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DS. Cortes Generales, Comisiones Mixtas, núm. 91, de 24/04/2018
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CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DE LAS CORTES GENERALES
COMISIONES MIXTAS
Año 2018 XII LEGISLATURA Núm. 91
PARA LAS RELACIONES CON EL TRIBUNAL DE CUENTAS
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. ELOY SUÃREZ LAMATA
Sesión núm. 21
celebrada el martes,
24 de abril de 2018
en el Palacio del Congreso de los Diputados
Página
ORDEN DEL DÃA:
Comparecencia del señor presidente del Tribunal de Cuentas (Ãlvarez de Miranda GarcÃa), para informar sobre:
Bloque I:
â Informe de fiscalización del patrimonio inmobiliario de las diputaciones provinciales, cabildos y consejos insulares, periodo 2014-2015. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000240 y número de expediente del Senado
771/000241) ... (Página 3)
Bloque II:
â Informe de fiscalización de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, ejercicios 2015 y 2016. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000236 y número de expediente del Senado 771/000233) ... (Página 8)
Bloque III:
â Informe de fiscalización de las actuaciones de Enusa Industrias Avanzadas, S.A. relacionadas con la protección del medioambiente, ejercicio 2013 y actualización de la situación a 31 de diciembre de 2016. (Número de expediente del
Congreso de los Diputados 251/000246 y número de expediente del Senado 771/000242) ... (Página 16)
Bloque IV:
â Informe de fiscalización del Consorcio Público Casa del Mediterráneo, ejercicios 2014 y 2015. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000247 y número de expediente del Senado 771/000243) ... (Página 20)
â Informe de fiscalización del Consorcio Casa Ãfrica, ejercicios 2014 y 2015. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000253 y número de expediente del Senado 771/000244) ... (Página 20)
Bloque V:
â Informe de fiscalización del seguimiento de las recomendaciones contenidas en informes aprobados en el periodo 2013-2015 relativos al área polÃtico-administrativa del Estado. (Número de expediente del Congreso de los Diputados
251/000248 y número de expediente del Senado 771/000245) ... (Página 26)
Bloque VI:
â Informe de fiscalización de los procedimientos de gestión y control de los deudores por prestaciones de las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social, ejercicio 2015. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000249
y número de expediente del Senado 771/000246) ... (Página 31)
Debate y votación de las propuestas de resolución:
â Moción sobre la reducción del plazo legal de rendición de la Cuenta General del Estado. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000232 y número de expediente del Senado 773/000009) ... (Página 36)
â Informe de fiscalización de la contratación del Museo Nacional del Prado, del Museo Nacional Centro de Arte Reina SofÃa, y de la Fundación Colección Thyssen-Bornemisza, ejercicios 2015 y 2016. (Número de expediente del Congreso de
los Diputados 251/000234 y número de expediente del Senado 771/000232) ... (Página 36)
â Informe de fiscalización sobre los acuerdos y resoluciones contrarios a reparos formulados por los interventores locales y las anomalÃas detectadas en materia de ingresos, asà como sobre los acuerdos adoptados con omisión del
trámite de fiscalización previa, ejercicios 2014 y 2015, en coordinación con los órganos de control externo de las comunidades autónomas. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000235 y número de expediente del Senado
771/000228) ... (Página 37)
â Informe de fiscalización de la situación a 31 de diciembre de 2016 de las actuaciones realizadas por la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, S.A. relativas al Servicio Postal Universal. (Número de expediente del Congreso de los
Diputados 251/000237 y número de expediente del Senado 771/000229) ... (Página 38)
Se abre la sesión a las nueve y treinta minutos de la mañana.
COMPARECENCIA DEL PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CUENTAS PARA INFORMAR SOBRE LOS SIGUIENTES EXTREMOS:
BLOQUE I:
â INFORME DE FISCALIZACIÃN DEL PATRIMONIO INMOBILIARIO DE LAS DIPUTACIONES PROVINCIALES, CABILDOS Y CONSEJOS INSULARES, PERIODO 2014-2015. (Número de expediente 251/000240 y número de expediente Senado 771/000241).
El señor PRESIDENTE: Buenos dÃas, señorÃas.
En primer lugar, como no puede ser de otra forma, quiero darle de nuevo las gracias al presidente del Tribunal de Cuentas, el señor Ãlvarez de Miranda, por su presencia hoy en esta sesión. El orden del dÃa contiene seis puntos, por lo
que les pido brevedad, que se ajusten a los tiempos en las intervenciones. Sin más dilación, pasamos al debate del bloque número 1, que corresponde al informe de fiscalización del patrimonio inmobiliario de las diputaciones provinciales,
cabildos y consejos insulares, periodo 2014-2015. Tiene la palabra el señor Ãlvarez de Miranda para exponer el informe.
El señor PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CUENTAS (Ãlvarez de Miranda GarcÃa): Gracias, señor presidente.
El informe se ha dirigido a evaluar el cumplimiento de la legalidad en el control y registro y la gestión, por las diputaciones, cabildos y consejos insulares, de los bienes destinados al servicio público y de los patrimoniales,
fundamentalmente, edificios y terrenos. La fiscalización se ha extendido a las 38 diputaciones provinciales, los 7 cabildos de las Islas Canarias y 3 de los consejos insulares de las Illes Balears, incluido el de Formentera.
Por lo que se refiere a la rendición de cuentas, las 48 entidades analizadas habÃan rendido las cuentas generales de 2014 y 2015, de las cuales el 23 % y el 42 % respectivamente lo hicieron fuera de plazo, destacando el retraso de la
Diputación Provincial de Cádiz. Al término de la fiscalización, todas las entidades, excepto la Diputación de Ourense, disponÃan de un inventario de sus bienes y derechos, si bien 2 de las diputaciones aprobaron sus primeros inventarios en el
curso de los ejercicios 2014 y 2015. El 46 % de las entidades analizadas no realizó, con ocasión de la constitución de la nueva corporación en 2015, la comprobación del inventario requerido por el reglamento de bienes.
Por otra parte, en el 79 % de entidades no estaban coordinados el inventario y la contabilidad y el 65 % del total no disponÃa de registros auxiliares con el detalle de los inmuebles integrantes de los saldos de balance de las cuentas de
terrenos y construcciones. Dicha falta de coordinación, unida a la ausencia de imputación al Inventario General de Bienes y Derechos de las mejoras en las inversiones y a desajustes temporales de imputación, dieron lugar a diferencias entre los
registros contables y el citado inventario. Además, en 14 entidades habÃa un desconocimiento de la composición de los saldos contables correspondientes a los bienes inmuebles, por lo que tales saldos del balance no eran representativos de la
imagen fiel del patrimonio inmobiliario de la respectiva entidad en ninguno de los ejercicios fiscalizados.
En 2014 se produjo el alta de 147 bienes inmuebles, 20 por adquisiciones onerosas, 19 a tÃtulo gratuito y 108 bienes a través de otros procedimientos. En 2015 hubo 66 altas, 20 a tÃtulo oneroso, 13 por medio de adquisiciones gratuitas y
33 por otros procedimientos. En cuanto a las bajas producidas, afectaron a 38 y 60 bienes en 2014 y 2015 respectivamente, en su mayor parte instrumentadas mediante enajenaciones y a través de cesiones de la propiedad. Se observa una diferencia
entre las operaciones con repercusión presupuestaria, que se contabilizaron todas ellas, si bien en ocasiones con errores, y aquellas otras no imputadas al presupuesto que en su gran mayorÃa no fueron contabilizadas. Cabe concluir que en la
mayorÃa de las entidades habÃa un deficiente sistema de control de la gestión del patrimonio propio sobre los bienes que utilizan otras entidades sin contraprestación. Al finalizar el periodo fiscalizado, un total de treinta entidades tenÃan
vigentes contratos de arrendamiento de bienes ajenos. De ellas, el 53 % no los habÃan registrado en el Inventario General de Bienes y Derechos y el 20 % solo tenÃan anotada una parte de los derechos de uso derivados de dichos contratos.
Respecto a la gestión del patrimonio inmobiliario, 22 entidades contaban con servicios administrativos especializados dedicados a la administración del inventario y el patrimonio y otras 26 atribuÃan estas funciones a servicios con
competencias más amplias. Se ha evidenciado una insuficiencia del personal dedicado a dicha gestión y que, en ocasiones, tenÃa atribuidas tareas adicionales. La mayorÃa de las
entidades analizadas carecÃan de manuales de gestión patrimonial, lo que supone un mayor riesgo de control. La utilización de aplicaciones informáticas de gestión del inventario y la existencia de manuales constituyen instrumentos
necesarios para un adecuado control del patrimonio, implicando su carencia una debilidad del sistema de gestión y registro de los inmuebles.
Del análisis del destino del parque inmobiliario de las entidades fiscalizadas, el 57 % de los bienes se dedicaron al cumplimiento de los fines propios; el 24 % eran utilizados gratuitamente por otras entidades públicas o sin ánimo de
lucro; el 10 % se encontraban sin uso; el 7 % se utilizaban por terceros a cambio de contraprestación y no consta información sobre el uso del 2 % restante. No se han aportado datos individualizados de los costes de mantenimiento y
conservación de los inmuebles de su propiedad por parte del 23 % de las entidades que los utilizan. La generación de ingresos por los inmuebles utilizados por las propias entidades se limitó al 4 % de los bienes, destacando en especial los
inmuebles singulares por su interés artÃstico y cultural.
Finalmente, 11 de las entidades fiscalizadas desconocÃan el uso dado a algunos de sus inmuebles, lo que denota una debilidad en la gestión y control de su patrimonio inmobiliario.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor presidente.
Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, el señor RamÃrez.
El señor RAMÃREZ FREIRE: Gracias, señor presidente. Buenos dÃas a todos. Buenos dÃas, señor Ãlvarez de Miranda.
El informe que nos trae hoy básicamente trata sobre evaluar el control y el registro llevado a cabo por las diputaciones provinciales, los consejos y los cabildos insulares de los bienes destinados al servicio público de los bienes
patrimoniales. Trata de comprobar el adecuado registro contable, el cumplimiento de la normativa reguladora de las operaciones de alta, baja o modificación de la clasificación de estos bienes en inventario y examina la gestión del parque
inmobiliario que hacen estas entidades, que son de carácter público y que por lo tanto tienen que responder ante el Tribunal de Cuentas de todo el patrimonio.
Las conclusiones son demoledoras. Como bien ha dicho, lo primero de todo es el deficiente sistema de control que tienen sobre el gran porcentaje de los bienes inmuebles. De hecho, cuando uno se pone a detallar claramente qué es lo que
está poniendo encima de la mesa, vemos que el informe explica que el 50 % de los expedientes de compra y de estas operaciones de alta de inmuebles no estaban acreditadas por falta de idoneidad del contrato exigido legalmente. De esos contratos, el
80 % âcomo bien nos ha relatado el señor Ãlvarez de Mirandaâ no se habÃan puesto en uso en el momento en que se hizo la fiscalización. El 70 % de los contratos de compra y todos los de alquiler de inmuebles se firmaron sin negociar el
precio, algo que resulta increÃble ya que se podÃa haber hecho un procedimiento negociado, con lo cual se hubiese podido reducir el precio tanto de compra como de alquiler, cumpliendo asà con el principio de eficiencia de los recursos públicos,
algo que tampoco se estaba cumpliendo.
En cuanto al análisis para conocer el destino de las entidades fiscalizadas con bienes inmuebles, son demoledoras las conclusiones que nos ha puesto encima de la mesa el presidente del tribunal. Un 24 % de los inmuebles estaban siendo
utilizados por entidades públicas o sin ánimo de lucro sin contraprestación, algo que también vulnera el principio de valoración de la contabilidad. El 7 % de los inmuebles fueron utilizados por terceros, aunque, esta vez sÃ, con una pequeña
contraprestación. Y un 10% estaban sin uso. Me parece que, según las conclusiones, la gestión que se está realizando por parte de nuestras diputaciones, de los cabildos y de los consejos insulares es totalmente deficiente. Me parece todavÃa
más grave que no sepan que un 2 % de los bienes estaban totalmente ociosos âlo que denota total ineficienciaâ y en algunos casos no sabÃan ni siquiera el uso que se estaba realizando de los mismos, es decir, que podÃan estar ocupados, podÃan
estar enajenados. Realmente no tienen una gestión profesional de los movimientos que se están produciendo en el patrimonio, que hay que recordar que es patrimonio público.
Lo único que le querÃa preguntar al presidente del tribunal es si de las conclusiones se ha sacado alguna sanción o alguna consecuencia que se pueda llevar a cabo.
MuchÃsimas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
Por el Grupo Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, tiene la palabra el señor Mena.
El señor MENA ARCA: Gracias presidente.
Gracias, señor presidente del Tribunal de Cuentas. Este informe nos parece muy necesario por dos motivos fundamentales. Primero, para garantizar el control sobre el patrimonio inmobiliario de estas entidades que son de carácter público,
y segundo, pero también muy necesario, para analizar la eficacia y el control interno en estas entidades de carácter supramunicipal. Además, este informe de fiscalización nos debe alertar muchÃsimo a todas las personas que creemos en el valor
de lo público. Para empezar, nos preocupan fundamentalmente dos aspectos. El primero, la tardanza en la aportación de la información por parte de las diputaciones provinciales y demás entidades fiscalizadas. En el año 2014 el 23 % de las
entidades âes decir, casi una de cada cuatroâ tardó más de cinco meses en remitir la cuenta general exigida por ley. En 2015 no solo no mejoró sino que se incrementó hasta un inaceptable 42 %. Casi se duplica en un año la tardanza, este
retraso no solo choca frontalmente con la normativa actual vigente sino que prácticamente convierte en inoperativa esta fiscalización, es decir, se pierde el carácter de fiscalización de estos inventarios cuando se trasladan al Tribunal de
Cuentas hasta un año más tarde de la obligación de dichas entidades. Además, este incumplimiento se agrava, como señala el informe y como usted ha dicho, cuando se constata que casi la mitad âel 48 % de las entidadesâ no comprobaron el
inventario con motivo de las corporaciones constituidas fruto de las elecciones de 2015. El segundo aspecto que nos preocupa es la gestión de los alquileres por parte de las entidades supramunicipales. Afirma el tribunal que el 70 % de los
contratos de compra y todos los de alquiler de inmuebles se cerraron sin haber negociado el valor de la tasación o del arrendamiento, en contra de conseguir un mejor precio, como requiere el principio de economÃa que debe regir la actuación del
sector público. QuerrÃamos saber, presidente, qué tipo de iniciativa, incluso legislativa, cree usted que podrÃamos promover desde este Congreso para asentar este principio de economÃa, que compartimos desde nuestro grupo.
No es, no obstante, el único aspecto preocupante en cuanto a la gestión de los alquileres por parte de las diputaciones provinciales; hay tres elementos más. Primero, en más de la mitad de los expedientes no consta acreditada la
necesidad o la idoneidad del contrato, según la normativa vigente. Segundo, el 80 % de los inmuebles adquiridos sin informe de acreditación no habÃan entrado todavÃa en funcionamiento en mayo de 2017. QuerÃamos saber si usted sabe si este
estado actual ha cambiado. Y, tercero, el 30 % de los expedientes analizados se adjudican de forma directa sin que concurra ninguna de las causas justificativas para la utilización de este procedimiento extraordinario. ¿Cree que detrás de esta
práctica se puede esconder un cierto clientelismo? ¿Qué tipo de sanciones se podrÃan establecer?
Acabo, presidente, con dos preguntas más que querÃamos formularle desde Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea. Primera, se afirma en el informe que veintiocho de las cuarenta y ocho entidades fiscalizadas carecen de manual de gestión
patrimonial e inventarial y de mecanismos informáticos de control. ¿Cree usted que esto confirma que la nefasta gestión patrimonial que acredita este informe es estructural, precisamente por la falta de medios y de protocolos de control interno?
¿O es que no hay voluntad polÃtica de hacerlo? Segundo, se afirma también que el 10 % de los inmuebles analizados se encontraban sin uso durante el periodo fiscalizado. ¿Ha verificado el Tribunal de Cuentas si hay entidades fiscalizadas que no
utilizan su patrimonio inmobiliario propio mientras arrendan otros edificios? Porque esto serÃa también faltar al principio de economÃa al que el propio informe se refiere.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Mena.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Alonso.
El señor ALONSO JIMÃNEZ: Muchas gracias, señor presidente. Gracias también al señor Ãlvarez de Miranda.
Cuando hablamos de diputaciones provinciales, de cabildos y consejos insulares estamos hablando de una figura estructural importante en el Estado social y democrático de derecho, en nuestro actual sistema municipal, porque estamos hablando
de una entidad que aquellos que procedemos de la España envejecida y despoblada tenemos que reconocer que desarrolla un papel estructural y capital para los ciudadanos. Las diputaciones son en los municipios despoblados y envejecidos las que
prestan los servicios ante la imposibilidad material y técnica por parte de las entidades municipales, pero eso no quita para que tengan que prestar este servicio o maximizar los recursos de que disponen con la máxima eficacia posible, como es
normal en cualquier criterio municipal y en cualquier criterio de gestión. Creo que es muy importante esta fiscalización de la gestión del patrimonio inmobiliario, que se produce por primera
vez por el Tribunal de Cuentas en 2016, porque debe servir también para conocer las deficiencias de estas instituciones y, en definitiva, para introducir también importantes puntos de mejora.
Creo que el estudio que se ha realizado puede tener algún pero, que posteriormente indicaremos, aunque, en definitiva, estamos hablando de unas instituciones que tienen un patrimonio que gestionar, que actúan con eficacia, que prestan
servicios a los ciudadanos y, por lo tanto, esperamos que a través de este informe se pongan puntos de maximización de los recursos públicos y maximización de los bienes patrimoniales para ponerlos precisamente al servicio de los ciudadanos.
Otros grupos polÃticos, a los que quizá no les caen bien o no entienden bien el papel de las diputaciones provinciales porque quizá no conocen el problema que padece la España envejecida y despoblada, no entienden el papel de las diputaciones.
Solamente hay un informe del ministerio fiscal donde se aprecia la existencia de responsabilidad contable; por su parte, la AbogacÃa del Estado no aprecia la existencia de ningún indicio de responsabilidad. Creo que es un criterio lo
suficientemente contundente para decir que las diputaciones están funcionando bastante bien.
En cuanto a las conclusiones más relevantes, destacarÃamos que en todas, salvo en Orense, habÃa un inventario general de bienes y derechos debidamente aprobado. Los inventarios generales no estaban coordinados con el sistema de
información contable en un 79 % y esta falta de conexión implicó que solo aquellas adquisiciones de inmuebles, las más relevantes, no tuviesen una repercusión presupuestaria. El 56 % de las entidades tenÃan bienes patrimoniales arrendados a
terceros y el 63 % tenÃan contratos de arrendamientos de bienes ajenos en vigor. No se pudo constatar una insuficiencia generalizada de recursos materiales y humanos destinados por los entes fiscalizados a la gestión patrimonial y del inventario.
Solo el 57 % de los inmuebles propios se destinaban al ejercicio de competencias propias, proliferando âes una cuestión también muy importanteâ el principio de colaboración de las administraciones públicas, maximizando los recursos, puesto
que tenÃan bienes cedidos a otras entidades municipales.
Como conclusiones más negativas dirÃamos que habÃa deficiencias que se han producido en las adquisiciones onerosas de edificios y terrenos; habÃa una insuficiente justificación de la necesidad de los contratos e idoneidad de los
bienes; retrasos injustificados en la puesta en funcionamiento de los inmuebles adquiridos; en tres supuestos se adjudicaron los contratos de forma directa, evidentemente contraviniendo la ley, y en siete contratos no se negoció el precio fijado
por la tasación, incluso en otro más el precio aceptado superó el precio fijado en la tasación. En definitiva, hemos encontrado, evidentemente, alguna deficiencia pero nuestro grupo cree ciegamente en esta institución, en las diputaciones
provinciales, y creemos que este informe debe servir para poner puntos de mejora.
