El señor presidente da lectura a los puntos 4., 4.1.
y 4.1.1.

El señor PRESIDENTE: No se han presentado enmiendas ni propuestas
de veto a esta proposición de ley dentro del plazo que al efecto se
señaló.

¿Turno a favor? (Pausa).

¿Turno en contra? (Pausa).

Pasamos a turno de portavoces.

Por el Grupo Parlamentario Mixto, ¿hay alguna intervención?
(Denegaciones).

Por el Grupo Parlamentario Nacionalista, tiene la palabra la
senadora Rivero.

La señora RIVERO SEGALÀS: Gracias, presidente.

Intervendré muy brevemente, tan solo para decir que estamos a
favor de esta proposición de ley. Hemos de felicitarnos todos porque haya
llegado por unanimidad. La lucha contra la estigmatización para las
personas que sufren el sida es una lucha que abordamos desde todas las
administraciones. Ya en el Parlament de Cataluña hubo un acuerdo unánime
en 2014 para luchar contra el sida y contra la estigmatización que
provoca. Se trata de luchar por la defensa de los derechos sexuales,
reproductivos y contra la estigmatización del sida. Y, como dice la
propia proposición, abierta a otras enfermedades. Y que esto tenga
efectos en las relaciones jurídicas de las personas afectadas por estas
enfermedades, es un acto de justicia social que celebramos en el Partit
Demòcrata.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Rivero.

Senador Rodríguez Cejas, tiene la palabra.

El señor RODRÍGUEZ CEJAS: Gracias, señor presidente.

Buenos días, señorías. Intervengo de forma muy breve para fijar
la posición de la Agrupación Herreña Independiente-Coalición Canaria.
Erradicar cualquier tipo de discriminación debe ser siempre tarea
obligada de todas las administraciones públicas. Con la proposición de
ley que se pone en conocimiento en esta Cámara hoy, tras haber sido
aprobada en el Congreso de los Diputados, refrendada por una amplia
mayoría, se erradica, de una vez por todas y tras varios años de
intentos, una clara situación de discriminación. En la proposición que se
nos ha presentado se declaran nulas, a partir de ahora, todas aquellas
cláusulas de determinadas pólizas de seguros y otros contratos que
excluyan a personas con VIH, como así sucede actualmente. Desde hace
algún tiempo, organizaciones como la Coordinadora Estatal VIH-SIDA
(Cesida) o la Universidad de Alcalá ya habían dado la voz de alarma,
habían denunciado esta situación que viene, a todas luces, a ahondar aún
más en la estigmatización social y en la discriminación de estas
personas, con las consiguientes secuelas que ello acarrea para el
desarrollo de estas personas y la normalización de su situación. Además,
nos parece muy interesante que esta modificación de la Ley de
consumidores y usuarios recoja, a través de una disposición, todas
aquellas enfermedades en las que se aplican los mismos preceptos
excluyentes.

Por todo ello, creo que queda perfectamente justificada la suma
de la Agrupación Herreña Independiente-Coalición Canaria a esas voces que
han reivindicado este tema durante tanto tiempo. Y, por justicia social,
a tantos años que llevan estas personas y colectivos sin ser escuchados,
manifestamos nuestro apoyo a esta medida.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Rodríguez
Cejas.

Por el Grupo Parlamentario Vasco, tiene la palabra la senadora
Ahedo.

La señora AHEDO CEZA: Muchas gracias, señor presidente.

Egun on guztioi. Creo que si nos hacen una encuesta ahora por la
calle y nos preguntan si hoy y aquí, en pleno siglo XXI, hay casos de
discriminación por enfermedad, nos parecería difícil de creer y,
probablemente, al encuestador le diríamos que no, por supuesto, porque la
legislación nos ampara. La misma Constitución dicta que nadie será
discriminado en razón de nacimiento, raza, origen o religión, pero
tampoco sufrirá ningún tipo de discriminación por otra condición o
circunstancia personal o social. Pero la verdad es que, si nos paramos a
pensar y lo pensamos dos veces, todos conocemos casos de discriminación,
en general, y en esta Cámara muchos de ellos se denuncian. Si pensamos en
una determinada enfermedad como el sida, seguro que nos vienen a la
cabeza casos de exclusión y de estigma social.

Reconocemos que tenemos una legislación bastante garantista, pero
tiene lagunas. Hay colectivos sociales que han apuntado, por ejemplo, por
eso creo que ahora estamos aquí, que la Ley de defensa de los
consumidores, que es la que pretendemos modificar, no ampara a personas
que padezcan sida, que sean seropositivas, que sean portadoras del VIH
porque, en la actualidad, la legislación permite la obligatoriedad de
tener que declarar esta circunstancia en algunas ocasiones. Esto va en
contra de un montón de derechos y, también, de la igualdad, pero en este
momento puede suceder. Podemos poner un ejemplo: si vamos a contratar un
seguro, tenemos que declarar si somos seropositivos o no, si padecemos
sida o no y, probablemente, ante esta circunstancia no nos permitan
firmar un seguro de vida. Eso no está bien y tiene consecuencias porque,
por ejemplo, vete sin un seguro de vida a una entidad bancaria a pedir un
crédito hipotecario, seguramente te quedas sin casa.

Todos tenemos derechos y todos tenemos los mismos derechos de
igualdad de oportunidades, de trabajo, a la intimidad, que en este caso
se ve cercenada, al acceso a servicios, pero en el caso concreto de las
personas que padecen sida, estos derechos, que teóricamente nos asisten a
todos, no están garantizados y los poderes públicos tenemos la obligación
de garantizar el ejercicio de los derechos y, también, la igualdad
efectiva.

Hoy vamos a aprobar una modificación de la Ley de consumidores y
usuarios, una modificación muy sencilla en la forma pero muy importante
en el fondo porque propone la nulidad de las cláusulas excluyentes o
discriminatorias en contratos, prestaciones y servicios para quienes
padezcan sida u otras condiciones de salud. Porque no vamos a negar la
libertad para establecer pactos o contratos que viene recogida en el
derecho privado, pero esa libertad nunca puede utilizarse para
discriminar a ninguna persona por tener una enfermedad. Ya lo ha dicho mi
compañero de Coalición Canaria, en un principio la preocupación, y es por
lo que viene esta modificación de la ley aquí, es por los enfermos de
sida, pero lo bueno es que se ha ampliado esta modificación y no afecta a
un colectivo concreto sino que es de aplicación a otras enfermedades que
pueden tener iguales efectos.

La verdad es que la modificación es sencilla pero ha costado
bastante que llegara hasta aquí. Si hacemos un poquito de historia,
sabemos que esta iniciativa fue propuesta por el Parlamento navarro,
llegó a las Cortes Generales en el año 2011 y no se tramitó porque la
legislatura llegó a su fin, pero hubo un nuevo intento en el año 2014 que
fue fallido porque no contó con el apoyo del Grupo Popular. Esta es la
tercera vez que se intenta y parece que por fin a la tercera sí va a ser
la vencida. En todo este recorrido, hay que dar las gracias primero a los
colectivos sociales que denunciaron la injusticia y que permitieron que
los legislativos se pusiesen manos a la obra, y hay que agradecer también
al Parlamento navarro, que no ha cejado en su empeño, el que la sigue la
consigue, que por tercera vez haya traído primero al Congreso y luego a
esta Cámara esta modificación que hoy aprobaremos.

Al final, aunque la historia ha sido así y hayan pasado ya siete
años, no vamos a olvidar eso, lo importante es el resultado, lo
importante es que se ha llegado a un consenso tal que en el Congreso, y
entiendo que también en el Senado, esta modificación de ley se va a
aprobar por unanimidad, va a contar con el apoyo de absolutamente todos
los grupos. Pero me gustaría incidir en que con la aprobación de esta
modificación no está todo hecho, es solo un paso más en la no
discriminación y en la no exclusión de determinados colectivos. Es una
cuestión de justicia porque la enfermedad, cualquier enfermedad, además
de todo lo que supone, no puede conllevar una pérdida de derechos.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Ahedo.

Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, tiene la
palabra la senadora Azamar.

La señora AZAMAR CAPDEVILA: Gràcies, president. Bon dia,
senadors.

La proposición de ley que hoy se presenta aquí es un paso más
para terminar con la estigmatización y la discriminación que sufren en
este caso las personas portadoras de VIH, digo un paso más porque queda
mucho camino por recorrer y mucho trabajo por hacer para erradicar la
estigmatización y la discriminación no solo de las personas portadoras de
VIH, sino de todas las personas ya sea por motivos de salud, de religión,
de orientación sexual, de ideología o de origen que sufren
estigmatización y discriminación. Muchas de las ideas que fomentan estas
son creencias falsas o equivocadas y, aun teniendo en cuenta los avances
de la ciencia médica y el conocimiento que se tiene actualmente de la
enfermedad del VIH, ponen de manifiesto la gran cantidad de trabajo que
nos queda todavía por hacer.

Son muchas las administraciones que han realizado esfuerzos para
garantizar los derechos de las personas portadoras de VIH. Cataluña y sus
instituciones han estado siempre a favor de la defensa de los derechos
sexuales y reproductivos y contra el estigma relacionado con el sida como
eje de garantía social de los derechos y el desarrollo de las personas.
En marzo de 2014 el Parlament de Cataluña aprobó por unanimidad el Acord
Nacional per a fer front a l’epidèmia del VIH a Catalunya i contra
l’estigma relacionat, un acuerdo impulsado de forma coordinada con
el tejido asociativo de Cataluña en el ámbito del VIH y, en concreto, con
el Comitè 1r de Desembre-Plataforma Unitària d’ONG-Sida de
Catalunya, que aglutina hasta veinticuatro entidades en todo el
territorio. Por lo tanto, es evidente que hay una verdadera voluntad en
algunas administraciones por trabajar en el tema, y continúan los
esfuerzos para adaptar el ordenamiento jurídico a la realidad
social.

