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DS. Cortes Generales, Comisiones Mixtas, núm. 27, de 28/03/2017
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CORTES GENERALES


DIARIO DE SESIONES DE LAS CORTES GENERALES


COMISIONES MIXTAS


Año 2017 XII LEGISLATURA Núm. 27

PARA LAS RELACIONES CON EL TRIBUNAL DE CUENTAS

PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. ELOY SUÁREZ LAMATA

Sesión núm. 6

celebrada el martes,

28 de marzo de 2017

en el Palacio del Congreso de los Diputados



ORDEN DEL DÍA:


Comparecencia del señor presidente del Tribunal de Cuentas (Álvarez de Miranda García), para informar sobre:


- Informe de fiscalización de la prestación por las entidades gestoras del servicio de producción y distribución de agua potable en las siete islas Canarias, periodo 2007-2011: Isla de Fuerteventura. (Número de expediente del Congreso de
los Diputados 251/000115 y número de expediente del Senado 771/000115) ... (Página3)


- Informe de fiscalización de la prestación por las entidades gestoras del servicio de producción y distribución de agua potable en las siete islas Canarias, periodo 2007-2011: Isla de Tenerife. (Número de expediente del Congreso de los
Diputados 251/000116 y número de expediente del Senado 771/000118) ... (Página3)


- Informe de fiscalización de la prestación por las entidades gestoras del servicio de producción y distribución de agua potable en las siete islas Canarias, periodo 2007-2011: Isla de Lanzarote. (Número de expediente del Congreso de los
Diputados 251/000117 y número de expediente del Senado 771/000116) ... (Página3)


- Informe de fiscalización de la prestación por las entidades gestoras del servicio de producción y distribución de agua potable en las siete islas Canarias, periodo 2007-2011: Isla de Gran Canaria. (Número de expediente del Congreso de
los Diputados 251/000132 y número de expediente del Senado 771/000135) ... (Página3)


- Informe de fiscalización de la prestación por las entidades gestoras del servicio de producción y distribución de agua potable en las siete islas Canarias, periodo 2007-2011: Isla de la Gomera. (Número de expediente del Congreso de los
Diputados 251/000147 y número de expediente del Senado 771/000143) ... (Página3)



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- Informe de fiscalización de la prestación por las entidades gestoras del servicio de producción y distribución de agua potable en las siete islas Canarias, periodo 2007-2011: Isla de El Hierro. (Número de expediente del Congreso de los
Diputados 251/000150 y número de expediente del Senado 771/000150) ... (Página3)


- Informe de fiscalización de la prestación por las entidades gestoras del servicio de producción y distribución de agua potable en las siete islas Canarias, periodo 2007-2011: Isla de La Palma. (Número de expediente del Congreso de los
Diputados 251/000151 y número de expediente del Senado 771/000151) ... (Página3)


- Informe de fiscalización de la participación de las Fuerzas Armadas españolas en misiones internacionales, ejercicios 2009 y 2010. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000005 y número de expediente del Senado
771/000005) ... (Página10)


- Informe de fiscalización de la financiación extraordinaria de los programas especiales de armamento y material de las Fuerzas Armadas, ejercicios 2012, 2013 y 2014. Análisis especial de los programas de gestión internacional: EF2000,
A400M y Tiger, y de los programas de gestión nacional: BAM, Leopard y NH90. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000146 y número de expediente del Senado 771/000147) ... (Página15)


Debate y votación de las propuestas de resolución:


- Informe de fiscalización de la Dirección General del Libro, Archivos y Bibliotecas, ejercicio 2008. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000008 y número de expediente del Senado 771/000007) ... href='#(Página20)'>(Página20)


- Informe de fiscalización de las principales actuaciones realizadas por la Agencia Estatal de Administración Tributaria en ejecución del Plan de prevención del fraude fiscal, durante los ejercicios 2010, 2011 y 2012. (Número de expediente
del Congreso de los Diputados 251/000042 y número de expediente del Senado 771/000041) ... (Página20)


- Informe de fiscalización de los planes estratégicos de subvenciones elaborados por los ministerios del área político-administrativa del Estado. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000063 y número de expediente del
Senado 771/000059) ... (Página21)


- Informe de fiscalización de las subvenciones concedidas por el Instituto de Salud Carlos III en el ámbito de la Acción Estratégica en Salud (AES) del Plan Nacional de I+D+I. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000071 y
número de expediente del Senado 771/000070) ... (Página22)


- Informe de fiscalización de determinadas operaciones o áreas de gestión correspondientes a órganos u organismos pertenecientes al área de la administración económica del Estado, que han sido objeto de recomendaciones del Tribunal de
Cuentas en años anteriores. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000110 y número de expediente del Senado 771/000109) ... (Página22)


- Informe de fiscalización del cumplimiento al cierre del ejercicio 2015 de las recomendaciones del Tribunal de Cuentas recogidas en informes aprobados en años anteriores relativos al área de la administración económica del Estado. (Número
de expediente del Congreso de los Diputados 251/000157 y número de expediente del Senado 771/000157) ... (Página23)


- Informe de fiscalización de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, ejercicio 2014, y del proceso de integración en ella de los organismos públicos declarados a extinguir por la Ley 3/2013, de 4 de junio. (Número de
expediente del Congreso de los Diputados 251/000139 y número de expediente del Senado 771/000138) ... (Página23)



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- Informe de fiscalización de los procedimientos de gestión y control de los deudores por prestaciones del Instituto Nacional de la Seguridad Social, ejercicio 2014. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000141 y número de
expediente del Senado 771/000144) ... (Página24)


- Informe de fiscalización de las contabilidades de las elecciones locales de 2015. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000159 y número de expediente del Senado 771/000148) ... (Página24)


Se abre la sesión a las nueve de la mañana.


COMPARECENCIA DEL SEÑOR PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CUENTAS (ÁLVAREZ DE MIRANDA GARCÍA), PARA INFORMAR SOBRE:


- INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LA PRESTACIÓN POR LAS ENTIDADES GESTORAS DEL SERVICIO DE PRODUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN LAS SIETE ISLAS CANARIAS, PERIODO 2007-2011: ISLA DE FUERTEVENTURA. (Número de expediente del Congreso de
los Diputados 251/000115 y número de expediente del Senado 771/000115).


- INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LA PRESTACIÓN POR LAS ENTIDADES GESTORAS DEL SERVICIO DE PRODUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN LAS SIETE ISLAS CANARIAS, PERIODO 2007-2011: ISLA DE TENERIFE. (Número de expediente del Congreso de los
Diputados 251/000116 y número de expediente del Senado 771/000118).


- INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LA PRESTACIÓN POR LAS ENTIDADES GESTORAS DEL SERVICIO DE PRODUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN LAS SIETE ISLAS CANARIAS, PERIODO 2007-2011: ISLA DE LANZAROTE. (Número de expediente del Congreso de los
Diputados 251/000117 y número de expediente del Senado 771/000116).


- INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LA PRESTACIÓN POR LAS ENTIDADES GESTORAS DEL SERVICIO DE PRODUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN LAS SIETE ISLAS CANARIAS, PERIODO 2007-2011: ISLA DE GRAN CANARIA. (Número de expediente del Congreso de
los Diputados 251/000132 y número de expediente del Senado 771/000135).


- INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LA PRESTACIÓN POR LAS ENTIDADES GESTORAS DEL SERVICIO DE PRODUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN LAS SIETE ISLAS CANARIAS, PERIODO 2007-2011: ISLA DE LA GOMERA. (Número de expediente del Congreso de los
Diputados 251/000147 y número de expediente del Senado 771/000143).


- INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LA PRESTACIÓN POR LAS ENTIDADES GESTORAS DEL SERVICIO DE PRODUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN LAS SIETE ISLAS CANARIAS, PERIODO 2007-2011: ISLA DE EL HIERRO. (Número de expediente del Congreso de los
Diputados 251/000150 y número de expediente del Senado 771/000150).


- INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LA PRESTACIÓN POR LAS ENTIDADES GESTORAS DEL SERVICIO DE PRODUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN LAS SIETE ISLAS CANARIAS, PERIODO 2007-2011: ISLA DE LA PALMA. (Número de expediente del Congreso de los
Diputados 251/000151 y número de expediente del Senado 771/000151).


El señor PRESIDENTE: Muy buenos días.


En primer lugar, quiero dar la bienvenida al presidente del Tribunal de Cuentas, el señor Álvarez de Miranda, para dar seguidamente paso al comienzo de esta Comisión, que, como todos ustedes saben, aparte de la votación de las propuestas de
resolución, tiene tres puntos. El primero de ellos, que es el que se procederá a exponer en estos momentos, comprende informes de fiscalización sobre la prestación de entidades gestoras del servicio de producción y distribución de agua potable en
las siete islas canarias. Afecta a la isla de Fuerteventura, años 2007-2011; a la isla de Tenerife, 2007-2011; a la isla de



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Lanzarote, 2007-2011; a la isla de Gran Canaria, los mismos años, 2007-2011; a la isla de La Gomera, 2007-2011; a la de El Hierro y a la isla de La Palma por el mismo periodo de tiempo.


Sin más dilación, le doy la palabra al señor Álvarez de Miranda.


El señor PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CUENTAS (Álvarez de Miranda García): Muchas gracias, presidente.


El Tribunal de Cuentas, a iniciativa de la Comisión Mixta, ha llevado a cabo la fiscalización de la prestación por las entidades gestoras del servicio de producción y distribución de agua potable en las siete islas canarias en el periodo
señalado por el presidente. Los informes -son siete diferentes- fueron aprobados entre el 24 de septiembre de 2015 y el 22 de julio de 2016 -el primero y el último-. Constituyen el ámbito subjetivo de la fiscalización las entidades públicas
locales que intervienen en el ciclo integral del agua, esto es, en su producción, almacenamiento, transporte y distribución.


En relación con los resultados de la fiscalización presentados de manera global, respecto a la producción de agua potable, el estatuto orgánico del consejo insular de aguas de cada isla se aprobó por el Gobierno canario a partir de los años
1992 y 1993, excediendo el plazo máximo de un año desde la entrada en vigor de la Ley de Aguas de Canarias de 27 de julio de 1990. En algunas islas la junta general y la junta de gobierno incluían menos miembros de los previstos estatutariamente.
En todos los casos, la composición de dichos órganos colegiados no resultó paritaria, siendo muy superior el número de hombres al de mujeres. No se ha elaborado el plan hidrológico de la comunidad autónoma, como exige la Ley de Aguas de Canarias,
lo que implica que no se han determinado aquellos extremos reservados en la ley a los contenidos propios del mismo, entre ellos la definición de obras de interés general, la cuantificación de las previsiones de financiación, la política de
producción industrial del agua y las directrices en relación con zonas sobreexplotadas o con riesgo de contaminación. En su lugar, el Gobierno de Canarias aprobó por decreto la Instrucción de planificación hidrológica para las demarcaciones
hidrográficas intracomunitarias de la comunidad autónoma, como herramienta que permite garantizar la coherencia regional a la planificación hidrológica insular. Además, cada isla disponía de un plan hidrológico en el periodo fiscalizado aprobado
entre los años noventa del siglo pasado, para Tenerife, Fuerteventura y Gran Canaria, y los años 2001 y 2002 para el resto.


