El señor presidente da lectura a los puntos 6., 6.1.
y 6.1.1.

El señor PRESIDENTE: Llamen, por favor, al señor defensor del pueblo.
(Pausa).

Buenos días, señor defensor del pueblo.

Tiene usted la palabra para exponer el informe correspondiente al
año 2017.

El señor DEFENSOR DEL PUEBLO EN FUNCIONES Y ADJUNTO PRIMERO (Fernández
Marugán): Señor presidente, señorías, tras casi treinta años de diputado
en las Cortes españolas esta es la primera vez que participo en una
actividad parlamentaria llevada a cabo en el Senado. Créanme que para mí
es una gran satisfacción poder dirigirles la palabra en el día de
hoy.

Concepción Ferrer y yo tuvimos el honor de ser elegidos por ustedes
para desempeñar las funciones de adjuntos del Defensor del Pueblo hace
prácticamente seis años, y yo comparezco en la mañana de hoy, en mi
condición de Defensor del Pueblo interino, para presentar la gestión del
año 2017, tras la culminación del mandato de doña Soledad Becerril. Hago
esta presentación después de haber comparecido en la Comisión Mixta de
Relaciones con el Defensor del Pueblo y de haber defendido este informe
en el Congreso de los Diputados. Me corresponde, pues, como establecen
las leyes, comparecer aquí ante sus señorías.

Les voy proporcionar algunos datos que son útiles y que la ley
establece que debo dar. En el año 2017 abrimos 25 776 expedientes, de los
cuales prácticamente 25 000 eran quejas de ciudadanos, 760 eran
actuaciones de oficio y 40 peticiones de recurso al Tribunal
Constitucional. Esta es la última fase y, como he dicho, ya he
comparecido en la comisión mixta y en el Congreso de los Diputados. A mí
no me gusta repetir en cada una de las comparecencias lo dicho en la
anterior. Por lo tanto, me voy a apoyar de una manera muy evidente, al
principio, en lo que dije en el Congreso, pero luego pondré en marcha una
serie de reflexiones que es bueno que se conozcan en las cámaras y, por
supuesto, en esta.

El fundamento de mi intervención en el Congreso era uno: la sociedad
española vive un proceso de recuperación económica, por lo que considero
que ha llegado el momento de llevar a cabo un proceso de recuperación
social, el cual estaría destinado a mejorar las políticas sociales y, con
ellas, los niveles de vida, de renta y de consumo de aquellos colectivos
que, por una serie de circunstancias que no vienen al caso en este
momento, no han alcanzado a cubrir con cierta dignidad sus necesidades
básicas. Por lo tanto, es necesario llevar a cabo una política de reparto
que ayude a quienes están en este momento en mayores dificultades. Y en
la intervención en el Congreso, me refería a los parados de larga
duración, a los trabajadores pobres, a las familias en las que todos los
miembros están en paro, a los jóvenes sin trabajo y sin cobertura de
desempleo, a los dependientes, a los niños y a las niñas en situación de
pobreza infantil y, en general, a todas aquellas familias que no tienen
la posibilidad de llegar a fin de mes con los recursos necesarios. Es
decir, un conglomerado extenso de desprotegidos que, por qué no decirlo,
me hace pensar que todavía en esta sociedad vivimos una situación de
pobreza invisible.

La actual desigualdad está amenazando las posibilidades de un
crecimiento sano y sostenido, el cual solo podrá llevarse a cabo si somos
capaces de poner en marcha una política decidida de distribución de las
rentas. Para afianzar esta posición, he recurrido a nuestro propio
trabajo, al que desarrollamos día a día en la institución del Defensor
del Pueblo, y he procurado analizar una serie de factores significativos
que, extrayendo de ellos el diagnóstico que proporcionan las quejas, nos
pueden ser útiles y, desde luego, nos pueden ayudar a hacer una
interpretación correcta de lo que viene sucediendo.

A lo largo de mi intervención en el Congreso me aproximé a los
problemas de la desigualdad desde una perspectiva macroeconómica. Mi
propósito es acercarme a los problemas del reparto y distribución desde
un enfoque microeconómico. Y lo voy a hacer. Me voy a centrar en un
conjunto de temas que a mí me parecen relevantes, en un conjunto de
colectivos que tienen algún tipo de dificultades, como la violencia y la
brecha salarial en las mujeres, los inmigrantes —y no solo en lo
que ha ocurrido a lo largo del año 2017, sino en lo que acaba de ocurrir
estos últimos días—; en el envejecimiento de los mayores y de los
ancianos, en la problemática de los centros sanitarios y en los problemas
de acceso a la vivienda, con especial incidencia en los jóvenes.

Bien es conocido que la violencia contra las mujeres es una realidad en
España y que más de 1000 mujeres han sido asesinadas desde el año 2003.
El año pasado, los actos de violencia también los padecieron los niños y
las niñas, 27 niños y niñas perdieron a su madre y 8 menores fueron
asesinados por su padre. Partiendo de sucesos tan lamentables, considero
que es fundamental que toda la sociedad esté unida contra la violencia
machista, que muestre hacia ella un rechazo contundente y que oriente
todos los esfuerzos posibles para acabar con esta locura. Por eso, creo
que los niños y las niñas tienen que aprender desde pequeños que las
relaciones entre los hombres y las mujeres han de basarse en el respeto y
en la libertad. Y viene a mi memoria la idea de que la educación tiene un
papel protagonista en este terreno. Lo dijo Kant hace mucho tiempo: El
ser humano es lo que la educación hace de él.

Paso a continuación a hablar de la brecha salarial y de la
discriminación laboral. Según datos muy recientes del INE, la mayor
concentración de sueldos bajos se da entre las mujeres. En este momento,
la brecha salarial entre hombres y mujeres es del 22,3 %, un registro muy
similar al de hace ocho años. En algunos temas, se avanza en la sociedad
española con excesiva lentitud. Estos datos muestran que las mujeres
ganan menos que los hombres y hacen más trabajo no remunerado que ellos.
Pero la diferencia entre mujeres y hombres va más allá. Las mujeres
tienen más dificultades para acceder a un empleo acorde con su
cualificación y, a su vez, encuentran más dificultades para romper el
techo de cristal. La política de austeridad no ayuda a nadie, ni a las
mujeres ni a los hombres, es más, va contra la conciliación al recortar
los servicios públicos, como las guarderías, las escuelas y los
hospitales.

A continuación, paso a hablar de los problemas inmigratorios. Miren, la
primera vez que yo hablé en la Comisión Mixta Congreso-Senado sobre el
tema de la inmigración fue el 15 de febrero del presente año, hace cuatro
meses. Hace cuatro meses, hice un relato de lo que estaba sucediendo, que
voy a repetir de manera muy somera, pero se parece mucho a algunas de las
circunstancias que vivimos hoy día. En el año 2017, entraron
irregularmente en España 28 000 personas; diez años antes, en el
año 2007, habían entrado 40 000 personas. Por lo tanto, cuando abordemos
la cuestión de la llegada de extranjeros de forma irregular a nuestra
sociedad, debemos tener bastante cuidado y debemos manejarnos en los
justos términos. De esas 28 000 personas que llegaron a nosotros a lo
largo del año 2007, 20 000 llegaron por mar y 6000 lo hicieron por las
ciudades de Ceuta y de Melilla. Semejantes llegadas han dado origen a una
expresión con la cual yo me siento incómodo; se dice que estos ciudadanos
vienen aquí porque existe un efecto llamada. Señorías, yo no creo que
exista un efecto llamada, creo que existe un efecto expulsión de unos
países donde existen unas condiciones de vida insoportables; las
hambrunas, las guerras y las desigualdades están a la orden del día.

Con ese tipo de comportamiento, es lógico que estas personas quieran
venir como sea a esta parte del mundo para encontrar una vida más digna.
Cuando en el año 2017 empezaron a verse que estas tendencias se podían
producir, tomamos una decisión en el Defensor del Pueblo, que es tratar
de analizar cuáles eran nuestros procedimientos de acogida, sus virtudes
y sus carencias. Procedimos a hacer una visita a todos los centros de
recepción de inmigrantes, desde Tarifa a Cartagena, analizamos su
situación y procuramos ver qué estaba sucediendo y qué habría que hacer.
Ahora, a la vista de esa experiencia, quiero hacer algunas
consideraciones de carácter general.

Para afrontar esta situación, no solo hay que recurrir al control de
las fronteras, que es muy importante, sino que hay que abordar los
problemas de acogida de los inmigrantes, creando unas infraestructuras
idóneas que mejoren las actualmente existentes. Estas infraestructuras
han de ser próximas, flexibles, altamente especializadas y dotadas de
equipos multidisciplinares. Estas infraestructuras han de hacerse
mediante la colaboración con todas las administraciones públicas y, a ser
posible, con la comprensión y el apoyo de la sociedad civil. En
definitiva, ante este problema nos vamos a tener que plantear problemas
de voluntad política, problemas de recursos económicos, de colaboración
institucional y social y quién sabe si algunas actuaciones de reformas
legislativas.

Señorías, estamos viviendo un proceso dinámico que no acaba aquí ni
acaba ahora. Por lo tanto, en tanto en cuanto existan países donde haya
guerras, hambre y persecuciones, habrá hombres, mujeres y niños que
quieran seguir llegando a nuestras costas para poder vivir mejor. En ese
sentido, Europa debería plantearse algunas circunstancias distintas a las
que viene planteándose actualmente. Hay que facilitar la cooperación
económica para mejorar las condiciones de vida y evitar el éxodo. Y hay
que establecer un sistema de acogida adecuado acorde con el respeto al
que todo ser humano tiene derecho. Eso me lleva a que, a continuación, me
sitúe en uno de los problemas que está aquí y que va a seguir estando en
los próximos años: el de esos jóvenes y niños, menores no acompañados,
que llegan a nuestro país.

Hace aproximadamente veinte años que llegaron a Europa los primeros.
Eran unos adolescentes que viajaban solos, sin referentes familiares.
Esta forma migratoria produjo un cierto enfrentamiento entre dos lógicas
distintas de ver el proceso. La primera defendía la necesidad de
controlar en frontera los flujos migratorios —he hecho alusión a
este tema anteriormente—; la segunda empujaba a la aplicación de
políticas de protección de los menores. El legislador español, como no
podía ser de otra manera, ante semejante dilema, optó por la aplicación
del interés superior del menor. Y quienes llamamos menores no acompañados
responden a distintas tipologías. Los hay que son algo así como los niños
de la calle, pero también hay otros que vienen de conflictos bélicos y
otros, incluso, que huyen de la trata de seres humanos. Por tanto, son
realidades diversas difícilmente agrupables en una sola categoría.

Hay un primer dato que conviene señalar y conocer: el número de niños y
niñas extranjeros que hay en este momento en España. He de decir que las
cifras no son fiables, aunque ya digo de antemano que las que yo voy a
manejar aquí son recientes y coincidentes; por lo tanto, algún elemento
de fiabilidad proporciono, aunque solo sea en términos de tendencia.

El Gobierno, el 30 de abril de 2018, cifró los menores no acompañados
en 6248. Y una ONG, Save the Children, a finales de mayo y con datos
del 31 de diciembre de 2017, los cifraba en 6414; es decir, 6248 por un
procedimiento y 6414 por otro. Por lo tanto, insisto, son datos recientes
y coincidentes que me permiten a mí manejar no las cifras, no los
guarismos, sino las tendencias. Durante los últimos cinco años, la
llegada de este tipo de niños ha experimentado un crecimiento constante,
muchos de los cuales —como veremos a continuación— vienen en
pateras. Proceden de Marruecos, de Argelia, de Malí, de Níger, de
Nigeria, de Guinea y de una retahíla de países cuyo enunciado les ahorro.
Las rutas migratorias de estos niños y niñas son las mismas que las de
los adultos. Su proyecto migratorio se apoya en el propósito de lograr un
trabajo que les permita alcanzar en esta parte del mundo una vida digna,
pero también quieren apoyar a sus familias, aquellas que han dejado en
sus lugares de origen. Muchos de ellos, huyen de las guerras.

Por otra parte, cabe destacar las diferencias de actitud entre los
chicos y las chicas. Las chicas huyen del maltrato, de los abusos
sexuales, de los matrimonios forzados, huyen de la violencia. Muchas de
ellas asumen riesgos graves durante los trayectos migratorios, y muchas
de ellas cuando inician el camino hacia esta especie de tierra de
promisión saben que pueden ser atrapadas y ser víctimas de las redes de
trata. Por lo tanto, hacen frente a unos riesgos muy difíciles de
conjurar en esas zonas por las que ellas se desenvuelven.

En España hay niños y niñas tutelados prácticamente en todas las
comunidades autónomas, pero el número es más importante en Andalucía; y,
aparte de Andalucía, también en Valencia, Cataluña, Madrid y en Euskadi.
En estas comunidades autónomas la cifra es numerosa, como ocurre en las
Ciudades de Ceuta y Melilla.

Señorías, esta es una Cámara territorial y, en ese sentido, quiero
señalar que el problema de los menores no acompañados está siendo
analizado por los defensores del pueblo de algunas comunidades autónomas
con acierto. Por eso, para mí es una satisfacción poder citarlos esta
mañana aquí. En términos de calendario, el primero que se expresó sobre
la gravedad de este problema fue el Síndic de Greuges de la Comunidad
Autónoma de Valencia, quien dijo en su informe que, en el año 2017, había
aumentado el número de menores no acompañados en un 103 %. Pero a la vez,
ponía de relieve la sobreocupación que se registraba en los centros de
acogida. Por otra parte, el Ararteko del País Vasco expresó también su
preocupación por esta situación y señaló que el aumento de estas llegadas
hacía necesario e imprescindible aumentar las plazas de acogida. Todos
los defensores que nos hemos pronunciado sobre esta situación hemos
puesto de relieve que estos niños y niñas merecen una especial tutela y
una protección por parte de quienes, en una sociedad avanzada como la
nuestra, defendemos los derechos de la infancia y la adolescencia.

El Defensor del Pueblo de Andalucía, coincidiendo con las posiciones
del Defensor del Pueblo estatal, ha dado un paso más al señalar, con
acierto, que la particular protección de este colectivo no puede quedar
interrumpida de forma automática el día que el menor alcanza la mayoría
de edad. En ese momento, al cumplir los 18 años, al perder el apoyo y la
tutela pública, se encuentra con unos problemas que le deberemos ayudar a
resolver. Estos jóvenes, para lograr su plena integración laboral y
social, requieren cada vez mayor formación, mayor conocimiento, mayor
experiencia, todo ello imprescindible para poder subsistir. Por lo tanto,
es necesario establecer sistemas de acogida, que deben diseñarse a través
de modelos de cooperación entre las distintas administraciones.

Paso ahora a referirme a dos elementos puntuales que creo que sus
señorías deben conocer: la situación de los menores en Melilla y la
situación de los menores en Ceuta. Los menores en Melilla tienen una
situación compleja, puesto que muchos de ellos vagan por las calles en
estado lamentable y otros están a la espera de poder colarse en un barco
que les lleve a la Península. En este momento el Gobierno de esta ciudad
autónoma programa un conjunto de actuaciones destinadas a encauzar y
resolver este problema. No saben ustedes la satisfacción que nos
produciría en la Defensoría del Pueblo del Estado español que esto se
produjera. Pero hay un hecho más en la ciudad de Melilla, y es que hay un
grupo de niños nacidos en Melilla, hijos de extranjeros situados en esa
ciudad a través de procedimientos no regulares, que quieren ir al colegio
y a los que no se les facilita la escolarización.

En Ceuta las cosas han mejorado sustancialmente, aunque todavía hay
algún problema de equipamiento en centros de primera acogida que debería
resolverse. También esta ciudad autónoma ha establecido un mecanismo de
colaboración con la Universidad de Málaga para la puesta en marcha de un
programa pionero en España destinado a conocer y atajar las causas que
llevan a estos menores a estar en la calle. La misma expresión de
satisfacción que señalé en la ciudad de Melilla quiero señalarla para
Ceuta.

Voy a hablar ahora del envejecimiento. En España hay tres problemas que
van más allá de la dimensión estructural: España tiene un problema de
agua, como todos sabemos; España tiene un problema de despoblación en
amplias zonas del territorio peninsular y España tiene un problema de
envejecimiento de la población. Del problema de envejecimiento de la
población es del que quiero hablar esta mañana aquí.

Somos 46,5 millones de habitantes, con una esperanza de vida de 83,4
años. Las personas de 65 y más años son casi 9 millones, el 19 % de la
sociedad española, es decir, una quinta parte de la población española
tiene más de 65 años. Si en lugar de establecer el listón en los 65 años
lo situamos en los 80 años, el número de personas mayores con más de 80
años es de 2 900 000, el 6,1 %. Por lo tanto, nosotros, como dice el
Imserso, estamos viviendo el envejecimiento del envejecimiento, y eso
plantea una serie de cuestiones que quisiera poder desarrollar esta
mañana ante ustedes.

Los riesgos son importantes. Hay una vinculación —que es
fácilmente comprensible— entre edad y dependencia, dado que
conforme avanza la edad las limitaciones en nuestra capacidad funcional
aumentan. A estos problemas físicos, como son la pérdida de memoria, el
alzhéimer, la demencia senil o los ictus, se añaden algunos problemas
cualitativos. El primero de ellos es la composición de los hogares; el
segundo, la posibilidad de que estos hogares puedan hacer frente a un
proceso de ayuda familiar en favor de los mayores. Estos cambios de
modelo de hogar y de condiciones socioeconómicas de los hogares nos
enfrentarán en el próximo futuro a la necesidad de adoptar sistemas de
protección social y de revisar la atención social que perciben los
mayores. Es una opinión personal, pero intentar un modelo en el que las
personas de la tercera edad puedan permanecer el mayor tiempo posible en
su entorno es una realidad que no debería ignorarse.

Voy a hablar de cuatro cuestiones que considero relevantes desde el
punto de vista de la problemática de las personas mayores. La primera es
la dificultad de acceder al servicio asistencial recogido en la Ley de
dependencia. Según los datos que nos hacen llegar los estadísticos
profesionales —y yo no dudo de ellos—, el sistema actual no
tiene capacidad para incorporar en un plazo razonable a las casi 300 000
personas a las que les han reconocido como dependientes pero no les han
aprobado ningún tipo de prestación. No tengo datos, porque parece que no
existen, del otro caso que se produce: qué ocurre cuando te valoran la
condición de dependiente pero no recibes la prestación reconocida, bien
porque no hay recursos —la palabra recursos, en la jerga de este
colectivo no significa otra cosa que elementos de habitabilidad—, o
bien por insuficiencia crediticia. Aquí se produce un fenómeno muy
complicado que es fácil de entender: hay listas de espera que indican que
difícilmente algunas de estas personas podrán acceder a una plaza en un
tiempo razonable. Por lo tanto, hay un problema de financiación que
deberíamos ser capaces de resolver mediante la colaboración entre la
Administración General del Estado y las comunidades autónomas.

El segundo problema del que quiero hablar no es el acceso a la
residencia, sino el funcionamiento de las residencias, la calidad del
servicio en las residencias, que afecta a la condición de vida de los
mayores. Nos llegan quejas de los usuarios, es decir, de las personas
mayores, de sus familiares y de los trabajadores de los centros, y todas
ellas tienen un leitmotiv: la escasez de personal y de medios para
prestar una adecuada atención a los mayores. A este respecto, los ratios
de personal de atención directa juegan un papel muy importante porque nos
permiten ver si se da o no una correcta atención. Nosotros creemos que
las plantillas de personal de atención directa suelen cumplir los ratios
fijados normativamente, pero también tengo que decir que estos ratios son
antiguos y en este momento sería necesario hacer un esfuerzo mayor.
Nosotros tratamos de incidir en las administraciones públicas para que
pongan medios al alcance de los servicios de mayores con la finalidad de
que se dé un trato respetuoso a sus derechos fundamentales y a su
dignidad como personas.

A continuación, voy a hablar de los copagos. El sistema de copagos
arrastra una queja recurrente entre los mayores españoles; recurrente
porque los mayores españoles, por razón de edad, son consumidores de
fármacos, en muchas ocasiones de manera significativa. En el Defensor del
Pueblo creemos que los porcentajes del copago son excesivos y perjudican
a muchos pensionistas y a personas vinculadas con ellos. Por lo tanto,
venimos sosteniendo que es necesario llevar a cabo una modificación del
modelo, insisto, una modificación del modelo, no su supresión, para que
se aplique a partir de unas categorías que tengan en cuenta la capacidad
económica y la progresividad. Eso se lo hemos dicho a las
administraciones, se lo dijimos a la Administración saliente y se lo
hemos dicho a la entrante. Nosotros creemos que debería estudiarse la
posibilidad de modificar la Ley del medicamento. ¿Para qué? Para
introducir esta filosofía de la capacidad y la proximidad y para
establecer, si el legislador así lo entiende, exenciones o limitaciones
destacadas que favorezcan a las personas con riesgo de pobreza y a
pacientes con enfermedades crónicas severas. No quiero decir nada más,
oigo muchas cosas en los últimos días y creo que encontrarán la solución
más pertinente que haga compatibles las ideas de eficiencia y
equidad.

