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BOCG. Congreso de los Diputados, serie A, núm. 125-3, de 25/10/2022
cve: BOCG-14-A-125-3
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BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
XIV LEGISLATURA
Serie A: PROYECTOS DE LEY
25 de octubre de 2022
Núm. 125-3
ENMIENDAS A LA TOTALIDAD
121/000125 Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2023.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara, se ordena la publicación en el Boletín Oficial de las Cortes Generales de las enmiendas a la totalidad presentadas en relación con el Proyecto de Ley de
Presupuestos Generales del Estado para el año 2023.
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de octubre de 2022.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
ENMIENDA NÚM. 1
Albert Botran Pahissa
(Grupo Parlamentario Mixto)
A la Mesa de la Comisión de Presupuestos
El Grupo Parlamentario Mixto, al amparo de lo dispuesto en el artículo 110 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta las siguientes enmiendas al Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2023.
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de octubre de 2022.-Albert Botran Pahissa, Diputado del Grupo Parlamentario Mixto (CUP-PR) y Portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Mixto.
Enmienda a la totalidad de devolución
JUSTIFICACIÓN
Unos presupuestos para 2023 ciegos al colapso del sistema
El escenario que se ha abierto en estos últimos meses en todo el mundo es consecuencia de múltiples factores que nos indican que el sistema está colapsando. El incremento desmesurado del coste de la energía, el bloqueo de los flujos de gas
a Europa, la guerra en Ucrania o el estancamiento de los salarios son algunos de los factores que explican la preocupación creciente de los distintos sectores económicos a nivel mundial. Un clima perfecto para la inestabilidad y el miedo que, junto
al aumento del malestar social, nos plantean un horizonte de incertidumbre, ansiedad y de falta de seguridades en las expectativas de vida de la mayoría social.
El Gobierno español nos ha presentado unos Presupuestos Generales que, fruto de la inflación -que ha supuesto mayores ingresos al Estado a través de la recaudación de impuestos- y de la entrada de los fondos europeos, permiten una capacidad
de gasto e inversión pública muy importante. Ante esta oportunidad, desde la izquierda independentista catalana nos preguntamos si el gobierno de coalición
del PSOE y Unidas Podemos va a hacer las necesarias transformaciones estratégicas para hacer frente al escenario decisivo que tenemos por delante; nuestra respuesta es que no. El sistema está colapsando y si queremos hacer frente a los
retos que nos está planteando el planeta con estructuras capaces de garantizar el bienestar de toda la población, los estados deben poner las bases para la transición ecosocial. Eso implica, prioritariamente, la descarbonización y la redistribución
de la riqueza. Y en ningún caso tiene sentido un aumento del presupuesto militar del 25 %, como el que contemplan las cuentas del Gobierno, porcentaje muy por encima de cualquier partida social, un aumento injustificable desde cualquier posición
que pretenda una salida justa a la crisis desde el punto de vista internacionalista.
La pandemia nos evidenció que en situaciones de crisis quien ayuda a la población no es el mercado, sino lo público: el Estado y su capacidad de garantizar el derecho a la sanidad, la educación, la vivienda o los suministros básicos. Esta
reflexión evidencia que, ante la crisis que vivimos, hacen falta políticas contundentes y, analizando las prioridades y las inversiones de dichos presupuestos, vemos que no las contemplan. Los PGE, así como las inversiones que van a permitir los
fondos europeos, deberían servir para realizar cambios estructurales en el funcionamiento del sistema económico, como avanzar en la descarbonización y transformación de la industria y nacionalizar los sectores estratégicos que permitan, por un lado,
dirigir democráticamente la transición energética; y por el otro, evitar la pobreza energética. Sin embargo, nos encontramos con inversiones que pueden llegar a suponer soluciones a corto plazo, pero que no son más que parches sin plan estratégico
alguno.
La propuesta presupuestaria que nos han presentado el PSOE y Unidas Podemos es un plan organizado desde Madrid que adjudica cuantías importantes de los fondos europeos a empresas del selectivo IBEX 35 beneficiándose, pues, de múltiples
contratos millonarios. Todas ellas, empresas que han ganado beneficios récords los últimos años a costa de mercantilizar las necesidades básicas de los ciudadanos y del Estado, como la luz, el agua, el gas, las comunicaciones o la banca. Un
proyecto, además, que contempla múltiples contrapartidas que este gobierno ha facilitado sin oposición alguna, como la limitación de la reforma laboral, las contrarreformas que consolidan la privatización de las pensiones o el aumento del
presupuesto militar.
No son los presupuestos para hacer frente a la crisis que vivimos
El incremento salvaje de los precios es una crisis agregada que afecta a todos los sectores. Entre las múltiples consecuencias que se derivan de este problema, nos podemos encontrar con el inevitable freno del consumo y un descenso del
ahorro de las familias, motivado por la falta de capacidad adquisitiva, ya que parece inviable que podamos asumir la actual escalada de precios si no apostamos por su regulación. Esta inflación disparada va de la mano de la pérdida del valor de los
salarios. A modo de ejemplo, en Catalunya hemos tenido una inflación de alrededor del 10 %, incluso llegando a superarlo, mientras el incremento salarial ha sido solo del 2,7 %.
Hoy, en el conjunto de los Països Catalans los datos de pobreza están en máximos históricos. En Catalunya casi dos millones de personas, uno de cada cuatro catalanes, vive en riesgo de exclusión y casi 700.000 de estos, en pobreza severa.
Entre ellos, solo 260.000 personas reciben la renta garantizada o el Ingreso Mínimo Vital. En el País Valencià, un estudio de Save the Children del pasado mes de junio nos indicaba que un 37,8 % de los menores de 18 años, es decir, más de 337.000,
viven en riesgo de pobreza o exclusión social y la tasa general se sitúa en un 30,3 % de la población. En les Illes Balears, los datos oficiales de pobreza también se han incrementado desde el inicio de la pandemia, pasando del 20 % al 22,4 %. El
Ingreso Mínimo Vital ha llegado, tan solo, a 17.200 personas. Pero estos no son los únicos datos que reflejan la realidad de la crisis actual. Al mismo tiempo que los datos de pobreza se disparan, el número de ricos en España crece año tras año.
El año 2021 acabó con 246.500 titulares de grandes fortunas, un 4,4 % más respecto al año anterior, cifra que sitúa a España como uno de los países con más ricos de todo el mundo.
Estos datos ponen en evidencia que no todo el mundo está asumiendo por igual las consecuencias de esta crisis. Mientras una mayoría social tiene graves problemas para afrontar sus gastos -teniendo que escoger incluso entre pagar el alquiler
o llenar la nevera- el Gobierno no es capaz de aprobar una fiscalidad progresiva que pueda combatir la desigualdad. Si bien es cierto que el Gobierno ha anunciado un gravamen temporal sobre el total de los ingresos de las empresas energéticas y de
la banca, este impuesto será temporal y no está acompañado de una reforma fiscal más ambiciosa para gravar las rentas del capital. Hay que tener claro que solo los impuestos progresivos pueden frenar el avance de la desigualdad en el mundo.
Otro de los problemas más significativos para los ciudadanos del estado español es, sin duda, el acceso a la vivienda. De media, un 40 % de los sueldos se destinan a hacer frente al pago de la vivienda y en ciudades como Barcelona esa cifra
supera el 50 %. Ante esta situación, el gobierno español debería ser capaz de aprobar una regulación de precios de la vivienda para garantizar el derecho a esta, expropiar los pisos de la Sareb y acabar con la política de especulación promovida por
los fondos buitre. En lugar de apostar por medidas contundentes, permanentes y que tendrían impacto sobre la mayoría social del Estado, estos presupuestos contemplan medidas que no resuelven el problema de fondo. El bono joven, por ejemplo, más
allá de ser una ayuda temporal, es un sinsentido porque supone la transferencia de dinero público a los rentistas privados. Y teniendo en cuenta que el problema de la vivienda perdura y se agudiza desde hace años, el bono es irrisorio, puesto que
se calcula que tendrá impacto sobre 70.000 personas, mientras que alrededor del 80 % de los menores de 30 años todavía no se han podido emancipar. Otro ejemplo de las medidas epidérmicas que está ofreciendo el Gobierno.
Ni regulación de alquileres, ni alquiler social, ni integración de los pisos de la Sareb en el parque público. Y no tan solo no se actúa, sino que no se deja actuar: la Ley catalana de regulación de los alquileres está suspendida por el
Tribunal Constitucional gracias a los recursos del PP, pero también del propio Gobierno 'más progresista de la historia'.
¿Merece los votos de los partidos catalanes un Gobierno que incumple los compromisos con los Països Catalans?
Desde el punto de vista político, los presupuestos generales del Estado representan la mayor herramienta para garantizar la estabilidad del Gobierno para poder ejecutar la acción legislativa que considere oportuna. En ese sentido, a la hora
de analizar las consecuencias de la aprobación de los presupuestos, hay que analizar también la perspectiva general de la legislatura y valorar si el Gobierno está asumiendo alguno de los compromisos en relación con cuestiones prioritarias y
centrales desde la perspectiva de las aspiraciones nacionales y sociales de los Països Catalans.
Los compromisos del gobierno español, analizados a la luz de las ejecuciones presupuestarias anteriores, dejan mucho que desear. En el primer semestre de 2022, el País Valencià tan solo ha recibido un 18,3 % de la inversión prevista en el
presupuesto anual y Catalunya el 15,7 %, es decir, solo 347 millones del total de los 2.207 previstos en las cuentas. Así lo indican los propios informes del ministerio de Hacienda. En comparación, durante el mismo periodo de tiempo, el gobierno
español ha gastado 45 euros por catalán y 42 por valenciano, cifras muy inferiores respecto a los 82 euros por habitante que ha gastado en Madrid. Un ejemplo concreto pueden ser los desatendidos trenes de cercanías: Adif y Renfe prevén alcanzar,
al cierre de 2022, tan solo el 33 % de la inversión aprobada en los anteriores PGE.
Además, tememos que con los fondos europeos pueda pasar lo que de manera recurrente pasa con los recursos que el Estado destina, en especial a Catalunya, pero también al conjunto de los Països Catalans, y es que siempre llegan menos recursos
de los que corresponden. El plan global previsto para la administración estatal de los fondos europeos destina a Catalunya un poco menos del 8 % del dinero que se concede al Estado, una cifra muy insuficiente si tenemos en cuenta que Catalunya
representa el 16 % de la población del Estado y aporta el 19 % del PIB.
Y en cuestión de incumplimientos, la lista es larga. Por no cumplir, no han cumplido ni con la mayoría de acuerdos pactados con los socios de legislatura, ni con su programa electoral. Ni derogación de la ley mordaza, ni derogación de la
reforma laboral, por nombrar solo algunos de los diversos casos de incumplimiento. Pero tampoco más protección del catalán (la Ley del Audiovisual ha sido una enorme oportunidad perdida), ni gestión descentralizada de los fondos europeos, ni un
nuevo modelo de financiación autonómica. Ningún compromiso, ninguna propuesta. Más bien al contrario, el supuesto Gobierno más progresista de la historia incurre muy frecuentemente en invasiones competenciales como los anteriores gobiernos del PP.
Al mismo tiempo, sigue fomentando una interpretación restrictiva del Estatuto catalán, utilizando al Tribunal Constitucional para frenar los avances legislativos que se presentan, en especial, desde el Parlament de Catalunya, como en la ya citada
Ley de regulación de los alquileres.
Capítulo aparte son los inexistentes avances de la mesa de diálogo y la incapacidad manifiesta de este Gobierno para afrontar el principal conflicto político existente en el estado español de la última década: las aspiraciones sociales y
nacionales del pueblo catalán. No hay reuniones, no hay propuestas, no hay debate.
No existe negociación política con relación a la autodeterminación y la amnistía. En el caso de esta última reivindicación, la mayoría parlamentaria que sostiene el Gobierno en el Congreso, ni tan solo ha
permitido que la Proposición de Ley, avalada por la mayoría parlamentaria catalana, fuese tramitada. La desjudicialización del conflicto se ha traducido en la aprobación de los indultos a los políticos catalanes encarcelados, pero la
represión contra el independentismo continúa. Siguen habiendo políticos en el exilio y los procesos judiciales contra miles de independentistas siguen su curso. A todo ello, en la presente legislatura hemos conocido varios casos de espionaje
político hacia el movimiento independentista, así como la existencia de diversas infiltraciones policiales en distintas organizaciones políticas independentistas.
Ante esta situación, el gobierno del PSOE y Unidas Podemos no ha abierto ninguna investigación efectiva al respecto, encubriendo así a los responsables y evidenciando, de este modo, que contra el independentismo todo vale. La inexistente
iniciativa del Gobierno para esclarecer dichas ilegalidades demuestra o bien su complicidad o bien su incapacidad de velar por la seguridad de sus ciudadanos cuando sectores de los aparatos de Estado actúan a sus espaldas.
En definitiva, desde el independentismo de izquierdas catalán creemos que no se deben avalar las cuentas de un gobierno que no cumple, que avala el espionaje contra el independentismo y que no asume las principales demandas que el pueblo
catalán le plantea desde hace años: fin de la represión y autodeterminación. Además, desde el punto de vista estrictamente económico, las cuentas presentadas por el ejecutivo para el año 2023, así como la perspectiva en materia legislativa de la
legislatura, no apuestan por la necesaria transición ecosocial ni el reparto profundo de la riqueza.
ENMIENDA NÚM. 2
Isidro Manuel Martínez Oblanca
(Grupo Parlamentario Mixto)
A la Mesa de la Comisión de Presupuestos
El Grupo Parlamentario Mixto al amparo de lo dispuesto en el artículo 110 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta las siguientes enmiendas al Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2023.
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de octubre de 2022.-Isidro Manuel Martínez Oblanca, Diputado del Grupo Parlamentario Mixto (PP-FORO) y José María Mazón Ramos, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.
Enmienda a la totalidad de devolución
JUSTIFICACIÓN
I. Introducción: Patologías presupuestarias
El último proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado de la XIV Legislatura, tercero aprobado por el Consejo de Ministros desde 2020, resume los peores defectos de los distintos Gobiernos que el señor Sánchez Pérez-Castejón preside
desde mediados de 2018 ya que reincide en muchos de los errores que están desbaratando la economía nacional, profundiza en el empobrecimiento de la sociedad, endosa irresponsablemente a futuras generaciones el pago de una gestión ruinosa y, en el
caso concreto de Asturias -Comunidad Autónoma de procedencia del diputado que suscribe- perpetúa la desatención que ha arrastrado y colocado la región en el vagón de cola de los indicadores sociales, económicos, laborales y demográficos de España.
Lejos de corregir los vicios acumulados a lo largo del mandato iniciado en los primeros días de 2020 que ya se pusieron en evidencia en las diferentes enmiendas de totalidad correspondientes a los anteriores proyectos de cuentas públicas y
en su posterior desarrollo, las presentadas para 2023 vuelven a incurrir en patologías presupuestarias que ponen en severo riesgo tanto el presente de los españoles como su futuro, agudizadas ahora con los inaceptables gastos de una exacerbada
política de propaganda de cara
a las campañas y citas electorales que se celebrarán el próximo año (Autonómicas en once comunidades, Municipales y Generales). Ante tan relevantes y decisivas convocatorias democráticas que marcarán el devenir de la sociedad en los
próximos años, el Gobierno trata de aprovechar en su beneficio la tercera suspensión de las reglas fiscales lo que en la práctica, lejos de conformar un escudo social, irá en perjuicio del interés general y lastrará el presente y el porvenir de los
españoles.
Circunstancias bastante similares que abocaron al desbarajuste económico ya se vivieron en España durante la etapa de Gobierno del señor Rodríguez Zapatero (2004-2011) que concluyó con la reforma exprés del artículo 135 de la Constitución
Española tramitada sorpresivamente en los estertores de la IX Legislatura cuando el entonces presidente del Gobierno había comunicado el anuncio de disolución anticipada de las Cámaras. En aquellas fechas de septiembre de 2011 Foro Asturias votó en
contra de tal propuesta de reforma constitucional porque lo que había fracasado en España no era nuestra Carta Magna sino la política económica socialista. Es decir, el mismo fracaso que ahora pero agudizado en la actual Legislatura por la gestión
de una coalición gubernamental PSOE-Unidas Podemos de corte social-comunista, insólita en los Ejecutivos de los diferentes países que integran la Unión Europea, coalición que se distingue, además, por un multitudinario Consejo de Ministros
-veintidós carteras- con el consiguiente macrodespliegue de organismos con su correspondiente y costosísima dotación de cargos y de cargas.
Con este Proyecto de Presupuestos Generales del Estado 2023 se empeora la deuda pública; se cronifica el déficit; se amenaza el sistema público de pensiones, se desecha un año más -y van ocho- la reforma del sistema de Financiación
Autonómica (fundamental para la atención territorializada de la sanidad, la educación, los servicios sociales y las ayudas a la dependencia) y se profundiza la dependencia energética de España, agudizada por el Gobierno tras la falsaria transición
justa con la que se cerró la minería del carbón -único combustible fósil autóctono que tenemos en España- y se clausuraron las centrales térmicas de generación eléctrica. Hoy los españoles están pagando la factura de la luz más cara de la historia
y eso que en el acuerdo para formar la Coalición de Gobierno, PSOE y Unidas Podemos suscribieron un compromiso de bajar la factura que hoy se demuestra flagrantemente incumplido.
II. Independentismo y separatismo, apoyos del Gobierno
Si algo ha caracterizado el desarrollo de la XIV Legislatura han sido las permanentes maniobras de supervivencia política del Gobierno apoyándose en Grupos Parlamentarios y partidos políticos que no ocultan sus objetivos separatistas y a
cuyas aspiraciones -contrarias a la Constitución Española y de desprecio hacia nuestras principales instituciones- se les ha dado carta de naturaleza. La política de alianzas del Ejecutivo de Sánchez ha cedido contrapartidas inaceptables a los
independentistas a lo largo del mandato. La más reciente, con el gobierno autonómico de Cataluña, presidido por ERC, ha llevado a pactar una ley para sortear la sentencia judicial que obliga a que el 25 % de las clases lectivas sean en castellano
en las escuelas catalanas.
La principal característica de un proyecto de cuentas públicas pasa por el escrupuloso respeto al marco constitucional y por la consignación de partidas económicas que, en ningún caso, sirvan para favorecer otros intereses que los de España
como nación, así como la igualdad entre españoles.
III. Oídos sordos a las advertencias de las instituciones económicas
Tal y como sucedió hace un año en relación con el proyecto presupuestario vigente, el Consejo de Ministros se ha desentendido de los análisis, advertencias, previsiones y llamadas a la prudencia económica que diferentes instituciones,
entidades y organismos nacionales e internacionales de toda solvencia vienen realizando desde su aprobación el 4 de octubre de 2022. La coincidencia de diferentes organismos en el mal diagnóstico sobre la deriva de la economía española debería
obligar al Gobierno a adoptar medidas diferentes a las planteadas. Sin embargo, tanto desde la presidencia del Ejecutivo como desde los diferentes ministerios concernidos directamente en la política económica mantienen la 'robustez' como
calificativo permanente en defensa de sus previsiones. En ningún país europeo homólogo a España sucede algo similar y sus respectivos gobiernos a la realidad de la crisis.
De hecho, el Banco de España ya advirtió a las pocas horas del acuerdo sobre las grandes dificultades que la economía nacional afrontará como secuela de la desaceleración de la economía debido, entre otros factores, a la inflación, los altos
costes energéticos, los impactos de la invasión de Ucrania por tropas rusas, la subida de la cesta de la compra y el encarecimiento del coste de la vida.
En sus informes, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) ha percibido riesgos a la baja en el crecimiento económico previsto para el próximo ejercicio 2023 que estima en el 1,5 % frente al 2,1 % pronosticado por el
Gobierno. Entre los factores que inciden en tales riesgos Airef señala un precio del gas superior al esperado, la continua escalada de las tensiones geopolíticas, las dificultades de las economías europeas para gestionar la crisis energética y, a
nivel doméstico, el deterioro de la capacidad de compra y la confianza de los hogares españoles. Como remate, esta misma semana, en comparecencia en sede parlamentaria, la presidenta de Airef subrayó carencias notables en el Proyecto de Ley de
Presupuestos Generales del Estado 2023, subrayando que nace viciado porque no recoge una previsión adecuada de los ingresos y tampoco la prórroga de las medidas que el propio Ejecutivo da a entender que llevará a cabo en el segundo de los escenarios
del plan de ayudas enviado a Bruselas. Con tan contundentes observaciones quedan muy en entredicho importantes objetivos del Gobierno que de no cumplirse abocarían a graves problemas e incertidumbres sobre la economía nacional.
Captura de la presentación en PowerPoint de la comparecencia de la presidenta de Airef.
También en fecha reciente, el Fondo Monetario Internacional (FMI) empeoró los pronósticos y rebajó las previsiones de crecimiento para España en ocho décimas, lo que supondrá que la economía apenas crecerá un 1,2 % el próximo año.
Contrariamente a los eslóganes y publirreportajes del Gobierno, la inflación y la fiscalidad están asfixiando la economía de la sociedad española con una pérdida del poder adquisitivo superior al 20 % que es el resultado del contumaz rechazo
del Ministerio de Hacienda a ajustar el Impuesto sobre la renta de las Personas Físicas (IRPF) a la inflación. Paradójicamente, a la par que las arcas públicas ingresan 26.000 millones de euros extra, el Gobierno ha presentado hace seis días ante
las autoridades comunitarias de Bruselas un documento en el que asegura avanzar presupuestariamente en la 'justicia social mediante el fortalecimiento del Estado del Bienestar, y la eficiencia económica' así como fortalecer 'a la clase media y
trabajadora'. La recaudación extraordinaria como producto de la negativa del Gobierno a ajustar el IRPF a la inflación incide en mayores dificultades para que la economía de la inmensa mayoría de las familias pueda llegar a fin de mes y aumenta los
niveles de pobreza. Con su política económica, el Gobierno de coalición PSOE-Unidas Podemos está disparando el número de personas en riesgo de pobreza o de exclusión social. A todo ello también contribuye el rechazo del Gobierno a aplicar una
sustancial bajada del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) en los productos básicos de la cesta de la compra.
IV. Empobrecimiento
De no menor relevancia es el incremento de la inflación que desde el segundo semestre de 2021 ha venido desbordando todas las previsiones con el consiguiente empobrecimiento de la sociedad española. La deriva socioeconómica a la que aboca
la gestión del Gobierno es la responsable de esta indeseable situación por mucho que traten de maquillarla. El Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado 2023 mantiene las mismas hechuras que nos han arrastrado a un mayor reparto de
pobreza en lugar de promover las condiciones para generar riqueza. Resulta un sarcasmo hablar de justicia social sin acompañarlo de medidas para facilitar el acceso de los productos básicos. La tasa AROPE analizada por diferentes organismos y
entidades muestra que en España tenemos 13,1 millones de personas en riesgo de pobreza o de exclusión social y casi 4 millones de personas en situación de Carencia Material y Social Severa.
Como cada año, la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en el Estado Español (EAPN-ES) ha elaborado un detallado informe cuyos indicadores muestran una continua tendencia en la que se agudizan los niveles de
desigualdad y pobreza entre españoles y territorios. En la presentación de su XII Informe 'El Estado de la Pobreza. Seguimiento de los indicadores de la Agenda 2030 UE 2015 ¿2021', celebrada la pasada semana en el Congreso de los Diputados (13 de
octubre de 2022), vuelven a confirmarse las malas expectativas de España, también señaladas por el Instituto Nacional de Estadística (INE) en la 'Encuesta de Condiciones de Vida (ECV). Año 2021' publicada el pasado mes de julio.
Fuente: El Comercio.
Con el informe EAPN-ES se sitúa la tasa de riesgo de pobreza o exclusión social en 2021 en el 27,8 % de la población residente en España, frente al 27 % registrado el año anterior. Este porcentaje se traduce en 13.176.837 personas, 380.000
más que en 2020. El estudio, según refieren los autores, ha evidenciado un empeoramiento de los principales indicadores de pobreza en 2021, aunque en menor intensidad si se tienen en cuenta las estimaciones realizadas al inicio de la pandemia de
COVID-19, que apuntaban a un incremento de un millón de personas (el aumento ha sido de 319.000 personas más en situación de pobreza respecto a 2020).
Fuente: INE, Encuesta de Condiciones de Vida 2021.
La 'Encuesta de Condiciones de Vida (ECV). Año 2021' refleja datos idénticos toda vez que indica que el porcentaje de población en riesgo de pobreza o exclusión social (nueva definición) aumentó al 27,8 %, desde el 27 % en 2020. El 8,3 %
de la población se encontraba en situación de carencia material y social severa, frente al 8,5 % del año anterior.
Fuente: INE, www.epdata.es.
Una vez más, viene al caso recordar que el término 'inflación' es también conocido eufemísticamente como 'el impuesto de los pobres'. El paulatino empobrecimiento de la sociedad española se ha tornado en una constante de enorme
preocupación.
Fuente: EAPN-ES, con datos de Eurostat.
V. El síndrome de la baja ejecución presupuestaria
Lamentablemente para muchos territorios, las cuentas públicas proyectadas para 2023 vienen precedidas por un muy bajo nivel de ejecución de las inversiones contempladas en los vigentes Presupuestos Generales del Estado. ¿Qué confianza puede
merecer un Gobierno que, año tras año, incumple ostensiblemente el contenido de la ley presupuestaria en su capítulo VI relativo a inversiones reales?
https://www.elcomercio.es/asturias/inversion-estatal-asturias-gasto-20221012133706-nt.html.
El caso de Asturias es paradigmático porque a la continua merma inversora del Estado en los últimos cinco años se une el bajo nivel de ejecución en la primera mitad del actual ejercicio económico 2022 tal y como señalan los datos oficiales
de la Intervención General del Estado reflejados en su informe hasta el 30 de junio.
En el Presupuesto General del Estado en vigor están consignadas inversiones en la región de 365,2 millones de euros, pero al final del primer semestre apenas se había ejecutado un 22 %. Es decir que, a 30 de junio, ministerios, organismos y
empresas públicas estatales tenían todavía el 78 % de los fondos destinados para Asturias pendientes de uso, lo que hace muy previsible que una parte sustancial se quedará sin aprovechamiento tal y como ya sucedió en 2021 y en ejercicios anteriores.
Semejante desperdicio de recursos profundiza la brecha de desigualdad, retrasa la modernización de infraestructuras, impide la correcta prestación de servicios públicos adecuados y prolonga el aislamiento territorial. Todo ello condiciona,
asimismo, los índices de competitividad de la región, con indicadores que empeoran más y más cada año y que explican la deriva socioeconómica de una región envejecida, con una constante caída de población, destrucción de puestos de trabajo y un
alarmante éxodo juvenil por falta de oportunidades laborales como signos y síntomas que profundizan la decadencia crónica.
En materia ferroviaria y en relación con la red de Cercanías, el desfase inversor es deplorable e impropio de los más elementales criterios de eficiencia en el gasto. En el ejercicio económico 2021 el Ministerio de Transportes Movilidad y
Agenda Urbana dejó sin gastar un 76 % de las inversiones consignadas en los presupuestos y en el actual ejercicio 2022 solo lleva ejecutados el 11,9 % al término del primer semestre. Cabe recordar que, tras la llegada de Pedro Sánchez a la Moncloa,
a principios de junio de 2018, se paralizó inexplicablemente el Plan de Cercanías 2017-2025 que habían consensuado los gobiernos del Estado y del Principado (de signos políticos diferentes), con el respaldo de los principales ayuntamientos
asturianos y el apoyo de las organizaciones sindicales y empresariales más representativas.
Asimismo, a nivel nacional, la ejecución de los fondos europeos en el ejercicio económico 2021 apenas alcanzó un 45 % y su aprovechamiento para la reactivación económica y el tejido productivo tras el grave paréntesis de la pandemia de
COVID-19 fue muy escaso según los análisis del Banco de España y de la Airef. La querencia del Gobierno hacia el desperdicio de estos importantes recursos contemplados en el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia está teniendo continuidad en 2022
con menos de la quinta parte de los pagos consignados.
VI. Despoblación y reto demográfico: ¿Hay alguien ahí?
La despoblación -singularmente la que afecta al medio rural- es uno de los principales problemas a los que se enfrenta España pero la gestión del Gobierno, pese a contar con un ministerio que lleva en su rótulo el 'reto demográfico', no ha
conseguido frenar una situación de la que se viene alertando
inútilmente desde hace mucho tiempo. Tampoco las consignaciones del proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado 2023 reflejan la imperiosa necesidad de otorgar carácter prioritario a la aplicación de medidas urgentes e
irrenunciables con las que revertir paulatinamente los diferentes factores que agravan la despoblación de nuestro país: baja natalidad, fomento del tejido productivo en el medio rural, dotación de servicios e infraestructuras acordes con el siglo
XXI y combatir las desigualdades territoriales. También se hacen imprescindibles medidas de fiscalidad diferenciada y de apoyo a las familias.