Por otra parte, la trasposición de la Directiva-marco del Agua al ordenamiento español hacía precisas adaptaciones en el ámbito de cada isla que debían haberse realizado antes de 2009. Al no llevarse a cabo en este plazo, el incumplimiento
derivó en un procedimiento sancionador a España, recayendo sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea el 4 de octubre de 2012, que determinó que si en el plazo inmediato no se les daba cumplimiento se impondrían sanciones. A partir de
ahí, entre los años 2015 y 2016, se empezaron a tramitar los nuevos planes hidrológicos correspondientes a cada isla, encontrándose en fase de aprobación cuando se terminaron los trabajos de fiscalización.


Por lo que se refiere al análisis de las infraestructuras hidráulicas, aun cuando el estatuto de cada uno de los consejos insulares de aguas prevé entre sus competencias la determinación de los precios máximos del agua y su transporte, en
aplicación de lo que reglamentariamente estableciera el Gobierno de Canarias, este desarrollo no se llevó a cabo al no haberse fijado por la comunidad autónoma criterios para tal determinación. La fijación del precio del agua varía en función de su
origen. El precio del agua subterránea se fija en el mercado existente, abonándose por las adquisiciones de agua las cuantías definidas en función de la oferta y la demanda en cada momento. En el suministro de agua desalada, el precio del agua se
determina a partir del coste de producción y distribución por los gestores de los complejos de desalación de titularidad pública y privada existente en las islas. Lo anterior genera indeterminación y falta de estabilidad de los precios como
consecuencia de la variación de los costes y de la negociación de los mercados. Ha sido muy frecuente y numerosa la realización de actuaciones y obras hidráulicas para el abastecimiento domiciliario de agua potable, detectándose incumplimientos en
los expedientes contractuales de las infraestructuras. Aunque se iniciaron numerosos expedientes relacionados con el dominio público hidráulico y las concesiones y autorizaciones, el número de sanciones impuestas ha sido relativamente bajo. La Ley
de Aguas de Canarias prevé un régimen transitorio de cincuenta años durante el que se permite conservar la propiedad privada del agua para los títulos anteriores, concediendo además a sus titulares un derecho preferente de concesión transcurrido
dicho plazo. Esto en lo que se refiere a la distribución del agua, al servicio de abastecimiento domiciliario de agua potable.



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En cuanto a la forma de prestación de este servicio, los consejos insulares de aguas de La Palma, Gran Canaria y Tenerife no disponían de información individualizada y actualizada sobre este extremo en los municipios de la respectiva isla en
el periodo fiscalizado, lo que no favorece un adecuado seguimiento y control del respectivo plan hidrológico. A partir de la muestra analizada y de la información de los consejos insulares en los casos en los que la tenían se desprende que el modo
de distribución varía de unos municipios a otros, desde la gestión de forma directa por el ayuntamiento hasta la gestión indirecta bien mediante la creación de empresas municipales o mixtas o bien mediante concesión o concierto. Se han advertido
deficiencias en las diferentes formas de gestión.


En cuanto al personal, se observan diferencias en la cualificación, retribuciones y número de efectivos en la gestión que llevan a cabo los distintos municipios, sin ser absolutamente determinante la forma directa o indirecta elegida para la
prestación del servicio. Los costes e ingresos derivados de la prestación del servicio generan déficit o superávit según el municipio del que se trate sin que puedan extraerse conclusiones generales, variando incluso por ejercicios en un mismo
municipio.


Por último, se ha analizado el volumen de agua producida y facturada en el periodo fiscalizado con especial referencia a las pérdidas, los contratos para la prestación del servicio y los indicadores relativos a la prestación del servicio.
Los resultados de los diferentes municipios son muy heterogéneos. Lo que sí puede afirmarse con carácter general es la existencia de notables carencias en los procedimientos de registro y control del agua.


Muchas gracias, presidente.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.


A continuación, por el Grupo Ciudadanos -entiendo que antes no quiere intervenir nadie-, intervendrá el señor Ramírez.


El señor RAMÍREZ FREIRE: Muchas gracias, señor presidente. Buenos días a todos.


Lo primero que quiero hacer es agradecer al presidente del Tribunal de Cuentas su presencia en el día de hoy para explicarnos, con una exposición simplificada con brillantez -como no podía ser de otra manera y como siempre hace-, la cantidad
de información que contienen estos informes, información sobre las siete islas que componen el archipiélago de Canarias y los ochenta y ocho municipios, cada uno, lógicamente, de su padre y de su madre. Vamos, por lo tanto, a los datos que son
agregados, que son comunes.


El agua en Canarias es un bien escaso, un bien fundamental. En el conjunto del Estado español también lo es, pero en un archipiélago donde no hay ríos, donde casi toda el agua se extrae o bien, por procedimientos de extracción, de cavernas,
subterráneos o pozos, o bien mediante desalación y donde, además, el precio del agua más que duplica el precio en el resto de España, la gestión de este recurso limitado, que en los próximos años todavía será más importante, nos parece a todas luces
fundamental.


De los informes podemos extraer que la utilización de indicadores de gestión brilla por su ausencia, es decir, no hay ningún indicador por el que se pueda establecer claramente en ningún caso si la gestión que se está realizando de este
recurso escaso es óptima o es negativa. Por tanto, las conclusiones a las que llegamos son: que la gestión es nefasta, porque no podemos medir ni siquiera cuál es ese nivel y cuáles son esos indicadores que nos podrían dar información precisa
sobre cómo se está produciendo esa gestión; y que no existe una gestión óptima, una gestión moderna y sobre todo responsable de un bien, que, como ya digo, es muy escaso en el conjunto del Estado. Todos tenemos noticias de la zona sur, de la
desertización, pero sobre todo en las islas Canarias prima la necesidad de gestionarlo de forma óptima, porque el coste que se está produciendo repercute sobremanera en los usuarios. Es cierto que este coste está subvencionado, está dentro del
Régimen Económico Fiscal de Canarias, pero lo pagamos entre todos los españoles y, precisamente por eso, porque está pagado entre todos, la gestión tiene que ser uno de los puntos fundamentales.


Solo me voy a referir a las recomendaciones comunes que incluiremos en nuestras resoluciones. La falta de paridad en las juntas de gobierno de los consejos insulares de agua nos sorprende; en alguno ni siquiera había presencia femenina
hasta época reciente. Creemos que la presencia de las mujeres en los órganos de dirección tiene que ser la normalidad. Nos sorprende sobremanera que no hayan encontrado personas óptimas, personas con cualificación técnica para poder estar en esas
juntas de gobierno de los consejos insulares. Más allá de esa falta de paridad que se puede encontrar, recomendaríamos que tuviesen un mayor conocimiento del conjunto de las infraestructuras que conlleva cada uno de los consejos insulares. Son
recomendaciones comunes a las siete islas, es decir, no podemos decir que una isla esté



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haciendo una gestión más brillante que otra. También recomendaríamos a las entidades gestoras del servicio de producción y distribución en las islas que tuvieran un mayor rigor en la tramitación de las fases de preparación y adjudicación de
los contratos administrativos, por ejemplo, los de mantenimiento. Tengo que citar tristemente el de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria donde ahora mismo está sub iudice un contencioso en el que se está viendo que la gestión que se está
realizando de las infraestructuras de agua no es todo lo óptima que debería ser. También recomendaríamos a los consejos insulares que reforzaran las actuaciones de inspección e incrementaran el control sobre las instalaciones, sobre todo para
evitar esas fugas que parece que se están contemplando en los informes; aunque tampoco hay un nivel técnico, faltan sistemas de detección de pérdidas o de robo de agua incluso por personas que se enganchan de forma irregular al sistema de
distribución de agua. Nos gustaría que se pudiesen realizar ese tipo de detecciones. También queremos recomendar a los consejos insulares, ante la falta de los planes hidrológicos regionales hay que recordar que son obligatorios, que la Unión
Europea nos ha conminado y ya nos ha puesto una sanción y que son necesarios, porque la Directiva-marco del Agua nos obliga a tener esos planes hidrológicos para tener una gestión óptima e integral del sistema de aguas, que estos se realicen a la
mayor brevedad posible.


En cuanto a fijación de precios, tiene que haber un sistema que lo regule. No puede ser que cada isla fije los precios de distinta manera, aunque haya un sistema mixto, porque unas son aguas de origen subterráneo y otras con origen en la
desalación. Lo que está claro es que tiene que ser la comunidad autónoma la que fije de forma reglamentaria cuál es el sistema de precios máximos, para que no haya unas diferencias importantes entre unas islas y otras, como se contempla en los
informes.


Por último, quiero insistir en la utilización de indicadores de gestión, como ya dije al principio. En cualquier elemento de gestión pública tiene que haber indicadores que nos permitan medir y baremar, en la medida de lo posible, cómo se
está realizando la gestión de un recurso que, como ya he dicho, es muy preciado y muy limitado.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ramírez.


Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos tiene la palabra el señor González.


El señor GONZÁLEZ GARCÍA: Gracias, señor presidente.


En primer lugar, quiero agradecer al Tribunal de Cuentas la calidad y el detalle de estos informes sobre la gestión del agua en Canarias. La verdad es que llama la atención la calidad y la extensión de los mismos.


En los informes de fiscalización de las entidades gestoras del servicio de producción y distribución de agua potable en las islas Canarias se observan numerosas negligencias cometidas por estas entidades, y la mayoría de ellas se reiteran en
cada uno de los informes. Destaca la falta de rigor en la tramitación de las fases de preparación y adjudicación de los contratos administrativos, lo cual deriva en multitud de modificados y procedimientos de urgencia injustificados que denotan una
gestión susceptible de ser cautivada por redes clientelares. Este es un fenómeno que se produce en las entidades que gestionan el agua en la práctica totalidad de las islas. Llama la atención la ausencia de un sistema regulado de fijación de
precios, lo que lleva, como comentaba el compañero de Ciudadanos, a que el precio sea diferente en cada isla y a que no haya criterios homogéneos para plantear un precio asequible en un bien común como es el agua. Es destacable que en varias
entidades se produzcan pérdidas relevantes de suministro por averías o deterioro de las canalizaciones, depósitos y redes de distribución o fraudes y errores en las mediciones. Esta es una situación que lleva a considerar que existe una falta de
control, como señala el Tribunal de Cuentas, en el procedimiento de registro del agua gestionada. Esto lleva a disparar el porcentaje de pérdidas de agua sufridas durante este periodo fiscalizado.


Asimismo, es clamorosa la falta de paridad existente en las juntas de gobierno, en las que en algunos casos ni siquiera hay presencia de mujeres, lo cual es inconcebible en el siglo XXI. Esto denota ciertas prácticas de nepotismo que
seguramente se den en estas entidades, porque es inconcebible que no haya representación de mujeres preparadas para estar en estos puestos.


Por último, en el caso de Lanzarote, Inalsa, la empresa local que gestionaba el abastecimiento y que construía gran parte de las infraestructuras acumuló una deuda de 56 millones de euros, lo que la llevó a entrar en un proceso de
administración concursal. Esta nefasta gestión, junto a otros casos, llevó a la condena de Dimas Martín, el icono de la corrupción en Lanzarote, quien fue condenado a diez años de cárcel por este y otros asuntos.



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De la lectura de los informes de fiscalización se desprende que algo huele mal en la gestión del agua en Canarias. Por eso me gustaría preguntarle al presidente del Tribunal de Cuentas si de estos informes se han desprendido acciones por
parte de la Fiscalía y si en fiscalizaciones más recientes se siguen repitiendo algunas de las incidencias observadas.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor González.