Y voy a hablar de un tema que no se conoce suficientemente, que es la
soledad de los ancianos, la soledad no deseada de los ancianos. Y alguien
se preguntará: ¿qué es eso y cómo se origina la soledad de los mayores? Y
vuelve a ser el Imserso el que establece al menos cuatro causas para que
nos preocupemos de esa soledad: Hay dificultades de adaptación a la edad
de jubilación, es decir, se producen problemas personales de asimilación
y adaptación a la nueva situación. Hay problemas de desvinculación
social; las personas mayores empobrecen sus relaciones sociales, a la vez
que reducen su actividad fuera del hogar. A veces soportan golpes muy
duros, como la viudedad, la dispersión y el alejamiento de sus hijos, o
problemas de salud, de depresión y de salud mental.

Todos estos problemas en España no los conocemos ya que carecemos de
una radiografía global y territorial de lo que les está pasando a los
mayores. Quienes se dedican a esto nos indican que seguramente hay 1,5
millones de personas que viven en una situación de soledad no deseada.
Algunas ONG, como Médicos del Mundo, Cruz Roja, Cáritas o El Teléfono de
la Esperanza, ponen de manifiesto que muchas de las personas que atienden
y apoyan viven solas, muchas de ellas no tienen ningún contacto humano en
su vida diaria durante semanas o meses con otras personas, viven en una
soledad no deseada, que en nuestro caso es exclusivamente una
responsabilidad familiar. Por decirlo en términos castizos, esta sociedad
a algunas personas les ha dicho: ahí te apañes. Pero existen otras
sociedades en las que la soledad no deseada se plantea de una manera más
integral, lo acaban de hacer en Gran Bretaña, y lo han hecho porque
detrás de la soledad no deseada existe un coste humano, un coste social y
un coste económico que han llevado al Gobierno de aquella nación a fijar
prioridades. Por lo tanto, es necesario abrir un debate sobre esa
cuestión en la sociedad española y ver cuáles son las líneas de actuación
que pretendemos llevar a cabo. Recordaré las palabras de Jo Cox, una
diputada laborista británica asesinada en un acto terrorista en el
año 2016. Ella dijo: «No viviré en un país en el que miles de personas
tengan vidas solitarias olvidadas por el resto de nosotros». Yo no quiero
tampoco vivir en un país que olvida a los mayores que están solos.

Me acercaré ahora a los problemas que se plantean —y que hemos
visto— en las cárceles españolas. Primero voy a dar algunos datos y
a continuación voy a describir y analizar la problemática. En España
actualmente hay 59 000 personas privadas de libertad en 96 centros
penitenciarios. Esta cifra es más reducida y está lejos de los 76 000
personas privadas de libertad en el año 2009. Es decir, que entre el
año 2009 y el año 2017 se ha reducido la población penitenciaria en
un 22,5 %. Esto plantea algunas cuestiones relativamente importantes.
Hace años a la Administración penitenciaria se le reclamaba que tuviera
instalaciones penitenciarias. Yo recuerdo que las primeras iniciativas
parlamentarias se pusieron en marcha en 1982 por un director general de
Prisiones que ya no está entre nosotros. Hoy no solamente hay una demanda
distinta, de otro tipo de instalaciones —yo he estado en Archidona,
el pueblo andaluz donde el Gobierno de España ha llevado a las personas
que han recogido en el mar—. Pero hay más; no solo es necesario
tener dignas instalaciones penitenciarias, sino que hay que adecuar la
estructura del personal a un número más reducido y a nuevas tipologías
delictivas.

Los principales delitos en España están vinculados al tráfico de
drogas, a robos y a actuaciones en contra de la propiedad y el
patrimonio, pero no son los únicos. En los últimos años hay nuevas formas
delictivas derivadas, por ejemplo, de la violencia machista. En abril
de 2018 existían 4332 condenados por violencia machista. También están
los delitos derivados de la seguridad del tráfico. En esa misma fecha
había 1310 presos en las cárceles españolas por delitos relacionados con
la seguridad del tráfico. Por lo tanto, no solamente hemos de tener
modernas instalaciones carcelarias, sino que hay que proceder a
solucionar los problemas de personal, y en ese sentido hay que valorar la
actitud y la reclamación de los sindicatos y reforzar las plantillas, que
se han visto mermadas como consecuencia de las restricciones
presupuestarias.

Eso me lleva a plantearles a ustedes lo que entendemos deben ser las
prioridades actuales. La primera prioridad de la Administración
penitenciaria debe ser garantizar el derecho a la salud de los internos.
El derecho a la salud de los internos ha cambiado, hace unos años se
vinculaba al sida, pero hoy no, hoy la enfermedad mental constituye el
principal problema sanitario en las prisiones españolas. Por lo tanto,
hay que hacer algo en ese sentido.

Cuando me he enterado de que hay centros que no disponen de servicios
psiquiátricos y que ni si quiera disponen de un psiquiatra externo al que
recurrir cuando se plantea algún suceso de esta naturaleza, no he dejado
de sentir alguna incomodidad. Por lo tanto, si yo tuviera que jerarquizar
las prioridades de la Administración penitenciaria, diría que en la
aludida falta de personal penitenciario es especialmente acuciante
disponer de personal sanitario y entre el personal sanitario es muy
importante disponer de personas capaces de llevar adecuadamente los
tratamientos de salud mental. Eso no siempre ocurre, inclusive en los
centros más cualificados. Voy a poner el ejemplo de un centro altamente
cualificado: el Hospital Psiquiátrico Penitenciario de Sevilla, que solo
dispone de un psiquiatra de los cuatro que hay en plantilla. Pero eso no
solamente ocurre en este caso, la carencia de personal en estos supuestos
es muy importante.

Un fenómeno que ocurre entre nosotros es el de las pérdidas que se
producen porque las consultas externas no se pueden llevar a cabo al no
existir efectivos policiales que trasladen a los presos. Eso ocurre en
algunos hospitales y también con carácter global. El centro penitenciario
de Jaén, en el año 2016 tuvo unas pérdidas del 32 % y el de Palma de
Mallorca, del 29 %, y hubo casi 4000 citas médicas que se perdieron por
falta de efectivos policiales para trasladarlos. Y créanme, perder la
cita tiene sus consecuencias, porque es volver a situarse en la cola de
la lista de espera.

Por tanto, hay aspectos que deberíamos plantearnos. La recluta de
personal sanitario en las cárceles españolas tiene alguna dificultad,
porque los aspirantes no se estabilizan y con más frecuencia de la debida
abandonan las instalaciones a las que accedieron en un momento
determinado. Me voy a referir a dos casos, a lo que ocurre en Topas y a
lo que ocurre en Córdoba. De Topas hemos recibido una queja en la que se
nos dice que solo prestan servicio dos médicos de los ocho previstos en
la relación de puestos de trabajo; y en Córdoba nos dicen, también por
medio de una queja, que solo prestan servicio cuatro enfermeros de los
trece previstos. Por tanto, allí hay que plantearse seriamente la recluta
de personal y la permanencia del personal en estas instalaciones, que es
vital para que los internos dispongan de calidad de vida.

A continuación voy a hablar de otras cuestiones que me parecen
relevantes y que de alguna manera pueden ayudar a entender la
problemática de las prisiones. En las prisiones, la Administración
penitenciaria tiene que proteger la vida de los internos; hay
fallecimientos naturales, pero también hay suicidios, y estas cosas
suceden porque concurren una serie de factores que tienen que ver con la
ruptura de las relaciones familiares, el aislamiento, los problemas
jurídicos y procesales, el abuso de alcohol y drogas y los trastornos
mentales. También hay problemas de malos tratos. En el año 2017 se
recibieron quejas de 45 internos por malos tratos. Esto me lleva a
recordar —y también lo harán los miembros del Senado que pertenecen
a la Comisión Mixta Congreso y Senado de Relaciones con el Defensor del
Pueblo— las intervenciones que tuvimos en esta Cámara Soledad
Becerril y yo en relación con las contenciones mecánicas. Ella entregó la
guía de buenas prácticas pocas semanas antes de cesar en su condición y
yo presenté esa guía en mi primera comparecencia. Dos cosas quisiera
decir: una, las contenciones mecánicas deberían reducirse al máximo, y
dos, deberían realizarse bajo la estricta vigilancia del médico.

El problema de los grados de tratamiento me preocupa. Creo que es
necesario llevar a cabo una reflexión sobre el primer grado penitenciario
y meditar sobre la privación de libertad en las diferentes modalidades de
nuestro sistema de cumplimiento. Dadas las circunstancias perniciosas que
acarrea una estancia excesiva y prolongada en un régimen cerrado, debe
limitarse al máximo su aplicación ya que así se evitaría la cronificación
del recluso, de cuya situación a veces es muy difícil salir.

Termino este capítulo de la situación penitenciaria hablando de las
mujeres presas. En España, las presas son 4390; en el año 2017,
había 4390 mujeres internas, el 7 % de la población penitenciaria. En el
año 2008, diez años atrás, eran el 8 %. Por lo tanto, aquí sucede lo
mismo: se avanza con lentitud. Nosotros creemos que hay que mejorar la
situación de las presas y que hay que poner en marcha políticas activas
de discriminación positiva que ofrezcan nuevas oportunidades personales y
laborales. La crisis, que ha sido mala para todo, también lo ha sido para
poder establecer trabajos retributivos en talleres a los cuales se
pudieran incorporar estas mujeres.

Hay un hecho al que no quiero dejar de referirme y es que cuando una
mujer entra en la cárcel es muy probable que la estabilidad de un núcleo
familiar se vea especialmente afectada, sobre todo si esta mujer tiene
hijos. Por eso creemos que deberían incrementarse los llamados módulos de
madres, que ahora son relativamente escasos.

Concluyo este capítulo diciendo, señorías, que no deberíamos
resignarnos a hacer del mundo penitenciario una especie de aparcadero en
el que se ven obligadas a permanecer algunas personas que no han podido
soportar, por las razones que sea, las incertidumbres que nos ha tocado
vivir.

El último punto del que voy a hablar es el acceso a la vivienda,
haciendo especial énfasis en los jóvenes. Los rasgos básicos del mercado
de la vivienda en España son: que la vivienda en propiedad es cara; que
los alquileres son altos; que el número de viviendas en alquiler es bajo;
que el gasto público de las administraciones en ayudas a la vivienda es
reducido y que la disponibilidad de viviendas sociales por parte de las
administraciones territoriales son escasas. Son cinco circunstancias que
diagnostican la gravedad del problema. Yo no voy a centrarme en estos
problemas que podríamos llamar tradicionales, voy a centrarme en los
nuevos factores que surgen en el mercado de la vivienda.

El primer factor al que me voy a referir es la aparición del alquiler
turístico, que ha distorsionado plenamente el alquiler residencial
tradicional. Pero no solamente eso, sino que ha dado origen a una
alteración muy significativa en el tejido social de las ciudades: se
expulsa a los habitantes tradicionales de los centros de las ciudades, y
son sustituidos por una población turística de gran rotación.

El segundo factor que tiene que ver, aunque parezca un poco extraño,
con el mundo de la vivienda es la precariedad laboral. Cito este segundo
factor porque son muchas las personas que en este momento tienen un
empleo temporal o un empleo parcial, empleos que, como bien sabemos
todos, incorporan una baja retribución. Acceder con esos empleos a la
adquisición de una vivienda en propiedad no resulta sencillo, porque la
tasa de ahorro de estas familias es más bien reducida. Siendo esto así,
la salida más factible para este colectivo es alquilar en lugar de
comprar. Por eso, para muchos hogares, el alquiler no es una opción, el
alquiler es una necesidad, es la única vía posible. Ahora bien, el
alquiler está por las nubes. Desde el segundo semestre de 2017 hasta hoy,
el precio de la vivienda de alquiler se ha elevado considerablemente, con
lo cual, el dibujo que más o menos teníamos establecido de una opción
rápida y simple hacia el alquiler se pone muy complicado.

Y se pone muy complicado porque en el alquiler han sucedido cambios
importantes. Era un mercado atomizado pero hoy no lo es, se ha convertido
en un mercado profesional al que acuden inversores nacionales y
extranjeros para comprar viviendas de alquiler y, como consecuencia de
ello, el precio de los alquileres se ha vuelto inaccesible para muchas
personas; desde luego, para los jóvenes. Por lo tanto, es necesario
llevar a cabo una oferta en favor del alquiler social para aquellos
colectivos más desfavorecidos. He insistido y volveré a insistir las
veces que sea necesario en la situación de los jóvenes, que encuentran
muchas dificultades para emanciparse y para construir un proyecto de vida
propio y autónomo.

Hay un tercer factor que no se sitúa solo en el mundo del alquiler sino
en el mundo de la vivienda en general. Hay mucho demandante de vivienda
que lo que viene a decir es que necesita una vivienda pública. Y esto es
correcto, pero tiene una dificultad porque el parque de viviendas
públicas se ha reducido drásticamente, cuando no ha cesado por completo
su construcción. Hoy hay menos oferta de vivienda pública que la que
existió en momentos anteriores. Además, esta situación se encuentra
agravada en algún caso, y no voy a dejar de referirme a lo que ha
ocurrido en el Ayuntamiento de Madrid y en la Comunidad de Madrid, donde
se han llevado a cabo operaciones de venta masiva de viviendas públicas
en alquiler a inversores privados.

Por tanto, hay menos oferta de vivienda pública a pesar de la creciente
demanda y eso se viene traduciendo en un desbordamiento de las
reclamaciones ante los poderes territoriales. Habrá que hacer algo; habrá
que encarar adecuadamente estos problemas a través de una intervención
pública en el mercado por medio de los distintos instrumentos que, como
bien sabemos, tienen las distintas administraciones a su
disposición.

Y ya termino. Soy consciente de que he hecho una larga intervención,
pero me parecía que era importante que sus señorías conocieran los
problemas reales que tienen algunos colectivos de la sociedad. Se ha
tratado de una intervención un tanto de contexto porque, como bien saben
algunos de ustedes, soy economista —ni soy abogado ni
sociólogo— y en las aulas de la Complutense aprendí algunas cosas y
leí a los economistas clásicos. En este sentido, ellos decían que lo que
era bueno para la economía —los buenos datos globales— no
siempre era bueno para el trabajo de mucha gente. Los economistas
clásicos escribieron esto hace doscientos años; repito, que los buenos
datos para la economía global no siempre se traducían en buenos datos
para el trabajo de mucha gente. Ellos decían que en muchos lugares, y en
muchos momentos, aunque se diga que las cosas van bien, también se están
produciendo algunos efectos negativos; y cuando se producen estos efectos
negativos, hay gente que pierde todo lo que tenía. En definitiva, junto
con los buenos datos globales, en las sociedades también aparecen
fenómenos de pobreza.

Por eso, he dedicado esta larga intervención a ir describiendo los
impactos que en los diversos colectivos de la sociedad española se han
producido con las políticas de ajuste. Me parecía que tenía la obligación
moral de decirles a ustedes, a los senadores —como se lo dije a los
diputados—, algunas de las cosas que están ocurriendo en esta
sociedad.

A esos a los que les ha ido mal es preciso ofrecerles un mensaje de
optimismo. Yo no se lo voy a ofrecer porque no tengo habilitación para
hacerlo, pero ustedes sí tienen la posibilidad de ofrecérselo; cada uno
puede ofrecerles su mensaje de optimismo o, al menos, podrán decirles que
se darán los pasos pertinentes para que en algún momento ellos también se
vean tan beneficiados como los demás.

Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señoras y señores
senadores. Agradezco infinitamente el silencio con que han seguido esta
larga intervención y el privilegio que he tenido de dirigirles esta
mañana estas palabras.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE:






Muchas gracias, señor defensor del pueblo.

Puede usted seguir la intervención de los portavoces desde la
tribuna.

Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el senador
Marcos.

El señor MARCOS ARIAS: Buenos días, señorías.

Antes de nada, señor Fernández Marugán, quiero darle la enhorabuena y
agradecerles tanto a usted como a su equipo el desarrollo tan prolijo del
informe que, como usted ha dicho, ya adelantó en el Congreso de los
Diputados.

Es cierto, y usted lo ha comentado, que el actual defensor del pueblo
es interino, se encuentra en funciones, pero sé que usted comparte
conmigo y con los senadores de Ciudadanos que encontrarse en funciones no
hace que los derechos fundamentales de las personas estén en funciones;
los derechos no son precisamente interinos.

La institución que usted representa es fundamental para las Cortes
Generales, para el Congreso y para el Senado; una institución, la del
Defensor del Pueblo, que es importante y a la que hay que dar prestigio
como tal, fundamentalmente en esa defensa de los derechos fundamentales
de las personas, de todas y todos los ciudadanos y, sobre todo, dentro de
su función constitucional, más allá de ser un buzón de sugerencias;
nosotros creemos que es más que un buzón de sugerencias y que nos
traslada una foto interesante sobre la realidad de los ciudadanos de este
país.

Nos preocupa, en todo caso, el tiempo medio de respuesta de las
administraciones públicas, casi 68 días, que a día de hoy es totalmente
inadmisible, y estamos de acuerdo en todos y cada uno de los datos y
cuestiones que usted ha abordado: el empleo —9 de cada 10 contratos
son temporales—; la violencia machista; la situación de la infancia
en tránsito; la brecha salarial de las mujeres; la Administración de
justicia y su rapidez de respuesta a los ciudadanos; la acogida a los
refugiados; las políticas activas —la educación, la
vivienda—; y, otra vez, la Administración de justicia, que es la
tercera área con más quejas dentro del conjunto de las que llegan al
Defensor del Pueblo.

También quiero hacer una mención —usted no lo ha hecho—, en
mi condición de portavoz de políticas integrales de discapacidad, sobre
una parte del informe que habla de las personas con discapacidad o
diversidad funcional. Es verdad que en su informe habla de la falta de
accesibilidad, de la falta del derecho fundamental de las personas con
discapacidad o diversidad funcional a la educación y a la atención
temprana. En este sentido, quiero trasladarle también mi enhorabuena por
la parte del informe que habla de esa realidad de las familias y de las
personas con discapacidad.

Quiero mencionarle, ahora que tengo la oportunidad, un informe
elaborado por el Comité sobre los Derechos de las Personas con
Discapacidad, que se acaba de trasladar al Estado español —leo
textualmente—: que examina las presuntas violaciones graves o
sistemáticas del artículo 24 (derecho a la educación) de la Convención
por el Estado parte —en este caso, España—, a saber, la
alegada exclusión estructural y segregación de las personas con
discapacidad del sistema educativo general por motivos de discapacidad.
Este documento, igual que el informe del Defensor del Pueblo, para los
legisladores —para el Senado y para el Congreso— tiene que
ser un punto de partida para ponernos a trabajar con el fin de que el
derecho fundamental a la educación y la igualdad de oportunidades para
las personas con discapacidad sea una realidad en este país. Es verdad
que aquí hay muchos actores, operadores jurídicos, docentes, familias,
alumnos y alumnas, pero también los alumnos sin ninguna discapacidad
tienen derecho a convivir con personas con discapacidad en su entorno, en
este caso, en la escuela.

Y, por último, le hago una petición que le hice a su antecesora y que
para nosotros es importante. Yo siempre insisto a mis compañeros de
Ciudadanos en el Congreso —también aquí, señor Fernández
Marugán—, que es necesario aumentar el conocimiento y el debate
entre los parlamentarios del Congreso de los Diputados y del Senado sobre
la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con
Discapacidad y otras convenciones. Sigue habiendo un desconocimiento
profundo entre los parlamentarios —que somos los
legisladores— sobre lo que conlleva para nuestro país la realidad y
los derechos fundamentales de las personas con discapacidad en
España.

Gracias, presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Marcos.

Señora Domínguez de Posada, tiene la palabra.

La señora DOMÍNGUEZ DE POSADA PUERTAS: Gracias, presidente.

Quiero agradecer al defensor del pueblo en funciones su comparecencia
en esta Cámara para presentar el informe del ejercicio 2017. El número de
quejas asciende a 24 976, 8798 más que en el año 2016, que alcanzaron la
cifra de 16 178, pero muy lejos de los 35 000 escritos de queja que
recibió el Defensor del Pueblo en el año 2010. Quiero pensar que el
motivo es que las administraciones, ahora, funcionan mejor.

Se han incrementado las recomendaciones aceptadas por las
administraciones en un 125 % y se ha reducido en casi 20 días el tiempo
de espera para obtener respuesta.

El contenido de las quejas no varía prácticamente. Estas se refieren al
ámbito de la justicia, al económico, al medioambiental, a la función
pública, al funcionamiento de los servicios públicos o a cuestiones de
asilo. Hay un dato muy revelador y es que gran parte de las peticiones de
asilo que se manifiestan en el informe corresponden a ciudadanos
venezolanos, lo que pone de manifiesto la dictadura chavista, por mucho
que algunos grupos políticos la nieguen o la defiendan.

Señor defensor del pueblo, con todo mi respeto, creo que hay un
apartado del informe en el que se excede en sus funciones; me refiero al
apartado de crisis económica y desigualdad. Usted no puede corregir las
leyes porque esa es una competencia de las Cortes Generales. Usted podrá
acudir al Tribunal Constitucional si lo considera oportuno, pero no puede
presentar presupuestos alternativos para criticar al Gobierno. Carga
usted la responsabilidad de una crisis mundial al Partido Popular y lo
culpa de aumentar la pobreza en España, pero olvida los años de gobierno
de Zapatero, con un gasto desmesurado y unas elevadísimas cifras de paro.
(Aplausos). Su deber es resolver las quejas de los ciudadanos al margen
de las ideologías políticas. Puedo estar equivocada, pero esa es la
impresión que me ha dado al leer ese apartado del informe.

