Se abre la sesión a las dieciséis horas y cinco minutos.

El señor PRESIDENTE: Buenas tardes. Se abre la sesión.

En primer lugar, quiero agradecer la presencia del presidente de
Canarias, don Fernando Clavijo Batlle. Bienvenido a esta comisión.

El acta de la sesión anterior está sobre la mesa. ¿Hay alguna
observación? (Denegaciones). ¿Se puede aprobar por asentimiento?
(Asentimiento). Se aprueba por asentimiento.

Vamos a debatir como punto único del orden del día el
Dictamen de la propuesta de reforma del Estatuto de Autonomía de las
Islas Canarias.

En primer lugar, voy a darle la palabra al presidente de Canarias.
Tiene diez minutos. Puede acercarse al estrado, por favor.

El señor PRESIDENTE DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS (Clavijo
Batlle): Muchas gracias, señor presidente.

Miembros de la Mesa, señorías, senadores, permítanme que haga
especial referencia a los senadores canarios por estar aquí y haber
trabajado tanto, querido consejero de la Presidencia y amigo, José Miguel
Barragán, y secretario general de nuestra organización, muy buenas tardes
a todos y a todas.

La aprobación del nuevo Estatuto de Autonomía de Canarias emprende
ahora su recta final. Después de treinta y cinco años de régimen
autonómico, con un estatuto que fue en su día un instrumento válido para
el despliegue y la consolidación de nuestra capacidad competencial, este
nuevo marco estatutario va a significar la madurez del autogobierno en
Canarias; va a significar un nuevo y más alto compromiso de los canarios
y las canarias con su futuro, con sus aspiraciones, sus expectativas y
sus anhelos. Es para mí una honrosa satisfacción dirigirme a esta Cámara,
en la que recae, según establece la Constitución, la representación
territorial, una función de integración de las comunidades autónomas que
desgraciadamente no se practica; un espacio para el debate entre los
intereses comunes y los problemas particulares de nacionalidades y
regiones, que desafortunadamente ni se frecuenta ni se valora.

El Senado representa una oportunidad institucional para
desarrollar el diálogo político a partir de los principios democráticos y
representativos, y debería ser un empeño de todos, en primer lugar de los
grandes partidos, recuperarlo y aprovechar sus potencialidades, que van
mucho más allá de las de una Cámara de segunda lectura.

La evolución histórica de Canarias ha sido un combate, a veces
agónico, por la defensa de las peculiaridades de un archipiélago que no
empieza a incorporarse a Europa, a través de la Corona de Castilla, hasta
el siglo XVI, porque solo con la defensa de las oportunidades y la
denuncia de las dificultades que ha supuesto nuestra situación política y
geopolítica hemos podido sobrevivir como pueblo, prosperar como pueblo y
avanzar como pueblo. Es una historia menos conocida y reconocida que la
de otras comunidades autónomas, señorías, pero es la nuestra. Una
historia de supervivencia, de adaptación a los cambios, de búsqueda
incesante de nuevas actividades y espacios de crecimiento. Es lo que nos
llevó a que los puertos canarios fueran excluidos del monopolio de
comercio con las Indias que tenía Sevilla, dotándonos de un sistema
tributario propio, convirtiéndonos así en la primera economía monetaria
del Atlántico. Es lo que nos llevó también a luchar por los puertos
francos en el siglo XIX y es también, aunque pueda parecer menos obvio,
el sentido último de la Ley de cabildos de 1912 y, desde luego, la raíz
de los borradores para un estatuto de Canarias, debatidos en la primavera
de 1936, que fueron interrumpidos por el estallido de la guerra civil y
la posterior dictadura franquista. Es también el régimen económico y
fiscal y sus sucesivas reformas y adaptaciones. Algunos de estos hitos
podrían considerarse de naturaleza puramente económica, pero créanme que
no es esa su verdadera transcendencia, porque tanto los puertos francos
como el REF han sido instrumentos para que los canarios hayamos podido
aumentar nuestra capacidad de intervenir en nuestra propia vida
económica. Al fin y al cabo, han sido herramientas y estrategias de
autogobierno.

Este nuevo estatuto de autonomía, que en su tramitación final
llega a esta Cámara, se ha dilatado demasiado en el tiempo, desde que en
mayo de 2004 el anterior y entonces presidente del Gobierno de Canarias,
Adán Martín, decidió poner en marcha el proceso político y parlamentario
para su diseño, debate e implementación. Pero no creo que sea hora de
formular reproches, sino todo lo contrario. Es la mejor ocasión para
repartir agradecimientos, agradecimientos sinceros a todos aquellos que
de manera individual o colectivamente han intervenido en este proceso con
propuestas fecundas, con voluntad de acuerdo y con espíritu crítico.

Esta historia ha sido dura y compleja, la del pueblo canario, a la
que antes me referí, y nos lleva en ocasiones a anclarnos en la
fascinación por las derrotas; pero creo, sinceramente, que este no es
caso. El sistema autonómico supuso un salto cualitativo en la
consolidación de la democracia española. El autogobierno ha mejorado
sustancialmente las condiciones de vida de los canarios en los últimos
treinta y cinco años, modernizando su economía y ampliando y
fortaleciendo los servicios públicos, reforzando nuestra cohesión social
y territorial, a pesar de las crisis y dificultades que hemos tenido que
atravesar en las últimas décadas. Con todos los matices y reservas, sin
duda, justificables y justificados, el régimen económico y autonómico ha
sido un éxito colectivo, el éxito de un país que participa directamente
en las decisiones fundamentales de su futuro.

El nuevo estatuto de autonomía que se debate hoy aquí debe mostrar
la misma utilidad —y lo hará, estoy absolutamente convencido—
en las próximas décadas. El nuevo estatuto será un instrumento útil, en
realidad un instrumento imprescindible, para ganar un futuro para todos;
para gestionar más y mejor nuestros recursos; para fomentar una economía
capaz de incorporarse exitosamente al proceso de la globalización; para
luchar por un desarrollo más estable y diversificado, más sostenido y más
sostenible; para profundizar en los derechos de los ciudadanos, o, lo que
es lo mismo, para seguir avanzando en la democratización de la sociedad
canaria. Es la propuesta de un marco normativo que se realiza desde una
nacionalidad singular, diferenciada, lejana e insular y que hoy tiene
reconocimiento expreso en el derecho primario de la Unión Europea como
región ultraperiférica, junto a Madeira, Azores y los departamentos
franceses de ultramar.

Más concretamente, señorías, este estatuto de autonomía es una
propuesta que participa del compromiso constitucional y que busca un
mejor y más fructífero encaje de las ambiciones y necesidades canarias en
el Estado. Los valores políticos en los que se basa son precisamente los
que han caracterizado su elaboración y su debate; valores que se han
visto erosionados, cuando no abiertamente cuestionados, en la política
española durante los últimos años, provocando crecientes tensiones
políticas, territoriales e ideológicas; valores que los canarios creemos
indispensables simplemente para poder hacer política activa en una
democracia vigorosa; valores que hemos practicado las fuerzas
representadas en el Parlamento de Canarias y que muestran que cuando se
quiere llegar a acuerdos, se puede conseguir. El diálogo frente al
enfrentamiento; la búsqueda de consenso frente a la bronca y la
crispación; el realismo constructivo frente al maximalismo estéril; la
crítica inclusiva frente a la descalificación excluyente.

Este, señorías, no es el estatuto de un partido o de un grupo de
interés u otro; es el estatuto de todos y de todas, para todos y para
todas, y será una formidable palanca creativa si, como sociedad, somos
capaces de mantener el esfuerzo de consenso que ha hecho posible esta
nueva norma, el esfuerzo colectivo imprescindible para identificar los
objetivos estratégicos de Canarias, objetivos estratégicos en crecimiento
económico, en bienestar social, en la conservación de sus recursos
naturales y en nuestra proyección cultural. Un estatuto que nos define
como un archipiélago atlántico, un territorio terrestre y marítimo que
conforma el espacio de un único pueblo con una identidad cultural muy
definida, pero a la vez activa y abierta al mundo.

Es un estatuto que blinda nuestro régimen económico y fiscal,
desvinculándolo definitivamente del sistema de financiación autonómica y
que establece, como ya ocurre en la acción de la Unión Europea hacia
Canarias, una modulación de las políticas y actuaciones del Estado en
Canarias. Las políticas y programas en materia de transporte,
telecomunicaciones, mercado interior, energía, medioambiente, puertos y
aeropuertos, inmigración, fiscalidad, comercio exterior y cooperación al
desarrollo se acoplarán dinámicamente a la realidad canaria. Un estatuto,
señorías, que consagrará nuevos derechos y libertades. Un estatuto que,
en definitiva, aumenta nuestro autogobierno cotidiano como comunidad
autónoma, pero también nuestra capacidad para planificar las políticas
más estructurantes, más potentes y más eficaces para planificar nuestro
futuro; para avanzar con los pies en la tierra, señorías, pero sin perder
de vista el horizonte de nuestros sueños.