Por el Grupo Socialista tiene la palabra el señor Mato.


El señor MATO ESCALONA: Gracias.


Señor presidente del Tribunal de Cuentas, gracias por el informe detallado que nos acaba de presentar.


Tal y como han dicho ya otros portavoces, da la impresión de que la gestión del agua en Canarias se podría calificar como un completo desastre, seguramente porque no existe todavía un plan hidrológico que determine qué acciones son las
prioritarias en cada una de las islas. También es relevante que tampoco existan planes hidrológicos adaptados a las directivas-marco. Sorprende bastante que solamente en Tenerife se haya desarrollado un plan hidrológico acorde con la normativa
europea y que incluso haya cierta pasividad -o eso es lo que se deriva de los informes- ante los procedimientos sancionadores iniciados por la Unión Europea.


Es sorprendente que con un recurso tan escaso y dada la insularidad de cada una de las poblaciones, los consejos insulares no tengan un conocimiento detallado y completo de las infraestructuras de captación y distribución de agua. No puede
ser que en una isla no se conozca ni el número de desaladoras que generan el abastecimiento y captación de agua. Además, a lo largo de los informes se han detectado numerosas deficiencias en contratos ejecutados. La totalidad de los contratos
realizados seleccionados tenían deficiencias, algunas de ellas tremendamente importantes.


Teniendo en cuenta la escasez del recurso y la variabilidad en los precios, sorprende también la insuficiencia o inexistencia de la inspección administrativa. En algunos casos, como Lanzarote, no se realiza ninguna inspección, lo cual me ha
parecido sorprendente. En otros casos, como Gran Canaria, no constaban inscritas once de las estaciones desaladoras y, a pesar de haber 260 expedientes sancionadores, no se impuso sanción alguna. Por lo tanto, son muestras más que sobradas para
ver que, en este caso, tampoco se ha actuado diligentemente en relación con el agua.


Parece también bastante poco razonable que haya una fijación de precios variable por isla, que haya una oscilación tan enorme en un recurso básico. Respecto a los servicios de abastecimiento de agua potable, no parece nada razonable que,
realizándose obras de una cuantía limitada, se produzcan pérdidas de agua que en cualquier parte del territorio del Estado se considerarían inasumibles pero que en las islas, si cabe, son más graves. Quisiera poner encima de la mesa que me ha
sorprendido muchísimo que en los diez ayuntamientos de la isla de Gran Canaria se haya estimado una pérdida de 97 millones de euros por esas fugas de agua en la red y en Tenerife una pérdida de 91 millones de euros en trece ayuntamientos en el
periodo considerado. Esto requiere una actuación urgente por parte de la Administración insular, porque, como digo, son recursos muy importantes que estamos pagando entre todos para un bien escaso.


Por último, en relación con este asunto, no solamente es grave que se produzcan estas pérdidas, sino que también aparezca recogido en los informes que ni siquiera se han identificado acciones para la mejora de las mismas. Haciendo un
pequeño esfuerzo e invirtiendo este dinero, que ahora mismo son pérdidas, en la mejora de las redes de distribución, mejoraría notablemente el sistema de distribución y abastecimiento.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Mato.


Por el Grupo Parlamentario Popular se me ha comunicado que intervendrán tanto el señor Matos como la señora Alberto. Por tanto, tiene la palabra el señor Matos.


El señor MATOS MASCAREÑO: Gracias, señor presidente, buenos días.


Al igual que han hecho el resto de los grupos parlamentarios, el Grupo Parlamentario Popular comparte completamente las conclusiones y recomendaciones que formula el Tribunal de Cuentas en relación con los informes de fiscalización de la
prestación por las entidades gestoras del servicio, producción y distribución de agua potable en las islas Canarias. De estas entidades gestoras, que en



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Canarias no son otras que los consejos insulares de aguas, me referiré a las correspondientes a los consejos insulares de la provincia de Santa Cruz de Tenerife -las islas de Tenerife, La Palma, La Gomera y El Hierro- y mi compañera, Celia
Alberto, se referirá a los consejos insulares de las islas de la provincia de Las Palmas.


Todos los informes de fiscalización hacen referencia a la necesidad de mejorar todos, absolutamente todos los procedimientos de control jurídico-administrativo de la gestión del agua, como también han manifestado todos los portavoces que me
han precedido en el uso de la palabra. Me refiero a la necesidad de un mayor rigor en la tramitación de todas las fases de preparación y adjudicación de los contratos administrativos. El Tribunal de Cuentas se ha detenido sobre todo en la
adjudicación de contratos por procedimiento negociado, en los que se recomienda promover una mayor concurrencia efectiva entre las empresas licitadoras, y en los informes se detecta que hay una gran relajación en la utilización de los procedimientos
de emergencia y de urgencia sin una justificación clara o determinante.


También se ha hecho referencia a la necesidad de intensificar las actuaciones de inspección y control del dominio público hidráulico, sobre todo en la isla de Tenerife. También se detecta que en el registro de concesiones y autorizaciones
de aprovechamiento, los preceptivos títulos habilitantes sobre las instalaciones hidráulicas carecen de un riguroso control sobre esta habilitación o sobre estos registros. Además, como también se ha dicho anteriormente, se recomienda establecer
unos indicadores de gestión que permitan conocer mejor la evolución del servicio e introducir las mejoras necesarias.


Yo querría destacar tres aspectos en los que me voy a detener muy brevemente. El primero es la necesidad de que los consejos insulares impulsen ante la comunidad autónoma el establecimiento de criterios para la fijación del precio del agua,
con el fin de determinar unos precios máximos o de vigilancia especial para las transacciones y transportes de las aguas en cada una de las islas. El segundo es la necesidad de promover actuaciones dirigidas a optimizar los costes energéticos
derivados de la producción industrial del agua. Si bien hay islas como la de La Palma, con acuíferos importantes, las demás precisan plantas desaladoras de gran consumo eléctrico, y en Canarias la electricidad se genera a base de quemar fuel, que
es el sistema más caro de los existen hoy en día y también el más sucio, lo que invita a priorizar la utilización de las energías renovables, que además de limpias son mucho más baratas que los actuales sistemas que se utilizan en Canarias. Si en
Canarias tenemos una riqueza son el sol y nuestros vientos alisios, por lo que deberíamos utilizar energías renovables tanto fotovoltaicas como eólicas, sobre todo para la producción del agua.


El tercer y último aspecto, que es el que más me ha llamado la atención, es la necesidad de implementar sistemas de detección de las pérdidas de agua que permitan identificar su origen, es decir, si se derivan de malas infraestructuras, de
averías, de robos, de fraudes o de errores.


El señor PRESIDENTE: Tiene que ir acabando, señor Matos.


El señor MATOS MASCAREÑO: Sí, termino en seguida.


En todos los municipios fiscalizados se constatan pérdidas que, en algunos municipios de Tenerife van desde el 13,13 al 56,74, siendo en La Palma y en la Gomera aun mayores.


Por tanto, compartimos todas las conclusiones y las recomendaciones que hace el tribunal y en ese sentido irá la presentación de nuestras propuestas de resolución.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Matos.


A continuación, tiene la palabra la señora Alberto.


La señora ALBERTO PÉREZ: Gracias, señor presidente.


En primer lugar, quiero volver a agradecer su extenso trabajo al Tribunal de Cuentas y, en su nombre, a su presidente. Como decía mi compañero Pablo Matos, yo me centraré en las islas de Lanzarote, Fuerteventura y Gran Canaria.


Entrando en materia, lo primero que nos llama la atención es que, ante la ausencia de elaboración del plan hidrológico de la Comunidad Autónoma de Canarias, como debería haberse hecho de conformidad con el artículo 7 de la Ley de Aguas de
Canarias, no se han establecido obras de interés general, previsiones de financiación, políticas de producción industrial del agua o directrices que nos permitan tener un tratamiento conjunto de los problemas del agua en Canarias. Según se deduce
de los informes, en los consejos insulares de agua de las tres islas la tónica habitual ha sido el incumplimiento de las competencias atribuidas a estos consejos por los retrasos en la elaboración de los planes hidrológicos insulares.



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En cuanto al análisis de las obras hidráulicas ejecutadas durante el periodo fiscalizado, en las tres islas aparecen de forma continua numerosas inobservancias en los procesos de contratación de muchas de las disposiciones contenidas en la
Ley de Contratos del Sector Público, siendo especialmente relevante, en el caso de Fuerteventura, el encargo de forma verbal de la principal infraestructura ejecutada y financiada por el Ayuntamiento de Pájara, o en caso de Lanzarote, la ausencia
total de contrato que diera cobertura a una de las tres inversiones analizadas en el informe de fiscalización. Ausencia de documentación acreditativa de la necesidad de las inversiones, división en tres proyectos de lo que supuso realmente una
obra, ausencia de valoración de los criterios técnicos de adjudicación son algunas de las cuestiones que se repiten en el análisis de los contratos de las obras hidráulicas fiscalizadas en la isla de Gran Canaria. Especialmente preocupantes
resultan los datos que arroja el análisis realizado en estos tres informes relativos a las pérdidas de agua en la red de distribución. En el caso de Fuerteventura, en el CAAF, las pérdidas representaron un 37 % de media de agua producida, con un
coste medio de más de 5 millones de euros y, acumulado durante los cinco ejercicios, de más de 25 millones. Lejos de mejorar, en Lanzarote las pérdidas de agua representaron el 54 % en 2011, lo que supuso un coste medio de pérdidas de agua de 17
millones de euros y, acumulado durante los cinco ejercicios, más de 85 millones de euros. En Gran Canaria las pérdidas sobre el total del agua van desde el 16,67 en el caso de Las Palmas de Gran Canaria, suponiendo un coste acumulado en los cinco
años de más de 37 millones, hasta el 57,21 en el caso de Aruca, con diferentes porcentajes de pérdidas.


El señor PRESIDENTE: Señora Alberto, tiene que ir finalizando.


La señora ALBERTO PÉREZ: Voy terminando, señor presidente.


Consideramos que estas pérdidas a la larga no son asumibles.


Por todo lo expuesto, nos parecen totalmente procedentes todas las recomendaciones expuestas por el Tribunal de Cuentas. Para finalizar, y a la vista de los resultados de los informes de fiscalización, me gustaría preguntarle al presidente
del Tribunal de Cuentas si existe intención por parte del tribunal de introducir en los planes de fiscalización ejercicios más recientes, a fin de conocer si se han subsanado muchas de las deficiencias apreciadas.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Alberto.


Tiene la palabra el señor Álvarez de Miranda, para contestar a las cuestiones que han planteado sus señorías.


El señor PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CUENTAS (Álvarez de Miranda García): Muchas gracias, presidente.


Existiendo un general reconocimiento y aceptación del contenido de los informes, no creo preciso dar explicaciones adicionales a lo que contienen. Únicamente tendría que responder a preguntas muy concretas, como si ha habido acciones por
parte de la Fiscalía. En el caso de los siete informes vistos, se han formulado diligencias preliminares en la Sección de Enjuiciamiento para varios de ellos, especialmente en las islas de Fuerteventura y La Palma, que finalmente resultaron
archivadas por inexistencia de responsabilidad contable. En el caso de las islas de Fuerteventura y de La Palma se remitieron sendas peticiones de responsabilidad penal, que en estos momentos se encuentran en tramitación, por las irregularidades
contenidas en dichos informes.