Por lo que se refiere a mi comunidad autónoma, quiero destacar que han
aumentado las quejas de 318 a 348. La Ley 2/2017 del Principado de
Asturias, de montes y ordenación forestal, ha sido recurrida por
inconstitucional en sus disposiciones transitorias primera y segunda;
también se recoge la existencia de varios ayuntamientos que han
obstaculizado la labor del defensor del pueblo y se ha dado traslado a la
Fiscalía para ver si incurren en el tipo penal del artículo 502 del
Código Penal; no se olvida el informe de la unidad terapéutica y
educativa de la UTE de Villabona; y se formula una recomendación al
Principado de Asturias para recordarle su deber legal de colaborar con la
Federación Asturiana de Piragüismo.

Quiero destacar que la mayor parte de quejas por el impuesto de
donaciones y sucesiones vienen, precisamente, de Asturias, Andalucía y
Aragón, pese a la gran campaña llevada a cabo en Asturias en contra de
este impuesto, que grava dos veces los bienes de una persona y,
precisamente, una de ellas, en el momento de su fallecimiento. Esto es
tan absurdo como sería establecer un impuesto cuando nacen los
niños.

El informe es extenso, pero debido al tiempo limitado del que dispongo,
he sacado lo que he considerado más importante.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Domínguez de Posada.

¿Alguna intervención más del Grupo Mixto? (Denegaciones). No hay más
intervenciones.

Por el Grupo Parlamentario Nacionalista Partit Demòcrata - Agrupación
Herreña Independiente-Coalición Canaria, tiene la palabra la senadora
Rivero.

La señora RIVERO SEGALÀS: Gracias, presidente.

Intervengo en nombre del Partit Demòcrata para hacer consideraciones
relativas al informe anual del Defensor del Pueblo.

Antes de nada, quiero agradecer el trabajo y la presentación de este
informe, que es un referente para las Cámaras parlamentarias, que
intentamos aliviar con nuestro trabajo aquellas circunstancias y aquellos
problemas del día a día que se han planteado en el informe y proponer
soluciones.

La Defensoría del Pueblo debe atender las quejas de los ciudadanos y
también puede actuar de oficio ante circunstancias en las que se vulneren
derechos. En Cataluña ha habido un incremento de quejas de la ciudadanía,
referidas principalmente al Estado y, concretamente, al Ministerio del
Interior. A partir de ahí, haré referencia a lo que no hay en el informe
del Defensor del Pueblo, a aquello que nosotros no hemos sabido encontrar
y a lo que pensamos que no recoge el informe. Por tanto, ya les avanzo
que, a nuestro entender, es un informe incompleto.

No hemos encontrado la referencia en el informe a la desproporción en
la actuación del Estado y la brutalidad policial del 1 de octubre, así
como la posterior represión y persecución de la libertad de expresión en
Cataluña. Señorías, el 1 de octubre hubo en Cataluña vulneración de los
derechos fundamentales. No nos cansamos de denunciarlo, como no nos
cansamos de denunciar que queremos la libertad de los presos políticos y
el retorno de nuestros exiliados. Además, esta vulneración de derechos
fundamentales no solo la denunciamos nosotros sino también organizaciones
como Human Rights Watch o Amnistía Internacional, y no vemos referidas
estas vulneraciones en el informe.

El voto, señorías, es la expresión genuina de la democracia, y la
política debería ser la gestión de esas voluntades expresadas. Es un
craso error el querer judicializar algo tan sagrado en una democracia. No
se puede pegar o agredir a un pueblo por quererse expresar; no se puede
pegar a la ciudadanía por querer ejercer el voto, por querer opinar sobre
la situación política que les atañe.

Señorías, año tras año hemos denunciado que la Defensoría sí que actuó
de oficio cuando se debatía el Estatut d’autonomia en Cataluña. Es
cierto que el PP recogió firmas en contra y que también acudió al
Tribunal Constitucional, pero la Defensoría actuó de oficio en ese caso.
¿Cuál es el resultado, señorías? Somos el único territorio con un estatut
de autonomía que no es el que votó la ciudadanía, que expresó legal y
libremente su opinión en las urnas y, además, tampoco es el que estas
Cámaras parlamentarias ratificaron en su momento. De esos polvos, estos
lodos.

¿Cómo es posible que no actúen de oficio para garantizar derechos
vulnerados de los presos políticos catalanes y de los exiliados? ¿Cómo es
posible que en este país, ultras con hechos violentos probados y con
sentencias firmes —como en el caso de Blanquerna—, estén en
sus casas bajo el pretexto de proteger los derechos del menor? ¿Cuál es
la discrecionalidad respecto a los derechos de los menores? ¿Qué pasa con
los menores que tienen a sus padres presos políticos a larga distancia?
¿Quién vela por esos derechos? ¿Cómo es posible que haya esta
discrecionalidad? ¿Cómo es posible que no se refleje la persecución de
algo tan básico como la libertad de expresión? Señorías, hablo de
raperos, artistas y tuiteros, exiliados en algún caso o con riesgo de
entrar en prisión únicamente por expresarse con libertad, con
independencia de que compartamos o no lo que expresan.

Señorías, la justicia europea pone de manifiesto la inconsistencia de
las acusaciones a nuestros presos políticos y exiliados. ¿Por qué no
actúan de oficio ante algo tan abusivo como la prisión preventiva?
Nosotros denunciamos esa prisión preventiva, pero también prestigiosos
profesionales, juristas, académicos, profesores de Derecho
Constitucional, magistrados del Supremo y —la última voz que
también se ha alzado— la del propio fiscal Horrach, del caso Nóos,
que además de decir que el rey tenía que haber ido a declarar, también se
ha manifestado claramente respecto de la inconsistencia jurídica de esta
prisión preventiva. ¿Dónde está la Defensoría en estos casos? La echamos
de menos.

Requerimos, como lo hemos hecho en cada informe del Defensor del
Pueblo, que exista un protocolo de actuación que acote la
discrecionalidad de las actuaciones de esta Defensoría. El informe, como
ya he dicho, está incompleto. Para el Partit Demòcrata está injustificada
e inexplicablemente incompleto. No podemos entender cómo no se reflejan
estas vulneraciones de derechos en este informe.

Señorías, el pueblo de Cataluña es un pueblo con vocación política, con
ideas, y lo continuará siendo; las ideas no se pueden encarcelar. Usted
ha hablado de relaciones y de que estas deben mantener el respeto,
también el respeto a las libertades; pero en Cataluña, hoy, las
libertades se han vulnerado. Señores, señor defensor del pueblo,
esperamos que atiendan estos derechos vulnerados, necesitamos que los
atiendan.

Hasta entonces, el Partit Demòcrata, agradeciendo el trabajo que ha
hecho en este informe, tiene que decirle —con todo el respeto del
mundo— que no refleja la realidad total, que no atiende y que,
inexplicablemente, está incompleto.

Gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Rivero.

Senador Rodríguez Cejas, tiene la palabra.

El señor RODRÍGUEZ CEJAS: Muchas gracias, señor presidente. Buenos
días, señorías.

Saludo de forma especial, como no podía ser de otra forma, a la
Defensoría del Pueblo y a todo su equipo, a quienes agradecemos su
comparecencia en esta Cámara.

Las quejas elevadas por la ciudadanía han aumentado en 2017 un 51,5 %.
Estos datos denotan que algo ha sucedido durante ese año en este país.
Usted ha mencionado temas importantes como las desigualdades, la
violencia machista, los movimientos migratorios actuales —que nos
parten el alma— y ha hecho especial hincapié en los servicios
públicos. Yo me congratulo porque haya una institución, a la que usted
representa, que reconozca en esta Cámara algo que en la Agrupación
Herreña Independiente - Coalición Canaria hemos denunciado en reiteradas
ocasiones, y es que la recuperación económica que tanto se ha venido
anunciando no está llegando a toda la ciudadanía por igual. Y prueba de
ello son temas como los que usted ha mencionado: copagos farmacéuticos
con porcentajes excesivos; desigualdad salarial entre hombres y mujeres;
la situación de las personas que llegan a España desde otros países; la
fragilidad de un sistema de atención a la dependencia que no termina de
aterrizar en este país; la deficiencia del sistema sanitario; o la lenta
respuesta de la Administración de justicia, entre otros muchos aspectos
que usted ha mencionado y que no puedo entrar a detallar. Como digo,
todas ellas son demandas que hemos debatido en esta Cámara en muchas
ocasiones; la diferencia es que hoy no somos los partidos quienes
denunciamos estas situaciones sino que son los propios ciudadanos y
ciudadanas los que elevan estas denuncias a través de la institución que
usted representa.

Hay un dato que me llama especialmente la atención del informe anual
de 2017 y es que, de las 918 recomendaciones elevadas por su institución,
solo 514 fueron aceptadas, y considero que ese número debería ser mucho
mayor. Creo que las instituciones deberían avanzar muchísimo más en esta
línea, y no solo por respeto a la Defensoría del Pueblo sino, sobre todo,
por respeto a la ciudadanía que, al fin y al cabo, es quien eleva estas
demandas. Al margen de que las demandas sean muchas o pocas —no voy
a entrar en números, o si en son más o menos que en años
anteriores—, creo que todas deben ser igualmente valoradas y
atendidas.

Finalizo. Gracias de nuevo por su comparecencia, a usted y también a
todo el equipo por el informe que consideramos completo. Además, les
animamos a continuar, a seguir en esa línea de trabajo para salvaguardar
los derechos de la ciudadanía que tanto lo necesita.

Gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Rodríguez Cejas.

Por el Grupo Parlamentario Vasco, tiene la palabra el senador
Cazalis.

El señor CAZALIS EIGUREN: Egun on, mahaiburu jauna. Egun on, senatori
jaun-andreok. Egun on, Fernández Marugán jauna.

Yo no voy a entrar en las profundidades de su informe porque eso ya lo
hizo el representante del Grupo Vasco en la Comisión Mixta, de la que
además es el presidente, pero sí quiero aprovechar la oportunidad para
hacer algunas reflexiones que nos ha suscitado el devenir de la
Defensoría del Pueblo en estos meses, digamos, de interinidad, por
decirlo de alguna manera.

Antes que nada, quiero agradecerle al señor Fernández Marugán su
comparecencia por supuesto, nos parece que ha hecho un buen trabajo en su
etapa como defensor adjunto y ahora como defensor del pueblo en
funciones, y también queremos agradecérselo. Nos gusta su estilo, nos ha
gustado lo que ha hecho y también cómo lo ha hecho, por tanto, ustedes
comprenderán que no tengamos nada contra el señor Fernández Marugán como
he dicho. Si acaso, lo único que podemos hacer es agradecérselo. Pero,
evidentemente, el señor Fernández Marugán está en este puesto de forma
temporal, en tanto en cuanto no se designe a una nueva persona para
ejercer la Defensoría. Y de aquí surge nuestra primera reflexión, una
reflexión que nace de la extrañeza de ver las dificultades de los grupos
mayoritarios en Cortes Generales para llegar a acuerdos y designar a una
persona buena, a una persona imparcial y capaz de ejercer el cargo de
defensor o defensora del pueblo con las suficientes garantías de
imparcialidad, de ecuanimidad y de justicia, algo que desgraciadamente
también suele suceder cuando se trata de otro tipo de designaciones que
tienen, por ejemplo, que ver con la judicatura. La pregunta es fácil: ¿No
hay nadie en el Estado español que cumpla con estos requisitos que acabo
de mencionar? ¿No hay nadie ajeno a los partidos políticos que sea capaz
de concitar el consenso de todos los grupos de las Cortes Generales?
Pues, sinceramente, nos cuesta creerlo. La alternativa es deducir que el
problema no es este, es deducir que la razón del bloqueo de este tipo de
elecciones —y quiero recordar que la señora Cava de Llano estuvo
como defensora interina en el cargo dos años, cuando el máximo que se
puede estar son cinco, y ya es bastante— es que, en vez de intentar
realmente buscar una figura independiente con las características que la
Ley del Defensor del Pueblo exige, se pierde el tiempo en designar a los
afines a los partidos mayoritarios que menos incómodos resulten a los
demás y después repartir los cargos adjuntos para que todo el mundo se
quede contento, y una vez elegidos todos, eso sí, hay que obligarles a
renunciar, por ejemplo, a la afiliación al partido al que pertenecen para
cumplir mínimamente con lo que establecen los artículos 6 y 7 de la Ley
Orgánica 3/1981. ¿No sería más razonable, señorías, más democrático, más
consonante con el espíritu que envuelve la figura del ombudsman, del
defensor o la defensora del pueblo, que estas Cortes Generales se
esforzaran un poco en elegir a una persona independiente, de consenso,
con verdadera auctoritas, con una legitimización y una solvencia
contrastadas socialmente y con capacidad moral para emitir una opinión
para mediar y para defender los derechos fundamentales de los ciudadanos
consagrados en el título I de la Constitución? ¿No sería mejor, señorías,
esforzarse en esto, en vez de alargar la elección sine die, pasteleando
hasta conseguir cuadrar a alguien afín a uno y otro partido, dependiendo
de la temporada? Nosotros creemos que sí, señorías, creemos que merecería
la pena el esfuerzo de tener instituciones como la de la Defensoría del
Pueblo que no tuvieran nada que ver con el juego político y de mayorías
de cada momento, ni en el fondo ni en la forma. En cualquier caso, señor
Fernández Marugán, viendo el panorama actual de las Cortes Generales
españolas, si no se cambia el sistema, le auguro un largo y espero que
también provechoso mandato.

Una segunda reflexión y unas peticiones, señor defensor. Hace unas
semanas le escuchaba decir en una entrevista que hizo en televisión que
este segundo informe, que tanta polémica ha suscitado —se basa en
el impacto de la crisis y la desigualdad social—, estaba más que
justificado por la necesidad y también por el cuestionamiento de lo que
ha sucedido en España en los últimos años, en los años de crisis, que han
hecho diversas entidades de ámbito internacional y reputados
expertos.

Nosotros siempre hemos sido partidarios de que la Defensoría del Pueblo
tuviera un papel más proactivo en sus funciones —lo hemos pedido
siempre— y que priorizara las actuaciones de oficio. Me atrevo a
enmarcar este nuevo informe en ese papel proactivo que creemos que debe
tener la Defensoría, por tanto, aplaudimos su iniciativa. Pero con esas
mismas justificaciones, con esas mismas premisas que usted remarcó en la
entrevista, como el cuestionamiento por parte de instituciones de ámbito
europeo y mundial, la opinión de innumerables expertos reputados
nacionales e internacionales, etcétera, nosotros le pedimos que siga
investigando e informando sobre otras muchas cuestiones, como, por
ejemplo, sobre la memoria histórica, que ha sido cuestionada y muy
duramente por diversos organismos de Naciones Unidas y por tribunales y
expertos europeos y de nivel global, un tema en el que los sucesivos
gobiernos han mirado para otro lado con más o menos indiferencia y
pasividad y en el que si se ha avanzado algo, ha sido gracias al empeño
de las comunidades autónomas, de las entidades locales y, sobre todo, de
las víctimas.

Con esos mismos argumentos también podríamos pedirle, y lo hacemos,
otro informe sobre la utilización de la justicia para hacer política.
(Con esto me refiero por supuesto también a los políticos catalanes
presos, eso que tanto les gusta decir, políticos presos por cuestiones
políticas, con una aplicación de la ley que no ha sido precisamente la
más respetuosa con los derechos civiles y políticos de los encausados.
Esto merece una reflexión). O pedirle un análisis de lo sucedido en el
caso de Alsasua, en el que se juzga a unas personas fuera de su ámbito
judicial natural, se les juzga en un tribunal de excepción como la
Audiencia Nacional, se les aplica aquello de todo es ETA, y, a pesar de
que el tribunal desestima las acusaciones de terrorismo, se les aplica
unas condenas homologables a los actos terroristas, y además tenemos que
ver cómo la Fiscalía recurre esa decisión con un empecinamiento
inexplicable desde cualquier lógica jurídica. Y todo esto con unos
ciudadanos que llevan presos de forma preventiva casi dos años. En
cambio, delitos similares en otras partes del Estado, agresores al mismo
Cuerpo de la Guardia Civil, incluso organizados en familias, que es la
manera más antigua de organizar la delincuencia en algunos casos, esperan
sentencias incomparablemente más ligeras que las de Alsasua y no padecen
la prisión preventiva. Parafraseando a la presidenta Uxue Barkos, aquí
parece que se aplica más el código postal que el Código Penal porque,
dependiendo de dónde caiga, las penas cambian por el mismo delito, lo que
es inaceptable. Por lo tanto, señor Fernández Marugán, echamos de menos
un informe sobre la utilización de la justicia para hacer política, la
politización de la justicia, sobre la sensación de justicia a la carta
que estamos viviendo casi cada día mientras juristas de toda Europa miran
de reojo al sistema judicial español y huyen de sus resoluciones
judiciales como de la antigua gripe española. Urge por tanto un informe
sobre este tema, es más que necesario, señor Fernández Marugán, y lo
esperamos.

Por último, tampoco estaría mal que la Defensoría del Pueblo se ocupara
también de la política penitenciaria aplicada excepcionalmente a los
presos de ETA en lo referente a la dispersión y, sobre todo, en lo
referente al alejamiento de sus comunidades de origen. Usted sabe, como
todos nosotros, que ETA ya se ha disuelto —sesenta años tarde, se
tenía que haber disuelto en el minuto uno de su fundación—, y con
muchísimo sufrimiento totalmente innecesario. Insisto, tarde, pero se ha
disuelto. Si la causa que originó esa excepcionalidad en el régimen
penitenciario ya ha desaparecido, ¿cuál es la razón para mantener la
política de alejamiento en la actualidad? Se lo cuestionaba anoche
también el presidente del Gobierno en una entrevista televisiva. Es por
tanto urgente solucionar una situación que solo obedece a un afán de
venganza hacia los presos y a una condena añadida a sus familias, que no
han cometido ningún delito. Ese sentimiento de venganza puede ser
comprensible en lo personal, se puede entender por parte de las víctimas,
injustas, causadas por ETA, pero convendrá conmigo en que es inaceptable
que quien la ejerza se tenga a sí misma como una sociedad democrática y
de derecho, respetuosa con los derechos de todos, incluidos los
presos.

Ya tiene tarea, señor Fernández Marugán, mucha tarea. En su
comparecencia en la comisión mixta en esta misma Cámara, el portavoz del
Grupo Popular le decía a usted que tenía que hacer lo que le dicta la ley
y no lo que le pedía el cuerpo. Eso dijo, literalmente. No sé a qué parte
de su cuerpo debo apelar para que siga teniendo iniciativas como este
último informe e incluya las que le he dicho entre sus tareas pendientes,
pero le envío una petición multiorgánica para que todo su organismo tome
nota de lo que le acabo de decir y se ponga a la tarea, no por nosotros
sino por el bien de la sociedad y, sobre todo, de los ciudadanos, que se
sienten indefensos ante una Administración que, utilizada como
herramienta, puede llegar a ser muy cruel con quien no puede
defenderse.

Espero, señor Fernández Marugán, que en su próxima comparecencia
estemos hablando de estos temas en otros términos.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Cazalis.

Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, tiene la palabra el
senador Rufà.

El señor RUFÀ GRÀCIA: Señor presidente, señor defensor del pueblo,
muchas gracias a usted y a su equipo por su informe, que en gran parte
compartimos, aunque podría ser más claro y directo. Durante los dos
últimos años he participado como portavoz en la Comisión Mixta
Congreso-Senado y he podido analizar. A simple vista este informe no
debería presentar más incógnita que la de constatar obviedades como que
se siguen vulnerando derechos y libertades fundamentales en el Estado.
Pero Esquerra Republicana va más allá de su valoración sobre cuáles son
los déficits democráticos del Estado español, ya que no creemos que se
trate solo de casos puntuales de vulneración de las libertades generales,
sino más bien de una cronificación e institucionalización de la
vulneración de derechos durante estos últimos años. Por ejemplo, la ley
mordaza, que la Defensoría del Pueblo ni tan siquiera recurrió al
Tribunal Constitucional, es un claro ejemplo de vulneración de los
derechos civiles, que acaba afectando a la calidad democrática del Estado
español. Lo dice el influyente The Econonomist: España está en riesgo de
ser degradada a democracia imperfecta. En el índice de democracia que
cada año elabora The Economist, la calificación de España en 2017 se ha
rebajado de 8,30 a 8,08 puntos, justo en el límite entre democracia plena
e imperfecta, un indicativo de la valoración exterior sobre lo que
realmente está pasando.

En todo caso, lo significativo de este informe no son tanto las quejas
y valoraciones recogidas en él, con las que realmente estaríamos de
acuerdo, con muchas de las que ha ido relatando usted aquí y en
diferentes comisiones en el Congreso y en el Senado, sino las omisiones.
Nosotros queremos dar de nuevo una especial relevancia a las omisiones de
algunos aspectos sorprendentes de este informe. De nuevo obvia casos
flagrantes de transgresión de derechos y libertades fundamentales al no
incluir las vulneraciones de derechos que ya hemos indicado en informes
anteriores sin ningún resultado y en algunas de nuestras intervenciones
en la comisión mixta: vulneraciones de derechos lingüísticos en el País
Valencià y en las Balears por parte de las fuerzas de seguridad del
Estado, un agravio que hemos venido denunciando año tras año y todavía
hoy no hemos visto ningún tipo de análisis o recomendación a los
diferentes ministerios afectados; o la corroboración o incremento de las
agresiones por parte de grupos de extrema derecha, que han venido
actuando con total impunidad en distintos puntos del Estado español
durante el 2017, especialmente en Cataluña y el País Valencià a partir de
este otoño.

