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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 175, de 22/01/2019
cve: DSCD-12-PL-175
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CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE
Año 2019 XII LEGISLATURA Núm. 175
PRESIDENCIA DE LA EXCMA. SRA. D.ª ANA MARÍA PASTOR JULIÁN
Sesión plenaria núm. 168 (extraordinaria)
celebrada el martes,
22 de enero de 2019
ORDEN DEL DÍA:
Convalidación o derogación de reales decretos-leyes:
- Real Decreto-ley 21/2018, de 14 de diciembre, de medidas urgentes en materia de vivienda y alquiler. ('BOE' núm. 304, de 18 de diciembre de 2018). (Número de expediente 130/000048) ... (Página6)
- Real Decreto-ley 22/2018, de 14 de diciembre, por el que se establecen herramientas macroprudenciales. ('BOE' núm. 304, de 18 de diciembre de 2018). (Número de expediente 130/000049) ... (Página17)
- Real Decreto-ley 27/2018, de 28 de diciembre, por el que se adoptan determinadas medidas en materia tributaria y catastral. ('BOE' núm. 314, de 29 de diciembre de 2018). (Corrección de errores en 'BOE' núm. 18, de 21 de enero de 2019).
(Número de expediente 130/000054) ... (Página26)
- Real Decreto-ley 23/2018, de 21 de diciembre, de transposición de directivas en materia de marcas, transporte ferroviario y viajes combinados y servicios de viaje vinculados. ('BOE' núm. 312, de 27 de diciembre de 2018). (Número de
expediente 130/000050) ... (Página33)
- Real Decreto-ley 24/2018, de 21 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes en materia de retribuciones en el ámbito del Sector Público. ('BOE' núm. 312, de 27 de diciembre de 2018). (Número de expediente 130/000052) ...
- Real Decreto-ley 25/2018, de 21 de diciembre, de medidas urgentes para una transición justa de la minería del carbón y el desarrollo sostenible de las comarcas mineras. ('BOE' núm. 308, de 22 de diciembre de 2018). (Número de expediente
130/000051) ... (Página54)
- Real Decreto-ley 26/2018, de 28 de diciembre, por el que se aprueban medidas de urgencia sobre la creación artística y la cinematografía. ('BOE' núm. 314, de 29 de diciembre de 2018). (Número de expediente 130/000053) ...
- Real Decreto-ley 28/2018, de 28 de diciembre, para la revalorización de las pensiones públicas y otras medidas urgentes en materia social, laboral y de empleo. ('BOE' núm. 314, de 29 de diciembre de 2018). (Corrección de errores en
'BOE' núm. 18, de 21 de enero de 2019). (Número de expediente 130/000055) ... (Página74)
Juramento o promesa de acatamiento de la Constitución por nuevos señores diputados ... (Página88)
Convalidación o derogación de reales decretos-leyes. (Votación) ... (Página89)
SUMARIO
Se abre la sesión a las nueve de la mañana.
Convalidación o derogación de reales decretos-leyes... (Página6)
Real Decreto-ley 21/2018, de 14 de diciembre, de medidas urgentes en materia de vivienda y alquiler ... (Página6)
El señor ministro de Fomento (Ábalos Meco) expone a la Cámara las razones que han llevado al Gobierno a la promulgación del real decreto-ley de referencia.
En turno en contra de la convalidación interviene la señora Zurita Expósito, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
En turno de fijación de posiciones intervienen las señoras Oramas González-Moro, Beitialarrangoitia Lizarralde y Sorlí Fresquet, así como el señor Guillaumes i Ràfols, del Grupo Parlamentario Mixto; los señores Barandiaran Benito, del Grupo
Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Margall Sastre, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, y Garaulet Rodríguez, del Grupo Parlamentario Ciudadanos; y las señoras Martín González, doña Lucía, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos
Podemos-En Comú Podem-En Marea, y Rominguera Salazar, del Grupo Parlamentario Socialista.
Real Decreto-ley 22/2018, de 14 de diciembre, por el que se establecen herramientas macroprudenciales ... (Página17)
La señora ministra de Hacienda (Montero Cuadrado) expone a la Cámara las razones que han llevado al Gobierno a la promulgación del real decreto-ley de referencia.
En turno de fijación de posiciones intervienen el señor Bel Accensi y las señoras Oramas González-Moro y Sagastizabal Unzetabarrenetxea, del Grupo Parlamentario Mixto; los señores Capdevila i Esteve, del Grupo Parlamentario de Esquerra
Republicana; Gómez García, del Grupo Parlamentario Ciudadanos; Montero Soler, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea; Palacín Guarné, del Grupo Parlamentario Socialista, y Paniagua Núñez, del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.
Real Decreto-ley 27/2018, de 28 de diciembre, por el que se adoptan determinadas medidas en materia tributaria y catastral ... (Página26)
La señora ministra de Hacienda (Montero Cuadrado) expone a la Cámara las razones que han llevado al Gobierno a la promulgación del real decreto-ley de referencia.
En turno de fijación de posiciones intervienen la señora Oramas González-Moro y el señor Bel Accensi, del Grupo Parlamentario Mixto; los señores De la Torre Díaz, del Grupo Parlamentario Ciudadanos, y González García, del Grupo
Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea; la señora Blanquer Alcaraz, del Grupo Parlamentario Socialista, y el señor De Arriba Sánchez, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Real Decreto-ley 23/2018, de 21 de diciembre, de transposición de directivas en materia de marcas, transporte ferroviario y viajes combinados y servicios de viaje vinculados ... (Página33)
La señora ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social (Carcedo Roces) expone a la Cámara las razones que han llevado al Gobierno a la promulgación del real decreto-ley de referencia.
En turno en contra de la convalidación interviene el señor Pascual Peña, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.
En turno de fijación de posiciones intervienen la señora Oramas González-Moro y el señor Bel Accensi, del Grupo Parlamentario Mixto; los señores Barandiaran Benito, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Olòriz Serra, del Grupo
Parlamentario de Esquerra Republicana; Navarro Fernández-Rodríguez, del Grupo Parlamentario Ciudadanos, y Ramos Esteban, del Grupo Parlamentario Socialista, así como la señora Moraleja Gómez, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Cierra el debate la señora ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social.
Real Decreto-ley 24/2018, de 21 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes en materia de retribuciones en el ámbito del Sector Público ... (Página45)
La señora ministra de Política Territorial y Función Pública (Batet Lamaña) expone a la Cámara las razones que han llevado al Gobierno a la promulgación del real decreto-ley de referencia.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Bataller i Ruiz y Xuclà i Costa, del Grupo Parlamentario Mixto; Legarda Uriarte, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), y Ten Oliver, del Grupo Parlamentario Ciudadanos; y las
señoras Honorato Chulián, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea; Serrano Jiménez, del Grupo Parlamentario Socialista, y López Ares, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Real Decreto-ley 25/2018, de 21 de diciembre, de medidas urgentes para una transición justa de la minería del carbón y el desarrollo sostenible de las comarcas mineras... (Página54)
La señora ministra para la Transición Ecológica (Ribera Rodríguez) expone a la Cámara las razones que han llevado al Gobierno a la promulgación del real decreto-ley de referencia.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Martínez Oblanca y Campuzano i Canadés, del Grupo Parlamentario Mixto; la señora Sagastizabal Unzetabarrenetxea, del Grupo Parlamentario
Vasco (EAJ-PNV); el señor Capdevila i Esteve, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana; la señora Rodríguez Hernández, doña Melisa, del Grupo Parlamentario Ciudadanos; la señora Marcello Santos y el señor González García, del Grupo
Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea; y los señores Urquizu Sancho, del Grupo Parlamentario Socialista, y Herrero Bono, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Real Decreto-ley 26/2018, de 28 de diciembre, por el que se aprueban medidas de urgencia sobre la creación artística y la cinematografía ... (Página65)
El señor ministro de Cultura y Deporte (Guirao Cabrera) expone a la Cámara las razones que han llevado al Gobierno a la promulgación del real decreto-ley de referencia.
En turno de fijación de posiciones intervienen la señora Oramas González-Moro y el señor Miquel i Valentí, del Grupo Parlamentario Mixto; la señora Sagastizabal Unzetabarrenetxea, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); y los señores
Eritja Ciuró, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana; Álvarez Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos; Maura Zorita, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea; Torres Mora, del Grupo Parlamentario
Socialista, y Lorenzo Torres, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Real Decreto-ley 28/2018, de 28 de diciembre, para la revalorización de las pensiones públicas y otras medidas urgentes en materia social, laboral y de empleo ... (Página74)
La señora ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social (Valerio Cordero) expone a la Cámara las razones que han llevado al Gobierno a la promulgación del real decreto-ley de referencia.
En turno de fijación de posiciones intervienen la señora Oramas González-Moro y los señores Matute García de Jalón, Candela Serna y Campuzano i Canadés, del Grupo Parlamentario Mixto; los señores Barandiaran Benito, del Grupo Parlamentario
Vasco (EAJ-PNV); Salvador i Duch, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, y Del Campo Estaún, del Grupo Parlamentario Ciudadanos; las señoras Díaz Pérez, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, y Perea
i Conillas, del Grupo Parlamentario Socialista; y el señor Floriano Corrales, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Vuelven a hacer uso de la palabra la señora ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, el señor Floriano Corrales y de nuevo la señora ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social.
Juramento o promesa de acatamiento de la Constitución por nuevos señores diputados ... (Página88)
El señor don Andrés Núñez Jiménez y la señora doña Sol Sánchez Maroto adquieren la condición plena de diputadas al prestar acatamiento a la Constitución.
Convalidación o derogación de reales decretos-leyes. (Votación) ... (Página89)
Sometida a votación la convalidación del Real Decreto-ley 21/2018, de 14 de diciembre, de medidas urgentes en materia de vivienda y alquiler, se rechaza por 103 votos a favor; 241 en contra más 2 votos telemáticos, 243, y 1 abstención.
Sometida a votación la convalidación del Real Decreto-ley 22/2018, de 14 de diciembre, por el que se establecen herramientas macroprudenciales, se aprueba por 177 votos a favor; 138 en contra más 1 voto telemático, 139, y 31 abstenciones
más 1 voto telemático, 32.
Sometida a votación su tramitación como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia, se aprueba por 271 votos a favor más 1 voto telemático, 272; 69 en contra más 1 voto telemático, 70, y 6 abstenciones.
Sometida a votación la convalidación del Real Decreto-ley 27/2018, de 28 de diciembre, por el que se adoptan determinadas medidas en materia tributaria y catastral, se aprueba por 174 votos a favor más 1 voto telemático, 175; 32 en contra,
y 140 abstenciones más 1 voto telemático, 141.
Sometida a votación su tramitación como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia, se aprueba por 345 votos a favor más 2 votos telemáticos, 347, y 1 en contra.
Sometida a votación la convalidación del Real Decreto-ley 23/2018, de 21 de diciembre, de transposición de directivas en materia de marcas, transporte ferroviario y viajes combinados y servicios de viaje vinculados, se aprueba por 265 votos
a favor más 1 voto telemático, 266; 72 en contra más 1 voto telemático, 73, y 9 abstenciones.
Sometida a votación su tramitación como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia, se aprueba por 343 votos a favor más 2 votos telemáticos, 345; 1 en contra y 2 abstenciones.
Sometida a votación la convalidación del Real Decreto-ley 24/2018, de 21 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes en materia de retribuciones en el ámbito del Sector Público, se aprueba por 341 votos a favor más 2 votos
telemáticos, 343, 1 en contra y 2 abstenciones.
Sometida a votación su tramitación como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia, se aprueba por 344 votos a favor más 2 votos telemáticos, 346, y 1 en contra.
Sometida a votación la convalidación del Real Decreto-ley 25/2018, de 21 de diciembre, de medidas urgentes para una transición justa de la minería del carbón y el desarrollo sostenible de las comarcas mineras, se aprueba por 132 votos a
favor, 4 en contra y 210 abstenciones más 2 votos telemáticos, 212.
Sometida a votación su tramitación como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia, se aprueba por 342 votos a favor más 1 voto telemático, 343, 1 en contra y 2 abstenciones.
Sometida a votación la convalidación del Real Decreto-ley 26/2018, de 28 de diciembre, por el que se aprueban medidas de urgencia sobre la creación artística y la cinematografía, se aprueba por 344 votos a favor más 2 votos telemáticos, 346,
1 en contra y 1 abstenciones.
Sometida a votación su tramitación como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia, se aprueba por 343 votos a favor más 1 voto telemático, 344; 1 en contra más 1 voto telemático, 2, y 1 abstención.
Sometida a votación la convalidación del Real Decreto-ley 28/2018, de 28 de diciembre, para la revalorización de las pensiones públicas y otras medidas urgentes en materia social, laboral y de empleo, se aprueba por 180 votos a favor más 1
voto telemático, 181; 1 en contra y 164 abstenciones.
Sometida a votación su tramitación como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia, se aprueba por 343 votos a favor más 1 voto telemático, 344; 1 en contra y 2 abstenciones.
Se levanta la sesión a las cinco y quince minutos de la tarde.
Se abre la sesión a las nueve de la mañana.
CONVALIDACIÓN O DEROGACIÓN DE REALES DECRETOS-LEYES:
- REAL DECRETO-LEY 21/2018, DE 14 DE DICIEMBRE, DE MEDIDAS URGENTES EN MATERIA DE VIVIENDA Y ALQUILER. (Número de expediente 130/000048).
La señora PRESIDENTA: Se abre la sesión.
Comenzamos con el punto correspondiente a la convalidación o derogación de reales decretos-leyes, y en concreto con el Real Decreto-ley 21/2018, de 14 de diciembre, de medidas urgentes en materia de vivienda y alquiler.
Para presentar el real decreto-ley tiene la palabra en nombre del Gobierno el señor ministro de Fomento. (Rumores). Silencio, señorías.
El señor MINISTRO DE FOMENTO (Ábalos Meco): Muchas gracias, señora presidenta.
Señorías, hoy presento ante esta Cámara -para someterlo a su convalidación- el Real Decreto-ley 21/2018, de medias urgentes en materia de vivienda y alquiler, tras su aprobación por el Consejo de Ministros el pasado 14 de diciembre.
Mediante este real decreto-ley el Gobierno adopta las primeras reformas necesarias para comenzar lo que será -o debe ser- un giro fundamental en la política de vivienda. Con ello daremos una primera respuesta a las cuestiones más urgentes derivadas
de la falta de una política de vivienda en los últimos años, donde se redujeron las ayudas y los fondos destinados a vivienda. Hubo una desregularización del mercado que provocó la desprotección del inquilino, se produjo la sucesiva privatización
del stock de viviendas públicas, de manera que solo el 2,5 % del parque en nuestro país es vivienda social, y además se produjo una inacción legislativa y el entorpecimiento de las iniciativas en el ámbito autonómico.
La reforma en materia de alquiler impulsada y acometida por el Gobierno anterior en 2013 en la práctica supuso no incrementar sustancialmente la oferta, dado que prácticamente se mantuvo la misma tendencia; subir los precios de manera muy
importante, especialmente a partir de 2014 y en zonas urbanas y turísticas, e incrementar los desahucios -especialmente a partir de 2016- coincidiendo con el final de los primeros contratos derivados de la ley de 2013 y los plazos de tres años.
Como vemos la reforma de 2013 quedó lejos de dejar efectos positivos en el mercado de la vivienda y del alquiler. Es esencial reconocer la situación actual en la que se encuentran las familias españolas que viven en alquiler, que necesita de una
acción pública, inmediata y urgente, tal y como lo avalan -por ejemplo- estos datos. Por un lado, el 43 % de las familias españolas que viven en régimen de alquiler de mercado sufren sobreexposición financiera a los gastos de vivienda, de acuerdo
con Eurostat, siendo esta cifra la más alta de los países de nuestro entorno. Y por otro lado, el incremento de los procedimientos de desahucio derivados de contratos de alquiler. Los últimos datos conocidos de 2018 ratifican la tendencia ya
apuntada en el año anterior, que es la de un considerable incremento, un 7,9 % respecto del ejercicio anterior.
Si a estos datos le añadimos el del escasísimo parque público de vivienda social en España nos encontramos ante una situación frente a la que es necesario intervenir de manera inmediata. (Rumores).
La señora PRESIDENTA: Silencio, por favor.
El señor MINISTRO DE FOMENTO (Ábalos Meco): Como consecuencia de ello el Gobierno desde el primer momento se ha comprometido con una nueva política de vivienda que, además del contenido del real decreto-ley que desarrollaré, contempla
medidas tan importantes como la elaboración de una ley estatal de vivienda que impida que los fondos buitre se queden con las viviendas sociales, incrementar la oferta con un plan específico para 20 000 viviendas para alquiler social y asequible, la
utilización de todo el suelo público disponible, la introducción de mejoras en el Plan de Vivienda o la movilización de los recursos junto con el sector privado.
Teniendo en cuenta lo anterior, y fruto de un trabajo intenso, el Consejo de Ministros del 14 de diciembre aprobó este primer paquete de medidas urgentes en materia de vivienda y alquiler, con el siguiente objetivo: encontrar un punto de
equilibrio entre variables fundamentales; dotar a los arrendadores y arrendatarios de una situación de equilibrio de fuerzas entre ambas partes; dotar de seguridad jurídica suficiente al mercado y generar las condiciones necesarias para
incrementar la existencia de un mayor parque de viviendas en alquiler, y ello sin olvidar que, de acuerdo con la Constitución española y Naciones Unidas, la vivienda no puede ser considerada simplemente un bien de inversión, sino que se trata de un
derecho que ha de ser protegido por los poderes públicos. Se trata de un derecho clave, esencial, que
hace que pueda ser realidad el disfrute de otros derechos, puesto que sin la seguridad de una vivienda difícilmente puede una familia construir un proyecto de vida. Así lo señaló el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de
Naciones Unidas en sus observaciones finales al sexto informe sobre España, en marzo de 2018, en las que manifestaba su preocupación y formulaba una serie de recomendaciones al Estado español en materia del derecho a una vivienda adecuada y de
desahucios, que son debidamente atendidas en las medidas previstas en el presente real decreto-ley. Pero como he señalado, quiero reiterar que el giro en la política de vivienda que está realizando este Gobierno tan solo empieza en el presente real
decreto-ley, que se limita como no puede ser de otra manera a las cuestiones más urgentes y de aplicación inmediata. Este Gobierno sigue trabajando a través de otros instrumentos normativos y de gestión en hacer efectivo el derecho constitucional a
una vivienda digna y adecuada.
Dicho esto, a continuación paso a describir con más detalle el contenido del real decreto-ley cuya convalidación debatimos hoy en esta Cámara. Se estructura en cuatro títulos y se compone de cinco artículos, una disposición adicional, dos
disposiciones transitorias y tres disposiciones finales. El título I introduce la necesaria reforma de la regulación de los contratos de arrendamiento de vivienda a través de distintas modificaciones de la Ley de Arrendamientos Urbanos, entre las
que se destaca la extensión de los plazos de la prórroga obligatoria y la prórroga tácita de los contratos de arrendamiento de vivienda. Se recuperan los plazos establecidos con anterioridad a la reforma liberalizadora de 2013. De esta manera se
establece en cinco años el periodo de prórroga obligatoria, salvo en el caso de que el arrendador sea persona jurídica, supuesto en que se fija un plazo de siete años. Se responde así a las diferencias que, tanto desde el punto de vista del
tratamiento fiscal como de la realidad y características de la relación arrendaticia y del desarrollo de la actividad, pueden existir en la práctica. (Rumores).
En cuanto a la prórroga tácita se establece que, llegada la fecha de vencimiento del contrato o de cualquiera de sus prórrogas, y una vez transcurrido el periodo de prórroga obligatoria, si no existe comunicación alguna... (Rumores).
La señora PRESIDENTA: Silencio, por favor. Silencio.
Adelante, señor ministro.
El señor MINISTRO DE FOMENTO (Ábalos Meco): ... si no existe comunicación de alguna de las partes en la que se establezca la voluntad de no renovarlo se prorrogará el contrato durante tres años, con lo que se dota al inquilino de una mayor
estabilidad, ya que deja de estar expuesto a la prórroga anual establecida en 2013. Además se establecen modificaciones que inciden en el momento de la suscripción de los contratos de arrendamiento. Por un lado, se fija en dos mensualidades de
renta la cuantía máxima de las garantías adicionales a la fianza que pueden exigirse al arrendatario, ya sea a través de depósito o de aval bancario, y salvo que se trate de contratos de larga duración. Por otro lado, se establece por ley que los
gastos de gestión inmobiliaria y de formalización del contrato serán a cargo del arrendador cuando este sea persona jurídica, exceptuando aquellos servicios que hayan sido contratados por iniciativa directa del arrendatario. En todo caso la
problemática del alquiler trae también causa de la insuficiente oferta de vivienda en alquiler en nuestro país, debido a una serie de trabas prácticas que entorpecen la reacción desde la oferta a las señales de precios, impidiendo que el mercado
funcione adecuadamente.
En el ámbito específico del alquiler social o asequible el número de viviendas continúa siendo insuficiente, debido en parte al escaso uso de los mecanismos públicoprivados que permiten el máximo impacto sobre el mercado del alquiler dentro
de las restricciones presupuestarias existentes. Por tanto la solución equilibrada a la problemática del alquiler solo es posible si la mayor protección al arrendatario se conjuga con medidas enérgicas por el lado de la oferta. Por ese motivo la
disposición adicional única recoge un mandato al Ministerio de Fomento para asegurar que se dinamiza la oferta de vivienda en alquiler en España. Con este propósito se encomienda al ministerio un conjunto de acciones a realizar; entre ellas la
negociación con las administraciones sectorialmente competentes, utilizando para este fin todos los instrumentos a su disposición. También se recoge en el título I una precisión técnica en la exclusión del ámbito de aplicación de la Ley de
Arrendamientos Urbanos de la cesión temporal del uso que comporta la actividad de las denominadas viviendas de uso turístico, suprimiendo la limitación de que estas deban ser necesariamente comercializadas a través de canales de oferta turística, y
remitiendo específicamente a lo establecido en la normativa sectorial turística que resulte de aplicación.
El título II introduce modificaciones en el régimen de propiedad horizontal con objeto de impulsar la realización de obras de mejora de accesibilidad. En primer lugar, se incrementa hasta el 10 % del último presupuesto ordinario la cuantía
del fondo de reserva de las comunidades de propietarios, y se establece
la posibilidad de que tales recursos se destinen a la realización de las obras obligatorias de accesibilidad previstas en el artículo 10 de la Ley de Propiedad Horizontal. En segundo lugar, se extiende la obligación de realizar tales obras
de accesibilidad a aquellos supuestos en los que las ayudas públicas a las que la comunidad de vecinos puede tener acceso alcancen el 75 % del importe de las mismas.
En materia de viviendas de uso turístico también se recoge en el título II una reforma del régimen de propiedad horizontal que explicita la mayoría cualificada necesaria -tres quintos- para que las comunidades de propietarios puedan limitar
o condicionar el ejercicio de la actividad o establecer cuotas especiales o incremento en la participación de los gastos comunes de la vivienda, en el marco de la normativa sectorial que regule el ejercicio de esta actividad y del régimen de usos
establecido por los instrumentos de ordenación urbanística y territorial.
Por su parte, el título III incorpora una modificación del procedimiento de desahucio de vivienda cuando afecte a hogares vulnerables, estableciendo que la determinación de la situación de vulnerabilidad producirá la suspensión del
procedimiento hasta que se adopten las medidas que los servicios sociales estimen oportunas por un plazo máximo de un mes o de dos meses cuando el demandante sea persona jurídica. De esta forma se clarifica el procedimiento introduciendo mayor
seguridad jurídica y medidas específicas para atender aquellas situaciones que demanden una mayor protección social.
El título IV, que recoge las medidas en materia económica y fiscal, incluye en primer lugar la modificación del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, introduciendo tres medidas en el impuesto sobre bienes inmuebles.
En primer lugar, se exceptúa la obligación de repercutir el impuesto al arrendatario cuando el arrendador sea un ente público en los supuestos de alquiler de inmuebles de uso residencial con renta limitada por una norma jurídica. En segundo lugar,
se modifica la regulación del recargo previsto para los inmuebles de uso residencial desocupados con carácter permanente, mediante su remisión a la correspondiente normativa sectorial de vivienda, autonómica o estatal con rango de ley, al objeto de
que pueda ser aplicado por los ayuntamientos mediante la aprobación de la correspondiente ordenanza fiscal. Y por último, se crea una bonificación potestativa de hasta el 95 % para los inmuebles destinados a alquiler de vivienda con renta limitada
por una norma jurídica. Por otra parte, para potenciar el mercado de los arrendamientos urbanos como pieza básica de una política de vivienda, orientada por el mandato constitucional consagrado en el artículo 47 de la Constitución, resulta
conveniente mejorar la fiscalidad del arrendamiento de viviendas a fin de facilitar a los ciudadanos las condiciones de acceso a las mismas. En este sentido se introduce una exención para determinados arrendamientos de vivienda en el texto
refundido de la Ley del impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados. Otra de las modificaciones que se introduce en el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales es la ampliación del ámbito de las
inversiones financieramente sostenibles para acoger la posibilidad de realizar actuaciones en materia de vivienda por parte de las entidades locales. Se trata de una modificación que contribuirá a eliminar barreras y paliar el grave déficit de
vivienda social existente en nuestro país.
Finalmente el real decreto-ley incluye una disposición adicional, tres disposiciones finales y dos disposiciones transitorias. La disposición adicional recoge el mandato del Ministerio de Fomento ya mencionado, con el fin de dinamizar la
oferta de vivienda en alquiler. Las disposiciones finales establecen los títulos competenciales, la habilitación para su desarrollo reglamentario y la fecha de entrada en vigor de la norma. La disposición transitoria primera regula que los
contratos de arrendamiento suscritos con anterioridad a la entrada en vigor de este real decreto-ley continuarán rigiéndose por lo establecido en el régimen jurídico que les era de aplicación, y la disposición transitoria segunda establece un
periodo de tres ejercicios presupuestarios para que las comunidades de propietarios se adapten a la nueva cuantía del fondo de reserva.
Concluyo ya este apartado, señorías. Tras analizar la situación y ratificar las razones de seguridad, de necesidad y urgencia que exige la Constitución, el Gobierno procedió -como he comentado- en el Consejo de Ministros del pasado 14 de
diciembre a la aprobación de este real decreto-ley. En consecuencia solicito a la Cámara el voto favorable a la convalidación del mismo, y ello, señorías, porque este real decreto-ley es un real decreto-ley de marcado carácter social, que trata de
dar una respuesta política urgente al problema del acceso a la vivienda en España, que trata de revertir las consecuencias que sobre el mercado del alquiler tuvo la reforma liberal de la LAU de 2013, una reforma que no sirvió para estimular el
mercado del alquiler, pero sí para estimular subidas desorbitadas de los precios y que dio pábulo y cobertura a maniobras especulativas en el mercado de la vivienda, que recoge e incorpora a nuestro ordenamiento las recomendaciones del Comité de
Naciones Unidas en materia de derecho a la vivienda
y desahucios, que defiende a los inquilinos, da seguridad a los arrendadores, y pone dique a las prácticas abusivas en el mercado por parte de los fondos de inversión, y con la que el Estado toma la iniciativa para solucionar el problema de
la vivienda en España, tal y como ha hecho poniendo en marcha el Plan 20 000 y reformulando y adelantando las ayudas del Plan Estatal de Vivienda. Esto se traduce en cuestiones concretas -las acabo de relatar- que afectan a la ciudadanía
directamente, como el incremento a cinco o siete años del periodo de prórroga obligatoria del alquiler, la limitación de las garantías adicionales a dos mensualidades, una regulación más racional para las obras de mejora de la accesibilidad en
comunidades de propietarios, la implantación de mayorías cualificadas para que las comunidades de propietarios pueden tratar las viviendas de uso turístico, el hecho de que los desahucios puedan quedar suspendidos cuando afectan a casos que
requieran protección social, o la introducción de medidas en el impuesto sobre bienes inmuebles, entre las que se encuentra la regulación del recargo para inmuebles de uso residencial desocupados.
Son un primer paso, aunque no cabe duda de que todas ellas deberán ir acompañadas de medidas adicionales, en las que continúa trabajando este Gobierno. Además trabajamos para la elaboración de la primera ley estatal de vivienda de la
democracia, con la mira puesta en atraer al resto de partidos hacia un pacto de Estado por la vivienda, que lanzara nuestro presidente Pedro Sánchez, propuesta que sigo ofreciendo en cada intervención que tengo en esta Cámara. Pero hoy es necesario
ratificar el presente decreto-ley para asegurar el cumplimiento de las cuestiones más urgentes señaladas por Naciones Unidas. Por ello desde el Gobierno consideramos que la convalidación del decreto-ley es necesaria. Se trata de una oportunidad
que no podemos perder. Las oportunidades se presentan y se aprovechan o se desaprovechan, y esta es una oportunidad sin duda. Quiero pues manifestar de antemano el agradecimiento en nombre del Gobierno a los grupos que apoyen esta convalidación.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
Ha solicitado la utilización del turno en contra el Grupo Parlamentario Popular. Por dicho grupo tiene la palabra la señora Zurita Expósito.
La señora ZURITA EXPÓSITO: Gracias, presidenta. Muy buenos días a todos.
Señorías, hoy tengo el honor de defender la posición de mi grupo parlamentario respecto a uno de estos ocho decretos que se pretenden convalidar hoy, y que representa el número veintiuno de veinticinco decretos-leyes que ha sacado este
Gobierno en siete meses. Este en concreto se llama Real Decreto-ley de medidas urgentes en materia de vivienda y alquiler, que ustedes han vendido como la esperada gran revolución para solucionar los problemas de vivienda de este país. Yo le
pregunto, señor Ábalos, ¿sabe usted realmente lo que pasa en España con la vivienda? ¿Sabe usted cómo funciona la vivienda libre, la vivienda social, la vivienda protegida? ¿Se han parado ustedes a analizar por qué suben los precios de la vivienda
en las principales capitales, en Madrid, en Barcelona, en Canarias, en Baleares? Con todos mis respetos me parece que no.
Les anticipo que no vamos a apoyar este real decreto simplemente porque consideramos que no sirve, que no resuelve lo que ustedes dicen que resuelve, es decir, los problemas urgentes de vivienda social y protegida, cuando todas las medidas
afectan al mercado libre. Este es un conjunto de medidas aisladas que dan respuesta a algunos problemas, son medidas sueltas que en su conjunto no responden al verdadero problema que tiene la vivienda en España: escasez de oferta en todos los
segmentos y falta de seguridad jurídica. Todo lo que sea ir en contra de esto y no resolver el problema ni es necesario ni mucho menos urgente. Todas estas medidas poco tienen que ver con dinamización, con crear oferta. Son factores
distorsionantes. La medida que más suena, que es el aumento de plazos mínimos de contratos de alquiler hasta siete años, en el caso de que el arrendador sea persona jurídica, es lo más distorsionante que hemos visto en este mes de vigencia del real
decreto. ¿Sabe cuáles han sido los efectos en este mes? Primero, la paralización de firmas por parte de los arrendadores a la espera de que se despeje la normativa aplicable, y esto es lo que conlleva esa técnica que ustedes utilizan del real
decreto, que lo único que genera es incertidumbre y espanta a todos los actores en un escenario económico en crecimiento. La gente no sabe a qué atenerse, y en un tema como la vivienda esto es muy delicado. Están jugando con fuego y lo que generan
es inseguridad e incertidumbre en los inquilinos. Han aumentado los precios en rentas sensiblemente inferiores a 600 euros para evitar que sean consideradas rentas reducidas. Han endurecido los criterios de riesgo ante la imposibilidad de pedir
mayores garantías adicionales. La conclusión ha sido menos contratos de arrendamiento y más caros, esto es lo que ha pasado este mes.
Lo único que ha provocado este decreto ha sido crear unos líos absolutamente innecesarios, y lo que hay que hacer es muy simple, y es incrementar la oferta, con dos opciones básicas: o hacemos vivienda nueva o intentamos que la vivienda
vacía existente se ponga en el mercado. ¿Dónde? Donde tenemos el problema, señor Ábalos. No hace falta explicar mucho para entender que usted quiere hacer trescientas viviendas en Valencia, pero eso no va a solucionar el problema en Canarias ni
en ninguna región de España, solo en su tierra natal, la Comunidad Valenciana, y eso se hace incentivando y no se hace penalizando como apunta este decreto.
Seamos serios, este decreto es propaganda electoral, esto es simplemente una justificación de que han hecho algo, pero algo que no es nada, es una justificación de su ineficacia. Cuando usted llegó aquí prometió la gran revolución, que iba
a reorientar la política de vivienda de este país, que la vivienda iba a ser un pilar fundamental de su mandato, y ¿qué ha hecho? Primero, poner en marcha el Plan de Vivienda del Partido Popular, pero este decreto lo único que hace es hacer guiños
a Podemos, porque luego además tampoco están convencidos de ninguna de sus propuestas, y esperan que se materialice lo que va a ser monada de cambio en los Presupuestos Generales del Estado, que es el control de precios de alquiler por parte de los
ayuntamientos. Cierto es que los precios del alquiler suben indiscriminadamente, pero todos sabemos que no es general ni homogéneo en todas las ciudades ni en todas las comunidades autónomas, se produce especialmente donde el aumento de la demanda
no ha ido acompañado del incremento de la oferta, y donde la actividad residencial se ha contaminado de otras cosas como el alquiler turístico, entre otras cosas porque sabemos además que no es el único factor.
Las medidas que se adopten tienen que dar respuesta a dos cuestiones fundamentales: propiciar por un lado el aumento de la oferta de vivienda en alquiler, y dentro de ella, precios asequibles, y por otro lado, la seguridad jurídica, tanto
de contratos de arrendamiento como de seguridad en la promoción inmobiliaria y actuaciones urbanísticas, que sea fácil poner vivienda en el mercado, porque ahora mismo no es fácil ni para la vivienda pública ni para la vivienda privada, y cualquier
medida fuera de este contexto producirá el efecto contrario: estrangular más los precios, y lo que provocará será más carencias.
Señor ministro, yo espero que esta batalla la pierda y que este decreto decaiga, pero va a tener dos batallas más por librar: la intervención en los precios de alquiler que le piden sus socios de Podemos en los ayuntamientos, y si abre la
mano, lo siguiente que le pedirán va a ser regular las ocupaciones en precario. Ahí lo que le voy a pedir, señor ministro, es que se sume -que la otra vez no lo hizo- al Partido Popular, a la proposición de ley que presentaremos el próximo viernes
para seguir trabajando en la ocupación ilegal de viviendas, que sigue siendo una de las principales lacras de nuestras ciudades, con el aval de los que mantienen al señor Sánchez en La Moncloa.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
En nombre del Gobierno no sé si el señor ministro quiere intervenir. (Denegaciones). Muchas gracias.
En el turno de fijación de posiciones interviene por el Grupo Mixto, en primer lugar, la señora Oramas González-Moro.
La señora ORAMAS GONZÁLEZ-MORO: Gracias, señora presidenta.
Señor ministro, señoras y señores diputados, vamos a apoyar este decreto, aunque creemos que se debe tramitar como proyecto de ley, porque presenta una serie de insuficiencias y pensamos que hay mejoras que se deben realizar. Asimismo,
creemos que no se ha llevado a cabo una mesa de trabajo con las comunidades autónomas, que tendrían mucho que aportar a esta problemática y a este decreto en concreto.
Respecto a las mejoras que nosotros consideramos que se deberían hacer, creemos que, primero, más allá de considerar a los ayuntamientos financieramente sostenibles en materia de vivienda, esto se debería extender a otras instituciones, como
las comunidades autónomas, porque en el caso de Canarias podríamos tener cientos de millones de euros -tenemos superávit- al hacer la consideración de vivienda sostenible, dotándonos de mayor capacidad que la de los propios ayuntamientos.
Segundo, creemos que el IBI debería extenderse de forma obligatoria a todo el parque público de vivienda y no dejarlo a la voluntad de los ayuntamientos. Nos parece adecuado el asunto de las obras de accesibilidad de las comunidades
autónomas y deberíamos ver si se puede mejorar en materia de eficiencia energética también respecto a los gastos de comunidad.
Por último, creemos que deberíamos adoptar algunos mecanismos tanto en política de enajenación de vivienda de la Sareb como de los grandes fondos de parque público, de forma que sea prioritario el acceso por parte de las comunidades
autónomas.
Por todo ello, nosotros vamos a apoyar este real decreto, pero, como digo, creemos que se debe tramitar como proyecto de ley.
Muchas gracias, señora presidenta.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
Por el mismo grupo, tiene la palabra la señora Beitialarrangoitia Lizarralde.
La señora BEITIALARRANGOITIA LIZARRALDE: El texto que se propone no responde a la situación que el propio decreto describe. Las medidas que recoge no responden a la problemática de la imposibilidad de acceder a viviendas de alquiler
esencialmente por el elevado coste de las mismas. Pese a que las competencias en materia fiscal y de vivienda que tenemos en nuestro caso hacen que la repercusión de estas medidas en nuestro territorio sea muy relativa, no podemos dar nuestro aval
a una propuesta que no va a conseguir evitar poner freno a los cada vez más numerosos desahucios debidos al impago del alquiler por los precios abusivos.
Esta es la principal carencia de este real decreto, que no actúa para poner límite a los precios del alquiler, que no quiere intervenir en el mercado del alquiler, sin lo cual el problema no se ataja. Pero, además, tampoco propone medidas
concretas para movilizar el parque de viviendas vacías y el Gobierno no apuesta por la ampliación del parque de vivienda pública accesible, prácticamente inexistente en la actualidad. Está bien pasar de tres a cinco años, poner límite a las fianzas
que se reclaman, pero si la ampliación de plazos de alquiler no se aplica a los contratos vigentes y no se interviene sobre los precios, estos finalizarán, se producirá un encarecimiento de los precios al antojo del propietario y ello hará más
difícil el acceso a la vivienda. Si finalmente alguien consigue alquilarla, solo entonces los cambios que se proponen le garantizarán un periodo mayor de estancia en dicha vivienda.
Nos preguntamos por qué se contempla solo para las viviendas protegidas la obligatoriedad de realizar la revisión anual de las rentas a través del IPC y no se establece la misma para todas las viviendas. Entendemos que, una vez más, las
medidas que se proponen se quedan cortas, no atajan el problema de fondo y no pondrán freno a los desahucios por impago del alquiler, que aumentan por cierto a un ritmo del 5 % anual. Entendemos que hay que actuar sobre todas estas materias -sobre
el IBI de las viviendas vacías ya están actuando muchas localidades en Euskal Herria- y que esta no es la vía. Asimismo, hay que actuar sobre los pisos turísticos. La propuesta se acerca bastante, pero creemos que en lo sustancial no podemos
apoyar este real decreto.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
Tiene la palabra, por el mismo grupo, la señora Sorlí Fresquet.
La señora SORLÍ FRESQUET: Gràcies, senyora presidenta.
Señor ministro, se queda muy corto este real decreto, y es que entendemos que en general a este Gobierno le está faltando muchísima valentía. Cuando debatimos sobre la recuperación de la sanidad universal ya dijimos que se quedaban cortos;
cuando nos proponen la reversión del copago, se quedan cortos, incluso con los Presupuestos Generales del Estado se quedan cortos a la hora de cumplir algunos estatutos autonómicos, como en el caso valenciano. Seis meses de Gobierno y seguimos con
mucha estética y pocas medidas de calado, así que entendemos que le falta muchísima valentía al decreto y que le está faltando muchísima valentía al Gobierno del Partido Socialista.
Además, en el caso de la especulación con la vivienda y de reventar la burbuja del alquiler, tenían el ejemplo claro de la Ley valenciana por la función social de la vivienda. No tenían que arriesgar nada. Esta ley ha conseguido parar
cincuenta y ocho desahucios solo el primer año de vida; una ley que, además, consiguió una amplia mayoría en el Gobierno valenciano. La apoyaron Compromís, Podemos y el Partido Socialista, hasta Ciudadanos la apoyó. Por tanto, no había que
arriesgar nada, solo había que coger este texto y traerlo aquí salvando las competencias autonómicas, ya que teníamos claro que era una ley justa, útil y que genera consenso. Por ello, entendemos que se queda muy muy corto. Esto nos demuestra una
vez más que el Partido Socialista hace mucho ruido y da pocas nueces en lugar de apostar realmente por
rescatar personas. Aún así, vamos a apoyar este decreto-ley porque nos obligáis a elegir entre lo malo y lo peor y nos vamos a quedar con lo malo.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
Tiene la palabra el señor Guillaumes i Ràfols.
El señor GUILLAUMES I RÀFOLS: Moltes gràcies, presidenta, senyories.
Estamos hablando de vivienda, por tanto no valen frivolidades. He de decir que nuestro apoyo va muy condicionado a que se tramite -como ha dicho algún otro portavoz- como proyecto de ley; es condición necesaria pero no suficiente. En todo
caso, el sí sería un sí muy condicionado a la tramitación de la propia ley.
¿Condiciones? Al final dependerá de que quede constancia en la ley de que los índices de referencia de los precios de alquiler que aplica la Generalitat sean tenidos en cuenta o que sea una competencia autonómica.
No a la inseguridad. El PDeCAT apuesta por la estabilidad en el alquiler y además por que el mercado se aleje del incremento de precios que hace imposible que la gente se quede a vivir en su ciudad o en su barrio. Creemos que esto es un
derecho.
Queremos que esta ley apueste por incentivos fiscales para estimular las aplicaciones de los índices de referencia.
Reconocemos que este decreto-ley va a favor de la estabilidad al pasar de tres a cinco años la duración de los contratos, cosa que consideramos necesaria y urgente.
En conclusión y para finalizar, con la convalidación y el compromiso de estos puntos que he dicho con antelación, podrían contar con nuestro apoyo; si no, no lo apoyaremos.
Moltes gràcies, presidenta; moltes gràcies, senyories.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
Por el Grupo Parlamentario Vasco (PNV), tiene la palabra el señor Barandiaran Benito.
El señor BARANDIARAN BENITO: Buenos días, señora presidenta, señoras y señores diputados.
Señor ministro, parece que todos empiezan a coincidir en la posibilidad de aprobar este decreto-ley y en solicitar su tramitación como proyecto de ley, cosa que nosotros también vamos a impulsar. Lo hacemos porque entendemos que el proyecto
como tal tiene medidas positivas, sin perjuicio de que en él subyace otro debate no sobre lo que tiene sino sobre lo que no tiene, que son medidas efectivas destinadas a regular o limitar los precios del alquiler. Nosotros pensamos que ese debate
se debe producir en otro marco y con otras garantías, es decir, hablando específicamente sobre esa cuestión, con las garantías jurídicas suficientes y, además, en un marco de consenso. Por todo ello, entendemos que esta actuación es positiva y, sin
perjuicio de que podamos proponer determinadas medidas de corrección en su tramitación como proyecto de ley, la vamos a apoyar.
Decía que este real decreto-ley, que -como ya han explicado- tiene cinco artículos y diversas disposiciones, propone en primer lugar la modificación de la Ley de Arrendamientos Urbanos con varias medidas, entre las que cabe destacar el
alargamiento del periodo de vigencia del contrato de alquiler de tres a cinco años y el régimen de prórrogas, que en algunos casos son automáticas. Sobre esto nosotros sí somos un tanto discrepantes. Entendemos que esta medida es necesaria y
adecuada, pero solo, en principio, respecto de aquellos colectivos de grandes tenedores. Creemos que puede no tener un efecto tan positivo -incluso puede imputarles algún tipo de gravamen añadido a los que ya tienen- para aquellos que son pequeños
tenedores, pequeños poseedores de vivienda, pequeños ahorradores que ponen en el mercado una vivienda, facilitando con ello no solo su supervivencia, sino la de aquellas personas a las que les pueden alquilar esa vivienda en un régimen determinado.
La segunda cuestión, con la que también estamos de acuerdo, es la modificación de la Ley de Propiedad Horizontal, que regula diversas cuestiones, entre otras -aunque se ha comentado aquí que de forma insuficiente- la cuestión relativa a los
pisos turísticos. Hace falta empezar a contemplarla sin perjuicio de reivindicar que es una cuestión que es competencia del legislador autonómico y que, por tanto, es a él a quien va a corresponder en su caso.
La tercera cuestión es la relativa al procedimiento de desahucio. En principio estamos de acuerdo, simplemente voy a poner un ejemplo. Existe el precedente del País Vasco, en el que, como consecuencia
de un convenio entre el Gobierno vasco, la Asociación de Municipios -Eudel- y el Consejo General del Poder Judicial, existe ya un mecanismo preventivo en el que se aplica esta medida precautoria. Eso sí, no tiene un carácter preceptivo ni
de obligación legal, como se contempla en esta ley, por lo cual también la entendemos positiva.
En cuarto lugar, en cuanto a las medidas relativas a la Ley de haciendas locales, simplemente quiero recordar, como hacía la diputada de Bildu, que esta es una cuestión que es competencia de los territorios históricos, de las juntas
generales de cada territorio histórico, y que muchas de las medidas que propone están implantadas ya en Euskadi y otras tienen carácter dispositivo para los ayuntamientos, por lo cual creemos que puede haber una cierta incidencia en el ámbito de la
autonomía municipal que quizá no sea demasiado acertada.
Por último, respecto a esta cuestión habrá que hacer alguna precisión en el ámbito competencial, ya que en la disposición final única, respecto al título competencial sobre la base del cual interviene el Estado, se hace mención únicamente al
149.1.14 y no a la disposición adicional primera, que es la relativa a las competencias históricas que, como tales, hubieran podido corresponder a los territorios históricos, ya que, repito, esta cuestión, la fiscal, la hacendística, la relativa a
haciendas locales, es competencia de las juntas generales de los territorios históricos vascos.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, tiene la palabra el señor Margall Sastre.
El señor MARGALL SASTRE: Gracias, presidenta. Bon dia, diputades i diputats. (Continúa su discurso en catalán.-Aplausos).
El pasado miércoles se detuvo en las Comarques Gironines a dieciséis personas acusadas de desórdenes públicos por, presuntamente, cortar las vías del AVE, entre ellos estudiantes, un periodista y los alcaldes de Verges y Celrà. El alcalde
de Verges fue detenido cuando aún era de noche por cuatro policías nacionales encapuchados, sin identificación y, lo que es aún más grave, sin orden judicial; uniformados de día y descontrolados de noche, como dice un buen amigo. Se trata, por
tanto, de detenciones ilegales y arbitrarias destinadas a dar miedo, una causa general en toda regla contra el independentismo que culminará dentro de pocos días en un juicio en el Tribunal Supremo. Solicitamos, por tanto, la comparecencia
inmediata del ministro Marlaska, para que nos explique cómo funciona esta policía política controlada por la ultraderecha. Exigimos la retirada de la denuncia por parte de ADIF.
La señora PRESIDENTA: Señor Margall, un segundo. Lleva minuto y medio ya fuera de la cuestión. Por favor.
El señor MARGALL SASTRE: Termino, presidenta. (Pronuncia palabras en catalán.-Aplausos).
En cuanto al decreto de medidas urgentes en materia de vivienda y alquiler, incluye algunas medidas que consideramos necesarias, pero que en ningún caso resultan suficientes para solucionar el grave problema que tenemos delante. Ministro,
no han sido valientes, y con este real decreto han hecho un parche y no se han atrevido a regular el precio de los alquileres, que es una medida tan necesaria como urgente.
Las medidas referentes al procedimiento de desahucio son claramente insuficientes y lo único que consiguen es derivar la responsabilidad a los servicios sociales de los municipios y ciudades sin introducir medidas que permitan a los
ayuntamientos disponer de mayores recursos. Queremos recordar un dato demoledor: en este país cada día 165 familias son desahuciadas. Si bien es cierto que las medidas incluidas en este decreto pueden ser un punto de partida para una
reglamentación más ambiciosa, entendemos que el redactado actual no soluciona el problema de fondo, que es, precisamente, el importe abusivo de los alquileres. Suponemos, ministro, que han tenido presiones de los de siempre, de los fondos buitre,
que quieren enriquecerse y especular con la vivienda de la gente. Por tanto, les pedimos que sean valientes y que se pongan al lado de aquellas personas que sufren por conservar su vivienda, no al lado de las que las quieren echar. Si lo hacen van
a tener nuestro apoyo; mientras tanto, nuestro voto será no.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra el señor Garaulet Rodríguez.
El señor GARAULET RODRÍGUEZ: Muchas gracias, señora presidenta.
Señor ministro, hoy usted nos trae una convalidación de un real decreto-ley de medidas urgentes en materia de vivienda y alquiler basado en cinco premisas. La primera es la tasa de esfuerzo en las familias. Según la exposición de motivos
del real decreto, está incrementada por la intensa destrucción y precarización del empleo en nuestro país. Sin embargo, la tasa de esfuerzo de este año 2018 ha sido menor que la de 2017 y la de 2017 ha sido menor que la de 2016. Le doy la razón,
efectivamente este empleo precario hace que muchas personas que podrían intentar comprar una vivienda, por los sueldos que no les llegan a final de mes -más de siete millones de españoles no llegan a final de mes-, no tienen otro remedio que ir al
alquiler. Sin embargo, dándole la razón en ese punto, señor ministro -la precariedad del empleo, las políticas de los últimos veinticinco años de este país, un 18 % de tasa de desempleo, un 45 % de tasa de desempleo de jóvenes, con empleos ahora
mismo precarios-, lo que no entiendo es que ustedes votaran no a nuestra ley contra la precariedad laboral (aplausos) y que ahora, en estos presupuestos fake, eliminen la partida de 500 millones para el complemento salarial para jóvenes. Aclárese,
señor ministro, una u otra, no puede ir a los dos lados. Ese es el problema que tienen ustedes en este real decreto.
Hablan de incremento de precios. Que yo sepa, si hacemos una relación de incremento de precios, todavía la tasa de precios de alquiler está por debajo de la que había antes la crisis. Efectivamente, hay un incremento de precios en ciertos
puntos de la geografía española -en ciertas partes de Madrid, en ciertas partes de Barcelona, en Baleares-, pero la media está por debajo de la crisis.
Hablan ustedes de escasez de vivienda social. Le doy la razón. La política de vivienda pública en estos últimos veinticinco años ha sido un desastre: solo un 2,5 del parque de vivienda es vivienda social. En eso le doy toda la razón.
