CORTES GENERALES


DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS


COMISIONES

Año 2018 XII LEGISLATURA Núm. 542

JUSTICIA

PRESIDENCIA DE LA EXCMA. SRA. D.ª ISABEL RODRÍGUEZ GARCÍA

Sesión núm. 41

celebrada el miércoles,

20 de junio de 2018

ORDEN DEL DÍA:


Comparecencia del señor presidente del Consejo General del Poder Judicial (Lesmes Serrano), para presentar la memoria sobre el estado, funcionamiento y actividades del Consejo General del Poder Judicial y de los juzgados y tribunales de
Justicia, así como la memoria del Tribunal Supremo, correspondientes al año 2016. A propuesta del Consejo General del Poder Judicial. (Número de expediente 245/000003).... (Página2)

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Se abre la sesión a las cuatro y cinco minutos de la tarde.


La señora PRESIDENTA DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS (Pastor Julián): Muy buenas tardes a todos, señorías.


La tradición y el respeto a la institución del Consejo General del Poder Judicial hacen que sea la Presidencia de esta Cámara la que dé la bienvenida a la Comisión de Justicia al señor presidente del Consejo General del Poder Judicial y
presidente del Tribunal Supremo y sitúe la razón y el contenido de su comparecencia. Muy bienvenido, señor presidente y miembros del Consejo General del Poder Judicial. Esta es una comparecencia muy importante para esta casa. Declaro abierta la
sesión de la Comisión de Justicia convocada para la celebración de esta comparecencia del presidente del Consejo General del Poder Judicial, a fin de presentar la memoria sobre el estado, funcionamiento y actividades del Consejo General del Poder
Judicial y de los juzgados y tribunales, así como la memoria del Tribunal Supremo correspondiente al año 2016. Señor presidente, habiendo concluido esta muy breve presentación, me permitirá que sea la presidenta de la Comisión de Justicia la que
partir de este momento lleve la dirección de los debates. De nuevo le doy la bienvenida y tiene la palabra la señora presidenta. Muchas gracias. (La señora presidenta ocupa la Presidencia).


La señora PRESIDENTA: Gracias, señorías. Buenas tardes.


En primer lugar, reitero la bienvenida que ha hecho la presidenta de la Cámara al presidente del Consejo General del Poder Judicial, a los vocales que le acompañan y al equipo que también está presente esta tarde en esta Comisión de Justicia
para presentar la memoria sobre el estado, funcionamiento y actividades del Consejo General del Poder Judicial y de los juzgados y tribunales de justicia, así como la memoria del Tribunal Supremo correspondiente al año 2016. Además, quiero
agradecerle en nombre de la Comisión que nos haya facilitado, a fin de actualizar más el contenido de esta comparecencia, los datos del año 2017, que nos hizo llegar en estos días previos a su comparecencia.


Antes de hablarles del formato de la Comisión, permítanme unas palabras de agradecimiento hacia el vicepresidente de esta Mesa, el compañero Matos, que ha estado sustituyéndome en funciones durante estas dieciséis semanas en las que me he
ausentado como consecuencia de mi maternidad, lo que demuestra que las mujeres podemos cumplir con ese deseo personal, individual, de ser madres y al mismo tiempo que continúen funcionando la Administración, las empresas, porque hay personas que nos
pueden suplir en esos momentos y se puede perfectamente sostener este país, porque no sólo es una decisión individual, como digo, de las mujeres, sino además muy necesaria para el crecimiento demográfico de nuestro país, que no es muy alentador en
los últimos años. Gracias a todos, así como a los portavoces que han mantenido viva esta Comisión. Muchas gracias. (Aplausos).


Entre las muchas cosas que han pasado en estas pocas semanas, también una compañera de esta Comisión, Ester Capella, del Grupo de Esquerra Republicana, ha abandonado la misma como consecuencia de nuevas responsabilidades en el Gobierno de la
Generalitat. Como presidenta de la Comisión quiero enviarle, en nombre de todos, un saludo afectuoso y desearle mucha suerte en la tarea que tiene entre manos en estos momentos, que es complicada. Asimismo, quisiera dar la bienvenida a Carolina
Telechea, la persona que la va a sustituir en esta Comisión.


Como les decía, les voy a explicar el formato de esta comparecencia. El presidente del Consejo General del Poder Judicial intervendrá en primer lugar para exponer la memoria y, a continuación, intervendrán los portavoces de los grupos
parlamentarios, de menor a mayor, en un tiempo que hemos acordado de diez minutos. Así que tiene usted la palabra, señor presidente, y a continuación, como digo, el resto de portavoces.


El señor PRESIDENTE DEL TRIBUNAL SUPREMO Y PRESIDENTE DEL CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL (Lesmes Serrano): Muchas gracias, señora presidenta.


Comienzo mi intervención saludando a todos los miembros de la Mesa y a todos los integrantes de esta Comisión de Justicia reiterando lo que siempre he expresado en cada ocasión en la que he tenido el honor de comparecer en esta Cámara.
Desde el más absoluto respeto al principio de separación de poderes, como pieza angular que es para el correcto funcionamiento del Estado de derecho, creo que la leal colaboración entre las instituciones y los poderes del Estado, compartiendo ideas,
propuestas y reflexiones con espíritu constructivo, es la manera a través de la cual podremos avanzar para dar a los ciudadanos respuesta eficaz a sus demandas y necesidades, pues nos debemos a ellos. Estoy convencido de que todos en esta Comisión
de Justicia del Congreso de los Diputados comparten con el Consejo

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General del Poder Judicial un mismo objetivo, la mejora de nuestra justicia. Saludo también a los vocales del Consejo General del Poder Judicial que hoy nos acompañan en esa sesión, a los profesionales de los medios de comunicación y al
resto de asistentes, con una mención especial al vicepresidente de la junta de personal, funcionario del Consejo General del Poder Judicial, a quien agradezco su presencia.


Como saben sus señorías, esta comparecencia responde al mandato contenido en el artículo 563 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, y en su cumplimiento procederé, como en años anteriores, a darles cuenta de los principales contenidos que se
recogen en la memoria anual del Consejo General del Poder Judicial, si bien permítanme antes que haga dos precisiones importantes de cara a contextualizar el contenido de mi intervención. La primera tan solo para recordarles que mi intención sigue
siendo dar cumplimiento al compromiso que asumí en esta Comisión en mi primera comparecencia, allá por el mes de mayo del año 2014. En aquel momento ya anuncié mi intención de convertir estas comparecencias en un instrumento realmente útil para
todos y especialmente para sus señorías, en el sentido de favorecer la mayor inmediatez posible entre los datos que se analizan y la realidad a la que se refieren. Por ello, aunque la última memoria anual del consejo, oficialmente presentada, es la
que se hizo pública el pasado año 2017, conteniendo los datos del año 2016, voy a presentarles a ustedes información actualizada al cierre del último año anterior completo, es decir, hasta diciembre de 2017, e incluso, cuando sea posible,
anticipando ya datos del inicio de este año 2018. Espero que sigan coincidiendo conmigo en que así podremos realizar entre todos un análisis más correcto de la situación, haciendo más eficaz y provechoso este mecanismo de rendición de cuentas.


La segunda precisión de la que les hablaba es, sin duda, todavía más relevante. Señorías, el mandato de este Consejo General del Poder Judicial toca a su fin. En diciembre de este mismo año 2018 se cumple el período de cinco años que
establece el artículo 122.3 de la Constitución Española. Por tanto, esta será mi última comparecencia ante la Cámara como presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial. Les anuncio que en unas semanas se activará, desde
el propio consejo, el mecanismo que establece la Ley Orgánica del Poder Judicial para proceder a la renovación de los veinte vocales que integran el órgano, quienes, una vez nombrados, habrán de elegir al nuevo presidente. La renovación de las
instituciones, señorías, es necesaria. Por ello, confiamos en que el proceso de renovación del máximo órgano de gobierno del Poder Judicial, proceso del que son protagonistas precisamente las Cortes Generales, se desarrolle con absoluta normalidad
y dentro de los plazos establecidos en la ley. En este contexto, el hecho de ser esta mi última comparecencia del actual mandato del consejo, también va a incidir en el contenido de lo que hoy les quiero trasladar. Así, comenzaré con la obligada
referencia inicial a la situación de nuestra justicia en lo relativo a los principales indicadores estadísticos, para poder ofrecer a sus señorías una breve explicación sobre cómo están evolucionando estos indicadores. Sobre este aspecto, no me
corresponde a mí efectuar un balance, pues en la evolución de tales indicadores -el de litigiosidad, pendencia, tasa de resolución, etcétera- influyen, como bien saben sus señorías, múltiples circunstancias y factores, muchos de ellos ajenos a
nuestra capacidad de actuación del Consejo General del Poder Judicial, como es el ritmo de desarrollo de la planta judicial, el nivel de dotación de medios, las reformas legales, la propia situación socioeconómica del país y un largo etcétera. No
obstante, expondré la evolución reciente de las grandes cifras de la justicia, pues ello nos permite a todos los que ostentamos responsabilidades en este ámbito conocer la realidad sobre la que debemos actuar. Lo que sí me corresponde a mí
claramente, y mucho más en esta ocasión, es efectuar un balance de las actividades desarrolladas por el Consejo General del Poder Judicial en el ejercicio de sus competencias propias y exclusivas. Y lo haré, no solo en lo relativo al último año,
como viene siendo habitual, sino en relación con lo que ha sido la etapa de este consejo en los últimos cinco años, a modo, como les digo, de balance de la misma, dado, que, repito, esta etapa ya toca a su fin. Espero que con todo ello pueda
ofrecer a esta Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados una idea de cómo este consejo ha tratado de dar cumplimiento al fin que le encomienda la Constitución española y la Ley Orgánica del Poder Judicial. Asimismo, ya les anticipo que
trataré de ser lo más breve y conciso posible en mi exposición, sin perjuicio, por supuesto, de cuantas cuestiones consideren después oportuno plantearme sus señorías.


Entrando ya, por tanto, sin más preámbulo, en el análisis de los principales indicadores de nuestra justicia, les puedo señalar que en el año 2017 en los órganos judiciales españoles tuvieron entrada un total de 5 873 689 asuntos, lo que
representa un 1,1 % más que en el año anterior; se resolvieron 5 748 410 asuntos, un 4,3 % menos que en 2016, y han quedado en trámite al final del año un total de 2 379 293 asuntos, lo que significa un incremento del 6,5 %. Estos porcentajes de
variación de asuntos ingresados y resueltos, relativamente moderados, contrastan con los que les trasladé, si lo recuerdan, el año pasado,

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que se situaban en porcentajes de descensos superiores al 30 %, lo que nos indica que la estadística ya se encuentra estabilizada, una vez absorbido el impacto que tuvo en la estadística de 2016 la entrada en vigor especialmente de las
reformas del Código Penal y de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Si nos centramos en lo que es la actividad propia de los jueces y magistrados, estos han dictado un total de 1 440 503 sentencias en 2017, lo que supone un 0,1 % menos que en el año
anterior; es decir, prácticamente el mismo número de sentencias. También se mantiene prácticamente sin variación el número de sentencias dictadas por magistrado/juez, 277,6 sentencias dictadas por magistrado en el año 2016, por 277 dictadas en el
año 2017.


Efectuando un análisis por jurisdicciones, en la jurisdicción civil el número de asuntos ingresados alcanzó los 2 040 018 asuntos, con un incremento del 9,2 % respecto a 2016. Se resolvieron 1 873 998 asuntos, un 1,6 % menos que en el año
2016, y quedaron en trámite 1 205 134 asuntos, lo que representa un 16,2 % más que al final del año anterior. En estos incrementos de asuntos ingresados y en trámite han tenido un papel muy relevante las demandas relacionadas con acciones
individuales sobre condiciones generales incluidas en contratos de financiación con garantías reales inmobiliarias, cuyo prestatario sea una persona física y, en especial, lo que todos conocemos como cláusula suelo, aunque no solo estos asuntos son
los que se engloban en esta categoría. Sin embargo, a pesar de ello, los jueces y magistrados del orden civil han dictado en el año 2017 un 1,8 % más de sentencias de media cada uno.


En cuanto a la jurisdicción penal, entraron en 2017 un total de 3 232 678 asuntos, lo que supone una disminución del 4 %, habiéndose resuelto 3 275 857 asuntos, un 6,1 % menos, y quedando en trámite a la finalización del año 705 454 asuntos,
un 2,4 % menos que en 2016. Como les decía, señorías, el importante vuelco a la baja que experimentó la jurisdicción penal en el año 2016 ya no se ha producido en 2017, pues aquel fue debido al impacto puntual que determinaron las reformas legales
en el cómputo estadístico de asuntos. Los jueces del orden penal han incrementado también, igual que los de civil, en un 0,2 % el número de sentencias dictadas en 2017 por cada uno de ellos respecto de las que dictaron en el año 2016.


En cuanto a la jurisdicción contencioso-administrativa, por su parte, se registraron 195 908 nuevos asuntos, con una disminución del 0,1 %, es decir, prácticamente sin variación un año respecto del otro. Se resolvieron 205 396 asuntos, un
3,9 % menos que en 2016, y quedaron en trámite 186 250 asuntos, lo que representa el 2,9 % inferior al año anterior. En esta jurisdicción se aprecia, a diferencia de las otras dos, un descenso en el número de sentencias dictadas por cada
magistrado, un 5,1 % menos.


Por último, en lo que a la jurisdicción social se refiere, ingresaron 404 860 nuevos asuntos, con un incremento del 5,8 %, y se resolvieron 392 927 asuntos, un 2 % menos que en 2016, y quedaron en tramitación 282 387 asuntos, lo que
representa una disminución del 0,1 % respecto del año 2016. En este caso, las sentencias dictadas por cada magistrado han descendido en un 1,9 %.


Como podrán apreciar, señorías, salvo en la jurisdicción civil, en donde hay variaciones más destacadas, debido, como les señalaba, al impacto numérico de los procesos por cláusulas suelo, en el resto de jurisdicciones no se constatan
grandes vuelcos en los parámetros de la actividad de nuestra justicia y, desde luego, en lo que más debe centrar la atención del máximo órgano de gobierno de los jueces se constata que estos, cuya actividad principal -de los jueces- es dictar
sentencia, han mantenido en 2016 un nivel de actividad equiparable en cómputo global al del año 2016.


Por lo que respecta a los grandes indicadores de la panorámica de la justicia, la tasa de litigiosidad de 2017 ha aumentado un 1 % respecto de la de 2016. Esta tasa, que mide el volumen de asuntos ingresados por cada mil habitantes, ha
quedado cifrada en 2017 en 126,1 por cada mil habitantes. Por jurisdicciones, la tasa de litigiosidad ha aumentado considerablemente en el orden civil, un 9,2 % de incremento. También ha aumentado, aunque más moderadamente, en el orden social, un
5,8 % de incremento, y ha descendido tanto en el orden penal, con una disminución del 4 %, como en el contencioso-administrativo, donde ha tenido un leve descenso del 0,2 %.


En cuanto a la tasa de resolución que representa el cociente entre los asuntos resueltos y los ingresados en el año, se ha situado al cierre de los datos de 2017 en un 0,98 en cómputo global, lo que nos indica un descenso del 5,3 respecto de
2016. La tasa de resolución ha disminuido en todos los órdenes jurisdiccionales, especialmente en la jurisdicción civil -descenso del 10 %-, y en la social, donde se ha producido un descenso del 7,4 %.


Pasando a la tasa de congestión, que es la suma de los asuntos pendientes al inicio del año más los registrados en el año dividida entre los asuntos resueltos en dicho año, se ha situado en 2017 en el 1,41 de media para todas las
jurisdicciones. Esto representa un incremento del 2,8 % respecto de la

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contabilizada en 2016. Por jurisdicciones, ha aumentado muy especialmente en el orden civil, un 6,1 %, mientras que se ha mantenido prácticamente estable, con incrementos inferiores al 1 %, en el resto de las jurisdicciones.


Por último, la tasa de pendencia, es decir, el cociente entre los asuntos pendientes al final del año y los resueltos en ese periodo, se ha situado en 2017 en el 0,41, lo que nos indica que estamos ante un aumento de la tasa de pendencia
global del 11,3 respecto al año 2016, si bien existe en este caso una notable diferencia entre el orden civil -cuya pendencia ha aumentado en un 18,2 %- y los demás órdenes jurisdiccionales, en donde también hay aumentos pero no tan acusados, un 4 %
en penal, un 1 % en contencioso-administrativo y un 1,9 % en social.


Hasta aquí, señorías, una panorámica, en todo caso muy general, de los grandes datos de la justicia española a la finalización del año 2017. Un análisis más pormenorizado y al detalle de las distintas jurisdicciones e incluso de los
distintos territorios, así como de otros muchos parámetros que no he mencionado, lo tienen disponible sus señorías en la información que previamente hemos remitido a la Mesa y portavoces de esta Comisión a través del documento titulado La justicia
dato a dato. De ese análisis podríamos extraer conclusiones más precisas pero, sin duda, nos llevaría mucho más tiempo. Sin embargo, con lo hasta aquí apuntado creo que podemos llegar a una conclusión general: nuestro sistema de justicia, al
menos en cuanto a la capacidad global para absorber con agilidad la carga de trabajo que entra en nuestros juzgados y tribunales, no ha experimentado grandes mejoras en los últimos años. Ya lo dije en esta misma Comisión en mi anterior
comparecencia y creo que lo debo reiterar ahora, nuestra litigiosidad sigue siendo elevada si la comparamos con la de los países de nuestro entorno y, aunque nuestros jueces, gracias a su esfuerzo, llevaban varios años siendo capaces a nivel global
de resolver más asuntos de los que ingresaban, esta es una situación difícilmente sostenible en el tiempo. Nuestros jueces, como ya les he indicado, están manteniendo con carácter general el volumen de sentencias dictadas, así como altos niveles de
dedicación, pero si la litigiosidad y el número de asuntos ingresados siguen aumentando y no se produce en paralelo un incremento de la planta judicial, aumentarán también, lógicamente, los niveles de pendencia y congestión. Por otro lado, siguen
existiendo en buena parte de nuestros juzgados y tribunales situaciones de colapso difícilmente soportables, así como deficiencias organizativas que aún no han sido absorbidas ni abordadas y que impiden incrementar de manera significativa, o incluso
mantener, nuestros niveles de eficacia. En un estudio realizado por nuestro servicio de inspección en el año 2016 se constató que más del 20 % de nuestros juzgados -en total 739 juzgados- superaban el correspondiente indicador de carga de trabajo
asumible en un 150 %. Casi un 11 % de los juzgados -es decir, 398 juzgados que, unidos a los anteriores, superan los 1000- se situaban entre el 130 y el 150 % del indicador de carga de trabajo. Un total de 1025 juzgados -más del 28 %- alcanzaba el
130 % del indicador de carga de trabajo. Por tanto, señorías, cabe concluir que casi el 60 % de nuestros juzgados se encuentran claramente sobrecargados, a la vez -y hay que decirlo también- que hay otros que no llegan al módulo. Esta situación de
colapso en muchos órganos y, en todo caso, de desequilibrio del conjunto del sistema, si se mantiene prolongadamente en el tiempo puede provocar que el propio sistema se resienta, como, de hecho, puede estar ocurriendo a la vista de los últimos
indicadores que les he expuesto. Así pues -aunque lo señalaré de nuevo al final de mi intervención, no está de más dejarlo ya apuntado-, señorías, creo que sigue estando pendiente la gran reforma organizativa de nuestra justicia y esta es, sin
lugar a dudas, una responsabilidad compartida por todos nosotros.


Pasando ya, como les decía al principio, a darles cuenta de la actividad desplegada por el Consejo General del Poder Judicial, me gustaría remontarme a lo que fue mi primera comparecencia ante esta Comisión celebrada el día 13 de mayo del
año 2014. En diciembre de 2013, se había constituido el nuevo consejo y cinco meses después tuve el honor de exponer ante los diputados cuáles iban a ser los ejes del mandato del consejo que por entonces iniciaba su andadura, cuáles eran los
grandes objetivos que nos habíamos marcado y cuáles los compromisos asumidos ante el Parlamento. Pues bien, próxima a finalizar la enorme responsabilidad que entonces asumimos, creo que lo que debo hacer en esta ocasión es darles cuenta de si hemos
logrado o no y en qué medida alcanzar aquellos objetivos concretos que quedaron reflejados en el Diario de Sesiones de esta Comisión.


El Consejo General del Poder Judicial iniciaba en aquel momento una nueva etapa, pero no solo por el hecho de comenzar un nuevo mandato de cinco años, sino también porque ese nuevo mandato era el primero que se desarrollaría con arreglo a la
nueva regulación del máximo órgano de gobierno del Poder Judicial que las Cortes Generales aprobaron en junio de 2013; una reforma que introdujo importantes

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novedades a las que deberíamos adaptarnos y dar respuesta. En este contexto, fueron seis en concreto los grandes objetivos que trasladé a la Cámara. Primero, hacer de la transparencia una de nuestras principales señas de identidad.
Segundo, cumplir con el mandato de austeridad que debe regir el funcionamiento de todas las instituciones públicas. Tercero, atender desde la cercanía y la participación a las demandas y necesidades de nuestros jueces. Cuarto, garantizar la
independencia, responsabilidad y profesionalidad de todos los miembros de la carrera judicial. Quinto, alcanzar acuerdos por amplias mayorías y favorecer el consenso dentro de la institución. Y sexto, contribuir, dentro de nuestro marco de
competencias, a la modernización y racionalización de la justicia.


Permítanme, por tanto, señorías, que, siguiendo este mismo esquema, les dé cuenta a grandes rasgos de lo realizado por el consejo a lo largo de este tiempo. Primer objetivo, la transparencia. Este ha sido sin lugar a dudas uno de nuestros
principales ejes de actividad. Nos lo exigía la Ley de transparencia precisamente aprobada en 2013, pero nos lo exigía también nuestro propio convencimiento; un convencimiento nacido desde la más absoluta certeza de que la transparencia en el
funcionamiento de las instituciones públicas es el principal instrumento con el que contamos para reforzar nuestra legitimidad, ganar credibilidad y aumentar la confianza de los ciudadanos, tan necesaria siempre, pero sobre todo en momentos de
dificultad. Fue este convencimiento el que nos llevó a ir más allá de lo que nos exigía la propia ley tanto en el tiempo -nos anticipamos un año a la entrada en vigor de la propia Ley de transparencia- como en el contenido asumiendo voluntariamente
el compromiso de publicar informaciones más allá de lo exigido por la propia ley. El convenio firmado en 2014 con Transparencia Internacional España, unido al esfuerzo e implicación demostrado por los miembros del grupo de transparencia del consejo
y por todos los integrantes de la institución nos han permitido ser hoy un referente en esta materia.


Al Portal de transparencia José Luis Terrero Chacón, bautizado así en memoria del que fuera nuestro secretario general y su gran impulsor, se han ido sumando progresivamente los portales de transparencia de todos los tribunales superiores de
Justicia, la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo. A través de estos portales, se encuentran a disposición de todos los ciudadanos informaciones tan relevantes como toda la actividad económica del Consejo General del Poder Judicial, la gestión
y ejecución presupuestaria, la contratación y firma de convenios, los gastos de protocolo, viajes y desplazamientos, las retribuciones, el valor económico de los bienes del presidente, de los vocales de la comisión permanente y del secretario
general, los órdenes del día y acuerdos adoptados por el pleno y las comisiones del consejo, las agendas institucionales, las agendas de señalamientos, los procesos selectivos para la cobertura de puestos judiciales y gubernativos de nombramiento
discrecional, un directorio completo y actualizado de jueces y órganos judiciales, todas las compatibilidades concedidas a los miembros de las carrera judicial y un largo etcétera. En definitiva, señorías, toda una serie de contenidos, la mayoría
asumidos además voluntariamente, que permiten a los ciudadanos conocer al detalle nuestra actividad y para estos -los ciudadanos- y con gran satisfacción para nosotros están respondiendo.


Las visitas realizadas por los ciudadanos al portal de transparencia alcanzaron en 2017 la cifra de 200 649, con un incremento interanual de más del 90 % respecto al año 2016, que rondaron las 111 000 visitas a estos portales de
transparencia y cuadruplicando las realizadas en el año 2015, donde se efectuaron unas 45 000. Asimismo, en cuanto a la difusión de la jurisprudencia, aspecto también incluido en nuestra política de transparencia, hemos constatado que la
utilización del buscador público de jurisprudencia del Centro de Documentación Judicial ha aumentado de forma exponencial, un 77,25 % en los últimos cinco años. En el año 2013 se realizaron 2 863 706 búsquedas y en el año 2017 han aumentado hasta 5
075 956 búsquedas de jurisprudencia.


