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DS. Cortes Generales, Comisiones Mixtas, núm. 74, de 27/12/2017
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CORTES GENERALES


DIARIO DE SESIONES DE LAS CORTES GENERALES


COMISIONES MIXTAS


Año 2017 XII LEGISLATURA Núm. 74

PARA LAS RELACIONES CON EL TRIBUNAL DE CUENTAS

PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. ELOY SUÁREZ LAMATA

Sesión núm. 17

celebrada el miércoles,

27 de diciembre de 2017

en el Palacio del Congreso de los Diputados



ORDEN DEL DÍA:


Proposiciones no de ley:


- Sobre modernización y regeneración del Tribunal de Cuentas. Presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 161/002056 y número de expediente del Senado 663/000037) ... href='#(Página3)'>(Página3)


- Relativa al perfeccionamiento de la regulación legal del deber de colaboración de las personas físicas y jurídicas, públicas y privadas, con el Tribunal de Cuentas en el ejercicio de su función fiscalizadora. Presentada por el Grupo
Parlamentario Ciudadanos. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 161/002570 y número de expediente del Senado 663/000048) ... (Página8)


Debate de la solicitud de creación de ponencia de estudio para la reforma del Tribunal de Cuentas. Presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea. (Número de expediente del Congreso de los
Diputados 158/000043 y número de expediente del Senado 573/000004) ... (Página13)


Debate de las siguientes solicitudes de fiscalización:


- Para que recabe de dicho tribunal la realización de un informe de fiscalización específico de la construcción de la variante ferroviaria de Pajares. Presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En
Marea. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 253/000020 y número de expediente del Senado 772/000015) ... (Página16)



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- Para que recabe del citado tribunal un informe de fiscalización específico de la construcción de la nueva red ferroviaria vasca de alta velocidad. Presentada por el el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En
Marea. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 253/000023 y número de expediente del Senado 772/000016) ... (Página19)


- Para que recabe del citado tribunal la elaboración y presentación anual de un informe de fiscalización e igualdad ante la citada Comisión, así como un catálogo de indicadores que permita realizar el seguimiento para conocer la evolución
del sector público en relación con el cumplimiento de la normativa para la igualdad efectiva de mujeres y hombres en el proceso fiscalizador, y la publicación de dicho informe incluyendo indicadores de seguimiento y evolución y recomendaciones y
otras actuaciones emprendidas por dicho tribunal. Presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 253/000024 y número de expediente del Senado 772/000017) ... href='#(Página23)'>(Página23)


- Para que recabe de dicho tribunal la realización de un informe de fiscalización relativo al destino dado a los recursos asignados a la ejecución de las políticas de acción exterior de la Comunidad Autónoma de Cataluña, correpondientes a
los ejercicios 2011-2017. Presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 253/000026 y número de expediente del Senado 772/000018) ... (Página26)


- Para que recabe de dicho tribunal la realización de un informe de fiscalización de las contrataciones de servicios de seguridad privada llevadas a cabo por la Administración General del Estado, organismos autónomos y entidades del sector
público empresarial y fundacional de ella dependientes, durante los ejercicios 2012 a 2017. Presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 253/000027 y número de expediente del Senado
772/000019) ... (Página29)


Proposiciones no de ley. (Votación) ... (Página32)


Solicitud de creación de ponencia de estudio. (Votación) ... (Página33)


Solicitudes de fiscalización. (Votación) ... (Página33)


Votación de las propuestas de resolución:


Bloque I. Seguridad Social:


- Informe de fiscalización de la financiación aplicada por las empresas para la formación de sus trabajadores, con cargo a las cuotas de formación profesional. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000102 y número de
expediente del Senado 771/000098) ... (Página34)


- Informe de fiscalización sobre la gestión y control de los servicios sociales prestados con medios ajenos por el Instituto de Mayores y Servicios Sociales, ejercicio 2014. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000160 y
número de expediente del Senado 771/000159) ... (Página34)


- Informe de fiscalización sobre la gestión del buque sanitario y de apoyo logístico Juan de la Cosa, ejercicio 2015. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000187 y número de expediente del Senado 771/000182) ... href='#(Página35)'>(Página35)


- Informe de fiscalización sobre la gestión del buque sanitario y de apoyo logístico Esperanza del Mar, ejercicio 2015. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000198 y número de expediente del Senado 771/000196) ... href='#(Página35)'>(Página35)



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Bloque II. Gestión y control de subvenciones públicas:


- Informe de fiscalización de la gestión de reintegros de subvenciones en determinados ministerios y organismos autónomos correspondientes al área de la Administración económica del Estado, ejercicios 2014 y 2015. (Número de expediente del
Congreso de los Diputados 251/000181 y número de expediente del Senado 771/000171) ... (Página36)


- Informe de fiscalización de las subvenciones concedidas con cargo al programa presupuestario 422A 'Incentivos regionales a la localización industrial', ejercicio 2015. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000211 y
número de expediente del Senado 771/000207) ... (Página37)


Bloque III:


- Informe de fiscalización del sector público local, ejercicio 2015. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000212 y número de expediente del Senado 771/000210) ... (Página38)


- Informe de fiscalización de obras contratadas por las entidades locales de las comunidades autónomas sin órgano de control externo propio, ejercicio 2015, con especial referencia a las que tienen por objeto instalaciones deportivas y de
ocupación del tiempo libre. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000218 y número de expediente del Senado 771/000215) ... (Página38)


Bloque IV:


- Informe de fiscalización de la Fundación para la Prevención de Riesgos Laborales, ejercicio 2015. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000215 y número de expediente del Senado 771/000212) ... href='#(Página39)'>(Página39)


Bloque V:


- Informe anual de fiscalización de la Ciudad Autónoma de Melilla, ejercicio 2015. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000216 y número de expediente del Senado 771/000216) ... (Página40)


Bloque VI:


- Informe de fiscalización de la gestión de la ocupación y aprovechamiento del dominio público del sistema portuario estatal, ejercicios 2014 y 2015. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000217 y número de expediente del
Senado 771/000214) ... (Página40)


Corrección de error ... (Página41)


Se abre la sesión a las diez horas y treinta minutos de la mañana.


PROPOSICIONES NO DE LEY:


- SOBRE MODERNIZACIÓN Y REGENERACIÓN DEL TRIBUNAL DE CUENTAS. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO CIUDADANOS. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 161/002056 y número de expediente del Senado 663/000037).


El señor PRESIDENTE: Señorías, antes de comenzar esta sesión y dadas las fechas en las que nos encontramos, lo que les pediría fundamentalmente a sus señorías es que se atengan a los tiempos que están determinados para estas iniciativas, de
tal manera que podamos finalizar esta Comisión a una hora razonable. Así pues, sin más dilación, pasamos a batir la primera proposición no de ley sobre modernización y regeneración del Tribunal de Cuentas. Para su defensa tiene la palabra don Saúl
Ramírez, del Grupo Parlamentario Ciudadanos.



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El señor RAMÍREZ FREIRE: Muchas gracias, señor presidente.


Señorías, la proposición que traemos hoy es básicamente una reivindicación que creo que tenemos todos en esta Cámara, y es que tenemos claro que el Tribunal de Cuentas, siendo el órgano supremo fiscalizador de las cuentas y la gestión del
Estado, tiene una función crucial para lo que debería ser nuestro día a día, que es el control total de los poderes públicos del Estado, sobre todo porque como hemos dicho en infinidad de ocasiones cuando se está tratando con fondos públicos, con
elementos que son propiedad de todos este órgano es fundamental a la hora de saber claramente si se está haciendo con los criterios de eficiencia, eficacia y economía. Desde luego en las innumerables ocasiones en las que ha venido el presidente a
relatarnos cada uno de los informes todos hemos constatado que, por desgracia, las funciones que se otorgaron mediante la Ley Orgánica 2/1982 y la Ley 7/1988 no se están llevando a cabo.


Tenemos claro que es un órgano terriblemente politizado, tenemos claro que en su forma de elección básicamente se ha premiado a los partidos políticos mayoritarios, tanto al Partido Popular como al Partido Socialista, y esto ha hecho que
desde luego haya elementos a nivel de transparencia claramente mejorables. En este sentido, tanto el Tribunal de Cuentas europeo como el Tribunal de Cuentas portugués, realizaron un informe entre pares que básicamente analizaba y reflexionaba sobre
la situación de los distintos tribunales homólogos de la Unión Europea al nuestro, y detectaba claramente fallos y elementos de mejora que prácticamente son los que venimos a constatar aquí. Por ello pedimos en nuestra proposición no de ley que se
inicie de inmediato el procedimiento dirigido a la reforma de la Ley 2/1982 así como de la Ley 7/1988, que magnifican el funcionamiento el Tribunal de Cuentas, para reforzar la independencia y la eficacia del tribunal.


En el marco de nuestra propuesta consideramos que lo que se debería producir -teniendo en cuenta que se están incluyendo las conclusiones planteadas en este informe entre pares que se realizó por parte del Tribunal de Cuentas europeo y por
el Tribunal de Cuentas portugués, así como también, y esto quiero resaltarlo, las elecciones que nos están diciendo los propios letrados del tribunal, que han constatado, y nos consta así, que todos los grupos tienen ese informe- es la revisión del
procedimiento de elección del presidente del Tribunal de Cuentas y de los consejeros para reforzar su independencia, garantizando que sean nombrados entre profesionales de reconocida competencia técnica relevante para el desempeño de la función del
tribunal. Asimismo se arbitrará un mecanismo de selección de los consejeros a través de una convocatoria pública, mediante un examen de méritos y de una comparecencia de los seleccionados ante la Comisión correspondiente del Congreso y del Senado,
ya que es esta Cámara, junto con el Senado, los que tenemos la misión de fiscalizar también la función del Tribunal de Cuentas. Los consejeros deben ser elegidos por un periodo limitado y no renovable. Se tiene que garantizar la inamovilidad de
los cuerpos propios del Tribunal de Cuentas precisamente para garantizar que esa inamovilidad les dé independencia total. Se tiene que prohibir, salvo en casos excepcionales, la provisión de plazas mediante libre designación e igualmente se
prohibirán, salvo en casos muy excepcionales, al personal interino en comisión de servicios. Se aumentará la transparencia en el procedimiento de redacción de informes, dando publicidad a los anteproyectos y a las actas del pleno del Tribunal de
Cuentas, algo que nosotros hemos pedido en esta Comisión en innumerables ocasiones y que no se está produciendo, porque no está así dentro de la ley actual de funcionamiento del tribunal. Se revisará el formato y contenidos de los informes de
fiscalización del Tribunal de Cuentas así como su presentación ante la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas, para garantizar que la información sea transmitida de forma directa, transparente y clara, y además comprensible y
facilitando el control democrático de la gestión del Estado, que es precisamente la función que tiene esta Comisión y que tiene además el alto tribunal.


En definitiva, señorías, hoy les pido el voto a favor para una proposición no legislativa que pretende paliar deficiencias que hemos detectado a lo largo de las innumerables ocasiones en las que hemos estado reunidos en esta Comisión.
Creemos desde luego que es la oportunidad, que es el momento, y es una reclamación que estamos poniendo encima de la mesa.


Muchísimas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ramírez.


Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos, tiene la palabra el señor Mena.


El señor MENA ARCA: Gracias, presidente.


Buenos días a todos y a todas. Seguramente todos los miembros de esta Comisión mixta compartimos que el Tribunal de Cuentas es -o por lo menos debería ser- un órgano constitucional fundamental en el



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ordenamiento jurídico del Estado español, porque controlar y fiscalizar a los poderes públicos otorga calidad a la democracia. Y no sé si todos, pero sí una parte importante de los miembros de esta Comisión del Tribunal de Cuentas somos
conscientes de que el actual funcionamiento del tribunal necesita de importantes reformas. Es imprescindible la transparencia, la independencia y la efectividad en la acción de este tribunal. Desde el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos
Podemos-En Comú Podem-En Marea entendemos que es más riguroso y más adecuado plantear este tipo de reformas y modificaciones en el funcionamiento del Tribunal de Cuentas a través de una ponencia de estudio y no de una proposición no de ley; una PNL
permite poco debate, se circunscribiría únicamente a las propuestas, muchas de ellas compartidas por nosotros, que plantea Ciudadanos, y corre el riesgo de morir en una votación. Una ponencia de estudio permite un análisis más global, más
compartido, fruto de una reflexión entre los diferentes grupos y con la posibilidad de llegar a acuerdos o consensos más amplios. Por eso, tal y como explicará nuestro portavoz Segundo González, entendemos necesaria esa ponencia de estudio para
abordar de forma rigurosa este debate, y en coherencia no podemos tampoco estar en contra en el contenido de esta proposición no de ley, aunque hay detalles que seguramente sería necesario abordar y acordarlos de forma más pausada, y el formato PNL
seguramente no es el más adecuado para poder llegar a eso.


Gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Mena.


Por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), señora Etxano, tiene la palabra.


La señora ETXANO VARELA: Gracias, presidente.


Hoy vamos a tratar dos iniciativas en relación a reformas del Tribunal de Cuentas. Entonces, pudiendo estar de acuerdo en que se precisa abordar reformas del Tribunal de Cuentas, tal y como viene reflejado, tanto en el informe entre pares
como en distintos informes de comparación con otros tribunales de cuentas realizado por la Fundación Hay Derecho, a nuestro grupo le parece más oportuno hacerlo a través de la propuesta de creación de una ponencia, en la que se establezca un
análisis propio, tanto del funcionamiento interno del tribunal como del abordaje de las modificaciones normativas que se precisen, y también la mejora de la coordinación con el resto de OCEX y respetando las distintas competencias. Por lo tanto no
apoyaremos esta proposición, creemos más apropiada la propuesta que debatiremos más adelante.


Gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Etxano.


Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Hurtado.


El señor HURTADO ZURERA: Gracias, presidente.


Felices fiestas a todo el mundo y, bueno, nos ha tocado trabajar, me refiero sobre todo a los trabajadores de la casa; gracias por estar aquí presentes en estas fechas.


Nosotros vamos a votar en contra de esta proposición. Voy a dar distintas razones. En primer lugar, considero que es una proposición inoportuna; así se lo he hecho llegar al propio portavoz de Ciudadanos. En unos momentos en los que el
Tribunal de Cuentas está teniendo una función clave, primordial en la defensa del Estado de derecho me parece una irresponsabilidad que se hable en una PNL de desviación de poder, de nepotismo o de determinadas cuestiones que tratan hasta cierto
punto de desconsiderar la función que viene desempeñando. Nuestra posición es bien distinta, es valorar, aplaudir la labor que está haciendo el Tribunal de Cuentas, y requerir al Congreso y al Parlamento una mejora sustancial de la normativa que le
rige, de las herramientas de las que dispone, de la información a la que puede acceder y de los recursos que gestiona. Por tanto el tratamiento y el sesgo que tiene esta PNL nos parece inoportuno, y yo diría que hasta cierto punto incluso
irresponsable.


En segundo lugar, insta al Gobierno a que haga una serie de modificaciones sobre la Ley Orgánica del Tribunal de Cuentas y sobre su ley de funcionamiento. Creo que no tenemos por qué instar al Gobierno; creo que los grupos parlamentarios
podemos tomar iniciativas legislativas, que es lo que va a hacer el Grupo Parlamentario Socialista, y ya lo anuncio: el Grupo Parlamentario Socialista va a presentar una propuesta legislativa de modificación de la ley de funcionamiento del Tribunal
de Cuentas. Creemos que es necesario adaptarlo a los nuevos tiempos, adaptar su estructura a la del Estado, agilizar los expedientes de fiscalización y tratar de universalizar todos los controles y la fiscalización sobre los entes públicos y
privados que gestionan el dinero público. Por tanto anuncio la presentación en los próximos meses de esa propuesta legislativa.



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En tercer lugar, creo que esta proposición tiene también un sesgo corporativista. Todos nos hemos reunidos con asociaciones de personal del Tribunal de Cuentas; todos nos han hecho llegar una serie de propuestas, evidentemente
reivindicaciones que hay que medir en sus justos términos, pero que hay que valorar y no trasladar de forma inmediata en un papel haciendo un poco de lobby de determinados grupos del propio tribunal. Por tanto considero que el Partido Ciudadanos
hace gala de ser un partido muy lobista, y en este caso lo plasma a través de esta proposición no de ley.


Hay errores de bulto y de mucha envergadura en esta proposición. Voy a dar algunos datos. Habla de la inamovilidad de los letrados, de los auditores y de los técnicos de fiscalización y control. Pues bien, en el derecho comparado, en el
ordenamiento jurídico actual inamovilidad solamente tienen en este país los jueces y magistrados. No existe ningún funcionario, bien sea de órganos constitucionales o bien de las distintas administraciones públicas, que tenga la posibilidad de esa
inamovilidad. No existe tampoco esa inamovilidad en las regulaciones y las normativas de otros tribunales de cuentas de los países de nuestro entorno.


Se habla de la prohibición de la cobertura por libre designación. Exactamente igual, la misma razón. En el régimen jurídico actual y en el contexto normativo todos los niveles, a partir del 28, en todas las administraciones públicas se
ocupan mediante libre designación. También se hace en el resto de países, por tanto no sé por qué tenemos que excluir al Tribunal de Cuentas y a su personal de esta posibilidad, teniendo en cuenta -insisto- que es el sistema que rige en nuestro
régimen jurídico y que es una norma de todo el contexto no solamente nacional, sino también internacional. O por ejemplo también se habla de que se hagan públicos...


El señor PRESIDENTE: Señor Hurtado, tiene usted que ir acabando.


El señor HURTADO ZURERA: Estamos en las mismas, presidente, 'un poquito de por favor'.


El señor PRESIDENTE: Crea que ya he tenido 'un poquito de por favor'. Créame.


El señor HURTADO ZURERA: Exactamente igual habla en cuanto a los borradores o a los informes previos -no respecto a las conclusiones- que se ponen de manifiesto en los expedientes de fiscalización. Sería una auténtica barbaridad que eso se
hiciera público, entre otras cosas porque después viene el derecho a alegar que tienen justamente las personas que han sido o que van a ser en este caso objeto de control y de fiscalización, y desde luego un informe previo que no tenga en
consideración las alegaciones sería dar carnaza sobre expedientes de fiscalización y control que tienen que hacerse públicos, como corresponde solamente a las conclusiones una vez deliberadas suficientemente y contrastada suficientemente la
información. Por tanto tampoco en el caso de las actas del Tribunal de Cuentas. No hay ningún órgano consultivo ni administrativo ni en este caso jurisdiccional cuyas actas y deliberaciones del pleno puedan hacerse públicas, porque hasta cierto
punto sería coartar y coaccionar incluso la posibilidad de manifestarse por parte de los consejeros.


