Ruta de navegación
Publicaciones
DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 118, de 14/02/2017
cve: DSCD-12-CO-118
PDF
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES
Año 2017 XII LEGISLATURA Núm. 118
AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. JOSÉ IGNACIO LLORENS TORRES
Sesión núm. 5
celebrada el martes,
14 de febrero de 2017
ORDEN DEL DÍA:
Pregunta del diputado don Sergio Pascual Peña, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, sobre restitución del acceso canalizado a agua potable a la Venta de la Inés, de Almodóvar del Campo (Ciudad Real),
reconocido como Bien de Interés Cultural (procedente de la pregunta al Gobierno con respuesta escrita 184/002411). (Número de expediente 181/000043) ... (Página2)
Proposiciones no de ley:
- Relativa al Plan de gestión para los buques de los censos del caladero nacional del Cantábrico y Noroeste. Presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 161/000100) ... (Página5)
- Relativa al desarrollo y aplicación efectiva de la Ley 45/2007, de 13 de diciembre, de desarrollo sostenible del medio rural. Presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea. (Número de
expediente 161/000368) ... (Página10)
- Relativa a la pesca artesanal. Presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea. (Número de expediente 161/000550) ... (Página14)
- Sobre la importación de la chufa. Presentada por el Grupo Parlamentario Mixto. (Número de expediente 161/000607) ... (Página19)
- Relativa a impulsar la innovación y la transferencia de conocimiento en los sectores agroalimentario y forestal. Presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente 161/000690) ...
- Relativa a mejorar el conocimiento científico en el sector pesquero y acuícola. Presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente 161/000891) ... (Página28)
- Relativa a la prohibición de técnicas de prospección de hidrocarburos mediante la técnica de fractura hidráulica ('fracking'). Presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 161/000918) ...
- Relativa a la reforma de la normativa vigente sobre cooperativismo agroalimentario a fin de promover su profesionalización e internacionalización. Presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos. (Número de expediente 161/001156) ...
(Página36)
- Sobre especies exóticas invasoras y sus compatibilidad con las actividades cinegética y piscícola. Presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente 161/001182) ... (Página41)
- Sobre la implementación de un proyecto piloto de transferencia controlada de sedimentos desde el embalse de Riba-roja d'Ebre a la desembocadura del Delta del Ebro. Presentada por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana. (Número de
expediente 161/001223) ... (Página44)
Se abre la sesión a las diez y cinco minutos de la mañana.
PREGUNTA DEL DIPUTADO DON SERGIO PASCUAL PEÑA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO CONFEDERAL DE UNIDOS PODEMOS-EN COMÚ PODEM-EN MAREA, SOBRE RESTITUCIÓN DEL ACCESO CANALIZADO A AGUA POTABLE A LA VENTA DE LA INÉS, DE ALMODÓVAR DEL CAMPO (CIUDAD REAL),
RECONOCIDO COMO BIEN DE INTERÉS CULTURAL (PROCEDENTE DE LA PREGUNTA AL GOBIERNO CON RESPUESTA ESCRITA 184/002411). (Número de expediente 181/000043).
El señor PRESIDENTE: Señorías, va a dar comienzo la sesión número 5 de la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, correspondiente a la XII Legislatura.
En primer lugar, en nombre de la Comisión, en el de la Mesa y en el mío propio, quiero dar la bienvenida a la secretaria de Estado de Medio Ambiente, doña María García, que comparece hoy aquí para dar respuesta a una pregunta escrita, cuyo
plazo se agotó y que se ha convertido, según marca el Reglamento, en pregunta oral. Hoy viene aquí la secretaria de Estado, tal como se acordó en la reunión de la Mesa celebrada para convocar esta sesión, para dar respuesta a esa pregunta.
La pregunta es la siguiente. Restitución del acceso canalizado a agua potable a la Venta de la Inés, de Almodóvar del Campo (Ciudad Real), reconocido como bien de interés cultural, procedente de la pregunta al Gobierno con respuesta
escrita. El autor es don Sergio Pascual Peña, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.
Les recuerdo que, según los artículos 188 y 189 del Reglamento, el diputado que pregunta dispone en la primera intervención de cinco minutos. La secretaria de Estado dispondrá de otros cinco minutos para darle respuesta. Después habrá un
segundo turno en el que se repartirán ambos los cinco minutos, es decir, habrá dos minutos y medio para cada uno, cerrando el debate la señora secretaria de Estado.
Tiene la palabra don Sergio Pascual Peña.
El señor PASCUAL PEÑA: Muchas gracias, señor presidente.
No agotaré los primeros cinco minutos. Señora secretaria de Estado, como usted sabe, el 26 de septiembre del año pasado, en virtud de lo previsto en el artículo 185 del Reglamento del Congreso, le trasladé una pregunta con ruego de
respuesta escrita, cuya exposición de motivos era la siguiente. Distintas iniciativas ciudadanas, vecinales y ecologistas del Valle de Alcudia hicieron llegar a la
Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, que depende de su ministerio, la solicitud de restituir el acceso canalizado de agua potable a la Venta de la Inés, un lugar histórico de Almodóvar del Campo, Ciudad Real, reconocido como bien de
interés cultural y bien conocido por los cervantistas de este país.
La pregunta tenía dos partes. La principal y sustantiva preguntaba por la situación administrativa concreta de los expedientes relacionados con el caso -somos conocedores de que ha pasado por varios trámites judiciales-, que hace tiempo que
fue resuelto por los tribunales. Le reitero la pregunta. ¿Cuál es la situación administrativa concreta de los expedientes relacionados con el caso?
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra la señora secretaria de Estado.
La señora SECRETARIA DE ESTADO DE MEDIO AMBIENTE (García Rodríguez): Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, esta respuesta a la pregunta escrita, formulada por el señor Pascual Peña, fue remitida en su momento, si bien la entrada en el Congreso se produjo, efectivamente, fuera de plazo. Por tanto, si me lo permiten, voy a empezar por
reproducir la contestación que se remitió para información de todas sus señorías, y luego trataré de completarlo con un par de comentarios, independientemente de lo que después me quiera plantear. Por resolución de la Presidencia de la
Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, de 2 de julio de 2008, se otorgó una concesión de aguas a captar del río Tablillas a don Felipe Ferreiro Alarcón y a doña Carmen Bruna García Hidalgo para uso doméstico, consumo sin bebida, en la finca
Venta de la Inés, situada en el término municipal de Almodóvar del Campo, Ciudad Real, expediente número 802/2004. En paralelo a este procedimiento, y con fecha 17 de marzo de 2009, don Felipe Ferreiro Alarcón solicitó a la confederación
hidrográfica la imposición de la servidumbre forzosa de acueducto para poder hacer uso de la concesión de aguas otorgada por resolución de 2 de julio de 2008 al haberle negado Patrimonios y Negocios, S.A. autorización para que la conducción de agua
discurriera por su terreno.
Iniciado por el organismo de cuenca el procedimiento para la imposición de la servidumbre forzosa de acueducto, Patrimonios y Negocios, S.A. se opuso a que la conducción de agua pase por los terrenos de su propiedad, señalando un trazado
alternativo. El procedimiento para la constitución de la servidumbre forzosa de acueducto, que se encuentra actualmente en tramitación, se ha visto afectado por los procedimientos judiciales de impugnación de la concesión de aguas, pues si se anula
una concesión no puede imponerse una servidumbre de acueducto para conducir aguas a cuyo aprovechamiento no se tendría derecho.
Respecto a las disponibilidades presupuestarias, señalaré que corresponde al propietario de la finca que quiere servirse del agua indemnizar al dueño del predio sirviente y, asimismo, que son de cuenta del que haya promovido y obtenido la
servidumbre de acueducto todas las obras necesarias para su construcción, conservación y limpieza, conforme todo ello a lo dispuesto en los artículos 19 y 26 del reglamento del dominio público hidráulico y 557 y 558 del Código Civil.
Este es, señorías, el contenido de la respuesta escrita remitida a la Cámara. Permítanme, en todo caso, puesto que tengo la oportunidad de comparecer en la Comisión, y dentro del tiempo del que dispongo, añadir una serie de consideraciones
con el fin de aclarar la situación administrativa de estos expedientes por la que preguntaba el señor diputado. Lo primero es señalar que en el ámbito de las competencias que corresponden a la confederación hidrográfica, estamos ante un expediente
de concesión para uso de agua para una finca privada, estando sujetos, por tanto, más allá de la voluntad de encontrar una solución, a lo establecido en la Ley de Aguas y en el reglamento del dominio público hidráulico. En segundo lugar, el titular
de una de las fincas -creo que es de dominio público porque ha aparecido en todos los medios de comunicación- por la que debe pasar la conducción para conectar la fuente del agua con el punto de suministro a la Venta de la Inés, en concreto a la
finca de la Cotofía, no solo se opone a dicha servidumbre de paso por el territorio de su finca, sino que en su momento recurrió la propia solicitud de concesión de agua de la Venta de la Inés. En concreto, Patrimonios y Negocios, S.A. interpuso
recurso de reposición contra la resolución de concesión que fue desestimado por la Presidencia de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir el 28 de septiembre de 2009. Después, esta misma resolución fue recurrida nuevamente por Patrimonios y
Negocios, S.A. ante la Sala de lo Contencioso-administrativo de Sevilla del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía; a su vez, nueva sentencia desestimatoria el 7 de noviembre de 2012. Nuevo recurso en casación, esta vez ante el Tribunal
Supremo, con sentencia de 18 de octubre
de 2013, en la que se inadmite. Aquí ha habido una serie de procedimientos judiciales que han paralizado durante un largo periodo la tramitación del expediente de concesión.
Una vez resuelto esto, como resultado de todos estos procedimientos, como sabe -lo decía al principio-, Patrimonios y Negocios se opone también a que la conducción pase por su finca. Señala un trazado alternativo sobre el que a lo largo de
este tiempo no hemos sido capaces de encontrar un acuerdo entre los particulares, y a día de hoy no lo hay. Ante esta falta de acuerdo entre particulares, la confederación hidrográfica ha iniciado la única vía por la que puede ir, es decir, el
trámite para la imposición forzosa de la servidumbre de acueducto. Se ha requerido la información necesaria al interesado, que es lo que hay que pedir, según marca el reglamento del dominio público hidráulico, y una vez esté completa dicha
documentación, que ha empezado a entrar en el mes de febrero, y a la mayor brevedad posible, el organismo de cuenca abrirá el plazo de alegaciones a las propiedades afectadas por la servidumbre, entre ellas, la Cotofía. Realizada...
El señor PRESIDENTE: Señora secretaria de Estado, se ha terminado su tiempo.
La señora SECRETARIA DE ESTADO DE MEDIO AMBIENTE (García Rodríguez): Luego acabaré.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Pascual Peña por un tiempo de dos minutos y medio.
El señor PASCUAL PEÑA: Le recordaba antes que el 26 de septiembre nos interesamos por la situación de este expediente, sobre el que se han puesto de acuerdo asociaciones de defensa de los derechos culturales, ecologistas, vecinales,
etcétera; es decir, que no se puede hacer una lista más larga de defensores de la resolución de este problema. Creo que no hace falta recordar aquí que no solamente estamos hablando del desprecio a los derechos básicos de una familia, sino casi
también del concepto mismo de justicia, ya que usted misma recordaba que desde 2008 esta familia está privada de ese derecho básico. Me parece que también han entrado aquí en juego la desidia y la falta de diligencia de la Confederación
Hidrográfica del Guadalquivir, de la que usted es responsable, por lo que hay una corresponsabilidad de la Administración en este problema de inaccesibilidad a un servicio básico como es el agua potable.
No voy a recordar las sentencias de los tribunales, porque usted misma las ha recordado, pero sí que el dueño de la finca La Cotofía, Gervasio de Vicente Arenal, es el que se esconde detrás de esta empresa Patrimonios y Negocios, S.A., y que
la Administración ha sido connivente con el impedimento de acceso al agua. Desde 2013 han pasado cuatro años y creemos que es tiempo suficiente para haber restituido el acceso al agua, más allá de que es obvio y notorio que hay una gran resistencia
por parte del propietario de la finca, que parece vivir en los años de Los santos inocentes. Cuando haya propietarios que vivan en los años de Los santos inocentes la Administración es responsable de recordarles que nosotros ya estamos en
democracia y que el acceso al agua es un derecho básico de todos los españoles.
Por parte de la confederación ha habido respuestas, algunas orales y otras escritas, a los representantes de la familia en las que se les dice que sus papeles se perdieron, que no han llegado aún al despacho en el que se tramitan, así como
una miríada de excusas que creo que a estas alturas, después del tiempo transcurrido, insisto, no son concebibles o creíbles, aunque más bien diría que ya no son soportables por la familia. Por esta razón, le rogaría que concretara lo de a la mayor
brevedad, que hubiera un mínimo compromiso por su parte de agilización de este procedimiento, incluso, si fuera posible, que marcara una fecha...
El señor PRESIDENTE: Le ruego que termine.
El señor PASCUAL PEÑA: Termino ya, señor presidente. Solo un segundo.
... que se la trasladara a la gente de la confederación hidrográfica y dijera a la familia cuál es la situación exacta del procedimiento, la concreta hoy, para que pudieran hacerse una composición de lugar de cuándo van a tener agua de
nuevo.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra la señora secretaria de Estado.
La señora SECRETARIA DE ESTADO DE MEDIO AMBIENTE (García Rodríguez): Señor diputado, la Administración no tiene ningún desprecio por los derechos básicos de ningún ciudadano, tampoco cuando alguien los ejerce en el marco de la ley con unas
motivaciones que a mí no me corresponde juzgar.
En el ámbito de la ley y de las competencias que esta otorga, así como de los procedimientos que establece, el único camino que tiene la confederación hidrográfica para garantizar el abastecimiento a la Venta de la Inés es el que está
siguiendo. ¿Qué sería lo deseable? Que hubiera acuerdo entre dos privados. ¿Por qué? Porque el procedimiento para imponer una servidumbre de acueducto forzosa es muy complicado. Aquí hay un largo historial de enemistad entre los afectados -que
no solo afecta al agua, sino a muchos otros ámbitos- en el que existe una serie de procedimientos judiciales que han dificultado toda la tramitación -procedimientos iniciados, como le decía, por motivos que a mí no me corresponde juzgar, y menos en
esta sede, y con intenciones que yo tampoco voy a valorar-, mediante los que Patrimonios y Negocios, S.A. ejerce sus derechos en el ámbito de la ley. Lo deseable, como le decía, sería que hubiera un acuerdo sobre la servidumbre de acueducto, bien
por La Cotofía, bien por otra alternativa, para que la confederación hidrográfica pudiera otorgar cuanto antes su visto bueno a dicha servidumbre.
Quiero recordar también que aquí hubo un procedimiento de traspaso de competencias a la Junta, que duró tres años, que se recuperaron en el año 2011, tras tres años de gestión, y cuando volvieron dichas competencias fue necesario un proceso
para reordenar esto y recuperar expedientes. En el año 2016 la confederación se dirige al interesado, le requiere la documentación necesaria para poder reactivar todo este proceso y estamos trabajando en ello. No solamente me comprometo, es que le
digo que si se llega a un acuerdo entre particulares, para lo cual si el señor diputado o quien sea nos puede brindar una ayuda, nosotros estaríamos muy agradecidos y seremos lo más ágiles posible, a partir de la semana próxima la confederación
hidrográfica seguirá dando sus pasos, es decir, abrirá un periodo de alegaciones, porque así lo marca el reglamento y después debe acordarse una indemnización entre los interesados. Si no se alcanza ese acuerdo, habrá que aplicar la Ley de
Expropiación Forzosa, que es otro procedimiento que puede ser complejo y complicado, porque está sujeto a recursos, como cualquier otro procedimiento. ¿Qué sería lo deseable? Que con tanta gente que defiende esto hubiera un acuerdo entre los
particulares, porque repito que a día de hoy no lo hay. Le puedo asegurar que la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir actuará, por un camino o por el otro, y siguiendo siempre lo que marca la ley, que es el ámbito en el que se mueve.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora secretaria de Estado.
Damos por terminado este trámite y despedimos a la señora García Rodríguez. (Pausa).
PROPOSICIONES NO DE LEY:
- RELATIVA AL PLAN DE GESTIÓN PARA LOS BUQUES DE LOS CENSOS DEL CALADERO NACIONAL DEL CANTÁBRICO Y NOROESTE. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente 161/000100).
El señor PRESIDENTE: Continuamos con el debate de las proposiciones no de ley.
Proposición no de ley relativa al plan de gestión para los buques de los censos del caladero nacional del Cantábrico y Noroeste, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista.
Para su defensa, tiene la palabra, por un tiempo de cinco minutos, doña Margarita Pérez Herráiz.
La señora PÉREZ HERRÁIZ: Gracias, señor presidente.
Es evidente que algo pasa con la orden por la que se establece un Plan de gestión para los buques de los censos del caladero nacional del Cantábrico y Noroeste. La Orden de 2013 tiene una sentencia de la Audiencia Nacional no firme, porque
está recurrida ante el Tribunal Supremo; con la Orden de 2014 pasa igual y la de 2015 fue admitida a trámite por la Audiencia Nacional y todavía no tiene sentencia.
Dicha orden tiene debilidades. Por ejemplo, el reparto de cuotas entre artes no parece equilibrado, ya que con los datos de la Secretaría General de Pesca de octubre de 2016, se ve que el arrastre de fondo para merluza había consumido el
55,85 % de su cuota, y artes menores en la misma fecha habían consumido ya el 95,94 %. A unos les sobra cuota y a otros les falta, y eso a pesar de que el censo de artes menores supone el 89 % de la flota del caladero del Cantábrico y Noroeste.
Respecto al reparto de la
cuota de caballa, la pesca llamada olímpica, que regía hasta 2013 para la caballa, tenía serios inconvenientes para concentrar las capturas y ventas con la correspondiente bajada de los precios y desplazamientos largos y con riesgos de los
barcos para adaptarse a la ruta este-oeste que hace la caballa. Pero la alternativa no fue adecuada, ya que en lugar de hacer un reparto por el que los armadores conocieran sus posibilidades de pesca con antelación para programar su actividad,
evitar desplazamientos, de forma que cada barco pescara su cuota cuando la caballa llegase a sus aguas y que al pescar y vender de manera escalonada los precios fueran más estables, de forma similar a como se hizo con otras especies y artes, como
cigala, jurel, caballa y merluza para los censos de volanta y palangre de fondo con reparto lineal o muy próximo a lineal, para la caballa se hizo de tal manera que ocasionó desequilibrios muy importantes y conflictos entre las flotas afectadas.
El problema principal de dicha orden afecta a la flota del cerco y de otros artes distintos del arrastre y del cerco. Entre las principales debilidades de dicha orden está que carece del mínimo acuerdo necesario entre las administraciones y
flotas implicadas, carece de estudios socioeconómicos que valoren las consecuencias sobre las poblaciones costeras dependientes de la pesca, y también carece de informes técnicos que avalen su idoneidad. En teoría, el reparto de las posibilidades
de pesca se hace de acuerdo con el artículo 27 de la Ley de Pesca, pero dicho artículo no establece la ponderación que debe tener cada uno de los criterios, y consideramos que se da un peso excesivo al criterio histórico. Este criterio, además,
utiliza los años entre 2002 y 2010, en los que se produjo una sobrepesca por la que toda la flota española está pagando solidariamente una sanción, aunque esa sobrepesca produce beneficios en forma de criterio histórico para el reparto de las
posibilidades de pesca a los responsables de haberla hecho. La sanción se reparte entre todos y el beneficio de haber pescado en exceso repercute doblemente en quien realizó la sobrepesca, primero por haberla cogido y vendido y, después por
aportarles más derechos de pesca. Algo falla. Además, al tener en cuenta el periodo 2002-2010 se computan desembarcos generados por unidades que ya no existen y que se reparten entre las que permanecen en la pesquería, acentuando una asimetría con
extremos de 8.093 kilos por embarcación frente a 66.098 en el año 2015, o de 2.367 kilos frente a 175.234 kilos por barco entre cerqueros para 2016. Para el cálculo de las capturas de cada barco se pueden utilizar las notas de venta o las
declaraciones de desembarque, sin justificar la elección de una o de otra, con la diferencia de que de las declaraciones de desembarque solo dispone la Administración central, lo que deja a las comunidades autónomas y al sector pesquero en una
situación de cierta indefensión y convierte el reparto en un procedimiento bastante opaco. También hay falta de acuerdo respecto a que después de calculada la cuota para cada barco se totaliza por provincias y se admite la cesión de cuota entre
aquellas que no la agotan y las deficitarias, lo que pone en evidencia los errores del reparto y hace más difícil a unas que a otras esa posible cesión. Repito que algo falla.
Este modelo, basado principalmente en el reparto histórico, no parece justo y, además, llevó al enfrentamiento entre pescadores de los diferentes artes, entre cofradías y entre comunidades autónomas. Además, es inadecuado desde el punto de
vista socioeconómico, porque incrementa el riesgo de que zonas altamente dependientes de la pesca se vean privadas de las posibilidades de pesca necesarias para su supervivencia, con repercusión en la actividad económica global de la zona,
ordenación del territorio, etcétera. Habría que revisar la ponderación de los criterios, y respecto al criterio histórico hacerlo con los años posteriores a los de sobrepesca, que beneficia doblemente a quienes la realizaron. También habría que
modificar la consolidación de derechos a empresas que pueden hacer cesión temporal o definitiva de dichos derechos y regular la reversión al Estado para una nueva reasignación de derechos.
Respecto a las enmiendas presentadas, consideramos que la de Foro Asturias tiene una concreción excesiva y pensamos que no es momento de llegar a ese grado en esta Comisión. Por lo que se refiere a la del Grupo Popular, creemos que mezcla
el caladero del Cantábrico, que tiene sentencias y una altísima conflictividad, con los otros, como Cádiz y Canarias, que no la tienen, o con el del Mediterráneo, que ni siquiera está aprobado.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.
A esta iniciativa se han presentado dos enmiendas. La primera presentada por el Grupo Parlamentario Mixto. Para su defensa tiene la palabra el señor Martínez Oblanca por tiempo de tres minutos.
El señor MARTÍNEZ OBLANCA: Muchas gracias, señor presidente.
En defensa de la importancia de nuestra flota artesanal es necesario, a juicio de Foro de Asturias, que en el Plan nacional de gestión para los buques de los censos del caladero nacional del Cantábrico y
Noroeste el ministerio les asigne las cuota anuales de captura que les correspondan proporcionalmente, en función de la importancia de su costa y del número de embarcaciones. Esta iniciativa, defendida por la señora Pérez Herráiz, no va
exactamente en esa línea porque como fue registrada a principios del mes de agosto, ha pasado más de medio año y se han producido cuestiones relevantes que aconsejan actualizar esta proposición no de ley, y que el mandato del Congreso al Gobierno
avance en la solución de los grandes problemas de nuestros pescadores. De ahí la presentación de la enmienda de Foro que, al parecer, según acabo de escuchar, peca de ser demasiado concreta. Es oportuno señalar que estamos debatiendo sobre una
orden que tiene por objeto regular la pesquería del caladero Cantábrico y Noroeste en aguas exteriores y distribuir las posibilidades de pesca que le son asignadas a España. Subrayó esto último porque en materia de pesca marítima nuestro país, como
miembro de la Unión Europea, depende del total admisible de capturas fijado en la Comisión para las pesquerías del Atlántico oriental, y sus acuerdos más recientes no han sido buenos para España. Por ejemplo, en su última reunión, celebrada en
Londres a mediados de octubre, nuestros pescadores de caballa, sarda como se conoce en Asturias, salieron mal parados en la cuota asignada para 2017. Mientras que esta Comisión decidió que el TAC de caballa se incrementase un 14 % hasta 1,02
millones de toneladas, a España solo se le aumentó el 8 % hasta las 38.431 toneladas, en lo que es un acuerdo discriminatorio que vuelve a favorecer a determinados países no comunitarios y a otros que, además, tienen decidida vocación de serlo
mediante el brexit. La falta de tiempo me impide ampliar algunos pormenores significativos, como que en el acuerdo de Londres hay que descontar 5.500 toneladas con las que se viene penalizando a la flota española en aplicación de una multa por
sobrepesca en el periodo 2009-2010, siendo presidente del Gobierno el señor Rodríguez zapatero y la señora Elena Espinosa ministra de Medio Ambiente. Una multa que se está pagando a plazos mediante recortes en nuestro cupo anual, que afectan al
medio millar de embarcaciones que operan en este caladero. Esta onerosa hipoteca sancionatoria condiciona el reparto de cuotas, merma la economía de muchos pescadores y no se cancelará hasta el año 2023. Y si en todo caso es injusto el reparto con
España, injustísimo resulta con los pescadores asturianos. Año tras año, para unos 175 pesqueros de las modalidades de cerco, arrastre de fondo y artes menores, se les concede una cuota similar a la de seis arrastreros en la República de Portugal.
Pero sin salir de la cornisa cantábrica, que a la flota asturiana, con más de la cuarta parte de las embarcaciones, el ministerio le asigne una cuota menor del 10 % es un acto de patente y palmaria discriminación, mírese por donde se mire. Los
datos vienen siendo ratificados por la sucesión de sentencias contra los repartos de cuotas impuestos a Asturias, tres sentencias contra el ministerio en los dos últimos años. Por eso cabe confiar en que el reciente relevo al frente de la
Secretaría General de Pesca suponga con urgencia dejar atrás esta situación que ha dejado en mal lugar al Gobierno.
Y finalizó, señor presidente, señalando que en este Plan Nacional de gestión para los buques de los censos del caladero nacional del Cantábrico y Noroeste, el ministerio deba asignar a las flotas artesanales las cuotas anuales de captura que
les correspondan proporcionalmente, en función de la importancia de su costa y del número de embarcaciones.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor diputado.
Para la defensa de la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra don Diego Movellán.
