CORTES GENERALES


DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS


COMISIONES

Año 2016 XII LEGISLATURA Núm. 48

PARA LAS POLÍTICAS INTEGRALES DE LA DISCAPACIDAD

PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. CARLES CAMPUZANO I CANADÉS

Sesión núm. 4

celebrada el martes,

22 de noviembre de 2016

ORDEN DEL DÍA:


Comparecencia del señor presidente del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad, CERMI (Pérez Bueno), para informar sobre la situación actual de las personas con discapacidad en España y las demandas de las entidades que
las representan. Por acuerdo de la Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad. (Número de expediente 219/000101) ... (Página2)

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Se abre la sesión a las once y treinta y cinco minutos de la mañana.


El señor PRESIDENTE: Señorías, damos inicio a esta sesión. Les pido disculpas por este retraso de unos minutos pero, además de presidir la Comisión soy portavoz en otras comisiones y hace treinta segundos estaba interviniendo en la
Comisión del Pacto de Toledo.


Damos la bienvenida al señor Pérez Bueno, presidente del Cermi, que ha comparecido en otras ocasiones durante los últimos meses, pero nos ha parecido imprescindible que nos acompañase en el inicio de las actividades de la Comisión. Como
saben sus señorías, el Cermi es la voz que representa al mundo asociativo en el ámbito de la discapacidad, y el señor Pérez Bueno probablemente es una de las personas con mayor visión global y experiencia en las políticas públicas que afectan a este
sector amplio de nuestra sociedad. Por tanto, sus comparecencias siempre van a ser útiles e interesantes, y seguro que van a motivar iniciativas por parte de los grupos parlamentarios en todos los procesos legislativos en marcha. Por mi parte nada
más y, por tanto, damos la bienvenida a don Luis Cayo, al que agradecemos su disponibilidad para participar, como siempre, en nuestra Comisión. Tiene la palabra.


El señor PRESIDENTE DEL COMITÉ ESPAÑOL DE REPRESENTANTES DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD, CERMI (Pérez Bueno): Muchas gracias.


Señor presidente, miembros de la Mesa, portavoces, señorías, buenos días. Como ha dicho muy bien con sus amables palabras el señor presidente, nuestra presencia ha sido reiterada en esta Comisión, en otras del Congreso y también del Senado.
En todo caso disculpen mi reiteración, pero es un placer no para mí, sino para el movimiento social al que represento, estar aquí, estar en la casa de la soberanía popular, trayendo a la luz pública e iluminando esa agenda política de las personas
con discapacidad y sus familias que, por desgracia, no siempre está en las primeras posiciones de la agenda global política. Por tanto, para nuestro movimiento social comparecer reiteradamente no es solo un deber, sino una oportunidad para seguir
avanzando en inclusión, derechos y bienestar.


He de comenzar agradeciendo a los grupos proponentes la solicitud de esta comparecencia y a la Mesa por aceptarla y, además, que sea de las primeras o al menos tener esa vocación de presentar las demandas con carácter general o global del
movimiento de derechos humanos de las personas con discapacidad en España. Sé que se ha producido ya una primera comparecencia del Comité Paralímpico Español, recién llegados de los Juegos Paralímpicos, puesto que la coyuntura así lo aconsejaba.
El Comité Paralímpico también es una entidad miembro del Cermi, que yo presido. He de reiterar también la satisfacción por la existencia de esta Comisión en la presente legislatura, y recordarles nuevamente esa demanda del movimiento social al que
represento para que esta tenga carácter legislativo. Sé que hay iniciativas en curso que están pendientes de decisión de los órganos de la Cámara. Consideramos que la existencia de esta Comisión ya es un bien en sí mismo, pero si pudiéramos
alcanzar por primera vez que tuviera el carácter de legislativa, sería otro avance sustancial porque, como verán más adelante, en materia de regulación legal, de innovación normativa, hay suficientes iniciativas para dar contenido y actividad a esta
Comisión. También pongo el acento en el sentimiento de nuestro movimiento social al considerar al Parlamento como poder público más amistoso, más receptivo, más dialogante con el movimiento social de las personas con discapacidad y con mayor
potencial para generar el cambio político y social que precisamos. Siempre estar en la casa del Poder Legislativo, en el Parlamento, Congreso y Senado, nos hace ver más cerca el cambio que necesitamos las personas con discapacidad y sus familias.


Presento con brevedad qué es el Cermi, puesto que ha habido cambios entre sus señorías, en las portavocías de esta Comisión, y quizá sea bueno hacer un recordatorio de lo que es nuestro movimiento social de la discapacidad, encarnado a
través de su representación global colectiva que es el Cermi. Somos la expresión del movimiento social de la discapacidad para la incidencia, la representación y la interlocución políticas. Aspiramos a generar cambio social desde la óptica
irrenunciable e ineludible de los derechos humanos, la inclusión en la comunidad, el empoderamiento de las propias personas con discapacidad y la extensión de los derechos sociales y del bienestar para las personas con discapacidad y sus familias.
Construimos, planteamos y desplegamos la agenda política de la discapacidad en la escala nacional o estatal y en la escala autonómica. En todos y cada uno de los territorios, comunidades autónomas y ciudades autónomas, existe un Cermi territorial
correspondiente. Tenemos asignada por el Estado español de modo oficial la representación e interlocución a través de órganos especializados de participación y consulta, como son el Consejo Nacional de la Discapacidad y el Real Patronato sobre
Discapacidad. Y tenemos también asignada la función de mecanismo independiente de seguimiento de la aplicación de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad,

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vigente en España al ser un Estado parte. Y es también una cuestión innovadora que un movimiento social independiente del Gobierno sea, junto con el defensor del pueblo que es el alto comisionado de estas Cortes Generales, mecanismo
independiente de seguimiento de un tratado internacional de derechos humanos.


Antes de pasar a la esencia de esta comparecencia, que es recordarles y compartir con sus señorías la agenda política de la discapacidad para esta legislatura con ese horizonte del 2020, pensando y deseando que tenga continuidad y pueda ser
fructífera y fecunda en avances y cambios para toda la ciudadanía española, pero en especial para las personas con discapacidad y sus familias, sí querría compartir hoy con sus señorías qué es hoy la discapacidad en España a grandes rasgos. Desde
una óptica cuantitativa, las grandes magnitudes que deben tener en su mente cuando pensemos en qué es la discapacidad en este momento en España son: 4 millones de personas, doce millones si se cuenta a las familias. No se puede entender en ciertos
estadios de la vida la situación de discapacidad si no se amplía al ámbito próximo o inmediato que es la vida o convivencia familiar. Otros datos muy reveladores son que en uno de cada cinco hogares hay una situación de discapacidad. Se trata de
una realidad evolutiva y en este caso en crecimiento por distintos factores como la prolongación de la vida, el envejecimiento generalizado, el llegar a mayores cotas de edad, pero también porque a través de los cuidados médicos y de los avances
tecnológicos clínicos, de salud, etcétera, por suerte se procuran mayores posibilidades de vida en otras situaciones de discapacidad que en momentos históricos anteriores no terminaban desarrollando una vida prolongada o similar al resto de la
población sin discapacidad. Estos 4 millones de personas suponen casi el 10 % de la población, que es una cifra similar a la de otros países de nuestro entorno, países avanzados o considerados convencionalmente desarrollados. Y si descendemos un
poco, encontramos ya algunas diferencias: la discapacidad es una realidad que tiene en sí una pluralidad y una diversidad enorme que la enriquece, pero que también exige una gestión más compleja. El 60 % de las personas con discapacidad son
mujeres y niñas. Es revelador que la mayoría de nuestra realidad, de nuestra base social sean mujeres. Y también casi el 60 % son personas mayores de 65 años, límite convencional en el que todavía consideramos -no sé si habrá que revisarlo en el
futuro- que las personas ya son mayores y, por tanto, de edad avanzada. Otro dato significativo, por lo que comporta en su atención por una política pública, es que un millón de estas personas con discapacidad residen en el medio rural, lo cual
hace que sus factores de exclusión, de exposición a dificultades en el ejercicio de sus derechos y acceso a bienes sociales básicos, se vean incrementados notablemente. Otro rasgo que está atravesando la discapacidad es que ya no tenemos tantas
situaciones de discapacidad ligadas al nacimiento de la persona o a los primeros estadios de la vida, sino que preponderantemente se produce una situación de discapacidad sobrevenida. Llega en un momento a personas que antes no la tenían ni la
esperaban, en la juventud, en la edad adulta, en la edad avanzada, y significa una cierta sacudida vital existencial para ellas y para sus familias. Esto supone un cambio de rostro que también tiene que permear y llegar a las políticas públicas que
no estaban pensadas para estos cambios sobrevenidos, sino que hacían un seguimiento lineal de la persona desde el nacimiento hasta las etapas ulteriores de su vida.


Esto en lo que se refiere a los rasgos cuantitativos, y respecto a los rasgos cualitativos podría ser muy prolijo, pero para ser breve puesto que ya les hemos aportado documentación que da soporte con mayor grado de detalle a todas las
cuestiones que ahora solo voy a enunciar, como grandes parámetros de la situación cualitativa de las personas con discapacidad en España podemos decir que tienen una menor capacidad de renta y mayores gastos, lo cual es un binomio endemoniado, una
combinación perversa porque somos más pobres y tenemos más gastos en razón de nuestra discapacidad. Una mayor situación de pobreza objetiva, agravada en los últimos años por la crisis económica, donde se ha visto que en el caso de las personas con
discapacidad el diferencial ha crecido en relación con el empobrecimiento general de la población española sin discapacidad. A lo que se añaden dificultades objetivas documentadas de gran consideración para acceder a los derechos que estimamos
básicos y a los bienes sociales que caracterizan o deberían caracterizar una sociedad democrática avanzada otorgando dignidad a sus miembros. Una elevada dependencia de instancias ajenas a la propia persona, que no está en condiciones de tomar
decisiones sobre su vida, sobre dónde vivir, cómo vivir, cómo elegir un estilo de vida, porque depende de otras instancias, familiares, institucionales, económicas, al estar, por ejemplo, muy generalizada la situación de no generar recursos propios
por estar excluidos del mercado de trabajo o depender de subsidios, o de prestaciones públicas que normalmente tienen muy escasa cuantía. Por tanto, podemos decir que las personas con discapacidad estamos todavía en una situación de exclusión
permanente y estructural. Somos un grupo social que no tienen garantizados, como mandata nuestra Constitución, el

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acceso y el ejercicio de los derechos fundamentales, las libertades públicas y el uso y disfrute de los bienes sociales considerados básicos en una sociedad decente. Por tanto, se siguen necesitando con intensidad políticas públicas y
legislaciones para promover la igualdad, el ejercicio efectivo y el acceso a los derechos y a los bienes sociales para las personas con discapacidad en España. Por desgracia, creemos que aún estamos lejos de esa situación donde no fueran necesarias
políticas públicas diferenciadas, singulares, en relación con las personas con discapacidad y sus familias. Después del páramo que ha supuesto la crisis, estamos más necesitados de políticas que intensifiquen la acción transformadora en favor de
las personas con discapacidad.


Hago una referencia en la documentación que hemos facilitado a la Secretaría de la Comisión al informe Olivenza 2015, que es el producto estrella del Observatorio Estatal de la Discapacidad, un órgano de la Administración General del Estado
dependiente del Real Patronato sobre Discapacidad de la Dirección General de Políticas de Apoyo a la Discapacidad. Son casi 700 páginas donde queda documentada con datos y referencias más detalladas y pormenorizadas la situación de las personas con
discapacidad en España, donde también se llama la atención sobre los 37 indicadores que miden la inclusión de las personas con discapacidad en España con una comparativa territorial, e incluye -creo que puede ser un buen instrumento de trabajo para
sus señorías- una gran cartografía sobre cómo estamos las personas con discapacidad en nuestro país. Decía que necesitamos políticas y legislaciones públicas para salir de esa situación generalizada, estructural, sistémica, de desigualdad, y para
poder estar en una posición similar a la del resto de la ciudadanía española tras cuarenta años de régimen democrático.