Mi pregunta era, señor presidente, si por parte del tribunal le consta o se ha hecho alguna sugerencia para que las diputaciones maximicen los recursos, prioricen las inversiones a la hora de adquirir bienes patrimoniales y si se ha
conseguido alguna eficacia a consecuencia de este tipo de recomendación por este tribunal.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Alonso.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Priego.
El señor PRIEGO CHACÃN: Muchas gracias, señor presidente.
Como siempre, quiero agradecer al presidente Tribunal de Cuentas su comparecencia y este interesante informe que viene a poner de relevancia la gestión de los recursos inmobiliarios de las diputaciones, cabildos y consejos insulares,
recursos que además son necesarios para el adecuado cumplimento de las funciones que estas administraciones tienen.
Lo primero que mi grupo polÃtico quiere hacer es volver a decir que las diputaciones, los cabildos y los consejos insulares son administraciones fundamentales en la estructura territorial del Estado para alcanzar dos objetivos
fundamentales. El primero, para luchar contra la despoblación del medio rural y, el segundo, y más importante aún, para garantizar un derecho constitucional como es el de la equidad en el acceso a los servicios públicos esenciales del conjunto
de los ciudadanos y que sin estas instituciones serÃa francamente complicado que lo pudiésemos hacer. Estamos hablando de servicios como prestaciones asistenciales y sanitarias, extinción de incendios, tratamiento de residuos, educación,
promoción de cultura y turismo, instalaciones deportivas, fomento agrario. En definitiva, servicios públicos muy importantes para las poblaciones, para los ciudadanos, principalmente del entorno rural. Por eso defendemos, frente a lo que
argumentan insistentemente otros grupos polÃticos, la existencia de estas
instituciones y creemos que es muy importante defenderlas, pero a la vez exigir un cumplimiento de la legalidad y una gestión eficiente y transparente de las mismas.
Este informe pone de relieve que existen ciertas deficiencias en el control y registro del patrimonio inmobiliario. Existe una obligación legal de aprobar anualmente las rectificaciones de inventario que incumplen dieciocho diputaciones.
Existe también una obligación de la comprobación de inventario tras la celebración de las elecciones, que incumplen un 46 % de esas instituciones; solo doce de ellas lo hicieron de forma correcta. Igualmente, el informe pone de manifiesto que
el 79 % no tenÃan coordinado el inventario y la contabilidad. Además, el tribunal acredita un deficiente control del patrimonio inmobiliario; saldos contables de balance que no reflejan la imagen fiel de su patrimonio inmobiliario; no se han
registrado inmuebles cedidos o arrendados o los inmuebles utilizados por otras entidades no han sido adscritos o cedidos.
Respecto al registro contable de altas, bajas y modificaciones del patrimonio de inventario, en la mitad de los inmuebles adquiridos no estaba acreditada su necesidad e idoneidad por informe, según exige también la normativa. Hay, como
también se ha dicho aquÃ, ausencia de negociación tanto en el precio de compra como en el total de los casos en los procedimientos de arrendamiento. Esto nos preocupa porque va en contra del principio de economÃa que defiende mi grupo
polÃtico, como no puede ser otra forma.
Con respecto a la gestión del patrimonio inmobiliario, también se aprecian riesgos en el registro y control inmobiliario por falta de personal dedicado a la gestión de este patrimonio, por la carencia de manuales de gestión y también
por la ausencia de aplicaciones informáticas para la gestión del inventario. Igualmente, el informe advierte de la ineficiencia en la gestión de su patrimonio inmobiliario de doce entidades que disponÃan de un parque de inmuebles
significativamente ocioso, cosa que también nos sorprende, y de que un 10 % del patrimonio inmobiliario de estas entidades permanecÃan también sin uso. El 23 % de las entidades fiscalizadas no aportan datos sobre el coste de mantenimiento y
conservación de los inmuebles, lo cual también es sorprendente, e incluso algunas desconocen el uso al que están destinados estos inmuebles, lo que significa una gran debilidad en la gestión de estos recursos.
Por todo ello, mi grupo polÃtico saluda este informe del Tribunal de Cuentas, hacemos nuestras las recomendaciones que se establecen en el mismo y, además, queremos volver a hacer ese llamamiento a todos los grupos polÃticos que, quizás
por desconocimiento o quizás desde la inexperiencia y la falta de gestión, desconocen realmente cuál es la labor importantÃsima que estas instituciones realizan, sobre todo en el medio rural. Los que hemos tenido oportunidad de gestionar y de
gobernar en diputaciones, de estar en la oposición y estamos también en los ayuntamientos del medio rural, conocemos muy bien que las diputaciones, los consejos y los cabildos son entidades fundamentales para conseguir un acceso igualitario a los
servicios públicos esenciales para toda la población.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Priego.
Para contestar a las cuestiones planteadas, tiene la palabra el presidente del Tribunal de Cuentas.
El señor PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CUENTAS (Ãlvarez de Miranda GarcÃa): Gracias, señor presidente.
Poco tengo que añadir a lo dicho puesto que los portavoces parlamentarios en buena medida han recogido gran parte de las cuestiones planteadas en el informe y de alguna manera ellos mismos se hacen preguntas sobre el significado que estas
irregularidades pueden tener. El significado, lógicamente, o la valoración de las irregularidades está muy unido a la propia concepción polÃtica de los grupos parlamentarios y, por lo tanto, yo creo que es muy legÃtimo que ustedes la
formulen. La posición que el tribunal ha defendido en este informe es que, indudablemente, el conjunto de irregularidades proceden de una casuÃstica muy variada y que esta casuÃstica debe analizarse punto por punto y diputación por diputación
para buscar soluciones apropiadas para cada una de estas entidades.
Me preguntan si es posible que se estén utilizando bienes arrendados teniendo inmuebles sin uso o concedidos a terceros y es muy posible que eso suceda asÃ, pero no solo en las diputaciones sino también en el resto de las administraciones
públicas, y lo hemos comprobado cada vez que vemos el inmovilizado. ¿Puede significar eso una gestión ineficiente? PodrÃa, pero tampoco tiene por qué ser necesariamente el resultado de una gestión ineficiente por la sencilla razón de que en
ocasiones el coste de puesta en uso de estos bienes inmuebles no utilizados puede ser desproporcionado y muchÃsimo más oneroso que la adopción de otras medidas de carácter interno. Es decir, en muchas ocasiones los bienes inmuebles que llevan
mucho tiempo sin utilizarse requieren de unas obras de acondicionamiento y de instalación
verdaderamente grandes para el funcionamiento de una entidad. En todo caso lo que sà tiene sentido es que las instituciones busquen una solución a esos bienes no utilizados en un plan estratégico a largo plazo, de tal manera que estas
situaciones no se produzcan y que el inmovilizado y los inmuebles en poder de las diputaciones tengan verdaderamente una utilidad y un sentido dentro de la gestión de la entidad.
Asimismo ây ustedes lo han señaladoâ, un porcentaje importantÃsimo de entidades carecen de manual y de mecanismos de control y me preguntan si esto es estructural. He de decir que el informe ha señalado que posiblemente este aspecto
sea uno de los más importantes, pero hay que ver que, efectivamente, las otras veinte entidades fiscalizadas tienen manual, tienen mecanismos de control y en este caso lo que importa y lo que nosotros queremos poner en valor es que dentro de las
diputaciones verdaderamente se sigan las buenas prácticas y se utilice el modo de gestionar de determinadas diputaciones en relación con su patrimonio para que sirva como ejemplo en aquellas entidades donde este tipo de situaciones no se producen.
Ha habido una pregunta respecto de si ha habido sanciones en relación con en esta materia. Hay que decir que no las habido, entre otras razones, porque el tribunal carece de potestad sancionadora en el ámbito de la Administración
pública. Lo que sà ha existido son denuncias del fiscal en el caso concreto de la adquisición del inmueble por parte de una diputación al haber superado el precio abonado la tasación que el propio arquitecto de la institución habÃa
realizado. En ese sentido, esta situación ha provocado que en la sección de enjuiciamiento se haya iniciado un procedimiento que en estos momentos está en la fase de actuaciones previas.
También me preguntan sobre datos posteriores a 2017, sobre la situación actual de estos inmuebles. He de decir que en estos momentos carecemos de información sobre la evolución posterior. No hemos hecho todavÃa un seguimiento de esta
fiscalización porque ha sido aprobada no hace demasiado tiempo. Se ha hecho una reflexión sobre el sentido que tienen las diputaciones provinciales y se han utilizado diferentes argumentos para poner en valor el servicio que prestan tanto en la
equidad en la aplicación de los servicios públicos como en la lucha contra la despoblación. Creo que la labor de las diputaciones provinciales es fundamental como diputaciones que prestan la asistencia a todos los municipios y entidades locales
porque verdaderamente estas entidades locales pequeñas requieren de la tutela de una administración de mayor nivel, como es la propia diputación provincial, para el ejercicio pleno de sus competencias y para llevar a efecto precisamente todas
aquellas carencias del mundo local que en repetidas ocasiones hemos puesto de manifiesto en esta Comisión.
Muchas gracias.
â INFORME DE FISCALIZACIÃN DE LA AUTORIDAD INDEPENDIENTE DE RESPONSABILIDAD FISCAL, EJERCICIOS 2015 Y 2016. (Número de expediente Congreso 251/000236 y número de expediente Senado 771/000233).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
Pasamos al debate del segundo del orden del dÃa, que corresponde al informe de fiscalización de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, correspondiente a los ejercicios 2015 y 2016. Tiene la palabra de nuevo, el señor
Ãlvarez de Miranda para dar cuenta del informe.
El señor PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CUENTAS (Ãlvarez de Miranda GarcÃa): Gracias, señor presidente.
La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, Airef, se creó para promover la consecución de los compromisos en materia de consolidación fiscal y mejora de la estabilidad económica española. La constitución de la Airef en el
ejercicio 2014 dio cumplimiento a una de las recomendaciones del Consejo de la Unión Europea en el sentido de crear un consejo fiscal independiente que analice, asesore y supervise que la polÃtica fiscal de España cumple con las normas
presupuestarias nacionales y de la Unión Europea.
Las cuentas anuales rendidas de los ejercicios 2015 y 2016 reflejan la imagen fiel del patrimonio y de la situación patrimonial de la entidad, asà como de sus resultados, sus flujos de efectivo y el estado de liquidación de su
presupuesto, excepto por dos salvedades. La primera de ellas se refiere a la valoración del registro contable de la mutación demanial de los bienes inmuebles, mobiliarios y equipos de información recibidos del Ministerio de Hacienda y
Administraciones Públicas al no figurar por su valor razonable. Asimismo, no se ha contabilizado en el inmovilizado material el valor de una superficie compartida con el Ministerio de Hacienda ni el valor de uso de otra parte del local ocupada por
la entidad.
Por lo que se refiere al cumplimiento de la legalidad, no se ha publicado en el «BoletÃn Oficial del Estado» una resolución del presidente de la Airef de 31 de mayo de 2016 por la que se amplÃa la delegación de competencias en los
directores de división.
En el ámbito de la gestión de personal, han prestado servicios en la entidad varios empleados del Banco de España sin haberse suscrito entre ambas instituciones el correspondiente convenio que regule el marco jurÃdico de la adscripción
de dicho personal. No se habÃa publicado en la página web hasta octubre de 2017 la relación de puestos de trabajo de la entidad ni se ha aprobado el calendario laboral, instrumento a través del cual se realiza la distribución de la jornada y
la fijación del horario del personal. Tampoco se incluyen en las bases de cotización del Régimen General de la Seguridad Social las cantidades que se conceden al personal en concepto de ayudas para comidas y abonos transporte.
Respecto a su gestión contractual, la Airef ha cumplido el régimen de contratación previsto para las Administraciones Públicas. No obstante, se han observado incumplimientos de los principios de publicidad, concurrencia, no
discriminación e igualdad de trato en la contratación de los servicios del gabinete de prensa y comunicación y también, hasta finales de 2015, en la de los servicios bancarios. En otros casos no se justificó adecuadamente la necesidad del
suministro de ciertos bienes ni el precio de los servicios a contratar.
Respecto a las encomiendas celebradas para la ejecución de las obras de la sede de la entidad y para la prestación de servicios informáticos, no se ha realizado un seguimiento especÃfico de las actividades subcontratadas ni de su coste
real.
En materia de subvenciones, se han apreciado diversas incidencias, como el incumplimiento de los principios de objetividad e igualdad en la selección de universidades y centros académicos.
En cuanto a las prescripciones en materia de transparencia, se han observado errores, entre otros aspectos, en la información de los bienes inmuebles, en las retribuciones de los miembros del comité directivo y en la estructura
organizativa de la entidad. Aunque la proporción media de mujeres y hombres en la Airef se considera equilibrada, no ocurre lo mismo en los nombramientos y designaciones de cargos de responsabilidad.
En relación con los ficheros de datos de carácter personal, hasta el mes de mayo de 2016 no se dio cumplimiento a las obligaciones legales relativas a la creación de ficheros de titularidad pública.
Por lo que se refiere al análisis de los sistemas y procedimientos de control interno, en todo caso es preciso resaltar la insuficiencia de recursos humanos para el cumplimiento de sus funciones, entre otras razones por la relativamente
reciente creación de la entidad.
La Airef propicia el cumplimiento efectivo por las administraciones públicas de los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública, asà como de la regla de gasto. Para ello, emite los informes, opiniones y estudios que prevé
su normativa reguladora. La entidad ejerce sus funciones respecto a todos los sujetos que integran el sector público, si bien el ámbito individualizado de las corporaciones locales se va ampliando progresivamente. Entre las deficiencias
advertidas destaca la falta de implementación de un manual de procedimientos de la División de Análisis Económico. Además, está pendiente de aprobar la metodologÃa para definir las circunstancias que determinen la emisión de una advertencia
pública por la falta de aportación de la documentación solicitada, asà como los casos de incumplimiento grave o reiterado.
En cuanto a los procedimientos de gestión ordinaria, se han detectado diversas deficiencias, que se resumen a continuación. No se han elaborado manuales de procedimiento que describan los procesos de gestión establecidos para llevar a
cabo los distintos ámbitos de la actividad económicofinanciera de la entidad. Tampoco se ha aprobado un documento de gestión en materia de personal que contenga los requisitos de formación, evaluación y forma de acceso a las distintas
categorÃas profesionales, además de la composición y la estructura de las retribuciones salariales. Las convocatorias de puestos de trabajo y las resoluciones de adjudicación de los mismos no han sido publicadas en la página web de la Airef
durante el periodo fiscalizado. En la gestión de los gastos corrientes se han observado diversos casos en los que no existe una adecuada segregación de funciones y, en general, las memorias justificativas de los gastos no acreditan la
determinación del precio de los mismos.
Finalmente, en materia de ingresos por la tasa de supervisión que gestiona la entidad, hasta octubre de 2016 no se llevó a cabo actuación alguna dirigida al seguimiento y control de la recaudación ni existe un registro secuencial de las
liquidaciones practicadas.
Hasta aquÃ, presidente, la presentación del informe.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra el señor Ten.
El señor TEN OLIVER: Gracias, presidente. Bienvenido, señor Ãlvarez de Miranda.
Este informe de fiscalización de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal se aprobó en el pleno de 16 de enero de 2018 con carácter integral. La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal se creo a principios de 2014,
como usted ha dicho, con el objetivo de dar cumplimiento a esas recomendaciones que nos hacÃa el Consejo de la Unión Europea. La Airef se crea como ente de derecho público con personalidad jurÃdica propia, con plena capacidad pública y
privada, y además ejerce sus funciones con autonomÃa e independencia, como establece el artÃculo 1 de su estatuto orgánico.
Nuestro grupo parlamentario, Ciudadanos, siempre ha expresado la gran importancia que tiene para nosotros la gestión de los recursos públicos. De hecho, en el acuerdo de investidura que firmamos con el Partido Popular cumplÃamos unos
objetivos que querÃa Mariano Rajoy para la legislatura de 2011. Ãl querÃa controlar cada euro de gasto y asà figuraba en esas 150 medidas, en ese pacto de investidura, en que acordamos reducir el gasto público en más de 900 millones de euros,
como quedamos con el señor Montoro. Se lo explico porque estamos obsesionados ây usted lo sabeâ con la gestión, con la duplicidad y con los ahorros en la Administración, y por eso se hizo el encargo a la Autoridad Independiente de
Responsabilidad Fiscal de que empezara con las subvenciones. De hecho, se aumentó el presupuesto de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal gracias a ese pacto con Ciudadanos. La Airef âusted lo ha comentado; al final de mi
intervención le preguntaréâ entiendo que ha colaborado con el Tribunal de Cuentas durante todo el proceso de fiscalización. Es más, una vez publicado el informe, también ha decidido hacer público cómo y cuándo iba a cumplir todas y cada
una de las recomendaciones. En nuestro grupo entendemos que es un ejemplo a seguir. Por eso le querÃa preguntar si es cierto que eso ha sido asÃ, si se trata de la primera vez que una institución pública aplica el principio de cumplir o
explicar sobre las recomendaciones realizadas por el Tribunal de Cuentas y si esas actuaciones se enmarcan dentro del principio de rendición de cuentas, junto con los de independencia y transparencia.
Las cuentas anuales de la Airef reflejan en todos los aspectos significativos la imagen fiel del patrimonio âusted lo ha comentadoâ y de la situación financiera a 31 de diciembre de 2015 y de 2016. Una de las conclusiones del informe
del Tribunal de Cuentas dice que, dada la insuficiencia de recursos humanos con que cuenta la entidad para el cumplimiento de todas sus funciones, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal está implementado de una manera paulatina los
procesos de control interno necesarios. Yo advierto celeridad por parte de ambos organismos, celeridad por parte del que usted preside, el Tribunal de Cuentas, por aprobar y hacer el seguimiento a una institución que hacÃa prácticamente unos
meses que se habÃa constituido, y celeridad por la respuesta y la disposición a cumplir las recomendaciones del Tribunal de Cuentas. La Airef además publicó exhaustiva y detalladamente cómo iba a cumplir esas recomendaciones. Señor Ãlvarez
de Miranda, entiendo que existe un informe de la AbogacÃa del Estado y le pregunto si la Airef, el órgano fiscalizado, se lo pidió. Le pregunto también si hubo colaboración entre ambas instituciones. En el informe se dice que la Airef está
implementando de una manera paulatina los procesos de control y yo le pregunto si no entiende usted que es prematura la realización de este informe de fiscalización a una entidad que se habÃa constituido hacÃa unos meses. ¿Puede motivar la
oportunidad de realizar este informe de oficio, como hizo el Tribunal de Cuentas?
Para terminar, querÃa darle las gracias por todas las salvedades. Entiendo que solamente tiene dos salvedades contables relativas a la sede de la Airef, que además el propio informe dice que no afectan a las cuentas anuales. Yo, como
siempre, agradezco el trabajo del Tribunal de Cuentas; por supuesto, en el Grupo Parlamentario Ciudadanos insistimos en la labor que realiza el Tribunal de Cuentas para fiscalizar los órganos públicos en mejora de los recursos públicos y del
bienestar social.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ten,
Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos tiene la palabra el señor González.
El señor GONZÃLEZ GARCÃA: Muchas gracias, señor presidente.
Tenemos hoy aquà el informe de fiscalización de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal de los ejercicios 2015 y 2016. La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, la Airef, es un organismo independiente de control
fiscal creado en 2013 por el Gobierno como desarrollo de la reforma del artÃculo 135 de la Constitución, un artÃculo que desde su reforma antepone el pago de la deuda y los
intereses a cualquier otro compromiso que tenga el Estado. El objetivo de la Airef es garantizar los principios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera del paÃs entendidos como el cumplimiento de ese marco fiscal definido
por la Unión Europea y la Troika, además de las modificaciones legislativas que de él se derivan, incluido el mencionado artÃculo 135. En este informe de fiscalización, el Tribunal de Cuentas realiza una serie de observaciones en materia de
gestión y transparencia afectando a aspectos como la formulación contable, la gestión de personal, la gestión de subvenciones, entre otros, señalando determinados supuestos en los que se ha incurrido en infracción legal y otros en los que se
resaltan carencias relevantes. Destacaremos los aspectos que consideramos más relevantes del informe.
