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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 664, de 13/11/2018
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CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES
Año 2018 XII LEGISLATURA Núm. 664
AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. JOSÉ IGNACIO LLORENS TORRES
Sesión núm. 31
celebrada el martes,
13 de noviembre de 2018
ORDEN DEL DÍA:
Proposiciones no de ley:
- Relativa a planificar e impulsar una agricultura climática y ambientalmente sostenible. Presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente 161/002469) ... (Página2)
- Relativa a la aplicación de la Ley 35/2011, de 4 de octubre, sobre titularidad compartida de las explotaciones agrarias. Presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente 161/002519) ...
- Relativa a negociar con la Unión Europea para proteger el sector pesquero español. Presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 161/002872) ... (Página9)
- Sobre las autorizaciones de pesca fuera de las aguas de la Unión Europea y la gestión sostenible de las flotas pesqueras exteriores. Presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente 161/003446) ...
- Sobre la potenciación de los canales cortos de comercialización en el sector agroalimentario. Presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos. (Número de expediente 161/003602) ... (Página14)
- Relativa al derecho a información de las personas consumidoras sobre los efectos del aceite de palma y sus derivados, medidas para garantizar el derecho a la información y medidas para apoyar una cadena de aceite de palma totalmente
sostenible para el año 2020. Presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea. (Número de expediente 161/001814) ... (Página17)
- De apoyo a las mujeres rurales. Presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 161/003679) ... (Página20)
- Sobre reformas necesarias a la Ley 12/2014, de 9 de julio, sobre el Consejo Agrario. Presentada por el Grupo Parlamentario Mixto. (Número de expediente 161/003737) ... (Página24)
- Relativa a incorporar las comunidades de regantes como entidades merecedoras de bonificación obligatoria en las valoraciones catastrales de los bienes rústicos. Presentada por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana. (Número de
expediente 161/003766) ... (Página27)
- Sobre el establecimiento en la nueva PAC 2021-2027 de un régimen especial para las Illes Balears. Presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea. (Número de expediente 161/003774) ...
Votaciones... (Página34)
Se abre la sesión a las once y cinco minutos de la mañana.
El señor PRESIDENTE: Algunos grupos proponen un cambio en el orden del día. Les ruego que lo comuniquen, porque, si no hay inconveniente por el resto, se procederá al cambio.
La señora LUCIO CARRASCO: Proponemos que la segunda se debata la primera.
El señor PRESIDENTE: ¿Algún grupo tiene inconveniente? (Pausa). ¿Hay acuerdo? (Asentimiento). Entonces, la segunda pasa a ser la primera.
¿Hay más cambios? (Pausa). Don Jaume Mora tiene la palabra.
El señor MOYA MATAS: Nuestra PNL, que es la primera, quisiéramos dejarla para lo más tarde posible; a poder ser, en última posición, la décima.
El señor ANTÓN CACHO: Yo tengo un problema, y es que a la una tengo que irme al Consejo Superior de Deportes.
El señor MOYA MATAS: ¿La sexta? (Asentimiento).
El señor PRESIDENTE: Señorías, la primera pasa a ser la sexta, y la sexta es la siguiente, correlativamente.
PROPOSICIONES NO DE LEY:
- RELATIVA A PLANIFICAR E IMPULSAR UNA AGRICULTURA CLIMÁTICA Y AMBIENTALMENTE SOSTENIBLE. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente 161/002469).
El señor PRESIDENTE: Vamos a empezar. En cuanto a los tiempos, como siempre, el autor de la proposición tiene cinco minutos y los que presentan enmienda o fijan posición tres.
Por el Grupo Popular, tiene la palabra doña Ascensión Carreño por cinco minutos para defender la proposición no de ley relativa a planificar e impulsar una agricultura climática y ambientalmente sostenible.
La señora CARREÑO FERNÁNDEZ: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, el Grupo Parlamentario Popular presenta hoy una iniciativa para pedir al Gobierno que ha ocupado ahora La Moncloa impulsar la Estrategia Nacional de Agricultura, Clima y Medioambiente que el Gobierno del Partido Popular le dejó
preparada, una estrategia que alinea los objetivos de la política
agraria con el cumplimiento de los compromisos internacionales sobre cambio climático y medio ambiente, una estrategia que se suma a otras muchas que el Gobierno del Partido Popular ha dejado hechas, iniciadas o preparadas, como la
Estrategia Nacional de Regadíos 2018-2025 para culminar la modernización de más de 800 000 hectáreas, la Estrategia Más Alimento, Menos Desperdicio, la Estrategia para la Producción Ecológica 2018-2020 y la puesta en marcha de la Estrategia de
Modernización y Diversificación Rural, con énfasis en la incorporación de los jóvenes al sector primario, el papel de las mujeres rurales y la utilización de sistemas innovadores y de digitalización en el medio rural. Y hablamos también de que ha
dejado preparada la estrategia nacional de defensa contra incendios forestales, la estrategia española de alimentos de España, la estrategia española de economía circular, la estrategia española de plásticos, la de estrategias marinas de España y
las estrategias para la protección del Mar Menor, el delta del Ebro, la costa de Almería, Málaga, Cádiz y Huelva, además de otras muchas, señorías.
Y es que el sector agroalimentario ha estado en el centro de las prioridades del Gobierno del Partido Popular por ser estratégico para nuestra economía, nuestra sociedad y nuestro medio ambiente, siempre comprometido con una política
medioambiental que asegure la gestión más eficiente y eficaz posible de nuestros recursos naturales. En materia de agua, el Partido Popular ha articulado una política del agua integral completa y potente, que es modelo para muchos países de nuestro
entorno, como en depuración y reutilización, y en el que se debe seguir avanzando con sentido de Estado hasta alcanzar un pacto nacional por el agua que dé respuesta a los principales retos de la gestión de nuestro país, atendiendo a los déficit
hídricos y poniendo en marcha nuevas infraestructuras hidráulicas, al tiempo que manteniendo las ya existentes, que son vitales para muchos territorios. Desde el Grupo Popular queremos que se continúe poniendo medidas que nos hagan avanzar en la
hoja de ruta hasta 2030 sobre las políticas de adaptación y mitigación en el sector agrícola y ganadero, y esta es una iniciativa que se enmarca entre los objetivos de la política del Partido Popular, como ha sido la de fomentar una agricultura
inteligente, impulsando la innovación como mecanismo de adaptación y mitigación ante el cambio climático. De ahí que el Gobierno del Partido Popular trabajara en el Agenda de digitalización del sector agroalimentario, forestal y del medio rural.
Hoy quiero poner en valor lo importante que es la agricultura para ayudar a proporcionar soluciones al problema general del cambio climático, reduciendo las emisiones y realizando efecto sumidero del carbono a través de la capacidad que
tiene el suelo y los cultivos de captar CO2, garantizando y mejorando la producción de alimentos. Otros son los efectos de la actividad agrícola y ganadera sobre el medio ambiente, pero ahí es donde debemos continuar trabajando en medidas,
normativas y prácticas relacionadas con una fertilización más sostenible. Sin duda, son más los efectos positivos, ya que la agricultura ayuda a mejorar la estructura del suelo, a reducir la erosión y la desertización y a luchar contra la
despoblación, y además ha creado ecosistemas antrópicos equilibrados de alto valor. El abandono de las actividades agrarias no puede ser una alternativa, como proponen algunos grupos. Se ha demostrado que puede poner en peligro el medio natural y
un entorno que forma parte de nuestro patrimonio cultural y natural.
La amenaza del cambio climático nos está obligando a trabajar en medidas para mejorar la productividad de los cultivos, en la innovación tecnológica, en el ahorro de agua y en la búsqueda de nuevas variedades que se adapten mejor a los
futuros escenarios climáticos. No se puede negar que la política agrícola ha evolucionado considerablemente para ayudar a los agricultores en torno a una agricultura mucho más respetuosa con el medio ambiente y poder hacer frente a los retos de
futuro, y se ha demostrado que la calidad y la innovación agraria, trasladadas a la mejora de los aspectos ambientales y climáticos, suponen un elemento de competitividad y de productividad. En definitiva, señorías, en los próximos años el sector
agroalimentario español deberá hacer frente a nuevos retos: a la nueva reforma de la política agraria común más allá de 2020, a la mayor integración de los aspectos medioambientales y de lucha contra el cambio climático en las políticas
sectoriales, a la mejora de las cadenas de suministro y la posición de los productores, a la consolidación de los mercados internacionales y a la mejor gestión del agua de forma solidaria en todos los territorios.
Señorías, hay que abordar estos desafíos, y es necesario continuar trabajando en la línea en que el Gobierno del Partido Popular lo ha hecho, para dar más estabilidad y competitividad a nuestras explotaciones agrarias, por lo que es
necesario un camino gradual hacia una agricultura más innovadora y que incorpore nuevas tecnologías a los procesos productivos, con mayor presencia de jóvenes y mujeres, y, sobre todo, más respetuosa con el medio ambiente y el clima.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, doña Ascensión Carreño.
A esta iniciativa del Grupo Popular se han presentado enmiendas por parte de Unidos Podemos. Tiene la palabra don Pedro Arrojo.
El señor ARROJO AGUDO: Gracias, señor presidente.
Me alegro de que haya una propuesta de este tipo por parte del Grupo Popular. No obstante, agradecería, en general -aunque sé que es una utopía lo que voy a decir-, que en la política estuviera incluida también una actitud de cierta
humildad y capacidad autocrítica cuando se producen cambios positivos; autocriticar es de sabios. Acerca de que hay que seguir la política del Partido Popular, etcétera, todavía tenemos ecos del primo de nuestro anterior presidente y no se puede
decir que haya habido una trayectoria particularmente sólida en este tema. Pero bienvenidos a esta cuestión; lo digo sinceramente, me agradó ver una proposición de este tipo. Desgraciadamente, por ejemplo, la Estrategia Nacional de Agricultura,
Clima y Medio ambiente, estando en onda -por así decir-, dista mucho de ser concreta. Espero que haya medidas, avances legislativos que ya se anuncian; están en borrador o en propuesta con la ley de cambio climático y transición energética, y son
mucho más precisos. Pero, bueno, está bien que nos pongamos de acuerdo.
Hemos presentado dos pequeñas enmiendas, que, sin entrar en contradicción con la proposición no de ley, precisan un poco más algunas de las materias que espero que avancen en la legislación que en breve seamos capaces de debatir en esta
Cámara. La primera ya saben que está centrada en la estrategia de integración agroganadera, que es donde tenemos uno de nuestros grandes retos, en ese boom de la ganadería intensiva, que nos produce excedentes de purines, respecto de lo que no
tenemos alternativas, ni las tuvimos con el anterior Gobierno ni todavía con este, y tenemos que promoverlas de manera precisa. Entonces, una primera enmienda va en línea, pero precisando un reto concreto. Y la otra promoviendo una idea un poco
más concreta en relación con que la ley de cambio climático, que tenemos -espero- a la vuelta de la esquina, genere sinergias positivas con los planes estratégicos de la futura PAC. No entra en contradicción con todo lo que se nos ha dicho o lo que
plantea la proposición no de ley, pero creo que precisa un poco. Espero que se acepten.
Y prefiero no entrar en polémica sobre otras cuestiones que en la defensa oral se ha expresado respecto a la política de aguas y demás. Puesto que tampoco se dice nada ahí, tampoco vamos a entrar en polémicas estériles, y nos centramos en
la propuesta concreta.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, don Pedro Arrojo.
En nombre del Grupo Socialista, para defender su enmienda tiene la palabra doña Pilar Lucio.
La señora LUCIO CARRASCO: Gracias, presidente.
La PNL que presenta hoy el Partido Popular es otra de esas iniciativas interesantes que han descubierto cuando han pasado a la oposición. Dicho esto, bienvenida sea, señoría, porque nosotros, el Grupo Socialista, hemos puesto la lucha
contra el cambio climático desde todas sus vertientes en la primera línea de la agenda política, y, por lo tanto, es una prioridad de este Gobierno. Desde el Grupo Socialista coincidimos en la necesidad de que el sector agrícola se alinee con los
objetivos de lucha contra el cambio climático, dado que aporta en torno al 14 % de las emisiones de gases de efecto invernadero, pero, sobre todo, porque hoy tiene y tendrá en el futuro una gran capacidad como sumidero de CO2.
Durante estos años se ha venido trabajando en distintas estrategias, pero presentamos estas enmiendas para la actualización del contenido de la iniciativa y su adecuación al plan de actuación en materia de lucha contra el cambio climático
previsto por el Gobierno actual. Una de ellas está relacionada con avanzar a través del plan nacional de adaptación al cambio climático, que ya se ha mencionado, pero también a través del plan nacional integrado de energía y clima, que se está
terminando en estos momentos y que va a recoger todo lo que tiene que ver con políticas de adaptación y mitigación del sector agrícola. En segundo lugar, con nuestra enmienda al tercer punto se pretende incluir la iniciativa '4 por 1000', porque
consideramos que es muy importante. Es una iniciativa que se adoptó en la Cumbre del Clima de París de 2015 y que precisamente destaca ese papel relevante del uso de los suelos como sumidero de CO2, tan importante para determinar la seguridad
alimentaria y la lucha contra el cambio climático. Esa iniciativa, que pretende que los suelos vayan deteniendo el aumento anual del gas carbónico y que además fue firmada por todos los agentes implicados en poderlo desarrollar, contribuiría a
estabilizar el clima y preservar la seguridad alimentaria. Por eso, hemos querido incorporarla en esta propuesta de enmienda que hacemos
al Grupo Popular y que espero que admitan, porque lo que sí está claro es que coincidimos en la importancia de alinear la agricultura con los objetivos climáticos.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, doña Pilar Lucio.
¿Grupos que deseen fijar posición sobre este asunto? (Pausa).
Por Ciudadanos, tiene la palabra su portavoz.
La señora JULIÀ JULIÀ: Gracias, señor presidente.
Estamos de acuerdo en que la actividad humana está propiciando un aumento de emisión de gases. En los dos últimos años, se batió el record histórico de temperaturas, con un 1,1 grado de media por encima, demasiado cerca del techo, fijado en
1,5 grados por el Acuerdo de París. La Agencia Europea del Medio Ambiente ya nos comenta que el cambio climático es el elemento clave para explicar las olas de calor y los cambios en el mapa de distribución de enfermedades infecciosas, así como los
aumentos de inundaciones en Europa y España y el incremento del nivel del mar, convirtiendo en desastrosas zonas costeras y provocando que especies marinas abandonen nuestras aguas nacionales.
Los efectos del cambio climático son muy importantes, y pasan factura no solo al ecosistema sino también a los bolsillos de los europeos. Los fenómenos extremos relacionados con el clima ya nos han costado en Europa 400 000 millones, y en
España la cifra se eleva ya a mil millones al año. Las previsiones dicen que los daños en la región mediterránea son los que más van a aumentar en la próxima década. El cambio climático va a tener consecuencias sobre los fenómenos migratorios, la
inestabilidad geopolítica y, sobre todo, en la amenaza de la seguridad de la ciudadanía.
En su comparecencia ante la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente de 21 de diciembre de 2016 para informar sobre las líneas generales de la política del departamento, la ya entonces ministra de Agricultura, Pesca y
Alimentación y Medio Ambiente del Gobierno del Partido Popular informó de que desde el Mapama se desarrollaría una estrategia de agricultura, clima y medio ambiente en la que incorporaríamos al sector forestal con el fin de alinear los objetivos de
política agraria con el cumplimiento de los compromisos internacionales en materia de clima y medio ambiente. Pasado más de un año desde este anuncio, a comienzos de 2018 desde Ciudadanos preguntamos al Gobierno del Partido Popular si el Ministerio
de Agricultura, Pesca y Alimentación y Medio Ambiente había desarrollado ya esta estrategia de agricultura, clima y medio ambiente a lo largo de 2017 y si había incorporado el Mapama al sector forestal en dicha estrategia.
En este sentido, el Gobierno del Partido Popular, que es el partido que nos trae esta propuesta a la Comisión, nos informó de que en breve se iban a celebrar las reuniones con todos los agentes implicados: comunidades autónomas,
administraciones, sectores, organizaciones no gubernamentales y expertos para elaborar dicha estrategia, integrando en un solo documento la respuesta desde la agricultura, la ganadería y la silvicultura a todos los retos climáticos y
medioambientales que hay que hacer frente, de modo que se tenga una visión conjunta, coherente y compartida del camino que hay que recorrer. Es decir, tras más de un año, todavía no se han iniciado reuniones de agentes implicados. Ahora el Partido
Popular, que está en la oposición, insta al nuevo Gobierno, al Partido Socialista, a hacer lo que ellos no hicieron en casi dos años.
El señor PRESIDENTE: Doña Sandra, quería comentar a todos los miembros de la Comisión que en otras ocasiones para fijar posición habíamos concedido un tiempo de un minuto. Dada la premura de tiempo de que disponemos, debemos terminar antes
de las tres y votar. Si son tres minutos para fijar posición, les rogaría que fueran comprensivos y que lo limitaran al máximo. Pueden disponer de tres minutos, pero otras veces con un minuto era suficiente. Por favor, vaya concluyendo porque ha
agotado, de sobra, los tres minutos. Si no, nos va a dar tiempo.
La señora JULIÀ JULIÀ: Termino, señor presidente. Me falta poco.
Conviene recordar que se limitó a paralizar cualquier iniciativa de cambio hacia la transición energética inteligente, limitándose a atacar la libertad económica y a criminalizar al sector renovable de nuestro país. Al mismo tiempo, el
Partido Popular se negó en rotundo a reducir los impuestos que pagamos en la factura eléctrica, herencia de sus malas políticas, sumiendo en la parálisis a España, que ya ha sido advertida en la Comisión Europea por las barreras impuestas a la
transición energética en varios ámbitos.
Asimismo, el afán intervencionista del ministerio se visibilizó en su obsesión por manipular los peajes eléctricos, frente al criterio de la Unión Europea y la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia.
El señor PRESIDENTE: Doña Sandra, ha terminado su tiempo: lleva casi cinco minutos.
Señorías, ya saben que los criterios de esta Presidencia son al máximo flexibles, pero, si queremos cumplir con el orden del día previsto, limitaría fijar la posición a un minuto, con una cierta flexibilidad, pero no cinco minutos, como ha
hecho la última compareciente. Lo siento mucho, pero, si no, no vamos a poder terminar.
