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BOCG. Congreso de los Diputados, serie A, núm. 35-3, de 11/11/2020
cve: BOCG-14-A-35-3
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BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
XIV LEGISLATURA
Serie A: PROYECTOS DE LEY
11 de noviembre de 2020
Núm. 35-3
ENMIENDAS DE TOTALIDAD
121/000035 Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2021.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara, se ordena la publicación en el Boletín Oficial de las Cortes Generales de las enmiendas a la totalidad presentadas en relación con el Proyecto de Ley de
Presupuestos Generales del Estado para el año 2021.
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de noviembre de 2020.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
ENMIENDA NÚM. 1
FIRMANTE:
Ana María Oramas González-Moro
(Grupo Parlamentario Mixto)
A la Mesa de la Comisión de Presupuestos
El Grupo Parlamentario Mixto, a instancia de la Diputada doña Ana M.ª Oramas González-Moro, de Coalición Canaria-PNC, de acuerdo con lo establecido en el Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente enmienda de totalidad al Proyecto de
Presupuestos Generales del Estado para 2021, solicitando la devolución al Gobierno.
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de noviembre de 2020.-Ana María Oramas González-Moro, Diputada.-Alberto Botran Pahissa, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.
Enmienda a la totalidad de devolución
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Preámbulo
Coalición Canaria-Partido Nacionalista Canario comparte la necesidad de que, en un contexto como el actual, es necesario que el Estado cuente con unos Presupuestos Generales que le permitan afrontar las consecuencias económicas y sociales de
la pandemia. Y esta visión la compartimos. Pero nuestra formación no puede permitir, y por eso presenta esta enmienda a la totalidad, que esa necesidad se cubra pisoteando e ignorando el fuero canario; nuestro Estatuto de Autonomía y nuestro
Régimen Económico y Fiscal.
Los nacionalistas canarios entendemos, y así lo defendemos, que en un presupuesto expansivo, el mayor de toda la democracia, no solo no se cumpla, sino que se ignore una Ley Orgánica del Estado, nuestro Estatuto y nuestro Régimen Económico y
Fiscal, y se ignoren sus derechos consolidados por tanto en el ordenamiento jurídico español, así como su especial condición como Región Ultraperiférica reconocida en el Tratado Fundacional de la UE.
Es un principio irrenunciable de nuestra formación y un compromiso que mantenemos vivo con el pueblo canario ejercer como garantes en las Cortes Generales de los nuevos derechos adquiridos por nuestra Comunidad Autónoma tras la reciente, en
2018, aprobación del nuevo Estatuto de Autonomía y el nuevo Régimen Económico y Fiscal. Cuando nos presentamos a las elecciones nos comprometimos con la ciudadanía canaria a denunciar en el Congreso y en el Senado cualquier incumplimiento de
nuestro fuero para que no se dé ni un solo paso atrás que merme aquellos planes y proyectos que hemos conquistado en las leyes y en los Presupuestos del Estado; lo que nos corresponde a una comunidad insular y alejada del territorio continental
europeo, para estar en igualdad de condiciones que el resto de los territorios de España.
De esta forma, a lo largo de los últimos años, nuestra fuerza ha presentado, siempre que se ha vulnerado el REF y el Estatuto, enmiendas a las totalidad. Así lo hizo en los años 2008, 2012, 2013, 2014, 2016 y 2019 tanto con Gobiernos del PP
como del PSOE.
Ese compromiso, por tanto, es el que justifica esta enmienda a la totalidad a un proyecto de PGE-2021 en el que valoramos aspectos positivos como la eliminación de las reglas fiscales o el uso del superávit para las Corporaciones locales.
Sin embargo, entendiendo que Canarias, como el resto de Comunidades Autónomas, se beneficiará de esos aspectos recogidos, defendemos que el Archipiélago no puede permitirse la renuncia a sus derechos. Unos derechos que, de conculcarse en este
primer presupuesto tras la aprobación del nuevo Estatuto, quedarían reducidos a papel mojado y, por tanto, dejarán de ser la herramienta que nos garantizaría ser ciudadanos en igualdad de condiciones que el resto del Estado.
Por ello, por responsabilidad, convicción y compromiso con el pueblo canario, Coalición Canaria-Partido Nacionalista Canario presenta esta enmienda a la totalidad; en defensa de Canarias y de sus derechos históricos.
Introducción
Canarias se enfrenta a una crisis sanitaria, económica y social sin precedentes. La crisis del coronavirus que ha conllevado la paralización de la actividad económica en Canarias y ha arrasado el mercado laboral canario. Miles de personas
han perdido su trabajo, las organizaciones no gubernamentales están desbordadas, se están multiplicando las colas ante los bancos de alimentos y Cruz Roja y, según fuentes de Cáritas, 200.000 personas acuden a las ONG por que no tienen para comer o
no pueden pagar su alquiler, la luz o el agua. Ningún Gobierno estaba preparado para esto. En tan solo seis meses se ha destruido tanto empleo en Canarias como el que se había creado en los dos años anteriores; 257.000 parados y 68.000 afiliados
menos en la Seguridad Social hasta el 30 de agosto.
Incertidumbre, miedo y una sociedad desconcertada ante momentos difíciles
Ante tanto sufrimiento, tanto dolor, tanta muerte, pero también tanta generosidad y entrega de sanitarios, Cuerpos y Fuerzas de Seguridad, miles de profesores, y profesionales de todos los ámbitos, era necesario articular una respuesta justa
y adecuada en los Presupuestos Generales del Estado. Un esfuerzo de unidad, responsabilidad y cooperación frente a la catástrofe de la COVID-19. La respuesta ante la destrucción de empleo y la quiebra de las empresas no se puede seguir dilatando
en el tiempo. Estamos ante el ser o no ser de la viabilidad de una sociedad; en una situación de vida o muerte para Canarias.
Coalición Canaria-Partido Nacionalista Canario se sumó el pasado 30 de mayo de 2020, junto a otros agentes económicos y sociales, a la firma del Plan de Reactivación Social y Económico de Canarias. Incluso antes de la firma del Plan,
Coalición Canaria-PNC realizó aportaciones concretas, algunas de carácter urgente e inaplazables con impacto en el corto y medio plazo, para que la economía y el empleo en Canarias se recuperara lo antes posible. Entre otras, que los ayuntamientos
dispusieran de los remanentes que están todavía bloqueados en los bancos.
Hemos seguido realizando propuestas en la firme convicción de que en momentos de crisis como los que vivimos todos tenemos algo que aportar, desde el Gobierno y desde una oposición responsable y prudente.
Pero a fecha de hoy, inmersos ya en una segunda ola de la pandemia que arrasa Europa y que tiene en España las cifras más severas, Canarias, con una fuerte dependencia del sector turístico, está soportando un fuerte impacto sobre el empleo y
sobre el resto de sectores que dependen del sector turístico. Según datos del ISTAC, el PIB en términos reales de Canarias se contrajo hasta el mes de agosto un 36,2 % frente al descenso del 22,1 % en España. La pandemia ha hundido a Canarias en
el paro, más de 257.000 personas en desempleo y otras 85.000 pendientes de expedientes de regulación
temporal de empleo y con 127.000 autónomos luchando cada día para sobrevivir. Una realidad que, ante el nuevo cero turístico que vive nuestro archipiélago, empeorará en las próximas semanas cuando muchos de esos ERTE se conviertan en
expedientes de regulación de empleo y por tanto tengamos una mayor tasa de paro y pobreza.
Especial mención queremos hacer a la tasa de paro juvenil que en nuestra Comunidad Autónoma es, según datos de la EPA del tercer trimestre de 2020, alcanza el 61,72 %; la más alta de España. Una cifra tras la que encontramos la
desesperanza de toda una generación de jóvenes.
Una realidad, además, en la que las empresas agonizan, intentando renegociar créditos para poder atender los gastos.
Régimen Económico y Fiscal de Canarias
En nuestro caso, el Régimen Económico y Fiscal canario (REF) y nuestro Estatuto de Autonomía, donde se reconoce la necesidad de adecuar las políticas y decisiones a nuestra condición de Región Ultraperiférica, son las dos principales
herramientas que Canarias tiene, y no puede renunciar a ellas, para hacer frente a esta dramática situación. Lo son ahora y lo han sido a lo largo de su historia. El REF históricamente ha estado destinado a promover el desarrollo económico y
social de nuestro Archipiélago, diferenciando a Canarias del resto del territorio español. Ya en una pandemia anterior -la epidemia del cólera que sufrió Canarias el año 1891- el REF fue el instrumento para salir adelante con la puesta en marcha de
los Puertos Francos en 1892. Así lo recuerda el informe de la Cátedra del REF que en su informe insta a usar esta herramienta para paliar la crisis social y económica provocada por el coronavirus y mantener a las empresas de Canarias con vida y,
por lo tanto ,el empleo en las islas.
Recordamos que el REF viene reconocido y garantizado al más alto nivel, tanto en la Constitución como en el Estatuto de Autonomía, y en el ámbito Europeo en el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.
Hace tan solo dos años, en 2018, en los meses de octubre y noviembre, se aprobó y entró en vigor la reforma del Estatuto de Autonomía y el nuevo REF, dos normas renovadas y trascendentales para el desarrollo futuro de las islas y su
ciudadanía, con importantes avances y mejoras económicas y fiscales, que suponen una mejoría del hecho diferencial canario, dejándolas ancladas con rango de ley.
Por su parte, el nuevo REF incorpora una serie de medidas, tanto de carácter social, económico y fiscal, sustentadas en el objetivo fundamental de esta norma, que no es otro que garantizar el desarrollo económico y social del archipiélago
mediante la diversificación de la actividad productiva y la creación de empleo, y respetando siempre el diferencial fiscal que por derecho atribuye esta norma al archipiélago canario.
De igual manera, la reforma del Estatuto supone reconocer, entre otros aspectos, la ultraperificidad de Canarias, derivada de su insularidad y lejanía, incluyendo el mar dentro del ámbito territorial canario, una característica que ya
reconoce el Tratado de la Unión Europea dentro de su artículo 349, y que ahora se consagra por rango de ley en el nuevo Estatuto.
Otro de los aspectos más significativos de esta norma, se recoge en su artículo 168 a través del Principio de Solidaridad Interterritorial para lograr la equiparación progresiva de las condiciones socioeconómicas de la población de las islas
al promedio estatal.
Además, otra de las novedades desde el punto de vista de la financiación es que se logra la desvinculación completa del REF del Sistema de Financiación Autonómica, a lo que se une la posibilidad de asumir una serie de competencias fruto de
los nuevos preceptos que dicha norma incluye.
Por tanto, antes de entrar en la valoración del proyecto de Ley de los Presupuestos Generales del Estado para 2021 (PGE-2021), hay que dejar patente que estas normas otorgan y reconocen unas singularidades específicas y particulares de las
islas que no tienen otras Comunidades Autónomas, que se traducen en derechos a los que deben darse respuesta por parte de los poderes públicos.
Estos derechos deben tener su reflejo en los Presupuestos Generales del Estado como instrumentos en beneficio de la ciudadanía, de la cohesión social y del empleo para afrontar las consecuencias de la crisis sanitaria sobre el desarrollo de
la actividad económica en Canarias.
En este sentido, el Gobierno de España ha presentado en el Congreso de los Diputados el Proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado de 2021, que esta formación política no puede apoyar. Además, va a solicitar su devolución a través
de la presente enmienda a la totalidad porque, precisamente, vulnera los derechos antes citados, tanto desde el punto de vista social como del económico y fiscal, como veremos a continuación, precisamente en el mismo momento en que estos han sido
mejorados a través de las normas con rango ley, esto es, su nuevo REF y Estatuto de Autonomía.
Por otro lado, varios organismos financieros, ponen el acento sobre algunos extremos del Proyecto de Ley que cuestionan la propia viabilidad económica y financiera, en aspectos tan importantes como la distribución territorial de la inversión
real o la financiación de las Comunidades Autónomas. Esta distribución sitúa a Canarias entre las Comunidades Autónomas que recibe menos recursos.
Por tanto, existen sólidos argumentos, que analizaremos a continuación, para que Coalición Canaria-PNC no acepte estos Presupuestos Generales en su conjunto y presente la correspondiente enmienda a la totalidad y su devolución al Gobierno.
Antecedentes y justificación
Por la presente enmienda a la totalidad del Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2021, Coalición Canaria-PNC solicita su retirada y devolución al Gobierno fundamentalmente por la injusta e inadecuada respuesta y
tratamiento que el mismo da al conjunto de la Comunidad Autónoma de Canarias en virtud de los acontecimientos y antecedentes que preceden a este proyecto de ley.
En este sentido, y como se expondrá a continuación, existen argumentos jurídicos fundamentados para demostrar que se vulneran derechos de obligado cumplimiento del Estado con el archipiélago canario, con sus ciudadanos y con los agentes
económicos y empresariales que operan en Canarias, tanto de carácter social, económico como fiscal, y es por lo que se presenta dicha enmienda a la totalidad.
Con el nuevo Estatuto de Autonomía, el Estado reconoce la 'ultraperificidad' de Canarias, una singularidad derivada de la insularidad y lejanía que son un hecho geográfico permanente en el tiempo, y que está reconocida por el propio Tratado
de la UE (artículo 349), y que obliga a los poderes públicos a dotar a las islas de recursos económicos adicionales que hay que dimensionar, indispensables para cumplir con cada uno de los preceptos que integran ambas normas con rango de ley.
De esta forma, con la Ley de PGE 2018, se daba cumplimiento a uno de los principios que recoge en nuevo Estatuto, el artículo 168 de Solidaridad Interterritorial, y también a los artículos 94 y 95 del REF, logrando que la inversión per
cápita en Canarias (362 ) se situara por encima de la media territorializada del conjunto de las CCAA (235 ). Así se corregía el déficit de inversión que históricamente ha existido con las islas a través de las inversiones regionalizadas a través
de los capítulos 6 y 7 de la Ley de Presupuestos Generales del Estado.
Para mostrar el reflejo de este cumplimiento normativo, se expone el siguiente gráfico, cómo se sitúo Canarias respecto a la media de inversión teniendo en cuenta todos y cada uno de los compromisos recogidos en la Ley de PGE para 2018.
Sin embargo, de los más de los 1.400 millones de euros en compromisos adquiridos con Canarias en los PGE 2018, a la fecha de la presentación de esta enmienda en los años 2018, 2019 y en lo que va de año 2020, no se han transferido a la CCAA
muchos de los compromisos y convenios que vienen reflejados en los presupuestos del 2018 y que han sido prorrogados hasta la fecha.
Programas y convenios fundamentales para darle cumplimiento al REF y al nuevo Estatuto de Autonomía, tales como el plan contra la pobreza, carreteras, actuaciones en aguas, costas y vivienda que no se han podido ejecutar, situando nuevamente
a las islas en los años 2018, 2019 y 2020 como la penúltima Comunidad Autónoma con menor inversión por habitante, incumpliendo así algunos de los preceptos del REF (artículos 94 y 95) y Estatuto de Autonomía (artículo 168) que obligan a mantenerla
en la media del Estado.
Estos hechos no solo han tenido un impacto negativo en términos de desarrollo económico y social por las inversiones que no se han podido llevar a cabo en el conjunto de las islas durante estos últimos años, sino que también, y como veremos
a continuación, muchas de estas partidas se eliminan en los PGE de 2021, lo que provoca que, Canarias, nuevamente se posicione como la penúltima Comunidad Autónoma con menor inversión per cápita en el conjunto del Estado, argumentos más que
suficientes para que esta formación política devuelva los presupuestos al Gobierno.
El nuevo Régimen Económico y Fiscal de Canarias, cuya finalidad es la de preservar los objetivos esenciales que, desde su establecimiento, guían aquel y que no son otros que el desarrollo económico y social del archipiélago mediante la
diversificación de la actividad productiva y la adopción de medidas dirigidas específicamente a potenciar la creación de empleo.
Entre las 'finalidades' de la ley, hay que citar:
- Actualizar los aspectos económicos del tradicional Régimen Económico y Fiscal de Canarias.
- El reconocimiento de las limitaciones estructurales y permanentes de Canarias como RUP y la referencia al artículo 349 TFUE, para garantizar que la lejanía e insularidad sean compensadas a través de políticas específicas y suficientes.
- Promover el desarrollo y la cohesión económica, social y territorial de Canarias, con medidas económicas y fiscales específicas, y con especial atención a las islas no capitalinas.
- El fomento de la internacionalización de la economía canaria.
Los 'principios' en que se basa la ley:
En materia de financiación:
- El REF garantiza una presión fiscal estatal menor junto a los contenidos de las libertades, compensaciones e incentivos propios para el desarrollo económico del archipiélago.
- El coste de la actividad económica en Canarias no debe situar al archipiélago en una situación de desventaja respecto a la media de las restantes regiones del territorio nacional.
- La existencia de un REF específico en el archipiélago no dará lugar, en ningún supuesto, a la disminución del volumen del gasto público estatal corriente y de inversión, destinable a las islas en ausencia del mismo.
- Los recursos del REF son adicionales a los contemplados en la política y normativa vigente en cada momento para la financiación de las CCAA y de sus Entidades Locales, por lo que los recursos del REF no se integrarán ni computarán en el
SFA respetando el espacio fiscal propio canario y para que su desarrollo no penalice a la autonomía financiera de la CAC.
- El REF es de obligado cumplimiento.
- Principios derivados de la condición de RUP de Canarias, de forma que los ciudadanos canarios deben disfrutar de las mismas oportunidades que las que prevalecen en el conjunto de la UE, debiéndose modular a tal fin la actuación estatal en
las políticas económicas y fiscales.
- Necesidad de valorar la modulación en la aplicación de las distintas políticas en Canarias.
- Principios derivados de la cohesión económica, social y territorial en atención a la consideración de Canarias como RUP.
- Consideración de la doble insularidad en todas las medidas compensatorias.
En materia de Transportes:
- Promover ante la UE la exclusión del sistema de comercio de emisiones de gases de efecto invernadero en la aviación.
- Reconocimiento de los puertos y aeropuertos de titularidad estatal en Canarias como de interés general y el aseguramiento de las inversiones necesarias para el mantenimiento de los mismos, especialmente en las islas no capitalinas.
- Mención explícita de la quinta libertad (aunque ya estaba implícita).
- Canarias constituye un modelo portuario y aeroportuario específico, con un tratamiento diferenciado y participación de la CAC en su planificación.
- Compromiso para renovar las autorizaciones europeas en materia de Fondo de Desarrollo de Vuelos y las especificidades en materia de infraestructuras.
- Consideración del transporte aéreo y marítimo de personas como servicio público esencial y aumento de la compensación hasta el 75 % para los trayectos con la Península y para los aéreos interinsulares. También aumento hasta el 50 % de la
financiación estatal en transporte marítimo interinsular. (aplicable todo ello sobre la tarifa de servicio regular).
- Posibilidad de aumentar la cuantía para atender realidades insulares, económicas y sociales singulares.
- Posibilidad de fijar precios máximos de referencia de los billetes, pero solo en las líneas declaradas como Obligación de Servicio Público.
- Garantía de anclar en la ley una compensación del 100 % del coste del transporte de mercancías (tanto marítimo como aéreo, interinsular y con Península o UE).
- Necesidad de adecuar y adaptar los trámites de exportación, importación y tránsito de mercancías (necesidad de un tratamiento aduanero específico y más flexible).
En materia de incentivos económicos regionales:
- Se modifica el volumen mínimo de inversión inferior al territorio nacional (300.000 euros en GC y TFE), con un plus de reducción en las islas no capitalinas (mínimo de 100.000 euros) y un porcentaje superior de puntuación.
- Ampliación de los sectores a valorar, con especial consideración de las islas no capitalinas.
- Posibilidad de modificar los requisitos de dimensión y autofinanciación exigidos y los sectores y actividades prioritarias en las islas no capitalinas;
- Aplicación del principio de Responsabilidad Social Corporativa de las empresas beneficiarias.
En materia de Formación, empleo e integración social:
- Reconocimiento de un tratamiento diferencial y una dotación específica y diferenciada en materia de Planes de Empleo.
- Dotación específica en los PGE para paliar la pobreza y la exclusión social en Canarias.
- Adaptación de los Planes de Formación Profesional para el Empleo a las peculiaridades insulares.
- Establecimiento de un programa específico de becas de estudio para los estudiantes canarios que no encuentren en su isla de residencia la oferta educativa que demanden.
- Garantizar una adecuada provisión de plazas de Formación Profesional en Canarias.
- Reconocimiento del papel de las Universidades y establecimiento de ayudas con carácter obligatorio para compensar costes adicionales de movilidad a estudiantes y profesores y para promover la I+D+i.
En materia de Energía, Telecomunicaciones y residuos:
- Fomento de las energías renovables en los sistemas energéticos aislados canarios.
- Promoción del autoconsumo en los sistemas eléctricos aislados canarios, con exención, con carácter indefinido, del cargo variable transitorio, siempre que el autoconsumo reduzca los costes energéticos en dichos sistemas.
- Además, la suma las potencias instaladas de las instalaciones de producción podrá ser superior a la potencia contratada por el consumidor, antes de la entrada en vigor de esta ley.
- Acceso a la información y las nuevas tecnologías de toda la población de Canarias en condiciones de calidad y precio similares a la de la Península.
- Introducción de un nuevo artículo sobre gestión y valorización de residuos en Canarias.
En materia de internacionalización:
- Ampliación y refuerzo del CAPCAO (ahora CAPECC), que amplía sus competencias a la atracción de inversiones, amplía su ámbito geográfico e incorpora a representantes de Fomento y de Exteriores.
- Podrán establecerse zonas francas en todo el territorio de las islas Canarias.
- La Administración General del Estado y la Comunidad Autónoma de Canarias asegurarán la suficiencia y la autonomía financiera de dichas zonas francas.
En materia de promoción turística:
- Aprobación de un Plan Estratégico del Turismo, un Plan específico de Formación Profesional en el sector turístico y un Plan de Inversiones en infraestructuras en zonas turísticas.
- Inclusión de la estacionalidad en dichos planes y medidas.
- Dotación de puestos en Oficinas Exteriores de España para la promoción de la marca Islas Canarias.
En materia de apoyo a los distintos sectores económicos:
- Apoyo a la promoción turística e inclusión del sector turístico como sector de especial atención en los incentivos económicos regionales.
- Consolidación del aumento de las ayudas al transporte de mercancías agrícolas e industriales.
- Especial consideración de sectores de la industria de la alimentación y bebida y de transformación y comercialización de productos agrícolas y ganaderos en los incentivos económicos regionales.
- Aumento de la dotación estatal = 100 % de financiación estatal de las medidas adicionales de fomento de las producciones locales del POSEI, y aumento del 65 % en las subvenciones de seguros agrarios aplicables en Canarias.
- Fomento de la movilidad desde la Península de bienes artísticos con motivo de exposiciones, con exención de gravámenes fiscales y aduaneros.
Por tanto, el nuevo REF lleva aparejado un conjunto de medidas y herramientas que implican la articulación por parte de los poderes públicos de recursos adicionales cuantificables a través de las cuentas estatales para cumplir con las
propias finalidades de la norma antes expuestas.
Análisis de los PGE para 2021 y su impacto en Canarias desde la vertiente social, económica y fiscal
Para el análisis del proyecto de Ley de los Presupuestos Generales del Estado y su impacto en Canarias, es conveniente, tal y como se recogió en la introducción de la presente enmienda, dimensionar el impacto que el nuevo REF y Estatuto de
Autonomía de Canarias tienen sobre los PGE, para traducir en términos de recursos económicos, lo que dichas normas y sus preceptos suponen en su conjunto, fruto de las nuevas medidas que llevan incorporadas, y que son de obligado cumplimiento por
parte del Estado.
Del análisis global y pormenorizado realizado sobre el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2021, tanto de su articulado como de las diferentes partidas económicas destinadas a Canarias que se recogen en el mismo, la
primera conclusión que se extrae es que no se da cumplimiento al conjunto de medidas del nuevo REF ni a las del Estatuto de Autonomía, en tanto en cuanto no se produce una correspondencia entre los recursos que los PGE-2021 destinan a Canarias y los
que por ley, se debieran transferir, existiendo una diferencia superior a los 469 millones de euros y que se detallarán a continuación.
Coalición Canaria-PNC cree que existen sólidos y contrastados argumentos jurídicos tanto de carácter social, económico y fiscal que esbozaremos a continuación, y que analizaremos sección por sección del Proyecto de Ley para detallar el
déficit de recursos que arroja con Canarias.
GRADO DE CUMPLIMIENTO DEL REF EN EL ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO 2021
Impacto de carácter social de los PGE 2021 en Canarias
Los PGE-2021 están muy lejos de dar la respuesta que requiere Canarias para hacer frente a la grave situación de emergencia social derivada del apagón del sector turístico por la pandemia sanitaria. Las cuentas más expansivas de la historia
democrática deberían buscar tanto la reactivación a través de un gran esfuerzo de inversión pública como, a su vez, servir de 'escudo social' para aquellos sobre los que la incidencia está siendo más grave.
Si las cuentas estatales deben responder también al principio de tratar de forma distinta a realidades diferentes, entonces no cumplen en este caso ni de lejos con el hecho de que el Archipiélago es el territorio más castigado por la crisis
como lo demuestra que su PIB ha caído en estos meses de pandemia casi el doble que el del Estado. Entre febrero y septiembre, el conjunto del Estado ha observado una caída en la afiliación de 435.686 efectivos (-2,3 %).
En Canarias, la caída ha sido más intensa, y prácticamente ha duplicado el descenso del empleo en España.
El número de afiliados en el Archipiélago al cierre de septiembre se cifró en 44.235 efectivos menos (-5,4 %) que en febrero.
El proyecto no solo ignora la singularidad insular en este contexto, sino que tampoco respeta las que ya están fijadas en las propias leyes estatales y autonómicas, incumpliendo el REF y el Estatuto justamente cuando la revisión de ambas
normas a finales de 2018 tendría que tener su primer reflejo presupuestario en estas cuentas estatales.
La incapacidad del Gobierno de España para asumir en estos Presupuestos la necesidad de un rescate de la sociedad canaria por su mayor afectación de las consecuencias de la pandemia es grave, más lo es aun -hasta el punto que calificarlo de
intolerable- que ni siquiera en estas circunstancias haya hecho un esfuerzo por responder a todos y cada uno de los mandatos del fuero isleño.
Basándonos en los preceptos incluidos en las dos normas anteriormente comentadas, REF y Estatuto de Autonomía de Canarias, pasamos a analizar aquellas partidas de carácter social con afección a Canarias en materias tan trascendentales para
el desarrollo de las islas como son la pobreza, la educación y el empleo.