En relación con la pregunta sobre si hay intención de incluir en el programa de fiscalizaciones del tribunal nuevos ejercicios o ejercicios más recientes, tengo que decir que no están programadas en estos momentos fiscalizaciones sobre esta
materia. Hay que recordar que la realización de esta fiscalización fue a iniciativa de la Comisión Mixta, una iniciativa que el tribunal recogió. Por supuesto, el tribunal está abierto a realizar sobre estas materias de prestación de servicios
públicos locales todo el esfuerzo que pueda hacer. Bien es cierto que el tribunal prestará una gran atención al seguimiento y a las recomendaciones, es decir, las propias recomendaciones de este informe van a ser objeto de seguimiento a través de
la acción normal del tribunal.


Querría terminar indicando que de todas las cuestiones que el informe detalla hay que señalar, en primer lugar, los defectos o deficiencias de planificación, porque en una materia de esta importancia la planificación resulta indispensable,
especialmente cuando estamos viendo periodos de tiempo tan lejanos que permiten ver en toda su crudeza la existencia de una planificación deficiente; y en segundo lugar, las



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necesarias medidas que vayan a minorar, a hacer menos importante el conjunto de pérdidas de agua que tienen las islas Canarias porque son muy superiores a la media nacional, siendo ya esta una media no demasiado correcta teniendo en cuenta
que España, en relación con la pérdida de agua en su red de distribución, solo está superada -creo- por Francia y por Italia; la mayor parte de los países europeos tienen menores índices de pérdida de agua, siendo para nosotros el agua un bien muy
escaso y, por otra parte, muy necesario.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor presidente.


- INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LA PARTICIPACIÓN DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPAÑOLAS EN MISIONES INTERNACIONALES, EJERCICIOS 2009 Y 2010. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000005 y número de expediente del Senado
771/000005).


El señor PRESIDENTE: Pasamos al segundo punto del orden del día, el debate correspondiente a la fiscalización de la participación de las Fuerzas Armadas españolas en misiones internacionales, ejercicios 2009 y 2010.


Tiene la palabra el señor presidente del Tribunal de Cuentas.


El señor PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CUENTAS (Álvarez de Miranda García): Gracias, presidente.


El pleno del Tribunal de Cuentas aprobó el 28 de junio de 2012 el informe de fiscalización de la participación de las Fuerzas Armadas españolas en misiones internacionales, ejercicios 2009 y 2010. El alcance de la fiscalización se ha
referido a las siguientes misiones internacionales en las que participó España durante el periodo fiscalizado: Afganistán, Somalia, Líbano, Bosnia-Herzegovina, Kosovo, Chad, República Centroafricana, República Democrática del Congo, Guinea Bissau y
Haití.


En relación con la liquidación presupuestaria de los créditos, el crédito inicial para el conjunto de estas operaciones tanto en 2009 como en 2010 fue de 14,4 millones de euros, mientras que la liquidación final ascendió a 713,5 millones de
euros, en el primer ejercicio, y a 787,9 millones, en el segundo. Ello revela una falta de rigor y realismo en la presupuestación que ya venía siendo puesta de manifiesto por el tribunal en anteriores fiscalizaciones. Este defecto, junto con el
retraso en la aprobación de los expedientes de ampliación de crédito y unido en el año 2010 a la puesta a disposición trimestral de los fondos, dio lugar a que no se dispusiera de los recursos necesarios para atender a las necesidades reales. Ello
motivó que se utilizaran transitoriamente otros créditos del Ministerio de Defensa, originando una carga de trabajo extraordinaria y una gestión formalmente irregular. Los créditos para hacer frente a los gastos que se derivan de la participación
en misiones internacionales durante los ejercicios 2009 y 2010 estaban dotados principalmente en una única partida presupuestaria, salvo en la operación de apoyo a Haití.


Siguiendo las recomendaciones anteriores del tribunal, a partir del ejercicio 2011 se desglosó aquella partida presupuestaria de tal manera que los recursos financieros pasaron a encuadrarse en tres créditos ampliables, distinguiéndose entre
los gastos de personal, capítulo 1, los gastos corrientes de bienes y servicios, capítulo 2, y los gastos en repuestos y mantenimiento, capítulo 6. Este desglose debería haberse realizado en conjunción con el cumplimiento de la recomendación de
realizar una presupuestación realista del gasto, puesto que tal segregación, unida a la ausencia de suficiente crédito inicial, complicaba aún más la gestión de los créditos destinados a dichas operaciones.


En relación con la gestión de personal, el Ministerio de Defensa procedió a aclarar y unificar el régimen de contratación del personal intérprete-traductor, necesidad también puesta de manifiesto por el tribunal en anteriores
fiscalizaciones. En cuanto al control de efectivos en zona de operaciones, no existía una base de datos unificada donde se registrasen las variaciones de personal, si bien existía una por ejército, aunque no era efectiva a efectos del control
retributivo. Las comprobaciones tendentes a verificar el cumplimiento de la normativa aplicable a las indemnizaciones percibidas por el personal militar por su participación en operaciones de mantenimiento de la paz y ayuda humanitaria, no han
puesto de manifiesto incidencias significativas, habiéndose unificado el criterio a efectos de percibir las indemnizaciones en el extranjero. Durante el año 2009 y parte del 2010, correspondió a cada cuartel general fijar en qué situación se
encontraba su personal militar desplazado en cada misión internacional. Ello dio lugar a que se detectaran diferencias retributivas dentro de la misma misión en función



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exclusivamente del ejército al que perteneciera el citado personal, al existir diferentes criterios interpretativos. Mediante una instrucción de la subsecretaría de Defensa se unificaron los referidos criterios evitando tales discrepancias.


En relación con la gestión contractual, la complejidad del Ministerio de Defensa determina la existencia de un desproporcionado número de órganos de contratación, lo que implicaba una falta de actuación uniforme ante la ausencia de una
cadena orgánica única. Esta circunstancia quedó paliada el ejercicio 2011 mediante la adopción por el propio ministerio de medidas de racionalización de los procedimientos de contratación. Con carácter general, y sin perjuicio de las incidencias
puestas de manifiesto en el informe, la gestión de los gastos contractuales propios de las misiones internacionales se ha realizado siguiendo los procedimientos establecidos en la normativa vigente.


En relación con los convenios de colaboración, acuerdos marco y encomiendas de gestión, en el convenio firmado entre el Ministerio de Defensa y Navantia, se observaron tanto en su procedimiento de elaboración como en su régimen económico
irregularidades formales y materiales. En el momento de aprobación del informe se encontraban en fase de modificación el convenio y sus reglas complementarias. Finalmente, no se considera justificada la encomienda de gestión para la construcción
de polígonos de combate encargada a la sociedad mercantil estatal Tragsa al no estar dicha actividad incardinada dentro del objeto social de esta última.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor presidente.


Tiene la palabra el señor Ten, por el Grupo Parlamentario Ciudadanos.


El señor TEN OLIVER: Muchísimas gracias, presidente.


Muchísimas gracias por su explicación, señor presidente del Tribunal de Cuentas, Álvarez de Miranda. La verdad es que del informe nuestro grupo parlamentario extrae tres premisas básicas y preocupantes. Por un lado, que el presupuesto real
de defensa nada tiene que ver con lo que realmente se realiza y que hay una falta de rigor y realismo. En segundo lugar, que esa fiscalización de la contratación menor presenta desde luego irregularidades. Y, en tercer lugar, que hay una relación
entre Defensa y Navantia que nos preocupa porque no es de cliente y proveedor.


Para empezar, yo creo que de estas misiones internacionales de paz, que han pasado de 18 millones en el año 1990 a 861 en 2011, la verdad es que hay que sentirse orgulloso. Yo creo que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, en este
caso en gastos de defensa, son fundamentales para salvar vidas, y así lo ha reflejado el informe. Lo que nos preocupa realmente es que cuando nos dicen que hay un crédito inicial, por ejemplo, en 2009 de 14 millones o en 2010 de 14,360 millones,
hay modificaciones de 752 millones. Esto es impensable en cuanto a llevar realmente unas cuentas ordenadas. Además, el Tribunal de Cuentas lleva décadas solicitando que se cambie ese procedimiento actual -es decir, no es cuestión de años, sino que
lleva décadas diciéndolo- para que esos presupuestos de gastos del Ministerio de Defensa se ajusten. Tanto el Partido Socialista como el Partido Popular, evidentemente, no han hecho caso a las recomendaciones y estas liquidaciones reales no se
ajustan nada en los presupuestos.


Además, durante la pasada legislatura Defensa registró todos los años modificaciones totales de crédito cercanas a los 2.000 millones de euros: en 2015 fue de 2.106; en 2014 de 1.951; en 2013 de 1.911, y así podríamos seguir. Un ejemplo
más reciente lo encontramos en el acuerdo del Consejo de Ministros del pasado 11 de marzo de 2016 autorizando la aplicación del Fondo de contingencia. Les recuerdo que en la Comisión de Hacienda, que se celebró la pasada semana, se debatió sobre
este tema. Nuestro grupo parlamentario presentó una transaccional en la que se solicitaba que se solucionase esta falta de rigor. Esta política de ocultación del gasto real en defensa, sinceramente, se nos presenta como algo infantil, no tiene
ningún sentido. En segundo lugar, hacemos hincapié en la fiscalización de la contratación menor que se presenta como adjudicación directa. Cuando estamos hablando de contratos menores, de 30.000 o de 18.000 euros, se contratan realmente a dedo.
Hay bastantes irregularidades, hay unas menciones que hace el tribunal -no las voy a especificar ahora- y además hacemos hincapié en la falta de base de datos. No entiendo que la Administración no tenga una base de datos unificada en cuanto a los
recursos humanos y existen toda esa cantidad de problemas que nos ha comentado. En tercer lugar y para terminar, la relación entre Defensa y Navantia debería ser como cliente y proveedor para realmente exigir -como nuestro grupo parlamentario así
lo defiende- esa máxima eficiencia y transparencia. Dado el tiempo transcurrido entre el informe y la época en la que estamos actualmente, cabría preguntarle al



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presidente del tribunal si ese convenio entre el Ministerio de Defensa y Navantia ha sido modificado. Es claro que las condiciones económicas por las que se garantizaba a Navantia una rentabilidad fija incluso podrían ser constitutivas de
algunas infracciones de derecho comunitario y es que el Ejecutivo nos tiene acostumbrado a incumplir directivas europeas. Da la sensación de que el dinero con el que se pagan esas sanciones o esos inicios de expedientes sancionadores no sea el de
todos los españoles, y así es.


Para terminar, le pregunto al presidente del tribunal si durante todas estas décadas -no años- en las cuales se ha propuesto corregir estas deficiencias e irregularidades en el presupuesto de Defensa y ante esa impasibilidad del Ejecutivo si
el Tribunal de Cuentas necesitaría una nueva herramienta o un nuevo procedimiento para hacer cumplir al Ejecutivo y encauzar estas irregularidades.


Muchísimas gracias, presidente.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ten.


Por el Grupo Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, tiene la palabra el señor Martínez.


El señor MARTÍNEZ RUIZ: Muchas gracias, señor presidente.