Señora Carreño, a los efectos solo de si acepta o no las enmiendas presentadas por el Grupo Unidos Podemos y por el Grupo Socialista.
La señora CARREÑO FERNÁNDEZ: No, porque es una iniciativa que está preparada por parte del Gobierno y debe ejecutarse. Así lo pedimos nosotros.
- RELATIVA A LA APLICACIÓN DE LA LEY 35/2011, DE 4 DE OCTUBRE, SOBRE TITULARIDAD COMPARTIDA DE LAS EXPLOTACIONES AGRARIAS. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente 161/002519).
El señor PRESIDENTE: Pasamos a la proposición no de ley relativa a la aplicación de la Ley 35/2011, de 4 de octubre, sobre titularidad compartida de las explotaciones agrarias. Esta iniciativa ha sido presentada por el Grupo Parlamentario
Popular y se han presentado dos enmiendas.
Para su defensa tiene la palabra doña Carmen Quintanilla por un tiempo máximo de cinco minutos.
La señora QUINTANILLA BARBA: Señorías, buenos días.
En primer lugar, quiero manifestar que mi grupo parlamentario, el Grupo Popular, ha presentado una iniciativa muy importante, sobre visibilidad de las mujeres colaboradoras en las explotaciones agrarias y ganaderas.
¿Y por qué digo que es muy importante? Déjenme que haga historia, a pesar del poco tiempo que tengo, ya que solo tengo cinco minutos. Tengo que hacer historia porque ya en el año 1986 esta diputada, que en aquella época no era diputada,
pidió en la incipiente Comisión de la Mujer del Parlamento Europeo que se visibilizara a las mujeres agricultoras y ganaderas que trabajaban la tierra, tanto o más que sus cónyuges o sus parejas, y sin embargo, no tenían ningún derecho social ni
jurídico, ni fiscal ni económico. Tuvieron que pasar veinticinco años para que un Gobierno aprobara la Ley 35/2011, de 4 de octubre, donde se hizo un mandato claro por parte del Ejecutivo para que las mujeres colaboradoras en las explotaciones,
agricultoras y ganaderas, tuvieran los mismos derechos que los titulares de las explotaciones agrarias.
Hoy traigo esta proposición no de ley en donde insto al Gobierno a tomar una serie de medidas para que esta ley sea una realidad en la vida de las mujeres. ¿Y por qué digo que sea una realidad en la vida de las mujeres? Porque
desgraciadamente todavía esta Ley de titularidad compartida de las explotaciones agrarias no tiene la visibilidad que tenía que tener para las propias mujeres colaboradoras en las explotaciones agrarias. En 2011 pensábamos que tendríamos la
posibilidad de que casi doscientas mil mujeres colaboradoras en las explotaciones agrarias y ganaderas tuvieran el derecho a la cotitularidad. Una cotitularidad que les da derecho a pensión, una cotitularidad que les da unos derechos fiscales, una
cotitularidad que les da la incapacidad laboral transitoria; cotitularidad de derechos que indiscutiblemente para nosotras, las mujeres rurales, era tremendamente importante. Sin embargo, a esta Ley de titularidad compartida solamente se han
acogido 471 explotaciones, y no representan la verdadera dimensión y participación de la mujer en la actividad agrícola. Tengo que decirles, señorías, que de las 945 024 explotaciones agrarias que hay en España, solamente 471 explotaciones se
encuentran en régimen de titularidad compartida. Por tanto, ahí hemos fallado. Hemos fallado todos, no voy a decir que ha habido un fallo de unos u otros. Ha fallado la decisión política, un impulso apolítico de esta Ley de titularidad
compartida, que indiscutiblemente penaliza y sigue penalizando a las mujeres colaboradoras en las explotaciones agrarias.
Por eso, señor presidente, yo quiero que en esta iniciativa, y así se lo solicito a todas sus señorías, seamos capaces de tener una visión política amplia y podamos aprobarla por unanimidad, porque responde al deseo de miles de mujeres
agricultoras y ganaderas en estos momentos en España, colaboradoras en esas explotaciones agrarias. La propia ley tenía grandes fortalezas porque daba visibilidad a las mujeres del mundo rural, a las mujeres colaboradoras en las explotaciones
agrarias y
hacía posible que las mujeres pudieran estar inscritas como cotitulares en los registros a través de esta ley. Sin embargo, desgraciadamente, esta ley no ha incidido en la vida real de las mujeres. Nos hemos encontrado con una ley que no
ha contribuido suficientemente a la sensibilización sobre la importancia de cotizar a la Seguridad Social y que no ha dado el suficiente impulso político para hacerlo posible. El petitum -que no voy a leerlo, señor presidente, porque ya voy a
terminar- está de acuerdo no solamente con esta parlamentaria, sino de acuerdo con todas las organizaciones no gubernamentales de mujeres rurales de España que están preocupadas por la falta de visibilidad de las mujeres cotitulares en las
explotaciones agrarias.
Muchísimas gracias, señor presidente. Le agradezco su benevolencia. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, doña Carmen. Yo también le agradezco que haya sido comprensiva con la benevolencia de esta Presidencia.
A esta iniciativa se ha presentado una enmienda por parte del Grupo de Unidos Podemos, para su defensa tiene la palabra doña Eva García.
La señora GARCÍA SEMPERE: Gracias, señor presidente. Intentaré ser lo más breve posible.
Nos sorprende esta proposición no de ley, pero en la línea de lo que decía la compañera del Partido Socialista, porque son estas cosas que descubre el Partido Popular cuando deja de gobernar. Nos preocupa la exposición que ha hecho porque
parece que no ha funcionado la Ley de titularidad compartida por una suerte de causas meteorológicas. No, no ha funcionado porque no se ha impulsado lo suficiente. Si realmente existe esa preocupación de conseguir visibilizar el trabajo de la
mujer, que creo que compartimos todos y todas en la Comisión de Agricultura, hay que hacer un trabajo mucho mayor. Además, recordemos que no solo están las mujeres que vienen de generaciones anteriores, sino que tenemos el mismo porcentaje de
mujeres jóvenes que no son dueñas de sus explotaciones, tenemos el mismo 33 % que teníamos en otras franjas de edad. Es cierto que ha subido ligeramente el número de explotaciones que se han integrado en la titularidad compartida, pero en el caso
de Andalucía no tenemos ninguna y no solo es que no tengamos ninguna, es que no está habilitado siquiera el registro. Es decir, hay que hacer un trabajo mucho mayor.
Es difícil oponerse a los puntos que recoge la proposición no de ley del Partido Popular, aunque realmente son brindis al sol. Nosotros y nosotras entendemos que si de verdad se quiere impulsar la titularidad compartida se deben aceptar las
enmiendas que hemos traído porque son fundamentales. No existe solo un problema de coordinación, que también probablemente lo haya habido, sino que principalmente hay dos problemas. De ahí que hayamos presentado nuestras enmiendas.
Por una parte, nuestra primera enmienda plantea la mejora en la ley del reconocimiento de la figura de explotación de titularidad compartida, que no es una comunidad de bienes, que es en lo que ha venido convirtiéndose, sino que tiene que
ser un modelo de explotación que dé cobertura a la explotación familiar y, por supuesto, que proteja a cada una de las personas individuales que forman esa explotación.
En segundo lugar, proponemos unas enmiendas de adición en uno de los puntos fundamentales, que nos han trasladado las organizaciones agrarias, los sindicatos agrarios y las organizaciones de mujeres rurales. Consideramos imprescindible para
desatascar ese avance hacia una titularidad compartida real que la cotización del régimen de autónomos, tal como señala, se establezca de acuerdo a unas bases calculadas sobre la realidad de la renta agraria que genera la explotación y que debe
dividirse entre dos titulares y, por tanto, no se puede establecer a priori dos bases de cotización lineales como si generase dos rentas íntegras.
Entendemos que las enmiendas que planteamos son fundamentales para garantizar ese impulso tan necesario y visibilizar a tantas mujeres que son realmente quienes sustentan las explotaciones agrarias familiares. Por tanto, esperamos que sean
atendidas en la proposición no de ley del Partido Popular.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, doña Eva García.
¿Grupos que deseen intervenir en torno a esta cuestión? (Pausa).
Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra don Miguel Ángel Garaulet, por un plazo de un minuto.
El señor GARAULET RODRÍGUEZ: Voy a ser más rápido todavía. (Una señora diputada: ¿No habíamos dicho que tres minutos? Rumores).
El señor PRESIDENTE: Para las enmiendas, tres minutos, perdón. Pero para fijar posición solo un minuto.
El señor GARAULET RODRÍGUEZ: Voy a empezar, porque si no se me acaban. Muchas gracias, señor presidente.
Me parece muy acertada la iniciativa que ha presentado el Partido Popular porque hay que visibilizar a la mujer. Efectivamente, hay una cosa que le honra siempre, señora Quintanilla, y es que a usted no le duelen prendas al decir que nos
hemos equivocado todos al no desarrollar una ley que era importante desarrollar. Se necesita visualizar y empoderar a la mujer, hay que darle la capacidad de desarrollo en el mundo rural; un mundo que es muy machista y donde si hay que pagar un
autónomo lo paga el marido, y no lo paga la mujer, con lo cual no se le está dando la posibilidad a la mujer de tener unos derechos al final de su periodo de vida, y sobre todo, no se le está dando una identificación clara dentro de la unidad de
explotación, como ha dicho la compañera de Podemos.
Por tanto, todos deberíamos hacer aquí una transaccional en la cual dejemos claro que es importantísimo visibilizar a la mujer, pero, sobre todo, también dejar claro que es importante aplicar las ventajas fiscales necesarias para que esta
rémora de no poder pagar las dos cuotas de autónomo o de la Seguridad Social desaparezca, y de esta manera no sea una rémora para el desarrollo de la unidad de explotación.
Muchísimas gracias, señor presidente. Espero haber terminado a tiempo.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Garaulet.
A continuación, por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora Pérez Herraiz.
La señora PÉREZ HERRAIZ: Gracias, señor presidente.
Apoyaremos esta iniciativa porque estamos totalmente de acuerdo en que es imprescindible tomar decisiones que faciliten equiparar los derechos y obligaciones de hombres y mujeres derivados de la titularidad de una explotación agraria, como
dice en su iniciativa, señora Quintanilla.
Sin embargo, supongo que para usted debe ser un poco frustrante tener que presentar esta proposición no de ley, ya que usted calificó de día histórico para las mujeres y familias del mundo rural el día en que se aprobó la ley hace ya siete
años. Esto es frustrante para todos pero durante estos siete años que han pasado gobernó su partido, el Partido Popular, y la ley prácticamente no ha tenido desarrollo.
Los últimos datos son un poco mejores que los que figuran en la iniciativa -471 altas-, pero siguen siendo totalmente insuficientes y muy alejados de las expectativas que la ley generó. Parece claro que uno de los fallos es la falta de
implicación de las comunidades autónomas, que no desarrollaron los reglamentos de aplicación y es necesario avanzar en ese terreno. Me llama la atención la expresión que utiliza para referirse a las mujeres que trabajan en el sector agroganadero
como personas colaboradoras. Otro ejemplo es el Plan de Desarrollo Rural de Galicia -en Galicia tiene especial importancia por la estructura de las explotaciones- que no tiene ni una línea estratégica ni un programa de acción que sirva para
conseguir esa igualdad.
El señor PRESIDENTE: Doña Margarita, le ruego que vaya concluyendo.
La señora PÉREZ HERRAIZ: Termino.
La ley fue una importante medida legislativa, pero es evidente que no se convirtió en una conquista real.
Gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
Señora Quintanilla, solo a los efectos de si acepta o no las enmiendas que han presentado a su iniciativa.
La señora QUINTANILLA BARBA: Sí, señor presidente. Voy a aceptar las enmiendas del Grupo de Unidos Podemos, porque enriquecen la iniciativa que fue presentada por mi grupo en el año 2017 cuando gobernaba el Partido Popular, y yo ya exigía
al Gobierno del Partido Popular que esta ley fuera una realidad en la vida de las mujeres.
Muchas gracias.
- RELATIVA A NEGOCIAR CON LA UNIÓN EUROPEA PARA PROTEGER EL SECTOR PESQUERO ESPAÑOL. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente 161/002872).
El señor PRESIDENTE: Vamos a pasar a la siguiente iniciativa que figura en punto 4.º del orden del día: proposición no de ley relativa a negociar con la Unión Europea para proteger el sector pesquero español. Esta iniciativa ha sido
presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. Para su defensa tiene la palabra, por cinco minutos, don Miguel Ángel Heredia.
El señor HEREDIA DÍAZ: Gracias, señor presidente.
Bruselas se prepara para hacer frente al Gobierno del Reino Unido en lo que se refiere a renegociar las cuotas de pesca en aguas británicas durante el período de transición de dos años tras el brexit. Las autoridades de la Unión Europea
quieren que el Reino Unido siga respetando hasta 2021 la política pesquera común, según la cual los otros miembros del bloque europeo pueden acceder a las aguas situadas entre 12 y 200 millas náuticas de la costa británica. Sin embargo, el año
pasado el secretario de Medio Ambiente británico anunció que Gran Bretaña pretendía hacerse con el control de sus aguas después del brexit y abandonar la política pesquera común, un mensaje que fue reiterado después por la primera ministra. Reino
Unido pretende recuperar el control de sus mares y la excusa perfecta es el brexit. En este marco, España puede perder su flota en aguas británicas. En lo que se refiere al caladero Gran Sol, al oeste de las islas británicas, faenan un total de 80
barcos españoles. Estaríamos hablando de que la flota española puede perder 9000 toneladas anuales de pescado, una cantidad valorada en unos 27 millones de euros y compuesta principalmente por merluza, gallo y rape. En lo que se refiere a las
Malvinas, el Comité Científico, Técnico y Económico de Pesca de la Comisión Europea estima en su último informe que la flota española que faena en Malvinas se enfrenta a perder la mitad de sus ingresos a consecuencia del brexit.
Fuentes comunitarias reconocen que desgraciadamente la pesca es uno de los pocos sectores donde la ventaja la tienen los británicos. Pero la pesca tiene que ser un elemento fundamental en las negociaciones de la salida y los intereses de la
pesca de nuestro país en general, y particularmente la gallega, deben ser prioritarios dentro de las nuevas relaciones con el Reino Unido. A pesar de que los principales afectados serán países como Holanda, Alemania o Francia, las comunidades
autónomas españolas se han unido para exigir a la Unión Europea que busque alternativas negociadoras con urgencia para evitar la pérdida de posibilidades de pesca y puestos de trabajo como consecuencia del divorcio.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta esta iniciativa, donde instamos al Gobierno a dos cuestiones. En primer lugar, instamos a negociar con la Unión Europea para proteger el sector pesquero español y conseguir que los
efectos del brexit sean los menores posibles en lo que a barcos, empleo y capturas se refiere. La negociación entre la Unión Europea y Reino Unido por el brexit ha tenido la pesca como una de las materias prioritarias y ha estado marcada por el
interés de los veintisiete Estados miembros, incluido España, en el mantenimiento de la situación actual en el ámbito de la pesca, fundamentalmente asegurando el acceso a las aguas y los recursos del Reino Unido por parte de las flotas comunitarias,
así como manteniendo la aplicación de la política pesquera común.
Ello ya se ha conseguido en lo que a esta parte se refiere en el denominado Acuerdo de retirada por un periodo transitorio hasta finales de 2020, aunque hasta que ese acuerdo de retirada no esté cerrado en su conjunto no se puede dar por
definitivo, lo que se viene señalando como que nada está acordado hasta que todo está acordado. De esta manera, el acuerdo de retirada daría una estabilidad a las flotas hasta principios de 2021. En todo caso, haya o no haya acuerdo de retirada la
pesca seguirá siendo una de las materias prioritarias para la Unión Europea en las futuras relaciones con Reino Unido y será necesario negociar un acuerdo pesquero entre ambas partes, para lo que se iniciará una preparación en el seno de la Unión
Europea a Veintisiete. El Gobierno pondrá todo su empeño en que este sea un acuerdo equilibrado, manteniendo el principio de acceso recíproco a las aguas y recursos en relación con el acceso a los mercados, un trinomio que debe de ser indisoluble,
con el objetivo de que las actividades pesqueras históricas de nuestras flotas en aguas del Reino Unido, perfectamente identificadas, continúen en los niveles actuales.
Y en segundo lugar, instamos a plantear compensaciones económicas al sector pesquero de nuestro país afectado por el brexit, en caso, eso sí, de una reducción de las cuotas de pesca. Esta es una probabilidad que evidentemente hay que tener
en cuenta, pero que aún no se ha producido. Nos consta
que el actual Gobierno está estudiando los diferentes escenarios que se podrían producir tras el brexit, y cualquier impacto que se pudiese generar sobre los sectores pesqueros de nuestro país.
Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, don Miguel Ángel.
A esta iniciativa se han presentado enmiendas. Para su defensa, por parte del Grupo de Unidos Podemos, tiene la palabra doña Eva García.
La señora GARCÍA SEMPERE: Gracias, señor presidente.
Voy a ser más breve que en el punto anterior. Por supuesto, desde el Grupo Confederal estamos de acuerdo con el espíritu de la proposición no de ley que trae el Partido Socialista. Sin embargo, hemos presentado dos enmiendas de adición
porque creemos que mejoran técnicamente la iniciativa, porque hay que ir señalando el camino de esa negociación y en la línea que plantea el propio sector. La prioridad negociadora tendría que ser el tener acceso recíproco a los caladeros, que no
cambie el sistema de reparto y que se impongan las mismas reglas de sostenibilidad, después de los anuncios de Theresa May. Asimismo, entendemos que hay una base de interés común en conseguir un buen acuerdo, tanto por la parte británica como por
parte de la Unión Europea.
Nuestra primera enmienda plantea defender en las negociaciones el principio de acceso recíproco a los caladeros. Nuestra segunda enmienda pretende abordar la necesidad de negociar la modificación del principio de estabilidad relativa. Al
quedar tras la salida de Reino Unido simplemente Irlanda, entendemos que se puede justificar la necesidad de cambiar este principio, porque además nunca favoreció especialmente a la flota española. Por eso, sería un buen momento para abordar la
necesaria modificación.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, doña Eva.