Ministerio de Educación y Formación Profesional (Sección 18)
Entrando en las materias que afectan a Canarias dentro de esta sección, hay que señalar los incumplimientos que se producen en virtud del artículo 29 de la Ley 8/2018, por el que se modifica el artículo 23 del REF (Ley 19/1994) para la
Formación Profesional, y del artículo 27 de la Ley 8/2018, por el que se modifica el artículo 22 del REF (Ley 19/1994) relativo a las Universidades.
'Artículo 23. Formación Profesional.
1. A efectos de potenciar la creación de empleo, la Administración General del Estado colaborará con la Comunidad Autónoma de Canarias en la elaboración de un Programa especial de formación profesional para el empleo en sectores de
servicios avanzados.
En la elaboración y actualización de los certificados de profesionalidad se tendrán en cuenta las peculiaridades del territorio insular y fragmentado de la Comunidad Autónoma de Canarias, añadiendo en caso de necesidad certificados
específicos adicionales que se adapten a las especiales circunstancias de las islas.
2. Se establecerá un programa específico de becas de estudio para los estudiantes canarios que no encuentren en su isla de residencia la oferta educativa que demanden. Asimismo, se establecerá un
programa específico de becas de desplazamiento para los jóvenes canarios que hayan finalizado su formación profesional y que realicen prácticas en empresas peninsulares y en cualquier otro Estado miembro de la Unión Europea.
3. Las organizaciones empresariales y sindicales más representativas en el ámbito autonómico colaborarán con la Comunidad Autónoma de Canarias en el diseño de Planes de Formación Profesional para el Empleo dirigidos prioritariamente a
trabajadores ocupados y desempleados.
Asimismo, serán los agentes colaboradores de la administración para el diseño y programación de la realización de prácticas en empresas de la Formación Profesional Reglada, Formación Profesional para el Empleo y Formación Profesional Dual.
4. Se garantizará la adecuada provisión de plazas de Formación Profesional Reglada, Formación Profesional para el Empleo y Formación Profesional Dual a los estudiantes canarios.'
En los PGE de 2021, la partida destinada al Plan de Infraestructuras Educativas de Canarias 2018-2025 deja de tener cobertura, frente a los 42 millones que se imputaron en los PGE 2018. De igual modo, se precisa dotar partidas específicas
para cada uno de los preceptos recogidos en este artículo del REF referente al programa de becas para estudiantes canarios de Formación Profesional que estudien fuera de las islas valorado en dos millones de euros, y para aquellos que vayan a
realizar prácticas en empresas peninsulares y en cualquier otro Estado miembro de la Unión Europea que se valora en un millón de euros.
En este sentido, también se hace preciso dotar la partida 18 para la Educación Infantil de 0 a 3 años en Canarias, por importe de tres millones de euros, y cumplir de esta forma con el objetivo del Gobierno de España para la universalización
de la Educación Infantil.
Ministerio de Universidades (Sección 28)
En lo que respecta a esta sección, y en virtud del artículo 27 de la Ley 8/2018, por el que se modifica el artículo 22 del REF (Ley 19/1994), relativo a las Universidades, esta formación política llama la atención sobre la ausencia de
recursos en el PGE de 2021 para dar cumplimiento a algunos de los preceptos de este artículo.
'Artículo 22 bis. Universidades.
1. Teniendo en cuenta la condición de región ultraperiférica de Canarias, las Universidades de las islas son centros de referencia a efectos del señalamiento de las políticas Universitarias del Estado español. En el marco de la Ordenación
y Planificación Económica regional de Canarias, se incluirán medidas para incrementar su competitividad y focalizar los esfuerzos en investigación e innovación que tengan impacto en el sector productivo, así como la transferencia de sus resultados y
la orientación de su oferta a las necesidades del mercado, facilitando la movilidad entre islas.
2. Las universidades establecidas en Canarias se vinculan a la economía productiva de Canarias por medio de la investigación, la innovación, formación y aplicación de conocimiento de excelencia. La capacidad de estos centros se pondrá al
servicio del Régimen Económico y Fiscal de Canarias, potenciando el desarrollo económico y social del archipiélago.
3. La Administración General del Estado fomentará la condición de las universidades canarias como centros de referencia nacional a través de acciones o programas específicos.
4. Se fomentarán y coordinarán programas para el desarrollo de actividades docentes, de investigación y cooperación al desarrollo en los que intervengan las universidades establecidas en Canarias e instituciones europeas y de otros países,
especialmente con terceros países vecinos y otras regiones ultraperiféricas.
5. Teniendo en cuenta la consideración de Canarias como región ultraperiférica de la Unión Europea, el Gobierno de la Nación acordará para los estudiantes y profesores de las universidades canarias una ayuda económica suplementaria para
compensar los costes adicionales de la lejanía, equivalente a los gastos de transporte desde su lugar de residencia hasta el de destino, en los programas de investigación, formación y movilidad, además de otras medidas complementarias relativas a la
promoción de la investigación, el desarrollo y la innovación.'
En los PGE-2021 no se recoge ninguna partida específica para Canarias que dé cumplimiento al artículo 22 bis del REF y cumplir con el desarrollo de actividades docentes, de investigación y cooperación
al desarrollo en los que intervengan las universidades establecidas en Canarias e instituciones europeas y de otros países, especialmente con terceros países vecinos y otras regiones ultraperiféricas. Para ello, se requieren recursos
económicos cuantificados en cinco millones de euros.
De igual modo, y para la compensar los costes adicionales de la lejanía, equivalente a los gastos de transporte desde su lugar de residencia hasta el de destino, en los programas de investigación, formación y movilidad, en cumplimiento del
REF, artículo 22 bis, se hace preciso dotar una partida específica de cuatro millones de euros, inexistente en los PGE-2021, que fomenten los programas destinados a las universidades canarias para medidas complementarias relativas a la promoción de
la investigación, el desarrollo y la innovación.'
Ministerio de Trabajo y Economía Social (Sección 19)
Una de las materias más importantes, competencia de esta sección, para la integración y cohesión social de Canarias, en virtud del artículo 26 de la Ley 8/2018, de Modificación del REF, por la que añade un nuevo artículo 21 bis para el
Fomento Integración Social, es la partida específica del Plan contra la Pobreza a la que este precepto obliga al Estado a financiarla siempre que los indicadores sitúen a Canarias por encima de la media en esta materia, como es el momento actual.
'Articulo 21 bis. Fomento de la Integración Social.
Teniendo en cuenta que la finalidad de la presente ley también pretende promover la cohesión social de Canarias, según se establece en su artículo 1.c), habida cuenta de la elevada tasa de pobreza y exclusión social del archipiélago y
atendiendo a su consideración de región ultraperiférica, el Gobierno de España consignará anualmente en los Presupuestos Generales del Estado una dotación suficiente para impulsar medidas para paliar la pobreza y la exclusión social en Canarias, en
tanto los indicadores oficiales la sitúen por encima de la media nacional. Esta dotación económica tendrá carácter finalista y habrá de aplicarse a los programas e instrumentos que en cada momento tenga la Comunidad Autónoma de Canarias para
atender a los sectores más vulnerables en peligro de exclusión.'
Para Coalición Canaria-PNC, el hecho de que los PGE de 2021 no den cobertura, al igual que como se dio en los PGE-2018, a la partida de 30 millones de euros destinada a erradicar la pobreza en las islas supone una vulneración a los derechos
básicos de los canarios, hurtándoles de algo tan fundamental como es su integración en la sociedad y el desarrollo social. Este es sin duda uno de los motivos por la que esta formación se reafirma en que el Gobierno de España no puede considerar
que los PGE de 2021 sean los más sociales de la Democracia española, pues con Canarias se produce todo lo contrario, una vulneración que queda contrastada.
Impacto de carácter económico de los PGE 2021 en Canarias
De igual modo, y también amparándonos en los nuevos preceptos tanto del REF como del Estatuto de Autonomía de Canarias, analizamos aquellas partidas sectoriales de carácter económico con afección a Canarias en sectores y materias que afectan
directamente a la creación de empleo y riqueza en el archipiélago, como son la industria, el comercio, el transporte, turismo, el agua, la tecnología, las infraestructuras, vivienda, carreteras, el sector primario en su conjunto, entre otras, y que
forman los pilares básicos sobre los que se sustenta el desarrollo y crecimiento económico de las islas.
Ministerio de Industria, Comercio y Turismo (Sección 20)
A continuación, se analiza esta sección, la cual presenta también un déficit de recursos con Canarias, atendiendo al artículo 23 de Ley 8/2018, de Modificación del REF (Ley 19/1994), por el que se modifica el artículo 19 para la Promoción
Turística, sucediendo lo mismo respecto al artículo 14 bis, sobre el precio del agua.
'Artículo 19. Promoción Turística.
1. Atendiendo al carácter estratégico del turismo en la economía canaria y su repercusión en el empleo, se prestará especial atención a su fomento y desarrollo, mediante la dotación de un Plan Estratégico del Turismo. A tales efectos, los
incentivos a la inversión en el sector se orientarán
preferentemente a la reestructuración del mismo, modernización de la planta turística de alojamiento, a la creación de actividades de ocio complementarias de las alojativas y la potenciación de formas de turismo especializado y alternativo.
Asimismo, y de acuerdo a las necesidades del sector turístico, el Estado contemplará la estacionalidad como marco de referencia para la implantación de medidas económicas, sociales y de cualquier otra naturaleza que le afecten, con vistas a
favorecer el mantenimiento y creación de empleo.
2. Se prestará especial atención a la formación técnico-profesional en el sector, impulsando, entre otras actuaciones, la enseñanza de idiomas y la utilización de las nuevas tecnologías.
Se promoverán, además, los conocimientos en materia gastronómica vinculados a la utilización de productos agrarios, agroindustriales y pesqueros obtenidos en Canarias y de actividades de ocio.
A tales efectos, la Administración General del Estado colaborará con la Comunidad Autónoma de Canarias en la elaboración de un Plan específico de formación profesional en el sector turístico, que contará asimismo con la participación de los
agentes sociales más representativos en el ámbito autonómico.
3. En las campañas de promoción turística exterior que realice el Estado, y siempre que así lo solicite el Gobierno de Canarias, por tener interés y afectar a productos y/o destinos turísticos de las islas, se incluirá la oferta de las
islas Canarias de forma claramente diferenciada.
A estos efectos, en las Consejerías de Turismo en las misiones diplomáticas de España en los principales mercados emisores para las islas Canarias, se contemplará la posibilidad de que un técnico adscrito al órgano de promoción turística de
las islas Canarias pueda ubicarse y desarrollar las labores de promoción turística de las islas Canarias en cada una de las Consejerías que se definan.
4. El Estado financiará un Plan de inversiones públicas en infraestructuras en las áreas turísticas con el objetivo de alcanzar el nivel de calidad necesario y mantener la rentabilidad social del sector turístico en Canarias, así como
atender de forma efectiva el incremento en la demanda de los servicios públicos e infraestructuras que se genera en dichas áreas. Dicho Plan se dotará en los Presupuestos Generales del Estado para su gestión directa por la Comunidad Autónoma de
Canarias a través del oportuno instrumento convencional y será independiente de la asignación de los fondos de turismo de ámbito nacional que le correspondan.'
'Artículo 14 bis. Precio del agua.
Se establecerá reglamentariamente un sistema de compensación, consignado anualmente en los Presupuestos Generales del Estado, que garantice en las islas Canarias la moderación de los precios del agua desalinizada, regenerada o reutilizada
hasta alcanzar un nivel equivalente al del resto del territorio nacional, así como los precios del agua de consumo agrario fruto de la extracción y elevación de pozos y galerías y de la desalación para riego agrícola.'
En los PGE de 2021, la partida destinada al Plan de Infraestructuras Turísticas de Canarias pasa a ser de cero euros frente a los 15 millones que se otorgaron en los PGE de 2018, por lo que nos encontramos en una situación de auténtica falta
de sensibilidad por parte del Gobierno con las islas para atender en uno de los peores momentos de nuestra historia dos ceros turísticos, al margen del insuficiente compromiso del Gobierno de España de poner en práctica un Plan Específico de
Recuperación del Turismo en Canarias, dotado tan solo con 20 millones de euros. Esta insensibilidad es absolutamente inexplicable, máxime cuando el sector turístico supone más 40 % de los empleos y más del 35 % del PIB de Canarias.
De igual modo, son de obligado cumplimiento los nuevos preceptos del REF, en su artículo 19, que obligan a dar cobertura específica a las islas, concretamente al Plan de Estratégico de Turismo, del Plan específico de Formación Profesional en
el Sector Turístico, cuantificados en 4 y 1,2 millones de euros respectivamente.
Por su parte, el Plan Estratégico de Canarias para el Turismo supone un instrumento vital para el conocimiento turístico relacionado con la economía verde y azul, así como para la economía digital, y la integración transversal de las cadenas
de valor vinculadas a la actividad turística (agricultura, pesca y ganadería, paisaje, movilidad e industrias creativas). De la misma manera, y por la gran dependencia que la economía canaria tiene del sector turístico, es por lo que se hace
necesario prestar especial atención a la formación técnico-profesional en el sector, diseñando para ello, en colaboración con el Estado, un Plan específico de formación profesional en el sector turístico.
Igualmente, hay que señalar, que Canarias, por sus condiciones limitadas de mercado y fruto de su posición geoestratégica entre los tres continentes, tiene en la Internacionalización una oportunidad única para atraer inversiones a las islas,
y abrir mercados en otros países. Por ello, Coalición Canaria-PNC quiere manifestar que los PGE de 2021 fulminan la partida para la Internacionalización de la Economía Canaria, cuando el artículo 18 de la Ley 8/2018 del nuevo REF obliga a dar
cobertura, al igual que se dotó en los PGE 2018. En este punto, cabe recordar que con el objetivo de fomentar la internacionalización de la economía canaria se crea el Consejo Asesor para la Promoción Estratégica y Comercial de Canarias (CAPECC,
art. 18 de la Ley 8/2018), que sustituye al antiguo CAPCAO.
En esta misma sección, con competencias en la industrialización de los procesos productivos, basándonos en el nuevo REF, concretamente en su artículo 14 bis, el Gobierno debe llevar a cabo actuaciones para garantizar en las islas Canarias la
moderación de los precios estableciendo, reglamentariamente, un sistema de compensación, consignado anualmente en los Presupuestos Generales del Estado, que garantice en las islas Canarias la moderación de los precios del agua desalinizada,
regenerada o reutilizada hasta alcanzar un nivel equivalente al del resto del territorio nacional, así como los precios del agua de consumo agrario fruto de la extracción y elevación de pozos y galerías y de la desalación para riego agrícola.
Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital (Sección 27)
El hecho diferencial de Canarias que se consagra en el nuevo REF, junto con las propias características de ultraperiferia que le otorga el nuevo Estatuto de Autonomía a las islas, viene determinado, entre otras razones, por su fragmentación
de mercado y dependencia de las nuevas tecnologías de la información y comunicación (TIC). Estas permiten acortar los tiempos de respuesta, sobre todo la de los operadores y agentes empresariales, como consecuencia de la lejanía frente a otros
mercados.
Por ello, el artículo 12 de la Ley 8/2018 por la que se modifica el artículo 10 de la ley 19/1994 del REF regula el derecho de acceso a las tecnologías de la información y la comunicación.
'Artículo 10. Telecomunicaciones: precios.
1. Los servicios interinsulares de telecomunicaciones que se presten en régimen de tarifas públicas tendrán para el usuario un precio, para cada servicio, no superior al establecido para las distancias equivalentes en la península.
2. Los servicios de telecomunicación entre las islas y el resto del territorio nacional que se presten en régimen de tarifas públicas tendrán para el usuario un precio, para cada servicio, no superior al establecido para la distancia máxima
intrapeninsular.
3. En atención a las especiales circunstancias de lejanía, insularidad y dispersión poblacional que concurren en Canarias como región ultraperiférica, así como a la necesidad de equiparar al resto del territorio nacional la disponibilidad y
condiciones de acceso a todo tipo de servicios audiovisuales de banda ancha, se establecerá una consignación anual en los Presupuestos Generales del Estado, referida al año natural, para garantizar el acceso de toda la población a los mismos,
financiando el sobrecoste que afrontan los operadores para desplegar los servicios de banda ancha en Canarias.'
Por todo ello, Coalición Canaria-PNC pone de manifiesto que los PGE 2021 no contemplan partida específica para Canarias para dar cumplimiento a este precepto, y que se cuantifica en 10 millones de euros.
Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana (Sección 24)
Una de las secciones presupuestarias con mayor trascendencia para Canarias, es sin duda el Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana, porque de ella se nutre gran parte del capítulo inversor que llega al archipiélago tanto a través
del capítulo VI como las transferencias de capital del capítulo VII en las materias competencia de esta sección.
Entrando en el análisis pormenorizado de las partidas que afectan a las islas, hay que señalar por parte de esta formación política, que se incumplen varios preceptos del REF, en concreto, los artículos 94 y 95 de la Ley 19/1994 del REF y
artículo 168 del Estatuto de Autonomía, fundamentalmente motivado por la materia de carreteras y vivienda.
En este orden, también se hace necesario recordar el obligado cumplimiento por parte del Estado a las diversas sentencias del Tribunal Supremo fruto del incumplimiento del Gobierno de España sobre el anterior Convenio de Carreteras, y que
fue renovado a finales del año 2018.
Nos preocupa, por tanto, que no se haga referencia en ninguna parte del proyecto de presupuestos la ejecución de la sentencia del Tribunal Supremo a la que haremos referencia más adelante.
A su vez, y en lo que corresponde en materia de transporte, en cumplimiento con la Disposición Adicional Primera Ley 8/2018 relativa a las subvenciones del transporte de mercancías, se produce un déficit para el transporte del plátano,
elemento clave para el desarrollo y viabilidad del sector primario en Canarias.
'Artículos 94 y 95, Compensación por el hecho insular:
Se considerarán de interés general a efectos de la inclusión de los créditos correspondientes en los Presupuestos Generales del Estado, las obras de infraestructura y las instalaciones de telecomunicación que permitan o faciliten la
integración del territorio del Archipiélago con el resto del territorio nacional o interconecten los principales núcleos urbanos de Canarias o las diferentes islas entre sí.
En cada ejercicio, el Programa de Inversiones Públicas que se ejecute en Canarias se distribuirá entre el Estado y la Comunidad Autónoma de tal modo que las inversiones estatales no sean inferiores al promedio que corresponda para el
conjunto de las Comunidades Autónomas, excluidas de este cómputo las inversiones que compensen del hecho insular.'
'Artículo 168 del Estatuto de Autonomía.
En cada ejercicio presupuestario y dentro del principio de la solidaridad interterritorial, se ejecutará un programa de inversiones públicas distribuido entre el Estado y la Comunidad Autónoma.
El objetivo de estas políticas debe ser la equiparación progresiva de las condiciones socioeconómicas de la población de las islas al promedio estatal. Esto se medirá periódicamente y las desviaciones serán compensadas con políticas de
gasto eficientes.'
'Disposición adicional primera. Subvenciones al transporte de mercancías en la Comunidad Autónoma de Canarias.
Uno. El porcentaje del 70 por 100 regulado en los artículos 3 y 4 del Real Decreto 170/2009, de 13 de febrero, sobre compensación al transporte marítimo y aéreo de mercancías incluidas en el anexo I del Tratado Constitutivo de la Comunidad
Europea, con origen o destino en las Islas Canarias, y en los artículos 3 y 4 del Real Decreto 362/2009, de 20 de marzo, sobre compensación al transporte marítimo y aéreo de mercancías no incluidas en el anexo I del Tratado Constitutivo de la
Comunidad Europea, con origen o destino en las Islas Canarias, queda establecido en el 100 por 100.'
El Gobierno de España no debe ni puede obviar dos de los elementos claves para la integración y desarrollo de Canarias con respecto al promedio estatal como son la vivienda y las carreteras, configurados como elementos vertebradores y de
cohesión de las islas. Además, tiene una trascendencia por alta dependencia del sector turístico. En los PGE de 2021, se elimina la partida destinada al Plan de Viviendas para Canarias que se cuantifica en 12 millones de euros, a semejanza de la
recogida en los PGE de 2018.
Por ello, Coalición quiere advertir que se deja de prestar atención a las acciones que complementan el Plan Estatal de Vivienda, para que se puedan financiar actuaciones de urgencia habitacional de las familias canarias, independientemente
de que la Comunidad Autónoma de Canarias participe, con el porcentaje que le corresponda, del Plan 20.000, teniendo en cuenta las especiales características de Canarias, desde el punto de vista de un territorio insular, escaso y frágil, la una mayor
tensión en el mercado inmobiliario y, por consiguiente, en el acceso a la vivienda de los canarios y canarias.
Respecto al transporte de mercancías, se hace preciso mencionar que no se da la cobertura suficiente en los presupuestos de 2021 a las subvenciones para el transporte de mercancías, concretamente, al transporte del plátano, de forma que se
pueda cubrir el 100 % del coste, tal y como se recoge en el nuevo REF, siendo preciso dotar adicionalmente la partida con 18 millones de euros, así como la adecuación para la adaptación de las exportaciones al Reino Unido después del BREXIT.
Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico (Sección 23)
Otros de los Ministerio con mayor impacto en los recursos económicos que deben reflejarse en los PGE de 2021 es el de Transición Ecológica, de reciente creación, y que asume algunas de las competencias que anteriormente tenía el Ministerio
de Agricultura, Pesca y Alimentación y el de Transporte. Es por ello, que del análisis presupuestario que esta formación ha realizado de esta sección hay que señalar la vulneración que se hace en respecto al artículo 18 de la Ley 8/2018 de
modificación del REF por el que modifica el artículo 14 bis referido al Precio del agua y artículo 152 del Estatuto Autonomía, que obligan a atender las especiales condiciones de Canarias para las infraestructuras en materia de agua, así como para
el tratamiento de la misma, su extracción, y establecer las mejores condiciones para el riego agrícola.
De igual manera, y basándonos en el artículo 14 referido a la gestión, valorización, reciclaje y descontaminación de los residuos en Canarias, se requiere que por parte del Estado se atienda a los sobrecostes del archipiélago en relación a
esta materia para mejorar las condiciones insulares para el tratamiento de los residuos.
'Artículo 14 bis. Precio del Agua.
Se establecerá reglamentariamente un sistema de compensación, consignado anualmente en los Presupuestos Generales del Estado, que garantice en las Islas Canarias la moderación de los precios del agua desalinizada, regenerada o reutilizada
hasta alcanzar un nivel equivalente al del resto del territorio nacional, así como los precios del agua de consumo agrario fruto de la extracción y elevación de pozos y galerías y de la destilación para riego agrícola.'
'Artículo 152. Del Estatuto de Autonomía.
Establece que la Comunidad Autónoma de Canarias tiene competencia exclusiva en materia de aguas en todas sus manifestaciones, lo que incluye la regulación, planificación y gestión del agua, de los usos y de los aprovechamientos hidráulicos,
régimen de protección, así como de las obras hidráulicas que no estén calificadas de interés general, correspondiéndole no obstante al Estado las actuaciones relativas a las obras hidráulicas de interés general, teniendo en cuenta las singularidades
del Archipiélago Canario, de conformidad con el artículo 138.1 de la Constitución Española.'
'Artículo 14. Gestión, valorización, reciclaje y descontaminación de los residuos en Canarias.
1. En virtud del principio de continuidad territorial y al objeto de superar los obstáculos derivados de la fragmentación territorial del archipiélago, en aquellos flujos de residuos en los que sea de aplicación la responsabilidad ampliada
del productor, serán los productores, a través de sus sistemas individuales o colectivos de responsabilidad ampliada, los responsables de financiar el traslado de los residuos desde las otras islas hasta la isla donde exista planta de tratamiento, y
en su caso, hasta la península, cuando no sea posible su tratamiento en Canarias.
2. Los poderes públicos deberán diseñar estrategias que orienten la ejecución de políticas específicamente destinadas a reducir al máximo el volumen de residuos contaminantes generados en Canarias, haciendo primar su reutilización y
reciclaje a través de una red local de puntos habilitados para dicho fin.
3. Al objeto de minimizar los riesgos y el impacto ambiental del transporte y la circulación de residuos, el principio general de proximidad deberá estar en la base de la política sobre gestión y tratamiento de residuos en Canarias,
favoreciéndose su tratamiento en el archipiélago cuando existan plantas de tratamiento adecuadas para ello, y promoviendo en otro caso medidas que favorezcan la implantación y desarrollo de plantas de tratamiento y reciclado para el mayor número de
residuos posible.
4. Con el fin de obtener una adecuada protección ambiental del territorio canario, en aquellos residuos en los que la normativa establezca mínimos de recogida selectiva a nivel estatal, tales objetivos deberán ser alcanzados en la Comunidad
Autónoma de Canarias de acuerdo con los criterios previstos en la normativa de cada flujo de residuos, y en su defecto, en proporción a los residuos generados, según los datos disponibles de la Comunidad Autónoma a 31 de diciembre del año precedente
y los datos ofíciales que puedan complementarlos.
5. A efectos del control de residuos, en relación con los productos envasados, eléctricos y electrónicos, pilas y acumuladores, neumáticos y aceites y grasas minerales se deberá incluir en la declaración por la que se solicita un
determinado régimen aduanero a efectos de la imposición indirecta canaria el nombre del Sistema Integrado de Gestión de residuos al que el importador está adherido. La misma obligación es aplicable en relación con las entradas de las mercancías
indicadas procedentes de otro Estado miembro o del resto del territorio español. Al incumplimiento de esta obligación le será de aplicación lo previsto en el régimen sancionador en materia de residuos.
6. Aquellos productos que puedan generar residuos ambientalmente peligrosos, especialmente contaminantes, no reutilizables o reciclables podrán ser considerados no aptos, quedando fuera de la exención que recoge esta Ley. Podrán tener la
misma consideración de productos ambientalmente peligrosos aquellas plantas, animales, semillas o equivalentes que supongan un riesgo para el medio natural del archipiélago.'
En los PGE de 2021, las partidas destinadas a tales fines se ven mermadas, incluso algunas carecen de cobertura presupuestaria, como es el caso de la partida para el convenio en materia de aguas.
A los efectos de actualizar el programa de inversiones a acometer por la Administración General del Estado en obras hidráulicas declaradas de interés general en la Comunidad Autónoma Canaria, con fecha 4 de diciembre de 2018, se firmó el
'Protocolo General entre el Ministerio para la Transición Ecológica, Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente y la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas de Canarias, para el desarrollo de actuaciones en materia
de agua en las Islas Canarias, por el que se definen las líneas a seguir por ambas administraciones para el cumplimiento de la Directiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2000, por la que se establece un marco
comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas', y que constituye el escenario adecuado para la suscripción de Convenios específicos de colaboración entre el Ministerio y el Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas de
Canarias, para la construcción y explotación de obras hidráulicas de interés general en la Comunidad Autónoma de Canarias, para el periodo 2018-2029.