Hay que trabajar para dar soluciones habitacionales a las familias que las necesitan, pero este real decreto no da ninguna solución a este asunto.
Ciudadanos apuesta por una política de vivienda social, sí, efectivamente. Apostamos por una colaboración público-privada que permita que en los suelos patrimoniales de los ayuntamientos, los suelos dotacionales, se generen viviendas en
alquiler para vivienda social y también en alquiler para vivienda asequible, creación de residencias de ancianos, creación de residencias de estudiantes, viviendas tuteladas para mayores..., dando seguridad jurídica al sector y apostando por los
acuerdos con las empresas privadas para que den soluciones habitacionales a un precio bien definido. A día de hoy, la media del precio en Madrid es de 15 euros por metro cuadrado. Los fondos buitres, de los que estamos aquí hablando todos, están a
una media de 6,5 euros. Por lo tanto, hay que estudiarse bien los datos.
Le digo una cosa: el incremento de desahucios va a un ritmo del 5 %. Efectivamente, hay, por desgracia, 30 000 desahucios de alquiler al año, pero esto supone el 0,8 % del parque de alquiler de vivienda en este país, señor ministro. ¿Sabe
lo que significa eso? Eso se llama índice estructural de morosidad. Son cosas de la economía. Le voy a decir otra cosa: si hacen políticas como la que les hemos propuesto nosotros, políticas que apuesten por la vivienda social y por la vivienda
asequible, ese índice se reducirá, pero no con este real decreto, señor ministro.
Hablan de accesibilidad y me ha parecido un poco cachondeo. Usted y yo estamos de acuerdo en que hay que apostar por ella, pero que sea regulada por un real decreto de medidas urgentes... ¿No cree usted que la accesibilidad en las
ciudades, la accesibilidad en las edificaciones y en nuestras calles tiene que tener una ley específica? Me parece que han intentado meter algo ahí de forma inconveniente.
Ya les he demostrado que sus cinco premisas no son adecuadas para un tema de prioridades. ¿Sabe cuál es la prioridad? Sus acuerdos con los populistas de Podemos. Esa es la prioridad que tienen ustedes. No sé los pactos que tienen ustedes
para que su presidente siga manteniéndose en la Moncloa, pero a la primera de cambio sus socios les van a votar que no. Vayan ustedes con cuidado, señor ministro, vayan ustedes con cuidado. La carencia de vivienda de tipo social -que es un
problema importante y que todos estamos de acuerdo en que hay que solucionar- solo afecta al 4 % del parque de alquiler de este país, y ustedes quieren solucionarlo afectando a las viviendas de alquiler libre, a cuatro millones de personas físicas y
pequeños ahorradores que tienen sus pisos en alquiler.
Si usted -termino ya, señora presidenta-, señor ministro, trae a esta Cámara iniciativas de vivienda consensuadas con el sector en las que se apueste por políticas de oferta que permitan desarrollar el mercado haciéndolo más flexible, más
transparente, más equilibrado, más profesionalizado, más moderno y mirando hacia el futuro, entonces podrá contar con nosotros, pero si usted nos trae iniciativas como esta, con políticas cortoplacistas, meros parches, basadas en políticas de
vivienda trasnochadas, caducas, fracasadas y que miran al pasado, entonces, señor ministro, no cuente con el apoyo de Ciudadanos.
Muchas gracias, señora presidenta. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, tiene la palabra la señora Martín González.
La señora MARTÍN GONZÁLEZ (doña Lucía): Gracias, presidenta. Buenos días a todos.
Señor Ábalos, le diré, para empezar, que ha sido un alivio ver que quien se subía a la tribuna a defender este decreto era usted y no la ministra Calviño. No es que yo tenga nada personal contra la ministra, pero sé que no me equivoco
demasiado si digo que su mano y la de su equipo se han notado en cada línea de la norma que nos trae usted hoy aquí.
Aunque este decreto se aprobó en el Consejo de Ministros del pasado 14 de diciembre, todas y todos sabemos ya que su contenido empezó a perfilarse un mes antes, cuando Blackstone, uno de los fondos buitre más potentes del mundo, se dirigió
públicamente a la ministra de Economía para decirle que de ninguna manera el acuerdo de vivienda podía aplicarse en los términos en los que se había firmado. Evidentemente, cada cual decide a quién quiere escuchar en política, pero, sinceramente,
creemos que ustedes, ministro, en este tema lo tenían muy fácil. Habíamos firmado un acuerdo potente, un acuerdo que sin duda protegía los derechos de una gran mayoría: los derechos de quien gasta casi la mitad de su sueldo pagando el alquiler;
los derechos de quien no sabe cuánto le van a subir en el próximo contrato; los derechos de gente joven, de gente mayor, de gente que, a pesar de tener un trabajo, no llega a pagar su alquiler; los derechos de las clases medias de todo el país que
no saben si van a poder seguir viviendo en su barrio o incluso en su ciudad. Ustedes tenían que elegir entre escuchar y defender los derechos de toda esa gente o proteger lo máximo posible, rebajando nuestro acuerdo, a todos los que, como
Blackstone, se están forrando a costa de liquidar derechos y precarizar las vidas de miles de familias.
Así las cosas, cuando estábamos en plena negociación, sacaron ustedes un decreto que pudimos leer por primera vez en el BOE. Sin embargo, para nosotras lo peor de todo esto no han sido las formas -aunque creo que estamos de acuerdo en que
no han sido buenas-, lo peor de todo ha sido asistir a un intento evidente de diluir nuestro acuerdo y dejar caer muchas medidas que, a regañadientes, conseguimos que aceptaran cuando negociamos los presupuestos. Si no, ¿cómo justifican ustedes que
casi lo único que han mantenido intacto del acuerdo haya sido la nueva duración de los contratos? ¿Dónde está el resto, señor ministro? ¿Dónde está el resto? No tiene sentido alargar contratos si no hay medidas que aseguren que los precios no
pueden subir indiscriminadamente. ¿Ustedes son conscientes de que en este mes pasado ya se están dando casos de grandes propietarios que exigen 1000 euros al mes los tres primeros años de contrato, 1200 los dos siguientes y 1400 los otros dos? Eso
ocurre porque ustedes han renunciado a modificar lo que el PP introdujo en 2013 para impedir que los precios dentro de un mismo contrato solo pudieran subir el IPC. Hace tan solo un año, cuando el PSOE estaba en la oposición, proponían revertir esa
medida, y entonces estábamos de acuerdo. ¿Qué pasa ahora? ¿Que desde que están en el Gobierno les gusta más lo que aprobó el PP en 2013?
Sigo. Si el acuerdo de presupuestos contempla que se permita a los ayuntamientos limitar las subidas abusivas de los alquileres, ¿cómo es posible que eso no esté en el real decreto? ¿Cómo es posible? ¿Ustedes entienden lo que está
ocurriendo en las ciudades? ¿No se dan cuenta de que hoy, además de los miles de desahucios dictados en los tribunales, existen otros miles de desahucios silenciosos de vecinos y vecinas que se tienen que ir de sus pisos y de sus barrios porque les
exigen subidas del 40, del 50, del 100 o del 300 %? Y más cosas. ¿Por qué este real decreto permite que los nuevos compradores de vivienda, esos fondos a los que algunos escuchan tan atentamente, no estén obligados a respetar los contratos
vigentes si estos no están en el Registro de la Propiedad? Esa es otra medida que el PP introdujo en 2013, precisamente para facilitar la expulsión de vecinos y las subidas de precios. ¿Están ustedes más de acuerdo hoy con el PP que con nosotras?
¿De verdad me dice eso? (Aplausos).
¿Y por qué no asumen lo acordado respecto a quién tiene que pagar los gastos de formalización del contrato? ¿Por qué no hay ningún cambio significativo para proteger a la gente vulnerable que se enfrenta a un desahucio? ¿Por qué? Todas
estas medidas se podrían aplicar ya para la gente que está viviendo de alquiler y que tiene contratos en precario y les cambiarían la vida de forma brutal. Son muchas las cosas que este decreto incumple y es urgente y necesario poder solucionarlas
lo más rápido posible.
Ciertamente, su Gobierno ha decidido sentarse a hablar seriamente con nosotras en los últimos días, y quiero decir aquí que hemos avanzado más en dos tardes que en dos meses. Estamos convencidas de que así vamos por el buen camino y que
podemos reconducir y resolver una situación que -no tengan dudas- nos incomoda también a nosotras. (Aplausos). Hoy votaremos en contra de este real decreto y,
sin embargo -quiero que quede muy claro-, nuestro voto no busca humillarles, no busca hacerles daño ni mucho menos pretende deshacer la mayoría de progreso que se generó en la moción de censura. Votar en contra de este real decreto es para
nosotras un acto de responsabilidad, un acto de reivindicación del acuerdo que firmamos y, en definitiva, un acto para exigir medidas valientes que comiencen a garantizar de verdad el derecho a la vivienda para toda la ciudadanía. Y lo tenemos así
de claro porque sabemos perfectamente lo que está pasando en la calle y porque nosotras no olvidamos nunca ni quiénes somos ni para qué estamos aquí.
Señor ministro, le pido que sigan trabajando con nosotras para acordar un nuevo real decreto en breve, escuchen las demandas de los ayuntamientos de las principales ciudades del país, escuchen a los sindicatos de inquilinos, a las
plataformas de afectados, escuchen las demandas de la mayoría de la ciudadanía que nos exige que por primera vez en décadas plantemos cara a quienes siempre han decidido qué políticas de vivienda había que aplicar en este país. Sean valientes y
pónganse del lado de la gente.
Gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora Rominguera Salazar.
La señora ROMINGUERA SALAZAR: Gracias, señora presidenta. Buenos días.
Creo que no hay que darle más vueltas, señora Zurita, el problema de la falta de vivienda es consecuencia de las nefastas políticas económicas del Gobierno del Partido Popular. Son políticas que han favorecido un intenso y prolongado auge
del sector inmobiliario orientado principalmente a la vivienda en propiedad y que ha provocado tasas de endeudamiento muy elevadas tanto para las empresas como para las familias, siendo las más vulnerables quienes lo sufren fundamentalmente. Son
familias con recursos limitados que han venido demandando el acceso a una vivienda en alquiler, encontrándose con una escasa oferta y con el consiguiente incremento de los precios de los alquileres, sobre todo en las grandes ciudades. Por lo tanto,
no es cuestión de batallas, es cuestión de recuperar derechos que con el Partido Popular se han ido perdiendo. Entiendo que a ustedes les suene raro, pero más raro todavía nos puede sonar a todos que ante esto un grupo como el de Podemos prefiera
votar con la derecha, con el Partido Popular.
En cualquier caso, es fundamental poner fin a esta situación y, por supuesto, esto pasaría por controlar los precios del alquiler. Me consta que esa es la voluntad del Gobierno, pero no se trata de no hacerlo, sino hacerlo bien. Usted lo
sabe. Señorías, saben que para que desde el Gobierno central se regulen los precios del alquiler en todo el territorio nacional antes hace falta establecer un índice de precios por quien tiene la competencia para ello, que no son otras que las
comunidades autónomas. Invadir esas competencias supondría una involución y hasta donde yo sé -por lo menos hasta ahora- tanto usted como yo pensamos que la involución no es lo que este país necesita. Y eso es lo que ha llevado a que este Gobierno
se haya comprometido a que a lo largo de 2019 se preparen los textos normativos para poder establecer unos índices de referencia y los mecanismos necesarios para que todo ello se pueda llevar a cabo, pero esto requiere tiempo y sobre todo -insisto-
requiere la actuación previa de las comunidades autónomas, de todas ellas. Pero, mientras tanto, el tiempo apremia porque el problema de la falta de vivienda es una realidad que solo se soluciona facilitando el acceso a la vivienda de alquiler.
Por ello, es necesario adoptar medidas cuanto antes, es muy importante que no nos paremos porque son muchas familias -usted ha hecho referencia aquí a ellas- las que demandan actuaciones concretas, son familias que no entienden por qué desde las
instituciones a veces nos enrocamos y empecinamos en asuntos concretos sin atender realmente a la generalidad de sus problemas. Seguro que no entienden por qué todavía la proposición de ley de vivienda que presentó Podemos, la llamada ley de
vivienda de la PAH, sigue parada en la Mesa después de cuatro meses o tampoco entenderán por qué el anterior Gobierno del Partido Popular vetó la proposición de ley que presentó mi grupo de medidas para el fomento del alquiler estable, sin tan
siquiera permitir su debate en esta Cámara.
Ante todo esto, urge que podamos establecer un marco legal más sensible y proclive a la efectividad del derecho a la vivienda, lo que no solamente es constitucionalmente deseable, sino también políticamente necesario, máxime en una coyuntura
en la que se vuelven a observar tensiones inflacionistas y problemas de exclusión en el mercado inmobiliario por razones económicas sin duda, pero también por pura dejación en políticas de vivienda. Ese no dejar hacer y tampoco hacer nada nos está
pasando factura y, sobre todo, pasa factura a las familias que demandan actuaciones urgentes que ofrezcan soluciones y seguridad jurídica en este ámbito tanto a arrendatarios como a arrendadores, y a promotores también, señor
Garaulet. Es precisamente esa urgencia la que ha llevado al Gobierno a traer hoy aquí este real decreto para su convalidación y la que nos lleva a anunciar que mi grupo va a votar a favor de la misma. Se han especificado aquí por el señor
ministro las medidas que contiene, que son medidas tan necesarias como el aumento de los plazos de las prórrogas obligatorias, la limitación de la cuantía de las fianzas o la posibilidad de que los ayuntamientos destinen remanente de tesorería a la
compra de vivienda social.
Ahora bien, somos conscientes de que, cuando hablamos de vivienda, son muchas las medidas que se deben adoptar para que esa seguridad sea constante y dé respuesta a proyectos largos de vida. Por ello, teniendo en cuenta que muchos
portavoces también han referido aquí la necesidad de que el texto sea mejorado y considerando estas medidas como indispensables y fundamentales para establecer un marco normativo, podemos conjuntamente fijar más medidas a largo plazo en pro del
derecho a la vivienda. Mi grupo estima que, una vez que se haya convalidado el real decreto, este puede ser tramitado como proyecto de ley y así entre todos podremos trabajar, aportar y discutir en aras de garantizar el derecho a una vivienda.
Porque no olviden que los derechos humanos son interdependientes e indivisibles y están relacionados entre sí, de forma que la violación del derecho a una vivienda adecuada puede afectar al disfrute de una amplia gama de otros derechos humanos.
Esto debería ser suficiente justificación para votar a favor de su convalidación. Votar en contra será permanecer impasible ante la dramática situación que padecen miles de familias de este país. De nada vale salir megáfono en mano a
reivindicar el derecho a la vivienda si a la hora de la verdad evitan que se puedan adoptar medidas urgentes que gran parte de este país viene demandando. Eso sí es responsabilidad.
Muchas gracias (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
- REAL DECRETO-LEY 22/2018, DE 14 DE DICIEMBRE, POR EL QUE SE ESTABLECEN HERRAMIENTAS MACROPRUDENCIALES. (Número de expediente 130/000049).
La señora PRESIDENTA: Pasamos ahora a la convalidación o derogación del Real Decreto-ley 22/2018, de 14 de diciembre, por el que se establecen herramientas macroprudenciales. Para presentar el real decreto-ley, tiene la palabra en nombre
del Gobierno la señora ministra de Hacienda.
La señora MINISTRA DE HACIENDA (Montero Cuadrado): Muchas gracias, presidenta. Buenos días, señorías.
Comparezco en la mañana de hoy ante el Pleno de la Cámara para defender, en sustitución de mi compañera la ministra de Economía y Empresa, la convalidación del Real Decreto-ley 22/2018, de 14 de diciembre, por el que se establecen
herramientas macroprudenciales. Señorías, se trata de un real decreto-ley con el que pretendemos dotar a nuestros organismos supervisores de nuevas herramientas macroprudenciales, herramientas eficientes con las que podrán prevenirse futuras
crisis, actuar a tiempo cuando estas se produzcan o minimizar su impacto en la economía y en las personas. Además, como ya conocen, esta iniciativa legislativa se completa con un real decreto que se está tramitando de manera urgente para crear la
nueva autoridad macroprudencial del Consejo de Estabilidad Financiera.
Señorías, podemos convenir que se trata realmente de una necesidad detectada por la experiencia que hemos tenido hasta ahora, cuando hemos constatado que las herramientas tradicionales, las que tienen que ver con la política económica y la
supervisión financiera, no han servido para hacer frente a cierto tipo de factores que han salido a la luz a raíz de la reciente crisis financiera. Tenemos que reconstruir el sistema de detección de alertas para que realmente se puedan prevenir
determinadas conductas y, sobre todo, se pueda actuar antes de que se produzcan consecuencias inevitables.
Señorías, a esto tenemos que sumar que el mundo en que nos movemos es cada vez más complejo, un mundo interconectado, lo que podemos extrapolar al actual sistema financiero y, cómo no, a las variables internacionales que hacen que las crisis
sean mundiales y globales. Esto nos obliga a dotarnos de instrumentos más avanzados para prevenir aquellos riesgos que puedan tener un carácter sistémico, es decir, aquellos riesgos que realmente pueden generar una perturbación en la provisión de
servicios financieros que termine afectando de forma efectiva negativamente a la economía real. (Rumores).
Por eso, antes de entrar en el contenido de este real decretoley, permítanme recordar de forma breve en qué contexto se aprueba esta norma. Recuerdan que desde el año 2011 diversos organismos internacionales, como son la Junta Europea de
Riesgo Sistémico, el FMI o el Consejo de Estabilidad Financiera, vienen recomendando que se cree una autoridad de supervisión macroprudencial y que se la
dote de herramientas adecuadas para preservar la estabilidad financiera. Las recomendaciones de la Junta Europea de Riesgo Sistémico han sido atendidas por todos los Estados miembros de la Unión Europea y solo faltan por sumarse España e
Italia. Por ello ahora nos dotamos de un sistema institucional adecuado para poder prever y evitar cualquier crisis financiera futura. (Rumores).
La señora PRESIDENTA: Silencio, por favor. Silencio.
La señora MINISTRA DE HACIENDA (Montero Cuadrado): No se nos escapa que la entrada en vigor de este tipo de instrumentos posicionará a nuestra economía y a nuestro sistema financiero en una mayor protección frente a tensiones inesperadas en
los mercados; tensiones que conllevan implicaciones graves para nuestra economía, como desgraciadamente, señorías, hemos presenciado en los últimos años. Es precisamente esta premura la que inspira este real decretoley, cuyo objetivo fundamental
es justamente reforzar las herramientas macroprudenciales de los tres supervisores sectoriales de nuestro sistema financiero: el Banco de España, la Comisión Nacional del Mercado de Valores y la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones.
En relación con el Banco de España, el real decretoley lo faculta para obligar al establecimiento de colchones de capital anticíclico que sirvan para reforzar los requerimientos de capital que las entidades financieras tienen durante las
épocas de bonanza sobre la base de los riesgos asumidos por exposiciones a un sector determinado. Entenderán que el objetivo último es que las estructuras de capital de las entidades financieras españolas sean lo suficientemente robustas y sólidas
cuando tengan que afrontar momentos de recesión, así como reconocer los riesgos diferenciales que se están asumiendo en sectores concretos. De hecho, el Banco de España ya cuenta con la facultad de imponer un recargo de capital anticíclico general
por el conjunto de las exposiciones. A partir de ahora, además podrá obligar al establecimiento de colchones específicos para las exposiciones a un determinado sector, por ejemplo, el sector inmobiliario.
Por otra parte, se refuerza la capacidad de acción del Banco de España al permitirle limitar la concesión de créditos de forma directa. Para ello, el propio banco podrá establecer límites al crédito que cabe conceder a una contraparte
concreta; por ejemplo, fijando un tope a la relación entre el nominal del préstamo y el valor de la garantía o a la relación entre el pago mensual por el crédito y la renta periódica del deudor. Se trata de un cambio que incrementará la
efectividad de las herramientas que se ponen a disposición del supervisor, ya que los requerimientos prudenciales de capital que ya existen antes de la aprobación de este real decretoley actúan de forma indirecta estableciendo un coste a la
concesión del crédito, pero en este momento no tienen la capacidad de limitarlo cuantitativamente y pierden eficacia a partir de niveles relativamente elevados.
En la misma línea, el real decretoley establece instrumentos para que también la Comisión Nacional del Mercado de Valores pueda atajar actividades que pueden derivar en un excesivo endeudamiento de los agentes económicos. Adicionalmente,
contará a partir de ahora con la potestad de fijar requerimientos de liquidez a las instituciones o a las entidades de inversión colectiva -abiertas o cerradas- de las sociedades gestoras o de las entidades de capital riesgo. Este tipo de entidades
invierten en activos que no necesariamente son líquidos, mientras que al mismo tiempo ofrecen distintos perfiles de reembolso y de participaciones que incluso pueden ser diarios. Como podrán imaginar, señorías, eso produce un desajuste en la
liquidez que puede conducir a ventas forzadas de activos para cumplir justamente con las solicitudes de reembolso en una situación de tensión de los mercados, lo que puede afectar negativamente a otros participantes en el mercado financiero
generando un efecto contagio. Esto es algo particularmente relevante habida cuenta de que este tipo de fondos son comercializados por particulares, lo que los hace particularmente sensibles desde el punto de vista social. Así pues, se trata de
reforzar la liquidez de este tipo de entidades obligándolas a mantener un volumen mínimo de activos, especialmente líquido, para prevenir o para mitigar riesgos en este sentido y también los efectos que pueden tener sobre la estabilidad financiera
en su conjunto. De hecho, la homologación entre los sectores de valores y las entidades de crédito permitirá que este tipo de medidas se puedan activar de forma coordinada, por lo que se minora la posible transmisión de riesgos.
En tercer lugar, el real decreto-ley habilita a la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones a establecer determinadas condiciones a las ventas de carteras cuando estas puedan afectar a la sostenibilidad de las entidades perturbando
la estabilidad financiera. En este último caso, se trata de prevenir la posible aparición de tendencias de mercado que se dirijan a la transferencia de determinados tipos de riesgo provocando una descompensación de los balances de entidades
aseguradoras y que
acabe afectando al conjunto del sistema. Igualmente, como he señalado anteriormente, se podrán fijar limitaciones a la concentración sectorial de aseguradoras y reaseguradoras análogas a las que establece, por ejemplo, el Banco de España en
relación con las entidades de crédito. Por eso, señorías, con la aprobación de estos instrumentos, en los que la Unión Europea está trabajando también con la vista puesta en su entrada en vigor en el año 2020, España se convierte en un país pionero
en la inclusión de herramientas macroprudenciales en el ámbito de los seguros. Pero además, aparte de beneficiar a la estabilidad financiera, diríamos que este conjunto de herramientas macroprudenciales será positivo para la economía española, ya
que va a contribuir a suavizar los ciclos financieros. Esto permitirá que la volatilidad de los precios de activos financieros, por ejemplo inmobiliario, disminuya, lo que a su vez contendrá la prima de riesgo que los prestamistas exigen a los
prestatarios, con lo que la economía en su conjunto podrá disfrutar de condiciones de financiación más favorables. Asimismo, unos ciclos financieros más suaves reducen también la aparición de formación de burbujas y de caídas abruptas de los
precios de los activos, lo que podrá contribuir a evitar episodios de destrucción masiva de empleo como el que se ha vivido entre los años 2008 y 2013 y del que aún, señorías, saben bien que todavía no nos hemos recuperado.
Junto con estos evidentes beneficios para la inversión, para el consumo, para el crecimiento o para el empleo, contar con estas herramientas macroprudenciales que se aplican a todos los sectores del sistema financiero también redunda en una
competencia más efectiva de estos mercados, que a partir de ahora estarán regulados de forma similar con independencia de qué o cuál sea el agente económico que lleve a cabo cada actividad. Indirectamente, esto también nos permitirá un tratamiento
más homogéneo de las entidades financieras de distintos sectores, evitando así el trasvase de riesgos de aquellos ámbitos sujetos a menores exigencias regulatorias y fomentando una competencia en igualdad de condiciones.
Como ven, señorías -y con ello concluyo-, se trata de un real decreto-ley muy positivo para nuestro país tanto en el corto como en el medio plazo a la hora de prevenir y de mitigar futuras crisis financieras. Sin duda, este es un elemento
clave para fortalecer un crecimiento económico sostenible, para impulsar la creación de empleo y, en última instancia, para asegurar el bienestar de los ciudadanos. Asimismo, con esta normativa damos cumplimiento a las recomendaciones de los
organismos internacionales y ponemos fin a una situación de singularidad de nuestro sistema de supervisión financiero. Por todo ello, señorías, solicito el apoyo del resto de grupos parlamentarios de esta Cámara a la convalidación de este real
decreto-ley.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
En el turno de fijación de posiciones, interviene, por el Grupo Parlamentario Mixto, el señor Bel Accensi.
El señor BEL ACCENSI: Muchas gracias, presidenta, señora ministra, señorías.
Otra semana más, y a pocos días de que empiece un juicio que nunca debería celebrarse, les debo recordar la existencia de presos políticos en el Estado español, para vergüenza de todos nosotros. Muchas gracias. (Aplausos).
Dicho esto, nosotros vamos a votar favorablemente la convalidación de este real decreto. Señora ministra, debo decirle -pensaba decírselo a la ministra Calviño, pero hoy no nos puede acompañar- que, a diferencia de otros compañeros de su
Gobierno, va cumpliendo de forma relativamente razonable, y dentro de las limitaciones con las que se encuentra su Gobierno, las líneas de trabajo de su ministerio marcadas en la comparecencia que hizo, si no recuerdo mal, el 10 de julio, algo que
es de agradecer. Este real decreto que hoy nos trae es un ejemplo de ello. Es verdad que había unas recomendaciones que no hemos cumplido. Es verdad que había unas lecciones de la última crisis financiera, cuyas conclusiones no habíamos
materializado en nuestra legislación. Por tanto, entendemos que este es un avance importante. También es un avance la creación de la Autoridad Nacional de Estabilidad Financiera, una autoridad macroprudencial que está en proceso y que tiene que
acabar de configurar este real decreto. Nos parece razonable que desde el Banco de España se puedan establecer limitaciones en casos concretos y fundamentados en la capacidad de endeudamiento de algunos agentes económicos. Nos parece también
razonable que se limite el riesgo crediticio en algunos sectores. Todo esto son ejemplos de lo que ha pasado a lo largo de los últimos años con nuestra economía. Por tanto, nos parece razonable este incremento -si lo quieren ver así- de
competencias o capacidad por parte del Banco de España, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores y de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones.
No obstante, puede haber matizaciones o algunas mejoras en estos ámbitos competenciales que se podrían incorporar.
En consecuencia, ya les avanzo que, si se pide la tramitación como proyecto de ley, nuestro grupo la va a apoyar. Les insto a que este órgano colegiado, constituido por representantes del Ministerio de Hacienda, del Banco de España y de la
Comisión Nacional del Mercado de Valores y que se está configurando como autoridad macroprudencial, entre en vigor lo más rápidamente posible. Somos conscientes de las limitaciones al respecto, pero sería razonable. También nos parecería razonable
que, en lo que le corresponde al Gobierno del Estado, se tuvieran en cuenta las opiniones de los responsables económicos de cada una de las comunidades autónomas, porque la singularidad de un territorio o de un país dentro del Estado puede que haga
necesario, en algún momento, que se tome alguna medida específica. En todo caso, repito que votaremos a favor. A diferencia de otros miembros del Gobierno, quisiera felicitar, con todas las matizaciones necesarias, a la ministra Calviño por este
avance que nos presenta hoy.
Muchísimas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
Por el mismo grupo, tiene la palabra la señora Oramas González-Moro.
La señora ORAMAS GONZÁLEZ-MORO: Gracias, señora presidenta.
Será solo un minuto para decir que vamos a apoyar este decreto. He sido presidenta de la Comisión de investigación de la crisis financiera y este es uno de los temas en los que ha habido unanimidad por parte de todos los grupos, pero sobre
todo quiero recordar a Pedro Saura, que fue portavoz de Economía, cuya obsesión siempre era la creación de esta autoridad de supervisión macroprudencial. Es fundamental este instrumento para prevenir riesgos sistémicos, pero creo que vamos lentos y
que hoy no tenía que haber venido esto, sino que tenía que haber venido ya el decreto de creación del órgano, pero tanto el Banco de España como la Comisión Nacional del Mercado de Valores han instado a todos los grupos parlamentarios en la Comisión
para aprobar esto. Vamos con retraso, y creo que es fundamental, señora ministra, que venga lo antes posible el decreto. Ayer ha habido anuncios por parte del Fondo Monetario de cierta recesión internacional en aspectos económicos y no podemos
volver a no tener un elemento fundamental para prevenir un contagio a toda la economía de crisis a nivel internacional.
Muchísimas gracias, señora presidenta.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
Por el Grupo Parlamentario Vasco, PNV, tiene la palabra la señora Sagastizabal Unzetabarrenetxea.
La señora SAGASTIZABAL UNZETABARRENETXEA: Gracias, presidenta. Egun on. Buenos días, señorías.
Este real decreto-ley tiene por objeto establecer una serie de medidas macroprudenciales para prevenir y, en su caso, reducir el riesgo y los costes macroeconómicos de la inestabilidad financiera. Hay que decir que la regulación
macroprudencial efectivamente se caracteriza por el enfoque en la regulación financiera dirigida a mitigar el riesgo del sistema financiero o riesgo sistémico. Tras la crisis financiera, es verdad que ha habido un consenso entre los diferentes
responsables políticos en cuanto a la necesidad de reorientar el marco regulatorio hacia una perspectiva macroprudencial, debido fundamentalmente al alcance y la gravedad de la última crisis bancaria, y esto también se desprende de los distintos
informes elaborados en Europa, que también recoge el propio decreto.
Hay que decir que la política macroprudencial no es nueva, aquí ya tenemos el ejemplo del Banco de España, porque este ya utilizó de forma temprana instrumentos macroprudenciales como las provisiones anticíclicas para proteger el sistema
bancario de una expansión crediticia pronunciada, pero que, sin embargo, finalmente fueron insuficientes. Derivado de ello y de otras actuaciones insuficientes por parte de algunos organismos reguladores y supervisores, tal y como se recoge en las
conclusiones del informe de la Comisión de investigación de crisis financiera llevada a cabo en este Congreso, entendemos que urge la necesidad no solo de establecer nuevas medidas macroprudenciales para prevenir futuras crisis, sino que también
este informe apunta la necesidad de la creación de una autoridad macroprudencial para prevenir, como ya hemos apuntado, los riesgos sistémicos. (El señor vicepresidente, Prendes Prendes, ocupa la Presidencia).
He de mencionar que el real decreto introduce modificaciones en la Ley de ordenación y supervisión del Banco de España, habilitando a este para que pueda incrementar los requerimientos de capital sobre una cartera de exposiciones específica
para limitar las exposiciones de las entidades de créditos a sectores económicos concretos, y para establecer límites y condiciones sobre la concesión de préstamos. El real decreto también otorga a la CNMV la capacidad de adoptar medidas dirigidas
a reforzar la liquidez de las instituciones y entidades de inversión colectiva, y puede establecer limitaciones a determinadas actividades, supervisadas por sus entidades, que generen un aumento excesivo del riesgo del endeudamiento a los agentes
económicos que pudieran afectar a la estabilidad financiera.
El real decreto habilita, asimismo, a la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones para que pueda establecer limitaciones a la exposición agregada ante un determinado sector económico o categorías de activos por parte de las
entidades aseguradoras y reaseguradoras, y se le otorga también la posibilidad de fijar condiciones a las transferencias de riesgos y carteras de seguros que realicen las citadas entidades. Entendemos, además, que estas medidas para los sectores de
valores y entidades de crédito podrán ser activadas, llegado el caso, de forma coordinada, lo que también disminuirá la posibilidad de la transmisión de riesgos.
Cabe destacar que esta tipología de herramientas macroprudenciales que hoy se recoge en este real decreto-ley ya se recoge en otros ordenamientos jurídicos de países homólogos, y tal y como ya he apuntado, dado que son medidas necesarias a
la vista también de las conclusiones del informe de investigación financiera, este grupo votará a favor de la convalidación de este real decreto-ley. Pero también urgimos a este Gobierno a la puesta en marcha de esa autoridad macroprudencial
independiente y transversal, cuyo objetivo de verdad sea estar al tanto de las alteraciones macroeconómicas, de los signos que puedan evidenciar una crisis y la eviten o traten de evitarla y no, como ha ocurrido en la anterior crisis, donde los
organismos que deberían haberlo hecho, que debían realizar este seguimiento y análisis, parece que miraban hacia otro lado.
Muchísimas gracias. Eskerrik asko.
El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias.
Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, tiene la palabra el señor Capdevila i Esteve.
El señor CAPDEVILA I ESTEVE: Con su permiso. Bon dia a tothom.
Señora ministra, Jacques Delors, mientras era presidente de la Comisión Europea, afirmaba que la Unión Europea avanzaba a base de resolver problemas anteriores, no de prevenirlos y de evitarlos. Este real decreto es un magnífico ejemplo
delorsiano, si se puede decir así, porque su objetivo es resolver un problema anterior en lugar de prevenir los futuros. Me parece una presunción sobreabundante y excesivamente optimista suponer lo que habrá quedado registrado, y es que serán
medidas con las que se podrá evitar cualquier crisis financiera futura. Con el debido respeto, se ha retratado usted, señora ministra. Nosotros creemos que resolver los efectos de un problema anterior es lo que intenta esta medida. Los que
venimos del estudio de las ciencias médicas lo llamaríamos un tratamiento más sintomático que etiológico, e intentaré explicarme. Las herramientas que hoy se aprueban pretenden evitar que haya un exceso de concentración crediticia en un sector
económico concreto, pero si volvemos la vista atrás veremos que solo en dos de los cuatro países que hubo que rescatar -incluida España- hubo un exceso de concentración crediticia en un sector, concretamente el inmobiliario, que fueron Irlanda y
España. Ni en Grecia ni en Portugal se produjo esto.
Por otra parte, solo en uno de ellos había un problema de deuda pública excesiva, la supuesta causa de todos los males, que era Grecia. En cambio, la fantástica política de austeridad impuesta por la Unión Europea con el beneplácito español
ha conseguido que hoy los cuatro países a que me refiero tengan una deuda pública excesiva. En realidad, si buscamos elementos problemáticos comunes en esos cuatro países rescatados solo encontraremos uno, que es el deterioro de su saldo exterior.
No era un problema nuevo para ninguno de los cuatro, pero el euro impidió el mecanismo de ajuste habitual y clásico -el del tipo de cambio de sus monedas- sin implantar ningún mecanismo alternativo, por ejemplo, un mayor control de los saldos por
cuenta corriente tanto en los negativos como en los positivos, puesto que nadie puede incurrir en déficit exterior sin que haya alguien dispuesto a financiarlo mediante un superávit simétrico. En el caso de la eurozona, básicamente Alemania.
Permítame recordar también que sin reducir los superávits excesivos mediante políticas expansivas es imposible que no haya déficits. Por tanto, si se quieren políticas macroprudenciales útiles incluyan los saldos por cuenta corriente: desde la
Unión
Europea, los de los diferentes Estados miembros; desde el Estado español, los de las diferentes comunidades autónomas.
Tenía preparada esta intervención para su compañera la ministra de Economía, pero creo que es igualmente válida para usted. ¿Les parece adecuado que una sola comunidad, Cataluña, aporte cerca del 50 % del saldo exterior positivo español?
¿Cuántas y qué comunidades -no es una pregunta retórica- tienen un saldo negativo que deberían reducir? Algunas de ellas votan aplicaciones del 155 más amplias y más fuertes. (Aplausos). ¿Cómo podría contribuir Cataluña reduciendo su enorme saldo
exterior positivo mediante políticas expansivas si resulta ser una de las comunidades que gestiona un porcentaje de PIB inferior? Es contradictorio, ¿verdad? En concreto, un 11 %, cuando, como usted sabe, la media de todas las comunidades es del
14 %. En definitiva, no negaremos que las herramientas que prevé este real decreto-ley sean necesarias, pero no hay duda de que en absoluto son suficientes.
Gracias. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señor Capdevila.
Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos tiene la palabra el señor Gómez García.
El señor GÓMEZ GARCÍA: Muchas gracias, señor presidente.
Buenos días, señorías; buenos días, ministra. Le toca a usted defender esta mañana este real decreto-ley y podemos estar de acuerdo con usted en que es conveniente introducir en España un sistema de supervisión macroprudencial con
herramientas necesarias para hacer frente a posibles vulnerabilidades del sistema financiero, siguiendo de esta manera las recomendaciones -como ya se ha dicho- del Fondo Monetario Internacional, del Consejo de Estabilidad Financiera y de la Junta
Europea de Riesgo Sistémico y también es verdad que llegamos tarde, que somos uno de los únicos dos países que quedan por aprobar esta autoridad macroprudencial de la Unión Europea, pero, ministra, nos traen esta medida como decreto-ley y justifican
la extraordinaria y urgente necesidad en la necesidad de hacer frente a posibles vulnerabilidades del sistema financiero. Y yo le quería preguntar, ¿me quiere decir usted que nuestro sistema financiero está en un riesgo inminente tal que es
necesario aprobar esto mediante decreto-ley? ¿Estamos ante una crisis financiera inminente? Si no es así, señora ministra, no se justifica la utilización de un decreto-ley. Porque si ustedes nos están vendiendo que la economía va fenomenal, si
han presentado los presupuestos diciendo que todo va estupendamente, entonces no entiendo la prisa por presentar un decreto-ley para aprobar todas estas medidas. Por tanto, no se justifica el decreto-ley a no ser que realmente no vaya tan bien la
situación y estemos ante una posible crisis. Me gustaría que me dijese si realmente estamos ante una crisis que justifique este decreto-ley. Más bien lo que parece es que ustedes le han cogido el gusto a esto de gobernar mediante decreto-ley. En
este sentido están batiendo todos los récords, este y el de los kilómetros recorridos. Qué tiempos aquellos en los que el señor Sánchez, como líder de la oposición, le afeaba al señor Rajoy la utilización del decreto-ley y hacía una promesa:
limitar el uso del decreto-ley simplemente a circunstancias específicas. Le afeaba a Rajoy la usurpación de sus funciones al Parlamento por parte del Ejecutivo. Pero, claro, como diría la vicepresidenta: usted me está hablando de otra persona.
(Aplausos).
En cuanto a la autoridad, en el decreto-ley no la regulan, se remiten a un reglamento, pero lo que hemos podido ver del borrador del reglamento sinceramente no nos acaba de convencer, no nos gusta demasiado. Se constituye la autoridad como
un órgano adscrito al Ministerio de Economía, sin independencia ni autonomía, y no se prevé la posibilidad de que haya personas técnicas independientes que aporten otra visión, pero el éxito o el fracaso de esta autoridad dependerá enormemente de la
independencia y de la fuerza que tenga a la hora de tomar decisiones. Aquí parece que no hemos aprendido o no hemos querido aprender nada del rescate bancario, un rescate bancario que nos ha costado 6000 millones de euros a todos los españoles y
que trae causa de la politización de los consejos de administración de las cajas de ahorros y de la politización de los órganos supervisores y reguladores. Pues ustedes quieren seguir haciendo lo mismo, colonizando los órganos supervisores.
Y, señora ministra, está bien esto de pedir y exigir responsabilidad y prudencia en sus actuaciones a las entidades, está bien pedirles que no asuman riesgos que puedan poner en peligro la estabilidad del país, pero, de verdad, señora
ministra, ¿con qué legitimidad piden ustedes a las entidades esto? ¿Cómo pueden decirles ustedes a las entidades que no asuman riesgos que pongan en peligro la estabilidad del país cuando ustedes han aprobado un presupuesto que es falso y que pone
en peligro el crecimiento, la riqueza, la estabilidad y la creación de empleo de este país? ¿Cómo puede decir eso usted precisamente, señora ministra? Es un presupuesto que, según todos los expertos y según la Oficina económica de
Ciudadanos sobreestima los ingresos e incluso supone extraordinariamente un año de trece meses, el IVA para este presupuesto tiene trece meses. Con una deuda de máximos históricos, cercana al cien por cien del PIB, ustedes no van a cumplir
con el objetivo de déficit y tampoco les importa: el que venga detrás, que arree. Lo único que les importa es que el señor Sánchez siga una semana más en La Moncloa. Cómo y a qué precio, eso ya da igual. En definitiva, para exigir a los demás
primero hay que cumplir y hay que dar ejemplo, y ustedes no lo hacen.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señor Gómez.
Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, tiene la palabra el señor Montero Soler.
El señor MONTERO SOLER: Señor presidente, señora ministra, señorías, me hubiera gustado explicárselo a la ministra de Economía en persona -usted ya lo sabe y se lo dije el último día que estuvimos por aquí-, pero ustedes no pueden seguir
invocando el sentido de la responsabilidad para que les votemos las medidas que su Gobierno trae, las suyas propias, las que no pacta con nadie, para que se aprueben en esta Cámara. Si ustedes no nos hacen partícipes de esas iniciativas puede que
la jugada les salga bien algunas veces, cuando traen trasposiciones de directivas que tienen una sanción detrás y que por responsabilidad creemos que hay que votarlas a favor, o puede que las cosas les salgan mal. Yo creo que las cosas se arreglan
de una forma muy simple y no entiendo por qué ustedes no levantan un teléfono y llaman para preguntar nuestra opinión o consideración sobre una iniciativa que van a traer aquí. El Partido Popular y el señor De Guindos -y mire que me cuesta
decírselo- lo hacían de forma permanente. Ustedes viven sin levantar el teléfono y sin apelar al diálogo. Yo no sé si lo que se quieren ahorrar en la factura del teléfono es lo que se gastan en el combustible del Falcon. (Risas). De hecho, si
hubiera llamado, tal vez la ministra hubiera conocido algunas consideraciones sobre nuestra posición al respecto, creo que algo podríamos aportar a lo que usted trae aquí.
¿Urgencia? Pues relativa, porque ustedes todavía no han traído el real decreto-ley de la autoridad de supervisión macroprudencial. Traen los instrumentos pero no han presentado aún cuál es esa autoridad. Y es que el real decreto-ley,
ministra suplente, tiene distintos problemas conceptuales, sobre todo con estas herramientas. En su exposición de motivos dice -abro comillas-: 'Durante la última crisis financiera las herramientas tradicionales de política económica y de
supervisión financiera a disposición de las autoridades mostraron sus limitaciones a la hora de prevenir y mitigar parte de estos riesgos'. Eso no es cierto. Hemos tenido decenas de comparecientes en la Comisión de investigación de la crisis
financiera que han dicho que el Banco de España y las autoridades reguladoras y de supervisión podrían haber hecho muchísimas más cosas con las herramientas microprudenciales que tenían a su disposición o pidiendo nueva normativa y no lo hicieron.
No fue un problema de herramientas, sino de voluntad para utilizar las herramientas existentes. No era un problema de que los instrumentos que existían fueran microprudenciales y lo que ahora mola en Europa son los instrumentos macroprudenciales,
el problema es que los supervisores y los reguladores estaban capturados, y solo hay que ver la lista de entidades a donde han ido a parar muchos de ellos. En este país se derogaron herramientas útiles y no se utilizaron las que existían. O dicho
de otro modo, ministra, el problema no son las herramientas, sino en manos de quién están esas herramientas.
En segundo lugar, ustedes introducen herramientas macroprudenciales sin tener en cuenta que esas herramientas van a tener un impacto diferenciado sobre los actores del sistema bancario y financiero. Inciden de forma desigual sobre las
pequeñas entidades, que no tienen modelos de gestión de riesgos internos, que sobre las grandes entidades, que tienen modelos para ponderar los riesgos. La traducción de eso es que las pequeñas entidades van a tener que aportar para el mismo nivel
de riesgo un mayor nivel de capital que las grandes entidades. Para solucionar ese problema los instrumentos macroprudenciales se tienen que establecer sobre los activos sin ponderar, porque si no el mensaje que ustedes lanzan al sistema financiero
es: pequeñas entidades busquen capital; grandes entidades busquen economistas que les permitan optimizar los modelos de ponderación de riesgo. Si quieren un instrumento macroprudencial de verdad pongan en marcha el ratio global de apalancamiento
de Basilea III, al que Europa sigue dando patadas hacia delante, que precisamente se basa en la limitación al apalancamiento sobre los recursos propios en función de los activos, de los fondos propios, sin ponderación de riesgo. Desde 2013 anda
Basilea III dando vueltas por toda Europa.
Por último, si tanto les preocupan los instrumentos macroprudenciales lo que tienen que hacer es recuperar la auténtica provisión estadística o anticíclica, que va no en función o generando colchones de capital, sino buscando incidir sobre
las provisiones. ¿Por qué? Porque las provisiones tienen una incidencia sobre la cuenta de resultados y la cuenta de resultados incide sobre los bonus de los ejecutivos, de manera que una provisión que crece de forma más que proporcional conforme
se incrementa el riesgo disminuye la cuenta de resultados y automáticamente frena los riesgos.
Termino. Ministra, su real decreto se queda -ministra Calviño, por extensión- corto en los instrumentos que propone. Vuelve a privilegiar con esos instrumentos a las grandes entidades frente a las pequeñas entidades, y peca de optimista
pensando que en el caso de una nueva burbuja los mismos agentes van a actuar de una forma diferente a pesar de que tengan nuevas herramientas. Así que lamento decirle que, tal y como están las cosas en estos momentos, nosotros vamos a votar que no,
por responsabilidad; sobre todo por responsabilidad pedagógica, para que ustedes aprendan a dialogar con nosotros y nosotras.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señor Montero.
Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el señor Palacín Guarné.
El señor PALACÍN GUARNÉ: Gracias, presidente. Buenos días, señorías; buenos días, señora ministra.
Debatimos hoy la convalidación del real decreto-ley por el que se establecen herramientas macroprudenciales, un título que puede no decirles mucho a sus señorías pero que, traduciéndolo, se trata de dotar a los organismos supervisores de
nuestro país -Banco de España, CNMV y Dirección General de Seguros- de las herramientas necesarias para poder anticiparse y poder actuar en un primer momento frente a incidencias o burbujas en el mercado, minimizando el impacto que tendrían frente a
la economía y las personas; medidas preventivas y más eficaces que las actuales. Un real decreto-ley que se complementará con la creación de la autoridad de supervisión macroprudencial ya anunciada y que está tramitándose con criterio de urgencia.
Y es que, pasados ya diez años del estallido de la anterior crisis, son conocidas las limitaciones de las herramientas con las que contaban las entidades financieras y bancarias para hacer frente a según qué tipo de riesgos. Tal y como ha quedado
patente en la Comisión de investigación que se ha mantenido abierta durante varios meses en este Congreso, y tal y como hemos recogido prácticamente la totalidad de los grupos en esa Comisión, son convenientes propuestas encaminadas a la creación de
estas medidas que hoy debatimos y que nos ha traído el Gobierno en este real decreto.
¿Por qué considera mi grupo que es urgente la implementación de estas medidas y, por tanto, la convalidación de este real decreto? Porque desde el año 2011 estamos siendo avisados por diversos organismos internacionales, que nos recomiendan
la implementación de estas medidas y la creación de la autoridad macroprudencial que será aprobada en las próximas semanas. Tanto el Fondo Monetario como la Junta Europea de Riesgo Sistémico o el Consejo de Estabilidad Financiera, como muchos de
los portavoces han comentado, nos recomiendan la implementación de estas medidas y la creación de la autoridad macroprudencial. Estas recomendaciones ya han sido tenidas en cuenta por todos los Estados miembros, salvo Italia y España. Puede que
algún grupo no entienda que se trate de una cuestión urgente, porque tampoco lo entendían con la convalidación y trasposición de directivas de obligado cumplimiento, pero sí es un asunto urgente. La cuestión es si debemos estar más protegidos
frente a tensiones inesperadas y repentinas de los mercados. Desde nuestro punto de vista, evidentemente, sí. Además, el texto que hoy convalidamos es un texto sencillo, cinco únicos artículos y varias disposiciones, que únicamente pretende, sin
una visión partidista, adecuar las instituciones supervisoras.
No voy a desgranar todo lo expuesto ya por la ministra pero sí quiero remarcar las dos o tres medidas que considero más oportunas. Permitirán al Banco de España ejercer y establecer colchones de capital anticíclicos y colchones de capital
específicos para las exposiciones a un determinado sector, como puede ser el inmobiliario. Se refuerza la capacidad del propio banco para fijar un tope entre el nominal del préstamo y la garantía prestada o entre la cuota del préstamo y la
capacidad de generación de ingresos de los propios deudores. (La señora presidenta ocupa la Presidencia). También la Comisión Nacional del Mercado de Valores necesaria. Estas medidas, señorías, tendrán un impacto favorable no solo para el sistema
financiero, sino también para la economía, reduciendo los picos de los ciclos económicos y reduciendo las probabilidades de formación de burbujas.
Señorías, como ven, se trata de un real decreto-ley positivo para nuestro país tanto en el corto como en el medio plazo y, además, son medidas que todos ustedes han compartido en esta Cámara y también en la Comisión de investigación de la
crisis financiera. Muchos han aludido a las formas y no tanto al fondo, porque el fondo sí que lo comparten en su mayoría. Yo quiero agradecer a los grupos que ya lo han manifestado su voto favorable a esta convalidación y a los grupos que no han
manifestado su voto favorable debo decirles que creemos que compartimos el fondo de la cuestión, que son las medidas y la creación de la autoridad macroprudencial. ¿Que podrían mejorarse las formas? Podríamos estar de acuerdo en ello, aunque son
unas formas del todo legítimas pero, como todo en esta vida, se pueden mejorar. Les instamos a dejar de lado las posiciones partidistas y a que, además atender a las recomendaciones que nos han hecho los diferentes organismos internacionales y que
hemos comentado aquí todos y cada uno de los portavoces, tengamos en cuenta el interés general e incorporemos estas herramientas macroprudenciales para limitar los costes de futuras crisis, que seguro que vendrán, como hemos visto en el pasado e,
inevitablemente, veremos en el futuro. Solo me queda recordarles que lo que hoy trae aquí el Gobierno, estas medidas y estas herramientas incorporadas en este real decreto-ley, tanto el Partido Popular como Podemos, Ciudadanos y todos los grupos
las propusimos en la Comisión de investigación, las debatimos y las aprobamos. Por tanto, no entenderíamos el voto en contra de ninguno de estos grupos a esta convalidación.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el señor Paniagua Núñez.