Paso ya a lo que es la esencia de la comparecencia, es decir, qué esperamos de esta legislatura, cuáles serían las grandes demandas globalizadas para las que Cermi presenta la agenda global del movimiento social de derechos humanos de
personas con discapacidad desde la óptica de este sector asociativo, que con cierta premura paso a enunciar. Les hemos facilitado el documento máximo de agenda política que fue presentado a las formaciones políticas que participaron en los dos
últimos procesos electorales. Disponen de este amplio documento y de aquí voy a sacar los factores más relevantes. La primera gran demanda sería una reforma constitucional que llevara a una constitucionalización de los derechos sociales como
fundamentales. En concreto enunciar el derecho a la inclusión social de las personas con discapacidad y la reforma y reubicación del artículo 49, que es el que ahora regula nuestra realidad con otra terminología, ya superada y no admisible, y se
dedica a esta parte de la población. Por tanto, una reforma constitucional que lleve a esa categorización de los derechos sociales como fundamentales y, en concreto, el derecho a la inclusión social. Un bloque amplio, intenso, urgente, apremiante,
de derechos humanos que significaría la revisión de nuestro ordenamiento jurídico, para lo que proponemos una ley escoba general, transversal, con rango de orgánica porque muchas de las materias pendientes de acomodar en nuestro ordenamiento
jurídico de la Convención de la ONU tienen que ver con derechos fundamentales y libertades públicas y, por tanto, tiene que ser a través de leyes orgánicas, en ámbitos críticos donde nuestro sistema legal es incompatible con los derechos humanos.
Diez años después de la aprobación por Naciones Unidas de esta convención o tratado de derechos humanos que se cumplirán el próximo 13 de diciembre, el primero del siglo XXI, se siguen produciendo situaciones tan críticas y, a nuestro juicio, tan
poco presentables como la privación del derecho de voto o de sufragio para determinadas personas con discapacidad que soportan una sentencia de incapacitación. La Ley Orgánica del Régimen Electoral General permite al juez privarles de su derecho de
sufragio. Casi 100.000 personas con discapacidad están en esta situación, que no tiende a decrecer o desaparecer, sino que por el contrario -desde hace relativamente poco tiempo tenemos datos actualizados de la Junta Electoral Central y de la
Oficina del Censo Electoral sobre privación del voto- está creciendo a pasos agigantados cuando el mandato claro, contundente, categórico, de la convención es que no se puede privar a nadie por razón de discapacidad de su derecho de sufragio.
Cuando digo a nadie no es una interpretación solo nuestra, sino el artículo 29 de la convención y la interpretación auténtica que ha hecho el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Por otra parte, la igual capacidad jurídica ante la ley
exige una reforma de nuestro Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil, para acabar con sistemas de incapacitación que sustituyen a la persona con discapacidad en la toma de decisiones, en este caso suelen ser personas con discapacidad
intelectual, con discapacidad psicosocial o con deterioro cognitivo. Ese paradigma está también trasnochado, solo cabe un paradigma digno y compatible con los derechos humanos, que es apoyar a la persona para tomar sus propias decisiones, pero en
ningún caso, como supone la tutela o la curatela, sustituirla por otros en la toma de decisiones. También solicitamos una

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revisión del ordenamiento jurídico para acabar con los internamientos forzosos, la privación del derecho a la libertad personal por razón de discapacidad psicosocial, salud mental o enfermedad mental. Además, pretendemos acabar con la
esterilización forzosa en el Código Penal. Aunque en 2015 se produjo un avance, el 90 % de las esterilizaciones se producen fundamentalmente en mujeres, por lo que tiene un evidente sesgo de discriminación por razón de sexo, a las que se impide
tomar decisiones sobre tener descendencia o formar una familia que es otro derecho humano básico.


También solicitamos una educación inclusiva, nuestro país sigue incumpliendo la convención en la medida en que mantiene dos sistemas de escolarización, uno llamado ordinario donde está alrededor del 80 % del alumnado con discapacidad, y uno
segregado o especial donde se escolariza a determinados alumnos con discapacidad, normalmente los que necesitan más apoyo para su inclusión educativa. Con el nuevo paradigma de la convención, artículo 24, no caben sistemas segregados educativos,
forzosamente tienen que amortizarse las estructuras no inclusivas e ir a una única educación inclusiva. Ya no habría esa dualidad de educación ordinaria y especial. Mientras se llega, porque habrá que darse un plazo razonable para migrar de una
estructura no inclusiva a una inclusiva, en todo caso tiene que ser reformada la ley orgánica de educación para dar a la persona la libertad de elección del modelo educativo mientras existan dos, si tiene la edad suficiente con arreglo a la mayoría
de edad de nuestro ordenamiento jurídico, o a sus representantes legales, a su familia, a sus progenitores. Ahora, y esto es un ataque a la libertad de elección, esa decisión es de una instancia administrativa, que no puede sustituir a la persona
en la elección de la modalidad de escolarización, lo que da lugar a dolorosos procesos judiciales -después, si tengo ocasión en el turno de preguntas o en el diálogo con sus señorías, lo explicaré- donde las familias recurren la decisión
administrativa, llegando incluso al caso de procesos penales contra los progenitores que se han negado a llevar a su hijo o hija a un centro especial. Hemos tenido casos de familias acusadas de abandono familiar por negarse a cumplir esa decisión
administrativa. También abogamos por la desinstitucionalización, que significa que las personas con discapacidad hemos de vivir y desarrollar nuestra vida allí donde queramos, y los poderes públicos deben favorecer esa elección personal facilitando
apoyos y recursos para que esa elección sea real y efectiva y no obligando, por ejemplo, en el caso de personas que necesitan grandes apoyos para su vida diaria, a vivir en una residencia como única oferta, o a vivir en un medio o entorno
disgregado, segregado, distinto al de la corriente general de la vida en comunidad.


Recuerdo -y cierro este bloque de derechos humanos- que Naciones Unidas va a revisar de nuevo a España, será en Ginebra en agosto del año que viene. España fue revisada en 2011 y en 2017 será preguntada e interpelada acerca de las
recomendaciones que se dieron al Reino de España y su nivel de cumplimiento. Hemos de decir que gran parte de dichas recomendaciones están pendientes -me acabo de referir a ello- y, por tanto, Naciones Unidas le dirá a España que no ha cumplido las
recomendaciones de 2011 e intensificará el nivel de exigencia, vista la poca respuesta que ha tenido respecto a sus compromisos internacionales suscritos a través de este tratado de derechos humanos.


Paso al bloque de recortes, en los últimos años como consecuencia de la crisis, las políticas de austeridad y los recortes producidos en las políticas públicas sociales, se han perdido prestaciones, apoyos, recursos que estaban disponibles o
se ofrecían a las personas con discapacidad en ese acompañamiento a su proceso de inclusión. Se ha producido sobre todo en el ámbito sanitario, social y también de accesibilidad. Y con la recuperación económica que parece que se está produciendo,
es el momento de recuperar todo lo perdido y de no estar sometidos a más situaciones derivadas de recortes o de políticas de austeridad.


Otro gran bloque en el que tenemos que insistir en esta legislatura sería el que genéricamente llamamos activación de las personas con discapacidad, que pasa necesariamente por un nuevo modelo legal de inclusión laboral. Tenemos una oferta
que hacer a este Parlamento, al Gobierno, necesitamos superar la tasa de actividad de las personas con discapacidad que actualmente es de casi un 38 %, cuarenta puntos menos de tasa de actividad que la población general sin discapacidad, y debemos
tener esa ambición colectiva de llegar en torno a los años 2020-2021 a una tasa de actividad del 50 %. Eso significaría un incremento de 150.000 personas con discapacidad consideradas activas al incorporarse a un puesto de trabajo, con un
desarrollo profesional decente, digno, inclusivo, suficiente. Creo que es muy importante trazarnos ese objetivo. Decía el señor presidente que venía de la Comisión del Pacto de Toledo, en los próximos días compareceremos en dicha Comisión y
haremos este ofrecimiento en el sentido de que salvar nuestro sistema de protección social prioritario, la Seguridad Social, requiere que trabajen más personas discapacitadas, que no se desaproveche nuestro talento. Queremos poner ese

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horizonte en cuatro o cinco años de 150.000 personas más trabajando, lo que significará cotizaciones, pago de impuestos, generación de ingresos, aumento del consumo, visibilidad, dignidad y autoestima para muchas personas con discapacidad
que ahora están en zonas de sombra, excluidos, viviendo o malviviendo de una prestación, de un subsidio cuando lo hay o, si no, del puro apoyo solidario de sus familias. En España tenemos un movimiento social emprendedor, un movimiento social que
se ha corresponsabilizado en la búsqueda de soluciones laborales para las personas excluidas; aprovechémoslo, hay mimbres para hacer una nueva reforma legal que supere la Lismi, que es un modelo de empleo que tiene más de treinta años. En nada se
parece lo que sucede hoy en el ámbito productivo y de la generación de empleo a lo que sucedía hace treinta años. Tenemos que superar ese modelo quedándonos con lo positivo, que lo ha tenido, y plantearnos la activación de las personas con
discapacidad a través de un desarrollo profesional inclusivo en el mercado abierto, que genere un trabajo decente y digno que les permita una vida como la de las demás personas.


Ustedes saben que sin ese bloque de accesibilidad universal, sin ese presupuesto básico previo, los derechos y libertades que tenemos reconocidos las personas con discapacidad terminan diluyéndose, terminan vaciándose de contenido. Quiero
recordar que, por mandato de este Parlamento, el año 2017 es el límite legal máximo para que todos los entornos, productos y servicios, sean accesibles; los entornos nuevos, por supuesto, y los anteriores a 2003, siempre que sean susceptibles de
ajustes razonables. Ahí está ese mandato, pero no vamos a llegar. Ojalá pudiéramos decirlo y saludarlo, pero va a ser imposible que todos los entornos arquitectónicos, urbanísticos, telecomunicaciones, sociedad digital, transportes,
infraestructuras, relaciones con las Administraciones, bienes y servicios a disposición del público y procesos electorales sean accesibles. Sin embargo, aquellos que no lo sean incurrirán en una ilegalidad y estarán sometidos a posibles acciones
por incumplimiento, desde demandas judiciales hasta sanciones administrativas en virtud de la Ley de infracciones y sanciones.


Otra materia esencial -en la que insisto y que espero que esta legislatura resuelva definitivamente- se refiera a la reforma de la Ley de Propiedad Horizontal para que las obras y actuaciones de accesibilidad, como el resto de actuaciones
obligadas para la comunidad de propietarios, sean asumidas por toda la comunidad. No como ocurre ahora, que solo existe límite en cuanto a la aportación que ha de hacer la comunidad de propietarios para las obras de accesibilidad, pero no existe
para otras obras que dotan de seguridad, de estanqueidad o de otro tipo de elementos necesarios a las viviendas en comunidad de propietarios. También le hemos planteado a este Parlamento que cree mediante ley un fondo estatal de promoción de la
accesibilidad, que se nutriría del 1 % del presupuesto de los ministerios de inversiones en obras públicas e infraestructuras y también en sociedad digital. Repetir lo que ya existe en patrimonio histórico en el ámbito de la discapacidad, sería una
muy buena medida para favorecer el cumplimiento de esos límites legales de accesibilidad a todos los entornos.


En el ámbito de la autonomía personal -y voy concluyendo- se cumple el décimo aniversario este mes de diciembre de la Ley 39/2006 de promoción de autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia, que fue en su momento
una conquista social y así lo vimos. Aunque tenía algunas deficiencias de modelo y algunos elementos no inclusivos, en todo caso, fue un avance hacia la consideración de las necesidades sociales desde el punto de vista del derecho subjetivo. Sin
embargo, es una ley -en este sentido, tengo que decirlo así categóricamente- que ha decepcionado a los dos grandes grupos sociales que eran sus destinatarios: a las personas mayores y a las personas con discapacidad con grandes necesidades de apoyo
para su autonomía personal. Es el momento de refundar el sistema, quedarse con lo bueno y reorientarlo para que este derecho subjetivo y este nuevo dispositivo de protección social sea efectivamente aquello para lo que se creó y no en la medida en
que se ha quedado como algo intermedio, que no está respondiendo a las legítimas expectativas de tantas miles de familias y personas. Aquí el tema del copago es especialmente hiriente para las personas con discapacidad. Solo recuerdo que hay una
iniciativa legislativa popular -pendiente de su toma en consideración en la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales y después en su momento en el Pleno- que plantea y propone un establecimiento de un marco de participación en el coste que no
suponga expulsar a ninguna persona o familia del sistema por cuestiones de aportación a las prestaciones y a los servicios que se reciben.


Otro tema que nos queda en la agenda y que es permanentemente invocado, pero nunca materializado, es el espacio sociosanitario, la creación de una auténtica dimensión sociosanitaria, una convergencia del Sistema Nacional de Salud y de los
distintos sistemas y subsistemas de protección social que ahora están rígidamente enfrentados o separados porque apenas tienen confluencia. Ahí, por ejemplo, dentro de esa creación de un espacio sociosanitario estaría la renovación de la prestación
ortoprotésica del Sistema

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Nacional de Salud, porque es anacrónica y anticuada -tiene más de veinte años- y no responde a la realidad de lo que ofrece la tecnología y el mercado para ayudar a acompañar a las personas con discapacidad a ser autónomas, a poder llevar
una vida participativa e inclusiva. En este bloque de espacio sociosanitario, junto con las organizaciones de pacientes, pedimos a la vez la existencia de un estatuto legal del paciente crónico. El paciente crónico, aquel que tiene una enfermedad
que no le va abandonar, tiene una serie de necesidades sanitarias, sociales y sociosanitarias que no están cubiertas, ya que no les estamos dando respuestas desde los dispositivos de atención pública.


Voy ya concluyendo, señor presidente. Quiero hacer una referencia inexcusable a las mujeres y niñas con discapacidad porque son el 60 % de nuestra realidad y padecen una exclusión mucho mayor, más incrementada, que las personas con
discapacidad en general. La discapacidad en España tiene rostro de mujer mayor y, en este caso, dentro del grupo de la discapacidad estas mujeres están en situaciones de mayor pobreza, menor grado de inclusión y de desarrollo humano, mayor
exposición a la violencia, los abusos y maltratos, menor decisión sobre sí mismas y mayor institucionalización. En este caso, todo ello muestra un cuadro sombrío en relación con las mujeres. Por tanto, hay que teñir las políticas públicas de
igualdad de género con la óptica de discapacidad y las políticas de discapacidad con la perspectiva de género. Quiero recordarles que la pasada semana ha habido un acuerdo para que haya un pacto de Estado en materia de violencia de género que puede
llevar a una reforma de la ley que regula esa realidad. Sin embargo, habría que incorporar esta dimensión -tenemos la agenda política con demandas concretas- para que en esa reforma de la ley se incluyan a las mujeres y niñas con discapacidad de
forma más intensa, más protectora y más garantista.


