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BOCG. Senado, apartado III, núm. 124-1125, de 12/07/2017
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III. Autorizaciones


Acuerdo del Gobierno por el que se fijan los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública para el conjunto de Administraciones Públicas y de cada uno de sus subsectores para el período 2018-2020 y el
límite de gasto no financiero del Presupuesto del Estado para 2018.
Texto remitido por el Gobierno
702/000003



En cumplimiento de
lo dispuesto en el artículo 191 del Reglamento del Senado, se ordena la publicación en el Boletín Oficial de las Cortes Generales de los Acuerdos del Gobierno, adoptados en la reunión del Consejo de Ministros del día 7 de julio de 2017, por los que,
conforme a lo establecido en el artículo 15 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, se fijan los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública para el conjunto de
Administraciones Públicas y de cada uno de sus subsectores para el período 2018-2020 y el límite de gasto no financiero del Presupuesto del Estado para 2018, y de documentación complementaria al mismo, y se deja sin efecto su Acuerdo de fecha 3 de
julio de 2017, por el que se fijaban dichos objetivos.

Palacio del Senado, 10 de julio de 2017.—P.D., Manuel Cavero Gómez, Letrado Mayor del Senado.

Al Excmo. Sr. Presidente del Senado.

Excmo. Sr.:

Tengo el
honor de remitir a V.E., en cumplimiento de lo acordado en la reunión del Consejo de Ministros celebrada el día 7 de julio de 2017, y conforme a lo establecido en el artículo 15 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, el Acuerdo por el que se fijan los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública para el conjunto de Administraciones Públicas y de cada uno de sus subsectores para el periodo 2018-2020 y el
límite de gasto no financiero del Presupuesto del Estado para 2018.

En la misma reunión de 7 de julio de 2017, el Consejo de Ministros ha aprobado un Acuerdo, que también se adjunta, por el que se deja sin efecto su Acuerdo de 3 de julio
de 2017. El Acuerdo que se deja sin efecto fue remitido a la Cámara el mismo día de su aprobación, quedando registrado con número 53.246.

Al Acuerdo del Consejo de Ministros de 7 de julio de 2017 se acompaña la siguiente documentación:


• Memoria del Acuerdo por el que se fijan los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública para el conjunto de Administraciones Públicas y de cada uno de sus subsectores para el periodo 2018-2020 y el límite de gasto no
financiero del Presupuesto del Estado para 2018.

• Recomendación del Consejo de la Unión Europea, relativa al Programa Nacional de Reformas de 2017 de España y por la que se emite un dictamen del Consejo sobre el Programa de
Estabilidad de 2017 de España.

• Informe de situación de la economía española, 2017.

• Certificado del Consejo de Política Fiscal y Financiera de las Comunidades Autónomas.

• Certificado de
la Secretaria de la Comisión Nacional de Administración Local.

Madrid, 7 de julio de 2017.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, José Luis Ayllón Manso.

ACUERDO POR EL QUE SE FIJAN LOS OBJETIVOS DE ESTABILIDAD
PRESUPUESTARIA Y DE DEUDA PÚBLICA PARA EL CONJUNTO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Y DE CADA UNO DE SUS SUBSECTORES PARA EL PERÍODO 2018-2020 Y EL LÍMITE DE GASTO NO FINANCIERO DEL PRESUPUESTO DEL ESTADO PARA 2018

El artículo 15 de la Ley
Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera relativo al «Establecimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria y deuda pública para el conjunto de Administraciones Públicas» señala en su
apartado primero que corresponde al Gobierno la fijación de los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública referidos a los tres ejercicios siguientes, tanto para el conjunto de administraciones públicas como para cada uno de sus
subsectores. Asimismo, el apartado segundo establece que para la fijación del objetivo de estabilidad presupuestaria se tendrá en cuenta la regla de gasto recogida en su artículo 12, la cual será la referencia a tener en cuenta por la
Administración Central y cada una de las Comunidades Autónomas y Corporaciones Locales en la elaboración de sus presupuestos.

Para la fijación de los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública del conjunto de Comunidades
Autónomas y de Entidades Locales, siguiendo el procedimiento previsto en la ley, el Ministerio de Hacienda y Función Pública remitió la propuesta de objetivos para el periodo 2018-2020, al Consejo de Política Fiscal y Financiera de las Comunidades
Autónomas, que fue objeto de informe favorable en su sesión de 7 de julio de 2017, de conformidad con el artículo 15 de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, habiéndose remitido también a estos efectos, a la
Comisión Nacional de Administración Local con fecha 26 de junio de 2017.

De conformidad con el apartado tercero del artículo 15 de la citada Ley Orgánica, en la fijación del objetivo de deuda pública se ha mantenido la coherencia con el
objetivo de estabilidad presupuestaria establecido. Finalmente, la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera establece que el acuerdo del objetivo de estabilidad incluirá el límite de gasto no financiero del presupuesto
del Estado para el próximo ejercicio.