Estos esfuerzos tendrían que ser mucho más incisivos, la
propuesta que hoy se plantea es uno de ellos. Es necesario incidir en
aquellos ámbitos en donde todavía persiste la discriminación contra las
personas portadoras de VIH y, tal y como propone este texto, en todos
aquellos aspectos que pongan trabas en la igualdad de oportunidades y
promuevan la discriminación por cualquier motivo en lo que respecta a las
cláusulas discriminatorias contenidas en determinados contratos, negocios
jurídicos, prestaciones o servicios en el ámbito privado. Son acciones
que suponen todas ellas un avance, pero no olvidemos que tienen como
principal obstáculo la estigmatización y discriminación social, un factor
que dificulta poder tratar con normalidad este tema. Las personas que son
estigmatizadas son diferenciadas, infravaloradas y aisladas. Este hecho
limita sus posibilidades de vida en términos de trabajo, vivienda,
relaciones interpersonales e incluso de acceso a la salud. Causa tanto
dolor la enfermedad como el rechazo social, así que nos queda mucho
trabajo por hacer todavía y todos tenemos deberes por hacer porque para
erradicar la estigmatización y la discriminación de cualquier colectivo
es necesario que seamos los primeros en luchar contra ellos. Por eso,
nuestro grupo va a apoyar esta proposición de ley.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Azamar.

Por el Grupo Parlamentario Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea,
tiene la palabra el senador Bernal.

El señor BERNAL LUMBRERAS: Gracias, señor presidente. Bon día,
egun on.

En primer lugar, el Grupo Parlamentario Unidos Podemos-En Comú
Podem-En Marea apoya a todas las personas portadoras de VIH y a las que
tienen la enfermedad. Cuenten con nosotros para prestarles todo el apoyo
que necesiten. También queremos reconocer la labor realizada por todas
las organizaciones sociales que trabajan con personas con VIH ya que
muchas veces llevan a cabo este trabajo con precariedad por la falta de
financiación de los poderes públicos. Señorías, estamos hablando de un
colectivo de entre 130 y 160 000 personas en el país. Además, un 20 % de
este colectivo de personas infectadas con el VIH desconoce que es
portadora del virus.

Como ha comentado la señora Ahedo, esta proposición de ley,
desgraciadamente, tiene un recorrido histórico en las Cámaras Alta y
Baja. La primera vez que se tramitó en el Parlamento de Navarra fue en el
año 2011, pero, al final, no pudo tramitarse y quedó archivada debido al
término de la legislatura. En el año 2014, sorprendentemente, el Partido
Popular votó en contra. En el Parlamento de Navarra se abstuvo ante una
proposición como esta, y ahora nos encontramos aquí ante el tercer
intento de sacar adelante esta proposición de ley. El caso que nos atañe
en esta modificación legal es corregir una situación legal que genera
discriminación y una vulneración del derecho a la igualdad de las
personas portadoras del VIH. Hemos de ser conscientes de que con el
actual marco legal las empresas aseguradoras ponen sus intereses de
mercado por encima de derechos fundamentales. Estamos hablando de
derechos tan importantes como los recogidos en los artículos 14 y 9.2 de
la Constitución española, en los que se habla de situaciones de
discriminación y de los mecanismos para corregirlas.

Es en este momento cuando desde las Cámaras Alta y Baja tenemos
que hacer valer el poder de la política ante el poder de los lobbies y de
las grandes empresas a las que solamente les interesa su beneficio
económico, y un principio como es el de la justicia social no puede estar
supeditado a los intereses económicos de las empresas. Es el propio
Estado de derecho el que tiene que ser capaz de dar la garantía jurídica
a las personas para que no sean discriminadas y, sobre todo, debe ser el
Estado el que garantice que no haya ningún motivo de discriminación. A su
vez, es importante también tener en cuenta que es necesaria la acción de
sensibilización y educación que realizan los colectivos y las ONG que
trabajan con las personas seropositivas para que esta discriminación que
sufren se vaya reduciendo hasta su desaparición.

Señorías, en esta situación nos estamos encontrando con un
conflicto de intereses en el que, por un lado, está la igualdad de
oportunidades de la mayoría social y trabajadora de este país y, por el
otro, los intereses del mercado, que son muchas veces más fuertes que la
propia Administración. En varias ocasiones hemos tenido aquí el debate
con el Partido Popular sobre modelos económicos. Ustedes apoyan el modelo
de economía neoliberal del que dicen que es el propio mercado el que
autorregula la reducción de la desigualdad y que si mejora la
macroeconomía la microeconomía también mejora colateralmente.

Señorías, esas teorías neoliberales no son ciertas ni tampoco son
científicas y queremos decirles que lo único que les interesa a los
mercados es su modelo económico y obtener un beneficio al final del
ejercicio. Esa es la realidad en la que se encuentran las personas
seropositivas en este país, que tienen que luchar contra los intereses de
mercado de las grandes empresas. La mayoría de las profesiones en este
modelo capitalista neoliberal han subordinado su función social a los
intereses del beneficio económico, y en este caso lo vemos muy claro: se
subordina la seguridad sanitaria de las personas ante los beneficios
económicos de las aseguradoras y de la banca. Una contradicción más de la
economía neoliberal. Esta contradicción y falta de ética es flagrante,
sobre todo, señorías, cuando nos encontramos con personas portadoras de
VIH que denuncian que han sido receptoras de programas de obra social de
una entidad bancaria que ha financiado un programa de atención social y,
a su vez, esa misma entidad bancaria les ha negado una hipoteca porque
cuando pasaron un examen médico les valoraron como no aptos para poder
acceder a la hipoteca. Esas son las contradicciones de la economía
neoliberal y esas son las contradicciones con las que nos
encontramos.

Señorías, ante situaciones como estas nos deberíamos preguntar:
¿quién es realmente el que está enfermo, la persona portadora de un
retrovirus o un sistema económico neoliberal que discrimina a las
personas en función de la situación de salud en la que se encuentran para
acceder a derechos fundamentales?

Muchas gracias, señorías, (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Bernal.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la
senadora Borao.

La señora BORAO AGUIRRE: Gracias, señor presidente. Buenos
días.

Vemos hoy una proposición de ley que modifica el Texto Refundido
de la Ley General para la defensa de los consumidores y usuarios,
contenido en el Real Decreto 1/2007, de 16 de noviembre, que hace ya
siete años presentó el Grupo Parlamentario Socialista en el Parlamento
Foral de Navarra.

Como ya se ha dicho, llegó a las Cortes Generales y como a la
tercera va la vencida hemos conseguido sacarlo adelante por unanimidad,
algo muy importante en beneficio de todos los consumidores y, sobre todo,
de las personas discriminadas y que sufren esa estigmatización como son
estos colectivos. A pesar de haber pasado siete años esta proposición
sigue siendo tan necesaria como entonces porque, como ya hemos visto
—y los que me han precedido han puesto de manifiesto—, estas
personas siguen padeciendo ese tipo de situaciones.

Esta proposición de ley persigue erradicar del orden jurídico
aspectos que limiten la igualdad de oportunidades y/o promuevan la
discriminación por ser portador de VIH-sida u otra condición de salud
para determinados negocios jurídicos, para prestaciones o para servicios.
Se trata de una proposición de ley que afecta a millones de personas
porque no solamente son las personas portadoras de VIH las afectadas sino
que, como ha dicho el portavoz de Podemos, hay ahora en torno a 150 000
personas seropositivas en España, 400 000 positivas en hepatitis C, más
de 5 millones de personas diabéticas y otros tantos intolerantes a la
glucosa que siguen padeciendo este tipo de discriminación y de limitación
de los instrumentos financieros: el acceso a un seguro de vida e incluso,
por supuesto, les cierran el paso a servicios hipotecarios u otro tipo de
servicios personales.

Señorías, hace treinta y siete años que se diagnosticó el primer
caso de sida en España. Ha habido muchísimos avances y esta enfermedad,
que entonces era letal, ha pasado a ser una infección crónica. De hecho,
en 1990, la esperanza de vida para las personas seropositivas era de
cuarenta años y hoy ha aumentado cinco años. Y conviene recordar que las
personas fumadoras tienen hasta trece años menos de esperanza de vida que
una persona que no fuma y, sin embargo, no son discriminadas de esta
manera. Por lo tanto, debemos seguir trabajando y avanzando en la
legislación para impedir que esas barreras imposibiliten desarrollar esos
derechos, esa libertad y ese acceso a la vida política, cultural y social
de las personas.

El problema radica en que es una enfermedad infectocontagiosa.
Como tal, de forma genérica, debe ser declarada y cierra el acceso a
todos esos tipos de seguros y situaciones que hemos comentado. Incluso es
una barrera para el acceso a un balneario, a una piscina o a un piso
tutelado. Sabemos que, actualmente, las entidades financieras y
aseguradoras privadas pueden imponer condiciones en contratos de
adhesión, y este es el problema: ellos las ponen. No existe ninguna norma
internacional que les obligue a asegurar lo que ellos quieren asegurar.
Los artículos 14 y 9.2 de la Constitución española, así como la Ley de
consumidores y usuarios tratan de proteger, pero no lo consiguen. Y
existen incluso barreras para acceder al empleo público —en su
momento debatimos una moción a favor de la no discriminación de los
diabéticos en el acceso al empleo público—. La Organización
Internacional del Trabajo y la Organización Mundial de la Salud han dicho
que las personas portadoras de VIH pueden ocupar cualquier oficio sin
riesgo de infectar a terceras personas.

Señorías, todavía existe una falta de información importante en
todo lo relativo a esta infección de VIH, lo que hace que perduren mitos
y miedos en torno a ese problema. Así que, sin pausa, debemos acometer
ese trámite parlamentario para hacer real la eliminación de esos
obstáculos a los que se enfrentan las personas que, por motivos de salud,
sufren esa estigmatización social y la discriminación.

Estoy segura de que todos los grupos vamos a apoyarla. Es un
momento importante para todos aquellos consumidores y usuarios afectados.
En el Grupo Parlamentario Socialista hemos trabajado en la oposición y
seguiremos haciéndolo como grupo de apoyo al Gobierno.

Muchísimas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Borao.

Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el senador
Canals.

El señor CANALS LIZANO: Gracias, señor presidente.