En el marco de la transparencia también anuncié en mi primera comparecencia ante esta Comisión que queríamos hacer público un repositorio de datos sobre delitos relacionados con la corrupción, conscientes de la necesidad de aportar cuanto
estuviera en nuestra mano para luchar contra un fenómeno delictivo que tanto daño hace a la credibilidad de las instituciones y a la confianza de los ciudadanos. La tarea no fue fácil, pero finalmente tras un duro y complejo trabajo de coordinación
y de ordenación de la información y, como ya les anuncié en mi comparecencia del pasado año, el día 12 de enero de 2017 presentamos en el Consejo General del Poder Judicial el repositorio de datos sobre procedimientos judiciales por corrupción, con
el que estamos ofreciendo a todos los ciudadanos una forma hasta entonces inexistente de conocer la acción de la justicia en el marco global de la lucha contra la corrupción. Desde aquel momento venimos actualizando trimestralmente y sin demora la
información estadística contenida en este repositorio, que permite conocer los casos de corrupción de

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llegan a juicio y las condenas o absoluciones, en su caso, dictadas tanto a nivel nacional como con desglose por comunidades autónomas.


Termino este apartado, señorías. En materia de transparencia creo que nos podemos sentir legítimamente orgullosos y satisfechos por la labor realizada. El Consejo General del Poder Judicial lidera el primer ranking oficial de transparencia
elaborado por el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, el organismo público que tiene como función la evaluación del grado de cumplimiento de la Ley de transparencia al obtener la mejor cualificación en cuanto al cumplimiento de información
voluntaria con 9,29 puntos y situarse en segundo lugar en el apartado de transparencia obligatoria con 9,70 puntos. La suma de ambas puntuaciones sitúa al Consejo General del Poder Judicial en el primer lugar del ranking oficial de transparencia en
el que se evaluó a los distintos órganos constitucionales. En noviembre de 2017 -hace apenas unos meses- el Consejo General de la Abogacía Española y la organización no gubernamental Transparencia Internacional concedieron al Consejo General del
Poder Judicial el premio a la transparencia, integridad y lucha contra la corrupción, que reconoce a las personas y entidades que hayan demostrado una actitud firme y ejemplar en aras de esos valores. Estos reconocimientos nos reafirman en el
convencimiento de que vamos por el buen camino y de que tenemos que seguir avanzando. En estas fechas en las que vence el convenio actualmente vigente pretendemos suscribir un nuevo convenio con Transparencia Internacional España que consolide los
resultados obtenidos y permita alcanzar otros, dejando el camino preparado para que el futuro consejo pueda profundizar en esta materia.


Segundo objetivo que nos marcamos, la austeridad y la racionalización presupuestaria. En este aspecto, señorías, voy a ser muy breve. Solo les daré unos datos porque creo que hablan por sí solos. En el periodo 2013-2018 se ha reducido el
presupuesto del consejo en un 8,21 %, en un porcentaje notablemente superior al de otros órganos constitucionales. Para este año 2018 nuestro presupuesto asciende a 57,6 millones de euros, con un aumento del 2,4 respecto del presupuesto de 2017,
pero sigue siendo una cifra muy inferior a los 78,1 millones de euros de los que se disponía en el año 2010 cuando se empezaron a notar los efectos de la crisis económica. Nuestro presupuesto hoy cuenta con 20,5 millones menos que en el año 2010.
Sin embargo, en todos los centros de trabajo del consejo ha mejorado el nivel de prestaciones de su actividad económica y financiera, lo que ha tenido como efecto un incremento año tras año en el nivel de ejecución presupuestaria, principal síntoma
de una buena gestión. Hemos pasado del 76,89 % en 2014 al 84,5 % en 2017. En el anterior mandato del consejo la ejecución media en los distintos ejercicios presupuestarios fue del 76 % y en este mandato la ejecución media ha sido hasta 2017 del
80,75 %, casi cinco puntos más.


Se ha producido en esta etapa una significativa reducción de la partida destinada a retribuciones de los altos cargos, un 58,22 % menos en este período y, aunque este ahorro se minora con las cantidades que se abonan en concepto de
asistencias a plenos y comisiones de los vocales que no forman parte de la comisión permanente, estos gastos derivados de asistencias a plenos y comisiones, sumados a la cantidad correspondiente para el abono de las retribuciones de los vocales
integrantes de la comisión permanente, son notablemente menores en 2018, 1 444 500 euros, a la cantidad presupuestada para retribuciones en 2013, que fue de 2 494 810 euros. Por otro lado, las cantidades presupuestadas para gastos de desplazamiento
también se han reducido de 2013 a 2018 en un 18,03 % y los gastos de protocolo de los altos cargos se han reducido ni más ni menos que un 77,23 % desde 2013 hasta 2018. En conjunto la reducción de los costes presupuestados para altos cargos en el
periodo 2013-2018 es del 40,43 %.


Junto a todo ello, el consejo ha llevado a cabo un proceso de racionalización de sus recursos humanos. La nueva relación de puestos de trabajo aprobada por el pleno en 2015 supuso una reducción de 75 puestos de trabajo con especial
incidencia en la minoración cercana al 30 % de letrados y al 10 % del personal eventual, pasando en cifras globales de 496 dotaciones a 421. En términos económicos estas medidas se traducen en un ahorro superior al 15 %. ¿Ha supuesto todo esto una
pérdida de nuestra capacidad de actuación o la imposibilidad de cumplir con nuestra misión? En absoluto. Creo que, gracias al esfuerzo de todos y a la buena labor desarrollada por la comisión de asuntos económicos del consejo, hemos conseguido
hacer más con menos. Nos hemos organizado mejor, hemos eliminado gastos superfluos, hemos concentrado recursos en lo prioritario y hemos dado así cumplimiento al mandato constitucional reforzado en la reforma del consejo aprobada en 2013, que nos
exige a todos que la programación y la ejecución del gasto público respondan a los criterios de eficacia, racionalidad y economía.

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Por cierto, señorías, hago un inciso en este apartado relativo a nuestro funcionamiento interno para informarles de que nuestro servicio de inspección, el Servicio de Inspección del Consejo General del Poder Judicial, ha obtenido en el
pasado mes de mayo la certificación de excelencia europea, otorgada por la Fundación Europea para la Gestión de la Calidad. Se trata de una muy prestigiosa y exigente certificación de excelencia europea y el servicio de inspección del consejo se ha
convertido con este reconocimiento, que quería compartir con ustedes, en la primera organización española en el ámbito de la justicia en contar con una certificación de calidad de ámbito europeo.


Entro ya en el tercer objetivo que anuncié al inicio del mandato, el servicio a los jueces desde la cercanía y la participación. En este aspecto, señorías, hemos intentado centrar también buena parte de nuestros esfuerzos. Tanto los
vocales del consejo como yo mismo desde la presidencia hemos favorecido que el contacto con los miembros de la carrera judicial y con las asociaciones profesionales sea lo más directo y frecuente posible. Hemos aprovechado las diferentes ocasiones
en que nos hemos desplazado a los territorios para tener encuentros con los jueces de las distintas provincias y comunidades autónomas, no solo con los respectivos presidentes de tribunales superiores de Justicia y de audiencias provinciales, sino
también con jueces decanos y en general con los jueces y magistrados destinados en el territorio. Así, desde el inicio del mandato y hasta la fecha he podido mantener como presidente encuentros directos con más de mil quinientos miembros de la
carrera judicial, aparte de los contactos mantenidos de manera bilateral o conjunta con los representantes de las asociaciones judiciales. Todo ello nos ha permitido constatar de primera mano sus inquietudes, dificultades y preocupaciones que, como
todos sabemos, no son pocas, aunque no siempre la solución a las mismas esté en manos del Consejo General del Poder Judicial.


En este sentido, si tuviéramos que destacar tan solo algunas cuestiones -las más relevantes, para no alargar demasiado mi exposición-, quisiera llamar la atención de sus señorías sobre los trabajos que hemos venido realizando en el consejo
en materia de protección social de la carrera judicial, pues muchas de las conclusiones y propuestas que de tales trabajos hemos extraído -y que, por supuesto, están a su entera disposición- habrían de ser materializadas mediante reformas legales
que, como es obvio, corresponde aprobar al Parlamento, previa iniciativa en su caso del Gobierno. En otros casos las actuaciones se han abordado desde el propio consejo, habiendo alcanzado resultados tangibles como, por ejemplo, el Plan de
prevención de riesgos laborales de la carrera judicial; un plan de prevención de riesgos específico para los jueces, que anteriormente no existía y que, una vez aprobado por el consejo a principios del año 2015, nos ha permitido realizar en todos
los órdenes jurisdiccionales a nivel nacional las evaluaciones iniciales de riesgos, la evaluación específica de riesgos psicosociales, la planificación de medidas preventivas y las revisiones de las condiciones de trabajo. Todo ello, señorías, con
el objetivo de que nuestros jueces, al igual que otros servidores públicos, desempeñen su trabajo en las mejores condiciones, algo que espero que coincidan conmigo en que no solo les beneficia ellos, sino también al propio funcionamiento de la
justicia y a la calidad del servicio que se presta al ciudadano.


También era motivo de preocupación de los jueces al inicio de este mandato del consejo la situación que podríamos llamar de precariedad en la que se encontraban muchos miembros de la carrera que no tenían destino propio, debido a la
congelación del desarrollo de la planta judicial. En aquel momento, a finales de 2013, cuando comenzó la andadura de este consejo, nos encontramos con nada más y nada menos que 395 jueces en expectativa de destino, casi el 8 % de la carrera
judicial, situación que por motivos obvios era necesario remediar.


La solución que procuró el anterior consejo fue promover comisiones de servicio con relevación de funciones verticales; es decir, comisiones de servicio desde órganos judiciales de entrada hacia órganos de capitales de provincia y órganos
colegiados de su misma jurisdicción. Pero este consejo constató que las comisiones de servicio otorgadas no solo no solucionaban la problemática producida como consecuencia de la falta de creación de plazas, sino que creaban otras complejidades
añadidas debido al encadenamiento de unas comisiones con otras. Así, la solución que se dio por el actual consejo vino de la mano de las siguientes dos medidas. Por un lado, reconvertir a los jueces en expectativa de destino en jueces de apoyo a
los jueces de adscripción territorial, lo que permite que no se vincule el refuerzo a las vicisitudes de una determinada plaza. Por otro lado, y de manera coetánea, este consejo decidió aumentar la frecuencia del número de concursos de traslado,
tanto de la categoría de magistrado como de la categoría de juez, al objeto de conseguir el mayor número posible de plazas desiertas para ser ofrecidas a los jueces en expectativa de destino. Gracias a todo ello, se ha conseguido a lo largo de
estos años regularizar la situación en la que se encontraban los jueces en expectativa de destino correspondientes a

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las promociones 62, 63, 64, 65, 66 y 67. Es un esfuerzo que debe continuar, pues ya se encuentra muy avanzado en la Escuela Judicial el curso de formación inicial de los integrantes de la 68 promoción de la carrera judicial.


Asimismo, la figura de los jueces en expectativa de destino, junto con la de los jueces de adscripción territorial, estaban necesitadas de una adecuada regulación reglamentaria que diera seguridad jurídica a ambas figuras, lo que se ha
logrado finalmente después de un largo proceso participativo mediante la aprobación por el pleno del consejo en su sesión del día 24 de noviembre de 2016 del Reglamento de desarrollo del estatuto de los jueces de adscripción territorial y los jueces
en expectativa de destino.


En otro orden de cosas, pero también como reflejo de aquel objetivo general de prestar a nuestros jueces desde el consejo mecanismos de apoyo al ejercicio de su función, no quiero dejar de recordar la creación de la Unidad de apoyo para
causas por corrupción. Su objetivo y finalidades ya los conocen sus señorías pues tuve ocasión de explicarlos en mi anterior comparecencia, lo que quiero hoy trasladarles únicamente es que nuestro balance de su funcionamiento es altamente
satisfactorio. La unidad se constituyó en marzo de 2015 y a lo largo de estos ya más de tres años han ido aumentando progresivamente las solicitudes de apoyo recibidas hasta alcanzar los 136 expedientes, de los cuales diez se encuentran en estos
momentos en tramitación. Las medidas ya acordadas por el consejo en los expedientes finalizados hasta la fecha se han traducido en ochenta medidas de refuerzo de jueces, cuatro de letrados de la Administración de Justicia, treinta y tres de
personal funcionario y diecinueve solicitudes de dotación de medios materiales dirigidas a las administraciones públicas competentes y catorce requerimientos de actuación a otros órganos e instituciones.


En definitiva, el tiempo nos ha demostrado que se trataba de un instrumento útil para mejorar la respuesta judicial ante los casos de corrupción que tanta complejidad encierran y tanta preocupación generan en la sociedad. Y quisiera añadir
en este punto, señorías, que no solo el apoyo concreto a los jueces en casos de corrupción, sino que en general cada vez que ha habido causas especialmente complejas por el número de encausados, por la alarma social o por la relevancia mediática del
asunto, nuestro sistema judicial ha demostrado ser un sistema que funciona y los tribunales españoles han recibido siempre del Consejo General del Poder Judicial el apoyo organizativo y de gestión que ha resultado necesario, incluida una política de
comunicación plenamente rigurosa y transparente.


Cuarto objetivo, garantizar la independencia, la profesionalidad y la responsabilidad de los jueces. En materia de independencia, señorías, el Consejo General del Poder Judicial se ha posicionado de forma expresa, clara y pública en defensa
de la independencia judicial cuando las circunstancias así lo han requerido, que ciertamente han sido más frecuentes en los últimos tiempos. Distintos acontecimientos han exigido del consejo que hasta en ocho ocasiones en los últimos nueve meses
haya tenido que hacer públicos comunicados o declaraciones institucionales exigiendo respeto por el principio de independencia de los jueces y recordando que se trata de una de las garantías más básicas que el Estado de derecho proporciona a la
propia sociedad. Junto a ello, el consejo ha estimado en este mandato aquellas solicitudes de amparo elevadas por miembros de la carrera judicial en las que se ha constatado que se estaban produciendo circunstancias que perturbaban gravemente el
ejercicio independiente de la función jurisdiccional.


Por otro lado, en materia de profesionalidad de los jueces se ha hecho un esfuerzo -creo que notable- para fomentar la excelencia de quienes están llamados a realizar una función tan importante como es la de impartir justicia, gracias a la
potenciación y mejora de las actividades formativas de la Escuela Judicial, que tiene su sede, como saben, en la ciudad de Barcelona. Se han convocado en este periodo cuatro procesos selectivos para el ingreso en las carreras judicial y fiscal,
cinco procesos de pruebas de acceso a la carrera judicial por la categoría de magistrado, el denominado cuarto turno, y seis procesos de pruebas de promoción y especialización en los órdenes contencioso-administrativo, social y mercantil.


En formación inicial se han revisado y actualizado los planes docentes para modernizar la metodología de enseñanza y se han introducido nuevos contenidos especialmente en materia de protección de datos, justicia digital y formación
especializada en la jurisdicción social y contencioso-administrativa. Al mismo tiempo, se ha potenciado la formación en temas como violencia de género, menores, cooperación internacional, discapacidad, Tribunal Europeo de Derechos Humanos, Tribunal
de Justicia de la Unión Europea, justicia y medios de comunicación, mediación, ética judicial o técnicas de gestión. En formación continua, durante los años 2014 a 2017 se han materializado un total de 1438 actividades formativas y se han ofertado
a la carrera judicial más de 26 000 plazas, de las que se han cubierto 20 000, que significan

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un 77 % de cobertura. En esta etapa, además, se ha creado el campus virtual del Consejo General del Poder Judicial, que facilita sobremanera la formación obligatoria por cambio de orden jurisdiccional, la formación en derecho civil y
lenguas propias de las comunidades autónomas, la formación en idiomas de la Unión Europea y la formación a través de comunidades virtuales para dar una respuesta global, inmediata e incluso anticipada tanto a las novedades legislativas como a las
necesidades derivadas de cambios de criterio de especial relevancia.


Nuestra atención prioritaria hacia la formación, señorías, se refleja en el esfuerzo presupuestario que venimos realizando. El total de recursos económicos para 2018 en el presupuesto del consejo para toda la formación asciende a 8 548 040
euros, un 18,24 % más que en el año pasado. Y en cuanto a la formación continua, el presupuesto para 2018 asciende a 3 951 410 euros, lo que supera también en un 8,30 % lo presupuestado para el año anterior. Estos aumentos, sin duda, son
importantes, especialmente en ese escenario de contención presupuestaria al que antes me he referido. Nuestro presupuesto global crece este año un 2,4 %, pero el de formación crece un 18,24 %.


En lo que a la responsabilidad de los jueces se refiere, no puedo dejar de mencionar un hito importante alcanzado en esta etapa. Por primera vez los jueces españoles cuentan con un código ético propio denominado Principios de ética
judicial. El proceso hasta alcanzarlo ha sido largo debido, entre otros motivos, a que se ha tratado de que dicho proceso fuera lo más participativo posible. En el grupo de trabajo encargado de estas tareas participaron representantes de las
asociaciones judiciales, miembros no asociados de la judicatura y algunos expertos, así como personas delegadas de cada uno de los tribunales superiores de Justicia. Esta composición abierta creo que ha permitido llegar a un texto de consenso que,
a su vez, refleja una pluralidad de pareceres, lo que, en mi opinión, ha de favorecer la asunción por parte de todos de los principios de ética judicial que en el mismo se contienen. Este código deontológico, asumido por el Pleno del consejo en
diciembre de 2016, también contempla la creación de una comisión de ética judicial, compuesta por siete miembros: seis integrantes de la carrera judicial en situación de servicio activo -uno de categoría de juez, tres de categoría de magistrado y
dos de categoría de magistrado del Tribunal Supremo- y una persona de reconocido prestigio y acreditada trayectoria en el mundo académico de la Ética, la Filosofía del Derecho o la Filosofía Moral, que acaba de ser elegida.


Para proceder a la constitución de esta comisión se ha celebrado un proceso electoral en el que han ejercido el derecho al voto más del 40 % de los miembros del servicio activo de la carrera judicial, habiéndose proclamado los resultados el
pasado mes de abril. Con la constitución y entrada en funcionamiento de la comisión de ética judicial no solo hemos cumplido con el objetivo que nos marcamos, sino que también creemos que se debe dar por íntegramente cumplida la recomendación
realizada en este sentido por el Greco, Grupo de Estados contra la Corrupción, del Consejo de Europa, en su último informe de fecha 8 de diciembre de 2017.


Para terminar, señorías, con el aspecto de la responsabilidad de los jueces, permítanme tan solo que esboce una breve pincelada sobre lo que ha sido la actividad desarrollada en este tiempo por el promotor de la acción disciplinaria del
consejo. Creo que esta referencia es obligada, pues se trata de una de las principales novedades introducidas por la ley orgánica que reformó el Consejo General del Poder Judicial en el año 2013. Las innovaciones no afectaron solo a la composición
de la comisión disciplinaria, sino en especial a su cometido y función, por cuanto ya no sería un mismo órgano quien decidiera la incoación del procedimiento, designara al instructor y finalmente sancionara a un juez o magistrado o archivara los
cargos, sino que la incoación e instrucción del procedimiento y la formulación del pliego de cargos quedaba encomendada a esta nueva figura, el promotor de la acción disciplinaria, cuyo nombramiento habría de recaer en un miembro muy experimentado
de la carrera judicial con la tarea de investigar las infracciones y sostener la acusación, introduciendo de esta manera una mayor dosis del principio acusatorio en el procedimiento disciplinario -que hasta entonces era un procedimiento inquisitivo
en materia disciplinaria- y, en especial, la profesionalización de la instrucción, hasta entonces encomendada, caso por caso, a magistrados que debían seguir desempeñando su tarea ordinaria.


Pasados ya casi estos cinco primeros años, señorías, creemos que la profesionalización de la función disciplinaria del consejo ha tenido un doble efecto. Si bien, por una parte, se ha producido una disminución del número de expedientes por
año incoados a miembros de la carrera judicial por la presunta comisión de infracciones disciplinarias, pasando de una media de 54 incoaciones por año con el anterior sistema a otra de 32 incoaciones por año con el presente, por otra parte, ha
aumentado la ratio de expedientes que finalizan con la imposición de una sanción, pasando del 54,88 % al 65,51 %, respectivamente. Esto es, se ha propiciado una mejora en la efectividad de la función disciplinaria al descartar la incoación de
aquellos

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expedientes que finalizaban con la declaración de su archivo por razones ya presentes desde su inicio, y favorecer la mayor efectividad de la acción disciplinaria de aquellos otros que sí habían sido incoados. Este aumento de la eficacia de
la función disciplinaria se refleja también igualmente en el resultado de las impugnaciones de las resoluciones sancionadoras, en tanto que fueron íntegramente estimados el 34 % de los recursos contencioso-administrativos interpuestos contra las
sanciones impuestas al amparo de la anterior Ley Orgánica del Poder Judicial, mientras que el éxito de las impugnaciones jurisdiccionales deducidas contra resoluciones sancionadoras impuestas por este consejo, y tramitadas desde su inicio bajo el
paraguas de la nueva ley, es por ahora del cero por ciento, es decir, no ha sido anulada por la Sala tercera del Tribunal Supremo ni una sola de las sanciones impuestas por este consejo que han sido tramitadas en su integridad con arreglo a la nueva
ley. Asimismo, se ha reducido muy considerablemente el tiempo medio de duración de la tramitación de los expedientes disciplinarios, 128 días de media en 2014 a 84 días de media en 2017.


Entro ya en una breve referencia a nuestro quinto objetivo: el consenso. En este caso también me limitaré a dar unos pocos datos pues creo que son suficientemente ilustrativos. El pleno del consejo integrado por los veinte vocales más el
presidente, y en donde se deciden, como saben sus señorías, los asuntos más relevantes, se ha reunido desde su constitución en diciembre de 2013 y, hasta la fecha, en un total de sesenta y seis ocasiones. Se han adoptado 1202 acuerdos por el pleno
del consejo, de los cuales el 79 %, es decir, 950 de esos 1202 acuerdos, se han aprobado por unanimidad o asentimiento. El 21 % restante, 252 acuerdos, se han adoptado por mayoría. En cuanto a los nombramientos discrecionales, se han efectuado
hasta la fecha por el Pleno del Consejo General del Poder Judicial un total de 216. De ellos, solo 17, el 8 % del total, han sido aprobados por mayoría; los 199 nombramientos restantes, es decir, el 92 %, se han aprobado por unanimidad o mayoría
cualificada. Ha habido 21 nombramientos de magistrados del Tribunal Supremo, y en un 86 % de los casos han sido elegidos por mayoría absoluta, mayoría cualificada superior a los tres quintos, y solo tres de esos nombramientos lo han sido por
mayoría simple.


En cuanto a los informes a proyectos normativos, se han aprobado 142, de los que 120, el 85 %, se han aprobado por unanimidad o asentimiento, y 22, el 15 %, por mayoría. Creo sinceramente que estos datos reflejan una cara clara tendencia al
acuerdo en la adopción de las grandes decisiones, a lo que hay que sumar la nota de eficacia resolutiva y el cumplimiento de los plazos, también en lo que se refiere a la actividad de la comisión permanente responsable de la gestión ordinaria del
consejo y en donde se han adoptado un total de 26 997 acuerdos en las 311 reuniones celebradas hasta el pasado día 31 de mayo. Son casi 7000 acuerdos más que en el periodo similar del anterior mandato -casi 7000 más, cuando les hablaba de la
eficacia resolutiva y de la eficacia del funcionamiento del propio Consejo-, y con un grado de consenso, señorías, ciertamente llamativo: tan solo en el 0,5 % de los acuerdos adoptados en la comisión permanente ha habido algún voto en contra, es
decir, el 99,5 % de los acuerdos se han adoptado por unanimidad. Y el porcentaje de acuerdos en los que ha habido algún voto particular es todavía menor, el 0,15 % de los acuerdos ha tenido un voto particular. Y todo ello en una comisión
permanente que ha ido renovando su composición en seis ocasiones a lo largo de su mandato.


Llegamos así al que enuncié en mi primera comparecencia como sexto y último objetivo concreto: contribuir a la modernización y racionalización de la justicia. En este aspecto son muchas las actuaciones realizadas por el consejo en estos
casi cinco años, y si las expusiera todas con detalle faltaría a esa promesa inicial de no extenderme demasiado. Por ello, tan solo dejaré enunciadas algunas, las que consideramos más relevantes. Mencionaré, por ejemplo, la justicia digital. El
Consejo General del Poder Judicial está firmemente comprometido en la implantación de las nuevas tecnologías en la Administración de Justicia. Es un elemento nuclear de la necesaria modernización de la misma para prestar un servicio de calidad al
ciudadano. A pesar de que la dotación de recursos tecnológicos a juzgados y tribunales corresponde a las administraciones con competencia en materia de justicia, el consejo está participando de modo muy activo en este proceso, impulsando la
adopción de una serie de medidas para que el mismo se desarrolle del modo más adecuado. Así, hemos liderado un número importante de grupos de trabajo creados en el seno de la Comisión Técnica Estatal de la Administración Judicial Electrónica, con
el objetivo de corregir deficiencias en la implantación de nuevas tecnologías en los órganos judiciales detectadas por el contacto directo que se mantiene con estos. Ciertamente algunas de las soluciones implantadas han generado rechazo entre
jueces y magistrados, por lo que desde el consejo se trabaja con todas las administraciones, impulsando las soluciones de problemas críticos, la priorización de objetivos y la búsqueda de soluciones alternativas; y se están ofreciendo herramientas
informáticas a las

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administraciones que, una vez implantadas en los órganos judiciales, facilitan la reducción ostensible del papel de los tiempos de tramitación y de los costes de tramitación, como es el caso del llamado punto neutro judicial.