Para fijar posición sobre esta iniciativa por un tiempo de un minuto, tiene la palabra por el Grupo Mixto, el señor Postius.
El señor POSTIUS TERRADO: Gracias, señor presidente.
Seré muy breve. Con relación a esta proposición no de ley compartimos lo que se plantea y sobre todo porque a fecha de hoy no sabemos exactamente cuál va a ser el impacto del brexit para toda la Unión Europea, tanto en el sector
agroalimentario como evidentemente también en el ámbito de la pesca. En este sentido entiendo que deberíamos tener preparados todos los mecanismos para hacer frente a cualquier eventualidad y, por tanto, vamos a votar a favor de esta proposición no
de ley.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, don Antoni.
A continuación, por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra don José Cano.
El señor CANO FUSTER: Gracias, señor presidente. Seré breve.
Vamos a apoyar la iniciativa porque creemos que hay que estar con el sector pesquero, pero permítanme que haga una pequeña reflexión. El Partido Socialista siempre ha hablado teniendo en cuenta que vamos a tener un acuerdo de retirada, pero
puede ser que tengamos un no acuerdo o un acuerdo duro. Por tanto, este diputado que pertenece también a la Comisión Mixta de la Unión Europea, y que está en la ponencia de seguimiento y evaluación de los acuerdos de retirada, así como mi grupo,
tenemos la sensación de que el Gobierno, tanto del Partido Popular como del Partido Socialista, no está realizando los planes de contingencia necesarios para los distintos escenarios que nos podamos encontrar. Por tanto, instamos desde aquí al
Gobierno de España a que realice un plan de contingencia con el sector pesquero afectado para que no se vea perjudicado, sea la circunstancia que sea, con una pérdida -según diversos estudios- de hasta más de 6000 puestos de trabajo.
Gracias, señor presidente. Espero estar en el tiempo.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Cano.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra don Carmelo Romero.
El señor ROMERO HERNÁNDEZ: Muchas gracias, señor presidente.
En esta materia ya estaba claramente expuesta la posición de la ministra Tejerina al respecto, y esa posición la manifestó también nuestro portavoz Joaquín García en octubre, hace ya un año, en una
proposición no de ley similar a esta. Recientemente, ha sido el ministro Planas quien en el Senado también ha mantenido una posición similar. Lo importante aquí, señoría, es que el statu quo que fija el principio de estabilidad relativa
pueda ser favorable a la flota española.
Desde nuestra perspectiva hay que tener en cuenta cinco puntos: en primer lugar, el acceso recíproco a las aguas de Reino Unido y de la Unión Europea por parte de la flota española; en segundo lugar, no permitir el incremento de manera
unilateral de posibilidades pesqueras de Reino Unido; en tercer lugar, garantizar el acceso al mercado europeo de aquellos productos pesqueros británicos, sobre todo de bandera británica pero de inversión española; en cuarto lugar, el
mantenimiento de los fondos estructurales de la política pesquera común porque es muy importante que se mantengan, sobre todo en estos momento, y por último, las medidas de contingencia en función de cómo quede cerrado el acuerdo tanto si existe
acuerdo como si no existe.
Por tanto, nosotros vamos a votar favorablemente a esta proposición no de ley porque creemos que todavía hay mucho camino por recorrer y tenemos que favorecer a la flota española. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Romero.
Señor Heredia, tiene la palabra a los efectos de si acepta o no las enmiendas presentadas.
El señor HEREDIA DÍAZ: No aceptamos las enmiendas.
- SOBRE LAS AUTORIZACIONES DE PESCA FUERA DE LAS AGUAS DE LA UNIÓN EUROPEA Y LA GESTIÓN SOSTENIBLE DE LAS FLOTAS PESQUERAS EXTERIORES. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente 161/003446).
El señor PRESIDENTE: A continuación pasamos a debatir el 5.º punto del orden del día: proposición no de ley sobre las autorizaciones de pesca fuera de las aguas de la Unión Europea y la gestión sostenible de las flotas pesqueras
exteriores. El autor de esta iniciativa es el Grupo Parlamentario Popular, para cuya defensa tiene la palabra don Joaquín García Díez.
El señor GARCÍA DÍEZ: Gracias, presidente.
Señorías, les voy a dar al mismo tiempo en mi intervención una explicación de la idea inicial de esta proposición no de ley, así como de la autoenmienda que hemos presentado y voy a justificar el motivo de la misma. Cuando redactábamos esta
iniciativa, aproximadamente hace cinco meses, uno de los mayores problemas o preocupaciones para el sector pesquero español se centraba precisamente en la tramitación de lo que se llamaba el Reglamento (CE) n.º 1006/2008 -voy a matizar: en la
modificación de este reglamento-, que entre otras cuestiones importantes planteaba la regularización y la regulación de las autorizaciones de pesca fuera de las aguas de la Unión Europea, y por tanto la gestión de nuestra flota pesquera. Todo ello
se amparaba en la filosofía general que ha traído consigo la nueva política pesquera común, y en coherencia con la política que a través de los distintos reglamentos europeos se han ido autorizando o aprobando en los últimos años, así como también
el Reglamento de Control que está en este momento sobre la mesa y también preocupa especialmente al sector pesquero.
Pues bien, en la propuesta inicial que nosotros habíamos presentado hace un año, y que fue sometida después a debate también en la Unión Europea, sobre este reglamento una de las cuestiones que más amenazaba - he empleado correctamente el
verbo en pasado, afortunadamente porque ya no amenaza- era lo que se conocía como la doble sanción. Lo explico muy brevemente en términos y palabras muy sencillas, era algo así como que se prohibía pescar en los caladeros exteriores a buques que
habían sido sancionados por el país de abanderamiento de ese buque, sin distinguir qué tipo de sanción se le había puesto en ese país, por lo que podía ser por una sanción administrativa, o por una sanción por practicar pesca ilegal, que es muy
diferente. Ahí no había distinción y, sin embargo, sí se aplicaba después una doble sanción que impedía durante mucho tiempo, en algunos casos más de un año, volver a faenar. Esto afectaba a más de setecientos barcos en España y a un total de
aproximadamente diez mil trabajadores. La consecuencia, evidentemente, a todos se nos puede pasar por la cabeza. Esta amenaza, que era una de las cuestiones incluidas en el 2.º punto de nuestra redacción original, ya no existe y por eso la hemos
corregido. Ahora mismo al quedar descolgada de la propuesta de este reglamento, la redacción que nosotros hemos incluido es la tienen ustedes a la vista y ya la conocen.
Por otra parte, la Comisión Europea ha presentado una propuesta de Reglamento de Control. Como les decía hace un momento, está en proceso de debate y en él se van a abordar cuestiones relacionadas con los criterios de aplicación y
tipificación del régimen sancionador -no es una cuestión menor-, donde
todas las infracciones van a estar sujetas a sanciones administrativas, aunque los procesos penales no van a desaparecer. Al mismo tiempo, se va armonizar el nivel de sanciones para las infracciones graves para crear un campo de juego
nivelado y unos elementos que sean disuasorios, pero también eficaces.
Por eso, hemos incluidos dos nuevos puntos a nuestra iniciativa. El 2.º punto plantea defender en el seno del Consejo la reforma del Reglamento del Control y la armonización de los mecanismos sancionadores entre los diferentes Estados
miembros para garantizar la igualdad y la libre competencia, dado que nuestro sector se quejaba muchas veces de que no había ese criterio de igualdad y había países que salían más beneficiados que otros, y concretamente España que era el que mayor
esfuerzo había realizado durante todos estos años. El 3.º punto insta al Consejo a realizar un pronto análisis y una ágil tramitación de la propuesta que ha hecho la Comisión al Parlamento.
Por otro lado, está el tema que era objeto inicial de la iniciativa, que es que una vez aprobado el Reglamento de Gestión Sostenible de las Flotas Pesqueras, ya citado, hemos conocido alguno de los problemas concretos o específicos que en el
desarrollo de esa norma se le están planteando ahora mismo al sector pesquero. Concretamente, y solo pongo un ejemplo por ceñirme al tiempo, uno de estos problemas guarda relación con las licencias privadas en el reglamento que ahora se denomina de
otra manera, o se llaman autorizaciones internas. Para que los armadores puedan obtener estas licencias o autorizaciones internas para operar en terceros países, concretamente en países que no tienen acuerdos firmados entre la Unión Europea y
dichos países, están obligados estos países a presentar un informe científico que acredite y demuestre que existen excedentes de pesca de la especie concreta a la que va dirigida esa licencia, lo cual en términos reglamentarios se conoce como que
exista surplus, que haya excedente de esa especie. Esta exigencia al país de que emita un informe, que inicialmente puede parecer muy sencillo, a veces no lo es tanto, porque muchos de estos países, como por ejemplo Angola o el Congo, no tienen
medios o no tienen fácil presentar ese informe.
Por eso estamos proponiendo, y con esto termino, en el punto 1.º de nuestra enmienda que se facilite a nuestra flota, en aplicación de este reglamento, la obtención de autorizaciones directas en terceros países, especialmente en aquellos
donde la Unión Europea no tiene acuerdos de pesca y que están obligados a emitir estos informes. Se puede colaborar con ellos a través del Instituto Español de Oceanografía (IEO), de la Secretaría General de Pesca, etcétera.
En definitiva, ya termino presidente, con esta iniciativa proponemos, una vez más, acciones tendentes a facilitar la vida y el trabajo de nuestras gentes de la mar, una mar muy revuelta también dentro de los reglamentos comunitarios.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, don Joaquín.
Con esta intervención entiendo que el Grupo Parlamentario Popular ha defendido al mismo tiempo su propia autoenmienda.
El señor GARCÍA DÍEZ: Sí, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: A esta iniciativa, con su propia autoenmienda, se ha presentado una enmienda por parte del Grupo Parlamentario Ciudadanos, para cuya defensa tiene la palabra don Miguel Ángel Garaulet.
El señor GARAULET RODRÍGUEZ: Muchas gracias, señor presidente.
Efectivamente, como ha dicho el portavoz del Grupo Popular la situación ha cambiado desde que se presentó esta proposición no de ley hasta el día de hoy. Por eso, nuestra enmienda intentaba solucionar la problemática anterior. Actualmente
con esa modificación solo queda solicitar una armonización en las sanciones a nivel europeo -sí que es pertinente-, pero a través del Reglamento de Control, que es de lo que estábamos hablando, no de las flotas pesqueras exteriores como indicaba el
Partido Popular en la exposición de motivos. De hecho, existe actualmente una revisión del Reglamento de Control que prevé una mayor armonización de las sanciones y la ponente del informe es una eurodiputada francesa del Grupo Socialista, que tiene
que presentar su informe en diciembre. Así pues, este reglamento no se revisará en esta legislatura. Por tanto, vamos a intentar que se haga de alguna forma la revisión de ese reglamento. Por supuesto, una vez que se elimina lo de la doble
sanción mi enmienda queda fuera de lugar.
Gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, don Miguel Ángel.
¿Grupos que deseen fijar posición? Tiene la palabra doña Rosana Pastor, por tiempo de un minuto, por favor.
La señora PASTOR MUÑOZ: ¿Un minuto?
El señor PRESIDENTE: Sí.
La señora PASTOR MUÑOZ: Bon dia, moltes gràcies.
Con un minuto podré hacer bien poco, simplemente decir que nuestro grupo quiere facilitar la vida de nuestros trabajadores y trabajadoras de la mar, pero sin esquilmar los recursos marinos y sin arruinar la vida de trabajadores y
trabajadoras de la mar de otros países. Nos parece que el Grupo Parlamentario Popular sigue teniendo en su ADN un espíritu absolutamente colonizador. Consideramos que de las dos propuestas que nos hacen, la primera tiene sentido y estamos de
acuerdo en que es un problema que presenta una disparidad en los mecanismos de inspección y control existentes entre los diferentes países; donde no vamos a estar de acuerdo ni nos van a encontrar en ningún caso es en la segunda de sus
proposiciones. La propuesta de reglamento sobre gestión sostenible de las flotas pesqueras exteriores apunta buenas maneras y no podemos decir, sino que va en el camino correcto para garantizar que nuestra flota ejerza su actividad legítima,
amparada por los acuerdos bilaterales dentro de los objetivos de la sostenibilidad. Consideramos que el reglamento comunitario intenta prevenir, desalentar y eliminar la pesca ilegal no declarada y reglamentada. Estimamos que es un problema muy
grave y que esquilma los recursos de nuestro país y de otros países. Está socavando la sostenibilidad, así que no hay una doble penalización...
El señor PRESIDENTE: Doña Rosana, termine.
La señora PASTOR MUÑOZ: Para nosotros el objeto es proteger la sostenibilidad. Por tanto -termino ya, señor presidente-, porque se requiere responsabilidad para no continuar expoliando los recursos de terceros países ni esquilmando los
fondos marinos, votaremos en contra de esta proposición no de ley.
Moltes gràcies.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, doña Rosana.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra don Miguel Ángel Heredia, por tiempo de un minuto.
El señor HEREDIA DÍAZ: Gracias, señor presidente.
Señoría, el Grupo Parlamentario Popular presentó una iniciativa que ha corregido y al final no tiene nada que ver con la original. El planteamiento inicial que nosotros teníamos era votar en contra fundamentalmente porque ya era una
cuestión superada, pues aunque el proyecto de reglamento tras su tramitación en el Parlamento Europeo efectivamente contemplaba en su artículo 5, como requisito de obtención de autorizaciones para faenar fuera de las aguas comunitarias, que ni el
capitán ni el buque pesquero hubieran sido sancionados por la comisión de infracciones consideradas graves, finalmente se eliminó este texto negativo del reglamento. Y se eliminó ya que, a juicio de la Administración española, dada la falta de
homogeneidad en los sistemas de control, inspección y sanción de los Estados miembros, esta previsión podía considerarse una doble sanción, ya que perjudicaba a aquellos Estados más estrictos con sus nacionales en el cumplimiento de la normativa
pesquera y, sin embargo, beneficiaba a los Estados más permisivos. En ese sentido, se solicitaba la eliminación de dicho requisito y la inclusión de mecanismos de homogeneización para evitar estos desequilibrios. Es decir, la iniciativa original
que traía el Grupo Parlamentario Popular ya no tenía sentido, y ahora han presentado una cuestión que no tiene nada que ver con lo que originalmente planteaban, por lo tanto, mi grupo parlamentario se va a abstener en esta iniciativa.
Gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, don Miguel Ángel.
Simplemente a los efectos de saber si acepta o no la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra don Joaquín García Díez.
El señor GARCÍA DÍEZ: El portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos ya ha dicho en su intervención que no tenía sentido la enmienda porque había quedado anticuada pues, como ya he explicado, ha decaído el concepto de doble sanción. Por lo
tanto, si no hay enmienda, ya no hay nada que aceptar y la proposición no de ley queda en sus propios términos.
El señor PRESIDENTE: De acuerdo, don Joaquín.
- SOBRE LA POTENCIACIÓN DE LOS CANALES CORTOS DE COMERCIALIZACIÓN EN EL SECTOR AGROALIMENTARIO. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO CIUDADANOS. (Número de expediente 161/003602).
El señor PRESIDENTE: Ahora vamos a pasar al debate de la proposición no de ley que figuraba como punto primero. Al comienzo de la sesión se ha propuesto, con el consentimiento de todos los grupos, que esta PNL pasara a ser la número seis.
Por tanto, debatiremos la proposición no de ley relativa al derecho a información de las personas consumidoras sobre los efectos del aceite de palma y sus derivados...
El señor MOYA MATAS: Señor presidente, hemos pedido que esa proposición pase a ser la número seis, de manera que ahora tocaría debatir la antigua proposición número seis y la siguiente sí que sería esta. Me explico, hemos adelantado todas
una posición. Miguel Ángel Garaulet, ¿tenéis algún problema? Lo digo porque es tuya. (El señor Garaulet Rodríguez: Yo no, cero problemas). Pues vamos allá.
El señor PRESIDENTE: Si no hay problema, entonces, don Jaime, pasará a ser la siguiente después de la número seis. Ahora vamos a debatir la número seis y luego la número uno.
Por tanto, pasamos a debatir la proposición no de ley sobre la potenciación de los canales cortos de comercialización en el sector agroalimentario. El autor de esta iniciativa es el Grupo Parlamentario Ciudadanos. Para su defensa, tiene la
palabra don Miguel Ángel Garaulet, por un tiempo máximo de cinco minutos.
El señor GARAULET RODRÍGUEZ: Muchas gracias, señor presidente.
En Ciudadanos dentro de nuestra política de una cadena alimentaria sostenible, saludable y segura, incluimos de forma clara cuáles son los canales cortos de comercialización. Los canales cortos de comercialización están presentes de forma
muy variada en Europa y en el mundo, principalmente en Estados Unidos y en Japón, si bien su grado de implantación difiere según el país y existen varios tipos de iniciativas, con predominio de distintos productos y distintas formas de
comercialización según países y el sector. No existe una clara y simple definición para un canal corto de comercialización. Y en eso doy la razón a la enmienda que nos ha presentado el Grupo Parlamentario Confederal Unidos Podemos-En Comú Podem-En
Marea, que traslada la necesidad de una definición clara de lo que es un canal corto de comercialización. De hecho, se puede definir un canal corto de comercialización como una cadena de suministro formada por un número limitado de agentes
económicos, comprometidos con la cooperación, el desarrollo económico local y las relaciones socioeconómicas entre productores y consumidores en un ámbito geográfico cercano, o como aquel en el que el número de intermediarios es igual o inferior a
uno. Todos tenemos claro qué es un canal corto de comercialización, un canal que permitiría la sostenibilidad de los productores, pero tampoco sabemos cómo definirlo y en eso les doy la razón. Las formas de comercialización en este tipo de canales
son variadas, abarcando desde mercados de productores, venta directa en la explotación, mercados en la calle, envíos a domicilio, tiendas de venta directa, grupos de consumo, distribución minorista de producto local, plataformas y venta online. Es
decir, muchos productores se han buscado la vida para poder dar un valor a su producción, en muchos casos ecológica, dándole un valor añadido a su producto de forma que haga sostenible su producción.
