DIARIO DE SESIONES DE LAS CORTES GENERALES


COMISIONES MIXTAS

Año 2018 XII LEGISLATURA Núm. 100

PARA LAS RELACIONES CON EL TRIBUNAL DE CUENTAS

PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. ELOY SUÁREZ LAMATA

Sesión núm. 24

celebrada el lunes,

25 de junio de 2018

en el Palacio del Congreso de los Diputados

ORDEN DEL DÍA:


Comparecencia del señor presidente del Tribunal de Cuentas (Álvarez de Miranda García), para informar sobre:


- Declaración sobre la cuenta general del Estado del ejercicio 2016. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 250/000007 y número de expediente del Senado 770/000004) ... (Página2)


- Informe de fiscalización de las aportaciones de capital a empresas del grupo realizadas por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, durante los ejercicios 2012 y 2013 y actualización de la situación a 31 de diciembre de 2016.
(Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000257 y número de expediente del Senado 771/000253) ... (Página13)


- Informe de fiscalización del Alto Comisionado del Gobierno para la Marca España. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000258 y número de expediente del Senado 771/000254) ... (Página19)


- Informe de fiscalización del Fondo para la Internacionalización de la Empresa (FIEM), ejercicios 2015 y 2016. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000259 y número de expediente del Senado 771/000255) ... href='#(Página28)'>(Página28)


- Informe de fiscalización de la contratación realizada por los ministerios del área político-administrativa del Estado y sus organismos dependientes durante el ejercicio 2015. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000256
y número de expediente del Senado 771/000250) ... (Página33)

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Debate y votación de las propuestas de resolución:


- Informe de fiscalización de la actividad crediticia del Instituto de Crédito Oficial (ICO), ejercicio 2016. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000250 y número de expediente del Senado 771/000249) ... href='#(Página39)'>(Página39)


- Informe de fiscalización del grado de cumplimiento de los planes para la corrección de los desequilibrios financieros vigentes en 2014 y de los efectos de su aplicación en la estabilidad presupuestaria por los ayuntamientos con población
de entre 75 000 y 150 000 habitantes. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000251 y número de expediente del Senado 771/000248) ... (Página40)


- Informe de fiscalización del cumplimiento de las recomendaciones realizadas por el Tribunal de Cuentas en el informe de fiscalización del Ayuntamiento de Guadalajara. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000252 y número
de expediente del Senado 771/000247) ... (Página41)


- Informe de fiscalización de la gestión y control de las prestaciones asumidas por las empresas que colaboran voluntariamente con la Seguridad Social, ejercicio 2015. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000254 y número
de expediente del Senado 771/000251) ... (Página41)


Se abre la sesión a las cuatro de la tarde.


COMPARECENCIA DEL SEÑOR PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CUENTAS (ÁLVAREZ DE MIRANDA GARCÍA), PARA INFORMAR SOBRE:


- DECLARACIÓN SOBRE LA CUENTA GENERAL DEL ESTADO DEL EJERCICIO 2016. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 250/000007 y número de expediente del Senado 770/000004).


El señor PRESIDENTE: Buenas tardes, señorías.


Vamos a comenzar la sesión, que no es menor porque, como saben todos ustedes, hay cinco informes y, por lo tanto, tendrá una duración extensa. En primer lugar, como no puede ser de otra forma, comienzo dando las gracias y la bienvenida al
presidente del Tribunal de Cuentas, así como recordando a todas sus señorías que se ciñan al tiempo, fundamentalmente por la largura del orden del día.


Sin más dilación, doy la palabra al señor Álvarez de Miranda para que pase a explicar el punto 1.º del orden del día, que es el informe sobre la cuenta general del Estado del ejercicio 2016. Hago notar a todas sus señorías -esto habla muy
bien de todos ustedes, que no de quien les habla- que creo que la tramitación en tiempo de la misma es casi histórica en este Parlamento. Tiene la palabra el presidente del Tribunal de Cuentas.


El señor PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CUENTAS (Álvarez de Miranda García): Muchas gracias, señor presidente.


El Tribunal de Cuentas, de acuerdo con lo previsto en el artículo 136.1 de la Constitución y en los artículos 10 de su Ley Orgánica 2/1982 y 33 de su Ley de funcionamiento, ha llevado a cabo por delegación de las Cortes Generales el examen y
comprobación de la cuenta general del Estado del ejercicio 2016.


El pleno del Tribunal de Cuentas, una vez analizadas las alegaciones y oído el fiscal, aprobó el 31 de mayo de 2018 la declaración sobre la cuenta general del Estado correspondiente al ejercicio 2016 y acordó su elevación a las Cortes dando
traslado al Gobierno. De nuevo, el Tribunal de Cuentas ha adelantado en un mes la fecha de aprobación de su declaración respecto a la del ejercicio anterior. La cuenta general de 2016, formada por la Intervención General de la Administración del
Estado y aprobada por el Gobierno, se rindió en plazo. Por tercer año se presentó como cuenta única consolidada, conforme al criterio señalado en las declaraciones de ejercicios anteriores, así como en los dictámenes de la

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Comisión mixta para las relaciones con el Tribunal de Cuentas sobre dichas declaraciones, aprobados por los Plenos de ambas Cámaras.


Por lo que se refiere a la opinión sobre la legalidad y la representatividad de la cuenta general del Estado del ejercicio 2016, en la declaración del tribunal se indica lo siguiente: De acuerdo con lo establecido en el artículo 10 de su
ley orgánica, el Tribunal de Cuentas ha examinado la cuenta general del Estado del ejercicio 2016 con arreglo al objetivo y por medio de los procedimientos descritos en esta declaración. En opinión del tribunal, excepto por los efectos de las
salvedades incluidas en esta declaración, la cuenta general del Estado de 2016 presenta fielmente en todos sus aspectos significativos la situación económica, financiera y patrimonial, los cambios en el patrimonio neto, los flujos de efectivo, los
resultados del ejercicio y la ejecución y liquidación del presupuesto del grupo de entidades que han de integrarse en ella, de conformidad con el marco normativo que resulta de aplicación a dicha cuenta general y con los principios y criterios
contables contenidos en la misma. En cuanto a su contenido, de un total de 394 entidades que formaban parte del sector público estatal, se han integrado las cuentas de 381 entidades -el 96,7 % frente al 97,2 % del ejercicio anterior- y no se han
integrado las de otras 13. Además, de un total de 21 entidades multigrupo y asociadas, no figuran incluidas 3 de ellas, frente a las 6 del ejercicio 2015. Al igual que en los ejercicios precedentes, la Sociedad Estatal de Participaciones
Industriales, SEPI, titular del cien por cien de las acciones de la Corporación de Radio y Televisión Española, no ha incluido en su grupo consolidado las cuentas de esta sociedad pese a cumplir las condiciones para hacerlo. Tales cuentas se han
integrado en la cuenta general del Estado como entidad individual. Asimismo, respecto al análisis de la liquidación del presupuesto, las previsiones iniciales de ingresos correspondientes al capítulo 9, pasivos financieros, de la Administración
General del Estado, por importe de 137 185 millones de euros, siguen sin recogerse en el estado de liquidación del presupuesto de ingresos consolidado, lo que ocasiona una diferencia por esa misma cuantía entre los créditos iniciales y las
previsiones presupuestarias. Las obligaciones reconocidas netas consolidadas ascendieron a 408 180 millones de euros. No obstante, se han dejado de contraer presupuestariamente obligaciones correspondientes a gastos del ejercicio por un importe
consolidado de 2979 millones; por el contrario, se han imputado al presupuesto gastos por importe de 2636 millones, que corresponden a ejercicios anteriores.


Al cierre del ejercicio, quedan obligaciones de ejercicios anteriores pendientes de reconocerse por 302 millones de euros, lo que supone el incumplimiento del principio de anualidad presupuestaria. Los derechos reconocidos consolidados
ascendieron a 408 502 millones de euros. No obstante, se hallan pendientes de reconocer ingresos por 258 millones y se han recogido en 2016 derechos de ejercicios anteriores por 82 millones. Al cierre del ejercicio, existen derechos en exceso del
presupuesto de ingresos de ejercicios anteriores por un importe neto de 52 millones. Como consecuencia de todo lo anterior, el resultado presupuestario consolidado por operaciones no financieras imputable al ejercicio presentaría un mayor déficit
por importe de 168 millones de euros, y el correspondiente a operaciones financieras se encontraría infravalorado en 0,6 millones. El resultado presupuestario consolidado del ejercicio se hallaría sobrevalorado en 168 millones.


Entrando en el análisis del balance, la Administración General del Estado sigue careciendo de inventarios completos de los bienes del inmovilizado material, lo que afecta a la representatividad de los saldos reflejados en los estados
financieros. La IGAE ha iniciado la planificación de la implantación de inventarios en varios ministerios con un enfoque global, cuyo desarrollo está previsto a medio plazo. Por su parte, la Tesorería General de la Seguridad Social continúa sin
disponer del inventario general de bienes y derechos de la Seguridad Social, sobre el que se está trabajando desde 2012. El inmovilizado recoge por su coste histórico el valor de los inmuebles transferidos a las comunidades autónomas y los
adscritos a las Fundaciones Hospital. Estos bienes figuran en los balances del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria, del Instituto de Mayores y Servicios Sociales y del Instituto Social de la Marina, por 3833 millones de euros, y siguen
amortizándolos indebidamente. Además, el balance del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía recoge un importe de 294 millones de euros, relativo a bienes del patrimonio histórico, que se deriva de una incorrecta aplicación de normas contables,
por lo que el saldo no es representativo.


En el ámbito de las empresas destacan las salvedades que afectan al Grupo Administrador de Infraestructuras Ferroviarias, ADIF, al no figurar registrados contablemente diversos terrenos y al estar sobrevaloradas infraestructuras segregadas y
recibidas de FEVE.

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Por lo que se refiere a las inversiones financieras, la integración del Fondo de Financiación a Entidades Locales y del Fondo de Financiación a Comunidades Autónomas se ha efectuado con la información previa a la formulación de sus cuentas
anuales. No obstante, las cuentas aprobadas de estos fondos incluyen cambios de criterio contable, que dan lugar a que las inversiones financieras por créditos a largo plazo y el deterioro de los mismos se hallen sobrevalorados en 7429 y 68
millones de euros, respectivamente. El patrimonio neto también está sobrevalorado en 9831 millones.


Respecto a la cuenta del resultado económico patrimonial, la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia contabilizó indebidamente como ingreso 120 millones de euros, procedentes de la transferencia del Ministerio de Industria,
Energía y Turismo para la financiación de gastos del sector eléctrico.


Con relación a la memoria, se ha puesto de manifiesto en la Administración General del Estado la existencia de compromisos de gasto que afectarán a ejercicios posteriores y que no han sido registrados contablemente como tales, por 185
millones. Además, debía figurar en la memoria información sobre las contingencias por responsabilidad patrimonial de la Administración General del Estado que pudieran derivarse de las situaciones concursales en las que se encontraban al cierre del
ejercicio las sociedades concesionarias de nueve autopistas de peaje. La IGAE ha manifestado carecer de información y de documentación justificativa de la valoración de tales riesgos. Como se indicó en la anterior declaración, el riesgo máximo
previsto por responsabilidad patrimonial en los reales decretos es de 3718 millones de euros.


Sin afectar a la opinión, la solución para solventar el desequilibrio patrimonial de la Seguridad Social consistente en un préstamo de 10 192 millones de euros constituye una medida coyuntural que no resuelve las dificultades estructurales
de que adolece el sistema. Asimismo, la declaración incluye el seguimiento de las conclusiones del tribunal y de las resoluciones adoptadas por los Plenos del Congreso de los Diputados y del Senado en relación con las declaraciones del Tribunal de
Cuentas de los últimos ejercicios.


Finalmente, el tribunal formula una serie de propuestas o de recomendaciones, en las que se incluyen instar al Gobierno a adoptar las medidas necesarias para subsanar las salvedades y deficiencias que se incluyen en la declaración, para que
se apliquen las recomendaciones formuladas por el Tribunal de Cuentas y para que se pongan en práctica las resoluciones de los Plenos del Congreso de los Diputados y del Senado que proceden de declaraciones de ejercicios anteriores y que se
mantienen sin adoptar. Por otra parte, el tribunal recomienda que se modifique la normativa presupuestaria contable y de elaboración de la Cuenta General del Estado con el fin de reducir tanto el plazo legal de rendición por el Gobierno al Tribunal
de Cuentas de la cuenta general del Estado, como el plazo de rendición de las cuentas individuales aprobadas por el tribunal para que este pueda emitir la declaración en el año siguiente al ejercicio económico al que aquella se refiere y dotar a las
Cortes, como vienen reclamando, del corresponde pronunciamiento en un plazo más breve y no alejado en exceso de dicho ejercicio, como ha propuesto el tribunal en su moción correspondiente, aprobada por el Pleno el 21 de diciembre de 2017.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.


Del Grupo Parlamentario Mixto no hay nadie. Por el PDeCAT -la novedad de la Comisión es que tiene grupo parlamentario- tiene la palabra el señor Bel.


El señor BEL ACCENSI: Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Entiendo que esté usted contento, señor Bel.


El señor BEL ACCENSI: Si usted dice que yo represento al PDeCAT, lo represento, no tenga ninguna duda, aunque me continúan diciendo que estoy aquí también representando al Grupo Mixto. Por tanto, no vamos a discutir.


Agradecemos al presidente del Tribunal de Cuentas su presencia. Asimismo, debemos felicitarnos porque, como ha dicho el presidente de la Comisión, esta es la cuenta general del Estado que llega más rápido. Aun así, quiero dejar constancia,
como establece el informe, que nos queda pendiente -me dirijo a todos los miembros de la Comisión- una reforma legislativa que permita acelerar todavía más los plazos y que, por tanto, las cuentas se rindan dentro de un plazo más razonable, como ya
discutimos en la Comisión anterior, y así homologarnos a algunos países de Europa. No sé si le va a corresponder al nuevo Gobierno la iniciativa parlamentaria. En todo caso, queda pendiente.

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Cuando uno ya lleva diferentes cuentas generales, tiene que apreciar las mejorías, y aunque estemos en la oposición, no vamos a escatimar esta constatación. Es verdad que cada vez quedan menos entidades que no integran sus cuentas en la
cuenta general del Estado y que son unas cantidades modestas, por tanto, nos debemos felicitar. Aun así, hay que hacer constar, no sin cierta crítica, que todavía no se integra el conjunto de la actividad económica. Dado que se pretende ser
ejemplar con las entidades locales y con las comunidades autónomas que no cumplan, sería razonable que el Estado también hiciese lo mismo. Perduran situaciones, como la no existencia de inventarios, y todavía hay mucho margen de mejora.


La cuenta general también tiene que servir para hacer balance del presupuesto. Figura aquí cómo se ha ejecutado el presupuesto y seguramente teníamos razón cuando no votamos el presupuesto de 2016. En ese momento explicábamos por qué no lo
votábamos, porque nos parecía que los ingresos no estaban bien presupuestados, y del informe se desprende que, en cuanto a la liquidación de los ingresos, hay una significativa desviación negativa en relación con los presupuestos iniciales,
especialmente en el ámbito de los derechos netos reconocidos para el conjunto del sistema de la Seguridad Social y para figuras, tal como nosotros pronosticamos, como el IRPF, e incluso el impuesto sobre la renta de los no residentes. Las
desviaciones son significativas. No voy a incidir en lo que establece el punto 4.22 del informe, pero sí quiero constatarlo. También quiero poner de manifiesto una evidencia que no se corrige, y es que los presupuestos de gastos tampoco están bien
elaborados. En 2016, el programa de defensa todavía genera modificaciones presupuestarias por un importe superior a los 1300 millones de euros, es decir, un 23,25 % del presupuesto inicial es modificado; en cambio, constata que el Ministerio de
Defensa tiene un alto grado de ejecución presupuestaria, cosa que estaría bien. El programa de defensa ha tenido una ejecución presupuestaria superior al 97 % de su presupuesto, y si lo comparamos con otros programas, como los que afectan a la
economía productiva de forma directa, al comercio, al turismo o a la pequeña y mediana empresa, el grado de ejecución ha estado en el 41,23 %; más de la mitad del programa no se ha ejecutado. En términos similares, el programa de investigación,
desarrollo e innovación tiene un grado de ejecución del 52,82 %. Por tanto, es un programa que afecta directamente a la economía productiva con un muy bajo grado de ejecución. Para nuestro grupo esto no es novedad ya que lo pronosticamos, y lo
único que esperamos es que el Gobierno actual sea más diligente, no digo en presupuestar el programa de defensa, porque se lo ha encontrado presupuestado y lo ha asumido -ya veremos cómo se ejecuta-, pero sí en la ejecución presupuestaria de estos
programas vinculados a la economía productiva, como pueden ser programas de comercio, turismo, pymes, o programas de investigación y desarrollo. En todo caso, como he dicho, esta cuenta general confirma lo que en su momento advertimos y votamos en
consecuencia el presupuesto de 2016.


Muchísimas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.


Por el Grupo Parlamentario Vasco, tiene la palabra la señora Etxano.


La señora ETXANO VARELA: Gracias, presidente.


Quiero dar la bienvenida al señor Álvarez de Miranda y agradecerle la presentación de esta cuenta general de 2016, que fue aprobada por el pleno del Tribunal de Cuentas el 31 de mayo. Como apuntaba el anterior interviniente, podemos decir
que los plazos han mejorado en comparación con la cuenta general de 2015, pero todavía estamos bastante alejados en comparación con otros países de nuestro entorno. En Francia, por poner el ejemplo territorial más cercano, la fecha de publicación
de los informes se realiza al año siguiente del cierre del ejercicio, en el semestre siguiente podríamos decir, coincidiendo la fiscalización con la liquidación de los ejercicios. A estas alturas del ejercicio, todavía con un presupuesto en trámite
de aprobación en el Congreso y analizando las ejecuciones presupuestarias de 2017, la cuenta general de 2016 pierde algo de actualidad y valor que sí tendría si la hubiéramos podido analizar en el ejercicio siguiente, en 2017. Esto es algo que el
tribunal viene reclamando entre las medidas que se solicitan al Gobierno, como ha dicho el presidente, la modificación de la normativa presupuestaria, la contable y de elaboración de la cuenta general para reducir ese plazo.


Por otro lado, quiero indicar -lo ha dicho más exhaustivamente el presidente- dos asuntos que nos parece que requerirían no de grandes cambios pero sí la exigencia por parte del Gobierno de que la cuenta general integre el cien por cien del
sector público -las empresas ya las ha dicho el presidente-, por ejemplo, la Sociedad Estatal de Participaciones, SEPI, y la Corporación de Radio y Televisión

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Española, que no están integradas cuando, a nuestro entender, deberían estarlo. Esto no parece que sea algo demasiado complicado, más que probablemente una exigencia del propio Gobierno.


Para finalizar, agradezco nuevamente al tribunal su labor y el seguimiento que hace tanto de las recomendaciones realizadas por el propio tribunal, así como las que se derivan de las resoluciones de esta Comisión y que se aprueban en Pleno
en el Senado y en el Congreso, lo que nos permite realizar un buen control al Ejecutivo.


Eskerrik asko.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.


Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra el señor Ten.


El señor TEN OLIVER: Gracias, presidente.


Bienvenido, señor Álvarez de Miranda. Nuestra felicitación, desde el Grupo Ciudadanos, por ese tercer año consecutivo de consolidación de las cuentas, por ese adelanto del mes al que usted hacía referencia. Desde nuestro grupo entendemos
que cuanto más cercano es el momento de la revisión del período fiscalizador, mayor va a ser el interés de las conclusiones.


La cuenta general del Estado comprende los estados consolidados de la cuenta de resultados, balance, patrimonio neto, flujos de efectivo, memoria, y es cierto que presenta esa imagen fiel de situación económica, financiera y patrimonial del
Estado, pero tenemos que hacer referencia a esas salvedades que usted hace en el apartado tercero de este informe. Estos problemas vienen, en primer lugar, por el incumplimiento de las obligaciones de información y rendición de cuentas; además,
este año tenemos múltiples entidades que no están integradas. No le voy a preguntar por aquellas que no tienen obligación, pero sí me gustaría saber, señor presidente, cuáles son los casos más graves y qué consecuencias acarrea a sus gestores no
rendir estas cuentas.


Este año destacan los fondos de financiación de entidades locales, de comunidades autónomas, de fondos de promoción de desarrollo, que suman realmente un importante patrimonio y el informe detalla millonarias diferencias de valoración. Yo
le quería preguntar a qué se deben estas diferencias de valoración. Además, tenemos una confederación hidrográfica, en este caso la del Segura, y de nuevo los canales del Taibilla, que igual que el año pasado se repiten, señor presidente. Dada la
importancia que tienen estas políticas de agua en nuestro país, no nos parece de recibo que las confederaciones hidrográficas estén siendo constantemente señaladas por el tribunal y que no se corrijan esas deficiencias de gestión. ¿A qué se debe
esto? La Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, por ejemplo, aparece con una opinión desfavorable en su auditoría interna. ¿Qué recomienda el tribunal que se podría hacer con estas confederaciones y cuál es la situación efectiva, por
ejemplo, del Taibilla, que lleva años sin consolidar las cuentas generales del Estado? ¿Considera especialmente preocupante que no estén rendidas las cuentas de los centros asociados de la UNED, el Consorcio de Barcelona de la Mobile World Capital
o el Consorcio de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de Cataluña?


En cuanto al incumplimiento del principio de anualidad -usted ya lo ha comentado-, destacamos que sobre todo el Servicio Público de Empleo Estatal, el SEPE, no registró en 2016 los ingresos de derecho por 450 millones de euros del Fondo
Social Europeo. Le pregunto si hay alguna razón para ello y si esto implicaría que se han podido perder derechos a fondos europeos por esta cuestión.