En materia de gestión contable, la Airef ha contabilizado la mutación demanial de bienes inmuebles, de mobiliario y de equipos para procesos de información por importes superiores a los 6 millones de euros tomando como valor contable el
facilitado por Hacienda en lugar del valor razonable de los mismos, incumpliéndose lo dispuesto en el Plan General de Contabilidad Pública. Tampoco se ha contabilizado en el inmovilizado material el valor de la mutación demanial de una
superficie de 248,10 metros cuadrados, que representan el 19 % del espacio total que tiene contabilizado la Airef. Según el informe del Tribunal de Cuentas, durante el ejercicio fiscalizado prestaron servicios en la Airef varios empleados del
Banco de España sin que suscribieran el preceptivo convenio de adscripción de dicho personal. Además, el informe señala también incidencias importantes sobre el pago de la productividad. El informe recoge que la entidad liquidó 695 000 euros
por este concepto en 2016 y que las cantidades abonadas por este concepto superaron en algunos casos el 40 % del total de las retribuciones de los empleados. Según el Tribunal de Cuentas, la Airef ha dado publicidad interna a las cantidades que
percibe cada empleado por el concepto de productividad, incumpliendo de esta manera la Ley de medidas para la reforma de la función pública.
En cuanto a los principios de actuación señalados en la ley para la igualdad efectiva de hombres y mujeres, el Tribunal de Cuentas considera que todavÃa no existe una presencia equilibrada de mujeres y de hombres en los nombramientos y
designaciones de los cargos de responsabilidad. También se realizan una serie de observaciones sobre determinadas carencias que presentan los informes de la Airef en relación con el marco legal por el que se rige, como puede ser la valoración
del cuadro macroeconómico de las comunidades autónomas en lÃnea con el detalle de esa evaluación que presenta para el Estado. Estas observaciones pueden hacer pensar que la Airef aplica el principio de âen casa del herrero, cuchillo de
paloâ, ya que es una entidad que se encarga de supervisar los cumplimientos por parte de las administraciones públicas y deberÃa ser ejemplar en su gestión. Esta es una situación que, por desgracia, nos recuerda a otras que ya hemos visto,
también en el Tribunal de Cuentas, y que han sido comentadas aquÃ. No obstante, la Airef es verdad que ha demostrado en ocasiones su compromiso con la independencia respecto al Gobierno en la evaluación de la polÃtica fiscal, todo ello a pesar
de que nuestro grupo considere inadecuados los postulados que inspiran su creación. La Airef, en su documento de alegaciones de 73 páginas, plantea que algunos de los incumplimientos en materia de gestión se deben a los pocos recursos con los que
contaba en el momento de su creación, incluyendo el tamaño limitado de su presupuesto y los pocos recursos humanos con los que contaba. Esto también dificulta la puesta en marcha de las recomendaciones, tal y como se señala en el informe. La
Airef, en sus extensas alegaciones, también rebate de forma bastante argumentada y convincente muchas de las observaciones realizadas por el tribunal, y por el tono del documento de alegaciones parece poco o nada conforme con el rigor del Tribunal
de Cuentas a la hora de realizar este informe. En este sentido, nos gustarÃa plantearle al presidente del Tribunal de Cuentas una serie de cuestiones. En primer lugar, a tenor de las alegaciones formuladas por la Airef, ¿considera el presidente
del Tribunal de Cuentas que los escasos recursos con los que dice que contaba la Airef en el momento de su creación han sido óbice para el cumplimiento de los principios recogidos en la ley y han derivado las irregularidades señaladas en el
informe? Por otro lado, ¿cuál es la respuesta del Tribunal de Cuentas a las alegaciones formuladas por la Airef, que no vienen contestadas en las notas al pie del informe como, por ejemplo, las referidas a las retribuciones por productividad?
También nos gustarÃa conocer si se ha desprendido algún procedimiento sancionador de la fiscalización realizada por el tribunal. Igualmente, nos gustarÃa saber si el tribunal tiene constancia de si la Airef está aplicando ya las
recomendaciones realizadas en el informe de fiscalización. Por último, también nos interesarÃa saber si considera el presidente del Tribunal de Cuentas que puede existir algún conflicto de competencias entre la Airef y el propio Tribunal de
Cuentas.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor González.
Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el señor Galeano.
El señor GALEANO GRACIA: Gracias, señor presidente, y gracias también al presidente del Tribunal de Cuentas, como siempre. SeñorÃas, quizá, la trascendencia de este informe de fiscalización por parte del Tribunal de Cuentas ha
estado más en la previa que en el propio contenido final de la fiscalización, una disconformidad entre órgano fiscalizador y fiscalizado de la que se hicieron eco los medios de comunicación âcomo es sabidoâ y que se podrÃa catalogar, en el
buen sentido de la palabra y con todos los respetos a ambas instituciones, como una auténtica pelea de gallos, con un árbitro también de nivel como fue la AbogacÃa del Estado. En definitiva, nos encontramos ante un informe que, no obstante,
sigue con el trabajo intachable del Tribunal de Cuentas en la búsqueda de ese compromiso con la transparencia y el buen hacer en relación con el conjunto de entes públicos de nuestro paÃs y la fiscalización de estos.
Paso a formular algunas pequeñas cuestiones sobre el contenido mismo de dicho informe. Como ya han comentado algunos otros compañeros previamente, a pesar de su joven vida y de su pertenencia al Ministerio de Hacienda, que incluso
generaba dudas en su conformación al propio Grupo Socialista, quiero destacar la reputación de independencia y el valor, el expertise de sus análisis, lo que le han llevado a contar con un grado de prestigio internacional muy notorio. Esta corta
trayectoria de vida y la escasez de recursos en sus inicios fundamentalmente son incluso considerados por el propio tribunal como una de las causas de posibles desajustes y deficiencias en esa gestión interna que tiene âcomo ha sido dicho
anteriormente por algunos portavocesâ varios puntos de debilidad. Por ejemplo, en materia de gastos de personal se ha aludido a cuantÃas fijas y periódicas para todo el personal en materia de productividad abonadas incluso en situaciones de
incapacidad temporal; la no publicación en un momento dado en la web pública de la relación de puestos de trabajo; no inclusión de ayudas por manutención y gastos de trasporte a favor del personal. En cuanto a la contratación pública, a
pesar de la rectificación que ha manifestado el propio presidente del Tribunal de Cuentas somos conscientes de la dificultad que en ocasiones generaba la antigua Ley de Contratación Pública en según qué aspectos de licitaciones, de
justificación de los presupuestos de licitación, de las clasificaciones y de la aplicación de los contratos menores; y esto lo hemos visto como una de las debilidades que se han manifestado en esta entidad y en otras, y que dan también motivo a
veces a diferentes interpretaciones. En cualquier caso, no son demasiado trascendentes las que aquà aparecen enumeradas. También vemos alguna deficiencia en cuanto a esos criterios de concesión de las subvenciones, que han sido también
anteriormente aludidas por otros portavoces. Quiero destacar âtambién lo ha dicho el portavoz de Ciudadanos anteriormenteâ algo que ha implementado la Airef y que no es habitual en la práctica de otro tipo de entidades cuando se someten a
este tipo de fiscalizaciones, y es que aprobado el informe, después de consultadas las alegaciones de la entidad, la Airef, a través de la propia página web, publica un calendario de implementación de la mayor parte de las recomendaciones
formuladas en este informe del Tribunal de Cuentas, algunas incluso ya puestas en práctica y otras poniendo los plazos previstos para su total desarrollo.
Por otra parte, el tribunal pone énfasis en algo en lo que la Airef ha insistido, incluso en sede parlamentaria, y que incluso en un reciente informe de la propia OCDE se dibuja como una medida que todos consideramos que se ha de tomar, la
de dotar de más recursos, tanto humanos como materiales, a esta entidad para que acometa el enorme potencial de monitoreo que tiene en su trabajo, análisis que deriva, por ejemplo, a diferencia de otros pares europeos, del propio hecho de este
Estado descentralizado tan complejo en el que nos movemos. Pensando en una de las deficiencias o limitaciones que se tienen a dÃa de hoy, serÃa oportuno extender el análisis a otro tipo de entidades locales municipales; se han ido ampliando,
como bien dice el informe, desde las más grandes hasta poblaciones un poquito menos grandes, pero pensamos que es necesaria esa ampliación.
También comentarles, señorÃas, que según los principios de la propia OCDE una IFI de este tipo ha de tener acceso pleno en tiempo oportuno a toda la información pertinente. De hecho, esto está regulado, como bien sabe el presidente
del tribunal, en el artÃculo 4 de la Ley orgánica de la propia autoridad fiscal, aunque ha habido normativas posteriores y algún real-decreto, como el del año 2014, y órdenes ministeriales que han fijado de alguna manera lÃmites. En los
últimos tiempos la propia Airef ha cuantificado âlo dice en sus alegaciones y aparece en el informe de la OCDEâ las solicitudes denegadas de información, por ejemplo relativa a objetivos de estabilidad, en un porcentaje de un 35 % de lo que se
le habÃa solicitado al Gobierno, al Ministerio de Hacienda; de casi un 25 % sobre información acerca de la
regla de gasto. Ha habido ese encontronazo, a veces verbal, entre el ministerio y la Airef que ha llevado también en algún momento al incumplimiento de algunos plazos por parte de la Airef. Le hago la siguiente pregunta al señor
presidente del tribunal: ¿Considera el tribunal que se cumple adecuadamente esta premisa de solicitud de información y de remisión de información? ¿O se debe mejorar con perfeccionamiento, por ejemplo, a través de un memorando de actuación?
¿O incluso permitiendo de alguna manera consultas anticipadas de datos o de informaciones bajo un acuerdo, por ejemplo, de confidencialidad entre las partes para que se lleven a cabo los estudios, también con proyecciones, que realiza la Airef en
el tiempo oportuno y con la rigurosidad oportuna?
Nada más y muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Galeano.
Tiene la palabra por el Grupo Parlamentario Popular el señor Bravo.
El señor BRAVO BAENA: Muchas gracias, presidente.
SeñorÃas, comenzaré dando la bienvenida al presidente del Tribunal de Cuentas, don Ramón Ãlvarez de Miranda, a la Comisión y agradeciendo el esfuerzo realizado por el Tribunal de Cuentas en este informe de fiscalización realizado
sobre el trabajo de la Airef relativo a los ejercicios 2015 y 2016.
La primera cuestión que debemos resaltar, aunque ya empieza a ser una dinámica habitual, es la proximidad entre la fecha de la fiscalización y los ejercicios objeto de comprobación, lo que provoca sin duda que su trabajo sea más
eficiente al igual que el posterior debate que se desarrolla en el seno de esta Comisión. Anteriormente algunos compañeros aludÃan a que apenas llevaba unos meses de funcionamiento la entidad. Entendemos que no; hablan del informe del año
2015, 2016, con lo cual llevaba dos años y medio de funcionamiento. Pero creemos que lo realmente importante es que a pesar de las diferencias generadas entre ambos organismos, como se ha puesto de manifiesto por otros compañeros, hablamos de dos
organismos independientes, hablamos de dos organismos que son ahora mismo referencia en España e incluso fuera, y estamos convencidos de que en ese ámbito de diferencia y en ese ámbito de discrepancia en cuanto a la manera de actuar seguro que
llegamos a un punto común de encuentro que es bueno para el Tribunal de Cuentas, que es bueno para la Airef y que seguro será bueno para el conjunto de administraciones públicas.
Centrándonos en algunas cuestiones concretas de la fiscalización por las que querÃamos preguntarle, en primer lugar nos encontramos con una incidencia en la valoración efectuada por el Tribunal de Cuentas relativa a la contabilización
del inmovilizado. Si bien es cierto que no sorprende por ser reiterada en éste y otros informes de fiscalización, no observamos que se le haya puesto criterio de solución por parte de las administraciones. Se matiza por parte del tribunal la
necesidad de valorar el inmovilizado por su valor de mercado cuando se recibe, pero no es menos reiterada la respuesta que obtenemos de distintas instituciones y administraciones en el sentido de entender que esto generarÃa unos altos costes de
tasación por el valor que arrastran en la contabilidad de los entes que ceden los inmuebles. Le pregunto al tribunal qué valoración hace de esta circunstancia pues de nada sirve seguir objetando la misma cuestión âsiendo muy lógicaâ sin
ser capaces de corregirla para el conjunto de administraciones. En segundo lugar, si considera que esos costes incurridos estarÃan justificados en un momento como el actual en el que todavÃa debemos ser muy precisos y ajustados con nuestros
gastos. Por ello le pregunto: ¿Qué alternativa plantea el tribunal que deberÃa ser la adecuada para poder atender ambas cuestiones? ¿Una mayor precisión en la valoración y a su vez no incurrir en sobrecostes que pudieran ser censurados por
los ciudadanos? ¿Se podrÃa utilizar una valoración sobre los valores catastrales a efectos ponderadores en términos parecidos a las tablas de evaluación utilizadas por las comunidades autónomas? ¿Soporta esta exigencia un análisis del
coste/beneficio?
En segundo lugar encontramos repetidas referencias a la falta de existencia de manuales por parte de la Airef que permitan una gestión adecuada y sobre todo un orden en la misma. Sin embargo, cuando uno se aproxima a las alegaciones de la
entidad, esta afirma disponer de esos manuales (por ejemplo, en una página del informe, en la página 70 de las alegaciones, etcétera). ¿Qué valoración hace el tribunal en relación con la diferente apreciación realizada sobre la misma
cuestión? Destacando además que se trata de dos órganos independientes y referentes en cuanto al control y peso de sus pronunciamientos.
La tercera cuestión es relativa a la gestión de personal. Se ponen de manifiesto algunas incidencias de cierta consideración ya expuestas por mis compañeros: modificación de la resolución de una plaza sacada a concurso
incorporándose cursos a valorar que inicialmente no estaban; trabajadores del Banco de España que desarrollan su función sin el correspondiente convenio con el Banco de España y aunque
la Airef explica que no son pagados por ellos y que son pagados por el Banco de España evidentemente provoca cierta confusión; incidencias en el pago de la productividad, aunque sorprende que ustedes digan que se ha pagado cuando una
persona está de baja y ellos en las alegaciones digan que esa persona no estaba de baja y que han aportado los TC. Alegan ustedes también falta de control de horario, de las bajas, alguna irregularidad en los vales de comida y falta de publicidad
en la página web de la convocatoria de las resoluciones, y sin embargo ellos afirman que desde el año 2015 estaba publicado en la página web. ¿Cuál serÃa su valoración en conjunto de la gestión de personal? ¿Podemos atribuir estas
incidencias, en parte, a la reciente creación del órgano de fiscalización, a la falta de personal alegada por ellos y lógicamente a las dificultades que han tenido?
En cuarto lugar, en materia de subvenciones ustedes han indicado algunas anomalÃas en la ponderación de los criterios que pudieran poner en tela de juicio los principios de objetividad e igualdad que deben presidir la actividad
subvencionada. Sin obviar estos detalles pero haciendo una valoración global: ¿Cree que los recursos utilizados y aportados vÃa subvención en cuestiones vinculadas a estudios, por ejemplo, se podrÃan entender empleados de una manera
aceptable?
Quinto. Cuando uno se ve inmerso en su expediente de fiscalización y lee lo relativo a la gestión de los datos de carácter personal y atendiendo a las incidencias detectadas por ustedes en relación con la Airef, uno se puede hacer la
pregunta siguiente. Si a una Administración pública o a una institución le resulta complicado cumplir con las obligaciones existentes, ¿no estaremos siendo muy exigentes con nuestras empresas del sector privado que sin duda ante incumplimientos
parecidos pueden recibir o reciben sanciones de elevadas cuantÃas? ¿Estamos siendo no justos, son equiparables las exigencias a la Administración pública y al sector privado?
Sexto. Ustedes ponen de manifiesto en su informe las deficiencias en el control y gestión de las tasas, principal fuente de financiación de la Airef; en un momento dado aluden a su control a través de una hoja Excel; falta de
seguimiento, etcétera. A lo que la entidad responde que han realizado un encargo a la empresa Tragsatec para mejorar el sistema de control. Mi pregunta es la siguiente. Desde una visión general de la Administración General del Estado y desde
un principio de eficiencia, ¿no serÃa más eficiente encargar esta gestión a la Agencia Tributaria como órgano encargado de la gestión y recaudación de los tributos públicos y evitar duplicidades?
Por último y en relación a las corporaciones locales se ponen de manifiesto en su informe ciertas dificultades para la realización de los análisis propios de la Airef sobre estas entidades. ¿Qué valoración realiza el tribunal?
¿Cuáles deberÃan ser los elementos a mejorar ante esta circunstancia? Y sobre todo, ¿podrÃamos dar por buena la evolución que viene experimentando el volumen/número de informes realizados por la Airef en relación con las corporaciones
locales? Es verdad que hay problemas, pero no es menos cierto que se incrementan de una manera porcentual muy importante esos controles. Para finalizar, y tratándose de una institución tan novel âcon apenas algo más de tres añosâ, ¿puede
ser ésta la causa que justifica alguna de las incidencias o deficiencias puestas de manifiesto por parte del tribunal? La Airef afirma que ha ido desarrollando manuales de procedimiento en un proceso de mejora progresiva y continua según avanza
en la experiencia y asume las capacidades y posibilidades que surgen. ¿Cree usted que esto, como también han planteado algunos compañeros, puede provocar las deficiencias, incidencias o incluso irregularidades detectadas por el tribunal?
MuchÃsimas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Bravo.
Tiene la palabra el señor Ãlvarez de Miranda para contestar a las cuestiones planteadas.
El señor PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CUENTAS (Ãlvarez de Miranda GarcÃa): Señor Bravo, con respecto a su última pregunta, no es que lo crea, es que lo hemos puesto en el informe. El informe está lleno de advertencias de que buena
parte de las deficiencias de gestión o irregularidades âpor llamarles de alguna maneraâ que se han puesto de manifiesto en la fiscalización traen gran parte de su causa precisamente en que se trata de una institución nueva que está
desarrollando en un espacio de tiempo muy corto lo que otras muchas instituciones intentan desarrollar a lo largo de muchÃsimos años. Esto ha quedado claramente expuesto en el informe en diferentes apartados y creo que no tengo por qué insistir
en esa cuestión, de la que, por otra parte, estoy absolutamente convencido. Pero sà es importante salir al paso del planteamiento de que si hemos hecho una fiscalización con toda celeridad y que de alguna manera con esa celeridad hemos provocado
nosotros mismos la situación de dificultad que vive la Airef. Quiero negar esta situación por la razón, muy entendible, de que al lado de nuestro informe se
encuentra el informe evacuado por la OCDE. ¿Qué pasa, que la OCDE ha actuado con celeridad al efectuar un control de la Airef? Creo que no se pueden utilizar los datos positivos o negativos del informe de la Airef efectuado por la OCDE
para lo bueno y los del tribunal para lo malo, entre otras razones porque ambos informes, el de la OCDE y el del tribunal, tienen muchas partes no ya iguales sino muy comunes, muy de estar de acuerdo en los planteamientos formulados a la hora de
señalar determinados aspectos. Creo que en el caso de la Airef se produce una circunstancia, que precisamente cuando es un informe muy cercano en el tiempo, nos encontramos con algo con lo que, por desgracia, no nos encontrábamos en informes que
hemos estado viendo en el último periodo de tiempo de funcionamiento de esta Comisión, y es que generalmente los gestores públicos afectados directamente por los informes del tribunal ya no están al frente de las instituciones en el momento de
la presentación del informe ante esta Comisión. Por tanto, la Airef lo que ha hecho, en definitiva, ha sido manifestar su desacuerdo en las opiniones a las que el tribunal ha llegado âa lo cual tiene su perfecto derechoâ y nosotros siempre
hemos defendido que el mejor sistema de funcionamiento de esta Comisión serÃa aquel por el cual pudieran ser llamados los gestores públicos afectados y aludidos para que dieran sus opiniones al respecto y para que, lógicamente, manifestaran los
desacuerdos que tienen con el trabajo desarrollado por el tribunal. El resultado serÃa siempre positivo, tanto para la Comisión como para el propio tribunal, y lo que sà le puedo decir es que las alegaciones las hemos analizado y el resultado
del informe recoge la opinión del tribunal, una vez valorada la controversia manifestada y teniendo en cuenta que nuestra principal función en la realización de estos informes no es, de alguna manera, dejar a una institución en situación de
dificultad, sino todo lo contrario. La labor desarrollada por el tribunal pretende la colaboración y el perfeccionamiento de esta institución, porque, además, no hay un problema de concurrencia competencial, como se ha podido decir, ni tampoco
esto es una pelea de gallos. El tribunal es el supremo órgano fiscalizador del sector público y la Airef forma parte de este sector; es decir, el hecho de que fiscalicemos la realización de sus operaciones entra dentro de nuestro ámbito de
colaboración y lo ejercemos con la máxima prudencia y, por supuesto, no queriendo en este caso resaltar problemas, porque indudablemente la Airef ha realizado un esfuerzo muy notable de justificación en un tiempo muy corto; ha presentado cuadros
macroeconómicos con la evolución de aquellas cuestiones que se han puesto de manifiesto en el informe, indicando que en buena medida estaban resueltas, tanto del informe del tribunal como del informe elaborado por la OCDE. Me parece que esa es
una polÃtica muy positiva. Me han preguntado qué opinaba sobre ese tipo de actuaciones y me parece que la fórmula utilizada por la Airef y que tiene una expresión muy gráfica de cumplir o de explicar es una muy buena práctica y, por tanto, no
tenemos nada que indicar a este respecto. Tampoco podemos sancionar ni decir que las explicaciones dadas por la Airef son perfectamente asumibles porque no hemos fiscalizado el periodo posterior y, por tanto, lo que sà creemos es que la polÃtica
de explicar y de dar todas las explicaciones âvalga la redundanciaâ en relación con los asuntos planteados es la mejor de las soluciones.