Quiero agradecer la comparecencia del presidente del Tribunal de Cuentas respecto a este informe. En primer lugar, como ha hecho el portavoz que me ha precedido, creo que es importante destacar que el informe señala que existe una falta de
rigor en la presupuestación y de ahí se deriva la diferencia desproporcionada entre lo presupuestado y lo ejecutado, que en 2009 fue de cincuenta veces más y en 2010 de cincuenta y cuatro veces más, lo cual supone una carga de trabajo extraordinaria
y da lugar a una gestión laboriosa, confusa y también irregular. En relación con la gestión del personal, no existe una base de datos unificada y querríamos saber en qué plazo estará lista esta aplicación. El informe apunta también a un elevado
número de órganos de contratación, lo cual conlleva una falta de actuación uniforme. En lo que respecta a los convenios de colaboración, acuerdos marco y encomiendas de gestión se han observado irregularidades formales y materiales en el convenio
con Navantia. En relación con los procedimientos de pago, en un partida se está recurriendo al procedimiento de pago ordinario, ya que no se incluye en los documentos justificativos pertinentes, lo cual es realmente preocupante.


Queremos hacernos eco también de algunas de las recomendaciones que hace el Tribunal de Cuentas. En primer lugar, se recomienda modificar el procedimiento actual de presupuestación diferenciando los costes de operaciones en curso de las
operaciones imprevistas; en segundo lugar, que los criterios determinantes de la imputación de gastos se definan con mayor rigor y concreción; en tercer lugar, la implantación de una base de datos unificada -como he dicho anteriormente-; y en
cuarto lugar, la revisión del régimen económico del convenio con Navantia.


Dicho esto, queríamos dirigirle al presidente del Tribunal de Cuentas tres preguntas. En primer lugar, en qué otras partidas presupuestarias se dan unas diferencias tan elevadas de forma reiterada entre lo presupuestado y lo ejecutado. En
segundo lugar, nos gustaría saber si esto sería concebible para el gasto en servicios públicos esenciales. Y en tercer lugar, dadas las deficiencias identificadas y su persistencia desde hace dos décadas, queríamos preguntar si tiene previsto el
Tribunal de Cuentas hacer un informe monográfico sobre esta problemática abordando los costes que supone para el contribuyente el uso inapropiado de dicha partida presupuestaria.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Martínez.


Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Hurtado.


El señor HURTADO ZURERA: Gracias, presidente. Buenos días.


Quiero agradecer al presidente su comparecencia de nuevo. En relación con este expediente, quiero plantear mi primera pregunta. Ha habido dos informes, uno de los letrados del Estado y otro del ministerio fiscal. Me gustaría saber en qué
situación están los indicios de responsabilidad contable detectados, que son menores, en relación con dos actuaciones que se refiere por parte de los letrados a cinco contratos menores en estas misiones internacionales. No sé si están archivados o
no, son de escasa importancia, pero me gustaría saber la situación. También el ministerio fiscal declara un indicio de responsabilidad contable en relación con la no aplicación de penalización por no ejecutar un contrato conforme estaba estipulado.
No sé si se ha archivado, pero me gustaría saber también si se ha solventado.



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En relación con algunas cuestiones que se han dicho, no estoy de acuerdo en que no haya rigor en la presupuestación. Se parten de créditos iniciales de 14 millones y se elevan a cerca de 800 millones en 2010 y a 714 millones en 2009. Creo
que existe un problema de aplicación de un sistema inadecuado de presupuestación. Se están utilizando partidas ampliables. Cuando se utiliza el sistema de partida ampliable, se parte de créditos muy básicos y no son estimaciones de gasto. Para
evitar esta confusión hay que tratar de eliminar el sistema de créditos ampliables en las dotaciones presupuestarias de estas misiones internacionales. Nos ahorraríamos muchos problemas y sabríamos perfectamente cuáles son las previsiones. El
propio Tribunal de Cuentas hace mención a una técnica de presupuestación que es la ordinaria, especificando misiones en curso y misiones no previstas que vayan con cargo a un fondo de contingencia, pero eso significaría borrar por completo el
sistema de presupuestación de partida ampliable en estas misiones y establecer un sistema de presupuestación de limitación de recursos, como cualquier partida ordinaria del presupuesto. Por tanto, creo conveniente hacer esa recomendación.


En segundo lugar, también la gestión es inadecuada. Ya se hace un avance diferenciando gastos de personal, capítulo 1, de gastos corrientes, capítulo 2, y gastos en inversiones, capítulo 6, en el año 2011. Es un avance, pero evidentemente
no es suficiente. Se están ejecutando los gastos básicamente a base de pagos, anticipo de caja fija y pagos a justificar. Se trata de un sistema también inadecuado, al igual que el sistema de presupuestación. Por tanto, consideramos necesario un
cambio importante no solamente en la fórmula de presupuestar, sino también en la forma de gestionar estos gastos. En relación con los recursos humanos y la necesidad de una base de datos, también se avanza, según el propio informe, estipulando que
se partía de una base de datos por ejércitos, pero que ya se ha concretado un sistema informático de una base de datos completa que permita no solamente el recuento de los desplazamientos, sino también un control y valoración adecuada de las
indemnizaciones correspondientes a este personal. También se detecta en el propio informe un avance que quiero poner en valor. Con relación a la contratación, son contratos y anomalías muy reiteradas y también hay que poner atención al respecto de
la utilización permanente de contratos menores mediante el fraccionamiento de las obras o servicios, no tener expedientes completos en determinados de ellos, incluso no requerir suficiente garantía a los adjudicatarios o a los licitadores de estos
contratos de servicio u obras. También son cuestiones a tener en cuenta y que se ponen de manifiesto en las propias recomendaciones.


Con relación a los convenios, se habla de dos convenios. Uno es el de Navantia, donde se especifica que se incluye un beneficio industrial que no corresponde, puesto que según la norma actual los convenios no pueden establecer beneficios
industriales. Creemos necesario que se reconsidere esta estimación de los gastos de los convenios. Luego se habla de Tragsa, de no incluir en su objeto social las actuaciones en dos polígonos de combate que se han abordado en un convenio de
colaboración con Tragsa y que entra dentro de una dinámica de estar utilizando a esta empresa lo mismo para una costura que para un descosido, como se dice en mi tierra. Se está utilizando a Tragsa por cuestiones de urgencia, de inmediatez y de
actuaciones relativamente urgentes.


Gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Hurtado.


Para finalizar, por el Grupo Parlamentario Popular, el señor Juncal tiene la palabra.


El señor JUNCAL RODRÍGUEZ: Gracias, presidente.


Quiero agradecer al presidente del Tribunal de Cuentas su presentación del informe. Analizando este tema, considero que nos olvidamos un poco de la complejidad que tiene, es decir, el desplazamiento de estas unidades militares fuera de
nuestras fronteras no es una empresa fácil, ni mucho menos; tiene que hacer frente a muchas dificultades. Es un poco lo que yo he echado de menos en la intervención del señor Hurtado, porque indudablemente todas estas situaciones -y nosotros las
comprendemos- tuvieron lugar en los años 2009 y 2010, cuando gobernaba el Partido Socialista. Si a las dificultades logísticas añadimos también -se verá en el próximo informe- la precaria situación económica que estaba en su punto de ebullición
pero no se quería reconocer, esto da lugar a muchas de las situaciones que aquí se han comentado.


Abundando en la pregunta del señor Hurtado al señor presidente sobre si hay derivaciones de la sección de enjuiciamiento o sobre si ha habido actuaciones por alcance, hay unos párrafos en el informe en los que se dice claramente que no hay
incidencias significativas ni en el cumplimiento de la legalidad ni en las respectivas liquidaciones. Es verdad que tenemos un complejo sistema en defensa, en la estructura del ministerio, en cuestiones de compra precisamente para tratar de cumplir
la legalidad en todo momento y seguir los procedimientos establecidos; procedimientos, por cierto, que tras este informe se han ido revisando



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en su práctica totalidad en cuanto a las recomendaciones o puntos significativos que el Tribunal de Cuentas había puesto encima de la mesa. Se han revisado, como también se ha dicho, el tema del personal, todos los procedimientos tanto de
compras como de personal, etcétera. En cuanto al convenio con Navantia, también me consta que a partir de 2015 hubo un nuevo convenio entre el Ministerio de Defensa y Navantia. Los controles sobre los efectivos en la zona de operaciones también se
reformaron. Los recursos de las operaciones que tiene el Estado español a lo largo del mundo están disponibles en una página web.


En todo caso, no estoy de acuerdo -como se ha comentado aquí- con que el Partido Popular no hizo caso, entre otras cosas, porque en los años 2010 y 2011 el Gobierno no correspondía al Partido Popular, y posteriormente, ya en periodo de
Gobierno del Partido Popular, puedo asegurar que se ha revisado y se ha tratado de actualizar todo este procedimiento para una mejor eficacia y una total y absoluta transparencia. Vuelvo a resaltar que no hay incidencias, desde el punto de vista
del cumplimiento de la legalidad, en las liquidaciones practicadas, que efectivamente en la técnica de presupuestación la falta de previsión del tiempo por parte del ministerio o de las características de la misión -que es complejo- implica que es
muy difícil ajustar, aunque el tribunal recomiende -y, efectivamente, tiene razón- que se haga una presupuestación más aproximada. Vuelvo a insistir en que no es lo mismo programar y hacer una presupuestación de una obra que hacer un despliegue de
unidades complejas en situaciones también complejas y distintas, que pueden tener más actividad, menos actividad, o ser más largas en el tiempo de lo que inicialmente se previó. En definitiva, puede ser una situación bastante impredecible en el
futuro y, por lo tanto, se reconoce ese defecto de presupuestación, pero se insiste también en la parte económica, que es un tema muy importante, es decir, la situación económica que se vivió en este país desde el año 2008 y que afecta, lógicamente,
a la presupuestación y a la ejecución de gastos de todos los ministerios, y particularmente al de Defensa.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Juncal.


Para responder a las cuestiones planteadas, tiene la palabra de nuevo el señor Álvarez de Miranda.


El señor PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CUENTAS (Álvarez de Miranda García): Gracias, presidente.


Contestando a las preguntas y cuestiones planteadas, quería indicar que en aquellas cuestiones en las que ustedes me solicitan la información que yo pueda tener respecto a la gestión posterior de estos créditos, habría que indicar que el
Ministerio de Defensa manifiesta que en los años 2013, 2014 y 2015 la presupuestación se ha acercado más al verdadero gasto, en la medida en que en 2013 y 2014 alcanzó el 70%, sin embargo, en 2015 fue del 30%. También hay que indicar, como ha dicho
el señor Juncal, que el convenio de Navantia se modificó con carácter posterior. Bien es cierto que el tribunal no puede decir si esta modificación del convenio de Navantia produce los efectos que el informe está reclamando, dado que eso exigiría
una nueva fiscalización o una nueva revisión.


Existe una nueva aplicación informática unificada para la gestión del personal desplegado en misiones de paz desde finales de 2012, y ese es un aspecto que resulta de aquellas cuestiones que el informe señalaba necesario modificar. En
cuanto a la sugerencia que se ha realizado de utilizar en mayor medida créditos ampliables, las necesidades de estas misiones internacionales pueden requerir atender gastos indispensables no previsibles sin esperar a la tramitación de un suplemento
de crédito y, por lo tanto, no creo que exista una fórmula perfecta. La presupuestación de este tipo de misiones se encuentra con muchas incertidumbres a lo largo de su desarrollo. Sin embargo, el tribunal señala que, entre eso y hacer una
presupuestación realista de los gastos, hay una gran diferencia porque en el Ministerio de Defensa, como ha señalado el señor Martínez, se encuentran las mayores diferencias entre las partidas presupuestarias iniciales y definitivas. Era una de las
preguntas que me formulaba; también me ha formulado otra sobre si tiene previsto el tribunal un informe monográfico sobre estas cuestiones. En el actual programa de fiscalizaciones el tribunal no tiene incorporado ningún informe de esta
naturaleza. Hay que darse cuenta de que, lógicamente, los programas de fiscalizaciones del tribunal tienen que ir variando entre los diferentes sectores porque tenemos recursos que asignar entre las diferentes prioridades. En todo caso, siempre
atendemos aquellas que sean propuestas por la Comisión Mixta de acuerdo con las posibilidades reales del tribunal de llevar a efecto su trabajo.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Álvarez de Miranda.



