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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 444, de 26/02/2018
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CORTES GENERALES


DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS


COMISIONES


Año 2018 XII LEGISLATURA Núm. 444

ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD

PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. ARTURO GARCÍA-TIZÓN LÓPEZ

Sesión núm. 20

celebrada el lunes,

26 de febrero de 2018



ORDEN DEL DÍA:


Comparecencias para informar en relación con el proyecto de ley por la que se modifica el Código de Comercio, el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio y la Ley
22/2015, de 20 de julio, de Auditoría de Cuentas, en materia de información no financiera y diversidad (procedente del Real Decreto-ley 18/2017, de 24 de noviembre). Por acuerdo de la Comisión de Economía, Industria y Competitividad. (Número de
expediente 121/000015):


- De la señora directora general del Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades (Cerón Hernández). (Número de expediente 212/001161) ... (Página2)


- Del señor Vázquez Oteo, coordinador del Observatorio de Responsabilidad Social Corporativa. (Número de expediente 219/001042) ... (Página2)


- Del señor Larrinaga González, catedrático de Economía Financiera y Contabilidad de la Universidad de Burgos. (Número de expediente 219/001043) ... (Página2)



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Se abre la sesión a las once y treinta y cinco minutos de la mañana.


COMPARECENCIAS PARA INFORMAR EN RELACIÓN CON EL PROYECTO DE LEY POR LA QUE SE MODIFICA EL CÓDIGO DE COMERCIO, EL TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DE SOCIEDADES DE CAPITAL APROBADO POR EL REAL DECRETO LEGISLATIVO 1/2010, DE 2 DE JULIO Y LA LEY
22/2015, DE 20 DE JULIO, DE AUDITORÍA DE CUENTAS, EN MATERIA DE INFORMACIÓN NO FINANCIERA Y DIVERSIDAD (PROCEDENTE DEL REAL DECRETO-LEY 18/2017, DE 24 DE NOVIEMBRE). POR ACUERDO DE LA COMISIÓN DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD. (Número de
expediente 121/000015):


- DE LA SEÑORA DIRECTORA GENERAL DEL INSTITUTO DE LA MUJER Y PARA LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES (CERÓN HERNÁNDEZ). (Número de expediente 212/001161).


- DEL SEÑOR VÁZQUEZ OTEO, COORDINADOR DEL OBSERVATORIO DE RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA. (Número de expediente 219/001042).


- DEL SEÑOR LARRINAGA GONZÁLEZ, CATEDRÁTICO DE ECONOMÍA FINANCIERA Y CONTABILIDAD DE LA UNIVERSIDAD DE BURGOS. (Número de expediente 219/001043).


El señor PRESIDENTE: Buenos días.


Vamos a dar comienzo a la sesión convocada para el día de hoy, que tiene como objeto principal la celebración de determinadas comparecencias que han sido pedidas por distintos grupos parlamentarios. El desarrollo de las comparecencias será
como en ocasiones anteriores. En primer lugar, en un único turno intervendrán los tres comparecientes, uno detrás de otro. Posteriormente, daré la palabra a los portavoces de los grupos parlamentarios que deseen hacer uso de ella por tiempo de
siete a diez minutos. Finalmente, los comparecientes responderán, si así les parece oportuno, a aquellas preguntas, cuestiones u observaciones que les hayan hecho en el curso de las intervenciones de los grupos parlamentarios.


Ya sin más, con objeto de ser puntuales en la celebración de las comparecencias, en primer lugar, tiene la palabra doña Lucía Cerón, directora general del Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades de la Secretaría de Estado
de Servicios Sociales e Igualdad. Señora Cerón, muchísimas gracias por estar hoy aquí con nosotros. Le doy la bienvenida al seno de la Comisión, al igual que a los demás comparecientes, y sin más preámbulos le cedo la palabra.


La señora DIRECTORA GENERAL DEL INSTITUTO DE LA MUJER Y PARA LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES (Cerón Hernández): Muchísimas gracias, señor presidente.


Miembros de la Mesa, señoras y señores diputados, en primer lugar, como no puede ser de otra forma, agradezco la invitación que se me ha realizado como directora del instituto a esta Comisión de Economía, Industria y Competitividad, para dar
a conocer la contribución del Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades en el ámbito de la empresa, en materia de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres.


Las mujeres, como bien saben sus señorías, representamos el 51 % de la población, y una sociedad justa, democrática e inteligente no puede en ningún caso permitirse desaprovechar nuestra contribución y nuestro talento. En España en los
últimos años se han producido importantes avances para conseguir la igualdad real y efectiva. Algunos datos nos van a demostrar el camino recorrido. Las mujeres contamos con un elevado nivel educativo. El 58 % -casi el 60 %- de los estudiantes
segregados en estudios de grado de primer y segundo ciclo en el curso 20152016 eran mujeres. El 33,8 % de las mujeres entre 24 y 64 años tienen título universitario, frente al 30 % -casi 31 %- de los hombres. Señorías, se ha avanzado ampliamente
en la incorporación de la mujer al ámbito económico y empresarial. El porcentaje de consejeras en las empresas IBEX 35 se ha incrementado del 10,5 % en el año 2011 al 22 % en 2017. En el ámbito laboral se han experimentado también algunos avances,
aunque desde luego esperamos conseguir mejoras significativas en los próximos años. La tasa de paro de las mujeres ha pasado del 22,9 %, en el cuarto trimestre de 2011, al 18,35 %, en el cuarto trimestre de 2017. La tasa de empleo de las mujeres
ha pasado del 41,19 %, en el cuarto trimestre de 2011, al 43,54 %, en el cuarto trimestre de 2017. Respecto a la conocida brecha salarial, en términos de hora trabajada, en 2014 se situaba en el 13 %, mientras que en 2010 la brecha salarial en
términos de hora trabajada era del 13,84 %, según la encuesta cuatrienal de estructura salarial del INE. La brecha salarial de género para España según Eurostat, que utiliza una metodología ligeramente distinta al INE, ha pasado del 16 % en 2010 al
14,9 %



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en 2015. En definitiva, cada vez más mujeres formamos parte de los ámbitos sociales y culturales, de la vida política, de las administraciones públicas, de la judicatura y de la universidad; prueba de ello es que cerca del 40 % de los
miembros del Congreso y del Senado, como ustedes bien saben, son mujeres.


Estos son algunos datos para la esperanza, pero sabemos que queda mucho por hacer. Hemos de seguir trabajando para alcanzar una igualdad real y efectiva no solamente en los textos legales, sino también en la práctica. Este objetivo es el
que nos estamos marcando como camino a seguir. El Gobierno de España ha impulsado como instrumento de planificación de las políticas de igualdad el Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades. Una vez finalizado el Plan estratégico 20142016, se
ha elaborado, con la participación de los todos los ministerios del Gobierno, el borrador del nuevo Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades para los años 20182021, que se aprobará mediante acuerdo del Consejo de Ministros -esperamos- en el
segundo trimestre de este año. Con este plan pretendemos conseguir avances concretos y significativos en el empoderamiento de las mujeres. En este momento informo a sus señorías de que se encuentra en el trámite de consulta en el seno del Consejo
de Participación de la Mujer. Estamos realizando distintos grupos de trabajo por áreas y objetivos del plan y el consejo emitirá el informe preceptivo para su aprobación en el Consejo de Ministros.


El plan estratégico es el instrumento a través del cual el Gobierno define, en los ámbitos de competencia del Estado, objetivos y medidas prioritarias para eliminar cualquier clase de discriminación por razón de sexo que pueda persistir y
para alcanzar la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres. Me gustaría adelantarles que entre los objetivos estratégicos del PEIO 2018-2021 figuran dos que tienen relación muy estrecha con las materias que vamos a tratar en esta mesa.
Primero, estamos intentando reducir las desigualdades entre mujeres y hombres que aún persisten en el ámbito del empleo y de la economía, con especial incidencia en las desigualdades que conlleva la existencia de la brecha retributiva, así como
impulsar emprendimiento femenino y avanzar en igualdad para afrontar el reto demográfico, con especial atención a la conciliación y a la corresponsabilidad, que el Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades considera que es un aspecto
fundamental a trabajar y a desarrollar. Segundo, el nuevo Plan de igualdad de oportunidades tiene como objetivo favorecer el empoderamiento político y económico y promover la participación social de las mujeres y el empoderamiento económico, con
dos líneas de trabajo: la primera, perfeccionar la recogida y difusión de datos sobre la representación de las mujeres y hombres en puestos de toma de decisión, y la segunda, incrementar la participación en las esferas de decisión de ámbito
económico.


A continuación, quiero referirme, para que sus señorías conozcan el trabajo que se está realizando en el Instituto de la Mujer los 365 días del año, primero, a una de nuestras responsabilidades, que es contribuir a que la brecha salarial
disminuya y conseguir que la igualdad efectiva entre hombres y mujeres en el ámbito retributivo sea, desde luego, una realidad. La Unión Europea -como deben saber sus señorías- ya adoptó en el año 2014, es decir, hace casi cuatro años, la
recomendación de la Comisión Europea de 7 de marzo de 2014, sobre el refuerzo del principio de igualdad de retribución entre hombres y mujeres a través de la transparencia, objeto también de esta mesa, que promueve la igualdad de retribución a
través del conjunto de medidas concretas. Acaba de publicar -como bien deben saber también sus señorías-, en noviembre de 2017, el Plan de acción 2017-2019 para abordar la brecha salarial entre hombres y mujeres. Está encima de la mesa de todo el
equipo del Instituto de la Mujer para estudiar detenidamente qué medidas tomar y poder traerlas a España y ejecutarlas. Esta materia también está siendo objeto de trabajo en la mesa del diálogo civil, que está llevando a cabo la ministra doña
Fátima Báñez.


Asimismo, el Instituto de la Mujer para la Igualdad de Oportunidades y la dirección General de Empleo del Ministerio de Empleo y Seguridad Social están trabajando desde hace aproximadamente siete meses en el diseño de un plan de lucha contra
la brecha salarial de género, que incluirá una serie de medidas concretas para combatir las principales causas de la brecha salarial. El borrador del Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades 2018-2021, al que ya me he referido, ha avanzado en
este término algunas medidas entre las que me gustaría destacar. La primera, establecer la obligación de que las empresas que tengan más de 250 trabajadores y trabajadoras realicen una auditoría salarial con el contenido y periodicidad que se
establezca en el Plan de igualdad de oportunidades, con el objetivo de evaluar la eficacia y adecuación de las medidas adoptadas en materia de igualdad salarial. La segunda, incorporar a la normativa vigente -esto es importantísimo- la obligación
de informar a los representantes legales de los trabajadores sobre la retribución de los grupos profesionales y puestos de trabajo desglosados por sexos, así como el derecho de los trabajadores a solicitar información escrita sobre los componentes,



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cuantía de la retribución y, en particular, sobre los complementos salariales variables, así como los pagos en especie correspondientes a trabajos de igual valor y desglosados por sexos. Tercero, tipificar y añadir a la normativa vigente,
como infracción -repito, como infracción- del orden social, el incumplimiento de dichas obligaciones de información. Además, seguimos promoviendo e incentivando y, desde luego, implantando, los planes de igualdad, un tema enormemente importante
para las pymes. Estas ayudas se vienen financiando desde el año 2008, lo que ha permitido que más de 1200 pequeñas y medianas empresas se hayan beneficiado de estas subvenciones, y que hayan tenido un total de inversión de 8 millones de euros.
Como saben, más de 4,5 millones han sido ejecutados durante las dos últimas legislaturas. Estas ayudas se han incrementado en este año, pasando de 800 000 a 1 250 000 euros, lo que constituye un incremento más o menos superior al 56 %. Como ven,
la importancia que da el Gobierno a estos planes de igualdad es tremenda.


Respecto a la orden de bases que regula la convocatoria de la subvención, siguiendo instrucciones precisas tanto de la ministra como del secretario de Estado, la estamos cambiando. Ya está prevista su tramitación; está en fase de consulta
pública. Una de las modificaciones, a nuestro parecer, fundamentales y que va a dar un paso adelante es contemplar la posibilidad de que se lleven a cabo acciones sobre la igualdad salarial de género. Otro instrumento con el que contamos para la
reducción de la discriminación retributiva es el distintivo 'Igualdad en la empresa', que supone el reconocimiento de empresas que destacan por su excelencia en la aplicación de políticas de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres. En
estos momentos son 142 entidades las que constituyen la red de empresas con distintivo 'Igualdad en la empresa', red que pretende poner en común sus buenas prácticas y dar un paso más en materia de igualdad. De estas 142 empresas excelentes, 48 son
pymes y el resto, 94, son grandes empresas. Todas ellas emplean en torno a 234 404 personas trabajadoras, de las que el 42 % son mujeres, cerca de 99 501 mujeres trabajadoras.


Quiero reseñar también la web igualdadenlaempresa.es, que proporciona asesoramiento gratuito y necesario para que las empresas, especialmente las pequeñas y medianas, reciban la asistencia técnica necesaria que les posibilite la realización
de sus planes de igualdad. Esto incluye asesoramiento en áreas como la conciliación -importantísima- de la vida personal, familiar y laboral, la corresponsabilidad, el acceso al empleo, la promoción profesional sin sesgo de género o la
transparencia salarial. Existe una apuesta clara por la igualdad en el ámbito empresarial a través de www.igualdadenlaempresa.es. En 2017 tengo que informar a sus señorías de que tuvo 326 000 visitas.


Hemos puesto también a disposición de las empresas dos herramientas para prevenir y erradicar, en su caso, la brecha salarial de género. Primero, la herramienta de autodiagnóstico de brecha salarial de género, que permite realizar análisis
comparativos de los salarios de mujeres y hombres en una empresa y plantear acciones correctoras que conduzcan a la igualdad salarial. De ella se han realizado 6500 descargas, es decir, la sociedad está interesada en seguir en esta línea. También
quiero reseñar el sistema de valoración de puestos de trabajo, que ofrece a la empresa la posibilidad de diseñar un sistema propio de valoración de puestos de trabajo con perspectiva de género y utilizarlo para determinar un sistema de retribución
equitativo y justo. De ella se han realizado cerca de 4000 descargas.


