus proyectos y una menor eficiencia de los fondos. En efecto, sustituir una política energética en pro de la industria y
del conjunto de la economía por un concepto denominado 'transición ecológica', no sirve de nada cuando las factorías tienen que paralizar su actividad por los altos precios de la energía en España 41 42.


Séptimo. Por anteponer las agendas globalistas plasmadas en la Agenda 2030 a los intereses de España y de los españoles


La crisis económica provocada por la pandemia azotó a España cuando todavía no habían cicatrizado las heridas provocadas por la crisis de la Gran Recesión. La tasa de paro, del doble que la media europea, estaba muy lejos de los niveles
previos a la crisis; nuestro país no había completado todavía el proceso de consolidación fiscal tras la anterior crisis económica, ni había alcanzado una situación de superávit presupuestario primario tras seis años de recuperación económica;
pero, sobre todo, arrastraba serias deficiencias estructurales que dificultan nuestra capacidad para crecer y crear empleo sostenible.


Es prioritario llevar a cabo reformas que atajen los problemas estructurales que han lastrado nuestro crecimiento durante años; que aumenten el crecimiento potencial de la economía española y reduzcan su desempleo estructural, con el
consiguiente incremento de las bases imponibles y de la capacidad recaudatoria del sector público. Estos presupuestos representan una oportunidad perdida para afrontar con valentía y decisión una Agenda Españ con el objetivo de proteger a los
españoles, atender sus necesidades y dotar a las próximas generaciones de un horizonte de libertad, igualdad, prosperidad, justicia y respeto por sus valores y tradiciones.


1. La igualdad entre los españoles.


El Gobierno destina más recursos para la división de los españoles. Bajo el paraguas de los compromisos asumidos con el PTRT se condena a España a la miseria económica y el debilitamiento de la riqueza e identidad nacionales.


Estos PGE22 hunden a España en una economía deudora a nivel internacional, con estrecho margen para aumentar la productividad como se ha indicado. Ello conduce a que una gran mayoría de españoles pueda llegar a una igualdad en la pobreza,
para que, a juicio del Gobierno, se acabe con la desigualdad en la riqueza.


En el aspecto social, el Gobierno aumenta los recursos públicos en políticas sin demanda social, sin ejecución y que solo persiguen la propaganda del miedo sobre los propios conciudadanos, pero no de todos.


Así, el Ministerio de Igualdad incrementa su presupuesto hasta los 516 millones de euros desde los 451 millones del ejercicio 2021. Una Sección que apenas tiene ejecución presupuestaria, del 39 % hasta agosto, sin contar con los servicios
generales, y cuyo Instituto de las Mujeres apenas alcanza el 20 % de ejecución. En este aspecto cabe destacar el asociacionismo que existe en torno a estas políticas y que sólo benefician a los afines ideológicos y partidistas del Gobierno, sin
contar con todos aquellos grupos que defienden la verdadera igualdad de españoles.


Asimismo, España se encuentra con la encrucijada de la 'Memoria Democrática' del Gobierno. Un programa de gasto que ejecuta una Ley que cuesta a los españoles 11,8 millones de euros y que deja fuera a la mitad de España por asuntos
delicadamente discutibles acaecidos mucho antes de que las generaciones venideras tengan que pagarlas. Esta Ley, con su impacto presupuestario no estimado y abierto, es una campaña de influencia a los jóvenes por la que el Gobierno del pasado
quiere seguir dividiendo a España para ganar una batalla que sus ciudadanos quieren cerrar.


En la Memoria de Análisis de Impacto Normativo de la Ley de Memoria Democrática, el Gobierno no ha presentado un montante del conjunto de impactos presupuestarios por lo que no queda claro cuánto va a costar la futura Ley a los
contribuyentes españoles, familias y empresas. Las familias que lo están pasando mal ahora porque no llegan a final de mes, tienen problemas de acceso a la vivienda o tienen que acudir a


41 El parón de la industria española por el precio de la luz afecta ya a 20.000 empleos. https://www.elmundo.es/economia/2021/10/19/616d71b0fc6c83b8778b4583.html


42 'El gas y los derechos de emisión de CO2 han empujado la electricidad al alza en los mercados internacionales'. 'En cuanto al coste de emitir CO2, se sitúa en la UE en niveles correspondientes a las previsiones para 2030 y más de diez
veces superiores a los que cotizaban los derechos en 2017'. Pág.97 Libro Amarillo 2022.

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las colas del hambre, deben saber que el Gobierno está gastando cerca de 4 millones de euros en subvenciones para actuaciones en cementerios y exhumación de fosas comunes de la Guerra Civil.


Por otro lado, el Gobierno mantiene una Sección sobre la generalización de su Agenda 2030 en la que se van a destinar más de 23 millones de euros para su coordinación, con un significativo aumento en los gastos de personal sobre el total de
aumento del programa, y cuya ejecución presupuestaria está por debajo de la media. Una Agenda que no se ha aprobado en el Parlamento y basada en unos Objetivos del Desarrollo Sostenible que nunca se han aprobado en ningún organismo multilateral, lo
que le confiere un perfil propagandístico que va a costar a los españoles muchas declaraciones de la renta. Esto supone una burla y una irresponsabilidad ante centenares de miles de familias que viven con todos sus miembros en paro.


2. La unidad de España.


El Gobierno sigue en su empeño por dividir España, en la que según la región en la que se viva, las condiciones económicas difieran de forma sustancial, obligando a nuestros compatriotas en muchos casos a tener que emigrar de forma
permanente, en contra de la tradicional movilidad laboral. También afecta a la toma de decisión de inversión, ya que bajo el sistema económico que se ha otorgado el bipartidismo, obliga a las empresas a llevar sus proyectos a aquellas regiones de
España donde más gasto público se ejecuta.


Por un lado, ejerce divergencia entre las regiones en cuanto a la inversión. Establece patrones de reparto de fondos en función de la población ajustada y criterios de crecimiento. Si bien, se debe tener en cuenta que ello ahonda en los
problemas de despoblación en aquellas regiones que sufren la falta de prosperidad por motivos estructurales. A modo de ejemplo, cabe resaltar la cantidad de andaluces o extremeños que viven en Cataluña para buscar la prosperidad que en sus tierras
de origen no encontraron. Esto mismo es un factor para otorgar más fondos públicos a esta región, incrementando la diferencia de potencial de crecimiento entre regiones por argumentos parciales.


Por otro lado, el Gobierno fortalece este efecto multiplicador de ruptura entre españoles con decisiones arbitrarias en cuanto a la supervivencia temporal de los equilibrios de poder. Efectivamente, con un gobierno en minoría que no tiene
un proyecto constructivo para España, la cesión de recursos y la regulación a favor de los intereses de los grupos nacionalistas y separatistas en las Cortes Generales, determinan el devenir de las acciones del Gobierno. Ello genera crispación
entre españoles, donde los argumentos demagógicos ocultan la verdad que nos une: la diversidad unida nos hace más fuertes, genera mayor valor, riqueza y prosperidad.


3. La creación de empleo y la capacidad de obtener mejores salarios.


El Gobierno de colación ha utilizado la Ley 3/2012, de 6 de julio, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral como bandera, como salvadores del tejido productivo en España. Al mismo tiempo la han criticado y pretenden
derogarla. Esta intención viene recogida de manera difusa en el PTRT enviado a la Comisión Europea, si bien ha sido declarado insistentemente por la Ministra de Trabajo y Economía Social 43.


La reforma de dicha Ley es una condición impuesta por la Comisión Europea porque ha considerado que la actual Ley es incompleta. El plazo para la aprobación de la reforma está previsto para finales del presente ejercicio, sin embargo, es
complicado que el Gobierno pueda conseguir este hito en este plazo. Ello condicionará el desembolso de los fondos europeos para la ejecución de los proyectos del PTRT, con lo que está en peligro la eficiencia del mismo y su repercusión en el empleo
y la actividad económica. Por tanto, como se ha indicado anteriormente, el Gobierno está poniendo en peligro los 27.000 millones de euros de fondo europeos presupuestado para 2022.


Al mismo tiempo, cabe recordar los principales indicadores laborales de España. La tasa de paro alcanza el 14,57 de la población activa, siendo la más alta de la UE, así como la vergonzosa tasa de paro de jóvenes ha sido del 31,2 % en el
tercer trimestre.


Desde la declaración ilegal del Estado de Alarma de Gobierno de marzo de 2020 por parte del máximo intérprete de la Constitución, el empleo privado ha perdido 166.600 puestos de trabajo, pero el Gobierno


43 'Vamos a derogar la reforma laboral a pesar de todas las resistencias' https://www.eldiario.es/economia/yolanda-diaz-derogar-reforma-laboral-pesar- resistencias_1_8424090.html

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se congratula de haber aumentado el gasto público estructural en casi 2.000 millones de euros para el ejercicio 2022 respecto al presupuesto base del año 2020 en el capítulo de gastos de personal.


