BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES


CONGRESO DE LOS DIPUTADOS


XIV LEGISLATURA


Serie A: PROYECTOS DE LEY


22 de febrero de 2023

Núm. 137-2

ENMIENDAS A LA TOTALIDAD


121/000137 Proyecto de Ley del Cine y de la Cultura Audiovisual.


En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara, se ordena la publicación en el Boletín Oficial de las Cortes Generales de la enmienda a la totalidad presentada en relación con el Proyecto de Ley del Cine y de
la Cultura Audiovisual.


Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de febrero de 2023.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.


A la Mesa de la Comisión de Cultura y Deporte


El Grupo Parlamentario VOX al amparo de lo dispuesto en el artículo 110 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta las siguientes enmiendas al Proyecto de Ley del Cine y de la Cultura Audiovisual.


Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de febrero de 2023.-José María Figaredo Álvarez-Sala, Portavoz sustituto Grupo Parlamentario VOX.


ENMIENDA NÚM. 1


Grupo Parlamentario VOX


Enmienda a la totalidad de devolución


JUSTIFICACIÓN


I


La industria del cine ha sido utilizada en multitud de ocasiones para servir a fines políticos. La facilidad con la que las ideas se introducen en los hogares a través de las pantallas hace del cine un sector atractivo para continuar con el
adoctrinamiento al que la izquierda quiere someter a los españoles. Así, en su afán de corromper con su ideología todos los ámbitos en los que los españoles se desenvuelve en su día a día, el Gobierno de España ha elaborado el Proyecto de Ley del
Cine y de la Cultura Audiovisual (el 'Proyecto') que se publicó el pasado 27 de enero de 2023.


Basta acercarse a la exposición de motivos del mencionado Proyecto para advertir que la aprobación de una nueva ley del cine, tal y como la plantea el Ejecutivo y como se explicará en profundidad más adelante, no haría más que reducir la
calidad de las producciones audiovisuales y promover la cultura de la subvención que primaría los criterios ideológicos a la hora de solicitar ayudas públicas. Además, aunque pudiera parecer superfluo, resulta llamativo que un Proyecto de Ley sobre
artes audiovisuales no contenga ni una sola mención a la 'belleza' y que, sin embargo, recurra reiteradamente a términos como 'diversidad lingüística', 'diversidad cultural' o 'autonomía creativa', expresiones que hacen intuir que

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el fin que persigue el Gobierno con la aprobación de esta Ley no es fomentar el patrimonio artístico y cultural español sino instrumentalizar la cultura.


Resulta evidente que el negocio audiovisual representa una parte importante del total de la industria cultural, aportando 8.323 millones de euros a la economía española -datos obtenidos entre los años 2015 y 2018-, y que son muchos los
españoles que se benefician de la buena marcha de este sector, que cuenta con más de 72.000 profesionales y 6.700 empresas 1. Además, a pesar de que la recaudación de las películas españolas ha decrecido en los últimos años por el éxito de las
grandes superproducciones extranjeras 2, el cine español ha sido testigo de grandes talentos y se han producido películas que realmente han servido a fortalecer la unidad entre los españoles y a mostrar la belleza de nuestras tradiciones. Es justo
por esto que, el Gobierno, consciente del potencial económico y social de esta industria, busca manipularla para que acabe sirviendo a sus intereses.


Por otro lado, debido al desarrollo de la tecnología, el sector audiovisual se ha vuelto clave por su magnitud y por su omnipresencia en la vida de los españoles. La evolución de las plataformas de streaming y el auge de la televisión bajo
demanda ('OTT') ha modificado la manera de consumir contenido audiovisual. La gran cantidad de contenido que ofrecen las plataformas digitales están al alcance de la mano de todos, teniendo mayor incidencia en el público joven (de 18 a 24 años).
Además, el mercado de las OTT ha progresado hasta el punto de que, en 2019, 4 de cada 10 hogares utilizaban alguna de estas plataformas, dato que ha experimentado un crecimiento del 237 % en tres años. A esto hay que sumar el hecho de la pandemia,
además, ha supuesto un acelerón para esta industria, que registra un récord de suscripciones en nuestro país y genera un total de 405 millones de euros de recaudación.


Estos datos muestran que la industria audiovisual no sólo tendrá que enfrentar los retos que se deriven de la evolución de las tecnologías, sino que, al ser un sector de gran calado social, resulta muy importante que su regulación no quede
en manos de las ansias de adoctrinamiento del Gobierno, que sólo quiere servirse de él para conseguir hacer de su propósito ideológico política de Estado.