El señor PANIAGUA NÚÑEZ: Gracias, presidenta.
Buenos días, señorías. En primer lugar, quiero desearles a todos un feliz año en el inicio de este nuevo año 2019.
Si quisiera castigarles les cantaría una canción que me viene a la mente y que, como yo, habrán cantado bastantes veces muchos de ustedes desde los años noventa, la canción de Presuntos Implicados Cómo hemos cambiado. Y ¡cómo hemos
cambiado!, señor Palacín. ¿Se acuerdan de lo que decían por unos pocos reales decretos de nada hace poco? ¿Lo que decían hasta hace ocho escasos meses sobre gobernar mediante reales decretos? ¿Saben cuántos reales decretos se aprobaron gobernando
el Partido Popular de enero a mayo del año pasado? Tres. Y ustedes, en los restantes siete meses del año pasado, ¿cuántos aprobaron? ¿Cuatro, cinco? No, veinticinco; veinticinco reales decretos en siete meses, más de ocho veces más. No voy a
volver a las citas porque ya lo ha hecho el señor Gómez.
No nos gusta el real decreto ni por el fondo ni por la forma. Por la forma, como ya les decía, por el abuso del Gobierno del señor Sánchez que, incapaz de traer un proyecto de ley, se dedica a gobernar a golpe de decretazo: veintiséis
reales decretos en algo más de siete meses. Sigue batiendo récords de mala gestión. Hoy, por ejemplo, se ve lo nunca visto en democracia: se debaten ocho reales decretos-leyes; la mayoría de estos decretos son ómnibus y con escasa aportación del
Gobierno: o trasponen directivas europeas o bien recuperan del cajón algunos proyectos de ley. Además, quiero preguntarle, señora ministra, por qué no cuentan con nuestro grupo para sacar adelante determinadas iniciativas en que podemos ponernos
de acuerdo. Trasládeselo a la señora Calviño. ¿Por qué no nos llaman y luego nos exigen nuestro apoyo? Si nos desprecian, no nos pidan nada. Ya se lo ha dicho claramente el señor Montero.
Pero tampoco nos gusta el fondo. No profundiza en nada de lo que recomendaron los reguladores y los expertos en la Comisión de investigación de la crisis financiera. Deja todo pendiente y se limita a mejorar someramente las herramientas
macroprudenciales de los diferentes reguladores. Ustedes deben dedicarse a trabajar, señora Montero y señora Calviño, en vez de hacerle la campaña al señor Sánchez, y traer aquí un proyecto de ley con la autoridad macroprudencial, con herramientas
macroprudenciales, con los cambios propuestos por esta Cámara para los diferentes organismos. Si ustedes no lo hacen, lo haremos nosotros. Estamos trabajando en una proposición de ley para reformar profundamente los diferentes organismos
reguladores. Porque ustedes hablan -y algún grupo más lo ha hecho- de las conclusiones de la Comisión de investigación de la crisis financiera, la mayor parte de nuestras conclusiones, pero creo que solo se han leído parte de ellas porque lo que
nosotros propusimos, y ustedes aprobaron, fue -se lo resumo-: mejoras de procedimientos y controles a efectos de las responsabilidades, proceso de integración y unificación entre supervisores, establecimiento de un modelo funcional que se
articularía en torno a dos autoridades supervisoras -el Banco de España como supervisor de solvencia
y la CNMV como supervisora de las normas de conducta-, una autoridad macroprudencial, suficientes medios y un adecuado nivel de independencia de las autoridades de supervisión, aprobación y publicación de esquemas organizativos y metodología
de supervisión, y mecanismos de coordinación entre supervisores prudenciales y de mercado. ¿Dónde está todo eso, señores del Grupo Socialista, en este real decreto? De verdad nos preguntamos por qué no han presentado conjuntamente con estas
medidas la autoridad macroprudencial y la reforma de los organismos supervisores. Yo creo que podían haber esperado y haberlo traído de forma conjunta como proyecto de ley para que entre todos los grupos pudiéramos mejorarlo, ¿o hay algo que no nos
han contado, señora ministra, algo que tenga que ver con la urgencia? Porque hasta ahora no nos lo han explicado.
Señora ministra, señor Palacín, transparencia es lo que necesitamos. No sé si ustedes están trabajando por este país o solamente para satisfacer las necesidades del señor Sánchez, que necesita alargar la legislatura como un chicle, y para
eso ustedes le ayudan trayendo a este Congreso incertidumbres, mensajes contradictorios y medidas que atacan el crecimiento económico y la creación de empleo, como los Presupuestos Generales del Estado, los nuevos impuestos o las subidas de las
cotizaciones sociales. Y la consecuencia es la rebaja continua de estimaciones de crecimiento por parte del Gobierno y por parte de los analistas y las instituciones europeas y mundiales, y la desaceleración en la creación de empleo y de las
inversiones. Están poniendo en riesgo a nuestro país, y todo para que el presidente siga viajando en el Falcon.
Señoras ministras, para acabar, a España le costó muchos meses entre 2012 y 2013 recuperar la confianza y la credibilidad, no podemos destruirlas de nuevo. Recapaciten y actúen. Dejen de pensar en el señor Sánchez y piensen en los
españoles y en el futuro de este país. Ya sé que él las nombró a ustedes, pero ustedes juraron o prometieron por su conciencia y honor cumplir fielmente con las obligaciones de sus cargos como ministras de Economía y Empresa, y de Hacienda, de
España, no de la economía ni de la empresa ni de la hacienda del señor Sánchez.
Muchas gracias. (Varios señores diputados: ¡Muy bien!-Aplausos).
- REAL DECRETO-LEY 27/2018, DE 28 DE DICIEMBRE, POR EL QUE SE ADOPTAN DETERMINADAS MEDIDAS EN MATERIA TRIBUTARIA Y CATASTRAL. (Número de expediente 130/000054).
La señora PRESIDENTA: Pasamos ahora, señorías, a la convalidación o derogación del Real Decreto-ley 27/2018, de 28 de diciembre, por el que se adoptan determinadas medidas en materia tributaria y catastral. Para presentar el real
decreto-ley tiene la palabra en nombre del Gobierno la señora ministra de Hacienda.
La señora MINISTRA DE HACIENDA (Montero Cuadrado): Señorías, intervengo por segunda vez, en esta ocasión para solicitar la convalidación del Real Decreto-ley 27/2018, de 28 de diciembre, un decreto-ley por el que se prorrogan y se aprueban
diversas medidas en materia tributaria y catastral al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1 de la Constitución, que atribuye -como recordarán- al Estado la competencia exclusiva sobre Hacienda general. Se trata, como saben, de una necesidad
de situación de prórroga para ajustar medidas fiscales que requieren de regulación en tanto en cuanto no se aprueben los Presupuestos Generales del Estado. La mayoría supondría un perjuicio para la ciudadanía en caso de decaer, así como otras
medidas que solventan discriminaciones flagrantes en algunos colectivos. Voy a intentar explicarlo.
Señorías, el real decreto-ley que someto a esta convalidación prorroga para el periodo impositivo de 2019 los límites de facturación en la tributación por módulos en el impuesto sobre la renta de las personas físicas. Esto es, que los
trabajadores por cuenta propia no pueden tributar por el método de estimación objetiva cuando el conjunto de la actividad supera los 250 000 euros o cuando la facturación a otros empresarios o profesionales sobrepasa los 125 000. Pero la
legislación vigente contempla que este año se redujeran estos límites, de forma que estos quedarían establecidos en 150 000 y 75 000 euros respectivamente. De esta manera, con esta normativa incluida en el real decreto-ley se mantienen inalterables
-es decir, no se modifican- los límites de exclusión que habrían cambiado el 1 de enero en caso de no haber aprobado este decreto-ley de prórroga. Además, señorías, los autónomos que adquieren bienes y servicios hasta los 250 000 euros podrán
mantenerse en el sistema de módulos cuando inicialmente estaba previsto que este límite se redujera a 150 000 euros en el año 2019. Junto a esto, el real decreto prorroga también para este periodo impositivo de 2019 los límites de aplicación del
régimen
simplificado y del régimen especial de la agricultura, ganadería y pesca en el impuesto sobre el valor añadido. Igualmente, contempla la prórroga del impuesto sobre el patrimonio para el ejercicio 2019. En el caso del impuesto sobre
sociedades, los cambios que introduce este real decreto otorgan capacidad normativa a la Circular 4/2017 del Banco de España, sobre normas de información financiera pública y reservada y modelos de Estado financiero de las entidades de crédito. La
circular que estoy comentando tiene por objeto adaptar el régimen contable de las entidades de crédito españolas a los cambios del ordenamiento contable europeo derivado de la adopción de dos nuevas normas internacionales de información financiera.
También el real decreto recoge la actualización al alza o a la baja de los valores catastrales mediante la aplicación de coeficientes según lo establecido en el artículo 32.2 del texto refundido de la Ley de Catastro Inmobiliario. Como
ustedes saben, esta actualización tiene una repercusión inmediata en el impuesto sobre bienes inmuebles. Como saben, esta medida se aprueba como consecuencia de la prórroga presupuestaria que hace necesario que estos coeficientes se actualicen
antes del 31 de diciembre de 2018 mediante decreto, tal y como ha venido sucediendo en los dos ejercicios anteriores. Con la aprobación de esta medida se contribuye a reforzar la financiación municipal, la consolidación fiscal y la estabilidad
presupuestaria de entidades locales. De hecho, este año está previsto que se apliquen coeficientes de actualización a 1179 municipio, con una bajada media agregada del 1,92 % del valor catastral. Una situación que se explica en el hecho de que hay
mayor volumen de inmuebles afectados por coeficientes a la baja que al alza y que además esta bajada es más acusada. Para que se aplique esta actualización de coeficientes es necesario que hayan transcurrido al menos cinco años desde la entrada en
vigor del último procedimiento de valoración colectiva, que además existan diferencias sustanciales y homogéneas dentro del municipio entre valores de mercado y valores catastrales vigentes y, por último, que la solicitud municipal se formule dentro
del plazo establecido.
Otra de las medidas incluidas en esta norma es la de los compromisos adquiridos por el Gobierno con la UEFA para albergar en nuestro país la final de la UEFA Champions de 2019 y la UEFA Euro 2020, que requiere, como ustedes saben, la
regulación de un régimen fiscal específico, que aparece recogido en el real decreto-ley. Recuerden sus señorías que este compromiso surge del contrato de adhesión que suscribió el Gobierno de España en el año 2014 para que estos eventos se pudieran
celebrar en nuestro país. Junto a esto se procede a incluir la relación de actividades prioritarias de mecenazgo para 2019.
Les decía al principio que había algunas medidas necesarias por la prórroga, por cuestiones normativas, pero hay otra que se introduce para salvar una situación de desigualdad que se estaba dando en las prestaciones de maternidad de
empleados públicos. Recuerdan que el día 3 de octubre el Tribunal Supremo declaró exenta las prestaciones públicas por maternidad en la Seguridad Social. El Gobierno entendió que esas exenciones tenían que ampliarse también a las ayudas por
paternidad. Sin embargo, hay colectivos que no están amparados ni por la sentencia del Supremo ni por la regulación actual del IRPF. Les hablo de una parte de empleados públicos integrados en el llamado mutualismo administrativo y de profesionales
no integrados en el régimen especial de la Seguridad Social de los trabajadores por cuenta propia, que perciben las prestaciones de maternidad y paternidad de las mutualidades de previsión social. Por tanto, se trata de colectivos que no están en
la Seguridad Social, pero que también tienen prestaciones por estos motivos y a los que stricto sensu no se les podría aplicar, según la literalidad legal en este momento, esta deducción. Se trata -esto lo podrán convenir conmigo- de una situación
de discriminación difícilmente justificable a la que el decreto-ley da solución al extender la exención de estas prestaciones por maternidad y paternidad a ambos colectivos hasta el límite de la prestación máxima que la Seguridad Social reconoce por
este concepto. La exención se extiende a los anteriores ejercicios no prescritos, por lo que quienes hubieran tributado en el IRPF por este motivo podrán solicitar la correspondiente devolución.
Señorías, como ven, todas son medidas necesarias y urgentes por las consecuencias que conllevaría este cambio de normativa, que se produciría por la prórroga en el caso de que no se hubiera realizado este decreto-ley. Señorías, hablamos de
colectivos afectados como son los autónomos, los padres, las madres o el conjunto de actores que están detrás de este decreto-ley de prórroga. Por todo ello, quiero apelar a su sentido de la responsabilidad no solo para convalidar este decreto-ley,
sino también, en la medida de lo posible, para que avancemos en la tramitación de los Presupuestos Generales del Estado para que algunas cuestiones que están aquí recogidas de forma sucinta se puedan desarrollar de una forma más regulada, más
desarrollada en la propia Ley de presupuestos, como establece la norma actualmente vigente.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
En el turno de fijación de posiciones, por el Grupo Parlamentario Mixto interviene, en primer lugar, la señora Oramas González-Moro.
La señora ORAMAS GONZÁLEZ-MORO: Gracias, señora presidenta.
Señora ministra, al igual que en los dos reales decretos anteriores, Coalición Canaria va a apoyar este real decreto porque creemos que ciertos puntos, como por ejemplo la extensión de la exención del IRPF declarado por el Tribunal Supremo
para las prestaciones por maternidad pagadas por la Seguridad Social, son oportunos y urgentes. También es adecuada la ampliación del periodo transitorio desde 2016 para los límites del IRPF e IVA para los regímenes de estimación objetiva especial
y simplificada y de agricultura, ganadería y pesca. Es más, el Gobierno de Canarias, en los presupuestos que aprobó el Parlamento de Canarias, ya ha llevado a cabo esta ampliación en la nueva Ley de presupuestos.
Respecto a la modificación del impuesto sobre sociedades para introducir el efecto de una circular del Banco de España, que a su vez traslada a las entidades de crédito los cambios de contabilidad, nos parece absolutamente imprescindible.
Como sabe, presido la Comisión de investigación sobre la crisis financiera y entre las propuestas que han salido de dicha Comisión y de lo que se debatió estaba esta materia. Respecto al impuesto sobre el patrimonio, consideramos que es un proceder
habitual. Aunque no consideramos muy buena la técnica, no impone nada nuevo y, por tanto, no es inconveniente. En cuando a la aprobación de los coeficientes de actualización de los valores catastrales y el establecimiento de prórrogas para la
imposición de tipos tributarios del IBI, ante la prórroga de la facultad de las entidades locales y por la cercanía de las elecciones parecen medidas acertadas por parte del Gobierno.
El resto de los temas no afectan realmente a la Comunidad Autónoma de Canarias -lo de la UEFA, lo de la UEFA Euro- y es lo habitual. Por tanto, por parte de Coalición Canaria no hay ningún inconveniente para que quede convalidado este real
decretoley en el día de hoy y que no tenga tramitación como proyecto de ley.
Muchas gracias, señora presidenta.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el señor Bel Accensi.
El señor BEL ACCENSI: Muchas gracias, presidenta.
Señora ministra, nosotros vamos a votar a favor -después voy a hacer una reflexión- y les deseo más suerte que la que han tenido esta mañana con la convalidación de estos reales decretos, y no se lo va a poder achacar a los pérfidos
independentistas. Hay una reflexión que les queríamos hacer y que yo ya he hecho otras veces desde esta tribuna. En una situación de apoyo no suficiente al Gobierno -por decirlo de forma un tanto bucólica- es incomprensible que vayan aprobando
reales decretos y no los consulten con nadie. Eso no genera estabilidad ni seriedad, porque estos reales decretos están en vigor y habrá alguien que habrá hecho negocios jurídicos con ellos, pero después dejan de estar en vigor, y eso no da una
imagen de seriedad. Usted eso lo puede achacar a los grupos parlamentarios, pero la realidad es que es responsabilidad del Gobierno. Por tanto, quiero hacerles esta reflexión desde la tribuna, aunque ya le digo que nosotros también vamos a votar
favorablemente este real decreto. Aunque no quiero meterme en otro debate, esta es también la constatación de que la bandera que ustedes sacan de 'aprobar los presupuestos para que determinadas medidas entren en vigor porque, si no, estas medidas
no son posibles', no es verdad y se demuestra hoy con este y con otros reales decretos, porque hay medidas que se pueden aprobar independientemente de los presupuestos. Si no hay presupuestos -eso lo veremos a lo largo de los próximos días-, seguro
que, si el Gobierno continúa, van a ver que algunas de las medidas de los presupuestos se van a incorporar mediante reales decretos. Lo único que les pido es que antes de traer los reales decretos al menos los consulten con los que ustedes piensen
que pueden ser sus potenciales asociados en la materia; si no, estamos dando una imagen -todos, pero esencialmente su Gobierno- muy poco edificante.
Muchísimas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra señor De la Torre Díaz.
El señor DE LA TORRE DÍAZ: Señora presidenta, buenos días.
Señorías, trae aquí el Gobierno la convalidación del Real Decretoley 27/2018 y la ministra de Hacienda no se ha privado de pedir el apoyo a los Presupuestos Generales del Estado. De hecho, el domingo,
naturalmente en televisión, porque a la Comisión de Presupuestos le cuesta un poquito más acudir, no descartó que Ciudadanos pudiese apoyar las cuentas del señor Sánchez de 2018. Y ya le digo que no, que votaremos en contra de los
presupuestos -voy a aclararle las dudas, aunque no parezca en estos momento que la señora Montero esté atendiendo- y que presentaremos enmienda a la totalidad. Lo haremos porque son pésimos para la economía y porque, a diferencia de ellos, nosotros
sí consideramos que el año tiene doce meses y, por tanto, no se pueden imputar ingresos de IVA de trece meses a doce porque eso es un fraude elemental a la contabilidad. Así pues, unos presupuestos que son un fraude y que son pésimos para la
economía nosotros los votaremos en contra. (Aplausos).
Dicho esto, veintiséis decretos-leyes en siete meses. Este es el número veintinueve de 2018, con un cúmulo de cosas inconexas y sin que sepamos a qué juega este Gobierno en temas tributarios. Por ejemplo, dicen que le quieren subir los
impuestos a los bancos. Eso sí, cuando llega Podemos aquí con una proposición de incremento de los impuestos a los bancos, el Partido Socialista se abstiene. ¿Y qué nos encontramos aquí? Que cuando los instrumentos financieros hay que cargarlos a
una cuenta de reservas y, de acuerdo con la normativa del impuesto sobre sociedades, los bancos tienen que tributar, les damos tres años para que paguen lo que tienen que pagar, pero al mismo tiempo en los presupuestos se les sube a un 18 % el tipo
mínimo del impuesto sobre sociedades. ¿A qué jugamos? Este Gobierno tiene en este mismo decreto-ley dos cosas bastante sorprendentes. Por una parte, prorroga el impuesto sobre el patrimonio, que es una técnica chapucera y es un impuesto como poco
desfasado y, por otra parte, a través del catastrazo pretende -y cito textualmente- contribuir a reforzar la financiación municipal, la consolidación fiscal y la estabilidad presupuestaria. Traduciendo: que los españoles, los vecinos de cualquier
municipio, paguen más impuestos porque estos son los españoles de a pie, pero al mismo tiempo el señor que venga de fuera a la UEFA tiene que tener exención. La propia organización de la UEFA, los equipos y los futbolistas de la Champions League,
que ganan poco dinero, deben tener una amnistía fiscal por anticipado, ese es el régimen fiscal que según la señora ministra deben tener estos señores. Es decir, traduciendo, no es que el Gobierno de Sánchez quiera subir los impuestos, no, lo que
hoy trae aquí es para el común de los mortales catastrazo y subida de impuestos, al señor que tenga un piso en cualquier lugar de España. Eso sí, luego vendrán los ayuntamientos del cambio y sus alcaldesas, que llega un momento en que uno no sabe
cómo se llaman, si son de Podemos, Más Madrid, menos Europa -en fin, averigua cuál es la coalición que tienen- y dicen que no, que ellos no suben los impuestos; no, ya los sube vía catastrazo el Gobierno de Sánchez facilitándoles el trabajo. ¿Pero
al mismo tiempo qué nos traen aquí? Eso sí, para los señores de la UEFA una amnistía fiscal por anticipado.
En consecuencia, es un decreto-ley que no podemos apoyar y que vamos a pedir que se tramite como proyecto de ley porque tiene unas normas no ya con las que no estamos de acuerdo el Grupo Parlamentario Ciudadanos, sino que pregunte usted en
la calle si la forma razonable de exigir impuestos es esta y cualquier persona con dos dedos de frente le dirá que esto no es una forma razonable de exigir impuestos. Este aperitivo fiscal que trae el Gobierno a los presupuestos es inconexo, no
cuadra. Esperamos con bastante expectación saber qué va a hacer Podemos, es decir, si Podemos está de acuerdo, por ejemplo, con estas exenciones fiscales a futbolistas multimillonarios y a la UEFA, o si el Partido Popular también está de acuerdo
con este decreto-ley que sube impuestos al común de los mortales o prorroga el impuesto sobre el patrimonio. Es decir, veremos cuál es la posición real de los partidos ante la política fiscal que nos trae este Gobierno. No estamos de acuerdo con
el fondo y de la forma para qué vamos a hablar. Es decir, la ministra, por ejemplo, no tiene el menor interés en escucharnos y no comparece ante esta Cámara. Ya no es que no levanten el teléfono, es que sencillamente comprendo que no lo hagan
porque lo que nos traen no es presentable.
Nada más y muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, tiene la palabra el señor González García.
El señor GONZÁLEZ GARCÍA: Gracias, presidenta.
Hoy, el Gobierno nos trae aquí un real decreto que aprobó el pasado 27 de diciembre que se parece mucho a lo que en Asturias conocemos como el revoltijo de Reyes; esto es, una bolsa donde vienen golosinas de muy diferentes tipos, que puede
incluir desde polvorones hasta regalices. Decimos que esto se parece a un revoltijo de Reyes porque nos trae aquí siete medidas diferentes, que van desde la exención del IRPF a los permisos por maternidad y paternidad hasta un régimen fiscal
especial para la final de la
Champions. Los revoltijos pueden estar muy bien para la cabalgata de Reyes, pero creo que no son una buena técnica legislativa, porque a uno le pueden gustar las gominolas pero no los polvorones. Por tanto, ya anticipamos que vamos a pedir
que se tramite como proyecto de ley para trabajarlo como corresponde.
En primer lugar, sobre la exención tributaria del IRPF a las prestaciones por maternidad y paternidad, este cambio normativo se produce como consecuencia de la sentencia del Tribunal Supremo de octubre de 2018, por la que deben quedar
exentas las prestaciones públicas por maternidad y paternidad percibidas de la Seguridad Social en el futuro. En este real decreto se da solución a esta situación de vacío legal generado por la anterior sentencia y hace que los permisos no tengan
que tributar, algo que va a beneficiar a cientos de miles de nuevas familias, que se van a beneficiar también del incremento de cinco a ocho semanas que se incluyen en estos Presupuestos Generales del Estado, de los cuales Ciudadanos parece que no
quiere hablar o, a lo mejor, esa parte del decreto se les pasó de largo. Ahora solo falta que el Gobierno cumpla también y acepte la redacción de la propuesta de permisos que hemos elaborado y pactado con ellos en el acuerdo presupuestario, que es
la que proponen también plataformas de la sociedad civil, como la PPiiNA.
Otra de las medidas que incluye este revoltijo es la prórroga del impuesto sobre patrimonio para 2019. Esta medida se tiene que aprobar todos los años desde 2012, porque en el año 2008 el presidente Zapatero tuvo la brillante idea de
suprimir el impuesto sobre patrimonio, porque como no veía venir ninguna crisis, tampoco veía venir la necesidad de incrementar los ingresos para financiar el Estado del bienestar. Desde que se viene prorrogando, este impuesto recauda del orden de
1000 millones de euros de las grandes fortunas para poder financiar los servicios públicos fundamentales y el Estado del bienestar, excepto en comunidades como Madrid, que lo que hacen es bonificarlo al cien por cien para provocar dumping fiscal,
que perjudica al resto de comunidades. Esta prórroga es especialmente importante porque en el acuerdo presupuestario se incluye ese incremento del 1 % para los grandes patrimonios, los que tienen más de 10 millones, lo que va a permitir incrementar
en 600 millones de euros la recaudación para financiar la sanidad y la educación. Esto es algo de lo que Ciudadanos tampoco ha querido hablar.
Se incluye también una modificación del impuesto sobre sociedades para adaptar el régimen contable de las entidades de crédito. Esto es algo que nos gusta menos, pero que vamos a modificar dentro de la tramitación como proyecto de ley.
También creemos que el Gobierno podría haber aprovechado para traer ya ese tipo mínimo de 15 % de las grandes empresas y acabar con los privilegios fiscales que tienen las grandes corporaciones en nuestro país. Incluye también el real decreto los
coeficientes de actualización de los valores catastrales de los inmuebles urbanos para 2019. Esto es algo que creemos que se tiene que hacer por ley y no prorrogarlo de año en año. También queremos aprovechar este momento para trasladar un mensaje
de los ayuntamientos, especialmente de los ayuntamientos del cambio, que no están demasiado contentos con ustedes porque aún no han notado demasiado el cambio de Montoro a Montero, porque sigue sin derogarse la regla de gasto y sin respetarse la
autonomía municipal. (Aplausos). Así que les pedimos que lo tengan en cuenta para que puedan notar ese cambio y acabar con el legado que nos dejó el Gobierno del Partido Popular en esta materia.
Este revoltijo también incluye otra medida que nos gusta menos, como es la modificación del régimen fiscal para la UEFA de cara a la celebración de la Champions. No es que tengamos ningún problema con el fútbol, aunque, personalmente, siga
más la segunda que la primera, de momento, porque soy asturiano, pero creemos que este tipo de medidas de privilegios fiscales no son la línea en la que tiene que trabajar el Gobierno. Creemos que estos eventos, que pueden generar actividad
económica, especialmente de personas con alto poder adquisitivo, son la oportunidad para aumentar los ingresos que permitan financiar el Estado del bienestar.
En definitiva, ustedes tienen que dejar de practicar los malos usos del Partido Popular en materia legislativa y no traer estos reales decretos ómnibus, porque, si no, algún día se van a llevar algún disgusto aquí, en el Parlamento, cuando
no salgan adelante. Ya hoy van a recibir alguna mala noticia con los reales decretos que traen, así que les recomiendo que tomen nota, que descuelguen el teléfono, como les decía mi compañero hace un momento, para negociar antes de aprobar los
reales decretos, para que puedan venir aquí y los puedan realmente aprobar. Desde luego, el camino que están tomando con los reales decretos creemos que no es el adecuado y les recomendamos que lo rectifiquen.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora Blanquer Alcaraz.
La señora BLANQUER ALCARAZ: Gracias, señora presidenta.
Señorías, la ministra de Hacienda ha dado sólidos argumentos por los que a final del mes de diciembre el Gobierno decidió aprobar de manera extraordinaria y urgente todas y cada una de las medidas de carácter tributario y catastral que
incluye este real decreto-ley. Es evidente que con estas medidas el Gobierno ha dado respuesta a varias necesidades económicas y sociales de nuestro país que requerían de modificaciones legislativas que no se podían demorar en el tiempo y que
debían ser aprobadas antes de la finalización del año 2018, argumentos que, por tanto, justifican la convalidación de este real decreto-ley.
En el Grupo Parlamentario Socialista quisiéramos poner el acento en algunas cuestiones que avalan precisamente el voto a favor de esta convalidación. En primer lugar, quisiéramos resaltar, dada su importancia en términos cualitativos, por
lo que representa como avance de la consolidación de los derechos sociales de los trabajadores y de las trabajadoras, las modificaciones legislativas pertinentes para hacer efectiva la exención en el impuesto sobre la renta de las personas físicas
de las prestaciones por maternidad y también de las prestaciones de paternidad percibidas por la Seguridad Social, por ser de la misma naturaleza y régimen regulador. Se consideran también contribuyentes beneficiarios los empleados públicos y
profesionales especificados en el decreto que no perciben este tipo de prestaciones, pero que reciben retribuciones equivalentes por el mismo concepto. Se evitan así, señorías, posibles discriminaciones en el tratamiento fiscal ante las mismas
situaciones y con los mismos límites. Asimismo, se garantiza la devolución de lo tributado por estas prestaciones en ejercicios no prescritos, lo que justifica precisamente que estas medidas fueran adoptadas antes de finalizar el año. Por tanto,
nos encontramos ante unas medidas que responden a la necesidad de garantizar la no discriminación, que fortalecen la seguridad jurídica de los contribuyentes y que ponen de manifiesto el decidido compromiso del Gobierno por fomentar y facilitar la
conciliación de la vida familiar. Sin duda, con estas modificaciones se da una buena respuesta a más de un millón de madres y padres a raíz de la sentencia del Tribunal Supremo de 3 de octubre de 2018; razones, señorías, más que suficientes para
votar a favor hoy de la convalidación del real decreto.
En segundo lugar, quisiéramos fijar la atención en el hecho de que este real decreto-ley es consecuencia de la prórroga de los presupuestos de 2018, y ante la prórroga de los presupuestos -que quiero recordar que fueron elaborados por el
Partido Popular y que no tuvo ningún problema en apoyar el partido de Ciudadanos- era pertinente adaptar determinadas normas tributarias a la nueva situación presupuestaria, por lo que se contribuye a reforzar la financiación de las entidades
locales con la aprobación de los coeficientes de actualización de los valores catastrales, de la misma forma que se hizo el año pasado, dando respuesta en este ejercicio a 1179 municipios que lo habían solicitado. Señor De la Torre, ¿el año pasado
era presentable esta medida y este año no lo es?
Se da un nuevo tiempo adicional para facilitar a los autónomos su adaptación a una futura salida del régimen de estimación objetiva del IRPF y simplificado del IVA, ya que de no haber habido dicha prórroga, sus obligaciones formales y de
facturación se verían incrementadas de manera importante. Una medida que, de no haberla aprobado el Gobierno en el mes de diciembre, pudiera haber llegado a afectar a más de 50 000 empresas. El año pasado ya se hizo, ¿era presentable esta medida y
este año no lo es? También quiero destacar que, como decía, lo que se hace es prorrogar los límites que han estado en vigor en 2018 y que ustedes han defendido también.
Se incluye la relación de actividades prioritarias de mecenazgo para 2019 para dar seguridad jurídica y de facto a la prórroga tácita de los presupuestos de 2018. Señorías, asimismo se da cumplimiento a los acuerdos contraídos por el
Gobierno de España con la UEFA para albergar en nuestro país la sede de próximos eventos organizados por dicha asociación, lo cual requiere la regulación de un régimen fiscal específico. Quiero recordar que, por acuerdo de Consejo de Ministros de 2
de junio de 2017, en el momento en el que se presentaron las candidaturas el Gobierno se comprometió a estas garantías, por tanto, no entiendo que el Grupo Ciudadanos, que siempre ha apoyado al Gobierno del Partido Popular a lo largo de estos
últimos años, nos salga ahora con estas cuestiones.
Por último, se prorroga la vigencia del impuesto sobre el patrimonio con carácter temporal, la cual, señorías, tampoco es una medida nueva. Se trata de una medida que el Partido Popular ha venido prorrogando año tras año en los presupuestos
y que también estaba contemplada en los presupuestos de 2018 elaborados por el Partido Popular y aprobados por el Grupo Ciudadanos. Por tanto, al prorrogar los presupuestos generales de 2018 está más que justificada la prórroga de la vigencia
temporal del impuesto, especialmente porque se trata de una medida con una importante trascendencia económica
para las comunidades autónomas y que según los últimos datos disponibles supondría más de 1000 millones de euros de ingresos para el conjunto de las administraciones autonómicas y contribuirían a financiar la sanidad, la educación y la
atención social. Si no se prorroga la vigencia del impuesto, ¿cómo podrían compensar las comunidades autónomas la pérdida de estos ingresos? Ruego que me lo indiquen. Si el Partido Popular y Ciudadanos llevan año tras año prorrogando la vigencia
de este impuesto en los presupuestos, a pesar de sus comunes manifestaciones y posiciones ideológicas contrarias a la vigencia del impuesto, ¿qué justificaría que justo ahora se opusieran a la prórroga?
Para terminar, señora presidenta, quiero pedirles responsabilidad y que no antepongan los intereses partidarios a los generales. En este real decreto se recogen medidas con repercusión económica y social que ya se encuentran en vigor.
Podemos entender que haya medidas que les gusten más o menos, pero lo que no se entendería en términos de responsabilidad sería el voto contrario a su convalidación. La convalidación es oportuna, es razonable y es imprescindible para garantizar la
seguridad jurídica de muchos contribuyentes, para mejorar la financiación municipal de muchos ayuntamientos y garantizar ingresos para contribuir a la financiación del Estado del bienestar social. Sean responsables, señorías.
Gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el señor De Arriba Sánchez.
El señor DE ARRIBA SÁNCHEZ: Presidenta, señorías, el pasado mes de junio con el advenimiento del señor Sánchez se nos anunció una nueva era, la era de hacer política. Se nos dijo: Vamos a hacer política. Es el tiempo del diálogo. La
nueva era de la democracia participativa. La llegada del señor Sánchez suponía que el Parlamento -el debate parlamentario- iba a ser el centro de nuestra vida política, aunque como decir eso suena a poco, casi mejor decir que el Parlamento iba a
ser el centro del universo.
Señorías, siete meses después entenderán perfectamente si concluyo la descripción de esta nueva era del señor Sánchez afirmando que por el mar corren las liebres. Tan solo siete meses después, ¿en qué ha quedado la nueva era de la
democracia y el parlamentarismo que se nos anunció con el advenimiento del señor Sánchez? ¿En qué ha quedado aquello que nos dijo de: me propongo dar al Parlamento la centralidad que se merece y limitar el uso del decreto-ley? Este que debatimos
ahora es el tercer real decreto-ley de este pleno. Hoy el Gobierno ha traído ni más ni menos que ocho reales decretos-leyes. Solo en estos siete meses ya han presentado veintiséis decretos-leyes. Por la misma senda que traen, es decir, a este
ritmo, en dos años -si, como se empeña, agota la legislatura el señor Sánchez- habrán aprobado ochenta y nueve reales decretos-leyes. Es decir, más en dos años que en ninguna legislatura de la democracia; incluso más que los ochenta y cinco de la
VI Legislatura. Señorías, veintiséis reales decretos para no debatir en la nueva era de la democracia participativa y el parlamentarismo, y usted, señora Montero, como ministra de la nueva era se lleva la palma porque ha presentado seis reales
decretos-leyes para no debatir, y además ha presentado unos presupuestos generales para no debatir tampoco, lo que ya es el colmo de esta nueva era. Ha presentado unos presupuestos para pasearse pero no para debatirlos porque a sus socios
separatistas, a las confluencias de la extrema izquierda y a los filoetarras no les interesa lo que usted pinte en los presupuestos, le exigen cuestiones situadas fuera de los presupuestos. Y el peligro que tienen ustedes estriba en que los
Presupuestos Generales del Estado sean para no debatir y sin embargo se pongan a negociar con sus socios lo que no deberían negociar ni tan siquiera debatir. Hagan los reales decretos que consideren, señora Montero, pero negociar sobre cómo
desmembrar España, no; negociar sobre cómo fragmentar España, no, señora ministra, sobre eso, no. (Aplausos). Que en este real decreto-ley que traen hoy aquí para no debatir incluyan de todo, mezclando todo tipo de medidas tributarias y
catastrales es alarmante, pero es más alarmante que, mientras nos esquivan con decretos las necesidades de los españoles, sus distintas realidades se obvien por la única ambición de seguir en el poder. Todo suena a hueco en el discurso del
Gobierno, a inseguridad, estemos en una nueva era o no -que no lo estamos-. Todo, como les digo, suena a hueco, a insustancial porque el verdadero problema del sanchismo es su falta de credibilidad. El verdadero rostro, el que se esconde tras la
grandilocuencia, es el de decir lo que sea, una cosa y su contraria, con tal de preservar el sillón, el Falcon y lo que haga falta, al precio que sea.
La ausencia absoluta de credibilidad impregna todos los órdenes de acción del Gobierno, y la aversión al debate y al contraste de pareceres del señor Sánchez se demuestra con veintiséis reales decretos-leyes en siete meses, con la previsión
de que para aguantar se siga en el mismo camino. Es lógico porque
cuando uno actúa así, diciendo una cosa y su contraria, disfrazando la verdad con el objetivo único de preservar el poder, se rodea de los que igualmente faltan a la verdad para preservar el poder, sean separatistas o sean de la extrema
izquierda, que cuando se trata de ocupar el poder se olvidan de la gente. Cuando faltar a la verdad se establece como norma de conducta se rehúye el debate porque confrontar la verdad, contrastarla, es del todo imposible para quien pretende
simplemente imponer su voluntad para sobrevivir en La Moncloa hasta el año 2020. Este es el fondo de la cuestión, señorías, la falta de credibilidad del Gobierno, más allá de los ajustes en medidas tributarias, los ajustes en medidas catastrales,
sus idas y venidas sobre los módulos tras haber gritado tanto. También está la cuestión de la prórroga del impuesto sobre patrimonio, impuesto que en lugar de prorrogar ahora, con recaudación récord, deberían suprimir, tal como ha propuesto el
Partido Popular. Más allá de todo eso que regula este real decreto-ley, el fondo de la cuestión es el proceder incompatible con la verdad del señor Sánchez.
Por eso no podemos apoyar este real decreto-ley, por eso y porque antes que reales decretos-leyes para no debatir, antes que presupuestos generales para pasear y no debatir, antes que discursos grandilocuentes y sin sustancia, lo que es
imperioso para los españoles es que se convoquen elecciones generales, para que tras este paréntesis se abra -entonces sí- una nueva era en la que el nuevo Gobierno atienda a la verdad y a las razones de los españoles, en lugar de orillarlas. Más
que reales decretos-leyes y presupuestos para no debatir, señora Montero, lo que tienen que hacer es convocar elecciones generales.
Muchas gracias, presidenta. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
- REAL DECRETO-LEY 23/2018, DE 21 DE DICIEMBRE, DE TRANSPOSICIÓN DE DIRECTIVAS EN MATERIA DE MARCAS, TRANSPORTE FERROVIARIO Y VIAJES COMBINADOS Y SERVICIOS DE VIAJE VINCULADOS. (Número de expediente 130/000050).
La señora PRESIDENTA: Pasamos a la convalidación o derogación del Real Decreto-ley 23/2018, de 21 de diciembre, de trasposición de directivas en materia de marcas, transporte ferroviario y viajes combinados y servicios de viaje vinculados.
Para presentar el real decreto-ley tiene la palabra en nombre del Gobierno la señora ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social.
La señora MINISTRA DE SANIDAD, CONSUMO Y BIENESTAR SOCIAL (Carcedo Roces): Gracias, señora presidenta.
Efectivamente voy a exponer a sus señorías... (Rumores).
La señora PRESIDENTA: Silencio, por favor, silencio.
La señora MINISTRA DE SANIDAD, CONSUMO Y BIENESTAR SOCIAL (Carcedo Roces): ... el Real Decreto-ley 23/2018, de trasposición de directivas en materia de marcas, transporte ferroviario y viajes combinados y servicios de viajes vinculados.
Les recuerdo a sus señorías que estamos hablando de directivas que han sido publicadas hace más de tres años dos de ellas y hace más de dos años dos de ellas y por tanto es urgente su trasposición.
El Gobierno ha tenido que hacer uso de esta herramienta normativa ante la gravedad de las consecuencias del retraso en esta trasposición, que puede suponer severas multas y consecuencias económicas para nuestro país, directivas cuyo plazo de
trasposición vence de forma inminente, y por tanto resulta extraordinariamente urgente la necesidad de su trasposición, tal y como ha avalado la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, su incorporación inmediata a nuestro ordenamiento jurídico,
a fin de evitar el inicio de un procedimiento de infracción que conllevaría la imposición de multa.
El contenido del real decreto-ley que presento a su convalidación se estructura del siguiente modo: El título I, que comprende el artículo primero, contiene las modificaciones derivadas de la trasposición de la Directiva 2015/2436, del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2015, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas; el título II comprende los artículos segundo y tercero y recoge las modificaciones derivadas
de la Directiva 2012/34 Unión Europea, del Parlamento y del Consejo, de 21 de noviembre de 2012, por la que se establece un espacio ferroviario único europeo, modificada por la Directiva 2016/2370, de 14 de diciembre; y el título III, con el
artículo cuarto, que contiene las modificaciones derivadas de la trasposición de la Directiva 2015/2302, del Parlamento y del Consejo, de 25 de noviembre de 2015, relativa a viajes combinados y a los servicios de
viajes vinculados, por la que se modifica el Reglamento número 2016/2004 y la Directiva 2011/83, de la Unión Europea, por la que se deroga la Directiva 90/314 CE del Consejo.
En lo que se refiere a las marcas, la incorporación de la Directiva 2015/2436 exige la modificación parcial de la Ley de Marcas y que esta estuviera en vigor el 14 de enero de 2019. La herramienta prevista inicialmente para realizar la
trasposición era un proyecto de ley siguiendo el procedimiento legislativo ordinario. El anteproyecto de ley por el que se desarrollaba la trasposición de esta directiva se presentó a informe a primera vuelta del Consejo de Ministros el pasado 20
de julio de 2018. Resulta evidente que, de seguirse dicho procedimiento, aun utilizándose el trámite de urgencia, no se podría cumplir con el plazo de trasposición, perjudicando seriamente la imagen de la Oficina Española de Patentes y Marcas ante
la Oficina de Propiedad Intelectual de la UE, además de provocar la imposición a España de una cuantiosa sanción económica.
En materia de marcas estas son las novedades que incorpora, muy brevemente lo voy a describir. Se reconoce la legitimación para obtener el registro de marcas o nombres comerciales a cualquier persona física o jurídica con independencia de
su nacionalidad o residencia o de que goce de los beneficios de determinados convenios internacionales, incluidas las entidades de derecho público. Se suprime el requisito de que el signo distintivo deba ser susceptible de representación gráfica.
Solo se exige que sea susceptible de representación en el Registro de Marcas por cualquier medio. Las prohibiciones absolutas, en segundo lugar, signos que no pueden registrarse, experimentan dos cambios. En primer lugar, se sistematizan las
prohibiciones de registrar marcas referidas a denominaciones de origen e indicaciones geográficas, denominaciones tradicionales de vinos y especialidades tradicionales garantizadas, con remisión a su normativa reguladora específica de la Unión
Europea o nacional. En segundo lugar, se prohíben los signos que consistan o reproduzcan en sus elementos esenciales la denominación de una obtención vegetal anterior. Desaparece la distinción entre marca o nombre comercial notorio o renombrado y
se prevé solo la categoría de marca o nombre comercial renombrado. Estos signos tendrán una protección reforzada. No podrá registrarse como marca un signo idéntico o similar a una marca renombrada anterior, incluso cuando los productos para los
que se solicite la marca posterior no sean similares.
En cuanto al procedimiento, se regula detalladamente la legitimación de formular oposición al registro de una marca y se agilizan los trámites para su renovación. Se concretan los derechos que confiere la marca. En primer lugar, la
eficacia de los derechos; en segundo lugar, se regulan los actos que integran el ius prohibendi del titular, protección reforzada de las marcas renombradas, prohibición de utilizar el signo como nombre comercial o como denominación social de la
empresa y se utiliza el signo en la publicidad comparativa de marca contraria a la norma. En tercer lugar, el titular de la marca podrá detener las mercancías en tránsito en la Unión Europea procedentes de terceros países que incorporen una marca
igual a la infringida. En cuarto lugar, los licenciatarios exclusivos de las marcas podrán entablar acciones por violación de la misma si no lo hiciera su titular.
El cambio más importante en la ley lo constituye la introducción del nuevo título VI, nulidad y caducidad, que atribuye la competencia directa a la Oficina Española de Patentes y Marcas para declarar la nulidad o caducidad de las marcas
registradas, sin perjuicio de que sus resoluciones puedan ser impugnadas ante los tribunales. Las marcas colectivas y de garantía no experimentan cambios sustanciales. Para las marcas de garantía se mantiene el origen geográfico como
característica de los productos o servicios. Las marcas comunitarias pasan a denominarse marcas de la Unión Europea. Toda solicitud de marca de la Unión se presentará únicamente en la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea.
En cuanto al título II, de transporte ferroviario, la Unión Europea aprobó a finales de 2016 el denominado Cuarto Paquete Ferroviario en el que destaca la directiva que se traspone a través de este real decreto. Esta directiva debería haber
sido traspuesta a nuestro ordenamiento jurídico, como fecha tope, el 25 de diciembre de 2018. La apertura a la competencia que impone la directiva pretende la creación de un espacio ferroviario único de la Unión Europea a fin de establecer un
mercado interior del ferrocarril más eficiente y orientado a los usuarios. La apertura debió ser efectiva a partir del 1 de enero de 2019, fecha a partir de la cual las empresas ferroviarias podrán realizar la petición de capacidad ferroviaria al
administrador de infraestructura ADIF y ADIF AV, de modo que la circulación efectiva pueda iniciarse a partir del 14 de diciembre de 2020. Además, a esta directiva hay que añadir los dos expedientes de infracción que la Comisión Europea ha iniciado
contra España por la incorrecta trasposición de la Directiva 2012/34, del espacio ferroviario único europeo, que exige realizar modificaciones en la vigente Ley del Sector Ferroviario. Este real decreto-ley da cumplimiento al derecho de la Unión
Europea, poniendo en vigor la Directiva 2016/2370, con el fin de que los actores que concurren en el mercado ferroviario
conozcan y se adapten a la nueva situación, resolviendo los problemas apuntados por la Unión Europea en los expedientes de infracción y adaptando nuestro marco legal para que Renfe siga prestando los servicios sujetos a obligaciones de
servicio público.
Los principales cambios que introduce el real decreto-ley, en lo que concierne al transporte ferroviario, son los siguientes. En primer lugar, la liberalización del mercado nacional de transporte de viajeros por ferrocarril impuesta por la
directiva. Quiero dejar claro que de esta liberalización quedan fuera los contratos de servicio público que cubran el mismo itinerario u otro alternativo y que pongan en peligro el equilibrio económico de estos contratos. En segundo lugar, el
incremento de las medidas de garantía de independencia de ADIF frente a las empresas ferroviarias en el nuevo escenario de liberalización. En tercer lugar, se da respuesta a las medidas exigidas por la Comisión en los expedientes de infracción
mencionados. En cuarto lugar, se otorgan nuevas competencias a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. Por tanto, es necesario abordar esta nueva regulación para dar cumplimiento a estas exigencias de la Unión Europea y, para ello,
este real decreto-ley da solución complet, ya que incorpora las exigencias de la Unión Europea y también satisface que haya continuidad en la prestación de los servicios sujetos a las obligaciones de servicio público.
Me gustaría pasar a continuación a describir el contenido del real decreto-ley en lo relativo a esta directiva de transporte ferroviario. En el artículo segundo se modifica la Ley 38/2015, de 29 de septiembre, del Sector Ferroviario, y
establece, en primer lugar, el derecho de las empresas ferroviarias a recoger y dejar viajeros en cualquier estación y, además, el derecho de apertura del mercado a todas las empresas se puede limitar en el caso de que los contratos de los servicios
públicos cubran el mismo itinerario u otro alternativo y se ponga en peligro el equilibrio económico de los contratos. En segundo lugar, se introducen requisitos complementarios de independencia del administrador de infraestructuras para asegurar
no solo su total separación orgánica de las empresas ferroviarias, sino también blindarle de posibles influencias o conflictos de intereses con ellas. En tercer lugar, se incorporan nuevas medidas de la Directiva 2012, que se deben hacer en la
norma con rango de ley, exigidas por el dictamen motivado del 15 de junio de 2017, por lo que es necesario incluir los conceptos de beneficio razonable e itinerario alternativo. En cuarto lugar, se da cumplimiento a lo que señala la carta de
emplazamiento de 18 de mayo de 2018. Para incorporar correctamente la Directiva de 2012 se regulan en este real decreto, entre otras, las siguientes cuestiones: se elimina la exigencia de inscribir la licencia de empresa ferroviaria en un registro
y se obliga a la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria a comunicar sin demora la resolución sobre la licencia sin que sea ya posible entender desestimada la licencia por el transcurso del plazo sin que haya caído resolución. Otras novedades
importantes que introduce este artículo segundo son las siguientes: Se modifica la disposición transitoria primera de la Ley 38/2015, del Sector Ferroviario, estableciendo el calendario de apertura de la libre competencia del transporte de viajeros
por ferrocarril que se aplicará a partir del 1 de enero de 2019, a tiempo para el acceso a la infraestructura en el horario de servicio que se inicie el 14 de diciembre de 2020. Se introduce el concepto de empresa integrada verticalmente por
exigencia de la Directiva 2016/2370, lo que requiere reforzar la independencia del administrador de infraestructuras pero sin cambiar el modelo ferroviario español -y esto es muy importante- y se obliga a informar sobre los precios y condiciones de
acceso a las instalaciones de servicio no gestionadas por el administrador de infraestructuras. El artículo tercero modifica la Ley de creación de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia en los siguientes sentidos. En primer lugar,
puede controlar el correcto funcionamiento del sector ferroviario a iniciativa propia; en segundo lugar, aumenta el número de competencias sobre las que ante cualquier denuncia puede adoptar su decisión y, en tercer lugar, puede decidir por
iniciativa propia, cuando corresponda, las medidas adecuadas para corregir discriminaciones en perjuicio de candidatos, distorsiones del mercado u otras situaciones indeseables en estos mercados. Este real decreto-ley contiene la única disposición
derogatoria que se refiere a la Orden FOM 1977/2015, de 29 de septiembre, sobre el procedimiento de licitación para otorgamiento de título habilitante para la realización del transporte ferroviario de viajeros y también sobre servicios de transporte
ferroviario de viajeros con finalidad prioritariamente turística.
La disposición final sexta del real decreto se remite a lo previsto en la disposición transitoria primera de la Ley 38/2015, del Sector Ferroviario, que concreta los plazos de apertura de la libre competencia del transporte de viajeros por
ferrocarril. Si hoy esta Cámara y sus señorías convalidan el texto del real decreto-ley, habremos dado un paso importante, de modo que contaremos con una normativa ferroviaria en línea con la normativa de la Unión Europea y preparada para avanzar
en el espacio ferroviario europeo, sin perjuicio de seguir garantizando la prestación de unos servicios sujetos a obligación de servicio público,
esenciales para garantizar la conectividad de los ciudadanos y, por tanto, la cohesión social y territorial, y de que Renfe siga prestando estos servicios durante un amplio plazo.