Una vez más, el caso concreto de Asturias permite certificar la gravedad de la crisis demográfica aunque no es la única Comunidad Autónoma en la que son urgentes las medidas para detener la sangría de población. De hecho, son casi 4.000 los
municipios españoles que tienen una densidad de población inferior a los 12,5 habitantes/kilómetro cuadrado, parámetro que la Unión Europea determina como de riesgo demográfico. Si se atiende a la superficie, casi la mitad del territorio nacional
ya sufre este severo problema.
Fuente: INE, publicado en La Nueva España.
La evolución de la población proyectada por el Instituto Nacional de Estadística para el año 2037 vuelve a posicionar a Asturias en la cola nacional sin que los gobiernos del Estado y del Principado apliquen medidas para detener la
despoblación y la desertización de grandes comarcas. Al revés, lo sucedido con el traslado del Instituto de Productos Lácteos (IPLA), dependiente del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), desde la localidad de Villaviciosa
-oriente de Asturias, donde estaba ubicado desde hace más de treinta años- a Oviedo, es la mejor muestra de política centralizadora de recursos públicos y de vaciamiento del medio rural.
Por otra parte, crece sin parar un problema social añadido por los impactos de la despoblación y el envejecimiento de los españoles: el número de hogares unipersonales. Hay países homólogos a España con un problema demográfico inferior
que, sin embargo, ya han creado en sus estructuras gubernamentales, incluso con rango ministerial, departamentos de lucha contra la soledad y para la prevención del suicidio.
Fuente: El Comercio.
Pese a su urgencia y ser materia prioritaria para Asturias, el Gobierno continúa sin elaborar un plan para promover la implicación de la Unión Europea en el que se incluyan ayudas para afrontar el gravísimo problema nacional de
envejecimiento de la población y crisis demográfica en Asturias -la Comunidad Autónoma con peores indicadores de disminución de la población, caída de la natalidad y envejecimiento- y en España, con recursos para afrontar el problema y, en su caso,
participación y colaboración de las Comunidades Autónomas. Sorprendentemente, Asturias ha quedado excluida de las medidas de funcionamiento que van a recibir otras regiones.
VII. La nefasta política energética y su impacto en la industria
El Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2022 da continuidad a la nefasta política energética emprendida por los Gobiernos de Pedro Sánchez desde los primeros días de su llegada a La Moncloa en junio de 2018.
Resulta imprescindible y urgente acometer una política energética que atienda a las necesidades de la sociedad española del siglo XXI y que en el ámbito de la industria permita recolocarla en el epicentro de la cadena productiva para
impulsar la creación de empleo estable y de calidad. La renuncia en 2018 a nuestra soberanía energética prescindiendo del carbón, el único combustible fósil autóctono que tenemos en España contrasta con las decisiones que han venido adoptando otros
países homólogos de la Unión Europea -caso de Alemania, Austria y Países Bajos- que han incrementado la utilización de sus centrales térmicas de energía eléctrica para tratar de aliviar los altos costes de producción industrial y de las tarifas
domésticas.
En España, la continuada política de parcheo para implementar medidas de urgencia a través del 'Boletín Oficial del Estado' con las que tratar de frente a la situación económica derivada del alza histórica de los precios energéticos se ha
revelado muy insuficiente. Las consecuencias atenazan y amenazan el crecimiento económico. El desbarajuste energético del Gobierno -cuyo presidente Pedro Sánchez anunció en su investidura, a principios de 2020, la reforma del mercado eléctrico con
el propósito de reducir la factura energética- no solo no ha mitigado la asfixia doméstica, comercial y empresarial, sino que sus consecuencias impactan más y más sobre la economía de las familias, los comercios, las PYMES, la industria y, en
definitiva, sobre la cesta de la compra, el tejido productivo y la vida cotidiana de los españoles.
Hoy España necesita recurrir a la compra externa de energía al precio que fijan los proveedores externos y el suministro queda condicionado por sus decisiones o entorpecido por incidencias como las que se han planteado en política exterior y
que han supuesto la suspensión de relaciones comerciales con Argelia, nuestro principal proveedor de gas. De esta circunstancia ya se han aprovechado otros países europeos estableciendo ventajosos acuerdos a largo plazo.
Asimismo, cabe resaltar que las medidas compensatorias de la denominada transición justa en torno a la política energética no han llegado a algunos de los territorios afectados, impidiéndoles reactivar su economía y abocándoles a la
despoblación y a la desertización. En este sentido, es paradigmático el caso de varias centrales térmicas cerradas sin que se hayan ejecutado medidas para compensar la grave pérdida de la actividad económica en sus entornos.
Otra de las grandes claves en la pésima deriva de la industria, pero con huella más negativa sobre la competitividad y el empleo, está en la desatención del Gobierno a la continua escalada del precio de la energía. Pese a una inexplicable
demora en su tramitación, la aprobación del Estatuto del Consumidor Electrointensivo no ha servido para proporcionar respuestas a las necesidades de nuestra industria. Casi dos años después de ser publicado en el 'Boletín Oficial del Estado',
persiste -tal y como se había advertido- la constatación de un gran fiasco que tampoco ha sido corregido con los mecanismos y autorizaciones de ayudas habilitadas por la Comisión Europea para aminorar los elevadísimos precios de la electricidad.
La incertidumbre por la deriva de la industria también quedó reflejada en el manifiesto de la denominada 'Alianza por la Competitividad de la Industria Española', integrada por sectores que aportan el 50 % de la producción fabril y
proporcionan 2,9 millones de empleos. Entre estos sectores están, entre otros, siderurgia, automoción, química, farmacia, alimentaria, cementera y refino. En dicho manifiesto se reclaman al Gobierno diferentes medidas que ya han sido
reiteradamente planteadas en estos últimos años, incluido el ámbito parlamentario, con especial insistencia en el impacto de la política energética y la escalada de precios en los mercados de la electricidad y el gas.
Finalmente, es imprescindible una llamada de atención específica sobre la industria agroalimentaria y el sector primario (agricultura, ganadería, pesca, silvicultura, etc.) que está sufriendo muy especialmente la subida de los carburantes y
grandes dificultades en los suministros. Los impactos se reflejan en un medio rural paulatinamente despoblado que muy a duras penas puede resistir una reforma de la PAC que no va en consonancia con sus principales necesidades.
Esta misma semana, en sede parlamentaria, la presidenta de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) advirtió sobre los riesgos de la extensión al próximo ejercicio económico de los paquetes de medidas del Gobierno para
paliar la crisis energética que comprometen la necesaria senda de consolidación de las cuentas públicas.
En definitiva, resulta ineludible acometer una política energética al servicio de los diferentes sectores y subsectores económicos y en favor de las condiciones para crear empleo, por lo que deben adoptarse medidas que vayan en la línea de
lo que vienen reclamando tanto para superar las consecuencias de la crisis derivada de la pandemia como la de la escalada histórica de los precios energéticos y la inflación.
VIII. Desigualdades territoriales. Incumplimientos con Asturias
Al igual que en el vigente ejercicio presupuestario, para el año 2023 el Gobierno vuelve a hacer caso omiso del Artículo 138 de nuestra Carta Magna que expresamente señala:
1. El Estado garantiza la realización efectiva del principio de solidaridad consagrado en el artículo 2 de la Constitución, velando por el establecimiento de un equilibrio económico, adecuado y justo entre las diversas partes del territorio
español, y atendiendo en particular a las circunstancias del hecho insular.
2. Las diferencias entre los Estatutos de las distintas Comunidades Autónomas no podrán implicar, en ningún caso, privilegios económicos o sociales.
Todo el periodo que Pedro Sánchez lleva como presidente del Gobierno (casi cuatro años y medio) ha supuesto un tiempo perdido para Asturias y un retroceso en su modernización. Al incumplimiento de sus compromisos específicos adquiridos en
el debate de la Moción de Censura de 2018 en los que afirmó que (...) 'lógicamente nosotros vamos a respetar la ejecución de las obras que han sido presupuestadas en materia de infraestructuras por parte del actual Gobierno; no queda otra, porque
evidentemente no son nuestros presupuestos, pero desde luego no vamos a incumplir el acuerdo de esta Cámara', cabe añadir y constatar los retrasos y paralizaciones de obras y proyectos imprescindibles para una región que, desde hace años, tiene, con
diferencia, los peores datos en la tasa nacional de población activa, es decir, el indicador oficial de los españoles que trabajan o que están buscando trabajo. Como ya se señaló anteriormente, el reciente informe de la Intervención General del
Estado sobre el paupérrimo grado de ejecución durante el primer semestre de 2022 de las inversiones consignadas en los presupuestos del actual ejercicio económico, ratifica la desatención, cuando no el abandono, de proyectos imprescindibles y
urgentes para la región.
Similar repaso al que ya realizó este diputado en anteriores enmiendas a la totalidad a leyes presupuestarias permite volver a señalar algunos de esos proyectos eternizados que Asturias precisa para su inmediato futuro.
- A diferencia de otros territorios y proyectos de infraestructuras, en materia de Alta Velocidad ferroviaria se ha relegado el ancho europeo o UIC y despreciado los requisitos de alta velocidad entre Madrid y Asturias, dentro del corredor
norte-noroeste, cuyo resultado debería suponer un tiempo de 2 h 30' en el trayecto Madrid-Oviedo, homologable con el resto de las capitales y principales ciudades de España como Zaragoza, Valencia, Alicante, Castellón, Murcia, Sevilla, Málaga o
Barcelona. Igualmente, el Gobierno ha retirado el acuerdo para acometer los Estudios Informativos de los tramos ferroviarios Pola de Lena/Oviedo/Gijón-Avilés en Asturias, concebidos para mantener la centralidad de las estaciones afectadas por la
circulación del AVE y para combinar su uso con la adecuada red de Cercanías.
- Persiste, una vez más, el agravio comparativo ferroviario a la vista del trato inversor que recibirá el desarrollo del Corredor Mediterráneo y el de otro corredor estratégico como es el Atlántico cuya ejecución es nuevamente relegada.
Este trato desigual del Gobierno con los dos corredores ferroviarios transeuropeos resulta injustificable y una muestra de la falta de equidad en la asignación de las consignaciones presupuestarias anuales consignadas en el Capítulo VI de los
Presupuestos Generales del Estado.
En consecuencia, resulta urgente e inexcusable la homologación de los requisitos de toda nuestra red ferroviaria -lo que también incluye Asturias- en los términos y parámetros y directrices publicadas el pasado mes de julio de este mismo año
2022 por la Comisión Europea al objeto de desarrollar la red transeuropea de transporte tanto de viajeros como de mercancías. Baste señalar, al respecto, uno de los párrafos contenidos en las directrices de la Unión para el desarrollo de la red
transeuropea de transporte: 'tales diferencias en el ancho de las vías ferroviarias restringen considerablemente la interoperabilidad ferroviaria en la Unión Europea, como ha demostrado la actual crisis en Ucrania y sus problemas para exportar
cereales por ferrocarril debido a su diferente ancho de vía. Por lo tanto, se propone, para todos los Estados miembros con una conexión ferroviaria terrestre con otros Estados miembros, incluir el requisito de desarrollar todas las nuevas líneas
ferroviarias RTE-T con un ancho de vía nominal estándar europeo de 1 435 mm y también desarrollar un plan de migración hacia este ancho de vía nominal estándar europeo para todas las líneas existentes de los Corredores Europeos de Transporte. Esto
debería reflejarse en los requisitos de infraestructura de la RTE-T, en particular en la Sección 1 (infraestructura ferroviaria) del Capítulo III'.
- En relación con la red ferroviaria de Cercanías, el Ministerio de Infraestructuras, Movilidad y Agenda Urbana fulminó el Plan de Cercanías consensuado a finales de 2017 por el entonces Ministerio de Fomento (Partido Popular) y el gobierno
del Principado (PSOE), respaldado por ayuntamientos y organizaciones sindicales y empresariales de Asturias. Dicho Plan de Cercanías ferroviarias preveía acometer inversiones por importe de 580,9 millones de euros hasta el año 2025, de los que
338,8 se pretendían destinar a la red de ancho ibérico y los 178,6 restantes a la de ancho métrico (antigua Feve). En la actualidad prosigue el recorte de servicios y se mantiene el cierre de estaciones y apeaderos. Resulta desolador que ante el
desmantelamiento de las Cercanías el gestor ferroviario Adif ejecute los proyectos de obra con absoluta parsimonia y dejadez: el 78 % de la inversión consignada en los presupuestos generales de 2022 estaba sin gastar a finales del pasado mes de
junio.
- Como ya resulta tradición, coincidiendo con la llegada del partido socialista al Gobierno, se ha detenido el impulso al Plan de Integración del Ferrocarril en Gijón ignorando el convenio publicado en Mayo de 2019 en el Boletín Oficial del
estado (BOE) suscrito por las tres administraciones y por los diferentes partidos políticos con representación municipal para ubicar la futura estación intermodal en las proximidades del Museo del Ferrocarril. Con los nuevos planes, se pierde la
centralidad para la que fue concebido el proyecto que ya tiene construido en el subsuelo -sin uso y abandonado desde hace años- un túnel de 3,5 Km con espacio para varias estaciones subterráneas al objeto de aproximar el tren a los ciudadanos y
captar usuarios para el ferrocarril. Lejos de cumplir su palabra y de respetar lo firmado y publicado en el BOE, el Ejecutivo del señor Sánchez Pérez-Castejón ha paralizado este crucial Plan de Integración del Ferrocarril en Gijón al que los
vigentes Presupuestos Generales para 2022 dedican unos pírricos 39.840 euros y en el proyecto de cuentas públicas para 2023 ni tan siquiera se especifica cantidad alguna para avanzar en una estación intermodal clave para la población más numerosa de
Asturias y para la propia región.
- En relación con las infraestructuras viarias, el Gobierno de Coalición PSOE-Unidas Podemos ha utilizado como pretexto el argayo sufrido en las obras de autovía entre Cornellana-Salas-La Espina, infraestructura trascendental para las
comunicaciones del suroccidente asturiano, para retrasar la ejecución y posterior puesta en servicio de la A-63 Oviedo-La Espina. Las obras de esta autovía ya habían sido paralizadas en 2010 y su reanudación permitió la terminación del tramo
Doriga-Cornellana pero sufrieron un nuevo varapalo como consecuencia del desprendimiento de un talud que también afectó a la carretera nacional N-634 y que provocó el aislamiento parcial del suroccidente de Asturias que, por otra parte, sufre
históricas y graves dificultades de comunicación que le han impedido su pleno desarrollo económico y social.
- Continúa la inaceptable dilación en el proyecto denominado 'Ronda Norte' (Oviedo) tras ser paralizado irresponsablemente por el Gobierno del señor Rodríguez Zapatero, primero, y por el de Pedro Sánchez, después, que va camino de dos
décadas sin que se atisbe el inicio de las correspondientes obras. La capital de Asturias, única de España que no dispone de una ronda de circunvalación, necesita cuanto antes de la Ronda Norte para completar el insuficiente trazado viario de la
ciudad, favorecer la movilidad del tráfico, eliminar los atascos, facilitar la conexión viaria de diferentes barrios y zonas de la ciudad -incluido el área del Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA)- y, entre otros aspectos, mejorar los
niveles de contaminación ambiental causada por las frecuentes retenciones y embotellamientos.
- En materia portuaria, continúa sin recuperarse para el tráfico marítimo la Autopista del Mar entre el puerto de Gijón-El Musel y el de Saint Nazaire (Francia), u otro puerto francés alternativo. Asimismo, tras la paralización de las obras
del tramo Lloreda-Veriña, el Gobierno ha hecho trizas el convenio firmado en 2005 con el Principado, el Ayuntamiento de Gijón y la Autoridad Portuaria de El Musel, para dotar de enlaces viarios al puerto gijonés y evitar el paso de tráfico pesado y
peligroso por el casco urbano de la ciudad. Un reciente estudio de movilidad portuaria ha desvelado que El Musel genera un tránsito de más de 1.000 camiones diarios por la Avenida del Príncipe de Asturias, zona de La Calzada. Para avanzar en las
conexiones viarias, en la vigente ley de presupuestos 2022 está consignada una menudencia de 200.000 y en la que se propone para 2023 asciende solo a 2 millones de euros cuando el proyecto constructivo elaborado el pasado año cifró el coste
completo de las obras para el denominado 'Vial de Jove' en 227,5 millones de euros. Por otra parte, resulta incomprensible que, pese a ser un proyectyo incluido en el convenio entre administraciones firmado en 2005, el Ministerio de Transportes,
Movilidad y Agenda Urbana se haya desentendido del tramo Lloreda-Veriña que permitiría el desdoblamiento entre esos dos puntos de la actual carretera AS-19, lo que incorporaría el denominado enlace de la Peñona que lo conecta con el nuevo acceso a
la ZALIA y con el Vial de Jove y, en consecuencia, a ambos viales con la autopista A-8.
Asimismo, tanto el puerto de Gijón-El Musel como el de Avilés quedan relegados de la red europea de transportes TEN-T como secuela del mantenimiento del ancho de vía ibérico lo que, en la práctica, es un obstáculo insalvable para la
liberalización del transporte ferroviario de mercancías en favor de Renfe.
- Sin noticias de las compensaciones para paliar los cierres de las centrales térmicas de generación eléctrica en Lada (Langreo) y Soto de la Barca (Tineo) que abocaron a centenares de trabajadores al paro, sin alternativa laboral, y
arrastran a las comarcas donde estaban implantadas las centrales a la desertización.
- La regasificadora de El Musel comenzará el próximo mes de enero a almacenar gas natural tras diez años hibernada (parada; sin unos) para suministrar gas a países que, en el actual contexto d4e crisis energética, tengan dificultades para
acceder al mercado. No obstante, se va a desaprovechar una parte relevante de las posibilidades de una infraestructura construida en el espacio portuario gijonés concebida como básica y necesaria para impulsar el proceso de descarbonización gradual
y para facilitar el proceso de sustitución del carbón por el gas en el mix de generación.
- La convocatoria y ejecución para ayudas a las industrias de consumo electro-intensivo a nivel nacional para costes indirectos del CO2 son un fiasco tal y como han denunciado las empresas que, año tras año, producen frente a sus
competidores europeos y mundiales con una gran merma competitiva, y pérdida de puestos de trabajo (más de 5.000 en los últimos años). La industria continúa sufriendo el varapalo derivado de la aprobación por el Gobierno del Estatuto del Consumidor
Electrointensivo que aumenta el severo riesgo de deslocalización si el precio de la electricidad persiste en 2023. La factura eléctrica supone en algunos casos el 80 % total de los costes de estas industrias lo que hace imposible su competitividad
y el mantenimiento del empleo.
- El cierre de pozos de extracción carbonífera en los municipios mineros de Asturias ha generado la subida del desempleo en estos territorios para los que urge que se adopten las medidas derivadas del 'Plan Urgente', que recoge el 'Acuerdo
Marco para una Transición Justa de la Minería del Carbón y desarrollo sostenible de las Comarcas Mineras para el periodo 2019-2027', que pretenden mitigar el impacto de la pérdida de empleo a corto plazo y que no se están aplicando.
- Junto con los cambios normativos propiciados por el Gobierno respecto a la protección del lobo -una de las grandes amenazas para los territorios más allá del norte del Duero, entre ellos Asturias-, el sector ganadero continúa siendo
víctima de una política que, incluso, ha atacado el consumo de carne. Todo ello incide en el abandono del campo que en el caso de la Cornisa Cantábrica afecta al modelo de explotaciones familiares y que repercute en una preocupante despoblación del
medio rural. La situación está arrastrando al doloroso sacrificio de las vacas de leche (un 20 % de animales sacrificados).
- A la par que se dilata inexplicablemente y se regatea año tras año la colaboración con el Principado de Asturias, el Arzobispado y los ayuntamientos de Oviedo, Colunga, Pravia, Santo Adriano, Las Regueras, Lena y Villaviciosa para reforzar
la conservación mantenimiento, restauración y divulgación de los monumentos del Prerrománico Asturiano (Patrimonio de la Unesco), continúa pendiente la urgente rehabilitación del patrimonio monumental en relación con los enclaves del románico
asturiano de los Monasterios de San Antolín de Bedón (Llanes), San Salvador de Cornellana (Salas), y Santa María de Obona (Tineo), que amenazan ruina irrecuperable.
- El Centro de Referencia Estatal para Personas con Discapacidades Neurológicas (Credine), dependiente del Imserso y ubicado en Barros (Langreo, Asturias), ha visto rebajados a un nivel ínfimo los objetivos para los que fue construido.
La realidad actualizada del proyecto es desoladora. El pasado 25 de mayo de 2022 se abrieron las instalaciones con solo tres usuarios y del orden de 24 trabajadores, cifras lejanísimas de las que se barajaron en el proyecto inicial y en las
reuniones de la Comisión de Seguimiento que se creó para resolver los sucesivos obstáculos con los que se ejecutaron las obras. Dependiente del Imserso y creado para ser incorporado a su Red de Centros de Referencia Estatal, continúa sin definir el
modelo de gestión y los perfiles del personal que prestará sus servicios en Credine. Se habló inicialmente de ciento cincuenta puestos de trabajo para atender a sesenta residentes y treinta usuarios del centro de día. Ahora, con la infraestructura
sociosanitaria ejecutada asistimos al colosal desperdicio de una inversión pública cuyo destino principal era la atención de lesionados medulares, personas con daño cerebral y afectados por la esclerosis lateral amiotrófica, ELA, que es la
enfermedad a la que se deberían dedicar primordialmente los estudios y la investigación de este centro.
- Ningún atisbo de acometer la deuda histórica del Estado con Asturias, agrandada por las aportaciones extraordinarias que el Ejecutivo ha entregado a gobiernos autonómicos incumplidores con los parámetros de déficit y de estabilidad
presupuestaria y sostenibilidad financiera, caso de la Generalidad de Cataluña. Para que Asturias reciba del Estado los mismos ahorros (medidos en euros/habitante) que Cataluña -la CCAA más incumplidora de sus obligaciones financieras, y la que más
recibió por subvención de intereses de los créditos concedidos por el Estado- la administración central tiene pendiente de aportar a Asturias del orden de 1.054 millones de euros. A ello tenemos que añadir, los 213 millones de euros adeudados por
el gobierno de España en concepto del cumplimiento de la sentencia firme por la eliminación ilegal de los convenios de los Fondos Mineros. Una vez más, cabe señalar la ausencia en los Presupuestos Generales 2023 de consignación alguna para afrontar
tal deuda histórica pendiente con Asturias que permitiría al Principado moverse en idénticos márgenes que el resto de las Comunidades Autónomas, sin discriminaciones.
- El proyecto de presupuestos para 2023 supone un nuevo retraso en la reforma del sistema de financiación autonómica. El Gobierno persiste en mantener el sistema de financiación autonómica que mantendrá a Asturias como una de las
Comunidades Autónomas de régimen común más perjudicadas. El sistema de financiación autonómica, vigente desde 2009, ya tenía que haberse reformado en 2014 y resulta muy perjudicial e insolidario, que repercute negativamente sobre los servicios
públicos esenciales (sanidad, educación, servicios sociales).
IX. Incumplimiento de Resoluciones del Debate sobre el Estado de la Nación
Una vez más los actos del Gobierno desestiman los acuerdos parlamentarios de orientación y control al Ejecutivo. El Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2022 se desentiende del cumplimiento de Resoluciones que fueron
respaldadas por la mayoría del Congreso de los Diputados en
el Debate sobre el estado de la Nación celebrado hace solamente tres meses. Es el caso de las formuladas a instancias de Foro Asturias aprobadas por el Congreso de los Diputados en los siguientes términos:
Resolución núm. 1
(Aprobada por el Pleno el 14 de julio de 2022)
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Homologar la línea de alta velocidad Madrid-Asturias con el resto de las líneas de alta velocidad españolas al objeto de asegurar tiempos de recorrido entre Madrid y Oviedo inferiores a 2 horas y 30 minutos y completar los Estudios
informativos de los tramos Pola de Lena / Oviedo / Gijón-Avilés manteniendo la centralidad de las estaciones afectadas por la circulación del AVE y combinar su uso con la adecuada Red de Cercanías.
2. Detener el grave retroceso de la red de Cercanías ferroviarias de Asturias y promover un Plan del tenor del consensuado por las Administraciones, ayuntamientos y agentes sociales en 2017 -paralizado posteriormente por el nuevo gobierno-
para acometer inversiones de modernización y mejora de la red de ancho ibérico y de ancho métrico (antigua FEVE).
3. Dotar a los grandes puertos de El Musel y Avilés de infraestructuras viarias y ferroviarias con idénticas características a las que ya disponen o se están construyendo para la incorporación de los espacios portuarios de interés general
del Estado a los corredores transeuropeos de transporte de mercancías.
4. Desarrollar sin discriminaciones financieras ni desequilibrios inversores los distintos corredores ferroviarios de la red transeuropea de transporte (TEN-T Network) que discurren por el territorio nacional -incluido el Corredor Atlántico
Noroeste- al objeto de garantizar la conectividad y la competitividad del tráfico de viajeros y mercancías.
5. Agilizar la terminación de la Autovía A-63 (Oviedo-La Espina) e impulsar con los respectivos gobiernos autonómicos la planificación, el proyecto y la ejecución de su continuidad al objeto de que Asturias y Castilla y León dispongan
cuanto antes de un corredor que comunique con características de autovía el suroccidente asturiano y las comarcas leonesas limítrofes.
6. Restablecer con urgencia el tráfico marítimo en la Autopista del Mar entre el puerto de El Musel-Gijón y el de Saint Nazaire (Francia), suspendida en 2014, para que Asturias cuente con comunicaciones marítimas al igual que el resto de
las Comunidades Autónomas de la Cornisa Cantábrica.'
Resolución núm. 4
(Aprobada por el Pleno el 14 de julio de 2022)
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Promover urgentemente la reducción de los costes energéticos para la industria mediante medidas de largo plazo que amplíen la seguridad de las inversiones empresariales y permitan disponer de recursos a costes estables y predecibles.
2. Favorecer la actividad industrial y la creación de empleo combatiendo el exceso de burocracia que dificulta e impide el aprovechamiento de los fondos nacionales y comunitarios para impulsar el tejido productivo y promover la
competitividad empresarial.
3. Aprobar en la actual XIV Legislatura un Pacto de Estado por la Industria que avance hacia la recuperación de su aportación al PIB nacional (20 %) y que incluya los factores de sostenibilidad, digitalización, innovación, capital humano y
formación, financiación, energía, logística e internacionalización en la línea ya avanzada por los agentes económicos y sociales ampliamente representados en el Foro de Alto Nivel de la Industria Española.
4. Poner en marcha todos los mecanismos necesarios de cara a revertir el desmantelamiento de las centrales térmicas de generación eléctrica y prolongar la vida útil de las centrales nucleares, construir un almacén temporal centralizado de
combustible nuclear gastado en Villar de Cañas (Cuenca) y en cualquier caso, facilitar la utilización de todas las tecnologías disponibles para evitar la dependencia de una sola. España debe adaptar los plazos de la transformación a una economía
menos contaminante sin poner en peligro el empleo y la economía de los españoles.
5. Sin perjuicio del punto anterior, evitar la despoblación e impulsar en los territorios y comarcas afectadas el cumplimiento de los acuerdos socioeconómicos compensatorios del proceso de transición justa, incluidos los derivados de los
cierres de la minería del carbón y de las centrales térmicas de generación eléctrica.
6. Adoptar medidas en favor de la industria agroalimentaria, del sector primario y del medio rural para evitar los impactos de decisiones perjudiciales para el desarrollo de su actividad tales como la protección normativa del lobo ibérico o
la implantación de parques eólicos en caladeros de pesca.'
X. Conclusión
El proyecto de cuentas públicas para el ejercicio económico 2023 presentado a las Cortes Generales tras su aprobación por el Consejo de Ministros presidido por Pedro Sánchez incurre y reincide en muchos de los defectos que a lo largo de la
XIV Legislatura, iniciada a principios del mes de diciembre de 2019, han caracterizado las diferentes leyes presupuestarias con un mal resultado para España y para el bienestar de los españoles. En el caso específico de Asturias, persiste el
agujero negro que, año tras año, relega a la región arrastrándola a varios de los peores indicadores nacionales más significativos en aspectos sociales, económicos, laborales. Si de toda ley presupuestaria se deriva una pauta de dirección política
con objetivos que van muchísimo más allá de cifras, capítulos y conceptos, señalando la voluntad del Gobierno para gestionar y desarrollar las materias, planes y proyectos que le competen, el proyecto de cuentas públicas para 2023 es, como los
anteriores, decepcionante e inservible para el mejor futuro de españoles y asturianos. De hecho, la alarmante pérdida de competitividad conlleva la destrucción de puestos de trabajo. Así las cosas, tampoco es casualidad que España sea el último
país de la Unión Europea en recuperar los niveles del Producto Interior Bruto (PIB) previos a la pandemia.
Enmienda de Totalidad con Devolución al Gobierno
En definitiva, tanto por el inmediato futuro de España como el de Asturias, comunidad de origen a la que este diputado representa en la XIV Legislatura, hay motivaciones más que suficientes que justifican la necesidad de plantear la presente
Enmienda de Totalidad y, de acuerdo con el Reglamento del Congreso y los procedimientos que correspondan, devolver al Gobierno el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2023.
ENMIENDA NÚM. 3
Grupo Parlamentario Ciudadanos
A la Mesa de la Comisión de Presupuestos
El Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo dispuesto en el artículo 110 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente enmienda al Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2023.