II


Como primer punto para oponerse al Proyecto, se hace necesario destacar la falta de coherencia entre este texto y la Ley 13/2022, de 7 de julio, General de Comunicación Audiovisual (en adelante, 'LGCA'), ambos impulsados por el Gobierno en
la presente legislatura. La definición de 'productoras independientes' recogida en la LGCA engloba a grandes plataformas, productoras internacionales o cadenas de televisión, permitiendo con esta ampliación que tales empresas puedan acceder a las
ayudas establecidas en dicha Ley.


Por el contrario, el artículo 4 del Proyecto presenta una definición más restringida de lo que se considerarían 'productoras independientes'. Este viraje supone un serio problema para la seguridad jurídica puesto que, en caso de aprobarse
este proyecto, gran parte de las empresas asociadas al sector audiovisual van a verse afectadas por la disparidad de criterios que se utilizarán para poder ser consideradas como 'productoras independientes'. Además, durante la tramitación
parlamentaria, el Ejecutivo desoyó a gran parte del sector por este hecho, generando un gran número de quejas procedentes de los profesionales implicados 3.


En otro orden de cosas, el Proyecto subraya la necesidad de promover ayudas públicas en todas las fases de creación (escritura, desarrollo, pre-producción, distribución...) y promoción del producto audiovisual. El problema surge cuando la
subvención se convierte en la principal (e incluso única) vía de generación de ingresos para una producción audiovisual. incluso cuando esta no es atractiva para el público o carece de la calidad necesaria. Por poner un ejemplo, en el año 2019 el
Ministerio de Cultura y Deporte destinó 317.570,33 € al largometraje 'La Piedad' que, dado su nulo interés, se mantuvo en cartelera menos de dos semanas acumulando tan solo 2.404 espectadores 4. No es momento de hacer demagogia con la utilidad de
esta subvención para el bien común, pero baste por el momento apuntarla.


1 https://mcusercontent.com/61eb12e09adb86b6dfdd8afd0/files/6cf31167-2920-7265-8a9a-f6e15147c31e/PwC_para_PATE_Oportunidades_de_los_Contenidos_Audiovisuales.pdf.


2 La recaudación de las películas españolas en el 2019 fue de 92 millones de euros, frente a los 523 millones de las películas extranjeras.


3 https://www.europapress.es/cultura/noticia-productoras-independientes-critican-ley-audiovisual-crea-desequilibrios-beneficia-duopolio-televisivo-20220526232539.html.


4 https://www.eldebate.com/cine-tv-series/20230130/piedad-ministerio-cultura-eduardo-casanova-317-000-euros-ayuda-pelicula-solo-recauda-15-000_89335.html.

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El Gobierno debería haber empleado esta modificación legislativa para mejorar el sistema y que estas ayudas a la producción se concediesen posteriormente a la exhibición de las producciones, generando así un ecosistema más proclive a la
excelencia del producto.


Además, varias asociaciones que representan a las salas de exhibición afirman que el Gobierno no ha aprovechado esta 'oportunidad' para generar una serie de incentivos fiscales en línea con los que ya cuentan otros sectores como el teatro,
lo que no ocurre sino al contrario: les carga con nuevas obligaciones. El Ejecutivo ha olvidado a las salas de exhibición entre el paquete de ayudas destinadas al sector, no considerando necesaria la promoción de estas cuando son el eslabón final
de la cadena.


Así, el espíritu de este Proyecto no se ha centrado en buscar una mejora del sector, ni de hacer el producto más rentable en términos económicos. Por el contrario, el Ejecutivo se ha basado en la necesidad política de introducir, como
comentaremos a continuación, modificaciones legislativas para contentar a ciertos cineastas progresistas que pretenden monopolizar la representación de la cultura cinematográfica, cuando se agota el tiempo de la presente legislatura y se avecinan
elecciones.


III


La principal finalidad de este Proyecto es, como se exponía anteriormente, la imposición de una agenda política e ideológica disfrazada de 'promoción de la industria cultural, transparencia e igualdad'. Se explicarán a continuación los
motivos por los que se considera que el objetivo buscado por este Proyecto no se lograría tal y como está planteado.