Me plantean ustedes que el informe de la AbogacÃa del Estado, efectivamente, ha sido un informe polémico. Quiero decirles que la AbogacÃa del Estado tiene las competencias de señalar los supuestos de responsabilidad contable y en muchas
ocasiones excede de su ámbito de actuación, y lo excede porque la AbogacÃa del Estado no es miembro del Tribunal de Cuentas y no discute los informes desde el punto de vista de oportunidad, como parece que se ha producido en este caso, de si era
oportuno o no fiscalizar a la Airef. Se decÃa de las fiscalizaciones que tenÃan muy escaso presupuesto, pero en estos momentos de las fiscalizaciones que hace el Tribunal de Cuentas Europeo âtuvimos ocasión recientemente de ver cuál era su
programa de actuacionesâ, las más importantes, las fiscalizaciones estrella, no son aquellas que tienen un gran presupuesto, sino aquellas que se refieren precisamente a organismos de supervisión y a organismos de control, porque fiscalizando a
una entidad de esta naturaleza lo que estamos consiguiendo verdaderamente es que esas labores de supervisión y de control se mejoren en el conjunto del sector público. Este es nuestro interés y creo que también es el interés de la Airef y la
relación entre ambas entidades tiene que ser, y lo es, una relación de colaboración ahora y en el futuro.
Nada más y muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor presidente, por todas las precisiones.
BLOQUE III:
â INFORME DE FISCALIZACIÃN DE LAS ACTUACIONES DE ENUSA INDUSTRIAS AVANZADAS, S.A. RELACIONADAS CON LA PROTECCIÃN DEL MEDIOAMBIENTE, EJERCICIO 2013 Y ACTUALIZACIÃN DE LA SITUACIÃN A 31 DE DICIEMBRE DE 2016. (Número de expediente del
Congreso de los Diputados 251/000246 y número de expediente del Senado 771/000242).
El señor PRESIDENTE: Pasamos al debate del bloque número III, que corresponde al informe de fiscalización de las actuaciones de Enusa Industrias Avanzadas S.A., relacionadas con la protección del medioambiente, ejercicio 2013 y
actualización de la situación a 31 de diciembre de 2016.
Tiene la palabra el señor Ãlvarez de Miranda para presentar el informe.
El señor PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CUENTAS (Ãlvarez de Miranda GarcÃa): Gracias, señor presidente.
El informe se refiere a las actuaciones en materia de protección del medioambiente de Enusa Industrias Avanzadas, en su calidad de empresa titular de instalaciones radiactivas y de las correspondientes autorizaciones administrativas, sin
perjuicio de las funciones y obligaciones financieras que corresponden a la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos, Enresa, en relación con el ciclo del combustible nuclear.
Las cuentas anuales de Enusa de los ejercicios 2013 a 2016 se rindieron al tribunal dentro del plazo legalmente previsto. Respecto al cumplimiento de la normativa aplicable a las actuaciones medioambientales relacionadas con la minerÃa y
la producción de concentración de uranio, la entidad ha asumido la realización de las actividades de desmantelamiento y clausura de las instalaciones en las que se habÃa desarrollado su actividad minera e industrial: Saelices el Chico,
Salamanca, y La Haba, Badajoz. Enusa estaba obligada a contar con instalaciones especiales para almacenamiento, transporte y manipulación de residuos radiactivos y a adoptar las medidas apropiadas de protección contra riesgos radiológicos
minimizando la producción de residuos. La entidad acondicionó y confinó en estructuras estables, en sus respectivos emplazamientos, los residuos radiactivos que generó su propia actividad minera e industrial, a excepción de los procedentes de
la Planta Quercus, cuyo acondicionamiento estaba pendiente. Enusa y Enresa unificaron en un solo acuerdo, en 2017, el marco de colaboración técnica y económica para llevar a cabo el conjunto de actividades de desmantelamiento, restauración y
vigilancia de emplazamientos e instalaciones de la minerÃa de uranio de titularidad de la primera y cofinanciadas por la segunda. Por lo que se refiere al cumplimiento de la normativa aplicable a las actuaciones medioambientales relacionadas con
la fabricación de elementos combustibles, Enusa externalizó, mediante contrato suscrito con Enresa, la gestión de sus residuos de operación y las labores de clausura y desmantelamiento de la fábrica de elementos combustibles de Juzbado,
Salamanca. Las contraprestaciones acordadas fueron sustituidas por una tasa correlacionada con la producción anual de combustible nuclear.
En cuanto al proyecto de gestión de residuos sólidos urbanos del Plan zonal de residuos de la zona I de Castellón, la UTE no habÃa distribuido, por discrepancias con las entidades financiadoras del proyecto, los resultados reconocidos en
los cinco ejercicios que llevaban operativas las instalaciones, de 2012 a 2016. El pasivo a corto plazo de la UTE se incrementó en dicho periodo de 50 820 euros a 2,1 millones de euros, de los que 1,8 correspondÃan a Enusa por su participación
mayoritaria en aquella. En relación con el cumplimiento de las normas de registro y valoración contable aplicables a las actuaciones medioambientales relativas a la minerÃa y producción de concentración de uranio, la entidad tenÃa dotadas
provisiones para cubrir los costes futuros de las labores de restauración y clausura por 30,3 millones de euros a finales de 2013 y 31,3 millones en el cierre del ejercicio 2016. Respecto a las normas de registro y valoración aplicables a las
actuaciones relativas a la fabricación de elementos combustibles, Enusa disponÃa de provisiones para cubrir los gastos de gestión de los residuos generados por la fábrica de Juzbado y los gastos que originara su desmantelamiento por un total de
14,4 millones de euros al cierre de 2013. Los saldos, que se elevaron a 16,1 millones en 2016, superaban las necesidades de financiación estimadas para cubrir los costes previstos en el periodo 2010-2085.
Por otra parte, la solución adoptada por Enusa para gestionar los residuos en los centros de Saelices el Chico y de La Haba cumplen con los principios de eficiencia, tanto por el ahorro de costes que supone como por el conocimiento que
posee de sus instalaciones y la experiencia adquirida, de acuerdo con las competencias que tuvo atribuidas en relación con el ciclo del combustible nuclear. Asimismo, la entidad
cumplió los principios aplicables a las actuaciones medioambientales relacionadas con la clausura y desmantelamiento de la fábrica de elementos combustibles de Juzbado. AsÃ, el acuerdo sobre esta instalación alcanzado entre Enusa y
Enresa en 2004 resultó ser la solución más ventajosa económicamente, al no trasladar el correspondiente margen industrial a los costes de dicho desmantelamiento.
Finalmente, en relación con el proyecto de gestión de residuos sólidos urbanos del Plan zonal de residuos de la zona 1 de Castellón, en ninguno de los ejercicios analizados se alcanzaron las cifras de ingresos anuales previstos en el
plan de negocios. El grado de recuperación de los capitales invertidos por la UTE dependerá de que puedan trasladarse definitivamente al consorcio de municipios la totalidad de los costes financieros soportados por el proyecto y, en particular,
los derivados de las operaciones de cobertura de flujos concertados con las entidades financieras.
Nada más. Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra el señor Ten.
El señor TEN OLIVER: Gracias, presidente.
Gracias, señor Ãlvarez de Miranda. El 9 de febrero de 2018 el pleno del Tribunal de Cuentas aprobó el informe de fiscalización de las actuaciones de Enusa Industrias Avanzadas S.A. relacionadas con la protección del medio ambiente,
ejercicio 2013 y actualización de la situación a 31 de diciembre de 2016, tal y como nos ha comentado. Esta fiscalización tiene carácter integral, está realizada a iniciativa del propio tribunal y ha tenido, entre sus objetivos, como nos ha
dicho, examinar esa gestión económico-financiera de Enusa relacionada con las actuaciones medioambientales. En nuestro Grupo Parlamentario Ciudadanos siempre hemos estado muy preocupados por la despolitización de los organismos reguladores, en
concreto del Consejo de Seguridad Nuclear, y asà lo hemos plasmado en distintas iniciativas parlamentarias, que deben recoger esos principios de transparencia, independencia y profesionalidad. El ciclo de combustible nuclear es de vital
importancia, sobre todo cuando tiene efectos sobre el desmantelamiento de estas instalaciones. El informe recoge que para cubrir los costes futuros de labores de restauración âse ha hablado del espacio natural ocupado por instalaciones mineras e
industriales en Saelices el Chico y La Habaâ y para financiar estos gastos de clausura habÃan dotado unas provisiones por importe de 30 millones de euros a 31 de diciembre de 2013, pero tan solo habÃa 31 millones de euros a fecha de 2016. Le
pregunto, señor Ãlvarez de Miranda, si piensa que esas dotaciones, si entra en el fondo, son suficientes. En cuanto a la externalización en la fábrica de Juzbado, hay un saldo de 7,4 millones de euros y le pregunto la misma cuestión. El
informe hace una serie de recomendaciones, como que han de revisarse, mediante real decreto, los elementos tributarios. Además, se traslada a Enusa la conveniencia de adecuar la vigente regulación del fondo de financiación de las actividades de
ese Plan de gestión de residuos radiactivos de Enresa. Por último, Enusa deberÃa trasladar a la UTE concesionaria del servicio público la conveniencia de instar, en vÃa administrativa, la resolución de las diferencias surgidas en la
explotación del proyecto de gestión de residuos sólidos urbanos del Plan zonal de residuos de la zona I de Castellón.
Sin más, muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ten.
Por el Grupo Confederal de Unidos Podemos, tiene la palabra la señora GarcÃa.
La señora GARCÃA SEMPERE: Muchas gracias, presidente.
Muchas gracias, presidente del Tribunal de Cuentas. Primero quiero señalar una cuestión que nos ha sorprendido, y es que en el informe de fiscalización no solo es que la empresa fiscalizada no alegue nada, sino que nos parece que faltan
quizá más pruebas de la fiscalización. Nos hubiese gustado una ampliación por esa parte. Más allá de esto y agradeciendo el enfoque medioambiental que tiene esta fiscalización, nos parece que se queda cojo. Si el primer objetivo de la
fiscalización es el examen del cumplimiento de las disposiciones legales y estatutarias aplicables a la actividad medioambiental llevada a cabo por Enusa en ejecución de las obligaciones de carácter medioambiental que le son de aplicación âeso
viene textual en su informeâ, en la lectura del resto del informe no encontramos ninguna norma especÃfica en materia medioambiental que debiera cumplir, como, por ejemplo, la Ley 21/2013, de Evaluación Ambiental, o la normativa autonómica que
le resultara de aplicación en cada caso.
Vemos que el análisis jurÃdico de la normativa se ciñe exclusivamente a las obligaciones en relación con las normas de constitución de la empresa, es decir, la Ley 25/1964, de 29 de abril, sobre EnergÃa Nuclear, que le obliga a contar
con instalaciones especiales para almacenamiento, si bien esa actividad se encomendó a Enresa a partir de 1984. También a la restauración medioambiental de las áreas donde opera o en las que ha desarrollado su actividad minera industrial en el
pasado a partir de 2009 en virtud del Real Decreto 975. Son dos cuestiones que están encomendadas a Enresa y entendemos que ha faltado quizá un mayor desarrollo de las normativas en materia de evaluación ambiental o normativas autonómicas que
sà le serÃan de aplicación. El cualquier caso, lo que nos gustarÃa conocer para poder valorar de manera más integral la actuación de Enusa son los daños medioambientales que ha causado o pudiera haber causado la empresa con sus actividades,
qué peligros hay en el desmantelamiento de sus instalaciones y qué acciones se han llevado a cabo para minorar los riesgos. Entendemos que también deberÃa formar parte de la fiscalización y nos parece muy relevante.
Otra de las cuestiones que echamos en falta es la relación de todas las explotaciones que lleva a cabo Enusa para poder valorar de manera integral la actividad de la empresa. Sabemos que fue constituida en 1969 para la explotación de una
mina en Salamanca que, según nos dice el informe, fue abandonada en 2000 âse comentó que por agotamientoâ y en 2002 cerró otro centro en el mismo lugar para la producción de concentrados de uranio. Digo esto porque nos parece sorprendente
âcreemos que deberÃa estar recogido en el informeâ cómo se puede concluir en el informe que la actuación de Enusa ha sido eficiente cuando han pasado dieciséis años de la decisión de desmantelar la fábrica y la mina y todavÃa no se ha
finalizado. Nos gustarÃa también saber cuáles han sido las causas de este retraso âsi me puede contestar, claroâ y, si no, creemos que deberÃa estar incorporado en los informes de fiscalización siguientes.
En general, para poder opinar sobre la eficiencia y eficacia de la actuación de la empresa, creemos necesario conocer el sector en el que desarrolla su actividad, contextualizarlo. ¿Cuántas minas de uranio hay en España? Como
consecuencia del cierre de esta mina en Salamanca, ¿continuó la empresa Enusa suministrando combustibles a las centrales nucleares que operan en España por la producción de otras minas o por importación del mineral? Por último, nos gustarÃa
saber si hay en España empresas privadas que produzcan este combustible.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora GarcÃa.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Hurtado.
El señor HURTADO ZURERA: Gracias, presidente.
Quiero agradecer de nuevo la comparecencia del presidente del Tribunal de Cuentas.
Del informe que se presenta yo concluirÃa que, a pesar de que las cuentas den un patrimonio neto positivo por parte de Enusa, sin embargo se ha detectado lo que pueden ser insuficiencias en cuanto a provisiones y al sistema de financiación
que tiene la propia empresa. En concreto, se pone de manifiesto y se recomienda que se redefina la tasa que se paga en la externacionalización que ha llevado a cabo Enusa de lo que es el desmantelamiento de Juzbado, de la fábrica de concentrados
de uranio en Salamanca. Por otra parte, también se pone de manifiesto que hay que revisar incluso el contrato que está en vigor entre Enusa y Enresa. Incluso también se habla de recuantificar las provisiones que se tienen dotadas por ser
insuficientes claramente. Me gustarÃa saber si es un problema financiero el que subyace en este caso y el que al final haga que no se concluya el trabajo que tiene encomendada esta empresa, que es el desmantelamiento de esa fábrica de
concentrados en Salamanca.
Por otra parte, el propio informe pone de manifiesto algo a lo que me gustarÃa prestarle especial interés, porque es raro que esto ocurra en empresas relacionadas con el sector público. Me estoy refiriendo a algo relacionado con la
gestión y la participación de esta empresa en la UTE que gestiona el centro de residuos sólidos y la protección medioambiental en la zona I de Castellón. En el informe se pone de manifiesto que, al parecer, hay un déficit financiero sustancial
y que las cuentas de la UTE no cuadran, que el equilibrio financiero que deberÃa prevalecer en ese contrato o en esa concesión no está garantizado. Hace mención a unas operaciones de crédito que han requerido de una exigencia por parte de las
entidades financieras a través de swaps, un producto que parecer ser que se le ha impuesto a la propia UTE por parte de las entidades bancarias, lo que supone claramente una presunta ilegalidad. No se puede exigir este tipo de productos de alto
coste y que, según el informe, pueden significar en gran parte que se haya llegado a un desequilibrio financiero por parte de esta unión temporal de empresas. Por tanto, me
gustarÃa saber si la contratación de esos swaps por parte de la UTE, que mayoritariamente es de la empresa del Estado, ha podido significar algún tipo de irregularidad añadida que merezca algún tipo de investigación, o por lo menos de
valoración, sobre si hay algún tipo de responsabilidad contable al respecto.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Hurtado.
Para finalizar, tiene la palabra el señor Fernández, por el Grupo Parlamentario Popular.
El señor FERNÃNDEZ GONZÃLEZ: Muchas gracias, señor presidente.
Quiero agradecer, una vez más, al presidente del Tribunal de Cuentas y al propio tribunal la labor en relación con un informe que tiene como objetivo el examen de la gestión económica y financiera de Enusa Industrias Avanzadas S.A.,
relacionada con las actuaciones medioambientales llevadas a cabo en cumplimiento de las obligaciones que la legislación medioambiental impone a las instalaciones mineras e industriales de las que es titular o en las que ostenta una participación
mayoritaria.
La fiscalización se ha referido al ejercicio 2013, extendiéndose a actuaciones anteriores o posteriores cuando ello resultó preciso, y se ha actualizado la situación hasta la fecha del cierre del ejercicio 2016. La fiscalización ha
supuesto, por un lado, examinar de forma exhaustiva el cumplimiento de las disposiciones legales y estatutarias aplicables a la actividad medioambiental llevada a cabo por Enusa, en ejecución de sus obligaciones medioambientales, y comprobar que
sus operaciones se adecuan a los principios, criterios y normas contables aplicables. Por otro lado, se ha dedicado buena parte de la fiscalización a comprobar el grado de cumplimiento por Enusa de los principios de economÃa, eficacia y
eficiencia en relación con las operaciones analizadas. En este sentido, es de destacar en este informe el hecho de que el Tribunal de Cuentas recoge en las conclusiones de su informe un exhaustivo análisis de diferentes cuestiones, que, además
de referirse a la rendición de cuentas de la entidad, inciden, de forma muy minuciosa y muy sistemática, por un lado, en el cumplimiento por parte de Enusa de la normativa aplicable a distintas materias: las actuaciones medioambientales
relacionadas con la minerÃa y la producción de concentrados de uranio, la fabricación de elementos combustibles, asà como las normas de registro y valoración contables aplicables a dichas actuaciones mediambientales. En esas conclusiones
también se analiza el cumplimiento por Enusa de la normativa aplicable en relación con el proyecto de gestión de residuos sólidos urbanos del Plan zonal de residuos de la zona I de Castellón, asà como las normas de registro y valoración de
dicho proyecto. También en esas conclusiones âde forma exhaustiva y minuciosaâ se analiza por parte del Tribunal de Cuentas el cumplimiento por Enusa de los principios de eficacia, eficiencia y economÃa, aplicables una vez más a las
actuaciones medioambientales relacionadas con la minerÃa y la producción de concentrados de uranio y a la fabricación de elementos combustibles, asà como al proyecto de gestión de residuos sólidos urbanos del Plan zonal de residuos de la zona
1 de Castellón.