Otro elemento al que me tengo que referir, que introduce desestabilización y cortocircuita el normal desarrollo de nuestro movimiento social, es el juego ilegal. Saben que algunas de las organizaciones de nuestro sector más relevante tienen
su principal aporte económico en el desarrollo, por delegación del Estado, de un juego social, de un juego responsable, de un juego decente. Hay situaciones de juego ilegal muy enquistadas, pero a pesar de estar fuera de la legalidad no han
encontrado ninguna respuesta y perjudican seriamente la imagen y realidad, así como la sostenibilidad, de nuestro sector. También pedimos esa actuación importante y trascendente -esperemos que definitiva- contra esta realidad ilícita, porque está
jugando con la imagen de las personas con discapacidad.


Concluyo ya, señor presidente. Les pedimos -reitero esta petición que siempre van a oír a través del diálogo civil, de políticas públicas construidas cooperativamente, dando participación y corresponsabilizando al tercer sector y a los
movimientos sociales porque son la expresión de la ciudadanía activa y participativa en los asuntos públicos- que promuevan con buenas políticas, con políticas sólidas y ambiciosas, y con una mejor legislación desde el Parlamento la inclusión de
esta parte de la diversidad humana y social a una vida en comunidad digna y decente. Dennos oportunidades para corresponsabilizarnos en la mejora colectiva de nuestro país y en la aportación a ese desarrollo humano de todos los ciudadanos y
ciudadanas españoles.


Muchas gracias. Quedo a su disposición para contestar todas las cuestiones que deseen plantearme.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Pérez Bueno. Realmente ha sido una agenda muy amplia y muy ambiciosa.


Empezamos el turno de portavoces, cada portavoz tendrá un tiempo de diez minutos. Por el Grupo Mixto, Unión del Pueblo Navarro, tiene la palabra don Íñígo Alli.


El señor ALLI MARTÍNEZ: Muchas gracias, señor presidente. Asimismo, quiero dar las gracias a todos los miembros de la Mesa de la Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad, y especialmente a nuestro invitado.


Antes le preguntaba a don Luis Cayo, presidente del Cermi estatal, cuántas veces había venido a este Congreso y en total me decía que cerca de veinte veces. Me imagino el grado de frustración que debe tener, aunque no hay que perder la
perspectiva del avance que ha habido en los últimos cuarenta años, con relación a cómo vivían las personas con discapacidad a cómo viven ahora. Le agradezco también el análisis equilibrado que ha hecho de la actual situación de las personas con
discapacidad. Por un lado, no ha hecho un análisis catastrofista -aunque posiblemente algunas fuerzas políticas hayan querido hacer ver que es así y luego cuando están al frente en algunas comunidades autónomas se han dado cuenta de lo complicado
que es ejercitar y ejecutar las políticas efectivas para la inclusión de las personas con discapacidad-, y por otro lado, tampoco ha entrado en el otro extremo de llevarnos a una autocomplacencia ni a una situación idílica, que en absoluto existe en
este momento en España. Tampoco tenemos que

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perder de vista un hito que ocurrió en el año 2013, ya que uno de los grandes beneficiarios -con razón y con motivos- fue el Cermi que preside. Me refiero al premio otorgado con mayor enjundia a nivel internacional en estos asuntos, el
Premio Roosevelt de los derechos de las personas con discapacidad al Reino de España por las políticas que se habían desarrollado. Aunque -insisto- queda todavía muchísimo por hacer.


Ya que hablamos de horizonte -entendiendo que hay muchas competencias delegadas a las comunidades autónomas y, por tanto, también a la Comunidad Foral de Navarra, que en este caso soy la voz que la defiende-, me gustaría hacerle algunas
consideraciones que creo que compartiremos plenamente ante la dificultad de llevar a cabo las políticas que desarrollan los derechos humanos recogidos en la Convención de Naciones Unidas con relación a las personas con discapacidad, sea cual sea su
discapacidad, en cuanto a los tres ámbitos que cualquier cargo o representante público debiera tener en su disco duro. El primer ámbito sería -usted lo ha dicho reiteradamente y estoy de acuerdo con ello- la autonomía de esa persona; ser una
persona autónoma significa que al final del día uno puede tomar al menos una decisión sobre su propia vida.


El segundo se refiere a ser inclusivo; es decir, poder vivir en comunidad, como usted también ha dicho francamente bien, no vivir apartado ni estigmatizar a las personas con discapacidad, ni tampoco tener una mirada condescendiente, ni
paternalista o proteccionista, sino al contrario, desde el esfuerzo personal, y con los derechos que le amparan. Por tanto, los representantes públicos y las administraciones públicas tenemos la obligación de lograr esa autonomía, esa inclusión, y
por tanto, ese desarrollo personal mediante los apoyos que necesita una persona desde su nacimiento o desde que le sobreviene, como bien ha dicho, cualquier tipo de discapacidad en su proyecto vital. Hay que tener apoyos individualizados y no crear
un entorno de café para todo el mundo, cuando realmente cada persona es parte protagonista sea cual sea su discapacidad.


Por último, hay una premisa fundamental que no es otra que el propio diagnóstico de las personas con discapacidad. No solo hay que centrarse en el factor limitante sino también en las capacidades que tienen las personas. Al fin y al cabo,
eso nos lleva a una reflexión, que entiendo que compartimos todos los representantes de las diferentes fuerzas políticas que estamos en esta Comisión, de la que ahora hablaré. No solo hay que valorarlo desde los derechos humanos, faltaría más, sino
que las personas con discapacidad son, en primer lugar, personas, y después, pero muy lejos, viene su condición. Desde esa perspectiva es como deberíamos legislar todas las peticiones que hace el presidente del Cermi, que para eso estamos aquí.


También quiero hacer hincapié en algo muy relevante y es que aparte de hacer usted una magnífica labor de representación institucional y de presión asociativa, que es la que le corresponde, también es un gran trabajador y quiero agradecer
todas las propuestas que ha puesto sobre la mesa a las fuerzas políticas, ya que tenemos ahora suficiente documentación para empezar a trabajar en algo concreto. No sé si alguna vez lograremos -espero que sí puedan hacerlo las futuras generaciones-
convivir en una sociedad plenamente inclusiva, donde se desarrollen con total efectividad los derechos humanos de las personas con discapacidad. Si así fuera, quizás tendrían que desaparecer esta Comisión y el Cermi porque ya se habría logrado esa
real inclusión y autonomía de las personas.


A mí me gustaría ahondar en un tema al que se ha referido, al perfil de la exclusión en España: mujer, del ámbito rural y con discapacidad. Por tanto, esta Comisión tiene muchas cosas que hacer. Teniendo claro cuáles son los grandes
objetivos y retos, con relación a cada una de las personas y su proyecto vital hay que intentar que se desarrolle en la sociedad y en sus respectivas localidades en términos de igualdad, en cuanto a las prestaciones y apoyos que requiere en
cualquier punto de España.


A mí me gustaría llevar algunos temas concretos a esta Comisión -con esto finalizo, señor presidente-. Tienen que ocurrir dos cosas para que este Congreso deje de ser tal como ha sido para don Luis Cayo las veinte veces que ha comparecido.
Hoy usted recibe aquí los parabienes de todas las fuerzas políticas, que le decimos que tiene toda la razón del mundo y que nos vamos a poner a trabajar intensamente para desarrollar las leyes que amparen a esos 4 millones de personas con
discapacidad en España y 12 millones de personas afectadas en el entorno familiar, cercanas a las personas con discapacidad. Para ello, tienen que ocurrir dos cosas. La primera propuesta es que esta Comisión salga a la calle. Es fantástico que
aquí hablemos y llenemos páginas en el 'Diario de Sesiones' sobre la discapacidad y se nos llene la boca con grandes expectativas de lo que tenemos que hacer, pero realmente tenemos que salir a la calle para comprobar con qué adversidades y con qué
barreras se encuentran las personas con discapacidad y su entorno familiar. Esa perspectiva también es fundamental. Por eso, me

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gustaría que esta Comisión saliera a visitar a otras comunidades u otros ayuntamientos para ver qué se está haciendo, qué prácticas se están llevando a cabo, pero que también se haga en el ámbito asociativo para que veamos que sí hay
esperanza y horizonte para las personas con discapacidad y así logremos llevarlo al ámbito legislativo para conseguir que se desarrolle en todos los puntos de España.


La segunda cuestión se refiere al tema por donde ha empezado don Luis Cayo, aunque aquí no es cuestión de ponerse medallas. Es cierto que en la fallida XI Legislatura, Unión del Pueblo Navarro fue quien propuso desde la humildad de sus dos
escaños en el gallinero, arriba en el hemiciclo, que esta Comisión tuviera carácter legislativo, porque si no todo esto sería un brindis al sol hasta que se lleve a Pleno y retrasaría todos los procedimientos legislativos. Espero que esa iniciativa
de Unión del Pueblo Navarro -pero no solo de UPN sino de todas las fuerzas políticas, sea cual sea su ideología-, que pone el foco en las personas con discapacidad, logre que esta Comisión definitivamente tenga carácter legislativo. Solo de esa
manera llevaremos de forma efectiva las políticas que emanan de este lugar, que es la sede donde reside la voz del pueblo, la soberanía del pueblo y, por tanto, también la soberanía de las personas con discapacidad.


Por mi parte, nada más. Muchísimas gracias, por su presencia, por su lucha constante en ser la voz del ámbito asociativo de las personas con discapacidad y de todas las familias que tenemos alguna persona con discapacidad. Por nuestra
parte tendrá todo nuestro apoyo, como bien sabe.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Alli.


Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, señora Capella.


La señora CAPELLA I FARRÉ: Gràcies, president.


Quiero dar las gracias al señor Pérez Bueno por comparecer de nuevo ante esta Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad. De entrada, quiero disculparme porque después de terminar mi intervención tendré que salir corriendo,
porque tengo Mesa y portavoces en la Comisión de Justicia, pero después volveré.


Empezaré por el final de la intervención del compañero de Unión del Pueblo Navarro, en cuanto a la necesidad de que esta Comisión se convierta en una Comisión legislativa; extremo que comparto efectivamente, porque no podría ser de otra
manera. Ojalá -como decía él- tengamos que felicitarnos próximamente por el hecho de que no necesitemos una Comisión para el relato de la discapacidad y que las distintas capacidades impregnen de forma transversal todas las políticas del Estado
español y de la república catalana que desde Esquerra Republicana pretendemos construir. Por tanto, la finalidad de esta Comisión no tiene que ser otra que alumbrar que la política sobre discapacidad llegue hasta el último rincón de todas las
políticas para que no se necesite una Comisión especial.


Quiero recordar -como he hecho en otras ocasiones y como hacía usted también- el significado de la Convención de Naciones Unidas de 2006. Diez años después de su aprobación y de su firma, en este caso del Estado español, el primer Tratado
de derechos fundamentales del siglo XXI -como decía muy bien- nos permite y nos exige reinterpretar los derechos fundamentales y, por tanto, definirlos de forma distinta. Insisto en referirme a la Convención de Naciones Unidas porque representa un
impacto legislativo de primera magnitud, que el Estado ha ido capeando pero que no ha asumido. En esto debemos ser rigurosos y asumir la parte de responsabilidad que cada uno de nosotros tenemos en este proceder. Es un impacto legislativo de
primera magnitud porque significa reinterpretar y asumir los derechos fundamentales de las personas con discapacidad o distintas capacidades de forma plena, que hasta ahora no se había hecho. Como muy bien decía, la discapacidad puede ser de
nacimiento, pero ninguno de nosotros escapa a que podamos tener alguna discapacidad en el devenir de nuestra vida, a causa de nuestro envejecimiento o por circunstancias múltiples. Por tanto, quiero insistir en este hecho del impacto legislativo.


Como bien apuntaba, debería revisarse desde la Constitución y su concepción de los derechos fundamentales hasta la modificación de leyes importantes. Usted hablaba de la necesidad de modificaciones constitucionales -yo ya he apuntado hacia
dónde vamos y qué defiende Esquerra Republicana, no es necesario que insista en el tema- para recoger este hecho como derecho fundamental y que sea directamente aplicable la inclusión social. ¿Hay que hacer una revisión de todo el ordenamiento
jurídico? Por descontado. Ha habido Administraciones que sí que han hecho esta revisión como, por ejemplo, el Ayuntamiento de Barcelona. El Ayuntamiento de Barcelona hizo una valoración exhaustiva de la aplicación de la Convención de Naciones
Unidas. Pongo a Barcelona como ejemplo porque yo he sido concejala de

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ese ayuntamiento y he tenido el honor -porque lo fue- de ser gerente del Instituto Municipal de Personas con Discapacidad. Que se hiciera esa revisión no es mérito mío, yo me encontré este trabajo hecho y, por tanto, lo pude presentar.
Pero respecto al nivel de accesibilidad, de la aplicación de la propia Convención de Naciones Unidas, Barcelona -en esto coincidirá conmigo- ha hecho un recorrido muy importante. Lo pongo en valor, no por nada, sino porque es un ejemplo a seguir.
En todo caso, creo que es bueno tener en cuenta lo que se ha hecho bien.


