El señor presidente da lectura a los puntos 7. y 7.1.

El señor PRESIDENTE: El Grupo Parlamentario Socialista, autor de
la moción, ha presentado una enmienda de adición, que se entiende se
adiciona al texto original de la moción.

Además, a esta moción consecuencia de interpelación se han
presentado nueve enmiendas. Cinco del Grupo Parlamentario Mixto: cuatro a
iniciativa de los senadores Mulet y Navarrete y una a iniciativa de la
senadora Castilla; una del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana;
dos del Grupo Parlamentario Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea; y una
del Grupo Parlamentario Popular en el Senado. El Grupo Parlamentario
Popular ha presentado una corrección de errores a esta enmienda.

Para la defensa de la moción originaria, con la enmienda
incorporada, tiene la palabra, por tiempo de cinco minutos, la senadora
Delgado, del Grupo Parlamentario Socialista.

La señora DELGADO OVAL: Buenos días, señor presidente.

Señorías, como bien saben, el artículo 138 de la Constitución
española indica que el Estado garantiza la realización efectiva del
principio de solidaridad consagrado en el artículo 2 de la Constitución,
velando por el establecimiento de un equilibrio económico, adecuado y
justo entre las diversas partes del territorio español, y atendiendo en
particular a las circunstancias del hecho insular. Con esta iniciativa
hablamos de más de 3 millones de personas: de Baleares, de Canarias, de
Ceuta y de Melilla, así como de las repercusiones que tienen para ellas
las comunicaciones y las consecuencias del aislamiento con el territorio
peninsular en todos los sentidos, donde el transporte juega un papel
fundamental en el desarrollo económico y social, ya que la lejanía supone
una pérdida de oportunidades y de competitividad.

Señorías, no será mera casualidad que en estos territorios la
renta per cápita global se sitúe muy por debajo de la media española y
que, además, en Canarias, la comunidad más alejada, tengamos los salarios
y las pensiones medias más bajas y más del 44 % de la población en
exclusión social. La lejanía, evidentemente, influye.

Señorías, a partir de las ocho de la tarde es imposible ir o venir
desde Canarias. En realidad, el único medio de transporte efectivo para
comunicarnos con el territorio peninsular es el avión y en estos momentos
tenemos rutas, frecuencias y plazas escasas, los aviones van y vienen
llenos. Por razones geográficas, los más de 3 millones de personas que
residimos en estos territorios tenemos que pagar precios desorbitados.
¿Cuántas veces han escuchado que es más barato ir de Canarias a Londres o
a Praga o de Baleares a Berlín que de Canarias y Baleares a Madrid? Sin
embargo, estamos hablando de una distancia aérea de Tenerife a Londres
de 3000 kilómetros y de Tenerife a Madrid no llega a 2000. Si son
casi 1000 kilómetros más, ¿por qué nos cuesta menos? Es sencillo: ley de
oferta y demanda. ¿De verdad que en esta situación se cumple el
artículo 138 de la Constitución española? Señorías, el artículo 174 del
Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea fija la obligación de
establecer medidas especiales en aras de la cohesión económica, social y
territorial de las regiones insulares y transfronterizas, y los
principales organismos de la Unión Europea han dictado resoluciones y
diversos acuerdos solicitando al Estado medidas para los territorios
alejados. Es fundamental garantizar el acceso al transporte de los
residentes en las comunidades autónomas alejadas del resto del territorio
español en términos de frecuencia, suficiencia, calidad y tarifas
adecuadas para que podamos salvar la barrera insalvable para el
transporte terrestre del mar.

Señorías, las compañías aéreas trabajan para conseguir unos
resultados económicos, su objetivo son los beneficios, no la ciudadanía,
no son un servicio público, son empresas privadas sometidas a las reglas
del mercado. Ante esta situación, los poderes públicos no solo pueden,
sino que deben intervenir. Por eso, el Grupo Parlamentario Socialista
propone este paquete de medidas: que se opere con la obligación de
servicio público en las conexiones de territorios extrapeninsulares, de
forma que se fijen rutas y frecuencias mínimas y tarifas máximas; que se
garantice la conectividad diaria con Madrid y Barcelona para islas como
La Palma; que se establezcan mecanismos de tarifa punto a punto para
aquellas islas que no tienen conexión directa con el territorio
peninsular, como La Gomera o El Hierro; la subvención del 100 % de las
tasas aeroportuarias; y es fundamental elevar la bonificación para los
residentes al 75 % en todos los trayectos entre Canarias, Baleares, Ceuta
y Melilla con el resto del territorio nacional.

A estas medidas hemos añadido otras en la enmienda, puesto que nos
hemos enterado hace una semana, por el anuncio de AENA, de que se cierra
el aeropuerto Tenerife Sur en horario nocturno durante tres meses por las
obras de repavimentación de la pista. El aislamiento en el que quedará la
isla de Tenerife, la más poblada de Canarias, porque no se ha tenido en
cuenta una alternativa al cierre del aeropuerto Tenerife Sur, a pesar de
ser una infraestructura clave, no solo para la comunicación de los
canarios, sino también para el turismo, principal motor económico de la
isla —incluso ha habido compañías que han anunciado que dejan de
operar por la noche durante esos tres meses—, ese aislamiento, como
decía, pone de manifiesto la necesidad de la segunda pista en el
aeropuerto Tenerife Sur, como recoge el Plan director desde el
año 1977.

Señorías, urgen soluciones rápidas a este problema.

El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría.

La señora DELGADO OVAL: Termino ya, señor presidente.

Por eso proponemos la apertura del aeropuerto Tenerife Norte
las 24 horas del día mientras duren las obras en Tenerife Sur. Esperamos,
sinceramente, el apoyo de todos los grupos, porque solo a través de
medidas como las que proponemos conseguiremos recortar distancias.

Muchísimas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Delgado.

Pasamos a la defensa de las enmiendas.

Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra la senadora
Castilla.

La señora CASTILLA HERRERA: Muchas gracias, presidente. Buenos
días, señorías.

La Agrupación Socialista Gomera presenta una enmienda de adición
cuyo objetivo es mejorar la iniciativa que presenta el Grupo
Parlamentario Socialista. Es una enmienda de adición al apartado 3, que
quedaría redactado de la siguiente manera: Establecer mecanismos de
tarifa punto a punto y exención de tasas especiales para las islas que no
tienen conexiones con la Península de forma directa, como La Gomera y El
Hierro, sin perjuicio —y esto es lo que se añade— de las
inversiones necesarias que se realicen y permitan que los aeropuertos de
La Gomera y El Hierro tengan en el futuro una conexión directa con la
Península.

Presentamos esta enmienda habida cuenta de que no podemos olvidar,
aunque lo que se propone es muy positivo, una realidad muy clara, y es
que estas dos islas, La Gomera y El Hierro, son las únicas del
archipiélago que no tienen conexión directa con el territorio peninsular,
y tampoco podemos dejar de pensar en su desarrollo futuro, por lo que
solicito desde ya las inversiones necesarias con el fin de poder aspirar
a conexiones directas con la Península y, en su caso, también con
territorio internacional. Por ello, solicito al Grupo Parlamentario
Socialista que acepte esta enmienda.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Castilla.

Tiene la palabra el senador Navarrete.

El señor NAVARRETE PLA: Gràcies, senyor president.

Senyories, el marc de la Unió Europea ens imposa un mercat
liberalitzat, que també inclou, per descomptat, el transport aeri. Que
estiguem en un denominat mercat lliure no impedeix que existisquen certs
mecanismes de control públic com per exemple les OSP. Aquesta obligació
solament s’imposarà quan siga necessari garantir els serveis que
complisquen determinats requisits en matèria de continuïtat, regularitat,
capacitat i preus que les companyies no assumirien si únicament tingueren
en compte el seu interès comercial, això diu el reglament sobre les OSP
en transport aeri. Aquesta intervenció de l’Administració pública
vetlla per la correcta connectivitat entre aquests territoris i per a
evitar tarifes abusives per part de les companyies aèries. Per proximitat
i per relacions de molt diversa índole, els valencians coneixem
perfectament la problemàtica que pateixen en la seva mobilitat els
ciutadans de les illes tant de les Balears com de les Canàries i, en
general, l’esforç que suposa ser una perifèria; qüestió que
s’agreuja quan són illes, quan els seus costos són afegits tant en
temps, com en oportunitats, com en costos econòmics, com en preu de
bitllet, etcètera, etcètera.

Les esmenes que plantegem parteixen del convenciment i de la
necessitat que el Govern reconega de forma clara que el transport aeri és
un servei essencial per a les persones que viuen en aquestes comunitats.
Les nostres esmenes són: primera, que s’estudie, se sancione i
s’evite la picardia entre companyies, i la posició predominant en
el mercat interinsular, i que s’aprofiten dels descomptes que hi ha
per a residents per a encarir els preus dels bitllets. Segona, demanem
analitzar que altres territoris continentals amb baixes freqüències de
transport col·lectiu, a més de les illes, quins serien els necessaris per
a fomentar i per fer més accessible aquesta mobilitat així com reclamar
als organismes de la Unió Europea una anàlisi de la situació perquè
plantege propostes i solucions per a prestar garanties de legalitat en
especial atenció als territoris ultraperifèrics. Tercera, demanem afegir
bonificacions addicionals i incentivar els tràfics i serveis marítims que
contribueixen al desenvolupament econòmic del port de la Savina, a
Formentera, on no existeix aeroport i, per tant, no es podrien beneficiar
de forma tan clara d’aquest caràcter de servei públic,
d’interès públic perdó. Quarta i última, plantegem finalment la
revisió de les obligacions de servei públic, doncs urgeix que
s’incrementen les freqüències per a cobrir la demanda existent de
vols entre illes, ja que estan en aquest moment en decreixement.

Per tant, esperem que el Grup Socialista accepte estes esmenes
perquè creiem que enriquixen aquesta moció.

Moltes gràcies, senyor president.

Gracias, señor presidente.

Señorías, el marco de la Unión Europea nos impone un mercado
liberalizado que también incluye, por supuesto, el transporte aéreo. Que
estemos en un denominado mercado libre no impide que existan ciertos
mecanismos de control público, como, por ejemplo, las OSP. Esta
obligación solamente se impondrá cuando sea necesario garantizar unos
servicios que cumplan determinados requisitos en materia de continuidad,
regularidad, capacidad y precios, que las compañías no asumirían si
únicamente tuvieran en cuenta su interés comercial. Esto es lo que dice
el reglamento sobre las OSP en transporte aéreo. Esta intervención de la
Administración pública vela por la correcta conectividad de estos
territorios y para evitar tarifas abusivas por parte de las compañías
aéreas. Por proximidad y relaciones de muy diversa índole, los
valencianos conocemos perfectamente la problemática que sufren en su
movilidad los ciudadanos de las islas, tanto de Baleares como de
Canarias, y en general del esfuerzo que supone ser una periferia,
cuestión que se agrava cuando se trata de islas, cuando hay costes
añadidos tanto en tiempo, como en oportunidades, como en precio de
billetes, etcétera.

Las enmiendas que planteamos parten del convencimiento y la
necesidad de que el Gobierno reconozca de forma clara que el transporte
aéreo es un servicio esencial para las personas que viven en esas
comunidades. Nuestras enmiendas pretenden, primero, que se estudie,
sancione y evite la picardía entre las compañías y la posición
predominante del mercado interinsular, y que no se aprovechen de los
descuentos de residentes para encarecer los billetes. Segundo, que se
analice en qué otros territorios continentales con bajas frecuencias en
los transportes colectivos, además de las islas, sería necesario fomentar
y hacer más asequible el derecho a esta movilidad, así como reclamar a
los organismos de la Unión Europea un análisis de la situación para que
planteen propuestas y soluciones para prestar con garantías y legalidad
una especial atención a los territorios ultraperiféricos. Tercero, que se
añadan bonificaciones adicionales para incentivar tráficos y servicios
marítimos que contribuyan al desarrollo económico del puerto de la
Savina, en Formentera, donde no existe un aeropuerto, y por tanto, no se
podría beneficiar de forma tan clara de este carácter de interés público.
Cuarto y último, que se revisen las condiciones de la obligación de
servicio público, ya que urge que se incrementen las frecuencias para
cubrir la demanda existente de vuelos interislas, que en este momento
están en decrecimiento.

Esperamos que el Grupo Socialista acepte estas enmiendas porque
creemos que enriquecen la moción.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Navarrete.

Para la defensa de la enmienda del Grupo Parlamentario de Esquerra
Republicana, tiene la palabra el senador Picornell.

El señor PICORNELL GRENZNER: Dono per defensada l’esmena,
senyor president, gràcies.

Doy por defendida la enmienda, señor presidente.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Unidos Podemos-En
Comú Podem-En Marea, tiene la palabra la senadora Garrido.

La señora GARRIDO GUTIÉRREZ: Gracias, presidente.

En nombre de mi grupo quiero apuntar dos cuestiones que me parecen
básicas y enriquecen la moción presentada por el Grupo Socialista. La
primera se refiere a los fraudes cometidos por algunas compañías aéreas,
fraudes que en algunos casos se han realizado de forma continuada en las
deducciones de los trayectos. De esta forma, algunas empresas de viajes
han sido condenadas por estos hechos. Los errores en la contabilización
de los trayectos han supuesto, por un lado, un lucro importante para las
compañías aéreas y, por otro, que la Administración asuma gastos que no
le corresponden. Sabemos que existe un problema de contabilización de las
deducciones en el sistema actual cuya detección, además, no fue posible
durante un tiempo. Teniendo en cuenta que el ministerio y también la
Confederación Española de Agencias de Viaje han mostrado su
disponibilidad para este cambio, consideramos que es de recibo solicitar
que se desarrollen cuanto antes mecanismos de deducción adecuados y,
sobre todo, el control de las mismas.

La segunda enmienda se refiere a una cuestión muy importante que
además tiene carácter transversal. Nos referimos al cuidado del
medioambiente. Como ya sabemos, el transporte aéreo es altamente
contaminante, pero, en muchas ocasiones, como es el caso, es
imprescindible la utilización de este medio de transporte. Si es así, y
sabiendo que el transporte aéreo podría aumentar entre un 200 % y
un 300 % en las próximas décadas, se hace necesario mejorar los procesos
de combustión de la flota. En este sentido, la Organización de Aviación
Civil Internacional se propuso como objetivo reducir 650 billones de
toneladas de CO2 hasta el año 2040. Creemos que es un objetivo loable,
pero, en todo caso, insuficiente y, por lo tanto, sería interesante
exigir a las administraciones que hicieran un esfuerzo para mejorar estos
procedimientos, regular la reducción de las emisiones del transporte
aéreo y establecer medidas ambiciosas para su composición que sean
efectivas.

Gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Garrido.

Para la defensa de la enmienda del Grupo Parlamentario Popular,
tiene la palabra el senador Ramis.

El señor RAMIS SOCÍAS: Muchas gracias, señor presidente.

Señorías, vaya por delante, para que no haya dudas, que estamos de
acuerdo con esta moción, no tanto con su texto literal, pero sí con su
filosofía: dar contenido real al mandato constitucional de igualdad de
todos los españoles, el principio de solidaridad establecido en
artículo 138 de nuestra Constitución. Queremos votar a favor de seguir
avanzando en el camino de la igualdad de todos los españoles, en
especial, de los territorios extrapeninsulares, y lo vamos a hacer, si
ustedes nos lo permiten.

Para hacer posible este voto positivo, precisamente para esto,
hemos presentado esta enmienda. Queremos el descuento del 75 %, y la
forma de hacerlo es trabajar, pasar del verso de las propuestas a la
prosa. ¿De qué hablamos? Cuando ustedes nos piden más obligaciones de
servicio público, menos tasas, más descuento aéreo, ¿es simple voluntad
política? ¿Son buenas intenciones? No, señorías, estamos hablando de algo
muy poco prosaico, estamos hablando de dinero, estamos hablando
de 200, 300, 400 millones de euros. La cantidad no es la cuestión, la
cuestión es que dinero significa presupuestos, presupuestos significa
aprobación en el Congreso de los Diputados, el Congreso de los Diputados
significa mayoría suficiente para aprobarlos, mayoría que mi grupo no
tiene. Esa es una evidencia, es una simple constatación empírica, es la
realidad. Por tanto, señorías, senadores del Grupo Socialista, no podemos
elevar al 75 % —ese es el término que ustedes están utilizando:
elevar al 75 %— el descuento en los presupuestos generales, porque
no tenemos mayoría para ello. Sin embargo, si ustedes se creen lo que
escriben, si ustedes defienden lo que han dicho, lo tienen tremendamente
fácil: expliciten el apoyo a los Presupuestos Generales del Estado y les
garantizo que mi grupo pasará del 50 % al 75 % de descuento, por cierto,
como ya hizo el Gobierno de Mariano Rajoy, que pasó del 33 % al 50 % y
estableció el descuento del 75 % en los vuelos interislas. En definitiva,
ese es el contenido de nuestra enmienda. No podemos aprobar esta moción
—aunque queramos hacerlo— tal cual la han presentado ustedes.
Invito al resto de los grupos políticos que han presentado enmiendas que
apoyan esta moción a que también apoyen nuestra enmienda, y a que lo
estudiemos y podamos aprobar ese descuento del 75 %, pero les necesitamos
a ustedes, señorías.

Señores senadores de los territorios extrapeninsulares
—Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla—, convenzan a sus grupos
en el Congreso de los Diputados para que nos presten su apoyo. Yo, en
este caso, les garantizo el apoyo de mi grupo, del Partido Popular.
Obviamente, ese es el texto, como no puede ser otro, de nuestra enmienda.
Los apartados 1, 2 y 3 hablan de profundizar en las obligaciones de
servicio público, controlar los que ya existen, cumplir la normativa
marco europea, impulsar y potenciar la conectividad y, efectivamente, ese
aumento al 75 % previo el trámite, que no tiene nada de formal, de la
aprobación de los presupuestos.

Entro muy rápidamente en el resto de enmiendas que se han
presentado y que no podemos apoyar por distintas razones, básicamente las
expuestas. Tienen contenido económico y no depende de nosotros, del
Partido Popular, aprobar ese contenido económico. Hay normativas marco
europeas de obligado cumplimiento que se estarían saltando y hay otras,
como la de Tenerife Norte, a la que ha hecho referencia la compañera, que
son técnicamente imposibles, inviables.

Acabo, señorías. Me dirijo especialmente a aquellos senadores de
territorios extrapeninsulares que no son de mi grupo, pero que defienden
los intereses de España defendiendo a cada uno de los residentes de su
territorio. Sé que, como yo, creen en la justicia social que representa
el objetivo, que no el texto, de esta moción y por ello les pido que no
permitan que, por un simple titular de prensa, por el prurito político de
mantenerla y no enmendarla —nunca mejor dicho—, no se apruebe
esta moción con cuya filosofía estamos de acuerdo. Acepten esta enmienda,
permitan el consenso, anticipen los intereses de sus ciudadanos a los de
su partido político y hagan posible con su voto, y como paso previo, la
aprobación del 75 % de descuento en vuelos extrapeninsulares en los
Presupuestos Generales de 2018, en el único ámbito donde esto es posible:
el Congreso de los Diputados.

El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría.

El señor RAMIS SOCÍAS: Señores socialistas, la pelota está en su
tejado. Suya es la responsabilidad.

Gracias, señor presidente. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Ramis.

Tiene la palabra la senadora Delgado para indicar si acepta o no
las enmiendas.

La señora DELGADO OVAL: Muchas gracias a todos los grupos que han
presentado enmiendas. He podido hablar con todos y les he explicado las
razones por las que vamos a apoyar algunas y otras, no. Voy a empezar por
el Grupo Popular.

Señor Ramis, dice usted que están de acuerdo con la filosofía de
lo que aquí solicitamos, que están de acuerdo con garantizar el principio
de solidaridad y que les gustaría votar afirmativamente. Dicen ustedes
que el dinero no es el problema, pero entonces no entendemos por qué no
incluyen ninguna de las propuestas que hacemos en esta moción para
abaratar los precios de los billetes, y me dirijo al señor Imbroda,
senador y presidente de la Ciudad Autónoma de Melilla, para que apoye
esta iniciativa y así los ciudadanos de Ceuta y Melilla puedan viajar a
la Península con ese 75 % de bonificación al residente. No incluyen
ninguna de las iniciativas que proponemos, ni el 75 % ni la subvención,
ninguna de ellas, y miren que les proponemos medidas.

Es fácil, ¿apoyan la iniciativa, sí o no? Es fácil, ¿quieren que
los ciudadanos de las comunidades autónomas de Canarias y Baleares y las
ciudades autónomas de Ceuta y Melilla viajen con la bonificación
del 75 %, sí o no? Si la respuesta es sí, voten a favor de la iniciativa
y traigan ustedes, por favor, unos presupuestos. Si no saben hacer los
presupuestos o no tienen capacidad para ello, váyanse del Gobierno.
Váyanse, simplemente. (Rumores.— Aplausos).

Las medidas están muy claras, y lo que les pedimos es que voten a
favor, no lo que ustedes ponen aquí: estudiar si se incluyen en los
presupuestos. Nosotros sabemos claramente que es posible. Estamos
hablando de 3 millones de personas que tienen muchas dificultades para
moverse. No olviden que muchas veces se mueven por problemas de salud y
van a hospitales que están en territorio peninsular. Se olvidan ustedes
también de los ciudadanos de La Gomera y de El Hierro, porque no dicen
ustedes nada.

En cuanto al aeropuerto de Tenerife Sur, aclárense, por favor,
porque ustedes dicen aquí que técnicamente no es viable abrir el Tenerife
Norte y en Canarias dicen que no lo abren porque las compañías no lo han
pedido. Miren, solo Ryanair ha anunciado que cancela 60 000 plazas. Hagan
ustedes la cuenta; eso supone pérdidas de millones de euros para Canarias
y que los ciudadanos de Tenerife queden totalmente aislados.

Por lo tanto, vamos a rechazar la enmienda del Grupo Popular y
vamos a pedir que voten a favor de ese 75 %.

Vamos a aceptar la enmienda de Esquerra Republicana, pero queremos
dejar clara una cosa.

El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría.

La señora DELGADO OVAL: Y es que para declarar la obligación de
servicio público, hay dos opciones: o bien en invierno, como se está
operando ahora, o bien limitar la obligación de servicio público a
regular unas condiciones que garanticen capacidad, frecuencia, buenos
horarios y precio sin que esto signifique un concurso público.

Termino, señor presidente. Con respecto a las enmiendas de
Podemos, vamos a aceptar la número 1. Estamos de acuerdo con la 2, pero
pensamos que debería ser una proposición global —y nosotros la
apoyaríamos— que hablase de todo el transporte para la
incorporación de estándares de reducción de las emisiones de carbono. Por
lo tanto, aceptamos la enmienda 1, pero no la número 2.

Con respecto a las enmiendas de Compromís, nosotros queríamos
centrar en esta iniciativa la problemática del transporte aéreo
extrapeninsular y ellos proponen una serie de cuestiones en territorio
continental o entre las islas.

El señor PRESIDENTE: Termine, señoría.

La señora DELGADO OVAL: Por lo tanto, no aceptamos ninguna de las
enmiendas.

Senadora Castilla, por supuesto aceptamos la enmienda de la
ASG.

Muchísimas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Delgado.

Pasamos al turno de portavoces.

Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra la senadora
Castilla.

La señora CASTILLA HERRERA: Muchas gracias, presidente. Buenos
días, señorías.

La Agrupación Socialista Gomera, como no podía ser de otra manera,
va a votar a favor de la presente moción, pues viene a poner de
manifiesto, una vez más, las singularidades, necesidades y carencias del
archipiélago canario y también de otros territorios extrapeninsulares con
los que nos solidarizamos.

No es la primera ocasión en la que se trata en esta Cámara el
aislamiento, en lo que a transporte aéreo se refiere, al que estamos
sometidos los canarios. Somos varios los senadores del archipiélago que
hemos venido pidiendo de forma reiterada y constante una solución y una
compensación justas.

Señorías, es necesario modular las políticas económicas estatales.
Como he dicho, en Canarias tenemos nuestras singularidades: la
insularidad, la condición de región ultraperiférica y la doble
insularidad, así como limitaciones estructurales permanentes, en
particular en el caso de las islas de La Gomera y El Hierro. El Estado
debe reconocer y compensar estas especificidades porque los canarios no
queremos más de lo que nos merecemos, sino que lo que queremos es estar
en condiciones de igualdad con el resto de los españoles.

El Proyecto de Ley sobre modificación del régimen económico y
fiscal de Canarias ya contempla una de las cuestiones que se piden en la
moción que hoy se debate en relación con el transporte aéreo, y es que ya
se reconoce el carácter de servicio público esencial. Se reconoce su
carácter estratégico y esencial para la cohesión económica, social y
territorial del archipiélago. Se prevén medidas que incentiven una mayor
conectividad de Canarias y una mayor competitividad de sus sectores
estratégicos. Se tienen en cuenta los costes adicionales derivados de la
doble insularidad para las islas, por ejemplo, de La Gomera y El Hierro,
y el principio de continuidad territorial. No obstante, señorías, a pesar
de todo esto, los canarios hemos tenido que sufrir un último episodio de
menosprecio por parte del Ejecutivo estatal y por parte de AENA, como es
el cierre del aeropuerto Tenerife Sur. Para ilustrar a las señorías que
no son de Canarias, quiero señalar que Tenerife cuenta con dos
aeropuertos —norte y sur—. Pues bien, para realizar obras
destinadas a la mejora de este último aeropuerto —obras que, por
supuesto, celebramos— no se ha adoptado medida alguna, sino
simplemente se ha comunicado que se cierra este aeropuerto en horario
nocturno, desde el 3 abril hasta el 30 de junio de 2018, sin alternativa
alguna; bueno, sí, los aeropuertos de Gran Canaria y Fuerteventura, pero
no el de la propia isla de Tenerife.

Por eso, la Agrupación Socialista Gomera quiere mostrar aquí su
total rechazo a esta actitud de menosprecio por parte de AENA a los
aeropuertos canarios y, en definitiva, de menosprecio hacia su economía,
su desarrollo y a todos los canarios, pues no podemos olvidar que vivimos
del turismo y que muchos canarios utilizan el Tenerife Sur para
desplazarse a la Península por motivos de trabajo, de estudio, médicos y
por otras cuestiones.

Por lo tanto, solicito desde aquí que se realicen las gestiones
necesarias para que, ante el cierre del aeropuerto Tenerife Sur, desde
el 3 de abril al 30 de junio de 2018, se mantenga abierto 24 horas el
aeropuerto Tenerife Norte durante todo este tiempo, como también en caso
de prolongarse las obras de reparación. Así podremos dar satisfacción al
interés general y, en definitiva, atender las necesidades de los canarios
y de todas las personas que nos visitan.

Espero que lo que aquí digo se discuta y tenga un efecto positivo.
Y digo esto porque ayer, ante una pregunta oral al ministro de Fomento
sobre otro aeropuerto canario, el ministro dijo que no existían
solicitudes de compañías aéreas para dar respuesta al problema que tenía
ese aeropuerto, lo cual no deja de sorprenderme, pues la pregunta del
senador respondía al interés general. En este sentido, el ministro
debería dar respuesta al interés general de todos los canarios, pero no
sé si le interesa más la iniciativa del sector privado que la de un
senador, que representa a muchos ciudadanos, los cuales nos eligen para
estar aquí. Lo dejo ahí, pero les pido a todas sus señorías que, por
favor, si tienen en cuenta las realidades de todos estos territorios,
apoyen la presente moción.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Castilla.

Senador Navarrete, tiene la palabra.

El señor NAVARRETE PLA: Sí, bon dia, president.