Insisto -y concluyo- en que vamos a presentar una iniciativa legislativa y en ella vamos a poner de manifiesto la necesidad de adaptar la estructura del Tribunal de Cuentas a la propia Administración del Estado. Un dato muy significativo:
en la sección de fiscalización hay siete departamentos; cinco de ellos se dedican a la Administración del Estado y solamente uno a los más de ocho mil municipios que existen en nuestro país, es decir, ha habido cambios sustanciales en la gestión de
la Administración pública y en la estructura de la Administración, y el tribunal se tiene que adaptar. También hay que incluir las disfunciones que existen en los procedimientos de responsabilidad, como son el caso de los juicios de cuentas y el
caso del procedimiento de reintegro por alcance. Existen disfunciones por estos dos procedimientos que hay que aclarar con una modificación de la ley. Hay que determinar con más precisión lo que es la definición de cuentadante y de responsable a
la hora de pedir responsabilidades en los expedientes de fiscalización. Hay que universalizar -y ya lo hemos tratado esta Comisión-; todos los recursos, todas las organizaciones y todos los entes que manejan dinero público tienen que ser
fiscalizados. Doy la enhorabuena al Tribunal de Cuentas porque ha incluido en el plan de actuación del próximo año a la Iglesia católica y a todas las confesiones religiosas. Por otra parte, también hay que mejorar sustancialmente la colaboración
con la función que tenemos los grupos parlamentarios de ejercer el control al Gobierno mediante esa herramienta que es el Tribunal de Cuentas. Por tanto hay que modernizar al Tribunal de Cuentas, pero hay que reconocer la buena labor que viene
haciendo, y hay que dotarlo de los medios necesarios -insisto, normativos, herramientas, información y recursos- para que mejore la función que desempeña.


Gracias.



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El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Fernández.


El señor FERNÁNDEZ GONZÁLEZ: Muchas gracias, presidente.


El sentido del voto del Grupo Popular en relación con esta proposición no de ley sobre modernización y regeneración del Tribunal de Cuentas va a ser negativo, porque no compartimos algunos aspectos importantes de esta iniciativa. En primer
lugar, entendemos que en la actualidad el Tribunal de Cuentas, sin perjuicio de matices porque todo es mejorable, cuenta con una regulación básicamente adecuada, y consideramos que eso es así sobre todo tras las últimas reformas legales que han
ampliado, tanto el ámbito de actuación del Tribunal de Cuentas, incluyendo partidos políticos y sus fundaciones y asociaciones vinculadas, como mejorando su capacidad de actuación, incrementando sus potestades y de forma especial la obligación de
colaborar con él y suministrarle toda la información que precise. En segundo lugar, algunos aspectos recogidos en esta proposición no de ley parten de premisas que resultan cuestionables o incluso inexactas para proponer una batería de medidas que
difícilmente conseguirán los objetivos que mencionan. Señalaré algunos ejemplos. Respecto a la independencia de los consejeros del pleno -punto 2, apartados 1 a 3- conviene dejar muy claro que el procedimiento de elección parlamentaria responde al
que se sigue en la mayoría de las instituciones de control análogas en el ámbito internacional, y así lo reconoció la Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores en sus declaraciones de Lima y México, referidas en especial a la
independencia de los tribunales de cuentas. Precisamente en el informe de la revisión entre pares que se cita en la proposición no de ley se manifiesta expresamente que el marco jurídico de nombramiento de los consejeros del Tribunal de Cuentas es
conforme con los criterios internacionalmente reconocidos. Por otro lado, la exigencia de unos requisitos de formación, capacitación y experiencia profesional para ser elegido consejero ya está prevista en la ley, con una reconocida competencia
técnica relevante. También está prevista una elección por un período limitado de nueve años en el que gozan de inamovilidad para garantizar en mayor medida su independencia.


En cuanto a las garantías de inamovilidad de los cuerpos propios del Tribunal de Cuentas, el punto 2 en su apartado 4, se quiere recordar que este principio ya se encuentra plenamente recogido en la legislación de la Función pública vigente.
Y es que cuando hablamos de cuerpos propios del Tribunal de Cuentas estamos hablando de funcionarios públicos cuya inamovilidad -y discrepo con lo que acaba de decir el portavoz socialista- ya está contemplada expresamente en nuestra legislación.
Basta recordar el Real Decreto legislativo de 30 de octubre de 2015, que aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, que recoge en el artículo 1.e) entre los fundamentos de este estatuto la objetividad, la
profesionalidad e imparcialidad en el servicio, garantizadas con la inamovilidad en la condición de funcionarios de carrera. Lo mismo el artículo 14 sobre los derechos individuales, que reconoce que los empleados públicos tienen derecho a la
inamovilidad en la condición de funcionario de carrera, en correspondencia con la naturaleza jurídica de su relación de servicio. Hay que tener en cuenta que en el Tribunal de Cuentas los puestos de nivel superior se ejercen por funcionarios de
carrera que han accedido a través de un sistema de oposición.


Y lo mismo cabe decir sobre lo que se refiere a la prohibición, salvo casos muy excepcionales, de la provisión de plazas mediante libre designación o mediante personal interino o comisión de servicios, el punto 2, apartado 5. En este punto
hay que recordar que la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública, ya prevé en el artículo 20 que el concurso es el sistema normal de provisión -ya lo es en la actualidad-, y se establece que solo podrán cubrirse
con el sistema de libre designación aquellos puestos que se determinen en las relaciones de puestos de trabajo en atención a la naturaleza de sus funciones. Es decir, ya en la actualidad hay una normativa muy restrictiva sobre el sistema de libre
designación. Además los sistemas de libre designación son públicos en cuanto a su convocatoria y resolución, son susceptibles de revisión en la vía administrativa y jurisdiccional, y en este caso además la designación no la realiza el titular del
departamento afectado, sino la comisión de gobierno y está debidamente motivada. Hay que tener en cuenta que la libre designación no es una forma de acceso, sino una forma de provisión de puestos que está prevista legalmente, responde a los
principios de mérito, capacidad, objetividad y transparencia, y no hay que confundirla con el personal de confianza o eventual que en el tribunal responde casi exclusivamente a aquellos que desempeñan funciones de secretaría de los miembros del
pleno.


Por lo que se refiere al empleo del personal interino es conocido que en la última Ley de Presupuestos Generales del Estado se han aprobado una serie de medidas para restringir con carácter general, de forma drástica, los empleos interinos y
su sustitución por funcionarios de carrera; esto se va a ir haciendo



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en las sucesivas leyes de presupuestos. Las comisiones de servicio ya en la actualidad son un sistema bastante marginal en las provisiones de puestos de trabajo, y cuentan con una legislación restrictiva, por lo que no hay ninguna razón
para aprobar una normativa específica en la legislación relativa al Tribunal de Cuentas.


Sobre la transparencia el artículo 2.1.f) de la Ley de 9 de diciembre de 2013, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno ya establece que el Tribunal de Cuentas junto con otros órganos constitucionales queda incluido
en su ámbito en relación con sus actividades sujetas a derecho administrativo. Además el acuerdo que ya adoptó el pleno del Tribunal de Cuentas, en una reunión de 27 de noviembre de 2014, regula en el ámbito del Tribunal de Cuentas el derecho al
acceso a la información, por tanto no precisa mayores cambios -creo-.


Sobre la elaboración de los informes entendemos que el procedimiento existente en la actualidad es el adecuado en términos generales. Hay una serie de proyectos y anteproyectos como documentación intermedia sobre los cuales se formulan
alegaciones de los responsables fiscalizados, hay una serie de observaciones por parte de los miembros del pleno, y luego, como consecuencia de estos trámites...


El señor PRESIDENTE: Tiene usted que ir acabando, señor Fernández.


El señor FERNÁNDEZ GONZÁLEZ: Voy terminando, presidente.


Entendemos que tienen un sistema bastante lógico, adecuado y además los miembros del pleno lo aprueban, pueden emitir votos particulares, son públicos, se remiten a las Cortes, y por tanto tienen la máxima transparencia.


Cuando habla de la fiscalización de gestión operativa creo que no tiene en cuenta que la mayoría de las fiscalizaciones del Tribunal de Cuentas ya incluyen objetivos específicos de adecuación de la gestión a los principios de economía,
eficacia, eficiencia, transparencia, igualdad y medio ambiente.


Por último, ya para terminar, tampoco compartimos que la sección de enjuiciamiento tenga que tener como función añadida instruir los expedientes relativos a las infracciones cometidas por los altos cargos en materia de gestión
económica-presupuestaria, establecidos en la Ley de 9 de diciembre de 2013, de transparencia, acceso la información pública y buen gobierno. Estos expedientes sancionadores en la ley, por imperativo de la misma, corresponden a la Oficina de
Conflicto de Intereses, y la sanción corresponde al Consejo de Ministros o al Ministerio de Hacienda y Función Pública, si se trata de la Administración General del Estado. Esta asignación de competencias es acorde con el principio de división de
poderes que establece que el Ejecutivo es el competente para exigir responsabilidades a sus altos cargos. La propuesta de atribuir a la sección de enjuiciamiento funciones de instrucción de estos expedientes en absoluto se corresponde con lo que es
propio de los órganos jurisdiccionales.


Para terminar, cuestión distinta es que, tal y como sucede ya en la actualidad, cuando se incoa un procedimiento sancionador por una presunta comisión de alcance, entonces la Oficina de Conflictos de Intereses, que es el órgano instructor,
suspende la tramitación y remite el expediente al Tribunal de Cuentas para que determine si efectivamente hubo esta infracción, pero la competencia para incoar, instruir y resolver sigue recayendo en órganos de la Administración General del Estado.
Por último, respecto a la sección de enjuiciamiento no compartimos lo que se afirma en la proposición no de ley sobre su falta de resultados. Creo que ha tenido unos buenos resultados, como demuestra el volumen de sentencias dictadas, a veces de
gran trascendencia pública, como, por ejemplo, lo ocurrido en el Ayuntamiento de Marbella. Por todo ello, el Grupo Popular va a votar en contra de esta proposición no de ley.


Nada más y muchas gracias, presidente, por su paciencia.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Fernández.


- RELATIVA AL PERFECCIONAMIENTO DE LA REGULACIÓN LEGAL DEL DEBER DE COLABORACIÓN DE LAS PERSONAS FÍSICAS Y JURÍDICAS, PÚBLICAS Y PRIVADAS, CON EL TRIBUNAL DE CUENTAS EN EL EJERCICIO DE SU FUNCIÓN FISCALIZADORA. PRESENTADA POR EL GRUPO
PARLAMENTARIO CIUDADANOS. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 161/002570 y número de expediente del Senado 663/000048).


El señor PRESIDENTE: Pasamos a debatir el segundo punto del orden del día, una proposición no de ley relativa al perfeccionamiento de la regulación legal del deber de colaboración de las personas físicas y jurídicas, públicas y privadas,
con el Tribunal de Cuentas en el ejercicio de su función fiscalizadora.


Para la defensa de la iniciativa tiene la palabra el señor Ten, del Grupo Parlamentario Ciudadanos.



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El señor TEN OLIVER: Gracias, presidente.


Me gustaría, en primer lugar, que constara en el Diario de Sesiones que nunca hemos cuestionado, señor Hurtado, el trabajo del Tribunal de Cuentas. Nos tacha de inoportunos, de irresponsables, de lobistas, y sin embargo la iniciativa que
presentamos es de regeneración y de modernización del Tribunal de Cuentas, de transparencia, de eficacia y de eficiencia. Me ha extrañado mucho del Grupo Socialista. No me extraña del Grupo Popular que quiera votar en contra, porque la pasividad y
la inactividad se han adueñado siempre de este partido conservador, pero de ustedes no lo entiendo, cuando además inciden en que van a presentar una proposición de ley para mejorar y para dar mucha más transparencia a este tribunal.


Nosotros volvemos a insistir, aunque nos tumben las proposiciones de ley, aunque nos tumben las iniciativas, en que Ciudadanos va a seguir trabajando y hoy presentamos una proposición no de ley también para el perfeccionamiento de la
regulación legal del deber de colaboración con el Tribunal de Cuentas. Además el pleno del Tribunal de Cuentas en 2008 ya elaboró una moción sobre el alcance del deber de colaboración de las personas físicas y jurídicas, públicas y privadas, con el
Tribunal de Cuentas en el ejercicio de su función fiscalizadora. Esta moción ha tardado casi diez años en venir aquí, y la verdad es que convendría debatirla para mejorar el traslado y el acceso de los datos que el propio tribunal puede realizar y
además aumentar la colaboración. Este deber de colaboración con el Tribunal de Cuentas viene recogido en su propia Ley Orgánica 2/1982, en la Ley 7/1988, de Funcionamiento del Tribunal de Cuentas, y además para dar cumplimiento efectivo a este
deber de colaboración con el Tribunal de Cuentas dispone de medios jurídicos, como los requerimientos, la imposición de multas e incluso el recurso en vía penal de ese delito de desobediencia o la responsabilidad contable. Sin embargo la realidad
es que actualmente varias leyes excluyen la colaboración con el Tribunal de Cuentas en la lucha contra el fraude y los delitos. Por ejemplo, tanto la Agencia Tributaria como la Seguridad Social como la Central de Información de Riesgos del Banco de
España o las entidades locales dependientes del Ministerio de Economía no tienen ninguna obligación de colaborar con el Tribunal de Cuentas cuando este fiscaliza casos sospechosos de ilegalidad, de corrupción o de abusos. La propia Agencia
Tributaria y la Seguridad Social solo tienen obligación de colaborar si son objeto de fiscalización estos entes. Así lo establece el artículo 95 de la Ley 58, General Tributaria, así lo establece también el texto refundido de la Ley General de la
Seguridad Social, y desde luego pretendemos modificar estos artículos.


Con el fin de perfeccionar y actualizar la regulación del deber de colaboración con el propio tribunal, que además así lo ha hecho saber y nos lo exige, nosotros presentamos de nuevo una iniciativa para mejora del tribunal, instando el
Congreso de los Diputados al Gobierno a presentar reformas legislativas oportunas para adaptar ese ordenamiento jurídico y esas propuestas que así realizaba el propio tribunal en la moción 887. También insta a modificar, como he dicho, la Ley
General Tributaria y la Ley General de Seguridad Social para poder cruzar y acceder a esos datos, a reformar la Ley 44/2002, de Medidas de Reforma del Sistema Financiero, para que el tribunal tenga acceso a los datos de la Central de Información de
Riesgos del Banco de España y a modificar el reglamento de desarrollo de la Ley de Estabilidad Presupuestaria para acceder a la información de la Central de Información de Riesgos de entidades locales.


Por último, esta proposición no de ley insta también a modificar la Ley 7/1988, de Funcionamiento del Tribunal de Cuentas, para actualizar y perfeccionar el deber de colaboración con el mismo, dando más publicidad y transparencia sin entrar
en conflicto con la confidencialidad y el secreto de los datos personales y accediendo a datos que hoy por hoy -insisto- reclama el Tribunal de Cuentas. Los partidos políticos de esta Cámara nunca han accedido a conceder esos mecanismos al Tribunal
de Cuentas, por lo que hoy Ciudadanos presenta de nuevo una proposición no de ley que espera que el resto de grupos parlamentarios apoye.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ten.


Por el Grupo Vasco tiene la palabra la señora Etxano.


La señora ETXANO VARELA: Gracias, señor presidente.


Ciudadanos presenta para su debate y aprobación una proposición no de ley cuyo contenido coincide con una moción que presentó en septiembre el presidente del Tribunal de Cuentas y que se aprobó en esta Comisión el 10 de octubre. Me refiero
a las propuestas concretas que hace el Tribunal de Cuentas a quienes tenemos atribuida la iniciativa legislativa, contenidas en el punto 7 de la moción elaborada por el



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mismo. Estando de acuerdo con el planteamiento, con la necesidad de colaboración con el Tribunal de Cuentas, entendemos que esto ya está aprobado y que no aporta ninguna novedad.


Gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Etxano. Por el Grupo Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea tiene la palabra el señor Martínez.


El señor MARTÍNEZ RUIZ: Muchas gracias, señor presidente.


Como se está comentando, esta proposición no de ley es básicamente un resumen de la moción 887 del Tribunal de Cuentas sobre el perfeccionamiento de la regulación legal del deber de colaboración de las personas físicas y jurídicas, públicas
y privadas, con el Tribunal de Cuentas. Los puntos establecidos por esta proposición son básicamente un copia y pega de las propuestas del Tribunal de Cuentas contenidas en las páginas 29 a 31 de esa moción. De hecho, la proposición de Ciudadanos
podría haberse limitado a su punto primero, que se remite a las propuestas de esta moción del Tribunal de Cuentas. Hay dos votos particulares en contra de la moción que básicamente atienden al argumento de que el Tribunal de Cuentas no debería
cuestionar los límites legales sobre su propia actividad; sin embargo, nuestra obligación es realizar los cambios legislativos necesarios para garantizar que el Tribunal de Cuentas pueda dar cumplimiento a su labor, tal como establece el artículo
136 de la Constitución. Estamos de acuerdo con que hay que mejorar la colaboración y la transmisión de información por parte de la Agencia Tributaria, de la Seguridad Social, de la Central de Información de Riesgos del Banco de España y de la
Central de Información de Riesgos de las entidades locales, con que hay que actualizar los mecanismos y procedimientos de requerimiento y las multas, así como reforzar los medios coercitivos disponibles por parte del Tribunal de Cuentas.


Estamos de acuerdo con todo esto, pero, a pesar de que creemos que la proposición puede ser útil como material a utilizar por la ponencia de estudio para la reforma del Tribunal de Cuentas que mi grupo parlamentario ha planteado crear,
igualmente consideramos innecesaria la PNL presentada por Ciudadanos.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Martínez.


Por el Grupo Parlamentario Socialista la señora Botella tiene la palabra.


La señora BOTELLA GÓMEZ: Muchas gracias, señor presidente.


Señorías, debatimos una PNL que, como ya se ha dicho, se basa en una moción del Tribunal de Cuentas, una moción en origen rigurosa, loable y necesaria, relativa al deber de colaboración de personas físicas y jurídicas, públicas y privadas,
con el tribunal en el ejercicio de su función fiscalizadora. Pero todo lo loable y necesaria que era la moción, no lo es tanto esta proposición no de ley, cuya oportunidad y sentido no entendimos en su lectura ni entendemos en su defensa. Esta
proposición no de ley no aporta, sino que enreda más un camino ya tortuoso y lleno de vericuetos hacia una finalidad que ha sido muy clara.


Admiro la concisión con que la diputada del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) ha concentrado su opinión, pero siento la necesidad de explicar y motivar un poco más nuestra posición. En primer lugar, nos parece mentira que se haya tardado
seis años en toda esta legislatura del Partido Popular en hacer oír esta proposición no de ley del Tribunal de Cuentas y nos sorprende que, después de que el propio tribunal y esta Comisión para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas hayan
instado por dos veces ya a las Cortes Generales a resolver esta situación y después de que los nueve puntos que nos plantea hoy Ciudadanos en versión PNL hayan sido rechazados por esta Comisión -¡ojo!, el Grupo Parlamentario Socialista en aquella
ocasión votó a favor de su propuesta, pero entendemos que la Comisión ya se pronunció al respecto-, esta moción quede ahora 'customizada' en versión PNL y 'jibarizada' respecto a la moción original -era de cuarenta y tres páginas y este documento
contiene solo tres páginas; es una versión comprimida y light- y vengan a someterla otra vez a votación. Creemos que esta es un cuestión muy rigurosa, sería y de mucho calado y esta Comisión y las Cortes Generales en su conjunto tenemos la pelota
en nuestro tejado y nos hemos de poner a la faena legislativa, que es a lo instamos en última instancia al Grupo Parlamentario Ciudadanos.