En cuanto al tema de los inventarios incompletos, que es una cosa que se repite año tras año, es cierto que se está haciendo una planificación en la implantación de inventarios de algunos ministerios; nos ha comentado que ADIF no registra
ciertos terrenos y hay otras deficiencias relevantes que usted ha comentado con el tema del coste histórico. Hay una cuestión en la que mi grupo insiste porque nos genera preocupación, que es el saldo de las correcciones valorativas por deterioros
registrados por la Administración General del Estado, que ascendió al cierre del ejercicio 2016 a más de 24 200 millones de euros. Estas son cifras que asustan y que realmente deberían estar gestionadas por la Agencia Estatal de Administración
Tributaria. En repetidos informes hemos visto -ustedes lo han comentado- esa falta de personal, y espero que el partido del Gobierno, el PSOE, esté pensando más en corregir estas deficiencias que no en subir impuestos como lo está haciendo,
mandando el mensaje a la sociedad de la subida de impuestos para compensar el aumento de los gastos.


En cuanto a la Seguridad Social, hay una partida que es el tema de las mutuas, que dan una cifra de 21 millones, pero el informe no dice que no se puede dar por buena esa cifra. Me gustaría preguntarle qué cifra le parece más creíble, si
puede darnos alguna aproximación, o estaríamos cerca de los 100 millones. Hay unas cifras que no encontramos -voy terminando, señor presidente-, que son las relativas

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al saldo neto en las cuentas de deudores, deudores comerciales y otras cuentas a cobrar, igual que los acreedores, acreedores comerciales. No sé si puede dar algún dato sobre ese saldo. Si no he entendido mal, nos dice que más o menos se
compensan unas con otras, pero me gustaría tener una cifra sobre ello.


Por último, insisto, me gustaría ver qué hace el partido que está en este momento en el Gobierno, el PSOE, que se ha quejado muchas veces de la modificación de la normativa para que la memoria de la cuenta general del Estado contenga esa
información relativa a los pasivos contingentes como avales. Usted ha hecho mención a que en la memoria debería estar explícito el tema de los rescates de las autopistas, que pueden superar los 3000 millones de euros. Creemos también que en la
memoria debería de haber una mención del saldo al rescate bancario, que supone que al cierre de 2016 las inversiones financieras a largo plazo de entidades del grupo del FROB estuvieran valoradas en 10 000 millones de euros, que es una pequeña
fracción de los 60 000 millones de euros que se inyectaron al sector y que le va a costar al erario público.


Termino diciendo que suscribimos las recomendaciones que ha planteado el tribunal y, desde luego, necesitamos que se pongan en práctica, como así hemos hecho constar en el Congreso, en cuanto a las salvedades que usted ha indicado, por
ejemplo, respecto a la reducción de plazos, por lo que animamos al partido del Gobierno en este sentido. Nosotros seguimos trabajando en la proposición de ley relativa a la reforma del Tribunal de Cuentas. Necesitamos proporcionarles más medios
materiales y humanos, necesitamos recortar los plazos -podríamos recortarlos seis meses- y cambiar ciertas prácticas en los nombramientos a las que el bipartidismo nos tenía acostumbrados.


Quiero ensalzar aquí el buen trabajo que está realizando el equipo del Tribunal de Cuentas, pero me gustaría trasladar a la sociedad que este es un organismo público independiente al servicio de los ciudadanos que podría hacer muchísimo más
por la gestión de la cuenta general del Estado, como así recoge el artículo 136 de nuestra Carta Magna.


Muchas gracias, presidente.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ten.


Por el Grupo Confederal de Unidos Podemos tiene la palabra el señor Mena.


El señor MENA ARCA: Gracias, presidente, y gracias también al presidente del Tribunal de Cuentas por sus explicaciones.


Aunque el presidente de la Comisión nos haya dicho al principio que este es un día histórico, lo cierto es que hoy tratamos en esta Comisión la cuenta general de 2016 un año y medio después de que finalizara el ejercicio, un retraso que es
cierto que mejora lo que había venido ocurriendo hasta ahora, pero que no deja de poner en mal lugar la imagen de las administraciones públicas, cuestión que debería solventarse cuanto antes, como ya hemos propuesto desde el Grupo de Unidos
Podemos-En Comú Podem-En Marea en las resoluciones de los últimos años relativas a la cuenta general.


En este informe de la cuenta general del Estado hay trece entidades que siguen sin rendir cuentas, empeorando la cifra de la cuenta general de 2015, en la que había once, y sigue habiendo un gran número de entidades que entregan las cuentas
fuera de plazo y que no entregan las cuentas aprobadas sino las cuentas formuladas. De hecho, hay entidades, como la Confederación Hidrográfica del Tajo, que ni siquiera remiten sus cuentas al tribunal ningún año. Es incomprensible que haya
entidades y organismos de la Administración General del Estado que queden directamente fuera del control público y que esto no suponga ningún tipo de sanción.


Un año más, el informe de la cuenta general refleja los clásicos trucos de ejecución presupuestaria creativa del Gobierno del Partido Popular mediante los que se salta la ley, como ocurre con la de Presupuestos, para adoptarla a su voluntad
engañando al Parlamento, engañando a los ciudadanos e incluso engañando a Bruselas. Dos buenos ejemplos los tenemos en la ocultación del gasto de defensa a través de modificaciones de crédito y en las sobreestimaciones de ingresos tanto de Hacienda
como de Seguridad Social.


Este año se han realizado modificaciones presupuestarias en el Ministerio de Defensa que suman 1395 millones de euros, lo que representa el 24,1 % del presupuesto inicial, una práctica que ya ha sido declarada inconstitucional. Ya lo hemos
explicado en otras ocasiones, hasta el año pasado el presupuesto de defensa se incrementaba mediante modificaciones entre el 20 y el 40 % cada año, llegando al total de 10 200 millones entre 2012 y 2016. Por ejemplo, el Partido Popular tomaba el
pelo al Parlamento y a la ciudadanía con los presupuestos al ocultar entre 2012 y 2016, precisamente en la época de mayores

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recortes de nuestra historia, que el gasto en defensa se incrementaba en 10 200 millones sobre lo que estaba presupuestado.


Este exceso de ejecución en las partidas antes señaladas contrasta con la no ejecución de partidas presupuestadas por el remanente de crédito de la política, por ejemplo, de gasto relativa a investigación, desarrollo e innovación, que fue de
3212 millones de euros solo en 2016. Entre 2012 y 2016 dejaron de ejecutar 12 000 millones de euros del presupuesto destinado a I+D+i, debido a su consignación en préstamos y créditos que no se conceden en lugar de inversión, y apenas se ejecutaron
muchísimas otras partidas.


Además, como novedad, en 2016 el Consejo de Ministros aprobó un acuerdo por el que se declara la no disponibilidad de créditos en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2016 por un importe total de 2000 millones de euros, con
fecha de 1 de julio de 2016, lo que supuso un recorte de partidas presupuestarias discrecional por parte del anterior Gobierno. Con estas prácticas, la ejecución del presupuesto queda, por tanto, como el reflejo en un espejo deformado,
incrementándose a través de créditos extraordinarios y reduciéndose a través de la no ejecución, todo ello siguiendo el criterio del Gobierno y por la puerta de atrás.


Por último, otro año más, el informe vuelve a reflejar que existe una desviación negativa de las previsiones de ingresos, una desviación total con respecto a la previsión inicial de 19 387,4 millones de euros. La desviación afecta a los
ingresos de Seguridad Social por un importe de poco más de 13 600 millones, y a los ingresos tributarios recaudados por la Administración general por un importe de 6175,8 millones de euros, una sobreestimación que se repitió año tras año, mientras
Rajoy y el Partido Popular estaban en La Moncloa, suponiendo más de 30 000 millones desde 2012 sin que se haya rectificado, a pesar de las constantes y reiteradas advertencias.


Ante esto, hay dos posibles explicaciones. Quizá el Gobierno anterior era tan ingenuo que se creía su propia mentira de que se ha creado empleo decente durante estos años y, por tanto, fallan en sus previsiones, o bien era una estrategia
del Gobierno para presentar unos presupuestos inflados para después corregirlos mediante recortes encubiertos. En conclusión, las trampas recurrentes del anterior Gobierno en materia presupuestaria son una burla al Parlamento y a toda la
ciudadanía, ya que convierten los presupuestos aprobados por la Cámara en papel mojado mediante recortes encubiertos que afectan a partidas relevantes.


Para acabar, tenemos que decir que del nuevo Gobierno esperamos lo contrario. Esto es, cumplir con la ejecución de las partidas de un presupuesto que no es el suyo y utilizar las modificaciones presupuestarias no para recortar, sino para
ampliar las partidas de gasto social y de inversión productiva. Pronto veremos si entre un Gobierno y otro se nota la diferencia.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Mena.


Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el señor Hurtado.


El señor HURTADO ZURERA: Gracias, presidente.


En primer lugar, quiero dar las gracias y felicitar al presidente del tribunal por la reducción del plazo en la presentación de esta declaración, felicitación que desde el Grupo Socialista queremos que se haga extensible a todos los
empleados del Tribunal de Cuentas. Creo que se trata de un esfuerzo plausible que merece nuestro reconocimiento. También merece nuestro agradecimiento el presidente de la Comisión, porque más agilidad, imposible. Lo hemos tenido que incluir con
un acuerdo condicionado en la propia Mesa, a propuesta del propio presidente.


Quiero empezar diciendo que hay una diferencia entre lo que es el presupuesto y lo que es la cuenta general. El presupuesto es un dibujo sobre la asignación de recursos a determinadas políticas; la cuenta general es una valoración
patrimonial de la actividad económica y financiera y de la liquidación presupuestaria. Curiosamente, dedicamos muchísimo al dibujo y muy poco a la ejecución, que es la realidad, algo curioso y paradójico que me gustaría poner de manifiesto.


En cualquier caso, nosotros, los socialistas, no aprobamos este presupuesto y justamente esta declaración nos da la razón. Una de las razones que esgrimimos cuando no apoyamos los presupuestos de 2016 fue que estaban inflados, algo que el
Tribunal de Cuentas ha cuantificado en más de 19 000 millones de euros, un 70 % en cotizaciones a la Seguridad Social y el resto en impuestos directos. Esta fue una de las razones para decir que no. Dijimos que eran unos presupuestos que abundaban
en los recortes, y el Tribunal de Cuentas lo ha cuantificado, cifrando las obligaciones reconocidas en 408 000

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millones de euros, cuando las obligaciones reconocidas del año anterior fueron de 432 000 millones de euros. Eso significa un recorte de más de 24 000 millones de euros.


También dijimos que no se ponía remedio al agujero de la Seguridad Social y que iría a más, cuestión que asimismo ha cuantificado el propio Tribunal de Cuentas. Se han utilizado más de 20 000 millones del Fondo de reserva, se ha tenido que
acudir a un préstamo como situación transitoria y que en 2015 supuso más de 10 000 millones de euros, y el propio Tribunal de Cuentas dice que hay que abordar una reforma estructural del propio sistema de la Seguridad Social porque así no se puede
mantener, con esa situación provisional de tratar de apagar el fuego que cada día es mayor. Por tanto -lo dijimos-, se obviaba la necesidad de abordar una reforma estructural del sistema de la Seguridad Social; también dijimos que se estaba
creando un problema de endeudamiento que también ha cifrado el propio Tribunal de Cuentas: se queda en cerca de 950 000 millones de euros a final de 2016 y se aumenta el nivel de deuda pública en más de 40 000 millones de euros, un 4,35 % más de
endeudamiento. Estas eran las razones que nosotros exponíamos para no apoyar esos presupuestos y que ha corroborado en su declaración el propio Tribunal de Cuentas.


Esta cuenta general tiene algo positivo, y se ha señalado ya: se ha presentado en tiempo y forma, no tiene ningún tipo de advertencia por parte del abogado del Estado ni del ministerio fiscal y se ha reducido la declaración; es decir,
tiene cosas positivas que también hay que poner de manifiesto, pero tiene otras negativas: las anomalías que el tribunal dice que son de escasa relevancia y de naturaleza contable y que no tienen afección patrimonial de consideración nunca se
tienen en cuenta y se repite la misma tónica, la misma dinámica. Parece que lo que diga el Tribunal de Cuentas cae en saco roto, con lo cual el propio tribunal pide un poquito de por favor, que le hagan un poco de caso y por lo menos apliquen el
procedimiento corrector correspondiente. Tampoco se tienen en cuenta las resoluciones que aprobamos nosotros mismos en el Congreso y en el Senado, no solamente por lo que respecta a las de 2015, que es el año anterior, sino a las de todos los años
anteriores, y lo pone también de manifiesto el propio Tribunal de Cuentas.


Hay algo que quisiera destacar porque deberíamos avanzar en ello, y lo menciona también el tribunal: los objetivos de estabilidad, que no son analizados en este informe. El tribunal se compromete con vistas a futuro a incorporarlos. Le
quisiera hacer una primera pregunta a este respecto, porque la Airef sí ha hablado de estabilidad y pone de manifiesto que desde luego en 2016 el Estado tampoco cumple con la regla de gasto, y dice más: que solamente la cumplió el primer año, en
2013, porque en los años sucesivos la regla de gasto se ha incumplido. Me gustaría saber la opinión del presidente del Tribunal de Cuentas sobre esto. También se abunda en la necesidad de presentarla de forma armonizada, con datos de contabilidad
nacional. Es muy importante que de una vez por todas avancemos hacia la contabilidad nacional como forma de presentación, no solo como contabilidad pública, para no estar hablando en dos lenguajes distintos, porque al final es complejo llegar a
entender y armonizar los datos que se aportan desde una y otra.


Nosotros vamos a apoyar las propia conclusiones del tribunal, en el sentido de que hay que seguir intentando reducir el plazo, hay que tratar de cumplir con las recomendaciones y las resoluciones y hay que hacer que todas las entidades del
sector público incorporen sus cuentas, porque no solamente hay siete de grupo y una de multigrupos que no han presentado las cuentas, sino que hay cincuenta y ocho entidades que las han presentado fuera de plazo, con lo cual no se han podido
integrar de la forma que se debiese por parte de la Intervención General del Estado. Además, también hay problemas de consolidación: SEPI no consolida a Radiotelevisión Española, el FROB tampoco consolida a las entidades bancarias participadas.
Por tanto, tenemos que avanzar también en ese sentido y nosotros vamos a apoyar esa declaración.


Quiero concluir diciendo que desde luego nos preocupan mucho las contingencias, como se ha visto en el informe: no solamente los 2700 millones de euros de las empresas concesionarias de autopistas de peaje, que es una cantidad muy elevada
-evidentemente esos litigios pueden significar la obligación de aprovisionar ese riesgo tan elevado-, sino que estamos hablando de las cuentas puestas en duda de Acuamed, porque pueden no ser su imagen fiel, dicho por la propia fiscalía de Madrid;
o también estamos hablando, en concreto, de la Autoridad Portuaria de Gijón que, con más de 240 millones, la Unión Europea considera que no puede financiarse y eso significaría una obligación de aprovisionamiento; pero, por otra parte, también
estamos hablando de los litigios de las entidades bancarias participadas, que están pendientes y que son de mucha cuantía; también de lo que pueda suponer la enajenación de BMN-Bankia

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con vistas a cuantificar con exactitud el coste que le va a suponer al erario público el saneamiento bancario en este país, que son las operaciones que quedan por concretar para hacer...


El señor PRESIDENTE: Señor Hurtado, tiene usted que acabar ya.


El señor HURTADO ZURERA: Voy a concluir.


Por otra parte, quiero destacar que desde luego esas contingencias, por su cuantía, pueden cambiar sustancialmente el resultado patrimonial del Estado. Por tanto, es necesario que se cuantifiquen y que se aprovisione aquello que se
considere necesario.


Quiero finalizar con algo positivo de la cuenta general porque con vistas a futuro va a ser muy importante, y es que para el análisis patrimonial hay que partir de un buen inventario. Lo ha puesto de manifiesto el propio Tribunal de
Cuentas. La aplicación Sorolla ya se está implantando en ministerios como el de Igualdad, Servicios Sociales y Sanidad, también en el de Fomento, y está prevista para los años 2017 y 2018 en Economía, en Industria y en Competitividad. Creo que es
un paso adelante fundamental porque la aplicación Sorolla, para un inventario riguroso y para un análisis suficiente del patrimonio del Estado, debe estar puesto en marcha lo antes posible.


Gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.


Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el señor Juncal.


El señor JUNCAL RODRÍGUEZ: Gracias, señor presidente.


Señor presidente del Tribunal de Cuentas, señor Álvarez de Miranda, le doy la bienvenida y las gracias en nombre del Partido Popular por sus explicaciones. Le doy la enhorabuena por ese trabajo de un mes, que es importante, pero creo que
también viene a ratificar lo que desde el Partido Popular hemos dicho ya, y es que no es fácil reducir plazos; de hecho, se aprobó una moción aquí por la que se instaba -creo recordar- tanto a ustedes como a la Administración General del Estado a
poner en marcha los puntos que usted ha puesto de manifiesto, algo que no deja de ser una antigua guerra -permítaseme la expresión- entre la IGAE y el Tribunal de Cuentas por los criterios que cada uno, en su buen leal saber y entender, aplican y
que yo no voy a criticar. Sin embargo, como usted decía efectivamente, esto es algo que se repite año tras año; desde luego en los últimos años en que yo vengo siendo portavoz para hablar de la cuenta general se repite continuamente.


Insisto en una de las cosas que usted ha manifestado y que indica el informe, y es que la cuenta presenta una imagen fiel. Estamos, pues, en una situación buena en ese sentido. Hay excepciones, lógicamente, porque sería deseable que todas
las entidades consolidasen, pero todos sabemos también que el porcentaje de entre cerca de cuatrocientas entidades no es significativo; por lo tanto, son temas recurrentes año tras año tanto la pelea de que SEPI consolide RTVE o no, el capítulo 9
-pasivos financieros-, los pagos diferidos y anticipados o los inventarios, algo que indudablemente hay que tratar de corregir, pero se trata de criterios técnicos que aplican tanto la IGAE como el tribunal, cada uno, vuelvo a insistir, según su
leal saber y entender.


Los préstamos a la Seguridad Social es un tema preocupante pero, como se hace constar en el informe, ya se aplicó en otros ejercicios y se tendrá que seguir aplicando en la medida en que el sistema de pensiones no sea capaz de mantenerse
debido a la pirámide de población, a las personas que reciben las prestaciones, etcétera.


Quería hacer una serie de comentarios por algunas cosas que se han manifestado aquí. Yo no creo que los presupuestos estuvieran inflados. Estamos hablando de presupuestos que se redactan seis meses antes de entrar en vigor y lógicamente
hay una tendencia, por lo que a veces no se cumplen en todas sus expectativas. No lo vamos a debatir, pero supongo que los de 2018 no estarán inflados porque algunos nos los han cogido como propios aunque no los hubiesen redactado. Quiero insistir
en que la regla del gasto sí se ha cumplido por parte del Estado.


En cuanto a lo que se ha comentado aquí sobre los gastos de defensa, le diría al señor Mena que no utilice ese lenguaje chavista. (Risas). Sí, de engaño y estas cosas que se dicen por parte de los que piensan como usted -no se lo tome a
mal-, pero es que la página 75 del informe del Tribunal de Cuentas -no le voy a leer todo-, refiriéndose a los gastos de defensa, termina diciendo: ...sin que se haya observado ningún incumplimiento legal en su tramitación. Es decir, está ajustado
a derecho. Los gastos de defensa a ustedes no les gustan, pero muchos de ellos venían de compromisos anteriores, de

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años y de Gobiernos anteriores, y por cuestión de la crisis no se pudieron realizar porque había otros gastos prioritarios. Quiero recordarles también que ha habido un descenso de los ingresos previstos, pero el déficit se ha controlado y
el nuevo Gobierno se va a encontrar con la situación de que a final de este año podrá salir del control de Europa por déficit excesivo. Es decir, ya no estaremos sujetos a las mismas operaciones de control por parte de la Unión Europea precisamente
porque tenemos el déficit controlado. Por eso decía que los de 2018 no nos dirán que están inflados. Veremos, cuando se analice en la Comisión el informe correspondiente al ejercicio 2018, cómo lo justifican. En todo caso, creo que son errores o
defectos en la previsión que no se ajustan a la realidad que se produce cuando se ejecutó el presupuesto precisamente por eso. Por eso se llaman presupuestos.


En cuanto al saldo de la AEAT, como decía el señor Ten, es preocupante, en cualquier entidad o en cualquier empresa el tema de los impagados en un apartado importante, y más en la AEAT. Señor Ten, a mí me preocupa porque esos 25 000
millones que no se van a ingresar son menos recursos para el Estado, para la Administración, pero también es el saldo acumulado de muchos ejercicios, de los impagados. Teniendo en cuenta la época de crisis, con la cantidad de empresas que se vieron
obligadas a presentar concurso de acreedores y que todos sabemos que el 95 % de dichos concursos han acabado en la insolvencia definitiva, eso puede explicar un poco el excesivo volumen de esa cantidad de 25 000 millones, pero tenemos que
acostumbrarnos. Si hacemos una retrospectiva del saldo anual que la AEAT destina a impagados vemos que es una cantidad importante; por el volumen de operaciones tanto de la AEAT como de la Administración General no digo que sea asumible, pero es
una realidad y por tanto no nos debe llevar a la conclusión de que es una falta de gestión. En ese aspecto no tengo la menor duda de que la AEAT es eficaz, pero es incapaz de encontrar activos para contrarrestar o para ejecutar por ese importe y de
ahí los impagados.


Por mi parte nada más, señor presidente, salvo que reitero el agradecimiento al presidente del tribunal.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Juncal.


Para dar respuesta a las cuestiones planteadas tiene la palabra el señor Álvarez de Miranda.


El señor PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CUENTAS (Álvarez de Miranda García): Muchas gracias, señor presidente.


