CORTES GENERALES


DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS


PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE

Año 2017 XII LEGISLATURA Núm. 39

PRESIDENCIA DE LA EXCMA. SRA. D.ª ANA MARÍA PASTOR JULIÁN

Sesión plenaria núm. 37

celebrada el jueves,

16 de marzo de 2017

ORDEN DEL DÍA:


Convalidación o derogación de reales decretos-leyes:


- Real Decreto-ley 4/2017, de 24 de febrero, por el que se modifica el régimen de los trabajadores para la prestación del servicio portuario de manipulación de mercancías, dando cumplimiento a la sentencia del Tribunal de Justicia de la
Unión Europea de 11 de diciembre de 2014, recaída en el asunto C-576/13 (procedimiento de infracción 2009/4052). ('BOE' núm. 48, de 25 de febrero de 2017). (Número de expediente 130/000010) ... (Página4)


Dictámenes de la Comisión de Asuntos Exteriores sobre convenios internacionales:


- Convenio europeo sobre protección de animales de compañía, hecho en Estrasburgo el 13 de noviembre de 1987, así como Reserva y Declaración que España desea formular. 'BOCG. Cortes Generales', serie A, número 17, de 16 de diciembre de
2016. (Número de expediente 110/000006) ... (Página27)


Declaración sobre la Cuenta General del Estado:


- Dictamen de la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas en relación con la declaración sobre la Cuenta General del Estado correspondiente al ejercicio 2013, así como la resolución adoptada por dicha Comisión. (Número
de expediente 250/000001) ... (Página34)


- Dictamen de la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas en relación con la declaración sobre la Cuenta General del Estado correspondiente al ejercicio 2014, así como la resolución adoptada por dicha Comisión. (Número
de expediente 250/000003) ... (Página34)


Convalidación o derogación de reales decretos-leyes. (Votación) ... (Página43)


Dictámenes de la Comisión de Asuntos Exteriores sobre convenios internacionales. (Votación) ... (Página43)


Declaración sobre la Cuenta General del Estado. (Votación) ... (Página44)

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SUMARIO


Convalidación o derogación de reales decretos-leyes ... (Página4)


Real Decreto-ley 4/2017, de 24 de febrero, por el que se modifica el régimen de los trabajadores para la prestación del servicio portuario de manipulación de mercancías, dando cumplimiento a la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión
Europea de 11 de diciembre de 2014, recaída en el asunto C-576/13 (procedimiento de infracción 2009/4052) ... (Página4)


El señor ministro de Fomento (De la Serna Hernáiz) expone a la Cámara las razones que han llevado al Gobierno a la promulgación del real decreto-ley de referencia.


En turno en contra de la convalidación interviene el señor Alonso Cantorné, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.


En turno de fijación de posiciones intervienen el señor Quevedo Iturbe, la señora Oramas González-Moro y los señores Martínez Oblanca, Matute García de Jalón, Baldoví Roda y Bel Accensi, del Grupo Parlamentario Mixto; Barandiaran Benito,
del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Salvador i Duch, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana; Navarro Fernández-Rodríguez, del Grupo Parlamentario Ciudadanos; Ramos Esteban, del Grupo Parlamentario Socialista, y Barrachina Ros, del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


Acogiéndose al artículo 71.3 del Reglamento hacen uso de la palabra la señora Montero Gil, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, y los señores Barrachina Ros y Hernando Fraile, del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso.


Dictámenes de la Comisión de Asuntos Exteriores sobre convenios internacionales ... (Página27)


Convenio europeo sobre protección de animales de compañía, hecho en Estrasburgo el 13 de noviembre de 1987, así como Reserva y Declaración que España desea formular ... (Página27)


En turno a favor de la propuesta de enmienda interviene el señor Iglesias Turrión, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.


En defensa de su voto particular, interviene la señora Cantera de Castro, del Grupo Parlamentario Socialista.


En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Xuclà i Costa, del Grupo Parlamentario Mixto; Capdevila i Esteve, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana; Díaz Gómez, del Grupo Parlamentario Ciudadanos, y Bernabé Pérez,
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


Declaración sobre la Cuenta General del Estado ... (Página34)


Dictamen de la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas en relación con la Declaración sobre la Cuenta General del Estado correspondiente al ejercicio 2013, así como la Resolución adoptada por dicha Comisión ... href='#(Página34)'>(Página34)

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Dictamen de la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas en relación con la Declaración sobre la Cuenta General del Estado correspondiente al ejercicio 2014, así como la Resolución adoptada por dicha Comisión ... href='#(Página34)'>(Página34)


En turno de fijación de posiciones intervienen el señor Bel Accensi, del Grupo Parlamentario Mixto; la señora Capella i Farré, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana; y los señores Ramírez Freire, del Grupo Parlamentario
Ciudadanos; González García, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea; Hurtado Zurera, del Grupo Parlamentario Socialista, y Juncal Rodríguez, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


Convalidación o derogación de reales decretos-leyes. (Votación) ... (Página43)


Sometida a votación la convalidación del Real Decreto-ley 4/2017, de 24 de febrero, por el que se modifica el régimen de los trabajadores para la prestación del servicio portuario de manipulación de mercancías dando cumplimiento a la
Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 11 de diciembre de 2014, recaída en el asunto C-576/13 (procedimiento de infracción 2009/4052), se rechaza por 141 votos a favor más 1 voto telemático, 142; 174 en contra más 1 voto
telemático, 175, y 33 abstenciones.


Dictámenes de la Comisión de Asuntos Exteriores sobre convenios internacionales. (Votación) ... (Página43)


Sometida a votación la enmienda del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea al Convenio europeo sobre protección de animales de compañía, hecho en Estrasburgo el 13 de noviembre de 1987, así como Reserva y
Declaración que España desea formular, se aprueba por 175 votos a favor, 136 en contra y 37 abstenciones.


Sometido a votación el resto del dictamen, se aprueba por unanimidad.


Declaración sobre la Cuenta General del Estado. (Votación) ... (Página44)


Sometido a votación el dictamen de la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas en relación con la Declaración sobre la Cuenta General del Estado correspondiente al ejercicio 2013, así como la Resolución adoptada por
dicha Comisión, se aprueba por 346 votos a favor más 2 votos telemáticos, 348 y 2 abstenciones.


Sometido a votación el dictamen de la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas en relación con la Declaración sobre la Cuenta General del Estado correspondiente al ejercicio 2014, así como la Resolución adoptada por
dicha Comisión, se aprueba por 345 votos a favor más 2 votos telemáticos, 347, y 2 abstenciones.


Se levanta la sesión a la una de la tarde.

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Se reanuda la sesión a las nueve de la mañana.


CONVALIDACIÓN O DEROGACIÓN DE REALES DECRETOS-LEYES:


- REAL DECRETO-LEY 4/2017, DE 24 DE FEBRERO, POR EL QUE SE MODIFICA EL RÉGIMEN DE LOS TRABAJADORES PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PORTUARIO DE MANIPULACIÓN DE MERCANCÍAS DANDO CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA UNIÓN
EUROPEA DE 11 DE DICIEMBRE DE 2014, RECAÍDA EN EL ASUNTO C-576/13 (PROCEDIMIENTO DE INFRACCIÓN 2009/4052). (Número de expediente 130/000010).


La señora PRESIDENTA: Señorías, se reanuda la sesión.


Comenzamos con el punto del orden del día correspondiente a la convalidación o derogación del Real Decreto-ley 4/2017, de 24 de febrero, por el que se modifica el régimen de los trabajadores para la prestación del servicio portuario de
manipulación de mercancías... (Rumores). Señorías, ocupen sus escaños y guarden silencio. Convalidación o derogación del Real Decreto-ley 4/2017, de 24 de febrero, por el que se modifica el régimen de los trabajadores para la prestación del
servicio portuario de manipulación de mercancías, dando cumplimiento a la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, de 11 de diciembre de 2014, recaída en el asunto C-576/13, procedimiento de infracción 2009/4052. Para presentar el
real decreto-ley, tiene la palabra, en nombre del Gobierno, el señor ministro de Fomento.


El señor MINISTRO DE FOMENTO (De la Serna Hernáiz): Muchas gracias, señora presidenta.


Señorías, comparezco en esta Cámara para someter a su consideración la convalidación del Real Decreto-ley 4/2017, que fue aprobado por el Consejo de Ministros el pasado 24 de febrero. Mediante este real decreto-ley se modifica el régimen de
los trabajadores para la prestación del servicio portuario de manipulación de mercancías y se da cumplimiento a la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 11 de diciembre de 2014. Esta sentencia condena al Reino de España por
considerar que el régimen legal en que se desenvuelve el servicio portuario de manipulación de mercancías contraviene el artículo 49 del Tratado de Funcionamiento de la Unión sobre libertad de establecimiento. Esto es así porque impone a las
empresas que deseen desarrollar la actividad fundamentalmente dos obligaciones. La primera es que tienen que participar en el capital de una sociedad anónima de gestión de estibadores portuarios. La segunda es la obligación de la contratación del
personal de esa Sagep. O dicho de otra forma, lo que dice la sentencia es que en este país una empresa tiene que poder contratar libremente a sus trabajadores y que además una persona en situación de desempleo -sea hombre o mujer, esté en
Algeciras, en Bilbao o en Valencia- pueda tener también una oportunidad laboral, si cumple con los requisitos de capacitación adecuados.


Hoy supongo que habrá un largo debate sobre este real decreto-ley y se dirán muchas cosas, pero en esencia lo que dice este real decreto-ley es simple y llanamente esto: que en España las empresas puedan contratar de forma libre a sus
trabajadores en el sector de la estiba. Eso ha provocado una situación en el sector que está avalada por informes de distintos organismos y que hablan sobre la falta de productividad. Yo no me centraré en esta cuestión pero sí resaltaré un par de
datos y es que esos costes están muy por encima de costes laborales de otras actividades logísticas y tienen un peso muy importante en el conjunto de las mercancías, cerca del 50 % en la manipulación, descarga y carga de esas mercancías.


En segundo lugar, quisiera decir que la aprobación y la tramitación de este real decreto-ley no ha sido la aprobación y la tramitación de un real decreto-ley cualquiera, por tres motivos. Primero, porque no estamos ante una norma que
aprueba el Gobierno de España por una decisión política libre de cualquier condicionamiento -por más que obviamente coincidamos en lo que acabo de mencionar en relación a la potestad que tienen las empresas para poder contratar libremente a sus
trabajadores-, sino que estamos obligados como consecuencia de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que condena al Reino de España, y por lo tanto es este Congreso de los Diputados, esta Cámara, la que está obligada a la
modificación legal por la existencia de esa sentencia condenatoria. El Gobierno ha hecho su parte, el Gobierno ha hecho lo que tenía que hacer y el Gobierno estaba obligado a hacer lo que ha hecho. Ahora le corresponde dar respuesta a este
Congreso, que tiene la misma responsabilidad que puede tener el Gobierno, porque, insisto, estamos hablando de una sentencia contra el Reino de España. Por tanto, tiene la misma responsabilidad para evitar que este sea el primer incumplimiento del
Reino de España del

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Tratado de la Unión Europea, así como la importante multa -ahora me referiré a ello- a la que, de no convalidarse este real decreto y caer la segunda sentencia, tendrán que hacer frente el conjunto de los españoles.


La segunda razón por la que es distinta a la tramitación de otro tipo de reales decretos-leyes es la urgencia. Como acabo de mencionar, está a punto de caer la segunda sentencia, como ha puesto de manifiesto la propia comisaria de
Transporte de la Unión Europea en este Congreso de los Diputados cuando se reunió en la Comisión de Fomento con los diferentes grupos políticos. La multa supondrá, por un lado, una suma a tanto alzado de 27.522 euros al día desde la fecha de la
primera sentencia hasta el día de hoy, si aprobáramos y convalidáramos el real decreto -aunque, en su caso, se produciría un desistimiento por parte de la Comisión-, o hasta el día en que caiga la segunda sentencia. En cualquier caso, en estos
momentos esa deuda ya está cerca de 23 millones de euros, que estamos todavía en disposición de no tener que pagar si se convalida el real decreto-ley. Por otro lado, supondrá una multa coercitiva, a partir de esta sentencia que está a punto de
caer, de 134.107 euros al día. Son 134.000 cada día. Es importante que entendamos que eso solo se detendrá en el momento en el que se produzca la modificación legal. He oído decir en muchas ocasiones que esta multa del Tribunal de Justicia de la
Unión Europea ascendía a 23 millones de euros. Esto es así hasta hoy, pero puede ser de cien, puede ser de mil y puede ser lo que ustedes, señorías, quieran que sea, hasta que se apruebe definitivamente en esta Cámara la modificación legal. Lo que
sí sabemos, porque ya hemos recibido la contestación por escrito tanto por parte de los servicios de la Comisión Europea como por parte de la misma comisaria de Transportes, es que de convalidar hoy este real decreto-ley se evitaría la sentencia,
porque desde el gabinete que dirige la comisaria se elevaría la propuesta de desistimiento y, con ello, no tendríamos que pagar la multa que en estos momentos devengamos, ni por supuesto la multa coercitiva que vendría después. Por tanto, esa
urgencia también diferencia la tramitación de este real decretoley de otros que puedan venir a esta Cámara.


La tercera de las razones es la capacidad de poder negociar los términos del real decretoley. Como saben ustedes, en un real decretoley de otro tipo el Gobierno tiene margen y capacidad para poder maniobrar con grupos políticos y con
sectores sociales y económicos. En este caso, hay una limitación clara, determinante y contundente de la Comisión Europea, que es la garante del Tratado y responsable de la decisión de desestimar y la que establece cuáles tienen que ser los límites
en los que debe enmarcarse ese real decretoley. Por tanto, el Gobierno no ha tenido el margen ni la libertad que puede establecer en otros casos para decidir libremente los términos del mismo. El proceso ha estado marcado permanentemente por las
propias limitaciones que establecía la Comisión Europea, como se puede acreditar en las numerosas reuniones, correos, cartas e informes, a los que también me referiré. Hemos oído a lo largo de estos meses que si la Comisión Europea no tenía la
capacidad para poder hacer esto, que si no era la que tenía que velar y tenía la potestad para poder desistir, que si esto era una cosa de funcionarios. Yo creo que nada de eso era cierto, y además ha quedado así ratificado por la propia comisaria,
que ha confirmado públicamente que en el proceso que se está siguiendo la capacidad de la Comisión está en línea con lo que el Gobierno viene sosteniendo desde el primer momento. En cualquier caso, lo que presenta este real decreto-ley es el
cumplimiento estricto de la sentencia, como así ha manifestado la propia Comisión Europea, y la flexibilización al máximo de los términos de la misma a favor de los trabajadores.


A continuación hablaré un poco del proceso que ha llevado a este real decreto-ley; un proceso de diálogo, porque a pesar de que se viene diciendo que las negociaciones se han abierto en estas últimas semanas o en estos últimos meses, lo
cierto es que ese proceso de negociación lleva ya dos años produciéndose con los agentes sociales y con el sector empresarial, con la mirada puesta en alcanzar un acuerdo, dentro, por supuesto, de las limitaciones que establece el cumplimiento de la
propia sentencia y la Comisión Europea. Así, en primer lugar, ya en el año 2012, dos años antes de la sentencia, a partir de la carta de emplazamiento que se recibió por parte del Gobierno y con el objetivo de evitar su remisión al tribunal por
parte de la Comisión, se realizaron las primeras convocatorias a sindicatos y patronal para tratar de consensuar las respuestas a la Comisión. Pero esa posibilidad quedó coartada en la creencia de algunos de que realmente el Tribunal de Justicia de
la Unión Europea iba a ratificar la legalidad del modelo español de estiba y su compatibilidad con la normativa europea. Finalmente, como ustedes saben, esto no fue así.


En segundo lugar, en los años 2015 y 2016, después de la sentencia del año 2014, se han mantenido numerosas reuniones, tanto formales como informales, con los agentes sociales y con el sector empresarial. Se han intercambiado propuestas, se
han analizado jurídicamente dichas propuestas por parte de los

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servicios del Estado, se han remitido a la Comisión Europea, y esto es importante destacarlo porque es cierto que se habían producido documentos en los que había un cierto acuerdo, pero también es cierto que muchos de los términos de esos
documentos, una vez que se trasladaron a la Comisión Europea, fueron eliminados porque se entendía que no cumplían con la normativa y que vulneraban el contenido de la propia sentencia; en definitiva, porque seguían manteniendo de facto muchos de
los aspectos del actual statu quo de la estiba. Por lo tanto, la negociación ha venido realizándose a lo largo de estos dos años para intentar buscar un acuerdo. También se ha dicho que se estaba a punto de alcanzar un nuevo acuerdo y que en ese
momento ha actuado el Ministerio de Fomento. Esto ha sido negado por la propia patronal, por Anesco, y en cualquier caso los términos en los que se estaba estableciendo ese acuerdo no se diferenciaban mucho de otros acuerdos, y ya sabemos cuál ha
sido la respuesta por parte de la Comisión Europea a su contenido. Por lo tanto, quiero insistir en que ha habido muchas reuniones, cerca de veinte o treinta contactos formales e informales, con las distintas partes del sector por parte del
secretario de Estado, por parte del ministerio, para intentar llegar a un acuerdo que tuviera cabida en el ámbito de la sentencia. Por fin, con el arranque también de este proceso, se han mantenido reuniones en las que yo mismo he tenido la
oportunidad de participar.


La conclusión de todo este proceso largo de negociación y de acuerdo, vuelvo a repetir, es que había partes que se mantenían en una serie de aspectos que se consideraban esenciales y que la Comisión reiteraba una y otra vez que no era
posible incorporar en este real decreto-ley; esto es importante señalarlo. Por poner un ejemplo, el asunto vinculado al registro, a la lista contingentada, una lista a la que tengan que acudir de manera obligatoria o de manera preferente las
empresas para la contratación. Durante todo este tiempo, la Comisión Europea ha sido tajante con este asunto. No se puede realizar ningún tipo de restricción a la contratación por parte de las empresas. Por tanto, a pesar de que también se ha
sostenido durante un tiempo que el registro era posible, que la Comisión lo podía permitir, no fue hasta que no sacamos el informe en el que la Comisión Europea establecía con claridad que no se iba a permitir ese registro cuando se ha empezado a
realizar otro tipo de estrategia, cambiando el nombre del registro por otro tipo de nombres, una mutación de la denominación que no cambia el asunto. Se denomine registro, lista, pool de trabajadores o como se le quiera llamar, lo que es
absolutamente claro, tal y como además explicó la comisaria en esta Cámara, es que cualquier tipo de lista que exista tiene que ser una lista a la que acudan de manera voluntaria las empresas para poder contratar libremente. En ese sentido quiero
recordar que en el real decreto-ley están contemplados los centros portuarios de empleo, que son unas ETT especializadas para el sector portuario y que suponen de por sí una lista no contingentada. Incluir esto en real decreto-ley tampoco ha sido
fácil ya que la Comisión Europea establece en su informe -incluso se llegó a decir que tenía un componente de carácter psicológico- que en ningún caso iba a permitir que tuviera un tratamiento diferenciado desde el punto de vista jurídico de lo que
puede ser una ETT normal.


También se ha hablado -quizá salga posteriormente en el debate- del caso de otros países, se ha dicho que en otros países, concretamente en el caso de Bélgica, se permiten cosas que aquí el real decreto-ley no contempla, etcétera. Nosotros
hemos explicado una y otra vez que teniendo como tienen estos países hechos diferenciados, el punto final es para todos el mismo. Esto lo ha recalcado la comisaria de Transportes de una manera contundente cuando mantuvo la reunión con los
sindicatos. Sea cual sea la situación inicial de estos países, el objetivo final del proceso es el mismo para todos y es en el que está España a través de este real decreto-ley, y no se va a permitir ningún hecho diferenciador en el proceso. Por
otro lado -lo digo por si más tarde sale en el debate-, está la subrogación a la que se ha hecho referencia en un comunicado en esta última semana dentro del reglamento de servicios portuarios, dándose a conocer que este reglamento permitía la
subrogación. Me gustaría aclarar, por si abordamos este punto en el debate, que siendo esto cierto, también lo es que dentro de ese reglamento se recoge una frase en la que se excluye de una manera concreta el sector de la estiba en esta cuestión.


Además de todo este proceso de negociación y diálogo, ya desde el mes de enero y antes de la presentación del decreto hemos mantenido un diálogo abierto con numerosos representantes de los grupos políticos, muchos de los cuales están aquí
presentes. Quiero agradecerles a todos sinceramente la disposición que han tenido siempre para poder hablar con nosotros y para poder compartir sus opiniones. Hemos dedicado muchísimo tiempo, muchísimas horas a mantener esos encuentros, esas
conversaciones, y permítanme que saque una conclusión especial y es que en ninguna se ha abordado un asunto concreto del contenido del real decreto-ley que hubiera que modificar o eliminar, sino que se ha ido a otro tipo de consideraciones, algunas,
por desgracia, ajenas al contenido del real decreto-ley. En ningún caso se ha entrado a fondo en la necesidad de modificar o eliminar alguno de los contenidos de este real decreto-ley.

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En esa situación, también me gustaría destacar que la presencia de la comisaria en esta Cámara fue importante para poner de manifiesto la ratificación del proceso que ha llevado a cabo el Gobierno y la necesidad de la convalidación por parte
de los grupos políticos. ¿Qué contiene el real decreto-ley? El real decreto-ley es muy sencillo, no tiene prácticamente nada en lo relativo a la estructura, por eso insistimos una y otra vez que no va más allá del estricto cumplimiento de la
sentencia, porque no entra en otro tipo de consideraciones, simplemente acata esa sentencia en sus términos y por eso solo tiene cuatro artículos. El primero de ellos establece el objeto del real decreto-ley; el segundo establece el estricto
cumplimiento de la sentencia, es decir, la no obligación de las empresas a participar en el capital social y la libertad de contratación por parte de los trabajadores; el tercero define los requisitos de capacitación para que sean objetivos y
transparentes, que no son otros que tener una titulación académica en formación profesional o el reconocimiento de la experiencia profesional a través de un certificado de profesionalidad que está regulado en el decreto ya existente, o
alternativamente -y esta es una de las cuestiones que se consiguió obtener de la Comisión Europea- poder acreditar cien jornadas de trabajo en el servicio de manipulación de mercancías, lo cual permitiría ofrecer garantías para aquellas personas que
en estos momentos en España estuvieran en el sector y no pudieran acreditar los certificados anteriores; es decir, se daba una salida al cien por cien de los actuales trabajadores. Por otro lado, el artículo 4 establece la creación de esos centros
portuarios de empleo a los que me he referido. Además, he de indicar que se han incluido algunas cláusulas de flexibilización. Una de ellas, por ejemplo, ha sido el periodo de transición. Inicialmente se planteó hacerlo en siete años y la
Comisión dijo que no. Finalmente, en un último esfuerzo, se fue a un periodo de transición de cuatro años y la Comisión nos escribió diciendo que no iba a permitir cuatro años, que solo iba a admitir un máximo de tres años, que en el año 2016 no se
podía llevar a cabo ninguna decisión de modificación legal dada la situación en la que estaba el Gobierno, pues no se habían adoptado las medidas contempladas en la sentencia y por lo tanto entendía que era un año que ya había transcurrido. En
consecuencia, solo se permitía un periodo de transición de tres años.


Por último, una cuestión importante es la asunción por parte de las autoridades portuarias de todo lo que tiene que ver con los pasivos laborales de los trabajadores; esto sirve precisamente para estimular la incorporación de esos
trabajadores al sector empresarial y para que no exista una pérdida de competitividad en relación con otras empresas que en el futuro puedan llegar a los puertos, asumiendo como asumen las autoridades portuarias ese fondo y teniendo capacidad de
maniobra para atender esas obligaciones sin condicionar los niveles de inversión que están incluidos en los puertos. Y aquí sí me gustaría hacer una mención, porque así como he dicho que ninguno de los grupos entraba en ninguna de las
consideraciones en relación al contenido del real-decreto ley, sí es cierto que hubo un grupo que hizo una muy concreta sobre si tenían que ser o no tenían que ser las autoridades portuarias las que tuvieran que hacer frente a estas obligaciones o,
por el contrario, tendría que ser otro organismo o ente perteneciente al Estado. Esta fue la única consideración que en este sentido se ha recibido. Con ello la Comisión Europea, en su visita a España a través de la comisaria del 6 y 7 de marzo,
instó al cumplimiento de esa sentencia, instó a la convalidación del real-decreto ley y alertó sobre las consecuencias de la no convalidación. Y además puso una fecha, que no la puso el Gobierno, y es que así como entendía que había detenido el
reloj para esa primera parte de la multa que ya está corriendo hasta que se consiguiera aprobar de forma definitiva el real-decreto ley, también indicó que ese reloj se volvería a poner en marcha a partir del 24 de marzo. Por lo tanto, en esa fecha
volveremos a estar haciendo frente cada día a una multa como consecuencia del incumplimiento de la sentencia.