En nuestro país existe un creciente interés por las cadenas cortas de suministro de alimentos, hasta el punto de que el Observatorio de Precios de los Alimentos realizó un estudio sobre el tema en el año 2013, y emitió una serie de
recomendaciones que abarcaban áreas como la información estadística, la legislación y la normativa, la logística, el marketing, la promoción y las ayudas o el etiquetado específico. Por eso en esta proposición no de ley instamos al Gobierno, en
primer lugar, a desarrollar e impulsar campañas y estrategias de difusión, que mejoren el conocimiento y la difusión de los canales cortos de comercialización; en segundo lugar, a analizar el problema de la dispersión de productores y consumidores;
tenemos que concentrar a nuestros productores para tener una capacidad de venta que les permita fijar ellos los precios, y que no sean otros miembros de la cadena alimentaria los que los fijen, porque muchas
veces van en contra de la sostenibilidad de la producción y de nuestros agricultores y ganaderos; y sobre todo instamos a estudiar las distintas opciones y las fórmulas de etiquetado específico ya empleadas con éxito en otros países de este
ámbito, evitando que supongan nuevas barreras para los operadores y garantizando el derecho de información a los consumidores.
Como vamos rápido, informo de que vamos a aceptar las dos enmiendas que nos ha presentado el Grupo Parlamentario Confederal Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, pero incluyendo una frase al final de la segunda enmienda porque creemos que,
efectivamente, hay que utilizar la normativa europea y flexibilizar estos canales, pero siempre y cuando estemos hablando de una cadena alimentaria que sea sostenible, segura y saludable. Por lo tanto, aceptaremos las dos enmiendas con esa
coletilla.
Muchísimas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, don Miguel Ángel.
A esta iniciativa se han presentado dos enmiendas. Para la defensa de la presentada por el Grupo Parlamentario Confederal Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, tiene la palabra don Jaume Moya.
El señor MOYA MATAS: Moltes gràcies, senyor president.
Quiero felicitar a los compañeros y compañeras de Ciudadanos por apartarse de esa defensa a ultranza de la liberalización de los mercados y venir a defender un modelo, como es el de los canales cortos de comercialización, que hace más de
veinte años que se desarrolla a través de unos procesos sociales de notable éxito. Modelos de éxito los encontramos en Bilbao, en Navarra, el movimiento Per l'Horta en Valencia, Bajo el asfalto está la huerta en Madrid, movimientos en Barcelona, en
Zaragoza, que establecen el auténtico valor de los canales cortos de comercialización, que no es únicamente una dimensión económica, como venimos apoyando en nuestra enmienda, sino que va más allá; es un modelo que sobre todo está vinculado a una
intervención máxima, a una comunicación podríamos decir prácticamente íntima entre productor y consumidor, y también vinculado a una escala territorial de proximidad, sobre todo por esa facilidad de comunicación entre productor y consumidor porque
en realidad lo que está detrás de esto no es tanto un modelo de comercio, sino sobre todo un modelo de soberanía alimentaria, un modelo en el que la producción y el consumo mantienen un alto poder de decisión; qué se produce, cómo se produce,
define unos modelos de sostenibilidad, de crecimiento agrario, de enraizamiento en el territorio, que son fundamentales. Junto a ello también una relación de confianza entre productor y consumidor que con la presencia de intermediario se rompería.
De manera que la red social de los centros de comercialización de cercanía a partir de la definición que proponemos se basaría en esta confianza entre productores-mundo rural, consumidores-medio urbano, los elementos de estabilidad, negociación de
precios, preferencia de producción cercana, cooperación entre producción y consumo, valoración social de la actividad y también el freno a la pérdida de la biodiversidad agraria.
En este sentido va nuestra primera enmienda, que directamente trata de definir a qué nos referimos cuando hablamos de canales cortos de comercialización. Y la segunda enmienda viene a mitigar la principal causa de estrangulamiento de los
actuales productores que intervendrían en este modelo de comercialización, que son las normas higiénico-sanitarias. Dichas normas estrangulan a los pequeños productores y especialmente son utilizadas como herramienta de coacción desde la gran
distribución o la gran transformación, y esto tiene una solución dentro del marco normativo europeo. Por eso en nuestra segunda enmienda que, como bien dice el compañero, señor Garaulet, hemos transaccionado, se incide en la importancia fundamental
de la flexibilización de los requerimientos sanitarios. Por lo tanto, vamos a votar a favor de todos los puntos propuestos por Ciudadanos en esta PNL y de nuestras enmiendas, especialmente de la segunda que ha sido transaccionada de mutuo acuerdo.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, don Jaume Moya.
Ahora para la defensa de la enmienda presentada por su grupo, tiene la palabra don Miguel Ángel Viso.
El señor VISO DIÉGUEZ: Muchas gracias, señor presidente.
Buenos días, señorías. Hoy el Grupo Parlamentario Ciudadanos nos trae una PNL sobre los canales cortos de comercialización. Leyendo su exposición de motivos nos recuerda -también se ha comentado por parte del portavoz de Ciudadanos- a un
estudio realizado por el Magrama en el año 2013. Nos llama
la atención la coincidencia en las conclusiones que ya se detallaban en aquel año y mostraban el interés del Grupo Parlamentario Popular por los canales cortos de comercialización. Coincidimos en la definición y detallamos que el sistema
tradicional de comercialización cambió hasta esquemas de mayor complejidad caracterizados por la importante presencia de intermediarios, y la influencia decisiva de las empresas de distribución en la fijación de precios agrarios. Simultáneamente,
las personas productoras fueron perdiendo capacidad negociadora, sin ninguna posibilidad de fijar márgenes comerciales adecuados para conseguir una rentabilidad suficiente de su actividad. Por esta razón, la recuperación y la regulación de los
canales cortos de comercialización se puede convertir en un instrumento eficaz, así lo detallamos y así lo haremos ver votando a favor de los puntos que nos presenta la PNL de Ciudadanos.
Tenemos que hacer un pequeño comentario en cada uno de los puntos. En el primero para impulsar campañas de estrategia y difusión, por supuesto, como dijo en su momento el estudio encargado por el Ministerio de Agricultura en el Gobierno del
Partido Popular, valoramos tanto la compraventa online por Internet como offline, o sea, ya se veía la importancia que tenían esas dos formas de comercialización. También defendemos el apoyo en la promoción de productos de proximidad, la venta
directa tanto a través de información y publicidad dirigida al consumidor como -aquí también lo hemos comentado- de ferias, concursos, etcétera. Se considera clave la mejora del conocimiento y difusión de estos canales entre consumidores para
construir y consolidar lo que ya se denominaba en ese estudio como la cultura de lo local. Por supuesto, estamos de acuerdo con el punto dos para incentivar la investigación. Ya las propias propuestas de reforma de la PAC a partir de 2013 preveían
una serie de nuevas posibilidades para el desarrollo económico de la pequeña agricultura. Es importante hablar de la PAC cuando ahora mismo se está negociando una nueva revisión, por lo tanto, seguiríamos en esta línea. Aquí también se hablaba de
la legislación comunitaria en materia de higiene alimentaria. Las cualidades que diferencian este tipo de iniciativas, la calidad diferenciada en los productos y el trato directo entre el productor y el consumidor, son la clave de la defensa de los
canales cortos de comercialización. Hoy también ha hablado aquí el ponente de la PNL de las formas de comercialización, los mercados de productores, tiendas de venta directa, grupos de consumo, etcétera. Todo eso lógicamente hace que estos canales
cortos de comercialización cada vez más nos lleven a productos de mayor calidad, frescura y sabor, así como al conocimiento de su origen y trazabilidad.
Respecto al punto tres -ya finalizo, señor presidente-, en el estudio de 2013 ya se hablaba de la necesidad de crear un distintivo de calidad en cuanto a etiquetado, pero aparecían discrepancias; por un lado, había gente que lo consideraba
positivo y, por otro, había quien afirmaba que el exceso de etiquetado podía llevar a confusión. Teníamos claro que la compra directa ya lleva consigo la muestra de calidad. En este caso nosotros destacamos las ventajas que tienen estos canales
cortos de comercialización desde un punto de vista ecológico, gastronómico, económico y social. Me gustaría destacar que la venta a través de estos canales cortos de comercialización favorece el desarrollo de economías locales, la sostenibilidad y
el empleo rural.
Nosotros hemos presentamos una enmienda que insta al Gobierno a tener en cuenta los estudios realizados en el año 2013 por el Ministerio de Agricultura en el Gobierno del Partido Popular y, por supuesto, llevando de la mano la Estrategia
'Más alimento, menos desperdicio'. Sabemos que estos canales cortos de comercialización nos llevarían hacia eso. Y termino, señor presidente, recordando a todas sus señorías que en Galicia en el año 2014 se aprobó y publicó el Decreto por el que
se regula la venta directa de productos primarios.
Muchísimas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, don Miguel Ángel. (Aplausos).
Para fijar posición, por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra don Marc Lamuà.
El señor LAMUÀ ESTAÑOL: Gràcies, senyor president.
Intentaré ser breve mientras nuestro compañero del Grupo Parlamentario Popular recupera el aliento por las comas que ha tenido que evitar. Para no redundar en temas que han mencionado los ponentes que me han precedido y con los que estamos
de acuerdo, al hilo de lo que decía el último orador, simplemente quiero apuntar que el MAPA actualmente está retomando los estudios realizados en el anterior observatorio ahora a través del Observatorio de la Cadena Alimentaria, precisamente con el
objeto de elaborar informes técnicos sobre los canales cortos y mercados locales que contribuyan a aumentar el conocimiento en este ámbito, así como detectar o definir las morfologías que tenemos en nuestro territorio y las potencialidades que
pueden tener en los distintos ámbitos y regiones de España. Cualquier elemento que sirva a la lucha contra el desperdicio alimentario ha de ser estudiado, desarrollado y tenido en cuenta en el marco de los
distintos proyectos existentes en los ministerios a los que pertenecen estas competencias, sobre todo por el impacto real que puede tener en la huella de carbono, en la huella hídrica de nuestro sistema alimentario; todo lo que sean
iniciativas que mejoren nuestras ratios en esos aspectos, siempre son bienvenidas y siempre tienen que ser estudiadas. Creo que el acuerdo que genera la PNL inicial del Grupo Parlamentario Ciudadanos, así como las distintas enmiendas que se han
presentado, significan ese consenso general hacia el estudio y el beneficio que puede tener para España profundizar en el conocimiento y potenciación de los canales cortos en nuestros mercados locales. Por eso el Grupo Parlamentario Socialista
votará a favor de la PNL con las enmiendas que han sido aceptadas por el ponente. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Lamuà.
Señor Garaulet, ¿acepta las enmiendas que ha presentado, por una parte, el Grupo Parlamentario Confederal Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea y, por otra, el Grupo Parlamentario Popular?
El señor GARAULET RODRÍGUEZ: Sí, aceptamos también la enmienda del Grupo Parlamentario Popular. Siento haberme comido antes ese comentario. Por tanto, aceptamos la enmienda del Grupo Parlamentario Popular, aceptamos la primera enmienda
del Grupo Parlamentario Confederal Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea y también la segunda, pero con la coletilla que he dicho con anterioridad. Ahora pasaré la enmienda transaccional para que la firmen los portavoces.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, don Miguel Ángel Garaulet.
- RELATIVA AL DERECHO A INFORMACIÓN DE LAS PERSONAS CONSUMIDORAS SOBRE LOS EFECTOS DEL ACEITE DE PALMA Y SUS DERIVADOS, MEDIDAS PARA GARANTIZAR EL DERECHO A LA INFORMACIÓN Y MEDIDAS PARA APOYAR UNA CADENA DE ACEITE DE PALMA TOTALMENTE
SOSTENIBLE PARA EL AÑO 2020. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO CONFEDERAL DE UNIDOS PODEMOS-EN COMÚ PODEM-EN MAREA. (Número de expediente 161/001814).
El señor PRESIDENTE: Vamos a proceder ahora al debate de la proposición no de ley que figuraba en el punto número uno del orden del día y cuyo orden se ha cambiado con la anuencia de todos los grupos parlamentarios. Es una proposición no
de ley relativa al derecho a información de las personas consumidoras sobre los efectos del aceite de palma y sus derivados, medidas para garantizar el derecho a la información y medidas para apoyar una cadena de aceite de palma totalmente
sostenible para el año 2020. Esta iniciativa ha sido presentada por el Grupo Parlamentario Confederal Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea. Para su defensa, tiene la palabra la diputada doña Sofía Fernández Castañón.
La señora FERNÁNDEZ CASTAÑÓN: Gracias, señor presidente.
Esta propuesta que trae el Grupo Parlamentario Confederal Unidas Podemos-En Comú Podem-En Marea responde precisamente a una preocupación tanto medioambiental respecto a la deforestación de grandes extensiones de territorio en bosques
vírgenes y selva, como social por el desplazamiento de comunidades locales en Asia, en Sudamérica y en África. Esa conversión de bosques primarios en plantaciones de monocultivo de palma aceitera es indudablemente lo que entendemos como un desastre
ecológico. Y es especialmente dramático en el caso de Malasia o Indonesia, donde se concentra un 85 % de la producción mundial. Pero además de esta situación en la que tenemos que destacar especialmente lo que ocurre con los orangutanes de Borneo
y Sumatra que es encuentran en peligro crítico de extinción y, además, son las especies bandera de este desastre medioambiental -es así como lo ha calificado la UNEP-, también entendemos que estamos hablando de una preocupación social que tiene que
ver con nuestro consumo, con el consumo de aceite de palma y sus implicaciones respecto a la salud. Es verdad que algunos estudios relacionan el ácido palmítico, que es un ácido graso saturado de cadena larga que comprende un 44 % de aceite de
palma, con el aumento de los niveles de colesterol y el aumento del riesgo de enfermedades cardiovasculares, tromboembolias, accidentes vasculares y un largo etcétera. Tenemos estudios recientes que así lo manifiestan, pero también vemos necesario
destacar que los productos derivados del aceite de palma son muchos y poseen condiciones y composiciones nutricionales propias con un perfil lipídico distinto; los procesos a que son sometidos para su extracción modifican las características
físico-químicas y su efecto sobre el organismo. Así, podríamos decir que el aceite de palma crudo o no refinado posee un alto contenido en vitamina A y E ausente o presente en mucho menor
porcentaje en el aceite refinado. Del mismo modo, no tienen el mismo efecto sobre el organismo los distintos derivados como las oleínas, las estearinas o el palmiste.
Por tanto, queremos destacar que en la actualidad tampoco es obligatorio especificar el etiquetado del tipo derivado del aceite de palma, a pesar de que su efecto sobre el organismo, como se puede ver, puede ser muy diferente. Por eso nos
parecía importante dejar claro que en esta proposición no de ley no hay una voluntad de generar un boicot contra el aceite de palma de una manera totalmente acrítica, sino de garantizar el derecho a la información de los consumidores mientras no se
pueda asegurar la no existencia de determinados tóxicos que se han encontrado, por ejemplo, en productos destinados a bebés y a la primera infancia, si no tenemos un mecanismo para asegurar que esos tóxicos no van a estar ahí, que por otra parte
consideramos que sí se puede asegurar y necesitamos que así sea. Por eso traemos una proposición no de ley que sobre todo pretende informar a la ciudadanía no solamente cuando compra productos procesados, sino también cuando acude a comercios de
hostelería donde no tienen información de si se están consumiendo productos que contengan aceite de palma o no.
Por no extenderme, hemos visto las enmiendas presentadas y algunas comparten nuestro espíritu. Esperamos poder llegar a una transaccional, pero dejando claro siempre y cuando los procesos de extracción del aceite de palma sean sostenibles;
siempre y cuando tanto los productos procesados como los que nos pueda ofrecer la hostelería que contengan aceite de palma, estén bien identificados y, además, no sean nocivos para nuestra salud. No nos oponemos a que se pueda dar este consumo
dentro de nuestro país, pero proponemos ajustarnos a la normativa europea e informar en todo momento a la ciudadanía. Con esto doy pie al debate de esta proposición no de ley.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Fernández.
A esta iniciativa se han presentado dos enmiendas. La primera es del Grupo Parlamentario Ciudadanos. Para su defensa, por tiempo de tres minutos, tiene la palabra doña Sandra Julià.
La señora JULIÀ JULIÀ: Gracias, señor presidente.
Voy a ser más rápida esta vez. Espero que sea benevolente conmigo como lo es con sus compañeros del Grupo Parlamentario Popular.
El señor PRESIDENTE: Perdón, señora Julià. Esta Presidencia tiene a gala procurar ser objetivo y ecuánime con todos los grupos. Usted acaba de incorporarse a la Comisión y, por eso, quizás no tenga suficientes elementos de juicio.
Prosiga por favor
La señora JULIÀ JULIÀ: Solo los que he sentido anteriormente.
El pasado 15 de marzo de 2017, nuestro grupo parlamentario ya presentó una proposición no de ley relativa a la sostenibilidad y utilización del aceite de palma para uso industrial y alimentario. Una proposición muy completa y en una línea
parecida a la del grupo proponente, por lo que hemos presentado esta enmienda de adición que incluye ciertas medidas que nosotros ya propusimos en marzo del año pasado, como son campañas de consumo responsable del aceite de palma, entablar
negociaciones con empresas del sector alimentario; medidas para proteger a la población de los posibles efectos nocivos del consumo del aceite de palma hasta la mejora de la evidencia científica, ya que España supera la cantidad recomendada por la
OMS; medidas para limitar el acceso de los menores de edad a productos con aceite de palma; estudiar en profundidad con la evidencia existente y, sobre todo, desarrollando una investigación propia, los efectos que el aceite de palma pueda producir
sobre la salud de la población; instar a los Gobiernos autonómicos a tomar medidas para reducir el consumo; supervisar el cumplimiento del Reglamento del Parlamento Europeo sobre la información alimentaria facilitada al consumidor por parte de las
empresas alimentarias; también queremos incluir que las empresas españolas que utilicen aceite de palma para fines industriales y energéticos se comprometan a utilizar aceite de palma sostenible; y finalmente, instar a las instituciones europeas
para la modificación del Reglamento sobre la información alimentaria facilitada al consumidor para que las empresas deban informar de manera clara sobre si el aceite de palma o los derivados que contienen el producto es sostenible. Como ven, se
trata de medidas complementarias a las que nos traen el Grupo Parlamentario Confederal Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, esperamos que las acepten o podamos llegar a una transaccional, ya que nos preocupan tanto la sostenibilidad del aceite de
palma como la salud de nuestros ciudadanos.