Empezaría haciendo referencia a una de las cuestiones manifestadas por el señor Hurtado que por su importancia y por su relevancia merece desde mi punto de vista destacarse. El señor Hurtado ha venido a poner de manifiesto el diferente
trato que se da en esta Cámara a la hora de elaborar los presupuestos y a la hora de liquidarlos y aprobar la liquidación. Ustedes saben perfectamente, porque lo viven todos los años, que la elaboración de los presupuestos comienza con los reales
decretos de elaboración para que todos las oficinas presupuestarias los elaboren, dentro de un procedimiento muy estudiado y muy normado de cómo elaborar los presupuestos. Ustedes aquí los discuten de una manera muy amplia y hacen comparecer a los
diferentes gestores para que den las razones oportunas de por qué esas son las cantidades que hay que reservar y aprobar. Me parece que eso es lo lógico en la elaboración de los presupuestos. Sin embargo, cuando se analiza la liquidación de la
cuenta general uno de los aspectos en los que yo creo que hay posiblemente un déficit importante es que no se le pide al gestor que dé las razones de cuál ha sido su gestión. Buena parte de sus intervenciones tendrían que haber estado dirigidas a
los gestores, que son los responsables de la gestión. Me hacen a mí preguntas que yo podría contestar o no porque, como ustedes saben muy bien, mi obligación es hacer referencia a si las cifras que dice la cuenta general son representativas o no lo
son, si ha habido alguna salvedad y la característica de salvedad, pero yo no soy defensor de la gestión ni por otra parte tengo ningún interés en atacarla. Creo que ustedes tienen razones suficientes en pro y en contra para defender sus criterios
y siempre estarán orientados a considerar que las mejores políticas en un caso determinado son las expansivas del gasto público o las restrictivas del gasto público en atención también a las propias ideas que ustedes tienen de cómo afrontar una
crisis económica en la que no todo está escrito ni mucho menos, pero lo que sí es cierto es que parece que con los presupuestos que hemos aprobado en estos últimos años la crisis económica, no sé si derivado de eso o no, ahora es un poco menor, no
estamos ante una situación tan grave como la que podríamos haber estado hace tres o cuatro años. Luego, de todas las cuestiones que ustedes han planteado en relación con las explicaciones sobre si la gestión es positiva o negativa les diría que una
cuenta general se tiene que ver en comparación con los datos de la propia economía general del país que estamos valorando.

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En ese sentido, sí me parecen importantes las manifestaciones que se han hecho -también las ha hecho el señor Hurtado- sobre por qué no se están viendo los datos relativos a contabilidad nacional. Es decir, por qué no estamos viendo, al
mismo tiempo que la cuenta general, la evolución de los datos en términos de contabilidad nacional que nos permitirían tener un balance completo, no solo de cuentas públicas sino también de cuentas nacionales. Creo que usted tiene mucha razón,
señor Hurtado; creo que esto sería lo ideal y lo correcto. De hecho, el Tribunal de Cuentas lo que está reclamando es que la rendición de la cuenta general, para que tenga el verdadero sentido que debe tener, esté expresada también en su
equivalencia en la contabilidad nacional, con todos los ajustes que se deriven y que se puedan derivar entre la propia contabilidad presupuestaria y la contabilidad nacional. Como sabe usted, esto no se produce en la actualidad por un déficit,
posiblemente, de diseño de las cuentas públicas, en la medida en que en el ámbito de las cuentas nacionales el Tribunal de Cuentas no está ni se le espera, cosa que yo creo que es, efectivamente, una mala decisión. El Tribunal de Cuentas debería
estar plenamente integrado en el proceso de revisión de cuentas nacionales y tendría que incluir también en su declaración sobre cuenta general -que lógicamente tendría que ser mucho más temprana de lo que es- ese apartado correspondiente a valorar
los datos en términos de contabilidad nacional. Y todo esto está ligado al problema del plazo, como ustedes saben. El señor Mena dice que un año y medio es mucho. Depende de con qué lo comparemos. Si lo comparamos con nuestro pasado, la verdad
es que es un gran avance; si lo comparamos con cómo se rinde la cuenta general en Finlandia, es un desastre. Porque, efectivamente, hay países en los que la cuenta general se rinde en los seis primeros meses siguientes al ejercicio de gestión. Yo
creo que deberíamos aspirar a tener una situación de esas características, pero para eso habría que abordar, primero, una reforma muy profunda de nuestro sistema de cuentas nacionales, que también afecta a la figura y al papel tan importante que
lleva a cabo en nuestro país el control interno, en definitiva, la Intervención General de la Administración del Estado. Yo siempre digo esto y a continuación siempre explico que la labor que hace la Intervención General de la Administración del
Estado en España es impagable. Es decir, verdaderamente en nuestro país tenemos un doble control porque la Cuenta General del Estado, que la forma la Intervención General de la Administración del Estado, cuando la forma también la está controlando
y también está haciendo una labor de fiscalización, fiscalización que luego se suma a la del propio tribunal. Así que, en definitiva, también tenemos algo que no tienen, por ejemplo, los finlandeses -por poner el mismo ejemplo anterior-, que no
tienen este sistema de doble control o de control en doble vuelta que tiene nuestro sistema de control de cuentas. Es decir, que se pueden cambiar radicalmente los sistemas, pero lo que es indudable es que siempre existe la posibilidad de ir
mejorando poco a poco cada año, y de ahí las reclamaciones del tribunal en sus mociones de exigir, de pedir que se vayan reduciendo los plazos de rendición de cuentas, que cuando menos los plazos de rendición de las cuentas individuales pudieran
anticiparse para que el trabajo se pudiera iniciar, para que no tuviéramos que esperar hasta octubre del ejercicio siguiente para empezar a trabajar. Porque si empezamos a contar, nosotros la cuenta general la recibimos en octubre, por tanto ya no
es un año y medio de retraso; nosotros estamos trabajando con un plazo que va de octubre a mayo. Es un plazo que podríamos reducir, pero entendemos que también es razonable lo que decimos, porque analizar todas estas cuentas desde el punto de
vista de representatividad y teniendo en cuenta el volumen tan importante de operaciones que estamos analizando, requiere su tiempo.


También hay cosas que resaltar desde un punto de vista positivo. En nuestro país estamos hablando de un sistema consolidado de cuentas públicas; es decir, algo importantísimo desarrollado en los últimos tres años y que ha llevado un
proceso de preparación de los diez años anteriores. Es decir, la Administración española ha hecho una importante apuesta por que su información financiera pública mejore y lo está consiguiendo poco a poco. Por lo tanto, yo creo que esta cuenta en
ese sentido tiene aspectos muy positivos que recoger.


En cuanto a las entidades que no han rendido cuentas, ustedes saben que la propia Intervención General de la Administración del Estado informa a la Oficina de conflicto de intereses de la falta de rendición para ver si cabe sanción alguna.
Ustedes saben que por la no rendición de cuentas la única posibilidad que tiene el Tribunal de Cuentas es la de aplicar multas coercitivas a los gestores, es decir, a los responsables, personas individuales que no han rendido, pero no tanto a las
entidades. Por lo tanto, con las cuantías que ustedes saben que están pendientes de actualizarse de acuerdo con la moción que hizo en su día el tribunal, es una vía que da poco de sí.


Me han planteado también la cuestión de las confederaciones hidrográficas. Desgraciadamente las confederaciones hidrográficas llevan en esta situación de dificultades de rendición toda la vida. Me

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preguntan qué podría hacerse. Indudablemente seguir en el proceso por parte de la intervención -que lo está haciendo- de efectuar un mayor control sobre estas confederaciones hidrográficas. Lo que sí les puedo decir es que nosotros nunca
hemos dejado de hacer fiscalizaciones de confederaciones hidrográficas y que las seguiremos haciendo para mejorar esta situación.


En relación con diferentes cuestiones que han planteado que verdaderamente afectan a la realidad contable, es decir, a cómo quedan reflejadas en la cuenta general, yo me querría referir a las modificaciones en el apartado de Defensa, que se
corresponden, como ustedes saben, a programas especiales de armamento que tienen una vida muy antigua, es decir, que no son de ayer sino de hace muchos años. Estos programas especiales de armamento son los que derivan en una dificultad operativa de
incluirlos en los presupuestos iniciales del Estado; nosotros, como tribunal, siempre hemos recomendado que su inclusión se abordase desde el primer día para que, efectivamente, no acudamos a los reales decretos leyes para recoger los compromisos
que se deriven anualmente de su ejecución.


En cuanto a las soluciones que ustedes plantean a los problemas presupuestarios o contables de la Seguridad Social, el tribunal ha venido a recoger lo que es simplemente un reflejo financiero de un asunto que en estos momentos está para
abordarse en el seno del Pacto de Toledo y que debería abordarse como creo que está orientado, como una política de Estado que todos los partidos políticos deben tener interés en resolver cuanto antes y que este no sea un aspecto a recoger en
nuestra cuenta general.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Álvarez de Miranda.


Ahora pasaríamos al debate del segundo punto del orden del día, pero el portavoz del Grupo Popular ha pedido cambiar el orden del debate. ¿Hay algún inconveniente por parte del resto de portavoces en dejarlo para el final? (Denegación).


- INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LAS APORTACIONES DE CAPITAL A EMPRESAS DEL GRUPO REALIZADAS POR LA SOCIEDAD ESTATAL DE PARTICIPACIONES INDUSTRIALES DURANTE LOS EJERCICIOS 2012 Y 2013 Y ACTUALIZACIÓN DE LA SITUACIÓN A 31 DE DICIEMBRE DE 2016.
(Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000257 y número de expediente del Senado 771/000253).


El señor PRESIDENTE: Pasamos al debate del punto tercero, informe de fiscalización de las aportaciones de capital a empresas del grupo realizadas por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales durante los ejercicios 2012 y 2013 y
actualización de la situación de 31 de diciembre de 2016.


Tiene la palabra el señor Álvarez de Miranda para la exposición del informe.


El señor PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CUENTAS (Álvarez de Miranda García): Muchas gracias, señor presidente.


Las aportaciones de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, SEPI, a empresas del grupo en los ejercicios 2012 y 2013 ascendieron a un total de 203,6 y 252,5 millones de euros, respectivamente. Su finalidad principal fue la de
dar cobertura a los déficits patrimoniales de las filiales Hunosa e Izar, de las que es accionista único, generadas por gastos y pérdidas dimanantes de compromisos sociales adquiridos con el personal activo y pasivo. Asimismo, un montante de 6
millones de euros se destinó al apoyo financiero de los proyectos de I+D+i desarrollados casi en su totalidad por la sociedad Navantia, sociedad anónima. SEPI también ha continuado aportando recursos, en cumplimiento de lo acordado por el Consejo
de Ministros, principalmente para atender las obligaciones sociales del Ente Público Radiotelevisión Española, en liquidación desde 2006, mediante la adquisición de paquetes accionariales de la Corporación RTVE, S.A.


Respecto al cumplimiento de la normativa mercantil, laboral y contable, SEPI ha contabilizado correctamente como mayor valor de la participación las aportaciones a Hunosa e IZAR. Dichas participaciones de SEPI presentaban un valor contable
neto de deterioros de 198,7 millones de euros a finales de 2013 y de 126,7 millones a 31 de diciembre de 2016 en el caso de Hunosa y de cero euros en ambas fechas en relación con IZAR. El apoyo financiero a los proyectos de I+D+i desarrollados por
las sociedades del grupo se instrumenta mediante contratos mercantiles de financiación que alcanzan un 75 % del presupuesto en los proyectos civiles y un cien por cien de los militares. SEPI no había establecido directrices e instrucciones internas
específicas para la publicidad, presentación, evaluación, formalización, seguimiento y control de la ejecución ni para valorar los resultados obtenidos.

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En cuanto a las aportaciones de recursos al Ente Público RTVE mediante adquisiciones de acciones de la corporación, en las compraventas del periodo 2007-2012 no se actualizó el precio de las acciones según su valor neto contable en las
cuentas del ente. Ello ha supuesto que en los años 2011 y 2012 se fijara un precio superior, con una sobrevaloración total de 20,4 millones de euros. La posición de SEPI en relación con el Ente Público RTVE presentaba en el periodo fiscalizado y
en la actualidad riesgos e incertidumbres derivados de los compromisos sociales adquiridos con la plantilla en el plan de empresa aprobado en 2016. En las cuentas anuales de SEPI no se informa de esta situación, pese a que los posibles
incumplimientos del plan podrían derivar en reclamaciones contra ella, lo que debería indicarse en la memoria. En las cuentas rendidas por la Corporación RTVE no se recogen las medidas necesarias para revertir el recurrente desequilibrio
económico-financiero de su actividad ordinaria ni se ha informado de las actuaciones en estudio para subsanarlo, por lo que se desconoce la repercusión financiera que tendría para SEPI.


Por lo que se refiere a la verificación de la finalidad de las aportaciones de capital efectuadas a Hunosa, que tuvieron una cuantía conjunta de 222 millones de euros entre 2012 y 2013, se destinaron a la cobertura de los déficits
patrimoniales generados por los recurrentes resultados de explotación negativos y por los costes sociales derivados de los planes de empresa suscritos. La normativa prevé la eliminación de las ayudas estatales a la minería del carbón no
competitiva, lo que supone para Hunosa la reducción paulatina de su actividad y de su grupo empresarial. La situación empresarial de Hunosa, según los informes de auditoría, implica que para mantener sus operaciones y atender los costes de
explotación, de abandono y de mantenimiento de activos abandonados y los compromisos sociales es necesario que continúe recibiendo ayudas de SEPI o de la Administración. Conforme a la normativa europea, la concesión de ayudas al carbón está
supeditada a un plan de cierre de explotaciones que se encuentra en negociación con la Comisión Europea, por lo que se desconoce su impacto para Hunosa. En el caso de IZAR, en liquidación, debe seguir recibiendo aportaciones de SEPI para hacer
frente a las obligaciones derivadas de los compromisos sociales adquiridos hasta que finalicen su vigencia. Las provisiones para atenderlos ascendían a 31 de diciembre de 2013 a 370,5 millones de euros. También mantenía otros pasivos
significativos por 10 millones de euros por una deuda con Navantia y provisiones para responsabilidades y litigios por un importe estimado de 30,9 millones a finales de 2013. Al cierre del ejercicio 2016, estas provisiones y otros pasivos
significativos habían disminuido hasta 187,5 millones de euros. Finalmente, en las comprobaciones sobre los perceptores de las prestaciones de Hunosa e IZAR no se han detectado incidencias.


Gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.


Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos tiene la palabra el señor Ten.


El señor TEN OLIVER: Gracias, señor presidente.


Señor Álvarez de Miranda, mi agradecimiento por la calidad de este informe de fiscalización, un informe que analiza las aportaciones de capital a Hunosa, a IZAR, aportaciones destinadas a proyectos de investigación y desarrollo a sociedades
del grupo y al Ente Público Radiotelevisión Española, en liquidación.


Empezando por el final, se atendieron las obligaciones derivadas de los compromisos sociales con los trabajadores de la Corporación de Radiotelevisión Española -personal activo, prejubilados y jubilados-, pero no se logró ninguno de los
objetivos iniciales: reducir las plantillas, rejuvenecerlas y hacer sostenible el modelo público de Radiotelevisión. La evolución económica, financiera y patrimonial de la corporación desde su creación en 2010 ha sido negativa, con un resultado de
explotación deficitario. A ver qué hace el partido del Gobierno para garantizar esa sostenibilidad de Radiotelevisión, porque mucho nos tememos que el Partido Socialista solo busca el control de los medios de comunicación. Por de pronto, llama la
atención el contraste entre la urgencia que apreciaban de nombrar por real decreto al nuevo presidente de Televisión Española para, según ellos, garantizar una televisión plural y su insistencia en no tocar nada, por ejemplo, en TV3 cuando estaba en
vigor el 155. Evidentemente, este no es un tema suyo, señor presidente del Tribunal de Cuentas, pero quiero preguntarle lo siguiente. Nosotros insistimos mucho en el nombramiento del presidente del consejo por concurso público. El Grupo
Parlamentario Ciudadanos -usted lo sabe- busca siempre transparencia en los nombramientos y me gustaría saber qué opinión le merece, si le parece que se nombren los consejos rectores de estos organismos a través de reales

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decretos o le parece que se haga a través de grupos de expertos o de concursos públicos. ¿Mejora eso la gestión de dichos entes?


En cuanto al caso de Hunosa, se trata de aportaciones de la SEPI para cumplir con los compromisos de un ERE. Los compromisos de financiación asumidos por la SEPI con Hunosa finalizan en 2025 y en este sentido las provisiones registradas por
Hunosa al cierre de 2013 y de 2016 ascendían a 1279 y a 1202 millones de euros respectivamente. Este dinero es llamativo considerando que Hunosa ahora tiene 1600 empleados. El tribunal describía cómo el 80 % de las prejubilaciones afectaban a
personas entre cuarenta y cincuenta años. El problema no es que unas personas que hayan tenido un trabajo muy duro tengan unas pensiones superiores a 2000 euros, desde luego superiores a la media nacional, y no voy a entrar en lo que cobra, por
ejemplo, un albañil que ha cotizado por autónomos, que cuando se jubila cobra 345 euros, no voy a entrar en eso, pero sí quiero decir que los Gobiernos del PSOE y del PP nos han acostumbrado a destinar más de 24 000 millones de euros a las cuencas
mineras desde los años noventa. Esto puede ser uno de los mayores escándalos económicos de nuestra democracia y por eso solicitamos en esta Cámara -y todos estuvimos de acuerdo- al Tribunal de Cuentas una investigación sobre la gestión de esos 24
000 millones de euros, sobre la gestión de esos recursos.


Por último, me voy a detener en el rol de la SEPI como impulsora de la investigación y el desarrollo. Mi grupo ha impulsado siempre iniciativas en este campo y quiero destacar sobre todo el tema de la Red Cervera, si bien es cierto que en
la ejecución del presupuesto ha brillado por su ausencia, por lo que seguiremos vigilando esto. Pero el fondo de SEPI dotó unas cuantías de 40 y 35 millones de euros respectivamente y nos indica que el 97 % de estos fondos, la mayoría, han ido a
parar a Navantia, pero que se ha ejecutado la totalidad de los mismos. Yo le pregunto, señor Álvarez de Miranda, si el Tribunal de Cuentas sabe cuál ha sido el retorno o el éxito de los proyectos de investigación y desarrollo fiscalizados. El
informe describe que la mayor parte del gasto de los proyectos eran gastos de personal. Le pregunto: ¿pone eso el tribunal como una indicación de que los proyectos no eran serios o no eran tecnológicamente interesantes? Podemos suponer que el
capital humano es uno de los más caros en investigación y desarrollo, pero si el Tribunal de Cuentas no nos dice más acerca del seguimiento de esos fondos -si cumplieron con los requisitos de transparencia, eficacia y economía- a nosotros la
fiscalización, señor presidente, se nos queda corta. Insisto en que es muy interesante hacer el seguimiento de esos proyectos y ver si realmente han tenido retorno. En todo caso, la transparencia y el control de estos fondos están lejos de ser los
adecuados, ya que el propio tribunal llama la atención a la SEPI por no haber establecido en su normativa interna directrices e instrucciones específicas en las que se expliciten los procedimientos de publicidad, presentación, evaluación, etcétera.
¿Podría el Tribunal de Cuentas realizar el seguimiento de estos proyectos? ¿Qué necesita el Tribunal de Cuentas, señor presidente, para poder realizarlo?


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ten.


Por el Grupo Confederal de Unidos Podemos tiene la palabra la señora García.


La señora GARCÍA SEMPERE: Muchas gracias, señor presidente y muchas gracias también al presidente del Tribunal de Cuentas por su exposición.


Seré breve. Hay un par de cuestiones que sorprenden o, mejor dicho, que echamos de menos en el informe de fiscalización de la SEPI. Una, es la falta de referencia a las ampliaciones entre 2013 y 2016; al no hacerse eco este informe,
entendemos que esto pierde cierta inmediatez y nos quedan algunas dudas sobre las cuantías de estos ejercicios más próximos. En cualquier caso, sí queda clara la absoluta dependencia de estas ayudas por parte de las empresas fiscalizadas. También
nos sorprende que no haya referencias a la importancia de estas ampliaciones en el cálculo del déficit a efectos de contabilidad nacional; consideramos que esto tendría que haberse recogido. Pero hay dos cuestiones que sí nos han sorprendido
especialmente de este informe: la falta de información del plan de cierre que Hunosa está obligada a presentar, lo que entendemos como una limitación porque en el informe se dice que no se dispone de información sobre este plan de cierre. Mi grupo
entiende que debería haberse hecho un esfuerzo de solicitud de dicha información y también querríamos saber por qué no se ha aportado por parte de Hunosa cuando la prensa ya se ha hecho eco de la autorización de la Comisión Europea a las ayudas
estatales. Entendemos, además, que para comprender la extensión de las aportaciones a la minería es esencial saber si la autoridad europea ha autorizado o no el plan de cierre y, en caso de que esta ausencia vaya a ser permanente, ha de señalarse
de alguna manera en el apartado de limitaciones.

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La segunda cuestión que nos ha sorprendido, y desde luego no gratamente -de hecho, lo señalan en su informe como una de las recomendaciones para mejorar-, es el no desarrollo de las instrucciones internas por parte de SEPI para que se
expliciten los procedimientos de gestión y seguimiento de los proyecto de I+D+i; realmente, es muy curioso que recojan en su propio informe que SEPI dice que los proyectos son un éxito total. Son proyectos de I+D+i, pero no consta que se haya
registrado nada, nada en cuanto a patentes, nada de diseño industrial. No sabemos el criterio, pero sería interesante conocer el criterio de la SEPI para dictaminar que algo es un éxito total en I+D+i si no es a través de investigación.