No se trata simplemente de completar un sistema de distribución o
redistribución del poder político en una estructura territorial, sino de
entender la importancia de las comunidades autónomas en la iniciativa
política, el desarrollo económico y la cohesión social, tanto en el
Estado como, desde luego, en la Unión Europea. Más diálogo, más
transparencia, más debate y más cooperación en los malos y en los buenos
tiempos son absolutamente imprescindibles entre todas las
administraciones, entre todos los partidos, entre todas las
sensibilidades políticas para seguir embarcados en un mismo proyecto de
valores democráticos compartidos, irrenunciables e irremplazables.

Canarias participa, y quiere seguir participando en ese proyecto
de convivencia y libertad, y este nuevo estatuto de autonomía proporciona
las garantías y mecanismos para que, respetando nuestras singularidades y
encauzando nuestras demandas, podamos hacerlo con plenitud y
responsabilidad.

Por eso reitero mi agradecimiento hacia todos los que han
participado en la elaboración de este articulado estatutario, y por eso
igualmente solicito, como presidente de Canarias y como un canario más,
su aprobación definitiva por las Cortes para unas islas más prósperas y
más unidas, para un archipiélago más justo y más democrático, para un
país que, con responsabilidad y solidaridad, quiere encontrar y
encontrará su lugar propio entre los pueblos de España, de Europa y del
mundo.

Muchísimas gracias. Desde aquí les pido el voto favorable para
este estatuto. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor presidente.

A continuación, tiene la palabra, en el turno de senadores
inscritos, la senadora doña María del Mar del Pino Julios Reyes.

La señora JULIOS REYES: Muchas gracias, señor presidente.

Bienvenidos, señor presidente y consejero del Gobierno de
Canarias. Hoy estamos dando uno de los últimos pasos para un momento
histórico de Canarias, culminando un largo proceso que se inició en 2003,
cuando el presidente Adán Martín tomó la decisión de iniciar la reforma
del estatuto. Hoy quiero recordarlo, porque aunque él no lo ha podido
ver, estamos recogiendo parte de su trabajo y, sobre todo, de sus anhelos
y de sus sueños.

Pero desde entonces son muchas las personas que han hecho posible
este momento, y como senadora autonómica de Canarias quiero agradecer y
felicitar a todos aquellos que lo han hecho posible con su trabajo. Me
siento además profundamente orgullosa de la capacidad de trabajo y de
consenso alcanzado en el Parlamento de Canarias por los cinco grupos
parlamentarios que han logrado un acuerdo político anteponiendo el
interés general de Canarias a sus propias iniciativas de carácter
partidista; cinco grupos de los seis, es decir, 53 de los 60 diputados,
es decir, el 88 % de la Cámara.

Con este nuevo estatuto, Canarias recupera identidad y dignidad,
la que se le arrebató en 1982 al dejarnos fuera de los estatutos de
primer nivel y de la vía del artículo 151 de la Constitución. Este
estatuto sí que incorpora ya esos derechos, ese autogobierno, incluso el
referéndum para ratificar cualquier modificación sustancial del mismo.
Dota a Canarias de unas herramientas como nunca antes las ha tenido para
luchar por los intereses de Canarias, por su desarrollo económico y
social; introduce principios fundamentales, como el derecho primario, que
ya incorporó la Unión Europea, de ser una región ultraperiférica y
también el derecho de la doble insularidad. Este estatuto nos identifica
como un archipiélago atlántico, alejado del territorio peninsular y en la
costa occidental africana, convirtiéndonos en una tierra única, con sus
ocho islas habitadas y el mar que nos une. Nunca antes se había
reconocido el mar en el Estatuto de Canarias, ni tampoco nuestra
contribución a la cooperación y a la paz como plataforma para las
políticas europeas y españolas en África. Supera definitivamente la
separación del REF de la financiación autonómica, la que nos permite
estar en igualdad de condiciones que el resto de las comunidades
autónomas para el mantenimiento de nuestros servicios públicos. También
actualiza los derechos y las libertades públicas de la ciudadanía
canaria, como corresponde a un estatuto del siglo XXI; veintiséis
derechos específicos recogidos, que comprometen a partir de ahora a los
poderes públicos de Canarias, aún más, como garante de los mismos.

Concluyo, señor presidente. Por todas estas razones, Coalición
Canaria va a votar hoy en el Senado a favor de este estatuto, que además
es el que viene del Parlamento de Canarias. Y lo hacemos por
responsabilidad, pues hoy por hoy es el mejor estatuto posible para
Canarias, y lo hacemos para defender mejor los intereses de Canarias y el
futuro de las generaciones de nuestra tierra.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.

A continuación, tiene la palabra el senador don Jorge Alberto
Rodríguez Pérez.

El señor RODRÍGUEZ PÉREZ: Señor presidente, permítame, antes de
nada, que salude al presidente del Gobierno de Canarias y también al
consejero de Presidencia y Justicia del Gobierno de Canarias, que nos
acompañan en esta Comisión General de Comunidades Autónomas para asistir
al debate de una de las iniciativas políticas y jurídicas, acaso la más
importante, de la historia de nuestra autonomía y también de nuestra
arquitectura institucional.

Señor presidente, somos conscientes de que estamos ante un día muy
importante para nuestra comunidad autónoma y a muy poco de terminar el
recorrido que nos lleve al momento final de poder dar a los canarios una
magnífica noticia, como es la de habernos dotado de un nuevo estatuto de
autonomía, un estatuto que reconoce la singularidad de Canarias, que
reconoce su lejanía, su fragmentación, su insularidad, su atlanticidad y
ultraperificidad, algo, a nuestro juicio, muy innovador e importante; un
estatuto que además es garantía de libertad, de transparencia, de buen
gobierno, de solidaridad, de participación ciudadana, de accesibilidad,
de igualdad, de erradicación de actitudes sexistas y xenófobas, de
preservación de la biodiversidad del archipiélago; un estatuto que
fomenta la cohesión territorial y social, y que, sobre todo, asegura la
igualdad de todos los canarios, independientemente de la isla en que
residan. Asimismo contiene un sistema de reglas y principios leal con la
letra y el espíritu de la Constitución, pensado para servir a los
canarios y a la sociedad canaria y, obviamente, fiel a la vocación
abierta y universalista de Canarias.

Señor presidente, le aseguramos a usted y a todas sus señorías que
se trata de una buena propuesta con la que gana Canarias para que gane
toda España. La fidelidad constitucional de este texto es absolutamente
plena.

Señorías, el Grupo Parlamentario Popular votará a favor de la
propuesta de reforma del estatuto de autonomía, y lamento con tristeza,
con mucha tristeza, que el apoyo no vaya a ser unánime por parte de todos
los grupos presentes en la Cámara. Es un error de aquellos que se han
encargado de impedirlo. Pero les aseguro que Canarias gana con este
estatuto de autonomía.

Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.

A continuación, tiene la palabra el senador don Julio Cruz
Hernández.

El señor CRUZ HERNÁNDEZ: Señor presidente, señorías, muy buenas
tardes.

Señor presidente del Gobierno de Canarias, señor consejero de
Presidencia, bienvenidos a este Senado, Cámara territorial de nuestro
país.

En junio de 2004 —ya se ha recordado aquí— el
Parlamento de Canarias constituyó una ponencia institucional de la que,
junto con Francisco Hernández Espínola y Santiago Pérez, tuve el honor de
formar parte por el Grupo Socialista. También nos acompaña don Jorge
Rodríguez, que formó parte por el Grupo Popular, y don José Miguel
Barragán, en aquel momento diputado de Coalición Canarias en la Cámara.
Dicha ponencia elaboró una propuesta de reforma del Estatuto de Autonomía
de Canarias que, tras dos años y medio de trabajos, fue aprobada por el
Pleno del Parlamento el 13 de septiembre de 2006. Era una propuesta
ambiciosa que ponía a Canarias en el mismo estatus de autogobierno que el
resto de las comunidades autónomas del artículo 151 de la Constitución y
con el estatuto de los denominados de segunda generación.

Esta propuesta, señorías, que contó con el apoyo en Canarias del
Grupo Socialista y Coalición Canaria, fue tramitada en las Cortes.
Tristemente, Coalición Canaria, en comandita con el Grupo Popular,
deciden el 12 de diciembre de 2007, antes de su aprobación definitiva,
retirarlo sobre la base de que no querían la reforma del sistema
electoral que ellos mismos habían impuesto en 1996, con unas barreras
del 30 % insular y el 6 % regional.