El señor MOVELLÁN LOMBILLA: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, hoy podemos y debemos sentirnos tremendamente orgulloso de nuestro sector pesquero, consolidado como una de las principales potencias pesqueras del mundo y la primera de la Unión Europea. Hay que decir que la actual gestión
sostenible de los recursos pesqueros le está permitiendo el sector tener mayores posibilidades de pesca. Pero, señorías, este liderazgo y este alto nivel de competitividad del sector pesquero español no es fruto de la casualidad. Por eso quiero
comenzar, porque creo que es de justicia, poniendo en valor el magnífico trabajo desarrollado en los últimos cinco años por el Gobierno a través del recuperado Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, de la mano de las
comunidades autónomas y las organizaciones profesionales y representantes del sector, lo que ha permitido sin duda alguna fortalecer un modelo de gestión pesquera más racional, sostenible y beneficioso para las partes implicadas, que se está
traduciendo en una mejora de la rentabilidad y las condiciones de pesca para nuestro sector.
Señorías, la proposición no de ley que nos trae nuevamente el Grupo Parlamentario Socialista se puede calificar, siendo benevolentes, de imprecisa. Y he de decir que poco o nada aporta para cumplir las orientaciones de la política pesquera
común. Se trata, como decía, de una iniciativa ya presentada en la anterior legislatura y reproducida íntegramente en esta. Como saben, el reglamento de la política pesquera común señala que los Estados miembros aplicarán criterios transparentes y
objetivos, incluidos aquellos de carácter medioambiental, social y económico. La proposición no de ley que nos plantea el Grupo Parlamentario Socialista se limita a pedir que cambie el modelo de reparto de posibilidades de pesca para el cerco y
otras artes distintas al arrastre y cerco, con el fin de conseguir un reparto más equitativo. Y yo les digo, señorías, que el papel lo aguanta todo porque esto es como no decir nada, porque la primera pregunta que nos debemos hacer es qué es lo que
se ha de modificar, el reparto entre modalidades o el reparto entre los que tienen derecho en una modalidad. Tampoco nos ha aclarado la señora ponente en qué proporción han de tenerse en cuenta cada uno de los criterios de reparto. Es necesario
recordar que la distribución de las cuotas que se regulan en la orden ministerial objeto de este debate, se elaboró de acuerdo con los datos de consumo de capturas históricas, pero estos fueron modulados para tener en cuenta aspectos socioeconómicos
de las flotas afectadas en distintas pesquerías y la dependencia de las diferentes flotas respecto de cada especie. Es así como se establece en el artículo 27 de la Ley de Pesca Marítima del Estado. Ese artículo y la citada ley, que hay que
recordar que fue aprobada en su momento por unanimidad de los grupos políticos, determinan como criterios de reparto la actividad pesquera desarrollada históricamente, las características técnicas del buque, pero también unido a las posibilidades de
empleo que se acrediten por los titulares de los buques y las condiciones sociolaborales de los trabajadores. Estos aspectos se tuvieron en cuenta y no de forma única, sino siendo ponderados con distintos valores para cada pesquería. Para hacer
este reparto el ministerio escuchó a las comunidades autónomas afectadas, a las organizaciones profesionales y, tras múltiples reuniones y atendiendo al consenso generalizado, se llegó al acuerdo establecido. Y aquí me van a permitir, señorías, que
afirme que este Gobierno ha tenido las agallas necesarias para abordar algo que otros no quisieron hacer mirando para otro lado, practicando, como se ha dicho aquí por el portavoz de Foro, la pesca olímpica con la que nos cayó la que nos cayó, y que
seguimos pagando a día de hoy. Este Gobierno ha tenido la valentía y los arrestos de reunir al sector, a las comunidades autónomas, y aprobar nuevos sistemas de gestión de estos caladeros con unos criterios objetivos y transparentes que alcanzaron
un elevado grado de consenso.
Y finalizó proponiendo desde el Grupo Parlamentario Popular al Grupo Parlamentario Socialista que haga una propuesta de reparto con fundamentos legales y no basados en la disconformidad. De ahí la enmienda que presentamos en correspondencia
a las palabras de la señora ministra, en su comparecencia de diciembre, comprometiéndose a mejorar y a seguir en diálogo permanente con el sector para mejorar toda la gestión de los caladeros nacionales, algo que, lamentablemente, parece que
disgusta al Grupo Parlamentario Socialista.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor diputado.
Aunque por la intervención de la diputada, doña Margarita Pérez, me ha parecido entender que no aceptaba las enmiendas, no obstante, le vuelvo a preguntar si las acepta o no, o van a ser objeto de transacción.
La señora PÉREZ HERRÁIZ: No, señor presidente. La enmienda todavía tiene menos concreción que la propuesta. Me refiero a la enmienda del Grupo Parlamentario Popular, la otra sí concreta. Una nos parece que concreta más allá de lo que le
corresponde a esta Comisión. El Grupo Parlamentario Popular nos reprocha falta de concreción, pero ellos concretan todavía menos que nosotros. No aceptamos ninguna de las dos.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: De acuerdo. Gracias, señora diputada.
¿Grupos parlamentarios que quieren fijar posición? (Pausa).
En nombre del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), tiene la palabra don Joseba Agirretxea.
El señor AGIRRETXEA URRESTI: Gracias, señor presidente.
No me extenderé mucho, pero este es un asunto que no es novedoso en esta Comisión ni en el área pesquera en el Estado español en los últimos años. Yo entiendo que algunas flotas puedan sentirse
perjudicadas cuando el reparto no satisface todas sus necesidades, pero cuando existe consenso y se llega a acuerdos, normalmente se supone que si aplicamos una reglas de juego, esas reglas de juego sean válidas cuando satisfacen plenamente
y cuando no hacen tanto. Esta proposición que ha presentado el Grupo Parlamentario Socialista ya la hemos debatido anteriormente. Y yo pregunto ¿si las capturas históricas no valen para estas especies, para otras sí valen? Cuando algunas flotas
se benefician más por medio de capturas históricas como, por ejemplo, en el caso de la sardina, ¿entonces no aplicamos las mismas reglas de juego? En este sentido, me parece que la propuesta del Grupo Parlamentario Socialista seguramente quiere
beneficiar a ciertas flotas que en esta especie tienen menos cuota que en otras pero, a su vez, perjudica a otras flotas que han conseguido su cuota por medio de sus capturas históricas, algo que ha sido consensuado, debatido y aprobado. No podemos
decir de repente y de un plumazo que las capturas históricas no valen para nada. El que alguien se haya dedicado a pescar esa especie durante años y años tiene un valor, una importancia, una fuerza y una repercusión en su economía. Por lo tanto,
no podemos decir de repente que en esta especie no vale la captura histórica o no es un elemento tractor, cuando sí lo es. La propuesta que hizo el otro día la señora ministra es la que ha recogido la enmienda del Grupo Parlamentario Popular, es
decir, que mientras no se consiga un consenso superior al existente, se continúe con el modelo actual. Desde el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) y en defensa de los intereses de la flota vasca y también de otras, creo que la proposición no de
ley que ha presentado el Grupo Parlamentario Socialista no es aceptable porque, además, creo que perjudicaría a los intereses de algunas flotas que históricamente han venido pescando estas especies. Si es necesario un nuevo reparto habrá que
hacerlo pero basado en el consenso, y no en el hecho de que en esta materia me perjudica y cuando me beneficia no me interesa buscar el consenso. Por lo tanto, no vamos a votar a favor.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Agirretxea.
Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos tiene la palabra don Luis Salvador.
El señor SALVADOR GARCÍA: Muchas gracias, señor presidente.
Desde el Grupo Parlamentario Ciudadanos no dudamos de que la propuesta del Grupo Parlamentario Socialista sea bienintencionada, pero consideramos que adolece de una cierta inconcreción y, sobre todo, que estamos partiendo de la base de que
en este momento existe un modelo que determina unas reglas de juego claras para todos, que produce, como es lógico, una seguridad jurídica en los pescadores y también en el resto del sector. No se puede hacer una propuesta de cambio del Plan de
gestión para los buques de los censos del caladero nacional del Cantábrico y noroeste simplemente diciendo nos comprometemos ya seguro, sí o sí, a cambiar y, a partir de aquí, que se reúna el Gobierno con las comidas autónomas y con el sector y que
determinen cómo hacerlo. Primero hay que hacer ese trabajo con un diálogo permanente y la búsqueda del consenso y, una vez que se haya producido, a partir de ahí realizar el cambio del modelo. Y más si tenemos en cuenta que en este momento el
modelo está recurrido en distintas instancias judiciales y, por lo tanto, tenemos que ver cuál es el resultado de esas reclamaciones y saber exactamente cuáles son los cambios que, según la justicia, son válidos y que habría que hacer. No
entendemos una propuesta que simplemente dice: garantizamos ya que esto se va a cambiar y, a partir de aquí, instamos al Gobierno a que junto con las comunidades autónomas y sector pesquero lleguen a un acuerdo, porque precisamente hay que hacerlo
al revés; o sea, que el Gobierno, comunidades autónomas y el sector se pongan de acuerdo buscando un consenso mayor, como ha dicho el portavoz del Grupo parlamentario Vasco y también la ministra, que el que existe en la actualidad, y a partir de
aquí hacer una propuesta de cambio concreta y predecible y no que genere inseguridad jurídica en el sector y, por tanto, que sea perjudicial. Por eso nos vamos a abstener.
El señor PRESIDENTE: Gracias, don Luis Salvador.
Por el Grupo Parlamentario Confederal Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea para fijar posición, tiene la palabra el señor Gómez-Reino.
El señor GÓMEZ-REINO VARELA: Gracias, señor presidente.
Señoras y señores diputados, pese a que, ciertamente, nos parece que alguna cuestión de la parte final de la PNL está poco actualizada, incluso es insuficiente, anunciamos que vamos a votar a favor porque todo lo que vaya en el sentido de
poner en valor nuestras flotas pesqueras, la gallega y la de toda la costa cantábrica, nos parece algo que tenemos que apoyar y ahí nos van a encontrar.
Sabemos que el reglamento del Parlamento y el Consejo sobre política pesquera común establece como objetivo fundamental garantizar que las actividades de pesca y acuicultura sean siempre sostenibles ambientalmente a largo plazo, y se
gestionen de forma coherente con los objetivos de generar beneficios económicos, sociales y de empleo. Para ello, como es sabido, pone a disposición de los Estados miembros diferentes instrumentos de gestión como, por ejemplo, la limitación de la
asignación de las posibilidades de pesca. Respecto a la legislación del Estado español, la Ley 3/2001, de Pesca Marítima del Estado, en su artículo 27, como conocen todos ustedes, contempla la opción de distribución de posibilidades de pesca con
base en volúmenes de captura o de cuota. En efecto, el mencionado artículo determina como criterios de reparto la actividad pesquera desarrollada históricamente, sus características técnicas y demás parámetros del buque. Asimismo, recoge que una
vez aplicados estos criterios, se valorarán las posibilidades de empleo que se acrediten por el titular del buque, así como las condiciones sociolaborales de los trabajadores. Por otra parte, la Orden 2534/2015, por la que se establece un Plan de
gestión para los buques de los censos del caladero nacional del Cantábrico y Noroeste establece que para el cálculo de la actividad desarrollada históricamente se ha tenido en cuenta las notas de primera venta y las declaraciones de desembarco. Sin
embargo, desde nuestro punto de vista al no establecer la Ley de Pesca Marítima del Estado en vigor cuál ha de ser la proporción de cada uno de los criterios contemplados en su artículo 27, lo cierto es que el actual sistema de reparto de cuotas
está fundamentalmente basado en las capturas históricas, lo que por un lado dificulta de manera intensa la innovación y, por otro, penaliza a quienes más apostaron por la sostenibilidad de los recursos al reconocer menos cuota a aquellas flotas que
tienen menos históricos por haber adoptado voluntariamente medidas de autorregulación. Por todo ello se hace necesario cambiar el modelo de reparto de posibilidades de pesca para las especies sometidas a los totales admisibles de captura de las
flotas de cerco y de otras artes distintas del arrastre y el cerco, de forma que se consiga un reparto más equitativo mediante el establecimiento de criterios de reparto más justo y que se basen en la sostenibilidad.
Y para terminar, no conviene olvidar que la pesca es una importantísima fuente de empleo y la actividad económica principal que sustenta muchas poblaciones costeras de nuestro país, por lo que la aplicación de las cuotas no debiera nunca
amenazar a miles de puestos de trabajo en el sector, como está haciendo en este momento.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, don Antonio Gómez-Reino.
PROPOSICIONES NO DE LEY:
- RELATIVA AL DESARROLLO Y APLICACIÓN EFECTIVA DE LA LEY 45/2007, DE 13 DE DICIEMBRE, DE DESARROLLO SOSTENIBLE DEL MEDIO RURAL. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO CONFEDERAL DE UNIDOS PODEMOS-EN COMÚ PODEM-EN MAREA. (Número de
expediente 161/000368).
El señor PRESIDENTE: Pasamos al siguiente punto del orden del día, que es una proposición de ley relativa al desarrollo y aplicación efectiva de la Ley 45/2007, de 13 de diciembre, de Desarrollo Sostenible del Medio Rural. El autor de esta
iniciativa es el Grupo Parlamentario Confederal Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea. Para su defensa tiene la palabra don Pedro Arrojo.
El señor ARROJO AGUDO: Muchas gracias, señor presidente.
Queridos amigos y amigas, señorías, vivimos en una sociedad en la que impera una visión esencialmente urbana de nuestra sociedad, que identifica el corazón del progreso y de la economía con el esplendor de los grandes centros financieros,
ubicados generalmente megaciudades. Esa visión deja a un lado, en un segundo plano, a ciudades menores e, incluso, a esos centros industriales que en su día fueron, por así decirlo, el emblema urbano del desarrollo, pero sobre todo acentúa la
invisibilización del medio y de la vida rural. Desde esta visión, a lo sumo el medio rural se identifica con el PIB agropecuario y pesquero, gestionado en gran medida desde esos centros urbanos donde tienen sus sedes las grandes empresas que, de
forma creciente, integran la producción, la transformación y la comercialización tanto en el sector agrario y cárnico como en el sector pesquero. Sin embargo, todos y todas sabemos perfectamente que las raíces de esas megaciudades que nos
deslumbran así como también de las ciudades menores que languidecen poco a poco desde ese orgullo de ser capitales provinciales, están en el medio rural. Territorios rurales que nos dan de comer y beber; territorios rurales en los que se genera la
electricidad que alumbra y calienta nuestros hogares; territorios rurales que generan los recursos naturales
que depredamos, consumimos de forma insensata, a veces sin apreciar su valor; territorios rurales que sustentan nuestros patrimonios naturales, nuestros paisajes, nuestra identidad, nuestra diversidad cultural. En suma, señorías,
territorios rurales que sustentan nuestras raíces como sociedad, pero una sociedad que pierde progresivamente sus raíces es obviamente una sociedad enferma que muere poco a poco. Diríamos que aun el más espectacular de los árboles no sería nada sin
sus raíces. Por ello es necesario recuperar el sentido común, y lo digo en general por encima de las ideologías, yo diría incluso desde la sensatez que inspira la vida que todavía late en el medio rural.
La Ley para el Desarrollo Sostenible del Medio Rural que se aprobó a finales de 2007, como es bien sabido quedó prácticamente paralizada, sin financiación, y olvidada en gran medida no en la pasada legislatura, sino en la anterior, la que
fue efectiva. Pues bien, entendemos que esta ley merece y necesita ser reactivada de forma urgente porque es una buena ley. Una buena ley para el medio rural y, por tanto, una buena ley para nuestra sociedad, para todo el país. Y lo digo por
encima de ideologías partidarias, más allá de que fuera una ley promovida, diseñada y, en última instancia, aprobada en tiempos de un Gobierno socialista. Eso honra al Partido Socialista y no me duelen prendas en reconocerlo, creo que todos debemos
hacerlo, igual que otras cosas que haga bien el Partido Popular tendremos que reconocérselas. Una ley dirigida a más de 10 millones de habitantes, a más del 84 % del territorio, a casi 8.000 municipios, de los cuales 3.000 están declarados en
emergencia, en proceso de extinción. Señorías, vengo de un territorio, Aragón, en el que les recuerdo que Teruel existe pero se muere poco a poco en el medio rural, como tantos otros territorios fundamentalmente de la España interior.
La ley promueve un desarrollo rural participativo. Esto es muy importante, está basado por primera vez en una forma de construir y de planifican el desarrollo rural de abajo arriba. No tienen más que hablar con los alcaldes de sus
partidos, con sus concejales, se lo van a ratificar, se entusiasmaron con esta ley y con su inicio. La ley promueve un enfoque integrado del desarrollo rural centrado en las personas que vertebran el territorio, entendiendo que el medio rural no es
sólo la producción agropecuaria y pesquera, igual que una ciudad es mucho más que sus polígonos industriales. No podemos confundir el medio rural con el PIB que genera el agronegocio en las grandes integradores del sector agroalimentario olvidando
a las personas y a los territorios con los patrimonios naturales, sociales y culturales que representan. Esta ley asume ese enfoque integrador en el que la mujer, los jóvenes, los jubilados, la sanidad, la educación, el transporte y los servicios
en general son centrales. Un enfoque integral que entiende y defiende la agricultura, la ganadería y la pesca pero vinculadas a la gente, a los agricultores, a los ganaderos, a los pescadores, que articulan el territorio, al tiempo que promueve la
diversificación productiva -y esto es muy importante- impulsando una economía rural moderna y compleja en la que la industria y los servicios también son claves en el medio rural. Señorías, la ley preveía en un principio una aportación de 900
millones de euros por parte de Estado y otro tanto por las comunidades autónomas. No pretendemos que el arranque de esta reactivación se dote con esa cantidad en los presupuestos que deberían aprobarse en breve, pero sí una dotación significativa
que permita elaborar ese segundo programa con el consiguiente proceso participativo. En plena crisis, no lo olvidemos queridos amigos y amigas, encontramos 60.000 millones para ayudar a la banca, y estamos hablando de 900 millones en perspectiva.
Mirémoslo con un sentido amplio, nuestra intención es que esta idea no se perciba con una visión parlamentaria, no es una iniciativa del Grupo Parlamentario Confederal Unidos Podemos. Quiero defenderla así, creo que es una invitación a un acuerdo
de Estado por el medio rural. Los 8000 alcaldes de los pueblos y sus concejales que van a ver y que ven con ilusión esta ley, la mayoría son del PP y del PSOE, no son de Podemos, pero lo saludan como positivo por encima de la ideología, entonces yo
les animo a esa dinámica.
Y si quieren aprovecho para decirles que hay una autoenmienda porque cuando se presentó esta iniciativa en septiembre todavía estábamos con un Gobierno en funciones y entonces no queríamos hablar de presupuestos y hablábamos de Gobierno en
funciones. Obviamente, como ya no estamos en esta situación, podemos y debemos hablar de presupuesto. Y yo les animo a que todos, a que cada uno en su partido anime a poner en un plano relevante y en su grado de importancia la cuestión rural.
Creo que ahí nos vamos a encontrar todos y todas.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Arrojo.
Para conocimiento de todas sus señorías, he considerado que usted iba a defender la autoenmienda y, por eso, he sumado los tiempos, todavía le queda un minuto -para las enmiendas dispone de tres minutos- para su defensa. No ha rebasado el
tiempo disponible para su defensa.
El señor ARROJO AGUDO: Ahorramos ese tiempo que se necesita en la sala.
El señor PRESIDENTE: Ojalá tengamos presupuestos.
Entonces, vamos a dar la palabra a los grupos enmendantes. Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el señor don Antoni Postius.
El señor POSTIUS TERRADO: Gracias, señor presidente.
Los desequilibrios existentes entre el medio urbano y el medio rural que acostumbran a decantarse siempre en negativo hacia las áreas menos pobladas y más dependientes de la economía agraria, han sido siempre para nosotros un motivo de
preocupación. En Cataluña el peso de Barcelona y de su área metropolitana, incluso de todo el litoral respecto a las comarcas interiores y especialmente las del Pirineo, han sido y siguen siendo motivo de especial atención en la actuación del
Govern de la Genalitat. Por lo tanto, el equilibrio territorial es una prioridad para el Partit Demòcrata y, en el caso de la provincia de Lleida por la que soy Diputado, lo es de un modo especial dado que es el territorio más extenso de Cataluña
y, a la vez, el menos poblado. También es la provincia donde la agricultura tiene más peso en su economía. En este sentido, nos parece bien la propuesta, aunque hemos presentado una enmienda para mejorar el texto con la pretensión de que el
Gobierno del Estado incremente los recursos destinados a esta finalidad, puesto que en los últimos años se han reducido considerablemente. En consecuencia, de aceptarse nuestra enmienda votaremos a favor de la proposición.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Postius.
¿Grupos que deseen fijar posición sobre esta iniciativa? (Pausa).
Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra el señor don Antonio Cantó.
El señor CANTÓ GARCÍA DEL MORAL: Muchas gracias, señor presidente.
Vamos a votar a favor de la iniciativa que nos trae hoy el Grupo Parlamentario Confederal Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea. A pesar de que me siento un poco alejado de cierta parte de la retórica que ha usado su representante, sí estoy
completamente de acuerdo con el fondo de la proposición. A menudo aquí nos dedicamos a escribir y sacar adelante leyes y luego no hacemos un seguimiento para ver si se han puesto o no en marcha, ni de cuál es el efecto que han tenido en el espacio
al que afectan. Nosotros parece fundamental hacerlo en todas partes y especialmente aquí, en un área que para nosotros es muy vulnerable y muy importante. Desde nuestro grupo parlamentario establecemos como objetivo esencial la protección del
medio ambiente para nosotros, para nuestros hijos, para nuestros nietos y para las generaciones futuras. Entendemos como objetos dignos de protección la naturaleza, la biodiversidad, el aire, el agua, el correcto tratamiento de la energía, de los
residuos, y el uso de los recursos naturales porque, aparte de que deben ser protegidos per se, supone una grandísima oportunidad y en muchas ocasiones la creación de riqueza y también de puestos de trabajo.
Como pilar básico de nuestro programa, nosotros proponemos políticas, legislación y medios para proteger a nuestros ciudadanos, ecosistemas y para fomentar la educación medioambiental, con el fin de ayudar también a consumidores y a la
industria a caminar hacia un futuro que debe ser sostenible. Queremos una España y una Europa verdes, donde nuestros ciudadanos, empresas y administraciones sean un ejemplo de actuación medioambiental y, además, líderes tecnológicos de la nueva
economía verde. La Administración debe impulsar y dar ejemplo en este campo. Por eso, creemos que se debe proporcionar información al Congreso de los Diputados sobre el estado de la aplicación de esos necesarios programas de desarrollo sostenible
para el mundo rural. Por tanto, votaremos a favor de la proposición no de ley.
Gracias, presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Cantó.
A continuación tiene la palabra por el Grupo Socialista, don Felipe Sicilia.
El señor SICILIA ALFÉREZ: Gracias, presidente. Buenos días, señorías.
El medio rural español, como ya se ha destacado, supone en nuestro país el 90 % del territorio e integra a más del 20 % de la población o incluso alcanzaría el 35 % de esa población, si incluyéramos las zonas periurbanas. El alto grado de
envejecimiento del medio rural español debe preocuparnos y nos tiene que llevar, sin duda, a la necesidad de crear estrategias para fijar la población en ese entorno rural,
pero eso sí, con condiciones de igualdad al resto del territorio nacional. Este medio rural sustenta en buena medida a un sector agroalimentario que genera más de 1,2 millones de empleos. En este inmenso territorio rural se encuentra la
totalidad de nuestros recursos naturales y una gran parte de nuestro patrimonio cultural, así como las nuevas tendencias en la localización de actividades económicas y residenciales. La política rural española se ha venido apoyando, desde el
ingreso de nuestro país en la entonces Comunidad Económica Europea, fundamentalmente en la política agraria comunitaria, tanto en sus objetivos como en sus programas y en los instrumentos financieros que esta ofrecía.
Sin embargo, los socialistas entendíamos que esto no era suficiente. Por eso, un Gobierno socialista -como bien decía el proponente- en diciembre de 2007 llevó a cabo la Ley 45/2007, para el desarrollo sostenible del medio rural. En esa
ley se establecían las bases de una política rural propia para nuestro país, así como una política de Estado plenamente adaptada a nuestras condiciones económicas, sociales y medioambientales, según se presentan de manera particular en el medio
rural español. Fue una ley elaborada por los agentes del medio rural y aprobada con un amplio consenso político, que proponía impulsar un modelo de desarrollo que debía poner en valor la capacidad de generar empleo en el propio medio, como un
instrumento fundamental para revertir ese fenómeno de la despoblación que desertiza nuestro territorio. En definitiva, fue una ley -aprobada por el Gobierno socialista- que pretendía que el desarrollo rural constituyera una prioridad en nuestro
país.
Los socialistas hemos luchado tanto a nivel nacional como europeo por la igualdad de oportunidades y derechos de todos los ciudadanos, más allá de donde vivieran y, por supuesto, con especial atención a aquellas personas que viven en el
entorno rural, siendo las mujeres y los jóvenes los colectivos prioritarios. Sin embargo, hemos visto que el Gobierno del Partido Popular se ha empleado con especial inquina contra la gente del mundo rural. Empezaron aboliendo prácticamente esta
Ley 45/2007, para el desarrollo sostenible del medio rural; basta ver cómo tras cinco años del Gobierno del Partido Popular prácticamente la han derogado. Además, han presupuestado 2.000 millones menos para el desarrollo rural y han continuado
quitando servicios del mundo rural, como escuelas rurales o urgencias en el entorno rural. Para colmo, han promulgado una reforma local que abocaba al cierre de los pequeños ayuntamiento. El compromiso del Partido Socialista con el mundo rural es
claro y la prueba más evidente no son solo las iniciativas que en esta legislatura se han ido presentando para pedir que se active esta Ley de desarrollo rural y que se le dé dotación suficiente, sino que ya lo hicimos ni más ni menos que con una
ley que quería poner en la agenda política ese desarrollo rural.
Las excusas del PP son siempre las mismas, que la ley nació sin recursos económicos suficientes y con una gran complejidad administrativa. Sin embargo, no nos terminan de contar ni algunos terminamos de entender cómo es posible que si los
programas de desarrollo rural estaban pensados para el año 2010 y 2014 -teniendo en cuenta que el PP empezó a gobernar en 2011 y ya han pasado los años 2012, 2013, 2014, 2015 y 2016-, todavía no hayan hecho nada para cambiar aquellas partes de la
ley que no les gustaban. Lo único que han hecho es dejarla sin presupuesto. Por eso, entendemos que hay que activar esa ley, que hay que dotarla de presupuesto y evidentemente, tal y como apostamos los socialistas, habrá que hacer una
actualización de la misma ley. Para eso, tendremos que analizar cómo ha ido el desarrollo de la misma. Por eso, apoyaremos la iniciativa que hoy se nos presenta.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, don Felipe Sicilia.