Asimismo, los objetivos de estabilidad presupuestaria recogidos en este Acuerdo permitirán cumplir con los compromisos contraídos con la Unión Europea en materia de consolidación fiscal.

Al
presente Acuerdo se acompaña el informe en el que se evalúa la situación económica prevista para cada uno de los años contemplados en el horizonte temporal de fijación de dichos objetivos, así como las recomendaciones y opiniones emitidas por las
instituciones de la Unión Europea sobre el Programa de Estabilidad del Reino de España o como consecuencia del resto de mecanismos de supervisión europea, tal como establecen los apartados cuarto y quinto del artículo 15 de la citada Ley.

En
virtud de lo anterior, el Consejo de Ministros, en su reunión del día 7 de julio de 2017,

ACUERDA

1. El objetivo de estabilidad presupuestaria de los ejercicios 2018, 2019 y 2020 para el conjunto de Administraciones Públicas y
para cada uno de sus subsectores, de conformidad con los términos previstos en la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, que figura en el Anexo I que se acompaña.

2. El objetivo de deuda pública de los
ejercicios 2018, 2019 y 2020 para el conjunto de Administraciones Públicas y para cada uno de sus subsectores, de conformidad con los términos previstos en la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, que figura en el
Anexo II que se acompaña.

3. La variación del gasto computable de la Administración Central, de las Comunidades Autónomas y de las Corporaciones Locales no podrá superar la tasa de referencia de crecimiento del Producto Interior Bruto
de medio plazo de la economía española que se recoge en el Anexo III.

4. La Ministra de la Presidencia y para las Administraciones Territoriales remitirá a las Cortes Generales el presente Acuerdo, para que el Congreso de los Diputados
y el Senado se pronuncien aprobando o rechazando los objetivos propuestos por el Gobierno, tal y como se establece en el artículo 15.6 de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.

5. Este acuerdo de
Consejo de Ministros se acompaña de un informe en el que se evalúa la situación económica que se prevé para cada uno de los años contemplados en el horizonte temporal de fijación de dichos objetivos.

6. El límite máximo de gasto no
financiero del Estado en 2018 se fija en 119.834 millones de euros.

De conformidad con lo previsto en el artículo 30.2 de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, antes del 1 de agosto el Ministerio de
Hacienda y Función Pública informará al Consejo de Política Fiscal y Financiera de las Comunidades Autónomas sobre el límite máximo de gasto no financiero del Estado en 2018.

Elévese a Consejo de Ministros.

Madrid, 7 de julio de
2017.—El Ministro de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro Romero.

El Consejo de Ministros aprobó la presente propuesta en su reunión del día 7 de julio de 2017.—El Ministro Secretario.

ANEXO I

OBJETIVO DE
ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA PARA EL PERIODO 2018-2020

Capacidad (+) Necesidad (-) de Financiación, SEC-2010

(En porcentaje del PIB)



2018 2019 2020
Administración Central -0,7 -0,3 0,0
Comunidades Autónomas -0,4 -0,1 0,0
Entidades Locales 0,0 0,0 0,0
Seguridad Social -1,1 -0,9 -0,5
Total Administraciones Públicas -2,2 -1,3 -0,5

ANEXO II

OBJETIVO DE DEUDA PÚBLICA PARA EL
PERIODO 2018-2020 (*)

(Deuda PDE en porcentaje del PIB)





2018 2019 2020
Administración Central y Seguridad Social 70,8 69,567,6
Comunidades Autónomas 24,1 23,322,4
Entidades Locales 2,7 2,6 2,5
Total Administraciones Públicas 97,6 95,4 92,5

* Estos
objetivos de deuda pública se podrán rectificar por el importe efectivo de la ejecución de los mecanismos adicionales de financiación que se produzca durante los ejercicios siempre que no se destine a financiar vencimientos de deuda o déficit del
ejercicio respectivo. A efectos del cumplimiento de estos objetivos, podrá tenerse en cuenta la concurrencia de circunstancias que, no afectando al cumplimiento de los objetivos de déficit ni al cumplimiento de la regla de gasto, pudieran afectar a
los límites de deuda y no derivaran de decisiones discrecionales de las Comunidades Autónomas, de conformidad con el Ministerio de Hacienda y Función Pública.