Permítanme una reflexión final al respecto. También pensamos que la exigencia de máxima colaboración con el Tribunal de Cuentas pasa por aplicarse uno mismo esa máxima colaboración con el



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Tribunal de Cuentas. Ciudadanos tiene cierto empeño en salir siempre muy guapo en las fotos a costa de ponerse delante de los demás, que es una táctica poco vistosa. Me refiero a que en el informe de fiscalización del Tribunal de Cuentas
de las elecciones municipales locales de 2015, que tuvimos ocasión de ver aquí, el partido Ciudadanos fue instado por el Tribunal de Cuentas a la máxima colaboración porque no se había identificado a cinco de los proveedores de la campaña electoral
de Ciudadanos -¡ojo!- por un importe de un cuarto de millón de euros. Nos preguntamos si quizá esa formación política no instó a sus proveedores a prestar esa máxima colaboración con el Tribunal de Cuentas que ahora se está exigiendo al Gobierno y,
en última instancia, a todos nosotros.


Creemos que hay que ponerse realmente a la faena, que se debería empezar por exigirse a uno mismo según su capacidad legislativa -el Grupo Parlamentario Ciudadanos con sus treinta y dos diputados puede ponerse a la faena legislativa- y
dejarnos ya de este baile de salón de proposiciones no de ley que es bastante improductivo.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Botella.


Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene de nuevo la palabra su portavoz, el señor Fernández.


El señor FERNÁNDEZ GONZÁLEZ: Muchas gracias, presidente.


Efectivamente, el contenido de esta proposición no de ley responde fundamentalmente al recogido en la moción sobre perfeccionamiento de la regulación legal del deber de colaboración de las personas físicas y jurídicas, públicas y privadas
con el Tribunal de Cuentas, que ya fue aprobada el 24 de febrero de 2011 y fue presentada recientemente ante la Comisión mixta. No obstante, dado el tiempo transcurrido desde la aprobación de esta moción, debería tenerse en cuenta que se han
producido diversos cambios legales posteriores que afectan a su contenido y que merecen ser destacados. Es curioso que ahora mismo el portavoz de Ciudadanos nos tilde de inmovilistas y, sin embargo, Ciudadanos haga aquí gala precisamente de un
evidente inmovilismo, porque no solamente sigue manteniendo referencias a normas ya derogadas e inexistentes, sino que también sigue manteniendo sus planteamientos pese a las reformas legislativas que han tenido lugar y que no ha tenido en cuenta
esta proposición no de ley. En especial, destaca la reforma del artículo 7 de la Ley Orgánica del Tribunal de Cuentas sobre el deber de colaboración, que se incluyó en la Ley Orgánica 3/2015, de 30 de marzo, de control de la actividad
económicofinanciera de los partidos políticos. En esta nueva redacción ya se han incluido mejoras como la previsión específica del deber de colaboración, que alcanza a todo tipo de personas públicas y privadas, así como la posible celebración de
convenios con la Administración General del Estado y demás organismos y entidades conforme a la normativa que regule la información a suministrar. En este sentido, una parte de la regulación especial ha sido ya modificada para permitir la cesión de
datos al tribunal, como ocurre con la relativa al Banco de España que fue modificada en octubre de 2012.


Por tanto, entendemos que esta proposición no de ley en buena parte ha quedado obsoleta, no puede aprobarse en estos términos y votaremos en contra de la misma porque, además de lo que acabo de señalar, no la compartimos en varios puntos que
paso a explicar. Por un lado, esta proposición no de ley plantea modificar el párrafo g) del artículo 95.1 de la Ley General Tributaria, de 17 de diciembre de 2003, con el objeto de que la cesión al Tribunal de Cuentas de datos con trascendencia
tributara no se limite a la que se derive del ejercicio por este de la función de fiscalización de la propia Agencia Estatal de Administración Tributaria sino que se refiera o pueda referirse a cualquier dato con trascendencia tributaria que precise
el Tribunal de Cuentas. Pues bien, la información tributaria tiene una especial protección en nuestro ordenamiento jurídico, como se pone de manifiesto en el principio general de reserva de los datos tributarios que consagra el artículo 95 de la
Ley General Tributaria. Ese principio de reserva de datos tributarios impide una cesión de dichos datos a terceros por parte de la administración tributaria tenedora de los mismos. Este principio de reserva plasma los límites que se derivan de la
interpretación constitucional a la hora de hacer confluir el derecho fundamental a la intimidad personal y familiar del artículo 18 de la Constitución y el deber de contribuir al sostenimiento de los gastos públicos del artículo 31 de la
Constitución. Así lo entendió el Tribunal Constitucional, cuya jurisprudencia avala la obtención de datos económicos por parte de la administración tributaria, pero con la limitación de que dicha información solo se utilice para hacer efectivo el
deber general de contribuir, recogido en el artículo 31. Ahora bien, el artículo 95.1, donde se permite la cesión de datos, recoge excepciones y, entre ellas, la colaboración con el Tribunal de Cuentas en el ejercicio de sus funciones de
fiscalización de la Agencia Estatal de Administración Tributaria.



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Por tanto, el carácter reservado de la información tributaria tiene una serie de límites constitucionales, tal y como acabamos de señalar, y determina que la Agencia Estatal de Administración Tributaria, como administración encargada de la
aplicación efectiva del sistema tributario estatal, no puede ceder los datos obtenidos en el desempeño de sus funciones, salvo en los casos legalmente previstos, atendiendo a las circunstancias que justifican la cesión de esa información, que en la
actualidad están vinculados a la necesidad de hacer efectivo ese deber general de contribuir, señalado en el artículo 31 de la Constitución. Por tanto, hay que ser muy cuidadoso con cualquier cambio en la legislación hoy vigente y tener en cuenta
las garantías constitucionales de los ciudadanos anteriormente señaladas.


Algo parecido ocurre con la modificación del artículo 66.1 de la Ley General de Seguridad Social, aprobada por Real Decreto Legislativo de 20 junio de 1994. La redacción actual de este precepto tiene que asegurar que el Tribunal de Cuentas
acceda a los datos de la Seguridad Social no solamente cuando la propia Administración de la Seguridad Social y las entidades que la integran sean las entidades fiscalizadas sino con carácter general. La referencia que se hace en la iniciativa al
artículo 66.1 de la Ley General de Seguridad Social habrá que entenderla hoy realizada en el artículo 77.1 g) del texto refundido de la ley General de Seguridad Social que aprobó el Real Decreto-Legislativo de 30 de octubre de 2015. Este artículo
77 habla de la reserva de datos y establece que los datos que obtenga la Seguridad Social solo podrán utilizarse para los fines específicos de las entidades gestoras y servicios comunes de la Seguridad Social y no pueden ser cedidos salvo
-precisamente establece esto como excepción- la colaboración con el Tribunal de Cuentas en el ejercicio de sus funciones de fiscalización de la propia Administración de la Seguridad Social. Sin embargo, con la propuesta de Ciudadanos se pretende
modificar la literalidad de este artículo para que el Tribunal de Cuentas pueda acceder a los datos de carácter personal que dispongan las entidades de la Seguridad Social en el ejercicio de su función fiscalizadora, pero no limitándose al supuesto
en que dicha fiscalización se ejerza sobre las entidades de la Seguridad Social, que es lo que se prevé en la actualidad. No obstante, hay que tener en cuenta que los datos de los que dispone la Administración de la Seguridad Social son datos de
carácter personal que pueden afectar a la intimidad personal, como son los datos relativos a la salud, que están especialmente protegidos por la Ley Orgánica de Protección de Datos. Hay que tener en cuenta toda la jurisprudencia del Tribunal de
Justicia de las Comunidades Europeas que establece claramente el principio de proporcionalidad...


El señor PRESIDENTE: Señor Fernández, tiene usted que ir acabando.


El señor FERNÁNDEZ GONZÁLEZ: ... que refuerza -sí, señor presidente, en breve- la necesidad de garantizar la intimidad personal. En este mismo sentido, la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y del Tribunal Constitucional
establece que en estos supuestos debe ponderarse y tenerse en cuenta el juicio de proporcionalidad. Considerar, como se hace en la propuesta, que se debe modificar el artículo de la Ley General de Seguridad Social para que el Tribunal de Cuentas
pueda acceder de forma absoluta a los datos de la Seguridad Social puede exceder este principio de proporcionalidad que debe presidir la cesión de datos de carácter personal. Por tanto, también nos preocupa la protección de los derechos de los
ciudadanos en cuanto a su intimidad en cuestiones tan sensibles como sería la salud.


Por último, termino refiriéndome a otra propuesta que se incluye en esta proposición no de ley, relativa a la modificación de la Ley de Medidas de Reforma del Sistema Financiero y del Real Decreto-Legislativo que aprueba el texto refundido
de la Ley General de Estabilidad Presupuestaria, para facilitar el acceso del Tribunal de Cuentas a los datos de la Central de Información de Riesgos del Banco de España sobre endeudamiento de las administraciones públicas.


La proposición no de ley no tiene en cuenta que esta excepción del deber de secreto de las informaciones del Banco de España ya se ha modificado y está ya prevista en la Ley de 26 de junio, de 2014, porque desde la modificación que se llevó
a cabo en la Ley Orgánica 5/2012, el deber de secreto del Banco de España no es un obstáculo a las peticiones de información que reciba el Tribunal de Cuentas. Así lo señaló ya el presidente del Tribunal de Cuentas el 26 de septiembre de 2017 ante
esta misma Comisión, donde puso de manifiesto que la restricción de acceso que existía en relación con los datos de la Central de Información de Riesgos del Banco de España, sobre el endeudamiento de las administraciones públicas, ya fue subsanada
por la Ley Orgánica 5/2012, al exceptuarse del deber de secreto las informaciones del Banco de España para facilitar el cumplimiento de las funciones del Tribunal de Cuentas. Por tanto, las últimas peticiones efectuadas por el Tribunal de Cuentas
sobre información relativa a la financiación de los partidos políticos ya fue suministrada sin ningún tipo de limitación.



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Por todo ello, el Grupo Popular va a votar en contra de esta proposición no de ley, porque, como decía, la consideramos en buena medida obsoleta.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Fernández.


- DEBATE DE LA SOLICITUD DE CREACIÓN DE PONENCIA DE ESTUDIO PARA LA REFORMA DEL TRIBUNAL DE CUENTAS. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO CONFEDERAL DE UNIDOS PODEMOS-EN COMÚ PODEM-EN MAREA. (Número de expediente del Congreso de los
Diputados 158/000043 y número de expediente del Senado 573/000004).


El señor PRESIDENTE: Pasamos al debate del punto número tres del orden del día, debate y votación de la solicitud de creación de una ponencia de estudio para la reforma del Tribunal de Cuentas. Para la defensa de la iniciativa, tiene la
palabra, por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, el señor González.


El señor GONZÁLEZ GARCÍA: Muchas gracias, señor presidente.


El Tribunal de Cuentas es, según la Constitución, el órgano encargado de fiscalizar las cuentas y la gestión económica del Estado y del sector público, órgano fundamental para nuestra democracia, como ya se ha repetido en esta Comisión en
numerosas ocasiones. Para el ejercicio de esta función tan esencial es fundamental que el Tribunal de Cuentas, tanto en su funcionamiento como en su organización, en su estructura orgánica, en su reparto y en el desarrollo de sus tareas, esté
orientado por un absoluto principio de independencia que abarque todos sus estratos y sus actividades.


Durante los últimos años se ha tenido constancia de que dicho organismo se ha alejado del cumplimiento de dicho principio. Se ha producido un elevado número de sentencias condenatorias contra el tribunal, en las que se pone de manifiesto
que se producen nombramientos irregulares -especialmente del personal de libre designación-, abusos en la contratación, falta de claridad en el gasto del tribunal y otro tipo de irregularidades. De entre ellas, merece la pena destacar la sentencia
del Tribunal Supremo de 3 de diciembre de 2012, que condenó al Tribunal de Cuentas por sobrepasar los límites legales en materia de funcionarios del Grupo A1 ajenos al tribunal, una práctica que ha continuado en los últimos años.


A partir de esta sentencia se sucedieron muchas otras: la de 4 de febrero de 2015, la de 18 de diciembre de 2015, la de 2 de febrero de 2016 y la de 25 de abril de 2016. Todas ellas, sentencias del Tribunal Supremo que han ratificado estas
actuaciones ilegales. Convocatorias de empleo ratificadas ilegalmente o desvíos de poder son algunas de las conductas condenadas absolutamente inaceptables en un órgano constitucional, como es el Tribunal de Cuentas, hasta el punto de que el
Tribunal Supremo ha llegado a decir en una de sus sentencias: Se ha utilizado el procedimiento de libre designación no para seleccionar a quien, cumpliendo los requisitos, mejor reúne las condiciones de idoneidad y confianza entre los solicitantes,
sino para adjudicar el puesto de trabajo a una determinada persona. Esto es intolerable. Además, recientemente hemos conocido casos de hostigamiento a funcionarios que han denunciado esta situación.


De esta manera, y con el paso de los años, en el Tribunal de Cuentas se ha creado un cuerpo de personas trabajadoras que no responden a los principios de mérito y capacidad, sino que más bien responden a intereses partidistas y espurios,
desnaturalizando el objetivo del Tribunal de Cuentas reflejado en el artículo 124 de la Constitución. Asimismo, la independencia de los propios consejeros del tribunal está cada vez más en entredicho, no solo como consecuencia de los hechos
probados y condenados en las sentencias mencionadas antes, sino respecto a los sistemas de nombramiento de los mismos. Si bien estos deberían reunir las aptitudes y experiencias que les permitan desarrollar sus funciones, la realidad es que hay
serias dudas sobre si esto siempre es así. En este sentido, los consejeros son nombrados por los partidos políticos mediante sistemas de reparto poco democráticos y anticuados, que no responden a la pluralidad de la sociedad española que reflejan
las actuales Cortes Generales, ni atienden a un proceso transparente ni tampoco permiten seleccionar a aquellos con mejor currículum para garantizar un desarrollo excelente en sus funciones.


Por otro lado, se han puesto de manifiesto otros comportamientos irregulares, como por ejemplo que los consejeros de la sección de Enjuiciamiento en ocasiones conocen y emiten opinión sobre un asunto antes juzgado, como figura en el Informe
de la Revisión entre Pares sobre el Tribunal de Cuentas de



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Portugal y el Tribunal Europeo, de junio de 2015, que asevera que existe una percepción pública de influencia política en los consejeros del Tribunal de Cuentas, afirmación gravísima que procede, como digo, de las mismas instituciones
comunitarias. Esto ha sido destacado también por los organismos sindicales así como un cuestionable uso de los fondos públicos del propio tribunal en diferentes procesos de contratación que despiertan serias dudas sobre su legalidad u oportunidad
pública, la falta de transparencia del organismo o la incapacidad para luchar contra la corrupción.


Por todos estos motivos y porque creemos que la actual composición de la Cámara lo permite, consideramos ineludible abordar la reforma del Tribunal de Cuentas en esta legislatura y esta Comisión, la encargada de las relaciones con el
Tribunal de Cuentas, debe abrir una ponencia para el estudio de esta reforma donde se dé voz a todos los actores que tienen algo que decir al respecto. Creemos que la sombra de la duda sobrevuela el Tribunal de Cuentas y esto es algo que en nuestra
democracia no se puede permitir. Por eso creemos conveniente abrir esta ponencia de estudio e invitamos al resto de grupos parlamentarios a votar favorablemente a la misma para que podamos tramitarla en esta Comisión.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor González.


Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos tiene la palabra el señor Ramírez.


El señor RAMÍREZ FREIRE: Muchas gracias, señor presidente.


Solo quiero decirle al señor Hurtado que le tengo que dar la enhorabuena porque después de treinta años van a hacer ustedes una ley de reforma del Tribunal de Cuentas. Lo mismo llegan tarde. Espero que sean coherentes y voten a favor
también de la ponencia que acaba de presentar Podemos; es interesante que estemos todos de acuerdo en que es necesaria una regeneración del Tribunal de Cuentas. Por cierto, lo del nepotismo no lo decimos nosotros, lo dice el Tribunal Supremo, que
debe ser que algo habrá visto para decir claramente que hay un desvío de poder en el Tribunal de Cuentas.


Votaremos a favor la creación de la ponencia de reforma del Tribunal de Cuentas por los mismos principios que he dicho en mi primera intervención y es que después de más de treinta años está claro que este tribunal tiene que dar una
respuesta real a la sociedad actual. Cuando llegamos a este Parlamento lo hicimos con la intención de regenerar, de intentar ayudar a que la transparencia sea un principio fundamental a la hora de regirnos. Me gustaría que en esta ponencia el
Partido Socialista se retratara y votara a favor y que también lo hicieran el resto de los grupos. No creo que vaya a ser así. En cualquier caso, nosotros votaremos a favor y aprovecho para decirle además a la portavoz del Grupo Parlamentario
Socialista que me ha precedido que, si tiene mucha preocupación por saber cuáles son las leyes que lleva Ciudadanos, se lea la ley ómnibus y la ley de selección de altos cargos, que van precisamente en la línea de regenerar lo que hemos sufrido, de
acabar de una vez por todas con la corrupción. No se preocupe tanto por fiscalizarnos a nosotros, que a veces se olvidan de que el partido del Gobierno es el Partido Popular. Parece que están un poco obsesionados, quizá tienen cierta resaca de
algunas elecciones previas.


Muchísimas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ramírez.


Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el señor Mato.


El señor MATO ESCALONA: Empezando por el final, al compañero de Ciudadanos tengo que decirle que sí, que efectivamente hace treinta años el PSOE puso en pie el Tribunal de Cuentas y la ley de funcionamiento y en este caso, como
perfectamente ha explicado el portavoz, el señor Hurtado, creemos que el trámite normal a seguir es el trámite legislativo, que está perfectamente dispuesto. Por lo tanto, como no me quiero reiterar en lo que él mismo ha dicho, simplemente voy a
decir que nosotros abordaremos la modificación legislativa treinta años después como hicimos treinta años antes. Si me lo permite el compañero de Ciudadanos, tuvimos muchas responsabilidades de Gobierno a lo largo de muchísimos años. Bienvenidos a
estas nuevas responsabilidades y a esta nueva política. Simplemente quiero decirle que nosotros no vamos a votar en contra, nos vamos a abstener pero, tal y como ha dicho el portavoz, presentaremos en los próximos meses una modificación de la Ley
7/1988, de 5 de abril, de funcionamiento del Tribunal de Cuentas.


Gracias, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Mato.


Disculpe, señora Etxano, le he entendido antes que no quería intervenir. Tiene usted la palabra.



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La señora ETXANO VARELA: Gracias.