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- INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LA FINANCIACIÓN EXTRAORDINARIA DE LOS PROGRAMAS ESPECIALES DE ARMAMENTO Y MATERIAL DE LAS FUERZAS ARMADAS, EJERCICIOS 2012, 2013 Y 2014. ANÁLISIS ESPECIAL DE LOS PROGRAMAS DE GESTIÓN INTERNACIONAL: EF2000,
A400M Y TIGER, Y DE LOS PROGRAMAS DE GESTIÓN NACIONAL: BAM, LEOPARD Y NH90. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000146 y número de expediente del Senado 771/000147).


El señor PRESIDENTE: Para finalizar la exposición de informes, pasamos al debate del informe de fiscalización de la financiación extraordinaria de los programas especiales de armamento y material de las Fuerzas Armadas de los ejercicios
2012, 2013 y 2014. Análisis especial de los programas de gestión internacional EF2000, A400M y Tiger y de los programas de gestión nacional BAM, Leopard y NH90. Tiene de nuevo la palabra el señor presidente del Tribunal de Cuentas.


El señor PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CUENTAS (Álvarez de Miranda García): Gracias, presidente.


Este informe se aprobó en sesión de 30 de junio de 2016 y tiene el alcance que el presidente ha explicado. Entrando directamente en los resultados de fiscalización, en relación con la financiación extraordinaria de los programas hay que
indicar que, al objeto de paliar las negativas consecuencias de las drásticas reducciones presupuestarias que afectaron gravemente a los llamados programas especiales de armamento, desde el ejercicio 2012 se vienen aprobando anualmente créditos
extraordinarios para el Ministerio de Defensa mediante reales decretos-leyes que modifican las leyes de presupuestos apelando a razones de extraordinaria y urgente necesidad. Sin embargo, se trata de programas que se planifican y desarrollan a
largo plazo e implican compromisos contractuales concretos autorizados por el Consejo de Ministros. Esta circunstancia es tenida en cuenta por el Ministerio de Defensa, solicitando al elaborar su proyecto de presupuesto los créditos necesarios para
satisfacer sus compromisos, pese a lo cual no se dotan en el presupuesto inicial. La financiación de los créditos extraordinarios, a pesar de que se refieren a operaciones no financieras, se hace mediante deuda pública y no con cargo al Fondo de
Contingencia.


Mientras el crédito extraordinario concedido en 2012 se destinó a atender obligaciones de ejercicios anteriores, los correspondientes a 2013 y 2014 se dirigieron a la cobertura de obligaciones del propio ejercicio, que en ocasiones ni
siquiera habían nacido con anterioridad a la concesión del crédito extraordinario, lo que cuestiona la existencia de una extraordinaria y urgente necesidad. La petición de créditos extraordinarios y suplementarios se realiza con los datos
utilizados para la elaboración del presupuesto del propio Ministerio de Defensa, posponiendo la inclusión de cantidades no aceptadas inicialmente por el Ministerio de Hacienda a dicha modificación presupuestaria. En 2012, entre la aprobación de los
Presupuestos Generales del Estado y la concesión del crédito extraordinario transcurrieron escasamente dos meses.


Respecto a la tramitación de los expedientes de modificación presupuestaria, las memorias justificativas se limitan a señalar que no hay crédito suficiente y a reproducir el listado de cuantías por programa cuya financiación extraordinaria
se solicita. Las memorias económicas son, a su vez, muy breves y apenas incorporan una somera referencia a las necesidades que han de atenderse con las cuantías solicitadas para cada programa.


En relación con los programas de gestión internacional, la Agencia Netma, en el ámbito de la OTAN, gestiona de manera conjunta el programa EF2000 -antes Eurofighter- en un marco regulatorio que permite un adecuado control y seguimiento de
los aspectos contractuales presupuestarios y financieros del programa. En el Ministerio de Defensa destaca la elevada descentralización del programa en seis estructuras gestoras distintas, lo que suponía una dispersión de competencias y
responsabilidades e impedía un adecuado seguimiento y control. La reestructuración del ministerio llevada a cabo en junio de 2014 implicó un importante esfuerzo de centralización y de simplificación de estructuras y procedimientos.


El Colegio Internacional de Auditores de la OTAN emitió opiniones favorables o sin reparos sobre los estados financieros de la agencia Netma, que contaba con un sistema de control interno robusto. De las cuentas y de la información de Netma
durante los ejercicios 2011 a 2013 se desprende que España no está en condiciones de aceptar en servicio aviones terminados, por las limitaciones de financiación nacional. Los aviones se almacenan en España, a la que corresponden las obligaciones y
riesgos



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asociados con el avión. Ello puede tener consecuencias económicas desfavorables a la vez que perjudica la eficiencia en la gestión del programa.


Respecto al Programa A400M, su gestión a nivel internacional corresponde a la Agencia Occar, cuyo consejo de auditores ha emitido opiniones favorables sobre sus estados financieros, si bien destaca la conveniencia de fortalecer los sistemas
de auditoría interna de la organización, dada su magnitud económica.


Por lo que se refiere al programa Tiger, que también se gestiona por Occar, en sus informes de gestión se destaca la necesidad crítica de dotar a la oficina de personal de más recursos humanos en el área de tripulaciones de ensayo, pilotos e
ingenieros, puesto que contaba únicamente con un piloto de ensayos.


En relación con los programas de gestión nacional, en el programa BAM, la empresa pública Navantia, elegida por motivos de seguridad nacional, incluye en su presupuesto un beneficio industrial de entre el 4 y el 12%, no compatible con las
relaciones entre el Estado y sus entidades instrumentales. Pese a los retrasos en la entrega de los buques, no se procedió a imponer las correspondientes penalidades por demora por un importe estimado de 31,7 millones de euros, habiéndose
paralizado sin causa justificada los procedimientos para exigirlas.


Respecto al programa Leopardo, tras la privatización de la empresa nacional Santa Bárbara, el régimen jurídico del contrato presenta ambigüedades de difícil interpretación, creando cierta inseguridad y sin que haya llegado a liquidarse el
contrato, a pesar de que así estaba previsto legalmente. Se han reconocido mayores costes por 43,6 millones de euros, derivados del incremento de los costes de producción de uno de los subcontratistas debido a las circunstancias técnicas y
financieras concurrentes determinadas por actores internacionales.


Por lo que se refiere al programa NH90, no se tuvo en cuenta el apoyo y mantenimiento en el contrato inicial por la previsión de adquisición del programa de helicópteros por fases. La coyuntura presupuestaria llevó a reducir el número de
aparatos contratados y a reconducir el programa de forma que estuvieran operativos desde el inicio. El expediente se tramitó conforme a una instrucción en materia de centralización de contratos que no era aplicable a ese caso. No obstante, la
tramitación del expediente y de las modificaciones contractuales se realizó correctamente y el programa dispone de un sistema de seguimiento muy detallado.


En relación con la gestión de recursos humanos en el marco de la gestión de los programas de armamento, se han destacado tres problemas principales en el área de recursos humanos: la escasez de efectivos dedicados a la gestión de estos
programas, la alta rotación del personal y la situación del personal militar que presta servicio en las agencias internacionales Netma y Occar. La gestión de estos programas se encuentra infradotada de medios humanos. En su lugar, se ha acudido a
la figura de la encomienda de gestión para satisfacer necesidades de carácter permanente debido al déficit estructural existente en las plantillas militares.


Muchas gracias, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor presidente.


Por el Grupo de Ciudadanos, tiene la palabra de nuevo el señor Ten.


El señor TEN OLIVER: Gracias, presidente.


De nuevo quiero mostrar el agradecimiento por parte del Grupo de Ciudadanos al señor presidente del Tribunal de Cuentas por el informe que nos presenta hoy aquí. Hay tres cosas que me gustaría remarcar. En primer lugar, de nuevo la
financiación por real decreto de estos programas especiales de armamento, esas irregularidades en la política presupuestaria; en segundo lugar, esas relaciones demasiado estrechas entre el Ministerio de Defensa y las empresas del sector, y en
tercer lugar, las deficiencias en los recursos humanos.


Para empezar, si bien estos sistemas de financiación son un poco peculiares porque en principio estas empresas se financian con anticipos reintegrables, luego el Ministerio de Defensa, a medida que se van cubriendo esas contrataciones, van
trasladando y transfiriendo ese dinero. Desde 2010, con la crisis, se redujo la dotación de partidas destinada al pago de estos compromisos y, como usted bien ha indicado, señor presidente, desde 2012 a 2015 el Gobierno va aprobando reales decretos
extraordinarios financiando con cargo a deuda pública, y además por una cuantía nada desdeñable de 4.300 millones de euros. Esto ya se recurrió ante el Tribunal Constitucional. En julio de 2016 el tribunal sancionó la utilización del real
decreto-ley para aprobar estos créditos extraordinarios. Usted mismo ha dicho que estos programas son a largo plazo e incluso el Gobierno ha cifrado el importe global en 29.500 millones de



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euros hasta 2030, por lo que no tiene ningún sentido lo que está haciendo el Ejecutivo. Desde luego, urge modificar la política presupuestaria en materia de gasto de defensa, incluyendo ese gasto previsible -porque es previsible- en los
Presupuestos Generales del Estado. Además, es una obligación legal con el contribuyente, al que debemos evitar la incertidumbre financiera que está generando el Ejecutivo con esas prácticas irregulares.


En segundo lugar, nos preocupan las relaciones demasiadas estrechas que existen entre el Ministerio de Defensa y las empresas del sector. Lo vemos excesivamente paternalista y, como le indicaba en mi anterior intervención, podría acarrear
multas de Bruselas. Con esta forma de actuar estamos transmitiendo debilidad; la excesiva protección redunda en una política industrial del Gobierno que no transmite principios de eficiencia y de eficacia, sino todo lo contrario.


En tercer lugar, para terminar, en cuanto a los recursos humanos, ha manifestado que hay una escasez de efectivos dedicados a la gestión de estos programas, además de una alta rotación de personal dedicado a esta gestión. Aparte de la
centralización y la racionalización de estructuras, nos parece muy oportuna e interesante la idea de desarrollar un perfil de carrera profesional para el personal que presta sus servicios en el ámbito de la Secretaría de Estado de Defensa en temas
de gestión económico-financiera e industrial. Me gustaría resaltar un caso: la falta de atención en la gestión de recursos humanos en empresas del sector, como en la empresa pública Navantia. El Tribunal Supremo anuló el último convenio de esta
empresa, el cual estaba firmado por un representante sindical que no estaba autorizado por los trabajadores. La dirección de Navantia conocía la situación irregular y premió a esta persona tras la firma con un puesto de responsabilidad.
Últimamente, los ejecutivos nos tienen acostumbrados a este tipo de nombramientos. Pero es que la gestión de una empresa pública como Navantia debería ser ejemplar en todos los ámbitos y especialmente en la parte de recursos humanos. Por eso -y
termino- me gustaría hacerle dos preguntas. La primera es si cree usted, señor presidente del Tribunal de Cuentas, que existe una relación paternalista de la Administración con estas empresas públicas y si eso beneficia o perjudica a su eficiencia.
La segunda es, si realmente existe ese gasto previsible al que hacía mención al principio de mi intervención, ¿por qué se tira de real decreto a cargo de deuda pública reiteradamente?