En lo que debería ser un acto de prudencia, el Gobierno ha rebajado el presupuesto al Ministerio de Trabajo y Economía Social en un 10 %, incluyendo la transferencia extraordinaria al SEPE -que se ha reducido, a su vez, en un 85 %-,
justificado por la mejora del empleo. El problema podría llegar por un empeoramiento de la actividad económica que el Gobierno no quiere contemplar. De esta forma, se reduce el gasto en políticas de desempleo desde los 25.012 millones de euros
hasta los 22.457 millones.


Otra incongruencia en el plan de marketing del Gobierno la encontramos en las pensiones. El Gobierno ha anunciado 'se mantiene el poder adquisitivo de los pensionistas en el año 2022', con un crecimiento de las contributivas del 4,9 %. Sin
embargo, la revalorización de las pensiones contributivas se realizará con base en la media del IPC de los últimos 12 meses. En el actual contexto de aumento descontrolado del IPC por el aumento de los precios de las materias primas energéticas y
por la propia inflación de costes que se está produciendo, el Gobierno arrastra los incrementos negativos de periodos anteriores para suavizar la verdadera subida que les correspondería. Si se cogieran los datos adelantados de octubre (últimos
disponibles) la media móvil da un resultado del 2,0 % de revalorización, muy alejado del aumento del 5,5 % interanual del IPC del mes. La verdadera pérdida de poder adquisitivo de las pensiones sería de 3,5 puntos. El pasado año la revalorización
fue del 0,9 % Mientras, las pensiones no contributivas aumentarán un 3 % sin realizar ningún cálculo novedoso, casi el doble que el año anterior que aumentaron un 1,8 %.


4. Una educación en libertad.


Las partidas en Educación y Cultura aumentan un 2,6 % y un 38,4 % respectivamente. Este aumento debería llevar a España a una mejora de la educación de los jóvenes y un aumento de la productividad laboral de las generaciones futuras, si
bien caben serias dudas de que el dinero público que destina este Gobierno a tal fin obtenga el resultado que los españoles esperan de sus impuestos.


Por un lado, se deben apreciar las diferencias en cuanto al incremento de la partida de Cultura en contra del aumento de la de Educación. Así, el Gobierno instrumentaliza la cultura de una forma sesgada hacia todos aquellos aspectos
relaciones con la cultura afín a la ideología propia, dejando a un lado buena parte de las costumbres y diversidad tradicional de la cultura española.


En política de Educación se pretenden destinar 5.023 millones de euros, desagregados en 1.604 millones de fondos europeos, con un descenso del 11 %, y 3.419 millones de los fondos nacionales, un aumento del 10,6 %. Esta cantidad de fondos
para una competencia descentralizada supone un verdadero desafío para el futuro. Si bien el Gobierno cuenta con estos fondos para mejorar el sistema educativo, dichas ayudas europeas dejarán de existir en años venideros. El cambio estructural que
se pretende a corto plazo se antoja una tarea difícil si son necesarios fondos en el medio plazo.


En materia educativa, el Gobierno continúa su estrategia con la que el mérito deja de ser una prioridad, dotando al sistema de un incentivo perverso por el cual todos los alumnos deben aprobar las materias. El fracaso de la política
educativa se revela con toda su crudeza en un dato: la tasa de abandono temprano de la educación-formación de personas de 18 a 24 años. En España esta tasa se sitúa en el 11,6 % para mujeres y en el 20,2 para hombres, frente a la UE-27 donde las
tasas son del 8 % y el 11,8 % respectivamente 44.


Además, hay que resaltar que, en la etapa de Educación Infantil, un período trascendental en la vida de un niño, el Gobierno no ha podido crear un único y universal acceso a esta etapa. En la Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la
que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación se habla de garantizar la educación gratuita en educación infantil pero la realidad es bien distinta dependiendo de la Comunidad Autónoma donde se encuentre el niño.


El gasto en Educación no está siendo eficiente y el principal escollo es la carga ideológica que tiene el Gobierno sobre el adoctrinamiento de los jóvenes en España. Esto se ve reflejado en que el Gobierno no destinará los fondos del MRR a
los centros de titularidad privada y sólo serán beneficiarios los centros de titularidad pública dejando excluidas a más de 3 millones de familias, que suponen un 30 % de los centros escolares. Si perjuicio de las decisiones de cada una de las
CCAA, no se puede conocer el porcentaje que pueda llegar a la red de escuelas concertadas.


44 https://www.ine.es/jaxiT3/Tabla.htm?t=12543

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Por el lado de lo que este Gobierno denomina Cultura, el incremento de recursos asciende a 1.589 millones de euros, de los cuales 356 millones provienen de Europa y suponen un incremento del 77,6 % respecto a los de los PGE21. El Gobierno
condicionará toda subvención a los principios rectores de la ideología sectaria que deja a buena parte de los españoles a un lado. Sin embargo, buena parte de los objetivos marcados para el año 2021 no se han cumplido 45, aun dotando más dinero que
en el ejercicio anterior en los que se dieron 85,5 millones de euros. Asimismo, el Gobierno pretende dotar casi 40 millones de euros a las instalaciones deportivas, siempre y cuando cumplan con los principios de transición ecológica, al más puro
estilo Plan E del Gobierno de Zapatero. Mientras ejecuta esta inversión, la de los centros educativos ascenderá a 12 millones de euros en toda la geografía española, lo que da poco margen a las escuelas para actualizar y renovar sus instalaciones.


El mejor ejemplo del uso de los fondos europeos por parte del Gobierno es el destino de más de 1 millón de euros para el 'crecimiento personal' 46 para cien autores en el extranjero, con pagas de 5.000 euros mensuales. Mientras, la
productividad en España cae a los niveles más bajos vistos y la deuda no termina de crecer.


Por último, en materia de cultura se destaca la aplicación 24.06.331M.480 'Bono Cultural Joven' dotado con 210 millones de euros para los que cumplan durante el próximo ejercicio 2022 la mayoría de edad, para su uso y disfrute en una amplia
gama de servicios y productos culturales que el Gobierno deberá definir y del que ha adelantado que la cultura taurina no está incluida. Pues bien, esta propaganda ideológica, electoralista y sectaria no debe ser permitida por ningún responsable
parlamentario, y menos aún si es sufragada por el dinero de todos los españoles.


5. El acceso a la vivienda.


Con el supuesto propósito de poder facilitar a los españoles el acceso a la vivienda, el Gobierno está acabando con la oferta en el mercado del alquiler, así como con la posibilidad de acceder a la compra de vivienda. El Ejecutivo está
elaborando la denominada Ley por el Derecho a la Vivienda por la que la que la oferta se verá seriamente dañada, afectando de forma directa a los precios.


El Gobierno va a destinar 3.295 millones de euros al acceso a la vivienda y el fomento de la edificación, el 46,3 % más que el pasado año. En concreto, para la 'Promoción, administración y ayudas para rehabilitación y acceso a vivienda' se
va a destinar 652 millones de euros en transferencias de capital, concentrando 555 millones a las CCAA para subvenciones estatales de Planes de Vivienda al Bono Alquiler Joven, al cual destinan 200 millones. El Gobierno no ha presentado una memoria
que justifique el reparto de esta cuantía ni el alcance de jóvenes que podrán ser beneficiarios. Ahora bien, tanto la teoría como la práctica demuestran que este tipo de ayudas directas a la demanda de alquiler traen como consecuencia (i) un
incremento de precios de la vivienda, (ii) conductas ilícitas en la declaración de ingresos y (iii) una desincentivación de la actividad laboral.


En cuanto a la construcción de viviendas en alquiler social en edificios energéticamente eficientes se van a destinar 500 millones de euros con fondos del MRR, si bien la ejecución de los mismos dependerá de las CCAA, con lo que las
negociaciones políticas deberán aumentar para la ejecución de las inversiones. Esto aumenta la servidumbre de los gobiernos autonómicos con las decisiones ideológicas del Gobierno, pero también condiciona los acuerdos con los partidos nacionalistas
y separatistas. Mientras se destina esa cantidad para las personas necesitadas que tienen dificultades para acceder a una vivienda, el Gobierno gasta 1.080 millones para rehabilitar edificios públicos.


Asimismo, se van a destinar 1.389 millones de euros a la rehabilitación de viviendas para la recuperación económica y social en entornos residenciales con fondos del MRR, y para 'el cumplimiento de los objetivos 2030 en materia de energía y
clima' como se detalla en la descripción del programa, objetivos que a día de hoy han llevado a pagar la factura de la luz más cara de la historia y ha obligado a muchas empresas a tener que paralizar sus actividades productivas, con el impacto en
el empleo y en la renta disponible.