Señorías, esta proposición de ley tiene su origen, como ya ha
comentado ampliamente algún interviniente, en una iniciativa aprobada en
el Parlamento navarro. Pretende modificar el texto refundido de la Ley
general de defensa de los consumidores y los usuarios. Su objetivo es
sencillo. No es ni discrepar sobre el sistema económico ni discutir sobre
el neoliberalismo ni la macro o la microeconomía. Es mucho más útil y
práctico. Lo que pretende es erradicar del ordenamiento jurídico aquellas
prácticas que limitan la igualdad de oportunidades. Este es el objetivo
de esta proposición de ley en la que yo creo que todos vamos a estar de
acuerdo.

En este caso se pretende evitar la discriminación que las
personas padecen por sufrir la enfermedad denominada sida, el síndrome de
inmunodeficiencia adquirida, o por ser portadores del virus de la
inmunodeficiencia humana, el VIH. Ya saben ustedes que ser portador no
implica necesariamente padecer la enfermedad. Esto es lo que pretende
esta proposición de ley.

En la actualidad, nuestra legislación —ustedes lo saben muy
bien y también se ha comentado ampliamente por otros portavoces—
obliga a declarar esta circunstancia en determinados negocios jurídicos,
prestaciones y servicios, y el ejemplo más claro, y también se ha
comentado, es en la firma de los contratos de seguros. Esta circunstancia
puede ser usada para discriminar a las personas y, además, puede
potenciar la estigmatización de esta enfermedad que ya de por sí padecen
estos enfermos. Por lo tanto, es conveniente, útil, práctica y necesaria
una ley que establezca la nulidad de las cláusulas que discriminan a
estas personas.

Señorías, esta proposición de ley llega —y también se ha
comentado y lo he dicho yo previamente— a esta Cámara con un amplio
consenso; ya lo tuvo en el Congreso de los Diputados y, por lo que hemos
escuchado, existe en torno a ella un amplio acuerdo entre todos los
grupos de esta Cámara. Se trata de una ley corta, consta simplemente de
un artículo con dos apartados. En el primero se establece la nulidad de
estas cláusulas que hemos comentado y en el segundo, señala el plazo de
un año para que el nuevo Gobierno —tarea que esperemos que
cumplan— presente un proyecto de ley donde se plantee qué otras
enfermedades pueden ser incluidas.

Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Canals.

Senadora Riolobos, tiene la palabra.

La señora RIOLOBOS REGADERA: Gracias, señor presidente.

Creo que hoy es un día muy importante para el Senado pues, con la
unanimidad de esta Cámara, vamos a poder decir a todos los enfermos de
VIH-sida que, a partir de mañana, van a estar mejor protegidos todos sus
derechos. Es muy importante también dejar claro que, a partir de mañana,
empieza a contar el reloj para que, dentro de un año, el nuevo Gobierno
traiga a esta Cámara una modificación de la Ley general de defensa de los
consumidores y usuarios para que otros enfermos, no solo los de VIH-sida,
sino también los enfermos de hepatitis, los que tienen intolerancia a la
glucosa o cualquier otra enfermedad que tenga las mismas características
de discriminación, puedan ver reconocidos y garantizados sus derechos en
mejores condiciones que las que tienen en este momento.

Es verdad que esta ley ha tenido un amplísimo recorrido
—desde 2011—, pero también es verdad que se modificó la Ley
básica de defensa de los consumidores y usuarios en 2007, y nadie se
acordó de incluirla; es verdad que hicimos una reforma posterior en 2014,
y ningún grupo político se acordó de incluirla; y es verdad que ahora
todos estamos de acuerdo en que hay que hacer este cambio, y así lo han
dicho todos los portavoces que me han precedido en el uso de la
palabra.

Es absolutamente inaceptable que, a día de hoy, haya enfermos que
cuando quieran hacer un contrato de vida, un contrato de seguro o un
contrato de seguro de asistencia, contratar una hipoteca o un producto
financiero tengan limitaciones. Esta es una barrera absolutamente
intolerable, y es increíble porque tanto el artículo 14 de la
Constitución española, como los artículos 82 y 86 del texto refundido de
la Ley básica de defensa de los consumidores y usuarios consideran que
estas cláusulas son abusivas. Y se siguen aplicando.

Por lo tanto, como nunca es tarde si la dicha es buena, creo que
es importante saber que mañana los 150 000 enfermos de VIH-sida tienen
protección y que, dentro de un año, muchos más la van a tener
también.

Yo no quiero dejar esta tribuna sin decir algo que me parece
importante, como es manifestar el sentir general de muchos españoles hoy:
nuestra admiración, nuestro respeto y nuestro cariño al presidente
Mariano Rajoy. (Aplausos). Un presidente y un hombre dotado de grandeza,
dotado de sentido de Estado, inteligente, honorable, generoso y cercano;
un ejemplo para muchos políticos y, de luego, para mí, unos de los
grandes presidentes de España y de la Unión Europea; un político y una
persona irrepetible; un gran servidor público, que ha mejorado la vida de
millones de españoles y que tendrá una gran hoja de honor en la historia
de España. Gracias, presidente. Gracias, Rajoy. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Riolobos.

Llamen a votación. (Pausa).

Cierren las puertas.

Señorías, sometemos a votación la Proposición de Ley de
modificación de defensa de los consumidores y usuarios.

Tengo que decirles que ha habido utilización de la autorización
de votación telemática por parte del senador Amaro Huelva Betanzos, del
Grupo Parlamentario Socialista, que ha votado afirmativamente; voto que
sumaremos a los que resulten de la votación que vamos a celebrar a
continuación.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 241
más 1 voto telemático, 242; votos emitidos, 241 más 1 voto
telemático, 242; a favor, 241 más 1 voto telemático, 242.

El señor PRESIDENTE: En consecuencia, queda aprobada
definitivamente por las Cortes Generales la Proposición de Ley por la que
se modifica el texto refundido de la Ley general para la defensa de los
consumidores y usuarios y otras leyes complementarias, aprobado por Real
Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre. (Aplausos).

El señor presidente da lectura a los puntos 4.2. y 4.2.1.

El señor PRESIDENTE: Para la presentación del dictamen, tiene la
palabra el presidente de la Comisión de Justicia, el senador Altava.

El señor ALTAVA LAVALL: Gracias, señor presidente.

Voy a dar paso a la presentación del dictamen de la Proposición
de Ley de modificación de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento
Civil en relación con la ocupación ilegal de viviendas.

La proposición de ley que se somete en este acto a la
consideración del Pleno del Senado y que se tramita por el procedimiento
de ordinario tuvo su entrada en esta Cámara el día 4 de mayo de 2018,
fecha asimismo de su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes
Generales.

El plazo de presentación de enmiendas, que finalizaba
inicialmente el día 17 de mayo, fue ampliado hasta el día 23 de mayo
de 2018. A esta proposición de ley se presentaron 9 enmiendas.

El día 8 de mayo, la comisión designó ponencia, que quedó
integrada de la siguiente manera: don Mario Arias Navia, del Grupo
Parlamentario Popular; don Joan Bagué Roura, del Grupo Parlamentario
Nacionalista; don Jokin Bildarratz Sorron, del Grupo Parlamentario Vasco;
doña Celia Cánovas Essard, del Grupo Parlamentario Unidos Podemos-En Comú
Podem-En Marea; don Miquel Àngel Estradé Palau, del Grupo Parlamentario
de Esquerra Republicana; doña María José Fernández Muñoz, del Grupo
Parlamentario Socialista; doña Fuensanta Lima Cid, del Grupo
Parlamentario Socialista; doña Esther Muñoz de la Iglesia, del Grupo
Parlamentario Popular; y don Jordi Navarrete Pla, del Grupo Parlamentario
Mixto.

La ponencia se reunió el día 31 de mayo para emitir su informe,
en el que no introducía modificaciones en el texto remitido por el
Congreso de los Diputados.

La comisión se reunió para dictaminar el mismo día 31 de mayo y
emitió dictamen de conformidad con el informe de la ponencia.

Han presentado votos particulares a este dictamen el Grupo
Parlamentario Mixto y el Grupo Parlamentario Unidos Podemos-En Comú
Podem-En Marea.

Gracias, señor presidente. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Altava.

Pasamos al debate de totalidad del proyecto de ley.

¿Turno a favor? ( Pausa). ¿No hay turno a favor? (Pausa). ¿Sí hay
turno a favor? (Pausa). De totalidad, no de enmiendas; de todo el
proyecto de ley.

Tiene la palabra el senador Bagué.

El señor BAGUÉ ROURA: Gracias, presidente.

Estamos ante una proposición de ley que el Partit Demòcrata
presentó en su día en el Congreso y de cuyo contenido vamos a analizar
algunos de sus principales aspectos.

Esta iniciativa pretende amparar a los pequeños propietarios, a
la clase media y a las administraciones, cuyo parque de viviendas puede
ser invadido a veces por okupas, y también a organizaciones no
gubernamentales, Cáritas, Cruz Roja, etcétera. Actualmente se produce una
dilación de una media de dos años desde que se ocupa una vivienda hasta
que se produce el desalojo del ocupante. Como estamos ante un abuso,
consideramos que es muy importante, y es el objetivo que se busca, que
podamos proteger al desamparado en este caso, al débil. Desde este punto
de vista, para que se proteja, planteamos marcar un máximo de dos meses
para la tramitación y se produzca la restitución al titular de su
vivienda.

Como insistimos en ponencia y en comisión, de esta proposición de
ley se excluye a los fondos buitre y se excluye también a la banca. Por
lo tanto, estamos ante la situación de intentar amparar al pequeño
propietario —persona física siempre—, o bien a las
administraciones u ONG que tienen parque de vivienda pública con
finalidad social.

La pregunta que nos hacemos es si una persona particular, que
durante sus treinta y cinco años de vida laboral ha estado ahorrando para
comprar una vivienda, que puede destinar, por ejemplo, al alquiler, sufre
una ocupación ilegal en su propiedad, ¿debe esperar dos años a que se
restituya su titularidad, su propiedad, o lo amparamos e intentamos que
en un máximo de dos meses pueda volver a disfrutar de lo que es suyo?
Consideramos que es una cuestión de justicia, que es una cuestión
evidente, y, por tanto, no podemos quedarnos con los brazos cruzados ante
una situación así.