En nombre del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra doña Carmen Quintanilla.
La señora QUINTANILLA BARBA: Muchas gracias, señor presidente. Buenos días, señorías.
De nuevo hoy el Grupo Parlamentario de Unidos Podemos trae esta iniciativa para hablar del desarrollo rural. Un desarrollo rural que tiene que pasar indiscutiblemente por hablar de igualdad desde la cohesión social, desde el reequilibrio
territorial y persiguiendo un objetivo claro: el bienestar de toda la ciudadanía, viva donde viva. El medio rural no puede ser una estampa bucólica de los fines de semana, sino que sus gentes tienen derecho a una actividad económica, estable,
sostenible y diversificada. Por eso, no solo desde mi larga vida parlamentaria sino también como persona comprometida con el liderazgo y la igualdad de oportunidades de las mujeres rurales, tengo que volver a decirle, señor portavoz del Grupo
Parlamentario de Unidos Podemos, que le he escuchado e indiscutiblemente todo lo que ha dicho es bueno para el mundo rural. Sin embargo, también hay que hablar desde la realidad de lo que significa nuestro mundo rural y de lo que ha significado la
Ley de desarrollo sostenible del medio rural del Gobierno socialista. Una Ley de desarrollo sostenible que nació sin presupuesto y con tremendas dificultades burocráticas, como tantas leyes que se hicieron en aquel periodo del Gobierno socialista.
Voy a ponerles un ejemplo, les voy a hablar de la Ley de titularidad compartida de las mujeres colaboradoras en las explotaciones agrarias. Una ley que fue debatida en el Pleno de esta Cámara y que contó con el voto favorable de mi grupo
parlamentario, porque esperábamos que doscientas mil colaboradoras en las explotaciones agrarias pudieran darse de alta en los registros administrativos -opción que daba esa ley- y que por primera vez tuvieran derechos sociales, fiscales y
laborales. Otra ley que fue un fracaso del Gobierno socialista. Hoy no llega a dos centenares de mujeres quienes están dadas de alta en el registro de titularidad compartida de las explotaciones agrarias. Así nació la Ley de desarrollo rural
sostenible, con dificultades burocráticas y sin presupuesto, al igual que lo hicieron la Ley de titularidad compartida de las mujeres colaboradoras en las explotaciones agrarias y otra ley que no podemos ni debemos olvidar, por lo que importa en el
desarrollo de la protección a las personas mayores en el mundo rural, la Ley de la Dependencia.
Además, quiero dejar claro por qué mi grupo parlamentario está en contra de incentivar esta Ley de desarrollo rural sostenible. En primer lugar, porque tenemos un gran acuerdo con el Grupo Parlamentario Ciudadanos en donde, dentro de las
ciento cincuenta medidas que efectivamente hemos firmado con este grupo, está no solo la estrategia nacional para incentivar la modernización y la diversificación del mundo rural, sino que también se propone incentivar el sector agroalimentario.
¿Por qué le digo esto? Porque usted sabe perfectamente, señor portavoz del Grupo Parlamentario de Unidos Podemos, que el primer pilar de la política agraria comunitaria, que el primer pilar del desarrollo de los pueblos de España, es la
agricultura. El Grupo Parlamentario Popular defiende y apuesta claramente por ese desarrollo rural, porque si algo ha hecho mi grupo, que sustenta al Gobierno del Reino de España, ha sido acordar con los países de nuestro entorno comunitario una
buena política agraria comunitaria. ¿Sabe que España, durante el periodo del señor Zapatero, perdió 500 millones de euros?
El señor PRESIDENTE: Señora Quintanilla.
La señora QUINTANILLA BARBA: Termino.
Hoy, afortunadamente, hemos recuperado 8.000 millones de euros para la política de desarrollo rural. Le voy a dar un último dato. En el año 2011 el sector agroalimentario cerró con un volumen de exportación de 31.000 millones. Hoy tenemos
una cifra desde agosto de 2015 a agosto de 2016 de 45.000 millones de euros. Nosotros hemos incrementado el producto interior bruto de la política agraria de los agricultores y ganaderos que mantienen el mundo rural, junto con el desarrollo
sostenible.
El señor PRESIDENTE: Doña Carmen Quintanilla, por favor, ha duplicado su tiempo. Le ruego que concluya.
La señora QUINTANILLA BARBA: Termino, señor presidente.
Ha terminado, señor Arrojo, con las mismas palabras con las que terminé mi intervención el 19 de abril. Al igual que hemos hecho con el Pacto de Estado contra la violencia de género y con el Pacto de Estado a favor de la educación, hagamos
un pacto de Estado a favor del desarrollo sostenible del mundo rural de los catorce millones de personas que viven en el mundo rural.
Muchísimas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Desde luego, porque ha rebasado ampliamente su tiempo de intervención. (Risas).
- RELATIVA A LA PESCA ARTESANAL. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO CONFEDERAL DE UNIDOS PODEMOS-EN COMÚ PODEM-EN MAREA. (Número de expediente 161/000550).
El señor PRESIDENTE: Vamos a pasar a la siguiente iniciativa: proposición no de ley relativa a la pesca artesanal, presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.
Para su defensa, tiene la palabra doña Alexandra Fernández Gómez.
La señora FERNÁNDEZ GÓMEZ: Gracias, señor presidente.
Quería empezar mi intervención contextualizando el argumento de esta iniciativa, porque se realiza en un contexto de transformación de todo el sector pesquero, ya que la pesca artesanal está cada vez más
amenazada y debe hacer frente a poderosos intereses de las grandes multinacionales, que están reconfigurando de manera drástica los regímenes de derecho y los modelos de producción existentes en el ámbito de la pesca. Este proceso está
llevando no solo a que los pescadores y las pescadoras de pequeña escala pierdan el control sobre estos recursos, sino también en muchos casos a la destrucción ecológica e incluso a la desaparición de estos recursos. No planteamos simplemente, por
tanto, un debate sobre condicionamientos técnicos para categorizar la pesca artesanal, sino que queremos abrir aquí un debate mucho más profundo, porque creemos que nos encontramos ante una encrucijada entre dos modelos de pesca.
Por un lado, está el modelo que está llevando a cabo el Partido Popular, el camino que está tomando el Gobierno en consonancia con las políticas de la Unión Europea, que consiste precisamente en el desmantelamiento de la pesca artesanal,
principalmente a través de políticas, leyes y prácticas que están redefiniendo y reasignando el acceso, el uso y el control de los recursos pesqueros para apartarlos de los pescadores y las pescadoras en pequeña escala y de sus comunidades, y a
menudo con escasa preocupación por las consecuencias negativas para el ambiente. El PP acompasa las políticas de la Unión Europea poniendo nuestros recursos al servicio de los grandes poderes económicos, que están asumiendo un paulatino control
tanto de los recursos pesqueros como de los beneficios de su uso y que imponen procesos y dinámicas que están afectando negativamente a las personas y comunidades cuya forma de vida, identidad cultural y medios de vida dependen de su participación
en pequeña escala y las actividades ligadas a estas. Sin embargo, no podemos resignarnos a que el Partido Popular siga aplicando estas medidas.
Por otro lado, hay una alternativa que pasa por comprender precisamente el gran potencial que supone la pesca artesanal. En primer lugar, porque la pesca artesanal es más sostenible, es una pesquería que se preocupa y que cuida el medio
ambiente, marino y terrestre. La pesca industrial tiene menos problemas en buscar nuevos caladeros, pero para la pesca artesanal el mar, el que tienen en la puerta de sus casas, es su medio de vida y, por tanto, establece una relación de
dependencia que convierte la conservación de los recursos en una cuestión vital para los pescadores y las pescadoras. Además, las artes pesqueras que utilizan son pasivas, por lo que su impacto en el medio marítimo es mínimo y, sin embargo, tiene
una elevada selectividad.
En segundo lugar, esta alternativa de apostar por la pesca artesanal tiene que ver también con que la pesca y las actividades relacionadas con esta sostienen las economías locales en comunidades costeras, lo cual genera efectos
multiplicadores en otros sectores. Es evidente que en el caso gallego esto tiene un papel fundamental en la fijación de la población en las villas costeras, sobre todo, en las comarcas alejadas de los principales centros industriales convirtiéndose
en su principal motor económico. Hay que recordar que en Galicia más del 80 % de la flota se dedica a la pesca artesanal. Es decir, es el territorio donde más pesca de este tipo se concentra en todo el Estado por lo que cumple un papel muy
importante.
En tercer lugar, otra de las razones para apostar por la pesca artesanal es que proporciona alimentos de calidad, que a su vez tienen una mayor rentabilidad, pues no hay que olvidar que la práctica totalidad de las capturas de la flota
artesanal dan para un consumo fresco, mientras que las flotas industriales destinan la mayoría a la transformación. Aquí hay unos datos que lo certifican. En 2015 en Galicia la pesca artesanal, que representa casi un 85 % de la flota, capturó un
10 % y, sin embargo, generó una facturación del 24 %, frente a una flota de mayor tamaño que capturó el 90 % de los kilos, pero solo generó una facturación del 76 %. La gran diferencia es que el precio medio del kilo capturado por la flota
artesanal es de 5,19 euros, mientras que las capturas de la flota de mayor tamaño son a 1,85 euros/kilo. Por tanto, es evidente que genera mayor rentabilidad.
Entre estos dos modelos que discutimos hoy aquí tenemos serios indicios para preocuparnos de cuál es la vía que ha escogido el Partido Popular. Voy a poner aquí unos ejemplos que evidencian cuál es esa vía que ha elegido. En primer lugar,
la Ley de Acuicultura, que con tanta impaciencia el Partido Popular intentó sacar adelante y que caminaba hacia la privación del uso del mar como recurso común, que pone en venta nuestros mares y destruye puestos de trabajo. Otro ejemplo, es la
dejación de funciones respecto al saneamiento de las rías, que afecta gravemente a la pesca artesanal; otro indicio más. Asimismo, están la falta de prestaciones, de servicios e infraestructuras y, sobre todo, la dejación de funciones respecto a
la necesaria interlocución con el sector de la pesca artesanal. Las consecuencias de su política son evidentes, ya que de 2002 a 2012 se redujo el empleo en el sector pasando de 41.600 a 11.746 puestos de trabajo.
Por otra parte, cabe recordar hoy aquí que en Galicia esa Ley de Acuicultura han tenido que guardarla en el cajón, a raíz de las grandes movilizaciones. Digo esto, porque hoy queremos trasladar esta iniciativa aquí para dar voz a lucha y
defensa de los pescadores y las pescadoras artesanales, de los pescadores gallegos a quienes afecta especialmente, pero también a los del resto del conjunto del Estado. Creemos que es importante traer aquí esta proposición no de ley porque es una
cuestión de derechos tanto al trabajo como a un entorno saludable vivo y a una alimentación de calidad. Por eso, trasladamos en nuestra propuesta la necesidad de que se adopte una definición de pesca artesanal, consensuada con el sector, pues
defendemos que deben recuperar un mayor control sobre los recursos. Asimismo, defendemos el concepto de cogestión y la necesidad de que en ese debate se tengan en cuenta también a los tripulantes y no solo a los propietarios de los barcos. Debe
aplicarse el artículo de la Resolución del Parlamento Europeo sobre política pesquera común, que considera que la pesca artesanal debe quedar excluida de los TAC. El sector no considera idónea esta fórmula, debido a que la Unión Europea equipara
este tipo de pesca con la industria, cuando sus especificidades son muy diferentes y el sector lleva años defendiendo que la pesca artesanal no esté sometida a un sistema de cuotas.
El señor PRESIDENTE: Doña Alexandra, por favor, le ruego que vaya concluyendo.
La señora FERNÁNDEZ GÓMEZ: También proponemos aquí, por un lado, plantear a la Unión Europea que a la pesca artesanal o de litoral se le apliquen las devoluciones cero, y por otro, adoptar políticas de protección, promoción e incentivación
de la pesca artesanal, mejorando los recursos, así como incentivar el consumo de pesca artesanal en centros, instituciones y organismos públicos, que favorezcan la minimización de la huella de carbono.
Acabo comentando que agradecemos las enmiendas que hemos recibido. Respecto a la enmienda de Compromís va orientada en el mismo sentido que los dos últimos puntos de nuestra iniciativa. En cuanto a la enmienda del Partit Demòcrata Europeu
Català, entendemos que añade algún concepto interesante al debate, como que estas flotas vuelvan en el mismo día, pero vemos favorable que no dependa del tamaño de la embarcación, sino de los impactos que generen los mecanismos de extracción. Sin
embargo, tenemos diferencias en cuanto a que quede excluido el tamaño del motor de la embarcación. En todo caso, nuestra propuesta va orientada a que se defina lo que propone el sector porque es un concepto más amplio, pero quizás podamos llegar a
acuerdo. Respecto a la enmienda del Grupo Parlamentario Popular, creemos que el primer punto es asumible, en cuanto a la elaboración de un estudio sobre el impacto socioeconómico. Sin embargo, no podemos vaciar el resto de la proposición no de ley
que traemos aquí, que es lo que propone el resto de la enmienda del Grupo Popular porque vacía nuestra proposición no de ley de todo contenido. En todo caso, estamos dispuestos a hablar y llegar a un acuerdo.
Gracias, y disculpe por el exceso de tiempo.
El señor PRESIDENTE: Señoras y señores diputados, les ruego que colaboren con esta Presidencia porque debido a las últimas intervenciones estamos duplicando el tiempo previsto. Esto va a impedir que acabemos, incluso antes de las tres.
Por favor, sujétense a los tiempos disponibles porque es muy violento que les llame la atención, pero lo voy a tener que hacer porque todo el mundo se está no solo pasando un poquito, sino que están duplicando el tiempo previsto para las
intervenciones. Se lo digo a usted, se lo digo a la última portavoz del Grupo Parlamentario Popular -que ahora no está aquí- y se lo digo a todos.
Señora diputada, hay dos enmiendas del Grupo Mixto. ¿Acepta las dos enmiendas?
La señora FERNÁNDEZ GÓMEZ: Lo que he dicho es que vamos a hablarlo, aunque en principio tenemos disponibilidad de poder llegar a una transacción. Necesitaremos un tiempo a lo largo de la Comisión para llegar a un acuerdo.
El señor PRESIDENTE: ¿Acepta un punto de la enmienda del Grupo Parlamentario Popular?
La señora FERNÁNDEZ GÓMEZ: Me refiero a las tres enmiendas en general, estamos dispuestos a hablar sobre una transaccional.
El señor PRESIDENTE: Si llegan a alguna enmienda transaccional, le ruego que lo haga llegar a la Mesa.
La señora FERNÁNDEZ GÓMEZ: Muy bien, gracias.
El señor PRESIDENTE: Para la defensa de las enmiendas, por un tiempo máximo de tres minutos, por favor, tiene la palabra, en primer lugar, don Antoni Postiu.
El señor POSTIUS TERRADO: Gracias, señor presidente.
Con relación a esta propuesta, que nos parece bien, hemos presentado una enmienda para que la definición que hace la Unión Europea de la pesca artesanal incorpore el concepto de si el barco vuelve o no el mismo día a puerto, en vez de
definirlo según el motor o la eslora. Tal y como ha dicho el sector en muchas ocasiones, la Unión Europea en su día no sabía cómo diferenciar la pesca artesanal de la industrial y lo hizo por eslora o por motor, y fue un error en toda regla. En
este sentido, siempre hemos defendido que las embarcaciones de pesca que regresan el mismo día, con independencia de su motor o su eslora, son las de pesca artesanal. Por este motivo presentamos esta enmienda, que esperamos que sea aceptada o
transaccionada con la ponente.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Mixto, tiene la palabra el señor Bataller.
El señor BATALLER I RUIZ: Gracias, presidente.
En Compromís coincidimos con la filosofía de esta proposición no de ley. Nosotros abogamos por un cambio hacia un modelo productivo, más sostenible medioambientalmente y apostamos por esas prácticas y tradiciones que están arraigadas en
nuestro territorio que son sostenibles y que cabe proteger, como es el caso de la pesca artesanal. Apoyar este sector significa, tal y como contempla en Reglamento de la política pesquera común, apoyar la diversificación y la creación de empleo en
las comunidades pesqueras. Este sector es de gran importancia socioeconómica, como ya se ha indicado, para los núcleos poblacionales relacionados con la costa que tienen un significativo número de familias dependientes de esta actividad. Este
sector, en contraste con la pesca intensiva industrial que está dejando el Mediterráneo y otros mares totalmente esquilmados, se está viendo seriamente perjudicado e invisibilizado, a pesar de constituir como lo es un sector de fijación de
población. Por ello, hemos de garantizar una defensa de estas actividades, y en esta línea va la enmienda que hemos presentado, porque entendemos que cabe favorecer la comercialización del producto obtenido en la pesca artesanal en canales cortos
de distribución, porque cabe también que se diversifique la economía de esos núcleos que viven de la pesca artesanal, también complementariamente hacia nuevas actividades económicas relacionadas con la economía azul. Esto es lo que se ha puesto,
por ejemplo, en marcha en Valencia con la declaración de La Albufera como bien de interés cultural y de las actividades que se realizaban en ella como la pesca artesanal y la navegación con vela latina. Si se realizase una simbiosis de pesca
artesanal, turismo y actividades docentes podría verse aumentado el valor añadido de este sector. Por eso, apoyaremos la proposición no de ley y nos congratulamos que el grupo proponente vaya a aceptar nuestra enmienda, como se ha indicado.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, don Enric Bataller.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra doña Loreto Cascales.
La señora CASCALES MARTÍNEZ: Gracias, presidente.
Buenos días, señorías. A mí me gustaría la defensa de la posición de mi grupo diciéndole a la señora ponente del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea que la pesca artesanal no se circunscribe solo a la
zona de Galicia. En España tenemos muchas zonas pesqueras que se dedican a este tipo de pesca. Me gustaría decir que yo vengo de la zona del Meditérraneo, concretamente de una ciudad pesquera llamada Santa Pola en la provincia de Alicante y que,
además, soy hija de pescador; hija de un pescador que ha dedicado gran parte de su vida a la pesca tradicional. Para mí es un honor poder hoy defender este tema por parte de mi grupo.
En la iniciativa presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea se aprecian claramente dos cuestiones muy significativas. La primera de ellas es que no siguieron el debate que se mantuvo en la
Unión Europea durante el proceso de la reforma de la política agrícola común, y la segunda, es que ya nos tienen más que acostumbrados a utilizar sus iniciativas en Comisiones para intentar desmerecer todo aquello que tenga que ver con la labor
realizada por el Gobierno, obviando los avances positivos que para el sector se han conseguido.
El Partido Popular ha sido el partido que más ha luchado y defendido la pesca artesanal. El Gobierno de España defendió y presentó en 2013 en la Unión Europea, cuando se estaba discutiendo sobre las ayudas pesqueras para el periodo
2014-2020, una definición del concepto de pesca artesanal, a través de la cual España exigía modificar esta definición, para incluir a los barcos con eslora inferior a quince metros y a los que estaban menos de veinticuatro horas en el mar. El
texto que se presentó en su momento y que el Gobierno defendió en Europa pretendía implicar un mayor número de zonas dependientes de la actividad pesquera artesanal. Por tanto, una vez más, intentan desmerecer la labor de este Gobierno, ocultando
parte de la realidad y también de la labor de defensa que de este sector ha realizado y sigue realizando este Gobierno.
No obstante, quiero clarificar que el objetivo del Gobierno es seguir defendiendo cuando las circunstancias sean las adecuadas esta reivindicación del sector, tal y como lo hemos venido haciendo hasta ahora. Entendemos que todas las
pesquerías deben tener en cuenta las recomendaciones científicas que caben en una explotación racional y sostenible de los recursos. Saben perfectamente que si hoy en día mantenemos una flota pesquera como la actual, se debe a las medidas que se
tomaron en su momento y que se han ido modificando conforme ha mejorado la situación económica. Además, es importante no obviar el hecho de que el Gobierno ha conseguido en el acuerdo sobre asignación de cuotas de pesca para 2017, para este año, un
incremento global de las posibilidades de pesca para la flota española de más de 41.000 toneladas respecto a 2016, con una repercusión estimada de 44 millones de euros adicionales en las cuentas del sector pesquero español, datos que confirman la
eficacia de la política del Gobierno de España.
Debe conocerse, además, que el Gobierno está trabajando intensamente en contacto con los representantes de las distintas flotas para buscar fórmulas específicas para cada una de ellas, en función de sus particularidades en cuanto a las
políticas de descarte o de devoluciones cero. Asimismo, se ha constituido...
El señor PRESIDENTE: Doña Loreto, le ruego que vaya concluyendo.
La señora CASCALES MARTÍNEZ: Voy terminando.
Se ha constituido, además, la Mesa estatal para la eliminación de descartes, un foro de debate en el que participa activamente el sector junto con las administraciones y los científicos, con el fin de estudiar aquellas alternativas que mejor
se adapten a cada segmento de flota. Para finalizar, me gustaría decir que siempre -siempre- van a encontrar al Grupo Parlamentario Popular para apoyar la promoción, el consumo de productos pesqueros procedentes de la pesca artesanal y del
marisqueo y afirmar rotundamente que el Gobierno de España seguirá defendiendo en Europa los intereses y las reivindicaciones del sector de forma firme, tal y como lo ha venido haciendo hasta el momento.
Durante el transcurso de la Comisión, intentaremos conseguir un texto transaccional y llegar a un acuerdo.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
Para fijar posición, ¿grupos que desean intervenir? (Pausa).
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra su portavoz, señora González Bayo.
La señora GONZÁLEZ BAYO: Gracias, presidente.
Señorías, la definición de la pesca costera artesanal ha sido objeto de discusión durante mucho tiempo en el seno de la Unión Europea. Finalmente, la política pesquera común reconoció la pesca costera artesanal para aquellos buques de doce
metros de eslora que no utilizaran las artes pesqueras de arrastre y así lo recoge, a efectos de ayuda, el Reglamento 508/2012. Para el Grupo Parlamentario Socialista la definición actual es un grave error, ya que mi grupo entiende que la pesca
artesanal solo lo realizan los barcos pequeños, pero esto no es así. Yo puedo poner algún ejemplo de mi tierra. Por ejemplo, un barco de Isla Cristina tiene el mismo tratamiento aunque tenga veinticuatro metros de eslora y vaya a un caladero de
gambas y cigalas, que otro barco de ese mismo puerto de nueve metros de eslora, que sea más pequeño y tenga que ir y volver del caladero diariamente para vender sus productos frescos en su lonja. Por tanto, nosotros entendemos que la pesca
artesanal es aquella que se realiza en la marea de un día, con pescado fresco, sin congelar y sin manipular y que prácticamente se trabaja en los caladeros nacionales con tripulantes de la zona, lo cual ayuda a fijar la población en nuestros pueblos
pesqueros. Por eso, señorías, España y el Gobierno de la nación deben seguir trabajando y reivindicando la
singularidad y la particularidad que tiene la pesca artesanal en los caladeros del Atlántico de nuestro país ante la Unión Europea, una reivindicación que, como bien han dicho mis predecesores, viene haciendo el sector pesquero y que el
Grupo Socialista siempre ha apoyado, si bien el concepto sobre pesca costera artesanal actual no contempla los parámetros que pudieran garantizar que todos los barcos que hoy en día realizan pesca artesanal se vean acogidos por las ayudas que pone
en marcha el Fondo europeo marítimo y de la pesca, de modo que es un valor añadido que pierden muchos de los artesanales que tenemos en las costas de nuestro territorio. Por eso, desde el Grupo Parlamentario Socialista entendemos que lograr una
definición adecuada a la realidad de nuestras costas ayudaría a generar mucho más empleo en las costas del Atlántico de nuestro país.
Desde el Partido Socialista queremos apoyar esta moción, aunque queremos saber cómo van a terminar las enmiendas, porque queremos que la Unión Europea entienda la singularidad y la particularidad de nuestras costas atlánticas.
Y en cuanto a los TAC -voy terminando-, se ha hecho un importante esfuerzo por parte del sector en cuanto a la gestión del medio y la gestión de la pesquería. Por ello, pediría que las cuotas admisibles de captura siempre fueran en función
de la investigación llevada a cabo por los científicos, teniendo en cuenta el mundo social, medioambiental y de la pesquería. Por ello, exigimos que al final de cada año se pongan sobre la mesa del sector pesquero todos los datos científicos
disponibles, a raíz de los cuales se distribuyan las capturas que se pueden hacer en cada caladero.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora González Bayo.
Tiene la palabra el portavoz del Grupo Ciudadanos, don Luis Salvador.
El señor SALVADOR GARCÍA: Muchas gracias, señor presidente.
En primer lugar, nuestro grupo comparte la filosofía de esta PNL, en defensa de la pesca artesanal. Todos los beneficios que han sido descritos por la proponente son ciertos en cuanto a lo que supone la pesca artesanal y la importancia que
tiene mantenerla. Estamos de acuerdo en que es verdad que nos encontramos ante una disputa frente a dos modelos, como también que la Unión Europea es la que termina determinando y que, al final, el Gobierno de España negocia, intenta obtener las
mayores ventajas, como se ha explicado ya, incluso con ese aumento de cuota anunciado; pero es la Unión Europea la que termina determinando cuál es el sistema que finalmente estamos obligados a aplicar.
Compartimos los criterios de esta PNL y, por tanto, si se hubiera llevado a votación tal y como se presentó, hubiéramos votado a favor de los puntos primero, cuarto y quinto, pero nos hubiéramos abstenido en cuanto al segundo y el tercero,
ya que, a efectos de gestión, la pesca artesanal no tiene cuotas ni está sujeta a descartes. Por tanto, no entendemos los planteamientos expresados en los puntos segundo y tercero, en relación a que deba quedar excluida de los TAC y se apliquen
devoluciones cero, y entendemos que carecería del sentido necesario su aprobación. Por otra parte, los descartes deben reducirse o eliminarse como en cualquier otro tipo de pesca y no entendemos que no se limite el tamaño de eslora de estas
embarcaciones; no es lógico y se contradice con el preámbulo de la propia PNL y la solicitud final. Entendemos que no se puede excluir la pesca accidental, porque sería como abrir una puerta a cualquier actividad rutinaria de capturas accidentales
en especies, y entendemos que se debe mejorar la definición de la pesca artesanal, de forma razonable, aunque conlleve una limitación propia de este tipo de pesca.