Señorías, cuatro años después, el 20 de junio de 2011, el Partido
Socialista decide asumir responsabilidades en el Gobierno de Canarias,
compromiso que se sustenta con un acuerdo programático con Coalición
Canaria. Uno de los mayores retos contenidos en ese acuerdo de Gobierno
fue la reforma del estatuto de autonomía; estatuto que hoy, en estas
fechas, en este mes, vamos a culminar. En dicho acuerdo decíamos: Es
propósito de ambas fuerzas políticas promover un nuevo estatuto de
Canarias sobre la base del texto aprobado en 2007. Un compromiso que,
además de constituir uno de los ejes de nuestro programa electoral, se
hace realidad con la propuesta de reforma presentada por ambos grupos
el 14 de febrero de 2014, la cual, tras un año de tramitación en el
Parlamento de Canarias, fue aprobada por su Pleno el 24 de marzo
del 2015. Señorías, estos y no otros son los antecedentes de este
estatuto de autonomía.

Hoy me congratulo de que la apuesta hecha por el Partido
Socialista y Coalición Canaria en la legislatura anterior de que la
estrategia definida por el Gobierno de Paulino Rivero y José Miguel
Pérez, con el consejero de Presidencia, señor Hernández Spínola y los
grupos parlamentarios respectivos, diera sus frutos y esté dando sus
frutos en este momento. Me congratula y alegra que, a pesar de no
participar y de los negros nubarrones, descalificaciones y no
participación en Canarias del Partido Popular y de Nueva Canarias, hoy
ambos grupos se hayan unido al consenso necesario en las Cortes
Generales, con sus importantes aportaciones y su impulso para que aquella
propuesta de dos grupos sea hoy una propuesta de muchos grupos, sea una
propuesta de la representación legítima del pueblo canario y español, con
una mayoría amplia del arco ideológico y social, de un estatuto de todos
y para todos.

Este estatuto fija un nuevo catálogo de derechos y deberes de los
canarios y canarias, desarrolla el principio de modulación de la política
del Estado en Canarias, consagra nuestro estatuto fiscal y económico
diferenciado y, por supuesto, aborda la reforma electoral. Es por ello
que el Grupo Socialista, el Partido Socialista, que desde siempre, desde
el minuto uno ha apostado por Canarias, una vez más, va a apoyar, como
siempre hemos hecho, todas las reformas, todas las propuestas del
Estatuto de Autonomía de Canarias.

El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría, por favor.

El señor CRUZ HERNÁNDEZ: Hemos formado parte desde el minuto uno,
como grupo mayoritario en Canarias y como grupo que siempre ha apostado
por el Estado autonómico. Siempre hemos apostado por Canarias y
seguiremos apostando, porque Canarias es de todos y para todos y es más
que ocho islas y un mar que nos rodea. Es un pueblo único donde residimos
más de 2 100 000 canarios y canarias.

Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.

A la propuesta de reforma se presentaron 80 enmiendas, de las
cuales se han retirado 61 y se mantienen vivas 19.

Respecto a las enmiendas números 1 a 5, de la senadora Castilla
Herrera, del Grupo Mixto, y las enmiendas números 6 a 19, de los
senadores Alegre Buxeda, Crisol Lafront, Marcos Arias y la senadora
Roldán Suárez, la ponencia deliberó y las rechazó.

Entramos, pues, en el debate de las enmiendas.

Para la defensa de las enmiendas números 1 a 5, tiene la palabra
la senadora Castilla Herrera.

La señora CASTILLA HERRERA: Muchas gracias, señor presidente.

Bienvenido, presidente del Gobierno de Canarias; bienvenido,
consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad del Gobierno de Canarias.
Buenas tardes, señorías.

Agrupación Socialista Gomera entiende que la propuesta de reforma
del Estatuto de Autonomía de Canarias es muy buena, es histórica, es
justa y es necesaria para todos los canarios y todas las canarias. Por
eso, mi formación política la apoyó en el Parlamento de Canarias y vamos
a hacer lo mismo en esta fase y en el Pleno. Pero este apoyo, señorías,
no impide ni excluye, en la línea del consenso en la que siempre ha
estado Agrupación Socialista Gomera —se puede corroborar en toda
nuestra actividad en el Parlamento de Canarias y en esta Cámara de
representación territorial que es el Senado—, que seamos
conscientes de que el texto que nos ocupa y que estamos debatiendo sea
susceptible de mejora.

De ahí el paquete de enmiendas que hemos presentado.

En particular, hemos presentado cinco enmiendas, que engloban tres
grandes problemas, tres grandes preocupaciones que tenemos y que
entendemos deben ser abordadas en este texto estatutario y que serían las
siguientes. En primer lugar, abordamos una propuesta de la reforma
electoral pactada en este acuerdo y lo hacemos en tres aspectos
fundamentales: primero, en el aspecto de las mayorías que se tienen que
tener en cuenta a la hora de tener en consideración una reforma del
estatuto de autonomía, la norma jurídica institucional básica de la
Comunidad Autónoma de Canarias, tan importante y tan vital que va a
marcar el desarrollo económico, social y territorial de todos los
canarios y de todas las canarias. Pensamos que la mayoría de los tres
quintos que se ha pactado no es la justa, la correcta, la adecuada y
apostamos por una mayoría más cualificada de dos tercios. Igualmente,
consideramos que el número máximo de diputados y de diputadas que deben
componer la Cámara regional es de 70 y no más y, por último, somos
conscientes y respetuosos con la nueva pluralidad política que ha surgido
a raíz de los últimos comicios electorales y, por tanto, es necesaria una
rebaja de los topes electorales para que puedan entrar nuevas fuerzas
políticas en la Cámara regional, entendiendo la rebaja del 30 al 15 % en
la circunscripción insular y del 6 al 3 % en la circunscripción regional
en su caso.

En segundo lugar, si bien es cierto que este texto es pionero y es
histórico porque es la primera vez que se reconoce el concepto de la
doble insularidad, no es menos cierto que no solo no se define la doble
insularidad ni tampoco se entra a especificar con detalle los sobrecostes
que conlleva y, señorías, esto es vital y fundamental para seis de las
ocho islas que componen el archipiélago canario. No podemos olvidar,
señorías, que estamos debatiendo que vamos a aprobar la norma jurídica
institucional básica de la Comunidad Autónoma de Canarias, esa norma que
vamos a llevar en la mano siempre para defender los derechos de todos los
isleños en el archipiélago canario, en el territorio peninsular, en el
Congreso de los Diputados, en esta Cámara, en el Parlamento Europeo y en
todas las instituciones europeas. Y me quiero referir, en particular, al
artículo 349 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, que habla
de la condición de región ultraperiférica, concepto que, por cierto, nada
dice de la doble insularidad, de ahí que sea muy importante especificar,
detallar la realidad canaria en este texto y de ahí el sentido de nuestra
enmienda.

En tercer lugar, y por último, consideramos que ante cada reforma
de un texto tan importante como es un estatuto de una comunidad autónoma
tan vital y que va a regir la vida de todas y todos nosotros, debe
someterse a una consulta vinculante antes de entrar en vigor, como puede
ser, en nuestro caso, una consulta vinculante a todo el pueblo
canario.

Por todo lo anterior, por el bien de todos los canarios y
canarias, pedimos el voto favorable de las cinco enmiendas que ha
presentado la Agrupación Socialista Gomera a la ponencia que ha sido
informada aquí, y dicho y formulado siempre con ánimo de enriquecer, con
un tono respetuoso y con ánimo de mejorar, pero nunca con el objetivo de
romper el consenso que se ha marcado y que se ha conseguido en esta
materia.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.

Para la defensa de las enmiendas 6 a 19, tiene la palabra el señor
Crisol, por un tiempo de diez minutos.

El señor CRISOL LAFRONT: Gracias, presidente.

En primer lugar, permítame dar la bienvenida al presidente de
Canarias y al consejero de Presidencia y Justicia.

Señorías, les voy a argumentar las enmiendas que hemos presentado
los senadores de Ciudadanos. La enmienda número 6 es de adición de un
artículo nuevo, el 36. Los objetivos, a diferencia de los principios,
definen un resultado a alcanzar, unos objetivos que en el caso de
Canarias constituyen prioridades sociales de singular relevancia. Los
enumerados en la enmienda son los ejes centrales de cualquier proyecto de
progreso para Canarias. Pretendemos salvar la contradicción entre la
primera frase del artículo 39, que admite tres tipos de circunscripción
con respecto a la modificación del artículo 39.2 y 39.12, con la
proclamación, en la segunda, de que la islas se consideran
circunscripciones. Por lo tanto, la circunscripción insular estará
siempre presente, bien como única circunscripción o bien en combinación
con la autonómica.

La enmienda número 9 es de supresión del artículo 46. No tiene
ninguna justificación que el Gobierno pueda ejercer, ni en las
circunstancias de extraordinaria y urgente necesidad, la potestad
legislativa. Perfectamente se puede habilitar un procedimiento
legislativo simplificado para que las normas legales sean aprobadas por
el órgano constitucional y por el poder al que le corresponde, el
Legislativo, es decir, el Parlamento de Canarias.

La enmienda número 10, de modificación del artículo 78.1, es una
corrección técnica, por una razón básica y elemental: el Tribunal
Superior no es el único al que las leyes ni atribuyen ni pueden atribuir
la tutela de los derechos.