Ahora diré unas palabras que creo que son importantes en torno a la negociación colectiva. Desde el primer momento el Gobierno, por un lado, ha hecho los deberes en cuanto a la necesidad de cumplir con la sentencia; y, por otro lado, ha
instado a que sindicatos y patronal se sentaran a tratar todos los asuntos relacionados con la negociación colectiva, teniendo en cuenta además que el real-decreto ley establece un plazo de hasta un año para llegar a un acuerdo en el marco de esos
convenios colectivos. El marco de la negociación colectiva es, sin lugar a dudas, el lugar adecuado para poder llegar a un acuerdo tal y como sucede con cualquier otro sector económico en este país, es el lugar donde se llega a los acuerdos entre
los sindicatos y la patronal. Quiero en este punto agradecer especialmente la tarea incansable que ha hecho el Ministerio de Empleo y su ministra aquí presente, que ha dedicado muchas horas y muchos esfuerzos para facilitar esa negociación
colectiva; desde luego este ministro lo agradece de manera especial porque a lo largo de todo este proceso, que no ha sido sencillo, ha arropado a nuestro ministerio con su ayuda, con su colaboración y la de todo su equipo. Y también deseo
agradecer la labor del mediador, que comenzó como una tarea difícil y terminó siendo imposible. De que se tornara imposible ya nos encargamos todos.

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Me gustaría mencionar que, aunque en esa mesa se han producido diálogos y se ha alcanzado algún acuerdo con carácter general, había dos elementos que desde el principio hacían imposible que se firmara un acuerdo concreto. El primero tenía
que ver con la existencia probada -no es una opinión- de bajos rendimientos en los diferentes puertos. De esto el ministerio tiene acreditada una larga lista de información que proviene de los propios puertos en relación con la reducción de
rendimientos; con las pérdidas que se han producido en las diferentes autoridades portuarias, por ejemplo, a razón de 5 millones de euros diarios en una parte importante del mes de febrero; con los desvíos de buques a otras terminales; con la
situación a la que han tenido que hacer frente muchas de las empresas, y algunas lo han hecho público y lo han transmitido, es el caso de Algeciras, el caso de Maerks, donde se ha producido un desvío y una reducción de la actividad cercana al 30 %.
Por otra parte, me gustaría señalar que esta empresa ha garantizado en un comunicado la continuidad en el empleo y con las actuales condiciones de trabajo para la totalidad de los trabajadores, tal y como ha manifestado de forma pública. En otras
se han producido reducciones del movimiento de contenedores; en definitiva, incrementos de costes asociados a esos bajos rendimientos; aumento también de los fletes para las mercancías con origen o destino en España y una situación complicada que
ya ha producido un daño no menor al conjunto de la economía. Esta situación que se estaba dando representaba un obstáculo para una parte de la mesa de negociación, que era la que estaba sufriendo esa acción. Pero sobre todo el mayor obstáculo -he
de decirlo con claridad- era que desde los primeros momentos se anunciara públicamente la posición negativa a convalidar este real decreto-ley por parte de algún grupo político. Esto es una cosa muy sencilla de comprender, y ustedes lo entenderán
muy bien: si ustedes estuvieran en una situación de monopolio como la que tiene en estos momentos el sector de la estiba -no es porque lo diga yo, es así y además así ha sido descrito también por las autoridades europeas- y los grupos con su
posición les están trasladando que pueden conservar esa situación, ¿por qué tendrían que realizar ninguna cesión? No tiene mucho sentido; si estás en una situación en la que tienes garantizadas una serie de condiciones, ¿para qué vas a dar un paso
hacia una pretendida búsqueda de otros aspectos como puede ser el mantenimiento del empleo si en estos momentos puedes tenerlo todo? Porque esa posición les garantiza el cien por cien de las condiciones asociadas a esa situación. Este bucle
endiablado que se ha producido cuando el 'no' provocaba que no se dieran pasos adelante en la mesa y no dar pasos adelante en la mesa avalaba la posición del 'no' nos llevaba inevitablemente hacia la presentación del real decreto-ley en los términos
en los que está. De la misma manera son muchas las voces que han dicho que si se hubiera aprobado antes o si se aprobara hoy el real decreto-ley y se convalidara definitivamente, la negociación sería inmediata porque en esas condiciones seguro que
ya se podría atender a lo importante, que es el mantenimiento del empleo. Y a todo esto, está la sanción de 134.000 euros diarios que recaerá en el conjunto de los españoles.


Lo que está claro es que ha habido tiempo más que suficiente para poder cerrar un acuerdo en términos que garantizara para todos el mantenimiento del empleo. Como esto no se ha producido, como ese acuerdo finalmente no se ha producido, el
Gobierno ha planteado un documento en el que precisamente se pretenden varias cosas, pero la esencial es el mantenimiento del empleo. Como esa situación anunciada de que este real decreto-ley podía no salir adelante condicionaba claramente que una
parte de la mesa diera un paso hacia delante para poder cerrar un acuerdo, ha sido el Gobierno el que, en un esfuerzo más, después de haber retrasado una semana la aprobación de este real decreto-ley en Consejo de Ministros, después de haber
retrasado también la convalidación de este real decreto en esta Cámara, dio un paso con la presentación en el día de ayer por parte del Gobierno -cuya presencia, según el mediador, había sido ya anunciada el día anterior- de un documento que tiene
cuatro puntos esenciales.


El primero es la continuidad en el empleo de los actuales trabajadores portuarios. Este asunto, que indudablemente preocupará como no puede ser de otra manera a los sindicatos, que preocupa al Gobierno, y estoy seguro también de que
preocupa a todos los grupos políticos, se establece de la siguiente manera: las empresas titulares de licencias del servicio portuario de manipulación de mercancías, cuando dejen las sociedades anónimas de gestión de estibadores portuarios, las
Sagep, se subrogarán como nuevas empleadoras en la titularidad de la relación laboral, así como en los derechos y obligaciones que se determinen en la negociación colectiva que las Sagep tienen con respecto a los estibadores portuarios vinculados a
las mismas. Se entenderá igualmente producida la subrogación cuando el trabajador portuario se incorpore a un centro portuario de empleo creado por las mencionadas empresas titulares de las licencias del servicio portuario de manipulación de
mercancías. Las condiciones en las que se llevará a efecto la subrogación, esto es, las obligaciones y derechos de los trabajadores portuarios subrogados y de las nuevas empleadoras, se determinarán en el convenio colectivo sectorial de ámbito
estatal.

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En defecto de acuerdo el nuevo empleador quedará subrogado en los derechos y obligaciones salariales y de Seguridad Social. Por su parte los criterios de distribución de la plantilla total de estibadores portuarios entre las distintas
empresas titulares de licencias del servicio portuario de manipulación de mercancías, de las Sagep que estén operando en el respectivo puerto, se determinarán en los convenios colectivos de cada puerto. En el supuesto de que las empresas titulares
de licencias del servicio portuario de manipulación de mercancías decidan permanecer en las Sagep, y que por consiguiente no se produzca la subrogación, la titularidad de la relación laboral no se verá afectada. En igual sentido tampoco se verá
afectada la titularidad de la relación laboral en el caso de los trabajadores portuarios contratados en régimen laboral común por los titulares de las licencias del servicio de manipulación de mercancías pertenecientes a las Sagep. Y sin perjuicio
de lo anterior y de la libertad de las partes para determinar el contenido de los convenios colectivos por supuesto, en los convenios colectivos del sector de la estiba habrán de articularse medidas concretas de flexibilidad interna que permitan
hacer frente a las oscilaciones de la demanda en las empresas estibadoras preservando el empleo. Es decir, señorías, la garantía del mantenimiento del cien por cien del empleo.


Hay un segundo punto en el que se trata de garantizar la productividad de los puertos de manera acordada entre organizaciones sindicales y empresariales; aquí el sector empresarial considera que debe tener la capacidad de organizar su
trabajo, el trabajo de su empresa, lo cual parece razonable.


En tercer lugar, están las ayudas, porque además de esa garantía establecida en el primer punto, en esta propuesta que se ha puesto encima de la mesa se establecen una serie de ayudas a los trabajadores portuarios. El acuerdo dice lo
siguiente -creo que es importante para tener en cuenta, en lo que a la convalidación del real decreto-ley se refiere-: La supresión del anterior régimen de gestión de trabajadores para la prestación del servicio portuario de manipulación de
mercancías llevará asociada, en aras de facilitar un proceso de tránsito ordenado, la concesión de ayudas públicas a los trabajadores que voluntariamente rescindan su contrato, ya sea por razón de su edad o de los perjuicios que se deriven en su
caso de la adaptación a derecho interno de la resolución del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. En concreto, podrán acogerse los estibadores portuarios a quienes resten sesenta meses o menos para acceder a la jubilación ordinaria a la fecha
de convalidación del Real Decreto-ley 4/2017, de 24 de febrero, por el que se modifica el régimen de los trabajadores para la prestación del servicio portuario de manipulación de mercancías, dando cumplimiento a la sentencia del tribunal. Asimismo
se garantizan a los trabajadores acogidos a estas ayudas las cotizaciones necesarias a la Seguridad Social, que se harán efectivas mediante la firma de los correspondientes convenios especiales hasta la edad legal de jubilación. Los trabajadores
por supuesto interesados se tienen que acoger voluntariamente, y deben manifestarlo individualmente. Y por último, dichas ayudas consistirán en un subsidio equivalente al 70 % del promedio de las percepciones salariales por todos los conceptos
correspondientes a los seis meses anteriores a la baja, al 70 %. Quiero señalar que este esfuerzo importantísimo que hace el Gobierno contribuye a facilitar ese acuerdo y por supuesto esa garantía del cien por cien del mantenimiento de los puestos
de trabajo, y que es un esfuerzo muy importante.


Por último, hay un cuarto punto que para nosotros es importante y creo que también para sindicatos y patronal lo es, que es la constitución de una comisión de seguimiento. ¿Por qué es importante? Porque eso garantiza a las partes que el
Gobierno va a estar ahí, que este no es el final de ningún proceso, que va a controlar y va a hacer un seguimiento para que se respeten todos y cada uno de los acuerdos que finalmente se firmen. Y por eso el Gobierno tiene la voluntad de constituir
esa comisión, para garantizar que se cumplen todos y cada uno de los compromisos adquiridos. Por lo tanto tenemos que decir que con esta propuesta de acuerdo que debiera cerrarse en esa mesa, que tendrá que tener la disposición normativa que tenga
que tener en los términos en que se acuerde para dar cumplimiento a lo que se llegue en esa mesa, repito, se ha planteado esta propuesta con esa garantía de mantenimiento del cien por cien del empleo.


Somos perfectamente conscientes -porque además hay muchos medios de comunicación que hoy lo están trasladando, lo hemos escuchado en la radio y lo hemos leído en algunos periódicos- de que este esfuerzo que se hace por parte del Gobierno
tiene un carácter extraordinario; algunos critican que sea un esfuerzo que pueda generar cierta discriminación hacia otros trabajadores, que el Gobierno -así se dice- está yendo mucho más allá de lo que debería, que está haciendo más de lo que
debería hacer, y yo no sé si esto es cierto o no es cierto, pero lo que sí sé es que con este esfuerzo se consigue esa garantía y que desde luego es un esfuerzo sin precedentes del que no disfruta ninguno de los otros trabajadores del sector
privado, que tienen unas condiciones completamente distintas. Y si lo hacemos es porque estamos convencidos de ello, si lo hacemos es porque realmente pensamos que ese esfuerzo

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facilita muchísimo que se pueda alcanzar ese acuerdo, y si se convalidara hoy ese real decreto-ley en los términos en que está recogido o en términos muy similares, con ese acuerdo si no se pretende otra cosa que no sea el mantenimiento del
empleo, hay una garantía absoluta para que la reestructuración se produzca con esa tranquilidad por las distintas partes.


Por lo tanto, señorías -voy acabando-, estamos ante un real decreto-ley que, en primer lugar, cumple con el tratado de funcionamiento de la Unión, y esto, aunque no lo he mencionado, también tiene relevancia, porque como país es nuestra
obligación hacerlo, como país estamos obligados a evitar esa segunda condena al Reino de España. Esto de cumplir la ley creo que es compartido por todos, debe ser compartido por todos, por tanto estamos ante la necesaria disposición de un
instrumento legislativo que evita una sentencia al Reino de España.


En segundo lugar, este real decreto-ley va a dar estabilidad al sector, y esto es importante, porque he dado algunos datos de lo que está sucediendo en los puertos, pero esto no es lo más preocupante siendo como es grave y preocupante, sino
que lo preocupante son los desvíos, hasta el momento transitorios, que en algunos casos se pueden tornar definitivos, porque con ello se produciría la pérdida en este caso sí definitiva del empleo, porque si alguna de estas grandes empresas decide
deslocalizarse y decide utilizar otros puertos donde tenga mejores situaciones, más competitivas o donde no haya conflictos simple y llanamente, produciría un problema para el conjunto de la economía del país. Por ello seguimos haciendo un
llamamiento a la responsabilidad para que esas situaciones no se den en los puertos y para que se produzca el funcionamiento ordinario y no se afecte a las distintas empresas que en este momento están operando.


En tercer lugar, porque evita la multa, señorías. Este argumento es muy sencillo también de entender. Si esta Cámara no aprueba una modificación legal cae la multa, y si cae la multa son 134.000 euros cada día. Hagan ustedes el
equivalente que quieran hacer con educación, servicios sociales y sanidad, con la incorporación que quieran hacer de puestos de trabajo o cualquier otro asunto, es mucho dinero del conjunto de los españoles y lo vamos a pagar el conjunto de los
españoles. Por tanto hay razones de urgencia para evitar esa multa. No es una urgencia voluntaria del Gobierno, es una urgencia que la propia comisaria ha expuesto con claridad en esta Cámara, es muy importante hacerlo y hacerlo rápido, ha
alertado de cuáles son las consecuencias, y nosotros hemos mantenido desde el principio un diálogo permanente desde hace ya más de dos años, y una reiterada voluntad del Gobierno para que se alcanzara un acuerdo. Una y otra vez hemos hecho
esfuerzos, una y otra vez para que se alcanzara ese acuerdo, por supuesto dentro de los márgenes y los límites que tenemos marcados por la Comisión Europea. Para nosotros es tan importante como lo anterior cumplir la sentencia, dar garantías para
el mantenimiento del empleo, y estamos absolutamente convencidos de que eso es perfectamente viable con la propuesta que el Gobierno ha formulado y con el conjunto de ayudas que desde el Ministerio de Empleo se han puesto encima de la mesa y que
tendrán que ser articuladas todas ellas con el rango que tengan que tener a través del propio Ministerio de Empleo.


Ayer, y ya con ello sí finalizo, escuchamos del presidente muchas cosas sobre reformas, competitividad, el paro, las personas que no tienen acceso al mercado laboral y la igualdad de oportunidades, pero estamos ante la necesidad de cumplir
la sentencia y con un compromiso por el mantenimiento del empleo como probablemente no ha habido otro, al menos en nuestra historia reciente, para un sector de la economía de nuestro país. Por tanto, decir hoy sí a esa convalidación es cumplir con
nuestra obligación como país y es evitar que se produzca una multa muy importante que tendrá que pagar el conjunto de los españoles de su bolsillo. Por supuesto es favorecer que nuestras empresas en España puedan contratar libremente, porque votar
no y evitar que se produzca la ruptura de ese monopolio al que estamos obligados por la sentencia significaría mantener la imposibilidad de esas empresas para poder contratar con libertad, y también para que otras personas que están en situación de
desempleo tengan la oportunidad de poder acceder a ese trabajo y que se puedan mantener las condiciones laborales. Ahora bien, si de lo que estamos hablando es de mantener otra serie de condiciones que están asociadas a la situación de monopolio,
pero que no son las del mantenimiento del empleo, entonces estamos hablando de otra cosa distinta. El Gobierno lo que está haciendo, por un lado, es ofrecer un real decreto-ley que da respuesta a más de veinte o treinta diferentes encuentros con la
Comisión Europea y que cumple con la sentencia y que debemos hacerlo con urgencia, y por otro lado, ofrecer una propuesta de mantenimiento en el empleo que da tranquilidad al sector y que consigue mantener un proceso y un proyecto de
reestructuración con esas plenas garantías. Si de lo que se trata, insisto, es de mantener otra serie de condiciones asociadas a la situación actual entonces evidentemente el Gobierno no está en estos momentos por eso.

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Parece ser, me decía uno de los diputados, que no son treinta y siete o treinta y nueve años los que han transcurrido desde que no se aprobara un real decreto-ley, y que en 2006 hubo un caso de una no convalidación de un real decreto-ley.
No sé si esto es así o no es así. No recuerdo si se ha producido o no se ha producido. Confío en que no se produzca. En fin, nosotros lo que sí tenemos claro es que, aunque ese hecho se produjera, y no es lo más agradable que le puede suceder a
uno, sobre todo cuando acaba de empezar una legislatura,... (Rumores).


La señora PRESIDENTA: ¡Silencio, por favor!


El señor MINISTRO DE FOMENTO (De la Serna Hernáiz): ... se puede decir que el Gobierno ha hecho lo que podía hacer, desde luego con todo el esfuerzo y la voluntad del mundo para poder llegar a un acuerdo. En ese sentido, evitar que los
españoles tengan que pagar esa multa, conseguir cumplir con la obligación que tenemos como Gobierno y ofrecer una garantía para el mantenimiento del empleo son razones más que suficientes para pedir a sus señorías el respaldo a este real
decreto-ley.


Si a la hora de tomar la decisión del voto -durante estos días hemos escuchado mucho, e incluso algunos han trasladado a la opinión pública las razones que podrían estar detrás de la no convalidación- alguien piensa que se va a hacer daño al
Gobierno o se le va a dar un varapalo, se equivoca. No existe tal daño. Nosotros tenemos la conciencia tranquila porque estamos cumpliendo con nuestra obligación; el daño se haría a los españoles, que son los que van a tener que pagar esa multa,
los que están fuera de la Cámara y por supuesto nosotros. Por eso les pido que a la hora de dar su voto piensen no tanto en el Gobierno, sino en ellos. Piensen con altura de miras, con responsabilidad política y con sentido de Estado. Les pido el
voto favorable para la convalidación de este real decreto-ley.


Muchas gracias. (Prolongados aplausos).


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.


Ha solicitado la utilización del turno en contra el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea. Para ello tiene la palabra el señor Alonso Cantorné.


El señor ALONSO CANTORNÉ: Gracias, señora presidenta.


Antes de comenzar quiero saludar a los invitados que hoy nos acompañan en la tribuna, al mundo de la estiba, compañeros y compañeras. (Prolongados aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos
Podemos-En Comú Podem-En Marea y del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, puestos en pie, mirando a la tribuna pública.-Varios invitados en la tribuna pública hacen diferentes gestos).


La señora PRESIDENTA: Un segundo, señoría. Quiero recordar a las personas que ocupan las tribunas que no pueden hacer ninguna manifestación.


Muchas gracias.


Continúe, señor Cantorné.


El señor ALONSO CANTORNÉ: También iba a saludar a la señora Báñez, la única representante del Gobierno que acompañaba al señor De la Serna, pero desgraciadamente me parece que se marcha. (Risas y aplausos).


Señor ministro, aquí estamos finalmente debatiendo en el Congreso un decreto que para nosotros es salvaje, que puede hacer estallar un sector estratégico en nuestro país, sin acuerdo social, con tretas de última hora para lograr un acuerdo
parlamentario que seguramente también se le pueda escapar. Nos preocupa enormemente su irresponsabilidad y su manera de entender el mundo laboral, irrumpiendo de mala manera para imponer decretos al servicio de los de siempre. Por eso vamos a
exigir desde ya responsabilidades políticas. Ayer vimos cómo trataban de lograr apoyos parlamentarios cambiando cromos: te apruebo unos presupuestos en el País Vasco si tú me apruebas el decreto de la estiba. Y a saber qué más ha ido ofreciendo
por ahí. Algunos le dijeron que bajara a la arena para negociar y recogió fango al trasladar a la esfera noble de la política los principios de la plaza del mercado, poco propicia para tratar unos asuntos de los que depende la vida de miles de
trabajadores y trabajadoras y su dignidad.


Con razón nosotros mantenemos que ustedes representan lo peor de la vieja política. Y no solo eso, se dejan caer a última hora en una reunión técnica entre patronal y sindicatos del sector, acompañados por los compañeros y las compañeras de
la prensa, sabiendo que sin los representantes sindicales, que

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no estaban presentes -a los que por cierto no habían avisado-, no iban a lograr nada. Solo buscaban la foto para cumplir con la condición naranja. ¿Saben cómo me dicen que se conoce a este decreto de la estiba? El decreto de la palmada.
Palmada entre las gentes que trabajan en los puertos quiere decir lo que en el lenguaje coloquial se conoce como 'la cosa se pone chunga'. Ustedes nos traen un decreto que supone una palmada en la cara de los estibadores y las estibadoras, de los
sindicatos, de las empresas, del resto de grupos parlamentarios y casi diría -por lo que se ve- hasta de su propio Gobierno, si finalmente esta Cámara se atreve a rechazarlo. No entendemos por qué van más allá de lo sentenciado por el Tribunal de
Justicia de la Unión Europea. No entendemos por qué en un país que todavía sufre alrededor del 20 % de paro y una precariedad insoportable quieren ustedes abrir la puerta a los despidos y al deterioro del empleo en nuestros puertos. Por ellos
pasan el 60 % de las exportaciones y el 85 % de las importaciones de España, un 20 % del producto interior bruto. No entendemos qué interés puede haber cuando además no tienen apoyo social y tanto les está costando el parlamentario para sacar esto
adelante.


Señor De la Serna, ha querido ser muy astuto, más astuto que nadie, utilizando tretas de taberna, aprovechando un viaje oficial al que los suyos y sus aliados -¡oh, sorpresa!- no se apuntan, con diputados enfermos y hasta con emergencias
familiares para ganar esto sea como sea. Pues me gustaría informarle desde ya de que aquí estamos todos los diputados y todas las diputadas del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, del Grupo Parlamentario de
Esquerra Republicana y de Compromís. (Aplausos). Teresa, Marta y Pam están aterrizando. Gracias, Teresa, Pam y Marta. (Aplausos). Como le decía, señor ministro, a su actitud de tahúr se le suma la de irresponsable. Usted, señor ministro, y el
señor GómezPomar nos están exponiendo a una pérdida de 50 millones diarios. Esto es lo que señala el propio informe que a nuestro entender ha inspirado el decreto elaborado por PriceWaterhouse Coopers, y que fue encargado por la plataforma de
inversores de puertos españoles, los auténticos ganadores si finalmente sale adelante este decreto. No entendemos todo esto. O sí.


Señorías, les sugiero que lean con detenimiento el decreto y comprueben cómo finalmente lo que anida en él es un ofrecimiento a los grupos financieros y especuladores internacionales, máximos accionistas y propietarios de las terminales en
todos los puertos españoles, aquellos que eufemísticamente llamamos inversores: la posibilidad de deshacerse de sus trabajadores a cuenta de los fondos públicos, a cuenta del dinero de todos, de precarizar el empleo y las condiciones de trabajo, y
como acostumbran legislando para los que más tienen a costa del resto. Les sugiero, señorías, que den un repaso a las notas biográficas que el Ministerio de Fomento tiene colgadas en su página web. Verán allí como el señor GómezPomar, secretario
de Estado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda y presidente de Enaire, fue director del centro de innovación del sector público de PriceWaterhouse Coopers, antes de ser también presidente de Renfe. Comprobarán cómo José Manuel Vargas,
presidente de AENA -y ya sabemos lo que pasa en AENA también- y el propio ministro Luis de Guindos han trabajado también para esta consultora. ¿Casualidad o trama?