Ya hemos comentado al tratar la iniciativa de Ciudadanos que a nuestro grupo le parece oportuna la creación de una ponencia en la que se establezca un análisis y se elaboren propuestas necesarias para la reforma del Tribunal de Cuentas, para
la mejora de su funcionamiento y para abordar las modificaciones normativas que se precisen. Se trataría de abrir un debate sobre aspectos relacionados con el Tribunal de Cuentas: que tenga más competencias, que pueda llegar a acuerdos de
colaboración; sobre la regulación del deber de colaboración de personas físicas y jurídicas, la adecuación de los recursos humanos y económicos, necesarios para que el Tribunal de Cuentas realice su trabajo con eficacia y eficiencia y, cómo no,
sobre la mejora de la gobernanza de la organización y también de la elaboración de informes más oportunos en el tiempo, más breves y de fácil lectura, así como el establecimiento de sistemas de seguimiento de las recomendaciones realizadas por el
Tribunal de Cuentas; todo ello plasmado en el informe de la revisión entre pares realizado por el Tribunal de Cuentas Europeo y el Tribunal portugués. El Tribunal de Cuentas por definición -esta sería su función- debe realizar informes que
permitan un control efectivo de la legalidad, la economía, la eficacia y la eficiencia del gasto público, dotando de transparencia la gestión presupuestaria.


La pregunta a la que parece que queremos dar respuesta con esta ponencia sería si el tribunal está en condiciones de garantizar el control financiero y la legalidad de la gestión pública, evaluar la eficiencia del gasto y depurar las
responsabilidades que procedan en el ámbito contable; esto es, si el Tribunal de Cuentas está preparado y cuenta con los recursos, si existe normativa suficiente para descubrir y atajar la mala gestión, el despilfarro y la mala corrupción en caso
de que existan. No facilita la confianza el hecho de que muchos casos de corrupción relevantes que se han conocido sobre administraciones y entidades locales habían estado fiscalizados por distintos tribunales. Por ello, parece oportuno realizar a
través de una ponencia no solo aquellos debates relativos al funcionamiento del Tribunal de Cuentas sino también a las modificaciones normativas que se deban acompañar de cara a garantizar el cumplimiento de la labor del Tribunal de Cuentas.


Eskerrik asko.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Etxano.


Para finalizar, por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra de nuevo su portavoz el señor Fernández.


El señor FERNÁNDEZ GONZÁLEZ: Muchas gracias, presidente.


El Grupo Popular, en coherencia con lo anteriormente expuesto, va a votar en sentido negativo en relación con la solicitud de creación de esta ponencia de estudio para la reforma del Tribunal de Cuentas, puesto que consideramos, como ya
señalé, que esta institución en la actualidad cuenta con una legislación básicamente adecuada, sobre todo tras las últimas reformas legales, sin perjuicio de algunos matices que desde luego no la justifican para reformar el Tribunal de Cuentas.


Se consideran reproducibles, por tanto, los mismos argumentos que se han expuesto en relación con las proporciones no de ley del Grupo Parlamentario Ciudadanos y se hace necesario recordar la existencia ya de una Comisión específica para la
auditoría de la calidad democrática, la lucha contra la corrupción y las reformas institucionales y legales, ante la que ya compareció el presidente del Tribunal de Cuentas. Debe tenerse en cuenta además que en fechas relativamente recientes se ha
operado una reforma de la Ley Orgánica del Tribunal de Cuentas en virtud de la Ley orgánica de control de la actividad económica y financiera de los partidos políticos, además de otras modificaciones en la Ley de Funcionamiento del Tribunal de
Cuentas, y aún es pronto a nuestro juicio para evaluar sus efectos.


No debe olvidarse, asimismo, el esfuerzo que está realizando el tribunal para la mejora de los resultados de su actividad fiscalizadora y jurisdiccional, evidente en los últimos años, así como la relativa estabilidad que requiere para el
adecuado ejercicio de su labor y en especial para apreciar los resultados de las medidas de regeneración democráticas ya aprobadas. Es cierto que hay algunas actuaciones concretas que fueron declaradas ilegales, pero entendemos que estas se
resuelven perfectamente dentro del propio ámbito judicial y sin que esté justificada una ponencia para reformar una institución como el Tribunal de Cuentas que funciona a nuestro juicio de una forma más que aceptable, sin perjuicio de que, como
decía, todo es mejorable. Por eso, nuestro voto va a ser negativo en relación con esta solicitud de creación de la ponencia.


Muchas gracias, presidente.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Fernández.



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DEBATE DE LAS SIGUIENTES SOLICITUDES DE FISCALIZACIÓN:


- PARA QUE RECABE DE DICHO TRIBUNAL LA REALIZACIÓN DE UN INFORME DE FISCALIZACIÓN ESPECÍFICO DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA VARIANTE FERROVIARIA DE PAJARES. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO CONFEDERAL DE UNIDOS PODEMOS-EN COMÚ PODEM-EN
MAREA. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 253/000020 y número de expediente del Senado 772/000015).


El señor PRESIDENTE: Pasamos al debate del punto número cuatro del orden del día. Es una solicitud de fiscalización del Grupo Parlamentario Podemos y que tiene que ver con que se recabe del Tribunal de Cuentas la realización de un informe
de fiscalización específico de la construcción de la variante ferroviaria de Pajares. Tiene la palabra de nuevo el señor González.


El señor GONZÁLEZ GARCÍA: Muchas gracias, señor presidente.


La variante de Pajares es un tramo de la línea ferroviaria entre León y Asturias que unirá la Meseta a través de un túnel de 49,7 kilómetros, reduciendo la distancia entre León y Asturias en 34 kilómetros y en 45 minutos; una obra
necesaria, pero que debería haberse concluido en 2009, que lleva 2500 millones de euros de sobrecoste, cuya construcción ha ocasionado grandes destrozos medioambientales y que pasará a la historia como una de las mayores chapuzas de las
infraestructuras españolas, y, como bien saben, este ranking está muy disputado. (Risas).


La decisión de llevar a cabo la infraestructura se tomó en 1998. Cuando se inauguraron las obras en 2004, la primera fecha que anunció por entonces el ministro de Fomento Álvarez-Cascos para la construcción de la obra fue 2009. A partir de
ahí el incumplimiento en las fechas de finalización previstas por los ministros de Fomento se convirtió en una constante. Trece años después del inicio de los trabajos, ayer el ministro de Fomento, De la Serna, anunció en Oviedo que se pondrían en
servicio los túneles en 2020; pero más escandalosos -y este es el motivo por el que hemos traído este tema hoy- son los sobrecostes de la obra. El Gobierno dio luz verde al túnel en 2003, con una obra presupuestada en 1085 millones. Los
principales adjudicatarios de la obra son grandes compañías licitadoras como Sacyr, Ferrovial, Dragados y Constructora Hispánica, empresas de sobra conocidas por figurar en la contabilidad B acreditada por el juez Ruz y por ser las principales
empresas receptoras de licitaciones de nuestro país. Cuando los ministros de Fomento y Economía, Álvarez-Cascos y Rodrigo Rato, ponían la primera piedra de la obra en 2004 ya anunciaron que nos costarían 1990 millones; actualmente el coste total
se sitúa en 3590 millones de euros, como anunció ayer el ministro De la Serna, con unos sobrecostes de más de 2500 millones de euros.


Estos importantes sobrecostes sitúan a la variante de Pajares como la segunda obra con mayores sobrecostes de España, después del soterramiento de la M-30. Como venimos repitiendo, creemos que parte de estos sobrecostes y el origen de los
retrasos y las negligencias radica en que los ministros de Fomento y Economía, Álvarez-Cascos y Rodrigo Rato, adjudicaron las obras de forma precipitada, sin realizar los estudios hidrogeológicos adecuados, ya que quisieron adjudicar estas obras
antes de abandonar el Gobierno en el año 2004, pocos meses antes de las elecciones de ese año. Posteriormente, los Gobiernos del Partido Popular y del Partido Socialista miraron hacia otro lado mientras se iban produciendo los desastres
medioambientales que dieron lugar a los sobrecostes.


La construcción del trazado de este tramo de alta velocidad ha causado fuertes impactos ambientales que tuvieron relación directa con los sobrecostes debido a las negligencias en su diseño. La perforación de los túneles finalizó en el año
2009, pero durante los años que duró la maniobra se produjo un daño irreversible a los veinte acuíferos atravesados por el túnel, que comenzaron a desaguar por los grandes túneles recién construidos cerca de un kilómetro de profundidad.


Desde el punto de vista social, la obra ha generado un significativo impacto negativo en las poblaciones por las que pasa el trazado. En la vertiente leonesa, las quejas se deben fundamentalmente al desabastecimiento de agua derivado del
trasvase sobrevenido por la perforación de los acuíferos y en la vertiente asturiana, en la zona de Campomanes y Pola de Lena, se han producido numerosas quejas de los vecinos por constantes vibraciones, vertederos incontrolados de material de obra
y contaminación de manantiales. En definitiva, estamos hablando de una infraestructura básica para Asturias y para León que lleva un retraso de doce años y unos sobrecostes que sobrepasan el 150 % de lo presupuestado. Esto nos parece una tomadura
de pelo para los asturianos y para el conjunto de los españoles, y creemos que es un ejemplo paradigmático de chapuza faraónica gestionada por



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quienes administran lo público de forma irresponsable y partidista. Por estos motivos consideramos imprescindible que se haga una auditoría pública de la variante y creemos que el Tribunal de Cuentas, como órgano supremo fiscalizador de la
gestión económica del Estado y del sector público, debería realizar un informe específico sobre esta obra.


Consideramos que si nadie tiene nada que ocultar debería votar a favor de la realización de este informe de fiscalización para que se ponga luz y taquígrafos y que toda la sociedad española y asturiana puedan conocer que hay detrás de la
obra de la variante, al igual que esperamos que se finalice lo antes posible esa obra.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor González.


Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos tiene la palabra el señor Ten.


El señor TEN OLIVER: Gracias, presidente.


Nuestro grupo parlamentario, como no puede ser de otra manera, apoyará esta solicitud de informe de fiscalización; además, en la Comisión de Fomento ya presentó una proposición no de ley de la variante de Pajares en la que se realizó una
transaccional incluyendo esta solicitud. No voy a incidir en los datos que ha dado el señor González García, pero sí que quiero remarcar las tres razones fundamentales por las cuales mi grupo parlamentario va a apoyar esta solicitud. Primero,
porque hay un desastre ambiental; segundo, porque existen unos sobrecostes de 2500 millones de euros que quizá a ustedes, señorías del Partido Popular y del Partido Socialista, no les extrañe porque no es la primera vez que sucede; y tercero, y
fundamental, porque hay un gran coste de oportunidad, pero no solo para los ciudadanos de Asturias, sino al resto de ciudadanos porque esos recursos públicos no se han destinado a aquellas necesidades que realmente tienen los ciudadanos. Por todas
esas razones nuestro Grupo Parlamentario de Ciudadanos apoyará la solicitud de este informe de fiscalización.


Muchas gracias, presidente.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ten.


Por el Grupo Parlamentario Socialista, el señor Galeano tiene la palabra.


El señor GALEANO GRACIA: Gracias, señor presidente.


Señorías, no cabe duda de que una de las principales causas de la desafección política de millones de ciudadanos es la falta de transparencia en la contratación pública, la dudosa gestión de los recursos públicos y la inexistencia en
ocasiones de adecuados estudios previos. En definitiva, lo que es la falta de calidad y en ocasiones de claridad democrática que debe ser objeto de una auténtica cruzada por parte de cualquier representante u organismo público para tratar de
revertir esa negativa percepción ciudadana de las diferentes administraciones en cuanto a su gestión. Aquí tenemos un claro ejemplo, como han comentado anteriormente otros portavoces. Nos remontamos a la última legislatura del señor Aznar, cuando
el ministro Álvarez-Cascos colocaba la primera piedra de esta variante de Pajares, un gran proyecto de la ingeniería española que aspiraba o aspira a conectar Asturias con la Meseta. Hablamos de cifras como el quinto túnel más largo del mundo, el
tercero más profundo y el segundo, según dicen los técnicos, más complejo tras el de San Gotardo. Es un sueño, una legítima aspiración de muchos ciudadanos que creo que se ha convertido en una auténtica pesadilla para los diferentes ministros que
han ocupado estas carteras. Hablaban entonces de fechas de finalización en torno a 2010, pero problemas sobrevenidos como los que aquí se han comentado -falta de financiación por ajustes presupuestarios, desprendimientos de tierra y filtraciones de
agua, entre otras cuestiones- han dilatado hasta no se sabe muy bien cuándo su puesta en funcionamiento. Un presupuesto de 1000 millones que antes incluso de colocar la primera piedra se duplica, y actualmente se considera que en la práctica se va
a multiplicar por cuatro.


Señorías, no somos los socialistas ajenos a la complejidad técnica que encierra este proyecto; se trata de una exigencia desde el lado de la orografía fuera de toda duda, y considerando además que tenemos unas empresas españolas que son
líderes mundiales en este sector de la ingeniería civil. Pero todo ello no es óbice para considerar que existe desde la ciudadana un halo de sospecha en torno a la gestión política paralela a dicho proyecto: las dudas sobre el protagonismo de
personas como el antiguo ministro Álvarez-Cascos hasta la aparición de sociedades envueltas en la trama Gürtel, como Constructora Hispánica; las modificaciones habidas en el último año, presupuestos de por medio; perjuicios sociales y



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medioambientales ocasionados por las obras; las continuas rectificaciones en los plazos de los ministros y del propio presidente Mariano Rajoy. Esto es, una interminable espera por la inauguración que atormenta a tantos y tantos
ciudadanos, y obliga, a nuestro entender y como han manifestado anteriormente otros portavoces, al máximo órgano fiscalizador a acometer un estudio de esta obra que clarifique cuando menos las sombras en torno al mismo.


Votaremos, por lo tanto, a favor de esta fiscalización.


Muchas gracias, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Galeano.


Para finalizar este punto, por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la señora López Ares.


La señora LÓPEZ ARES: Muchas gracias, señor presidente.


Asistimos hoy de nuevo a la materialización de la oposición que el resto de grupos parlamentarios tiene hacia esta obra. Estamos hablando de una infraestructura fundamental para nuestra comunidad autónoma, para Asturias, infraestructura a
la que se ha opuesto desde el momento inicial el Partido Socialista Obrero Español, y aquí quiero recordar que siempre, desde que se diseñó esta obra, el Partido Socialista Obrero Español se opuso a la existencia de esta variante de Pajares. Flaco
favor hizo a los asturianos ese ministro de Fomento, que ellos llamaban el señor Pepiño Blanco, cuando paralizó las obras y dejó a Asturias en un retraso importante para que se pueda inaugurar esta infraestructura. Que venga ahora, precisamente el
portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, a hablar de retrasos, nos causa como poco cierto estupor.


En cuanto a la posición de Ciudadanos y de Podemos, están en la misma situación que el Partido Socialista. Ciudadanos en varias ocasiones se ha opuesto a esta infraestructura, no solamente en Asturias sino incluso aquí en el Congreso de los
Diputados, donde siempre ha hablado de que era mejor dedicar estos 3500 millones de euros a investigación antes de que a que los asturianos tengamos los mismos derechos que otros ciudadanos. O los señores de Podemos, que con frases conocidas como
la de un eurodiputado, por cierto asturiano, en contra de que Asturias y el resto de territorios de España tengan tren de alta velocidad, ponen de manifiesto la posición de estos tres partidos en relación a la alta velocidad: están opuestos o se
oponen a esta alta velocidad. Y como están en contra de esta infraestructura, dos de estos grupos en general, lo que tienen que hacer es poner sombras sobre una infraestructura tan importante para los asturianos. Es una infraestructura que
precisamente se diseñó hace muchos años, es una infraestructura muy difícil, muy compleja por la orografía. No es la primera vez que en Asturias -por la geografía y la orografía que tenemos- este tipo de obras son muy complejas, por las montañas,
por los acuíferos. Pero el Partido Popular y el ministro de la Serna -que, precisamente ayer estuvo en Oviedo- tenemos bien claro que los asturianos tenemos derecho a esta infraestructura y a que se inaugure cuanto antes, con los esfuerzos
necesarios para que podamos disfrutar de ella exactamente igual que otros ciudadanos de otros territorios de nuestro país. Flaco favor hacen estos partidos al lanzar sombras sobre esta infraestructura. Del Partido Socialista ya sabemos que siempre
han estado en contra -seguirán estándolo siempre- de que los asturianos tengamos ancho internacional; de Ciudadanos ya sabemos también que en su programa electoral del año 2015 planteaba no iniciar nuevas obras de alta velocidad y paralizar o
ralentizar las que estaban en marcha y, de Podemos, sabemos ese enfrentamiento continuo que hacen entre la alta velocidad y las cercanías. Pues desde el Partido Popular lo que defendemos es la alta velocidad para todos los españoles, incluidos los
asturianos, y las cercanías de calidad para todos los españoles y para los asturianos en concreto.


Por tanto, vamos a votar en contra, primero porque no tiene sentido en este momento procesal, en tanto en cuanto la obra se está finalizando. Cuando se finalice la obra se podrán hacer todos los análisis y todas las auditorías que sean
necesarias, porque desde el Partido Popular nunca nos hemos opuesto a la transparencia y hemos puesto en marcha múltiples leyes para facilitar, precisamente, esa transparencia. Pero lo que no se puede consentir es que estos tres partidos sigan
poniendo sombras sobre una infraestructura tan importante para los asturianos.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora López Ares.



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- PARA QUE RECABE DE DICHO TRIBUNAL UN INFORME DE FISCALIZACIÓN ESPECÍFICO DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA RED FERROVIARIA VASCA DE ALTA VELOCIDAD. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO CONFEDERAL DE UNIDOS PODEMOS-EN COMÚ PODEM-EN MAREA.
(Número de expediente del Congreso de los Diputados 253/000023 y número de expediente del Senado 772/000016).


El señor PRESIDENTE: A continuación, pasamos al debate del siguiente punto del orden del día, que es la solicitud a la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas para que recabe del citado tribunal un informe de
fiscalización específico de la construcción de la nueva red ferroviaria vasca de la alta velocidad.


Para la defensa de esta iniciativa tiene la palabra, por el Grupo Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, el señor López.


El señor LÓPEZ DE URALDE GARMENDIA: Gracias, señor presidente. Buenos días.


Creo que viene a cuento y es oportuna esta intervención porque es necesario hacer algunas reflexiones sobre lo que supone la alta velocidad para la economía española. La alta velocidad ferroviaria es, con diferencia, la infraestructura de
transporte que más fondos públicos ha recibido. El AVE ha cumplido recientemente veinticinco años en los que se ha invertido, según ADIF, nada menos que 51 175 millones de euros, lo que supondría una media de más 1100 euros por español. Esto
supone solamente el importe que ha supuesto la infraestructura y no incluye, por tanto, lo invertido por Renfe en el centenar de trenes AVE con que cuenta para explotarla. Hoy en día hay serias dudas sobre la sostenibilidad económica, ambiental y
social del tren de alta velocidad y, en su conjunto, requeriría una profunda revisión.