En lo que respecta al conjunto de obras de interés regional, principalmente en materia de depuración, saneamiento y reutilización de aguas, los PGE de 2021 no contemplan ninguna partida específica para las islas.
Por ello, estas obras, cuantificadas en 10 millones de euros, son de vital trascendencia para Canarias, amén de que la ejecución de estas actuaciones en esa materia supone dar cumplimiento a los objetivos generales de la Directiva Marco del
Agua.
En este mismo sentido, esta partida económica permite dar una protección de las masas de agua de las demarcaciones hidrográficas para prevenir su deterioro y el equilibrio y armonización del desarrollo regional y sectorial, promoviendo su
uso sostenible. Estos objetivos han de alcanzarse protegiendo la calidad del agua, economizando su empleo y racionalizando sus usos, protegiendo el medio ambiente y los demás recursos naturales. Concretamente se pretende acometer aquellas obras
que incidan en los programas de saneamiento, depuración, vertido y reutilización de aguas residuales en el conjunto de las ocho islas.
De igual modo, no se ha dotado partida específica para Canarias para el transporte de residuos entre las islas que se cuantifica en 3 millones de euros.
Este mismo Ministerio tiene asumidas las competencias en materia de costas, un asunto donde en Canarias tiene un papel vital por las propias características archipielágicas y su amplia superficie de costas. Por ello, no se entiende como el
Estado deja sin partida en los PGE de 2021 para la formalización del convenio en esta materia, y que, sin embargo, sí tuvo reflejo en los presupuestos del año 2018, al igual que sucede con la partida específica para la Playa de Valleseco en el
municipio de Santa Cruz de Tenerife, ambas cuantificadas en 6 y 2 millones respectivamente, partidas a las que esta formación no piensa renunciar.
Ministerio de Agricultura. Pesca y Alimentación (Sección 21)
El sector primario en las islas es mucho más que un generador de economía, pues contribuye a mantener un paisaje del que se benefician otros sectores como el turístico, generando ventajas con
mucho impacto medioambiental y es portador y garante de buena parte de las tradiciones canarias que son reflejo de siglos de actividad y de relación de los canarios y canarias con su entorno. Además, este sector goza de una protección
europea por la consideración de Canarias como Región Ultraperiférica, con programas específicos que ayudan al desarrollo y permanencia del sector y al mantenimiento del empleo.
Esta protección también tiene reflejo en el nuevo REF, concretamente en el artículo 30 de la ley 8/2018 que modifica el artículo 24 del REF para mejorar el sector primario, al que se debe dar respuesta a través de los PGE, concretamente para
atender las ayudas adicionales al POSEI para cubrir el 100 % de las mismas, y sufragar la partida cuya finalidad es cubrir los seguros agrarios a través de la entidad pública dependiente de este ministerio.
Por su parte, y para dar cumplimiento al artículo 24 del REF, el Gobierno de la nación consignara anualmente en los PGE una dotación suficiente para incrementar en un 65 % la subvención base que en cada momento establezca la Entidad Estatal
se Seguros Agrarios (ENESA) para los seguros agrarios de aplicación en Canarias.
'Artículo 24. Medidas en favor del sector primario.
1. El Gobierno del Estado y el Gobierno de Canarias se fijan como objetivos el de alcanzar una mayor capacidad de autoabastecimiento, y garantizar el futuro y el desarrollo a medio y largo plazo de los sectores agrícola y ganadero de
Canarias, en su condición de región ultraperiférica, incluidas la producción, la transformación y la comercialización de los productos locales, impulsando la agricultura y la ganadería, fomentando la competitividad y la innovación en el sector, y
apoyando a las pequeñas y medianas empresas y al desarrollo de cooperativas agrícolas y ganaderas que favorezcan la concentración de la oferta.
2. Para garantizar la competitividad de los sectores agrícola y ganadero de Canarias, el Gobierno de la Nación consignará anualmente en los Presupuestos Generales del Estado una dotación suficiente para garantizar el 100 por 100 de la
aportación nacional de las medidas de fomento de las producciones agrícolas locales autorizada por la Unión Europea en el marco del Programa de Opciones Específicas de Alejamiento e Insularidad (POSEO.
3. Con la finalidad de fomentar la contratación de seguros agrarios en las islas que ayude a garantizar la renta de las y los productores mediante su protección frente a adversidades climáticas y otros riesgos naturales, el Gobierno de la
Nación consignará anualmente en los Presupuestos Generales del Estado una dotación suficiente para incrementar en un 65 % la subvención base que en cada momento establezca la Entidad Estatal de Seguros Agrarios (ENESA) para los seguros agrarios de
aplicación en Canarias.
4. Con el fin de conservar las variedades agrícolas y razas ganaderas locales, en grave peligro de erosión genética, que son la base para diferenciar las producciones locales y facilitar su valorización comercial, el Gobierno de la Nación
dispondrá anualmente en los Presupuestos Generales del Estado de una dotación específica para promover bancos de conservación de recursos fitogenéticos y zoo genéticos locales y para apoyar la preservación in situ de estas variedades y razas por
parte de los agricultores y ganaderos.
5. Los poderes públicos apoyarán la utilización de productos agrícolas, ganaderos y pesqueros locales en los establecimientos turísticos de Canarias.
6. Se apoyará la creación en el archipiélago de un Centro Internacional de Tecnologías Agrarias destinado a favorecer las relaciones económicas con Europa y los países de África Occidental y de América Latina.'
Las partidas que se recogen en los PGE para 2021 no son suficientes para cumplir con los preceptos antes señalados, de forma que las necesidades financieras para cubrir el 100 % del POSEI ascienden a 8 millones de euros, mientras que, para
garantizar los seguros agrarios, esta formación señala que se cuantifican en 10,5 millones de euros.
Por tanto, y a la vista de todo análisis de impacto económico esbozado, Coalición Canaria-PNC, en defensa de los intereses de su Comunidad Autónoma, y el de su ciudadanía, concluye lo siguiente:
1) El Proyecto presupuestario para 2021, hace desaparecer todas las nuevas medidas incorporadas en el nuevo texto de la Ley 19/1994, de 6 de julio, de modificación del Régimen Económico y Fiscal de Canarias aprobado en noviembre de 2018,
como son las relativas al Fomento de la Integración Social y Programa de lucha contra la pobreza, Derecho de acceso a las tecnologías de la información y comunicación, Servicios audiovisuales banda ancha, Promoción comercial de Canarias, Plan de
inversiones públicas en infraestructuras en las áreas turísticas, Gestión, valorización, reciclaje y descontaminación de los residuos en Canarias, Infraestructuras de Aguas, Plan de Infraestructuras Educativas, Universidades, etc., incluso cuando
muchas de ellas se dotaron en Presupuesto de 2018.
2) En dicho Proyecto, coloca a Canarias en el penúltimo lugar respecto a la inversión regionalizada, siendo un presupuesto expansivo que aumenta respecto al 2018 (último presupuesto prorrogado). Además, existe un déficit cuantificado de
recursos económicos directos de más de 400 millones de euros que afectan tanto a la Comunidad Autónoma de Canarias, sus corporaciones Locales, universidades, consorcios y centros para ciencia e investigación.
3) Este trato a Canarias respecto a las transferencias de capital para poder calcular si se está en la media de inversión disminuye en 469.269,99 sobre el ejercicio anterior, pasando de 1.304.547,79 en 2018 a tan sólo 835.277,80 y
conculcando citado artículo 96 de la Ley 20/1991, de 7 de junio, de modificación de los aspectos fiscales del Régimen Económico Fiscal de Canarias, que establece expresamente un régimen especial de inversión del Estado en Canarias que forma parte
integrante de la acción estructural de carácter económico que el Estado se obliga a desarrollar en Canarias en ejecución de un estatuto diferencial de apoyo al desarrollo y de garantía de no compensación de costes presupuestarios.
4) El Estado no puede incumplir por más tiempo la aplicación en Canarias de las medidas que nos pertenecen por Derecho, sobre todo cuando se nos muestra un Proyecto de crecimiento de la Inversión General y de la Inversión Regionalizada, y en
el que se aprecia la asimetría de tratamiento con otras comunidades autónomas.
5) Del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia y REACT-EU hay distribuidos entre los distintos ministerios tan sólo 20 millones están nominados para Canarias para un Convenio con la Comunidad
Autónoma de Canarias. Estrategia de Resiliencia Turística. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, misma cuantía que se asigna a Baleares. Mientras que este mismo mecanismo otorga a las entidades locales un Plan de Sostenibilidad
Turística y Destinos por importe de 660 millones de euros para 2021.
La urgencia de incorporar la flexibilización y la ampliación de los aspectos fiscales del REF
En los difíciles tiempos que estamos viviendo, con elevadas incertidumbres de toda índole, sanitarias y económicas, derivadas de la crisis generada por la COVID-19, en el archipiélago canario se hace imprescindible contar con un marco
tributario dotado de seguridad jurídica para todos los contribuyentes y que ofrezca un grado de certeza razonable a los operadores económicos de los incentivos a su alcance.
El Régimen Económico Fiscal de Canarias debe contribuir a superar la desafortunada situación sanitaria global y de parálisis de nuestro principal motor económico. Por ello, ahora más que nunca se precisa que la normativa vigente sea lo
suficientemente clara para que los incentivos puedan ser utilizados y disfrutados por el tejido económico de las islas y contribuya a paliar la grave situación a la que el empleo en el archipiélago se puede ver sometido.
La prórroga de dos años de las directivas de ayudas de Estado de finalidad regional y del Reglamento General de Exención por Categorías, hasta 2022 está generando algunos efectos perjudiciales indeseados en medidas que tienen fijado
legalmente un horizonte temporal que finaliza en 2020 impidiendo o dificultando el funcionamiento normal de incentivos tales como la RIC, en relación a inversiones anticipadas y a la futura inscripción y vigencia del régimen de la ZEC.
La suspensión o ralentización, en el mejor de los casos, de la actividad económica producida por la crisis sanitaria en todos los sectores de actividad y, particularmente, en determinados sectores esenciales en la economía de las islas
Canarias (sector turístico y actividades directamente relacionadas con el mismo, comercio minorista, la restauración y el ocio, etc.), unida a la disminución de la actividad en otros sectores necesarios para el cumplimiento de los compromisos de
inversión asumidos (construcción, distribución, servicios profesionales técnicos, actividad administrativa, etc.), con la consiguiente paralización de la actividad inversoras de las empresas, dificultan enormemente la realización de las inversiones
e incluso la dotación por la previsible escasez de beneficios empresariales, y disminución de los volúmenes de negocio de los contribuyentes.
En consecuencia, se precisa la urgente flexibilización de los plazos de inversión, periodos de dotación, periodos de utilización o mantenimiento de dichas inversiones y especialmente en el cumplimiento de los requisitos vinculados a la
creación y mantenimiento del empleo en Canarias como medio de materialización de la RIC y a los efectos de permitir el disfrute del régimen de la Zona Especial Canaria. Asimismo, los límites de acumulación de ayudas consideradas al funcionamiento
para los períodos fiscales iniciados en 2020 deben ampliarse atendiendo a la indudable reducción de los ingresos empresariales y profesionales. Por ello es importante y urgente, aclarar el marco normativo de los aspectos tributarios del REF e
imprescindible adaptarlo a las excepcionales circunstancias que estamos viviendo en este año 2020 con origen en la pandemia global del Coronavirus COVID 19.
A) Efectos temporales de la nueva redacción de la RIC en los apartados 2, 4, 8 y 12 del artículo 27 de la Ley 19/1994: elementos patrimoniales usados, permanencia y sustitución de elementos.
B) Las Aplicaciones informáticas en la RIC, redacción de la letra e) del apartado 5 del artículo 27 de la Ley 19/1994.
C) Reserva para inversiones en Canarias-elementos usados previamente afectos a la Deducción por Inversiones en Canarias en activos fijos nuevos.
D) El momento del cómputo de las ayudas de Estado por la Reserva para Inversiones en Canarias.
E) Dotación a la Reserva para Inversiones en Canarias por plusvalías obtenidas en la venta de elementos no afectos.
F) La materialización de la RIC en creación de empleo.
G) Mantenimiento de la inversión. La interrupción del plazo de mantenimiento por jubilación o incapacidad sobrevenida.
H) Entidades patrimoniales que realizan actividades económicas en Canarias.
I) Efectos de la prórroga de las directivas de ayudas de Estado de finalidad regional y del Reglamento de Exención en la ZEC y en las Inversiones anticipadas a la RIC.
J) La tributación mínima en el Impuesto sobre Sociedades y el REF.
K) Flexibilización de los plazos de materialización de la RIC por el impacto de la COVID-19.
L) El mantenimiento de los bienes afectos a la RIC en caso de ceses de actividad por el efecto de la COVID-19.
M) La materialización de la RIC en la creación de empleo: reglas de cómputo de las plantilla media total y plazos de mantenimiento en periodos de COVID-19.
N) El Mantenimiento de los bienes afectos a la DIC en activos fijos nuevos en caso de ceses de actividad por efecto de la COVID-19.
O) Mantenimiento de los bienes afectos en caso de cese de actividad en la exención regulada en el artículo 25 de la Ley 19/1994 por el impacto de la COVID-19.
P) El requisito de empleo en la ZEC en periodos afectados por el estado de alarma.
Q) El control de los incentivos y límites de la acumulación de ayudas derivados de la aplicación del Derecho de la Unión Europea en periodos afectados por la COVID-19.
Hasta la fecha el Ministerio de Hacienda no ha contestado con certidumbre a ninguno de estos aspectos, contestando a instancias de Coalición Canaria-PNC en el Senado, que no podía concretar una fecha para su modificación y que se encontraba
aún en estudio. A apenas dos meses de la finalización de la fecha límite de 31 de diciembre de 2020 es necesario que estas modificaciones se practiquen vía Ley de Presupuestos para dotarlo de seguridad jurídica.
El pago de la sentencia de carreteras
Ante la importancia y relevancia vital que tiene para la Comunidad Autónoma insistimos en que los PGE deben recoger el mecanismo jurídico y en su caso las cuantías que correspondan para la ejecución de las sentencias del Tribunal Supremo y
por tanto, transfiera a Canarias los más de 1.000 millones que aún se le adeudan por incumplimiento del Convenio de Carreteras en los años 2012, 2013 y 2014.
Es vital para Canarias que se dote de un marco jurídico que sirva de 'percha' para la firma de un acuerdo para la transferencia de esos fondos y las cuantía puedan ser incorporados al Presupuesto de la Comunidad Autónoma para 2021.
Incluso con el mecanismo recogido en el texto articulado de los PGE2018 el Estado computó en el superávit de 2019 516 millones de euros, impidiendo de esta manera que la CAC los utilizara en gasto no financiero, es decir, en la sanidad, la
educación o las políticas sociales. La suspensión de las reglas fiscales para el 2021 abriría una puerta para que puedan ser consignados, sin embargo se hace necesario arbitrar el mecanismo jurídico para la transferencia de esos recursos por
importe de más de 1.000 millones y la seguridad del abono de dichas sentencias.
El actual proyecto de PGE2021 no aborda en ningún momento este mandato por sentencia que se refiere a abonar la deuda derivada de las sentencias del Tribunal Supremo por incumplimiento por parte del Estado del Convenio de Carreteras suscrito
el 31 de enero de 2006, librando la cuantía de 516 millones de euros que el Estado llevó a superávit de Canarias en 2018, para que puedan destinarse a gastos no financieros en sus servicios públicos y demás competencias y a incrementar el vigente
Convenio de Carreteras 2018-2027 por importe de 500 millones de euros no abonados y no ejecutados del anterior Convenio de Carreteras derivado del cumplimiento de la citada sentencia del Tribunal Supremo.
Fondos Europeos
El 21 de julio de 2020, el Consejo Europeo acordó un instrumento excepcional de recuperación temporal conocido como 'Next Generation EU' (Próxima Generación UE) por un importe de 750.000 millones de euros. El Fondo de Recuperación garantiza
una respuesta europea coordinada con los Estados miembros para hacer frente a las consecuencias económicas y sociales de la pandemia. El acuerdo de julio de 2020 sobre el Fondo de Recuperación 'Next Generation EU' autoriza a la Comisión Europea a
endeudarse hasta 750.000 millones de euros en nombre de la Unión Europea. Los fondos pueden utilizarse para conceder préstamos reembolsables por un volumen de hasta 360.000 millones de euros y transferencias no reembolsables por una cantidad de
390,000 millones de euros. El desembolso de estos importes se realizará a lo largo de 6 años, hasta finales de 2026. La parte que corresponde a los préstamos reembolsables se tendrá que devolver antes del 31 de diciembre de 2058.
Los dos instrumentos de mayor volumen del 'Next Generation EU' son los siguientes: -El Mecanismo para la Recuperación y la Resiliencia (MRR) constituye el núcleo del Fondo de Recuperación y está dotado con 672.500 millones de euros, de los
cuales 360.000 millones se destinarán a préstamos y 312.500 millones de euros se constituirán como transferencias no reembolsables. Su finalidad es apoyar la inversión y las reformas 1 2 5 en los Estados Miembros para lograr una recuperación
sostenible y resiliente, al tiempo que se promueven las prioridades ecológicas y digitales de la Unión. -El REACT EU está dotado con 47.500 millones de euros. Los fondos de REACT EU operan como fondos estructurales, pero con mayor flexibilidad y
agilidad en su ejecución. REACT EU promoverá la recuperación ecológica, digital y resiliente de la economía.
El criterio de reparto del MRR garantiza un apoyo financiero mayor a aquellos Estados miembros cuya situación económica y social se haya deteriorado más, como consecuencia de la pandemia y las medidas de restricción de la actividad económica
necesarias para combatir a la COVID-19. Los fondos del MRR se asignan en dos tramos: un 70 % sobre indicadores económicos anteriores a la emergencia sanitaria y el restante 30 % se decidirá en 2022 con los datos que reflejen la evolución económica
entre 2020 y 2022.
Sin embargo, tal y como vemos en los PGE2021 este mismo criterio no ha sido empleado para su distribución en el territorio y entre las regiones más afectadas. El plan nacional para la recuperación, que se denomina Plan de Recuperación,
Transformación y Resiliencia, está en línea con el borrador de Plan Presupuestario 2021-2023 y se encuentra ya predistribuido en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2021. Estos presupuestos incorporan los 21436 millones en
transferencias previstas a través de los nuevos instrumentos de financiación de la UE. De esos más de 27 mil millones de euros, Canarias la comunidad autónoma con los peores indicadores económicos y de paro, y con el mayor impacto sobre su
principal motor económico cuenta tan sólo con una partida nominada de 20 millones de euros para un convenio de recuperación del turismo dentro del Mecanismo de Reactivación y Resiliencia. Resulta llamativo que con este mismo objeto el Plan reserve
para ayuntamientos sin concretar el objeto ni su distribución territorial 660 millones de euros.
El Parlamento de Canarias se expresó a este respecto aprobando por unanimidad una Moción para que a una distribución de los Fondos Europeos dirigidos a paliar los efectos del COVID-19 con los mismos criterios que lo ha realizado la Comisión
Europea, teniendo en cuenta aquellas comunidades autónomas que sufren un mayor impacto económico, una mayor caída del PIB y una mayor destrucción del empleo, así como nuestra condición de región ultraperiferica, en cuanto a la distribución de los
fondos europeos extraordinarios del Plan de Reconstrucción, especialmente los 72.000 millones asignados a España en transferencias no reembolsables, entre las comunidades autónomas el mismo criterio seguido por la Unión Europea para hacer la
distribución de los 750.000 millones entre los Estados miembros: atender a los sectores económicos y los territorios más dañados por la crisis sanitaria y socioeconómica derivada de la pandemia causada por el coronavirus.
España incumple con este criterio, distribuyendo entre los Ministerios sin asignar a los territorios sometiendo a Canarias como región con mayor impacto a una concurrencia competitiva o a una distribución discrecional que nada tiene que ver
con la cobertura de las necesidades para la reactivación que Canarias requiere.
A la vista de todo lo expuesto anteriormente, Coalición Canaria-PNC ha motivado todos y cada uno de los argumentos jurídicos, tanto de carácter social, económico y fiscal que justifican sobradamente la decisión de devolver el Proyecto,
exigiendo al Gobierno la corrección de todas las situaciones expuestas, enmendando la totalidad del Proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2021, como vía indispensable para evitar la sanción de un marco donde, al consagrar la existencia
de normas legales incumplidas, la posición canaria en estos presupuestos resulta agraviada con claridad, colocando en el escenario presupuestario del ejercicio 2021 a Canarias lejos de las exigencias financieras que le permitirían abordar el impulso
del desarrollo económico y social.
Por tanto, ante el flagrante incumplimiento del Estatuto de Autonomía de Canarias y del Régimen Económico y Fiscal de Canarias, se presenta esta Enmienda de totalidad al Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2021.
ENMIENDA NÚM. 2
FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Plural
A la Mesa de la Comisión de Presupuestos
Laura Borràs i Castanyer, en su calidad de Diputada de Junts per Catalunya, integrado en el Grupo Parlamentario Plural, al amparo de lo establecido en el artículo 110 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente enmienda a
la totalidad al Proyecto de Ley Presupuestos Generales del Estado para el año 2020.
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de noviembre de 2020.-Laura Borràs Castanyer, Portavoz Adjunta del Grupo Parlamentario Plural.
Enmienda a la totalidad de devolución
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La grave situación de crisis sanitaria provocada por la COVID-19, una crisis que también es económica y social, no debe tapar la grave crisis democrática que sufre el estado español en referencia al conflicto político que mantiene con
Catalunya.
No hace falta remontarse más allá. Principalmente desde octubre de 2017, con posterioridad al referéndum del 1 de Octubre y a todos los hechos que desencadenó y que culminaron con la sentencia de casi 100 años de prisión para la mitad del
govern legítimo de Catalunya, la Presidenta del Parlament y a los dos principales líderes sociales; la situación de represión y de vulneración de derechos fundamentales, como han reiterado organizaciones internacionales tales como amnistía
internacional o el grupo de trabajo de detenciones arbitrarias de las UN, es una realidad. Las cuotas de represión, lejos de disminuir, se incrementan día a día, haciendo que el contador de los represaliados casi llegue a la cifra de 3.000
ciudadanos. La connivencia de las fuerzas policiales -que en sede parlamentaria fueron denominadas 'policía patriótica' por parte del Ministro Marlaska- y las instancias judiciales caducas y totalmente ideologizadas para perseguir y combatir el
independentismo hace que se sucedan como réplicas en un seísmo que parece no tener fin.
En un estado que se quiera denominar democrático, y de derecho, no le corresponde a la justicia dar respuestas a problemas políticos, sino que es obligación del Gobierno y del Parlamento. España, a día de hoy, es un país que tiene presos
políticos y exiliados, y esto es una evidencia que no podemos pasar por alto. Esta grave crisis de valores democráticos y de vulneración de derechos fundamentales condiciona profundamente cualquier relación con el estado. Desde Junts per Catalunya
reclamamos y no dejaremos de trabajar para conseguir una solución política para un conflicto que es claramente político, y denunciamos y denunciaremos que la judicialización de este conflicto no es ni será la solución al mismo bajo ninguna
circunstancia.
Dicho esto, los presupuestos generales del estado tendrían que ser la herramienta principal para poder llevar a cabo aquellas políticas que den respuesta a las necesidades de la ciudadanía, y estos presupuestos no van en esta línea en
general y mucho menos desde la óptica de Catalunya y sus ciudadanos. Una vez más, y ya hemos perdido la cuenta, son unos presupuestos que le dan la espalda a los catalanes y no resuelven el espolio fiscal congénito que sufrimos, pero tampoco tiene
presenten las deudas acumuladas, los incumplimientos flagrantes (ilegales, pero parece que la ley hay quien puede saltársela sin consecuencias) que merman de forma directa los ingresos y la calidad de vida de los catalanes. Pero difícilmente se
pueden votar unos presupuestos a cambio de determinadas partidas presupuestarias mientras existe una criminalización política que mantiene presos a dirigentes políticos elegidos de manera democrática y a líderes sociales, cuya inmediata puesta en
libertad ha sido exigida esta misma semana por organizaciones internacionales de reconocido prestigio como Amnistía
Internacional. Por ello, nuestro posicionamiento es fruto de un compromiso permanente en defensa de la democracia y las libertades de nuestro país.
Además, en el contexto actual, nuestra responsabilidad como políticos es la de dar respuesta a la grave crisis que estamos viviendo, para que los negocios no tengan que cerrar, para que las familias puedan tener cuidado de sus hijos y de sus
mayores, es nuestra responsabilidad apoyar a los trabajadores que se han quedado sin trabajo y es nuestra responsabilidad ayudar a las familias que tienen problemas para pagar su vivienda. Y estos presupuestos que el gobierno pretende tramitar no
contienen ni las ayudas ni las moratorias o exenciones en el pago de impuestos necesarios para dar respuesta a todas estas necesidades.
Si ya fue una grave irresponsabilidad que desde Junts per Catalunya no hemos dejado de denunciar que los ERTES no se pagaran y sigan sin pagarse a tiempo, es profundamente temerario no ayudar a los autónomos y emprendedores para, encima,
aumentarles sus cuotas. Sería irresponsable por nuestra parte dar un SÍ acrítico a estos presupuestos.
Presentamos esta enmienda a la totalidad por responsabilidad, para defender las necesidades de la ciudadanía, por la responsabilidad de exigir al que se autodenomina el 'gobierno más progresista de la historia' que tome medidas realistas,
efectivas y justas con respecto al déficit secular en materia presupuestaria que sufre Catalunya.
El papel parece que lo aguanta todo, pero la experiencia nos demuestra que no es así. Las promesas incumplidas y las lluvias de millones ya sabemos en qué se convierten: en promesas vacías y caducas.
Sirvan como ejemplo algunos antecedentes recientes:
- Las inversiones incluidas en los PGE entre los años 2015 y 2018 solo se ejecutaron en un 65,9 %. Lo que significa que se dejaron de invertir en Catalunya 2.214 millones de .
- El balance de ejecución de inversión del año 2019, se situó en Catalunya en el 10,8 % del total de inversión estatal, muy por debajo del peso demográfico de Catalunya (16,8 %) y del PIB (19 %}.