Nos surgen algunas preguntas de la lectura de este informe. Querríamos conocer el seguimiento del Tribunal de Cuentas sobre las recomendaciones que hizo en el informe anterior y por qué no hay una mención, por qué no se referencia en este y
qué ha pasado con esas recomendaciones. Nos gustaría saber si las aportaciones que realiza la SEPI a esas empresas están previstas en los Presupuestos Generales del Estado, así como a cuánto ascienden los compromisos futuros que no pueden asumir
esas empresas y que quedan más o menos explicitados en el informe y si han planteado alternativas para financiar estos compromisos futuros. Asimismo, querríamos saber si tienen -porque entendemos que debería haberse recogido- una comparativa entre
explotaciones mineras y astilleros que estén funcionando con ganancias y por qué no las tienen los que vienen recogidos y fiscalizados aquí. Del informe parece deducirse que las pérdidas que tienen Hunosa e Izar se deben a prejubilaciones y
compromisos adquiridos por parte de las empresas con sus trabajadores, pero nos cabe la duda de si eliminando esos compromisos las empresas tendrían beneficios y a cuánto ascenderían. Nos gustaría tener esa comparativa.


Muchas gracias, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora García.


Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Galeano.


El señor GALEANO GRACIA: Gracias, señor presidente, y bienvenido de nuevo, señor Álvarez de Miranda, a esta Comisión.


Al estudiar este informe de fiscalización observamos algo que es obvio -lo han manifestado así anteriores portavoces-, que son las importantes cantidades de dinero que se han requerido desde las diferentes empresas estatales aquí
fiscalizadas o, mejor dicho, aquí estudiadas las aportaciones a las mismas, entre otras cosas para recomponer ese déficit patrimonial, resultado sin lugar a dudas de una reconversión industrial en estos sectores y que afecta principalmente a los
empleados públicos de estas empresas que en su día seguramente desarrollaron actividades exitosas, pero que los nuevos escenarios de transición económica, de transición energética, como es el caso de estas empresas del carbón, así como la
imposibilidad de mantener, como decía el propio presidente, esas ayudas públicas hacen bastante dificultosa su viabilidad futura en este entorno económico. En concreto, la fiscalización -lo ha señalado perfectamente en su enunciado el propio
presidente- hace referencia a las aportaciones de capital al Ente Público Radiotelevisión Española, en liquidación ya, y que al cierre del año 2016 alcanzaban a la SEPI el cien por cien de la misma. En ese sentido podemos mencionar -y creo que se
ha mencionado además en el anterior informe de la cuenta general- esa deficiencia de la no consolidación del Ente Público en la cuenta de SEPI, las aportaciones de capital a Hunosa, destinadas también a la compensación de pérdidas porte de 222
millones entre ambos ejercicios y, en el caso de IZAR, también la compensación de resultados negativos, más o menos por una suma similar. Asimismo, la financiación de proyectos de I+D+i, por ejemplo, a empresas del Grupo Navantia y en menor medida
a Enusa. En general, somos conocedores de que ni el ministerio fiscal ni la Abogacía del Estado han apreciado responsabilidad alguna en estos supuestos, una consideración positiva.


Entrando en cada una de las aportaciones de capital a las diferentes empresas, por ejemplo, en el caso de Hunosa, estas aportaciones -que fundamentalmente vienen motivadas por esos compromisos sociales a través de los ERE, en este caso del
ERE del año 2006- han sido gestionadas directamente por parte de Hunosa y aparentemente no existen deficiencias en la tramitación de las ayudas concedidas. Además, los estudios técnicos desarrollados nos dicen que las provisiones dotadas al efecto
se consideran suficientemente soportadas en ese calendario de pagos que se va a extender hasta el año 2025. En el caso de Izar -ya han explicado otros portavoces la situación de los astilleros públicos y las consecuencias que han traído esos
compromisos sociales adquiridos-, hay un asunto que me gustaría señalar al tribunal y es que, dentro de que las provisiones que había al cierre de 2016 de 177 millones se consideraban correctas aquel momento de acuerdo con los estudios actuariales,
es cierto que ha habido una situación

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que puede modificar estas coberturas notablemente, como son las reclamaciones judiciales de antiguos trabajadores, de antiguos empleados de los astilleros públicos que tuvieron exposición, por ejemplo, al amianto, a la sustancia tóxica.
Hubo 327 casos al cierre de 2013, pero en los últimos años ha habido un crecimiento exponencial de este tipo litigios, por lo que queremos saber si existe una cobertura suficiente, si se aprovisionado esto y qué opinión le merece al tribunal este
asunto.


Hemos hablado aquí en anteriores ocasiones del Ente Público de Televisión Española, de informes propios de la Corporación de Radio y Televisión Española y de esas obligaciones surgidas de los ERE anteriores y que presentan aun hoy
incertidumbres y riesgos -como dice el tribunal- relevantes, dado que esos compromisos sociales se van a extender en un calendario de pagos hasta el año 2022 y la SEPI no parece que diga nada al efecto en sus cuentas.


Por último, quiero mencionar algo que también han comentado mis compañeros anteriores en su intervención, que es la financiación de los proyectos de I+D+i, un asunto que en nuestro país es sensible en los últimos años debido a que
consideramos que estas políticas de inversión en I+D deben impulsarse. Lo hemos comentado también en el propio informe de la cuenta general. Lo que resulta llamativo es que, como decía el anterior interviniente, aparezca aquí un escaso
procedimiento de seguimiento, de control, de publicidad de los propios proyectos, que luego no sabemos muy bien como se han elegido y qué tipo de practicidad han tenido a la hora de las patentes o del resultado final. Ahí surge una confusión y
necesitamos que esto no pase porque incumple una de las premisas de las que nosotros hablamos en los últimos tiempos: impulsar el cambio del modelo productivo y el fomento de la I+D+i. Además, hay un hecho que también debo mencionar, y es que
parece que al final esos préstamos destinados a I+D+i se acaban convirtiendo en préstamos participativos con la intención de reestructurar el equilibrio patrimonial de esas empresas, con lo cual vemos ahí un práctica negativa. Para terminar, me uno
a lo comentado por anteriores portavoces agradeciendo el trabajo de fiscalización del tribunal.


Muchas gracias, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Galeano.


Para finalizar, tiene la palabra la señora Antoñanzas, del Grupo Parlamentario Popular.


La señora ANTOÑANZAS GARRO: Muchas gracias, presidente.


Superados los peores momentos de la crisis -estamos hablando de 2011, 2012 y 2013-, el producto interior bruto decreció un 5,6 %, la economía española creó empleo, un 7 % de 2014 a 2016, y aumentó también la tasa de ocupación de un 55,6 %,
en 2013, a un 60,5 %, en 2016, en un entorno de estabilidad de precios. España ha resurgido de esa crisis económica con un nivel de competitividad nunca antes alcanzado en ausencia de evaluaciones de modelo; un entorno económico saludable que se
vio reflejado, por ejemplo, con el aumento de valor de algunas de estas participadas que cotizan en bolsa, en la redefinición de las estrategias de empresas industriales con el objetivo de asegurar su viabilidad a largo plazo. Conviene destacar que
este ajuste fiscal se hizo de nuevo blindando el gasto social, en estos momentos en niveles superiores a los ejercicios previos a la crisis.


Quiero destacar que en el año 2015 la cifra de negocio del Grupo SEPI ascendió a 3837 millones de euros, aportados en un 91 % por los grupos Correos, Navantia, Tracsa y Enusa. El control de los gastos operativos y el buen comportamiento de
las compañías que consolidan por puesta en equivalencia, como fueron los casos de Indra, REE y Enagás, supusieron una mejora del resultado neto. Hay otros aspectos positivos que se vieron en 2016, como el incremento del 3,4 % de la cartera agregada
de pedidos de las empresas de producción con respecto al ejercicio anterior, 4564 millones frente a los 4414. En este ámbito destacó Navantia, en pleno relanzamiento comercial y pendiente de aprobar su plan estratégico, con el que su suficiencia y
sostenibilidad se verán reforzadas. El aumento de las contrataciones benefició también a Tracsa con 808 millones de euros, un 16 % por encima de 2015; el 42 % procedió del Ministerio de Agricultura y Pesca, el 24 % de las comunidades autónomas y
el 34 % del resto de las administraciones. Si bien este dato refleja la alta dependencia por parte de este grupo de las limitaciones presupuestarias de las administraciones públicas, no conviene perder de vista su actividad internacional en los
mercados prioritarios, como África o Hispanoamérica.


En el año 2016 se vio también una evolución operativa favorable en los grupos de Correos, Sepides y Cofivacasa, así como en la empresa Saeca. En el primer caso se logró mejorar hasta un 2 % el resultado de explotación al haberse podido
compensar el descenso estructural de los ingresos postales tradicionales con el aumento de la facturación de paquetería, así como con los menores costes de personal. El Grupo Enusa aportó en 2015 el mayor beneficio de explotación de las empresas de
la cartera de control con 14,9

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millones de euros, destacando como aspecto favorable el acuerdo alcanzado para extender la alianza hasta finales de 2024, así como el acuerdo de cooperación tecnológica y de licencias de esa misma fecha. El resultado financiero del Grupo
SEPI también mejoró en el ejercicio en 34,5 millones de euros respecto del anterior por la Corporación de Radio y Televisión Española, ya que en el año anterior obtuvo un beneficio de 0,8 millones, frente a unas pérdidas de 37,8 en 2015. Además, la
labor que presta la Agencia EFE logró ser configurada dentro de la Comisión Europea como un servicio de interés económico general, lo que va a mejorar a futuro su situación competitiva.


Es oportuno también destacar el mayor esfuerzo inversor de SEPI, un 35 % superior al ejercicio precedente. Hablamos de 157 millones, la mayoría de ellos provenientes de Correos, Navantia, Tracsa y Enusa. En un grupo tan heterogéneo como
este, sociedades como Hunosa o Mayasa tratan también de encontrar nuevas líneas de negocio distintas a las que marcaron su pasado, con el fin de garantizar esa continuidad. Así que aceptamos las recomendaciones que nos marca el Tribunal de Cuentas
para una eficaz y buena gestión que aseguren un futuro de contribución a la solidez de la industria española.


Muchísimas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.


Para dar respuesta a las cuestiones planteadas, de nuevo tiene la palabra el señor Álvarez de Miranda.


El señor PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CUENTAS (Álvarez de Miranda García): Gracias, señor presidente.


Quiero indicar con relación a diversas intervenciones que se han formulado en esta Comisión que este no es un informe específico de la construcción naval, ni de la minería del carbón, ni de otros sectores que han quedado analizados
indirectamente, sino que el objeto del informe es mucho más simple, porque aborda las aportaciones de SEPI y sus posibles repercusiones futuras. Por lo tanto, esto tiene varios efectos en relación con las preguntas que ustedes me han formulado. No
existe seguimiento de recomendaciones anteriores cuando lo estamos valorando en comparación con informes que sí valoraban la construcción naval o RTVE. ¿Por qué? Porque lo haremos en el momento en que abordemos y analicemos los sectores en
discusión. En este sentido, quiero decir que, efectivamente, en el programa de fiscalizaciones de este ejercicio hay una actuación específica sobre las cuencas mineras que ha sido realizada precisamente a petición de la Comisión mixta, donde buena
parte de las preguntas que ustedes me han formulado seguramente se podrán abordar de una mejor manera, incluso cuando me han planteado la falta de información que en el informe se produce sobre los planes de cierre de minería de carbón, etcétera.
El informe recoge la información que de la propia fiscalización surge, es decir, lo que nos ha contestado aquel que tiene la obligación de respondernos, que es la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales. Seguramente será diferente este
tipo de preguntas y respuestas en el momento en que nos dirijamos directamente a las empresas que tienen este problema de planes de cierre pendientes de abordar y resolver.


Otra de las cuestiones que me han planteado son las repercusiones en el déficit público, que indudablemente dependen de que consideremos estas ayudas como aportaciones financieras al capital o como sufragio sistemático de pérdidas
recurrentes. Por lo tanto, no puedo dar una contestación directamente a esta cuestión derivada de este informe. Ustedes saben perfectamente que en cada una de las cuentas generales del Estado valoramos este tipo de repercusión, tanto desde el
punto de vista financiero en los resultados de la cuenta general como desde el punto de vista patrimonial.


Me han hecho otra serie de preguntas. En concreto, me han preguntado por qué no hemos valorado el posible retorno derivado precisamente de estas operaciones. Pues bien, vuelvo a lo mismo, indudablemente, para valorar y analizar el retorno
de este tipo de operaciones y, en definitiva, aplicar una especie de ejercicio de evaluación de políticas públicas, el marco adecuado sería la fiscalización concreta del sector cuando tuviéramos todos los datos de la propia gestión y pudiéramos
realizarlo en condiciones de análisis de ese sector. Cuando estamos fiscalizando SEPI, que tiene una información limitada sobre este tipo de cuestiones, donde por otra parte lo que estamos buscando fundamentalmente es el análisis financiero
derivado de las posiciones de SEPI como tenedor de las acciones de estas entidades, las posibilidades de hacer efectivo lo que usted solicita en el caso concreto del retorno -me refiero al Grupo Ciudadanos- son más limitadas. Estaría mucho más
acorde a lo que usted solicita la fiscalización concreta que en su momento vamos a tener que realizar sobre la minería o, en concreto, cuando valoramos RTVE desde el punto de vista de las aportaciones, o en el caso de Navantia - y yo creo que usted
se refería más al caso de Navantia- en el sentido de que allí había inversiones de I+D+i. Pues

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bien, como también ha planteado otro de los intervinientes, la mejor manera de valorar las inversiones de I+D+i es poder verificar la labor de patentes que pueda derivarse de un ejercicio inversor desarrollado en este ámbito. También me
pregunta sobre el nombramiento de presidente en el caso de RTVE. Yo creo que usted verdaderamente respira por la actualidad del momento, y lo entiendo perfectamente, pero usted también tiene que entender que la función del tribunal no está
vinculada a la actualidad y, por otra parte, yo no le puedo contestar en condiciones en relación con este asunto. Existen muchos modelos de elección de cargos institucionales. Todos son válidos, son congruentes y respetan los principios de
independencia y los criterios de profesionalidad que se tienen que llevar a efecto en los diferentes estamentos.


Me preguntan también diferentes cuestiones sobre recomendaciones, por qué no se han valorado recomendaciones sobre el informe anterior. Creo que en parte lo he contestado, en la medida en que nos tendríamos que referir a informes que tienen
una naturaleza diferente a la que tiene este.


Nada más. Muchas gracias, presidente.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.


- INFORME DE FISCALIZACIÓN DEL ALTO COMISIONADO DEL GOBIERNO PARA LA MARCA ESPAÑA. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000258 y número de expediente del Senado 771/000254).


El señor PRESIDENTE: Pasamos al debate del siguiente punto, que corresponde al informe de fiscalización del Alto Comisionado del Gobierno para la Marca España. De nuevo, tiene la palabra el señor Álvarez de Miranda para exponer el informe.


El señor PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CUENTAS (Álvarez de Miranda García): Muchas gracias, señor presidente.


Antes de abordar este informe, me gustaría decir, de una manera muy sencilla pero también con un cierto orgullo personal, que este informe hace el número cuatrocientos que presento ante la Comisión mixta. En la medida en que las cifras
redondas son para tenerlas en cuenta en determinadas circunstancias, me felicito de haberlo podido conseguir. El proyecto Marca España se ha concebido como una política de Estado con vocación de permanencia y tiene por objetivo prioritario la
mejora de la imagen exterior de nuestro país. En este contexto, el Alto Comisionado del Gobierno para la Marca España fue creado con el objetivo de proponer al Gobierno medidas para la mejora de la imagen de España, así como la planificación, el
impulso, la coordinación y el seguimiento de la acción exterior española, pública y privada, en los aspectos económico, cultural, social, científico y tecnológico. Su actividad se dirige a la promoción de dicha imagen, sin perjuicio de las
competencias que en este ámbito tienen atribuidos los distintos departamentos ministeriales. El alto comisionado es nombrado por el Consejo de Ministros, tiene rango de secretario de Estado a los efectos de representación y protocolo, y sus
funciones no son retribuidas, si bien tiene derecho a indemnización por los gastos de viaje, estancias y traslados. Le asiste en el desempeño de sus funciones una oficina con apoyo administrativo por parte de los órganos de distintos ministerios.


Como resultados de fiscalización, se ha observado que existe un insuficiente desarrollo normativo del ejercicio de las funciones del Alto Comisionado para la Marca España. Algunas de sus funciones eran asumidas por órganos del Ministerio de
Asuntos Exteriores y de Cooperación o bien por otros organismos estatales, autonómicos o locales, que, sin embargo, no han dejado de ejercerlas tras la creación del nuevo órgano. La oficina, más allá de su real decreto de creación, no cuenta con
normas que regulen su funcionamiento ni tampoco con los criterios para relacionarse con las empresas colaboradoras. No consta publicada en el portal de transparencia ninguna de las informaciones que exige la Ley de transparencia, acceso a la
información pública y buen gobierno, y durante el desarrollo de la fiscalización la oficina solicitó la inclusión en dicho portal del currículum del alto comisionado, que no coincide con la información remitida a petición del Tribunal de Cuentas.
En cuanto al análisis económico-financiero, en los Presupuestos Generales del Estado, a partir del ejercicio 2015, se individualiza la referencia al Alto Comisionado para la Marca España en la memoria de un programa específico. No obstante, esta
circunstancia no se contempla en partidas individualizadas destinadas a dotar de créditos presupuestarios para realizar sus actuaciones. El Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación asume, dentro de los créditos de su presupuesto, los
gastos corrientes derivados del funcionamiento ordinario de la Oficina del Alto Comisionado. Aunque en un programa se menciona la colaboración de la Dirección General de

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Relaciones Económicas Internacionales del ministerio con la Oficina del Alto Comisionado en el desarrollo de sus funciones, tampoco se prevé dotación presupuestaria específica alguna ni objetivos o indicadores relativos a la misma. Esta
situación ha sido puesta de manifiesto por la Oficina del Alto Comisionado, señalando que la falta de presupuesto impide el desarrollo de actividades dirigidas al cumplimiento de su misión y que compromete el éxito del proyecto Marca España para el
futuro. La oficina ha centrado su actividad en el seguimiento de una serie de indicadores y tablas clasificatorias, nacionales e internacionales, que monitorizan la imagen de España. Tales índices son elaborados por distintas instituciones,
mostrando una evolución positiva de la valoración de nuestro país en los últimos años, si bien no miden el impacto de la actuación del alto comisionado ni el de su actividad. El proyecto Marca España, en sus planes anuales, configura su estrategia
mediante objetivos generales que carecen del necesario desglose en objetivos sectoriales en acciones concretas y medibles. Su seguimiento desagregado es prácticamente imposible, puesto que no se establecen indicadores que permitan medir su
consecución ni su impacto en la evolución de la imagen de España. La mayoría de las líneas de actuación no dependen de la acción del alto comisionado en su planificación, impulso y cumplimiento.


Por lo que se refiere a la colaboración público-privada, se han suscrito cuarenta y un convenios de colaboración entre 2012 y principios de 2017, incluyendo uno celebrado con la empresa privada de cuyo consejo de administración era vocal
asesor el alto comisionado. Las comisiones de seguimiento previstas en algunos convenios no han llegado a reunirse nunca ni tampoco se han remitido actas u otra documentación relativa a varios de los convenios celebrados. Por otra parte, también
se han celebrado pactos de manera verbal, sin formalización en documento escrito alguno, lo que no se ajusta a la normativa de procedimiento administrativo y de transparencia, impidiendo cualquier revisión y control posterior de lo acordado.
Finalmente, la firma de un convenio con una asociación privada permitió que la Oficina del Alto Comisionado pudiera disponer de fondos aportados por empresas privadas. Tales fondos fueron destinados a gastos ordinarios de funcionamiento de la
oficina y al pago de servicios prestados por terceros, sin ajustarse a la normativa que regula los flujos de ingresos en la Administración.


Nada más. Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.


Por el Grupo PDeCAT, tiene la palabra el señor Bel.


El señor BEL ACCENSI: Gracias, presidente.


Quisiera felicitar al señor presidente por estos cuatrocientos informes presentados y dejar constancia de su perseverancia y su buen hacer junto con todo el personal del Tribunal de Cuentas.


En relación con este informe del proyecto Marca España, creo que las conclusiones son claras. Hay un insuficiente desarrollo normativo. Cuando se creó en 2012, nuestro grupo ya dijo que intentaba ser una operación de marketing. Nosotros
creíamos que era de más calado, pero la realidad constata que ha sido muy pobre. Era un proyecto para vendérselo a los españoles, para decir que se trabajaba para vender esta marca España, pero la realidad es que había mucho humo y poco contenido.
Creo que el informe es claro, no hay desarrollo normativo. Además, hay incumplimientos graves, como el de obviar en el portal de transparencia la información que fija la misma Ley de transparencia. Las funciones, como establece la conclusión 4,
del Alto Comisionado de la Marca España ya eran parcialmente asumidas por otros órganos del ministerio y no han dejado de hacerlo. La marca España configura una estrategia mediante objetivos generales que carecen del necesario desglose en objetivos
sectoriales, acciones concretas y medibles, y yo creo que esto es lo más significativo. No hay índices, no hay tablas, no hay forma de saber si los objetivos que se habían establecido llegan o no a buen puerto. De hecho, es significativo el
análisis que se hace en el informe de cada uno de los planes anuales de la acción exterior de la marca España. La principal conclusión de 2013 es que no se ha encontrado valoración alguna de los resultados de estas líneas de actuación. No se
recoge ningún análisis concreto de los resultados de dichas actividades. En 2014, la conclusión es idéntica: no se ha aportado análisis alguno de los resultados de las actividades contenidas. Tampoco en el plan del 2015 hay evaluación del 2014.
El plan de 2015 sí que introduce alguna curiosidad. Por ejemplo, se establece que marca España presentó un documento de 109 páginas, titulado 'Mapa de actividades 2015', que recogía más de quinientas actividades, pero cuando uno las analiza se
constata que solo ocho habían sido organizadas por el propio Comisionado de la Marca España.