Des de l’escó, ràpidament, per a manifestar el suport del
Partit Demòcrata a aquesta moció que ha presentat el Grup Socialista. I
per anunciar també que, més endavant, presentarem iniciatives en aquest
sentit, recollint suggeriments i propostes que fan més per Menorca
d’enllaçar vols entre Barcelona i Menorca de manera directa i de
manera bonificada.

Gràcies.

Buenos días, presidente.

Intervengo desde el escaño, rápidamente, para manifestar el apoyo
del Partido Demócrata a la moción del Grupo Socialista, así como anunciar
que más adelante vamos a presentar iniciativas en este sentido,
recogiendo sugerencias y propuestas que hacen para enlazar Menorca con
Barcelona a través de vuelos directos y de manera unificada.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Navarrete.

Por el Grupo Parlamentario Nacionalista Partit Demòcrata
(PDeCAT-CDC)-Agrupación Herreña Independiente-Coalición Canaria
(AHI/CC-PNC), tiene la palabra el senador Bagué.

El señor BAGUÉ ROURA: Gràcies, senyor president.

Primer gràcies a la portaveu del Grup Socialista per les seues
explicacions, del per què no ens han acceptat cap de les nostres mocions,
cosa que altres no fan.

I ara, unes petites reflexions sobre les seues explicacions. Ens
ha dit que no acceptaven la primera perquè ja existeix una comissió mixta
entre el Ministeri de Foment i les diferents comunitats autònomes per a
tractar estos temes. Sí, però si vostè analitza les deliberacions i les
anàlisis que fa aquesta comissió en cap moment es tracta el tema que
parlàvem en el punt 1, per tant, voldríem que la comissió mixta o un
altre organisme analitzés este punt. També ens diuen que no a les altres
tres esmenes, a dos d’estes tres esmenes més perquè no forma part
del tema a tractar, perquè diuen que estem tractant tema de transport
continental i de transport entre illes. Bé, hi estem d’acord però
si estem parlant d’un transport a gent que per les seves condicions
geogràfiques tenen pitjors condicions d’accés a eixe transport
podríem incloure-les en estos conceptes i també incloure-les en les
OSP.

I, per últim, ens diuen també que no a fomentar el transport al
port de la Savina, de la part de Formentera. Consultats els nostres
companys de MES a Formentera, ens diuen que sí, que correcte, que
existeixen eixes subvencions però que haurien de ser més i millors i per
a això caldria analitzar-les i millorar-les.

Per últim, tot i no haver acceptat cap de les nostres esmenes, els
anunciem que votarem a favor d’esta moció perquè creiem que és
necessària tot i no estar d’acord en un concepte que es traspua en
esta moció que és el centralisme del transport. Reforça un model caduc de
transport radial perquè sempre demana garantir la connectivitat diària
amb en Madrid i Barcelona. Les Illes Balears estan prou a prop de la
Comunitat Valenciana, del País Valencià, com per a demanar que incloguen
en les OSP un transport aeri o marítim a València i a Alacant. Alacant és
el tercer aeroport d’Espanya. Per tant, per què no, resultaria més
barat per a les arques públiques eixe transport cap al País Valencià. Per
tant, crec que seria necessari replantejar-nos eixe model caduc de
transport radial per a incloure en les OSP estos conceptes de transport a
altres comunitats autònomes més a prop i més barates per a les arques
públiques.

Moltes gràcies, senyor president.

Gracias, señor presidente.

En primer lugar, quiero dar las gracias a la portavoz del Grupo
Parlamentario Socialista por sus explicaciones de por qué no han aceptado
ninguna de nuestras enmiendas, cosa que otros no hacen.

A continuación, haré unas pequeñas reflexiones acerca de sus
explicaciones. Nos han dicho que no aceptaban nuestra primera enmienda
porque ya existe una comisión mixta entre el Ministerio de Fomento y las
diferentes comunidades autónomas para tratar estos temas. Sí, pero si
analiza las deliberaciones de esta comisión verá que en ningún momento se
tratan los asuntos que abordábamos en este primer punto. Por tanto,
queremos que la comisión mixta u otro organismo los analicen. También nos
han dicho que no a las otras tres enmiendas porque no forman parte del
tema a tratar: el transporte intercontinental y entre islas. Estamos de
acuerdo, pero podríamos incluir en estos conceptos las pésimas
condiciones de transporte que tienen determinadas personas por motivo de
su situación geográfica, y también en las OSP.

Por último, nos dicen que no a nuestra proposición de fomentar el
transporte en el puerto de La Savina, en Formentera. Consultados nuestros
compañeros en Formentera, nos dicen que sí, que existen esas
subvenciones, pero que tendrían que ser más y mejores. Por eso, habría
que analizarlas y mejorarlas.

Finalmente, aunque no hayan aceptado nuestras enmiendas, les
anuncio que votaremos a favor de su moción, pues creemos que es
necesaria. Sin embargo, no estamos de acuerdo con un concepto que recoge
el centralismo del transporte, que refuerza el modelo caduco del sistema
radial, que siempre pide garantizar la conectividad diaria entre Madrid y
Barcelona cuando, sin embargo, las islas Baleares están bastante cerca de
la País Valenciano. Podría incluirse en las OSP un transporte marítimo y
aéreo a Alicante, que es el tercer aeropuerto de España, pues resultaría
más barato para las arcas públicas ese transporte hacia el País
Valenciano. Creemos que sería necesario replantearnos este modelo caduco
de transporte y dirigirlo hacia otras comunidades autónomas, con el fin
de que fueran transportes más cercanos y más baratos para las arcas
públicas.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Bagué.

Senador Rodríguez Cejas, tiene la palabra.

El señor RODRÍGUEZ CEJAS: Gracias, señor presidente.

Señorías, Andrea es una joven estudiante herreña que se trasladó a
Madrid hace unos años a estudiar su carrera, que no existe en Canarias, y
aquí encontró además su oportunidad laboral. Desde entonces no ha vuelto
a residir en las islas. Carlos es un joven músico que dejó su tierra en
busca de las oportunidades que le ofrecía una ciudad como Barcelona, y
allí reside en la actualidad. Sofía dejó El Hierro con 25 años para
trasladarse a Granada, en principio a finalizar sus estudios, pero en la
actualidad reside todavía en esta ciudad porque con su trabajo de media
jornada consigue prolongar su formación. ¿Saben lo que tienen en común
estas tres personas, señorías? Aparte de que son herreñas y que han
salido fuera a labrarse su futuro con su esfuerzo y el de sus familias,
ninguna de las tres puede permitirse el lujo de viajar hasta El Hierro
más de una semana al año. Los precios desorbitados de los billetes aéreos
entre la Península y Canarias, especialmente en las fechas en las que se
pretenden reunir con sus familiares, en Navidad, en Semana Santa, en
verano, hacen que viajar a su tierra se haya convertido en un auténtico
lujo. Esto, por no hablar de los turistas que nos visitan. Hace muy poco
coincidí con un grupo de mayores que viajaba a Canarias y durante el
vuelo me comentaron lo caro que les había resultado volar hasta las
islas, que se lo habían pensado mucho.

Ayer le decía al ministro de Fomento que en una entrevista en un
periódico, cuando le preguntaban por los proyectos pendientes, si se
aprobaran los nuevos presupuestos, él solo nombraba aumentar los
kilómetros de carretera y de ferrocarril. Ya que aquí se ha hablado tanto
de los presupuestos, si se aprobaran, ya vemos cuáles serían las
prioridades. Por eso es tan importante aprobar hoy esta moción.

Esta es la realidad que estamos debatiendo hoy aquí, una realidad
que tiene nombres propios, una realidad que además tiene detrás muchas
situaciones personales. No digo que no sean importantes otras
reivindicaciones, no queremos desmerecer estas demandas, ni mucho menos,
lo que echamos en falta es que el transporte aéreo en los territorios
alejados del continente sea también considerado de especial interés
porque, en definitiva, los aviones son nuestro AVE y nuestros aeropuertos
son las carreteras.

Es un asunto sensible y esencial, por lo que esta moción, en la
que se reivindican diferentes medidas para abaratar el coste del billete
aéreo entre Canarias y la Península, debe gozar del máximo consenso y
apoyo en esta Cámara hoy en este Pleno, y así lo hará la Agrupación
Herreña Independiente Coalición Canaria. Esta es la oportunidad, señorías
del Partido Popular, de que demuestren a los canarios y a los herreños en
particular que por encima de otros intereses están los intereses de la
ciudadanía. No estamos pidiendo limosnas, estamos reivindicando estar en
igualdad de oportunidades, estar en las mismas condiciones y en el mismo
punto de partida que cualquier ciudadano del territorio español, y que
nuestra ultraperificidad no sea un escollo sino, más bien al contrario,
una oportunidad para crecer en otras direcciones. El Estado debe avanzar,
por tanto, y así lo consideramos, en trabajar con el objetivo de que la
movilidad a un canario le pueda costar por kilómetro exactamente lo mismo
que a un ciudadano peninsular, ni más ni menos. Les insto a cumplir así
con el artículo 14 de la Constitución española y leo solamente el
fragmento que tiene que ver con esta demanda: los españoles son iguales
ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de
nacimiento. Les invito a respetar y aplicar esa Constitución tan
recurrida para algunas cuestiones, espero que también lo sea para
esta.

Señorías del Partido Popular, y me dirijo a ustedes porque gozan
de un amplia mayoría en esta Cámara, es hora de pasar de las palabras a
los hechos, tal y como ustedes mismos reivindican en el Parlamento de
Canarias.

Gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Rodríguez Cejas.

Por el Grupo Parlamentario Vasco, tiene la palabra la senadora
Iparragirre.

La señora IPARRAGIRRE BEMPOSTA: Eskerrik asko, mahaiburu jauna.
Egun on. Buenos días.

En primer lugar, quiero enviar un saludo al senador Cruz,
proponente de la interpelación. Espero que se mejore.

Decía ayer mismo el ministro en respuesta a una pregunta del
senador Rodríguez Cejas que, probablemente, era uno de los aeropuertos
canarios de los que más se había hablado en esta Cámara tanto en
respuesta a preguntas como en interpelaciones. En el tiempo que llevo en
esta Cámara, me ha tocado en varias ocasiones debatir y fijar la postura
de nuestro grupo en torno a este tema. La pregunta que debería hacerse el
ministro, el grupo que sustenta al Gobierno y el propio Gobierno sería
por qué hay que traer a debate esta cuestión reiteradamente. Si tantas
veces se ha hablado al respecto, la conclusión es muy fácil, será porque
la solución no está dada, será porque la solución dada no ha sido la
acertada o verdaderamente no responde a las necesidades que
reiteradamente se trasladan a esta y otras cámaras. Como se ha dicho, los
debates se celebran aquí, pero también en Canarias, y las posturas parece
que no siempre son las mismas.

Como en otras ocasiones he manifestado en nombre de mi grupo, la
posición del Grupo Vasco no puede ser otra que la solidaridad con la
postura que se plantea, puesto que en relación con los aeropuertos
vascos, en muchas ocasiones hemos planteado las dificultades que
teníamos. Acuérdense del aeropuerto de San Sebastián-Hondarribia con la
excepcionalidad, o el de Foronda con la reivindicación de las 24
horas.

Este debate nos vuelve a traer una diversa realidad territorial,
esa que para el grupo mayoritario y el grupo que apoya al Gobierno no es
más que motivo de reivindicación del café para todos; esa justicia o
equidad, para que donde haya nacido cada uno no suponga un beneficio, o
esa mal llamada en ocasiones solidaridad. Llama la atención que ustedes,
que tanto apelan a eso, en este momento no sean capaces de empatizar o de
darse cuenta de la realidad que nos trasladan. Lo han puesto de
manifiesto aquí anteriormente. Los traslados que tienen que hacer los
canarios y las canarias no son únicamente para trabajar, como les puede
ocurrir a algunos compañeros que tienen venir a Madrid, sino por motivos
de salud, de estudio, por cuestiones necesarias para el día a día, para
que todos y todas las canarias tengan calidad de vida.

Por lo tanto, en relación con esas diferentes realidades, llama la
atención que la respuesta sea la que han dado ustedes y que no sean
conscientes de que esas diferentes realidades necesitan diferentes
respuestas, para que dentro de dos legislaturas no se siga debatiendo en
esta Cámara sobre las necesidades que reiteradamente plantean las
canarias y los canarios. Por lo tanto, el Grupo Vasco dará apoyo, como no
podía ser de otra manera, a esta moción.

Eskerrik asko.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Iparragirre.

Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, tiene la
palabra el senador Picornell.

El señor PICORNELL GRENZNER: Sí, bon dia. Gràcies al Partit
Socialista per presentar una moció amb una temàtica tan i tan important
per als illencs, per la gent que no viu en territori peninsular.






Estem
davant d’un problema gran i davant d’un problema que, de fet,
fa molts anys que dura. Deixi’m que em centri en la problemàtica de
les illes, en general, i Menorca en particular, perquè són els principals
afectats de la qüestió. Com deia, és un problema que ve de lluny. Des de
més enllà de l’any 2000, que s’està plantejant el debat en
reiterades ocasions en seu parlamentària i aquí no ha avançat
absolutament ningú. Jo aquí voldria donar les culpes tant al Partit
Socialista com al Partit Popular, perquè, de fet, des de l’any 2000
han tingut ocasió en reiterades vegades de canviar i de millorar la
qualitat de vida dels menorquins i les menorquines i dels illencs en
general, i no ho han fet. I ara avui tornen a portar aquí una moció, es
tiren els plats pel cap Partit Popular i Partit Socialista però el més
calent és a l’aigüera.

Què hem fet des de l’any 2000? Doncs hem generat consens.
Hem generat consens, hem generat unanimitat. Tothom està a favor, tothom
entén que necessitem millorar la connectivitat entre les illes. Però, què
és el que passar? Insisteixo. En seu parlamentària es porta un debat,
s’aprova per unanimitat. Tots els grups parlamentaris estan a favor
del que s’està plantejant. Però aquesta iniciativa arriba en forma
de proposició de llei al Congrés dels Diputats i el govern del Partit
Popular la tomba, ni tan sols deixa que es debati aquesta iniciativa. El
Partit Popular, Ciutadans tenen molta responsabilitat en aquest sentit.
Per tant, no poden sortir aquí dient que estan a favor d’una cosa i
després rebutjar-ho a la mesa del Congrés. Em sap molt greu, és el nostre
punt de vista.

Podem posar-hi pedaços, podem posar-hi algunes solucions com el
descompte per als residents. Però fins ara res d’això ha funcionat.
I, de fet, podríem dir que ja hi ha una obligació de servei públic entre
Menorca i Madrid, però per què no hi ha una obligació de servei públic
entre Menorca i Barcelona, per exemple? I és evident que el descompte,
—que fa anys que existeix i que es va ampliar en els últims
pressupostos generals de l’estat— no funciona. I el Partit
Popular deia que havíem de passar del vers a la prosa. Doncs mirin, la
tarifa plana no garanteix que els ciutadans i ciutadanes puguin
traslladar-se amb igualtat de condicions, que ho faria qualsevol persona
de la Península. Deixi’, que els posi un exemple. Ahir, un vol, per
un dissabte corrent, per un destí Menorca-Barcelona, destí Barcelona,
costava, amb el descompte de resident, 120 euros. I això no és operar, no
és donar suport a tota la gent que vol desplaçar-se lliurement, que
necessita desplaçar-se lliurement i, des d’aquí, també recordar
tots els estudiants que s’han de desplaçar.

En el cas de la Península, hi ha una sèrie d’inversions en
infraestructures, ferroviàries, en infraestructures terrestres, i què
passa amb les illes? Què passa amb aquells territoris que no en poden
tenir? Jo crec que aquí l’estat també ha d’empènyer. I, de
fet, un diputat del Partit Popular, a l’abril de l’any
passat, en seu parlamentària, al Parlament de les illes, deia: si es
decideix tarifa plana universal, el que hem de fer és empènyer tots, hem
de anar tots cap a l’objectiu. Això ho deia un diputat del Partit
Popular. Com deia abans, el més calent és a l’aigüera.

Per tant, tenim una realitat. Tenim una realitat que milers de
persones s’han de desplaçar a diferents, a Barcelona,
majoritàriament. I no els estem donant cobertura, no els estem ajudant en
aquest sentit. El descompte resident no funciona, no serveix, perquè els
preus pugen, les tarifes pugen i el descompte es queda al mateix lloc on
havíem començat. Per tant, tenim un objectiu, no deixin passar més temps,
no es passin la pilota els uns als altres, quan governi el Partit
Popular, si us plau, facin alguna cosa. Si governa el Partit Socialista,
si us plau, treballin també en aquesta direcció. Millorem la qualitat de
vida de tots els menorquins i menorquins, formenterers i formentereres,
ibisencs i ibisenques i aconseguim la tarifa plana universal.

Moltes gràcies.

Buenos días.

Quiero dar las gracias al Grupo Socialista por presentar una
moción con una temática tan importante para los isleños, para quienes no
viven en territorio peninsular. Estamos ante un gran problema que perdura
desde hace muchos años. Dejen que me centre en la problemática de las
islas en general y de Menorca en particular ya que son los principales
afectados por esta cuestión.

Como decía, se trata de un problema que viene de lejos. Más allá
del año 2000, se ha venido planteando el debate en reiteradas ocasiones
en sede parlamentaria y no se ha avanzado nada. Y yo quisiera culpar aquí
tanto al Partido Socialista como al Partido Popular, porque, de hecho,
desde el año 2000 han tenido en reiteradas ocasiones la posibilidad de
cambiar la calidad de vida de los menorquines y de las personas de las
islas en general y no lo han hecho, y hoy vuelven aquí con una moción, se
tiran los platos a la cabeza otra vez, pero no se ha avanzado en
nada.

¿Qué hemos hecho desde el año 2000? Hemos generado consenso,
unanimidad, todos estamos a favor de la necesidad de mejorar la
conectividad entre las islas, pero ¿qué ocurre? Insisto, en sede
parlamentaria se debate, se aprueba por unanimidad, todos los grupos
parlamentarios votan a favor de lo que se está planteando, pero esta
iniciativa llega en forma de propuesta de ley al Congreso de los
Diputados y el Gobierno del Partido Popular lo tumba. Ni siquiera deja
que se debata esta iniciativa. Y yo creo que el Partido Popular y
Ciudadanos tienen mucha responsabilidad en este sentido. No pueden salir
aquí diciendo que están a favor de algo y después rechazarlo en la Mesa
del Congreso. Me sabe mal decirlo, pero es nuestro punto de vista.

Podemos dar pequeñas soluciones, como el descuento para los
residentes, pero hasta ahora nada de esto ha funcionado. De hecho,
podríamos decir que hay una obligación ya de servicio público entre
Menorca y Madrid, pero ¿por qué no existe entre Menorca y Barcelona, por
ejemplo? Es evidente que el descuento, que hace años que existe y que se
amplió en los últimos Presupuestos Generales del Estado, no
funciona.

El Partido Popular dijo que teníamos que pasar del verso a la
prosa. Pues bien, la tarifa plana no garantiza que los ciudadanos y
ciudadanas puedan trasladarse en igualdad de condiciones con cualquier
persona de la Península, y voy a ponerles un ejemplo. Ayer un vuelo
corriente Menorca-Barcelona costaba con el descuento de residente 120
euros. Esto no es operar o dar apoyo a todos aquellos que quieren o
necesitan desplazarse libremente. Y también quiero recordar aquí a todos
los estudiantes que se tienen que desplazar.

En el caso de la Península hay una serie de inversiones en
infraestructuras ferroviarias terrestres. Pero ¿qué ocurre con las islas,
qué ocurre con aquellos territorios que no lo pueden tener? Yo creo que
el Estado tiene que dar un impulso. De hecho, un diputado del Partido
Popular, en abril del año pasado y en sede parlamentaria, en el
Parlamento de las islas, dijo: Si se decide tarifa plana universal,
tenemos que impulsarlo todos, tenemos que ir todos hacia el objetivo.
Esto lo decía un diputado del Partido Popular.

Como les decía antes, todo está por hacer. Tenemos una realidad:
miles de personas se tienen que desplazar a distintas partes, a Barcelona
mayoritariamente, y no les estamos dando cobertura ni les estamos
ayudando.

El descuento residente no funciona, porque los precios suben, las
tarifas suben y el descuento se queda en el mismo sitio que empezó.
Tenemos un objetivo, no dejen pasar más tiempo, no se vayan pasando la
patata caliente; por favor, Gobierno del Partido Popular: haga alguna
cosa. Partido Socialista, también trabajen en esta dirección. Mejoremos
la calidad de vida de todos los menorquines y de todas las personas de
las islas, también de las de Ibiza, para conseguir la tarifa plana
universal.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Picornell.

Por el Grupo Parlamentario Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea,
tiene la palabra la senadora Garrido.

La señora GARRIDO GUTIÉRREZ: Gracias, presidente.

Como algunos estudios recientes demuestran, hay un sobrecoste por
el hecho de habitar o de vivir en las islas; se dan algunos factores que
son especialmente relevantes y que están interrelacionados, que afectan
tanto al coste de vida de los habitantes de las islas como a su calidad
de vida; el coste y calidad de vida se ven afectados por esto factores.
Podríamos citar que hay recursos naturales y energéticos limitados,
servicios públicos escasos y elevados costes de transporte, que es de lo
que estamos hablando. Los costes del transporte repercuten en las
regiones insulares, fundamentalmente a través de dos vías: por un lado,
desde una perspectiva más macroeconómica, el coste de acceso a mercados
que tienen las islas por la importación y la exportación de materias
primas y todo su proceso de fabricación. Esto significa que esta economía
se debe enfrentar a ciertos obstáculos que no tienen otros territorios de
la Península. Por otro lado, el sobrecoste que soportan los residentes a
la hora de realizar cualquier actividad que requiera movilidad interislas
o la conexión con la Península.

En este tipo de territorios se multiplica la necesidad de
movilidad, por la carencia en muchos casos de determinados servicios o de
oportunidades. Esta situación también es extensible a otras ciudades
autónomas, como Ceuta y Melilla, que asumen los mismos sobrecostes. La
imposibilidad de llegar hasta la Península por cualquier otro medio de
transporte en un plazo razonable de tiempo hacen necesarias, cómo no,
ayudas a esta conexión vía aérea. Evidentemente, como recordaba el
ministro no hace mucho, esta propuesta tiene un coste, que desde luego es
bastante inferior a lo que se gastan en el rescate a radiales privadas o
a entidades bancarias.

Lo que no se dijo el otro día es que también la inacción tiene un
coste y unas consecuencias. Tiene consecuencias sobre los bolsillos de
las personas que habitan en las islas; tiene consecuencias sobre su
capacidad de tener igualdad de oportunidades, que es lo importante, con
el resto de los españoles y españolas. Porque no debemos olvidar que en
la mayoría de los casos las personas que viajan a la Península no lo
hacen para pasear por Madrid o por otra ciudad, sino por motivos
laborales, por estudios, por la necesidad de recibir asistencia
sanitaria, etcétera. Por tanto, estas personas están a merced de los
precios impuestos en estas fechas por los diferentes operadores.

Todo esto genera una cierta indefensión y en muchos casos un
sobreesfuerzo económico para las familias y los hogares que en muchos
casos tienen recursos limitados. Territorios como Canarias o las ciudades
de Ceuta y Melilla, como ya sabemos, concentran altos niveles de paro y
de rentas bajas. Por tanto, esta situación hace que resulte más
necesario, si cabe, el apoyo a sus ciudadanos y ciudadanas.

Por eso considero que esta moción es totalmente pertinente y mi
grupo la apoyará. Quizá nos dejemos en el tintero algunas cuestiones
importantes, como la necesidad de atajar el problema de la doble
insularidad, como tampoco queremos dejar de recordar la necesidad de
mejora de interconexión entre las islas.

En todo caso, repito, mi grupo apoyará esta moción.

Gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Garrido.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la
senadora Delgado.

La señora DELGADO OVAL: Gracias, señor presidente.

Señorías, con esta moción queremos compensar la lejanía, la
insularidad y las limitaciones estructurales para garantizar la cohesión
económica, social y territorial. No creo equivocarme si afirmo que todos
los partidos con representación en esta Cámara han asumido este
compromiso. Ahora toca demostrarlo, señorías del Partido Popular.

Somos más de 3 millones de españoles, reitero, los que residimos
lejos y tenemos que viajar a la Península por muchos motivos, por
ejemplo, nuestros jóvenes en busca de la titulación que no encuentran en
nuestras universidades. Los problemas que tenemos son de sobra conocidos:
precios elevados, falta de rutas, escasez de frecuencias, etcétera. Por
tanto, ¿estamos, señorías, en igualdad de condiciones los ciudadanos de
Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla cuando el medio de transporte más
rápido para nosotros, el avión, tiene unos precios mucho más elevados que
otro medio de transporte terrestre al que puede optar un ciudadano en la
Península?

No son ustedes el único Gobierno que está en minoría. En Baleares
hay un Gobierno en minoría que tiene presupuestos. Traigan ustedes unos
presupuestos. Les voy a recordar una foto, tomada el 23 de noviembre
de 2017, de una reunión de representantes del Gobierno de Canarias,
Baleares, Ceuta y Melilla, en la que pidieron la bonificación del 75 % y
el 100 % de la subvención de las tasas. En esa reunión había
representantes de todos los partidos políticos, incluidos los del Partido
Popular. Vuelvo a hacer un llamamiento al senador Imbroda, presidente de
la ciudad de Melilla: por favor, apoyen esta iniciativa. Sean coherentes
con lo que dicen en sus territorios.

El Gobierno puede poner muchas medidas en marcha para compensar
esta desigualdad. De la misma manera que el Gobierno trata de mejorar la
conectividad en la Península invirtiendo en el AVE, debe invertir en
estos territorios, y eso pasa por la subvención del 75 % a los billetes.
¿Cuántas veces han oído ustedes que es más barato ir a Londres desde
Canarias o a Berlín desde Baleares que ir a Madrid? La conectividad de
estos territorios, señorías, no se puede dejar en manos de las compañías
aéreas, no puede depender de las cuentas de resultados y de las políticas
empresariales, porque es el único medio de transporte rápido que
tenemos.

Señorías, para los que tienen poca memoria, les recuerdo, aunque
en Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla lo recordamos muy bien, que fue un
Gobierno socialista el que subió la bonificación del 33 al 50 % para los
residentes en estos territorios. Sin embargo, el Gobierno del Partido
Popular no ha hecho nada en todos estos años. El ministro, en el último
Pleno, dijo que no teníamos ni idea de lo que costaba esta medida, que
costaba 400 millones al año. Nosotros sabemos lo que cuesta esta medida,
pero nos preguntamos, ¿sabe el Gobierno y el Partido Popular cuál es el
coste para el desarrollo de estos territorios la falta de oportunidades,
no tener las mismas posibilidades que el resto de los ciudadanos porque
no tenemos forma de desplazarnos? Ante cualquier medida que se presenta
para mejorar la conectividad de estos territorios con la Península, el
Partido Popular hace lo siguiente: en el Congreso de los Diputados lo
veta en la Mesa, y en el Senado dicen que tienen que estudiarlo.
Nosotros, lejos de buscar responsables, venimos aquí a plantear
soluciones necesarias para garantizar los principios de solidaridad, con
atención particular a las circunstancias derivadas del hecho insular,
conforme al artículo 138 de la Constitución española.

Quiero recordarles también que Tenerife no puede quedar cerrada a
cal y canto en horario nocturno, que urgen soluciones, y la solución es
abrir Tenerife Norte en horario nocturno. Señoría, cuando hablamos del
aeropuerto Tenerife Sur estamos hablando de uno de los aeropuertos más
rentables de España y, por falta de planificación por parte de AENA, se
verá obligado a cancelar vuelos y reducir operatividad. Nos parece
intolerable e inaceptable y exigimos al Partido Popular que sea
responsable.