La enmienda número 11 es de supresión del artículo 78.3 porque la
posibilidad de que el Tribunal Superior de Justicia pueda desplegar la
función que se le asigna dependerá de que las leyes del Estado, en
particular la Ley Orgánica del Poder Judicial, contemplen el recurso de
casación por tal concepto y que dicho recurso se ventile ante el indicado
tribunal. En coherencia con la enmienda al segundo apartado del
artículo 74, entendemos que se debe suprimir.

La enmienda número 12 es de supresión del artículo 78.4. En
coherencia con las enmiendas anteriores proponemos la supresión de este
apartado. La posibilidad de recurso extraordinario de revisión depende de
lo que disponga la legislación del Estado, en particular, la Ley Orgánica
del Poder Judicial.

En la enmienda número 13 proponemos la supresión del artículo 81
porque es evidente que la regulación de la Fiscalía es competencia del
Estado. El resto son reglas protocolarias, informativas, en definitiva,
puramente simbólicas.

Respecto a las enmiendas números 14, 15 y 16, de supresión de los
artículos 82, 83 y 84, en el texto remitido por el Congreso el capítulo
II del Título IV de reforma del estatuto, dedicado al Consejo de Justicia
de Canarias, cuenta con tres artículos: el 79, dedicado a la naturaleza
del consejo; el 80, composición y atribuciones; y el 81, control de actos
del consejo. Es otra de las novedades institucionales incluidas, carece
de justificación, es una estructura de Estado que no tiene justificación.
Nos encontramos, una vez más, con la copia sin justificación del Estatuto
de Autonomía de Cataluña del año 2006. Es tan innecesario que, en caso de
mantenerse su existencia, no podría funcionar porque depende de la
voluntad del Estado de contemplarlos en una futura e incierta reforma de
la ley orgánica, lo que parece que no vaya a suceder.

La enmienda número 17 es de supresión del artículo 85. Es
deficiente la propuesta en este apartado y también en otros. Se repite el
contenido de este artículo e, incluso contradictoriamente, con otros
artículos. Por ejemplo, en relación con las demarcaciones, con el
artículo 89, o en cuanto a los medios, con lo que se dispone en los
artículos 85 y 86. Si queremos que realmente sea una servicio público, o
sea, al servicio de los ciudadanos, se debe asegurar la independencia
para que la radio y la televisión reflejen la pluralidad, en sus
múltiples dimensiones, de la sociedad canaria. El estatuto debe expresar
taxativamente este compromiso.

Por último, sobre la enmienda número 19, de modificación de la
disposición transitoria primera, la actual regulación contiene
deficiencias insostenibles que deben corregirse. No existe un mínimo de
proporcionalidad en la distribución de los escaños entre las islas; así,
más del 80 % de la población elige a la mitad del Parlamento de Canarias,
mientras que menos del 20 % de la ciudadanía canaria elige a la otra
mitad del Parlamento. La regulación actual afecta al valor del voto de la
ciudadanía canaria. Los criterios de distribución existentes implican una
desnaturalización de la Cámara al potenciar los criterios territoriales
sobre los criterios poblacionales. El actual sistema afecta a la
necesaria equivalencia entre la manifestación popular reflejada en votos
con la designación de escaños.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.

Turno en contra.

En nombre del Grupo Socialista, tiene la palabra el senador don
Julio Cruz, por tiempo de cinco minutos.

El señor CRUZ HERNÁNDEZ: Señor presidente, señorías, el Grupo
Socialista va a rechazar todas las enmiendas presentadas por la
Agrupación Gomera, por la senadora doña Yaiza Castilla, y por Ciudadanos,
y las vamos a rechazar por lo siguiente, muy escuetamente, dada la
premura del tiempo.

La enmienda número 1, porque la doble insularidad está
contemplada, si hay algo contemplado en este estatuto es la insularidad,
la lejanía, la necesidad de la modulación de los poderes públicos en
todas sus actuaciones administrativas, tanto del Estado como de la
comunidad autónoma. Por lo tanto, cuando se modula se tendrá que tener en
cuenta esa doble insularidad. No nos cabe la menor duda de que así será y
se exigirá en el Parlamento en cada momento —estoy
convencido— por los representantes de La Gomera, La Palma, El
Hierro o Lanzarote, de las islas, digamos, no capitalinas.

En relación con la enmienda número 2, del régimen electoral, usted
elimina la lista regional, y la circunscripción regional para nosotros es
fundamental porque cohesiona Canarias. Además, usted establece la
aprobación por mayoría de dos tercios y creemos que tres quintos está
bien. Si al presidente del Gobierno lo podemos elegir por mayoría
absoluta, establecemos ya una mayoría reforzada de tres quintos, lo que
es suficiente, y no los dos tercios que estaban establecidos
anteriormente. En el proyecto original ya venía la lista regional y venía
lo de los tres quintos, como ha venido siempre, porque desde hace años y
años ya apostábamos por los tres quintos. Algunas personas de su fuerza
política apoyaban esto, hasta ayer, claro, pero hoy parece que ya no
apoyan lo que decían hace unos días.

En cuanto al aumento del coste público, no depende de la comunidad
autónoma. El aumento de diputados depende del Parlamento de Canarias, y
en razón a la Mesa del Parlamento se puede incrementar los costes o no, o
justificar o distribuir los costes en la actualidad.

En referencia a la enmienda número 3, de la consulta vinculante,
creo que hay un error y una manifiesta contradicción y desde el punto de
vista jurídico pensamos, sinceramente, que es muy deficiente. ¿Por qué?
Porque solo la reforma de los estatutos de autonomía se tiene que hacer y
se puede hacer conforme al estatuto vigente, y en el estatuto vigente no
se contempla, en ningún caso, un referéndum. El siguiente, este estatuto
sí contempla el referéndum, no una consulta vinculante, un referéndum y,
por lo tanto, vinculante con todas las garantías establecidas en el mismo
artículo que conllevará una posible reforma y la autorización a la
comunidad autónoma por parte del Gobierno del Estado de hacer ese
referéndum. Por lo tanto, no tiene ninguna razón de ser.

En cuanto a la enmienda número 4 a la disposición primera, del
sistema electoral, ya le he dicho cuáles son las razones para rechazar
todas las propuestas en relación con el sistema electoral. Respecto a la
entrada en vigor, sinceramente, creo que lo que plantea es
inconstitucional porque relacionarlo con esa consulta vinculante no tiene
ninguna razón de ser.

Respecto a la intervención de Ciudadanos, con carácter general yo
creo que ustedes están bastante confundidos porque plantean una serie de
cuestiones donde su centralismo parece que no tiene en cuenta el Estado
de las Autonomías. Tienen algo con el Estatuto de Cataluña y todo lo que
coincide parece que es malo. Mire, en Canarias lo establecimos porque
creemos que lo necesitamos y podemos coincidir en muchos aspectos con
Cataluña, en otros aspectos con Andalucía o en otros aspectos con
Valencia, igual que el resto de los estatutos. ¡Si aquí no se ha
inventado nada! Aquí de lo que se trata es de dar competencias, recursos
e instrumentos a las comunidades autónomas para ejercer sus
competencias.

Por lo tanto, con carácter general, rechazamos todas esas
propuestas. Usted, en relación con la reforma electoral, habla de una
lista de 70 y después dice que hay que primar el criterio poblacional.
Pero es que Canarias también tiene un criterio territorial, somos ocho
islas habitadas y siete islas, digamos, desde el punto de vista político
e institucional, de representación parlamentaria. Por lo tanto, el
criterio territorial hasta ahora era casi lo primordial; también teníamos
en cuenta el criterio poblacional. Esta propuesta y la reforma electoral
que se plantea de la estructura autonómica es una innovación en todo el
Estado español donde, por primera vez, una autonomía pluriprovincial va a
establecer una lista regional y todos los canarios vamos a votar y
podemos decidir, si los grupos presentan a su candidato a la presidencia,
por poner un ejemplo, cuál va a ser ese candidato. Creo que esa lista
regional de nueve diputados y diputadas cohesiona mucho más Canarias, da
representación específica a ese criterio poblacional y, al mismo tiempo,
se tiene en cuenta el criterio territorial actual, con un principio
básico que usted obvia y la senadora Castilla también, y es que ninguna
isla que tenga más habitantes, tenga menos diputados que otra con menos
habitantes. Es el caso de Fuerteventura, que hoy tiene menos diputados
cuando cuenta con más habitantes que la isla de La Palma, y eso se
corrige.

En consecuencia, creo que es un buen estatuto, es una buena
propuesta electoral y estoy convencido de que ayudará a cohesionar
Canarias y ayudará tanto el criterio de representación territorial como
el criterio poblacional de los 2 100 000 ciudadanos que vivimos
allí.

Gracias, señor presidente. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.

Para el turno en contra, tiene la palabra la senadora doña
Auxiliadora Pérez, del Grupo Parlamentario Popular.