Finalmente, y de forma breve, les presentaré la tercera modificación, que supone la trasposición de la Directiva 2015/2302, relativa a los viajes combinados y a los servicios de viaje vinculados. Esta directiva debería estar traspuesta ya a
nuestro ordenamiento jurídico con fecha 1 de enero de 2019. A pesar de ello, hasta el 23 de marzo de 2018 no se aprobó por el anterior Gobierno el proyecto de ley que pretendía incorporar la directiva a nuestro ordenamiento interno y cuya
tramitación parlamentaria por diferentes avatares se ha venido alargando. Mientras tanto la Comisión Europea ha iniciado un procedimiento formal de infracción al Reino de España, llegando a emitir el 9 de noviembre de 2018 un dictamen motivado en
el que conmina a nuestro país a incorporar la citada directiva a nuestro ordenamiento interno antes del 7 de enero de 2019. Como saben sus señorías, la consecuencia de no responder satisfactoriamente al requerimiento de la Comisión a través de la
efectiva trasposición de la directiva, supone el inicio de un procedimiento contencioso ante el tribunal de justicia y la imposición, por tanto, de una importante sanción económica.
La Directiva de la Unión Europea 2015/2302, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de noviembre de 2015, establece una armonización de máximos para paliar la fragmentación jurídica que representa y que contenía la anterior Directiva
90/314/CEE y que en la evaluación de impacto se verificó que suponía unos elevados costes para los operadores económicos y no les facilitaba un desarrollo armónico en sus actividades trasfronterizas y, asimismo, limitaba las opciones de los
consumidores. De esta manera, se ha procurado paliar las divergencias significativas de las normas nacionales. Un elemento importante es que el sujeto protegido de la norma pase a ser el viajero, concepto más amplio que el de consumidor, y se
amplía el alcance del concepto de viaje combinado, dando cabida a muchos productos de viaje que se encontraban en una indefinición jurídica y que no estaban claramente cubiertos por la regulación existente. Se refuerza la información precontractual
al viajero y su carácter vinculante que anteriormente se centraba en los requisitos que debían reunir los folletos y programas de viajes combinados. Con la llegada de la era digital el mercado en línea adquiere una importancia antes inexistente que
hace necesaria la ampliación de los requisitos de información previa a otras formas de contratar, otorgándoles a su vez un carácter vinculante.
Por lo que se refiere a los viajes combinados y respecto de sus posibles modificaciones se contempla la posibilidad de que los organizadores puedan modificar unilateralmente el contrato, siempre que hayan reservado este derecho en el
contrato, que los cambios sean significantes y que se haya informado al viajero de forma clara, comprensible y destacada de un soporte duradero. Por su parte los viajeros tendrán derecho a resolver el contrato cuando los cambios propuestos alteren
sustancialmente las características iniciales de los servicios de viaje, estableciendo un plazo de catorce días naturales para el reembolso de todo pago indebido realizado por el viajero en caso de resolución. El precio del viaje combinado
únicamente podrá incrementarse si en este contrato se recoge expresamente esta posibilidad. Además el incremento se condiciona igualmente a que se haya cumplido con la obligación de informar al viajero sobre su derecho a una reducción de precio por
las mismas causas. Si el aumento del precio excede el 8 % el viajero podrá resolver el contrato en un plazo razonable especificado por el organizador. Otro elemento destacado es la constitución de una garantía solidaria de los organizadores y
minoristas para dar respuesta a los incumplimientos derivados de la prestación de servicios contratados, y especialmente para los reembolsos de los pagos anticipados y en su caso la repatriación en el supuesto de que se produzca su insolvencia.
Además, siguiendo el mandato de la Directiva 2015 de la Unión Europea, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de noviembre de 2015, el real decreto establece el principio de reconocimiento mutuo de los distintos sistemas de garantía
frente a la insolvencia existente en la Unión Europea, y a tal efecto procede a regular la cooperación administrativa en materia de información con los demás Estados miembros y con la Comisión Europea, a través del Ministerio de Industria, Comercio
y Turismo, como punto de contacto central. En el mismo sentido se regula el reconocimiento mutuo de la protección frente a la insolvencia y cooperación administrativa en el ámbito nacional.
Aspecto novedoso y que merece ser destacado -además de esto- es la introducción del concepto de servicio de viajes vinculados en los que el papel que desempeñan los empresarios consiste en facilitar a los viajeros de manera presencial y en
línea la contratación de servicios de viaje, llevándoles a celebrar contratos con distintos prestadores, inclusive mediante procesos de reserva conectados. Dichos servicios constituyen un modelo empresarial alternativo a los viajes combinados, por
lo que el real decreto-ley establece también cuáles son las obligaciones para estos empresarios; aspectos que hasta ahora no se
preveían y el consumidor se encontraba en este aspecto desprotegido. Del mismo modo, cuando determinados servicios -como son, por ejemplo, las entradas para conciertos, acontecimientos deportivos o visitas guiadas- se combinan con un solo
servicio de viaje combinado o de otros servicios de viaje vinculados, si representan una proporción igual o superior al 25 % del valor del viaje combinado o de los servicios de viajes vinculados. Circunstancia que hasta ahora no estaba contemplada
y en la que los viajeros se encontraban totalmente desprovistos. A efectos de los servicios de la Cámara, por un error en la lectura, tengo que decir que en el caso de esta directiva la fecha en que debería ser traspuesta es el 1 de enero de 2018.
En definitiva, señorías, con este real decreto -cuya presentación comprendo que haya resultado pesada, por contener materias tan diversas- se pretende trasladar a nuestra legislación de forma rigurosa materias que de no ser traspuestas a
nuestro ordenamiento jurídico serían motivo de sanciones por parte de la Comisión Europea, y mediante esta decisión procuramos que sea de inmediata incorporación a nuestro ordenamiento jurídico. Independientemente, como sus señorías conocen,
algunas de estas materias están siendo objeto de tramitación como proyecto de ley, y una vez que culminen mejorarán, no me cabe duda, el contenido del actual real decreto, siempre que se respeten los contenidos de la directiva que pretende
trasponer.
Disculpen por la extensión de la presentación. Espero que sus señorías tengan a bien ratificar este real decreto. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
Se ha solicitado la utilización del turno en contra por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea. Tiene la palabra en representación de su grupo el señor Pascual Peña.
El señor PASCUAL PEÑA: Muchas gracias, presidenta.
Señora Carcedo, no le arriendo la ganancia a usted aquí hoy, porque se come usted un marrón que le correspondía al señor Ábalos. Usted va a pasar hoy a la historia por poner la guinda al proceso de transferencia de capital público más
grande de la historia de la democracia, 51 000 millones de euros que nos hemos gastado en los últimos veinticinco años, que se ponen al servicio de que compañías privadas -alemanas, francesas y españolas- se lucren y beneficien, y lo hace
amenazándonos con multas. Nos vamos a jugar 51 000 millones, hablando de marcas y de viajes combinados, y con el señor ministro de Fomento ocultándose detrás de usted. En ese sentido le expreso mi solidaridad por que se coma usted este marrón.
Además va a pasar a la historia por una cosa muy curiosa: va a ser la primera ministra socialista que defiende un real decreto escrito por un ministro del Partido Popular; este de aquí (muestra un documento), que se escribió hace ahora un
año. Los cuarenta y dos artículos que escribió el señor de la Serna son los que usted ha venido hoy a defender en esta Cámara. Pasa usted a la historia, señora Carcedo, por ser la primera ministra socialista que defiende un decreto del Partido
Popular, que por supuesto le van a apoyar, cómo no, porque el Partido Socialista y el Partido Popular cuando se trata de privatizar y de liberalizar se ponen de acuerdo. (Aplausos). Usted nos trae aquí un esperpento que, insisto, mezcla viajes
combinados con marcas, con el futuro de 25 000 puestos de trabajo, con el futuro de una red de 51 000 millones de euros -que se dice pronto- y con el futuro del sector ferroviario español, y se queda tan ancha. Insisto, lo que está sucediendo es
que el señor Ábalos se avergüenza de subir a esta tribuna a defender esto, y por eso ha optado por ni siquiera aparecer por la Cámara.
Esta es la última parte de un proceso de desfalco que empezó hace veinte años. Ustedes ya sabían hace veinte años, tanto los Gobiernos del Partido Socialista como los Gobiernos del Partido Popular, que acabaría liberalizándose el sector
ferroviario. Lo sabían porque participaron en el Libro Blanco del Transporte; lo sabían porque participaron en el primer paquete ferroviario del año 2001, en el de 2004, en el de 2007 y finalmente en el de 2016. A pesar de eso, en lugar de hacer
como otros países, como Alemania, que optaban por una racionalización de las inversiones y que invirtieron un cuarto de lo que invirtió España en alta velocidad, ustedes se dedicaron a trazar líneas ineficientes e innecesarias, como el propio
Tribunal de Cuentas de la Unión Europea ha señalado en numerosas ocasiones, una red que por cierto mueve seis veces menos viajeros que la red alemana, porque no estaba pensada para mover viajeros, sino para mover hormigón. Eso es lo que ustedes han
hecho durante estos últimos veinte años. Pero la traición al servicio público no es haber invertido lo que no había que haber invertido, la traición es que ustedes lo hicieron pensando en un día como hoy, en liberalizarlo y entregárselo al mejor
postor.
Además usted me viene a decir que tenemos que apoyar esta directiva porque no queda otra, porque hay que trasponer el derecho europeo, pero es que resulta que el señor Macron, que no es santo de mi devoción, un señor liberal al que apoyan
los señores de Ciudadanos, ha traspuesto esta misma directiva, con la Ley 515/2018, de una forma radicalmente diferente a la que ustedes eligen. Ustedes han elegido copiar al señor De la Serna en lugar de al señor Macron. Entre los dos malos al
menos podían haber elegido la trasposición francesa. La trasposición francesa, por ejemplo, dice cosas como que el cálculo de las tarifas de infraestructuras tendrá en cuenta en particular el coste de la infraestructura. La trasposición francesa
dice, por ejemplo, que mientras el coste total de la red no esté cubierto SNCF, es decir, ADIF, conservará el beneficio de las ganancias de la productividad. Lo que está diciendo la trasposición francesa es que si se han gastado 51 000 millones de
euros públicos, los rendimientos de esos 51 000 millones de euros públicos tienen que quedar en el sector público. Ustedes no mencionan esto, ustedes se los dan a los privados. (Aplausos). Por cierto, también dice la trasposición francesa que los
empleos públicos están blindados, y que si una empresa privada se queda con un trayecto público tendrá que asumir a los trabajadores. No hay ni una sola palabra sobre los 25 000 trabajadores que se pueden quedar en la calle. Señora ministra, ¡que
vergüenza! (Aplausos). La trasposición francesa y la propia directiva hablan de la función social del transporte, y es un ministro socialista -una ministra socialista- el que borra de la trasposición la función social del transporte ferroviario.
¡Un ministro socialista borrando la función social del transporte! Creo que lo que se demuestra aquí hoy es que cuando tocan las cosas de comer -entre comillas- el Partido Popular y el Partido Socialista optan por copiarse los unos a los otros.
Insisto: copiarse. Hay cuarenta y dos artículos copiados uno por uno. Miento, lo han empeorado ustedes más. Ustedes han hecho cosas que no se atrevió a hacer el señor De la Serna. Es realmente una cosa digna de mención. Ustedes han puesto a la
Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria a la misma altura que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia: la seguridad a la altura del mercado. Son cosas que no se atrevió a hacer el señor De la Serna. Ustedes introducen una
disposición adicional decimosexta, que no ha mencionado usted, y que dice que los 3000 millones de euros que nos vamos a gastar ahora en comprar trenes de mercancías y trenes de circulación no van a ir a mejorar el servicio a Extremadura, sino que
van a ir forzosamente a ser alquilados por empresas privadas. Vamos a gastarnos 3000 millones de euros de dinero público para que las empresas privadas puedan tener un tren a precio gratuito y lucrarse con esos recursos. Es una verdadera
vergüenza, señora ministra, que ustedes introduzcan este tipo de medidas. Ustedes introducen otra que dice que ADIF está obligado a ceder surcos incluso cuando no quepa ningún tipo de espacio adicional en la red; eso dicen en el artículo 43. Son
cosas que ni siquiera el Partido Popular se atrevió a hacer.
Señora ministra, la última vez que subí a esta tribuna y dialogué con el señor Ábalos me encontré con un ministro dialogante que escuchaba. Pero, claro, aquel día no había que votar nada. Hoy, cuando hay que votar, no se ponen del lado de
los 25 000 trabajadores, no se ponen del lado del sector ferroviario, no se ponen del lado del servicio público, no se ponen del lado del futuro de los 51 000 millones de euros que van a ir a engrosar las arcas de unos pocos en lugar de al beneficio
de todos. En este momento ustedes se ponen de acuerdo con el Partido Popular. Ustedes, en lugar de la competencia virtuosa, inauguran la colaboración necesaria con el Partido Popular. Señora ministra, va a pasar usted a la historia como la
sepulturera del servicio público de transporte ferroviario en España. Corrija y devuélvale el marrón al señor Ábalos.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
En el turno de fijación de posiciones, interviene desde el escaño, por el Grupo Parlamentario Mixto, la señora Oramas GonzálezMoro. Adelante.
La señora ORAMAS GONZÁLEZMORO: Gracias, señora presidenta.
Intervengo desde el escaño para decirle a la señora ministra que vamos a apoyar este decreto. Nuestra preocupación no son las multas, sino que nuestra preocupación en Canarias es la directiva en materia de turismo que tenía que haber estado
aprobada desde el 1 de enero de 2018, y en la que no solo vienen garantías para los consumidores, sino también para las empresas que operan. Están introducidas por nuevas tecnologías y nuevos sistemas de reservas, porque no estaban contemplados los
derechos de los ciudadanos y de tantas pequeñas empresas que a veces se ven afectadas por fraudes o intentos de demanda como hemos vivido en Baleares y en Canarias. Por eso creemos que es urgente la trasposición de esta directiva y además que es
adecuada. Por eso vamos a apoyar la convalidación.
Muchas gracias, señora presidenta.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
Por el mismo grupo interviene el señor Bel Accensi.
El señor BEL ACCENSI: Gracias, señora presidenta.
Ministra, la verdad es que este Pleno, que tenía que ser un Pleno de convalidación de ocho reales decretos, está aportando muchas novedades, son pioneros en muchas cosas. Ahora el señor Sergio Pascual le decía que usted era pionera en ser
la primera ministra de un Gobierno que aprueba o que defiende un proyecto de otro Gobierno. (El señor vicepresidente, Prendes Prendes, ocupa la Presidencia). Yo creo que usted es pionera porque me parece que es la primera ministra de Sanidad y
Consumo de la Unión Europea que defiende la trasposición de una directiva en el ámbito de los servicios ferroviarios y otra directiva en el ámbito de las marcas. Esto es fruto de esta situación tan extraña de concentrar trasposiciones de directivas
de diferentes ámbitos en un solo real decreto.
Hoy discutimos ocho reales decretos y con las materias que había podrían haber sido perfectamente doce o trece reales decretos. Hoy también ustedes han hecho historia, yo creo que es la primera vez que en una mañana les caen dos reales
decretos-leyes a un Gobierno, y es fruto de lo que les he dicho anteriormente. A pesar de eso nosotros vamos a votar a favor de la convalidación de este real decreto y vamos a solicitar la tramitación como proyecto de ley, porque como ustedes
decían son algunos proyectos de ley que ya estaban en vigor. Nosotros habíamos presentado ya enmiendas a algunos de ellos. En el ámbito de los servicios ferroviarios nosotros entendemos que puede ser positiva la liberalización de la prestación de
los servicios del transporte de viajeros a corta distancia, cercanías y media distancia. En todo caso desde nuestra óptica habría que hacer correcciones, y en el ámbito de los viajes combinados exactamente lo mismo. Por tanto nuestro grupo votará
a favor la convalidación, pero solicitaremos la tramitación como proyecto de ley.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señor Bel.
Por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), tiene la palabra el señor Barandiaran Benito.
El señor BARANDIARAN BENITO: Buenos días nuevamente, señor presidente, señoras y señores diputados.
Mi grupo va a votar a favor de la convalidación de este real decreto-ley sin perjuicio de que también vaya a solicitar su tramitación como proyecto de ley.
En lo esencial, yo le diría que este real decreto-ley es preventivo, cautelar, de evitación de riesgos de multa, y lo es como consecuencia de que la trasposición de directivas, cuyo plazo ha vencido o está próximo a vencer, está vinculado
también a un cambio de criterio de la Comisión en cuanto a la nueva interpretación que ha dado al artículo 260.3 del Tratado fundacional de la Unión Europea, dado que ahora de dicho incumplimiento se pasa -y lo dice así- a solicitar de manera
sistemática la suma a tanto alzado, lo que supone o implica que, aun cuando se subsane esa infracción mediante la trasposición de la directiva en curso de un procedimiento de infracción, la Comisión ya no desistirá de su recurso solo por ese motivo.
Es decir, estamos en el planteamiento de: vamos a trasponer cuanto antes lo que sea para evitar precisamente la imposición de multas al Estado. Además también porque la propia Comisión ha advertido de que no aplicará la práctica de condonar esas
multas en los procedimientos cuya carta de emplazamiento sea anterior a la publicación de dicha comunicación en el diario oficial de la Unión Europea. Es decir, que aun cuando se empiece a trasponer, una vez haya sido vencido el plazo, ello no va a
suponer la evitación de las multas cuyo procedimiento haya comenzado.
En ese sentido se nos proponen tres áreas de actuación, que como ya se ha señalado por otros intervinientes desde luego lo que no son es congruentes ni coherentes entre sí mismas, sino que suponen la asunción en un mismo real decreto-ley de
materias absolutamente diferentes. La primera es la Directiva 2015/2436 en materia de marcas, y admitiendo su necesidad entendemos que conviene impulsar algunas modificaciones a través de enmiendas, por lo que también entendemos que hace falta
tramitarla como proyecto de ley. Así, entre otras, resultan polémicas y necesitadas de aclaración algunas definiciones y sus consecuencias, la precisión de algunos aspectos del procedimiento, también los relativos a la declaración de caducidad o
nulidad de alguna marca, o incluso la relativa a la jurisdicción competente para conocer de los recursos frente a las resoluciones de la Oficina España de Patentes y Marcas, entendiendo que la jurisdicción mercantil puede ser también apta para dicho
fin.
Por otra parte está la Directiva 2012/34, modificada por la Directiva 2016/2370, por la que se establece el espacio ferroviario europeo. Al margen de algunas consideraciones muy interesantes que se han efectuado por parte del señor Pascual,
diputado por Podemos, que ha intervenido con anterioridad, el Gobierno vasco también se ha pronunciado, entendiendo la necesidad de solicitar su tramitación como proyecto de ley, dado que hace falta enmendarla -señalamos nosotros- por cuanto algunos
de los extremos están necesitados de precisión y aclaración, sobre todo aquellos relativos a las conexiones fronterizas o tramos de conexión entre redes estatales y autonómicas, de las que no se contempla la misma excepción de cumplimiento íntegro
de determinada normativa, la RCGI, que es la relativa a certificados de seguridad, circulación ferroviaria de personal y material, y que sí hace falta contemplar precisamente por ese entronque entre redes de diferentes titularidades.
Finalmente tenemos la directiva sobre viajes combinados y servicios de viaje vinculados. Sobre esta materia -como usted ha relatado- existe ya un proyecto de ley en tramitación. Respecto de ella además mi grupo había planteado diferentes
enmiendas. Algunas se han recogido ya en el texto de la traslación que se hace por parte del Gobierno, pero otras no, como las relativas a la oficialidad de los idiomas cooficiales en algunos sitios, o incluso la relativa al respeto al artículo 28
del estatuto de autonomía, sobre competencias autonómicas en materia de protección a los consumidores.
Señora ministra, reitero que mi grupo va a votar a favor. También va a solicitar su tramitación como proyecto de ley, como consecuencia de estas modificaciones que entendemos convenientes. No obstante seguiremos conversando para su
posterior aprobación.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señor Barandiaran.
Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana tiene la palabra el señor Olòriz Serra.
El señor OLÒRIZ SERRA: Bon dia. Buenos días, diputadas, diputados, señoras ministras.
Lo que hoy estamos discutiendo podría tener un título. Les sugiero 'El baúl de las directivas perdidas' o mejor dicho 'Trasponer directivas de la UE tarde y mal'. Tres directivas, de 2015, 2012 y 2016, contrarreloj y sin más necesidad
urgente que impedir una multa. Un real decreto-ley ómnibus que obliga a los grupos parlamentarios al conocido dilema de las lentejas. Pues bien, que por nosotros no quede. Pero se nos ha atragantado uno de los ingredientes: el tema del
ferrocarril. Por eso nos abstendremos, con la esperanza de que, con el proyecto de ley, nos podamos poner de acuerdo. Mientras tanto el ministro Borrell va por el mundo mintiendo sobre el 1 de octubre y persiguiendo a las delegaciones legítimas de
la Generalitat en el exterior; la misma persona que no ha reconocido que mintió en esta Cámara por un falso escupitajo. (Aplausos). Es un problema, Gobierno de España, de credibilidad mantener a este ministro.
Entro en materia podríamos discutir otros temas, pero me centraré, en el tiempo que me queda, en hablar del tema de marcas. A pesar de las mejoras en el registro subsistirán los problemas, porque analizamos las consecuencias y olvidamos las
causas. España ha registrado en 2018 cuatro mil patentes menos. La vida del investigador es una carrera de obstáculos, especialmente en España. Conseguir un empleo en un laboratorio y hacer un descubrimiento es solo el principio de una espiral.
Los quebraderos de cabeza vienen después de haber alcanzado el éxito científico. Para vender su invento es más que habitual que el profesional se vea obligado a convertirse en empresario, revestido del término emprendedor, que es mucho más cool, y
en el peor de los casos incluso en comercial. ¿Cuál es su catálogo de ventas? Patentes, marcas. La comunidad critica la falta de compromiso de los centros de investigación con su personal y con la comercialización de la tecnología que
desarrollan. No existen cifras, porque no es obligatorio registrarlas, pero fuentes del sector aseguran que solo entre el 9 y el 10 % de la ciencia pública española está en el mercado. En España hay que potenciar las nuevas tecnologías teniendo la
idea fundamental de que lleguen a las pymes. En 2016 más del 94 % del tejido empresarial español estaba formado por microempresas, casi 4 puntos por encima de la media europea.
Yo me voy sintiendo profundamente antieuropeo. ¿Que ellos inventan cosas? Invéntenlas. Estas son algunas palabras de Miguel de Unamuno, que escribió hace ciento diez años, en una polémica carta dirigida a José Ortega y Gasset, fiel
defensor de la europeización de España y del desarrollo científico y tecnológico. Pero no fue un mal día: a los dos meses de plasmar con tinta esta frase, Unamuno volvió a expresar su actitud hostil ante la ciencia en El pórtico del templo, un
ensayo en forma de diálogo sobre los avances científicos europeos y norteamericanos, y decía así: 'Inventen, pues, ellos y nosotros nos aprovecharemos de sus invenciones. Pues confío y espero en que estarás convencido, como yo lo estoy,
de que la luz eléctrica' -entonces recién inventada- 'alumbra aquí tan bien como allí donde se inventó'. Afortunadamente Ramón y Cajal o Giner de los Ríos denunciaban que la causa de la causa era una burguesía parasitaria del Estado.
Qué desastre ha dejado a lo largo de los años este modelo, qué desastre han sido estos últimos años del Gobierno popular y ¡pobre Andalucía con su experimento tripartito! Por mucha bandera, por mucho 'a por ellos', no pueden esconder su
pasado y su futuro mal gobierno. No recurriremos a la crítica fácil de denostar este atávico -se diría genético- 'que inventen ellos', pero sí les reiteramos la pregunta de qué piensa hacer este Gobierno y cuándo para incentivar o al menos no
trabar el emprendimiento y la innovación. A la espera de un real decreto-ley ómnibus, amplio, sobre ciencia e innovación aquí, nos encontrarán.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señor Olòriz.
Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra el señor Navarro Fernández-Rodríguez.
El señor NAVARRO FERNÁNDEZ-RODRÍGUEZ: Gracias, presidente.
Menudo decreto cóctel nos ha traído, señora ministra, tiene un poquito de todo: un poco de marcas, un poco de trenes, otro poco de viajes y solo le falta la pizca de angostura. Tenemos poco tiempo y mucha materia, así que voy a ser
telegráfico. En cuanto a marcas este decreto completa la trasposición de la Directiva 2015/2436, que lo que pretende es básicamente una aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en esta materia de marcas, y pretende hacerlo -su
decreto- dentro de plazo, puesto que finalizaba el 14 de enero. Desde Ciudadanos apoyamos sin duda esta normativa que supone una armonización legislativa europea que facilita el funcionamiento del mercado interior -actualmente contamos con un
sistema de registro de marcas de carácter dual, las marcas se pueden registrar en toda la Unión o en el Estado o Estados miembros que se desee-, y por tanto armonizar esta legislación es muy importante. Otros pretenden levantar barreras, nosotros
queremos quitar obstáculos.
Para resumir diré que las modificaciones que introduce el decreto hacen más sencillo y práctico el proceso de registro, se adaptan a los avances tecnológicos, siempre y cuando obviamente las autoridades y ciudadanos puedan reconocer el
objeto de la protección, clarifican y refuerzan la protección de las denominaciones de origen, e incorporan a nuestro ordenamiento la posibilidad de solicitar, como ha dicho la ministra, la caducidad y nulidad de una marca. Por cierto, ha habido
recientemente un fallo bastante controvertido sobre el Big Mac de la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea. Sin embargo ahora tienen que desarrollar el reglamento de ejecución, del que ahora mismo no se sabe nada; no sabemos nada de
su contenido ni cuándo se va a aprobar ni cuándo podría entrar en vigor.
Sobre transporte ferroviario, en mayo la Comisión pidió a España que traspusiera correctamente las normas de la Unión Europea en lo que se refiere al espacio ferroviario único, especialmente la Directiva 2012/34. Lo más importante en este
sentido es que el transporte de viajeros nacional deja de ser un monopolio estatal. Se produce una apertura del mercado y se garantiza el libre acceso a las infraestructuras ferroviarias de todos los Estados a todas las empresas. En este sentido,
lo verdaderamente innovador ha sido que la liberalización del mercado ferroviario la presente la ministra de Sanidad, pero bien está. (Aplausos). Recordemos la secuencia: En 2003, la Ley 39/2003, del Sector Ferroviario, ya inició la
liberalización del transporte de mercancías, posteriormente le siguió el transporte de viajeros internacional y ahora es el turno del transporte de viajeros nacional. Se fija 2020 para la larga distancia y 2023 para las obligaciones de servicio
público. Precisamente nuestra mayor crítica al decreto es que estira al máximo el calendario que la normativa europea le permite. Establece diez años de ampliación de esas OSP.
En todo caso, la liberalización no debe asustar. El señor Pascual, de Podemos, ha expuesto una especie de visión apocalíptica sobre el desastre que va a suponer esta liberalización. Hay que aclarar para empezar que en este caso no se trata
del modelo británico, en el sentido de que la liberalización incluya las infraestructuras, que aquí siguen siendo de titularidad estatal, sino que se garantiza el acceso a los operadores siempre que paguen los cánones y cumplan la normativa, y
tenemos un ejemplo clarísimo muy cercano en Italia. En Italia la liberalización se produjo en 2012, momento en el que empezó a competir con Trenitalia -el equivalente de nuestra Renfe- la empresa Italo, y en seis años el balance es
extraordinariamente positivo, señor Pascual, habiéndose producido un enorme incremento de viajeros, porque en estos escenarios apocalípticos de transporte los usuarios quedan siempre olvidados. Han pasado de 38 millones a 68 millones de viajeros en
cinco años; ha aumentado un 41 % el número de
pasajeros por kilómetro; se ha producido un descenso de los precios del 30 %, y en cuanto a su preocupación por los trabajadores, le diré que Trenitalia, después de todos estos incrementos, ha aumentado su volumen de negocio. Como digo, no
solo no ha desaparecido, sino que ha crecido.
Es importante también -lo recoge el decreto- garantizar la independencia y neutralidad del administrador de infraestructuras, que por cierto afecta a la fijación de los cánones, cuestión por la que ya nos ha regañado la Unión Europea. La
fijación debería corresponder por completo a ADIF y tiene que tratar sobre la CNMC. La presencia del regulador es imprescindible para conseguir un espacio ferroviario único. Esta tarea debe incluir velar por la imparcialidad del administrador de
infraestructuras, vigilar y eliminar las distorsiones o discriminaciones en el mercado, analizar las posibles ayudas de Estado y abrir expedientes e imponer sanciones.
Finalmente, con relación a los viajes combinados y vinculados, el real decreto es prácticamente idéntico al proyecto de ley que se encontraba en tramitación. Se han producido algunos cambios menores, pero en todo caso no se han recogido las
enmiendas presentadas por el grupo, con lo cual continuaremos su discusión en el ámbito de este real decreto porque ya nos han dicho desde el Partido Socialista que se tramitará como proyecto de ley. En general, el decreto modifica la Ley general
para la defensa de consumidores y usuarios en viajes combinados y vinculados, como he dicho, pero, como también sabe, algunos de los preceptos no son especialmente pacíficos en el sector, especialmente en lo referente al sistema de garantías, y
podrían ser redundantes en algunos casos. En todo caso, como digo, esto lo discutiremos en su tramitación como proyecto de ley, pero apoyaremos esta convalidación.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señor Navarro.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Ramos Esteban.
El señor RAMOS ESTEBAN: Gracias, presidente.
Después de escuchar las distintas intervenciones, entiendo que en un decreto de este tipo, que simplemente consiste en la trasposición de directivas europeas, sea muy complicado que los portavoces parlamentarios consigamos salir a hombros de
aquí o arrancar los aplausos de nuestros diputados. Seguramente esto explique muchas de las intervenciones que hemos escuchado hoy aquí. No entiendo por qué se pone en duda que la ministra que es responsable de los usuarios sea la que defienda un
decreto de este tipo y le voy a decir el porqué. Algunos entienden las infraestructuras como hormigón y como acero, pero los socialistas entendemos las infraestructuras como servicio a los usuarios y la ministra que hoy ha defendido aquí este
decreto-ley es la ministra responsable de consumo, responsable de defender a los usuarios de esos servicios. Por eso nosotros entendemos perfectamente el porqué de su intervención y el porqué de su defensa.
Como decía antes, yo creo que algunos portavoces -sobre todo mi amigo Sergio Pascual de Podemos-, cuando les dijeron que tenían que defender este decreto, pensaron cómo iban a arrancar el aplauso de los suyos simplemente defendiendo la
trasposición de una directiva europea, nada más. No es el decreto del señor Íñigo de la Serna, es una trasposición de una directiva europea. Creo que cuando le dijeron que tenía que hacer esta intervención pensó en cómo conseguiría arrancar los
aplausos de su grupo. Y la respuesta fue: sacando frases que puedan poner en evidencia al Gobierno y dejando patente que este es un decreto liberalizador, que no busca en ningún caso pensar en los usuarios ni en el sistema ferroviario.
Sabe que no es así, es un decreto que había que aprobar para trasponer una directiva europea, simplemente eso. Además, lo conoce por una razón, el Partido Socialista cuando decidió tramitar este decreto lo hizo pensando en tramitarlo como
proyecto de ley. Cada vez que hemos hablado con cada uno de los portavoces -incluido el señor Pascual- se les ha dicho que creemos que puede ser un decreto-ley mejorado con el consenso de todos; se les ha dicho: vamos a debatir sobre él, vamos a
convalidarlo, porque la Unión Europea así nos lo pide, y, a partir de ahí, debatamos cuál es el sistema ferroviario. Pero, si no conseguimos convalidarlo, señor Pascual, no vamos a poder debatir sobre ello, no vamos a poder sentarnos en una mesa a
ver cómo lo mejoramos.
Permítame que le explique cuál es el modelo ferroviario del Partido Socialista. El modelo ferroviario del Partido Socialista es el que piensa en los ciudadanos, el que busca que todos los ciudadanos se sientan iguales. Y voy a reconocer
una cosa: en este tiempo, en este país y por parte de todos los partidos llegó un momento en que no le dimos importancia al sistema ferroviario. Hubo una época en la que se abandonaron las líneas convencionales y creíamos que el sistema
ferroviario no tenía futuro. Después
llegó una segunda etapa en la que creíamos que lo más importante era que todo el mundo tuviera alta velocidad, aunque los recursos económicos no permitieran que todos pudiéramos tener una alta velocidad razonable y en un tiempo razonable. Y
como soy extremeño y no lo puedo evitar quiero explicar -como lo he hecho otras veces aquí- que sufrimos un modelo en el que se abandonó el tren convencional, estamos sufriendo el abandono de muchos años y de un modelo que a los extremeños no nos
sirve y a los socialistas tampoco. Por eso en estos presupuestos hemos incrementado considerablemente las partidas para el tren convencional, porque creemos que todos los ciudadanos se tienen que sentir conectados en igualdad de oportunidades. A
mi tierra el tren de alta velocidad va a llegar treinta años después que la primera línea de alta velocidad. Señor Pascual, no nos dé lecciones a los socialistas de lo que es igualdad, no nos dé lecciones de cómo ayudamos con el sistema ferroviario
a hacer que todos los españoles nos sintamos iguales. Lo he dicho al principio y lo vuelvo a repetir, entiendo perfectamente que el hecho de defender una trasposición simple de una directiva europea no le permitiera sacar los aplausos de sus
compañeros. Lo puedo llegar a entender, pero creo que hoy hemos hecho lo que teníamos que hacer.
Agradezco a los grupos que estuvieron dispuestos a escuchar que vayan a aprobar la convalidación del decreto-ley y que con ello vayan a permitir que nos podamos sentar a hablar de cómo se puede mejorar. Somos los primeros que, cuando hemos
traído esto aquí, hemos dicho que estábamos dispuestos a dialogar, a consensuar, a buscar las medidas. Ustedes rechazaron esa posibilidad de diálogo para mejorar el texto. Aun así, hablaremos con todos los partidos para mejorar algo que creemos
que tiene que ayudar a que todos los ciudadanos nos sintamos iguales, con los mejores servicios públicos, con las mejores condiciones y garantizando que este país sea un país de ciudadanos y no un país de territorios.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señor Ramos.
Por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso tiene la palabra la señora Moraleja Gómez.
La señora MORALEJA GÓMEZ: Presidente, ministra, señorías, buenos días a todos.
Vuelvo a decirlo por cuarta vez. Debatiremos el cuarto real decreto del día de hoy de los ocho que componen este Pleno extraordinario. Por tanto, les anuncio -también a la prensa, que parece que no se ha enterado- que hoy veremos lo nunca
visto en democracia. Vamos a tener un Pleno con ocho reales decretos. ¿Qué significa esto? Nada más y nada menos, señora ministra, que la debilidad del señor Sánchez para gobernar y traer un proyecto de ley a esta Cámara. (Aplausos). Va a
gobernar a golpe de decretazo; como ya dijo mi compañero, veintiséis en siete meses, nada más y nada menos. Eso es lo único que significa.
Con respecto al real decreto que nos ocupa -todos los reales decretos traen temas muy variados, decretos ómnibus-, trae temas muy diferentes, como usted bien ha explicado: marcas, competencias ferroviarias o viajes combinados -ya ven, nada
que ver unos con otros-, y con una aportación, por cierto, escasa del Gobierno, porque o bien trasponen literalmente las directivas europeas en los dos primeros casos, o bien recuperan del cajón los proyectos de ley que no nos dio tiempo a presentar
al Partido Popular, como en el caso de los viajes combinados, que elaboró Turismo, por cierto, con nuestra querida Dolors, que era ministra de Sanidad y que tenía las competencias de consumo en ese momento. Por tanto, veremos que esta costumbre de
plagiar, señora ministra, se les da bárbaro, y la verdad, cuando sea plagiar al PP, no nos importa. Ya le adelanto que mientras que nos plagien todo les irá bien, y realmente creo, por el tiempo que llevan en el Gobierno, que es lo mejor que les
puede pasar a los españoles, que se dediquen a plagiar al Partido Popular y que no aporten nada, porque cuando lo hacen y aportan han elaborado ahora unos Presupuestos Generales del Estado que lo único que hacen es freír a impuestos a los españoles,
disparar el gasto público para hacer su campaña municipal y autonómica y disparar el déficit y la deuda, poniendo así en peligro el Estado de bienestar. Pero lo peor de todo es que esto ya lo hemos visto con el presidente Zapatero. Es más, las
palabras de la vicepresidenta -díganselo, por favor- alardeando del apoyo de los populares a muchos de los reales decretos que el Partido Socialista trae a esta Cámara sencillamente me parecen una desfachatez. Me parece ridículo, porque ahora ya ha
quedado explicado por qué los apoyamos: porque los hicimos nosotros, no los han hecho ustedes, señores socialistas. Lo ha hecho un Gobierno del Partido Popular, por eso lo vamos a apoyar. (Aplausos). Lo vamos a apoyar porque ustedes no han
aportado casi ni una coma.
Entrando en los temas del real decreto que trae hoy aquí, el título I, que, como usted ha explicado, contiene modificaciones derivadas de la directiva europea relativa a las marcas, supone una trasposición
casi literal del texto de la directiva y se ha descartado, como aquí se ha dicho también, el dictado de una nueva ley de marcas al considerar que no se modificaba en su totalidad, sino que se optaba por una ley de modificación. Ya le
adelanto que el Partido Popular va a pedir la tramitación como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia de este real decreto-ley por considerar, después de hablar con las asociaciones, que hay aspectos que no están incluidos en este real
decreto y que podrían a lo mejor mejorar la norma, aportaciones que han hecho ellos como podría ser una definición de las marcas renombradas o marcas con renombre. Otra de las solicitudes que hacían las asociaciones era que en los procedimientos de
caducidad y nulidad se dejase a la libre opción del titular de la marca o de cualquier interesado la elección de instar dicha caducidad o nulidad en sede administrativa o en sede judicial, en la jurisdicción civil o mercantil, que es la
especializada en estos litigios de propiedad intelectual, aspectos todos ellos que si se tramitaran como un proyecto de ley podríamos estudiar y debatir todos los grupos del arco parlamentario en una fase posterior.
En cuanto al título II, que establece un espacio ferroviario europeo único, como usted ha dicho, lo que trae esta directiva es que garantiza el acceso asequible y no discriminatorio de todas las empresas del sector a la infraestructura
ferroviaria, entre otras cuestiones. Pero a esto hay que añadir que las mejores normas, como la trasposición de esta directiva o los bienintencionados Presupuestos Generales del Estado que dejamos nosotros en 2018, en manos del Partido Socialista
siempre se pueden torcer.
Señor Ramos, ya que usted ha hablado de Extremadura, vemos la lamentable ejecución que han tenido ustedes, únicos responsables de la ejecución del presupuesto del año 2018. ¿Por qué usted, señor Ramos, no le reclama a su compañero, el señor
Blanco, ese modelo ferroviario del que usted tanto se queja? ¿Por qué no se lo reclama? (Aplausos). ¿Por qué ustedes, con el señor Sánchez, no han ejecutado la partida que nosotros les dejamos para mejorar ese tren que deja tirado día sí y día
también en la nada a los extremeños, a sus conciudadanos? (Aplausos). ¿Por qué no lo han ejecutado? Pregúnteselo a su presidente. Por tanto, bien vemos que esa escasa o nula ejecución del presupuesto fue única y exclusivamente responsabilidad
del Partido Socialista y de su presidente, el señor Sánchez.
Como título III, ¿qué hay? Los viajes combinados y los servicios de viajes vinculados. Efectivamente, con este título se modifica el Texto refundido de la Ley general para la defensa de los consumidores y usuarios y otras leyes
complementarias, a fin de trasponer al derecho interno la directiva. Entre las principales modificaciones -también la ministra lo ha explicado aquí- destaca la modernización del ámbito de aplicación y definiciones armonizadas, así como el sujeto
-que es lo más importante para nosotros- protegido por la norma, que pasa a ser el viajero. Se trata, en definitiva, de que el turista cuando venga a España tenga todas las garantías y que nosotros, cuando viajamos fuera de España, también tengamos
las máximas garantías. Por eso estamos convencidos de que este proyecto es bueno; bueno para la Unión Europea; bueno porque nos da garantía como destino turístico y también a todos los operadores que trabajan dentro del sector turístico en
España. Es más, todos los operadores están de acuerdo en dar las máximas garantías al consumidor, al viajero ya que, como usted ha dicho, se ha ampliado el concepto de viajero.
Para finalizar, presidente, señorías, la verdad es que el Partido Socialista no deja de sorprender, como ya he dicho antes. Trae asuntos importantes como estos al Pleno por medio de reales decretos. Evidentemente, si plagian nuestras
propuestas estaremos a su lado, pero yo quiero decirles que no puedo dejar de preguntarme por qué no han hablado con sus socios de Gobierno, por qué no lo han hablado con ellos. Está claro que no lo han hecho, el señor Pascual ya lo ha dicho, no
han hablado con ellos y no sé si sabrán que lo que buscan con estos reales decretos es facilitar la competencia y hacer más competitivos estos sectores. En este paso del Gobierno hacia el liberalismo, señor Ramos, nosotros estaremos, demostrando
que anteponemos los intereses generales por delante de los intereses partidarios. Ojalá hubiese más partidos como el nuestro en esta Cámara y entonces estaríamos hablando de otra España. Me sorprende que la tesis del liberalismo, señora ministra,
sea abrazada por otros grupos que se regocijan culpando al liberalismo de los males planetarios, pero cuando gobiernan ustedes hacen lo mismo, probablemente porque esta crítica es la que explica su supervivencia. (La señora presidenta ocupa la
Presidencia). En cualquier caso, señores, bienvenidos a las tesis que buscan más competividad, mejorar la calidad de los servicios prestados y, en definitiva, mejoras para sus clientes que, en conclusión, somos todos nosotros, somos los españoles.
Muchas gracias. (Aplausos.-La señora ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, Carcedo Roces, pide la palabra).
La señora PRESIDENTA: Sí, señora ministra.
La señora MINISTRA DE SANIDAD, CONSUMO Y BIENESTAR SOCIAL (Carcedo Roces): Gracias, presidenta.
Intervengo desde el escaño, si me lo permite, simplemente para hacer un par de aclaraciones muy rápidas. En primer lugar, justificar mi intervención en la presentación de este real decreto. Como saben sus señorías, contiene la trasposición
de tres directivas de índole diferente. En mi condición de responsable de consumo, he sido la encargada de hacer esta presentación, pero lo que tienen en común las tres directivas es que ya había finalizado el plazo de nuestro país para la
trasposición. Dos de ellas son de 2015 y otra de 2016. El no trasponerlas suponía consecuencias económicas para nuestro país.
En cuanto al Estado del bienestar, los servicios públicos y la gestión de la deuda pública de cada uno, tendremos tiempo de debatir y yo, gustosísimamente, debatiré sobre esos tres asuntos.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora ministra.
- REAL DECRETO-LEY 24/2018, DE 21 DE DICIEMBRE, POR EL QUE SE APRUEBAN MEDIDAS URGENTES EN MATERIA DE RETRIBUCIONES EN EL ÁMBITO DEL SECTOR PÚBLICO. (Número de expediente 130/000052).
La señora PRESIDENTA: Pasamos ahora a la convalidación o derogación del Real Decreto-ley 24/2018, de 21 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes en materia de retribuciones en el ámbito del sector público.
Para presentar el real decreto-ley tiene la palabra, en nombre del Gobierno, la señora ministra de Política Territorial y Función Pública.
Adelante.
La señora MINISTRA DE POLÍTICA TERRITORIAL Y FUNCIÓN PÚBLICA (Batet Lamaña): Gracias, señora presidenta.
Señorías, el decreto-ley cuya convalidación el Gobierno solicita de esta Cámara forma parte de una política de recuperación de las capacidades y recursos de las administraciones públicas para cumplir con sus fines y garantizar el
funcionamiento adecuado de los servicios públicos.
La Administración fue objeto de limitaciones y recortes muy relevantes que se justificaron en su necesidad para superar la crisis. El resultado de este proceso ha sido una Administración hoy necesitada de impulso, muy especialmente en
cuanto a sus recursos humanos, es decir, sus empleados y empleadas públicos. Nuestra Administración hoy tiene un problema de envejecimiento, de reducción drástica e indiscriminada del número de empleados y de consideración y condiciones de esos
empleados. Por ello, el Gobierno ha asumido una política de recuperación de la condición y posición de los empleados y empleadas públicos. Así, este Gobierno ha aprobado la mayor oferta de empleo público desde 2008, ha asumido la reducción de la
temporalidad en el sector público hasta el 8 % -ayer mismo se firmaba por parte del secretario de Estado de Función Pública el acuerdo con los sindicatos para la estabilización correspondiente a 2018-, ha adoptado un incremento también del permiso
de paternidad a dieciséis semanas, ha asegurado la movilidad de funcionarias víctimas de maltrato con plenas garantías y ha establecido la posibilidad de que los afectados por VIH, diabetes, celiaquía y psoriasis puedan acceder a las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad del Estado, a las Fuerzas Armadas y a los cuerpos de vigilancia aduanera e Instituciones Penitenciarias.
En este contexto de impulso de una función pública con perspectivas profesionales de desarrollo, resultaba fundamental consolidar la recuperación salarial tras largos años de recortes y congelación; una recuperación iniciada en los
presupuestos de 2017 y 2018 que podría verse truncada por la imposibilidad de aprobar en tiempo la ley de Presupuestos Generales del Estado para 2019. Una congelación salarial para el presente ejercicio, aun con carácter transitorio a la espera de
la aprobación de los presupuestos, hubiera resultado profundamente injusta en el actual contexto económico y habría podido plantearse como una señal inadecuada en relación con la evolución general de los salarios en España. En efecto, a la vez que
un acto de justicia el incremento salarial en el sector público constituye también, junto con la elevación del salario mínimo interprofesional, una decisión de política económica de impulso de la recuperación salarial y, de este modo, de
consolidación de la dinámica de crecimiento económico. Además, el incremento de las remuneraciones públicas es una decisión que se deriva del acuerdo adoptado en el marco del diálogo con los sindicatos. Por tanto, estamos cumpliendo, desarrollando
y ampliando también
los acuerdos a los que llegó en la mesa de negociación de la Función pública el Gobierno, poniendo en práctica y haciendo efectivo el segundo acuerdo para la mejora del empleo público y las condiciones de trabajo firmado por el Gobierno de
España y las organizaciones sindicales Comisiones Obreras, UGT y CSIF.
El decreto-ley de medidas urgentes en materia de retribuciones en el sector público significa una subida salarial para unos dos millones y medio de personas que componen el sector público de las tres administraciones, la estatal, la
autonómica y la local. Sus efectos son, en consecuencia, generales para el empleo público y sus consecuencias para la dinámica económica de nuestro país resultan especialmente relevantes, como lo hubiera sido también, aunque en sentido contrario,
la congelación derivada de la prórroga presupuestaria. La complejidad y la incertidumbre que se habrían derivado de una adopción tardía y la consiguiente necesidad de incluir, en tal caso, efectos retroactivos hacen necesario que esas medidas estén
en vigor desde el 1 de enero. Más aún cuando resultaba preciso que las administraciones autonómicas y locales pudieran trasladar en tiempo y forma a su normativa salarial los criterios de incremento retributivo para el ejercicio 2019, año en el que
las administraciones locales y buena parte de las autonómicas, como todos ustedes saben, celebran elecciones.
Un retraso en la previsión del incremento mediante la normativa estatal básica, combinado con el tiempo que transcurre entre la convocatoria de elecciones y la constitución de los nuevos órganos electos, habría podido llevar a un retraso
excesivo de la decisión e incluso a la imposibilidad de aplicarla al presente ejercicio. Durante las semanas previas al debate de hoy hemos mantenido largas conversaciones con los grupos parlamentarios desde el ministerio, desde la Secretaría de
Estado de Función Pública, y precisamente estas conversaciones, este intercambio de impresiones muestran también la adecuación de las decisiones adoptadas el pasado 21 de diciembre en el Consejo de Ministros que se celebró precisamente en Barcelona.
Señorías, este decreto-ley, que, como he dicho, afecta a todos los empleados públicos y a todas las empleadas públicas de todas las administraciones, es una consecuencia del acuerdo alcanzado entre Gobierno y sindicatos fruto de largas
negociaciones en la búsqueda de un marco estable para las retribuciones del sector público, un marco a tres años que, entre otras cosas, además de la estabilidad correspondiente, permitiera avanzar en negociaciones sobre derechos sin las tensiones y
distorsiones que la negociación anual sobre incrementos retributivos supondría. Todos los empleados públicos sin excepción se ven beneficiados con esta medida que supone un avance en la recuperación de los incrementos retributivos, un marco que
trata por igual a todos aquellos empleados de la Administración pública con independencia del sector en el que trabajen y que se aplica a todos aquellos complementos en función de las peculiaridades propias de cada puesto de trabajo.
Señorías, el Gobierno ha asumido la necesidad de mantener ese marco estable, al margen de presiones más o menos coyunturales. Por esa razón también ha adoptado el presente decreto-ley que no viene a sustituir al futuro presupuesto y las
discusiones en el marco del mismo, sino que viene a cumplir con los compromisos del diálogo social, como decía, con las exigencias también de política económica adaptada al momento actual y con las necesidades generales de la Función pública. La
seguridad para todos los empleados públicos de tener en sus cuentas corrientes esa subida pactada ha sido el motor principal de este decreto-ley. Alcanzar pactos parlamentarios en una materia tan relevante como la de presupuestos quiere decir
también ser consciente de su carácter integrado y de la necesidad de no reabrir esos acuerdos o no reconsiderarlos en cada tramitación afectada. Señorías, este real decreto-ley no son los Presupuestos Generales del Estado ni tiene sentido que se
conviertan en un presupuesto general del Estado dos. Es una norma urgente y limitada a mantener los compromisos alcanzados en materia retributiva y sus efectos generales para la realidad económica.