Se trata, por tanto, de un informe sumamente descriptivo que va analizando pormenorizadamente las distintas cuestiones y va estableciendo y reseñando conclusiones individualizadas para todas y cada una de las cuestiones que va analizando.
En nuestra opinión, a la vista del informe, cabe sostener que se deriva del mismo una actuación correcta en términos generales de la entidad fiscalizada, sin perjuicio obviamente de las observaciones que se realizan en el informe y de las
recomendaciones formuladas por el Tribunal de Cuentas de cara al futuro. De hecho, es llamativa la ausencia de alegaciones formuladas por la empresa al anteproyecto del informe de fiscalización del Tribunal de Cuentas, pero ello, a mi juicio, pone
de manifiesto, por un lado, el buen trabajo del Tribunal de Cuentas, en el sentido de que no se considera necesario ni siquiera realizar observaciones al anteproyecto, y, por otro lado, que la empresa se da por satisfecha con el contenido del
informe y sus conclusiones, de forma que entiende que no es necesario realizar ningún tipo de alegación complementaria. De hecho, como señala la señora GarcÃa, de Podemos, plantea casi más interrogantes al contenido del informe, por si este
pudiese extenderse sobre otras cuestiones, que a la propia actividad de la empresa Enusa, que es la empresa fiscalizada. Por eso, llegamos a la conclusión de que en términos generales esta entidad fiscalizada realiza una actuación correcta a la
vista de las conclusiones del informe y de las recomendaciones, que son cuestiones ajenas incluso a la actividad de la propia empresa y que se plantean de cara al futuro.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Fernández.
Para finalizar, tiene la palabra el señor Ãlvarez de Miranda de nuevo.
El señor PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CUENTAS (Ãlvarez de Miranda GarcÃa): Muchas gracias, señor presidente.
Se han presentado varias cuestiones por parte de los diferentes portavoces parlamentarios. Una de ellas es la valoración de si la entidad fiscalizada, Enusa, ha cumplido con sus obligaciones y si ha gestionado bien sus asuntos; otra
diferente es si el informe está bien planteado, si es un informe acertado respecto de la entidad fiscalizada, y quiero diferenciar ambas cuestiones. En primer lugar, hay que reconocer que resulta muy difÃcil evaluar la normativa medioambiental,
en la medida en que está relacionada con la actividad económica y financiera del sector público. El informe hace un esfuerzo y se recogen resultados especÃficos. Indudablemente, podrÃan esperarse mejores y más amplios resultados, pero hay
que darse cuenta de que este informe debe complementarse con el informe de resultados de la última fiscalización sobre Enresa y sobre el Fondo para las actividades del Plan General de Residuos Radiactivos, aprobado en 2015. Estamos ante entidades
que tienen gestiones compartidas y, por otra parte, las cuestiones que afectan a una acaban afectando a las otras.
En relación con cuestiones concretas, las provisiones dotadas respecto a la fábrica de Juzbado manifestadas por el señor Ten, superaban las necesidades de financiación según las estimaciones de Enresa, y asà lo hemos puesto de
manifiesto en el informe. En las de Saelices el Chico y La Haba no se indicaba lo mismo, por tanto no hemos hecho ese pronunciamiento porque también al tribunal le ha resultado complicado llegar a esa estimación. No siempre se llega a donde se
piensa llegar, sino a donde se puede alcanzar. También quiero indicar que, en la UTE del proyecto de gestión de residuos en Castellón, se encomienda a Enusa que inste, en vÃa administrativa, la resolución de las diferencias surgidas o bien que
revise los acuerdos de concesión para trasladar al consorcio los costes de financiación soportados, garantizando la viabilidad financiera del proyecto. Es indudable, como se ha puesto de manifiesto, que la contratación de operaciones swaps ha
encarecido significativamente los costes a trasladar a los municipios del consorcio.
En relación con las cuestiones que en conjunto plantea el informe, les quiero decir que si no ha llegado donde ustedes esperaban, el problema es que a mà me resulta difÃcil completarlo. El informe dice lo que dice y es posible que sea
necesario uno nuevo o una nueva ampliación de estas cuestiones de futuro para poder llegar a un mayor nivel de comprensión de la problemática fiscalizada y a mayores resultados.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
BLOQUE IV:
â INFORME DE FISCALIZACIÃN DEL CONSORCIO PÃBLICO CASA DEL MEDITERRÃNEO, EJERCICIOS 2014 Y 2015. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000247 y número de expediente del Senado 771/000243).
â INFORME DE FISCALIZACIÃN DEL CONSORCIO CASA ÃFRICA, EJERCICIOS 2014 Y 2015. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000253 y número de expediente del Senado 771/000244).
El señor PRESIDENTE: Pasamos al debate del bloque número IV, que corresponde a dos informes, el de fiscalización del consorcio público Casa del Mediterráneo, ejercicios 2014 y 2015, e informe de fiscalización del consorcio Casa
Ãfrica, ejercicios 2014 y 2015. Tiene de nuevo la palabra el presidente del Tribunal de Cuentas.
El señor PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CUENTAS (Ãlvarez de Miranda GarcÃa): Gracias, señor presidente.
Ambas entidades forman parte de la red de casas del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, tratándose de consorcios que participan como herramientas de la polÃtica de Estado con el objetivo de mejorar la imagen de España en
el extranjero.
Los estatutos de Casa del Mediterráneo se modificaron en 2013, reduciendo el número de miembros del consejo rector a uno por cada administración consorciada con voto ponderado en función de las
aportaciones realizadas. No obstante, en la práctica, se incumple esta previsión con la asistencia de cargos sin nombramiento previo y en número que excede de la limitación estatutaria. Ninguno de los consorcios dispone de un sistema
de control interno definido y formalizado teniendo en cuenta su escasa plantilla, controlándose directamente por los directivos de las entidades. El consorcio Casa Ãfrica dispone de un plan estratégico, cuyos objetivos son excesivamente
genéricos y no cuantificables. Casa del Mediterráneo carece de planificación estratégica.
Respecto de los estados financieros de los ejercicios 2014 y 2015, los de Casa del Mediterráneo no representan la imagen fiel, entre otros aspectos, por la incorrecta contabilización en balance del contrato de explotación con ADIF de un
edificio y la emisión de las deudas por los compromisos de las administraciones consorciadas. En cambio, las cuentas de Casa Ãfrica expresan razonablemente dicha imagen fiel, excepto por ciertas salvedades que afectan, entre otros, a los saldos
de inmovilizado material e intangible. La tesorerÃa presenta elevados saldos en Casa del Mediterráneo, producto del exceso de las aportaciones de las administraciones estatal y autonómica respecto de los gastos del consorcio, que han sufrido
importantes ajustes. Casa Ãfrica ha ido disminuyendo como consecuencia de la reducción de aportaciones recibidas.
La financiación de ambas entidades depende de las aportaciones de las administraciones consorciadas, cuyos compromisos se han ejecutado de forma desigual. El Estado ha cumplido regularmente con sus aportaciones, pero no asà otras
entidades públicas, destacando la separación de los cabildos de Casa Ãfrica. El sistema de financiación de Casa del Mediterráneo no es apto para permitir su funcionamiento normal, dadas las incertidumbres para la programación y ejecución de
actividades, entre otras. Ambos consorcios incumplieron la prohibición de contratar nuevo personal, establecido en las sucesivas leyes de presupuestos.
Las retribuciones pagadas por Casa del Mediterráneo en 2015 exceden en 16 978 euros del importe de la masa salarial autorizada y en 2014 se abonó indebidamente un primer pago para recuperar la paga extraordinaria de 2012 antes de
autorizarlo la ley. Además, se generó un gasto importante en indemnizaciones, destacando el despido de la gerente que prestó servicios sin contrato desde 2010 hasta el cese por causas económicas, dando lugar a una sentencia judicial por despido
improcedente que costó al consorcio un total de 168 614 euros. Asimismo, la directora general de Casa del Mediterráneo fue nombrada en marzo de 2012, pero no se firmó el contrato de alta dirección hasta noviembre. Otro caso similar fue el de
la secretaria general, cuyo contrato de alta dirección se firmó con efectos retroactivos pese al informe desfavorable del abogado del Estado. En el consorcio Casa Ãfrica se han observado gastos en concepto de mudanza y de alquiler de vivienda
del anterior director general que no se consideran justificados, al igual que la autorización por el propio interesado de vuelos a Madrid en clase business.
Por lo que se refiere a la contratación, en el caso del consorcio Casa del Mediterráneo se han fiscalizado en especial las obras de rehabilitación del edificio antigua estación de Benalúa, que se ha realizado en varias fases y con
diferentes contratos, incumpliendo la obligación de tramitar un único expediente. Se han habilitado temporalmente en dicho edificio unos espacios como despachos, salón de actos y local de pública concurrencia, sin haberse aportado las licencias
de primera ocupación y apertura. En el consorcio Casa Ãfrica se ha adjudicado y prorrogado sucesivamente un contrato de servicios a una misma persona, lo que puede constituir una vÃa indirecta para eludir la prohibición de contratar nuevo
personal. Además, se observa la recurrente contratación menor de servicios con los mismos adjudicatarios.
En los estatutos de Casa Ãfrica no se recoge mención alguna al desarrollo de programas especÃficos para el reconocimiento de la igualdad entre hombres y mujeres, a diferencia de otros consorcios, si bien en su programación incluye
diversos proyectos que tienen por objeto dicha finalidad. En cambio, las actividades de Casa del Mediterráneo no guardan relación con la promoción de la citada igualdad de género, pese a estar previsto estatutariamente. Finalmente, en ambos
consorcios se observan deficiencias en materia de cumplimiento de las obligaciones de publicidad activa.
Muchas gracias, presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra de nuevo el señor Ten.
El señor TEN OLIVER: Muchas gracias, presidente.
Señor Ãlvarez de Miranda, tenemos aquà dos consorcios de colaboración con el Ministerio de Asuntos Exteriores. Estamos escandalizados con todas las deficiencias que el tribunal advierte y yo le agradezco que sea tan explÃcito. Este
informe es aprobado el 8 de febrero de 2018.
En cuanto al informe de fiscalización del consorcio público Casa del Mediterráneo, ejercicios 2014 y 2015, nos trae unas conclusiones lamentables. Usted mismo nos ha dicho que los estados financieros no expresan la imagen fiel del
patrimonio de la entidad fiscalizada y eso nos da cuenta de las irregularidades que presenta. Las cuentas de tesorerÃa presentan elevados saldos en esos ejercicios fiscalizados, el consorcio carece de planificación estratégica, las actividades
del consorcio se realizan sin planificación formal y, además, el actual sistema de financiación de consorcios se encuentra establecido en sus propios estatutos con notable ambigüedad.
La guinda que pone a este pastel es tremenda cuando nos habla de los contratos y de la alta dirección. En 2014 se acordaron tres bajas de personal, dos de ellas por circunstancias económicas; no obstante, se formalizaron dos nuevas altas,
lo que constituye el incumplimiento de la prohibición de contratar. Por otra parte, los contratos de alta dirección de la directora general y de la secretaria general se formalizaron en 2012-2013, con un retraso de seis y nueve meses, con lo cual
tenemos una nueva figura de contratación que se llama contratos de alta dirección con efectos retroactivos. Esto es lo suficientemente grave como para preguntarle si, ante estas irregularidades, el Tribunal de Cuentas ha iniciado una apertura de
expediente por haber detectado delito contable y, si es asÃ, nos gustarÃa saber si tiene alguna información al respecto.
En la revisión documental contractual también se han observado importantes deficiencias. En cuanto a igualdad legal y real entre hombres y mujeres, únicamente se desarrollaron cuatro actividades en 2014 y una en 2015, y en cuanto a
cumplimiento de la Ley de transparencia, acceso a la información pública y buen Gobierno, se han observado también deficiencias, y ustedes les hacen una serie de recomendaciones.
Pasando al siguiente informe de fiscalización del consorcio Casa Ãfrica, por lo menos este cumple de forma razonable la imagen fiel de su patrimonio, aunque nos relata distintas deficiencias de control interno ya que no dispone de un
sistema definido y formalizado; además, el consejo rector aprobó un plan estratégico en 2015-2016 que de nada sirve porque los objetivos son excesivamente genéricos y no cuantificables. En cuanto a la gestión de tesorerÃa, se ha observado
como única incidencia relevante el hecho de mantener operativa una tarjeta de crédito, incumpliendo esa Ley 3/2015. Esa única incidencia muestra que en los justificantes de pago con tarjeta en taxis, hoteles y restaurantes no constaba por lo
general el motivo del gasto. Por lo tanto, estas deficiencias son significativas. En la revisión de gastos de personal destaca el pago de dos indemnizaciones por falta de preaviso. Volvemos otra vez a una falta de gestión de los recursos
públicos.
Por último, en cuanto a la transparencia y buen Gobierno, se observan deficiencias y se establecen una serie de recomendaciones. Le insisto en si en este consorcio se ha observado cualquier deficiencia o irregularidad que se haya cometido
y que pueda constituir delito contable.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ten.
Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos, tiene la palabra la señora Palencia.
La señora PALENCIA GARCÃA: Muchas gracias, presidente.
Muchas gracias, señor presidente del Tribunal de Cuentas. Comenzaré por el informe fiscalizador de Casa del Mediterráneo y diré que lo primero que llama la atención es que es un consorcio sin objetivos claros, con funciones que,
además, se solapan con las de otros consorcios como Casa Ãrabe o el Centro SefaradIsrael, asà como con las competencias del Ministerio de Asuntos Exteriores y otras entidades en cuestiones de polÃtica exterior y cooperación. Según el informe,
no existe planificación estratégica para configurar la misión y los objetivos del consorcio y justificar asà su interés público. De hecho, el consejo rector no ha aprobado ningún programa anual de actividades, cosa prevista en los estatutos
del mismo consorcio; por tanto, las actividades se realizan sin una previa planificación. El consorcio funciona Ãntegramente con aportaciones de las administraciones públicas y estas no han cumplido con sus obligaciones durante el programa
fiscalizador, lo que nos lleva a la conclusión de que no se puede garantizar un funcionamiento normal en estas condiciones. A pesar de ello, el consorcio ha podido funcionar, pero lo ha podido hacer debido a su baja actividad.
Sobre la situación financiera del consorcio se señala en el informe que no refleja la imagen fiel del patrimonio de la entidad, de su situación financiera, del resultado económico patrimonial y de la ejecución del presupuesto, de
acuerdo con el marco de información financiera aplicable. Además, se advierte de la forma incorrecta para contabilizar en el balance el contrato con ADIF para el uso de la antigua estación de Benalúa, donde este consorcio tiene su sede, además
de la omisión en el balance de las deudas de las
administraciones consorciadas por aportaciones comprometidas no ingresadas y otras numerosas incorrecciones en la cuenta de resultados y también en las contrataciones. Por eso, desde el Grupo Parlamentario de Unidos Podemos-En Comú
Podem-En Marea, le preguntamos al presidente del Tribunal de Cuentas si cree que un consorcio sin actividad planificada y con manifiesta falta de la atención debida al control de los fondos utilizados que, como he señalado anteriormente, provienen
exclusivamente de las aportaciones de las administraciones públicas, tiene alguna utilidad.
En cuanto al segundo informe sobre el consorcio Casa Ãfrica, la primera cuestión que nos surge es sobre el cumplimiento de su cometido, al asumir gastos por cuarenta y tres mil novecientos y pico euros de la candidatura de España al
Consejo de Seguridad de la ONU, puesto que dicha actividad no se justifica con los fines estatutarios del consorcio. Respecto al patrimonio, se han detectado errores de contabilización también con los inmovilizados intangibles como, por ejemplo,
por el derecho al uso de la sede que está cedida por el Gobierno de Canarias. Además de varios fallos en la contabilidad y en la contratación, aparecen en las cuentas de 2014 dos gastos que el tribunal no considera justificados, más de 10 000
euros en concepto de mudanza del anterior director general âun gasto que no se puede contemplar en un contrato de alta direcciónâ y otros mil doscientos y pico euros en concepto de alquiler de vivienda para el mismo anterior director general.
Como retribución en especie se detecta también incumplimiento de la Ley reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado en el uso por parte del director del consorcio de una tarjeta de crédito en la que constan
gastos de taxis, hoteles y restaurantes sin justificar. Destaca en ambos consorcios, tanto en el caso de Casa del Mediterráneo como en Casa Ãfrica, la falta de compromiso con el cumplimiento y desarrollo de planes o recomendaciones en materia de
igualdad. La conclusión es clara en ambos informes, además de la debida observancia de las normas administrativas y contables que toda administración está obligada a cumplir, y es si la finalidad y utilización de este tipo de consorcios cuya
financiación en su totalidad es por fondos públicos es aquella para la cual se crearon.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Palencia.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora Botella.
La señora BOTELLA GÃMEZ: Gracias, presidente.
Gracias, señor presidente del Tribunal de Cuentas por su exposición sobre estos informes de fiscalización. Después de la información dada por los diputados, diputadas y senadores que me han precedido, me gustarÃa hacer una breve
reflexión y después algunas preguntas en relación con estos expedientes.
La organización de la red de casas, efectivamente, se enmarca en la acción de diplomacia pública del Ministerio de Asuntos Exteriores y se dirige a la proyección de los valores del paÃs, de España, desde una perspectiva completa,
cultural, económica y de polÃtica exterior. Desde esa perspectiva parece que es una finalidad muy loable, una finalidad de diplomacia pública y moderna y, como he tenido ocasión de ver en la información que suministra el Ministerio de Asuntos
Exteriores, de la diplomacia siglo XXI. (El señor vicepresidente, Cortés Lastra, ocupa la Presidencia). La cuestión es que contrastan grandemente esas altas miras y esas altas expectativas con la cruda realidad de lo que viene siendo la
gestión de esta red de casas que totalizan, si no me equivoco, seis casas que se han ido constituyendo desde el año 1990 con motivo de la Casa de América y la celebración del V Centenario hasta la más reciente que fiscalizamos hoy, que es Casa
del Mediterráneo. Se da la circunstancia de que, efectivamente, son consorcios públicos de varias administraciones con la complejidad que tiene la gestión, por lo que hemos visto ya en esta comisión abundantemente, de esos consorcios públicos
interadministrativos. Normalmente es la Administración General del Estado, la comunidad autónoma, y en el caso de Casa del Mediterráneo y de Casa Ãfrica, los ayuntamientos locales; caso del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, de
Alicante, de Benidorm y de Jávea, que cayó por el camino en el caso de Casa del Mediterráneo en 2013.
Parece que los problemas para mejorar la gestión no solamente son de tipo contable, sino de tipo institucional y de tipo incluso polÃtico porque si la relación de lealtad entre las administraciones no funciona âcomo parece que se está
viendo en estos casosâ, esto va en la lÃnea de flotación de supervivencia de este modelo. Nuestra valoración es que las expectativas podrÃan ser cumplidas si se mejorara la gestión y la supervisión que deben tener los poderes públicos de
la misma. Aquà se da la circunstancia de que en prácticamente casi todos los casos se dan administraciones coincidentes del mismo partido. En el caso de Casa del Mediterráneo, en estos años hay ayuntamientos del mismo partido, el Partido
Popular, en
Benidorm y Alicante, también en la Generalitat Valenciana y en el Ministerio de Asuntos Exteriores por parte del Gobierno de España. No tiene lógica que se ponga en peligro la supervivencia por boicotear, de alguna manera, la provisión
de los fondos que corresponden y por una más que manifiesta inadecuada selección de las personas que tendrÃan que estar representando a los organismos en los órganos rectores âque deberÃan estar muy atentos a la toma de decisiones porque,
como se ha visto, ha habido todo tipo de desmanesâ, de los cargos gerenciales y secretarios generales. Esto se ve claramente en algunas de las páginas del informe, como en el cuadro 8 del informe de Casa del Mediterráneo, donde se aprecia que
en menos de tres años ha habido un baile de dos directores generales, directora y directores, y de secretarios generales; contrataciones⦠En fin, un cúmulo de barbaridades. Asimismo, que se utilicen para fines para los que no están previstos,
como es el caso âque es casi de república bananera por asà decirloâ de que se financie una visita de ministros africanos en una operación de relaciones públicas que parece un viaje de incentivos para favorecer la consecuente votación de la
presidencia de España en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Me gustarÃa saber por parte del Tribunal de Cuentas qué trascendencia tiene esta actuación y este gasto âque ustedes dicen negro sobre blanco que no se corresponde con los
fines estatutariosâ desde el punto de vista de los informes del abogado del Estado y, en su caso, de la fiscalÃa.