Una iniciativa también importante, quizá de las más importantes que se está llevando a cabo este año, a propuesta también de la ministra de Sanidad, es el currículum anónimo. Ustedes ya lo habrán visto en los medios de comunicación y en la
empresa. Este sistema está implantando -y es una cuestión enormemente importante en las empresas- procesos despersonalizados de selección de personal que eviten la discriminación y los sesgos inconscientes que se producen en dicha selección y
promoción profesional. A día de hoy, hay cerca de noventa empresas que ya han firmado y se han adherido a este protocolo para implantar el currículum anónimo. Está implantado desde el día 1 de enero de 2018. Pasados seis meses, mi intención -y la
intención del equipo al que represento- es realizar una valoración en la que tengamos datos estadísticos que nos digan qué diferencia hay entre una empresa que ha implantado el currículum anónimo y otra que no lo haya hecho; cuántas mujeres han
accedido a esos puestos de trabajo, blancas, negras, de todo tipo de etnias y de todo tipo de edades. Yo creo que va a ser un dato importante para saber si España y las empresas están avanzando en valorar el talento de la persona que se le ofrece a
la empresa y no solamente si se trata de un hombre o de una mujer.


Otra línea de trabajo trata de fomentar la participación equilibrada de mujeres y hombres en los puestos de alta responsabilidad de las empresas, un tema para mí puntero y muy importante. Esta cuestión se lleva a cabo mediante la iniciativa
'Más mujeres, mejores empresas', en la que desde 2014 participan 140 empresas para tratar de eliminar los obstáculos que todavía limitan la promoción profesional



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de las mujeres y su presencia en los puestos directivos, comités de dirección y consejos de administración. Las empresas, a través de firmas de acuerdos y de convenios con el Ministerio de Sanidad, se dan el plazo de cuatro años para que
las mujeres lleguen a estos puestos de dirección en una igualdad absoluta de oportunidades: puestos predirectivos, directivos, comités de dirección, consejos rectores y consejos de administración.


También quiero citarles el Proyecto Promociona, que me imagino que conocerán y que está teniendo éxito en el ámbito internacional. En Chile ya se ha implantado, Portugal también nos ha pedido información e incluso Marruecos se ha interesado
por el mismo. Este es un proyecto que se realiza con la CEOE y que tiene como objetivo fomentar el acceso de las mujeres a los puestos directivos, comités de dirección y consejos de administración de las empresas. Desde su puesta en marcha en el
año 2013 hasta la actualidad han participado en el mismo 400 ejecutivas y directivas de más de 250 empresas. El 42 % de las participantes en las tres primeras ediciones ya han promocionado. Como he relatado, Chile ha comenzado este año a
replicarlo y está siguiendo auténticamente el modelo español.


Igualmente, en materia de formación, intentamos preparar a las mujeres para que la pirámide estructural de una empresa no quede partida por la mitad para las mujeres y puedan continuar los hombres. Lo hacemos en colaboración con la Escuela
de Organización Industrial, tratando de combatir la pérdida de talento femenino a medida que se asciende en los puestos de responsabilidad empresarial.


Respecto a la responsabilidad social de las empresas, quiero referirme a las empresas que han querido adherirse al programa que estamos desarrollando para la inserción sociolaboral de mujeres víctimas de violencia de género y agradecérselo
públicamente. Mediante este programa se inserta laboralmente a estas mujeres a través de un trabajo que les da la fuerza suficiente para seguir adelante. Las empresas juegan un papel clave -repito, clave- como generadoras de oportunidades
laborales para estas mujeres. Desde 2012 a 2017 se han llevado a cabo cerca de 5000 contratos y se han visto beneficiadas 4100 mujeres víctimas de violencia de género.


No les quepa ninguna duda de que trabajamos por la igualdad de oportunidades y trato entre hombres y mujeres en el ámbito empresarial, pero nuestras acciones y medidas, afortunadamente, van bastante más allá de la responsabilidad social
corporativa. Nosotras y nosotros apostamos por medidas establecidas y trabajadas entre los diferentes ministerios, que se recogen, como ya he indicado anteriormente, en el Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades, que está en fase de consulta
en el Consejo de participación, así como por el distintivo 'Igualdad en la empresa' y otros programas que estamos desarrollando. No obstante, cualquier acción legislativa que incorpore medidas en materia de igualdad entre mujeres y hombres es
importante para lograr la igualdad efectiva, igualdad por la que trabajamos y seguiremos trabajando en la Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, a través del IMIO, con todas las acciones que realizamos -repito- los 365 días del año.


Muchísimas gracias por su atención. Quedo a su disposición para cualquier pregunta que deseen realizarme.


El señor PRESIDENTE: Muchísimas gracias, señora Cerón.


Según he indicado anteriormente, a continuación tendrá lugar la segunda comparecencia, de don Lorenzo Vázquez Oteo, coordinador del Observatorio de Responsabilidad Social Corporativa, a quien, igual que en el caso anterior, damos la
bienvenida a la Comisión y le agradecemos su disposición para comparecer en la misma.


Sin más, le doy la palabra para que comience cuando a usted le parezca oportuno y esté preparado el ordenador.


Muchas gracias.


El señor VÁZQUEZ OTEO (Coordinador del Observatorio de Responsabilidad Social Corporativa): Muchísimas gracias, presidente, y gracias a todos los señores y señoras diputados.


Como digo, agradezco la oportunidad que nos dan de venir a exponer nuestro trabajo después de años de estudio y de análisis en el observatorio, así como el hecho de que haya un proyecto de ley que aborde la información no financiera. El
presidente nos ha contado en los preámbulos de las comparecencias el formato de las exposiciones y la necesidad de sintetizar temas sumamente complejos en diez minutos. Yo tengo una presentación bastante larga, que ya me daba complejo sintetizar en
los veinte o veinticinco minutos que la semana pasada me dijeron que tenía para la exposición, pero prometo acabar como se acaban los temas en las oposiciones, no extendiéndome más de veinte o veinticinco minutos.



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En primer lugar, quiero hablarles del porqué de la información no financiera; creo que es importante contextualizar por qué estamos aquí. (Apoya su intervención con un powerpoint). Hay una autora llamada Bowen que en 1953 escribe un libro
llamado La responsabilidad del empresario, en el que nos dice que el declive del life safer no se debe solamente a cuestiones morales sino también a cuestiones técnicas, como el crecimiento del tamaño de las empresas, la concentración del poder
económico, la fluctuación de la actividad empresarial con periodos recurrentes de desempleo, el desempleo tecnológico, la creciente inseguridad en las personas ante la enfermedad, la vejez o la muerte, la disparidad en la distribución de los
ingresos, el dispendio de los recursos naturales, etcétera.


¿Qué ha pasado desde 1953 hasta ahora? La producción mundial de bienes y servicios ha crecido exponencialmente; se ha alargado la esperanza de vida; hay una mejora en la dieta debido a un aumento de la producción agrícola y de las
capturas pesqueras; el consumo de agua se ha triplicado; el consumo de fósiles se ha quintuplicado; el de carne ha crecido un 550 % desde 1950 a 2002; las emisiones de carbono han aumentado un 400 %; el comercio mundial ha crecido un 1538 %;
el número de automóviles ha pasado de 53 billones a 565 en 2002, y el consumo de papel ha aumentado un 423 %. Es decir, las cuestiones técnicas que abordaba Bowen en su libro La responsabilidad del empresario hoy en día están de máxima actualidad,
y la situación o el escenario que había en los años cincuenta hoy en día es mucho más grave de cara a afrontar retos que tenemos planteados de cara al futuro, sobre todo los relacionados con el cambio climático y con el uso de los recursos
naturales. También ha habido un cambio importante -una cuestión meramente objetiva- respecto a lo que era una empresa en los años cincuenta y lo que es una empresa hoy en día. Sin abordar cuestiones de ámbito valorativo, esto responde al hecho de
que hoy una gran empresa cotizada o multinacional se dedica a ofrecer multitud de servicios y productos. Aquí tenemos la página web de General Electric, que es la corporativa. Si vamos a productos y servicios, salen prácticamente todas las letras
del abecedario; si le damos a alguna de ellas, salen subactividades, y si le damos a alguna subactividad, vemos un arco de empresas que cuelgan de esa subactividad y operan a lo mejor en veinte, treinta o cuarenta países. Estamos hablando de
estructuras societarias tremendamente complejas que tienen un organigrama estratégico, que manejan al mismo tiempo organigramas funcionales que se dedican a dirigir distinto tipo de actividades, estructuras que en algunos casos superan las 4000 o
5000 empresas o sociedades. Esto es un tópico pero es realidad, el valor añadido generado o la facturación generada por parte de algunas empresas supera el PIB de algunos Estados.


Al mismo tiempo hay otro proceso que es interesante y que todos lo que tenemos ya cierta edad lo hemos vivido, el proceso de concentración. Lo hemos vivido cuando veíamos que en nuestras ciudades pequeñas había una empresa de cervezas,
varios periódicos con diferentes ideologías pero que pertenecían a empresas familiares; ha habido un proceso de concentración tremendamente relevante. Si entramos a un supermercado posiblemente el 80 % de los productos que podemos comprar
pertenezcan a un conjunto reducido de empresas. Hay una interconexión a nivel de concentración no solamente sectorial sino intersectorial. Estos datos son de 2014, los seis mayores bancos de Estados Unidos tienen una cuota de mercado del 67 %. En
los años setenta creo que era del 12 o el 13 %. Los restantes, en términos financieros, tienen una cuota de mercado del 33 %. En España también ha habido un proceso de reestructuración bancaria con su correspondiente concentración. Esta es una de
las últimas grandes operaciones corporativas en diferentes sectores: Bayer compró a Monsanto por 66 000 millones de dólares, etcétera. Nos encontramos una situación que en la época de crisis fue muy mencionada: Demasiado grande para caer. Too
big to fail. Sin embargo, nos damos cuenta de cómo ese proceso de concentración y de crecimiento de un conjunto determinado de empresas ha llevado paralelo un proceso de descentralización y externalización tremendamente importante, sobre todo en
algunos sectores como el textil, el automovilístico o el sector tecnológico. Hay un catedrático del Derecho del Trabajo de la Universidad de Castilla-La Mancha que lo describe muy gráficamente diciendo que las empresas han crecido adelgazando.
Aquí vemos que el motivo de esa externalización no es otro que el ahorro de costes, ganar en competitividad desde un punto de vista de ahorro de costes y de delegación de responsabilidades, externalizando las empresas no tienen responsabilidad sobre
las condiciones laborales o el impacto medioambiental que se produce en los procesos de producción. Esto es una cuestión también meramente objetiva, no es por entrar en cuestiones particulares de empresas pero, por ejemplo, Inditex tiene en primera
línea -estos son datos extraídos de su memoria en 2014- 1474 trabajadores y subcontratados un total de 2878. Hay 358 016 trabajadores vinculados al cluster en Bangladesh -estos datos son de Bangladesh- y en plantilla propia tienen solamente 44
trabajadores; 951 trabajadores en Suiza; 173 en ITX y 541 millones de beneficios imputados a esa empresa. Este es el caso de Apple, este es el reparto



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de la tarta del precio final de un teléfono inteligente. Según este estudio solamente 7 dólares van a parar a la empresa que fabrica el teléfono móvil.


Al mismo tiempo, aparte de la internacionalización del mercado de trabajo, se ha producido una internacionalización en los mercados de capitales. Todos los días durante los últimos años atendemos a noticias sobre las estrategias de
optimización fiscal -eufemísticamente hablando- de las grandes empresas, sobre todo de las tecnológicas. Todo este conjunto de empresas pagaron por impuesto sobre sociedades 13 millones de euros en España en 2013. Bajan los mecanismos de control.
Esa externalización entre otros factores conlleva que haya una menor afiliación a los sindicatos. Esa externalización no solamente puede producir impactos en terceros países sino que también tiene consecuencias en nuestras sociedades. Aquí vemos
cómo el crecimiento de la productividad es bastante más rápido que el crecimiento de los salarios y vemos cómo el coste total de salarios cada vez supone un coste menor sobre el coste total de la producción.


La responsabilidad social y de lo que estamos hablando hoy aquí tiene que ver con la no internacionalización de externalidades, es decir, la no contabilización de los costes sociales y los costes medioambientales. Eso no quiere decir que
haya externalidades positivas, que las hay por supuesto cuando hay actividad económica pero también las hay negativas. Y en esas externalidades negativas hay empresas que gestionan mejor esas externalidades negativas y por lo tanto provocan menos
externalidades negativas y hay otras empresas que provocan mayores externalidades negativas. Este es un estudio de KPMG que dice que las 3000 empresas más grandes del mundo por capitalización bursátil provocaron, en 2012, 12,15 billones de dólares
en daños ambientales. Hicieron un estudio conforme el cual si se internacionalizasen y contabilizasen esas externalidades ambientales -solamente las ambientales- los costes de muchas de las industrias, sobre todo las extractivas y energéticas,
serían tres veces superiores al Ebitda generado por esas industrias. Es decir, esas industrias no serían sostenibles si internacionalizasen contablemente esos costes. Esto ha provocado externalidades, la más conocida delegación de
responsabilidades es la del Rana Plaza y casos como este provocan -según una encuesta en 46 países, con una muestra de 34 000 personas- que las grandes empresas pierdan legitimidad y la confianza de la población. Es de todas las instituciones la
peor valorada.


También paralelamente los organismos multilaterales, internacionales y regionales empiezan a trabajar para solucionar un nuevo escenario que tiene que ver mucho con una cuestión de normativa internacional. Naciones Unidas empieza con un
proyecto de código de conducta en los años setenta, sigue con unas normas, luego hay unos principios rectores que son aprobados por el plenario de las Naciones Unidas y actualmente hay en estudio un tratado -sería la primera vez que hubiera un
tratado vinculante- no dirigido a Estados sino dirigido a empresas, en el ámbito de las empresas y los derechos humanos. La OCDE también tiene algunas directrices que se han ido actualizando y un punto nacional de contacto, que está aquí en el
Ministerio de Comercio. La Comisión Europea ha elaborado cuatro comunicaciones, un plan, dos directivas -la del contrato del sector público, que ya se trató en este espacio, y la que actualmente estamos trabajando- y también el Banco Mundial,
etcétera. Todos ellos establecen la rendición de cuentas como un elemento fundamental.


Otro hecho objetivo es el valor de los intangibles. Según una consultora estadounidense en 1975 solamente en torno al 15 % del valor total de la empresa correspondía a los intangibles. En 2015, las empresas Standard Board teóricamente el
80 % son intangibles. Ante esta situación, ¿cuál es la reacción de la empresa? La empresa reacciona y si nos metemos en cualquier web de cualquier empresa cotizada veremos que, después de un apartado destacado -y lo vemos en el caso de BBVA-,
están los apartados de responsabilidad social corporativa. Ahí nos lleva a una web, que es banca para todos, y nos habla de cambio climático, de educación, de marginalidad, de pobreza, etcétera, de un montón de cosas salvo de banca. Esto es lo que
tenemos que tratar hoy, si es del todo cierto o no. Aquí vemos otras empresas, la home. Esta es ya de hace algunos meses pero podemos probar ahora mismo con la de Acciona o el Banco Santander. Surgen los códigos de conducta, los acuerdos marco
internacionales. En el caso de Inditex, se solucionan ciertos problemas en determinados países. Y nos enfrentamos -aparte de a esta situación que he descrito de un cambio disruptivo desde los años cincuenta a la actualidad- a nuevos retos como
son: la tercera revolución industrial, el futuro del trabajo, situaciones como la de Amazon, una empresa que ha descubierto que puede tener supermercados sin empleados, que no llega a los 1100 trabajadores en España, toda la facturación la hace a
través de Luxemburgo, en 2016 declaró unas ganancias negativas, es decir, declaró pérdidas, con lo cual no paga impuestos y es la primera empresa en distribución retail en Internet. Vemos cómo es la primera empresa por capitalización.