En el plan de 2016 continúa exactamente la misma situación. Los objetivos son inconcretos; es más, incluso es significativo que cuando el Tribunal de Cuentas se dirige al alto comisionado para que le concrete los objetivos, uno de ellos es
mejorar la autoestima en España. Eso resulta curioso y constata lo

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que ya dijimos, que esta era una operación de marketing -pero de marketing interno, no de marketing externo, que no se equivoque nadie-, que esta era una operación dirigida a convencer a los españoles de que esta marca cotizaba mucho ad
intra. En todo caso, las recomendaciones también son muy claras: se debería haber desarrollado un marco normativo, que no se ha desarrollado; se debería haber dotado de recursos humanos y materiales, que no se han dotado. Uno puede estar de
acuerdo con la colaboración público-privada, pero dejarlo todo en la parte privada de la colaboración público-privada también resulta curioso. A la vez, obviamente, también se recomienda la adopción de medidas para mejorar el sistema de seguimiento
de la ejecución y el control de los acuerdos y convenios suscritos, y yo creo que aquí el informe es muy benévolo porque dice: para mejorar el sistema de seguimiento. ¡Si no ha habido sistema de seguimiento y control de los acuerdos y convenios
suscritos! Por tanto, creo que el nuevo Gobierno debería replantearse de forma muy seria, vista la experiencia y visto este informe, el futuro de este proyecto Marca España.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Bel.


Por el Grupo Parlamentario Vasco, tiene la palabra la señora Etxano Varela.


La señora ETXANO VARELA: Gracias, presidente.


Gracias, señor Álvarez de Miranda, por este informe cuatrocientos. Pocos son tan fáciles y tan claros de leer como este informe de la marca España; un informe que se acuerda a iniciativa del pleno del tribunal que, tal y como dice el
propio informe de fiscalización -y lo leo literal-, se realiza con el objetivo de promover buenas prácticas de organización y gestión entre las entidades públicas, contribuyendo al buen gobierno y a orientar la toma de decisiones en la gestión de la
actividad económica financiera pública, la ejecución de los programas de ingresos y gastos y desempeñar actuaciones fiscalizadoras de alta calidad y con el máximo impacto posible sobre ámbitos de gestión cualitativamente importantes en sectores que
nunca se hayan fiscalizado. También podría ser que no se volviera a fiscalizar.


La creación del Alto Comisionado del Gobierno para la Marca España fue una de las tantas decisiones de la X Legislatura con la que nuestro grupo no estuvo de acuerdo. Nuestro grupo, desde su creación, fue crítico con este Alto Comisionado
para la Marca España. Su creación no estuvo exenta de polémica, no solo en el resto del grupo sino dentro el propio Gobierno y también en el tejido económico, en el tejido empresarial. Por un lado, dentro del propio Gobierno dejó a la Secretaría
de Estado de Comercio, entre otras, con funciones limitadas, y desde el tejido económico recibió críticas por la labor de un comisionado en su entendimiento de la marca España a través de tópicos que poco ayudan a mejorar la imagen de país. España
todavía -más en 2012, cuando se crea este alto comisionado- tiene una imagen de país poco innovador y tecnológicamente menos avanzado. No se trata tan solo de una imagen; todavía presenta esa vulnerabilidad si nos referimos a los informes del
semestre europeo, y con ocasión de los presupuestos lo hemos ido comentando todos los grupos.


Las empresas precisan de las administraciones coordinación, apoyo y acompañamiento, que va mucho más allá de tópicos trasnochados y anticuados como sol, toros o fiestas, que además de no ser la mejor tarjeta de presentación, poco ayudan a la
marca España; en realidad a ninguna marca pueden ayudar. El alto comisionado en su labor se ha preocupado más de criticar y menospreciar la labor que durante años y con gran acierto se realizan desde otras comunidades autónomas, en las que
destacan Cataluña, País Vasco o Navarra -los datos son tozudos- en apoyo a su tejido económico y empresarial, a crear una marca. Las declaraciones del alto comisionado ya son parte de la hemeroteca. Nunca se va a conocer la marca Euskadi o la
marca Cataluña; por mucho que se ensañen unos y otros, lo único que llega a conocerse es la marca España. El alto comisionado, en lugar de aprovechar sinergias, se ha dedicado con mucho esfuerzo y pocos resultados a la propaganda, esforzándose en
denostar el resto de actuaciones para poner en valor la marca España. Creemos que la labor realizada desde otras comunidades con seriedad y responsabilidad es apreciada por el sector y por el tejido empresarial, que valora más la coordinación que
el enfrentamiento y el tópico. En definitiva, el resultado esta fiscalización operativa, a nuestro entender, viene a corroborar algo que para nuestro grupo era evidente y que queda perfectamente plasmado en las conclusiones del informe.


El comisionado fue creado de una manera curiosa para cumplir los condicionantes de Hacienda sin presupuesto ni relación de puestos de trabajo. Existe el comisionado puesto que se recoge su existencia en el Real Decreto 998/2012, por el que
se crea esta figura, que, posteriormente, durante 2018 se le ha añadido la defensa de la lengua española. Se crea un alto comisionado con rango de secretaria de Estado

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pero sin sueldo ni retribución, salvo las indemnizaciones por gastos de viaje, que alcanzan los 289 428 euros. De su propia y especial creación se derivan, a nuestro entender, todos los problemas: la falta de financiación, la falta de un
plan estratégico y la falta de transparencia. Las funciones atribuidas al alto comisionado ya eran asumidas por otros órganos del Ministerio de Asuntos Exteriores, por el Ministerio de Economía, a través de la secretaría de Estado que he comentado.
Por tanto, el déficit mayor, a nuestro entender, el que se deriva de la conclusión séptima del informe, en cuanto a los objetivos del alto comisionado, ya que este se concibe como una política de Estado pero no se le dota de recursos, lo que resulta
su mayor contradicción.


Esas labores, la mejora de la imagen exterior y que ayuden al crecimiento económico, creación de empleo, aumento de las exportaciones, atracción de inversión extranjera, internacionalización de la economía o turismo de calidad se podrían
realizar adecuadamente a través de la coordinación de distintos ministerios con las estructuras de las que ya disponen; por ejemplo, la Secretaría de Estado del Ministerio de Asuntos Exteriores, a través de las embajadas y distintas oficinas
comerciales en el exterior, todo ello en coordinación con las estructuras de que disponen las comunidades autónomas. Las cámaras de comercio, a pesar de los intentos de desmantelamiento de 2012, han conseguido mantener una buena coordinación
exterior y con más recursos, experiencia, planificación y aciertos. Por tanto, supongo que el nuevo Gobierno se debería replantear la existencia de este alto comisionado.


Eskerrik asko.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Etxano.


Por el Grupo de Esquerra Republicana, tiene la palabra el señor Picornell.


El señor PICORNELL GRENZNER: Gracias, señor presidente.


Desde Esquerra felicitamos también al presidente del Tribunal de Cuentas por su trabajo, por este informe y por todos los demás. Para nosotros este informe de fiscalización de la marca España es de vergüenza ajena. Aunque el Alto
Comisionado para la Marca España tuvo la osadía y el atrevimiento de decir que se equivocaban los del Tribunal de Cuentas, para nosotros hay algunas cosas, que ya ha citado el presidente, que son absolutamente sorprendentes. Quiero citar algunas
porque es importante subrayarlas. En primer lugar, dice el Tribunal de Cuentas que no consta publicado en el portal de transparencia ninguna de las informaciones que exige justamente la Ley de transparencia. En segundo lugar, que el alto
comisionado no cuenta con ninguna norma que regule su funcionamiento, cosa que también es sorprendente. En tercer lugar, dice que alguna de las funciones atribuidas ya eran parcialmente asumidas por otros órganos del ministerio, pero como no vienen
aquí a crear estructuras superfluas y de rango estricta y únicamente político, pues tal día hará un año. En cuarto lugar, dicen que es prácticamente imposible hacer un seguimiento de los objetivos generales del alto comisionado y, además, dice que
la gran mayoría de las líneas de actuación previstas no depende justamente de la acción del alto comisionado y, por lo tanto, nos preguntamos qué sentido tiene ese órgano. En quinto lugar, explica que no hay financiación para el alto comisionado,
que es prácticamente inexistente, y que por lo tanto existe la figura de firmar convenios de colaboración con grandes empresas, algunas de ellas con posible interés justamente para el alto comisionado, y hablo quizá de interés personal; así que
deberíamos investigar más en esta dirección. En sexto lugar, dice que el sistema que permite al alto comisionado disponer de fondos no se ajusta a la normativa que regula los flujos de ingresos de la Administración. Insisto, esto a nosotros nos
produce vergüenza ajena, nos indigna y, como mínimo, nos sorprende. Esto supone una falta de transparencia que aparece de manera reiterada en otros informes del tribunal. Si no se enseña toda la información, si no se es cien por cien transparente,
nosotros nos preguntamos qué tienen que ocultar.


Decíamos que para nosotros el responsable del alto comisionado tiene vínculos como mínimo dudosos con grandes empresas con las que colabora, algo que también pasa con altos cargos de la Administración, aunque lo disimulan, cosa que él no se
molesta en hacer. Para nosotros esto no son solo puertas giratorias posteriores al cargo, sino que se producen en el ejercicio del mismo, aunque no se trata de un cargo remunerado. De hecho, el propio informe recoge algunas cifras que nos
sorprenden. Dice que el ministerio aporta 300 000 euros, de los cuales el 25 %, es decir, 70 000 euros, se destina a viajes. Pues ¡qué viajes, si se han gastado 70 000 euros! Nosotros también queremos denunciar esta situación.


Volviendo a los contratos con las empresas, queríamos formular algunas preguntas a pesar de que pudieran resultar retóricas. En primer lugar, preguntamos si hay intereses económicos o intereses ocultos más allá del objetivo del alto
comisionado. Ya hemos dicho que si no se es cien por cien transparente nos gustaría saber qué tienen que ocultar. Por último, nos gustaría saber si el cien por cien de la cuantía

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aportada por las empresas a la marca España se destina solo a proyectos o a más cosas. El tribunal no ha podido acceder a esta información, situación que para nosotros es muy preocupante, teniendo en cuenta las vinculaciones con grandes
empresas del Estado, como Sacyr o Inditex, algunas de las cuales cuentan en sus consejos de administración con la colaboración del alto comisionado, cosa, a nuestro entender, absolutamente fuera de lugar. Hablamos de convenios dudosos respecto de
los que para nosotros evidentemente existe un conflicto de intereses que es necesario denunciar una vez más.


Antes decíamos que pese al demoledor informe, marca España tuvo la osadía de contestar al Tribunal de Cuentas diciendo que no había comprendido el objetivo del alto comisionado. Nosotros no comprendemos que no se sea transparente, que
existan irregularidades, conflictos de intereses entre las empresas y el Alto Comisionado del Gobierno para la Marca España.


El señor PRESIDENTE: Tiene que ir acabando, señor Picornell.


El señor PICORNELL GRENZNER: Voy acabando.


No es la primera vez que denunciamos esto en la Comisión. Todo el mundo debe cumplir las leyes, hay unas obligaciones y unos deberes para con el Estado, pero parece que en este caso no es así, por lo que denunciamos una vez más esta
situación. Basta ya con los casos de impunidad como los que tenemos delante. Exigimos respuestas del alto comisionado, respuestas que no nos va a dar el presidente del Tribunal de Cuentas, porque no es su deber, aunque sí le pedimos que traslade
dichas exigencias al alto comisionado. Para terminar, quiero señalar que si el objetivo era que mejorase la tarjeta de presentación del Estado en el exterior, lo que se ha hecho es justamente lo contrario, por lo que pensamos que no solo se debería
producir una rectificación, sino que el nuevo Gobierno debería emprender medidas en este sentido.


Gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.


Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra el señor Ten.


El señor TEN OLIVER: Gracias, presidente.


Señor Álvarez de Miranda, mi grupo parlamentario no puede por menos que unirse a la felicitación por los cuatrocientos informes presentados. La verdad es que el informe relativo al Alto Comisionado del Gobierno para la Marca España ha sido
complicado de fiscalizar, porque, como usted comentaba, es una figura bastante atípica, no tiene presupuesto, ni tiene desarrollo normativo, ni seguimiento ni control de sus situaciones y convenios suscritos, ni tampoco aparece en el portal de
transparencia la información sobre el comisionado. El alto comisionado es un organismo que creó el Gobierno de Mariano Rajoy en 2012, tarea encomendada a un empresario de dilatada y exitosa trayectoria, como es Carlos Espinosa de los Monteros. Mi
grupo parlamentario no va a criticar el trabajo que ha realizado el señor Espinosa ni la labor que ha llevado a cabo, pero lo cierto es que genera muchísimas dudas, lo cual da argumentos, da pie a los grupos parlamentarios, a los grupos populistas,
a los secesionistas, independentistas, a destrozar la labor que pueda haber realizado este empresario. No obstante, algunas de las funciones atribuidas al Alto Comisionado del Gobierno para la Marca España eran parcialmente ejercidas por otros
órganos del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación. Señor Álvarez de Miranda, yo quisiera preguntarle si usted no piensa que este sea un claro ejemplo de duplicidad administrativa.


En la fiscalización de la muestra de convenios analizada, como ha comentado también usted, se ha observado el seguimiento y control de la documentación y de la ejecución de dichos convenios, que ha sido defectuosa. Resulta impresionante el
buen trabajo realizado, a pesar de que, como ha comentado el señor Bel, sea una parte muy pequeña lo realizado propiamente por el comisionado. En cualquier caso, el prestigio del alto comisionado permitió que su oficina pudiera disponer de fondos
privados, como usted ha comentado, el pago de servicios prestados por terceros para proyectos, sin que por otra parte esto se ajustara a la normativa que regula estos flujos de ingresos de la Administración. En este sentido, le pregunto: ¿Qué
valoración, al margen de la legal, hace el Tribunal de Cuentas sobre estos convenios? ¿Piensa que son útiles o interesantes? ¿Realmente han aportado algo?


El propio tribunal hace cierta revisión de los objetivos del alto comisionado, cosa que agradecemos, con las normales salvaguardas relativas al seguimiento, que es prácticamente imposible, como nos ha comentado. No se establecen indicadores
que permitan medir esa consecución. Esto lo dicen en distintos informes, señor presidente, y desde nuestro grupo parlamentario siempre les pedimos que, si es posible,

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establezcan unos indicadores. Si este organismo no los ha establecido, ¿qué necesitan ustedes para poder marcar unos indicadores? Porque, de esta manera, se hace imposible la fiscalización de este organismo. Como se ha comentado, tenemos
289 000 euros en gastos de indemnizaciones por traslados, dietas, etcétera. Se está utilizando dinero público para este cometido, pero no tenemos forma de fiscalizar la gestión de esta institución.


Para terminar, quisiera decir que han pasado seis años y no sabemos cuál será el futuro del alto comisionado, no sabemos qué va a hacer este señor, tampoco conocemos las decisiones que va a tomar el Gobierno con relación a este organismo,
por lo que me gustaría, por último, que hiciera, no una valoración política, pero sí técnica. ¿Ha sido este organismo técnicamente eficaz? ¿Ha sido útil? Insisto, el artículo 136 de la Constitución española dice que el Tribunal de Cuentas es el
órgano supremo fiscalizador de las cuentas y de la gestión económica del Estado, por lo que desde Ciudadanos queremos saber si este señor ha sido simplemente un embajador honorífico, si ha sido un conferenciante al que le han pagado los viajes. Me
gustaría saber si realmente este sistema es idóneo, eficaz, para el objetivo de promocionar la marca España, sobre todo ahora, con todo el tema de la lengua.


Muchísimas gracias, presidente.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ten.


Por el Grupo Confederal de Unidos Podemos, tiene la palabra la señora García.


La señora GARCÍA SEMPERE: Muchas gracias, señor presidente.


Muchas gracias, presidente del Tribunal de Cuentas, por este informe, que creo que deberían pasárselo a las universidades como ejemplo de cómo no hacer una política de Estado, porque es realmente terrible leerlo y ver que no han conseguido
hacer nada con lo que debería haber sido una política de Estado más o menos acertada, más o menos útil. Desde el punto de vista económico no existe la marca España; tampoco es una identidad con personalidad jurídica, con lo cual jurídicamente
tampoco es nada. Es un ente en el entorno de la Administración General del Estado, pero sin precedentes, con un cargo que no existe y no tiene contraparte en ningún otro sitio; no le afecta la Ley de transparencia; no tiene relación de puestos de
trabajo propios pero sí personal por cuenta de entidades privadas y cinco estudiantes en prácticas; no tiene normas de funcionamiento; no tiene presupuestos propios y el único gasto que aparece aquí recogido -que asume el Ministerio de Asuntos
Exteriores- no llega a los 300 000 euros y el 40 % del dinero fue a conductores y vehículos; digo yo que la marca España no la estarían promocionando en Cuenca, habría que haber salido fuera; no entendemos muy bien por qué tanta parte del gasto se
va a vehículos.


Las conclusiones son terribles: un secretario de Estado solo a efectos de representación y protocolo, al que se le exime del resto de obligaciones que le impone la ley -mis compañeros han ido diciendo más o menos todo el perfil-; elección
de una persona con un perfil de empresario privado, unido a la suscripción de convenios de colaboración público-privada -algunos sin soporte documental, de forma verbal-, en algunos casos entre este alto comisionado y una empresa textil muy famosa
de la que esa persona es consejera, pero como no queda nada -ahí está la arbitrariedad- no pasa nada y solo se presentan ambas facturas de un año pero no del resto de la vigencia del convenio; no hay norma que regule su funcionamiento -las
funciones se duplicaban-; carece de objetivos generales, trasladados a objetivos sectoriales; es defectuoso el control y seguimiento de convenios, y las aportaciones privadas que se canalizaron han quedado al margen de los controles
presupuestarios.


Desde mi grupo tenemos muy pocas preguntas; de hecho, solo una, fundamental: además de todo este despropósito, que parece ser que tiene mucho que ver con que el nuevo ministro de Exteriores haya ido a Estados Unidos a hablar de algunas
cosas con el alto comisionado, ¿han detectado responsabilidades contables el fiscal o la Abogacía del Estado? ¡Porque es lo que faltaba ya!


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora García.


Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora Alconchel.


La señora ALCONCHEL GONZAGA: Muchas gracias, señor presidente.


Gracias, señor presidente del Tribunal de Cuentas, por su exposición de este informe de fiscalización y por el trabajo que ha realizado el Tribunal de Cuentas. La verdad es que desde el Grupo Socialista agradecemos mucho esta fiscalización
del alto comisionado porque desde que se creó su figura en 2012

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el Gobierno anterior nunca, jamás nos ha dado respuesta a las preguntas que hemos formulado -o nos ha contestado con evasivas y sin aportar ningún tipo de información útil- ni ha atendido nuestras solicitudes de comparecencia ni las
peticiones de informe. Por tanto, la transparencia y la rendición de cuentas por parte del anterior Gobierno en lo que se refiere a este órgano han brillado por su ausencia desde el punto de vista de mi grupo parlamentario.


Tomamos buena nota de las recomendaciones formuladas porque hay que modificar todo aquello que ha impedido que los objetivos específicos de la fiscalización por parte del Tribunal de Cuentas se hayan podido alcanzar íntegramente. Nos parece
muy grave que en el seno de la Administración General del Estado, en un órgano que depende funcionalmente del presidente del Gobierno y orgánicamente del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, el máximo órgano fiscalizador se encuentre
con verdaderas dificultades para desarrollar sus funciones. Compartimos que hay que introducir las medidas correctoras para solventar todas las cuestiones que se han recogido en el informe en cuanto a transparencia, régimen de compatibilidades o
duplicidad de funciones. Precisamente, en relación con la coordinación con otras administraciones, cuando se debatió en el Congreso la iniciativa del Grupo Popular en relación con el Plan General de Marca España en 2012, hicimos muchísimo hincapié
en la necesidad de coordinación entre las comunidades autónomas y el Gobierno de España. La propia Oficina del Alto Comisionado reconoce en sus alegaciones que la coordinación con las comunidades se ha limitado a la creación de un grupo de trabajo
que se ha reunido en una sola ocasión y a la realización de determinados actos con algunas comunidades. ¿De verdad puede decirse que ha existido coordinación bastante o suficiente para el mejor cumplimiento de los objetivos encomendados al alto
comisionado? Entendemos que evidentemente no.


Llama la atención que en unos años donde cualquier acción política del Gobierno se justificaba en los principios de racionalización, sostenibilidad y prohibición de duplicidad de acciones en el ámbito público no se introdujeran esos
mecanismos correctivos en términos de mejora de la eficacia y de la eficiencia, previendo que las funciones que se le atribuían al alto comisionado las estaban asumiendo ya otros órganos del Ministerio de Asuntos Exteriores y otros organismos de la
Administración General del Estado y que además han continuado ejerciéndolas después de la creación del nuevo órgano. Por tanto, nos surge una duda: ¿El número de acciones realizadas exclusivamente por la oficina son las suficientes para entender
que per se justifican la actividad propia de este nuevo órgano? Porque la mayoría de las líneas de trabajo que se han marcado los planes de actuación, como ya se ha dicho, no dependen del alto comisionado a la hora de planificarlas ni de
ejecutarlas y además no ha habido ningún tipo de evaluación de los planes que presentaba, creemos que por agotamiento de un órgano que realmente no tenía facultades operativas. No se puede evitar, por tanto, tener la sensación de que marca España
ha sido como una percha donde se han ido colgando todas las acciones que han ido realizando los organismos estatales que actúan en el mismo ámbito de su competencia.


En cuanto a la falta de presupuesto propio, en aquel debate de 2012 también advertimos que era necesario dotarlo de un presupuesto específico. Sin financiación era imposible la viabilidad del proyecto y, a la vista del informe, vemos que
estamos ante un ente sin capacidad operativa. En los programas presupuestarios del Ministerio de Asuntos Exteriores ya se ha dicho: no hay información cuantitativa alguna ni objetivos ni indicadores que hagan referencia a la entidad. Para colmo,
la fiscalización ha acreditado que parte de estos gastos de funcionamiento de la oficina y pagos a terceros se han canalizado a través de algunas empresas privadas por un mecanismo en el que contrata marca España, factura el ministerio y abona
directamente la empresa privada, algo que infringe la normativa presupuestaria y que nos parece una práctica bastante dudosa.