En 2013, siendo el señor GómezPomar presidente de Renfe, se pagaron 2.286.000 euros a PriceWaterhouse Coopers por la adaptación -así decía el título- de los sistemas económicofinancieros de Renfe Operadora al nuevo modelo societario. El
modo de operar nos resulta ligeramente familiar. En la estiba le llaman trincar, nosotros lo llamaremos sujetar fuerte las puertas giratorias. Aquel proyecto debió salir igual de bien que la fusión de Bankia y las cajas gallegas o que los sobres
de los Óscar, porque la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia multó con 65 millones a Renfe por limitar la competencia en el transporte ferroviario de mercancías. Pero lo más curioso del caso, yo diría casi de traca, es que el señor
Gómez-Pomar entre 2005 y 2012 fue director ejecutivo de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada, Fedea. Precisamente Fedea era la que denunciaba la falta de competencia a Renfe en mercancías. ¡Qué casualidad! ¿Y quiénes son los patronos de
Fedea, nos preguntamos? ¿Quiénes son? Avertis, Fundación ACS, BBVA, La Caixa, Iberdrola, Banco Popular, Bankia, Banco de Sabadell, Telefónica, Repsol, Fundación Ramón Areces, Banco de Santander y aún podemos continuar. ¿Casualidad o trama?


Usted, señor ministro, si sigue el dictado de esta gente a la hora de reformar la estiba, enfrentándose a sindicatos, sociedad y Parlamento, es que -me sabe mal decirlo- es un incendiario o un irresponsable. Señor ministro, quizá le cueste
entenderlo, pero los conflictos laborales en democracia no es conveniente resolverlos por decretazo, mientras su antecesora -detrás de mí- que tenía mayoría absoluta en esta Cámara tuvo la sensatez de no imponer un real decreto-ley sin el acuerdo
previo de las partes. Ahora bien, usted viene y nos presenta este decreto con muchos avisos; sí, sí, muchos avisos, pero pocas

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negociaciones. Ni tan siquiera tiene el apoyo de parte de sus habituales aliados en el Congreso. Sabemos que se escuda en la multa -lo hemos escuchado también- que hoy alcanza los 23 millones, y que su decreto cumple todos los requisitos
-cierto- que propone la Unión Europea. Sí, sí, pero yo añadiría también los que propone JP Morgan. Ustedes esperan que nos creamos que la reforma que quieren imponer beneficiará a la ciudadanía de España, y nosotros como siempre nos preguntamos:
¿a qué España? ¿A la del 1 % o a la del 99 %? (Aplausos). Ustedes nos hablan de que han estado dos años negociando y nosotros le pedimos las actas y las agendas para que nos demuestre cuántas reuniones han mantenido sobre el tema, y si han
transmitido las propuestas sindicales a la comisaria europea Bulc. Nuestro grupo le exige que desactive este decreto y que se siente a negociar de verdad, tal y como le piden las partes desde hace tiempo, con convicción y no para hacer el paripé
como ayer. No le pase la carga a su compañera -que por cierto se ha marchado-, señora Báñez, y asuma su responsabilidad directamente.


Ahora, señor Mariano Rajoy -me dirijo a usted, esté donde esté, no sé si en plasma o aquí-, el interés por ser capataces de la oligarquía está poniendo en juego la economía de este país. No es nuevo, claro, ya le conocemos bien; este
conflicto supone la enésima vuelta de tuerca de su modo de gobernar. El sector de la estiba reconoce -reconoce, y nosotros también- que su regulación es mejorable, pero no están dispuestos -y aquí también cuentan con el apoyo del Grupo Confederal
de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea- a que los salarios de este país sean los culpables siempre de todos los males. La gente sabe que los denominados fondos buitres buscan romper la fuerza que tienen las trabajadoras, su unidad, su
organización. Necesitan desregular, reducir salarios, trocear para vender y especular. Destrozan nuestro tejido productivo a mayor gloria de las enormes ganancias que siempre son para cuatro. Han intentado -intentan- enfrentar a los trabajadores
contra trabajadores, pero en esta ocasión no les saldrá bien. No se nos escapa que detrás de la estiba intentarán otras desregulaciones: la función pública, maestras, médicas, enfermeras, trabajadoras sociales, policías. O ventas a precio de
saldo de empresas públicas como Renfe, Adif, AENA, Correos, y tantas otras sobre las que ya están desembarcando grandes accionistas y especuladores a los que ustedes ponen la alfombra roja, como la de sus amigos, la de los Óscar. Hemos así de
preguntarnos una vez más, ¿por qué hacen esto? ¿Casualidad o trama? Precisamente ustedes cargan con saña contra sectores que son parte del legado de la lucha sindical y democrática de nuestro país. Precisamente con quienes impiden que los
salarios caigan aún más en la miseria; miseria a la que nos quiere llevar la oligarquía que ustedes representan fielmente -sí, sí- en este Parlamento con decretos como este.


Señor Rajoy, después de que quizá pase hoy a la historia parlamentaria de este país por no validar un real decreto-ley por primera vez en décadas, tiene dos opciones: o hacer dimitir al señor De la Serna o al señor Gómez-Pomar, pero
alguien, al más alto nivel, ha de asumir las responsabilidades políticas de este desaguisado, de este decreto salvaje. Haga lo que considere, señor Rajoy, pero desactívelo. Vuelva a este hemiciclo con un real decreto-ley que acate la sentencia
europea; sí, sí, todos estamos de acuerdo, que acate la sentencia europea, pero que recoja fielmente lo que acuerden los interlocutores sociales. El Grupo Confederal Unidos Podemos está al lado de la economía productiva y de la estiba, está al
lado de los empleos dignos y decentes, está al lado de los trabajadores y las trabajadoras de este país, y por eso, señor ministro De la Serna, votaremos en contra del real decreto-ley.


Muchas gracias. (Aplausos de las señoras y señores diputados del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, puestos en pie).


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.


En el turno de fijación de posiciones, interviene en primer lugar, por el Grupo Parlamentario Mixto, el señor Quevedo Iturbe.


El señor QUEVEDO ITURBE: Gracias, presidenta.


Señorías, señor ministro, es verdad, existe una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que hay que acatar. Lo que no está claro que haya que acatar es el real decreto-ley, que la interpreta, en nuestra opinión,
incorrectamente. Son dos cosas diferentes. Los puertos son infraestructuras extremadamente productivas, donde han convivido bien el mundo empresarial y el mundo de la estiba, y por lo tanto una injerencia en este sector, tratando de beneficiar a
una de las partes, es un error grave de valoración, señor ministro. Ha infravalorado usted al sector de la estiba, ha infravalorado sus argumentos y me atrevo a decir que nos ha infravalorado a los demás, porque los que conocemos la larga lucha del
sector de la estiba sabemos que se han convertido en un ejemplo de trabajo digno, con salarios dignos,

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en ningún caso privilegiados. Por lo tanto, es el ejemplo a seguir, es lo que se debería defender. Y resulta que en este caso, a la hora de interpretar este conflicto, ustedes han optado por cometer el mismo error que ya se viene
cometiendo, por creer que la competitividad es devaluación interna, es precarizar el empleo. Según eso, con este modelo nos va mejor a todos, pero no es cierto, hay un error grave en esta concepción que todos estamos viviendo.


Hemos tenido numerosas reuniones con la coordinadora del Puerto de la Luz o de Las Palmas -porque yo soy de Las Palmas de Gran Canaria- y le puedo asegurar que se entienden perfectamente los argumentos de esa parte. Por ejemplo, qué les
contestamos a la siguiente pregunta: ¿Cómo es posible que nos propongan aceptar un real decreto-ley que es la muerte laboral del sector de la estiba a cambio de un instrumento normativo que no se sabe cuál es, que se supone que nos va resucitar?
Nadie aceptaría esta negociación, seguro que usted tampoco si le tocase estar en el otro lado.


Están ustedes equivocados. Lamentamos que haya dejado usted pudrirse esta situación. Nueva Canarias votará en contra de la convalidación de este real decreto-ley.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.


A continuación, también por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra la señora Oramas González-Moro.


La señora ORAMAS GONZÁLEZ-MORO: Gracias, señora presidenta.


Ayer decía un portavoz del Gobierno que el Reino de España iba a ser ridículo internacional. El único ridículo es el de un Gobierno que hoy ha faltado a la verdad. No ha habido diálogo. Llevan un decreto-ley al Consejo de Ministros, sin
tener mayoría absoluta, sin enseñarlo ni a los agentes sociales ni a las fuerzas políticas. Fijan la fecha de aprobación de ese decreto en este Congreso sin haber hablado con las fuerzas políticas. Eso es el ridículo de un Gobierno que viene aquí
a faltar a la verdad.


Primero. Los puertos españoles no son competitivos. ¿Por qué los chinos están en Barcelona? ¿Por qué Valencia es lo que es y no Italia? ¿Por qué los puertos de la Luz y de Tenerife son lo que son y no lo son los de Marruecos? Los
puertos españoles son competitivos. Ahora, si queremos que los estibadores españoles no ganen como los estibadores noruegos u holandeses sino que cobren 1.700 euros, que podría hacerse, pues entonces sí. No son trabajadores privilegiados, como se
ha dicho desde el Gobierno. Quiero aclarar aquí que el sueldo de los estibadores no lo pagan los españoles, lo pagan empresas multinacionales que ganan muchísimo dinero, y trabajan por la noche, por el día, en días festivos y en función del trabajo
que haya, porque está la productividad.


Segundo. Ustedes ayer han dicho dos falsedades: que se garantizan los puestos de trabajo y que los estibadores se van a jubilar con el 70 % y cincuenta años. Falso. La única forma de garantizar los puestos de trabajo es que este decreto
hoy se tramite como proyecto de ley y se garantice la subrogación. Las empresas ayer lo único que han dicho es que lo van a estudiar y, por tanto, o se las obliga a la subrogación o no hay garantía de puestos de trabajo. Y la comisaria se calló
cuando se la preguntó aquí por la subrogación. Pónganlo, y que Europa nos eche abajo el decreto. Ayer dijeron que la subrogación iría en otra normativa, y ahora resulta que si va en el mismo decreto no es posible, pero en otra normativa sí.


Tercero. Esa Europa que toma esas decisiones es la que está generando los populismos en este país. Aquí no hay buenos y malos, aquí no hay gente que no tiene sentido de Estado. Claro que tenemos sentido de Estado, con seis mil
trabajadores, con más de veinte mil familias, con un trabajo digno con el que se han jugado la vida y que necesita especialización. El Gobierno actual y este ministerio han ido más allá de lo que pide Europa. Le garantizo que si ahora el portavoz
del Grupo Popular anuncia la tramitación como proyecto de ley, la introducción de la subrogación y esa oferta que ha hecho doña Fátima Báñez, que yo me quito el sombrero...


La señora PRESIDENTA: Señoría, tiene que terminar.


La señora ORAMAS GONZÁLEZ-MORO: Termino.


Ayer, a última hora, usted por fin se sentó en una mesa, en la que no se había querido sentar, con una oferta de prejubilación, pero no a los 50 años. Es gente que ha trabajado en la estiba 35 años y lo único que se hace es adelantar 66
meses su posibilidad de prejubilación, como en otros sectores. Por eso hoy estas fuerzas políticas que estamos aquí, señor ministro, tenemos sentido de Estado, tenemos sentido de país. Le garantizo que si su portavoz anuncia la tramitación como
proyecto de ley y la inclusión de la subrogación, los sindicatos y las fuerzas políticas de este país hoy le damos un mensaje a Europa.

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Normativas paralelas de subrogaciones, métalo hoy y que nos lo eche abajo Europa; esa Europa que tiene que luchar contra los populismos que se generan por situaciones como estas.


Muchas gracias, señora presidenta.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.


A continuación, tiene la palabra el señor Martínez Oblanca.


El señor MARTÍNEZ OBLANCA: Muchas gracias, señora presidenta.


Este real decretoley adapta la regulación de la estiba portuaria en los términos que determinó a finales de 2014 el Tribunal Europeo de Justicia, en una sentencia cuyo fallo literalmente dice: El reino de España ha incumplido las
operaciones que le incumben en virtud del artículo 49 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, al imponer a las empresas de otros Estados miembros que deseen desarrollar la actividad de manipulación de mercancías en los puertos españoles
de interés general determinadas obligaciones. Las acaba de precisar el señor ministro de Fomento. El tribunal también condenó en costas a España, en una inequívoca sentencia que ya se debería haber acatado, incluso antes de la parálisis forzosa
que se prolongó durante más de un año por la disolución de las Cortes Generales y las limitaciones del Gobierno en funciones, como secuela de las fallidas investiduras del presidente en esta misma Cámara.


Señorías, Foro apoya la convalidación, porque el Estado de derecho y nuestra condición de europeos obliga a cumplir las sentencias judiciales, aunque no gusten a algunos. Nuestro país ya está pagando diariamente una sanción económica
importante, que puede multiplicarse hasta superar los 130.000 euros diarios si España no acata los criterios incorporados al derecho comunitario. No existe precedente de incumplimientos de España en aspectos cruciales derivados de nuestra
pertenencia y nuestra firma del Tratado de la Unión, también conocido como Tratado de Maastricht, que firmó el presidente Felipe González en 1992. Por lo tanto, estamos obligados, no como decisión política, sino como compromiso por nuestra
pertenencia al Tratado de funcionamiento de la Unión Europea y como cumplimiento de la sentencia de su más alto tribunal.


Señora presidenta, votaré a favor de la convalidación.


Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.


A continuación, tiene la palabra el señor Matute García de Jalón.


El señor MATUTE GARCÍA DE JALÓN: Egun on guztioi.


Empezaré señalándole una corrección al señor ministro. Ha agradecido a todas las formaciones políticas su voluntad de diálogo y su esfuerzo. No hace falta que le agradezca nada a Euskal Herria Bildu, porque usted no ha tenido ningún
interés en conocer nuestra opinión y, en cualquier caso, no sería diferente a la que le voy a manifestar hoy aquí.


Nosotros no vamos a apoyar la convalidación de este real decreto porque usted está utilizando una circunstancia, que es la sentencia de los tribunales europeos, que es la multa de los tribunales europeos, para penalizar y desregularizar todo
un sector, para devaluar las condiciones laborales de las y los trabajadores de todo un sector, el sector de la estiba. Y usted lo hace aprovechando una circunstancia, que es la multa; y lo que tendría que decir es que esa multa se la ponen por la
labor de los poderes públicos, no de los trabajadores y trabajadoras de los puertos; que esa multa tiene que ver con la transformación de los puertos que fueron públicos, porque eran un sector estratégico, para dejarlos en manos privadas. Y lo que
quieren hacer con este real decreto es profundizar, si cabe, aún más en esa desregulación; que paguen los trabajadores y trabajadoras sus políticas y que las multinacionales, las transnacionales, en este caso, de las terminales de los puertos sigan
beneficiándose de manera todavía mayor.


Decía usted: Se viene diciendo... Se vienen diciendo muchas cosas. Lo que ha sido una irresponsabilidad ha sido situar a las y los trabajadores de los puertos, a las y los estibadores en la boca de mucha gente, señalándoles como lo que no
son, como les han dicho, como privilegiados, como organizaciones con prácticas extrañas. Las únicas prácticas extrañas las practican quienes dominan las empresas. Los trabajadores y trabajadoras de los puertos, los trabajadores y trabajadoras de
la estiba son un problema para ustedes porque tienen conciencia de clase, y como tienen conciencia de clase y están en un sector estratégico pueden suponer una dificultad.

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Nosotros exigimos nuevamente aquí la transferencia -precisamente por eso, porque es un sector estratégico- y gestión de los puertos vascos para hacer cosas diferentes a las que ustedes hacen, para hacer que Bilbao y Pasaia sean referentes
también en la defensa y dignidad de los derechos de las y los trabajadores.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.


Tiene la palabra, también por el Grupo Mixto, el señor Baldoví Roda.


El señor BALDOVÍ RODA: Moltes gràcies, senyora presidenta.


Decía Charles Chaplin: Errar es de humanos, pero echar la culpa a los demás es más humano. Yo creo que de eso ha ido el discurso, de expiar la culpa, de buscar culpables y, en definitiva, de decir: ¿cómo hemos llegado hasta aquí? Lo
importante no es cómo hemos llegado hasta aquí ni quiénes son los culpables; lo importante es qué se ha hecho mal aquí. Aquí se ha hecho mal algo y hay una multa, y esa multa se impuso el 11 de diciembre de 2014, hace dos años y tres meses.
Durante ese tiempo, el Gobierno del Partido Popular tuvo diez meses de mayoría absoluta y pudo haber impedido que llegáramos a estos veintitantos millones.


La segunda cuestión es la manera en la que se ha llevado todo este proceso. Ya se lo dije, señor ministro, si se hubiera sentado antes como hizo ayer, si ese papel que tenía ayer hubiera llegado antes, hubiera habido margen de negociación.
Si hubiera tenido un poco más de cintura, probablemente hoy no estaríamos aquí como estamos. Sabe que Compromís ha tenido una actitud constructiva y hubiéramos querido llegar aquí votando sí, porque eso hubiera querido decir que había un acuerdo
entre las empresas, los trabajadores y las fuerzas políticas, y no lo hubo. El decreto no se podía aprobar así, y usted lo sabe -voy acabando-, y la prueba es que no va a salir, porque iba más allá de la sentencia, porque no garantizaba la
subrogación de los trabajadores. El documento de ayer llegó tarde, sin posibilidad real de negociación y sin garantizar la subrogación.


Acabo. Decía Concepción Arenal que cuando la culpa es de todos, la culpa no es de nadie, pero aquí sí que hay un culpable de que esto no salga, de que no haya acuerdo; la culpa es del Partido Popular y del Gobierno, no nuestra. Señor
ministro, hoy no acaba la negociación, hoy empieza.


Moltes gràcies, senyora presidenta.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.


También por el Grupo Mixto, tiene la palabra el señor Bel Accensi.


El señor BEL ACCENSI: Gracias, presidenta.


Señor ministro, señorías, ayer, desde esta tribuna, el presidente Rajoy instaba a esta Cámara a realizar reformas estructurales y ponía un ejemplo: la estiba es una reforma estructural. Debe saber, señor ministro -y el Gobierno también-
que las reformas estructurales no se hacen de forma unilateral, porque cuando se hacen así y no hay mayoría absoluta, no salen adelante. El presidente Rajoy acababa su reflexión diciendo: Bueno, si se convalida, bien, y si no, qué le vamos a
hacer. Si este es el espíritu del Gobierno, entiendo su posición hoy aquí. Es una posición difícil, una posición buscada, porque seguramente si durante los últimos años ustedes hubieran hecho el esfuerzo que han hecho a lo largo de las últimas
horas y de los últimos días -y hay que reconocerlo- esto estaría resuelto desde hace meses.


La responsabilidad es esencialmente del Gobierno; ni los sindicatos, ni las empresas, ni los grupos parlamentarios podemos asumir la responsabilidad principal, señor ministro, y hay que buscar soluciones. Nuestro grupo entiende que se debe
reformar. Creo que toda la Cámara y todos los sectores consideran que la reforma es necesaria, pero debe ser pactada, debe ser acordada y debe hacerse entre todos. No es un contrato de adhesión: Yo planteo las condiciones, la Unión Europea
plantea las condiciones y los demás solo pueden adherirse, y si no lo hacen, son antipatriotas y, a su vez, responsables de la multa. Las cosas no son así. En todo caso, señor ministro, si hoy no sale adelante esta reforma -y parece que algunos
socios del Gobierno ya han anunciado que no van a votar a favor-, tendremos un reto y creo que esta tarde o mañana tendría que entrar un proyecto de ley. Nosotros venimos reclamando desde el primer día que se tramite como proyecto de ley; si se
tramita como proyecto de ley, toda la Cámara será corresponsable de que esto se apruebe o no, pero si no hay proyecto de ley, evidentemente, el responsable va a ser el Gobierno.


Muchas gracias. (Aplausos).

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La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.


Por el Grupo Parlamentario Vasco, PNV, tiene la palabra el señor Barandiaran Benito.


El señor BARANDIARAN BENITO: Buenos días, señorías.


No voy a incidir demasiado en algunos aspectos que ya se han comentado. El real decreto-ley es ni más ni menos consecuencia de una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, y se nos pide su ratificación. El señor Martínez
Oblanca nos ha explicado cuál ha sido el texto concreto en el que se considera la infracción del artículo 49 del Tratado fundacional de la Unión Europea.


Lo cierto es que esa sentencia tiene dos conclusiones fundamentales que son: en primer lugar, la necesidad de eliminar la obligación impuesta a las empresas de inscribirse en la Sagep y, en segundo lugar, eliminar determinadas restricciones
a la contratación laboral, sobre todo a través de la Sagep. Como ustedes saben, el real decreto-ley del que se solicita la convalidación contiene determinadas medidas, en concreto, liquida el régimen jurídico de gestión de los trabajadores
portuarios contenido en la Ley de puertos del Estado y de la marina mercante; proclama la contratación libre, es decir, aplicará el régimen jurídico laboral ordinario, y establece que las empresas que pretendan operar en el servicio portuario no
precisarán participar en ninguna cuyo objeto social sea la puesta a disposición de trabajadores portuarios. Por eso desarrolla en sus artículos 3 y 4 diferentes determinaciones con relación a estas cuestiones, crea los centros portuarios de empleo
y, finalmente, opta por un régimen de transitoriedad, tanto en la aplicación de los convenios vigentes en la Sagep como en el periodo transitorio de tres años para la actualización del régimen empresarial. Ese es el escenario en el que se mueve
este debate, el de la constatación del incumplimiento de la normativa del Tratado fundacional de la Unión Europea y el de la necesidad de dar cumplimiento a la sentencia con la inevitable consecuencia de liquidar la Sagep, también el de precisar un
nuevo régimen jurídico al que se han de someter los trabajadores y, por ello, necesariamente, el de contemplar un régimen transitorio de adaptación y precisar el régimen jurídico al que estos van a estar sometidos.


Si me lo permiten, después de haber oído muchas de las intervenciones, debo comenzar advirtiendo que este debate está plagado de falacias que conviene destacar, porque en realidad ninguno de los que han estado llamados a intervenir para
resolver esta cuestión de la estiba ha actuado con la debida responsabilidad ni con la debida diligencia. Nadie ha propuesto auténticas soluciones a un problema que, con todo el respeto, ni es nuevo ni necesitaba de la sentencia del Tribunal de
Justicia de la Unión Europea para que pudiera ser advertido. No lo han hecho las instituciones europeas. La Comisión, probablemente con razón por lo flagrante de la infracción, pero también con doblez, ha actuado frente a España posiblemente para
dar una especie de escarmiento al resto del sector europeo. Tampoco lo han hecho los Gobiernos, pero no solo este; este, el anterior y todos los anteriores han sido conscientes de la existencia de ese problema y ninguno ha planteado una solución
efectiva. Tampoco las empresas, que hoy esperan a la vigencia de ese real decreto-ley para aprovechar sus consecuencias, sobre todo habida cuenta de que se les han planteado dos escenarios absolutamente inesperados: uno, el riesgo de pérdida de
parte de la cuota del negocio y, otro, la posibilidad de transferir las responsabilidades de los costes sociales a la Administración. Pero también son responsables las representaciones de los trabajadores, la de los propios estibadores y la de los
sindicatos tradicionales; unos, porque sabían hace tiempo que el carácter especial de la relación de trabajo no se podía sostener en el escenario de libertades de la Unión Europea, y otros, porque nunca han querido saber de este sector hasta hoy,
por lo mediático del conflicto. Tampoco se puede obviar, desde luego, a los partidos ni a este Parlamento. Se supone que estamos tanto para lo fácil como para lo realmente valioso, como es afrontar problemas y proponer soluciones. Sin embargo,
aquí lo destacable es la torpeza -por llamarlo de alguna manera- de mirar hacia otro lado para evitar los problemas. No es solo la sentencia; la situación particular de los puertos y del negocio de la estiba es una cuestión que siempre ha
sobrevolado a la opinión pública y a la de los partidos sin que nadie haya querido aterrizar nunca en sus contradicciones ni ofrecer salida alguna.