Quiero señalar también algún otro aspecto importante de esta
proposición de ley. Por ejemplo, se regula que los servicios sociales del
ayuntamiento reciban aviso en el supuesto de que se haya producido una
ocupación ilegal y que, fruto de esta proposición de ley, se restituya la
titularidad. El que esté ocupando la vivienda de forma irregular va a
quedar en manos de los servicios sociales del ayuntamiento para que
estudie, en su caso, si cabe emprender algún tipo de medida.

Nosotros como Partit Demòcrata estamos muy convencidos de esta
iniciativa. Consideramos que es importante, pensamos que no es de recibo
que, fruto del colapso judicial, quede la gente en situación de
desamparo, y entendemos muy necesario poder articular algún tipo de
solución. Insisto, quedan excluidos fondos buitre, queda excluida la
banca, y el destinatario de la protección son el pequeño empresario
—persona física—, las administraciones locales, cuyo objetivo
es tener parque social de viviendas, y las ONG. En el caso de las
administraciones locales o autonómicas, si un ayuntamiento, el que sea,
tiene unos pisos sociales y son ocupados de forma irregular, entendemos
que es de justicia que pueda restituirse al ayuntamiento la situación
inicial por cuanto es el ayuntamiento o la administración los que deben
regular en qué supuestos y a qué personas corresponde un piso con destino
social.

No podemos permitir que sea la ley del más fuerte o que el okupa
de una vivienda social, por el mero hecho de serlo, se crea que tiene
derecho a ocuparla. Consideramos que si las administraciones públicas, en
su afán de buscar soluciones a la vivienda social, regulan con unos
requisitos una serie de características para que puedan disfrutar de ella
las personas que lo necesitan y lo requieren, no es de recibo que la
misma administración quede en situación de indefensión porque se tarden
dos años en restituir la situación anterior.

En este sentido también quiero recordar que en el Parlament de
Catalunya se aprobó por unanimidad una moción presentada por el Grupo
Socialista y cuyo contenido era muy similar a la proposición de ley que
hemos presentado como Partit Demòcrata. Consideramos que la vivienda es
otra cuestión, aquí estamos hablando estrictamente de ocupación ilegal de
vivienda, y entendemos que hay que proteger el derecho a la propiedad. Al
mismo tiempo introducimos salvaguardas para que, antes de producirse
cualquier desalojo, los servicios sociales sean avisados siempre para que
puedan analizar el caso concreto.

Por tanto, defendemos esta proposición de ley y en el turno de
portavoces terminaremos de hacerlo.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Bagué.

¿Turno en contra? (Denegaciones).

Pasamos al turno de portavoces.

Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el senador
Crisol.

El señor CRISOL LAFRONT: Gracias, señor presidente.

Señorías, Ciudadanos ha presentado una enmienda al apartado dos
del artículo único de modificación del artículo 250 de la Ley de
Enjuiciamiento Civil.

Nuestra enmienda va en el sentido de que se recupere la plena
posesión de una vivienda por parte del dueño o usufructuario, siempre que
se hayan visto privados de ella sin su consentimiento.

La propiedad es un derecho constitucionalmente reconocido en el
artículo 33. Es cierto que está delimitado por la función social de la
propiedad...

El señor PRESIDENTE: Senador Crisol, perdóneme un momento.

He avisado de que estamos en el debate de totalidad. El debate de
las enmiendas se producirá después del debate de totalidad.

El senador Bagué ha bajado a defender todo el proyecto de ley.
Cuando acabe este turno, entraremos en el debate de las enmiendas.

Muchas gracias, senador Crisol.

Insisto, seguimos en el debate de totalidad del proyecto de ley;
después, habrá un debate de enmiendas, se defenderán las enmiendas, y
luego habrá un turno de portavoces.

Seguimos en el debate de totalidad.

Turno de portavoces.

¿Por qué hay turno de portavoces en el debate de totalidad?
Porque el senador Bagué ha utilizado su turno a favor del proyecto de
ley, lo cual da lugar a que pueda haber un turno de portavoces para que
todos los grupos muestren su opinión en cuanto a lo que ha opinado el
senador Bagué.

No ha habido turno en contra, pero es necesario que haya un turno
de portavoces, si se quiere. Cuando acabe este turno de portavoces,
pasaremos al debate de las enmiendas. ¿Comprendido?

Bien. ¿Grupo Parlamentario Nacionalista Partit Demòcrata -
Agrupación Herreña Independiente-Coalición Canaria? (Denegaciones). No
hay intervenciones.

¿Grupo Parlamentario Vasco en el Senado? (Denegaciones). No hay
intervenciones.

¿Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana? (Denegaciones). No
hay intervenciones.

¿Grupo Parlamentario Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea?
(Denegaciones). No hay intervenciones.

¿Grupo Parlamentario Socialista? (Denegaciones). Tampoco hay
intervenciones.

¿Grupo Parlamentario Popular en el Senado? (Denegaciones).
Tampoco hay intervenciones.

Perfecto. Pues ahora vamos a pasar al debate del articulado, es
decir, de las enmiendas y votos particulares.

Enmienda número 5, inicialmente presentada por la senadora Roldán
y los senadores Marcos Arias, Crisol y Alegre, del Grupo Mixto.

Ahora sí, senador Crisol: tiene la palabra.

El señor CRISOL LAFRONT: Gracias, presidente.

Me he podido ahorrar la subida. (Risas).

Señorías, Ciudadanos ha presentado una enmienda al apartado dos
del artículo único de modificación del artículo 250 de la Ley de
Enjuiciamiento Civil.

Nuestra enmienda pretende que se recupere la plena posesión de
una vivienda por parte del dueño o usufructuario, siempre que se hayan
visto privados de ella sin su consentimiento.

La propiedad es un derecho constitucionalmente reconocido en el
artículo 33. Es cierto que está delimitado por la función social de la
propiedad, pero también dice este artículo que nadie podrá ser privado de
sus bienes y derechos si no es por una causa justificada, de utilidad
pública o interés social, mediante la correspondiente indemnización y de
conformidad con lo dispuesto por las leyes.

Señorías, los vecinos de esas viviendas, estos ciudadanos que
trabajan duro para pagar una hipoteca y sus impuestos, cuando vean
perturbada su pacífica convivencia, por ejemplo, por narcopisos o por
viviendas en las que se produce trata de seres humanos, no solo no nos
estarían agradecidos sino que no nos lo perdonarían nunca.

Espero que nuestra aportación pueda contar con el voto favorable
de los grupos parlamentarios.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Crisol.

El Grupo Parlamentario Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea ha
presentado las enmiendas números 6 a 9.

Para su defensa, tiene la palabra la senadora Garrido.

La señora GARRIDO GUTIÉRREZ: Gracias, presidente.

Empecemos por lo importante. Resulta bastante desolador que la
primera propuesta legislativa que se trae a esta Cámara y en esta
legislatura sobre vivienda, después además de haber sufrido una crisis
económica e inmobiliaria brutal, se haga para poner el foco en aquellas
personas y en aquellas familias más vulnerables, familias que han sufrido
las consecuencias de la crisis, que en su mayoría han visto insatisfecho
su derecho a una vivienda digna por la inacción o por la dejadez del
Gobierno y de la mayoría que le sustenta, y ahora otra vez esos mismos
grupos parlamentarios, partidos políticos, gobernantes les vuelven a
fallar.

Les diré concretamente en relación con el texto de la proposición
de ley que llama la atención que exista una total incoherencia entre lo
que se plantea en el preámbulo de la ley y en el articulado. En el
preámbulo se reconoce por un lado la situación de vulnerabilidad
económica y exclusión residencial de miles de familias que sufren una
realidad muy cruda, que es la de los desahucios, y, por otro, se recoge
la existencia de lo que llaman la ocupación ilegal premeditada, donde las
mafias organizadas se aprovechan de las personas más vulnerables. Si
luego pasamos al articulado, no encontramos nada de esto, no se responde
a ninguna de estas situaciones, ni se ataja la delincuencia de las
mafias, ni tampoco se tiene en cuenta para nada la situación de las
familias desahuciadas, la situación de falta de recursos y la posibilidad
de que se queden en la calle.

Lo que esta norma plantea es un proceso sumarísimo, donde se
salta algunos de los principios y derechos constitucionales más
importantes, entre ellos el artículo 24 de la Constitución, que se
refiere a la tutela judicial efectiva. Mi grupo entiende perfectamente la
situación del propietario que ve ocupada su vivienda, pero, para respetar
el derecho de propiedad, no tenemos que vulnerar otros derechos, como el
derecho a una vivienda digna. Debemos recuperar, y estamos de acuerdo con
recuperar esa vivienda, pero no de cualquier manera, no a costa de
vulnerar otros derechos constitucionales de igual rango y de igual
importancia. Lo que se pretende con nuestras enmiendas es paliar este
despropósito. Tratan de articular el respeto al derecho a la propiedad y
a los propietarios y el respeto y la protección que brinda el
artículo 47, derecho a una vivienda digna; el respeto a la dignidad de
las personas, recogido también en el artículo 10 de la Constitución; el
artículo 39 de la Constitución, que recoge la protección de la familia;
el derecho a la vida y la integridad física, que recoge el artículo 15 de
la Constitución. Por lo tanto, tenemos que hacer una interpretación
integrada de todos estos derechos para poder hacer una norma que encaje
en nuestro sistema constitucional.

Por consiguiente, las enmiendas que hemos presentado lo que hacen
es establecer unas mínimas garantías judiciales para cumplir con el
artículo 24 de la Constitución y, por otro lado, tener en cuenta la
situación de las personas que están ocupando una vivienda —que en
su mayoría lo han hecho por necesidad— y garantizarles, no
establecer un protocolo que sirve para muy poco, el derecho y el acceso a
una vivienda digna. Si no lo hacemos así, estaremos incumpliendo la
Constitución y muchos de los tratados internacionales que ha firmado el
Estado español. Si rechazamos las enmiendas que presenta mi grupo
parlamentario, estaremos fuera de la legalidad. Así lo han reconocido los
tribunales internacionales y también lo están haciendo muchos jueces y
muchos tribunales de la judicatura ordinaria.

Gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Garrido.

Turno en contra de las enmiendas.

Tiene la palabra el senador Bagué.

Senador Arias, ¿quiere usted intervenir también en este turno?
(Asentimiento). Pues a ver cómo se reparten los siete minutos.

El señor BAGUÉ ROURA: Voy a ser rápido, señor presidente.

El Partit Demòcrata va a votar en contra de la enmienda número 5,
de Ciudadanos, del Grupo Mixto. En cuanto a las enmiendas números 6 a 9,
del Grupo Parlamentario Podemos, votaremos en contra de las enmiendas 7
a 9 y nos abstendremos en la 6. A nuestro entender, estamos mezclando
conceptos.

La senadora exponía que en la parte propositiva no hacemos
referencia a las redes mafiosas. Es que nosotros creemos que lo estamos
resolviendo con la propuesta que hacemos de limitarlo a dos meses.
Porque, ¿de qué se valen las redes mafiosas? De que como la justicia es
lenta y se tarda dos años en poder restituir al titular, sea un pequeño
propietario o sea una administración, lo ocupan y cobran en negro un
alquiler al pobre desamparado que no sabe dónde meterse. Por lo tanto,
nosotros proponemos la limitación de dos meses precisamente porque
creemos que de esta forma estamos luchando contra aquello en lo que se
fundamenta la red mafiosa para obtener ingresos mediante el abuso hacia
unas personas que están en situación de vulnerabilidad.

Nosotros lo entendemos así y, restituyendo lo que comentábamos,
ha de avisarse siempre a los servicios sociales y son estos los que
tienen que decidir a quién le corresponde, porque, si no, se aplicaría la
ley del más fuerte: yo me meto en este piso o en esta vivienda social y
ya estoy allí. Pues bien, dado que existe una puntuación y unos
parámetros que la Administración debe analizar, creemos que tenemos que
proteger el parque público de vivienda social que tienen los
ayuntamientos y las comunidades autónomas.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Bagué.

Tiene la palabra el senador Arias.

El señor ARIAS NAVIA: Muchas gracias, señor presidente.

En este turno de enmiendas anuncio que mi grupo va a votar en
contra, como es obvio. Y voy a empezar por la del Grupo Mixto, que
rechazamos, porque es una enmienda que no mejora el texto que se
presenta, por lo que votaremos en contra.

Por lo que se refiere a las enmiendas del Grupo Parlamentario
Unidos Podemos, tengo que decir que ya se incluye en la proposición de
ley el consentimiento de los interesados y la necesidad de que sean los
servicios sociales los que aprecien los supuestos de vulnerabilidad. Por
consiguiente, votaremos en contra de la primera enmienda. Y rechazaremos
también la segunda, porque esta iniciativa se plantea con el objetivo de
agilizar la recuperación de la vivienda, tanto por parte de personas
físicas como también por otras personas jurídicas que se han delimitado
teniendo en cuenta el bien social que se persigue.

La tercera enmienda nos parece innecesaria. Esta iniciativa
pretende la recuperación de la posesión inmediata de aquellas viviendas
que se han ocupado sin el consentimiento de sus propietarios, así como
evitar el lanzamiento, siempre y cuando el ocupante acredite el derecho a
poseerla. Además, son los servicios sociales los que deben gestionar y
garantizar que aquellas personas que se queden en situación de
vulnerabilidad tengan acceso a una vivienda digna.

Finalmente, también rechazaremos la última, porque lo que
pretenden no impide que sea necesaria una atención ágil por parte de los
servicios sociales competentes. Mi grupo defiende que lo que hoy
debatimos, como muy bien decía el portavoz que ha intervenido
anteriormente, es la defensa del derecho de propiedad, el derecho de la
gente a ser propietaria y a disfrutar de su vivienda. En el siguiente
turno de portavoces me centraré en este aspecto.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Arias.

Pasamos al turno de portavoces.

Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el senador
Crisol.

El señor CRISOL LAFRONT: Gracias, presidente.

Hay desahucios y desahucios. Y hay ocupaciones y ocupaciones.
Distingamos supuestos de desahucio en situaciones de necesidad, en
situaciones de vulnerabilidad, personas y familias que han sido
desahuciadas y que están en la calle, desahucios motivados por
ejecuciones hipotecarias. Y distingamos también las ocupaciones
realizadas por el movimiento okupa, que en absoluto supone que los que
están llevando a cabo la ocupación estén en esa situación.

Es indiscutible que hay un problema de mafias organizadas que
utilizan la ocupación con una finalidad puramente lucrativa para
aprovecharse de las familias vulnerables. Por eso es tan necesaria esta
regulación, señorías. Ciudadanos es partidario de dotar a los
propietarios de sus derechos legítimos de instrumentos legales que
permitan combatir la ocupación ilegal. Pero también somos partidarios, y
hemos presentado iniciativas parlamentarias, de que las personas y
familias vulnerables puedan cancelar su deuda hipotecaria con la dación
en pago de la vivienda. Los senadores de Ciudadanos votaremos a favor de
la proposición de ley.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Crisol.

Senadora Domínguez de Posada, tiene la palabra.

La señora DOMÍNGUEZ DE POSADA PUERTAS: Gracias, presidente.

Señorías, debatimos hoy una proposición de ley que supone una
reforma de la Ley de enjuiciamiento civil para proteger la propiedad
privada. Con este cambio, impulsado por el PDeCAT, se aceleran los plazos
para echar a los okupas ilegales. Hasta ahora, el desahucio podía
alargarse incluso hasta dos años y con la aprobación de este proyecto de
ley se podrá culminar en dos meses. Es importante destacar que la ley
deja fuera a las entidades financieras, a las promotoras y a los fondos
buitre. La proposición de ley establece la modificación del
artículo 251 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de enjuiciamiento civil, en
el que se añade un apartado 2 bis para regular la posibilidad de la
interposición de un juicio verbal para recuperar la posesión de una
vivienda ocupada ilegalmente. Se trata de una vía que podrán usar el
propietario, persona física, las ONG y la Administración pública. La
pretensión de la reforma es evitar las ocupaciones ilegales, premeditadas
y con fines lucrativos. El objeto es acabar con las mafias que afectan a
los pisos de pequeños propietarios, de ONG o de administraciones
públicas. Además, la proposición de ley incorpora una modificación del
artículo 441 de la Ley de enjuiciamiento civil, donde se añade un
apartado 2 bis, en el que se especifican las medidas que adoptará la
autoridad judicial para hacer efectivo el desahucio de las personas que
ocupan ilegalmente las viviendas recogidas en el artículo 251. Nos
preocupan los plazos porque ahora sí van a ser breves, pero no sabemos
hasta qué punto los juzgados cumplirán dichos plazos en el caso de que
quien está ocupando la vivienda ilegal se resista y tenga que acabar
saliendo de la vivienda mediante una comisión judicial. En cualquier
caso, hay que dejar muy claro que el debate no es entre el derecho a la
vivienda y el derecho a la propiedad. El legislador, evidentemente, tiene
que hacer efectivos ambos derechos y ocuparse de las personas en riesgo
de exclusión social, pero aquí nos referimos, única y exclusivamente, a
la propiedad. Por eso, nosotros vamos a votar a favor de la proposición
de ley tal y como ha salido del Congreso y rechazaremos las enmiendas,
tanto de Ciudadanos como de Podemos.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Domínguez de
Posada.

¿Alguna intervención más del Grupo Parlamentario Mixto?
(Denegaciones).

Por el Grupo Parlamentario Nacionalista Partit Demòcrata -
Agrupación Herreña Independiente-Coalición Canaria, tiene la palabra el
senador Bagué.

El señor BAGUÉ ROURA: Gracias, señor presidente.

Compartimos turno con el grupo canario. Estamos muy orgullosos de
haber presentado esta proposición de ley que, por otra parte, viene del
Congreso de los Diputados, lo digo porque no ha sido una iniciativa de
esta Cámara. En cualquier caso, nos sentimos muy orgullosos de presentar
esta proposición de ley porque está tocando una problemática real que
sufrimos, sobre todo, en grandes ciudades, que es donde se dispara más
este problema. Estamos hablando de vivienda y he visto declaraciones del
nuevo ministro de Fomento diciendo que iba a priorizar la vivienda, pues
seguro que podemos coincidir en los aspectos que puedan formularse en
cuanto a reformas para impulsar la vivienda. En todo caso, hoy estamos
hablando de otra cosa, que es de la ocupación ilegal. La pregunta es muy
fácil, ya lo dije en comisión: si una persona que ha estado ahorrando
durante treinta y cinco años compra una vivienda, la tiene alquilada y
con ello complementa su exigua pensión, ¿tiene derecho a percibir ese
pequeño complemento o, como se le ocupa la vivienda, está dos años sin
poder percibirlo?

Nosotros estamos muy orgullosos de esta proposición de ley porque
creemos que es necesario regular esta cuestión. Esto es un problema, la
persona concreta tiene todo el derecho a defender su propiedad, no está
especulando porque es un pequeño propietario, por tanto —volvemos a
decirlo—, quedan excluidos los fondos buitre y la banca, y también
y al mismo tiempo, si Cruz Roja o un sindicato impulsa una cooperativa de
vivienda social y son ocupadas estas viviendas, ¿va a tener que esperar
dos años a restituir la titularidad? Entendemos que por pura lógica
tenemos que aprobar esta proposición de ley y también hacemos votos
porque si el nuevo ministro de Fomento quiere impulsar cuestiones
relacionadas con la vivienda seguro que vamos a coincidir, pero ahora
estamos hablando de otra cosa, de la ocupación ilegal y de las redes
mafiosas que se valen de estas situaciones de vulnerabilidad para los que
tienen que pagar en negro a una red mafiosa y para el pequeño propietario
que puede encontrarse indefenso y desamparado ante esta situación.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Bagué.

Senador Rodríguez Cejas, tiene la palabra.

El señor RODRÍGUEZ CEJAS: Gracias, señor presidente.