El desarrollo del AVE se ha hecho sin planificación global, a golpe más de decisiones políticas que de necesidades reales. De hecho, países más ricos que España como Suecia, Finlandia y Noruega no tienen ninguna línea de AVE. Algunos años
se ha invertido en AVE una cantidad equiparable a la que se recortaba en partidas sociales. Por ejemplo, el primer recorte aplicado por Zapatero en su decretazo de mayo de 2010 suponía 15 000 millones de euros durante dos años y la inversión en
AVE, en esos mismos años, fue de 11 400 millones. Son conocidos los servicios de AVE que se han tenido que cerrar porque, con un coste económico disparatado, daban servicio a menos de diez pasajeros, pero ha trascendido menos el tremendo
despilfarro además de su fuerte impacto ambiental y territorial de muchos de los nuevos corredores de alta velocidad en los que se sigue enterrando el dinero que se nos recorta por otros lados. Pero, aunque el Gobierno habla de reducir el déficit
público a toda costa, para realizar esa tremenda inversión nos seguimos endeudando. Buena parte de los 3000 millones de euros que nos prestó el Banco Europeo de Inversión el año pasado fueron a parar a las obras del AVE.


Otro caso, el Tribunal de Cuentas portugués decidió no asignar fondos a la línea de alta velocidad frontera española-Lisboa, porque no defiende el interés público y de los contribuyentes portugueses, mientras que el Estado español va a
gastar más de 2600 millones de euros en esa línea. Y luego está la tremenda disparidad -sí, señora diputada- de asignación de presupuestos (Dirigiéndose a la señora López Ares). Ha habido años en los que el AVE se ha llevado ciento cincuenta veces
más fondos que las cercanías, a pesar de que cada día viajan treinta veces más pasajeros en cercanías que en AVE, una muestra clara de en qué tipo de pasajeros están las prioridades del Gobierno. En los Presupuestos Generales de 2016 se destinaron
todavía 3500 millones para la construcción de nuevas líneas de AVE y apenas 150 millones para nuevas líneas de trenes de cercanías.


Vamos ahora a la Y vasca. La llamada Y vasca no se escapa de esta situación general. Cuando el Gobierno vasco y el central acordaron la construcción del AVE vasco el presupuesto previsto fue de 4178 millones de euros, de los cuales casi el
40 % -la cantidad de 1642 millones- los adelantaría la Administración vasca para descontarlos después vía cupo. Una pequeña parte, 118 millones, procederían de fondos europeos, y el grueso de la operación correspondería a ADIF, con algo más de 2500
millones por asumir. Sin embargo, esos presupuestos ya están desfasados y hoy se estima que el coste superará los 6000 millones, cuando finalice en el año 2023. La desviación es, por tanto, ya notable. Esta desviación por sí misma justifica un
informe específico de fiscalización del Tribunal de Cuentas. Las obras de la denominada Y vasca, según un informe entregado al Parlamento vasco por la consejera competente en materia de Transportes, Arantxa Tapia, acumula 263 millones de sobrecoste
con respecto al presupuesto de adjudicación en los tramos que construye el Gobierno vasco en Guipúzcoa, tras una encomienda de gestión por parte del titular de la infraestructura, la sociedad pública estatal ADIF. El denominado presupuesto vigente
líquido es de 1838,59 millones, frente a los 1699,81 estimados inicialmente, que se



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redujeron a 1575, merced a las mejoras económicas ofrecidas por los contratistas. Con estos números la Administración ha puesto un 16,71 % más de fondos públicos con respecto a lo contratado y un 8,16 % más si lo que se toma como referencia
es lo presupuestado: un total de 263 millones de sobrecostes. Ni uno solo de los diecisiete tramos en que se divide el corredor guipuzcoano han cumplido con el presupuesto. Además, ha de tenerse en consideración que tras más de medio año de
investigación la fiscalía de Álava, apoyada por la Ertzaintza y la Guardia Civil, tipificó el pasado mes de marzo como un posible caso de prevaricación, fraude en la contratación, malversación de caudales públicos y falsedad en documento oficial el
millonario sobrecoste registrado en las obras de construcción del tramo Beasain Este de la Y vasca, terminadas hace ya un lustro. Estos trabajos tuvieron un sobreprecio del 16 % respecto al presupuesto original y del 23 % respecto al precio de
adjudicación del contrato de la UTE compuesta por las empresas Dragados, Iza, Ossa y Campezo.


En definitiva, la acumulación de sobrecostes, la falta de transparencia en la parte de la obra que corresponde al Gobierno central y los casos ya conocidos de posible prevaricación nos llevan a solicitar este informe del Tribunal de Cuentas,
que consideramos necesario ante la gran cantidad de dinero público invertido en la obra y las desviaciones existentes. En aras de la transparencia, al igual que en caso anterior, estoy seguro de que todos los grupos apoyarán esta propuesta.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor López.


Por el Grupo Parlamentario Vasco, tiene la palabra de nuevo la señora Etxano.


La señora ETXANO VARELA: Gracias, presidente.


La Administración General del Estado es la responsable de la construcción de la nueva red ferroviaria, la Y vasca, en virtud de la competencia exclusiva que tiene. Para la ejecución del tramo guipuzcoano se suscribió un acuerdo en 2006,
hace ya muchos años, entre la Administración General del Estado y la Administración de la Comunidad autónoma vasca, de forma que dicho tramo lo ejecuta el Gobierno vasco y descuenta, vía cupo, el importe de dicha ejecución. El Tribunal Vasco de
Cuentas Públicas es quien tiene la competencia para la fiscalización del sector público vasco y, en virtud esta competencia, tiene fiscalizados todos los contratos del tramo encomendado a la Comunidad autónoma vasca a través de la Cuenta General de
la comunidad autónoma, la última aprobada el 26 de junio de 2016 -la de 2015-, y también a través de la fiscalización de Euskal Trenbide Sarea, la red ferroviaria vasca, al ser una entidad pública la que gestiona los contratos de ejecución de la Y,
cuya última fiscalización incluida en el plan de trabajo de 2016 del Tribunal de Cuentas relativa a 2005 fue aprobada el 27 febrero de este año. Los informes concluyen que las cuentas expresan en todos sus aspectos significativos la imagen fiel del
patrimonio y de la situación financiera a 31 de diciembre de 2015. En el caso de Euskal Trenbide Sarea, además, dice que la sociedad ha cumplido razonablemente con la normativa legal que regula su actividad económico-financiera.


El tren de alta velocidad, en nuestra opinión, va a tener repercusiones positivas para Euskadi, pero no solo para Euskadi, y a nuestro entender, es un proyecto que ha sufrido demasiados retrasos, motivo por el cual en algunos casos incluso
se pueden estar produciendo sobrecostes por cambios de normativa, por ejemplo, en la ejecución de tramos de túneles. La nueva red que se está construyendo, la Y vasca, se incluye dentro del corredor atlántico Lisboa-Estrasburgo, y el corredor
atlántico que atraviesa Euskadi y Aquitania forma parte del nuevo mapa de infraestructuras prioritarias que contarán con financiación europea durante el periodo 2014-2030; ayudas que, como sabemos, precisan que se fiscalicen todos los contratos.
Esto es, por tanto, un proyecto prioritario a nivel europeo que va a permitir mirar hacia Europa -eje atlántico europeo- y también resolver la conexión ferroviaria de Bilbao, el occidente del Estado. A los beneficios debemos añadir -uno de los
modificados sería el último acuerdo al que se ha llegado con el ministerio- el acceso del tren de alta velocidad soterrado en Bilbao, de parte en Vitoria, y las mejoras de la estación de Donostia.


Han pasado veinticinco años desde que se puso en el Estado la primera línea de alta velocidad, que inexplicablemente no ha priorizado hasta ahora la conexión con Europa. Por tanto, por una parte en lo referente a la fiscalización de las
obras de la Y vasca, estas se vienen realizando como es lógico por el coste de las obras y la obligación de ser fiscalizados los contratos y la gestión. En cuanto al debate sobre la necesidad de la Y vasca, a estas alturas no creo que sea esta
Comisión Mixta y a través de una fiscalización la forma adecuada de hacerlo. Todas las críticas contra la Y vasca contienen argumentos que



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se pueden ir desmontando, pero insisto en que no es un debate sobre la fiscalización del tren de alta velocidad.


Así pues, no apoyaremos esta solicitud de fiscalización no porque entendamos que no deba ser fiscalizada la Y vasca, que debe serlo como todas las obras, sino porque se están haciendo las fiscalizaciones de lo que se va ejecutando, y por
tanto, entendemos que no es necesaria una solicitud específica.


Gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Etxano.


Por el Grupo Parlamentario de Ciudadanos, tiene la palabra el señor Ramírez.


El señor RAMÍREZ FREIRE: Muchas gracias, señor presidente.


Como bien decía la señora Etxano, es cierto que se está realizando una fiscalización por el Tribunal de Cuentas vasco. Ya en 2011, en concreto, detectaba numerosas irregularidades en todos los contratos que se estaban realizando para la
alta velocidad vasca. El pasado diciembre -en reciente fecha- se ha otorgado un contrato para hacer el sector 2 de la línea Arrasate-Elorrio-Bergara por 255,6 millones de euros, que completa la que se hizo en el sector 1, en septiembre, y que tiene
como horizonte acabar más o menos en 2023.


Cuando uno escucha a la señora López Ares parece que se ha debido leer el proyecto de Ciudadanos en diagonal. Claro que nosotros dijimos que estábamos en contra de obras faraónicas de infraestructuras que no fuesen eficientes, pero era en
referencia a obras nuevas en el caso de alta velocidad; no decíamos nada de no acabar las que estaban construidas y las que estaban en proceso, que lógicamente había que acabarlas. En cualquier caso, señora López Ares, debería leerse un poco los
informes que presenta el Ministerio de Fomento sobre infraestructuras en España. Supongo que sabrá cuál es el porcentaje de pasajeros del cien por cien total en la comunicación interior de este país que se desarrolla a través del transporte de alta
velocidad, que viene a ser básicamente un exiguo 5 %, y ahí se incluye también la red de cercanías y el ferrocarril de vía estrecha, frente a un 90 % que se realiza por carreteras. ¿Sabe usted cuál era la inversión en los Presupuestos Generales de
2017 para ferrocarril? Eran 3056 millones; de ellos, 2330 para alta velocidad, que viene a ser básicamente el 50 % de lo que se va a gastar en infraestructuras este Gobierno en 2017, pero en 2018 ya le digo que será muy parecido; sin embargo, en
carreteras estamos invirtiendo 1913 millones. Desde luego, nos parece un desbalance importante, y de ahí precisamente nuestra crítica a nuevas obras que se realizan sin un estudio previo, sin una imagen clara de cuáles son las necesidades de este
país.


En cualquier caso, cualquier informe de fiscalización que ponga luz, a pesar de lo que diga la portavoz del PNV, nos parece que desde luego cuando los fondos se ponen por el Estado para un elemento como es la alta velocidad vasca, sí debe
hacerse un informe de fiscalización, sobre todo porque además creemos que el Tribunal de Cuentas vasco, que es competente y que ha sabido hacer muy bien su trabajo, ya detectó numerosas irregularidades en 2011 y precisamente lo que queremos es
prevenir que se hayan producido nuevas irregularidades en 2015, 2016 y 2017.


Muchísimas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ramírez.


Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Galeano.


El señor GALEANO GRACIA: Gracias, señor presidente.


Como la señora portavoz del Partido Popular en la anterior propuesta ha comentado alguna cuestión sobre mi intervención, y supongo que la señora portavoz habrá sido comedida en sus comidas y cenas navideñas y espero que no le haya afectado
turrón y el champán, debe ser que yo no me he explicado bien. Por tanto, quiero aclarar que al margen de considerar que se debe fiscalizar esa variante de Pajares, estamos de acuerdo con que se lleve a cabo la conexión de alta velocidad y estamos a
favor de esta infraestructura. Como decía que al parecer no me había explicado bien, lo repito ahora de una manera más concisa y tajante.


Respecto a la Y vasca, tratamos aquí de nuevo una propuesta de fiscalización que, como la de Pajares, entremezcla las problemáticas de una obra muy compleja técnicamente hablando, con fuerte debate social, medioambiental y, por supuesto,
político, y todas estas cuestiones acompañadas además de unos tiempos y unos plazos políticos que en muchas ocasiones, señorías, no cohabitan pacíficamente



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con las necesidades de desarrollo de este proyecto. Ya lo han comentado anteriormente. Son más de tres lustros de problemáticas para la construcción de menos de 200 kilómetros de vía, casi ochenta túneles, unos setenta viaductos y un coste
inicial, como se ha dicho, de más de 4000 millones de euros que puede acercarse a la hora de su finalización en torno a los 6000 millones de euros. Como bien ha dicho alguna otra portavoz, durante toda esta fase de ejecución sucede que nuevas
normativas comunitarias invalidan incluso los túneles ya ejecutados y exigen de una actualización que reportará nuevos incrementos de coste.


Tras unos años en los que ha reinado la ausencia de aportación desde el Gobierno de Madrid -no son habladurías, son hechos-, ha tenido que ser la necesidad -señorías, todos lo entienden así- de esos votos del PNV, para dar apoyo al Gobierno
de Rajoy, los que han propiciado ese interés del señor Rajoy por impulsar esta infraestructura. A pesar de ello, las voces más optimistas hablan de no menos de cinco años para ver hecho realidad este gran proyecto ferroviario que uniría las tres
capitales vascas a través de la alta velocidad.


Volvemos a ver en este proyecto, y aquí hay dos administraciones también -en este caso el Gobierno Central y la Administración vasca-, una carencia de planificación y estudios previos acordes a la complejidad de la obra civil que implica.
Además, extraemos negativas consecuencias que se derivan de esos procesos de adjudicación, en los que prima la oferta más baja, que propician los que todos conocemos como modificados de obra o, en su caso, incluso la paralización de estos proyectos,
actuaciones que quiero reseñar aquí y sacar a colación, ya que se han querido entre todos los grupos políticos, incluido el Gobierno arrinconar en la actual redacción de la nueva Ley de Contratos del Sector Público.


En definitiva, los socialistas queremos decir que esta es una obra civil que consideramos necesario fiscalizar desde el Tribunal de Cuentas, con el exclusivo ánimo de clarificar su desarrollo y transmitir a todos los ciudadanos, vascos,
españoles en su conjunto, etcétera, nuestro deseo de transparencia en la gestión pública, por tanto, votaremos a favor de la fiscalización de este proyecto.


Gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Galeano.


Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra la señora López Ares.


La señora LÓPEZ ARES: Muchas gracias, señor presidente.


Le recomendaría al señor portavoz del Grupo Socialista que acudiese a la hemeroteca para ver cuál es y cuál ha sido tradicionalmente la posición de su partido en relación con la variante de Pajares. Por ejemplo, ahora mismo están en contra
del ancho internacional en esta infraestructura.


Pasando a este punto en concreto de la alta velocidad hacia el País Vasco, les voy a leer unas frases que no son mías, que dicen: Cuestionamos las grandes infraestructuras de alta velocidad. Forman parte de un modelo de crecimiento un poco
del pasado o -también decía- estas grandes infraestructuras forman parte de la cultura del ladrillo. Estas frases, que podrían parecer de Ciudadanos, visto lo que ha dicho hoy el portavoz de Ciudadanos en su intervención, corresponden a otro
miembro de otro partido -en concreto es una eurodiputada de Podemos, asturiana-, y son unas frases referidas precisamente a esta infraestructura de la alta velocidad del País Vasco.


Al final lo que estamos viendo son dos partidos políticos a los que yo creo que podríamos ponerles las mismas frases, que son Ciudadanos y Podemos, que tienen un planteamiento en contra de la alta velocidad y que tienen un planteamiento en
contra del papel que juega la alta velocidad como un elemento vertebrador del territorio y de España.


Nosotros estamos a favor de este modelo de transporte de viajeros, de este modelo de transporte de mercancías porque estamos hablando al final de una forma de transporte que contamina menos y de una forma de transporte que es más barata que
la otra como defendía el portavoz de Ciudadanos. Nosotros entendemos que la forma de transporte de personas y de mercancías tiene que ser múltiple, tiene que ser variada y tiene que ser flexible y, por eso, nosotros continuaremos defendiendo este
tipo de infraestructuras y, por otra parte, no poniendo sombras, como dije ya en mi intervención anterior, sobre las infraestructuras que se están desarrollando y las que se están invirtiendo en estos momentos.


Finalizo, señor presidente, diciendo que vamos a votar en contra de este informe por la misma razón que manifesté en el caso anterior. Estamos hablando de una infraestructura que está en marcha y cuando se finalice, al igual que los
controles y fiscalizaciones que se hacen de forma continua en cualquier inversión pública, habrá que hacer un análisis último, tal y como dije en el caso de la variante ferroviaria



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de Pajares. Vuelvo a repetir lo mismo. Lo que algunos quieren hacer es sembrar sombras mientras que otros pretendemos que estas infraestructuras finalicen cuanto antes, con transparencia y fiscalización, como tiene que ser todo lo relativo
a la inversión pública. Por cierto, podemos hablar con sus compañeros del Ayuntamiento de Oviedo, que están planteando que la junta de gobierno no apruebe los contratos inferiores a 18 000 euros. La transparencia se hace andando y no solamente
hablando.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora López Ares.


- PARA QUE RECABE DEL CITADO TRIBUNAL LA ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN ANUAL DE UN INFORME DE FISCALIZACIÓN E IGUALDAD ANTE LA CITADA COMISIÓN, ASÍ COMO UN CATÁLOGO DE INDICADORES QUE PERMITA REALIZAR EL SEGUIMIENTO PARA CONOCER LA EVOLUCIÓN
DEL SECTOR PÚBLICO EN RELACIÓN CON EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA PARA LA IGUALDAD EFECTIVA DE MUJERES Y HOMBRES EN EL PROCESO FISCALIZADOR, Y LA PUBLICACIÓN DE DICHO INFORME INCLUYENDO INDICADORES DE SEGUIMIENTO Y EVOLUCIÓN Y RECOMENDACIONES Y
OTRAS ACTUACIONES EMPRENDIDAS POR DICHO TRIBUNAL. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 253/000024 y número de expediente del Senado 772/000017).


El señor PRESIDENTE: Pasamos al punto número 6 del orden del día, que tiene como finalidad recabar un informe de la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas de fiscalización e igualdad, así como un catálogo de
indicadores que permita realizar el seguimiento para conocer la evolución del sector público en relación con el cumplimiento de la normativa para la igualdad efectiva de mujeres y hombres en el proceso fiscalizador y la publicación de dicho informe
incluyendo indicadores de seguimiento y evolución y recomendaciones y otras actuaciones emprendidas por dicho tribunal.


Para su defensa, tiene la palabra por el Grupo Parlamentario Socialista la señora Moreno.


La señora MORENO RUIZ: Muchas gracias, presidente.