La falta de previsión del Gobierno, y por tanto, la falta de prudencia en momentos delicados como los que vive la economía española, ha llevado al Ejecutivo a aprobar de forma urgente el Real Decreto-ley 19/2021, de 5 de octubre, de medidas
urgentes para impulsar la actividad de rehabilitación edificatoria


45 https://www.sepg.pap.hacienda.gob.es/Presup/PGE2022Proyecto/MaestroDocumentos/PGE-ROM/doc/l/3/23/3/2/16/N_22_A JR_31_124JL2_3_1335C_C_1.PDF


46 https://www.elmundo.es/economia/2021/10/19/616d71b0fc6c83b8778b4583.html

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en el contexto del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia 47 para poder ejecutar los proyectos contemplados en el PTRT. Si el Gobierno tuviera clara su política, debería haber presentado esta norma como Proyecto de Ley en las
Cortes para su debate y enmienda con el plazo suficiente como para elaborar unos presupuestos predecibles y acordados.


Independientemente de los recursos que se vayan a destinar a promover para el acceso a la vivienda, estos presupuestos destinados a la vivienda nacen inútiles ante la verdadera realidad, que es la necesidad de un incremento de la oferta de
vivienda. Actualmente, las circunstancias que se dan en el mercado inmobiliario son las siguientes:


- La actual regulación desincentiva que los propietarios pongan viviendas en el alquiler y limita la construcción de nuevas viviendas.


- Los problemas de acceso a la vivienda no se circunscriben exclusivamente a los jóvenes o los grupos de población específicos que considera el Gobierno. La dificultad en el acceso a la vivienda y poder pagar el alquiler está en cualquier
familia. Efectivamente, en un entorno de destrucción del empleo privado y de aumento de los impuestos, la capacidad de ahorro de muchas familias se ve reducida, lo que aumenta la vulnerabilidad de muchas familias que no pueden pagar el alquiler.


- Los anuncios del Gobierno sobre la nueva Ley de Vivienda que pretende aprobar, relativos a la intervención en el precio de los alquileres, el impuesto a los pisos vacíos, y la obligación de destinar un 30 % de cada promoción al alquiler
social, amenazan al sector privado. Esto resulta directamente en una reducción de la construcción de nuevas promociones ante la falta de obtención de una rentabilidad que al menos cubra los costes asumidos. En definitiva, inseguridad jurídica y
retracción de la inversión, con su correspondiente impacto en el empleo y en el consumo.


- Por otro lado, en lo que ha vivienda social se refiere la memoria del programa 261N de Promoción, administración y ayudas para rehabilitación y acceso a vivienda contemplaba que para su consecución disponía del Plan Estatal de Vivienda
2018-2021 y del Plan 20.000. No obstante, si se atiende al nivel de ejecución de todas las partidas presupuestarias destinadas a este último plan, a fecha 31 de agosto de 2021, se observa que es igual a cero. Pese a lo expuesto, se incrementa el
presupuesto para este plan en los PGE22 en 15 millones de euros en la partida correspondiente al SEPES.


- En cuanto al programa Ordenación y fomento de la edificación, tiene que una ejecución a fecha de 31 de agosto del 12,79 %, lo que se debe principalmente a la no concesión de las subvenciones presupuestadas. Pese a ello en los PGE22 se
incluyen nuevas subvenciones.


Los anuncios electoralistas del Gobierno para captar el voto joven, la propaganda sobre futuras inversiones que corren el riesgo de no ejecutarse, y la incertidumbre en cuanto a la recepción y reparto de los fondos entre CCAA, son riesgos
evidentes para el futuro cercano de España, el crecimiento económico y los desequilibrios fiscales.


6. La productividad y el producto español.


El Gobierno está acabando con la productividad de la economía española y por tanto con el producto español.


- Por un lado, los costes energéticos a los que tienen que someterse los españoles están disparando los costes empresariales por culpa de la política de la Transición Energética. Algunas empresas han tenido que paralizar sus cadenas de
producción. Mientras otros países como Alemania están recurriendo al carbón para reducir sus costes, España no está tomando ninguna medida de calado más que penalizar los autónomos, PYMES y a las familias.


- El Gobierno no está haciendo nada por atajar los problemas de suministro de bienes intermedios, como es el caso de los microprocesadores, lo que afecta a las cadenas de producción españolas. Reconoce abiertamente que 'no ha realizado
ningún estudio para medir el impacto en la industria española y en el empleo de la crisis derivada del desabastecimiento de semiconductores' 48, lo que pretende justificar afirmando que '[e]l problema del desabastecimiento de semiconductores no es
un problema que pueda ser abordado en clave nacional, sino a nivel comunitario' 49.


47 https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2021-16230


48 Respuesta del Gobierno a iniciativa parlamentaria de 9 de agosto de 2021 con número de registro 146477.


49 Respuesta del Gobierno a iniciativa parlamentaria de 9 de agosto de 2021 con número de registro 146477 y de 12 de agosto de 2021 con número de registro 147455.

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- El nivel de exportaciones de mercancías 50 ha caído sustancialmente desde el año 2019 sin visos de recuperación, mientras que las importaciones siguen siendo superiores a las exportaciones.


- La variación interanual de la productividad por puesto de trabajo equivalente a tiempo completo se sitúa en el -1,1 %. Y la productividad por hora efectivamente trabajada registra una tasa del -9,3 % 51.


- El número de turistas internacionales en España sigue estando en niveles muy bajos 52, sin que la temporada de verano haya mejorado sustancialmente. Ello hace correr el riesgo de perder mercados.


El Gobierno destina 11.316 millones a la industria y a la energía, con un aumento del 1,2 %. El resultado de la política energética y la industrial se ha reflejado en una caída de las exportaciones y una fuerte pérdida de empleo que ha
supuesto el 33 % del total de destrucción de empleo desde 2019.


En política de turismo destina 297 millones de euros, teniendo en cuenta que este sector suponía el 12,4 % del PIB español 53 y que se estima que este año termine suponiendo en torno al 6 %. Según el INE, han cerrado más de 2.000
establecimientos hoteleros desde el mes de agosto de 2019 al mismo mes de 2021.


Por otro lado, la soberanía alimentaria no puede estar en manos de otros países. Los poderes públicos no pueden hacer una dejación de funciones, sino que deben adoptar las medidas que sean necesarias para proteger el producto
agroalimentario español y europeo (que es de gran calidad y respetuoso con el medioambiente) y defender a nuestros agricultores que han demostrado ser un pilar esencial digno de mayor reconocimiento tras la COVID-19. En este sentido, los PGE22
olvidan hacer una defensa del producto español, con una reducción de imposiciones normativas y económicas que aligeren los costes y faciliten la inversión en el sector primario, pudiendo competir así con otros mercados que no tienen dichas
imposiciones.


7. La salud y el sistema sanitario.


Los recursos han sido insuficientes y los sueldos de los profesionales son deficitarios para un sistema nacional de salud que nuestros antepasados nos han otorgado y nosotros hemos ido construyendo.


Por un lado, la gestión sanitaria está transferida casi en su totalidad a las CCAA, con lo que el presupuesto de la sanidad es de 5.434 millones de euros para 2022, aumentando en un 11 %. Sin embargo, para el Ministerio de Sanidad los
recursos destinados caen un 17,3 % hasta los 2.828 millones de euros. Los recursos públicos deben destinarse exclusivamente a mejorar y fortalecer un sistema sanitario único y sin distinciones, reforzando las inversiones y el gasto, así como las
infraestructuras, en especial, de la España rural.


Los PGE22 para Sanidad no tienen en cuenta el hecho de que no se ha declarado extinta la crisis sanitaria, y la epidemia sigue entre nosotros. Aunque atenuada, su evolución no es predecible, y los PGE22, que reconocen en el programa 310B
que la situación' sigue siendo crítica' deberían atender a su control mediante el diagnóstico precoz, la prevención y el refuerzo de la vacunación contra la COVID-19. Esas perspectivas de gasto deberían haber sido analizadas, recogidas,
cuantificadas y asignadas, utilizando el principio de precaución, en vez de ponerse en el escenario optimista que utiliza el Gobierno en la presentación de los PGE22.