Hoy, ante un escenario como el de la necesidad imperiosa de tomar decisiones porque el precio de la sentencia condenatoria a España es muy alto, es un alivio conocer que por fin el Gobierno ha propuesto unas medidas, añadidas a las del real
decreto-ley. Además, nos ha satisfecho oír su precisión de boca del señor ministro, porque supone además comprometer al propio Gobierno en su ejecución. De ese acuerdo propuesto por el Gobierno destaca, en primer lugar, como ya ha dicho también el
propio señor ministro en su intervención, la garantía del nivel de empleo actual, que se habría de materializar a través de la subrogación de los trabajadores de la Sagep en las actuales empresas titulares del servicio portuario

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como nuevos empleadores, esto es, que los trabajadores de la Sagep y también aquellos que se incorporen a los centros portuarios de empleo se integrarían en las empresas que sustituirían a las actuales titulares de licencias y -lo que es
importante destacar- en las condiciones del actual convenio de la Sagep, si bien pasarían a futuro a tener las condiciones de un convenio sectorial de trabajadores portuarios. Además, si las empresas titulares de licencias deciden permanecer en la
Sagep, la titularidad de la relación no cambiaría y les sería de aplicación el plazo transitorio de tres años previsto en el real decreto-ley. En segundo lugar, serán las nuevas empresas quienes pasen a ejercer el poder de dirección que el artículo
20 del Estatuto de los Trabajadores reconoce a los empresarios, y eso lo que hace es caracterizar la habitualidad de la nueva relación laboral. En tercer lugar, y de forma destacada, el Gobierno, para facilitar el tránsito a la nueva situación, se
implica con un régimen de ayudas para trabajadores que quieran rescindir su contrato de trabajo de forma anticipada, dirigidas a quienes les resten menos de cinco años para su jubilación -que en el régimen especial de los trabajadores portuarios es
de 55 años-, a quienes se garantiza tanto la cotización hasta dicha edad como un subsidio por importe del 70 % de su salario de los últimos seis meses. Y en cuarto lugar -algo que nos parece de gran importancia-, se constituiría una comisión de
seguimiento de los acuerdos en la que participarían de forma paritaria las representaciones de los trabajadores, de las empresas y de la Administración, que tendría como objeto resolver las cuestiones que pudieran plantearse en su ejecución.
(Rumores).


La señora PRESIDENTA: Silencio, por favor. Silencio.


El señor BARANDIARAN BENITO: Esta es por tanto la descripción de los compromisos que parece asumir el Gobierno para el ejecución del real decreto-ley y he de decir que coincide con los parámetros que por nuestra parte habíamos exigido, que
eran los relativos a la garantía de derechos sociales, la continuidad en sus puestos de trabajo de los trabajadores y la implicación del propio Gobierno, que se traduce, a nuestro parecer, con ayudas sociales a las que se compromete y con su
participación en la comisión encargada de la solución de los problemas derivados de la ejecución de los acuerdos. Es un compromiso de elevado contenido social y creemos que supone favorecer la competitividad de los puertos al no tener que asumir
estos sus costes. Son, por tanto, un conjunto de medidas que inciden de forma favorable en todos los agentes que intervienen en torno a los puertos, ya que su mantenimiento y desarrollo son para nosotros elementos centrales de nuestras decisiones.
Por ello, hemos de manifestar que nuestra valoración es positiva, y ahí hemos de añadir, frente a posturas contrarias, que dudamos de que ningún acuerdo futuro pueda superar el contenido material de la oferta actual del Gobierno.


Solo nos queda anunciar el sentido de nuestro voto, que será positivo, y aclarar que lo haremos por dos motivos añadidos. Primero, por responsabilidad, porque creemos que no es hora de ocultarse ante la solución a un problema real y urgente
y porque los compromisos ofrecidos por el Gobierno son coherentes con la sentencia del Tribuna de Justicia de la Unión Europea y dan respuesta a los problemas que su aplicación plantea. Segundo, en defensa del interés colectivo, porque no solo en
el aspecto social sino también en el general, no estamos dispuestos a ser responsables de pagar 4 millones de euros al mes por dilatar una solución que en cualquier caso va a tener estos u otros caracteres muy parecidos. Lo contrario es engañarse.
La ejecución de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea obliga a adoptar esas medidas que hoy todos discuten pero respecto de las que nadie hasta hoy ha formulado ninguna alternativa.


Muchas gracias, señorías.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.


Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, tiene la palabra el señor Salvador i Duch.


El señor SALVADOR I DUCH: Bon dia a tothom (Pronuncia palabras en catalán) y a todos los compañeros de la estiba del resto del Estado. Por ellos estamos aquí. Gracias, presidenta.


Les avanzamos que nuestro voto será un no rotundo, porque creemos que el real decreto-ley que ahora nos presentan guarda poca relación con el fallo de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. ¿Saben lo que hay detrás de
este decreto? Seamos sinceros. En el fondo hay los mismos objetivos que en sus reformas laborales; las reformas que los estibadores evitaron gracias a las organizaciones de los trabajadores, es decir, a sus sindicatos y a su capacidad de defensa
y movilización, por eso no los tocaron. Lo que hay detrás es una devaluación salarial y de las condiciones laborales del sector de la estiba. Lo que hay detrás de este decreto es una devaluación de los salarios que puede llegar

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en un futuro cercano al 35 %. Lo que hay detrás de este real decreto es que los estibadores cobran mucho; pero mucho con relación a quién, ¿con relación al monarca?, ¿con relación a los grandes directivos de la banca?, ¿con relación a la
mayoría de la gente, que ha visto sus condiciones laborales precarizadas?, ¿con relación a la gente que vive en estado de paro de larga duración?, ¿con relación a la gente que vive en la economía sumergida? ¿con relación a los trabajadores de
empresas que se han descolgado de su convenio del sector, rebajando sus salarios de tal manera que, aun trabajando, son pobres? ¿Con relación a quién cobran mucho?, ¿con relación a los beneficios del capital, que cada vez son más importantes en
relación con el PIB?, ¿a los accionistas de las grandes multinacionales? ¿Por qué un trabajador que no vive del rendimiento del capital, que se gana bien la vida trabajando es un privilegiado? No, no lo es. (Aplausos). Ganarse dignamente la
vida -la vida- debería ser la norma y no la excepción para los trabajadores y trabajadoras; debería ser un derecho y no un privilegio, como se considera ahora en relación con los estibadores.


Dicen que hay que abrir el mercado, que los estibadores impiden que los puertos del Estado sean competitivos; en cambio, estamos viendo cifras récords en exportaciones; estamos viendo que los estibadores de aquí tienen salarios parecidos a
los de Europa del norte o a los de Estados Unidos. ¿Qué quieren? ¿Puertos francos? ¿Quién gana y quién pierde con esta directiva europea? Y ya hablaremos de esta Unión Europea. ¿Quién gana y quién pierde? Europa, quién te ha visto y quién te
ve. Pues ganan las grandes compañías multinacionales del transporte marítimo, a las que solo les queda de margen para ampliar beneficios bajar los salarios de los trabajadores, la vieja receta neoliberal. ¿Quién pierde? ¿Los trabajadores, los
asalariados? Perdemos todos porque los estibadores cotizan a la Seguridad Social, los estibadores se gastan su salario en la carnicería, en la zapatería, en las tiendas de su ciudad -por eso perdemos todos- y pagan sus impuestos aquí y no en
paraísos fiscales o vaya usted a saber dónde como las grandes multinacionales del transporte marítimo. Por eso decimos no a esta normativa, porque es una puerta abierta de par en par a que continúe la desregularización laboral, a que entren las
ETT, las empresas de subcontratación con sus convenios de empresa propios o que tripulaciones de barcos o personal de buque de otras nacionalidades descarguen sus mercancías a precios de 6 euros la hora. Esta es la realidad.


Decimos no a esta normativa porque no queremos que esta profesión se precarice, que una titulación de formación profesional de grado medio o superior sea suficiente para descargar barcos. Votaremos que no porque sabemos que en un plazo
máximo de tres años no existirá ninguna ordenación equitativa del trabajo. En tres años, las empresas estibadoras tan solo estarán obligadas a contratar a los actuales estibadores y estibadoras para la realización de un 75 % del volumen de trabajo
anual -el segundo año el 50 % y el tercero el 25 %-, sin que exista garantía alguna de contratación finalizado este periodo. Y aunque en la negociación existiera que se garantice el futuro del trabajo de los actuales estibadores, el precio es que
las condiciones del futuro del trabajo de nuestros hijos, las condiciones del futuro del trabajo de nuestros hijos en la estiba seguro, seguro que serán inferiores a las de ahora. En un periodo máximo de tres años va a haber despidos o
compensaciones económicas por parte del sector público, es decir, pagados con nuestros impuestos, para precarizar el mercado laboral de los de siempre. Pero, ¿quién garantiza la contratación de los estibadores y estibadoras, con sus salarios muy
ligados al volumen de trabajo que hacen, su trabajo temporal, que se van a continuar contratando en un libre mercado de empresas compitiendo en bajos costes? Posiblemente se va a reglar, como reclamo, la edad legal de jubilación, pero ello nos
indica de forma clara que no quieren rejuvenecer el sector o actuar ante posibles puertos sobredimensionados; solo se busca extinguir un colectivo con condiciones dignas de trabajo, buscan transformar, en nombre del dios de la competitividad, un
sector con los contratos mayoritariamente indefinidos en un sector con una temporalidad incentivada; eso es lo que buscan. A partir de la nueva norma, las empresas que gestionarán los puestos a disposición de los estibadores y las estibadoras
serán ETT que pueden tener la condición de centros portuarios de empleo; en cada puerto podrán operar muchas empresas y ya sabemos quién se llevará el trabajo: la que contrate más barato. Esta es la realidad. Este decreto, además, se hace para
presionar a la baja las demandas de los trabajadores.


El ministro de Fomento ha jugado sucio. Hoy le he estado escuchando y parecía más el abogado de la patronal defendiendo su plataforma que un ministro de Fomento. Ha jugado sucio porque llevar este decreto-ley sabiendo que se puede perder
es ponerse de parte de la patronal para presionar en la negociación colectiva que debe ser libre y sin ningún tipo de presiones por parte del Gobierno. Ustedes podrían haber traído un real decreto-ley mucho menos ambicioso que ideológico como el
que nos han traído. De hecho, se trataba simplemente de negociar la bolsa de trabajo con condiciones dignas. De hecho, la solución no era tan complicada, era simplemente respetar la negociación colectiva. De hecho la

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comisaria Bulc dijo -está escrito en prensa- que teníamos un margen de tres o cuatro meses para seguir esta negociación. ¿Por qué se trae este real decreto-ley aquí? Porque quieren presionar a esta gente de aquí para que presionen a la
baja, porque ustedes consideran sus salarios indecentes mientras no consideran indecente otros trabajos, otros monopolios u otro tipo de actividades. Esto es lo que ustedes quieren.


Otro día será momento de hablar de eso aquí, pero empecemos a hablar de la Unión Europea, esta Unión Europea en la que cada vez que la gente va a votar solo vota un 40 % porque está viendo el rumbo que está tomando, es la Unión Europea que
está gobernada no a favor de sus personas, de sus gentes y de sus trabajadores y trabajadoras, sino a favor de los intereses del capital, del sistema financiero y de las empresas multinacionales. Está claro a quién defendemos nosotros: a la gente
de mi ciudad, a la gente que está aquí arriba y por ello 'Ni un paso atrás'. Aquí estaremos y seguiremos estando.


Muchas gracias. (Aplausos).


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.


Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos tiene la palabra el señor Navarro Fernández-Rodríguez.


El señor NAVARRO FERNÁNDEZ-RODRÍGUEZ: Señor Alonso, ha convertido usted a en heroínas a tres diputadas por el hecho de tener que retornar apresuradamente de un viaje de Estados Unidos a una sesión del Congreso que estaba programada.
(Aplausos). Espero que al menos los billetes los hayan pagado sus respectivos partidos, porque tengo que recordar que nuestras diputadas de Ciudadanos se abstuvieron de ir a ese viaje precisamente porque estaba programada esta sesión. (Aplausos).


Señorías, en otoño de 2011, siendo ministro de Fomento José Blanco, se aprobó el Real Decreto Legislativo 2/2011, el texto refundido de la Ley de puertos del Estado y de la marina mercante. Esta ley refundía textos previos, entre ellos la
Ley 48/2003 de régimen económico y de prestación de servicios en los puertos de interés general y la Ley 33/2010, que en junio de ese mismo año había modificado la Ley 48/2003. El artículo 109 de esta Ley de puertos decía que la prestación de los
servicios portuarios se llevará a cabo por la iniciativa privada, rigiéndose por el principio de libre concurrencia con las excepciones establecidas en la ley, y las excepciones venían enseguida. El artículo 142 preveía que en cada puerto de
interés general se constituiría una sociedad anónima cuyo objeto social sería la puesta a disposición de estibadores a sus accionistas. Estas eran las famosas Sagep, las sociedades anónimas de gestión de estibadores portuarios. (Rumores). ¿Y
quiénes eran los accionistas? La Ley de puertos obligaba a entrar en el accionariado a todas las empresas que quisieran trabajar en los puertos. A continuación, el artículo 150.1 establecía que las empresas que desearan contratar estibadores
deberían hacerlo prioritariamente a través... (Continúan los rumores).


La señora PRESIDENTA: Un segundo, señoría; un segundo.


Señorías, guarden silencio, por favor.


Continúe.


El señor NAVARRO FERNÁNDEZ-RODRÍGUEZ: ... de ofertas a los trabajadores de la Sagep correspondiente, y en caso de no existir en la Sagep el personal adecuado, solo en ese caso podrían realizarse esas contrataciones libremente. Además, el
artículo 104 obligaba a las empresas que trabajaran en los puertos a incorporar en sus plantillas un número de trabajadores en porcentaje no inferior al 25 %. Casi simultáneamente a la entrada en vigor de la Ley de puertos, el 25 de noviembre de
2011, la Comisión envió al Reino de España un escrito de requerimiento diciendo que el régimen regulado en la famosa Ley 48/2003, que luego refundía la Ley de puertos, no era conforme con el artículo 49 del Tratado fundacional de la Unión Europea
relativo a la libertad de establecimiento.


Repito, en noviembre de 2011, la Comisión avisaba a España de que un artículo del corazón mismo del tratado fundacional estaba siendo vulnerado hace cinco años y medio. A partir de ese momento, se inició un juego de marear la perdiz. Si se
sigue la línea de correos, de comunicaciones y de escritos entre el Gobierno y la Comisión, se ve que el Gobierno contesta que esa ley ya no existe porque ha sido refundida; Europa le contesta que ya, pero es que hay que modificar esa ley
refundida; entonces el Gobierno silba mirando al cielo y cambia la legislatura y la cosa sigue igual. En octubre de 2012 la Comisión mandó un dictamen motivado diciendo que ya estaba bien de bromas y que se arreglara la situación. El Gobierno
siguió dando largas, y se interpuso el primer recurso. Siguió el Gobierno defendiéndose hasta la sentencia del 11 de diciembre de 2014, una sentencia contundente que incluye las

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costas. A pesar de eso, continuó tomándoselo el Gobierno con bastante tranquilidad, se hicieron algunos acercamientos a estibadores y empresas, pero las negociaciones se interrumpieron por completo en septiembre de 2015. A partir de ese
momento, las únicas negociaciones fueron con Europa para intentar la paralización de la imposición de multas. Visto lo visto, el 13 de julio de 2016 la Comisión interpuso un nuevo recurso en el que se pedía la condena de estas dos multas que ya se
han reiterado: una diaria de 134.000 euros y una a tanto alzado que va por 22 millones.


Recapitulando, hay una ley que vulnera el tratado fundacional de la Unión Europea que ha recibido avisos reiterados de Europa y que los sucesivos Gobiernos han dejado pudrir.


Señorías, desde el primer momento en Ciudadanos hemos dejado clara cuál es nuestra posición. Hay que cumplir la sentencia de Europa, no solo por la multa, sino porque estamos en Europa. Hay que reformar el sector, hay que hacer reformas,
pero también tenemos que garantizar al máximo la conservación de los puestos de trabajo. Porque no hay que olvidar que esto, si bien es una reforma, no es una mina que se cierra y desaparecen los puestos trabajo. No, aquí los puestos de trabajo se
siguen necesitando. De hecho, nosotros pretendemos que España se convierta en una plataforma europea de transporte hacia América y Asia. Vamos a necesitar más puestos de trabajo. (Aplausos). Por eso animamos a las partes a que se sentaran y
negociaran, y eso se ha hecho: las posturas se han acercado, los estibadores han cedido en algunas cosas y las empresas han cedido en otras, y esto es una muestra de madurez.


Señorías, estamos en un problema endiablado, pero ahora, finalmente ahora, vamos por el buen camino. Hay que reconocer el esfuerzo que están haciendo todas las partes y hay que reconocer la nueva actitud del Gobierno. Finalmente, entiende
que hay una posibilidad de acuerdo. Tenemos que reconocer dos avances importantes y uno de ellos es el documento que ayer se presentó que acuerda la continuidad en el empleo, acuerda exactamente lo que nosotros estábamos pidiendo. (Rumores).
Ofrece ayudas a todos aquellos que no queden incluidos en la subrogación y, muy importante, finalmente el Gobierno está presente en la negociación. En Ciudadanos queremos reconocer, porque está siendo imprescindible, la presencia de la ministra de
Empleo en este asunto, pero nadie puede negar que el texto que ayer se presentó es la base de un buen acuerdo.


Señorías, ante este embrión de este acuerdo que se presentó ayer, ¿tiene sentido que hoy se presente un decreto sin los apoyos necesarios? En Ciudadanos creemos que no, que habría tenido más sentido esperar, apurar un poco más los plazos
que aún tenemos, retirar hoy el decreto y esperar otra semana. (Aplausos). Porque, señorías, Ciudadanos es parte de la solución, pero desgraciadamente mi grupo no es decisivo en esta votación. Esta votación, por la importancia del asunto,
requiere un acuerdo de Estado; requiere que los partidos con vocación y sentido de Estado lleguen a un acuerdo que es posible. Insistimos en que se apuren hasta el final las posibilidades de negociación. No se ha retirado el decreto y ahora no
tienen esos apoyos, por eso hoy nos vamos a abstener (Continúan los rumores), pero insistimos en que estamos...


La señora PRESIDENTA: Un segundo.


Señorías, guarden silencio, por favor.


Continúe, señor Salvador.


El señor NAVARRO FERNÁNDEZ-RODRÍGUEZ: ... en el buen camino. La solución de un problema tan complicado, en el que todos tenemos que ceder, está ahora al alcance de nuestra mano. Apelamos a la madurez y a la responsabilidad de las partes.
Sigamos avanzando en dicho camino.


Muchas gracias. (Aplausos).


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.


Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el señor Ramos Esteban. (Rumores).


Silencio, por favor.


El señor RAMOS ESTEBAN: Gracias, señora presidenta.


Si tuviéramos que titular esto como si fuese una película -todo lo que hemos vivido se parece mucho a una película y, viendo las intervenciones de algunos, se podría decir que han hecho un gran papelón, porque de verdad que algunos están
preparados para ser magníficos actores-, yo elegiría el título que hace un mes puso un escritor, Isaac Rosa, a un artículo en un periódico: Prepárate a odiar a los estibadores. Eso es lo que hemos vivido hoy aquí, lo que hemos vivido esta semana y
lo que vamos a seguir viviendo, pero seguramente el título cambie a partir de hoy y se llame: Prepárate a odiar a la oposición. Porque nos

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han intentado hacer responsables de una multa que no es nuestra y que empezó a contar en diciembre de 2014. -Repito, diciembre de 2014-.


Cada día que ha pasado a partir de entonces la multa se ha incrementado y yo me pregunto: ¿Por qué el Gobierno del Partido Popular no hizo en 2015 un decreto con la mayoría absoluta que tenían para dar respuesta a la sentencia? (Aplausos).
Creo que la respuesta la tiene clara todo el mundo, pero si no es así se lo voy a recordar. En 2015 se celebran elecciones municipales, autonómicas y generales. Pues bien, ese sentido de Estado que el Partido Popular pide a los grupos de la
oposición para apoyar el decreto no lo tuvieron entonces. El interés era partidista y electoral (Aplausos), y por eso el Gobierno va desencaminado si a partir de ahora pretende que se odie a los grupos de la oposición. Está equivocado, pero, como
he dicho, hoy hemos visto muchos papeles aquí. Algunos han hecho un papelón.


Voy a hablar de mi amigo Félix, de Podemos, que ha hecho un reconocimiento a las diputadas que han venido en avión, deprisa y corriendo, para hacer su trabajo y votar. -Repito, para hacer su trabajo y votar-. Yo voy a hacer un
reconocimiento a las diputadas que no se han ido, que pudieron irse y se quedaron porque sabían que este debate y esta votación eran muy importantes (Aplausos) para los trabajadores de la estiba y para este país. Por eso creo que hemos estado
durante todo este tiempo en una película, en una mala película.


En cuanto a la intervención del ministro, tengo un amigo que sé lo que hubiera dicho al momento. Hubiera propuesto que el ministro cada vez que hubiera hablado de multa se hubiera tomado un chupito. Cada vez que hubiera hablado de multa,
chupito. Seguramente no hubiera terminado la intervención porque lo ha repetido aquí cansinamente para hacer el papel que quería hacer: hacernos responsables a los demás de lo que ha pasado y de lo que va a pasar.


Dentro de los papeles que se han repartido los distintos grupos de la Cámara voy a decir cuál es el nuestro. Nosotros siempre hemos creído que este es un tema complicado, difícil y que había que tener miras de Estado, pero también teníamos
muy claro que no somos parte de la negociación. ¿Por qué? (Rumores).


La señora PRESIDENTA: Un segundo, señor Ramos. (Pausa). Puede continuar.


El señor RAMOS ESTEBAN: No somos parte de la negociación. ¿Por qué? Porque no tenemos las herramientas, la interlocución y, como es un decreto que tiene que cambiar las relaciones laborales entre los sindicatos y la patronal, se tiene que
hacer entre los sindicatos, la patronal y, una tercera pata, el Gobierno, que es quien elabora el decreto, el Gobierno. Hemos pedido reiteradamente que el Gobierno se sentara a la mesa a negociar con las partes. Curiosamente ayer se sentó.
-Después de un mes y medio, el Gobierno se sentó-. Además, llevó una propuesta que titulaba, Acuerdo tripartito Gobierno, patronal y sindicatos, cuando todo este tiempo nos había dicho que no era un tema que fuera con ellos y que ellos solo querían
aprobar un decreto fuera como fuera. Ayer reconocieron que sí era un problema del Gobierno, como veníamos diciendo en el Grupo Parlamentario Socialista, y que era responsabilidad del Gobierno dar solución a este tema. Nos alegramos de que lo haga,
pero lo ha hecho tarde y mal. Hay otros en esta Cámara que han buscado un único objetivo: tumbar el decreto. Amigos, esto no va de tumbar un decreto; esto va de solucionar el problema de la estiba, esto va de dar respuesta a la sentencia
europea, esto va de garantizar los puestos de trabajo de los estibadores y esto va de garantizar sus condiciones laborales. (Aplausos). Creemos que estamos equivocados si no trabajamos por ellos. Por eso es imprescindible gestionar bien este
asunto y que hay margen para el acuerdo. Es posible el acuerdo y hay que trabajar por él.