Efectivamente, el Grupo Socialista trae una iniciativa a esta Comisión que creemos que no debe contar con contestación por parte de ningún grupo político, pues damos por sentado que el principio de igualdad entre hombres y mujeres es
igualmente defendido y apreciado por todas sus señorías. Se trata de realizar un informe anual de fiscalización e igualdad, así como un catálogo de indicadores en materia de género que permita realizar recomendaciones y cuya publicación contribuya
al mayor conocimiento del impacto de género de las políticas públicas.


Como saben, la Ley 3/2007, para la igualdad, que impulsó el presidente Rodríguez Zapatero, sitúa a España en la vanguardia europea en materia de legislación sobre igualdad. Con mucha brevedad, quiero leer los principales artículos de esta
ley que fundamentan esta iniciativa. El artículo 15 dice que 'El principio de igualdad de trato y oportunidades entre hombres y mujeres informará, con carácter transversal, la actuación de todos los poderes públicos. Las administraciones públicas
lo integrarán, de forma activa, en la adopción y ejecución de sus disposiciones normativas, en la definición y presupuestación de políticas públicas en todos los ámbitos...' El artículo 20 habla de la adecuación de estadísticas y estudios al objeto
de hacer efectivas las disposiciones de la ley. Los distintos 'poderes públicos, en la elaboración de sus estudios y estadísticas, deberán: incluir sistemáticamente la variable de sexo en las estadísticas, encuestas y recogida de datos que lleven
a cabo.'. El artículo 33 hace referencia a los contratos de la Administración pública. 'Las administraciones públicas, en el ámbito de sus respectivas competencias, a través de sus órganos de contratación [...], podrán establecer condiciones
especiales a fin de promover la igualdad entre hombres y mujeres en el mercado de trabajo, de acuerdo con lo establecido en la legislación de contratos del sector público.' El artículo 34 se refiere a los contratos de la Administración General del
Estado y mandata al Consejo de Ministros determinar los contratos de dicha administración y de sus organismos públicos, que obligatoriamente deberán incluir entre sus condiciones de ejecución medidas tendentes a promover la igualdad. Y en su punto
2 se refiere a los órganos de contratación, que deben establecer en los pliegos de cláusulas administrativas [...] la preferencia en la adjudicación de los contratos de proposiciones presentadas por empresas que cumplan con las directrices
señaladas. El artículo 35 habla de la obligación de las administraciones públicas en materia de subvenciones públicas, que tienen que incluir 'actuaciones para la efectiva consecución de la igualdad por parte de las entidades



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solicitantes'. Y, finalmente, el párrafo dos del artículo 35, que habla de la obtención por parte de las empresas que vayan a contratar con la Administración 'del distintivo empresarial en materia de igualdad regulado en el capítulo IV del
título IV de la presente ley'.


En fin, hay muchos más fundamentos jurídicos que podríamos citar, pero creo que con estos queda más que justificada la iniciativa que hemos propuesto. No se trata de convertir al Tribunal de Cuentas en el único garante del cumplimiento de
la Ley de igualdad -eso sería ir mucho más allá de sus atribuciones-, pero queremos que el tribunal siga vigilando el cumplimiento de la legislación de género y que de manera específica elabore un informe anual al efecto. Lo que nos mueve está
claro. Creo que todas sus señorías saben que Comisión tras Comisión venimos comprobando el escaso seguimiento que realizan las distintas administraciones de las indicaciones de la ley, sobre todo en materia de contrataciones y subvenciones. Esto
es, evidentemente, una responsabilidad política de los Gobiernos que deben impulsarla, pero también de los gestores públicos en los distintos niveles. Por eso, si un Gobierno -en este caso, del Partido Popular- comparte el valor de la igualdad, es
importante que su administración, los departamentos ministeriales y las empresas públicas que dirige cumplan la Ley de igualdad; por cierto, las que lo hagan también merecen reconocimiento por hacerlo. Por eso -y termino-, solicitamos este informe
anual de fiscalización e igualdad dirigido a esclarecer qué hace cada cual y quién cumple y quién no cumple y a que se elabore un catálogo de indicadores y recomendaciones que nos permita seguir impulsando esta ley a la que le queda sin duda mucho
desarrollo. No podemos olvidar -y ahora sí termino- que el artículo noveno.uno de la Ley Orgánica del Tribunal de Cuentas incluye en la función fiscalizadora del tribunal el sometimiento del sector público al principio de igualdad de género. Por
lo tanto, esperamos contar con el apoyo de todos los grupos y que los informes que se realicen nos ayuden a seguir avanzando.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Moreno.


Por el Grupo Parlamentario Vasco, tiene la palabra la señora Etxano.


La señora ETXANO VARELA: Gracias, presidente.


Hace más de diez años que se aprobó la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres. Como ley orgánica, regula materias relativas al desarrollo de los derechos fundamentales y libertades públicas.
Cuando hablamos de igualdad entre mujeres y hombres, estamos hablando de eso: de derechos fundamentales de las mujeres para que se eliminen todas las formas de discriminación, de nuestras libertades públicas y de la eliminación de las desigualdades
que nos permitan a las mujeres vivir en libertad. Para ello fue necesario el desarrollo de una acción normativa dirigida a combatir todas las manifestaciones subsistentes de discriminación directa o indirecta por razón de sexo y a promover la
igualdad real entre mujeres y hombres: la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres.


Como decía, ahora diez años después parece apropiado medir su cumplimiento. Parece evidente que la igualdad normativa no es equivalente a la igualdad real y que queda mucho camino por recorrer. La propia ley establece cuáles son las pautas
generales de actuación de los poderes públicos en relación con la igualdad de forma transversal. Parece apropiado, tal y como propone el Grupo Socialista, la creación de un catálogo de indicadores que nos permita la medición y posteriormente el
seguimiento, aunque a nuestro entender para ello previamente se precisarían los objetivos claros por áreas, ministerios y entidades públicas. Eso es algo que también se podría conocer a través de esta fiscalización si se cuenta con recursos, planes
de igualdad, presupuestos específicos y personal técnico para llevar a cabo dichos planes y gestionar dichos presupuestos; en definitiva, las tres pes de la igualdad: planes, presupuesto y personal técnico. También interesaría saber si se vienen
realizando los preceptivos informes de impacto de género, más allá de un enunciado que diga que los efectos de las distintas leyes son neutros, ya que en realidad, como conocemos o deberíamos conocer, no existen políticas con efecto neutro sobre la
ciudadanía y sobre las mujeres. Por eso, nos parece una buena iniciativa. Si nadie pone en duda que deba realizarse una fiscalización sobre el cumplimiento de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, parece
igualmente adecuado, diez años después de su aprobación, que se fiscalice el cumplimiento de otra ley orgánica -en este caso, la de igualdad efectiva entre mujeres y hombres- y su evolución y cumplimiento en ese período por el sector público. Por
todo lo anterior, esta propuesta contará con nuestro apoyo.



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El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Etxano.


Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra el señor Ten.


El señor TEN OLIVER: Gracias, presidente.


De la misma manera, el Grupo Parlamentario Ciudadanos apoyará esta solicitud de fiscalización por tres razones fundamentales. Primera, porque viene en nuestro programa, y así se refleja especialmente en el punto noventa y seis de igualdad
de género, y también hacemos especial hincapié en la conciliación; segunda, porque en las propuestas de resolución así lo hemos planteado en numerosas ocasiones al Tribunal de Cuentas; y, tercera, porque es fundamental la transparencia y la
publicidad de estos datos, porque pueden tener un efecto beneficioso para la equiparación e igualdad efectiva entre mujeres y hombres. Así lo establece desde entonces la Ley Orgánica 3/2007. Por tanto, siempre resultará positivo medir dicho
cumplimiento. En consecuencia, nuestro grupo parlamentario apoyará esta solicitud de fiscalización.


Muchas gracias, presidente.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ten.


Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, tiene la palabra la señora García.


La señora GARCÍA SEMPERE: Muchas gracias.


Nuestro grupo, por supuesto, votará a favor de esta petición del Grupo Socialista. De todas formas, nos sorprende un poco porque, buscando qué ha hecho el Tribunal de Cuentas en materia de igualdad, las primeras jornadas que hace el propio
tribunal en esta materia empiezan en 2011, en 2012 vuelve a haber también jornadas para ver qué actuaciones había llevado a cabo el tribunal en materia de igualdad y en 2013 concretaron los indicadores cualitativos y cuantitativos en el análisis de
la igualdad. Ahora mismo vamos por las sextas jornadas, en las que se ha trabajado en distintos ámbitos. Pero me parecía interesante el año 2013, en el que ya estaban concretados estos indicadores. Desde 2009 lo incluyen en casi todos los
informes del fiscalización y el programa anual de 2017 -cito textualmente- dice: 'Por último, continuará prestándose especial atención a la supervisión y control del desarrollo de políticas de igualdad efectiva de hombres y mujeres, a partir de la
decisión de que entre los objetivos que se establezcan en las directrices técnicas de las fiscalizaciones programadas se incluya el de la verificación de la observancia de la normativa por la igualdad efectiva en todo aquello que, de conformidad con
dicha normativa, pudiera tener relación con el objeto de las actuaciones fiscalizadoras'.


Nos parece bien, vamos a votar a favor, pero hay suficiente legislación y suficientes mecanismos de evolución, que al final es lo que se solicita en esta petición. Nosotros entendemos que, en todo caso, faltarían mecanismos de evaluación y,
por supuesto, mayor difusión de los informes, pero esto no lo decimos solo para el caso de igualdad, que también, y que es fundamental, sino que lo venimos repitiendo cada vez que se hacen los análisis de los informes en general de este Tribunal de
Cuentas. Serán muchas cosas, pero divulgativos y clarificadores no suelen serlo.


Reitero el voto a favor.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora García.


Para finalizar, por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Fernández.


El señor FERNÁNDEZ GONZÁLEZ: Muchas gracias, señor presidente.


El Tribunal de Cuentas ya ha venido mostrando una especial preocupación por las políticas de igualdad efectiva entre mujeres y hombres, como lo demuestra la inclusión en todas sus fiscalizaciones de la revisión de los aspectos relativos a la
Ley Orgánica 3/2007 en la medida que guarden relación con el objeto de la respectiva fiscalización. Esto se traduce en la inclusión en la mayoría de los informes aprobados de comprobaciones específicas en materia de igualdad de género y que dan
lugar a resultados concretos de fiscalización y, en su caso, a la formulación de conclusiones y recomendaciones sobre esta cuestión. Es decir, ya es una cuestión tratada por el Tribunal de Cuentas. No obstante, a los efectos de seguir avanzando en
una materia tan importante como es la normativa para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, con la que el Grupo Popular está absolutamente comprometido, avanzo nuestro voto favorable a esta solicitud de fiscalización.


Muchas gracias, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Fernández.



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- PARA QUE RECABE DE DICHO TRIBUNAL LA REALIZACIÓN DE UN INFORME DE FISCALIZACIÓN RELATIVO AL DESTINO DADO A LOS RECURSOS ASIGNADOS A LA EJECUCIÓN DE LAS POLÍTICAS DE ACCIÓN EXTERIOR DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA, CORRESPONDIENTES A
LOS EJERCICIOS 2011-2017. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 253/000026 y número de expediente del Senado 772/000018).


El señor PRESIDENTE: A continuación, pasamos al debate del punto número 7, relativo a la solicitud de la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas para que recabe de dicho tribunal la realización de un informe de
fiscalización relativo al destino dado a los recursos asignados a la ejecución de las políticas de acción exterior de la Comunidad Autónoma de Cataluña correspondientes a los ejercicios 2011-2017.


Tiene la palabra para defender esta iniciativa, por el Grupo Parlamentario Popular, el señor Roca.


El señor ROCA MAS: Muchísimas gracias, presidente.


Instamos al Tribunal de Cuentas a realizar un informe de fiscalización sobre el uso de dinero público en la acción exterior por parte de la Generalitat de Catalunya. ¿Cuál es la situación? La Generalitat de Catalunya es la comunidad
autónoma más endeudada de España, con 75 000 millones de euros. La Generalitat de Catalunya decide libremente que los catalanes seamos los españoles que más impuestos pagamos y los que menos recibimos per cápita para educación o sanidad, como
también decide libremente aumentar el presupuesto en acción exterior para internacionalizar el procés. Así, la mitad de las delegaciones, oficinas y entidades en el exterior de todo el sistema autonómico dependen de la Generalitat de Catalunya en
múltiples frentes: lengua, empresa, cultura, turismo o cooperación. Curiosamente, como vimos en la Comissió d'Acció Exterior del Parlament de Catalunya, con los diputados Juan Milián y Fernando Sánchez Costa, allá donde la Generalitat de Catalunya
hace acción exterior, los resultados bajan, y allí donde no hace acción exterior, los resultados suben. Es normal cuando te dedicas a ir por el mundo diciendo que tu país no vale la pena. Los que llevan gobernando cuarenta años la Generalitat de
Catalunya, aunque se llenan la boca de un supremacismo por el que son muy buenos exportando y gracias a ello los catalanes estamos salvados, el 94 % de las empresas que más exportan en Cataluña ya lo hacían antes de su llegada, ya lo hacían en 1980.


Teniendo en cuenta que la Generalitat de Catalunya ha recibido un tercio de la ayuda financiera de toda España, debido a sus problemas de gestión, todos tenemos derecho a que se reduzcan duplicidades y a que las administraciones públicas
-también la Generalitat de Catalunya- se dediquen a lo que se tienen que dedicar, porque muchos catalanes sentimos no ya que la Generalitat de Catalunya nos haya ignorado, sino que ha ido abiertamente en contra.


Uno de los pilares de la democracia es rendir cuentas, y la Generalitat se niega sistemáticamente en el Parlament de Catalunya a rendir cuentas sobre su acción exterior, desde el Diplocat hasta la acción del último de los consorcios que
operan en el exterior. También deberían rendir cuentas a los 'indepes', a las personas que creen en la causa de la independencia, porque tras todo este despilfarro de dinero público, de dinero de todos, el éxito del procés en cuanto al
reconocimiento internacional de la declaración unilateral de independencia se resume en dos palabras: ni Andorra. Alguien debería pedir perdón, primero, por haber utilizado mal los recursos públicos; segundo, por haber obrado con deslealtad hacia
la mitad de los catalanes, y tercero, por haber engañado a la otra mitad de manera cruel y vil.


Esperemos que este informe de fiscalización arroje algo de luz sobre la gestión del dinero público de la Generalitat de Catalunya. Ya que el Gobierno de la Generalitat se niega a hacerlo en el Parlament, esperemos que el Tribunal de Cuentas
nos permita a todos saber cómo se usa nuestro dinero.


Sin más, quiero darles las gracias por su atención y desearles a todos un feliz año nuevo.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Roca.


Por el Grupo Parlamentario Vasco, ¿quiere intervenir la señora Etxano? (Asentimiento). Tiene la palabra.


La señora ETXANO VARELA: Gracias, presidente.


Debatimos una solicitud de fiscalización, relativa al destino dado a los recursos asignados a la ejecución de las políticas de acción exterior de la Comunidad Autónoma de Cataluña, que presenta el Grupo Parlamentario Popular. Les adelanto
que nuestro grupo no va a estar de acuerdo con esta solicitud, e intentaré explicarles brevemente el motivo de nuestra disconformidad.



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Los sucesivos Gobiernos catalanes han tenido dentro de sus políticas industriales una buena estrategia de apoyo a la internacionalización de sus empresas -industrias, en definitiva-, de su tejido económico, y el resultado de estas políticas
es que la economía catalana es la más internacionalizada dentro del Estado. En cualquier caso, cuando el Grupo del Partido Popular solicita una fiscalización relativa al destino dado a los recursos asignados a la política de acción exterior, no
creo que se esté refiriendo a fiscalizar los innegables resultados de esta política de internacionalización de la economía catalana, una economía de la que, entre otras cosas por el éxito de sus exportaciones e internacionalización, el ministro De
Guindos en julio decía que tenía expectativas brillantísimas.


Además, esta solicitud no sería competencia del Tribunal de Cuentas; esta fiscalización en todo caso es competencia de la Sindicatura de Cuentas de Cataluña. Las partidas presupuestarias dedicadas a la acción exterior son fiscalizadas
anualmente por la Sindicatura, y la propia agencia de apoyo a la empresa catalana, Acció, también ha sido fiscalizada, y, como todas y todos conocemos, el Tribunal de Cuentas tendrá información sobre estas fiscalizaciones. No sé qué se pretende con
esta solicitud, pero nos tememos, como viene siendo habitual en los últimos planteamientos tanto del Grupo Parlamentario Popular como del Gobierno, un intento de instrumentalizar en este caso el Tribunal de Cuentas con una solicitud de fiscalización
que, a nuestro entender, no procede.


El pasado 21 de diciembre habló la ciudadanía catalana de forma clara, con una altísima participación. Les recomiendo que escuchen lo que realmente pide. El resultado refleja la necesidad de que el Estado reconozca que existe un problema
político que requiere soluciones políticas y no soluciones excepcionales ni judiciales, que el Gobierno del Estado se comprometa a respetar las instituciones catalanas que surjan del resultado de esas elecciones y que todo ello se haga a través del
diálogo y no de medidas judiciales e intervenciones que generan incertidumbre social y económica, como es la provocada por la aplicación del 155, la intervención exprés de una comunidad autónoma o la invitación a las empresas para que salgan de
Cataluña, entre otros asuntos. Quizás se deberían plantear que ha llegado el momento de dialogar, algo que parece más razonable que seguir en el camino del enfrentamiento.


Eskerrik asko.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Etxano.


Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra el señor Ramírez.


El señor RAMÍREZ FREIRE: Gracias, señor presidente.


Mi grupo apoyará esta petición al Tribunal de Cuentas, entre otras cosas porque, aunque estamos de acuerdo con parte de lo que ha dicho la portavoz del PNV, lógicamente lo que pretende esta fiscalización es dar transparencia al destino de
los fondos que se han asignado a la ejecución de políticas de acción exterior. Con lo cual, si no se ha producido ninguna cuestión anómala ni una ejecución en fondos de algo distinto que no sea esa acción exterior maravillosa que ha generado un
proceso de industrialización y externalización de la economía catalana, no tiene nada que ocultar.


Quiero recordar que el Tribunal Constitucional, en una sentencia de 2017, dejó muy claro que las políticas exteriores son competencia exclusiva del Estado. De hecho, el invento de acción exterior versus asuntos exteriores -que es algo que
cambiaron después de esta sentencia- deja claro que quizás el espíritu de estos fondos -que, por cierto, ha sido una de las pocas partidas en las que crecieron los presupuestos catalanes de 2017 y 2016- no era esa exteriorización o
internacionalización de la industria catalana, sino que seguramente sería otro tipo de elementos más en la línea de los partidos independentistas, como es fletar aviones para que vayan los alcaldes a hacer una loa en multitudes al presidente
destituido, señor Puigdemont, y cosas así. Con lo cual, mi grupo estará a favor de fiscalizar los fondos que, si son dados para la internacionalización de la economía catalana, no tenemos ningún problema, pero sí lo tendríamos si han sido
destinados para ejercer una competencia que es exclusiva del Estado y que supondría un despilfarro de los fondos del conjunto del Estado. Por lo tanto, creemos que esto sí es competencia del Tribunal de Cuentas y apoyaremos esta fiscalización.