También nos llama la atención las discrepancias con la IGAE que se producen en los dos expedientes y me gustarÃa que brevemente hiciera alguna valoración sobre cómo se puede llegar a tan alta discrepancia, por ejemplo, en el caso de los
contratos con ADIF, de las encomiendas de gestión con Tragsa y de la posible acumulación de contratos menores y ese uso perverso que ya hemos denunciado aquà de las encomiendas de gestión en el caso de las obras de rehabilitación de la
instalación donde está Casa del Mediterráneo en Alicante.
También nos gustarÃa saber por parte de abogacÃa del Estado y del ministerio fiscal qué consecuencias ha tenido toda esa relación que serÃa imposible detallar en el tiempo de que disponemos. Si es un consorcio, me gustarÃa tener la
certeza y la seguridad por parte del Tribunal de Cuentas âusted decÃa que la votación era ponderadaâ de si al ser mayoritariamente la responsabilidad del Ministerio de Exteriores, a pesar de estar presentes las otras administraciones, quién
nosotros, como diputados, debemos pensar que tiene la mayor responsabilidad de velar por el buen gobierno de estos consorcios y que no se ponga en peligro una finalidad que desde el punto de vista de diplomacia pública del Ministerio Asuntos
Exteriores podrÃa ser muy positivo para la imagen y las relaciones económicas y culturales de España con todos estos paÃses de nuestro entorno. Nos gustarÃa saber si, en este caso, es la Administración General del Estado.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Cortés Lastra): Muchas gracias, señora Botella.
Tiene la palabra, por el Grupo Popular, la señora Acedo Reyes.
La señora ACEDO REYES: Muchas gracias, presidente.
En primer lugar, quiero agradecer, como siempre, al presidente del tribunal que haya acudido a esta Comisión a dar cuenta de la fiscalización en los diferentes expedientes que estamos tratando hoy. Con respecto a los dos expedientes de
este cuarto bloque, sobre el consorcio público Casa del Mediterráneo y Casa Ãfrica, como bien establece el propio tribunal âno me voy a extender mucho porque creo que las recomendaciones están muy claras, y no son expedientes muy extensosâ,
se refieren a los años 2014 y 2015, aunque la fiscalización para el cumplimiento de los objetivos está ampliada. Como ya han dicho los compañeros diputados y senadores que me han precedido, la principal responsabilidad emana del Ministerio de
Asuntos Exteriores y de la Agencia Española de Cooperación Internacional con las diferentes administraciones consorciadas, la Casa del Mediterráneo por parte de la Generalitat Valenciana, el Ayuntamiento de Alicante y Benidorm y Jávea, que cayó
en el año 2013, y en el caso de Canarias los diferentes cabildos.
Se han llevado a cabo actualizaciones de estatutos para adecuar con el paso de los años la estructura y la organización de las propias casas a los objetivos que habÃa que cumplir, y algo que llama la atención a nuestro grupo es que
actualmente, en el caso de Casa del Mediterráneo, se siguen incumpliendo estos estatutos sobre todo en cuanto a la representación de las administraciones consorciadas, que parecÃa que a priori podrÃa ser el sistema de representación ponderada
sobre la base de las aportaciones de cada una de las administraciones. (El señor presidente ocupa la Presidencia). Llevar a cabo una modificación de los estatutos para después no cumplirlos parece que no tiene mucho sentido. En ambas, el
tribunal
establece que no disponen de control interno definido y formalizado, lo que entendemos que da lugar a riesgos importantes. En el caso de Casa del Mediterráneo tampoco tiene una planificación estratégica. Ambos consorcios no tienen unos
objetivos especÃficos, por lo tanto, se dirigen a fines muy amplios que nos impide saber si verdaderamente todo lo que se hace se ajusta a sus objetivos y fines, que deberÃan venir recogidos en los propios estatutos. En el caso de Casa del
Mediterráneo, escasas actividades pero con importantes recursos financieros y nos llama mucho la atención la valoración que hace el tribunal con respecto a los estados financieros, que no reflejan una imagen fiel de su patrimonio, situación
financiera, resultado económico patrimonial y de la ejecución del presupuesto. No asà en la Casa Ãfrica, que sà reflejarÃa una imagen fiel.
No me voy a extender mucho más en el contenido de ambos informes porque entiendo que está perfectamente recogido por parte del tribunal, pero sà querÃa centrarme en las recomendaciones. Como ha comentado la diputada del Grupo Socialista
que me ha precedido, los objetivos son muy loables y entendemos que necesarios en la medida en que se crea este tipo de organismos en colaboración con el Ministerio de Asuntos Exteriores y la Agencia de Cooperación Internacional fundamentalmente
como un ejercicio de diplomacia y de imagen de España en el exterior. Por tanto, entendemos que las recomendaciones del Tribunal de Cuentas son necesarias, habida cuenta de cómo se han estructurado los consorcios, cómo se han organizado y cómo
se ha llevado a cabo su gestión; entendemos que es prioritario que en el consejo rector se establezcan compromisos de financiación y gasto, haya una correcta gestión de los mismos y una acomodación de gastos e ingresos, que se establezca una
programación real de las actividades que se ajuste a los objetivos del consorcio y que permitan un control más eficaz. Nuestro grupo considera que hay que subsanar todas estas limitaciones que apunta en el informe el propio tribunal y todas las
deficiencias contables, formales, de transparencia, de gestión de gastos e ingresos, etcétera, tanto de Casa del Mediterráneo como de Casa Ãfrica o de cualquier consorcio que debe cumplir una serie de objetivos públicos que están establecidos
y marcados. Además, tiene que haber una correcta definición de sus objetivos.
Desde el Grupo Parlamentario Popular estamos completamente de acuerdo con todas las recomendaciones y las solicitamos en los mismos términos del propio tribunal, con la voluntad de que se puedan corregir todas estas deficiencias que ha
recogido el tribunal en estos dos informes de cara a una mejor gestión de estas casas, que consideramos que son objetivos muy loables y que son necesarias, que permitan su cumplimiento para garantizar, entre otras muchas cosas, lo básico, que es
la viabilidad de las mismas. (Aplausos).
MuchÃsimas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Acedo.
Para dar respuesta, tiene la palabra el presidente del Tribunal de Cuentas.
El señor PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CUENTAS (Ãlvarez de Miranda GarcÃa): Muy brevemente, quiero indicar que las irregularidades que se han puesto de manifiesto en este informe han ocasionado la apertura de diligencias preliminares; en
el caso concreto del consorcio Casa del Mediterráneo se encuentran en tramitación en la sección de enjuiciamiento y hacen referencias a cuestiones relacionadas con retribuciones indebidas, dietas y desplazamientos de algún directivo, gastos de
locomoción y abono de retribuciones a la secretaria general sin respaldo contractual.
Quiero indicar que ustedes mismos, en el planteamiento de sus objeciones respecto a la gestión de estos consorcios y a lo que el informe manifiesta, dan las dos razones que sirven para explicar la situación de estos consorcios. Se define
por una parte âla señora Palencia asà lo ha dichoâ que no hay objetivos claros, que no existe planificación, que de alguna manera se establece un consorcio sin actividad y se pregunta la señora Palencia si tiene utilidad hacer una cosa asÃ.
Por otra parte, la señora Botella, en la explicación de su postura, indica que si todos estos consorcios se enmarcan en una diplomacia común podrÃan tener sentido estos instrumentos. El problema de base que este informe señala, que afecta no
solo a estos consorcios sino a muchÃsimos otros que hemos visto a lo largo de mucho tiempo en esta Comisión mixta, es que se crean sin un verdadero compromiso de aportación por parte de las entidades consorciadas de los fondos que tienen
comprometidos. Nacen, de alguna manera, con los recursos limitados y muchas veces esa carencia de recursos aportados por las entidades consorciadas âque generalmente son diferentes de la Administración General del Estado, porque la
Administración General del Estado suele cumplir con sus obligaciones en este tipo de consorciosâ hace que se encuentren
verdaderamente afectadas en el desarrollo de su actividad. Esa es una de las cuestiones que en este caso deberÃa verse en mayor nivel.
Me pregunta la señora Botella si tengo contestación para las discrepancias con la IGAE en relación con las cuestiones de Tragsa y ADIF. En estos momentos no le puedo contestar, pero indudablemente si usted quiere y asà lo formula le
daré las oportunas explicaciones adicionales a estos temas por escrito.
Me plantean también, con relación a este tema, la utilización de estos instrumentos como apoyo a las candidaturas de España en determinados organismos internacionales. Es cierto que Casa Ãfrica participó en el seminario, en
colaboración con el Real Instituto Elcano, sobre inversión y turismo en Ãfrica. Se utilizó este seminario conjunto como apoyo a la candidatura de España como miembro no permanente del Consejo de Seguridad. Efectivamente, no se encuentra
amparado por los fines estatutarios, pero, indudablemente, podrÃa relacionarse, de una manera genérica, como herramienta de promoción de los efectivos de la polÃtica exterior española. En ese sentido, no estarÃa amparado, pero yo no creo que
fuera una labor estrictamente criticable, lo mismo que ha ocurrido con otros instrumentos que a lo largo del tiempo han sido utilizados también en este tipo de actividades. No son tan lejanas aquellas subvenciones en relación con la gestión del
agua que se hicieron hace años y que tenÃan un sentido parecido, el de apoyar las candidaturas de España en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. El problema no es ese, el problema es que la falta de medios propios suficientes de estos
consorcios y la mala gestión que han desarrollado sus representantes los hacen escasamente operativos y, por tanto, requieren un compromiso real por parte de las administraciones consorciadas para que, efectivamente, aporten los fondos a los que se
comprometieron y que limitan la capacidad de actuación de estas instituciones.
Nada más. Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
BLOQUE V:
â INFORME DE FISCALIZACIÃN DEL SEGUIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES CONTENIDAS EN INFORMES APROBADOS EN EL PERIODO 2013-2015 RELATIVOS AL ÃREA POLÃTICO-ADMINISTRATIVA DEL ESTADO. (Número de expediente del Congreso de los Diputados
251/000248 y número de expediente del Senado 771/000245).
El señor PRESIDENTE: Pasamos al debate del bloque V, correspondiente al informe de fiscalización del seguimiento de las recomendaciones contenidas en informes aprobados en el periodo 2013-2015, relativos al área polÃtico-administrativa
del Estado. Para exponer el informe, tiene palabra el señor Ãlvarez de Miranda.
El señor PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CUENTAS (Ãlvarez de Miranda GarcÃa): Gracias, señor presidente.
El Tribunal de Cuentas ha llevado a cabo el seguimiento de las recomendaciones de seis informes y una nota del área polÃtico-administrativa del Estado, que fueron aprobados entre 2013 y 2015. Además de analizar el grado de cumplimiento,
asà como el de las correlativas resoluciones de la Comisión mixta, se ha verificado la observancia de la normativa referida a la igualdad efectiva de mujeres y hombres, la sostenibilidad ambiental y la transparencia. En sÃntesis, de las treinta
y cinco recomendaciones analizadas, se consideran cumplidas diez de ellas, otras diez han sido parcialmente observadas, seis se encuentran en proceso de cumplirse y no se ha dado cumplimiento a las nueve restantes.
En el caso del informe de fiscalización de las cuotas a organismos internacionales y subvenciones y ayudas otorgadas por el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación en los ejercicios 2008 y 2009, se formularon un total de cuatro
recomendaciones. El seguimiento realizado permite concluir que una de ellas se ha cumplido, la relativa a la aprobación del Plan Estratégico de Subvenciones, estando el resto en proceso de cumplimiento.
El informe de fiscalización del consorcio Casa Ãrabe y su Instituto Internacional de Estudios Ãrabes y del Mundo Musulmán, ejercicios 2011 y 2012, contenÃa cinco recomendaciones. Se han cumplido las relativas a que las entidades
consorciadas adquiriesen y cumpliesen compromisos de financiación y a que se modificaran los estatutos para reducir el consejo rector. Otras dos se encuentran parcialmente cumplidas y no se ha dado cumplimiento a la recomendación de que las
actividades se adaptaran en número y tipo a los compromisos estatutarios.
En el informe de fiscalización del Consorcio Centro Sefarad-Israel, ejercicios 2011 y 2012, se incluÃan cuatro recomendaciones, de las que se han cumplido dos, otra se encuentra parcialmente cumplida y no se ha dado cumplimiento a la
restante. En particular, los entes consorciados han clarificado y concretado sus aportaciones al consorcio y se han corregido las deficiencias contables y formales advertidas en el anterior informe. En cambio, no se ha cumplido la relativa a la
búsqueda de patrocinios.
El informe de fiscalización del Instituto de la CinematografÃa y de las Artes Audiovisuales, ejercicio 2011, tiene ocho recomendaciones, de las que solo se han cumplido dos, otras cuatro están parcialmente cumplidas y se siguen sin
cumplir las dos restantes. Se han cumplido las relativas a la mejora de la gestión de los almacenes, a la reducción del recurso a las asistencias técnicas y las contrataciones temporales para mitigar la escasez de personal propio. En cambio, no
se ha cumplido el fortalecimiento de la polÃtica de restauración o conservación ni la elaboración de indicadores de seguimiento en las memorias presupuestarias.
Respecto al informe de fiscalización de los planes estratégicos de subvenciones del área polÃtico-administrativa del Estado, de las cuatro recomendaciones solo una se encuentra parcialmente cumplida, otra en proceso y dos no se han
cumplido. Estas últimas se refieren a la definición y utilización de indicadores de seguimiento para analizar el progreso y las desviaciones de los objetivos establecidos en los planes estratégicos de subvenciones y a la aprobación de normas
para la elaboración de los mismos. Solo han elaborado planes estratégicos de subvenciones los ministerios de la Presidencia, del Interior y de Asuntos Exteriores y de Cooperación, por lo que se considera parcialmente cumplida.
En el informe de fiscalización de la actividad de la Biblioteca Nacional de España, ejercicios 2011 y 2012, figuran un total de cinco recomendaciones. De ellas, se han cumplido dos, otra está parcialmente cumplida y en proceso las dos
restantes. Las cumplidas se refieren al procedimiento de recuento bibliográfico y a la labor de digitalización y a la puesta al dÃa de la catalogación de los fondos de la Biblioteca Nacional. Están en proceso de implantación las relativas a
la consideración sistemática de la perspectiva de género en sus actuaciones y al incremento de recursos y a la reducción de externalizaciones. Respecto a la resolución de la Comisión mixta, se ha dado cumplimiento a la modificación del
tratamiento contable de los fondos bibliográficos y al avance en la catalogación de los fondos.
En cuanto a la nota sobre el Fondo para el Aseguramiento Colectivo de los Cooperantes, incluye cinco recomendaciones, de las que solo se ha cumplido una, otra está parcialmente cumplida y no se ha dado cumplimiento a las otras tres. La
más relevante, clarificar el marco legal del aseguramiento de los cooperantes, se ha cumplido al haberse suprimido el fondo por la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2017.
Nada más. Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra el señor RamÃrez.
El señor RAMÃREZ FREIRE: Gracias, señor presidente.
Este es un informe que, desde nuestro punto de vista, serÃa necesario que viniese con cierta frecuencia, ya que nos posibilita ver cuáles son realmente las recomendaciones que cumplen o no cumplen los órganos que son fiscalizados por el
Tribunal de Cuentas. Creemos que este tipo de informes son la base de la existencia de esa Comisión, incluso del Tribunal de Cuentas, para ver qué grado de cumplimiento se está dando a esas recomendaciones que, tanto por parte del alto tribunal
como por parte de esta Comisión, se llevan a cabo. Desde luego, no nos parece que un cumplimiento por parte del Gobierno del 28 % de estas recomendaciones sea óptimo; de hecho, pone encima de la mesa, desde nuestro punto de vista, la evidencia
de una necesidad de reformas para reforzar, precisamente, el papel del Tribunal de Cuentas. Nosotros le hemos dicho en innumerables ocasiones que creemos que la auditorÃa de gestión, para saber no solo el cuánto sino también el porqué, el
dónde y el cómo se gasta el dinero público, es fundamental. También ahà queremos hacer hincapié en que haya una mayor transparencia por parte de nuestras instituciones, en que se mejore la colaboración por parte de las instituciones
públicas, que, como se ve en estos informes, no siempre es asÃ, y, por supuesto, en el elemento de acortar los plazos en la rendición de cuentas, algo fundamental.
De forma resumida, hablaremos, como bien decÃa, de las conclusiones sobre siete informes aprobados y treinta y cinco recomendaciones que analizó este tribunal. Iré de forma breve, uno por uno. En el caso del informe de fiscalización
sobre cuotas a organismos internacionales, subvenciones y ayudas concedidas por el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, nos parece una buena noticia que se mejoren
los sistemas de comprobación y control. Sin embargo, como bien decÃa el tribunal, se mantienen deficiencias en el ámbito de la gestión de las subvenciones. En el caso del informe de la fiscalización sobre la Casa Ãrabe y su instituto
internacional, se siguen manteniendo esos resultados negativos, que se han ido incrementando, además, en los años 2013 y 2015, aunque se han subsanado las deficiencias e identificación de las cuentas del consorcio; es decir, una de cal y una de
arena. En el caso del informe de fiscalización sobre el consorcio del Centro Sefarad-Israel, ejercicio 2011-2012, se han corregido las deficiencias contables, como bien ha manifestado el presidente del tribunal, y las formales que fueron
identificadas en el corriente informe de fiscalización, pero falta todavÃa el cumplimiento de reforzar las actuaciones especÃficas para la búsqueda de nuevos patrocinios, como también ha dicho el presidente del tribunal. En el caso del informe
sobre el Instituto Cinematográfico, entendemos que es algo positivo que se hayan elaborado, por fin, numerosos manuales de procedimiento, pero volvemos otra vez a ese cumplimiento parcial porque persisten las carencias de determinados manuales en
el ámbito de la Subdirección General de Promoción y Relaciones Internacionales. En el informe de fiscalización sobre los planes estratégicos de subvenciones, como ha puesto en evidencia el Tribunal de Cuentas, solo se cumple en el Ministerio
de la Presidencia. En el informe también se habla del Ministerio de Asuntos Exteriores y del Ministerio del Interior, que lo hicieron durante la realización precisamente de este informe. Sin embargo, el Ministerio de Defensa y el Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte siguen todavÃa sin contar con ese Plan estratégico. Además, y esto sà nos parece muy importante y relevante, hay una falta de armonización en esos planes estratégicos, debido a que sigue sin cumplirse la
recomendación de disponer de una norma para su elaboración. Creemos que la homogenización serÃa fundamental, porque no entendemos que se sigan realizando planes estratégicos, cada uno de aquella manera. De cara a una fiscalización, serÃa
mucho más sencillo que esos informes estuviesen elaborados de una manera homogénea y con unas normas que pudiesen hacer ese seguimiento de forma óptima.
En el caso del informe sobre la Biblioteca Nacional, no se ha avanzado en el desarrollo normativo del ejercicio de la alta inspección del depósito legal, algo que nos parece muy preocupante, y además, pese a que se ha incorporado ây es
verdadâ la perspectiva de género, se sigue sin dar la desagregación por sexo en la memoria de las cuentas anuales ni en otras estadÃsticas publicadas.