El decreto-ley incorpora una subida fija del 2,25 % que cobran ya todos los empleados del sector público de manera lineal y un incremento de un 0,25 en fondos adicionales que se reparten para la implantación de planes o proyectos de mejora
de la productividad o la eficiencia. Este 0,25, en consecuencia, no se destina necesariamente a todos los empleados del sector público de modo lineal y está sujeto a negociación con las organizaciones sindicales por parte de cada una de las
administraciones públicas. Por tanto, será cada administración quien llegue a acuerdos con sus organizaciones sindicales y acuerde cómo se distribuyen estos fondos adicionales. También se regula un máximo de un 0,25 de retribución variable cuyo
porcentaje final vendrá determinado por la evolución del PIB de 2018 de acuerdo con los datos oficiales del INE. La cuantía definitiva en este incremento se fijará mediante acuerdo del Consejo de Ministros y desplegará efectos a partir del 1 de
julio, como ya ocurriera en el pasado ejercicio. Profundizamos
así en la aplicación de mecanismos que vinculan de modo objetivo la evolución salarial de los empleados públicos con la evolución de la situación económica española en un camino de creciente importancia en los próximos ejercicios.
Señorías, este decreto-ley no solo da cumplimiento a los acuerdos adoptados con las organizaciones sindicales y adopta una medida de política económica general, sino que además -como decía al inicio de mi intervención- refuerza a los
empleados públicos, a la Función pública, al sector público y a los servicios públicos. También reconoce el esfuerzo que los funcionarios hicieron para sacar a este país de la crisis, su dedicación, su profesionalidad y su vocación de servicio
público. De este modo contribuye a generar un horizonte más atractivo para una Función pública que necesita en los próximos años atraer talento, atraer a los mejores, atraer nuevas incorporaciones que la rejuvenezcan y le permitan mantener al menos
sus capacidades para la cobertura de los servicios públicos y las necesidades de la Administración.
Quiero terminar agradeciendo a los grupos parlamentarios y también a las administraciones autonómicas la dinámica de cooperación desarrollada en las conversaciones previas a la votación de hoy. La recuperación de las capacidades de las
administraciones públicas y de la posición de sus empleados es un objetivo común a todos; un objetivo en el que el Gobierno continúa el camino iniciado precisamente por los acuerdos sindicales adoptados por el anterior Gobierno; un auténtico
objetivo de Estado que todo gobierno -sea del color que sea- necesita para desplegar su programa y que constituye un elemento fundamental para asegurar la efectividad de los derechos y la prestación de los servicios a las ciudadanas y a los
ciudadanos de nuestro país.
Muchísimas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
En el turno de fijación de posiciones interviene, por el Grupo Parlamentario Mixto, el señor Bataller i Ruiz.
El señor BATALLER I RUIZ: Señora presidenta, señorías, en primer lugar, pedimos al Gobierno que agilice la oferta de empleo público general, porque -recordamos- aún no ha salido la convocatoria de 2018, pese a estar aprobada, y es preciso
definir la de 2019. Nosotros vemos con buenos ojos este real decreto-ley, pues supondrá una subida del 2,25 % del salario del personal de la Administración pública, pero no podemos olvidarnos de mencionar algunos claroscuros que presenta. Hoy
tenemos en la tribuna de invitados a representantes de un sector indispensable de nuestro Estado y que hace posible el cumplimiento del artículo 25, apartado 2, de la Constitución -ese que habla de la reeducación y la reinserción de las personas
privadas de libertad en nuestras prisiones-, y a ellos quiero dirigirme.
El sistema penitenciario español es un modelo reconocido a nivel internacional y con unos resultados en la inserción de reclusos muy superior a la media de nuestro entorno político, económico y geográfico, y ello obliga a que el legislador
arbitre las medidas necesarias para que la Administración penitenciaria pueda seguir avanzando. Sin embargo, como sabemos, el personal penitenciario se encuentra precarizado y maltratado en sus salarios y también en sus condiciones laborales. De
hecho, durante la crisis el volumen del personal penitenciario ha decaído de manera muy considerable, de modo que actualmente hay unas 3500 plazas que están sin cubrir de un total de 23 500. Además, los cambios en la tipología de la población
reclusa han derivado en un incremento de la siniestralidad laboral y también de las agresiones físicas a este colectivo. Precisamente ahora, cuando en España hemos experimentado un crecimiento del producto interior bruto en el último trimestre de
2018, urge hacer políticas expansivas que redistribuyan ese crecimiento entre aquellos que llevan mucho tiempo esperando, por ejemplo, el colectivo de funcionarios de prisiones.
Concluyo diciendo que Compromís votará a favor de este decreto-ley y que hemos pedido que se vote su tramitación como proyecto de ley por procedimiento de urgencia, para introducir por vía de enmiendas mejoras que ahora no se contemplan,
como el aumento de las retribuciones de los empleados públicos penitenciarios y la revisión de sus relaciones de puestos de trabajo que están ya muy desfasadas.
Es todo. Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
Tiene la palabra, por el mismo grupo, el señor Xuclà i Costa.
El señor XUCLÀ I COSTA: Muchas gracias, señora presidenta.
Señorías, señora ministra, usted misma ha apuntado que estos no son unos Presupuestos Generales del Estado bis, pero son medidas urgentes y necesarias que tendrán el apoyo del Partit Demòcrata, teniendo pendiente, como tenemos, un debate más
de fondo sobre posibles enmiendas a la totalidad y sobre tramitación de los presupuestos en las próximas semanas. No son los Presupuestos Generales del Estado bis -citándola a usted-, pero son medidas urgentes para la recuperación salarial de dos
millones y medio de ciudadanos y ciudadanas que se dedican al servicio público en los distintos niveles de la Administración pública; ciudadanos que, como muy bien se ha apuntado desde esta tribuna, han soportado los recortes de diez años de crisis
económica y que se merecen un incremento salarial del 2,26 % en sus retribuciones. Este real decreto también viene acompañado de algunas medidas que nosotros valoramos positivamente y que apoyamos, como el incremento del acceso al Ejército de
algunos colectivos con ciertos problemas de salud que no tienen que inhabilitarles para el acceso al mismo. En el ámbito de la Función pública, también nos parece muy bien la medida impulsada por el Gobierno del incremento del permiso de paternidad
a dieciséis semanas.
Termino como he empezado. La señora ministra ha dicho que estos no son los Presupuestos Generales del Estado, pero que son una aportación a la espera de los mismos. La señora ministra forma parte de las mesas de negociación para que esto
sea posible y la señora ministra, la señora Batet, sabe que hay una agenda posible de diálogo bilateral entre el Gobierno del Estado y el Govern de la Generalitat para que sea posible. También sabe que es posible el diálogo entre partidos
políticos, entre los que piensan de una forma y de otra, siguiendo, por ejemplo, la propuesta que hizo el Partido Socialista de Cataluña en el Parlament de Catalunya de una mesa de partidos que piensan de distinta forma, cosa que también puede
trasladarse al ámbito de las Cortes Generales, al ámbito de este Congreso. Estos serían algunos indicios que apuntarían por el buen camino, pero esto requiere de voluntad política y de algo que no se tiene que abandonar nunca, que es la vocación de
diálogo y la vocación de pacto.
Muchas gracias, señora presidenta.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
Por el Grupo Parlamentario Vasco (PNV), tiene la palabra el señor Legarda Uriarte.
El señor LEGARDA URIARTE: Muchas gracias, presidenta.
Debatimos la convalidación del Decreto-ley 24/2018, por el que se aprobaron con carácter de urgencia las retribuciones del personal al servicio del sector público, además de los módulos económicos para la financiación de los conciertos
educativos. (El señor vicepresidente, Prendes Prendes, ocupa la Presidencia). Se argumenta a favor de la extraordinaria y urgente necesidad del decreto-ley la circunstancia de la prórroga de los presupuestos de 2018 para este ejercicio 2019, lo
que conllevaría, si no se hubiera aprobado el decreto-ley, por un lado, la congelación de las retribuciones del personal del sector público y, por otro lado, el incumplimiento del acuerdo del Gobierno con los sindicatos para los años 2018 a 2020, si
bien hemos de matizar que no se produciría tal congelación salarial, sino una subida en igual porcentaje a la de 2018. Lo que hace el decreto-ley es incrementar la subida lineal de la masa salarial de un 1,5 % en 2018 a un 2,25 % en 2019 y la
adicional -vinculada a la productividad, a la homologación de complementos de destino o específicos y aportación a planes de pensiones- de un 0,2 % a un 0,25 %. El decreto-ley mantiene el resto de subidas adicionales en iguales porcentajes a los
establecidos para el ejercicio pasado, tanto la vinculada al incremento del PIB como la asociada, en su caso, al superávit presupuestario en el ejercicio de 2018 en la respectiva Administración y resto de entidades del sector público.
En este escenario y dada la materia regulada en el real decretoley, el Grupo Parlamentario Vasco votará favorablemente, sin perjuicio de manifestar que es un voto crítico que nos conduce a pedir que el real decretoley se tramite como
proyecto de ley para flexibilizar o dar un mayor margen a las administraciones públicas y sus sectores, que se encuentran en superávit, así como para que los incrementos adicionales vinculados al incremento del PIB puedan materializarse por las
administraciones competentes a su elección, tanto en las retribuciones ordinarias como en las diferidas, y también para que la excepción a favor del ministro de Hacienda para modificar la cuantía de los créditos globales destinados a atender el
complemento de productividad y otros incentivos al rendimiento, en favor exclusivamente de los funcionarios del Estado, pueda también beneficiar al resto de servidores públicos en otras administraciones distintas a las del Gobierno central.
También les decía que el voto favorable del Grupo Parlamentario Vasco era un voto crítico no solo por lo que contiene, sino también por lo que no contiene. Señorías, no compartimos que las distintas administraciones públicas y sus sectores
no puedan abordar cuanto antes sus necesidades de personal y se tengan que ajustar al corsé establecido en los presupuestos de 2018, que se viene arrastrando durante más de una década por las restricciones impuestas desde el Estado. Esta es una
cuestión urgente que reclama un debate sin espera para la aprobación -en su caso- de los presupuestos de 2019.
Por último, señorías, aprovechando que este año se cumple el 40.º aniversario de la Constitución, valoraré cómo han quedado, a nuestro juicio, en este tiempo las competencias autonómicas en materia de funcionarios públicos y políticas de
personal, que son definidas en sus estatutos como exclusivas, y/o de desarrollo legislativo y ejecución. Señorías, ya les tengo que anticipar que han quedado en nada. Así, la ampliación del contenido en detalle de las bases que el Estado viene
dictando con el amparo del Tribunal Constitucional deja un margen normativo casi inexistente para la elaboración de políticas propias de las comunidades autónomas en materia de su función pública, relegándolas a meras ejecutoras de las políticas
diseñadas y planificadas desde los poderes centrales del Estado, entre los que incluso esta Cámara se encuentra. Así, la interpretación expansiva del artículo 149.1.18.ª ha llevado al Estado a regular uniformemente todos los aspectos del régimen
estatutario de los empleados públicos, tales como la regulación de sus derechos, deberes y responsabilidades: adquisición y pérdida, determinación de titulaciones, modo de provisión, situaciones, relación de cuerpos y escalas, promoción y carrera,
régimen disciplinario e incluso tiempo de trabajo y duración de los permisos y las licencias. En definitiva, todo lo vinculado al régimen estatutario de la Función pública, hasta el aspecto más nimio, se considera básico. Por si no fuera bastante,
la irrupción del artículo 149.1.13 en relación con el artículo 156.1, vinculado a la política económica estatal, ha determinado que también sean uniformes las retribuciones, las ofertas de empleo público, las tasas de reposición -no solo referidas a
las cuantías globales, sino también para sectores y colectivos específicos- y las tasas de estabilización del empleo público.
Voy finalizando, presidenta. Señorías, ante este panorama, ¿cabe sostener -como se sostiene- que el Estado español es el país más descentralizado del mundo o, como sostiene algún otro sector -a nuestro juicio, más informado y con mejor
criterio-, que en el Estado español se dispone de una amplia autonomía, pero de muy baja calidad, al haber extirpado a las comunidades autónomas cualquier posibilidad de articular políticas públicas propias respecto a sus empleados y haberlas
convertido en meras gestoras administrativas de las políticas y decisiones estatales?
Muchas gracias, señorías. Muchas gracias, presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señor Legarda.
Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra el señor Ten Oliver.
El señor TEN OLIVER: Gracias, señor presidente. Señorías, buenos días.
Ministra, hoy estamos de nuevo ante un súper martes; una sesión maratoniana de convalidación de ocho reales decretos-leyes, entre los que se encuentra este en materia de retribuciones en el ámbito del sector público. Señora Batet, esta
mañana se demuestran tres hechos fehacientes: uno, que ustedes malgobiernan por decreto-ley, porque no pueden hacerlo de otra forma; dos, que están poniendo en riesgo el crecimiento económico y, por tanto, la mejora en la retribución de los
funcionarios; y tres, que el señor Sánchez desde luego no es de fiar. ¿Recuerdan que en junio, cuando era presidente -no lo confundan con cuando era el señor Pedro Sánchez de antes-, decía -y abro comillas-: Señorías, este Gobierno va a gobernar
con el Parlamento, no contra el Parlamento? Y la pregunta es: ¿Cuándo están gobernando ustedes con el Parlamento? Lo digo porque van a hacer bueno al Partido Popular, que gobernaba siempre con reales decretos con mayoría absoluta. Miren, de 28
reales decretos-leyes en 2018, el 90 % corresponden al Grupo Socialista, uno a la semana. ¿En qué legitimidad se basa este Gobierno para traer aquí este real decreto-ley? Ustedes saben que legislar por el Ejecutivo a través de decreto-ley solo se
produce en casos de extraordinaria y urgente necesidad, y la cuestión es por qué se ha llegado a este extremo. Se lo digo yo: por la inacción y la debilidad del propio Gobierno, que va provocando situaciones de urgencia. Son ustedes incapaces de
gobernar de forma normal.
Le pongo algunos ejemplos. En julio se rechazó la senda de déficit del 1,8 %. Tenían que traer aquí, a esta Cámara, otra senda en un mes, y no lo hicieron. Además, tenían la obligación de presentar los Presupuestos Generales del Estado
antes de que acabara septiembre, y no lo hicieron, y hace unos días presentaron en esta Cámara los Presupuestos Generales del Estado con un descuadre de 10 000 millones de euros, con unos ingresos más que ficticios y con alguna trampa, como la
recaudación del IVA, en la cual
decían que un año tenía trece meses; señorías, ¡trece meses! (Aplausos). De verdad, no sé si quieren convencer de esta forma a Bruselas, si quieren engañar también a la AIReF o incluso, lo peor, quieren engañar también a los españoles. El
descrédito del Gobierno nos va metiendo en España en una situación cada vez más delicada, incluso en la materia que afecta al cumplimiento de este segundo acuerdo para la mejora del empleo y las condiciones de trabajo -que se firmó con los
sindicatos, como ha recordado, con Comisiones Obreras, con UGT y con CSIF en marzo de 2018 y que nuestro grupo parlamentario, Ciudadanos, apoyó-, que puso la mejora salarial de la Función pública en relación con el crecimiento de nuestra economía,
vinculando ese crecimiento del PIB; el problema es la expectativa de crecimiento no ha dejado de caer desde que llegó el señor Sánchez a la Moncloa y estamos ya en el 2,2 %.
Señorías, no se olviden, la mejor política social es aquella que se puede pagar. Les recuerdo a ustedes que congelaron las pensiones, señorías del PSOE, y que disminuyeron de media un 5 % los sueldos de los funcionarios -se lo digo porque
en ese momento lo sufrí en mis propias carnes-, sin olvidar además que el Partido Popular nos retrajo la paga extra de diciembre. Por cierto, yo me pregunto: ¿Qué administraciones no han devuelto todavía esa paga? ¿Cuáles faltan? Creo que es una
información que el Gobierno debería haber incluido en la memoria económica, señora ministra. Y le digo más, la misma comunidad autónoma que tardó seis años en devolver la paga extra, aquella a la que además le falta por devolver las de 2013 y 2014,
es, señorías del PSOE, a la que ustedes le permiten gastar dinero en viajes a Waterloo, en embajadas y en ahuyentar la inversión y a las empresas fuera de Cataluña, señorías, la misma. (Aplausos).
Termino, señor presidente. Señorías del sanchismo, su política económica es un auténtico desastre, es fruto de esa deriva podemita, de su debilidad parlamentaria y de sus socios de investidura. Votaremos a favor de este decreto, pero,
señora Batet, solicitaremos el trámite como proyecto de ley para introducir enmiendas tan justas como las reivindicaciones que hacen los funcionarios de prisiones. Recuerden que si no saben, si no pueden o no se ven capacitados para realizar las
reformas para políticas económicas generadoras de empleo y cuadrar las cuentas, como lo hicimos nosotros bajando los impuestos a la clase media y trabajadora en 2017 y 2018, solo tienen que convocar elecciones. Es muy sencillo. Abandonen esa
obsesión por estar un mes más en la Moncloa. Los españoles se lo agradecerán. No tengan miedo a la democracia, pero, eso sí, dentro siempre del respeto a la Constitución.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señor Ten.
Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, tiene la palabra la señora Honorato Chulián.
La señora HONORATO CHULIÁN: Gracias, presidente.
El Gobierno trae hoy aquí para su convalidación el Real Decreto-ley 24/2018, por el que se aprueban medidas urgentes en materia de retribuciones en el ámbito del sector público. Compartimos con el Gobierno las circunstancias extraordinarias
y de urgente necesidad que llevan a la aprobación de este texto, ya que de él depende que se haga efectivo el incremento retributivo en el mismo mes de enero para todas las empleadas y todos los empleados públicos. Este incremento trae causa del
acuerdo que firmaron las organizaciones sindicales y el Gobierno en marzo del año pasado para la mejora del empleo y de las condiciones de trabajo.
¿Qué se recoge exactamente en este real decreto-ley? Se recoge el incremento fijo retributivo del 2,25 % y se condiciona un 0,25 al incremento del PIB en nuestro país, siempre que se sitúe en 2018 en el 2,5 %; de no alcanzar dicha cifra,
se procedería a la oportuna reducción proporcional de este complemento variable.
¿Qué piensa nuestro grupo parlamentario de esta subida? Evidentemente, saludamos en su día el acuerdo que firmaron los sindicatos con el Gobierno, pero también lo acompañábamos con una reflexión. (La señora vicepresidenta, Navarro Garzón,
ocupa la Presidencia). Nos parecía que era insuficiente, para poder recuperar todo lo perdido en el empleo público en este país, contar solo con las previsiones que se plasmaban en este acuerdo. Concretamente, nos parecía que la recuperación de
derechos económicos de los empleados públicos y las empleadas públicas de este país no podía estar condicionada a la mejora de la economía. Nos parecía que recuperar la economía era una tarea del Gobierno y que no debería repercutir la recuperación
de derechos en el personal de las administraciones públicas, sino que ellos y ellas tenían derecho a poder recuperar entre un 15 y un 20 %, que es el cálculo, según previsiones optimistas, de la pérdida de poder adquisitivo dentro del sector
público.
Evidentemente, vamos a votar a favor de la convalidación de este real decreto-ley, porque nos parece necesario el incremento que se contempla en este texto, pero también queremos poner encima de la mesa una serie de cuestiones que están en
el real decreto-ley y que ya fueron objeto de enmiendas en los presupuestos anteriores por parte de este grupo. En primer lugar, queremos recordar que estamos en contra de la suspensión de indemnizaciones del personal en el exterior, pero también
que es necesaria una consignación económica suficiente para poder negociar un nuevo convenio único laboral, que ya lleva años denunciado.
En cuanto a la limitación de gastos dentro de la Administración General del Estado, me gustaría hacer una consideración general. Estamos asistiendo en los últimos años, y no es casual, a una multiplicación de conflictos dentro de colectivos
de la Administración General del Estado, que, en ocasiones, vienen a pedir un incremento salarial y, en otras ocasiones, una equiparación con otras administraciones públicas. Estamos hablando de los conflictos en el seno de la Guardia Civil, de la
Policía Nacional, de los examinadores de Tráfico o, recientemente, de prisiones. ¿Qué ponen de manifiesto este tipo de reivindicaciones? Ponen de manifiesto que la Administración General del Estado cuenta con un déficit retributivo real que es
necesario abordar en algún momento. Nosotras hemos presentado iniciativas para poder solucionar esta problemática. Creemos que es necesario abrir una mesa de diálogo urgente en la que se analice cuáles son las situaciones más vulnerables del
personal de la Administración General del Estado e iniciar un plan de recuperación y actualización de las retribuciones del sector público, que llevan años -si me apuran, décadas- en déficit. Nos parece, por tanto, necesario abordar y trabajar este
tipo de cuestiones.
También quería aprovechar que está la ministra aquí presente para poner encima de la mesa una serie de cuestiones que nos preocupan en el texto que tenemos -ahora ya sí- de los Presupuestos Generales del Estado. Nos preocupa la redacción
que se da a la tasa de reposición del empleo público en este texto, porque prácticamente calca la tasa que ya está vigente en los presupuestos anteriores, con alguna corrección o alguna diferencia. Nos preocupa por dos cuestiones: la primera,
porque en el acuerdo con los sindicatos se había pactado la tasa de reposición del año 2018, pero la de 2019 quedaba pendiente de negociación, y esa negociación no se ha producido antes de la presentación de los presupuestos; la segunda, porque
desde que llegamos a esta Cámara venimos recordando la necesidad de repensar la política de tasa de reposición. Esa preocupación la hemos compartido con ustedes en iniciativas que hemos sacado adelante de forma conjunta, iniciativas en las que se
instaba a limitar la tasa de reposición, muy especialmente teniendo en cuenta las circunstancias de las administraciones públicas locales. Querríamos pensar que esa preocupación sigue existiendo dentro de su Gobierno y dentro de las filas
socialistas. No querría yo pensar que están comprando el modelo de tasa de reposición del señor Montoro. Yo espero -y estoy segura de que podremos avanzar en esa dirección- que podremos avanzar en otra dirección, porque me temo que depende de
ustedes, señorías, y de nosotras que podamos cambiar esto, que podamos cambiar el modelo de tasa de reposición. Seamos valientes, sean valientes. El empleo público y los servicios públicos de este país se sostienen con esfuerzos ímprobos y debemos
darles garantías, garantías para fortalecer nuestra democracia.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora VICEPRESIDENTA (Navarro Garzón): Muchas gracias, señora Honorato.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora Serrano Jiménez.
La señora SERRANO JIMÉNEZ: Gracias, presidenta.
Señorías, el Gobierno trae a convalidar un real decreto que demuestra claramente que nos encontramos ante un Gobierno que cumple y que, además, es de fiar, y así lo está demostrando en muchas materias, también en cuanto a los acuerdos
adquiridos entre las principales centrales sindicales representativas de los empleados públicos y el Gobierno de España. Dirán ahora desde la bancada del Partido Popular que tratamos hoy aquí un acuerdo que arrancó el anterior Gobierno de España y
que tenía como objetivo principal recuperar derechos, entre otros, el poder adquisitivo de nuestros empleos públicos; derechos que, curiosamente, había minorado el propio Gobierno de la mano del señor Montoro, siempre con la excusa de la crisis,
pero imponiendo su ideología y el poco respeto que tienen a los servicios públicos, porque, lamentablemente, aunque les pese, ustedes no creen en los servicios públicos y querían dejarlos morir por inanición. Pero, ironías de la vida, primero
castigaron a los empleados públicos y luego el señor Montoro, más por necesidad que por vocación -y nunca nos cansaremos de decirlo-, se sentó con las organizaciones sindicales más representativas para pretender arreglar lo que había desarreglado,
aunque
no sabemos si lo llegaría a ejecutar, y motivos hay para desconfiar, porque no desarrollaron la Ley de transparencia aprobada en 2013 y tampoco la Ley de altos cargos.
Hecho este breve paréntesis histórico, es, afortunadamente, un Gobierno socialista quien desarrolla el acuerdo, quien lo está implementando, igual que ha desarrollado la Ley de transparencia, a través de su desarrollo reglamentario, y la Ley
de altos cargos. De ahí que manifieste, como hice anteriormente, que el Gobierno cumple; cumple porque estamos ante un Ejecutivo comprometido con los servicios públicos y con los empleados públicos, verdaderos garantes de los derechos de los
ciudadanos representados en dichos servicios públicos, empleados públicos a los que les debíamos sus derechos por el esfuerzo realizado durante los años más duros de la crisis económica, de la cual no tuvieron la culpa, pagando con su sacrificio y
con su bolsillo los recortes que se hicieron. Pero, señorías, estamos además ante un Gobierno precavido que hace sus tareas y sus deberes pese a la previsible irresponsabilidad de algunas fuerzas políticas de esta Cámara que han descartado ponerse
a la altura de los Presupuestos Generales del Estado y que han descartado ponerse a la altura de los ciudadanos. (Rumores).
La señora VICEPRESIDENTA (Navarro Garzón): Señorías, silencio, por favor.
Adelante.
La señora SERRANO JIMÉNEZ: Gracias, presidenta.
Por eso, el Gobierno, adelantándose a esa política de bloqueo y de parálisis que quieren imponer al conjunto del país, aprobó este real decreto, para que desde el 1 de enero los empleados públicos pudieran ver incrementadas sus
retribuciones. Son más de 2,5 millones de empleados públicos de las administraciones estatal, autonómica y local, así como del sector público empresarial, los que disfrutan de este incremento salarial y corrían el peligro de que sus sueldos
comenzasen congelados el nuevo año, situación que evitó el real decreto que hoy convalidamos.
Señorías, conviene recordar que la mejora de las condiciones retributivas aprobada por el Gobierno socialista se traduce en un incremento fijo para este año 2019 del 2,25 % para todos los empleados públicos. A ese porcentaje fijo se le
añade otro variable del 0,25 para un crecimiento del producto interior bruto igual o superior al 2,5. Además, los empleados públicos contarán con otro porcentaje complementario del 0,25 de fondos adicionales, cuyo reparto en este caso dependerá de
la negociación de cada administración con sus organizaciones sindicales. En definitiva, un reconocimiento que este país les debía a los funcionarios, a los empleados públicos, sector sobre el que el Partido Popular hizo descansar una parte
importante de su política económica de castigo. Poco a poco, mes a mes, este Gobierno recupera la dignidad de la agenda política que nunca debió estar al servicio de los recortes injustificados.
Pero hay más, señorías. La subida salarial, aunque justa, no es la única medida que merecía la Función pública. La recuperación de los derechos arrebatados años atrás también tiene que plasmarse en otras acciones de gobierno que este
Ejecutivo contempla desde el primer día. Señorías, en poco más de siete meses el Gobierno socialista ha hecho más por los empleados públicos que el Gobierno de Rajoy, el Gobierno del PP, en siete años. (Aplausos). Me refiero a la última oferta de
empleo público aprobada, la mayor de los últimos diez años y que suma un total de 30 844 plazas, la reducción en un 8 % de la temporalidad del sector público, la ampliación del permiso de paternidad a dieciséis semanas, la movilidad de las
funcionarias víctimas de maltrato con plenas garantías y la posibilidad de que los afectados por VIH, diabetes, celiaquía y psoriasis puedan acceder a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, a las Fuerzas Armadas, a los cuerpos de vigilancia
aduanera e instituciones penitenciarias; fuerzas y cuerpos de seguridad a los que se les ha equiparado las retribuciones. Igualmente, estoy convencida de que este Gobierno negociará la resolución de las reivindicaciones de los empleados públicos
de prisiones -a los que quiero saludar y reconocer especialmente su trabajo- en coordinación con los sindicatos.
Estamos ante un Gobierno sensible que en apenas un mes resolvió la oferta de empleo público de cuerpos generales y cuerpos especiales para atender las necesidades que dichos colectivos tenían en cuanto a recursos humanos. Asimismo, el
Gobierno trabaja en aumentar las medidas de conciliación de la vida laboral y familiar aprobando medidas como la acumulación de un 5 % de las horas para atender a menores, mayores o discapacitados y la recuperación de derechos mediante la supresión
de la reducción en las retribuciones que sufrían los empleados públicos desde el año 2012 por incapacidad temporal.
Termino, señora presidenta. Señorías del Partido Popular, han anunciado y reiterado hoy aquí que este Gobierno es débil porque trae a convalidación reales decretos-leyes. ¿Y el Gobierno de Rajoy, el Gobierno del PP, entre los años 2012 a
2016, también era débil con una mayoría absoluta? Porque trajo setenta y tres decretos-leyes a convalidar, repito, setenta y tres. Y quince de las dieciséis leyes que se
aprobaron en su anterior mandato fueron tramitadas como real decreto-ley. En definitiva, este Gobierno gobierna mediante el decreto-ley porque es una forma perfectamente válida para inyectar dignidad a los ciudadanos y a los empleados
públicos en este caso. Ha ocurrido con el salario mínimo interprofesional...
La señora VICEPRESIDENTA (Navarro Garzón): Señora Serrano, tiene que terminar.
La señora SERRANO JIMÉNEZ: Termino, señora presidenta.
Digo que ha ocurrido con el salario mínimo interprofesional y al mismo tiempo está ocurriendo también con las retribuciones de los empleados públicos. Señorías, estamos ante la convalidación de un real decreto-ley, no ante un debate
presupuestario. Tiempo tendremos de hablar de tasas de reposición y de otras necesidades de los empleados públicos. Que España tenga un Gobierno Socialista es una buena noticia para la clase trabajadora y a la derecha, a las derechas, no les
gusta, pero el pasado fin de semana tuvimos la oportunidad de ver a viejas glorias que ahora han sacado los que dicen que vienen a renovar la política.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora VICEPRESIDENTA (Navarro Garzón): Muchas gracias, señora Serrano.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la señora López Ares.
La señora LÓPEZ ARES: Gracias, señora presidenta, señorías.
Señora ministra, yo pensé que usted hoy iba a subir aquí y que iba a pronunciar dos palabras: la primera, gracias, y la segunda, perdón; pensé que iba a pedir disculpas. Gracias por el trabajo llevado a cabo por el Partido Popular en los
últimos años a favor de los empleados públicos y los servicios públicos de este país porque este real decreto-ley... (Rumores).
La señora VICEPRESIDENTA (Navarro Garzón): Señorías, silencio, por favor.
La señora LÓPEZ ARES: ... este real decreto-ley, como todo lo que han hecho desde que llegaron al Gobierno a primeros del mes de junio, es consecuencia de los acuerdos del Partido Popular con los representantes de los trabajadores, de los
empleados públicos. No es suyo, señora ministra, no es del Partido Socialista, señora ministra, esto es el trabajo serio y riguroso del Partido Popular (aplausos), tanto la subida salarial como las ofertas de empleo público que se derivan de los
dos acuerdos firmados por un ministro de Hacienda que, por cierto, no es usted. Por lo tanto, primero tendría que dar las gracias y en segundo lugar hoy debería pedir perdón; primero, por no reconocer ese trabajo de otros, por volver a plagiar y a
apropiarse del trabajo de otros, pero sobre todo deberían hoy pedir perdón a todos los empleados públicos de este país, señora ministra, porque desde que usted llegó al poder, desde que llegó con esa moción de censura a ser ministra del Gobierno de
España, ¿qué les ha aportado usted a todos los colectivos? No les ha aportado absolutamente nada.
Ahora viene la portavoz del Grupo Socialista y dice que, como es trabajo nuestro, tendremos que votar a favor. Ya les anuncio que el Partido Popular va a votar a favor de este real decreto-ley, pero también les anuncio que vamos a pedir que
se tramite como proyecto de ley porque frente a ustedes, que son un partido que ni siquiera es conformista, nosotros somos un partido profundamente reformista, un partido que se ocupa de los españoles y entre ellos nos ocupamos también de los
empleados públicos. Vamos a pedir que se tramite como proyecto de ley porque usted dice que esto es urgente, pero hay muchas cosas que también son urgentes. En primer lugar, quiero recordar a los funcionarios de prisiones, que nos acompañan hoy en
la tribuna (aplausos), porque ellos también tienen derecho a que aumenten sus retribuciones y a que se mejoren las condiciones laborales, la tasa de reposición, la formación y demás demandas del colectivo de los funcionarios de prisiones.
Usted habla, señora ministra, de la urgencia de este acuerdo del Partido Popular, pero es que también había otro acuerdo del Partido Popular -y tenemos aquí al ministro Zoido- con la Policía Nacional y con la Guardia Civil, había que
incorporar la segunda fase de ese acuerdo del Partido Popular, y ustedes se olvidan de los policías nacionales y de la Guardia Civil. Por cierto, Ciudadanos también se ha olvidado hoy de la Policía Nacional y de la Guardia Civil (aplausos), y está
recogido en el acuerdo que, si no hay presupuestos, se incorporará esa segunda fase por real decreto-ley. Pero también ustedes se olvidan hoy de los miembros de las Fuerzas Armadas, porque ellos también se merecen que este crecimiento económico
pueda llegar a sus mejoras salariales adicionales. En definitiva, colectivo por colectivo o en su conjunto, ustedes se están olvidando de los millones de empleados públicos.
Señora portavoz del Grupo Socialista, usted habla del Partido Popular. Todos los ajustes que tuvimos que hacer desde el Partido Popular han sido recuperados. Todavía estamos esperando -y una oportunidad hubiese sido este real decreto-ley-
recuperar la bajada del 5 % efectuada por el señor Rodríguez Zapatero a los funcionarios, una bajada que el señor Sánchez votó a favor. A ver por qué no lo han incorporado en este real decreto-ley. (Aplausos).
Señora ministra, se lo vuelvo a repetir, nosotros vamos a votar a favor de este real decreto-ley. Vamos a pedir que se tramite como proyecto de ley porque creemos que, además de lo que hemos hecho, se puede hacer mucho más por todos los
empleados públicos. La diferencia entre ustedes y nosotros es que a lo mejor nosotros nos dedicamos a mejorar la vida de los españoles mientras que ustedes se dedican a la foto de la vergüenza, que es que en vez de trabajar por los españoles su
único proyecto desde el inicio ha sido mantener sentado al señor Pedro Sánchez en La Moncloa. (Muestra una foto) 1.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora VICEPRESIDENTA (Navarro Garzón): Muchas gracias, señora López Ares.
- REAL DECRETO-LEY 25/2018, DE 21 DE DICIEMBRE, DE MEDIDAS URGENTES PARA UNA TRANSICIÓN JUSTA DE LA MINERÍA DEL CARBÓN Y EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LAS COMARCAS MINERAS. (Número de expediente 130/000051).
La señora VICEPRESIDENTA (Navarro Garzón): Pasamos a la convalidación o derogación del Real Decreto-ley 25/2018, de 21 de diciembre, de medidas urgentes para una transición justa de la minería del carbón y el desarrollo sostenible de las
comarcas mineras.
Para presentar el real decreto-ley en nombre del Gobierno, tiene la palabra la señora ministra de Transición Ecológica.
La señora MINISTRA PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA (Ribera Rodríguez): Gracias, presidenta. Buenos días, señorías. Feliz año.
El año 2018 ha terminado y con él el tiempo máximo que la Unión Europea nos permitía subvencionar el carbón nacional. Nosotros desde el Gobierno estamos convencidos de la importancia que tiene la inclusión transversal de la transición
ecológica en todas las políticas públicas. Pensamos que solo así podremos avanzar en una agenda de progreso, de crecimiento económico y social y de generación de oportunidades, siempre evidentemente en el contexto de un acompañamiento social justo.
Las transformaciones implícitas de este proceso de transición exigen una anticipación, un acompañamiento con medidas de impulso industrial, laborales, formativas, que aseguren que nadie se queda atrás.
Decía antes -aludo ahora a la norma comunitaria concreta- que la Decisión 2010/787 del Consejo de la Unión Europea, de 10 de diciembre del año 2010 -hace, por tanto, más de ocho años-, relativa a las ayudas estatales destinadas a facilitar
el cierre de minas no competitivas, supone la transición para el sector del carbón de una norma particular a las normas generales sobre ayudas de Estado aplicables a todos los sectores. La decisión de 2010 limitaba hasta el 31 de diciembre de 2018
la posibilidad de que los Estados miembros concedieran ayudas a las minas no competitivas para cubrir los costes relacionados con el carbón destinado a la producción de electricidad. El artículo 3.º de esta decisión establece las condiciones para
que las ayudas a las empresas destinadas específicamente a cubrir las pérdidas de la producción corriente de las unidades de producción puedan considerarse compatibles con el mercado interior. En particular, esta norma exigía un plan de cierre de
las unidades de producción no competitivas, de modo que se pudiera desarrollar un cese ordenado de las actividades mineras en dichas unidades de producción que tenía que culminar, a más tardar, el 31 de diciembre de 2018. Así, la decisión reconoce
que los Estados miembros deben poder tomar medidas para aliviar las consecuencias sociales y regionales del cierre de dichas minas y para ello hacía posible la adopción de medidas complementarias encaminadas a financiar costes excepcionales
relacionados con estos cierres, tales como los relativos a los procesos de reducción de plantillas, que permitiesen mitigar las consecuencias negativas sobre el empleo en ámbitos en los que normalmente este representaba una buena parte de la
actividad de la zona. Estas
1 Nota del Diario de Sesiones: En la foto se ve, de izquierda a derecha, a la señora ministra de Política Territorial y Función Pública, Batet Lamaña; a la señora ministra de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad, Calvo
Poyato; al señor presidente del Gobierno, Sánchez Pérez-Castejón; al señor presidente de la Generalitat de Catalunya, Torra i Pla; al señor vicepresidente de la Generalitat de Catalunya, Aragonès i Garcia, y a la señora consejera de la
Presidencia y portavoz del Gobierno de la Generalitat de Catalunya, Artadi Vila.
actuaciones serán aplicables durante el periodo de vigencia de la norma, que expira el 31 de diciembre de 2027.
En este contexto, el marco de actuación para la minería del carbón y las comarcas mineras para el periodo 2013-2018 acordado el día 31 de octubre de 2013 por el ministro de Industria, Energía y Turismo con la central sindical Fitag-UGT, la
Federación de Industria de Comisiones Obreras, la Federación de Industria de USO y la agrupación de los empresarios del sector, Carbunión, se configuró como el instrumento de planificación de las políticas públicas de reordenación de la minería del
carbón durante este periodo, de conformidad con lo previsto en la decisión de 2010. Así mismo, en este Plan 2013-2018 se recogen distintas medidas destinadas a impulsar económicamente las zonas mineras pero, lamentablemente, a pesar de los últimos
planes del carbón y del marco de actuación 2013-2018 para incentivar actividades alternativas, estas comarcas siguen manteniendo un alto nivel de dependencia económica de la industria de la minería del carbón, lo que las hace particularmente
frágiles económica y socialmente. Se mantiene un volumen todavía importante de trabajadores en plantilla con una dilatada experiencia profesional en el sector minero, y un significativo desgaste físico en muchos casos, en unas zonas donde existe ya
un elevado índice de desempleo y limitadas oportunidades de reinserción laboral. Si a esto unimos la situación crítica de las empresas del sector cabe preguntarse por cómo mantener un cierto nivel de empleo más allá del día 31 de diciembre de 2018
en estas zonas. Es decir, estamos ante un colectivo y unas comarcas prioritarias desde el punto de vista de la transición justa, comarcas y vecinos que necesitan el apoyo solidario del conjunto de la sociedad.
Este fue el argumento, la lógica fundamental que explica nuestro empeño para alcanzar un acuerdo marco para la transición justa de la minería del carbón y el desarrollo sostenible de las comarcas mineras en el periodo 2019-2027 que fue
suscrito el pasado 24 de octubre por el Ministerio de Transición Ecológica con la central sindical FICA-UGT, la Federación de la Industria de Comisiones Obreras, la Federación de la Industria de USO y la agrupación de empresarios del sector,
Carbunión. En este acuerdo para la transición justa, en el que participaron todos los sindicatos junto con los empresarios del sector, se han establecido las bases para una transición justa de la minería del carbón y un desarrollo sostenible en las
comarcas, teniendo en cuenta la situación del sector y la finalización de las ayudas destinadas a cubrir las pérdidas de las explotaciones mineras de acuerdo -y esta era una condición sine qua non- con las exigencias de la normativa europea. En
este ámbito, la preocupación del Gobierno se ha centrado en la ejecución efectiva de las ayudas pendientes destinadas a los municipios mineros para el periodo 2013-2018. En los últimos meses hemos agilizado la concesión de ayudas a pequeños
emprendedores y a proyectos empresariales, así como a los municipios para infraestructuras, lo que supondrá algo más de 130 millones de euros en comarcas mineras. Asimismo, el acuerdo incluye 250 millones para la reactivación de comarcas en el
periodo 2019-2023, ayudas destinadas a la reactivación de la zona a través del apoyo a empresas y nuevos emprendimientos. Hemos trabajado en la ampliación de la dotación presupuestaria para 2019 y por ello este real decreto incluía la posibilidad
de aplicar los ingresos de las subastas de derechos de emisión en actuaciones de políticas de transición justa y de lucha contra el cambio climático hasta un importe de 100 millones de euros, todo ello en un contexto en el que el mayor desafío era
precisamente trabajar contrarreloj.
En la fecha límite, 31 de diciembre de 2018, las empresas que forman parte del citado plan de cierre de la minería no competitiva debían poder optar a ayudas que cubrieran los costes de reducción de su todavía voluminosa plantilla, conforme
al artículo 4 de la decisión de la Unión Europea y, a la vez, había que garantizar que para esta misma fecha el conjunto de las plantillas excedentes de la minería del carbón pudieran acceder a las prestaciones sociales financiadas con cargo a estas
categorías de ayuda o, al menos, tuvieran derecho a una prestación contributiva por desempleo por el periodo máximo legal como un modo de paliar la repercusión que la pérdida de puestos de trabajo generaba en dichas zonas. Esto nos obligaba a
introducir cambios con extraordinaria urgencia. Han sido meses en los que hemos estado trabajando en un verdadero plan de rescate de todos los trabajadores de las empresas privadas incluidas en el plan de cierre, de modo que pudieran acogerse a
prejubilaciones o bajas incentivadas más prestaciones mejoradas de su trayectoria profesional. En paralelo, en relación con los trabajadores de este plan que no pudieran acogerse a la prejubilación o a los que estaban integrados en subcontratas y
no podían ser incluidos en el acuerdo de plan social porque sus empresas no estaban dentro del plan de cierre, hemos decidido la creación de una bolsa de trabajo gestionada por el Instituto para la reestructuración de la minería del carbón y
desarrollo alternativo de las comarcas mineras, facilitando el acceso a nuevos yacimientos de empleo, cursos de formación y preparación de un futuro, impulsando
con el máximo empeño salidas laborales para todos; insisto, para todos. Creemos que es fundamental mantener, activar y potenciar medidas dirigidas a impulsar económicamente estas comarcas e incentivar el empleo en los municipios afectados.
Creemos que para la transición es importante entender que es justa y es concebida, entendida y percibida como justa. Asimismo, creemos que para ello deberemos seguir trabajando; a partir de 2019 será fundamental la continuidad de estas medidas a
través de políticas de reactivación en las comarcas, extendiendo su ámbito de vigencia y facilitando el impulso económico mediante el desarrollo de nuevas infraestructuras, proyectos de restauración del espacio natural afectado por las actividades
mineras o actividades económicas alternativas que favorezcan la generación de nuevos empleos.
Así que hoy traemos a convalidación un real decreto-ley que responde a la necesidad de afrontar una coyuntura económica inusual, regulando con urgencia el marco jurídico que asegurara la transición justa y garantizando que en la fecha límite
señalada -31 de diciembre de 2018- los afectados pudieran tener acceso al conjunto de las medidas descritas. Este es el propósito con el que el Gobierno aprobó el pasado 21 de diciembre el Real Decreto-ley 25/2018, de medidas urgentes para una
transición justa de la minería del carbón y el desarrollo sostenible de las comarcas mineras. En este sentido, este real decreto-ley constituye un instrumento constitucionalmente lícito y adecuado para la consecución del fin que justifica la
legislación de urgencia, que no es otro, tal y como reiteradamente ha exigido nuestro Tribunal Constitucional, que subvenir a una situación concreta dentro de los objetivos gubernamentales que, por razones difíciles de prever -en este caso una
escasez de tiempo obvia-, requiere de forma urgente una acción normativa inmediata. También es coherente con los principios de buena regulación establecidos en el artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, sobre procedimiento administrativo
común de las administraciones públicas. (El señor vicepresidente, Prendes Prendes, ocupa la Presidencia). Es acorde al principio de proporcionalidad al contener la regulación imprescindible para la consecución de los objetivos previamente
mencionados, ajustándose al principio de seguridad jurídica al ser coherente al cien por cien con la regulación de la Unión Europea en esta materia. Los principios de necesidad y eficacia se derivan de lo que acabo de exponer. En cuanto al
principio de transparencia, su regulación se apoya en el citado acuerdo marco para una transición justa de la minería del carbón y desarrollo sostenible de las comarcas mineras, en el que han participado activa e intensamente los distintos agentes
sociales. Por tanto, respetamos esa voluntad de consenso.
Por lo que se refiere a su contenido, las medidas que contiene este texto se agrupan en dos títulos y una parte final que incluye las disposiciones necesarias para completar la regulación. En el título I se establece el régimen especial de
las ayudas sociales. Distingue entre las ayudas por costes laborales para trabajadores de edad avanzada y las ayudas por costes laborales mediante bajas indemnizadas de carácter voluntario. Flexibiliza las condiciones vigentes de acceso con objeto
de dar cabida al conjunto de los trabajadores que mantienen su vínculo laboral con las empresas mineras del carbón considerados a 30 de junio de 2018. Y para lo no previsto expresamente se realiza una remisión al actual Real Decreto 676/2014, de 1
de agosto, por el que se establece el régimen de ayudas por costes laborales destinadas a cubrir costes excepcionales vinculados a planes de cierre de unidades de producción de las empresas mineras del carbón, que se modifica en algunos aspectos y
cuyo ámbito de vigencia se extiende. El título II posibilita las medidas necesarias para un desarrollo sostenible en las comarcas mineras, introduciendo la modificación del citado Real Decreto 676/2014 con el objeto de extender su ámbito temporal
de vigencia más allá del 31 de diciembre de 2018, permitiendo así el desarrollo de actuaciones desde la entrada en vigor de esta norma. Finalmente, se recogen una serie de disposiciones necesarias para completar la regulación; por ejemplo, se
incluyen aspectos previstos en el nuevo acuerdo marco para una transición justa de la minería del carbón y desarrollo sostenible de las comarcas mineras para el periodo 2019-2027, se establece un régimen transitorio de ayudas sociales amparadas por
esa norma en relación con los procedimientos ya iniciados en el marco de la anterior regulación o dicho régimen respecto de los convenios de colaboración vigentes o en tramitación. En definitiva, en cada una de las medidas que se adoptan en esta
norma concurren las circunstancias de extraordinaria y urgente necesidad exigidas como presupuesto habilitante para un decreto-ley, dado que todas ellas debían ser adoptadas necesariamente con antelación al 31 de diciembre de 2018 si queríamos que
pudieran ser efectivas y no dejar a ninguno de los afectados atrás; de hecho, la entrada en vigor de este decreto-ley ha posibilitado ya el inicio, la tramitación de los expedientes de regulación de empleo previstos sin que quedaran desamparados,
que los trabajadores vayan a poder acceder a prejubilaciones o bajas incentivadas, que los trabajadores excedentarios -incluidos los de las subcontratas- puedan acceder a trabajos en restauración, que las empresas puedan recibir subvenciones
para las labores de restauración o que los municipios mineros vayan a poder presentar proyectos del marco 2013-2018 en los próximos meses para la concesión de ayudas financieras.
Aunque este real decreto-ley incorpora los cambios normativos urgentes para dar cobertura a los trabajadores, ampliar plazos de presentación de proyectos y garantizar un presupuesto suficiente, el compromiso del Gobierno con una transición
justa y el desarrollo sostenible de las zonas particularmente afectadas, como lo son las comarcas mineras, va más allá y adquiere un carácter integral. Es un primer paso fundamental para ser abordado y dar respuesta inmediata, pero nuestro
compromiso incluye seguir impulsando medidas de integración y transición justa para todos los afectados, incluyendo -subrayo- las subcontratas. De hecho, estamos ya trabajando en un plan urgente para las comarcas mineras que comprende el plan de
restauración, que garantiza la restauración ambiental y social de las zonas, y un plan de desarrollo de energías renovables y eficiencia energética con particular atención en las zonas afectadas y que contará con la participación de estos
trabajadores. Seguiremos buscando medidas adicionales para que nadie se quede atrás, que irán acompañadas de la elaboración de convenios de transición justa en las comarcas afectadas con la intención de fijarnos objetivos de creación, fijación de
empleo a medio y largo plazo y generación de actividad industrial y económica. El Gobierno se compromete a hacerlo de manera participativa; creemos que esto es fundamental: una elaboración pronta y participativa. Y también a hacer un seguimiento
transparente de lo acordado, su éxito, su necesidad de corrección o su posibilidad de seguir abundando en los componentes más exitosos. Estos convenios ofrecerán un acceso asistido y ágil a las ventanas de apoyo financiero disponible en la
Administración General del Estado -a los fondos europeos, por ejemplo, a la Plataforma de regiones carboníferas- y ofrecerán incentivos fiscales, entre otras medidas, pudiendo ampliarse, por tanto, la financiación disponible para los territorios y
las personas en transición. Todo ello en el marco de la estrategia de transición justa, que creemos que debe contemplar medidas transversales para abordar las exigidas políticas públicas de transición ecológica desde ese imprescindible vector del
empleo y la justicia social, porque a juicio de este Gobierno es imprescindible acompañar solidariamente a los trabajadores de sectores particularmente afectados por una transición rápida en una economía que cada vez más avanza hacia la reducción de
emisiones de gases de efecto invernadero y que tiene que estar preparada para poderlo hacer aprovechando las oportunidades y evidentemente minimizando los impactos negativos que todo cambio puede conllevar. Creemos que es preciso garantizar la
cohesión social y territorial en el contexto de la seguridad energética, promoviendo las medidas concretas que permitan una transición justa y solidaria de la economía española. A nuestro juicio, este es un elemento determinante, clave, que marca
el valor de una determinada civilización, de una determinada realidad social. Como los grandes retos del siglo XXI a los que nos enfrentamos, se nos exige una respuesta sincera que garantice un modelo de desarrollo sostenible; empática, que ayude
a los que más sufren y pierden; de futuro, que abra oportunidades sociales duraderas en el tiempo, una agenda generadora de oportunidades. Porque la ambición de este Gobierno en materia de transición es, en esencia, una ambición de justicia
social. Porque la transición ecológica debe ser justa, generar oportunidades sin dejar a nadie en el camino. Nos miran de cerca, nos miran los ciudadanos afectados, nos miran las organizaciones sindicales, también nos miran desde otros países con
retos equivalentes o la propia Organización Internacional del Trabajo, cuyas recomendaciones y directrices han inspirado nuestro trabajo y esfuerzo en la negociación, en alcanzar acuerdos con los sindicatos y los empresarios. El acuerdo con los
agentes sociales refleja puntualmente todas esas recomendaciones.