- El plan de cercanías aprobado para el periodo 2008-2015, solo se ha ejecutado en un 14 %, de los 4.000 millones que se preveía, solo ha invertido 560. El Plan de actuaciones prioritarias 2014-2016, preveía un presupuesto de inversión de
306 M, y se ha ejecutado solo el 12 %, 38,4 M.
Los PGE 2021 prevén una inversión real de 1.999,30 M en Catalunya, un 16,5 % del total territorializado y el 10,4 % del total. Además, hay que sumar los 200 M, pendientes de la sentencia sobre la disposición adicional 3.ª del Estatut.
Pero ni rastro del acuerdo de la Comissió Mixta d' Afers Economics i Social de fecha 26 de setiembre de 2018, en la que se acordó el pago de la deuda correspondiente al 2008 y que ascendía a 759 M. El acuerdo establecía que los
presupuestos del año 2019 se incluiría la dotación de 200M, y el resto se haría efectivo en tres años.
Los presupuestos 2021 deberían incorporar 600 M. Quieren vendernos que aumentan la inversión cuando lo que hacen es devolver en parte una deuda pendiente en cumplimiento de una sentencia del Supremo que ni tan siquiera cumplen.
Apuntamos también la ya famosa disposición adicional 3.ª del Estatut, famosa básicamente porque no se ha cumplido nunca, establece:
La inversión del Estado en Catalunya en infraestructuras, excluido el Fondo de Compensación lnterterritorial, se equiparará a la participación relativa del producto interior bruto de Catalunya con relación al producto interior bruto del
Estado para un periodo de siete años. Dichas inversiones podrán también utilizarse para la liberación de peajes o construcción de autovías alternativas.
Pues bien: el PIB catalán se sitúa en el 19 %. La inversión territorializada tendría que contemplar una cifra de 2.302 M. Faltarían al menos 302,7 M, más que todo el presupuesto del departamento de Cultura de la Generalitat, que
asciende a 287 M/año.
Eso si, el gasto militar representa el 40 % del total inversiones reales del estado, 3.090 M, y lejos de rebajarlo aumenta en un 4,6 %, presupuestos progresistas, dicen. Por no hablar del presupuesto de la Casa Real que también aumenta, en
este caso un 6,9 %.
En relación con la Ley de la dependencia, no se han cumplido nunca las obligaciones por parte del estado, que tendría que asumir el 50 % y el otro 50 % la Generalitat. La realidad, sin embargo, es que el estado sólo paga un 16 % y la
Generalitat de Catalunya asume el resto (en este momento es exactamente un 83,9 %). Por ello, el incremento de 600 M que incorporan estos presupuestos es una cifra insuficientemente ridícula y sin garantías de poder recuperar el compromiso de
financiación compartido, 50-50.
Actualmente hay 234.000 personas que están recibiendo prestaciones a la dependencia, mientras que 149.000 están a la espera de valoración para ser incluidos en la retribución.
La gestión de los fondos europeos, de las cuales los PGE contemplan un anticipo de 27.000 M, parece más un chantaje que no una medida real, en ningún caso los fondos europeos están condicionados a la aprobación o no de los presupuestos.
Las administraciones regionales y locales son las que tienen un contacto directo y cotidiano con la realidad empresarial de cada territorio.
Como hemos repetido en distintas ocasiones, en relación a estos fondos que ya fueron esgrimidos como elemento falsamente negociador en la última prórroga del estado de alarma de la primera oleada de COVID-19; habría que establecer:
1. La gestión de los fondos europeos que correspondan a Catalunya.
2. Relación directa de la Generalitat de Catalunya con la Comisión Europea, tal como ya existe en la gestión de otros fondos europeos.
3. España debe utilizar los 140.000 M íntegramente, asegurándolos para financiar proyectos concretos y no gasto corriente.
4. El principio de sostenibilidad financiera tiene que ser uno de los principios rectores en la selección de proyectos.
5. Las PIMES no deberían ser excluidas de la selección de proyectos.
Los fondos europeos deberían generar el máximo efecto multiplicador posible sobre el crecimiento económico. Por ello la selección de proyectos debería seguir criterios de competitividad y transparencia, con el fin que los proyectos
financiados sean los que maximizan los efectos expansivos en el PIB.
El fondo europeo de reconstrucción es una gran oportunidad para reconstruir el tejido empresarial destruido por la crisis, así como para modernizar y potenciar nuestra red de instalaciones científicas y tecnológicas.
Cuando el estado español es quien hace el reparto de los fondos europeos, en los últimos 25 años, a Catalunya solo llega el 10 %, cuando representa el 16 % de la población y el 19 % del PIB. Cuando es Europa que reparte directamente,
Catalunya se defiende mucho mejor, gracias a los proyectos competitivos que presenta, a la colaboración público privada y tecnológica científica, multinacional y pi mes, se llevan entre un 3 y un 4 % de fondos como el HORIZON 2020, cuando solo
representa el 1,5 % de la población europea.
De estos fondos el estado ha pre-asignado 3.723 M para políticas ambientales y 1.650 M en políticas de vivienda, en esta pre-asignación Catalunya recibiría solo 371 M para políticas medioambientales, (el 12,9 % del total regionalizado) y
225 M para vivienda (el 16,3 % del total).
Se aumentan las becas universitarias en 250 M, para que ningún alumno tenga que dejar de estudiar por problemas económicos, pero incumplen las distintas sentencias sobre el traspaso de la gestión de dichas becas al Govern de Catalunya, un
traspaso que está pendiente desde el año 1994.
La inversión en sanidad asciende a 7.330 M, pero estos presupuestos -una vez más- no abordan la infrafinanciación crónica de la sanidad, como se viene reclamando históricamente desde Catalunya.
Estos PGE 2021, además, no recogen partidas concretas adicionales, ya sean de aumento de gasto o de reducción de la presión fiscal, que puedan ayudar a compensar los graves efectos económicos negativos derivados de la pandemia, como si hacen
otros países. Alemania, por ejemplo, ha anunciado un paquete de 10.000 M para compensar el 75 % de las pérdidas que las PIMES y autónomos. El aumento de la presión fiscal que contemplan los PGE 2021, en un contexto de contracción de la actividad
económica, va totalmente en contra de la reactivación, la limitación de las exenciones fiscales en el Impuesto de Sociedades, el aumento de las cotizaciones de los autónomos dificulta aún más esta reactivación.
Los presupuestos tampoco incluyen medidas de reducción de IVA de los sectores más afectados, sector turístico, sector cultural, entidades deportivas, IVA material sanitario (mascarillas, guantes, EPls), o aplicación rebaja para facilitar la
transformación del parque de vehículos hacia el vehículo eléctrico, más sostenible, ni tampoco el reconocimiento a nivel de este impuesto de los centros de investigación, básica y aplicada como actividad económica de interés general.
El estado debería hacer un esfuerzo para otorgar subvenciones directas a los sectores más afectados, ayudas a la reestructuración de la deuda de las empresas, reducción temporal de impuestos, disminución de la cuota de autónomos, extensión
de la moratoria de los créditos ICO y la apertura de nuevas líneas de crédito, con el objetivo de evitar el cierre de negocios.
Para finalizar, los expertos consideran que estos PGE son demasiado optimistas en referencia al pronóstico de crecimiento del 13 % de los ingresos en el 2021. Esta previsión parte de un cuadro macroeconómico poco realista para los próximos
trimestres, y suponiendo que la ejecución de los fondos europeos será muy elevada, un hecho bastante discutible por la demora que se prevé en la aprobación del paquete europeo.
De modo que presentan unos presupuestos demasiado optimistas con las previsiones económicas y por ello mal dimensionados para ayudar a las empresas, a las pequeñas y medianas empresas.
Y sin olvidar, y resaltando que nuevamente estos presupuestos no resuelven de ninguna manera, el expolio fiscal, que no olvidemos no deja de ser, al final, un expolio social. Desde Catalunya el listado de deudas pendientes, lejos de
minimizarse aumenta año tras año, afectando directamente al bienestar de sus ciudadanos.
- 16.000 M de déficit fiscal, que soporta anualmente Catalunya (8 % del PIB).
- 458 M de devolución del IVA pendiente, solo del año 2017.
- 3.710 M de la deuda acumulada, correspondiente a la DA3a.
- 1.249 M deuda acumulada pendiente financiación Mossos d'Esquadra.
- 11,3 M + 23 M anuales del incremento de órganos judiciales en Catalunya des del 2017.
- 37 M de la deuda pendiente de los Fondos de Cohesión Sanitaria y del FOGA.
- 3.418 M de la falta de financiación de la ley de dependencia.
- 35 M anuales pendientes de la diferencia del 0,7 % IRPF con finalidades sociales.
El proyecto de Ley presentado, pues, resulta insuficiente para afrontar con éxito los retos sociales y económicos que la sociedad catalana necesita, todavía más en una época de pandemia, cuando otros países europeos han incorporado partidas
específicas para combatir a la COVID-19.
Así pues, y en vista de los datos expuestos, ante la presentación del proyecto de Presupuestos Generales del Estado para el ejercicio 2021 por parte del Gobierno español, y atendiendo a la trascendencia de dicho proyecto de ley, Junts per
Catalunya no apoyará dicho proyecto si, además, previamente, no se da un marco de compromiso para la resolución política y democrática del conflicto existente entre el Reino de España y Catalunya.
Por ello Junts per Catalunya presenta esta enmienda a la totalidad al Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado de 2021, solicitando su devolución al Gobierno.
ENMIENDA NÚM. 3
FIRMANTE:
Isidro Manuel Martínez Oblanca
(Grupo Parlamentario Mixto)
A la Mesa de la Comisión de Presupuestos
El Grupo Parlamentario Mixto, a iniciativa de don Isidro Manuel Martínez Oblanca, Diputado de Foro, de acuerdo con lo establecido en el vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente enmienda a la totalidad al
Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2021.
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de noviembre de 2020.-Isidro Manuel Martínez Oblanca, Diputado.-Albert Botran Pahissa, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.
Enmienda a la totalidad de devolución
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La política de propaganda que viene impregnando la labor del Gobierno de coalición PSOE-Unidas Podemos desde su formación en los primeros días de 2020, junto con la manipulación de los datos y la negación de las previsiones económicas
realizadas por organismos nacionales, europeos e internacionales, son algunas de las principales características que adornan el proyecto de Presupuestos Generales del Estado 2021 (PGE 2021) que tuvo su entrada en las Cortes Generales el 28 de
octubre de 2020.
En plena segunda oleada de la pandemia del COVID-19, con gran parte del territorio nacional azotado por los gravísimos efectos del coronavirus, los hospitales desbordados, un alto riesgo de colapso en las Unidades de Cuidados Intensivos
(UCI), y el personal sanitario desprotegido, agotado y sin relevo, la aprobación del estado de alarma -vulnerando, a mi juicio, la Constitución Española- se acompaña de una crisis que afecta muy negativamente a prácticamente todos los sectores
económicos y sociales, tal y como reflejan los indicadores oficiales, y como vaticinan para los próximos dos años algunos organismos nacionales e internacionales.
Sin embargo, en tan crítico contexto para España, el Gobierno sigue a lo suyo, a la propaganda, porque, tanto en su actividad como en su proyecto presupuestario, viene tratando de restar importancia a los brutales efectos negativos que ya
han sacudido nuestra economía y los que se derivarán de las imprescindibles medidas para combatir las sucesivas oleadas del contagio que continuarán incidiendo en su conjunto. De hecho, a mediados del mes de junio, la vicepresidenta tercera y
ministra de Asuntos Económicos, doña Nadia Calviño, consideró, en sede parlamentaria, que la fase de recuperación de la economía ya se había iniciado insistiendo en la previsión del Gobierno de que el Producto Interior Bruto (PIB) crecería el 6,8 %
en 2021 y que habría una caída intensa de la actividad este año, una recuperación en la segunda mitad y un crecimiento intenso el año próximo, señalando, además, un cambio de tendencia que, según la principal responsable económica del Ejecutivo, se
había demostrado con la creación de empleo a partir del fin de la hibernación de la economía y de las medidas de confinamiento.
'Los indicadores, por tanto, nos muestran ese cambio de tendencia y que la fase de recuperación ya se ha iniciado', afirmó la vicepresidenta tercera ante el Pleno del Congreso de los Diputados. 'Ahora bien, la recuperación no depende
solamente de lo que hagamos a partir de ahora; la recuperación depende de lo que hicimos desde el primer día de la pandemia, cuando ya pusimos en marcha un primer paquete de medidas económicas y sociales que se ha visto acompañado semana tras
semana de un conjunto de medidas tremendamente importantes y tremendamente eficaces, como se está demostrando con la protección de nuestro tejido productivo, la protección de nuestro empleo y, por tanto, la protección de una base suficiente para
poder tener esa recuperación robusta, inclusiva y sostenible que todos deseamos' (Diario de Sesiones; Sesión de control al Gobierno, 17 de junio de 2020).'
Mas recientemente, el 8 de septiembre, tras reconocer la vicepresidenta titular del Ministerio Asuntos Económicos y Transformación Digital que 'las previsiones económicas son casi misión imposible', añadió que 'los indicadores apuntan a que
hubo un punto de inflexión en mayo, de modo que la economía española ha pasado a una fase de reactivación', y reiteró que 'las previsiones del Gobierno apuntan a que el PIB crecerá por encima del 10 % ya en el tercer trimestre'.
Sin embargo, en un informe de perspectivas de otoño fechado hace tres semanas, a mediados del mes de octubre, en vísperas de la aprobación por el Consejo de Ministros del proyecto de Ley de PGE 2021, el Fondo Monetario Internacional (FMI)
atribuyó a España 'la peor evolución de las grandes economías avanzadas en 2020' y, al igual que había hecho en el mes de junio, mantuvo una previsión de caída del producto interior bruto (PIB) del 12,8 % lo que supondría una gran contracción,
superior en 1,6 puntos al -11,2 % que contempla el Gobierno, mucho mayor que la que se pronostica para el resto de la Unión Europea y de otros países del mundo homólogos a España.
Con la atención prioritaria a la salud pública, las últimas decisiones conocidas sobre nuevos confinamientos y el paulatino cierre de sectores económicos que ya se está produciendo, incidirán muy negativamente sobre la actividad económica y,
con toda probabilidad, desbordarán las previsiones más relevantes del Gobierno sobre las que está basado el proyecto de PGE 2021, incluidas también las relativas al déficit público.
El apoyo de la mayoría de la investidura
'Los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2021 están llamados a cambiar el rumbo de España. Son los Presupuestos de la Transformación', proclama el Gobierno en las primeras palabras del texto de presentación elaborado por el
Ministerio de Hacienda, organismo autor de la publicación. Lo afirma un Ejecutivo que solo se ha decidido a aprobar este proyecto de cuentas públicas cuando se ha garantizado el apoyo de la mayoría parlamentaria que facilitó su investidura,
incluidos los Grupos políticos que tienen como decidida voluntad la de cambiar el rumbo de España... pero fragmentándola.
La precipitada tramitación en el Congreso del proyecto de Ley no tiene precedentes en la historia democrática y el Gobierno pretende que se despache contra-reloj, en tiempo récord y, en todo caso, atropelladamente. Baste decir durante que
los días 4, 5 y 6 de noviembre, es decir, en solo tres días y, además, consecutivos, han comparecido 91 miembros del gobierno y otras autoridades (36+34+21) en sesiones maratonianas simultáneas para explicar ante diversas Comisiones las
correspondientes partidas de sus respectivos departamentos, organismos e instituciones. Una vez más a lo largo de la actual XIV Legislatura, el Ejecutivo entorpece la labor del Legislativo y trata de condicionar su actividad.
El proyecto de ley presupuestaria pretende poner fin a las sucesivas prórrogas derivadas de la incapacidad de aprobar su propio proyecto de cuentas públicas. En 2019 porque el proyecto presupuestario fue rechazado por la mayoría del
Congreso, lo que abocó al Gobierno de entonces -también presidido por el señor Sánchez Pérez-Castejón- a convocar Elecciones Generales que, una vez celebradas, tuvieron que repetirse tras la fallida XIII Legislatura que apenas duro un semestre. En
2020 por las limitaciones derivadas de la pandemia y la prioridad de atender la emergencia sanitaria desde mediados de marzo tras haber despreciado, en las primeras semanas del año, las advertencias de la Organización Mundial de la Salud (OMS) e
ignorado la calamidad sanitaria que ya asolaba varios países del mundo, entre ellos Italia.
A la manifiesta anomalía que ha supuesto gobernar dos ejercicios completos con presupuestos prorrogados, hay que añadir que las cuentas públicas vigentes desde 2018 fueron aprobadas con el voto en contra del Grupo Parlamentario Socialista.
Sólo unos días después se sustanció una moción de censura contra el gobierno de Mariano Rajoy que salió adelante con los votos favorables y decisivos de grupos parlamentarios independentistas y antisistema, entre otros, y que otorgó la presidencia
al señor Sánchez Pérez-Castejón que, entonces, no era diputado.
La exclusión de la oposición
Las graves condicionantes actuales y el desplome económico que acompañan el proyecto de PGE 2021 repercuten tanto en ingresos como en gasto público. En este sentido, el esfuerzo del Gobierno
debería ir encaminado a compensar la actividad económica, evitar la destrucción del tejido productivo y del empleo, y reforzar la atención a los servicios sociales. Sin embargo, el Gobierno no ha tratado de buscar un amplio acuerdo político
'de país' que respaldase la propuesta de cuentas públicas para el año 2021.
El desarrollo de los trabajos y las reuniones parlamentarias en la denominada Comisión para la Reconstrucción Social y Económica, disuelta a finales de julio tras casi tres meses de actividad, ya anticipaba la escasa voluntad de alcanzar
grandes acuerdos y eso que desde el Gobierno se llegó a plantearla inicialmente como emulación de los Pactos de La Moncloa (Acuerdo sobre el programa de saneamiento y reforma de la economía y Acuerdo sobre el programa de actuación jurídica y
política) suscritos ampliamente en 1977 por partidos políticos y organizaciones sindicales y empresariales. El 12 de abril, el propio presidente del Gobierno, en una de sus numerosas y prolijas alocuciones en plena pandemia, había anunciado unos
'nuevos Pactos de la Moncloa' de los que nunca más se supo. Siempre la propaganda.
Como respuesta para afrontar la gravísima crisis derivada de la pandemia del coronavirus, las cuentas públicas para 2021 son de tan extraordinaria importancia que el Gobierno debería haberse aplicado a conseguir el máximo apoyo político para
su aprobación como corresponde a un presupuesto de emergencia que trata de atender a una gravísima situación de la que España aún no ha salido y que, desgraciadamente, tiene visos de prolongarse durante varios meses más. Sin embargo, el Gobierno ni
siquiera lo ha intentado. Al revés: excluyó a [as formaciones parlamentarias y diputados de la oposición, y volvió a dar protagonismo y participación a las que sustentaron la investidura; incluso el debate y aprobación de la última prórroga del
estado de alarma (Pleno del Congreso del 25 de octubre de 2020) ya estuvo trufado de reuniones previas con las negociaciones de los flecos presupuestarios de fondo. De esta manera, se descabalgó a una parte sustancial de la representación
democrática, despreciando el modelo conciliador que se recomendó en la Unión Europea, y haciendo primar lo ideológico para reforzar el acuerdo de los partidos que respaldan a la coalición de gobierno PSOE-Podemos y sus baluartes.
El empleo y los recortes en sanidad
Además de la salud, la gran prioridad para los españoles es el empleo. Los últimos datos conocidos a principios de este mes de noviembre de 2020 revelan que el paro subió en octubre hasta los 3,8 millones lo que supone 600.000 parados más
que antes de la crisis derivada de la pandemia. De hecho, desde el contagio por coronavirus se han destruido casi 260.000 empleos en España.
La gestión de la crisis sanitaria -la peor gestión de la Unión Europea y de las peores del mundo- no solo ha tenido nefastas consecuencias sanitarias, que también. Los efectos para nuestro mercado laboral han sido lamentables y se están
agudizando nuevamente con una segunda oleada del contagio a la que el gobierno restó inicialmente importancia y para la que no fueron tomadas las previsiones adecuadas. Las UCIs y los hospitales de algunas Comunidades Autónomas -caso significativo
de Asturias, a la que la propaganda atribuyó en la primera oleada una 'gestión milagrosa'- están ahora colapsados poniendo en absoluta evidencia la imprevisión para dotar de plantillas y medios con los que afrontar en las mejores condiciones la
segunda oleada de la pandemia, atender a los enfermos. De hecho, en plena segunda ola, los datos oficiales de la EPA desvelan que en septiembre y octubre en el sector de Sanidad y Servicios Sociales se han destruido 17.548 empleos (-1,979 y -15.569
respectivamente), según los datos de afiliación a la Seguridad Social. Algo incomprensible e inadmisible cuando estamos en plena batalla contra el COVID-19 y justamente en el periodo en el que deberían aumentar las plantillas sanitarias ante el
altísimo grado de contagio del virus.
El Gobierno también debería haberse volcado para evitar nuevas paralizaciones en los sectores productivos. La derivada económica de esta situación está resultando lacerante y no pocos establecimientos hosteleros, comercios y pequeñas y
medianas empresas se verán obligados -entre otros sectores relevantes y significativos- a cierres definitivos tras las medidas de restricción y toques de queda que ya se están aplicando y extendiendo.
La Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) tachó de irreal el proyecto de PGE 2021: 'España no va a crecer un 9 % en 2021 con un déficit del 7 %', resumió su máximo responsable.
También Bruselas empeoró ayer, 5 de noviembre, sus previsiones de desplome del PIB de España al 12,4 % en 2020 por la segunda ola del coronavirus, lo que fue respondido por el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, don José
Luis Escrivá, señalando que las previsiones 'se han quedado desfasadas al no recoger los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) y del PIB del tercer trimestre, mucho mejores de los previstos'.
El mismo ministro también aprovechó la reflexión pública sobre Bruselas para recriminar la comparecencia del Gobernador del Banco de España ante la Comisión de Presupuestos del Congreso de los Diputados en la que, el día anterior y ante los
representantes parlamentarios, había expuesto que no ve creíbles ni ingresos, ni gastos, ni previsiones en el proyecto de PGE 2021 y advertía de claros riesgos de desvío al alza del déficit y la deuda en 2021. 'Cuando el gobernador del Banco de
España va al Parlamento lo que nos interesa saber es qué va a pasar con la política monetaria, la macroprudencial, qué va a pasar con los bancos, cuáles son las previsiones de inflación (...) Me hubiera interesado más oír eso', reprochó el ministro
Escrivá obviando que la comparecencia del máximo responsable del Banco de España había sido solicitada, precisamente, para hablar del proyecto de presupuestos aprobado por el Consejo de Ministros y presentado en las Cortes Generales.
A mayor abundamiento sobre la pírrica credibilidad de las previsiones del Gobierno para elaborar los PGE 2021, también la Autoridad Fiscal (Airef) discrepó de las previsiones de PIB y déficit del Ejecutivo. Su responsable destacó, también
en sede parlamentaria, que la previsión de ingresos para 2021 estimada por la Airef está en el 42,5 % del PIB, es decir, siete décimas menos que el Gobierno lo que se traduce en unos 9.067 millones de euros de desfase en las estimaciones (hasta
18.400 millones en el escenario pesimista), que tiene también su consecuencia en el déficit esperado. La Airef calcula un déficit del 11,6 % este año y del 8 % el siguiente, frente al 11,3 % y 7,7 % respectivamente del Gobierno de Pedro Sánchez.
Tres décimas de diferencia en cada uno de los años.
El Gobierno debería haberse aplicado a adoptar medidas para evitar la destrucción de empleo, asunto de gran prioridad para los españoles y el proyecto presupuestario está elaborado por los mismos responsables políticos que tan
calamitosamente han gestionado la pandemia. ¡Qué puede esperarse!
Las medidas fiscales
La economía española está sufriendo importantísimos daños que son secuela de la crisis de salud que aún se prolonga y que arrastrará a mayores trastornos económicos que no podrán resolverse hasta que no se inicie la recuperación del
crecimiento previo a la pandemia.
La riada fiscal que amenaza la economía nacional en los próximos años, que tiene como banderazo de salida el proyecto de PGE 2021, desprecia que la Unión Europea ya haya alertado del gran desequilibrio de nuestras cuentas públicas y del
endeudamiento, que nos arrastrará hacia el empobrecimiento, situación que ya sufrimos en España -entonces sin pandemia de por medio- durante el periodo del Gobierno presidido por el señor Rodríguez Zapatero que llevó a nuestro país a un insoportable
volumen de gasto público, a un déficit ruinoso, y a la destrucción de más tres millones de puestos de trabajo.
Ahora, esta propuesta de cuentas públicas -que presentaron al alimón el presidente Pedro Sánchez y el copresidente Pablo Iglesias- llevarán a España a un déficit insostenible, lastrado además por el desmoronamiento de la actividad económica
y el consiguiente quebranto de la recaudación, tal y como ya se está constatando en el actual ejercicio presupuestario de 2020.
Las medidas fiscales planteadas persiguen una recaudación adicional de 7134 millones de euros, de los cuales el grueso, casi 5000 millones, se ingresará en 2021 y el resto en el ejercicio 2022, cuando se proceda a la liquidación de los tipos
impositivos a los que afectarán las nuevas medidas fiscales; eso sin contar los 3000 millones de recaudación derivados de los denominados ingresos no tributarios y que se derivan de tasas y precios públicos. Subirá el gasto un 25 % (tras descontar
las ayudas europeas) y la riqueza nacional se desplomará tal y como mantiene en sus más recientes previsiones el Fondo Monetario Internacional (FMI).
Las medidas tendrán efectos preocupantes y, como todas las subidas impositivas, repercutirán, sobre todo, en la clase media. Son propuestas de un Gobierno que impone sacrificios a los españoles pero que tiene veintidós ministerios, la
composición más nutrida de la democracia, con todo lo que ello supone de gasto para su sostenimiento y el de la estructura creada a su alrededor que ha disparado el número de cargos de confianza, departamentos, organismos, etc.
I. Ingresos/impuestos
Existe una amplia coincidencia generalizada en que el capítulo de ingresos no es creíble porque parte de un crecimiento de la economía española del 9 % que no se va a producir, y el crecimiento del endeudamiento será muy superior al 7 %.
Por el contrario, mientras las principales economías de la UE bajan los impuestos, en España suben:
El Impuesto de sociedades a grandes grupos empresariales, limitando exenciones por dividendos y plusvalías por sus participaciones en sociedades filiales.
1 punto el Impuesto del Patrimonio para patrimonios de más de 10 millones de euros.
3 puntos el IRPF para rentas del capital de más de 200.000 euros.
2 puntos el IRPF para rentas del trabajo de más de 300.000 euros.
Socimis: tendrán una tributación mínima del 15 %.