Por último, en el informe de fiscalización del Fondo para el Aseguramiento Colectivo de los Cooperantes, nos parece muy buena noticia que se modificara la ley de presupuestos generales precisamente para cumplir con la normativa de
aseguramiento de los cooperantes. No obstante, si se hubieran atendido las recomendaciones de comprobar y expresar las cuentas de conformidad con las liquidaciones⦠Pero se siguen sin realizar, es decir, se sigue sin producir una fiscalización
fundamental.
En conclusión, que el Gobierno cumpla parcialmente nos parece que no es algo positivo; creemos que el Gobierno tiene que cumplir de forma estricta las recomendaciones del Tribunal de Cuentas, ya que como órgano independiente y supremo de
fiscalización del sector público, de las cuentas y de la gestión económica, tiene que darles cumplimiento. Queremos reforzarlo, queremos, lógicamente, que tenga mayor competencia para que sea de obligado cumplimiento.
MuchÃsimas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor RamÃrez.
Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos, tiene la palabra el señor MartÃnez.
El señor MARTÃNEZ RUIZ: Muchas gracias, señor presidente.
Gracias también, presidente del Tribunal de Cuentas, por su intervención inicial. Desde nuestro grupo, tenemos que expresar que nos preocupa el escaso nivel de cumplimiento de recomendaciones formuladas por el Tribunal de Cuentas, cuando
únicamente el 29 % de las efectuadas se han cumplido enteramente. Esto nos remite a problemas que ya hemos comentado en ocasiones anteriores sobre las competencias y los lÃmites que tiene el tribunal para poder desarrollar su labor.
Sobre el informe de fiscalización, cuotas a organismos internacionales, subvenciones y ayudas concedidas por el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, querÃamos plantearle al presidente del Tribunal de Cuentas un par de
cuestiones. En el informe figura la conversión de la Obra PÃa de los Santos Lugares en una entidad estatal de derecho público y querÃamos preguntarle qué impacto puede haber tenido esto en su financiación. ¿Tiene constancia el tribunal de
los recursos que manejaba antes de esa conversión y después? Por otra parte, en la página 20 del informe se citan subvenciones que tienen como beneficiarias a la Fundación Pablo Iglesias y a FAES. No acabamos de comprender demasiado bien que
se encuentren estas dos entidades como beneficiarias de subvenciones por parte del Ministerio de
Asuntos Exteriores. Queremos preguntarle al presidente del Tribunal de Cuentas cuáles fueron los montos de esas subvenciones para el ejercicio 2015, si es que tiene constancia; si no, quizá los portavoces del Partido Socialista y del
Partido Popular nos lo podrán aclarar.
Sobre el informe de fiscalización al Consorcio Casa Ãrabe y su instituto internacional, en sus estatutos figura como uno de sus fines el desarrollo de planes para fomentar la igualdad entre mujeres y hombres, pero, pese a ello, no se han
cumplido las recomendaciones del Tribunal de Cuentas. Por ello, nos preguntamos sobre si habrÃa que establecer requisitos más duros para recibir financiación pública. Tanto en este informe como en el referido al Consorcio Centro
Sefarad-Israel, nos encontramos con problemas relevantes en su gestión económica, en sus órganos directivos y la falta de diligencia en cumplir algunas de las recomendaciones del Tribunal de Cuentas; otras sà que se han cumplido. Estos
problemas vienen de lejos, porque esta misma situación se ve reflejada en anteriores informes sobre estas mismas entidades, que ya hemos visto en esta Comisión.
Sobre el informe de fiscalización de los planes estratégicos de subvenciones del área polÃtico-administrativa del Estado, nos parece preocupante que todavÃa existan ministerios sin un instrumento de planificación de subvenciones. La
tercera de las recomendaciones, referida a la aprobación de normas para la elaboración de los PE, no se ha elaborado para el conjunto de departamentos ministeriales. A este respecto, queremos preguntarle al presidente del Tribunal de Cuentas
cuáles considera que hayan podido ser las consecuencias de estas carencias.
Para finalizar, creemos importante que haya un mayor rigor en la polÃtica de subvenciones y ayudas realizadas desde el Gobierno: por un lado, la falta de planificación y criterios claros entre los organismos que las conceden y, por otro
lado, la falta de cumplimiento de las recomendaciones del Tribunal de Cuentas por parte de quienes la reciben.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor MartÃnez.
Para continuar, por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Ortega.
El señor ORTEGA FERNÃNDEZ: Muchas gracias, señor presidente.
Sobre este informe de fiscalización del seguimiento de las recomendaciones del Tribunal de Cuentas y de esta propia Comisión mixta, lo más destacable es resaltar el escaso cumplimiento que las mismas recomendaciones del Tribunal de
Cuentas se han realizado en los distintos informes del periodo 2013-2015. Como bien ha dicho el presidente, tan solo se han cumplido diez de las treinta y cinco recomendaciones, si bien otras dieciséis se han cumplido parcialmente o están en
proceso. Sin embargo, a la fecha de la fiscalización, nueve no se han cumplido, y querÃa destacar algunas de ellas, aquellas que son imprescindibles para asegurar la transparencia en algo tan esencial como la concesión de subvenciones públicas,
que ni siquiera se han elaborado los planes estratégicos de subvenciones por parte de los distintos ministerios afectados y que el Tribunal de Cuentas recomendó en sus informes. Posteriormente, sà lo ha hecho el Ministerio de Asuntos Exteriores
y âcreo que lo ha mencionado el presidenteâ el Ministerio del Interior. QuerÃa preguntarle al presidente si posteriormente, hasta la fecha de hoy, alguno más ha dado noticia de que los esté elaborando. DecÃa que si no se han elaborado
estos planes, obviamente tampoco se han podido publicar, impidiendo conocer los criterios y los objetivos que dichas ayudas persiguen. Tampoco hay normas de homogenización en la elaboración de los planes estratégicos ni de cómo realizar su
publicidad o el envÃo a las Cortes. Sà vemos que en algunos casos se ha mejorado la financiación de las entidades, asà como corregido las deficiencias contables de las mismas, al igual que se han puesto en marcha mecanismos de control interno.
Llama la atención el incumplimiento por parte del Consorcio Casa Ãrabe de la recomendación de mayor diligencia con la situación de la mujer en el mundo árabe y que aún no se haya puesto en marcha ninguna medida en este sentido. En
general, estamos bastante de acuerdo con las nuevas recomendaciones que hace el tribunal y que vemos que inciden en seguir implantando y mejorando los procedimientos de seguimiento y control. Sin embargo, querÃa preguntar al señor presidente
sobre los casos en los que no se han tenido cuenta estas recomendaciones y, si persiste en esta actitud, qué más medidas se podÃan proponer para corregir dicha actitud.
Con respecto al comentario sobre las fundaciones FAES y Pablo Iglesias, la verdad es que no sé si el representante de Podemos tiene alguna otra información que nos pueda aportar.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ortega.
Para finalizar, por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Juncal.
El señor JUNCAL RODRÃGUEZ: Muchas gracias, señor presidente.
Quiero agradecer la presencia del presidente del Tribunal de Cuentas, señor Ãlvarez de Miranda, y su exposición sobre estos temas. El señor Ortega, del PSOE, habla de escaso cumplimiento, pero si usted va a la página 17 del informe, la
parte correspondiente a los procedimientos de presupuestación en las operaciones de mantenimiento de la PAC, le recuerdo que arranca de un informe del 2008/2009, que tiene también como incidencia la escasez presupuestaria que se reconoce en el
ejercicio 2010 y 2011; y si la memoria no me falla, que yo sepa, eso era la Administración Zapatero. Pero, bueno, no lo sé, a lo mejor estoy equivocado.
En todo caso, en lo relativo a esas contribuciones a operaciones para el mantenimiento de la paz de la ONU, en el cuadro que acompaña en la página 18 se ve claramente su evolución y, obviamente, con las dificultades de 2012 y 2013 por
causa de la crisis por todos conocida, afortunadamente después se ha ido corrigiendo y ya en 2015, en obligaciones pendientes de ejercicios anteriores, obligaciones reconocidas netas, el saldo es cero, y en 2016 las obligaciones reconocidas son
cero y lo pendiente de aplicar en el presupuesto también está a saldo cero, con lo cual se ha corregido esa situación. Pero vuelvo a insistir, señor Ortega, hay que saber el origen de las cosas.
No voy a ser reiterativo en el desarrollo del cuadro del que hizo lectura el señor presidente. Podemos ver el vaso medio lleno o medio vacÃo, y en este caso un 28 % vacÃo y 72 % lleno. Es decir, del total de las recomendaciones
efectuadas por el Tribunal de Cuentas y revisadas, entre cumplidas y parcialmente cumplidas âcomo se dice en el informe, el tribunal las da como cumplidas cuando se encuentran en proceso o parcialmente cumplidasâ hay un 72 % de eficacia porque
se han cumplido por parte del Gobierno. Para el Partido Popular, indudablemente, es un objetivo y el Gobierno que se apoya desde el Partido Popular seguirá trabajando en lo que yo creo que es lo más importante y que nos debe preocupar a todos
âalgún otro diputado ha hecho mención a elloâ, que es el tema del Plan estratégico de subvenciones. Indudablemente, hay que mejorar el Plan Estratégico de Subvenciones por la importancia que tiene tanto desde el punto de vista cuantitativo
como cualitativo. Por tanto, creo que podemos estar satisfechos, repito, cuando se ha cumplido el 72 % del total de las recomendaciones efectuadas por el tribunal. Indudablemente, haremos nuestras las recomendaciones del Tribunal de Cuentas en
aras a mejorar ese 28 % que ha quedado pendiente de cumplimiento en este informe.
Por mi parte nada más. Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Juncal.
Tiene la palabra de nuevo el señor presidente para responder.
El señor PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CUENTAS (Ãlvarez de Miranda GarcÃa): Gracias, presidente.
El informe detalla los porcentajes de cumplimiento, de cumplimiento parcial y de incumplimiento desarrollado en la fiscalización. Yo creo que la valoración sobre ver el vaso medio lleno o medio vacÃo les corresponde a ustedes, en función
también de las propias premisas de valoración de los resultados.
Es indudable que el tribunal está comprometido con el seguimiento efectivo de las recomendaciones, tanto de sus informes como de las resoluciones de la Comisión mixta, en la medida en que hemos incluido en nuestro programa de
fiscalización cada vez más fiscalizaciones de este tipo de seguimiento que antes no tenÃamos tan en cuenta como podemos tener en la actualidad, precisamente derivadas de la demanda que ha existido al ver con el paso del tiempo cuál es el
resultado en la labor fiscalizadora y la atención por parte de las entidades fiscalizadas de estos informes. Ustedes saben que los informes del tribunal son una opinión técnica que carece de efectos administrativos y jurÃdicos. Es decir, que
la opinión técnica dirigida al Parlamento para que las Cortes Generales adopten las medidas que estimen convenientes para la mejora de la gestión pública es el ámbito propio de los informes, pero, indudablemente, la propia consideración que el
tribunal hace sobre el seguimiento de sus recomendaciones es un valor adicional que se debe dar también a la Comisión mixta y al conjunto del Parlamento para que se adopten aquellas medidas de carácter legislativo o de control de las
administraciones públicas que se estimen oportunas. De todas las recomendaciones âcoincido con lo que ha manifestado el señor Juncalâ, la carencia de planes estratégicos de subvenciones y de la propia metodologÃa para elaborarlos es uno de
los elementos quizá más llamativos porque la actividad subvencional debe tener los criterios bien definidos para después
poderla evaluar desde un punto de vista de economÃa, eficiencia y eficacia, y analizar la posible falta de coordinación entre las distintas polÃticas subvencionales que pueden afectar en unos sentidos o en otros de manera diferente la
actividad económica o la actividad social de que se trate.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
BLOQUE VI:
â INFORME DE FISCALIZACIÃN DE LOS PROCEDIMIENTOS DE GESTIÃN Y CONTROL DE LOS DEUDORES POR PRESTACIONES DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL, EJERCICIO 2015. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000249
y número de expediente del Senado 771/000246).
El señor PRESIDENTE: Pasamos al último punto del orden del dÃa en cuanto a la exposición de informes, bloque número VI, correspondiente al informe de fiscalización de los procedimientos de gestión y control de los deudores por
prestaciones de las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social, ejercicio 2015.
Tiene la palabra el señor Ãlvarez de Miranda para exponer el informe.
El señor PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CUENTAS (Ãlvarez de Miranda GarcÃa): Gracias, señor presidente.
Los deudores por prestaciones de las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social pueden corresponder a aquellos beneficiarios que hayan recibido alguna prestación sin tener derecho a ella o bien a los derivados de expedientes de
responsabilidad empresarial. Estos últimos se deben a supuestos de falta de afiliación o falta del trabajador de abono de cotizaciones en cuantÃa inferior a la debida o de no encontrarse al corriente en el pago de las cuotas.
Por lo que se refiere a los deudores por prestaciones indebidamente percibidas, su registro por las mutuas no supone la correlativa contabilización de un ingreso en la cuenta de resultados, lo que no se ajusta a los principios contables de
devengo y de no compensación. En el caso de los pagos indebidos del subsidio por incapacidad temporal, en su modalidad de pago delegado, su reintegro se registra igual que el de las prestaciones indebidamente percibidas, generando crédito en el
presupuesto de gastos de las mutuas colaboradoras, lo cual no es concordante con la Ley 42/1994. No se encuentra regulado especÃficamente el procedimiento de reclamación del reintegro de prestaciones indebidamente abonadas a los trabajadores por
parte de las mutuas en la fase previa al envÃo a la TesorerÃa General de la Seguridad Social. Tampoco han aplicado supletoriamente la normativa administrativa general.
En relación con los deudores por cobro indebido del subsidio por riesgo durante el embarazo, el motivo fundamental de su origen estriba en la falta de comunicación a las mutuas de la fecha del parto por el Instituto Nacional de la
Seguridad Social, entidad competente para el reconocimiento de subsidio de maternidad, produciéndose asà una superposición de estos dos subsidios, que son incompatibles entre sÃ. Existen expedientes de deuda respecto de los cuales las mutuas
comunican que han sido remitidos a la TesorerÃa General de la Seguridad Social para la gestión de su cobro, mientras que esta última manifiesta no tener conocimiento de los mismos. Respecto a los resultados obtenidos en la muestra seleccionada
en la mutua Fremap, existe una limitación al alcance derivada de la inexistencia de un inventario de deudores por prestaciones. Ello ha impedido un pronunciamiento del tribunal sobre el saldo de deudores pendientes de cobro a 31 de diciembre de
2015 y algunos de los expedientes sin reclamar pudieran estar prescritos. El inventario de deudores de la mutua Ibermutuamur se encuentra sobrevalorado y contiene deudas con saldo negativo o no realizable, incluyendo expedientes presumiblemente
prescritos. También presenta incidencias, asà como deudas que pudieran estar prescritas, el inventario de la mutua Fraternidad-Muprespa.
Entrando en el análisis de los deudores derivados de expedientes de responsabilidad empresarial, las mutuas aplican indebidamente la normativa al minorar el presupuesto de gastos cuando les efectúan el reintegro de cantidades que hayan
anticipado, lo cual solo está previsto para los pagos indebidos de prestaciones. No se ha producido el desarrollo reglamentario del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social en este ámbito. Ello provoca que las mutuas se hayan
visto obligadas a interpretar el plazo temporal a considerar para entender cuándo existe una morosidad prolongada y además que la actuación del INSS no sea homogénea tanto en la declaración de responsabilidad empresarial como en
la declaración de insolvencia del empresario. Además, se ha judicializado el proceso para determinar la existencia de responsabilidad empresarial de la entidad que debe declararla y en los casos en que el Instituto Nacional de la
Seguridad Social se considera responsable subsidiario. Esta situación conlleva gastos jurÃdicos abonados con cargo a fondos públicos, lo que afecta al principio de eficiencia.
Respecto a la recuperación de los deudores derivados de responsabilidad empresarial, aunque no ha existido duplicidad, se han detectado supuestos en los que la devolución de las mutuas o a las mutuas de capitales coste constituidos en
concepto de anticipo se ha realizado indebidamente través del mecanismo de compensación. En el caso de la muestra de mutuas analizadas, Fremap no identifica correctamente al deudor en aquellos supuestos de responsabilidad empresarial en los que el
Instituto Nacional de Seguridad Social responde subsidiariamente por la deuda. En su lugar, la deuda figura indebidamente a nombre de la empresa declarada insolvente. Esta incidencia se advierte también en la mutua Ibermutuamur que, asimismo,
tiene registrados en el inventario cincuenta y siete expedientes de deuda por responsabilidad empresarial por importe de 289 867 euros a nombre de empresas que han sido dadas de baja de la Seguridad Social por carecer de trabajadores. En la mutua
Fraternidad-Muprespa figuran registrados en el inventario dieciocho expedientes por un total de 2 millones de euros, en los que la identificación del deudor contiene errores. Finalmente, en las tres mutuas analizados, los escritos de notificación
de incumplimientos o reclamaciones a los empresarios presentan carencias en cuanto a su contenido.
Nada más y muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra el señor RamÃrez.
El señor RAMÃREZ FREIRE: Gracias, señor presidente.
De nuevo gracias al presidente del Tribunal de Cuentas por su explicación tan clara de este informe; informe que trata, como bien ha dicho, sobre la fiscalización de los procedimientos de gestión y control de los deudores por
prestaciones de las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social. Los voy a agregar porque al final las tres mutuas que están analizadas, la mutua Fremap, la mutua Ibermutuamur y Fraternidad-Muprespa, prácticamente adolecen de las mismas
deficiencias. En los tres casos básicamente cometen un fallo en los principios de obligado cumplimiento por parte de la contabilidad pública, el principio de devengo y el de no compensación. Una parte significativa de los deudores, en el caso de
deudores por prestaciones indebidamente percibidas, se originan como consecuencia de haberse reconocido dos prestaciones incompatibles en perÃodos superpuestos. En este caso querÃa hacerle la pregunta al presidente sobre si sabe si este elemento
que se ha generado es por falta de procedimiento, por falta de comunicación o por falta de interés. Realmente nos parece muy preocupante.
El segundo elemento que también nos parece muy preocupante es que el procedimiento de reclamación de reintegro no se encuentre regulado en la normativa de Seguridad Social. Creemos que algo se debe subsanar, y asà lo incluyen ustedes en
sus recomendaciones. En el segundo elemento, lo que tiene que ver con las deudas sobre deudores derivados del expediente de responsabilidad empresarial, se incluye además, en los mismos fallos de aplicación de los principios contables,
expedientes que incluso pueden llegar a estar prescritos. Ya lo que nos parece muy importante es que también falta ese desarrollo reglamentario previsto en la Ley General de la Seguridad Social para la fijación de los supuestos de la imputación
de responsabilidad por incumplimiento; algo que ha hecho, como bien ha relatado el presidente, que las mutuas interpreten de forma única cómo se tienen que estar estableciendo estos procesos, y ha producido, además, una judicialización de los
mismos, lo que va a conllevar gastos públicos en conceptos jurÃdicos, que van en contra de ese principio de eficiencia.
En resumen, estamos totalmente de acuerdo con las recomendaciones que plantea el Tribunal de Cuentas, y esperamos con avidez el informe sobre su seguimiento. Desde luego, nos parece fundamental que haya un cambio en la reglamentación.
Tenemos que dar seguridad jurÃdica y esperamos que asà sea a la mayor brevedad posible.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor RamÃrez.
Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, tiene la palabra la señora Palencia.
La señora PALENCIA GARCÃA: Gracias, presidente.