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de octubre de 2022.-Inés Arrimadas García, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
Enmienda a la totalidad de devolución
JUSTIFICACIÓN
I. Introducción
España, como la mayoría de países, no había logrado superar la pandemia cuando empezó a sufrir los efectos de la invasión de Ucrania. La incapacidad y tardanza en la toma de decisiones por parte del Gobierno provocó que el COVID se cebara
con España, mientras la guerra de Putin sigue dejando consecuencias devastadoras para el conjunto de la Unión Europea, aparte de agredido y agresor. Vivimos desde entonces un desmedido encarecimiento de los precios de la energía, una inflación
mantenida en niveles desconocidos desde hacía décadas, y un obligado replanteamiento de la producción, gestión y consumo energético.
En el actual contexto, en España coexiste una elevadísima espiral inflacionista con unos enormes niveles de precariedad laboral y empobrecimiento generalizado. Para salir de esta situación, es necesario adoptar medidas valientes en las que
se implique a todos los agentes económicos: empresarios y trabajadores, pero también funcionarios y pensionistas. Medidas que, de ser necesario, supongan renuncias proporcionales para todos, el Gobierno en primer lugar, y que centren nuestros
mayores esfuerzos en quienes más sufren, pero sin olvidar a una clase media sobre cuyos hombros recae el grueso del sostenimiento de nuestro Estado de Bienestar.
Resulta desalentador que nada de ello se aborde en los Presupuestos previstos por el Gobierno para el próximo ejercicio. Antes al contrario, su aprobación supondría la injusta imposición de sacrificios solo sobre unos pocos y de manera,
como siempre, arbitraria; la creación de una enorme losa en forma de gasto público que profundiza en la desigualdad de la brecha generacional y lastra el progreso de los jóvenes y del conjunto de nuestro país; la perpetuación de un sistema de
subsidios y ayudas no siempre eficaz; y la demora indefinida en la adopción de medidas urgentes que hagan de España un lugar de éxito y progreso.
II. Unos Presupuestos que nacen viciados
El escenario macroeconómico que incluyó el Gobierno para la elaboración del techo de gasto, que inicia el proceso presupuestario, contemplaba una notable revisión a la baja del crecimiento previsto para 2023 respecto al enviado pocos meses
antes; una correlativa revisión al alza tanto de la inflación como de las previsiones de tipos de interés y de evolución de los precios del gas natural; y una tasa de paro constante en el 12.8 %. El Gobierno, consciente de la situación con la que
debe lidiar, quiso aparentar prudencia, pero incluso esta supuesta contención ha sido tachada de poco realista por los principales organismos de análisis, que presentan la siguiente comparativa sobre crecimiento económico e inflación:
;Ejercicio 2023;
;PIB;Inflación
Gobierno;2.1 %;2.9 %
FMI;2.0 %;-
Funcas;0.7 %;3.1 %
BDE;1.4 %;5.6 %
AIREF;1.5 %;3.9 %
La AIReF hizo una intervención demoledora para los intereses del Gobierno en su comparecencia en el Congreso con motivo de los Presupuestos que aquí analizamos. Así, aseguró, entre otras cosas, que nuestro país no llegará a los niveles
prepandemia hasta 2024, y esto en el supuesto de que terminase pronto la crisis energética y el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, PRTR, cogiera una velocidad que a día de hoy no tiene. Con relación a las Cuentas Públicas para
2023, la Autoridad denunció la existencia de 'carencias notables' concretadas, entre otros aspectos, en que no incorporan el paquete de medidas de importe potencialmente elevado que sí terminarán aprobándose durante el ejercicio; que no se dispone
de datos de ejecución del PRTR; que continúa sin preverse una estrategia fiscal a medio plazo; y que el Presupuesto carece del segundo escenario, con mayores ingresos y mayores gastos, incluidos en el Plan Presupuestario enviado por el Gobierno a
Bruselas.
Este último aspecto es el reflejo del poco respeto que el Ejecutivo tiene por el Parlamento. No de otro modo puede calificarse que el Gobierno se niegue a explicar, en el lugar donde está representada la soberanía nacional, que baraja dos
escenarios distintos para su previsión presupuestaria, dejando el 'segundo' para el supuesto de tener que aprobar determinadas medidas. Su incorporación al Presupuesto, en palabras de la AIREF, 'podría haber desvirtuado las previsiones del mismo'.
De esta manera, el Gobierno obliga a los ciudadanos a deliberar y votar, por boca de sus representantes soberanos, unas Cuentas en las que se desconocen los ingresos y gastos que de verdad se contemplan, dado que estos 'podrían ser mayores' que
aquellos que se han traído al debate. Por este motivo, el organismo de análisis fiscal independiente consideró que estas Cuentas ' nacen viciadas', en una definición desoladora ¿por lo real¿ que debería haber llevado al Gobierno a retirar de oficio
las mismas y proceder a su completo replanteamiento.
De otro lado, es necesario destacar el modo de trabajar de un Gobierno que no parte de previsiones de crecimiento del país para elaborar sus Cuentas, sino de las imposiciones de gasto que mejor sirvan a sus particulares intereses. Así, el
Proyecto de Presupuestos elabora unas Cuentas Públicas extraordinariamente expansivas en lo social y que no vienen sustentadas en la existencia de estrategia fiscal alguna, ni del obligado Plan de Reequilibrio exigido para cuando se suspenden las
reglas fiscales en España. Esta amplitud de gasto nos coloca con un elevadísimo nivel de deuda pública -actualmente del 117 % PIb y ya financiada a tipos muchos más altos, que elevan su coste a 31.000 millones de euros en 2023-, y con un nivel de
déficit cuya reducción se hace soportar en la suerte de componentes puramente coyunturales, como el actual nivel de recaudación.
La suspensión de las reglas fiscales en Europa lleva permitiendo al Ejecutivo gobernar sin sujeción a límite alguno en la contención del gasto público y la desviación del déficit desde el inicio de la pandemia. El Gobierno ha conseguido, de
facto, gobernar haciendo uso de un gasto sin reglas, como siempre han buscado los partidos que lo sostienen. Una facultad tan privilegiada, gestionada de manera irresponsable, puede acabar teniendo consecuencias perversas para nuestro país, tal vez
abocado a sufrir en el futuro un nivel de recortes y rigidez presupuestaria que hipotecará a varias generaciones.
III. Insolidaria e insostenible revalorización de las pensiones
Más del 40 % del Presupuesto aprobado por el Gobierno para el próximo ejercicio es gasto corriente en pensiones (41,8 %). En concreto, esta partida se sitúa por encima de los 190.000 millones de euros, como consecuencia del empeño del
Gobierno en revalorizarlas todas en, aproximadamente, un 8,5 % para 2023.
Este gasto resulta insostenible por muchos motivos: (1) no aguanta un potencial test de solidaridad con relación al gasto previsto para fomento de políticas en favor de los jóvenes, y no está justificada su exclusión del pacto de rentas;
(2) tampoco resulta bien parada en comparativa alguna con relación a lo presupuestado para políticas propias de la mayoría de ministerios; (3) su aplicación lineal a todas las pensiones, incluyendo las máximas, convierte a esta medida en regresiva
y carente de toda justificación; y (4) es del todo contraproducente desde el punto de vista de la sostenibilidad del sistema.
Pensiones y pacto de rentas. Según el INE, de 2008 a 2020 la ganancia media anual de los trabajadores de 30 a 34 años subió un 3,86 %; la de los jóvenes de 25 a 29 años aumentó un 5,38 %; y la de aquellos de 20 a 24 años, cayó un 2,77 %.
En el mismo periodo de tiempo, según los datos del INSS, la pensión media de jubilación se incrementó en un 40,48 %. Es esta una divergencia que ninguna sociedad puede considerar razonable, justa o sensata si pensamos, además, que los mayores
tendrán cubiertas, con más frecuencia que los jóvenes, sus necesidades de inversión vitales.
Un país que se sostiene sobre los hombros de sus trabajadores debe hacer de las políticas en favor de la natalidad, la educación, la juventud y el empleo de calidad su absoluta prioridad, porque es éste, y no otro, el pilar de su Estado de
Bienestar. Ninguna política en esta dirección se contiene, sin embargo, en las Cuentas Públicas que ha presentado el Gobierno. Antes al contrario, se nos presentan unos Presupuestos que ahogan a los jóvenes y a los trabajadores con una hipoteca en
forma de gasto en pensiones revalorizadas más allá de lo prudente y en el peor contexto posible. Nosotros proponemos la adopción inmediata de cuatro medidas elementales que conseguirían revertir la situación, haciéndola más justa desde el punto de
vista social y más sostenible para nuestro sistema: (a) asumir la revalorización de las pensiones únicamente hasta el nivel en que se revaloricen los salarios que las sostienen; (b) o sustituir la indexación actual al IPC general por un índice
específico de variación del coste de la vida de los pensionistas; (c) revalorizarlas, en su caso, de manera progresiva dependiendo de su nivel retributivo individual, y (d) su inclusión en el pacto de rentas coyuntural que sí se plantea imponer
sobre el resto de operadores económicos de nuestro sistema, como empresarios, trabajadores y autónomos. No hay motivo alguno, más allá del electoralismo, para excluir a los pensionistas, con excepción de aquellos que reciben las pensiones mínimas,
de un pacto de rentas que debe nacer fundamentado en el principio de igualdad para que, entre todos, realicemos un reparto equitativo de sacrificios y renuncias, fomentando el valor de la solidaridad entre españoles.
Pensiones y otros gastos presupuestarios. De otro lado, es necesario recordar que este enorme incremento del gasto corriente en pensiones ha dejado al Gobierno sin margen para apenas elevar la financiación en otras partidas, según la
recomendación de la Comisión Europea de no aumentar el gasto por encima del crecimiento económico esperado. Así, y para entender la gravedad de estos números, baste decir que es necesario juntar el presupuesto de nueve ministerios, como Justicia,
Defensa, Interior, Educación, Industria, Sanidad, Ciencia, Derechos Sociales e Igualdad, para llegar a tan solo un tercio del gasto dedicado al pago de jubilaciones en 2023.
Pensiones y progresividad. Un tercer motivo de la absoluta inadecuación de este incremento de gasto es su aplicación lineal. Sí corresponde hacer subidas proporcionales sobre las jubilaciones más bajas. Pero estos Presupuestos plantean
una subida por igual para todos los niveles de pensión, convirtiendo esta medida en regresiva e injustificada. De esta forma, una pensión máxima de cerca de 40.000 euros brutos anuales será igualmente revalorizada un 8,5 %, hasta situarla en más de
43.000 euros brutos al año, lo que supone un injustificable agravio comparativo para con los parámetros de sueldo medio y sueldo más habitual de nuestro país; alrededor de 22.000 y 17.000 euros brutos anuales, respectivamente. Así, para el
autodenominado Gobierno más progresista de la historia no hace tanto 50.000 euros anuales eran riqueza, mientras ahora no encuentra reparos en incrementar desorbitadamente la retribución pública de sus beneficiarios más aventajados... siempre y
cuando lo que esté en juego sean los intereses de un colectivo que mueve millones de votos en año electoral.
Pensiones y sostenibilidad del sistema. El actual sistema de pensiones no se sostendrá en el futuro. El Gobierno se afana en negar lo evidente, subido al falso optimismo de haber transferido en este ejercicio 3.000 millones de euros en el
Fondo de Reserva de la Seguridad Social (hucha de las pensiones). Esta transferencia parte del Mecanismo de Equidad Intergeneracional -MEI-, una cotización adicional, extraordinaria y finalista que no genera derechos a futuro e impuesta, como
siempre, sobre los actuales empresarios y trabajadores. No es, por tanto, reflejo de superávit alguno por parte de la Seguridad Social pues, muy al contrario, esta cuenta con más gastos que ingresos haciendo que el sistema resulte deficitario. El
gasto en pensiones y su indexación al IPC alcanzará, en los próximos treinta años, más de diez veces lo que pueda recaudarse con el incremento de las cotizaciones planteado en el MEI. Urge, en línea con lo recomendado por la OCDE, el Banco de
España, la Airef o Fedea, reformar el sistema de nuevo repartiendo unos esfuerzos que, hasta ahora, solo han recaído sobre los trabajadores y empresarios, vía incrementar sus años de trabajo, sus cotizaciones y sus impuestos.
Para concluir. La reforma de las pensiones llevada a cabo por el Gobierno, que incluye su indexación automática al IPC sin mayor matiz, es una anomalía en Europa. En Alemania no existe tal automatismo, dependiendo su revalorización del
incremento medio de los salarios; en Francia la indexación solo es parcialmente automática; en Portugal la subida es progresiva y limitada al 4 %; y en Italia la indexación automática está limitada a las retribuciones más bajas. A un Gobierno
deben preocuparle los pensionistas y, desde luego, debe saber agradecer el inmenso trabajo y ejemplo de
nuestros mayores. Decir esto no es incompatible, sin embargo, con afrontar que el actual sistema no se sostendrá por mucho más tiempo. Se trata de encontrar una solución que funcione para todos; para los jubilados presentes, y para los
que están por venir. Por eso nos oponemos a esta subida electoralista que, por ser muy elevada y lineal, resulta insolidaria e insostenible. Porque oponerse a ello es lo responsable.
IV. Un Estado engullido por su propio nivel de gasto social que, sin embargo, olvida a los jóvenes y a la clase media
España ha vivido acontecimientos excepcionales durante esta legislatura. Siendo esto cierto, lo es también que el Gobierno ha contado con recursos económicos como nunca antes en nuestra historia reciente. A la suspensión de las reglas
fiscales europeas por cuarto año consecutivo y, con ello, a la ausencia de rigor en el control de las cuentas públicas, se ha unido la excepcional aportación de dinero europeo. Ello ha permitido al Gobierno movilizar recursos en forma de ayudas,
subvenciones, bonos y subsidios como nunca.
Nadie puede oponerse a que en una situación como la actual se inyecten recursos extraordinarios en aquellos sectores que se ven abocados a la exclusión. Se necesita, sin cuestionamiento alguno, garantizar la dignidad de los más vulnerables
en la salida de esta crisis. Decir esto, sin embargo, no debería estar reñido con admitir que el Gobierno, incapaz de adoptar soluciones que frenen la sangría de pobreza, está creando una red de subsidios y subvenciones colosal, no siempre sometida
a control ni supervisada en su eficacia. No contienen estas Cuentas Públicas medidas que apuesten por la evaluación ex ante y ex post de todos los nuevos programas de gasto, asegurando que se persiguen objetivos realistas y medibles en su
resultado. Desde Ciudadanos llevamos tiempo proponiendo, por ejemplo, la implantación de una Tarjeta Social individual que contenga toda la información de las ayudas de las que cada ciudadano resulte beneficiario, con el fin de mejorar su
asignación y atajar fraudes. De no tomar medidas en esta dirección -y las actuales Cuentas Públicas no lo hacen-, el Gobierno corre el peligro de crear un Estado engullido por su propio nivel insostenible y, en muchas ocasiones, ineficaz y
descontrolado, de gasto social, puede que electoralmente muy rentable, pero muy difícil de revertir en el futuro.
La clase media que todo lo paga. Impuestos. Nos encontramos ante unos Presupuestos fundamentados en previsiones de crecimiento no avaladas y en ingresos recaudatorios apoyados únicamente en un elevadísimo nivel de inflación que asfixia en
impuestos a nuestra clase media. Una clase media superpagadora, cada vez más empobrecida y con crecientes dificultades para llegar a fin de mes.
En las anteriores Cuentas Públicas, ya con la crisis del COVID, el Gobierno planteó unos Presupuestos cargados de subidas impositivas para clases medias y trabajadoras, a pesar de sus promesas de no moverse en esta dirección. Así,
incrementó el IRPF, las cotizaciones sociales, el Impuesto sobre el Patrimonio, el Impuesto a las Primas de Seguro, el IVA de las bebidas azucaradas, el Impuesto mínimo sobre Sociedades, el Impuesto de Matriculación, o la reducción de los incentivos
a los planes de pensiones. Además, aprobó impuestos a las transacciones financieras, a los servicios digitales, al depósito de residuos o a la valoración de inmuebles, además de haber puesto el radar en el diésel, el peaje de las carreteras, y en
los billetes de avión, ideas solo aparcadas de momento. Además de mantener todas estas subidas, para el ejercicio 2023 plantea -junto con exiguas rebajas fiscales para rentas inferiores a los 14.000 o 21.000 euros/brutos/mensuales-, un importante
alza en las bases máximas de cotización y en los impuestos de los altos niveles de renta, como el impuesto a las grandes fortunas, a la banca, a las eléctricas, o a las rentas del capital, con lo que se corre el serio riesgo de que nuestras grandes
fortunas dejen de cotizar, tributar, producir e invertir en nuestro país, y empiecen a hacerlo en países vecinos que ofrecen una fiscalidad más atractiva para sus patrimonios.
En Ciudadanos entendemos que debemos invertir en reconstruir a la clase media y trabajadora potenciando el crecimiento económico, la creación de empleo de calidad y el crecimiento empresarial, a la vez que les facilitamos algún alivio que
les ayude a transitar la actual coyuntura. Así, proponemos al menos la deflación de la tarifa del IRPF; alivios fiscales sobre unas hipotecas que enfrentarán enormes subidas próximamente; medidas para que los autónomos puedan seguir generando
riqueza; y la traslación del mayor esfuerzo fiscal desde las familias y las empresas hacia actividades perjudiciales para el interés general, la salud, el medio ambiente o la competitividad de la economía.
Jóvenes sin futuro, perspectivas, ni apoyo institucional. La tasa española de abandono escolar temprano es la segunda más alta de Europa, mientras que la tasa de desempleo juvenil es la más alta rozando el 30 %. La precariedad laboral que
sufren los jóvenes en nuestro país tiene consecuencias sobre
todas las esferas de su vida y limita sus expectativas de futuro. Así, no logran independizarse antes de los 30 años de media, ni acceder a una vivienda digna o a poder formar una familia, a una edad óptima. Hablamos de una juventud sin
perspectivas, sin motivación y sin futuro, para quienes todo son dificultades. Visto este contexto, hubiera sido deseable que el Gobierno hubiera centrado gran parte de sus esfuerzos presupuestarios para el próximo ejercicio en educación, empleo o
políticas de vivienda. Pero no ha sido así, habiéndose dedicado, por ejemplo, apenas un 0.94 % a políticas en materia universitaria, o un 0.75 % para el sistema educativo. No encontramos en este Presupuesto medidas en beneficio de un sistema que
mire al futuro y apueste por las nuevas generaciones.
En materia de vivienda, se ha perdido la oportunidad de presupuestar la aprobación de un Plan Integral de Vivienda, con medidas estructurales que aumenten el parque público de alquiler y el fomento de la colaboración público-privada; o la
introducción de un sistema público de préstamos con interés 0 % para la compra de vivienda por jóvenes.
Por otro lado, en el ámbito educativo, no se contempla financiación para la creación de las muy necesarias Alta Inspección Educativa y Agencia Independiente de Evaluación Educativa; la aprobación de un Plan Nacional contra el Fracaso
Escolar; el aseguramiento del acceso a programas de refuerzo educativo y acompañamiento extraescolar; el establecimiento de un nuevo marco de formación en competencias digitales para los niños y adolescentes; el desarrollo de un sistema de
selección, inducción y formación docente similar al MIR de los facultativos; o el impulso a la gratuidad de los libros de texto.
Por último, en el ámbito del empleo, hubiese sido deseable ver financiación para la aplicación rápida y eficaz de la normativa sobre fomento de la Formación Profesional, mejorando las previsiones de inserción laboral y empleabilidad de los
jóvenes mediante el fomento de la FP Dual con empresas; o la creación de un complemento salarial para jóvenes con poca experiencia profesional, así como para aquellos que decidan retomar los estudios mientras trabajan, por poner algunos ejemplos.
V. Estos Presupuestos no contienen reformas que en Ciudadanos consideramos prioritarias
En materia de empleo. Un Gobierno que mira al futuro de su país buscando su progreso, habría incluido en sus Cuentas Públicas para el próximo ejercicio medidas de impulso al empleo. Entre otras, desde Ciudadanos llevamos tiempo proponiendo
la creación de complementos salariales para personas con poca experiencia profesional; la implementación de la mochila austriaca como fondo de capitalización para cada asalariado, que financie una parte de su indemnización por despido con la
finalidad de agilizar el mercado de trabajo; la reactivación de las políticas activas de empleo; o la reconversión de empleos hacia sectores punteros y de alto valor añadido que mejoren la competitividad de nuestra industria en un contexto de
digitalización y sostenibilidad.
Ayudas al fomento de la natalidad. La tasa de natalidad en nuestro país se sitúa en 1,26 hijos por mujer, una de las más bajas de la UE, a pesar de que tres de cada cuatro mujeres manifiestan que querrían tener más hijos. Hoy, los jóvenes
entre 14-29 años son apenas siete millones, cuando eran más de diez hace 25 años. Además, cada vez es más común que las mujeres decidan ser madres a una edad tardía, por los obstáculos que la maternidad acarrea, como la dificultad para conciliar o
la merma retributiva que termina experimentándose. No encontramos en estas Cuentas Públicas, sin embargo, medidas para eliminar estos obstáculos, como la aprobación de un Plan de Acción para el Impulso de la Natalidad, que en Ciudadanos llevamos
tiempo reclamando y que, entre otros aspectos, incluya la actualización de la Estrategia Española de Ciencia, Tecnología e Innovación 2021-2027 para la inclusión de una nueva línea estratégica en el ámbito de la Salud y el fomento de la natalidad;
la utilización de avances científicos en la facilitación del desarrollo de proyectos vitales y familiares; la revisión de la legislación en materia de incentivos a la natalidad; y la reforma de la regulación sobre técnicas de reproducción
asistida, para ajustarla a las necesidades actuales de la sociedad española.
Reforma del Sistema Nacional de Salud. A pesar de lo que hemos pasado en nuestro país recientemente, los Presupuestos que presenta el Gobierno apenas incluyen reformas de calado en nuestro Sistema Nacional de Salud. Se hace necesario
buscar financiación para reforzar los sistemas de prevención y alerta temprana ante emergencias sanitarias; dotar de recursos económicos y humanos la Atención Primaria; poner en marcha la Tarjeta Sanitaria Única para evitar diferencias en el
acceso a la Sanidad dependiendo del territorio donde se reside; o garantizar la libertad de elección de centro sanitario para todos los ciudadanos, entre otras urgentes medidas.
Aprobación de ayudas para los enfermos de ELA y mejoras para pacientes con enfermedades raras. El Gobierno se olvida de los enfermos de Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA), una enfermedad progresiva del sistema nervioso, degenerativa e
incapacitante de la que se hacen cerca de 900 diagnósticos al año. Nuestro Grupo Parlamentario logró aprobar la tramitación de una Proposición de Ley para garantizar el derecho a una vida digna de estas personas, con inversiones para el diagnóstico
temprano, entre otras medidas. Pero el Gobierno la mantiene bloqueada desde hace meses y no contempla, en los Presupuestos que nos presenta, partida que denote intención alguna de continuar adelante con su tramitación y potencial entrada en vigor.
Por otro lado, a nuestro juicio falta en estas Cuentas financiación para garantizar un acceso sin restricciones a medicamentos para el tratamiento de enfermedades raras como la Atrofia Muscular Espinal (AME) y, en general, para llevar a cabo una
actualización e inversiones en la Estrategia de Enfermedades Raras del Sistema Nacional de Salud, con el fin de evitar así estadísticas como las que señalan que más del 20 % de los pacientes de enfermedades raras ha tenido que esperar una década
para ser diagnosticados.
Energía nuclear. Varios meses han pasado ya desde que la Comisión Europea enviara a los Estados miembros su propuesta para la taxonomía europea sobre la energía nuclear como una energía limpia, y como un sector vital para el esquema
energético español, que a día de hoy provee más del 22 % de la electricidad producida, sin emitir CO2 y sin verse afectado por la imprevisibilidad del gas ni la intermitencia de las renovables. La propuesta europea viene motivada sobre todo por la
enorme dependencia europea del gas natural ruso y por la escalada de los precios de la electricidad. Sin embargo, nuestro Gobierno se opone a ella. Estos Presupuestos deberían contener, a nuestro juicio, un estudio general sobre la prolongación de
la vida útil de las centrales nucleares orientado a identificar las inversiones necesarias para prolongar hasta 2045 el máximo número de instalaciones manteniendo sus condiciones de seguridad, sostenibilidad y rentabilidad, así como la puesta en
marcha de un plan de innovación y desarrollo de reactores modulares pequeños y microrreactores en España.
Reforma del sistema de financiación autonómico y local. Con el fin de garantizar la igualdad de todos los españoles con independencia de dónde vivan, es indispensable iniciar con carácter urgente el proceso de reforma del actual sistema de
financiación autonómica, para el establecimiento de un sistema más justo y garantista con la autonomía y suficiencia de recursos de todas las comunidades autónomas, sin establecer privilegios injustificados entre ellas. Igualmente, es necesario
reformar el sistema de financiación local profundizando en el análisis de la ampliación de las competencias locales, la revisión de la aplicación de la regla de gasto y la financiación del transporte urbano, como algunos de los grandes retos de la
administración local en el futuro, fomentando la gestión conjunta de recursos y servicios y la racionalización del actual mapa municipal.
VI. Conclusión
Los Presupuestos que ha presentado el Gobierno para el ejercicio 2023 no son unos buenos presupuestos para España ni para nuestros ciudadanos. Las estimaciones de crecimiento no están avaladas, la recaudación se fundamenta en la suerte del
componente inflacionario, no contemplan medidas sustanciales para ayudar a una generación perdida de jóvenes con un futuro lleno de dificultades, y carecen de reformas esenciales en el ámbito del empleo, el fomento de la natalidad, o la salud. Se
trata de unas Cuentas que contemplan una bochornosa subida de sueldo para los miembros de su Gobierno y su personal de confianza, mientras exigen a la clase media que sustenta nuestro Estado de Bienestar, y a los jóvenes que deberán hacerlo en el
futuro, aceptar privaciones y renuncias. Pero, por encima de todo ello, el Gobierno ha presentado unas Cuentas Públicas tan desorbitadamente expansivas en su nivel de gasto, que dibujan un panorama desolador para el progreso de un país. Unos
Presupuestos que hipotecan la mitad de los recursos en financiar gasto improductivo, estancando nuestro avance y lastrando nuestro futuro. Unas Cuentas, en definitiva, que persiguen únicamente el beneficio electoral de quien las firma, haciendo de
nuestro país un Estado subvencionado, y de nuestros ciudadanos, unos súbditos dependientes.
Porque estos Presupuestos presentan un modelo de país de retraso en lugar de avance, de involución en lugar de crecimiento, y de dependencia en lugar de autonomía, los liberales españoles presentamos enmienda a la totalidad del Proyecto de
Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2023, y solicitamos su devolución al Gobierno.
ENMIENDA NÚM. 4
Carlos García Adanero
Sergio Sayas López
(Grupo Parlamentario Mixto)
A la Mesa de la Comisión de Presupuestos
El Grupo Parlamentario Mixto, al amparo de lo dispuesto en el artículo 110 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente enmienda al Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2023.
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de octubre de 2022.-Carlos García Adanero y Sergio Sayas López, Diputados del Grupo Parlamentario Mixto (NA+).-José María Mazón Ramos, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.
Enmienda a la totalidad de devolución
JUSTIFICACIÓN
Exposición de motivos
I. El Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado parte de un escenario macroeconómico irreal
La previsión de crecimiento económico ofrecida por el Gobierno de España en el cuadro macroeconómico situándola en el 2,1 % del PIB y que sirve de sustento al Proyecto de Ley enviado a esta Cámara está completamente alejada de la realidad,
en total falta de sintonía con el resto de previsiones realizadas por organismos públicos y privados referentes en materia económica y completamente despegada del elemental principio de prudencia que debe regir la elaboración de la cuentas públicas,
máxime en un momento de incertidumbre como el que estamos atravesando.
Tan solo un día después de que el Proyecto de Ley de Presupuestos fuese enviado al Congreso de los Diputados, el Banco de España, en su informe anual, situaba la previsión de crecimiento del Producto Interior Bruto (PIB) para España en 2023
en el 1,4 %, revisando un tercio a la baja la previsión con la que el Gobierno sustenta la elaboración de estas cuentas.
En una línea similar a la del Banco de España se ha pronunciado también la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIREF) que, si bien avala el cuadro macroeconómico presentado por el Gobierno de España como 'posible', considera
mucho más 'probable' que el crecimiento del PIB no supere el 1,5 %.
No solo el Banco de España y la AIREF han desacreditado las previsiones de crecimiento tenidas en cuenta para la elaboración de estos presupuestos, sino que instituciones europeas como la Comisión Europea o el Banco Central Europeo y
organismos públicos y privados como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), el Fondo Monetario Internacional (FMI), Funcas o BBVA Research también presentan unas previsiones totalmente alejadas de las que ofrece el
Gobierno.
Si el Banco de España o la AIREF rebajan en un tercio la previsión de crecimiento de nuestro país para 2023, el BBVA Research lo reduce prácticamente a la mitad, situándolo en un 1,2 % y el FMI lo deja en un escueto 0,7 % como escenario más
realista.