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También ha cambiado el tipo de empresa que tiene un mayor volumen de capitalización. Hace once años eran ExxonMobil, General Electric o BP y hoy en día son Apple, Google, Amazon, Facebook. Creo que Facebook tiene 12 000 empleados, Google
50 000 empleados, Apple 90 000 empleados. Es decir, la mano de obra que utilizan es mucho menor que la que utilizan otro tipo de sectores.


Cómo afectan al trabajo los coches automatizados, el trabajo a través de plataformas digitales, que hoy en día genera un intenso debate porque causa que cada vez haya más trabajadores que, de forma no voluntaria, aceptan trabajos a tiempo
partido. Tenemos retos como el cambio climático o DS en los cuales es importante involucrar a la empresa. También hay oportunidades, nuevos modelos de negocio, nuevos modelos de producción, nuevas economías -como la economía circular, la economía
azul-, etcétera. A través de estos procesos se intenta reinventar a las compañías, hacerlas más transparentes. Hay un alegato a favor de que las compañías se involucren en solucionar estos grandes retos que tenemos por delante. El 80 % de la
muestra de esta encuesta aboga porque las compañías se involucren en la consecución o resolución de estos retos. Las compañías también opinan que uno de los desafíos que tienen a futuro son los temas relacionados, por un lado, con la nueva
regulación y, por otro lado, con los medioambientales. Ya nos plantamos después de haber hecho este pequeño receso de contextualización en la información no financiera.


¿Por qué es importante? La responsabilidad social pivota sobre tres cuestiones: la inclusividad de los grupos de interés, el desarrollo de las partes interesadas sobre la base de impactos económicos, sociales y ambientales, teniendo en
cuenta los riesgos derivados de esos impactos, y la rendición de cuentas, que es una parte fundamental de la responsabilidad social. ¿Qué opinan los ciudadanos? A través del Eurobarómetro elaborado en 2013 por parte de la Comisión Europea, con una
muestra de 32 000 personas, en el caso de España el 77 % de los encuestados se muestra desinformados sobre estos temas. Con esta misma cifra de encuestados, los ciudadanos se muestran más interesados en conocer más información sobre cómo se
gestionan los impactos sociales y ambientales. Hay muchas encuestas de este tipo, muchos estudios, en los que se evidencia que habría una voluntad de tomar decisiones en el consumo sobre la base de responsabilidades sociales corporativas. Han
nacido plataformas que analizan más de 65 000 productos y con las que, a través del teléfono móvil, se puede conocer una comparativa de los productos en cuanto a su comportamiento social, ambiental y de precio. También hay un reconocimiento para la
empresa de que estos temas vinculados con la transparencia son importantes. De los dieciséis grandes atributos para construir la confianza, en torno a trece tienen que ver con responsabilidad social. En otra encuesta realizada a setecientos
directivos se aboga porque la transparencia es un elemento fundamental para ganar confianza en materia de sostenibilidad.


¿Qué opinan los inversores? El valor intangible cada vez es una cuestión de más referencia para los inversores a la hora de tomar decisiones. Si nos planteásemos si esta información es o no material, nos tendríamos que ir a la definición
desde un punto de vista de auditoría financiera de materialidad, según la cual la omisión o tergiversación de la información contable puede dar lugar a que haya habido una declaración o decisión errónea por parte de los agentes. Desde esta
perspectiva se nos dice que la información social o medioambiental es importante para el inversor porque los inversores tienen una responsabilidad fiduciaria y el riesgo no financiero puede convertirse en un riesgo de carácter financiero. Hay otro
factor determinante que nos dice que los informes financieros no sirven o no reflejan los intangibles. Aquí vemos diferentes momentos en los cuales se refleja que el hecho de no contemplar esos intangibles ha tenido un efecto directo sobre la
adulteración de las acciones y, por tanto, sobre los accionistas. Esta es la última junta general de accionistas de SunMobile, en la cual los accionistas declinan la información que presenta la empresa sobre cómo va a hacer la transición energética
y convertirla en una empresa baja en carbono. Esto es el total de volumen, que se estima que está en torno al 30 % de activos gestionados a través de ISR. Eso es discutible porque algunos de ellos solamente incluyen algún elemento excluyente. Y
en una muestra de 150 entidades financieras nos dice si tendrán para los accionistas un valor importante en un futuro los aspectos medioambientales: el 85 % está de acuerdo; en cuanto a los temas sociales, un 74 %, y en los temas de buen gobierno,
un 84 %. En los temas de buen gobierno cada día es más relevante el papel desempeñado por los proxy advisors.


Los inversores ya se muestran partidarios de analizar esta información. Ha nacido una multitud de analistas de información no financiera o de cómo se gestiona estos impactos por parte de las empresas. Según Bloomberg, el crecimiento de la
demanda de esta información ha sido del 263 % en solamente tres años. El resto de empresas de información económica, como MSCI, ofrecen este tipo de información; también Deutsche Bank, Goldman Sachs, Merrill Lynch, etcétera, así como entidades que
han nacido en



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origen solamente para analizar este tipo de información. Los accionistas se congregan en torno a foros de inversión socialmente responsables. Por lo tanto, podemos concluir que la información no financiera hoy en día es material y
relevante.


Llevo diecisiete minutos, pero no se preocupen que ya me queda poco. ¿Cuál es la evolución de los informes de sostenibilidad? Hay una evolución creciente en cuanto a cantidad: en torno a 8000 informes en total, contabilizados por
Corporate Register, de más del 90 % de las 205 mayores empresas del mundo; y de las cien mayores empresas en muchos de los mercados organizados también hay un porcentaje elevado. La progresión es positiva; sin embargo, hay una falta de
armonización, lo que ha provocado que surja una entidad muy reconocida en Inglaterra, Accountability, que identifica decenas de entidades que están trabajando en temas de sostenibilidad que al mismo tiempo identifican más de 500 temas relevantes en
sostenibilidad que se convierten en más de 2000 indicadores. Todo eso genera mucha confusión en el mercado: no hay sistemas de reconocimiento.


También hay una volatilidad en los temas que se presentan en las informaciones, en los canales de comunicación por parte de las empresas. Vemos cómo de repente derechos humanos sube o baja cambio climático, cuando ambos temas son
relevantes, y no tendría por qué haber esa disparidad o esos movimientos en cuanto a la importancia que dan a este tipo de información. Esto tiene que ver con quién identifica la materia de la información, que es la empresa, y normalmente esa
identificación de material es muy a conveniencia de los intereses propios de la empresa. Aquí vemos cómo todas las eléctricas nos dicen que son las más sostenibles del mundo. ¿A quién creer? Todo esto provoca tanto que el mercado no funcione como
que haya desconfianza en los ciudadanos. Este artículo es de hace dos semanas. Me paré a leer -nos tomaron a nosotros una declaración- lo que creo que es el mejor termómetro para ver qué opina la ciudadanía, es decir, los cincuenta y cuatro
comentarios. No había ninguno positivo sobre el artículo porque, después de hacer una breve introducción, ponía temas aislados de lo que hacía la empresa o un conjunto de veinte empresas, pero no hacía una valoración global e independiente de los
impactos reales de las empresas y de las políticas que emplean para resolver los mismos. Les leo algunos: Menuda tomadura de pelo. Se me revuelve el estómago después de leer este artículo. ¿Cuánto han cobrado bajo cuerda por tamaña tontería? Se
nota quién paga. Se amañan los precios para pagar al consumidor. Hacen inversión sin ellos. Esto no es un artículo periodístico, es un publirreportaje en toda regla, etcétera. Los cincuenta y cuatro comentarios -el diario de información es El
mundo, que no está especialmente vinculado con la ideología contraria al capitalismo o la empresa- eran negativos, con lo cual esta incertidumbre o falta de regulación que hay en torno a estos temas genera un gran falta de credibilidad.


También en la literatura académica que ha hecho investigación en estos temas hay un acuerdo más o menos unánime de que la información que se vuelca en el mercado no responde a rendición de cuentas. Aquí vemos a diferentes autores. También
GRI, que es la herramienta de comunicación más reconocida internacionalmente, señala que, pese al número de empresas que informan, el impacto desde el punto de vista de sostenibilidad de la economía es muy relativo. Estos son estudios que
evidencian que en torno a 100 empresas, de las 4100 analizadas por Capital Corporate, informaban sobre siete indicadores clave, como es rotación de empleo, tasa de accidentes, consumo de agua, emisiones de CO2, energía, pagos. En una encuesta
realizada por Ernst & Young, se dice que la identificación de riesgos no financieros o cómo presenta esa información, el 82 % de las 160 entidades financieras analizadas, no sirve para identificar cómo están incluyendo todas estas cuestiones desde
un punto de vista de gestión de riesgos. Lo mismo nos dicen diferentes informes. Aquí hay uno a 94 instituciones financieras en 18 países en el que se dice que el 78 % de los encuestados opina que los actuales niveles de información son
inadecuados, no está enlazado riesgos y estrategia de empresa y opina que la información no es material en un 93 %. Todo esto son inversores. Aquí hay otro informe que nos dice que son insuficientes para evaluar los aspectos que son materiales y
el 84 % de los encuestados aboga por una verificación externa independiente y por someter como punto separado del orden del día esta información de la junta general de accionistas. Estoy hablando de instituciones financieras. Hay multitud de
estudios que evidencian esta situación. Es cierto que en los informes de verificación estas verificaciones son muy cuestionadas por el nivel de aseguramiento, que es muy limitado, y normalmente hay mucha contradicción con otros estudios
independientes con respecto a estos informes de verificación.


Estudios de caso, cómo estamos en España. No les voy a entretener aquí. Nosotros hacemos un estudio desde 2003 en el que evaluamos diferentes dimensiones con un gradiente de 0 a 4 y vamos evaluando, por ejemplo, no solo si tienen
políticas, sino la calidad de la información de esas políticas.



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Evaluamos dimensiones como medio ambiente, derechos humanos, comunidad, corrupción, consumo y sistemas de gestión, y los resultados del estudio son bastante desalentadores. El estudio está hecho con la máxima independencia y antes de su
publicación se envía a las empresas y se les da la opción de discutir con ellos los resultados. En los últimos años venimos discutiendo en un entorno de dieciocho o veinte empresas. Si hay cuestiones que demuestran que esa información está
incluida en sus cuentas anuales o en sus informes de sostenibilidad, modificamos ese estudio. Solamente una de las empresas supera el 2 sobre 4, que es Red Eléctrica. Vemos cómo estas empresas operan en países de elevado riesgo en diferentes
ámbitos, en cuestión de riesgo climático, medio ambiente, vulneración de derechos humanos, derechos laborales, corrupción... Aquí tenemos las conclusiones del estudio. El estudio es bastante prolijo, son más de mil páginas. Si tienen interés está
colgado en nuestra página web. Las conclusiones principales son que la información no es relevante, no es neutral, no es comparable y no tiene un grado de fiabilidad mínimo.


Aquí vemos cuál es la evolución de 2003 a 2011. De lo que más información hay es de temas de buen gobierno. Quizás es porque hay una regulación con respecto a ello, aunque en materia de buen gobierno en muchas ocasiones se ha identificado
la necesidad de regular, como ha hecho la Ley de Sociedades de Capital con los consejeros independientes o con los informes de remuneraciones. Aquí vemos cómo los mayores saltos se producen precisamente por temas de regulación. Cuando hay un
cambio o toques en el 129.3 de la Ley de Sociedades de Capital, en el que se dice que es una función indelegable aprobar las estrategias fiscales por parte de los consejos de administración, ya empieza a haber algo de desglose en cuanto a datos
económicos con los que cuentan las empresas desde el inicio, no los tienen que generar. Estaríamos en una etapa de informe descriptivo y de comunicación o de rendición de cuentas.


Desde el punto de vista -ya estoy terminando- de las debilidades de los sistemas de información voluntarios, la información no es comparable entre empresas, no permite reconocimiento de mercado, la información no es material, la empresa es
la que determina qué es material y sobre qué informar, no permite evaluar los riesgos y los impactos o cómo se están gestionando esos riesgos o impactos, la información no es uniforme -hay diferentes formatos, métricas, coberturas-, y la información
no es fiable. Todos estos temas se podrían solventar a través de una ley que viniese a contemplar todas estas cuestiones.


Con esto termino. Lo que plantea el proyecto de ley es una serie de cuestiones en cuanto al alcance, en cuanto a la calidad de la información, en cuanto a la comparabilidad, a aumentar la credibilidad y confianza en la empresa y a liderar
la empresa con compensación de acciones asumidas por el Gobierno. Yo creo que esto es una oportunidad también para los Gobiernos, para generar mercados más abiertos, mercados que atraigan inversores, que atraigan empresas, generar empresas más
competitivas en un entorno internacional en el cual cada vez el requerimiento por parte de las administraciones públicas para licitar o ir a contratos públicos incluye estos temas de forma mucho más avanzada a como estamos en España, donde cada vez
hay más vigilancia por diferentes actores, y creo que el proyecto de ley nos da una oportunidad no para aumentar el número de informes, que yo creo que está bien y podemos dar estadísticas de lo bien que está España en el número de informes, sino en
aumentar la calidad.


Desde esta perspectiva yo creo que es importante ampliar -ya termino, son dos minutos- el alcance. Según está el proyecto de ley fija una categoría que es más de quinientos trabajadores que además tienen que cumplir otra serie de
requisitos. Nosotros entendemos que nos tenemos que guiar por la recomendación de la Comisión Europea de 2003 de lo que se considera gran empresa y hay otras valoraciones en cuanto a exposición de riesgo. Hay empresas que con muy pocos
trabajadores, como el caso de Facebook, tienen o pueden generar un impacto muy elevado. Muchas empresas constructoras tienen pocos trabajadores, igual que otros sectores, y cada vez la tendencia va más hacia ese elemento. Desde esa perspectiva
sería interesante, de una forma transitoria, ampliar el alcance de la información a aquellas empresas con más de doscientos cincuenta trabajadores o que se encuentren en algunos sectores de riesgo, como pueden ser construcciones, activo, químico o
financiero, y que tengan más de cincuenta trabajadores. También, siguiendo la Ley de transparencia, aquellas empresas que tengan un volumen de contratación con la administración pública que supere el 30 % del volumen total de activos o que reciban
ayudas públicas o subvenciones por encima de 100 000 euros.