En cuanto a las actividades realizadas por terceros sobre la base de convenios de colaboración, hay déficit en el procedimiento para su elaboración e imposibilidad de su seguimiento, pero nos parece aún más grave que ni siquiera se haya
podido acreditar la realidad de las actividades ni la relación de las mismas con los objetivos de marca España ni los gastos originados en la misma; un apartado especial es el tema de los contratos y los acuerdos verbales: estamos en el siglo XXI,
existe la Ley 30/1992, de transparencia, y desde luego ni los negocios jurídicos ni los acuerdos pueden celebrarse con un apretón de manos basado en la buena fe de las partes. Además, se habla de la incapacidad de autoevaluación, pero es más grave:
no hay una planificación previa que permita establecer objetivos, mecanismos de seguimiento, etcétera. Por tanto, desde el punto de vista operativo, entendemos que hay evidencia de un gran déficit en términos de buena gestión, racionalización,
eficacia y eficiencia.

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Como conclusión final, queremos decir que la oficina prácticamente no ha podido realizar su labor. Hay que recordar que la oficina y la figura del alto comisionado se crearon generando altas expectativas, pero no podemos conocer el impacto
real que ha tenido la acción del alto comisionado y de la oficina en la evolución de la imagen de España. Desde el partido del Gobierno que lo creó se defendió -y concretamente en relación con la marca España- eso de que es posible hacer más con
menos; en este caso, más con cero euros, pero hemos visto que no es posible ni viable. Por tanto, creemos que este órgano, que podría haber desarrollado una buena actividad de homogeneización de criterios y coordinación, en realidad para lo que ha
servido es para que el Gobierno anterior hiciera un uso propagandístico y, a la vista del informe, ha quedado claro que ha sido el propio Gobierno anterior el que frustró todas sus capacidades para desarrollar todas aquellas funciones que tenía
encomendadas. Por tanto, se han frustrado las expectativas y no sabemos si realmente este órgano ha sido un valor añadido a la proyección de la imagen de nuestro país a la vista de las limitaciones que ha tenido.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.


Para finalizar, por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la señora Martínez Gómez.


La señora MARTÍNEZ GÓMEZ: Señorías, buenas tardes.


Lo primero que quiero hacer, si me permiten esa licencia, es subrayar un acierto: la decisión adoptada por el Tribunal de Cuentas de incluir entre su relación de fiscalizaciones al Alto Comisionado del Gobierno para la Marca España, y lo
digo porque las fiscalizaciones nos permiten visualizar cómo podemos mejorar y, en ese sentido, no solo optimizar la gestión de los recursos públicos, los de todos, sino también aportar seguridad a quien administra y confianza y garantías al
administrado, y aquí me gustaría hacerle una pregunta, señor presidente: ¿Nos podría explicar cómo es posible que se produjera una filtración a la prensa del informe inicial? Dicho esto, tampoco quisiera pasar por alto un acierto, en este caso del
Gobierno presidido por Mariano Rajoy, porque la creación del alto comisionado fue un acierto, señorías. Ahí está el balance. Desde su puesta en marcha en 2012, las medidas propuestas al Gobierno no solo han contribuido a mejorar sensiblemente la
imagen exterior de nuestro país, sino que además se han engrasado la planificación, el impulso, la coordinación y el seguimiento de la acción exterior española, tanto pública como privada, en todos los ámbitos. Creo sinceramente -y no era nada
fácil- que esa percepción más saludable de España en el exterior ha ayudado mucho a superar la crisis económica, al permitir que se visualicen nuevos atractivos para la inversión extranjera, atraer turismo o, por citar solo otro rédito evidente,
abrir mercados hasta entonces inéditos para nuestras empresas.


La fiscalización que nos trae aquí el Tribunal de Cuentas esboza siquiera ese escenario, pero también nos ofrece pautas muy interesantes si queremos mantener esa progresión acreditada en la eficiencia del alto comisionado, si queremos en
definitiva que la imagen de España siga ganando enteros en el exterior. Es necesario -así nos lo dice el tribunal- avanzar en el desarrollo normativo de las funciones encomendadas al alto comisionado, a fin de exprimir sus fortalezas, y hablo no
solo del ámbito contractual, sino también del patrimonial y operativo. Pero también resulta interesante trabajar para mejorar la información en el portal de trasparencia, afinar sus relaciones con las empresas colaboradoras, evitar duplicidades
obvias con el Ministerio de Asuntos Exteriores, diseñar herramientas que permitan cuantificar el impacto en la evolución de la imagen de España, habilitar financiación y medios o, por citar solo otro horizonte plausible, ejercer un control de la
firma de convenios de colaboración y regular los flujos de ingresos a la Administración. Como ven, es tan intensa la tarea que hemos dejado atrás como la que se nos dibuja por delante, una tarea ilusionante, porque ilusionante es el potencial de
este país, y repito, ilusionante. Solo es una palabra, pero también la razón por la que me cuesta mucho digerir lo que se ha dicho hoy aquí. En 2011 España había perdido su credibilidad y nadie apostaba por otra cosa que no fuese la intervención
de este país. Un dato lo dice todo: veintiséis de los treinta mejores bancos del mundo estaban recomendando entonces a sus clientes que vendiesen sus activos en España; solo tres años después, veinticuatro apostaban por comprar, cuatro por
mantener posiciones y solo dos insistían en la necesidad de deshacerse de sus activos. De la España sin futuro hemos pasado con el Gobierno de Mariano Rajoy a la España del talento, de las oportunidades. Aquel enfermo que recogimos postrado en la
cama, desahuciado y en coma, no solo respira, sino que se ha levantado y ya pasea por la calle escuchando elogios del resto por su capacidad de superación y por su futuro.


Por eso, como les decía, hay cosas que he escuchado aquí que no se sostienen en pie. Da la impresión de que el nuevo Gobierno ya tiene decidido eliminar el alto comisionado, como parece que ya

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ha dejado entrever el ministro de Exteriores, y a partir de ahí tratan de allanar ese camino al absurdo, porque el revanchismo, señorías, siempre es absurdo. Si es así, díganlo, supriman el alto comisionado si es lo que quieren porque no
les encaja o simplemente porque fue una espléndida iniciativa del Partido Popular que a ustedes nunca se les ocurrió y que ha funcionado, pero no busquen excusas, y menos aún intenten disfrazarlo con críticas a la excelente labor que han realizado
con esfuerzo grandes profesionales en una situación especialmente compleja. No es elegante, señorías, ni sincero ni valiente ni propio de esta Cámara. Asuman sus responsabilidades si quieren dilapidar el patrimonio de este país y cerrar una de
nuestras mejores ventanas al exterior, pero no intenten buscar pretextos ni culpables. No los hay. Si acaso, solo ustedes. El resto, los españoles y el alto comisionado, simplemente seremos víctimas de sus complejos y sus prejuicios.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Martínez.


Para acabar, tiene la palabra de nuevo el presidente del Tribunal de Cuentas.


El señor PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CUENTAS (Álvarez de Miranda García): Gracias, presidente.


En este caso quiero comenzar con una cuestión que se deriva de la propia lectura del informe. En la medida que en las recomendaciones estamos proponiendo la mejora del alto comisionado, lo que queda muy claro es que el Tribunal de Cuentas
no cuestiona la existencia del mismo, sino que lo que hace es recomendar que se desarrolle su regulación, dotarle de los medios humanos y materiales suficientes y establecer los indicadores y elementos de gestión adecuados para poder evaluar, como
aquí se ha planteado, el resultado de una actividad que entendemos que puede ser perfectamente defendible y positiva, porque la figura del alto comisionado es más la figura de un órgano coordinador e impulsor de iniciativas, no es tanto la
existencia de un órgano ejecutivo, por lo que puede ser perfectamente compatible que exista un alto comisionado con las características de órgano coordinador con que las diferentes actividades desarrolladas por órganos y organismos concretos puedan
llevar a efecto su labor. Es simplemente una adecuada coordinación la que permitiría mantener ambas situaciones.


El informe se detiene -yo creo que es lo correcto de este informe- en valorar aquellas cuestiones que la configuración del modelo de marca España tenían de difícil en su configuración, cuestiones que por otra parte han coincidido con las
propias valoraciones del alto comisionado. El alto comisionado, en sus alegaciones, ha manifestado que la falta de presupuesto en la actuación de su gestión, como también la ausencia de determinadas cuestiones que afectan a su funcionamiento
interno, han sido hándicap del desarrollo de la misma. Con eso lo que quiero decir es que no está defendiendo el Tribunal de Cuentas una censura a la existencia de una figura, sino cómo esa figura se ha desarrollado en su momento inicial.
Indudablemente, aquí han salido expresiones del estilo de hacer más con menos o la labor administrativa desarrollada por un Gobierno en situaciones de gran penuria en el terreno económico, que quizá hayan justificado que posiblemente esta figura
desarrollada en otro tiempo hubiera sido diferente, yo estoy convencido de ello, porque seguramente se hubieran aportado los fondos necesarios para llevar a la práctica las medidas propuestas. Con todo ello lo que les quiero decir es que la
posición del tribunal es muy clara. Establecemos que los déficits de regulación, de información o de trasparencia deberían resolverse si efectivamente se mantiene esta figura del alto comisionado y que habría que aportarle los indicadores
necesarios para poder evaluar la gestión.


Me plantea el señor Ten: ¿Por qué ustedes no hacen indicadores alternativos? La labor de establecer los objetivos y la medición de los mismos es una responsabilidad directamente aplicable a los gestores. No es el ámbito de actuación del
control establecer cómo deben evaluarse estos indicadores porque forma parte de una responsabilidad directa de la gestión comprometerse a cómo debe evaluarse su gestión. En ocasiones, el control externo puede llevar a efecto indicadores aproximados
cuando nos encontramos con situaciones muy groseras que requieren algún tipo de análisis respecto de este asunto, pero nos encontramos ante un problema en el caso de la marca España y es que verdaderamente la gestión debería haberse diseñado de una
manera más concreta y efectiva y, por tanto, se habría podido efectuar un seguimiento mucho mejor.


Me han planteado ustedes si ha habido una crítica por parte del tribunal a la existencia de conflicto de intereses. No, en el informe no hay ninguna censura por conflicto de intereses, no aparece en el informe, ni tampoco existe ningún
planteamiento de efectiva responsabilidad contable exigida por el abogado del

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Estado ni por el fiscal en relación con este informe. Yo creo que esas son cuestiones que ustedes deben conocer.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Antes de pasar al siguiente informe, yo también quiero que conste la felicitación de este presidente por los cuatrocientos informes que ha presentado el señor Álvarez de Miranda y sobre todo por la infinita paciencia
con que responde a todas su señorías, entre las cuales me incluyo, pues fui portavoz de esta Comisión.


- INFORME DE FISCALIZACIÓN DEL FONDO PARA LA INTERNACIONALIZACIÓN DE LA EMPRESA (FIEM), EJERCICIOS 2015 Y 2016. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000259 y número de expediente del Senado 771/000255).


El señor PRESIDENTE: Pasamos al siguiente informe, que es el del Fondo para la Internacionalización de la Empresa, ejercicios 2015 y 2016.


De nuevo tiene la palabra el señor Álvarez de Miranda.


El señor PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CUENTAS (Álvarez de Miranda García): Gracias, señor presidente.


El Fondo para la Internacionalización de la Empresa, FIEM, es un fondo carente de personalidad jurídica, cuya gestión correspondía al Ministerio de Economía, Industria y Competitividad y al que el Instituto de Crédito Oficial presta los
servicios de instrumentación técnica, contabilidad, control y, en general, de carácter financiero. Cabe citar como antecedentes los mecanismos englobados en el desaparecido Fondo de Ayuda al Desarrollo, que fue dividido en dos: el FIEM, para el
apoyo oficial a la internacionalización de la empresa, y el Fonprode, para la promoción del desarrollo. Respecto a la representatividad de las cuentas anuales del FIEM correspondientes a los ejercicios 2015 y 2016, las mismas reflejan en sus
aspectos significativos la imagen fiel de su situación financiera y patrimonial, de los resultados de sus operaciones y de la ejecución de su presupuesto conforme a los principios contables y presupuestarios de aplicación, excepto por ciertas
salvedades advertidas y sin perjuicio de otros incumplimientos de normas contables de menor relevancia que no afectan a la imagen fiel. Se han observado diversos incumplimientos del régimen contable aplicable a los fondos sin personalidad jurídica
como la aplicación del criterio de caja en lugar del principio de devengo para las disposiciones de los créditos concedidos por el FIEM. Asimismo, hay que destacar la incorrecta contabilización de dos operaciones de refinanciación de créditos a
Argentina y Cuba en las que no debería haberse revertido, al cierre de 2015 y de 2016, el deterioro de los créditos originarios concedidos a estos países por importe de 146 y 124 millones de euros, respectivamente, al no cumplirse lo establecido en
la resolución de la Intervención General de la Administración del Estado de 1999, aplicable en la materia. El saldo de las cuentas de activo y de pasivo que afectan a los créditos incluidos en los llamados programas de conversión de deuda se
encuentra infravalorado en 549 millones de euros en el ejercicio 2015 y en más de 740 en 2016.


En cuanto a la fiscalización de legalidad, el FIEM incumplió el plazo para elevar sus líneas orientativas del año 2016. Se han observado insuficiencias y deficiencias en el manual de procedimientos que necesita actualizarse y concretar la
definición de las actuaciones a realizar. Además, no contaba con un plan director o programa anual de actividades con el detalle y desarrollo de los objetivos a alcanzar, los medios para conseguirlos y sus indicadores. El Consejo de Ministros
aprobó el Plan Estratégico de Internacionalización de la Economía 2014-2015 que afectaba directamente al fondo. El grado de ejecución de sus objetivos fue muy reducido debido a la ausencia de concesión de créditos con cargo a la línea
FIEM-Facilidades Unión Europea o la escasa formalización de operaciones en las líneas de pymes en Marruecos o Egipto. Por lo que se refiere a sus recursos, el fondo no ha tenido que recurrir a los ingresos del Estado como aportación patrimonial,
quedando como remanentes de crédito los 238 millones de euros presupuestados en 2015 y 2016, lo que demuestra un exceso en la dotación a la aplicación presupuestaria asignada al FIEM. Las operaciones aprobadas durante el periodo fiscalizado, que
estaban formalizadas a octubre de 2017, representan tan solo el 32 % y el 29 % del importe máximo autorizado por las leyes de Presupuestos Generales del Estado para los ejercicios 2015 y 2016, respectivamente, que podían llegar hasta los 500
millones de euros para cada uno de estos años.

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Respecto a la tramitación de los expedientes de financiación, las actuaciones iniciales no están suficientemente soportadas dado que las solicitudes no se recepcionaban en registro administrativo alguno. Se han observado también
deficiencias en la valoración de las solicitudes al no formalizarse en documento firmado y sellado. En las operaciones de financiación se advierte la ausencia de informes anuales de evaluación con resultados individuales de seguimiento de las
operaciones crediticias, así como de informes finales de evaluación de los proyectos realizados. Los proyectos de desarrollo asociados a los programas de conversión de deuda externa presentan notables carencias de información en cuanto a su
efectiva ejecución y finalización, desconociéndose el cumplimiento de los acuerdos suscritos en relación con los mismos. A pesar de la transversalidad del principio de igualdad, el gestor del fondo no incorpora entre los criterios a tener en cuenta
en la valoración de las operaciones a financiar el de fomento de la igualdad de mujeres y hombres, especialmente en aquellas destinadas a países con graves desigualdades en este ámbito.


En el área de tesorería no se han llevado a cabo actuaciones para optimizar la gestión de los cuantiosos y crecientes saldos del FIEM. Se podrían rentabilizar los recursos depositando parte de los fondos en entidades financieras distintas
del Banco de España. Finalmente, se aprecian algunas debilidades en los procedimientos de gestión aplicados, en la documentación de los expedientes y en la aplicación informática Mamut, utilizada por el Instituto de Crédito Oficial para llevar a
cabo la gestión financiera y contable del fondo.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.


Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra el señor Ten.


El señor TEN OLIVER: Gracias, presidente.


Señor Álvarez de Miranda, el FIEM fue creado por la Ley 11/2010, de reforma del sistema de apoyo financiero a la internacionalización de la empresa española, y el ICO, el Instituto de Crédito Oficial, actuaba como agente del FIEM. Dejando
al margen las numerosas deficiencias que nos ha comentado, incluso la pobre gestión por parte del FIEM de su tesorería, la cuestión más importante que reflejamos aquí y que quería sacar a colación es que este informe contiene numerosos
incumplimientos en el régimen contable aplicable a los fondos carentes de personalidad jurídica. Entre ellos, la práctica contable aplicada por el ICO a los créditos incluidos en programas de conversión de deuda o en proyectos de desarrollo que
consiste en que, a pesar de que no cumplen todas las condiciones para su baja en cuenta, los considera condonados definitivamente. Yo le pregunto, señor Álvarez de Miranda, ¿qué condiciones deben darse para ello? ¿Promover, entre otras medidas, la
constitución de fondos de contravalor en programas de lucha contra la pobreza? ¿No se dieron las condiciones para estas condonaciones o no habían sido verificadas? ¿Por qué se concedieron realmente? ¿Conocen los responsables de la Secretaría de
Estado de Comercio la efectiva ejecución de los proyectos de desarrollo que condicionan esta condonación de los créditos? La práctica del ICO ha supuesto que el saldo de las cuentas de activo y de pasivo -como nos ha comentado anteriormente- que
afectan a dichos créditos estén indebidamente infravaloradas en más de 540 millones al cierre en 2015 y en más de 540 millones en 2016. Yo le pregunto ¿quién aprobó las condonaciones realizadas por el ICO, sin que se haya acreditado por parte del
FIEM el cumplimiento del principio de condicionalidad establecido en la Ley Reguladora de la Gestión de la Deuda Externa?


Muchas gracias, presidente.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ten.


Por el Grupo Confederal de Unidos Podemos, señor Martínez.


El señor MARTÍNEZ RUIZ: Muchas gracias, señor presidente. Quiero agradecer la intervención inicial del presidente del Tribunal de Cuentas.


En este informe se señalan gran número de deficiencias en el manejo del Fondo para la Internacionalización de la Empresa: falta de coordinación; falta de planificación estratégica que afecta al uso y medida inadecuada de los recursos, a su
optimización, a la eficiencia; errores de contabilidad a los que ya se ha referido el anterior portavoz; operaciones financieras que no se adecuan a los procedimientos del ICO sobre valoración en saldo de los programas de conversión de deuda que
usted ha mencionado; deficiencias muy relevantes en el manual de procedimientos... En fin, la extensión de las deficiencias detectadas por el Tribunal de Cuentas, en relación con las cuantías económicas que se manejan a través

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del FIEM, son de tal importancia que si la secretaria de Estado de Comercio siguiera en su puesto a día de hoy deberíamos reclamar su comparecencia y exigirle responsabilidades.


Respecto a la ejecución, en el caso del FIEM, hablamos de un grado de ejecución muy bajo, del 32 % para 2016 y del 39 % para 2017. Durante la tramitación de los Presupuestos Generales del Estado hemos debatido a menudo sobre las inversiones
públicas consignadas para el Ministerio de Economía y siempre es recurrente esto, el bajo grado de ejecución. Es decir, no se aprovechan los recursos consignados, a pesar de que se presume del aumento de estas partidas en los Presupuestos Generales
del Estado. Por eso quería preguntarle, señor Álvarez de Miranda, si cree que este bajo grado de ejecución tiene relación con la falta de planificación estratégica para el FIEM. Además, ni el ministerio ni el ICO tienen un sistema integrado de
gestión de la documentación del FIEM. Hay deficiencias importantes en el desarrollo y en el uso de las aplicaciones informáticas para la gestión financiera y contable y quiero preguntarle, señor Álvarez de Miranda, de qué modo podría verse afectada
la fiscalización por parte de los órganos de control y fiscalización, como el Tribunal de Cuentas.


Por último, a la falta de planificación estratégica se añade que el FIEM no dispone de un plan director, de un programa de actividades a ejecutar anualmente con el detalle y desarrollo de los objetivos a alcanzar, los medios para
conseguirlos, la forma de identificar los exportadores españoles objetivos y los indicadores que permitan la evaluación de su grado de cumplimiento. Leído esto en el informe sobre los proyectos financieros, nos lleva a preguntarnos bajo qué
parámetros se aprueba y se valora la ejecución de las inversiones financiadas en el extranjero, sobre qué base. ¿Solamente sobre la base de apoyar la internalización de las empresas? Porque a menudo creemos, viendo las memorias del FIEM, que es un
cierto eufemismo. Muchas veces se refiere el objetivo de potenciar las exportaciones de las pymes, lo cual prácticamente no se refleja en las memorias. Suelen ser inversiones en el extranjero de grandes proyectos de empresas y conglomerados
enormes. ¿Cuál es el retorno que tienen estas inversiones en la financiación de estos proyectos para la economía española? ¿Se tiene en cuenta su sostenibilidad económica en el medio y en el largo plazo? ¿Qué impacto tienen en las zonas y en las
poblaciones afectadas? Son dudas que se nos plantean porque no lo vemos reflejado ni en las memorias ni en este informe y nos gustaría conocer su opinión.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Martínez.


Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Alonso.


El señor ALONSO JIMÉNEZ: Muchas gracias, señor presidente.


Señor presidente del Tribunal de Cuentas, nos encontramos ante un organismo importante que cumple una función fundamental. Como objetivo tiene ofrecer apoyo financiero a la internacionalización de las empresas para nuevos retos y para
operaciones de comercio a nivel internacional y va dirigido a todos los organismos de carácter internacional tanto en los países desarrollados como en los países en vías de desarrollo, por lo que es un organismo importante y fundamentalmente debería
haberlo sido en un contexto de crisis económica de nuestro país, donde se tenían que haber optimizado las posibilidades y oportunidades que ofrecía este importante organismo. En primer lugar, hay que destacar que es un organismo que no ha luchado
plenamente por la expansión y por el crecimiento económico y tampoco -entraremos después en ello- puede hacer gala de ser un órgano transparente, porque las cuentas anuales de 2017 se rindieron fuera del plazo legalmente establecido y a fecha de hoy
aún no han sido rendidas las del ejercicio 2015. En cuanto al informe de auditoría de la cuenta anual de 2015 hay que decir que la opinión es favorable, con alguna objeción, y la auditoría de 2016 también merece una opinión favorable, con alguna
salvedad. Ni el ministerio fiscal ni la Abogacía del Estado alegan que se ha apreciado algún tipo de responsabilidad.