Como he dicho, llevamos ya mucho tiempo y el ministro ha dado aquí justificaciones de todo lo que ha hecho, de todas las veces que se ha sentado y de todas las veces que ha negociado. (Rumores). Si uno se sienta en una mesa una hora y se
levanta, eso no es una negociación. A lo mejor el ministro ha negociado muy pocos convenios o acuerdos, pero es muy complicado llegar a un acuerdo si uno no se sienta en la mesa, se arremanga y se pone a trabajar para que conseguir el acuerdo.
Ayer vimos que fue con una propuesta, que nos parece que puede ser la base para empezar a negociar, y se sentó con las partes. Pero hay que tener en cuenta una cosa que no se ha contado hoy: no estaban los representantes de los trabajadores. No
creemos que se pueda llegar a un acuerdo que afecta a los trabajadores sin contar con ellos. No estamos de acuerdo con eso, señor ministro. No estamos de acuerdo con que se haga sin contar con ellos en algo que afecta a la vida de miles de
trabajadores para que hoy el titular en muchos medios de comunicación sea: los estibadores rechazan un acuerdo que les garantiza la jubilación con el 70 % del sueldo a los 50 años. No nos parece justo, porque no estaban los trabajadores en esa
mesa

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para aceptarlo o rechazarlo. (Rumores). Lo que no dicen esos titulares es que ese acuerdo tampoco lo aceptaba la patronal, porque lo que ayer se puso encima de la mesa generaba y sigue generando incertidumbre, ya que contradice el decreto.
¿Qué pasa si hoy aquí se aprueba el decreto, que es el que vale, y entra en contradicción con la subrogación que se proponía ayer o con las jubilaciones? Lo que estará por encima será el decreto. Ayer se hizo una trampa para conseguir que los
titulares pusieran de malos una vez más a los estibadores. Otra vez se ha conseguido que la frase, 'prepárate para odiar a los estibadores' se cumpla. También dijo para intentar demonizarnos a los grupos de la oposición que les había dado fuerza a
los sindicatos en esta negociación. Es cierto, estamos al lado de los trabajadores y dijimos que tenía que haber un acuerdo. Creemos que en una negociación de este tipo hay que estar al lado del más débil, porque en política hay que tener
capacidad de empatía, señor ministro (Continúan los rumores), capacidad de empatía.


La señora PRESIDENTA: Silencio, por favor.


El señor RAMOS ESTEBAN: Me imagino lo que sintieron y lo que vivieron 6.000 familias en diciembre de 2014 cuando se enteraron de que había una sentencia europea que obligaba al Estado español a cambiar las relaciones laborales que habían
mantenido durante mucho tiempo. Llevamos dos años y medio con la inseguridad de muchos trabajadores de este país y de sus familias, que no saben si mañana van a seguir trabajando o teniendo las mismas condiciones laborales. Pedimos un poco de
empatía. El Partido Socialista ha estado al lado de los trabajadores. Sí, es cierto, les hemos dado fuerzas y lo vamos a seguir haciendo, porque nos parece imprescindible para garantizar unas condiciones razonables. Pero también decimos que es
posible el acuerdo y les pedimos a los sindicatos que se sienten a negociar y que no den justificación al Gobierno para lamentarse por pérdidas en los puertos, porque a veces le están haciendo el trabajo al Gobierno. El Gobierno trae aquí unas
cifras que pueden ser ciertas o no y dice que las paradas o el bajo ritmo de los puertos suponen equis dinero para el Estado. No le demos esa satisfacción, lleguemos a un acuerdo, busquemos la forma de que no se eche en cara nunca a los
trabajadores que están impidiendo ese acuerdo. Yo sé que los trabajadores en este proceso se han movido, han buscado un acuerdo, han trabajado por él; el que ha bloqueado, permanentemente, ese acuerdo es el Gobierno que nunca se quiso sentar a una
mesa; menos ayer, sin los trabajadores.


Señor ministro, no le den tanto miedo los trabajadores, no pasa nada, no comen. Sí es cierto que les hemos dado mucha fuerza, pero son trabajadores normales, que piensan en sus familias y en sus condiciones. Vamos a pedir hoy aquí lo que
creemos que tiene que ser la solución a este problema; pedimos a todos que se pongan a trabajar. Este decreto va a salir rechazado hoy por esta Cámara, porque el Partido Socialista ha hecho lo que se comprometió en el primer momento: si no había
acuerdo, votaríamos en contra. Y hoy, el Partido Socialista va a votar en contra, a pesar de lo que han repetido durante estas semanas partidos como Podemos para intentar enfrentarnos con los trabajadores. Vamos a votar en contra como nos
comprometimos, pero pedimos que mañana se sienten las partes. Señor ministro, siéntese mañana, no se levante de la mesa, ponga la propuesta encima de la mesa. Pedimos a los sindicatos que, como gesto para negociar, no haya paros en los puertos
porque se negociará mucho mejor. Creemos que es imprescindible que los sindicatos anuncien que se van a sentar a la mesa, que van a facilitar la negociación y que vamos a buscar un acuerdo. Póngale un plazo razonable a ese acuerdo; creemos que
hay un tiempo para hacerlo; creemos que se puede hacer en un tiempo razonable. Pónganse a trabajar desde mañana, no den justificaciones a nadie y no terminen esta película diciendo quienes son los malos y quienes son los buenos, porque al final lo
que importa en esto es que consigamos solucionar un problema. Demos respuestas a los trabajadores y todos terminaremos como los buenos de la película.


Muchas gracias. (Aplausos).


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.


Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el señor Barrachina Ros. (Rumores).


Silencio, por favor. (Continúan los rumores). Señorías, antes de dar la palabra al orador, les ruego silencio.


Adelante, señor Barrachina.


El señor BARRACHINA ROS: Muchas gracias, señora presidenta.


Lo que pasa en el Parlamento de España no pasa en ningún Parlamento europeo. Ayer, en la comparecencia de don Mariano Rajoy, todos los grupos se proclaman europeístas; hoy, para rebañar

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alguno de los votos de la estiba, deciden desacatar una condena del Tribunal Superior de Justicia Europeo y, además, dicen que nos situamos fuera del Tratado de la Unión que firmó Felipe González. Sin rubor. (Aplausos). Sin rubor, sin
complejos. La semana pasada -no hace dos años- Violeta Bulc, la comisaria de Transportes que, por cierto, no pertenece al Partido Popular europeo -no se sentaría aquí, sino más bien en aquella zona- les dijo que este real decreto estaba respaldado
plenamente por la Comisión y se ceñía estrictamente a la condena de los tribunales.


¿Saben por qué hoy va a prosperar el no? ¿Por qué hoy van a ganar aquellos que no quieren cumplir las condenas ni estar dentro de los tratados de la Unión? Porque los 134.107 euros diarios de multa los van a pagar los españoles y no los
causantes con su salario. (Aplausos). La pasada semana la comisaria europea afirmó, literalmente, en esta misma Cámara: Hemos tenido demasiada paciencia con España y España tiene hoy una oportunidad -hasta el día 24, hasta la semana que viene- de
demostrar la altura de su país. Quiero decirle a la Comisión Europea que España es un país de gran altura pero, desgraciadamente, el Parlamento que tenemos es el que tenemos. Por tanto, desacatando esa condena obligamos a dos cosas. Primero, a
pagar los retrasos de los casi 23 millones de euros que, como la comisaria afirmó, se habían paralizado. La Comisión paralizaba el reloj esperando ver el comportamiento y la altura de este Parlamento. Y segundo, una multa diaria, que además nos
conduce a un callejón sin salida, porque imagino que los que tienen tantas alternativas pero no han escrito ninguna, no la han escrito porque saben que el Gobierno ha llegado en su permanente negociación durante dos años al máximo que la Comisión
Europea reclama y que la Comisión Europea permitía para tratar a los trabajadores de la estiba. Que no sobra nadie, hacen falta todos los trabajadores. Saben que hemos llegado al máximo.


He escuchado incluso lo que se podría pagar de médicos. Vamos a ver, esta sanción supondría la posibilidad de contratar mil médicos adicionales si no pagáramos la sanción (Rumores) y este callejón sin salida indica que la alternativa a este
texto es, como ha dicho el portavoz del Partido Nacionalista Vasco, este mismo texto, porque es una condena. He escuchado con estupor a un portavoz de Esquerra Republicana hablando de esta directiva. ¿Pero qué directiva? Es una condena. Se lo
voy a explicar al portavoz de Esquerra. Esto es como si uno va por Tarragona con el coche y le para un mosso d´esquadra y le dice que lleva dos años yendo en dirección contraria. (En Europa no hay monopolios laborales y aquí hay un monopolio
laboral que nos hace perder productividad. Tiene que desaparecer). Entonces el conductor del coche -que hoy en día en este símil es este Parlamento- le dice al mosso que ya sabe que va en el coche en dirección contraria, que sabe que está fuera de
la ley pero se escapa. Y en lugar de pagar la multa, se escapa. ¿Por qué? Porque sabe que la multa la pagan los vecinos, que los 134.000 euros los pagan los vecinos. (Aplausos). Se escapa. ¿Negocia Esquerra habitualmente las multas y las
sanciones con los mossos d´esquadra? ¿Las sentencias se negocian? ¿Por qué es un real decreto-ley de solo cuatro artículos? Para cumplir lo que la ley, la ley del PSOE... He escuchado con asombro al PSOE decir que no tienen nada que ver, que
esto es una condena al PP. ¿Pero qué dicen? Es una condena al Reino de España, que declara inhábiles una serie de artículos de la Ley de Puertos de 2010, una ley del PSOE que pactamos entre todos. (Aplausos).


Se nos reclama que el PP negocie. ¡Claro! Si es que el texto por el cual nos han condenado los tribunales, por dos veces, lo negociamos y lo consensuamos. El PP cuando tiene margen negocia, pero el tribunal no establece margen, establece
una condena. Pocas veces los españoles podrán comprobar en sus bolsillos y con precisión milimétrica, hasta el céntimo, cuánto les cuesta la incoherencia de este Parlamento: 23 millones de euros el primer día y, a partir del segundo, cada uno de
los días que pasen, 134.107 euros diarios. No, el PSOE y los demás no tienen nada que ver. Esto no es una condena a un Gobierno, es que, si Podemos gobernase este país -que es quien ha ejercido hoy la oposición, el turno en contra-, ¿qué
presentaría? El mismo texto, idéntico. No se dejen engañar los trabajadores, no se dejen engañar, no se dejen utilizar (Aplausos), no se dejen utilizar. Este proceso de democratización laboral de la estiba -en la que hacen falta los 6.200
trabajadores y también todos aquellos otros que, en situación de desempleo y teniendo los méritos adecuados, puedan acceder- es un proceso imparable, no para España sino para toda Europa. Que no les utilicen. Podemos haría lo que ha hecho su
Gobierno en Grecia, decir que no, que no, que no, hasta que ganan las elecciones, y cuando ganan decirle a la Comisión Europea que sí, que sí, que sí. (Aplausos).


¿Alguien cree, alguien piensa que vamos a estar permanentemente fuera de los tratados de la Unión Europea? Es decir, con una condena por incumplimiento de los tratados ¿se va a permitir a alguna de las veintisiete naciones que formamos
parte de la Unión permanecer de forma aislada en un sector concreto? Evidentemente, no se va a permitir. He escuchado en un montón de ocasiones hablar de privilegios, de

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salarios altos. Yo no lo juzgo, cada cual que gane lo que se merezca. La semana pasada, en el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, aquí había diputados con un brazalete violeta y muchas fotos, fotos por todas partes, y ahora los del
brazalete violeta, que saben que en el primer puerto de España, el de Algeciras, de los 1.600 trabajadores, 1.600 son hombres... (Aplausos.-Rumores y protestas). Eso es puntería, señor Iglesias: de 1.600 trabajadores, 1.600 hombres capacitados y
cero mujeres. Ha cogido el brazalete violeta y lo ha tirado debajo del escaño. Se han asustado. (Protestas.-Varios señores diputados pronuncian palabras que no se perciben).


La señora PRESIDENTA: No me obliguen a que llame al orden a dos de sus señorías y utilice el Reglamento, una vez más, para defender al orador. Señorías, les recuerdo que el Reglamento nos obliga a todos y que solo puede interrumpir al
orador esta Presidencia. Por tanto, nadie puede interrumpir a un orador, sea el que sea el que utilice la tribuna.


Continúe, señor Barrachina.


El señor BARRACHINA ROS: Gracias, señora presidenta.


Yo ya he recibido suficientes amenazas del sector como para que ahora los del brazalete vengan también a amenazarme. (Aplausos.-Rumores y protestas).


La señora PRESIDENTA: Silencio.


Señorías, están dando ustedes un ejemplo lamentable a los ciudadanos. (Rumores). Sí, señorías. (El señor Delgado Ramos: ¡Mire por allí!). Señor Delgado, yo miro a toda la Cámara. (El señor Delgado Ramos pronuncia palabras que no se
perciben). Señor Delgado, le llamo al orden.


Continúe, señor Barrachina.


El señor BARRACHINA ROS: Gracias, señora presidenta.


Yo no juzgo si esto es privilegio o salario, pero les puedo dar un dato, por si a alguien en esta Cámara le interesa. Cuando la comisaria de Transportes dijo que Europa perdía competitividad en sus puertos, y especialmente España, y que nos
daba siete días para tomar una decisión, lo que venía a decir era algo evidente: el último informe del sector recoge -si les interesa el dato- que el salario medio de 2015 en el puerto de Valencia fue 109.070 euros brutos. No digo si eso para
acceder sin titulación es mucho o es poco, eso que lo decidan quienes tengan que aplicar esa actividad, pero esa es la retribución. Y no sobra nadie ni hace falta que se reduzcan los salarios, solo con que exista la libertad que existe en el resto
de sectores, con que cuando llegue un barco a Valencia y necesite seis, acudan seis y no dieciocho, que es el número mínimo de empleados que acuden, o cuando necesite veinte acudan veinte y no, dieciocho más otros dieciocho, treinta y seis, y con
que haya la libertad que existe en el resto de Europa, solo con eso España volverá a ser competitiva. Hoy tenemos grandes riesgos. Hace solo diez años que enfrente de Algeciras ha nacido un puerto, Tanger Med, que está por cierto más cerca de
Ceuta que de Tánger, y en solo dos años nos va a duplicar en capacidad. He escuchado que nuestros puertos son competitivos. Yo siempre hablaré bien de nuestros puertos, pero esta es la competitividad. (Muestra un gráfico). Este es el coste que
supone para España descargar un contenedor; este es el coste de Italia y el coste del resto de Europa; justo el doble. El coste laboral en España es justo el doble que en Gran Bretaña. ¿Tienen que bajar salarios? No, con que exista capacidad de
autoorganización es suficiente.


Entiendo que hoy es posible que gane el populismo y que pierdan los españoles. Se ha dicho, de forma muy explícita y muy expresa, desde Compromís: la culpa la tiene el PP. (Un señor diputado: ¡Qué novedad!). Oiga, pero si el Tribunal de
Estrasburgo, cuando nos juzga, cuando nos condena por la ley que se hizo con el PSOE, con el Partido Socialista, no sabe quién gobierna España; y cuando vaya a multar a España y los españoles paguen la sanción que ustedes les van a imponer, no sabe
quién gobierna.


La señora PRESIDENTA: Señor Barrachina, tiene que terminar.


El señor BARRACHINA ROS: Concluyo, señora presidenta.


Es cierto que pueden ustedes sumar una mayoría entre aquellos que odian al capitalismo, entre aquellos que odian a España y encuentran que es una oportunidad para darle un golpe a España, y aquellos del PSOE que se odian a sí mismosy que
hasta que no pase el congreso de Pedro Sánchez no quieren hacerse una foto con el PP (Rumores); es cierto que hoy esa unión del rencor puede ganar a los españoles, pero mañana España seguirá teniendo un problema y una condena que comenzará a pagar

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diariamente. Ustedes han querido darle al Gobierno de España un sopapo en el rostro de los españoles. Pero felizmente, y afortunadamente, señor ministro, señora ministra del Gobierno de España, este Gobierno seguirá cumpliendo con sus
obligaciones.


Muchas gracias. (Prolongados aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario Popular, puestos en pie.-Rumores.-La señora Montero Gil pide la palabra).


La señora PRESIDENTA: Señora Montero, tiene la palabra. (Rumores).


Silencio, por favor.


La señora MONTERO GIL: Perdón, presidenta.


Solicito el 71.3 por ofensas a mi grupo parlamentario. (Rumores).


Gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Montero.


Le recuerdo que el artículo 71 dice con toda claridad que este no es un turno de intervenciones, sino que se trata solo de un turno para ceñirse estrictamente a lo que usted haya entendido que es una ofensa.


La señora MONTERO GIL: Gracias, presidenta.


El señor orador se ha referido a que mi grupo parlamentario estaba amenazando. Es radicalmente mentira; afecta a la dignidad de mi grupo parlamentario y le pido que lo retire. Además, le digo algo, igual que mi grupo parlamentario tiene
que escuchar...


La señora PRESIDENTA: Señoría, le acabo de recordar que es para que diga en lo que se ha sentido aludida.


La señora MONTERO GIL: Estoy explicándome, y quiero decirle que me he sentido aludida, porque, igual que mi grupo parlamentario tiene que escuchar cada cosa que usted diga, creo que el matonismo del Grupo Parlamentario Popular (Protestas)
también merece una reflexión por esta Cámara. (Aplausos.-Rumores.-El señor Barrachina Ros pide la palabra).


La señora PRESIDENTA: Le recuerdo también al señor Barrachina que le voy a dar el uso de la palabra, que el turno es exclusivamente para responder a la señora que se ha sentido aludida, a la portavoz de Podemos.


Adelante.


El señor BARRACHINA ROS: Gracias, señora presidenta.


Efectivamente, he dicho que Podemos amenaza, y que quienes amenazan a periodistas, quienes amenazan a policías y quienes amenazan a jueces también amenazan al Partido Popular. (Aplausos.-Protestas.-El señor Hernando Fraile pide la palabra).


La señora PRESIDENTA: Señor Hernando, diga el artículo.


El señor HERNANDO FRAILE: El artículo 71.3, señora presidenta.


La señora PRESIDENTA: Le recuerdo que si ha sido usted aludido lo usará, si no, no le voy a dar la palabra, señor Hernando. (Rumores).


El señor HERNANDO FRAILE: Señora presidenta, la portavoz del Grupo Podemos ha hablado de matonismo al referirse a mi grupo y solamente quiero manifestar que yo he estado presente durante todo el debate y el orador de Podemos ha estado
haciendo uso de la palabra con absoluta normalidad y sin interrupciones, algo que no ha podido hacer el portavoz de mi grupo. Por tanto, si ha habido matonismo no ha sido por parte de mi grupo, sino más bien de otro.


Muchas gracias. (Aplausos).


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

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DICTÁMENES DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS EXTERIORES SOBRE CONVENIOS INTERNACIONALES:


- CONVENIO EUROPEO SOBRE PROTECCIÓN DE ANIMALES DE COMPAÑÍA, HECHO EN ESTRASBURGO EL 13 DE NOVIEMBRE DE 1987, ASÍ COMO RESERVA Y DECLARACIÓN QUE ESPAÑA DESEA FORMULAR. (Número de expediente 110/000006).


La señora PRESIDENTA: Señorías, pasamos a examinar el punto del orden del día relativo al dictamen de la Comisión de Asuntos Exteriores referido al Convenio europeo sobre protección de animales de compañía, hecho en Estrasburgo el 13 de
noviembre de 1987, así como reserva y declaración que España desea formular. (Rumores). Silencio, señorías.


Para la defensa de la propuesta de enmienda tiene la palabra, en nombre del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, el señor López de Uralde.


El señor LÓPEZ DE URALDE GARMENDIA: Presidenta, en nombre del grupo hablará Pablo Iglesias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor López de Uralde.


A la Presidencia no se le había comunicado. Señor Iglesias, adelante. (Rumores). Señorías, guarden silencio, por favor.


El señor IGLESIAS TURRIÓN: Gracias, señora presidenta.


Señorías, hoy hablamos de un convenio europeo sobre la protección de los animales de compañía que se firmó hace treinta años y después de treinta años parece que nuestro país, por fin, se va a adherir a un convenio muy sensato, que establece
que hay que prohibir las salvajadas que se les hacen a los animales como cortarles las cuerdas vocales, las orejas, extirparles las uñas y los dientes o cortarles la cola. (Rumores).


La señora PRESIDENTA: Silencio, por favor.


El señor IGLESIAS TURRIÓN: Es triste que nuestro país haya tardado treinta años en incorporarse al sentido común y es triste que el Gobierno de nuestro país haya intentado plantear una reserva para que en España siga siendo legal cortar la
cola, mutilar a los perros, algo que ya está prohibido por suerte en muchas comunidades autónomas.


Hoy muchos pensarán que este no es un tema relevante, que al fin y al cabo solamente alude o tiene que ver con los perros y con su cola. Yo creo que querer a nuestros animales, querer a los perros, respetarles habla de una sociedad
diferente, habla de una sociedad mejor. Creo que lo que está en juego con este debate es el tipo de sociedad que aspiramos a ser, porque una sociedad que respeta a los perros es una sociedad, paradójicamente, mucho más humana. Les reconozco que
hay en mí una motivación personal para defender esta enmienda y es que tengo perros, pero seguramente lo que yo siento con mis perros no es diferente a lo que siente cualquiera de ustedes, independientemente del partido en el que militen,
independientemente de la bancada en la que estén y me gustaría que hoy pudiera salir de esta Cámara la unanimidad. Seguro que los que tienen perros, cuando llegan a casa viven ese momento como uno de los más bonitos del día y seguro que saben la
maravilla que es que tu perro o tu perra venga a saludarte y ojalá que en esto no hubiera diferencias.


Señorías del Partido Popular, nosotros somos antagonistas de ustedes en casi todo, y se acaba de ver hace unos minutos; pero ojalá en esto no lo fuéramos. Sé que el señor presidente del Gobierno tiene un perro, un perdiguero precioso, que
se llama Rico, y estoy convencido de que le quiere como cualquiera queremos a nuestros animales y creo que no se justifica que ustedes estén defendiendo esa reserva para poder cortarles el rabo a los perros. Seguramente, se pondrán encima de la
mesa algunos argumentos que no son ciertos, señorías. Se dice que cortar el rabo a algunas razas de perros cazadores serviría para protegerles de ciertas heridas. No es cierto. Y no es solamente que la comunidad científica o que los veterinarios
hayan dicho que esto no sea cierto, sino que recientemente se hacía un estudio en Escocia con una muestra de 138.000 perros de caza, y se llegaba a la conclusión de que solamente el 0,23 % de esos perros habían sufrido alguna herida; y lo más
curioso de todo es que se llegaba a la conclusión de que la mayor parte de esos perros heridos se habían herido en casa. Se llegaba a la conclusión de que era más fácil que un perro se hiriera la cola porque una puerta se cerraba mal que por estar
participando en actividades de cacería. Hay una cosa muy sencilla que hay que responder a los lobbies que siguen

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tratando de imponer que en última instancia, por razones estéticas, se les corte el rabo a los perros, y es que cuando un perro se hiere la cola o se hiere las orejas, sencillamente lo que hay que hacer es curarle igual que si se hiere el
lomo o se hiere cualquier parte de su cuerpo. Una sociedad normal cura a sus perros cuando sufren heridas.


Señorías, hay tradiciones que no hay por qué mantener. No es más bonito un bóxer o un dóberman porque le corten las orejas o le corten el rabo. Es una salvajada hacerlo y creo que una sociedad del siglo XXI debería dejar atrás prácticas
que han formado parte de las tradiciones y que no tienen ningún sentido. Señorías, los perros no son cosas, no son juguetes, no son regalos y tampoco son el complemento estético a la virilidad de nadie. Puedo entender que alguien quiera tener un
perro con una imagen más agresiva, pero una cosa es entenderlo y otra cosa que nuestras leyes puedan permitir que a un animal se le corten las orejas o se le corte el rabo porque su dueño quiere hacerse una foto con un animal de apariencia agresiva.
Eso no es propio de una sociedad del siglo XXI.


Por eso insisto en pedirles la unanimidad. Creo que vamos a sacar adelante esta enmienda, pero sería mucho más elegante, mucho más bonito para España, que los españoles nos vieran a los diputados y diputadas de esta Cámara votar
unánimemente para avanzar. Yo sé que este paso no basta, pero es un paso hacia la protección de los derechos de los animales. Y quiero dar las gracias desde esta tribuna a las organizaciones animalistas -muchas veces ridiculizadas- por su enorme
trabajo en concienciar a toda nuestra sociedad y a nosotros también en la importancia de defender los derechos de los animales. Quiero también dar las gracias a los compañeros y compañeras animalistas de las formaciones políticas de mi grupo
parlamentario y en especial a Juantxo López de Uralde y a los compañeros de Equo por el trabajo que han llevado a cabo. Pero quiero dar las gracias también a los compañeros de otras formaciones políticas que han hecho un enorme esfuerzo: gracias a
Esquerra Republicana por rectificar, porque rectificar es de sabios; gracias a Zaida Cantera por haberse mantenido firme a pesar de las presiones. Y muchas gracias a todos aquellos que pueden hacer que en este país, hoy, a lo mejor nos llevemos la
buena noticia de que no se maltrata a los perros.