Nos encontramos ante una proposición de ley que a priori nos ha
generado varios interrogantes: en primer lugar, si es una modificación
que permitirá hacer posible el derecho a una vivienda de aquellas
personas que por su situación socioeconómica no pueden acceder a ella; en
segundo lugar, si es una medida con la que se protegerá a aquellos
pequeños propietarios que de la noche a la mañana no pueden disfrutar de
su vivienda porque se encuentran en una situación de ocupación ilegal; y
sobre si atajamos con esta medida el problema de las mafias que se
aprovechan del sufrimiento de muchas personas y que llegan a lucrarse
cobrándoles incluso por una vivienda que no les pertenece.

Señorías, si hablamos de ocupación ilegal, debemos hacerlo desde
su óptica más amplia, introduciendo en nuestro análisis todas las
posibles situaciones que se puedan ver afectadas por esta norma. Es
cierto que existe un malestar generalizado en la sociedad que afecta a
los propietarios de viviendas vacías, que ven de forma impotente cómo la
posesión de su propiedad es usurpada y deben iniciar en muchas ocasiones
procedimientos judiciales para su recuperación que les generan
importantes costes, aparte de los desperfectos que se producen en su
vivienda durante este tiempo. Por ello, creemos que el derecho penal debe
dar respuesta para disuadir estas acciones ilegales y, si se cometen, la
respuesta ante este ilícito penal no debe ser baladí. En el código
vigente es un delito leve y esta consideración está beneficiando sin duda
a las mafias, a la usurpación de la propiedad privada y a estos grupos
organizados que se benefician de esta situación. Por tanto, esta
modificación puede dar respuesta a esa desprotección y desamparo en el
que se puede encontrar el propietario y al agilizarse el trámite judicial
se podrá aminorar también esta delincuencia organizada. Con todo esto
queremos dejar claro que no defendemos la penalización de la ocupación
ilegal que algunas familias por necesidad están llevando a cabo, tal y
como defienden todas las plataformas antidesahucios. Consideramos que se
debe atender a las familias vulnerables que se vean en esta situación y
que el Estado debe generar fórmulas para lograr que la gran cantidad de
viviendas en manos de los bancos y sus filiales, derivado de la crisis
económica, aflore al mercado en régimen de compraventa y arrendamiento a
precios asequibles. Además, creemos que se deben tomar medidas económicas
para que las comunidades autónomas...

El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría.

El señor RODRÍGUEZ CEJAS: Finalizo, señor presidente.

... recuperen la capacidad de inversión perdida en los últimos
años para la promoción de viviendas sociales.

Esta modificación de la Ley de enjuiciamiento civil en lo que
compete a la posesión de viviendas protege a esos pequeños propietarios,
a las ONG y a las entidades públicas y, por otro lado, nos parece
positivo que esta reforma comprometa a los poderes públicos a garantizar
la protección del derecho a una vivienda de las personas en riesgo de
exclusión social.

Por todo ello, y finalizo, la Agrupación Herreña
Independiente-Coalición Canaria apoyará la medida que se plantea en este
debate.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Rodríguez
Cejas.

Por el Grupo Parlamentario Vasco, tiene la palabra el senador
Bildarratz.

El señor BILDARRATZ SORRON: Buenos días, señorías.

Ayer debatimos una moción con motivo de la sentencia de La Manada
en la que se pedía a la justicia una mayor cercanía a la sociedad; hoy se
trata de lo mismo. Todos los que estamos aquí intentamos estar cerca del
ciudadano y la ciudadana. Una de las cosas más importantes que tenemos
que hacer es que la sociedad entienda a la justicia, no al Poder
Judicial, sino las sentencias que este dicta. Me imagino que a muchos de
ustedes les habrán parado en la calle y les habrán puesto ejemplos de
gente que no puede entrar en su vivienda, que se ha quedado fuera de su
vivienda, porque hay miles de casos. Si estamos verdaderamente cerca de
la ciudadanía y entendemos este problema, no sé por qué no se puede
aprobar por unanimidad esta proposición de ley que lo único que pretende
es revertir la propiedad a los legítimos propietarios del bien. Es
incomprensible.

Senadora Garrido, no solamente tenemos que dar con una norma
integradora, sino también con una actuación integrada. ¿Entre quién?
Entre las diferentes instituciones y administraciones. También habrá que
hablar del ámbito competencial. Por ejemplo, en el caso de la vivienda,
¿quién tiene la competencia exclusiva? Por tanto, estoy totalmente de
acuerdo en que cada institución tenga su obligación, su deber y su
derecho.

Estamos hablando de tres colectivos: personas físicas,
administraciones públicas y personas sin ánimo de lucro, que es a quienes
les compete el objeto de esta proposición de ley. Por cierto, tengo que
felicitar al PDeCAT por esta iniciativa, que espero que salga adelante.
En cuanto a las personas físicas, estaremos todos de acuerdo en que no
vamos a poner bajo su responsabilidad el desarrollo de los desequilibrios
sociales que pueda haber en la sociedad. Respecto a las administraciones
públicas, tendremos que proteger sus bienes porque son las verdaderas
garantes del reparto de la igualdad o del derecho a la vivienda, al igual
que las personas sin ánimo de lucro. En ese sentido, no creo que tengamos
mayor problema. Además, tenemos que añadir lo que recoge esta proposición
de ley, que es la disposición adicional, en mi opinión, más importante y
a la cual nadie ha hecho la menor mención, estamos hablando del respeto
al ámbito competencial, subrayando la responsabilidad que tienen las
otras administraciones. Le voy a poner el ejemplo de una de las que mejor
conozco: la Comunidad Autónoma del País Vasco. El Parlamento vasco aprobó
la Ley 3/2015, donde se reconoce el derecho subjetivo a la vivienda. En
su artículo 1 dice: En desarrollo y cumplimiento del mandato previsto en
el artículo 47 de la Constitución, así como en el ejercicio de las
competencias plenas y exclusivas reconocidas en el artículo 10.31 del
Estatuto de Autonomía, la presente ley tiene por objeto la regulación del
derecho al disfrute de una vivienda digna y adecuada en el territorio de
la Comunidad Autónoma del País Vasco. Esta es una actuación integrada,
pero, para que se pueda desarrollar, esta proposición de ley es muy
importante. ¿Qué hacemos si la Administración, por ejemplo, no puede
cumplir con aquellos bienes que tiene ocupados? ¿Eso es verdaderamente
derecho? ¿Eso es verdaderamente justo para las 1101 personas que puede
haber en lista de espera porque haya habido dos colectivos o dos familias
que verdaderamente las están ocupando sin respetar el derecho que les
garantiza la propia Administración?

Le voy a decir más, este mismo viernes, en el Parlamento vasco,
un amplio acuerdo entre ustedes y nosotros...

El señor PRESIDENTE: Vaya terminando.

El señor BILDARRATZ SORRON: Voy a terminar con el punto que
recoge la propuesta que hizo Elkarrekin Podemos, que fue aceptada por
todos los partidos políticos en el Parlamento vasco, que dice: El
Parlamento vasco insta al Gobierno vasco en orden a garantizar el derecho
subjetivo a la vivienda de la población residente en Euskadi
estableciendo y mejorando programas públicos de alquiler de vivienda, con
especial énfasis en las personas jóvenes, etcétera. Es decir, diferentes
administraciones, diferentes competencias y, entre todos, de manera
integrada, tendremos que abordar el problema; pero, en este caso, estamos
abordando la modificación de la Ley de enjuiciamiento civil...

El señor PRESIDENTE: Termine, señoría.

El señor BILDARRATZ SORRON: La ley de enjuiciamiento civil, más
el desarrollo competencial que nos arrogan tanto la Constitución como el
Estatuto de Autonomía, da el resultado de que entre todos podremos hacer
más.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Bildarratz.

Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana de Catalunya,
tiene la palabra el senador Estradé.

El señor ESTRADÉ PALAU: Señor presidente, señorías, mi partido
siempre ha defendido el derecho a disfrutar de una vivienda digna. Pero
la defensa de este derecho se puede entender de muchas maneras, y
nosotros la entendemos, por una parte, en el sentido de que el
propietario de una vivienda que ha sido ocupada ilegalmente tiene todo el
derecho a echar a los ocupantes y a tener el amparo de la ley y de la
Administración; y, por otra, que todo el mundo tiene derecho a acceder a
una vivienda digna, o en propiedad o mediante un alquiler justo. Esa
segunda acepción en este momento no está garantizada y explica por qué no
votamos esta reforma en el Congreso en comisión y por qué no la vamos a
votar hoy aquí.

Somos el partido que en el año 1931 decía: La caseta i
l’hortet. Alguna izquierda dogmática se reía de ese lema porque
decía que era pequeñoburgués, cuando resulta que era el sueño de muchos
trabajadores, aunque hoy tendríamos que ver si desde el punto de vista
medioambiental es sostenible. Pero esa es otra cuestión.

La reforma de la Ley de enjuiciamiento civil, que pretende
acelerar los trámites para echar a los que han ocupado una vivienda
ilegalmente, presentada por el Partido Demócrata de Cataluña, nos parece
en general una buena ley. Está bien concebida, responde a una demanda
social, responde a un problema, y diferencia perfectamente entre las
personas que se han ganado esta vivienda porque la han adquirido con sus
ahorros, con su esfuerzo, con su trabajo, de aquellos fondos de
inversión, aquellos fondos buitre, que especulan con las viviendas. Y
también protege el derecho de los ayuntamientos o de las fundaciones que
quieren ofrecer vivienda social a toda la población.