Se reducirán las desgravaciones a los planes de pensiones privados.
Aumento del IVA del 10 % al 21 % de bebidas edulcoradas.
Creación del impuesto sobre envases de plástico.
Tasa Tobin del 0,2 %, que afectará al sector financiero por las operaciones de compra de acciones españolas ejecutadas por operadores del sector financiero (intermediarios)
Tasa Google o Impuesto a las grandes empresas de la economía digital.
Es importante insistir en que todas las subidas de impuestos, por mucho que se disfracen de eslóganes sobre 'los ricos', acaban repercutiendo siempre en las economías más débiles.
II. Gastos
En lugar de dar prioridad a la recuperación económica para superar la crisis dando prioridad al empleo y al apoyo a los sectores de empresas más castigados, a las pymes y a los autónomos, los PGE 2021 ignoran la crisis con guarderías gratis,
alquileres para jóvenes y más gastos corrientes improductivos y clientelares.
Desigualdades territoriales
No menos significativo es el Capítulo VI de Inversión que, contrariamente a los mandatos de la Constitución Española, no aborda la corrección de las desigualdades interterritoriales. Inexplicablemente desde el punto de vista de la igualdad
y solidaridad entre Comunidades Autónomas, Cataluña aumenta la Inversión el 62,96 % en Cataluña respecto a los PGE 2018 hasta los 2.200 M. El proyecto de ley
presupuestario para 2021 incumple, por tanto, el Artículo 138 de nuestra Carta Magna que expresamente señala:
1. El Estado garantiza la realización efectiva del principio de solidaridad consagrado en el artículo 2 de la Constitución, velando por el establecimiento de un equilibrio económico, adecuado y justo entre las diversas partes del territorio
español, y atendiendo en particular a las circunstancias del hecho insular.
2. Las diferencias entre los Estatutos de las distintas Comunidades Autónomas no podrán implicar, en ningún caso, privilegios económicos o sociales.
Incumplimientos en las inversiones Asturias
En el Diario de Sesiones que recoge detalladamente el debate de la Moción de Censura de 2018 por la que el señor Sánchez Pérez-Castejón fue investido presidente del Gobierno consta, en contestación del entonces candidato al diputado que
subscribe, y en relación con las obras de infraestructuras en fase de ejecución en Asturias, que:
(...) 'lógicamente nosotros vamos a respetar la ejecución de las obras que han sido presupuestadas en materia de infraestructuras por parte del actual Gobierno; no queda otra, porque evidentemente no son nuestros presupuestos, pero desde
luego no vamos a incumplir el acuerdo de esta Cámara.'
Semejante afirmación ha sido incumplida y se han acumulado grandes retrasos y paralizaciones en obras y proyectos imprescindibles para una región que, desde hace años, tiene, con diferencia, los peores datos en la tasa nacional de población
activa, es decir, indicador de los españoles que trabajan o que están buscando trabajo.
Algunos de los clamorosos incumplimientos presupuestarios de los Gobiernos presididos por el señor Sánchez Pérez-Castejón con gravísimo perjuicio para Asturias se reflejan expresamente:
- En materia de Alta Velocidad se han relegado el ancho europeo o UIC y despreciado los requisitos de alta velocidad entre Madrid y Asturias, cuyo resultado debería suponer un tiempo de 2 h 30' en el trayecto Madrid-Oviedo, homologable con
el resto de las capitales y principales ciudades de España como Zaragoza, Valencia, Alicante, Castellón, Murcia, Sevilla, Málaga o Barcelona. Asimismo, se han congelado las anualidades de las inversiones para los tramos Valladolid-León, León-La
Robla y La Robla-Pola de Lena para garantizar los tiempos anteriores. Igualmente, el Gobierno ha retirado el acuerdo para acometer los Estudios Informativos de los tramos ferroviarios Pola de Lena / Oviedo / Gijón-Avilés en Asturias, concebidos
para mantener la centralidad de las estaciones afectadas por la circulación del AVE, y para combinar su uso con la adecuada red de Cercanías.
- En relación con la red ferroviaria de Cercanías, el Ministerio de Infraestructuras, Movilidad y Agenda Urbana ha fulminado el Plan de Cercanías consensuado a finales de 2017 por el entonces Ministerio de Fomento (Partido Popular) y el
gobierno del Principado (PSOE), respaldado por ayuntamientos y organizaciones sindicales y empresariales de Asturias. El Plan de Cercanías ferroviarias preveía acometer inversiones por importe de 580,9 millones de euros hasta el año 2025, de los
que 338,8 se pretendían destinar a la red de ancho ibérico y los 178,6 restantes a la de ancho métrico (antigua Feve). Entre las principales inversiones que dejaron de acometerse en la red de ancho ibérico figuraban 128,7 millones destinados a
renovar y modernizar la infraestructura existente de los que 88,05 millones correspondían a la renovación integral del tramo Pola de Lena-Gijón.
- Una vez más, coincidiendo con la llegada del partido socialista al Gobierno, se ha retrasado el impulso al Plan de vías/Metrotrén de Gijón e incumplido el acuerdo consensuado por las tres administraciones y por los diferentes partidos
políticos con representación municipal para ubicar la futura estación intermodal en las proximidades del Museo del Ferrocarril, de tal manera que se pierde la centralidad para la que fue concebido el proyecto que tiene construido en el subsuelo -sin
uso y abandonado desde hace años- un túnel de 3,5 Kms con espacio para varias estaciones subterráneas al objeto de aproximar el tren a los ciudadanos y captar usuarios para el ferrocarril. Lejos de cumplir su palabra, el Ejecutivo del señor Sánchez
Pérez-Castejón desperdició la dotación de 2 M que se contemplaba en los PGE de 2018 con destino al proyecto e inicio de obras de finalización del Túnel y Estaciones del Metrotrén entre Viesques y el Museo del Ferrocarril, y una vez más, como hizo
el Gobierno del señor Rodríguez Zapatero, lo ha supeditado al proyecto de prolongación ferroviaria hacia Cabueñes.
- En relación las infraestructuras viarias, el Gobierno socialista y el de Coalición PSOE-Unidas Podemos, no han invertido los 4,5 M consignados para la autovía A-63 entre Cornellana-Salas-La Espina, obra decisiva para las comunicaciones
del suroccidente asturiano.
- En materia portuaria, continúa sin recuperarse para el tráfico marítimo la Autopista del Mar entre el puerto de Gijón-El Musel y el de Saint Nazaire (Francia), u otro alternativo. Asimismo, se han paralizado las obras del tramo
Lloreda-Veriña e incumplido sistemáticamente el convenio firmado en 2005 por el Gobierno de España, el Principado, el Ayuntamiento de Gijón y la Autoridad Portuaria de El Musel, para dotar de enlaces viarios al puerto gijonés y evitar el paso de
tráfico pesado y peligroso por el casco urbano de la ciudad, zona de La Calzada.
- El Gobierno, lejos de presentar y tramitar la Proposición de Ley para modificar la Ley 24/2013 de 26 de diciembre del sector eléctrico, en lo relativo al procedimiento de autorización de cierre de instalaciones de generación eléctricas, ha
acelerado su clausura abocando a centenares de trabajadores al paro, sin alternativa laboral, y arrastrando a las comarcas donde están implantadas las centrales a la desertización.
- El Gobierno tampoco dio autorización a la dotación contemplada en los Presupuestos Generales del Estado de 2018, aún vigentes, para dar cumplimiento a la sentencia del Juzgado central de lo Contencioso Administrativo referida a los
convenios de los Fondos Mineros.
- El aumento de dotación presupuestaria para el Programa de Extensión de Banda Ancha de Nueva Generación (PEBA-NGA) en Asturias, clave para el desarrollo rural y para corregir las grandes áreas blancas que no disponen de conexión adecuada
para las TIC, se quedó sin uso.
- La convocatoria y ejecución para ayudas a las industrias de consumo electro-intensivo a nivel nacional para costes indirectos del CO2 ha resultado un fiasco tal y como han denunciado las empresas que, año tras año, producen frente a sus
competidores europeos y mundiales con una gran merma competitiva, y pérdida de puestos de trabajo (más de 5.000 en los dos últimos años).
- Tampoco utilizó el Gobierno la dotación asignada al Proyecto de Conservación y Restauración de las pinturas y revestimientos murales de la Iglesia de san Miguel de Lillo con destino a otros proyectos de rehabilitación del prerrománico
asturiano.
- No se ha hecho uso de la dotación asignada a la rehabilitación del patrimonio a los proyectos del románico asturiano de los Monasterios de San Antolín de Bedón, en Llanes, y Santa María de Obona, en Tineo.
Finalmente, pese a su urgencia y ser materia prioritaria para Asturias, el Gobierno tampoco elaboró un plan para promover la implicación de la Unión Europea en el que se incluyan ayudas para afrontar el gravísimo problema nacional de
envejecimiento de la población y crisis demográfica en Asturias -la Comunidad Autónoma con peores indicadores de disminución de la población, caída de la natalidad y envejecimiento- y en España, con recursos para afrontar el problema y, en su caso,
participación y colaboración de las Comunidades Autónomas, sin olvidar que los vigentes presupuestos Generales del Estado contemplaban partidas destinadas a Asturias próximas a los 300 millones de euros, para atender a sus necesidades e impulsar el
crecimiento económico y la creación de empleo en la Comunidad Autónoma. Quedaron sin uso.
Asturias no cuenta
Al igual que ha venido sucediendo en los pasados ejercicios presupuestarios gestionados por los Gobiernos presididos por el señor Sánchez Pérez-Castejón, el contenido del proyecto de ley de PGE 2021 supone otra gran involución para Asturias
y está elaborado con cesiones que acentúan la desigualdad y la discriminación entre españoles, singularmente del Principado respecto de la Generalidad de Cataluña, y que se sustentan con la sustracción de inversiones necesarias para la creación de
empleo y el crecimiento de Asturias.
Tal y como se reflejaba en el proyecto presupuestario para 2019 que fue rechazado por el Congreso y devuelto al Gobierno, la desigualdad de las cuentas públicas presentadas ahora, se refleja en diversos aspectos negativos como es el caso de:
- La merma de la financiación autonómica.
- La política paralizadora de infraestructuras de transporte y comunicaciones.
- Los efectos del 'radicalismo verde' sobre una industria básica que proporciona miles de puestos de trabajo.
- La descarbonización exprés que ya ha arrastrado al cierre del sector minero, sin alternativa laboral, y también al cierre de las centrales térmicas de generación eléctrica, igualmente sin alternativa laboral.
- La ausencia de política reindustrializadora.
- La pérdida de competitividad como resultado de los altos costes de la electricidad y de otros factores, que arrastra a deslocalizaciones y a destrucción de empleo.
- La desatención ante la reclamación de la deuda histórica que el Estado tiene contraída con la Comunidad Autónoma asturiana.
Al igual que se refirió en la enmienda a la totalidad de las cuentas públicas del pasado ejercicio 2019, hay que partir de la premisa de considerar que unos presupuestos son algo más que una suma de euros, lo mismo que un edificio es algo
más que una acumulación de ladrillos. Las cifras de euros son condición necesaria pero no suficiente. A Asturias no le sirve cualquier destino de los euros presupuestados, sino el resultado de su aplicación al fin establecido. Aplicada esta
consideración a los presupuestos del Ministerio de Infraestructuras, Movilidad y Agenda Urbana, mientras las inversiones que figuran en los PGE 2021 no garanticen ancho europeo o UIC y tiempos de línea de alta velocidad entre Madrid y Asturias
homologables con el resto de las capitales y principales ciudades de España (2h 30' entre Madrid y Oviedo), no contarán con el apoyo de FORO.
Estos PGE 2021 no garantizan tiempos de alta velocidad entre Madrid y Asturias porque 2 h 56' a Oviedo y 3 h 21' a Gijón son de una línea de baja velocidad no homologable con los de Zaragoza, Valencia, Alicante, Castellón, Murcia, Sevilla,
Málaga o Barcelona.
La red española de alta velocidad ofrece hoy estos datos:
Madrid-Zaragoza (274 km) 1 h 15'.
Madrid-Valencia (370 km) 1 h 40'.
Madrid-Alicante (400 km) 2 h.
Madrid-Castellón (460 km) 2h 32'.
Madrid-Murcia (440 km) 2h 30'.
Madrid-Sevilla (471 km) 2h 20'.
Madrid-Málaga (510 km) 2h 35'.
Madrid-Barcelona (670 km) 2h 30'.
Sin embargo, en la línea ferroviaria de Asturias, los tiempos que pretende el Ministerio de Fomento son:
Madrid-Gijón (470 km) 3h 21'.
Madrid-Oviedo (446 km) 2h 56'.
Ni que decir tiene otro agravio comparativo ferroviario a la vista del trato inversor que recibe el desarrollo del Corredor Mediterráneo (se triplica el actual nivel de inversiones) frente a otro corredor estratégico como es el Atlántico
cuya ejecución es nuevamente relegada. En el proyecto de cuentas públicas para 2021 el eje del Levante recibirá casi 2.000 millones de euros frente a los casi 1.200 millones que hay reservados para el eje atlántico. Este trato desigual del
Gobierno con los dos corredores ferroviarios transeuropeos resulta injustificable.
Sobre el Metrotrén de Gijón, el proyecto de ley de PGE 2021 no contiene previsiones de obras en esta legislatura para 'amueblar' -poner vías, catenaria, seguridad y alicatados- el túnel del Metrotrén entre Viesques y el Museo del
Ferrocarril, esperando otro nuevo hasta Cabueñes que ni siquiera tiene planos. Se limitan a repetir cantidades aprobadas en leyes presupuestarias anteriores y no ejecutadas, cual táctica dilatoria.
Las inversiones para el soterramiento de Langreo (línea ferroviaria Gijón-Laviana) quedan condicionadas a la ejecución del nuevo Plan de Cercanías que hizo trizas el que las administraciones consensuaron a finales de 2017 y que el Gobierno
de Sánchez postergó, primero, y eliminó en la actual Legislatura.
A la Ronda Norte de Oviedo, vital para acabar con el colapso viario de la capital del Principado, se le asigna una cantidad testimonial.
Por su parte, las consignaciones presupuestarias para la A-63 Oviedo-Salas-La Espina (Autovía del suroccidente) no supondrán avances significativos, lo que impedirá concluir en esta XIV Legislatura la autovía hasta La Espina, una
comunicación vital para el occidente interior de Asturias.
Igualmente, las cuentas públicas para 2021 se desentienden del cumplimiento del protocolo para dotar de enlaces por carretera a nuestros principales puertos y, específicamente, al de El Musel.
La conexión marítima a través de la Autopista del Mar (Gijón-Nantes) continuará suspendida como resultado de una falta de compromiso para recuperar su funcionamiento.
Tampoco la Zona de Actividades Logísticas e Industriales (ZALIA) recibe espaldarazo presupuestario para proporcionarle las conexiones por carretera imprescindibles para su puesta en servicio.
Las cuentas públicas para 2021 no incluyen el resarcimiento de la deuda del Estado con Asturias para dar cumplimiento a la Sentencia firme sobre Fondos Mineros.
El Ministerio de Cultura y Deporte consigna en el proyecto de PGE 2021 partidas irrisorias para la protección del prerrománico y románico asturianos.
El Ministerio de Industria, Comercio y Turismo no refleja en el proyecto de ley de PGE 2021 los apoyos específicos que Asturias necesita para recuperar el empleo destruido por el cierre de las centrales térmicas de generación eléctrica.
Tampoco una adecuada dotación y ejecución de ayudas a las industrias de consumo electro-intensivo a nivel nacional para costes indirectos del CO2.
En absoluto las preasignaciones estimativas para las Comunidades Autónomas en 2021 en los denominados 'Fondos de Recuperación' responden a los criterios constitucionales de igualdad y solidaridad.
Por otra parte, una vez más, ante la desatención presupuestaria para 2021, cabe reclamar en los PGE 2021 la deuda histórica pendiente con Asturias, porque resulta imprescindible asegurar que partimos de las mismas limitaciones y nos movemos
en idénticos márgenes que el resto de las Comunidades Autónomas.
Finalmente, el proyecto de presupuestos para 2021 vuelve a proporcionar un varapalo al sistema de financiación autonómica que tendrá en Asturias a una de las Comunidades Autónomas más perjudicadas con una merma de 2.855 millones (-2,6 %).
El sistema de financiación autonómica, vigente desde 2009, ya tenía que haberse reformado en 2014 y resulta muy perjudicial, por lo que darle continuidad profundiza la decadencia de Asturias. Más aún si se recorta la aportación estatal, como es el
caso del próximo ejercicio presupuestario. Asturias lleva así más de una década, sumida y penalizada por los negativos efectos de un sistema manifiestamente insolidario y discriminatorio del que dependen sus servicios públicos esenciales (sanidad,
educación, servicios sociales), ahora, si cabe, más prioritarios que nunca.
En definitiva, y por todo lo expuesto, el Grupo Parlamentario Mixto, a iniciativa de Isidro Martínez Oblanca, diputado de FORO, de acuerdo con lo establecido en el Reglamento del Congreso, presenta la presente enmienda de totalidad al
Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2021 y solicita su devolución al Gobierno.
ENMIENDA NÚM. 4
FIRMANTE:
Albert Botran Pahissa
Mireia Vehí Cantenys
(Grupo Parlamentario Mixto)
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Los Diputados de CUP, Albert Botran Pahissa y Mireia Vehí i Cantenys, del Grupo Parlamentario Mixto, al amparo de lo dispuesto en el Reglamento de la Cámara presentan la siguiente enmienda de totalidad al Proyecto de Ley de Presupuestos
Generales del Estado para 2021, solicitando en consecuencia la devolución al Gobierno.
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de noviembre de 2020.-Mireia Vehí i Cantenys, Diputada.-Albert Botran Pahissa, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.
Enmienda a la totalidad de devolución
JUSTIFICACIÓN
Los presupuestos generales del estado que presentan el PSOE y Unidas Podemos para el 2021 tienen dos características fundamentales: por un lado, no redistribuyen prácticamente la riqueza y la prueba más evidente son las pocas e
insuficientes medidas de progresividad fiscal. Por otro lado, el aumento de la inversión se debe o bien a la futura emisión de deuda, o bien a los fondos europeos, que permiten aumentar las partidas sociales pero más pronto que tarde implicarán una
serie de exigencias de reformas y recortes por parte de la UE. En tercer lugar, no ha habido gestos con consecuencias reales para la desjudicialización ni tampoco para la resolución del conflicto en Catalunya para con el Estado Español. Por todo
ello, exponemos los argumentos de la enmienda a la totalidad.
Protección a las grandes empresas que continúan sin aportar en el contexto de crisis sanitaria y económica
En un contexto de pandemia y de profundización de la crisis del capitalismo en el Estado español, estos son unos presupuestos que no sirven para transformar las desigualdades sociales crecientes. La oligarquía del IBEX, que concentra un
enorme poder económico y político, se ha beneficiado de la mayoría de las medidas extraordinarias que ha aprobado el Gobierno durante estos últimos meses, tales como los ERTE, que han sido, a su vez, un rescate para trabajadores pero también un
rescate para el Capital,
puesto que empresas que acumulaban beneficios también se han podido acoger. Y sin embargo, en esta situación excepcional, no se les exigirá un esfuerzo fiscal superior, tan necesario para poder sostener y extender las políticas sociales.
En las últimas semanas incluso hemos tenido noticias de que para esta oligarquía los negocios van viento en popa. El Tribunal Supremo ha confirmado que los bancos Santander, Caixabank y Bankia deberán ser indemnizados con 1.350 millones por
la paralización del almacén de gas Castor. Unos bancos que no han devuelto, ni devolverán, el dinero del rescate en la anterior crisis, que el Banco de España calcula en unos 65.000 millones. El resultado de la crisis anterior ha modificado el
panorama bancario pero no precisamente para mejor: sin rastro de la necesaria banca pública, nos encontramos con una mayor concentración de bancos privados, el último ejemplo del cual ha sido la absorción de Bankia por Caixabank.
Finalmente, tres ejemplos de esta misma semana. En primer lugar, el Gobierno ha aprobado el rescate de Air Europa con 475 millones. Una empresa que antes de la pandemia tenía enormes beneficios: en febrero el holding Globalia, al que
pertenece esta compañía aérea, aprobó el reparto de un dividendo de alrededor de los 35 millones. En segundo lugar, la eléctrica Endesa ha anunciado que este 2020 ha obtenido unos beneficios de 1.511 millones hasta el mes de septiembre. Y en
tercer lugar, la revista Forbes ha publicado su lista anual de las 100 personas más ricas del Estado español, que juntas acumulan un patrimonio por valor de 130.500 millones.
Las grandes empresas y las grandes fortunas deben ver aumentados significativamente los impuestos, más todavía teniendo en cuenta la situación de crisis que vive nuestra sociedad, con un paro creciente, desahucios, destrucción de pequeñas
empresas y aumento de la pobreza. No obstante, a pesar de la Tasa Tobin, no hay medidas que exijan que grandes empresas y grandes fortunas contribuyan a paliar la crisis económica. De hecho, tanto la CUP en el último decreto de alarma, como el
mismo Parlament de Catalunya, han propuesto crear un impuesto 'Covid19' para grandes empresas que hayan visto aumentados sus beneficios en esta situación de emergencia sanitaria, pero en estos presupuestos tampoco hay ninguna medida consistente.
Aumento del gasto militar y del CNI
En el marco de una situación de crisis sanitaria y económica, los presupuestos aumentan el gasto militar y del Centro Nacional de inteligencia, manteniendo la tendencia de resolver con seguridad problemas de servicios públicos y de pobreza.
Esto nos lleva a confirmar la hipótesis que llevamos meses anunciando: en lugar de invertir en el bienestar de la gente, se refuerzan los cuerpos de seguridad, consolidando una deriva autoritaria y propia del capitalismo del desastre.
Fiscalidad
Las medidas de fiscalidad presentes en los PGE son pocas e insuficientes, y para nada están a la altura de las circunstancias. Las medidas fiscales más destacadas, aparte de las llamadas 'Tasa Tobin' y 'Tasa Google' (propuestas que el PSOE
ya presentó en la legislatura anterior) y de algunos impuestos medioambientales y a las bebidas azucaradas, son:
- Un aumento del IRPF a quien declare una renta de trabajo superior a 300.000 y rentas de capital superiores a 200.000 . Esto afectaría a unos 36.200 contribuyentes en todo el estado, es decir a un 0,17 % de la población.
- Un aumento del impuesto de Patrimonio a los contribuyentes con fortunas de más de 10 millones de euros. Afectaría a unos 25.000 contribuyentes, es decir a un 0,1 % de la población.
- Una reforma del impuesto de Sociedades que ya se contemplaba también en los Presupuestos del 2019 y que finalmente no se aprobó.
La situación económica y social es extraordinaria pero sin embargo las propuestas fiscales son prácticamente la continuidad de las que ya se plantearon en una coyuntura muy diferente. En cualquier caso, son medidas muy pobres en materia de
fiscalidad. No afectan ni tan solo al 1 % más rico de la población. Por poner un ejemplo de lo poco ambiciosas que son estas medidas, incluso si los comparamos con sus propias propuestas: el Impuesto sobre la Riqueza que defendió Podemos esta
primavera y que terminó retirando porque no tenía el apoyo del PSOE, afectaba al 0'5 % de los contribuyentes y se calculaba que recaudaría unos 9.800 millones de euros.
Para que los presupuestos tuvieran un mínimo contenido fiscalmente transformador podrían incluir una 'tasa Covid' sobre las grandes fortunas, a partir de un patrimonio de 1 millón; sobre las empresas que tengan beneficios netos superiores a
los 5 millones; y sobre las empresas, que las hay, que están siendo más rentables en este contexto de pandemia que en el ejercicio anterior.
Fondos Europeos
Descartada la fiscalidad progresiva como instrumento transformador, el aumento de la inversión social de estos presupuestos descansa sobre los Fondos Europeos. Sin embargo, la principal contrapartida que éstos requieren es que los estados
presenten planes y proyectos (que el Gobierno español expuso como oportunidades para luchar contra el cambio climático y para generar empleo), y últimamente ya se han filtrado a los medios de comunicación que el Gobierno tendrá que llevar a cabo
reformas relativas al mercado laboral que contribuirán a la precarización de los contratos, a disminuir el gasto en pensiones y a no aumentar la presión fiscal. Es decir, aunque los presupuestos se pueden leer con voluntad transformadora, son la
cara amable de la moneda de la UE, que supone inevitablemente una hipoteca para las generaciones futuras en términos de deuda y de reconstrucción del mercado laboral según las necesidades del capital -con los intereses representados perfectamente en
instituciones como la Comisión europea y otros organismos como el FMI o el BCE-.
¿Soluciones políticas al conflicto catalán?
Desde la perspectiva del independentismo catalán, hay otro aspecto a tener en cuenta para analizar estos presupuestos. Se nos pide el apoyo a unas cuentas para la correcta gobernabilidad del Gobierno del PSOE y Unidas Podemos, pero lo
cierto es que en este primer año no ha habido ni una sola medida trascendente para dar una salida democrática a las reivindicaciones del pueblo catalán. La Mesa de Diálogo ha resultado ser un placebo, ya que no plantea ni unas condiciones claras
para su participación, ni cuenta con mediadores internacionales, ni ha establecido unos objetivos claros más allá de titulares cruzados entre 'se puede hablar de todo' y 'no habrá gestos fuera de la Constitución Española'. De hecho, se habla
constantemente de la complejidad del conflicto y de la necesidad de diálogo, pero en ningún momento se permite plantear un horizonte de resolución política que pase por el ejercicio del derecho a la autodeterminación -reconocido como derecho desde
la Declaración de los Derechos Humanos en 1948- y por la amnistía como punto de partida para frenar la persecución política del movimiento independentista. El Gobierno español continúa haciendo gala del patrimonio de la violencia heredado del
españolismo más reaccionario, negando un marco político democrático que pase por las urnas.
Ni un atisbo de desjudicialización
Finalmente, un enfoque independentista catalán a estos presupuestos nos obliga a valorar los compromisos que el nuevo Gobierno contrajo para lograr la investidura. En lo relativo a la desjudicialización, compromiso de Pedro Sánchez para
lograr ser investido, no se ha producido ningún cambio respecto legislaturas anteriores. Especialmente flagrante resulta el caso de Jordi Cuixart y Jordi Sánchez, la libertad de los cuales ha sido exigida al Gobierno por parte de Amnistía
Internacional, la Organización Mundial contra la Tortura, el Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de las Naciones Unidas y las relatoras de los defensores de los derechos humanos de las Naciones Unidas y del Consejo de Europa. El Gobierno
podría haber movido muchas piezas para conseguir esta exigencia pero se escuda en una supuesta no injerencia en decisiones judiciales.