El hecho es que la compra de vacunas y su administración se ha realizado tarde, y aunque se ha ejecutado la totalidad del crédito inicial en agosto 2021, el objetivo vacunal se alcanzó tarde, como lo demuestra el fracaso de la campaña
turística, y los miles de fallecidos durante el verano. La imprudencia se refleja en que disminuye el presupuesto destinado a vacunación en un 69 %, y además, se asigna un 54 % del total a terceros países, dejando un 46 % a los españoles. Como
muestra adicional de imprudencia, no se planea ninguna mejora en Red de Hospitales de enfermedades infecciosas de alto impacto, y el Plan Nacional de Respuesta ante Riesgos Biológicos se queda sin plan ni presupuesto. Igualmente, no se contempla
presupuesto para pruebas de autodiagnóstico, mascarillas o plan de secuenciación genómica. En suma, el Gobierno persiste en cometer las mismas imprudencias que desde el inicio de la epidemia. Para 2022 el presupuesto de vacunación cae a la mitad,
con lo que un escenario epidemiológico peor y las posibles eventualidades negativas descritas y alertadas por la AIReF y el Banco de España harían necesario aumentar dicha partida.


50 https://datacomex.comercio.es/Data


51 https://www.ine.es/daco/daco42/daco4214/cntr0221.pdf


52 https://www.ine.es/daco/daco42/frontur/frontur0821.pdf


53 https://www.ine.es/prensa/cst_2019.pdf

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En cuanto a la atención primaria, hay que señalar que el Gobierno presupuesta un 160 % más de dinero para vacunas a terceros países que para la atención primaria a los españoles. Y la propuesta de mejora es para digitalización, apostando
por la medicina virtual, cuando los españoles lo que exigen es que vuelva la medicina presencial, que les permita ser atendidos personalmente por médicos y enfermeras. Mejorar la atención primaria sin duda pasa por la informatización, pero es más
importante una política de personal adecuada. El primer paso es sería disminuir la temporalidad a base de selecciones de personal transparentes, justas y frecuentes.


Precisamente porque VOX defiende la sanidad pública, demostramos con cifras que estos PGE22 son la continuación del desmantelamiento de la misma, sin atender a las verdaderas necesidades que tiene el sistema en términos de recursos, avances
médicos y eficiencia en los procesos.


8. La protección social.


El Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 es, junto con el Ministerio de Igualdad, el paradigma del gasto público al servicio de objetivos ideológicos. Con más de 23 millones de euros, el objetivo que se persigue con la Agenda 2030
es destinar fondos a chiringuitos ideológicos, tal y como se aprecia con el incremento de la partida de subvenciones directas. Además, se constata la ausencia de resultados positivos que ha experimentado el país desde que se pusieron en marcha los
objetivos marcados por dicha Agenda.


Por otro lado, el Gobierno destina más de 360 millones a 'otros servicios sociales', esto es, el desarrollo de un conjunto de actuaciones diseñadas para mantener un Sistema público de servicios sociales de atención primaria que dé cobertura
a las necesidades sociales que puedan manifestarse en el ámbito personal, familiar y social. Sin embargo, resulta evidente que, pese al incremento constante de los fondos destinados a este objetivo, no se terminan de cumplir los fines del programa.
Dichos fondos sirven para financiación de asociaciones progubernamentales, de los cuáles solo unos pocos gozan y que no son de utilidad para paliar las situaciones negativas que viven las familias de España. A título de ejemplo, miles de españoles
en situación de dependencia mueren cada año esperando que el Estado les brinde las ayudas que necesitan, y el aumento presupuestario en este sentido, en un contexto de constante incremento de las personas mayores y con discapacidad, seguirá siendo
insuficiente. Máxime si el crecimiento de la dotación presupuestaria no va aparejado de una modificación del sistema que asegure que los fondos no se filtrarán entre los resquicios de la burocracia y la inequidad entre comunidades autónomas.


Por otro lado, a pesar de que el Ingreso Mínimo Vital (IMV) fue concebido como la herramienta central para impulsar un modelo innovador de 'crecimiento inclusivo' en España, hasta la fecha su implementación ha sido un fracaso. Según las
estimaciones del Gobierno en el momento de su aprobación (mayo de 2020), alcanzaría a 850.000 hogares beneficiarios, en los que viven más de 2,3 millones de personas. Sin embargo, según los últimos datos publicados, los resultados han sido muy
inferiores, alcanzando sólo a 316.000 hogares y a 800.000 personas en el mes de septiembre de 2021; es decir, sólo un 37,18 % de los hogares y un 34,78 % de las personas inicialmente previstas. A pesar de ello, el Gobierno sigue engordando los
presupuestos con 97 millones de euros provenientes del MRR.


Además, el Gobierno destina 6 millones de euros a los Derechos de los animales. Nadie niega la realidad de la importancia de cuidar y respetar a los animales. Sin embargo, este programa de gasto es sectario e ideológico. Por medio de
estas políticas públicas se eleva al animal a la categoría de persona, destinando más esfuerzos físicos y económicos a defender a los animales que a las familias de nuestro país. Las medidas ejecutadas no han dado los frutos perseguidos por el
Gobierno y por ello el incremento presupuestario no responde a una necesidad real.


Todo ello pone de manifiesto la clara intención del Gobierno de imponer, de forma encubierta a través de los PGE, su agenda ideológica. Las políticas que implementan por medio de estas partidas presupuestarias resultan en muchos casos
ineficientes, y es por ello que el incremento presupuestario es ocioso. Resulta sorprendente, no sólo por la reducción del 28 %, sino también porque, en el grupo de programas 231 'Acción Social', representa solamente el 0,28 % del total del gasto
de este grupo de programas. En particular, contrasta escandalosamente con los 570 millones de euros dedicados al programa 231H. 'Acciones en favor de los inmigrantes', que representan, en cambio, el 90,15 % del total del gasto de este grupo de
programas.

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9. La protección al contribuyente.


La AEAT recibe de los PGE22 un total de 1.212,46 millones de euros. Por el lado de la protección al contribuyente, que siempre es visto con una presunción de culpabilidad, 'el componente 27 del Plan de Recuperación, Transformación y
Residencia, 'Medidas y actuaciones de prevención y lucha contra el fraude fiscal', que busca precisamente evitar nuevas formas de fraude fiscal, incrementar la eficacia del control tributario, incentivar el cumplimiento voluntario por el
contribuyente de sus obligaciones tributarias, avanzar en el cumplimiento cooperativo, e incorporar reformas que se ajusten a las acciones adoptadas en ámbito internacional', no encuentran, sin embargo, medidas presupuestarias enfocadas en dotar al
ciudadano de más información.


El sistema tributario español se está convirtiendo cada vez más en un complejo galimatías difícil de entender por buena parte de los ciudadanos españoles, que tienen que recurrir a asesores especializados en la materia. En muchos casos,
contribuyentes honrados son castigados por la AEAT con motivo de despistes o falta de información, siendo en la mayoría de los casos sanciones que lastran las economías familiares y empresariales. Además de crear un nuevo sistema tributario que no
desincentive el cumplimiento de las obligaciones fiscales, es necesario dotar de un marco jurídico para la protección del contribuyente como imperativo para defender al verdadero financiador del conjunto de gasto público español.


10. La seguridad y la Defensa de España.


El Gobierno quiere aumentar la dotación de la política de Seguridad Ciudadana e Instituciones Penitenciarias con casi 455 millones de euros más hasta los 10.149 millones, fundamentalmente con mayor aportación europea. El Gobierno destinará
7.118 millones de euros a Seguridad Ciudadana.


En términos generales, el incremento es insuficiente en relación con otros ministerios. Lo más destacable de la deficiencia en la presupuestación de esta política es:


- En materia de víctimas del terrorismo realiza una política populista, manteniendo el presupuesto del ejercicio anterior, que se limita al otorgamiento de subvenciones a las fundaciones y asociaciones sin ánimo de lucro cuyo objeto sea la
defensa y protección de los derechos de las víctimas del terrorismo, así como las indemnizaciones a personas afectadas por atentados terroristas. Sin embargo, en el presente proyecto no se refleja el establecimiento de medida alguna que permita
esclarecer los casi 400 crímenes de la organización terrorista ETA que a día de hoy están sin resolver.


- Engañoso en cuanto a medios propios para Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, pues más allá de las inversiones en helicópteros para Policía Nacional (PN) y Guardia Civil (GC), y vehículos para la GC, el resto de las partidas
relativas al resto de material necesario para el desempeño de sus funciones.


- Falta de inversión en reparaciones, mantenimiento y conservación, la cual se mantiene respecto del ejercicio anterior.


- En materia de Seguridad Ciudadana el Ministerio ha reducido en un 4 % el presupuesto de la Dirección General de la Policía Nacional (DGPN).


- Y, además, se olvida de la necesaria igualdad de las retribuciones salariales de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado respecto de las Policías Autonómicas, solicitada por este Grupo Parlamentario a través de una proposición de ley
que fue rechazada por los grupos parlamentarios que sustentan el Gobierno de coalición.