Por lo tanto, el problema no es que la ley no esté bien concebida
y que tenga aspectos muy razonables; el problema, a nuestro entender, es
de oportunidad y de legitimidad. ¿Por qué es un problema de oportunidad y
de legitimidad? Porque si solamente incidimos en la cuestión de los
desahucios de aquellas viviendas que han sido ocupadas ilegalmente pero
no presentamos un plan valiente, decidido y bien dotado para ofrecer
vivienda social, vivienda de protección oficial a todo el mundo, si no
intervenimos en la regulación de los alquileres, estamos mandando un
mensaje equívoco a la sociedad y le estamos diciendo que el principal
problema son las ocupaciones ilegales. Y eso no es verdad. Las
ocupaciones ilegales son un problema, pero el principal problema que
tenemos, sobre todo en las grandes ciudades —en nuestro caso, en
Barcelona y en su entorno metropolitano—, es que en este momento se
está expulsando masivamente a los jóvenes y a las clases populares y
trabajadoras de los centros urbanos. Se está produciendo un auténtico
proceso de segregación social. Se los está echando porque no pueden
adquirir viviendas, porque están a unos precios desorbitados. Vuelve a
haber una burbuja especulativa. Y no pueden acceder a alquileres
razonables, porque con los alquileres también se está especulando. Y ahí
hay que intervenir. Ese es el gran problema. Y el otro también constituye
un problema. Por lo tanto, nosotros proponemos que, al mismo tiempo que
actuamos con severidad contra aquellas ocupaciones ilegales, actuemos
también con convencimiento y proporcionando los recursos necesarios para
atajar esa segregación social que se está produciendo de forma masiva,
sobre todo en los grandes centros urbanos.

En resumen, la ley nos parece bien, pero tenemos que acompañarla
de otras medidas. Y en el momento en que nos conjuremos todas las fuerzas
progresistas y, si pudiera ser, todas las fuerzas políticas —aunque
eso lo veo imposible, porque algunos protegen esa especulación—
para actuar de forma conjunta en todos los frentes, entonces nos
encontrarán a su lado y daremos nuestro apoyo decidido a esta ley que,
repito, tiene aspectos muy razonables.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Estradé.

Por el Grupo Parlamentario Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea,
tiene la palabra la senadora Garrido.

La señora GARRIDO GUTIÉRREZ: Gracias, presidente.

Quiero hacer alguna matización sobre cosas que he intentado
explicar en mi primera intervención, pero que parece que no han quedado
demasiado claras. Mi grupo parlamentario ha presentado las enmiendas con
la intención de mejorar y, como decía, de respetar algunos contenidos
constitucionales que, si no, serían violados por esa norma. Dicho de otra
manera, respecto a los casos que se han expuesto aquí de pequeños
propietarios que se van de vacaciones y al volver se encuentran ocupada
su vivienda, la solución para la recuperación de esa vivienda también
entra y queda amparada por nuestras enmiendas. Nosotros en ningún momento
hemos intentado poner encima de la mesa que sea ilegitimo que un pequeño
propietario quiera recuperar su vivienda. Eso por un lado, que quede muy
claro.

Por otro lado, yo todo el rato trato de relacionar el derecho a
la vivienda con la situación de ocupación ilegal. ¿Por qué? Porque si
realmente lo que queremos con esta norma es acabar con la causa de esa
ocupación ilegal, tenemos que ir al origen del problema. Y el problema
está en que el Estado español no tiene y no ha realizado una verdadera
política de vivienda. Tenemos un parque de vivienda social ínfimo;
tenemos un parque de vivienda de poco más del 1 % y tenemos unos
alquileres abusivos que no pueden pagar los trabajadores y trabajadoras
de nuestro Estado. Con lo cual, la necesidad de vivienda y la crisis
hacen que las familias se vean abocadas a ocupar una vivienda. No se
ocupa una vivienda por diversión ni por antojo. Se ocupa por necesidad. Y
mi pregunta, que no ha sido resuelta ni mencionada, es: ¿qué hacemos con
los ocupantes? Es decir, ¿qué hacemos con esas familias que han ocupado
una vivienda por necesidad y a las que esta norma deja en la calle con
sus hijos y sus hijas, menores en muchos casos? Hasta ahora, nadie ha
puesto encima de la mesa la solución a ese problema. Pues bien, la
solución a esa cuestión, que no es ni más ni menos que respetar los
derechos humanos, los tratados internacionales y la Constitución, estaba
en la aprobación de nuestras enmiendas. Nuestra propuesta lo que hacía
era garantizar una alternativa habitacional, tal como exigen los tratados
internacionales, tal como lo ha recomendado el Comité de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales, tal como lo ha hecho el ararteko y el
defensor del pueblo, tal como lo están haciendo muchas sentencias de
diferentes tribunales en la justicia ordinaria.

Ese era nuestro objetivo. Lo que no se puede hacer es poner
encima de la mesa solo la recuperación de esa vivienda, sin respetar el
resto de los derechos. No podemos hacer saltar por los aires el
artículo 24 de la Constitución. Tenemos que establecer unas mínimas
garantías. Lo dicen las recomendaciones del Parlamento Europeo y los
principios de derecho internacional sobre procedimiento judicial: las
notificaciones, los plazos, la posibilidad de recurso no son cuestiones
nimias, no son cuestiones que podamos pasar por alto.

Y vuelvo a repetir: lo que hacen nuestras enmiendas es intentar
paliar esa situación.






No nos gusta mucho esta norma, no nos gusta nada,
pero si hubieran aceptado nuestras enmiendas, por lo menos estaríamos
dentro de la legalidad, por lo menos cumpliríamos con los artículos 24
y 47 de la Constitución.

Es verdad, como decía el senador del PNV, que deben ser todas las
administraciones públicas —municipales, autonómicas y el
Estado— las que deben colaborar para establecer y garantizar esa
alternativa. ¡Por supuesto, pero debe garantizarse esa alternativa!
Porque vuelvo a repetir: ¿qué hacemos con los ocupantes, con familias que
han sufrido la crisis, que han sido abandonadas? ¿Qué hacemos, las
dejamos en la calle o nos quedamos tan anchos aprobando una especie de
protocolo que no establece ninguna garantía? Ya harán los servicios
sociales... ¡No, no! No se puede desalojar a una familia, con menores y
en riesgo de exclusión social, dejándolos en la calle y diciendo que,
bueno, en su caso ya verán lo que hacen los servicios sociales. Eso es
vulnerar derechos humanos, tratados constitucionales y realmente actuar
de una manera bastante cruel, diría yo.

Por lo tanto, los grupos parlamentarios, los partidos políticos
que hoy van a dar el sí a esta norma se sitúan fuera de la legalidad y se
sitúan fuera de la Constitución, y van a tener que ser los jueces
—muchos de esos jueces que admiramos— los que van a tener que
reparar lo que hoy ustedes van a aprobar.

El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría.

La señora GARRIDO GUTIÉRREZ: Acabo.

Y es más, mi grupo parlamentario estudiará muy detenidamente la
posibilidad de plantear un recurso de inconstitucionalidad para colaborar
así en parar este desatino. No podemos volver a dejar en la calle a las
familias vulnerables otra vez.

Gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Garrido.

Por parte del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la
senadora Lima.

La señora LIMA CID: Gracias, señor presidente.

Señoría, antes de empezar la intervención, quiero recordar que no
se los olvide nunca a los que estamos aquí, representando a nuestros
ciudadanos, que cada vez que hablamos de vivienda hablamos de las más de
un millón de personas que están faltas de poder tener una vivienda digna,
que es lo que marca nuestra Constitución y tienen como derecho
fundamental.

Hoy debatimos en este Pleno la modificación de la Ley de
enjuiciamiento civil con relación con la ocupación ilegal de inmuebles,
que pretende articular los procedimientos adecuados para la recuperación
de la posesión de una vivienda por parte de las personas propietarias con
respecto a quien o quienes la ocuparon sin título alguno; medida que
abarca, en este caso, a las administraciones públicas, a las
instituciones con competencia en materia de vivienda, organizaciones no
gubernamentales y a las personas físicas. En resumen: proteger la
propiedad privada de las ocupaciones ilegales y evitar que se haga
negocio con la vivienda, sobre todo en los casos de mafias que se dedican
a localizar viviendas vacías y, conocedores de la poca agilidad de los
trámites en materia de desahucio, las ofrecen a personas en situación de
vulnerabilidad social a cambio de cobrarles unas mensualidades muy
cuantiosas y en la actualidad este trámite puede conllevar hasta cerca de
dos años. Se propone agilizar el trámite para su recuperación, que pasa
por notificar al ocupante para que justifique su situación como
propietario o arrendatario.

La parte que entendemos los y las socialistas como determinante
es la comunicación a los servicios sociales comunitarios para que puedan
intervenir en las diferentes partes del proceso, de cara a que ninguna
persona pueda ser privada de su derecho a una vivienda digna y adecuada,
especialmente en aquellos casos de exclusión social o en riesgo de
estarlo, aunque esa vulnerabilidad, por otros motivos, no haya sido
acreditada en su momento. Pero tampoco que ninguna persona pueda verse
desprovista de su propiedad por el simple hecho de que se comercie con lo
que es suyo legítimamente.

En el Partido Socialista entendemos que esta modificación de ley
se queda corta con respecto a la complejidad de este asunto. Por ello,
hemos presentado propuesta en el sentido de considerar vivienda aquellas
que provienen de la puesta en marcha de políticas sociales o la
comunicación a los servicios sociales comunitarios de la situación en la
que se puedan encontrar aquellas personas que han ocupado el inmueble,
simplemente por encontrarse en una situación de vulnerabilidad o
exclusión social, es decir, que no tenga otro mecanismo posible para
poder acceder a una vivienda, porque su circunstancia económica o social
no se lo permita.

Entendemos también importantísima la puesta en marcha de unos
protocolos claros y concisos que enmarquen la cooperación y colaboración
entre administraciones públicas para dar una respuesta rápida a
situaciones urgentes por vulnerarse su acceso a este derecho fundamental.
Se necesitan medidas específicas, dotadas de presupuesto y compromisos
políticos directos de quien está al frente, pero, además, se necesita de
una planificación integral en materia de vivienda, con protocolos de
actuación claros con respecto a la magnitud del problema de vivienda en
nuestro país; de las medidas que a nivel público se deben poner en marcha
para asegurar el acceso a la vivienda para todas las personas, con
especial hincapié sobre las que sufren una situación social y económica
más complicada; concretar las consignaciones presupuestarias para
ejecutar dichas medidas desde todos los niveles institucionales, estatal,
regional, provincial y local, además del consiguiente seguimiento sobre
el cumplimiento de la hoja de ruta que seamos capaces de pactar. Es
urgente y necesario clarificar políticas en materia de vivienda desde las
administraciones e instituciones con competencia en esta materia.