Además, es importante señalar que todos los organismos públicos o privados anteriormente mencionados han ido empeorando sus previsiones a lo largo de los meses, haciendo que las últimas sean más pesimistas que las anteriores, de modo que
resulta difícilmente sostenible el optimismo exagerado con el que el Gobierno de España ha elaborado los presupuestos para el ejercicio 2023.
La evolución de la guerra que Putin ha provocado en Ucrania, la inflación desbocada y, por tanto, el encarecimiento de los precios en general y del gas, la luz o los hidrocarburos en particular, afectando a los productos más básicos de la
vida cotidiana, el escenario de incertidumbre que persiste en relación a ciertos suministros importantes para la industria de nuestro país o la subida de tipos provocada por el alza imparable del Euríbor, entre otros aspectos, aconsejan extremar la
prudencia y ajustar los ingresos y los gastos a los escenarios más pesimistas.
Resulta especialmente temerario que el Gobierno de España haya optado por el camino contrario, el de extremar la imprudencia, máxime cuando nuestro país presenta un elevado déficit público y una de Deuda Pública que supera el 116 % del PIB.
Las cuentas elaboradas por el Gobierno partiendo de este cuadro macroeconómico, que solo el Gobierno sustenta, proponen un aumento del gasto público sin precedentes y someten a los españoles a una presión fiscal también sin precedentes, en
base a la cual se justifica que el déficit no supere el 3,9 % en el año 2023.
Si finalmente, y tal como recogen todos los organismos públicos y privados de referencia, la evolución económica distara mucho de la prevista por el Gobierno, la ejecución del gasto contemplado en este presupuesto nos abocaría a una cifra
mucho más elevada del déficit público y a un incremento de la deuda que solo provocaría más daño a las familias y a las empresas que redundaría en un deterioro mayor de la imagen de solvencia de España y que acabaría traduciéndose en un mayor coste
de la financiación de la deuda tanto pública como privada.
Resulta, por tanto, temerario desoír las previsiones de los organismos más fiables y optar por un camino de irresponsabilidad que tendrá graves consecuencias económicas y sociales a corto, medio y largo plazo.
II. Los Presupuestos comprometen el presente y el futuro de España
El FMI ha pedido a los países 'políticas económicas prudentes' debido a la incertidumbre que generan diferentes acontecimientos que se están produciendo a nivel europeo y mundial, particularmente la guerra contra Ucrania. La vicepresidenta
Primera del Gobierno, la Sra. Calviño, también se manifestaba en una dirección similar cuando recomendaba 'prepararse para lo peor pero esperando que no suceda'.
Sin embargo, y pesar de estas palabras, el Gobierno de España, haciendo caso omiso a estas elementales tesis de prudencia, ha presentado un Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2023 que recoge una cifra de gasto
público 'histórica'.
A pesar de que la estimación de crecimiento de los ingresos tributarios -derivados fundamentalmente de la negativa del Gobierno a aliviar el aumento de la carga fiscal motivada por la subida de los precios- supondría una recaudación de
18.710 millones de euros más, un 7,7 % superior a la de 2022, el gasto presupuestario previsto nos abocaría a una cifra de déficit público muy cercana al 4 %.
Y eso, a pesar de que no se recogen en este proyecto de cuentas públicas gastos o ayudas que previsiblemente deberán ser prorrogados más allá del 31 de diciembre de 2022 porque ni la situación energética ni la inflación ni la guerra de
Ucrania parece que finalizarán para esa fecha.
Nos referimos a las subvenciones, los incentivos fiscales o las rebajas del 80 % de las cargas fiscales en el recibido de la luz, del 5 % del IVA de gas o a la bonificación de 20 céntimos en el precio del combustible.
En el caso de que estas decisiones que han sido recogidas en los diferentes paquetes de medidas aprobados por el Consejo de Ministros y ratificados por las Cortes Generales se prorrogaran o sustituyeran por otras de igual o mayor impacto
económico podría elevarse aún más la cifra real de déficit público para el año 2023.
A eso hay que sumar también que la previsión de la evolución del IPC recogida en este Proyecto de Ley de presupuestos (el 4,1 %) es mucho más optimista que la prevista por la OCDE (5 %) o el Banco de España (5,6 %), lo que exige, de nuevo,
extremar la prudencia en el gasto público.
Además, conviene señalar, que el incremento desmedido del gasto público puede provocar el efecto de inflación de segunda vuelta perpetuando la inflación y creando un círculo vicioso de subidas de rentas y de precios.
El Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2023 no ataja, ni tan siquiera contribuye a aminorar, el problema estructural de déficit público que presentan las cuentas en los diferentes ejercicios y que hipoteca seriamente la
situación económica presente y futura de España.
Aún a pesar de contar con una relajación de los objetivos de déficit, que no va a durar siempre, las cuentas públicas deberían encaminarse paulatina pero decididamente hacia el equilibrio presupuestario y mucho más, teniendo en cuenta la
altísima ratio de deuda/PIB que tiene nuestro país (un 116 %).
Lejos de caminar en esta dirección, el Ejecutivo estima que el déficit público será de un 5 % en el año en curso y alcanzará en 2023 y 2024 un 3,9 % y un 3,3 % respectivamente.
Y en cuanto a la deuda pública, aunque los compromisos adquiridos con la UE estiman la ratio de deuda/ PIB del 60 % como la máxima asumible por un país de la Unión, como ya referíamos arriba,
España se sitúa en este momento en casi el doble, con un 116 %, y a tenor de la evolución del gasto público contenida en este Proyecto no parece encaminarse a la corrección de esta preocupante desviación.
Sólo en 2023 el pago por intereses derivados de la deuda pública alcanzará la cifra de 31.275 millones de euros, lo que supone multiplicar casi por tres la cifra prevista para inversiones de progreso y de futuro que se sitúa tan solo en 11.
867 millones de euros.
El incremento desmedido del gasto público, que también incluye elevadísimos intereses derivados de tan alta deuda, sin preguntarse ni una sola vez por la posibilidad de mejorar la forma en la que se gasta ese dinero, es decir sin analizar la
eficiencia, solo contribuye a un irresponsable camino de generación de deuda que no solo hipoteca el presente con una carga de gastos financieros que detraen recursos de inversiones o políticas orientadas a la modernización económica, a la creación
de empleo o a la mejora de los servicios públicos, sino, lo que es peor, hipotecan el futuro de los más jóvenes, que nos disfrutan hoy de los servicios que se prestan en la actualidad pero sí tendrán que pagarlos durante el resto de sus vidas.
A este respecto, el Instituto de Estudios Económicos elaboró en el mes de marzo un índice de eficiencia en el gasto público de los países de la OCDE. En dicho informe, España ocupaba el puesto 29, muy por debajo de la media europea, y
presentaba un gasto calculado por ineficiencias de en torno a 60.000 millones de euros, lo que supone un 14 % del total del gasto público.
Siendo esta cantidad tan alarmante y el camino de mejora tan evidente no hay ni una sola acción recogida en los presupuestos que se enfoque a mejorar la eficiencia del gasto público, tan solo a incrementarlo de forma injustificada, populista
y arbitraria.
III. Los presupuestos sobredimensionan el impacto de los fondos europeos, cuya ejecución está siendo lenta y opaca
Un factor determinante para el impulso del crecimiento económico será, sin duda, la ejecución de los fondos europeos.
Tal y como evidencian instituciones independientes como el Banco de España 'el ritmo de ejecución de los fondos está siendo inferior al previsto'. Según las cifras ofrecidas por esta entidad, a lo largo del año 2022 se concederán fondos por
valor de 11.778 millones de euros, muy alejados de los 20.000 millones previstos inicialmente.
Dos factores resultan determinantes a la hora de evaluar el impacto de los fondos en la marcha de la economía española: por un lado, la rapidez en su ejecución y su impacto en el corto plazo en el ritmo de crecimiento del PIB y por otro, la
elección de proyectos con verdadera capacidad transformadora.
En el primer caso, la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (FEDEA), en su informe de seguimiento de las reformas y el ritmo de ejecución de las inversiones señalaba que en el primer trimestre de 2022 sólo el 5,2 % de los fondos
disponibles se habían ejecutado.
Y en el caso de la elección de los proyectos, la forma elegida por el Gobierno para la gestión de los fondos presenta una enorme opacidad lo que dificulta, entre otros, a este Congreso de los Diputados efectuar el debido control sobre la
idoneidad de los proyectos que reciben ayudas públicas.
Sirva como ejemplo el proyecto Spain Food Valley, visto con una inicial esperanza por muchas empresas navarras como instrumento para impulsar una industrial vital para el presente y el futuro de Navarra, la industria agroalimentaria, y sobre
el que, finalmente, la Asociación de Industrias Agroalimentarias de Navarra ha mostrado 'su decepción y hastío' por el retraso y la complejidad de la convocatoria hasta el punto de que 10 compañías han abandonado el proyecto.
El Gobierno de España, en lugar de comprometerse con la transparencia y el rigor en la gestión de los fondos europeos, está ofreciendo cifras de impacto que no se ajustan a la realidad y tomando decisiones de gasto en base a esas
estimaciones más ilusorias que realistas.
El Banco de España rebaja el impacto de los fondos europeos para el año 2022 y 2023 a tan solo un 0,6 % del PIB, cifra muy inferior a la que el Gobierno ha estimado para la elaboración de estas cuentas públicas, lo que sin duda alguna tendrá
repercusiones en la previsión tanto de ingresos como de gastos recogidas en el Proyecto de Ley de Presupuestos que nos ocupa.
El hecho de que los fondos europeos se estén filtrando a la economía española de forma mucho más moderada de lo que el Gobierno ha venido estimando puede contribuir también a ahondar en el aumento del déficit público, cuestión altamente
preocupante para España que se encuentra ya a la cabeza del euro en déficit estructural anual.
IV. Estos Presupuestos castigan a Navarra
Si las cifras para el conjunto de España no son buenas, para la Comunidad Foral de Navarra todavía son peores.
Navarra tan solo un 0,8 % del total previsto para las Comunidades Autónomas, muy por debajo de lo que correspondería por número de habitantes.
Además, si analizamos las inversiones en Navarra con una perspectiva más amplia, podemos observar que la inversión del Estado en Navarra en los últimos años ha decrecido en lugar de aumentar.
Así, mientras que la inversión real presupuestada para la Comunidad Foral en el ejercicio 2021 se situaba en 88 millones de euros, en el ejercicio en curso de 2022 descendía a 77 millones de euros y en la previsión para 2023 aunque se
incrementaría en 26, aumenta mucho menos de lo que lo hace la Aportación.
La Aportación de Navarra al Estado ha ascendido en más de 100 millones de euros en apenas 2 ejercicios, pasando de 540 millones de euros en 2021 a 645 millones de euros, cifra contemplada por el Proyecto de Presupuestos Generales del Estado
para 2023. De este modo, el saldo neto para la Comunidad Foral de Navarra es negativo por un importe cercano a los 90 millones en apenas dos años.
Por otro lado, Navarra no solo es castigada con una asignación de inversión raquítica, si no con una posterior inejecución de las mismas.
Y es que, en cuanto al cumplimiento de los principales compromisos de inversión en Navarra, las cifras son desalentadoras. En este sentido, resulta paradigmático el grado de ejecución de una de las infraestructuras previstas para el
desarrollo de la Comunidad Foral como es el Tren de Alta Velocidad, que con una inversión prevista para el ejercicio corriente de 52 millones de euros, en septiembre de 2022 apenas se habían ejecutado 17,81 millones de euros, es decir, que a menos
de 4 meses de acabar el ejercicio, tan solo el 34 % de la inversión prevista se ha ejecutado.
Pero las previsiones de incumplimiento respecto a esta infraestructura no acaban en el ejercicio actual, sino que se extienden a la totalidad de la planificación plurianual. El pacto alcanzado en 2018 con el Gobierno presidido por el Sr.
Rajoy contemplaba un calendario plurianual de ejecución de la infraestructura según el cual el Tren de Alta Velocidad debería ser una realidad en 2023, cerrando la liquidación en 2024. Sin embargo, la ausencia de interés y falta de ambición del
actual Gobierno de España, y también del actual Gobierno de Navarra, ha derivado en una disminución tal de las inversiones inicialmente proyectadas que resulta imposible fijar una fecha cierta para la conclusión de esta infraestructura vital para
Navarra.
El Canal de Navarra constituye otra infraestructura vertebradora y esencial para la Comunidad Foral cuya trascendencia se pone especialmente de manifiesto en épocas de sequía como la que actualmente está atravesando nuestro país. Por
segundo año consecutivo, la inversión del Estado en el Proyecto de Presupuestos Generales del Estado es nula, olvidándose el Gobierno de la agricultura navarra y del sector agroalimentario. El retraso de los plazos de ejecución de esta obra
estratégica para la Comunidad Foral es especialmente grave porque ello ha derivado en que haya quedado fuera del reparto de fondos Next Generation. A este respecto, recientemente el Colegio de Ingenieros Agrónomos de Aragón, Navarra y País Vasco,
el Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos y la Institución Futuro presentaban un informe en el que se reclamaban a las administraciones públicas implicadas plazos concretos y públicos para la ejecución de dicha obra, cuyo acreditado
impacto económico y social pone en valor.
Respecto a la Autovía A-15 Medinaceli-Soria-Tudela, tras más de treinta años desde su concepción, sigue sin ser una realidad. A septiembre de 2022, ni siquiera los proyectos de los distintos tramos para los que apenas contemplaba el
Presupuestos del ejercicio corriente 400.000 euros se encuentran redactados. Con estos precedentes y la escasa inversión que el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales para 2023 contempla su construcción no deja de resultar ilusoria.
Y en cuanto a los créditos presupuestarios que la Ley 22/2021, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado contempla en la actual Sección 23 relativos a Navarra, a septiembre de 2022 la mayor parte de ellos se sitúa en un grado
de ejecución inferior al 50 %, incluido alguno en que se sitúa en el 0,0 %.
Por todo lo expuesto, se propone la presente Enmienda a la Totalidad al Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el años 2023, solicitando su devolución al Gobierno.
ENMIENDA NÚM. 5
Míriam Nogueras i Camero
(Grupo Parlamentario Plural)
A la Mesa de la Comisión de Presupuestos
El Grupo Parlamentario Plural, al amparo de lo dispuesto en el artículo 110 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta las siguientes enmiendas al Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2023.
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de octubre de 2022.-Míriam Nogueras i Camero, Diputada del Grupo Parlamentario Plural [JxCat-JUNTS (Junts)] y Portavoz adjunta del Grupo Parlamentario Plural.
Enmienda a la totalidad de devolución
JUSTIFICACIÓN
Exposición de motivos
Los Presupuestos Generales del estado para el año 2023, como las anteriores propuestas de PGE, son insuficientes e inadecuados tanto para hacer frente a los extraordinarios retos que plantea la actual coyuntura económica, como para corregir
los incumplimientos, las incapacidades de gestión y los déficits de inversión acumulados a lo largo de la legislatura. Presentamos esta enmienda de devolución de los presupuestos 2023 por los siguientes motivos:
El Gobierno español no cumple la ley con Catalunya
El grado de ejecución de los Presupuestos Generales del Estado en Catalunya es inadmisible. El déficit de ejecución supone un freno al desarrollo de nuestro tejido empresarial, de nuestra sociedad y de nuestro progreso.
En los últimos 5 años (2017-2021) el estado español ha ejecutado de media solo un 58,72 % los presupuestos. Y Catalunya sigue siendo, de acuerdo con los datos de 2021, la última comunidad autónoma en porcentaje de presupuesto ejecutado, el
35,9 %, muy por debajo del nivel de ejecución del 184 % en la Comunidad de Madrid.
El grado de ejecución del Presupuesto General del Estado en Catalunya para 2022 está, actualmente, en el 16 %. No concebimos negociar los presupuestos del 2023 sin ningún mecanismo que garantice la liquidación de las cuentas en Catalunya.
Debe existir una liquidación real y transparente de las inversiones aprobadas en los presupuestos y no ejecutadas, así como rendir cuentas de los motivos por los que se incumple año tras año.
Para Catalunya, cada presupuesto se convierte en una prórroga de los presupuestos de los ejercicios anteriores. Nunca llega el dinero ni las inversiones que se prometen y se aprueban por ley, por lo que la falta de rigor y de respeto a
Catalunya son impropios de un estado democrático y solvente de la Europa del S.XXI. Este no es el Gobierno que más invierte en Catalunya, es el que más promete y el que más incumple.
El Gobierno incumple con el porcentaje de inversión, incumple con la ejecución e incumple con las enmiendas aprobadas e incorporadas en los Presupuestos. Cabe recordar que, a propuesta de Junts, se aprobó la enmienda en los Presupuestos
Generales del Estado de 2022 destinada a la creación de un Fondo extraordinario COVID de 9.000 millones de euros (1.600 millones de euros correspondientes a Catalunya), que el Gobierno también ha decidido incumplir.
La inversión en infraestructuras se revela claramente como insuficiente para los ciudadanos de Catalunya. La falta de inversión en Rodalies y la nefasta gestión del operador Renfe, genera un servicio público inmerso en el caos, provocando
la indignación ciudadana y afectando a la competitividad económica de las empresas y a la calidad de vida de los ciudadanos de Catalunya.
La economía catalana sigue sufriendo un déficit fiscal de más de 20.000 millones de euros anuales y el estado español ni se plantea saldar la deuda histórica acumulada con Catalunya.
El Gobierno español no cumple con las PyMEs y los autónomos
El modelo económico que plantean los presupuestos pivota sobre la subvención. El gobierno ofrece subsidios en lugar de herramientas de activación económica. Quizá por ello en los presupuestos de 2023 se ha reducido en un 12,6 % la
asignación presupuestaria del Estado español a las PyMEs. Aunque afirman compensarla con fondos provenientes de la Unión Europea la realidad es que en la mayoría de estados se incrementa la dotación de recursos propios para la actividad
empresarial. No ayuda la ineficiente gestión de los Fondos Europeos que realiza este Gobierno. Considerando la situación alarmante en la que se encuentran las PyMEs, en especial en Catalunya donde representan un 99,8 % del tejido empresarial,
resulta una planificación presupuestaria muy insuficiente y poco estratégica.
El Gobierno no cumple con la Unión Europea
El Estado español es el líder en procesos de incumplimiento en la Unión Europea. En total, 105 procesos de incumplimiento abiertos, de los cuales el 90 % son por mala transposición y mala ejecución y por transposición tardía de Directivas
europeas. Son numerosas las multas que el Estado español ha tenido que pagar. El estado español no solo incumple con los ciudadanos de Catalunya, también incumple con la Unión Europea.
Asimismo, el Estado español es el que ostenta la tasa más baja de absorción de fondos europeos: un 53 % en el período 2014-2020. La mitad de los fondos europeos recibidos no han sido absorbidos. El grado de ejecución de dichos fondos para
el período 2021-2027 no se augura mejor. Los fondos del Mecanismo de Recuperación, Transformación y Resiliencia, de los cuales emanan los Next Generation UE, están teniendo un ritmo de ejecución débil. Así pues, dichos fondos, y en especial los
Next Generation UE, o no llegan, o llegan tarde a los beneficiarios y cuando llegan, no son transformadores.
Existe también una preocupante opacidad y falta de transparencia en la gestión y asignación de los fondos europeos.
Tampoco cumple en materia de derechos humanos ya que es uno de los países que menos sentencias del Tribunal Europeos de Derechos Humanos ha cumplido.
La llengua catalana
El Estado español se ha negado sistemáticamente a proponer el català como lengua oficial en la Unión Europea. Pedir que se cumplan los contratos administrativos para que el català pueda ser usado en algunas instituciones europeas no es, en
absoluto, preocuparse por la oficialidad del català a la Unió Europea.
El plurilingüismo que tantos estados del mundo observan como una riqueza cultural y una fortaleza de sus sociedades, es interpretado por el estado español como una amenaza.
El Estado español debería tomar ejemplo de países de matriz integradora con la diversidad, como es el caso de Senegal que tiene como lengua oficial el francés, pero desde 2012 su asamblea parlamentaria utiliza el francés y un total de 6
lenguas (no oficiales) que se hablan en el territorio, utilizando traducción simultánea en sus cámaras legislativas. En Senegal, no ponen excusas en las restricciones presupuestarias ni en la legalidad del pasado ni el Reglamento de la cámara para
no dar la cobertura adecuada a la expresión de todos los ciudadanos del país en su lengua materna.
Autodeterminació
Una mayoría de ciudadanos de Catalunya ha expresado en las urnas, año tras año, su voluntad de decidir el futuro político de Catalunya. Estos presupuestos siguen ignorando esta realidad.
Por todo ello Junts per Catalunya presenta esta enmienda a la totalidad al Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado de 2023, solicitando su devolución al Gobierno.
ENMIENDA NÚM. 6
Grupo Parlamentario VOX
A la Mesa de la Comisión de Presupuestos
El Grupo Parlamentario VOX, al amparo de lo dispuesto en el artículo 110 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente enmienda al Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2023.
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de octubre de 2022.-José María Figaredo Álvarez-Sala, Portavoz del Grupo Parlamentario VOX.
Enmienda a la totalidad de devolución
JUSTIFICACIÓN
Exposición de motivos
1. El Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2023
A) Contexto general
Los españoles somos cada día más pobres. No solo en términos absolutos, porque cada día el coste de la vida es mayor y el acceso a bienes y servicios de primera necesidad es más difícil. También en términos relativos, ya que la cesión de
soberanía alimentaria y energética impulsada por las agendas globalistas y alegremente aceptada por nuestros sucesivos Gobiernos nos coloca hoy en la incertidumbre más absoluta. Según datos de la Oficina Europea de Estadística (Eurostat), España es
líder europeo en pobreza, solo por detrás de Rumanía, Bulgaria y Grecia: en 2021, más de 13 millones de españoles se encontraban en situación de riesgo; esto es, casi el 30 % de nuestros compatriotas están por encima del umbral que los considera
en situación de carencia material y social severa, dato que ha aumentado en 1,5 puntos porcentuales desde 2019 (tasa AROPE) 1.
Tras una emergencia de salud pública que segó miles de vidas, y después de unas medidas restrictivas de la libertad que arruinaron a millones de familias y trabajadores, nada nos asegura que el futuro inmediato vaya a ser mejor. Los precios
de la energía y los carburantes se encuentran desbocados; la inflación cercena el poder adquisitivo de las familias e hipoteca el futuro de nuestros jóvenes, ya duramente golpeados por la crisis de 2007; el precio del pan, la fruta, la carne, el
pescado o los productos lácteos no cesa de crecer; los hogares, particularmente aquellos en los que hay hijos y personas con dificultades (mayores, discapacitados), se afanan en buscar descuentos y promociones y en comprar productos de marca
blanca, porque ya no saben de dónde recortar; y muy pocos, jóvenes o mayores, pueden pensar en comprar una casa o en alquilar sin que ello suponga más de la mitad de sus ingresos mensuales. La incertidumbre es absoluta y la inmensa mayoría de la
población ve imposible modelar un porvenir con alguna certeza.
Mientras tanto, el Estado recauda más que nunca: el Gobierno persigue a las clases medias y desfavorecidas y a los generadores de riqueza con unas cargas tributarias que se extienden por todos los aspectos de su vida (y su muerte) y de su
actividad y negocio; el salario de los diputados y del Gobierno aumenta entre un 3,5 % y un 4 %; cientos de millones de euros se destinan a miles de organismos, observatorios y entes instrumentales que en nada benefician a los españoles, así como
a asociaciones que promueven el enfrentamiento entre españoles; una serie de políticos regionales, que han convertido las administraciones territoriales que dirigen en desleales a la Nación y al resto de nuestros compatriotas, se ven premiados con
enormes cantidades de dinero público con el único fin de garantizar su apoyo al Gobierno; la propaganda gubernamental invade los presupuestos de todas las secciones y asegura que muchos medios de comunicación, sindicatos, organizaciones patronales
y partidos políticos dependan del
1 1https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Living_conditions_in_Europe_-_poverty_and_social_exclusion#Poverty_and_social_exclusion.
poder para subsistir, consiguiéndose así una deseada 'paz social', ficticia y que condena, a través del aumento de la deuda, a las generaciones presentes y futuras.
El déficit se ha convertido en la norma que rige los presupuestos nacionales año tras año: para el ejercicio que nos ocupa, la previsión de déficit es de 54.000 millones de euros, mientras que el déficit estructural, que en el año 2022
aumenta al -3,7 %, se estima en el -3,4 % para 2023. Esto obliga a prever un nuevo incremento de la deuda pública nacional, que ya se encuentra en máximos históricos, hasta un billón quinientos cincuenta y ocho mil millones de euros (un 112,4 % del
Producto Interior Bruto ¿'PIB'? nacional). Esto es, sobre los hombros de cada español pesará una losa de 32.836 euros solo en concepto de deuda pública a cierre de 2023, bastantes más de los casi 26.000 euros existentes a cierre de 2019 2.
En definitiva, no podemos consentir que mientras los españoles miramos cada euro que gastamos, revisamos los extractos de nuestras cuentas y tarjetas y los tiques de compra y guardamos dinero para cuando suba la hipoteca o haya que comprar
libros de texto, el Gobierno juega con nuestro dinero, gastando de manera irresponsable en cuestiones del todo innecesarias para los españoles.
Con el Proyecto de Presupuestos se evidencia un axioma: nunca un Gobierno había gastado tanto, ni tan mal. Los principios de prudencia, de buena gestión, de diligencia de un buen padre de familia y de responsabilidad se invierten, y se
agranda así la ya per se enorme diferencia entre los españoles y los políticos que hoy nos gobiernan. Por lo tanto, no solo es malo el presupuesto en sí, sino que los efectos y las consecuencias de su ejecución serán todavía peores para España y
afectarán especialmente a las clases medias y populares.
B) El proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2023
Frente a la situación descrita, que no es sino el día a día de la mayor parte de la población, el Gobierno presenta un proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2023 (el 'PLPGE 2023', el 'Proyecto', el 'Proyecto de
Presupuestos' o, impropiamente, los 'PGE 2023') que, de nuevo y como se expondrá, está alejado de esta realidad y es ajeno a las necesidades crecientes de los españoles.
En materia estrictamente económica, el Proyecto está alejado de la realidad por diversos factores, como ya hicieran las cuentas para 2021 y 2022. Entre otros, en primer lugar, el Ejecutivo no acompaña una estrategia de consolidación fiscal
a medio plazo que corrija el déficit estructural; en segundo lugar, tampoco se encuentra un plan de reformas estructurales, principalmente del sector público, que aseguren la sostenibilidad financiera de nuestra economía y, con ella, la soberanía
económica de la Nación y el futuro de los españoles.
Como se anticipó, en el PLPGE 2023 el Gobierno aboga por una filosofía de la irresponsabilidad, que derrocha los ingresos extraordinarios generados por el récord de recaudación (debido, en gran parte, a la inflación) y que tampoco baja
impuestos en la medida en que la situación de los españoles y su bienestar exige. Los PGE 2023 vuelven a despreciar que todo céntimo que aporte el sudor y el trabajo de los españoles tiene que ser custodiado con los máximos criterios éticos y de
diligencia, así como presupuestado y ejecutado con la dignidad y excelencia que merecen.
En línea con lo anterior, el Proyecto de Presupuestos también presenta una estimación de ingresos (y, precisamente por ello, de crecimiento económico) irreal, ficticia, que basa su filosofía en machacar a las clases medias y populares.
Estas no pueden, por lo general, acceder a los beneficios derivados de la planificación fiscal o a otras herramientas para, cumpliendo la ley, abonar una menor cantidad de impuestos.
Por último, los PGE 2023 no incorporan medidas de calado anunciadas por el presidente del Gobierno y que, a juicio de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal ('AIReF'), suponen un importe suficiente como para desvirtuar la
calidad del presupuesto y que se prorrogarán previsiblemente en el año 2023.
En materia netamente política, es conocido el aforismo que dice que los presupuestos generales del Estado son la concreción económico-presupuestaria del programa político de un Gobierno de España. Por eso, su desglose y análisis arroja a
las claras lo que no persigue el Proyecto y lo que son prioridades para el Ejecutivo. En el primer grupo se encuentran las necesidades reales de las familias, de nuestros jóvenes y mayores, que son deliberadamente ignoradas por el Gobierno.
2 2Fuentes: Banco de España, Instituto Nacional de Estadística (INE), proyecto de Presupuestos Generales del Estado y Plan Presupuestario para el año 2023.
Entre las prioridades para el Gobierno no está reformar el sector público para hacerlo acorde a las necesidades de prudencia y equilibrio, sino mantener los miles de organismos, observatorios, comisionados, comités, consejos y entidades
varias que en nada mejoran nuestra calidad de vida, sino que nutren un Estado de bienestar para los políticos que se sufraga con el dinero de todos.
Tampoco es intención del Ejecutivo ahondar en la igualdad entre los españoles, sino captar apoyos entre políticos y partidos separatistas y filoterroristas, entre gobernantes regionales desleales con España, para mantenerse en el poder.
Todos estos aliados del Gobierno tienen como único propósito común destruir la unidad de la Nación española y arrasar con todos los símbolos de su continuidad histórica, pero reciben la atención preferente de este Gobierno.