ANEXO III

REGLA DE GASTO PARA EL PERIODO 2018-2020

Tasa de referencia
nominal

(% variación anual)

2018 2019 2020
2,4 2,7 2,8

ACUERDO POR EL QUE SE DEJA SIN EFECTO EL ACUERDO DE
CONSEJO DE MINISTROS DE 3 DE JULIO DE 2017 POR EL QUE SE FIJAN LOS OBJETIVOS DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA Y DE DEUDA PÚBLICA PARA EL CONJUNTO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Y DE CADA UNO DE SUS SUBSECTORES PARA EL PERÍODO 2018-2020 Y EL LÍMITE DE
GASTO NO FINANCIERO DEL PRESUPUESTO DEL ESTADO PARA 2018

El artículo 15 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera relativo al «Establecimiento de los objetivos de estabilidad
presupuestaria y deuda pública para el conjunto de Administraciones Públicas» señala en su apartado primero que corresponde al Gobierno la fijación de los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública referidos a los tres ejercicios
siguientes, tanto para el conjunto de administraciones públicas como para cada uno de sus subsectores. Asimismo, el apartado segundo establece que para la fijación del objetivo de estabilidad presupuestaria se tendrá en cuenta la regla de gasto
recogida en su artículo 12, la cual será la referencia a tener en cuenta por la Administración Central y cada una de las Comunidades Autónomas y Corporaciones Locales en la elaboración de sus presupuestos.

En su sesión de 3 de julio de 2017
el Consejo de Ministros dictó Acuerdo por el que se fijan los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública para el conjunto de administraciones públicas y de cada uno de sus subsectores para el período 2018-2020 y el límite de gasto no
financiero del presupuesto del Estado para 2018.

La evolución de la situación financiera, tanto de la Seguridad Social como del conjunto de las Comunidades Autónomas, aconseja reconsiderar la distribución de objetivos de déficit que se
contempló en aquel Acuerdo, sustituyendo los objetivos de estos dos sectores, sin que ello produzca ninguna variación en los del conjunto de Administraciones Públicas.

En virtud de lo anterior, el Consejo de Ministros, en su reunión del día 7
de julio de 2017,

ACUERDA

Dejar sin efecto el Acuerdo de Consejo de Ministros de 3 de julio de 2017 por el que se fijan los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública para el conjunto de Administraciones Públicas y de
cada uno de sus subsectores para el período 2018-2020 y el límite de gasto no financiero del presupuesto del Estado para 2018.

Elévese a Consejo de Ministros.

Madrid, 7 de julio de 2017.—El Ministro de Hacienda y Función
Pública, Cristóbal Montoro Romero.

El Consejo de Ministros aprobó la presente propuesta en su reunión del día 7 de julio de 2017.—El Ministro Secretario.

ACUERDO DE CONSEJO DE MINISTROS

POR EL QUE SE FIJAN LOS OBJETIVOS
DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA Y DE DEUDA PÚBLICA PARA EL PERÍODO 2018-2020 Y EL LÍMITE DE GASTO NO FINANCIERO DEL PRESUPUESTO DEL ESTADO PARA 2018

MEMORIA

1. INTRODUCCIÓN

El presente Acuerdo de Consejo de Ministros se
circunscribe al siguiente contexto normativo.

La Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (en adelante LOEPySF) constituye en España una norma esencial que da cumplimiento a lo previsto en
la Directiva 2011/85 del Consejo, de 8 de noviembre de 2011, sobre los requisitos aplicables a los marcos presupuestarios de los Estados miembros de la Unión Europea. Conforme a esta Directiva, los marcos presupuestarios son el conjunto de
disposiciones, procedimientos, normas e instituciones que establecen la base de las políticas presupuestarias de las Administraciones Públicas, en particular, los procedimientos presupuestarios, comprendidas las normas procedimentales que sostienen
todas las etapas del proceso presupuestario.

Una de las piedras angulares del marco reforzado de supervisión presupuestaria de la Unión es la existencia de reglas presupuestarias numéricas sólidas, específicas para cada Estado miembro y
conformes con los objetivos presupuestarios a nivel de la Unión.

Si bien la aprobación de la ley de presupuesto anual se caracteriza por ser la etapa primordial del proceso presupuestario, gran parte de las medidas y decisiones adoptadas en
ese marco tienen implicaciones presupuestarias que van mucho más allá del ciclo presupuestario anual. A fin de integrar la perspectiva plurianual en el marco de supervisión presupuestaria de la Unión, la planificación de la ley de presupuesto anual
debe basarse en una planificación plurianual derivada del marco presupuestario a medio plazo.

Las disposiciones del marco de supervisión presupuestaria establecido en el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y, en particular, en el
Pacto de Estabilidad y Crecimiento, son aplicables al conjunto de las administraciones públicas, que comprenden los subsectores de la administración central, las comunidades autónomas, las corporaciones locales y seguridad social, tal como se
definen en el Reglamento (UE) n.º 549/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de mayo de 2013 relativo al Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales de la Unión Europea.