Muchísimas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Gracias, doña Sandra.
En nombre del Grupo Parlamentario Popular, para la defensa de su enmienda, tiene la palabra don Juan Vicente Pérez.
El señor PÉREZ ARAS: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, sin lugar a dudas, la labor de una mejor información y prevención debe seguir siendo prioritaria a la hora de establecer un marco de seguridad alimentaria a la altura de este siglo XXI. Esta iniciativa del Grupo Parlamentario
Confederal Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, al igual que la enmienda que ha defendido ahora el Grupo Parlamentario Ciudadanos - que podríamos compartir en el fondo, pero no en la forma, y seguiremos trabajando en ello-, vienen a incidir en ese
juego de la confusión y la generalización de conceptos con demasiada ligereza que solo la ciencia puede desmentir, generando un daño y alarmas innecesarias tanto a los países productores como a la propia economía europea. De ahí nuestra enmienda de
sustitución que busca dotar de mayor rigor a la iniciativa.
Las estadísticas mundiales nos certifican el constante aumento del consumo de aceite de palma, pero también es cierto que su sustitución por otros aceites vegetales o grasas animales requeriría el uso de más tierra para una producción
equivalente, agravando el problema medioambiental y con más necesidades hídricas y de tratamientos agrícolas para su producción. Así lo certifica la propia WWF, que nos dice que la solución pasa por un consumo de aceite sostenible para mantener o
mejorar los valores biológicos, ecológicos y sociales en los países de origen. También la Declaración de Nueva York destaca el alto porcentaje de la producción de aceite de palma a nivel internacional y se ha comprometido a acabar con la
deforestación, en concreto un 65 %. Sin olvidar tampoco la contribución al desarrollo de la economía rural de millones de personas en los países productores. El último ejemplo es Colombia, primer productor de palma de América y el cuarto del
mundo, con ese proyecto de sustitución de los cultivos de coca por la palma, con el fin de lograr desarrollos más estables y mayores oportunidades para muchos de los campesinos que buscan un mejor futuro. Porque, señorías, según informes de la
propia Comisión Europea, solo el 2 % de la deforestación mundial es atribuible a la palma. Es más, el 60 % del aceite de palma que se importa a Europa es certificado como sostenible, y en España más del 40 %. Esas son las cifras que hay que poner
en valor, porque reflejan el esfuerzo que se está llevando a cabo. Una concienciación necesaria que produce efectos positivos, y un buen ejemplo de ello es la mesa redonda del aceite de palma sostenible. Esta es una iniciativa a la que se han
añadido ya ciento cuarenta y tres empresas españolas, haciendo que España se sitúe en el puesto octavo de los noventa y dos Estados miembros de la misma. La RSPO es un buen ejemplo del camino a seguir, un espíritu colaborativo desde todas las
partes implicadas a lo largo de la cadena de suministro.
Es una hoja de ruta que nos incumbe a todos, porque si esa exigencia medioambiental es importante, el impacto en la salud de las personas es prioritario. Europa cuenta para ello con la legislación más desarrollada del mundo en materia de
seguridad, calidad y control alimentarios; una normativa que obliga a todos los agentes de la cadena alimentaria, tanto europeos como importadores. No podemos caer en lo que se ha venido a denominar populismo dietético, elevando a la categoría de
verdad absoluta estudios no concluyentes que constatan la evidencia científica que ha venido desmontando cada una de estas campañas, incidiendo en un mejor conocimiento de este producto, huyendo del sensacionalismo. Así lo han venido refutando
tanto la OMS como la FAO, la EFSA y todos los organismos internacionales de investigación, evaluación del riesgo y seguridad alimentaria. La propia EFSA ha analizado el riesgo de los procesos de refinado de los aceites en los que se pueden liberar
contaminantes, y su dictamen científico de enero de 2018 ha rebajado el potencial riesgo tóxico y carcinógeno de estos, incluido el de palma. Recuerdo que la EFSA analiza el riesgo potencial de los alimentos, lo evalúa y clasifica en función de la
evidencia científica y en ningún caso ha prohibido el aceite de palma. Por eso aquí debemos ser rigurosos.
Europa, como principal consumidor, ha venido trabajando tanto en la seguridad alimentaria como en la información al consumidor, al igual que el Gobierno de España. No solo es el Reglamento 1169/2011, que viene a consolidar y a actualizar
las normas generales de etiquetado y las relativas a información nutricional, sino que por primera vez se exige una mayor visibilidad en las etiquetas, de forma clara y legible, y con un tamaño mínimo de letra para información obligatoria. Además
se establece la obligación, desde el 13 de diciembre de 2014...
El señor PRESIDENTE: Señor Pérez Aras, le ruego que vaya terminando.
El señor PÉREZ ARAS: Finalizo insistiendo en esa necesidad de seguir trabajando para buscar la mayor sostenibilidad en la producción del aceite de palma, generando espacios colaborativos para mejorar esa legislación que redunde en beneficio
de todos.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, don Juan Vicente.
¿Grupos que deseen intervenir? (Pausa).
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Antón.
El señor ANTÓN CACHO: Muchas gracias, señor presidente.
A nuestro juicio, la proposición no de ley plantea dos líneas de actuación. Una parte está directamente relacionada con el derecho de los consumidores y, por tanto, afecta directamente al Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social.
De hecho, ya se debatió una proposición no de ley parecida en la Comisión a propuesta de Esquerra Republicana. Otra parte está más relacionada con la sostenibilidad que, a mi modo de ver, debería haberse debatido en la Comisión de Transición
Ecológica.
Respecto a los cuatro primeros puntos de la parte propositiva, me gustaría recordar que en el marco alimentario las menciones obligatorias adicionales están reguladas por el artículo 10 del Reglamento de la Unión Europea sobre información
alimentaria facilitada al consumidor. Dichas menciones obligatorias están recogidas en el anexo 3 del citado reglamento y se refieren a menciones o advertencias de seguridad en relación con el consumo de determinados alimentos. Lo cierto es, nos
guste o no, que hoy en día no existen motivos de salud pública que justifiquen las modificaciones normativas propuestas en esta PNL. De todas formas, el Gobierno de España asume las recomendaciones llevadas a cabo en el marco de la Estrategia NAOS
que inciden en la importancia de la calidad de la grasa que se consume a través de los alimentos.
De hecho, ayer mismo la ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social anunció nuevas iniciativas, como, por ejemplo, un nuevo modelo de etiquetado frontal, el Nutriscore, que mediante un código de colores facilita a los ciudadanos
información sobre los productos; instaurar medidas en los colegios e institutos para impedir la venta de alimentos y bebidas de alto contenido en azúcar y ácidos grasos saturados; limitar la publicidad de los alimentos poco saludables dirigidos a
menores de quince años o, por ejemplo, desarrollar guías para las contrataciones públicas de menús y catering para impedir la presencia de alimentos no saludables.
Respecto a los dos últimos puntos de la PNL, que están relacionados con las consecuencias medioambientales y sociales, el Grupo Parlamentario Socialista comparte la preocupación por las mismas, especialmente por las secuelas provocadas en la
biodiversidad. Si bien entendemos contradictorios estos puntos, pedimos al proponente votar por separado para poder apoyar los puntos 5 y 6.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, don Javier.
Tiene la palabra la señora Fernández Castañón para expresar su aceptación o rechazo de las sugerencias realizadas.
La señora FERNÁNDEZ CASTAÑÓN: Vamos a hacer una propuesta transaccional.
El señor PRESIDENTE: De acuerdo.
- DE APOYO A LAS MUJERES RURALES. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente 161/003679).
El señor PRESIDENTE: Pasamos al debate de la proposición no de ley, que figura con el número 7 en el orden del día, de apoyo a las mujeres rurales, que ha sido presentada por el Grupo Parlamentario Socialista.
Para su defensa, tiene la palabra la señora González Bayo.
La señora GONZÁLEZ BAYO: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, el mundo rural presenta dificultades derivadas de una menor diversificación del tejido económico. A ello hay que sumarle el carácter familiar de este tejido que determina, entre otros, los estereotipos de género, una participación
subordinada de la mujer como esposa en la empresa familiar, que en la mayoría de las ocasiones no es considerada como un empleo y, por tanto, no está remunerada.
Además, ese tipo de trabajo dentro de la empresa familiar se considera como una ayuda a la familia. Pero también en la industria agroalimentaria las mujeres están en un segundo lugar. Las mujeres tienen desventaja porque el 90 % de los
contratos que se hacen en la industria agroalimentaria están ocupados por mujeres, con una menor remuneración. La tasa de temporalidad en la agricultura se sitúa en el 60 %, siendo la de las mujeres de un 74,2 % frente al 58,6 % de los hombres,
según los datos de la EPA.
La mujer en el mundo rural está en un plano subordinado y esta iniciativa que trae aquí el Grupo Socialista es para que se inicien acciones para visibilizar el trabajo de las mujeres en el medio rural, pero también para garantizar que las
mujeres ocupen espacios de decisión en los órganos que existen en el mundo rural, como son las cooperativas, el SAT y demás para tomar decisiones en un mundo en el que ellas viven y donde están invisibilizadas. Las mujeres son un eje fundamental
para pilotar todas las políticas que el Grupo Parlamentario Socialista quiere que se pongan en marcha desde el Ministerio de Agricultura, sobre todo, para garantizar la sostenibilidad social de la pequeña y mediana empresa en nuestro medio rural.
El Gobierno socialista ve en el papel de la mujer una clave para revitalizar nuestro territorio rural. Su trabajo constituye un elemento fundamental de la denominada agricultura familiar que aúna tanto la producción de alimentos como la
fijación de la población al territorio y la conservación de los valores naturales y paisajísticos. Por ello, tenemos que potenciar la visibilidad del trabajo de las mujeres rurales. Como he dicho antes, hay que potenciar que la mujer acceda en
igualdad de condiciones a los órganos directivos y de decisión de las entidades que conforman el tejido empresarial, sin olvidar el apoyo que tenemos que ofrecer también a las mujeres que deciden emprender -que son muchas- en el medio rural, las que
cada día lanzan nuevos proyectos, nuevos negocios, nuevas iniciativas empresariales que crean empleo y fijan la población al territorio.
El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación está trabajando en varias líneas de actuación para potenciar estos objetivos principales, como es la negociación de la PAC de cara al horizonte 2027, donde el Gobierno apoyará todas aquellas
propuestas que impulsen el objetivo de visibilizar y mejorar la situación de las mujeres en el medio rural para que puedan ser partícipes y protagonistas del desarrollo rural de sus pueblos. También se está trabajando en el impulso de la Ley de
titularidad compartida, en lo que no me voy a extender porque hemos presentado una iniciativa en este sentido. Es fundamental mantener líneas de apoyo a las entidades de mujeres desde el ámbito nacional. Por supuesto, en el ministerio se está
trabajando con el Ministerio de Hacienda para buscar posibles instrumentos que incentiven una figura tributaria compartida para avalar, como se ha dicho en el iniciativa anterior, que las mujeres puedan tener una titularidad compartida con el hombre
en las explotaciones agrarias.
Con esta iniciativa buscamos políticas que encaminen el empoderamiento de las mujeres que viven en el mundo rural. Esperamos el apoyo de todos los grupos parlamentarios.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora González Bayo.
A esta iniciativa se han presentado dos enmiendas. La primera es de doña Rosana Pastor, que tiene un tiempo de tres minutos para defenderla.
La señora PASTOR MUÑOZ: Moltes gràcies. Corre, corre en el día de hoy.
En un país que cada vez vive más de espaldas al mundo rural, tenemos que recordar que hay 4 500 000 mujeres que residen en el medio rural. Es un medio rural masculinizado, donde la emigración sigue teniendo un sesgo de edad y de género.
Así, continúa una silenciosa sangría de mujeres jóvenes que salen del pueblo por ausencia de oportunidades, por falta de servicios, por soledad y por otras muchas razones que se acentúan cuanto más rural es el entorno.
La proposición que nos plantea el Grupo Socialista se refiere al apoyo a las mujeres rurales, pero este Grupo Confederal apuesta por la reivindicación del apoyo a la mujer que vive en el mundo rural, a la mujer agricultora, pescadora,
ganadera, pero también a la artesana, maestra, médica, ingeniera, comerciante, administrativa o jornalera. Es decir, reivindicamos a todas aquellas mujeres que, bien por elección o bien por circunstancias personales, siguen viviendo y trabajando en
los pueblos. Ellas se organizan, participan, resisten, porque si de algo saben las mujeres rurales es de resistir. Su gran activismo social y cultural hace que mantengan y den vida a muchas de las estructuras organizativas y sociales del medio
rural. Asociaciones de mujeres, de padres, de madres, asociaciones culturales, cooperativas, en defensa del patrimonio, grupos ecologistas y tantas otras se mantienen por la participación y la constancia de las
mujeres. En torno al 65 % de las personas que participan en todo este entramado social existente en el medio rural son mujeres.
Respecto al Plan para la promoción de las mujeres del medio rural 2015-2018 del Gobierno popular, hay que recordar que incluye ochenta y dos acciones en seis ejes, con un presupuesto para todo el periodo de 23 millones de euros. Sin
embargo, no sabemos cuál ha sido la aplicación del plan, porque no se ha presentado ni un solo informe de seguimiento del mismo. Realmente, no sabemos cómo se está avanzando en él. Por eso, proponemos al Grupo Socialista y al Gobierno que ya que
estamos en el último año hagamos un esfuerzo de evaluación y revisión que nos permita también actualizarlo.
En cuanto a las mujeres rurales podría dar datos, pero como creo que me va a cortar el presidente voy a ir al grano. La demanda de las últimas semanas de las organizaciones Fademur y Ceres, entre otras, de incorporar la perspectiva de
género a la PAC debe materializarse sin demora. Consideramos que del mismo modo que hay una PAC para los jóvenes, una ayuda complementaria al pago básico de la PAC durante cinco años desde la incorporación, las mujeres deberían poder esa misma
ayuda. Es muy sencillo, hay argumentos para defenderlo tanto en Europa como en nuestro país. Si me lo permiten y me llega el tiempo, daré algunos datos que lo avalan. Parece que ya no tengo tiempo.
Señor presidente, gracias por dejarme estas últimas palabras. Del mismo modo que existe una cuenta complementaria al pago básico para jóvenes, consideramos imprescindible que exista la misma para mujeres.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, doña Rosana.
Les agradezco a todos, señorías, que colaboren con lo que, en definitiva, es un acuerdo de toda la Comisión, que es llegar a las votaciones en el tiempo previsto y así desarrollar el orden del día de hoy.
En nombre del Grupo Parlamentario Popular, para defender la enmienda presentada, tiene la palabra la señora Cascales.
La señora CASCALES MARTÍNEZ: Gracias, señor presidente.
Buenos días, señorías. Empezaré diciendo que compartimos la intención de la proposición no de ley que se presenta hoy para su debate, pero no podemos compartir ni el contenido ni la forma en la que lo han hecho. En el cuerpo de su
iniciativa pretenden desprestigiar el trabajo del Gobierno del Partido Popular, intentando desvirtuar la realidad sobre los resultados del primer Plan para la promoción de las mujeres del medio rural 2015-2018; un plan que recordemos que por
primera vez en la historia de nuestro país desarrolla acciones conjuntas desde diferentes departamentos ministeriales para coordinar la promoción de las mujeres en el mundo rural, con un total de ochenta y dos acciones dirigidas a promover el
empleo, el emprendimiento y la participación de las mujeres en los órganos de decisión y con un presupuesto de más de 23 millones de euros. La realidad de los resultados de este plan es que se han conseguido muchísimos de los objetivos, destacando
entre ellos la visibilización del papel de las mujeres rurales. Se ha reducido la brecha salarial, que estaba en el 21 % y que hoy en día está en el 14 %. Se ha creado la plataforma online 'Mujer emprende rural' para el intercambio de buenas
prácticas, creando redes de conexión y comercio electrónico. Por tanto, y dados los resultados, es necesario e imprescindible seguir implantando e implementando planes de igualdad o estrategias nacionales, como ustedes quieran llamarlo.
Sin embargo, ustedes traen una PNL que es un brindis al sol que no tiene ningún compromiso firme con las mujeres rurales. En esos tres puntos no se comprometen absolutamente a nada. Evidentemente, nosotros no vamos a dar un paso hacia
atrás, y por eso hemos presentado una enmienda muchísimo más ambiciosa en la que pedimos que se realice un segundo plan o una estrategia nacional que continúe el trabajo que el Partido Popular inició y que plantee iniciativas que ayuden a conseguir
el objetivo perseguido de una forma integral y transversal.
He de decirles, además, que aunque estamos de acuerdo con el tercer punto de su iniciativa, la verdad es que tenemos ahora mismo un ministro que no está dando ningún tipo de explicación sobre cómo van las negociaciones sobre la futura PAC en
Europa. Podríamos decir perfectamente que tenemos a un ministro en modo missing con este tema. Digan a su ministro, por favor, que venga a esta Comisión y que explique cuáles son exactamente las medidas por las que está luchando para la futura
PAC. Recordemos que con el último Gobierno socialista se pusieron en peligro muchísimos millones de euros en este tipo de ayudas y no queremos que esa opacidad y ese oscurantismo pongan en peligro unas ayudas tan importantes para el sector.
Señor presidente, no puedo acabar sin antes exponer una de las reivindicaciones más importantes de las asociaciones de mujeres rurales que yo conozco, que es la de las mujeres rurales de la provincia de Alicante. Las mujeres agrícolas de la
provincia de Alicante piden, sobre todo y ante todo, agua; agua de calidad y a un buen precio. Eso está en sus manos. Es importantísimo para la supervivencia de la agricultura en la provincia de Alicante la continuidad del trabajo que hizo el
Partido Popular con los trasvases, sobre todo con el trasvase Tajo-Segura.
Les pido altura de miras, que lleguemos a una transaccional y que hoy en esta Comisión podamos dar un mensaje conjunto a las mujeres rurales.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, doña Loreto Cascales.
¿Grupos que deseen intervenir para fijar posición por un tiempo máximo de un minuto? (Pausa).
Por el Grupo Mixto, tiene la palabra el señor Bataller.
El señor BATALLER I RUIZ: Gracias, señor presidente.