Ahora, el Partido Popular presenta una enmienda y dice que
estudiará los presupuestos. Nosotros proponemos una medida concreta, y es
subir al 75 %. ¿Quieren o no? Si quieren, de verdad, voten a favor. Pero
parece que el Partido Popular condiciona su apoyo a la igualdad y al
principio de solidaridad con Canarias, Baleares Ceuta y Melilla a un
cheque en blanco. Qué lástima y que pena, de verdad. No pedimos limosna,
pedimos que se cumpla con la Constitución.

El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría.

La señora DELGADO OVAL: Termino, presidente.

Señorías, mientras el presidente del Gobierno habla de
consolidación de la recuperación económica, les diré que somos 3 millones
de personas las que seguimos estando lejos del territorio peninsular, y
eso tiene consecuencias para nuestra economía y nos resta oportunidades,
por lo que el Gobierno no puede ni debe darnos la espalda.

Por último, quiero mandar un afectuoso saludo y desear una pronta
recuperación a nuestro compañero, el senador Julio Cruz, en nombre del
Grupo Parlamentario Socialista.

Muchísimas gracias, señor presidente. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Delgado.

Nos unimos a ese deseo de restablecimiento del senador Cruz.

Por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado, tiene la palabra
la senadora Soler.

La señora SOLER TORRES: Gracias, señor presidente.

Bon dia, buenos días. Una vez escuchadas las intervenciones de los
diferentes portavoces, quiero decir que parece que salir aquí a decir
mentiras sale gratis. Intentaré explicar las verdades. Nos encontramos
una vez más ante una moción que solo pretende buscar la división entre
los intereses de los ciudadanos de Baleares, Canarias, Ceuta y Melilla.
Señora Delgado, ¿usted puede poner en entredicho que nosotros no estemos
de acuerdo con elevar una bonificación del 75 % de los precios de los
billetes aéreos en todos los trayectos, en ambos sentidos, entre islas
Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla con el resto del territorio nacional?
Por eso hemos presentado la enmienda, enmienda que usted no ha admitido.
Curiosamente, ha admitido las del resto de partidos políticos, excepto la
del PP, porque, como siempre, el PSOE se equivoca de foro para debatir
los temas, busca el titular de prensa en lugar de buscar la solución a
los problemas.

En lo referente al aeropuerto de Tenerife Sur —y usted lo
conoce, señora Delgado—, sabe que va a estar cerrado desde las once
de la noche a las seis y media de la mañana para regenerar el pavimento y
que todas las compañías aéreas han reprogramado sus vuelos, excepto
Ryanair. ¿Por qué dice lo que dice en esta tribuna?

Senyor Picornell, d’Esquerra Republicana de Catalunya, ses
illes són meves, no seves. Meves, de Mallorca, Menorca, Eivissa i
Formentera. No de Catalunya. (Aplausos.— Las islas son mías, no
suyas. Mías, de Mallorca, Menorca, Ibiza y Formentera. No de
Cataluña).

Se lo diré más claro: la OSP Menorca-Barcelona no se puede
declarar porque ya está cubierta y usted sabe que Europa no permite
hacerlo cuando ya lo está y no se puede declarar. Pero como ustedes están
acostumbrados a saltarse la ley, cualquier cosa les sirve.

Y me gustaría refrescarles la memoria, pero no lo voy a hacer
porque lo ha manifestado la señora Delgado. Efectivamente, el 22 y 23 de
noviembre se reunieron en Palma de Mallorca las delegaciones de Ceuta,
Melilla, Canarias y Baleares y curiosamente esas delegaciones
—donde gobiernan Partido Popular, Coalición Canaria y PSOE—
aunaron sus esfuerzos y sus reclamaciones y hoy aquí el PSOE pretende
dividir estos esfuerzos y estas reclamaciones con una moción oportunista
y que llega tarde y mal.

La realidad se impone y la realidad es una. Ha sido el Gobierno de
Mariano Rajoy y será el Gobierno de Mariano Rajoy el que, si consigue
aprobar los presupuestos, hará esta bonificación del 75 %. ¿Y qué pasará,
señores del PSOE, si ustedes no dan apoyo a estos presupuestos? ¿El PSOE
votará en contra de esta bonificación? Vayamos recordando. Con un solo
año y seis meses de Gobierno de Rajoy ¿quién ha incrementado del 50
al 75 % el descuento entre islas? ¿Quién ha garantizado el 50 % en la
subvención en los desplazamientos hacia y desde la Península por vía
marítima y aérea? ¿Quién ha conseguido por ley que Ceuta y Melilla
accedan a una compensación de hasta el 50 % de los costes de transporte
en determinados productos y se esté trabajando en el desarrollo
reglamentario? Y ahora le pregunto, señora Delgado, ¿qué hicieron ustedes
en ocho años? Usted aquí ha mentido. (Aplausos).

Les diré más, señores del PSOE, los únicos que pusieron en
entredicho y en riesgo las bonificaciones en la crisis económica fue un
Gobierno, el Gobierno del señor Zapatero. Se han aumentado, en el caso de
Baleares y Canarias, sensiblemente los porcentajes máximos de
compensación de los costes subvencionables en 30 puntos porcentuales. En
concreto, me dirijo al señor Antich, que no está en este hemiciclo
(Denegaciones), a la señora Delgado, de Canarias, a la señora Quetglas,
de Podemos, ¿ustedes, que son de Baleares, Canarias, han convencido a sus
partidos políticos para que den su voto favorable a los presupuestos del
año 2018?

Ustedes estiman el coste de esta moción en 250 millones de euros,
cuando nosotros creemos que no son suficientes ni 400 millones de euros.
No es una cuestión económica, es una cuestión política. Puede ser que
hagan lo que han hecho hasta ahora, pedir sin ser responsables.
(Protestas). A ustedes se les ofreció un presupuesto con el que a todos
los ciudadanos de Baleares, Canarias, Ceuta y Melilla se les daba la
oportunidad de tener una bonificación, ¿qué hicieron ustedes? Votaron en
contra (Rumores).

El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría.

La señora SOLER TORRES: Voy terminando, presidente.

Votaron en contra de nuestros intereses, y ahora aquí usted los
quiere defender. ¿Podemos pensar que con su voto favorable a esta moción
ustedes quieren llegar a un acuerdo a favor de los presupuestos de 2018
en relación con el transporte aéreo y marítimo entre Baleares, Canarias,
Ceuta y Melilla?

Si no aceptan nuestra enmienda, no nos queda más remedio que votar
en contra de esta moción. Pero les digo más, nosotros votaremos a favor
de los Presupuestos Generales del Estado para 2018, en los que se va a
reflejar quién está a favor de los intereses de Baleares, Canarias, Ceuta
y Melilla y quién no, quedando fuera, como siempre, de los intereses de
las islas.

Gracias. (Aplausos.— El señor Antich Oliver pide la
palabra).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Soler.

Senador Antich, tiene la palabra.

El señor ANTICH OLIVER: Señor presidente, estoy convencido de que
en el Reglamento del Senado tiene que haber algún artículo que me ampare
a la hora de poder contestar a la interpelación que se me ha hecho por
parte de la responsable del Grupo Popular (Rumores). Estoy convencido de
que un Reglamento como el del Senado tendrá un artículo que me dará la
posibilidad de contestar.

El señor PRESIDENTE: Búsquelo usted, senador Antich, a ver si lo
encuentra, búsquelo. La única alusión personal que ha habido hacia usted
ha sido que no se encontraba presente en la sala y todo el hemiciclo se
ha dado cuenta de que efectivamente sí estaba (Rumores).

El señor ANTICH OLIVER: No, señor presidente (Rumores).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias. (Aplausos).

Llamen a votación. (Pausa).

Cierren las puertas.

Señorías, sometemos a votación la moción consecuencia de
interpelación del Grupo Parlamentario Socialista, con la incorporación de
las enmiendas aceptadas del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana,
del Grupo Parlamentario Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea y de la
senadora Castilla, del Grupo Parlamentario Mixto.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 255;
votos emitidos, 255; a favor, 104; en contra, 145; abstenciones, 6.

El señor PRESIDENTE: Queda, por tanto, rechazada.

El señor presidente da lectura a los puntos 8. y 8.1.

El señor PRESIDENTE: A esta moción se han presentado tres
enmiendas: dos del Grupo Parlamentario Mixto —una por iniciativa de
los senadores Mulet y Navarrete, y una por iniciativa de los senadores
Alegre, Crisol y Marcos—; y una del Grupo Parlamentario
Socialista.

Para la defensa de la moción, por tiempo de diez minutos, tiene la
palabra, en nombre del Grupo Parlamentario Popular, el senador Rodríguez
Pérez.

El señor RODRÍGUEZ PÉREZ: Señor presidente, señorías, comparezco
en esta tribuna para presentar, otra vez, la moción del Grupo
Parlamentario Popular relativa al apoyo que merece la figura de la
prisión permanente revisable, ya incorporada, como saben ustedes, a
nuestro Código Penal por la Ley Orgánica 1/2015. Y traemos nuevamente
esta iniciativa a debate para frenar, digo bien, para frenar la
contrarreforma legal que las fuerzas políticas de izquierda y populistas,
representadas en esta Cámara, junto con el Partido Nacionalista Vasco y
Ciudadanos, apoyan para suprimir la prisión permanente revisable de
nuestro Código Penal.

Como ya saben todas sus señorías, el Partido Popular está
movilizándose en toda España para que, tanto en las instituciones locales
como en las asambleas parlamentarias autonómicas, se desarrolle este
mismo debate. Y el resultado de este debate, allí donde ya se ha
producido, no deja lugar a dudas: somos el único partido que defiende la
figura de la prisión permanente revisable. Ciudadanos se abstiene cuando
antes pedía su derogación, es decir, es el partido ni del sí ni del no,
pero no nos sorprende de un partido que se caracteriza, precisamente, por
la revisión permanente de sus principios. Ni tienen las ideas claras ni
tienen los principios muy firmes y cuando no se tienen ni las ideas
claras ni firmes los principios, esto puede traer consecuencias muy
peligrosas para todos los españoles.

Señorías, la figura de la prisión permanente revisable,
incorporada al vigente Código Penal, es la respuesta firme, proporcionada
y plenamente constitucional frente a aquellos condenados por crímenes
atroces, execrables diría yo, que al quedar sin efecto la llamada
doctrina Parot, se beneficiaron, sin el menor arrepentimiento, de los
mecanismos de reducción de pena y, de esa forma, recobraron la libertad
después de unos pocos años de privación de libertad. Todos somos
conocedores, señorías, de los casos en que algunos de estos criminales
volvieron a delinquir al poco tiempo de volver a la calle. Por esto
mismo, existe la necesidad de tener un mecanismo que mantenga en prisión
a los asesinos de menores o personas vulnerables, a violadores que matan
a sus víctimas, a los terroristas, sin que puedan ver reducida su pena
acudiendo a beneficios penitenciarios y, por ello, la prisión permanente
revisable se hace imprescindible como respuesta proporcionada, como he
dicho.

La prisión permanente revisable no es equiparable, señorías, a la
cadena perpetua; por el contrario, establece un tiempo de privación de
libertad que no se podrá reducir para salir en libertad provisional y que
se podrá solicitar superado ese tiempo de prisión, poniendo en manos de
la justicia cada uno de los casos para verificar fehacientemente si se
dan o no las condiciones de arrepentimiento y reinserción antes de volver
a convivir en nuestras ciudades, en nuestros pueblos, en nuestros barrios
y con nuestras familias. La fórmula de la prisión permanente revisable
está ampliamente homologada y asumida en muchos países de la Unión
Europea. Por tanto, no somos ninguna excepción. Reino Unido, Alemania,
Francia, Italia o Grecia son algunos ejemplos de países europeos cuyos
ordenamientos jurídicos prevén figuras similares, en algunos casos, para
supuestos delictivos en mayor número que en el caso de nuestro
ordenamiento jurídico.

Señorías, en un tema como este permítanme decirles que hay que
hablar claro. No tiene nada de progresista apelar al principio de
reinserción social para justificar que un asesino condenado por un crimen
escalofriante recupere la libertad en unos pocos años cuando acumula una
o varias condenas firmes por mucho más tiempo. Esto es lo que defienden
las fuerzas de izquierda o populistas.

Como tampoco vale esconderse en la abstención, como hace
Ciudadanos, un partido con un calculado ejercicio de funambulismo
político para no comprometerse en una cuestión que si algo no admite es
precisamente la equidistancia. Señorías de Ciudadanos, dejen atrás esa
hipocresía y esos discursos de buena voluntad para quienes por sus
crímenes no lo merecen, y den un paso adelante para defender el
cumplimiento de unas condenas firmes, pero justas, al igual que hacen
miles y miles de ciudadanos españoles.

Nada menos que 2 millones de españoles se han unido a esta demanda
con su firma a través de la plataforma Change.org, a la que deberíamos
sumarnos todos. Hay mucho dolor en juego, y como digo, más de 2 millones
de personas postulan el mantenimiento de la prisión permanente revisable
en nuestro actual Código Penal. Síganles, señorías; sigámosles. Si tienen
dudas constitucionales, dejen que Tribunal Constitucional las resuelva,
que se pronuncie, pero no anticipen ustedes la postulación de su
derogación. Los ciudadanos están pidiendo respuestas, no resignación ante
la reincidencia de delitos execrables que requieren del máximo reproche
penal. Una respuesta penal proporcionada a su gravedad y a la alarma
social que generan.

Esta iniciativa, señorías, no es ni populismo punitivo ni
demagogia. No lo es en absoluto, es de justicia y de sentido común. No se
trata de faltar a la garantía de la justicia, sino de usarla a favor de
la sociedad española en su conjunto. El mantenimiento de esta figura de
la prisión permanente revisable incluida en el Código Penal en 2015 es un
clamor social; es adecuada, es proporcionada, es necesaria, es útil y es
compatible con nuestro ordenamiento jurídico, porque con la prisión
permanente revisable protegemos a la sociedad, y la protegemos de
delincuentes que, como digo, son crueles en sus comportamientos, unos
comportamientos especialmente peligrosos, mientras no esté acreditado que
no van a volver a reincidir. No olvidemos nunca que los únicos que
cumplen cadena perpetua por estos crímenes son las familias de las
víctimas, son también sus amigos, una cadena perpetua de sufrimiento que
no tiene fecha de finalización. Ese dolor, señorías, es permanente;
desgraciadamente no es revisable. Precisamente por ellos no podemos
permitir que en ningún caso los criminales se puedan aprovechar de un
ordenamiento jurídico que a la vista de los hechos se revela en ocasiones
permisivo y tolerante con aquellos que representan una amenaza real para
el conjunto de la sociedad.

Señorías, cuando voten, piensen en la cantidad de dolor que pueden
evitar. Escuchen a la sociedad, escuchen lo que la sociedad española nos
está pidiendo; lo que les está pidiendo a todos alto y claro. El Partido
Popular, y en su nombre el Grupo Parlamentario Popular, se pronuncia a
favor de la idoneidad de la pena, en el catálogo de penas del Código
Penal, de la prisión permanente revisable, y por tanto, solicita a la
Cámara, solicita a todas sus señorías el apoyo a la figura de la prisión
permanente revisable incorporada al ordenamiento jurídico español en el
Código Penal de 2015.

Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Rodríguez Pérez.

Pasamos a la defensa de enmiendas.

Para defender las del Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra
el senador Marcos.

El señor MARCOS ARIAS: Gracias, presidente.

Señorías, en mi partido somos partidarios de solucionar los
problemas existentes y, sobre todo, de no crear problemas nuevos donde no
los hay. En el sistema penal español existe una laguna que no se ha
solucionado durante muchos años y que constituye el verdadero debate que
debemos abordar sobre delitos tan graves, el cumplimiento efectivo de las
penas y el acceso a tercer grado. Con el sistema actual, del que tan
responsables son ustedes del partido conservador, como del Partido
Socialista, un condenado a cientos de años de cárcel o a prisión
permanente revisable puede obtener el tercer grado y estar en la calle a
los quince años. Estamos hablando de un régimen de semilibertad que hace
posible que reincidan, como de hecho sucede, y no en pocos casos. Esa es
la laguna principal de nuestro sistema, el no cumplimiento efectivo de
las penas de pederastas, violadores, asesinos en serie u otros criminales
culpables de crímenes particularmente horrendos y que causan daños
irreparables a la sociedad. Esa es la causa principal de la alarma social
que provocan cientos de casos. Por eso, porque somos partidarios de
solucionar los problemas que sí existen, presentamos esta enmienda.
Queremos endurecer el acceso al tercer grado penitenciario, a esa
semilibertad por la que se cuela a menudo la reincidencia para aquellos
criminales que han cometido delitos de particular gravedad, para que
paguen por lo que han hecho y no puedan estar en la calle en quince años
cuando han sido condenados a cuarenta o cincuenta. Esa disparidad entre
las condenas totales y el tiempo que los condenados pasan realmente en
prisión es fuente de perplejidad y a menudo indignación en la opinión
pública que legítimamente se siente engañada y desprotegida.

Por eso, planteamos una reforma para asegurar que todas aquellas
personas que hayan sido condenadas a prisión permanente revisable por la
comisión de un delito no puedan acceder al tercer grado penitenciario
hasta el cumplimiento de un mínimo de veinte años de prisión efectiva y
no de quince, como sucede hasta ahora por la legislación del Partido
Popular. Queremos que los permisos ordinarios no puedan concederse antes
de haber cumplido al menos quince años; queremos también un régimen más
restrictivo para condenados por varios delitos donde concurra esa
especial gravedad, así como en delitos relacionados con el terrorismo o
cometidos en el seno de organizaciones criminales. Finalmente, queremos
asegurar que los condenados a más de cinco años de prisión por delitos de
terrorismo en organización criminal, de abusos sexuales o de corrupción
de menores, entre otros, no puedan acceder a la clasificación del tercer
grado hasta el cumplimiento de las tres cuartas partes de la pena y no la
mitad, como sucede hasta ahora y defiende el Partido Popular.

Por todos estos motivos, confiamos en que sus señorías acepten
esta enmienda que presentamos y evitaré pronunciarme sobre el hecho de
que el Partido Popular nos traiga aquí una iniciativa en defensa de una
disposición legal existente y en vigor y, sobre todo, los motivos para
ello, cuando es el Tribunal Constitucional el que tiene que pronunciarse
sobre el tema en cuestión y no los grupos políticos. Mientras tanto,
señorías, trabajaremos para solucionar el verdadero problema, que es el
acceso al tercer grado, tal y como reconocen juristas y como percibe ya
la opinión pública. Creemos que hace falta un debate sereno sobre el
sistema penal español, más allá de los parches y las improvisaciones a
las que no tiene acostumbrados ya el Gobierno del Partido Popular.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Marcos.

Senador Mulet, tiene la palabra.

El señor MULET GARCÍA: Quina gràcia que vostès parlen de partits
populistes, el partit més populista de tots, el partit de la Gürtel, de
la Púnica, vostès que es mouen a colp de titular (Rumors). Clar que sí,
clar que és oportunisme polític, clar que és populisme punitiu, clar que
és carronyerisme polític aprofitar-se dels casos mediàtics.
S’aprofiten vostès del dolor de les víctimes per a intentar
dissimular i imposar el seu ideari més retrògrad, per impulsar
retrocessos en la política penitenciària. Si volen aprofitar el fulgor
mediàtic, els recordem que mediàticament —vostès que són els
col·legues de Costa, de Camps, de Crespo, de Correa, del Bigotes—
també podrien proposar endurir el Codi Penal per a organitzacions
polítiques dedicades a delinquir, per a il·legalitzar partits polítics
que es financen de manera il·legal, però no, siguem clars, vostès van
proposar l’anterior reforma, reforma o retrocés, arran de la
polèmica del cas de Marta del Castillo i ara proposen el debat quan ix la
polèmica pel cas de Diana Quer.

Són vostès, realment, miserables políticament parlant. Vostès són
de la cadena perpètua, òbviament, vostès són de la cadena perpètua, són
de la presó de per vida i saben perfectament que en este país qui acaba a
la presó és la gent de peu, qui roba una gallina té més possibilitats
d’acabar en la presó, qui convoca eleccions té més possibilitats
d’acabar en presó, però qui defrauda, qui evadeix el capital, qui
es finança il·legalment, o els Urdangarín saben perfectament que no
acaben a la presó. La solució per a nosaltres és més política social, més
lluitar des de l’origen i no en les conseqüències.

Recorden perfectament vostès que els Estats Units té un dels índex
de criminalitat més alta qui hi ha en el món i tenen la pena de mort
instaurada. Per tant, més repressió no significa mai dissuadir el
delicte. Possiblement si feren vostès també una campanya en Change.org
per a instaurar la pena de mort també tindrien moltes persones que la
demanarien, també la presentarien ací? Siguem clars, no? La presó
permanent, que és l’eufemisme que vostès gasten per a la cadena
perpètua, atempta directament contra l’esperit de la Constitució
que el sistema penitenciari espanyol ha d’anar cap a la reeducació
i reinserció social. Vostès són de castigar, però de castigar a la gent
de peu. Com bé deia Galeano, la justícia és com les serps, sols mossega
als que van descalços.

Després continuarem en el torn de portaveus.

Gràcies.

Qué gracia que ustedes hablen de partidos populistas, el partido
más populista de todos, el partido de la Gürtel, de la Púnica, ustedes
que se mueven a golpe de titular. (Rumores). Claro que sí, es oportunismo
político, claro que es populismo punitivo, claro que es carroñerismo
político aprovecharse de los casos mediáticos. Se aprovechan ustedes del
dolor de las víctimas para intentar disimular e imponer su ideario más
retrógrado, para impulsar recortes en la política penitenciaria. Se
quieren aprovechar del fulgor mediático. Les recordamos que
mediáticamente ustedes —que son colegas de El Bigotes, de
Camps— han propuesto endurecer el Código Penal para las
organizaciones políticas que se han dedicado a delinquir, para los
partidos políticos que se financian de manera ilegal. Ustedes propusieron
la anterior reforma a raíz de la polémica de Marta del Castillo y ahora
con la polémica de Diana Quer.

Son ustedes miserables políticamente hablando. Ustedes son los de
la cadena perpetua, los de la prisión de por vida y saben perfectamente
que en este país quien acaba en la cárcel es la gente de a pie. Quien
roba una gallina o convoca elecciones tiene más posibilidades de acabar
en la cárcel que quien defrauda, evade el capital o se financia
ilegalmente. La solución para nosotros es más política social y luchar
desde el origen y no en las consecuencias.

Estados Unidos tiene uno de los índices de criminalidad más altos
del mundo y tienen la pena de muerte instaurada, por tanto, más represión
no significa nunca disuadir el delito. Posiblemente si hicieran ustedes
una campaña en Change.org para instaurar la pena de muerte también habría
muchas personas que la pedirían. ¿También la presentaría aquí? Tenemos
que ser claros. La prisión permanente, que es el término que ustedes
utilizan para la cadena perpetua, atenta directamente contra el espíritu
de la Constitución y el sistema penitenciario español tiene que ir hacia
la reinserción y la educación. No es cuestión de castigar a la gente de a
pie. Como decía Galeano la justicia es como las serpientes, solo muerden
a los que van descalzos.

Después continuaremos en el turno de portavoces.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Mulet.

Para la defensa de la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista,
tiene la palabra el senador Rodríguez Esquerdo.

El señor RODRÍGUEZ ESQUERDO: Muchas gracias, señor
presidente.

Señorías, el Grupo Socialista presenta esta enmienda de
sustitución a su moción por coherencia, por dignidad y por idoneidad, y
en congruencia con nuestra posición cuando ustedes reformaron en
solitario el Código Penal hace casi dos años acudiendo a un populismo
punitivo para recuperar la cadena perpetua; en coherencia con la
proposición no de ley del Grupo Socialista que presentó en el Congreso de
los Diputados en octubre de 2016 para derogar la prisión permanente
revisable y, que no se olviden, se aprobó en la Comisión de Justicia; y
por coherencia con el Consejo de Estado que al informar sobre la ley y
sobre su reforma no veía necesaria una reforma de esta magnitud.

Presentamos esta enmienda en congruencia con los artículos
constitucionales que vulnera, el 25.2, el 15, el 9.3 y el 10 de la propia
Constitución. En coherencia con sentencias del Tribunal Constitucional, y
solo me referiré a dos. Una de 1985 donde se señala que una reclusión
exclusivamente prolongada produce efectos irreparables en la personalidad
del interno, y dos, en 1996 donde nuestro alto tribunal indicaba que unas
penas excesivamente largas pueden considerarse inhumanas y contrarias a
la dignidad de las personas. Y por coherencia con la interposición por
parte del Grupo Socialista de un recurso de constitucionalidad el
pasado 30 de junio de 2015.

Señorías, les decía que también la presentábamos por dignidad. Sí,
porque el derecho penal ha cambiado y se dirige hacia la intervención
mínima y la modernidad y resocialización del infractor. El actual derecho
penal no es una forma de venganza social, al contrario, es un medio
corrector de las conductas sociales y desviadas. Nosotros, y que quede
muy claro, comprendemos los sentimientos de las víctimas, comprendemos el
rechazo social, pero en la política no se puede poner a los reclusos ante
penas inhumanas, crueles y degradantes y esto, señorías, no es dejar a
los ciudadanos indefensos ante los asesinos y criminales.

Miren, ya en el siglo XVIII Beccaria indicaba que el Estado no
puede ponerse a la altura del asesino, decía que el Estado no puede
reprimir la muerte con muerte. La mal llamada prisión permanente
revisable que o es permanente o es revisable atenta contra la seguridad
jurídica e infringe la proporcionalidad que exige nuestro Tribunal
Constitucional.

Señorías, seamos rigurosos con esto. Ustedes pretenden potenciar
la cadena perpetua en toda regla. La cadena perpetua para nuestro sistema
de seguridad es innecesaria y para la prevención del delito es ineficaz y
además, no se olviden, las conductas que cuentan con mayor rechazo social
ahora mismo tienen el mayor rechazo penal de nuestro derecho.

Presentamos esta enmienda por idoneidad, lo decía antes. El
eufemismo de prisión permanente revisable no es idóneo para el fin que
pretende corregir, no es idónea para la prevención ni ideal para la
reinserción. Nadie, señorías, nadie ha demostrado, y lo dijo en esta
Cámara el ministro Belloch, que algo sabrá de esto, que el incremento de
las penas privativas de libertad no se traduce en una mayor eficacia y
eficiencia del sistema penal español, más bien al contrario.

Señorías, el exceso punitivo produce un claro efecto
contraproducente y peligroso y si no miren a Estados Unidos. La pena
privativa de libertad por sí misma es un mal, señorías, y sin duda si a
esto se le une la ley del talión incompatibiliza con el principio de
proporcionalidad y libertad en cualquier sistema democrático. Además,
esta moción, y por ello también presentamos la enmienda, está en claro
fuera de juego, porque el Tribunal Constitucional debe pronunciarse sobre
el recursos admitido a trámite. Usted mismo lo ha señalado antes, pero
aun así la han traído.

Señorías, lanzo unas preguntas. ¿Ustedes no pretenderán cambiar el
consuelo por votos aprovechándose del dolor? ¿Ustedes no pretenderán
politizar demagógicamente la política penal? ¿Ustedes no pretenderán
convertir la política criminal en un instrumento de agitación y
propaganda? ¿Ustedes no pretenderán condicionar la política penitenciaria
por lo que se mueve en las redes sociales? ¿Ustedes, señorías, con esta
moción no pretenderán lanzar una cortina de humo para que el foco se
centre en esto y no en una falta de presupuestos o en la crisis catalana
o en lo que ayer se tradujo en que alguien sabía y daba el okey a los
gastos de las campañas electorales? No pretenden que eso sea así,
¿verdad?

En los países donde existe cadena perpetua la prisión más grave no
suele pasar de veinte años. En España la tenemos hasta de cuarenta años y
sin cadena perpetua. En esos países, la revisión suele comenzar a los
doce o quince años; nosotros la revisamos a los veinticinco y, en algunos
casos, a los treinta y cinco.