Quiero terminar leyéndoles el fragmento de un poema, con el que me identifico enormemente, de un poeta que amaba a España y que amaba a los perros también, Pablo Neruda: 'Y yo, materialista que no cree / en el celeste cielo prometido / para
ningún humano, / para este perro o para todo perro / creo en el cielo, sí, creo en un cielo / donde yo no entraré, pero él me espera / ondulando su cola de abanico / para que yo al llegar tenga amistades.'


Muchas gracias. (Aplausos).


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.


Para la defensa de su voto particular, tiene la palabra en nombre del Grupo Socialista la señora Cantera de Castro.


La señora CANTERA DE CASTRO: Muchas gracias, señora presidenta.


Señorías, buenos días. Estaba preguntando a la señora presidenta cómo funcionaba porque es la primera vez que subo aquí y casualmente subo con un tema que me es grato porque yo también tengo animales y me gusta tratarlos bien. Dice una
frase célebre de Mahatma Gandhi que un país, una civilización se puede juzgar por la forma de tratar a sus animales. Y aquí estamos, treinta años después de que un 13 de noviembre de 1987 se promulgara en Estrasburgo el Convenio europeo sobre
protección de animales de compañía. Y nos encontramos aquí porque esta civilización, la española, debe aprobar, firmar y ratificar -o no, ya lo veremos- el citado convenio. Lo cierto es que el Estado español ha firmado y ratificado los diferentes
acuerdos y convenios del Consejo de Europa relativos a la protección de los animales que se han ido presentando; convenios todos ellos que nos han permitido establecer un marco legislativo común en materias como el transporte animal, la protección
de explotaciones ganaderas, la protección de los animales para sacrificio o la protección de animales vertebrados utilizados con fines experimentales y otros fines científicos. Sin embargo, aún tenemos pendiente este convenio. El convenio europeo
que les nombro está presente en veintitrés países con un objetivo fundamental: mejorar la protección de los animales de compañía, reconociendo, a su vez, que el hombre tiene la obligación moral de respetar a todos los seres vivos, y remarcando,
como hace el convenio, la importancia de los animales de compañía por su contribución a la calidad de vida y su consiguiente valor para la sociedad.


Ahora el Gobierno y el Grupo Parlamentario del PP, treinta años después, nos presentan una primera reserva, que fue rechazada en la ponencia inicial, y una transaccional que salió adelante con los votos de Esquerra Republicana de Catalunya
en la Comisión. Este último, Esquerra Republicana de Catalunya, ya

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ha manifestado públicamente su rectificación y retirada del apoyo a dicha transaccional, de lo cual nos congratulamos. Por ello el grupo parlamentario al que represento ha presentado un voto particular en el sentido de que se rechace la
transaccional y se vuelva al dictamen original de la ponencia, y lo hacemos porque dicha transaccional hace referencia al artículo 10.1.a del citado acuerdo, de tal forma que para el Gobierno debe permitirse la mutilación del rabo caudal del animal
y más en concreto en determinadas razas de perro. Nos pide que lo apoyemos porque dicen que es para el bienestar del perro, para su salud. Ante esto le decimos al Gobierno y al PP que no, que no cuenten con nosotros; no nos vengan con excusas,
pues, si bien podemos coincidir en el bienestar del perro y en que el convenio se ha quedado obsoleto en algunas cuestiones, dado el avance de la sociedad en estos últimos treinta años, cabe destacar que el propio convenio ya preveía la situación de
posibles intervenciones quirúrgicas no curativas sobre el animal por razones de salud, siempre y cuando un veterinario así lo considere. Esto viene marcado en su artículo 10.2. Les decimos que no nos vengan con excusas, porque no vamos a apoyar
que a un animal se le mutile el rabo caudal ni por razones estéticas ni por razones arbitrarias, a criterio de si su dueño quiere o no, de si le parece estético o no. Tampoco nos vale la excusa de protección del perro por si se enfrenta a otras
presas en actividades de caza; ni a los zorros ni a los lobos, ancestros de los perros, se les corta el rabo caudal, y ahí los tenemos, enfrentándose a la peor de las bestias: el ser humano, y encima tratando de sobrevivir. Es más, diferentes
estudios veterinarios establecen mayor probabilidad de que un animal de compañía vea dañado su rabo caudal... (Rumores).


La señora PRESIDENTA: Un momento, señoría.


Silencio, por favor, señorías.


La señora CANTERA DE CASTRO: ... por accidentes domésticos, como, por ejemplo, por pillarse con una puerta, que por actividades de caza.


Ahondando en el tema, en diferentes países con gran tradición cazadora tener el perro con el rabo caudal cortado es sinónimo de que sus dueños son de bajo estatus social, por lo que la mayoría de los perros de caza tienen su rabo intacto.
Ya ven ustedes, señorías, qué argumento tan valioso para no cortar el rabo al perro, el estatus social de sus dueños. Pero es más, el Gobierno nos pretende vender que por el bienestar del perro le cortemos el rabo caudal arriesgándonos con ello a
que el animal sufra los siguientes perjuicios. Primero, dolor crónico de por vida; pero vamos a cortarle el rabo. Segundo, problemas de locomoción de por vida, dado que el rabo caudal se usa para el equilibrio, la estabilidad y la agilidad del
perro; pero vamos a cortarle el rabo caudal al perro. Tercero, le sometemos a un alto riesgo perioperatorio debido a que se le debe someter a una anestesia; pero vamos a cortarle el rabo al perro. Cuarto, el perro puede sufrir grandes problemas
en cicatrización e infecciones debido a su mutilación; pero vamos a cortarle el rabo al perro. Quinto, nos arriesgamos también a someterlo a problemas de comunicación. De todos ustedes, señorías, es sabido que los perros utilizan el rabo para
comunicarse -bien sea por miedo, por curiosidad o por alegría-, pero de nuevo el Partido Popular y el Gobierno quieren que le cortemos el rabo al perro. Pues va a ser que no; no con la ayuda del Grupo Parlamentario Socialista y más no existiendo,
como digo, lo que se plantea en el artículo 10.2 que permite que, por motivos de salud o no curativas, y siempre y cuando un veterinario lo considere, se pueda llevar a cabo la mutilación.


Señorías del Gobierno, señorías del PP, les informo, porque por lo visto no lo saben, de que la Declaración Universal de los Derechos de los Animales establece claramente que ningún animal será sometido a maltratos crueles, y cortarles el
rabo por capricho de sus dueños es un maltrato cruel. También les informo -porque, vista su propuesta, parecen no conocerlo- que aquí en nuestro país hay siete comunidades autónomas con legislaciones más restrictivas que el actual convenio y,
además, de diferentes signos políticos: Andalucía, Aragón, Cataluña, Madrid, Murcia, Navarra y Valencia. También les informo, señorías del Gobierno y del PP, de que el Tratado de la Unión Europea abandonó ya hace años la calificación de los
animales como cosas para determinar, que son seres sintientes, con valor intrínseco en sí mismos y merecedores de protección social y legal adecuada a dicho reconocimiento, sin excepción alguna. También quiero decirles que la reserva y la posterior
transaccional que presentaron entra en contradicción directa con las cinco libertades proclamadas por la Organización Mundial de Sanidad Animal, de la cual España es parte. ¿No les parece un poco incoherente?


Por todo lo expuesto, y porque consideramos que somos una civilización más avanzada, vamos a votar a favor de la ratificación del Convenio europeo sobre protección de animales de compañía, sin ningún tipo de reserva ni transaccional.
Queremos a los perros enteros, con su rabo de caudal incluido.


Muchísimas gracias. (Aplausos).

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La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.


En el turno de fijación de posiciones interviene, por el Grupo Parlamentario Mixto, el señor Xuclà i Costa.


El señor XUCLÀ I COSTA: Muchas gracias, señora presidenta.


Señorías, evidentemente que voy a hablar y a fijar posición sobre las colas de los perros para anunciarles ya de entrada que vamos a votar en contra de la reserva y a favor de la adopción del convenio en su conjunto. Pero permítanme que
utilice este tiempo precioso -como miembro del Grupo Mixto uno valora cada segundo- para poner en contexto este convenio.


La semana pasada, señorías -la señora presidenta presidió esa ceremonia-, celebramos los cuarenta años de acceso de España al Consejo de Europa y durante estos cuarenta años los convenios, los instrumentos legales que el Consejo de Europa ha
aportado a la legislación española, no han hecho nada más que incrementar los estándares de calidad de vida, los estándares europeos, los estándares de mejora en nuestra legislación. Como muy bien se ha apuntado, este es un convenio del año 1987
que en estos momentos han ratificado ya veintitrés Estados miembros de los cuarenta y siete del Consejo de Europa. Para ser más preciso, no solo lo han ratificado sino que ha entrado en vigor en veintitrés Estados, y estamos hablando de países tan
dispares como Austria, Azerbaiyán, Bélgica, Bulgaria, Chipre, República Checa, Dinamarca, Finlandia, Francia, Alemania, Grecia, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Noruega, Portugal, Rumanía, Serbia, Suecia, Suiza, Turquía y Ucrania. Y en medio
de todo esto, un convenio del año 1987 lo firma España en el 2015 -un año con dos elecciones y sin posibilidad de ratificación- y treinta años después afrontamos el debate sobre un texto muy bien articulado, muy bien planteado, y que no hace nada
más que aportar estándares de calidad de vida respecto a los animales de compañía o prevenir la incorporación de fauna salvaje como animales de compañía. De eso va también el convenio, que de manera muy detallada habla sobre la problemática
vinculada al comercio de los animales de compañía, de las condiciones de sanidad y bienestar de los animales, de las conductas responsables por parte de los propietarios que tienen a su cargo animales de compañía y, como muy bien se ha apuntado,
señorías, ya hay en varias comunidades autónomas -yo hablo en nombre del Partit Demòcrata Català- y ya hay una legislación catalana que, de lejos, acoge este convenio e incluso amplía las bases, y que en ningún caso contempla la posibilidad de esta
excepcionalidad del corte de los rabos de los perros, como dice esta reserva, en caso de cachorros de razas cazadoras y sus cruces.


Señorías, nuestros estándares sobre protección de los derechos humanos van en la línea de este convenio europeo y van en la línea de no aceptar la reserva. En su momento, cuando en Cataluña se plantearon los debates animalistas y algunos
pensaron que el debate animalista era un debate identitario, nosotros dijimos: no, este debate algún día llegará a las Cortes Generales, algún día llegará al Congreso y al Senado; el debate animalista sobre la actitud de la legislación respecto al
respeto a los animales y respecto a la calidad de vida de los animales no es un tema identitario, es un tema de nuestros estándares europeos. Bienvenida sea, pues, esta adopción, esta incorporación en la legislación española de un convenio de hace
treinta años, firmado por España en 2015, y fruto de estas dos elecciones consecutivas, no ratificado por parte del Congreso hasta el mes de marzo del año 2017.


Señorías, tengo aquí también las reservas planteadas por parte de otros países: Alemania, Azerbaiyán, Dinamarca, Groenlandia -fíjense, de forma separada de Dinamarca-, Francia, Letonia, Portugal y la República Checa, y en ninguno de ellos
se contempla esta especificidad, que sería una especificidad terriblemente española, de dejar al margen del ámbito material de aplicación de este convenio a los cachorros cazadores y sus cruces.


Nosotros vamos a votar a favor del convenio, vamos a votar a favor de los dos instrumentos que nos permiten rechazar la reserva, la propuesta del PSOE y la propuesta de Podemos -déjenme decir de paso, y con elegancia, que celebramos la
rectificación de Esquerra Republicana rápida y veloz en Twitter a las 24 horas-, y, como se ha apuntado, espero que esto se pueda aprobar por unanimidad. Sería una buena señal dirigida a los cuarenta y siete Estados miembros del Consejo de que
nosotros honoramos las obligaciones de los convenios internacionales.


Muchas gracias, señora presidenta. No se puede quejar porque, con objetivo del ahorro parlamentario, he tardado un minuto y medio; lo necesario. Gracias. (Aplausos).


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias. Un minuto y veinticinco, para ser más exactos. Muchas gracias, señor Xuclà.


Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, tiene la palabra el señor Capdevila i Esteve.

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El señor CAPDEVILA I ESTEVE: Muchas gracias, señora presidenta. Bon dia. Buenos días.


El convenio que estamos a punto de ratificar cumplirá treinta años el próximo noviembre. En 1987, gobernaba en España Felipe González y algunos de ustedes -malditos sean- no habían nacido. Un servidor de ustedes jugaba al rugby, tenía tupé
y cursaba estudios de veterinaria. Ha llovido lo suficiente como para que a González (Señalando los bancos de la izquierda) le siguiera Aznar (Señalando los bancos de la derecha), a Aznar le siguiera Zapatero (Señalando de nuevo los bancos de la
izquierda) y a este Rajoy, (Señalando de nuevo los bancos de la derecha). Algunos con doblete. Ha llovido mucho.


Hoy traemos al Pleno el Convenio europeo sobre protección de animales de compañía hecho en Estrasburgo, insisto, en noviembre de 1987, que próximamente cumplirá treinta años. La competencia en materia de bienestar animal autonómica según la
Constitución se ha adelantado en el caso de unas pocas comunidades, pocas, no todas, en siete sobre diecisiete, si no me equivoco. No en todas ellas se limita estrictamente la amputación del rabo de los perros. El resto de comunidades autónomas no
están y hace más de treinta años que se las espera. En muchas de ellas han gobernado partidos que hoy, por fin, esperamos den su aprobación al convenio sin haber hecho absolutamente nada al respecto.


En lo que atañe a Cataluña y al amparo de la asunción de competencias, artículo 116 del Estatut, se ha legislado desde el año 1988 sobre protección y bienestar de los animales, lo que ha obligado incluso a aprobar textos refundidos. Hace
muchos años que la amputación está prohibida en Cataluña. Visto desde este punto de vista estrictamente autonomista, nuestra actitud cómoda hubiese sido que con su pan se lo coman, que nosotros no solamente tenemos ya una ley, sino que, como
ustedes saben, nos vamos a la vuelta del verano.


Nuestra sensibilidad animalista, quizá una mala interpretación del principio del mal menor y sobre todo la constatación de la pobre voluntad de las autonomías y de los grandes partidos españoles de legislar sobre protección que demuestra,
por ejemplo, la morosidad que hoy... (Rumores).


La señora PRESIDENTA: Un segundo, señor Capdevila.


Señorías, guarden silencio, por favor.


Continúe ahora.


El señor CAPDEVILA I ESTEVE: Decía que la constatación de la pobre voluntad de las autonomías y de los grandes partidos políticos españoles de legislar sobre protección, que demuestra la morosidad que hoy ponemos de manifiesto, nos lleva a
contemplar la transacción de la excepción para limitar la barbarie incluso más estrictamente que en Alemania, Francia o Dinamarca, países donde también se excepciona.


Visto lo mal que nos hemos explicado, personalmente lo mal que yo me he explicado y a la vista de que las principales entidades animalistas españolas prefieren una normativa de máximos, daremos nuestro apoyo a la convalidación íntegra del
texto del convenio. Punto y aparte.


Damos hoy un paso y su importancia solo con el tiempo podremos valorarla objetivamente. Ojalá sea mucha porque queda mucho por hacer. Para empezar, procurar que la autoridad y sus agentes cumplan y hagan cumplir lo escrito en el
ordenamiento jurídico.


También esperamos que el PSOE mantenga el ardor guerrero de ahora en adelante que hoy demuestra.


Muchas gracias. (Aplausos).


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.


Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos tiene la palabra el señor Díaz Gómez.


El señor DÍAZ GÓMEZ: Gracias, señora presidenta.


Señorías, no quiero comenzar esta intervención sin felicitar a los holandeses por haber vencido al motor de los males de Europa: al nacionalismo y al populismo. (Aplausos). En definitiva, Holanda ha vencido al miedo con la victoria de los
liberales de Rutte. Señor Iglesias, me estaba escuchando a mí en usted, algo que nunca pensé que pasaría. (El señor vicepresidente, Prendes Prendes, ocupa la Presidencia).


En cuanto al convenio, señorías, hace treinta años que se redactó este convenio y hemos tardado treinta años en traer este convenio al Congreso para su convalidación. Han sido treinta años en los que los ciudadanos han aumentado su
preocupación por el bienestar de los animales en general, treinta años en que los españoles en esta materia han sido mejores y han ido por delante de sus representantes. Si de

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algunos dependiera, prohibirían hoy la caza del mamut. Bien está que se traiga aquí esta norma, pero resulta obsoleta en muchos aspectos, porque en treinta años España y Europa han cambiado mucho. El deseo de tratar mejor a los animales ya
es un anhelo de los españoles. Nosotros lo entendemos como una obligación derivada de la empatía, que es una cualidad estrictamente humana, y por eso quien tortura o daña a un animal de forma innecesaria no solo es peligroso para estos seres
indefensos, sino que en multitud de ocasiones es un peligro para la sociedad. ¿Cuántos psicópatas y sociópatas han comenzado sus carreras de sangre con la tortura de animales? Son incontables.


Volviendo al tratado y respecto de la enmienda de Podemos, les voy a enseñar tres titulares consecutivos publicados en prensa y el espectáculo ofrecido la semana pasada. Títular de 6 de marzo de 2017 (ABC): El Congreso pacta la prohibición
de cortar el rabo por estética. Este titular fue fruto de las prisas, puesto que no se había votado nada en firme. Lo que ocurre es que a la hora de tratar estos temas, que algunos consideran que son temas santuario -santuario privado, por
cierto-, se precipitan. Titular del 8 de marzo (eldiario.es): El PP consigue con el apoyo de Esquerra Republicana de Catalunya que la amputación de rabos de perro siga siendo legal. Digamos que Esquerra fue reconvenida y el 9 de marzo se produce
el siguiente titular (Europa Press): Esquerra se desdice y votará en contra de cortar el rabo de perros en el próximo Pleno del Congreso. Como serie de ficción lo sucedido no tiene precio, pero es un tema del que están pendientes muchísimas
personas, así que no frivolicemos. Estos bailes pueden conducir a que al final se perjudique una buena causa. Seamos serios porque la protección de los animales es un tema serio.


Nosotros quisimos promover el acuerdo entre los diversos grupos parlamentarios porque sabemos que el amor a los animales no tiene ideología política, sino que es un tema transversal. Para votar con unanimidad, como pedía el Grupo Podemos,
hay que quererla. El Grupo Parlamentario Ciudadanos trabajó la unanimidad cuando hace poco propuso el cambio del régimen civil de los animales de compañía, esto es, que estuvieran dotados de sensibilidad y que no sean considerados como cosas, que
no se puedan embargar ni ejecutar como un electrodoméstico en un proceso judicial. Tuvimos que negociar mucho y quisimos hacer lo mismo con la reserva de la amputación de la cola de los perros, negociar de forma que fuese una práctica residual y
por motivos estrictamente veterinarios, que además era la voluntad de algunos de los miembros, que después tuvieron que rectificar con prácticas a las que no me voy a referir ahora. Lo que buscaba la redacción que proponían era que no hubiera
dificultades a la hora de ser asumida esta norma por las comunidades autónomas, que son las que en definitiva van a tener que pronunciarse en relación con este asunto, pero no puedo ser.


Volvimos a intentar llegar a un acuerdo para traer de nuevo la unanimidad a esta Cámara sobre estos temas, algo importante para que salgan adelante y no perdamos el impulso positivo en favor de los derechos de los animales, pero tampoco pudo
ser. Por eso nos abstendremos con respecto a la enmienda, si bien votaremos a favor de la incorporación en nuestro ordenamiento de este tratado, pero, claro, debido a que data de 1987, hay muchas cosas que han cambiado. Por eso hemos propuesto una
ley marco para todo el territorio nacional, la cual debería contener medidas para la efectiva identificación de animales en todo el territorio nacional -hoy no es así-, que las diversas policías, protectoras y veterinarios puedan leer los chips,
independientemente de la comunidad autónoma a la que pertenezca el animal perdido o abandonado. Hay que evitar la exposición de animales en escaparates y que no se den como premio o recompensa, de forma que se evite la compra por impulso y llegue
un animal a un hogar donde no están preparados para albergarlo, porque también es ayudar al bienestar animal no tener uno cuando no se le puede atender. Hay que hacer un registro de infractores para que aquellos que son capaces de torturar,
abandonar o dar muerte a un animal no puedan volver a convivir o a trabajar con uno. Son gente peligrosa para la vida.


Trabajemos y negociemos; que nadie crea que esta es una cuestión de un partido; que sea qué y no quién, sobre todo para que el quién no pueda llevar a engaño a los españoles, que son los que a través de firmas, manifestaciones y acciones
en redes sociales nos han dado el mandato de trabajar en la línea del bienestar animal; que el ego de unos pocos no ofusque el trabajo de muchos.


Por último, quiero recordar lo que dijo en Immanuel Kant para que todos los miembros de esta Cámara lo tengan presente en la acción política de este tema. Dijo el filósofo prusiano que se puede juzgar el corazón de un hombre por el trato
que da a los animales.


Muchas gracias, señorías. (Aplausos).

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El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señor Díaz.


Por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, tiene la palabra el señor Bernabé Pérez.


El señor BERNABÉ PÉREZ: Muchas gracias, señor presidente. Buenos días, señorías.


En este asunto lo primero que debemos hacer es centrar el objeto del debate. Hay una realidad que es incuestionable y que no podemos obviar. En España hay cerca de un millón de cazadores inscritos en sus correspondientes federaciones y se
estima que aproximadamente existe otro millón más que, sin estar federados, práctica de forma habitual la caza. Dos millones de compatriotas nuestros son cazadores, muchos de los cuales tienen perros que los acompañan en su labor; perros a los que
en un gran número se les práctica de forma habitual el corte del rabo y en muchas ocasiones sin ningún tipo de control. Señorías, esa es la realidad objetiva de partida y la que debemos tener presente.


Ante eso tenemos dos opciones. Una es la del buenismo bienintencionado que se ha defendido hoy aquí, y que todos compartimos pero que creemos sinceramente que no resuelve de verdad el problema. Y la otra es la que adopta el Gobierno y la
que apoya el Grupo Parlamentario Popular, que es adoptar medidas efectivas para proteger a los animales, su integridad y sus derechos, en lo que todos estaremos de acuerdo.


Creemos sincera y honestamente que con la reserva del artículo 10.1 se alcanza ese objetivo. La reserva incluye cuatro puntos fundamentales. El primero es que queda terminantemente prohibido cualquier tipo de corte o mutilación motivada
por motivos estéticos. Ninguna de esas cosas que citaba usted, señor Iglesias, y que todos rechazamos se podría llevar a cabo. Solo se admitiría el corte del rabo. En segundo lugar, se admitiría el corte del rabo exclusivamente en las razas que
sean consideradas de caza por la Federación Internacional Canina, no con carácter general para todas las razas de perros; estaría acotado exclusivamente a estas. En tercer lugar, tampoco se podría realizar a cualquier edad del animal, solo cuando
fuera cachorro con el objeto de minorar al máximo las molestias en el can. Por último, lo más importante de todo, y que se relaciona con lo primero que he dicho sobre el descontrol con que se llevan a cabo estas prácticas es que se tendría que
hacer siempre bajo prescripción, supervisión y operación directa de un veterinario con el animal sedado y anestesiado para que no sufra absolutamente nada y conforme a los protocolos facultativos aprobados por el Consejo Superior de Veterinarios.