Muchísimas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ramírez.


Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea tiene la palabra el señor Mena.



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El señor MENA ARCA: Gracias, presidente. Buenos días de nuevo a todos y a todas.


Parece, señores del Partido Popular, que van a acabar ustedes el año de la misma forma en que lo comenzaron, queriendo resolver el conflicto de Cataluña por la vía de la judicialización, la fiscalización y la sanción en lugar de recurrir a
la vía del diálogo y del acuerdo político. En estas últimas semanas han pasado cosas que son importantes, por ejemplo unas elecciones catalanas, seguramente las más polarizadas de la historia, que han arrojado los resultados que ustedes y nosotros
conocemos. Su política de criminalización y judicialización de la situación de Cataluña los ha situado a ustedes en la marginalidad política en Cataluña, enviándolos al Grupo Mixto del Parlamento catalán. La ciudadanía el día 21 de diciembre, de
forma masiva y por tanto con una legitimidad incontestable, ha votado en contra del 155 y también en contra de la unilateralidad irresponsable del Gobierno de Junts pel Sí.


Esta petición de fiscalización está dentro de la estrategia punitiva de su Gobierno, del Gobierno del Partido Popular, contra las instituciones catalanas. Ya saben que Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea no avalamos su estrategia de acoso
y derribo a las instituciones catalanas y mucho menos viniendo del Partido Popular, el partido europeo con más casos de corrupción abiertos y con importantes y vergonzosos casos de corrupción también cuando ustedes han tenido Gobiernos autonómicos.
Solo hay que recordar cómo convirtieron ustedes el Gobierno del País Valencià o la Comunidad de Madrid en auténticos sumideros de la corrupción. Y no les voy a negar que la irresponsabilidad del Gobierno de Junts pel Sí es inadmisible y hay que
combatirla, pero hay que combatirla por la vía política, sin instrumentalizar organismos como este Tribunal de Cuentas para atacar los derechos de los y las catalanas a través de sus instituciones.


Además, ustedes no tienen credibilidad a la hora de hablar de corrupción y presentan esta proposición desde un punto de vista partidista y lo hacen por dos motivos: primero, porque a ustedes no les preocupa que se malversen fondos públicos,
lo ha demostrado el Partido Popular, que es el campeón europeo en malversar. Ustedes lo que hacen es utilizar cualquier organismo o institución pública para debilitar a sus rivales políticos. Así también lo ha asegurado una Comisión de
investigación de este propio Congreso. Y si no, señores del PP, por qué no piden ustedes fiscalizar las cuentas de cualquier administración pública que haga política exterior, porque no solo la Administración catalana desempeña política exterior.
O por qué no piden fiscalizar cómo han utilizado los Gobiernos del Partido Popular los recursos cuando se ha hablado de política exterior. Y segundo, como decía la portavoz del Grupo Vasco, a quien correspondería más directamente esta fiscalización
no sería al Tribunal de Cuentas, sino a la Sindicatura de Comptes.


Así pues, votaremos en contra porque es una propuesta inoportuna que no respeta el ordenamiento competencial en nuestro sistema de fiscalización, porque quien la presenta no tiene credibilidad y porque no vamos a secundar su vía de
represión, aniquilación, control y sanción contra las instituciones catalanas. En Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea estamos a favor de fiscalizar el dinero público y de fiscalizar a los poderes públicos siempre, siempre y siempre, en todos los
casos, pero no vamos a colaborar en la instrumentalización partidista que pretende el Partido Popular, el partido más corrupto de Europa, de un organismo como es el Tribunal de Cuentas.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Mena.


Y para finalizar, por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Hurtado.


El señor HURTADO ZURERA: Gracias, presidente.


El Grupo Parlamentario Socialista va a votar a favor de esta solicitud de fiscalización. Las razones son muy claras: en primer lugar, porque la fiscalización y el control externo del Tribunal de Cuentas es un mecanismo de garantía del
Estado de derecho. El Grupo Parlamentario Socialista está haciendo un esfuerzo tremendo en esta Comisión por ir sumando a la obligación de transparencia y de control y fiscalización de los recursos públicos a entes y organismos que hasta ahora no
habían sido objeto de control; por ejemplo, la Iglesia católica. Nos felicitamos por que el propio Tribunal de Cuentas haya incorporado en su plan de actuación una fiscalización de la colaboración económica de la Administración del Estado con
todas las confesiones religiosas. Pues bien, esta sería una más: se trataría de controlar y fiscalizar si en este caso los recursos públicos se han gestionado de la forma adecuada; en segundo lugar, si se han gestionado, conforme a la ley, para
actividades legales y, en tercer lugar, si se han gestionado asumiendo competencias propias y no asumiendo competencias ajenas. En el caso de que se incumplieran algunos de estos tres supuestos, evidentemente se estaría incurriendo en
responsabilidades contables



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que exigirían resoluciones y acuerdos contundentes por parte del Tribunal de Cuentas que sirvieran para reparar los daños ocasionados en este caso al erario público.


Por otra parte, consideramos que es una solicitud legítima y que tiene un precedente anterior. Justamente en la sesión de junio pasado hubo un expediente de fiscalización en el que parte de estos recursos han podido ser ya objeto de
control; en concreto, aquellos que iban dirigidos a la internacionalización por parte de las comunidades autónomas. En este caso la especificidad es aún mayor porque se trataría de fiscalizar cualquier tipo de gasto que haya tenido lugar en la
gestión de esas denominadas embajadas o en el consejo internacional de la comunidad catalana. Asimismo, consideramos que esta solicitud es oportuna, puesto que también en el mes de junio ha habido una sentencia del Tribunal Constitucional por la
cual se han tenido que corregir normas que afectaban al organigrama de la propia comunidad catalana al incorporar los asuntos exteriores en su actividad o acción exterior. El propio Tribunal Constitucional ha dicho que la política exterior es
competencia exclusiva de la Administración del Estado y no puede desarrollarse por parte de las comunidades autónomas. Las comunidades autónomas no pueden ser, como dice el propio Tribunal Constitucional, sujetos internacionales; aquellas
actuaciones exteriores que lleven a cabo tienen que ser en desarrollo de sus competencias estatutarias. Pues bien, justamente se trata de saber si se han vulnerado estos principios establecidos en la sentencia del Tribunal Constitucional, si se ha
destinado dinero por parte de la comunidad catalana a competencias que no le son propias y si se ha podido destinar dinero a actividades consideradas ilegales por el mismo tribunal. Por tanto, vamos a votar a favor y esperemos que esto se aclare
para que todos estemos tranquilos y que desde luego, en el caso de que se hayan incumplido las normas, se repare esta vulneración lo antes posible.


Gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Hurtado.


- PARA QUE RECABE DE DICHO TRIBUNAL LA REALIZACIÓN DE UN INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA LLEVADAS A CABO POR LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO, ORGANISMOS AUTÓNOMOS Y ENTIDADES DEL SECTOR
PÚBLICO EMPRESARIAL Y FUNDACIONAL DE ELLA DEPENDIENTES, DURANTE LOS EJERCICIOS 2012 A 2017. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 253/000027 y número de expediente del Senado
772/000019).


El señor PRESIDENTE: Pasamos al debate del punto octavo, relativo a la solicitud a la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas para que recabe de dicho tribunal la realización de un informe de fiscalización de las
contrataciones de servicios de seguridad privada llevadas a cabo por la Administración General del Estado, organismos autónomos y entidades del sector público empresarial y fundacional de ella dependientes durante los ejercicios 2012 a 2017.


Para su defensa, tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario Socialista, la señora Serrano.


La señora SERRANO JIMÉNEZ: Gracias, señor presidente. Buenos días, señorías.


El Grupo Parlamentario Socialista ha solicitado al Tribunal de Cuentas la fiscalización de los contratos públicos relativos al servicio de seguridad privada de la Administración General del Estado, porque la consideramos necesaria después de
todas las informaciones y noticias aparecidas en diversos medios de comunicación e incluso en algunos foros específicos creados para denunciar esta problemática. Además, tras diversas reuniones mantenidas con representantes de los trabajadores de
dichas empresas, nos caben más dudas y nos surgen más preguntas que hemos realizado al Gobierno, si bien algunas no han sido respondidas y a otras nos han dado unas respuestas cuando menos preocupantes. Hoy mismo hemos recibido una respuesta en la
que nos dicen que debido al sigilo no nos podían dar más información sobre esta problemática -debido al deber de sigilo, dice el propio Gobierno-, lo cual nos crea más dudas y nos lleva a solicitar con más rotundidad esta fiscalización al Tribunal
de Cuentas, porque ese silencio no ayuda a la aclaración de las dudas y, es más, esa opacidad contribuye a incrementar las sospechas sobre dichas contrataciones. Desde luego, lo que en el Grupo Parlamentario Socialista tenemos claro es que los
contratos del Gobierno en el sector de la seguridad privada acaban en precariedad laboral. Por ello, instamos al Poder Ejecutivo a ejercer sus competencias de control y seguimiento de dichas contrataciones y a poner en marcha las medidas oportunas
para acabar con esta situación, porque de lo contrario se confirmaría que al Gobierno le importan muy poco las condiciones laborales de los trabajadores.



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Señorías, estamos ante contratos cuyo objeto principal o único es el trabajo de los profesionales, es decir, de las personas, y el Gobierno del Partido Popular las trata como si el objeto del contrato fuesen bienes muebles, suministros o
materiales. Ello ha conllevado la aparición de empresas piratas en el sector de la seguridad privada, que no tienen otro objetivo que hacerse con la adjudicación del contrato -para hacer negocios y para ganar dinero- ofertando bajas temerarias. No
sabemos si el órgano de contratación puso o no reparos, aunque desde luego se les adjudicó, pero sí sabemos que -como dicen en mi pueblo- nadie da duros a cuatro pesetas. Les informo, por si no lo saben, que 2 de cada 10 euros que se gastan en
seguridad privada son públicos, que el 20 % de la facturación de dichas empresas procede del Estado y que, por supuesto, los perjudicados de esas bajas temerarias han sido los trabajadores, a los cuales les han pagado sus salarios por debajo del
convenio, cuando se les han pagado, porque, según los medios de comunicación, una de las mayores empresas piratas adjudicatarias de contratos de seguridad privada de la Administración General del Estado ha sido la empresa Seguridad Integral Canaria,
que ya ha anunciado que iría a concurso de acreedores, gracias a los sindicatos. Estas declaraciones, desde luego, son todo un alarde a la protección de los trabajadores e indignarían a cualquier servidor público y a los representantes de cualquier
Administración pública menos al Gobierno del señor Rajoy o a algunos de los Gobiernos del Partido Popular, por ejemplo, el de la señora Cifuentes, porque basta ver lo que está pasando en el metro de Madrid. Les recuerdo -porque, como estamos en
Navidades, algunos pueden andar despistados y no leer mucha información relativa a estas cuestiones- que los vigilantes de seguridad privada contratados por la empresa Seguridad Integral Canaria, adjudicataria del servicio público de seguridad del
metro de Madrid, son 550 trabajadores, muchos de ellos en huelga de hambre, porque no cobran su salario, algunos desde hace ya más de tres meses. Desde aquí les transmito nuestra solidaridad y les mando un saludo cariñoso, porque en estas fechas si
alguien lo pasa mal, lo pasa doblemente mal, y llevar casi cuatro meses sin cobrar es mucho tiempo.


Y nos preguntamos dónde está el Gobierno, dónde está el órgano de contratación, quién vigila el cumplimiento de los servicios públicos y las condiciones del contrato, quién vigila que se cumplan las condiciones laborales y la protección de
los derechos de los trabajadores. ¿Han mantenido los señores del Gobierno alguna reunión con los trabajadores del sector de la seguridad privada que prestan el servicio, por ejemplo, en las estaciones de ADIF? Yo no lo sé. Desde luego, no sé si
los responsables del Gobierno la habrán mantenido, pero tampoco sé si la habrán mantenido ustedes, señorías del Grupo Parlamentario Popular. Lo que sí sé es que los representantes y miembros del Grupo Parlamentario Socialista sí nos hemos
interesado por la situación laboral en la que se encuentran, y los trabajadores de la antigua empresa adjudicataria de unos lotes de ADIF -es decir, Seguridad Integral Canaria- nos han explicado que llevan desde agosto hasta octubre sin percibir las
nóminas, que se ha rescindido el contrato con esta empresa -Seguridad Integral Canaria- y que se ha prorrogado por un año más a Prosegur. No sabemos cuáles son las condiciones de esa prórroga, las condiciones de ese expediente de contratación y qué
ha pasado con los salarios que han dejado de percibir esos trabajadores de la anterior empresa adjudicataria, Seguridad Integral Canaria, 350 trabajadores a los cuales les han dejado de abonar hasta dos meses de salario, como vengo diciendo. Desde
aquí, nuestra solidaridad con ellos. Esta es una de las consecuencias que se producen cuando se externalizan servicios públicos y no se vigila el cumplimiento de los mismos ni de las condiciones laborales.


Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista se ha interesado por la situación en la que se encuentran los trabajadores afectados en toda España y por las condiciones en las que se llevó a cabo el contrato público entre las empresas de
seguridad privada y la Administración General del Estado, y de ahí que hayamos pedido las fiscalización de estos contratos públicos. Desde luego, el Grupo Parlamentario Socialista entiende que es necesario acabar con esta política de
externalización, privatización y recortes de los servicios públicos. Además, seguiremos trabajando para evitar que la reforma laboral del Partido Popular -que ha provocado que los trabajadores vean recortados sus sueldos, sus derechos y la
protección de los mismos- se lleve a la contratación pública, que es lo que pretendían hacer el Grupo Parlamentario Popular y el Gobierno del Partido Popular. Por ello, aunque aún no ha entrado en vigor la Ley de Contratos del Sector Público, ya
aprobada, solicitamos al Gobierno y le recomendamos que asuma ya la ley -sabemos que no le gusta, pero que la asuma- y que en las futuras licitaciones opte por introducir las cláusulas sociales y las enmiendas que ha presentado el Grupo
Parlamentario Socialista y que han sido consensuadas por todos los grupos parlamentarios. Son medidas de carácter social que impedirán que se puedan licitar por debajo del coste laboral aquellos contratos cuyos servicios públicos tengan como objeto
principal la mano de obra. Sabemos que hasta el 4 de marzo no entrará en vigor esta



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ley, pero podrían incluirlo ya. Así evitaríamos que pasaran estas cosas y que trabajadores que están haciendo su trabajo no cobren su sueldo, su salario, porque las empresas apostaron por la precariedad, por licitar en baja temeraria y, al
final, quien paga las consecuencias de ese importe adjudicado de un contrato que no puede asumir el coste de los trabajadores son, como siempre, esos trabajadores. Eso es lo que debemos evitar y por lo que debemos trabajar. De ahí que solicitemos
que se fiscalicen estos contratos de seguridad privada de la Administración General del Estado, porque nos ofrecen muchas dudas y creo que hay motivos más que suficientes para que el Tribunal de Cuentas los analice, los inspeccione y nos dé su
opinión.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Serrano.


Por el Grupo Parlamentario de Ciudadanos, el señor Ten tiene la palabra.


El señor TEN OLIVER: Gracias, presidente.


Nuestro grupo parlamentario, aunque va a votar a favor de esta solicitud de informe de fiscalización de las contrataciones del servicio de seguridad privada llevadas a cabo por la Administración General del Estado, organismos autónomos y
entidades del sector público empresarial y fundacional de ella dependientes, piensa que la subcontratación no es sinónimo de abusos, no es sinónimo de pérdidas de derechos de los trabajadores sino todo lo contrario. Cuando no hay transparencia,
cuando no hay eficacia, cuando no hay eficiencia -y así lo ha marcado en distintas ocasiones y en distintos informes la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia-, cuando se pierden más de 48.000 millones de euros al año y no hay estos
valores -insisto-, se pierden los derechos de los trabajadores, se pierden los recursos públicos y, sobre todo, se pierden los valores de los que nosotros, los políticos, deberíamos dar ejemplo a los ciudadanos, y Ciudadanos siempre ha defendido
estos valores, sobre todo en los organismos reguladores.


Por último, quiero agradecer el trabajo que esta Comisión ha hecho durante todo este año y quiero agradecérselo sobre todo a los trabajadores de esta Cámara. También quiero desearles a todos los grupos parlamentarios y a todos los diputados
un feliz año. Que 2018 sea un año en el que seamos capaces de llegar a acuerdos, fundamentalmente porque no tenemos Presupuestos Generales del Estado. Me gustaría que se sentaran a negociar -esto es importante- y, sobre todo, que no rechazasen
iniciativas como las nuestras, como las presentadas hoy, porque mi grupo parlamentario presenta iniciativas sobre todo para despolitizar los organismos reguladores, para defender esos valores de transparencia, eficacia y eficiencia y para que
nuestro trabajo redunde en beneficio de los ciudadanos.


Muchísimas gracias, presidente.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ten.


Por el Grupo Confederal de Unidos Podemos, tiene la palabra su portavoz, el señor González.


El señor GONZÁLEZ GARCÍA: Muchas gracias, señor presidente.


En primer lugar, quiero hacer unas aclaraciones a la intervención realizada antes por la portavoz del Partido Popular, Susana López Ares, que parece que ha abrazado la posverdad durante Navidad. Hablaba de las sombras de duda o de sospecha
que queremos levantar sobre la infraestructura de la variante de Pajares. Creemos que estas sombras ya están sobre esta obra debido a los 2500 millones de sobrecoste...


El señor PRESIDENTE: Señor González, no reabra usted el debate. Al tema, por favor. Está usted reabriendo un debate de un punto anterior. Al tema, por favor.


El señor GONZÁLEZ GARCÍA: Ya me centro en el tema.


Simplemente quiero manifestar que estamos a favor de que se realice esta fiscalización, porque estamos a favor de que se ponga luz y taquígrafos y que se conozca...


El señor PRESIDENTE: Señor González, por favor, le ruego que se ciña al tema.


El señor GONZÁLEZ GARCÍA: Estoy en el tema, señor presidente.


Creemos que se tiene que conocer qué hay detrás de todas las adjudicaciones que se realizan por parte del Estado, en este caso, la precariedad laboral que se puede dar dentro de la contratación de seguridad privada. Nosotros consideramos
que, como no hay nada que ocultar, se debería conocer todo



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lo que existe detrás de estas contrataciones, como tiene que realizarse de toda la contratación del sector público estatal.


También aprovecho para agradecer el trabajo que se ha realizado por parte de los técnicos del Tribunal de Cuentas y por los técnicos y técnicas de esta Comisión durante el año.


Sin más, muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor González.


Para finalizar, por el Grupo Parlamentario Popular, de nuevo tiene la palabra su portavoz, el señor Fernández.


El señor FERNÁNDEZ GONZÁLEZ: Muchas gracias, presidente.