Las mujeres constituyen el 35 % de la fuerza de trabajo en el sector agropecuario en el conjunto de la Unión Europea y en España casi el 25 %, pero sabemos que la gran mayoría de las mujeres en la agricultura no cuentan, únicamente se las
computa como miembros de la familia y no como titulares, lo que las invisibiliza. Las mujeres rurales son todavía una minoría en la toma de decisiones, y esta es una situación que hay que cambiar, porque de hecho no habrá próxima generación en la
agricultura si la vida en el campo sigue siendo insoportablemente difícil para las mujeres.
La política agraria común únicamente tiene de femenino su artículo determinante, pero en sus más de cincuenta años de historia jamás se ha implementado una PAC con perspectiva de género y esto, como digo, debe cambiar. Hay que reconocer y
especificar el papel de las mujeres en el sector en la negociación de la nueva política agraria común pos-2020 que se está decidiendo ahora. Ahí España debe jugar un papel importante, porque tiene una alta responsabilidad, ya que un tercio de
nuestro territorio es tierra de cultivo.
Desde las organizaciones de la sociedad civil se reclama la necesidad de redistribuir los fondos hacia quienes trabajan en la transición sostenible del sistema agroalimentario y para quienes producen bienes públicos, pero curiosamente nadie
habla del bien público que supone parir, criar y cuidar en las zonas agrarias. ¿Acaso no tendría sentido destinar parte de estos fondos públicos, por ejemplo, a bajas por maternidad, a programas de apoyo a las mujeres rurales, a la integración en
la toma de decisiones?
En definitiva -y con esto concluyo-, mantener la vida en el campo pasa por contar con las mujeres rurales y darles un papel fundamental. Desde Compromís vamos a apoyar esta proposición no de ley.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Bataller.
Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra la señora Julià.
La señora JULIÀ JULIÀ: Gracias, señor presidente.
Solo quiero comentar que en Ciudadanos estamos absolutamente comprometidos tanto con el desarrollo del medio rural como con la igualdad de género. Este año han declarado el Día Internacional de las Mujeres Rurales en la ONU, distintas
asociaciones, como Asaja y Amfar, también han puesto de manifiesto la importancia de definir el futuro papel de las mujeres en la política agraria de la PAC para el periodo 2021-2017. Creo que las mujeres tienen que ser el centro del desarrollo
rural para generar empleo de calidad, fomentando la incorporación femenina al sector agrario y convertirlas así en líderes del emprendimiento.
Hay que reivindicar medidas efectivas que impulsen la fijación de mujeres y jóvenes en el medio rural para frenar la sangría demográfica de la mitad de nuestros municipios españoles que se encuentran al borde de la desaparición, como sucede
en mi provincia, Castellón, que es bastante pequeña.
Quiero decir que el Gobierno de Pedro Sánchez está planteando también medidas como subidas del precio del diésel, de las cuotas de autónomos que atacan duramente a la economía rural, agricultores, ganaderos, emprendedores rurales, etcétera.
Son medidas que lejos de frenar la despoblación su pondrán más paro, menos mujeres y menos jóvenes en la actividad agraria, menos autónomos y mayor despoblamiento.
El señor PRESIDENTE: Por favor, vaya terminando.
La señora JULIÀ JULIÀ: Termino ya, señor presidente.
Este año también se van a perder los fondos destinados a la formación profesional de mujeres rurales.
Con todo esto, vamos a apoyar la propuesta, pero podrían mejorar la suya.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Julià.
Tiene la palabra la señora González Bayo para expresar su aceptación o rechazo de las enmiendas.
La señora GONZÁLEZ BAYO: Estamos viendo la posibilidad de hacer una transaccional, pero nos tenemos que sentar a estudiarla, porque no hemos cerrado nada.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
- SOBRE REFORMAS NECESARIAS A LA LEY 12/2014, DE 9 DE JULIO, SOBRE EL CONSEJO AGRARIO. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO. (Número de expediente 161/003737).
El señor PRESIDENTE: Pasamos al siguiente punto del orden del día, proposición no de ley sobre reformas necesarias a la Ley 12/2014, de 9 de julio, sobre el Consejo Agrario, presentada por el Grupo Parlamentario Mixto.
Para su defensa, por un tiempo de cinco minutos, tiene la palabra el señor Bataller.
El señor BATALLER I RUIZ: Gracias, señor presidente.
La democracia es la razón de ser de nuestra presencia aquí. Estamos en el Congreso porque la ciudadanía nos ha votado, por lo que sería paradójico que nos negáramos a favorecer la llegada de la democracia a otros ámbitos, como es el campo.
La situación de interinidad abierta por la Ley 12/2014 en lo relativo a la elección del Consejo Agrario, se está prolongando durante más de cuatro años sin que tenga visos de una pronta solución. Por eso, desde este Congreso debemos lanzar al
Ministerio de Agricultura un mensaje claro: que ha de ser una prioridad política la convocatoria de elecciones al Consejo Agrario para dar voz al campo y contar por fin con un órgano plenamente representativo de las diferentes opciones que hoy en
día defienden los intereses de la gente campesina.
En nuestra proposición planteamos, en primer lugar, la apertura urgente de un espacio de trabajo con todas las organizaciones agrarias para consensuar las reformas que necesite la Ley 12/2014 para favorecer una representatividad sectorial de
la máxima amplitud y hacer la consulta para elegir al Consejo Agrario antes del 31 de diciembre de 2019, que ya es un plazo dilatado. Mientras se haga la consulta, entendemos también que hay que llamar a la institucionalidad a todas las
organizaciones agrarias, de las que nos consta sobradamente su representatividad, porque han obtenido resultados superiores al 10 % en los procesos electorales agrarios autonómicos celebrados en los últimos cinco años.
Como colofón ineludible, todo este proceso ha de servir para que las mujeres del campo tengan también un nivel de representatividad digno de las aspiraciones paritarias que deben presidir la vida social.
A nuestro texto se han presentado diversas enmiendas, las cuales agradezco. Anuncio que Compromís intentará alcanzar una transacción, siempre y cuando coincidamos en lo esencial, que es la necesidad de votar en el campo sin más dilación.
En el caso de que no se pudiera llegar a esta transacción, solicitaría que la votación de esta proposición se hiciera de forma separada, por puntos.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Bataller.
A esta iniciativa ha presentado enmiendas el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.
Para su defensa, por un tiempo de tres minutos, tiene la palabra la señora Pastor.
La señora PASTOR MUÑOZ: Moltes gràcies, senyor president.
Es complejo el tema que nos plantea esta proposición no de ley. Consideramos que los poderes públicos, las autoridades y, desde luego, los políticos estamos para solucionar problemas y no deberíamos contribuir a crearlos. Estamos en la
obligación de tratar de reconducir las situaciones conflictivas cuando como en este caso asistimos al debilitamiento de los actores sociales representativos de un sector como
el agrario. Diversos grupos parlamentarios planteamos este tema en la comparecencia del ministro de Agricultura en el mes de julio. La respuesta del ministro, aunque un tanto ambigua, hablaba de diálogo, de no dejar fuera a nadie.
Queremos creer que el ministro va a respetar lo de no dejar fuera a nadie.
En este asunto, para nuestro grupo hay varias cuestiones en juego. En primer lugar, lo más importante y lo que aquí conviene definir, la representatividad y la interlocución. Sin embargo, en este tipo de procesos es imprescindible
determinar el objeto y alcance de la representatividad. No se trata solo de impulsar procesos electorales, sino de otorgar al sector un espacio definido y real de participación y concertación de todos los organismos y consejos de la Administración
General del Estado en los cuales se debatan e informen asuntos que les afectan.
En segundo lugar, una ley de representatividad de estas características debe elaborarse y aprobarse con el consenso del sector. Es una barbaridad hacerlo en contra del criterio de algunas organizaciones. Todos sabemos que esta ley se
promovió por el ministro Arias Cañete con una intencionalidad clara. Por tanto, apoyaremos una ley que incluya a todo el mundo, que no excluya a nadie. Sabemos que la ley que aprobó el ministro Arias Cañete se sacó adelante exclusivamente con los
votos del Grupo Popular de entonces. Han pasado cuatro años desde su publicación y no se ha puesto en marcha ninguna otra solución. Creemos que es el momento de buscar un nuevo acuerdo.
En tercer lugar, no es algo intrascendente la definición del censo electoral. En este tema la ley introduce algo inaudito, los artículos 6.4 y 6.5 de la ley establecen los supuestos de inclusión en el censo, abriendo la posibilidad de que
dicho censo lo formen bien quienes están afiliados a la Seguridad Social agraria o simplemente aquellos perceptores de PAC que reciban más de 5000 euros. Consideramos que ser perceptor de PAC no garantiza exactamente ser un agricultor profesional.
Además, el 42 % de las mujeres perceptoras reciben menos de esa cantidad. Pensamos que el criterio censal es un auténtico despropósito y contrario a una orientación profesional del proceso de representatividad.
En cuarto lugar, mientras tanto, y hasta que se desarrolle este reglamento, estamos intentando transaccionar para conseguir el mejor acuerdo entre todos los grupos de esta Comisión y entre todos los sindicatos que no deje fuera a nadie, que
no incremente los conflictos existentes en el sector.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, doña Rosana.
El Grupo Parlamentario Popular también ha presentado una enmienda. Para su defensa, tiene la palabra el señor Calvente.
El señor CALVENTE GALLEGO: Muchas gracias, señor presidente. Buenos días, señorías.
Señor Bataller, aunque hemos estado negociando la posibilidad de una enmienda transaccional, es sabido que al final va a ser imposible, porque nos apartamos del verdadero espíritu de la ley, que es que se desarrolle reglamentariamente, lo
lógico desde un punto de vista legislativo. Es precisamente la transparencia, uno de los objetivos de la ley, lo que pretendió el Partido Popular. ¿Ustedes creen que el Partido Popular tiene empeño en mantener la composición y funcionalidad de un
comité asesor agrario que se designó con los parámetros de una ley socialista? Entendemos que de sus críticas solo podríamos asumir el retraso del desarrollo reglamentario de la misma. Y por eso hemos presentado una enmienda, que no es más ni más
que una recomendación del Defensor del Pueblo de fecha 19 de abril de 2017 que hacemos propia en toda extensión y literalidad. Se trata de desarrollar el marco reglamentario que posibilite la convocatoria de una nueva consulta para determinar la
representatividad de la organización agraria, de acuerdo con lo previsto en la Ley 12/2014, de 9 de julio, por la que se regula el procedimiento para la determinación de la representatividad de las organizaciones profesionales agrarias y se crea el
Consejo Agrario, tal y como establece su artículo 2.2.
Señor Bataller, no entendemos cómo de forma un poco alegre decía usted que el Gobierno del Partido Popular apoya a organizaciones agrarias que claramente no son de nuestro signo político. ¿Cabe más objetividad que esta? ¿No creen ustedes
que desde todos los grupos parlamentarios aquí presentes deberíamos apoyar el desarrollo reglamentario? No tiene ese sentido la propuesta que usted hace en el punto tercero de su proposición no de ley, ya que en los últimos cinco años muchas
comunidades autónomas no han celebrado proceso electoral alguno. Parafraseando al ministro Arias Cañete, le recuerdo que en la situación actual la representatividad de una organización profesional agraria ha de decidirse sobre la base de datos de
las elecciones a cámaras agrarias celebradas en once comunidades autónomas entre 1999 y 2008, es decir, en primer lugar, es a partir de datos incompletos, y en segundo lugar, totalmente obsoletos, porque, aunque la mayoría de las legislaciones
autonómicas prevean la
convocatoria de procesos electorales cada cuatro años, tan solo tres comunidades autónomas: Castilla y León, Cataluña y Madrid lo han hecho con regularidad, la última vez en 2012, 2011 y 2008 respectivamente. Otras ocho: Aragón, Asturias,
Cantabria, Extremadura, Galicia, La Rioja, Navarra y Murcia no las convocan desde el año 2002, y en alguna de tanta importancia productiva agraria como a la que nosotros pertenecemos -la mía, Andalucía, y la de usted, la Comunidad Valenciana-, no se
han celebrado elecciones a cámaras agrarias desde 1978.
Termino, señor presidente, haciendo referencia al cuarto apartado, porque, aunque se podría asumir, la propia ley en su artículo 17.2 ya establece un número equilibrado entre varones y mujeres, y en ningún caso podrá representar a menos del
33 %.
Por tanto, señor Bataller, entendemos que hemos hecho todo lo posible para consensuar una enmienda transaccional que fuera beneficiosa para todas las partes que concurren en este caso, organizaciones agrarias y Ministerio de Agricultura,
pero la propuesta que usted nos formula se aparta del verdadero espíritu de la ley del 2014, que es la que debemos desarrollar.
Muchas gracias, señorías. Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, don Javier Calvente.
Por el Grupo Socialista, tiene la palabra don Antonio Quintana.
El señor QUINTANA MARTÍNEZ: Gracias, señor presidente.
En primer lugar, me gustaría hacer alguna aclaración sobre algunas afirmaciones recogidas en la exposición de motivos de la iniciativa que ha presentado el Grupo Mixto. Para ponerles en contexto, me permitirán ustedes hacer un pequeño
resumen de las dos últimas leyes por las que han pasado las organizaciones profesionales representativas del sector agrario español. En el año 2009, tras un conjunto desigual de procesos electorales a cámaras agrarias en diversas comunidades
autónomas que se utilizan para determinar la representatividad de las OPA en este ámbito, el Congreso de los Diputados aprueba la Ley 10/2009, que establece un procedimiento para la determinación de las bases de representación de las organizaciones
profesionales agrarias en el ámbito estatal consensuado con todas ellas, ampliamente respaldado por el Parlamento español y coordinado competencialmente con las comunidades autónomas. Asimismo, en el año 2014 se aprueba la Ley 12/2014, de 9 de
julio, por la que se regula el procedimiento para la determinación de la representatividad de las organizaciones profesionales agrarias y se crea el Consejo Agrario. Pero esta ley nace sin consenso -todos lo sabemos y anteriormente se ha
comentado-, sin un censo real ni garantías democráticas. Es una ley con múltiples y significativas objeciones a su contenido, una ley que no vino a cubrir ningún vacío legal ni a solucionar ningún problema sino más bien a crearlo derogando la
anterior, que no recibió ninguna reclamación en el ámbito jurídico ni competencial por parte de ninguna comunidad autónoma; y, sobre las formas, como anteriormente han comentado otros compañeros, aplicando el rodillo de una mayoría absoluta por
parte del señor Arias Cañete. Por lo tanto, tengo que poner el acento en la afirmación de que la Ley 10/2009 es inservible e inaplicable, y a los hechos anteriormente descritos me remito, señorías; una ley por la que se constituyó el Comité Asesor
Agrario, aún vigente y por el que actualmente se rigen las OPA. Además, acerca de cuando hablan de privilegios de las actuales organizaciones profesionales agrarias, de un tratamiento y estatus privilegiado, me gustaría que sus señorías comprobaran
las subvenciones que ha ofertado en los últimos cinco años el ministerio para ellas. No se molesten, se lo digo yo: entre un 60 y un 70 % menos que respecto al año 2009.
Un conflicto interno entre las organizaciones profesionales agrarias como fue la escisión de la Unió de Llauradors y la Unió de Pagesos de la COAG no se puede trasladar al marco legislativo que nos compete. Este ministerio está dispuesto a
sentarse y abrir un periodo de reflexión, y por ese motivo hemos incluido una enmienda al primer punto de su PNL, para que, al igual que con la Ley 10/2009, demos una oportunidad a todas las organizaciones para que aporten todo aquello que pueda
enriquecer la actuación posterior del ministerio y se llegue al máximo consenso posible para derogar, modificar o desarrollar aquello necesario en el ámbito reglamentario, porque entendemos, y así también nos lo han manifestado las principales
organizaciones, que no es un marco legal adecuado para determinar la representatividad de las actuales organizaciones profesionales agrarias. Por lo tanto, entiendan que no podemos apoyar los tres primeros puntos de su iniciativa, aunque sí el
cuarto, sin el inicio de un proceso de reflexión impulsado por el Gobierno que garantice la participación de las organizaciones profesionales agrarias, los grupos parlamentarios y las comunidades autónomas para la elaboración de una nueva ley que
establezca los procedimientos democráticos para la determinación de la representatividad de las organizaciones
profesionales agrarias en el ámbito estatal, sus funciones, competencias y alcance de la consecución del reconocimiento como organizaciones más representativas.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, don Antonio Quintana.
¿Grupos que deseen fijar posición sobre esta iniciativa? (Pausa).
Por el Grupo Ciudadanos, tiene la palabra el señor Cano.
El señor CANO FUSTER: Gracias, señor presidente.
En el Grupo Parlamentario Ciudadanos estamos a favor de una representatividad de las asociaciones y de una mayor democracia. Pero también le tengo que decir al señor Bataller que nosotros ya presentamos una proposición no de ley que iba en
esta línea. Y, aunque no nos acababa de quedar claro cuál iba a ser el desarrollo reglamentario, procedimos a hacer preguntas al Gobierno, que nos instaba al trámite de audiencia en el proceso de regulación de este reglamento, y hablamos también
con los distintos actores del sector. La verdad es que nos dimos cuenta de que no había unanimidad ni criterios homogéneos que pudiesen aportar seguridad jurídica en este sentido, y esto lo acabamos de ver también en la exposición que han hecho los
distintos diputados y en las diferentes enmiendas, que, a nuestro parecer, no son más que un brindis al sol. Por tanto, como no tenemos claro cuál va a ser el desarrollo reglamentario y que vaya a aportar seguridad jurídica, este grupo
parlamentario se va a abstener.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, don José Cano.
Tiene la palabra el promotor de la iniciativa, don Enric Bataller a los efectos de si acepta alguna de las enmiendas que le han presentado.
El señor BATALLER I RUIZ: Señor presidente, como he indicado antes, todavía estamos trabajando en la posibilidad de una enmienda transaccional, y oportunamente la comunicaré a la Mesa.
El señor PRESIDENTE: Señorías, les recuerdo que si el grupo proponente acepta alguna enmienda no se pueden votar por separado los puntos.
- RELATIVA A INCORPORAR LAS COMUNIDADES DE REGANTES COMO ENTIDADES MERECEDORAS DE BONIFICACIÓN OBLIGATORIA EN LAS VALORACIONES CATASTRALES DE LOS BIENES RÚSTICOS. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO DE ESQUERRA REPUBLICANA. (Número de
expediente 161/003766).