Los socialistas lo tenemos muy claro: no apoyaremos la
consolidación de una pena perpetua; no defenderemos un populismo
punitivo; no secundaremos una figura penal de las más duras de Europa.
Por ello presentamos esta enmienda de sustitución, porque nosotros
pretendemos —y estoy seguro de que, parlamentaria y judicialmente,
lo vamos a conseguir— sustituir la cadena perpetua por una condena
adecuada a nuestra Constitución, que dé una respuesta adecuada, que sea
proporcional y que acabe en una verdadera reeducación de los
reclusos.

Acabo, señor presidente. Señorías, hay muchas cosas que podemos y
debemos hacer para mejorar la seguridad, para prevenir, para detectar,
para evitar que el terror actúe, por ejemplo, poner en marcha el pacto de
Estado contra la violencia de género. Pero hay una cosa que no podemos
hacer, instaurar la cadena perpetua es una de las cosas que no se tiene
que hacer en España.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Rodríguez
Esquerdo.

Tiene la palabra la senadora Muñoz de la Iglesia, para indicar si
acepta o no las enmiendas.

La señora MUÑOZ DE LA IGLESIA: Gracias, señor presidente.

Señor Rodríguez Esquerdo, tengo que reconocer que me ha
sorprendido bastante la enmienda que ha presentado el Grupo Socialista.
Yo creo que le ha sorprendido incluso a usted.

Nos dicen que quieren que el Senado inste al Gobierno a modificar
aquellos preceptos que se refieran a la pena de prisión permanente
revisable y que se sustituyan por una pena que se adecue a lo previsto en
nuestra Constitución. Hombre, es que la pena de prisión permanente
revisable se adecua a nuestra Constitución. Y no lo digo yo ni lo dice mi
grupo parlamentario. Lo dicen los informes positivos de, entre otros, el
Consejo General del Poder Judicial; un informe que, por cierto,
presentaba una conocida suya y que hoy es la portavoz del Grupo
Socialista en el Congreso. Puede preguntarle usted a Margarita Robles.
(Aplausos). También tenía el informe positivo del Consejo de Estado,
donde estaban José Luis Rodríguez Zapatero y María Teresa Fernández de la
Vega. Pregúnteles a sus compañeros, señoría.

Por tanto, ya le anuncio que no aceptamos su enmienda. Por cierto,
señor Esquerdo, respecto a las preguntas retóricas que usted ha estado
haciendo, usted nos conoce y seguro que se estaba respondiendo a sí mismo
que no a cada una de esas preguntas.

Señor Mulet, no hay que ser muy avispado para ver su intención al
presentar esta enmienda y que lo que quiere es totalmente lo contrario a
esta moción. Quería usted unos minutos de gloria. Ya los ha tenido.
Enhorabuena. Sabía de antemano que íbamos a rechazar su enmienda. Dejo
para el turno de portavoces la explicación de por qué defendemos la
prisión permanente revisable.

Señor Marcos, hay una cita de Groucho Marx que seguro que le
suena: Estos son mis principios y, si no le gustan, tengo otros. ¡Vaya
papelón! (Aplausos). No me gustaría estar en su lugar, porque yo creo que
no les entienden ni sus votantes. Déjeme que le muestra la diferencia
entre un partido de gobierno y un partido de originalidades.

Hace diez años el Partido Popular ya comenzó a estudiar la
posibilidad de incluir la prisión permanente revisable en nuestro
ordenamiento jurídico para asimilarnos al resto de países europeos.
En 2011 fue uno de nuestros compromisos de programa. Y en 2015, después
de contar con el aval de la mayoría de instituciones jurídicas de nuestro
país, la incluíamos en el Código Penal. ¿Y dónde estaba Ciudadanos
durante todos esos años? Quiero ser justa y no quiero hacerme trampas: no
puedo pedir al Ciudadanos de hoy la exigencia que reclamaría al
Ciudadanos de entonces. ¿Que dónde estaba? Pues una parte estaba en el
PSOE, otra parte estaba en el PP, otra parte estaba en Izquierda Unida.
(Aplausos). Quiero ser justa, señorías. En 2016 el Partido Popular
continúa defendiendo la prisión permanente revisable. ¿Dónde estaba
Ciudadanos? Ciudadanos estaba en la página 56 de un pacto para formar un
gobierno reformista y de progreso —así lo titularon ustedes—
que instaba a la derogación inmediata de la pena de prisión permanente
revisable. En 2017 el Partido Popular, ante la amenaza de eliminación de
esta pena, presentó mociones en diversas instituciones, entre otras, en
esta Casa hace justamente un año. Entonces, el Partido de Ciudadanos ya
había cambiado: se abstenía en el Congreso y facilitaba la tramitación de
su derogación. Hoy, el Partido Popular sigue en el mismo sitio, donde ha
estado siempre y donde va a seguir estando. ¿Y ustedes? ¿Dónde están
ustedes? Ahora vuelven a cambiar. Las encuestas les dicen que la sociedad
española apoya la prisión permanente revisable y ustedes, que son unos
expertos en el oportunismo mediático, no pueden quedarse atrás, ¿verdad,
señorías? Hay muchos votos en juego.

Señorías de Ciudadanos, recapaciten. Termino ya, señor presidente.
Quiero darles un consejo: si se quitasen alguna de esas medallas que se
cuelgan día sí y día también y que les hacen ir un poco encorvados,
serían ustedes capaces de mirar a los ciudadanos a la cara y escucharles,
de ver que lo que nos están pidiendo es que mantengamos...

El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría.

La señora MUÑOZ DE LA IGLESIA: ... la pena de prisión permanente
revisable.

Muchas gracias, señorías. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Muñoz de la
Iglesia.

Pasamos al turno de portavoces.

Por parte del Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el señor
Marcos.

El señor MARCOS ARIAS: Gracias, presidente.

Señorías del Grupo Parlamentario Popular, les tengo que confesar
que, aunque ya tengo una cierta trayectoria en política como para estar
curado en salud y en espanto, con ustedes me vuelve a sorprender alguna
que otra vez su escasa altura de miras. (Protestas). Sí, protesten, que
es lo que mejor hacen en su bancada.

Como decía en mi anterior intervención, a los políticos nos pagan
el sueldo los ciudadanos para solucionar los problemas reales y no para
enzarzarnos en debates estériles entre nosotros a ver si nos cae un voto
más o un voto menos. (Rumores). Como les explicaba también al presentar
nuestra enmienda, el verdadero problema del sistema penal, el verdadero
agujero por el que se cuela la reincidencia y la inseguridad es el tercer
grado. Por tanto, para solucionar ese problema es al tercer grado hacia
donde hay que mirar; es decir, no al dedo, sino a la luna. Pero ustedes
insisten en traernos una cuestión sobre la que no somos nosotros los que
tenemos que decir, sino el Tribunal Constitucional, y con ello no solo
frivolizan sobre un tema tan serio y que tanta alarma está causando a la
sociedad, sino que ningunean a dicho tribunal, que es una de las
instituciones fundamentales del Estado. En Ciudadanos, desde luego, no
vamos a participar de ello. Cuando quieran de verdad, de verdad, un
debate serio para solucionar los agujeros del sistema penal, aquí nos
encontrarán. Mientras tanto, para parafernalias, no.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Marcos.

Senador Mulet, tiene la palabra.

El señor MULET GARCÍA: Gràcies.

Nosaltres presentem esmenes, òbviament, perquè tenim el dret i
perquè estem en el nostre dret a exposar el nostre posicionament. Pensem
que la seua moció és un despropòsit, és oportunista, és populista, i per
això nosaltres tenim el nostre dret a presentar esmenes per a dir que
estem totalment en contra d’allò que vostès proposen que tampoc no
és cap sorpresa.

Vostè sí que ha tingut els seus minuts de glòria. Li aplaudisc,
com sempre ha estat sublim, esperem tornar-la a vore prompte. A mi encara
em queden uns quants minuts de glòria en este Ple.

Per tant, nosaltres és que no som com vostès, nosaltres primera
que som honrats, després que tenim una visió de la política penitenciària
en la qual pensem que els ciutadans que han delinquit tenen el dret a
reinserir-se en la societat. Vostès, no. Vostès volen càstig permanent i
de per vida. Nosaltres no tenim set de venjança en la gent que ha pogut
delinquir sinó que pensem que qualsevol persona és recuperable inclús els
delinqüents polítics.

Nosaltres volem recordar que la població reclusa és de les més
altes de la Unió Europea encara que tenim de les taxes de criminalitat
més baixes exceptuant el cas de la corrupció política, en la qual vostès
són campions. Tenim la taxa d’homicidis la segona més baixa de tota
la Unió Europea; tenim una població reclusa encara això, encara que som
un país que no és dels més insegurs ciutadanament, de 60 000 persones
recluses en Espanya. Entre eixes persones recluses no està ni Rato, ni
Camps, ni Urdangarín, ni Costa, ni gent d’esta. Encara aixina tenim
un índex d’empresonament un 32 % més que la mitjana europea.
Nosaltres pensem que la política penitenciària no pot jugar-se a colp de
titular, com vostès fan, i les reformes penitenciàries no poden anar en
base a campanyes d’internet. Han de ser vostès un poquet més
sensats i un poquet més sensibles a allò que ha de ser l’esperit de
la Constitució que és reinserció de qualsevol delinqüent encara que siga
del Partit Popular.

Gràcies.

Gracias.

Nosotros presentamos enmiendas porque tenemos derecho a exponer
nuestro posicionamiento. Pensamos que su moción es un despropósito, es
oportunista y populista. Nosotros tenemos derecho a presentar enmiendas
para decir que estamos totalmente en contra de lo que ustedes proponen, y
no es ninguna sorpresa.

Señoría, usted sí que ha tenido sus minutos de gloria. La aplaudo
porque ha estado sublime, como siempre, y esperamos volverla a ver
pronto. A mí también me quedan unos cuantos minutos de gloria en este
Pleno.

Nosotros no somos como ustedes. En primer lugar, somos honrados.
Tenemos una visión de la política penitenciaria y pensamos que los
ciudadanos que han delinquido tienen derecho a reinsertarse en la
sociedad. Ustedes, no. Ustedes quieren un castigo permanente y de por
vida. Nosotros no tenemos sed de venganza con aquellos que han
delinquido, porque pensamos que cualquier persona puede ser recuperable,
incluso los delincuentes políticos.

Nosotros queremos recordar que la población reclusa de nuestro
país es de las más altas de la Unión Europea, aunque tenemos las tasas de
criminalidad más bajas, excepto en el caso de la corrupción política,
donde ustedes son campeones. Tenemos la tasa de homicidios más baja de
toda la Unión Europea —aunque no somos un país de los más
seguros— y en España la población reclusa asciende a 60 000
personas, pero entre ellas no están ni Costa ni Rato ni gente de esta. Y
tenemos un índice de encarcelamiento un 32 % superior a la media europea.
Pensamos que la política europea no puede llevarse a cabo a golpe de
titular y que las reformas penitenciarias no pueden hacerse sobre la base
de las campañas de internet. Tienen que ser ustedes un poco más sensatos
y sensibles a lo que tiene que ser el espíritu de la Constitución, que ha
de ser la inserción de cualquier delincuente, aunque sea del Partido
Popular.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Mulet.

Senadora Domínguez de Posada.

La señora DOMÍNGUEZ DE POSADA PUERTAS: Gracias, presidente.

Señorías, Foro va a apoyar la moción que hoy trae el Grupo
Popular. La prisión permanente revisable entró en vigor hace escasamente
dos años y medio, el 1 de julio de 2015. Entendemos que se trata de una
respuesta plenamente constitucional ante determinados delitos graves. A
pesar de ciertas opiniones que están surgiendo contrarias a su
existencia, debemos decir que no se trata de una pena de carácter
perpetuo porque existen posibilidades legales de revisar la pena y de
suspenderla. Por supuesto, en su momento acataremos lo que diga el
Tribunal Constitucional.

La Constitución, al atribuir a las penas privativas de libertad
una función rehabilitadora y reinsertadora, no condiciona el tiempo de
duración de las condenas, sino la forma en que deben ejecutarse. La
reinserción es una orientación a la que debe tender el cumplimiento de la
pena. Señorías, si hay una pena que precisamente promueve la reinserción,
porque descarga la responsabilidad en el reo, es la prisión permanente
revisable. El problema en realidad está en aquellas penas que se cumplen
y automáticamente excarcelan al delincuente, cualquiera que sea su
pronóstico de reinserción, aunque sea negativo. Ejemplos de ello,
desgraciadamente, los tenemos. Lo que debería ser objeto de debate es si
queremos una prisión permanente revisable de acuerdo con los valores
constitucionales o no, en la que se aseguren los programas de reinserción
y rehabilitación que realmente hagan seria esa posibilidad de revisar y
de valorar el pronóstico de una persona condenada. Por otro lado, la
jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos avala esta pena y
sus sentencias han acreditado que no contraviene el Convenio de Roma.
Países de nuestro entorno como Alemania y Francia recogen esta figura en
sus ordenamientos jurídicos.

Quiero cerrar esta intervención, señor presidente, haciéndome eco
de lo que dijo un ilustre jurista, José Luis Manzanares Samaniego: si
hubiéramos tenido esta pena a su debido tiempo, nos hubiéramos evitado
las escandalosas excarcelaciones de muchos terroristas. Nosotros ponemos
un ejemplo: De Juana Chaos.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Domínguez de
Posada.

Senadora Castilla, tiene la palabra.

La señora CASTILLA HERRERA: Muchas gracias, presidente.

Señorías, el pasado marzo de 2017 ya debatimos la prisión
permanente revisable en esta Cámara, lo cual me causa tristeza e
indignación porque parece que estamos en el día de la marmota y, lo que
es peor, damos la sensación de que o no trabajamos, que no es cierto, o
de que no dejamos trabajar, porque todavía no hay sentencia del Tribunal
Constitucional al respecto y debemos respetar la separación de poderes.
Es más, me da la sensación de que se utiliza la mayoría absoluta que
tenemos en el Senado para frenar iniciativas del Congreso de los
Diputados, lo cual, a mi entender, es una forma perversa de utilizar
nuestra posición como legisladores. Por ejemplo, cuando se tratan otros
temas la opinión o iniciativas de los senadores que no formamos parte del
grupo del Gobierno no son tenidas en consideración en esta Cámara.

Así que reitero y ratifico el discurso que en su día di con
ocasión de una iniciativa idéntica y que figura en el Diario de Sesiones
número 24, de 22 de marzo de 2017, que doy por reproducido. Por supuesto,
es un discurso en contra de la implantación de la prisión permanente
revisable por muchos motivos, fundamentalmente porque vulnera los
artículos 10, 15 y 25 de la Constitución española, porque no se enfoca a
la reeducación o reinserción social del penado...

El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría.

La señora CASTILLA HERRERA: ... y porque estamos ante una suerte
de cadena perpetua que supone un trato inhumano, degradante, contrario a
la dignidad de la persona, a sus derechos inviolables y al libre
desarrollo de la personalidad.

Voy terminando, presidente, pero antes quiero hacer dos últimos
apuntes. No podemos implantar y legislar a golpe de impulso, y lo he
dicho muchas veces; no podemos volver a la ley del talión: ojo por ojo,
diente por diente.






Por otra parte, en la moción se hace referencia al
derecho comparado, en particular a una sentencia de Alemania y a la
declaración del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, pero lo que no se
dice es que la legislación alemana es mucho más beneficiosa que la
legislación española. Por ponerles solo un ejemplo, en Alemania se revisa
la pena a los quince años de cumplimiento, mientras que en España solo es
posible la revisión, como mínimo, a los veinticinco años. Tengo muchos
ejemplos más con los que poder rebatir todo esto, pero por escasez de
tiempo no puede ser.

En definitiva, la Agrupación Socialista Gomera va a votar en
contra de la presente iniciativa.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Castilla.

Por el Grupo Parlamentario Nacionalista Partit
Demòcrata-Agrupación Herreña Independiente-Coalición Canaria, tiene la
palabra la senadora Abad.

La señora ABAD GIRALT: Gracias, señor presidente.

Bon dia.

Mirin, senadors del PP, segons la Comissió Europea, la justícia
espanyola figura com el tercer Estat de la Unió Europea on els seus
ciutadans creuen que la justícia no es independent i, a més a més,
el 58 % la considera dolenta i el 19 %, molt dolenta. No es sorprenen,
doncs, les recents declaracions del ministre de Justícia, el senyor
Rafael Catalá, sobre la investigació que segueix el Tribunal Suprem sobre
el procés. És curiós i sorprenent que aquest ministre anticipa la
resolució del tribunal, fins i tot creu com serà la sentència que ha
d’emetre el mateix tribunal abans de ser emesa.

En aquest moments és difícil no pensar que està en perill fins i
tot l’estat de dret. Parlem d’ingerències, parlem
d’oportunisme polític, parlem de tàctica política, que no jurídica,
parlem de politització de la justícia o d’una justícia polititzada,
o imposar i influir. Llavors, res és estrany per a nosaltres que els
ciutadans perdin la confiança en els tribunals de justícia i demanin que
aquesta sigui justa i no sigui ni manipulada ni utilitzada per a
finalitats partidistes i exigeixi que, en un estat de dret, cadascú
exerceixi el rol i les funcions que li pertoquen, és a dir, que el govern
governi i que l’Administració de Justícia imparteixi justícia de
forma arbitrària, imparcial, objectiva i ajustada a dret, i no seguint
les ordres ni les pautes que dicti el govern o el partit que governa, o
que estigui sotmesa també a la pressió exercida pels mitjans de
comunicació, per cert, instrumentalitzats pels aparells estatals, tot per
sumar vots o per guanyar escons. Perquè estem parlant de dret, de
justícia, no de vots ni d’escons, ni d’ús partidista del
poder, ni d’utilitzar morts o víctimes per assolir objectius de
dubtosa legalitat. Per què dic tot això? Perquè el tema que ens ocupa
ara, en aquesta moció, va d’això precisament. D’utilitzar
indiscriminadament el dret, la justícia, per guanyar vots.

La presó permanent revisable no es tracta com una mesura
estrictament jurídica. Per a nosaltres, és qüestionable perquè fins i tot
no garanteix ni la seguretat jurídica ni els preceptes constitucionals.
És de dubtosa constitucionalitat, però avui la presó permanent revisable
és tractada pel Govern del PP i ara també sembla que el Grup de Ciutadans
—a mi encara no m’ha quedat gaire clar el seu
posicionament— d’un fet oportunista per guanyar vots i
s’utilitzen notícies mediàtiques, com és el cas recent de Diana
Quer, entre altres, per justificar la seva necessitat, la seva aprovació,
però en cap cas es debat l’essència jurídica d’aquesta
decisió. Vostès parlen d’alarma social per justificar canvis de
posicionament, en el cas de Ciutadans, i per reforçar el posicionament
del Grup del Partit Popular.

La presó permanent revisable, per a nosaltres, amaga el que
se’n diu la cadena perpètua. En un estat democràtic, social i de
dret, es persegueix com a valor suprem la justícia, el benestar i les
segones oportunitats quan parlem de reinserció i, en aquests termes,
parlar de cadena perpètua és inacceptable. Penso —pel que he
sentit— que els senyors del PSOE comparteixen també les meves
paraules perquè fan suport a la derogació d’aquest precepte, de la
cadena perpètua, i també com nosaltres comparteixen que aquesta moció del
PP que es planteja avui al Senat és oportunista perquè aquí ells tenen la
majoria absoluta, cosa que no passa en el Congrés, tot i que ara el Grup
de Ciutadans, que veig que no hi són, contràriament al que deien fa un
temps enrere, han canviat de posicionament.

Dit això, confio encara en l’estat de dret, confio en les
polítiques de reinserció i socialització, confio en les segones
oportunitats, com confio també que la majoria dels grups d’aquesta
cambra, menys el PP, apostin per un dret penal modern i no es jugui al
joc de la venjança tan antic com l’ull per ull, ni es jugui tampoc
amb la inconstitucionalitat i s’aposti per la modernitat, pels
drets humans, per la justícia social, pels tractaments de resocialització
i reinserció de delinqüents, sobretot aquests dies en què la taxa de
delinqüència està minvant i s’utilitza un cas mediàtic per
justificar la cadena perpètua, que és l’excepció i no la
regla.

Per acabar, creuen sincerament que la cadena perpètua acabarà amb
la criminalitat? Creuen sincerament que la venjança és una bona
estratègia per fer front a la delinqüència? Creuen que en ple segle XXI
no hi ha segones oportunitats i polítiques socials integradores que
ajudin a desenvolupar polítiques socials que aturin la delinqüència?
Nosaltres, el PDeCat, apostem per la reinserció, pels drets humans, pel
ferm compromís de les polítiques de reinserció i les segones
oportunitats. Mai la presó permanent revisable és la solució. La
permanent revisable és una cadena perpètua encoberta, totalment contrària
al sistema d’execució penal, basat en la rehabilitació i la
reinserció que la Generalitat de Catalunya i el nostre sistema
d’execució té com a principi bàsic i irrenunciable.

Buenos días.

Señores del PP, según la Comisión Europea, la justicia española
figura como el tercer Estado de la Unión Europea donde sus ciudadanos
consideran que la justicia no es independiente. Además, el 58 % considera
que es mala y el 19 % entiende que es muy mala. Por lo tanto, no nos
sorprende que en las recientes declaraciones del ministro de Justicia,
don Rafael Catalá, en relación con la investigación del Tribunal Supremo
sobre el proceso, este ministro anticipe la resolución del tribunal e
incluso diga cómo debe ser la sentencia que debe emitir el mismo tribunal
antes de que sea emitida.

En estos momentos es difícil no pensar que, incluso, está en
peligro el Estado de derecho. Estamos hablando de injerencias, de
oportunismo político, de táctica política, que no jurídica. Estamos
hablando de politización de la justicia, de una justicia politizada o de
imponer o influenciar. Por lo tanto, no es extraño para nosotros que los
ciudadanos pierdan la confianza en los tribunales de justicia y soliciten
que esta sea justa y que no sea manipulada ni utilizada con fines
partidistas o que exijan que en un Estado de derecho cada uno ejerza el
rol y las funciones que le corresponden; es decir, que el Gobierno
gobierne y que la Administración de Justicia imparta justicia de forma no
arbitraria, imparcial, objetiva y ajustada a derecho, no siguiendo las
órdenes o las pautas que dicte el Gobierno o el partido que gobierne, o
que esté sometida a la presión ejercida por los medios de comunicación,
por cierto, instrumentalizados por los aparatos estatales. Y todo ello
para sumar votos o ganar escaños. Porque estamos hablando de derecho, de
justicia, no de votos ni escaños, ni de un uso partidista del poder ni de
utilizar muertes o víctimas para alcanzar objetivos de dudosa legalidad.
¿Por qué digo todo esto? Porque el tema que nos ocupa en esta moción
versa sobre lo mismo: utilizar de forma indiscriminada el derecho, la
justicia para ganar votos.

La prisión permanente revisable no se trata como una medida
estrictamente jurídica. Para nosotros es cuestionable porque no se
garantiza la seguridad jurídica ni los preceptos constitucionales, es
decir, es de dudosa constitucionalidad. Pero hoy la prisión permanente
revisable es tratada por el Gobierno del PP, y parece ser que también por
el Grupo Ciudadanos —a mí aún no me ha quedado claro su
posicionamiento—, como un hecho oportunista para ganar votos. Se
utilizan noticias mediáticas, como el reciente caso de Diana Quer, entre
otros, para justificar su necesidad, su aprobación, pero en ningún caso
se debate la esencia jurídica de esta decisión. Ustedes hablan de alarma
social para justificar cambios de posicionamiento, en el caso de
Ciudadanos, y para reforzar el posicionamiento del Grupo Popular.

Para nosotros la prisión permanente revisable esconde lo que se
llama cadena perpetua. En un Estado democrático, social y derecho se
persiguen como valores supremos la justicia, el bienestar y las segundas
oportunidades; en este caso, hablamos de reinserción y en estos términos
hablar de cadena perpetua es inaceptable. Pienso —ya lo he
escuchado— que los señores del PSOE comparten mis palabras y mi
apoyo porque también respaldan la derogación de este precepto: la cadena
perpetua. También comparten con nosotros que el PP plantea hoy en el
Senado una moción oportunista porque aquí cuentan con mayoría absoluta,
lo que no sucede en el Congreso. Por su parte, el Grupo Ciudadanos ha
cambiado su posicionamiento en comparación con lo que tiempo atrás había
manifestado.

Dicho esto, confío aun en el Estado de derecho, confío en las
políticas de reinserción y socialización y confío en las segundas
oportunidades. También confío en que la mayoría de los grupos de esta
Cámara, menos el PP, apuesten por un derecho penal moderno y no se entre
en ese juego de la venganza tan antiguo del ojo por ojo ni se juegue con
la inconstitucionalidad; confío en que se apueste por la modernidad, los
derechos humanos, la justicia social y los programas de resocialización y
reinserción de los de los delincuentes. Pero, sobre todo, cuando la tasa
de delincuencia está mermando, espero que no se utilice un caso mediático
para justificar la cadena perpetua, porque es la excepción y no la
regla.

Para terminar, ¿creen ustedes, sinceramente, que la cadena
perpetua acabará con la criminalidad? ¿Creen ustedes, sinceramente, que
la venganza es una buena estrategia para hacer frente a la delincuencia?
¿Creen que en pleno siglo XXI no existen segundas oportunidades y
políticas sociales integradoras que ayuden a desarrollar políticas
sociales para detener la delincuencia? Nosotros, el PDeCAT, apuesta por
la reinserción, por los derechos humanos, por el firme compromiso de las
políticas de reinserción y las segundas oportunidades. La prisión
permanente revisable jamás es la solución. La prisión permanente
revisable es una condena perpetua encubierta, totalmente contraria al
sistema de ejecución penal y a la reinserción que la Generalitat de
Catalunya y nuestro sistema de ejecución tienen como principio básico e
irrenunciable.

El señor PRESIDENTE: Termine, por favor.

La señora ABAD GIRALT: Sí, vaig acabant, president.

Per tot això, i en resum, el PDeCat entén que no hi ha seguretat
jurídica en aquest precepte, no s’acaba amb la criminalitat,
s’aposta per la venjança, pel càstig i no per la reinserció, hi ha
seriosos dubtes sobre la seva constitucionalitat, en concret
l’article 25.2 de la Constitució i, en definitiva, és una mesura
contra el fracàs de les polítiques socials del PP i és una moció
oportunista.

Moltes gràcies. (Aplaudiments).

Sí, voy terminando, señor presidente.

Por todo ello, el PDeCAT entiende que no existe seguridad jurídica
en este precepto. No se acaba con la criminalidad, se apuesta por la
venganza, por el castigo y no por la reinserción; existen serias dudas
sobre su constitucionalidad, en concreto, en relación con el
artículo 25.2 de la Constitución. En definitiva, es una medida contra el
fracaso de las políticas sociales del PP y es una moción
oportunista.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Abad.

Por el Grupo Parlamentario Vasco, tiene la palabra el senador
Bildarratz.

El señor BILDARRATZ SORRON: Muchas gracias, señor presidente.
Buenos días. (El señor vicepresidente, Sanz Alonso, ocupa la
Presidencia).

Cuando reflexiono sobre este tema dirijo mi primer mensaje a las
víctimas, a la solidaridad que debemos tener con ellas. Yo entiendo todo
lo que ellas nos puedan llegar a pedir. Tengo todavía las imágenes de la
semana pasada cuando en Estados Unidos un padre intentaba agredir a un
acusado por haber abusado de sus tres hijas; yo le entiendo, comprendo su
dolor y la necesidad de expresar ese dolor. Pero también tenemos que
hacer entender a las víctimas que no pueden condicionar la labor del
legislador, como tampoco pueden definir cuál tiene que ser la duración de
una pena. Lo que necesitan las víctimas es no tener que esperar más de
diez años para recibir la condición de víctimas ni para que se les
apliquen los derechos que les otorga la ley, y es ahí donde tenemos que
trabajar con las víctimas.