No es tampoco propósito del Ejecutivo fomentar entre los españoles el asociacionismo libre y sin dependencias del poder público, sino ampliar su red propagandística, con la que el Gobierno busca extender su mensaje, y perpetuar un régimen
clientelar que riega con enormes cantidades de dinero a un sinfín de sindicatos, organizaciones empresariales, asociaciones o fundaciones, que difunden y transmiten sus consignas en todos los ámbitos de la sociedad civil.
En definitiva, se trata de un Proyecto de Presupuestos muy expansivos en el gasto, pero más aún en la ruina, en el derroche, en la irresponsabilidad y en el empobrecimiento de los españoles, cuya maldad e inadecuación reside en su baja
calidad y en sus nefastos principios inspiradores. El Gobierno ignora la necesidad de replantear completamente todos los gastos del presupuesto, cada sección, cada programa, cada partida; en muchos casos, estas no son modificadas desde los años 80
del siglo pasado.
Contra estos presupuestos y esta política económica, VOX propone un cambio radical de modelo que permita identificar, evaluar y justificar cada una de las actividades presupuestadas, teniendo en cuenta los niveles mínimos de coste, medios y
esfuerzo de cada unidad necesarios para ejecutar cada una. De tal forma, se evitarán programas obsoletos o partidas poco productivas, la ejecución será más sencilla y ágil y el remanente de tesorería estará más sujeto a control.
A continuación, se expondrán algunos de los temas que VOX considera más nocivos para las familias españolas, para los jóvenes y los mayores, y más inadecuados para solucionar las necesidades de nuestros compatriotas, que justifican el voto
negativo de los diputados de este Grupo Parlamentario a la tramitación y aprobación de este proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado.
2. Una ficticia previsión de ingresos y gastos incompatible con la elaboración de un presupuesto racional
Introducción
Como ya se ha anticipado, el proyecto de presupuestos para 2023 descansa, de nuevo, en una base de irrealidad y ficción. La previsión de ingresos y gastos que contiene impide que se elaboren unas cuentas racionales, certeras y a la medida
de las necesidades reales de los españoles. Al mencionar anteriormente los niveles récord de recaudación, se expuso asimismo cómo ello no implicaba una reducción del déficit estructural por debajo del 3 %, ni tampoco de los impuestos que
soportamos. Al contrario, el Gobierno sigue creyendo que existe margen para el aumento de la presión fiscal (que el propio Plan Presupuestario ¿Escenario 2? estima en el 39,5 % para 2023, en clara tendencia ascendente) y legisla con ese objetivo,
reduciendo a niveles intolerables la renta disponible de las clases medias y populares, sin una correlativa mejora de los servicios públicos, como la sanidad (duramente golpeada y con una escasez notable de personal tras la pandemia) o la educación.
Sin embargo, el proyecto ignora deliberadamente variables más exactas y útiles, como el esfuerzo fiscal, que incorpora la capacidad económica de los contribuyentes al análisis de la presión fiscal. Así, el citado concepto de esfuerzo fiscal
resulta del cociente entre presión fiscal y PIB per cápita, e indica el sacrificio que han de realizar los ciudadanos para el mantenimiento del aparato del Estado.
No en vano, el Gobierno ha enviado a la Comisión Europea un Plan Presupuestario en el que recoge un precitado Escenario 2 para 2023 en el que contempla ingresos adicionales, con los que podría afrontar más gastos (para poder así prorrogar
las medidas de subvenciones para paliar los efectos de la guerra de Ucrania). Sin embargo, el Ejecutivo no ha remitido este Escenario 2 al Congreso de los Diputados, que es donde se deben tramitar y, en su caso, aprobar los Presupuestos. Con ello,
oculta a la Cámara la cuantía de nuevos ingresos esperados y le hurta la posibilidad de fiscalizar de manera adecuada la previsión de ingresos y gastos de las cuentas públicas.
Adicionalmente, el Gobierno tampoco utiliza los recursos públicos como multiplicador para fomentar una mayor cohesión entre los españoles de distintas regiones. Al contrario, son utilizados para reforzar la ya pronunciada desigualdad
territorial.
Se justifican, en este epígrafe, las implicaciones de la decidida voluntad del Ejecutivo de dar la espalda a la realidad de millones de españoles, haciendo descansar en las clases medias y populares el grueso del sostenimiento del Estado.
Los perjuicios del Proyecto en las familias
En lo que se refiere a las familias españolas, estas no pueden ya satisfacer plenamente sus necesidades con los salarios obtenidos por los miembros de la unidad familiar, algo de lo que eran capaces no hace tanto tiempo. Los jóvenes no
encuentran oportunidades de empleo y desarrollo dignas en sus pueblos, ciudades y regiones de origen. La renta disponible y los datos de consumo de los hogares no consiguen recuperar los niveles del año 2019.
A pesar de lo anterior, el Gobierno no lleva a cabo las bajadas de impuestos en la cuantía y profundidad que la situación exige, y ni siquiera deflacta impuestos directos para corregir subidas de salarios a causa de la inflación que no
suponen un aumento real de la capacidad de pago. Consecuencia de esta negativa del Gobierno es que nuestros pensionistas, y los funcionarios, verán mermados sus ingresos a pesar de unos pretendidos aumentos en las cantidades que perciben.
Es necesario analizar las principales figuras impositivas que recaen sobre los hogares de España para ser conscientes de la voracidad recaudatoria del Ejecutivo:
- En relación con el principal impuesto directo, el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas ('IRPF'), debe tenerse en cuenta que el 61,5 % de lo recaudado es aportado por el 89 % de los contribuyentes, que tienen rentas medias
inferiores a 40.000 euros brutos anuales 3. Pese al relato del Gobierno, estos datos evidencian que el mayor peso de los impuestos y sus aumentos recae sobre las clases medias y populares.
En el año 2023, el Gobierno tiene previsto recaudar por IRPF 26.231 millones de euros más que cuando comenzó la Legislatura. Así, un trabajador medio pagará 5.600 euros por este tributo en 2023, cuando en 2019 abonaba 4.300 euros. Sin
embargo, la renta media de ese trabajador (medida como PIB real per cápita) es hoy el 96 % de la existente en aquel año: a pesar de ser más pobres en términos relativos, los españoles pagamos más impuestos. En la misma línea, los ingresos por IRPF
pasarán a suponer el 43,05 % de lo recaudado por tributos en 2023, cuando en el año 2019 representaban el 40,8 %.
En este sentido, el contexto es muy desfavorable para los españoles con rentas medias y bajas, que deben afrontar una doble pérdida de capacidad adquisitiva: por una parte, el Gobierno no está tomando medidas para contener el aumento de los
precios, sobre todo el de los alimentos y otros bienes de primera necesidad; por otra, el Ejecutivo aumenta injustificada y desproporcionadamente los ingresos públicos a costa de las clases medias y populares.
- Con respecto a los impuestos indirectos y, en particular, al Impuesto sobre el Valor Añadido ('IVA'), el Gobierno también se está aprovechando de forma desmedida del necesario consumo de las familias españolas, a pesar de que esta variable
aún no haya recuperado los niveles previos al comienzo de la Legislatura.
En 2023, la recaudación por IVA está previsto que sea 14.555 millones de euros mayor que en 2019. De esta manera, un español medio abonará el próximo año 1.815 euros por IVA, cuando en 2019 su contribución apenas pasaba de los 1.500 euros;
esto es, un 20 % más a causa de la inflación, sin que el Gobierno mueva un dedo, sin duda apuntando a la Unión Europea, para compensar a los españoles la subida.
Las cotizaciones sociales son otro campo en el que se evidencia el expolio del Gobierno a las clases medias y populares. Así, el Ejecutivo espera aumentar los ingresos por este concepto en un 9,7 %, hasta los 184.522 millones de euros, lo
que supone un nuevo incremento de cargas de otros 1.600 euros por trabajador. Sumando la parte de cotizaciones que corre a cargo de los empresarios, el Gobierno ingresará
3 3https://sede.agenciatributaria.gob.es/AEAT/Contenidos_Comunes/La_Agencia_Tributaria/Estadisticas/Publicaciones/sites/irpf/2020/jrubikf5d46f62bbe585978e51bef5e5796f8381b43586d.html.
https://sede.agenciatributaria.gob.es/AEAT/Contenidos_Comunes/La_Agencia_Tributaria/Estadisticas/Publicaciones/sites/irpf/2020/jrubikf603e462837c5f0165551561efdee4f0c875fd1e9.html.
en concepto de cotizaciones sociales 61.523 millones de euros más que en 2019 (después de 15 aumentos en este periodo), hasta los 3.000 euros de media por trabajador.
A pesar de este nuevo aumento, el Estado no será capaz de cubrir, con las cotizaciones de empresarios y trabajadores, la financiación de la Seguridad Social.
Con datos en contabilidad nacional de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), lo que pagamos los españoles por IVA e IRPF y por cotizaciones sociales ha pasado de suponer el 28,8 % del PIB en 2019 a alcanzar el 32,1 %
en 2021.
Al mismo tiempo, el sistema impositivo que se refleja en este Proyecto perjudica enormemente a las clases medias y populares, sin que los más necesitados vean aliviada su situación: las ayudas a los desfavorecidos no son más que meras
limosnas que en nada contribuyen a sacarles de su situación.
El daño del Proyecto a los empresarios
Las previsiones irreales contempladas en el Proyecto de Presupuestos y el asalto al bolsillo de las familias descritos anteriormente van acompañados de un severo golpe, también, al tejido empresarial español.
No en vano, el sector empresarial español está compuesto en su mayoría (99,6 %, según la AEAT) por PYMES. Estas empresas de pequeño y mediano tamaño, que contribuyen decididamente a la vertebración territorial y al desarrollo de sus zonas
de actuación, sufren por sobrevivir y padecen las políticas del Gobierno, que se han revelado desde su inicio depredadoras de la libertad económica y perjudiciales a la inversión.
Así, el mencionado encarecimiento de los insumos energéticos obliga a muchas empresas, particularmente las electrointensivas, a realizar paros, y eleva los costes fijos que soportan los empresarios. Estos factores, junto con el crecimiento
desmedido de los precios y el previsible retraimiento del consumo por este motivo, tienen y tendrán graves efectos en el empleo que no prevé el proyecto.
En este sentido, el aumento de recaudación por Impuesto sobre Sociedades ('IS') hasta agosto de 2022 ha sido del 52,6 % con respecto al mismo periodo del año 2021. Si se cumplen las previsiones del Ejecutivo para el año 2023, las empresas
españolas pagarán 4.786 millones de euros más por este concepto con respecto a 2019. Además, y relacionado con lo anterior, las empresas más pequeñas tienen que abordar los mayores costes salariales derivados del aumento de las cuotas de la
Seguridad Social.
Por lo tanto, la actividad empresarial en España se verá estrangulada bien por el Gobierno, con el imparable incremento de los impuestos, bien por la crisis, que algunos aventuran que será mayor que la de 2007.
Las advertencias de organismos independientes sobre los peligros de una gestión económica irresponsable
En total, el aumento de recaudación por impuestos en el año 2023 en relación con 2019 se estima que sea de 49.973 millones de euros, hasta los 262.781 millones. En el ejercicio actual, el conjunto de la recaudación tributaria ha aumentado
hasta agosto en 26.930 millones con respecto al mismo período de 2021.
De nuevo se muestra cómo el Gobierno desdeña llevar a cabo políticas contracíclicas, que implicarían ahorrar el exceso de recaudación para cuando sea necesario o bajar impuestos; al contrario, el Proyecto de Presupuestos escala su
voracidad, haciendo que las familias españolas sufran en su bolsillo las políticas ideológicas y empobrecedoras del Gobierno.
En este punto, hemos de referirnos a las opiniones emitidas por la presidenta de la AIReF, doña Cristina Herrero Sánchez, y por el gobernador del Banco de España, don Pablo Hernández de Cos, sobre el Proyecto, en sus respectivas
comparecencias en la Comisión de Presupuestos del Congreso de los Diputados los días 17 y 18 de octubre de 2022.
Entre otras cuestiones de enorme relevancia, la señora Herrero Sánchez 4:
- Denunció que la autoridad independiente que preside no ha sido consultada previamente al mes de julio sobre el informe de situación económica que elabora el Ministerio de Asuntos Económicos y
4 4'La AIReF detecta carencias notables en los Presupuestos 2023 y alerta de su debilidad como instrumento clave de política económica'.
https://www.airef.es/es/noticias/la-airef-detecta-carencias-notables-en-los-presupuestos-2023-y-alerta-de-su-debilidad-como-instrumento-clave-de-politica-economica/
Transformación Digital en virtud del artículo 15.5 de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, en relación con el otorgamiento de aval al cuadro macroeconómico que presenta el Gobierno (base para fijar el
techo de gasto y posterior elaboración de los Presupuestos Generales del Estado);
- alertó sobre una posible revisión a la baja del dato de crecimiento económico de la AIReF (de por sí más bajo que el del Gobierno) y una actualización al alza del dato de inflación, en ambos casos en un escenario de corte total de
suministro del gas ruso;
- manifestó su perplejidad por las medidas tributarias anunciadas recientemente por el presidente del Gobierno, que no se incorporan en el Proyecto de Presupuestos pero que, sin embargo, tienen la suficiente entidad y cuantía como para
reducir notablemente la ya de por sí escasa calidad del PLPGE 2023, advirtiendo de que son perjudiciales ' para alcanzar un nivel de déficit suficiente para reconducir la deuda hacia niveles más sostenibles que reduzcan la vulnerabilidad de la
economía española'; y,
- en relación con lo anterior, criticó duramente la inconsistencia derivada de la inclusión en el Plan Presupuestario enviado a la Comisión Europea de un Escenario 2 dos días después de la presentación del Proyecto de Presupuestos y que no
queda recogido en este. Un escenario en el que se contempla una mayor recaudación tributaria y menor crecimiento de gastos, a pesar de la incorporación de unas medidas adicionales que algunos cifran en 10.000 millones de euros.
Por su parte, el señor Hernández de Cos 5 manifestó, además de otras consideraciones, lo siguiente:
- Un buen número de sectores económicos (comercio, transportes, ocio y hostelería) y de regiones españolas (Canarias e Islas Baleares) se encuentran aún por debajo de los niveles de actividad y crecimiento previos a la crisis originada por
las medidas restrictivas dictadas por las autoridades sanitarias para hacer frente a la situación de salud pública;
- los desajustes observados entre oferta y demanda de bienes y el grado de persistencia de las previsiones inflacionistas en el contexto internacional y, con mayor crudeza, en España, invitan a pensar en una probable revisión a la baja del
crecimiento no solo en el próximo año, sino ya en el presente.
Es indudable que la capacidad de gasto público en estos momentos se ve coartada por el endeudamiento en que han incurrido los sucesivos Gobiernos, que impide que en el momento actual, en el que la Nación requiere una mayor inversión en las
necesidades de los españoles, la disponibilidad para gastar sea escasa.
Los fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia
El Proyecto incluye 30.000 millones provenientes del Instrumento Europeo de Recuperación, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR).
Ya en los Presupuestos Generales del Estado para los ejercicios 2021 y 2022 se incluyeron, respectivamente, 27.000 y 28.000 mil millones de euros, a los que el Gobierno confió la recuperación y la transformación de nuestro sistema
productivo. Como se preveía, y se advirtió por numerosos organismos, un gran porcentaje de estos fondos no se ha ejecutado.
Igualmente, tanto la AIReF como el Banco de España han criticado no solo la escasa ejecución, sino principalmente la falta de información sobre la ejecución finalista, así como del impacto de estos en la economía real, más allá de los datos
macroeconómicos. Por ello, ambas instituciones ponen en cuestión la aportación de dichos fondos al crecimiento económico y, con ello, su contribución al crecimiento del PIB.
En relación con esta última magnitud, ambas instituciones independientes aventuran que el PIB no alcanzará el nivel anterior a la crisis originada por las restricciones derivadas de la actuación frente a la pandemia hasta avanzado el año
2023 o, incluso, hasta principios del 2024. Sin embargo, esta recuperación se ve seriamente amenazada por el incierto escenario internacional, frente al que se alerta de la vulnerabilidad de la economía española.
5 5'Gobernador. Congreso. Comparecencia ante la Comisión de Presupuestos'. https://www.bde.es/bde/es/secciones/prensa/intervpub/Discursos_del_Go/gobernador-congreso-comparecencia-ante-la-comision-de-presupuestos.html.
Los graves incumplimientos del Gobierno en materia presupuestaria
Por último, deben señalarse los graves incumplimientos del Gobierno en materia presupuestaria, que pueden resumirse como sigue:
- En materia de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, el Proyecto incurre en mayores gastos estructurales, como la transferencia anual a la Seguridad Social para que asuma competencias que no le son propias y que condenan a
España a niveles de déficit público superiores al 3 %. De nuevo, no se contempla ninguna medida que favorezca la reducción del déficit estructural incluso con contextos de ingresos favorables al Estado.
Como se ha apuntado anteriormente, la deuda pública estará al menos hasta el año 2026 en niveles superiores al 100 % del PIB a pesar del importante aumento del deflactor. Asimismo, la AIReF ha advertido de que, si se prorrogan las medidas
de gasto para el año 2023, el incremento de gasto primario corriente neto de medidas de ingresos se acercará al 7 %, por encima del permitido por la Comisión Europea.
- En cuanto al principio de plurianualidad, el Gobierno presenta los presupuestos a un solo año vista (2023), incumpliendo la preceptiva 'elaboración de un marco presupuestario a medio plazo en el que se enmarcará la elaboración del
presupuesto (tres años)'. Desde el comienzo de la Legislatura, la AIReF y el Banco de España han venido reclamando al Gobierno que establezca ' una estrategia fiscal de medio plazo que sirva de orientación fiscal y garantice de manera creíble y
realista la sostenibilidad'.
Sin embargo, el Gobierno ha presentado de nuevo el Proyecto de Presupuestos y el Plan Presupuestario sin un horizonte temporal que otorgue un marco temporal para valorar las medidas de política fiscal. El Gobierno asegura públicamente, en
respuesta a las recomendaciones de la AIReF, que con lo presentado es suficiente, algo que no es cierto y que VOX ha denunciado de forma reiterada.
- Con respecto al principio de transparencia, como pone de manifiesto la AIReF, el Gobierno incumple con el 'principio esencial para la obtención de información con regularidad suficiente para el seguimiento de las cuentas y del cumplimiento
de los objetivos de todos los subsectores', ante 'la ausencia de un presupuesto inicial en términos de contabilidad nacional y de la conciliación del saldo presupuestario con el déficit de referencia en contabilidad nacional', sin recoger la
información relativa a las rúbricas de contabilidad nacional en el Informe Económico Financiero de la Seguridad Social, del PRTR, y de los riesgos fiscales que pueden afectar al déficit.
- Respecto del principio de eficiencia en la asignación y utilización de los recursos públicos, el Proyecto de Presupuestos no incorpora el escenario presupuestario de una eventual prórroga de las medidas para paliar los efectos de la crisis
energética y la guerra en Ucrania.
Asimismo, cabe destacar la falta de preocupación del Gobierno sobre el buen uso de los recursos públicos, en particular de aquellas independientes que vigilan la actuación del Ejecutivo. Así, el Gobierno ha presupuestado unos ingresos para
la AIReF en el año 2023 en concepto de 'estudios realizados' inferiores en un 50 % al de 2022.
- Por último, el Gobierno ignora el principio de responsabilidad, que trata de las consecuencias asumidas por las Administraciones derivadas de incumplir la normativa sobre estabilidad presupuestaria. La justificación que el Ejecutivo
encuentra es que el cumplimiento de las reglas fiscales está en suspenso con autorización de la Comisión Europea.
Además, antes de que la Comisión Europea permitiera dicha cláusula de escape, el Gobierno no cumplía con el Pacto Presupuestario de mínimo del déficit estructural del 0,5 % del PIB y 60 % de deuda. Así lleva ocurriendo desde hace casi 15
años, sin que ningún Gobierno haya asumido responsabilidad alguna.
3. La utilización irresponsable por el gobierno de los recursos de todos los españoles
Han de exponerse a continuación, desglosadas por áreas temáticas, algunas de las más sangrantes intenciones de este Proyecto de Presupuestos, que debe ser, por el bien de España, el último que elabore este Gobierno.
A) Energía
La emergencia de la situación actual en materia energética obliga a que el presente documento comience refiriendo la política presupuestaria del Gobierno en esta cuestión.
El Proyecto de Presupuestos no acierta al enfrentarse al origen de la actual crisis energética que, es necesario recordarlo, no se ha originado por la invasión de Ucrania, acontecimiento que solamente ha venido a agravarla. Ni siquiera
sería correcto afirmar que su origen último está en las subidas de precios de la electricidad que se produjeron en el verano de 2021.
Lo cierto es que la génesis de la actual crisis energética, que sufren Europa y de modo más concreto España, está en causas estructurales cuyo origen tiene que remontarse al modelo económico y productivo impulsado por los Gobiernos de las
últimas décadas. Este modelo se ha sustentado en buena medida en la adopción de políticas energéticas profundamente nocivas para las economías de las naciones occidentales. Entre ellas están la renuncia a la utilización de los combustibles fósiles
o el abandono de la energía nuclear, todo lo cual ha supuesto un aumento de la dependencia energética y un encarecimiento masivo de las fases del proceso productivo, y ha constituido igualmente uno de los principales factores del devastador proceso
de desindustrialización que han sufrido los países europeos y de modo especial España.
La Ley 7/2021, de 20 de mayo, de cambio climático y transición energética, con su prohibición de explorar, investigar y explotar los recursos energéticos, o la negativa del Gobierno a que se incluyan las energías nuclear y de gas en la
taxonomía europea, son solamente dos de los hitos que han marcado la ejecutoria del Gobierno en esta materia. Sin temor a equivocarnos podemos atribuir al Ejecutivo gran parte de la responsabilidad por la subida de los precios de la energía que,
por su parte, han contribuido decisivamente al terrible incremento de la inflación y, con él, al aumento de los costes de la industria, del comercio y del turismo, y a la atroz disminución del nivel de vida de tantísimos españoles.
Buen ejemplo de las insuficiencias de las previsiones presupuestarias del Proyecto es el Bono Social Térmico. Si bien se destinan 259 millones de euros a esta partida, hasta el momento las cuantías dispuestas en estos últimos se han
revelado escasas y no han podido cumplir un fin social efectivo. Es más, el propio Gobierno, en la línea errática que caracteriza su trayectoria, y por medio de Real Decreto-ley posterior a la presentación del Proyecto de Presupuestos, se ha visto
obligado a aumentar las dotaciones para esta finalidad. Es obvio que la situación en el momento actual es bastante peor de la prevista en el Proyecto, y que cabe anticipar que en un futuro será mucho más desfavorable. Por eso, solamente puede
concluirse que la cuantía que ahora se asigna va a resultar absolutamente insuficiente.
Este es un punto en el que pueden apreciarse con claridad las manifiestas carencias que tienen las proclamadas políticas sociales del actual Gobierno. Es fundamental que la comunidad política atienda con toda diligencia las necesidades de
los españoles, en especial de los más desfavorecidos, sobre todo en situaciones críticas como la presente. La ausencia de un esfuerzo mucho mayor en esta medida central de política social por parte de un Ejecutivo que, lejos de suprimir, aumenta
los gastos puramente ideológicos caracterizados por el sectarismo y la frivolidad, despeja cualquier duda acerca de la insensibilidad y el cinismo de la política gubernamental.
Otro ámbito en el que se manifiesta la inutilidad de estos Presupuestos como instrumento para la recuperación de la economía, es el de la energía hidráulica de centrales reversibles. Dicha fuente no puede faltar en un 'mix' energético
verdaderamente adecuado a las necesidades de nuestra Nación, y en que también deben figurar el resto de las renovables y la nuclear. Es imperativa la conformación de un sistema nacional de suministros hídricos ordenado al bien común, articulado en
un Plan Nacional del Agua y que tenga por objetivo principal la interconexión de todas las cuencas para asegurar que el agua llega a todos los españoles sin distinción de territorios. No hay, sin embargo, en el Proyecto de Presupuestos asignaciones
para indemnizaciones por rescate de concesiones hidroeléctricas. Por supuesto, tampoco las hay para energía nuclear. Tales omisiones del Proyecto dejan en evidencia la incompatibilidad de tal programa con el interés nacional. Y son el reflejo de
unas políticas que tendrán -ya las están teniendo- enormes consecuencias para los españoles del presente y del futuro.
B) Inmigración ilegal
Tampoco se librará la sociedad española de los negativos efectos que el Proyecto de Presupuestos va a producir en materia de inmigración ilegal. La entrada ilícita masiva de personas en España constituye, desde hace décadas, uno de los
problemas más graves a los que se enfrenta nuestro país. Entraña, a un tiempo, un grave peligro para la convivencia en la sociedad y la seguridad en los barrios, un desafío para el futuro económico, y una amenaza cierta para la identidad nacional y
para la cohesión indispensable en la que se asienta toda comunidad.
Nuestro país necesita una política migratoria firme, sólidamente cimentada en la defensa de la soberanía de España, en la protección de los españoles frente a la inseguridad y al deterioro económico que provoca la inmigración ilegal masiva,
y en el aseguramiento del interés nacional. Para ello, las líneas básicas deben ser la integridad de las fronteras, la total prioridad de los españoles en el acceso a servicios públicos, la aplicación inexorable de la ley contra todos los
individuos que cometan delitos, y la expulsión igualmente inexorable de todo inmigrante ilegal.
No es esta, sin embargo, la línea política que observa el Gobierno actual, que ha optado por una sospechosa complicidad con la inmigración ilegal. En esta actitud confluyen varias de las tendencias que representan los intereses ideológicos
de las fuerzas políticas que forman el Ejecutivo. De una parte, se pretende implantar la agenda globalista que aspira a un mundo sin fronteras ni lealtades nacionales; de otra, hay una deliberada voluntad de alentar la llegada de personas con
costumbres y principios contrarios a los que sustentan Occidente, para forjar artificialmente una sociedad multicultural en la que se diluya la identidad de nuestro pueblo.
Además, concurren en los actuales gobernantes los prejuicios progresistas en cuya virtud tienden a contemplar con sospecha y reticencia la aplicación de la ley y el orden por las fuerzas de seguridad. Finalmente, puede adivinarse en ellos
un propósito de modificar la composición demográfica de la población con la simultánea alteración del cuerpo electoral, en un sentido que desde las instancias de los partidos del Gobierno predicen como favorable. Y por supuesto, todo lo anterior va
a acompañado de una total indiferencia por las consecuencias nocivas que la inmigración ilegal masiva ha provocado y provoca en la libertad y la seguridad de los españoles, y también en sus condiciones laborales.
El conjunto de las partidas presupuestarias que pueden representar gasto del que se verá beneficiada la inmigración ilegal ascenderá a 881,7 millones de euros en 2023, un 65 % más de lo contemplado en los Presupuestos para el ejercicio 2021.
Así, para 'acciones en favor de los inmigrantes' se destinan 750 millones de euros, que son 180 millones más que para el presente año (+32 %) y 326 millones más que en los del año 2021 (+77 %). El Proyecto dedica a favor de los Menores Extranjeros
No Acompañados (MENA) 131 millones de euros, lo que representa 3,3 millones más que en 2022 y 23,3 millones más que en 2021.
Los elementos fundamentales de una política migratoria responsable son el control y la evitación del 'efecto llamada'. Si también es importante la expulsión de los inmigrantes ilegales, las previsiones del Proyecto se caracterizan por la
omisión y la pasividad en este punto, volcando por el contrario su fuerza inversora real en la ampliación y mejora de los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE), como los de Madrid y Lanzarote, o incluso con la construcción de uno nuevo en
Algeciras. Esta línea gubernamental vino a ser admitida por el propio Ejecutivo en su respuesta a una pregunta de este Grupo Parlamentario, al reconocer que desde 2019 el porcentaje de inmigrantes ilegales expulsados ha disminuido drásticamente.
Por ejemplo, en 2021 de las 42.614 órdenes de devolución dictadas fueron ejecutadas solamente 1.417, esto es, un 3,32 %. El dato de lo que llevamos de 2022 es más sangrante todavía, ya que, de 18.678 órdenes emitidas de devolución, se han cumplido
únicamente 539, es decir, un 2,8 %. Queda en evidencia la inacción cómplice del Gobierno ante el fenómeno de la inmigración ilegal y ante el mencionado 'efecto llamada', plasmada en este caso en las omisiones de su proyecto presupuestario.
En la misma línea podemos mencionar que la inversión prevista para el Plan de Seguridad del Archipiélago Canario sea igual que la del año anterior, siendo las necesidades actuales y las que se pueden augurar para 2023 muy superiores a las
previstas. En cuanto a las plazas españolas en el norte de África, mientras que se ha congelado la inversión en la infraestructura de la frontera de Melilla, ha disminuido la relativa a la infraestructura fronteriza de Ceuta. Esta última
disminución es especialmente censurable, dadas las crecientes violencia, agresividad y frecuencia de los asaltos a la valla fronteriza.