También es necesario recordar que entre el 8 de septiembre y el 11 de
diciembre del 2017 se han documentado en Cataluña al menos 130 incidentes
violentos que tendrían una motivación política en defensa de la unidad de
España, sin incluir la acción de las fuerzas de seguridad del Estado en
torno al 1 de octubre. A nuestro grupo no le sorprende ya nada. Omitir de
fábrica cualquier referencia sobre la flagrante vulneración de derechos y
libertades civiles y políticos en Cataluña por parte del Estado entre los
meses de septiembre y diciembre del 2017 puede ser una labor más del
entramado del Estado en el que la Defensoría no debería participar.

Ni una sola línea sobre los presos políticos catalanes en su informe.
Otros casos de vulneración sí son incluidos, como el relativo al derecho
a voto en el régimen electoral, en el que se constatan las trabas
burocráticas y las dificultades para ejercer el voto por correo durante
las elecciones en Cataluña del 21 de diciembre del año pasado. Fuera de
este pequeño inconveniente burocrático, resulta que para su equipo en
Cataluña no ha pasado nada. Tenga presente, señor defensor del pueblo,
que usted no fue visto en ningún momento durante el otoño en Cataluña,
por lo que, probablemente, no tiene la visión de lo que pasó realmente en
ese sitio, y ni tan si quiera realizó consultas a los diferentes partidos
de los representantes catalanes en este Senado ni en el Congreso, lo
cuales le podríamos haber explicado diferentes puntos de vista y
realidades sobre lo ocurrido.

Usted y su equipo deberían estar al corriente de los informes
presentados por el Síndic de Greuges de Catalunya sobre los hechos
acaecidos este otoño. Por si acaso, le informaré rápidamente. El Síndic,
el señor Ribó, en sus informes denuncia contundentemente las agresiones
de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado durante el 1 de octubre
y la mala gestión del Gobierno español, del exministro Zoido. Estas
agresiones están recogidas en el informe del Servei Català de la Salut,
que da cuenta del número de 1066 personas atendidas en los servicios
sanitarios —en esta cifra no están contabilizados los policías que
comentaba el señor Zoido aquí mismo, en el Senado, y miles de vídeos lo
demuestran—, en pueblos como Sarral en la Conca de Barberà,
Vilabella en el Alt Camp, Montroig en el Baix Camp o en la misma
Tarragona donde mi compañera de escaño, la señora Castel, fue agredida
por la Policía por el simple hecho de defender el derecho a voto.

En las diferentes actuaciones de las fuerzas y cuerpos de seguridad del
Estado las cargas fueron realizadas sin motivos que precisaran de este
tipo de actuación. Quiero recordarle que los mossos d’esquadra
cerraron más colegios y retiraron más urnas sin ningún tipo de problema
ni daño a ningún votante, ni a miembros de mesa ni a apoderados de ningún
partido.

El Síndic critica también la desproporción penal con los líderes
soberanistas y cuestiona que se les pueda procesar por un delito de
rebelión. Y usted ni caso, ni una sola mención. Por todo ello, el Síndic
incluso alerta de los límites democráticos traspasados por el Estado,
advierte sobre la normalización de la represión democrática y reclama
diálogo de todas las partes. Y no solo Síndic de Greuges, entre otros
organismos internacionales, como ha dicho mi compañera Rivero, del Partit
Demòcrata, también Human Rights Watch o Amnistía Internacional, respecto
a lo sucedido estos meses en Cataluña, alertan sobre la vulneración clara
de derechos y libertades civiles y políticos. En ambos casos se insiste
en que es necesario realizar investigaciones efectivas e independientes
sobre el uso de la violencia durante la jornada del referéndum. Y usted y
su equipo ¿qué han realizado sobre ello? Nada. ¿Se han reunido con estas
entidades internacionales independientes, que no independentistas? Pues
no lo sabemos. Por lo tanto, a fecha de hoy, nada.

Como puede escuchar, señor defensor, sus funciones no se deben limitar
solamente a informar de las quejas de los ciudadanos o de las
deficiencias del sistema, usted, su institución, para nosotros, puede y
debe actuar más de oficio, teniendo en cuenta que, en teoría, son libres
para actuar y que tenemos ejemplos, y buenos, en muchos casos, como los
acontecidos en Málaga tras la muerte de un inmigrante y su posterior
informe en el Congreso.

De nuevo, nuestro grupo quiere aprovechar su presencia para impedir con
su intervención que se haya evitado la extradición a Turquía de dos
periodistas detenidos en España por la vulneración de los derechos
humanos en aquel país.

No es necesario recordar que la Defensoría del Pueblo ha presentado
recurso en el Tribunal Supremo contra el entonces nuevo Estatuto de
Autonomía de Cataluña motivado por el Partido Popular, un estatuto
diezmado, recortado y finalmente aplicado sin pasar por un segundo
referéndum del pueblo catalán. De nuevo aquí, su institución ni se
inmutó. Visto lo sucedido a posteriori, la desafección manifestada por el
señor presidente Montilla fue la gota que llenó no el vaso ni el plato,
digamos, un pantano de la paciencia de muchos catalanes que pasaron de
confiar en un Estado a desconfiar de él, un Estado donde día a día el
traspaso crece, y lo seguirá haciendo dado cómo actúan los diferentes
Gobiernos del PP y del Partido Socialista, que propician una nula
separación real de poderes.

Finalizo. Nuestro grupo no entiende de ninguna manera la omisión en el
informe de los hechos acaecidos en Cataluña en el otoño de 2017.
Blanquear esos meses de represión —y digo blanquear— es una
vergüenza, no incluyendo nada de la actuación policial y judicial. Esa no
debe ser su línea de trabajo a futuro si realmente quiere que su
institución sea realmente independiente. Le emplazamos a que tome en
consideración las valoraciones que hoy sí están planteando otros
organismos internacionales.

Para su información, nuestro grupo presentará al finalizar este Pleno
una solicitud de comparecencia del defensor del pueblo ante la Comisión
Mixta de Relaciones con el Defensor del Pueblo para informar sobre la
situación de lo acaecido en Cataluña, desde la intervención de las
diferentes consellerías y ocupaciones de sedes de partidos políticos,
hasta las elecciones del 21 de diciembre. Y si ni usted ni nadie de la
Defensoría han visitado a los presos políticos, le pedimos que lo haga.
Conozca directamente a Oriol Junqueras, a Dolors Bassa y a Carme
Forcadell, entre otros, y así conocerá cuál es su posición y su estatus
legal.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Rufà.

Por el Grupo Parlamentario Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, tiene
la palabra la senadora Gorrochategui.

La señora GORROCHATEGUI AZURMENDI: Gracias, presidente.

Muchas gracias, defensor del pueblo. Buenos días y muchas gracias por
su informe, que coloca a la Defensoría del Pueblo precisamente donde debe
estar, al lado de los derechos de las personas y, sobre todo, de las
personas más vulnerables.

Al contrario que algunas de las personas que han hecho uso de la
palabra, nosotras queríamos agradecerle especialmente ese informe sobre
la crisis económica y la desigualdad, que ha complementado el informe de
la Defensoría del Pueblo, en principio porque parte de un presupuesto. Si
interpretamos la justicia en términos de disfrute y realización de los
derechos, hay una condición previa para poder disfrutar realmente de
ellos y es la que tiene que ver con unas condiciones materiales de vida
dignas. Por tanto, y al contrario de lo que expresaba la representante de
Foro Asturias, esta no es una condición partidista.

La Constitución nos habla de que España es un Estado social, y esto
supone aceptar la premisa de que para disfrutar de los derechos es
preciso gozar de un mínimo de calidad material de vida para que sea
digna. En ese sentido, si la justicia es el disfrute de derechos, este
necesita de unas condiciones materiales de vida dignas. Es decir, que
para que la justicia sea justicia, tiene que ser justicia social.

Por tanto, no comprendemos las críticas a este informe, que nosotros
agradecemos infinitamente. Y lo agradecemos porque nos hace recordar a
todos los operadores legislativos y al Gobierno dónde está el camino para
que el disfrute de los derechos sea real y efectivo; cuál es el camino
que hay que transitar. Porque la crisis no es algo natural, no es como la
lluvia, ni tampoco lo son sus consecuencias; son consecuencias de
decisiones políticas y, como tales, tienen que tenerse en cuenta a la
fuerza para poder abordar políticas, también en el ámbito económico, que
permitan el disfrute real y efectivo de los derechos fundamentales en
términos de igualdad, o al menos de una mínima igualdad para todas y para
todos. En este sentido, estamos de acuerdo con uno de los apuntes que
usted realizaba. Se ha producido una regresividad en la fiscalidad en los
últimos años y, tal como establece la Constitución, debe retomar la
progresividad.

También estamos de acuerdo con el apunte sobre que los recortes en las
prestaciones sociales durante la crisis han aumentado aún más esta brecha
social que esta sistema impositivo ya de por sí acarrea.

Uno de los problemas a los que hacía referencia el defensor del pueblo
en su exposición es el envejecimiento. El envejecimiento no tendría por
qué ser un problema, es como tantos otros, lo que es un problema es la
situación en la que pueden encontrarse las personas que han envejecido,
porque faltan recursos, faltan políticas públicas que exigen recursos
para que la vejez pueda disfrutarse en plenitud de derechos.

Entre las otras cuestiones concretas que se mencionan en el informe y
que el defensor del pueblo ha desgranado en su intervención, hay un
apartado que hace referencia a la vivienda. Compartimos el diagnóstico de
que el problema para poder disfrutar del derecho a la vivienda en este
país tiene que ver con que no ha existido política pública de vivienda,
no ha existido y no existe, porque se ha dejado que los mercados hagan la
política sobre vivienda. La vivienda se ha convertido en un activo más, y
así, por ejemplo, tenemos el grave problema de la turistificación de los
alquileres y la carestía de la vivienda, tanto para la compra como para
el alquiler. Ya lo ha dicho el defensor, es demasiado caro comprar una
vivienda pero también alquilar una vivienda. Así el derecho a una
vivienda no puede existir.

La propuesta de aumentar el parque público de vivienda que hace en su
diagnóstico nos parece perfecta. Si nos pareciésemos a Francia sería
estupendo, algo que usted ha mencionado en el informe. Ha hablado también
de establecer convenios basados en buenas prácticas con las entidades
financieras tenedoras de vivienda. Está demostrado que este tipo de
cuestiones no tienen mucho recorrido y que lo que tiene que haber son
políticas públicas más incisivas en cuanto a la posibilidad de disponer
de las viviendas que están en manos de las entidades financieras. En este
apartado sí querríamos decir al Defensoría del Pueblo que tenga en cuenta
el problema de los desahucios, problema específico dentro de la falta de
acceso a la vivienda y de la falta de disfrute del derecho a la vivienda.
Los desahucios que se producen en nuestro país son un grave problema.
Según cifras del Consejo General del Poder Judicial, se producen
hasta 100 desahucios al día en este país, y la mayor parte de esos
desahucios tienen que ver con el impago del alquiler. Es un drama que
incide en el disfrute de los derechos y que creemos que tendría que ser
tomado en cuenta y ser estudiado por la Defensoría del Pueblo.

Asimismo el defensor ha hecho referencia a uno de los mayores problemas
de las prisiones que reside en la falta de realización del derecho a la
salud. La asistencia sanitaria en las cárceles deja mucho que desear, es
mala, es como si dijéramos, bueno, los que están en la cárcel son
subpersonas y si no se les cuida igual, pues tampoco es para tanto,
cuestión en la que estamos con el defensor del pueblo que hay que
perseguir. Ha hablado de la dificultad para reclutar personal sanitario,
sin embargo, tenemos que tener en cuenta una cosa y es que el déficit de
personal sanitario en las cárceles no es por falta de vocación.

Hay personas que tienen la vocación de trabajar en cárceles, porque les
parece que ese trabajo, del cual son profesionales, desempeñado en el
ámbito penitenciario, es bueno. El problema del reclutamiento no tiene
tanto que ver con la negativa del personal sanitario a acudir a ese
trabajo, como con las condiciones en las que se encuentran a la hora de
poder desarrollarlo. Y este es un aspecto que debería tenerse en cuenta
en los informes.

Como ha hecho referencia al drama de la falta de atención psiquiátrica,
y a que gran parte de la población reclusa tiene enfermedades mentales,
le pedimos aquí al defensor del Pueblo que haga un estudio cárcel por
cárcel para saber cómo está esta cuestión, cómo se aplica el programa de
atención a las personas con enfermedad mental, de forma que podamos tener
el mapa de qué es lo que está pasando en torno a este tema. También
querría comentarle a la defensoría que está elaborando, en el ámbito de
la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, un informe sobre las
condiciones del disfrute de los derechos de la población reclusa. El
informe es amplio porque trata de los reclusos con discapacidad y va a
haber un apartado específico sobre las enfermedades mentales.
Probablemente, ese informe nos dé datos importantes que se podrán tener
en cuenta en el trabajo de la Defensoría.

No sé si ha sido el defensor o algún portavoz en las intervenciones
posteriores, pero se ha hecho referencia al alejamiento de los presos. No
vamos a reproducir lo que ha comentado el portavoz del Partido
Nacionalista Vasco, porque suscribimos lo que ha dicho sobre ETA como
banda disuelta y sobre los jóvenes de Alsasua; pero sí queremos subrayar
el hecho de que casi un 30 % de la población reclusa vive alejada de sus
hogares. Sería interesante que la Defensoría del Pueblo hiciera un
estudio o se preocupara de saber cuáles son los efectos que tiene en la
población reclusa el hecho de estar alejada de sus hogares de residencia,
porque tenemos que pensar en la reinserción de la que habla el
artículo 25 de la Constitución. Es una petición que le hacemos.

Falta en el informe, y nos gustaría que constara, una mención a las
personas encarceladas con largas condenas. Nada se dice, sobre todo, de
aquellas personas que están en régimen de aislamiento absoluto. Casi 900
reclusos están en régimen de aislamiento absoluto, con el peligro que
ello conlleva para el disfrute de sus derechos fundamentales. Nos
gustaría que la Defensoría del Pueblo atendiera a esta cuestión.

Y, por terminar, ya que se acaba el tiempo, diré, puesto que también ha
hecho referencia a los CIE, que el trabajo de la Defensoría sobre la
vigilancia de los CIE es extenso y muy bueno. Como se ha anunciado que se
publicará un informe a lo largo de este año, nos gustaría saber cuándo se
prevé, en concreto, la publicación de dicho informe. Asimismo, se ha
hecho alguna referencia a la entrada irregular al territorio español a
través de los puestos fronterizos, pero nada se ha dicho de las
porteadoras, por lo que quisiera hacerle una petición o una sugerencia,
que se incluya su caso en este informe, ya que consideramos que es un
colectivo de personas que merecen una atención específica, si lo que
pretendemos es atender los casos de vulneración de los derechos de las
personas cuando intentan entrar por las fronteras establecidas en
España.

Sin más, doy las gracias a la Defensoría, y felicito tanto al defensor
como a su equipo. Bienvenido este informe y todos los que se le
parezcan.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Gorrochategui.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la senadora
López.

La señora LÓPEZ ALONSO: Muchísimas gracias, señor presidente.

Buenos días, señor defensor, adjunta y todo el equipo de la Defensoría
que le acompaña. Gracias por su intervención, así como por su informe,
del que ya hicimos un análisis pormenorizado en la Comisión Mixta.
Consideramos que, como siempre, es un informe detallado, pormenorizado,
que rinde cuentas de su trabajo y del de su equipo en este pasado año
de 2017.






Su institución, además de ser garante de la defensa de los
derechos fundamentales y de las libertades públicas, ha dado cuenta del
desarrollo de sus competencias, prestando ayuda y asistencia a un mayor
número de ciudadanos, siendo útil, siendo partícipe, y mostrando
preocupación por determinados temas importantes que deben ser
resaltados.

Existen políticos que no solo conocen la competición política y que
también saben de una competencia más compleja y generosa: la de pensar en
los intereses de la sociedad, y todos ellos son un pilar de nuestra
sociedad y de nuestra democracia. Estamos en un momento de cambios, y el
cambio fundamental es poner en el centro de la acción política a las
personas, como hace nuestro nuevo Gobierno, el nuevo Gobierno socialista,
el Gobierno de la dignidad, con el presidente Sánchez al frente.
(Aplausos); un Gobierno de la dignidad útil apoyado por la labor de la
Defensoría, que hace un relato coherente, con una toma de posición
fundamentada y contextualizada; capaz; porque la Defensoría no se
contenta con ser un mero registro de quejas o de actuaciones de oficio;
va al fondo de las cuestiones buscando la verdadera voz de los ciudadanos
y de las ciudadanas; consecuente, porque pretende ser un agente eficaz
para solucionar los problemas en nuestro país; coherente, porque alza su
voz para dársela a los que más lo necesitan; y eficiente, porque este año
se han sustanciado 25 776 expedientes frente a los 17 000 del año
anterior. Y no olvidemos que detrás de estos expedientes hay rostros de
personas que sufren y que lo necesitan, a los que la Defensoría pone voz.
Gracias, señor defensor por no mirar hacia otro lado.

Su informe tiene, además, las siguientes fortalezas: viene acompañado
de la novedad de un informe específico sobre la crisis económica y la
desigualdad, porque debemos priorizar y actuar en este sentido. Otro
campo donde notamos un cambio de máxima importancia para nuestro grupo
parlamentario es el nuevo apartado sobre violencia de género, tal y como
reclamamos en nuestra intervención sobre el informe del año 2016, y hoy,
por desgracia, de mayor actualidad al haber fallecido tres mujeres
asesinadas en los últimos días. De este apartado resulta el compromiso de
la Defensoría en la lucha contra la violencia machista y también su toma
de posición sobre la necesidad de cumplir con los compromisos del Pacto
contra la violencia de género, alertándonos al mismo tiempo del riesgo de
prometer y de no dar; premonitoria advertencia. Hoy tenemos un Gobierno
socialista que con sus políticas en solo una semana ha hecho ya toda una
declaración de intenciones en este sentido. Otra fortaleza de su informe
es su apuesta por retomar la presencia en el ámbito internacional.
Nuestro Gobierno ha designado para ello a una experimentada persona para
la coordinación y dirección de las relaciones internacionales.

Reivindicamos, defensor, el tema de la infancia. Nuestro grupo político
tiene una gran preocupación por su situación, máxime si se tiene en
cuenta que en el año 2017 se produjo el mayor empobrecimiento infantil en
los últimos años y que, según el Instituto Nacional de Estadística,
el 22,23 % de los niños y niñas de nuestro país se encuentran en riesgo
de pobreza. El Gobierno Socialista ha tomado buena nota de ello creando
el alto comisionado contra la pobreza infantil, que nos preocupa y, ahora
también, nos ocupa.

En conjunto, el informe versa sobre las diferentes realidades
detectadas gracias a las quejas. Se establece un mapa de diagnóstico de
los principales problemas de la Administración y de la sociedad; y, si se
quiere ir al fondo de estos, entre los variados temas del informe,
destacan las quejas sobre el funcionamiento de los servicios básicos del
Estado y, en concreto, de la Administración de Justicia.

El primer bloque de quejas, unas 8000, se refiere al funcionamiento de
los servicios básicos del Estado, porque su funcionamiento deficiente
conculca el derecho de la ciudadanía a la buena administración y su
derecho a que las administraciones cumplan, con eficacia y en un plazo
razonable, su deber constitucional de servir con objetividad a los
intereses generales, para lo cual se han de promover los derechos
fundamentales de las personas.

Obligado es hacer mención al colapso de la Administración de Justicia,
como hace su informe, a su monumental retraso. Véase, por ejemplo, los
juzgados de lo mercantil y la situación límite en que se encuentran
muchos de los juzgados y tribunales. Se trata de un problema estructural,
que es necesario abordar.

Persiste el defensor en recordarnos, y debemos tomar nota, que los
servicios públicos esenciales para todos los ciudadanos son,
precisamente, los que no se han beneficiado de los efectos de la
recuperación económica, por lo que los intereses más elementales de las
personas más necesitadas de esos servicios, a los que les resulta difícil
o imposible reclamar sus derechos, han sido vulnerados. El señor Marugán
y su equipo lo resaltan con muy buen criterio y señalan como causa
principal del mal funcionamiento de estos servicios un alarmante abandono
en inversiones económicas, que siempre acaba afectando a los que más lo
necesitan. Por ello, nuestro Gobierno va a luchar con firme convicción
contra la desigualdad. No debemos tolerar, y se deduce el informe, el
contrasentido de que la Administración ahorre con la técnica de no
generar derechos o de dilatar su ejercicio. ¿Cuánto ahorro genera el no
cumplimiento de la Ley de dependencia, por ejemplo? Pues es fácil
calcularlo, sobre todo, para el anterior Gobierno del Partido Popular que
ha generado la situación en la que estamos. Si lo hacemos veremos la
diferencia entre las comunidades donde gobierna el partido Socialista y
el Popular, las diferencias que hay entre un Gobierno con compromiso en
la creación y aplicación de la Ley de dependencia y otro sin compromiso;
y como muestra ahí está el elevado número de personas que fallecen con
derechos reconocidos sin haber recibido el servicio o la protección, sin
haber podido, en definitiva, ejercer sus derechos objetivos.