Por eso, puesto que se va a tratar de estudiar una enmienda transaccional, el Grupo Parlamentario Ciudadanos estará atento al resultado, entendiendo que el global de la PNL lo íbamos a aprobar por puntos, pues solo estamos en desacuerdo con
esos dos aspectos que he mencionado. Por tanto, finalmente, decidiremos sobre la transaccional que se pueda presentar.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, don Luis Salvador.
- SOBRE LA IMPORTACIÓN DE LA CHUFA. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO. (Número de expediente 161/000607).
El señor PRESIDENTE: Vamos a pasar al siguiente punto del orden del día, proposición sobre la importación de la chufa. Esta iniciativa ha sido presentada por el Grupo Parlamentario Mixto y para su defensa tiene la palabra el señor Baldoví.
El señor BALDOVÍ RODA: Moltes gràcies, senyor president.
En primer lugar, un saludo a los integrantes del Consejo de Denominación de Origen Chufa de Valencia, que se han desplazado para estar presentes en el Congreso ante el debate de esta PNL.
Puede parecer un producto pequeño, pero la chufa es un producto emblemático de l'Horta Nord de Valencia. La chufa se cultiva en diecinueve términos municipales, principalmente en la comarca valenciana de l'Horta Nord, y es así porque se dan
las condiciones climáticas y edafológicas que la convierten en la única zona de producción de este tubérculo en toda la Unión Europea. Pero esta no es la única zona del mundo donde se cultiva, y competimos con chufa procedente de Nigeria, Níger,
Mali, Costa de Marfil y China, con una calidad muy inferior a la nuestra, la valenciana, dado que su cultivo y, sobre todo, su secado es diferente al de la chufa de Valencia.
El hecho de estar amparada nuestra chufa por una denominación de origen ha permitido diferenciarla de la foránea, evitar fraudes y competencias desleales, así como tener que consolidar un mercado que demanda la chufa de Valencia para la
elaboración de horchata, hecho que, unido a la estabilidad de precios, cosa importantísima cuando hablamos del campo, ha contribuido de manera decisiva a que se pueda mantener su cultivo, a que en la agricultura de la comarca se configure el cultivo
de la chufa como una de las poquísimas alternativas viables en esta zona.
La chufa importada de países terceros tiene como destino principal la industria horchatera y en menor media otros usos, como alimentación animal o aceites. Con respecto al volumen importado, no se tienen datos estadísticos específicos, dado
que está incluida en una partida arancelaria residual, donde se incluyen raíces de mandioca, aguaturmas, moniatos o tubérculos similares. Cabe señalar que en su día la chufa importada fue declarada en alerta, después de detectarse en algunos envíos
un nivel de aflatoxinas que superaba largamente los límites establecidos por la legislación. También se ha detectado que chufa de origen foráneo se ha utilizado como material vegetal, plantándose en nuestra zona de producción sin tener los
correspondientes controles fitosanitarios requeridos para su uso como material vegetal, hecho que fue puesto en conocimiento de los servicios de sanidad vegetal de la Conselleria de Agricultura, que emprendió acciones en su día.
En los últimos años y, básicamente, como consecuencia de la importación sin control de grandes cantidades de chufa, han aparecido en la zona de producción nuevas enfermedades, que no se conocían y han afectado a nuestro cultivo, como la
ocasionada por un hongo que no estaba catalogado y que provoca un secado en la parte aérea de la planta y, por lo tanto, un descenso importante de la producción, así como una nueva afección que se manifiesta en el tubérculo con un manchado negro, lo
que, evidentemente, provoca su depreciación y cuantiosas pérdidas por destrío. Pensamos que estas nuevas y desconocidas enfermedades son consecuencia del mencionado uso de chufa foránea, evidentemente sin pasar los controles que establece la ley y
que se utiliza como material vegetal.
La legislación señala que el producto importado tiene que salir completamente limpio de origen, con ausencia de tierra y de restos, lo que, desgraciadamente, no sucede con la chufa que se importa, puesto que su limpieza se produce en
destino, con un aventado y lavado en instalaciones donde también se procesa chufa valenciana. En este segundo caso, hay un problema añadido, que son los vertidos de chufas a las acequias, lo que ocasiona que se acaben introduciendo en los campos
que se destinan a cultivar chufa de Valencia con denominación de origen, con un importante riesgo de contaminación.
Por tanto, esta PNL demanda el estricto cumplimiento de la normativa fitosanitaria aplicable para evitar la introducción y, fundamentalmente, la propagación de organismos nocivos para nuestra chufa, y, en particular, de la Directiva 2000/29,
en su Anexo V, B7 y en su Anexo IV, parte A, capítulo 1, punto 34, referente a la introducción de tierra asociada a vegetales procedentes de terceros países. Creo que es una PNL de sentido común y que haría mucho bien para un cultivo que es
emblemático en la agricultura valenciana y, principalmente, para los agricultores de una comarca tan significativa como l´Horta Nord de Valencia.
Moltes gràcies, senyor president.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Baldoví.
A esta iniciativa se han presentado varias enmiendas.
En primer lugar, para la defensa de la presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, tiene la palabra por tiempo de tres minutos su portavoz, doña Rosana Pastor.
La señora PASTOR MUÑOZ: Moltes gràcies, senyor president.
En primer lugar, un saludo a las personas que hoy representan aquí al Consejo Regulador de la Denominación de Origen Chufa Valencia y agradecer a los compañeros de Compromís esta proposición no de ley.
La chufa es uno de los cultivos tradicionales de la comarca de l´Horta Nord, de la Comunitat Valenciana, de la que provengo. Su cultivo viene desarrollándose desde el siglo XVI en estas condiciones, únicas -como ya se ha explicado-
climatológica y agronómicamente hablando, muy especiales en esta zona mediterránea. La importación masiva de este producto al margen de la normativa fitosanitaria vigente está poniendo en riesgo la pervivencia de la chufa como producto local, como
cultivo tradicional que forma parte de un modo de vida y sustenta el patrimonio histórico y cultural de la comarca de l´Horta, cuyo espacio se debería proteger por múltiples razones: como dinamizador de la economía local, fuente de trabajo para
jóvenes agricultores y patrimonio cultural histórico y gastronómico de la comarca.
A falta de controles de todo tipo en la importación, arancelarios y de volúmenes, se ha favorecido la entrada de una nueva enfermedad, que está provocando una merma de hasta el 50 % de la producción, lo que significa un 50 % de renta para
los agricultores. Los propios productores expresan cómo, con objeto de sortear barreras y controles internacionales, se está recurriendo a la entrada de producto extracomunitario a través de puertos, como, por ejemplo, el de Marsella.
Por todo ello, dada la subpartida arancelaria en la que se encuentra la chufa, que es un código residual que cubre indistintamente varios productos -como ya se ha destacado-, sin que exista un código específico para el caso de la chufa,
consideramos que la Comisión no está en condiciones de determinar qué parte exacta de los intercambios comerciales afecta a esta mercancía. Por eso, nuestra primera enmienda insta al Gobierno de España a establecer un sistema de control específico
sobre los volúmenes de importación de la chufa, así como sobre los lugares de su procedencia, a los efectos del mayor seguimiento, tanto del mercado, como por su impacto en la producción y de los controles fitosanitarios.
Por otro lado, el régimen arancelario con los países de África, Caribe y Pacífico establece unas preferencias generalizadas que se extienden al cultivo de la chufa a pesar de ser una producción concentrada prácticamente en una zona comarcal
única en la Unión Europea, por lo que existen razones socioeconómicas que permiten establecer excepciones a este régimen. En función de ello, proponemos una segunda enmienda, que insta al Gobierno a que estudie y, en su caso, plantee una excepción
particular al sistema de preferencias generalizadas que rige el acuerdo con los países África, Caribe, Pacífico, con el establecimiento de un arancel específico para las importaciones de chufa, en atención a criterios sociales y económicos de la
producción.
Y nuestra tercera enmienda está basada en el Reglamento de régimen de ayudas del pago básico, que establece la posibilidad de definir pagos únicos vinculados, opcionales para el Estado, a fin de solucionar efectos perjudiciales derivados de
la convergencia interna o territorial, existiendo la posibilidad de establecer un pago vinculado a determinadas producciones específicas por razones socioeconómicas. En este caso, siendo que el cultivo de la chufa es de los tradicionales que pueden
realizar los agricultores de la comarca de l´Horta Nord bajo esta denominación de origen, su apoyo tiene repercusiones que afectan al ámbito social y económico y permiten conservar el paisaje y el sistema agrario tradicional de la zona. Por ello,
nuestra tercera enmienda insta al Gobierno a que estudie la definición y la aplicación de un pago vinculado a la producción de chufa que permita la protección de un sistema de producción tradicional ligado a una determinada región de Europa.
Es imprescindible que el Gobierno de España eleve a instancias europeas la necesidad de controles en la importación, a fin de garantizar que no se pone en riesgo la continuidad de este cultivo autóctono y tradicional de la Comunitat
Valenciana, y consideramos también que sería necesario que el Gobierno apoyara y se implicara en las campañas de sensibilización y concienciación sobre las características nutricionales de la chufa y sus diversos productos a través de las campañas
que, junto a la difusión del distintivo de calidad a través del consejo regulador, se están llevando a cabo.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, doña Rosana Pastor.
A esta iniciativa también ha presentado una enmienda el Grupo Parlamentario Socialista, y para su defensa tiene la palabra doña Ana Botella.
La señora BOTELLA GÓMEZ: Gracias, señor presidente.
Señorías, como ha dicho muy bien el portavoz del grupo proponente, el señor Baldoví, el cultivo de la chufa y la producción de horchata responden a una singularidad en Europa, que se concentra en la Comunidad Valenciana. Es un producto que,
por su singularidad y su carácter emblemático, desde luego, nos llena de orgullo a los valencianos y a todos los españoles.
Existe un Consejo Regulador de la Denominación de Origen Chufa Valencia, que vela por la calidad de la chufa en todas sus fases y da una garantía a los consumidores en cuanto a la calidad del producto final, que es la horchata. Como se ha
dicho, se está planteando una gran problemática en torno a la importación, y es por todas las variables que ya se han comentado que el Grupo Socialista ha presentado dos enmiendas, para reforzar precisamente algunos de los objetivos que se plantean
o están implícitos en la proposición no de ley.
En primer lugar, impulsamos al Gobierno de España a que delimite una clasificación arancelaria específica para la chufa que permita seguir el comercio exterior de este producto, importación y exportación, y también nos permita tener datos
estadísticos de la evolución de su comercio.
En segundo lugar, instamos al Gobierno a establecer los requerimientos y los controles fitosanitarios que correspondan en el caso de la importación de chufa para uso como material vegetal destinado a la plantación, es decir, como semillas,
exigiendo a las empresas importadoras el cumplimiento de la legislación estatal vigente de semillas y plantas de vivero, una reclamación que viene siendo ya reivindicada por el Gobierno de la Generalitat Valenciana y por el Consejo Regulador
Denominación de Origen Chufa Valencia, que responde a la problemática ya comentada.
En resumen, estas son nuestras dos enmiendas, para reforzar los objetivos planteados en esta proposición, a la cual nos sumamos.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, doña Ana Botella.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra su portavoz, don Vicente Pérez.
El señor PÉREZ ARAS: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, los incrementos de los intercambios internacionales de los productos alimenticios comportan nuevas amenazas a un sector como el agrario, especialmente vulnerable a las enfermedades y las plagas, elementos externos perjudiciales
para su normal desarrollo. De ahí la importancia de seguir exigiendo a la Unión Europea la necesaria protección de la salud pública, humana y animal, con un control exhaustivo de las mercancías importadas de terceros países. En el caso que nos
ocupa, sobre la importación de chufa, no podemos obviar el perjuicio que supone la autorización de chufa foránea para su uso como material vegetal, utilizando un mecanismo burocrático para salvar controles y abaratar costes pero destinando después
su uso a consumo humano. De ahí la justa reivindicación que desde la Denominación de Origen Chufa de Valencia se está llevando a cabo, en el sentido de exigir el certificado para uso humano a la chufa foránea y garantizar así la calidad y el uso
adecuado del producto. Por eso, tanto la administración autonómica como la estatal deben proteger un cultivo tradicional, con una reconocida y extraordinaria calidad, amparada por su consejo regulador.
El último informe emitido a través del ministerio constata el estricto y efectivo cumplimiento de la normativa fitosanitaria aplicable, pero no podemos bajar la guardia. Debemos continuar presionando a las autoridades comunitarias, en
defensa del eslabón más débil de la cadena alimentaria, más aún cuando desde las organizaciones agrarias se está denunciando la utilización por los importadores del puerto de Róterdam y otros puertos europeos para introducir no solo chufa foránea,
conocedores de las estrictas medidas de nuestros puertos. Pero también hay que reconocer que gracias a la presión y vigilancia constante de nuestro país se han conseguido las mejoras sanitarias vigentes en la actualidad. Y aunque es verdad que la
chufa no es un producto cuya inspección tenga que ser obligatoria por no estar regulada en la normativa de inspección fitosanitaria, hay que decir que en España se controla el 100 % de los envíos de chufa procedentes de terceros países. De hecho,
España realiza el 74 % de las intercepciones sobre chufas notificadas a Eurofit, todas por presencia de organismos nocivos, incluso por tierra. La práctica totalidad de estas importaciones se han producido por los puertos de Valencia y Castellón,
siendo los países de procedencia mayoritariamente africanos. Con respecto al contenido de tierra, se aplica una tolerancia máxima del 1 % en cuanto al peso de la muestra, lo que ha comportado el rechazo de varios envíos en su momento, dado que la
propia Generalitat Valenciana detectó que las industrias vertían a la red el agua de los lavados. Desde entonces no se observa tierra en los envíos de chufa por los puertos
españoles. Aun así, los productores constatan que entra por otros puertos, que incluso inducen a lavar la propia chufa fuera de temporada.
Señorías, estamos hablando de un producto único, milenario, como bien recogen las referencias de los antiguos; una planta que desde el Creciente Fértil, la cuenca del Nilo, llegó hasta nuestras tierras con las invasiones árabes. Por ello,
hemos presentado una enmienda a la redacción inicial de la PNL, no solo para mejorar su texto, sino con el espíritu de fortalecer, impulsar y defender una joya de la huerta valenciana. En ese sentido, apoyaremos la iniciativa presentada por
Compromís.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, don Vicente Pérez.
Señor Baldoví, a los efectos de saber si acepta las enmiendas que han presentado los diversos grupos a su iniciativa, le ruego que nos lo aclare.
El señor BALDOVÍ RODA: Acepto las del Grupo Socialista y Unidos Podemos, que serán enmiendas de adición. Y voy a tratar de consensuar con el Grupo Parlamentario Popular para que esta enmienda se apruebe por unanimidad.
El señor PRESIDENTE: Le ruego que, si llegan a algún acuerdo, haga llegar a la Mesa la enmienda transaccional. Muchas gracias.
¿Grupos que deseen fijar posición sobre este asunto? (Pausa).
Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra el señor Cantó.
El señor CANTÓ GARCÍA DEL MORAL: Gracias, señor presidente.
Apoyaremos esta propuesta que nos trae hoy el señor Joan Baldoví, de Compromís, porque nos parece necesaria. También queremos saludar a todos los agricultores que siguen hoy esta Comisión.
Nos parece que, al fin y al cabo, lo que estamos pidiendo -me parece importante remarcarlo, después de escuchar al portavoz del Grupo Popular- es que se cumpla la ley y se cumplan los controles. Escuchando al portavoz del Grupo Popular
parece que no debe haber razón alguna para que suceda lo que ha sucedido. Creo que si se hubiera hecho bien el trabajo, si la administración hiciera lo que debe, no estaríamos hablando de este problema. Pero no es la primera vez que sucede algo
así. Recorriendo la Comunidad Valenciana y viendo cómo están las palmeras, las canadiensis, a uno se le caen las lágrimas al suelo, porque todas están descabezadas por el mismo problema, porque se importaron y entró en la península ibérica el
picudo -también en Baleares y Canarias-, y estamos desayunándonos últimamente con noticias muy preocupantes sobre una nueva bacteria que entra por Baleares y que obligó en Italia a acabar con un millón de olivos. Imagínense lo que eso podría
significar si nos afectara en la misma media en España.
Al final, de lo que estamos hablando es de controles, de algo que tiene que ver con el medio ambiente, pero también de algo que tiene que ver con la creación de riqueza y con la creación de empleo. Estamos hablando de la chufa, de algo muy
importante para todos los que somos de Valencia pero también cada vez más importante para muchísima gente, porque cada vez más gente es consciente no solo de su valor gastronómico y su sabor, sino también de las importantes consecuencias que tiene
para nuestra salud, de lo bueno que es este elemento.
La práctica totalidad del cultivo de la chufa en España está situada en la provincia de Valencia, son unas 600 hectáreas en l`Horta Nord, y la chufa y la horchata están incluidas en el régimen de denominaciones de origen, genéricas y
específicas. El cultivo de la chufa está protegido y regulado por esa denominación de origen en diversos municipios y además se está expandiendo a otras provincias españolas, por esa creciente popularidad de la que antes hablaba. Numerosos países
cada vez quieren que les mandemos más material. Habría que hablar también algún día, y en eso seguro que los grupos proponente y enmendantes están de acuerdo, sobre la negativa consecuencia de la presión urbanística en toda esta zona, esta única
zona de Europa donde se puede cultivar la chufa, que acabó con la huerta de Valencia. Y también hay que recordar esa tesis de la Universidad Miguel Hernández, de Elche, que ha puesto en valor la potencialidad de la chufa, en particular, y de los
subproductos de la elaboración de la horchata para la industria alimentaria y la salud del consumidor.
Por lo tanto, estamos de acuerdo con lo que nos trae hoy aquí el señor Baldoví. Y una llamada de atención a las administraciones, por favor: cumplan con su deber, hagan bien su trabajo, establezcan los
controles fitosanitarios necesarios, por una cuestión medioambiental, pero también por otra cuestión muy importante, porque están en juego muchos y muy importantes puestos de trabajo.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Cantó.
- RELATIVA A IMPULSAR LA INNOVACIÓN Y LA TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO EN LOS SECTORES AGROALIMENTARIO Y FORESTAL. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente 161/000690).
El señor PRESIDENTE: Pasamos al siguiente punto del orden del día, que se refiere a una iniciativa para impulsar la innovación y la transferencia de conocimiento en los sectores agroalimentario y forestal, presentada por el Grupo
Parlamentario Popular y para cuya defensa tiene la palabra su portavoz, doña Ascensión Carreño.
La señora CARREÑO FERNÁNDEZ: Gracias, señor presidente.
El Grupo Popular presenta esta iniciativa para que se continúe impulsando el programa nacional de innovación e investigación agroalimentaria y forestal. Queremos que se mejore la adaptación de productos y procesos a las exigencias del
mercado global y que se aceleren los procesos de innovación en las cadenas agroalimentarias y forestales; en definitiva, que se identifiquen las necesidades del sector en este ámbito.
Somos conscientes de que el sector agroalimentario tiene una enorme relevancia social y económica y ha convertido a España en una potencia alimentaria en el mundo, con los más altos estándares. Por otra parte, el sector forestal ha
resurgido con gran importancia en el desarrollo rural de muchas comarcas españolas, así como su papel en el impulso del turismo o la biodiversidad. Creemos en la necesidad de desarrollo de nuevos productos y procesos relacionados con la industria
forestal y además se ha propiciado la creación de una importante actividad, que debe seguir impulsándose. Mi grupo considera que la innovación, en su sentido más amplio: tecnológica, organizativa y comercial, debe ser un instrumento esencial para
afrontar los retos económicos, medioambientales y sociales del sector agrario, alimentario y forestal. De hecho, la Comisión Europea en el documento de posición para España destacó que uno de los retos fundamentales en nuestro sector es mejorar el
nivel de innovación, promover la participación del sector privado y fortalecer el sistema I+D+i.
La innovación, señorías, está siendo una prioridad transversal para la política de desarrollo rural en el periodo de programación 2014-2020 y uno de los objetivos fundamentales en el horizonte 2020. La conferencia sobre desarrollo rural
celebrada en septiembre de 2016 ha reforzado aún más el papel crucial de la innovación en la política de desarrollo rural en el futuro y en la necesidad de establecer sinergias y objetivos comunes en las políticas agrarias y en las políticas de
I+D+i. Mi grupo está convencido de que a través de la innovación se deben abordar desafíos relacionados tanto con la sostenibilidad económica como con la medioambiental. Además, el Grupo Popular pide a través de esta iniciativa poner en marcha el
observatorio de la innovación, para realizar un seguimiento de la aplicación de la innovación en el sector e impulsar un programa de promoción y extensión agraria 2.0, que mejore el acceso de nuestros agricultores y ganaderos a la innovación, sobre
todo, haciendo uso de las nuevas tecnologías.
El Gobierno -hay que recordarlo- ha aprobado a lo largo de estos años distintas actuaciones en este ámbito, como el programa nacional de innovación e investigación agroalimentaria y forestal, el portal IRIA, sobre investigación e innovación
agroalimentaria, sobre todo para dar difusión de toda la información relacionada con la I+D+i en los sectores agroalimentario y forestal. Se está abriendo una línea de apoyo a la innovación en los ámbitos agrario, agroalimentario y forestal en el
programa nacional de desarrollo rural a través de la medida de cooperación destinando más de 47 millones de euros. Entre lo programado en el programa nacional y lo programado en los PDR de las comunidades autónomas, también se destina en España en
todo el periodo 2014-2020 alrededor de 115 millones de euros de gasto público total a la innovación agroalimentaria en materia de AEI y en los PDR y se ha previsto también la creación de más de 800 grupos operativos que desarrollen proyectos
innovadores en todo el territorio nacional.
Por otro lado, España está siendo pionera también en la puesta en marcha de grupos focales nacionales para la innovación, que son foros de encuentro, de análisis y de fomento de la innovación en este sector agroalimentario y sobre todo en el
sector del conocimiento, en temáticas muy determinadas
de interés para nuestro país. También hay que destacar la importante labor en materia de formación en el ámbito de la agricultura entre los años 2012 a 2016, que ya se ha destinado más de 13 millones de euros. Sabemos de los nuevos
compromisos de la legislatura que ha manifestado la ministra en su comparecencia en el Congreso en diciembre de 2016 y quiero recordar alguno de ellos. El compromiso de impulsar el fomento e innovación en la industria alimentaria y para lograrlo
crear un grupo de trabajo interministerial para el fomento de la competitividad de la industria alimentaria o la puesta en marcha del panel de la innovación alimentaria previsto en el código de buenas prácticas en la contratación alimentaria. Otro
de los compromisos de la ministra ha sido continuar trabajando para impulsar la formación de los profesionales en el medio rural.
En definitiva, creo que todos esos objetivos que se ha marcado el ministerio conjuntamente con la propuesta del Grupo Popular, que pide el apoyo de todos los grupos aquí presentes para que esta iniciativa sirva para continuar desarrollando
el programa nacional de innovación e investigación agroalimentaria y forestal con el fin de mejorar la adaptación de productos y procesos a las exigencias del mercado global y otra de las propuestas que pide mi grupo parlamentario es poner en marcha
el Observatorio de la innovación para realizar un seguimiento de la aplicación de la innovación en el sector y, sobre todo, impulsar un programa de promoción y de extensión agraria 2.0, que mejore ese acceso de nuestros agricultores y ganaderos a la
innovación haciendo uso de las nuevas tecnologías. Muchísimas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Gracias, doña Ascensión Carreño.
A esta iniciativa se ha presentado una enmienda por parte del Grupo de Podemos-En Comú Podem-En Marea, que va a defender don Juan Antonio López de Uralde.
El señor LÓPEZ DE URALDE GARMENDIA: Gracias, señor presidente.
Señorías, el sistema agroalimentario es al mismo tiempo víctima y responsable del cambio climático. Es víctima puesto que se ve directamente afectado en su producción por los cambios en el clima, en algunas ocasiones de manera dramática y
lo va a ser muchísimo más en el futuro teniendo en consideración los graves cambios climáticos que se están produciendo. Por otro lado, el sector agroalimentario es en su conjunto, hoy por hoy, el causante del 30 % de las emisiones de gases de
efecto invernadero. El proceso industrial desde que se producen los alimentos hasta que terminan servidos en nuestra mesa provoca cerca de la mitad de las emisiones de gas con efecto invernadero generado por los humanos. Los fertilizantes
químicos, la maquinaria pesada y otras tecnologías agrícolas dependientes del petróleo, contribuyen significativamente. El impacto de la industria alimentaria, como un todo es mucho mayor, se destruyen bosques y sabanas para producir forrajes
animales y se generan deshechos que dañan el clima por el exceso de empaquetado, procesado, refrigeración y transporte de alimentos a grandes distancias. A pesar de que millones de personas continúan con hambre. El hambre se debe a la mala
distribución no a la falta de producción de alimentos. Un nuevo sistema alimentario podría ser un promotor clave de soluciones al cambio climático y a la protección de la biodiversidad, puesto que también este sistema genera la pérdida de cientos
de especies animales y vegetales cada año. La gente por todo el mundo toma parte en luchas por defender o crear nuevas formas de cultivar o compartir alimentos que sean mucho más sanos para sus comunidades y para el Planeta. Si se toman medidas
para reestructurar la agricultura y el sistema alimentario mundial en torno a la soberanía alimentaria, a la agricultura a pequeña escala, a la agroecología y los mercados locales, podríamos cortar la mitad de las emisiones de gases de efecto
invernadero en unas cuantas décadas. La mayoría de los estudios sitúan la contribución de las emisiones agrícolas, las emisiones producidas en los campos de cultivo, en algún punto entre el 11 y el 15 % de las emisiones globales. La mayor parte de
estas emisiones son generadas por las prácticas de cultivo industrial que se basan en fertilizantes químicos con nitrógeno, maquinaria pesada que funciona con gasolina y en operaciones industriales de crianza animal altamente concentradas que
bombean a la atmósfera los desechos de metano. El Plan nacional de innovación agroalimentaria y forestal reconoce que el sector agroalimentario se enfrenta a un reto crucial para la sociedad. Es preciso satisfacer la demanda de alimentos a escala
mundial en un Planeta cada vez más poblado y sometido a los efectos de cambio climático. Sigue diciendo que es preciso por ello mejorar el sistema compaginándolo con la competitividad, la eficiencia, uso y protección de los recursos naturales, así
como mitigar el cambio climático y adaptarse a sus efectos. Por tanto, si bien el Plan nacional detecta entre las prioridades la innovación tecnológica adaptada a un contexto de cambio climático, la aplicación práctica del plan y el desarrollo e
implementación de los proyectos que se impulsan a través de la asociación europea para la
innovación de la agricultura productiva, sigue anclada, por una parte, en la mejora de la productividad y en incremento de la producción, tratando de vencer los límites que impone la irreversible realidad del cambio climático y en cómo ganar
competitividad, aumentando así la irracionalidad del sistema alimentario. En definitiva, nuestras enmiendas tratan de orientar la innovación en el sector agroalimentario hacia un mayor compromiso con el cambio climático y la defensa de la
biodiversidad. Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, don Juan Antonio López de Uralde.