Por otro lado, el Gobierno mantiene prácticamente inalterado el presupuesto para Centros e Instituciones Penitenciarias en 1.272 millones de euros. No es comprensible que no exista un aumento de la inversión para dotar de más material a los
funcionarios de prisiones, y que otro año más van a sufrir el abandono por parte del Ejecutivo. Los funcionarios necesitan medios de defensa adecuados para desempeñar sus funciones, ante las innumerables agresiones que han sufrido a lo largo de
este año. Visto el deplorable estado de las comisarías del CNP -con una edad media que se aproxima a los 45 años- y de los cuarteles de la GC, es preciso que desde el Ejecutivo se adopten las medidas tendentes a que las FCSE tengas las
infraestructuras idóneas para el ejercicio de tan importantes funciones que les han sido encomendadas. Si bien existe el Plan Director de Infraestructuras Inmobiliarias 2014-2023 y el Plan de Infraestructuras para la Seguridad del Estado 2019-2025
no se está ejecutando adecuadamente, ya que se desconoce el porcentaje de efectividad y de realización de dichos planes y la realidad es que el

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estado de las infraestructuras de las FCSE es deplorable de forma general. También se desconoce el porcentaje de ejecución previsto para el próximo curso ni qué actuaciones concretas están previstas en los PGE22. Además, en estos
presupuestos se puede observar la falta de inversión en reparaciones, mantenimiento y conservación, ya que se mantiene respecto del ejercicio anterior.


- No se recoge en el proyecto medida alguna que venga a solventar un mal endémico que se repite año tras año como es la gestión sanitaria penitenciaria pues la carencia de médicos es instituciones penitenciarias es palmario.


- No se recogen medidas para conseguir una equiparación salarial de los funcionarios de prisiones dependientes de Instituciones Penitenciarias respecto de los funcionarios de las CCAA que tienen cedidas las competencias como Cataluña y a
partir del año que viene el País Vasco.


- Ni rastro de medidas que permitan el reconocimiento de los funcionarios de prisiones como agentes de la autoridad al igual que los miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.


En política de defensa, el presupuesto del Ministerio sigue siendo insuficiente ya que viene de niveles históricamente muy reducidos. El aumento de 720 millones de euros no soluciona los más de 40.000 millones de euros que la Sección tiene
paralizados y relativos a Programas Especiales de Modernización. Así, la insuficiencia del presupuesto se manifiesta en que dicho programa supone casi el 30 % del total de la Sección, y unido al gasto en personal (60 %) hace que el Departamento no
tenga capacidad de acometer nuevas inversiones y tampoco mejorar las condiciones laborales de los miembros de las Fuerzas Armadas (FAS). Un buen indicador es el esfuerzo en Defensa per cápita. España está a la cola de la inversión en defensa per
cápita en Europa Occidental con unos 372 dólares por habitante, según el Instituto Internacional de Investigación para la Paz de Estocolmo (Sipri). De hecho, en esta área geográfica, solo invierten menos que España países como Malta (182) e Irlanda
(231). El resto de los países de nuestro entorno, como Portugal o Grecia, invierten 455 dólares por habitante en el caso portugués y 508 en el caso griego. Noruega pasa de los 1.300 dólares por persona y nuestros vecinos más cercanos, Francia y
Reino Unido, destinan 808 y 872 dólares respectivamente. Sin un aumento considerable del presupuesto de la Sección, no será posible defender nuestros intereses nacionales con éxito.


En definitiva, los PGE 2022 incluyen una asignación de recursos para el Ministerio de Defensa claramente insuficiente. Como consecuencia, España es el último país de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) en esfuerzo en
Defensa, tan solo por delante de Luxemburgo.


Si se quiere articular un presupuesto de Defensa sostenible en el tiempo y mejorar las condiciones profesionales de nuestros soldados, se torna imperativo un incremento presupuestario a la altura de la posición estratégica de nuestro país.
Con el esfuerzo de Defensa por debajo del 1 % del PIB es imposible conseguir un mantenimiento adecuado de los sistemas y del personal de nuestras Fuerzas Armadas. El aumento del presupuesto, por tanto, no es solo una necesidad estratégica -habida
cuenta del incremento de la inversión en defensa del que estamos siendo testigos-, sino un acto de justicia que permita dignificar la vida de los hombres y mujeres que visten el uniforme castrense. No se puede olvidar que las retribuciones de los
miembros de las FFAA son significativamente inferiores a la del resto de servidores públicos, por lo que exigimos la dignificación económica de sus retribuciones con el horizonte de llevar a cabo una adecuación salarial con el resto de los miembros
de los fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Asimismo, no debemos olvidar la problemática de la temporalidad en las FFAA que obliga a los militares a abandonarlas cumplir 45 años.


Por este motivo, es necesario que se destine a la Defensa Nacional en los Presupuestos Generales del Estado una cuantía económica anual no inferior al dos por ciento del Producto Interior Bruto 54. Resulta incomprensible que España vaya a
ser sede de una cumbre de la OTAN para el año 2022, sin que incluya en sus presupuestos generales los requerimientos acordados por los miembros la Alianza Atlántica en la Conferencia de Cardiff.


11. La protección de los españoles frente a la amenaza migratoria.


Los mayores incrementos del presupuesto del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones están en los programas: 231H. 'Acciones en favor de los inmigrantes' (un 34,42 %); 232E. Análisis y definición de objetivos y políticas
de Inclusión (un 29,38 %); y 291M. 'Dirección y Servicios Generales de


54 De esta forma, España cumpliría con el esfuerzo en Defensa acordado en la Conferencia de Cardiff de la OTAN para el año 2024.

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la Inclusión, de la Seguridad Social y de la Migración' (un 17,59 %), todos directamente vinculados con el apoyo a la inmigración.


En particular, destacan los 570 millones de euros dedicados al programa 231H que representan, en cambio, el 90,15 % del total del gasto de este grupo de programas y aumenta respecto al ejercicio 2021 en torno a 120 millones de euros.
Mientras, las ayudas a favor de los emigrantes se mantienen congelada en 60 millones de euros.


El Gobierno ha creado con los fondos del PTRT el programa 'Incremento de la capacidad y eficiencia del sistema de acogida de solicitantes de asilo' dotado con 61 millones de euros. Además, con respecto al programa del Ministerio del
Interior 131P 'Derecho de asilo y apátridas', el Gobierno aumenta el presupuesto un 27 % hasta alcanzar los 16,1 millones de euros.


Con respecto al desarrollo de centros de acogida para inmigrantes 55, aumenta el presupuesto en 10 millones para servicios asociados a 3 nuevos centros propios y 55M adicionales del PRTR para desarrollo inmobiliario de nuevos centros. Se
destinan además 100 millones de euros a un nuevo concierto social para sustituir el modelo actual de subvenciones. Se dotan 50 millones de euros más para una encomienda de gestión con Canarias y 30 millones para acogida de refugiados.


El Gobierno reconoce que 'la decisión sobre la localización de los nuevos centros responde a un análisis estratégico previo y pretende hacer frente al reto demográfico' por lo que su objetivo es 'dinamizar regiones afectadas por la
despoblación', de tal forma que no oculta el efecto llamada que provocan sus medidas y por las que pretenden mitigar los problemas estructurales que sufre España y que a los que los gobiernos anteriores han contribuido.


La política migratoria del Gobierno está poniendo en peligro, entre otras cosas, la sostenibilidad del Estado del Bienestar en España, provocando un efecto llamada por motivo de ayudas y subvenciones y no por atracción de profesionales
demandados. España tiene una tasa de paro de casi el 15 %, un déficit público inasumible y una deuda que difícilmente podrá ser pagada en décadas. Nuestro país no puede asumir la política migratoria del Gobierno mientras miles de autónomos no
reciben ayudas para mantener sus negocios.


Además, no se incorporan medidas adecuadas para hacer frente a las nuevas modalidades delictivas, así como a la radicalización de la violencia. Con estos Presupuestos, el Gobierno da la espalda a combatir la violencia y delincuencia aneja a
la inmigración ilegal, pues no se recogen medidas efectivas que garanticen la protección de nuestras fronteras e integridad territorial frente a las invasiones de inmigrantes ilegales, como es el caso de Ceuta, que en mayo de este año vivió sufrió
una de más de 10.000 inmigrantes ilegales y que, a día de hoy, siguen deambulando por nuestra Ciudad Autónoma más de 700 MENAS, haciendo de ella una ciudad en la que reina el caos y la inseguridad.