Con esto, señorías, tampoco piensen que en el Gobierno del Partido Popular estamos descubriendo la pólvora. No es eso. Esto antes que nosotros ya lo ha aprobado Alemania, Francia, Dinamarca, Portugal y otras naciones europeas; por cierto,
países muy poco sospechosos de practicar el salvajismo con los animales. ¿Por qué se ha hecho así? Por tres razones fundamentales. La primera es que se trata de proteger a unos animales que van a tener daños ciertos en el futuro: perros de caza,
perros que entran en madrigueras, perros que entran en zonas de zarzas y espinos, perros que se hieren en el desarrollo de su actividad cinegética, como está constatado por múltiples estudios que así lo recogen. En segundo lugar, porque no solo se
trata de proteger a los perros, sino también de proteger a las personas que los tienen, los cuidan y los quieren. El efecto látigo existe. Son perros fuertes y poderosos, perros de caza que no controlan el movimiento de su rabo y que, movidos por
impulsos, dañan con asiduidad a sus cuidadores. En tercer lugar, lo que es más importante y donde está la clave de este asunto es que con la reserva del artículo 10.1 estamos acotando, limitando y haciendo infinitamente más garantista el artículo
10.2 porque, si no, señorías, el artículo 10.2 se convierte en un cajón de sastre en el que cabe todo. Basta con que un veterinario diga que es bueno cortar la oreja, que es bueno quitarle los colmillos, que es bueno realizar cualquier tipo de
intervención para que se apruebe. Si aprobamos el 10.1, no; ya queda constreñida la interpretación al artículo 10.2 y de ahí no nos podemos salir. Esa es la razón fundamental (Aplausos), ese es el motivo por el cual entendemos que la reserva debe
prosperar. Insisto, es una cuestión de mera lógica jurídica.


Por eso, señorías, nosotros vamos a mantener la defensa de la reserva y les pedimos a todos ustedes que reflexionen sobre esto que les he contado y que voten a continuación. Les pedimos que sean valientes, señores de Ciudadanos, les pedimos
que de la abstención pasen al sí. Sabemos que conocen perfectamente este asunto. A ustedes les pedimos que sean valientes y a otros, además, les pedimos que sean consecuentes. Señor Capdevila, es usted un magnífico veterinario -me consta- y
además muy buena persona. Este documento (lo muestra) lleva su firma y la mía, es el texto de la reserva que pactamos. Este documento protege a los animales, acota y limita el ámbito de actuación; este documento, sabe usted perfectamente, que es
una realidad positiva para el sector de los perros. Por eso le pedimos a usted y a su grupo que respeten lo que firmaron porque va a ser positivo, como sin duda todos sabemos.

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Señorías, que los árboles no les impidan ver el bosque, que el ruido de alrededor no les cierre los oídos. Se lo van a agradecer decenas de miles de perros en este país, sus dueños y también muchísimos veterinarios. No se equivoquen, este
es el mejor camino para proteger a nuestros animales.


Muchas gracias y buenos días. (Aplausos).


El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señor Bernabé.


DECLARACIÓN SOBRE LA CUENTA GENERAL DEL ESTADO:


- DICTAMEN DE LA COMISIÓN MIXTA PARA LAS RELACIONES CON EL TRIBUNAL DE CUENTAS EN RELACIÓN CON LA DECLARACIÓN SOBRE LA CUENTA GENERAL DEL ESTADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2013, ASÍ COMO LA RESOLUCIÓN ADOPTADA POR DICHA COMISIÓN. (Número
de expediente 250/000001).


- DICTAMEN DE LA COMISIÓN MIXTA PARA LAS RELACIONES CON EL TRIBUNAL DE CUENTAS EN RELACIÓN CON LA DECLARACIÓN SOBRE LA CUENTA GENERAL DEL ESTADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2014, ASÍ COMO LA RESOLUCIÓN ADOPTADA POR DICHA COMISIÓN. (Número
de expediente 250/000003).


El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Pasamos al último punto del orden del día referido a los dictámenes de la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas en relación con las declaraciones sobre la Cuenta General del
Estado en los ejercicios 2013 y 2014, así como las resoluciones adoptadas por dicha Comisión y que, conforme a lo acordado por la Junta de Portavoces, se debatirán conjuntamente.


En turno de fijación de posiciones interviene, en primer lugar y por el Grupo Mixto, el señor Bel Accensi.


El señor BEL ACCENSI: Muchas gracias.


Presidente, señorías, efectivamente, vamos a concentrar la cuenta general de 2013 y 2014 en un debate que seguramente da para mucho. En todo caso, estas sí que son cuentas generales que corresponden a presupuestos aprobados por el Partido
Popular y liquidados por el Partido Popular. Por tanto, aquí sí que no se puede achacar a una herencia de unos presupuestos mal elaborados como en otras ocasiones habíamos oído.


Primera cuestión. Yo debo reconocer que hay cierta mejora, pero dentro de esta cierta mejora les pongo solo una referencia -voy a moverme entre 2013 y 2014-. En 2013, de las 159 entidades que componen el sector público administrativo, 27
no se integran en la cuenta general, un 17 %. De las 218 entidades que integran el sector público empresarial, 28 entidades -por diferentes motivos, porque se presentan tarde, porque no se presentan- no integran la cuenta general, un 13 % y de las
47 entidades del sector público fundacional, 7 -por diferentes motivos-, un 15 %, no integran la cuenta general. Si la Administración General del Estado no cumple, ¿qué ejemplo está dando al resto de administraciones? ¿Con qué cara el señor
Montoro va a pedir a la Administración local y a la Administración autonómica que cumplan? Si hay aproximadamente un 15 % de las entidades que no cumplen, que no presentan sus cuentas o que no lo hacen en plazo, ¿cómo pueden exigirlo? A su vez, el
hecho de rendir cuentas y presentar la cuenta general en el Parlamento sirve para hacer evaluación. Ustedes conocen perfectamente lo que es esto, es el libro amarillo de los presupuestos (Muestra un libro). Supongo que dentro de pocas semanas nos
van a presentar el de 2017. ¿Qué fijaba el de 2013 y el de 2014? No voy a ser exhaustivo en el análisis: fijaba unos objetivos de déficit para la Administración General del Estado y la Seguridad Social que eran del 3,8 %, que posteriormente se
modifican y se incrementan en un 1,4 % para la Seguridad Social y que después de incumplen. Esto es lo que estamos analizando aquí. Se pretende culpabilizar a las comunidades autónomas y a las corporaciones locales en menor medida del
incumplimiento de los objetivos de déficit. Los objetivos de déficit fijados en estos libros son los que hoy constatamos que no se cumplieron.


¿Y se ha hecho una buena praxis presupuestaria? Porque también hay que analizar la praxis presupuestaria del Gobierno. Les leo lo relativo a 2013 y 2014. Libro amarillo 2013, página 102, defensa: para la política de defensa se destinarán
5.786 millones, un 7,2 % menos que en 2012. Libro amarillo 2014, página 108, defensa: para la política de defensa se destinarán 2.654 millones de euros, un 2,3 % menos que en 2013, en la línea del esfuerzo que desde la Administración General del
Estado se está llevando a

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cabo para reducir el déficit público y lograr el cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria. ¿Saben cuál ha sido la realidad de la ejecución presupuestaria de estos dos presupuestos en el apartado de defensa? En 2013,
modificaciones presupuestarias por valor de 1.930 millones de euros. En 2014, modificaciones presupuestarias de 1.903 millones de euros. Es decir, modificaciones presupuestarias que alcanzan una tercera parte de los presupuestos iniciales. ¿Me
pueden explicar si esto es una buena ejecución presupuestaria? Saben perfectamente que no y les han llamado la atención no solo desde los grupos políticos sino también desde los tribunales y deben hacerles caso. Ahora veremos en 2017, cuando nos
traigan el presupuesto de defensa, si es un presupuesto de defensa realista o si es un presupuesto de defensa -como siempre ha sido a lo largo de los últimos diez años, y no voy más atrás- absolutamente infravalorado.


La credibilidad de los presupuestos no se demuestra en su presentación, la credibilidad de los presupuestos se demuestra en su ejecución. Y cuando uno ha tenido que modificar reiteradamente un 33 % su presupuesto en alguno de los aspectos
es que o no sabe presupuestar o no quiere hacerlo de acuerdo con la realidad que tiene. Lo que no pueden hacer en la presentación de cada uno de los libros amarillos es alardear de que se reduce el presupuesto de defensa para que se consigan los
objetivos de consolidación fiscal, porque quizá con estos 2.000 millones de euros menos en cada uno de los presupuestos liquidados los objetivos de consolidación fiscal que se incumplieron en los dos años se habrían cumplido. Así, el informe del
Tribunal de Cuentas da para muchísimos ejemplos. ¿Se ha mejorado algo a lo largo de los últimos años? Sí, efectivamente, se lo reconozco, pero muy poco. En cuanto a las desviaciones presupuestarias, en algunos aspectos no solo no se ha mejorado
sino que se ha empeorado de forma sustancial.


Por tanto, aun estando en desacuerdo con algunas de las proposiciones aprobadas en Comisión, en tanto que desarrollo de la CORA, vamos a ejercer nuestra responsabilidad y a aprobar la cuenta general del Estado de 2013 y de 2014.


Muchísimas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señor Bel.


Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, tiene la palabra la señora Capella i Farré.


La señora CAPELLA I FARRÉ: Bon dia.


Señores del Partido Popular, ¿ustedes creen realmente en el Tribunal de Cuentas? El informe del Tribunal de Cuentas es como el día de la marmota: informe tras informe se repiten las mismas propuestas y recomendaciones por parte del
tribunal y sistemáticamente son desoídas por los organismos gubernamentales. Encima el Partido Popular tiene el cinismo de presentar propuestas de resolución a cada uno de los informes presentados por el tribunal. Además, nos dicen: asumir el
contenido del citado informe así como sus conclusiones y recomendaciones. Evidentemente, es una obviedad. Solo faltaría que el Gobierno no asumiera el contenido del citado informe ni sus conclusiones y recomendaciones. El problema es que luego
ustedes no cumplen, certificando así la credibilidad que ustedes le dan a ese tribunal. Si lo tomaran en serio, debería existir una cascada de expedientes sancionadores y de ceses.


El informe del Tribunal de Cuentas es un verdadero catálogo de despropósitos. Los técnicos detectan todo tipo de irregularidades, por utilizar los eufemismos que tanto les gustan a ustedes, cuando no se trata directamente de ilegalidades.
Para empezar, una cuarta parte de las entidades que forman la cuenta general presentan las cuentas fuera de plazo, un hecho que se repite año tras año, incluso ha habido una entidad del sector público que ni tan siquiera ha rendido cuentas. Pero en
lo más importante, en lo que afecta directamente a los Presupuestos Generales del Estado, ¿van a ser realistas?, ¿van a cumplir al pie de la letra, como ley que es, los Presupuestos Generales del Estado?, ¿van a acatar las advertencias del
Tribunal de Cuentas con respecto al incremento ilegítimo que hacen año tras año del gasto militar? Porque, señoras y señores diputados, lo que señala el dictamen sobre la cuenta general son dos cosas importantes. En primer lugar, una buena parte
del injustificado despilfarro gubernamental. Por cierto, el Tribunal de Cuentas también explica cómo las comunidades autónomas han estado financiando al Estado desde el año 2012. En segundo lugar, señala el dictamen sobre la cuenta general el
incumplimiento sistemático, como antes apuntaba, de la Ley de Presupuestos Generales del Estado. Curioso que sean ustedes quienes de forma sistemática incumplan la ley, cuando se les llena la boca cada día recomendando el cumplimiento de la ley a
los independentistas. Lo que ocurre es que los informes del Tribunal de Cuentas, a diferencia de las sentencias de algunos tribunales, en este caso el Tribunal Constitucional, no les inhabilitan por incumplir resoluciones ni por incumplir la ley.

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Volvamos al debate. Después más de un año, vuelve a pasar por el Congreso una declaración de la cuenta general del Estado proveniente del Tribunal de Cuentas, y es que ustedes han mantenido paralizado este tribunal durante todo un año
porque les ha convenido. De hecho, lo han mantenido paralizado una legislatura entera, durante la cual no tuvieron ningún reparo en que, por ejemplo, se debatieran los informes anuales del Defensor del Pueblo, mientras que han mantenido escondido
el trabajo realizado por el Tribunal de Cuentas. Nos corresponde dar las gracias al personal técnico que ha llevado a cabo el trabajo de la cuenta general del año 2014, que se presenta por primera vez como cuenta única consolidada, integrando no
solo a las entidades pertenecientes al sector público estatal sino también a aquellas que forman parte del sector público. Es un importante esfuerzo que creemos que deber ser reconocido.


Como avanzaba anteriormente, los técnicos detectan todo tipo de irregularidades. Veamos algunos ejemplos. Para empezar, hay aspectos que afectan a irregularidades formales pero que denotan una actitud de clara dejación. Como mínimo, de
396 entidades que formaban el sector público, 5 entidades no han rendido cuentas al Tribunal de Cuentas a través de la Intervención General de la Administración del Estado y 82 lo han hecho fuera de plazo. Por tanto, sigue habiendo entidades que
siguen sin presentar sus cuentas o lo hacen mal por falta de requisitos formales o lo hacen fuera de plazo. Una constatación entre el distinto trato que reciben estos organismos del Estado y cualquier Administración local es que a la Administración
local se le abre un expediente cuando no rinde las cuentas a tiempo. Por ello, instamos al Gobierno del Reino de España a establecer un proceso de sanción para aquellos gestores de entidades a las que la Intervención General de la Administración
del Estado deniegue la opinión en el informe de auditoría o se dé una opinión desfavorable. Igualmente, instamos al Gobierno del Reino de España a formular un requerimiento conminatorio a todas las entidades, tanto del ámbito de la Administración
General del Estado como del sector público autonómico como de las entidades locales que no hubieran rendido sus cuentas dentro del plazo legalmente establecido.


Otro capítulo interesante lo encontramos en el uso reiterado de las modificaciones de crédito por parte del Gobierno del Reino de España. Las modificaciones de crédito calificadas bajo denominación genérica, no tipificadas en la Ley General
Presupuestaria, experimentaron un aumento significativo respecto al periodo anterior, entre ellas, como apuntaba anteriormente, las modificaciones de crédito para aumentar el gasto militar y que ya han sido declaradas inconstitucionales por otro
Tribunal Constitucional. Hablamos casi de 2.000 millones de crédito, el 35 % del presupuesto del Ministerio de Defensa, que ustedes han pretendido esconder año tras año. Veremos este año cómo van a hacer para aumentar ese 30 % del gasto militar
mientras bajan las partidas sociales. Por ello, en las resoluciones se insta al Ministerio de Defensa a ajustar sus presupuestos a la realidad. En todo caso, se trata de prácticas por parte del Gobierno para ocultar la información.


Voy acabando porque no me queda tiempo y tengo más cosas que decir. En todo caso, la casuística entra, por ejemplo, en aspectos tan graves como las pensiones o el proceso de reestructuración de la banca. El dictamen habla, en relación con
las pensiones y la urgencia en el marco del Pacto de Toledo, de analizar la insuficiencia de transferencias del Estado a la Seguridad Social para la cobertura de los gastos que deben ser financiados por la Administración General del Estado. Con
respecto al FROP y la Sareb, el Tribunal de Cuentas indica que no existe información suficiente para saber exactamente cuál es su situación patrimonial.


En conclusión, esta declaración de la cuenta general del Estado nos sirve para demostrar que ustedes, el Gobierno del Reino de España, el Gobierno del Partido Popular, no tiene ningún interés en modernizar la Administración y gestionar las
cuentas públicas de forma correcta. Quieren que cualquier tribunal esté a merced de sus intereses, y cuando el tribunal intenta trabajar de forma independiente, ustedes le limitan al máximo sus capacidades de actuación. En todo caso, a pesar de lo
que he dicho y he avanzado, votaremos favorablemente este punto.


Gracias. (Aplausos).


El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señora Capella.


Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra el señor Ramírez Freire.


El señor RAMÍREZ FREIRE: Gracias, señor presidente.


Es la primera vez que muchos diputados de esta Cámara vamos a votar las cuentas generales del Estado. Con las peculiares circunstancias que se han vivido en el último año y medio, nos vamos a estrenar debatiendo y votando dos de ellas, por
lo que me van a permitir que estructure mi intervención

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en torno a tres temas en los que intentaré ser breve y no repetiré los datos que han proporcionado los oradores que me han precedido en el uso de la palabra.


¿Qué es la cuenta general del Estado? (Rumores).


El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Un momento, señor Ramírez.


Silencio, por favor.


El señor RAMÍREZ FREIRE: Gracias, señor presidente.


La cuenta general del Estado, como les decía, se elabora cada año a través de la Intervención General, a la que se remiten las cuentas anuales de las entidades que integran el sector público estatal, y el Gobierno eleva esas cuentas y las
remite al Tribunal de Cuentas antes del 31 de octubre de cada año para que sean estudiadas por el mismo. Esta cuenta general, que parece un elemento baladí, realmente reviste especial importancia ya que nos suministra información fundamental sobre
la situación patrimonial y financiera, así como del resultado económico patrimonial y la ejecución del presupuesto del sector público estatal. Algunos pensarán que bastaría con que el Gobierno tuviese una auditoría propia y nada más, pero, por
suerte para nosotros, nuestra Constitución establece en el artículo 136 un instrumento más garantista y elementos como el check balance y el contrapeso que en este caso corresponde al Tribunal de Cuentas, que son fundamentales.


El informe del Tribunal de Cuentas sobre la cuenta General del Estado, denominado declaración, pone el broche final al proceso presupuestario; un proceso en el que esta Cámara tiene un papel predominante. Corresponde a las Cortes
Generales, como ustedes saben, el examen, enmienda y aprobación de los Presupuestos Generales del Estado. Por cierto, señores del Partido Popular y del Gobierno, esperamos que estos Presupuestos Generales del Estado de 2017 sean traídos a esta
Cámara lo antes posible para que podamos estudiarlos, enmendarlos y, en su caso, aprobarlos. Ahora bien, el artículo 1 de la Ley Orgánica 2/1982, del Tribunal de Cuentas, establece que la cuenta general del Estado tiene dos funciones: una,
fiscalizar las cuentas, y dos, fiscalizar la gestión económica del Estado. ¿Se cumplen estas dos condiciones en las declaraciones de la cuenta general del Estado y se cumplen estos objetivos? Entendemos que los documentos que nos encontramos en
las cuentas generales cumplen el primer aspecto de manera sobrada, sin embargo, sí que echamos de menos un análisis más comprensivo de la gestión y desempeño de la Administración. Además -¿por qué no?-, también podríamos pedir al Tribunal de
Cuentas que aportase un informe de fiscalización que contenga los apartados de análisis de gestión económica, aquello que se denomina vulgarmente como auditoría de desempeño, y que además se estableciera con ciertos criterios aparte del de
legalidad, por ejemplo, los criterios de eficiencia, de economía, de transparencia, de sostenibilidad ambiental y de igualdad de género.


¿Qué podemos destacar de las cuentas generales de 2013 y 2014? En primer lugar, y por no repetirme en lo que han dicho los oradores que me han precedido en el turno de palabra, que entre 2012 y 2014 la deuda pública aumentó un 25 %, lo que,
desde luego, acaba de una vez por todas con el mito de la fantástica gestión económica del Partido Popular. Es cierto que este incremento de la deuda pública se puede explicar por los famosos tres fondos: el FLA, Fondo de liquidez autonómico, el
FROB, Fondo de reestructuración ordenada bancaria, y el Fondo para la financiación de los pagos a proveedores. También es verdad que dicen que cuando la marea baja se ve quién nadaba desnudo, así, entre 2013 y 2014 se evidencia claramente que el
coste del desgobierno de las administraciones y en las cajas de ahorros nos ha costado a todos los españoles 164.000 millones de euros.


Como no quiero repetirme en los datos que han dado tanto el señor Bel como la señora Capella, además de lo que se incluye en las cuentas generales de 2013 y 2014, me centraré principalmente en dos elementos. Uno es el Fondo de reserva de la
Seguridad Social. En las auditorías de la cuenta general de 2013 queda claro que el fondo ascendía a 52.539 millones de euros. Durante ese año se hicieron disposiciones por valor de 11.648 millones, lo que implicaría que a partir de 2014
tendríamos 36.595 millones. Si comparamos estos datos con los de 2014, queda claro que ese fondo se ha reducido a la cantidad de 19.325 y a día de hoy supone que en este año 2017 no se puedan pagar las famosas pagas extraordinarias aparte de los
fondos de cuenta de reserva de la Seguridad Social. Por tanto, volvemos a caer en lo mismo: el incumplimiento reiterado de los gestores públicos en el manejo de los fondos y los caudales de todos. Asimismo, como han dicho los portavoces que me
han precedido, se siguen imputando de forma errónea cantidades en otros ejercicios y se sigue cayendo, como sabemos, en una vulneración clara de la Ley General Presupuestaria a la hora de hacer modificaciones en los créditos aprobados. Todo

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esto nos lleva a pensar que estas cuentas se podrían haber hecho mejor, si bien vamos avanzando lentamente hacia un cambio generalizado.


En las cuentas del 2014 debemos felicitarnos porque, como se ha dicho, son las primeras que vienen como cuenta única consolidada, lo que supone una ampliación del ámbito subjetivo abarcando más entidades y dando por fin cumplimiento a las
repetidas recomendaciones del Tribunal de Cuentas y a las resoluciones aprobadas por el mismo.


Déjenme que acabe con nuestras propuestas de resolución y las modificaciones que se han sucedido en el debate dentro de la Comisión Mixta del Tribunal de Cuentas. Ciudadanos realizó varias propuestas de resolución que fueron incorporadas en
los dictámenes finales, entre los que se incluye establecer un proceso de sanción para aquellos gestores públicos que reciban una auditoría negativa. ¡Ya es hora de ser tajante con la falta de cumplimiento riguroso de la normativa y la legislación!
No podemos permitirnos gestores públicos que de manera continuada incumplan la legislación vigente. (Aplausos). Creemos que un punto de partida óptimo sería le Ley 19/2013, que ya incluye como sanción muy grave la destitución del cargo que ocupe
-salvo que hubiese cesado ya- y por supuesto la inhabilitación para ocupar un alto cargo en los próximos cinco años.


En cambio, los señores del Partido Popular rechazaron nuestras propuestas de avanzar en un plan de amortización de las deudas millonarias pendientes de liquidación desde hace décadas entre la Seguridad Social y la Administración General del
Estado, que vienen a ser 26.000 millones que han sido enterrados, y de esta forma ocultan la verdadera situación de la Seguridad Social. Tampoco hemos logrado el apoyo del Partido Popular a nuestra propuesta para que se ataje la deuda acumulada en
las cuentas a cobrar de la Administración General del Estado. Ayer el señor Bravo -no le localizo por aquí- decía en la Comisión Mixta del Tribunal de Cuentas que la Agencia Tributaria, por desgracia, no tiene recursos para seguir luchando contra
el fraude fiscal de la forma más óptima y más favorable. Le diría al señor Bravo que podría decirles a los miembros de su Gobierno y a los miembros de su partido que de una vez por todas pongan esos recursos para que la Agencia Tributaria pueda
desarrollar esa labor de forma óptima. (Aplausos). Por último, Ciudadanos incluyó en los dictámenes instar al Tribunal de Cuentas a efectuar un seguimiento y una fiscalización de las medidas de los informes CORA y en particular respecto a la
racionalización y liquidación de entidades del sector público. Al Partido Popular se le llena la boca al hablar de gestión económica, de gestión de las cuentas públicas, y dicen que mediante el CORA se han obtenido ahorros de 35.000 millones.
Bueno, nosotros esperamos que el Tribunal de Cuentas verifique esas cantidades y que haga un seguimiento crítico y constructivo.


Finalizo, presidente. Señorías, en conclusión: se están dando pasos positivos y estamos haciendo camino y, como decía el poeta, al volver la vista atrás no debemos ver la senda, sino que debemos ver las prácticas que nunca más deberemos
realizar cuando son negativas. (Aplausos).


Muchísimas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señor Ramírez.


Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, tiene la palabra el señor González García.


El señor GONZÁLEZ GARCÍA: Muchas gracias, señor presidente.


Estamos hoy aquí, 16 de marzo de 2017, viendo informes de ejecución presupuestaria de los años 2013 y 2014. No vamos a abundar hoy en cuestiones formales que ya valoramos en su momento en la Comisión Mixta para las Relaciones con el
Tribunal de Cuentas, pero sí nos gustaría señalar cuestiones evidentes que tienen que mejorar en los aspectos relacionados con la cuenta general. Es necesario reducir los plazos de presentación de los informes y de su tramitación en la Comisión,
incrementar la información prevista de las entidades que forman parte de la cuenta general y hay que alertar de que hay entidades que inexplicablemente siguen sin incorporar sus cuentas a la cuenta general pese a los múltiples requerimientos que ha
hecho el Tribunal de Cuentas al Gobierno. Y algunas de ellas no son menores, como la Confederación Hidrográfica del Tajo o la del Segura, que entre las dos... (Rumores).