En llamativa disparidad con lo anterior, el programa 231B (Acciones en favor de los emigrantes) no experimenta variaciones con respecto a su cómputo total en los presupuestos pasados, e incluso son inferiores en 466.000 euros respecto de
2021. Esto significa que, frente al incremento del 32 % de las acciones dirigidas a los inmigrantes, los españoles en el extranjero no se consideran merecedores de un aumento de los fondos destinados a ellos. Hay que reconocer la coherencia del
Ejecutivo con sus propias políticas, plenamente alineadas con los designios globalistas: pasividad con la entrada masiva de extranjeros en España, y la misma pasividad con la marcha masiva de españoles al extranjero. También en este punto, el
PLPGE 2023, al no volcarse en políticas que puedan favorecer el retorno de los españoles expatriados, está apostando por un mundo sin fronteras y sin raíces.
En definitiva, el Proyecto de Presupuestos del Gobierno en este ámbito es tan criticable por lo gasta como por lo que deja de gastar. De una parte, inversiones en partidas que terminan por implicar un aumento del citado 'efecto llamada', y
de otra parte falta de fondos para una lucha efectiva contra la inmigración ilegal. La expulsión de inmigrantes, como se ha podido observar en los números de los últimos años, está en cifras que, cuando se contrastan con las de personas que entran
ilegalmente en España, pueden ser calificadas de ridículas. Y, si hacemos caso de las partidas presupuestarias destinadas a esta finalidad, lo previsible es que las cifras de expulsiones sean aún más ridículas en el futuro.
Lo mismo se puede decir del hecho de que los fondos dispuestos para la seguridad fronteriza de varios puntos sensibles de la frontera sur se hayan congelado o reducido. Está claro que para el actual Gobierno la inmigración ilegal no es un
fenómeno negativo al que hay que combatir. Por el contrario, lo contempla con complicidad y con la seguridad de que, a medio y largo plazo, la presencia masiva en España de extranjeros que han entrado ilegalmente en nuestro país ha de suponer un
elemento de primera categoría en la consolidación de una total hegemonía numérica y cultural de las fuerzas políticas y sociales que respaldan al Ejecutivo.
El precio que deberá pagarse por los españoles en términos de inseguridad ciudadana -especialmente en los barrios más populares- o de empeoramiento de las condiciones laborales, que de nuevo sufren en mayor medida los sectores más
desfavorecidos, es contemplado por el Gobierno con indiferencia. Por ello, hay que insistir en que debería consultarse al pueblo español sobre la conveniencia de un cambio de políticas públicas en este ámbito, y sobre la posibilidad de que los
poderes públicos trabajen para que la inmigración sea en todo caso legal y culturalmente asimilable. En todo caso, la inspiración y el contenido de la iniciativa presupuestaria del Gobierno en materia de inmigración ilegal son parte principal de
las razones que justifican un rechazo absoluto del Proyecto de Presupuestos.
C) Política social
Como ya hemos señalado con anterioridad, nos encontramos ante unos presupuestos que se definen por ser una herramienta ideológica. Y es precisamente esa dinámica la que se hace más evidente en el Proyecto en materia social, al aumentar
indiscriminadamente el derroche en detrimento de los españoles.
En un país en constante envejecimiento poblacional, tanto por el descenso vertiginoso de la natalidad como por la creciente esperanza de vida, se debería garantizar que la atención a los mayores y dependientes fuese suficiente, sin
obstrucciones burocráticas y equitativa en todas las regiones del país. En su lugar, el PLPGE 2023 destina más de la mitad de la cuantía del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 a otras cuestiones que son, cuando menos, innecesarias.
Entre ellas ha de señalarse la partida destinada a la Dirección General de Derechos de los animales, dotada con 7.481.710 euros, con un 23 % respecto de 2022, cuyo objeto es propugnar que los animales son, contra el más elemental sentido
común y jurídico, sujetos de derecho y es la coartada para mantener, a costa del erario público, una pléyade de 'chiringuitos'.
Igualmente errada y desconectada de las necesidades de los españoles es la partida destinada expresamente a la Agenda 2030, con nada menos que 24.978.170 euros, un 8 % más que en el ejercicio anterior (Programa 921Y). No contento con llamar
Agenda 2030 de forma transversal en un sinfín de políticas de bienestar (revalorización de pensiones ¿ODS 1?, sanidad ¿ODS 3?, educación ¿ODS 4?), el Gobierno decide un año más incrementar una partida que tiene por objeto aplicar esta
Agenda-globalista y desposeedora de soberanía nacionalen multitud de políticas públicas a nivel estatal, autonómico y local.
Centrado en tales cuestiones, el Gobierno desatiende, sin embargo, con unas partidas a todas luces insuficientes, a las familias numerosas y a quienes padecen situaciones calamitosas en esta situación de emergencia social. Se olvida también
de los jóvenes, aquejados con una elevadísima tasa de desempleo (del 26,6 % según Eurostat, casi el doble de la media de la Unión Europea) y una grave dificultad de acceso a la vivienda, y para los cuales se presupuestan ayudas transidas de
ideología de género (no hay más que ver la enunciación que, en el Libro amarillo del PLPGE 2023 se hace del Plan Garantía Juvenil Plus 2021-2027), y un plan 'bono alquiler joven' del cual, pese al boato con que se anunció en los presupuestos del
pasado ejercicio, aún no se ha ejecutado nada. El Gobierno también da la espalda a los más necesitados, para los cuales propone medidas escasas e ineficaces que, a la postre, no suponen una mejora de su situación. El Ingreso Mínimo Vital es quizás
el más claro ejemplo de esto, en la medida en que se trata de una ayuda que la mayor parte de sus beneficiarios aún están esperando cobrar, más de un año después de haber tramitado la solicitud.
En contraposición al elevado gasto señalado, el presupuesto dedicado a Sanidad ha aumentado en los PGE 2023 un 4,5 % respecto del ejercicio 2022 (sin fondos europeos). Con total seguridad, este crecimiento en el gasto se destinará en su
mayor parte a las regiones, y no se dirigirá a paliar los problemas más graves que aquejan al Sistema Nacional de Salud, como las listas de espera o la inequidad en el acceso de los servicios. Ambas cuestiones son consecuencia de la desigualdad que
sufren los españoles en materia sanitaria en función de la región en que residan.
Máxime habiendo experimentado recientemente la mayor crisis sociosanitaria de los últimos tiempos. Por el contrario, el Gobierno prefiere continuar dedicándose a la ideología, como lo demuestra el incremento presupuestario del 7,3 % del
Ministerio de Consumo, cuya aportación al bien de los españoles y concretamente, de los consumidores y usuarios, es -cuando menos- dudosa dada su escasísima actividad en esta Legislatura y las prácticamente nulas competencias al estar transferidas a
las Comunidades Autónomas. La escasa actividad del Ministerio en tales materias no justificaría en absoluto el incremento presupuestario señalado, pero es que el titular del Departamento se ha dedicado durante la legislatura a atacar sectores
estratégicos para España -el agrícola y el ganadero, especialmente-.
Por cuanto se refiere al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, es claro que continúa priorizando el mantenimiento de políticas dirigidas al apoyo de la inmigración. En cambio, desatiende la grave y urgente cuestión de las
pensiones. Esto es, la revalorización de las pensiones se hace a todas luces insuficiente, teniendo en cuenta los niveles de inflación actuales que, previsiblemente se mantendrán durante 2023. No hay que engañarse: esta subida de las pensiones no
es más que otro acto electoral del Gobierno, pues de haber querido incrementar la cantidad que reciben nuestros mayores ya lo habría hecho hace más de un año, cuando VOX lo reclamó como medida urgente.
Por otro lado, nada hace indicar que el Proyecto de Presupuestos posibilitará el necesario planteamiento del debate sobre la viabilidad del sistema público de pensiones, que es insostenible en el medio plazo. Sin embargo, este sistema es
utilizado como una herramienta electoral en manos de los partidos políticos, lo que debe negarse: las pensiones deben ser una herramienta al servicio de los españoles, que garantice la dignidad a quien ha trabajado toda su vida que, llegada su
jubilación, merece un descanso ganado con tantos años de trabajo; estas prestaciones han de ser, además, garantía de futuro para los españoles. De ahí que sea imperativo hacer un replanteamiento del sistema de pensiones para que nadie, ni ahora ni
en el futuro, quede atrás, y para que los españoles jóvenes y de mediana edad tengan certeza de que el Estado acudirá a acompañarlos como acudió al encuentro de sus padres y abuelos.
Por último, si hay un ejemplo en el que se plasma claramente la ideologización a la que nos hemos referido es la entera Sección 30, destinada al Ministerio de Igualdad, totalmente innecesario. Pues bien, el presupuesto de este Departamento,
un año más, vuelve a aumentar (un 9,14 %). No solo se trata de un dinero público que se destina a fines que generan enfrentamiento entre españoles, sino que, a mayor abundamiento, las cifras de la llamada 'violencia de género' que el propio
Gobierno publica demuestran que sus políticas están siendo inútiles, toda vez que esta violencia se ha elevado de 29.215 víctimas en 2020 a 30.141 en 2021, según el INE. A pesar de esta tendencia contrastada, ' el 46 % del presupuesto para 2023, un
total de 261 millones de euros, se invertirán [sic] en políticas para prevenir las violencias machistas, si a eso le sumamos 59 millones de euros del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, la cifra llega a un total de 320 millones de euros, es
decir un 56 % del total. Un aumento del 12,1 % respecto a 2022' 6.
Por lo tanto, en lo tocante al ámbito social del PLPGE 2023 la conclusión es clara: se debe renunciar a la imposición de la ideología para atender a las verdaderas necesidades de los españoles, a los cuales además se debe consultar en
aquellas cuestiones que se han adoptado a sus espaldas.
D) Gasto político e improductivo
Nos encontramos con el apartado de este Proyecto de Presupuestos que mejor sintetiza la renuncia de este Gobierno a custodiar con los máximos estándares éticos el dinero de todos los españoles y a gestionar e invertir este con la diligencia
y excelencia debida. En este sentido, no se ha llevado a cabo una verdadera reforma del sector público, ni se ha auditado el número y la gestión de una pléyade de entes instrumentales, de observatorios, organismos, comisionados, consorcios o fondos
carentes de personalidad jurídica, procediendo a la eliminación de muchos de ellos, ni a la implantación de una verdadera excelencia en la gestión de empresas públicas o participadas por el Estado.
6 6https://www.igualdad.gob.es/comunicacion/notasprensa/Paginas/presupuesto-igualdad-2023-aumenta-9-573-millones.aspx
Los fondos que aportan los españoles deben destinarse a satisfacer sus necesidades reales, a mejorar la educación, la sanidad y la dependencia, recabando para la Administración General del Estado las competencias en estas y otras materias.
No deben dilapidarse en oscuros 'chiringuitos', que escapan de la rendición de cuentas y violan todas las normas de transparencia.
i) El Gobierno de España en su conjunto
Así, en la cúspide de la Administración se encuentra el Gobierno con la estructura más desmesurada de la historia constitucional de España. Cuenta con 3 Vicepresidencias (4 al inicio de la Legislatura), 22 Ministerios, casi 30 Secretarías
de Estado y más de medio centenar de órganos superiores. Esta organización exige un volumen de gasto desmedido, inimaginable para un español medio.
Y no deja de crecer, por cuanto se siguen creando organismos sin contención, como los tres nuevos que contempla el Proyecto de Ley de Institucionalización de la Evaluación de Políticas Públicas o los ocho nuevos organismos (entre comités,
consejos y registros) de dudosa utilidad y gran sectarismo que incluye el Proyecto de Ley de protección, 'derechos' y bienestar de los animales, ambas actualmente en tramitación en el Congreso de los Diputados.
ii) El Ministerio de Igualdad
Capítulo aparte merece el gasto superfluo en el Ministerio de Igualdad, departamento citado en muchas ocasiones en esta enmienda y arquetipo de estructura absolutamente innecesaria, inútil y perjudicial para los españoles.
Este departamento costará a nuestros bolsillos un 9,7 % más que el ejercicio anterior, a causa de programas que experimentan subidas exponenciales:
- El primero de ellos es el de igualdad de trato y diversidad, que aumenta un 73,4 %, sobre todo a causa de la descomunal subida -en un 996 %- de las transferencias corrientes a instituciones sin fines de lucro 'para la formación y
sensibilización en materia de igualdad de trato y diversidad étnico racial, y sobre la diversidad afectivo-sexual, familiar y de género y de promoción de los derechos de las personas LGTBI'.
- Asimismo, el Instituto de las Mujeres incrementa un 28,7 % su gasto respecto del anterior ejercicio (transferencias y libramientos internos), cuantía a la que se suma lo que dicho organismo percibe con cargo al mecanismo de recuperación y
resiliencia.
- También crece en un 31,9 % el presupuesto de la Dirección y Servicios Generales de Igualdad, no solo por el aumento de los gastos de personal (en casi un 20 %), sino también porque se incrementan un 67 % los gastos corrientes en bienes y
servicios, entre los cuales se incluyen cuestiones como las atenciones protocolarias o los gastos asociados a la Presidencia española del Consejo en la Unión Europea.
iii) La Administración periférica
En la Administración periférica, el Proyecto mantiene el derroche de 6 millones de euros en personal eventual de las Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno en las provincias y Direcciones Insulares en las islas. En mitad de una crisis
económica, no se reduce ni un euro el gasto de asesores nombrados 'a dedo'.
iv) La red clientelar del Estado
Asimismo, los sucesivos Gobiernos, con particular ahínco aquellos de izquierda, han cultivado una red clientelar que extiende sus tentáculos hasta una gran parte del tejido político, sindical, empresarial, asociativo y de comunicación. En
lugar de tener como referencia la protección de sus afiliados y asociados y, en suma, los intereses generales, tales partidos, entidades y asociaciones sirven en muchas ocasiones como terminales del Ejecutivo de turno y sobreviven solo a base de lo
que le regalan los sucesivos Gobiernos.
Como los más notorios casos en los que el ejercicio de un derecho fundamental, imprescindible en democracia como la participación política o la libertad sindical, se ve supeditado por intereses políticos y espurios encontramos a los partidos
políticos y a los sindicatos y organizaciones empresariales.
Es lógico, por sus antecedentes y actuación, que este Gobierno haya aumentado las partidas presupuestarias destinadas al sostenimiento de estos, lo que prueba, una vez más, lo irreal de este Proyecto de Presupuestos y lo alejado que este
está de las necesidades de los españoles.
- Partidos políticos.
En cuanto a los partidos políticos, el incremento de las partidas para estos, dentro del presupuesto del Ministerio del Interior, en el programa 924M 'Elecciones y Partidos Políticos' es significativo. Así, dentro de Transferencias
Corrientes, nos encontramos con más de 108 millones de euros destinados a 'financiación a partidos políticos', el doble de lo contenido en el presupuesto de 2022, cuando ascendía a casi 59 millones de euros.
El hecho de que esta partida aumente el doble, a pesar de que se deba a que 2023 es año con diversas convocatorias electorales, no hace sino confirmar que todas las subvenciones a partidos políticos deben ser suprimidas.
- Sindicatos y organizaciones empresariales.
Respecto de los sindicatos y organizaciones empresariales, en 2021 ¿antes, por tanto, de la guerra en Ucrania¿ el Gobierno incrementó las subvenciones a los sindicatos un 56 % con relación al año anterior; en 2022, el incremento adicional
fue del 23 %. En 2023, de aprobarse estas nefastas cuentas públicas, los sindicatos recibirán una cifra que hemos estimado en casi 40 millones de euros. Ello, a pesar de que dentro del programa 281M 'Dirección y Servicios Generales de Trabajo y
Economía Social' se presupuesta, en transferencias corrientes para sindicatos y organizaciones empresariales, una cifra de más de 21 millones de euros.
A ello deben sumarse conceptos difícilmente cuantificables, como las cesiones de bienes inmobiliarios de patrimonio del Estado, las competencias cedidas a la negociación colectiva o los cursos de formación que gestionan los sindicatos, entre
otros muchos (para 2023, el Gobierno ha presupuestado la cantidad total de 14.259.120,00 de euros por este concepto, habiéndose triplicado, desde los 4 millones de euros, desde el momento en que el actual Gobierno tomó posesión).
En resumen, se trata de conceptos que hacen que la factura que implica para los españoles unos sindicatos de clase domesticados y que no defienden al trabajador ni a sus afiliados, sino que suelen ser un arma política al servicio de
Gobiernos de izquierdas, ascienda a una cantidad muy superior a estos 40 millones de euros.
Estas organizaciones, teóricamente llamadas a representar y canalizar los intereses y aspiraciones de los españoles, en muchas ocasiones no defienden los intereses que debieran, centrando sus reivindicaciones en proteger sus propios
intereses y sus privilegios. La abundancia de casos y ejemplos negativos han propiciado que muchos españoles vean el sostenimiento de sus estructuras con fondos públicos como un gasto prescindible, más si se tiene en cuenta la actual situación de
crisis, inflación y previsible estanflación. Todas las subvenciones y ayudas a sindicatos deben ser suprimidas.
Una de las reivindicaciones que más hacen los españoles es que tanto los partidos políticos como los sindicatos y las organizaciones empresariales se financien con las cuotas de sus propios afiliados. En caso contrario, se estarían
perpetuando los partidos que hubieran obtenido cargos electos en elecciones anteriores, o las organizaciones sindicales y patronales con 'mayor representatividad' en el momento actual al disponer de subvenciones y ayudas para su sostenimiento.
v) Propaganda del Gobierno
Esta voluntad colonizadora de numerosas facetas sociales se manifiesta por el Gobierno en otros hechos escandalosos: en marzo de 2020 ¿poco después de reconocer la gravedad de la COVID-19? el Consejo de Ministros aprobó el Real Decreto-ley
11/2020, de 31 de marzo, por el que concedió 15 millones de euros a fondo perdido a los medios de comunicación; el Ejecutivo incrementó también el gasto en publicidad institucional un 5,10 % en 2020, y en 2021 esta misma partida aumentó un 86,77 %,
el nivel más alto desde 2010, y la tendencia para este ejercicio sigue al alza, por cuanto la publicidad y la comunicación institucional de la Administración General del Estado crecerá otro 28,34 %.
A la espera de conocer el nuevo Plan de Publicidad Institucional, cuya publicación está prevista para el mes de enero de 2023, en el Proyecto ya se detecta un incremento muy superior de esta partida (nada menos que del 37 % en el subconcepto
226.02 'Publicidad y Propaganda'), que pasa de 42 a más de 57
millones de euros. Sin embargo, tampoco este elevado incremento agotará el que será el gasto total del Gobierno en publicidad y propaganda: para conocerlo, habría que tener en cuenta también 'las campañas de sensibilización y
concienciación ciudadana que sean susceptibles de producir efectos en varios ejercicios', cuyo desglose hoy es imposible conocer. No obstante las limitaciones a las que nos enfrentamos, los presupuestos reflejan ya al menos un incremento de casi el
50 % en pura propaganda del Gobierno, en regar a medios favorables y a empresas amigas.
vi) RTVE
También controlada por SEPI, merece atención la Corporación de Radio y Televisión Española (RTVE) que, en medio de un proceso de creciente control por el Gobierno y el PSOE (si cabe mayor que el que ha ejercido el bipartidismo durante la
democracia), registra unas audiencias paupérrimas y sufre un severo debilitamiento de su marca y de su ya maltrecha reputación. A pesar de ello, los PGE 2023 consignan un aumento en transferencias de 47 millones de euros respecto de 2022, hasta los
490 millones de euros.
El medio de comunicación con mayor plantilla de España requiere inyecciones constantes del Gobierno para poder sobrevivir y se hunde entre acusaciones de mala gestión, nepotismo, incompetencia y servilismo a los dictados del Gobierno al que
debe controlar; al mismo tiempo, el problema de su financiación, un agujero negro para los españoles, ni siquiera se plantea.
vii) Partidas netamente ideológicas y contrarias al bien común
La falta de respeto del Gobierno por los españoles y por sus más acuciantes necesidades se evidencia también en otras partidas que, si bien de no gran cuantía en relación con el total del presupuesto, parecen una broma pesada en vista de la
situación que atraviesa nuestro país:
- A organizaciones de defensa de una supuesta 'igualdad de género' o del lobby LGTBI se dirigen ingentes cantidades de dinero público, que algunos estiman en más de 200 millones de euros, no solo provenientes del Ministerio de Igualdad.
- La Dirección General de supuestos 'Derechos' de los Animales tiene asignados 7,5 millones de euros de presupuesto. De esta cantidad, la mitad de los recursos de todos van destinados a subvenciones; así, los 1,95 millones de euros para la
gestión de colonias felinas, o los 2 millones de euros para subvencionar entidades de protección y defensa de esos supuestos 'derechos' de los animales.
- En el presupuesto de Universidades destaca la 'concesión de becas de inmersión lingüística' por valor de 8,2 millones de euros.
- Se ha producido un aumento del 52 % en las transferencias al Fondo de Protección a la Cinematografía, hasta los 107,8 millones de euros.
- Se destina 1.316.080 euros a organismos de dudosa utilidad para el bien común, por su inclinación separatista: el Institut d'Estudis Catalans, la Academia de la Lengua Vasca (Euskaltzaindia), la Sociedad de Estudios Vascos-Eusko
Ikaskuntza, la Real Academia Galega, la Jakiunde (Academia regional vasca de las Ciencias, de las Artes y de las Letras) o la Academia de la Llingua Asturiana.
Pero es que, además, el Gobierno utiliza los Presupuestos Generales para regar con dinero de todos no solo a los sindicatos, a las patronales y a los partidos políticos, sino también para el fomento de otras entidades, españolas y
extranjeras, con las que los socialistas y comunistas comparten agenda política y propósitos disolventes de las estructuras sociales y culturales de Occidente.
Encontramos en el Proyecto de Presupuestos subvenciones a fondo perdido a organizaciones como Open Government Partnership (un lobby cuyo incremento en su asignación contrasta con el muy inferior que se efectúa a MUFACE) o como Foro de la
Contratación Socialmente Responsable (fundación presidida por el expresidente del Gobierno, Sr. Rodríguez Zapatero).
viii) Presidencia española del Consejo de la Unión Europea
Hemos de referirnos adicionalmente a una serie de partidas que son un gasto necesario para el realce y la dignidad de nuestro país en el contexto europeo e internacional, y que tienen su origen en la Presidencia Española del Consejo de la
Unión Europea, que España ostentará en el segundo semestre de 2023.
Los antecedentes y la conducta habitual del presidente del Gobierno, Sr. Sánchez Pérez-Castejón, invitan a pensar que esta función, ocasión para mostrar la grandeza de nuestra Nación y su fiabilidad como socio político y económico,
derivarán probablemente en excesos derivados tanto del narcisismo y afán propagandístico del Sr. Sánchez Pérez-Castejón como de la difícil posición internacional en la que nos coloca que comunistas y filoterroristas estén sentados en el Consejo de
Ministros. En resumidas cuentas, es muy previsible que el Sr. Sánchez Pérez-Castejón utilice la Presidencia rotatoria española para promover su propio perfil internacional, y no para defender desde esa posición el interés de los españoles y la
soberanía de las naciones.
En cualquiera de los casos, la suma de todas las partidas destinadas por el Proyecto a esta Presidencia española asciende a más de 158 millones de euros. Indiscutiblemente, esta alta función lleva aparejado un coste para el Estado miembro
inherente a la actividad que se ha de ejercer, pero no por ello deben estar ausentes los principios de prudencia, diligencia y responsabilidad ni dejar de evaluarse cada euro invertido. Y, por supuesto, no debe usarse el dinero de los españoles
para asegurar que el presidente del Gobierno organizador del semestre esté en mejor posición para alcanzar un cargo de relevancia internacional en el futuro, que es lo que teme este Grupo Parlamentario.
ix) Aportaciones a organismos internacionales de difícil justificación
Asimismo, observamos la existencia de gastos de difícil justificación e impacto positivo para el bien común conceptuados como aportaciones o contribuciones a organizaciones internacionales.
También aquí, el Proyecto muestra que este Gobierno no racionaliza lo máximo posible los gastos superfluos o innecesarios. Así, contempla partidas millonarias con fines puramente ideológicos, en consonancia con su defensa a ultranza de la
Agenda 2030, mientras los españoles se empobrecen cada día, con partidas que son voluntarias, y no fruto de exigencias o compromisos pactados por España. En este sentido, hemos de remarcar partidas como las siguientes, existiendo otras decenas de
ejemplos:
- 'Contribución voluntaria al Fondo Conjunto de las Naciones Unidas para los ODS' por importe de 2.000.000 de euros.
- 'Contribución voluntaria al Fondo Medioambiental del Programa de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente (PNUMA)' por importe de 1.300.000 euros.
- 'Contribución voluntaria al Fondo de Adaptación de CMNUCC. Financiado según el artículo 30.4 de la Ley 7/2021' por importe de 5.000.000.
- 'Contribuciones voluntarias en el ámbito político' por importe de 38.745.760 euros.
- 'Contribuciones Estratégicas a Organizaciones Multilaterales de Desarrollo' por importe de 50.735.000 euros.
x) Un expolio fiscal que no se destina a subvertir los problemas de los españoles
Resulta evidente que, si no se dilapidase tanto dinero público, no sería necesario mantener el nivel de expolio fiscal que este Gobierno ha llevado a cifras históricas.
En definitiva, todos los intereses creados y que impregnan gran parte de la política en España impiden una seria revisión de la financiación a estas organizaciones, pero que, sin duda, sería bien acogida por los españoles, quienes deberían
poder expresar si, mientras ellos hacen esfuerzos extremos durante esta crisis para poder costearse las necesidades más básicas, los partidos políticos, sindicatos y patronales deben seguir recibiendo unos fondos públicos que bien se podrían
destinar a solucionar los problemas reales de la gente.
En definitiva, todos los intereses creados, que contaminan una gran parte de la actividad política en España, impiden una seria revisión de las cantidades que, con el dinero de los españoles, se destinan a estos propósitos. Sin embargo, es
claro que todos deberíamos poder expresar si, mientras hacemos esfuerzos extremos durante esta crisis para poder costearnos las necesidades más básicas, los partidos políticos, los sindicatos y patronales, la pléyade de organismos, comisionados,
consorcios o entidades de dudosa utilidad y finalidad, deben seguir recibiendo unos fondos públicos que habrían de destinarse a solucionar los problemas reales de la población.
E) Justicia
El área de Justicia es otra en la que los Presupuestos no están a la altura de lo que España exige en el momento actual. La Justicia es un servicio público esencial y una de las atribuciones fundamentales del poder público en todo sistema
político. Es un elemento central de la legitimidad originaria del poder, al tener el monopolio de la resolución de los conflictos entre los particulares, y asimismo tiene una importancia vertebral en el funcionamiento constitucional de las
instituciones públicas, siendo la instancia para el control de que todas ellas se ajustan a la ley.
En términos generales, en el Proyecto los fondos destinados a Justicia experimentan un aumento de 65 millones de euros, que representa un incremento porcentual del 2,7 % con respecto a los presupuestos del ejercicio en curso. Sin embargo,
las cifras indican que muchos de los aspectos más básicos del servicio público de Justicia en España adolecen de un funcionamiento muy deficiente.
Entre los datos más indignantes que justifican la anterior afirmación pueden indicarse los siguientes. Por cada cien mil habitantes, nuestro país tiene 11,5 jueces, en contraste con los 17,7 de la media europea; y 5,2 fiscales frente a los
11,25 de la misma media europea. También es vergonzoso el cálculo según el cual España ocupa el lugar 25, de los 27 países de la Unión Europea, en la tardanza en la resolución de asuntos judiciales, de modo que transcurren de media 200 días para
resolver un asunto en primera instancia. Lo inadmisible de estas cifras se pone en evidencia al yuxtaponerlas con el dato del gasto de Justicia en España por habitante, que es de 78,8 euros, cuando la media europea es de 40,7.
Por tanto, el gasto en España es casi el doble que en el resto de la Unión Europea cuando, por regla general, la dotación de los recursos humanos para esta función fundamental está muy por debajo de la media del conjunto de los socios
europeos. En definitiva, hay una clara insuficiencia de los recursos del sistema judicial, tal como han denunciado jueces, fiscales, abogados, personal de la Administración de Justicia, entre otros, insuficiencia que debe atribuirse a una
ineficiencia ya estructural en la gestión de dichos recursos. Hace falta más plazas para jueces, fiscales, letrados y otros profesionales de la Justicia, una mejor formación técnica y unas condiciones laborales más favorables para todos ellos, y
reformas en los procesos para dotarlos de mayor agilidad.
Sin embargo, la nefasta situación descrita no encuentra ninguna solución en el Proyecto de Presupuestos. Lejos de ello, se reincide en la ineficacia y el despilfarro de ejercicios anteriores y, con la inspiración del Programa 'Justicia
2030', se incorpora ideología y propaganda en conceptos como la 'justicia igualitaria, sostenible, confiable, eficiente...' o, según la serie roja, 'la igualdad de género y el enjuiciamiento con perspectiva de género' y otras semejantes aberraciones
conceptuales que, entre otras cosas, son incompatibles con el ordenamiento constitucional. Es decir, el Gobierno utiliza una vez más la legislación, que debería estar encaminada a la consecución del bien común, para la imposición sectaria de su
agenda antisocial.