Lo mismo podemos decir del papel de la Fiscalía General, escogida a propuesta del nuevo Gobierno, y que ha llegado al extremo de recurrir la concesión de terceros grados a los presos catalanes, confirmando ciertamente el carácter excepcional
de su encarcelamiento y, por tanto, su categoría de presos políticos. Los únicos anuncios que ha hecho el gobierno son relativos a la tramitación de los indultos, que en ningún caso suponen una solución política colectiva, y en relación a la
modificación del delito de sedición del código penal, que tampoco atiende a la realidad de las más de 2.800 personas represaliadas del movimiento independentista. La vía para poder generar un horizonte de diálogo y pacto político es una ley de
amnistía que permita eliminar los cargos de las personas represaliadas y dibuje un escenario democrático de gestión del conflicto.
Los presupuestos son la ley más importante de un Gobierno y los apoyos que recogen demuestran la confianza generada con otras fuerzas políticas. En nuestro caso, y atendiendo este breve resumen, la confianza se debe construir a partir de
gestos concretos, y no de titulares en los periódicos.
Por todo esto, los diputados de la CUP-Per la Ruptura presentamos esta enmienda a la totalidad a las cuentas de los Presupuestos Generales del Estado para el 2021, y seguiremos luchando por una República Catalana que con su soberanía consiga
repartir la riqueza, salvar y expandir los derechos sociales y avanzar hacia una economía ecológica.
ENMIENDA NÚM. 5
FIRMANTE:
Grupo Parlamentario VOX
A la Mesa del Congreso de los Diputados
D.ª Macarena Olona Choclán, en su condición de Portavoz Adjunta del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX), respectivamente, al amparo de lo establecido en el artículo 133 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta
la siguiente enmienda a la totalidad al Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2021.
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de noviembre de 2020.-Macarena Olona Choclán, Portavoz del Grupo Parlamentario VOX.
Enmienda a la totalidad de devolución
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
España ha perdido a más de 60.000 compatriotas, el sistema sanitario vuelve a estar en riesgo de colapso, el nivel de renta retrocede en tres años, miles de empresas han cerrado y muchas resisten con problemas de liquidez, cientos de miles
de españoles han perdido sus puestos de trabajo o lo van a perder, las colas del hambre se multiplican mientras los precios de los alimentos básicos aumentan, las empresas cotizadas están a precios de saldo ante fondos extranjeros, los ciudadanos no
pueden ver a sus familiares, ni velar a sus difuntos, ni salir de sus ciudades por mandato gubernamental, la incertidumbre domina las perspectivas a corto y medio plazo, y no se contemplan visos de mejora sino al contrario. Con este contexto, el
Gobierno presenta unos retrasados Presupuestos Generales del Estado para el año 2021 con la siguiente introducción:
'Los Presupuestos de la Transformación son una oportunidad para construir un país mejor, más justo socialmente, más productivo, más ecologista y más feminista.' Libro amarillo de los Presupuestos Generales del Estado para el año 2021,
Gobierno de España.
Los 52 diputados del Grupo Parlamentario VOX no quieren ser corresponsables del despropósito de este Proyecto de Ley, que nos conduce a la ruina económica y la destrucción del tejido productivo. En consecuencia, presentan esta enmienda a la
totalidad por las siguientes razones:
Primero. Por la Constitución Española y el cumplimiento de las leyes.
El Gobierno de la Nación ha presentado en el Congreso de los Diputados el proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2021 (PGE21) con casi un mes de retraso respecto al mandato constitucional recogido en el artículo
134.2 de la Carta Magna: 'el Gobierno deberá presentar ante el Congreso de los Diputados los Presupuestos Generales del Estado al menos tres meses antes de la expiración de los del año anterior'. En este sentido, se incumple también con el
artículo 37.1 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria que establece que 'el proyecto de Ley de
Presupuestos Generales del Estado,..., será remitido a las Cortes Generales antes del día 1 de octubre del año anterior al que se refiera.'
Los presupuestos generales del Estado comprenden un trámite presupuestario similar al de un proyecto de ley ordinario con algunas características distintas como su preferencia en su tramitación, establecer la falta de competencia legislativa
plena en la comisión correspondiente, o que según el artículo 134.3 del Reglamento del Congreso, 'el Presidente de la Comisión y el de la Cámara,..., podrán ordenar los debates y votaciones en la forma que más se acomode a la estructura del
Presupuesto.' El Gobierno aprovecha esta situación, y la estructura parlamentaria negociada con sus socios, para tramitar en un mes los PGE21, concediendo apenas tres días para la comparecencia de más de un centenar de altos cargos en las comisiones
y para establecer la presentación de enmiendas en un tiempo más limitado de lo habitual. Por tanto, el Gobierno impone y presenta unos presupuestos ya negociados al margen del parlamento sin posibilidad de negociación alguna en la sede de la
soberanía nacional. Esto generará inseguridad en los agentes económicos al tratarse de unos presupuestos extraordinarios en términos de gasto, de ayudas europeas, y enmarcados en la mayor crisis que ha vivido España en tiempos de paz.
Segundo. Por la Ley de Estabilidad, la ruptura de las reglas fiscales y la ausencia de un plan de reequilibrio.
El 27 de abril de 2012 se aprobó en las Cortes Generales la Ley Orgánica 2/2012, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (LOEPSF), por la que se finaliza el proceso de introducción al marco jurídico español de los preceptos
introducidos en el artículo 135 de la CE. Establece ocho principios generales para el conjunto de las Administraciones Públicas: estabilidad presupuestaria; sostenibilidad financiera; plurianualidad; transparencia; eficiencia en la asignación
y utilización de los recursos públicos; responsabilidad; lealtad institucional; y disposiciones para la aplicación de efectiva de la Ley mecanismos de coordinación. El propósito de esta LOEPSF es permitir a la economía generar riqueza, empleo y
prosperidad para sus ciudadanos mediante un uso responsable de los recursos públicos. De esta forma, la ley pretende que las cuentas públicas no supongan una carga inasumible para las familias y las empresas españolas, y permitan un crecimiento
equilibrado.
Los riesgos macroeconómicos derivados del diferencial negativo sostenido entre ingresos y gastos, así como una deuda pública que reste crecimiento y se retroalimente con el servicio de ésta, afectan negativamente al tejido productivo, al
consumo y al crecimiento de la nación, generando un efecto expulsión al sector privado.
El pasado 20 de octubre, el Congreso de los Diputados dispensó al gobierno de cumplir con las reglas fiscales aplicando el artículo 135.4 de la CE y con el artículo 11.3 de la LOEPSF, y que reza: 'Los límites de déficit estructural y de
volumen de deuda pública sólo podrán superarse en caso de catástrofes naturales, recesión económica o situaciones de emergencia extraordinaria que escapen al control del Estado y perjudiquen considerablemente la situación financiera o la
sostenibilidad económica o social del Estado, apreciadas por la mayoría absoluta de los miembros del Congreso de los Diputados'.
El Gobierno no ha cumplido con el tercer párrafo del artículo 11.3 de la LOEPSF que reza que 'en estos casos deberá aprobarse un plan de reequilibrio que permita la corrección del déficit estructural teniendo en cuenta la circunstancia
excepcional que originó el incumplimiento', y que está en la misma línea que el mandato de la Comisión Europea. La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIREF) emplazó al Gobierno el 13 de octubre, por segunda ocasión, a diseñar un
Plan de Reequilibrio 1 con una estrategia fiscal a medio plazo tras aplicar la cláusula de escape, subrayando que el Plan de Recuperación enviado a Bruselas no es un documento que establezca las bases para una estrategia de reequilibrio
macroeconómico. Los artículos 22 y 23 de la LOEPSF desarrollan los procesos para la presentación y aprobación de los planes de reequilibrio a medio plazo. Sin embargo, aún no se ha presentado, privando a los PGE21 de un marco más amplio que
ofrezca credibilidad a las cuentas públicas. El mandato legal establece su presentación en Cortes antes del 20 de noviembre, un mes después de la aprobación de la cláusula. Sin un plan de reequilibrio y un programa de reformas estructurales, estos
presupuestos comportan un riesgo para la sostenibilidad financiera a medio y largo plazo, que comprometen gravemente la capacidad de recuperación de la economía española.
1 https://www.airef.es/es/noticias/la-airef-emplaza-al-gobierno-a-disenar-un-plan-de-reequilibrio-con-una-estrategia-fiscal-a-medio-plazo-tras-aplicar-la-clausula-de-escape/
Tercero. Por la nefasta evolución reciente de la política fiscal.
La historia económica reciente pone en cuestión el compromiso de los gobiernos socialistas con el equilibrio presupuestario. Una vez más, la llegada del PSOE al gobierno provocó un rápido deterioro en las cuentas públicas. En el año 2019,
a pesar del crecimiento económico del 2 %, se registró por primera vez un incremento del déficit público desde 2012, que alcanzó el -2,86 % del PIB desde el -2,48 % de 2018. Este crecimiento económico no fue utilizado adecuadamente para continuar
la lenta senda de la estabilidad presupuestaria. El resultado fue un aumento de la necesidad de financiación del conjunto de administraciones públicas de 5.700 M.
Anteriormente, el Programa de Estabilidad del año 2019 estimó un déficit del -2 %, con un saldo para la Administración Central del -0,5 % del PIB, que finalmente se materializó en el -1,32 % del PIB. Este resultado se tradujo en un aumento
de la necesidad de financiación del conjunto de las administraciones públicas de +11.552 ME respecto al último objetivo del Gobierno, de los que 10.400 correspondieron a la Administración Central, a la gestión del Gobierno de la Nación. Esta
situación nos dejó a las puertas del Procedimiento de Déficit Excesivo al estar muy cerca de superar de nuevo un déficit del 3 % del PIB.
La gravedad de la gestión financiera de las administraciones públicas se refleja con mayor gravedad en términos de déficit estructural, el cual es el establecido en la el artículo 135 de la CE y el artículo 11 de la LOEPSF como principio de
Estabilidad Presupuestaria. El anterior gobierno, gestionado por el mismo Presidente y las mismas ministras de Hacienda y de Asuntos Económicos y Transformación Digital que hoy presentan estos PGE21, incrementaron déficit estructural un punto
porcentual, más de 13500 ME respecto al ya abultado de 2018. El déficit estructural del sector público español se situó por tanto en el -4 % y la Comisión Europea estima, utilizando el Plan Presupuestario enviado a Bruselas el pasado 15 de octubre,
que crezca hasta el -6 % en el año 2020 y 2021, registrando su mayor nivel de la serie histórica (2010) en 2022 con un -7,2 %. Este desequilibrio macroeconómico deriva de los presentes PGE21.
Por último, cabe recordar las incoherencias del Gobierno cuando presentó los resultados de déficit en marzo de 2020 con una diferencia de 3 décimas respecto a la presentada por la Comisión Europea un mes más tarde, dañando la imagen de
España ante las instituciones europeas.
Cuarto. Por las inconsistentes previsiones económicas del Gobierno.
'Se prevé un deterioro muy significativo en los niveles de actividad de la economía española, en el empleo y en las cuentas públicas en el conjunto de 2020; un impacto negativo que, además, será relativamente persistente'. Pablo Hernández
de Cos, Congreso de los Diputados. 4 de noviembre de 2020.
El escenario macroeconómico que acompaña y que, al mismo tiempo, condiciona el conjunto del proyecto de ley de PGE21, presenta graves deficiencias que, bajo un principio de prudencia mínimo, supone enormes riesgos para el equilibrio
macroeconómico de la nación. Estas previsiones optimistas, pueden suponer un doble perjuicio a medio plazo que podría transformarse en permanente. Por un lado, no atiende a la realidad a la que nos enfrentamos ante una segunda crisis sanitaria, un
tercer estado de alarma y las restricciones a la movilidad y a la actividad económica que ya se están aprobando.
Por otro lado, no recoge el impacto negativo de una política tributaria fuertemente restrictiva con nuevas figuras impositivas y con aumentos de los tipos de las ya existentes, en un contexto de depresión en la demanda privada y de
constricción en la inversión ante la incertidumbre, la falta de predictibilidad y el disparado aumento de impuestos y de normas regulatorias. Los Presupuestos Generales del Estado no recogen la dramática situación en la que viven cientos de miles
de empresas y autónomos que se mantienen latentes exclusivamente por las ayudas públicas y que en cuanto terminen supondrá un triste e histórico aumento de los parados en nuestro país, de caída en la recaudación y un disparado aumento de subsidios y
prestaciones que no podrá pagar ni con las ayudas de la Unión.
El Gobierno presenta un cuadro macroeconómico con dos escenarios, uno inercial sin ayudas de la Unión Europea que refleja un crecimiento para 2021 del 7,2 %, y otro con el impacto sobre la economía de los fondos de recuperación europeos y
los Next Generation EU (NGEU) con un crecimiento del 9,8 %. Destacar que estos fondos están condicionados a la presentación de planes de recuperación y resiliencia así como a una efectiva ejecución de los mismos, debiendo pasar el visto bueno de la
mayoría de países de la Unión. Estos incrementos en la generación de rentas del país suponen que, en 2021, sólo con políticas de gasto del Estado se podrá generar un entorno económico que aumente el PIB nominal en 89.200 M, lo que implicaría un
multiplicador del 1,29. Si incorporamos las ayudas del Plan europeo de 26.634 M y el aumento de 119.300 M del PIB en el segundo escenario, el multiplicador sería del 1,24,
lo que significa que por cada euro gastado se obtendría un retorno neto de 29 céntimos en el primer escenario y de 24 céntimos en el segundo escenario. Sin embargo, según las estimaciones del Banco de España, el multiplicador fiscal se
habría reducido en un 35 % entre 1985 y 2015 (del 1,2 al 0,78), y se reduciría otro 21 % más (del 0,78 al 0,62) de aquí a 2050. Las políticas de creciente gasto público son marginalmente decrecientes en sus efectos, por lo que terminan por llevar a
los países a la ruina. Es decir, el coste del gasto planteado por los alquimistas del Gobierno es superior a los beneficios que proporciona y esto echa por tierra todo el cuadro macroeconómico del Gobierno para 2021.
En términos nominales, el PIB retrocederá a niveles del tercer trimestre de 2016 a finales de 2020. Sin embargo, y contra todo pronóstico de los organismos internacionales, el gobierno refleja en los presupuestos que el PIB alcanzará a
finales de 2021 los niveles de mediados de 2019. Para ello, pretende que el gasto público agregado se convierta por primera vez en décadas en un gasto productivo, incluso por encima del sector privado.
El principio de prudencia que debería regir las proyecciones presupuestarias debería atender los escenarios más adversos que están evaluando los organismos nacionales e internacionales:
- El Banco de España prevé una caída del PIB en el escenario más negativo del -12,6 % en el 2020 y un crecimiento del 4,1 % en 2021.
- La AIREF pronostica, que en un escenario pesimista en el que se produzcan nuevos confinamientos de la población en los últimos meses del presente año, una caída del PIB del -11,4 % para 2020 y un crecimiento del 3,8 % para 2021
- El Fondo Monetario Internacional vaticina una caída del -12,8 % en 2020 y un crecimiento del 7,2 % en 2021.
- La OCDE, en su escenario, prevé una caída del PIB en 2020 del -14,4 % y un crecimiento del 5,0 % en 2021.
- La Comisión Europea, después de analizar el Plan Presupuestario enviado el 15 de octubre por el Gobierno a la Comisión, proyecta para España la mayor caída del PIB en la Unión Europea para 2020 con un -12,4 % y un crecimiento para 2021 del
5,4 %.
Todos ellos superan las previsiones negativas para 2020 y 2021 del Gobierno y apenas alcanzan la tasa de crecimiento de la economía española prevista en los presupuestos sin ayudas de la UE.
Además, este peligroso optimismo del Gobierno se refleja en un crecimiento del empleo para 2021 que superará el 5 % y el 7 % en ambos escenarios, aunque la tasa de paro no bajará del 16 % en ninguno de ellos, y en todo caso superando la tasa
del 16,26 % del tercer trimestre del presente ejercicio.
El Gobernador del Banco de España confirmó el 4 de noviembre en el Congreso de los Diputados que el escenario adverso que proyecta es el más plausible. En él se prevé una tasa de paro del 18,6 % en el presente ejercicio y del 22,1 % en el
2021, sin visos de que se reduzca por debajo del 20 % en 2022. En el mismo sentido, la Comisión Europea publicó el 5 de noviembre las previsiones para España en las que estima que la tasa de paro será la más alta de la Unión Europea en el escenario
2020-2022, alcanzando el 17,9 % en 2021 con un crecimiento en el empleo del 3,5 % incluyendo las medidas del Plan Presupuestario. Ambas previsiones están muy alejadas de las elaboradas por el Gobierno y auguran un descuadre en la previsión de
ingresos y gastos ya que se generará un incremento en las prestaciones y subsidios por desempleo mayor al presupuestado, así como unos ingresos tributarios muy inferiores a los previstos en concepto recaudación por rentas y por consumo.
Por tanto, el mayor riesgo deriva del punto inicial, del punto de partida donde se van a realizar todas las proyecciones, de crecimiento y por ende de ingresos y de gastos. Sobrevalorar el crecimiento del PIB del año 2020 supondrá la mayor
ruina de este país ya que el diferencial negativo entre ingresos y gastos será muy superior al esperado.
Otro riesgo macroeconómico al que se enfrenta la economía española con estos presupuestos es al saldo acreedor frente al resto del mundo. España lleva registrando capacidad de financiación respecto al resto del mundo desde el año 2012
gracias a la generación de excedentes privados que han sido absorbidos en su mayor parte por la insaciable voracidad del Estado. El año 2019 terminó con una capacidad de financiación frente al resto del mundo del 2,5 % del PIB, descompuesto por un
saldo positivo del 5,9 % del sector privado frente a las necesidades de financiación del -2,9 % de las administraciones públicas. Sólo en los seis primeros meses del 2020 el sector público ha disparado la necesidad de financiación más del doble,
hasta el 6,9 % del PIB, y compensado por el sector privado mantiene al conjunto de la economía acreedora internacional con el 1,8 % de su PIB. El Gobierno prevé que en el
año 2020 dicho saldo termine en el 1 % lo que implica que con un déficit del -11,2 % el sector privado tendrá una capacidad de financiación del 12,2 % del PIB, 150.000 Me Estas cifras son muy difíciles de conseguir porque, aunque el efecto
precaución de los hogares provoque incrementos en el ahorro y también en las empresas, el entorno económico será el peor en tiempos de paz y por la subida de impuestos que prepara el Gobierno a las familias con rentas medias y bajas.
Quinto. Por la previsión de ingresos y las medidas tributarias.
'Hay un claro convencimiento de que en nuestro país hay margen fiscal para poder incrementar nuestra capacidad de recaudación, siete puntos de diferencia tenemos con los países de nuestro entorno. Tenemos que explorar un margen que haga que
aquellos que más tienen, o aquellos que más ganan, puedan aportar proporcionalmente en mayor medida'. María Jesús Montero Cuadrado, Palacio de la Moncloa. 23 de junio de 2020.
La estimación de crecimiento económico es la base para la estimación de los ingresos y, por ello, ésta no va a reflejar la realidad que va a vivir la economía española, con lo que, en un escenario de mantenimiento del gasto proyectado,
existe un riesgo real de que el déficit supere el proyectado del -7,7 % y la vuelta al reequilibrio será mucho más larga y costosa. Además, las nuevas medidas fiscales junto a las ya aprobadas, que no sólo afectarán en mayor medida a los grupos de
rentas medias que a los de rentas altas, no tendrán la recaudación esperada e incluso llegarán a generar un efecto contrario sobre el consumo y decisiones de inversión.
El Gobierno estima que los ingresos no financieros del Estado se reduzcan un -16,7 % en 2020 respecto a los de 2019 en un contexto de caída del crecimiento económico del 11,2 %, lo que indica que la tasa de variación negativa de los ingresos
será un 50 % mayor a la del PIB. Para el año 2021, creyendo en que los ingresos de 2020 se cumplan, el aumento de estos será del 28,8 % con un aumento del PIB nominal del 10,8 %, lo que supone una elasticidad de 1,7 o un crecimiento de los ingresos
no financieros del Estado del 70 % más respecto al crecimiento de la economía. El juego de subidas y bajadas del PIB y de la recaudación que nos ofrece el Gobierno es de todo punto inconsistente. Indica que al final de 2021 el PIB será el 98,4 %
del registrado 2019, pero con una variación en la recaudación del 7,3 % en el mismo periodo considerado. Esto sólo se puede lograr con nuevas figuras tributarias y un aumento de los tipos de gravamen de las ya existentes. Sin embargo, se debe
considerar que los efectos de las nuevas cargas fiscales pueden tener un impacto adverso sobre la creación de riqueza que derive en un escenario contrario al esperado, es decir, una reducción de la recaudación.
El esfuerzo del Gobierno por superar en tasa de crecimiento de ingresos a un crecimiento del PIB ya sobreestimado se apalanca con medidas discrecionales de subidas de impuestos y creación de nuevas figuras tributarias. Los ingresos
tributarios aumentan también por encima de lo que aumenta el PIB nominal para 2021, un 13 % antes de la cesión a los entes territoriales al descontar la participación en los ingresos por IRPF, IVA e Impuestos Especiales. Las medidas llevadas a cabo
por el Gobierno para mejorar la cohesión social, la mejora productiva, el ecologismo y el feminismo suponen un aumento de los impuestos a los españoles de 25.570 M, casi tanto como las transferencias de la Unión Europea.
Descontando la cesión a las administración territoriales, los ingresos tributarios, aumentan en el entorno del 30 % en 2021, 27.848 M, después una caída esperada de casi el -20 % para 2020.
Del aumento de ingresos tributarios en términos de caja, 1.862 ME corresponden a nuevas medidas impositivas aún no aprobadas, y 4.223 ME a medidas recientemente aprobadas, en total 6.805 ME (8.200 ME sumando el impacto en 2022) que dejan de
estar en manos de las empresas y las familias. Esta detracción del superávit que aún le queda al sector privado no tendrá el multiplicador que espera el Gobierno y probablemente supondrá un efecto negativo de doble vuelta en la que esta política
restrictiva genere pérdidas agregadas en el crecimiento real y potencial de la economía española.
En este sentido, el Gobierno de coalición ha tratado de hacer creer que las subidas impositivas se limitan a rentas altas. Por el contrario, el verdadero y cruel aumento de los impuestos se les hace a las familias de rentas bajas y medias,
que madrugan, emprenden, se preparan y se sacrifican por sacar adelante a sus hijos y dependientes. Sólo por las medidas tributarias, este Grupo Parlamentario rechaza los presupuestos generales del Estado para el año 2021 por:
- Castigan con más impuestos a las familias con rentas medias y bajas.
- Lastran la competitividad de las empresas aumentando sus costes fiscales.
- Penalizan el consumo y la inversión en medio de la mayor crisis conocida en tiempos de paz.
En esa línea, la propuesta de incrementos tributarios por parte del Gobierno se traduce en:
- El incremento del IRPF supone un impacto recaudatorio de caja de 144 M en 2021 mientras que el aumento de recaudación por IRPF total del Estado en contabilidad presupuestaria es de 7.533 M. Este incremento del 20 % se sostiene sobre las
familias de rentas medias y bajas.
- La minoración del límite de las reducciones por las aportaciones a los planes de pensiones con impacto en el IRPF del año 2022 en 580 M. Supone una penalización al ahorro. Por un lado, no ataja la delicada situación que atraviesa la
Seguridad Social a la que tiene que inyectar 31.177 M de los Presupuestos del Estado, y, por otro lado, retira los incentivos al ahorro privado a largo plazo.
- Por otro lado, el Gobierno va a aumentar el Impuesto sobre las Primas de Seguros con una recaudación esperada de 455 M, en el que se incluyen los seguros de salud privados en plena pandemia. Este impuesto afecta más a los españoles con
nivel de renta medio y bajo y, por tanto, no es un impuesto que recaude más de los más 'ricos'.
- También penaliza a las familias, a la hostelería y las empresas fabricantes, con dos medidas que drenarán su capacidad de ahorro e inversión a través de la subida del IVA a las bebidas azucaradas y edulcoradas con 340 M de ingreso
estimado, y el nuevo impuesto a los plásticos no reciclados.
- Los conductores de automóviles también sufrirán un aumento del precio del combustible diésel que hace poco más de 15 años se incentivaba con planes de ayudas a la compra. El impacto del aumento del precio será de 450 M que tendrán que
pagar las familias de rentas medias (las rentas altas compran los vehículos que subvenciona el Gobierno) suponiendo un aumento de 3,8 céntimos por litro.
- Los menores beneficios fiscales que se van a aplicar en el ejercicio 2021 respecto al estimado para 2020, que caen un -0,4 % en concepto de IRPF, y que destaca la reducción por tributación conjunta que cae un 6 %, así como los del Impuesto
sobre Sociedades que disminuyen un -21,2 %, lo que supone 1.041 M más de impuestos a las empresas españolas.
- Se van a limitar al 95 % la exención de dividendos y plusvalías a la mayor parte de las empresas inversoras del país, lo que supondrá un mayor pago de impuestos, 473 M para 2021 y de 1.047 M para 2022, lo que supondrá un deterioro por
las inversiones.
- Otros impuestos que van a pagar las familias, fundamentalmente con rentas medias a través de la repercusión de 3.170 M sólo en 2021 sobre el coste de los servicios, serán los nuevos impuestos sobre Residuos, envases de plástico,
Transacciones Financieras y sobre Determinados Servicios Digitales.
- En términos de ingresos no tributarios, cabe destacar que el Gobierno pretende recaudar 2.100 M en concepto de subasta de los derechos del 5G en un momento extremadamente delicado para las operadoras y más concretamente para las que
invierten en infraestructuras en España. Este elevadísimo peaje, que casi duplica al de 2011, merma la rentabilidad de las empresas, les resta competitividad en un entorno de cotización bursátil a la baja y abre la puerta al control de operadores
extranjeros en sectores tan estratégicos como el de las telecomunicaciones y el desarrollo de la tecnología 5G.
No es casualidad que, después de observar las medidas de carácter tributario propuestas por el Gobierno, los organismos internacionales vaticinen para España el peor crecimiento para el año 2021 y el mayor retraso en la recuperación
económica y del empleo.