El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Un momento, señor González.


Señorías, por favor, les pido silencio, estamos al final de la mañana seguramente de una semana muy intensa y de un Pleno también muy intenso, pero al que tenemos que escuchar es al orador. Les ruego, por favor, silencio. Sé que hay alguna
diputada a la que estas palabras le suenan a chino, pero, por favor,

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le rogaría que si quiere mantener tertulias y debates, seguramente más interesantes que el que les parece que se está desarrollando aquí, lo hagan fuera del hemiciclo.


Muchas gracias. Continúe, señor González.


El señor GONZÁLEZ GARCÍA: Gracias, señor presidente.


Puede que los señores del PP estén nerviosos porque van a perder la votación del real-decreto de la estiba que vamos a realizar en unos momentos. Es comprensible. (Aplausos).


Como decía, hay entidades importantes que siguen sin rendir cuentas, como la Confederación Hidrográfica del Tajo o la del Segura, que entre las dos suman 46 millones de euros, y el Gobierno desoye constantemente al Tribunal de Cuentas en sus
recomendaciones. Es cierto que el Tribunal de Cuentas tiene bastantes carencias -que esperamos poder subsanar durante esta legislatura- que ya han sido señaladas por el informe de revisión entre pares del Tribunal de Cuentas Europeo y el portugués
en 2015 y que son señaladas también por los técnicos, que, por cierto, realizan una excelente labor de fiscalización. Algunas de estas cuestiones son la politización del consejo o el abuso de procedimientos de libre designación a la hora de
realizar contrataciones. Ayer mismo el Tribunal Supremo por sexta vez condenaba al Tribunal de Cuentas por un caso de nepotismo, y esto es intolerable en una institución que se tiene que encargar de fiscalizar al resto de instituciones del sector
público. Además, creemos que es importante que el Tribunal de Cuentas incluya prácticas de auditoría de gestión, es decir, que además de auditar que las entidades del sector público se ajustan a procedimientos de legalidad contable auditen también
cómo se han desempeñado estos recursos y cómo se ha realizado la ejecución presupuestaria. Eso es importante en 2013 y 2014, pero también en toda la legislatura del PP, porque una de las pautas habituales de este Gobierno y de su mago
presupuestario, el ministro de Hacienda señor Montoro, que se repiten constantemente es recurrir a procedimientos para ocultar prácticas presupuestarias que luego solo las podemos ver en la ejecución. Estos procedimientos habituales y recurrentes
son las modificaciones extraordinarias de crédito y la no ejecución presupuestaria. Las modificaciones de crédito son aquellas modificaciones en el presupuesto que decreta el Gobierno una vez que este está aprobado; un mecanismo que supuestamente
sirve para afrontar gastos excepcionales y no previstos, pero que el Gobierno utiliza de forma reiterada para camuflar el presupuesto. El ejemplo más claro, como todos conocen y ya han comentado anteriormente, es el presupuesto de defensa. El
total de las modificaciones presupuestarias de defensa que se producen anualmente en toda la legislatura del PP llegan al 30 % del presupuesto inicial. Mientras acometían los mayores recortes de la historia en las partidas de gasto social, el
presupuesto de defensa se disparaba, pero no en el presupuesto que presentaban aquí, sino en el mes de agosto para evitar el escrutinio público. Mientras media España estaba de vacaciones, el señor Montoro presentaba un decreto de modificación
presupuestaria para incrementar el presupuesto de defensa. Buen truco del señor Montoro, el problema es que el señor Montoro no es Tamariz y no estamos hablando de una colección de fascículos con oferta de lanzamiento; estamos hablando de los
Presupuestos Generales del Estado y el señor Montoro es el ministro de Hacienda de la cuarta economía de la zona euro, y esto es una vergüenza que no se puede seguir tolerando.


Esta práctica presupuestaria se ha topado recientemente con el Tribunal de Cuentas, que la ha declarado inconstitucional porque considera que estos gastos son previstos desde el principio del ejercicio y que deben ser incluidos en el
presupuesto. Pero este no es el único truco, el otro truco que aún es más burdo, si cabe, es el de la no ejecución presupuestaria. En 2013 la no ejecución fue de 6 %; en 2014, del 5 %; pero en 2016 ha batido récords con los acuerdos de no
disponibilidad, que han supuesto, por ejemplo, que en noviembre del año pasado el presupuesto de partidas reales tuviera una ejecución de solo el 55 %. Esto lleva a que se produzcan unos recortes arbitrarios en la inversión que en total ascendieron
a unos 5.400 millones de euros y que se han prorrogado durante los tres meses que llevamos de este año. Esta es la explicación de por qué hay inversiones en infraestructuras que son importantes para muchas comunidades autónomas que, aunque estén
incluidas en el presupuesto, no se están ejecutando. Se trata de recortes encubiertos del Partido Popular y del señor Montoro.


En definitiva, mientras esperan que el PNV y el PSOE terminen de decidir cómo van a apoyar estos presupuestos generales que en su esencia ya han apoyado al votar a favor del techo de gasto a finales del año pasado, el Gobierno está
incumpliendo sistemáticamente no solo la Ley General Presupuestaria sino también la propia Constitución, que señala que los Presupuestos Generales del Estado incluirán la totalidad de los gastos e ingresos del sector público y señala que corresponde
a las Cortes Generales, y no al Gobierno, su examen, enmienda y aprobación. Los vergonzosos engaños del señor Montoro

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desnaturalizan el proceso presupuestario. El abuso y la generalización de estas prácticas opacas convierten el presupuesto en mero papel mojado.


Nosotros estamos esperando a que presenten de una vez los presupuestos generales, no solamente para presentar una enmienda a la totalidad, sino también una enmienda a la totalidad de su gestión económica; una gestión económica infame y
chapucera que solo ha servido para profundizar en la senda que nos lleva hacia el subdesarrollo, con una brecha social y productiva sin parangón en nuestra historia. Pero aunque no se aprueben, el Gobierno tiene la obligación de reponer las plazas
vacantes en el empleo público, actualizar los salarios y subir las pensiones. No puede utilizar como rehén de sus presupuestos a millones de personas. Así que dejen de marear la perdiz, cumplan con la ley y hagan su trabajo.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señor González.


Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Hurtado Zurera.


El señor HURTADO ZURERA: Gracias, presidente. Buenas tardes ya.


Si el primer punto, el de los estibadores, era el rojo, y el de los perros, que ha llevado mi compañera Zaida, era el verde, este es el gris porque las que vienen son dos cuentas muy atrasadas, dos cuentas de una nueva etapa de un Gobierno
de mayoría absoluta del Partido Popular. Son cuentas que se presentan según el tribunal en tiempo y forma, que han tardado en llegar aquí, que es el último paso para ser aprobadas, como consecuencia de una legislatura fallida, y que no han contado
con observaciones de responsabilidad contable por parte de los letrados ni por parte del ministerio fiscal. Pero estas cuentas tienen algo positivo que voy a poner sobre la mesa, y es en concreto que ha habido un avance: en el 2014 se presenta por
primera vez la cuenta única consolidada. También se ha avanzado en cuanto a representatividad, porque ha aumentado el número de entidades que se han integrado: en el 2013 había veintisiete entidades del sector público administrativo que no se
integraban y en el 2014 han pasado a ser cinco; ha habido un avance, insuficiente todavía, pero un avance. Y quiero poner de manifiesto otro avance que es fruto del trabajo de los técnicos de la Intervención General del Estado y del propio
Tribunal de Cuentas, que es el avance en la homogeneización de los procedimientos y de los procesos que se incluyen en las operaciones de las cuentas generales.


Evidentemente el Grupo Parlamentario Socialista no está de acuerdo con otras cuestiones muy importantes, concretamente -y son resultados palpables- con que el Parlamento pase de puntillas sobre la cuenta general, que no entre a un detalle
exhaustivo, y sobre todo que el control que podamos hacer sea meramente de legalidad; no podemos aportar -no se aportan por parte del Gobierno- datos objetivos que se puedan evaluar para que determinar los controles de eficacia, de eficiencia, de
economía, de sostenibilidad medioambiental y de igualdad de género. No se pueden evaluar y por tanto no podemos estar satisfechos con las cuentas que se presentan.


En cuanto a los resultados vamos a aprobar, como elemento formal, la cuenta general, pero no podemos dar el consentimiento ni la aprobación a lo que ha sido la gestión de esta cuenta general. La cuenta general refleja la situación
patrimonial de estos dos ejercicios, la actividad económica y financiera desarrollada durante esos dos ejercicios, y lo que son las liquidaciones presupuestarias. Pues bien, el propio Tribunal de Cuentas pone de manifiesto que no son rigurosos los
presupuestos que se aprobaron en su día por la mayoría absoluta del Partido Popular. En concreto las modificaciones presupuestarias en el 2013 fueron de 51.000 millones de euros del consolidado, y luego en el 2014 han sido de 30.000 millones de
euros. Son excesivas y el propio Tribunal de Cuentas dice que eso significa poco rigor a la hora de presupuestar. Hacemos unos debates intensos sobre los presupuestos y muchos de ellos no son creíbles, porque luego no se ejecutan de la forma
prevista. Por otra parte, no podemos estar de acuerdo con la gestión que se ha hecho de los presupuestos. Aquí se ha hecho mención a algunos casos como, por ejemplo, un 33 % de modificación presupuestaria en defensa. Pero tampoco se han gastado
en la gestión 1.900 millones de euros en I+D+i que estaban presupuestados, que para nosotros era fundamental. Y en el año 2013 tampoco se gastaron 788 millones de euros en I+D+i. No podemos estar de acuerdo en que hayan sido 260 millones de euros
los que se han dejado de gastar en fomento del empleo; en un país que tanto necesita promover el empleo, la orientación, la formación y la intermediación, no podemos dejar 260 millones de euros sin utilizar. Además no podemos estar de acuerdo con
el resultado que se pone de manifiesto en estos presupuestos, un resultado consolidado de déficit negativo por operaciones no financieras, que han sido en total muy elevadas: 30.000 millones de euros en 2013 y cerca de 20.000 millones de euros en
2014. Es un déficit considerable, excesivo, por tanto tampoco podemos estar de acuerdo.

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El propio tribunal hace mención también a dos cuestiones que son significativas en cuanto a la gestión financiera que se ha hecho en este país: pone de manifiesto que han sido 152.800 millones de euros más de deuda pública, se ha aumentado
la deuda pública en este país durante esos dos ejercicios en un 25 %. Debemos más a los mercados financieros, somos más dependientes de los mercados financieros, por tanto nos pueden apretar todavía más incluso en lo que puede ser nuestra propia
soberanía a la ahora de gestionar los recursos públicos. Y por otro lado el Fondo de garantía, en concreto el Fondo de reserva de la Seguridad Social se ha reducido en 33.000 millones de euros, se ha gastado un 42 % durante estos dos años 2013 y
2014. Eso significa que el déficit de la Seguridad Social ha sido tan elevado que se ha tenido que echar mano a la hucha de las pensiones, al dinero de los pensionistas, al dinero de los cotizantes a la Seguridad Social, y nosotros lo hemos
denunciado insistentemente por activa y por pasiva.


Por tanto creemos necesarias esas 150 propuestas que se han presentado, que se han aprobado y están en el dictamen, para reducir los plazos y para que este punto deje de ser gris y sea de un color mucho más actual, mucho más vivo. Pero, por
otra parte, también se trata de actualizar los procedimientos, la gestión de inventarios para mejorar la gestión patrimonial; se trata de establecer sistemas más comprensibles en las cuentas públicas, que se les pueda dar más publicidad para que
los ciudadanos sepan en todo momento qué significa la cuenta pública, qué significa la cuenta general del Estado, sepan en qué se gasta el Estado sus propios recursos. Por tanto son muchos los objetivos a mejorar, son muchos los avances que tenemos
que lograr, pero lo más importante es que se aproxima la presentación de un proyecto de presupuestos y le pido al Partido Popular que cuando presente dicho proyecto no tengamos que volver a oír al Tribunal de Cuentas repetir que no son fiables, que
no son rigurosos, sino que cuando se presenten los presupuestos sean rigurosos y puedan representar cuáles son las políticas a realizar y que sirvan de compromiso para el desarrollo de dichas políticas.


Gracias. (Aplausos).


El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señor Hurtado.


Por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, tiene la palabra el señor Juncal Rodríguez.


El señor JUNCAL RODRÍGUEZ: Señor presidente, señorías, estamos aquí hoy para terminar los trámites parlamentarios en el Congreso correspondientes a las cuentas generales de 2013 y 2014. Quisiera decir a sus señorías que no estamos en un
debate de política económica general, sino en un análisis de la fotografía que obtiene el Tribunal de Cuentas de la cuenta general, en la que obviamente... (Rumores).


El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Señorías, silencio, por favor.


El señor JUNCAL RODRÍGUEZ: ... aparecen fotografiadas situaciones o hechos derivados de actuaciones políticas presentes o anteriores. El primer hecho que se debe destacar -como ya se hizo aquí mención y no me pararé mucho más- es que ha
cambiado la formulación. De tener tres cuentas generales: sector público administrativo, sector público empresarial y sector público fundacional, se pasa a una sola cuenta general, consolidada en 2014.


Sí quiero hacer referencia a las declaraciones que hace el Tribunal de Cuentas, que dice que el presupuesto de 2013 se recibió dentro del plazo legalmente establecido, que presenta la estructura prevista en las disposiciones que son de
aplicación, con algunas excepciones que comentaremos posteriormente, y que es coherente internamente. En 2014 la opinión del tribunal, excepto por las salvedades incluidas, es que presenta fielmente en todos sus aspectos significativos la situación
económica financiera patrimonial, los cambios de patrimonio neto, flujos de efectivo, resultados del ejercicio y la liquidación, de conformidad con la normativa. Es decir, que salvo una serie de excepciones o salvedades que analizaremos, el
resultado de la fotografía obtenida por el Tribunal de Cuentas es real, no está maquillada, nos gustará o no el contenido, y desde luego ya les adelanto que al Partido Popular hay parámetros y datos que no nos gustan y quisiéramos que fuesen de otra
manera, pero la realidad económica y la situación del país ha sido la que ha sido y es la que es, y por tanto sale reflejada. En esas discrepancias y reiteraciones que se producen en las cuentas de 2013 y 2014 quería señalar lo que también se ha
dicho aquí, que hay algunas entidades que no están integradas en la cuenta general de ese sistema. ¿Qué parte supone en el total del presupuesto? Supone 1.984 millones, es decir, el 0,45 % -vuelvo a repetir, el 0,45 %- de los presupuestos de 2013.
En 2014 efectivamente de 396 entidades que tenían que consolidar, 14 quedan fuera y han consolidado 382. Si aplicamos el criterio de importancia

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relativa, pensamos en el volumen de los presupuestos generales, aunque censurable y corregible desde luego en el futuro, no es una materia para escandalizarse.


También se pone de manifiesto reiteradamente que no figuran las previsiones iniciales correspondientes al capítulo 9 de pasivos financieros. Es una situación lógica; los departamentos ministeriales gestionan el presupuesto de gastos no el
de ingresos. Eso se hace a través de la Dirección General de Política Financiera y del Tesoro, y no tiene por qué determinar a priori el importe de la deuda pública que va a necesitar para cubrir las obligaciones que le demandan. Lo cubre en
función de la situación de tesorería y emitiendo deuda si le es suficiente.


En cuanto a modificación de créditos, que también se ha mencionado aquí, en 2013 supuso un 8 % sobre el total de las operaciones, pero, señor Bel, en Cataluña ha supuesto el 38,8 %. Creo que cualquiera de los que estamos aquí que hayamos
pasado por la Administración local, autonómica o nacional conoce las dificultades y por tanto las modificaciones de crédito que hay que hacer, porque falta la puesta a disposición de los terrenos para una obra, el acta de replanteo, nuevos costes
que surgen, etcétera. En 2014 la modificación es de un 4 %, 24.329 millones. En todo caso el Tribunal de Cuentas señala que todas las modificaciones han cumplido los requisitos y las limitaciones de la Ley General Presupuestaria.


En el corte de operaciones también suele haber discrepancias de que si se han imputado a un ejercicio unos gastos que deberían ser del anterior, y si los generados en este ejercicio se cobran al siguiente. Hay una cosa clara y es que el
criterio contable, el principio del devengo, rige, pero en contabilidad presupuestaria se tiene otro criterio señalado por el artículo 34. Por tanto siempre vamos a tener ahí una diferencia que se recoge perfectamente en las cuentas.


En cuanto a la ejecución del presupuesto, tanto en 2013, que asciende a 93,7 %, como en 2014, que asciende al 95 %, son unas cifras bastante razonables de cumplimiento. Y señala el tribunal que la política de contención del gasto se ha
visto neutralizada fundamentalmente, como ya aquí se ha citado, pero que se cita de una forma negativa, con las cantidades a tres fondos: al FLA, Fondo de liquidez autonómico, al Fondo de reestructuración ordenada bancaria y el Fondo para financiar
el pago a proveedores, que supusieron 42.130 millones. Ante esa situación -aquí se critica la dotación de esos fondos-, ¿cuál sería el planteamiento, no acudir a financiar las comunidades autónomas o no acudir a solucionar el problema de la banca?
(Rumores).


El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Silencio, señorías, por favor.


El señor JUNCAL RODRÍGUEZ: ¿El pago a proveedores, que colapsaba de alguna manera a los empresarios, que no recibían las cantidades que se les debían? Nos encontrábamos inmersos en una situación de déficit, porque le recuerdo al señor
Hurtado que ustedes nos dejaron un déficit de un 11 % y llegar, como dijo ayer el presidente, hasta el 4,6 % ha supuesto transitar durante estos años, como yo digo algunas veces, en una situación de economía de guerra. Ya estamos viendo los regalos
que cada año nos caían por la situación económica. (Aplausos). Lógicamente al descender el número de puestos de trabajo ha habido que tirar de la hucha, y los activos no son suficientes para hacer frente al total de los importes de las pensiones.


Voy a terminar. Comprendan que es imposible sintetizar 200.000 millones por minuto teniendo en cuenta el tiempo que me han concedido, pero voy a finalizar, señor presidente, y lo voy a hacer con otro de los temas reiterados: la
consolidación de las cuentas de Radiotelevisión en SEPI. SEPI tiene un criterio, el consejo de administración es nombrado por esta Cámara, el presupuesto lo elabora el consejo, y de acuerdo con la normativa de la legislación societaria no tiene
dominio sobre Radiotelevisión, motivo por el que no se consolidan las cuentas.


Se han aprobado respectivamente 59 y 56 propuestas de resolución de los informes de 2013 y de 2014, tendentes a que con su aplicación próximamente la cuenta general sea cada vez más clara, diáfana y homogénea, se corrijan las actuaciones que
dan lugar a estas salvedades con el tema de los inventarios y el de la rendición de cuentas por todos los organismos, se amplíen las memorias, se aplique correctamente la periodificación contable, y se profundice en el análisis de la relación entre
productividad, eficiencia y plazos. Con esto quiero decir, por lo anunciado por todos los portavoces, que va a ser aprobado por unanimidad, y vuelvo a insistir en que esta es la fotografía de la realidad y el Gobierno ha cumplido.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señor Juncal Rodríguez.


Finalizado el debate de los puntos del orden del día, en tres minutos comenzaremos la votación.


Muchas gracias. (Pausa.-La señora presidenta ocupa la Presidencia).

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CONVALIDACIÓN O DEROGACIÓN DE REALES DECRETOS-LEYES. (VOTACIÓN):


- REAL DECRETO-LEY 4/2017, DE 24 DE FEBRERO, POR EL QUE SE MODIFICA EL RÉGIMEN DE LOS TRABAJADORES PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PORTUARIO DE MANIPULACIÓN DE MERCANCÍAS DANDO CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA UNIÓN
EUROPEA DE 11 DE DICIEMBRE DE 2014, RECAÍDA EN EL ASUNTO C-576/13 (PROCEDIMIENTO DE INFRACCIÓN 2009/4052). (Número de expediente 130/000010).


La señora PRESIDENTA: Señorías, va a comenzar la votación. (Rumores). Les ruego silencio.


En primer lugar, vamos a votar la convalidación o derogación del Real Decretoley 4/2017, de 24 de febrero, por el que se modifica el régimen de los trabajadores para la prestación del servicio portuario de manipulación de mercancías, dando
cumplimiento a la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 11 de diciembre de 2014, recaída en el asunto C576/13, procedimiento de infracción 2009/4052.


Comienza la votación. (Pausa.-Aparece el resultado de la votación en los paneles electrónicos.-Prolongados aplausos de las señoras y los señores diputados de los grupos parlamentarios Socialista, Confederal de Unidos Podemos-En Comú
Podem-En Marea y Esquerra Republicana, puestos en pie, mirando a Tribuna pública.-Algunos diputados muestran camisetas en las que se lee '¡Ni un paso atrás!').


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 348 más 2 votos telemáticos, 350; a favor, 141 más 1 voto telemático, 142; en contra, 174 más 1 voto telemático, 175; abstenciones, 33.


La señora PRESIDENTA: Señorías, guarden silencio, por favor.


Queda derogado el real decreto-ley. (Aplausos.-Varios señores diputados: Muy bien).


Señorías, les ruego, por favor, que se abstengan de hacer ningún tipo de intervención desde los escaños mientras no se haya leído por la Presidencia el resultado de la votación.


DICTÁMENES DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS EXTERIORES SOBRE CONVENIOS INTERNACIONALES. (VOTACIÓN):


- CONVENIO EUROPEO SOBRE PROTECCIÓN DE ANIMALES DE COMPAÑÍA, HECHO EN ESTRASBURGO EL 13 DE NOVIEMBRE DE 1987, ASÍ COMO RESERVA Y DECLARACIÓN QUE ESPAÑA DESEA FORMULAR. (Número de expediente 110/000006).


La señora PRESIDENTA: Pasamos a continuación a votar el Convenio europeo sobre protección de animales de compañía, hecho en Estrasburgo el 13 de noviembre de 1987, así como reserva y declaración que España desea formular.


Vamos a hacer la votación de la enmienda del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 348; a favor, 175; en contra, 136; abstenciones, 37.


La señora PRESIDENTA: Se aprueba la enmienda.


Pasamos a votar el resto del dictamen.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dijo


El señor PRESIDENTE: Queda aprobado por unanimidad.

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DECLARACIÓN SOBRE LA CUENTA GENERAL DEL ESTADO. (VOTACIÓN)


- DICTAMEN DE LA COMISIÓN MIXTA PARA LAS RELACIONES CON EL TRIBUNAL DE CUENTAS EN RELACIÓN CON LA DECLARACIÓN SOBRE LA CUENTA GENERAL DEL ESTADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2013, ASÍ COMO LA RESOLUCIÓN ADOPTADA POR DICHA COMISIÓN. (Número
de expediente 250/000001).


La señora PRESIDENTA: Pasamos ahora a votar el dictamen de la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas en relación con la declaración sobre la cuenta general del Estado correspondiente al ejercicio 2013, así como la
resolución adoptada por dicha Comisión.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 348 más 2 votos telemáticos, 350; a favor, 346 más 2 votos telemáticos, 348; abstenciones, 2.


La señora PRESIDENTA: Queda aprobado el dictamen.


- DICTAMEN DE LA COMISIÓN MIXTA PARA LAS RELACIONES CON EL TRIBUNAL DE CUENTAS EN RELACIÓN CON LA DECLARACIÓN SOBRE LA CUENTA GENERAL DEL ESTADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2014, ASÍ COMO LA RESOLUCIÓN ADOPTADA POR DICHA COMISIÓN. (Número
de expediente 250/000003).


La señora PRESIDENTA: Pasamos a continuación a votar el dictamen de la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas en relación, ahora con la declaración sobre la cuenta general del Estado correspondiente al ejercicio 2014,
así como la resolución adoptada por dicha Comisión.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 347 más 2 votos telemáticos, 349; a favor, 345 más 2 votos telemáticos, 347; abstenciones, 2.


La señora PRESIDENTA: Queda aprobado el dictamen.


Se levanta la sesión.


Era la una de la tarde.