La pregunta que me hago es por qué sale este tema ahora, y en el
debate que hemos tenido esta mañana hemos visto que no es más que la
consecuencia de las elecciones del 21 de diciembre. El Partido Popular se
ha puesto nervioso con el resultado obtenido por Ciudadanos, por eso
hemos podido ver un debate entre el Partido Popular y Ciudadanos
utilizando la prisión permanente revisable como excusa para sacar la
cabeza, pues entienden que mucha gente puede compartirla a la hora de
definir un reproche penal. Pero la verdad es que se trae a debate el
mismo texto que se aprobó hace un año, que a su vez recogía algo que ya
está en vigor, el Código Penal actual. Poco favor le estamos haciendo a
la ciudadanía y poco favor le estamos haciendo a esta Cámara con el
reconocimiento de algo que realmente no se necesita. Mi pregunta es: si
el mes que viene el Partido Popular vuelve a tener necesidad de sacar un
tema de actualidad, ¿va a volver a traer este mismo tema, la prisión
permanente revisable?

La pregunta clave que en mi opinión nos tenemos que hacer es la
siguiente. ¿El sistema actual está desarrollando el artículo 25.2 de la
Constitución española?, y me refiero a la reinserción y reeducación. Y lo
más importante, ¿está poniendo los recursos suficientes para que eso sea
así? ¿Qué ocurre cuando un preso entra en la cárcel?, ¿cómo se desarrolla
allí su vida? ¿Tienen suficientes psicólogos forenses? No. ¿Tienen
suficientes recursos para llevar adelante esa reeducación? No. Y no me
vale que me digan que la reeducación o la resocialización no es un
derecho básico definido en la Constitución. Es una condición necesaria
para poder desarrollar cualquier pena o cualquier código penal. Es
imprescindible que se respete el artículo 25.2 y no me vale que nos digan
que se agradece que el Partido Nacionalista Vasco respete la
Constitución. No. Estamos hablando de cumplimiento de la ley siempre, y
en este caso el Estado tiene una serie de condiciones.

Se está hablando de derecho comparado. De acuerdo, pero en las
mismas condiciones, y para ello tenemos que tener en cuenta lo siguiente.
Primero, el momento en el que se realiza la revisión; segundo, requisitos
para concederla, y si ustedes hacen esa comparativa verán que igual que
en el resto de Estados es totalmente objetiva, en nuestro Código Penal
las condiciones son totalmente subjetivas; y tercero, la duración
temporal de la pena privativa.

Les voy a poner una serie de ejemplos. En Irlanda la revisión se
hace a los siete años. En Bélgica y Finlandia, a los diez. En Dinamarca,
a los doce. En Austria, Suiza, Alemania, a los quince.

El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Vaya terminando,
señoría.

El señor BILDARRATZ SORRON: Termino, señor presidente.

Decimos que queremos el derecho comparado. Todos esos Estados a
los que ustedes hacen mención han tenido durante toda su historia la
cadena perpetua. En España no ha habido cadena perpetua durante todo el
siglo XX. ¿Por qué? Porque la definición sobre el reproche penal iba en
un sentido mucho más positivo y el ejemplo es el Código Penal de 1995.
En 1848, estamos hablando del siglo XIX, existía la prisión permanente
revisable, pero con un máximo de treinta años. Estamos peor en cuanto a
reproche penal que a mediados del siglo XIX, y eso sí que les tiene que
llevar a una reflexión.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Muchas gracias, señor
Bildarratz.

Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, tiene la
palabra el senador Estradé.

El señor ESTRADÉ PALAU: Muchas gracias, señor presidente.

Nosaltres volem començar anunciant que votarem en contra de la
moció que ha presentat el Partit Popular, entre altres coses perquè
sempre hem estat frontalment i radicalment en contra de la presó
permanent revisable i, sempre que n’hem tingut l’oportunitat,
hem explicat per què.

És molt perillós governar i emprendre iniciatives legislatives a
cavall d’estats emocionals de l’opinió pública. Això,
d’una banda, porta al populisme i, de l’altra, porta a
prendre normalment mesures errònies, perquè, si haguéssim de fer cas
d’aquests estats emocionals que es produeixen normalment per fets
greus, per crims greus, segurament a Espanya hi hauria la pena de mort.
En canvi, per sort, no hi és, perquè els països que adopten mesures molt
severes penalment no garanteixen que es cometin menys delictes. Dintre
del món occidental tenim casos de països on hi ha pena de mort i, en
canvi, els delictes d’assassinat, de violació, són fins i tot
superiors a altres països on el sistema penal està encarat a la
reinserció i està basat en un respecte escrupolós als drets humans. Per
tant, major severitat, major duresa, major repressió no garanteix ni tan
sols que es cometin menys delictes.

L’esmena de Ciutadans, d’altra banda, com que està
plantejada objectivament sense tenir en compte el perfil dels presos,
condueix també a una cadena perpètua. Quan diuen que es pot tenir 25 i 30
anys el pres, si parlem d’una persona que ingressi a presó amb 40
o 45 anys, l’estem condemnant a morir-se a la presó, segur.
D’altra banda, a més que la pena de presó permanent va contra la
Constitució, i si el Tribunal Constitucional això no ho reconeix ho
reconeixerà algun tribunal internacional, aquest tipus de presos, als que
se sotmet a aquestes condicions tan dures, a dins de la presó
constitueixen un problema molt seriós que genera una gran conflictivitat
i, per cert, genera també que s’hi hagi de destinar moltíssims més
recursos dels necessaris, en cas que hi hagués uns programes de
rehabilitació.

Quiero empezar anunciando que mi grupo parlamentario va a votar en
contra de la moción que ha presentado el Partido Popular, entre otros
motivos, porque siempre hemos estado frontal y radicalmente en contra de
la prisión permanente revisable, y siempre que hemos tenido la
oportunidad, hemos explicado el porqué.

Es muy peligroso gobernar y aprobar iniciativas legislativas
basándonos en estados emocionales de la opinión pública, lo que, por un
lado, lleva al populismo, y, por otro, suele llevar a adoptar medidas
erróneas. Si tuviéramos que hacer caso de estos estados emocionales que
se producen normalmente por crímenes graves, seguramente en España,
tendríamos pena de muerte; en cambio, por suerte, no existe. Los países
que adoptan medidas penales muy severas no garantizan que se cometan
menos delitos. Dentro del mundo occidental, hay países donde existe la
pena de muerte y, en cambio, los delitos de asesinato, violación, son
incluso superiores a los de otros países en los que el sistema penal está
encaminado a la reinserción y está basado en un respeto escrupuloso de
los derechos humanos. Por tanto, mayor severidad, dureza y represión, ni
siquiera garantizan que se cometan menos delitos.

La enmienda de Ciudadanos, como está planteada objetivamente sin
tener en cuenta el perfil de los presos, también conduce a una cadena
perpetua. En este sentido, a una persona condenada a 25 o 30 años y que
ingrese en prisión con 40 o 45 años, lo estamos condenando a morir allí,
seguro. Por otro lado, la pena de prisión permanente va en contra de la
Constitución, y si el Tribunal Constitucional no lo reconoce, lo hará
algún tribunal internacional. Además, los presos a los que se les somete
a unas condiciones tan duras constituyen un problema muy serio dentro de
la prisión que genera una gran conflictividad y que haya que destinar
muchos más recursos de los necesarios en caso de que existan programas de
rehabilitación.

Quiero decirle a la senadora del Partido Popular y a su grupo que
es cierto que los programas de rehabilitación y de reinserción que se
utilizan en el caso de presos que han cometido violaciones o asesinatos y
que tienen un perfil psicopático, unas estructuras de personalidad con
grandes deficiencias, no son suficientemente fiables. Eso es cierto, y
por tanto, habrá que investigar más, habrá que profundizar más, habrá que
invertir más y, quizás, la solución sería que en el caso de los presos a
los que se hayan aplicado programas pertinentes y aun así no existan
garantías suficientes de que estén rehabilitados, tendremos que trabajar
con un tipo de tercer grado adecuado a esos perfiles porque es verdad que
podemos estar poniendo en riesgo a la sociedad; es decir, contemplar el
tercer grado, independientemente del delito, pero adaptado a esos casos
porque los programas de rehabilitación en este tipo de delitos no son lo
suficientemente fiables.

Por tanto, busquemos soluciones pero no optemos por endurecer la
pena y por condenar a ese tipo de delincuentes a cadena perpetua.

Per tant, repeteixo: nosaltres votarem en contra, serem
conseqüents i fidels amb la nostra trajectòria en aquesta qüestió, però
ens oferim a buscar solucions per incrementar els recursos destinats a
aquests programes de tractament —que, repeteixo, en aquest moment
no són prou fiables— i a considerar la possibilitat
d’estudiar un tercer grau amb mesures de control
extrapenitenciàries que puguin garantir que realment no posem en perill
la societat quan aquestes persones han complert una part important de la
condemna.

Moltes gràcies.

Por tanto, repito, nosotros vamos a votar en contra. Seremos
consecuentes con nuestra trayectoria en esta cuestión, pero nos ofrecemos
a buscar soluciones para incrementar los recursos destinados a estos
programas —que, insisto, no son suficientemente fiables— y a
contemplar la posibilidad de estudiar un tercer grado, con medidas de
control extrapenitenciarias, que garanticen que no pongamos en peligro a
la sociedad y cuando estas personas hayan cumplido una parte importante
de su condena.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Muchas gracias, senador
Estradé.

Por el Grupo Parlamentario Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea,
tiene la palabra la senadora Mora.

La señora MORA GRANDE: Gracias, señor presidente.

En marzo del año pasado, ni siquiera hace un año, trajeron ustedes
a debate la misma moción. Ahora volvemos a debatir exactamente lo mismo.
¿Qué es lo que ha cambiado? Lo único que ha cambiado es que en octubre
de 2017 el Congreso aprobó la proposición de ley para intentar derogar la
prisión permanente revisable, y ustedes se quedaron solos, con Unión del
Pueblo Navarro. Parece que son incapaces de aceptar que no tienen mayoría
en algo.

Gran parte de la ciudadanía piensa que esta Cámara es inútil y no
la entiende, pero es que con cosas como esta al final van a provocar que
realmente sea inútil. Lo están haciendo otra vez al debatir exactamente
lo mismo. Ustedes son los que desprestigian a esta Cámara.

Ha aparecido el cuerpo de Diana Quer y se ha detenido a su
presunto asesino. Todos en esta Cámara nos solidarizamos con la familia,
todos entendemos perfectamente su dolor, pero ustedes están intentando
apropiarse de su dolor, en un ejercicio de populismo absoluto, intentando
manipular a la opinión pública a través de tertulias televisivas —a
las que, por supuesto, no llevan ni a un solo penalista, sicólogo y
sociólogo— y de todo tipo de campañas. Pretenden hacer saltar las
normas penales directamente de las tertulias al BOE. Eso es lo que están
haciendo. (Rumores).

Ustedes se aferran a que hay países de nuestro entorno con estas
medidas en vigor, pero en realidad hacen trampa y ocultan que tenemos una
de las tasas de criminalidad más baja de la Unión Europea en delitos de
homicidio intencional y, además, de las más bajas del mundo. Tenemos una
tasa 7 veces inferior a la de la Unión Europea y 11 veces inferior a la
de la media mundial, pero eso ustedes no lo dicen.

Está empíricamente demostrado que aumentar las penas no implica
que se comentan menos delitos. Es más, no existe poder intimidatorio al
subir la pena hasta la cadena perpetua y ni siquiera hasta la pena de
muerte. Además, hemos ido reduciendo a lo largo de los años las tasas de
homicidio.

Tampoco dicen que la legislación española es de las más duras de
la Unión Europea, que nuestro Código Penal es uno de los más duros.
Ocultan ustedes y los señores de Ciudadanos que es posible ser condenado
hasta a 40 años de cumplimiento efectivo de prisión en una sola
sentencia; y tampoco que se pueden acumular condenas de prisión de manera
ilimitada. Eso existe en nuestro Código Penal, eso es cadena perpetua y
ya existe.

Atendiendo a los datos del Gobierno les puedo decir —y,
señores de Ciudadanos, aquí también hay un agujero porque esto sí es
cadena perpetua— que en junio de 2017 había 214 personas cumpliendo
condenas efectivas de prisión de entre 30 y 40 años; 110 personas,
entre 40 y 50 años de cumplimiento efectivo; y, 61 personas, con penas de
más de 60 años de cumplimiento efectivo. Eso es cadena perpetua.

Sandra Palo, Marta del Castillo, Diana Quer, Miriam, Toñi y
Desirée, Anabel Segura, Mari Luz Cortés y un montón de mujeres más han
sido víctimas de violencia sexual, de violencia machista, de violencia de
género. Ustedes hablan mucho de las penas del infierno, pero no hablan
nada del germen que está detrás de muchos de estos crímenes: el machismo.
Este germen es el que tenemos que combatir y no han dicho ni una sola
palabra al respecto. (Aplausos). Si estuvieran interesados en defender a
las mujeres estarían invirtiendo en serio en educación contra el
machismo; estarían poniendo dinero en el pacto contra la violencia de
género; y estarían invirtiendo en rehabilitación y tratamiento de los
maltratadores. Ahí es donde está el agujero, señores de Ciudadanos,
porque encerrar a los agresores y tirar las llaves no hará que respeten
más a las mujeres.

En los datos que ha facilitado el Gobierno se ve que la medida que
nos están planteando ahora es hipócrita y absolutamente populista. A
finales de 2016 había 6223 hombres en prisión cumpliendo condena por
violencia de género, pero solamente el 17 % podía seguir programas de
tratamiento dentro de su prisión; y, actualmente, solo el 14 % está
recibiendo tratamiento. Está claro que ustedes no están apostando por la
rehabilitación de los maltratadores, y eso sí es defender a las mujeres y
apostar realmente por acabar con estos crímenes.

Señores del Grupo Popular, déjense de hipocresía y déjense de
populismo, que es lo que nos traen aquí. (Risas). Hablen directamente de
venganza y, una vez que pongan encima de la mesa que lo que pretenden es
la venganza veremos si encaja o no y debatiremos si encaja o no en un
Estado social y democrático de derecho en la Europa del siglo XXI.

Gracias. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Muchas gracias, senadora
Mora.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el senador
Rodríguez Esquerdo.

El señor RODRÍGUEZ ESQUERDO: Muchas gracias, señor
presidente.

Señorías, lo permanente no es revisable, lo que se revisa no es
permanente y si no existe prisión intermitente tampoco existe la
permanente.

Nuestra enmienda para sustituir la prisión perpetua no va a salir
adelante, tal y como esperaba la senadora Muñoz, pero vamos a hablar de
verdad. Todos conocemos la encuesta que realizó un medio de comunicación
el pasado 17 de enero y que en ella se indica que 8 de cada 10 españoles
son partidarios de la prisión permanente revisable. Todos conocemos que
en una plataforma de presión social, en un importante blog de peticiones,
se han recogido 2 millones de firmas con la petición «No a la derogación
de la prisión permanente revisable». Sin embargo, esto no puede
convertirse, sin pudor, en un arma política arrojadiza —como hoy se
está viendo— entre el Partido Popular y Ciudadanos para recuperar y
recoger votos. Esto, señorías, no puede ser un campo de batalla de la
derecha española para buscar votos. No podemos creer que dos grupos de la
derecha española enarbolen banderas para el incremento de las penas: uno,
para la ampliación de los delitos; y, otro, para que de manera populista
se vea quién es el más conservador de este país. No podemos comprender
que utilicen la pena de unos padres como una guerra fría entre las dos
derechas. Señorías, poner a las víctimas como eje de la política criminal
y actuar por la excepción, como ha dicho su compañero, vicesecretario de
Acción Sectorial del Partido Popular, es un error ético, y lo acertado en
política —dijo— es tomar decisiones equilibradas. Por tanto,
una alta demanda social no es una justificación para el desequilibrio
penal.

Los socialistas, señorías, nos ponemos en la piel de los padres de
Diana Quer, de la pequeña Mari Luz, de Marta del Castillo, de las niñas
Candela y Amaia Oubel o de los pequeños José y Ruth Bretón. Comprendemos
absolutamente el calvario y la desesperanza que están viviendo sus
familiares, y los que somos padres mucho más. Permítanme que en un
momento muestre nuestra solidaridad con esas familias y con otras muchas
que están sufriendo estos crímenes abominables, pero la política penal,
senadora Muñoz, no puede estar condicionada por los legítimos
sentimientos de unos padres; la revancha no se puede convertir en la
política penal. Los sentimientos de dolor, sí, rompen el corazón; el
sufrimiento y el calvario de los padres que han vivido, viven y vivirán
no se podrá reparar con nada. Para eso están la justicia, la política
penal y penitenciaria y, señorías, también, estamos nosotros para
legislar equilibradamente y no para tomar decisiones a golpe de los
acontecimientos, que es lo que están haciendo las dos derechas; no para
utilizar el dolor y el sufrimiento políticamente, no para decir a la
gente lo que quiere oír porque eso es muy fácil pero muy
irresponsable.

Señorías, cada vez que se produce un hecho luctuoso y terrible,
como el que les hemos citado, se genera una importante conmoción social y
son entendibles las reacciones emocionales de los afectados. ¿Cómo no lo
voy a entender yo, si soy padre de dos hijas? Les voy a hablar de una
entrevista que oí el otro día en la radio. Una periodista le preguntó a
un general portugués, al que habían matado a su hijo, ¿qué haría usted
con este hombre? Matarlo —dijo el general—, matarlo. Y acto
seguido dijo: Pero su obligación es impedir que lo haga. (Aplausos). No
es comprensible que ustedes hayan iniciado una auténtica ofensiva
política para, en un nuevo capítulo de oportunismo, pretender conseguir
un voto más con el desconsuelo de unas personas. El Gobierno, los
partidos debemos trabajar por una sociedad más segura y más justa;






debemos trabajar para apoyar a las víctimas y para apoyar, por ejemplo, a
los huérfanos de la violencia de género; debemos trabajar para que se
esclarezcan los hechos apoyando a nuestras fuerzas de seguridad y a los
propios funcionarios de prisiones; y debemos trabajar para que a los
asesinos les caiga todo el peso y paguen por lo que han hecho, pero
siempre dentro de la ley y de la Constitución.

Por eso, señora Muñoz de la Iglesia, votaremos en contra de su
moción porque no jugamos a la especulación, porque consideramos que la
consolidación de una cadena perpetua no es adecuada a nuestro
ordenamiento jurídico y porque, señorías, estas familias, las víctimas,
tendrán siempre una gran tristeza, una gran melancolía para el resto de
sus vidas, pero nadie debe intentar aprovecharse de su dolor y de su
desolación. La política no debe subirse al carro del oportunismo. Un
partido, el Partido Popular, que dice que gobierna y, otro partido,
Ciudadanos, que quiere gobernar, no pueden subirse a ese carro. De nuevo
voy a estar de acuerdo con don Juan Carlos Quer cuando dijo hace muy
pocas semanas: La vida de las víctimas inocentes no puede ser objeto de
un caladero de votos. Hagan caso al señor Quer, a quien llevan a sus
convenciones, porque esta, la del caladero de votos, es la imagen que
ustedes están dando en los últimos días.

Votaremos en contra.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Muchas gracias, senador
Rodríguez Esquerdo.

Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la senadora
Muñoz de la Iglesia.

La señora MUÑOZ DE LA IGLESIA: Gracias, señor presidente.

Senador Marcos, la propuesta que presentan hoy seguro que ha
pasado por el departamento de marketing y captación de votos de su
partido, pero creo que se le olvidó presentarla en el departamento
jurídico porque, sinceramente, se han pasado ustedes de frenada. Quiero
recordarle que, en materia de legislación penal, lo importante no es que
las penas sean más o menos duras, como ha dicho usted, sino que sean
justas; justas, señorías, y esta propuesta no contaría ni con el aval del
Tribunal Constitucional ni con el aval del Tribunal de Derechos Humanos
porque el cumplimiento íntegro de las penas sin posibilidad de revisión,
que es lo que ustedes proponen es, de facto, una cadena perpetua. Y lo
que es más importante, señoría, su propuesta no resuelve el problema: los
delincuentes cumplirían su pena y saldrían a la calle, se hayan
reinsertado o no, que es lo que pretende evitar la pena de prisión
permanente revisable.

Señor Bildarratz, la respuesta es sí. Presentaremos esta moción
las veces que sean necesarias. (Aplausos). La presentamos hace un año,
cuando todavía no había habido 21 de diciembre, y la presentamos ahora.
Repito, la respuesta es sí.

Senadora Mora, tengo que serle sincera: es triste, pero espero muy
poco de ustedes. Ustedes siempre se suelen situar en el limbo, igual con
una patita hacia quienes tienen conductas reprochables. En este sentido,
le voy a poner tres ejemplos: cuando en Alsasua unos proetarras pegaron
una paliza a unos guardiaciviles, ustedes recibieron en el Congreso a los
proetarras; cuando traemos aquí mociones para proteger a los ciudadanos
frente a la ocupación de sus viviendas, ustedes se sitúan con los okupas;
y cuando hay manifestaciones a favor de las víctimas del terrorismo, como
la que tuvo lugar hace unos días en Andalucía en relación con el
matrimonio Jiménez-Becerril, ustedes no van, pero sí consideran
importante estar presentes en las manifestaciones de Bilbao de apoyo a
los proetarras. (Aplausos). Esa es su posición, señora Mora.

Señorías, hace unos días leía un artículo que cuestionaba la
prisión permanente revisable y decía que era importante buscar el
consenso entre diferentes sensibilidades a la hora de definir
consecuencias tan graves para la ciudadanía y que eso exigía situarse por
encima del juego mayorías-minorías; que no era suficiente vencer con el
peso de los votos de una mayoría absoluta y que se requería convencer con
la fuerza de la razón. Pues bien, señorías, yo acepto el reto, acepto
convencerles con la razón y con el corazón, con razones jurídicas y con
razones humanas. En primer lugar, señorías, derecho internacional: la
pena de prisión permanente revisable está avalada por el Tribunal Europeo
de Derechos Humanos y por la Corte Penal Internacional. En segundo lugar,
en nuestro país está avalada por el Consejo Fiscal, por el Consejo
General del Poder Judicial y por el Consejo de Estado. En tercer lugar,
derecho comparado: muchos de ustedes han reconocido que la mayoría de los
países europeos, salvo Portugal, cuentan con una pena de prisión
permanente revisable similar a la española. ¿Acaso los españoles no
tenemos derecho a estar protegidos exactamente igual que el resto de
europeos? Y, en cuarto lugar, el Tribunal Constitucional: ustedes no han
querido esperar a que se pronuncie y no lo han hecho porque saben
perfectamente lo que va a decir. Sus sentencias, de facto, ya están
aprobando la pena de prisión permanente revisable cuando reconoce y
admite que presos que van a ser condenados a una pena de prisión
permanente revisable en sus países sean extraditados.

Señorías, tenemos la obligación constitucional de poner en
funcionamiento todos los instrumentos a nuestro alcance para que los
delincuentes se reinserten, pero yo me pregunto: ¿no tenemos también la
obligación jurídica y moral de establecer todas las herramientas
necesarias para que los ciudadanos estén protegidos de los delincuentes
más abominables, que no quieren o no pueden reinsertarse? Y les quiero
poner dos ejemplos que creo que pueden ayudar a abrir conciencias. El
domingo pasado estuve en Córdoba y pude escuchar a la madre de Sandra
Palo que nos decía lo siguiente: A mi hija la secuestraron, la violaron,
la atropellaron y la quemaron. ¿Venganza? Yo no quiero venganza; eso no
me devolvería a mi hija. Lo que yo quiero es justicia. La prisión
permanente revisable puede evitar que otras familias, que otras niñas
sufran lo que sufrió mi hija. Y el otro ejemplo es la otra cara de la
moneda; un ejemplo claro de la imposibilidad de que algunas personas se
reinserten. Félix Vidal Anido, de 55 años, fue condenado en 1981
a 24 años de cárcel por violar a 54 mujeres. En 1987, en su primer
permiso, agredió a otra persona. Cumplió 32 años de prisión. Salió
en 2013 y no tardó en reincidir. En 2014 fue condenado a 21 meses de
prisión. Salió de prisión el 31 de diciembre de 2015. Hasta hace unos
pocos días era un hombre libre, pero desafortunadamente ha vuelto a
reincidir.

Termino, señorías, pero no sin antes pedirles que olviden por un
momento que pertenecen a un determinado partido político; que olviden su
ideología porque al final este no es un asunto partidista; que piensen
como padres, como hijos, como hermanos; y que piensen como mujeres porque
en cualquier momento nos puede suceder a cualquiera de nosotras.

Yo me pregunto, señorías: ¿Es revisable el dolor de una madre que
pierde a uno de sus hijos a manos de su pareja?, ¿es revisable el dolor
de un hermano cuya hermana ha sido secuestrada, violada y asesinada?, ¿es
revisable el dolor de un hijo que ha perdido a sus padres a manos del
terrorismo? No, señorías. El dolor es lo único permanente y no
revisable.

Cuando un delincuente asesina la primera vez el Estado no tiene
herramientas para evitarlo, lo que sí podemos hacer es establecer todas
las herramientas necesarias para que esa persona, si no se ha
reinsertado, no vuelva a cometer los mismos delitos. Señorías, no dejemos
que el asesinato de tantos de los nuestros sea en balde. Construyamos
juntos una nación más segura y más justa en la que todo el mundo quiera
vivir.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Gracias, senadora Muñoz de
la Iglesia.

Llamen a votación. (Pausa.— La señora Mora Grande pide la
palabra).

Senadora Mora, ¿por qué pide la palabra?

La señora MORA GRANDE: Por alusiones, señor presidente, y para
poder contestar a la senadora del Grupo Popular.

El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Señoría, no ha habido
alusiones en este caso. (El señor presidente ocupa la Presidencia).

El señor PRESIDENTE: Por favor, cierren las puertas.

Señorías, sometemos a votación la moción del Grupo Parlamentario
Popular, tal y como ha sido presentada.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 254;
votos emitidos, 254; a favor, 147; en contra, 102; abstenciones, 5.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

El señor presidente da lectura al punto 8.2.

El señor PRESIDENTE: A esta moción se ha presentado una propuesta
de modificación firmada por el Grupo Parlamentario Popular, el Grupo
Parlamentario Socialista, el Grupo Parlamentario Vasco, el Grupo
Parlamentario Nacionalista y el Grupo Parlamentario Mixto. Por lo tanto,
las cuatro enmiendas que se habían presentado —tres del Grupo
Parlamentario Mixto y una del Grupo Parlamentario Socialista—
decaen una vez firmada esta propuesta de modificación, igual que la
enmienda que había presentado el Grupo Parlamentario Popular al texto
original.

Para la defensa de la moción, tiene la palabra, por el Grupo
Parlamentario Popular, la senadora Del Brío. (El señor vicepresidente,
Sanz Alonso, ocupa la Presidencia).

La señora DEL BRÍO GONZÁLEZ: Muchas gracias, presidente.

Señorías, vamos a hablar a continuación de confianza y vamos a
hablar también de protección a nuestros pequeños ahorradores.

Por todos es conocido que el valor de una moneda depende de la
confianza que en ella se deposite. El bitcóin, quizá la criptomoneda más
conocida y extendida en la actualidad, ha registrado en los últimos meses
pérdidas acumuladas... (Rumores).

El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Un momento, señoría.

Guarden silencio, por favor. Es imposible escuchar al orador.

Continúe, señoría.