Así, en este contexto, el artículo 15 de la LOEPySF
recoge el procedimiento para el establecimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública para el conjunto de Administraciones Públicas, señalando que corresponde al Gobierno, mediante Acuerdo del Consejo de Ministros, la
fijación de los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública referidos a los tres ejercicios siguientes, tanto para el conjunto de administraciones públicas como para cada uno de sus subsectores.

Para la fijación de los
objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública del conjunto de Comunidades Autónomas y de Entidades Locales, siguiendo el procedimiento previsto en la ley, el Ministerio de Hacienda y Función Pública remitió la propuesta de objetivos
para el periodo 2018-2020, al Consejo de Política Fiscal y Financiera de las Comunidades Autónomas, que fue objeto de informe favorable en su sesión de 7 de julio de 2017, de conformidad con el artículo 15 de la LOEPySF, habiéndose remitido también
a estos efectos, a la Comisión Nacional de Administración Local con fecha 26 de junio de 2017.

De conformidad con el apartado tercero del citado artículo, en la fijación del objetivo de deuda pública se ha mantenido la coherencia con el
objetivo de estabilidad presupuestaria establecido.

Además de lo anterior, la LOEPySF establece que para la fijación del objetivo de estabilidad presupuestaria se tendrá en cuenta la regla de gasto. El artículo 12 señala que ésta será la
referencia a tener en cuenta por la Administración Central y cada una de las Comunidades Autónomas y Corporaciones Locales en la elaboración de sus presupuestos.

Finalmente, el artículo 15 establece que el Acuerdo del objetivo de estabilidad
incluirá el límite de gasto no financiero del presupuesto del Estado para el próximo ejercicio.

El Acuerdo del Gobierno en el que se fijan los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública debe remitirse a las Cortes Generales
acompañado del informe en el que se evalúa la situación económica prevista para cada uno de los años contemplados en el horizonte temporal de fijación de dichos objetivos, así como de las recomendaciones y opiniones emitidas por las instituciones de
la Unión Europea sobre el Programa de Estabilidad de España o como consecuencia del resto de mecanismos de supervisión europea, tal como establece el citado artículo 15.

2. OBJETIVOS DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA Y DE DEUDA PÚBLICA
PARA 2018-2020

La estrategia fiscal para el periodo 2017-2020 persigue el objetivo fundamental de conseguir unas finanzas públicas saneadas, con el fin de situar y mantener la deuda pública en una dinámica decreciente, garantizando de este
modo la sostenibilidad financiera pública, un instrumento clave para continuar reforzando la credibilidad de la economía española, incrementar el nivel de bienestar, así como potenciar el crecimiento y la creación de empleo. En estos términos, el
Gobierno aprobó a finales de abril el Programa de Estabilidad para el periodo 2017-2020 que se remitió a las instituciones europeas.

El proceso de consolidación fiscal llevado a cabo por las Administraciones Públicas ha permitido reducir el
déficit público en más de la mitad en los últimos cinco años, pasando del 9,3 % del PIB en 2011 al 4,3 % en 2016 (excluidas las ayudas financieras), debiendo continuar este proceso de consolidación en los próximos años. No obstante, el esfuerzo
realizado ha sido mayor si se tiene en cuenta que en este periodo se ha financiado el aumento del gasto de prestaciones sociales.

Los Presupuestos Generales del Estado para 2017 aprobados recientemente continúan garantizando el compromiso con
la recuperación económica y el saneamiento de las cuentas públicas, lo que ha favorecido un crecimiento económico sostenible, la garantía del gasto social y la creación de empleo, permitiendo a su vez cumplir con los compromisos fiscales contraídos
con la Unión Europea, así como seguir avanzando hacia un equilibrio presupuestario a medio plazo.

Conforme a lo anterior, para el periodo 2018-2020 se fijan los siguientes objetivos, tanto para el conjunto de Administraciones Públicas como
para cada uno de sus subsectores:

Capacidad (+) Necesidad (-) de Financiación, SEC-2010

(en porcentaje del PIB)




2018 2019 2020
Administración
Central
-0,7 -0,3 0,0
Comunidades Autónomas -0,4 -0,1 0,0
Entidades Locales 0,0 0,0 0,0
Seguridad
Social
-1,1-0,9 -0,5
Total Administraciones Públicas -2,2 -1,3 -0,5

Por lo que se refiere a los objetivos de deuda pública para el periodo 2018-2020,
se fijan los siguientes para el conjunto de Administraciones Públicas y para cada uno de sus subsectores:

Deuda PDE en porcentaje del PIB (*)



2018 2019 2020
Administración Central y Seguridad Social 70,8 69,5 67,6
Comunidades Autónomas 24,1 23,3 22,4
Entidades Locales 2,7 2,62,5
Total Administraciones Públicas 97,6 95,4 92,5

* Estos objetivos de deuda pública se podrán rectificar por el importe efectivo de la ejecución de
los mecanismos adicionales de financiación que se produzca durante los ejercicios siempre que no se destine a financiar vencimientos de deuda o déficit del ejercicio respectivo. A efectos del cumplimiento de estos objetivos, podrá tenerse en cuenta
la concurrencia de circunstancias que, no afectando al cumplimiento de los objetivos de déficit ni al cumplimiento de la regla de gasto, pudieran afectar a los límites de deuda y no derivaran de decisiones discrecionales de las Comunidades
Autónomas, de conformidad con el Ministerio de Hacienda y Función Pública.