Mirando hacia la carrera judicial, el consejo ha puesto a disposición de los jueces y magistrados de toda España herramientas que evitan su desplazamiento o la utilización del correo tradicional y el papel como soporte y sus necesidades de
gestión -por ejemplo, para el caso de solicitud de concursos del traslado-, y se ha proporcionado a todos los jueces una identidad digital que les permite identificarse y firmar electrónicamente, avanzando de este modo hacia la transformación
tecnológica de la justicia. Asimismo, el consejo lidera muchos de los esfuerzos destinados a compatibilizar e interoperar los distintos sistemas de gestión procesal en funcionamiento en España, destacando la uniformidad lograda en los procesos de
registro. Y se han asumido las responsabilidades que en materia de protección de datos de los ficheros jurisdiccionales nos otorga la modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial del año 2015.


En este ámbito, especialmente relevante y de muy actualidad también por la entrada en vigor de la nueva normativa comunitaria, se ha creado el Comité de Protección de Datos del Consejo General del Poder Judicial y se ha nombrado
recientemente al delegado de protección de datos del consejo. Este Comité de Protección de Datos ha venido elaborando y proponiendo actuaciones, informes, guías y protocolos, asumiendo funciones preparatorias de las decisiones del consejo en el
ejercicio de esta nueva competencia como autoridad de control en materia de protección de datos.


Otro aspecto que ha centrado importantes esfuerzos en esta etapa ha sido el impulso de la mediación, instrumento que, como saben sus señorías, consideramos fundamental para una mejor atención al ciudadano. Al objeto de potenciar la
utilización de la mediación intrajudicial, hemos venido trabajando fundamentalmente en tres ejes: el primer eje, la colaboración con entidades públicas y asociaciones -destaca la firma de convenio marco con el Ministerio de Justicia y con todas las
comunidades autónomas con competencia y con los órganos de representación de las distintas profesiones jurídicas-; el segundo eje es la formación de los jueces en materia de mediación, ampliando la oferta formativa en esta materia y celebrando
múltiples encuentros con los jueces de los distintos territorios y, el tercer eje, la difusión y la divulgación de este recurso, ya que la esencia voluntaria de la mediación para las partes en litigio haría ilusoria su puesta en práctica si la
ciudadanía no la conoce, no reclama su uso o la rechaza.


En estos momentos hay 253 órganos judiciales derivando a mediación familiar, 250 órganos derivando a mediación penal, 111 derivan a mediación civil y existen proyectos piloto y convenios en mediación en los ámbitos
contencioso-administrativo, mercantil y social. En resumen, hay unos 700 órganos judiciales derivando a mediación en toda España y en todas las jurisdicciones.


Pensando también en el ciudadano y en la respuesta que recibe de la Administración de Justicia, el consejo ha hecho uso de la capacidad de actuación que le otorga el ordenamiento jurídico cuando se han producido circunstancias que así lo han
hecho necesario. Me refiero, por ejemplo, al tema por todos conocidas como cláusulas suelo. Desde el momento en que se pudo prever que los pronunciamientos del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en esta materia iban a generar una entrada
masiva de asuntos en nuestros órganos judiciales, se celebraron reuniones con los presidentes de todos los tribunales superiores de Justicia y con los jueces decanos de las principales ciudades de España, al objeto de diseñar un plan de urgencia que
contemplara la especialización de un Juzgado de Primera Instancia en cada provincia, con competencia extendida a todo su territorio, para conocer de la materia relativa a las acciones individuales previstas en la legislación de las condiciones
generales de la contratación y la protección de los consumidores y usuarios, solución que permitiría no solo evitar un colapso de los juzgados en muchos partidos judiciales, sino también dar una respuesta idéntica en tiempo y contenido a todos los
ciudadanos, con independencia de la localidad de residencia. Este plan de urgencia, amparado en la competencia que el artículo 98 de la Ley Orgánica del Poder Judicial atribuye al consejo general, y que vino acompañada de la correspondiente
formación especializada, se puso en marcha el día 1 de junio de 2017 y, el pasado 1 de enero de 2018, a la vista de la evolución de los datos, fue sustituido por otro que, manteniendo la atribución de la competencia exclusiva a determinados
juzgados, ha permitido establecer también la competencia excluyente en aquellas provincias en las que el impacto del reparto del resto de los asuntos entre los órganos judiciales del orden civil lo permite. El número de juzgados especializados se
pasó de 54 a 55.


Los resultados están siendo muy favorables desde el punto de vista del principio de seguridad jurídica y de uniformidad en la respuesta judicial, pues el 98,3 % de las 9326 sentencias dictadas en 2017 por los

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juzgados de Primera Instancia especializados fueron favorables al consumidor y, en 22 de las 50 provincias españolas, el porcentaje de sentencias favorables al consumidor, al demandante individual, fue del cien por cien en 2017. Los últimos
datos recogidos nos indican que el número de asuntos resueltos en el primer trimestre del año 2017 por los juzgados especializados en estas acciones individuales fue de 16 988, lo que representa un incremento del 60,5 % respecto a los 10 586 asuntos
resueltos en el último trimestre del año 2017. El aumento de la cifra de asuntos resueltos coincide además con la disminución del número de asuntos ingresados, que entre los pasados días 1 de enero y 31 de marzo fue de 57 955, un 26,5 % menos que
en el trimestre anterior, cuando se recibieron 78 829. La caída en la entrada de asuntos se observa también en la evolución dentro del propio trimestre. Si en enero ingresaron algo más de 26 000, en febrero fueron en torno a 17 000 y, en marzo,
fueron poco más de 13 000, es decir, que hay una clara disminución del ingreso. El incremento del número de asuntos resueltos y el descenso de los ingresados ha supuesto que la tasa de resolución a nivel nacional en el primer trimestre del año haya
alcanzado ya el 29,3 frente al 13,4 del último trimestre de 2017. Todo indica, por tanto, que, tras la importante avalancha inicial de asuntos, la situación se puede ir estabilizando en los próximos meses, pues, aunque la foto fija de la situación
todavía no sea buena, evidentemente, hay una tendencia muy clara al incremento de la tasa de resolución y al descenso de la litigiosidad por este concreto motivo.


Otro asunto que también nos ha ocupado durante esta etapa, en atención a la perspectiva social que asimismo tienen las actuaciones del consejo, es el relativo a los desahucios. Hemos tratado de que los órganos judiciales dispongan de
instrumentos eficaces para que por la vía de la colaboración se puedan activar los mecanismos de protección social ante los casos de vulnerabilidad derivados del lanzamiento de la vivienda familiar. Los convenios de colaboración con las comunidades
autónomas y entidades locales que se habían firmado en la etapa anterior contenían cláusulas que difícilmente podían ser cumplidas por los jueces. Por ello, desde el convencimiento de que también el Poder Judicial puede ser cauce para detectar
situaciones de vulnerabilidad, se inició un laborioso trabajo de revisión y novación de los convenios anteriormente suscritos en esta materia, y gracias a ello a día de hoy tenemos suscritos y en vigor convenios con las comunidades autónomas de
Andalucía, Castilla-La Mancha, Navarra, Aragón, Comunidad Valenciana, Galicia, La Rioja y Asturias y se encuentran en tramitación los de la Región de Murcia, País Vasco y Canarias.


Por otro lado, en cuanto al Foro de Justicia y Discapacidad, destacar entre otras muchas actuaciones la publicación, en 2015, conjuntamente con el Boletín Oficial del Estado, del Código de la Discapacidad, así como el continuo reforzamiento
de las actividades formativas en esta materia y la constitución dentro de la judicatura de una red de delegados de discapacidad, integrada por magistrados y magistradas expertos en discapacidad y llamados a promover acciones dirigidas a mejorar la
atención judicial de las personas con discapacidad. Esta red de delegados se reúne dos veces al año con el órgano rector del Foro Justicia y Discapacidad, al objeto de coordinar actividades y abordar nuevas actividades, y cuenta, desde abril de
2017, con su propio protocolo de actuación formalmente aprobado por la comisión permanente del consejo.


Por su parte, la Comisión de Igualdad del consejo ha desplegado una intensa actividad en el periodo 2014-2018. El anterior consejo aprobó en febrero de 2013 el Plan de Igualdad de la Carrera Judicial y, a nosotros, nos ha correspondido
implementarlo en sus distintos ejes. Si tuvieran interés sus señorías podría darles en el siguiente turno de intervención información detallada sobre resultados alcanzados y actividades realizadas en cada uno de los once ejes del Plan de igualdad,
pero ya les anticipo que, en general, el cumplimiento de objetivos es elevado, sobre todo en materias tales como acceso a la carrera judicial, promoción profesional, formación y sensibilización, conciliación y seguridad e higiene en el trabajo. No
obstante, constatamos que hay todavía mucho margen para avanzar en materia de igualdad real.


Junto al desarrollo del Plan de igualdad, el consejo ha tenido una participación muy activa en la lucha contra la trata de seres humanos, habiendo desplegado una intensa labor de cooperación interinstitucional así como formación y
sensibilización. En este marco se está elaborando en estos momentos en el seno del consejo una guía de criterios de actuación judicial frente a la trata de seres humanos que esperamos que muy pronto pueda ver la luz.


En materia de claridad del lenguaje jurídico nos enorgullece sobremanera haber podido presentar en esta etapa el Libro de estilo de la Justicia, el Diccionario del español jurídico y el Diccionario panhispánico del español jurídico, tres
magníficas obras que son el resultado tangible del convenio de colaboración que se firmó en 2014 con la Real Academia Española.

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Son muchos otros, señorías, los ámbitos de actuación del consejo, pero sé que no debo alargarme mucho más. Permítanme tan solo mencionar la actividad especialmente intensa que hemos desplegado en estos años en el ámbito internacional, tanto
en Europa como en Iberoamérica y en los países del ámbito mediterráneo. El detalle de todo ello pueden encontrarlo, como saben, en nuestra memoria anual de actividades; únicamente les diré que se ha pretendido, y creo que logrado, reforzar nuestra
presencia en instituciones y foros internacionales así como estrechar los lazos de colaboración con otros países, que tan importantes son en un mundo cada vez más globalizado en todos los ámbitos y también, lógicamente, en el judicial. Hasta aquí,
señorías, el repaso general de lo realizado por este consejo para cumplir los compromisos concretos asumidos al inicio del mandato.


Quiero terminar mi intervención con una serie de -podríamos llamar- peticiones que me gustaría dejar planteadas ante esta Cámara de cara al futuro. Pero antes, una referencia especial -y creo que muy necesaria- a la lucha contra la
violencia de género: La intensa labor de seguimiento que ha venido realizando el Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género nos indica, lamentablemente, que queda mucho, muchísimo, por hacer pues aunque alguno de los indicadores sí dan
muestras de mejora -hay más denuncias presentadas, hay más órdenes de protección concedidas, hay más sentencias condenatorias- no ha descendido lo principal, que es el número de víctimas. Por ello, y plenamente convencidos de que todas las
instituciones implicadas tenemos mucho que aportar, el Consejo General del Poder Judicial ha colaborado activamente, como muy bien saben sus señorías, en el proceso de gestación del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, presentando
propuestas y estudios que en su gran mayoría se han visto reflejados en ese pacto. En este momento estamos trabajando intensamente en el cumplimiento de las medidas del pacto de Estado que nos competen. El pasado día 8 de febrero la Comisión
Permanente del consejo analizó al detalle todas ellas y acordó la forma de implementarlas, tarea en la que están implicados en este momento el grupo de expertos del observatorio; el servicio de inspección; el promotor de la acción disciplinaria,
en su vertiente de recepción de quejas de ciudadanos; el servicio de formación continua y la sección de estadística judicial.


En cualquier caso, y al margen del pacto de Estado ahora en fase de implementación, el consejo siempre ha prestado una especial atención a la formación de nuestros jueces en violencia de género. Se realiza formación obligatoria previa para
todos los jueces y magistrados que pasan a prestar servicios en órganos especializados en violencia de género. Esta materia -la de la violencia de género- también se incluye en los planes de formación inicial para los nuevos jueces. Y se han
reforzado los contenidos en materia de violencia de género dentro de los planes de formación continua. En los últimos cinco años se han llevado a cabo cerca de 200 actividades relacionadas con la violencia de género, habiéndose ofertado más de 4000
plazas, y solo para este año 2018 está prevista la celebración de 32 cursos con una oferta total de 700 plazas.


Ya concluyo, señorías. Están próximos a finalizar los cinco años de mandato de este Consejo General del Poder Judicial, y creo sincera y humildemente que gracias a la implicación y entrega demostrada por los vocales del consejo, a quienes
es justo agradecer el trabajo realizado, hemos avanzado de manera significativa en muchas áreas de actuación, del mismo modo que sin duda sé que quedan cosas por hacer. Son muchos los aspectos que requieren atención para la mejora de nuestra
justicia, y aprovecho esta ocasión para dejar trasladadas a sus señorías algunas cuestiones que de cara al futuro me parecen especialmente relevantes.


Creo necesario -lo he dicho ya en múltiples ocasiones- prestar la debida atención a las legítimas reivindicaciones que en estos momentos están reclamando los miembros de la carrera judicial y que les han llevado incluso a convocar
recientemente una jornada de paro. Hay que mejorar en la medida de lo posible sus condiciones de trabajo y responder adecuadamente a la especial dificultad que entraña su labor, pues con ello estaremos favoreciendo la calidad de un servicio que es
pieza fundamental para el funcionamiento del Estado de derecho: las retribuciones, la protección social, las cargas de trabajo, los medios materiales y los permisos y las licencias, señorías. Me consta que se encuentra ahora en tramitación en esta
Cámara un proyecto que restituye a los jueces los derechos perdidos y que toda la Función pública española ha recuperado ya, y espero que pueda salir adelante, porque simplemente es lo justo y también es muy importante la carrera profesional de los
jueces. Hay que establecer un nuevo diseño de carrera para los jueces, pero debe ser la Ley Orgánica del Poder Judicial la que lo recoja, pues es una materia que afecta al Estatuto de los jueces y, en consecuencia, está reservada a la ley orgánica
como garantía de función. Ese nuevo diseño de carrera debe favorecer y premiar de manera real la

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formación, la especialización y la excelencia objetivando claramente los méritos que den acceso a las altas instancias judiciales y a los puestos gubernativos.


Por otro lado, señorías, hay que abordar las grandes reformas estructurales en esta justicia, que siempre por un motivo u otro acaban postergadas. Mientras no se lleve a cabo una gran reforma organizativa de la Administración de Justicia,
difícilmente serán superables las actuales ineficiencias, que impiden -como veíamos al principio- que los grandes indicadores de asuntos pendientes, tasas de resolución o tiempos medios de respuesta experimenten mejoras significativas. También es
necesario modernizar ciertos aspectos de nuestra legislación procesal, muy especialmente en el orden penal. Sigue estando pendiente, sin perjuicio de la introducción de reformas parciales de cuya utilidad no dudo, la reforma global y definitiva de
nuestra Ley de Enjuiciamiento Criminal. Es necesario estudiar el modelo en su conjunto, modernizar la investigación penal estableciendo un nuevo diseño de enjuiciamiento criminal que conjugue adecuadamente, como en otros modelos de derecho
comparado, las garantías procesales con la celeridad. También hay que seguir avanzando en la plena implantación de la digitalización de nuestra justicia. Sabemos que se está trabajando mucho en ello. El propio consejo lo está haciendo y está
colaborando, como ya les he expuesto anteriormente, pero hay que avanzar en una digitalización plena, real y efectiva, con nuevos métodos de trabajo que alcancen no solo a la eliminación del papel, sino además a la propia integración de las nuevas
tecnologías en el propio desarrollo del proceso. No olvidemos la dotación de medios. Hay que invertir en justicia, y hay que hacerlo de manera suficiente y con una adecuada planificación, aunando y coordinando esfuerzos entre las distintas
administraciones implicadas.


Finalmente, y aunque esta enumeración no ha pretendido ser exhaustiva, hay que prestar la máxima atención siempre a los principios de colaboración, respeto y lealtad institucional. En nada y a nadie ayudan actitudes tendentes a desacreditar
ante la sociedad la legitimidad de nuestras instituciones, pues la fortaleza de estas está directamente vinculada con el progreso y la convivencia pacífica en nuestro país. Así lo creemos en el máximo órgano de gobierno del Poder Judicial y así lo
hemos expresado públicamente siempre que ha sido necesario. Es un Poder Judicial que ha dado y está dando sobradas muestras de independencia y de responsabilidad a la hora de dar respuesta a los retos a los que se enfrenta nuestro Estado de
derecho. Nuestro mandato finalizará en diciembre de este año 2018, coincidiendo precisamente con el 40.º aniversario de la promulgación de nuestra Carta Magna. Fue la Constitución española de 1978 la que creó la institución que he tenido el
inmenso honor de presidir, por lo que espero que a la finalización de este año podamos conmemorar como se merece el 40.º aniversario de la norma fundamental y del propio Consejo General del Poder Judicial, sin olvidar el 70.º aniversario, también en
estas fechas, de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.


Muchas gracias a todos, señorías, por la atención que me han prestado. En el Consejo General del Poder Judicial quedaremos a la espera de recibir las resoluciones que esta Comisión considere conveniente aprobar tras esta comparecencia y
procederemos, como siempre, a efectuar un detallado análisis y valoración de los mismos. Por el momento, quedo a su disposición para todo aquello que consideren oportuno plantearme.


Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Lesmes.


A continuación, tienen la palabra los grupos parlamentarios. Entiendo que el Grupo Parlamentario Mixto va a compartir su tiempo. En primer lugar, el señor Bataller.


El señor BATALLER I RUIZ: Muchas gracias, presidenta.


Señor Lesmes, buenas tardes y bienvenido, de nuevo, a esta Comisión de Justicia. Soy Enric Bataller, el diputado de Compromís y portavoz adjunto en el Grupo Mixto.


Hemos recibido muchos datos de la lectura de esta memoria, pero tratándose de la memoria del Consejo General del Poder Judicial, uno de los tres poderes del Estado, echo en falta que estos datos fueran acompañados de un mayor análisis de las
consecuencias lógicas que se derivan de muchos de ellos y de la necesidad de corregir algunos sesgos más que evidentes. En exposiciones anteriores ya tuve oportunidad de referirme a una cuestión muy importante que se desprende de la lectura de
todas estas memorias, la relativa a la evidente brecha de género que existe en el Poder Judicial. En su última comparecencia ya tuve oportunidad de indicárselo y ahora vuelvo a sacarlo a colación. Si vemos las estadísticas que nos ha dado, la
conclusión que se extrae es que, teniendo en cuenta que en el Poder Judicial la mayoría ya son mujeres y, además, que esta mayoría se refuerza cuanto menor es el tramo de

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edad, las mujeres en el Poder Judicial continúan relegadas a una situación más bien secundaria, mientras que para los hombres se reservan posiciones de mayor proyección. Me limito a poner de manifiesto que son más mujeres que hombres las
que disfrutan de licencias por asuntos propios y muchos más los hombres que disfrutan de licencias para realizar estudios en España, y no hablemos de cuando se trata de realizar estudios en el extranjero, que son casi el 72 % de hombres. Esta
brecha de género además se pone de manifiesto en las compatibilidades docentes, de las que disfrutan en mayor medida los hombres respecto a las mujeres, así como en las actividades encomendada al servicio de relaciones internacionales, en donde han
participado 402 hombres frente a 197 mujeres, menos de la mitad. Esto lo vemos también en las actividades de formación continua. En definitiva, vemos que las cifras cantan -si se me permite la expresión- y han venido cantando desde memorias
anteriores. Echamos en falta en esta memoria medidas para acabar con esta situación.


Es importante hablar de otra cuestión, de la que no se extraen las consecuencias debidas. Cuando se hace referencia al uso de las lenguas oficiales diferentes al castellano en el ámbito judicial, se nos dan cifras respecto al conocimiento
acreditado de lenguas, a las certificaciones de los jueces y magistrados, pero no se nos responde a una pregunta capital: ¿Se puede garantizar que, actualmente, en el Poder judicial se va a cumplir con el mandato del artículo 120 de la Constitución
que impone que las actuaciones judiciales sean predominantemente orales, sobre todo en materia criminal, y está suficientemente garantizado el conocimiento por parte de los jueces de las lenguas oficiales distintas al castellano? ¿Se puede cumplir
con este mandato?


Nos preocupa también el tema de la mediación, sobre el que la memoria se extiende bastante -páginas 174 y siguientes-. Agradezco los datos que se nos ofrecen, pero echo en falta que se nos indique cuáles son las medidas que a su juicio
deberían adoptarse tanto por el Legislativo como por el Ejecutivo para conseguir una mejora en la mediación. Ya sé que ustedes se curan en salud y empiezan diciendo que realmente el consejo no dispone de medios para hacer una promoción completa de
la mediación, pero sí nos gustaría que nos ofrecieran unas guías.


En cuanto a la cuestión de la vivienda, a la que usted ha aludido, y los convenios que han realizado con diversas comunidades autónomas, también echo en falta una consecuencia de esto y cuáles son las medidas que nos sugeriría para proteger
a la gente más débil en casos de desahucio; ¿cuál es la orientación, desde un punto de vista procedimental, que ustedes nos ofrecerían?


Por último -y con esto concluyo-, comentaré algo que nos ha dado bastantes quebraderos de cabeza en el curso de esta legislatura, que es el sistema LexNET. ¿Qué soluciones nos propondrían? Y, sobre todo, ¿qué piensan de la necesidad de
residenciar su gobernanza en el Poder Judicial?


Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.


Señora Ciuró.


La señora CIURÓ I BULDÓ: Gracias, señora presidenta.


Gracias, presidente del Consejo General del Poder Judicial, por comparecer hoy, esta tarde. Si bien es cierto que usted ha manifestado que podría ser esta su última comparecencia en esta Cámara, me ha parecido oportuno hacer un comentario
de la valoración que usted ha hecho, como de revista, de sus actuaciones durante estos cinco años y decirle cuál es nuestra visión sobre este balance de su mandato. Ciertamente, a usted le ha tocado una gestión difícil en una época difícil. Usted
ha sido el presidente del nuevo Consejo General del Poder Judicial, además durante una época de auténtica crisis económica, muy dura, y con una cuestión política encima de la mesa muy importante para un Estado, como es la voluntad de independencia
de una parte de su territorio. Ninguna de estas tres cuestiones es menor. En la primera, en lo que se refiere a su presidencialismo, ha recibido usted críticas precisamente de ello; le han dicho que ostentaba una Presidencia extremadamente
personalista, algunos decían que se le había hecho un traje a medida al nuevo presidente del consejo. Lo cierto y verdad es que muchos vocales se sentían como vocales de segunda, como si hubiese vocalías a dos velocidades, los miembros de la
permanente y el resto de vocales del Consejo General del Poder Judicial, que necesariamente debían compatibilizar su función profesional con ser miembros del consejo, un hecho un poco peculiar en las salas de vistas. Como profesional de la
justicia, como abogada, imagino qué es lo que hubiese pensado yo si tuviese delante a un miembro del Consejo General del Poder Judicial como abogado contrario.


Como le decía, a usted le han tocado temas difíciles en su gestión, como esta crisis económica, que le ha llevado a tener que vivir un par de huelgas de un colectivo que precisamente no es proclive a la

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movilización; han sido reivindicaciones por la carga de trabajo. Es cierto que los medios de la justicia siguen siendo escasos -ha habido una crisis económica que también ha perjudicado en esta cuestión-, pero es que además se manifiestan
también reclamando más independencia judicial en las altas instancias, lo dicen los propios jueces que se han manifestado en estas dos huelgas en un colectivo -como digo- poco dado a la manifestación. Se quejan de los nombramientos; se quejan de
que hay falta de objetividad, falta de los requisitos de mérito y capacidad para poder escalar en los puestos de la judicatura. Hay una parte de subjetividad que usted mismo ha reconocido cuando nos ha explicado cómo se ha llegado a los acuerdos
-algunos por minoría, otros por mayoría absoluta, otros por mayoría cualificada-, en el seno del Consejo General del Poder Judicial. Hay un reglamento de 2010 del consejo que establece unos criterios muy generalistas. ¿Por qué no se determina con
mayor exactitud qué es lo que se prima? ¿Por qué no hay una baremación que evite esta subjetividad a la hora de nombrar y, por tanto, el mérito y la capacidad entren en valoración objetiva para hacer llegar a los mejores a las mejores plazas de la
judicatura y en consecuencia trabajar un poco más en beneficio de esta independencia judicial?