En la misma línea, y dentro de la Sección 8 del Consejo General del Poder Judicial, disminuye el programa dedicado a la selección y formación de jueces, lo cual resulta especialmente reprobable, dado que debe ser primordial que los jueces y
magistrados investidos de la función jurisdiccional cuenten con la debida preparación técnica. Un desatino similar es el mantenimiento de los 426,1 millones de euros para las asociaciones judiciales, cuyas subvenciones deben considerarse
improcedentes al constatarse que hay necesidades más urgentes en el propio sector de la Justicia.
En resumen, en materia de Justicia, el Proyecto abunda en los endémicos males que afligen a nuestro sistema judicial que, en lo que de ellos dependa, continuará afectado por la ineficacia en la asignación de recursos, por los retrasos
interminables en las tramitaciones de los asuntos, y por la insoportable politización de los altos órganos judiciales. Los españoles merecen una Justicia impartida por jueces y tribunales independientes, imparciales, honestos y preparados, a la que
puedan acudir con la confianza de obtener una tutela eficaz de sus derechos e intereses en un tiempo razonable. Estos presupuestos no les acercan a ello.
F) Medio rural y sector primario
La subsistencia del campo español y de su modo de vida están amenazados por las políticas de este Gobierno. El desprecio hacia el sector primario, la falta de infraestructuras de transporte y el abandono de la política nacional del agua,
son solo algunos de los ejemplos de la desidia que el Ejecutivo muestra para con la España rural a la que está convirtiendo en la España vaciada.
A la vista de este proyecto presupuestario, el Gobierno no concede al sector primario el valor que tiene como elemento estratégico esencial para España. El Ejecutivo no apoya el crecimiento de un sector primario que atraviesa una grave
situación, debido al aumento de los costes de producción, al elevado número de trabas burocráticas, a la falta de relevo generacional y a la criminalización del modo de vida rural por parte de las agendas globalistas. Ante esta situación, el
Proyecto de Presupuestos se limita a aumentar exclusivamente un 0,52 % el presupuesto del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA).
El fortalecimiento del medio rural implica el refuerzo de las infraestructuras de transporte en España que garantizan la conexión de los núcleos rurales con los servicios públicos básicos, tales como los centros sanitarios o educativos. Sin
embargo, el Gobierno se limita a delegar la gestión de las carreteras introduciendo en el PLPGE 2023 importantes transferencias presupuestarias para las administraciones regionales.
El Proyecto de Presupuestos tampoco recoge medidas para paliar otro de los grandes perjuicios que está sufriendo la España rural y el sector agrario: la sequía. Así, el Proyecto renuncia a diseñar y aplicar un Plan Nacional del Agua que
garantice el abastecimiento de todas las regiones de nuestro país mediante la interconexión de todas las cuencas.
Además, el proyecto de ley tampoco fomenta la competitividad del campo español, ya que no incluye partidas destinadas al incremento del control de la entrada de productos que no cumplen con las normas fitosanitarias a las que sometemos a
nuestros productores.
Todos estos problemas coadyuvan a la despoblación de la España rural. En este sentido, tanto el Programa 413A denominado ¿Competitividad de la industria agroalimentaria y calidad alimentaria¿ como el Programa 414B ¿Desarrollo del medio
rural? 7 incluyen entre sus objetivos el relevo generacional de las explotaciones agrarias, pero, paradójicamente, no se encuentra en ellos ninguna aplicación presupuestaria destinada a dicho fin.
Amén de lo anterior, el Gobierno no solo desatiende las necesidades de la España rural y del sector primario nacional, sino que centra su gasto en el extranjero. Así, por medio de la Ayuda Oficial al Desarrollo, fomenta la agricultura en
otros países, muchos de ellos competidores directos de nuestro propio sector primario.
En consecuencia, la propuesta de presupuestos no contempla las necesidades de la España rural y del sector primario. Con esta iniciativa no se garantiza la supervivencia del campo español y de su modo de vida, imprescindibles para nuestro
futuro y orgullo de toda la Nación.
G) Industria y sector secundario
En las últimas décadas, España ha sufrido una gran desindustrialización. El Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2023 se ha redactado siguiendo la misma línea política que ha contribuido a la desindustrialización
de España en las últimas décadas.
A pesar de los planes de crecimiento de la industria que exigen que el sector industrial represente el 20 % del PIB, en la actualidad este no solo supone una cifra muy inferior a la pretendida 8, sino que su importancia en la economía
española disminuye cada año. Ante este escenario, es preciso elaborar un plan nacional de apoyo a la industria, así como atraer la inversión mediante la promoción de nuestro sector industrial en los foros adecuados.
Sin embargo, el PLPGE 2023 desdeña el objetivo de la reindustrialización de España, incluyendo un programa titulado 'Reconversión y reindustrialización' 9 ('Programa 422M'), al que destina 652.744,86 miles de euros, cuyo único objetivo es
que nuestras empresas industriales cumplan con los postulados de las agendas globalistas que impactan gravemente sobre la prosperidad de los españoles.
El Programa 422M parte de una creciente globalización de la economía y acepta sus consecuencias directas, esto es, la deslocalización de centros productivos o segmentos de la cadena de producción de los mercados nacionales. Apuesta, a su
vez, por incrementar el peso de nuestra industria desde una perspectiva más sostenible, viable y digitalizada dentro de un proyecto económico descarbonizado y circular. Así pues, afirma que lo que se pretende bajo este programa es realizar un
ajuste natural del sector industrial que permita un aumento de su peso relativo en la economía, en consonancia con lo establecido en las Directrices de política industrial 2030 recogidas en la Agenda del Cambio y alineadas con las reformas
contempladas en la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas y con el Marco Estratégico de Energía y Clima.
7 7Ambos contenidos en el PLPGE 2023.
8 8Según el Instituto Nacional de Estadística (INE), en el año 2020, la industria representaba el 14,68 % del PIB de España.
9 9https://www.sepg.pap.hacienda.gob.es/Presup/PGE2021Ley/MaestroTomos/PGE-ROM/doc/L_21_E_G10.PDF.
España necesita políticas eficaces que impulsen su reindustrialización con medidas de apoyo a la inversión tecnológica e industrial, entre las que se encuentran medidas de amplio alcance como la reducción de la carga fiscal, pero no solo
esta: la política industrial y de innovación deben definirse para un largo período de tiempo, articularse con la política económica y, sobre todo, con la política educativa, para crear un sistema favorable a la inversión, a la actividad empresarial
y a la atracción, retención y mantenimiento de talento en el sector productivo español. Debe protegerse a las empresas que tengan su sede y que tributen efectivamente en España. Es necesario también desarrollar un sistema de incentivos que fomente
el retorno de los españoles que muestran su valía profesional en el extranjero y que permitan tanto el retorno de industrias deslocalizadas como la desconcentración geográfica de las empresas del sector industrial, así como la promoción de la
actividad exportadora de las empresas españolas tanto a la Unión Europea como a terceros países con alto potencial.
Por último, España debe exigir, en todos los foros adecuados, la reindustrialización del país, con el fin de evitar que, como pretenden las agendas globalistas, nuestro país se limite a ser un parque temático o un proveedor de mano de obra
barata a las economías actualmente en creciente desarrollo.
H) Seguridad, defensa y política exterior
España necesita políticas de seguridad nacional, de defensa y de exteriores capaces de proteger nuestras fronteras y a nuestros conciudadanos, de realzar la imagen y proyección de España en el exterior y de devolver a España su posición de
importancia en el contexto mundial.
Como ha ocurrido en ejercicios anteriores, se promete un 2,1 % de incremento para el Ministerio de Defensa que, amén de revelarse muy escaso (se trata de un porcentaje sobre el presupuesto, no sobre el PIB), luego no se cumple. Si, como
ocurriera en otras ocasiones, el presupuesto que se estimaba para este Ministerio era insuficiente para garantizar las capacidades militares de España, en la actualidad y en relación con el contexto internacional, las partidas presupuestadas generan
gran inquietud.
Es cierto que para el 2023 el Gobierno ha previsto un presupuesto para Política de Defensa de 12.317 millones de euros, un 25,8 % por encima del correspondiente al presente ejercicio con fondos europeos. A pesar de ello, esta cifra se
encuentra muy lejos de alcanzar el mínimo exigido del 2 % del PIB.
El incremento destinado en el programa 122B para los veintiún Programas Especiales y para los quince nuevos del 72,1 % para el 2023, ya representa el 38 % del total de lo presupuestado para este Ministerio; por su parte, lo presupuestado
para atender al resto de necesidades únicamente se incrementa un 8,5 %. Sin embargo, nada garantiza que se llegue a cumplir con la ejecución de los programas, ya que en ejercicios pasados hemos asistido a numerosas reprogramaciones.
Los continuos retrasos y reprogramaciones no afectan únicamente a nuestra Defensa y Seguridad, sino que son especialmente dañinos para nuestra industria de defensa, que se ve impedida de organizar su sector a medio plazo y sus inversiones en
I+D+i.
Este Proyecto y los programas que lo desarrollan presentan una vez más falta de previsión, cuando no improvisación. Y no hay gasto más inefectivo que la inversión en sistemas que, a falta de dotaciones de personal y sostenimiento, no rindan
resultados en términos de eficacia de la Fuerza, razón de ser y existir de los Ejércitos y de la Armada. Con ese modesto 8,5 % de incremento pretende el Gobierno satisfacer tales atenciones. Una vez más se plasma sobre el papel la falta de
atención al personal militar y la eficacia de nuestras Fuerzas Armadas, las dos víctimas principales de los llamados 'grandes programas'. Todo ello, mientras nuestros militares obedecen y sufren, y sus familiares callan con estoica resignación.
Por todo ello, los incrementos en Defensa que tanto han molestado a la izquierda radical que conforma una de las alas del Gobierno han de considerarse a todas luces insuficientes: no aseguran las capacidades militares de España en una
situación volátil, y en la que nuestros aliados entrenan para guerra abierta y no atienden en justicia a las necesidades de los miembros de nuestras Fuerzas Armadas. En consecuencia, las cuentas proyectadas no podrán garantizar, sin sombra de
dudas, la defensa de nuestra Nación y de su integridad.
Y esta desidia en defender la seguridad de España y de los españoles puede apreciarse, asimismo, en los presupuestos previstos para nuestras Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Y es que, en lo que a recursos humanos se refiere, el
Proyecto de Presupuestos pospone la equiparación de las retribuciones del personal militar con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. La subida salarial a funcionarios no cerrará esta brecha injusta.
Por un lado, es apreciable que, a pesar de incrementarse la partida de 'gastos de personal' un 82 %, únicamente se traducirá en un incremento salarial del 3,5 %, insuficiente, por tanto, para cumplir la historia reivindicación de la
equiparación salarial con policías autonómicas.
Por otro lado, en materia de seguridad ciudadana, las inversiones reales para equipamiento policial, equipos de seguridad o el Plan Especial del Campo de Gibraltar se mantienen inalteradas respecto del ejercicio de 2022.
En cuanto a la política exterior, es significativo que mientras el Gobierno desatiende las necesidades más básicas de los españoles, presupuesta grandes cantidades en políticas de cooperación internacional.
Así, vemos cómo la Ayuda Oficial al Desarrollo cuenta con unos presupuestos que ascienden a 4.419,15 millones de euros. Se trata de un incremento de 2.605,80 millones de euros, un 143,7 %, respecto del año 2015, año en el que la cuantía de
la Ayuda Oficial al Desarrollo fue la menor registrada.
Es inconcebible que, mientras que muchos españoles tienen que renunciar a algunos de los productos más básicos para la vida, el Gobierno destine estas obscenas cantidades a ayudas fuera de España, que además en muchos casos no están sujetas
al necesario control y, por eso, no generan un impacto positivo en las personas y zonas a las que se dirigen.
Por último, a pesar de incrementarse el gasto en Defensa, el Gobierno ni especifica ni garantiza en partida alguna la defensa de la integridad territorial de España, ni de sus fronteras, especialmente las terrestres con Marruecos (Ceuta y
Melilla) con dotaciones presupuestarias.
4. El déficit, la regla presupuestaria seguida por todos los gobiernos
Se ha dicho en numerosas ocasiones en este documento que el Proyecto de Presupuestos no reduce la exorbitada cantidad de gasto superfluo que lastra las capacidades del Estado y que impacta negativamente en la vida diaria de los españoles:
los PGE 2023, de aprobarse, en nada acometerán un sano análisis y eliminación de aquel gasto público que no tenga un efecto multiplicador en el sistema productivo de nuestra Nación y que no se traduzca en una mejor calidad de los servicios públicos
a nuestros compatriotas.
Antes al contrario, este Proyecto de Presupuestos se dedica a mantener incólume (e, incluso, a engordar) esta pesada estructura, sumamente ineficaz.
De esta manera, se desperdicia, por enésima vez en nuestra democracia, la oportunidad de aprovechar un contexto recaudatorio favorable, principalmente debido a la inflación, estimando la AIReF que el 50 % del aumento de la recaudación se
debe a la inflación en el año 2022 y el próximo año será del 75 %. El Gobierno no busca ahorrar, impulsando una política económica contracíclica que nos permita gastar más cuando lo exijan las necesidades de los españoles y los recursos del Estado
se reduzcan, sino que gasta sin medida y sin respeto a criterios de sostenibilidad, de prudencia y de respeto por los recursos de nuestros conciudadanos.
En definitiva, el Gobierno de España nunca había gastado tanto, ni tan mal: los ingresos tributarios extraordinarios se encuentran en máximos históricos, pero el desaforado aumento del gasto no ha sido acompañado por una mejora en su
eficiencia, reduciendo organismos, comisionado, observatorios o consorcios innecesarios, o en la mayor calidad de vida de los españoles, ni por una reducción drástica del gasto político y del tamaño mastodóntico de la Administración General del
Estado, ni por una eliminación de organismos superfluos (que algunas fuentes cuantifican en 5.128 entes).
De esta manera, el Gobierno persigue a los que menos tienen, que son los más perjudicados por la inflación y que no ven dónde se gasta su dinero, ese que los distintos poderes públicos se afanan en sustraerles sin corresponder a ese esfuerzo
con responsabilidad, moderación y contención, sino con excesos destinados a mantener el único Estado del bienestar existente en España: el de los políticos.
España ha convertido el déficit en la norma que rige sus presupuestos desde hace muchos años. Los sucesivos Gobiernos han ido ahondando en el déficit público nacional, provocando que España se encuentre hoy en niveles máximos históricos de
endeudamiento. Así, el déficit público estructural se ha incrementado sistemáticamente en el último quinquenio, desde el -2,5 % previsto en 2018 al -3,7 % que estima el Proyecto de Presupuestos.
No podemos engañarnos: el déficit mantenido en el tiempo perjudica gravemente a los españoles e hipoteca el futuro de nuestros jóvenes: este incremento progresivo del déficit público obliga a incrementar en cada vez mayor proporción el
endeudamiento de España, lo que deja a los presupuestos cada vez más atados de pies y manos al deber destinar una gran cantidad al pago no ya del principal, sino de los intereses de los préstamos y otras figuras concedidos a España. En
consecuencia, España tiene cada vez
menos libertad para decidir en qué gastar el importe que recauda o, incluso, para decidir recaudar menos. Las partidas esenciales de pensiones, sanidad o educación -si bien mediante transferencias a las regiones debido al nocivo sistema
autonómico-, sumadas al abono de intereses de la deuda pública, absorben aproximadamente el 67 % del gasto público.
En definitiva, España pierde cada año más libertad presupuestaria por el derroche desmedido, que incrementa a su vez el déficit y, por lo tanto, la deuda pública de la Nación. De esta manera, cada año trae consigo, de forma sistemática, un
incremento del gasto que no se acompaña por un efecto multiplicador del crecimiento de la economía real.
Por eso, cada Gobierno anuncia todos los años con alegría que ese año disfrutamos de los presupuestos más expansivos de la historia. Pero, precisamente, el problema reside en que para todos los Gobiernos, de cualquier signo, los
presupuestos del año anterior son la referencia y el punto de partida: cada año la política presupuestaria nace sesgada y no hace más que practicar pequeños ajustes respecto del gasto anterior -con carácter general al alza-. Como se ha apuntado
ya, existen partidas que se mantienen invariables desde la década de los 80.
España necesita un Gobierno que repiense totalmente y sin prejuicios los gastos del Estado. Debemos analizar con detalle cada uno de ellos y decidir si todos los miles de organismos dependientes del Estado son realmente necesarios. Los
ejemplos son infinitos, repitiéndose sistemáticamente en las cuentas públicas los casos de pequeños y no tan pequeños derroches y malgastos que, unidos, forman legión. Esto es, los fondos que aportan los españoles deben destinarse a satisfacer sus
necesidades reales, a mejorar la educación, la sanidad y la dependencia, recabando para la Administración General del Estado las competencias en estas y otras materias. No deben dilapidarse en oscuros 'chiringuitos', que escapan de la rendición de
cuentas y violan todas las normas de transparencia.
VOX propone, con todo, que el Gobierno redacte los presupuestos generales del Estado ex novo. El Ejecutivo debe emplear un método para elaborar sus presupuestos que responda a las siguientes características:
- Permita identificar, evaluar y justificar cada una de las actividades presupuestadas, teniendo en cuenta los niveles mínimos de coste, medios y esfuerzo de cada unidad necesarios para ejecutar cada una.
- Localice gastos de programas obsoletos incorporados en presupuestos anteriores por pura repetición y, consecuentemente, proceder a su eliminación, así como de partidas menos productivas, que se pongan de manifiesto mediante análisis y
priorización de actividades. Así, este cálculo presupuestario, lograría erradicar la técnica de incrementar los gastos de manera sistemática asociado a la técnica empleada actualmente para elaborar los Presupuestos Generales del Estado. Tendría
que justificarse la necesidad y relevancia de cada partida.
- Ofrezca más información para la toma de decisiones. Un aspecto negativo corriente en las Administraciones Públicas es la duplicidad de esfuerzos. En ocasiones, dos órganos diferentes realizan tareas similares, lo que conlleva a un
derroche de tiempo y recursos. Para elaborar de manera eficiente el presupuesto debe estudiarse detalladamente cada una de las actividades previstas de abajo arriba y analizarse la información adecuada para evitar esas duplicidades.
- Proporcione una mayor eficiencia de los recursos utilizados por el sector público. Al elaborar los presupuestos no debe analizarse únicamente el cuánto se debe gastar, sino por qué se debe gastar y cuál es la mejor alternativa.
- Permita unir el proceso de planificación con el presupuesto anual. En la elaboración de dicho presupuesto, el primer paso será establecer los objetivos, a partir de ellos se estructura todo el presupuesto. De esta forma, serán los
objetivos los que den pie al nivel de gasto y no al revés. El presupuesto vuelve a convertirse así, en el medio para alcanzar los objetivos.
- Posibilite una mayor participación en el proceso presupuestario y un mejor conocimiento en cuanto al destino de los recursos por parte de las unidades de gestión inferiores.
5. Los presupuestos que España no necesita
En definitiva, los presupuestos que el Gobierno nos presenta en este proyecto no son los que España necesita.
Muy al contrario, son cuentas al servicio de la propaganda del Ejecutivo, de las cesiones a los enemigos de España, de la gestión del desempleo, del desprecio a los españoles honrados que
contribuyen con su trabajo, con su consumo y con su patrimonio al sostenimiento de una estructura que es, de forma creciente, desmedida, abusiva e ineficiente.
Como se ha señalado, al igual que en años anteriores, el Gobierno ha enviado a los representantes de la soberanía de los españoles unas cuentas públicas que se han negociado al margen del Parlamento, que sirven otra vez como pago en su
intercambio de favores con grupos contrarios a la unidad de España, y que se fundan en unos análisis económicos difícilmente sostenibles y poco acordes con los principios que debe seguir la gestión pública.
Este Proyecto de Presupuestos no está centrado, ciertamente, en posibilitar un programa profundo de reformas estructurales que aseguren la sostenibilidad financiera de la Nación en el medio y en el largo plazo. Por eso, no garantiza la
recuperación definitiva de la economía española y el bienestar de nuestros conciudadanos.
No en vano, nuestro país observa desde comienzos del milenio signos claros de agotamiento económico, con una competitividad estancada, sin que Ejecutivo de partido alguno consiga, ni parece que pretenda, revertir esta tendencia destructiva.
En tal escenario, el Proyecto de Presupuestos no está focalizado en las necesidades de los españoles y, lo que quizá es peor, ni siquiera prevé un manejo de los recursos que estos ceden al Estado que sea respetuoso con su esfuerzo, ajustado
a una ética pública exigente, ni verdaderamente conforme a la dignidad de nuestra Nación y del conjunto de nuestros compatriotas. El Proyecto desprecia de nuevo que todo céntimo que aporte el sudor y el trabajo de los españoles tiene que ser
custodiado con los máximos criterios éticos y de diligencia, así como presupuestado y ejecutado con la dignidad y excelencia que merecen.
Recapitulando, estos presupuestos, de aprobarse, solo empeorarán las condiciones de vida de la mayoría de los españoles, por motivos que, por desgracia, son recurrentes:
- Se fundamentan en un cuadro económico irreal e ilusorio, lo que ha sido denunciado por autoridades independientes como la AIReF y el Banco de España.
- Evitan identificar partidas de gasto superfluo cuya supresión amortiguaría el impacto de uno de los presupuestos con mayor déficit de la historia: 54 mil millones de euros.
- Provocan que España alcance el nivel histórico más alto de deuda: un billón quinientos cincuenta y ocho mil millones de euros (1.558.000.000 euros), lo que equivale al 112,4 % del PIB nacional.
- Ante la terrible destrucción del tejido productivo que ha sufrido España en los últimos años, no priorizan la creación de empleo ni adoptan medidas para rebajar el paro y la temporalidad.
- Prevén la mayor recaudación de la historia en el más volátil, incierto e inestable momento económico posible.
- No tienen la menor intención de rebajar la presión fiscal ni, por supuesto, el esfuerzo fiscal.
- Dedican ingentes recursos públicos a promover la agenda internacional del presidente del Gobierno y a fomentar en todos los ámbitos imaginables la implantación de la Agenda 2030 y sus Objetivos de Desarrollo Sostenible.
- No priorizan el bienestar de los españoles, sino el mantenimiento de un sector público desfasado a las necesidades reales de la población, crecientemente forzado a la ideologización, sumamente ineficaz y que falla en conseguir propósitos
de distribución equitativa y de cohesión entre los españoles de distintas regiones.
- Obvian la obligación de elaborar un plan de consolidación fiscal a medio plazo que avale la credibilidad de las cuentas públicas de España y que promueva la fiabilidad de nuestro país ante nuestros propios conciudadanos y ante inversores
nacionales e internacionales.
- No garantizan la viabilidad del sistema de pensiones, ni contribuyen a generar el necesario debate sobre la cuestión.
En definitiva, se trata de unos presupuestos muy expansivos en el gasto, pero más aún en la propaganda, en la ruina, en el derroche, en la irresponsabilidad y en el empobrecimiento de los españoles.
En VOX estamos convencidos de que estos serán los últimos presupuestos que redacte este Gobierno.
6. La hora de que España decida
La supervivencia de nuestro país requiere que, juntos, emprendamos un camino de replanteamiento de los consensos impuestos a los españoles por el bipartidismo, de reformas estructurales que no vengan impuestas por poderes externos, sino que
sean fruto de la búsqueda exclusiva del interés de los españoles y del bien común.
Es imprescindible que las políticas del Gobierno sean consecuentes con la realidad y respondan a las necesidades de España. Para ello, VOX propone que las cuestiones de mayor trascendencia, muchas de las cuales tienen una ineludible
concreción presupuestaria, cuenten con políticas respaldadas por todos los españoles, a los que se debe consultar como un ejercicio de sana democracia.
Entre estas cuestiones cabría preguntar a los españoles sobre qué políticas de inmigración quieren para España, sobre si deben mantenerse las subvenciones a partidos políticos, sindicatos y patronales, sobre si hay que interconectar las
cuencas para que todos los españoles podamos acceder al agua, sobre si se deben aprovechar todos los recursos de que dispone nuestra Patria para lograr una soberanía energética, sobre garantizar la igualdad real entre españoles con independencia de
dónde residan o del sexo que tengan, sobre garantizar la educación en español en todos los rincones de España y sobre cualesquiera otras cuestiones políticas públicas más trascendentales y que verdaderamente importen a los españoles.
Unas consultas que, sin afectar en absoluto a cuestiones intangibles como la unidad y la soberanía de España o los derechos y libertades de los españoles, deben suponer un gran paso adelante en la madurez de nuestra comunidad política y en
la construcción de nuestro futuro como Nación.
La presente enmienda a la totalidad comenzaba, y se cierra, con un dato: 13 millones de españoles se encuentran en situación de riesgo de pobreza, el 30 % de nuestros compatriotas sufren una carencia material y social severa. Esta cifra ha
aumentado en 1,5 puntos porcentuales desde el año 2019, fecha de inicio de la XIV Legislatura, en la que nos encontramos.
Frente a ello, el Gobierno habla de escudo social, de no dejar a nadie atrás, de cultura del cuidado y de proteger a los más débiles. Pero este es el resultado de su gestión, evidenciado en un dato: el empobrecimiento de los españoles, el
aumento de la pobreza, el recorte del futuro de los jóvenes y la aniquilación de las esperanzas de los mayores.
España sobrevivirá a unos nuevos presupuestos de la propaganda, de los ataques al sector primario, del desdén a la industria, de la ingeniería social, de la mala gestión de lo público, del gasto obsceno en órganos oscuros e inoperantes
¿nidos de corrupción y nepotismo¿, de la incitación a los enfrentamientos entre hombres y mujeres y entre españoles de unas regiones y de otras; de la inmigración ilegal. En definitiva, unos nuevos presupuestos de la ruina, del derroche, de la
irresponsabilidad y del mayor empobrecimiento de los españoles.
España prevalecerá, porque los españoles, con esfuerzo, unión, ilusión, ganas, con alegría y con tesón, levantaremos todo lo que hayan derribado y lo que destruyan en el futuro, y construiremos un futuro de libertad, igualdad, prosperidad,
justicia y respeto por nuestra Historia, nuestras tradiciones y nuestro modo de vida.
Los 52 diputados de VOX rechazan convertirse en cómplices del Gobierno al aprobar unos presupuestos que agravarán las dificultades de los españoles, que no les beneficiarán en absoluto y que, además, lastrarán el futuro de las generaciones
venideras.
En consecuencia, formulan la presente enmienda a la totalidad al Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2023, por la que se postula su devolución al Gobierno, de quien procede la iniciativa.
ENMIENDA NÚM. 7
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
A la Mesa de la Comisión de Presupuestos
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 110 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente enmienda al Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2023.
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de octubre de 2022.-Concepción Gamarra Ruiz-Clavijo, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Enmienda a la totalidad de devolución
JUSTIFICACIÓN
I
Los Presupuestos Generales del Estado de 2023, al igual que sucedió en los dos años anteriores, se han elaborado en un marco en el que se mantienen suspendidas las reglas fiscales por apreciarse la persistencia de circunstancias
excepcionales que autorizan la superación de los límites de déficit estructural y deuda pública conforme a lo previsto en los artículos 135.4 de la Constitución Española y 11.3 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 a abril, de Estabilidad Presupuestaria
y Sostenibilidad Financiera (LOEPSF), tal y como ratificó el Congreso de los Diputados en septiembre.
Que las reglas fiscales estén suspendidas no significa que estén suspendidos ni los principios fiscales y presupuestarios, ni los procedimientos que deben regir la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) algo que, a tenor
de los hechos, parece ignorar el Gobierno.
En primer lugar, el Gobierno se ha negado sistemáticamente a cumplir el último punto del artículo 11.3 de la LOEPSF que establece que, en los casos en los que se suspenden las reglas fiscales por la existencia de circunstancias excepcionales
ratificada por el Congreso de los Diputados, 'deberá aprobarse un plan de reequilibrio que permita la corrección del déficit estructural teniendo en cuenta la circunstancia excepcional que originó el incumplimiento.'
A pesar de los continuos requerimientos de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) y de las recomendaciones similares por parte del Gobernador del Banco de España (BdE), el Gobierno se ha negado sistemáticamente a
cumplir esta exigencia establecida en la LOEPSF. Ni lo hizo los años en los que las reglas fiscales fueron suspendidas por la pandemia, ni lo ha hecho ahora que las reglas fiscales están suspendidas por la invasión de Ucrania.
En segundo lugar, el Gobierno incumple sistemáticamente el 'Principio de Transparencia', tal y como le recuerda AIReF en las tres recomendaciones que acompañan al aval de las previsiones macroeconómicas de los presupuestos o como ha puesto
de relieve la Comisión Europea respecto a los fondos europeos.
En concreto, AIReF reitera 'a los Ministerios de Asuntos Económicos y Transformación Digital y de Hacienda y Función Pública la necesidad de disponer de información adecuada sobre las medidas de carácter presupuestario y fiscal incorporadas
en el escenario macroeconómico', con el fin de mejorar la transparencia, la eficiencia y el rigor del proceso de aval.
En tercer lugar, el Gobierno incumple el 'Principio de eficiencia en la asignación y utilización de los recursos públicos'. El gasto del Estado es 101.000 millones de euros más alto que en 2018, con partidas que se han más que duplicado
-como el gasto corriente en bienes y servicios-, y con una estructura política muy costosa. Como ejemplo, el gasto en alta dirección aumenta en 144 M, un 18,3 % más que el año pasado y un 37 % más que en 2018, ascendiendo la partida a 933 millones
de euros.