3. REGLA DE GASTO

La regla de gasto se define en el artículo 12 de la LOEPySF. Así, según su apartado primero, la variación del gasto computable de la
Administración Central, de las Comunidades Autónomas y de las Corporaciones Locales, no podrá superar la tasa de referencia de crecimiento del Producto Interior Bruto de medio plazo de la economía española. Esta regla se completa con el mandato de
su apartado quinto, según el cual, los ingresos que se obtengan por encima de lo previsto se destinarán íntegramente a reducir el nivel de deuda pública.

El Ministerio de Economía, Industria y Competitividad, según lo previsto en la Ley, ha
calculado la tasa de referencia (tasa nominal) de crecimiento de la economía española, obteniendo las siguientes magnitudes:

Tasa de referencia nominal

(% variación anual)


2018 20192020
2,4 2,7 2,8

No obstante, para aquellas administraciones públicas que tengan un plan económico-financiero en vigor, el crecimiento del gasto público computable
se ajustará a la senda establecida en el correspondiente plan.

4. LÍMITE DE GASTO NO FINANCIERO DEL ESTADO PARA 2018

De conformidad con el artículo 30 de la LOEPySF, el Estado, las Comunidades Autónomas y las Corporaciones
Locales aprobarán, en sus respectivos ámbitos, un límite máximo de gasto no financiero, coherente con el objetivo de estabilidad presupuestaria y la regla de gasto, que marcará el techo de asignación de recursos de sus Presupuestos.

El límite
de gasto no financiero del Presupuesto del Estado para 2018 asciende a 119.834 millones de euros. Este límite constituye el techo de gasto del Estado, y está definido en términos presupuestarios o de caja.

De conformidad con la redacción del
artículo 30 de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, en el límite de gasto no se computarán las transferencias vinculadas a los sistemas de financiación de Comunidades Autónomas y Corporaciones Locales.

El
resultado de sumar el déficit, los ingresos, los ajustes de contabilidad nacional y de deducir el gasto de los sistemas de financiación de las administraciones territoriales, da un techo de gasto no financiero del Estado para 2018 de 119.834
millones de euros, lo que supone un incremento de 1.497 millones de euros respecto al límite fijado para 2017.

Recomendación de

RECOMENDACIÓN DEL CONSEJO

relativa al Programa Nacional de
Reformas de 2017 de España

y por la que se emite un dictamen del Consejo sobre el Programa de Estabilidad de 2017 de España

EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y en particular
su artículo 121, apartado 2, y su artículo 148, apartado 4,

Visto el Reglamento (CE) n.º 1466/97 del Consejo, de 7 de julio de 1997, relativo al reforzamiento de la supervisión de las situaciones presupuestarias y a la supervisión y
coordinación de las políticas económicas, y en particular su artículo 5, apartado 2,

Visto el Reglamento (UE) n.º 1176/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de noviembre de 2011, relativo a la prevención y corrección de los
desequilibrios macroeconómicos, y en particular su artículo 6, apartado 1,

Vista la Recomendación de la Comisión Europea,

Vistas las Resoluciones del Parlamento Europeo,

Vistas las Conclusiones del Consejo Europeo,


Visto el dictamen del Comité de Empleo,

Visto el dictamen del Comité Económico y Financiero,

Visto el dictamen del Comité de Protección Social,

Visto el dictamen del Comité de Política Económica,

Considerando lo
siguiente:

(1) El 16 de noviembre de 2016, la Comisión adoptó el Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento, marcando así el inicio del Semestre Europeo de 2017 para la coordinación de las políticas económicas. Las prioridades
del Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento fueron ratificadas por el Consejo Europeo de 9 y 10 de marzo de 2017. El 16 de noviembre de 2016, la Comisión, sobre la base del Reglamento (UE) n.º 1176/2011, adoptó el Informe sobre el Mecanismo
de Alerta, en el que se señalaba a España como uno de los Estados miembros que sería objeto de un examen exhaustivo. El mismo día, la Comisión adoptó también una recomendación de Recomendación del Consejo sobre la política económica de la zona del
euro. Dicha Recomendación fue ratificada por el Consejo Europeo de 9 y 10 de marzo de 2017 y adoptada por el Consejo el 21 de marzo de 2017.