La señora DEL BRÍO GONZÁLEZ: Muchas gracias.

Estaba hablando de confianza y decía que el valor de una moneda
depende de la confianza que se deposite en ella y que, precisamente, las
monedas de las que vamos a hablar, las criptomonedas, y muy
específicamente del bitcóin, que quizá sea la más conocida y la que tiene
el uso más extendido, ha soportado en los últimos meses unas pérdidas
acumuladas del 60 %. Es más, en un solo día, la pérdida intradía, ha
llegado a ser hasta del 29 %. ¿Cuál ha sido la razón de este descenso
brusco en la valoración de estas monedas? Básicamente, el anuncio por
parte de distintos Gobiernos de todo el mundo de su intención de comenzar
a regular estas monedas. Si el mero anuncio de la posibilidad de una
regulación ha provocado una volatilidad tan alta de estos activos y esta
caída de los precios, creo que hay razones suficientes para que hoy
discutamos sobre la necesidad de regular estas monedas.

De hecho, de esto es de lo que va a hablar hoy el Partido Popular
con esta moción que traemos al Pleno, tratando de implicar a todo el arco
parlamentario, para impulsar juntos la regulación de las criptomonedas
con el objetivo último de proteger siempre al pequeño inversor. En este
sentido, vamos a proponer una regulación que vele por la estabilidad
financiera y por la integridad del sistema financiero, pero sin perder
nunca de vista un principio tan esencial como es la justicia
distributiva. Para cumplir este objetivo es importante conocer el objeto
de debate, el objeto de interés; es importante conocer las criptomonedas,
que son cerca de 1500 monedas virtuales en fase experimental, altamente
volátiles y cuyo valor viene marcado por unos complejos algoritmos
matemáticos que buscan, ante todo, la escasez de la moneda. Por tanto, la
valoración nunca va a venir marcada por la evolución de la economía o por
si los demás hacemos las cosas bien o mal.

Esto da lugar a que las criptomonedas ni siquiera deban ser
consideradas monedas. Es más, no son monedas fiduciarias, no tienen el
respaldo de ningún Estado, de ningún banco central y, lógicamente, esto
da lugar a que estemos siempre en el filo de las actividades ilícitas. A
este comportamiento favorece especialmente otro rasgo de estas monedas,
como es, precisamente, el hecho de que sean anónimas. Son activos, por
tanto, opacos, en los que es difícil, o casi imposible, conocer el
comprador y vendedor último de cada una de las transacciones que se
realizan. Es más, por no conocer ni siquiera se conoce la identidad de
las personas responsables detrás de las empresas emisoras e inventoras de
las criptomonedas. Como consecuencia directa de esta situación, nos
encontramos con dos riesgos fundamentales: en primer lugar, para el
pequeño inversor, por un problema de exceso de volatilidad; por tanto,
hablamos de activos con un riesgo muy elevado que no deben ofrecerse en
el mercado minorista, y así lo comentó la semana pasada el ministro de
Economía. En segundo lugar, existe un riesgo que va más allá del inversor
individual; es un riesgo para el conjunto de los Estados, ya que el hecho
de que sean anónimas favorece su uso para actividades delictivas. Estamos
hablando, por ejemplo, de blanqueo de dinero, de tráfico de divisas, de
evasión fiscal, pero también, en el extremo quizá más excesivo, estamos
hablando de la posibilidad de financiar el terrorismo internacional.

Por todo ello es por lo que el Grupo Parlamentario Popular propone
ante este Pleno instar al Gobierno a que tenga un papel activo en el
ámbito de la Unión Europea, pero también del G20, en el desarrollo de una
regulación supranacional que proteja al pequeño inversor ante los riesgos
especulativos y que evite el uso de estos productos también para
financiar cualquier actividad fuera de la ley. Esta regulación creo que
además va a ayudar a restaurar la confianza y la fiabilidad en nuestros
mercados y mejorará la seguridad jurídica de estos productos, y sobre
todo tiene que ir encaminada a romper con el anonimato de comprador y
vendedor.

Queremos mencionar también otras exigencias, por ejemplo, la
necesidad de establecer mayores controles informativos y de requisitos de
capital para las empresas emisoras de criptomonedas y también mayores
requisitos para los proveedores, por ejemplo, de monederos electrónicos,
de servicios de depósitos de custodias o de servicios de cambio de
moneda, en este caso hablaríamos de cambio de moneda fiduciaria por
moneda virtual, y viceversa; y también, lógicamente, tenemos que abordar
el aspecto fiscal de estos productos, ya que ahora carecen del
tratamiento, en términos de gravamen fiscal, que tienen otras formas de
inversión, lo que hace que sean más atractivos para el pequeño inversor y
que sean más fácilmente susceptibles de casos de abuso.

En tanto no exista esa regulación, queremos mandar también un
mensaje de cautela, al cual deben contribuir directamente la CNMV y el
Banco de España mostrando y advirtiendo a los pequeños ahorradores del
peligro y la volatilidad de estos productos, y también participando en
todos los grupos de trabajo que existen actualmente y que tratan de
avanzar en la identificación de esa forma de regulación más eficaz para
contravenir los efectos negativos de las criptomonedas.

No obstante, no quiero que pensemos que las criptomonedas no
tienen ninguna ventaja; por supuesto que las tienen, sobre todo su
sencillez, su rapidez o la ausencia de costes de transacción; la
posibilidad, por tanto, de realizar sin costes transacciones
transnacionales, transfronterizas. Eso es una ventaja siempre que exista
una regulación que encamine su papel hacia el buen camino. Otra ventaja
fundamental de la criptomoneda es que nos va a ayudar a avanzar en la
inclusión financiera y va a ofrecer financiación más barata a pymes y a
nuevas empresas y también fuera del entorno español, en países
emergentes. No tenemos que olvidar esa dimensión.

Desde mi punto de vista, estamos asistiendo a una etapa fascinante
en el desarrollo de la humanidad. Es difícil prever los cambios
tecnológicos y también financieros que se van a producir en un futuro no
tan lejano. Por tanto, entiendo que, como servidores públicos, debemos
configurar cómo queremos que sea el sistema financiero del futuro. Es
nuestra obligación poner la globalización y los avances tecnológicos al
servicio del desarrollo de la sociedad. Por eso me quiero anticipar a dar
las gracias a todos aquellos partidos que han confirmado su apoyo a esta
iniciativa. Deseo que sigamos yendo juntos hacia el camino correcto,
comenzando hoy por mejorar la protección a nuestros conciudadanos.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Muchas gracias, senadora
Del Brío.

Pasamos al turno de portavoces.

Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el senador
Mulet.

El señor MULET GARCÍA: Gracias, señor presidente.

Respecto a esta moción, autoenmendada reiteradamente, compartirán
con nosotros que su primera propuesta era un despropósito: instar al
Gobierno a que regulara en criptomoneda, cuando no puede regular ni en
moneda ordinaria. El texto de la transaccional, que hemos aceptado, la
mejora notablemente, aunque nosotros queremos marcar cierta distancia con
su posicionamiento.

Si bien compartimos la necesidad de regular el fenómeno de las
criptomonedas como un método de pago o inversión, discrepamos bastante de
sus planteamientos y de presentar la criptomoneda como poco más que un
producto de la economía sumergida o incluso de actividades delictivas,
como el tráfico de divisas o de drogas o la financiación del terrorismo,
como ustedes sugieren en su exposición de motivos. Pensamos que eso es
tan peregrino como negar que el dólar, el euro o la antigua peseta
también han servido para financiar atentados o para llenar maletines o
los sobres en b que ustedes conocen tan bien. Hay tráfico de drogas, y lo
ha habido tanto con euros y dólares como con pesetas. No hacía falta que
llegara la criptomoneda o el bitcóin para esto. Con euros y sin bitcoines
ustedes no tuvieron ningún problema en tener casos Gürtel, amnistías
fiscales o cuentas en Suiza. Imagino que también esa fiesta del Partido
Popular que nunca se acababa y de la que hablaba Ricardo Costa se pagó
con euros y no con bitcoines. E imagino que los sobres iban llenos de
euros y no de bitcoines.

Ojalá les preocupara tanto la criptomoneda como la criptoeconomía
en los paraísos fiscales; ojalá les preocupara tanto la criptomoneda como
la criptofinanciación ilegal de su partido; ojalá les interesara tanto la
criptomoneda como la criptocontabilidad que ustedes destrozaron a
martillazos.

Por tanto, la criptomoneda no puede demonizarse, y no vamos aquí a
poner puertas al campo. Es un nuevo fenómeno que va a ir a más.
Entendemos que pone nerviosos a los bancos y a los monopolios económicos
para los que ustedes trabajan, pero hay que tener en cuenta que hoy en
día ya hay muchos países en los que se puede operar con bitcoines u otro
tipo de monedas. Ford, Jeep y Tesla aceptan ya criptomonedas, por lo que
parece que el fenómeno va a oficializarse; centenares de comercios en
España ya funcionan con criptomonedas, y, por lo tanto, no sería
descabellado que en breve la Unión Europea presentara su propia moneda
virtual.

Menos rasgarse las vestiduras hablando de transparencia, de lucha
contra el lavado de dinero o contra la fuga de capitales, como hacen en
su exposición de motivos refiriéndose únicamente a la criptomoneda,
cuando ustedes son el paradigma de todo lo contrario. Lo que proponemos
es que se regule claramente su uso, sus obligaciones y la posibilidad de
su integración en las instituciones bancarias y reguladoras, así como que
se informe a los usuarios de los riesgos, para que no sean estafados, y
educarlos en el uso de las criptomonedas. Desgraciadamente, ese interés
en educar a los ciudadanos para que no sean estafados no lo tuvieron
ustedes cuando los abandonaron ante los bancos con los fraudes
hipotecarios, con el fraude de Bankia o con los fondos de las
preferentes. Por lo tanto, las criptomonedas, emulando a su gran
compañero, también «es el mercado, amigo».

Nos parece bien que se estudie la posible fiscalidad para los
bitcoines y para cualquier tipo de moneda, pero también les pediríamos
que ese interés que han mostrado aquí, lo mostraran, al menos alguna vez,
para luchar contra los paraísos fiscales —que, como se ve, a tantos
dirigentes suyos no les genera ningún sarpullido—, para acabar con
las vergonzosas amnistías fiscales y para que se pueda identificar a
quien maneja fondos en paraísos fiscales y también a aquellas
organizaciones políticas que destrocen sus contabilidades a
martillazos.

Estamos a favor de que se regule el uso de las criptomnedas;
estamos en contra de que se criminalice su uso, y nos gustaría que, igual
que se preocupan por la criptomoneda, se preocuparan por una
criptoeconomía, como es la suya, y por una criptocontabilidad como la que
han tenido ustedes en el Partido Popular.

Gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Muchas gracias,
señoría.

Por el Grupo Parlamentario Nacionalista, tiene la palabra la
senadora Rivero.

La señora RIVERO SEGALÀS: Bon dia, senyories.

D’ençà que el 2008, Satoshi Nakamoto va crear el bitcoin,
hem sentit a parlar molt de la moneda virtual. O la criptomoneda. En
l’actualitat, sembla que ja se’n poden comptar més de mil
cinc-centes, però tampoc ningú no es posa d’acord respecte
d’aquesta quantitat. S’ha fet popular per internet, el
bitcoin, la més coneguda, va passar dels 958 dòlars a finals del 2016,
a 13.800 dòlars a finals del 2017. Amb un creixement de més del 1.000 %.
Però també sabem que, en una sola setmana, de fet, aquesta setmana,
aquesta moneda ha caigut en més d’un 30 %. Aquest és, doncs, un
sistema complex. Tothom n’hem sentit a parlar però costa
d’entendre el funcionament d’aquesta moneda per a la majoria
de la gent. Per tant, com bé s’explica en la part expositiva de la
moció que han presentat, la mateixa complicació que el fa interessant,
ràpid, anònim i afavoridor de transaccions, sense cap mitjancer, fa
alhora que no sigui atractiu per a la majoria de la gent que encara el
veu massa intangible, volàtil, i amb un elevat grau de risc. Però és cert
que obre tot un món a explorar, i tot un món de possibilitats i aquest
món no sempre està al servei de les bones pràctiques, —també en fan
un esment en la seva part expositiva.

En aquest sentit, és un tema real, tot i ser virtual, i és un tema
que ha vingut a quedar-se, molt complicat. I, efectivament, darrerament
hi ha hagut intents d’oficialitzar aquest tipus de monedes i una
reacció, per tant, per haver-lo de regular. Sembla que el fet de voler
regular aquest tipus de moneda es pot comptar dins de la seva pròpia
debilitat. De fet, aquests moviments reguladors han provocat davallades
en aquest tipus de monedes. Al nostre entendre, no és un tema fàcil,
intentar regular una moneda virtual, que no és oficial. Sembla una feina
ingent. Si tenim una moneda oficial, que amb prou feines podem controlar,
malgrat tots els mecanismes de què ens hem volgut dotar. Malgrat tot, és
un tema que truca a la porta. I que s’ha d’afrontar. Per
tant, veiem bé que s’estudiï i que es valori la necessitat
d’encarar-lo. Una bona informació, pedagogia sobre aquesta nova
realitat. Advertències sobre els seus riscos, a més a més d’un
treball coordinat, —tant a la Comissió Nacional del Mercat de
Valors com a tots els fòrums internacionals sobre els seus efectes i
possibilitats—, ho veiem bé. Pensem que la seva regulació
s’ha de fer tant a nivell de la seva bona pràctica, al servei de
qui i al servei de què està aquest tipus de moneda, com també de les
seves implicacions, ja siguin socials, econòmiques o fiscals.

Per això, votarem a favor d’aquesta proposta.

Moltes gràcies.

Gracias, presidente. Buenos días, señorías.

Desde que en 2008, Satoshi Nakamoto creó el bitcóin, hemos oído
hablar mucho de la moneda virtual o criptomoneda. En la actualidad,
parece que ya se pueden contar más de 1500, pero nadie se pone de acuerdo
sobre esta cantidad. El bitcóin —que se ha hecho la más conocida y
popular por internet— pasó de los 958 dólares a finales de 2016
a 13 800 dólares a finales de 2017, con un crecimiento de más del 1000 %.
También sabemos que en una sola semana —de hecho, esta
semana—, esta moneda ha caído más de un 30 %. Por tanto, se trata
de un sistema complejo.

Todos hemos oído hablar del bitcóin, pero a la mayoría de la gente
nos cuesta entender el funcionamiento de esta moneda. Por eso —tal
y como se explica en la parte expositiva de la moción que han
presentado—, la misma complicación que lo hace interesante, rápido,
anónimo y favorecedor de transacciones y mediadores, a su vez hace que no
sea atractivo para la mayoría de la gente, que todavía lo ve intangible,
volátil y con un elevado grado de riesgo. Pero es cierto que abre todo un
mundo por explorar, un mundo de posibilidades, que no siempre está al
servicio de las buenas prácticas —como mencionan ustedes en su
parte expositiva—. En este sentido, es algo real —a pesar de
ser virtual—, que ha venido para quedarse y es muy complicado.

Últimamente ha habido intentos de oficializar este tipo de monedas
y, por esta razón, reacciones para regularlo. Parece que el hecho de
querer regular este tipo de monedas ha demostrado su propia debilidad,
pues estos movimientos reguladores han provocado ya algunas caídas de
estas monedas. A nuestro entender, no es fácil intentar regular una
moneda virtual que no es oficial; parece un trabajo ingente, si tenemos
en cuenta que ya nos cuesta bastante trabajo controlar una moneda
oficial, a pesar de todos los mecanismos de los que nos hemos dotado. Sin
embargo, es algo que ya tenemos aquí y a lo que hay que hacer frente.
Consideramos que es necesario enfrentarse a ello, tener buena
información, hacer pedagogía de esta nueva realidad y advertir de los
riesgos que entraña, además de realizar un trabajo coordinado, tanto en
la Comisión Nacional del Mercado de Valores, como en todos los foros
internacionales, sobre sus efectos y posibilidades. Todo esto lo vemos
bien. Pensamos que su regulación se tiene que hacer tanto en lo que
respecta a su buena práctica como en saber al servicio de quién y de qué
están estas monedas, así como sus implicaciones sociales, económicas y
fiscales.

Por estas razones, vamos a votar a favor de esta propuesta.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Muchas gracias, senadora
Rivero.

Por el Grupo Parlamentario Vasco, tiene la palabra la señora
Etxano.

La señora ETXANO VARELA: Presidente, señorías, egun on. Buenos
días.

Tratamos hoy la moción que presenta el Grupo Parlamentario Popular
en relación con los riesgos y la regulación de las criptomonedas.

En primer lugar, nuestro grupo entiende que habría que diferenciar
las criptomonedas de la tecnología subyacente. La moción que presenta el
Grupo Popular propone regular las criptomonedas por su carácter
especulativo, por el riesgo del anonimato implícito en ellas y por el
riesgo de evasión de impuestos al utilizar una moneda que no está
regulada y a la que, por tanto, no se le exige el pago de impuestos.

Los mercados de criptomonedas y los ICO no están, a fecha de hoy,
controlados por ninguna autoridad ni disponen del respaldo de ningún
banco central; su éxito está basado en la confianza de usuarios y
usuarias. Sin embargo, la moción no dice nada sobre la tecnología
subyacente a las criptomonedas actuales, el blockchain, que puede
utilizarse para otros casos, como la identidad digital, el bastanteo de
poderes, los contratos inteligentes, los registros oficiales o las
transferencias internacionales.

Creemos que es igual de importante establecer una regulación de
las criptomonedas que empezar a analizar y, en su caso, regular posibles
usos de su tecnología subyacente que no están asociados a los riesgos de
las criptomonedas.

Con respecto a las criptomonedas, haré algunas consideraciones que
nos parecen importantes. El carácter especulativo de las criptomonedas es
un tema principalmente a tratar por la Comisión Nacional del Mercado de
Valores. Desde los entes públicos, incluso desde los privados, se puede
hacer una labor de concienciación para evitar que se especule con ellas,
pero creemos que, en último término, le corresponde a la Comisión
Nacional del Mercado de Valores, que es la que tiene potestad de aplicar
acciones que eviten riesgos de mercado; por ejemplo, si hay una caída muy
fuerte de alguna cripto sin justificación debida, prohibir su venta en un
intervalo temporal, etcétera. Corresponde a la Comisión Nacional del
Mercado de Valores, sobre todo porque no podemos obviar ni olvidar la
crisis financiera, que fue facilitada en parte por las deficiencias de
muchos gestores y numerosas entidades financieras, y también de prácticas
especulativas. Pero, sobre todo, en parte por la deficiente labor del
supervisor. Es oportuno, por tanto, vista la experiencia vivida en los
últimos años en el sector financiero, la anticipación y la regulación de
aquello que suponga o pueda suponer riesgos para los inversores e
inversoras.

En cuanto a los riesgos del anonimato, se tendrían que analizar
las dos vertientes: la identificación de los usuarios o usuarias que
adquieran criptomonedas a cambio de monedas de curso legal y la
identificación de los usuarios y usuarias que utilicen las criptomonedas
en transacciones comerciales. Porque no podemos obviar que el anonimato
en las operaciones con criptomonedas puede ser generador de riesgo,
refiriéndonos a las actividades delictivas vinculadas a la comisión de
delitos graves que preceden a la posterior actuación del blanqueo de
capitales, al no poder garantizar ni facilitar la identificación de las
personas físicas o jurídicas que realicen dichas transacciones. En esta
línea estarían las iniciativas que ha presentado recientemente la
Comisión Europea al Parlamento a fin de obligar a que las plataformas que
gestionan las criptomonedas controlen a sus clientes, proponiendo
extender la directiva contra el blanqueo de capitales a estas formas de
pago. Pero el anonimato tampoco facilita la tributación de estas
operaciones.

Para analizar la opción de regular fiscalmente las criptomonedas
se debe tener en cuenta el fallo del Tribunal de Justicia de la Unión
Europea, que dictamina que no se deberá aplicar el IVA a las
criptomonedas en su cambio de moneda a moneda; no obstante, sí a las
transacciones comerciales. Es decir, el cambio de criptomonedas a moneda
de curso legal no debe tributar, pero sí las transacciones que se hagan.
Entendemos que la forma de hacerlo sería fijar esa obligación a los
establecimientos o plataformas que permitan alguna criptomoneda como
método de pago, obligando a tributar por las transacciones realizadas con
estas monedas. Aquí también se plantea otra cuestión: cómo puede afectar
a la tributación personal las revalorizaciones de estas monedas.

Por otro lado, ni siquiera estaría claro a qué nos referimos
cuando hablamos de criptomonedas, porque en esto tampoco hay consenso.
Algunos dicen que es un título valor; la Agencia Tributaria dice que son
otros efectos comerciales; hay quienes lo consideran como un bien mueble
digital. También tenemos la definición que se ha utilizado en la primera
escritura de constitución de una sociedad en España con capital
íntegramente constituido por bitcoines calificando a estos como
aportaciones no dinerarias. Finalmente, también hay quien la considera
una divisa, cuya principal objeción sería precisamente la inexistencia de
un Estado o banco central detrás de estas criptomonedas. Por tanto,
también se debería hablar de la naturaleza jurídica de las criptomonedas,
asunto, como vemos, que no es, ni mucho menos, pacífico.

Voy terminando. Por todo lo anterior, reconociendo la innovación
de las criptomonedas y que han venido para quedarse, consideramos
necesarias aquellas iniciativas que analicen la posibilidad de protección
a los inversores, así como iniciativas tendentes a identificar y mitigar
los riesgos de blanqueo y lavado de activos y la financiación de
actividades ilícitas y terroristas. Esta regulación se debe realizar en
los foros internacionales a través de regulaciones supranacionales.

Eskerrik asko.

El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Muchas gracias, senadora
Etxano.

Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, tiene la
palabra el señor Ayats.

El señor AYATS I BARTRINA: Senadors, primer agrair la voluntat de
transaccionar dels senadors que la proposen. Però també, al mateix temps,
assenyalar que aquella primera versió que ens van presentar, la qual
després es va canviar de dalt a baix, encara que fessin veure una
correcció d’errors. No entenem exactament com alguns dels senadors
que m’han precedit d’un pas a l’altre i això ens genera
desconfiança, perquè aquella primera versió també generava
desconeixement.

Dèiem desconfiança i també veiem una desconfiança excessiva en com
funciona una nova forma de relació sense intermediaris. I això no vol dir
que no hi hagi d’haver i que no estiguem d’acord que hi hagi
una regulació, evidentment que sí. Hi ha d’haver una regulació
fiscal i una regulació jurídica. Però no la veiem tampoc en aquesta
moció. De fet, l’Agència Tributària ja ho fa en el seu pla anual de
control tributari per a aquest 2018, que parla d’estudiar, com
aquesta moció. Però no sabem ben bé cap a on. I, de fet, en el seu
conjunt, aquesta moció, la veiem inoqua, no veiem en quina direcció va
exactament. I per això ja els avanço que ens abstindrem.

Està bé que el govern del Partit Popular miri de lluitar contra el
blanqueig de capitals, i l’economia submergida, per la moneda
digital, i per la moneda fiducitària i pels sobres, i en general. I també
cal destacar l’aspecte fiscal de l’administració. I que doni
aquesta seguretat jurídica. Per això, estem d’acord que ha de ser,
com a mínim, a nivell d’Unió Europea. Per tant, a nivell
supranacional, com plantejaven a l’hora d’anunciar-nos
aquesta moció. Però insistim en la idea que no es pot generar alarmisme,
que no es pot criminalitzar. I aquest plantejament és el que sí que ens
preocupa una mica d’aquesta moció. No es pot només advertir dels
perills de les criptomonedes, que segur que hi són, com qualsevol altra
manera. Sinó que s’ha de regular, amb confiança, aquesta nova
manera de fer, simplement això per donar seguretat també a aquells que ho
volen fer bé. Lluny de veure-la només com un perill. També cal veure que
treure pes i ineficiències als intermediaris pot ser una
oportunitat.

No veiem això en aquesta moció, tampoc no veiem el contrari, i
tenim clara aquesta necessitat de regular, com els dèiem, ens
abstindrem.

Gracias, señor presidente.

En primer lugar, quiero agradecer la voluntad de transacción a los
senadores proponentes, pero también señalar que aquella primera versión
que nos presentaron se ha cambiado totalmente, aunque hicieran una
corrección de errores.

No entiendo por qué algunos senadores que me han precedido en el
uso de la palabra no han dicho nada, porque esto genera desconfianza y
desconocimiento. También hay excesiva desconfianza en cómo funciona una
nueva forma de relación sin intermediarios, lo que no significa que no
tenga que haber una regulación. Evidentemente que tiene que haber
regulación fiscal y regulación jurídica, pero no la vemos en esta moción.
De hecho, la Agencia Tributaria ya lo hace en su plan anual de control
tributario para este año, ya que habla de estudiar, como esta moción,
pero no sabemos hacia dónde va. En su conjunto, esta moción la vemos
inocua, no vemos hacia qué dirección va. Por eso les avanzo que nos vamos
a abstener.

Está bien que el Gobierno del Partido Popular trate de luchar
contra el blanqueo de capitales y la economía sumergida tanto para la
moneda digital y la moneda fiduciaria como para los sobres y a nivel
general. También hay que destacar el aspecto fiscal de la Administración
para que dé seguridad jurídica. Por ello, estamos de acuerdo en que, como
mínimo, tiene que ser en el ámbito de la Unión Europea, por lo tanto, a
nivel supranacional, como han planteado al presentar esta moción.

Insistimos en la idea de que no se puede generar alarmismo, que no
se puede criminalizar. Este planteamiento de la moción nos preocupa. No
se puede solo advertir de los peligros de las criptomonedas, que seguro
que están ahí, como en cualquier otra forma, pero se tiene que regular
con confianza esta nueva forma de hacer simplemente para dar seguridad a
aquellos que lo quieren hacer bien. No hay que ver las criptomonedas como
un peligro. Sacar la ineficiencia de los intermediarios puede ser una
oportunidad, pero no lo vemos reflejado en la moción, y tampoco vemos lo
contrario. Tenemos clara la necesidad de una regulación, y por ello nos
vamos a abstener. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Muchas gracias, senador
Ayats.

Por el Grupo Parlamentario Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea,
tiene la palabra el senador Martínez.

El señor MARTÍNEZ RUIZ: Gracias, señor presidente. Buenos días,
señorías.

La moción que debatimos es en buena medida una especie de
Frankenstein. Ustedes, senadora Del Brío, presentaron una primera versión
de esta moción para luego corregirla y cambiar completamente su parte
propositiva. La primera versión era muy agresiva y bastante
inconsistente. La segunda versión sigue siéndolo en su exposición de
motivos, en su justificación, pero han edulcorado los puntos que propone.
Empezaré por comentar la parte justificativa de la moción.

Ustedes han recogido todo el argumentario que se utiliza
habitualmente en contra de las criptomonedas y en particular del bitcóin.
Nosotros no pretendemos desechar todas las críticas dirigidas a las
criptomonedas, pero, en cambio, consideramos que asociarlas a
comportamientos delictivos no tiene demasiado sentido cuando se trata de
un medio de pago, como si el dinero fiduciario, el euro o el dólar, no se
usara también para actividades ilegales. Ustedes dicen literalmente que
las criptomonedas están tradicionalmente asociadas a la economía
sumergida e incluso a actividades delictivas, como el tráfico de divisas,
tráfico de drogas, estructuras piramidales y financiación del terrorismo.
Con el panorama que usted pinta, señora Del Brío, se podría pensar que
hasta el Partido Popular acabará usando los bitcoines para su
financiación ilegal.