Por todo ello, solicito a la Cámara la convalidación de este real decreto-ley de acuerdo con lo previsto en el artículo 86 de la Constitución, confiando en que los grupos parlamentarios la apoyen ante la trascendencia de las actuaciones que
comprende y sabiendo que este es un primer paso de un camino largo, complejo, pero que merece la pena recorrer para ofrecer y asegurar un futuro a nuestros ciudadanos, a nuestra sociedad, a nuestros hijos, a nosotros mismos.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señora ministra.
En el turno de fijación de posiciones, interviene, por el Grupo Parlamentario Mixto, el señor Martínez Oblanca.
El señor MARTÍNEZ OBLANCA: Muchas gracias, señor presidente.
Este no es, señora ministra para la Transición Ecológica, un primer paso; este es el paso final en el inadmisible proceso de desmantelamiento y desertización de las cuencas mineras con el que se espeta la puntilla socialista al sector del
carbón y a grandes comarcas de población, sobre todo en Asturias.
Liquidando al carbón, el Gobierno de Sánchez desperdicia el único combustible fósil autóctono que tenemos en España y, por lo tanto, renuncia a nuestra soberanía energética. Se culmina así el derrotero iniciado por el entonces comisario
europeo Joaquín Almunia, con el conocimiento y aquiescencia del entonces presidente del Gobierno, el señor Rodríguez Zapatero, que inició una regulación por razones de competencia desleal del carbón subvencionado y se puso como fecha terminar con la
minería en el año 2018, como usted ha recordado haciendo referencia a aquella decisión del Consejo Europeo. En Foro ambicionamos como los que más la salubridad medioambiental del planeta y de sus habitantes, de ahí nuestras enmiendas del pasado
ejercicio presupuestario que ustedes dejaron de ejecutar para alcanzar el objetivo europeo previsto de cero emisiones. Sin embargo, frente a esta política del PSOE que mata y remata de forma precipitada, ansiosa y súbita la minería del carbón y de
las cuencas, consideramos prioritario defender la soberanía energética nacional y recuperar el concepto de reserva estratégica que recoge el Libro Verde de la Energía, así como definir la imprescindible participación del carbón autóctono en el mix
energético que el pasado año supuso nada menos que el 14 % del total de la generación eléctrica.
Señorías, España es un país de altísima dependencia energética del exterior. Hoy en España nuestras familias, comercios, empresas e industrias pagan uno de los recibos de la luz más caros de toda Europa, las electrointensivas y sus miles de
empleos directos e indirectos están sumidos en la incertidumbre. Véase Alcoa, véase el ERTE de Arcelor o véase las advertencias de los directivos siderometalúrgicos ante la negativa merma de competitividad lastrada por los altos costes energéticos.
Las centrales térmicas de generación eléctrica están siendo forzadas a echar el cerrojo arrastrando al desempleo a sus trabajadores y a los de las empresas auxiliares. La logística y el transporte de graneles sólidos -tanto marítimo como por
carretera- también se ven muy penalizados. El Gobierno de Sánchez persevera en los aldabonazos contra la minería del carbón en lugar de seguir el ejemplo de otros países como Polonia o Alemania, cuyos Gobiernos han aprobado planes estatales que
mantienen capacidad extractiva, puestos de trabajo y actividad económica en sus cuencas. Con el voto en contra de Foro rechazamos este real decreto-ley, muy dañino social y económicamente para el inmediato futuro de las comarcas mineras, pero
también para nuestra industria básica y, en definitiva, para el conjunto de Asturias.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señor Martínez Oblanca.
Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el señor Campuzano i Canadés.
El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Gracias, señor presidente.
Señora ministra, compartimos la filosofía de fondo que expresa el real decreto, la necesidad de poner fin a las ayudas al carbón y la necesidad de que este proceso responda a los principios de una transición justa. Ahí necesariamente he de
empezar recordándole que este real decreto en su aplicación práctica no debería excluir a las cuencas mineras de Cataluña y, en concreto, a las zonas del Alt Berguedà, que continúan padeciendo las consecuencias del fin de la actividad minera en esos
territorios, con problemas graves. Además, en el periodo 2007-2012 tendrían que haberse desarrollado una serie de actuaciones basadas precisamente en estas ayudas para la reestructuración minera y el desarrollo alternativo de las comarcas mineras y
resulta que hay pendientes cerca de 4 millones de euros de ayudas que son fundamentales para la creación de empleo y la recuperación económica en el Alt Berguedà. Nos preocupa la deuda del Estado con la comarca del Berguedà, nos preocupa que esta
comarca quede excluida de este real decreto.
En segundo lugar, el real decreto incorpora, a través de su disposición transitoria quinta, un mecanismo de reparto de los recursos económicos de la subasta de derechos de CO2. Usted sabe, señora ministra, que ahí mantenemos una
discrepancia de fondo con el Gobierno. A nuestro entender esos recursos deberían de territorializarse, de transferirse a las comunidades autónomas precisamente para luchar contra el calentamiento global y el cambio climático en los sectores
difusos. Ahí el Gobierno continúa gastándose recursos en políticas que son directamente gestionadas por el ministerio o bien en la reducción del déficit de tarifa. Este nos parece un planteamiento equivocado y es lo que nos lleva a no poder apoyar
este real decreto.
Finalmente, he de recordarle, señora ministra, que algunos de los aspectos de este real decreto que prorrogan anteriores normas tuvieron sentencias del Tribunal Constitucional en contra, que establecían el principio de que cualquier ayuda
que afecta a una política en la que la competencia es compartida debe ser gestionada por la comunidad autónoma. Si en el trámite parlamentario no modificamos este último
aspecto, el riesgo es que este real decreto vuelva a terminar en el Tribunal Constitucional y que de nuevo el Gobierno del Estado pierda frente a las reclamaciones de las comunidades autónomas. (La señora presidenta ocupa la Presidencia).
Por tanto, todo ello nos lleva a la abstención en la convalidación de este real decreto y a la solicitud de que se tramite como proyecto de ley.
Gracias.
La señora PRESIDENTA: Por el Grupo Parlamentario Vasco, PNV, tiene la palabra la señora Sagastizábal Unzetabarrenetxea.
La señora SAGASTIZABAL UNZETABARRENETXEA: Gracias, presidenta.
Señorías, mi grupo va a votar a favor de la convalidación de este Real Decreto-ley de medidas urgentes para una transición justa de la minería del carbón y el desarrollo sostenible de las comarcas mineras, por un lado, porque entendemos que
son medidas todavía necesarias para incentivar y promover actividades alternativas en estas comarcas, porque todavía mantienen un alto nivel de dependencia económica de la industria minera y también un desempleo alto, a pesar de los últimos planes
del carbón que se han llevado a cabo, que parece que no han conseguido el objetivo de reactivación y de buscar alternativas a esta actividad minera que permitan de verdad una regeneración y reactivación económica de estas comarcas. Y es que este
modelo económico y social parece que ha llegado a su límite de desarrollo. Es un real decreto que da respuesta a las consecuencias por las que Europa, como bien ha dicho la ministra, obligaba al cierre antes del 31 de diciembre de 2018 a aquellas
minas de carbón que no hubieran devuelto las ayudas estatales percibidas entre 2011 y 2018. Estas ayudas, además, fueron concedidas en el marco de la decisión de la Unión Europea que establecía que las explotaciones no competitivas podrían recibir
subsidios para cubrir las pérdidas de la producción corriente y costes excepcionales, pero cuya contraprestación era el compromiso de cierre en diciembre de 2018. Por tanto, es un decreto que contempla prejubilaciones, bajas incentivadas y la
creación de una bolsa de trabajo para trabajadores no prejubilados gestionada por el Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón. En el real decretoley se actualizan además las medidas sociales adoptadas en 2014, cuando se
estableció el régimen de ayudas por costes laborales destinadas a cubrir costes excepcionales vinculados a planes de cierre de unidades de producción de las empresas mineras del carbón.
Como he comentado, votaremos a favor de este decreto porque entendemos que son medidas necesarias para todas estas personas trabajadoras, pero también instamos al Gobierno para que la incentivación de esos planes económicos alternativos para
estas comarcas sean realistas y se realicen con un diagnóstico certero, buscando soluciones y alternativas con una debida planificación para lograr el objetivo comentado.
Gracias. Eskerrik asko.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, tiene la palabra el señor Capdevila i Esteve.
El señor CAPDEVILA I ESTEVE: Buenas tardes. Bona tarda.
Señora ministra, nos trae aquí de nuevo un debate en torno a la descarbonización que ya hemos tenido ocasión de tener ampliamente en sede parlamentaria alto y claro. Una vez más, a estas alturas de la película ya nadie puede negar que este
Estado debe hacer una clara apuesta por el cambio de modelo energético en la línea de los acuerdos alcanzados en Katowice. Por cierto, señora ministra, aprovecho para poner en su conocimiento -es la primera ocasión en que nos encontramos- que este
grupo parlamentario presentó el pasado mes de diciembre una solicitud de comparecencia para que explique usted qué piensa su Gobierno de los acuerdos recogidos en esta Cumbre del Clima. Pero, volviendo al objeto del real decretoley, hay fuentes de
energía que deben quedarse atrás por caras, por contaminantes y por obsoletas, y el carbón es una de ellas. Entendemos que el debate aquí está cerrado; aquí y en Silesia. Por ello, entendemos que aquellos territorios altamente dependientes de
esta fuente de energía sean receptores de planes de desarrollo para poder iniciar así un cambio en su modelo productivo; mal si los empiezan ahora, hace ya años que debieran haber empezado. Apoyamos estas medidas -no sin antes poner en entredicho
tanto su ejecución real como su ámbito de actuación- en la medida en que, como ha dicho mi compañero, el señor Campuzano, en Cataluña también tenemos comarcas mineras -como le consta- y en el Plan del Carbón 20062012, impulsado por el Gobierno del
PSOE, se reconocieron ayudas que permitieran impulsar infraestructuras con el objetivo de crear nuevos yacimientos
de ocupación que fueran una alternativa para personas desocupadas procedentes del sector minero, conocidas como Fondos Miner. El Gobierno del Partido Popular, cuando llegó al poder, decidió recortar y no pagar aquellos fondos acordados y
comprometidos a través de la Mesa de la Minería catalana, de la cual forma parte también el Gobierno del Estado español. Se trataba de proyectos empresariales y de infraestructuras muy importantes para la comarca del Berguedá. Estamos hablando de
4,4 millones de euros que estaban comprometidos y que el Gobierno español dejó de pagar en el territorio catalán con la consecuente falta de financiación para los planes previstos. Tengo la lista desglosada con sus correspondientes importes, pero
la señora ministra también debe responder de ella. Otro agravio comparativo respecto a nuestro territorio que tiene que ver con el ámbito de actuación de estos planes son los receptores de estas ayudas del real decreto sobre los territorios
incluidos en el marco de actuación para la minería del carbón en las comarcas mineras 2013-2018, donde se establece que el objeto del plan son las comarcas mineras de Aragón, Castilla-La Mancha, Castilla y León y el Principado de Asturias. Señala
también que con carácter excepcional se contemplarán actuaciones en Andalucía, Galicia y Cataluña. Pues bien, no se ha contemplado ninguna actuación en dicho territorio, ni tan solo excepcionalmente, pasando por alto el compromiso del Estado y, en
consecuencia, la deuda de 4,4 millones que le he citado.
Por último, pedimos también el cumplimiento en Cataluña de la Orden Ministerial 1158/2014, de 30 de junio, que regula las concesiones de ayudas para pequeños proyectos de inversión para promover el desarrollo alternativo de las zonas mineras
en el periodo 2014-2018. Ya ve, señora ministra, que estamos comprometidos con los planes de descarbonización, pero deseamos también el compromiso real de que sean ejecutados y extensivos a todos los territorios que lo requieran.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra la señora Rodríguez Hernández.
La señora RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ (doña Melisa): Gracias, señora presidenta.
Señorías, ante todo, quiero desearles un feliz inicio de este curso y un feliz año, que no los había visto antes, y también quiero denunciar que ya van veintisiete decretazos, ya van veintisiete formas de abuso o prostitución del significado
del real decreto-ley de urgencia, que no se utiliza para gobernar de manera impositiva sino que debería ser para eso, solamente para urgencias. Si existe una debilidad manifiesta, simplemente convoquen elecciones, iremos a unas mayorías diferentes
y así podríamos llegar a un acuerdo.
En este texto que nos trae la ministra se refleja el acuerdo del Gobierno con los sindicatos mayoritarios del sector. Se pretende establecer esas medidas necesarias para una transición justa de la minería del carbón y de las comarcas
mineras a fecha 31 de diciembre. Pero vamos a hacer un poco de memoria, que creo que en cuanto a la minería y el dinero que se ha destinado a reconvertir el sector nos va a ser bastante instructivo. En 1997 España contaba con 24 405 trabajadores
del sector de la minería, a finales de 2017 quedaban 1592. Vamos a hacer un resumen o esa memoria sobre todos los planes que se han aplicado. Plan de la Minería de 1998 a 2005, firmado por el Partido Popular; compromiso de invertir 500 000
millones de pesetas, 3000 millones de euros, para infraestructuras, para formación, para captación de empresas en la zona, todos de acuerdo aparentemente. Plan 2006-2012 acuñado y firmado por el Partido Socialista, 2880 millones de euros para las
cuencas; gran parte de estos fondos no llegaron a ejecutarse, no se emplearon, no se utilizaron para lo que estaba destinado. Marco de Actuación para la Minería del Carbón 2013-2018, 150 millones de euros para nuevos proyectos empresariales, 250
millones de euros para infraestructuras en dichas comarcas; no hay constancia ninguna de los datos de ejecución de este último plan. ¿Qué pasa? Llegamos a la actualidad, Acuerdo Marco 2019-2027, el último plan de reconversión. Por supuesto que
hay que tomar medidas, porque algo ha pasado durante todo este tiempo, que plan, tras plan, tras plan se han consignado millones, millones y millones de euros, no hay respuesta ni datos efectivos que nos digan que se han ejecutado estos fondos, no
hay tampoco certificaciones que nos digan que este dinero ha llegado a los mineros, ni tampoco que ese sector está reconvertido. Hablaban de acompañamiento social justo. El acompañamiento social justo hubiese sido que en todos estos años y con
todos esos planes el sector ya estuviese reconvertido. Porque, ¿dónde está ese dinero? ¿Donde está todo el dinero que se supone que se ha destinado a ello y que no se ha invertido? (Aplausos). ¿Se ha reconvertido el sector? Yo creo que el
sector todavía no está reconvertido. Todavía estamos yendo a planes de emergencia, a reales decretos-ley de urgencia para ver qué pasa. ¿Cuál es la situación de las
cuencas? ¿La situación de las cuencas ha mejorado después de todos estos planes o la situación de las cuencas ha ido empeorando? ¿Hay más empleo en estas zonas? Vamos al ejemplo de los municipios mineros de Asturias: multiplican por dos
la tasa de desempleo. Pero es que si vamos a la tasa de desempleo juvenil de los municipios mineros de Asturias ya nos podemos echar las manos a la cabeza. ¿Han paliado estos planes de reconversión del sector minero esa posible despoblación de
esta zona? ¡Sorpresa!, los veintiséis municipios mineros de León en los últimos diez años han sufrido un descenso de su población del 15 %; es decir, que ni está reconvertido, ni se sabe dónde está el dinero, ni el dinero ha llegado a los mineros,
ni hay planes de empleo para esa zona, ni se le ha dado una segunda vida a esa zona, ni tampoco se ha paliado la despoblación. Con lo cual, ¿qué se ha hecho con todo ese dinero? Me apena además dar todos estos datos, porque esto no es una opinión
personal, son los datos y están ahí para contrastarlos. Esto es lo que tiene la perversión de los números, no se pueden manipular. Dejan ver la incapacidad de muchas políticas que se perpetúan en el tiempo sin pedir una ejecución.
Más allá de esto, este es un acuerdo, como digo, al que se ha llegado con los sindicatos mayoritarios, pero que deja fuera a gran parte de los trabajadores que están empleados por medio de subcontratas. Así lo ha denunciado la Unión
Sindical Obrera, que ha dicho que este real decreto no atiende a todos los empleados del sector minero porque deja fuera a parte, en este caso todos esos subcontratados. Por eso, le pedimos al Gobierno que se tramite como proyecto de ley. Nos
gustaría poner luz en todo esto. Hemos pedido la comisión de investigación sobre los fondos mineros y nos gustaría que el Partido Socialista la apoye de una vez y deje de bloquearla, porque ni el Partido Popular ni el Partido Socialista quieren
poner luz sobre esto. Votaremos que sí, como ya le he transmitido a la ministra, a este real decreto-ley de urgencia, pero también le pedimos que se tramite como proyecto de ley. Se trata de velar por los intereses de todos los trabajadores,
también por esos que no se han contemplado en todo este proceso, como denuncian los sindicatos minoritarios.
Para acabar, presidenta, quisiera decir que la política del real decreto no es la política que debería ejecutar ni llevar un Gobierno. La política del real decreto debería ser para situaciones excepcionales y de urgencia. Si no tienen
mayoría, en lugar de ir a golpe de real decreto convoquen elecciones, que hacen falta, y llegaríamos a acuerdos productivos y más estables. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, tiene la palabra, en primer lugar, la señora Marcello Santos.
La señora MARCELLO SANTOS: Gracias, presidenta. Buenas tardes a todos y a todas.
Hoy, el Gobierno nos trae un real decreto sobre la transición justa de la minería del carbón y el desarrollo sostenible de las comarcas mineras. Para empezar, aunque moleste, seguiremos diciendo que este real decreto recoge el pacto de las
tres mentiras. En primer lugar, este no es un pacto de transición, es un punto y final al sector y al propio sector de la minería. En segundo lugar, no es un pacto ecológico, porque, nos guste o no, en este país se va a seguir quemando carbón y
será carbón de importación. En tercer lugar, este no es un pacto justo, ni con las comarcas de Asturias, León, Palencia y Aragón, ni tampoco es un pacto justo para los trabajadores, y mucho menos para los trabajadores de las subcontratas.
También es importante que hablemos de cómo hemos llegado hasta esta situación tan dramática. Nosotras, desde que hemos surgido como formación política, hemos denunciado el incumplimiento sistemático del Marco de Actuación para la Minería de
Carbón 2013-2018, el cual nosotras no firmamos, porque ni siquiera existíamos como formación política. Desde el mismo día que se firma, empieza el incumplimiento. Por tanto, usted como ministra tiene que entender que todas esas habladurías sobre
reactivación de las comarcas mineras son muy poco creíbles para los trabajadores y para la gente de las comarcas, porque, como hemos visto, esos fondos mineros, que siempre decían que iban para la reconversión industrial, jamás llegaron para eso.
Se crearon polígonos industriales, vacíos de industria, se crearon parques, jardines, farolas y demás y nada de industria en las comarcas mineras. Por lo tanto, nuestro grupo quiso crear una comisión de investigación para saber a dónde había ido
todo ese dinero, a qué bolsillos había ido todo ese dinero para reconversión, y su partido, el Partido Socialista, con la complicidad del Partido Popular, se opuso a crear esa comisión, algo tendrán que esconder.
Algunos dirán que por qué comento esto hoy, y yo creo realmente que de aquellos polvos estos lodos, porque de haberse iniciado cuando supuestamente se tenía que haber iniciado el proceso de transición, hoy no nos estaríamos encontrando con
comarcas mineras abocadas a la desesperación y a la despoblación. Estamos viviendo una tremenda injusticia que una vez más van a pagar los de siempre: los
trabajadores y las comarcas mineras. Y permítame que le diga, señora ministra, que tiene que asumir una cosa: contar cuántos escaños tiene su grupo en esta Cámara y abandonar la soberbia parlamentaria, porque no es justo que la tarde antes
de que usted llevase al Consejo de Ministros este real decreto, justo la tarde de antes se nos comunique y se nos informe de este real decreto sin un diálogo previo con nosotras -no se extrañe, la tarde de antes, y lo sabe perfectamente-. Desde que
usted quiso hablar con nosotras planteamos un diálogo y le dijimos que sabíamos que este real decreto amparaba el acuerdo que se había alcanzado con los agentes sociales y la patronal, lo respetábamos, pero hemos denunciado que se quedaban fuera
ciertas medidas que para nosotras eran urgentes y de vital importancia. Uno, dejan fuera a más de cuatrocientos trabajadores, sobre todo los trabajadores de las subcontratas de la minería; planteábamos algo tan revolucionario como que ya que
habían hecho los mismos trabajos, qué menos que gozaran de los mismos derechos cuando ustedes cierran el sector. Pero ustedes les ofrecen una salida que podríamos decir que es la salida comodín del Gobierno de Pedro Sánchez: crear una futura bolsa
de empleo. En concreto plantean estudiar la posibilidad de mejorar las prestaciones de los trabajadores de las subcontratas, mera declaración de intenciones, cero compromiso por su parte. Eso a nosotras no nos vale, pero es lo de menos que no nos
valga a nosotras, es que no les vale a los trabajadores, son conscientes de que esto no les vale y siguen adelante.
Señora ministra, la segunda reivindicación que nosotras hacíamos para apoyar este real decreto es el aumento de la financiación para las tareas de la reconversión y reactivación de las comarcas mineras y una mayor transparencia en todo ese
proceso. Señora ministra, se lo digo directamente: hoy hablamos del sector de la minería del carbón pero esto solo es el inicio, tiene un reto por delante: abordar de verdad la transición energética de este país. Creemos humildemente que no lo
está afrontando correctamente ni está midiendo el impacto de la realidad a la que nos enfrentamos. Le pongo un ejemplo: solo en mi tierra, en León, ya hemos visto el cierre de la central térmica de Anllares, todos en la calle y al paro. Esta
misma semana vemos el ERE de extinción de la subcontrata de la central de Compostilla II, ¿qué les ofrecen? A la calle y al desempleo. Se nos viene encima también el cierre de la central de La Robla, le decimos: no pueden ofrecerles desempleo y
una futura bolsa de trabajo, no es real, no es creíble, es un despropósito en sí mismo. No es normal que en este país la transición energética la sigan marcando las empresas energéticas de este país. Tiene que plantarles cara y decirles que no
puede seguir operando en la ley del salvaje oeste. Si están dispuestos a hacerlo, cuenten con nosotros, si no, ni nos llamen. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Por el mismo grupo, tiene la palabra el señor González García.
El señor GONZÁLEZ GARCÍA: El Gobierno viene aquí a hablar de transición justa mientras está enterrando lo que queda de minería privada, dejando a una parte muy importante de los trabajadores atrás y sin asegurar un futuro para las comarcas.
Han dejado fuera del nuevo marco a más de cuatrocientos trabajadores de subcontratas, prometiéndoles solo una bolsa de empleo que no se sabe para cuándo va a llegar, y hasta entonces no se sabe cómo van a poder llegar los trabajadores. Destinan 250
millones de euros a reactivación cuando el Partido Popular ni siquiera ejecutó los del plan anterior, y todavía no han pagado la deuda de 214 millones que tienen con Asturias en esta materia. Nosotros hemos puesto todo de nuestra parte para llegar
a un acuerdo con el Gobierno que mejorara este real decreto, no ha habido manera, pero todavía tienen tiempo en los próximos presupuestos del Estado. Mientras, desde Asturias y desde León vamos a seguir peleando por nuestro futuro para luchar
contra la despoblación a la que nos condenan sus políticas y también a la que nos condenaron las del Partido Popular anteriormente. Les vamos a dar una oportunidad, como ya les hemos dicho, en estos Presupuestos Generales del Estado, pero para
llevar a cabo una transición justa, y una transición justa es aquella que no deja a nadie atrás, ni a las personas ni a las comarcas. Tienen una oportunidad para hacerlo, señorías. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Urquizu Sancho.
El señor URQUIZU SANCHO: Muchas gracias, señora presidenta.
Señorías, permítanme que mis primeras palabras -lo cual tiene que ver con el orden- las dedique al equipo de salvamento de la brigada minera que está en estos momentos trabajando para rescatar el cuerpo del niño Julen. (Aplausos). Son
mineros asturianos que reproducen muy bien la dureza de ese
trabajo; gente que baja a 70 metros de profundidad para hacer con sus manos una galería y poder excavar y en este caso rescatar el cuerpo de un niño; mineros que hacen esto todos los días durante siete y ocho horas. Pueden imaginarse
ustedes lo que significa ese trabajo. Por eso quería comenzar con ellos, porque creo que reproducen muy bien aquello de lo que estamos hablando.
Yo sé que hay mucha gente que va a tener hoy la tentación de hablar sobre quién es el responsable de qué, y seguramente la mejor respuesta nos la diera la semana pasada una niña durante una manifestación con casi 7000 personas que se celebró
en las cuencas mineras de Teruel en un pueblo que tiene casi 7000 habitantes. Imagínense cuánta gente había allí. Esa niña nos dijo: Dejen de hablar de ustedes, dejen de echarse la culpa y permitan que podamos seguir viviendo aquí. Eso es lo que
nos decía esa niña y eso es de lo que hemos venido a hablar hoy.
Hoy no hemos venido a hablar del Plan del cierre del carbón que se mandó a Bruselas en 2012 y 2016. No hemos venido aquí a hablar de la Ley 15/2012, de medidas fiscales para la sostenibilidad energética, que elevaba el precio del carbón y
por tanto lo hacía inviable; no hemos venido a hablar de eso. Hoy hemos venido a hablar del futuro y hemos venido a hablar de cómo resolvemos los problemas de miles de personas que viven en unos territorios con muchas dificultades, y el Partido
Socialista tiene su fórmula. El Grupo Parlamentario Socialista y el Gobierno socialista tienen su fórmula, en primer lugar, con diálogo. Hoy traemos aquí un real decreto que pone en papel el diálogo entre sindicatos, entre la patronal y los
diferentes agentes sociales. Nosotros no hemos hecho otra cosa que dar la palabra a quienes saben y quienes están todos los días en las cuencas mineras, que son los sindicatos y la patronal. Y ellos, dentro de la dureza de su trabajo, saben cómo
podemos dar salida a todas esas personas, así que la primera fórmula es el diálogo. En segundo lugar, como ha dicho la ministra, lo vamos a hacer sin dejar a nadie atrás, de una forma justa donde los trabajadores que han estado desarrollando ese
trabajo tan duro vayan a tener una salida digna en condiciones de vida dignas; donde las personas que viven en esas cuencas vayan a tener más oportunidades económicas a través de los diferentes fondos que se van a establecer no solo para
restauración y energías renovables, sino también para el desarrollo industrial, como los fondos Miner. Por tanto, lo hacemos pensando en las personas.
¿Saben por qué somos la mejor garantía para hacer esto? Porque nosotros no hablamos de oídas. Nosotros no hablamos de La Robla, de Villablino, de Ariño, de Labiana o de Andorra porque nos lo hayan contado; nosotros hablamos de esos
municipios porque estamos ahí y sabemos lo que se ha hecho con ese dinero durante muchísimo tiempo. Yo les invito a que vengan a ver las residencias que se han construido para las personas mayores, las empresas que siguen funcionando y que se
dedican al cartonaje o a otro tipo de actividades. Les invito a que vengan a conocer las cuencas mineras. Nosotros, los que estamos allí todos los días, sabemos lo duro que es desarrollar económicamente una zona, así que si alguien sube a esta
tribuna a decir que eso es fácil está engañando a la gente. Eso es muy difícil y hay que trabajar muy duro, de manera que no se le puede decir a la gente que esta es una tarea sencilla, que se ha hecho mal, etcétera. Señorías, no habremos acertado
en todo, pero si algo hemos hecho ha sido trabajar muy duro para que las cuencas mineras estén mejor de lo que estaban. Y si alguien le dice a la gente que eso era mucho más sencillo de lo que ha sido es que está faltando a la verdad.
Hemos trabajado mucho, por eso en las cuencas mineras nos lo reconocen. Saben quién es el Partido Socialista, porque nosotros, que somos un partido centenario -nació allí-, hemos estado siempre vinculados a ellos. Nosotros no les tenemos
que contar quiénes somos; nos ven todos los días, nos conocen y saben lo comprometidos que estamos con esa tarea tan complicada, y como sabemos que es muy complicada le decimos la verdad a la gente; no les engañamos. Les estamos diciendo que esta
es la primera medida de muchas más que vamos a tener que tomar, muchas más, porque esto es una transición energética justa. Y para poder desarrollar todo eso seguramente vamos a tener que hacer más infraestructuras, vamos a tener que trabajar en
desarrollar proyectos empresariales en sitios donde no siempre es fácil desarrollar un proyecto empresarial y donde esta transición energética, en este primer paso en el que vamos a preocuparnos por los trabajadores del sector y a ir desarrollando
los primeros fondos de desarrollo, vamos a estar muy comprometidos. Es verdad que en unos meses hay elecciones y algunos están tentados de utilizar en el juego político la dificultad de la gente, algunos tienen la tentación de hacer política cuando
a la gente le va mal y les aseguro que es un camino muy equivocado porque solo van a encontrar desafección y desesperanza, pero ninguna solución.
Somos el partido que garantiza mejor esta salida porque nuestro objetivo no solo es desarrollar las cuencas mineras, es construir un modelo de sociedad con trabajos dignos, con condiciones de vida dignas, con agentes sociales fuertes. Por
eso les damos la palabra y dialogamos. Nuestro objetivo no es
que las cuencas mineras tengan un futuro cualquiera sino que tengan un futuro digno. Por eso traemos este primer real decreto-ley y seguramente traeremos muchas más medidas para seguir desarrollando estas cuencas. Les invito a todos -y he
de decir que agradezco el tono en el que hemos estado hablando estos días para poder convalidar este real decreto-ley- a que seamos constructivos, que nos preocupemos por los ciudadanos que viven allí, que no utilicemos esto para tirarnos los
trastos a la cabeza, porque la gente no espera eso de nosotros, lo que espera es que le pongamos soluciones y que no nos recreemos en sus problemas. Así que, como no podría ser de otra forma, mi grupo parlamentario apoyará este real decreto-ley y
por supuesto confiamos en que salga adelante.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el señor Herrero Bono.
El señor HERRERO BONO: Gracias, presidenta. Buenas tardes ya, señora ministra, señorías.
Este Gobierno trae a esta Cámara su vigésimo sexto decreto-ley para su debate. Esta es la forma que tiene este Gobierno, a base de decretazos, de gobernar y de eludir a las Cortes Generales. Señora ministra, ni es justa la transición
energética que proponen ustedes ni mucho menos es sostenible el desarrollo de estas comarcas. Su real decreto-ley confirma la desaparición del carbón en España y esta es su forma fácil y sencilla de finiquitar el carbón de nuestro país, cerrar las
minas y dar prejubilaciones. Ese es el verdadero plan de reindustrialización que trae usted para nuestras comarcas.
Señora Ribera, los del Partido Popular ni estamos en contra de esas ayudas sociales ni estamos en contra de las prejubilaciones para esos trabajadores, que merecen nuestro respeto, porque precisamente ha sido el Gobierno del Partido Popular
el que siempre ha garantizado la sostenibilidad de las ayudas sociales y pensiones de este país. Señorías, este decreto es la estrategia perfecta de la señora ministra para cargarse las centrales térmicas y lo hace únicamente por la incapacidad y
la demagogia política que usted defiende sobre una política energética que va en contra de los intereses económicos y competitivos de nuestras empresas. Señora Ribera, defender las térmicas es también defender la seguridad del suministro de energía
en España, defender las térmicas es también defender la sostenibilidad del precio de nuestra energía, y defender las térmicas es también defender y respetar los Acuerdos de París en materia de emisiones. (Aplausos).
Señora ministra, su único propósito es cargarse todo lo que está relacionado con el carbón, si no, ¿cómo se explica que usted elimine el céntimo verde al gas y no lo haga al carbón? Señora ministra, dígales a sus señorías, ¿es que las
moléculas de CO2 del carbón y del gas que se emiten a la atmósfera son diferentes? La cuestión es que la demonización de una tecnología nos lleva a un problema muy serio para nuestra economía. Señorías, primero se cargan la oferta del carbón
cerrando las minas; segundo, traen aquí este decreto para indemnizar a los mineros. Como no hay carbón competitivo, tienen que cerrar quienes demandan ese carbón, las centrales térmicas. Cuando cierren las centrales térmicas tendrán que
indemnizar a sus trabajadores y, al no haber térmicas, tal y como afirman la OMIE y las conclusiones de esa comisión de expertos, el precio de la electricidad sube un 15 %. La consecuencia ya la sabemos casi todos: la eliminación de toda la
industria electrointensiva de España. En solo siete meses de Gobierno ustedes han logrado que las plantas de Alcoa, de Avilés y de A Coruña, soliciten el cierren de sus fábricas poniendo en peligro más de setecientos trabajadores; el cierre de la
fábrica de aerogeneradores de Vestas, con el que otros cuatrocientos trabajadores se van a ir a su casa, o la de Cemex, que acaba de anunciar el cierre de dos de sus siete plantas en España, mandando a casi doscientos trabajadores a una extinción de
empleo.
Señorías, este es el Gobierno del Partido Socialista, este es el Gobierno del paro, este es el Gobierno de la destrucción de empleo, este es el Gobierno que una vez tras otra destroza la economía de este país. Este es el Gobierno que nos
devuelve a la España del señor Zapatero. Me cuesta pensar, señora ministra, cómo va a ser posible que usted se presente mañana en Andorra, en mi comarca, cuando es usted quien con sus nefastas decisiones pone punto final a una comarca y pone en
peligro y hiere de muerte a toda una provincia. Por favor, señora ministra, coja el Falcon, vaya a buscar a su presidente, márchense a Bruselas y convoquen elecciones, porque los españoles les estaremos muy agradecidos.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
- REAL DECRETO-LEY 26/2018, DE 28 DE DICIEMBRE, POR EL QUE SE APRUEBAN MEDIDAS DE URGENCIA SOBRE LA CREACIÓN ARTÍSTICA Y LA CINEMATOGRAFÍA. (Número de expediente 130/000053).
La señora PRESIDENTA: Pasamos ahora, señorías, a la convalidación o derogación del Real Decreto-ley 26/2018, de 28 de diciembre, por el que se aprueban medidas de urgencia sobre la creación artística y la cinematografía. Para presentar el
real decreto-ley tiene la palabra, en nombre del Gobierno, el señor ministro de Cultura y Deporte.
El señor MINISTRO DE CULTURA Y DEPORTE (Guirao Cabrera): Señora presidenta, señorías, lo primero que quiero hacer hoy antes de pedirles su voto para convalidar el real decreto-ley que el Gobierno aprobó el pasado 28 de diciembre es mostrar
mi gratitud al trabajo realizado por esta Cámara en la elaboración y aprobación por unanimidad del informe sobre el estatuto del artista. Debería ser un motivo de celebración para todos haber llegado al consenso precisamente en una regulación que
favorece nuestra producción artística, cultural y simbólica y ampara a los miembros de nuestra sociedad que la hacen posible y que en algunos casos se encuentran en injusto desamparo. Existía y sigue existiendo una demanda social para la
profesionalización de un sector que da trabajo a algo más de seiscientas mil personas en España. Por eso quiero dar las gracias en primer lugar a los miembros de la Comisión de Cultura de esta Cámara, en cuyo seno se constituyó la subcomisión del
estatuto del artista, que es el resultado de su ejemplar labor. Hay que destacar el clima de colaboración en el que se ha desarrollado el trabajo, así como la buena disposición de los numerosos profesionales y asociaciones que han pasado por esta
casa para compartir con la subcomisión sus impresiones, experiencias y propuestas para intentar mejorar y desterrar la precariedad que padece el sector.
El real decreto-ley aprobado el 28 de diciembre de 2018 es el primer paso del camino señalado por la subcomisión. En este decreto se han incluido algunas de las medidas contempladas, por supuesto no todas, pero sí aquellas cuya implantación
tenía una complejidad jurídica más fácilmente resoluble. Es voluntad del Ministerio de Cultura y Deporte seguir impulsando las medidas incluidas en el estatuto del artista y que no recoge este decreto. La forma jurídica que se ha elegido para la
implantación de las medidas -el real decreto-ley- responde a criterios de excepcionalidad y urgencia. Dada la unanimidad en el Pleno del Congreso el pasado 6 de septiembre de 2018, lo más adecuado ha sido formalizar las reformas sin más dilación.
Por otro lado, como ustedes saben, estas reformas dependen también del Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social y del de Hacienda, y afectan a los ejercicios fiscales. Aprovecho para dar las gracias a ambos ministerios que han
colaborado con este Ministerio de Cultura y Deporte. El real decreto-ley permite que las medidas hayan entrado en vigor ya desde el pasado 1 de enero; de otra manera habría que haber esperado a 2020, un retraso innecesario para aplicar unas
medidas con las que hemos alcanzado la unanimidad.
Voy a detenerme ahora en los puntos principales que se han aprobado en esta primera fase, que tienen que ver con la fiscalidad, la protección laboral y de Seguridad Social, y la compatibilidad entre prestaciones por jubilación e ingresos por
derechos de autor. El primer punto afecta a las medidas fiscales. Se ha modificado el apartado 4 del artículo 101 de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la renta de las personas físicas. Esta modificación reduce del 19 al 15 %
el porcentaje de retención que se aplica a los rendimientos de capital mobiliario procedente de los derechos de autor en el caso de que el contribuyente no sea el propio autor. Un segundo punto que quiero detallar aquí tiene que ver también con las
medidas fiscales y con las obras y los espectáculos culturales. Se ha procedido a una modificación en el artículo 91.1.2 de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, que regula el impuesto sobre el valor añadido. En este caso se trata de la reducción
del IVA que se aplica a los servicios que prestan intérpretes, artistas, directores y técnicos en tanto que personas físicas. A partir de ahora, el tipo impositivo se reduce del 21 al 10 %.
En tercer lugar, también se ha modificado la Ley 27/2014, del Impuesto sobre sociedades, que ya contemplaba incentivos fiscales para la cinematografía y las artes audiovisuales. En este caso, la modificación se ha establecido en el apartado
2 del artículo 26, con vistas a proteger la cinematografía e incentivar los rodajes en el territorio de nuestro país. Se derogan pues las obligaciones que debían asumir las productoras cinematográficas si querían acogerse a las deducciones fiscales
por producciones internacionales en España. Queda incorporado en el real decreto-ley que se efectúe un cambio reglamentario para el establecimiento de las obligaciones sustitutorias. El propósito de esta medida es el fomento de las artes
cinematográficas y audiovisuales tanto en su vertiente industrial como en la artística,
algo con lo que este ministerio tiene un firme compromiso por la convicción de su valor tanto económico como cultural.
Un cuarto artículo afecta a la cotización de los artistas durante sus periodos de inactividad y modifica el artículo 17 del título II del Texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social que se aprobó por el Real Decreto-legislativo
8/2015, de 30 de octubre. En este caso, se ha añadido una nueva sección cuarta con el título Artistas en espacios públicos, que señala que los artistas en espectáculos públicos podrán continuar incluidos en el Régimen General de la Seguridad Social
durante su periodo de inactividad, por supuesto si así lo desean, y cumpliendo una serie de requisitos. La cotización tendrá carácter mensual y se hará por un tipo del 11,5 %. Entre los variados beneficios de esta disposición se amplía, por citar
alguno, la acción protectora a los trabajadores culturales mediante las prestaciones económicas por maternidad y paternidad, a la incapacidad permanente, a la jubilación y la situación de las trabajadoras embarazadas o en periodo de lactancia
natural, durante la cual las trabajadoras no pueden desarrollar su actividad laboral. Creo, sinceramente, señorías, que este es uno de los casos en los que queda más patente que la implantación de estas medidas facilita la conciliación y favorece
la igualdad de derechos.
El siguiente punto se ocupa de una situación que ha suscitado bastante demanda social y, por tanto, es quizás uno de los elementos más destacables del estatuto del artista. Me refiero a la compatibilidad de la pensión de jubilación y la
actividad de creación artística. Esto implica otra modificación de la Ley General de la Seguridad Social. El Gobierno se da un plazo máximo de seis meses para la aprobación de una norma reglamentaria que regule esta compatibilidad de percepción de
derechos de propiedad intelectual que, hasta el momento, obligaba a elegir entre la percepción de los rendimientos del trabajo y la percepción de los derechos de autor con un límite muy bajo, lo que generaba una situación de injusticia flagrante con
la que se han encontrado numerosos autores. Este plazo de seis meses que se ha dado el Gobierno intentaremos acortarlo al máximo. El justo reconocimiento a su dedicación y a su contribución a la cultura pasa, en primer lugar, por garantizarles lo
que se han ganado a lo largo de una vida de trabajo. El reconocimiento de la compatibilidad lleva aparejada una cotización de solidaridad del 8 %, correspondiendo el 6 % a la parte empresarial y el 2 % a cargo del trabajador cuando se trate de
trabajadores por cuenta ajena. Para terminar, la disposición final tercera de este real decreto-ley regula la relación laboral especial de los artistas en espectáculos públicos y establece un plazo de seis meses para sustituir el Real Decreto
1435/1985, de 1 de agosto.
La multitud de entrevistas con diferentes particulares y asociados ha permitido a la subcomisión comprender las particularidades de las actividades artísticas, entre ellas se encuentran la intermitencia, la temporalidad y la irregularidad,
que aconsejan la adopción de medidas como las que hoy estamos adoptando. La implantación de esta primera serie de medidas contempladas en el Real Decreto-ley 26/2018, de 28 de diciembre, busca la profesionalización de un sector que en demasiadas
ocasiones se ve arrastrado a la precariedad, lo que debilita el tejido de la cultura y de la economía en general, y busca también la corrección de una serie de desigualdades laborales y fiscales que han afectado negativamente al desarrollo natural
de la producción cultural. No debemos perder de vista que uno de los más valiosos recursos de nuestro país es su riqueza cultural. Todas las medidas tendentes a su protección y estímulo, que son algunas de las misiones del Ministerio de Cultura y
Deporte, revertirán en beneficio del conjunto de la sociedad. Es voluntad de este ministerio seguir desarrollando el resto de medidas contempladas en el estatuto del artista y que no recoge este real decreto.
Señorías, para mí es un honor defender este real decreto-ley, primer efecto jurídico de un estatuto del artista que ha salido adelante gracias a un esfuerzo coral. Este es un mérito de los profesionales que tan generosamente han venido a
exponer sus circunstancias, de la Comisión de Cultura del Congreso, de la opinión pública que ha demostrado la sensibilidad para comprender las necesidades propias del sector cultural y del Pleno de esta Cámara, que ha aprobado el texto que
constituye un soporte sólido para el futuro. La unanimidad que ha merecido el origen de este ordenamiento es un motivo de alegría y de orgullo para todos por cuanto revela el acuerdo en torno al valor de nuestra producción cultural y de quienes se
dedican a ella. Es bueno que esa unanimidad se mantenga en la convalidación de este real decreto-ley, que es un primer paso, como les he dicho anteriormente, necesario y urgente, en la buena dirección, que es la que establecieron sus señorías al
aprobar el informe del estatuto del artista. Después de este paso, deben venir todos los necesarios para el fortalecimiento de nuestra cultura, que es también el fortalecimiento de nuestra prosperidad, de nuestra convivencia pacífica y de nuestra
libertad, un camino que -estoy convencido- haremos con la unidad que nace del diálogo y la cooperación. Sobre la base de esa unidad y cooperación, los grupos nos han pedido que se tramite como ley y por parte del Gobierno
no hay ningún reparo en que eso sea así. Doy las gracias a todos los implicados en este trabajo. Espero que con el apoyo de sus señorías también sea un día de enhorabuena para la cultura, para quienes la crean y para quienes la
disfrutamos.
Muchísimas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
En el turno de fijación de posiciones, interviene por el Grupo Parlamentario Mixto, en primer lugar, la señora Oramas González-Moro.
La señora ORAMAS GONZÁLEZ-MORO: Gracias, señora presidenta.
Señor ministro, me alegro de que haya anunciado ya que se tramitará como proyecto de ley porque para nosotros era fundamental. Nuestro grupo comparte esta línea de protección a la cultura y en Canarias ya es una realidad que desde 2017 el
acceso a las representaciones teatrales, musicales, cinematográficas y audiovisuales tribute al tipo impositivo reducido del IGIC. También en ese mismo marco de atención a las especiales dificultades de los artistas se aprobó en la última
modificación del Régimen Económico y Fiscal la libertad de traslado de los bienes objeto de exposición desde o hasta Canarias sin que tuviera por ello ningún gravamen fiscal ni aduanero, que era una exigencia histórica. No obstante, quiero ponerle
de manifiesto que hay una dificultad en Canarias que es idéntica a la que intentan resolver modificando con carácter retroactivo la deducción por rodajes internacionales en el impuesto sobre sociedades. Como ya saben, el nuevo REF recupera el
diferencial fiscal canario para los rodajes de producciones extranjeras que habíamos perdido en 2017 y cuya introducción acordamos en ese marco. Se aprobó en noviembre, pero el retraso en la aprobación final de la Ley 8/2018 ha provocado que, al
igual que sucede con la exigencia de determinados requisitos en el resto del Estado, haya habido rodajes en curso durante 2018 que ya contaban con este diferencial y que precisamente por su presencia decantaron su parte en la ubicación de los
rodajes en Canarias. Como se ha manifestado aquí y se repite en el real decreto, este tipo de actividades tiene una planificación temporal muy larga y la perturbación del marco normativo previsto puede provocar retiradas de la presencia de las
entidades extranjeras y, por tanto, perjudicar a los productores españoles que tendrían que asumir el coste de la diferencia aportada.
La entrada en vigor del nuevo texto para periodos impositivos que se inicien a partir del 7 de noviembre de 2018 es de facto una eliminación de la posibilidad de acudir a este incentivo para el año 2018, ya que para la mayoría de las
entidades que tenían derecho a la deducción comienza su periodo impositivo el 1 de enero, con lo que acumularíamos dos años de inaplicación del diferencial y echaríamos por tierra los avances que hemos obtenido de forma conjunta durante el año
pasado. Este es un tema que hay que arreglar y que tiene el mismo propósito que la norma que hoy traen para convalidar y para el que solicito también su apoyo, señor ministro. Por estas razones, anticipo mi voto positivo, así como para que se
tramite también como proyecto de ley.
Muchas gracias, señora presidenta.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
Por el mismo grupo tiene la palabra el señor Miquel i Valentí.
El señor MIQUEL I VALENTÍ: Buenas tardes, señorías. Buenas tardes, ministro.
La unanimidad con la que se aprobó el estatuto del artista en la subcomisión creo que nos obliga y nos compromete a todos a que esas recomendaciones que salieron, como he dicho, con un apoyo clarísimo, salgan adelante y se conviertan en lo
que deberían ser, unas medidas que faciliten a los creadores y a los artistas unas mejores condiciones laborales.
Las medidas de carácter fiscal y laboral que se incluyen en el texto -y que hoy en buena medida el ministro nos trae aquí- son una primera muestra de la buena voluntad del ministro de impulsar, de creerse y de haberse tomado en serio el
texto que esta Cámara aprobó. Es por eso que nos va a encontrar a su lado cuando de eso se trate; si el texto se tramita como proyecto de ley nos van a encontrar a su lado para impulsar las medidas que sean necesarias. Aun así le debo pedir dos
cosas, ministro. La primera es que entendamos que no hemos llegado al final del recorrido, sino que solo estamos a medio camino; le felicito por haber empezado, que no es poco, pero es verdad que aún queda camino por recorrer. La segunda cosa que
le pido, ministro, es que el camino que nos queda por recorrer lo recorramos hablando y compartiendo las experiencias, pero no solo con los grupos esta Cámara, sino también con las entidades del sector que están fuera esperando esas medidas y que
necesitan que la información fluya -porque les
interesa saber dónde estamos- y, sobre todo, necesitan saber de las intenciones y de las voluntades del Gobierno para conseguir que esas medidas lleguen a buen puerto.
Con esto termino y, como le he dicho, van a encontrar todo el apoyo de mi grupo en esta convalidación del real decreto.
Muchas gracias, presidenta. Gracias, ministro.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
Por el Grupo Parlamentario Vasco, PNV, tiene la palabra la señora Sagastizabal Unzetabarrenetxea.
La señora SAGASTIZABAL UNZETABARRENETXEA: Gracias, presidenta.
Señorías, hoy se nos presenta para su convalidación un real decreto que establece una serie de medidas incluidas en el estatuto del artista, un estatuto reiteradamente demandado. Son medidas, en definitiva, de apoyo a la creación artística,
habiendo sido muchas de ellas consensuadas y aprobadas como recomendaciones por este Congreso de los Diputados, en septiembre, de cara a la elaboración del estatuto del artista y que comprenden medidas relativas a fiscalidad, protección laboral,
Seguridad Social y compatibilidad entre prestaciones públicas y cobros de derechos de autor. Así, se establece una rebaja del IVA del 21 al 10 % para los servicios prestados por intérpretes, artistas, directores, técnicos, productores de películas
cinematográficas susceptibles de ser exhibidas en salas de espectáculos, organizadores de obras teatrales y musicales, volviendo, por tanto, a la situación del año 2012. También se baja del 19 al 15 % el tipo de retención, ingreso a cuenta, del
impuesto sobre la renta de las personas físicas aplicable a los rendimientos de capital mobiliario procedentes de la propiedad intelectual, cuando el contribuyente no sea el autor. Asimismo, se modifica el impuesto sobre sociedades en relación a la
deducción por gastos realizados en territorio español para la ejecución de la producción extranjera de largometrajes cinematográficos o de obras audiovisuales, que permitan la confección de un soporte físico previo a su producción industrial seriada
y cuyo el objetivo es fomentar la producción de cine internacional en España y, por tanto, eliminando las obligaciones que debían asumir los productores de cine para acogerse a la deducción fiscal, para producir cine internacional en España,
establecidas en la Ley de Presupuestos Generales del año 2018.