Como conclusiones más importantes podemos destacar que las cuentas anuales de 2015 y 2016 han sido aprobadas y rendidas fuera de plazo y que estos retrasos han provocado en ambos ejercicios que la IGAE tuviera que integrar en la cuenta
general del Estado las cuentas formuladas en vez de las rendidas, lo cual ha distorsionado gravemente la imagen del FIEM en la cuenta general de 2015 y 2016. El Tribunal de Cuentas, como hemos escuchado, tiene una opinión favorable, con salvedades,
de las cuentas de los años 2015 y 2016. Hay que destacar que el manual del procedimiento de financiación de las operaciones resulta incompleto y desactualizado, dado que no obliga a dejar constancia de las solicitudes recibidas ni de la fecha ni de
la documentación aportada, no exige formalizar un documento firmado y rubricado motivando las valoraciones de las solicitudes y no está actualizado en materia de

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prevención de blanqueo de capitales y de financiación del terrorismo, cuestiones importantes que deben rectificarse.


Queremos señalar también que el fondo no ha recurrido a los ingresos del Estado para financiar sus actividades. Los fondos líquidos del fondo resultan desproporcionados, son de 760 millones de euros, máxime teniendo en cuenta que el fondo
no deposita parte de estos recursos en entidades financieras distintas del Banco de España, lo que supone que no se optimiza su gestión, pero sobre todo quiero destacar que el grado de ejecución de las operaciones en los dos ejercicios ha sido muy
reducido. A pesar de haberse autorizado operaciones en los respectivos Presupuestos Generales del Estado de los años 2015 y 2016 por 500 millones de euros para cada ejercicio, solo se habían formalizado a octubre de 2017 doce operaciones por un
importe conjunto de 377 millones de euros, es decir, menos del 38 % del importe máximo autorizado. Me gustaría saber, señor presidente, si cree que es una mala gestión y que es un fondo que está infrautilizado, que no está bien orientado, y cuáles
serían las vías para intentar corregir este importante mecanismo. Si es un organismo que pretende la maximización, la expansión, el desarrollo económico de nuestro país a través de la internacionalización de sus empresas, a través del incremento de
competitividad de la colocación de sus productos en el mercado, que es muy importante en este mundo global, ¿no habría que tomar medidas al respecto? ¿Cuáles serían, en su caso, las recomendaciones?


También queremos destacar que los créditos sometidos a programas de conversión de deuda externa por inversiones públicas son objeto de condonación, como se ha destacado, por parte del fondo. Es decir, el fondo condona los créditos con
carácter previo a la efectiva ejecución de los proyectos, lo cual, desde nuestro punto de vista, nos parece una absoluta irresponsabilidad e incluso una gravedad ya que podría provocar la existencia de financiación de proyectos no ejecutados. En
este sentido, quiero destacar que de los créditos a favor de veintitrés países, por un total de 950 millones de euros al cierre de 2016, que afectaban a programas de conversión de deuda, en ninguno de ellos se ha podido acreditar la ejecución de los
proyectos de desarrollo ni el efectivo cumplimiento de la totalidad de los acuerdos suscritos. ¿Considera que es una actuación totalmente irresponsable e irregular y que en consecuencia se tendrían que establecer mecanismos de control?


Quiero hacer hincapié en un aspecto que usted ha comentado y que es importante en el momento actual de absoluta equiparación entre hombre y mujer. Hemos entendido que no se establecen mecanismos de control para supervisar estos fondos que
van destinados fundamentalmente a países, a comarcas, a entidades extranjeras tanto públicas como privadas, para que no se concedan en el caso de que no se ejecuten actuaciones que no sean tendentes a una absoluta equiparación entre las personas de
distinto sexo.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Alonso.


Para finalizar, por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Priego.


El señor PRIEGO CHACÓN: Muchas gracias, señor presidente.


Mi grupo también agradece al presidente del Tribunal de Cuentas este informe de fiscalización del Fondo para la Internacionalización de la Empresa, que consideramos muy necesario por tres aspectos fundamentales. Primero, porque es la
primera vez que se audita desde su creación en el año 2010. Segundo, por la importante cantidad de recursos públicos de que dispone y además por la especial relevancia de los objetivos que persigue, que es potenciar la internacionalización de la
empresa española, un objetivo que siempre ha sido prioritario para nuestro Gobierno -prueba de ello es la aprobación de la Ley 14/2013, de apoyo a los emprendedores y a su internacionalización-, y la cooperación al desarrollo. Y tercero, por el
margen de mejora que se desprende de la lectura de este informe.


Este fondo va destinado, como se ha dicho anteriormente, a potenciar las exportaciones de nuestras empresas, a mejorar la inversión y la expansión de las empresas españolas en el extranjero y a la asistencia técnica y estudios de viabilidad
para esa internacionalización, aspectos fundamentales que han sido claves para la salida de la crisis de este país y que ha sido uno de los pilares fundamentales de nuestro crecimiento económico. Por todo ello, la mejora en la gestión y la defensa
de la gestión del FIEM debe ser prioritaria absolutamente para todos. Valoramos positivamente que los responsables de este fondo hayan colaborado adecuadamente, como así dice el informe, con el Tribunal de Cuentas para que se pueda auditar, así
como que las cuentas anuales de los años 2015 y 2016 reflejen la imagen fiel de su situación financiera y patrimonial. Bien es cierto que hay algunas salvedades que el tribunal destaca en su informe; el propio presidente ha dicho que son de menor
entidad y que en ningún caso se aprecia

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responsabilidad contable por las mismas. Por tanto, entiendo que hay que seguir avanzando en ese margen de mejora, como así recomienda el propio tribunal al final del informe. Asimismo, hay que poner en valor tanto la colaboración de los
responsables del fondo como que se refleje la imagen fiel de la entidad y también que no se aprecie responsabilidad contable.


Respecto del cumplimiento de la legalidad, el propio presidente dice que, en líneas generales, el fondo ha cumplido con la normativa y que también hay un margen de mejora. Nosotros lo apoyamos en el sentido de mejorar o actualizar el
manual, así como elaborar un programa de actividades a ejecutar anualmente desarrollando objetivos y medios para alcanzarlo. También entendemos que es importante la reflexión que hace el Tribunal de Cuentas respecto al cumplimiento de la Ley de
igualdad, y más cuando se está refiriendo a países que en muchas ocasiones vulneran de forma grave los derechos de las mujeres, aspecto que debe tener muy en cuenta el propio fondo a la hora de financiar proyectos en estos países. Igualmente, el
informe concluye que los responsables del fondo, en ocasiones -ha sido motivo de una pregunta al presidente-, desconocen la efectiva ejecución de los proyectos de desarrollo que condicionan la condonación de los créditos incluidos en los programas
de condonación de deuda, que incluso se llegan a valorar en 828 millones en 2015 y en 949 millones en 2016. Aquí también entendemos que hay un margen para la mejora que pone de manifiesto el propio informe y que nosotros también entendemos
recomendable.


En cuanto a los procedimientos de gestión, igualmente hay margen de mejora en la gestión de la tesorería y en la documentación y control financiero y contable de los préstamos. Es verdad que se puede mejorar la eficiencia no depositando
todos los fondos en el Banco de España sino en otras entidades que permitan obtener algún tipo de beneficio de esos fondos, al igual que deben ser revisadas las deficiencias en la aplicación informática. Todas estas deficiencias han sido recogidas
en el informe del Tribunal de Cuentas y son motivos de recomendaciones que mi grupo parlamentario apoya porque entiende que son muy lógicas, pero lo apoyamos desde el firme convencimiento de que el FIEM es un buen instrumento, como he dicho
anteriormente, para la exportación e internacionalización de nuestras empresas. Este grupo parlamentario y el Gobierno del Partido Popular siempre han defendido la internacionalización y la exportación. En definitiva, siempre hemos defendido a
nuestros emprendedores, que son aquellos que crean riqueza y empleo, al igual que siempre hemos defendido nuestra proyección exterior y la cooperación internacional. Por eso creemos que este informe viene muy bien para seguir mejorando las
actuaciones del Fondo de internacionalización.


Muchas gracias, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.


Para dar respuesta, tiene la palabra el señor Álvarez de Miranda.


El señor PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CUENTAS (Álvarez de Miranda García): Gracias, señor presidente.


Se han planteando preguntas en relación con la condonación, si bien para condonar estos créditos de programas de conversión de deudas se establecía como condición la aplicación efectiva de los fondos depositados a operaciones de desarrollo
en los países de destino, lo cual no siempre se ha podido acreditar, y en la medida en que esa acreditación no ha existido, el tribunal entiende que no basta con el depósito de los fondos sino que estos se apliquen al destino para el que estaban
señalados. ¿Quién tiene atribuida la consideración para proceder a la condonación? El ICO y la Dirección General del Tesoro, que son los que lo pueden realizar.


Me han preguntado por la rendición de cuentas y tengo que indicar que la del año 2016 se demoró significativamente porque hubo que reformular las cuentas. La reformulación de cuentas llevó aparejado un gran retraso en su integración en la
cuenta general del Estado y por eso se utilizaron las cuentas formuladas en lugar de las que definitivamente fueron aprobadas. También me han preguntado sobre los programas de conversión de deuda que, como he dicho también anteriormente, es una
decisión condicionada al depósito de recursos en fondos destinados a programar el desarrollo, lo cual debería acreditarse. Indudablemente, en los aspectos que ha revisado el tribunal, tiene gran importancia en relación con los proyectos el
cumplimiento efectivo de la promoción de igualdad de género en los países de destino, que ha sido uno de los principios mantenidos en la fiscalización y puesto de manifiesto en el informe. Asimismo, me preguntan sobre el bajo grado de ejecución y
cómo se procede a presupuestar el volumen de estas operaciones. Yo creo que hay un interés por incrementar la presupuestación en este campo porque, indudablemente, da pie a la posibilidad de que existan proyectos de apoyo a la

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internacionalización, pero luego el efectivo grado de ejecución de los presupuestos está ligado a un conjunto de circunstancias, que son las que he puesto de manifiesto, por lo que desgraciadamente el grado de ejecución es mucho más bajo,
pero existe en estos momentos un campo importante de mejora de gestión para los gestores de estos fondos.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.


- INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LA CONTRATACIÓN REALIZADA POR LOS MINISTERIOS DEL ÁREA POLÍTICO-ADMINISTRATIVA DEL ESTADO Y SUS ORGANISMOS DEPENDIENTES DURANTE EL EJERCICIO 2015. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000256
y número de expediente del Senado 771/000250).


El señor PRESIDENTE: Pasamos al debate del último informe del orden del día, sobre fiscalización de la contratación realizada por los ministerios del área político-administrativa del Estado y sus organismos dependientes durante el ejercicio
2015.


Tiene de nuevo la palabra el señor Álvarez de Miranda.


El señor PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CUENTAS (Álvarez de Miranda García): Gracias, señor presidente.


La fiscalización se ha extendido a los expedientes de contratación formalizados durante el año 2015 por los ministerios de Asuntos Exteriores y de Cooperación; Justicia; Defensa; Interior; Educación, Cultura y Deporte; Presidencia y
para las Administraciones Territoriales, así como por los organismos públicos de ellos dependientes. (El señor vicepresidente, Priego Chacón, ocupa la Presidencia). Del importe total de expedientes de contratación, por 1665 millones de euros,
remitidos al tribunal, se han fiscalizado expedientes por cuantía de 1033, lo que supone el 62 % del importe global. Los órganos de contratación no cumplieron en su mayoría la obligación de remitir en plazo al Tribunal de Cuentas la información
contractual en los términos establecidos en el artículo 29 del anterior texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público y en la instrucción general relativa a la remisión telemática al Tribunal de Cuentas de la información sobre la
contratación. Se han observado deficiencias en la remisión al Tribunal de Cuentas de las relaciones anuales certificadas y de los extractos de los expedientes de contratación correspondientes al ejercicio 2015. Así, los ministerios y organismos
del área político- administrativa del Estado han remitido relaciones certificadas de contratos celebrados en el ejercicio 2015, que incluían un total de 3634 contratos por un importe total de 1199 millones de euros, y a su vez han remitido 963
expedientes de contratación por un importe total de 1665 millones. Este último importe es de cuantía superior al sumatorio de las relaciones certificadas debido a que alguno de los órganos de contratación no remitieron sus relaciones anuales, pero
sí los expedientes de contratos celebrados en el año 2015. Por otro lado, tampoco se enviaron al tribunal contratos de remisión obligatoria que figuraban en los expedientes de las relaciones certificadas. También se han observado deficiencias en
la remisión telemática de información en materia contractual, así como de la documentación producida en fase de ejecución que ha sido expresamente requerida por el tribunal. Asimismo, no se han aportado informes técnicos de valoración de las
ofertas presentadas, lo que impide comprobar su conformidad con los pliegos de cláusulas administrativas particulares y con los principios orientadores de la contratación pública. Por otra parte, en un número significativo de expedientes no se
concretaban, o bien lo hacían erróneamente, los medios de acreditación de la solvencia para las empresas licitadoras. Las memorias justificativas de algunos expedientes no acreditaban la necesidad de la operación objeto de la contratación. La
necesidad de contratación se motivaba en informes emitidos en términos genéricos y sin concretar las circunstancias específicas existentes en el momento en que se propuso la tramitación del expediente, lo que no se ajustaba a las exigencias
establecidas en el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. Además, en un número elevado de expedientes no figuraba una memoria o documento de carácter económico que justificase el presupuesto que se había fijado, tal y como
resultaría necesario de conformidad con lo dispuesto en el reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. En un contrato del Ministerio de Justicia y en otro de la Dirección General de Tráfico, tramitados por el
procedimiento negociado sin publicidad, la invocación de las cláusulas habilitantes para recurrir a esta forma de adjudicación resultaba excesivamente genérica o bien se limitaba a la cita de un precepto legal sin motivar ni acreditar de forma
suficiente la concurrencia efectiva de la causa invocada.

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En materia de igualdad, con carácter general las entidades fiscalizadas no hacían uso de las previsiones contenidas en la Ley orgánica para la igualdad efectiva de mujeres y hombres. En general no se establecía en los pliegos de cláusulas
administrativas particulares la preferencia en la adjudicación de los contratos a las proposiciones presentadas por aquellas empresas que en el momento de acreditar su solvencia técnica o profesional hubieran adoptado medidas en materia de igualdad
o bien condiciones especiales de ejecución con el fin de promover la igualdad entre mujeres y hombres en el mercado de trabajo. Únicamente en 34 de los 127 contratos examinados por el tribunal se aplicaron las mencionadas previsiones en materia de
igualdad.


Por último, en materia de transparencia de la información pública, por lo que se refiere a los entes que han sido objeto de la presente fiscalización, no se han detectado incidencias significativas en relación con los contratos analizados.
En el informe se recogen de manera detallada para cada uno de los ministerios analizados y sus organismos dependientes los resultados específicos obtenidos en la fiscalización en lo relativo al cumplimiento de la obligación de remisión de
documentación contractual y respecto a las fases de preparación, adjudicación, formalización y ejecución de los contratos seleccionados.


Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Priego Chacón): Muchas gracias, señor presidente.


A continuación, para fijar posición y formular preguntas, tiene la palabra el portavoz del Grupo Vasco. (Denegación). Por el Grupo Ciudadanos tiene la palabra el señor Ten.


El señor TEN OLIVER: Gracias, señor presidente.


Para el Grupo Ciudadanos estos informes de fiscalización tienen la virtud de explicar cómo es posible que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia estimase en un informe de 2015 que aproximadamente un 25 % de la contratación
pública adolecía de falta de competencia, es decir, eficiencia, con un coste para los españoles de 48 000 millones de euros en sobrecostes. Como usted ha comentado, señor presidente, este informe afecta a veinte órganos de contratación dependientes
de distintos ministerios que nos ha dicho. Sorprende de entrada que en 2016 la contratación centralizada solo suponga el 4 % de los contratos y el 2 % del importe total, así como que los contratos negociados sin publicidad sean el 55 % de los casos
y sumen un 51 % del importe contratado, es decir, más de 850 millones de euros. El tribunal señala en algunos casos que la invocación de las causas habilitantes para recurrir a esta forma de adjudicación ha resultado excesivamente genérica. Y yo
le pregunto, ¿existe un abuso del procedimiento de negociados sin publicidad? ¿A qué se debía la escasa importancia de la contratación centralizada? No hace mucho analizábamos un informe similar al del año 2014, en el que las deficiencias eran
prácticamente similares a las que nos está indicando el presidente.


En relación con el grado de cumplimiento de las recomendaciones del Tribunal de Cuentas, considera que se ha producido un ligero avance; no obstante, la mayoría de las anteriores recomendaciones desde luego siguen plenamente vigentes. Y yo
le pregunto, ¿qué se puede hacer para mejorar esta cuestión? Reiterar las mismas recomendaciones instando a un mayor cuidado y diligencia nos parece un ejercicio estéril y frustrante. Yo le pregunto, ¿es este ligero avance casualidad o es fruto de
algún plan o de alguna mejora que hayan introducido que ustedes hayan visto en este informe de fiscalización? Además, ¿qué consecuencias prácticas se derivan -lo estaba comentando usted- en cuanto a esa obligación de no remitir en plazo a ustedes?
¿Qué consecuencias prácticas se derivan de que en su mayoría órganos de contratación no cumplieran con esa obligación de remitir en plazo al propio tribunal la información contractual en los términos establecidos? (El señor presidente ocupa la
Presidencia).


En relación con la preparación, adjudicación y formalización, usted mismo nos ha comentado las deficiencias. No se concretaron los medios de acreditación de la solvencia para las empresas licitadoras, las memorias no acreditaron la
necesidad de operación objeto de la contratación, según dispone el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, en un número relevante de expedientes tampoco figura la justificación adecuada del presupuesto y en materia de igualdad nos
ha comentado que no se ha cumplido la normativa vigente. Yo le pregunto, señor presidente, ¿tienen las unidades que cometen estos errores o deficiencias los medios suficientes? ¿Tienen la formación que precisan, los modelos, las plantillas, los
sistemas informáticos que faciliten el cumplimiento de la normativa en materia de contratación pública? ¿Es un problema de incentivos? O peor, ¿existen incentivos o resquicios que abran la puerta a la corrupción, que abran la puerta a esa falta de
eficiencia, a esos sobrecostes? ¿Se ha remitido en algún caso a la fiscalía del tribunal? En su informe no se cita ni una sola vez la palabra corrupción o la palabra legalidad, no lo hemos apreciado, lo cual resulta curioso, y es que en algunos
casos yo creo que sí

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estaremos ante un capitalismo de amiguetes -que llamamos nosotros-, ante una desviación del dinero público, y en otros casos -quizás en la mayoría- desde luego estamos ante una inercia de malas prácticas. El problema es que esto equivale al
5 % del PIB y estamos hablando de muchísimo dinero que podríamos tener para el déficit público, para mejorar el gasto social, para las inversiones, etcétera.


Termino, señor presidente. Sinceramente, en mi grupo parlamentario estamos preocupados por esta falta de eficiencia en la contratación pública, y más cuando vemos que en este periodo se pueden aumentar los impuestos para los ciudadanos
cuando en estos dos últimos presupuestos Ciudadanos ha luchado por todo lo contrario y vemos cómo la estructura de altos cargos, por ejemplo de la Presidencia del Gobierno, ha aumentado un 57 %. Señor Álvarez de Miranda, termino. ¿Cuál es el
problema, es un problema de incentivos? ¿Estos incentivos o resquicios abren la puerta a la corrupción? ¿En qué se podría mejorar esta falta de eficiencia en la contratación pública?


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ten.


Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos tiene la palabra el señor Mena.


El señor MENA ARCA: Gracias, presidente.


Gracias, señor Álvarez de Miranda, por las explicaciones sobre este informe. Como bien sabemos, nos centramos en el informe de fiscalización sobre la contratación realizada por los ministerios del área político-administrativa y también por
sus órganos dependientes durante el ejercicio 2015.


Lo primero que querríamos decir es que este informe presenta las deficiencias ya estructurales del sistema que aparecen en todos estos tipos de informes, deficiencias de remisión de la información, deficiencias en la falta de información
remitida y deficiencias en la aplicación de la Ley de igualdad. Estos tres elementos aparecen, se repiten y se han convertido ya en estructurales en la fiscalización relativa a los ministerios y otros organismos dependientes del Estado también en
los informes anteriores. En este informe concreto observamos que no se presentan dentro de plazo elementos tan importantes como la información contractual, las relaciones certificadas o los expedientes de contratación. Querríamos saber,
presidente, si esta información ha tenido que volver a ser solicitada por parte del tribunal o si deberíamos establecer algún tipo de mecanismo para obligar a la presentación de la información dentro del plazo previsto por la normativa actual.
También nos preocupa la información que no se acaba aportando, como los informes técnicos de valoración de las ofertas presentadas, la acreditación de la solvencia de las empresas licitadoras, la necesidad de la operación objeto de la contratación o
la memoria económica justificativa del presupuesto, es decir, pilares fundamentales de la contratación pública. En este caso, señor Álvarez de Miranda, nos gustaría que nos hiciera su personal valoración sobre el tipo de impacto global en el
cumplimiento de la Ley de contratación pública por parte de la estructura del Estado que tienen todas estas carencias en la información que antes ya hemos citado. ¿Tiene esto arreglo, señor presidente? ¿Cree usted sinceramente que esto tiene
arreglo? ¿Cree usted que con la modificación reciente de la Ley de Contratos del Sector Público podría ser subsanado este tipo de deficiencias estructurales de la Administración Pública? Nos preocupa especialmente, porque este es un ámbito muy
delicado. La contratación pública es una de las puertas abiertas siempre a la corrupción. Lo hemos visto en tramas como la Púnica, la Gürtel o en otras tramas del Gobierno del Partido Popular en donde la contratación pública juega un papel
fundamental. Por tanto, nos preocupa que no se cierre la posibilidad a este tipo de corrupción por parte de los que ostentan responsabilidades de Gobierno, como era la del Partido Popular en este ejercicio.