En primer lugar, el ejemplo esencial de esta falsa transparencia se justifica por la obligación para las salas de exhibición de presentar información sobre la asistencia y visionados de las obras audiovisuales, incluyendo a los contenidos
alternativos (art. 12). Los contenidos alternativos son aquellos eventos que se realizan en las salas de exhibición y que no tienen relación con el sector cinematográfico como, por ejemplo, el circo, microteatro, espectáculos de magia o monólogos.
Según establece el Proyecto, estos datos deben ser remitidos al Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales ('ICAA'), en virtud del artículo 10. Lo que resulta sorprendente es que el Ejecutivo no argumente en ningún momento la
finalidad de la obtención de estos datos y cómo serán tratados.


En segundo lugar, con respecto a la supuesta igualdad que el Gobierno persigue con las medidas incluidas en este Proyecto, en el artículo 9 se indica que el ICAA 'adoptará iniciativas destinadas a visibilizar y poner en valor la producción y
el papel de las mujeres en el patrimonio cinematográfico y audiovisual español'. De igual modo, el ICAA establecerá medidas que fomenten 'la igualdad de género y faciliten la incorporación de mujeres, profesionales jóvenes y del talento emergente,
así como de personas con otros orígenes nacionales o étnicos y de personas con discapacidad. Dichas cuotas o reservas, cuando tengan por objeto salvar la brecha de género, serán de como mínimo el 30 %' (art. 16). Se presenta, en definitiva, este
hecho como una 'discriminación positiva'. En relación con las subvenciones, se indica que entre los criterios de las bases reguladoras se incluirán, 'siempre que pueda aplicarse, que los proyectos o actividades incorporen, medidas de fomento de la
igualdad de género, medidas para favorecer la sostenibilidad y reducir el impacto ambiental, medidas para contribuir a la transición digital y de inclusión de las personas con discapacidad' (art. 17). Por incluir un último ejemplo, dentro del
crédito anual destinado a las ayudas para la escritura de guiones y el desarrollo de proyectos audiovisuales 'se reservará un porcentaje para los guiones escritos exclusivamente por mujeres' (art. 18). Todos estos ejemplos no son más que nuevos
ataques al principio constitucional de la igualdad ante la ley, atendiendo de nuevo a posiciones meramente ideológicas y que en ningún caso responden a criterios de racionalidad; se sacrifica así la creatividad del productor en aras de imponer una
agenda política al servicio de la izquierda que invade todos los ámbitos de la realidad social.


Como tercer punto, debe destacarse cómo, en contra de lo que en teoría se persigue, las medidas incluidas en este Proyecto acabarán por restringir la oferta asociada al sector del cine en lugar de incentivar la demanda. En este sentido,
este proyecto normativo es especialmente nocivo para las salas de cine por varios motivos, entre los que destacan los siguientes:


- Este proyecto agudizaría la competencia desleal de las Entidades Locales respecto de las salas de exhibición. Según lo dispuesto en el artículo 13, 'las administraciones públicas que efectúen proyecciones cinematográficas gratuitas o con
precio simbólico, no incluirán en su programación películas de una antigüedad inferior a 6 meses desde su estreno en salas de exhibición', mientras que en la Ley vigente dicho plazo era de 12 meses.

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- Se generan mayores compromisos para las empresas exhibidoras en comparación con las distribuidoras. Mientras que el texto obliga a que 'al menos el 20 % de las sesiones que se hayan programado -en salas de exhibición- sea con películas
cinematográficas, comunitarias o iberoamericanas' (art. 15), no se replica esta imposición a las empresas distribuidoras.


- No se promueve la creación de incentivos fiscales para las salas de exhibición, mientras que sí se hace con las productoras y las distribuidoras. Así pues, según el artículo 16, el ICAA 'fomentará la producción independiente con
incentivos específicos y medidas que faciliten la competitividad y desarrollo de estas empresas', y el fomento de la producción 'se podrá completar mediante la concesión de otras ayudas a las empresas productoras en el ámbito de las políticas
públicas de fomento e incentivos a la cinematografía y al audiovisual' (art. 19).


IV


El Gobierno promueve también en esta iniciativa la pérdida de la unidad de acción del Estado en variadas materias. Un reflejo de ello se manifiesta en la pretensión de desmembrar los organismos nacionales en favor de las supuestas
competencias regionales en este campo. De aprobarse este texto, a partir de la entrada en vigor de esta norma el ICAA tendrá que compartir sus atribuciones con los 'órganos competentes de las Comunidades Autónomas'. Sin embargo, tan solo en
Cataluña existe una figura de similares características al ICAA, que es el denominado Instituto Catalán de las Industrias Culturales ('ICIC') 5, siendo notoria la instrumentalización de este órgano por la causa separatista para servir a la finalidad
de propagar el odio a España también en el ámbito cultural.