Doña Ascensión Carreño, por favor, a los efectos de si acepta la enmienda presentada por don Juan Antonio López de Uralde a su iniciativa.
La señora CARREÑO FERNÁNDEZ: Creo que nuestra propuesta es más enriquecedora y es la posición del Grupo Popular.
El señor PRESIDENTE: Se ha presentado una enmienda a esta iniciativa, lo que pasa es que ha habido un error de transcripción que quiero advertirles a sus señorías, porque esta enmienda figuraba en el punto 7 del orden del día y es en el
punto 6. Tiene la palabra para su defensa don Antoni Postius.
El señor POSTIUS TERRADO: Gracias, señor presidente.
En relación con la propuesta del Grupo Popular hemos presentado diversas enmiendas de modificación y en este sentido quiero hacer varias consideraciones. En primer lugar, me gustaría recordar que el Gobierno del Estado no tiene competencias
en materia de extensión agraria, puesto que estas corresponden a las comunidades autónomas. En todo caso, lo que debería hacer la Administración Central en este tema es financiar las actividades de extensión agraria que se desarrollan desde las
comunidades autónomas. Por otro lado, también aprovechamos esta propuesta para reclamar, dentro del programa nacional de innovación e investigación agroalimentaria y forestal el presupuesto que, a través del INIA, hasta el año 2015 se destinaba a
programa de investigación competitiva. Unos presupuestos que reforzaban los institutos de investigación agraria de las comunidades autónomas. Por ejemplo el IRTA de la Generalitat de Cataluña, que son los más cercanos al agricultor y que ayudan a
mejorar la competitividad de las explotaciones. Finalmente, en referencia a la creación de un observatorio de innovación. Creemos que ya hay muchos y, por tanto, más que poner en marcha un nuevo observatorio, sería más interesante estudiar si vale
la pena hacerlo. En todo caso, anunciamos que si no se aceptan nuestras enmiendas, votaremos en contra de esta propuesta. Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Doña Ascensión Carreño, a los efectos de si acepta la enmienda o no.
La señora CARREÑO FERNÁNDEZ: Señor presidente, mantenemos la misma posición que antes. Continuamos con la propuesta del Grupo Popular.
El señor PRESIDENTE: Grupos que desean fijar posición. Por Ciudadanos, don Miguel Garaulet.
El señor GARAULET RODRÍGUEZ: Muchas gracias, señor presidente.
Estoy con los compañeros que han hablado anteriormente que el crecimiento económico está directamente relacionado con la I+D+i, sobre todo en un mundo globalizado y altamente competitivo. Por tanto, creemos que el sector rural y
agroalimentario debe estar adecuado y al día de todas las innovaciones posibles para poder ser más competitivos y poder seguir desarrollando su labor. Además creemos que en el mundo rural no pueden acceder de igual forma a las innovaciones debido a
las limitaciones que tiene el sector, tanto en las telecomunicaciones como en servicio, que impiden poder acceder de una forma adecuada a todo lo que es la información, a la posibilidad de poder tener un conocimiento y poder desarrollar talento.
Además, he de decir que estoy de acuerdo con la diputada Carreño que el sector forestal en su indiscutible labor medioambiental tiene un gran potencial de generación de empleo y de valor añadido en las zonas rurales que, como bien dice y se ha
hablado anteriormente, está provocando gran despoblación y hay que potenciar y desarrollar. Hemos hablado de este tema en anteriores iniciativas. Es preciso mejorar la competitividad, la eficiencia y el uso de la protección de los recursos
naturales, así como mitigar el cambio climático, adaptando sus efectos, como ha dicho el compañero de Podemos. Desde el punto de vista social y estructural, la participación de los agricultores, ganaderos, silvicultores, cooperativas, industrias,
pequeñas y medianas empresas en el proceso de generación y reparto de valor añadido, así como mejorar las prestaciones de las cadenas agroindustrial y forestal, tanto para sus
participantes como para los ciudadanos. Vamos a votar a favor, pero me gustaría incorporar para futuras negociaciones que es importante crear unas auténticas unidades de comunicación y divulgación mediante el uso de redes sociales y big
data que acerquen el conocimiento, la ciencia, los avances tecnológicos y la tecnología de la información a los ciudadanos del campo y de la industria. Hay que crear una agencia de transferencia de tecnología agraria coordinada con las diversas
comunidades autónomas y sobre la base de los grupos operativos de innovación previstos en el reglamento del desarrollo rural europeo que durante este tiempo han estado un poco desatendidos. Esta figura puede ser el revulsivo para la orientación del
sector hacia un mercado global cada vez más competitivo. Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Garaulet.
Tiene la palabra por el Grupo Socialista, don Gonzalo Palacín.
El señor PALACÍN GUARNÉ: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, como en otras ocasiones el Grupo Popular nos trae como iniciativa una carta de buenas intenciones, pero también he de reconocer que en esta ocasión han incluido alguna medida concreta. Todos los aquí presentes sabemos de la
importancia que tiene un sector, como el agroalimentario, para la economía de nuestro país. Desde la agricultura a la ganadería hasta la propia industria transformadora y que España por superficie y masa forestal tiene un importante recorrido en
cuanto al aprovechamiento forestal de sus montes y de sus bosques. Estos sectores además de contribuir al crecimiento de nuestra economía deben de ser dos palancas necesarias para fijar y atraer población a las zonas rurales y más despobladas de
nuestro país, pero en estas zonas además de ser el granero de expensa, incluso el parque de atracciones para los fines de semana de muchos de nuestros habitantes, han de contar con servicios y facilidades como en otras zonas de nuestro país, porque,
si no, ni estas ni otras medidas funcionarán. A modo de ejemplo, el tercer punto de su iniciativa el de impulsar el programa de promoción y extensión agraria 2.0 que mejore el acceso de los agricultores y ganaderos a la innovación haciendo un uso
de nuevas tecnologías. Hay que tener en cuenta que para poder hacer uso de las nuevas tecnologías, hay que tener acceso a estas nuevas tecnologías y en muchas zonas de nuestro país contar con una conexión a Internet o con una ADSL de calidad es una
utopía.
Desde el Grupo Socialista hemos defendido la necesidad de recuperar e impulsar la I+D+i en nuestro país y denunciamos la falta de compromiso del Gobierno del Partido Popular estos últimos años en esta materia. Si la inversión en I+D+i ha
caído en nuestro país, esta caída ha sido todavía mayor en el sector agroganadero y forestal. Por tanto, nos alegramos que desde el Partido Popular se defienda la innovación impulsando el programa nacional de innovación, investigación
agroalimentaria o proponiendo la creación del Observatorio de la innovación. Estos pasos son positivos, pero no nos engañemos, serán ineficaces si esa voluntad política no se traduce en mayores partidas presupuestarias. Los objetivos específicos
de la innovación deben abarcar toda la cadena de valor y estar orientados al crecimiento económico del sector y desarrollo de las zonas rurales. Para lograr un desarrollo territorial más equilibrado y una mejor asignación de recursos es fundamental
contar con la agricultura, que sea cada vez más competitiva y más sostenible. Solo una agricultura competitiva será capaz de poder invertir la generación de esos recursos en I+D+i y así lograr que la transferencia de conocimiento sea una realidad
en el sector agroalimentario, de arriba a abajo y de abajo a arriba. Uno de los instrumentos principales para generar tejido empresarial, económico y fomentar la inversión en estas zonas rurales se ha dejado de utilizar. Los PDR se han reducido a
su mínima expresión. En el momento en que han sido más necesarios, se ha recortado durante estos últimos años y esto ya lo ha denunciado el Partido Socialista en anteriores ocasiones. Todas estas medidas hay que hacerlas y ponerlas en marcha
teniendo en cuenta las peculiaridades del sector agroalimentario. La agricultura además de ser un sector productivo tiene una función medioambiental y social añadida. Hay que acelerar la innovación en el sector para que la agricultura y la
ganadería sean más competitivas y que se produzca más con menos, generando también un impacto ambiental menor.
También les digo señorías que al Partido Socialista nos encontrarán siempre que quieran impulsar y mejorar el sector agroalimentario y forestal, ya sea a través de la innovación o de la transferencia de conocimiento en el sector. También
les pedimos un esfuerzo para que además de presentar cartas de buenas intenciones, hablen con el Gobierno al que están sustentando y le pidan que en los próximos Presupuestos Generales del Estado se vean reflejadas estas iniciativas. Muchas
gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, don Gonzalo Palacín.
- RELATIVA A MEJORAR EL CONOCIMIENTO CIENTÍFICO EN EL SECTOR PESQUERO Y ACUÍCOLA. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente 161/000891).
El señor PRESIDENTE: Vamos a pasar ahora el siguiente punto del orden del día. Es una propuesta del Grupo Parlamentario Popular relativa a mejorar el conocimiento científico en el sector pesquero y acuícola, presentada por don Joaquín
García Díez.
El señor GARCÍA DÍEZ: Gracias, señor presidente.
Es la tercera iniciativa que aborda temas relacionados con el sector pesquero en el orden del día que vamos desarrollando en esta mañana. Puedo decirles que probablemente el asunto que contempla esta proposición no de ley es el pilar o la
base de todos aquellos problemas que afectan al sector pesquero. Un mayor conocimiento científico. Un mayor conocimiento sobre la situación en que se encuentra las especies marítimas de interés pesquero es el pilar que como la propia reforma de la
política pesquera común, el reglamento aprobado hace poco tiempo, considera herramienta fundamental para que se pueda desarrollar una buena gestión sostenible sobre la necesidad de contar con esa información de recopilar unos datos, no solamente
biológicos, sino también medioambientales, técnicos y económicos y, lo que es más importante también, debiendo estar todos ellos puestos a disposición de la Comisión y de los organismos que determine la misma. Me he distraído un poco con el
movimiento de personas a mi alrededor. Retomo mi intervención. Decía que el propio reglamento de la reforma política pesquera común contempla ya todo esto a lo que me estoy refiriendo. Textualmente cito lo que dice el reglamento específico
16/1251, de 12 de julio de 2016, los Estados miembros velarán por la coordinación a nivel nacional de la recogida de datos científicos y socioeconómicos a efecto de la gestión de la pesca. De ahí el primer punto de nuestra iniciativa que dice
textualmente: Apoyar las medidas dirigidas a continuar impulsando la obtención de los mejores conocimientos científicos disponibles y a recopilar y gestionar adecuadamente los datos del sector pesquero y acuícola para la aplicación de esta política
pesquera común. También quiero recordar, porque conviene hacerlo, las consecuencias de lo contrario, de una gestión deficiente. Aquí se ha hablado en algún momento de la mañana de hoy sobre sanciones, sobre interpretar o valorar las órdenes
ministeriales que regulan nuestros distintos caladeros. Vuelvo a leer textualmente lo que dicen las instancias comunitarias a este respecto: En el supuesto de que un Estado miembro no recopile y/o facilite los datos a su debido tiempo, al usuario
final podrá aplicársele una interrupción o suspensión proporcionada de la correspondiente ayuda financiera de la Unión a dicho Estado miembro. Ni que decir tiene, señorías, les recuerdo que dentro de este reglamento está también el Fondo europeo
marítimo y de la pesca con importantes dotaciones económicas sin las cuales sería imposible llevar a cabo una política pesquera en cualquier Estado miembro y, especialmente, en España.
Por último, recuerdo también el importante papel que juegan las comunidades autónomas en todo este proceso, porque muchas de ellas tienen competencias en gestión pesquera y son importantes y necesarias para cumplir con nuestras obligaciones
como Estado miembro a las que me refería anteriormente. De ahí la necesidad de establecer con las comunidades autónomas acuerdos de colaboración sobre estas competencias que puedan evitar por un lado duplicidades innecesarias y que retrasan también
muchas veces una buena gestión o que puedan evitar que se deje de aportar la información adecuada en cada momento. Esto es lo que recoge el segundo punto de nuestra iniciativa que dice textualmente: Que se establezcan acuerdos de colaboración -y
remarco esta palabra, porque hay una enmienda a la que me referiré al final- con las comunidades autónomas para mejorar el flujo y la transferencia de información ya disponibles evitando duplicidades.
Pues bien, insisto muy especialmente en esta tarea, en la necesidad de abordar esta colaboración con las comunidades autónomas y paso a hablarles del tercer punto de nuestra PNL que habla de impulsar acuerdos con diferentes instituciones de
investigación. Es decir, si anteriormente hablábamos de colaboración con las comunidades autónomas hay que aprovechar también el conocimiento, la labor y el trabajo riguroso que hacen muchas instituciones de investigación, como el IEO, como AZTI en
el País Vasco, que pueden aportar su conocimiento e información para hacer frente a las necesidades en materia de recopilación de datos. Esto es fundamental, porque lo que estamos proponiendo en este punto, señorías, es que esta labor que ya se
viene haciendo se incremente, se intensifique, para poder avanzar en el establecimiento de tasks, de los que también hablábamos aquí esta mañana acordes con una situación real de los stocks que hay en las distintas pesquerías y España no se vea
perjudicada.
Finalmente -y termino, señor presidente-, el punto cuatro habla de valorar -y también enfatizo esta palabra, valorar- anualmente en el seno de la Conferencia Sectorial de Pesca, tanto los recursos del Fondo europeo marítimo y de la pesca
destinados a la recopilación, la gestión y el uso de datos, como las iniciativas y los trabajos desarrollados por la Administración General del Estado y las comunidades autónomas. Es decir, estamos proponiendo lo que creemos que es la mejor forma
de darle relevancia e importancia que tiene el hecho de disponer de la mejor información científica que sería tratando esta información al máximo nivel e incorporándola, al menos, una vez al año, anualmente, a esa Conferencia Sectorial de Pesca.
Termino, señor presidente, haciendo referencia a la única enmienda que se ha presentado por el Partido Demócrata de Cataluña que habla de pequeñas correcciones. Por un lado, sustituir la palabra cooperación, cuando hablamos de acuerdos de
cooperación entre las comunidades autónomas, nosotros decimos de colaboración y nos proponen sustituirla por cooperación. La verdad es que la palabra cooperación es más propia de acuerdos entre Estados miembros que no entre el Estado, la
Administración General del Estado y las comunidades autónomas. De ahí que entendamos que es mejor mantener la redacción de colaboración. Tampoco podemos aceptar lógicamente que se obligue a que se llegue a acuerdos entre las comunidades autónomas.
El Gobierno no es quién ni puede obligar a las comunidades autónomas a establecer o dejar de establecer acuerdos entre las mismas. Dentro de esta enmienda también se nos pide que sustituyamos la palabra valorar anualmente por informar anualmente.
Creemos que es un matiz, para nosotros en principio es más completa la palabra valorar, pero si con esta pequeña incorporación o matiz conseguimos que el Partido Demócrata de Cataluña quede más satisfecho y apoye esta iniciativa, por nuestra parte
no habría inconveniente en cambiar esta única palabra. No se trataría de una transaccional, sino de cambiar esta palabra. Espero al turno correspondiente de defensa de esta enmienda para finalmente decirles si aceptamos o no. Muchas gracias,
señor presidente. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, don Joaquín García Díez.
Antes he comentado que había un error de transcripción y figuraba en este punto una enmienda del Grupo Mixto que según su portavoz nos ha aclarado que correspondía al punto 6 del orden del día.
El señor POSTIUS TERRADO: No era exactamente así, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Tiene usted la palabra.
El señor POSTIUS TERRADO: El caso es que había dos enmiendas en esta misma proposición no de ley y una de ellas correspondía a la anterior proposición no de ley.
El señor PRESIDENTE: Había una enmienda de su grupo al punto 6 y otra al punto 7.
El señor POSTIUS TERRADO: Exactamente.
El señor PRESIDENTE: El portavoz del Grupo Parlamentario Popular ya se ha referido a su enmienda, pero usted tiene el tiempo correspondiente para defender esta enmienda si así lo desea.
El señor POSTIUS TERRADO: Gracias, señor presidente.
El año pasado el Fondo mundial por la naturaleza presentó un informe llamado Living Blue Planet donde revelaba la preocupante disminución de poblaciones de especies marinas clave para la seguridad alimentaria humana. Este mismo informe
muestra un descenso de casi el 50 % de las poblaciones marinas entre 1970 y el año 2012. Somos conscientes, queremos preservar el medio marítimo, ya que tal y como demuestran distintos estudios hay una sobreexplotación pesquera a nivel mundial y
con el fin de combatir esta sobreexplotación, consideramos que es necesario tener una radiografía exacta de la situación actual.
Ahora bien -y este es el sentido de nuestra enmienda-, quiero recordar que Cataluña tiene la competencia exclusiva en este ámbito y por eso pedimos que la colaboración con las comunidades autónomas sea de igual a igual con el Estado. En
esta misma línea pedimos que en vez de valorar como se propone, porque significa ir más allá de lo que le corresponde a uno, se informe de las actuaciones que se han hecho en este ámbito. En consecuencia, espero que podamos llegar a un acuerdo con
el Grupo Popular para que se acepte esta enmienda. Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Entiendo que ambos grupos se pondrán de acuerdo para una posible transacción.
El señor GARCÍA DÍEZ: Para aclarar esta cuestión que en mi primera intervención ya dediqué una parte de ella a posicionar la postura del Grupo Popular. Dije que dentro de esta enmienda no procedía aceptar la sustitución de la palabra
colaboración por cooperación. Por tanto no podemos aceptarla en los términos en que está. Y únicamente aceptaríamos sustituir la palabra valorar por informar. No es una transaccional. Si ellos aceptan este término quedaría así corregido, y si no
quedaría en los términos en los que nosotros la hemos presentado.
El señor PRESIDENTE: Me reitero. A ver si esa cuestión semántica se puede resolver entre ambos portavoces y si es así les ruego que faciliten el acuerdo a la Mesa antes de la votación. Si no, sabremos que no ha sido posible. Para fijar
posición tiene la palabra el señor Garaulet.
El señor GARAULET RODRÍGUEZ: Es que he tenido que salir y me parece que las siguientes las tengo que hacer yo todas. En primer lugar, creemos que es una PNL que es extremadamente simple y las peticiones que se suelen hacer se reducen a
buenas intenciones. Me parece bien. Es algo importante, pero es imposible, si lo ponen así, no estar a favor siempre de esa petición, porque ya que se limita a apoyar unas medidas y dirigirlas a un objetivo que para todos es deseable. Es una
petición que vamos a votar a favor, pero queremos matizar en alguno de los puntos algunas cosas. Sobre la petición relativa a evitar duplicidades, nosotros creemos que debemos -se lo trasladamos a la señora ministra- de integrar dentro del
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente el Instituto Oceanográfico Español, así como el Instituto de Investigaciones Agrarias, hoy incluido en el Ministerio de Economía. Están en diferentes ministerios y conviene hacer una
unificación de este servicio para que mejore y redunde en su eficiencia. Sobre mejorar la colaboración con las comunidades autónomas y con otras instituciones, vuelvo a hablar de la creación de la agencia de transferencia de tecnología agraria y
sobre todo impulsar proyectos entre la universidad y el sector agrario. Lanzamiento de un programa para el acercamiento del sector agrario a la universidad especialmente en cuestiones de tecnología para la producción y el desarrollo de mercados.
Sobre la innovación en el sector de la alimentación en nuestro programa de 2015 afirmábamos que la innovación en la cadena de suministro alimentaria, desde el origen hasta el consumidor final, debe ser promovida e impulsada de una forma continua,
creando las condiciones para que los miembros de la misma se organicen en clusters para mejorar sus productos y procesos en forma de trabajar a través de un I+D+i que genere resultados en línea con sus programas de investigación. Sobre la puesta en
marcha de estos clusters es necesario contar con los centros de innovación aplicada y operativos especializados en áreas de conocimiento que actúen como referencia nacional e internacional en su área de conocimiento. Algo parecido a lo que ha dicho
antes la diputada Carreño. Podría haber más de uno a nivel nacional por áreas de conocimiento, pero evitando que se repliquen por comunidades autónomas, porque lo que hay que buscar es que sean autofinanciados por sus propios miembros y por la
comercialización de la innovación desarrollada. Por tanto, eso es lo que queríamos matizar sobre esta iniciativa. Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Para fijar su posición, tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario Socialista, doña Pepa Bayo.
La señora GONZÁLEZ BAYO: Gracias, señor presidente.
Señorías del Grupo Popular, ante esta PNL tengo que decirles que son el grupo parlamentario que sustenta al Gobierno y que deberían hablar más entre ustedes para poder aconsejar al Gobierno que adopte estas medidas que son de obligado
cumplimiento por un Gobierno que apueste por un sector tan importante para España como es la pesca y la acuicultura.
Señorías, llevamos más de cinco años demandando más inversión para la investigación dentro del sector de la pesquería y de la acuicultura. Además, anualmente solicitamos datos de inversiones realizadas por el Gobierno del Partido Popular en
el campo de la investigación y no hay respuesta; la respuesta son evasivas por su parte. Por eso, me gustaría recordar aquí que España cuenta con una flota de más de 9.586 barcos, con 35.984 tripulantes, que representa el 30 % de la Unión Europea,
con una producción anual media de más de un millón de toneladas y con un valor añadido bruto de más de 800.000 euros. Estos datos demuestran que estamos ante un sector importantísimo para la economía, para los territorios, para el empleo y, por
tanto, para la innovación, para la I+D+i. Sin investigación, es difícil avanzar en competitividad y en protección del medio marino.
Señorías, bienvenidos a la apuesta por la investigación, el sector se lo agradecerá. En este camino es fácil conseguir el apoyo de esta Cámara. Espero que no se quede solo en bonitas intenciones, sino que lo demuestren con grandes hechos.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, doña Pepa Bayo.
No sé si le parece correcta la forma que tengo de nombrarla; quizá prefiera que la llame doña Josefa.
La señora GONZÁLEZ BAYO: El nombre me da igual, pero me apellido González Bayo. Lo digo porque a mi padre le molestaba que nos quitaran su apellido.
El señor PRESIDENTE: Corregido. Doña Josefa González Bayo.
- RELATIVA A LA PROHIBICIÓN DE TÉCNICAS DE PROSPECCIÓN DE HIDROCARBUROS MEDIANTE LA TÉCNICA DE FRACTURA HIDRÁULICA ('FRACKING'). PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente 161/000918).
El señor PRESIDENTE: Pasamos al siguiente punto del orden del día, que es una proposición no de ley relativa a la prohibición de técnicas de prospección de hidrocarburos mediante la técnica de fractura hidráulica, conocida como fracking,
presentada por el Grupo Parlamentario Socialista.
Para su defensa, tiene la palabra el señor González Ramos.
El señor GONZÁLEZ RAMOS: Gracias, señor presidente. También soy González Ramos, y digo lo mismo que mi compañera.
En el Grupo Parlamentario Socialista estábamos deseando que llegase esta PNL. Esta pegatina que está en mi iPad ha recorrido todas las plazas y calles de España, y también la hemos llevado puesta. Todos sabemos que las fuentes de energía
primaria más utilizadas en la actualidad, como son el carbón y las que se denominan hidrocarburos convencionales, como el petróleo y el gas natural, no son de carácter renovable. Las empresas del sector comienzan a explorar yacimientos de
combustibles, como el gas esquisto, considerados no convencionales, a través de técnicas como la fractura hidráulica, también conocida como fracking. Esta técnica, que consiste en inyectar a alta presión fluido de fractura, es una mezcla compuesta
por grandes cantidades de agua, de arena y aditivos químicos muy peligrosos, con la misión de romper la roca, abrir y agrandar las fracturas con objeto de que los hidrocarburos que se encontraban atrapados fluyan en el interior del pozo permitiendo
su extracción. Pero esta técnica plantea grandes problemas, sobre todo en lo relativo a la salud pública y el medio ambiente, y por eso genera graves inconvenientes allí donde se quiere implantar. Uno de los problemas ambientales y de salud
pública que más preocupa es el riesgo de contaminación de las aguas superficiales y subterráneas por las sustancias químicas utilizadas en el proceso de fractura hidráulica. Otros problemas añadidos son los escapes del propio gas metano y problemas
derivados del riesgo potencial de sismicidad inducida, entre otros.
El fracking es una técnica que plantea muchas dudas sobre el riesgo que supone para el medio ambiente. Numerosos informes dan fe de ello, como son el de junio de 2011 que publicó el Parlamento Europeo, a instancias de la Comisión de Medio
Ambiente, Salud Pública y Seguridad; otro que complementa al anterior de la Dirección General de Medio Ambiente de la Comisión Europea y la Recomendación de la Comisión Europea de 22 de enero de 2014. Todos ellos ponen sobre la mesa las dudas
razonables sobre la utilización del fracking y destacan el elevado riesgo que supone esta técnica para las personas y el medio ambiente. Las dudas sobre la fracturación hidráulica para la prospección y extracción de hidrocarburos son más que
reales. Los estudios han revelado que hay riesgo para las personas y el medio ambiente. En el Partido Socialista queremos preservar la salud de las personas y del entorno. La salud y el bienestar de la ciudadanía es una prioridad para nosotros y
está en nuestro ADN como formación política. Permitir el fracking es perpetuar un modelo productivo dependiente de los combustibles fósiles, condenando a nuestro país a seguir siendo dependiente energéticamente. Pedimos al Gobierno de Rajoy que no
apoye el fracking, que sea valiente y apueste por las energías renovables, que quiten el impuesto al sol en vez de facilitar que las multinacionales dañen nuestro entorno. ¿Por qué su Gobierno, el de Rajoy, quiere buscar megavatios bajo tierra
cuando tenemos millones de megavatios sobre ella? Alemania tiene ocho veces más energía solar fotovoltaica que España teniendo muchas menos horas de sol. Un
ministerio que lleve en su nombre medio ambiente no puede ser cómplice de este terrorismo contra el entorno.