Lo cierto y verdad es que en principio se marcha usted al final de este mandato dejando una justicia muy débil no solo a nivel de percepción de los ciudadanos, que así lo manifiestan en las encuestas, sino también de criterios objetivos que
vienen de fuera de las fronteras españolas. Usted ha dicho que ha visto pruebas de independencia. Nosotros hemos constatado de forma objetiva pruebas precisamente de falta de independencia. El informe Greco dice que España está muy lejos de
cumplir sus recomendaciones, así como Transparencia Internacional y el Foro Económico Mundial, que sitúa el índice de independencia judicial de España a nivel de Bostwana. Incluso The Economist dice algo que entiendo que para la cuarta autoridad
del Estado español tiene que ser muy doloroso; dice que la respuesta del Estado al procés d' independència de Catalunya podría convertir a España en una democracia imperfecta. Y aquí enlazo con el tercero de los temas delicados a los que yo les
ponía el farolillo. The Economist resalta que España es de los países que más han empeorado en 2017 como consecuencia de su reacción al procés de Catalunya, con referencia al 1 de octubre y todo lo que ha sucedido alrededor del mismo: brutalidad
policial, judicialización extrema de la política, encarcelamiento de políticos y líderes soberanistas. Me gustaría saber cómo valora el presidente del Consejo General del Poder Judicial, y cuarta autoridad del Estado español, el balance que hace
The Economist.


Para terminar, señor Lesmes, la verdad es que la estrategia de buscar cobijo fuera de nuestras fronteras de los líderes soberanistas, el president Carles Puigdemont y els consellers legítims, está dando su fruto al contrastar la justicia que
hay en Bélgica, en Escocia, en Alemania o en Suiza con la justicia española. Están diciéndoles que no hay motivos para que estas personas sean juzgadas por delitos tan graves como el de rebelión, porque no existe violencia. Hoy están juzgando qué
es lo que pasa con el delito de malversación de fondos según las palabras del exministro Montoro y del expresidente del Gobierno Rajoy. Hoy en día en España hay personas presas sin juicio y sin sentencia en un abuso de la prisión provisional,
cuando en los países que están valorando la extradición de estos líderes políticos no se les priva del bien más preciado, que es la libertad. Quisiera saber cómo valora el presidente del Consejo General del Poder Judicial que pueda haber personas
encarceladas en lo que a esta diputada le parece un abuso de la prisión provisional, especialmente si contrastamos esta cuestión con la justicia europea, por no hablar de la vulneración de los derechos civiles y políticos de personas escogidas
democráticamente, en plenitud de goce de sus derechos políticos, a las que se les ha privado del derecho a asistir a las Cámaras para la toma de posesión, cuando, como consecuencia del mandato popular, habían sido elegidas como diputados. En
nuestra opinión, una vez que usted abandona el Consejo General del Poder Judicial, la situación no es muy positiva.


Le agradezco de nuevo su comparecencia y estaré atenta a su respuesta.


Gracias.


La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.


A continuación, por el Grupo Parlamentario Vasco, señor Legarda.


El señor LEGARDA URIARTE: Muchas gracias, presidenta, y muchas gracias también, presidente del consejo, por su presencia y por las explicaciones que nos ha dado.


Nos ha relatado la memoria correspondiente al año que se examinaba y en cierta medida ha hecho también un balance del modelo del consejo desde 2013, ahora que ya toca renovarlo a final de año. Al calor de dicho balance, no puedo dejar de
citar un artículo reciente que he visto en un medio de

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comunicación social, en el ABC, según el cual más de un tercio de los vocales del consejo hacían un balance de este modelo de consejo y de su gestión manifiestamente crítico hacia el modo en que usted ha dirigido el consejo. Ya se anunció
que el modelo de 2013, el modelo Gallardón, fracasaría: por la reformulación de la elección de los vocales, por la estructura y funciones del consejo, por el modelo de dos tipos de vocales, por la concentración de poder en la comisión y en su
presidente, por la jerarquización del pleno respecto a la comisión permanente, etcétera. Pero lo que comentan más de un tercio de estos vocales es que el modelo nacía lastrado sí, pero a lo que más achacan la crisis del modelo es a su gestión.
Dicen literalmente que la versión menos deseada del consejo es la que usted ha llevado a término, el modelo más presidencialista y menos colegiado que nunca. Y también dicen más de un tercio de los vocales que usted ha ido aislando -empleo palabras
casi literales- progresivamente a un número importante de vocales de la no permanente, cosa que yo ya puse de manifiesto en la primera comparecencia en la que tuve ocasión de participar, cuando usted nos exponía la memoria hace dos años. Asimismo,
se dice que ha utilizado la comisión permanente, que es el núcleo de poder del consejo -ya se decía cuando se inició la reforma-, para premiar o castigar con su inclusión o no a los vocales a su antojo, y estoy leyendo literalmente. La ley
recomendaba la renovación anual de la comisión para que todos los vocales pudieran pasar por ella al menos durante dos meses, y leo otra vez literalmente: lo cierto es que quien ha sido leal no a la institución, sino al presidente, se ha quedado
durante casi todo el mandato. Dicen también, siguiendo la máxima de una frase que se le atribuye a usted -no sé si será correcta-, que a los jueces se les controla con el palo y la zanahoria, y precisamente se le acusa de esta política respecto a
ciertos consejeros del consejo, que a algunos les aplica el palo y a otros, la zanahoria.


También se pone de manifiesto en el sistema de recursos -la figura del promotor es, como usted decía, el que sostiene la acusación, a modo de la fiscalía en un proceso penal- que de buena parte de los archivos, que se cifran en un 50 % de
las denuncias, no tiene noticia el pleno. Ustedes -usted y la permanente- deciden revisarlos o no. Efectivamente, queda el recurso a la Tercera del Supremo, pero creo que es un recurso que no tiene mucho éxito -no sé si actualmente era para
cuestiones como las tasas, las costas o lo que fuere-. El caso es que también se le achaca a usted esa monopolización del consejo a través de la permanente, y en un tema tan vital como es el de los recursos frente a los archivos -o el conocimiento
de los archivos- el pleno no tiene noticia. También se pone de manifiesto como balance que no ha sido tan receptivo respecto a las reclamaciones de los jueces, y ponen dos ejemplos que voy a recordar. Uno es el de la jueza Alaya en el caso de los
ERE, que se ha quejado repetidamente de no tener amparo del consejo en relación con los ataques que le iban haciendo sobre la instrucción que llevaba a cabo, y el otro es el del juez Ruz, que fue la permanente del consejo la que decidió no prorrogar
su instrucción en la Audiencia Nacional y mandarle al juzgado del que ciertamente era titular. En definitiva, se nos habla de un régimen -también leo literalmente, según venía en el medio hace dos o tres días- autoritario y dictatorial, un modelo
que concentra todo su poder en el presidente y en su falta de mano izquierda. Y en el medio de comunicación se dice que a usted se le quiso dar voz para que pudiera contrastar estas opiniones de esa parte muy relevante del consejo y que usted
declinó la invitación. Le ofrezco su turno de respuesta en esta Comisión para que nos matice, si quiere, estas acusaciones que considero importantes y que usted no tuvo a bien contrastar con el medio de comunicación.


Pasando a otros asuntos ya no directamente vinculados con este balance al que he hecho referencia y que está reflejado en ABC, cuya autoría -no pongo en duda las fuentes del medio- corresponde a una parte muy relevante de los vocales del
consejo, me quisiera referir al caso Gürtel. Quiero preguntarle cuál fue el motivo por el que el consejo no salió al paso de las duras críticas que se hicieron tras la sentencia, y no lo digo por este caso en concreto sino porque me llama la
atención que el consejo siempre haya salido con celeridad y contundencia frente a todas las críticas que se han hecho contra las sentencias que condenaban a líderes independentistas catalanes. Simplemente le pregunto cuál es la razón de esa
distinta manera de comportarse del consejo que usted preside.


También quisiera referirme a un caso que ha tenido mucha repercusión social y en los medios de comunicación este año, me refiero al caso de La Manada. Quisiera plantearle una serie de cuestiones. Primero, cómo fue posible que se conociera
la filiación de la joven violada a través de documentación judicial, cómo fue posible que el consejo reaccionara tan tarde y qué medidas se han adoptado, preventivas -para que no vuelva a suceder- y reactivas en el caso referido. Respecto a este
mismo caso de La Manada me gustaría saber cómo no se tomaron medidas para que, dada la repercusión que ya tenía el caso durante la fase de instrucción y que tuvo más durante la fase oral, la sentencia no tardara más de

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seis meses en ser dictada, cómo no se tomaron medidas para evitar esta dilación, medidas -digo- por parte del consejo a efectos de relevar a ese tribunal de otras cargas que, al parecer, le impidieron dictar una sentencia relativamente
inmediata una vez finalizado el juicio oral. También me gustaría preguntarle por qué el consejo reaccionó tan tarde y tan descoordinadamente en relación con el impacto de la sentencia en la sociedad. Cada día oíamos una declaración distinta de
distintos vocales del consejo o del presidente del Tribunal Superior de Justicia de Navarra. Me gustaría saber cómo no se tuvo mucha más previsión y mucho más acierto en un caso que ha sido muy relevante y que creo que no ha dejado bien parada la
imagen del propio consejo.


Paso a las reivindicaciones de las asociaciones judiciales, que tuvieron una significativa repercusión sobre todo porque se manifestaron a través de una huelga. Esa huelga fue anunciada, la oímos y la vimos en los medios de comunicación.
En primer lugar, ¿qué hizo el consejo ante esta huelga? Porque esta huelga sucedió e incluso, como le he dicho, la vimos. Según el consejo, ¿los jueces y magistrados tienen derecho a la huelga? Si lo tienen, ¿por qué no hubo un decreto de
servicios mínimos o una disposición de servicios mínimos? Si no tienen derecho a la huelga, ¿qué medidas ha tomado el consejo respecto a los jueces y magistrados que se manifestaron? Creo que hay un acuerdo de pleno de 2009 en el que se dice que
carece de soporte normativo, pero una cosa es que se diga que carece de soporte normativo y otra que se actúe como si no pasara nada. Me parece que eso no puede ser. Por ello le pregunto si va a adoptar alguna decisión de cara al futuro, por si
nos volvemos a encontrar con una situación de este calado. Como le he dicho, no es de recibo que se siga actuando como si no pasara nada. En cuanto a las reivindicaciones concretas, me gustaría preguntarle qué opinión le merecen. Hay
reivindicaciones de dos tipos, unas políticoconstitucionales y otras que son netamente profesionales. En cuanto a las políticoconstitucionales, me gustaría saber su opinión respecto a esa reclamación que hacen las cuatro asociaciones de que la
elección de los vocales de procedencia judicial del consejo sea directa por los jueces. Me gustaría saber qué opina al respecto. En cuanto a las profesionales, hay reivindicaciones en cuanto a retribuciones, nombramientos, sustituciones, pero me
gustaría centrarme en una: cargas de trabajo. Esta Cámara ha aprobado durante una serie de años que el consejo determine las cargas de trabajo de los órganos judiciales porque están directamente relacionadas con una nueva planta pero también con
la salud laboral -digamos- de los trabajadores, jueces y magistrados, y todavía no conocemos ningún documento sobre el reparto de cargas de trabajo y cuáles son los módulos. En alguna ocasión hemos oído -y lo voy decir coloquialmente- echar la
pelota al ministerio, como si fuera su responsabilidad. Nosotros creemos -y en las resoluciones de esta Cámara figura- que es una responsabilidad, al menos inicialmente, del consejo y es algo que forma parte de las reivindicaciones más importantes
de las asociaciones.


Por último, en cuanto a las asociaciones judiciales, parece que la relación con usted ha sido difícil, según tengo entendido. Me gustaría saber por qué se les niega la legitimación para recurrir los nombramientos y por qué se les sigue
negando una capacidad de negociación con el propio consejo. Para finalizar, presidenta -y voy terminando-, la última cuestión que le quería plantear es la relativa al mecanismo dispuesto para atender a las demandas contra la banca en los llamados
préstamos hipotecarios en sus distintas manifestaciones. Inicialmente, se habilitaron cincuenta y cuatro juzgados -creo que era uno por capital y más por isla en función de la entidad de la isla- y en el primer trimestre de 2018, según hemos tenido
ocasión de conocer, se cerraron con 280 000 demandas acumuladas. Quedan pendientes las que todavía están entrando y, según fuentes judiciales, decenas de miles de casos pendientes de reparto. El nivel de resolución de los asuntos es de un 14 %.
Efectivamente, con estos cincuenta y cuatro juzgados y un 14 % de asuntos resueltos, no sé cuándo vamos a acabar.


La señora PRESIDENTA: Señor Legarda, tiene que ir acabando.


El señor LEGARDA URIARTE: Acabo ya.


Aparte de haber creado un juzgado más, pasando de cincuenta y cuatro a cincuenta y cinco, querría saber si el consejo piensa adoptar alguna otra medida para este volumen de asuntos. Se tomó la medida para no colapsar el sistema judicial y
ahora estos cincuenta y cinco juzgados están colapsados. ¿Qué medidas piensa adoptar el consejo para atender estas 208 000 demandas, que suponemos que van a aumentar, aunque no tanto como han crecido hasta ahora?


Muchas gracias, presidenta, por su generosidad y muchas gracias, presidente.

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La señora PRESIDENTA: A continuación, tiene la palabra la señora Telechea, del Grupo de Esquerra Republicana de Cataluña.


La señora TELECHEA I LOZANO: Gracias, presidenta. En primer lugar, quiero felicitarla por su maternidad; como nueva, desconocía su estado y quiero felicitarla. Señor presidente del Consejo General del Poder Judicial, señoras y señores
diputados, buenas tardes.


Señor Lesmes, quería darle las gracias por su presencia y por su intervención en esta tarde. Me gustaría centrar mi turno de palabra en cuestiones como la igualdad y la visión de género en la judicatura -que supongo que saldrá
reiteradamente en todas las intervenciones de esta tarde-, la eficacia y la transparencia del sistema judicial español, el sistema de nombramientos del Consejo General del Poder Judicial y la protección de los derechos fundamentales en la España
actual.


Uno de los problemas más persistentes en el sistema judicial español es la infranqueable barrera que supone para las mujeres acceder a la presidencia de los distintos tribunales del sistema judicial español. Supongo que para usted no son
ninguna novedad los datos alarmantes relativos al número de mujeres que presiden órganos como el Tribunal Supremo y los distintos tribunales superiores de justicia. En el caso del Tribunal Supremo, no llega al 15 % el porcentaje de mujeres
presidentas de sala, ¡ni un 15 %!, pero es que además las cifras en la Audiencia Nacional, en los tribunales superiores de justicia y en las audiencias provinciales tampoco son mucho mejores, no superando en ningún caso el 40 %. ¿Cómo podemos
predicar sobre la igualdad efectiva entre hombres y mujeres si las principales instituciones del país no son ejemplo de ello? Asimismo, nos encontramos con sentencias tan atroces como la del caso de La Manada, que establece una condena por abusos y
no por agresión sexual, lo que es un claro retroceso en la lucha por el reconocimiento efectivo de los derechos de las mujeres. Como mujer, me siento desamparada por el sistema judicial y desprotegida frente a las agresiones que pueda sufrir. La
respuesta de la justicia ha generado una desconfianza totalmente justificada en la misma justicia. El Estado debe proteger a las mujeres, garantizar su seguridad y actuar de forma implacable ante cualquier acto de violencia sexual. Por ello es
obvio que es necesaria una reforma de las conductas sancionables penalmente para que ningún agresor escape de la justicia. Sin embargo, esto solamente será posible cuando todos entendamos que vivimos en un sistema de leyes machistas y patriarcales,
y esto es violencia institucional. Ninguna mujer ha de sentirse menospreciada ni temer a los distintos cuerpos y agentes que forman parte de la Administración pública. Ante cualquier agresión, la Administración pública debe protegerla además de
responder de forma contundente y castigar al agresor. No queremos más impunidad ante cualquier acto de intimidación y violencia contra la mujer; espero y deseo que esté también de acuerdo conmigo. Eso, presidente, cambiará el día en que las
mujeres estemos realmente representadas en todas las instituciones públicas y privadas de este país, empezando por el Poder Judicial. Defender a las mujeres es defender la democracia, es defender el Estado social, es defender el Estado de derecho y
es una obligación de todos, no lo olvide.


Otro aspecto que quería exponer es que curiosamente desde 2013 no se han actualizado los datos referentes al indicador de confianza en el sistema judicial español. Esta ausencia no nos permite saber qué piensa el conjunto de la sociedad
sobre los jueces y tribunales del conjunto de España. ¿Está de acuerdo la ciudadanía con el funcionamiento y las sentencias dictadas por los distintos tribunales y jueces? La Administración de Justicia debe poder ser evaluada mediante indicadores
más allá de las inspecciones y los expedientes sancionadores. Es sumamente importante saber si hay un efectivo retorno social de cada céntimo de euro destinado a la Administración de Justicia. Entendemos la justicia como un servicio público que
debe estar al servicio de la ciudadanía, un auténtico pilar del Estado de derecho del que tanto predican y del Estado del bienestar, un servicio que garantice que cuando a un ciudadano se le vulnera un derecho y acude a la Administración de Justicia
realmente se le proteja de esa vulneración y se le repare del daño. Ejemplos totalmente opuestos a lo que nosotros entendemos por justicia son sentencias como la que he comentado de La Manada o la limitación de derechos políticos y libertades
fundamentales, como la libertad de expresión.


Pasando a otro tema. ¿Qué piensa de la digitalización de la Administración de Justicia, de la plataforma LexNET, que también ha sido mencionada? ¿Cree que invertir e invertir mucho dinero es una buena solución teniendo en cuenta el fracaso
de LexNET? ¿Le preocupa la transparencia en la Administración de Justicia? ¿Cree que es realmente eficiente en pleno siglo XXI? Como ya hemos repetido una y otra vez, en Esquerra Republicana apostamos por un modelo de justicia basado en la
independencia efectiva entre los distintos poderes y que garantice los derechos y las libertades de cada una de sus ciudadanas y

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ciudadanos. Queremos una justicia en la que la defensa de los derechos humanos sea la base que fundamente todo el engranaje judicial, en la que se garantice el principio de universalidad y en la que se persigan todos los delitos, sin
importar el partido que gobierne ni quién los lleve a cabo.


En cuanto a la composición y la política de nombramientos del Consejo General del Poder Judicial, ya conoce nuestro posicionamiento. La independencia judicial y la separación de poderes son los ejes básicos para garantizar el buen
funcionamiento de la justicia en este país. No podemos seguir con el actual sistema basado en cuestiones puramente ideológicas y en la afinidad con el partido que esté en el Gobierno en cada momento, no lo podemos permitir. En nuestro partido
creemos que la discrecionalidad y la arbitrariedad no son criterios admisibles en los que fundamentar un Estado en el siglo XXI, sino que debe basarse en el respeto a los principios de igualdad, paridad, mérito y capacidad. En ese sentido, desde
nuestro grupo parlamentario intentaremos incidir en todo lo que esté en nuestra mano para que se lleve a cabo una reforma efectiva de la Ley Orgánica del Poder Judicial.


¿Cómo considera que se debe proteger la libertad de expresión? ¿Piensa que proteger la libertad de expresión es imponer penas de prisión a cantantes? Y más allá de que nos gusten o no sus letras, ¿cree que el sistema judicial español vela
más por la protección de los derechos fundamentales de algunos grupos de ciudadanos que por la de otros? Otros hechos curiosos son las coincidencias repetidas a lo largo del tiempo de las actuaciones policiales con la publicación de sentencias que
comprometen a algunos partidos políticos o personas de gran interés público. ¿Cree usted que se trata de una casualidad? ¿Considera que hay separación de poderes en la España del siglo XXI?


No puedo finalizar mi intervención sin preguntarle sobre Cataluña. Como usted sabe, en Cataluña vivimos tiempos convulsos: el encarcelamiento de nuestros consellers y conselleres, la brutalidad policial, la persecución política contra
cantantes y miembros de los comités de defensa de la república, la intervención de nuestra autonomía, la disolución de nuestro Parlament elegido por sufragio el pasado 27 de septiembre de 2015, la imposición de elecciones, la imposibilidad de
restituir a nuestros consellers para formar Govern, el paternalismo y el recelo del Estado español para suspender la aplicación del 155 y un largo y seguido etcétera. Como usted sabe, una de las medidas cautelares es la prisión preventiva, que
comporta graves restricciones de las libertades y derechos del recluso. Con la prisión preventiva se persigue la presencia del investigado en todo el proceso, evitar la destrucción o alteración de pruebas, evitar el riesgo de fuga y el riesgo de
reiteración delictiva. Yo, como abogada ejerciente actualmente y desde hace bastantes años, casi diariamente acudo a comparecencias sobre las situaciones personales de los detenidos y no corresponden con la realidad que se ha aplicado en el caso de
nuestros consellers y conselleres. Esta medida se ha aplicado, como he comentado, a distintos consellers y conselleres que están presos en diferentes centros penitenciarios de las cercanías de Madrid, lejos de sus familias, de sus familiares, de
sus amigos y de las personas que les quieren y lejos de su tierra, vulnerando sus derechos fundamentales y humanos. Algunos de ellos consiguieron salir de prisión bajo fianza y demostraron su voluntad de colaborar con la causa personándose por
segunda vez ante la llamada de su señoría. No destruyeron ningún tipo de prueba y no hicieron el más mínimo movimiento que pudiera ponerles en entredicho; sin embargo, poco después, el juez del Tribunal Supremo decretó su nuevo ingreso en prisión,
esta vez sin fianza. Si solo cabe juzgar a alguien por sus propios hechos y no por el comportamiento de otros, ¿cómo explica usted la prisión preventiva de los presos políticos catalanes? ¿Considera que el vicepresident Oriol Junqueras ha mostrado
signos que permitan valorar el peligro de reiteración delictiva? ¿Qué riesgo hay de que se fugue?


Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.


A continuación, por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, el señor Prendes.


El señor PRENDES PRENDES: Muchas gracias, señora presidenta.


Nosotros celebramos también su reincorporación a los trabajos de la Presidencia, a pesar de que ha tenido un dignísimo sucesor en la persona del vicepresidente.


Señor Lesmes, yo voy a tratar de ceñirme al objeto de esta comparecencia en buena medida. Lo que sí es cierto -usted también lo ha reconocido- es que es una comparecencia un poco especial, una comparecencia que cierra el ciclo de gestión de
este consejo y, por tanto, también toca hacer un cierto balance del conjunto del periodo de su gestión.


En lo que hace referencia a las dos memorias, tanto a la memoria del consejo como a la memoria del Tribunal Supremo, yo creo que usted ha hecho un buen resumen respecto a la valoración de la evolución

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que ha sufrido en el último año nuestro sistema de justicia. Usted ha dicho literalmente que no ha experimentado significativas mejoras y que los indicadores permanecen prácticamente estabilizados. Esto no deja de ser una declaración de
una cierta impotencia, porque el consejo conoce suficientemente cuáles son los males que aquejan a nuestra justicia y parece que no acabamos de encontrar la tecla para ponerles remedio. Es cierto que los indicadores claves, los indicadores que
usted nos ha hecho llegar -que agradezco que los haya actualizado a fecha de 2017 con esa última publicación- ponen de manifiesto cómo permanecen en una situación de parálisis, de un cierto marasmo, todos los datos y la información: las tasas de
resolución, las tasas de pendencia o las tasas de congestión. No sufren mejora alguna, en su caso algún empeoramiento -por ejemplo, la tasa de congestión, que sufre un agravamiento del 2,8 %, o las duraciones medias estimadas de los
procedimientos-, y esto es algo que afecta a los ciudadanos de forma muy principal, porque de todos es conocido que una justicia tardía no es justicia. Combatir o reducir esa duración media debería ser uno de los objetivos esenciales de la
justicia. Las duraciones medias estimadas aumentan en la primera instancia y aumentan también de forma muy significativa en el ámbito del Tribunal Supremo. Haré referencia luego en un apartado a esta cuestión, porque ustedes en la memoria del
Tribunal Supremo identifican algunos de los problemas y yo creo que hay que hacer referencia a eso. Por tanto, en cuanto a una valoración general de la situación de la justicia, diríamos que permanecemos estables dentro de la gravedad -vamos
decirlo en términos médicos-, pero no estamos en una situación que esté a la altura de la justicia del siglo XXI o de la justicia que los españoles del siglo XXI se merecen.