En cuanto a las medidas fiscales que acabamos de ver, y dado que los territorios históricos tienen competencia en cuanto al impuesto de sociedades e IRPF, he de decir que, además de que alguna medida ya la tenemos contemplado a nivel fiscal,
tenemos que señalar que en el título competencial se elude mencionar este hecho que, sin embargo, sí se recoge en cuanto a las competencias de las comunidades autónomas en materia de cultura.
Por otro lado, en el decreto se añade un nuevo artículo a la Ley General de Seguridad Social donde se prevé la cotización en el régimen general de la Seguridad Social durante los períodos de inactividad de forma voluntaria para los artistas
de espectáculos públicos, siempre que cumplan unos determinados requisitos. En estos periodos también se incluye cualquier tipo de prestación como el de maternidad, paternidad, jubilación o contingencias comunes. Por último, el Gobierno se da un
plazo de seis meses para aprobar una regulación concreta para la compatibilidad de la pensión de jubilación con el cobro de derechos de autor. Por otra parte, sí observamos que en algunas medidas se incluyen conceptos que deben ser mejorados, ya
que pueden dar lugar a cierta inseguridad jurídica; por ejemplo, cuando se habla de algunos términos tales como susceptibilidad. Por ello, también solicitaremos que se tramite como proyecto de ley.
Como el objetivo, en definitiva, de este real decreto es garantizar un adecuado desempeño de la actividad artística, atendiendo a sus peculiaridades y entendiendo que de lo que se trata es de garantizar los derechos y deberes de los
artistas, creadores y profesionales del mundo de la cultura, en definitiva, de mejorar la situación de las personas trabajadoras de la cultura y, a pesar de que aún falta un camino por recorrer pero entendiendo que este decreto supone un paso por el
que se pone en marcha esa agenda legislativa que adopta en parte las medidas desarrolladas en el informe del estatuto del artista, votaremos a favor de esta iniciativa.
Gracias. Eskerrik asko.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, tiene la palabra el señor Eritja Ciuró.
El señor ERITJA CIURÓ: Gracias, presidenta.
Ministro, ante todo quisiera felicitarle por la pronta respuesta a una demanda histórica del sector cultural que reiteradamente ha sido desatendida hasta el día de hoy. Voy a ser breve, el real decreto-ley
de medidas de urgencia sobre la creación artística y la cinematografía parte de las demandas recogidas en el dictamen del estatuto del artista que recordemos que fue aprobado por unanimidad. Esto justifica la urgencia y justifica el
posicionamiento unánime en ese sentido sobre esta ley. De hecho, ya iba tocando. Es un tema que está pendiente desde hace muchos años e iba tocando darle un salto hacia adelante. (La señora vicepresidenta, Romero Sánchez, ocupa la Presidencia).
En las consideraciones generales el dictamen insta a reconocer la especificidad del trabajo de creadores, artistas y profesionales de la cultura. De hecho, es de agradecer la consideración que el decreto-ley da a esta especificidad, ya que
en ningún caso supone una petición de privilegios, como podría parecer, respecto a otros ámbitos laborales, sino que lamentablemente se refiere más bien a una anormalidad histórica de falta de regularización y, en definitiva, de reconocimiento del
sector; un escenario que ha venido perpetuando y ahondando precisamente en la precarización del trabajador y la trabajadora cultural. Este decreto-ley viene a regularizar déficits históricos del sector cultural en ámbitos como el laboral y el
fiscal, y simplemente por ese motivo ya es una aportación importantísima. El dictamen del estatuto del artista considera que las diferentes propuestas recogidas no son ni mucho menos complejas y su aplicación técnica es de fácil implantación. De
hecho, la celeridad demuestra que son medidas viables y realistas que permiten aplicar rápidamente algunas propuestas del dictamen.
Por otro lado, el impacto económico que supone la aplicación de esas propuestas no solo es asumible a nivel recaudatorio, sino que supone un reactivo para el sector cultural. Quizás esto es lo más importante: pueden y van a suponer una
reactivo para el sector cultural; un sector, recordemos, precarizado y en una situación de crisis desde hace mucho tiempo. En ese sentido, el real decreto da respuesta a medidas que nuestro grupo valora muy positivamente, ya que inciden sobre el
trabajador y la trabajadora cultural directamente. Voy a referirme a algunas de ellas sin voluntad de extenderme; solo mencionaré las que nosotros consideramos que son aportaciones importantísimas, como son medidas que reconocen el carácter
intermitente del trabajo cultural y, en consecuencia, la base irregular de sus rendimientos. Estamos hablando de medidas de promediación de ingresos, por tanto, es una adaptación del marco laboral sobre la especificidad concreta o sobre una de las
especificidades del trabajo cultural. La regularización de la deducción de gastos es otro punto importantísimo. La reducción a cuenta del IRPF de los rendimientos derivados de la propiedad intelectual, por ejemplo, es otro elemento clave, o
medidas sobre el impuesto de actividades económicas, el IAE; así como medidas tales como la aplicación del IVA reducido al ciclo completo de la creación cultural. Porque era importante aplicar el IVA reducido ya no solo sobre un sector, sino
intentar cubrir al máximo el ciclo completo de la propia creación. -Era un tema que quedaba pendiente en la anterior legislatura-. Incluso también hablamos de medidas en materia de protección laboral y Seguridad Social como la que reconoce
precisamente el régimen de inactividad de los artistas. Creo que eso es una adaptación real de la situación irregular del trabajador cultural.
Quedan puntos importantes por resolver todavía. Por apuntar uno, el de la falta de reconocimiento de los diferentes grupos de cotización del sector cultural, que es un déficit que podría resolverse perfectamente con la actualización de los
epígrafes, pero que es un asunto que está pendiente. Supongo que debe ser una cuestión de dificultad, pero es una obligación para acabar de regularizar y ordenar un poco lo que sería los diferentes grupos que cotizan dentro del sector cultural.
Ya para terminar, bienvenido sea este decreto-ley que votaremos a favor, aunque esperamos que en un corto plazo puedan ser atendidas aquellas propuestas que no han sido incluidas. En todo caso, nuestra voluntad es asegurarnos de que sean
precisamente incluidas algunas de esas propuestas, como las que hemos apuntado hasta este momento, por otras que puedan aparecer y acabar de matizar lo que sería este proyecto. Votaremos a favor de la tramitación del proyecto de ley para acabar de
perfilar ese proyecto.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora VICEPRESIDENTA (Romero Sánchez): Muchas gracias.
Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos tiene la palabra el señor Álvarez Palleiro.
El señor ÁLVAREZ PALLEIRO: Gracias, señora presidenta.
Señor ministro, voy a empezar mal; voy a empezar diciéndole que para nosotros este real decreto fue una inmensa decepción. Era un texto que cuanto más profundizaba yo en su lectura más me convencía de que o bien no se habían leído el
estatuto del artista o, lo que era más preocupante, que se lo habían leído pero no lo habían entendido. Claro, también es verdad que esta Comisión de Cultura -yo no sé cuánto tiempo me queda a mí en el convento- es una Comisión donde da gusto
trabajar porque tenemos comunicación, porque tenemos diálogo, porque todos peleamos y luchamos por sacar adelante la cultura,
por mejorar las condiciones de nuestros artistas, y por que que usted haya dicho al final de su discurso que vamos a tramitar este real decreto-ley como proyecto de ley -valga la redundancia-, me hace ver -estoy seguro de que va a ser así-
que este texto se va a mejorar y que vamos a solucionar las deficiencias que yo creo que había en este real decreto.
Le voy a señalar algunas de ellas; por ejemplo, en la disposición final segunda creo que hay un pequeño collage, un pequeño lío, y estamos confundiendo la compatibilización de los derechos de autor con la percepción de la jubilación, con lo
que sería la posibilidad de que los artistas jubilados puedan mantener la actividad artística sin que peligre su pensión, y que además aporten un 8 % de esos ingresos a la caja común, genere o no esa actividad derechos de autor; porque, tal y como
está desarrollado el texto, solamente se aplica a aquellas actividades artísticas que sí generan derechos de autor; con lo cual, les podríamos permitir esta compatibilidad a los escritores y a los músicos, pero no a los pintores y a los actores de
doblaje. Esta es una cuestión que queda un poco difuminada y que yo creo que con las enmiendas que se presenten a este proyecto de ley quedará claro. También en la sustitución del Real Decreto 1435/1985, donde tenemos que habilitar los cauces de
comunicación necesarios entre la Administración, entre la Comisión de Cultura y entre todas las asociaciones culturales, para mejorar con soltura y con solvencia ese real decreto. -Comunicación y diálogo-.
Otra cosa que nos preocupaba bastante era el título segundo de este real decreto en lo que se refiere a las cotizaciones para los periodos de inactividad de los artistas; no cubre la incapacidad temporal; no cotiza por desempleo; es
complejo, es confuso; te obligan a solicitarlo entre el 1 y el 15 enero, con lo cual, si te quedas sin trabajo en marzo no puedes acogerte a este sistema de cotización; no es funcional para la inmensa mayoría de los artistas -era un mal parche-.
Además, en una primera lectura a mí me parecía que lo que habíamos conseguido era facilitar el acceso a los permisos de maternidad, pero tampoco del todo, porque como hay que informar a la Tesorería de la Seguridad Social de que te acoges a este
sistema entre el 1 y el 15 de enero, por ejemplo, una bailarina que se quedase embarazada en diciembre o en marzo no podría acogerse a este sistema; tendría que quedarse embarazada entre noviembre y agosto, ¡por real decreto-ley! Entonces, son
cositas que estoy seguro de que vamos a limar y vamos a sacar adelante con el consenso y con el diálogo que caracteriza a esta Comisión de Cultura. Ustedes estaban confundiendo la temporalidad y la estacionalidad con la intermitencia del sector
cultura, y tenemos que entender que no es lo mismo temporalidad y estacionalidad que intermitencia y especificidad del trabajo cultural.
Les voy a poner un ejemplo brevísimo de lo que es la falta de sensibilidad ya no le digo de usted ni del Gobierno, sino de la Administración. Se acaba de aplicar una norma para reducir los contratos de menos de cinco días a los que se les
aplica un recargo del 40 % en las cotizaciones a la Seguridad Social en general y no en este real decreto. Esto puede parecer una decisión que puede ser buena para rebajar ese tipo de contratos de menos de cinco días, pero es que en el sector
cultural es el pan nuestro de cada día, son contratos habituales en el sector cultural. Con lo cual, si en la redacción se hubiese puesto que se aplicará un recargo del 40 % en las cotizaciones sociales a los contratos de menos de cinco días,
excepto en los contratos artísticos, se hubiera solucionado. Esa falta de sensibilidad, que no se la achaco siquiera al Gobierno, sino al funcionamiento de la Administración, es lo que tenemos que trasladar a esa Administración para mejorar este
real decreto.
Acabo ya, presidenta. Vamos a apoyar la convalidación de este real decreto-ley porque es cierto que hay avances, aunque muy mejorables, pero los hay y nosotros no nos vamos a oponer. (El señor vicepresidente, Prendes Prendes, ocupa la
Presidencia). Como se va a tramitar por proyecto de ley, en nuestro grupo parlamentario nos sentimos satisfechos y mostramos la disposición de seguir trabajando con mis compañeros de esta Comisión para que más pronto que tarde, este real
decreto-ley sea un gran avance para la cultura.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señor Álvarez.
Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea tiene la palabra el señor Maura Zorita.
El señor MAURA ZORITA: Presidente, señorías y ministro, adelanto, en primer lugar, que el sentido del voto de mi grupo será favorable a este real decreto, real decreto que, en última instancia, es el primer resultado tangible de un proceso
parlamentario en el que obviamente el protagonismo de los grupos ha sido importante, también el del tejido social, tanto organizado como a nivel individual, a través de personas
con conocimientos especiales que nos han ayudado a lo largo de todo el proceso. Que se tramite como proyecto de ley es un buen gesto por parte del Gobierno y de este ministro, y es también otra oportunidad de seguir incidiendo en esa
mecánica, en esa forma de trabajar que ha dado buenos resultados -en consecuencia, no cambiemos lo que funciona-; por tanto, votaremos también a favor de que se tramite como proyecto de ley.
Dos reflexiones en lo que al contenido del real decreto se refiere. En primer lugar, es fundamental que entendamos que la cultura es una palabra además de muy política, muy polisémica. Desde luego, es un derecho recogido
constitucionalmente en el artículo 44.1; es también parte de nuestro patrimonio común, es bien común; es un sector productivo relevante y también es un trabajo. La cultura para cientos de miles de personas es un trabajo.
Cuando traemos a esta Cámara reales decretos como el de hoy lo hacemos por las y los trabajadores culturales, para igualar sus derechos y para igualar sus oportunidades, pero también lo hacemos por toda la gente, por todas las personas
comunes y por toda esa ciudadanía que sin estos reales decretos y sin el trabajo legislativo que hacemos en esta legislatura verían cómo el derecho al acceso a la cultura, que tienen recogido en el tratado constitucional de 1978 sería sencillamente
imposible. No podemos defender el derecho al acceso a la cultura si no protegemos a las y los trabajadores culturales que se encargan precisamente de que tal cosa sea posible. Por tanto, lo hacemos por el sector, por las personas que se dedican
profesionalmente a la cultura y lo hacemos también por toda la ciudadanía.
Bajando ya al terreno del Real Decreto 26/2018, de 28 de diciembre, señalo solo que se trata de un texto que recoge en gran medida el trabajo de la subcomisión para la elaboración de un estatuto del artista y de las y los trabajadores de la
cultura -por citar palabras de su título oficial-, y que lo hace en un sentido que nos parece positivo. Nos parece que son medidas de avance y de avanzada social en el ámbito de la legislación cultural; son medidas que recogen bien el espíritu del
texto y que intentan precisarlo de una manera que en la mayor parte de los casos es afortunada.
Es verdad también que con este real decreto no resolvemos todos los problemas, y no me refiero solo a los problemas que no están en el texto, me refiero a los problemas que sí están en el texto, algunos de los cuales son de gran complejidad.
Por poner un ejemplo: la reducción del IVA del tipo normal al tipo reducido para la prestación de servicios en actividades culturales para personas físicas es una medida positiva, sin embargo, no es capaz de arreglar por sí sola el problema que
tenemos con los falsos autónomos en el ámbito de la cultura. Es verdad que ahora las personas que prestan servicios y que lo hacen, por ejemplo, como complemento salarial a su actividad productiva, a su actividad expositiva o escénica, van a verse
favorecidas por tributar al 10 %, pero seguiremos teniendo un problema de falsos autónomos. Hay que seguir trabajando, hay que seguir cooperando para que esta primera medida, esta primera estación no sea la de llegada, sino una más en un recorrido
más largo.
En cuanto a la rebaja del IVA, otro problema menor es el ámbito de aplicación. Obviamente, nos parece muy bien -al ministerio le suena esta problemática- que se aplique a las personas físicas, pero también queremos que con el paso del
tiempo podamos ir ampliando su ámbito de aplicación para que, en un sector de pymes, las pymes también puedan beneficiarse y prestar sus servicios con el IVA al tipo reducido. Esto también podría decirse de la cuota de inactividad, que tiene la
pega de que no es invocable durante todo el año y, por ello, pueden darse casos como los que exageraba un tanto el diputado Álvarez, pero que decía no del todo sin razón. En todo caso, estamos en lógica cooperativa. El primer paso es evidente,
creo que es incluso un segundo paso. Las cosas buenas que tiene las vamos a cimentar en el trámite legislativo; en las que quizá podamos intervenir con un pequeño retoque seguramente podamos hacerlo muy bien en este trámite parlamentario, si
seguimos en la lógica en la que venimos trabajando; por tanto, son casi todas buenas noticias las que traemos hoy.
Démonos margen para ir trabajando. Gracias por el esfuerzo a todas las personas que han estado implicadas a lo largo de estos años -porque ya hablamos de años trabajando en esta materia- y, sobre todo, quiero señalar que aprendamos a ser
más valientes, a que nos ayudemos todas y todos a ser más valientes. Hace unas horas fallecía Lolo Rico (aplausos), en cuyo programa, bien conocido, La bola de cristal, solía decirse aquello de: Solo no puedes; con amigos, sí. Esto es algo que
también vale para la práctica parlamentaria. Este Gobierno solo no puede; con amigos, sí; solo no puede este Parlamento; con amigos que están dentro y que están fuera, sí puede; aprendamos a hacernos la vida en ese sentido un poco más fácil, un
poco más productiva y un poco más cooperativa.
Gracias por todo y seguimos. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señor Maura.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Torres Mora.
El señor TORRES MORA: Gracias, presidente.
Señor ministro, señorías, señoras y señores, el pasado 6 de septiembre aprobamos en Pleno y por unanimidad de todos los grupos de la Cámara el informe elaborado por la subcomisión para la elaboración del estatuto del artista. El día 28 de
diciembre el Gobierno aprobó el real decreto de medidas de urgencia sobre la creación artística, que hoy, 22 de enero, presenta al Congreso para su convalidación. Así contado todo parece rápido y fácil, pero la realidad es bien distinta. En buena
medida este real decreto tiene su origen a finales de 2014, cuando una serie de creadores, ya jubilados, recibieron sendas cartas de la Seguridad Social en las que se les comunicaban duras sanciones económicas por haber cobrado los derechos de autor
de sus obras a la par que sus pensiones de jubilación. Si en lugar de derechos como autores, hubieran cobrado esas mismas cantidades como rentas de alquiler o como dividendos de acciones, no hubieran tenido ninguna incompatibilidad. Es decir, si
en vez de a escribir libros hubieran dedicado sus vidas activas a comprar pisos y alquilarlos o a especular en bolsa, no habrían tenido ningún problema con las administraciones públicas.
Debería citar hoy aquí muchos nombres de personas y organizaciones que han trabajado para hacernos conscientes a los responsables políticos de lo injusto de esta y otras situaciones que perjudican a nuestros artistas y creadores y que el
real decretoley que hoy presenta para su convalidación el Gobierno trata de resolver; pero solo me voy a referir por su nombre a alguien que representa bien a todos ellos y el empeño de todos ellos y que no ha podido ver este día. Me refiero a
Antonio Fraguas, nuestro admirado Forges (aplausos), que tantas veces nos arrancó una sonrisa, que tantas sonrisas nos regaló y que se marchó con la tristeza de verse en los últimos tiempos de su vida enredado en un laberinto kafkiano. Dicen que
hace muchos años un ministro de Administraciones Públicas tenía en su despacho una viñeta de Forges en la que alguien en el ascensor de un ministerio preguntaba a un ciudadano a qué piso iba. El ciudadano contestaba: Me da igual, vengo dispuesto a
perder toda la mañana. En cierto modo, lo que les ha ocurrido a nuestros creadores jubilados les ocurrió por las mismas fechas a un número mucho más grande de jubilados que fueron emigrantes en los años sesenta y setenta. Ni unos ni otros eran
personas con voluntad de defraudar al erario público, sino víctimas de una normativa cada vez más densa y confusa.
Se trate de un creador o de cualquier otro ciudadano, no debiéramos permitir que las personas se vean atribuladas en la etapa de su vida que debe ser de júbilo, víctimas de una complejidad legal y administrativa que encima no siempre es
justa. En el caso de los creadores y artistas, se me antoja además que han sido unas víctimas propiciatorias, porque creo que lo que sí ha habido y sigue habiendo es una cierta insensibilidad hacia ellos. En algún momento se les etiquetó como
casta y ya saben sus señorías por experiencia propia qué ocurre cuando se es etiquetado como casta: que esas personas se vuelven candidatas privilegiadas -eso sí- a castigos ejemplarizantes, ya sea en las redes, en los medios o en las
administraciones públicas, llevados a cabo por entusiastas justicieros que anidan en todos lados y no son nada ejemplares. No se entienda esto como un reproche -no es el día-, sino como una reflexión en voz alta. (Aplausos). Una legislación cada
vez más compleja e inabarcable, una cierta insensibilidad hacia el sector cultural y una incierta deriva de sectores de nuestra sociedad hacia el linchamiento preventivo y 'por si acaso' han contribuido a crear el problema y la dificultad de la
solución del problema que, como todos sabemos, ni ha sido tan fácil ni ha sido tan rápida.
Lo cierto es que hemos tardado cuatro años en poner un remedio a esta situación; y eso estando todos convencidos de que debía ser remediada. Estoy convencido de que nadie nunca legisló de manera consciente para que las cosas fueran así y
la prueba es la unanimidad en el acuerdo para resolver este y otros problemas que afectan a nuestros creadores, pero es la legislación la que ha dado lugar a situaciones injustas para ellos y perjudiciales para nuestro país, porque mal le va a un
país que protege más los ladrillos que las ideas. (Aplausos).
No parece que hoy sea el día para excesivos reproches, pero si alguien no los merece es el Gobierno, que ha presentado con toda premura estas primeras medidas. Merecen también nuestro reconocimiento, además del Ministerio de Cultura y del
ministro Guirao, las ministras de Trabajo y de Hacienda. Como ha señalado el ministro Guirao en su intervención, esta es la primera cosecha legislativa del informe sobre el estatuto del artista, pero, como también ha dicho el ministro, no va ser la
única ni la más grande; tan solo es la primera y la más urgente. En el Congreso y el Gobierno seguiremos trabajando unidos y leales para
profundizar en las mejoras que se recogen en el informe y en las mejoras que establece el real decretoley que vamos a tramitar como proyecto de ley; y lo haremos contando con la opinión y la ayuda de las organizaciones del sector de la
cultura, que tan importante labor hacen y que tanto debemos agradecer. Con ese agradecimiento quiero acabar mi intervención.
Muchas gracias a todas y a todos. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señor Torres Mora.
Por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, tiene la palabra señor Lorenzo Torres.
El señor LORENZO TORRES: Gracias, señor presidente.
En primer lugar, señor ministro, quiero agradecerle sus palabras de reconocimiento a la labor de la subcomisión. Es verdad que hicimos un trabajo todos juntos y que todos los que hemos participado en ella estamos muy satisfechos de que al
final consiguiéramos aprobar por unanimidad el estatuto. Yo recuerdo que el día que lo aprobamos aquí se oyeron palabras muy bonitas; se hablaba de justicia con el sector cultural, se hablaba de que era un día histórico e incluso se habló de que
era un día revolucionario. Hoy usted trae aquí el primer real decreto desarrollando este estatuto y yo tengo que decirle que hay una gran decepción en el sector cultural, porque no se han cumplido las expectativas que les ofrecimos. Yo recuerdo
que cuando estábamos negociando y hablando del estatuto una diputada me decía siempre: Miguel, hay que ser ambicioso, hay que ser ambicioso. Esa ambición que nosotros tuvimos para elaborarlo, para buscar esas medidas, hoy en este real decreto no
la encuentro. Creo que este decreto es un apaño, una serie de medidas cortas -que algunas están bien, no cabe duda-, pero que no llegan. Usted decía en su intervención que estamos dando un paso corto, pero yo creo que estamos dando un paso
cortísimo, que el sector cultural esperaba muchísimo más de este Gobierno y de este real decreto. Al menos, sí me alegro de que haya unanimidad de toda la Cámara para tramitarlo a través de un proyecto de ley, porque todos podemos seguir haciendo
ese trabajo colectivo, ese trabajo que hicimos todos juntos, ese trabajo que fue una puesta en común porque todos estamos preocupados por el sector cultural y creo que podemos hacer grandes aportaciones, porque yo encuentro que en este real decreto
hay muchos defectos.
Mire, le voy a decir una cosa que a lo mejor usted desconoce, lo de la reducción del IVA. Está muy bien reducir el IVA en las transacciones entre los artistas y los productores, pero solo contempla a las personas físicas. Yo no sé si usted
sabe que en este país había una legislación laboral y había una legislación fiscal, y que se contradecían; por ejemplo, muchas bandas de música tuvieron que constituirse en sociedades mercantiles, bien S.L., bien cooperativas de trabajo asociado,
bien sociedades laborales, para poder facturar, obligados por la Inspección de Trabajo. Ahora estas bandas de música no pueden ir al IVA reducido. Por tanto, yo creo que cuando se tramite este proyecto de ley tendremos que hacer este tipo de
rectificaciones.
Respecto a los artistas y la cuota de inactividad, mire, hay que darle una vuelta. Sé que esto usted no lo ha hecho, que viene del ministerio, de la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social, pero aquí hay cosas que son inadmisibles, algunas
ya han sido denunciadas por mis compañeros. Una persona en el mes de marzo no se puede dar de alta en el sistema, las salidas y las entradas en el sistema no están para nada bien reguladas. Los requisitos de ingreso y la cuantía tampoco; esto se
está copiando un poco del régimen agrario y no sabemos por qué a los artistas les exigimos una cuantía mínima de ingresos para entrar. La eliminación por optar a la regularización de la retribución tampoco está bien, y no se habla de ningún modelo
específico para el subsidio de desempleo. Pero voy a hablar de algunas otras cosas que también se dijeron, que algunas las asumo porque cuando hablas el último algunas de las cosas te las puedes evitar.
Las disposiciones adicionales. En Galicia hay una frase que es: fago que fago e non fago nada. A mí esto me parece el fago que fago que non fago nada. Usted está aplazando para seis meses más la regulación de la relación especial de
artistas que tan necesaria es, pero sobre todo aplaza para seis meses más el poder compatibilizar la pensión de jubilación con el cobro de los derechos de autor. Cuando estábamos en la Comisión el denominador común que decían todas las personas que
allí intervinieron es que este problema había que solucionarlo ya, y hoy su compañero Torres ha dicho -lo ha mencionado aquí- que hubo personas que durante los últimos años de su vida lo pasaron tremendamente mal porque estuvieron metidos en
problemas legales, y además sin querer, porque de repente se les había retirado la pensión porque habían cobrado los derechos de autor. Entonces, no pueden esperar seis meses más. No podemos dejar que estas personas estén seis meses más esperando;
creo que ustedes deben darse prisa. Si el señor Sánchez, el presidente del Gobierno, se cogió un Falcon para ir a un concierto de The
Killers, en Benicassim, para llegar más rápido, pues yo también les pido a ustedes rapidez en esto, que se cojan el Falcon de la iniciativa gubernamental y cuanto antes regulen esta situación. (Aplausos). Usted mismo calificó la situación
de injusticia flagrante. Cuando regulemos esto, tendremos que pensar cómo reparar a las personas que han sufrido esta injusticia, porque donde la ley quiere, puede, y ese es uno de los temas que tenemos que poner en valor.
Mire, cuando hace unos días presenté en la ciudad de La Coruña los presupuestos que elaboró su Gobierno, los califiqué de vergüenza y hablé de marginación. No quiero decir que esto sea una vergüenza, pero sí es una auténtica decepción,
porque este real decreto queda muy corto respecto a las medidas que se pactaron en el estatuto, ni un 10 % de las medidas que se pactaron están reflejadas en este decreto. Espero que podamos seguir trabajando y que trabajemos todos juntos, pero le
exijo un poquito de rapidez. También hablo de marginación, y esto sí que lo mantengo, porque este real decreto fue elaborado sin contar con todas las asociaciones, y ya hay protestas. La Asociación de Actores y Actrices ya ha emitido un comunicado
protestando por la regulación en relación con la inactividad. Por tanto, debemos también seguir con ese trabajo de escuchar a la sociedad, de escuchar a los artistas para saber cuáles son realmente sus necesidades.
Queda mucho trabajo por hacer. Tenemos que seguir en esa voluntad. Decía mi compañero el señor Maura aquello de solo no puedes, con amigos sí. Yo creo que en este tema vamos a seguir trabajando en la Comisión como amigos, porque estamos
buscando una reparación histórica respecto al mundo de la cultura, pero si quiere usted contar con nuestro apoyo, tiene usted que trabajar más, le tiene que decir a su Gobierno que no vale esta política de parcheo, que no vale esta política de
pantalla, que no vale esta política de quedar bien, del fago que fago e non fago nada. Estas medidas se quedan muy cortas. Hay setenta y cinco medidas en el estatuto. Tenemos que trabajar mucho, pero ahí fuera están esperando desde hace mucho
tiempo por estas medidas. Por ejemplo, el artículo que tenemos que modificar de la Seguridad Social, el artículo 213, está desde el año 2015, y usted se va a dar seis meses más. Es que no estamos hablando de seis meses desde el estatuto o de seis
meses más, sino de que están esperando desde 2015 esa normativa para cambiar ese artículo. Ustedes ahora gobiernan y tienen la responsabilidad. El estatuto se aprobó cuando ustedes estaban aquí gobernando, de aquella manera, pero se aprobó.
Ustedes tienen ahora la responsabilidad; no la tengo yo, que ya no gobierno. Y como ustedes prometieron a estas personas que iban a solucionar sus problemas, tienen que hacerlo. Y seis meses es mucho tiempo para personas que están sufriendo
procesos judiciales. Como dijo una de las personas que hoy ha intervenido, hay gente dentro del mundo de la cultura que está en la indigencia, y está en la indigencia porque le han quitado la pensión de jubilación y porque ha sufrido sanciones por
estos procesos. Usted lo ha dicho: una injusticia. Hay que repararla, porque nosotros, que somos los legisladores, tenemos la capacidad para reparar las injusticias, sobre todo hacia un sector tan castigado siempre como el sector cultural.
Muchas gracias por su atención. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señor Lorenzo.
- REAL DECRETO-LEY 28/2018, DE 28 DE DICIEMBRE, PARA LA REVALORIZACIÓN DE LAS PENSIONES PÚBLICAS Y OTRAS MEDIDAS URGENTES EN MATERIA SOCIAL, LABORAL Y DE EMPLEO. (Número de expediente 130/000055).
El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Pasamos a debatir la convalidación o derogación del Real Decreto-ley 28/2018, de 28 de diciembre, para la revalorización de las pensiones públicas y otras medidas urgentes en materia social,
laboral y de empleo. Para presentar el real decreto-ley, tiene la palabra, en nombre del Gobierno, la señora ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social.
La señora MINISTRA DE TRABAJO, MIGRACIONES Y SEGURIDAD SOCIAL (Valerio Cordero): Gracias, presidente. Buenas tardes, señorías.
El pasado 28 de diciembre el Consejo de Ministros aprobó el Real Decreto-ley 28/2018, para la revalorización de las pensiones públicas y otras medidas urgentes en materia social, laboral y de empleo, cuya convalidación solicito hoy a esta
Cámara. Este real decreto-ley aborda un número muy importante de cuestiones que suponen, sin duda alguna, un fortalecimiento de la protección social, entre otras, la revalorización de las pensiones para 2019 y la mejora de la acción protectora del
Régimen Especial de Trabajadores Autónomos. Se acompaña de medidas para reforzar los ingresos del sistema de Seguridad
Social, así como también se incluyen medidas en materia laboral y de empleo que era necesario que estuvieran en vigor desde el día 1 de enero del año 2019.
El objetivo de las medidas adoptadas en materia de Seguridad Social es claro: avanzar en la mejora del equilibrio entre los gastos y los ingresos de nuestro sistema de Seguridad Social, asegurando la sostenibilidad desde todas las
perspectivas: la financiera, la social y la política. Porque, señorías, este real decreto-ley recoge ya el preacuerdo alcanzado en el Pacto de Toledo en relación con su recomendación 2, cual es asegurar el mantenimiento del poder adquisitivo de
las pensiones. Es más, en este ejercicio las pensiones subirán por encima del coste de la vida, ya que el IPC previsto se sitúa en torno al 1,2 %. El real decreto-ley incluye la revalorización de más de 10,3 millones de pensiones y otras
prestaciones públicas para este año 2019, incrementándolas en general en un 1,6 % y en un 3 % las pensiones mínimas no contributivas y las del Seguro Obligatorio de Vejez e Invalidez. Además, más de 414 000 personas, mayoritariamente mujeres, se
beneficiarán de la mejora del incremento del porcentaje aplicable a la base reguladora de la prestación de viudedad, que pasará del 56 % al 60 %. Esa mejoría, si este real decreto-ley se convalida, que espero que sí, verá sus efectos con fecha 1 de
enero. Esta revalorización se complementa con el abono de una paga a todas las personas pensionistas del 0,1 %, pues esta es la diferencia entre la revalorización del 1,6 % que se aplicó en el año 2018 y el 1,7 % resultante de calcular la media de
los IPC mensuales de los últimos doce meses. Y será sobre esta cuantía sobre la que se aplicará la revalorización de todas las pensiones para el presente ejercicio presupuestario.
Garantizar la revalorización de las pensiones públicas para mantener su poder adquisitivo se considera una medida de extraordinaria y urgente necesidad, tal como exige el artículo 86 de la Constitución, y debería abordarse sin esperar a la
aprobación de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para este año para evitar la aplicación de la fórmula de revalorización establecida en el artículo 58 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social y en el artículo 27 de la
Ley de Clases Pasivas del Estado, pues su aplicación hubiera determinado que las pensiones públicas se incrementasen para este año solo el 0,25 %, con el consiguiente perjuicio para los pensionistas.
En el sistema especial de empleados del hogar -más bien empleadas porque son en una inmensa mayoría mujeres- se establecen nuevos tramos de cotización, se mantiene la reducción del 20 % en aportación empresarial, es decir personas cabeza de
familia que contratan una empleada o un empleado del hogar, y se adelanta la plena equiparación con el régimen general al año 2021. Fruto del diálogo social y del acuerdo con los representantes de las diversas asociaciones, que representan a más de
2,5 millones de trabajadores autónomos, se acometen también una serie de reformas para que, con efectos de 1 de enero de 2019, se incorporen a su ámbito de protección con carácter obligatorio la totalidad de contingencias que hasta este momento
tienen carácter voluntario, como son por ejemplo las contingencias profesionales y la prestación de cese de actividad, mejorando además su extensión temporal en la medida en que se duplica el periodo de percepción de su abono respecto del previsto
con la anterior normativa.
En el caso de baja por enfermedad, los trabajadores o trabajadoras por cuenta propia podrán no abonar la cuota a la Seguridad Social a partir del día 61 de la incapacidad temporal. Y lo que también considero importante: se permite que las
madres autónomas puedan pagar una tarifa plana de 60 euros en los veinticuatro meses posteriores a la reincorporación tras la baja por maternidad.
Además, se da cobertura a una situación largamente demandada por el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad, el Cermi, mediante la cual las trabajadoras o trabajadores autónomos que de manera sobrevenida pasen a tener
la consideración de persona con discapacidad superior al 33 %, a partir de este real decreto-ley sí que van a poder acceder al marco de incentivos y apoyos al empleo disponibles para estas personas emprendedoras.
Saben ustedes que el trabajo autónomo constituye una pieza fundamental en nuestro mercado de trabajo, siendo regenerador de riqueza y erigiéndose como elemento clave en la creación de empleo en nuestro país. Por este motivo, con la
finalidad de estimular y reforzar el incremento de los flujos de entrada en el mercado de trabajo y la actividad emprendedora de los trabajadores y trabajadoras por cuenta propia se han incorporado a través de esta norma una serie de beneficios en
la cotización. La falta de presupuestos aprobados para 2019 y la necesidad de prórroga automática de los de 2018 nos han impuesto la necesidad de abordar mediante este real decreto-ley el incremento de las bases máximas y mínimas de cotización de
los diferentes regímenes del sistema, así como la fijación de los nuevos tipos de cotización para el RETA. No obstante, con relación al RETA tenemos el compromiso de que este año se establezca un
nuevo sistema, teniendo en cuenta que la base de cotización se establecerá en función de los ingresos reales. Esta modificación tiene por objeto soportar el incremento de gasto que implica la mejora del ámbito protector que esta norma
supone asegurando la viabilidad financiera del sistema de la Seguridad Social, que, como ustedes saben, es una de las prioridades de este ministerio. En este sentido, también quiero destacar el incremento en un 7 % de la base máxima de cotización a
la Seguridad Social y el incremento de las bases mínimas de cotización en el porcentaje experimentado para el año 2019 por el salario mínimo interprofesional, es decir, un 22,3 %.
Por otra parte, se prorroga durante un año más, hasta el año 2020, la disposición transitoria cuarta de la Ley General de la Seguridad Social, de manera que podrán seguir jubilándose con los requisitos y condiciones anteriores a la Ley
27/2011, de 1 de agosto, las personas cuya relación laboral se hubiese extinguido antes del 1 de abril de 2013, siempre que con posterioridad a tal fecha no vuelvan a quedar incluidas en alguno de los regímenes del sistema de la Seguridad Social,
así como las personas con relación laboral suspendida o extinguida como consecuencia de decisiones adoptadas en expedientes de regulación de empleo o por medio de convenios colectivos de cualquier ámbito o acuerdos colectivos de empresa, así como
por decisiones adoptadas en procedimientos concursales aprobados, suscritos o declarados con anterioridad al día 1 de abril de 2013, siempre que la extinción o suspensión de la relación laboral se produzca con anterioridad al 1 de enero del año
2020.
En relación con la protección por desempleo, el real decreto-ley reduce el número mínimo de jornadas requeridas para acceder al subsidio por desempleo o renta agraria en el régimen de trabajadores temporeros, pasando de 35 a 20 jornadas, con
el objetivo de paliar las dificultades de su acreditación para tener derecho a esta protección teniendo en cuenta las lluvias torrenciales ocurridas el mes de octubre del pasado año en las provincias de Sevilla, Cádiz y Málaga.
Por otro lado, también les anuncio que, vía enmienda, en los Presupuestos Generales del Estado se modificará la cuota por inactividad de los trabajadores agrarios por cuenta ajena -comúnmente conocida como el sello- para minimizar el
incremento en su cuantía, y se reformará el artículo 196 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social con relación a la cuantía mínima de la pensión de incapacidad permanente total para personas menores de sesenta años.
Finalmente, en el ámbito de la Seguridad Social me gustaría también destacar que, para poner fin a la situación de desprotección en la que se encuentran muchos jóvenes que realizan prácticas en empresas, se ha previsto la inclusión de estos
jóvenes dentro del régimen general de la Seguridad Social como asimilados a trabajadores por cuenta ajena. Quiero aclarar que se trata de una medida que, aunque sea convalidado este real decreto-ley, todavía no ha entrado en vigor. Su entrada en
vigor se hará vía desarrollo reglamentario, desarrollo que irá acompañado de medidas de apoyo que faciliten dicha inclusión. Vamos a tener flexibilidad en este reglamento para que en todo caso esta sea una medida que mejore la situación de las
personas jóvenes que realizan prácticas y dignifique su situación ajustándola a la normativa laboral y de Seguridad Social. Por último, se incluyen también mejoras que van a afectar al régimen de compatibilidad de los subsidios de las personas con
discapacidad.
Por lo que respecta a las medidas en materia laboral y de empleo, en este real decreto-ley se ha procedido a reinstaurar la capacidad de los convenios colectivos para establecer la extinción del contrato de trabajo por edad, siempre y cuando
se cumplan los requisitos para tener derecho a la percepción del cien por cien de la pensión de jubilación, recuperando un instrumento conocido en nuestra legislación laboral que se estima idóneo para favorecer objetivos de política de empleo en las
empresas. Es una medida adecuada para restablecer el papel protagonista de la negociación colectiva y la mayor libertad de los sujetos negociadores, que trata de dar respuesta a la situación actual del empleo joven en España alineándose con otras
medidas adoptadas por el Gobierno, en particular con el Plan de Choque por el Empleo Joven 2019-2021, aprobado por acuerdo de Consejo de Ministros de 7 de diciembre de 2018, que incluye entre su extensa batería de medidas el impulso de los programas
de formación y transmisión del conocimiento a través del contrato de relevo, medidas claramente dirigidas a mejorar la calidad de vida y las condiciones laborales de nuestros jóvenes, hombres y mujeres.
Señorías, con relación a este último tema quiero señalarles que hemos tenido cuenta la inclusión de esta previsión en el acuerdo entre CEOE, Cpyme, UGT y Comisiones Obreras. Los agentes sociales, ya en el IV Acuerdo sobre Negociación
Colectiva que firmaron a principios de julio de 2018, instaban al Gobierno a que realizara una serie de cambios legales necesarios para habilitar a la negociación colectiva a prever estas cláusulas de extinción del contrato por edad ligadas a
objetivos de política de empleo y de relevo generacional. (Rumores).
El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Un momento, señora ministra. Señorías, les ruego silencio.
Continúe.
La señora MINISTRA DE TRABAJO, MIGRACIONES Y SEGURIDAD SOCIAL (Valerio Cordero): Gracias, presidente.
Por otra parte se establece una prórroga de carácter indefinido del subsidio extraordinario por desempleo, denominado SED, que se aprobó en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2018 en sustitución de los programas PAE y Prepara.
Se trata de una medida que pretende reforzar la protección de las personas desempleadas, especialmente las más vulnerables. Debe tenerse en cuenta que, en el caso de que no se hubiese hecho, el 6 de enero habría dejado de existir y habría supuesto
un duro recorte de nuestro sistema de protección por desempleo. No obstante, como saben ustedes, se está trabajando en el desarrollo de un nuevo marco de protección asistencial por desempleo con el compromiso del Gobierno de presentarlo en cuatro
meses desde la entrada en vigor del real decreto-ley que hoy se somete a convalidación y que se presentará para su negociación en el marco de la Mesa de Diálogo Social y por supuesto en la Conferencia Sectorial con las comunidades autónomas, ya que
el nuevo sistema debe ser totalmente respetuoso con el reparto de competencias establecido por la Constitución española.
Por otro lado, se incorpora una derogación expresa de las modalidades contractuales e incentivos a la contratación que se vinculaban a la existencia de una tasa de desempleo superior al 15 %, dado que, como saben ustedes, en el tercer
trimestre de 2018, según la encuesta de población activa, la tasa de desempleo descendió al 14,55 %. En este momento estamos trabajando por un renovado y actualizado modelo integral de incentivos a la contratación laboral y de simplificación de
modalidades contractuales, cuyo planteamiento será propuesto a los interlocutores sociales para su debate y acuerdo En relación con este asunto, la Autoridad Fiscal Independiente, la AIReF, está elaborando un informe a petición del Gobierno sobre la
situación actual de bonificaciones, reducciones de cuota y tarifas planas en nuestro actual sistema y, una vez que tengamos las conclusiones, creemos que esto va a servir de gran ayuda para analizar la eficiencia de las mismas y, como digo, en el
seno de la Mesa de Diálogo Social estudiar en profundidad esta cuestión.
Se ha procedido igualmente en este real decreto-ley a la derogación de la ayuda económica de acompañamiento a jóvenes inscritos en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil que suscribían un contrato para la formación y el aprendizaje y de la
bonificación por conversión en indefinidos de dichos contratos. Se deroga por la escasa eficacia de la medida durante su periodo de aplicación. Desde su entrada en vigor el 4 de agosto de 2018 se ha detectado que esta ayuda no ha resultado eficaz
ni por el número de solicitudes presentadas ni por la tergiversación que ha introducido en el marco de las relaciones laborales de las empresas, que lleva a la paradójica situación en algunos supuestos de reconocer un mayor salario a los aprendices
acogidos a esta medida respecto al salario de quienes tutelan su actividad profesional.
Termino mi intervención informando de que en la medida en que el salario mínimo interprofesional se ha incrementado con efectos del día 1 de enero del año 2019 en un 22,3 % respecto de la cuantía vigente en 2018, ha sido necesario
introducir, por un lado, reglas específicas de afectación en los convenios colectivos que lo utilizan como referencia para determinar la cuantía o el incremento del salario base o de los complementos salariales y, por otro lado, una habilitación
legal que dé cobertura a disposiciones reglamentarias dirigidas a desvincular de dicho incremento las normas no estatales y los negocios jurídicos de naturaleza privada vigentes en el momento de entrada en vigor de este incremento.
Señorías, estamos ante una norma que incluye medidas de suma trascendencia para las personas pensionistas y trabajadoras de nuestro país, cuya situación, tras la aprobación -y espero que convalidación en el día de hoy- de este real
decreto-ley, va a mejorar en términos cuantitativos y también en términos cualitativos. Por ello, solicito a la Cámara su convalidación, confiando en la sensibilidad que van a demostrar todos los grupos parlamentarios a las demandas de la
ciudadanía.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señora ministra.
En turno de fijación de posiciones interviene en primer lugar, por el Grupo Parlamentario Mixto, la señora Oramas González-Moro.
La señora ORAMAS GONZÁLEZ-MORO: Gracias, señor presidente.
Señora ministra, como usted es una persona sensata y además no manipula las cosas, quiero decirle de entrada que Coalición Canaria va a apoyar este decreto con todas sus medidas, la subida del salario mínimo, la subida de las pensiones, que
es algo puntual, porque el tema gordo de las pensiones no lo asumimos, etcétera. Pero vamos a aclarar una cosa. Voy a usar mi minuto para aclarar a algunos de sus compañeros que hoy viene la subida de las pensiones y del salario mínimo. Se
dedican a decir a los ciudadanos, como si los ciudadanos fueran tontos, que el que no apoya los presupuestos está votando en contra de la subida de las pensiones y de la aprobación del salario mínimo. No, señor. Hoy Coalición Canaria está apoyando
este decreto y ya veremos, si antes no se llega a un acuerdo para cumplir el estatuto y el REF de Canarias, si apoyamos los presupuestos o no, pero no se puede engañar a la gente. Hubo un acuerdo con el Partido Popular en materia de pensiones y el
resto de los asuntos los ha cerrado su ministerio muy bien, pero hoy es cuando vamos a tramitar la subida de pensiones y del salario mínimo. Señores socialistas -sobre todo me refiero a los socialistas de Canarias-, una cosa es apoyar los
presupuestos y otra acusar a Coalición Canaria de que, si no apoya los presupuestos, no apoya las pensiones ni la subida del salario mínimo.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señora Oramas. (Rumores).
Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el señor Matute García de Jalón.
Les ruego silencio, señorías.
El señor MATUTE GARCÍA DEL JALÓN: Muchas gracias, señor presidente.
Seré muy breve. Nosotros votaremos a favor del real decreto porque estamos de acuerdo en que se aumenten las prestaciones y porque estamos de acuerdo en que se aumenten los ingresos del sistema, pero no creemos que sea muy acertado hablar
de evidente mejora sino más bien de tímida mejora, porque lo que aquí se plantean son pequeñas reformas que no van en mala dirección pero que se quedan muy lejos de las demandas ciudadanas a las que usted apelaba para apoyar este real decreto,
porque, por ejemplo, la demanda ciudadana de las y los pensionistas vascos es bastante clara en su movilización continua y sostenida durante más de un año y sobre todo en su exigencia de una pensión mínima de 1080 euros, que queda muy lejos de la
subida que ustedes plantean aquí, que es la revaloración con el índice de precios al consumo, con el IPC, que, por cierto, es la misma subida que planteaba el Partido Popular en su acuerdo con el Partido Nacionalista Vasco en los presupuestos que
pactaron. Por tanto, no hay nada demasiado novedoso. Y creemos que es bueno aumentar la base mínima, pero ese 7 % que plantean se queda muy lejos también de lo necesario para la sostenibilidad del sistema porque -para finalizar- si el debate sobre
la sostenibilidad o no, el mantenimiento o no del Estado del bienestar pivota sobre la salud y la educación también tendría que hacerlo sobre el empleo de calidad y las pensiones dignas, como se reclama en la calle, y esa sería la mejor manera de
frenar la involución democrática y la recentralización que parece que asolan el Estado español.
El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señor Matute.
Por el Grupo Parlamentario Mixto tiene la palabra el señor Candela.
El señor CANDELA SERNA: Gracias, señor vicepresidente.
En primer lugar, quiero decir que si este real decreto ha llegado hoy aquí es gracias a la lucha de miles y miles de pensionistas y sindicatos que tumbaron el infame 0,25 que impuso el Gobierno anterior del Partido Popular rompiendo el Pacto
de Toledo. Hay que agradecer a pensionistas y a sindicatos que nos hayan obligado a todos los grupos políticos a hablar de cómo garantizar los derechos sociales y no de cómo recortarlos. Gracias, muchas gracias. Es muy importante decir esto
porque los que están obsesionados con las identidades -y permítanme decir aquello de 'viva el mal, viva el capital', que también lo dicen-, hoy pasarán de puntillas porque no quieren hablar de problemas reales.
Termino con mi agradecimiento a sindicatos y a pensionistas, y señalando también dos salvedades. Votaremos que sí a este real decreto y a su tramitación como proyecto de ley, al igual que propondremos que el mecanismo de revalorización sea
exclusivamente conforme al IPC, así como que se derogue el periodo de carencia específica ya que tiene un marcado carácter de género, por lo que creo que es de justicia eliminarlo.
Gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señor Candela.
Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el señor Campuzano i Canadés.
El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Señora ministra, compartimos buena parte de los planteamientos de este real decreto, singularmente las subidas de las pensiones, el acuerdo que afecta a los trabajadores autónomos, los incrementos de la pensión
de viudedad, que responde a un antiguo pacto entre el Partido Socialista y en aquel momento Convergència, pero solicitamos que este real decreto sea tramitado como proyecto de ley porque hay algunas cuestiones que nos preocupan. En concreto, nos
preocupa una cuestión que hoy está afectando a Cataluña, como es el impacto que tiene el incremento del salario mínimo en los centros especiales de empleo y, específicamente, en los centros especiales de empleo que trabajan con personas con graves
dificultades de inserción. Hoy, ese incremento del salario mínimo pone en riesgo la viabilidad de un número significativo de centros especiales de empleo en Cataluña. Eso habrá que resolverlo. Habrá que analizar también en el trámite
parlamentario, señora ministra, si ese incremento de la base máxima de cotización es compatible con los objetivos de crear empleo de calidad. Habrá que analizar si esa decisión de derogar el sistema de bonus malus para combatir los accidentes de
trabajo tiene o no sentido. El Gobierno dice que no ha tenido impacto, pero sería bueno tener una mayor justificación de esta decisión. Asimismo, sería necesario contemplar medidas alternativas a la supresión de las ayudas salariales a la
contratación de jóvenes a través del contrato de formación para aprendizaje, porque quizá esa fórmula no ha funcionado, pero necesitamos fórmulas para hacer posible el empleo para los jóvenes. Finalmente, habrá que aprovechar este real decreto-ley
para dar forma de ley a la necesidad de que los vales de comida no computen en la base de cotización a la Seguridad Social. Creo que son razones que justifican plenamente el trámite como proyecto de ley de este real decreto-ley.
Gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señor Campuzano.
Por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), tiene la palabra el señor Barandiaran Benito.
El señor BARANDIARAN BENITO: Buenas tardes, señor presidente, señoras y señores diputados.