(2) Al ser un Estado miembro cuya moneda es el euro y habida cuenta de las estrechas
interrelaciones entre las economías de la Unión Económica y Monetaria, España debe velar por la aplicación plena y oportuna de la Recomendación para la zona del euro que se refleja en las recomendaciones 1 a 3.




(3) El informe específico de 2017 sobre España fue publicado el 22 de febrero de 2017. En él se evalúan los avances realizados por España de cara a la puesta en práctica de las recomendaciones específicas por país adoptadas por
el Consejo el 12 de julio de 2016, las medidas adoptadas en aplicación de las recomendaciones de años anteriores, así como los avances de España hacia sus objetivos nacionales en el marco de Europa 2020. Se incluye asimismo un examen exhaustivo en
virtud del artículo 5 del Reglamento (UE) n.º 1176/2011, cuyos resultados también se publicaron el 22 de febrero de 2017. El análisis de la Comisión la lleva a concluir que España está experimentando desequilibrios macroeconómicos que tienen
relevancia transfronteriza. En particular, los superávits de la balanza por cuenta corriente se están traduciendo en una reducción de los pasivos netos de España frente al exterior, que, no obstante, siguen siendo considerables y exponen al país a
las fluctuaciones de la confianza del mercado. Aunque la deuda del sector privado se ha reducido de forma significativa, especialmente en el caso de las empresas, el endeudamiento de los hogares se mantiene en un nivel elevado. Si bien el
crecimiento económico se ha convertido en el principal motor de la reducción de la deuda, siguen existiendo riesgos elevados de sostenibilidad presupuestaria a medio plazo. De especial importancia es la necesidad de adoptar medidas que reduzcan el
riesgo de repercusiones negativas de los desequilibrios sobre la economía española y, dado su tamaño y relevancia transfronteriza, sobre la Unión Económica y Monetaria. El sector financiero ha seguido mostrando un alto grado de estabilidad,
respaldada por su reestructuración en curso, los bajos costes de financiación y la recuperación económica. La creación de empleo ha sido sólida en los últimos años y el desempleo ha disminuido rápidamente, a pesar de seguir siendo muy elevado. Las
reformas del mercado laboral y la moderación salarial han contribuido significativamente a una fuerte creación de empleo y al incremento de la competitividad en los últimos años.

(4) El 28 de abril de 2017, España presentó su Programa
Nacional de Reformas de 2017 y el 29 de abril de 2017 su Programa de Estabilidad de 2017. Para tener en cuenta sus interrelaciones, los dos programas se han evaluado al mismo tiempo.

(5) En los programas de los Estados miembros
relativos a los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos para el período 2014-2020 se han tenido en cuenta las correspondientes recomendaciones específicas por país. Según lo previsto en la legislación por la que se rigen los Fondos EIE, cuando
sea necesario para contribuir a la aplicación de las recomendaciones específicas por país, la Comisión puede solicitar a un Estado miembro que revise y modifique sus programas de los FEIE de que se trate. La Comisión ha facilitado nuevas
directrices sobre la aplicación de esas normas.

(6) España se encuentra actualmente en el componente corrector del Pacto de Estabilidad y Crecimiento. En su Programa de Estabilidad de 2017, España prevé corregir el déficit excesivo a
más tardar en 2018, en consonancia con la advertencia del Consejo de 8 de agosto de 2016. Está previsto que el déficit global siga reduciéndose hasta situarse en el 0,5 % del PIB en 2020. Las previsiones de gasto que figuran en el Programa
incorporan la materialización de los pasivos contingentes relativos a las autopistas y el sector financiero, que ascienden a casi el 0,4 % y el 0,2 % del PIB en 2017 y 2018, respectivamente. No se prevé alcanzar, dentro del horizonte temporal del
Programa de Estabilidad, el objetivo presupuestario a medio plazo de una situación presupuestaria equilibrada en términos estructurales. Se prevé que el saldo estructural recalculado se sitúe en el -1,9 % del PIB en 2020. El Programa de
Estabilidad prevé que la ratio deuda pública/PIB descienda hasta el 98,8 % en 2017, el 97,6 % en 2018 y el 92,5 % en 2020. Las hipótesis macroeconómicas del Programa son verosímiles hasta 2018 y pasan a ser ligeramente favorables posteriormente.
En conjunto, la consecución prevista de los objetivos sigue dependiendo de unas perspectivas económicas sólidas, no exentas, sin embargo, de riesgos. Otros riesgos que ponen en entredicho la consecución de los objetivos presupuestarios están
relacionados con la incertidumbre relativa a la incidencia de las medidas tributarias recientemente adoptadas. Además, habida cuenta de la supuesta materialización de los pasivos contingentes (que no se incluyen en las previsiones de la Comisión),
el Programa parte de una contención del gasto considerablemente superior a la recogida en las previsiones de la Comisión para 2017 y 2018. Por último, aún no se han concretado las medidas necesarias para contribuir a alcanzar los objetivos de
déficit previstos para 2018.