Es verdad que el consejo tiene las competencias que tiene, pero yo creo que tenía competencias estimables o significativas de las que probablemente no se ha hecho uso con la suficiente diligencia. Voy a hacer referencia a algo a lo que han
aludido ya algunos de los portavoces que han intervenido, y es lo referido a los juzgados especializados de cláusulas suelo. Ha sido un empecinamiento de su consejo, con el apoyo del Ministerio de Justicia, del anterior ministro de Justicia,
mantener un modelo de juzgados especializados que ha sido criticado por el conjunto de los operadores jurídicos y también por la carrera judicial. Son muy significativas las conclusiones de las XXVII Jornadas Nacionales de Jueces Decanos, que
tuvieron lugar en Bilbao el 18 de octubre del año 2017, es decir, en tiempo suficiente para que no se hubiese producido la prórroga que se ha producido ahora en el año 2018, en las que los jueces decanos, que son los que están en primera línea de
fuego, los que conocen de forma más directa cuál es el día a día de nuestros juzgados y tribunales, calificaban esta medida como un completo y absoluto fracaso y pedían que no se prorrogase. No se les hizo caso, se ha prorrogado y se ha producido
una situación que no voy a llamar dantesca, pero sí de altísimo riesgo para los derechos de los justiciables, que tienen una justicia de primera o de segunda división en función de si acuden a un juzgado de primera instancia cualquiera o acaban
reconducidos porque las demandas por razón de la materia coincide que son competencia de estos juzgados especiales, en los que, seguramente, la resolución se va dilatar mucho más allá de lo razonable. Por eso vuelvo a decir que creo que no se han
utilizado los mecanismos que tenía el consejo para haber atacado algunos de los problemas y por eso hay alguna responsabilidad en que esa situación de la justicia no haya experimentado mejoría significativa.


Decía que quería aludir a alguna de las cuestiones de las que usted ha hecho mención, por ejemplo, a la memoria del Tribunal Supremo, que hace referencia a la sobrecarga de trabajo en lo que afecta a los recursos de casación y al
extraordinario por infracción procesal en la jurisdicción civil. Habla en concreto, en la página 84 de esa memoria, de que hay una duración media absolutamente inasumible en esos procedimientos y hace referencia a dos posibles vías de solución de
esa situación. Por una parte, habla de la ampliación de los medios humanos, de la ampliación del gabinete del Tribunal Supremo, y en otros casos hace referencia a alguna reforma de carácter legislativo en la fase de inadmisión de esos recursos. Ya
le digo que a nosotros lo de limitar las posibilidades de recurso de los justiciables, aunque sea en esta fase de la casación, no nos parece la solución, pero, por hablar de algún problema concreto en el que se manifiesta ese empeoramiento de los
datos de la justicia, nos gustaría que usted diese una mayor explicación a este respecto.


En ese sentido, también quiero preguntarle por una cuestión que usted ha mencionado al final de su intervención. Usted ha hecho referencia a la ley de permisos y licencias que se está tramitando en esta Cámara. Coincido con usted en que
debería haber permitido recuperar con toda celeridad a los jueces y magistrados aquellos derechos que en su momento les fueron recortados, exactamente igual que ha sucedido con el resto de servidores públicos. Desgraciadamente, la situación de esa
ley tiene una tramitación un poco complicada -vamos a llamarlo así-, porque hay una cantidad ingente de

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enmiendas, fundamentalmente del Partido Popular, más de cincuenta enmiendas presentadas, que convierten prácticamente a esa ley, que tenía un objeto muy medido, muy controlado y muy pactado, en un objeto completamente distinto. Me gustaría
que nos hiciera una valoración, porque esa mecánica legislativa de alguna manera hurta las competencias del propio consejo, le hurta al consejo su capacidad para emitir informes, en este caso sobre unas modificaciones legislativas que impactan de
forma muy importante en la Ley Orgánica del Poder Judicial, a la que usted hecho referencia. Efectivamente, las modificaciones que haya que hacer en el Estatuto de los jueces y magistrados es lógico que se hagan en ese cuerpo legislativo, pero hay
que hacerlas con el procedimiento legislativo correcto y con las opiniones de todos los organismos llamados a intervenir, no de esta manera. En esa ley hay incluso una reforma del recurso de casación; parece que se han puesto de acuerdo el Partido
Socialista y el Partido Popular para plantear una reforma del recurso de casación en ese ámbito. Dado que tenemos la oportunidad de que el presidente del Consejo General del Poder Judicial se pueda pronunciar al respecto, me gustaría que lo hiciera
y nos dijera su parecer sobre esas reformas que aquí se plantean, dado que, como digo, se les ha hurtado la posibilidad de pronunciarse como hubiese habido lugar con el procedimiento legislativo normal.


En lo que hace referencia a los datos de la justicia, usted ha hecho una especie de balance retrotrayéndose a su primera comparecencia del 13 de mayo de 2014 y poniéndolo en relación con los objetivos y compromisos que en aquella
comparecencia se marcó. Yo voy a enmarcar esta parte de la intervención en una valoración inicial y voy a decir que muchas de las cuestiones a las que voy a hacer referencia parten del hecho de que nosotros consideramos que la reforma acometida en
el año 2013 de forma unilateral por el Partido Popular es un auténtico fracaso. Creo que era una reforma inaceptable, que iba en una línea absolutamente contraria a lo que deben ser los objetivos del consejo. A lo largo de estos años de
funcionamiento de este modelo del Consejo General del Poder Judicial ya se visualiza claramente que es una reforma fracasada, pero el posterior desarrollo de la ley contó con el apoyo del Partido Socialista, que aceptó - digamos- participar en ese
modelo de consejo a pesar de que había formulado previamente unas críticas muy furibundas. Ya le digo que Ciudadanos considera que hay que reformar el órgano de gobierno de los jueces y magistrados, el Consejo General del Poder Judicial, e ir a un
modelo completamente distinto. Nosotros somos muy claros, lo hemos dicho desde el principio y yo lo he dicho en otras intervenciones que he tenido aquí en la presentación de su memoria: somos partidarios de que los doce jueces y magistrados de
procedencia profesional sean elegidos directamente por jueces y magistrados y que no sigamos ahondando en los defectos de este modelo del consejo de control partidista, que no solo han sido puestos de manifiesto por las asociaciones judiciales sino
incluso por usted, que ha hecho referencia al informe Greco. El informe Greco, en su apartado 36, pide de forma muy significativa esta elección directa de los doce vocales de extracción judicial por parte de jueces y magistrados. Lo dice
directamente ese informe al que usted ha hecho referencia, que da un tirón de orejas muy significativo al Gobierno y pide que se acometa esa reforma. Nosotros creemos que esa es la reforma necesaria y, en ese sentido, ya anuncio aquí que no vamos a
participar en la renovación si la intención es mantener este modelo de consejo. Nosotros no vamos a participar en la renovación de este consejo controlado partidistamente. Plantearemos una reforma en profundidad, que espero que sea posible y que
salga adelante con la mayoría política de aquellos grupos que al menos en otras épocas se mostraron conformes con nosotros en la necesidad de esa reforma, y la plantearemos directamente, porque creemos que hay que abordarla de forma inmediata.


Dicho esto, de los objetivos que usted se planteaba -transparencia, austeridad, cercanía y participación, independencia, propiciar amplios acuerdos, la modernización y la racionalización-, a mi modo de ver, hay dos en los que probablemente
han concluido esos objetivos o al menos los han conseguido en forma muy amplia. Me refiero, por ejemplo, a la transparencia. Yo no tengo ningún empacho en reconocer que el portal de transparencia del consejo, el caudal de información que se ofrece
ahora desde el consejo es muy amplio, ha habido una evolución positiva y muy favorable en relación con la que existía hace cinco años.


La señora PRESIDENTA: Tiene que ir acabando, señoría.


El señor PRENDES PRENDES: Sí, voy finalizando.


Y en lo que hace referencia al ejercicio del principio de austeridad en sus funciones -tampoco tengo empacho en reconocerlo-, es verdad que han sabido acomodarse a las reducciones presupuestarias de

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este ciclo económico. Pero también le digo que en los otros tres objetivos me parece que cosechan un sonoro fracaso.


En cuanto al objetivo de cercanía y participación, que me parece que es un elemento esencial de todo consejo -las funciones que le reconoce la Constitución, el artículo 122-, me remito directamente a la opinión de los jueces y magistrados;
no digo a la de las asociaciones, digo directamente a la de los jueces y magistrados. Ustedes publicaron una encuesta, un barómetro de opinión de los jueces y magistrados emitido por los 5500 miembros de la carrera judicial en el año 2015, un
ejercicio sanísimo de transparencia y -digamos- de puesta en clave de cuál es la opinión de jueces y magistrados, y hay datos realmente muy significativos. En esa encuesta, el 64 % de los jueces y magistrados no se siente identificado con el
consejo, el 58 % considera que la labor del consejo tiene poca o ninguna importancia para su tarea diaria y el 75 % considera que este consejo no defiende la independencia judicial, que el artículo 122 de la Constitución fija como una labor
esencial. Y fíjese en una cuestión clave, esencial, que son los ascensos en la carrera judicial, las designaciones de carácter discrecional del consejo. El 67 % de la carrera judicial considera que esos nombramientos no están presididos por los
criterios de mérito y capacidad, repito, el 67, y estoy hablando de la opinión del conjunto de la carrera judicial. Eso, señor Lesmes, no puede conducir nada más que a un sonoro fracaso.


El asunto de la independencia es fundamental, pero quiero hablar de dos cosas antes de que finalice mi tiempo, contando con la generosidad de la presidenta.


La señora PRESIDENTA: Ya estoy siendo muy generosa, señor Prendes.


El señor PRENDES PRENDES: Hay una cuestión que nos preocupa, que es de la máxima actualidad y a la que se ha hecho aquí referencia por algún otro portavoz. Se trata de la situación de la carrera judicial en Cataluña. Aquí se ha hecho
referencia a una serie de cuestiones y lo primero que quiero decir es que agradezco a los jueces y magistrados de toda España, pero fundamentalmente a los que desarrollan su tarea en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Cataluña, la defensa que han
hecho del Estado de derecho y del orden constitucional, con todas las dificultades que ello ha implicado y arrostrando en muchos casos cuestiones de carácter personal difícilmente calificables, pero en absoluto aceptables. Situaciones como la
vivida por la directora de la Escuela Judicial son de todo punto inadmisibles. Si hay alguien que ha hecho una defensa del Estado de derecho y del orden constitucional ha sido precisamente el Poder Judicial en Cataluña y quiero señalarlo y
reconocerlo. Precisamente por eso, porque en los últimos días han salido noticias muy preocupantes sobre lo que está sucediendo con las ofertas de plazas que salen en el ámbito de la carrera judicial en Cataluña, le pregunto si desde el consejo se
va a hacer algo para reforzar el trabajo diario de los miembros del Poder Judicial en Cataluña dada la situación de presión que en muchos casos sufren. Y vuelvo a decir que conocemos últimamente datos muy preocupantes.


Quiero hacer referencia a una cosa que usted ha mencionado, que son los catorce puntos de la tabla de reivindicaciones de los jueces y magistrados que acudieron a la huelga el pasado día 22. Hay dos de esos puntos -usted ha hecho referencia
a ellos- que iban dirigidos directamente al consejo; de los demás también tenemos que tomar nota, porque es verdad que en esa tabla de catorce puntos también había algún recado para este Poder Legislativo, pero dos iban dirigidos directamente al
consejo. Uno era el que hacía referencia a los nombramientos en la carrera judicial, a la exigencia de objetivización, de transparencia de esos nombramientos, de que estén siempre presididos por mérito y capacidad y no por otros criterios que, como
digo, desde el punto de vista de las asociaciones que convocan esa huelga, son muy cuestionables. El otro es la fijación de las cargas de trabajo -también usted ha hecho referencia a ello-, en lo cual ustedes tienen un papel fundamental, incluso se
ha acudido a la jurisdicción social exigiendo la fijación de esas cargas de trabajo. Evidentemente, usted no le puede pasar esa pelota al ministerio o al Poder Legislativo; son competencias suyas, de las que ustedes tienen que responder y, por lo
tanto, me gustaría que hiciese un pronunciamiento más claro del que ha hecho en la parte final de su intervención.


Agradezco la generosidad de la presidenta, pero es realmente una comparecencia muy importante, porque, vuelvo a decir, cierra un ciclo de un modelo de consejo que yo espero que seamos capaces de cambiar, precisamente en aras de que cumpla
esas funciones tan importantes que designa la Constitución, entre ellas la defensa de la independencia del Poder Judicial.


Muchas gracias.

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La señora PRESIDENTA: Ha sobrepasado con creces su tiempo; por eso tenemos previamente una Junta de Portavoces en la que todos acordamos esos tiempos. No he querido interrumpirle en más ocasiones, pero es conveniente que respetemos
aquello que acordamos entre todos.


A continuación, tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, el señor Santos.


El señor SANTOS ITOIZ: Gracias, señora presidenta.


Lo primero que queremos decir, en nombre de mi grupo, aunque ya lo hemos expresado en privado, es que celebramos su vuelta con alegría y naturalidad, como debe ser. Dicho esto, buenas tardes al presidente del consejo.


Es evidente que el formato de estas comparecencias permite poco juego, en el sentido de que en realidad usted viene a presentarnos una memoria que nos lee detenidamente, detalladamente, pero a nosotros, como representantes populares, lo que
nos interesa es extraer las conclusiones de funcionamiento del consejo del que usted es, evidentemente, responsable. Por lo tanto, aquí deberíamos hacer una primera valoración. Usted ha atado su representatividad a una palabra que se llama
independencia, que es la palabra que usted suele repetir una y otra vez en cuantas comparecencias y en cuantos discursos hemos tenido la ocasión de escucharle. Yo he leído la memoria atentamente y usted habla de que la confianza en el sistema
judicial es un síntoma de fortaleza democrática, y dice, defendiéndose sin duda de algunas críticas, que la censura de politización tampoco se produce realmente contra el conjunto de los jueces españoles, para añadir acto seguido: cuando la
demoscopia detecta descrédito en una institución pública, detrás de esta tara -esto es literal- se esconde en la mayoría de las ocasiones la percepción de la carencia de un liderazgo confiable y eficiente ejercido con independencia. Prácticamente
las conclusiones a estas palabras se derivan solas, teniendo en cuenta que ya se han expresado aquí algunas estadísticas, pero yo también añadiré que cuando la Comisión Europea publicó en 2017 un informe señaló, sobre la percepción por la ciudadanía
de la independencia judicial, que hay un 58 % de encuestados que la consideran como mala o muy mala; eso hacia el exterior. Hacia el interior, evidentemente, ustedes hicieron un informe en el año 2015 en el que siete de cada diez profesionales del
ámbito que usted tiene la responsabilidad de dirigir no tienen ninguna confianza en la actuación del Consejo General del Poder Judicial en cuanto a este tema concreto de la independencia.


A la vista de esto y a la vista de que también los organismos internacionales -y aquí hay que citar el tantas veces repetido informe Greco- alertan sobre esta falta de independencia judicial, echamos en falta al menos una reflexión, teniendo
en cuenta que usted entra a presidir este consejo con una modificación importantísima del Consejo General del Poder Judicial, que entra con usted y que esperemos que acabe con usted. Usted está por tanto atado a ese Moby Dick que es a su vez su
esperanza y su condena. Así pues, es un momento en el que tenemos que juzgar por lo menos para poder sacar apreciaciones de cara al futuro, desde nuestro punto de vista no caben dudas: ha habido un funcionamiento de la comisión permanente del
Consejo autoritario, en el sentido de que es usted el que ha manejado los tiempos y las formas en los que cada uno de los vocales podía entrar a esta comisión permanente y, por lo tanto, dedicarse a tiempo completo y, por lo tanto, tener más
capacidad de gestión en el consejo, que no es cosa baladí desde ningún punto de vista. Usted es responsable del funcionamiento de esa comisión.


Ha habido también un funcionamiento que nosotros no dudaríamos de calificar de opaco e ineficiente de la comisión disciplinaria o del promotor de la comisión disciplinaria en este caso. En esto le tenemos que decir que cuando usted ha
empezado a explicarnos el funcionamiento de esta comisión nos ha empezado a hablar inmediatamente de porcentajes. En realidad, no podemos hablar de porcentajes cuando usted ha glosado la eficacia de la inspección y de los 5171 jueces y juezas: se
han hecho tantos expedientes disciplinarios como 34 en el año 2017, de los cuales 11 fueron archivados y en los 17 siguientes -es decir, 17 en un año de 5171 con la inspección a pleno rendimiento- ha habido una resolución sancionatoria. Poníamos
ejemplos anteriormente, pero cada uno de los profesionales del derecho que actúan a diario en juzgados y tribunales ven cómo, evidentemente, hay situaciones que merecerían de una u otra manera la actuación de ese consejo.


Ha dicho usted otra cosa que nos ha preocupado profundamente en relación con la comisión permanente y el consejo en sí. Usted ha glosado y se ha vanagloriado en cierta forma del consenso y ha remitido ese consenso además a la política de
nombramientos de altos cargos judiciales. Eso nos da que pensar, porque si en un órgano que procede de estas Cámaras, al que se le supone pluralidad y en el cual en la política de nombramientos hay una discrecionalidad absoluta -porque recordemos
que como

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requisitos, por ejemplo, para entrar en el Supremo únicamente se exigen quince años y el resto son discrecionales y están valorados por la comisión permanente- hay un grado de unanimidad tan alto como el que usted nos está diciendo, eso lo
único que nos hace pensar es que el sistema no funciona bien, que el sistema es perfectamente sospechoso de que haya algún tipo de fuerza interior -vamos a llamarlo así- que impida el disenso a la hora de valorar estos nombramientos, como por otro
lado nosotros y nosotras en el ámbito político criticamos abiertamente, porque entendemos que estos nombramientos sí que han obedecido a simpatías políticas, a simpatías políticas perfectamente acreditadas; y no diré nombres ahora mismo, a pesar de
que los tengo aquí apuntados, pero si usted quiere podríamos entrar uno por uno en estos nombramientos. Por tanto, yo le preguntaría cómo interpreta esas llamadas de atención sobre la política de nombramientos discrecionales que vienen de
organismos internacionales, como la UE o el Greco, y qué puede decirnos también acerca de las numerosas sentencias de la Sala tercera del Tribunal Supremo que han anulado nombramientos realizados por el consejo porque carecían de los estándares
mínimos de motivación constitucionalmente exigibles. Y esto es así; por lo tanto, no es únicamente un reproche político, sino también un reproche judicial el que se ha planteado. Esto quizá explique el estado de opinión que le he comentado antes
de que siete de cada diez jueces crean que el mérito y capacidad no son relevantes a la hora de proceder a nombramientos judiciales.


Por otro lado y entrando ya en algún tipo de asuntos que usted ha esbozado y en el tiempo que me resta, también criticaríamos el amparo selectivo que ustedes han dado a determinados jueces y juezas y a otros u otras no. Ustedes empezaron
con mal pie, porque en el año 2014 hubo tres personas, tres jueces -Ramón Sáez, Manuela Fernández y Javier Martínez Lázaro- que les solicitaron amparo a raíz de las declaraciones de la entonces vicepresidenta del Gobierno, doña Soraya Sáenz de Santa
María, relativas a la crítica de una sentencia judicial porque a determinados presos de ETA se les estaba abonando el tiempo pasado o cumplido en prisiones, en este caso en Francia. Ustedes decidieron no darles ningún tipo de amparo, porque ninguna
perturbación se podía dar de su actividad jurisdiccional dado que ya se había emitido la resolución. Recientemente y para cerrar el círculo, en la moción de censura hubo alguna declaración de algún portavoz de algún partido político nombrando a
algún juez, en concreto al señor De Prada, y ustedes tampoco ampararon al señor De Prada. En cierta manera, esto parece lógico, porque el señor De Prada no pidió expresamente el amparo, que es lo que diría la ley, pero, claro, nos puede hacer
pensar en lo que ha ocurrido en otros casos en los que tampoco ha habido petición expresa de amparo y, sin embargo, la comisión permanente del consejo sí que se ha pronunciado; estoy hablando de las pintadas en casa del juez Llarena, que nosotros
desde luego reprobamos, pero en las que no se siguió el cauce establecido, sino que ustedes motu proprio decidieron hacer una declaración institucional para asegurarle su independencia, y, más allá, de su propia actuación, porque en el caso que se
ha citado de La Manada usted, personalmente, hizo otra declaración de la presidencia para que el autor del voto particular de esta sentencia no se sintiera inquietado en sus funciones. Por tanto, le he planteado varias opciones. Dígame usted con
cuál nos tenemos que quedar o cuál es el criterio de amparo que hay que tener en el Consejo General del Poder Judicial.


Dos cosas muy sencillas y acabo, señora presidenta, si tiene la paciencia de respetarme un minuto. Los juzgados de cláusulas suelo han sido un desastre. En lugar de solucionar el problema, el pasado 1 de junio de 2017 lo han agravado y eso
les ha merecido la reprobación del Consejo General de la Abogacía Española y de las asociaciones de juezas y jueces. Hay un total colapso de los juzgados designados porque las previsiones de asuntos fueron escandalosamente erróneas, por lo tanto
nos sorprende, de alguna manera, el triunfalismo con el que usted ha abordado esta cuestión cuando la realidad desmiente ese mapa léxico que ha hecho. Y en cuanto a las reivindicaciones de juezas y jueces, ustedes se han puesto totalmente de perfil
y también nos sorprende que en este momento, casi como epílogo, usted haya reivindicado y nos haya exhortado a que atendamos estas reivindicaciones cuando ustedes no han hecho absolutamente nada al respecto.


Para finalizar, dos cuestiones muy rápidas. En primer lugar, libertad de expresión. Vivimos una situación excepcional. ¿Cómo abordan ese retroceso que muchas veces está en las resoluciones judiciales que van a ser reprobadas -no tenemos
ninguna duda- por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos? ¿Se plantean algo en cuando a la formación de jueces en materia de derechos humanos? Y lo mismo ocurre en materia de malos tratos y torturas. Tenemos nueve sentencias del Tribunal Europeo
de Derechos Humanos, la última ya no por no investigar, sino reconociendo el tema de los malos tratos. Por tanto, señor Lesmes, le pregunto expresamente si tienen algún interés en formar no solo en materia de género, sino también en materia de
derechos humanos.


Muchas gracias.

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La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.


A continuación, por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el señor Campo.


El señor CAMPO MORENO: Buenas tardes, señora presidenta.


Señor presidente del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo, compañeros del Consejo General del Poder Judicial, compañeros de la prensa, diputados y diputadas, buenas tardes. Señor presidente, gracias por concurrir
nuevamente a esta sede parlamentaria. Lo hace en un momento de cambio político, de convulsión, de convulsión esperanzadora por lo menos para algunos. Estoy convencido de que los libros de derecho constitucional y de historia que se analicen en las
facultades de Derecho y de Ciencias Políticas hablarán de esta moción censura y de cómo una moción de censura puede legítimamente provocar un cambio de Gobierno. Comparece igualmente cuando aún no hemos celebrado la comparecencia de la señora
ministra para que exponga sus líneas directrices en orden a reformas normativas, organizativas y tecnológicas, cómo piensa hacerlo y con qué presupuestos cuenta. Tampoco hemos oído -parece que será la semana que viene- a la candidata a ocupar la
Fiscalía General del Estado, a la fiscala general del Estado. Y comparece, por establecer la última coordenada variable que determina este elemento al que hacía referencia de cambio, de convulsión, en la que puede ser -nunca se sabe- su última
comparecencia por la expiración del mandato constitucional de cinco años desde la constitución del consejo que preside. Y como dato nuevo a añadir como variable, el 22 de mayo presenciamos una jornada que voy a calificar genéricamente de llamada de
atención, de protesta, de manifestación, de hartazgo, donde las siete asociaciones judiciales expresaban su descontento con la situación de la justicia.


Mi grupo parlamentario le felicita por la forma en que ha cumplido los mandatos del artículo 563 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, pero no me puedo sustraer después de oír no su intervención, sino la de los compañeros portavoces, a
decir que el 563 tiene un contenido muy claro. El presidente del Tribunal Supremo y del Consejo expone en una memoria la actividad del propio órgano de gobierno, las actividades de los tribunales y en una tercera pata, que siempre me ha parecido la
más débil en todas las comparecencias a las que he asistido, que no han sido pocas, ese paquete que se pone en la memoria de medidas precisas para reclamar las deficiencias en materia de personal, instalaciones y recursos al servicio del Poder
Judicial para poder cumplimentar su contenido.


Usted ha aprovechado esta comparecencia, cosa que le agradece mi grupo parlamentario, para expresar una dación de cuentas relativa a los compromisos que asumió hace cuatro años y medio y la ha cifrado en seis puntos. Yo me atrevo a
modificar su criterio y añado un séptimo, porque la modernización del lenguaje jurídico debe ser una pieza clave del consejo. Aunque no se haya tildado en esos seis ejes, tiene tanta importancia que debe incluirse. Se lo dije en la comparecencia
anterior. Los datos para mi grupo parlamentario tienen la relevancia justa y le preocupan, pero le preocupan más otras cuestiones. Muy sintéticamente les voy a dar dos datos para expresar que esas manifestaciones no terminan de convencer a mi
grupo parlamentario, a quien le gustaría poner mucho más el acento en esas medidas a las que acabo de hacer referencia, que deben constar y constan en la memoria.