Para frenar la avalancha de inmigración ilegales que está sufriendo actualmente España, es preciso que el Ejecutivo otorgue a las FCSE los medios adecuados. Concretamente, se deben destinar los recursos suficientes al Sistema Integrado de
Vigilancia Exterior de la Guardia Civil para así acometer la lucha contra el terrorismo yihadista y afrontar la crisis de inmigración ilegal que sufre España. Sin embargo, en los PGE no se destinan más fondos a este sistema y, por ende, no se
garantiza la integridad de nuestras fronteras y la soberanía nacional.


Esta creciente y descontrolada inmigración ilegal no es presupuestariamente contemplada con la intensidad que requiere la situación expuesta, es decir asegurar nuestras fronteras, perseguir eficazmente a las mafias, y agilizar las políticas
de retorno de los procedimientos de repatriación y expulsión de nuestro territorio nacional de los inmigrantes ilegales.


12. La verdadera conservación y mejora de la naturaleza y sus recursos.


El Gobierno confunde la sostenibilidad del medio ambiente, la conservación de la naturaleza y el buen uso de los recursos con la política ideológica basada en la ingeniería social para determinar la mal denominada transición ecológica. La
premisa fundamental sobre la base de la cual ha actuado el globalismo desde comienzos de siglo se ha fundamentado en el discurso del calentamiento global y el cambio climático provocado por la acción única del hombre, culpabilizando a su forma de
vida y su actividad económica.


55 EL MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES EN LOS PGE DE 2022 https://www.lamoncloa.gob.es/serviciosdeprensa/notasprensa/inclusión/Documents/2021/141021-PGE2022-Inclusion.pdf

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Con la firma del Acuerdo de París se consolidó esta tendencia y la izquierda mundial ha tratado de imponer a las sociedades sus principios rectores. La Agenda 2030 intenta ejecutar dichas directrices con la creación de ministerios y
políticas a tal efecto, sin conseguir ningún resultado además de la imposición de normas que aumentan los costes de las familias y empresas, perjudica al sector primario y destruye el tejido social tradicional. Por su parte, el Gobierno ha
conseguido generar una red clientelar de organizaciones que se nutre del dinero del contribuyente con el fin de ser altavoz de las políticas públicas del del Gobierno socialista. Mientras, el medio ambiente sufre con la acción del Ejecutivo.


- Se ha abandonado, cuando no perseguido, a la tauromaquia y a la caza, dos actividades que mantienen el cuidado del medio ambiente y el control natural de las especies.


- Se perjudica a la agricultura, la pesca y la ganadería como actividades tradicionales de conservación del medio natural.


- Se ha eliminado los incntivos para cuidar el campo y los terrenos forestales con la justificación de que se autorregula.


El Gobierno ha plasmado su Agenda en el PTRT de forma que va a destinar el próximo año un total de 2.086 millones en programas relativos al componente 4 y 5 para el medio ambiente y los recursos naturales. Los programas asociados al MRR del
PGE21 no han tenido ninguna ejecución a agosto del presente ejercicio.


A ello hay que sumarle los fondos nacionales destinados a gestión e infraestructura del agua por valor de 1.155 millones de euros, un programa de gastos que hasta agosto de 2021 ha tenido un nivel de ejecución del 31 %.


Estos presupuestos no apuestan por la verdadera protección del medio ambiente y el uso racional de los recursos que la naturaleza nos brinda. Contemplan miles de millones presupuestados con el fin de financiar políticas ideológicas a fines
al Gobierno de coalición. Apostar por una verdadera política medioambiental es clave para el crecimiento económico, la competitividad y el bienestar de los españoles.


13. La reindustrialización y la soberanía energética.


En línea con los argumentos expuestos en el motivo '6. La productividad y el producto español' la industria española está sufriendo la política económica del Gobierno en términos de viabilidad y desarrollo. A lo largo de los años, los
diferentes gobiernos se han olvidado de hacer una política económica que favorezca la permanencia de empresas industriales, la atracción de inversiones y de nuevos desarrollos productivos con los que establecer un modelo de crecimiento basado en
alto valor añadido. Los créditos presupuestarios asignados, sin una evaluación constante sobre su efectividad, han sido ineficientes y no han conseguido establecer un tejido industrial fuerte que compita más allá de los costes laborales, lo que ha
llevado a graves procesos de deslocalización en otros países sin los más mínimos estándares democráticos y de derechos humanos.


Como se ha indicado, la industria española se enfrenta a muchos desafíos, destacando dos que el Gobierno no incorpora en el escenario de los PGE22, y que han sido advertidos por la AIReF y en Banco de España.


1. Por un lado, los problemas de suministro de bienes intermedios, como es el caso de los microprocesadores, lo que afecta a las cadenas de producción españolas. A esto se puede sumar la falta de materias primas, contenedores e incluso de
profesionales del transporte.


2. Los altos precios de la energía que pueden sostenerse en el tiempo más allá de lo previsto, con las implicaciones en la demanda nacional y en los costes de la oferta.


En ambos casos, muchas industrias han tenido que paralizar su actividad temporalmente. Lo que se teme es la persistencia de este hecho y los riesgos que supone para la viabilidad de las empresas y la pérdida de cuota en los mercados, y
dificulta la pretensión del Gobierno de que la aportación de la industria al PIB español alcance el 20 %.


El Gobierno pretende destinar para el próximo año 11.316 millones de euros a la política industrial, de los cuales algo menos de la mitad, 5.477 millones corresponden al MRR, cifras similares a las del ejercicio 2021. Por un lado, como se
ha indicado todo éxito en la aplicación de los fondos del MRR depende del cumplimiento de compromisos del Gobierno con la Comisión Europea, así como la adecuada adjudicación y ejecución de proyectos.

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Por otro lado, los recursos nacionales destinados a la industria siguen sin ser reevaluados, condenando su ineficiencia a años posteriores. Todo ello, sigue añadiendo incertidumbre a la industria española que después en esta crisis necesita
el respaldo e impulso de un sector público responsable.


Los programas de 2021 asociados al MRR para la industria sólo han beneficiado hasta agosto a la entidad pública empresarial RED.ES. con más de 155 millones de euros y cerca de 120 millones para universidades públicas, muy lejos del tejido
industrial privado.


El Fondo de Apoyo a la Inversión Industrial Productiva, encomendada a la empresa pública SEPI Desarrollo, Empresarial (SEPIDES), sustituye al programa Reindustrialización y Fortalecimiento de la Competitividad, y destina 650 millones para
proyectos que estén en línea con Industria Conectada 4.0. y en actividades orientadas a la sostenibilidad ambiental, suponiendo una restricción para muchas empresas y mayores costes de cumplimiento. Este fondo que fue dotado con 600 millones de
euros en 2021 no ha tenido ejecución con información hasta agosto.


Asimismo, el programa de Reconversión y Reindustrialización tiene créditos que ascienden a 707 millones de euros, prácticamente el mismo presupuesto que en el ejercicio 2021, del cuál solo se ha ejecutado en los primeros ocho meses del año
un 5 %.


Por otro lado, el Gobierno va a destinar un 40 % menos a la política energética con 3.817 millones de euros, de los cuales 2.766 son del MRR, sin que se vayan a conseguir avances en materia de soberanía energética. La independencia de
países suministradores de fuentes de energía fósil es delicada por los problemas geopolíticos que muchas veces sufren, con la afectación en precios y cantidades. Esta soberanía energética debe consistir tanto en la capacidad para ordenar el mercado
en atención a la realidad de nuestro 'mix' energético y cuidar las necesidades reales de los españoles.


Sin embargo, a fecha actual, las energías renovables no solo no están impulsadas de forma eficaz, sino que se está creando una inseguridad jurídica que aleja las inversiones extranjeras. En este sentido, el Real Decreto-ley 17/2021, que
minora las retribuciones de las centrales no emisoras se valoró negativamente en los mercados internacionales.


Las medidas adoptadas para la 'transición energética' nos han llevado a que en determinadas horas del día se tenga que comprar energía nuclear a Francia y carbón a Marruecos, lo que evidencia la incapacidad del Ejecutivo de promover la
soberanía energética. Mientras tanto, las centrales nucleares, que aportan firmeza al sistema eléctrico y no emiten CO2, piden soluciones urgentes para no verse abocadas a un cierre anticipado por tener que producir a pérdidas.


Estos presupuestos pueden suponer la condena a la industria española por las exigencias normativas relacionadas con la Agenda 2030, la falta de medidas para asegurar el adecuado suministro de bienes intermedios, el aumento de los impuestos y
la falta de evaluación en las políticas de gasto, que son ineficientes. Junto a todo ello, se está produciendo un ahondamiento en la dependencia energética del extranjero, en muchos casos inestable geopolíticamente, generará daños estructurales en
la capacidad de crecimiento económico, en la generación de empleo y en la sostenibilidad de las cuentas públicas. Y la plasmación de todo ello está en los PGE22.