Ustedes hablan de los fenómenos especulativos que se han producido
en torno al bitcóin y a otras criptomonedas. En ese sentido, es cierto
que ha habido fuertes vaivenes en su cotización en bolsa. Mientras que
durante el año pasado el bitcóin tuvo un comportamiento tremendamente
alcista, en las últimas semanas su valor en bolsa ha caído en picado.
Ayer podíamos leer que en escasas semanas el bitcóin ha caído hasta
un 65 %.

En ese sentido es interesante observar que el Partido Popular
proponga la regulación estatal como una solución. De algún modo les pone
a ustedes frentes al espejo, les pone frente a sus propias
contradicciones, frente a esa retórica falsamente liberal que ustedes
suelen utilizar.

¿Pero no es el mercado un mecanismo eficiente de asignación de
recursos? ¿Pero la oferta y la demanda no se ajustan automáticamente?
¿Pero no es precisamente la regulación estatal la que genera distorsiones
en el mercado provocando comportamientos y burbujas especulativas? Pues
va a resultar que no, va a resultar que ustedes solo usan ese discurso
cuando se trata de privatizar servicios públicos, rebajar los impuestos a
los más ricos o permitir comportamientos criminales de las entidades
financieras. Pero cuando ustedes ven algo, por pequeño que sea, que
escapa a su control, son los primeros en recurrir al Estado, en exigir la
intervención y la regulación por parte del Estado. Nosotros somos
favorables; consideramos que se deben regular los flujos monetarios y
financieros y que pueden permitirnos minimizar los fenómenos
especulativos. Si situamos unas reglas claras de juego, damos seguridad a
los usuarios y normalizamos el uso de las criptomonedas, probablemente
lograremos evitar abusos que ya hemos conocido de algunas empresas y
contribuiremos a estabilizar su cotización. Y aquí engarzo con la parte
propositiva de su moción.

Ustedes han rebajado tanto el contenido de su moción que han
acabado por no proponer nada. Su propuesta consiste en decir que este
asunto tiene que ser estudiado en los foros internacionales y, en
particular, en el G20. Pues, muy bien. Nosotros estamos de acuerdo en que
debemos llevar el debate a una escala supranacional, pero para ello lo
primero es que España, como Estado, defina una posición. Otros Estados ya
lo están haciendo: Japón ha apostado por la regulación, Australia se
dirige hacia el mismo camino; Rusia, China y Corea del sur, en cambio,
apuestan por prohibirla. Hay posturas muy diferentes, incluso
antagónicas, entre países. ¿Cuál debe ser la posición de España? No lo
dicen, no dicen nada. Por eso, han podido incorporar las enmiendas tanto
del Grupo Socialista como de Compromís, porque no dicen nada en la
moción.

Por tanto, si ustedes traen un posicionamiento para que sea
debatido en esta Cámara, nosotros nos posicionaremos. Mientras tanto,
nuestra única posición solo puede ser la abstención.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Muchas gracias, senador
Martínez.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el senador
Huelva.

El señor HUELVA BETANZOS: Gracias, señor presidente.

Señorías, señores del Grupo Popular, cuando yo vi esta moción hace
unas semanas, prometo que traté, y trato, de ser positivo con ella,
porque creo que es una oportunidad que se presenta para regular un
problema que tenemos hoy en día, pero que es de hace bastantes años.
Ahora lo que más nos preocupa es la burbuja virtual que se está generando
en torno a ella, de la que parece que el Gobierno se acaba de dar cuenta
en estos momentos.

Con la regulación de la criptomoneda, que es lo que pretende esta
moción, también deberíamos entrar en la regulación de la tecnología que
lo soporta —de la que han hablado los senadores que me han
precedido—, pero también de los criterios de fabricación de las
criptomonedas. El blockchain —






de lo que ya hemos hablado
aquí— es la tecnología capaz de dar rigor a los procesos
particulares, tal y como el P2P, peer-to-peer, hizo con la música hace
escasos años. Blockchain es una tecnología que está en internet, que es
pública, que puede utilizar cualquiera, pero que también tiene sus
variantes en las recepciones de uso privado.

Al Grupo Popular le digo, por si quiere presumir de ello, que
España tiene la primera entidad que ha utilizado blockchain con términos
educativos, se llama Certiuni, lo digo por si, cuando vayáis al G20,
queréis establecerlo.

Señorías, se deben establecer normas europeas, se deben establecer
normas internacionales, pero no podemos estar permanentemente a expensas
de que lo hagan los demás. España debe tener iniciativas en este aspecto.
Hemos de tener normas estatales que regulen el uso de las criptomonedas,
igual que hicimos con la protección de datos, aspecto en el que fuimos
pioneros mundiales, con nuestros defectos, por supuesto, y con nuestras
virtudes, y tuvimos que adaptar nuestra normativa a las normativas
europeas, que llegaron después. Pero siempre es mejor tener una normativa
defectuosa que no tener ninguna, que es lo que ocurre en estos
momentos.

Debemos estar alerta y ver cómo afecta la regulación a los
sistemas financieros tradicionales, y para eso los bancos centrales,
tanto el Banco Europeo como el Banco de España, deben tener una actitud
activa para llegar al punto final de la regulación, pero no solo de las
criptomonedas, porque eso sería una regulación parcial, sino que habría
que regular el blockchain, el sistema que lo soporta; por supuesto,
habría que regular las criptomonedas, que es a lo que se refiere esta
moción, pero no tendría mucho sentido regular estas dos cosas si no
regulamos el ICO, que no es el Instituto de Crédito Oficial, sino el
initial coin offering, el sistema que produce la autorregulación de estas
monedas y que sienta las bases para establecer los criterios necesarios
para que se consideren criptomonedas y para que cada uno no pueda tener
una moneda que se haya inventado, lo que hoy en día sí se puede hacer.
Esto habrá que regularlo de alguna manera, es decir, que cuando una
moneda se fabrique sin cumplir estos criterios se prohíba su uso.

Además, señorías, ni la tecnología es tan mala ni regular es tan
malo. Tendremos que adaptar la tecnología a la legislación y hacer esta
flexible para que adapte la tecnología, porque en estos momentos ya
existe. No pensemos que vamos a eliminar las criptomonedas, porque eso no
va a ocurrir. Vamos a tener que convivir con ellas, lo queramos o no, nos
guste o no, y para ello, para utilizarlas, y utilizarlas bien, tendremos
que adaptar nuestro sistema legislativo, por supuesto.

Señorías, aquí tenemos que implicarnos todos; todos los poderes
públicos deben estar pensando en lo mismo. Debe implicarse el Poder
Legislativo, que es lo que estamos haciendo en estos momentos, para
regular mediante leyes su utilización, pero tenemos que hacerlo en serio,
no para rellenar un hueco con esta moción, que me da la sensación de que
es lo que estamos haciendo. Tendrá que implicarse el Poder Judicial,
porque vamos a asistir a gran cantidad de pleitos que se van a generar
con la nueva situación y habrá que crear unidades específicas de jueces y
de policías, igual que se han creado unidades específicas de las fuerzas
y cuerpos de seguridad del Estado con cuestiones hoy perfectamente
normalizadas. Y el Poder Ejecutivo también tendrá que implicarse, tendrá
que poner todos los medios necesarios para generar lo que se debería
llamar la ciberalfabetización, y para ello tiene un organismo que
pensamos que está perfectamente cualificado, con un personal
perfectamente formado, como es red.es, que debería crear una unidad de
criptomoneda para hacer todos los estudios pertinentes y también para
formar a los usuarios.

El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Termine, señoría.

El señor HUELVA BETANZOS: Termino, señor presidente.

Y propongo al Partido Popular que hagamos un grupo de trabajo o
que presentemos una ponencia para estudiar esta cuestión, porque sería
interesantísimo.

Y para terminar, una cosa importante. Podemos tener todas las
reticencias que queramos, pero esto va a pasar con nosotros o sin
nosotros. Si sabemos legislar en condiciones nos podrá generar muchos
beneficios para el país y para los ciudadanos, pero si permanecemos
parados y esperando, que es la especialidad actual de este Gobierno, nos
creará muchos problemas y muchos perjuicios.

Señorías, si esto no se regula no hará falta ya Suiza porque
tendremos las criptomonedas para ocultar el dinero.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Muchas gracias, senador
Huelva.

Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la senadora
Serrano.

La señora SERRANO ARGÜELLO: Gracias, presidente.

Buenos días, señoría. Les adelanto que el Grupo Parlamentario
Popular en el Senado va a apoyar esta moción —este es un turno de
portavoces favorable— por tres motivos fundamentales: por
responsabilidad, por realismo y por oportunidad.

Ha sido un deleite escuchar todas las intervenciones de sus
señorías. No puedo esconder que este es un tema que a mí me resultaba
bastante lejano e ininteligible y, francamente, se ha arrojado bastante
luz y nos ha familiarizado con algo que es de una relevancia muy
considerable, dado que uno de los informes del Foro Económico Mundial
dice que, en muy breve espacio de tiempo, el 10 % del producto interior
bruto de la riqueza mundial se va a albergar precisamente en estos medios
digitales y de la tecnología blockchain; por tanto, la entidad que tiene
es de suma importancia porque, en este momento, nos está afectando a
todos.

Como les decía, nuestro grupo se va a posicionar de forma
favorable en esta iniciativa, lógicamente, y la defendemos por una
cuestión clarísima de responsabilidad. Aquí se ha dicho, pero no está mal
volver a decirlo, el riesgo que están corriendo en estos momentos los
pequeños inversores, y no sobra decir aquí que, como todos sabemos,
nuestra obligación es proteger o poner todos los mecanismos necesarios
para la protección de esos pequeños inversores. Hoy mismo, en uno de los
periódicos de páginas salmones, gente muy autorizada en temas financieros
hablaba del elevadísimo riesgo, advertía de la probable y posible burbuja
a punto de estallar y de los fraudes y estafas, porque en algunos sitios
se habían comprobado estructuras piramidales.

También es una cuestión de responsabilidad para evitar,
lógicamente, la evasión fiscal, porque todos tendremos que contribuir a
sostener el Estado del bienestar. Asimismo, es una cuestión de
responsabilidad —aquí me dirijo directamente a las señorías de
Podemos— porque, de verdad, es muy importante poner el foco en la
transparencia. No puede ser que haya un instrumento financiero donde no
sepamos quién compra y quién vende, y tenemos que hacer todo lo que esté
en nuestra mano para evitar algo tan grave, sí, como el blanqueo de
capitales; algo tan grave, sí, como el tráfico de drogas; algo tan grave,
sí, como el tráfico de divisas; y algo tan grave, sí, como la
financiación del terrorismo. Es obligación de todos nosotros que pongamos
transparencia para evitarlo. Por eso no entendemos cómo pueden amparar a
los que posiblemente puedan delinquir, salvo que sea porque Venezuela ya
ha anunciado que quiere poner en marcha una criptomoneda por la absoluta
ruina en la que tiene a los venezolanos. Salvo por eso, no se entiende.
(Rumores.— Aplausos).

Y tampoco se entiende que Esquerra Republicana no quiera apoyar
esta iniciativa cuando es una cuestión, insisto, de responsabilidad, de
oportunidad, de realismo, de algo que está ahí. No entendemos por qué,
porque esto también afecta a los catalanes nacionalistas, ya que corren
el mismo riesgo. En lo que sí estamos de acuerdo es en que no se puede
estar en algunos casos en Bruselas tomándose unas cañas en vez de
preocuparse de los problemas reales de los españoles. Los nacionalistas
catalanes también tienen este problema con las criptomonedas y también
están corriendo riesgos; por tanto, es el momento de regularlo. Es verdad
que este es un primer paso, y yo puedo recoger las sugerencias, si me lo
permiten, para dar un segundo paso y presentar mociones más avanzadas en
ese sentido.

Para terminar, como les digo, es por una cuestión de
responsabilidad y también de oportunidad, porque hay distintas
regulaciones a lo largo y ancho de todo el mundo, y todos sabemos que
esto trasciende. Por tanto, ahora es la oportunidad y el momento, y es
ahí donde van a encontrar siempre al Partido Popular.

Doy las gracias al Grupo Parlamentario Socialista, a través de don
Amaro, por enriquecer esta iniciativa; gracias al señor Mulet, porque
también se ha aceptado su enmienda y ha enriquecido este texto; y gracias
al Grupo Parlamentario Nacionalista Vasco y al Grupo Nacionalista por
apoyar esta transaccional.

Les quiero decir a todos ustedes, señorías, que ahí es donde
siempre van a encontrar al Grupo Parlamentario Popular, en el diálogo, en
el consenso, en el pacto, siempre que se trate de temas por España y por
los españoles.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Muchas gracias, senadora
Serrano.

Llamen a votación. (Pausa.— El señor presidente ocupa la
Presidencia).

El señor PRESIDENTE: Cierren las puertas.

Señorías, sometemos a votación la propuesta de modificación de la
moción del Grupo Parlamentario Popular, firmada por el Grupo
Parlamentario Popular, por el Grupo Parlamentario Socialista, por el
Grupo Parlamentario Vasco, por el Grupo Parlamentario Nacionalista y por
el Grupo Parlamentario Mixto.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 251;
votos emitidos, 251; a favor, 215; en contra, 1; abstenciones, 35.*

*La Mesa, en su reunión del día 13 de febrero de 2018, acuerda
anular el voto emitido en nombre de la senadora Felipe Saelices, por lo
que el resultado definitivo de la votación es: presentes, 250; votos
emitidos, 250; a favor, 215; en contra, 1; abstenciones, 34

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

El señor presidente da lectura al punto 8.3.

El señor PRESIDENTE: A esta moción, en principio, se presentaron
dos enmiendas. (Rumores).

Señorías, guarden silencio, por favor.

Decía que a esta moción se habían presentado, en principio, dos
enmiendas del Grupo Parlamentario Mixto, por iniciativa de los senadores
Mulet y Navarrete, que posteriormente han sido retiradas.

Para la defensa de la moción, tiene la palabra, por tiempo de diez
minutos, la senadora Palencia.

La señora PALENCIA GARCÍA: Gracias, presidente.

Buenos días. Egun on.

Dádivas, regalos, viajes, privilegios, despilfarro son términos
que a menudo se relacionan con la clase política y la falta de
regulación... (Rumores).

El señor PRESIDENTE: Espere un momento, senadora Palencia.

Señorías, guarden silencio, por favor. Hagan el favor de guardar
silencio y si quieren hablar salgan al pasillo.

Continúe.

La señora PALENCIA GARCÍA: Decía que la falta de regulación en
esta materia es una de las cuestiones que más contribuye a alejar a la
representación pública de la ciudadanía. Por eso, la iniciativa que mi
grupo parlamentario trae hoy a la consideración de esta Cámara es una
moción con la que todos los parlamentarios encontramos un gran consenso
con la ciudadanía. Venimos hoy a proponer que se regulen mejor aquellos
obsequios que los parlamentarios y parlamentarias recibimos de personas o
de entidades privadas. Creemos que tenemos que afrontar esta regulación
porque, aunque en este sentido hay una referencia a ello en el título II
de la Ley de transparencia, el acceso a la información pública y el buen
gobierno, no comprende en su ámbito de aplicación a los representantes
públicos elegidos mediante sufragio, como seríamos los parlamentarios y
parlamentarias. En definitiva, se trata de asimilar nuestra situación a
la de otros cargos y empleados públicos y asumir unos estándares de
actuación que no nos diferencien del resto de servidores públicos.

Otra de las cuestiones que consideramos que no está ajustada a la
realidad de nuestro país es la de las estancias y viajes que sufragan
entidades privadas con ánimo de lucro. El abono de estos viajes,
hospedajes y dietas no se diferencia en nada de los obsequios físicos.
Por esta razón, creemos también que es imprescindible que este tipo de
obsequios estén incluidos en la regulación, evitando así un vacío legal y
ético que hasta ahora existe. Porque, verán ustedes, es difícil que la
ciudadanía, a la que se le ha pedido sacrificios económicos año tras año,
y con una situación de devaluación salarial continua, entienda que con el
salario y el complemento que asigna la Cámara a parlamentarias y
parlamentarios no seamos capaces de sufragar nuestros viajes y estancias
no oficiales. Seamos, pues, senadores, senadoras, diputados y diputadas
quienes asumamos prácticas que acerquen la institución al modo de vida de
la ciudadanía que representamos. Nadie en su trabajo entiende y espera
que una empresa privada le pague unas vacaciones o unas estancias en el
extranjero a cambio de nada. Y eso, repito, cuando los salarios de
nuestro país son mucho más bajos que las asignaciones que esta Cámara
hace a sus señorías.

Además, no deberíamos quedarnos a la cola de otras
administraciones autonómicas o locales que han comenzado a regular estas
conductas estableciendo límites a la aceptación de regalos. Por poner
algunos ejemplos, la Xunta de Galicia, a través de la resolución de 8 de
septiembre de 2014, ha hecho este esfuerzo de regular y establecer un
límite a los obsequios que se pueden recibir. En dicha resolución se
delimita aquellas cortesías institucionales y los procedimientos para su
devolución en caso de que se estipulara necesario. Asimismo, el
Ayuntamiento de Madrid también lo ha hecho con las normas y registro de
regalos y obsequios, incorporando el régimen de devolución o su
donación.

Estos son dos ejemplos de cómo hacer la institución más
transparente y que abarca a mayorías con aspectos políticos bien
diferentes. La Diputación de Ourense también estableció una regulación en
términos similares, o la Federación Española de Municipios y Provincias,
que hizo un esfuerzo para compartir un código de conducta que incorpore
estas cuestiones.

Pero nuestro objetivo es avanzar hacia compromisos mayores, como
ocurre en algunos países, como Australia, donde la aceptación de regalos
o de estancias puede dar lugar a la consideración de conflicto de
intereses; o Canadá, donde están claramente delimitadas las
circunstancias y cuantías para la aceptación de regalos, incluyendo
también en este concepto los gastos de viajes.

¿Por qué proponemos regulación? Porque hemos visto en numerosas
ocasiones cómo con acuerdos no vinculantes, como pueden ser códigos de
buenas prácticas, no se consigue delimitar las actuaciones para las
cuales se crearon. Además, organismos europeos de los que nuestro país
forma parte, como el Consejo de Europa, nos están instando a regular los
conflictos de intereses en el Parlamento, tomando medidas como el
desarrollo y adopción de códigos de buenas conductas éticas sobre
posibles conflictos de intereses, la regulación de la relación entre
parlamentarios y parlamentarias con los lobbies, o medidas de
transparencia que obliguen a los parlamentarios a informar públicamente
de los regalos que reciben y de los viajes a los que son invitados.

Señorías, hoy pedimos el apoyo de esta Cámara para una moción que,
lejos de pretender acusación alguna, persigue evitar malos entendidos que
dan lugar a noticias que no dejan en buen lugar a los representantes
políticos y, de la misma manera, mejorar una relación deteriorada durante
estos años entre la ciudadanía y la clase política.

Señorías —con esto termino—, las personas con
responsabilidades públicas debemos ejercer nuestra función sin ningún
viso de duda sobre la motivación a favor del interés general en cada una
de nuestras actuaciones. Como depositarios de la representación de la
ciudadanía, y también de su confianza para tratar los asuntos públicos de
nuestro país, debemos ejercer con absoluta transparencia y demostrada
vocación de servicio público y, como suele decirse, no basta con serlo,
sino que además hay que parecerlo.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Palencia.

Pasamos al turno de portavoces.

Por el Grupo Parlamentario Mixt, tiene la palabra el senador
Mulet.

El señor MULET GARCÍA: Gràcies, senyor President.

Entenem que esta proposta va pel bon camí, possiblement siga
insuficient, però la intenció és molt bona i l’aprovarem. Hem
retirat les nostres esmentes perquè també pensem que es quedaven curtes a
l’hora de fer propostes que havien de ser molt més ambicioses.
Saben perfectament que actualment el Congrés està debatent una proposta
de llei de lluita contra la corrupció, contra els lobbies, i pensem que
és allí on s’haurien de donar els esforços.

Com bé ha dit vostè la Llei de transparència de l’Estat
del 2013 no té un reglament. Ara sembla que l’estan preparant i
depèn de com vaja la tramitació en el Congrés d’eixa nova llei que
han proposat la impulsaran o no la impulsaran. Tot això perquè no hi ha
hagut interès, en tres anys, o en més de tres anys, en quatre o cinc
anys, per al Partit Popular el tema de la transparència ha sigut
simplement una etiqueta, un hashtag però no li ha donat cap tipus
d’impuls. Més que res ara en plena explosió de tants casos de
corrupció, quasi tots des del Partit Popular, pensem que faria falta
avançar molt en eixa proposta de llei.

Tenim dubtes en eixa proposta: en el punt 1, no queda clar si es
refereix a empleats públics, en general, o únicament a polítics perquè,
per exemple, si estem parlant que una farmacèutica li fa un regal a un
polític, això és una cosa, i si li la fa a un metge, per exemple, seria
una altra. Si li fa un regal a un metge això hauria d’estar regulat
en una llei de funció pública, que pensem que també faria falta fer eixe
tipus d’esmenes, però si la fa a un polític, eixe tipus de regals
sí que haurien d’estar contemplats en una llei de transparència.
Per tant, la redacció potser hauria de ser més específica.

Proposem restringir reglamentàriament però perquè es poguera
restringir faria falta que existira una llei, un reglament sense una llei
òbviament no va a cap lloc. Per això faria falta que proposarem una llei
de lobby. Malauradament, eixa Llei de 2013 a la qual vostè ha fet menció
com perfectament sap està crioconservada, no contempla el cas dels
lobbies i, per tant, faria falta més que res una legislació seriosa. El
Govern del Partit Popular mai s’ha pres seriosament la
transparència i no pot ser, com bé explica vostè, que siguen les
comunitats autònomes les que estiguem a hores d’ara regulant i fent
accions a anys llum del propi Govern central.

Al País Valencià, com a exemple ho posaré, hem passat dels trages
de Camps o de la caixa fixa de l’anterior president de la
Generalitat a una comunitat autònoma capdavantera en la transparència. Al
País Valencià tenim un avantprojecte de llei de lobby que està a punt
d’entrar al debat de les Corts i hem sigut l’única i la
primera, i de moment l’única comunitat autònoma, que té un
reglament de transparència. Tenim en tramitació l’esborrany
d’una nova llei de govern obert. Des de 2015, la Generalitat
valenciana publica els viatges que fan els seus alts càrrecs del govern
especificant quant es gasten en transport, en manutenció i en
allotjament, si l’acompanya algú o si els convida alguna empresa
perquè, per exemple, els porten de ponents i si els paguen les despeses i
tot això que hem especificat.

El Partit Popular, que durant anys ha estat fent boicot total de
la transparència, que ha sigut el clar exemple d’ocultar tot aquest
tipus de despeses, ara es dedica, en lloc de ser transparents, a
perseguir en base a eixa transparència nostra. Hem viscut esta setmana un
cas lamentable de carronyerisme polític quan s’ha intentat embrutar
la imatge del president de les Corts Valencianes perquè simplement havia
publicat un viatge en el qual el seu escorta l’havia acompanyat a
declarar en el cas Nóos com a testimoni, el cas Nóos que sabem que és el
cas del Partit Popular també. Per això val la transparència, per a
nosaltres val per a ser transparents, per al Partit Popular en lloc
d’aplicar-se el conte i també ser transparents, per a perseguir la
gent que és transparent. És molt lamentable el paper que està fent el
Partit Popular per exemple d’instruments que estem dotant la
Generalitat Valenciana, simplement perseguir la gent honesta. Els
deshonestos perseguint la gent honesta. Per això lamentem molt les
actituds que han tingut els parlamentaris valencians durant esta setmana
d’un atac sense vergonya al president de les Corts Valencianes.
També es publiquen al web de la Generalitat Valenciana —tot això ho
dic com a exemple d’allò que podria contemplar una nova legislació
espanyola— tots els obsequis que reben els alts càrrecs i els
polítics.

En el segon punt vostès parlen també d’ampliar a persones
amb responsabilitat pública en el nostre país. També faria falta
especificar què vol dir això. Un metge, per exemple, seguint
l’exemple d’abans, hauria de tindre també una web on diga
també els viatges que fa i qui li’ls pague o estem parlant
únicament de càrrecs polítics? També pensem que l’ampliació
s’hauria de distingir molt clarament entre el que són càrrecs
polítics i el que són càrrecs públics però que no tenen el caràcter de
polític.

I el punt tres en definitiva és el que compartim plenament. Fa
falta una nova llei i també una nova llei el que fa falta és complir-la
perquè estem acostumats a tindre moltes lleis, no únicament de
transparència, des de la de memòria història o inclús el Codi Penal o
inclús la Constitució i ací tenim un Partit Popular que és qui governa i
que sistemàticament aquelles lleis que no li interessen no les compleix.
Per tant, aplaudim la seua iniciativa, pensem que qualsevol pas que es
done en transparència és bo però ens agradaria que no únicament aprovarem
lleis sinó que estiguérem tots obligats a complir-les i donar
exemple.

Gràcies.

Gracias, señor presidente.

Entendemos que esta propuesta va por el buen camino. Posiblemente
sea insuficiente, pero la intención es muy buena y la votaremos a favor.
Hemos retirado nuestras enmiendas porque también pensamos que se quedaban
cortas a la hora de hacer propuestas, que tienen que ser más ambiciosas.
Actualmente, en el Congreso se está debatiendo una proposición de ley de
lucha contra la corrupción, contra los lobbies, y pensamos que es allí
donde se tendrían que hacer los esfuerzos.

Como ha dicho usted, la Ley de transparencia del Estado de 2013 no
tiene reglamento. Parece que lo están preparando ahora y, dependiendo de
cómo vaya la tramitación en el Congreso de esa nueva ley, lo impulsarán o
no. Todo eso es porque no ha habido interés. En más de tres años, unos
cuatro o cinco, para el Partido Popular el tema de transparencia ha sido
simplemente una etiqueta, un hashtag sin ningún tipo de impulso. Más que
nada, ahora, en plena expresión de tantos casos de corrupción, casi todos
creemos que el Partido Popular debería pensar en esa proposición de
ley.

Tenemos dudas en esta iniciativa en cuanto al punto 1, ya que no
queda claro si se refiere a empleados públicos en general o solo a
políticos, porque, por ejemplo, si estamos hablando de que una
farmacéutica le hace un regalo a un político es una cosa, pero si se lo
hace a un médico sería otra. Si le hace un regalo a un médico eso tendría
que estar regulado en una ley de función pública, pero si le hace un
regalo a un político tendría que estar contemplado en una ley de
transparencia. Por tanto, quizá la redacción tendría que ser más
específica.

Proponemos restringirlo reglamentariamente, pero para que se
pudiera restringir haría falta una ley. Un reglamento sin ley no va a
ningún sitio, y por eso haría falta que propusiéramos una ley de lobbies.
Desgraciadamente, esa Ley de 2013 a la que usted ha hecho mención está
criogenizada, no contempla el caso de los lobbies y, por tanto, haría
falta una legislación seria. El Gobierno del Partido Popular nunca se ha
puesto en serio con la transparencia y no puede ser, como ha dicho usted,
que sean las comunidades autónomas las que estemos ahora regulando a años
luz del propio Gobierno central.

En el País Valenciano hemos pasado de la caja fija o de los trajes
de Camps a una comunidad autónoma que va por delante en la transparencia.
En la transparencia tenemos un anteproyecto de ley de lobbies que está a
punto de entrar en las Cortes, y hemos sido la primera, y de momento la
única, que tiene un reglamento de transparencia. Tenemos en tramitación
un borrador de una ley de gobierno abierto. Desde 2015, la Generalitat
valenciana publica los viajes que hacen sus altos cargos del Gobierno,
especificando cuánto se gastan en transporte, en manutención y en
alojamiento, si les acompaña alguien o si les invita una empresa porque,
por ejemplo, les llevan de ponentes y les pagan los gastos. Todo eso
queda bien especificado.