En primer lugar, transparencia. Es encomiable que el conocimiento general y público de las actividades en todos los planos que ha desarrollado sea una realidad. Creo que el portal de transparencia lo es, pero no basta. No voy a citar al
maestro coreano Byung-Chul Han, pero todos tenemos que tener muy claro que la transparencia no es más que el camino para ganar confianza, de tal modo que una información exhaustiva que no seamos capaces de procesar no da confianza al órgano y, por
tanto, no lo legitima, porque un órgano constitucional se legitima cuando se entiende lo que hace y refuerza para aquello para lo que se creó. Y el dato de los jueces y de las sentencias viene a ser lo mismo. Más de 1 440 000 sentencias -a unos
les parecerán muchas y a otros pocas- o 277 por juez. Como juez, es un dato que para mí nunca ha significado nada. Si hablamos del capítulo de la justicia dato a dato, donde se dice que hay juzgados de lo Penal que tienen una media de
conformidades por encima del 50 %, esto significa que solo 138 sentencias han sido contradictorias, de tal modo que si dividimos por los diez meses de trabajo efectivo que puede haber al año, estamos hablando de un 0,46 por sentencia/día. A lo
mejor no parece mucho. En cambio, si hablamos de sentencias como la que hemos visto hace muy pocos días, de 1700 folios, ese juez, evidentemente, se enfadará mucho cuando vea que está incluido en el mismo estándar del 0,46. Por eso digo que los
datos hay que relativizarlos y que es mucho más importante saber qué medidas propone el presidente del Consejo General del Poder Judicial, y todo el consejo respaldándole, sobre la tasa de jueces. La Comisión Europea nos vuelve a situar bastante
por detrás, con una media que

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creo que está en el 12, pero incluso esa media tiene sus matices, pues ahí no incluyen funciones que en otros países hacen los letrados de la Administración de Justicia y aquí sí. O sea, que ni siquiera esa estadística es buena, pero lo
cierto es que tenemos una baja tasa de jueces, de jueces y de fiscales, pero sobre todo de jueces, en relación con los habitantes de nuestro país.


Cifras relativas a la litigiosidad. Lo decía el presidente en su: toca hacer balance. El año 2017 fue relativamente bajo por unos cambios legislativos que tuvieron lugar en 2015, pero en el primer trimestre de 2018 ha habido un enorme
repunte, cosa que este grupo le agradece porque realmente no formaba parte del compromiso asumido por el presidente. Haciendo gala de una generosidad que ha demostrado otras veces, nos ha presentado una información muy reciente y se lo agradezco,
pero me preocupa el 14 % en la jurisdicción civil y el 2,1 % en la jurisdicción contenciosa. Es verdad que la jurisdicción penal sigue bajando un 7,6 % y un 5,5 % en lo social. Pero todavía me preocupa más qué está haciendo el consejo para llegar
a la igualdad en la capacidad resolutoria de los jueces. No tenemos duda de que la tutela judicial efectiva es el grado de compromiso, el derecho que tiene la ciudadanía para obtener un Poder Judicial bien preparado y técnicamente apto para
resolver sus litigios, pero evidentemente en la medida en que la tasa de litigiosidad se distribuye muy irregularmente por la península, mientras hay una tasa de litigiosidad de treinta dos asuntos por equis habitantes en el promedio nacional, en
Andalucía y Canarias se dispara a más de cuarenta. ¿Qué está haciendo el consejo, qué medidas propone para corregir eso que en suma va en detrimento de una peor eficiencia del Poder Judicial en los distintos territorios del Estado?


Entro en temas muy puntuales antes de que la presidenta me llame al orden. La Comisión Permanente tiene una misión de legalidad en orden a las normas de reparto. Hemos visto -y me gustaría saber el parecer del presidente, porque es grave-
cómo el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, Sala Civil y Penal, carece de normas de reparto, y parece que incluso está basado en unas declaraciones del propio presidente, en un informe que se le pide a raíz del Acuerdo 65/2017, de la Sala de
Gobierno, donde matiza y viene a entenderse que no hay unas normas de reparto, con lo cual creo que se está conculcando algo tan fundamental como es el juez natural predeterminado por la ley.


El año pasado también le preguntamos -se ha invocado ya por algunos portavoces- qué se estaba haciendo desde el consejo como una competencia exclusiva -que es sobre la que ha venido a hacer el balance el presidente- sobre las cargas de
trabajo, los módulos y, por tanto, la capacidad de resolución que deben tener los distintos órganos. Todos sabemos que desde la sentencia célebre de la Sala Tercera de octubre de 2014 -hablo de memoria pero creo que es correcto- no contamos con esa
posibilidad de evaluar cargas de trabajo con todas las consecuencias jurídico-procesales que tienen en el régimen personal, como la capacidad de organizar y evidentemente calibrar y evaluar si vamos por un buen camino.


Cláusulas suelo. Está casi todo dicho, pero realmente las cifras son abultadísimas. Hablar de más de doscientos mil asuntos -y efectivamente el Consejo General de la Abogacía dice que podríamos llegar a más de medio millón- cuando solo se
ha resuelto aproximadamente el 3 % no dice mucho de la capacidad organizadora para esta eventualidad que ya se venía venir, y menos mal que el presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial nos tranquiliza diciendo que al
menos está habiendo una gran seguridad jurídica y que no está habiendo fallos contradictorios, menos mal. Realmente pensamos que esos cincuenta y cuatro -cincuenta y cinco desde hace fechas muy breves- no pueden dar resolución a esta avalancha, a
estos miles de asuntos que penden hoy en nuestros tribunales.


Voy terminando. Le cambio el tercio y abordo un tema que usted mismo ha invocado porque es un asunto que a todos nos preocupa, y es la violencia de género. Todos conocemos los registros, la cantidad de información que están dando y la
información contradictoria, pero creo que no nos tenemos que quedar en la autocomplacencia de decir que esto va bien, va por buen camino; primero porque la realidad es tozuda y es rara la semana que no nos encontramos con un crimen abominable, pero
después creo que podemos hacer algo más. Por ejemplo -y me gustaría saber la opinión del presidente-, cuando aparece en el registro la información y dice 'quebrantamiento' no sabemos si es un quebrantamiento de condena, si es un quebrantamiento de
una medida cautelar, si es porque no ha cumplido la orden de alejamiento o porque no ha retornado al centro penitenciario después de un permiso de salida. Creo que conocer esa información nos puede llegar a perfilar los mecanismos de protección.
No sabemos -o este portavoz no ha tenido capacidad para saberlo- el número de quejas que han llegado al consejo por el trato recibido por las víctimas o por defectos procesales que ellos invocan en su queja en relación con los jueces y juezas que
llevan el tema. Es necesario el dato desagregado. Es necesario que seamos capaces de

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controlar todas esas medidas que pedimos al consejo en la anterior comparecencia y en las mociones en orden a la mejor preparación de la carrera judicial en todos estos temas. Sé que se están haciendo cosas, pero no es suficiente; tan es
así, que se ha tenido que asumir por la Comisión de seguimiento del Pacto de Estado contra la violencia de género ese reto, y hace escasamente dos Plenos se ha tomado en consideración la modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial para
incorporar estos temas, tanto en la formación inicial como continuada.


La señora PRESIDENTA: Tiene que acabar.


El señor CAMPO MORENO: Termino.


Señor presidente, no puedo dejar pasar esta oportunidad para decirle algo que ya se ha mencionado aquí. Es en lo único que le voy a pedir una opinión personal; no se la he pedido sobre leyes porque creo que no es la función de esta
comparecencia, pero sí me gustaría saber su opinión sobre la situación de organización y funcionamiento. No le estoy pidiendo más que una visión general -que podría ser una globalidad en la presentación de la memoria- de la actividad del propio
consejo. La pregunta es muy simple: ¿organización y funcionamiento con la reforma que ha vivido este consejo o la anterior? Se lo pregunto porque solo desde el ejercicio se pueden constatar elementos, porque somos conscientes de que cuando se
definieron los modelos no estaban claros. Por eso creo que es muy importante su opinión, porque todos sabemos el protagonismo que tuvo en su elaboración y por supuesto el protagonismo que ha tenido en su desarrollo.


Señor presidente, acabo reiterando mi agradecimiento. Perdone si me he extendido un poco más.


Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.


A continuación, por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la señora Moro.


La señora MORO ALMARAZ: Muchas gracias, señora presidenta.


Buenas tardes. Mi agradecimiento al señor presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, y a todos los vocales que nos acompañan, a su equipo. Gracias por la comparecencia de hoy, por la información y por la
colaboración con esta Comisión de Justicia; primero con la subcomisión, que no llegó al buen término que habríamos querido, pero hizo mucho trabajo y quedó reflejado, y ustedes desde el consejo nos facilitaron sin duda permanentemente información.
En ese capítulo doy también gracias porque aquellas noventa y cinco o noventa y seis propuestas que se aprobaron hace un año en esta Cámara dirigidas al Consejo General del Poder Judicial han recibido cumplida contestación; algunas cuestiones
evidentemente quedan pendientes, otras podrían desarrollarse más, pero en algún momento dijimos que no se nos daba respuesta, se ha hecho y creo que es de justicia señalarlo. En este punto quiero dejar constancia en nombre de mi grupo y dar la
bienvenida a la presidenta; bienvenida otra vez al trabajo, que sé que lo ha seguido a distancia, esto que -y me van a permitir esta pequeña licencia- solemos hacer las mujeres. Aquí hemos seguido tratando de cumplir con nuestra obligación.
Asimismo debo hacer un reconocimiento expreso y dar nuestro apoyo -lo he hecho en otros foros, lo he hecho también en la Comisión de Justicia con motivo de otros trámites- a los jueces y magistrados, que vienen sufriendo presiones y acosos
intolerables. Esto debe ser así, y lo hago extensivo a todos y cada uno de los miembros de lo que llamamos el sistema de justicia, por tanto fiscales, letrados y personal de la Administración de Justicia.


Señor presidente, efectivamente usted además de cumplir con un trámite preceptivo y ampliado, como ha sido su costumbre, ha hecho una rendición de cuentas. Esta comparecencia se ha convertido en muchas ocasiones -es inevitable- en lo que
cada grupo ha querido que sea. Quizás este momento de encrucijada, de cambio -como decía el portavoz del Grupo Socialista- nos coloca más que nunca ante una perspectiva diferente pero en algunos puntos compartida por parte de los grupos. Pero
fíjese, yo quisiera comenzar diciendo que voy a utilizar un nombre, un concepto, un término que me resistía a utilizar, como también me resistí a utilizar la globalización hasta que al final no me quedó más remedio y pasó a formar parte de mi
lenguaje, y es el término de la posverdad. Hay mucho de posverdad en cómo se afronta el tema de la justicia y, por tanto, la percepción a partir de datos, a partir de planteamientos del órgano de gobierno de los jueces, de la actuación de los
jueces y magistrados, y esa mezcla en esta política que algunos llaman líquida o gaseosa que estamos viviendo en España en el siglo XXI nos lleva a mezclar tantas cosas que nos hace perder la perspectiva. Esto creo que hay que tenerlo en cuenta, de

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la misma manera que hay que tener en cuenta que no podemos ser malos estudiantes diciendo que todo está mal, que es lo que algunos grupos políticos vienen haciendo, sin valorar que esas opiniones absolutistas a lo que llevan es a contribuir
a esa posverdad; es decir, a confundir realmente la apreciación que se tiene de lo que se hace.


Es evidente que no todo se hace bien; ninguno de nosotros lo hacemos todo bien, ni los grupos políticos ni seguramente los magistrados y los jueces, y no por ello les estamos faltando al respeto; faltar al respeto, atentar contra su
integridad o acosar es otra cosa a la que me he referido al inicio. Por tanto, si colocamos cada cosa en su lugar, tenemos que decir que la trayectoria de este Consejo General del Poder Judicial ante una nueva norma se valorará mejor cuando pase el
tiempo, como casi todo; y es evidente que los datos objetivos, algunos de los cuales usted ha desgranado aquí, y otros que aparecen en las sucesivas memorias, también están en la hemeroteca; como están en la hemeroteca los objetivos conseguidos o
no, las polémicas, los defectos, los errores o las ineficacias de consejos en otras etapas anteriores. No todo es bueno; no todo es totalmente malo. Y no tiene la culpa de todo el Partido Popular. De eso tampoco tiene la culpa el Partido
Popular, aunque padezca y haya padecido, incluso, una moción de censura basada en la mentira, en la tergiversación, y en particular la tergiversación de un pronunciamiento judicial; y de eso no tienen la culpa los jueces, sino aquellos que han
utilizado a modo de posverdad esa tergiversación.


Creo que se ha dicho aquí que hay muchas cosas en las que se ha puesto orden y es gratificante, y eso lo ha hecho este consejo y lo agradecemos. Hemos agradecido ya varias veces -y aquí lo han dicho otros portavoces- en relación con la
transparencia, en relación con la organización y con la eficacia. A veces se critica por criticar, pero quienes forman parte de la permanente no siempre son aquellos a los que luego se les atribuye una determinada procedencia, y para mí todas las
procedencias son igualmente legítimas porque cada uno de los vocales responde en conciencia de su profesionalidad, y yo no lo discuto. Precisamente, haber discutido esto durante tiempo nos lleva seguramente a una percepción que no se corresponde
con la realidad. Pero es verdad que hay competencias del consejo -y en esto coincidimos, aunque en la letra pequeña no me podré extender- en las que habrá diferencias entre los grupos políticos, porque todos escuchamos a los jueces decanos, a los
jueces y magistrados, etcétera, y nos dicen -y se ha pedido desde esta Cámara- que qué ocurre con las cargas de trabajo. Cada vez que hemos intentado consensuar una medida para hacer reformas eficaces nos hemos encontrado con que esa no
determinación clara de las cargas de trabajo nos impide también llevar adelante una reforma que pueda convencer, no a todos porque esto nunca ocurrirá pero a la mayor parte, que sea la mejor de las posibles y, además, con el consenso necesario para
un tema tan importante como este.


Estamos de acuerdo en que hay un problema que no está bien resuelto en el tema de los juzgados de cláusulas suelo. ¿Está todo mal? No, porque hay un planteamiento que seguramente hay que valorar, que es la tendencia a la especialización,
esa seguridad jurídica, etcétera, que valoran también los jueces y magistrados. Lo que ocurre es que, evidentemente, la avalancha fue así y no estábamos preparados para ello; y creo que dar marcha atrás o paralizar, los propios jueces nos dicen
que no es la fórmula. Sin embargo, es verdad que debemos trabajar todos lo más coordinadamente posible para ofrecerles las condiciones para que puedan trabajar de la manera más idónea. Casi le diría que a mí me gusta, por deformación profesional,
esto del cien por cien en beneficio del consumidor, pero también sabemos todos que eso no es del todo la prueba del algodón, porque en algunas ocasiones incluso será otro y no el consumidor el que pueda tener razón. Por tanto, son casos concretos
que hay que valorar, que pueden tener una respuesta, si es uniforme mucho mejor, pero indudablemente hay que revisar y mejorar, que yo creo que era lo que cada vez que se ha planteado desde el Ministerio de Justicia o desde esta Cámara hemos
buscado. No hay sistema perfecto, no se puede resolver con una varita mágica en un momento determinado; volver atrás cuando se ha iniciado un sistema puede provocar el colapso, pero es evidente que no funciona todo lo bien que quisiéramos y que,
evidentemente, quienes están al pie del terreno lo dicen. De la misma manera que nos dicen -y lo hemos puesto de manifiesto alguna vez más aquí- que hay que trabajar en competencias del consejo que puedan desarrollarse de otra manera; no digo que
no se hayan hecho cosas, pero mayor cercanía al territorio. Usted nos ha dicho que ha existido, pero creo que todavía nos queda algo más por hacer.


Hay otro punto en el que parece obvio que, si se me permite la vulgaridad, hay que darle otra vuelta, y es el tema de la inspección y el tema disciplinario, y no porque yo crea que las cuestiones deban resolverse por la vía disciplinaria;
no creo que sea ni malo ni bueno que haya más de cinco mil jueces y pocos expedientes disciplinarios, pero indudablemente sí estamos observando que hay funcionamientos

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o comportamientos que son reprobados, falta de seguimiento en determinados comportamientos y, quizá, sobre eso haya que trabajar mucho más y ahí haya fallado y tengamos que hacer nosotros también nuestra propia autocrítica.


Veo la luz roja que se acaba de encender, presidenta, por lo que le voy hacer unas preguntas rápidas. Fíjese, señor presidente, en muchas ocasiones desde esta Cámara, mucho antes de estar yo, se le pedía al consejo alguna medida respecto a
las filtraciones, y usted nos ha dicho que se ha resuelto mucho y que aparecen en la memoria cosas respecto a las filtraciones del consejo. Las llamemos filtraciones, las llamemos falta de ética, falta de profesionalidad, etcétera, están
contribuyendo a una desconfianza de las personas. Esta portavoz ha defendido en muchísimas ocasiones -y lo va a seguir haciendo- a los profesionales, porque que algunos cometan errores, irregularidades e incluso negligencias no puede definir al
colectivo, y eso sería injusto. Y casi siempre los que se sienten dolidos en determinadas actitudes son otros, pero a mí me gustaría que nos dijera si tiene alguna opinión o si el consejo ha venido trabajando en temas que observamos como los
siguientes: ¿Qué opinión le merece que estemos asistiendo a unas diferencias de criterio importantes cuando se determina la recusación de jueces porque han ocupado cargos dependiendo de la formación política la que pertenecen? No se ha dado el
mismo trato si se ha sido director general con un Gobierno del Partido Popular o con un Gobierno del Partido Socialista. ¿Qué puede hacer el consejo? Yo creo que puede hacer algo más, algo tan concreto como lo que ha sucedido en horas y fechas
anteriores a que se hiciera pública y comunicar a las partes la sentencia de la pieza separada de la primera fase del caso Gürtel, cuando el señor Garzón, abogado, en su momento juez, con una sentencia que después hemos visto que tenía casi 1700
páginas y un voto particular daba a conocer, eso sí, tergiversando lo que se decía, y tratando de incidir con eso en una opinión pública y en una opinión pública con consecuencias políticas. Esa incidencia determina una politización de la justicia
sobre la que no habíamos hablado hasta ahora. Además, yo creo que no es generalizada, pero estos casos empiezan a ser preocupantes y se debaten en los medios de comunicación; y en los medios de comunicación nos estamos encontrando con jueces en el
ejercicio de la jurisdicción que son opinadores políticos, que además intentan cambiar gobiernos, que intentan incidir en un debate de presupuestos o que presumen de que están presionando para que se adelante una sentencia. Me parece que esto no es
tolerable. No es tolerable -y lo he dicho en otros foros; mis compañeros me lo han oído decir- que haya permanente manifestación de opiniones políticas en tertulias por parte de jueces con jurisdicción, o que haya, como se ha puesto de moda, una
revisión de sentencias ya cerradas y de procedimientos en los que se ha llevado la instrucción por parte de esos jueces. Creo que eso merece una reflexión de todos y también del consejo, porque quiero recordar que no se trata de lo que se está
diciendo por ahí, que también me da mucho miedo, ya que el Consejo del Poder Judicial no tiene que hacer política judicial. Esto formaría parte de una posverdad que nos perjudica. En relación con esto, me gustaría que me dijera -y termino- si no
es el momento de cumplir con algunas de las cuestiones que nos pide el informe Greco, y que hemos intentado incorporar en esas enmiendas: algunas pueden levantar determinadas suspicacias -para eso está el trabajo parlamentario-, pero otras
claramente responden a lo que nos ha pedido el informe Greco, y otras a lo que nos piden las asociaciones de jueces y fiscales, a lo cual hay que dar respuesta.


Respecto a nuestro compromiso, el de mi grupo, el del Grupo Popular, con permisos y licencias les diré que esta es nuestra proposición de ley, que hemos intentado ser útiles y que hemos tendido la mano. Creemos que nosotros luchamos por la
perfección, pero antes de la perfección queremos conseguir lo evidente, lo que es necesario, lo que es más urgente. Por eso seguimos tendiendo la mano y seguro que ahora el Gobierno socialista estará presto a atender las reivindicaciones, puesto
que la que hoy es ministra ayer estaba haciendo manifestaciones públicas sobre esas demandas, pero es verdad que no está teniendo mucha prisa en recibir a las asociaciones.


Insisto, muchas gracias. Creo que entre todos debemos ser críticos, pero constructivos; solo eso permitirá que mejoremos. No todo se mejora con cambio de leyes. Creo que este fin de etapa nos permite ver muchos avances, pero es una
desgracia que los reconozcamos después, cuando hayamos tergiversado el papel de cada uno de los actores del sistema de justicia en España, porque eso será irreparable. Ahí no nos van a encontrar, lo que sí pedimos es que a nosotros se nos valore
como grupo político. Cuando el grupo político tiene problemas en el ámbito de la justicia, porque se dice que ha habido intervencionismo, actuación política,...


La señora PRESIDENTA: Tiene que terminar.

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La señora MORO ALMARAZ: ... menos mal que ha habido intervencionismo y actuación política respecto a los jueces. Creo que es evidente: somos un ejemplo, por desgracia, de que el sistema judicial funciona en España.


Muchas gracias. (Aplausos).


La señora PRESIDENTA: Acabado el turno de los portavoces, les recuerdo que son ustedes quienes deciden el tiempo de intervención. La mayoría de ustedes, salvo algunos portavoces, han sobrepasado con creces ese tiempo. En aras de que
tengamos un buen debate les pido que para próximas ocasiones veamos claro cuál es el tiempo que ustedes quieren utilizar para organizarlo mejor, y que otros portavoces no pierdan la oportunidad de decir cosas que querían y no han podido decirlas por
esa limitación de tiempo.


A continuación tiene la palabra el señor Lesmes para responder a los portavoces, y tal como habíamos acordado, con esta intervención acabaríamos esta comparecencia.


El señor PRESIDENTE DEL TRIBUNAL SUPREMO Y PRESIDENTE DEL CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL (Lesmes Serrano): Muchas gracias, señora presidenta.


Siendo ya el final de mi intervención y mi última comparecencia ante la Cámara y esta Comisión de Justicia, quiero expresarles que para mí, en las cinco ocasiones en que he tenido oportunidad de hacerlo, ha sido un honor poder comparecer
ante la Cámara, ante la Comisión de Justicia, y también he de decir, señora presidenta, que un auténtico placer: jamás me ha resultado incómodo trámite alguno, sino todo lo contrario. Quiero agradecer a todos los portavoces que han intervenido en
el día de hoy el buen tono de sus intervenciones en relación con mi persona y la institución que represento, sin perjuicio de las críticas que han podido verterse, porque de eso se trata, de controlar en cierto modo, que es la función del
Parlamento, también a esta institución que es el Consejo General del Poder Judicial.


Me llega de algún miembro de esta Mesa que el tiempo apremia por razones de todos conocidas, y procuraré no extenderme demasiado en mi respuesta. No obstante no quiero dejar ningún punto sin contestar. Así que iré refiriéndome a cada una
de las intervenciones de los distintos portavoces para, de la forma más sintética posible, contestar o explicar aquello que me ha sido planteado.


El señor Bataller, de Compromís, me ha planteado cinco cuestiones. La primera es la de la brecha de género. Me referiré a ella contestando a otras intervenciones, pero como algunas de las cuestiones que ha planteado eran muy puntuales las
responderé ahora. Dice que al examinar licencias por estudios, compatibilidades, relaciones internacionales y formación ha visto que hay una gran disparidad en la participación o petición de estas licencias entre jueces varones y jueces mujeres.
He de decirle que nada puede hacer el consejo, porque nosotros lo que hacemos es atender esas peticiones, y es el interés particular de cada juez o jueza el que determina si solicita o no una determina licencia por estudios. Ninguna discriminación
hay en la actuación del consejo, nosotros simplemente contrastamos que realmente se dan los requisitos por quien lo solicite, con indiferencia de si es varón o hembra, y se concede si procede o se deniega si procede. Es cierto que estas cifras
reflejan una realidad social, y es que las mujeres jueces -como en general las mujeres trabajadoras- concilian más la vida familiar y esto las resta posibilidades de promoción profesional, cuestión que se ve reflejada en estas cuestiones.
Efectivamente se forman menos no porque el órgano quiera formarlas menos o no ponga a su disposición las mismas posibilidades formativas que a los varones jueces, pero hay una realidad social que hace que demanden menos este tipo de actividades, y
esto determina un posible perjuicio en su promoción profesional futura, porque pueden aportar menos currículum que los varones. Esta es una realidad social en la que todos debemos trabajar. Pero he de decirle, señoría, que en el consejo hay una
gran sensibilidad hacia las mujeres jueces de la carrera judicial, y además interpretamos las normas con carácter general con generosidad, precisamente para facilitar esa conciliación de la vida profesional con la vida personal y familiar, en su
caso. Esto lo hacemos porque fundamentalmente la carrera judicial -y ya me anticipo- es esencialmente femenina, se hace fundamentalmente por mujeres, el 53 % de los jueces españoles -más de la mitad- son mujeres, y dicha proporción va a aumentar
-no se puede hacer una idea, señoría- ya que dentro de diez años el 70 % de los jueces españoles van a ser mujeres. Por tanto estamos ante la realidad de una carrera judicial que es ya femenina, y que va a ser impartida mayoritariamente -ya lo es-
por mujeres en el futuro, lo que seguramente aportará efectos muy positivos a la justicia española, no me cabe ninguna duda.