La señora PÉREZ DÍAZ: Gracias, señor presidente. Señorías, buenas
tardes.

Me quiero sumar a la bienvenida a esta Comisión General de las
Comunidades Autónomas al presidente del Gobierno de Canarias, don
Fernando Clavijo, y al consejero de Presidencia, Justicia e
Igualdad.

Señorías, hoy es una jornada importante para el Senado y,
especialmente, para los senadores canarios. No todos los días tenemos la
oportunidad de someter a debate y aprobación la reforma de un estatuto de
autonomía. En el caso de mi tierra, Canarias, es la segunda vez que
ocurre en la historia de la democracia. La primera reforma del Estatuto
canario se debatió y aprobó en esta misma Cámara en diciembre de 1996.
Pronto se cumplirán veintidós años de ese acontecimiento. Quizá, hay
quien prefiere no recordarlo, pero lo cierto es que el partido que en
aquel momento gobernaba nuestro país era el Partido Popular y el partido
que tenía mayoría absoluta en esta Cámara cuando se reformó por primera
vez el estatuto era también el Partido Popular, como hoy ocurre. No
pretendo con ello —no lo interpreten así, señorías— quitarle
el mínimo protagonismo a las fuerzas políticas restantes, todo lo
contrario. Creo que socialistas y nacionalistas han hecho un gran trabajo
y una aportación imprescindible para llegar hasta aquí, como lo ha hecho
también Ciudadanos, aunque, finalmente, se queden fuera del consenso con
su abstención; abstención que yo, humildemente, les invito a
replantearse. Pero me parece de justicia recordar que la primera reforma
del Estatuto de Autonomía de Canarias se impulsó por un Gobierno del
Partido Popular, el Gobierno de José María Aznar, y la segunda —sin
duda, de mayor calado y trascendencia— se ha impulsado por otro
Gobierno del Partido Popular, el Gobierno de Mariano Rajoy. ¿Por qué
quiero destacar esto? Porque aunque hemos alcanzado un elevado grado de
acuerdo y consenso entre las fuerzas parlamentarias, me parece relevante
dejar constancia en el Diario de Sesiones de esta Cámara de un hecho
incontestable: Canarias es una cuestión de Estado para el Partido
Popular; una cuestión de Estado, independientemente de que estemos en el
Gobierno o en la oposición; una cuestión de Estado por encima de
intereses partidistas o estrategias electoralistas a corto plazo; una
cuestión de Estado al margen de las conveniencias personales y al margen
de quienes sean nuestros socios parlamentarios en uno u otro
momento.

Señorías, en cuanto a las enmiendas presentadas, empezaré
precisamente por las enmiendas retiradas, las del Grupo Parlamentario
Unidos Podemos. Sinceramente, no sé muy bien a qué juegan ni cuál es su
estrategia en un asunto tan serio como este, pero lo que sí tengo muy
claro es que el no de Podemos al estatuto, el no a la reforma del régimen
económico y fiscal, el no al cumplimiento de los convenios es un no a
Canarias y a los canarios y, como entenderán, no podemos compartirlo.
Nosotros decimos sí a Canarias.

En el caso del Grupo Parlamentario Mixto, comprendo que la
senadora Castilla, de la Agrupación Socialista Gomera, presente aquí las
enmiendas que no pudo defender en el Congreso de los Diputados por
carecer de representación. Sabemos que es un intento de hacer oír su voz
y lo respetamos, créame, pero sabe que no podemos apoyar el contenido de
sus propuestas, entre otros motivos, porque alterarían el sentido del
informe favorable emitido la semana pasada por el Parlamento de Canarias,
que contó, además, con el voto favorable de la propia Agrupación
Socialista Gomera.

También vamos a rechazar las enmiendas presentadas por los
senadores de Ciudadanos, aunque la verdad es que aquí tengo sentimientos
encontrados. Puedo entender el deseo de aspirar a una reforma más
ambiciosa, como en el caso del régimen económico y fiscal, pero,
sinceramente, creo que con su abstención han antepuesto su interés por
desmarcarse al consenso, y de verdad que lo lamento, porque habría sido
bueno sumar a este gran acuerdo al partido que precisamente se quedó
fuera del Parlamento de Canarias por un sistema electoral injusto y poco
representativo, sistema electoral que este nuevo texto aspira a
corregir.

Señorías, el esfuerzo realizado para alcanzar un amplio acuerdo y
consenso ha sido fundamental para sacar adelante esta reforma, que sitúa
a Canarias, por fin, en la primera división del autogobierno, sin
desbordar en ningún caso el marco constitucional que nos es común a todos
por igual. Y esa es una muy buena noticia siempre, más en estos tiempos
de provocaciones y desafíos al Estado de derecho, donde algunos atacan o
cuestionan la unidad constitucional de España y otros están tentados
siempre de negociar con ella. Que nadie espere eso de los canarios.
Nuestra lealtad, como la de tantos y tantos españoles de todas las
comunidades, está fuera de toda duda. Por tanto, hoy debemos felicitarnos
todos y agradecer el trabajo realizado por el Parlamento de Canarias, por
el Gobierno de Canarias, por el anterior Gobierno de España y por todos
los grupos parlamentarios en el Congreso de los Diputados, a pesar de que
alguno haya votado en contra.

El señor PRESIDENTE: Vaya acabando, señoría.

La señora PÉREZ DÍAZ: Voy terminando, señor presidente.

En definitiva, hoy debemos poner en valor la voluntad y la
generosidad para que este estatuto se haga al fin realidad, no solo
respetando la voluntad que emanaba del Parlamento de Canarias, sino
incorporando durante su tramitación en el Congreso el máximo de
voluntades políticas, desde el diálogo y desde el entendimiento, tal y
como nos exigían los canarios.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.

Antes de entrar en el turno de portavoces, quiero decirles que la
votación no será antes de las diecisiete treinta.

Por el Grupo Mixto, tiene la palabra la senadora Castilla
Herrera.

La señora CASTILLA HERRERA: Muchas gracias, presidente.

Intervendré brevemente desde el escaño, primero, para decir que
voy a mantener cada una de las enmiendas que he defendido en esta sesión.
Y, una vez termine esta comisión, voy a presentar el correspondiente voto
particular para su defensa en la sesión plenaria de la semana que viene.
Entendemos que es justo y necesario seguir hasta el final con la defensa
de los intereses de todos los canarios y canarias y, en particular, de
los ciudadanos de las islas no capitalinas. Este debate tiene que tener
muchísima altura de miras. Y felicito a la mayor parte de los compañeros
que las han tenido, porque así lo merece este debate, como también todos
los canarios y canarias.

Me gustaría hacer una serie de apreciaciones en relación con el
senador Cruz, habida cuenta de que considero que algunas de sus
manifestaciones han sido un poco desafortunadas, por decirlo con respeto.
Así, en relación con la reforma electoral, no sé dónde ha escuchado usted
una mayoría u otra a la hora de abordarla, pero, en cualquier caso, le
sugiero que se lo haga ver, porque su propio Gobierno unas veces dice una
cosa y otras dice otra. Y esto dicho con los debidos respetos.

Y en cuanto a la doble insularidad, a ver cómo entra usted, que
procede de una isla no capitalina, a la isla no capitalina en las
próximas horas, cuando acaba de hablar de la doble insularidad como si
estuviera plasmada en el Estatuto de Autonomía de Canarias de forma
detallada, precisa y minuciosa. Porque si hacemos una somera lectura de
las 45 primeras páginas del estatuto —sin ir más lejos—, solo
se menciona en dos ocasiones. Precisamente los senadores de las islas no
capitalinas debemos tener una especial sensibilidad con este tema, por lo
que espero que usted reconsidere su discurso a lo largo de esta comisión
y en la próxima sesión plenaria.

Por último, en relación con la consulta vinculante, desde luego,
no ha entendido para nada la defensa de las enmiendas. La consulta
vinculante siempre se ha formulado dentro del respeto del marco
constitucional y, en particular, dentro del respeto de las competencias
exclusivas que le corresponden al Estado en virtud del artículo 149.1.32
de la Constitución española. Por tanto, que tache de inconstitucionales
las enmiendas presentadas por esta senadora y, en particular, por la
Agrupación Socialista Gomera, creo que excede del contenido de este
debate y de la verdadera realidad jurídica que nos acontece.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, senadora.

A continuación, tiene la palabra el senador Crisol.

El señor CRISOL LAFRONT: Gracias, presidente.

Señorías, Canarias pierde una gran oportunidad, sobre todo pierde
la oportunidad de mirar hacia el futuro. Se ha perdido la oportunidad de
defender el derecho de todos los canarios. Con este sabor agridulce,
vamos a empezar por la parte positiva.

Gracias a una enmienda de Ciudadanos, se eliminan los aforamientos
en las islas Canarias. Ha costado mucho porque no ha sido un voto
unánime, y es que muchos siguen pensando que el aforamiento es un derecho
que tienen. Para nosotros es un privilegio, así que su eliminación es una
de las cosas positivas que tiene este texto.