En cuarto lugar, el Gobierno incumple el 'Principio de universalidad', consagrado en el artículo 134 de la Constitución, que exige que el presupuesto incluya todos los ingresos y gastos públicos previstos. En la rueda de prensa en el
Congreso de los Diputados, la propia ministra reconoció que había ingresos y gastos que no están presupuestados; por ejemplo, el nuevo impuesto sobre el patrimonio por el lado de
los ingresos o las ayudas a la crianza por el lado de los gastos. Especialmente grave es la exclusión de la subida de la retribución de los funcionarios de este año que, aunque consolida en el gasto de 2023, no se ha actualizado en los
presupuestos permitiendo al Gobierno partir de un nivel de gasto más bajo y cumplir 'ficticiamente' la recomendación europea.
Aunque inicialmente se podría pensar que esos olvidos eran fruto de la 'depurada e innovadora' técnica presupuestaria de la ministra de hacienda, el anuncio por parte del presidente Sánchez el pasado 13 de octubre de nuevas medidas de gasto
para 2023 por un importe de 3.000 millones de euros que tampoco están incluidas en los Presupuestos Generales del Estado aprobados 9 días antes, reveló que no era un olvido sino que formaba parte de una estrategia: ocultar ingresos y gastos, algo
prohibido en la Constitución.
El detalle de esa estrategia lo hemos conocido a través del Plan Presupuestario 2023 remitido a Bruselas el 15 de octubre, 11 días después de aprobarse los presupuestos en consejo de ministros, en el que se dice que el Gobierno trabaja con
un 'Escenario 2 que prevé la utilización del posible margen fiscal para prorrogar y adoptar aquellas medidas más adecuadas destinadas a proteger a las familias, trabajadores y empresas más afectadas por la crisis energética'.
A mayor abundamiento, el Secretario de Estado de Hacienda, en su comparecencia en el Congreso de los Diputados del pasado 18 de octubre, afirmó que el escenario realmente válido era el escenario 2 recogido en el Plan Presupuestario y que
difiere sensiblemente de los Ingresos y Gastos recogidos en el Proyecto de Ley de PGE para 2023.
El margen fiscal extra que se reserva el Gobierno asciende a 11.156 millones de euros, de los cuales 1.500 M son por el impuesto sobre grandes fortunas y 9.656 M se corresponden al aumento de la recaudación por la mayor inflación, como ha
sucedido en 2022. Es decir, el Gobierno se salta el principio de universalidad presupuestaria y se reserva más de 11.000 millones de euros al margen de los presupuestos para seguir haciendo anuncios de aquí a las próximas campañas electorales, sin
ningún tipo de control, restricción ni límite.
Por último, el Gobierno también incumple el principio de lealtad institucional en un doble sentido; de una parte, atacando la autonomía financiera y la capacidad normativa que en materia tributaria reconocen la Constitución Española, la Ley
Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA), y los propios estatutos y leyes autonómicas a las Comunidades Autónomas; de otra, haciendo un reparto de recursos públicos en función de intereses partidistas, como sucede con las
inversiones territorializadas que claramente penalizan a aquellas comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular.
II
Antes siquiera de comenzar su tramitación en el Congreso de los Diputados, los Presupuestos Generales del Estado para el año 2023 han quedado invalidados tanto por las instituciones públicas -AIReF, Banco de España (BdE), Fondo Monetario
Internacional (FMI)- como por las instituciones privadas -BBVA, Círculo de Empresarios o Funcas-.
Todas ellas han coincidido en señalar que vamos a crecer menos -hasta un 66,6 % menos-, vamos a tener más inflación -hasta un 36,5 % más- y vamos a tener más paro -BdE estima un ligero repunte de la tasa de paro- de lo que el Gobierno ha
incluido en el cuadro macroeconómico utilizado para elaborar los presupuestos. Si esto es así, también tendríamos más déficit y más deuda de lo que se incluye en los PGE.
Incluso podríamos añadir al propio Gobierno entre las instituciones que tumban estos presupuestos, ya que en el Plan Presupuestario 2023 enviado a Bruselas incluye un escenario diferente al que ha utilizado para la elaboración de los
presupuestos, el Escenario 2, que el propio Secretario de Estado de Hacienda considera como el más probable.
Lo cierto es que este modus operandi de pintar un cuadro macroeconómico irreal no es nuevo; recordemos que en los presupuestos del año 2021 se recogía un crecimiento económico del 9,8 % que acabó siendo del 5,5 %; y los presupuestos de
2022 recogían un crecimiento del 7.0 % que acabará en torno al 4 %; en ambos casos la desviación es del 40-44 %. Estas previsiones imaginarias de crecimiento, como denunciamos en su momento, se compensaron por el aumento de los ingresos
tributarios gracias al impuesto invisible y no regulado de la inflación. Si las cuentas públicas se han cuadrado ha sido a costa del empobrecimiento de las familias -especialmente de las clases medias- y no gracias al crecimiento económico.
Las sucesivas rectificaciones de las cifras macro en plazos muy breves por parte del Gobierno y la desautorización constante de las Instituciones independientes sólo pueden traer perjuicios para la credibilidad y la imagen país de España
derivada de las decisiones irresponsables que toma el Gobierno.
La inconsistencia del Gobierno en sus previsiones económicas ha sido una constante en los 4 años de legislatura, recordemos que para la vicepresidenta económica ' el COVID tendría un impacto económico poco significativo y transitorio' o
cuando en noviembre del año pasado aun decía que ' la inflación es transitoria y los precios se estabilizarán en primavera', pero en estos presupuestos hay algunos supuestos especialmente inconsistentes:
- ¿Por qué cree el Gobierno que va a aumentar el consumo privado de unas familias que han perdido casi un 20 % de poder adquisitivo desde febrero de 2020 hasta hoy y que han sido olvidadas en estos presupuestos?
- Con una economía que prácticamente no crece, con un aumento de costes para las empresas del 24 %, con subidas de impuestos y cotizaciones sociales, y con la incertidumbre jurídica que genera cambiar las reglas de juego de forma arbitraria,
¿qué hace pensar al Ejecutivo que las empresas van a incrementar la inversión un 9,5 %? Es más, si el Gobierno ha rebajado la previsión de crecimiento del 3,5 % en abril al 2,1 % hoy ¿qué ha mejorado en los últimos 6 meses para que haya
incrementado su previsión del 5,9 % que incluyó en la APE enviada a Bruselas en abril al 9,5 % que ha incluido ahora en los PGE?
- Si el PIB de la zona euro se ha revisado a la baja, desde el 2,8 % en abril al 0,9 % de hoy, ¿por qué se espera que las inversiones crezcan ahora más, un 7,3 %, de lo que se esperaba entonces, un 6,2 %? ¿A quién le vamos a vender más si
el crecimiento mundial se ha revisado a la baja?
Este juego del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital de ajustar artificialmente las variables y el cuadro macro para poder cuadrar los ingresos, los gastos y el déficit ha quedado desmontado por las enmiendas a la
totalidad que suponen las previsiones de AIReF, BdE, FMI, BBVA, Círculo de Empresarios, Funcas, etc... Simplemente esto, debería ser motivo suficiente para que un Gobierno serio retirase el Anteproyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado y
presentase otro ajustado a la realidad económica y social de nuestro país.
III
Unas semanas antes de presentar los PGE, la ministra de Hacienda y Función Pública, como respuesta a los barones socialistas que estaban replicando las bajadas de impuestos del Partido Popular en las CCAA que gobiernan, improvisó un paquete
fiscal pactado in extremis con sus socios de gobierno, que incluía nuevas subidas de impuestos que van a ahuyentar la inversión y el talento, frenando el crecimiento y la creación de empleo y una pequeña rebaja fiscal para un colectivo muy reducido
de españoles.
Esta rebaja del IRPF no beneficia a la mitad de los trabajadores como sorprendentemente insiste el Gobierno a sabiendas de que no es cierto, sino que afecta a un colectivo reducido, el de personas con ingresos entre 14.000 y 21.000 euros,
aproximadamente el 15 % de los contribuyentes por el citado impuesto, ya que los 10 millones de personas con rentas inferiores a 14.000 euros, el 46 % de los contribuyentes, ya están exentos de pagar el IRPF y no les afecta en nada la rebaja fiscal
del Gobierno.
El ajuste a la baja las retenciones del IRPF para las rentas entre 21.000 y 35.000 euros, no es más que un aplazamiento de pago, las menores retenciones en 2023 provocarán un mayor pago cuando se haga la declaración en abril de 2024: pan
para hoy y hambre para mañana. También quedan fuera las clases medias, 7,5 millones de personas con ingresos entre 21.000 y 60.000 euros, que son el 35 % de los declarantes y aportan el 59 % de la recaudación total del IRPF.
No entendemos este el abandono de las clases medias, con la justificación de que ya se benefician de otras medidas, ni de las rentas más bajas, que ya están exentas de pagar IRPF, por lo que desde el Grupo Parlamentario Popular (GPP)
insistimos en la necesidad de:
- Rebajar el IVA de los productos básicos de la cesta de la compra que aún no están al 4 %, incluyendo los pañales, por ser una medida que ayuda específicamente a las rentas más bajas que destinan el 22,1 % de su renta al consumo de este
tipo de bienes frente al 12,5 % de las rentas más altas;
- ajustar los tramos, los mínimos y las deducciones del IRPF por la inflación para ayudar a las clases medias -las grandes olvidadas de este presupuesto- a recuperar parte del poder adquisitivo que han perdido en los dos últimos años. Con
efectos retroactivos a 1 de enero de 2022.
La mínima rebaja del IRPF a un reducido colectivo no puede ocultar que estos presupuestos suponen, otra vez, una subida de impuestos a las familias -de forma indirecta, por la inflación y de forma directa a través de la subida del IBI, la
plusvalía municipal o el impuesto de plásticos de un solo uso- y a quienes tienen que contribuir al crecimiento y la creación de empleo, las empresas. Además de la subida en el Impuesto de Sociedades, se suben de forma unilateral y al margen del
diálogo social un 8,6 % las cotizaciones sociales máximas y se crea un nuevo recargo del 0,6 % de cotización por el Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI) que pagan tanto las empresas, el 0,5 %, como los trabajadores, el 0,1 %.
Si se cumplen las previsiones de recaudación del Gobierno para 2023, en tan solo 4 años, la recaudación tributaria habrá aumentado en 50.000 millones de euros y los ingresos por cotizaciones sociales en 28.000 millones de euros; todo ello a
pesar de tener un nivel de PIB inferior al que teníamos en 2019, antes de la pandemia, y con tan solo un 4 % más de afiliados. Ajustando este efecto, los grandes perjudicados por la política fiscal del Gobierno no son ni las grandes empresas del
Ibex ni los ricos, son las familias, los trabajadores.
Dos de cada tres nuevos euros recaudados por el Gobierno son pagados por las familias y solo uno por las empresas; y dentro de las familias, son las clases medias las que soportan la mayor carga fiscal, ya que representan el 35 % de los
contribuyentes y aportan el 59 % del impuesto sobre la renta.
- Los verdaderamente ricos, con ingresos superiores a 600.000 euros son solo 11.000 contribuyentes, el 0,05 % del total y aportan el 7,7 % de la recaudación total del IRPF.
- Además, hay algo más de 100.000 contribuyentes, el 0,48 % del total, con ingresos entre 150.000 y 600.000 euros, que aportan el 10,96 % de la recaudación total.
IV
Este incremento de la recaudación fiscal, de 78.000 millones de euros entre 2019 y 2023 si se cumplen las estimaciones del Gobierno, no se ha aprovechado ni para ayudar realmente a las familias, ni para recuperar nuestro tejido productivo,
ni para mejorar la competitividad, ni para reducir el déficit estructural de la Seguridad Social, ni para mejorar los servicios públicos ni para equilibrar las cuentas públicas.
El Gobierno más numeroso y caro de la historia ha aprovechado que el gasto público se disparó de forma coyuntural con la pandemia para subirlo de forma inercial, sustituyendo ese gasto -que entonces sí estaba justificado y era necesario- por
gasto improductivo, innecesario y electoralista que incluso pretende convertir en estructural.
De forma que un gasto estructural, duradero en el tiempo, se va a sufragar con ingresos coyunturales que desaparecerán en no mucho tiempo, lo que pone en riesgo el equilibrio de las cuentas públicas.
Frente a la demagogia de que hay que subir impuestos para financiar el estado del bienestar nos encontramos con que este Gobierno ha aumentado el gasto para garantizar su propio bienestar; Sirva de ejemplo la subida del gasto en Alta
Dirección en 144 M, un 18,3 % más que el año pasado y un 37 % más que en 2018.
El mismo Gobierno que dice que hay que subir impuestos, porque si no desaparecen la sanidad y la educación pública, ha duplicado el gasto corriente en 'material, suministros y otros' pasando de 2.345 millones de euros en 2018 a 5.315
millones de euros en 2023. ' ¿Dónde están mejor esos 3.000 millones de euros, en la atención primaria que nos protege a todos y salva vidas o derrochados en los 22 ministerios y toda su estructura política?'
Este Gobierno ha incrementado las transferencias a 'familias e instituciones sin fines de lucro' en 7.500 millones de euros, un 43 % más que en 2018; es imprescindible hacer una auditoría sobre esos 25.042 millones de euros que este
Ejecutivo reparte en forma de subvenciones a todo tipo de instituciones, algunas seguro que necesarias, pero otras seguro que totalmente prescindibles. El 'spending review' que llevó a cabo la AIReF detectó falta de transparencia, dificultades de
trazabilidad, nula planificación y deficiente fiscalización y control, especialmente en el caso de subvenciones directas y nominativas.
El gasto en 2023 asciende a 455.981 millones de euros, esto son 32.142 millones de euros más, +7,6 %, que el año pasado y son 101.445 millones de euros más que en 2018, un 28,6 % más que en los últimos presupuestos del Partido Popular. Un
gasto público excesivo que no se ha podido pagar con los ingresos públicos, a pesar de que estos se han disparado a máximos históricos como consecuencia de una inflación de dos dígitos, la mayor en casi 40 años.
En total, en el período 2020-2023, el incremento de gasto habrá generado un déficit acumulado de, al menos, 26 puntos de PIB (-10,2 % en 2020, -6,9 % en 2021, -5,0 % en 2022 y -3,9 % en 2023), un agujero fiscal que ya ha elevado la deuda
pública en 284.000 millones de euros, hasta rozar el máximo histórico del billón y medio de euros de deuda pública, poniendo en riesgo la sostenibilidad de nuestras cuentas públicas e hipotecando a las generaciones futuras, porque -como dijo la
propia vicepresidenta primera y ministra de asuntos económicos y transformación digital- esta deuda la 'pagarán nuestros hijos y nuestros nietos'.
Este despilfarro no se puede justificar aludiendo a la 'justicia social', otro de los eslóganes de la propaganda gubernamental que es fácilmente desmontable:
- A la misma familia vulnerable a la que el Gobierno le niega el IMV -que sólo ha recibido el 13,5 % de la población bajo el umbral de pobreza y la bajada del IVA de los productos básicos de la cesta de la compra o los pañales para poder
llegar a fin de mes, le regala 400 euros al hijo de 18 años que puede gastar en videojuegos, pero no en comida;
- a la misma madre a la que dice que le va a dar 100 euros para la crianza de su hijo de 0 a 3 años, una medida anunciada pero que no aparece en estos presupuestos, le endosa una deuda de 6.000 euros a ella y de otros 6.000 euros a su hijo;
- a los mismos trabajadores a los que le pide que vayan a trabajar en transporte público para ahorrar, les sube los impuestos para gastar 620 millones de euros en la renovación de los coches oficiales;
- a los mismos trabajadores fijos-discontinuos que ilusionó y engañó diciendo que ya tenían un contrato fijo, los tiene en casa sin trabajar y cobrando el paro hasta que le llamen para la próxima campaña, exactamente igual que antes de
cambiar el nombre de su contrato;
- a los mismos empleados públicos a los que subirá el sueldo hasta un 3,5 % en 2023, les quita un tercio de esa subida por no ajustar el IRPF; y lo mismo hace con los pensionistas que cobran más de 1.000 euros brutos;
- a las mismas 'clases medias y trabajadoras' que dice defender, las exprime con el impuesto invisible y silencioso de la inflación, que le ha llevado a acumular una pérdida de poder adquisitivo del 20 % hasta el día de hoy, pero que a
finales de 2023 podría alcanzar el 26 %,
- a los mismos autónomos y pymes a los que pide que asuman la subida de costes sin subir precios, les sube las cuotas a la Seguridad Social para poder mantener una estructura de Presidencia (programa 912M, Presidencia del Gobierno) que
cuesta un 73 % más que en 2018: 62,2 M en 2023 frente a los 35,9 M de 2018;
- al mismo joven al que le dice que va a meter, por primera vez en 13 años, 3.000 millones de euros en la hucha de las pensiones para garantizar su sostenibilidad, le deja un sistema menos sostenible, con 10.000 millones de euros más de
déficit y deuda que tendrá que pagar en el futuro.
V
La cercanía de las elecciones autonómicas y locales que se celebrarán en mayo de 2023, tan sólo 5 meses después de aprobarse estos presupuestos, ha llevado al Gobierno a incrementar un 15,3 % las inversiones previstas en infraestructuras,
fijando un presupuesto para 2023 un 50 % más alto que el incluido en los últimos presupuestos del Partido Popular en 2018.
De nada sirve incrementar la partida presupuestaria si luego el Gobierno es incapaz de ejecutar las inversiones presupuestadas, cosa que ha sucedido a lo largo de toda la legislatura. Como ejemplo, a cierre de 31 de agosto, cuando han
transcurrido dos tercios del año, solo se ha ejecutado el 38,2 % del gasto previsto.
Algo similar se observa analizando la ejecución de las inversiones reales a 30 de junio de 2022: la ejecución general es muy baja, solo se han ejecutado 4.170 M de los 12.200 M presupuestados, el 34,2 %.
Siendo baja la ejecución general de las inversiones reales (capítulo 6), en el cuadro anterior se recogen ordenadas por grado de ejecución de mayor a menor y se observa una ejecución desigual por territorios: mientras Cataluña, con un 64,6
% de las inversiones realizadas, se encuentra a la cabeza de la ejecución presupuestaria en 2022, Murcia y Andalucía se encuentran a la cola, solo se han ejecutado el 16,6 % y el 15,7 % respectivamente. Este dato no parece casual, teniendo en
cuenta que los partidos independentistas catalanes sostienen al Gobierno de la nación, mientras que Murcia y Andalucía están gobernados por el Partido Popular, esta última Comunidad Autónoma con una histórica mayoría absoluta alcanzada en junio de
este año.
Este mismo sesgo partidista se replica en los presupuestos de 2023: las inversiones territorializadas se incrementan en 447 M, un 3,5 %, aunque con una distribución desigual y un reparto subjetivo que premia a aquellas Comunidades
Autónomas gobernadas por partidos que apoyan al gobierno y castiga a las gobernadas por el Partido Popular. Como ejemplos de esto:
- Con solo un 15 % más de población, Cataluña recibe un 77 % más de inversión que la C. de Madrid, 2.291 M vs 1.292 M.
- Mientras la inversión en Navarra (+34,8 %), Cantabria (+24,8 %) o Extremadura (+17,3 %) crece fuertemente en 2023, en Andalucía (+2,0 %) o Galicia (+0,4 %) prácticamente se mantienen sin subida. La única excepción es la Comunidad de
Madrid, aunque parte de un nivel de 2022 en el que ya se redujo un -8,3 % la inversión respecto a 2021.
- Las únicas CCAA que ven reducida su inversión están gobernadas por el PP: Murcia (-33,5 %) y Castilla León (-4,2 %); también se reduce la inversión en Ceuta (-3,9 %) y en Melilla (-7,8 %).
Esta utilización de las inversiones territoriales partidista es claramente contraria a los principios de lealtad institucional y de eficiencia en la asignación y utilización de los recursos públicos.
VI
Respecto a los fondos europeos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR) cuentan en 2023 con 28.692 millones de euros, la mayor dotación presupuestaria hasta ahora. El Gobierno sustenta la capacidad de crecimiento de la economía
española en la hipótesis de que se logrará la ejecución completa prevista para cada año, cuando la experiencia acumulada durante los ejercicios 2021 y 2022 demuestra que esta premisa es falsa: la ejecución de los fondos del mecanismo de
recuperación
no está respondiendo a las expectativas generadas y la escasa ejecución acumulada no impacta suficientemente en calidad y cantidad en la economía real.
El diseño planteado en el RDL 36/2020, un RD que lleva más de dos años bloqueado por el Grupo Socialista y Podemos en su tramitación parlamentaria de enmiendas pero que se modifica en la Disposición Final vigesimosexta de estos presupuestos,
ya anticipaba muchos de los riesgos que se han materializado durante el avance en la ejecución: Opacidad en la selección de los grandes proyectos, falta de co-gobernanza, rigidez en las inversiones que tienen que ejecutar las Comunidades Autónomas
(CCAA) o los entes locales (EELL), el ineficiente diseño de los PERTES...
Problemas que no sólo no se resuelven en estos presupuestos, sino que se acrecientan; entre otras cosas, porque se reducen un 26,9 % y un 32,6 % los fondos que se transferirán a CCAA y EELL, mientras que se incrementan los fondos que
gestiona directamente el Gobierno central que, en un año electoral, parece decidido a controlar estos recursos y rentabilizar la propaganda, aunque sea a costa de seguir con una ejecución final muy baja y un bajo impacto sobre el crecimiento y la
creación de empleo. El Banco de España ha revisado a la baja la contribución del PRTR al PIB señalando que su impacto será del 0,6 % en 2022 y 2023, mientras la AIReF lo sitúa en un 0,8 % para 2022 y del 2 % para 2023 con respecto a un escenario
sin PRTR.
La dificultad para estimar el impacto real que los fondos del Mecanismo de Recuperación ejercen sobre la economía radica en la falta de transparencia y de un mecanismo de información y rendición de cuentas. Los reproches sobre el retraso en
la implementación de la plataforma COFFEE y por tanto, el cumplimiento total del hito número 173, no hacen sino poner de manifiesto la incapacidad para establecer un sistema eficaz que permita reportar a la Comisión Europea los informes de auditoría
sobre los fondos donde se detallen la finalidad de los gastos, beneficiarios, pagos realizados, etc. Esta plataforma, además, debería tener acceso público para que el conjunto de instituciones y ciudadanos pudieran conocer cuánto y en qué se gastan
los fondos que deben transformar nuestra economía. Los recientes cambios de los responsables en el control de los fondos, sobre los que no existen dudas en cuanto a su preparación y valía profesional, generan dudas e incertidumbres añadidas a la
falta de transparencia denunciada por instituciones y organismos independientes.
Como ejemplo de la incapacidad del Gobierno para ejecutar de forma eficiente los fondos europeos, destaca el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo que, a 31 de agosto, tan solo había ejecutado el 15 % del presupuesto de 2022. ¿Tiene
sentido dejar la ejecución de más de 6.000 M, el 21 % del total de fondos europeos de este año, en manos de un ministerio que ha demostrado su incapacidad para hacerlo tanto en 2021 como en 2022?
Si a ello añadimos que en 2023 se incrementan las partidas del capítulo 8, Activos Financieros, introduciendo para el ejercicio próximo aportaciones patrimoniales a fondos sin personalidad jurídica y préstamos al sector público y al sector
privado por 4.852 millones de euros con la finalidad de activar los PERTE, en previsión de que podamos disponer de los 84.000 millones del tramo de créditos concedidos a España por la Comisión Europea, la gestión de las ayudas va a ser aún más
complicada.
En otras palabras, la responsabilidad de movilizar los grandes proyectos tractores recae sobre un ministerio, que además de presentar contrastadas dificultades para ejecutar fondos de manera eficiente, utilizará fórmulas de financiación que
si no son lo suficientemente atractivas encontrarán problemas para movilizar fondos del sector privado. En cualquier caso, el grado de inmadurez que presentan la mayoría de los grandes proyectos y las deficiencias en su diseño impedirán que se
puedan movilizar estos recursos en 2023, suponiendo una nueva oportunidad perdida.
En definitiva, la oportunidad transformadora que suponen los fondos europeos no cuenta con las herramientas adecuadas para que pueda alcanzar todo su potencial, no se han seleccionado los objetivos e inversiones óptimas para mejorar el
dinamismo de la economía española y su impacto en términos de crecimiento y empleo seguirá siendo muy limitado, trasladándose a ejercicios posteriores con la esperanza de que la acumulación de partidas sin ejecutar terminen generando un impacto
positivo en un futuro al que parece que nunca llegamos.
VII
Los Presupuestos Generales del Estado, en cuanto que son la principal herramienta, para desplegar la política fiscal, económica y social de un gobierno, deben valorarse de forma objetiva por los resultados alcanzados.
Como recoge la Fundación de estudios de economía aplicada (Fedea) en su informe sobre los PGE de 2023: 'Entre 2018 y 2023, el PIB real esperado en el momento de elaborar los PGE aumentó en algo menos del 1 %, mientras que los ingresos
públicos previstos, medidos a precios constantes, se incrementaron en más de un 15 % y el gasto en más de un 18 %.
Visto desde otra perspectiva, el incremento previsto del gasto real fue 6,6 veces mayor que el del PIB, y el 'tipo marginal de gravamen' sobre el incremento de renta fue superior al 500 %. Como resultado, el peso del gasto público en el PIB
aumentó en casi 6 puntos y el de los ingresos públicos en más de 4 en cinco años. También aumentó el déficit esperado de la AC consolidada, en torno a 1,25 puntos de PIB.
Las cifras son ciertamente llamativas y apuntan a un patrón claramente insostenible en el tiempo (...)'
En otras palabras, en 5 años de gobierno del Sr. Sánchez, tenemos más impuestos (+15,63 %), más gasto (+18,48 %), aproximadamente la misma riqueza real (+0,93 %), más desigualdad (27,8 % de población en riesgo de exclusión social), más
pobreza (8,3 % de la población), más deuda (284.000 millones de euros) y menos sostenibilidad de nuestras cuentas públicas, lo que por sí mismo ya da una idea de la pésima gestión económica del Gobierno.
O si se prefiere, y teniendo en cuenta el peso del IRPF en la recaudación tributaria y que las rentas del trabajo representan el 80 % de la recaudación de este impuesto, en 5 años, el Sr. Sánchez ha incrementado la tributación a las rentas
salariales de forma tal que dos de cada tres euros de la nueva recaudación recaen sobre la clase media trabajadora que dicen proteger mientras la realidad es que la están empobreciendo.
En términos de empleo, la recuperación ha sido insuficiente y seguimos teniendo casi 3 millones de parados de los que el 39 % no cobran ningún tipo de prestación, y el 61 % que sí la cobran recibe una prestación media bruta de 872,3 euros.
Hoy tenemos 79.000 empresas cotizantes menos en los registros de la Seguridad Social que en junio de 2018 y, en este período, se ha destruido el -13,9 % del empleo en el sector agrario y el -11,6 % del empleo en el sector de empleados del hogar.
Seguimos liderando la tasa de paro de toda la UE y somos los segundos con mayor tasa de paro tanto juvenil como femenino, en ambos casos muy cerca de Grecia y más que duplicando las tasas medias europeas.
La otra cara de esta moneda es que, según la última Encuesta de Condiciones de Vida, en España tenemos:
- 13,1 millones de personas en riesgo de pobreza o de exclusión social (Nueva Tasa AROPE 27,8 %);
- 3,9 millones de personas en situación de Carencia Material y Social Severa (Nueva CMSS 8,3 %).
Si, a través de estos Presupuestos Generales del Estado, la respuesta del Gobierno a la situación económica y social de nuestro país es la misma que ha fracasado en los presupuestos anteriores y nos ha traído hasta aquí: más impuestos, más
gasto, más déficit y más deuda, no cabe esperar otro resultado que el mismo obtenido hasta ahora: menos riqueza, menos poder adquisitivo de las clases medias, más desigualdad, más pobreza y menos sostenibilidad de nuestras cuentas públicas.
VIII
En definitiva, como hemos ido desgranando en todos los puntos anteriores, los Presupuestos Generales del Estado para el año 2023 nacen jurídicamente desautorizados, formalmente superados por las previsiones de la mayoría de los organismos
nacionales e internacionales, públicos y privados, y conceptualmente superados por incidir en las mismas recetas que han fracasado y nos han situado a la cola de la recuperación económica y social.
El mejor resumen lo hace la AIReF pidiendo que 'en el próximo ejercicio el proyecto de Presupuestos Generales del Estado recupere su papel central como instrumento de política fiscal y económica y elemento de diseño, planificación,
ejecución, control y supervisión de la actividad del sector público'.
Lo que ha presentado el Gobierno como presupuestos no cumple ninguna de las funciones que debería cumplir y no sirven al interés general de los españoles sino al interés particular de Pedro Sánchez.
Por eso, el Grupo Parlamentario Popular presenta esta enmienda a la totalidad al Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2023, por la que solicita su devolución al Gobierno.