En segundo lugar, en relación con las lenguas oficiales le voy a dar un dato. Nosotros recibimos cientos de quejas de los ciudadanos por distintas razones: por la lentitud del procedimiento, por no ser

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bien atendidos y otras muchas cuestiones. Como sabía que esta cuestión iba a traerse a colación en la tarde de hoy, pregunté si tenemos quejas en relación con que no se ha facilitado el uso de la lengua autonómica a cualquier ciudadano que
haya acudido a un tribunal en cualquier calidad, ya sea como abogado, procurador, acusado, demandado, testigo o perito. La respuesta es que no tenemos ninguna. Por tanto si no hay ninguna queja entiendo que las cosas funcionan razonablemente bien
en este punto.


En tercer lugar, en cuanto a la mediación su señoría conoce que tenemos una política activa de fomento de la mediación. Lo hemos hecho a través de convenios con las administraciones. En la mediación es en el único punto en el que tenemos
convenios con todas las comunidades autónomas, sin excepción, y con el Ministerio de Justicia. Asimismo tenemos convenio con las instituciones fundamentales, con el Consejo General de la Abogacía y con el Conejo General de los Procuradores de
España. Por tanto hemos activado una intensa vía convencional para promover la mediación, porque creemos profundamente en ella como una forma de hacer justicia que pacifica más que aquella que deriva de una sentencia que resuelve el conflicto.


El cuarto punto son los desahucios. Afortunadamente el número de desahucios en nuestro país ha descendido notablemente, y muy especialmente cuando derivan de ejecuciones hipotecarias. Ahora la mayor parte de los desahucios derivan de
incumplimientos vinculados a la Ley de Arrendamientos Urbanos y no tanto por desahucios. Para que se haga una idea de las cifras le diré que en el año 2010 hubo 90 000 desahucios consecuencia de ejecuciones hipotecarias, y que en este último año no
ha llegado a 30 000; es decir, se ha reducido -afortunadamente, porque es un tema social que a todos nos preocupa de forma extraordinaria- a la quinta parte. Su señoría me dice: ¿y ustedes qué hacen? Lo he explicado antes, en mi exposición
inicial. Nosotros hemos hecho convenios con la mayor parte de las administraciones precisamente para que los jueces, aunque no tengan entre sus competencias una labor propiamente social o asistencial, sí puedan, ejerciendo su función, identificar o
detectar situaciones de vulnerabilidad, para ser instrumento de comunicación de esa situación de vulnerabilidad a la Administración, que sí tiene las competencias -ya sea el ayuntamiento ya sea la comunidad autónoma- y pueda reparar en la medida de
lo posible las graves consecuencias que se derivan a veces de un desahucio.


Finalmente, y respecto LexNET, tengo que decir que LexNET no ha funcionado muy bien. LexNET tiene ya una larga historia, porque creo que empezó a funcionar en 2002 o 2003; es decir, han transcurrido quince años y aún no goza de una gran
perfección. Creo que desde el punto de vista de la digitalización, de la incorporación de las nuevas tecnologías al ámbito de la Administración de Justicia hay que hacer no solo un mayor esfuerzo inversor, sino que hay que tener más cabeza en la
inversión que se haga en las nuevas tecnologías, y hay que buscar un cambio lógicamente integral, porque si no al final se convierte en una acumulación sucesiva de parcheos.


La señora Ciuró, del Partit Demócrata de Cataluña, comienza su intervención hablando de presidencialismo, pero si me lo permite me voy a reservar a la contestación al señor Legarda, que se ha extendido cumplidamente respecto de este asunto,
y porque además como usted bien sabe, señoría, esto del presidencialismo se ha convertido ya en un clásico entre el señor Legarda y yo. En cuanto a los nombramientos y a que los jueces se quejan, menciona su señoría el Reglamento de 2010. Esta en
una cuestión que han planteado otros portavoces y yo les doy la razón en el sentido de que hay una percepción de que los nombramientos obedecen a criterios subjetivos, y no es esa la realidad; la portavoz del Grupo Popular hablaba de la posverdad,
es decir, que muchas veces es una cuestión de percepción más que de realidad. Los nombramientos de este consejo en general, y de los anteriores consejos también, han sido buenos; solo tiene que conocer quiénes son presidentes de los tribunales
superiores, quiénes son presidentes de las audiencias provinciales y conocer a los magistrados del Tribunal Supremo, y verá que son excelentes jueces, personas con una gran competencia profesional, y que por tanto no han sido mal seleccionados.
Pero como solo hay un requisito establecido en la ley, que es la antigüedad -quince años-, que tiene más del 60 % de la carrera judicial sin mayores consideraciones o sin mayores méritos objetivos, se genera sin duda alguna esa percepción de que
unos son afortunados con el nombramiento y otros no, pero no hay certeza en cuál es el cursus honorum que hay que hacer para llegar a las más altas responsabilidades en la carrera judicial.


Citaba su señoría el reglamento de nombramientos discrecionales de 2010, que no es una buena medida. La introducción de elementos objetivos de mérito que discrimine a unos sobre otros está afectando al estatuto judicial sin duda, porque si
nosotros decimos que es especialmente valorable un determinado elemento, estamos discriminando o alejando precisamente del posible nombramiento a todos aquellos que no tienen ese elemento de mérito en su carrera profesional. Si lo hacemos así, sí,
pero esto

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afecta al estatuto del juez, y la Constitución quiere que el estatuto del juez esté en la Ley Orgánica del Poder Judicial. Una primera razón, que no es poca razón, es que la Constitución quiere que todo aquello que afecte esencialmente al
estatuto del juez se haga a través de la Ley Orgánica del Poder Judicial.


El anterior consejo tuvo un serio problema porque introdujo algunos elementos estatutarios básicos en el reglamento de la carrera judicial que determinó la anulación de esos preceptos reglamentarios posteriormente por la Sala tercera del
Tribunal Supremo -y se lo digo yo porque formé parte del pleno de aquella sala que procedió a la anulación-, porque en aquel momento los magistrados entendimos que a través de una mera vía reglamentaria no se podían introducir elementos que
afectaban al estatuto básico. Por tanto le doy la razón, tanto a usted como a todos aquellos portavoces que han hecho mención a este asunto, en cuanto al fondo de que había y hay que introducirlo, pero les diré que tiene que ser la ley la que así
lo establezca y no el Consejo General del Poder Judicial. Además hay una segunda razón, y es que el Consejo General del Poder Judicial, en cuanto a su órgano de gobierno esencial, es decir, el pleno del consejo, está constituido por veinte vocales
y de ellos doce son jueces, y los jueces tienen una cierta visión que puede estar algo distorsionada, vista desde el interés corporativo, mientras que desde la Cámara se ve con mayor distancia este asunto, desde el punto de vista del interés
general, y se podría hacer una regulación en esta materia mucho más objetiva y mucho más pensada en los intereses generales.


Hacía también su señoría referencia a que tenemos una justicia débil, no independiente, y que nos lo dicen desde fuera, fundamentalmente refiriéndolo a la cuestión de Cataluña. Como pensaba que esto saldría en el día de hoy en esta
comparecencia, la semana pasada -que fue muy rica en noticias judiciales- la prensa nacional habló de la justicia bastante. Nos dedicaron editoriales el pasado miércoles día 13 prácticamente todos los periódicos de amplia difusión en nuestro país,
y he apuntado lo que dijeron sobre la justicia española. Empezaré por lo que dijeron los periódicos de mayor tirada en Cataluña. Diré primero lo que dijo El Periódico de Catalunya el día 13 de junio, hace exactamente siete días, sobre la justicia
española. Dijo: La decisión del Alto Tribunal ratifica la independencia judicial de la que tantos dudan. ¿Y sabe lo que dijo La Vanguardia hace siete días? La conclusión más relevante del caso es que la justicia no hace distingos en función de
los apellidos de los encausados, y que aunque sea con gran demora acaba juzgando y condenando a quienes observaron conductas impropias. Y mire lo que dijo El País hace siete días: Lo ocurrido en las últimas semanas ha servido de manera rotunda e
inapelable para demostrar que la justicia funciona, se la podrá acusar de lentitud o de falta de medios, pero solo una justicia sólida y de calidad puede acreditar en el plazo de unas semanas la corrupción del partido en el poder -a través de las
sentencias de la Audiencia Nacional sobre la trama Gürtel- y las malas prácticas de Iñaki Urdangarín. Y el ABC dice que la Sala segunda del Tribunal Supremo ha vuelto a demostrar que es un tribunal inmune a las presiones externas y a las
oscilaciones de la opinión pública. Su decisión sobre los recursos de casación interpuestos contra la sentencia del caso Nóos es un ejemplo de independencia judicial. Y me remonto a unos días antes, a lo que dice el ABC el 25 de mayo: Nunca como
ahora -se refería en este caso a la sentencia de Gürtel- ha dispuesto de mayor autonomía para perseguir y castigar la corrupción ni han sido tan incisivas contra el poder político. Esto es lo que dice la prensa española, señoría. (La señora Ciuró
i Buldó: Claro, la española). Y como su señoría me ha puesto de ejemplo a Bélgica le voy a dar un dato que seguramente le resultará de interés. Creo que las sentencias del Tribunal de Estrasburgo es un buen elemento de medición de la calidad
democrática y del respeto a los derechos humanos por parte de los distintos países europeos. Estoy seguro de que usted comparte este criterio.


Si usted se va a las estadísticas del Tribunal Europeo de Derechos Humanos sobre condenas por infracciones y vulneraciones de derechos humanos de los distintos países de Europa, España está entre los países que tienen menos condenas de
media. Le diré que Bélgica, la soñada Bélgica, que es la que respeta los derechos humanos en esta Europa a la que pertenecemos, tiene un 50 % más de condenas que España por vulneración de derechos humanos por el Tribunal de Estrasburgo. Y le diré
que Italia tiene cuatro veces más, Francia más del doble y Portugal más del doble. Luego el sistema judicial español, el Estado de derecho de nuestro país que está anclado en la Constitución no desmerece, señora Ciuró, en absoluto en comparativa
con el resto de los países europeos, y le acabo de dar una buena muestra precisamente citándole al Tribunal Europeo de Derechos Humanos con sede en Estrasburgo.


Es verdad que hay determinados medios de comunicación -se hablaba antes de la posverdad- a los que a veces se intoxica, y por lo tanto pueden publicar o dejar de publicar. No me gusta hablar de opiniones, sino de hechos siempre. Muchos de
los que estamos aquí queremos ser finos juristas y

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sabemos que la verdad se encuentra en los hechos y no en las opiniones. Y los hechos, señoría, son el número de condenas que tiene España por vulneración de derechos humanos contrastado con Bélgica, con Francia, con Italia... Porque ya no
le quiero hablar de Rusia, que tiene más de doscientas de media al año. España tiene seis; Italia veintiséis, para que se haga idea y pueda contrastar con lo que está pasando en otros países que supuestamente tienen mayor calidad democrática que
la que tiene nuestro Estado de derecho.


Paso al señor Legarda. Ya le digo, señor Legarda, que esto es un clásico, y además hace unos días un medio de comunicación lo ha puesto... Hace tres días llevaba años sin hablar de este asunto, y de repente el domingo nos encontramos con
que aquí hay que volver a hablar del presidencialismo. Es más, hemos elevado el tono y hemos pasado al autoritarismo del presidente del consejo. Como usted, señor Legarda, es un fino jurista, que sé que lo es y sé que le gusta apoyarse más en
hechos que en juicios de valor, yo, como he hecho otras veces en estos debates que tan amablemente hemos tenido el uno con el otro en cada una de mis comparecencias, me voy a los hechos. Para saber si el presidente del consejo es autoritario o no
vamos a ver primero en qué consiste ser autoritario. Dice el Diccionario de la Real Academia que es el que abusa de su autoridad. Autoritario es el que abusa de su autoridad. Yo quiero ver cuál es la autoridad del presidente del consejo.
Entonces nos vamos a lo que dice la ley orgánica, cuáles son sus competencias, y yo le expondré con hechos cómo he ejercido yo en este caso mis competencias.


El presidente del consejo representa lógicamente a la institución, dirige la comunicación institucional y tiene una serie de competencias, pero el meollo del asunto, lo que genera este debate que tenemos todos los años su señoría y yo gira
todo en torno a la permanente, a las comisiones legales y a las propuestas del presidente. Parece que el presidente lo maneja todo y que toca el silbato y todos hacen lo que el presidente dice. Esto no hay quien se lo crea, señor Legarda. Le voy
a decir cómo han sido mis propuestas. El presidente no es el que toma la decisión, propone, quien decide es el pleno, donde están los veinte vocales, incluidos esos que parece ser que protestan. Pues hasta esos están en el pleno. Cuando yo me
incorporo a la presidencia propongo los cargos esenciales. Primero del Tribunal Supremo al vicepresidente. ¿Sabe los votos que obtuvo el vicepresidente? Veintiuno. Todos votaron al vicepresidente. Luego propuse al secretario general del
consejo, que también lo propone el presidente. ¿Sabe los votos que obtuvo en ese pleno? Veinte. Desgraciadamente falleció este secretario general y propuse un año y medio después otro secretario general. Obtuvo diecinueve votos. Además, como
bien sabe su señoría, en el Tribunal Supremo existen unos magistrados que controlan al CNI y que designa el pleno del consejo, a propuesta del presidente del Tribunal Supremo. Ye he propuesto dos: uno, Pablo Lucas Murillo de la Cueva -le sonará el
apellido-, al que propuse como magistrado que controla el Centro Nacional de Inteligencia. Lo escogí entre los cuarenta y cinco posibles, porque tiene que ser un magistrado de la Sala tercera o de la Sala segunda. ¿Sabe los votos que obtuvo el
magistrado propuesto por el presidente? Unanimidad. Cuando el señor Julián Sánchez Melgar es nombrado fiscal general del Estado, que ocupaba la sustitución en cuanto al control del CNI, propuse entre esos cuarenta y cinco magistrados posibles otro
magistrado, don Andrés Martínez Arrieta. ¿Sabe el señor Legarda cuántos votos obtuvo a favor? Unanimidad también.


La comisión permanente. Siete veces se han votado las comisiones legales en el consejo, siete. La primera vez en diciembre de 2013. La propuesta del presidente obtuvo unanimidad, señor Legarda. La siguiente, que fue en enero de 2015, que
fue la más turbulenta, catorce, más de tres quintos del consejo general; la siguiente, que fue en octubre de ese año 2015, unanimidad otra vez; la de 2016, 17 votos a favor; la siguiente, 16; la siguiente, 17. Señor Legarda, yo mismo me pasmo
de escuchar mis habilidades, cómo he conseguido llevar a veinte vocales del consejo, a todos, a lo que es mi propósito. Es que no es verdad. Cualquier persona observadora externa que viera estos hechos diría: esto no es posible, cómo va a ser
posible. Y si le digo que de 27 000 decisiones tomadas por la comisión permanente solo en el 0,2 % se ha formulado voto particular, ya le digo que mis habilidades son tremendas, porque tenga en cuenta que a lo largo de estos cinco años han ido
pasando los distintos vocales del consejo por la comisión permanente, porque todos sin excepción, los que han querido y han podido estar en la comisión permanente, han estado, sin excepción alguna. Nadie se ha quedado fuera, salvo aquellos a los
que la ley no se lo permite o que no han querido estar en la comisión permanente. Por tanto estos son los hechos. Frente a lo otro, lo de los medios de comunicación o esas cosas que no se sabe quién las dice o quien no las dice, la famosa
posverdad a la que se refería la portavoz del Grupo Popular, frente a eso y porque soy fino o aspiro a ser fino jurista, señor Legarda, igual que su señoría, me voy a los hechos, porque es en los hechos donde siempre encontramos la verdad.

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En cuanto a la rotación, señorías, han rotado todos sin excepción, salvo los que no han querido estar, que han sido los tres magistrados del Supremo, porque presiden otras comisiones legales. El resto de los vocales, salvo los de la
disciplinaria porque la ley no lo permite, todos han pasado por la comisión permanente, y le diré más, han pasado en unos tiempos parejos, entre tres y cuatro años la mayoría con excepción de una que no ha podido ser porque es imposible el encaje,
pero entre tres y cuatro años han estado todos los vocales que han ido rotando por la comisión permanente.


Me habla su señoría de que no atendemos a la juez Alaya y al juez Ruz, y menciona las críticas de la juez Alaya. Señoría, la juez Alaya generó declaraciones de apoyo por parte del anterior consejo cuando estaba llevando la instrucción. La
intervención de este consejo en relación con la juez Alaya se ha limitado a una comisión de servicio que ella solicitó y a la que luego ella misma renunció, una vez que voluntariamente solicitó una plaza en la Audiencia Provincial de Sevilla. Esta
es la realidad. Es decir, la juez Alaya voluntariamente se fue del juzgado y luego tuvo un problema con la juez titular de ese juzgado, que es la juez predeterminada por la ley, como consecuencia de un escrito poco amable que presentó al consejo
dirigido a la otra juez; poco amable ha sido también en las declaraciones que ha efectuado en relación con sus compañeros jueces, y ninguna razón había para que el consejo general tuviera que pronunciarse a su favor en relación con estos hechos.


El juez Ruz no tuvo ninguna intromisión. Le recuerdo, señor Legarda, que el juez Ruz cesó en la comisión de servicio en los días siguientes de haber concluido la investigación, nunca antes. Cuando la concluyó, y puesto que no era el juez
titular del juzgado, cesó en su comisión de servicio; nunca antes, porque precisamente este consejo no quiso interferir en modo alguno en la investigación que estaba llevando haciéndole cesar antes en esa comisión de servicio. Tanto es así que
esta investigación ha salido adelante, y como muy bien sabe su señoría ha culminado en una sentencia condenatoria.


En cuanto a La Manada, tiene usted razón en que se ha identificado a la víctima. Ha habido un fallo ahí de protección de datos que estamos viendo. La base de datos no es del consejo, sino del Gobierno de Navarra, y se accede a través de
unas claves, pero es verdad que se han producido unos fallos que no se deben volver a producir en el futuro. En la medida en que el Consejo General del Poder Judicial es autoridad de control, después de la ley orgánica de 2015 en materia de
protección de datos, haremos las recomendaciones y tomaremos las medidas precisas para que este tipo de cosas no vuelvan a ocurrir, porque no deben ocurrir nunca.


Su señoría también ha dicho que en el caso Gürtel no se salió en defensa de los jueces por algunas críticas que hubo aquí en el propio Parlamento referidas a uno de los jueces que habían dictado esa sentencia. Este tema fue debatido por
nosotros, señor Legarda, y llegamos a la conclusión -no sé si su señoría estará de acuerdo- de que existe la inviolabilidad parlamentaria. La inviolabilidad parlamentaria es una prerrogativa histórica de los parlamentarios, como seguro que todos
ustedes saben, cuyo fin es asegurar la independencia del Parlamento frente a otros poderes del Estado. El diccionario de español jurídico que nosotros hemos promovido dice que la inviolabilidad parlamentaria es una prerrogativa de la que gozan los
diputados y senadores respecto de las opiniones manifestadas en el ejercicio de sus funciones, en virtud de la cual no pueden ser sometidos a procedimiento alguno. Por tanto, ¿qué va a hacer el Consejo General del Poder Judicial? Imagínense que en
el debate que hemos tenido, en vez de ser ustedes tan amables como han sido, no hubieran sido amables conmigo y que yo convocara al consejo buscando una especie de respuesta. Eso no tiene ningún sentido. En el Parlamento tiene que haber una
libertad absoluta de los parlamentarios, y por lo tanto si hay inviolabilidad nada puede hacer el consejo en relación con las cosas que aquí se dijeran por unos o por otros. También lo dice el Tribunal Constitucional en la Sentencia 602 de 1987.


En cuanto a las reivindicaciones judiciales, señoría, hemos decidido que queremos acompañar a los jueces; y no es una decisión oportunista de último momento. Señor Legarda, le remito a mi discurso de apertura del año judicial de septiembre
de 2017, es decir, hace ya prácticamente diez meses. Hay una parte importante en ese discurso en el que yo, en presencia de su majestad el rey, de toda la cúpula judicial española y de muchas autoridades que concurren cuando se hace el acto de
apertura en la sede del Tribunal Supremo, ya me referí a la justicia de las reivindicaciones de los jueces y a la necesidad de que estas fueran atendidas.


Respecto a otras reclamaciones, como la elección por los jueces o no, esta es una opción legislativa y luego me referiré a ella contestando a la pregunta que me formulaba el señor Campo sobre mi opinión sobre este asunto.

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Para terminar, me referiré a dos asuntos, y doy por contestadas las cuestiones que han planteado otros portavoces, que son: cargas de trabajo y cláusulas suelo. En cuanto a las cargas de trabajo, tienen una gran importancia para el buen
funcionamiento de la Administración de Justicia y también para los jueces, sin duda alguna. Son importantes para la Administración de Justicia porque las cargas de trabajo son las que nos permiten dimensionar la planta judicial, es decir, qué puede
hacer un juez; y partiendo de ese dato objetivo de qué capacidad tiene de resolución, podemos determinar cuántos jueces necesitamos partiendo del volumen total de litigiosidad. Por lo tanto, es un elemento estadístico de una gran importancia para
la buena organización de la Administración de Justicia. Pero no solo para eso, es importante también para la responsabilidad disciplinaria de los jueces. Para decirle a un juez que trabaja poco, tenemos que sabe cuál es la medición de su carga de
trabajo ordinaria, porque si no estaríamos moviéndonos sobre el alambre. Es importante también porque lo tienen reconocido como derecho para la salud laboral de los propios jueces. Como antes le decía, este consejo aprobó el Plan de prevención de
riesgos laborales para la carrera judicial, y ahí se contemplaba como un elemento de medición la carga de trabajo en relación con la salud de los jueces, por lo tanto también tiene importancia para esto. Y añadiré más, tiene importancia para las
propias retribuciones variables de los jueces, que están contempladas en la Ley de retribuciones de la carrera judicial y fiscal del año 2003 y que, lógicamente, se articulan sobre un sistema de medición de carga de trabajo. El consejo ya ha fijado
las cargas de trabajo de los jueces y se han entregado a las asociaciones para que emitan su opinión sobre estas cargas que han sido establecidas. Pero no las podemos aprobar solo nosotros, las tenemos que aprobar de común acuerdo con el Ministerio
de Justicia. En el año 2013, el anterior consejo aprobó unilateralmente unas cargas de trabajo y la Sala tercera del Tribunal Supremo un año después las anuló precisamente porque había omitido el trámite de que el Ministerio de Justicia diera
opinión sobre las mismas. Esto es lógico, tiene que opinar el Ministerio de Justicia o en general las administraciones públicas, porque si nosotros determinamos una carga de trabajo, imagínese, señor Legarda, un 20 % inferior a la que se está
aplicando ahora, hará falta un 20 % más de órganos judiciales con la correspondiente carga presupuestaria, que no va a soportar el consejo sino que lógicamente la va a soportar la Administración, Ministerio de Justicia, o en su caso el propio
Gobierno vasco, que tendrá que asumir el crear más órganos, tendrá que presupuestarlos y tendrá que dedicar mayores recursos a la Administración de Justicia. Por lo tanto, esta intervención en la fijación de cargas de la Administración competente
es absolutamente lógica y necesaria y estamos pendientes de ellos, nosotros hemos cumplido ya en este punto con nuestros deberes.