La inclusión de más derechos sociales que empiezan a pensar en los
canarios es otro punto positivo, pero no suficiente. La separación del
régimen económico y fiscal del sistema de financiación autonómica es otra
de las luces de este texto porque, en un periodo no superior a tres años,
se tiene que desarrollar la ley electoral de las islas Canarias.

Hay una parte que no es ni luz ni sombra: la reforma de la ley
electoral. ¿Mejora la situación actual? Sí, pero no lo suficiente. No ha
habido ambición y no ha habido ganas de llegar al fondo de la
cuestión.

Todas las enmiendas presentadas por Ciudadanos en relación con la
lucha anticorrupción, regeneración y transparencia han sido rechazadas.
Las destinadas a que el Poder Judicial realmente fuese independiente han
sido rechazadas. Siguen queriendo crear ese consejo que coordina el Poder
Judicial y que —sorpresas de la vida— no se elige por
meritocracia; no lo eligen los jueces, lo eligen los políticos a dedo.
Tampoco han sido aceptadas las enmiendas para que la televisión pública
sea plural e independiente. Y yo les pregunto: ¿cuánto se ahorraría
Canarias simplificando la Administración? Un dinero que podríamos
revertir en educación y en sanidad.

Señorías, el texto que llegó mejora el estatuto, pero no es un
estatuto pensando en el futuro. Hay aspectos positivos y eso hace que nos
abstengamos en la resolución final.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.

Por el Grupo Parlamentario Nacionalista Partit Demòcrata -
Agrupación Herreña Independiente-Coalición Canaria, tiene la palabra el
senador Rodríguez Cejas.

El señor RODRÍGUEZ CEJAS: Gracias, señor presidente. Buenas
tardes, señorías. Buenas tardes, señor presidente del Gobierno de
Canarias. Buenas tardes también, señor consejero del Gobierno de
Canarias.

Nos encontramos ante un hecho que marcará, sin duda, la historia
de nuestro querido archipiélago canario, como es la reforma de su
estatuto de autonomía, con importantes logros que sitúan a nuestra tierra
en un nuevo marco legal más moderno, con mayor visión de futuro y en
sintonía con la sociedad canaria del siglo XXI. Una sociedad que exige
igualdad de trato y el reconocimiento de sus diferencias, que vienen
marcadas por el hecho incontestable de su geografía fragmentada, por su
realidad atlántica estratégica entre tres continentes: África, América y
Europa. Pero también exige una mejora de su financiación para que se
desarrollen con éxito servicios públicos como la sanidad, la educación,
la atención a los más desfavorecidos, la dependencia o las políticas
destinadas a alcanzar la igualdad y la sostenibilidad
medioambiental.

Reconocer nuestras diferencias y nuestras singularidades es
igualarnos al resto de ciudadanos de Europa. Pero me estaría engañando a
mí mismo si, como ciudadano nacido en una isla menor como El Hierro, no
les confieso una espina que nos ha quedado clavada tras todo este proceso
y que considero oportuno manifestar hoy en esta comisión. La Agrupación
Herreña Independiente considera que se cometerá un error histórico para
Canarias si aprobamos el régimen electoral tal cual viene definido en el
texto que nos ha remitido el Congreso de los Diputados. La ley del volcán
determinó, de forma contundente, una autonomía fragmentada compuesta por
ocho realidades, con sus particularidades y sus necesidades diferenciadas
cada una de ellas. Por ejemplo —y lo digo con conocimiento de
causa—, a día de hoy sigue siendo mucho más costoso estudiar si
vives en una isla menor que si vives en una isla mayor, y eso me lo han
oído decir en esta Cámara en numerosas ocasiones.

Claro que la triple paridad es un sistema imperfecto, como todos,
pero es lo que nos ha garantizado a las islas menores mantener una voz
propia en el Parlamento de Canarias, sin que ello haya mermado, jamás,
los intereses de las islas capitalinas, algo que no parece que vaya a
suceder con esta propuesta. Por ejemplo, los tres diputados de la isla de
El Hierro pierden del 5 al 4 % su representatividad o proporcionalidad,
como lo quieran llamar, en el conjunto de la Cámara, con un hemiciclo que
podría pasar de los 60 a los 75 diputados y diputadas, si la propuesta
queda tal y como se está debatiendo.






A ver cómo lo van a explicar, a los
habitantes de mi tierra, los partidos que están sentados hoy en esta
comisión y que votarán a favor de bajar el volumen a los diputados del
pueblo herreño.

Pero vayamos al histórico porque escuchaba al senador de
Ciudadanos hacer referencia a ese argumento histórico en el que siempre
se dice que el 17 o el 18 % de la población elige a los mismos
representantes que el 82 %. Los desequilibrios que durante tantos años se
padecieron en infraestructuras y servicios, en beneficio de dos de las
ocho islas, han producido, señorías, corrimientos poblacionales desde la
periferia insular hacia dos de las grandes islas. Esta migración no
deseada, a lo largo de muchos años, es, paradójicamente, el argumento que
hoy se utiliza en las capitales para atacar la representación de las
islas no capitalinas.

Se debe avanzar, así lo consideramos en un partido de isla, como
la Agrupación Herreña Independiente, sobre la senda de la solidaridad, el
respeto y el ejemplo y no sobre la imposición y la disciplina
centralistas. Ese centralismo que se ejerce en Madrid y criticamos en
Canarias, ahora no nos ruborizamos cuando lo aplicamos en las islas
capitalinas hacia las no capitalinas. Lamentamos, profundamente, que el
régimen electoral se haya diseñado en Madrid porque entendemos que esta
configuración político-administrativa la deben decidir los canarios y las
canarias en su Cámara regional porque tienen capacidad para ello.

Por tanto, y finalizo, estamos de acuerdo con las enmiendas que se
proponen en otra isla menor, en la isla de la Gomera, concretamente, las
números 1, 2 y 4, porque entendemos que van en sintonía con la defensa a
ultranza que en la Agrupación Herreña Independiente hacemos de nuestras
realidades social y geográfica y del futuro que todos deseamos para
nuestra tierra. Lo digo aquí porque así me ha mandatado la asamblea
general de mi partido, un partido que nació en 1979, en San Andrés, y
cuyo mensaje no ha variado un ápice: Canarias se construye en cada isla,
de abajo hacia arriba, desde la isla hacia la región.

Gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.

Por el Grupo Vasco, tiene la palabra el senador Cazalis.

El señor CAZALIS EIGUREN: Gracias, señor presidente.

Si me lo permite, intervengo desde el escaño porque no soy
canario, el protagonismo es de los canarios y, por tanto, que suban al
estrado los canarios.

Quería comenzar dando la bienvenida y las gracias por su presencia
al presidente Clavijo Batlle y al consejero de Presidencia, el señor
Barragán Cabrera. Creo que nos honran con su presencia y eso es bueno
para esta Cámara y para todos nosotros.

Como ha dicho el presidente, señor Clavijo, no es hora de
reproches, es verdad, y no vamos a ser nosotros quienes vengamos aquí a
aguar la fiesta, aunque sí es cierto que, en algún momento, deberíamos
hablar y no obviar los procesos de tramitación de esta reforma y de otras
reformas estatutarias que hemos tenido antes y que, probablemente,
tengamos después como, por ejemplo, una demora inaceptable en la
tramitación de una norma esencial y básica para el correcto gobierno y la
correcta gestión de lo público en esta era de la gobernanza multinivel.
Ya no estamos en aquellos gobiernos, sino que estamos en otros y hay que
cambiar el chip.

Tampoco vamos a incidir hoy en el hecho de que las Cortes
Generales puedan modificar, como han hecho en este caso, decisiones
aprobadas en el Parlamento de Canarias y, en otros momentos, incluso con
inadmisiones a trámite, como nos pasó a nosotros, o el cepillado del
estatuto canario, etcétera. Creo que es algo que hay que mirar. Por lo
tanto, no es la primera vez que esto ocurre, pero sí es la primera vez
que, a pesar de todo, por la necesidad de la norma, espero que los
partidos políticos canarios, y también el propio Parlamento canario,
hagan propios estos cambios. Creo que eso es significativo de lo que he
dicho antes en cuanto a la tramitación y la necesidad de una norma que
ponga a Canarias, en este momento, en la senda de poder trabajar en esa
gobernanza multinivel.

Por lo tanto, bienvenido sea el consenso, primero, porque es bueno
en sí mismo, y segundo, porque el consenso y la defensa del interés
general están empezando a ser especies en extinción que hay que
preservar. Preservar frente a la politiquería, al cortoplacismo y al
filibusterismo político que estamos viviendo en estos tiempos aquí; por
lo menos, en Madrid.