El señor PRESIDENTE: Pasamos a la proposición no de ley relativa a incorporar a las comunidades de regantes como entidades merecedoras de bonificación en las valoraciones catastrales de los bienes rústicos. El autor de esta iniciativa es
el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana. Y para su defensa tiene la palabra el portavoz, don Xavier Eritja.
El señor ERITJA CIURÓ: Muchas gracias, señor presidente.
Antes de entrar en materia, quisiera hacer referencia precisamente al origen de esta demanda de las comunidades regantes. La Ley 16/2012, de 27 de diciembre, por la cual se adoptan medidas tributarias orientadas a la consolidación de la
finanzas públicas y al impulso de la actividad económica, modifica la Ley 1/2004, de Catastro Inmobiliario, introduciendo la disposición adicional tercera, procedimiento de regularización catastral 2013-2016, y la disposición adicional cuarta,
valoraciones de las construcciones indispensables para el desarrollo de las explotaciones agrícolas, ganaderas o forestales localizadas en suelo rústico. La Dirección General de Catastro inició entonces un proceso de regularización que ha durado
hasta hoy y que tiene como objetivo hacer aflorar las nuevas construcciones y las alteraciones sobre construcciones existentes no incorporadas al catastro. Hasta aquí todo correcto en ese sentido, el problema deriva en el procedimiento de la
aplicación de ese proceso de regularización. Ya en su momento nuestro grupo alertó sobre el agravio producido por el procedimiento para la regularización catastral 2013-2016, que ha dado como resultado un alto valor catastral. La disposición
adicional cuarta de la Ley 16/2012 indica que mientras que no se aprueben las normas reglamentarias de valoración de inmuebles rústicos el valor catastral se obtendrá por la aplicación de la ponencia de valores urbanos vigente en cada municipio.
Pero, al no existir un procedimiento de valoración específico para la rústica y valorarse en función de la ponencia
de valores urbanos, se establecen desigualdades respecto a la urbana que acaban comportando un agravio comparativo. La ponencia de valores empleada en el procedimiento de asignación de valor catastral a las construcciones agrarias supone en
algunos casos incluso una valoración muy por encima de los valores de mercado, lo que deriva en un incremento patrimonial no ajustado a la realidad, con afectación sobre diversos actos económicos. El exceso de valoración catastral incide
directamente sobre las economías familiares, ya que imputa el nuevo valor patrimonial a la declaración de la renta, y, en consecuencia, acaba afectando a aspectos como, por ejemplo, la petición de ayudas o becas. Ante estos agravios, la Dirección
General de Catastro ha ido implementando, eso sí, coeficientes reductores para corregir las desigualdades y excesos generados por la aplicación del procedimiento de valoración de las construcciones agrícolas.
No obstante, a pesar de los esfuerzos por corregir esas desigualdades y desagravios que ha generado el nuevo procedimiento de las construcciones agrarias, la manera justa de enfocarlo sería precisamente asumir para esta legislatura la
elaboración de una ponencia específica para los usos agrícolas. Si el objetivo hubiera sido hacer aflorar las nuevas construcciones y las alteraciones sobre construcciones existentes no incorporadas al catastro, lo más justo hubiera sido elaborar
una ponencia específica para la rústica, como tiene la urbana. Esta es la insistencia de nuestro grupo y lo que planteamos en un primer momento. Pero, aunque a la espera de la elaboración de esa ponencia específica para la rústica, lo más
inmediato es reducir la carga impositiva al sector agrario, que en estos momentos sufre de una gran carga impositiva. Y en esta misma línea, la iniciativa que presenta nuestro grupo propone incorporar a las comunidades de regantes como merecedoras
de bonificación obligatoria en las valoraciones catastrales de bienes rústicos, y de esta manera enmendar el agravio producido por el procedimiento para la regulación catastral 2013-2016, que ha dado como resultado un alto valor catastral para los
bienes de comunidades de regantes, así como, consecuentemente, la obligatoriedad de pago del impuesto de bienes inmuebles, el IBI.
Las comunidades de regantes ya han recibido por parte de gerencias catastrales propuestas de resolución de acuerdos de alteración de las que se deduce una modificación de los criterios que afectan a las infraestructuras indispensables para
el regadío, como balsas, estaciones de bombeo, estaciones de filtraje o canales. Eso significaría que esas instalaciones, que actualmente no tienen asignado un valor catastral y que hasta ahora estaban exentas del pago del IBI bajo el epígrafe de
elementos indispensables para la explotación agraria en una parcela rústica, pasarían a tener un valor catastral y se les aplicaría el impuesto correspondiente, dando como resultado un importante incremento de costes para los regantes. El hecho de
que se cargue al agricultor con una doble imposición, ya que se pagaría por ser de regadío y por participar de las infraestructuras para poder serlo, en muchas ocasiones pone en riesgo la viabilidad misma de esas explotaciones agrarias. De hecho,
debe separarse lo que consideramos un olvido más que evidente en el redactado del punto tercero del artículo 73 del Real Decreto Legislativo 2/2004, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, que concede
el derecho a una bonificación del 95 % de la cuota íntegra, y, si es el caso, el recargo del impuesto a los bienes rústicos de las cooperativas agrarias y de la explotación comunitaria, al cual creemos que debería incorporarse a las comunidades
regantes como entidades de derecho público. En todo caso, es poco razonable poner a los ayuntamientos en la tesitura de aplicar o no una bonificación y decidir el porcentaje, ya que podría provocar agravios comparativos entre las diferentes
corporaciones municipales. Y no solo eso, sino también provocar una situación de incertidumbre a las propias comunidades de regantes, que no pueden redactar sus presupuestos hasta conocer la decisión del ayuntamiento en lo que se refiere a dichas
bonificaciones.
Por eso, pedimos a los demás grupos que den su apoyo a esta iniciativa.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias.
A esta iniciativa se han presentado diversas enmiendas. Una de ellas por parte de Ciudadanos, que va a defender don José Cano.
El señor CANO FUSTER: Muchas gracias, señor presidente.
Quiero decir al ponente que bienvenida la iniciativa, aunque, por la fecha en que se presentó a calificación, parece que fue un poco precipitada. Y digo precipitada porque incluyen a las comunidades de regantes pero dejan fuera a un sujeto
pasivo más que importante y sin el cual las comunidades de regantes no existirían, que son los comuneros, los agricultores, que necesitan de infraestructuras para
poder regar. En una comunidad como la mía, la valenciana, todo el levante español, la parte seca de España, sabemos que unas infraestructuras importantes y buenas nos van a ayudar a poder ahorrar consumo de agua y utilizarla de manera mucho
más eficiente. Sin duda, tras la última actualización del catastro, se incluyeron todas esas infraestructuras, más que necesarias, aunque dejando al arbitrio de los ayuntamientos que se pudiesen acoger al artículo 74 para su bonificación. Desde
Ciudadanos de la provincia de Alicante ya se presentó una enmienda en todos los ayuntamientos de la provincia. Pero siempre hay una excepción que confirma la regla, y es que solamente en el Ayuntamiento de Elche, gracias a los concejales de
Ciudadanos, el Partido Socialista está sacando iniciativas, se está dando estabilidad al ayuntamiento y se aplicaron estas bonificaciones a las infraestructuras agrícolas. Por tanto, pensamos que esto debe extenderse a los agricultores, y nuestra
enmienda va en esa dirección. No obstante, creo que vamos a hacer una transaccional, que vamos a apoyar entre todos. El Grupo Parlamentario Podemos propone en su enmienda la posibilidad de una exención en referencia a lo que la Ley 16/2912
establece en su artículo 62.1.g). Si se considera la modificación de la ley, creemos que habría que estudiar pasar de una bonificación obligatoria, en referencia al artículo 73, a una exención. De todos modos, creo que la transaccional va a ser
apoyada por este grupo parlamentario, para poder ayudar a los agricultores.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, don José Cano.
Tiene la palabra don Ignacio Urquizo, por el Grupo Parlamentario Socialista.
El señor URQUIZU SANCHO: Muchas gracias, señor presidente.
En primer lugar, quiero celebrar la presentación de esta iniciativa, que es muy importante para la España interior y el mundo rural, puesto que la modernización de los regadíos creo que entronca bastante con todo esto. Nuestra posición es
de diálogo y vamos a apoyar la transaccional, ya que creemos que este debate ha de ser muy abierto. Entendemos que se haya traído a esta Comisión, aunque seguramente el sitio más adecuado fuera la Comisión de Hacienda, que tiene que ver mucho con
ello.
Voy a explicar por qué creemos que es importante esta iniciativa. En primer lugar, como decía, generalmente la modernización del sector agrícola está muy relacionada con la extensión del regadío, y es cierto que dicha extensión en muchos
casos implica una actualización o elevación del valor del catastro, y, por tanto, un aumento de lo que tendría que pagarse por el IBI. Es verdad que desde el punto de vista de la fiscalidad y de la modernización de un sector esto siempre conlleva
dificultades, más en sitios como, por ejemplo, Aragón, donde hemos apostado por los regadíos sociales, lo que implica que una parte del coste del regadío es pagado también por los agricultores, es decir, que no solo es inversión pública, porque los
agricultores son quienes asumen ese coste del regadío. Si, además, se les incrementa el valor catastral, sufren un doble coste: la inversión y, en segundo lugar, pagar un mayor número de impuestos.
En segundo lugar, es verdad que los ayuntamientos tienen un cierto margen respecto al IBI, es decir, dentro de unos límites, pueden establecer los umbrales dentro de lo que se debe pagar. Pero cuando hablamos de las bonificaciones estamos
refiriéndonos a algo ligeramente distinto. Esto, como se ha señalado por mis antecesores, está regulado en el artículo 73.3 de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. Si se produce una modificación, que es a lo que se invita, y, por lo tanto,
se abre el debate sobre esa cuestión, caben dos posibilidades: en primer lugar que se incluya directamente a las comunidades de regantes, algo que implicaría que el Estado seguramente debería compensar a los ayuntamientos por esta pérdida de
ingresos, algo que dice el artículo 9.2 de esa misma ley. Y, si lo que se establece es la capacidad potestativa de los ayuntamientos para que sean ellos los que establecen las bonificaciones, seguramente ahí ya estamos hablando de la autonomía
local y será cada ayuntamiento quien lo establecerá. Lo que queremos decir es que este debate es bastante más complejo de lo que podemos resumir ahora en tres minutos, porque es un debate que habla de la modernización del sector agrícola, tiene que
ver con la autonomía de los ayuntamientos y, en tercer lugar, con su suficiencia financiera, con la capacidad recaudatoria para poder hacer frente a los gastos.
Por ello, nosotros invitamos a que sea en ese foro sobre la modificación de la Ley de la Financiación de las Haciendas Locales donde se debata esta cuestión, es decir, sería en ese debate que se está produciendo y que se va a seguir
produciendo sobre las haciendas locales y su financiación donde tendríamos que hablar sobre si estas bonificaciones se establecen por ley y, por lo tanto, el Estado debería compensar a los ayuntamientos o si se determina esa potestad para que los
ayuntamientos las establezcan, y, por tanto, cada uno la ejercería en su autonomía local. Es un debate complejo -estamos
hablando de Administración local, con todas sus dificultades para financiarse-, y por eso entendemos que es bueno tenerlo, pero siempre con rigurosidad y sabiendo de los riesgos que corremos.
El señor PRESIDENTE: Gracias, don Ignacio.
Tiene la palabra el diputado y portavoz don Jaume Moya, de Unidos Podemos.
El señor MOYA MATAS: Moltes gràcies, senyor president.
Una vez más estamos frente a los daños colaterales del desaguisado del catastrazo de Montoro, esas medidas fiscales que han venido a suponer un auténtico agravio, por no decir un auténtico ahogo a los productores de agroalimentación del
mundo rural, y tenemos sobre la mesa un parche para intentar solventar uno de los desastres de dicho catastrazo.
Nuestro grupo ha presentado una enmienda proponiendo no ya la bonificación que propone la PNL de Esquerra Republicana sino directamente la exención de las infraestructuras necesarias para hacer posible el regadío. Vaya por delante que,
vista la transacción que se propone, nosotros estamos de acuerdo en avanzar en la negociación de un nuevo modelo de financiación local, vamos a estar trabajando en el anteproyecto de Ley de Financiación de las Haciendas Locales. Pero en esta
proposición que tenemos sobre la mesa no somos partidarios de la bonificación sino de la exención fiscal, básicamente a partir de dos motivos, que son bien simples y evidentes y además ya se han mencionado en las anteriores intervenciones. Por un
lado, por la incertidumbre que genera la bonificación, esa incertidumbre que pueden suponer los posibles cambios en el quatum de la bonificación de un ejercicio y de otro ejercicio en función de la autonomía local, de la cual, evidentemente, somos
favorables; esa incertidumbre que pone en peligro las previsiones económicas de la exportación agraria gravada. Y, por otro lado, como se ha dicho, defendemos la exención sencillamente porque estaríamos ante un supuesto de doble imposición fiscal.
Como es evidente, la implantación de infraestructuras necesarias que hacen posible el regadío en una finca supone un incremento notable del valor catastral, es decir, un incremento notable de la base imponible del IBI que gravará esa finca. Por lo
tanto, si por un lado estamos gravando la finca por su mayor valor, puesto que tiene infraestructuras para el regadío, y, por otro lado, gravamos la propia infraestructura necesaria para hacer posible el regadío, estamos ante una doble imposición,
que es proscrita en nuestro ordenamiento.
Por lo tanto, entendemos que no es suficiente que dichas infraestructuras reciban bonificaciones y defendemos que deben volver a estar exentas del IBI, como lo estaban antes del nefasto catastrazo. Mantenemos nuestras enmiendas y nos vamos
a abstener en la votación.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, don Jaume.
¿Grupos que deseen intervenir para fijar posición? (Pausa).
Tiene la palabra don Antoni Postius
El señor POSTIUS TERRADO: Gràcies, senyor president.
Una vez más volvemos a hablar de una situación altamente perjudicial para nuestros agricultores. Hemos hablado en muchas ocasiones de este tema, que hace referencia a la regularización y actualización catastral llevada a cabo por el Estado
en los últimos años, una actuación que ha conllevado un incremento desmesurado de los impuestos asociados a dicha actualización, como es el caso del impuesto de bienes inmuebles. En este sentido, hemos denunciado en muchas ocasiones que se están
haciendo algunas valoraciones completamente fuera de mercado de bienes inmuebles que están ubicados en zonas rurales, al tiempo que, por otro lado, también nos encontramos ahora con los efectos retroactivos de dicha regularización y actualización,
lo que conlleva, por ejemplo, que algunos vecinos tengan que hacer frente a recibos actualizados de estos impuestos que ascienden a más de 6000 euros. En esta Comisión hemos aprobado muchas iniciativas, también en alguna ocasión en el Pleno, pero
la situación continúa exactamente igual. Por lo tanto, bienvenida sea esta propuesta, aunque no quería dejar pasar la ocasión para denunciar esta injusta situación, que está castigando y perjudicando tanto a nuestros agricultores catalanes.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Postius.
El autor de la iniciativa, que es el señor Eritja, de Esquerra Republicana, tiene que decirnos si acepta las enmiendas presentadas.
El señor ERITJA CIURÓ: Hemos hecho una transaccional, que ahora mismo se la paso, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Eritja.
Disculpe. Tiene la palabra el portavoz del Grupo Parlamentario Popular, que no había visto que había pedido la palabra.
El señor GARCÍA DÍEZ: Muchas gracias, presidente.
Señor Eritja, hablan ustedes en su proposición no de ley del procedimiento de regulación catastral que se llevó a cabo entre los años 2013 y 2016, pero ocultan que la obligación de valorar las construcciones indispensables para las
explotaciones agrarias se estableció en la reforma que con su apoyo se llevó a cabo en 2005, esa reforma del catastro inmobiliario; eso sí, como en todo, se estableció un periodo transitorio para que fueran otros los que llevaran a cabo ese
catastrazo en diferido de los Gobiernos del señor Zapatero. Ahora se lamentan de los efectos que se generaron, pero las comunidades de regantes saben que tienen y han tenido siempre todo el apoyo del Partido Popular, del grupo parlamentario y de
los Gobiernos municipales y autonómicos. No han estado desamparados y ha habido mecanismos de bonificación, por cuanto que nuestros responsables al frente de las administraciones locales han hecho uso de ese artículo 74.2 cuáter bonificando a las
comunidades de regantes. Pero, además, saben que cuentan con el Partido Popular para las bonificaciones, para la modernización de infraestructuras pero también para esas grandes infraestructuras hidráulicas, trasvases, que tanto demandan y que
ustedes no siempre apoyan.
Nuestro grupo va apoyar esta PNL, pero quiero recordar -dado el poco tiempo que tengo, no puedo profundizar en ello- el respeto a la autonomía municipal y a las competencias de las administraciones locales. Sobre todo, esperemos que, por
fin, se aborde esa gran reforma de la administración local que permita la valoración de las posibles ampliaciones de bonificaciones y, sobre todo, la compensación a las administraciones locales por la posible incorporación de estas bonificaciones.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
- SOBRE EL ESTABLECIMIENTO EN LA NUEVA PAC 2021-2027 DE UN RÉGIMEN ESPECIAL PARA LAS ILLES BALEARS. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO CONFEDERAL DE UNIDOS PODEMOS-EN COMÚ PODEM-EN MAREA. (Número de expediente 161/003774).
El señor PRESIDENTE: A continuación pasamos a debatir el 10.º y último punto del orden día: proposición no de ley sobre el establecimiento en la nueva PAC 2021-2027 de un régimen especial para las Illes Balears. Esta iniciativa ha sido
presentada por el Grupo de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea y para su defensa tiene la palabra su portavoz, María Asunción de la Concha.
La señora DE LA CONCHA GARCÍA-MAURIÑO: Muchas gracias. Bon dia a tothom.