Usted también nos apuntaba cuestiones que de forma recurrente aparecen y que, en definitiva, son derechos fundamentales como la necesidad de modificar el Código Civil o la ley en materia de sufragio, o la necesidad de modificar la Ley de
Enjuiciamiento Civil en cuanto a las situaciones de incapacidad. En estos momentos la ciencia médica ha avanzado de forma significativa, de tal forma que estos nuevos tipos de incapacidad deben ser contemplados en el Código Civil y los propios
jueces que han de dictar una resolución en materia de incapacidad tienen que tenerlo en cuenta, porque existen incapacidades parciales donde es posible que estas personas con apoyos -como usted decía- puedan tomar determinadas decisiones.


En definitiva, quiero hacer un apunte en cuanto a la autonomía personal, con la posibilidad de completar aquellos aspectos de la vida en los que no se tiene la capacidad al cien por cien. Usted también apuntaba a la desinstitucionalización.
Efectivamente, hay un modelo a seguir y a potenciar: la autonomía personal. Estoy hablando de que con apoyos se puede lograr una vida independiente. Aunque haya personas que no crean que este deba ser un modelo a seguir, en todo caso, es una
inversión para el futuro, como usted apuntaba. Perdonen el desorden de mi intervención, pero hay un aspecto de su comparecencia que me ha llamado la atención y que tengo que poner encima de la mesa. No solo están las personas en situación de
discapacidad sino también las familias, los entornos. Los apoyos a la autonomía personal, y por tanto el asistente personal, es un beneficio para la persona en situación de discapacidad, pero también un apoyo y un beneficio a favor de las familias
y de los entornos de la persona que padece en un momento determinada discapacidad, porque es una inversión en salud, en bienestar, en felicidad, en igualdad, etcétera. Por tanto, hay un modelo a seguir, a desarrollar y en este tema sí que le pido
al representante que el Cermi sea beligerante con los representantes públicos, con los Gobiernos, sean de donde sean, porque en definitiva es el modelo a seguir. El modelo residencial viene a dar respuesta a situaciones límite; el modelo del
asistente personal -y con esto enlazo con lo que iba diciendo en relación a los apoyos en la toma de decisiones- supondrá la atención a las personas en situación de discapacidad en el futuro, es el modelo a seguir en el siglo XXI.


Quiero agradecerle de nuevo su intervención, las indicaciones que nos ha hecho, así como los puntos sobre los que ha incidido porque, en definitiva, nos ponen encima de la mesa las modificaciones legales y políticas que habrá que seguir en
el futuro. Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Capella.


Por el Grupo Ciudadanos, señor Clemente.


El señor CLEMENTE GIMÉNEZ: Gracias, señor presidente.


En primer lugar, quiero dar las gracias a don Luis Cayo y a la organización que representa por la excelente labor que están realizando, así como por su comparecencia en el día de hoy para explicarnos, sobre todo a los que somos nuevos en
esta Comisión, el mundo y las necesidades que tiene el sector de la discapacidad. Esperemos que esta Comisión en esta legislatura sirva de altavoz para el colectivo con capacidades especiales y/o diversidades funcionales en su conjunto y como
manera de concienciación, como hemos hablado antes, al conjunto de la sociedad.


Me satisface ver que a diferencia de otras Comisiones en las que estoy, parece ser que en esta vamos a llegar a muchos consensos. Deseo realmente que así sea, más allá de la ideología, y que apliquemos el sentido común, como ha dicho antes
el compañero de Unión del Pueblo Navarro. Desde aquí nos sumamos a la petición repetida, pero quizá a veces manida, que en numerosas ocasiones se ha hecho sobre que esta Comisión sea aparte de permanente, una Comisión legislativa, como ha comentado
antes el compañero. Creemos que la discapacidad tiene una entidad propia, ya que ahora mismo es totalmente transversal porque tiene parte en todas las condiciones de la vida y de la autonomía personal y, por tanto, creemos que inexorablemente debe
ser legislativa, de una vez por todas. Nuestro grupo parlamentario está de acuerdo en que todos los temas que se nos plantean son merecedores de un estudio riguroso y serio para poner en marcha esas iniciativas parlamentarias sin dilación alguna.

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Quiero poner en valor brevemente los ejes fundamentales que desde nuestro grupo parlamentario queremos llevar a cabo dentro de la agenda de esta Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad. El principal eje se refiere a esa
reforma constitucional, que de hecho llevábamos en nuestro programa electoral, para que se incorporen y se blinden esos derechos de discapacidad dentro de la Carta Magna. Es más, nosotros queremos ir un poco más allá y garantizar dentro de la
Constitución la dotación económica de esos derechos, porque si no hay dotación puede pasar como la Ley de dependencia, que todo quede en un papel, en buenas intenciones. Queremos ir más allá -como he dicho anteriormente- y esperamos contar con la
ayuda del resto de grupos parlamentarios en esta tarea.


Otro de los grandes ejes que vemos muy importante y más urgente es el de la accesibilidad. Ahí me toca personalmente el asunto como arquitecto y participante en mi anterior vida profesional como colaborador en planes de movilidad. Quiero
reseñar que ya hemos tomado esta demanda y hemos presentado iniciativas tanto en la Asamblea de Madrid como en el Congreso sobre tema de accesibilidad universal en los medios ferroviarios. Primero, quiero resaltar que llegamos tarde, como ha
expuesto, en el cumplimiento de la ley. Segundo, porque no solo se trata de la accesibilidad física sino de que esa accesibilidad venga recogida en los derechos fundamentales, también en papel. Hay que hacer que las personas con movilidad
reducida, ya sea congénita, temporal o sobrevenida, los cuales pertenecen como antes ha dicho a un sector de la población muy heterogéneo, puedan tener acceso a esos derechos, como cualquier otra persona que no tenga disfunción alguna en cuanto a
capacidades de autonomía o movilidad.


Otro de los grandes ejes en los que estamos trabajando ahora mismo, con varias propuestas en el ámbito sociosanitario, es la actualización y el estudio de la cartera ortoprotésica, luego le haré una pregunta al respecto. Como ya adelantaba
en la anterior legislatura, esta cartera se encuentra muy desactualizada. Hemos tenido acceso a un borrador y ahora le formularé una pregunta sobre este asunto y esa actualización. Hay que revisar esos copagos porque a veces son absurdos y
ocasionalmente si uno no está incluido en ese catálogo no tiene acceso a ellos, aunque no correspondan a la realidad de esas personas con movilidad reducida. Y dentro del mismo ámbito sociosanitario, la cronicidad. Desde nuestro grupo
parlamentario tanto en la anterior legislatura, que, por desgracia, no fue fructífera, como en esta, hemos tenido la oportunidad de escuchar a otras asociaciones, además de a la suya, que también han incidido en la necesidad de ese reconocimiento de
la cronicidad, porque ahora mismo muchas personas están como en un limbo administrativo, ya que no son discapacitadas desde el punto de vista administrativo y, sin embargo, sí sufren los problemas de movilidad, por lo que no están bien atendidas en
este ámbito sociosanitario.


Otro de los grandes puntos en los que queremos incidir desde Ciudadanos es en esa concreción de un nuevo modelo de inclusión laboral, algo muy importante para conseguir esa igualdad real y efectiva, perseguida y deseada, de las personas con
algún tipo de discapacidad y/o problema de movilidad, porque creemos que, además de justicia, se trata también de una inversión de futuro. En el caso de una población que puede estar y, de hecho, está en riesgo de exclusión no solo es importante
atender a esas personas desde el punto de vista social, ya que también pueden valerse por sí mismas y ser productivas en la sociedad a la que pertenecen, en una igualdad de derechos y obligaciones que se presuponen. Creemos que es muy importante
este aspecto psicológico, que no se ha trabajado lo suficiente. Por tanto, para este tercer sector, sobre el que usted nos ha dicho antes que debería dar apoyo a unos cuatro millones de personas, queremos colaborar, humildemente, para que no se vea
como un problema, sino como una verdadera oportunidad. No solo hay que considerarlo desde un punto de vista asistencial y de mejora de las condiciones, porque puede ser un modelo y una oportunidad de crecimiento económico, y entendemos que
realmente es así, pero no se están impulsando lo suficiente las medidas oportunas.


Y para terminar, tengo una serie de preguntas. Por lo que se refiere al ámbito sociosanitario, quisiera conocer qué opina sobre la existencia de un catálogo único, si conoce el borrador del nuevo decreto de prestaciones ortoprotésicas y
cómo valora la persistencia de ese copago, ya que, si uno no está dentro del catálogo, no se le paga nada. Sabe usted que desde Ciudadanos impulsamos el pacto nacional por la educación, pero cómo valora, si ese pacto no es inclusivo, que sea para
todos. Asimismo, en ese periodo de transición hacia un sistema de educación inclusiva único que ha comentado antes, ¿qué hacemos mientras? ¿Cómo se implementa la coexistencia? ¿Qué hacemos con los colegios de educación especial?


Muchísimas gracias por su asistencia y espero la respuesta a estas preguntas.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Clemente.

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Por parte del Grupo Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, tiene la palabra la señora Isabel Salud.


La señora SALUD ARESTE: Buenos días. Muchas gracias, especialmente al señor Pérez Bueno por esta comparecencia. Nuestro agradecimiento, y el mío, personalmente, porque no estuve en la anterior legislatura y me ha agradado su comparecencia
y la cantidad de datos que nos ha aportado, así como una agenda de trabajo concreta y extensa que debemos poner en marcha. Voy a entrar en los aspectos teóricos o de fondo, a nuestro entender, del problema. Es verdad que los avances y los logros
conseguidos a lo largo de muchos años en materia de discapacidad han sido numerosos gracias al trabajo de organizaciones como el Cermi, asociaciones e instituciones de voluntariado y también por un cambio de mentalidad en nuestra sociedad. No
obstante, seguimos teniendo retos. Tenemos un gran reto por delante, que no es fácil y que seguramente requiere de voluntad, pero también de presupuestos -porque las políticas sin dineros no se hacen, se quedan en papel mojado, solamente son buenas
intenciones-, y, también, por supuesto, depende de un cambio de visión, que luego comentaré. Me estoy refiriendo al derecho a la vida independiente, un elemento fundamental que está recogido en el artículo 19 de la Convención de la ONU de 2006 y
también como un derecho fundamental en la Constitución española. Sin embargo, algo tan obvio como garantizar el derecho a la vida independiente en una sociedad que se considera moderna, una sociedad inclusiva, que tiene bien engrasada su maquinaria
productiva, que produce riqueza, aunque se reparte de forma muy injusta -este no es el tema de hoy-, muchos en la actualidad siguen considerándolo un exceso, una utopía, algo irrealizable. Esta es la realidad que se observa -usted lo ha dicho-,
según los datos estadísticos, fruto del modelo económico de mercado en el que vivimos y de las políticas de contención del gasto público de nuestros Gobiernos en estos últimos años, de esta época de crisis, y, por tanto, de recortes, que están
castigando a la mayoría de nuestro país, y, en especial, a los colectivos más vulnerables; esta es la realidad, por mucho que no nos guste.


Por otra parte, nosotros pensamos que este derecho a la vida independiente o, mejor dicho, la visión existente de la discapacidad hay que repensarlo porque la realidad ha cambiado. Evidentemente, ha cambiado porque también lo ha hecho el
Estado del bienestar, basado en sus orígenes en la división del trabajo por sexos, cuando las mujeres asumían totalmente las labores de cuidado de la familia y la comunidad, mientras que hoy se han incorporado al mercado de trabajo. Pero también se
ha alcanzado -usted lo ha dicho- una esperanza de vida más larga, de modo que discapacidad y dependencia es lo que ocurre cada vez más a personas mayores. Así, la discapacidad ya no afecta solo a un determinado colectivo, puesto que todas las
personas tendremos a lo largo de nuestra vida una dependencia funcional. Finalmente, también es verdad que los hombres no han asumido los cuidados que han dejado de realizar las mujeres porque se han incorporado al mundo laboral. Por tanto, nos
encontramos en un momento de déficit en este tipo de cuidados.


La discapacidad forma parte del ser humano, que necesita cuidados familiares y también comunitarios. Este es el enfoque que, a nuestro entender, debe haber en el presente y en el futuro, porque una sociedad competitiva, una sociedad
altamente productiva no es una sociedad inclusiva para las personas con limitaciones funcionales. Hay que construir una comunidad inclusiva desde un enfoque global y desde la gestión de la diversidad, es decir, hay que dejar de ver la discapacidad
como algo que ocurre a los otros y empezar a considerar que nos pasará o nos está pasando ya a todos. Por tanto, para nosotros, la lucha por la igualdad y la no exclusión es fundamental y además ha de ser común, tenemos que trabajar estrategias
conjuntas antidiscriminación, porque los mecanismos que excluyen a los colectivos son los mismos, tanto si son referidos a los que tienen diversidad funcional, como si es sexual, cultural o religiosa.