Lo ha dicho la senadora Julios, y me sumo a ello. A pesar de todo
lo que he dicho, este texto va a dar otra dimensión a Canarias y a la
realidad archipelágica. Por cierto, términos archipelágico y
ultraperifericidad —todavía no los he aprendido bien— que
acabamos aprendiendo por el empeño del senador Narvay Quintero y de los
senadores aquí presentes. Por tanto, nos alegramos de la aprobación de
este nuevo estatuto canario y de la próxima aprobación del REF
—espero— la semana que viene. Nos alegramos de que con estas
aprobaciones Canarias sea más de los canarios y sea más europea. Sean
bienvenidos también a la especificidad puesta en norma. Y, por supuesto,
votaremos a favor de esta iniciativa y participaremos de la alegría de
los canarios sin ninguna duda.

Gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.

¿Esquerra Republicana de Catalunya? (Denegaciones).

Por Grupo Parlamentario Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea,
tiene la palabra el senador Arrieta.

El señor ARRIETA ARRIETA: Gracias, señor presidente.

Bienvenidos, ongi etorri, señor presidente, señor consejero, en
principio para nosotros no es un día de alegría, sino de tristeza, de
cierto pesar porque nos gustaría haber podido votar que sí a este
estatuto que se nos presenta y vamos a votar que no. Y vamos a votar que
no porque no creemos que responda realmente a las necesidades que tienen
los ciudadanos y ciudadanas de Canarias. Decir no a este estatuto no es
decir no a Canarias, sino decir sí a todos esos ciudadanos y ciudadanas
en Canarias que tienen proyectos de vida y proyectos de felicidad, que
los quieren construir en su propio territorio, y eso precisa de un
estatuto, a nuestro juicio, de vanguardia de la democracia y de
desarrollo del Estado de las Autonomías.

El texto que se va a votar, a nuestro juicio, apenas se detiene en
la necesidad de definir la política canaria como un escenario clave para
luchar contra la desigualdad social, la pobreza y el desempleo. Tampoco
hace referencia al cambio real del modelo productivo que nuestra economía
necesita para crecer de forma equilibrada y redistributiva respetando la
riqueza incalculable de nuestro medio natural. Su preámbulo es una
declaración de intenciones, de cómo entienden el archipiélago aquellos
que lo han gobernado hasta ahora. En el título preliminar se continúa
considerando a Canarias como un territorio amputado, que no se sabe muy
bien dónde está ni por qué elementos está formado, cuáles son exactamente
sus símbolos o de quiénes son sus recursos. Se sigue hablando del
concepto colonial de lejanía, se define en negativo al archipiélago
apelando a su fragmentación y se asume de manera pasiva la
ultraperificidad de las islas, cuando su condición insular y atlántica ha
sido en realidad uno de los motores de su economía.

En el título primero, que trata sobre derechos, se niega, a
nuestro juicio, la base histórica sobre la que se asienta el
autogobierno; los derechos que corresponden a las personas con diversidad
funcional, al medioambiente o a las personas migrantes y, lo que es más
importante, se niega a blindar, como proponíamos, el carácter gratuito y
universal de los servicios públicos, especialmente de la sanidad y la
educación.

En el título segundo se ha desechado la posibilidad de incluir la
figura del revocatorio al presidente de Canarias mientras prosperaba la
propuesta de Coalición Canaria de autorizar al Gobierno canario a emitir
decretos leyes —una herramienta perversa— por los que la
legislatura actual habría permitido al presidente gobernar el
archipiélago sin contar con el Parlamento, a pesar de que en dicha Cámara
su partido posee solamente un tercio del total de los escaños.

También se ha dejado fuera el reconocimiento de la Graciosa,
comunidad administrativa diferenciada dentro del ámbito municipal, tal
como reclamaban sus habitantes y aprobado por la mayoría del Parlamento
de Canarias. Tampoco ha prosperado nuestra propuesta de declarar Canarias
territorio de paz, lo que supondría su puesta en valor geoestratégico,
así como el blindaje del compromiso de nuestras instituciones con el
desarrollo sostenible, la cooperación y las relaciones de buena vecindad
con los continentes africano, americano y europeo. Y lo mismo ha sucedido
con nuestra solicitud de que se reconociera el carácter ultraperiférico
de las islas, admitiendo nuestra presencia y potestad en cuestiones de
especial trascendencia en materia de acción exterior.

Se ha negado a reducir el desempleo en las islas, asumiendo nuevas
competencias en el empleo. No han querido ni oír hablar de la renta
básica como mecanismo para la redistribución de la riqueza que se genera
en el archipiélago. No se ha situado como objetivo prioritario la
descarbonización de nuestro modelo energético. El aumento de los niveles
de soberanía alimentaria tampoco es una urgencia del texto del estatuto.
No se ha incluido un modelo de protección integral del medio
natural.

Esta propuesta de modificación de estatuto, a nuestro juicio, no
es una mejora, ni siquiera es una actualización, sino que es un
manifiesto continuista, una oda a los problemas estructurales de nuestra
tierra. A nuestro juicio, un engaño a la ciudadanía.

Muy pronto, y como parte de un ejercicio constituyente, la gente
de Canarias se apropiará democráticamente de un texto legal que les
pertenece, participando en la redacción de sus contenidos y ratificando
su aprobación final mediante referéndum.

Otra Canarias es posible y estamos trabajando por ella, y lo dice
alguien también que ama a Canarias y que, además, se encontró con la
sorpresa de que en una de sus islas, Lanzarote, hay un pueblo que lleva
su nombre, Arrieta.

Eskerrik asko.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.

Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el senador Cruz
Hernández.

El señor CRUZ HERNÁNDEZ: Gracias, señor presidente.

Señor Arrieta, la verdad es que oyéndole, sinceramente llego a la
conclusión de que o no se lo ha leído o, si lo ha leído, no lo ha
entendido, porque muchas de las cosas que usted ha señalado están: la
Graciosa, la revocatoria al presidente, la moción de censura, la cuestión
de confianza, un revocatorio, la participación en la paz. No voy a entrar
en la discusión con los otros grupos, porque creo que no merece la
pena.

Señorías, si tuviéramos que resumir la mejora de este nuevo
estatuto de autonomía, diríamos que nos encontramos ante un estatuto más
social, más democrático, ante un estatuto que consagra nuestro régimen
económico y fiscal diferenciado y ante un estatuto más integrador.

Un estatuto más social porque consagra nuestra norma
constitucional básica con rango de bloque de constitucionalidad a un
conjunto de derechos y deberes que amplía la protección del Estado en el
bienestar de nuestros ciudadanos. Así, reconoce explícitamente ,sí, los
derechos a la protección social, jurídica y económica de la familia en
todas sus modalidades; sí al derecho a la integración integral y
desarrollo de los menores; sí al derecho a una vida digna; sí a la ayuda
y reconocimiento de los derechos de la dependencia; sí al derecho a la
protección de la salud; sí al derecho a la dignidad de las personas en el
proceso de muerte y en un testamento vital; sí al derecho a una vivienda;
sí a una renta de ciudadanía. Y así, etcétera, etcétera.

En definitiva, se establecen un conjunto de derechos que las
instituciones en Canarias en el futuro próximo tienen que garantizar,
desarrollar y articular a través de sus políticas e instrumentos
normativos. Aquí se establece el marco. El Gobierno tiene que hacer su
trabajo a continuación.

Señorías, decía que aparte de un estatuto más social, es también
un estatuto más democrático, porque contiene un nuevo sistema electoral
para Canarias, un sistema electoral que refuerza la representatividad
democrática de cada una de las islas mediante la disminución de los
topes: del 30 al 15 % a nivel insular y del 6 al 4 % a nivel regional;
profundiza en esa vocación regional, y es una innovación, como señalaba
anteriormente, no solo del Gobierno, sino también del propio Parlamento
que lo designa mediante la creación, junto con las circunscripciones
insulares, de la circunscripción autonómica o regional, una
circunscripción que siempre ha defendido el Partido Socialista a través
de toda su historia.

Señorías, asimismo, este estatuto blinda nuestro régimen económico
y fiscal diferenciado, la fiscalidad reducida en Canarias, su capacidad
para crear zona franca o la obligación de compensar económicamente por
nuestras barreras estructurales, reconocidas en la propia Unión Europea,
se incorpora con fuerza al bloque constitucional, lo que nos dota de un
marco jurídico de mayor protección que el que ahora tenemos.

Señorías, un estatuto más social, más democrático, con un REF más
blindado pero también un estatuto más integrador. Hay un avance que puede
resultar determinante en esta reforma: la consagración del principio de
modulación de las políticas estatales en las islas, un reconocimiento que
ya nos brinda la Unión Europea, incluso la doble insularidad, en los
principios rectores en el artículo ciento treinta y pico del estatuto. Se
contempla y desarrolla de forma importante el hecho insular, la doble
insularidad, la lejanía, se mandata a los poderes públicos, tanto
estatales como autonómicos, a modular sus políticas, teniendo en cuenta
estas circunstancias, de forma que, entre otros hechos, los sobrecostes y
barreras estructurales que ello comporta, se contemplen mejor en los
futuros nuevos sistemas de financiación y presupuestario.