En cuanto a las deficiencias en el cálculo de los ingresos de determinados impuestos, algunos no van a tener la recaudación esperada por el cómputo temporal que le asignan. Así, el Impuestos sobre Transacciones Financieras tendrá un impacto
recaudatorio correspondiente a 11 meses, mientras que el del Impuesto sobre Determinados Servicios Digitales será de 9 meses, y en ambos casos no existen referencias en términos temporales y en comparativa con otras economías para prever
adecuadamente su capacidad recaudatoria. Por otro lado, los impuestos sobre plásticos y residuos no se han aprobado, por lo que no existe aún la certeza de su concreta implantación y articulación.
La mayoría de los países han optado por bajar impuestos para favorecer la recuperación, el Gobierno ha optado por la vía contraria. Por eso, estamos en contra de este proyecto de ley que amenaza la recuperación.
Sexto. Por la distribución y la estrategia del gobierno en las políticas de gasto.
'Hoy inauguramos una nueva época en España, que deja atrás definitivamente la etapa económica neoliberal de la austeridad y de los recortes en lo público y que pone a nuestra patria en la senda que marca el acuerdo histórico de Europa'.
Pablo Iglesias Turrión, Palacio de la Moncloa. 27 de octubre de 2020.
No se trata de gastar más, sino de gastar con criterios objetivos de eficiencia atendiendo al coste que el esfuerzo fiscal tiene sobre el crecimiento y el empleo. Reevaluar año a año cada programa de gasto en base a su ejecución, demanda
social e impacto positivo los más desfavorecidos y sobre el PM potencial, es capital para encontrar unas cuentas saneadas y una adecuada corresponsabilidad entre lo que se paga de impuestos y lo que se recibe de los mismos. El GPVOX presentó una
iniciativa en el Congreso para elaborar y aprobar una Ley de Eficiencia Fiscal que rechazaron los grupos que sostienen al ejecutivo. También se ha presentado otra iniciativa para la elaboración de los presupuestos públicos con la metodología base
cero para garantizar que el gasto corresponde a las necesidades estratégicas del país y no a las dinámicas de la administración pública.
El Gobierno de coalición presenta unos presupuestos expansivos que aumentarán el déficit y la deuda. La AIREF estimó que España no volverá a reducir su nivel de deuda registrada en 2019 hasta el año 2038, el 95 % del PIB. El Banco de
España ha confirmado en el Congreso de los Diputados que la deuda pública de 2021 podrá rozar el 130 % del PIB. Dos factores son los causantes: por un lado, los estabilizadores automáticos, que son necesarios, y, por otro lado, el gasto político
discrecional recogidos en su agenda precrisis y que ahora están aprovechando para potenciar. Esto causará un mayor efecto crowding-out, falta de competitividad y unas caídas en la productividad marginal del total de los factores que, colocará a
España en una situación de extrema vulnerabilidad.
España necesita de una política fiscal expansiva a corto plazo que combine una bajada de impuestos, como están haciendo en el resto de los países de Europa, y un mayor gasto público, impulsado por los fondos europeos, en el que actúen los
estabilizadores automáticos, se proteja a los damnificados por la pandemia y por las medidas del Gobierno, y además se apliquen medidas de impulso a la demanda a corto plazo. Todo ello debe ir acompañado de políticas de oferta que recuperen y
refuercen el tejido productivo, así como de reformas estructurales para la mejora de la productividad, la competitividad de las empresas y de los trabajadores ante un escenario futuro adverso y lleno de desafíos.
Esta enmienda a la totalidad, de los presupuestos del gobierno de coalición socialista y comunista, quiere también poner luz en la necesidad, ahora más que nunca, de aprovechar los cambios de paradigmas para dotar de mayor libertad económica
a los ciudadanos de esta gran nación. En este sentido, se debe:
- Articular paralelamente una reforma fiscal que dote de mayor capacidad adquisitiva a las empresas y a las familias, y que no incentive ni desincentive actividad de ningún tipo, lo que generará más riqueza y por ende más ingresos.
- Realizar los cambios regulatorios para que hacer negocios sea fácil y barato en términos de trabas administrativas, tasas e impuestos. No se puede seguir con la política de pagar impuestos, tasas y relleno de formularios antes de generar
un solo euro con un negocio.
- Orientar sin dirigismo el gasto público a las verdaderas necesidades de las empresas y las familias, cubriendo los huecos que el mercado no ocupa, sin entrar en competencia con él, y dotar de las infraestructuras y habilidades necesarias a
los agentes económicos que son necesarias para apalancar el desarrollo de valor añadido de la nación.
Los presupuestos que presenta el Gobierno de coalición aumentan los impuestos de una forma excesiva y soportan, en parte, un gasto que, excluyendo el capítulo 9, es de 456.073 M. Este es el mayor incremento de gasto del Estado que se haya
registrado, alcanzado los 76.449 M. El gasto no financiero es de más de 416.496 Me, lo que supone un 17,5 % o lo que es lo mismo, 61.970 M de más que el prorrogado para 2020. Sin las ayudas europeas el incremento sería del 10 %.
La ruptura de las reglas fiscales también es aprovechada por la coalición de izquierdas para aumentar la deuda pública, de tal forma que la discrecionalidad del Gobierno también se encuentra en el aumento del 57,7 % en activos financieros
hasta los 40.000 M cuando tan sólo 77 M provienen de los fondos europeos.
El Presupuesto no financiero del Estado, que supone el 56,7 % del total, aumenta sobre el presupuesto base de 2020 un 41 % incluyendo los 26.557 M de ayudas europeas.
Las transferencias de la Unión Europea serán pagadas por los españoles en forma de deuda solidaria. El Gobierno ha articulado estas ayudas como subvenciones a corto plazo, en un solo ejercicio, para la actividad productiva, sin que suponga
un cambio del modelo productivo. Un cambio productivo no se produce en un año, ni un cambio de formación profesional se produce en seis meses, como pretenden los fondos dirigidos a formación. Los cambios productivos que pretende el Gobierno en los
PGE21 son de
componente estructural, sin embargo, la articulación conferida es de muy corto plazo, por lo que se podría decir que es una propina para unos pocos que arruinará a todos.
En este sentido, la aportación de los fondos europeos es una medida one-off o puntual y no supone inversiones de carácter estructural, sino que se configura como un gasto articulado con definiciones genéricas, sin rigor en el gasto, ni
informes que contengan por cada programa de gasto un impacto económico a medio plazo. Como ya se dijo anteriormente, el Gobierno está sobreestimando el efecto sobre la economía de estos fondos que corren el serio riesgo de transformarse en un Plan
E de dimensiones difíciles de abordar si no cumplen con los criterios de eficiencia en el gasto.
Además, la presupuestación de los fondos europeos en los PGE21 presenta riesgos no despreciables que pueden causar un efecto negativo sobre los agentes económicos en forma de incertidumbre y parálisis de las decisiones de gasto e inversión.
Esto es debido al posible retraso en la puesta en marcha de los planes asociados a la disponibilidad de los recursos, ya que aún no se ha enviado un programa de medidas concretas y definidas a la Comisión, ni está definido el calendario de
transferencias, ni garantizadas las cuantías. En este sentido, existe incertidumbre en la aprobación de la normativa y en los procesos negociadores con la UE. También se debe considerar el riesgo de destinar los fondos a otros conceptos que no
estén dirigidos a lo que inicialmente se proyectó.
De los 26.634 M de ayudas europeas, la mitad se concentran en tres Ministerios:
- Para la transición ecológica y reto demográfico con 6.805 M de los que 5.300 M son para el IDAE sin conocimiento de las medidas y destinos específicos para la promoción de energías renovables, eficiencia energética y movilidad
sostenible.
- Transportes, Movilidad y Agenda Urbana recibe 4.982 M que se gastaran en rehabilitación de edificios y en infraestructuras eléctricas urbanas con difícil articulación por competencias administrativas. Los fondos destinados a la política
de vivienda no reflejan una distribución definida del gasto y no se puede garantizar su ejecución al cederse a las comunidades autónomas.
- Asuntos Económicos y transformación digital gestionará 3.602 M para la concesión de ayudas a la digitalización de la economía, mientras pretende recaudar cerca de 1.000 M en impuesto digitales y crear nuevas figuras tributarias para el
sector, además de pedir los 2.100 M de la subasta del 5G y penalizar la exención de plusvalías y dividendos a las grandes empresas. Las AAPP llevan invirtiendo en la digitalización durante más de 10 años y el Gobierno pretende que en un año se
haga todo el trabajo, lo cual no es creíble.
El Gobierno ha priorizado los fondos de recuperación para política ambiental y de vivienda para Andalucía y Cataluña con una importante diferencia respecto al resto de CCAA. Además, se reserva la adjudicación del 80 % de fondos
regionalizables para el futuro en función de las necesidades parlamentarias y apoyos para poder seguir gobernando. Esto también es un riesgo soberano para los inversores, que pueden considerar estos fondos como una amenaza a los gobiernos
regionales para que cumplan con lo dictado por el Gobierno central como condición para recibir las cuantías económicas.
En definitiva, el Gobierno presenta unos presupuestos del marketing centrados en el corto plazo, donde se introducen miles de partidas menores sin definición y con gran margen para regar de subvenciones al asociacionismo confluente con la
estructura socialcomunista del país. El Gobierno utiliza el aumento del gasto propio y el de la Unión Europea para impulsar su agenda de transformación social, potenciando áreas de gasto en capítulos 4 y 7 dirigidas en muchos casos a políticas
ideológicas que nada tienen que ver con la recuperación como la ciencia y la innovación con criterios de género o las becas para estudios sin criterios de excelencia.
En los presentes PGE21 no se registra medida o iniciativa alguna dirigida a la racionalización de la administración pública en línea con las reformas que sugiere la Comisión Europea. No encontramos un solo ahorro en eliminación de gastos
superfluos, de administraciones paralelas ni de eliminación de entes públicos sin demanda social y generadores de pérdidas todos los años.
Al revés, se mantiene la estructura gubernamental más grande de la democracia; se incrementa la partida destina a altos cargos un 15 % y se llega incluso a impulsar una renovación de coches oficiales con vehículos 'cero emisiones'.
Durante la crisis económica más grave desde la Guerra Civil, el gasto público no está orientado a recuperar la actividad económica, el empleo y mitigar los daños de la epidemia, sino que el gasto público se orienta a cumplir la agenda
ideológica del Gobierno, con un sesgo peligrosamente electoralista.
Difícilmente se puede justificar en estos momentos unos incrementos en las partidas del Ministerio de Igualdad (130 %); RTVE (25 %) o el CIS (13 %).
Por el contrario, los Presupuestos Generales del Estado no abordan algunos de los gastos que por justicia o por necesidad estratégica deberían priorizarse. Como ha reivindicado el GPVOX desde el inicio de la pandemia el reconocimiento del
personal sanitario implicaría un incremento de sus salarios de hasta un 20 %; la equiparación salarial plena de las FYCSE y funcionarios de Centros Penitenciarios con los funcionarios y políticas autonómicos o la urgente mejora de la dotación de
las Fuerzas Armadas evitando posicionar nuestra defensa en situación de vulnerabilidad.
Séptimo. Por la dignidad de los ciudadanos españoles.
España ha pasado por muchas y grandes crisis. Los españoles siempre han demostrado una verdadera capacidad de recuperación, el verdadero valor y coraje, y la verdadera voluntad de salir adelante y prosperar a pesar de los inconvenientes que
sus propios gobernantes les ponen en el camino. Hoy, los españoles se encuentran ante un doble desafío, y no están solos esta vez: la pandemia generada por el virus chino denominado SARS-CoV-2, y un gobierno con una agenda ideológica ajena a los
españoles.
La orientación económica, social e ideológica del gobierno se plasma en estos PGE21. Unos presupuestos que menoscaban la capacidad de generación de rentas por parte de las empresas y limita la libertad de los ciudadanos españoles a través
de la pobreza y el hambre.
Estos presupuestos ponen en riesgo el sistema de pensiones, las prestaciones y los subsidios para las personas que más lo necesitan mediante unas proyecciones macroeconómicas, fiscales y de gasto que son imposibles incluso para el más
optimista. Son unas cuentas que, sin metáfora posible, suponen pan para hoy y hambre para mañana.
Estos presupuestos no son los que España necesita y, si no lo remediamos, nos conducen hacia una ruina económica que podríamos haber evitado. No apoyaremos los PGE21 porque:
- Se fundamentan en un cuadro económico irreal e irresponsable.
- Evitan identificar partidas de gasto superfluo o prescindible con las que amortiguar el impacto de las cuentas públicas más expansivas de la historia con un agujero de 81.037 millones de euros.
- Tras la mayor destrucción del tejido productivo de Europa, con una sangría de paro y destrucción de empleo, no priorizan la vuelta a la recuperación y la creación de empleo.
- Ponen en riesgo la recuperación con una subida de impuestos en el peor momento posible, al contrario de lo que están haciendo la mayoría de los países de nuestro entorno que están impulsando la actividad económica con bajas de impuestos.
- Dedica una gran parte de recursos públicos en mantener las alianzas gubernamentales de Pedro Sánchez e implementar una agenda ideológica ajena a las prioridades estratégicas de España.
- No se acompañan de un plan de consolidación fiscal a medio plazo que redunde en la credibilidad de nuestras cuentas públicas.
- Sitúan la ratio de deuda sobre el PIB en niveles que nos colocan en una situación de extrema vulnerabilidad.
- No aborda ninguna de las reformas estructurales que aguarda España desde hace años, que solicitan las instituciones europeas y que aseguran un crecimiento fundamentado en bases sólidas.
Por la prosperidad, por la libertad, y por la dignidad de todos los españoles, el Grupo Parlamentario VOX en el Congreso de los Diputados, presenta esta enmienda a la totalidad a los Presupuestos Generales el Estado para el año 2021.
ENMIENDA NÚM. 6
FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
A la Mesa de la Comisión de Presupuestos
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo establecido en los artículos 110 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente enmienda a la totalidad al Proyecto de Ley de
Presupuestos Generales del Estado para el año 2021, por la que se solicita su devolución al Gobierno.
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de noviembre de 2020.-Pablo Casado Blanco, Mario Garcés Sanagustín, María Elvira Rodríguez Herrer y Víctor Valentín Píriz Maya, Diputados.-Concepción Gamarra Ruiz-Clavijo, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.
Enmienda a la totalidad de devolución
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2021 es el adiós definitivo de España a la recuperación de su economía y a la creación de empleo en el tiempo que queda de legislatura.
Sostenido en buena medida sobre la solidaridad y la buena fe de nuestros socios europeos, este proyecto de cuentas públicas representaba una oportunidad histórica para dar un impulso reformista y modernizador a la competitividad de la
economía española, empezando por la reconstrucción del tejido productivo arrasado por los estragos económicos de la pandemia.
Lejos de generar confianza y certidumbre entre los agentes económicos blandiendo unas cuentas públicas provistas de credibilidad, sensatez y rigor, el Gobierno se ha aprovechado de una coyuntura crítica para inocular una dosis empobrecedora
de sectarismo ideológico y fiscalidad punitiva en las arterias de la economía española.
Si en la gestión sanitaria de la COVID-19 y de sus secuelas económicas y sociales, el Gobierno de Pedro Sánchez ha demostrado ser uno de los gestores más insolventes del mundo desarrollado, en su plan presupuestario deja su huella
inconfundible: la subordinación del interés general a la ideología y la confusión premeditada de los deseos con la realidad. O, lo que es lo mismo, la mezcla secular de irresponsabilidad y dogmatismo ruinoso que tan hondas heridas inflige a
nuestra sociedad.
De aprobarse en sus actuales términos, los Presupuestos Generales del Estado de 2021 tendrán un impacto aun más depresivo y desmoralizador sobre la deteriorada confianza económica y sobre las ya mermadas expectativas sociales de una rápida
recuperación del crecimiento, el empleo y el bienestar.
Por tercera vez en el último cuarto de siglo, un Gobierno socialista vuelve a arrebatar a España su lugar en el vagón de primera de la locomotora europea. Por tercera vez, la irresponsabilidad de un Gobierno socialista aboca a los españoles
a un largo periodo devaluatorio de crisis, paro y recortes.
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Caracterizado por unas previsiones macroeconómicas y de ingresos superadas por la realidad, y por unas recetas fiscales rebosantes de dogmas ideológicos, el Proyecto de Ley de Presupuestos deja la salida de la crisis en las manos exclusivas
de los fondos europeos de recuperación, cuya recepción no está prevista al menos hasta finales de 2021.
A pesar de que los fondos de recuperación están vinculados a unos proyectos que no se han presentado todavía, el Gobierno se escuda detrás de los mismos para hacer escapismo de sus responsabilidades con la sostenibilidad de las cuentas
públicas (el plan de reequilibrio fiscal, exigido por el Partido Popular, el Banco de España y la AlReF brilla luminosamente por su ausencia), con el impulso a reformas estructurales que doten de renovada competitividad a nuestra economía
(inexistentes en dos años y medio de Gobierno) y con el fin último de toda política económica eficaz: la creación de empleo.
Consciente de que la publicación de estas cuentas venía a coincidir con un nueva declaración del estado de alarma, que ha dejado desfasados incluso los cuadros macroeconómicos más prudentes -por no hablar ya de las voluntaristas estimaciones
gubernamentales-, el Ejecutivo ha decidido hurtar el debate parlamentario al Congreso de los Diputados a través de una tramitación expeditiva del proyecto de ley. Este nuevo rodillo al Parlamento es coherente con su política de tierra quemada
institucional, pero incompatible con el sosegado análisis y cambio de rumbo que hubiera requerido una norma de tan quiméricas previsiones.
Mientras la economía española acusa ya en este cuarto trimestre de 2020 la ralentización provocada por la segunda oleada de rebrotes (la Comisión Europea augura para nuestro país la mayor contracción económica del continente), el Gobierno
esboza un crecimiento económico inercial del 7,2 % del PIB en 2021, muy por encima de las estimaciones del Banco de España en su verosímil escenario de prolongación de restricciones a la actividad (4,1 %), de las últimas previsiones de Bruselas (5,4
%) y del escenario central que maneja la Autoridad Fiscal Independiente (5,5 %).
El propio gobernador del Banco de España ha asegurado esta misma semana, durante su comparecencia ante la Comisión de Presupuestos del Congreso, que los últimos indicadores de la actividad nos sitúan cada vez más cerca del escenario más
pesimista de los dos que baraja la institución y, además, con riesgos añadidos a la baja.
La previsión del Gobierno alcanza el 9,8 % de crecimiento del PIB al apoyarse en la hipótesis de que los 27.000 millones de euros que el Ejecutivo ha decidido anotarse para 2021 del total de las transferencias no reembolsables europeas
(72.000 millones de euros), reportarán una contribución al crecimiento económico de 2,6 puntos porcentuales el próximo año.
Este cálculo contrasta con el elaborado por el Banco de España. A la luz de sus estudios, la institución cifra esta aportación en 1,3 puntos en el mejor de los casos, advirtiendo también del riesgo a la baja asociado a los interrogantes que
suscitan la capacidad de ejecución de la totalidad de los fondos esperados.
A falta de dos meses para el cierre del ejercicio 2020, España asiste a una contracción económica sin precedentes desde la guerra civil española (-8,7 % interanual hasta septiembre), que habrá volatilizado, a 31 de diciembre, más de 130.000
millones de euros de riqueza nacional. A día de hoy, ya ha causado el cierre de más de 91.000 empresas y la destrucción de más de 700.000 empleos (sin contar los 600.000 trabajadores en ERTE).
Nuestro castigado tejido productivo afronta, por si fuera poco, un inquietante horizonte de seis meses de restricciones asociadas al nuevo estado de alarma, asimétricamente implantadas en función de cada comunidad autónoma, mientras que el
Banco de España sitúa en 2021 la tasa de paro nacional en una horquilla de entre el 19,4 % y el 22,1 % de la población activa, es decir, cerca de cinco millones de ciudadanos sin trabajo.
De acuerdo con la narrativa gubernamental, incluso bajo este escenario, repleto de dudas e interrogantes, los ingresos públicos batirán milagrosamente el récord histórico absoluto de recaudación en 2021: 493.838 millones de euros, casi
medio billón de euros.
El Gobierno justifica esta hazaña recaudatoria sobre la base de una subida prevista del 13 % en los ingresos tributarios (hasta 222.107 millones de euros) que atribuye, a su vez, a su estimación de mejora del PIB y, en segundo término, a
toda una vuelta de tuerca fiscal a familias y empresas, un hachazo impositivo al consumo, al ahorro y a la inversión que es lo único que tiene de real el plan presupuestario del Gobierno.
Los organismos independientes cuestionan los ingresos por los tres motivos citados: Ni los ingresos tributarios van a crecer por encima del crecimiento económico real, ni el crecimiento va a ser el previsto por el Gobierno, ni la
recaudación de los impuestos va a alcanzar el nivel presupuestado.
La consecuencia más inmediata de las proyecciones del Gobierno no es otra que el descrédito de la política económica ante los inversores, ante los agentes económicos nacionales e internacionales y ante los ciudadanos.
Como primer fundamento de esta enmienda a la totalidad, el Grupo Parlamentario Popular considera, por tanto, que las cuentas de ingresos y gastos públicos para 2021 son ya pasto de una obsolescencia autoprogramada, pues se asientan en los
pies de barro de unas previsiones macroeconómicas superadas por la realidad, como atestiguan los escenarios centrales que manejan ya la mayoría de organismos e instituciones.
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El Ejecutivo podía haberse limitado a colorear un panorama de renovados brotes verdes -con los perjuicios ya indicados-, pero al menos abstenerse de dañar la economía aún más de lo que ya lo ha hecho con su nefasta gestión sanitaria de la
COVID-19, causante del mayor hundimiento económico y social en toda Europa.
Desgraciadamente, al optimismo del Gobierno hay que añadir la fiscalidad confiscatoria a las clases medias que transpira por todos los poros de este proyecto de ley, lo que justifica sobradamente el segundo fundamento de esta enmienda a la
totalidad.
En dirección contraria a las grandes naciones europeas, como Francia, Italia o Alemania, que han aligerado las cargas impositivas a sus ciudadanos y sus empresas para impulsar la demanda, el crecimiento y la competitividad empresarial en sus
respectivas economías, el Gobierno de Sánchez e iglesias pone un nuevo palo ideológico en las ruedas de la recuperación y sube los impuestos en nada menos que 7.442 millones de euros entre 2021 y 2022.
El Gobierno sitúa en el centro de su diana fiscal a los hogares y profesionales autónomos, que en 2021 sufragarán casi el 97 % de la subida fiscal. Unas clases medias y trabajadoras que nada tienen que ver con el grupo social de 'los
ricos', antagonista arquetípico en el discurso populista de la izquierda radical.
Prácticamente, no existe figura impositiva que no recoja un incremento fiscal: Impuesto sobre Sociedades (sobre unos beneficios empresariales que serán inexistentes), Impuesto sobre la Renta, la fiscalidad sobre el ahorro, IVA, Impuesto
sobre el Diésel, Impuesto sobre el Patrimonio, Impuesto sobre las Primas de Seguro, Impuesto sobre Plásticos de un Solo uso, sobre Bebidas Azucaradas (como los batidos o los zumos), Impuesto sobre Transacciones Financieras, Impuesto sobre
Determinados Servicios Digitales.
Este proyecto de ley de presupuestos es, por tanto, un ejemplo revelador de la voracidad recaudatoria que deprime el consumo, penaliza el ahorro, ahuyenta la inversión y socava la competitividad de las empresas y la capacidad de un país para
crear empleo.
En la citada comparecencia, el gobernador del Banco de España advirtió expresamente sobre los peligros de subir la presión fiscal en un momento de fragilidad y riesgos a la baja como el actual. No solo eso, sino que además alertó en torno a
las distorsiones que introducen las nuevas figuras impositivas aprobadas unilateralmente y sin coordinación a nivel europeo.
De nada importa que el ciclo económico sea positivo -como en los presupuestos frustrados de 2019- o recesivo -como en los de 2021-: Las izquierdas españolas nunca desaprovechan la oportunidad de subir urbi et orbi los impuestos existentes y
de crear nuevos impuestos por si los primeros no fueran suficientes.
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El Gobierno se ha aprovechado igualmente del consenso generalizado en torno a la necesidad de unos presupuestos expansivos que impulsen la demanda deprimida por la pandemia. Pero la pregunta correcta no es tanto cuánto se gasta, sino cómo
se gasta. Lo importante es decidir si el gasto público va destinado a inversiones productivas o si, por el contrario, se aprovecha para sostener de rondón una estructura burocrática elefantiásica que sigue engordando más y más frente a la
contención y la ejemplaridad que exigiría la situación actual y que están demostrando los ciudadanos.
Innumerables han sido los ejemplos que estos presupuestos consolidan y consagran: La proliferación de nuevos altos cargos en pleno estado de alarma, la creación de ministerios desde lo que antes eran direcciones generales (Consumo),
Secretarías de Estado que antes eran una simple división (Memoria Democrática), un incremento del 100 % en los gastos corrientes del Ministerio de Asuntos Económicos, un aumento del 75 % en el coste de altos cargos dependientes del presidente del
Gobierno con respecto a los presupuestos de 2018, un incremento de más del 10 % en la partida de altos cargos del Gobierno, o el aumento sin control de partidas presupuestarias para gastos de publicidad y propaganda en Ministerios y Secretarías de
Estado y un largo etcétera.
La excepcionalidad de la situación actual exigía reducir a la mínima expresión los gastos superfluos y dejar margen adicional tanto para poder extender aquellas medidas de gasto que pudiera ser necesario prolongar en el tiempo -caso de los
ERTE-, como para compensar los estabilizadores automáticos en un escenario de empeoramiento económico, destrucción del empleo y deterioro de las cuentas públicas.
Pero esto es algo que no se puede hacer con un presupuesto inercial como es este, en el que solo importa el incremento cuantitativo de todas las partidas. La crítica situación actual exigía un análisis
cualitativo mucho más profundo que, partiendo de cero, justificase en términos de eficiencia y eficacia cada una de las partidas de gasto.
Lamentablemente no ha sido así. El Gobierno vuelve a tropezar en la piedra de su propia irresponsabilidad. La de los viernes electorales. La causante de que España ya incumpliera el objetivo de déficit presupuestario en 2019. La que
privó a España de un colchón fiscal propio para combatir los efectos económicos y sociales de la pandemia.
¿Acaso las nuevas cargas fiscales tratan al menos de compensar parcialmente los desequilibrios provocados por el impacto de la crisis sanitaria? ¿Existe algún plan de reequilibrio fiscal que oriente la sostenibilidad a medio plazo de
nuestras cuentas públicas?
Todo lo contrario, nada importa aquí tampoco que el ciclo sea positivo o recesivo, las subidas de impuestos socialistas van dirigidas a sostener aumentos permanentes de gasto, que luego serán muy difíciles de sufragar con la recuperación de
los ingresos.