Finalizo con un clásico de esta Comisión, que es, por desgracia, el incumplimiento sistemático, también apreciado en el presente informe, de la Ley orgánica para la igualdad efectiva de mujeres y hombres. Según este informe, se incumple,
además, de una forma grave, bajo nuestro punto de vista, porque no se establece en los pliegos de cláusulas la preferencia en la adjudicación de los contratos de las ofertas presentadas por aquellas empresas que hayan adoptado medidas en materia de
igualdad, como también la normativa laboral impone. Una vez más, la Administración pública, que es la que debería predicar con el ejemplo, no cumple la ley, lo que acaba perjudicando a las mujeres, a la igualdad efectiva de hombres y mujeres en un
ámbito donde la desigualdad campa ya a sus anchas, como es el del mercado laboral. No puede ser, señor presidente, que entre todas nos dotemos de unas normas, de unas leyes para acabar con esta lacra que es el patriarcado institucional y sea la
propia Administración pública la que incumpla la ley y discrimine y, por tanto, perjudique a las mujeres respecto de los hombres. Querríamos saber -con esto acabo-, señor Álvarez de Miranda, si tiene usted información

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sobre si se ha corregido esta falta de implementación de la Ley de igualdad en este ámbito desde 2015 hasta ahora.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.


Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra la señora Lima.


La señora LIMA CID: Gracias, señor presidente.


Damos la bienvenida de nuevo al señor Álvarez de Miranda y agradecemos su comparecencia para presentarnos estos informes de fiscalización esta tarde.


Una vez más, nos encontramos ante un informe de fiscalización, en este caso sobre las contrataciones realizadas por los ministerios y sus organismos dependientes. Me gustaría resaltar tres principios que debemos tener muy presentes aquellos
que gestionamos en las administraciones públicas los principios de eficacia, eficiencia y economía, a los que nos referimos continuamente. Estos principios, según parte de la documentación que se ha remitido al Tribunal de Cuentas, en general no se
cumplen.


Nuestro grupo quiere manifestar lo siguiente. En primer lugar, les recuerdo a todos los compañeros y compañeras de Comisión que en las fiscalizaciones de los años 2013 y 2014 se hacían una serie de recomendaciones por parte del Tribunal de
Cuentas. Mencionaban la necesidad de justificar adecuadamente el procedimiento de adjudicación de los contratos; la insuficiencia e inadecuación de los medios propios o la conveniencia de su ampliación en los contratos de servicio; el mayor
seguimiento en los procesos de ejecución y cumplimiento de los contratos. Hechas estas recomendaciones, tanto en las fiscalizaciones del año 2013 como en las fiscalizaciones del año 2014, llegamos a la fiscalización del año 2017 y se dice por parte
del Tribunal de Cuentas que ha existido un ligero avance en el grado de cumplimiento. Por tanto, podemos manifestar aquí claramente que hay un incumplimiento en todos los procesos contractuales en este momento.


No debemos olvidar tampoco cuál es el objetivo general de este informe de fiscalización que se nos presenta: el cumplimiento de la legalidad. Estamos hablando en todas las fases de la contratación y, por tanto, del cumplimiento de la Ley
de Contratación Pública, así como del cumplimiento del deber que tenemos todos los organismos públicos y de los que estamos sujetos a ellos de ser eficientes, eficaces y, sobre todo, de velar por la buena economía de las administraciones públicas.
Pues bien, aquí hay un incumplimiento de la fase de preparación, de adjudicación, de formalización y de ejecución, con dos novedades o dos asuntos relevantes que se incorporan a este análisis, que son la reiteración de adjudicaciones a una misma
empresa en contratos repetitivos o la rotación entre empresas adjudicatarias y, algo muy importante en este caso, la subcontratación de otras empresas que fueron licitadoras del mismo contrato. Hago especial hincapié en las conclusiones que hemos
sacado.


De esas mismas conclusiones que se expresan en el informe de fiscalización resaltamos lo siguiente. Primero, que no todos los órganos a ello obligados cumplieron con su obligación de remisión de las relaciones certificadas de contratos. En
este caso, nos estamos refiriendo a la Dirección General de Asuntos Económicos del Ministerio de Defensa y a la Dirección General de Asuntos Económicos del Ejército del Aire. Que un total de diez órganos, Ministerio de Asuntos Exteriores y de
Cooperación, de Defensa, de Educación, de Cultura y Deporte, de Interior, de Presidencia y para las Administraciones Territoriales no remitieron los contratos de obligada remisión al tribunal. En este caso nos estamos refiriendo a 332 expedientes.
Por tanto, este incumplimiento se reitera año tras año, sin adoptarse medidas correctoras. Respecto a las consideraciones generales, hay una insuficiente planificación global de la contratación, lo que provoca el recurso injustificado en la
tramitación de urgencia de los expedientes o la aparición de periodos en los que las prestaciones se realizan especialmente con contratos de servicio sin el preceptivo amparo contractual, lo que es también muy relevante. Una insuficiente
planificación de los contratos, especialmente de obra, y, por tanto, una proliferación de contratos modificados y complementarios, y muy importante en la gestión pública también es el incremento de los costes, que es lo que conlleva todas estas
deficiencias. La insuficiente justificación de las causas habilitantes para recurrir al procedimiento negociado sin publicidad, a pesar que es un procedimiento restrictivo de la publicidad y la concurrencia. La insuficiente justificación de la
necesidad del objeto del contrato. La insuficiencia en la justificación de la cuantificación de los presupuestos de licitación, además de la exigencia de acreditación de la solvencia de los licitadores. La insuficiente justificación técnica de la
valoración de la oferta o del seguimiento de la ejecución de los contratos, que impiden hacer efectivas las garantías, en su caso, y la imposición de penalidades en los supuestos de incumplimiento de sus obligaciones por parte del

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contratista. Por tanto, esto no es peccata minuta, sino que estamos hablando de temas muy importantes en las administraciones públicas.


Las resoluciones que va a presentar el Partido Socialista están centradas en tres aspectos generales. Una mayor diligencia en la remisión de documentación preceptiva al Tribunal de Cuentas. Estamos hablando del cumplimiento de una norma,
del cumplimiento de las recomendaciones señaladas año tras año, que no son otras que cumplir con la legalidad en todas las fases de la contratación, preparación, adjudicación, formalización y ejecución, algo en lo que deberían ser ejemplares todos
los organismos públicos. No me quiero olvidar del cumplimiento de algo esencial -ya se ha dicho en esta Comisión-, el cumplimiento de la Ley de Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres, que marca una serie de elementos primordiales que se deben tener
en cuenta a la hora de tramitar estos expedientes de contratación.


Por tanto, cabrían muchísimas preguntas. ¿Qué podemos hacer? Porque se reitera año tras año. Debemos ser ejemplo al resto de la sociedad en el cumplimiento de la norma y de aquello que nos marca la Ley de Contratos Públicos y, sobre todo,
debemos ser eficaces y eficientes y que los organismos públicos no tengan un coste mayor a la hora de ejecutar sus contratos.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.


Para finalizar, tiene la palabra el señor Fole, por el Grupo Parlamentario Popular.


El señor FOLE DÍAZ: Gracias, presidente.


Bienvenido de nuevo, señor Álvarez de Miranda, a esta Comisión, que no es una Comisión cualquiera. Hay que recordar que es la primera Comisión que tenemos con el nuevo Gobierno del señor Sánchez, con el nuevo Gobierno socialista, lo cual
nos preocupa porque sabemos la tendencia -lo ha comentado algún compañero que me ha precedido en el uso de la palabra- del Gobierno socialista a incrementar gastos, a incrementar organismos, a incrementar gabinetes, lo que lleva a mayor
fiscalización, a mayor gasto, a mayor problemática. Haré especial referencia a este punto.


Los objetivos de este informe, como todos sabemos, son el cumplimiento y obligación de remitir al Tribunal de Cuentas la documentación establecida por las normas generales e instrucción general del Tribunal de Cuentas y analizar la
formalización de contratos y su sometimiento a la legalidad vigente, lo cual nos hace ver -todos lo han dicho- esta cantidad de tiempo no quiero decir perdido pero sí invertido en que cumplamos la legalidad vigente. Yo creo que este es un aspecto
sobre el que debemos reflexionar, sobre la filosofía que tenemos que tener todos los administrados y los administradores en este concepto clave que es cumplir la legalidad; analizar las subcontrataciones -no quiero ahondar en este tema-; analizar
el grado de cumplimiento de las recomendaciones continuas en cada informe que hace el Tribunal de Cuentas, que algunas en menor medida pero vemos que debería hacerse mayor énfasis en el cumplimiento de las mismas; y el último punto es el
cumplimiento de las prescripciones y transparencia, sostenibilidad e igualdad de género.


En sentido general, se observa un cierto grado de incumplimiento, como dijeron mis compañeros, basados muchos de ellos en diferencias de criterio a la hora de entender las propias leyes, y me centro en la Ley de contratos, según se puede
observar también en varias de las alegaciones que presentan diferentes organismos o ministerios respecto a cómo un organismo o el técnico que firma ese informe discrepa y argumenta que, según el artículo equis de determinada ley, sí cumple lo que el
Tribunal de Cuentas dice que no está cumpliendo. Una primera pregunta que queríamos hacerle, presidente, ¿debería modificarse o fortalecerse la figura, la competencia, el conocimiento de la contratación en la Administración General del Estado, como
es el interventor de la Administración, de forma que tuviera un mayor peso y un mayor conocimiento para evitar este tipo de disfunciones, de dudas o de diferencias de criterio, o quizá modificar la función pública para dotar la figura del habilitado
como competencia específica en este ámbito y formación específica también del mismo?


Se constata también continuamente en los informes de fiscalización que o no están o están incompletos los informes técnicos. Efectivamente, hay una responsabilidad en la vida pública, en la parte política, la gestión política o la gestión
económica, jurídica o técnica de los diferentes departamentos que conforman un ministerio en este caso. Hay varios puntos en los que se hace referencia a este tipo de circunstancias, leo literalmente: Las memorias justificativas de la necesidad de
la contratación deberían determinar con detalle y precisión cuáles son las necesidades reales a satisfacer con la prestación objeto del contrato. 'Con detalle y precisión deberían hacerse'. Quizá lo que falta, como decía el señor Ten, son unos
modelos específicos donde se pueda fiscalizar y decir es que tiene o no tiene esto, y no debería

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justificarse a criterio del técnico, cuando va a venir otro técnico y va a decir que debería hacerse de otra manera. Otro ejemplo es que debería tenerse mayor cuidado y precisión en la redacción de la solvencia exigida a las empresas
licitadoras. También creo que debemos tener claro cuál es la exigencia de la solvencia o si se tiene o no se tiene; no debería haber criterios de duda en este sentido.


Con respecto al grado de seguimiento, ejecución y justificación de muchos de los expedientes, se observa que existe una cierta permisividad del incumplimiento de estos requisitos. Lo decía también algún compañero que me ha precedido en el
uso de la palabra, y es que efectivamente hay un excesivo número de organismos a fiscalizar. Señor presidente, ya se lo he preguntado en alguna otra ocasión donde hacía también referencia al peligro de esta nueva era de Gobierno, donde sabemos que
siempre proliferan muchísimos más organismos, proliferan muchísimos más contratos y contrataciones de asesores, gabinetes, etcétera. ¿Qué criterios o medidas más efectivas cree usted que deberían tomarse a la hora de corregir estos desfases de
información?


Finalmente, presidente, de la lectura de los informes del tribunal, en los últimos años se puede ver de forma clara el resultado positivo que muchas de las medidas llevadas a cabo por el Gobierno del Partido Popular en la Administración
General del Estado y sus organismos dependientes, respecto a lo que el cumplimiento de estas obligaciones se refiere, aunque es cierto -como dice el propio informe- que es necesario mejorar, también lo es que en propia redacción de la multitud de
informes que hemos fiscalizado y hemos estudiado se desprende que ha habido una serie de mejoras que es necesario incentivar y seguir.


Por cierto, le diría el señor Mena que siempre que hacen referencia a algún incumplimiento o alguna vulneración de la Ley de contratos siempre recuerdan algún caso relativo a la gestión del Partido Popular. Yo quisiera recordar aquí y
decirle por qué nunca se acuerdan de las contrataciones de los ERE, del caso Marea en Asturias, de los casos de contratación en los ayuntamientos de A Coruña, de Santiago, de Ferrol, donde son continuas las veces que vulneran la Ley de contratos, y
aquí parece que no están, no se enteran o no se quieren enterar. Con lo cual, efectivamente, tenemos que tener claro que vamos a cumplir todos, pero el recuerdo y la insistencia en un solo caso creo que es, aparte de injusta, muy irreal. Decía que
ante la continua insistencia, y me refiero a las medidas propuestas por el Partido Popular, señor presidente, de petición en esta Comisión de muchos de los grupos que ahora sustentan al Gobierno y del propio Gobierno pidiendo la derogación de leyes
que, efectivamente, dieron caso a que hubiera mejora en el cumplimiento de estas obligaciones, como la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, los informes que hacen trimestralmente muchas de las entidades sobre morosidad, o
en su momento el Plan de pago a proveedores, ¿cree usted que sería conveniente mantener estas medidas que, según dicen todos los informes, han contribuido a la mejora de la fiscalización, o estamos con estas peticiones de derogación ante el riesgo
de que volvamos a un caos de incumplimiento?


Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Fole.


Para finalizar tiene de nuevo la palabra el señor Álvarez de Miranda.


El señor PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CUENTAS (Álvarez de Miranda García): Muchas gracias, señor presidente.


Yo creo que la mayor parte de las preguntas van dirigidas a solicitar del tribunal una valoración sobre el futuro de la contratación; es decir, cómo va a poder mejorar la contratación pública. Yo querría empezar diciendo que la evolución
de la contratación pública en nuestro país es positiva, en la medida en que las diferentes mejoras y las diferentes modificaciones de la legislación contractual lo que siempre han pretendido es igualarse o acercarse a las prácticas europeas, a las
directivas europeas en materia de contratación. Nos quedan muchas cuestiones a considerar en el terreno práctico, pero la evolución en estos años ha sido positiva.


Me ha preguntado el señor Ten cómo podemos mejorar para que el cumplimiento de las recomendaciones pueda revertir en una situación como la que se puede analizar en la ejecución de este informe. Yo creo que fundamentalmente creando una
doctrina sistemática en materia de contratación que los responsables públicos puedan ir progresivamente adaptando. Una de las características la legislación de contratos es que es muy compleja; es muy compleja para la contratación pública y, por
lo tanto, una mejora de doctrina puede ser muy importante. Yo creo que la nueva legislación de contratos va a mejorar en este sentido el efectivo cumplimiento de los principios establecidos en la ley. Ustedes

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me hacen preguntas en relación con qué hace el tribunal ante la deficiente remisión de documentación contractual. Indudablemente lo que hacemos es reclamar la información no rendida de la que tenemos constancia e intentar, por todos los
medios, conseguir que esa documentación se modifique. En el próximo pleno el Tribunal de Cuentas va a aprobar una instrucción de contratación en este terreno con peticiones concretas a las diferentes entidades y yo creo que con una mejora del
propio contenido de nuestras reclamaciones.


Me han preguntado sobre una cuestión muy interesante, que es la figura de la intervención previa. Durante mucho tiempo la intervención y la intervención previa se vieron como un obstáculo a superar, como un obstáculo para una gestión
eficiente, y yo creo que la intervención previa si sirve para reforzar la adecuada preparación, adjudicación y ejecución de los contratos es un elemento fundamental, siempre que esta intervención no esté limitada a aspectos puramente formales. Es
indudable que si esa figura de la intervención cobra mayor protagonismo, los defectos que se pueden detectar en la ejecución de los informes de contratación que presenta el tribunal se verían en gran parte mejorados.


En relación con el cumplimiento de los principios de igualdad entre mujeres y hombres, lo que ocurre es que en estos momentos tenemos una información que antes no teníamos; o sea que este informe no pone una situación peor de la que
existía. Al revés, yo creo que es mejor que la que existía. Lo que sí refleja es una realidad, y es en qué porcentaje o en qué número de contratos de los que se están examinando se aplican las previsiones en materia de igualdad. Es
responsabilidad de cada uno de los gestores aplicar las medidas de prevención y de previsión en materia de igualdad y conseguir revertir esta situación, y ustedes saben a quien corresponde esta cuestión en cada uno de los ministerios.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor presidente.


Interrumpimos durante tres minutos la sesión para despedir al señor Álvarez de Miranda. (Pausa).


DEBATE Y VOTACIÓN DE LAS PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN:


- INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD CREDITICIA DEL INSTITUTO DE CRÉDITO OFICIAL (ICO), EJERCICIO 2016. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000250 y número de expediente del Senado 771/000249).


El señor PRESIDENTE: Comenzamos la votación, empezando por el informe de fiscalización de la actividad crediticia del Instituto De Crédito Oficial (ICO), ejercicio 2016.


Sometemos a votación la propuesta de resolución número 2, del Grupo Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 34; a favor, 17; en contra, 16; abstenciones, 1.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.


Propuesta de resolución número 3, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 34; a favor, 17; en contra, 17.


El señor PRESIDENTE: Se ha producido un empate. Según el voto ponderado, según me indica la letrada, son más los votos del sí que del no, así que quedaría aprobada.


Propuesta de resolución número 5, del Grupo Confederal de Unidos Podemos.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 35; a favor, 16; en contra, 18; abstenciones, 1.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Propuesta de resolución número 7, del mismo grupo parlamentario.


Comienza la votación. (Pausa).

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Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 35; a favor, 7; en contra, 27; abstenciones, 1.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Resto de propuestas de resolución del Grupo Confederal de Unidos Podemos.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 35; a favor, 35.


El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas por unanimidad.


El Grupo Parlamentario Socialista ha retirado la propuesta de resolución número 12.


Se somete a votación la propuesta número 10.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 35; a favor, 17; en contra, 18.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Propuesta de resolución número 14, del Grupo Parlamentario Socialista.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 35; a favor, 16; en contra, 18; abstenciones, 1.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Resto de propuestas, que son las números 9, 11 y 13.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 35; a favor, 35.


El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas por unanimidad.


Propuesta número 15, del Grupo Parlamentario Popular.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 36; a favor, 31; abstenciones, 5.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.


- INFORME DE FISCALIZACIÓN DEL GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS PLANES PARA LA CORRECCIÓN DE LOS DESEQUILIBRIOS FINANCIEROS VIGENTES EN 2014 Y DE LOS EFECTOS DE SU APLICACIÓN EN LA ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA POR LOS AYUNTAMIENTOS CON POBLACIÓN
DE ENTRE 75 000 Y 150 000 HABITANTES. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000251 y número de expediente del Senado 771/000248).


El señor PRESIDENTE: Informe de fiscalización del grado de cumplimiento de los planes para la corrección de los desequilibrios financieros vigentes en 2014 y de los efectos de su aplicación en la estabilidad presupuestaria por los
ayuntamientos con población entre 75 000 y 150 000 habitantes.


Propuesta de resolución número 1, del Grupo Parlamentario Socialista.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 36; a favor, 36.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.


Propuesta de resolución número 2, del Grupo Parlamentario Popular.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 36; a favor, 36.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.

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- INFORME DE FISCALIZACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES REALIZADAS POR EL TRIBUNAL DE CUENTAS EN EL INFORME DE FISCALIZACIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000252 y número
de expediente del Senado 771/000247).


El señor PRESIDENTE: Informe de fiscalización del cumplimiento de las recomendaciones realizadas por el Tribunal de Cuentas en el informe de fiscalización del Ayuntamiento de Guadalajara.


Propuestas de resolución números 1 a 5, del Grupo Confederal de Unidos Podemos.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 35; a favor, 34; abstenciones, 1.


El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.


Propuestas de resolución números 6 a 10, del Grupo Parlamentario Socialista.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 35; a favor, 34; abstenciones, 1.


El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.


Propuesta de resolución número 11, del Grupo Parlamentario Popular.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 35; a favor, 29; abstenciones, 6.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.


- INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LA GESTIÓN Y CONTROL DE LAS PRESTACIONES ASUMIDAS POR LAS EMPRESAS QUE COLABORAN VOLUNTARIAMENTE CON LA SEGURIDAD SOCIAL, EJERCICIO 2015. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000254 y número
de expediente del Senado 771/000251).


El señor PRESIDENTE: Informe de fiscalización de la gestión y control de las prestaciones asumidas por las empresas que colaboran voluntariamente con la Seguridad Social en el ejercicio 2015.


Propuestas de resolución números 1 a 5, del Grupo Confederal de Unidos Podemos.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 36; a favor, 36.


El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas por unanimidad.


Propuesta de resolución número 6, del Grupo Parlamentario Socialista.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 36; a favor, 17; en contra, 18; abstenciones, 1.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Propuesta de resolución número 8, del Grupo Parlamentario Socialista.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 36; a favor, 35; abstenciones, 1.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.


Propuestas de resolución 9 a 11, del Grupo Parlamentario Socialista.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 36; a favor, 36.

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El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas por unanimidad.


Resto de propuestas del Grupo Parlamentario Socialista.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 36; a favor, 18; en contra, 18.


El señor PRESIDENTE: Se produce un empate y por el mismo criterio que anteriormente quedan aprobadas.


Propuesta de resolución número 17, del Grupo Parlamentario Popular.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 36; a favor, 31; abstenciones, 5.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.


Señorías, se levanta la sesión.


Eran las siete y cuarenta y cinco minutos de la tarde.