Senadores y senadoras, Canarias necesita más que nunca una
política de Estado para un territorio alejado y fragmentado con
muchísimos problemas estructurales y una situación social insostenible,
una tasa de paro muy por encima de la del resto de España, con un 40 % de
su población en situación de pobreza o exclusión social. Y, a partir de
ahora, toda esa política, todas esas actuaciones legislativas,
reglamentarias, financieras, presupuestarias que realice, el Estado
tendrá que tenerlas en cuenta; se enumeran claramente y
pormenorizadamente en el estatuto en transporte, medioambiente, puertos,
comercio exterior, fiscalidad, etcétera. En definitiva, tendrán que
modularse todas las políticas en razón a la doble insularidad, a esa
insularidad y a esa lejanía de Canarias.

Asimismo, hablamos de que con este estatuto Canarias asume más
competencias, muchísimas competencias en aeropuertos, en administración
de justicia, en actividades industriales, en educación, en investigación,
en deporte, en empleo, en sanidad, en políticas sociales, etcétera. En
definitiva, se hace un nuevo proyecto, un nuevo estatuto que nos da un
instrumento fundamental para afrontar el futuro.

Se suprimen los aforamientos de los miembros del Parlamento de
Canarias, no porque lo pidieran los ciudadanos, ya venía en la reforma
del estatuto. En este estatuto se delimita su espacio territorial, no
solo las islas sino sus aguas, las aguas canarias, por primera vez y, por
tanto, se establece y se enmarca incluso con un plano anexo al estatuto
de autonomía.

Por último, incorporamos la obligación de aprobar cualquier
reforma con un referéndum del pueblo canario, no con una consulta
vinculante, eso no existe, sino con un referéndum conforme a la
Constitución.

Señorías, y termino, señor presidente, con este nuevo estatuto
todos cumplimos el compromiso político, ético y moral de trabajar por
nuestros ciudadanos, de dotar a Canarias de un instrumento, de unas
herramientas que nos permitan afrontar mejor los retos del presente y del
futuro como un solo pueblo, de los más de 2 100 000 personas que
habitamos nuestras benditas islas Canarias.

Gracias, señor presidente. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.

Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra su portavoz,
el senador Rodríguez Pérez.

El señor RODRÍGUEZ PÉREZ (Jorge Alberto): Gracias, señor
presidente.

Señorías, el archipiélago canario siempre ha tenido una identidad
singular desde su conquista e incorporación a la Corona de Castilla, con
una manifestación en un régimen normativo, administrativo, institucional
y económico fiscal particular a causa precisamente de sus circunstancias
geográficas, de lejanía, singularidad, insularidad y fragmentación de su
territorio. El régimen particular de Canarias también deviene de haberse
convertido en eslabón con América y más recientemente con el norte
atlántico africano.

En el nuevo estatuto, señorías, de cuya profunda reforma da idea
el hecho de que pase de 65 a 202 artículos, más seis disposiciones
adicionales y dos transitorias, como ya se ha comentado aquí, se define
Canarias como archipiélago atlántico e incorpora el mar como parte de su
ámbito espacial, dando cuerpo al reconocimiento de unas aguas canarias
sobre las que la comunidad autónoma pudiera intervenir.

Contiene el texto como elemento conceptualmente relevante el
hecho, señor Crisol, de que se mencione a la Graciosa como una isla más
del archipiélago, que no como islote, pero sin administración
propia.

Se abre la puerta a la creación de un himno propio y a la defensa,
promoción y prestigio de la modalidad lingüística del español atlántico,
y se amplía considerablemente el catálogo de derechos que deben ser
protegidos por los poderes públicos.

Sin duda, señorías, el nuevo estatuto da un salto cualitativo en
el aspecto político e institucional con el otorgamiento al presidente de
capacidad para disolver el Parlamento, convocar elecciones, y hace algo
importante que también se ha dicho: acerca la vida política al sentir
ciudadano, eliminando los aforamientos al crear un comisionado de
transparencia y acceso a la información pública. En el ámbito
competencial se abren múltiples posibilidades de asumir nuevas
atribuciones mediante convenios con el Estado con especial incidencia en
la gestión de costas y en la acción exterior. Se impulsan también los
mecanismos para las políticas de sostenibilidad medioambiental.

El sistema electoral; el controvertido sistema electoral canario
es el otro punto clave que reforma el nuevo estatuto, aunque, es verdad,
de manera incompleta. Además de rebajar los topes electorales para
acceder al Parlamento del 30 al 15 % en cada una de las islas y del 6
al 4 % en ámbito autonómico, incrementa en 10 el número de diputados a
elegir para permitir con ello una mejor proporcionalidad en la
representación de la población. Nueve de esos escaños extras se asignarán
a través de una lista regional, y el décimo se otorga directamente a la
isla de Fuerteventura por estar claramente infrarrepresentada en el
sistema actual.

Es verdad que es una solución de urgencia, pero con ello se rompe
por fin la estructura de la triple paridad que sirvió para los primeros
años de la autonomía, pero que ahora constituye un evidente déficit
democrático en el sistema político del archipiélago. Es evidente que
ampliar el número de diputados no es popular, lo aceptamos, pero es la
fórmula que ha permitido desbloquear un debate enquistado que, además, ha
durado muchísimos años. El nuevo documento insta al Parlamento de
Canarias a elaborar una ley en el plazo de tres años, y ello podrá
permitirnos ya en esta próxima convocatoria electoral salir adelante con
un sistema que posteriormente se tendrá que perfeccionar.

Señorías, los cambios introducidos en el REF y en el estatuto de
autonomía son de enorme calado. Señor presidente, son dos herramientas
potentísimas: el estatuto de autonomía y el REF, para empezar a cambiar
las cosas de verdad en Canarias. Después de que sean aprobados estos dos
instrumentos nos toca acertar en los pasos que hay que dar, porque no
podemos ignorar que tenemos algunas amenazas en el horizonte que vienen,
y usted lo sabe bien, de la mano de quienes no aceptan esta reforma.

Señorías, no den crédito a lo que ha dicho Podemos cuando afirman
que este estatuto —así lo he interpretado— es poco menos que
cosa de una minoría. La única minoría aquí son ustedes, señores de
Podemos. Ustedes son la minoría que dice no a todo: no al estatuto de
autonomía, no al Régimen Económico Fiscal, un no sinsentido, un no sin
objetivo como si en la negación estuviese la fórmula mágica para
solucionar los problemas de nuestra sociedad. El problema no es solo la
minoría excluyente que ustedes representan, el problema es que ustedes
pretenden imponérnosla al resto de los españoles y de los canarios.
Ustedes pueden persistir en esa posición, es decir, seguir siendo una
amenaza para el bienestar de los canarios, o pueden en este caso sumarse
a la mayoría que votará esta propuesta de reforma del estatuto de
autonomía, es decir, sumarse al sentido común para iniciar juntos una
nueva andadura, una nueva era de progreso y bienestar en las islas
Canarias.

Termino ya, señor presidente, haciendo referencia a las
señorías de Ciudadanos. Ustedes confunden un estatuto de autonomía con
una ley de medidas complementarias en el orden social, económico, fiscal
y administrativo. No tiene nada que ver. Dígaselo usted a sus dirigentes
en Canarias: no tiene nada que ver. Esto es un estatuto de autonomía, la
arquitectura institucional de la Comunidad Autónoma de Canarias, nada
menos.

Señorías, y con esto concluyo, el Grupo Popular hubiera deseado,
cómo no, más regulación y, desde luego, otras incorporaciones, pero lo
conseguido ha merecido nuestra participación en el consenso. Hagan
ustedes lo mismo. Todas las razones que antes he expuesto son más que
suficientes para manifestar nuestro apoyo al Estatuto de Autonomía de
Canarias.

Señor presidente, gracias por su magnanimidad. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.

Vamos a suspender la sesión durante cinco minutos para que a los
senadores que están en otra comisión les dé tiempo a venir y a las cinco
y treinta votamos. (Pausa).

Vamos a votar el informe de la ponencia.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: a favor, 46; en
contra, 3; abstenciones, 1.

El señor PRESIDENTE: Por lo tanto, queda dictaminada por la
Comisión General de las Comunidades Autónomas la propuesta de reforma del
Estatuto de Autonomía de Canarias.

Enhorabuena, presidente. Gracias, por su presencia aquí esta
tarde.

Ahora vamos a designar al miembro de la comisión que presentará el
dictamen ante el Pleno del Senado.

Si no tienen inconveniente, yo, como presidente de la comisión,
puedo presentarlo en el Pleno. ¿De acuerdo? (Asentimiento).

No hay más asuntos que tratar. Enhorabuena. Gracias.
(Aplausos).

Se levanta la sesión.

Eran las diecisiete horas y treinta y cinco minutos.