Hay otros aspectos técnicos, como eliminar la matriz extranjera. Que una matriz haga un informe de sostenibilidad no quiere decir que presente información sobre cómo está trabajando la filial española. Hay otros elementos que son
importantes, como el modelo de negocio. Para eso tenemos que conocer bien cuál es la estructura societaria. Por ejemplo, ACS tiene más de 1300 sociedades en primera capa, y



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Acciona más de 720. Eso en primera capa. En el anexo de cuentas anuales es necesario conocer la estructura societaria, a través de quién tiene la participación directa y, si es indirecta, a través de qué sociedad, conocer el volumen de
operaciones de cada una de sus sociedades en cada uno de los países, facturación, número de empleados, beneficios e impuestos pagados. Hay que trabajar una metodología sobre riesgos e impacto en función de dos criterios. Ya hay metodologías
desarrolladas a las cuales la ley debería hacer referencia, que son riesgos en función del ámbito geográfico de la operativa de la empresa -los riesgos de vulneración de derechos laborales no son iguales aquí que en Colombia, por poner un ejemplo- y
también en función del sector de actividad, pues no es lo mismo una empresa que genera electricidad que una empresa que distribuye electricidad. Hay que trabajar esos indicadores a nivel sectorial, hay que involucrar al sector financiero en
facilitar la información de cómo está gestionando o hacia donde está dirigiendo esas inversiones, hay que determinar qué es lo que debe incluir la debida diligencia y los indicadores de desempeño.


Luego hay otra cuestión que es importante, que es la de cumplir o explicar. En los análisis que nosotros hacemos -ya sí que es un minuto- nos encontramos que en muchas ocasiones empresas como por ejemplo, quiero recordar, Ferrovial, nos
decían que no estaban expuestas a ningún riesgo en materia de derechos humanos. Es una empresa que a lo mejor opera en cincuenta países en el área de la construcción. Eso es inaudito. Dejar una arbitrariedad para que la empresa decida si está
expuesta o no o si es materia de una información o no yo creo que es una oportunidad perdida, como ha pasado con otras legislaciones anteriores en materia medioambiental o en otro tipo de normativas, y hace que el objetivo de aumentar la calidad de
la información que debe perseguir esta norma no se acabe consiguiendo.


Hay otro factor, que es cumplir o explicar. Aquí tenemos, como comentaba anteriormente, la experiencia en materia de buen gobierno. En materia de buen gobierno lo que se ha demostrado -esto sí que es el final de mi exposición- es que en
muchas ocasiones no ha servido. Hasta que no se ha metido como obligación, a través de la Ley de Sociedades de Capital, que vaya como punto separado del orden del día el informe de remuneraciones con un formato determinado -esto tiene que ver
también con los indicadores-, no había forma de entender cuánto ganaba cada uno de los miembros del consejo de administración. Ahora está perfectamente claro. La CNMV tiene un formulario que todas tienen que seguir. Son muestras de experiencias
anteriores que se deberían abordar en este proyecto de ley para no incurrir en errores del pasado.


Por último está la verificación, la supervisión y la sanción. Sin una verificación adecuada la información no será fiable y no podrá generar esa confianza en el mercado. Sin una supervisión y una sanción el riesgo de incumplimiento que
hay, como pasa ahora mismo con la Ley de trasparencia en el sector privado, es muy elevado.


Aquí termino. Luego ya damos paso si quieren alguna aclaración sobre cuestiones más concretas del proyecto de ley.


Gracias y disculpen la extensión.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Vázquez.


A continuación, va a tomar la palabra don Carlos Larrinaga González, catedrático de Economía Financiera y Contabilidad de la Universidad de Burgos. Igual que en el caso anterior, le damos la bienvenida a la Comisión y le agradecemos su
disposición a intervenir ante la misma con ocasión de la comparecencia prevista en el día de hoy. También, al igual que en el caso de los dos comparecientes anteriores, sin más le doy la palabra.


El señor LARRINAGA GONZÁLEZ (Catedrático de Economía Financiera y Contabilidad de la Universidad de Burgos): Muchas gracias, señor presidente. Buenos días, señorías.


Agradezco la oportunidad de comparecer ante esta Comisión para darle a conocer mi análisis sobre el proyecto de ley de información no financiera y diversidad, análisis que está basado en lo que hemos investigado en el área en el Center for
Social and Environment Accounting Research y en la red del Centro de Investigación en Contabilidad Social y Medioambiental de la Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla, de los que formo parte. Entiendo que la necesidad de que las empresas sean
transparentes ya se ha abordado por el anterior compareciente; por lo tanto, no voy a entrar en este tipo de consideraciones, sino que en mi intervención haré un análisis un poco más técnico del texto del proyecto de ley desde la perspectiva del
estado de la cuestión en contabilidad social y medioambiental, tratando de hacer algunas sugerencias concretas. Voy a hacer referencia, en primer lugar, a los antecedentes de la divulgación de



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información no financiera en España. En segundo lugar, examinaré las entidades sujetas a esta regulación. En tercer lugar, analizaré los estándares de divulgación. En cuarto lugar, examinaré los criterios de calidad de dicha información y
terminaré con un análisis de los medios para garantizar la divulgación. Para ello he preparado una presentación.


En primer lugar, me referiré a los antecedentes. Al hablar de información no financiera no puedo evitar citar, paradójicamente, ciertas disposiciones que regulan la provisión de información financiera. En primer lugar, la información de
carácter medioambiental a incluir en la nota de la memoria de las cuentas anuales regulada en 1998; también la normativa de 2006 sobre contabilización de derechos de emisión de gases de efecto invernadero o, también, el capítulo 10 de la directiva
contable traspuesta mediante la disposición adicional décima de la Ley de Auditoría, relativa a la obligación, para las empresas de la industria extractiva y de explotación maderera, de publicar un informe anual sobre pagos realizados al Gobierno.
Cito estos antecedentes para señalar la dificultad de distinguir en este ámbito entre información financiera y no financiera. La separación que encontramos en la directiva es, a mi modo de entender, un tanto artificial. Además, los términos que
han ganado más aceptación en la práctica son memoria o informe de sostenibilidad y memoria o informe de responsabilidad social; utilizaré estos términos indistintamente.


Un segundo grupo de antecedentes tiene relación con la Ley de Economía Sostenible, de 2011. Para las sociedades anónimas de más de 1000 asalariados el artículo 39 de esta ley establece que se remita un informe anual de responsabilidad
social empresarial al Consejo Estatal de Responsabilidad Social y Empresarial. El artículo 35 hace lo propio para las empresas públicas y mutuas colaboradoras de la Seguridad Social. En estudios realizados con mi grupo de investigación hemos
encontrado que el efecto de la ley fue nulo entre las 206 empresas sujetas al artículo 39, con un 25 % de cumplimiento, antes y después de la ley. Igualmente, entre las 60 mayores entidades afectadas por el artículo 35 encontramos, en otro estudio,
que la elaboración de las memorias subió del 25 % al 33 % de las entidades afectadas, pero su calidad media disminuyó ligeramente. La incompleta aplicación de la Ley de Economía Sostenible puede explicarse por la falta de mecanismos de imposición y
de desarrollo de la ley, por la ambigüedad del texto de la propia ley y por la falta de comunicación entre los diferentes agentes implicados en el proceso de su puesta en marcha. Quiero señalar que la Ley de Economía Sostenible se mencionaba como
precedente en los documentos preparatorios de la directiva de la Comisión Europea -la directiva que nos trae hoy aquí-; sin embargo, el presente proyecto de ley que traspone dicha directiva ignora los artículos 39 y 35 de la Ley de Economía
Sostenible, que, hasta donde alcanza mi conocimiento, siguen en vigor. Disculpen mi desconocimiento por las derivadas jurídicas, pero la coexistencia de la obligación de divulgar en ambas normas es susceptible de crear, cuando menos, confusión
tanto en las empresas que deben elaborar sus informes de sostenibilidad como en los agentes interesados en esta información.


En segundo lugar, quiero analizar qué empresas están sujetas a la regulación. La directiva establece que los nuevos requisitos de divulgación se apliquen únicamente a grandes entidades de interés público, con un número de empleados superior
a 500. En el proyecto de ley se ha optado por un triple filtro, de forma que las empresas obligadas son aquellas que cumplen con tres condiciones: son empresas grandes, de acuerdo con lo señalado en la Ley de Auditoría; son entidades de interés
público, es decir, cotizadas -entidades financieras y empresas muy grandes básicamente- y su número medio de trabajadores es superior a 500. Según nuestras estimaciones, con estas condiciones un total de 130 grandes empresas tendrían obligación de
emitir esta información en España; si las matrices internacionales incluyen en sus estados información de empresas filiales españolas solo quedarían 113 empresas. Estas serían básicamente cotizadas, porque las demás condiciones de las entidades de
interés público se alcanzan en muy pocos casos.


Para interpretar estos datos es necesario hacer las siguientes consideraciones. La primera evaluación del impacto de la Comisión Europea, en 2013, estimaba el número de empresas afectadas en 18 000. Teniendo en cuenta la participación de
la economía española en la Unión Europea, podríamos hacer una estimación de un orden de 1350 empresas españolas afectadas, según aquellas previsiones. La evaluación actual de la Comisión Europea, después de introducir el criterio de grandes
entidades de interés público, es de 6000 entidades, equivalentes -según esa misma traducción- en torno a 450 empresas españolas. Las empresas con más de 1000 empleados reguladas en la Ley de Economía Sostenible las hemos estimado en 206. Por otro
lado, de entre las empresas afectadas por la actual redacción, un 60 % publica ya un informe de sostenibilidad. Sin embargo, como pueden ver en esta figura, esta actividad ha experimentado un declive en los últimos años. La línea roja marca la
evolución de las empresas españolas que publican una memoria de sostenibilidad. En comparación con la Ley de



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Economía Sostenible, el proyecto de ley incluye algunas empresas cotizadas de entre 500 y 1000 trabajadores, pero en sentido contrario habría unas 94 empresas de más de 1000 empleados que están reguladas por la Ley de Economía Sostenible y
no por el proyecto de ley. Por un lado, estos datos ponen de manifiesto que hay muchas grandes empresas no cotizadas que no llegan al tamaño exigido en España para las entidades de interés público y, por lo tanto, no estarían afectadas y, por otro,
me pregunto si la disminución de empresas actualmente obligadas por la Ley de Economía Sostenible iría en contra de los objetivos de la política comunitaria en el sentido de incrementar la transparencia. La propia directiva abre la puerta a que los
Estados miembros incluyan otras empresas. Si el proyecto de ley incluyese todas las grandes empresas con más de 500 trabajadores, habría de añadirse, aproximadamente, 141 empresas a las 113 que hemos estimado, resultando una cifra de en torno a 250
empresas afectadas. También podría considerarse, al igual que se hace con la información financiera, una adaptación para las empresas medianas. En otro orden de consideraciones, la Ley de Economía Sostenible en su artículo 35 obliga a todas las
empresas y entidades públicas sin mencionar excepciones por tamaño, por lo que el proyecto de ley podría considerar la complementariedad entre ambas normas. Eso por lo que se refiere a las entidades afectadas.


En tercer lugar, me voy a detener un poco en el análisis de los estándares de divulgación de información social y medioambiental. La directiva adopta el modelo de regulación inteligente, un híbrido que incluye información obligatoria e
información voluntaria, es decir, el contenido de la directiva es imperativo al obligar a cierto tipo de empresas a elaborar un estado de información no financiera, pero, al mismo tiempo, el estado preceptivo se articula mediante elementos
voluntarios como los marcos a los que se refiere la directiva o los estándares de información no financiera. En este apartado expondré la importancia de contar con estándares de información no financiera y analizaré aquellos que mejor cumplen su
función. Por un lado, las empresas y los grupos de interés necesitan disponer de criterios y orientación no solo sobre qué informar -siempre se habla de listado de indicadores, siendo, a mi juicio, importante pero no suficiente-, sino que es
necesario disponer de criterios y orientación sobre cómo informar. Deben disponer no solo de un listado de aspectos sociales y medioambientales, sino también de una guía metodológica que aporte certidumbre a la elaboración y permita la comparación
de información. Si me permiten, voy a utilizar un par de ejemplos.


Primer ejemplo, el proyecto de ley requiere informar sobre los procedimientos aplicados para la identificación y evaluación de riesgos, cómo determinar qué aspectos son más relevantes. Aunque haya un conjunto de indicadores relevantes para
todas las empresas, habrá aspectos más o menos relevantes dependiendo del sector o de otras circunstancias. La materialidad es un principio -ya lo he mencionado anteriormente- informativo que indica que la información debe ser significativa e
influir sustantivamente en las valoraciones y decisiones de los grupos de interés. Segundo ejemplo, es necesario contar con referentes acerca de cómo construir técnicamente indicadores como, por ejemplo, el de emisiones de gases de efecto
invernadero. Así, un indicador de eficiencia es útil, pero, considerando el reto del cambio climático, se ha aceptado que las emisiones totales sean un indicador más relevante. Por otro lado, se ha convenido en la importancia de informar no solo
sobre las emisiones directas, sino también sobre las que se producen indirectamente, principalmente a través del consumo de energía eléctrica. Estos dos ejemplos ilustran la necesidad de contar con referentes que faciliten la elaboración e
interpretación de la información social y medioambiental con criterios que estén ampliamente aceptados.


Por otro lado, es necesario -una vez que he tratado de demostrar la importancia de contar con estándares- que las empresas y los grupos de interés cuenten con los mejores estándares de información. Entre los marcos a los que se refiere la
directiva, no todos son estándares de divulgación. Esto es importante. Una adecuada distinción en el proyecto de ley permitiría proporcionar certidumbre a las empresas y a los grupos de interés. Los códigos de comportamiento o códigos de conducta
establecen la base sobre la que formular códigos éticos o políticas medioambientales. Los referentes externos citados en el proyecto de ley son el Pacto Mundial de Naciones Unidas, las líneas directrices de la OCDE o la declaración tripartita de
principios sobre empresas multinacionales de la OIT. Estos códigos de comportamiento establecen los principios y objetivos de actuación, pero no cómo trasladarlos a la gestión empresarial ni cómo informar de su resultado, que es el cometido del
proyecto de ley. Los sistemas de gestión establecen una guía para la instrumentación de las medidas que permiten dar cumplimiento a los objetivos anteriores. El proyecto de ley menciona el sistema europeo EMAS como sistema de gestión
medioambiental e ISO 26 000 como sistema de responsabilidad social. Los estándares de divulgación de información establecen las características de la información, así como los criterios metodológicos para



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elaborarla, como vengo diciendo. En el proyecto de ley se mencionan los estándares de la Global Reporting Iniciative, las directrices de la Comisión sobre presentación de informes no financieros, la guía de la CNMV para elaboración de
informes de gestión y el cuadro de indicadores integrados elaborado por AECA. Quiero hacer algunas consideraciones al respecto.