Y, para terminar, un tema fundamental, que usted también ha mencionado, que es el empleo, porque es un elemento importante de inclusión y también de garantía de ingresos. En un mundo globalizado como en el que vivimos, con nuevas
tecnologías, que no ofrece ni va a ofrecer empleo para todos, hay que poner en práctica el reparto del trabajo, junto a la conciliación de la vida laboral y personal, pero este es un elemento fundamental que no abordamos. Ha de darse una batalla
cultural por la dignidad humana, porque la economía de mercado -no nos engañemos- no genera igualdad ni respeta la dignidad humana -lo estamos viendo y lo hemos visto-, y las personas tienen valor, no tienen precio. Cada sociedad se mide, por
tanto, por la manera en que cuida a sus miembros más vulnerables y está claro que nuestra sociedad no lo hace - usted ha dado datos escalofriantes-. Por tanto, hay que reivindicar que la discapacidad nos hace humanos, es nuestro horizonte y no es
un asunto de los demás. Nosotros apostamos por construir nuestra vida personal y comunitaria y nuestras políticas públicas en torno a estas formas.

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En este sentido, ustedes pueden contar con nuestro grupo para trabajar en común, lo vamos a hacer. Hemos tomado nota de la agenda que hoy nos dejan aquí y nos comprometemos públicamente a trabajarla. Y como han hecho ya otros grupos,
aunque creo que en eso coincidimos todos, tenemos que decir que compartimos, como no podía ser de otra manera, la idea de que esta Comisión tenga carácter legislativo.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Salud.


Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Joan Ruiz.


El señor RUIZ I CARBONELL: Gràcies, senyor president.


Antes que nada quisiera darle la bienvenida a esta Comisión, señor Pérez Bueno, que, como muy bien sabe, es la suya, una Comisión que intenta ser útil a los ciudadanos y a las ciudadanas que tienen capacidades diferentes a las que tiene la
mayoría de la población, trabajando para conseguir que todas las personas, independientemente de sus capacidades, tengan la oportunidad de estudiar, trabajar, acceder a todo lo necesario para vivir con dignidad, en definitiva, tener la posibilidad
de ser feliz.


En esta legislatura -ya se ha comentado- se ha celebrado una comparecencia anteriormente a esta que era obligada, la del Comité Paralímpico, como reconocimiento a los logros alcanzados por nuestros atletas en las recientes Olimpiadas de Río
de Janeiro. Lo cito también porque nos dio algún dato sobre accesibilidad a instalaciones deportivas, de las que, si tiene su identidad, nos gustaría que nos la facilitase, porque, según lo que nos comentó, son datos más que mejorables. Y quisiera
también empezar dando las gracias por haber contribuido con su trabajo a hacer del Cermi, que ya va para veinte años, este próximo año, una poderosa herramienta de defensa de las personas con capacidades diferentes.


Si he de serle sincero, cuando empecé a pensar en su comparecencia de hoy y eché un vistazo a sus intervenciones, a la de 2012 y a la de abril de este año, me asaltó la impresión de que hoy no podíamos escapar a que planease sobre nosotros
un cierto ambiente de Día de la Marmota, volviendo a preguntar y a repetir lo que ya dijimos y preguntamos, porque, pese a que han pasado años, se ha hecho poco. Así que no le voy a preguntar mucho, fundamentalmente voy a enumerar algunos de las de
las materias en las que a nuestro grupo le gustaría trabajar en este mandato. Tras este largo periodo de hibernación por el que ha pasado la Comisión, queremos hacer de ella lo que creemos que tiene que ser, una punta de lanza en la defensa de los
intereses de todos aquellos a quienes hoy usted aquí representa y seguir siendo además algo que le he escuchado decir en más de una ocasión y que hoy ha vuelto a repetir: de entre los poderes públicos, el más amistoso, el más receptivo y el más
dialogante -creo que es textual-.


Como debe saber, el programa electoral con el que nos presentamos los socialistas a las elecciones tiene muchos puntos en común con lo que el Cermi plantea y hoy nos ha manifestado, así que en esta legislatura podremos ponernos de acuerdo en
bastantes cuestiones. Además, con la composición de esta Comisión, la que había el pasado 12 de abril, cuando vino usted, y la de hoy, 22 de noviembre, así como la del Pleno, se pueden tejer mayorías y consensuar y aprobar temas que usted nos ha
planteado. Por nuestra parte no quedará y ya añado que aceptaremos también las iniciativas de otros grupos que persigan los mismos objetivos que tendrán las nuestras, que creo que tienen bastante en común -reitero- con lo que usted hoy nos ha
presentado. Habrá que estudiar una a una y hacer números; después de todo, esta es una Comisión que tiene tradición y cultura de consenso y los socialistas queremos preservar esas características, y, si para eso tenemos que ceder en algún aspecto,
lo haremos.


Nuestros objetivos serán siempre mantener lo alcanzado, disminuir la diferencia que exista entre los porcentajes de paro que se dan entre personas que tienen discapacidades y el resto de la población y hacer todo lo posible para que tener
una discapacidad no signifique que no se puede disfrutar de todos los derechos, y creo que puedo decirlo desde el Grupo Socialista, nos da credibilidad para ello nuestro paso por el Gobierno. No queremos recrearnos en nuestra herencia, pero sí
citar algunas cosas, solo de la última etapa: la Ley de Autonomía Personal, el aumento de las prestaciones por hijo con discapacidad, las medidas que hicieron posible que el empleo creciera un 10 % entre las personas con discapacidad, la aprobación
de la Ley de signos, las mejores ayudas para cuidar a familiares con discapacidad, la reducción de la jornada y las excedencias al adoptar a un niño o niña con discapacidad, la implantación del Plan ADOP, paralómpico, por todo lo cual, ya gobernando
el Partido Popular, pero era de este tiempo, se recibió el Premio Roosevelt, que hace un momento se ha citado; y todo eso entre otras cosas, naturalmente.


Nuestras líneas rojas serán no desviarnos de los objetivos que ya he dicho, en definitiva avanzar y también recuperar lo perdido en estos últimos tiempos que gobierna el Partido Popular, porque de muestra vale un botón: solo nueve días más
tarde de que hubiera sido nombrado Mariano Rajoy presidente -esto

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lo digo siempre-, exactamente el día 30 de diciembre de 2011, tomó ya las primeras medidas para desmontar la Ley de Autonomía Personal. Y es que -como vulgarmente se dice- desde esta Comisión, en políticas de discapacidad, por nosotros,
para atrás ni para coger impulso, porque creemos que en una sociedad que se precie a sí misma, su Administración no puede dejar de lado la igualdad de derechos de sus ciudadanos y ciudadanas con la excusa de una crisis económica, que es precisamente
cuando más necesitan igualdad de derechos y ayudas los más débiles.


A lo largo de este mandato, como ya he dicho, queremos llegar a acuerdos con el resto de grupos parlamentarios y contar con el apoyo de las entidades del sector para resolver problemas que afectan a las personas con discapacidades, como que
todavía haya quien no puede votar. Por cierto, ¿qué opina usted sobre la iniciativa legislativa para que puedan disfrutar del derecho al voto las personas con discapacidades que el Grupo Socialista ha registrado en la Asamblea de Madrid? O los
problemas que afectan a quienes viven en pequeñas poblaciones, apartadas de los grandes núcleos urbanos, que están doblemente discriminados: por su discapacidad y por la falta de servicios y profesionales, hecho que todavía se agrava más,
naturalmente, si la persona con discapacidad es una mujer. Queremos además que el pacto de Estado que el Pleno del Congreso aprobó por unanimidad la semana pasada ponga especial atención en la erradicación de la lacra de la violencia de género que
sufren las mujeres con discapacidad. Y también queremos seguir avanzando en la educación inclusiva. Cuando cerca del 70 % del parque de viviendas en España no es accesible, algo tendremos que hacer con la Ley de Propiedad Horizontal. También hay
que acordar medidas necesarias que hagan posible el aumento de los porcentajes de personas con discapacidad empleadas, como nos han pedido tanto la Administración como las empresas privadas. Queremos hablar de que esta Comisión -también nos lo ha
pedido- ha de ser legislativa. Queremos acabar con todo aquello que sea una barrera, ya sea urbana o ya se trate de un audífono o un implante en el caso de las personas ciegas o sordociegas, pues su falta les impide integrarse. Y hablando de
barreras, precisamente el próximo año acaba el plazo que nos dimos para que calles, plazas, instalaciones públicas, todo tipo de servicios públicos y privados fueran accesibles. La ley, que el Gobierno del PP parece haber olvidado, dio un plazo
entre 2003 y 2017 para adaptar lo que ya existía, pero seguramente que todos sabemos de estaciones de ferrocarril, por poner un ejemplo, o todavía se puede encontrar algún tren que no cumplen dichas condiciones. A estas alturas de 2016 me
permitirán que tenga la certeza de que el próximo año no dispongamos de accesibilidad universal en nuestro país. Ya que lo cito, ¿tiene el Cermi algún estudio sobre este tema? ¿Tiene datos sobre el mayor o menor grado de cumplimiento? La
propuesta de crear un fondo de accesibilidad, como el del 1,5 % cultural, para desarrollar esta obligación estamos dispuestos a llevarla adelante, ¿no? Y queremos acabar con el actual copago en el sistema de autonomía de atención a la dependencia,
triste herencia de los años de mayoría absoluta del Gobierno del PP. Además, tras diez años de funcionamiento -es un buen momento-, estamos de acuerdo en que tendríamos que revisar la ley para ver qué ha fallado y cómo se pueden resolver los
errores y exigir al Gobierno el esfuerzo de financiación que merece este pilar del Estado de bienestar. Queremos avanzar en la protección integral de víctimas de accidentes de tráfico, que tantas personas con discapacidad origina. Precisamente,
estos días se ha hecho público que en los dos últimos años han aumentado las cifras de personas discapacitadas porque ha aumentado el número de accidentes. Queremos avanzar también en la compatibilidad de las pensiones de invalidez no contributivas
con la realización de actividades remuneradas que pueden llevar a cabo las personas con discapacidad. Queremos abordar la pobreza energética de las personas con discapacidad. He leído en algún documento del Cermi que un recibo de la luz de una
persona con discapacidad puede llegar a ser entre un 25 % y un 40 % superior a la media. Y además los socialistas queremos reformar la Constitución no solo por el tema territorial, que tanto se comenta, sino para incluir también los derechos
sociales, a los que han de tener acceso las personas con discapacidades como cualquier otra. Y así podríamos seguir. Pero por nosotros no va a quedar, porque, como solemos decir, llevamos en nuestro ADN apoyar a los sectores más desfavorecidos de
nuestra sociedad.


Nos dijo usted a principios de la última legislatura, en la que ha gobernando el PP con mayoría absoluta, que no podemos permitirnos que vivan entre nosotros millones de personas con discapacidad, cuyas familias, por otra parte, resultan
fundamentales en determinadas etapas de la vida, más que en el resto todavía, como sucede en la infancia y en la vejez, y que desde el Gobierno no se tomasen las medidas necesarias para que dejen de tener severos déficits de ciudadanía, inclusión,
bienestar y acceso a los derechos básicos. En el tiempo transcurrido desde que nos dijo esto y contra lo que dicta la lógica, el Gobierno, a nuestro juicio, poco atento, reitero, a los sectores más débiles de nuestra sociedad, a quienes peor lo
pasan, no les ha atendido, y, por tanto, todo lo que hablamos desde que vino aquí se ha agravado.

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Y aunque sea reiterativo, no quiero terminar sin recordar una frase que me impresionó -creo que hoy no la ha expresado- en una de sus comparecencias: ¿Cómo puede una sociedad prescindir de la creatividad, las oportunidades, la riqueza de
todo tipo que pueden generar las personas con discapacidad o con capacidades diferentes? Y todo indica que en parte hemos prescindido, ya que, si para la mayoría de ciudadanos y ciudadanas de nuestro país el problema más grave que tenemos es la
falta de trabajo, para las personas con discapacidades todavía lo es mucho más, como lo demuestran los cuarenta puntos de diferencia existentes entre unos y otros. Trabajar significa tener recursos propios, poder tomar decisiones, tener ahorros,
poder tener proyectos de futuro, en definitiva, tener la posibilidad de ser felices. Termino deseando que entre todos hagamos que la hibernación y el consiguiente Día de la Marmota de esta Comisión acabe hoy, porque, a diferencia de la película, en
cada repetición las cosas no están igual, están, como poco, un poco peor.


Gràcies, per la seva atenció.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ruiz.


Por el Grupo Popular, tiene la palabra el señor Ignacio Tremiño.


El señor TREMIÑO GÓMEZ: Buenos días. Muchas gracias, señor presidente.


En primer lugar, quiero agradecer al presidente del Cermi que nuevamente esté aquí compareciendo, en la Comisión de Discapacidad. Por primera vez en muchos años no ha sido el primer compareciente de la legislatura, porque lo fue el Comité
Paralímpico Español. No obstante, estoy seguro de que al presidente del Cermi le parece hasta bien que en esta ocasión, gracias al éxito de los deportistas paralímpicos, haya sido la segunda comparecencia la suya, y no la primera.