En las Islas Baleares las granjas se llaman llocs, que quiere decir lugares. Un lloc es un lugar donde se desarrollan los fundamentos de la vida. La pagesía balear ha sido durante siglos la guardiana del paisaje, de los bosques, del agua y
también de la lengua. Ha conseguido que una tierra escasa y poco fértil alimentara a una generación tras otra. Pero ahora cuando el llamado progreso debería haber facilitado la vida de los pageses, de las madonas y de los missatges, haciendo de la
vida en el campo una opción atractiva para la nueva generación, nos encontramos con que muy al contrario cada mes tenemos noticia de un lloc que cierra y con cada lloc que cierra, cierra un trozo de vida. Las Islas Baleares se sienten abandonadas y
ninguneadas. No se entiende por qué la consideración especial para la realidad insular que la Unión Europea ha reconocido desde su creación no ha llegado a nuestras islas. Las regiones francesas de ultramar, Madeira, las Azores, las islas Canarias
y también las islas menores del Mar Egeo tienen este reconocimiento. ¿Por qué entonces Baleares no lo tiene? Este régimen especial que hoy reclamamos es una demanda histórica del sector agropecuario balear y desde el Parlament se ha instado al
Gobierno central repetidamente a que se haga lo necesario para su puesta en marcha.
El hecho insular balear implica alejamiento, aislamiento, una superficie reducida, un clima desfavorable, un suelo pobre y un agua escasa. En el contexto ya tan evidente de cambio climático la vulnerabilidad de ses Illes se hace aún más
patente. Quiero recordar hoy aquí el reciente desastre de Sant Llorenç en Mallorca, el apagón de sesenta horas en Menorca, los tornados cada vez más frecuentes, el aumento de
temperatura en verano, las plagas que se extienden por árboles y cultivos, como es el caso de la Xylella. Las Islas Baleares no serían lo que son sin su pagesía. Mantener y desarrollar un sector agrario y ganadero con todas sus actividades
asociadas constituye no solo una oportunidad de creación de empleo en un territorio marcado por el desempleo juvenil, la temporalidad y la precariedad, sino la condición indispensable para mantener el equilibrio de la tierra, la gestión de los
ecosistemas y paisajes y la conservación del patrimonio cultural inmaterial. Las señas de identidad de Baleares tienen raíces payesas, incluso el sector turístico se vería muy perjudicado si se perdieran esas raíces y esa belleza que vendemos, pero
no cuidamos.
Un régimen especial para Baleares es imprescindible para mantener una actividad agropecuaria dinámica con capacidad para genera empleo digno y de valor agregado. Daré algunos datos que hablan por sí solos. Revertir estas cifras es
indispensable para conseguir la rentabilidad y la viabilidad de las explotaciones. El incremento medio de los precios de los piensos del ganado en Baleares es del 45 %. Este sobrecoste supone un gasto añadido al sector ganadero de más de 15,5
millones al año, que es lo que le viene a costar a nuestro Gobierno el régimen especial de Canarias. Además, el sobrecoste de gasoil que utiliza el sector es de 4,5 millones al año. En cuanto a los fertilizantes nuestra pagesía tiene que pagar 1
800 000 euros más al año de lo que pagaría la península. La paradoja es que en cambio los precios que se pagan por los productos agrícolas y ganaderos en Baleares son inferiores a los de la península. La propia insularidad favorece mercados
cautivos y poco transparentes, con una gran concentración en almacenamiento y distribución. La diferencia negativa de precio en cada cordero sacrificado, por ejemplo, es de 20 euros. Esto supone un efecto negativo sobre la renta agraria de 3 200
000 euros al año. El precio de la leche en Baleares es el más bajo de toda España. El efecto negativo en la renta agraria es de casi 2 millones de euros al año. Para complicar más la situación el precio de la tierra en ses Illes impide
radicalmente la incorporación de jóvenes y el acceso a la tierra. El precio medio de la hectárea es el doble que en la península: 18 364 euros frente a 9705 euros.
Por todo ello la renta agraria en Baleares es un 28 % inferior a la media de la península, en unas islas donde los precios de los productos básicos son además altísimos. Parece increíble que esta situación no haya sido aún reconocida por la
política agraria común, y es más, la PAC se aplica injustamente en Baleares castigando al sector. Un perceptor medio de la PAC recibe unos 1800 euros menos que el perceptor medio nacional. Las razones son evidentes, y derivan de un sistema que
establece como criterio casi absoluto la superficie y que favorece a las producciones continentales extensivas.
Ahora con un nuevo proceso de reforma de la PAC abierto tenemos la oportunidad histórica de poner fin a esta injusticia, a este sinsentido. Es ahora cuando los Gobiernos estatal y autonómico, las fuerzas políticas, las organizaciones
agrarias y sociales deben ir a una. Defendemos la necesidad de un mundo rural vivo en Baleares y de un sector agrario dinámico y de calidad que genere empleo y riqueza. Esta propuesta deberá contar con un cuadro financiero suficientemente dotado.
Es necesario, además, que el régimen especial sea complementario a la aplicación de la PAC, que incluya un régimen especial de abastecimiento para insumos agrarios y ganaderos, que incluya un régimen especial de medidas de fomento de la producción
agrícola local y que favorezca el comercio entre las islas y el archipiélago. Mucho nos ha dado la pagesía durante siglos, creemos que ha llegado el momento de recompensarles por su legado. Esperamos contar con todos sus votos favorables,
señorías.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora diputada.
A continuación para defender la enmienda presentada, por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Marí.
El señor MARÍ BOSÓ: Gracias, señor presidente.
Compartimos con el grupo proponente la necesidad de que aprovechando la reforma de la PAC para el periodo 2021-2017 nuestro país impulse la propuesta de régimen especial para las Islas Baleares en coordinación con el Gobierno balear y las
asociaciones representativas del sector. Esta es una reivindicación largamente mantenida por el sector agrario balear y el conjunto de la sociedad balear. Se trata, señorías, de hacer efectivo el principio de solidaridad que recoge nuestra
Constitución en el artículo 138, cuando obliga a los poderes públicos a prestar especial atención al hecho insular, pero también se trata de atender a lo dispuesto en el artículo 174 de la Unión Europea, que obliga a esta a promover el desarrollo
armonioso de la Unión Europea, prestando especial atención a las regiones insulares, entre otras.
Son muy diversos los factores negativos de la insularidad que inciden muy especialmente en la actividad agraria de nuestras islas y muchos de ellos han sido expuestos por la portavoz del grupo proponente. Pero lo trascendente, señorías, es
que las medidas generales aplicadas en las diferentes versiones de la PAC desde la incorporación de España a la Unión Europea no han servido para evitar la caída en picado de la actividad agraria en Baleares. Esto justifica, señorías, que más allá
de la cantidad de fondos que destinemos, sean nacionales o sean europeos, es necesario establecer un marco normativo que permita aplicar dichos fondos. Esto es lo que hoy venimos a señalar y por ello coincidimos con el grupo proponente en su
proposición no de ley.
Sin embargo, hemos presentado una enmienda en el sentido de que no se desconozca el trabajo que ya se ha venido realizando. Por eso instamos al Gobierno de la nación 'a seguir impulsando', porque hoy el grupo proponente se puede referir,
por ejemplo, al informe elaborado por el Gobierno autonómico del Partido Popular en 2012 respecto de la agricultura en las Islas Baleares y se puede referir a los costes de insularidad que allí se fijaron con solvencia, porque anteriormente el
Gobierno autonómico hizo ese informe y los estableció por primera vez. Siempre se hablaba de los costes de insularidad y lo mucho que afectan, pero nadie sabía cuáles eran los costes de insularidad, y por primera vez los establecimos. Al igual que
el Gobierno de la nación, el Gobierno del Partido Popular también se ocupó de la problemática de insularidad en el vigente periodo para algunos sectores como, por ejemplo, el ovino y los frutos secos, a través de las ayudas asociadas.
Por ello, vamos a apoyar esta proposición no de ley y nos sorprende sobremanera la enmienda presentada por el Partido Socialista porque significa renunciar a defender los intereses de nuestros agricultores, de los agricultores de las Islas
Baleares y significa renunciar a ese objetivo de país que debería ser plantear en la reforma de la PAC un régimen especial para la agricultura en las Islas Baleares. ¿Con qué cara va a ir mañana la presidenta socialista del Govern de las Illes
Balears a La Moncloa para sentarse delante de Pedro Sánchez, habiendo renunciado a un régimen especial para nuestros agricultores en las Illes Balears? Señorías, este es un objetivo de país y yo instaría al Partido Socialista a que replantee su
posición.
Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Gracias, don José Vicente Marí.
Ahora tiene la palabra para defender la enmienda presentada, por el Grupo Parlamentario Socialista, su portavoz don Pere Pons.
El señor PONS SAMPIETRO: Muchísimas gracias, señor presidente.
Quiero intervenir por una pequeña alusión a la presidenta del Govern de las Illes Balears, que va a ir mañana a la reunión con el presidente Sánchez con la cara bien alta, mostrando lo que ha mostrado durante toda la legislatura, mostrando
coherencia y siempre defendiendo los intereses de Baleares. En la agenda mañana, además de esta negociación, están otros muchos temas porque esa reunión está fijada de forma institucional ya que el presidente Sánchez se reúne con todos los
presidentes de las comunidades autónomas. La presidenta va a ir con la cara bien alta, y a negociar los intereses de Baleares.
Quiero recordar que la persona que me ha precedido fue el consejero de una comunidad y uno de los responsables de los mayores recortes que se han producido en la historia de todas las comunidades, y muy especialmente de la nuestra. Me
gustaría decirle al señor Marí: lecciones a nosotros, ninguna. Asimismo, el señor que me ha precedido en el uso de la palabra también llevó ese régimen especial al Congreso, que por cierto decayó en las elecciones de 2016 y nunca se llegó a
implementar. (Rumores).
El señor PRESIDENTE: Por favor, señores diputados. Les ruego que se mantengan en silencio y que nos centremos. Las alusiones no contribuyen ni aportan, vengan de donde venga, ni enriquecen el debate. Le ruego, señor portavoz, que prosiga
con su intervención.
El señor PONS SAMPIETRO: Volviendo a la cuestión, celebramos la propuesta de la señora De la Concha. Hay tres grandes paquetes de negociación. Por un lado, está la negociación del brexit y del nuevo marco financiero. Lógicamente, eso
supone un recorte y esa PAC que se va a negociar en estos próximos meses tiene ese marco de negociación grande en el que el gran temor son esos recortes, no solo para los agricultores de Baleares sino para los agricultores de otras partes de España.
Efectivamente, nosotros hemos hecho una serie de sugerencias a las propuestas que hace la diputada del Grupo de Unidos Podemos. Nosotros pensamos que el Grupo de Unidos Podemos puede aceptar
algunas de nuestras propuestas. Nosotros estamos proponiendo que haya un tratamiento especial dentro de esa PAC y que ese tratamiento especial sea complementario a la aplicación ordinaria de la PAC, así como un programa especial de fomento
de la profesión agrícola local, y que eso vaya en coordinación con todas las instituciones. Nuestras propuestas son complementarias y vamos a seguir defendiéndolas. Hay que recordar que esta PAC llega, y que aún hay tiempo de sobra para negociar y
llegar a acuerdos.
Muchísimas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, don Pere Pons.
¿Algún grupo desea intervenir para fijar posición? (Pausa).
Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra don Fernando Navarro, por el plazo de un minuto.
El señor NAVARRO FERNÁNDEZ-RODRÍGUEZ: Gracias, presidente. Es un placer estar en esta Comisión.
Quiero decirle a mi compañero Pere Joan Pons que me alegra mucho saber que mañana estará aquí la presidenta Armengol para defender los intereses de los ciudadanos de Baleares, y no los suyos electorales, como habitualmente parece. Deseo que
consiga avanzar en esa negociación del régimen especial.
El reconocimiento de la insularidad de la agricultura en Baleares es una exigencia histórica. El problema que ha existido no solo es el problema de la superficie, como ha dicho la proponente, sino que las declaraciones de preferencia y
ayudas de la PAC, en sus diferentes tipos, están condicionadas a la renta per cápita de la zona, normalmente del municipio, porque su objetivo es redistributivo. Como las rentas medias en Baleares son altas, lo que obviamente no quiere decir que
las rentas del productor que quiere percibir las ayudas lo sea, se impide injustamente la declaración de preferencia. Las solicitudes no son tenidas en cuenta, quedando estas zonas excluidas injustamente de la PAC. Decimos injustamente porque en
zonas con actividad turísticas las externalidades positivas de la agricultura son muy notables no solo como medio de conservación del paisaje y del entorno -la proponente ha hablado de guardianes del paisaje, y es cierto-, sino como una barrera de
protección medioambiental ante la presión turística.
En resumen, desde Ciudadanos consideramos que la agricultura en Baleares tiene un importante papel, más allá de la propia explotación agraria que a día de hoy no es reconocida en la PAC, y por ello vamos a apoyar sin fisura esta proposición
no de. Debemos aprovechar la reforma de la PAC para conseguir este régimen especial de Baleares.
Muchas gracias. Creo que me he ajustado al milímetro, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias por su intervención y por su precisión.
Vamos ahora a interrumpir brevemente por el menor espacio de tiempo posible la Comisión, al efecto de recibir todas aquellas propuestas de enmiendas transaccionales que se han planteado a lo largo del debate. A continuación procederemos a
la votación de las propuestas incluidas en el orden del día de hoy. (Pausa).
VOTACIONES.
El señor PRESIDENTE: Señoras y señores diputados, vamos a empezar y les ruego que faciliten al máximo el control de las votaciones.
En cuanto al 1.º punto del orden del día la portavoz de la iniciativa tiene algo que comentar. Por el Grupo Parlamentario de Unidos Podemos, tiene la palabra la señora Fernández Castañón.
La señora FERNÁNDEZ CASTAÑÓN: Hemos hecho una transaccional in voce con el Grupo de Esquerra, con relación a la intervención que se hizo y al trabajo que también venían desarrollando. Se añade un punto sobre la propuesta inicial de la
proposición no de ley.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Las transaccionales se pueden hacer con los grupos que han presentado enmiendas, incorporando la transaccional a la iniciativa presentada. Si no ha sido así, este es un caso atípico donde se presenta una enmienda in
voce por un grupo que no había presentado enmiendas a la iniciativa que había presentado el Grupo de Unidos Podemos. Como se ha distribuido a todos los grupos,
si no hay ningún inconveniente, se consideraría esta enmienda in voce como una enmienda incorporada al texto presentado por la proponente. ¿Hay algún inconveniente? (Denegaciones).
Entonces se somete a votación el punto 1.º del orden del día: proposición no de ley relativa al derecho a información de las personas consumidoras sobre los efectos del aceite de palma y sus derivados, medidas para garantizar el derecho a
la información y medidas para apoyar una cadena de aceite de palma totalmente sostenible para el año 2020. Se vota la transaccional entre el Grupo de Unidos Podemos, que es el proponente, y el Grupo de Esquerra Republicana.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 10; en contra, 23; abstenciones, 4.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
A continuación votamos el 2.º punto del orden del día: proposición no de ley relativa a planificar e impulsar una agricultura climática y ambientalmente sostenible, presentada por el Grupo Parlamentario Popular. Se vota en sus propios
términos.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 17; abstenciones, 20.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Vamos a someter a votación el 3.º punto del orden del día: proposición no de ley relativa a la aplicación de la Ley 35/2011, de 4 de octubre, sobre titularidad compartida de las explotaciones agrarias, presentada por el Grupo Parlamentario
Popular. A esta iniciativa se han incorporado tres enmiendas presentadas por el Grupo de Unidos Podemos, que han sido aceptadas.
Efectuada la votación, dijo
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.
Vamos a votar el 4.º punto del orden del día: proposición no de ley relativa a negociar con la Unión Europea para proteger el sector pesquero español, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. Se somete a votación en sus términos.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 29; abstenciones, 8.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
A continuación votamos el 5.º punto del orden del día: proposición no de ley sobre las autorizaciones de pesca fuera de las aguas de la Unión Europea y la gestión sostenible de las flotas pesqueras exteriores, presentada por el Grupo
Parlamentario Popular. Se vota con la autoenmienda del grupo proponente, el Grupo Parlamentario Popular.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 17; en contra, 8; abstenciones, 12.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Se somete a votación el 6.º punto del orden del día: proposición no de ley sobre la potenciación de los canales cortos de comercialización en el sector agroalimentario, presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos. Ha sido objeto de
una transacción entre el Grupo Ciudadanos, el Grupo de Unidos Podemos y el Grupo Parlamentario Popular, que es la que votamos.
Efectuada la votación, dijo
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.
A continuación votamos el 7.º punto del orden del día: proposición no de ley de apoyo a las mujeres rurales, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. Esta iniciativa ha sido objeto de una transaccional por parte de los grupos
parlamentarios Popular, Unidos Podemos y Socialista.
Efectuada la votación, dijo
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.
Sometemos a votación el 8.º punto del orden del día: proposición no de ley sobre reformas necesarias a la Ley 12/2014, de 9 de julio, sobre el Consejo Agrario, presentada por el Grupo Parlamentario Mixto.
Esta iniciativa se va a votar separadamente en cuatro votaciones, una por cada punto en que está dividida. A continuación votamos el 1.º punto de la iniciativa.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 5; en contra, 24; abstenciones, 8.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazado.
Votamos el 2.º punto de la iniciativa.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 4; en contra, 29; abstenciones, 4.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazado.
Se vota ahora el 3.º punto.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 6; en contra, 29; abstenciones, 2.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazado.
Por último, votamos el 4.º punto.
Efectuada la votación, dijo
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado por unanimidad.
A continuación votamos el 9.º punto del orden del día: proposición no de ley relativa a incorporar las comunidades de regantes como entidades merecedoras de bonificación obligatoria en las valoraciones catastrales de los bienes rústicos,
presentada por el Grupo de Esquerra Republicana. Esta iniciativa ha sido objeto de una transacción del grupo proponente, Esquerra Republicana, con el Grupo Socialista y con el Grupo Ciudadanos.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 30; abstenciones, 7.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Por último, votamos el 10.º punto del orden del día: proposición no de ley sobre el establecimiento en la nueva PAC 2021-2027 de un régimen especial para las Illes Balears, presentada por Grupo Parlamentario de Unidos Podemos. Esta
iniciativa ha sido sometida a una transacción del grupo proponente con el Grupo Parlamentario Popular.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 28; abstenciones, 9.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Señoras y señores diputados, muchas gracias por su colaboración. Se levanta la sesión.
Eran las dos y quince minutos de la tarde.