La primera es que la guía de la CNMV no es un documento preceptivo, no incluye cuestiones metodológicas y los indicadores que sugiere, a título de ejemplo, no están en consonancia con la directiva ni con los códigos de comportamiento
mencionados. Creo que la calidad de dicha guía es insuficiente y ha quedado desactualizada. Su mención en el proyecto de ley puede crear confusión en empresas y grupos de interés. Segunda consideración, al igual que en el caso anterior, el cuadro
de indicadores elaborado por AECA no incluye cuestiones metodológicas y los indicadores que sugiere no están en consonancia con la directiva. Además, en este caso se añade mayor confusión para empresas y grupos de interés al mencionar la taxonomía
XBRL. Quiero insistir en que los indicadores propuestos por la CNMV y AECA no están en consonancia con los objetivos de la Unión Europea de proporcionar información relevante y comparable sobre el impacto de las empresas en la sociedad. Tampoco
cumplen con el principio de consulta con las partes interesadas para el establecimiento de estándares. Tercera consideración, las directrices sobre presentación de informes no financieros elaboradas por la Comisión Europea es un marco no vinculante
acorde con el principio de regulación inteligente mencionado anteriormente. Este marco establece principios informativos y contenido conforme a las características exigibles a un estándar de divulgación de información, pero no aborda todos los
aspectos técnicos a considerar. En cuarto lugar, la Global Reporting Iniciative ha aportado un estándar de información social y medioambiental que es el que mayor credibilidad y rigor técnico tiene actualmente. GRI fue creado por inversores, ONG,
sindicatos, organizaciones internacionales y empresas; entre ellos Naciones Unidas jugó un papel importante. De entre las empresas afectadas por el proyecto de ley que publican un informe, un 75 % menciona que siguen las guías GRI, mientras que el
25 % las siguen de una u otra forma. Se puede afirmar que la práctica totalidad de las empresas españolas y europeas que elaboran informes sociales y medioambientales hacen uso de estas guías de una forma o de otra. Para ir concluyendo, en aras de
facilitar la divulgación de información no financiera y su comparabilidad para complementar las directrices de la Comisión, considero que debería mencionarse explícitamente el marco de la Global Reporting Iniciative en el apartado dos de la
exposición de motivos. Finalmente, fijar en el apartado dos marcos que no están adaptados a las exigencias de la directiva es contraproducente.


El cuarto aspecto que quiero abordar en mi intervención es la calidad de la información social y medioambiental. Como señalaba en el punto anterior, la información social y medioambiental debe responder a los principios de materialidad,
integridad, comparabilidad o fiabilidad, entre otros, para cumplir con su propósito de ofrecer una imagen fiel y completa de sus políticas, resultados y riesgos en esta materia, como establece la directiva. Voy a analizar algunos aspectos del
proyecto de ley relacionados con la integridad y la fiabilidad. En primer lugar, la integridad hace referencia a que la cobertura del informe debe incluir todos los aspectos materiales, sin omitir ninguna información relevante. El proyecto de ley
hace uso de una opción admitida en la directiva, permitiendo a las empresas informar o explicar cuándo hay razones comerciales que impiden revelar información y siempre que no afecte esencialmente al informe no financiero. Sin embargo, convendría
incluir dos opciones para garantizar el cumplimiento del principio de integridad, una es que los auditores o aseguradores verifiquen que la omisión de tal información no impide una comprensión fiel y equilibrada de los impactos de la empresa, y otra
es que la empresa incluya en el informe la explicación sobre las razones de la omisión.


En segundo lugar, me referiré al principio de fiabilidad, que hace referencia a que la información debe ser preparada de forma que pueda ser sometida a un examen posterior, y así generar confianza entre los grupos de interés. La
investigación previa que se ha realizado en el área es concluyente acerca de las deficiencias de los informes sociales y medioambientales en el sentido de omitir información material, falta de neutralidad o problemas técnicos en la definición de
indicadores. Un instrumento para mejorar la fiabilidad de la información social y medioambiental es su examen por prestadores independientes de servicios de verificación, como sugiere la directiva. Sin embargo, el proyecto de ley solo incluye la
obligación del auditor de atestiguar la existencia del informe, sin entrar en su contenido. Si no existe un examen externo de los informes, la experiencia indica que la omisión de información no tiene efecto. Además, el aseguramiento de las
memorias de sostenibilidad es ya una práctica establecida en las grandes empresas; de entre las empresas afectadas por el proyecto de ley que publican un informe, un 50 % lo acompaña de una declaración de aseguramiento. La directiva no utiliza el
término



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aseguramiento, sino que utiliza el término verificación que proviene, entiendo, del sistema EMAS. La verificación tiene un componente un poco más exigente que el aseguramiento. El aseguramiento o aseguramiento externo tiene como fin
aumentar la confianza sobre la calidad de la información y de los procesos que se han utilizado para elaborarla. Es importante considerar que esta actividad no está destinada a valorar el comportamiento o los resultados de la entidad, sino la
confianza con la que los grupos de interés pueden utilizar esta información.


Las entidades independientes de servicios de aseguramiento ofrecen dos niveles de aseguramiento: razonable y limitado. Un aseguramiento razonable permite al profesional expresar su opinión sobre la correspondencia entre la información
publicada por la empresa y la realidad subyacente. En un aseguramiento limitado los procedimientos de obtención de evidencias son suficientes para que el profesional obtenga un grado de seguridad que le permita expresar una conclusión en forma
negativa; es decir, el profesional indicará que no ha encontrado evidencia que haga suponer que la información no sea una representación fiel. Esta es la práctica seguida en la mayoría de los informes. En conclusión, la verificación, el
aseguramiento razonable o el aseguramiento limitado proporcionan diferentes grados de exigencia que el proyecto de ley puede considerar para graduar el nivel de exigencia en la fiabilidad de los informes.


En quinto y último lugar, me referiré a los medios para garantizar la divulgación de información social y medioambiental. La directiva establece que los Estados miembros dispongan los medios adecuados para garantizar la divulgación de
información no financiera por parte de las empresas. En este sentido, considero que el proyecto de ley incluye mecanismos positivos para garantizar esta publicación. Por un lado, la obligación de los auditores de mencionar en el informe de la
autoría su inexistencia y, por otro lado, el hecho de que esta información forme parte del informe de gestión, que ha de ser firmado por los administradores. Sin embargo, el cumplimiento de la obligación formal no garantizará las características de
la información en el sentido de lo señalado anteriormente. En investigaciones previas hemos podido constatar que la utilización de marcos de referencia conocidos facilita el cumplimiento de las empresas. En este sentido, considero que la mención
al marco de la Global Reporting Iniciative -como vengo diciendo- facilitaría el cumplimiento de las empresas. Por el contrario, la introducción de marcos incipientes y con problemas de calidad o aceptación redundaría en un cumplimiento limitado de
la norma. En definitiva, es importante que el proyecto de ley esté bien construido técnicamente sobre la base de prácticas informativas generalmente aceptadas en el sector.


Finalmente, querría mencionar, en el sentido de la aplicación del proyecto de ley, que, junto con Dinamarca, Estonia y Holanda, España es uno de los únicos cuatro países que no ha establecido sanciones por la falta de cumplimiento de las
obligaciones establecidas en este proyecto de ley. Dicho esto, concluyo mi intervención y espero que mi análisis les haya sido de interés y de utilidad.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchísimas gracias al profesor Larrinaga.


Según les había indicado, ahora tendrán lugar las intervenciones de los grupos. Dispondrán de siete a diez minutos. Vamos a comenzar, como es habitual en la Comisión, por los grupos de mayor a menor terminando por el Grupo Popular. En
primer lugar, intervendrá el Grupo Parlamentario Socialista y lo hará a través de su portavoz, doña Patricia Blanquer.


Señora Blanquer, cuando quiera.


La señora BLANQUER ALCARAZ: Muchas gracias, presidente.


En primer lugar, permítame agradecer -como no puede ser de otra manera- a la señora Cerón, al señor Larrinaga y al señor Vázquez, sus intervenciones, sus comparecencias y haber tenido a bien venir a esta Comisión a explicar y aclarar un
proyecto de ley que está en tramitación y del que sin duda, tanto ustedes como nosotros, hacemos una valoración muy positiva de que se haya tramitado como proyecto de ley y que no se haya aprobado como decreto, porque realmente es una buena
oportunidad para mejorarlo. No solo para mejorar la transparencia de las empresas, sino la calidad de la información, porque el texto original, tal y como se había traspuesto originariamente, adolece de evidentes carencias que ustedes en sus
exposiciones así lo han establecido. Consideramos que es necesario aprovechar esta tramitación como proyecto de ley para contribuir a la mejora de la práctica empresarial responsable. Se trata de generar certidumbres y el texto tal y como aparece
originariamente puede llevar a la confusión, tal y como han planteado los comparecientes, y va a ser muy interesante releer sus exposiciones y comparecencias porque con seguridad muchas de las cuestiones que ustedes han planteado formarán



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parte de las enmiendas que plantearemos los grupos parlamentarios, por lo menos así lo va a hacer el Grupo Parlamentario Socialista.


Es importante recalcar tres cuestiones que ustedes han planteado y es que la información exclusivamente financiera ya no es suficiente para valorar las empresas, aunque, como decía el profesor Larrinaga, es muy complejo muchas veces
distinguir entre información financiera e información no financiera. Desde luego, en lo que sí estamos de acuerdo es en que no es suficiente para valorar a las empresas la información exclusivamente financiera porque hay muchos aspectos del entorno
estratégico, del entorno operativo de las entidades que son generadores de valor y que, por tanto, hay que tener en cuenta. De hecho, los inversores cada vez son más conscientes de ello y requieren mayor información de las empresas a la hora de
invertir.


El segundo aspecto es que la información no financiera que ahora ofrecen las empresas no dota de homogeneidad y, por tanto, adolece de falta de comparabilidad y accesibilidad. También las dos últimas intervenciones han sido muy explícitas
en este sentido, en la necesidad de que para evitar confusión, generar certidumbre y confianza es necesario que esa información la dotemos de homogeneidad para que sea comparable y para que sea accesible y saber cuáles son los impactos de las
empresas en la sociedad. Eso va a ayudar a canalizar las inversiones y también debería servir para canalizar el consumo hacia empresas socialmente éticas y responsables. Es cierto que una sociedad cada día más informada debería exigir de las
empresas comportamientos más responsables y me ha llamado la atención los datos que planteaba el señor Vázquez de cómo en las encuestas y los eurobarómetros hay un porcentaje muy elevado de desinformación respecto del comportamiento de las empresas.


La tercera cuestión es el aspecto del que también adolece el proyecto de ley tal y como viene en su redacción original y es en lo que hace referencia a la verificación, supervisión y la posibilidad de sanción. En este aspecto, quisiera
formular varias preguntas a los distintos comparecientes sobre la base de estas tres cuestiones que hemos planteado. En primer lugar, me gustaría preguntarles exactamente cómo piensan ustedes que debemos incorporar en el proyecto de ley la
posibilidad de sanción. Hacían referencia a que España es uno de los cuatro únicos países que no han incorporado la posibilidad de sancionar. Quisiera saber la opinión al respecto de los tres comparecientes, porque, a pesar de que la primera
compareciente se ha basado más en cuestiones generales -de su propio ministerio más que en la concreción de esta iniciativa, que era la base-, sí ha hecho referencia a la posibilidad de establecer infracciones a las empresas que no cumplan con
determinada información. Me gustaría que la directora general, la señora Cerón, nos pudiera concretar qué propuestas hicieron al ministerio cuando se tramitó este decreto, si han hecho algún informe sobre este proyecto de ley, qué consideraciones
han hecho y qué mejoras han planteado que no se han incorporado o qué mejoras van a intentar que se incorporen en la tramitación del proyecto de ley, tanto desde el punto de vista de la verificación de la supervisión de la sanción como en cuanto al
ámbito de aplicación del propio proyecto de ley. Básicamente, nosotros entendemos que deberíamos acotar un poco más. Los tres comparecientes han manifestado también en sus intervenciones que debería acotarse mejor y, sobre todo, no aplicarse única
y exclusivamente a las empresas que tengan más de 500 trabajadores, sino incluso ir reduciéndolo, aunque es necesario que haya un cronograma o una incorporación progresiva de esta obligatoriedad por parte de las empresas. Es interesante que ustedes
también nos indiquen sobre esta cuestión.


Por último, con respecto a la necesidad de acotar información, en el proyecto de ley no aparece; simplemente se hace referencia a una breve descripción del modelo de negocio del grupo. Nosotros entendemos que debería incluir la
organización, la estructura y su visión; creo que es importante que esta información aparezca en el articulado del proyecto de ley. Además, a la hora de identificar los riesgos y las iniciativas es importante tener referentes claros y eso lo han
comentado los ponentes. Por tanto, de sus intervenciones entiendo que hay que ampliar el ámbito de aplicación de este proyecto de ley.


Me gustaría además conocer la opinión de los tres comparecientes respecto a los costes que supone. Es verdad que ya hay muchas empresas que están facilitando esa información, porque muchas veces la sociedad va por delante de la propia
legislación. Me gustaría saber si ustedes consideran que supone un impacto económico relevante para las empresas o, por el contrario, no debemos hablar de costes ni distinguir entre transparencia y estrategia porque la transparencia ha de ser una
estrategia de la propia empresa.


En cuanto a la información, creo que hay que concretar y detallar información sobre cuestiones medioambientales -los dos últimos intervinientes así lo han manifestado-, sobre cuestiones sociales y relativas al personal -en este caso, lo han
dicho los tres-, respecto a los derechos humanos e



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información relativa a la lucha contra la corrupción y el soborno, que creo que es un tema esencial a incorporar en el proyecto de ley. Por último, quiero comentarles algunas cuestiones. Por ejemplo, en el propio texto del proyecto de ley
aparecen casos excepcionales en los que se exime a las empresas de presentar esa información. Creo que alguno de ustedes en su intervención las ha explicado, pero me gustaría que nos concretaran cómo evitar que una excepción -que puede ser
interesante que aparezca- se convierta en una puerta abierta al incumplimiento de la ley.