Quiero agradecer también el tono de todos los compañeros portavoces del resto de los grupos, que han expuesto necesidades y preguntas, pero también quiero hacer un repaso rápido sobre lo que ha sido la última legislatura -me refiero a la X
Legislatura, no a la corta que hemos tenido hace seis meses- en relación con avances en materia de discapacidad para que el presidente del Cermi comente si, efectivamente, es así o no. Lo primero que hizo el Gobierno al llegar en enero de 2012,
además de lo que ha señalado el portavoz del Grupo Socialista -que luego comentaré-, fue constituir la mesa para el diálogo civil con las entidades del tercer sector. Por primera vez en la historia de la democracia se reunieron en la misma mesa el
Gobierno y las entidades del tercer sector -estoy hablando de Cáritas, Cruz Roja, Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social, Cermi, ONCE y otras entidades-, lo que sirvió para poner sobre la mesa de forma periódica -al inicio, mensualmente, y,
luego, cada dos meses- los problemas existentes e intentar lograr soluciones. Entre las medidas que se tomaron, señalo el apoyo por parte del Gobierno a la campaña X Solidaria, en colaboración con las entidades sociales, con la que se consiguió que
se incrementara el dinero destinado a fines sociales de 203 millones de euros en 2012 y a 234 millones en 2013 -perdón, 230 millones, porque 4 millones fueron consecuencia de otros ingresos, que luego comentaré-, un incremento considerable en una
época de crisis. Solicitado también por las entidades sociales y por primera vez en la historia de la democracia, aprobamos un FLA social, un fondo de liquidez autonómico social, considerando a las entidades sociales, que siempre se quedaban
fueran, como proveedores sociales. Por tanto, con una deuda por parte de las administraciones de más de 3.000 millones de euros -repito, señorías, 3.000 millones de euros- generada en la legislatura anterior con las entidades sociales por los
convenios existentes y que no se atendía -en algunas comunidades durante más de dos años, aunque no voy a decir cuáles por respeto, aunque todos las conocemos-, se firmó ese plan social en el año 2013 con el presidente Rajoy y se consiguió que todas
las entidades sociales se pusieran al día y cobraran esos 3.000 millones de euros, también las entidades de discapacidad, que, si no me equivoco, tenían deudas acumuladas -datos del propio Cermi- de más de 300 millones de euros. Además, se
reconoció a las entidades del tercer sector como colaboradoras con las administraciones públicas, dándolas garantía y convirtiéndolas en pieza fundamental para llegar a las personas más desfavorecidas, entre ellas, las personas con discapacidad, con
lo cual no se olvidó durante esa legislatura a las personas vulnerables ni tampoco a las personas con discapacidad.


Pero, además, en materia de empleo, cuestión ya tratada, lo primero que se hizo fue recuperar mediante la reforma laboral, que ha sido tan criticada por la oposición, las medidas estatales de fomento de empleo de personas con discapacidad
que habían sido derogadas con el Gobierno Zapatero; sí, con el Gobierno que se ha comentado antes se derogaron las medidas estatales de fomento del empleo y se recuperaron con la reforma laboral. A pesar de que, efectivamente, de cada cuatro
personas con discapacidad tres no trabajan y hay una diferencia de 40 puntos en la tasa laboral, sin embargo,

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afortunadamente, se ha producido un incremento de empleo de personas con discapacidad de un 13 % en 2013, un 19 % en 2014 y un 20 % en 2015, hasta alcanzar en junio de 2016 más de 800.000 contratos nuevos -no digo empleos- de personas con
discapacidad. ¿Qué significa esto? Significa que es la mayor cifra de empleo de personas con discapacidad en los últimos diez años, de los últimos diez años de Gobierno del presidente Rajoy y del Gobierno anterior, del señor Zapatero. Por tanto,
a pesar de que todavía estamos muy lejos, y, efectivamente, los datos son los que son, durante cuatro años ha habido un crecimiento constante de un 20 % de empleo de personas con discapacidad, gracias, evidentemente, a organizaciones como Cermi, que
han apoyado, han venido impulsando y han conseguido que el Gobierno se acordara de rescatar en esa reforma laboral las medidas estatales de fomento de empleo que habían sido derogadas concretamente en el año 2011.


Además, se lograron otros objetivos, como el Foro de cultura inclusiva, para hacer más accesible la cultura a las personas con discapacidad, o el real decreto para regular la suscripción del convenio especial para personas con discapacidad,
que había sido reclamado durante años por el Cermi y que ha supuesto que 34.000 personas con discapacidad intelectual se puedan suscribir a un convenio especial para que tengan garantizada una prestación el día que se jubilen. Además, en materia
hipotecaria, por ejemplo, la Ley de medidas para reforzar la protección de los deudores hipotecarios garantiza que los casos de lanzamientos en los que hubiera personas con discapacidad quedaran suspendidos automáticamente. Eso también fue
propuesta del Cermi, que el Gobierno asumió, recogiendo el testigo para mirar siempre por las personas con discapacidad. Pero hay otras muchas medidas en otras leyes, como la de medidas de flexibilización y fomento del mercado de alquiler de la
vivienda en materia de accesibilidad o la Ley de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas, que permitió ocupar suelo público para instalar ascensores y eliminar así barreras en edificios. Es verdad que tenemos que mejorar la Ley
Hipotecaria, aunque en eso estamos y para eso nos hemos reunido también con el Cermi, pero es verdad también que durante estos años se han logrado avances, como ha señalado el señor Pérez Bueno, como en el año 2013 la reforma que permitió que se
convirtieran en doce mensualidades y estas otras que acabo de comentar en cuanto al alquiler de viviendas.


En cuanto a empleo, tenemos el real decreto que permitió que las convocatorias anuales de pruebas selectivas para el acceso a plazas de formación sanitaria fueran del 7 %, y además con gran éxito, porque quedaban cubiertas absolutamente
todas las plazas, y fue éxito también porque el Cermi lo solicitó al Gobierno y, como digo, este recogió el testigo y consideró su petición. El Real Decreto Legislativo por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de derechos de las
personas con discapacidad y de su inclusión social supuso que por primera vez se unificara toda la normativa dispersa en la materia, y también fue una petición del Cermi que el Gobierno recogió. Podría extenderme más: el proceso selectivo de
discapacidad intelectual en la Administración General del Estado, para el que se cubrieron todas las plazas; el Plan integral de atención a menores de tres años en situación de dependencia, que, efectivamente, no se había cumplido desde el año
2008. Y aquí quiero decir también que es verdad que en dependencia todos tenemos que tomar medias, el Gobierno lo dijo, el ministro anterior señaló que se tenían que sentar todos los grupos para empezar a trabajar y marcar un antes y un después en
la Ley de dependencia, porque nació ya con ciertos problemas. Pero también quiero decir que cuando llegó el Partido Popular al Gobierno se encontró no nueve días después sino el mismo día con una deuda de 1.034 millones de euros de las cuotas a la
Seguridad Social de los ayudantes familiares. No nueve días después, el señor Rajoy ese mismo día se encontró una deuda de 1.034 millones de euros, lo que significaba que desde el año 2008 el Gobierno anterior no había pagado ni una sola cuota a la
Seguridad Social de los familiares de los dependientes. Así que no se lo encontró el señor Rajoy a los nueve días, sino el mismo día que cogió el mando del Gobierno. Y un año después -ahí están los Presupuestos Generales del Estado- el Gobierno
del Partido Popular pagó íntegramente esos 1.034 millones de euros, que permitieron que se pusieran al día las cuotas de la Seguridad Social de estos familiares. Conviene que esto se sepa cuando se habla de lo que se encontró y de lo que ha hecho
el Partido Popular.


En violencia de género, por ejemplo, hay mucho que avanzar, pero también se logró que la plataforma del 016 fuera accesible para personas sordas y se incluyó la variable de la discapacidad en el Boletín estadístico anual de violencia de
género. O, por ejemplo, el Plan PIVE, donde se incluían mayores incentivos para vehículos para personas con discapacidad. En el IVA superreducido, del 4 %, a vehículos también se incluyó a entidades que trabajaran con personas con discapacidad o
entidades sociales. Se ha hablado también del Premio Franklin Delano Roosevelt, que se dio en el año 2013, y voy a preguntar al secretario general si se dio al Reino de España, porque lo recogió la reina de España con el presidente

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del Cermi, acto en el que yo estuve, si nos lo dieron por la política del Gobierno del Partido Socialista o por la política del Partido Popular o, en definitiva -vamos a ser serios-, por la política general que España ha tenido siempre con
las personas con discapacidad, porque, a pesar de que estamos a años luz, es verdad, de resolver todos los problemas, también es verdad que estamos muy por encima de otros países, incluso de nuestro entorno, en cuanto a accesibilidad, empleo de
personas con discapacidad o educación. Es verdad que todavía hay un 20 % de personas con discapacidad en edad escolar que no está en colegios inclusivos, pero ese dato también implica que hay un 80 % que sí lo está, y eso significa que somos el
primer país de la Unión Europea en cuanto a educación inclusiva, aunque todavía tenemos que erradicar ese 20 %, porque así lo manda la convención.


No puedo continuar porque está el botón en rojo, pero quiero decir que en esta legislatura ha habido 24 leyes, 6 reales decretos-leyes, 16 reales decretos, una orden ministerial, lo que significa 47 normativas que el Gobierno ha ejecutado en
estos cuatro años y medio y que siempre la discapacidad ha estado con medidas preferentes o de inclusión para las personas con discapacidad. Esto significa que el Gobierno ha tenido siempre presente en su agenda política, que fue el compromiso que
tuvo el Gobierno al inicio de la legislatura, a la discapacidad. Es verdad que nos falta mucho por hacer en el catálogo ortoprotésico, se está revisando con las entidades, pero también es verdad que en esta legislatura se impuso el implante coclear
bilateral, que también fue un avance en la historia, porque nunca se había reconocido hasta ahora. No quiero continuar porque necesitaría dos horas para decir todo lo que ha hecho este Gobierno durante estos últimos cuatro años. Evidentemente con
la colaboración, con la ayuda y con el apoyo de las personas con discapacidad. Yo le pediría al presidente del Cermi que nos trasladara a todos los grupos políticos que trabajemos conjuntamente y con consenso como siempre ha sido en esta Comisión
y, desde luego, se lo pido no como portavoz del Grupo Popular en la Comisión de Discapacidad del Congreso, sino que se lo pido como persona con discapacidad que lleva veinticinco años con luces y con sombras, con éxitos y con fracasos, pero siempre
trabajando por los derechos de las personas con discapacidad.


Muchas gracias, señoría.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Tremiño.


El señor RUIZ I CARBONELL: No entiendo muchas cosas, pero aquí no hay alusiones, ¿no? Como me ha preguntado una cosa.


El señor PRESIDENTE: Creo que mejor que dejemos que don Luis Cayo conteste. De acuerdo. Gracias.


El señor PRESIDENTE DEL COMITÉ ESPAÑOL DE REPRESENTANTES DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD, CERMI (Pérez Bueno): Gracias. Reitero el saludo y estaba más que justificada mi intervención del principio al afirmar que el Parlamento es el poder
público más amistoso, más receptivo y más dialogante con este movimiento social. Esto es producto de una comprobación de casi veinte años y vuelve a reiterarse en la sesión de esta mañana por la receptividad, por el tono, por la disponibilidad que
han demostrado todos y todas las portavoces que han intervenido. Debemos nuevamente expresar esa gratitud a este Parlamento, porque sí lo sentimos como propio, como un aliado y dentro de los poderes del Estado como el aliado principal de nuestra
causa, de nuestra emancipación como grupo social todavía con caracteres singulares que necesita de políticas y de legislaciones vigorosas para estar en esta normalidad en la que están el resto de los ciudadanos, porque todavía estamos a una
distancia considerable.


Comienzo a responder a cada uno de los portavoces, aunque no estén presentes. Me refiero a la señora Capella. El señor Alli de UPN hablaba de frustración en esas no sé cuantas comparecencias en las que a veces hay que reiterar porque la
realidad es tozuda y los problemas estructurales y sistemáticos tampoco se resuelven. Ya nos gustaría tener una varita mágica que les diera una solución pronta, pero tampoco sería real y muchas veces sería más que ficticia o algún tipo de pantalla
o de maquillaje. Si nuestro movimiento social, como el resto de los movimientos sociales que en el fondo solo actúan para transformar una realidad ingrata que no nos gusta, una especie de castigo de la historia para personas que somos
fundamentalmente inocentes, que no hemos hecho nada, pero que nos ha puesto en esa zona de sombra, en esa zona oculta donde no nos permite desarrollarnos con la potencialidad y con la aportación que podemos hacer a la riqueza de la vida en
comunidad. Somos constitutivamente optimistas, no podemos permitirnos el lujo de la frustración ni siquiera de la melancolía. Los logros o las materializaciones son mucho más lentas de lo que nos gustaría, le pongo algunos ejemplos. En los
últimos diez años con

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una crisis económica devastadora, que se dice que ha tenido las consecuencias más grandes desde la Guerra Civil y la posguerra, se ha crecido en casi 200.000 puestos de trabajo para personas con discapacidad. Venimos de tal subsuelo que
objetivamente siendo datos tan positivos no alteran en lo sustancial una cartografía que todavía es muy sombría o muy lúgubre. Por ejemplo, en materia de acceso de las personas con discapacidad al sistema universitario, los estudios universitarios,
se ha multiplicado por cuatro la población universitaria con discapacidad en estos últimos diez años. Estamos en veintitantos mil alumnos con discapacidad identificados y que reciben algún tipo de apoyo o de acompañamiento por parte del sistema
universitario. Esto, que es una comprobación positiva y optimista, nos lleva a que las políticas públicas de discapacidad son agradecidas y dan resultados con presupuesto, aún más, a veces son cuestiones de mejora de la gestión de los recursos
públicos que se ponen a disposición de estos objetivos, pero que tienen un retorno que es medible. Por tanto, invirtamos en políticas públicas, hagamos más y mejores y más intensas políticas públicas de discapacidad que vamos a tener retornos
cercanos y próximos en el tiempo en términos de inclusión educativa, laboral, de toma de conciencia, de empoderamiento de personas, de mejora económica, de devolución a la sociedad, porque cuantas más personas tengan posibilidad de trabajar y
aportar, devolverán a la sociedad y no estarán en posición solo obligada y poco digna y noble de tener que reducirnos a ser pedigüeños, solo a pedir. Queremos estar en disposición de dar, de compartir y de colaborar con el resto de grupos sociales
y con el resto de la ciudadanía. No tenemos ni nos queremos dar a la frustración.