En cuanto a las cláusulas suelo, aunque parece que las cláusulas suelo es la debacle total, no es verdad. Lo que ocurre es que en las cláusulas suelo se han cogido las cifras de entrada, es decir, cuando se produce la entrada masiva de
asuntos en los órganos judiciales. Es precisamente esta entrada masiva lo que justifica que se establezca un sistema de organización singular que está lleno de sentido. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea, como bien sabe su señoría, cambia
el criterio que había establecido una sentencia de la Sala primera del Tribunal Supremo y, como consecuencia de ello, va a generarse que decenas de miles de demandas se presenten ante la jurisdicción civil. Como su señoría habrá visto, la
jurisdicción civil es ahora mismo la más sobrecargada de nuestras jurisdicciones, es en la que más ha crecido la entrada de asuntos, donde más se ha incrementado la litigiosidad, la que tiene una tasa de resolución que ha empeorado en mayor medida.
Si nosotros no hubiéramos hecho nada, estas decenas, centenares de miles de asuntos, hubieran ido a los 1600 órganos unipersonales que tienen competencia en materia civil, y esa jurisdicción civil, que ya está muy sobrecargada, hubiera colapsado
absolutamente. Sin embargo, estas decenas de miles de asuntos tienen una peculiaridad: son asuntos todos ellos sustancialmente iguales, derivan todos de unos contratos normalmente de préstamo hipotecario que -no muchas-cuatro, cinco o seis
entidades bancarias han hecho con sus clientes y en los que, una vez estudiada y fijada la posición de los órganos judiciales, se puede alcanzar una gran eficacia resolutiva. Pero esta gran eficacia resolutiva no se puede conseguir ni el segundo ni
el tercero ni el cuarto mes, porque nosotros, de una forma consensuada y dialogada con las administraciones -incluido, por supuesto, el Gobierno vasco-, con todas las comunidades autónomas, que estuvieron de acuerdo, con el Ministerio de Justicia,
que estuvo de acuerdo, y con los jueces decanos, que también estuvieron de acuerdo, pusimos en marcha unas medidas que no empezaron a ser efectivas hasta prácticamente finales del año 2017, es decir, cuando ya se habían inundado de asuntos. Pero si
vemos la evolución de cómo están entrando ahora los asuntos y cómo está creciendo la resolución de los mismos, vemos que la tendencia es claramente favorable: solo en tres meses se ha duplicado la capacidad de resolución de los órganos
especializados y se ha reducido a la tercera parte la entrada de los asuntos. ¿Y sabe su señoría

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por qué se está reduciendo la entrada? Porque estos juzgados especializados están resolviendo de forma uniforme. Se ha creado un marco de seguridad jurídica que evita litigiosidad futura. Ya no le interesa a la entidad bancaria, si el 100
% de las demandas se las están ganando los clientes, continuar teniendo pleitos y pleitos y pleitos con el consiguiente gasto en materia de costas. La entidad bancaria buscará ya, y es lo que están haciendo, una solución negociada con sus clientes.
Ya no tendré oportunidad, señor Legarda, de volver a comparecer aquí, pero tenga la seguridad de que quien me sustituya y comparezca ante esta Cámara presentará unos datos que resultarán magníficos y comprobará que la solución en modo alguno fue
mala. Y le diré que en cuanto a las críticas, hace unos días comí con los jueces decanos que están preparando la reunión de jueces decanos que va a ser en el mes de octubre y hablamos de las cláusulas suelo. Lógicamente, les pregunté: ¿Qué os
parece? ¿Os parece que lo dejemos sin efecto o continuamos con ello? Al unísono: No, no, por Dios, vamos a continuar porque -me dicen- en el resto de los juzgados -hay 1600 órganos civiles- se ha reducido la entrada entre un 20 y un 30 %. Es
decir, que estamos apoyando de forma indirecta a toda la jurisdicción civil que está tan sobrecargada. Y sirva esta explicación para todos los que han planteado esta cuestión.


En cuanto al recurso de casación, le doy mi opinión. Se ha modificado en penal, como bien sabe, con buenos resultados; se ha modificado de forma muy significativa en el año 2015 el contencioso-administrativo y está funcionando
razonablemente bien. Hay que modificarlo en civil. La Sala primera, como se ha puesto de manifiesto yo creo por el representante del Grupo Ciudadanos, está muy sobrecargada. Tiene que ir la Sala primera a un modelo de casación civil equivalente
al que se ha establecido para la Sala segunda, es decir, para penal, y el que se ha establecido para la Sala Contencioso-Administrativo. Es una reforma mínima de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Ha sido propuesta y yo incluso creo que está
pendiente en la Cámara su decisión. Mi opinión es: háganlo; háganlo porque es absolutamente imprescindible que la Sala primera pueda resolver en poco tiempo. Y precisamente el tema de las cláusulas suelo, señor Legarda, tiene una gran
importancia en relación con esto. Los jueces demandan constantemente que el Tribunal Supremo fije el criterio para tener un criterio uniforme que poder aplicar. Una Sala primera saturada y una Sala primera colapsada no puede cumplir con esa
función esencial. Con esa pequeña modificación del recurso de casación en materia civil podrá cumplir con su función.


También está pendiente en la Cámara -y aprovecho para dar mi opinión- una reforma en materia de costas, suprimiendo el criterio de vencimiento. Les expongo mi opinión. Me parece un disparate que se suprima el criterio de vencimiento y, si
así se hace, va a crecer la litigiosidad de una forma extraordinaria cuando estamos hablando de que la litigiosidad se incrementa notablemente en nuestro país. Piénsenlo bien. El criterio del vencimiento es el más justo, el que pierde, paga. El
criterio de la temeridad genera litigiosidad porque sale gratis litigar y hay personas que carecen de toda razón y, sin embargo, litigan para alargar los pagos o por otros motivos. Piénsenlo bien. Sé que está en la Cámara, pero les digo que
suprimir el criterio de vencimiento me parece un absoluto disparate.


En cuanto al informe Greco -y esto tiene que ver con el modelo de consejo, señor Campo-, les pido a los miembros de la Comisión de Justicia que hagan el siguiente esfuerzo cuando se pongan a tratar el modelo de Consejo General del Poder
Judicial. Estudien y miren cómo es el modelo de Gobierno en los veintisiete países de la Unión Europea si excluimos al Reino Unido. Examinen los veintisiete, que son muy dispares, y luego hagan el siguiente ejercicio: vayan a los indicadores de
percepción de independencia judicial de la Unión Europea y contrasten los distintos modelos viendo en qué países la percepción de independencia por parte de los ciudadanos es mayor y en qué países es menor. Son sorprendentes los resultados de este
ejercicio. Se lo digo de verdad, háganlo. ¿Saben los tres países que están en el nivel más alto de percepción de independencia? Dinamarca, Finlandia y Austria. ¿Saben quién gobierna en los magistrados del Supremo de esos tres países? El
Ministerio de Justicia, que recibe unas propuestas de un consejo asesor, que normalmente atiende, y nombra a los magistrados de su Tribunal Supremo. En Dinamarca, el 87 % de sus ciudadanos percibe que tiene una justicia independiente. Si se van
ustedes a los de la cola, Bulgaria, Croacia y Eslovaquia, modelos de consejo elegidos por jueces -mírenlo-, las lecciones que se extraen de esa comparativa son extremadamente interesantes y no siempre se llega al resultado que alguno espera, sino
más bien a veces todo lo contrario. Yo creo que hay que ser imaginativos y alejarse un poco de estas posverdades, es decir, de estas noticias que generan percepciones que no siempre se acomodan con la realidad. Creo que le he contestado a todo,
señor Legarda.


Paso a contestar a la portavoz del Grupo Parlamentario de Esquerra. En cuanto al tema de visión de género, nosotros, como le digo, señoría, estamos ante una justicia que se imparte mayoritariamente ya

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por mujeres, por lo tanto, imputar al sistema judicial cuestiones de este tipo de que no hay una visión de género, no tiene mucho sentido cuando el 53 % de los jueces son mujeres, cuando el año que viene seguramente serán el 55 y cuando
dentro de cinco años van a ser el 65 % de los jueces.


En cuanto al tema de la defensa de los derechos fundamentales, he traído a colación estas estadísticas del Tribunal Europeo de Derechos Humanos porque me parecen muy significativas. No es verdad que en España no se respeten los derechos
fundamentales; se podrán producir vulneración puntuales, pero en la comparativa con el resto de los países europeos en modo alguno salimos mal retratados.


Por lo que se refiere a la eficiencia de la justicia, vayamos a los indicadores de la Unión Europea, que presentó indicadores en el año 2018, hace apenas unos meses. Desde el punto de vista de eficiencia, ocupamos el quinto puesto de los
Veintisiete, o sea, tampoco estamos tan mal, el quinto puesto. Uno de los elementos que utiliza como indicador, que es el tiempo medio de resolución de un asunto civil en primera instancia, en España en 2010 estábamos en 450 días y ya estamos en
222, o sea, que algo se ha mejorado a lo largo de estos años desde el punto de vista de la eficiencia. Desde el punto de vista de la percepción de independencia, estamos en mitad de la tabla hacia abajo, no estamos bien pero en los últimos cuatro
años hemos pasado de 31 puntos de valoración positiva a 39, casi diez puntos porcentuales de mejora desde el punto de vista de la percepción.


En relación con los nombramientos, reitero lo que ya he manifestado antes. Yo soy un decidido partidario de que se modifique la ley y que se introduzca un sistema riguroso de cursus honorum para los jueces, para que tengan certeza y
seguridad de qué es lo que hay que hacer para llegar a ser presidente de un tribunal o qué es lo que hay que hacer para llegar al Tribunal Supremo. Tenemos países muy cercanos que lo hacen y lo hacen muy bien, por ejemplo Portugal. Portugal tiene
un sistema de evaluación profesional de los jueces desde la entrada en la carrera judicial que es muy aceptado por los jueces y que determina con un enorme grado de certeza y seguridad quién llega al Tribunal Supremo. Eso eliminaría muchas
percepciones que deterioran la imagen de la justicia y la imagen de lo que el Consejo General del Poder Judicial hace.


En cuanto a las cuestiones concretas en relación con Cataluña, y muy particularmente el tema de la prisión preventiva, la decisión de prisión preventiva, como la de la libertad, le corresponde en cada caso al juez y lo hace con absoluta
independencia, señoría. El juez expone sus razones, que pueden convencer o no convencer, pero yo en ningún caso le voy a dar nunca a un juez, ni al juez Llarena ni a ningún otro, la menor indicación de lo que tiene que hacer o dejar de hacer. Su
señoría también ha planteado múltiples cuestiones en relación con el tema de Cataluña ajenas propiamente al tema de la justicia, más bien son cuestiones políticas y, por lo tanto, no entro en ellas.


En relación con el estado de la justicia que planteaba el portavoz del Grupo Ciudadanos, es verdad que estamos en el nivel de eficiencia que le digo, puesto quinto, pero estamos un poco en mitad de la tabla tirando a mal en relación con la
comparativa en general, y deberíamos lógicamente aspirar a mejorar, por eso hay algunas decisiones que son legislativas que tienen una gran importancia. Les hablaba antes del tema de las costas, si subimos la litigiosidad estos datos empeorarán el
año que viene y dentro de dos años serán todavía peores. Hay decisiones legislativas que a veces tienen un gran impacto en el propio funcionamiento de la justicia.


En cuanto a las cláusulas suelo y el Tribunal Supremo, ya lo he comentado. Es verdad que la Sala primera está colapsada. Esa medida, que creo que la tienen aquí ya, resolvería en gran medida los problemas de congestión de la Sala primera y
facilitaría seguridad jurídica en asuntos de una enorme trascendencia como es todo el tema del consumo y de productos bancarios, donde hay recursos en masa en los juzgados y que están demandando con urgencia que existan criterios jurisprudenciales
claros emitidos por la Sala primera del Tribunal Supremo.


Respecto a la valoración sobre permisos y licencias, señoría, apruébenlo. Es que es de una absoluta injusticia, se lo digo de verdad y se lo digo a todos los portavoces. Toda la Función pública española recuperó los permisos y licencias
que perdieron como consecuencia de la crisis económica, y lo recuperaron porque bastaba un decreto-ley para la recuperación. El Gobierno dictó un decreto-ley y todos lo recuperaron. Y se preguntarán ustedes -y saben además la razón- por qué no lo
han recuperado los jueces. Pues porque están en la Ley Orgánica del Poder Judicial, y la Ley Orgánica del Poder Judicial no se puede modificar con un decreto-ley. Pero ustedes lo tienen aquí, tienen ya una proposición de ley. Quieren que se
atiendan las reivindicaciones de los jueces que son justas, y esta es justa. ¿Por qué toda la Función pública española lo ha recuperado y los jueces y magistrados de España no? Simplemente,

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falta la iniciativa de la Cámara. La Cámara lo tiene aquí y pido que lo haga en nombre de todos los jueces y magistrados de España porque es una reivindicación de absoluta justicia.


Le agradezco sus palabras amables en materia de transparencia. Es absolutamente objetivo, somos la institución más transparente del Estado y vamos a seguir siéndolo en el futuro. Hemos querido ser austeros porque es lo que demandan de las
instituciones públicas los ciudadanos. También me habla de la percepción sobre el consejo. Es un tema de percepción; todo lo que aparece en los indicadores siempre es percepción, es decir, cómo lo veo, no cuál es la realidad. Decir que los
jueces españoles no perciben la independencia... Creo que hay pocos sistemas judiciales en los que sean los jueces tan independientes como en España. Lo demuestran día a día con las sentencias que se están dictando y que todos conocemos. Si los
jueces no tuvieran independencia y fueran dirigidos, no sé sabe bien por qué, no se dictarían las sentencias que se están dictando. Cualquier observador externo que conoce la realidad española llega a esta conclusión, pero es verdad que los jueces
no se reconocen en el consejo, y no se reconocen porque no eligen a los vocales del consejo. Esa es la realidad. Es el Parlamento el que los elige; no somos nosotros como colectivo profesional el que los elige, con lo que tendemos a considerarlo
un órgano que no es nuestro órgano. No quiero decir que yo esté defendiendo la elección por los jueces, pero digo que eso tiene mucho que ver con la percepción de falta de reconocimiento del consejo como órgano de gobierno propio.


En relación con el Grupo de Podemos, me habla su señoría del informe Greco. El informe Greco ha incorporado en años sucesivos distintas observaciones y le diré que la mayoría están dirigidas a esta Cámara. Es decir, se trata de cuestiones
que solo a través de ley se pueden arreglar. Dice, por ejemplo, que la prescripción de las faltas disciplinarias es muy breve, que solo son seis meses en la ley y que eso genera impunidad. Sí, pero eso requiere una modificación de la Ley Orgánica
del Poder Judicial para establecer un plazo de prescripción de las faltas disciplinarias más grandes. Habla de la posible elección o no de los vocales del consejo, esa es una cuestión de las Cámaras, que son las que tendrán que decir si los vocales
de origen judicial son elegidos o no por la corporación profesional o son elegidos por el propio Parlamento. Sí decía algo que era responsabilidad del consejo, que no tenía un código de ética judicial. Ya lo tenemos; la parte que nos correspondía
del informe Greco la hemos cumplido. Hace ya más de un año fueron asumidos los principios de ética judicial, que fueron elaborados por la carrera judicial.


El señor Santos hablaba del funcionamiento autoritario de la comisión permanente, de lo opaco, y me dice que le resulta sospechoso el consenso. Es la primera vez que escucho eso. Siempre había pensado que se aspiraba al consenso. Es la
primera vez que se considera que la existencia del consenso es algo sospechoso. Pues no lo es, señoría, los vocales del consejo salen de esta Cámara y, con pluralidad, obtuvieron un respaldo del 98 % de la Cámara, si no recuerdo mal. Es decir, que
existió una absoluta pluralidad de los vocales elegidos. Que lleguen a consensos no me parece criticable, me parece que es bueno, porque nosotros gestionamos intereses generales que están quizá menos contaminados por ideología o por política que
otros, y quizá no nos resulta tan difícil llegar a un consenso sobre cuál es el mejor juez para un determinado cargo, partiendo -porque todos lo aceptamos- de que hay que respetar siempre una cierta pluralidad ideológica porque los tribunales tienen
que ser un reflejo de la sociedad. Como nos hemos puesto de acuerdo en esta cuestión de principio, con una cierta facilidad llegamos a situaciones de consenso. Es algo bueno, señor Santos, se lo aseguro; no es en modo alguno nada negativo ni, por
supuesto, nada sospechoso.


Dice su señoría que la Sala tercera nos ha anulado muchos nombramientos. No, se los anuló al anterior consejo. A este le ha anulado uno, ninguno más. Anuló al que habíamos designado presidente del Tribunal Superior de Justicia de Murcia,
que luego fue nombrado, se volvió a recurrir, y no se anuló, sino que se confirmó el nombramiento por parte de la Sala tercera. Han sido recurridos, pero no se ha procedido a la anulación. Tenemos muy buen balance en relación con este asunto.


En cuanto a los amparos selectivos, digo lo anterior, amparamos a aquellos jueces que nos lo solicitan, o hacemos comunicados cuando hay ataques frontales al sistema judicial o cuando entendemos que se compromete su independencia porque está
pendiente de tomarse una decisión. Cuando las decisiones ya han sido tomadas, las decisiones de los jueces pueden ser objeto de crítica. Son decisiones de poder público y, por lo tanto, se pueden someter al escrutinio de la opinión pública y
pueden ser objeto de crítica. Yo nunca he dicho que las decisiones de los jueces no sean criticadas. A lo que me referí en un comunicado -quizá es a lo que usted hacía referencia- es a que no se hicieran por parte de responsables públicos
descalificaciones genéricas del sistema judicial, que es bien distinto, porque eso genera desconfianza en la sociedad en una institución que es básica para la paz y para la convivencia en nuestro país.

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En relación con las reivindicaciones de los jueces, ya le he dicho que yo no me he puesto de perfil. Me remito a lo que dije -le invito a su lectura- en mi discurso de Apertura del Año Judicial hace ya casi un año, donde expresamente hice
referencia a las reivindicaciones de los jueces, apoyándolas -ya le digo- ante la más alta magistratura de la nación, ante el ministro de Justicia, que se encontraba allí, y por supuesto ante otras muchas autoridades del Estado.


Decía el representante del Grupo Parlamentario Socialista que la transparencia es importante, pero que lo es porque debe conducir a la confianza. Es verdad, señor Campo, así es, pero, para llegar a la confianza, primero hay que hacer la
transparencia. Una vez hecha, ya nadie duda. Ni siquiera se ha puesto en duda por ninguno de los portavoces de esta Cámara que la gestión económica del consejo es rigurosa porque es perfectamente conocida por todo el mundo. No se hacen viajes
abusivos porque se publica todo de todos. Se publica a dónde se viaja, cuánto cuesta el viaje y su justificación y poquito a poco, señor Campo, iremos generando confianza. Ya hay grandes apartados en los que hemos generado confianza, como por
ejemplo en los nombramientos. Publicamos el currículum de todos los candidatos y las comparecencias se graban y se cuelgan. Cualquier ciudadano puede contrastar cómo lo ha hecho uno y cómo lo ha hecho otro, puede descargar el currículum de uno y
de otro y contrastar los méritos. Sabernos observados nos estimula a hacer las cosas mejor.


En cuanto al asunto puntual de la comisión permanente en relación con la norma de reparto de Canarias, he de decirle que hemos tenido una queja de un juez y hemos requerido información que estamos esperando que se nos facilite, por lo que no
le puedo dar más cuenta de esto.


Con respecto a la opinión sobre la organización y funcionamiento del consejo después de estos cinco años, desde mi punto de vista ha sido eficiente, sin duda alguna. Las personas que lo saben, que con objetividad lo observan desde fuera, le
reconocerán que esto es así. Los servicios han funcionado bien. Fíjese que con menos medios hemos dictado muchas más resoluciones. Su señoría es juez, pregunte a cualquier compañero cuando se presenta una petición de licencia, de excedencia o de
compatibilidad cuánto se tarda en resolver. Le dirá que en una semana está resuelto. Y no solo eso, es que puedo ver en transparencia que ya va en el orden del día y el mismo día en que se acuerda ya puedo ver que se ha adoptado el acuerdo en la
página de transparencia del propio consejo. Esto antes no se hacía y es servir a nuestros ciudadanos jueces, que necesitan que el consejo les resuelva estas cosas que pueden parecer menores, pero nosotros lo hacemos deprisa y de forma transparente.


En relación con la elección o no de los vocales, es una cuestión esencialmente política y lo que hago es remitirme a lo que les he dicho: miren los indicadores de percepción de independencia, miren los distintos modelos de Gobierno y saquen
conclusiones sobre cuál es mejor y cuál es peor.


En cuanto a la dedicación exclusiva o no de los vocales, en mi opinión, veinte vocales con dedicación exclusiva no hacen ninguna falta en el Consejo General del Poder Judicial, como muy bien sabe su señoría porque ha sido vocal. Conoce la
actividad que allí se hace y que no hay trabajo para veinte vocales. O sea, que algo hay que hacer para no tener personas que están muy cualificadas, que tienen una gran vocación de servicio, que quieren trabajar, pero que muchos de ellos se
sienten frustrados porque no tienen propiamente una actividad donde desarrollar sus competencias, sus capacidades, que todos las tienen. Este modelo -lo traigo a colación- en algunas personas genera frustración, porque es verdad que unos han tenido
un mayor nivel de responsabilidad decisoria y otros menos y en algunas personas genera una frustración personal, que no ha conducido a un peor funcionamiento del servicio, pero es una frustración personal que a veces se pone de manifiesto en el seno
de la institución y no es bueno. Si esto es lo que me quería preguntar, le doy la razón en que esto no es bueno.


Finalmente, en relación con el Grupo Parlamentario Popular -ya se aproximan las ocho-, le doy la razón en cuanto a la percepción y a la posverdad. Opino exactamente lo mismo. Por lo que se refiere a las cargas de trabajo y a las cláusulas
suelo, señora Moro, ya he dado las correspondientes explicaciones. Dice su señoría que sancionamos a pocos jueces, que abrimos pocos expedientes. Me voy a comparar con otros colectivos que tienen una cierta proximidad: los abogados o los médicos.
En España tenemos 250 000 abogados colegiados; el número de expedientes tramitados en los últimos años está en torno a los 300. Comparen los 250 000 con los 300 expedientes en relación con treinta y tantos y 5000, muchos más a los jueces. Y si
traigo a colación a los médicos -250 000 médicos colegiados-, el Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos de España abría 27 expedientes en 2015 y 36 en 2016. Los mismos que en la carrera judicial, en la que somos 5500 jueces, cuando los
médicos colegiados son 250 000. De estas comparativas no se deduce, precisamente, que se abran pocos expedientes disciplinarios. Tampoco hay que abrir muchos expedientes disciplinarios, aunque lo que sí es verdad es que los jueces ejercen una

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gran responsabilidad como poder público y tenemos que estar especialmente vigilantes cuando hay conductas o comportamientos indebidos.


En cuanto a las filtraciones, señoría, hemos hecho un gran esfuerzo para evitarlas. Es imposible evitarlas del todo. Pero, fíjese, en el Tribunal Supremo antes no había más que filtraciones; cualquier sentencia que se dictaba en el
Tribunal Supremo se conocía por filtración en un medio de comunicación. Hoy tenemos una oficina de comunicación que en el mismo momento de la notificación de la sentencia emite una nota donde se informa cumplidamente, desde una postura
estrictamente neutral, porque además han participado los propios magistrados del Supremo en su redacción o supervisión, entregándose por igual -y no beneficiando a unos medios sobre otros- a todos los medios de comunicación. Alguna hemos tenido,
pero fíjese si nos tomamos en serio esto que la sala de gobierno abrió expediente disciplinario a un magistrado del Supremo, que concluyó en una sanción -no era un asunto muy grave-, precisamente por una filtración. Es decir, tenemos perfectamente
interiorizada la gravedad que conllevan las filtraciones y lo que perjudican la confianza en la justicia y le aseguro que desde que yo he sido presidente las he combatido enérgicamente no para eliminarlas del todo, porque no es posible, pero en todo
caso para hacer que fueran las menores posibles. Nuestra oficina de comunicación ha emitido más de ochocientas notas o comunicados de prensa a lo largo de estos cinco años, prácticamente una al día; hemos tenido una política activísima de
comunicación. Si su señoría examina un medio de comunicación verá constantemente noticias donde aparece lo que el Tribunal Supremo ha dicho, pero siempre desde una perspectiva estrictamente neutral, no favoreciendo a una de las partes que se
encargó de haberla filtrado, sino porque ha sido emitida esa información desde el propio tribunal. Pregunte a los periodistas que siguen tribunales y verá que ratifican lo que les acabo de decir.


En cuanto a los jueces opinadores, no se puede prohibir porque la ley no lo permite, por tanto, el consejo general no puede prohibir a un juez hacer algo que la ley no le autoriza a prohibir. Tenemos un código ético donde se hace referencia
a esto, y es verdad que a veces la emisión de opiniones, cuando hay una causa que se está tramitando, puede incidir en el ánimo y en la libertad de criterio del juez titular responsable de ese asunto. A mí por eso no me gusta. Nos vamos al
principio de ética judicial y ahí hay un reproche a quien lo hace, pero no podemos ir mucho más allá porque la ley no nos autoriza a ir más allá, y esa es nuestra obligación, que es en todo caso cumplir con la ley.


Con esto he terminado. Creo haber dado respuesta a todo, y pido disculpas si he omitido alguna de las cuestiones que me han planteado. Quiero terminar con una cita de Séneca. Decía: El tiempo desbroza la verdad. Pues en relación con
este consejo y con lo que ha hecho, el tiempo desbrozará, sin duda, la verdad y yo creo que será amable con nosotros.


Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Lesmes.


Como usted ha aprovechado esta comparecencia para despedirse en esta Cámara, yo le deseo a usted y su equipo suerte en el futuro, en estos nuevos tiempos que igual tampoco se miden como antes.


A los compañeros portavoces de los grupos les recuerdo que hemos acordado que el día 25 a las veinte horas de la tarde acaba el plazo para presentar las resoluciones respecto de esta memoria que acabamos de analizar y de trabajar en esta
sesión.


Se levanta la sesión.


Eran las ocho de la noche.