Muchísimas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ten.


Por el Grupo Confederal de Unidos Podemos, tiene la palabra el señor González.


El señor GONZÁLEZ GARCÍA: Gracias, señor presidente.


En primer lugar, quiero decir que, aunque hayamos tratado en esta Comisión este tema en varias ocasiones, no podemos dejar de reprender al Gobierno por la vergonzosa burla presupuestaria que supone financiar los planes especiales de
armamento con cargo a modificaciones extraordinarias de crédito aprobadas por real decreto. El propio Tribunal de Cuentas recomienda evitar el uso excesivo de la financiación a través de créditos extraordinarios y suplementarios en las partidas
destinadas a los programas especiales de armamento, y no solo por la falta de dotación que genera al gestor de fondos públicos, sino también por una dimensión competencial cuando se lleva a cabo mediante esta práctica del real decreto-ley. Además,
en el informe sobre los programas especiales de armamento se observan varias incidencias adicionales. Por ejemplo, la omisión en la imposición de penalidades de demora en planes que han sido objeto de retrasos, como el programa BAM o el uso y abuso
de las encomiendas de gestión para satisfacer necesidades de carácter permanente, imponiendo una alta rotación de personal dedicado a esta labor, como se ha comentado anteriormente.


Teniendo en cuenta la opacidad que ha generado la gestión de los Gobiernos sobre estos programas, conviene tomar medidas para hacer más transparente a la ciudadanía los equipamientos que se han adquirido y cómo se ha llevado a cabo su
gestión en las últimas décadas. En este sentido, mi grupo parlamentario ha presentado ya una iniciativa a la Comisión de Defensa para auditar estos programas y hacerse eco precisamente de las conclusiones y recomendaciones que presentan los
informes del Tribunal de Cuentas sobre la gestión de los planes especiales de armamento. Dada la magnitud y la reiteración de este problema, me gustaría también saber si el Tribunal de Cuentas tiene previsto elaborar un informe que incluya la
fiscalización del conjunto de los planes especiales de armamento desde los inicios, con el primer Gobierno de Aznar, hasta la actualidad.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor González, por su brevedad.


Por el Grupo Socialista, tiene la palabra la señora Botella.



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La señora BOTELLA GÓMEZ: Gracias, presidente.


Al igual que han hecho algunos portavoces que me han precedido en el uso de la palabra, quiero agradecer al presidente del Tribunal de Cuentas su exposición y la calidad de su informe, dada la complejidad de los programas a auditar. Soy
miembro también de la Comisión de Defensa y soy consciente de la dificultad de estos programas.


Quiero resaltar lo difícil de la correcta comprensión de las dificultades a las que se enfrentan tanto el Ministerio de Defensa a la hora de presupuestar como los parlamentarios a la hora de valorar la fiscalización. No debemos meter en el
mismo saco todos los programas, pues no tienen la misma consideración los programas especiales de modernización y armamento que los programas de gestión internacional o los programas de gestión nacional ni tampoco los diferentes periodos, como se ha
dicho. En este sentido, cada Administración y cada Gobierno tienen que ser responsables de cómo han gestionado estos presupuestos y estos programas.


Una de las primeras conclusiones que se saca al leer este informe de fiscalización, correspondiente a los años 2012, 2013 y 2014, especialmente en lo que se refiere a los programas de modernización de armamento, es un severo varapalo a la
gestión del Ministerio de Defensa. Mi grupo parlamentario lo llevó al Tribunal Constitucional y hay una sentencia del mismo contraria a ese procedimiento. Para ser ecuánimes y justos, es fruto de una presión presupuestaria ocasionada por la
crisis, pero también es fruto de una forma de entender la defensa en el Parlamento vía real decreto-ley, con una mayoría parlamentaria que no permite el diálogo que debe ser deseable en estos temas -se trata de cuestiones de Estado y de defensa
nacional- entre el Ejecutivo y el Parlamento.


No quiero abundar, sobre todo por premura de tiempo, en las cuestiones abordadas, pero me gustaría resaltar la relativa a los recursos humanos, en los que se hace hincapié. Es un punto nuclear y así lo hace constar el Tribunal de Cuentas.
Prácticamente, supone un 25%, esto es, cuatro de dieciséis recomendaciones inciden en la necesidad perentoria de dotar de recursos humanos al Ministerio de Defensa y de estimular la captación y la retención del talento de las personas que lo
gestionan por la dificultad, la complejidad y la cualificación que se requiere, así como una política de ascensos, de incentivación y de consideración del personal militar al frente de esta gestión. Es una recomendación deseable -lo haremos constar
en nuestras propuestas de resolución- que se atienda esa captación.


Por premura de tiempo me he centrado en estas cuestiones, pero también quiero referirme a la consideración de que los presupuestos que se presenten en esta Cámara se respeten en el tiempo, pues en anteriores etapas, en comisiones como la de
Defensa o la de Hacienda, se ha visto que la presupuestación respecto a lo ejecutado variaba hasta en un 48%. Es un esfuerzo que hay que hacer, independientemente de cuestiones partidistas, dado que la defensa es una cuestión de seguridad nacional
que nos afecta a todos. La mejor consideración que podemos hacer es que se tengan las lecciones aprendidas y ahora que se abre una nueva legislatura, la ministra que está al frente del ministerio deberá atender estas consideraciones que los grupos
hacemos con la mejor de las intenciones.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Botella.


Tiene ahora la palabra el portavoz del Grupo Parlamentario Popular.


El señor JUNCAL RODRÍGUEZ: Muchas gracias, señor presidente. De nuevo agradecemos al presidente del Tribunal de Cuentas la presentación del informe.


Señora Botella, lo suyo es: a esta ronda invito yo pero pagas tú. Es decir, la ronda la inició el PSOE con los programas que no vamos a discutir y que efectivamente tienen gran importancia, pero el pago le toca al siguiente, al que entra.
Volvemos a lo de siempre, estamos en una situación económica muy complicada. Vuelvo a destacar lo que dijo de la OTAN el presidente del Tribunal de Cuentas, que en los programas internacionales dio un informe sin salvedades sobre la gestión de esos
proyectos. Efectivamente hay problemas de personal, obviamente están ahí y hay que tratar de solucionarlos día a día. ¿Qué ha supuesto la importancia de estos programas para España? Indudablemente participar y generar conocimiento en unas áreas a
las que, si no llega a ser por estos programas, habría sido bastante difícil, por no decir imposible, acceder.


Es obvio que hay gente que tiene un concepto distinto que el Grupo Parlamentario Popular sobre el tema miliar. Nosotros entendemos que indudablemente hay que tener unas Fuerzas Armadas modernas y operativas porque es garantía de paz y, como
vimos en el otro informe, hay que extenderlo a situaciones



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de conflicto; por ello hay que dotar a nuestras Fuerzas Armadas de unos materiales y un armamento de última generación que pueda ser realmente eficaz.


También haría una reflexión en relación con las sanciones a Navantia, sobre si somos paternalistas o no. Me gustaría que hicieran una reflexión en cuanto al precio y ponerlo en conocimiento de sus señorías. Navantia ha sido capaz de
exportar dos unidades, dos portaviones a Australia, uno a la Armada española, a Noruega unas fragatas, etcétera, lo que demuestra su capacidad técnica. Hay dos problemas, cuánto facturó a la Armada española por ese portaviones y cuánto factura su
competidor italiano, Cantiere, por una unidad con características técnicas similares o parecidas al Juan Carlos I, concretamente, el portaviones de que dispone nuestra Armada. Por otra parte, en cuanto a las sanciones, Navatia es SEPI cien por
cien, con lo cual, si se le meten 30 millones, da igual que vayan por pérdidas que vayan por capital, al final el resultado viene siendo lo mismo, e indudablemente Navantia tendrá que adecuar su plan de empresa y salir del bache que tiene por muchas
y variadas razones. Vuelvo a insistir en que con lo que nos debemos quedar fundamentalmente -salvo que el señor presidente advierta que hay alguna intervención por parte de la fiscalía, que creo que no es el caso- es con los informes de la
auditoría de la OTAN respecto a los proyectos internacionales. Los nacionales no tienen mayor incidencia en cuanto al personal y demás.


Nada más y muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Juncal.


A continuación, tiene la palabra el señor presidente del Tribunal de Cuentas.


El señor PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CUENTAS (Álvarez de Miranda García): Gracias, presidente.


En relación con las cuestiones que se me han planteado, la primera de ellas es la pregunta sobre si está previsto auditar estos programas y si está previsto realizar un informe conjunto de todos los programas especiales de armamento. Hay
que tener en cuenta que el esfuerzo que se ha hecho para realizar esta fiscalización ha sido muy grande porque son seis programas de armamento, que no es ninguna tontería si vemos el presupuesto que cada uno de estos programas representa. Hay que
indicar que el tribunal participa en la auditoría de estos programas todos los años, en aquellos programas internacionales que se auditan todos los años por Occar y por el Colegio de Auditores de la OTAN en la medida en que participa dentro de las
misiones conjuntas de auditoría. A su vez, el Tribunal de Cuentas realiza la revisión del Colegio de Auditores de la OTAN con carácter anual. Es decir, para nosotros la labor de verificación de los programas es anual para aquellos que tienen un
perfil internacional que, por otra parte, son los de mayor importe. Y en relación con los programas de armamento nacionales, el tribunal ha empezado por una serie de ellos y continuará con otros, porque hacerlos todos representa un esfuerzo
excesivo. En todo caso, siempre estaremos a la espera de las propuestas y las sugerencias que nos formule quien tiene la competencia para hacerlo.


Me han preguntado directamente si yo creo que la relación entre el Ministerio de Defensa y este tipo de programas puede tener tintes paternalistas; no sé si es la expresión correcta pero creo que es la intención. Esto no lo dice el
informe, no es una cuestión que el informe aborde. Yo aquí no hablo en nombre del tribunal, simplemente creo que es necesario indicar que, con respecto a la industria nacional militar, todos los países tienen una relación de protección, una
relación de preferencia, porque en ello hay muchísimos empleos, más de 20.000, y por otra parte hay cuestiones de seguridad nacional que lo requieren. Si esa es una relación especial que traspasa lo que es lógico tener en los aspectos de
presupuestación, no puede compartirse bajo ningún concepto la existencia de protecciones. El tribunal ha sido muy claro en señalar que en la presupuestación y en determinados aspectos de la gestión esta tiene que ser perfectamente regular. Así,
recomendamos hacer una presupuestación realista de las necesidades financieras de los programas de armamento, de tal manera que queden reflejados los compromisos y eso dé claridad a la gestión de los recursos.


En cuanto a la relación existente entre el Ministerio de Defensa y la empresa Navantia, como he dicho, estos aspectos están en revisión dentro del propio ministerio, así se ha publicado. Estaremos vigilantes y analizaremos las nuevas
realidades que se den derivadas de los nuevos convenios y evidentemente de la supresión de este tipo de prácticas que no deben contenerse en la presupuestación de Navantia de incluir beneficios industriales.