Esta solicitud de fiscalización, en principio, podría resultar redundante, porque el Tribunal de Cuentas ya realiza la fiscalización de estos contratos. No obstante, votaremos a favor de la misma para manifestar así nuestra preocupación por
este sector de la seguridad privada. Desde luego, el Partido Popular es un partido que en esta Comisión no se dedica a hacer mítines ni declaraciones altisonantes ni demagogia, como acostumbran otros, sino que lo que hace, ha hecho y seguirá
haciendo es resolver los problemas de los trabajadores. De hecho, al tramitar y aprobar la Ley de Contratos del Sector Público, el Partido Popular tuvo muy presente la problemática del sector en la contratación de los servicios de seguridad privada
que lleva a cabo la Administración, y para la defensa de este y otros colectivos puso un especial interés en regular de forma rigurosa cuestiones como la penalización de las bajas temerarias, que no permitirían cumplir adecuadamente con la
legislación laboral o social que es necesario garantizar a las personas que trabajan en la prestación de estos servicios, así como una exigencia permanente a lo largo de toda la nueva Ley de Contratos del Sector Público de la necesidad de cumplir
los convenios colectivos y de los derechos de estos y de otros trabajadores.


Como digo, el Partido Popular por lo que se caracteriza y se seguirá caracterizando es por ser eficaz y eficiente en la defensa de los trabajadores, y un sector que nos preocupa de forma especial es, evidentemente, el de los trabajadores que
se dedican a la seguridad privada. Por eso, pese a que, como decía al principio, pudiese parecer redundante este tipo de informe, porque ya se realiza por parte del Tribunal de Cuentas al analizar la gestión económica de la Administración General
del Estado, sus organismos autónomos u otras entidades del sector público empresarial o fundacional, vamos a votar a favor.


Termino expresando mi deseo de que todos hayan disfrutado de una feliz Navidad, que disfruten de lo que queda de estas fiestas y que aspiremos entre todos a un feliz 2018. Deseo agradecer la labor de todos aquellos que han trabajado en esta
Comisión para que pudiera cumplir con los objetivos que creo que ha alcanzado en este fructífero año 2017.


Nada más y muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Fernández.


Si les parece a sus señorías, vamos interrumpir dos minutos la Comisión para ajustar los puestos de votación. (Pausa).


Señorías, comenzamos con la votación.


PROPOSICIONES NO DE LEY. (VOTACIÓN):


El señor PRESIDENTE: La primera votación corresponde a la proposición no de ley sobre modernización y regeneración del Tribunal de Cuentas, presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos. Se procede a votar en sus propios términos.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 34; a favor, 6; en contra, 28.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Votamos la segunda proposición no de ley, relativa al perfeccionamiento de la regulación legal del deber de colaboración de las personas físicas y jurídicas, públicas y privadas con el Tribunal de Cuentas en el ejercicio de su función
fiscalizadora. Se vota la proposición no de ley en sus propios términos.


Comienza la votación. (Pausa).



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Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 34; a favor, 2; en contra, 17; abstenciones, 15.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


SOLICITUD DE CREACIÓN DE UNA PONENCIA DE ESTUDIO. (VOTACIÓN):


El señor PRESIDENTE: Propuesta correspondiente a la solicitud de creación de una ponencia de estudio para la reforma del Tribunal de Cuentas, presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 34; a favor, 8; en contra, 17; abstenciones, 9.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


SOLICITUDES DE FISCALIZACIÓN. (VOTACIÓN):


El señor PRESIDENTE: Punto número 3, votación correspondiente a solicitudes de fiscalización. Solicitud a la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas para que recabe de dicho tribunal la realización de un informe de
fiscalización específico de la construcción de la variante ferroviaria de Pajares.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 34; a favor, 16; en contra, 17; abstenciones, 1.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Propuesta de solicitud a la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas para que recabe del citado tribunal un informe de fiscalización específico de la construcción de la nueva red ferroviaria vasca de alta velocidad.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 34; a favor, 16; en contra, 18.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Solicitud a la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas para que recabe del citado tribunal la elaboración y presentación anual de un informe de fiscalización e igualdad ante la citada Comisión, así como un catálogo de
indicadores que permitan realizar el seguimiento para conocer la evolución del sector público en relación con el cumplimiento de la normativa para la igualdad efectiva de las mujeres y hombres en el proceso fiscalizador, y la publicación de dicho
informe incluyendo indicadores de seguimiento y evolución y recomendaciones y otras actuaciones emprendidas por el tribunal.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 34; a favor, 34.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.


Solicitud a la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas para que recabe de dicho tribunal la realización de un informe de fiscalización relativo al destino dado a los recursos asignados a la ejecución de las políticas de
acción exterior de la Comunidad Autónoma de Cataluña correspondientes a los ejercicios 2011 a 2017.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 34; a favor, 28; en contra, 6.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.


Solicitud a la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas para que recabe de dicho tribunal la realización de un informe de fiscalización de las contrataciones de servicios de seguridad



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privada llevadas a cabo por la Administración General del Estado, organismos autónomos y entidades del sector público empresarial y fundacional de ella dependientes durante los ejercicios 2012 a 2017.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 34; a favor, 33; abstenciones, 1.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.


VOTACIÓN DE LAS PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN:


BLOQUE I. SEGURIDAD SOCIAL:


- INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LA FINANCIACIÓN APLICADA POR LAS EMPRESAS PARA LA FORMACIÓN DE SUS TRABAJADORES, CON CARGO A LAS CUOTAS DE FORMACIÓN PROFESIONAL. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000102 y número de
expediente del Senado 771/000098).


El señor PRESIDENTE: Pasamos a votar las propuestas de resolución correspondientes a los distintos informes que se vieron en la última Comisión celebrada. Votación correspondiente al informe de fiscalización de la financiación aplicada por
las empresas para la formación de sus trabajadores con cargo a las cuotas de la formación profesional. Propuesta número 1, del Grupo Parlamentario Ciudadanos.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 33; a favor, 33.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.


Propuesta número 2, del mismo grupo parlamentario.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 33; a favor, 24; abstenciones, 9.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.


Propuesta número 3, del Grupo Parlamentario Ciudadanos.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 33; a favor, 2; en contra, 17; abstenciones, 14.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Propuesta número 4, del Grupo Parlamentario Popular.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 33; a favor, 27; en contra, 1; abstenciones, 5.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.


Propuestas números 5 a 11, del Grupo Parlamentario Socialista.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 33; a favor, 33.


El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas por unanimidad.


- INFORME DE FISCALIZACIÓN SOBRE LA GESTIÓN Y CONTROL DE LOS SERVICIOS SOCIALES PRESTADOS CON MEDIOS AJENOS POR EL INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES, EJERCICIO 2014. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000160 y
número de expediente del Senado 771/000159).


El señor PRESIDENTE: Informe de fiscalización sobre la gestión y control de los servicios sociales prestados con medios ajenos por el Instituto de Mayores y Servicios Sociales, ejercicio 2014.



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Propuestas números 1 a 4, del Grupo Parlamentario Ciudadanos.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 33; a favor, 33.


El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas por unanimidad.


Propuesta número 5, del Grupo Parlamentario Popular.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 33; a favor, 28; abstenciones, 5.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.


Propuesta número 12, del Grupo Parlamentario Socialista.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 33; a favor, 16; en contra, 17.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Resto de propuestas del Grupo Parlamentario Socialista.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 33; a favor, 33.


El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas por unanimidad.


- INFORME DE FISCALIZACIÓN SOBRE LA GESTIÓN DEL BUQUE SANITARIO Y DE APOYO LOGÍSTICO JUAN DE LA COSA, EJERCICIO 2015. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000187 y número de expediente del Senado 771/000182).


El señor PRESIDENTE: Informe de fiscalización sobre la gestión del buque sanitario y de apoyo logístico Juan de la Cosa, ejercicio 2015.


Propuesta número 1, del Grupo Parlamentario Ciudadanos.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 33; a favor, 28; abstenciones, 5.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.


Propuesta número 2, del Grupo Parlamentario Popular.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 33; a favor, 28; abstenciones, 5.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.


Propuestas números 3 a 9, del Grupo Parlamentario Socialista.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 33; a favor, 33.


El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas por unanimidad.


- INFORME DE FISCALIZACIÓN SOBRE LA GESTIÓN DEL BUQUE SANITARIO Y DE APOYO LOGÍSTICO ESPERANZA DEL MAR, EJERCICIO 2015. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000198 y número de expediente del Senado 771/000196).


El señor PRESIDENTE: Informe de fiscalización sobre la gestión del buque sanitario y de apoyo logístico Esperanza del Mar, ejercicio 2015.


Propuesta número 1, del Grupo Parlamentario Ciudadanos.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 33; a favor, 28; abstenciones, 5.



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El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.


Propuesta número 2, del Grupo Parlamentario Popular.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 32; a favor, 28; abstenciones, 4.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.


Propuestas números 3 a 9, del Grupo Parlamentario Socialista.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 33; a favor, 33.


El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas por unanimidad.


BLOQUE II. GESTIÓN Y CONTROL DE SUBVENCIONES PÚBLICAS:


- INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LA GESTIÓN DE REINTEGROS DE SUBVENCIONES EN DETERMINADOS MINISTERIOS Y ORGANISMOS AUTÓNOMOS CORRESPONDIENTES AL ÁREA DE LA ADMINISTRACIÓN ECONÓMICA DEL ESTADO, EJERCICIOS 2014 Y 2015. (Número de expediente del
Congreso de los Diputados 251/000181 y número de expediente del Senado 771/000171).


El señor PRESIDENTE: Pasamos al bloque II, gestión y control de subvenciones públicas. Informe de fiscalización de la gestión de reintegros de subvenciones en determinados ministerios y organismos autónomos correspondientes al área de la
Administración Económica del Estado, ejercicios 2014 y 2015.


Propuestas números 1 a 9, del Grupo Confederal de Unidos Podemos.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 33; a favor, 16; en contra, 17.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Propuesta número 13, del Grupo Parlamentario Ciudadanos.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 33; a favor, 11; en contra, 17; abstenciones, 5.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Resto de propuestas del Grupo Parlamentario Ciudadanos.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 33; a favor, 28; abstenciones, 5.


El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.


Propuesta número 17, del Grupo Parlamentario Popular.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 33; a favor, 19; abstenciones, 14.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.


Resto de propuestas del Grupo Parlamentario Popular.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 33; a favor, 28; abstenciones, 5.


El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.


Propuesta número 25, del Grupo Parlamentario Socialista.


Comienza la votación. (Pausa).



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Efectuada la votación, dijo


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.


Propuesta número 26, del Grupo Parlamentario Socialista.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dijo


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.


Resto de propuestas del Grupo Parlamentario Socialista.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 33; a favor, 16; en contra, 17.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


- INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LAS SUBVENCIONES CONCEDIDAS CON CARGO AL PROGRAMA PRESUPUESTARIO 422A 'INCENTIVOS REGIONALES A LA LOCALIZACIÓN INDUSTRIAL', EJERCICIO 2015. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000211 y
número de expediente del Senado 771/000207).


El señor PRESIDENTE: Informe de fiscalización de las subvenciones concedidas con cargo al programa presupuestario 422A, incentivos regionales a la localización industrial, ejercicio 2015. Propuestas números 1 a 7, del Grupo Confederal de
Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dijo


El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas por unanimidad.


Propuesta número 8, del Grupo Parlamentario Ciudadanos.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 33; a favor, 28; abstenciones, 5.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.


Propuesta número 9, del mismo grupo parlamentario.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 33; a favor, 2; en contra, 17; abstenciones, 14.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Propuesta número 13, del Grupo Parlamentario Popular.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 33; a favor, 20; abstenciones, 13.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.


Resto de propuestas del mismo grupo parlamentario.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 33; a favor, 28; abstenciones, 5.


El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.


Propuestas números 14 a 28, del Grupo Parlamentario Socialista.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dijo


El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas por unanimidad.



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BLOQUE III:


- INFORME DE FISCALIZACIÓN DEL SECTOR PÚBLICO LOCAL, EJERCICIO 2015. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000212 y número de expediente del Senado 771/000210).


El señor PRESIDENTE: Bloque III. Informe de fiscalización del sector público local, ejercicio 2015. Propuestas números 1 a 5 del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos PodemosEn Comú PodemEn Marea.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dijo


El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas por unanimidad.


Propuesta número 13 del Grupo Parlamentario Ciudadanos.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 33; a favor, 2; en contra, 17; abstenciones, 14.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Propuesta número 11 del mismo grupo parlamentario.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 33; a favor, 24; en contra, 9.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.


Resto de propuestas del Grupo Parlamentario Ciudadanos.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dijo


El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas por unanimidad.


Propuesta número 14 del Grupo Parlamentario Popular.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 33; a favor, 28; abstenciones, 5.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.


Propuestas números 15 a 18 del Grupo Parlamentario Socialista.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dijo


El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas por unanimidad.


- INFORME DE FISCALIZACIÓN DE OBRAS CONTRATADAS POR LAS ENTIDADES LOCALES DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS SIN ÓRGANO DE CONTROL EXTERNO PROPIO, EJERCICIO 2015, CON ESPECIAL REFERENCIA A LAS QUE TIENEN POR OBJETO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y DE
OCUPACIÓN DEL TIEMPO LIBRE. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000218 y número de expediente del Senado 771/000215).


El señor PRESIDENTE: Informe de fiscalización de las obras contratadas por las entidades locales de las comunidades autónomas sin órgano de control externo propio, ejercicio 2015, con especial referencia a las que tienen por objeto
instalaciones deportivas y de ocupación del tiempo libre. Propuesta número 1 del Grupo Parlamentario Ciudadanos.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 33; a favor, 28; abstenciones, 5.



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El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.


Propuesta número 2 del Grupo Parlamentario Popular.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 33; a favor, 28; abstenciones, 5.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.


Propuestas números 3 a 8 del Grupo Parlamentario Socialista.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dijo


El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas por unanimidad.


BLOQUE IV:


- INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LA FUNDACIÓN PARA LA PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES, EJERCICIO 2015. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000215 y número de expediente del Senado 771/000212).


El señor PRESIDENTE: Pasamos al bloque IV. Informe de fiscalización de la Fundación para la Prevención de Riesgos Laborales, ejercicio 2015. Propuestas números 1 a 10 del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos PodemosEn Comú PodemEn
Marea.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 33; a favor, 16; en contra, 17.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Propuestas números 11 a 14 del Grupo Parlamentario Ciudadanos.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 31; a favor, 14; en contra, 17.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Propuesta número 17 del Grupo Parlamentario Popular.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 29; a favor, 28; abstenciones, 1.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.


Resto de propuestas del mismo grupo parlamentario. (La señora Botella Gómez y el señor Alonso Giménez piden la palabra).


¿Perdón?


El señor ALONSO GIMÉNEZ: Presidente, es que no ha funcionado el sistema de votación.


La señora BOTELLA GÓMEZ: Por dos veces no nos ha funcionado. (La señora letrada: Estoy viendo si ha afectado al resultado. ¿Ha afectado al resultado o no?-Varios señores diputados: ¡No!).


El señor PRESIDENTE: No afecta al resultado. No obstante, vamos a decírselo al técnico y resolvemos la cuestión. (Pausa).


Vamos a votar el resto de propuestas del Grupo Parlamentario Popular.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dijo


El señor PRESIDENTE: Por unanimidad queda aprobado. Es evidente que se ha resuelto el problema.


Propuestas 18 a 25, del Grupo Parlamentario Socialista.


Comienza la votación. (Pausa).



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Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 33; a favor, 16; en contra, 17.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


BLOQUE V:


- INFORME ANUAL DE FISCALIZACIÓN DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA, EJERCICIO 2015. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000216 y número de expediente del Senado 771/000216).


El señor PRESIDENTE: Bloque número 5. Informe anual de fiscalización de la Ciudad autónoma de Melilla, ejercicio 2015. Propuestas números 1 y 2 del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dijo


El señor PRESIDENTE: Por unanimidad, quedan aprobadas.


Propuesta número 3, del mismo grupo parlamentario.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 33; a favor, 16; en contra, 17.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Propuesta número 4, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 33; a favor, 7; en contra, 17; abstenciones, 9.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Propuesta número 5, del Grupo Parlamentario Ciudadanos.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 33; a favor, 19; abstenciones, 14.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.


Propuesta número 6, del Grupo Parlamentario Popular.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 33; a favor, 28; abstenciones, 5.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.


Propuestas números 7 a 11, del Grupo Parlamentario Socialista.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dijo


El señor PRESIDENTE: Por unanimidad, quedan aprobadas.


BLOQUE VI:


- INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LA GESTIÓN DE LA OCUPACIÓN Y APROVECHAMIENTO DEL DOMINIO PÚBLICO DEL SISTEMA PORTUARIO ESTATAL, EJERCICIOS 2014 Y 2015. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000217 y número de expediente del
Senado 771/000214).


El señor PRESIDENTE: Pasamos a votar el bloque VI. Informe de fiscalización de la gestión de la ocupación y aprovechamiento del dominio público del sistema portuario estatal, ejercicios 2014 y 2015. Propuestas números 1 a 4, del Grupo
Parlamentario Confederal de Unidos Podemos.



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Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 33; a favor, 16; en contra, 17.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Propuesta número 9, del Grupo Parlamentario Ciudadanos.


Comienza la votación. (Pausa.-Un señor diputado: ¡Otra vez igual!). No se inquieten, señorías, queda poco, queda poco.


Efectuada la votación, dijo


El señor PRESIDENTE: Por unanimidad, queda aprobada.


Resto de propuestas del Grupo Parlamentario Ciudadanos.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 33; a favor, 16; en contra, 17.


El señor PRESIDENTE: Por tanto, se rechazan.


Propuesta número 10, del Grupo Parlamentario Popular.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 33; a favor, 28; abstenciones, 5.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.


Propuestas números 11 y 12, del Grupo Parlamentario Socialista.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 33; a favor, 16; en contra, 17.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Finalmente, propuestas números 13 y 14, del Grupo Parlamentario Socialista.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dijo


El señor PRESIDENTE: Por unanimidad, quedan aprobadas.


Señorías, antes de levantar la sesión, quiero agradecerles -ya lo hice en la sesión anterior- el trabajo intenso hecho por todos ustedes durante este año, así como el del personal de la casa. Les deseo que entren con buen pie en el próximo
año, que el año que viene sea mejor que este y, sobre todo, que sigan ustedes trabajando tanto como lo han hecho durante el presente en esta Comisión.


Muchas gracias. (Aplausos).


Era la una y veinte minutos de la tarde.


Corrección de error.


En el Diario de Sesiones número 66, correspondiente a la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas, sesión número 16, celebrada el jueves 23 de noviembre de 2017 en el Palacio del Congreso de los Diputados, en la página
50, en la votación del expediente del Congreso de los Diputados número 251/000203, propuestas números 1 a 3, el resultado de la votación es el siguiente: votos emitidos 34; a favor, 34. Donde dice: 'El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas', quiso
decir: 'El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas por unanimidad'. Asimismo, en la página 56, en la cuarta votación, donde dice: 'Propuesta número 9, del Grupo Parlamentario Popular', quiso decir: 'Propuesta número 8'.