Veo que se me termina el tiempo y quiero agradecer -¡cómo no!- las comparecencias y la información que nos han facilitado. Termino con dos cuestiones que creo que no tocan pero, dado que la directora general ha mencionado el asunto en su
intervención, me gustaría hacerle la pregunta de por qué no se ha reunido el Consejo de Participación de la Mujer desde diciembre de 2014 y, en segundo lugar, cuándo piensan activar los fondos para el cumplimiento del Pacto de Estado contra la
Violencia de Género.


Gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Blanquer.


Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos PodemosEn Comú PodemEn Marea, tiene la palabra don Segundo González.


El señor GONZÁLEZ GARCÍA: Muchas gracias, señor presidente.


En primer término, quiero agradecer a los ponentes su exposición. Creo que ha servido para ilustrar bastante bien el debate en torno a este proyecto de ley.


La Directiva 2014/95/UE, que traspone este Real Decretoley de información no financiera y diversidad, tiene como objetivo que las grandes empresas incrementen la transparencia, proporcionando información interna sobre los aspectos
medioambientales, fiscales, sociales o de género para mejorar por esta vía la integración de comportamientos de responsabilidad social corporativa y para que la transparencia deje ser un instrumento de marketing y se convierta en una vía
precisamente para internalizar las externalidades. Así entendemos nosotros este real decreto y la directiva que traspone. Como siempre, en España vamos tarde y mal a la hora de trasponer directivas europeas de calado social o que tienen algún
componente de progreso, porque esta directiva tenía que haberse traspuesto antes del 31 de diciembre de 2016. Parece que el Gobierno solo hace los deberes a la hora de cumplir con Bruselas en materia de aplicar la austeridad, pero, cuando se trata
de trasponer otro tipo de directivas que pueden tener cierto interés social o medioambiental, va con bastante más calma. En este sentido, por las limitaciones que plantea el ámbito de aplicación y la falta de concreción del real decretoley,
consideramos que no solo va tarde, sino que hace que esta trasposición pueda suponer una oportunidad perdida a la hora de poner en marcha las cuestiones que plantea la directiva europea. De la forma en la que está planteado -de una forma totalmente
diluida- el real decreto del Gobierno no va a servir para mejorar la cultura y la gestión empresarial en nuestro país, porque hay numerosas fallas que permiten a las empresas quedar exentas de su cumplimiento o tiene un ámbito de aplicación
demasiado restrictivo y limitado. Creemos que es imprescindible que aprovechemos la oportunidad para trasponer esta directiva con las máximas exigencias y al nivel de los países más avanzados de la Unión Europea. En nuestro país es imprescindible
implementar este tipo de medidas porque es un país en el que tradicionalmente las grandes empresas -con honrosas excepciones, hay que decirlo- no se han caracterizado precisamente por implementar comportamientos fiscal, social o medioambientalmente
responsables, sino todo lo contrario. Muchas de ellas han crecido al calor de la captura de rentas del Estado en la cultura que es conocida comúnmente como capitalismo de amiguetes.


Nosotros creemos que la transparencia es una de las más importantes y necesarias vacunas contra la corrupción y las malas prácticas de las empresas, pues permite a la ciudadanía auditar el comportamiento de las empresas y tomar decisiones
racionales como consumidores informados y también como ciudadanos para denunciar posibles excesos. Esto es muy importante para acercar un poco más el mercado y el capitalismo a la información perfecta de la que hablan los economistas clásicos, pero
que desgraciadamente no se cumple en la práctica en ninguno de los supuestos. En este caso, como decíamos, esta directiva y su trasposición pueden servir para fomentar este cambio de cultura empresarial y para que las empresas empiecen a tener en
cuenta cuestiones de relevancia en el impacto social y medioambiental que generan en su entorno, y no solamente en el impacto que tiene su actividad económica sobre su cuenta de resultados.


Afortunadamente, en el Pleno del Congreso se aprobó que este real decretoley se tramite como proyecto de ley y eso nos va a permitir, durante el trámite de enmiendas en el cual estamos ahora



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inmersos, que se amplíe la aplicación de esta directiva y de este real decreto para que se cumplan las máximas exigencias en materia de divulgación de información no financiera y para que las empresas estén obligadas efectivamente a cumplir
con la publicación de la información. Nosotros -como decíamos anteriormente- creemos que la trasposición falla en numerosos aspectos, y voy a señalar los tres principales elementos en los que creo que el Gobierno comete un error o que intenta
diluir la efectividad y la eficacia de esta directiva. En primer lugar, en el ámbito de aplicación, el umbral propuesto inicialmente por la directiva europea ya nos parece de por sí insuficiente -que son los 500 trabajadores- porque consideramos
que resulta arbitrario teniendo en cuenta que la consideración de gran empresa tiene lugar a partir de los 250 trabajadores, y que nos parece mucho más adecuado utilizar esta cifra, y el real decreto-ley, tal y como viene reflejado, limita aún más
este ámbito de aplicación, excluyendo aquellas empresas que tienen menos de 40 millones de euros de volumen de negocio y un patrimonio activo consolidado de menos de 20 millones, lo cual tampoco creemos que tiene ningún sentido. De esta manera,
esta reducción del ámbito de aplicación de la norma hace que quede bastante coja.


Nosotros creemos que la trasposición de la directiva hay que hacerla ampliando al máximo el ámbito de aplicación, en la línea de lo que están haciendo los países más avanzados de Europa, como puede ser el caso sueco o el caso danés, donde la
cifra escogida es la de 250 trabajadores el momento en que empieza a tener eficacia la directiva en su transposición. Además, creemos que hay que ampliar la información que tienen que facilitar las empresas, para que incluya también aspectos
relacionados con la fiscalidad o la tributación en paraísos fiscales, que en nuestro país es de especial relevancia dados los casos de corrupción que vinculan a grandes empresas con algunos de los partidos políticos -en concreto el que nos
gobierna-, y también por los elevados índices de fraude y elusión fiscal. Por último, creemos que es fundamental que se incluyan indicadores para homogeneizar la información que se proporciona, y a la vez poder comparar la información que
proporcionan las determinadas empresas y para que se puedan determinar patrones de cumplimiento y medición de resultados, para entrar en esta dinámica de cumplir o explicar, que comentaba alguno de los comparecientes.


Teniendo cuenta estas carencias que hemos reflejado, nos gustaría trasladar a los ponentes una serie de cuestiones. En primer lugar, a la señora Cerón quería decirle que agradecemos que haya explicado las medidas en materia de igualdad
puestas en marcha por su Secretaría de Estado; no obstante, quiero decir que hoy estamos aquí hablando del real decreto-ley de información no financiera y diversidad, que si bien, en efecto, tiene cierta relación con aspectos relacionados con la
igualdad de género, especialmente en la divulgación de información por las empresas en cuanto a brecha salarial, que nos parece una cuestión fundamental, creo que tendría que haber hecho una exposición más centrada en lo que es el real decreto-ley,
y no tanto explicarnos aquí las labores que hace su Secretaría de Estado que, quizá, sería más interesante que se las explicara al señor Rajoy, para que las tenga en cuenta la próxima vez que le pregunten por eso y que se puedan meter de lleno en
ello. Nosotros ya tenemos cierta información al respecto, pero creemos que había que decirlo.


Al señor Vázquez Oteo quería preguntarle si puede profundizar un poco más en las carencias de este real decreto-ley, también de la directiva que traspone, y si cree que las empresas en este país de más de 250 trabajadores están capacitadas
para divulgar este tipo de información, es decir, para estar dentro del ámbito de aplicación del real decreto.


Al señor Larrinaga -coincidimos con la compañera del Partido Socialista- queremos trasladarle cómo cree que podrían integrarse los indicadores dentro del real decreto-ley, que es algo que venimos reflexionando desde hace un tiempo de cara a
las enmiendas, y cómo podríamos incluir las sanciones en este proyecto de ley. Tanto a uno como a otro, me gustaría que, sobre las materias que ellos conozcan, nos trasladaran los diferentes ejemplos de trasposición de esta directiva en otros
países de la Unión Europea y su comparación con cómo se ha hecho en el caso español, resaltando las carencias del real decreto-ley en el caso español y, si las hubiera, también las virtudes, aunque creo que no habrá mucho de abundar en ese sentido.


No me quiero extender más. Muchas gracias, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor González.


Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos tiene la palabra don Rodrigo.


El señor GÓMEZ GARCÍA: Muchas gracias, presidente.


Muchas gracias a los comparecientes por la magnifica exposición que han hecho esta mañana, sobre la importancia y la relevancia que tiene esta ley de información no financiera, de este proyecto de ley. Creo



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que nos va a ser muy útil para nuestra labor ahora en el trámite parlamentario de enmiendas con todo esto que nos han explicado; así que, de verdad, gracias porque creo que va a ser importante para mejorar ese proyecto de ley, que nosotros
creemos fue una trasposición poco ambiciosa, una trasposición de mínimos, y creemos que ahora, en el trámite parlamentario, deberíamos intentar mejorar. Esperemos que con las aportaciones que ustedes nos han hecho podamos mejorar y que salga una
ley que sea útil de verdad para la sociedad, que creo que al final es lo importante.


De las intervenciones, me he quedado con tres aspectos, que si quieren pueden añadir alguno más si hay, pero me quedo con tres aspectos fundamentales a mejorar y a modificar en el proyecto de ley que, por un lado, sería el alcance de la ley,
que habría que ampliarlo. Ya le han hecho algunas preguntas los compañeros que han intervenido anteriormente sobre cómo hacer ese alcance, el coste que tendría y si están las empresas más pequeñas preparadas. Uno de los comparecientes hablaba de
incluir ese alcance a las empresas de riesgo. Yo estaría de acuerdo en eso, lo que pasa es que es un concepto poco indeterminado y en cuanto a llevar eso a una ley, cómo creen que se puede llevar a una ley para definir ese concepto de empresa de
riesgo, para que luego no haya problemas en la aplicación de la ley. Teóricamente, podemos estar de acuerdo, pero luego, en la práctica, cómo convertir eso en un concepto jurídico determinado, cómo se haría esa empresa de riesgo. El otro aspecto
que me ha quedado claro es definir cómo se dan esos datos, definir ese marco de datos y esos estándares. Los intervinientes anteriores ya le han hecho algunas preguntas, por lo que no me voy a repetir. El tercer aspecto sería el de la
verificación, supervisión y sanción. Estamos totalmente de acuerdo en que no sirve de nada simplemente dar esa información, obligar a las empresas a que se dé esa información si no se verifica, tal y como permite la directiva, que esa información
que se da sea cierta y que luego haya unas consecuencias en esas sanciones. Mi pregunta es, sobre todo, cómo consideran que se podría hacer esa labor de supervisión, y las sanciones que ustedes consideran en qué medida se podrían hacer. Como les
he dicho, esos tres puntos son con los que yo me he quedado de sus comparecencias como aspectos a mejorar. No sé si consideran que habría algunos más, por lo que también les pregunto si hay algún aspecto relevante que me haya dejado y que
consideren ustedes importante.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Gómez.


Por el Grupo Mixto, tiene la palabra don Ferran Bel.


El señor BEL ACCENSI: Muchas gracias, presidente.


En nombre del Partit Demòcrata, quiero agradecer a los tres comparecientes sus intervenciones, sus presentaciones en el día de hoy, y ya les avanzo que algunas de ellas van a ser de utilidad para nuestro grupo a la hora de presentar algunas
enmiendas.


En todo caso, si me permiten -con cierto orden-, quiero agradecerle a doña Lucía Cerón la presentación detallada de la actividad del Instituto de la Mujer del planteamiento que se va a llevar a cabo en el Plan estratégico de igualdad.
Respecto a la cuestión que nos ocupa hoy, el proyecto de ley, ¿cuáles entiende que deberían ser en términos generales sus aportaciones y mejoras en la actuación de su instituto en el ámbito de lo que usted ha planteado? La he visto preocupada -cosa
que obviamente compartimos- por todos aquellos elementos de lucha contra la brecha salarial, e incluso planteaba algunos, como la necesidad de implantar para determinadas empresas una auditoría salarial que pusiese de manifiesto este aspecto. No sé
si esta podría ser una aportación o una información necesaria que se debería incluir en la información no financiera, entendiendo que a veces también es difícil distinguir entre la información no financiera y la financiera, porque en muchas
ocasiones la no financiera no es nada más que una parte de la financiera futura. En todo caso, no sé si desde el Instituto de la Mujer nos podrían hacer alguna aportación concreta en el aspecto de la brecha salarial no para una normativa futura,
sino para la que estamos implementando en estos momentos.


Con relación a los otros dos comparecientes, obviamente también quiero agradecerles su intervención. Identificamos algunos aspectos en los que coincidimos y que seguramente son objeto de mejora en la tramitación parlamentaria de este
proyecto de ley; uno de los cuales es el ámbito de aplicación, que parece poco ambicioso si según los datos que uno de los comparecientes nos ha aportado estamos regulando una serie de requisitos o una información no financiera que deben plantear
130 empresas en el conjunto del Estado español. Como digo, nos parecería poco ambicioso en este aspecto.


Entendemos que sí sería de utilidad implementar los mínimos que establece la directiva. Hemos recepcionado con atención algunas de las propuestas que hemos escuchado hoy, como la de las



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empresas con determinado riesgo, donde coincido con algún otro compareciente en que sería necesario concretarlo o especificarlo; o incluso el caso de aquellas empresas que contraten -deberían tener un volumen mínimo- un determinado
porcentaje con la Administración pública, en la línea de la última Ley de Contratos del Sector Público que hemos aprobado en esta Cámara.


Hemos constatado, además en las intervenciones, que hay una dificultad en cuanto a que la información no siempre es comparable ni uniforme ni fiable; por tanto, tendremos que ver cómo avanzamos para establecer unos estándares en la
información que se debe aportar. Quizá una ley no sea exactamente donde se deban fijar estos estándares, sino algún desarrollo reglamentario posterior, pero creo que en la ley se deberían fijar algunas líneas porque, si no, podríamos caer en la
posibilidad de que no se acaben fijando estos estándares y que la información al final no sea comparable.


Vemos que deberían mejorarse algunos aspectos que se han nombrado aquí como riesgos, por ejemplo, la falta de verificación o la falta de supervisión. No tenemos claro exactamente cómo se debería implementar esta cuestión, pero sí entendemos
necesaria la aplicación quizá de un periodo transitorio, seguramente generoso, para avanzar en el establecimiento de un procedimiento sancionador en el caso de que no se cumpla el suministro de la información no financiera aquí requerida. En
cualquier caso, queda acreditado que si no hay un régimen sancionador es difícil hacer cumplir los requisitos legales. Muchas gracias por sus aportaciones. Esperemos que cuando se acabe aprobando esta ley vean reflejadas algunas de ellas en el
texto final.


Muchísimas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Bel.


Finalmente, por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra su portavoz doña Teresa Palmer.