Me plantea el señor Juncal si ha habido algún asunto relacionado con la fiscalía. Quiero decirle que no, que no constan antecedentes derivados de este informe, no existen peticiones de responsabilidad



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contable ni diligencias o peticiones en el ámbito de responsabilidad penal. Es indudable que el aspecto más importante de este proyecto es, por una parte, que la presupuestación sea realista; y por otra parte, que la contratación de este
tipo de programas tenga en cuenta que tan importante como tener un número determinado de armamento de alto nivel es que luego ese armamento resulte operativo. Es decir, que la presupuestación en este caso debe ser realista no solo para incorporar
los créditos que se derivan de estas inversiones, sino también para que no nos encontremos con situaciones no deseadas, como no poder recibir unas determinadas unidades por no disponer del crédito suficiente para hacerlas operativas.


Nada más y muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor presidente.


Interrumpimos cinco minutos la sesión para despedir al señor Álvarez de Miranda, agradeciéndole una vez más la exposición de sus informes. (Pausa).


DEBATE Y VOTACIÓN DE LAS PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN:


- INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL LIBRO, ARCHIVOS Y BIBLIOTECAS, EJERCICIO 2008. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000008 y número de expediente del Senado 771/000007).


El señor PRESIDENTE: A continuación vamos a proceder a la votación. Previamente y para evitar problemas comprobamos los votos: por el Grupo Parlamentario Socialista nueve; por el Grupo Podemos cinco; por el Grupo Ciudadanos dos, y por
el Grupo Popular diecisiete.


Votamos las propuestas del informe de fiscalización de la Dirección General del Libro, Archivos y Bibliotecas. Propuestas números 1 a 4 del Grupo Ciudadanos.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 16; en contra, 17.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Propuestas números 5 a 20 del Grupo Confederal de Unidos Podemos.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 16; en contra, 17.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Propuesta número 21 del Grupo Socialista.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 16; en contra, 17.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Propuesta número 22 del Grupo Parlamentario Popular.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 28; abstenciones, 5.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.


- INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LAS PRINCIPALES ACTUACIONES REALIZADAS POR LA AGENCIA ESTATAL DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA EN EJECUCIÓN DEL PLAN DE PREVENCIÓN DEL FRAUDE FISCAL, DURANTE LOS EJERCICIOS 2010, 2011 Y 2012. (Número de expediente
del Congreso de los Diputados 251/000042 y número de expediente del Senado 771/000041).


El señor PRESIDENTE: Informe de fiscalización de las principales actuaciones realizadas por la Agencia Estatal de Administración Tributaria en ejecución del Plan de prevención del fraude fiscal, durante los ejercicios 2010, 2011 y 2012.
Previamente quiero advertir a sus señorías que la Mesa ha estimado que no procedía la calificación -tal como se planteó en su día en la celebración de la propia Mesa- de determinadas cuestiones planteadas por el Grupo Confederal Podemos. Pasamos a
votar.


Propuestas números 1 a 5 del Grupo Ciudadanos. Votamos las propuestas números 1 y 5.


Efectuada la votación, dijo



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El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas por unanimidad.


Propuestas números 2, 3 y 4.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 16; en contra, 17.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Propuestas números 9 y 10 del Grupo Parlamentario Socialista.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 16; en contra, 17.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Propuesta número 11 del Grupo Mixto.


Efectuada la votación, dijo


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.


Propuestas números 12 a 15.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 16; en contra, 17.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Propuestas números 16 y 17 del Grupo Parlamentario Popular.


Efectuada la votación, dijo


El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas por unanimidad.


- INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LOS PLANES ESTRATÉGICOS DE SUBVENCIONES ELABORADOS POR LOS MINISTERIOS DEL ÁREA POLÍTICO-ADMINISTRATIVA DEL ESTADO. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000063 y número de expediente del
Senado 771/000059).


El señor PRESIDENTE: Informe de fiscalización de los planes estratégicos de subvenciones elaborados por los ministerios del área político-administrativa del Estado.


Propuestas números 1 a 3 del Grupo Parlamentario Ciudadanos.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 16; en contra, 17.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Propuestas números 4 a 8 del Grupo Confederal de Unidos Podemos.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 16; en contra, 17.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Propuestas números 9 a 11 del Grupo Parlamentario Socialista.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 16; en contra, 17.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas, por el mismo resultado.


Propuestas números 12 a 14 del Grupo Parlamentario Mixto.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 16; en contra, 17.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Propuestas números 15 a 17 del Grupo Parlamentario Popular.


Efectuada la votación, dijo


El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas por unanimidad.



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- INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LAS SUBVENCIONES CONCEDIDAS POR EL INSTITUTO DE SALUD CARLOS III EN EL ÁMBITO DE LA ACCIÓN ESTRATÉGICA EN SALUD (AES) DEL PLAN NACIONAL DE I+D+i. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000071 y
número de expediente del Senado 771/000070).


El señor PRESIDENTE: Informe de fiscalización de las subvenciones concedidas por el Instituto de Salud Carlos III en el ámbito de la acción estratégica en salud del Plan nacional de I+D+i.


Propuestas del Grupo Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea. Propuestas números 1 y 7.


Efectuada la votación, dijo


El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas por unanimidad.


Resto de propuestas.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 16; en contra, 17.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Propuestas números 8 a 13 del Grupo Socialista. Propuesta transaccional con la propuesta número 12 del Grupo Socialista.


Efectuada la votación, dijo


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.


El resto de propuestas.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 16; en contra, 17.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Propuesta número 14 del Grupo Parlamentario Popular.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 28; abstenciones, 5.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.


- INFORME DE FISCALIZACIÓN DE DETERMINADAS OPERACIONES O ÁREAS DE GESTIÓN CORRESPONDIENTES A ÓRGANOS U ORGANISMOS PERTENECIENTES AL ÁREA DE LA ADMINISTRACIÓN ECONÓMICA DEL ESTADO, QUE HAN SIDO OBJETO DE RECOMENDACIONES DEL TRIBUNAL DE
CUENTAS EN AÑOS ANTERIORES. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000110 y número de expediente del Senado 771/000109).


El señor PRESIDENTE: Informe de fiscalización de determinadas operaciones o áreas de gestión correspondientes a órganos u organismos pertenecientes al área de la Administración económica del Estado, que han sido objeto de recomendaciones
del Tribunal de Cuentas en años anteriores.


Propuestas números 1 a 4 del Grupo Confederal de Unidos Podemos.


Efectuada la votación, dijo


El señor PRESIDENTE: Por unanimidad quedan aprobadas.


Propuesta número 6 del Grupo Socialista.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 16; en contra, 17.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Resto de propuestas del Grupo Parlamentario Socialista.


Efectuada la votación, dijo


El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas por unanimidad.


Propuesta número 11 del Grupo Parlamentario Popular.



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Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 28; abstenciones, 5.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.


- INFORME DE FISCALIZACIÓN DEL CUMPLIMIENTO AL CIERRE DEL EJERCICIO 2015 DE LAS RECOMENDACIONES DEL TRIBUNAL DE CUENTAS RECOGIDAS EN INFORMES APROBADOS EN AÑOS ANTERIORES RELATIVOS AL ÁREA DE LA ADMINISTRACIÓN ECONÓMICA DEL ESTADO. (Número
de expediente del Congreso de los Diputados 251/000157 y número de expediente del Senado 771/000157).


El señor PRESIDENTE: Informe de fiscalización del cumplimiento al cierre del ejercicio 2015 de las recomendaciones del Tribunal de Cuentas recogidas en informes aprobados en años anteriores relativos al área de la Administración económica
del Estado.


Propuestas números 1 y 2 del Grupo Socialista.


Efectuada la votación, dijo


El señor PRESIDENTE: Por unanimidad quedan aprobadas.


Propuesta número 3 del Grupo Parlamentario Popular.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 28; abstenciones, 5.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.


- INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS MERCADOS Y LA COMPETENCIA, EJERCICIO 2014, Y DEL PROCESO DE INTEGRACIÓN EN ELLA DE LOS ORGANISMOS PÚBLICOS DECLARADOS A EXTINGUIR POR LA LEY 3/2013, DE 4 DE JUNIO. (Número de
expediente del Congreso de los Diputados 251/000139 y número de expediente del Senado 771/000138).


El señor PRESIDENTE: Informe de fiscalización de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, ejercicio 2014, y del proceso de integración en ella de los organismos públicos declarados a extinguir por la Ley 3/2013, de 4 de junio.


Propuestas números 1 a 4 del Grupo Parlamentario Ciudadanos.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 16; en contra, 17.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Propuestas números 5 a 8 del Grupo Confederal de Unidos Podemos.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 16; en contra, 17.


El señor PRESIDENTE: Por el mismo resultado se rechazan.


Propuestas números 9 a 13 del Grupo Parlamentario Socialista.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 16; en contra, 17.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Propuestas números 14 y 15 del Grupo Parlamentario Mixto.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 16; en contra, 17.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Propuesta número 16 del Grupo Parlamentario Popular.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 28; abstenciones, 5.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.



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- INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS DE GESTIÓN Y CONTROL DE LOS DEUDORES POR PRESTACIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL, EJERCICIO 2014. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000141 y número de
expediente del Senado 771/000144).


El señor PRESIDENTE: Informe de fiscalización de los procedimientos de gestión y control de deudores por prestaciones del Instituto Nacional de la Seguridad Social, ejercicio 2014.


Propuestas números 1 a 3 del Grupo Parlamentario Ciudadanos.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 16; en contra, 17.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Propuestas números 4 a 12 del Grupo Confederal de Unidos Podemos.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 16; en contra, 17.


El señor PRESIDENTE: Se rechazan.


Propuestas números 13 a 16 del Grupo Parlamentario Socialista.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 16; en contra, 17.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Propuestas números 17 a 24 del Grupo Parlamentario Mixto.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 16; en contra, 17.


El señor PRESIDENTE: Se rechazan.


Propuesta número 25 del Grupo Parlamentario Popular.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 28; abstenciones, 5.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.


- INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LAS CONTABILIDADES DE LAS ELECCIONES LOCALES DE 2015. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000159 y número de expediente del Senado 771/000148).


El señor PRESIDENTE: Informe de fiscalización de las contabilidades de las elecciones locales de 2015.


Propuestas números 4 y 5 del Grupo Parlamentario Ciudadanos.


Efectuada la votación, dijo


El señor PRESIDENTE: Por unanimidad queda aprobada.


Propuestas números 7, 8 y 10 del Grupo Parlamentario Ciudadanos.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 7; en contra, 26.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Resto de propuestas del Grupo Parlamentario Ciudadanos.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 16; en contra, 17.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Propuestas números 16 y 17 del Grupo Confederal Unidos Podemos.


Efectuada la votación, dijo


El señor PRESIDENTE: Por unanimidad quedan aprobadas.


Resto de propuestas.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 16; en contra, 17.



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El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Propuestas números 18 a 25 del Grupo Parlamentario Socialista.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 16; en contra, 17.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Propuestas números 26 a 29 del Grupo Parlamentario Mixto. Se votan las números 26 y la 28.


Efectuada la votación, dijo


El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas por unanimidad.


Resto de propuestas.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 16; en contra, 17.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Propuesta número 30 del Grupo Parlamentario Popular.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 28; abstenciones, 5.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.


Sin nada más que debatir, se levanta la sesión.


Muchas gracias, señorías.


Eran las diez y cincuenta y cinco minutos de la mañana.