Así las cosas y sin poder adentrarnos a analizar la situación de otros
servicios esenciales, necesarios para tener una vida digna e
imprescindibles para el ejercicio de los derechos fundamentales, se puede
pedir a nuestro país, además de un cambio en el Gobierno, que tenga
responsabilidad, que no mire hacia otro lado, como nos reitera en su
informe el defensor, para así poder recuperar nuestros servicios públicos
esenciales que están bajo mínimos y que se han mantenido durante estos
años de la crisis gracias al trabajo esforzado de los trabajadores
públicos que han hecho de la necesidad virtud. Porque tenemos problemas
de energía eléctrica, de listas de espera, en la educación y en la
sanidad y en otros ámbitos. En el caso de la economía se aprecian graves
deficiencias en la equidad.

Por lo tanto, deberemos preocuparnos por la inclusión, por la atención
a la diversidad, por favorecer el acceso a la vivienda y al empleo, que
ha de ser de calidad, porque ello repercute en las cotizaciones y en las
pensiones.

En conclusión, defensor, podemos decir que nos preocupamos con
responsabilidad del panorama que su informe dibuja sobre el
funcionamiento de los servicios básicos, y que actuaremos ante la
alarmante precarización.

Por ello, apelamos a que se siga trabajando por los intereses de toda
la sociedad y a que continúe tomándose la molestia de ser útil a los
demás.

Muchísimas gracias a usted y a toda la Defensoría. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora López Alonso.

Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el senador
Cortés.

El señor CORTÉS MARTÍN: Gracias, señor presidente.

Este debate viene precedido por otros, como ha dicho el señor defensor
en funciones, pero sobre todo por la publicación del informe y por toda
la documentación que genera la Defensoría del Pueblo. Por ello, creo que
debe quedar constancia ante la Cámara que la Defensoría, gracias al
impulso de la defensora doña Soledad Becerril, con la colaboración activa
de los entonces dos adjuntos, tiene unos altísimos niveles de
transparencia y accesibilidad. Estoy de acuerdo con el señor defensor en
funciones en que hay que evitar duplicidades. Esto también lo pensó en
legislador y, por eso, encomendó al defensor del Pueblo el control de la
Administración, solo de la Administración, y no los debates políticos
que, en sus aspectos institucionales, se encomiendan, en nuestro marco
constitucional, a las instituciones representativas.

Pero antes de entrar en el fondo del informe, quiero decir, con el
permiso de la presidencia, algunas palabras sobre algunas intervenciones
que en este debate me han precedido. Hay portavoces que, con ocasión o
sin ella, aprovechan la tribuna para dirigirse a su parroquia, y a ello
nos tienen ya acostumbrados. Lo que han dicho nada tiene que ver con el
debate, pero han hablado de presos políticos y exiliados; y en España,
señor presidente, no hay, quede en el Diario de Sesiones, presos
políticos y no hay exiliados. (Aplausos). En España, señor presidente, se
ha aplicado la ley a quienes la han vulnerado y han sido los jueces los
que han decidido cuál debe ser el destino de quienes han cometido estas
irregularidades. Pero ha sido esta Cámara, precisamente esta Cámara,
quien ha apreciado la gravedad de la situación en Cataluña, hasta tal
grado que ha habido que aplicar el artículo 155 de la Constitución,
porque había que restablecer el orden constitucional que se había
quebrantado por unas personas irresponsables que hoy rinden cuenta ante
la justicia, no por sus ideas, por rechazables y retrógradas que nos
puedan parecer, sino por violentar el Estado de derecho y el orden
constitucional. Quede dicho esto aquí porque la representante del Partido
Socialista, que impulsó también la adopción del 155, se ha olvidado, en
su intervención, de replicar a quienes han apoyado la censura del
presidente del Gobierno —ciertamente, en el arranque no ha tenido
mucha dignidad—, algo, señores del PSOE, que pesará sobre su
memoria y nos encargaremos de recordárselo.

Y puestos a dar datos, y ya que el portavoz de Esquerra Republicana de
Catalunya se ha referido al informe anual de The Economist para 2017,
quede también constancia de que España aparece entre las 20 naciones
consideradas democracias plenas; está en el puesto 19, por delante de
países como Francia, Italia, Portugal, Estados Unidos o Bélgica, esa es
la realidad que ha ocultado. Pero fíjese en algo más, ni las democracias
plenas ni las democracias defectuosas, como las califica The Economist,
ni siquiera las que ellos llaman regímenes híbridos ni los regímenes
autoritarios, ninguno, repito, ninguna nación del mundo ha respaldado el
procés que han puesto en marcha; pero, sin embargo, sí han respaldado el
orden constitucional y la legalidad española; nos ha respaldado toda la
comunidad internacional. (Un señor senador: ¡Y todos los jueces!—
Rumores).

El señor PRESIDENTE: Señorías, guarden silencio. Senador Estradé,
espere un momento.

El señor CORTÉS MARTÍN: La comunidad internacional. Los jueces han
enviado a prisión a quienes han vulnerado esa legalidad; pero de la
comunidad internacional, nadie, ninguna nación, ha respaldado el procés,
como ustedes dicen; se lo digo para que lo tengan claro cuando hablen de
los respaldos internacionales; nadie, ninguna nación del mundo.
(Aplausos). Pero vayamos al informe, señor presidente. El señor defensor
en funciones ha aludido a la conveniencia de evitar duplicidades con
intervenciones previas en la comisión mixta y en el Congreso. Tiene
sentido que así lo haya hecho, pero no por ello ha evitado, sobre todo en
la parte primera de su intervención, entrar en terrenos que no son los
que tiene encomendados por la normativa que le regula.

Este debate tiene su base en el informe anual, recogido este año, por
primera vez, en dos documentos. Se agradece que sean dos documentos,
porque el segundo de los mismos es, a nuestro juicio, una extralimitación
con la que se ha quebrado la tónica de las actuaciones del defensor del
pueblo desde que existe esta institución. En su intervención de esta
mañana, el señor Fernández Marugán ha informado a la Cámara de cuestiones
que suponen un ejercicio directo de su ámbito de responsabilidades. Ha
hablado de cárceles y de la falta de dotaciones en algunas, en sectores
que es evidente que han estudiado bien y que conocen como es debido,
porque es un ejercicio de una administración concreta; de menores no
acompañados; de acceso a la vivienda; de envejecimiento; de dependencia;
de copagos, o de soledad no deseada de personas mayores. Sin embargo, y
pese al debate que ya tuvimos en la comisión mixta y que también planteó
en el Congreso de los Diputados el portavoz del Partido Popular, la
primera parte de su intervención ha profundizado en el enfoque del
documento que aparece con el número 2 y que lleva por título Crisis
económica y desigualdad, que se dirige a enjuiciar y a proponer políticas
y no actos administrativos.

Señor presidente, me importa mucho insistir en que nuestra crítica no
va dirigida a que se hable de crisis económica y desigualdad, sino a que
lo haga el defensor en su informe anual, porque lo que está haciendo
quien es comisionado de las Cortes Generales es entrar en el terreno que
corresponde a las Cortes y no a la Defensoría del Pueblo. Y así lo dice
expresamente la Constitución y la ley orgánica que regula la institución
del defensor del pueblo y que se ha respetado siempre. Por eso, señora
Gorrochategui, no pueden ser recibidas esas palabras sin crítica porque
quien las diga haga gala de mucha sensibilidad; la Defensoría del Pueblo
tiene que sujetarse a la ley. Y el portavoz del PNV ha dicho que ellos
eran partidarios de que la defensoría tuviese funciones más amplias, pero
tiene exactamente las que tiene. Y es evidente, señor presidente, que el
órgano comitente no puede ser enjuiciado por quien es su comisionado, que
tiene que limitarse, tal y como dicen la ley y el reglamento que la
desarrolla, a recibir las quejas de los ciudadanos, a investigarlas y, o
bien archivarlas, o bien efectuar las oportunas recomendaciones. Esto lo
ha hecho extraordinariamente bien la Defensoría del Pueblo y ha dado
pasos muy relevantes en la última etapa haciendo mucho más accesible y
mucho más fácil formular estas quejas o estas reclamaciones usando nuevas
tecnologías, respondiendo cada vez con mayor celeridad y efectuando
recomendaciones, muchas de las cuales son atendidas y otras no, porque
ahí están además las administraciones, denunciadas públicamente, que no
responden en la documentación que se nos ha remitido y que se ha hecho
pública.

Además, tiene que actuar —y cito literalmente, como lo hice en la
comisión, el artículo 9.2 de la Ley Orgánica del defensor del
pueblo— por actividades concretas de los ministros, autoridades
administrativas, funcionarios y cualquier persona que actúe al servicio
de las administraciones públicas. Esto es todo lo que tiene que hacer, y
no es poco. Las leyes, incluida la de presupuestos, se tienen que debatir
en las Cámaras por los que han sido elegidos por los españoles y no por
quienes han sido designados por las Cortes Generales para una función tan
relevante como concreta.

Fíjese hasta qué punto es esto así, que el artículo 10.2 atribuye
también a diputados y senadores la capacidad de tomar la iniciativa para
—leo textualmente— solicitar, mediante escrito motivado, la
intervención del defensor del pueblo para la investigación o
esclarecimiento de actos, resoluciones y conductas concretas producidas
por las administraciones públicas, que afecten a un ciudadano o grupo de
ciudadanos en el ámbito de su competencia. Es decir, incluso los
diputados y senadores, por voluntad de los diputados y senadores que
hicieron la Ley Orgánica del Defensor del Pueblo, tenemos limitado el
acceso a la Defensoría, al hacerlo con escritos motivados y para
actividades concretas de la Administración, y no para que se enjuicien
políticas, por importantes que sean, cosa que hacemos aquí todos los días
—y ahí está el Diario de Sesiones para reflejarlo—. Es aquí
donde a los representantes de los españoles nos corresponde hablar de
todas estas cuestiones, que se reflejan en una ley y forman parte de las
políticas públicas, de las políticas del Estado. El defensor tiene que
enjuiciar actuaciones concretas y perseguirlas, denunciarlas y efectuar
recomendaciones para que no se repitan. Eso es lo que ha venido haciendo
la Defensoría, eso es lo que se refleja en el primer documento del
informe que se ha presentado y, desgraciadamente, se extralimita en el
segundo. Esperemos que esto se corrija en el futuro.

Señor presidente, la brevedad de tiempo, y el hecho de que sea esta la
tercera instancia en que se produce este debate, me releva de entrar en
mayores detalles.

Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Cortés.

Terminado el debate y la exposición del informe, damos las gracias de
nuevo al defensor del pueblo y a su equipo por su presencia hoy aquí y
les deseamos buen trabajo.

Muchas gracias.

El señor presidente da lectura al punto 7., 7.1. y 7.1.1.

El señor PRESIDENTE: Para la presentación del dictamen, tiene la
palabra el presidente de la comisión, el senador Labrador.

El señor LABRADOR ENCINAS: Muchas gracias, señor presidente.

Comparezco en esta tribuna para presentar, en nombre de la Comisión de
Medio Ambiente y Cambio Climático, el dictamen aprobado en su seno el
pasado 6 de junio de este mismo año, sobre la Proposición de Ley de
modificación de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, de patrimonio natural
y de la biodiversidad.

Con fecha 4 de mayo de este mismo año, tuvo entrada en esta Cámara el
texto aprobado por la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio
Ambiente del Congreso de los Diputados con competencia legislativa plena.
Este texto se remitió a la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático,
al amparo de lo establecido en el artículo 104 del Reglamento del Senado
por parte de la Mesa, que acordó, asimismo, fijar el plazo de enmiendas y
propuestas de veto en el día 17 de mayo de 2018, siendo ampliado dicho
plazo posteriormente hasta el día 23 de mayo de este año. (El señor
vicepresidente, Sanz Alonso, ocupa la Presidencia). Se presentaron a este
texto un total de 53 enmiendas, que se distribuyeron de la siguiente
forma: enmiendas 24 a 29, de los senadores Mulet García y Navarrete Pla,
del Grupo Parlamentario Mixto; enmienda número 53, del senador Cleries i
Gonzàlez y la senadora Rivero Segalàs, del Grupo Parlamentario
Nacionalista; enmiendas 15 a 23, de las senadoras Ibarz Ibarz y Santos
Fernández; enmiendas 32 a 52, del Grupo Parlamentario de Unidos
Podemos-En Comú Podem-En Marea; enmiendas 1 a 14, del Grupo Parlamentario
Socialista y enmiendas números 30 y 31, del Grupo Parlamentario
Popular.

Realizado el debate y votación de las mismas, se emitió dictamen sobre
la citada proposición de ley, introduciendo las modificaciones respecto
al texto remitido por el Congreso de los Diputados, fruto de las ocho
enmiendas aprobadas: enmiendas números 15 a 17, 21 a 23, y 30 y 31.

Esta proposición de ley consta de un artículo único, dos disposiciones
transitorias y una disposición final, y tiene por objeto compatibilizar
la imprescindible lucha contra las especies exóticas invasoras con su
aprovechamiento para la caza y la pesca en aquellas áreas que, al estar
ocupadas desde antiguo, su presencia no suponga un problema ambiental,
estableciendo un marco para que las comunidades autónomas puedan ejercer
sus competencias de gestión en la materia, dotando de seguridad jurídica
a los sectores.

Al mismo tiempo, se incorpora una definición de los recursos
zoogenéticos y se regula la acuicultura, de acuerdo con el
Reglamento 708/2007, del Consejo, de 11 de junio de 2007.

Por último, se habilita un mecanismo excepcional para que la Comisión
Estatal de Patrimonio Natural y la Biodiversidad pueda acordar, en casos
excepcionales y en supuestos con regulación específica, cuando exista un
interés público de primer orden, la suspensión del procedimiento de
catalogación de una especie o promover la descatalogación de una especie
previamente catalogada.

Este dictamen ha sido publicado en el Boletín Oficial de las Cortes
Generales, sección Senado, con fecha 15 de junio de 2018, y a dicho
dictamen se han presentado tres votos particulares: el voto número 1, del
Grupo Parlamentario Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea; el voto
número 2, de los senadores Mulet García y Navarrete Pla, del Grupo
Parlamentario Mixto; y el voto número 3, del Grupo Parlamentario
Socialista.

No quisiera finalizar sin antes agradecer el trabajo realizado por
todas y cada una de sus señorías de los distintos grupos políticos, así
como de los servicios de la Cámara, que una vez más han dado un ejemplo
de buen hacer.

Muchas gracias, presidente. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Muchas gracias, senador
Labrador.

Comienza, si lo desean, el debate de totalidad.

¿Algún turno a favor? (Denegaciones).

¿Algún turno en contra? (Denegaciones).

¿Portavoces? (Denegaciones).

Pasamos, si les parece, al turno de enmiendas. En primer lugar, de los
senadores Mulet y Navarrete, enmiendas 24 a 29.

Tiene la palabra el senador Navarrete.

El señor NAVARRETE PLA: Venimos aquí a tratar la modificación de la
Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la
Biodiversidad, como ya hicimos en la Comisión de Medio Ambiente. Estamos
aquí para adaptar la normativa tanto a una sentencia judicial como a la
conveniencia de unos u otros, según el criterio que nos preguntemos. Esta
normativa pretende acometer una modificación al crear una figura de
especie exótica invasora naturalizada, con lo que se alude a ejemplares
que fueron introducidos sin prohibición expresa anterior y que no han
demostrado, según el texto, que causen perjuicios ecológicos y que tienen
un interés económico. Esta figura permitirá que algunas especies sean
reintroducidas o sean utilizadas para la caza, la suelta o fomentada su
cría. Está bien, pero cabría ser reflexivos y analizar bien lo que
estamos intentando aprobar, porque en el texto se habla de crear una
categoría, la exótica invasora naturalizada, que alude a especies que
estaban ya introducidas antes de la normativa de exclusión de especies,
pero dice el texto: que no estuviese demostrado claramente que afectase y
perjudicase por motivos ecológicos.

No obstante, si nos remitimos a la página web del Ministerio de Medio
Ambiente y hablamos de algunas de esas especies que están ahí
introducidas, vemos como, por ejemplo, sobre la trucha arcoíris dice que
transmite un parásito que provoca la muerte de sus competidores, reduce
los recursos para las especies autóctonas o que elimina de su medio
natural anfibios que sirven para mantener la cadena trófica. Por lo
tanto, creo que sí afectan a la ecología y a su medioambiente. Hablamos
también, por ejemplo, del cangrejo rojo, que si tuviésemos que incluirlo
como especie invasora naturalizada tendría que ser porque no afecta
ecológicamente al medioambiente, pero resulta que propaga un hongo que
mata al cangrejo autóctono o que realiza múltiples agujeros que debilitan
o rompen nuestras acequias y nuestros sistemas de riego, o que provoca la
desaparición prácticamente de todos los anfibios en su zona de ámbito de
actuación porque resulta que son su comida.

Por un lado, queremos modificar esta ley para crear esa figura legal
sobre la base de que, ecológicamente, no afecta tanto; mientras que, por
otro lado, el Ministerio de Medio Ambiente, en las fichas sobre los
animales invasores que tenemos en nuestro país, pone de manifiesto que sí
afectan. En consecuencia, habría que analizarlo de otra manera. Cabría
tener en cuenta que estas especies sí afectan a nuestro medio natural y
están modificando nuestro ecosistema. Por lo tanto, no solo hay que
pensar en ayudar al medio rural, económicamente hablando, que es la
pretensión de esta modificación —solo piensan en la economía, por
encima del medioambiente—, sino que también hay que analizar el
medioambiente e intentar llegar a un acuerdo. Lo que no se puede hacer
es, con la justificación de que se nos despuebla el mundo rural por culpa
de que no tenemos sistemas para cazar o pescar, reducir su población.
Esta no es la cuestión, la cuestión es que tenemos que mantener nuestro
medioambiente, que es más importante, porque ¿qué hará el mundo rural si
no existe el medioambiente? Señorías, está muy bien proteger a las
empresas que facilitan la pesca o los cotos de caza, pero si desaparece
nuestro medioambiente, si dejamos que sea un desierto, ¡ya puede ir a
vivir quien quiera!

En este sentido, con la intención de que no pueda pasar esto, hemos
presentado seis enmiendas que ya relaté en la Comisión de Medio Ambiente,
y quien haya tenido interés por esta ley las habrá leído y habrá visto
cuál era su intención. En ese debate hablamos del mundo rural y me
dijeron particularmente a mí que tuviera en cuenta el mundo rural, que lo
conocían bien, etcétera. No tuve tiempo para rebatir, pero les recuerdo
que yo soy residente en Vinaròs, que provengo de una comarca que se llama
La Tinença de Benifassà, en Castellón, donde viven ocho personas en mi
casco urbano y cinco en el de al lado; por lo tanto, conozco el mundo
rural. Allí, las empresas que traen los cotos de caza y de pesca no
revierten, con perdón de la palabra, ni un puñetero euro en esa zona. El
dinero se va a donde está la empresa radicada, a la capital de la
provincia, y los pobladores de la zona no ven nada que les pueda
beneficiar con esa fantástica modificación. Por otro lado, ven que van
desapareciendo especies y que les puede afectar.

Por tanto, una vez más, les pido que sean capaces de reflexionar y
darse cuenta de que no por encima de todo está la economía, que también
está el medioambiente. No podemos destrozar nuestro medioambiente, no
podemos cargarnos el futuro de nuestras zonas rurales en pro de una
economía mejor, más sostenible y que crea, según ustedes, más
empleo.

Gracias, señor presidente.

El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Muchas gracias, senador
Navarrete.

Por el Grupo Parlamentario Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, para
la defensa de las enmiendas 32 a 52, tiene la palabra la senadora
Freixanet.

La señora FREIXANET MATEO: Estamos asistiendo a la sexta gran extinción
de especies de la historia del mundo. La quinta es la de los dinosaurios;
la nuestra, la sexta, lleva el mismo ritmo de extinción que la anterior.
La característica especial del presente proceso de destrucción es que
esta vez es culpa de una de las especies, la nuestra. Estas son palabras
de Juan Carlos Atienza, director de Conservación de SEO BirdLife, cuando
compareció ante la Comisión de Medio Ambiente de esta Cámara hace solo un
mes. No aprendimos nada. Estamos asistiendo a la sexta gran extinción de
especies de la historia del mundo y somos responsables de ella. Este es
el panorama crítico, extremadamente preocupante que nos mostraba y
documentaba este experto en biodiversidad. Pues bien, el diagnóstico es
compartido por la comunidad científica. El mundo está en un punto
crítico, nuestro brutal impacto sobre el entorno hace que desaparezcan
especies cada día, y sin esa diversidad se acaba la vida, pues somos
ecodependientes, dependemos de la ecología, así que debemos cambiar, y
cuanto antes, nuestra forma de estar en el mundo, nuestra forma de pisar
en el mundo.

Yo no sé si esta Cámara es consciente de la gravedad de lo que
aprobamos hoy. No sé si saben que hoy legislamos en contra de la
biodiversidad, es decir, en contra de la vida, en contra de nuestro
entorno, en contra de nosotras y de nosotros mismos. Empeoramos hoy el
proceso de destrucción en lugar de actuar para frenarlo, que sería
nuestra responsabilidad.

La norma que hoy ustedes quieren aprobar es la modificación de la
Ley 42/2007, la ley que protege el patrimonio natural y de la
biodiversidad, un cambio legal que lo que hace es desproteger,
desproteger lo que está protegido, y esto es lamentable. Ustedes
liberalizan hoy la suelta de especies invasoras, especies que están
aniquilando nuestra biodiversidad autóctona, que están arrasando con la
biodiversidad, con la diversidad de especies. Se trata de especies que
necesitarían una gestión restrictiva, y ustedes lo que pretenden es
quitarles restricción.