De igual manera, aunque en la actualidad no existen órganos regionales con competencia en materia de calificación de obras, el artículo 7 abre la puerta a que también las comunidades autónomas puedan clasificar las creaciones por rangos de
edad. Esto es, una misma obra estará calificada 'para todos los públicos' en una región y 'no recomendada para mayores de 12 años' en otra, llevando al paroxismo la descentralización competencial.


Por otro lado, debemos oponernos a este Proyecto dado que, en nombre de la 'diversidad', el Gobierno perpetra un nuevo ataque al español como lengua común de España en la actividad audiovisual. Así, la instrumentalización totalitaria en
materia de lengua impulsada por las autoridades regionales separatistas va a encontrar un nuevo medio de financiarse con los impuestos de todos los españoles. En caso de aprobarse este texto, se establecerá un fondo de ayudas o créditos específicos
para el 'fomento de la cinematografía y actividades audiovisuales en lenguas oficiales, distintas del castellano y en lenguas reconocidas estatutariamente por las comunidades autónomas' (art. 33). Este fondo derivará a buen seguro en un aumento de
producciones audiovisuales desarrolladas en lenguas no oficiales sin que este crecimiento responda a una mayor demanda social ni al interés del público, sino a una promoción artificial de unas lenguas que se utilizan como coartada para la división,
el enfrentamiento y los organismos superfluos. Todo esto no hace más que remarcar, en este ámbito, el papel que este Gobierno ha desarrollado durante la presente legislatura en su ataque al español como lengua vehicular, como ha ocurrido también en
los Proyectos de Ley de Educación y Universidades, lo que genera desigualdad y ataca a la unidad de la Nación.


A esto habría que añadir que el Proyecto, en su art. 38, prevé que el ICAA pueda contar con la 'participación de órganos de apoyo y asesoramiento en la forma que se desarrolle reglamentariamente'; esto es, una habilitación para que el
Gobierno crease a voluntad nuevos órganos que sirvieran a sus intereses de manipular ideológicamente la cultura y de inflar el sector público sin justificación. No sería de extrañar tampoco que estos órganos previstos en el Proyecto acaben siendo
beneficiarios de nuevos aumentos en el gasto irracional de este Gobierno, del que ya se puede decir que se ha convertido en el Ejecutivo que más dinero ha costado a la democracia española.


V


Como se ha expuesto, este Proyecto de Ley es radicalmente contrario a lo que el sistema cultural y audiovisual español necesita, y en modo alguno mejora la regulación existente. La filosofía de este se traduce en incluir más carga
ideológica en una legislación que ya contaba con deficiencias y que sin duda no respondía a las necesidades del sector. La estrategia del Gobierno es valerse de la cultura, no como


5 En virtud de lo dispuesto en la Ley 20/2010, de 7 de julio, del cine, de la Comunidad Autónoma de Cataluña.

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vehículo de expresión de las distintas sensibilidades artísticas de nuestro país, sino como un medio más para hacer de una ideología política de Estado.


Una vez expuesto lo anterior, se infiere que la necesidad de promulgar una ley sobre el Cine y la Cultura Audiovisual obedece a meros fines de agenda política y de imposición ideológica con los que la actual mayoría política de izquierda y
separatista busca adoctrinar a todos los españoles en una ideología cuyo único resultado tangible es la división entre españoles, la utilización propagandística de un sector que tiene mucho calado en la sociedad española y la profundización en la
desigualdad. Por el contrario, los operadores del sistema cultural y audiovisual serán los afectados en mayor medida por esta modificación legislativa, sin que para ellos la misma suponga una mejora sustantiva.


Al contrario, esta ley y sus consecuencias profundizarán, tememos, en un mayor rechazo de la sociedad española al sector del cine y de la cultura, en el que algunos profesionales y empresas de alta cualificación y excelencia pagan, con una
merma de su reputación y consideración social, y con dificultades en el acceso al trabajo, los excesos de una parte sectaria y totalitaria que censura al disidente y que copa, con sus exabruptos, los titulares de los medios de comunicación.


Por los motivos expuestos, el Grupo Parlamentario VOX postula la devolución al gobierno, de cuya iniciativa procede el texto, del Proyecto de Ley del Cine y de la Cultura Audiovisual.