(7) El 8 de agosto de 2016, el Consejo instó a España a poner término a su situación de déficit excesivo antes de finales de 2018, y en particular a reducir el déficit de las Administraciones Públicas hasta
situarlo en un 4,6 % del PIB en 2016, en un 3,1 % del PIB en 2017 y en un 2,2 % del PIB en 2018. Se consideró que esta mejora del déficit de las Administraciones Públicas era coherente con un deterioro del saldo estructural del 0,4 % del PIB
en 2016 y una mejora del 0,5 % del PIB tanto en 2017 como en 2018, basándose en las previsiones de la primavera de 2016 actualizadas de la Comisión. España alcanzó un déficit global del 4,5 % del PIB en 2016, ligeramente por debajo del objetivo
fijado por el Consejo. Las previsiones de la primavera de 2017 de la Comisión estiman que el déficit global disminuirá hasta el 3,2 % del PIB en 2017 y aún más hasta el 2,6 % del PIB en 2018, suponiendo que las políticas no varíen, un 0,1 % y
un 0,4 % del PIB por encima de los objetivos de déficit global del Programa de Estabilidad y los establecidos por el Consejo. Al contrario que el Programa de Estabilidad, las previsiones no incluyen la materialización de los pasivos contingentes
antes mencionados. Se espera que el esfuerzo presupuestario acumulado se alcance a duras penas en el periodo 2016-2017, mientras que se prevé que en 2018, y en el supuesto de que no varíen las políticas, el esfuerzo fiscal se quede corto en
relación con lo exigido por el Consejo. Por otra parte, si bien, en agosto de 2016, el Consejo instó a España a que adoptase medidas de mejora del marco presupuestario, el Programa de Estabilidad no contempla plan alguno para reforzar la
contribución de la regla de gasto de la Ley de Estabilidad a la sostenibilidad de las finanzas públicas. En términos generales, el Consejo considera que serán necesarias nuevas medidas, especialmente en 2018, para cumplir lo dispuesto en el Pacto
de Estabilidad y Crecimiento, y en particular los términos de la advertencia del Consejo de 8 de agosto de 2016.

(8) España sigue careciendo de un marco normativo claro y coherente en materia de contratación pública que garantice el
cumplimiento de la legislación, un elevado nivel de competencia y la eficiencia económica, especialmente mediante mecanismos efectivos de control ex ante y ex post, una mayor transparencia y la coordinación entre las entidades y los poderes
adjudicadores a todos los niveles de la Administración. El Gobierno ha presentado algunas medidas en 2017 que mejorarían el sistema de supervisión de la contratación pública y están pendientes de aprobación parlamentaria.

(9) España
ha avanzado en la lucha contra la corrupción, especialmente por lo que se refiere a la transparencia del proceso de toma de decisiones en el ámbito administrativo y más concretamente en lo que respecta a la promulgación de legislación relativa a la
financiación de los partidos políticos, la publicidad patrimonial y los conflictos de interés. Se trata ahora de centrar la atención en la aplicación de estas medidas. No obstante, a pesar del incremento del número de investigaciones en casos de
corrupción a escala local y autonómica, ni se han diseñado estrategias preventivas específicas en esos niveles de la Administración ni tampoco existe una estrategia preventiva compartida entre ellos. Por otra parte, tampoco se ha hecho hasta ahora
un seguimiento específico de otras deficiencias, como la ausencia de legislación para proteger a los denunciantes, el grado de independencia de la recientemente creada Oficina de Conflictos de Intereses y la inexistencia de normas que regulen las
actividades de los grupos de presión. Otra cuestión digna de ser mencionada es la relativa a los prolongados procedimientos judiciales en los asuntos de corrupción. Si bien en 2015 se modificó la Ley de Enjuiciamiento Criminal con objeto de
limitar los plazos establecidos para las investigaciones y reducir los retrasos injustificados en los procedimientos penales, esta medida podría conllevar impunidad en los asuntos complejos de corrupción en los que los plazos fijados fueran
insuficientes para instruir las causas.