Hasta el momento nosotras solo hemos oído argumentos inválidos para
sostener este cambio legal. Por ejemplo, que hay que cambiar la ley
porque no permite pescar esas especies. Eso es falso, es exactamente lo
contrario, ya que cuantas más invasoras se pesquen, mejor; de hecho, lo
que hay que hacer es parar ese proceso de invasión, por lo que cuantas
más invasoras se pesquen, mejor. Lo que no se puede hacer es, después de
pescarlas, devolverlas al río; lo que no se puede hacer es soltarlas sin
ningún control, pues sacarlas del río es lo importante para que no
eliminen al resto de las especies.

También hay argumentos del tipo: mis votantes esto no lo entenderán. Se
me dice que, con lo que nos costó que la gente hiciera pesca sin muerte,
ahora hay que decir que hay algunas que son invasoras y a esas sí que hay
que matarlas, sí que hay que llevárselas. Pues miren, la gente no es
imbécil, la gente puede entender eso perfectamente, eso y mucho más. Las
invasoras no hay que devolverlas al río, efectivamente, y así, entre
todos y todas, evitamos su descontrol.

El cambio legal que hoy se aprobará llega como proposición de ley del
partido que echamos del Gobierno. Solo entendemos que se use esa fórmula,
la de proposición de ley y no proyecto de ley, porque así evita someterse
a los informes del Consejo Asesor de Medio Ambiente y del Consejo de
Estado, y evita también la participación pública y la opinión de los
científicos. Y esto es así porque ustedes saben, como nosotras, que no
habría quien, con una mínima solvencia técnica, quisiera avalar este
despropósito. Es un cambio legal que pretende burlar, nada más y nada
menos, que una sentencia del Tribunal Supremo, que dijo expresamente que
no se podía hacer lo que ustedes pretenden hacer. Por lo tanto, no hay
ningún respeto por la contundente sentencia que en su día hizo el
Supremo.

Asimismo, se trata de un cambio legal que ignora los criterios
científicos y técnicos. Se han movilizado en su contra, en contra de este
cambio legal, más de 600 científicos y científicas, 17 sociedades
científicas y 100 organizaciones de conservación de la naturaleza. Su
tajante oposición quizás debería ponerles en alerta, ¿no les parece? Y ya
que estoy aquí, le pido al senador del PP que esta vez no apele a la
mayoría silenciosa. Claro que hay más científicos que esos que se
movilizan en contra de este texto, pero eso no habla en ningún caso de su
opinión.

La cosa es que este cambio legal quería servir, erróneamente, como ha
explicado bien el senador Navarrete, para beneficiar a escasos sectores
económicos, pero es que para esos sectores habría una solución
específica, concreta, perfectamente posible dentro de la ley actual, sin
tener que proceder a un cambio legal que desprotege al conjunto de
nuestro sistema ecológico. La actual ley ya ofrece flexibilidad
suficiente tanto para descatalogar una especie cuando se demuestra que no
tiene un impacto grave para la biodiversidad como para levantar
prohibiciones genéricas cuando hay una estrategia de control y de
gestión. Es perfectamente compatible, pues, con la ley vigente, la
conservación del medioambiente en general con los intereses sociales y
económicos particulares que, por supuesto, debemos cuidar.

A nuestro entender, lo que está aplicando aquí el PP es una mirada muy
corta y muy irresponsable. Sus intentos para rebajar los niveles de
protección a la biodiversidad y al patrimonio natural han sido repetidos
y han sido recurrentes, así que ya no esperamos nada de ustedes en esta
materia, pero sí del resto de la Cámara.

Parece ser que esta iniciativa antiecológica tiene apoyos. A
Ciudadanos, al PNV y al PDeCAT les pido que piensen bien lo que van a
votar, piensen bien ustedes si van a votar a favor de esto. De corazón se
lo digo, que se lo piensen, pues su voto aquí es cierto que es
irrelevante, pero luego esta ley va al Congreso, y ahí su posición es
decisiva. Van a ser ustedes corresponsables o no de este retroceso. Una
abstención ahí, y se lo digo al PSOE para cuando el texto vuelva al
Congreso, es insuficiente también. Está precioso el Ministerio de
Transición Ecológica, pero no hay transición a ninguna parte si no hay
biodiversidad. Así que les pido, señorías del PSOE, su voto negativo aquí
y en el Congreso; les pido, señorías del PSOE, que batallen por la vida
en esta cuestión.

Este cambio legal es pan para hoy y hambre para mañana en el mejor de
los casos. De hecho, más bien es solo hambre, hambre a secas, es río sin
peces, nada más. Señorías, es un terrible error liberalizar la gestión de
las especies exóticas invasoras catalogadas, es un terrible error
favorecer la suelta de esas especies en los ríos, es un terrible error
promover la descatalogación de una especie bajo criterios políticos. La
lucha contra la expansión de las especies invasoras debe darse
principalmente atendiendo a criterios científicos y técnicos.

Las veintiuna enmiendas que ha presentado mi grupo parlamentario tratan
de salvar esta situación, y ya las expliqué de forma concreta en
comisión. El sentido de nuestras enmiendas es aprovechar que se ha
abierto la cuestión de esta ley para mejorarla, no para empeorarla, para
mejorar el régimen de protección de la naturaleza frente a la brutal
amenaza que suponen las especies exóticas invasoras.

Somos perfectamente conscientes de que ese no es el objetivo por parte
de quien propone este cambio legal, pero proponemos ahí nuestras
enmiendas para abrir opción a un cambio de rumbo. Las enmiendas van
dirigidas, primero, a mejorar la pésima calidad técnica de la proposición
de ley que se nos presenta y, segundo, a establecer un sólido régimen de
protección de la biodiversidad frente a las especies invasoras, siempre
atendiendo a las consecuencias sociales que ello pueda tener.

Nuestras enmiendas incluyen, entre otras cuestiones, la definición de
especie alóctona, a la que la proposición de ley se refiere pero sin
haber definido bien el concepto. La rectificación de la propuesta que
permite a la Comisión Estatal para el Patrimonio Natural y la
Biodiversidad tomar unas decisiones para las que no tiene competencias.
Nuestras enmiendas incluyen también la solución a algunos absurdos
jurídicos que se dan, como utilizar esta ley como recordatorio de un
reglamento comunitario que ya es de por sí de aplicación directa. Lo que
hacemos también es mejorar la redacción de los preceptos sancionadores, y
eso es importante para así ganar en seguridad jurídica. También el
rechazo al criterio temporal, que es un punto clave. El Tribunal Supremo
dejó perfectamente claro en 2016 que el hecho de que una especie esté
introducida en el medio antes de la entrada en vigor de la Ley del
Patrimonio Natural y de la Biodiversidad no es motivo para excluirla del
catálogo de especies exóticas invasoras. Igualmente, enmendamos para
eliminar la artimaña que utilizan ustedes para hacer pasar especies
exóticas invasoras por recursos zoogenéticos, algo que el Supremo también
rechazó.

Y voy a un elemento capital. Esta proposición de ley lo que hace es
admitir que pueden existir especies naturalizadas. Especies naturalizadas
es un concepto absolutamente ajeno a las ciencias biológicas y de
conservación. Este texto se inventa que naturalizadas son las especies
que llevan más tiempo asentadas en nuestros ecosistemas, cuando ese
asentamiento lo que está demostrando es, precisamente, que han colonizado
con éxito, es decir, que son una amenaza real, y no solo potencial, para
nuestra biodiversidad. Justamente a estas las premian ustedes con la
posibilidad de descatalogarlas como exóticas invasoras. A estas, a las
que colonizan con más éxito, las eximen de las prohibiciones generales.
Pues bien, también rectificamos eso. Son ustedes un peligro para el
medioambiente, señorías.

Quiero que tengan claro que aprobar hoy esta ley significa retroceder
en protección del medio natural, no avanzar, como es nuestra obligación,
sino retroceder.

Resumiendo, esta proposición de ley abre la puerta a una de las mayores
amenazas para la vida. La solución no pasa por cambiar la ley, sino por
mantenerla y desarrollar las correspondientes estrategias de control de
las distintas especies exóticas invasoras. Pido a esta Cámara que apoye
hoy nuestras enmiendas para mejorar la protección de la naturaleza; por
un lado le pido al PSOE, y por otro a Ciudadanos, a PNV y a PDeCAT, que
no hagan seguidismo de las políticas ciegas del PP en materia ecológica;
les pido que apoyen nuestras enmiendas aquí y que mantengan una posición
de responsabilidad hacia el mundo, y después también en el Congreso; que
hagan valer su fuerza parlamentaria para mostrar que hay un cambio de
rumbo, que se está abriendo un nuevo tiempo, y que ese tiempo tiene un
poso ético y de respeto por la vida.

En nombre de mi grupo, Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, les pido
que sean valientes para revisar los propios lugares, para cambiar de
opinión, para autocorregirse cuando es necesario, cuando es conveniente y
cuando vale la pena, y hoy vale la pena, señorías. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Muchas gracias, senadora
Freixanet.

Para la defensa de las enmiendas 1 a 14, del Grupo Parlamentario
Socialista, y la vuelta al texto remitido por el Congreso de los
Diputados en lo modificado en las enmiendas 16 y 31 del Grupo
Parlamentario Popular, tiene la palabra el senador Palomo.

El señor PALOMO GARCÍA: Gracias, señor presidente.

Como se ha dicho, hemos presentado 14 enmiendas que, en comisión,
fueron rechazadas. Estas 14 enmiendas tenían como principal fundamento
reforzar la protección de nuestro medioambiente, nuestro ecosistema y
nuestra biodiversidad contra las especies exóticas invasoras, que son
muchas y múltiples, y que en algunos casos han provocado ya gravísimos
daños en nuestros espacios naturales.

Como ya se ha dicho, pero conviene recordarlo, esta proposición de ley
está fundamentalmente motivada porque el Real Decreto 630/2013, de 2 de
agosto, elaborado por el anterior Gobierno, fue parcialmente anulado, y
de hecho completamente descalificado, por una sentencia del Tribunal
Supremo, la número 637/2016, en la que se estimaba que el real decreto
tenía unos criterios completamente arbitrarios, que era incoherente con
el objetivo que lo había motivado y que la lista de especies invasoras
catalogadas era incompleta y artificial. De esa manera, el Tribunal
Supremo dejaba completamente invalidado el real decreto del
año 2013.

Para arreglar ese desaguisado se ha elaborado esta proposición de ley
que se trae hoy aquí, y nuestro grupo, con sus 14 enmiendas, pretendía
cumplir exactamente el espíritu de la sentencia del Tribunal Supremo, de
tal manera que se refuerce la protección de los espacios naturales, del
medioambiente y de nuestra biodiversidad. Porque el texto no cumple con
ello, pues atendiendo a otros criterios, como dice expresamente,
cinegéticos y piscícolas, contemporiza entre las necesidades de la
protección contra las especies invasoras y los intereses económicos o de
algunos grupos de presión que se han manifestado abiertamente en los
últimos tiempos pidiendo que no se llevara a cabo la restricción que
exige directamente la sentencia del Tribunal Supremo.

Como es sabido, nuestro país sufre graves problemas por la existencia
de esas especies exóticas, en algunos casos gravísimos, como es el caso
del mejillón cebra en la cuenca del Ebro, que está produciendo no solo
gravísimos daños a las especies autóctonas, muy negativos para el
mantenimiento de la biodiversidad, sino también gravísimos daños
económicos, no solo medioambientales.

La introducción de especies exóticas invasoras fue, en algunos casos,
voluntaria, como la de los años sesenta, y en otros accidental o, dicho
de otra manera, por falta de la suficiente protección por parte de las
Administraciones públicas para evitar que proliferaran cuando se detectó
el primer caso, y con esta proposición de ley se tenía que haber
aprovechado la experiencia negativa que ya tenemos acumulada desde
hace 50 años en este país con estas especies exóticas invasoras. Sin
embargo, no se hace y se sigue atendiendo más a las presiones
—electorales, como se ha visto en los periódicos en los últimos
meses— de algunos grupos que a las necesidades del medioambiente o
del conjunto de nuestra población.

Desde ese punto de vista, las 14 enmiendas que hemos presentado
reforzaban el control administrativo sobre el futuro de esas especies
invasoras y, además, de las que pueden acudir a nuestro territorio desde
los puertos, los barcos, las plataformas marinas, etcétera. En la
comisión que ha tramitado esta proposición de ley nos hemos encontrado
con que no solo no se ha reforzado la protección, sino que, en realidad,
con la introducción de una enmienda del Grupo Parlamentario Popular
—que coincidía con otra del PDeCAT y otra del PAR— se ha
disminuido la protección, se ha aligerado y se han dado facilidades a las
comunidades autónomas, que, por cierto, son las que finalmente tienen que
ejecutar y cumplimentar esta legislación marco que estamos tramitando en
las Cortes Generales. Además, se toma como elemento definitorio la trucha
arcoíris, una especie veterana en nuestro país, que tiene las
características perfectamente definidas para haber hecho lo contrario, es
decir, no solamente para permitir que se siga con la siembra en
determinadas condiciones y espacios, sino que debía haberse aprovechado
la tramitación de esta proposición de ley para prohibir definitivamente
que las propias administraciones siembren truchas arcoíris en nuestros
ríos, que es lo que propone esta enmienda que se ha introducido.

Continuaré con la argumentación en el turno de portavoces, pero sí
quiero decir que o se está a favor de restringir la proliferación que
existe, tanto en el mundo vegetal como animal, de especies exóticas
invasoras, o se está a favor de seguir tolerándolas, como si hubiera sido
inútil la experiencia acumulada en estos últimos 50 años, con unos
conocimientos científicos muy importantes y con una sensibilidad
medioambiental mucho mayor que la que existía en los años sesenta, cuando
comenzó esta fase expansiva de las especies invasoras.

Parece que en el Senado, si el grupo mayoritario tiene la misma actitud
que tuvo en la comisión, no se va a aprovechar la oportunidad ni se va a
profundizar en la restricción de las condiciones en las que se podría
autorizar. Además, se debe exigir a las administraciones competentes,
fundamentalmente autonómicas —y también locales—, que tomen
conciencia y trabajen con todos sus poderes para restringir, corregir y,
de alguna manera, aumentar la regulación sobre estas especies exóticas,
porque lo que se va a hacer es liberalizar, desregularizar su suelta en
algunos casos.

Por estos motivos, quiero pedir expresamente que se apoyen las 14
enmiendas propuestas por el Grupo Socialista, porque ante todos los
problemas que hemos tenido durante los últimos años en los casos que he
expuesto, y en muchos más que no he podido mencionar por evidentes
razones de tiempo, podríamos cambiar el sentido de la restricción en la
proliferación de las especies exóticas invasoras.

Nada más y muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Muchas gracias, senador
Palomo.

Para turno en contra, por el Grupo Popular, tiene la palabra la
senadora Santos.

La señora SANTOS FERNÁNDEZ: Gracias, presidente. Buenos días.

Represento en esta tribuna, no al Partido Popular, sino al Partido
Aragonés, que presentó nueve enmiendas a esta ley y que lleva dos años
trabajando codo con codo con las gentes de los territorios afectados por
la sentencia, que, en realidad, es la que nos ha traído aquí, la que ha
propiciado esta proposición de ley.

Ayer, el senador Vázquez, con ocasión del debate de presupuestos,
ironizaba sobre las discrepancias que ha habido entre el Partido Popular
y el Partido Aragonés a lo largo de esta legislatura. Y es cierto. Somos
fuerzas políticas distintas. No hace mucho yo defendía tesis contrarias a
las del Partido Popular, como en el debate de la Ley de la sequía, o
recientemente hemos votado junto con el Grupo Socialista una moción
relativa a la despoblación, o con Podemos una relativa a LGTB. Somos
partidos distintos, por lo que es lógico que esto suceda.

Lo que ya no es tan lógico y no se acaba de entender bien es que un
mismo partido, durante el tiempo que ha durado la tramitación de esta
ley, desde que sale la sentencia —recorrido que se inicia hace
prácticamente dos años—, mantenga posiciones contrarias en uno y
otro momento. Intentaré explicarme. No sé si no le he entendido bien al
senador Palomo, aunque le he escuchado con mucha atención, que hoy ha
hablado de presiones, de que las modificaciones que se incorporaron en el
dictamen y en la ponencia priorizan intereses de índole económica, por lo
que se formula un voto particular en el que se pide que se elimine el
artículo 64 ter, al que él ha hecho referencia, que se incorpora como
consecuencia de una enmienda idéntica que traía el Partido Popular
—enmienda 33—, el Partido Aragonés —enmienda 19—
y el PDeCAT —enmienda 53—. Él lo ha explicado muy bien. Y
digo que no sé si le he entendido bien, porque me parece sorprendente que
se pida la eliminación de ese artículo, que se vuelva al texto original y
se hable de haber cedido a las presiones e intereses de índole económica,
cuando persiste, pues no se ha retirado en esta Cámara, la
moción 661/374, incorporada por el Grupo Socialista en enero de 2017, y
en cuyo petitum se dice literalmente lo siguiente —voy a
leer—: 1. Agotar las vías jurídicas existentes a fin de instar el
aplazamiento de la sentencia por razones de índole económica y por la
alarma social provocada. 2. Impulsar la modificación de la Ley 42/2007,
de patrimonio natural y biodiversidad para su adaptación al Reglamento
del Parlamento Europeo, sobre prevención y gestión de la introducción y
la propagación de especies exóticas invasoras, donde se recogen en su
artículo 9 excepciones por razones de índole económica y
social. 3. Impulsar la modificación de la Ley 42 de patrimonio natural y
biodiversidad al objeto de garantizar jurídicamente la actividad de la
pesca y caza deportiva de especies como la carpa, el lucio, el black
bass, la trucha arcoíris y el arruí en aquellos lugares y espacios que no
comprometan la viabilidad y el desarrollo natural de las especies
autóctonas.

Senador Palomo, sabe usted que le tengo afecto, pero no lo entiendo. No
puedo entender que ustedes pidan una cosa y la contraria.

He escuchado con mucha atención las intervenciones del senador
Navarrete y de la senadora Freixanet. La senadora Freixanet ha sido un
poco apocalíptica en sus planteamientos. Ambos han apelado, sobre todo la
senadora Freixanet, a informes científicos de reputados científicos
—ha citado al señor Atienza, que pasó hace muy poquito por la
comisión, con un testimonio muy interesante—, pero estos argumentos
científicos se contraponen con otros

igualmente bien fundados y también expuestos por personas profundamente
reputadas. Esto nos coloca precisamente —y pienso que es lo que
deberíamos visualizar en esta Cámara— ante el reto de gran calado
al que nos estamos enfrentando aquí como legisladores, a mí modo de ver
—al mío—, que llevo dos años trabajando codo con codo con la
gente de Caspe, de Mequinenza... Voy a hablar de Aragón, que el senador
Iglesias conoce muy bien, donde tenemos muchísimas zonas: todo el mar de
Aragón, con Ribarroja y Mequinenza, pero hay además otras muchas zonas,
como Barasona, La Sotonera, Yesa, La Tranquera, donde se practica la
pesca deportiva y donde nuestras gentes, las gentes que viven allí, son
firmes defensoras del medioambiente, firmes defensoras del desarrollo
rural. No creo que se les pueda tildar de personas antiecologistas, pero,
sinceramente, creo que esa ecología que se practica desde los sofás de
las casas poco bien está haciendo a los territorios.

Les decía que nos enfrentamos al reto de tratar de buscar la
compatibilidad entre la defensa del medio natural, la defensa de los
ecosistemas de cada una de las zonas, la defensa de la biodiversidad y la
defensa de un ecosistema que no es menos importante, que es el de los
cientos de hombres y mujeres que viven en esas zonas, que se quieren
mantener en sus pueblos y cuya actividad depende en buena medida
—en estos casos que acabo de citar— de la pesca recreativa y
de la pesca deportiva. Cero que no está reñida una cosa con la otra
porque parto de la base de que estas personas son las principales
defensoras del medioambiente y de sus ecosistemas. Por lo tanto, el reto
al que nos enfrentamos es este y no otro.

Decía la senadora Freixanet que lo que pretendíamos con estos cambios
que introdujimos en la ponencia no era otra cosa que burlar la sentencia.
No, senadora, yo creo que no, lo que estamos haciendo es ejercer nuestra
responsabilidad como legisladores. La sentencia de 16 de marzo de 2016
provocó una gravísima inseguridad jurídica. Es verdad que esta ley
—una ley de la época Zapatero— ya venía precedida de dos
modificaciones de dos reales decretos y también de una ley, la
Ley 33/2015, que el Tribunal Supremo parecía desconocer. Pero yo no vengo
aquí a criticar la sentencia del Tribunal Supremo —me parece bien
lo que hizo el Tribunal Supremo—, porque nuestra obligación, como
legisladores, es dar seguridad jurídica a los sectores y buscar
soluciones que permitan compatibilizar ambos extremos. Como decía, esta
sentencia provocó una gran inseguridad jurídica en el sector y desplazaba
la obligación de dar muerte a estas especies —en la zona que yo
conozco hablo, sobre todo, de la trucha arcoíris y de la carpa
común— precisamente a los pescadores, inhibiendo de cualquier
responsabilidad a la Administración. Por si fuera poco, cada comunidad
autónoma se comportó de manera desigual: en Aragón fuimos más papistas
que el papa y sacamos un plan de pesca que fue objeto de una suspensión
cautelar por parte del Tribunal Superior de Justicia de Aragón
—imagínese lo que vería— y que finalmente —hace muy
poquitos días— ha tumbado una sentencia del mismo tribunal.
Mientras tanto, en Extremadura y en Andalucía se hizo una planificación
distinta y se seguían manteniendo los protocolos previos a la emisión de
la sentencia. En definitiva, un desconcierto que produjo que se anularan
cientos de licencias, al menos en nuestra zona, lo que trajo consigo el
cierre de negocios, el cierre de comercios, el cierre de muchos
establecimientos de restauración, hostelería, tiendas, alojamientos
hoteleros, cuando esas zonas dependen prácticamente al 100 % de la pesca
recreativa y, con ello, el abandono de nuestras gentes de esas tierras,
gentes que son los principales tenedores y sostenedores del territorio
con su acción diaria y los que más comprometidos están con el
medioambiente.