La señora PALMER TOUS: Muchas gracias, señor presidente.


En primer lugar, quisiera dar la bienvenida en nombre del Grupo Parlamentario Popular a esta Comisión de Economía, Industria y Competitividad a los comparecientes, doña Lucía Cerón, don Lorenzo Vázquez y don Carlos Larrinaga, y agradecerles
esta comparecencia, porque hoy nos reunimos para escuchar la opinión de distintos expertos sobre una nueva normativa que creo que ha despertado el interés de todos por su contenido y también por su impacto.


Es esta una normativa aparentemente técnica y, por tanto, alguno podría decir que aparentemente poco interesante, pero yo creo que es una normativa de enorme trascendencia en cuanto a lo que supone de transparencia en información no
financiera de las empresas que la sociedad está reclamando conocer. Lo cierto es que a medida que la sociedades avanzan nos hemos dado cuenta de que el beneficio empresarial es un objetivo legítimo y absolutamente importante de cualquier empresa,
pero no debe ser su único objetivo. Nos hemos dado cuenta de que las empresas deberían asumir un papel más allá del que asumen como motores de la recuperación y del crecimiento económicos, es decir, deberían asumir una función de mayor valor más
allá de la de impulsor del crecimiento.


Lo que se reclama desde las sociedades modernas es que las empresas contraigan responsabilidades en otros ámbitos de vital importancia para un desarrollo sostenible. Desde las sociedades se está reclamando más transparencia, se está
reclamando más información sobre el comportamiento social de las empresas, el comportamiento medioambiental, la reinversión social a través del pago de impuestos, las estructuras salariales o la diversidad de la composición de los consejos de
administración, por mencionar algunas de las materias que contiene la normativa que hoy comentamos.


Resumiendo, los ciudadanos estamos reclamando que existan indicadores cualitativos que evidencien los efectos, los impactos, que tiene una empresa en la sociedad más allá de los puramente cuantitativos o financieros. -Esos ya los sabemos-.
Yo creo que un aspecto de interés indudable, dentro de los aspectos que interesan a la sociedad, es el de las cuestiones sociales, el impacto social. En este sentido, quiero destacar las medidas adoptadas para promover la igualdad de género. Este
es un tema enormemente sensible para todos y de constante presencia en los debates públicos, y bien lo sabemos los que trabajamos en esta Cámara. Me gustaría pararme en este contexto y aportar una serie de datos, porque creo que es importante poner
datos serios encima de la mesa, cifras reales, contrastadas, y no medias verdades que todos sabemos que finalmente pueden acabar siendo mentiras completas sobre el asunto en cuestión.


Voy a dar una serie de datos que puede que a alguno le sorprendan, pero que son los que son. El punto de partida en el terreno del que hablamos era ciertamente negativo entre 2007 y 2011, durante el último Gobierno socialista, periodo en el
que 1 400 000 mujeres perdieron su puesto de trabajo y la brecha



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salarial creció un 16 %. Ahora, en la situación actual, tras unos años de Gobierno con Mariano Rajoy al frente, la situación se ha revertido: el empleo femenino se sitúa en máximos y la brecha salarial en mínimos. Se ha recuperado el
empleo femenino destruido durante la crisis; hay más mujeres que nunca afiliadas a la Seguridad Social, más de 8,5 millones de mujeres, y la brecha salarial, como digo, se ha reducido en 4 puntos desde 2012. En los dos últimos años ha bajado un 13
% y actualmente nos situamos por debajo de la media europea, 6 puntos por debajo de países como Reino Unido o Alemania.


En cuanto al desempleo, la evolución también ha sido muy positiva para las mujeres. España lleva cincuenta meses liderando la bajada del paro, según datos de Eurostat -repito, datos, cifras-, y en esta evolución las mujeres tienen un papel
protagonista. Desde 2014, unas 500 000 mujeres han encontrado un empleo y 6 de cada 10 nuevos emprendedores en este país son mujeres. Además, hay otro dato que me interesa, y es que no solo cuidamos el presente, sino también el futuro: casi 350
000 mujeres cobran el complemento de maternidad desde el año 2016, un complemento nuevo que compensa a las mujeres por su aportación demográfica al sistema de la Seguridad Social y que supone hasta un incremento del 15 % en su pensión.


En cuanto al peso de las mujeres en las grandes empresas, tema que ya ha mencionado la directora general y que creo que es relevante por la materia que nos ocupa hoy, la presencia de mujeres en consejos de administración de las empresas del
IBEX 35 se ha duplicado, pasando del 10,5 % en 2011 al 21,5 en 2017. En puestos de dirección y gerencia hay ya más de un 31 % de mujeres, un 31,2 según el último dato. Las mujeres españolas lideran un porcentaje mayor de negocios consolidados que
en otros países de Europa. Por tanto, el escenario en el que nos situamos hoy nos muestra una evolución positiva -de nuevo me remito a las cifras-, pero también es cierto -somos conscientes de ello- que debemos seguir avanzando en esa línea y que
aún tenemos un camino por recorrer.


En ese sentido, con el objetivo claro de avanzar en la dinámica que he apuntado, creemos que es esencial mejorar la transparencia. Para poder acabar con cualquier tipo de discriminación son indudables las ventajas de una mayor y mejor
información. Aquí mismo se aprobó hace unas semanas por unanimidad una moción que trataba de reducir la brecha salarial, y ya se recogía entonces que el punto de partida para esa reducción era disponer de una información relativa a salarios y
complementos lo más amplia posible. Se trata de disponer de una información desagregada al máximo, que desglose por sexo, edad, nivel educativo y ocupación en aras de la máxima transparencia y para que podamos evitar esos posibles focos de
discriminación. También ha señalado la directora general que esto está previsto en el plan estratégico.


Somos bien conscientes de la necesidad de dar la máxima información y por eso en el ámbito público hemos apostado por la máxima transparencia. Desde 2011 formamos parte de la Alianza para el Gobierno Abierto, integrada por setenta países,
que impulsa la participación de la sociedad civil en todas las fases de las políticas públicas, desde el diseño hasta la evaluación final, partiendo de la máxima información y transparencia. También quiero recordar la Ley 19/2013, de transparencia,
acceso a la información pública y buen gobierno, que establece las obligaciones de publicación para todos. Afecta a las entidades públicas, garantizando la transparencia en su actividad, y regula el derecho de acceso a la información por parte de
todos los ciudadanos. Como digo, es una normativa que afecta a todas las administraciones públicas, a todo el sector público estatal y a instituciones como la Casa Real, el Tribunal de Cuentas, el Tribunal Constitucional, el Congreso de los
Diputados, el Senado, el Banco de España, etcétera. Curiosamente y gracias a esta ley de transparencia, podemos saber, por ejemplo, que en el Consejo Estatal Ciudadano de Podemos existe una brecha salarial entre hombres y mujeres de 829 euros (El
señor González García hace gestos negativos) y también podemos conocer que yo misma, como portavoz y siendo mujer, tengo exactamente la misma retribución que cualquier portavoz del Grupo Parlamentario Popular, sea hombre o mujer. En definitiva,
creo que es bueno conocer, es bueno saber para poder corregir. Los estándares de información que estamos exigiendo a nivel público se están trasladando a nivel privado a través de la normativa de la que estamos hablando hoy. Es un avance indudable
en la responsabilidad social corporativa empresarial.


Para finalizar mi intervención, quisiera realizar una serie de preguntas a los comparecientes, evidentemente a cada uno según el campo en el que ha desarrollado su actividad. Al señor Carlos Larrinaga quisiera preguntarle hasta dónde cree
que ha de llegar el imperativo legal versus voluntariedad en la divulgación no financiera y también cómo pueden poner las empresas en conexión la nueva obligación legal de la que estamos hablando con sus prácticas de información actuales.



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Al señor Orencio Vázquez me gustaría preguntarle si considera que existen ventajas en la regulación supranacional para crear esos marcos homogéneos de los que hablábamos en los que se desenvuelvan las empresas. Y también, dada su
trayectoria profesional -al leer su currículum he visto que ha intervenido en muchos medios de comunicación- me gustaría preguntarle cómo pueden contribuir los medios de comunicación a mejorar la divulgación de lo que hacen las empresas. Finalmente
pero no menos importante, quiero preguntarle a la señora Lucía Cerón ¿cómo considera que esta nueva normativa aprobada por el Gobierno y otras medidas que se están aplicando están avanzando en temas de igualdad en los últimos años? ¿Qué valoración
hace de la Ley de transparencia como elemento clave para la reducción de la brecha salarial?


De nuevo quiero darles las gracias por sus comparecencias, que hemos escuchado atentamente. Gracias por todas sus reflexiones. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Palmer.


Una vez terminadas las intervenciones de los portavoces de los distintos grupos, voy a dar la palabra a los comparecientes por el mismo orden en el que han intervenido anteriormente. Les pido la máxima síntesis en las respuestas y que cada
una de sus intervenciones no exceda de los diez minutos, porque entiendo que todos ustedes quedan a disposición de los miembros de la Comisión para cualquier aclaración suplementaria o más extensa que deseen. Es algo que creo que será posible,
porque así ha sucedido en otras comparecencias.


Sin más, tiene la palabra la señora Cerón.


La señora DIRECTORA GENERAL DEL INSTITUTO DE LA MUJER Y PARA LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES (Cerón Hernández): Gracias, señor presidente, diputadas, diputados y compañeros de mesa. Voy a intentar responder a las cuestiones que han sido
planteadas.


A la diputada del Partido Socialista quiero agradecerle el tono y también su intervención. He apuntado aquí varias cosas, pero si me dejo algo, por favor, recuérdemelo usted. Habla de la posibilidad de sanción, de que no está recogida en
el real decreto la posibilidad de sancionar sobre el informe de la divulgación no financiera relativa a medidas sociales, etcétera. Efectivamente, la sanción no está recogida. Nosotros aplicamos fundamentalmente medidas de fomento, medidas de
sensibilización, medidas para avanzar hacia una igualdad absoluta de condiciones y, al fin y al cabo, hacer que la sociedad madure. Yo entiendo que la sociedad tiene que madurar a efectos de todos los cambios que se están produciendo en este siglo
XXI, muchos de ellos desde luego para bien -este es mi criterio-, con independencia del grupo político que haya gestionado. En nuestro papel de mujer creo que ha sido una evolución positiva, porque, como alguien dijo hace poco, hace ochenta años
las mujeres necesitaban que les firmara su marido para abrir una cuenta corriente. Ahora mismo estamos en otro momento y es necesario ver de dónde venimos y hacia dónde vamos. Por lo que se refiere a ese aspecto considero que son necesarias
medidas de fomento, medidas de acción y medidas de sensibilización.


Las sanciones en materia de igualdad están recogidas fundamentalmente en el ámbito social. Nosotras, a través de las convocatorias, de las órdenes y de las bases, lo que hacemos es tener esta transparencia in situ. Nuestra valoración,
nuestra orden de bases se ajusta a estos requisitos, y uno de ellos, fundamental, es la transparencia, es decir, que no pueda existir ningún tipo de discriminación, y si la hay, no valorar a esa empresa o echarla para atrás. Les recuerdo, por
ejemplo, el distintivo 'Igualdad en la Empresa', que es un distintivo -y lo digo porque a mí personalmente me sorprendió cuando llegué a dirigir el Instituto de la Mujer- que se les otorga si cumplen unos requisitos que son terribles. Se han
quedado fuera muchas empresas de alto nivel porque no han reunido esos requisitos en sus consejos de dirección, requisitos de igualdad, de transparencia, de igualdad en los salarios. Se mide a la décima para otorgar ese distintivo, y nosotros ahí
lo aplicamos. A lo mejor sanciones no aplicamos, pero sí tenemos unas medidas superestrictas para eso.


Transparencia. La transparencia es una estrategia para conseguir exactamente la finalidad, que es llegar a lo que todos queremos, a una sociedad más justa, más igualitaria y muy transparente.


Al diputado de Podemos le tengo que negar la mayor, como no puede ser de otra forma, porque le puedo asegurar que el Gobierno, con su presidente, don Mariano Rajoy, al frente, sabe perfectamente qué políticas se tienen que aplicar y cuáles
no en materia de igualdad, en materia de trata, en materia de violencia de género, etcétera. Tanto el Gobierno como su presidente al frente son perfectos conocedores de ello.



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También ha dicho usted que España llega tarde a las directivas. Le recuerdo que en la época en la que teníamos que haber sacado esa directiva con todos los grupos políticos estábamos en funciones, es decir, que no se pudo llegar a tiempo
porque no hubo posibilidad alguna durante un año entero de tener un Gobierno estable y duradero que pudiera sacar no solamente esas directivas sino también otras muchas en materia de igualdad.


He intentado ajustar mi intervención a la materia que tratábamos. En el tema de las empresas no solamente hay que trabajar a través del Ministerio de Economía sino también del Ministerio de Servicios Sociales e Igualdad. Nuestro trato con
las empresas es total, tanto con las empresas DIE como con las empresas por una sociedad libre de violencia de género. Probablemente hay muchas cosas que mejorar -le doy toda la razón-, pero son empresas que están adaptadas a la sociedad actual,
porque esta no es solo una cuestión de los partidos políticos, señores diputados, sino también de la sociedad, de todos. En mi intervención he intentado referirme no solo a las políticas que hacemos, sino también al actual Plan de igualdad de
oportunidades, en el que se habla de auditorías, señora diputada, auditorías que van a ser muy, muy complicadas para todas las personas y las empresas. Se ha hablado también de la transparencia.


Agradezco a todos su tono y su talante porque entiendo que este tipo de comparecencias son positivas. El Grupo Parlamentario Mixto ha comentado si podríamos introducir algo en este real decreto. Estamos en ello. Es algo que está encima de
la mesa. Desde el Instituto de la Mujer, al que represento, hemos intentado meter una puntita para que exista igualdad, para que se recojan medidas no solo sociales sino también medioambientales; también queremos aportar alguna medida referente a
la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, porque esa es la responsabilidad personal que tenemos, desde luego la ministra y el secretario de Estado, y en último lugar, mi equipo y yo.