El Premio Roosevelt debe ser algo que nos estimule como país y como nación. El Nobel de la discapacidad. Tenemos que estar orgullosos y contentos de que se haya dado a nuestro país. Más que un premio a un resultado, que los resultados
siempre son mejorables, es un premio a un proceso. España en la Unión Europea, quizá porque llegamos más tarde y veníamos de posiciones peores, ha sido muy activa en estos años en términos de movilización social, de organización, de articulación,
de incidencia política, de cercanía con las instituciones, de diálogo civil constructivo, de exigencia crítica, pero a la vez colaborativa de la sociedad civil con los poderes públicos. Eso fue lo que premió Naciones Unidas, no tanto que todos los
problemas estén resueltos, que no lo están, y que en ningún país del mundo están resueltos. Pero sí que se han hecho esfuerzos importantes que incluso asombran o llaman la atención de países europeos nórdicos que piensan que están en el mejor de
los mundos posibles, por ejemplo la rapidez con que se ratificó la convención, que otros países ni siquiera la han ratificado aún o Finlandia que la ratificó el año pasado. Es un reconocimiento esfuerzo-país que es interesante, sugestivo que
tenemos que seguir trabajando. Agradezco -y tuve la ocasión de hacerlo en la vez anterior- esa insistencia de UPN en darle carácter legislativo a la Comisión de discapacidad, que creo que es compartido por todos los grupos, porque si todos los
grupos están de acuerdo y se han manifestado, habrá que ponerlo en evidencia cuando se vaya a votar la cuestión, en el Pleno o en el órgano que corresponda.


Quiero reseñar -y tenemos aquí a un miembro de la otra Cámara, del Senado- que también se ha pedido la creación de la Comisión de discapacidad en el Senado que allí no existía, no hay tradición. Puede ser un acompañamiento muy positivo y
muy favorable. Hay dos peticiones de grupos distintos en el Senado para que la Cámara Alta disponga de esa Comisión.


Está muy lejano todavía el día que muramos de éxito, en que no haga falta una movilización o una articulación social para traer a la vida diaria, a la vida práctica, lo que ya es realidad para otros sectores de la población y que por razón
de ese castigo a la diversidad o a la diferencia de los que funcionamos distinto supone la discapacidad. Ya nos gustaría tener que dedicarnos a otra cosa y no a pedir por derechos fundamentales o reclamar lo que debería ser el día a día en la vida
práctica de cualquier ciudadano y donde la discapacidad fuera un mero rasgo, una mínima singularidad, que no condicionara, que no agotara o que no retratara solo a la persona. Ojalá.


Cuando podamos decir que eres calvo, eres rubio o tienes la nariz aguileña, una nota de diversidad que no condiciona. Por desgracia la discapacidad todavía hoy condiciona y mucho y no permite a la persona ser lo que sustancialmente es, por
eso se necesitan políticas y se necesitan legislaciones.


A la señora Capella, que no está, quiero agradecerle su ofrecimiento, el compartir gran parte de esta agenda. Ese impacto legislativo que hablaba de la convención. La convención es un tratado internacional de derechos humanos
revolucionario, con una carga de profundidad, con una sacudida a todo lo conocido y lo que consideramos familiar o habitual que nos ha ido dando la historia, la vida colectiva, que replantea a veces desde base cero muchas de las cosas de las
instituciones jurídicas, políticas, legislativas que pensábamos que no tenían ningún tipo de puesta en cuestión o que no eran sujetos de revisión, y lo son. Por eso también tantas resistencias a llevar a cabo los mandatos, los principios y los
valores de la

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convención. Cuando hablamos de cambiar los procesos de sustitución porque son ética y jurídicamente inadmisibles. Como el artículo 12, la igualdad y la capacidad jurídica, nos enfrentamos en Europa y en derecho continental a mil o mil
quinientos años de tradición civil en que las personas que son distintas son sustituidas en la toma de decisiones. Además desde una perspectiva paternalista, porque estamos velando por ellas. Es que quien está en esa mentalidad considera que me
está haciendo un bien. Si le estoy haciendo un bien y tengo unas instituciones que vienen desde el fuero juzgo de Alfonso X el Sabio, cómo quiere ahora cambiarme eso del día a la noche. Ahí están esas reticencias porque el cambio es de una
amplitud y consideración tremenda. Pero hay que vencerlas y se pueden vencer, hay que convencer con el diálogo y viendo los ejemplos de las propias personas con discapacidad. El derecho de voto, por ejemplo, ya no debería de ser un debate que
siempre puede ser político, doctrinal, académico, es que es un imperativo. Es que claramente la convención dice que ninguna persona por motivos asociados a discapacidad puede ser privada del derecho de voto. La pregunta sobre el discernimiento, la
capacidad o la competencia es casi una pregunta obscena. No se puede preguntar, porque no se lo preguntamos al resto de ciudadanos. Por tanto, no se lo podemos preguntar a las personas con discapacidad. ¿Se cumplen requisitos objetivos? Mayoría
de edad, nacionalidad española cuando se trata de elecciones donde solo pueden votar los nacionales, pues si se cumplen esos requisitos se tiene que votar y eso lo dice la convención, pero no como desiderátum sino como mandato imperativo y la
interpretación auténtica que ha hecho el comité de la misma. Estamos tardando. Hay 100.000 personas ávidas de votar, cuando desde las fuerzas políticas se nos dice o se lamenta de que los ciudadanos se alejan, que no votan, que cada elección es de
lamentar que haya menos participación que en la anterior. Es que hay gente que queremos votar y no nos dejan. Dennos esa oportunidad. Después quizás haya desafección y nos cansemos de votar, porque nos hayan defraudado o decepcionado. Pero
dennos la oportunidad de hacerlo y después tendremos la posibilidad de mostrarnos desafectos.


Hablaba la señora Capella de que la convención en un Estado compuesto y fuertemente descentralizado, como es España ahora, no sé cómo será en el futuro, no solo impacta en el Estado, sino en los poderes públicos autonómicos, territoriales y
en los ayuntamientos. Ponía ella el ejemplo del Ayuntamiento de Barcelona. Tiene que ser asumida la convención como un tratado para todos los poderes públicos, no solo como si fuera una cuestión del Estado o del Gobierno central, porque a quien
van a pedir cuentas en Ginebra o en Nueva York o en los informes de Naciones Unidas, no deja de ser al Estado central. No, tiene que ser interiorizada por todas las autoridades y todos los poderes públicos y, en definitiva, por todos los agentes
sociales.


Comentaba la señora Capella la asistencia al personal, del modelo de vida independiente, inclusión en la comunidad, artículo 19, lo conecto con ese grado de incumplimiento de lo que supuso y de lo que nos esperanzó la Ley de autonomía
personal y atención a la dependencia. Si la prestación de ese sistema más inclusiva, que provoca más inclusión en la comunidad es la asistencia personal, solo voy a dar un dato demoledor. El 0,56 por ciento de las prestaciones de nuestro sistema,
más de un millón, de autonomía y atención a la dependencia son de asistencia personal. No pasan de 5.000 prestaciones en más de 1.100.000 prestaciones reconocidas a lo largo de este año. Algo fracasa cuando nuestro sistema hecho para la autonomía
no está otorgando, concediendo o generalizando la prestación más inclusiva, la prestación más promotora y que otorga más empoderamiento a las personas que necesitan apoyos. Esa visión de vida independiente, participación en la comunidad y dar
recursos y herramientas para que se produzcan en esa revisión que pedimos de la ley, sin duda tiene que producirse y es uno de los vectores que tiene que ir la acción de reforma o de revisión de la ley.


Al señor Clemente, de Ciudadanos, también quiero darle las gracias por el tono de sus palabras, por su actitud colaborativa y de reconocimiento. Coincidíamos en la cuestión de la Comisión, darle carácter legislativo en las iniciativas
parlamentarias que hemos presentado para su examen y asunción por su grupo para que después puedan ser dignas de ser asumidas, promovidas y llevadas a la práctica. Me hacía algunas preguntas concretas. Cartera ortoprotésica, ¿cuál es el parecer
del Cermi en relación con la prestación ortoprotésica? Aquí retomo una aclaración inicial. En 2012 se produce la reforma sanitaria, una reforma sanitaria en momentos críticos, según invocó el Gobierno, que supuso ciertos recortes o cierta
reconfiguración de las prestaciones. En este caso la prestación ortoprotésica se saca de la cartera común de servicios y se la declara una prestación suplementaria del sistema. Por tanto, es sometida a copagos y a participación en el coste a los
beneficiarios del Sistema Nacional de Salud. Eso ya lo criticamos en su momento. Consideramos que es una prestación nuclear del sistema que no puede ser considerada secundaria o subalterna y que tiene que estar en el núcleo duro del mismo. Por
tanto, tendría que

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retrotraerse a antes de 2012. Después la prestación en sí, está absolutamente superada, solo recuerdo que la base de esta cartera de servicios es la que cuando existía el Insalud hizo las transferencias a las comunidades autónomas en el año
2000 y apenas se ha reformado desde ese año cuando es una materia que tecnológicamente está a la vanguardia. Es verdad que quizá el Sistema Nacional de Salud no pueda proveer de todo lo que ofrece el mercado, las últimas tecnologías en tiempo real,
porque sería imposible, pero sí que tiene que hacer una actualización importante. Aquí hay cuestiones de gestión de esta prestación. Como Cermi se nos asegura que es una prestación amplia que recoge todo lo valioso que ofrece la oferta tecnológica
a unos precios adecuados. Porque lo que se ha hecho con la reforma del 2012 es poner, como en el sistema de medicamentos, unos precios máximos de referencia. Pero si nos dicen y pactamos que hay un número suficiente de artículos, con sus ítems y
un proceso de revisión y ampliación, según vayan produciéndose los cambios en la oferta tecnológica y con unos precios adecuados, no tenemos problema en asumir este modelo. Pero está por ver -y ahí sí que conocemos distintas propuestas del
ministerio, de cómo quedarían las familias de productos, que está todavía lejos de que la oferta que se nos ha hecho por el anterior -habrá que reunirse con el nuevo Gobierno, con los nuevos responsables del Ministerio de Sanidad- sea aceptable. No
sería aceptable porque todavía es una oferta de lo que entra ahí muy limitada, que excluye a productos esenciales para la autonomía de las personas y que lo que deja fuera significa un copago del 100 %, porque al no estar dentro de un sistema con
precios máximos significa que el usuario tiene que aportar el 100 % del precio. Ahora mismo no habría un momento pacífico para aceptar como sector las propuestas que conocemos de la administración saliente, será un tema a negociar o a revisar con
la nueva administración y esperemos que estén en unas posiciones más favorables.


Respecto del Pacto Nacional de la Educación, sería absolutamente incomprensible que el tema de la educación inclusiva no fuera y no formara parte esencial de ese nuevo pacto. Sí pido a las fuerzas políticas, en este caso a Ciudadanos, que
haga bandera de esto, porque no puede haber un pacto educativo, que es necesario, que como miembros de la comunidad educativa lo compartimos, sin la necesaria actualización de nuestro sistema educativo para ponernos en orden con el mandato de
educación inclusiva. ¿Tenemos pensado cómo sería esa migración de estructuras no inclusivas a estructuras plenamente inclusivas en un plazo razonable? Puede ser una década, pueden ser ocho o diez años, esto sería lo razonable. Reitero lo que
manifesté antes: Mientras existan dos sistemas de escolarización, dar la última palabra al alumno, a la alumna o a sus representantes legales, a su familia, que no se imponga nunca una decisión de escolarización no querida, porque eso es trágico y
llega a enfrentamientos incluso judiciales, como decía antes, que creo que nadie, ni las administraciones educativas ni desde luego el movimiento asociativo, queremos. Que la aportación que significa esa red de centros de educación especial en
términos de conocimiento, de la innovación que ha supuesto, de profesionales preparados que tienen una proximidad y una sabiduría sobre cómo gestionar la diversidad de las aulas, esto es absolutamente una riqueza y sería nuestra propuesta
reconvertir a los centros de educación especial en centros de recursos -sacando al alumnado con discapacidad, llevándolo con apoyos efectivos, porque no podemos hacer una educación inclusiva meramente ficticia de poner al alumno ahí y dejarlo a su
suerte, que es lo que a veces ocurre, eso no es inclusión, la inclusión es con apoyos efectivos- que irradien, itinerantes, ambulantes, que estén a disposición de todo el sistema educativo. Ese sería a grandes rasgos y a grandes trazos cómo debería
hacerse esa migración, ese proceso de pasar de una estructura no plenamente inclusiva, ese 20 % de alumnado con discapacidad que no está en estructuras inclusivas a una completamente inclusiva.