14. La construcción de una Unión Europea fuerte.


España no está contribuyendo a construir una Unión Europea que sea capaz de respetar las identidades nacionales y que compita al mismo tiempo a nivel mundial en términos económicos, de defensa estratégica y relaciones comerciales.


Uno de los motivos por los que España no está cumpliendo con la construcción de una UE fuerte es el daño que hace a través del incumplimiento sistemático del Pacto de Estabilidad y Crecimiento de la UE. Desde que España entrara en la Zona
Euro, esta es la segunda ocasión que se está poniendo en riesgo la viabilidad del proyecto europeo. Así, España tiene uno de los mayores niveles de déficit estructural y de deuda pública, aportando cerca del 25 % de los nuevos parados en el periodo
de crisis de la COVID-19.


Por otro lado, como se ha indicado en el punto sobre los fondos del NextGen-EU, España está poniendo en riesgo dicho plan al no preverse la aprobación en tiempo y forma de las reformas comprometidas, y está en riesgo la eficiencia de los
fondos destinados a proyectos que, además, están llegando tarde.


Por el lado de la Política Agraria Común (PAC), el presupuesto aprobado en el 2021-2027 para toda la UE será de 336.444 millones de euros constantes frente a los 382.850 de la PAC actual. Si se añaden los 7.500 millones extraordinarios del
Fondo de Recuperación, la cifra sería de 343.944 millones de euros. Esto supone un recorte de aproximadamente un 10 %. En los pagos directos y medidas de mercado

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(primer pilar) el recorte es del 9,6 % y en Desarrollo Rural (2.º pilar), el recorte es del 11 % en euros constantes.


Todas las organizaciones profesionales agrarias y cooperativas españolas han rechazado de forma unánime el recorte presupuestario del 10 % aprobado por Bruselas para la nueva PAC durante el periodo 2021-2027, ya que esta supondrá más
burocracia y más obligaciones y menos dinero para el sector y menos oportunidades para que se produzca el relevo generacional en el campo.


15. Las relaciones internacionales.


El Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación tiene un presupuesto no financiero para el año 2022 de 2.410 millones de euros, siendo el programa en Cooperación para el Desarrollo en más significativo con 780 millones de
euros. En este programa es dónde se dan las subidas más significativas de todo el presupuesto del Ministerio, especialmente en la AECID en sí misma. Estas subidas se dan especialmente en las subvenciones a ONGs, y a los proyectos de Ayuda Oficial
al Desarrollo (AOD) ya mencionados. La lectura política de estas subidas no puede ser otra que la intención del Gobierno de complacer al sector de la Cooperación, ya de por sí muy afín, y de aumentar la participación española en las organizaciones
multilaterales de desarrollo. Este incremento se debe, en gran medida a las donaciones internacionales de vacunas (+293 millones de euros). Pero se abre un importante riesgo de gran magnitud, ya que los partidos del gobierno vienen propugnando el
aumento de Cooperación hasta el 0,7 % del PIB en AOD, esta sería una forma de consolidar un crecimiento 'con trampa', al aprovechar la excepcionalidad de las donaciones de vacunas en el presupuesto 2022 para, a futuro, destinar ese volumen a sus
chiringuitos y subvenciones ideológicas.


Por el lado de la Acción Exterior del Estado en el exterior se dota con 854 millones de euros, una cantidad similar a la del ejercicio 2021, si bien es destacable que se mantienen los objetivos de colocación de españoles en organismos
internacionales y las contribuciones voluntarias a estos, que, sin embargo, no han producido resultados por el momento.


16. La España rural.


Uno de los principales desafíos de España es la falta de natalidad, y por ende un crecimiento vegetativo escaso que se ha convertido en negativo desde el ejercicio 2017, hasta llegar a tasas del -3,23 % en el ejercicio 2020. Como se ha
indicado, este problema estructural afecta al devenir de la prosperidad española y el futuro de nuestra Nación. Ningún Gobierno ha hecho nada en lo relativo al incentivo a la natalidad y el apoyo a las familias. Dos son las principales fuentes de
incertidumbre sobre la evolución futura de la población en España:


- La política en contra de la vida a través del aborto.


- La sustitución de la natalidad de españoles por la atracción de inmigrantes con efectos llamadas que no atraen empleos cualificados sino rent-seekers o buscadores de rentas públicas.


Esta situación es especialmente gravosa para la España rural. Nuestro país ha experimentado a lo largo de los años un proceso de concentración de la población en las grandes ciudades motivado por los nuevos procesos productivos, lo que es
un hecho lógico de las sociedades avanzadas. Ahora bien, los distintos gobiernos han concentrado de forma ineficiente los recursos en los nuevos sistemas productivos dejando a un lado la importancia que tienen los procesos tradicionales en las
zonas rurales de España, lo que aumenta el proceso de despoblación en dichas zonas que suponen el 80 % de nuestro país.


El denominado por el Gobierno como 'reto demográfico' ha sido hasta la fecha para este Gobierno poco más que un eslogan propagandístico y un pretexto para la creación de nuevos organismos burocráticos. El Real Decreto 139/2020, de 28 de
enero, estableció una Secretaría General para el Reto Demográfico, integrada en el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.


Las Directrices resultan deficientes conceptualmente, y aunque la dotación en el proyecto de PGE22 haya aumentado, se confirma que el 'reto demográfico' ocupa un lugar muy bajo en las prioridades de este Gobierno debido fundamentalmente a
que la ejecución de su Servicio 14 ha sido hasta agosto del 20,4 % lo que evidencia la dejadez el Gobierno con el mundo rural y confirma la campaña de marketing político.


Una de las muestras más evidentes de la carga ideológica en el apoyo al medio rural es el gasto en Promoción y Actuaciones de la mujer rural, donde se incrementa la partida un 50 % hasta el 1,5 millón de

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euros en 2022, con una clara discriminación al hombre, que destaca por su nula ejecución en el ejercicio 2021, por tanto, sin demanda social, con lo que debería ser aprovechado para otros fines más eficientes.


Por último, en los PGE22 no se plasman medidas para crear un entorno favorable a la inversión o al emprendimiento en el sector agrario y ganadero. A ello hay que añadir que gran parte de este presupuesto estará fuertemente condicionado a
los dictados de la agenda 2030 y las obligaciones en materia medioambiental, que suponen barreras y mayores costes para toda la actividad desarrollada en áreas rurales.


17. La libertad de expresión.


Desde que llegó el PSOE al Gobierno, la Radio y Televisión Española (RTVE) tornó de forma abrupta a un modelo ideologizado y a una herramienta para con los intereses del Gobierno. La dotación presupuestaria disminuye a 443 millones de
euros. A pesar de ello, la cuantía continúa siendo elevada y los datos de audiencia están siendo muy bajos. En septiembre el Presidente del Consejo de Administración de la Corporación RTVE manifestó que la audiencia del ente se encuentra en
'mínimos históricos' pero consideraba que está 'muy por encima' de lo que arrojan las mediciones oficiales que se emplean para conocer la audiencia de los medios.


Cualquier empresa audiovisual que no tenga el incentivo público soportado por todos los contribuyentes, se vería abocado al cierre. La concentración de los dirigentes de la entidad en destinar sus recursos para la propaganda reduce de
manera significativa la calidad y la rentabilidad de la empresa.


Por otro lado, el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) ve aumentado sus ingresos en casi 2 millones de euros, lo que supone un incremento del 21,5 % con respecto al ejercicio presupuestado para 2021. Un centro dirigido por una
persona que pertenece a la ejecutiva del partido del Gobierno cuya independencia queda en entredicho y que ofrece una información estadística a los ciudadanos con un componente manipulador que afecta a la libertad de expresión recogidos en el
artículo 20 de nuestra Carta Magna.


18. La familia.


El apoyo a las familias debería ser una prioridad, que ningún gobierno de la democracia ha puesto en práctica en su agenda política, aunque de forma electoralista lo hayan anunciado. El resultado, como se ha indicado, es un crecimiento
vegetativo negativo, un grave problema en la sostenibilidad de las pensiones y la amenaza constante de las políticas del Gobierno para atraer al tipo de inmigrante que busca obtener ayudas del sistema público.