El fracking supone un gran consumo de agua, contamina las aguas subterráneas, contamina la tierra y también las aguas superficiales, así como el aire; se generan seísmos en las zonas en las que se produce, por no hablar del impacto visual,
de la contaminación acústica o de los productos químicos que se utilizan. Si el Gobierno de Rajoy no lo hace por convicción, como debería, les recuerdo el derecho comunitario. Los principios de acción preventiva y de cautela, recogidos en el
Tratado de funcionamiento de la Unión Europea, son mecanismos supranacionales que avalan que España esté libre de fracking. Si ustedes se escudan en la Unión Europea para pagar la deuda o justificar la macroeconomía, sean coherentes y escúdense
también en la Unión Europea para garantizar la salud de nuestros pueblos y de sus gentes hoy y, sobre todo, de cara al futuro.
Si el Ministerio de Medio Ambiente se ve contaminado por la indolencia de gestión del señor Rajoy y no quiere prohibir el fracking en España, permitan que las comunidades autónomas regulen sobre este asunto en sus territorios. No sean el
perro del hortelano y no veten las iniciativas autonómicas contra el fracking. Allá donde se ha planteado la fractura hidráulica la población ha salido unida a la calle en contra de esta técnica. ¿Van a hacer ustedes, una vez más, oídos sordos a
la voz de la calle? España ha hablado y ha dicho que no al fracking. ¿Qué va a decir el Gobierno de Rajoy?
El Grupo Socialista trae esta proposición no de ley para instar al Gobierno a: primero, realizar las modificaciones legislativas necesarias para prohibir el empleo de las técnicas de fracking en todo el territorio nacional, con pleno
respeto a las competencias autonómica. Segundo, suspender cautelarmente las prospecciones con fractura hidráulica, incluso cualquier proyecto o permiso de investigación, y establecer una moratoria mientras no se prohíba esta técnica. Tercero,
modificar la Ley 17/2013, de 29 de octubre, y la Ley 8/2015, de 21 de mayo, y derogar todos aquellos artículos que favorezcan la exploración, investigación y explotación de hidrocarburos que utilicen técnicas de fracturación hidráulica, garantizando
así la preservación de la salud pública y el medio ambiente.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
A esta iniciativa ha presentado una enmienda el Grupo Parlamentario Ciudadanos. Para su defensa, tiene la palabra el señor Cantó.
El señor CANTÓ GARCÍA DEL MORAL: Gracias, señor presidente.
En nuestro programa electoral optamos por descartar la utilización del fracking por varias razones: por los escasos yacimientos que hay en España, por el impacto medioambiental que podría tener en determinadas ubicaciones y porque no es
nuestro modelo. Nosotros estamos en otro modelo energético más sostenible, más respetuoso con el medio ambiente y en el que las energías renovables tengan mayor importancia. Hay que recordar, además, que nos parece que cualquier iniciativa que
pueda tener que ver con el fracking, en todo caso, si se hubiera demostrado que era respetuosa medioambientalmente hablando, podría haber tenido sentido hace unos años, cuando el precio del crudo estaba en unos niveles en los que afortunadamente no
está ahora.
Nos parecía importante defender aquí, y decírselo a todos ustedes otra vez, que nuestro modelo no es este, que queremos ir hacia un modelo energético sostenible y concienciado, como he dicho antes, con el medio ambiente. En ese sentido
hemos planteado nuestra enmienda al grupo proponente. Leo la enmienda. El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a establecer una moratoria durante esta legislatura para las prospecciones con fractura hidráulica, fracking, y a restringir las
autorizaciones de nuevas exploraciones de yacimientos de gas e hidrocarburos que requieran la utilización de esta técnica hasta que se den las garantías adecuadas para su realización de manera no lesiva para el medioambiente.
Gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor González Ramos a los efectos de aceptar o rechazar la enmienda del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
El señor GONZÁLEZ RAMOS: Agradezco al Grupo Ciudadanos esa enmienda, pero las tres propuestas contenidas en nuestra PNL son más redondas, por decirlo de alguna forma. Queremos decir rotundamente que no al fracking, y la moratoria hasta que
no se legisle sobre ello. Insisto en que agradezco
a Ciudadanos ese intento de llegar a un consenso, pero entendemos que nuestra proposición es más concreta. Por esa razón no la aceptamos, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: De acuerdo, señor González Ramos.
¿Grupos que deseen fijar posición sobre esta iniciativa? (Pausa). Por el Grupo Mixto, tiene la palabra doña Marta Sorlí.
La señora SORLÍ FRESQUET: Hoy quiero pedir el voto favorable para esta PNL y también el compromiso del Grupo Popular, como grupo que sustenta al Gobierno, de asumir como propio el deber de parar la fractura hidráulica en todo el Estado. El
fracking representa la voluntad de mantener un modelo energético obsoleto, basado en los combustibles fósiles; representa la voluntad de las multinacionales de mantener un negocio que hasta el día de hoy les ha resultado más que rentable. Todo
ello, para anteponer la voluntad de las multinacionales al bienestar de las personas; todo esto a costa del bienestar de la gente que vive en los pueblos, a costa de violar el subsuelo de las zonas menos pobladas para poder extraer los últimos
resquicios de petróleo y gas; todo ello sabiendo que existe un gran riesgo sísmico con la aplicación de la fractura hidráulica; todo ello sabiendo que la fractura hidráulica, el fracking, es una técnica tremendamente agresiva y contaminante que
destroza el paisaje y la naturaleza. Esto es lo que genera el fracking (Enseña unas fotos). Estas son las comarcas de Els Ports del País Valencià ahora mismo. Este es el resultado de aplicar fracking en otros territorios del mundo. Esto es
justamente lo que no queremos que pase. No queremos que se anteponga la voluntad de las multinacionales al bienestar de las personas. Yo nací, crecí y vivo en una de las comarcas del País Valencià donde se proyectó fracking, y me toca de cerca.
He andado por las montañas de Els Ports y bebo el agua del acuífero del Maestrat, que abastece de agua a tres comarcas y que quedaría totalmente contaminado si se hiciera fracking. Son las mismas comarcas que en su momento padecimos los terremotos
ocasionados por la planta Castor. Todo ello por anteponer la voluntad de las multinacionales al bienestar de las personas; las mismas multinacionales que luego sirven de puertas giratorias.
Espero y deseo que hoy por fin se haga justicia y se proteja a esos pueblos. Espero que por fin la gente de Els Ports y El Maestrat, en mi caso, podamos dormir tranquilos porque nadie viene a hacer un negocio oscuro poniendo en riesgo
nuestra tierra y nuestros pueblos. Espero que por fin hoy se anteponga el bienestar de las personas al de las multinacionales.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Sorlí.
Por el Grupo Mixto, tiene la palabra el señor Postius.
El señor POSTIUS TERRADO: Gracias, señor presidente.
En 2013, el Instituto Geológico y Minero de España, también conocido como el IGME, elaboró un estudio para el Ministerio de Medio Ambiente, en el que básicamente se subrayaba el peligro de inyectar sustancias químicas a través del agua a
presión, porque puede causar contaminación en acuíferos, polución en el aire y, no lo olvidemos, un posible riesgo de terremotos y maremotos. La técnica del fracking está prohibida en gran parte de Europa, por ejemplo, en Francia, en Bulgaria y
Suiza, entre otros países. Por darles unos datos, les diré que se calcula que de los componentes que se utilizan para llevar a cabo una fractura hidráulica, el 75 % son considerados tóxicos. En Cataluña ya hace años que dijimos no al fracking,
pero, como viene siendo costumbre, el Tribunal Constitucional anuló parte de la Ley 2/2014, ya que consideraba que la autorización para el empleo de esta técnica no correspondía a Cataluña, sino al Estado.
Así pues, como ya hicimos el año pasado en una proposición similar a la que se presenta hoy, votaremos a favor de la misma.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Postius.
Para fijar la posición del Grupo Parlamentario Vasco, tiene la palabra el señor Agirretxea.
El señor AGIRRETXEA URRESTI: Gracias, señor presidente.
Euskadi es un país libre de fracking porque así lo ha decidido su Parlamento. El Parlamento vasco legisló y decidió que en Euskadi no se iba a utilizar el fracking. La mayoría del Parlamento vasco se mostró
en contra de la utilización del fracking. Esa ley está recurrida en estos momentos por el Gobierno del Estado. Digo esto para posicionarme claramente en contra del fracking.
En el primer punto de la proposición no de ley que nos trae el Grupo Socialista hay una contradictio in terminis en sí misma, cuando dice: Realizar las modificaciones legislativas necesarias para prohibir el empleo de las técnicas de
fractura hidráulica en todo el territorio nacional, con pleno respeto a las competencias autonómicas. O se prohíbe o se respetan las competencias autonómicas. ¿Cuál de las dos cosas? Lo que no se puede decir es que respetamos las competencias
autonómicas, pero que por encima de las competencias autonómicas está la prohibición del Estado. O una cosa o la otra. Quiero que Euskadi esté libre de fracking porque lo decide el Parlamento vasco y lo deciden los vascos, pero no porque nadie
decida por mí y que después se diga que se respetan las competencias autonómicas.
Me parece muy loable que el Grupo Socialista haya cambiado de opinión, porque fue el Partido Socialista el que trajo el fracking a Euskadi. Hay una foto de Patxi López con un casco diciendo que estábamos en una nueva Texas con el subsuelo
maravilloso que teníamos. Si ha cambiado de posición, me parece fantástico, así lo ha demostrado y aquí está el texto; pero lo que no podemos hacer de repente es el punto primero. Nadie va a poner en duda la posición de mi partido en contra del
fracking, porque lo sacamos en una ley, pero no queremos que nadie nos diga si tenemos que prohibirlo o no; lo decidiremos nosotros.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, tiene la palabra don Jaume Moya.
El señor MOYA MATAS: Muchas gracias, señor presidente.
Tengo poco que añadir a la argumentación que han hecho el señor González, la señora Sorlí y el señor Postius. El fracking es una técnica que tenemos que expulsar inmediatamente de nuestro ordenamiento.
Respecto a la intervención del compañero del PNV, le diré que nosotros somos absolutamente favorables a esta prohibición del fracking. Las competencias en materia energética son del Estado, pero, desde el ejercicio legítimo de estas
competencias, somos absolutamente favorables, repito, a que se prohíba el fracking, al menos en el campo energético. Evidentemente, las comunidades autónomas también tenemos plena competencia en materia de medio ambiente, en materia de urbanismo, y
en Cataluña se ha ejercido dicha competencia para prohibir la fractura hidráulica. Lo llamemos fractura hidráulica, fracking, estimulación química o como queramos, prohibámoslo en todos y cada uno de los frentes con todas las competencias.
Se ha hablado también de los riesgos del fracking. Solo quisiera añadir a la magnífica exposición que ha hecho el señor González la incompatibilidad del fracking con otras actividades vinculadas al mundo rural que tanto hemos defendido en
el día de hoy, como los problemas que ya se han detectado en Estados Unidos de aguas envenenadas que provocan muerte de ganado; también se contamina el aire, se expulsa a la propia población de su territorio -si antes defendíamos la lucha contra la
despoblación del mundo rural, el fracking supone que quede como un auténtico desierto- y hay una absoluta destrucción de la calidad de vida, de la salud de los ciudadanos y de las ciudadanas que tenemos la fortuna de vivir en ese mundo rural. La
señora Sorlí ha dicho que ella ha nacido en El Maestrat, yo vivo en La Segarra, en Cataluña, y también era una zona que en su momento fue manchada por aquellos terribles proyectos de prospección de fractura hidráulica, cosa que nos llenó de terror y
de miedo. Pero a la vez, también tenemos que agradecer al fracking la concienciación de la población, la gran movilización que se produjo en el mundo rural -que después se extendió al mundo urbano- a partir de esta terrible amenaza, de esta
horrible depredación y destrucción de nuestro medio, la fuerza de la gente del territorio y los consiguientes efectos políticos, de los cuales hoy tenemos una muestra. El compañero señor González venía con un precioso adhesivo, yo vengo con una
camiseta, de la lucha Aturem el fracking: Ni aquí ni enlloc. Todos estos motivos nos llevan a defender esta proposición.
No nos olvidemos tampoco de otros terribles riesgos, como el reciente cambio que ha habido en el Gobierno de Estados Unidos, con el señor Trump, con la señora Sarah Palin y su defensa del drill, baby, drill, aquella amenaza de seguir
perforando; también tenemos una visibilización en los medios de comunicación de los rostros que ya conocemos del lobby del Shale Gas, que vuelven a asomar sus caras de defensa de esta terrible depredación; los tratados transatlánticos, el CETA,
que abre la puerta al fracking, el terrible TTIP, que si se acaba aprobando también abrirá de par en par la puerta de nuestro
territorio a esta terrible amenaza especulativa que queremos evitar. Desde aquí vamos a hacer todo lo posible para que no suceda, porque, como ya se ha dicho, al fin y al cabo no es más que la huida hacia delante de un modelo energético y
productivo que nos lleva al desastre, vinculado, además, a los combustibles fósiles. Vamos a continuar la lucha donde sea. Permítanme recordar a Carlos Seijo, compañero de lucha contra el fracking, que nos dejó una terrible noche de diciembre del
año 2015. En honor a él vamos a continuar la lucha hasta donde sea.
Para concluir, quisiera mencionar la enmienda que ha presentado Ciudadanos. Me han congratulado las afirmaciones que he oído hoy, tanto por parte del amigo Garaulet como del compañero Cantó, que han dicho que su partido está por mitigar el
cambio climático, por frenar la despoblación del campo, por el uso responsable de los recursos naturales, pero luego nos proponen no una prohibición, sino una moratoria y nos dicen que es hasta que se den las garantías adecuadas para su realización
de manera no lesiva para el medio ambiente. Amigos de Ciudadanos, el fracking no lesivo para el medio ambiente es un oxímoron, es absolutamente imposible. Fracking es destrucción y depredación del medio ambiente.
Vamos a votar alegremente, con fuerza y con energía, a favor de la prohibición, pero si se aceptara, que no se aceptará, supongo, la enmienda de Ciudadanos, votaríamos radicalmente en contra.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Moya. Les ruego que no planteen debates entre ustedes, ya que cada grupo es muy libre de fijar su posición respecto a las enmiendas o a la iniciativa que presenta el grupo proponente. Es que si no
todavía se haría más larga esta Comisión.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra don Ernesto Aguiar.
El señor AGUIAR RODRÍGUEZ: Gracias, señor presidente.
Señorías, no cabe duda de que estamos ante un tema muy recurrente, sobre todo a partir del año 2012, cuando el Partido Popular comenzó a gobernar en este país. Esta iniciativa que hoy se presenta ha sido debatida tanto en el Congreso como
en el Senado, en el Pleno y en las distintas comisiones, y creo que es más que conocida por sus señorías la posición de cada uno de los grupos sobre este tema. Se hace siempre referencia, y también lo hace hoy el portavoz del Grupo Socialista, a la
comunicación de la Comisión Europea, y a mí me gustaría hacer una aclaración en este sentido. La comunicación de la Comisión Europea el 22 de enero de 2014 habla de recomendación, pero no habla en ningún momento de prohibición, de unos principios
mínimos para la producción de hidrocarburos utilizando la fracturación hidráulica de alto volumen. Creo que España ha hecho la tarea, y tienen que reconocer sus señorías que en la X Legislatura el Gobierno tomó medidas e impulsó normas que
garantizan la seguridad de las personas y la preservación del medio ambiente. Concretamente, la Ley 17/2013, de 29 de octubre, garantiza un trámite de información pública, evaluación y cuantificación de los efectos directos e indirectos sobre la
población, el suelo, el subsuelo, el agua y la flora, las emisiones y los vertidos, además de contar, si existiera, con la peligrosidad directa e indirecta en la actividad industrial. También en la X Legislatura se tomaron algunas medidas de
contenido económico. Respecto a las medidas contenidas en la Ley 17/2013 tengo que hacer una aclaración, y es que el estudio de impacto ambiental no es obligatorio en Europa, pero sí lo es en España.
Aquí lo que pasa es que no existe coherencia. El Partido Popular ha sido coherente, pero la diferencia es que mientras que el Partido Socialista pretende la prohibición, nosotros entendemos que no se trata de prohibir una actividad, sino de
garantizar que cada proyecto ofrezca las mínimas garantías; si no es así, simplemente no se aprueba. Cuando hablo de la coherencia del Partido Popular también tengo que hablar de la falta de coherencia que ha manifestado a lo largo de la historia
el Partido Socialista con el asunto que hoy nos ocupa. Gobernaron hasta el año 2011 y no hicieron absolutamente nada para garantizar nada. Año 2012 -lo tengo aquí-: Grupo Parlamentario Socialista, proposición no de ley, debatida en Comisión,
presentada el 11 de julio de 2012, con objeto de regular las técnicas de explotación minera denominadas fracturación hidráulica, fracking, que deberían incorporar y contener, entre otras medidas: Protección de las aguas subterráneas contra la
contaminación; garantía de que en la fase de proyecto se realicen los adecuados estudios de análisis de impacto ambiental; garantía de que se cumple con el trámite de información pública. Eso era lo que se decía en aquel momento. En la Ley del
año 2013 esto se cumple completamente; pero como se cumple, ahora vamos más allá, ahora hablamos de prohibir, de suspender, de derogar. La cuestión es estar siempre en contra.
El Grupo Popular va a mantener la coherencia y, como hemos venido haciendo hasta ahora, va a decir que si hay recursos hay que investigarlos, siempre primando la preservación del medio ambiente y la salud de las personas. Por tanto, vamos a
votar en contra de esta iniciativa.
Muchas gracias.
- RELATIVA A LA REFORMA DE LA NORMATIVA VIGENTE SOBRE COOPERATIVISMO AGROALIMENTARIO A FIN DE PROMOVER SU PROFESIONALIZACIÓN E INTERNACIONALIZACIÓN. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO CIUDADANOS. (Número de expediente 161/001156).
El señor PRESIDENTE: Pasamos ahora al siguiente punto del orden del día, proposición no de ley relativa a la reforma de la normativa vigente sobre el cooperativismo agroalimentario a fin de promover su profesionalización e
internacionalización, presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos.
Para su defensa, tiene la palabra don Miguel Ángel Garaulet.
El señor GARAULET RODRÍGUEZ: Muchas gracias, señor presidente.
Ya hemos debatido esta mañana la importancia del sector agroalimentario, que en estos momentos es clave para la economía española como palanca económica y como motor de empleo en nuestro país. Dentro de ese sector, el colectivo cooperativo
agroalimentario, aparte de ser una fórmula que ancla a los ciudadanos al mundo rural, conforma una pieza fundamental, representando el 64 % de la producción final agraria y un 29 % del valor de ventas netas de la industria alimentaria española, con
más de 4.000 organizaciones y más de 1.200.000 asociados. Es un instrumento, como vemos, de vertebración de la producción agroalimentaria, dentro de una cadena de valor donde se producen importantes desequilibrios y tensiones, generados
fundamentalmente por la disparidad de tamaños y del poder de negociación de los diferentes eslabones que la conforman.
Nos encontramos, por tanto, ante un colectivo de productores y fabricantes de alimentos de España muy atomizado, que está dando pasos hacia una mayor integración y dimensión empresarial, evidenciando, por ejemplo, que ha habido un incremento
medio en los últimos años, pasando de 6,17 millones a 7,27 millones de facturación por cooperativa. Pero somos conscientes de la relevancia de seguir promoviendo una puesta en marcha y coordinación de instrumentos que estimulen una mayor
integración de las cooperativas, desde el punto de vista de integración local, regional y supraautonómica, con vocación de lograr entidades de mayor capacidad de competir en los mercados agroalimentarios. En este sentido, la Ley 13/2013, se ha
demostrado ineficaz a la hora de contribuir a consolidar estas grandes cooperativas, puesto que, aunque es un importante instrumento de estímulo de esa vertebración supraautonómica de mayor nivel, no se le ha dado efectividad.
Debemos hacer cooperativas que sean capaces de operar en toda la cadena agroalimentaria, tanto en los mercados nacionales como en los internacionales, y que contribuyan a mejorar la renta de los agricultores y a consolidar un tejido
industrial agroalimentario en nuestras zonas rurales. Por ello hemos presentado una proposición no de ley donde se incluyen doce puntos que consideramos fundamentales para mejorar la profesionalización de estas cooperativas, así como su
internacionalización para obtener mayores rendimientos económicos. En primer lugar, la necesidad de armonizar la legislación sobre cooperativas de las comunidades autónomas, pues al ser una competencia exclusiva de las comunidades autónomas ha
motivado una fragmentación en nuestra legislación cooperativa. Debemos impulsar la armonización y mejora de la legislación vigente con la intervención de las entidades representativas del cooperativismo y con pleno respeto al marco competencial del
Estado de las autonomías. Segundo, potenciar la coordinación entre los diferentes ministerios y administraciones implicadas, con el objetivo de armonizar la normativa fiscal y laboral. Hay que revisar la Ley 20/1990, sobre Régimen Fiscal de las
Cooperativas, que ha quedado bastante obsoleta por el paso del tiempo y las importantes modificaciones de estos últimos años en materia de tributación de sociedades. En tercer lugar, tenemos que flexibilizar el límite de operaciones con terceros
para poder conseguir que aumente más del 50 %. Y aquí también nos encontramos con diferencias abismales en los límites cuantitativos establecidos entre las distintas leyes autonómicas. Algunas no establecen límites de actuación y otras establecen
límites del 5 %. Además, estos porcentajes están sufriendo cambios continuos en la legislación autonómica. Es complicado trabajar así y debemos impulsar una racionalización en este sentido. Cuarto, permitir que las cooperativas puedan crear
filiales o entidades no cooperativas sin la autorización del Ministerio de Hacienda, so pena de la pérdida de la condición de cooperativa fiscalmente protegida. Entendemos que la exigencia de autorización
por parte del Ministerio de Hacienda no tiene justificación alguna. Es más, si una cooperativa participa en una sociedad mercantil, lo más conveniente respecto a la gestión es que fuera al cien por cien, pero hay que potenciar que puedan
participar en estas entidades no cooperativas. Quinto, hay que permitir a las cooperativas que puedan ampliar su objeto social, incluyendo nuevas funciones para las cooperativas agroalimentarias. En general estas funciones a las que pueden ir
incorporándose están relacionadas con la capacidad de dichas cooperativas para facilitar servicios en el medio rural. Esta ampliación también puede referirse a los actuales sujetos de las cooperativas agroalimentarias. He de recordar que
actualmente solo podrán asociarse a las cooperativas titulares de explotaciones agrícolas, ganaderas o forestales. Es importante que vayan ampliándose hacia otros posibles servicios, la integración de otros sujetos dedicados a estos nuevos
servicios compartiendo intereses comunes en el mundo rural con aquellos titulares de explotaciones. También proponemos la ponderación del voto; establecer un límite máximo de mandatos; regular la conciliación y el arbitraje cooperativo como
mecanismos eficaces para la resolución extrajudicial de conflictos. Noveno, nos parece importante incluir una propuesta de modificación del artículo 5.1 del Real Decreto 1972/2008, sobre reconocimiento de organizaciones de productores de frutas y
hortalizas. Para nuestro grupo el meollo del debate sobre los mínimos exigibles para el reconocimiento de estas OPFH en España no debe ser la condición de ser o no agricultores, sino la fijación de unos mínimos cuantitativos que debe establecer
cada Estado miembro. Los mínimos de reconocimiento actualmente fijados en el anexo II del Real Decreto de 1972 son absolutamente insuficientes, y se deberían incrementar tanto el número de miembros como el volumen de producción comercializada.
Undécimo, favorecer la incorporación de jóvenes agricultores a entidades cooperativas a través de programas de ayuda de aportación de capital social que, como ha dicho mi compañero Jaume, es importante para desarrollar el mundo rural.
El señor PRESIDENTE: Señor, Garaulet, termine.
El señor GARAULET RODRÍGUEZ: Un último punto y termino, señor presidente. Apoyar la creación de entidades de intercooperación ya sea mediante fusión o absorción, siempre y cuando el ente resultante sea mayoritariamente cooperativo, con la
finalidad de crear cooperativas bien dimensionadas y con capacidad de servicio a los socios, de modo que la entidad resultante pueda obtener los mismos beneficios que una cooperativa de base independientemente de que deje de ser una pyme.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Garaulet.
A esta iniciativa se han presentado varias enmiendas. Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el señor Bataller.
El señor BATALLER I RUIZ: Muchas gracias, señor presidente.
Hablar de cooperativas es hablar de un elemento de vertebración del campo, especialmente en el campo valenciano donde la mayoría de las poblaciones en un altísimo porcentaje están vinculadas directamente con el cooperativismo. Las
cooperativas contribuyen al mantenimiento del medio rural, ya que a menudo son las únicas empresas ubicadas en zonas rurales. Facilitan también la integración económica y laboral generando empleo y en muchos casos son el principal instrumento
empresarial, el motor principal de la vida económica y social de las localidades. Las cooperativas contribuyen además al fomento de la profesionalización de sus socios mediante servicios como la formación, la información, la introducción de nuevas
tecnologías, la difusión de conocimientos. Y todo ello, evidentemente, repercute en el cambio de un modelo de gestión tradicional al empresarial. También consiguen un mayor valor añadido tanto en operaciones comerciales, por la concentración de la
oferta en los productos agrarios de los socios y por la demanda de suministros que precisan las explotaciones agrarias, como en los productos agroalimentarios mediante su transformación y acondicionamiento. Por tanto, entendemos que el
mantenimiento de los valores cooperativos es fundamental para las comunidades autónomas y el Estado. Es una posibilidad para hacer un ejercicio tangible de responsabilidad social hacia adentro y hacia fuera de la organización.