Si la caída interanual de la economía española y la destrucción de empleo ya duplican la media europea (-8,7 % vs -4,3 %) y (-7,6 % vs -3,1 %) respectivamente, estas cuentas públicas, lejos de ayudarnos a estrechar rápidamente la brecha con
respecto a las grandes economías de nuestro entorno, ahondará en unos desequilibrios que no tardaremos en pagar en forma de recortes y ajustes de déficit y deuda.
Para 2020, el Gobierno estima un déficit público del 11,3 % del PIB (a 31 de agosto ya era del 7 %), en la banda baja del consenso de las previsiones, que se mueven en una horquilla entre el 11,9 % y el 14,4 % del PIB.
Para 2021, a pesar de la subida de impuestos y los cálculos voluntaristas de ingresos públicos, la previsión oficial del déficit se sitúa en el 7,7 %, a lo que el Banco de España ya ha respondido que bien podrá elevarse al 9,9 % en un
escenario de rebrotes como el que estamos sufriendo. En esta misma línea, la Comisión Europea lo sitúa, por su parte, en el 9,6 % (y del 8,6 % en 2022).
Por tanto, entre los años 2020 y 2021, los españoles veremos cómo se abre un cráter fiscal de prácticamente un cuarto de billón de euros en la deuda pública. Esta pasará previsiblemente de representar el 95 % del PIB en 2019 al 120 % en
2020, al 125,6 % en 2021 y al 128 % en 2022. A finales de 2021, cada español tendrá sobre su cabeza una deuda adicional cercana a los 7.000 euros.
Esto es, en definitiva, una espiral insostenible de la deuda pública, que, de haber contado con un Gobierno mínimamente responsable, por lo menos hubiera ido acompañada de la presentación de un plan de reequilibrio que marcase un rumbo
creíble de sostenibilidad fiscal y reformas estructurales a medio plazo.
El gasto sanitario, el incremento de los intereses de la deuda, el ingreso mínimo vital o la indexación de las pensiones son ejemplos de gasto estructural que elevan el déficit estructural al 5 %, frente al 3,1 % previo a la pandemia.
Una vez se reactiven las normas europeas contenidas en el Plan de Estabilidad y Crecimiento, suspendidas transitoriamente durante la pandemia, será necesario 'un plan de ajuste de una década', tal y como ha advertido Pablo Hernández de Cos.
El Gobierno ha decidido hipotecar el futuro de los españoles y este es el tercer fundamento de esta enmienda a la totalidad.
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Sin aparente turbación, el Gobierno de Sánchez e iglesias ha dado públicamente por perdida la batalla del empleo para el resto de legislatura.
En el último año se han destruido 700.000 puestos de trabajo según la EPA correspondiente al tercer trimestre. La tasa de paro de España, la mayor de Europa junto a la de Grecia, duplica la media de nuestros socios comunitarios (16,2 % vs
8,1 %), mientras 1,2 millones de hogares tiene ya a todos los miembros de la familia en el paro.
Para el año 2021, el Gobierno reconoce que la tasa de desempleo se estancará en torno al 17 % de la población activa (se reducirá mínimamente del 17,1 % al 16,9 %), frente al 13,6 % de paro que había a principios de 2020.
Sánchez ha anunciado que los 140.000 millones de euros de los fondos europeos posibilitarán la creación de 800.000 empleos desde ahora hasta 2023. 0, lo que es lo mismo, en manos del Gobierno, estos fondos solo servirán como mucho para
recuperar los niveles de empleo previo a la pandemia.
Sin embargo, como ya se ha apuntado, las previsiones de otros organismos apuntan a que la tasa de paro se situará entre el 17,9 % (Bruselas) o incluso por encima del 20 %, lo que supondría que uno de cada cinco trabajadores en España estará
en paro el año que viene. En todo caso, ya la más alta de Europa, superando la de Grecia. En este escenario, resultaría un hecho inaudito que se cumpliera la estimación del Gobierno respecto a la evolución del consumo privado en 2021, cifrada en
una mejora del 10,7 % respecto a 2020.
Bajar los brazos en lucha contra el paro es una derrota de hondas consecuencias para la sociedad española, lo que explica el cuarto fundamento de la enmienda a la totalidad que el Grupo Parlamentario Popular presenta al programa
presupuestario del Gobierno, una herramienta que, cuando se utiliza de forma apropiada, y no como un arma ideológica, debe servir de eficaz impulso incentivador a la creación de empleo y oportunidades.
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Por todo lo dicho anteriormente, el Grupo Parlamentario Popular quiere denunciar que este proyecto de presupuestos acaba con la solvencia de la política económica española, muy dañada ya desde los primeros compases de Gobierno de Pedro
Sánchez.
Echa por tierra los sacrificios que tuvo que hacer la sociedad española para superar los excesos, la crisis y los desequilibrios dejados como herencia por el Gobierno de Rodríguez Zapatero.
Marca una ruinosa línea continuista entre ambos Gobiernos de izquierdas: subidas de gasto estructural y de impuestos, incrementos de déficit y deuda. Las mismas fórmulas injustas, las mismas recetas fracasadas.
Paga peajes inaceptables extrapresupuestarios a los socios rupturistas del Gobierno: desde el intervencionismo público en la fijación de precios de alquileres de la vivienda hasta la exclusión del castellano como lengua vehicular del
sistema educativo.
Pone en grave riesgo la sostenibilidad a medio plazo de nuestras cuentas públicas y, como advierte el Banco de España, sitúa a España en el disparadero de años de recortes y ajustes.
Estas cuentas públicas comprometen el Estado de Bienestar y el futuro de los españoles. Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta enmienda a la totalidad al Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2021,
por la que se solicita su devolución al Gobierno.
ENMIENDA NÚM. 7
FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Plural
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Plural, a instancia del Diputado del Bloque Nacionalista Galego (BNG), Néstor Rego Candamil, al amparo de lo dispuesto en el artículo 110 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente enmienda
a la totalidad al Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2021, solicitando su devolución al Gobierno.
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de noviembre de 2020.-Néstor Rego Candamil, Diputado.-Laura Borràs Castanyer, Portavoz Adjunta del Grupo Parlamentario Plural.
Enmienda a la totalidad de devolución
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El proyecto de Presupuestos Generales del Estado presentado por el Gobierno para 2021 está elaborado en una situación excepcional, en la que es necesario hacer frente a los efectos sociales y económicos de la crisis sanitaria. Eso implica
apostar por una fuerte inversión pública. Ahora se evidencia
que la limitación autoimpuesta siguiendo las recomendaciones de la Unión Europea podía eludirse, que era posible suspender las normas sobre gasto público contenidas en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y
Sostenibilidad Financiera (que por cierto, el BNG sigue demandando que sea derogada), y utilizar los Presupuestos Generales del Estado como un instrumento de progreso.
En todo caso, este proyecto de presupuesto queda -a nuestro juicio- a medio camino en la apuesta por políticas verdaderamente transformadoras, que apuesten porque la salida de la crisis económica y social no recaiga -una vez más- sobre las
mayorías sociales conformadas por las clases populares y actúen como verdadero mecanismo de reequilibrio social.
Pero además, en relación con la inversión territorializada, estos presupuestos son claramente negativos y discriminatorios con Galiza. Es inaceptable que, sufriendo nuestra nación un déficit histórico en inversiones en equipamientos e
infraestructuras -especialmente en el ámbito de la movilidad ferroviaria- el proyecto de Presupuestos no solo no compense ese déficit sino que no atienda a necesidades perentorias de nuestro País.
Los gallegos y gallegas no podemos aceptar un proyecto en el que, a pesar de que el presupuesto global se incrementa en un 19,4 % y los capítulos VI y VII en un 138 %, se reduce la inversión directa en nuestro País en un 11,4 por ciento
respecto de los presupuestos del Partido Popular de 2018, ya claramente insuficientes.
La inversión territorializada en Galiza queda en los 832 Me, muy lejos de las necesidades urgentes que tenemos y supone una inversión per cápita de apenas 308 por habitante para 2021.
Además, Galiza asume la carga de servicios básicos sin la suficiente capacidad para financiarlos debido a la falta de un sistema de financiación justo. Hay que tener en cuenta que de un cálculo justo de la balanza fiscal entre la Comunidad
Autónoma de Galicia y el Estado basado en el criterio objetivo del flujo monetario sin caer en la subjetividad del discutible criterio de devengo o de carga-beneficio nuestra nación realiza un aporte neto a las arcas del Estado de aproximadamente
4.000 millones de euros cada año.
Sin embargo, los recursos que recibirá Galiza del sistema de financiamiento autonómico bajan en un 1,6 % respecto a 2020 que ascendían a 7.974 , quedando en 7.849 M.
Inversiones en infraestructuras en Galiza.
A pesar de que el presupuesto del MITMA conoce un incremento en los capítulos VI y VII superior al 50 %, las inversiones que se prevén en los PGE para 2021 caen de forma significativa en Galiza y mantienen la tendencia de los gobiernos
españoles -de uno u otro signo- de discriminar a nuestro País en materia de infraestructuras, transportes y movilidad.
No sirve el argumento de que las inversiones superiores de años anteriores se justificaban por las obras de la Alta Velocidad. Para empezar porque Galiza tiene grandes necesidades en materia ferroviaria que van más allá del AVE, porque la
prioridad debe ser articular la movilidad interior, de forma sostenible, con una red moderna y eficaz. El gobierno afirma que con estos Presupuestos 'la formulación y la planificación de la inversión pública en infraestructuras se orienta
principalmente hacia aquellas que favorecen la movilidad de personas y mercancías de forma sostenible y segura, y por las que apuesten por la innovación tecnológica y fortalezcan la cohesión social y territorial, para que sirvan de motor dinamizador
de la economía'. Estamos de acuerdo con que este debería ser el criterio, pero constatamos que -por lo menos en el caso de Galiza- no lo es.
La realidad es que la mayoría de las líneas -cuando existen- se encuentran en un estado de abandono, inadecuado para prestar un buen servicio. Y sin embargo, el Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana no prevé ninguna partida
presupuestaria para la línea A Coruña-Lugo tampoco para la línea de FEVE, que articula todo el norte de Galiza entre Ferrol y Ribadeo. La modernización de la línea A Coruña-Ferrol solamente cuenta con una partida simbólica que no permitirá
adelantar ninguna actuación en el año 2021 y previsiblemente tampoco en el 2022.
Por otro lado, no existe partida para proyectar y ejecutar la conexión ferroviaria -imprescindible- con el puerto exterior de Punta Langosteria (A Coruña) ni tampoco para la 'salida sur' de Vigo que complete el Eixo Atlántico entre esta
ciudad y la frontera portuguesa, imprescindible para conectarnos con Portugal. La propia Ministra de Cohesión Territorial portuguesa, Ana Abrunhosa, criticaba públicamente al Gobierno español por pretender imponer como prioritario para las
infraestructuras ferroviarias de Portugal la línea Lisboa-Madrid, cuando el objetivo prioritario del Gobierno portugués es la conexión atlántica Lisboa-Porto-Vigo.
Además, no se prevé partida alguna para el inicio del proyecto que llevase a la ejecución de una línea fundamental como la que debe conectar Santiago con Lugo.
El MITMA destaca que en sus presupuestos se triplican los recursos destinados a la modernización de las cercanías. Sin embargo esa afirmación no es real en Galiza, donde no existe un servicio que merezca tal nombre y, a pesar de ello,
tampoco se prevén inversiones que permitan empezar a articularlo y ponerlo en funcionamiento. La existencia del servicio de cercanías ágil y eficaz en las áreas de las ciudades serviría para vertebrar las conexiones internas en nuestro País y
dotaría a los gallegos y gallegas de un transporte público, de calidad y más respetuoso con el medio ambiente.
Pero es que incluso respecto de la alta velocidad el gobierno no cumple porque a pesar del AVE prometido una y otra vez desde hace décadas, sigue todavía sin llegar del todo. Recuerden que Ourense para ser la verdadera puerta de esa alta
velocidad en Galiza, necesita una variante, pero para la misma se presupuesta la ridícula cantidad de apenas 29 millones de euros del total de 636 en que está valorado el coste total de la obra.
En definitiva, una red ferroviaria interior precaria, que no está a la altura de las necesidades de movilidad que tenemos, que se ve aún más afectada de forma negativa por decisiones incomprensibles de reducir las frecuencias y servicios o
el cierre de estaciones y que no merece la atención debida en estos presupuestos, a pesar de que se fijara en el acuerdo de investidura que las actuaciones en el transporte ferroviario era una prioridad.
La misma tendencia se aprecia en lo referente a las infraestructuras viarias. Así por ejemplo es necesario finalizar por fin la autovía A-54 entre Santiago de Compostela y Lugo, que lleva tres décadas en obras y de la que todavía faltan por
terminar los tramos entre Palas de Rei y Arzúa. Pero entre las ausencias de partidas que permitan una actuación real, destaca la A-56, entre Ourense y Lugo, y la A-74, en A Mariña, pues solo se contemplan cantidades simbólicas, lo que evidencia una
total falta de voluntad del Ministerio en realizar estas actuaciones.
Por supuesto, nos congratulamos de las partidas destinadas las bonificaciones de los peajes de la AP-9, 55 millones que vienen a paliar el problema, y que se ha logrado gracias a la insistencia del BNG. Una medida que favorecerá a los
usuarios y usarías, a la economía y al tránsito por vías convencionales. Y esto es así porque la Autoestrada do Atlántico es una de las más caras de todo el Estado, y ese precio abusivo actúa muchas veces como disuasorio para los y las usuarias
saturando las vías convencionales y encareciendo además los costes para empresas y transportistas. Resta por ver si la citada partida destinada a la bonificación y a la compensación de la subida del 1 % de los peajes, sea suficiente también para la
bonificación del 100 % de los peajes para usuarios recurrentes, particulares o profesionales, como figura en el acuerdo de investidura.
Incremento del gasto militar y de los fondos destinados a la Corona
Resulta cuando menos curioso que, en unos presupuestos que se venden como sociales, el gasto militar suponga el 31,7 de las inversiones, lo que supone un incremento del 5 %. No podemos compartir un proyecto en el que, en plena pandemia
sanitaria, se destinen 3.090 millones de euros a pagos de programas especiales de armamento. Si sumamos los gastos del funcionamiento operativo de los servicios y las inversiones de carácter inmaterial, da como resultado que -sin computar los
fondos europeos- más del 40 % de las inversiones reales del Estado se destinan a gasto militar. Entendemos que siempre -pero más en esta situación excepcional- la prioridad absoluta debe ser el gasto social, garantizar la protección de los sectores
más desfavorecidos y fortalecer servicios públicos de calidad.
Por su parte, el presupuesto destinado a la Casa Real en este proyecto es de 8.431.150 millones de euros, lo que supone un incremento de un 6,9 % (544.000 euros) respecto a lo previsto en los Presupuestos Generales del Estado para 2018, en
los que se le asignaban 7,88 millones de euros. Aquí, si se preocupa el Gobierno de recuperar la 'capacidad adquisitiva' de los Borbones, pues se trata de la tercera subida consecutiva que experimenta el presupuesto de la Jefatura del Estado,
después de los recortes que sufrió durante la anterior crisis económica. Resulta injustificable que, después de los escándalos relacionados con la corrupción de los Borbones, de las cuentas con millones en paraísos fiscales, y el dispendio con
tarjetas opacas, se decida, no ya mantener, sino subir lo asignado a la Casa Real.
Sanidad y Tasa de Reposición de Efectivos
El gasto en la sanidad pública es, para el BNG, una de las partidas que más debieran aumentar, es donde, en plena pandemia, y tras haberse constatado los problemas derivados de los continuos recortes debiera el Gobierno redoblar esfuerzos
para una dotación presupuestaria adecuada, asegurando una correcta financiación del sistema sanitario.
El Gobierno destaca la incorporación de 3.000 millones de euros provenientes del MRR y del REACT-EU. No obstante, más de 1.000 serán para la vacuna anti-COVID19, que aún no existe, no para los déficits del sistema sanitario que ya se han
evidenciado.
Uno de los principales problemas del sistema sanitario es la falta de recursos humanos y las condiciones de precariedad, problema que es imposible solucionar sin eliminar la tasa de reposición de efectivos.
Hay que recordar que la eliminación de la tasa de reposición de efectivos en el ámbito sanitario es una de las resoluciones aprobadas por el Congreso de los Diputados dentro de la llamada Comisión para la Reconstrucción, propuesta
incorporada gracias a una enmienda del BNG y a la que ahora el Gobierno hace oídos sordos, pues no sólo no la elimina en sanidad, sino que la mantiene para todo el sector público.
Así, el articulado del Proyecto de PGE mantiene que la regulación de la Oferta de Empleo Público se sujetará a una tasa de reposición de efectivos del 100 %, y prevé una tasa adicional del 10 % respecto de determinados ámbitos o sectores que
requieran un refuerzo de efectivos, como sería precisamente la sanidad, que pasaría a ser del 115 % en el caso de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
Se deduce de forma clara, que esto no es suficiente para que las ofertas de empleo público realmente permitan incorporar el personal necesario para el funcionamiento de los servicios, lo que llevará nuevamente a contratos temporales y
precarios. Es por tanto necesario eliminar la tasa de reposición y permitir que las distintas administraciones públicas, especialmente las Comunidades Autónomas y Entidades Locales, puedan ajustar la oferta pública a las necesidades reales y a su
capacidad económica.
Nueva fiscalidad
Sí, es necesario financiar el gasto social, y el BNG lleva desde hace mucho tiempo dando su receta, reducción de partidas superfluas o innecesarias, como lo son las de gasto militar y las destinadas a la Corona, y modificar el sistema fiscal
para que paguen más los que más tienen, un sistema fiscal verdaderamente progresivo y que sirva para la redistribución de la riqueza.
El Gobierno ha introducido nuevos impuestos como forma de financiamiento, pero sigue sin apostar decididamente por una fiscalidad que vaya en esta línea. Así, la reforma introducida en la Ley de Patrimonio podría servir de punto de partida,
pero se limitan a subir el impuesto para los patrimonios superiores a 10 millones de euros, cuando podría establecerse una mayor progresividad, y que a partir del millón de euros se suban los tipos, lo que si supondría una redistribución de la
riqueza.
Otra de las reformas, la referida al impuesto sobre el diésel puede suponer una carga que penalice a los transportistas de mercancías y otros empresarios pues, aunque el Gobierno ha anunciado que lo pagado por esta vía será devuelto, como
consecuencia de la regulación de la figura de 'gasóleo profesional', solo será posible ese reintegro en el caso de los vehículos de más de 7,5 toneladas. Los vehículos considerados ligeros, a pesar de dedicarse a actividades de transporte de
mercancías, no entrarán en esa previsión.
Otra reforma importante es la revisión del IVA. Es urgente rebajar el tipo de impuesto para productos que se han vuelto imprescindibles en el día a día de las familias, pero que suponen un coste añadido que lastra su economía para que
puedan llegar a fin de mes. Así, la eliminación del IVA para mascarillas higiénicas, quirúrgicas y de EPI, cuando menos mientras dure la obligatoriedad de su uso es imprescindible. La excusa de la prohibición al respecto de la normativa europea ya
no sirve, pues la Comisión Europea ha dicho que los países miembros pueden bajar el IVA de las mascarillas y que no tomará medidas contra aquellos que lo hagan.
Otra reforma fiscal necesaria es establecer una deducción en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) destinada a las personas con rentas más bajas y más de un pagador, lo que evitaría que las personas que a pesar de sus
reducidos ingresos están obligados a presentar declaración por tener varios pagadores no se vean penalizados.
En este sentido, sigue sin resolverse -y es urgente hacerlo- el injusto tratamiento de la tributación por las pensiones percibidas del extranjero, de especial incidencia en el caso de las y los pensionistas gallegos. El actual proyecto de
Presupuestos Generales del Estado no atiende adecuadamente las
demandas del colectivo de emigrantes retornados en cuanto a la discriminación fiscal que padecen en relación con las prestaciones recibidas desde el país donde desarrollaron su actividad laboral. Resulta imprescindible eliminar la
aplicación de límites de renta exentos diferentes para la tributación por el IRPF correspondiente a la obtención de pensiones estatales o procedentes de otros estados.
Ayudas a los autónomos y pymes
Se anuncia un aumento de 1.338 M en las ayudas para autónomos y PYMEs que suponen un 150 % más pero no se traduce de forma expresa en ayudas adicionales suficientes para autónomos por cese extraordinario de actividad que complementen las
prestaciones ordinarias y extraordinarias correspondientes a las consignadas en los presupuestos de la Seguridad Social, que cifra en 78.412 el número de procesos de cese de actividad de trabajadores autónomos previsibles a finales de 2020 y en
36.139 el número de nuevos procesos de cese previstos para 2021.
Es fundamental incluir de forma específica un Plan de Rescate de los sectores más afectados por las nuevas restricciones como son la hostelería o la cultura, que debe incorporar tres líneas: ayudas directas, exenciones fiscales y el aumento
del periodo de carencia y de amortización del principal para los préstamos y líneas de financiación recibidas.
Desde Galiza también evidenciamos con preocupación una persistente caída del número de personas afiliadas al régimen especial de trabajadores autónomos que se agravará como consecuencia de las restricciones necesarias para detener la segunda
ola de la pandemia de COVID-19, y que no han sido acompañadas de forma adecuada de medidas de compensación económica.
Sector industrial
Resulta también estratégico para la economía gallega el apoyo decidido al sector industrial, que tras quedar reducido a su mínima expresión atraviesa ahora un momento crítico. Apoyo que no se aprecia de forma explícita en el proyecto de
presupuestos presentado.
Así, es necesario desarrollar los Convenios de Transición Justa para Cerceda y As Pontes, para compensar el cierre ya realizado o futuro de las centrales térmicas, que afectará a toda la economía de esas comarcas. Sin embargo, no se asignan
partidas concretas para la transición justa por el cierre de las centrales por parte del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.
También es más urgente que nunca atender a la necesidad estratégica de mantener abierta la producción de aluminio en Alcoa-San Cibrao, y evitar la quiebra de toda la comarca de A Marina. Si, se trata de un sector estratégico, y el Gobierno
debiera prever una partida para su posible intervención, como solución al conflicto. Acaba de anunciarse por el Ministerio el rescate de la compañía de Air Europa con 475 millones de euros, y consideramos de justicia que se dé el mismo tratamiento
a Alcoa.
Se incluyen partidas dirigidas a Navantia Ferrol, pero sigue sin apostarse por la creación de un complejo integral en la Ría, lo que daría un mayor dimensionamiento a esta industria naval, y tampoco se apuesta por una diversificación que
supondría asegurar una mayor carga de trabajo y con ella, el futuro de toda la comarca.
Necesitamos garantizar la repercusión directa en Galiza del Plan Reindus, IC4, de subvenciones CO2, etc., así como reforzar las actuaciones del ICEX y Cofides en el acompañamiento a las empresas gallegas en su internacionalización, la EOI
para atraer talento y ENISA para impulsar el crecimiento. Compromisos que también había asumido el Gobierno pero que no se plasman de manera explícita en los Presupuestos Generales del Estado.
Financiación de la Ley de Dependencia
Para Galiza resulta además imprescindible una dotación adecuada para atender la prestación de los servicios incluidos en la Ley de Dependencia. La financiación de este servicio ha sido siempre deficitaria por parte del Estado, y es
imprescindible que se asuma por parte del Gobierno español, cuando menos, el cincuenta por ciento de su coste. Si bien es cierto que se aumenta la dotación total a nivel estatal para esta partida en 603 millones de euros, un aumento del 34,4 %,
Galiza necesita para llegar a ese 50 % de financiación por parte de la Administración General del Estado unos 180 millones de euros, lo que no parece factible dado el incremento consignado.
Apoyo a la lengua y la cultura
Con respecto al apoyo a la lengua gallega, el presupuesto consignado para la Corporación de Radio y televisión Española, S.A. no especifica partidas para financiar la recuperación de horas de emisión en lengua gallega de las desconexiones
territoriales de TVE ni, tampoco se habilita partida alguna que permita la recepción de radios y televisiones portuguesas.
Además, el Ministerio de Cultura y Deportes rebaja la inversión en Galiza en un 7,79 % principalmente en las partidas destinadas a archivos y bibliotecas de su titularidad que arrojan caídas del 93 %.
En un momento en que el desarrollo tecnológico y digital debe suponer uno de los grandes pilares para la economía futura, asistimos a una total ausencia de inversiones territorializadas en Galiza por parte del Ministerio de Asuntos
Económicos y Transformación Digital para el ejercicio 2021.
Ayudas al alquiler y vivienda en general
Aunque se presupuesta un partida de más de 1.500 M para el Acceso a la vivienda y fomento de la edificación, correspondiente al Mecanismo de Recuperación y Resiliencia procedente de la UE, con respecto al problema de acceso a la vivienda
observamos presupuestados 570 M para el programa de promoción, administración y ayudas para rehabilitación y acceso a vivienda (261N), que aunque supera levemente lo consignado en pasados ejercicios, todavía es un importe muy inferior al de hace
una década, que superaba los 1.500 M.
Pensiones
El Capítulo 1 establece el índice de revalorización de las pensiones abonadas por el sistema de la Seguridad Social, así como de Clases Pasivas, que se incrementarán en 2021 con carácter general un 0,9 %, siendo el porcentaje del 1,8 por
ciento en el caso de las pensiones no contributivas, pero esto no es suficiente. Tal y como ya hemos expresado en relación con las recomendaciones de la Comisión de seguimiento del Pacto de Toledo, es necesario elevar las pensiones mínimas para
equipararlas cuando menos al Salario Mínimo Interprofesional. La actualización conforme al IPC, cuando menos, sirve para mantener en el tiempo la capacidad adquisitiva de las y los pensionistas, pero no para recuperar lo perdido en estos años de
crisis. Y debe recordarse que en Galiza existen pensionistas que cobran pensiones de jubilación que apenas llegan a los 500 euros, y que con ese único ingreso mensual viven muchas familias.
En conclusión, estos Presupuestos Generales que nos propone el Gobierno, una vez más no recogen las necesidades de Galiza y de su gente. Volvemos a constatar que nuestro país no encontrará la solución as sus acuciantes problemas en el marco
legal actual. Tener capacidad para decidir sobre nuestros propios recursos y marcar las prioridades es fundamental para poder seguir avanzando, pues el Estado vuelve a dar la espalda a la mayoría social de nuestro pueblo. No podemos considerar
'sociales' unos presupuestos que discriminan y no atiende a las necesidades sociales y económicas de los gallegos y gallegas. Es por ello que el BNG presenta esta enmienda a la totalidad y solicita la devolución al Gobierno del Proyecto.