Señorías, nosotros presentamos nueve enmiendas de las cuales se han
incorporado un total de siete. He hablado de la que incorporaba el
artículo 64 ter, al que he hecho referencia, que creemos, sinceramente,
que alcanza ese punto de compatibilidad entre la necesidad de defender
los ecosistemas de cada zona y las principales fuentes de recursos y de
sostenimiento de las actividades económicas y sociales, pero, además,
establece mecanismos para que se erradiquen esas especies cuando no se
hayan naturalizado y sean un verdadero peligro para los ecosistemas o la
biodiversidad de las zonas. Además de esa enmienda, incorporamos algunas
otras que pretenden dar seguridad jurídica a esta proposición de ley,
porque, ciertamente, la proposición de ley que habíamos recibido
—lo digo con todo el respeto hacia los compañeros del Congreso, que
hicieron un buen trabajo, porque, efectivamente, el itinerario de esta
ley en estos casi dos años ha sido muy complicado— admitía algunas
mejoras que son las que entre todos hemos incorporado en la ponencia que
hoy se va a debatir en el Pleno de esta Cámara.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Muchas gracias, senadora
Santos.

Tiene la palabra el senador Álvarez Cabrero.

El señor ÁLVAREZ CABRERO: Gracias, señor presidente.

Como ya se ha explicado, estamos ante una proposición de ley que parte
de la iniciativa del Grupo Popular con el objeto de compatibilizar la
lucha de especies exóticas e invasoras con la caza y la pesca de algunas
de ellas. El único objetivo es dar flexibilidad de manera equilibrada a
la lucha contra la expansión de estas especies y evitar su actual
expansión incontrolada.

Se han presentado tres votos particulares correspondientes al Grupo
Mixto, Grupo Podemos y Grupo Socialista. Muchas de las enmiendas de los
senadores Mulet y Navarrete van en el mismo sentido de las que ha
presentado el Grupo Unidos Podemos y otras en el sentido de las
presentadas por el Grupo Socialista, no todas, pero bastante parecidas.
Por lo tanto, cualquier explicación que les dé ahora al Grupo Socialista
y a Unidos Podemos les vale a ustedes. Por lo menos yo lo entiendo así,
si no, se la doy a ustedes también.

Voy a empezar por las enmiendas de Unidos Podemos. Nos han dicho que
somos un peligro o una amenaza para el medio natural y acusan gravemente
a la presente proposición de evitar los efectos de la cosa juzgada en la
sentencia 637/2016. Nada más lejos de la realidad jurídica. Uno de los
apartados de esta sentencia dice: Esta Sala no puede determinar la forma
en que han de quedar redactados los preceptos de una disposición general
en sustitución de los declarados nulos. El mismo tribunal puede intuir
que se cambiará la ley. De hecho, la sentencia está juzgando los límites
de la ley, si los hemos vulnerado o no en la confección del reglamento.
El Poder Judicial, según se señala en esta enmienda, no crea normas
jurídicas, sino que juzga su legalidad, entre otras, establece doctrina,
pero creo que ustedes han olvidado que somos el Legislativo. Aquí
creamos, modificamos o derogamos leyes y estamos sometidos a la
Constitución y a la doctrina del Tribunal Constitucional, entre otros, y
de manera específica a ellos. Pregunten, porque yo creo que no están bien
enterados de algunas de sus situaciones.

Por otro lado, trasponen ustedes textos jurídicos sobre derechos de las
aves, textos que están totalmente plagiados. No es por nada, pero esto lo
hemos detectado en otros textos jurídicos que están en vigor. En otra de
ellas dicen que el concepto de especie naturalizada carece de fundamento
científico y técnico. Bien, el glosario de la ciencia lo contempla como
especie animal o vegetal aclimatada en un ambiente que no es el suyo o se
mantiene por sí misma. A esto nosotros añadimos —ahora sí— un
concepto jurídico determinado, y además con un interés social o
económico. Social, bonita palabra cuando hablamos a la calle, pero luego
aquí nos la pensamos, ¿verdad?

Rechazan, desde el punto de vista administrativo, que el consejo
estatal pueda aplicar un mecanismo excepcional en caso de motivo
imperioso. La ley es la que le da esa potestad. Estamos hablando de una
ley, señorías. El consejo está conformado por profesionales del sector,
federaciones de caza, consumidores, colegios profesionales, propietarios
de terrenos... Ustedes critican bastante esta posibilidad. Si está en
manos del consejo, ¿quizás es porque están allí las federaciones de caza
y de pesca? Será por eso. Ustedes son muy amigos de los asuntos
asamblearios, etcétera, pero de todos, porque si nos gustan, nos tienen
que gustar todos, y más uno creado por ley.

Proponen un título competencial por el que se diga que la ley se dicta
en desarrollo del artículo 149.1.23, competencias básicas del Estado.
Pues miren ustedes, nuestro espíritu es el del 45.2 de la Constitución,
que dice así: Los poderes públicos velarán por la utilización racional de
todos los recursos naturales. Sí, naturales. No me van a decir que el
cangrejo rojo, el black bass o la carpa son máquinas o especímenes
modificados por el hombre; que yo sepa, no; son recursos naturales.
Además, la Constitución encuadra ese artículo entre los principios
rectores de la política social y económica y manda al legislador, que
somos nosotros, la utilización racional de todos. Precisamente, fue la
Comisión Constitucional de esta Cámara quien, en los debates de la
ponencia constitucional, modificó ese artículo; de esta Cámara partió ese
artículo. Luego volveré sobre alguna enmienda más de ustedes.

Respecto a las enmiendas del Grupo Socialista, señor Palomo, su ley, la
Ley 42/2007, prohibía aprovechar esos recursos. Han dicho por aquí que
no. Pues estaremos viendo leyes diferentes, pero la ley prohíbe
aprovecharlos, si no, la sentencia del tribunal no habría dicho lo que ha
dicho. Nos gusta la sentencia cuando nos conviene o no nos la leemos. Yo
me la he leído cuatro veces, del principio al final y del final al
principio, y dice lo que dice sobre la base de la ley, porque estaba
juzgando el 630/2013, que es un reglamento.

El Grupo Socialista habla en muchas de sus enmiendas de los recursos
alóctonos. No lo hace en exceso, lo que cree conveniente, pero si
tensáramos mucho la cuerda, la agricultura se quedaría paralizada. Creo
que ambas partes lo tenemos muy claro. También con la modificación de la
ley damos potestad a las comunidades autónomas. Eso de podrán o no
podrán... Ya estamos con lo de que se puede o no se puede. Hay que decir
con firmeza: deben tener potestad en estos temas.

A veces, para erradicar una especie es necesaria su gestión. No lo vean
tan fácil como aparecía en una noticia que leí en prensa y que decía que
el Ayuntamiento de Madrid se planteaba electrocutar a más de 14 000
especies que había en cierto lago de Madrid con un método masivo: la
electrocución. Tanto que hablamos de maltrato animal, ¿eso no lo es? No
es tan fácil. No se puede hacer así. Los informes científicos ya lo están
diciendo: es imposible, hoy por hoy, erradicar la mayor parte de estas
especies.

Proponen textos alternativos. Si los leemos, son enmiendas que atraen
como el cebo del anzuelo al pez —y nunca mejor dicho—; atraen
con ese léxico, pero, al final, lo que pretenden es volver al texto de la
Ley 42 original.

En general, respondiendo a todas las enmiendas de unos y de otros, la
erradicación de alguna de estas especies, como he dicho, es materialmente
muy poco posible. Digo poco posible porque lo mismo en el futuro nos
llevamos una sorpresa. Al cangrejo rojo, cuando lo sacabas del río, le
tenías que dar con un madero o llevarte un infiernillo para no
transportarlo vivo, que es lo que realmente estaba prohibido. Pero
también estaba prohibida la tenencia, y lo sigue estando.

Hablando de la carpa, he de recordarles que, en una campaña
arqueológica en el Sena, se encontraron los restos de una embarcación en
cuya bodega aparecieron restos de carpas fosilizados.






Aquello tenía más
de 6000 años. Creo que ya nadie niega que los informes científicos dicen
que el cangrejo que todos llamamos autóctono es una especie introducida
por Felipe II. Yo iría más allá: el cangrejo, para formar un buen
caparazón, necesita aguas calizas y duras como las de los ríos en Italia.
Ya veremos si los arqueólogos no nos dan una sorpresa dentro de unos años
y nos hablan de Roma al referirse al cangrejo que aquí llamamos
autóctono. Nosotros, ¿qué somos?, ¿autóctonos o alóctonos? Si salimos de
Dubai o de la sima de Atapuerca, ¿qué somos? ¿Dónde está la línea que nos
marca que algo es autóctono o alóctono? ¿Dónde está? Es también un
concepto jurídico indeterminado. No ha habido ninguna enmienda en ese
sentido.

Por supuesto, la trucha arcoíris no tiene ninguna capacidad
reproductora; son asexuales. Y se llevan repoblando desde hace más de un
siglo en nuestras masas de agua continental. Las actividades deportivas
de la caza y de la pesca, como ya se ha dicho aquí, suponen toda una red
de fijación de la población rural. No lo podemos negar, porque estábamos
legislando a la contra de lo que había que hacer. Aquí lo que hemos dicho
es que las especies que todos conocen son especies exóticas e invasoras y
que hay que olvidarse de ellas; no se pueden cazar, no se pueden pescar y
tienen que quedar ahí. ¿Cuál ha sido el resultado en general desde 2007?
La expansión brutal de estas especies. Lo que hay que hacer es cazarlas y
pescarlas porque la Administración ni puede ni tiene recursos para que
estas especies se controlen. Si no las podemos erradicar, hay que
controlarlas.

Desde finales del siglo XIX se han introducido más de 2 millones de
toneladas de trucha arcoíris en nuestros ríos, unos 10 millones de
ejemplares. Se constata que esta especie —como ya he dicho y vuelvo
a repetir— no se reproduce, no se hibrida, pero es que lo constatan
los informes científicos que, a su vez, se elaboran sobre la base de los
informes técnicos y los trabajos de campo de pesca eléctrica y de
extracción de pesca en los ríos para saber qué es lo que hay en ellos.
Eso no lo podemos negar, en absoluto. Yo he estado haciendo pesca
eléctrica durante diez años. ¡Cómo me van a contar aquí lo contrario, por
favor! De ahí han salido informes técnicos, y yo quiero ver los informes
técnicos sobre los resultados que hemos puesto encima de la mesa. Dicen
los técnicos que la trucha común es una de las más invasoras del mundo.
También está en tela de juicio si la trucha común vino de los ríos del
centro de Europa.

Para finalizar, yo les pido a los senadores del Grupo Socialista que no
hagan caso a voces y cánticos de sirena. Apoyen al medio rural de verdad.
Pueden hacerlo. Apoyen con nosotros al medio rural. Han cambiado ustedes
su sentido original. No lo hagan, no permitan que se les acuse de
presentar enmiendas que son copia literal de las de Podemos, no lo
consientan. No permitan que se diga que están ustedes en manos de ese
partido. No permitan que se diga que ustedes se han apartado por completo
de sus compromisos con la gente del medio rural. Esto no lo digo yo, yo
lo reproduzco —ahora les diré de dónde lo he sacado—. Dicen
que estas enmiendas son las de Ferraz y no la de sus comunidades, las de
sus ayuntamientos y sus diputaciones. No permitan que les digan que los
intereses de Ferraz son contrapuestos a los del territorio rural. Lo dice
este documento que les muestro, que no es mío ni del Partido Popular,
sino que lo tienen los pescadores y cazadores de toda España. Esto es lo
que pone aquí, y les he entresacado lo más fino del documento.

Ustedes y el Partido Popular, y el Partido Popular y ustedes —el
bipartidismo que llaman otros, los partidos cuña— fuimos capaces de
limpiar durante años los ríos españoles, cuyo estado lamentable,
vergonzoso, fue la verdadera causa de la pérdida de biodiversidad. ¡De
eso no ha hablado nadie en ninguna enmienda! De esa pérdida de
biodiversidad vienen algunas de estas consecuencias. Las propuestas de
estos partidos solo pretenden cerrar el medio rural al hombre, que es uno
de los graves daños que se puede causar a la biodiversidad.

Cuando yo era alcalde de mi pueblo, el Partido Socialista colgó unos
carteles —todavía quedan en algunos lugares— que decían: Este
pueblo no se vende —ahora no recuerdo por qué se decía—. Pues
miren, con su propuesta de retirar las enmiendas 16 y 31 del Grupo
Popular, que son las ruedas del vehículo que ha salido del Congreso de
los Diputados, que son la clave de esta modificación legal en lo que se
refiere al mundo de la pesca y del hombre en el medio rural y de todos
los negocios que lo circundan, permítanme que les diga que los pueblos,
vendidos están. Así que, por favor, reflexionen, aquí y en el Congreso de
los Diputados.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Muchas gracias, senador Álvarez
Cabrero.

Pasamos, señorías, al turno de portavoces.

Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra la senadora
Domínguez de Posada.

La señora DOMÍNGUEZ DE POSADA PUERTAS: Gracias, presidente.

A mediados del pasado mes de junio de 2017, Foro ya expresó en el
Congreso de los Diputados el apoyo a la toma en consideración de una
proposición no de ley en torno al patrimonio natural y la biodiversidad
que diera solución al grave problema planteado por la sentencia del
Tribunal Supremo que anuló, a instancias de diferentes grupos y
asociaciones ecologistas, varios puntos del Real Decreto 630/2013, de 2
de agosto, aprobado por el Gobierno.

El Pleno del Congreso rechazó entonces aquella toma en consideración,
lo que prolongó una situación crítica que afecta y perjudica con
severidad a todas aquellas personas y sectores que tienen su modo de vida
en torno a los beneficios medioambientales, económicos y sociales que
generan las actividades piscícolas y cinegéticas. Si en aquel momento ya
era urgente la modificación legislativa, ahora ya es cuestión de
emergencia para atajar y corregir las secuelas que se están sufriendo
como consecuencia de la invasión de especies exóticas, que incluso con la
salvaguarda de protección se han convertido en grandes depredadores de
otras especies autóctonas de nuestra fauna ibérica.

Senadora Freixanet, hace muchos años yo pensaba como urbanita madrileña
algo muy parecido a lo que usted hoy ha expresado en esta Cámara, pero
desde hace veinticinco años vivo en el medio rural y considero que el
panorama es completamente distinto. La gente que preserva el entorno y
que defiende las especies son los que habitan el territorio y
precisamente el territorio está cambiando porque se está despoblando a
causa de prohibirles el único divertimento que tienen, que es la pesca y
la caza.

Señorías, confío en que salga adelante esta iniciativa parlamentaria y
que lo antes posible se corrijan las prohibiciones genéricas que han
conllevado la protección de varias especies catalogadas como exóticas
invasoras, como es el caso de la carpa común o la trucha arcoíris,
impidiendo la posibilidad de su pesca deportiva, que al igual que la
actividad cinegética mantiene un alto compromiso con la conservación y el
equilibrio de las especies y constituye un importante apoyo económico
para muchos de nuestros núcleos y entornos rurales. No está de más
señalar que desde la sentencia del Tribunal Supremo que prohibió la
captura de estas especies se han cerrado muchos establecimientos
comerciales y decenas de piscifactorías, arrastrando la pérdida de miles
de puestos de trabajo y de varios millones de euros. Señorías, el voto de
Foro volverá a ser favorable a esta imprescindible modificación
legislativa.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Muchas gracias, senadora
Domínguez de Posada.

Por el Grupo Nacionalista, tiene la palabra la senadora Rivero.

La señora RIVERO SEGALÀS: Gracias, presidente.

Hablamos hoy de la Ley de modificación de la Ley 42/2007, de 13 de
diciembre, del patrimonio natural y de la biodiversidad. Intervengo para
fijar nuestro posicionamiento, pero, en primer lugar, me van a permitir
que haga una observación respecto al costoso trámite de esta ley, que,
ciertamente, ha sido casi una carrera de despropósitos. Entendemos que el
tema es delicado y que seguramente algunos se pueden sentir presionados.
Ya en el Congreso hubo grupos parlamentarios —ya se ha dicho
aquí— que fueron cambiando de opinión a medida que iba avanzando el
debate, y seguramente las presiones; también hubo errores en el trámite
de enmiendas, con numerosas transaccionales que supusieron errores en la
votación y la inclusión de enmiendas in voce en último momento. Pues
bien, algunos de estos errores en la votación supusieron suprimir de este
texto el artículo 64 ter. Es cierto, señorías, que nosotros, por error,
quitamos este artículo con el que estábamos de acuerdo, pero mis
compañeros del Congreso se comprometieron a remediar el error en el
trámite del Senado. De ahí que incorporemos este artículo.

Señora Freixanet, para su tranquilidad, seguidismo partidista, cero,
ningún seguidismo partidista. Nosotros, a pesar de que a veces resulte
incómodo, hacemos nuestro trabajo defendiendo a nuestros territorios y lo
que creemos que es justo para ellos. Seguidismo partidista no hay y la
prueba es que en la comisión, presentando un artículo idéntico al
planteado por el Partido Popular y el Partido Aragonés, fueron capaces,
por falta de seguidismo político, de votar a favor y en contra de la
misma cosa para no votar nuestra propuesta. Por tanto, partidismo
político y seguidismo, cero.

Desde el primer momento nuestro grupo consideró necesaria la actuación
porque esta regulación resultaba a todas luces insuficiente, si se
conocen los territorios y la problemática que conlleva, en algunas zonas
más que en otras porque no hay homogeneidad en las zonas ni en lo que
supone en cada una de ellas. En este sentido, en el trámite en el
Congreso presentamos enmiendas que pretendían clarificar respecto de las
especies naturalizadas —eso que usted dice que es un
invento—, introducir mejoras en los procedimientos de gestión del
catálogo de las especies exóticas invasoras —pensamos que es
fundamental— y que las comunidades autónomas pudieran implementar
sus propios catálogos, incorporando en ellos tanto las especies
descatalogadas como las especies afectadas por procedimiento de
suspensión, como las naturalizadas. Además, como ya lo tenían reconocido,
proponíamos que las comunidades autónomas pudieran suplementar, es decir,
endurecer las prohibiciones que el Estado dispone más allá de las
decisiones de la Comisión Estatal para el Patrimonio Natural y la
Biodiversidad.

Señorías, estamos a favor de preservar el patrimonio natural, nada de
antiecologistas; estamos a favor de la biodiversidad y en este sentido
gestionamos las especies invasoras, el problema es cómo lo hacemos. Yo
vengo de una zona en la que el 80 % del territorio está afectado por
figuras de protección. La gente que vivimos allí no solo soportamos la
presión para garantizar el medioambiente y la biodiversidad, sino que
entendemos que tiene que ser así y nos lo creemos. Por tanto,
antiecologistas, por favor, no.

El problema es que este tema no es fácil. Fíjense, cuando aplican el
Reglamento 1143/2014 de la Unión Europea, catálogos de especies, nos
dicen que no es fácil porque hay que tener en cuenta los gastos de
aplicación, los costes de inacción, las características de cada especie y
de cada zona, porque todas las especies invasoras no afectan igual a las
autóctonas; también deben tenerse en cuenta los riesgos y las formas de
introducción: si se introdujeron legalmente, cuándo, quién y cómo se
soluciona; y legalmente no son iguales las mismas afectaciones. Asimismo,
Europa dice que también hay que tener en cuenta los beneficios sociales y
económicos; no solo, pero también hay que tenerlos en cuenta.

Nosotros estamos por la preservación, nos gusta más que lo de la
recuperación. El olivo es una especie invasora, lo dicen los estudios
científicos. ¿Adónde nos remontamos? ¿Acabamos con los olivos en todos
los territorios? Por tanto, no es una cuestión de cero o cien. La
Comisión Europea pide equilibrio.

El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Vaya terminando, señoría.

La señora RIVERO SEGALÀS: Acabo, señor presidente.

Y sí, señoría, somos valientes porque utilizar matices en este debate
que es tan fácil llevarlo a un extremo o a otro es para ser valientes,
pero nosotros lo somos porque conocemos nuestros territorios y cómo les
afecta esto. Soy senadora electa y tanto en el Alt Pirineu como en Lleida
sabemos lo que supone, y nuestras gentes nos piden que reaccionemos, que
preservemos la naturaleza y la biodiversidad, pero también sus derechos.
Por eso, señoría, votaremos a favor.

El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Gracias, senadora Rivero.

Por el Grupo Parlamentario Vasco, tiene la palabra el senador
Cazalis.

El señor CAZALIS EIGUREN: Señor presidente, si me lo permite, voy a
intervenir desde el escaño.