Nosotros hemos presentado una enmienda, que el grupo proponente nos ha indicado que va a aceptar, para impulsar la mejora de la legislación vigente pero no con un sentido intervencionista, como una legislación que se hace desde arriba, sino
que propicie la intervención de las entidades representativas del cooperativismo, y también tenga en cuenta que la diversidad de realidades del Estado de las autonomías comporta el que existan marcos que de alguna manera van a producir una
incidencia en unos sectores
antes que en otros. Por tanto, agradecemos al grupo proponente la aceptación de nuestra enmienda. Y anunciamos, evidentemente, nuestro voto a favor de esta proposición.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Mixto para defender su enmienda, tiene la palabra el señor Postius.
El señor POSTIUS TERRADO: Muchas gracias, señor presidente.
La verdad es que en el Partit Demòcrata nos preocupa que hoy estemos debatiendo esta proposición no de ley, presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos. Sinceramente, me obligan a que piense que desconocen cómo funciona el sistema de
cooperativas que en este caso operan en Cataluña. En primer lugar, porque en 2002 el Parlament de Catalunya ya aprobó una ley de cooperativas que posteriormente, en 2015, actualizó. Y en segundo lugar, me gustaría recordar que el artículo 124 del
Estatut de Autonomia atribuye a la Generalitat de Catalunya la competencia exclusiva en materia de cooperativas. Por lo tanto, esto de armonizar no se ajusta mucho al marco competencial. Así pues, entendemos que la finalidad de esta proposición no
es otra que recentralizar competencias. Por este motivo nosotros hemos presentado una enmienda para la supresión de los puntos 1, 2 y 9 que son los conflictivos. En este sentido, si se acepta esta enmienda votaremos a favor y, si no, votaremos en
contra.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Postius.
El Grupo Parlamentario Popular también ha presentado una enmienda a esta proposición no de ley. Para su defensa tiene la palabra don Miguel Ángel Viso.
El señor VISO DIÉGUEZ: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, tengo que comenzar diciendo que nosotros también hemos presentado una enmienda que, en principio, estamos negociando en sus diferentes puntos. En cuanto sean aceptados todos los cambios en los puntos que hemos enmendado votaremos
a favor y, si no es así, votaremos en contra.
Es cierto que la PNL que se presenta hoy aquí es amplia -doce puntos, nueve en un principio- lo que me obliga a explicar un poco nuestro apoyo a la misma aunque se acepten nuestras enmiendas. Se explica básicamente porque en muchas de las
cosas que ahí tratamos ya se está trabajando por parte del ministerio. Debemos tener claro que entre las grandes líneas del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, dentro del conjunto de reformas estructurales diseñadas
por el Gobierno para favorecer el crecimiento económico y la creación de empleo, está fomentar la integración de la oferta en el sector agroalimentario. Bien, cuando hablamos del sector agroalimentario y de las acciones que se están llevando a cabo
desde el ministerio, tenemos que referirnos a las diferentes fases de producción, transformación, comercialización y distribución. Hay que dar el dato, porque es algo a tener en cuenta, de que el 8,3 % del PIB nacional corresponde al sector
agroalimentario. Nuestro compañero de Ciudadanos daba antes los datos sobre el peso específico que tienen las cooperativas. Yo soy hijo de un cooperativista y, por tanto, entiendo la importancia de la cooperativa, sobre todo para la fijación de
población en el mundo rural. El Partido Popular lo tiene claro y por eso ha trabajado en esta materia durante estos últimos cinco años. También debemos tener claro las herramientas que se están utilizando. Estamos trabajando para impulsar el
fomento de la competitividad, de la eficiencia, la calidad, y algo importantísimo, la internacionalización. Para ello se han puesto en marcha varias leyes, una de ellas es, por supuesto, la Ley de fomento de la integración de cooperativas y de
otras entidades asociativas de carácter agroalimentario. Dentro de esta decidida apuesta del Grupo Parlamentario Popular a través del ministerio para el fomento de la integración de los primeros eslabones de la cadena alimentaria cabe destacar dos
importantes medidas: en primer lugar, la Ley 12/2013, de 2 de agosto, de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria, y la Ley 13/2013, de 2 de agosto, que aunque mi compañero de Ciudadanos tache de ineficaz, con lo que no estoy
de acuerdo, hay que pensar que en dicha ley se crea la figura de entidad asociativa prioritaria, algo fundamental y que los que conocemos las cooperativas valoramos muy positivamente, y en segundo lugar, la articulación de un Plan estatal de
integración asociativa. Este plan estatal 2015-2020 se basa sobre todo en cuatro ejes: cambios de estructura de las cooperativas agroalimentarias, comercialización y adaptación de mercado, mejora del conocimiento del cooperativismo agroalimentario
español y la evaluación mediante indicadores. Estas son realidades de lo que el Ministerio y el Partido Popular están haciendo y de la importancia que dan a las cooperativas.
Para terminar quiero recordar que dentro del programa electoral del Partido Popular aparece que seguiremos impulsando la constitución de entidades agroalimentarias asociativas. Por tanto, en nuestra hoja de ruta seguimos teniendo en cuenta
a las entidades asociativas, las cooperativas. Y también le recuerdo a nuestro compañero de Ciudadanos que en el acuerdo firmado con su partido, con 150 compromisos, aparece elaborar una estrategia de desarrollo del sector agroalimentario con el
horizonte 2027 acompasado con la futura PAC. Por lo tanto, señorías, estamos negociando esas enmiendas y en caso de ser aceptadas, votaremos a favor.
Muchísimas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, don Miguel Ángel Viso.
Señor Garaulet, ¿nos puede aclarar su posición respecto a todas las enmiendas que se han presentado a su iniciativa?
El señor GARAULET RODRÍGUEZ: Estamos trabajando en una transaccional. He presentado a todos los grupos parlamentarios un escrito para ver si lo aceptan y en función de lo que me digan, se lo comunicaré.
El señor PRESIDENTE: Nos facilita el escrito y que tenga suerte.
Para fijar la posición del Grupo Parlamentario Confederal Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, tiene la palabra don Jaume Moya.
El señor MOYA MATAS: Muchas gracias.
Estamos absolutamente de acuerdo con el proponente en la importancia clave -que tantas veces se ha repetido hoy- del sector agroalimentario en la economía española. El asociacionismo agrario, muy especialmente plasmado a través de las
cooperativas, es protagonista de este presente y futuro del sector agrario en el Estado español. Las cooperativas son elemento vertebrador del territorio, proyectan hacia el futuro la actividad agraria, fomentan el empleo rural, son motor del
desarrollo económico y social, y pieza fundamental del desarrollo sostenible del medio rural, gran objetivo a alcanzar durante esta legislatura. Además, las cooperativas son un instrumento muy eficaz de participación de toda la población en el
desarrollo económico y social del mundo rural, y también muy eficaz para alcanzar grandes objetivos humanitarios como es la lucha contra el hambre, el papel de la mujer, el equilibrio territorial, la alimentación segura, la calidad y el
mantenimiento del medio ambiente, etcétera. No es de extrañar que en una recomendación la Organización Internacional del Trabajo establezca literalmente la necesidad de alentar el desarrollo de las cooperativas como empresas autónomas y
autogestionadas, inspiradas en la solidaridad como un sector social distintivo de la economía con capacidad para responder a las necesidades de sus socios y de la sociedad. Además, la Alianza Cooperativa Internacional establece que estas
cooperativas precisamente están basadas en unos valores de autoayuda, autorresponsabilidad, democracia, igualdad, equidad, solidaridad y, sobre todo, ética.
Dicho esto, considerando cierta y fundamental la necesidad de promocionar las cooperativas, por desgracia la proposición que nos hace hoy Ciudadanos es en muchos puntos diametralmente opuesta a una legislación beneficiosa, según las
recomendaciones de la OIT que hemos mencionado, puesto que muchos de estos puntos por un lado parecen vulnerar completamente el reparto competencial del Estado y, por otro, abren la puerta a convertir el cooperativismo en meras sociedades
mercantiles. De hecho, la Comisión Europea en el año 2001 ya dejó sentado que todo alejamiento de la estricta interpretación de los principios cooperativos debe restringirse con unos límites claros que garanticen la continuidad de la primacía del
individuo sobre el capital. La misma Constitución española en su artículo 129 establece que la sociedad cooperativa es un prototipo de empresa de participación. Es decir, es un modelo de economía social caracterizado por ser alternativo en lo
económico, en lo participativo y en lo solidario. De manera que pretender, como se pretende en la propuesta, permitir que las cooperativas creen filiales con estatutos no cooperativos es un paso adelante hacia su mercantilización. También
introducir el voto ponderado es una lesión en la gestión democrática de las cooperativas, que también venía establecido, por ejemplo, en el congreso de Manchester del año 1995 de la Alianza Cooperativa Internacional, que adoptó la Declaración sobre
la identidad cooperativa.
De manera que esto ya sería suficiente para votar en contra, pero es que, además, tenemos, como ya se ha apuntado, la invasión de las competencias. La Constitución española atribuye en su totalidad la regulación sobre las cooperativas a las
comunidades autónomas. Incluso en el caso de que el ejercicio de las competencias tenga una repercusión supra autonómica, puede concluirse que la titularidad de las mismas en ningún caso
debe atribuirse al Estado, ni siquiera a partir de la base de la competencia del Estado para resolver conflictos de leyes. Por tanto, vamos a votar en contra. No obstante, hemos recibido las autoenmiendas del grupo proponente y vemos con
simpatía algunos de los puntos. Permitir que las cooperativas puedan ampliar su objeto social siempre y cuando esté vinculado a la actividad cooperativa, analizar la conveniencia de establecer un límite máximo de mandatos, potenciar la conciliación
como solución de conflictos o favorecer la incorporación de jóvenes agricultores, nos gusta y nos parece correcto, pero, por favor, dejemos que estos aspectos positivos, no lo niego, sean valorados y decididos dentro de los respectivos Parlamentos
autonómicos.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, don Jaume Moya.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra don Javier Antón.
El señor ANTÓN CACHO: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, la presentación de esta PNL sobre cooperativismo agroalimentario para mejorar su profesionalización e internacionalización nos permite hacer una valoración de la puesta en marcha de la Ley 13/2013, de fomento de la integración de
cooperativas y otras entidades asociativas de carácter agroalimentario. Como bien saben, el Grupo Parlamentario Socialista votó a favor de esa ley, pese al rechazo por parte del Grupo Parlamentario Popular de las enmiendas que se presentaron en su
día para intentar mejorarla. Entendimos que esta ley podía ser buena para mejorar el tejido cooperativista agroalimentario de nuestro país y llegaba con el visto bueno de las cooperativas agroalimentarias y de las organizaciones profesionales
agrarias. Pero también éramos conscientes de que esta norma era mejorable y de que si no se acompañaba de ayudas e incentivos con reflejo en los presupuestos generales, las bondades de esta ley quedarían mermadas. Parece que el tiempo nos ha dado
la razón, ya que las primeras medidas de estímulo a la integración no se pusieron en marcha hasta 2016.
Al analizar la proposición no de ley creo que todos los grupos coincidimos en la importancia del sector agroalimentario en la economía española, y en que dentro de este sector el peso del cooperativismo agroalimentario es fundamental, con
casi 4.000 cooperativas que agrupan a un millón de socios productores y dan empleo a más de 96.000 trabajadores y trabajadoras, y que facturan más del 60 % de la producción agraria. Además, debemos destacar la importancia que tienen estas
cooperativas para el mundo rural más allá de los resultados económicos. En estos momentos son imprescindibles para lograr una cohesión y vertebración del territorio, pues son capaces de fijar población y empleo en los territorios más despoblados.
Por poner un ejemplo, en la provincia en la que yo vivo una cooperativa es la empresa que más factura. Somos conscientes de que para mejorar estos resultados, para detener el desequilibrio de la cadena de valor y hacer frente a las grandes
distribuidoras es imprescindible romper con la atomización y poner en marcha instrumentos y ayudas eficaces que inciten a la integración de las cooperativas.
En este sentido, la proposición de Ciudadanos recoge una serie de medidas que quizá por su complejidad sería hasta lógico presentar una PNL exclusiva para cada uno de ellas. Entrando en materia, de manera rápida y esquemática, estamos en
contra de los puntos primero y tercero porque, a nuestro juicio, es más eficaz proponer estos cambios en las comunidades autónomas, que son las verdaderamente competentes en esta materia, que instar desde esta Cámara a los Parlamentos autonómicos.
Estamos de acuerdo con el punto dos, se puede revisar la Ley 20/1990, sobre Régimen Fiscal de las Cooperativas, y adaptarlo a las nuevas realidades y tributación de las sociedades. Respecto al cuarto punto es habitual que las cooperativas ya creen
entidades no cooperativas, si bien podría prescindirse de la autorización previa del Ministerio de Hacienda y así lo han pedido las propias cooperativas. En cuanto a la ampliación del objeto social que se propone en el punto cinco, estamos de
acuerdo con la prestación de servicios en el mundo rural, imprescindible si son las únicas que los están prestando, y sobre todo, con energías alternativas. No compartimos la obligación de ponderación de voto a la que se refiere el punto seis. La
legislación es flexible en la expresión un socio, un voto, siempre y cuando se recoja en los estatutos. No estamos a favor de la obligatoriedad, no se puede perder la esencia del cooperativismo. Sucede lo mismo con el punto séptimo, los estatutos
de cada cooperativa son los que deben recoger las limitaciones para la reelección de los consejos rectores. Respecto a la conciliación y el arbitraje, creemos que nada impide que las cooperativas accedan a la Ley 60/2003, de Arbitraje.
Para terminar, nos han presentado una transaccional que estamos estudiando en el grupo y a la hora de votar fijaremos nuestra posición.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, don Javier Antón.
- SOBRE ESPECIES EXÓTICAS INVASORAS Y SU COMPATIBILIDAD CON LAS ACTIVIDADES CINEGÉTICA Y PISCÍCOLA. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente 161/001182).
El señor PRESIDENTE: Pasamos a la proposición no de ley sobre especies exóticas invasoras y su compatibilidad con las actividades cinegética y piscícola. El autor de la iniciativa es el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. Para su
defensa tiene la palabra su portavoz, doña María Teresa de Lara.
La señora DE LARA CARBÓ: Gracias, señor presidente.
Señorías, empezaré mi intervención con los antecedentes sobre la iniciativa de especies exóticas invasoras que vamos a debatir. El pasado 14 de noviembre de 2011, una semana antes de las elecciones generales, el todavía Gobierno socialista
del señor Rodríguez Zapatero aprobó un real decreto, en el que se regulaba el listado y catálogo español de especies exóticas invasoras en cumplimiento de la Ley de Patrimonio Natural y Biodiversidad. La incorporación de varias especies al listado
y catálogo supuso la restricción de ciertas actividades en el caso de la caza y de la pesca y su aplicación planteó diversas dificultades. Ello motivó la presentación de diversos recursos por parte de las comunidades autónomas, que fueron objeto de
dos autos del Tribunal Supremo y de la promulgación del acuerdo de Consejo de Ministros, ya con un Gobierno del Partido Popular, que anulaba diversos artículos, disposiciones y el anexo II del real decreto y acordaba iniciar el procedimiento de
modificación. La modificación llega con el Real Decreto 630/2013, que sustituye al anterior y cumple con el objetivo de dar seguridad jurídica a actividades relacionadas con las especies exóticas invasoras como la caza y la pesca deportiva,
solucionando los problemas de aplicación que la normativa anterior había provocado. La sentencia del Tribunal Supremo de 16 de marzo de 2016, que anula parcialmente la normativa anterior, ha generado una gran preocupación por los efectos económicos
y sociales que puede producir, fundamentalmente, señorías, por tres motivos: primero, cataloga como exóticas invasoras determinadas especies no contempladas en el real decreto, entre ellas algunas que son objeto de caza o pesca deportiva como la
carpa, el lucio, la trucha arco-iris, el black bass, el arruí. Todo ello implica la prohibición genérica de posesión, transporte, tráfico y comercio de ejemplares vivos o muertos de estas especies. Segundo, elimina la posibilidad de caza y pesca
deportivas de las especies catalogadas, salvo en el marco de campañas de control y erradicación, lo que supone efectos económicos negativos para municipios rurales en los que esas actividades deportivas, turísticas y de ocio tienen una gran
repercusión económica. Tercero, dificulta actividades comerciales e introduce dudas sobre el régimen de algunas explotaciones industriales que utilizan especies catalogadas para la alimentación. Sepan ustedes, señorías, que a día de hoy existen un
total de 93 explotaciones de trucha arco-iris y cinco de cangrejo rojo repartidas por todo el territorio nacional, para que ustedes se den cuenta de la magnitud del problema.
Estamos hablando, pues, de un asunto especialmente sensible para las comunidades autónomas como administraciones responsables de la gestión de estas especies. Y por ello el ministerio convocó el pasado 19 de abril una reunión del Grupo de
trabajo de especies exóticas invasoras, y en el marco de la coordinación realizada en este grupo y tras valorar con los servicios jurídicos la posibilidad de actuación del ministerio ante la sentencia del Tribunal Supremo, el Ministerio presentó el
pasado 20 de abril el llamado incidente excepcional de nulidad de actuaciones que, sin embargo, fue desestimado.
Por ello, señorías, el Grupo Parlamentario Popular ha presentado esta proposición no de ley que espero que cuente con el apoyo de todos los grupos parlamentarios. Se trata, señorías, de buscar soluciones que compatibilicen la protección del
medio ambiente en la forma que la sentencia del Tribunal Supremo dispone con la protección de la actividad y el empleo de los sectores cinegético y piscícola, con especial incidencia en el mundo rural. Pretendemos colaborar con las comunidades
autónomas y dotar de cobertura jurídica a los sectores que tras la sentencia se encuentran en una situación no prevista en la normativa. En definitiva, señorías, se trata de impulsar la modificación de los artículos relativos a la prevención y
control de las especies exóticas invasoras en la Ley 42/2007, de Patrimonio Natural y Biodiversidad, teniendo en cuenta la prescripción del reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo en cuya aprobación participó activamente España. Señorías,
desde el Grupo Parlamentario Popular siempre hemos mantenido que las actividades cinegética y piscícola practicadas de forma racional y sostenible aportan considerables beneficios no solo sociales y económicos, sino también medioambientales y
culturales; mantienen un alto compromiso con la conservación de las especies, tienen profundo arraigo en nuestras tradiciones y constituyen un sector económico con importante capacidad de generar renta y
empleo en el mundo rural. Ese mundo rural que no dudo, señorías, que todos quieren preservar y potenciar, según hemos podido escuchar hoy en esta Comisión.
Respecto a las enmiendas presentadas, la del Grupo Parlamentario Socialista propone la creación de grupos de trabajo, y le informo de que ya se ha constituido el Grupo de trabajo de especies exóticas invasoras que en realidad responde a su
petición. En cuanto a la enmienda del Grupo Parlamentario Ciudadanos, propone alguna puntualización que no creo que deba incluirse -lo veremos en el trámite de la proposición- porque en realidad lo que su grupo solicita está perfectamente reflejado
en la autoenmienda presentada por el Grupo Parlamentario Popular.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, doña María Teresa de Lara.
A esta iniciativa se han presentado varias enmiendas, una es del Grupo Parlamentario Confederal Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, para cuya defensa tiene la palabra don Juan Antonio López de Uralde.
El señor LÓPEZ DE URALDE GARMENDIA: Muchas gracias, señor presidente.
Veo que la enmienda que ha presentado el Grupo Parlamentario Confederal Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea ni siquiera ha merecido un comentario por parte del Grupo Parlamentario Popular. La verdad es que las especies exóticas invasoras
son especies foráneas que han sido introducidas de forma artificial, accidental o voluntariamente, y que después de cierto tiempo consiguen adaptarse al medio y colonizarlo. Las especies nativas al no haber evolucionado en contacto con estas nuevas
especies no pueden competir con ellas, por lo que son desplazadas. Las especies exóticas invasoras constituyen una de las principales amenazas para la biodiversidad, ya que son uno de los factores que están contribuyendo en mayor medida a la rápida
y masiva pérdida de especies de las últimas décadas. Por otro lado, representan un notable impacto en las economías de los países afectados. Se trata de un problema global que afecta a todos los países y de especial importancia en las islas y
archipiélagos. Los efectos se aprecian en todos los ecosistemas y en algunos casos son irreversibles.
La erradicación de estas especies invasoras tiene un inmenso coste que pagamos todos los ciudadanos. La Unión Europea lo ha cuantificado en 12.000 millones de euros al año. Algunas especies concretas que causan grave daño en nuestro país
también tienen un alto coste de erradicación. Por ejemplo, la lucha contra el mejillón cebra cuesta anualmente a la Confederación Hidrográfica del Ebro la nada desdeñable cifra de 2 millones de euros. Para erradicar el jacinto de agua, también
conocido como camalote, en el Guadiana gastamos 10 millones de euros al año. La lucha contra la invasión de otras especies exóticas invasoras, como la avispa asiática, no ha hecho más que comenzar, pero su avance en el territorio es visto con
enorme preocupación. En este contexto, desde nuestro grupo no podemos estar de acuerdo con que se proponga modificar la Ley 42/2007, de Patrimonio Natural y Biodiversidad y el reglamento sobre prevención y gestión de la introducción y propagación
de especies exóticas invasoras. Se trata de las mejores herramientas posibles para poder hacer frente a un fenómeno que se está agravando como consecuencia del cambio climático, porque las especies que antes no podían adaptarse ahora lo hacen mucho
más fácilmente por el progresivo calentamiento global.
En realidad, detrás de la proposición no de ley presentada por el Grupo Popular hay un cambio total en la legislación española sobre especies exóticas invasoras, amparándose en algunas problemáticas concretas, para cuya resolución no es
necesario modificar la legislación, sino buscar las alternativas adecuadas. En ese sentido, nosotros hubiéramos apoyado la PNL, si se hubiera tenido en consideración nuestro cuarto punto, que se refiere a las modificaciones de la Ley 42/2007 de
Biodiversidad y al reglamento europeo. Este rechazo a aceptar nuestra enmienda viene a demostrar que lo realmente importante es cargarse la Ley de Patrimonio Natural y Biodiversidad, algo que no vamos aceptar. Conviene recordar que ni en la
legislación ni en la sentencia del Tribunal Supremo ponen pegas a la caza o pesca de estas especies, sino a su suelta en el medio ambiente, que es algo diferente.
En lo referido a las explotaciones industriales, a las que se ha referido la portavoz del Grupo Popular, en ningún caso se cuestiona su utilización para alimentación, sino que la legislación se refiere a la liberación de estas especies en el
medio ambiente. En ese sentido, la enmienda trata de exacerbar unos problemas que no son los que se están exponiendo en la enmienda. Desde nuestro punto de vista, se trata de encontrar soluciones, pero sin llevarse por delante una legislación, la
legislación de la protección de la diversidad, que se constituye como la única herramienta para la protección de la biodiversidad en nuestro país.
En ese sentido, visto que el Grupo Popular no tiene ninguna intención de aceptar nuestra enmienda para evitar esa modificación de la Ley de Biodiversidad, nuestro voto será en contra. Además, puesto que esta ley fue fomentada y aprobada
durante el Gobierno del Partido Socialista, pedimos al Grupo Socialista que reconsidere su posición, puesto que sería contradictorio que apoyase que esta ley se modificara para lo que pretende el Partido Popular.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, don Manuel López de Uralde.
A continuación, tiene la palabra para defender la enmienda que han presentado a esta iniciativa, don Miguel Ángel Garaulet.
El señor GARAULET RODRÍGUEZ: Gracias, señor presidente.
Ya hemos hablado de la sentencia y en dicha sentencia se ordena la inclusión en dicho catálogo de las especies carpa común y trucha arcoíris, además de declarar la nulidad de determinadas disposiciones que daban cobertura legal a la
actividad de pesca y caza de peces como el black-pass, el lucio o el arruí, especies introducidas por la Administración con la finalidad de que fuesen utilizadas como parte del aprovechamiento cinegético y piscícola y que hoy en día en los espacios
que ocupan actualmente no producen daño al ecosistema, sino que más bien al contrario representan un eslabón fundamental para el sostenimiento de la calidad del biotopo en los embalses creados artificialmente por el Estado.
La anulación de estas disposiciones del real decreto elimina la posibilidad de seguir practicando la actividad de pesca y caza de estas especies, que a pesar de estar incluidas en el catálogo español de especies exóticas invasoras, contaba
con un tratamiento de excepción, debido a su importancia social, económica y deportiva, lo que conllevaba una importante afección económica para un gran número de municipios rurales, al eliminar la posibilidad de que este siga obteniendo ingresos
por la actividad de ocio y recreo ligadas a la actividad de aprovechamiento de estas especies. Todo esto sin que el Tribunal Supremo haya tenido en cuenta antes de emitir sentencia que la Ley 42/2007 fue modificada mediante la Ley 33/2015 y que las
disposiciones del Real Decreto 630/2013, anuladas por la sentencia, cubrían provisionalmente la adaptación de la ley al reglamento 1143/2014 del Parlamento y del Consejo Europeos, sobre la prevención y gestión de la introducción y propagación de
especies exóticas invasoras, dado que este reglamento de la Unión Europea contempla excepcionalidades que aún no han sido trasladadas a la normativa española.
Desde la emisión de la sentencia del Tribunal Supremo han sido numerosas e importantes las movilizaciones sociales efectuadas por los sectores de la caza y pesca, así como de los municipios afectados y del sector empresarial asociado a esas
especies, como consecuencia de la incertidumbre e inseguridad jurídica generadas. Nosotros creemos, y por eso hemos presentado la enmienda, que no se definía completamente de una forma adecuada lo que queríamos demostrar, porque es necesario llevar
a cabo medidas transitorias urgentes, que salven al sector ya este año, por razones de urgencia social y económica, teniendo en cuenta que la temporada de pesca comienza ya y la situación del sector es dramática.