Nos encontramos ante el debate de un real decreto-ley del que hemos de decir, en primer lugar, que es un debate necesario; necesario porque son medidas de carácter presupuestario y también por la ausencia de una ley de presupuestos que
ponga en vigor las medidas que está proponiendo. Por tanto, entendemos que solo por ello ya es necesario apoyar este real decreto-ley. Asimismo, es un real decreto-ley que se debe tramitar como proyecto de ley porque entendemos que tiene muchas
medidas discutibles y también tiene algunas que son discutidas ya por el ámbito autonómico vasco, que además suscitan unos debates que se deben plantear a toda la Cámara. A nuestro modo de ver, son fundamentalmente dos las cuestiones que propone
este real decreto-ley. Por una parte, la modificación de una vez por todas, en línea con el acuerdo que ya existe en el ámbito del Pacto de Toledo, del artículo 58 de la Ley General de la Seguridad Social; esto es, la formulación ya de una
vinculación de la actualización de las pensiones con el IPC, sin tener otra necesidad más que la concreción o la repetición de esa medida en cada ley de presupuestos. Y por otra parte, una cuestión crítica pero en la que también subyace un debate
muy importante, el de la gestión de las políticas activas de empleo y el del cumplimiento de la doctrina del Tribunal Constitucional sobre las facultades y competencias con las que se debe habilitar a las comunidades autónomas, al menos a las
Comunidad Autónoma del País Vasco, en materia de gestión de las políticas activas de empleo.
Por ello, permítame, señora ministra, que al margen del contenido... (Rumores).
El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Un momento, señor Barandiaran.
Señorías, está siendo un Pleno bastante largo. Les rogaría silencio para poder continuar correctamente el debate. Muchas gracias.
Continúe.
El señor BARANDIARAN BENITO: Gracias, señor presidente.
Decía que por ello y al margen del contenido, en el que no me voy a explayar, puesto que ya la ministra ha desarrollado de una forma minuciosa tanto los márgenes de revaloración y los ingresos -donde, por cierto, hay que destacar la
diferencia entre determinados incrementos de ingresos, no tanto en las nuevas pensiones máximas- como otras cuestiones y medidas concretas que se contemplan sobre determinadas situaciones específicas o sobre ciertos colectivos necesitados de
atención, así como la eliminación de
determinados contratos, volvemos a destacar la mención que hace con carácter derogatorio a dos cuestiones. Por un lado, el mantenimiento de la vigencia del subsidio extraordinario de desempleo, que se deroga en el apartado 7 de la
disposición adicional vigesimoséptima del texto refundido de la Ley General de Seguridad Social, y que, sin embargo, subsiste de alguna manera atribuyendo al SEPE determinadas funciones que el Tribunal Constitucional ya ha determinado que no pueden
suceder de la manera en que ocurren. A pesar de ello, este real decreto-ley mantiene esa determinación. De igual modo ocurre con el decreto de garantía juvenil, con la disposición derogatoria única, que contempla en su apartado e) la derogación
expresa de la disposición adicional centésimo vigésima y centésimo vigesimoprimera de la ley de presupuestos anterior, en la que subsisten también las competencias del SEPE, aun cuando esto, y en aplicación estricta de la doctrina del Tribunal
Constitucional, hubiera debido ser objeto de una atención diferente transfiriendo a las comunidades autónomas esta competencia.
Por tanto, entendiendo que siendo necesario el contenido de esta ley, siendo necesarias la mayor parte de sus medidas, siendo discutibles también algunas de ellas, pero sobre todo siendo necesario que de una vez por todas el ministerio
atienda la gestión de las políticas de desempleo tras la finalización de la prestación de desempleo de una manera coherente con la doctrina del Tribunal Constitucional, votaremos a favor, pediremos su tramitación como proyecto de ley y allí seremos
críticos hasta que el ministerio atienda nuestras peticiones en este sentido.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señor Barandiaran.
Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, tiene la palabra el señor Salvador i Duch.
El señor SALVADOR I DUCH: Gracias, presidente. Bona tarda a tothom.
El Gobierno del Partido Socialista nos presenta un real decreto-ley para la revalorización de las pensiones públicas y otras medidas urgentes en materia social, laboral y de empleo. Es muy poco tiempo el que tengo para poder comentar cada
una de las medidas de un decreto ómnibus de más de 120 páginas, con un listado de medidas urgentes, pero iré al grano. Sinceramente, señora ministra, después de escuchar su primer discurso hace ya seis meses, esperábamos más de este real decreto de
medidas urgentes, y digo urgentes. Lamentamos que no se haya intentado derogar de manera urgente las reformas laborales del Partido Popular -digo intentado- o sus aspectos más perversos, que usted criticó de una manera vehemente e ilusionante en su
primer discurso -como decía- hace ya seis meses. Nos hubiera gustado que este gran real decreto al menos se hubiera decretado a favor de las principales demandas de los sindicatos en materia laboral tramitadas como medidas urgentes, y derogar al
menos los principales artículos de las reformas laborales causantes de la devaluación salarial y la precariedad laboral.
No vamos bien, a mi parecer, señora ministra y señorías del PSOE. Si realmente ustedes quieren ser alternativa en el Reino de España a la triple extrema derecha que nos amenaza ya de manera creíble, ustedes deben ser creíbles. Y les
recuerdo que en Andalucía no ganó la extrema derecha; ganó la abstención y perdieron ustedes. No sé si han reflexionado suficientemente sobre ello; a mí me parece que no.
Si me lo permiten, creo que deben ser más valientes, tanto en la defensa y recuperación de los derechos sociales y laborales perdidos, como respetando y defendiendo los derechos nacionales de los diferentes pueblos integrados hoy en el
Estado. De momento, ustedes en seis meses no han hecho mucho ni en cuanto a los derechos sociales y laborales -si la memoria no me falla, muy poco- decretando medidas, como hoy, de mínimos -eso está bien-, pero muy lejanas de lo que el Partido
Socialista prometía en campaña electoral, en la moción de censura, o simplemente hace unos meses. Tampoco han sido ambiciosos en cuanto a la resolución del conflicto catalán, la represión de la disidencia, etcétera.
Pero centrémonos en algunos de los temas del real decreto. En pensiones su real decreto no va más allá del pacto sobre la revalorización de las pensiones, alcanzado en su día por el Partido Popular y por el Partido Nacionalista Vasco,
gracias a la presión y las movilizaciones de todos los pensionistas. Aun así, hay medidas de mínimos que hay que votar a favor, y lo vamos a hacer, como no puede ser otra manera, siempre y cuando además se tramite en forma de proyecto de ley, para
que podamos mejorar aquellas cosas que para nosotros son sustancialmente mejorables. (Rumores).
El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Silencio, señorías.
El señor SALVADOR I DUCH: Realmente, parece que interesa mucho a todos el tema de las pensiones.
El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Un momento, señor Salvador. Señorías, les ruego silencio para que podamos concluir el Pleno correctamente.
Continúe, señor Salvador.
El señor SALVADOR I DUCH: Como decía, por ejemplo, en el tema de pensiones ustedes no han derogado la reforma de pensiones del Partido Popular de 2013; no han tenido el valor de derogar el índice de revalorización de las pensiones, el IRP,
establecido por el PP y que sigue vigente. Continuando con las pensiones, se incrementa -y nos parece bien- en un 7 % la base de cotización máxima, pero esta es una subida del todo insuficiente y decepcionante. Para nosotros, las bases máximas de
cotización deben destoparse de una vez; el destope de la cotización de los salarios más altos es una medida fundamental para aumentar los ingresos de la Seguridad Social. Como decía, el 7 % nos parece insuficiente. No es justo, por ejemplo, que
la cotización a la Seguridad Social de una persona que gane 50 000 euros al año sea igual que la de una persona que gane al año 150 000 euros; no tiene ningún sentido, no es justo.
Siguiendo con los salarios, siguen sin derogar las reformas laborales de manera urgente, permitiendo -mientras esperamos sus medidas laborales, lo que ustedes llaman un nuevo marco laboral de relaciones- que, con su inmovilismo, los
trabajadores y las trabajadoras sigan sufriendo los efectos de la precariedad laboral y de las condiciones de vida causadas por las reformas laborales vigentes y no derogadas. Así, difícilmente van a subir los salarios, pues la negociación
colectiva -como usted sabe- sigue estando muy desequilibrada en perjuicio de los trabajadores. No es suficiente la subida del SMI para combatir tantos años de devaluación salarial. La cantidad propuesta resulta insuficiente. De hecho, se sigue
incumpliendo un año más, por parte de los gobiernos del Estado, la Carta Social Europea que el Gobierno español ratificó en 1980; es decir, hace ya treinta y ocho años.
También se quedan en mínimos las medidas para los autónomos. Por ejemplo, sigue sin atenderse la máxima reivindicación del sector, que es la cotización en función de un mínimo de ingresos y de forma proporcional a estos. Tampoco se
erradica la dualidad de regímenes integrando el RETA en el régimen general. También echamos en falta que de manera urgente se restituyan los derechos y la regulación plena del subsidio para mayores de cincuenta y dos años, anteriores a las reformas
de 2012 y 2013. Hay 600 000 personas desempleadas mayores de cincuenta y dos años que nos preocupan mucho. Nos parece correcta la reducción a veinte del número de jornadas necesarias para el acceso al subsidio de desempleo y la renta agraria para
los trabajadores agrarios afectados por las lluvias torrenciales de 2018, pero esto tendría que ser ya de manera automática y no se tendría que esperar a un real decreto-ley.
Como decía, tengo muy poco tiempo y muchas cosas que decir. En definitiva, es un real decreto que se queda corto, muy corto, en medidas urgentes, pero aun así lo vamos a aprobar y luego vamos a pedir su tramitación en forma de proyecto de
ley para intentar mejorarlo.
Muchísimas gracias. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señor Salvador.
Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra el señor Del Campo Estaún.
El señor DEL CAMPO ESTAÚN: Gracias, señor presidente.
Señorías, señora ministra, nosotros votaremos a favor de este real decreto-ley porque no nos dejan otra opción, pero lo vamos a hacer con la nariz tapada. Llevamos hoy debatiendo muchos reales decretos-leyes y en este pasa como en los demás
que hemos debatido esta mañana, que contienen muchas medidas, y de algunas estamos a favor, que son el tronco del real decreto-ley y por eso votaremos a favor, pero de otras estamos en contra. Lógicamente, estamos a favor de un acuerdo de
revalorización de las pensiones que no hace sino trasladar los acuerdos de revalorización que mi partido pactó con el Partido Popular en el ejercicio anterior y que va en la línea que mi partido está defendiendo en los Pactos de Toledo. (Rumores).
El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Silencio, señorías.
El señor DEL CAMPO ESTAÚN: Es decir, esa cuasicongelación de las pensiones en un escenario inflacionista no es una buena idea y, por tanto, tampoco lo es que las reformas vayan por ahí. Intentemos que los pensionistas no pierdan poder
adquisitivo y por los que peor lo están pasando, que son los que tienen unas pensiones más bajas o las viudas -un día hablé aquí de mi abuela, que entra precisamente en esta reforma de las pensiones de viudedad-, vamos a votar a favor.
También estamos a favor del acuerdo al que han llegado con los autónomos. Nosotros nos llevamos un susto cuando ustedes anunciaron que iban a subir los impuestos a los autónomos, que iban a pegar una subida del 22 % a la cuota de los
autónomos, cuando nosotros precisamente hemos sido el partido que a través de una proposición de ley, que se tramitó y se aprobó con la mayoría de la Cámara, conseguimos que los autónomos estuvieran presentes en cada una de las decisiones que se
tomasen y les afectasen. En este caso hay un acuerdo de ustedes con las asociaciones más representativas y ahí vamos a estar de acuerdo. No obstante, hay algunas cuestiones en las que no estamos de acuerdo y otras en las que nos oponemos
frontalmente. Por ejemplo, el mundo académico habla de la reforma silenciosa de las pensiones. ¿Qué hacen ustedes con este real decreto? Su forma de ajustar es: subimos la cotización mínima al 22 % y subimos las bases de cotización máxima al 7
%, pero luego no subimos la pensión. Entonces están afectando directamente o erosionando la contribución al sistema y están yendo hacia un sistema cada vez más asistencial. Ese no es nuestro modelo. Si es el suyo, lo que tendrían que hacer es no
mentir a los pensionistas, decirlo en el Pacto de Toledo y no traerlo aquí e intentar meterlo a través de un real decreto-ley por la puerta de atrás. (Aplausos).
Aparte de eso, estamos totalmente en contra también de la jubilación forzosa, de la que usted ha hablado, por convenio colectivo. Es una contradicción con lo que dijo su secretario de Estado, que básicamente era que el sistema necesita que
estemos más tiempo trabajando, por lo que vamos a intentar aumentar un año la edad real de salida del mercado de trabajo. Ustedes con este real decreto hacen todo lo contrario. Pero ya no es que no sea nuestro modelo, es que creemos que incluso es
discriminatorio, porque la Ley General de Seguridad Social lo que hace es incitar a que permanezcas más tiempo en el sistema, de modo que si pasas de los sesenta y cinco años, tienes más del cien por cien de tu pensión y continuas trabajando, te
premia. Sin embargo, con este real decreto lo que hacen es crear desigualdades; es decir, que dos trabajadores en el mismo sector, uno en la negociación colectiva tiene jubilación forzosa y el otro no, por lo que van a crear desigualdades en su
pensión. Por tanto, nosotros no estamos de acuerdo con eso. Además, este no es un sistema de suma cero. Ustedes hablan de que es una medida para mejorar el empleo juvenil y aquí no tenemos ningún dato empírico que nos diga, en otros tiempos en
que la jubilación forzosa ha estado legalizada, que el hecho de que se jubilen trabajadores hace que se contraten más trabajadores jóvenes. También estamos viendo que realmente esto no funciona así en la jubilación parcial con contrato de relevo.
Pero si hablamos de empleo juvenil, estamos en contra de que ustedes eliminen de un plumazo todas las ayudas a las pymes y autónomos que contraten a nuestros jóvenes -usted lo ha dicho-, al emprendimiento joven que afecta a autónomos, sobre todo a
microempresas y emprendedores. Usted ha dicho: ya no tiene sentido porque hemos bajado del 15 % el desempleo. Pero hemos bajado del 15 % el desempleo en general, pero todavía tenemos un 30 % de desempleo juvenil. Yo le lanzo una pregunta: ¿Es
de extraordinaria y urgente necesidad eliminar todas las ayudas a la contratación de los menores de treinta años? Nosotros creemos que no. Pero es más, creemos que es una mala medida en ese sentido eliminar el complemento salarial por el que tanto
peleamos. Es un dinero que viene de Europa que no nos estamos gastando y que está ayudando a muchos jóvenes a tener un salario digno. Y ustedes dicen aquí: lo hemos evaluado y es una medida que no funciona; y se aprobó en agosto. En este país
tenemos bonificaciones que son peso muerto y que llevan veinte años y no se han derogado, y en cuatro meses ustedes son capaces de evaluar una medida y decir que no funciona. Nosotros creemos que no ha transcurrido tiempo suficiente como para
evaluar esta medida.
La última medida de la que quería hablarle -no me da tiempo a hablar de todo- es de la obligación de alta y cotización por parte de las universidades, instituciones y empresas de los estudiantes en prácticas laborales. Nosotros estamos a
favor de luchar contra la precariedad de los becarios, pero es que en la Comisión de Empleo se tramitó una propuesta de creación de un estatuto del becario. Ustedes están en el diálogo social hablando de la creación de un estatuto del becario.
Ustedes traen aquí un parche por la puerta de atrás con el que lo único que han conseguido es poner a todo el mundo en contra, porque tienen en contra a las universidades, a las instituciones, incluso en las que gobiernan ustedes, y tienen también
en contra a las empresas. Ese no es el camino.
Para finalizar, quiero decirles que la política económica desde que ustedes han llegado al Gobierno está siendo un auténtico despropósito, y ahí tenemos los números: subidas de impuestos, aumentos de costes a las empresas, todo esto
mezclado con todo tipo de ocurrencias y contradicciones como las que le he señalado hoy aquí y que no hace más que crear incertidumbre; una incertidumbre que nosotros aquí sí soportamos, pero que la economía no soporta tan bien, viendo cómo, según
los números que tenemos de los últimos trimestres, está cayendo la creación de empleo y el crecimiento económico. Hoy votaremos
a favor de este real decreto-ley, como le digo, con la nariz tapada, pero esperamos que estos presupuestos, que inician su tramitación esta misma semana, no superen el trámite, que se vean ustedes abocados a, como prometieron, celebrar
elecciones de una vez por todas y que pasemos página de este mal sueño, que pasemos página del sanchismo y podamos iniciar una nueva etapa de crecimiento y de progreso.
Muchas gracias, señorías. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señor Del Campo.
Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, tiene la palabra la señora Díaz Pérez.
La señora DÍAZ PÉREZ: Buenas tardes a todos y a todas. Buenas tardes, ministra. Bienvenida.
En primer lugar, quiero saludar los trabajos intensos que hemos mantenido con la propia ministra durante estos días, desde la publicación del real decreto para mejorarlo en dos de los aspectos que para nuestro grupo eran fundamentales. No
podíamos aceptar de ninguna de las maneras el recorte que se incorporaba en el artículo 196 de la Ley General de la Seguridad Social, desligando la invalidez permanente total del salario mínimo interprofesional. Hemos conseguido el incremento de
las invalideces permanentes totales en un 22 % y también hemos conseguido que en el caso de los jornaleros y las jornaleras por cuenta ajena que, como saben ustedes, tendrán que pagar más cuota en los periodos de inactividad, al subir el salario
mínimo interprofesional, se incorpore una bonificación para que no se vean perjudicados por esta subida. Por tanto, ministra, gracias, porque estos días han sido intensos, hasta horas muy recientes en las que hemos sido capaces de ponernos de
acuerdo en esta cuestión.
También les quiero decir que llevamos desde agosto trabajando por la mayoría social de nuestro país. Hemos trabajado codo con codo con el Gobierno para conseguir un acuerdo presupuestario que sirva para la gente de este país, que sirva para
los trabajadores y las trabajadoras de este país. Y creemos que, con humildad, lo hemos conseguido. Quizá la medida más brillante y más destacada que tiene el real decreto que discutimos hoy sea su artículo 12, el salario mínimo interprofesional,
que sin duda va a cambiar la vida de la gente y que sin duda también va a agitar la economía en nuestro país. Quiero leerles lo que decía la página 33 del acuerdo al que en su día llegaron el señor Sánchez y el señor Rivera. Decía: El nuevo
Gobierno aprobará una subida del salario mínimo interprofesional de al menos un 1 %. Ministra, como usted sabe, hemos conseguido una subida del salario mínimo interprofesional del 22 %. Es una subida histórica, la subida mayor que hemos tenido en
nuestro país. Si me permiten, la subida del salario mínimo interprofesional lo que va a suponer de facto es derogar tácitamente una parte muy lesiva de la reforma del Partido Popular, que fundamentalmente ha conseguido bajar los salarios de manera
completa en nuestro país. Por tanto, destacamos el salario mínimo, pero destacamos también que, gracias a la lucha de los pensionistas y las pensionistas, hemos conseguido que hoy el acuerdo permita que las pensiones se revaloricen de conformidad
con el IPC y así se incorporará también una paga para la desviación posible que puedan sufrir; también el incremento de las pensiones más bajas un 3 %, la subida de la base reguladora para las viudas al 60 % -que era una exigencia por ley- o, por
ejemplo -es muy importante, aunque insuficiente, ministra, y seguiremos trabajando para conseguir más-, de esos dos nuevos tramos de las trabajadoras del hogar. Aunque no hemos conseguido el destope total, sí el de esos dos nuevos tramos que van a
mejorar las condiciones de vida de las trabajadoras del hogar. Ministra, queda pendiente la ratificación del Convenio 189 de la OIT, que es clave para trabajadoras que, como sabe, trabajan en muy malas condiciones. (Aplausos).
Ministra, las medidas que ustedes abordan son insuficientes para atacar la precariedad. En los contratos menores a cinco días se ha penalizado su cotización del 36 al 40 %. Está bien, pero no es suficiente. El origen de la precariedad,
señora ministra, está dos razones: la concatenación de los contratos y, como sabe, la coincidencia fundamentalmente en el contrato de obra y servicio determinado, junto con las concesiones de todo tipo que se producen. No hace falta que lo diga,
ministra: 21,5 millones de contratos de trabajo, 20 millones temporales, 8 millones de obra y servicio determinado y 10 millones eventuales. Señora ministra, hay que tomar más medidas, porque no llega con estas. Creemos que se mejora en parte la
situación de los autónomos y las autónomas, pero sigue faltando en este real decreto una parte del acuerdo que tiene que ver con los autónomos y las autónomas precarias, falsos autónomos y autónomos y autónomas pobres. Sin lugar a dudas hay que
abordar este problema también en esta Cámara. Para los becarios es muy insuficiente su propuesta y tiene muchos riesgos, porque ustedes obligan a cotizar a la Seguridad Social aunque no exista remuneración. La clave es que exista remuneración, que
exista cotización, que exista el estatuto de los becarios, como hemos defendido con nuestros
compañeros en la proposición de ley del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos PodemosEn Comú PodemEn Marea y, por supuesto, que se dignifiquen sus condiciones. Señora ministra, como conocen, hemos conseguido pequeñas partes en la
financiación del Sistema de la Seguridad Social, un destope de un 7 %. Es algo, pero es muy poco, como usted conoce, para abordar la problemática de la Seguridad Social.
Voy terminando, ministra. No compartimos en absoluto la redacción que hacen respecto a la apertura de una posible nueva discusión de la revalorización de las pensiones. Tenemos un acuerdo con ustedes y con su Gobierno para que las
pensiones se revaloricen, como mínimo, con el IPC. Insisto en ese plazo de seis meses. Ministra, si se reabre el debate y se plantean otras fórmulas, vamos a estar enfrente, en la calle, con las pensionistas y los pensionistas, defendiendo como
mínimo que las pensiones sean retribuidas con el IPC.
Termino, ministra. Es evidente que el diálogo, cuando es para abrir un escenario de esperanza, de cambio y de mejora para la gente, es muy positivo. Por eso, hoy con satisfacción vamos a decirle sí a este real decreto, con satisfacción
para nuestro pueblo, para nuestras trabajadoras y nuestros trabajadores. Cuando ustedes hacen las cosas bien, estamos con ustedes; pero les decimos también que cuando privatizan servicios como el ferrocarril -como ha pasado en esta Cámara- o se
ponen del lado de los fondos buitres con la vivienda les vamos a decir alto y claro que no. (La señora presidenta ocupa la Presidencia). La esperanza está en este real decreto hoy, señora ministra. Hagamos posible que se abran las puertas y las
ventanas para mejorar la vida de la gente y de aquí en adelante, si ustedes cumplen con su palabra, pueden contar con nuestro apoyo. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora Perea i Conillas.
La señora PEREA I CONILLAS: Muchas gracias, presidenta. Buenas tardes, diputadas y diputados.
Como indicaba la ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, doña Magdalena Valerio, se insta en este punto del orden del día a la convalidación del Real Decreto-ley 28/2018 y con el mismo ímpetu que lo defendía la portavoz de
Podemos yo creo que después de este real decreto hay un antes y un después. Ese real decreto persigue tres objetivos. El primero es el fortalecimiento de la protección social a través de mejoras de la acción protectora que afecta a millones de
personas, empezando por los pensionistas -y lo decía el portavoz de Compromís (continúa su intervención en catalán)-, hablando de las personas con discapacidad, trabajadores autónomos, empleadas del hogar -y hacía referencia a ello la portavoz de
Podemos-, las mujeres, las viudas, y evidentemente los jóvenes, sobre todo los jóvenes. Es un decreto transversal que pretende dar respuesta inmediata a cuestiones que no pueden esperar. (Rumores).
La señora PRESIDENTA: Silencio, por favor.
La señora PEREA I CONILLAS: El segundo objetivo es garantizar la sostenibilidad social -ya lo hemos dicho-, la económica y, por supuesto, la política. Por tanto, en aras de la brevedad, me remito a la memoria económica de este decreto,
donde pone una detrás de otra todas las medidas a nivel económico que hacen sostenibles las medidas de mejora de la acción protectora de la Seguridad Social, que hoy espero que podamos aprobar. Y, efectivamente, el tercer objetivo -sostenibilidad
social, económica y política-, poniendo en valor la negociación y el pacto, la reapertura y la recuperación del diálogo social.
Este real decreto prevé la revalorización de las pensiones con un incremento del 1,6 %, con una previsión por encima del IPC que tenemos a fecha de hoy. Y aquí hago mención tanto a los portavoces del PNV como de Esquerra y de Podemos,
estamos a la espera de la resolución del Pacto de Toledo, que tiene que acabar de confirmar esa derogación de la reforma de 2013, pero hoy ya se aprueba -ya se aprobó el día 21 de diciembre- la subida del IPC, así como las mínimas al 3 %. Hablamos
de las del SOVI, las no contributivas. Hoy se pone negro sobre blanco la reivindicación de millones de pensionistas, quienes sí o sí nos piden la garantía de su poder adquisitivo y la garantía, por tanto, de un futuro mejor y seguro. Pero, además,
porque se ha puesto en evidencia que desde la reforma del año 2013 es imprescindible generar confianza en el futuro de la ciudadanía y este real decreto regula certidumbre y garantía de poder adquisitivo a corto plazo, insisto, estando a la espera
del diálogo social y de las recomendaciones que más pronto que tarde tienen que llegar del Pacto de Toledo. Lo importante es que no partimos de cero, partimos de un acuerdo en el mes de septiembre sobre el IPC que hoy sí o sí todo el mundo tiene
que reconocer y
difícilmente nadie va a renegar o se va a echar atrás. Hemos de dar respuesta de forma inmediata a necesidades de la ciudadanía -lo decía la ministra-, máxime si los Presupuestos Generales del Estado todavía no están aprobados.
Señorías, hubiera sido deseable la modificación del artículo 58 de la Ley General de la Seguridad Social en este real decreto, pero el Partido Socialista, el Gobierno socialista, considera que primero el diálogo social, junto con el Pacto de
Toledo, tienen que dar respuesta a esta modificación, urge -lo he dicho antes- esa modificación. (Rumores).
La señora PRESIDENTA: Silencio, por favor.
La señora PEREA I CONILLAS: En cualquier caso, este real decreto se justifica por el simple hecho de que de no aprobarlo, de no convalidarlo, se aplicaría el 0,25 que aprobó el Partido Popular en el año 2013. La urgencia, por tanto, deriva
también de la necesidad de fijar las pensiones mínimas en el 3 %, así como la subida a las viudas, lo decía la portavoz de Podemos, aquello prometido -y hacía referencia a ello el señor Campuzano- en la Ley 27/2011 y que el Partido Popular paró, la
mejora de la pensión de viudedad. También se contempla la mejora de la protección social, así como de los beneficios para la cotización de los trabajadores autónomos, hablamos de 2,9 millones de trabajadores autónomos afectados, una parte esencial
-estamos de acuerdo con el señor Sergio del Campo- del tejido económico de este país. Aquí hay que poner en valor el diálogo social con las asociaciones mayoritarias del sector. El diálogo social dio lugar a un pacto histórico, mencionado por las
propias asociaciones. Esto es lo que venimos ahora a plantear aquí.
Hablamos de mejoras, hablamos de autónomos, hablamos de familias, hablamos de los becarios, porque ya está bien de no hablar previamente con las universidades y de que los becarios se vean todavía desprotegidos. Hay que dar un paso al
frente y adoptar medidas de forma inmediata. La ministra ha dicho bien claro que el tema de los becarios acabará de ser trazado y negociado, y, evidentemente, ha hablado con las comunidades autónomas y, desde luego, con la universidad. (Rumores).
Es insoportable hacer la intervención con el lío que tiene montado este Pleno. Me quedan veintidós segundos. No creo que sepan ni de lo que estamos hablando...
La señora PRESIDENTA: Señora Perea i Conillas...
La señora PEREA I CONILLAS: Sí, acabo.
La señora PRESIDENTA: ... la que hace callar al auditorio soy yo.
La señora PEREA I CONILLAS: Gracias.
La señora PRESIDENTA: No le quedan veinticuatro segundos, sino que se ha pasado ya veinticuatro segundos.
La señora PEREA I CONILLAS: Gracias, presidenta, pero es francamente difícil hablar...
La señora PRESIDENTA: Sí, es muy difícil.
La señora PEREA I CONILLAS: En cualquier caso, voy acabando, presidenta.
Hablamos de jóvenes. Merecen tener un futuro, pero tienen que tener un presente. Hemos de hablar también de las mejoras. Señorías, la mejora del mercado laboral vendrá del diálogo social, pero con este decreto-ley damos un paso. Y yo le
diría al señor Del Campo, en relación con la jubilación obligatoria por edad, que viene del... (Rumores).
La señora PRESIDENTA: Silencio, señorías. Silencio.
La señora PEREA I CONILLAS: ... IV Acuerdo sobre la negociación colectiva que firmaron en julio de 2018 los agentes sociales con la hoy ministra Magdalena Valerio y la entonces ministra Fátima Báñez.
Voy acabando. No me quiero dejar este punto. Este decreto es la antesala y el preludio de lo que vendrá con la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado para los mayores de cincuenta y dos años, el subsidio para mayores de
cincuenta y dos años. (Aplausos). Todos y cada uno de los diputados sabemos que lo llevan reivindicando desde el minuto uno. Eso viene en los Presupuestos Generales del Estado.
No quisiera acabar sin comentar una cuestión. Lo que subyace tras este decreto es el pacto, la negociación y el acuerdo. Esto tenemos que ponerlo en valor. Si vale la pena, saquémoslo adelante de forma colectiva. Eso es lo que está
esperando la gente que está ahí fuera, como hemos dicho más de una vez desde esta tribuna. Hoy se vuelve a repetir. El IV Acuerdo de negociación colectiva de julio de 2018...
La señora PRESIDENTA: Señora Perea i Conillas, han pasado ya más de dos minutos de su tiempo.
La señora PEREA I CONILLAS: Disculpe, presidenta. He sido un poco impertinente. Me parecía que hoy valía la pena poner en valor eso que ha reclamado tanta gente fuera y a lo que hoy vamos a dar respuesta.
Muchísimas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Floriano Corrales. Les ruego, señorías, silencio.
El señor FLORIANO CORRALES: Señora presidenta, señoras y señores diputados, este real decreto es un impuesto al empleo, especialmente al empleo de mujeres y jóvenes. Es el decreto del impuesto al trabajo, y cuando el trabajo se penaliza,
se ataca frontalmente al sistema de pensiones. Es el real decreto que sube el 7 % el tope máximo de las bases de cotización, sin ninguna contraprestación al trabajador, lo que se une a la subida de las cotizaciones mínimas en un 22 %. Es un
decreto que sube los impuestos al trabajo que pagan los empleadores y los trabajadores. Es el real decreto que cierra el acceso de los jóvenes universitarios y de los estudiantes de formación profesional a las prácticas. ¿Pagarán la Seguridad
Social los estudiantes? ¿Serán las empresas las que ofrecerán las prácticas a los estudiantes después de tener que pagar la Seguridad Social? Es el real decreto que sube la tarifa plana a los autónomos, cuando hay que reducirla para los colectivos
más vulnerables. Es el real decreto que deroga los incentivos a la contratación, que ha permitido recuperar 2 765 000 empleos desde 2013. En concreto, eliminan las bonificaciones que han permitido reducir la tasa de paro juvenil en casi 20 puntos.
Este real decreto, señorías, anula el contrato indefinido de apoyo a los emprendedores, anula los contratos de formación y aprendizaje con personas entre 25 y 30 años, anula los incentivos a la contratación indefinida de un joven por microempresas y
empresarios autónomos. Este real decreto anula los incentivos a la contratación en nuevos proyectos de emprendimiento joven. Este real decreto anula el contrato al primer empleo joven, e incrementa la cuota empresarial en los contratos iguales o
inferiores a cinco días, un contrato clave para el sector turístico, para la hostelería, en general para uno de los sectores más competitivos de nuestro país. Este real decreto elimina los incentivos al contrato en prácticas, y establece la
jubilación obligatoria, imponiendo el convenio colectivo a la libertad de las personas para decidir cuándo quieren jubilarse. Este es el real decreto que anula la ayuda de 400 euros al mes para los jóvenes con menos oportunidades, que les permitía
recibir una contraprestación de más de 1000 euros al mes para formarse y trabajar, la misma que los señores de Ciudadanos apoyaron y llamaban enmienda naranja hoy votan, convirtiéndola en este caso en roja, a favor de este decreto ley y, por tanto,
anulando esa ayuda. (Aplausos).
Sin empleo, señorías, no hay pensiones y su política es un ataque frontal al empleo. Una cosa es que estos incentivos se financien vía Presupuestos Generales del Estado y no a través de la Seguridad Social, y otra cosa es que se eliminen,
sobre todo, cuando funcionan. En un momento de desaceleración económica, en un momento de desaceleración del empleo, como ustedes reconocen en los Presupuestos Generales del Estado, no se les ocurre otra cosa que penalizar el empleo.
Este real decreto sube las cotizaciones a los trabajadores del mar, doblándolas en la mayoría de los casos. Excluyen -eso sí lo hacen- las cotizaciones para las embarcaciones inferiores a 10 toneladas, la pesca artesanal. Pero uno se va al
proyecto de presupuestos y no se recoge la exclusión que plantean en este real decreto, con lo cual los pescadores artesanales, los mariscadores, los percebeiros, a los recogedores de algas les doblan este tipo de cotización. ¿Qué les dirán a
nuestros pescadores? ¿Qué dirán en Galicia, en Cantabria, en Asturias, en el País Vasco, en Andalucía o en toda la costa española?
La Real Academia Española de la Lengua, señorías, define la infamia como una acción malvada y vil, y eso es lo que ustedes han hecho al mezclar el decreto del impuesto al empleo de las mujeres y de los jóvenes con las pensiones.
(Rumores.-Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Silencio, por favor. Silencio.
El señor FLORIANO CORRALES: Ustedes lo mezclan todo para esconder su voracidad recaudatoria detrás de una subida de pensiones que ya estaba garantizada por la Ley de Presupuestos Generales del Estado de 2018 que sacó el Partido Popular
adelante. Es decir, este decreto no es necesario para subir las pensiones, está garantizada la subida general del 1,6 % para todas las pensiones, y del 7,14 % para las de viudedad. Están garantizadas para 2019, faltan las pensiones mínimas no
contributivas. Y para alcanzar el 3 % bastaría con haber traído un decreto o un proyecto de ley o una proposición de ley como la que va a presentar el Partido Popular para que se puedan subir las pensiones y se pueda llevar a cabo el compromiso de
subir las pensiones que el Partido Popular planteó desde el Gobierno. Pero no, tenían que mezclarlo todo, tenían que confundirlo todo, quizá para acallar la mala conciencia de haber votado muchos de ustedes la congelación de las pensiones cuando
gobernaba el Partido Socialista en la anterior etapa. (Aplausos). Recuerdo a muchos de ustedes y al señor Zapatero y al señor Sánchez sentados en esos escaños, votando a favor de la congelación de las pensiones. Y ahora han dicho ustedes: nos
cargamos parte de su política de empleo, pero van a tener que votar a favor porque lo que hacemos es colarles de rondón en este decreto las pensiones.
Al final, se esconden detrás de los pensionistas para alcanzar sus propósitos, ¿y cómo se llama eso si no infamia, vileza o mezquindad? Eso no es política ni hacer política; esa es la degradación de la política y de la acción de gobierno.
Una última cuestión. ¿Por qué no dialogan? ¿Por qué no hablan antes de traer estas normas y se garantizan los apoyos para sacarlas adelante? Porque, al final, lo que quieren también en esta cuestión es buscar la confrontación, la
división, la ruptura. Señorías, les puede la soberbia, la arrogancia, y yo creo que les sobra desparpajo y a algunos de ustedes les falta la vergüenza.
Muchas gracias. (Aplausos.-La señora ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, Valerio Cordero, pide la palabra).
La señora PRESIDENTA: Adelante, señora ministra.
La señora MINISTRA DE TRABAJO, MIGRACIONES Y SEGURIDAD SOCIAL (Valerio Cordero): Gracias, presidenta.
Simplemente quiero decirle al portavoz del PP, al señor Floriano, que se podía haber ahorrado todos estos calificativos tan duros que ha utilizado; se los podía haber ahorrado. (Rumores). Si querían votar que no a este real decreto-ley
-no ha dicho usted lo que va a votar-, no era necesario insultar tanto y descalificar tanto para justificar un no. (Aplausos). Usted sabe perfectamente que una disposición adicional no se puede prorrogar cuando se prorrogan unos Presupuestos
Generales del Estado, luego no estaba garantizada en absoluto la subida de las pensiones con efectos de 1 de enero, salvo en el caso de haber traído este real decreto-ley, así como la subida de las cotizaciones para que cuadren las cuentas, porque,
como usted sabe, tenemos todavía mucho que hacer para que cuadren las cuentas, entre otras cosas porque ustedes han dejado las cuentas de la Seguridad Social hechas un auténtico desastre.
Muchas gracias. (Aplausos.-Protestas.-El señor Floriano Corrales pide la palabra).
La señora PRESIDENTA: Adelante, señor Floriano.
El señor FLORIANO CORRALES: Muchas gracias, señora presidenta.
No se dé por aludida, señora ministra. (Rumores).
La señora PRESIDENTA: Silencio.
El señor FLORIANO CORRALES: No se dé por aludida. Estaba calificando una acción política que me parece de desvergüenza, y me lo parece porque, si yo me podía haber ahorrado calificativos, ustedes se podían haber ahorrado traer un decreto
de subida de pensiones unida a la eliminación de todas las bonificaciones a la contratación de los jóvenes y de las mujeres. Eso sí que es de vergüenza, señorías. (Aplausos). Y es de vergüenza, señora ministra, que su mejor política, que lo que
se les ocurra en un momento de desaceleración del empleo, en un momento de desaceleración económica, sea frenar... (Rumores.-Protestas).
La señora PRESIDENTA: Un momento, señor Floriano.
Señorías, les ruego silencio. Como todos ustedes conocen, el Gobierno puede intervenir en cualquier momento del debate. Cuando el Gobierno interviene después de los grupos parlamentarios, si a juicio de
la Presidencia se entiende que se ha reabierto el debate, esta podrá conceder por un tiempo limitado intervención a los señores miembros de esta Cámara. Por tanto, en este momento está en el uso de la palabra el señor Floriano (rumores), y
después en su caso el Gobierno u otro miembro de este Parlamento tendrán la oportunidad de intervenir.
Adelante, señor Floriano; le queda un minuto.
El señor FLORIANO CORRALES: Le decía que en momentos de desaceleración económica y de desaceleración del empleo lo peor que se puede hacer es penalizar todos los elementos que bonifican y facilitan la contratación de los más jóvenes, y eso
es exactamente lo que hacen ustedes con este decreto. No hay peor ataque al sistema de pensiones que intentar hacer que el empleo se vea perjudicado por su política, y eso es lo que ustedes están haciendo: perjudicar la creación de empleo.
(Aplausos). Si el sistema de pensiones está en cuestión, si el sistema de pensiones está en peligro, tenemos que afrontar una solución, y en eso estamos, pero no olviden que la última vez que gobernaron dejaron más de tres millones y medio de
empleos destruidos, y eso también es una vergüenza, señora ministra. (Un señor diputado: ¡Muy bien!-Aplausos.-La señora ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, Valerio Cordero, pide la palabra).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
Señora ministra.
La señora MINISTRA DE TRABAJO, MIGRACIONES Y SEGURIDAD SOCIAL (Valerio Cordero): Señor Floriano, no me queda más remedio que darme por aludida porque formo parte de un Gobierno y usted ha descalificado toda la acción de este Gobierno con
unas palabras muy duras. Parece que se alegran ustedes de una posible desaceleración económica. Por suerte, las previsiones de crecimiento son del 2,2 %, últimamente además confirmadas por organismos internacionales. El propio Gobierno ha sido
cauto y en la ley de Presupuestos Generales del Estado ha optado por esta decisión.
Por otro lado, este Gobierno quiere que se siga creando empleo, empleo de calidad. Acabo de decir en la tribuna que toda la cuestión de bonificaciones, tarifas planas y reducciones de cuota se ha sometido a un informe de la AIReF para velar
por que esas bonificaciones, reducciones de cuota y tarifas planas sean eficientes. Por cierto, no agrada a nadie dejar millones de desempleados cuando termina un Gobierno, no le quepa la menor duda, pero también es cierto que se encontraron
ustedes un Fondo de reserva de las pensiones con 67 000 millones de euros (rumores) y miraron para otro lado desde el año 2012 al año 2017, y yo espero y deseo que todos los grupos parlamentarios de esta Cámara -porque yo creo que las bases están
sentadas- y en la mesa de diálogo social los sindicatos, los empresarios, los representantes de los empresarios y el Gobierno seamos todos capaces de llegar a un acuerdo para velar por el presente y el futuro del sistema público de pensiones y dar
certidumbre y confianza a millones de pensionistas presentes y a los millones que en algún momento determinado de nuestras vidas querremos cobrar una pensión de jubilación.
Muchas gracias. (Aplausos).
JURAMENTO O PROMESA DE ACATAMIENTO DE LA CONSTITUCIÓN POR NUEVOS SEÑORES DIPUTADOS.
La señora PRESIDENTA: Con carácter previo a las votaciones, vamos a proceder al juramento o promesa de acatamiento de la Constitución conforme al artículo 20.1.3.º del Reglamento.
En sustitución de don Alfonso Candón Adán, pregunto a don Andrés Núñez Jiménez si jura o promete acatar la Constitución.
El señor NÚÑEZ JIMÉNEZ: Sí, juro.
La señora PRESIDENTA: En sustitución de don Iñigo Errejón Galván, pregunto a doña Sol Sánchez Maroto si jura o promete acatar la Constitución.
La señora SÁNCHEZ MAROTO: Por imperativo legal, prometo. (Rumores).
La señora PRESIDENTA: Silencio, señorías.
Don Andrés Núñez Jiménez y doña Sol Sánchez Maroto han adquirido la condición plena de diputados. Enhorabuena, señorías. (Aplausos).
En tres minutos comenzara la votación. (Pausa).
CONVALIDACIÓN O DEROGACIÓN DE REALES DECRETOS-LEYES. (VOTACIÓN):
- REAL DECRETO-LEY 21/2018, DE 14 DE DICIEMBRE, DE MEDIDAS URGENTES EN MATERIA DE VIVIENDA Y ALQUILER. (Número de expediente 130/000048).
La señora PRESIDENTA: Señorías, vamos a comenzar con las votaciones.
Punto único. Convalidación o derogación de reales decretos-leyes. En primer lugar, Real Decreto-ley 21/2018, de 14 de diciembre, de medidas urgentes en materia de vivienda y alquiler.
Comienza la votación. (Pausa.-Rumores).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 345 más 2 votos telemáticos, 347; a favor, 103; en contra, 241 más 2 votos telemáticos, 243; abstenciones, 1.
La señora PRESIDENTA: Señorías, les ruego silencio.
En consecuencia, no queda convalidado este real decreto-ley. (Aplausos).
- REAL DECRETO-LEY 22/2018, DE 14 DE DICIEMBRE, POR EL QUE SE ESTABLECEN HERRAMIENTAS MACROPRUDENCIALES. (Número de expediente 130/000049).
La señora PRESIDENTA: Real Decreto-ley 22/2018, de 14 de diciembre, por el que se establecen herramientas macroprudenciales.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 346 más 2 votos telemáticos, 348; a favor, 177; en contra, 138 más 1 voto telemático, 139; abstenciones, 31 más 1 voto telemático, 32.
La señora PRESIDENTA: Por tanto, queda convalidado este real decreto-ley.
Se ha solicitado la tramitación de este real decreto-ley como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia, por lo que vamos a proceder a votar dicha solicitud.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 346 más 2 votos telemáticos, 348; a favor, 271 más 1 voto telemático, 272; en contra, 69 más 1 voto telemático, 70; abstenciones, 6.
La señora PRESIDENTA: En consecuencia, se tramitará como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia.
- REAL DECRETO-LEY 27/2018, DE 28 DE DICIEMBRE, POR EL QUE SE ADOPTAN DETERMINADAS MEDIDAS EN MATERIA TRIBUTARIA Y CATASTRAL. (Número de expediente 130/000054).
La señora PRESIDENTA: Pasamos a votar ahora, señorías, el Real Decreto-ley 27/2018, de 28 de diciembre, por el que se adoptan determinadas medidas en materia tributaria y catastral.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 346 más 2 votos telemáticos, 348; a favor, 174 más 1 voto telemático, 175; en contra, 32; abstenciones, 140 más 1 voto telemático, 141.
La señora PRESIDENTA: En consecuencia, queda convalidado el real decreto-ley.
Se ha solicitado la tramitación de este real decreto-ley como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia, por lo que procedemos a votar dicha solicitud.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 346 más 2 votos telemáticos, 348; a favor, 345 más 2 votos telemáticos, 347; en contra, 1.
La señora PRESIDENTA: En consecuencia, se tramitará como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia.
- REAL DECRETO-LEY 23/2018, DE 21 DE DICIEMBRE, DE TRANSPOSICIÓN DE DIRECTIVAS EN MATERIA DE MARCAS, TRANSPORTE FERROVIARIO Y VIAJES COMBINADOS Y SERVICIOS DE VIAJE VINCULADOS. (Número de expediente 130/000050).
La señora PRESIDENTA: Pasamos a votar ahora, señorías, el Real Decreto-ley 23/2018, de 21 de diciembre, de trasposición de directivas en materia de marcas, transporte ferroviario y viajes combinados y servicios de viaje vinculados.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 346 más 2 votos telemáticos, 348; a favor, 265 más 1 voto telemático, 266; en contra, 72 más 1 voto telemático, 73; abstenciones, 9.
La señora PRESIDENTA: En consecuencia, queda convalidado el real decreto-ley.
Se ha solicitado la tramitación de este real decreto-ley como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia, por lo que vamos a proceder a votar dicha solicitud.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 346 más 2 votos telemáticos, 348; a favor, 343 más 2 votos telemáticos, 345; en contra, 1; abstenciones, 2.
La señora PRESIDENTA: En consecuencia, se tramitará como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia.
- REAL DECRETO-LEY 24/2018, DE 21 DE DICIEMBRE, POR EL QUE SE APRUEBAN MEDIDAS URGENTES EN MATERIA DE RETRIBUCIONES EN EL ÁMBITO DEL SECTOR PÚBLICO. (Número de expediente 130/000052).
La señora PRESIDENTA: Pasamos a votar ahora, señorías, el Real Decreto-ley 24/2018, de 21 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes en materia de retribuciones en el ámbito del sector público.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 344 más 2 votos telemáticos, 346; a favor, 341 más 2 votos telemáticos, 343; en contra, 1; abstenciones, 2.
La señora PRESIDENTA: En consecuencia, queda convalidado el real decreto-ley.
Se ha solicitado la tramitación de este real decreto-ley como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia, por lo que procedemos a votar dicha solicitud.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 345 más 2 votos telemáticos, 347; a favor, 344 más 2 votos telemáticos, 346; en contra, 1.
La señora PRESIDENTA: En consecuencia, se tramita como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia. (Aplausos).
- REAL DECRETO-LEY 25/2018, DE 21 DE DICIEMBRE, DE MEDIDAS URGENTES PARA UNA TRANSICIÓN JUSTA DE LA MINERÍA DEL CARBÓN Y EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LAS COMARCAS MINERAS. (Número de expediente 130/000051).
La señora PRESIDENTA: Pasamos al Real Decreto-ley 25/2018, de 21 de diciembre, de medidas urgentes para una transición justa de la minería del carbón y el desarrollo sostenible de las comarcas mineras.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 346 más 2 votos telemáticos, 348; a favor, 132; en contra, 4; abstenciones, 210 más 2 votos telemáticos, 212.
La señora PRESIDENTA: En consecuencia, queda convalidado el real decreto.
Se ha solicitado la tramitación de este real decreto-ley como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia, por lo que procedemos a votar dicha solicitud.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 345 más 1 voto telemático, 346; a favor, 342 más 1 voto telemático, 343; en contra, 1; abstenciones, 2.
La señora PRESIDENTA: En consecuencia, se tramita como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia.
- REAL DECRETO-LEY 26/2018, DE 28 DE DICIEMBRE, POR EL QUE SE APRUEBAN MEDIDAS DE URGENCIA SOBRE LA CREACIÓN ARTÍSTICA Y LA CINEMATOGRAFÍA. (Número de expediente 130/000053).
La señora PRESIDENTA: Votamos ahora, señorías, el Real Decreto-ley 26/ 2018, de 28 de diciembre, por el que se aprueban medidas de urgencia sobre la creación artística y la cinematografía.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 346 más 2 votos telemáticos, 348; a favor, 344 más 2 votos telemáticos, 346; en contra, 1; abstenciones, 1.
La señora PRESIDENTA: En consecuencia, queda convalidado el real decreto-ley.
Se ha solicitado la tramitación de este real decreto-ley como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia, por lo que vamos a proceder a votar dicha solicitud.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 345 más 2 votos telemáticos, 347; a favor, 343 más 1 voto telemático, 344; en contra, 1 más 1 voto telemático, 2; abstenciones, 1.
La señora PRESIDENTA: En consecuencia, se tramita como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia.
- REAL DECRETO-LEY 28/2018, DE 28 DE DICIEMBRE, PARA LA REVALORIZACIÓN DE LAS PENSIONES PÚBLICAS Y OTRAS MEDIDAS URGENTES EN MATERIA SOCIAL, LABORAL Y DE EMPLEO. (Número de expediente 130/000055).
La señora PRESIDENTA: Pasamos ahora al Real Decreto-ley 28/2018, de 28 de diciembre, para la revalorización de las pensiones públicas y otras medidas urgentes en materia social, laboral y de empleo.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 345 más 1 voto telemático, 346; a favor, 180 más 1 voto telemático, 181; en contra, 1; abstenciones, 164.
La señora PRESIDENTA: En consecuencia, queda convalidado el real decreto-ley.
Se ha solicitado la tramitación de este real decreto-ley como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia, por lo que procederemos a votar dicha solicitud.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 346, más un voto telemático, 347; a favor, 343, más 1 voto telemático, 344; en contra, 1; abstenciones, 2.
La señora PRESIDENTA: En consecuencia, se tramita como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia.
Muchas gracias, señorías.
Se levanta la sesión.
Eran las cinco y quince minutos de la tarde.