En este informe sobre deudores por prestaciones de las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social la fiscalización abarca a tres mutuas colaboradoras: Fremap, Ibermutuamur y Fraternidad-Muprespa, y no es cuestión menor porque dichas
mutuas concentraron en 2015, que es el ejercicio que se fiscaliza en este informe, 46,5 millones de euros en deudas por prestaciones. Esta cantidad supone el 43,4 % de la deuda de todas las mutuas colaboradoras que ascendió en este año 2015 a
107,3 millones de euros. En el informe se detectan diferentes incumplimientos de los principios de contabilidad y también fallos en la Seguridad Social y en las mutuas para recuperar prestaciones mal abonadas. Se detecta un error grosero en la
falta de comunicación entre ambas, entre la Seguridad Social y las mutuas, puesto que las mutuas comunican que los expedientes de deuda han sido remitidos a la TesorerÃa General de la Seguridad Social para su gestión de cobro, y esta última
manifiesta no tener conocimiento de ellos. Este aspecto, unido a la ausencia de regulación en la normativa de la Seguridad Social del procedimiento de reclamación de reintegro de prestaciones indebidamente abonadas en la fase previa al envÃo de
deuda de la TesorerÃa General de la Seguridad Social, además de la falta de desarrollo normativo sobre quién debe hacerse cargo de la prestación de incapacidad permanente en casos de incumplimiento de las empresas en el abono de cotizaciones,
está permitiendo exonerar al empresario del abono de estas prestaciones, aun habiendo incumplido sus obligaciones en cotización. Además, es causante de tratamientos desiguales y perjudiciales para la persona beneficiaria de una prestación, con
la correspondiente litigiosidad. Verán, en una sola de las mutuas fiscalizadas, Fremap, los costes de 114 procedimientos judiciales registrados entre 2010 y 2015 supusieron un coste estimado de 282 069 euros, todo ello a cargo de fondos públicos,
lo cual, y según el propio Tribunal de Cuentas, afecta al principio de eficiencia que debe presidir la gestión de dichos fondos. Son muchas las ocasiones que hemos tenido en esta Comisión de analizar estos fallos de gestión de comunicación en
lo que respecta al Instituto Nacional de la Seguridad Social y concretamente a la TesorerÃa General de la Seguridad Social. Al entender de mi grupo, Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea ây en este sentido presentaremos las correspondientes
propuestas de resoluciónâ, se impone con urgencia que el Ministerio de Empleo y Seguridad Social adopte las iniciativas oportunas para analizar la regulación de la compensación entre prestaciones de incapacidad permanente en los supuestos de
revisión del grado de incapacidad para evitar tratamientos desiguales y perjudiciales para las personas beneficiarias de una prestación, asà como promover el desarrollo reglamentario previsto en la Ley General de la Seguridad Social.
De la misma manera, para terminar, consideramos urgente regular el procedimiento de reclamación del reintegro de prestaciones indebidamente abonadas por parte de las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social, lo cual requiere una mejora
notable en los flujos de información y coordinación con el Instituto Nacional de la Seguridad Social.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Palencia.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora Lima.
La señora LIMA CID: Gracias, señor presidente.
Gracias nuevamente al presidente del Tribunal de Cuentas, no solo por estar presente compareciendo en esta Comisión, sino también por fiscalizar nuevamente la gestión de las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social a partir del año
2016, que es tan importante, teniendo en cuenta, primero, que colaboran en la gestión de la Seguridad Social en dos apartados como son la incapacidad temporal por contingencias comunes y en las profesionales. Al final hablamos de salud y de un
sistema sustentado con fondos públicos, además de colaboraciones autorizadas por el propio Ministerio de Empleo y Seguridad Social.
Además, tiene un interés económico y social debido al riesgo derivado de la gestión de estas prestaciones a la Seguridad Social por empresas privadas. Consideramos que este informe âsirvió también el informe anteriorâ sirvió como
referente previo de fiscalización de la gestión y control de la incapacidad temporal por las entidades del sistema de la Seguridad Social. Este informe está basado en el cumplimiento de la legalidad de los procedimientos y sistemas con un área
de especial relevancia, como es la destinada a analizar los resultados del ejercicio, la reserva de estabilización y la mejora de las prestaciones realizadas por la empresa, teniendo en cuenta que en 2015 contábamos con 314 empresas, de las cuales
el 91 % eran privadas.
De las conclusiones que son importantes y que debemos debatir aquÃ, el Partido Socialista detecta las siguientes: La deficiencia en la contabilización de los ingresos y gastos derivados de la colaboración
voluntaria de la empresa, en este caso de los importes registrados tanto por la TesorerÃa General de la Seguridad Social, diferentes a los registrados por las empresas colaboradoras directamente con esta institución pública. Además, no
se han puesto en marcha medidas correctoras, pudiendo entenderse que existe sobrefinanciación de algunas de las empresas para la gestión de esta contingencia. En cuanto a las cuotas relativas a la colaboración voluntaria en la gestión de
contingencias profesionales, la Seguridad Social no registra ni los gastos ni los ingresos derivados de esta gestión y, por lo tanto, los consiguientes excedentes sin registro contable, que en el año 2015 ascendÃan a una cifra de 13,2 millones de
euros.
Con respecto a los excedentes excesivos del sistema de colaboración voluntaria, que no se encuentran a disposición de la Seguridad Social, hablamos, en el año 2015, de 403 millones de euros. Este importe y sus correspondientes
rendimientos financieros no pueden ser gestionados por la Seguridad Social ya que forman parte del patrimonio de las empresas, aunque su origen esté en que las cuotas de la Seguridad Social no ingresadas a favor del sistema han superado los costes
de las prestaciones correspondientes. Hay un insuficiente control por parte de la Dirección General de Ordenación, algo que no es nuevo y que también se ha reiterado en los distintos informes, la falta de esa tutela efectiva por este centro
directivo; también falta del preceptivo informe anual por parte de la empresa colaboradora; falta de instrucción especÃfica para homogeneizar los procesos; no exigencia del cumplimiento de emisión, siendo preceptivos estos informes, y la
falta de una revisión analÃtica de aquellos que sà se reciben, y sobre todo que no se atiendan las recomendaciones ya hechas por el Tribunal de Cuentas, algo inentendible cuando estamos hablando de fondos públicos âreiteroâ y además estamos
hablando de la gestión de la Seguridad Social, algo tan importantÃsimo. O, por ejemplo, la financiación excesiva de las prestaciones asumidas por la empresa. De las actuaciones practicadas podrÃa desprenderse un trato de favor a las empresas
que colaboran voluntariamente en la gestión de la Seguridad Social y el no cumplimiento del principio de igualdad.
Hay otras deficiencias que hemos querido destacar, como pueden ser imputaciones indebidas en todas las empresas fiscalizadas por diferentes conceptos, y lo que tendrÃa que proceder es el descargo de todos estos importes en la cuenta de
colaboración. Sobre las recomendaciones resolveremos finalmente en la próxima reunión, cuando sometamos a votación la derogación de la colaboración voluntaria de la gestión de las contingencias comunes y las contingencias profesionales con
respecto a mejorar los procedimientos y la transparencia en la gestión. Por otro lado, seguimos preguntándonos, le pregunto al presidente del Tribunal de Cuentas directamente: no llegamos a entender la diferenciación en los postulados que
mantiene la AbogacÃa del Estado y la fiscalÃa con respecto a distintos aspectos que se analizan en este informe de fiscalización.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Lima.
Para finalizar, por el Grupo Parlamentario Popular, la señora Antoñanzas tiene la palabra.
La señora ANTOÃANZAS GARRO: Gracias, presidente.
Quiero agradecer al presidente del Tribunal de Cuentas su exposición en este informe.
En relación a las conclusiones relativas a la detención y tramitación de los deudores por prestaciones indebidamente percibidas, en esta conclusión vemos que para verificar la gestión de esta deuda el tribunal realizó un muestreo de
expedientes en tres mutuas, tras el cual se concluye que se han producido incidencias en el procedimiento de comunicación por el Instituto Nacional de la Seguridad Social a las mutuas de la compensación realizada en el primer pago de la pensión
de la incapacidad permanente. En primer lugar, se pone de manifiesto que el reconocimiento en vÃa administrativa de dos prestaciones incompatibles, la IT y la IP, en periodos coincidentes, en consecuencia derivado de la aplicación del artÃculo
131 bis del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto 1/1994, de 20 de junio, y del artÃculo 13 de la Orden de 18 de enero de 1996 para la aplicación y desarrollo del Real Decreto 1300/1995, de 21 de
julio, sobre incapacidades laborales del Sistema de la Seguridad Social, tanto en los supuestos regulados en el citado artÃculo 174, aquellos en los que pese a iniciarse el procedimiento de la incapacidad permanente tras la extinción del subsidio
de la incapacidad temporal, el trabajador continúa en la situación de prolongación de efectos económicos de la incapacidad temporal, como aquellos en los que el procedimiento de incapacidad permanente regulado por el Real Decreto 1300/1995 y
Orden del 18 de enero de 1996 se inicia a instancia del trabajador que está percibiendo el subsidio de incapacidad temporal sin que en este se extinga los efectos económicos que deben darse en la pensión de la incapacidad permanente tras efectuar
la comparación de las cantidades
correspondientes al mismo periodo de las dos prestaciones incompatibles: de incapacidad temporal e incapacidad permanente, hace inevitable que en gran número de expedientes confluyan ambas prestaciones, en concreto, en aquellos en los que
el importe de la pensión es de superior cuantÃa correspondiente a la capacidad temporal.
Por otro lado, en cuanto a las conclusiones relativas a la falta de comunicación de las mutuas, este instituto y nuestro grupo comparte la conclusión y la recomendación del Tribunal de Cuentas en la mejora de la gestión de la puesta en
marcha de la citada recomendación. Se habÃa solicitado a las mutuas colaboradoras que enviaran a esta entidad los datos sobre los reconocimientos de los riesgos durante el embarazo que realicen con el fin de poder tratar la información y poder
evitar pagos indebidos que en el anteproyecto se indican. Una vez ya se está obteniendo todos estos datos necesarios a través del sistema de intercambio de ficheros, el Instituto Nacional de la Seguridad Social va a proceder a cruzar estos datos
con el reconocimiento de las prestaciones por maternidad y enviarlos a las mutuas a través del protocolo de respuesta âque se envÃa de forma generalâ, donde se recogerá la fecha del parto o de inicio de una maternidad con el fin de evitar las
incompatibilidades que se están produciendo en la actualidad, y de esa manera evitar la gestión de los pagos indebidos.
En relación a la conclusión relativa a la detención y tramitación de los deudores derivados de expedientes de responsabilidad empresarial, a este respecto se pone de manifiesto que en estos supuestos no estamos ante una falta de
uniformidad de actuación, sino que este instituto actúa de acuerdo con lo previsto en el apartado 3 del artÃculo 126 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social aprobado en el Real Decreto legislativo 1/1994, conforme al cual la
entidad gestora asume su responsabilidad subsidiaria una vez se haya producido la declaración de insolvencia del empresario, ya sea administrativa o judicial, provisional o definitiva.
Respecto al punto 4 del apartado segundo, tramitación de la deuda, y ante la falta de desarrollo reglamentario, esta entidad gestora ha venido impartiendo diferentes criterios de gestión con el objeto de homogeneizar la actuación de los
centros gestores, sin perjuicio de que la consecuencia de la aplicación de dichos criterios haya de ser en ocasiones la judicialización de los procesos. La homogeneización en la actuación de la actividad gestora se ha conseguido en gran medida,
tal como se indica en este punto 4 del anteproyecto del informe que nos ocupa, al margen de algunos supuestos que igualmente se señalan en el anteproyecto de informe y que son propios de esta situación de vacÃo normativo a los que nos venimos
refiriendo.
Y en relación a la recomendación de mejorar el flujo de información con las mutuas, vemos que las incidencias detectadas por el mencionado tribunal son escasas si tenemos en cuenta el gran número de expedientes de incapacidad permanente
gestionados por este Instituto Nacional. Esto es asà porque, para dar cumplimiento a lo previsto en el actual artÃculo 174, se solicita en su caso a la mutua colaboradora con la Seguridad Social el importe abonado en concepto de subsidio de
incapacidad temporal. Y se solicita dicho importe abonado en concepto de subsidio cuando se les informa de la fecha de los efectos económicos de la pensión, y la mutua, de acuerdo con las normas indicadas de las que es conocedora el Instituto
Nacional de la Seguridad Social, ha tenido que realizar o no deducciones en concepto de incapacidad temporal. La funcionalidad viene a ordenar la gestión y la tramitación de los expedientes de referencia de manera homogénea y uniforme en toda la
organización sin perjuicio de que siempre existe un mÃnimo porcentaje de errores a pesar de la informatización de esta gestión.
En los casos en los que la percepción del subsidio de incapacidad temporal deviene incompatible con la pensión de incapacidad permanente reconocida por una sentencia, no siempre procede el reintegro del subsidio percibido, pues conforme al
criterio 37/2001 de este instituto adoptado a la vista de la doctrina del Tribunal Supremo, asiste al interesado un derecho de opción entre las prestaciones de incapacidad temporal y de incapacidad permanente que, como consecuencia de la ejecución
de la sentencia, resultan superpuestas. En todo caso, de acuerdo con estas recomendaciones del tribunal, se continúan mejorando sus aplicaciones de gestión para reducir al máximo las incidencias detectadas, sin perjuicio de los instrumentos,
mecanismos y procedimientos facilitados en las mutuas colaboradoras y sus normas de desarrollo de los importes indebidamente percibidos por los perceptores de la Seguridad Social y gestionados por las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social.
(Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Antoñanzas.
Para responder de nuevo, tiene la palabra el señor Ãlvarez de Miranda.
El señor PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CUENTAS (Ãlvarez de Miranda GarcÃa): Gracias, señor presidente.
Muy brevemente, intervengo para indicar que la superposición de prestaciones que se configuran como incompatibles suele derivar en una falta de comunicación fluida entre las mutuas y las entidades gestoras de la Seguridad Social, y se
encuentra precisamente en el origen de las cuestiones que aborda este informe.
No tengo demasiado que añadir a lo dicho por los portavoces parlamentarios, únicamente contestar a una pregunta directa que se me ha formulado en relación a las diferencias de criterio entre la AbogacÃa del Estado y el ministerio fiscal,
y es que esas diferencias de criterio no son tan inhabituales. Es decir, tanto el abogado del Estado como el fiscal tienen sus respectivas competencias a la hora de apreciar la existencia de indicios de responsabilidad contable, en este caso la
fiscalÃa sà que los apreció y la AbogacÃa del Estado no. Lo importante en este caso es indicar que la Sección de Enjuiciamiento ha abierto diligencias preliminares por irregularidades detectadas en tres expedientes derivados de periodos
superpuestos, en los que la entidad gestora no realizó el descuento en el primer pago en la prestación de incapacidad permanente. Además, en dos de estos expedientes no se inició el procedimiento de recuperación correspondiente, por lo que la
deuda reconocida, por importe de 19 885, no habÃa sido reclamada, con el consiguiente riesgo de prescripción. Esos elementos son los que la Sección de Enjuiciamiento está valorando en el ámbito de las diligencias preliminares.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ãlvarez de Miranda.
Vamos a interrumpir durante tres minutos la sesión para despedir al presidente del Tribunal de Cuentas, agradeciéndole de nuevo el esfuerzo que supone cada Comisión. (Pausa).
DEBATE Y VOTACIÃN DE LAS PROPUESTAS DE RESOLUCIÃN:
â MOCIÃN SOBRE LA REDUCCIÃN DEL PLAZO LEGAL DE RENDICIÃN DE LA CUENTA GENERAL DEL ESTADO. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000232 y número de expediente del Senado 773/000009).
El señor PRESIDENTE: Comenzamos las votaciones.
Votación correspondiente a la moción sobre la reducción del plazo legal de rendición de la Cuenta General del Estado. Propuesta número 1, del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
Efectuada la votación, dijo
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.
Propuesta número 2, del Grupo Parlamentario Socialista.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 30; abstenciones, 2.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Propuesta número 3, del Grupo Parlamentario Popular.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 30; abstenciones, 2.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
â INFORME DE FISCALIZACIÃN DE LA CONTRATACIÃN DEL MUSEO NACIONAL DEL PRADO, DEL MUSEO NACIONAL CENTRO DE ARTE REINA SOFÃA, Y DE LA FUNDACIÃN COLECCIÃN THYSSEN-BORNEMISZA, EJERCICIOS 2015 Y 2016. (Número de expediente del Congreso de
los Diputados 251/000234 y número de expediente del Senado 771/000232).
El señor PRESIDENTE: Informe de fiscalización de la contratación del Museo Nacional del Prado, del Museo Nacional Centro de Arte Reina SofÃa y de la Fundación Colección Thyssen-Bornemisza, ejercicios 2015 y 2016. Propuesta número 4,
del Grupo Confederal de Unidos Podemos.
Efectuada la votación, dijo
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.
Resto de propuestas.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 16; en contra, 17.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Propuesta número 5, del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 23; abstenciones, 9.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Propuesta número 9, del mismo grupo parlamentario.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 16; en contra, 17.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Resto de propuestas del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
Efectuada la votación, dijo
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas por unanimidad.
Propuesta número 11, del Grupo Parlamentario Socialista.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 11; en contra, 17; abstenciones, 5.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Propuestas números 10 y 12 del mismo grupo parlamentario.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 16; en contra, 12.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Propuesta número 13, del Grupo Parlamentario Popular.
Efectuada la votación, dijo
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.
â INFORME DE FISCALIZACIÃN SOBRE LOS ACUERDOS Y RESOLUCIONES CONTRARIOS A REPAROS FORMULADOS POR LOS INTERVENTORES LOCALES Y LAS ANOMALÃAS DETECTADAS EN MATERIA DE INGRESOS, ASÃ COMO SOBRE LOS ACUERDOS ADOPTADOS CON OMISIÃN DEL
TRÃMITE DE FISCALIZACIÃN PREVIA, EJERCICIOS 2014 Y 2015, EN COORDINACIÃN CON LOS ÃRGANOS DE CONTROL EXTERNO DE LAS COMUNIDADES AUTÃNOMAS. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000235 y número de expediente del Senado
771/000228).
El señor PRESIDENTE: Informe de fiscalización sobre los acuerdos y resoluciones contrarios a los reparos formulados por los interventores locales y las anomalÃas detectadas en materia de ingresos, asà como los acuerdos adoptados con
omisión del trámite de fiscalización previa, ejercicios 2014 y 2015, en coordinación con los órganos de control externo de las comunidades autónomas. Propuestas números 1 a 7, del Grupo Confederal de Unidos Podemos.
Efectuada la votación, dijo
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas por unanimidad.
Propuestas números 8 a 13, del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
Efectuada la votación, dijo
El señor PRESIDENTE: Se aprueban por unanimidad.
Propuestas 14 a 18, del Grupo Parlamentario Socialista.
Efectuada la votación, dijo
El señor PRESIDENTE: Se aprueban por unanimidad.
Propuesta número 19, del Grupo Parlamentario Popular.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 28; abstenciones, 5.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
â INFORME DE FISCALIZACIÃN DE LA SITUACIÃN A 31 DE DICIEMBRE DE 2016 DE LAS ACTUACIONES REALIZADAS POR LA SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELÃGRAFOS, S.A. RELATIVAS AL SERVICIO POSTAL UNIVERSAL. (Número de expediente del Congreso de los
Diputados 251/000237 y número de expediente del Senado 771/000229).
El señor PRESIDENTE: Informe de fiscalización de la situación a 31 de diciembre de 2016 de las actuaciones realizadas por la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos S.A. relativas al Servicio Postal Universal. Propuestas números 1 a 3,
del Grupo Confederal de Unidos Podemos.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 16; en contra, 17.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Propuesta número 4, del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 28; abstenciones, 5.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Propuestas 5 y 6, del mismo grupo parlamentario.
Efectuada la votación, dijo
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas por unanimidad.
Propuestas 7 y 8 del Grupo Parlamentario Socialista.
Efectuada la votación, dijo
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobada por unanimidad.
Propuesta número 9 del mismo grupo parlamentario.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 28; abstenciones, 5.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.
Resto de propuestas del mismo grupo parlamentario.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 16; en contra, 17.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Propuesta número 15, del Grupo Parlamentario Popular.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 24; abstenciones, 9.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Propuestas 16 y 17 del mismo grupo parlamentario.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 19; en contra, 9; abstenciones, 5.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.
Propuesta número 18, del Grupo Parlamentario Popular.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 23; en contra, 9.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.
Muchas gracias, señorÃas.
Se levanta la sesión.
Eran las doce y cuarenta minutos del mediodÃa.
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