Por último, quiero señalar que el pasado 13 de julio fue publicado en el Diario Oficial de la Unión Europea el reglamento de ejecución de la Unión Europea 1143/2014, donde figuraba la lista inicial de especies exóticas invasoras preocupantes
para la Unión Europea y donde se puede constatar que trucha arcoíris no está en esa lista, ni el lucio, ni el arruí.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Para defender su enmienda, por el Grupo Socialista, tiene la palabra don Manuel González Ramos.
El señor GONZÁLEZ RAMOS: Gracias, señor presidente.
No es un tema fácil el que nos ocupa en esta proposición no de ley, pero partiendo de la premisa de la protección medioambiental, también la introducción de especies invasoras, de especies exóticas, de especies alóctonas a lo largo de la
historia de este país ha ocasionado perjuicios, más o menos recientes. Hay especies de caza y de pesca que pueden mermar nuestra riqueza patrimonial, a nivel medioambiental, pero también desde este grupo parlamentario creemos -por eso, proponíamos
esa enmienda- que se tienen que conformar grupos, en los que estén representados todas las partes interesadas: las asociaciones de pescadores y cazadores, grupos ecologistas, las administraciones públicas implicadas -Estado y
comunidades autónomas-, etcétera. En definitiva, es posible desde luego que las cosas tengan una solución para todos.
Efectivamente, voy a citar textualmente a alguien que dice que hay que cumplir la sentencia porque hay consenso científico sobre el impacto medioambiental que provocan las especies exóticas. Esa persona sigue diciendo que reconoce que la
solución no es fácil y que hay que sentarse a estudiar el daño ambiental y también el económico para dar alternativas. Coincido plenamente con esta cita del año pasado del coordinador de Ecologistas en Acción, Theo Oberhuber. Esto no es fácil,
pero desde el Grupo Socialista entendemos -la experiencia durante largos años de gestión en alguna delegación de Agricultura y Medio Ambiente así me lo dice- que es posible cumplir con la sentencia y, al mismo tiempo, consensuar las posiciones para
que la riqueza natural que tiene este país no se vea mermada por las especies alóctonas introducidas.
Por eso, creo que hay que trabajar en esa línea de los grupos de trabajo en común. Por ejemplo, en Castilla-La Mancha -mi tierra- tenemos diecisiete cotos de pesca, de ellos dieciséis en la provincia de Albacete. Las asociaciones de
pescadores son las que más interés tienen -conozco personalmente a todos- en que las cosas se hagan bien. La caza y la pesca deben inspirarse en el principio de gestión de aprovechamiento sostenible. Asimismo, hay ejemplos que muestran que cuando
las cosas se hacen bien y se toman las precauciones necesarias no ocurre nada. Yo me alegro - entrecomillas- de esta sentencia, porque nos avisa a todos de que hay que poner remedio a algunas especies invasoras, porque provocan verdadero daño, tal
como ha dicho el portavoz del Grupo de Unidos Podemos. Hay especies para todos los gustos. La trucha arcoíris lleva ya cien años con nosotros, ya que fue introducida por la Administración en otros tiempos y la carpa común lleva incluso miles de
años con nosotros. Yo creo que haciendo bien las cosas es posible que no tengamos que lamentar una mala gestión, que en algunos casos es posible que hayamos hecho entre todos. En definitiva, es posible consensuar el equilibrio, el respeto y el
desarrollo sostenible con la responsabilidad social que implican a las propias administraciones y a los propios administrados, tanto en lo económico como sobre todo en lo medioambiental.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor González.
El Grupo Parlamentario Popular tiene presentada una enmienda, que supongo que será defendida por la portavoz. Lo único que le pediría que aclarara cuál es su posición respecto a las enmiendas que se han presentado a su iniciativa.
La señora DE LARA CARBÓ: Señor presidente, creo que ya había expresado la postura. He dicho que en realidad la enmienda del Partido Socialista está incluida en nuestro texto, porque se ha creado un grupo de trabajo de especies exóticas
invasoras. Yo creo que nuestra propuesta responde a su petición. Por su parte, la enmienda del Grupo Ciudadanos también creo que contempla, quitando algún detalle que señalaba en su enmienda, nuestra autoenmienda. Respecto al Grupo de Unidos
Podemos, quiero decir que no aceptamos su enmienda.
El señor PRESIDENTE: Entonces, ¿acepta dos enmiendas?
La señora DE LARA CARBÓ: No acepto las enmiendas porque creo que están subsumidas en nuestro texto, excepto la del Grupo Unidos Podemos que no la aceptamos.
El señor PRESIDENTE: ¿No acepta ninguna enmienda?
La señora DE LARA CARBÓ: No.
El señor PRESIDENTE: De acuerdo.
- SOBRE LA IMPLEMENTACIÓN DE UN PROYECTO PILOTO DE TRANSFERENCIA CONTROLADA DE SEDIMENTOS DESDE EL EMBALSE DE RIBA-ROJA D'EBRE A LA DESEMBOCADURA DEL DELTA DEL EBRO. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO DE ESQUERRA REPUBLICANA. (Número de
expediente 161/001223).
El señor PRESIDENTE: Pasamos al siguiente punto del orden del día: proposición no de ley sobre la implementación de un proyecto piloto de transferencia controlada de sedimentos desde el embalse de Riba-roja d'Ebre a la desembocadura del
Delta del Ebro. El autor ha sido el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana y para su defensa tiene la palabra don Javier Eritja.
El señor ERITJA CIURÓ: Gracias, presidente.
Señorías, la supervivencia del delta del Ebro está en peligro por la mala planificación hidrológica y la falta de un plan de gestión integral de los sedimentos de la cuenca del Ebro. De la necesidad de gestionar, transferir y aportar un
mayor volumen de sedimentos desde el Riba-roja hasta su desembocadura y llanura deltaica es de lo que vamos a hablar en esa propuesta, porque si no llevan a cabo actuaciones inmediatas el delta del Ebro acabará desapareciendo a medio o corto plazo.
Mientras diferentes estudios científicos nos advierten que durante este siglo el 45 % de la superficie del delta puede quedar por debajo del nivel del mar, si no ponemos remedio, comprobamos que en el Plan hidrológico de la cuenca del Ebro
no se prevé ninguna actuación para aumentar la aportación de sedimentos al delta. Un delta que cada año se hunde entre uno y cinco milímetros. El hundimiento natural de la llanura deltaica, fenómeno conocido como subsidencia, se agrava
precisamente por la falta de aportación de nuevos sedimentos que quedan retenidos en los embalses y pantanos del curso medio final del río Ebro. Pero la situación del hundimiento se vuelve todavía más dramático, debido al efecto de cambio climático
y al calentamiento global del planeta, que provoca un crecimiento imparable del nivel del mar entre tres y cuatro milímetros anuales.
La construcción de los embalses en la cuenca del Ebro a mediados del siglo XX y su gestión hidroeléctrica son los que han comportado una reducción drástica de la aportación de sedimentos hacia el delta. Se calcula que el embalse de
Riba-roja d'Ebre recibe cada año dos millones de toneladas de sedimentos. Estas toneladas, además de sumarse a las ya existentes en el embalse, reducen progresivamente la capacidad de almacenamiento del agua que el mismo embalse tiene. De hecho,
hoy en día, según los estudios científicos solo llegan a la desembocadura del río Ebro unas cien mil toneladas anuales de sedimentos, cantidad insignificante si tenemos en cuenta que para compensar la subsidencia y la subida del nivel del mar el
delta necesitaría en esos momentos la aportación de 1,3 millones toneladas. Por tanto, es necesario y urgente revertir esta pérdida de elevación del delta y la regresión de su costa con actuaciones que faciliten una mayor aportación de los
sedimentos.
Señorías, si no se actúa será inevitable que durante este siglo se produzca la inundación de agua marina de espacios urbanos y de gran valor medioambiental y ecológico, además de una salinización excesiva en sus tierras que dificultaría las
actividades agrícolas y especialmente del cultivo del arroz. Durante los últimos años desde diversos ámbitos científicos y sociales se ha propuesto recuperar parte de los sedimentos retenidos en los embalses del curso medio-alto y final del río
Ebro. Por ejemplo, los estudios científicos realizados por la Universidad Politécnica de Cataluña y el Instituto de Investigación de la Generalitat, IRTA, demuestran que con una aportación o transferencia mínima anual de toneladas de sedimentos se
podría afrontar la amenaza combinada que representa la subsidencia y el crecimiento del nivel del mar. Por eso, es tan necesario aplicar un plan de gestión integral de sedimentos en la cuenca del Ebro. Una manera de recuperar parte de los
sedimentos sería el abrir de manera regular las compuertas, el fondo o desagües de los embalses, para así facilitar su transporte hacia las desembocaduras. Cabe recordar que los embalses de Mequinenza y Riba-roja nunca han abierto sus compuertas de
fondo para dar paso a los sedimentos.
Otro método para recuperar los sedimentos sería precisamente mediante la implementación de actuaciones técnicas que se han demostrado viables en muchos otros países. Actualmente se cuenta con propuestas técnicas elaboradas con un amplio
consenso social y científico y que están a la espera de poder ser puestas a la práctica, mediante una prueba piloto que permita derivar y transferir de manera controlada los sedimentos acumulados hacia la desembocadura del río Ebro. Por eso,
pedimos poner en práctica esa prueba piloto de transferencia de sedimentos, comprobando así su eficacia y viabilidad. Señorías, sin sedimentos no hay delta del Ebro. Den una oportunidad al delta y a su futuro, así como a la gente que vive en el
delta del Ebro. Por eso, desde Esquerra Republicana pedimos actuaciones urgentes y efectivas en la gestión y la aportación de sedimentos para poder detener la regresión que sufre la costa del delta del Ebro, el hundimiento y la subsidencia de la
llanura deltaica, así como la amenaza de inundación marina de gran parte del mismo delta.
Por tanto, pediríamos que durante este año 2017 como mínimo se iniciase la redacción y aprobación de un plan de gestión integral de los sedimentos de la cuenca del Ebro y también que se dotase con una partida económica un proyecto piloto de
transferencia controlada de sedimentos, desde los embalses de Riba-roja d'Ebre o Mequinenza hasta la desembocadura del delta del Ebro. En ese sentido, entendemos que las enmiendas que ha presentado el Grupo Ciudadanos son de mejora técnica y, por
tanto, aceptamos las modificaciones que plantean.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Eritja.
A esta iniciativa se ha presentado una enmienda por parte del Grupo Ciudadanos, para cuya defensa tiene la palabra don Miguel Garaulet.
El señor GARAULET RODRÍGUEZ: Muchas gracias, señor presidente.
No vamos a votar en contra de esta propuesta, y mucho menos tratándose de una prueba piloto, que puede tener mayor o menor envergadura en función de la disponibilidad presupuestaria. Hace tiempo que el IRTA está trabajando en el estudio y
es normal que acabe realizándose algún tipo de prueba piloto para desarrollar este tema.
Sin embargo, nosotros queríamos dejar constancia de que los datos científicos son serios y están bien definidos en la proposición no de ley, aunque el cálculo de las cien mil toneladas al año de seguimiento es discutible por escaso y la idea
de llegar al 1,2 millones de toneladas al año hace que esta tarea sea realmente complicada. También se valora que los problemas de la desembocadura se deben a dos factores: la subsidencia y la subida del nivel del mar. Esto es correcto, pero
también se argumenta que la disminución en la recepción de los sedimentos se debe al estacionamiento por pantano, lo cual es cierto, pero no es el único motivo. Hay otros motivos asociados como la disminución del caudal anual en sí mismo, la falta
de canalizaciones y obras ribereñas adecuadas en determinados tramos y la deficiencia en actuaciones contra desbordamientos. Tampoco se valora la sobreexplotación de acuíferos y del propio entorno agrícola del delta.
En conclusión, hemos presentado una enmienda que propone, en primer lugar, que se dote de partida económica a un proyecto piloto de transferencia controlada de sedimentos desde el embalse de Riba-roja d'Ebre a la desembocadura del delta del
Ebro, con el fin de implementarse durante el año 2017, dando apoyo y aplicando los resultados del trabajo del IRTA y las universidades con relación a este asunto. Y en segundo lugar, plantea que se redacte y se apruebe durante el año 2017 un plan
de gestión integral de los sedimentos de la cuenca del Ebro, con sometimiento en su caso del mismo a evaluación ambiental estratégica, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental. Este plan deberá
aprobarse dentro del Plan integral de protección del delta del Ebro, Pipde, con la participación del Gobierno español y la Generalitat de Catalunya, entre otras administraciones.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Garaulet.
¿Algún grupo desea fijar posición sobre esta iniciativa? (Pausa).
Por el Grupo Mixto, tiene la palabra su portavoz, señor Bel.
El señor BEL ACCENSI: Muchas gracias, presidente.
Vaya por delante que nuestro grupo va a apoyar esta iniciativa y agradece su presentación. De hecho, esta iniciativa en términos muy parecidos ha sido aprobada también en muchos municipios de la ribera del Ebro y, sobre todo, del delta del
Ebro. Lo que se está pidiendo es la implementación de un proyecto piloto de transferencia controlada de sedimentos. Este es un proyecto, como ya se habrá expuesto, que ha sido implementado en otros Estados con cierto éxito. Nosotros entendemos
que ha llegado el momento, aparte de afrontar otros problemas que tienen el delta del Ebro y el río Ebro que no son incompatibles con este plan, de que este plan tenga una suficiente dotación. Si aprobamos esta propuesta, también nos obligamos
todos a incorporar la correspondiente partida presupuestaria en los presupuestos de 2017, si estos son aprobados. Por tanto, vamos a votar a favor de la proposición no de ley.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Bel.
¿Hay más grupos que desean intervenir? (Pausa).
Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, tiene la palabra don Pedro Arrojo.
El señor ARROJO AGUDO: Gracias, señor presidente.
Con sinceridad les digo que es sumamente interesante que estemos volviendo a abordar a este tema. Si recuerdan, este asunto salió un poco marginalmente a raíz del debate sobre una PNL sobre caudales. Ya dije en ese momento que los caudales
son importantes. Existe un debate sobre todo este tema, tanto científico como práctico. Sin embargo, si solo se ha sedimentado previamente el 98 % o 99 % de los
caudales sólidos, estos caudales van a tener un efecto sobre la salinidad, la cuña salina, pero no sobre los procesos de subsidencia ni tampoco sobre otro tema que no está saliendo -y que no solo afecta al delta-, sobre las arenas de playas
turísticas.
El 90 % de la arena de playas turísticas no procede de la erosión continental de las olas, sino que procede de los flujos sólidos que aportan los ríos al mar y que luego las corrientes literales lo distribuyen en forma de playas. Si ustedes
se fijan, cada año tenemos las mismas noticias. Todos los años alguna gran tormenta en el Mediterráneo barre alguna playa y la deja en roca viva. Después la televisión va y entrevista a la gente. La señora de turno dice que el mar ya no les trae
arena. Si el periodista supiera más, le preguntaría si antes el mar les traía arena. La señora contestaría afirmativamente, antes el mar les traía arena, pero ahora no les trae arena. Esos son impactos que la Directiva marco europea prevé y mete
en la ley diciendo que por eso hay que hacer la planificación de cuencas, incluyendo deltas, estuarios y plataformas litorales marinas. Yo me alegro que a nivel parlamentario empecemos a entender este argumento. Les señalo que en Estados Unidos,
desde hace ya prácticamente dos décadas, el 30 % de la ingeniería de caminos, de los funcionarios que están destinados al Bureau of Reclamation, se dedican a la gestión de flujos sólidos, que tienen toda una serie de técnicas que se van aplicando,
aunque después haya que calcular económicamente si vale o no la pena. Pero habrá que calcularlo y hacerlo. Iniciar ese proceso en caso del Ebro sería muy útil, pero también lo sería para todo el país.
Hay que darnos la enhorabuena y quiero agradecer también la posición avanzada que presenta Ciudadanos, así como al proponente que ha presentado esta proposición no de ley. Mi grupo votará a favor de la propuesta.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Arrojo.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra don Miguel Barrachina.
El señor BARRACHINA ROS: Muchísimas gracias, señor presidente.
Esta misma iniciativa ha sido debatida ya y rechazada en el Senado, pero vuelve aquí porque es un tema importante. El delta del Ebro es un parque natural de primera magnitud y no solo en el entorno nacional sino que está entre los tres
primeros parques de todo el Mediterráneo, pero no solo para la provincia de Tarragona, sino también para el norte de la provincia hermana de Castellón, ya que es zona cedente de la cuenca del Ebro, así como para Cantabria, para País Vasco, Castilla
y León, Navarra, La Rioja y naturalmente Aragón, es decir, para las siete comunidades autónomas por las que transita.
Efectivamente, el delta del Ebro ha vivido una transformación gigante. En los dos últimos siglos, a finales del siglo XIX y del siglo XX, se establecieron, por un lado, los actuales arrozales que copan el 75 % de lo que es el delta del
Ebro, que llevan a cabo una práctica agrícola perfectamente compatible con la utilización que del delta que hacen las aves, que han cambiado incluso sus ciclos biológicos para adaptarse a esa nueva realidad del delta. Por otro lado, también durante
la mitad del siglo pasado se establecieron embalses, pantanos y multitud de regulación del agua, que ha servido para el uso humano, también para regadío y, cómo no, para producir energía eléctrica. Sin embargo, la solución propugnada no es una
solución pacífica. De hecho, esta propuesta de la movilización de los sedimentos que hay en los embalses o en los actuales ríos fue completamente descartada por la Generalitat catalana en los años noventa, es decir, la misma Generalitat que lo
protegió en 1983. Por cierto, llama la atención que tanto en el texto proponente como en la enmienda de Ciudadanos a la Generalitat de Catalunya se la llame con ese precioso nombre y a España jamás se la llame España, tan solo se la llame Gobierno
español.
Decía que hay dos motivos por los cuales efectivamente el número de sedimentos se ha reducido sustancialmente. El primer motivo, por el que dos de cada tres sedimentos se han reducido, es la regulación de los embalses, y el segundo motivo,
es que otros dos tercios se han visto afectados por la reforestación, por la creciente presencia forestal que evita -esto es algo saludable en muchos casos- el corrimiento o la bajada de toda esta serie de sedimentos, que después ayudarían al delta.
Por tanto, ha habido informes tanto de la Universidad de Lleida como de la Generalitat catalana que descartaron completamente que la movilización de sedimentos pudiese ser la solución a la situación que vive el incomparable paraje del parque natural
del delta del Ebro. Me gustaría que la pasión política no fuese capaz de nublar ni a la ciencia ni a los procedimientos que rigurosamente deben llevarse a cabo. Por eso, existe un plan de cuenca aprobado el año pasado y, además, hay un Plan sobre
el delta del Ebro integral de protección, así como todos los sistemas específicos puestos en marcha, como por ejemplo la red específica de
monitorización que va a procurar un mayor conocimiento y una mayor precisión técnica para que las decisiones que se tomen sean las más acertadas para preservar el paraje.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Barrachina.
Discúlpenme, lamento haberme saltado el orden. Había pedido la palabra, por el Partido Socialista, don Marc Lamuà.
El señor LAMUÀ ESTAÑOL: Muchas gracias, señor presidente, seré breve.
Hoy trae aquí Esquerra Republicana una proposición no de ley que se debatió en el Senado, tal como se ha recordado. En dicha Cámara el Partido Popular se valió de su mayoría para que no prosperara, en frente de todos los grupos que sí que
dieron su apoyo. Hoy presumiblemente por las dinámicas de esta Cámara va a acabar de una manera distinta, ya que prosperará esta proposición no de ley. Todos los grupos en el Senado remarcaron lo adecuado de la propuesta en este momento y que,
además, se situara dentro de unos márgenes sensatos y razonables para el escenario actual. Conociendo el argumentario que ya desplegó el Partido Popular en el Senado -y que hoy lo ha vuelto a hacer-, creemos que debemos remarcar que llevar a cabo
una prueba piloto solo puede redundar en beneficio del delta y que no interfiere en la elaboración de más estudios que se puedan hacer hoy en día, porque podremos continuar haciendo más estudios e incluso mientras aplicamos la prueba piloto que
propone esta proposición no de ley. Antes o después tendremos que redactar y aprobar el plan de gestión integral de los seguimientos en la cuenca del Ebro y dicha prueba podría incluso llegar, de alguna manera, a complementar dicho proyecto.
La protección del delta debería ser un objetivo común de todos los partidos representados en esta Cámara, pero para que el delta sobreviva -en esto estamos de acuerdo con los ponentes- debemos evitar que siga su proceso de degradación. El
plan piloto propuesto con su aportación de sedimentos puede demostrarse quizás esencial en los años venideros. Es evidente que el retroceso de la línea costera y la disminución de los sedimentos en la llanura deltaica no solo afecta de manera
evidente a los ecosistemas del delta, sino que podrá afectar en breves años a espacios urbanos y muy especialmente -eso es muy relevante para la gente de la zona- a terrenos agrícolas especializados en el cultivo del arroz. Por todo ello, por lo
esencial de proteger el delta, por toda la vida que en él se desarrolla, en una región que de una manera u otra aprovecha dicho entorno natural, de primer orden, para seguir con su modo de vida, el Grupo Socialista votará a favor de esta PNL.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, don Marc Lamuà.
Suspendemos por breves minutos la sesión, al efecto de ordenar las votaciones. Son ahora las dos, y a las dos y diez se iniciarán las votaciones correspondientes a las iniciativas del día de hoy. (Pausa).
Señoras y señores diputados, vamos a proceder al inicio de las votaciones. Les ruego, por favor, el máximo silencio y la máxima atención, para que no haya confusiones y para que terminemos lo antes posible.
Antes de comenzar, les rogaría una aclaración. Sobre la iniciativa número 3, la relativa al desarrollo y aplicación efectiva de la Ley 45/2007, de desarrollo sostenible del medio rural, presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de
Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, no me ha quedado claro si, finalmente, ha habido una transaccional con el Grupo Parlamentario Popular, que no ha llegado a la Mesa.
El señor ARROJO AGUDO: Se presentó una enmienda por el Grupo Mixto, que ha quedado integrada.
Con respecto al Grupo Popular, en efecto, se ha propuesto una transaccional, pero, al final, no la vamos a aceptar, aunque sí la quiero agradecer enfáticamente, porque creo que hemos tenido una conversación muy positiva. Se propuso que
quitásemos lo concerniente a presupuesto, pero, en nuestra labor de oposición, creemos que hay que mantenerlo. Nos emplazamos a un debate positivo, para sacarlo adelante cuando lleguen los presupuestos. No la aceptamos, aunque agradecemos el
esfuerzo que ha hecho su portavoz y el Grupo Popular.
El señor PRESIDENTE: ¿Es así, señora diputada?
La señora QUINTANILLA BARBA: Sí, señor presidente. Entendíamos que era importante tener presentes los cinco primeros puntos. Por lo tanto, agradezco también al portavoz del Grupo de Podemos su actitud positiva, en aras del beneficio del
mundo rural. Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias.
Vamos a votar la propuesta relativa al Plan de gestión para los buques de los censos del caladero nacional del Cantábrico y Noroeste. A esta iniciativa se habían presentado dos enmiendas, que han sido rechazadas; una del Grupo Mixto y otra
del Grupo Parlamentario Popular. Por tanto, pasamos a votarla en sus propios términos.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 16; en contra, 15; abstenciones, 6.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada esta iniciativa.
Vamos a pasar a votar la proposición no de ley relativa al desarrollo y aplicación efectiva de la Ley 25/2007, de 13 de diciembre, del desarrollo sostenible del medio rural, presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos
Podemos-En Comú Podem-En Marea, que se ha autoenmendado y ha incorporado la enmienda presentada por el Grupo Mixto.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 23; abstenciones, 14.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada esta iniciativa.
Vamos a votar la proposición no de ley relativa a la pesca artesanal, presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, que ha sido objeto de una transaccional con el Grupo Mixto. Fue rechazada la
del Grupo Popular.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 23; en contra, 14.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada esta iniciativa.
Vamos a votar ahora la proposición no de ley sobre la importación de la chufa, que ha sido presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, por el señor Baldoví. Ha sido objeto de una transaccional con los grupos que habían presentado
enmiendas: el Grupo Podemos, el Grupo Socialista y el Grupo Popular.
Efectuada la votación, dijo
El señor PRESIDENTE: Esta iniciativa ha sido aprobada por unanimidad.
Vamos a pasar a la votación de la iniciativa relativa a impulsar la innovación y la transferencia de conocimiento en los sectores agroalimentario y forestal, que ha sido presentada por el Grupo Parlamentario Popular y se va a votar en sus
propios términos.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 27; en contra, 10.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada esta iniciativa.
Vamos a someter a votación la proposición relativa a mejorar el conocimiento científico en el sector pesquero y acuícola, en sus propios términos. Ha sido presentada por el Grupo Parlamentario Popular.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 28; en contra, 2; abstenciones, 7.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada esta iniciativa.
Vamos a someter a votación la iniciativa relativa al fracking, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, en sus propios términos, puesto que no ha aceptado la enmienda presentada.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 22; en contra, 14; abstenciones, 1.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada esta iniciativa.
Vamos a someter a votación la proposición no de ley relativa a la reforma de la normativa vigente sobre el cooperativismo agroalimentario, presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos. Esta iniciativa ha sido objeto de una transacción
entre el Grupo Ciudadanos y el Grupo Popular.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 17; en contra, 9; abstenciones, 11.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada esta iniciativa.
Vamos a someter a votación la proposición sobre especies exóticas invasoras, que ha sido presentada por el Grupo Parlamentario Popular. La vamos a someter a votación en sus propios términos.
La señora LARA CARBÓ: Señor presidente, hay una autoenmienda del Grupo Popular.
El señor PRESIDENTE: Vamos a someter a votación la iniciativa número 10, del Grupo Parlamentario Popular, con la autoenmienda que ha presentado.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 26; en contra, 9; abstenciones, 2.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada esta iniciativa.
Por último, vamos a someter a votación la proposición sobre la implementación de un proyecto piloto de transferencia controlada de sedimentos desde el embalse de Riba-roja al delta del Ebro. El autor de esta iniciativa ha sido el Grupo
Parlamentario de Esquerra Republicana, que ha aceptado la enmienda presentada por Ciudadanos.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 23; en contra, 14.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada esta iniciativa.
Muchas gracias, señoras y señores diputados. Se levanta la sesión.
Eran las dos y veinticinco minutos de la tarde.