Al final, creo que se ha dicho casi todo lo que había que decir sobre
esta proposición de ley y lo que genera la sentencia del Tribunal
Supremo, de agosto de 2016, que anulaba algunas disposiciones del Real
Decreto 630/2013 al entender que este incumplía la Ley 42/2017.
Evidentemente, la única solución para paliar esta situación era modificar
la ley. Lo que pretende esta modificación, además del control y
erradicación de las especies exóticas invasoras por parte de la
Administración, es que también la caza y la pesca sean herramientas
válidas para ello. Por eso la ley propone que en aquellas áreas ocupadas
por dichas especies exóticas invasoras antes del 2007 —este aspecto
es importante y conviene decirlo— se pueda cazar y pescar para su
control y para su teórica erradicación. Pero además permite autorizar la
suelta de truchas arcoíris en tramos concretos en los que se permitirá
recuperar los denominados cotos intensivos de pesca, y como estas truchas
se crían en piscifactoría es una oportunidad para mantener las empresas
en marcha, así como por su interés para la pesca deportiva.

En el Grupo Vasco entendemos sin ninguna duda, en este tema y en todos
los demás, que es imprescindible ser exquisitos con la precaución de no
introducir especies invasoras en nuestros entornos naturales, pero
también entendemos que es importante tener en cuenta la repercusión que
tienen algunas de estas especies que llevan mucho tiempo conviviendo en
los espacios naturales que nos rodean, sobre todo su caza y pesca, en las
economías y en el desarrollo rural de algunas zonas muy vulnerables. En
definitiva, la cuestión medular es que esta proposición de ley intenta
habilitar la posibilidad de llevar a cabo la actividad de caza y pesca de
especies catalogadas como especies invasoras objeto de aprovechamiento
piscícola o cinegético, siempre introducidas —repito— antes
del 2007, para su control o erradicación con el fin de evitar que se
extiendan fuera de los propios límites de sus áreas de distribución; una
posibilidad que en todo caso deberá ser autorizada por las comunidades
autónomas.

En lo que respecta a la ley, me atrevo a decir que casi por primera vez
o por una vez no parece que haya una controversia competencial,
precisamente porque esta norma otorga habilitaciones importantes a las
comunidades autónomas para el control y la aplicación de los instrumentos
de planificación y gestión de estas especies invasoras; incluso la suelta
de la trucha arcoíris requerirá autorización administrativa autonómica.
Nosotros entendemos que si surgiera esta polémica estaríamos hablando de
no controlar nada, pero no es el caso, nosotros tenemos absoluta y plena
confianza en el control que ejerce, por lo menos la Comunidad Autónoma
Vasca, en su entorno natural, así como las diputaciones forales sobre la
base de sus servicios de montes, de caza y de pesca. Consideramos,
también lo ha dicho la senadora Santos y lo ha repetido la senadora
Rivero, que quien tiene que gestionar esto es quien está en el medio,
teniendo en cuenta todo aquello que sea importante para decidir la
repercusión de la especie invasora, la coexistencia con especies no
invasoras, con especies autóctonas, y también la repercusión que tiene en
la economía e incluso en la cultura o en la gastronomía de las zonas en
las que está implantada, y para eso nos hemos dotado de servicios de
inspección y de los correspondientes departamentos de Medio Ambiente, en
el caso de la Comunidad Autónoma Vasca de los servicios forales de caza y
pesca, etcétera.

Por todo esto vamos a votar que sí a esta iniciativa, buscando volver
al texto que en un principio por un problema que tuvimos en el Congreso
no pudimos aceptar.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Muchas gracias, senador
Cazalis.

¿Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana? (Denegaciones).

Por el Grupo Parlamentario Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, tiene
la palabra la senadora Quetglas. (Rumores).

Ruego a sus señorías que guarden silencio. (Continúan los
rumores).

Señorías, ruego guarden silencio, por favor, para continuar el Pleno
con normalidad. (Pausa).

Senadora Quetglas, tiene la palabra.

La señora QUETGLAS QUESADA: Gracias, presidente. Bon dia.

Señorías, como bien sabemos, estamos debatiendo la modificación de la
Ley del patrimonio natural y de la biodiversidad. Esta iniciativa del PP,
como también supongo que saben, pretende esquivar una sentencia del
Tribunal Supremo y así indultar a una serie de especies exóticas
invasoras, poniendo en riesgo toda la normativa para prevenir y luchar
contra esta grave amenaza para la biodiversidad. La modificación de la
normativa pretende anteponer los criterios políticos y económicos a los
criterios técnicos y científicos, de manera que cualquier especie dejará
de considerarse invasora solo por atender al interés de sectores
concretos. La proposición de ley del Partido Popular a todas luces
empeora la ley, rebaja las garantías para las especies autóctonas y para
el patrimonio natural de todas las personas que vivimos en este país de
países.

Voy a hacer un rápido repaso de la historia legislativa que nos atañe.
En España ya se obligaba a las administraciones a tomar medidas para
evitar la introducción de especies alóctonas en la Ley 4/1989 y la
Ley 42/2007, la que pretenden modificar, señorías del PP, fue un paso más
allá y especificó la necesidad de desarrollar un catálogo de especies
exóticas invasoras. En 2011 se desarrolló el catálogo por un real decreto
que no tardó el Gobierno del PP en derogar y sustituir por el vigente
Real Decreto 630/2013 para satisfacer a los mismos sectores que pretenden
contentar con esta proposición de ley y que fue parcialmente anulado y
modificado por el Tribunal Supremo en la ya citada sentencia
del 2016.

Ahora el Grupo Popular pretende modificar la Ley del patrimonio natural
y de la biodiversidad para salvar lo declarado ilegal de aquel real
decreto, vaciando de efecto la sentencia del Supremo para que nada cambie
y la pesca y la caza deportiva y otras explotaciones económicas se sigan
desarrollando como hasta entonces, poniendo de este modo en peligro el
equilibrio natural y la conservación de la biodiversidad.

No podemos olvidar que las especies invasoras son la segunda causa de
destrucción de la biodiversidad. Nada menos que proponen cambiar la Ley
del patrimonio natural y de la biodiversidad para que la sentencia quede
en nada, en papel mojado, y me pregunto: qué tipo de políticas propugnan
ustedes, qué uso están dando a las instituciones. Mucho nos tememos que
nos lo van a demostrar en crudo lo que queda de legislatura. Ustedes se
llenan la boca de legalidad en determinados territorios, pero para
defender el medioambiente la legalidad no importa y si hay que cambiarla
para burlar a la justicia y desproteger la naturaleza pues allá vamos,
como están haciendo con esta proposición.

Una vez puesta en evidencia su incoherencia, paso a explicarles en
cinco puntos los motivos de nuestro rechazo a esta modificación de la
ley. Primero, porque ataca el mismo concepto y contenido del catálogo
español de especies exóticas invasoras y desarticula los mecanismos de
lucha contra esta amenaza de la biodiversidad. Segundo, porque el ámbito
que fija la proposición de ley es precisamente el declarado nulo por el
Tribunal Supremo. Tercero, porque supone la renuncia de competencias
administrativas y la desconsideración —y esto también es muy
importante— de la validez de la prueba científica. Cuarto, porque
implica una inteligencia y aplicación errónea del Reglamento europeo de
especies exóticas invasoras en la acuicultura. Y quinto, porque
tergiversa el concepto de recurso zoogenético para tratar de convalidar
la norma anulada por el Supremo.

Quiero trasladarles una última consideración, aunque no por ser la
última dejar de tener su importancia. La proposición de ley que nos ocupa
ha sido propuesta por el Grupo Popular, que hasta hace nada era el
partido del Gobierno. ¿Cómo se explica entonces que la modificación de
Ley del patrimonio natural y de la biodiversidad no entre en las Cortes
como proyecto de ley del Consejo de Ministros? Tal vez la respuesta es
que semejante despropósito legislativo no hubiera superado sin bochorno
ni uno solo de los trámites del proyecto de ley.

Señorías, es nuestra intención contribuir a mejorar la protección de
nuestra biodiversidad y nuestra naturaleza, no ponerla a los pies de los
intereses de la pesca, la caza deportiva o los peleteros. La sociedad, el
medioambiente y el planeta piden a gritos que los grupos parlamentarios
actuemos con responsabilidad en el presente para el futuro de las
generaciones y del planeta.

El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Termine, señoría.

La señora QUETGLAS QUESADA: Acabo.

Por eso rechazamos la proposición de ley que hoy votaremos aquí.

Gracias. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Gracias, senadora Quetglas.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el senador
Palomo.

El señor PALOMO GARCÍA: Gracias, señor presidente.

Antes de nada quiero hacer dos aclaraciones. Una va dirigida a la
senadora Santos, del PAR, para que esté tranquila: el Grupo Parlamentario
Socialista siempre tendrá en cuenta los intereses sociales que puedan
verse afectados por esta proposición de ley o por cualquier otra, o los
que se deriven de ellas; tenga usted la completa seguridad de esto, no
hay ningún problema en este sentido. La otra la dirijo al senador Álvarez
Cabrero: quiero aclararle que la sentencia del Tribunal Supremo
desautoriza el real decreto de 2013 del anterior Gobierno, no a la ley
de 2007. Insisto: desautoriza el real decreto que había modificado la
ley. Por tanto, tampoco hay ninguna duda: ha quedado bien claro que el
Tribunal Supremo no comparte los criterios que mantuvo el Gobierno del
Partido Popular cuando hizo ese real decreto, aunque los estén
reproduciendo hoy en esta proposición de ley; eso está meridianamente
claro. Eso quiere decir que el Tribunal Supremo podría volver a
desautorizar esta proposición de ley, si se quedara como quiere el grupo
mayoritario de esta Cámara, con los mismos criterios con los que
desautorizó el real decreto.

Es sabido, además —y hay que repetirlo porque es completamente
imprescindible—, que estamos haciendo una legislación básica que
después tienen que aplicar, complementar e incluso modificar parcialmente
las comunidades autónomas. Les estamos dando a las comunidades autónomas
unas facultades según las cuales pueden hacer una interpretación más
amplia o más restrictiva de esta proposición de ley, y eso lo tenemos que
tener en cuenta porque al final donde se producen la conflictividad y la
diferencia de criterios es en la gestión de la actividad cinegética y
piscícola, porque en el resto parece que no hay mayor problema, no hay
mayor discrepancia; es solo en esta materia. Pues bien, si la actividad
cinegética y piscícola es la causa de los intereses contradictorios en la
regulación de las especies foráneas, tendremos que ser especialmente
cuidadosos con las comunidades autónomas, porque sería irresponsable
pasarles la patata caliente y dejar que sean ellas las que incumplan los
criterios que se derivan de la sentencia del Tribunal Supremo. Ya no son
solo criterios de grupos políticos, no son solo criterios de
organizaciones ideológicas, ya tenemos una sentencia que nos dice por
dónde no se puede volver a ir, que es defraudando el espíritu de la ley
de 2007, que es lo que hacía el real decreto de 2013.

La intención de nuestro grupo es dejar claro que no se pueden seguir
autorizando sueltas de especies exóticas, que es en lo que estamos,
porque a este punto hemos llegado en el artículo 64 ter, que tanto se ha
mencionado aquí y que es el emblemático, el que deja en evidencia a qué
apostamos cada uno de los grupos políticos. Se nos dirá que la
autorización, prevista en ese artículo, de la suelta de trucha arcoíris
en nuestros ríos se hace en unas condiciones previamente fijadas y muy
restrictivas que prácticamente harían imposible que se reprodujeran, como
ha dicho el senador Álvarez Cabrero. Pero también es cierto que,
autorizando la suelta de trucha arcoíris, se envía un mensaje muy
negativo a los ciudadanos porque seguimos primando los intereses de la
pesca deportiva sobre los conservacionistas. Ya se ha dicho que
evidentemente esta compite por el mismo espacio con la trucha común y
también es evidente que eso tiene un efecto.

En último extremo, si las comunidades autónomas optaran por soltar
legalmente ejemplares de trucha arcoíris, ¿cómo se podrían distinguir
esos ejemplares de los que podrían soltar, por ejemplo, los particulares?
Pues de ninguna manera. El argumento que contiene el tenor literal de la
proposición de ley es que la trucha arcoíris se suelta para disminuir la
presión sobre la trucha común, pero eso significa que alguien piensa que
un pescador deportivo va al río, ve una trucha común y una trucha
arcoíris y opta por intentar pescar la de menor calidad deportiva y
gastronómica, que es la truca arcoíris. Es completamente infantil pensar
eso, porque es de suponer que el pescador no es tonto, y un auténtico
pescador va a intentar pescar la más valiosa, y además todo el mundo sabe
que en el plato la trucha arcoíris es mucho peor que la común.
(Aplausos). Por lo tanto, ese no es el caso.

El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Vaya terminando, señoría.

El señor PALOMO GARCÍA: Acabo ya, señor presidente.

Es evidente que detrás de esto hay otro interés y no es social, es otro
interés, al que se es sensible o no se es, pero es más importante el
interés medioambiental, que es el que se trata de proteger con esta
legislación, tal y como nos ha mandatado ya una sentencia del Supremo que
hay que respetar. Por lo tanto, si se mantiene en estos términos el tenor
literal de la proposición, tal como ha manifestado el Grupo Popular,
nuestro grupo se abstendrá,

Nada más y muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Gracias, senador Palomo.

Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la senadora
Pons.

La señora PONS VILA: Gracias. Buenos días.

Evidentemente, en el Grupo Popular apoyamos esta modificación de la Ley
de patrimonio natural y de la biodiversidad que, a nuestro entender,
permitirá a los sectores afectados encontrar una solución que
compatibilice la protección del medioambiente con las actividades
comerciales, deportivas turísticas y de ocio de algunas especies
catalogadas como exóticas invasoras. Es importante dejar claro que la
modificación de la ley continúa la lucha contra las especies exóticas
invasoras. Esta modificación no pone en ningún momento en duda que las
especies exóticas invasoras sean un peligro para la biodiversidad. Se
trata de aprovechar económicamente estas especies invasoras, como se
hacía hasta 2016, solo allí donde su erradicación se ha demostrado
inviable o extraordinariamente costosa. Precisamente las actividades de
caza y pesca permitidas pueden contribuir a nuestro entender al control y
a la posible erradicación de las especies invasoras. (El señor presidente
ocupa la Presidencia).

Esta ley busca en todo momento mantener el rigor de la norma original,
pero dándole flexibilidad. Se ha comprobado que el legislador español, en
la Ley 42/2007, actuó con mayor rigidez de lo que exigía el propio
ordenamiento jurídico comunitario. Por ejemplo, el Reglamento 1143/2014,
del Parlamento Europeo, en su artículo 9, facultaba a los Estados
miembros a poder desarrollar actividades contra las especies exóticas
invasoras cuando existiera un motivo imperioso de interés público,
incluido de naturaleza social y económica. Eso es lo que nosotros hacemos
con esta modificación. No tiene sentido, a nuestro entender, mantener una
legislación que, siendo más rigurosa que lo exigido por la normativa
europea, perjudique a las poblaciones de los territorios afectados, más
aún si esa población ha encontrado modos de vida en el aprovechamiento de
estas especies sin causar daños al medioambiente.

Lo que se pretende es cambiar el régimen legal de las especies exóticas
invasoras, que, por sus especiales circunstancias, pueden ser objeto de
aprovechamiento económico en determinadas zonas, sin comprometer los
estándares ambientales y dentro de lo que permite el ordenamiento
jurídico comunitario. Teniendo en cuenta esto, lo que hacemos es permitir
la caza y la pesca como métodos de gestión de determinadas especies,
únicamente en áreas ocupadas desde antiguo por estas y en las que su
erradicación resultaría técnicamente imposible. En determinadas
circunstancias y de forma excepcional, la propia Comisión Estatal para el
Patrimonio Natural y la Biodiversidad podrá reconsiderar la catalogación
de una especie o levantar alguna prohibición de especies catalogadas. Hay
que recordar que esta posibilidad también está en el Reglamento europeo
por el que nos regimos. Solo se permite la suelta de una especie
catalogada, la trucha arcoíris, de la que ya se ha hablado bastante; como
se ha comentado, solo en tramos muy concretos del río, es un ejemplar
monosexo y no son reproductoras. Con ello se da seguridad jurídica a la
acuicultura, donde la cría de especies como la trucha arcoíris tiene
importancia económica.

La modificación respeta, a nuestro entender, la sentencia del Tribunal
Supremo de 2016 y no pretende modificar el actual régimen de catalogación
de especies. El catálogo, además, se basa en criterios de información
técnica y científica disponibles sobre el potencial invasor de la
especie. Son estas las únicas circunstancias que han sido ponderadas para
incluir o no una especie en este catálogo.

Sobre la vertiente económica y las implicaciones que tiene esta ley en
los territorios en donde hay especies invasoras para fijar población, a
nivel de las ventajas para la caza y la pesca continental, debo decir que
aportan unos 9000 millones de euros al PIB, y unos 3,5 millones de
personas, algunas de las cuales han fijado su residencia precisamente en
el campo articulando su modo de vida a través de ese aprovechamiento, se
verán afectadas, en este caso beneficiosamente, si modificamos la
ley.

Además, la modificación tiene repercusión —como he dicho—
en la pesca deportiva continental, también se pueden constituir cotos
intensivos de pesca y en la acuicultura, que generó una producción
de 17 700 toneladas y un valor de 90 millones de euros. En cuanto a la
caza, solamente con el aprovechamiento del arrui en la Sierra Espuña
también obtenía beneficios para los propietarios de cotos y el turismo.
Otro aprovechamiento que también tenemos que destacar es la explotación
del cangrejo rojo en la zona de las marismas del Guadalquivir.

Para terminar, diré que con esta modificación pretendemos —así lo
pretendemos nosotros y los grupos que van a apoyarla— proteger el
medioambiente para que suponga una oportunidad de futuro y un desarrollo
económico de nuestro país. La posibilidad de autorizar de nuevo un
aprovechamiento económico de especies invasoras, además de contribuir a
contener su expansión e, incluso, su erradicación, abre de nuevo una
esperanza y una vía de futuro para miles de personas que hasta 2016
desarrollaban esta actividad económica compatible e, incluso, alineada
con ella. La modificación legislativa es especialmente importante en
regiones de interior, con graves problemas de despoblación y ofertas de
empleo. En estas zonas estas actividades han sido, sin perjuicios para el
medioambiente, un estímulo para la permanencia o el regreso al campo de
la población.

Por todo ello, nosotros creemos que esta modificación es necesaria, es
importante y va en beneficio de los ciudadanos y además tenemos que
agradecer el apoyo a todos esos grupos que lo ven en el mismo
sentido.

Muchísimas gracias.(Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Pons.

Llamen a votación. (Pausa).

Cierren las puertas.

Señorías, vamos a comenzar la votación.

En primer lugar, votamos las enmiendas de la proposición de ley y
comenzamos con las de los senadores Mulet y Navarrete. Votamos la
enmienda número 24.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 252;
votos emitidos, 252; a favor, 36; en contra, 215; abstenciones, 1.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos la enmienda 25.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 251;
votos emitidos, 251; a favor, 35; en contra, 157; abstenciones, 59.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos la enmienda 26.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 252;
votos emitidos, 252; a favor, 35; en contra, 158; abstenciones, 59.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos la enmienda número 27.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 252;
votos emitidos, 251; a favor, 35; en contra, 215; abstenciones, 1.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos la enmienda número 28.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 251;
votos emitidos, 251; a favor, 35; en contra, 157; abstenciones, 59.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos la enmienda número 29.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 252;
votos emitidos, 251; a favor, 92; en contra, 158; abstenciones, 1.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Del Grupo Parlamentario Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, votamos
las enmiendas 32, 33, 39, 40, 42, 45 a 47, 49 y 50.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 251;
votos emitidos, 251; a favor, 35; en contra, 157; abstenciones, 59.

El señor PRESIDENTE:






Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas 34, 35, 37, 41, 43, 44, 48, 51 y 52.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 252;
votos emitidos, 251; a favor, 93; en contra, 157; abstenciones, 1.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas 36 y 38.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 252;
votos emitidos, 252; a favor, 35; en contra, 216; abstenciones, 1.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Del Grupo Parlamentario Socialista, votamos las enmiendas 1 a 13.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 252;
votos emitidos, 252; a favor, 94; en contra, 157; abstenciones, 1.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos la enmienda 14.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 252;
votos emitidos, 252; a favor, 61; en contra, 191.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Del Grupo Parlamentario Socialista, votamos la vuelta al texto del
Congreso en lo modificado por las enmiendas 16 y 31.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 252;
votos emitidos, 252; a favor, 82; en contra, 170.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Señorías, votamos en un solo acto aquellas partes de la proposición de
ley enmendadas en comisión y no comprendidas en las votaciones
anteriores.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 252;
votos emitidos, 251; a favor, 156; en contra, 35; abstenciones, 60.

El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.

Señorías, votamos en un solo acto el resto de la proposición de
ley.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 252;
votos emitidos, 252; a favor, 157; en contra, 35; abstenciones, 60.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.

Tal y como dispone el artículo 90 de la Constitución, se dará traslado
de las enmiendas aprobadas por el Senado al Congreso de los Diputados
para que este se pronuncie sobre las mismas en forma previa a la sanción
definitiva del texto por S.M. el Rey.

Señorías, la Comisión de Reglamento se va a reunir a continuación en la
sala Enrique Casas.

Se suspende la sesión hasta las cuatro de la tarde.

Eran las catorce horas y quince minutos.

Se reanuda la sesión a las dieciséis horas.

El señor PRESIDENTE: Señorías, se reanuda la sesión.