Con respecto al apoyo a la infancia, que no a la familia, el Gobierno va a destinar 35 millones de euros para la acogida de MENAS en lugar de los 5 millones del ejercicio 2021, si bien dicho gasto está pendiente de ser ejecutado ya que hasta
agosto no existen obligaciones reconocidas netas. Sumando el conjunto de los PGE22 para MENAS, el gasto previsto para 2022 será de 127 millones incluyendo los fondos del PRTR, mientras que para el ejercicio 2021 fue de 32,7 millones, que, por
cierto, hasta agosto están pendiente de ejecutarse. Este es un claro ejemplo de la deriva de las políticas migratorias del Gobierno socialista de Pedro Sánchez Pérez-Castejón, que continúan sin ejercer responsabilidad alguna frente a uno de los
principales problemas de nuestro país, provocando un auténtico efecto llamada y haciendo de España el primer estado europeo en la recepción efe inmigrantes ilegales.


Otras de las partidas en favor de las familias es la destinada por la Seguridad Social para la protección de las familias, con una dotación de 1.402 millones de euros, para financiar las prestaciones no contributivas. Una cantidad
prácticamente igual se presupuestó para el ejercicio 2021 con una ejecución de hasta agosto del 89,14 %, lo que refleja la demanda social de este gasto y lo insuficiente de su dotación.


En definitiva, estos presupuestos no protegen ni ayudan a las familias para sus proyectos de vida, ni para el aumento de la natalidad. Sólo favorecen la sustitución de españoles por inmigrantes con campañas de propaganda que pueden suponer
serios riesgos para la sostenibilidad de los servicios públicos esenciales y para la sostenibilidad financiera.


19. La dignidad humana.


Desde hace muchos años desde gobiernos de distintos signos se ha consolidado la cultura de la muerte. Este gobierno continúa en esa misma estela. Los subterfugios del Gobierno para conseguir eludir

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la condición del ser humano son inversamente proporcionales a sus capacidades para afrontar el futuro de la Nación con esperanza, libertad y prosperidad. Por un lado, el Gobierno se apoya en grupos filo terroristas e independentistas para
promover y aprobar leyes en contra de la vida. Por otro, evita cuantificar los costes económicos que tiene para los contribuyentes este tipo de acciones.


El Grupo Parlamentario Socialista presentó en las Cortes Generales la Proposición de Ley Orgánica de regulación de la eutanasia, tramitación gracias a la cual el Gobierno se ha ahorrado el trámite de tener que presentar una Memoria de
Análisis de Impacto Normativo (MAIN), en la que se debería recoger el impacto económico y presupuestario de la norma. Esta proposición de Ley, que finalmente se ha aprobado como Ley Orgánica 3/2021, de 24 de marzo, de regulación de la eutanasia,
tiene un impacto oculto en los presupuestos, esto es, se reparte entre las partidas de Sanidad sin programa o subconcepto propio. La repercusión económica se cede a las CCAA ya que son las competentes en la materia de Sanidad, sin embargo, no se
reconocen impactos presupuestarios en la misma ya que como dice la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo de la Comunidad de Madrid en su memoria de análisis sobre la aplicación de la Ley, 'el decreto no tiene impacto presupuestario, pues el
coste derivado de su funcionamiento se imputará al presupuesto de la Consejería sin que suponga ningún incremento del gasto por ningún concepto, contando con los medios materiales y humanos ya adscritos' 56.


Lo mismo sucede con la Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo. No tiene sentido la aplicación de una Ley que cuenta con una red clientelar de clínicas privadas
subvencionadas con el dinero de los contribuyentes y que, en términos económicos, no genera ninguna externalidad positiva, bien al contrario, retrae la población, va en contra de lo que el Gobierno denomina Reto Demográfico y no contribuye al
sistema de las pensiones. La práctica del aborto en España está impulsada por los gobiernos de las CCAA, con competencia en la materia, que financian a las clínicas abortistas privadas para la consecución de los objetivos de la ideología
socialistas con los recursos de todos los contribuyentes.


Además, esta política del Gobierno en contra de la vida no debe generar un efecto llamada de extranjeros ('turismo sanitario') con el consecuente aumento de costes. Este aspecto económico es, no obstante, el de menor importancia, ya que las
repercusiones cualitativas sobre la sociedad generan daños irreparables en el largo plazo. Por tanto, estos presupuestos no corrigen, sino que continúan con las políticas en contra de la dignidad del ser humano.


Octavo. Por la defensa de España y de los españoles


A lo largo de las décadas, los mayores de hoy y sus antepasados han construido la España que disfrutamos en el presente. Un sistema que nos permite tener una privilegiada infraestructura sanitaria, educativa y de seguridad con respecto al
resto de países. Sin embargo, la inversión en mantenimiento de estos servicios debe ser más eficiente y mejor aprovechada para ofrecer mejores servicios a los españoles. Con este Gobierno, el riesgo real ya no es la mejora de los servicios
públicos esenciales, sino la supervivencia de estos en el medio y largo plazo. Mantener la sostenibilidad en el largo plazo de los servicios básicos, de protección pública y de promoción social en España debe ser un imperativo para cualquier
gobernante. Los desequilibrios estructurales en los que el Gobierno está sumiendo a los españoles serán difíciles de superar si no se corrigen las decisiones de política económica, y concretamente, sino se corrige la estrategia de política fiscal
que se está llevando a cabo.


Con el empeño del Gobierno de seguir aplicando su ideología a toda acción económica, se generarán serias rigidices en los mercados de factores, tensionando el ajuste de la oferta y la demanda con repercusión en precios y cantidades. Por
ejemplo, con la aprobación de los PGE22, esto podrá darse en el mercado de la vivienda, en el mercado laboral, el mercado eléctrico, etc.


En este sentido, el Gobierno está mellando la capacidad del sector privado para aumentar y mejorar la capacidad productiva española. Sin el adecuado dinamismo de la economía privada, la financiación de los servicios públicos no podrá
sostenerse, y estos PGE22 son un riesgo para ello. Con un 15 % de personas dispuestas a trabajar que no pueden hacerlo, el sistema está en peligro, y lo que es más grave, España y los españoles están en peligro.


Hoy España cuenta con algo más de 47 millones de habitantes, de los que 11 millones de personas en nuestro país se encuentran en situación de exclusión social 57, 2,5 millones más respecto al año 2018,


56 https://www.comunidad.madrid/transparencia/sites/default/files/observaciones_economia_sin_firmar.pdf


57 'Sociedad expulsada y derecho a ingresos'. Cáritas y la Fundación FOESSA.https://www.foessa.es/blog/foessa-constata-un-gran-deterioro-de-las-condiciones-de-vida-del-conjunto-de-los-hogares-a-causa-de-la-covid-19/

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y 6 millones sufren de pobreza severa. Esta es la evaluación del programa político del Gobierno: silenciar a los españoles a través de la pobreza.


Los españoles se enfrentan a uno de los mayores desafíos vividos en democracia: enfrentarse a unos presupuestos continuistas en la ruina de la economía y en el dogmatismo impuesto como condición para beneficiarse de los fondos públicos.


Son unos PGE que continúan con un gasto público ineficiente, regando espacios ideológicos y el estado del bienestar de los políticos. Son unos PGE antipatrióticos porque no piensan en los españoles; sólo piensan en su propio interés y en
el de sus socios de Gobierno. Son unos presupuestos que traerán más desigualdad entre los territorios de España.


Los PGE22 son una palanca para seguir con los objetivos de la división entre los españoles. El Gobierno mantiene su intención por vivir en tiempos del pasado y, por ello, aplica agendas propagandísticas que afectan vertebralmente a la
sociedad española, a las familias y a las empresas. Sustituye tradiciones, formas de trabajar y formas de vivir de los españoles, por impersonalidades impuestas a través de la regulación y de la abusiva detracción de las rentas de los ciudadanos.
Estos PGE22 son un golpe más a la destrucción de la dignidad de la cultura, del campo, del mar, la industria, las escuelas, la sanidad, la seguridad ciudadana, la vivienda, el empleo, la Iberosfera, la libertad de expresión, y del producto español.


Los PGE22 no promueven las condiciones de vida necesarias para que los jóvenes puedan desarrollar su proyecto de vida. Jóvenes que no necesitan bonos pagados con los impuestos de sus padres. Pagas para gastar en lo que elige el Gobierno
para los jóvenes, intentando convertirse en los padres.


Esta enmienda a la totalidad es un alegato por todos los jóvenes españoles para que no tengan que pagar mañana los desastres ideológicos de este Gobierno plasmados en los PGE22. Es una enmienda a la totalidad a unos presupuestos que condena
a los jóvenes a la sumisión, a supervivencia, al trabajo precario, a la escasez de vivienda y a no poder construir una familia en libertad y en prosperidad.


Hay una España viva que pide paso. Que quiere escribir un futuro de libertad, igualdad, justicia y respeto a su identidad. Que reclama unos presupuestos que atiendan a sus intereses.


Por la defensa de España y de los españoles, el Grupo Parlamentario VOX en el Congreso de los Diputados presenta esta enmienda a la totalidad al Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2022.