En definitiva, entendemos que es insuficiente lo propuesto en
esta modificación, ya que no trata integralmente la situación con
respecto a quienes son propietarios y propietarias y contra quienes
aprovechan la usurpación de propiedades ajenas para su beneficio
particular y mediante el uso ilegal de las mismas, pero siendo primordial
que se den oportunidades para quienes, sin haber acreditado su situación
de vulnerabilidad, utilizan este método para poder tener un techo donde
cobijarse.

Gracias, señorías. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Lima.

Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el senador
Arias.

El señor ARIAS NAVIA: Muchas gracias, señor presidente.

Yo espero que el Gobierno este que están formando en España no
sea malo para los españoles, pero con el precedente de los socios que
tienen, que son los enemigos de España, todo puede pasar. Yo espero que
no arrasen con todo lo construido en estos años.

Señores de Ciudadanos, ustedes tienen un gran éxito político, sin
duda, son los responsables o son los cooperadores necesarios para que
aquellos que dejaron España quebrada hoy hayan vuelto al poder.

Señora Garrido, usted dice que vulneramos la Constitución, pero
usted está diciendo en una de sus enmiendas que aquellos que tengan tres
viviendas pueden ser privados de alguna de ellas para darla a otras
personas. ¿Usted considera que eso es violar la Constitución? ¿Lo
considera o no? Pero bueno, tenga usted cuidado, porque su líder con seis
inmuebles puede estar en esa situación. (Aplausos).

Estoy de acuerdo con el señor Estradé en que hay que garantizar
la vivienda digna, pero se le llena la boca y ustedes en Cataluña están
gobernando, ¿verdad? Ustedes también son responsables.

Señorías, en esta proposición tenemos dos objetivos: por una
parte, la protección del derecho de propiedad de los ciudadanos y, por
otra, garantizar también la vivienda digna. Ambos, como todos sabemos,
son derechos constitucionales. Lo que no estamos haciendo con esta
proposición es defender a los okupas frente a los propietarios, y me
refiero a aquellos grupos criminales que se lucran de estas ocupaciones,
aprovechándose de los legítimos propietarios y de personas en situación
de vulnerabilidad, o grupos antisistema que no respetan ni el derecho a
la propiedad ni los bienes públicos ni privados.

Nosotros defendemos el derecho de personas y familias que con su
esfuerzo y sacrificio han podido adquirir un patrimonio y tienen derecho
a su uso y disfrute, pequeños propietarios y administraciones. Pero ya
sabemos lo que hacen ustedes donde gobiernan, juntos o separados; por
tanto, no podemos aceptar que ustedes estén confundiendo este debate.
¿Por qué? Porque ustedes saben que este proyecto no es una ley de
vivienda y que con esta modificación lo que se pretende es la
recuperación de la propiedad y garantizar a los ocupantes siempre que
haya vulnerabilidad y esté constatada por los servicios sociales. Y
además, porque en lo que se refiere al derecho de vivienda no son ustedes
indicados para dar lecciones, porque una cosa es predicar y otra cosa es
dar trigo: donde ustedes gobiernan, como en Madrid, solo han cumplido con
un 20 % de sus compromisos de vivienda pública y hay más de 1400
viviendas ocupadas que estén desahuciando desde la Empresa Municipal de
Vivienda, o en Barcelona, donde la ocupación ilegal ha aumentado por
encima del 60 %. ¿Dónde han quedado esas ciudades libres de desahucios,
señores, dónde han quedado? Es una vergüenza.

Por cierto, ¿saben los señores de Ciudadanos que en Andalucía,
donde gobiernan, se produjeron el 20 % de todos los desahucios de España?
Sin embargo, para nosotros, para el Partido Popular, la protección del
derecho de propiedad es importante, pero también lo es garantizar el
derecho a la vivienda, y así lo hemos demostrado. Lo demostramos pese a
la situación de quiebra en la que nos dejaron, con 5 millones de parados,
y también con 1,5 millones de mujeres que mandaron al paro. Ustedes
deberían pedir perdón todavía, tenían que haber aprovechado la
oportunidad para pedir perdón a los españoles. (Rumores).

Ustedes estuvieron en contra de medidas como las que se tomaron
en 2012, medidas urgentes para la protección de los deudores
hipotecarios, medidas para reforzar la protección suspendiendo los
lanzamientos y que además derivó en la Ley 1/2013, de medidas para
reforzar la protección de deudores hipotecarios, reestructuración de la
deuda y el alquiler. Todas estas medidas, como siempre, y como hoy han
dicho, contaron con el voto contrario de los socialistas, incluso el
convenio para la constitución del Fondo social de viviendas de alquiler.
Estas políticas beneficiaron a miles de familias en España. Y este mismo
año el Gobierno del Partido Popular aprobó el Plan de vivienda 2018-2020,
incorporando un programa específico de ayudas a las personas en situación
de desahucio o lanzamiento de su vivienda habitual. Yo espero que
mantengan este compromiso, aunque conociendo su manera de actuar, todo
puede pasar. En definitiva, por sus hechos los conoceréis, y ahí están
los nuestros.

Por cierto, la portavoz de Podemos perdió la oportunidad de
explicar a la Cámara cuál es su política de vivienda: ¿la privilegiada
del senador de la Comunidad de Madrid, la del chalé de estos dos señores
o esta de la calle Princesa? (Muestra una foto.— Aplausos). Ustedes
dicen una cosa, pero no hacen lo que tienen que hacer. ¿Este es el Madrid
de Podemos y del Partido Socialista? ¿Esa es su política de vivienda?
Para colmo, pretenden que los españoles les paguemos la seguridad a estos
dos señores. (Rumores). Están ustedes muy equivocados. En definitiva, con
esta iniciativa se pretende la lucha contra la ocupación ilegal, la
defensa del derecho de propiedad de los españoles y la protección de las
familias en situación de vulnerabilidad.

El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría.

El señor ARIAS NAVIA: Nosotros seguimos trabajando en esa línea.
(Rumores). Votaremos a favor, veremos a ver lo que hacen ustedes.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Arias.

Llamen a votación. (Pausa).

Cierren las puertas.

Señorías, vamos a proceder a la votación de las enmiendas a la
proposición de ley, comenzando por la enmienda número 5, de los senadores
Marcos, Crisol y Alegre y la senadora Roldán.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 255; votos emitidos, 252; a favor, 2; en contra, 250.

El señor PRESIDENTE: Queda, por tanto, rechazada.

Enmiendas del Grupo Parlamentario Unidos Podemos-En Comú Podem-En
Marea. Votamos, en primer lugar, la enmienda número 6.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 256; votos emitidos, 256; a favor, 83; en contra, 168;
abstenciones, 5.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos a continuación las enmiendas números 7, 8 y 9.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 256; votos emitidos, 255; a favor, 22; en contra, 230;
abstenciones, 3.

El señor PRESIDENTE: Quedan, por tanto, rechazadas.

Señorías, votamos a continuación en un solo acto la proposición
de ley.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 256; votos emitidos, 256; a favor, 159; en contra, 97.

El señor PRESIDENTE: Queda, por tanto, aprobada.

Queda definitivamente aprobada por las Cortes Generales la
Proposición de Ley de modificación de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de
enjuiciamiento civil, en relación con la ocupación ilegal de
viviendas.

El señor presidente da lectura a los puntos 5. 5.1. y 5.1.1.

El señor PRESIDENTE: Con fecha 22 de mayo de 2018, la Comisión de
Incompatibilidades emitió dictamen sobre la situación de varios señores
senadores y ha considerado por unanimidad que de la documentación
presentada y del conocimiento que posee no se deduce incompatibilidad
para los citados senadores.

Para la presentación del dictamen, tiene la palabra la senadora
López Gabarro.

La señora LÓPEZ GABARRO: Gracias, señor presidente.

Señorías, me cumple presentar el dictamen aprobado por la
Comisión de Incompatibilidades en su reunión del pasado 22 de mayo
de 2018, Dictamen que fue publicado en el Boletín Oficial de la Cámara
número 237, de 24 de mayo de 2018.

La comisión aprobó este dictamen favorable por unanimidad y de
conformidad con la propuesta que le formuló la ponencia permanente en
ella constituida. Siguiendo la práctica de la comisión, la ponencia elevó
su propuesta de dictamen favorable tras un atento examen de la
declaración formulada por los señores senadores, de los que recabó las
informaciones y la documentación complementaria que resultaron
necesarias.

El dictamen comprende a los señores senadores que fueron
designados por la asamblea legislativa del Parlamento de Cataluña tras
las últimas elecciones autonómicas. Toda vez que se trata de un dictamen
favorable para la totalidad de los senadores incluidos, se formula en
lista y sin motivación individual, de conformidad con el artículo 16 del
Reglamento.

Quiero mostrar el reconocimiento a la labor realizada por los
miembros de la ponencia permanente, que en su día designó la comisión:
senadoras Lucio Gómez, García Díaz, Cortès Gès, Cánovas Essard, Ahedo
Ceza y Abad Giralt, y el senador Lemus Rubiales.

Bajo la vigencia del régimen de publicidad de las actividades de
los señores senadores, todo cuanto declaramos, así como la documentación
que presentamos, será objeto de publicación en la sede electrónica de la
Cámara para poder ser objeto de escrutinio por nuestros
conciudadanos.

Concluyo solicitando en nombre de la comisión el voto favorable
de sus señorías para este dictamen favorable sobre la situación de los
señores senadores citados desde el punto de vista de la normativa en
materia de incompatibilidades.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora López Gabarro.

¿Algún grupo desea intervenir? (Pausa).

No hay intervenciones.

¿Puede someterse a aprobación por asentimiento?
(Asentimiento).

Les comunico que ha habido uso de la votación telemática del
senador Huelva Betanzos, del Grupo Parlamentario Socialista, que también
se une a este asentimiento.

Señorías, queda aprobado el dictamen emitido por la Comisión de
Incompatibilidades.

Se levanta la sesión.

Eran las diez horas y cincuenta y cinco minutos.