Ha comentado si era posible tratar en este real decreto el tema de la brecha. Le aseguro que llevamos siete meses trabajando en ello. Sabe que la Unión Europea ha sacado un nuevo plan 2016-2017. Hay una mesa de diálogo civil, en la que
están el Instituto de la Mujer y el Ministerio de Servicios Sociales, de la que nos gustaría sacar el paquete entero. Todavía no hay nada cerrado y se puede hablar; de hecho, se habla de posibles auditorías. El plan de igualdad de oportunidades
ya ha pasado por todos los ministerios y ninguno ha dicho que no a eso; al revés. En ese plan hay un tema que para mí es muy importante, que es el de la cúspide empresarial, porque intentamos que las mujeres lleguen cuanto antes a los consejos de
dirección, a ser presidentas, como ocurre en IBM o Microsoft. Hay una recomendación europea, creo que de 2012 o 2014 -la Unión Europea trata de que todos los países vayan a la par en los ámbitos de empresa en general, como economía o
transparencia-, en la que se dice que en el año 2020 tendremos que llegar al 60/40 en los consejos; es decir, el sexo menos representado tiene que llegar al 40 en puestos de consejos de dirección no ejecutivos, mientras que tiene que llegar a un 33
% en puestos de consejos directivos y no directivos. Esto está recogido en el Plan de igualdad de oportunidades y a ello ningún ministerio ha dicho que no.


Se me ha olvidado comentar algo sobre el consejo de participación a la señora diputada del Partido Socialista, y disculpe que no recuerde su nombre. Tengo que reconocerle -y se lo he dicho- que hay un periodo en el que las vocalías tardan
en salir cinco años y luego tienen que cambiarse y se tienen que abrir unas nuevas órdenes. En cuanto a lo que ha mencionado, pilló justo al final. Podía haberse convocado a lo mejor en 2013 o 2014 y ya entrar en 2015, pero no hemos estado. Las
órdenes ya salieron y está convocado; ahora está en funciones. Así es cómo tiene que ser, porque es un órgano fundamental para el Instituto de la Mujer en todos los aspectos.


Quiero agradecer a la diputada del Partido Popular sus palabras. Yo todo lo veo positivo. Vengo de la rama jurídica y siempre digo que, conforme se está haciendo una ley, la sociedad ya va más adelante, y cuando sale la ley, ya nos hemos
quedado cortos. Por tanto, estamos a favor de cualquier cuestión que suponga un avance o una modificación. Nosotros también establecemos en el nuevo Plan de igualdad de oportunidades cambios normativos para las empresas, cumplan o no cumplan.
Todos, en ese sentido, no solamente el Ministerio de Economía a través del real decreto, sino también nosotros desde los servicios sociales, estamos impulsando la transparencia, porque lo tienen que saber, primero, los ciudadanos, segundo, los
diputados y, tercero, el Gobierno; si todo fuera perfecto, no existiríamos. Hay que seguir avanzando, eso lo tengo claro, aunque en determinadas cosas todos los grupos políticos tienen que ir de la mano, y una de ellas es esta. Valoro la
transparencia. Y tengo que negarle la mayor al diputado de Podemos. He salido pocas veces al extranjero porque había que volver a impulsar el Instituto de la Mujer, que llevaba parado un año, y hacerlo el motor de la igualdad entre mujeres y
hombres en toda España, con las limitaciones del 158 de la Constitución.



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Muchísimas gracias. Estoy a su disposición y mantengo las puertas del instituto abiertas, como tiene que ser y como sabe el partido de Podemos, porque atendí encantada a dos de sus diputadas que querían información.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Cerón.


A continuación, doy la palabra al señor Vázquez.


El señor VÁZQUEZ OTEO (Coordinador del Observatorio de Responsabilidad Social Corporativa): Muchas gracias, presidente.


Les doy las gracias por sus aportaciones y por las cuestiones que han planteado, que yo creo que son muy acertadas, porque inciden en esos elementos claves que son necesarios para mejorar la transparencia. A lo mejor se me escapa alguna,
aunque he intentado tomar nota de todas las que iban dirigidas a mí.


En cuanto a los costes, no creo que sea una cuestión de costes. Quizás ese es el argumento que se puede esgrimir en ciertos ambientes, aunque aquí no está justificado. Me refiero a la información, porque otra cosa es que salir bien en la
foto conlleve una serie de costes, pero no el hecho de facilitar la información. En el ejemplo que ponía la directora general o en el que ponía la diputada del Partido Popular, si hay una empresa que te presenta información sobre escalas salariales
con complementos por edad, género y otro tipo de circunstancias, esa información ya está generada. Desde la perspectiva de nuestros análisis, hay un aspecto sustancial que algún autor ha expresado muy gráficamente: la responsabilidad es algo, pero
es algo diferente dependiendo de a quién se lo preguntes. Hay temas sustanciales, como la gestión de los derechos humanos, como la fiscalidad -que es muy actual y que ha salido aquí- o como el respeto a las leyes mercantiles y a las normas de
competencias. Hay normas sustanciales donde está la información, pero cuando vamos a analizarla no tenemos nada acerca del pago de impuestos por país, ni datos en relación con personas cubiertas por convenio colectivo por país, ni gastos salariales
por país. Es información que no hay que generar y que no tiene un coste añadido. ¿Cuál es la cuestión? Si realmente no hay un soporte detrás, a lo mejor es información que no es conveniente facilitar, pero no porque suponga un coste añadido. Un
coste añadido es tener una política, unos procedimientos, un plan, unos responsables, unos objetivos e implementar toda la maquinaria para, desde una perspectiva de gestión, cumplir esos objetivos. Eso conlleva un coste, pero no es lo que se está
exigiendo en el real decreto o en la proposición de ley.


En cuanto al alcance -ha salido en varios momentos-, yo creo que no genera incertidumbre o inseguridad jurídica determinar qué sectores son los que tienen más exposición a riesgo en las materias que estamos contemplando. Nosotros hemos
hecho un primer avance basado en referencias de estudios a nivel internacional y nos sale que son los sectores energético, de construcción, extractivo, químico y financiero. Esos son los sectores que desde nuestra perspectiva -avalada por las
referencias de esos estudios a nivel internacional- son los que más exposición al riesgo tienen en las materias de las que estamos tratando. Igual que hay una definición de qué es una entidad de interés público, puede haber una definición de qué es
una entidad de riesgo o de mayor exposición de riesgo. Inicialmente, para no entrar en una cuestión que sea muy disruptiva en el tejido productivo, se aplicaría a empresas medianas, empresas que tienen más de cincuenta empleados. Las empresas
químicas de más de cincuenta empleados son empresas que tienen una capacidad operativa suficiente para facilitar información sobre cómo están gestionando, en este caso, el impacto en la salud o en el medio ambiente y tienen una exposición de riesgos
extremadamente elevada. Hay otro factor de riesgo que no hemos contemplado pero que se puede contemplar, que es dónde óperas. Si operas aquí estás sometido a una normativa comunitaria. Si eres una empresa química, tienes que contar con una serie
de procesos, con unos sistemas de gestión, de certificaciones, tienes un sistema de inspección... Es un sistema garantista. Si operas en otro país, indudablemente, estás más expuesto al riesgo. En materia de corrupción es muy evidente.


Yo creo que es totalmente legítimo exigir -igual que la Ley de Transparencia- a aquellas empresas que tengan un volumen de facturación importante con la Administración pública este tipo de información. Al final, cuando reciben subvenciones
u otro tipo de ayudas, se les está sufragando por parte de todos los contribuyentes y, por tanto, es lógico y razonable exigir que haya una información sobre cómo se está gestionando la devolución de riqueza. Aquí de lo que se habla no es de la
cantidad de riqueza que se genera, sino de cómo se contribuye a distribuirla por parte de las empresas que están siendo objeto de análisis.



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En cuanto a la verificación, debe haber un régimen sancionador, inicialmente administrativo, aunque en segunda instancia puede ser incluso penal. Creo que es el artículo 192 de la Ley de Sociedades de Capital el que establece la
responsabilidad jurídica por la información facilitada o por algún tipo de actuación negligente o dolosa de los administradores. Creo que, como todos, sin focalizar en la empresa, cuando tenemos riesgo real de una sanción, cuando es algo tangible,
es cuando reaccionamos. Podemos ver, a través de la modificación del Código Penal, con la imputabilidad de las personas jurídicas, cómo se han habilitado unos procedimientos con los departamentos de compliance y demás. En esta materia no queda
claro. Dice que se tendrá que aprobar junto con el informe de gestión, pero no deja claro si tiene que ser una información separada. Yo creo que tendría que incorporarse como una facultad indelegable la formulación de este tipo de información del
consejo de administración a través de la comisión de auditoría -podría ser una fórmula- y la votación o aprobación como punto separado del orden del día de este tipo de informe. De esta manera, hay dos tipos de responsabilidad: por un lado,
facilitar la información que le está exigiendo la Ley de Sociedades de Capital y, por otro lado, la responsabilidad en cuanto a la veracidad de la información que estás facilitando ante las limitaciones que tienen los actuales sistemas de
verificación, que no llegan a ser sistemas de auditoría en esta información.


Hay otro tema que se planteaba, que es el de las carencias. Yo creo que para concretar al máximo posible a través de referencias -indudablemente luego tiene que haber un desarrollo reglamentario-, para que el texto ya sea meridianamente
claro -coincido totalmente con Carlos-, tú no puedes mezclar referencias como ISO 26000 y pacto mundial -son cuestiones técnicas del ámbito del conocimiento- porque no tienen nada que ver unas con otras. La herramienta de comunicación es equis y
las empresas tendrán que, al menos, informar de todos estos temas. El tema de cumplir o explicar yo creo que solamente es aplicable en este caso a procesos, no a indicadores cuantitativos. En materia de procesos, nadie te puede obligar a que
tengas una política medioambiental. Tú puedes decir: yo no tengo una política medioambiental e informo de que no tengo una política medioambiental, porque no me da la gana. A lo que sí se te puede obligar es a que informes de tus emisiones, de
tus consumos, etcétera. Esos son los indicadores cuantitativos en los cuales la cláusula de cumplir o explicar no tendría ningún sentido, porque simplemente dices: No, porque no lo he medido.


Otra de las cuestiones que ha salido a relucir es el tema de las exclusiones, la cláusula de puerto seguro. Eso se ha eliminado de varias de las trasposiciones. ¿Qué sentido tiene una cláusula de puerto seguro por los riesgos que puedan
generar, en cuanto a las relaciones comerciales, las cuentas financieras que presentan con carácter anual o los resultados que presentan con carácter trimestral las sociedades cotizadas o que emiten valores sujetos a negociación? ¿Tienen una
cláusula de puerto seguro? Es decir, ¿yo puedo denegar la partida de amortizaciones de este año porque considero que eso puede perjudicar mis relaciones comerciales? No tiene ningún sentido, no tiene cabida y puede ser una simiente y una vía de
escape para que no se informe o no se gane en el objetivo de la calidad de la información.


Creo que ya estoy superando el tiempo. Ahí me quedo. Ya complementa mi compañero. Gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Vázquez.


Señor Larrinaga.


El señor LARRINAGA GONZÁLEZ (Catedrático de Economía Financiera y Contabilidad de la Universidad de Burgos): Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias por los comentarios y las preguntas a los portavoces. Voy a tratar de ser breve.


Preguntaban por el coste de la aplicación de esta normativa. En mi opinión, como está configurado actualmente el proyecto de ley, el coste va ser mínimo, porque una parte sustancial de las empresas están ya informando. De hecho, la idea
podría ser que la transparencia puede tener en alguna medida un coste para las empresas, pero lo cierto es que estas medidas legislativas, la propia directiva de la Unión Europea, han sido impulsadas fundamentalmente por los inversores, aparte por
supuesto de por sindicatos, ONG, etcétera. Quizás haya que comenzar a ver la información no financiera, más que como un coste, como una oportunidad.


El coste está relacionado también con la sanción, con la labor de supervisión. Yo creo que aquí habría que hacer un esfuerzo por diferenciar entre la verificación y el régimen sancionador. Es decir, yo creo que las medidas que aparecen en
el proyecto de ley, teniendo en cuenta que la información no financiera es parte integral del informe de gestión y que el informe de gestión va firmado por los administradores, son medidas bastante positivas en el sentido de que un administrador va
a cerciorarse de que la información o bien es poco sustantiva o bien está bastante bien desarrollada. Si yo fuese un administrador de una



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empresa, desde luego procuraría que esa información estuviese asegurada, estuviese verificada de alguna manera. Por tanto, yo creo que el papel de la regulación está en tratar de hacer que eso que parece razonable, el aseguramiento o la
verificación, sea una actividad en la que entren la mayor parte de las empresas.


¿Qué empresas están afectadas o cómo se podría ampliar el ámbito de aplicación de la directiva? La directiva es un poco ambigua en cuanto a las empresas que están sujetas, porque habla de grandes entidades de interés público de más de
quinientos trabajadores y no se sabe muy bien si grandes ya son las de quinientos trabajadores o se está refiriendo a las entidades de interés público que se definen sobre todo para cuestiones de auditoría de cuentas anuales. La definición de las
entidades de interés público está de alguna manera condicionada por la Ley de Auditoría, y quizás por esa vía no sea fácil ampliar el número de empresas afectadas, pero sí se podría hacer uso de la posibilidad que abre la directiva de incluir en los
diferentes países otro tipo de entidades.


También podría ser interesante, no sé si como un futuro desarrollo, el pensar en adaptaciones para medianas empresas. Se ha preguntado acerca de la cuestión del puerto seguro, de informar o explicar que puede ser una vía para no revelar
información que sea sustantiva en determinados casos. Yo creo que no es tanto un problema el que exista esa posibilidad como que esa posibilidad esté combinada con la falta de verificación de la información porque, como ya he dicho en mi
intervención, si no hay verificación no hay manera de asegurar que la omisión de esa información dificulte o imposibilite la presentación de una imagen fiel de la situación y de los resultados de la empresa.


Asimismo, se ha preguntado por los referentes. Existe la tentación que hemos visto en diferentes normas en el pasado de regular la actividad de informar y, al mismo tiempo, introducirse por el terreno de hacer listados de indicadores, de
información que tiene que aparecer en estos informes. Yo creo que sería conveniente distinguir entre lo que es información mínima que tiene que aparecer en los informes no financieros, que tendría que estar recogida en el proyecto de ley o quizá en
algún desarrollo reglamentario, y los marcos estándar de información no financiera, que realicen un desarrollo más fino de la información que se tiene que presentar en cada uno de los capítulos, yendo más al detalle y sobre todo aportando detalles o
aspectos metodológicos que permitan elaborar esa información.


Se ha comentado también la cuestión de la auditoría salarial. Estas precisamente son cuestiones que se pueden introducir aprovechando el marco metodológico que aportan estos estándares de información no financiera para que se integren
dentro de estos informes y no aparezca como un informe adicional de la empresa.


Espero haber contestado a todas sus preguntas y, por supuesto, quedo a su disposición para cualquier otra consulta que deseen realizar.


Gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchísimas gracias, señor Larrinaga.


Con la intervención de los tres comparecientes cumplimos el orden del día de la sesión que teníamos fijada para el día de hoy. Por tanto, dándoles nuevamente las gracias por su disposición y su comparecencia, levantamos la sesión.


Muchas gracias.


Eran las dos y cinco minutos de la tarde.