A la señora Salud, portavoz de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, quiero darle las gracias. Compartimos la reflexión marco doctrinal del nuevo paradigma de que en el mundo de las diversidades sociales, donde la discapacidad ocupa una de
estas diversidades, es necesario que pernee toda la política pública y toda la legislación para hacernos asumir y proyectar esa nueva realidad. Es verdad que los grandes cambios se producen en los espacios donde habita y está la gente, pero primero
son cambios de mentalidad y aquí es muy necesario ese cambio de mentalidad de ver a la diversidad humana, no como algo que tiene que cambiar para adaptarse al canon de normalidad impuesto, sino, al revés, que la normalidad se abra y se permee y se
contamine de diversidad. Eso está en la convención, en ese modelo instaurado por la Convención Internacional de Naciones Unidas sobre Derecho de las Personas con Discapacidad. Por suerte no es una elucubración o un cambio de paradigma teórico o
mental, sino un imperativo jurídico que condiciona para bien la acción de los Estados que son parte, han firmado y ratificado esa convención.

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Tenemos alianzas y aliados fundamentales en ese proceso de emancipación global de las personas con discapacidad. Por una parte es la tecnología, el funcionamiento corporal, cognitivo, comunicacional, que era determinante antes en el
paradigma de las discapacidades, en el actual va a ser residual, cómo funcionemos, cómo seamos cada uno, porque vamos a tener una tecnología que va a suplir, en el esquema de las capacidades esas insuficiencias o esa falta de adecuación al canon de
normalidad imperante. Después está la toma de conciencia, que significa que las propias personas con discapacidad no introyectemos la imagen que está en el imaginario colectivo expreso o implícito de seres menos valiosos, de seres humanos o
miembros de la familia humana en posiciones de inferioridad, sino que nos veamos como sujetos plenamente valiosos que contribuyen y que solidariamente se corresponsabilizan de la marcha de la vida en comunidad. Eso creo que son los dos elementos
fundamentales para que haya la posibilidad de una sociedad inclusiva. Hay muchos elementos que favorecen esa toma de conciencia, en el empleo, por las virtudes y las cualidades que ofrece y aquí también hay tareas que pueden apoyar esa visión de
aportación positiva a las personas con discapacidad a una vida en comunidad más decente. Me refiero, por ejemplo, a la contratación pública socialmente responsable. No solo se puede ayudar a la inclusión laboral, a la participación a través de
medidas directas de inversión finalista, por ejemplo, a través de la capacidad de compra que tienen los poderes públicos, que tienen las administraciones, que puede ser un 40 % del producto interior bruto, se puede hacer inducidamente mucha política
o mucha acción social o mucha inclusión laboral o extensión de la accesibilidad universal o a través de las cláusulas medioambientales u otro tipo de políticas. España va con retraso, tiene que trasponer dos directivas del 2014, de la Unión
Europea, creo que va a ser una de las primeras leyes que pueden entrar en este Parlamento remitidas por el Gobierno. Tiñamos a esa legislación de contratación pública de los valores sociales, medioambientales y comunitarios.


A don Joan Ruiz, tengo el gusto de encontrarlo de nuevo después de aquella mini-legislatura, y también contesto al señor Tremiño, ningún celo ni ningún tipo de envidia, sino todo lo contrario, satisfacción y orgullo de que haya sido el
Comité Paralímpico el que haya comparecido en esta legislatura por primera vez en esta Comisión. Ya he dicho que es miembro de Cermi y la coyuntura y el momento lo pedían y casi lo exigían y estamos absolutamente complacidos de haber compartido,
que tampoco es que tengamos que ser necesariamente los primeros, ese puesto, si es que nos correspondía. Los datos sobre el deporte paralímpico, tenemos relativamente pocos, ya que anuncio -y tendremos el gusto de presentarlo, si quieren sus
señorías, aquí en el futuro- que vamos a elaborar un libro blanco del deporte de base a personas con discapacidad. Vamos a hacer el Comité Paralímpico-Cermi-Fundación ONCE para conocer la realidad del déficit considerable que las personas con
discapacidad tienen también en la práctica deportiva. Los datos sobre accesibilidad de instalaciones deportivas públicas eran muy poco alentadores y con esos condicionantes es muy difícil que las personas con discapacidad practiquen deporte, porque
no pueden ir a los lugares donde se practica intensivamente deporte. Solo el 30 % de esas instalaciones deportivas públicas reúnen condiciones mínimas de accesibilidad para la práctica deportiva por parte de personas con discapacidad. Tenemos un
margen de mejora enorme. Siete de cada diez instalaciones no son accesibles.


Siento que haya podido tener su señoría la sensación de ese eterno retorno de lo idéntico que hablaba Nietzsche, pero es verdad que comparecer en relativamente poco tiempo en este año o en momentos que no se han prodigado demasiado para ese
cambio social lleve a reiterar ciertas demandas. También digo, no para resignarse ni complacerse, que algunas son de tal calado, de tal fondo que a lo mejor van a requerir una generación al menos para ver que esos cambios no solo se han aprobado,
han sido asumidos por el legislador, por el Gobierno, por la generalidad de la sociedad, se han desarrollado y materialmente son realidad práctica en el día a día de las personas con discapacidad.


Me preguntaba en concreto qué opinaba, como Cermi, de la iniciativa legislativa impulsada por el Grupo Parlamentario Socialista en la Asamblea de Madrid, en relación con la reforma de la Loreg -una proposición de ley que si se aprueba en ese
Parlamento regional llegará aquí al Congreso-, pues plenamente de acuerdo. La hicimos conjuntamente, tuvimos ocasión con el portavoz socialista de presentarla en la comunidad. Hemos pedido al resto de grupos parlamentario de ese Parlamento
autonómico que la apoyen y ojalá pueda venir aquí por esa vía. También el Gobierno u otro grupo parlamentario de este Parlamento pueda presentarla y que haya muchas oportunidades para reformar esa Ley Orgánica de Régimen Electoral General.
Saludamos la iniciativa de la Asamblea de Madrid, que esperamos que sea compartida por todos y que llegue a este Parlamento, donde pediremos a todos los grupos que la apoyen.

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En el pacto de Estado, las mujeres y niñas con discapacidad tienen que figurar como personas más receptoras de los efectos devastadores de la violencia de género y más expuestas a ella. Ahí tendremos oportunidad de compartir las propuestas
concretas que se han articulado de mejora de la ley.


Me hacía otra pregunta y me remito a la información que con posterioridad le podemos trasladar. Hemos observado los entornos en los que la accesibilidad es determinante. Hemos estudiado el entorno construido, urbanístico y edificatorio, el
de transportes, el tecnológico y el de bienes y servicios que nos pueden mostrar en grandes cifras cuál es la situación respecto a ese límite de 2017. El diferencial hacia el cumplimiento total puede ser mayor o menor. Quizá en el que peor estemos
sea en el urbanístico y edificatorio, ya que en torno al 60 o 70 % de parque construido todavía no es accesible, por lo que la reforma de la Ley de Propiedad Horizontal es más necesaria que nunca; en el ámbito del transporte estamos alrededor de un
60 0 70 %, pero habría que descender a modos de transporte y a esferas territoriales, es decir, si son infraestructuras estatales, autonómicas, provinciales o locales, y me refiero, por ejemplo, al eurotaxi o al taxi accesible para todas las
personas; en el ámbito digital, el cumplimiento en cuanto a las páginas web públicas accesibles está aproximadamente en un 50 o 60 %; en accesibilidad audiovisual, en la medida en que está regulado, porque no regula todo lo que quisiéramos,
estamos en un rango de cumplimiento del 60 o 70 %. Hay diferencias. Pero también se ve que con legislación y con políticas se consiguen cosas. Por ejemplo, en el ámbito ferroviario, en el que España estaba muy mal hace diez años, hemos pasado de
un 25 % de material rodante accesible a casi un 60 %, y hablo de las gestoras de infraestructuras estatales. Esto quiere decir que con esfuerzo, con inversiones, intensificando esas políticas, estrategias y acciones, quizá en cinco o diez años, a
lo sumo, tendremos un rango de cumplimiento del ferrocarril que llegará casi al 90 o 95 %. Creo que es una inversión rentable, que también nos va a favorecer como potencia turística, porque millones y millones de personas que visitan España
aprecian mucho que todas sus infraestructuras sean cada vez más accesibles, lo que es un motivo para elegir venir a este país. Más de 100 millones de personas mayores en Europa eligen España, o la elegirán más en el futuro, por tener
infraestructuras accesibles.


Agradezco que haga suyas como grupo parlamentario las iniciativas o las demandas del Cermi en materia de protección de víctimas de accidentes, que sigue siendo la mayor causa generadora de discapacidad sobrevenida, y de pobreza energética,
que es una demanda no conseguida ni en España ni en el resto de Europa. Las personas con discapacidad no estamos contempladas en las medidas que tienden a minorar o a paliar la pobreza energética, no estamos en el bono social, y lo hemos pedido
insistentemente. Señorías, las personas con discapacidad están más tiempo en su casa porque no pueden salir o porque no tienen recursos para hacerlo. En invierno hace frío, lo que quiere decir que si estoy más en casa tengo que conectar más el
calefactor y, además, tengo aparatos que otras personas no usan, como respiradores, baterías de las sillas de ruedas eléctricas, así como otros productos de apoyo. Por tanto, mi consumo energético es mucho mayor que el de otra persona a la que me
pueda equiparar por edad o posición social. Soy más pobre y gasto más. La combinación es perversa para las personas con discapacidad. De ahí viene la necesidad objetiva de que seamos un grupo diana dentro de las medidas para paliar o erradicar la
pobreza energética. Les pido que insistamos en esa vía.


Voy concluyendo, señor presidente. El señor Tremiño ha hecho un repaso de todo lo que se ha hecho -él ha estado en el Ejecutivo durante casi cinco años y lo sabe mejor que nadie-. Reitero que esos avances están ahí, son objetivos y los
hemos saludado, pero también son una enseñanza de que la crisis económica o las situaciones desfavorables de la coyuntura económica y social no pueden ser una coartada ni un pretexto para no hacer algo. No se puede decir: Como hay crisis, no hago
nada. Incluso en los peores momentos presupuestarios, y sin entrar a debatir políticamente si hay que acudir o no a la contención del gasto o a los recortes, se pueden adoptar muchas medidas que favorezcan y mejoren la vida práctica de las personas
con discapacidad y de sus familias que no tienen un coste directo o que tienen un coste inducido o difuso que asume la comunidad, pero que no es contrario al proyecto de presupuestos. Por ejemplo, reformar la Loreg no cuesta y estarían dando
satisfacción a una demanda muy sentida de las personas con discapacidad. Reformar la Ley de Propiedad Horizontal no le cuesta directamente al Estado, le cuesta a la sociedad, porque la igualdad tiene algún coste colectivo. Después, el Estado, los
poderes públicos, por otra vía, podrán compensar o ayudar a que las comunidades de propietarios apliquen esos cambios. Esto lo ha hecho el Estado para instalar antenas colectivas. En la reunión que mantuvimos la semana pasada con su grupo para
tratar el tema de la reforma de la Ley de Propiedad Horizontal recordábamos que se estableció la obligatoriedad de que todas las comunidades de propietarios cambiasen su antena colectiva de recepción de señal de la televisión por la de la TDT, y
como

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ningún vecino se podía negar a poner su parte alícuota, el Estado dotó una partida de 200 millones de euros para subvencionar a dichas comunidades. ¿Por qué no se hizo eso con las obras de accesibilidad? ¿Es que es más importante, más
relevante, más trascendente en términos de dignidad humana acceder a la televisión -y no digo que no haya que ver la televisión- que poder salir y entrar libremente de la casa de uno? Establecer dónde está la prioridad es una elección de política
pública. Es cierto que todas estas medidas se han puesto en marcha, pero seguiremos insistiendo en que hay un margen enorme, con y sin presupuesto -preferiblemente con presupuesto, porque los efectos serán más intensos y más rápidos-, para mejorar
y cambiar el entorno de las personas con discapacidad.


Hago de mil amores la invocación al diálogo y al consenso, porque es lo que hemos estado pidiendo casi veinte años. Somos un movimiento de derechos humanos, que son una conquista de la civilización, y creo que la civilización la comparten
todos los grupos parlamentarios presentes en esta Cámara. No es una cuestión ideológica, es una cuestión de mejora colectiva. Actuar para favorecer la inclusión, el bienestar y los derechos de las personas con discapacidad y, por extensión, de sus
familias-, mejora nuestra vida en comunidad, mejora el país, nos hace más decentes y más justos. Si a través de su acción política, en la que el diálogo y el consenso en los últimos años no se ha evidenciado demasiado, la discapacidad puede ser un
crisol que aúne voluntades y que lleve a conseguir realizaciones que la ciudadanía percibe como positivas, estaremos encantados y encantadas de ser no un justo pretexto sino una justa ocasión para hacer realidad ese deseo.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Pérez Bueno. Su comparecencia no ha decepcionado, ni mucho menos. Estoy seguro de que todos los portavoces vamos a releer con atención la transcripción de su primera intervención y la de las
respuestas que ha dado. No va a haber atisbo de melancolía y confío en que todos vamos a trabajar con esa voluntad de civilización de nuestra sociedad.


Hasta la próxima. Gracias. (Aplausos).


Se levanta la sesión.


Era la una y cuarenta minutos de la tarde.