El Partido Popular, que durante años ha estado haciendo boicot
total a la transparencia, que ha sido el peor ejemplo por ocultar todo
tipo de gastos, ahora, en lugar de ser transparente, se dedica a
perseguir sobre la base de esa transparencia nuestra.

Esta semana hemos vivido un caso lamentable de carroñerismo
político cuando se ha intentado ensuciar la imagen del presidente de las
Cortes Valencianas porque le había acompañado un escolta cuando iba como
testigo en el caso Nóos, un caso del Partido Popular. Para nosotros eso
es un tema de transparencia, pero para el Partido Popular no, solo vale
para ir en contra de nosotros. Son lamentables los instrumentos que está
utilizando el PP para perseguir a la gente honesta, y por eso lamentamos
la actitud que han tenido los parlamentarios valencianos, en un ataque
sin vergüenza al presidente de las Cortes Valencianas.

También se publica en la web de la Generalitat valenciana —y
lo digo como ejemplo de que también se podría contemplar en la
legislación española— los gastos y los regalos de los altos
cargos.

Usted habla de ampliar la responsabilidad pública en nuestro país,
pero también haría falta especificar qué significa eso. ¿Un médico
tendría que tener también una web donde se reflejen los viajes que hace y
quién le paga o estamos hablando solo de cargos políticos? Nosotros
pensamos que en la ampliación se tendría que distinguir muy claramente
entre cargos políticos y cargos públicos que no son políticos.

El punto tres lo compartimos plenamente. Lo que hace falta es una
nueva ley, pero también hace falta cumplirla, porque estamos
acostumbrados a tener muchas leyes, no solo de transparencia, sino
también de memoria histórica o incluso el Código Penal y la Constitución,
pero tenemos un Partido Popular que gobierna y que se salta
sistemáticamente las leyes que no le interesan.

Por tanto, aplaudimos su iniciativa, porque cualquier cosa que
hable de transparencia es buena, pero nos gustaría que no solo
aprobáramos leyes, sino que también las cumpliéramos.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Mulet.

Por el Grupo Parlamentario Nacionalista Partit
Demòcrata-Agrupación Herreña Independiente-Coalición Canaria, tiene la
palabra el senador Bagué.

El señor BAGUÉ ROURA: Sí, gràcies, senyor president. Bon dia.

La senadora Palencia ens ha presentat i exposat al Ple en nom del
grup Podemos aquesta moció, amb la qual estem d’acord i, per tant,
hi donarem suport amb entusiasme, fins i tot. A Catalunya, des de fa uns
anys, s’ha legislat molt en aquesta direcció. Hi ha diverses
aprovacions, per exemple, la Llei de transparència i el Codi de conducta
dels alts càrrecs de l’Administració Pública catalana, la
Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, d’accés a la
informació pública i de bon govern, una normativa catalana
d’aplicació al Registre de grups d’interès i a l’agenda
i, com li deia també, per exemple, un Codi de conducte dels membres del
Parlament de Catalunya, aprovat pel Ple el 28 de juliol de 2016. Per
tant, en aquest sentit s’ha treballat i s’ha fet amb molta
eficàcia.

I també podem comentar unes petites qüestions. Per exemple, la
normativa catalana d’aplicació al Registre de grups d’interès
regula el registre pròpiament, els principis generals, les persones i
activitats incloses i excloses en aquest registre, el contingut, les
sancions i multes aplicables a certs comportaments, el desplegament
normatiu i, en general, per exemple, també, es fa referència en el títol
cinquè del bon govern a les incompatibilitats, les declaracions, la
publicitat de totes les condicions d’accés i, per tant, s’ha
fet, entenem nosaltres, des de Catalunya una bona feina per avançar en la
qüestió de la transparència.

Una altra cosa seria —i també s’hauria de poder
parlar-ne i regular— la qüestió de les portes giratòries, de
l’accés d’alts càrrecs a empreses amb les quals
l’Administració ha tingut concessió. Recordem en el cas de
Catalunya alguns representats de l’antiga Iniciativa que han acabat
a Agbar o en empreses concessionàries. Per tant, creiem que també seria
bo de regular això que li dic, el que anomenem portes giratòries.

Des del Grup Parlamentari donarem suport a les mesures i sempre a
tot allò que sigui transparència, mesures de control i de
fiscalització.

Moltes gràcies, bon dia.

Gracias, señor presidente. Buenos días.

La senadora Palencia, en nombre del Grupo de Podemos, ha
presentado y expuesto ante el Pleno esta moción, con la que estamos de
acuerdo, y por tanto, la vamos a respaldar, incluso, con entusiasmo. En
Cataluña se ha legislado mucho desde hace unos años en esta dirección.
Existen distintas aprobaciones como, por ejemplo, la Ley de transparencia
y el Código de conducta de los altos cargos de la Administración pública
catalana; la Ley 19/2014, de 29 de diciembre, de transparencia, de acceso
a la información pública y de buen gobierno; una normativa catalana de
aplicación al registro de grupos de interés y la agenda, y, como le
decía, también, por ejemplo, el Código de conducta de los miembros del
Parlamento de Cataluña, aprobado por el Pleno el 28 de julio de 2016. Por
tanto, en este sentido se ha trabajado y se ha hecho con suma
eficacia.

Y también en este sentido podemos comentar unas pequeñas
cuestiones. Por ejemplo, la normativa catalana de aplicación al registro
de grupos de interés regula el registro de grupos de interés propiamente
dicho, los principios generales, las personas y actividades incluidas y
excluidas en ese registro, las sanciones y multas aplicables a ciertos
comportamientos, el despliegue normativo y, en general, por ejemplo, se
hace referencia también en el título V, del buen gobierno, a las
incompatibilidades, a las declaraciones y a la publicidad de todas las
condiciones de acceso. Por tanto, entendemos que en Cataluña se ha hecho
muy buen trabajo para avanzar en el tema de la transparencia.

Otra cosa sería —y también se debería poder comentar y
regular— la cuestión de las puertas giratorias, es decir, el acceso
de altos cargos a empresas con las que la Administración ha tenido
concesiones. Recordemos, en el caso de Cataluña, a algunos representantes
de la antigua Iniciativa que han terminado en Agbar o en empresas
concesionarias. Consideramos que también sería positivo regular esto que
le estoy comentando y que llamamos puertas giratorias.

Mi grupo va a apoyar, por tanto, estas medidas en todo lo que
implique transparencia y, también, medidas de control y
fiscalización.

Muchas gracias. Buenos días.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Bagué.

Senador Rodríguez Cejas, tiene la palabra.

El señor RODRÍGUEZ CEJAS: Gracias, señor presidente.

Vaya por delante el apoyo a esta propuesta de mi formación
política, Agrupación Herreña Independiente-Coalición Canaria, para
restringir de alguna forma los regalos y obsequios a cargos públicos por
parte de entidades privadas, especialmente en los casos en los que existe
conflicto de intereses. Así lo entendemos. También queremos ampliar la
aplicación de la Ley de transparencia, que nos parece que es una buena
medida en aras de alcanzar un buen gobierno.

Mientras en muchas ocasiones las necesidades de la ciudadanía no
han sido atendidas como se debiera, el escenario que se dibujaba era de
políticos con cuentas bancarias en países lejanos, de gobierno de lo
público a golpe de sobres privados, de regalos de alta gama para sobornar
las decisiones parlamentarias que afectan a la globalidad. Esta ha sido,
en resumen, la cotidianeidad del ejercicio de muchos cargos públicos en
este país durante muchos años. Este ha sido, sin lugar a dudas, el germen
de las grandes tramas de corrupción que se han destapado en esta joven
democracia, tan salpicada, sin embargo, de acontecimientos que han
empobrecido y denostado una labor que debería ser tan noble y leal como
es representar los intereses de la gente que está fuera de las puertas
del Senado, de la ciudadanía, de aquella que se concentra desde los
barrios más humildes hasta las zonas más acomodadas. De ahí su nombre:
servicio público, servicio a las personas, trabajo por el interés
general, por encima del interés particular.

Hace muy poco visitaba el colegio de Tigaday, el colegio de mi
pueblo, en Frontera, y los niños y niñas de 4.º de primaria definían la
labor política como el mejor trabajo de todos, y me decían: desde ahí se
pueden mejorar y resolver los problemas de la gente. No perdamos nunca la
visión de los más pequeños, que al fin y al cabo representan la esencia
más pura de lo que hemos sido y del camino que debemos recorrer.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Rodríguez Cejas.

Por el Grupo Parlamentario Vasco, tiene la palabra la senadora
Ahedo.

La señora AHEDO CEZA: Muchas gracias, señor presidente.

Egun on, guztioi. El Grupo Parlamentario Unidos Podemos-En Comú
Podem-En Marea nos presenta esta moción, y estamos de acuerdo con lo que
queremos entender que es su objetivo: que el ejercicio de la política
responda siempre al interés general y se realice con responsabilidad,
honradez y transparencia.

Pero al leer y volver a leer la parte dispositiva de esta moción
tenemos que decir que la consideramos poco concreta y un poco parcial. En
el primer punto se habla de restringir —yo creo que debería ser
regular—, pero no se concreta claramente a quién: si a los
parlamentarios, al Ejecutivo, al personal de apoyo... Y se habla solo de
entidades privadas con ánimo de lucro. ¿Y el resto no tiene capacidad ni
intención de influir? Yo creo que aquí deberíamos remitirnos a la propia
definición de lobby y, por tanto, hablar de todo tipo de entidades.

El punto segundo se refiere a la Ley 19/20113. Es cierto que en su
tramitación se perdió una gran oportunidad de incluir regulaciones
necesarias, entre ellas, las de las relaciones con los lobbies, pero hubo
determinadas enmiendas que no aceptó el grupo que en aquel momento
ostentaba la mayoría, y quedó un pelín coja. Realmente aquí no proponen
nada concreto sobre lo que nosotros podamos opinar y manifestar nuestra
postura. Hacen una propuesta genérica, pero, como digo, creo que se
necesita más concreción.

Y en el tercer punto se habla del desarrollo legislativo. En este
caso no sabemos si lo que quieren es que se amplíe lo que hay o si hay
que crear nuevas leyes. No lo vemos claro.

Por otro lado, hace poco conocíamos el Informe Greco, del Consejo
de Europa, que en su cuarta ronda de evaluación, referida a miembros de
Parlamentos, jueces y fiscales, acababa diciendo respecto al Estado que
el cumplimiento es globalmente insatisfactorio. A nosotros eso nos parece
preocupante; pero, además de preocuparnos, creemos que nos tiene ocupar.
Por eso, teniendo la moción del Grupo Podemos, por un lado, y el Informe
Greco, por otro, pensamos en presentar una enmienda, pero realmente esta
variaba bastante la propuesta inicial que se nos plantea, por lo que
entendimos que era mejor intentar una propuesta conjunta que llevase a
los objetivos que creo que todos deseamos, una propuesta concreta,
posible y aceptable por la mayor parte de los grupos. Una propuesta tan
sencilla como esta:

El Senado, convencido de la necesidad de avanzar en transparencia
y buen gobierno, trabajará para que en el plazo más breve posible se
adopten las recomendaciones del Informe Greco en lo referente a miembros
de Parlamentos, tomando al menos las siguientes medidas.

1. Aprobación de un código de conducta parlamentario público
que incluya orientaciones, entre otros aspectos, sobre prevención de
conflictos de intereses, regalos e invitaciones.

2. Regulación de la relación de los parlamentarios con los
diferentes grupos de interés y grupos de presión.

3. Articulación de un sistema de contrastación de las
declaraciones de bienes y actividades, para lo que, evidentemente, habrá
que estudiar las modificaciones reglamentarias y legislativas
pertinentes.

Bien, no ha sido posible llegar a ese acuerdo, y no entendemos muy
bien por qué ni cuáles han sido las motivaciones reales, porque creemos
que en esta propuesta se incluía todo lo que la senadora Palencia ha
expuesto en su intervención.

En marzo del año pasado, en el Congreso, en la toma en
consideración de una propuesta de reforma del Reglamento respecto de la
regulación de los grupos de interés, la señora Elizo Serrano, compañera
suya, decía: En nuestro grupo entendemos que es fundamental para un
sistema democrático que las instituciones interactúen y discutan con los
distintos actores sociales y económicos sobre iniciativas que puedan
afectarles directa o indirectamente. Creemos en la interacción como una
actividad legítima e indispensable para ahondar en el proceso
democrático. Es fundamental que la pluralidad de la sociedad quede
reflejada en las leyes y en las propuestas de esta Cámara. Y añadía: Pero
queremos una propuesta seria, inteligente, innovadora y eficaz.

Nosotros, también, pero la que nos plantean hoy creemos que no
responde exactamente a esos calificativos. Estamos ante una cuestión muy
seria y que necesita, aunque ya llegamos bastante tarde, regulación. Yo
les pediría que retirasen su propuesta y que los grupos de esta Cámara
nos sentáramos para acordar una entre todos.

Para terminar, considero que debemos consensuar unos criterios y
un mínimo común mientras toda esta materia no esté regulada.

El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría.

La señora AHEDO CEZA: Termino, señor presidente.

Aquí viajamos todos, y no de vacaciones. Aquí todos hablamos,
escuchamos e interactuamos con actores sociales y económicos, como debe
ser. Y además lo vamos a tener que seguir haciendo. Deberemos definir,
pues, cómo y con qué criterios hacerlo, porque creo que no es bueno para
la imagen de la política y los políticos —y la imagen no es lo más
importante, sino el alejamiento que supone de la ciudadanía— y
tampoco para el desarrollo de la labor que nos corresponde que nos
erijamos en jueces de otros desde nuestro prisma, prejuzgando la
influenciabilidad del de enfrente, cuando realmente lo que debemos y
podemos hacer es debatir, acordar y regular.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Ahedo.

Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, tiene la
palabra el senador Ayats.

El señor AYATS I BARTRINA: Només per manifestar el nostre suport i
el nostre favorable. Ens sumem a aquesta proposta, igual que ho farem amb
totes aquelles propostes i mesures que afavoreixen la transparència.

Moltes gràcies.

Solo quiero manifestar nuestro apoyo y nuestro voto favorable. Nos
sumamos a esta propuesta, del mismo modo que lo haremos con todas las
propuestas y medidas que favorezcan la transparencia.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Ayats.

Por el Grupo Parlamentario Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea,
tiene la palabra la senadora Palencia.

La señora PALENCIA GARCÍA: Gracias, presidente.

En primer lugar, como no puede ser de otra manera, quiero dar las
gracias a aquellos grupos que han expresado su apoyo a nuestra
moción.

Esta moción nace de nuestra reciente experiencia en esta
institución en el tiempo que llevamos ejerciendo nuestra responsabilidad
en esta Cámara, en el que hemos detectado un limbo de regulación muy
evidente; y nuestra labor como Legislativo es poner algunas
soluciones.

La regulación de regalos o viajes se ha hecho necesaria, no digo
que por mala praxis, sino por la carencia de una delimitación certera,
como así lo certifica el informe elaborado por la propia Secretaría
General del Senado en respuesta a una cuestión planteada por esta
senadora con motivo de un viaje.

Señora Ahedo, me conformo con el acuerdo: necesitamos regularlo.
Si les hemos convencido aunque solo sea de esto, no me parece poco.
Recordemos que hoy estamos tratando de establecer una regulación de
determinados regalos, viajes o estancias y un tope máximo del valor de
estos cuando no son oficiales, esto es, cuando no son labores
encomendadas por la Cámara o el órgano de gobierno de una comisión a sus
señorías para su representación, sino aquellas actividades sufragadas por
una empresa a título cuasi personal.

Tampoco estamos delimitando aquí situaciones de cohecho, que están
recogidas en nuestro Código Penal, sino buenas conductas de nuestra labor
como representantes de la ciudadanía en un momento de importante
descrédito de la política, especialmente de los representantes políticos.
Como ha apuntado el senador Mulet, es cierto que hay una falta de
regulación del lobby. Estamos de acuerdo en que esa paralización que
sucede en el Congreso de los Diputados no debe darse y que quizá es el
lugar donde este tipo de cuestiones se debería abordar, pero eso no puede
impedir que nosotros vayamos avanzando en materia de transparencia, de
ejercicio responsable de nuestra tarea como representantes públicos.

Como hemos citado en la exposición de la iniciativa, son numerosos
los Parlamentos autonómicos y ayuntamientos que están aprobando para sí
barreras a los regalos y estableciendo su aceptación o rechazo.
Consideramos también que los viajes o estancias sufragados por entes
privados deberían tener esa consideración, a fin de evitar posibles
interferencias sobre el objeto de legislación o debate en nuestras
Cámaras estatales. Tampoco nos es ajeno —también lo ha traído a
colación el senador Mulet— el ejemplo reciente de laboratorios,
farmacéuticas o empresas privadas que tenían relación con materias de
trámite legislativo. Estas sufragan viajes y estancias en nuestro país y
en el extranjero. En este mismo sentido, recordemos la polémica que se
abrió con los viajes sufragados por determinados laboratorios o
farmacéuticas a personal sanitario, que conllevó una reforma que
restringió e incluso prohibió muchas de estas prácticas. Por tanto,
precisamente los representantes públicos no podemos ser ajenos a estas
situaciones y deberíamos responder con claridad, responsabilidad y
ejemplaridad en el ejercicio de nuestras funciones.

Desgraciadamente, en nuestro país hemos visto demasiadas veces el
uso de la política para beneficio personal, y hemos escuchado como un
grito unísono aquello que decía Pepe Mujica: A los que les gusta mucho la
plata hay que correrlos de la política; son un peligro. Sí, aquí lo
sabemos, y hemos tenido demasiados y extremos ejemplos de ello. Sin
embargo, hoy me gustaría dar aquí un voto de confianza a la política y
que este también llegue a la gente de nuestro país. Creo que, piedra a
piedra, podemos devolver a nuestra labor el interés y el respeto de la
ciudadanía. Creo que no se hace vieja o nueva política por la fecha que
señala el carné de identidad ni el carné de afiliación; se demuestra día
a día cambiando y cambiándonos por lo que los nuevos tiempos y las nuevas
ideas tienen que mostrarnos.

Este es un primer paso de la enorme tarea que hay en nuestro país
en materia de transparencia, regulación y rendición de cuentas ante la
ciudadanía, como nos recuerda la Unión Europea, una Unión Europea que no
dice nada nuevo que los ciudadanos de nuestro país no vengan reclamando
durante años. Esta es una moción que toma el pulso de las fuerzas
políticas para los cambios que nos requieren los nuevos tiempos. Es
momento de que este tipo de iniciativas no quede en meros brindis y de
que pongamos en marcha regulaciones que creo que cuentan con la mayoría
parlamentaria, pero, sobre todo, con una mayoría de acuerdo en la calle.
Nuestro sistema democrático debe garantizar y asegurar un ejercicio
transparente de la función pública. Por eso, en pos de la máxima
transparencia en los objetivos de la actividad parlamentaria, presentamos
hoy esta moción. Y desde aquí anunciamos que presentaremos cuantas
iniciativas sean necesarias para asegurar la transparencia, la ética y la
honradez en la práctica política.

El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría.

La señora PALENCIA GARCÍA: Termino. Porque la ciudadanía tiene
derecho a saber, sin que quede ningún tipo de duda, que sus
representantes velan por los derechos de la mayoría social de nuestro
país y no por los beneficios de las grandes empresas.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Palencia.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la
senadora Moya.

La señora MOYA NIETO: Gracias, presidente.

Buenos días, señorías. Sin duda, todos tenemos claro que la
corrupción está erosionando gravemente la credibilidad de las
instituciones y de nuestro quehacer político y cotidiano, por no ir más
lejos. La percepción que tienen los ciudadanos es que la corrupción está
generalizada y, lo que es más grave, que no hay voluntad real de luchar
contra ella. Nosotros estamos convencidos de que para luchar contra ella
no solo hay que buscar culpables y adoptar medidas penales, que, por
supuesto, son imprescindibles, sino que también hay que incidir en
medidas de prevención, ámbito en el que nos sitúa esta moción. Es
indudable que la Ley de transparencia del año 2013 es insuficiente y no
cubre las exigencias del Consejo de Europa, por lo que sin duda es
necesario desarrollarla y mejorarla. Entre otros asuntos —solo por
referirme a los que recoge la moción que hoy nos presenta Podemos—,
no contempla la regulación de los lobbies, como ya se ha dicho aquí, ni
medidas específicas que afectan al trabajo de los parlamentarios.

Indudablemente, España sigue teniendo un déficit importante en
medidas de prevención de la corrupción y evoluciona de forma globalmente
insatisfactoria. Así se afirma en el informe Greco 2018, que, tras cinco
años y cuatro evaluaciones, vuelve a dar a España un nuevo varapalo. Creo
que la razón de que hoy Podemos nos traiga esta moción quizá tenga que
ver con la publicación de ese informe Greco. El Gobierno Rajoy se excusa
diciendo que en los años 2015 y 2016 había inestabilidad en el Gobierno,
pero lo cierto es que en diciembre de 2016, con un Gobierno ya asentado,
no apoyó la proposición presentada por el Grupo Socialista en el
Congreso, que seguía las recomendaciones del informe Greco de ese mismo
año. Esto evidencia una falta de compromiso importante del Gobierno Rajoy
con la transparencia; y, desde luego, la parálisis del Gobierno en esta
materia es clamorosa.

Coincidimos, sin duda, con el Grupo Podemos en la necesidad de
adoptar medidas contra la corrupción, pero permítanme que les diga que, a
nuestro juicio, esta moción se ha quedado obsoleta y corta, más aún
cuando se ha conocido el informe Greco. Usted, señoría, ha hecho
referencia a él, pero no se incluyen medidas al respecto en la moción.
Creemos también que la moción es inconcreta, bastante limitada y que la
parte dispositiva se centra especialmente en regalos, viajes, etcétera,
que ya cuentan con alguna regulación, aunque desde luego es insuficiente.






Por ejemplo, no se contempla el aumento de detalle en las declaraciones
—hablamos de actividades complementarias o intereses
financieros— ni se plantean medidas para su supervisión y control,
y se alude muy de pasada a la necesidad de regular las relaciones con los
lobbies y la obligatoriedad de informar sobre las consultas que se
mantengan. No basta solo con un registro de lobbies, que, por cierto, aun
no se ha elaborado en el Congreso de los Diputados. Y si atendemos al
informe Greco, también habría que tomar medidas que afectan al Poder
Judicial, incluido el Ministerio Fiscal.

Por otra parte —permítame que se lo diga, señora
Palencia—, la moción es confusa. No tiene sujeto, no sabemos muy
bien a quién pretenden instar ustedes para tomar las medidas que
plantean. ¿Se dirigen a las Cortes Generales? ¿Se dirigen a esta Cámara?
¿Se dirigen al Gobierno? ¿A quién instan ustedes en esta moción? No
encontramos definido ese sujeto. Por ejemplo, en el punto 2 ustedes dicen
que quieren ampliar el ámbito de aplicación de la ley. ¿A quién quieren
realmente ampliar ese ámbito? Porque todos los organismos e instituciones
del Estado ya están afectados por otra ley. Otra cosa es que en algunos
Parlamentos no se haya regulado ni desarrollado la Ley de transparencia
—ese es otro tema—, pero sí es de aplicación a los
Parlamentos.

Indudablemente, nosotros creemos que hay que avanzar más en las
medidas contra la corrupción —especialmente de prevención de la
corrupción—, pero, con todo respeto, su moción nos parece
inconcreta, no muy bien construida, carente de sujeto, como le decía, y
bastante limitada. Y, desde luego, tan ambigua al menos como la Ley de
transparencia que se pretende desarrollar. A pesar de ello, señora
Palencia, la votaremos a favor, considerándola una declaración de
intenciones, y porque sin duda compartimos los principios y el objetivo
que no dudamos que la inspiran.

Termino ya. Se ha dicho en esta tribuna que urge construir un
consenso político sólido para luchar contra la corrupción y urge
restaurar la confianza de los ciudadanos en sus representantes y sus
instituciones. Señorías, creo que ese es el reto que tenemos, y queda
mucho trabajo por delante. En ese reto y en ese trabajo estaremos siempre
los socialistas, pero siempre, señora Palencia, con rigor, seriedad y
solvencia, como se merecen los ciudadanos.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Moya.

Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el senador
Ramírez.

El señor RAMÍREZ RODRÍGUEZ: Con la venia, señor presidente.

Dicen que para que un estudiante estudie hace falta motivación. La
motivación es variopinta en general. ¿Qué motiva a un grupo parlamentario
a presentar una iniciativa? ¿Conseguir que esta sea aprobada? ¿Hacerse
notar? ¿Dar una lección? Creo, señora Palencia —la senadora Moya lo
decía hace un momento—, que no está claro si ustedes instan al
Gobierno, a las instituciones, a esta Cámara o a las Cortes Generales, a
que tomen alguna medida. La verdad es que uno no se aclara con lo que
usted quiere con esta moción. Su primera intervención, digamos que
parafraseando su exposición de motivos, ha sido bastante aceptable; sin
embargo, cuando se lee la parte dispositiva, como decía la señora Ahedo,
una cosa no se compadece con la otra. Ha puesto usted de ejemplo a
ayuntamientos, ha puesto usted de ejemplo al Gobierno. Yo le podría poner
de ejemplo al Gobierno, pero esto no es un ayuntamiento, aquí no hacemos
planes generales de ordenación urbana. Y no sé cuántos regalos habrá
recibido usted aquí; yo, desde luego, ninguno, y hace ya tiempo que soy
senador. Nada más que el privilegio y el honor de pertenecer a esta
Cámara.

Si usted hubiera aceptado lo que la senadora Ahedo le ha
propuesto, es decir, esa transaccional que encaja el Informe Greco con su
posición, el Grupo Parlamentario Popular, al que ahora mismo represento,
habría votado a favor. Pero la verdad es que el batiburrillo en que se ha
convertido esta iniciativa me parece que poco aporta a lo que necesitamos
en materia de transparencia. Y, señora Moya, con respecto a lo que aporta
o no aporta este Gobierno en transparencia, le diré que la primera ley de
transparencia de la democracia española la ha hecho el Partido Popular,
la ha hecho el Gobierno de Mariano Rajoy. No la han hecho ustedes.
(Aplausos).

Dice el Informe Greco en lo referido a la labor parlamentaria que
sería conveniente —es una recomendación— que cada Cámara de
las Cortes Generales apruebe un código de conducta de los parlamentarios
que incluya, entre otros aspectos, orientaciones sobre prevención de
conflictos de intereses, regalos e invitaciones; que se adopten normas
sobre el modo en que los parlamentarios se relacionan con los grupos de
presión y con otros grupos que aspiran a influir en la función
legislativa que incluyan publicidad de sus contactos. En esa línea iba la
intervención de la senadora Ahedo, y en esa línea nosotros habríamos
votado a favor.

De otra parte, si hablamos de los lobbies, como ha hecho el
senador Mulet o usted misma, senadora Palencia, en estos momentos se está
tramitando en las Cortes Generales una proposición de ley que se refiere
a los lobbies, al tratamiento a los lobbies y los lobistas. Nosotros, en
esa línea, también estaríamos dispuestos a apoyarles, pero, como digo,
creo que hoy correspondería hacer caso a la recomendación de una buena
parte de los intervinientes, retirar esta iniciativa, pensar el tema
entre todos, instar a esta Cámara, que es a la que le corresponde
autorregularse, y ver qué hacemos. Y cuidado con las regulaciones,
cuidado con que los parlamentarios no tengan la libertad necesaria para
llevar a cabo su labor. Habrá que tener un especial cuidado en eso.

Por tanto, señora Palencia, votaremos en contra. Muchas gracias.
(Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Ramírez.

Llamen a votación. (Pausa).

Cierren las puertas.

Señorías, sometemos a votación la moción del Grupo Parlamentario
Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, tal y como ha sido
presentada.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 255;
votos emitidos, 255; a favor, 109; en contra, 142; abstenciones, 4.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.