(10) A pesar de contar con un tipo normal del IVA en consonancia con la media de la UE, los ingresos por este concepto son relativamente bajos en España. Esto se debe principalmente a que España
aplica de forma muy generalizada exenciones o tipos reducidos a diversos productos y servicios. Como consecuencia de ello, España registró la mayor brecha de la política en materia de IVA de la UE en 2014 (un 59 % frente a la media de la UE, en
torno al 44 %). Del mismo modo, en España, los ingresos procedentes de los impuestos medioambientales se sitúan entre los más bajos de la UE, a pesar de algunas medidas adoptadas en los últimos años, principalmente en el sector de la energía. La
imposición de tributos sobre la contaminación y la utilización de los recursos puede generar mayores ingresos y aportar importantes beneficios sociales y medioambientales. Además, existe una dispersión normativa que tiene como consecuencia la
adopción de un enfoque heterogéneo en relación con determinados impuestos a nivel autonómico. Por lo que respecta a los gastos, el Gobierno ha encargado a la AIReF, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, que lleve a cabo una revisión
que abarque todos los niveles de gasto de las Administraciones Públicas. Esta revisión puede contribuir a identificar aquellos ámbitos en los que puedan cubrirse las necesidades de gasto con una utilización más eficiente de los recursos.


(11) La creación de empleo, a la que han contribuido las reformas del mercado laboral y la moderación salarial, ha sido robusta estos últimos años. El desempleo ha disminuido rápidamente, pero sigue siendo uno de los más elevados de la
UE, en especial entre los jóvenes y las personas escasamente cualificadas, lo que conlleva riesgos de desvinculación del mercado de trabajo. Casi la mitad de los desempleados lleva sin empleo más de un año. España está adoptando medidas de apoyo a
los jóvenes, en particular mediante una ampliación de los criterios de elegibilidad de la Garantía Juvenil, y de refuerzo del apoyo individual a los desempleados de larga duración. Su eficacia depende también del rendimiento de los servicios
públicos autonómicos de empleo. Hay margen para potenciar su cooperación con los servicios sociales, con el fin de mejorar la prestación de servicios a los solicitantes de empleo, en particular a los desempleados de larga duración y a los
beneficiarios de los sistemas de renta mínima garantizada. Al mismo tiempo, podría mejorarse la cooperación de los servicios públicos de empleo con los empresarios, en particular aumentando el porcentaje de puestos vacantes tramitados por los
servicios de empleo.

(12) España presenta uno de los porcentajes más elevados de empleo temporal de la UE, y muchos de los contratos temporales son de muy corta duración. Los índices de transición de contratos temporales a contratos
indefinidos son muy bajos en comparación con la media de la UE. La utilización generalizada de contratos temporales va asociada a un menor crecimiento de la productividad (incluso mediante un número inferior de oportunidades de formación en el
puesto de trabajo), un empeoramiento de las condiciones de trabajo y un mayor riesgo de pobreza. Las reformas introducidas recientemente en el mercado de trabajo parecen haber producido un efecto ligeramente positivo en la reducción de la
segmentación entre los contratos indefinidos y los contratos temporales, y el reforzamiento que se está llevando a cabo de las inspecciones de trabajo está dando resultados positivos en la lucha contra el abuso de la contratación temporal. Sin
embargo, algunas de las características del mercado laboral español, como la incertidumbre jurídica en el caso de litigios por despido o las indemnizaciones comparativamente elevadas por despido de los trabajadores con contratos indefinidos, todavía
pueden desincentivar la contratación indefinida. Por otra parte, el sistema de incentivos a la contratación sigue siendo disperso y no se centra de forma efectiva en el fomento de la contratación indefinida. Aunque recientemente España ha creado
un grupo de trabajo sobre la calidad del empleo, aún no ha elaborado un plan exhaustivo para luchar contra la segmentación del mercado laboral, pese al acuerdo alcanzado en 2014 entre el Gobierno y los interlocutores sociales.


(13) Sigue habiendo disparidades en las condiciones de elegibilidad de los sistemas de renta mínima garantizada y en el vínculo entre activación y protección en función de los distintos sistemas y comunidades autónomas. Determinadas
categorías de hogares vulnerables quedan fuera de los sistemas de renta mínima garantizada. La escasa eficacia de los sistemas se explica, en parte, por las grandes diferencias en las condiciones de acceso y adecuación de los regímenes autonómicos
de renta mínima y por la fragmentación del sistema nacional de prestaciones en múltiples sistemas que se dirigen a distintas categorías de demandantes de empleo, gestionados por diversas administraciones. La fragmentación introduce discontinuidad
en la ayuda concedida a aquellos que la necesitan y menoscaba la oferta de itinerarios integrados. En respuesta a los múltiples problemas que se plantean, un estudio que se está llevando a cabo en la actualidad pretende evaluar la eficacia de los
regímenes nacionales y autonómicos de apoyo a las rentas. La orientación de las prestaciones familiares deja bastante que desear. Por otra parte, si tenemos en cuenta el efecto de los créditos fiscales, el sistema fiscal y de prestaciones es, en
conjunto, ligeramente regresivo. Además, a medida que aumentan los ingresos familiares se incrementa netamente el uso de servicios de atención a los niños, lo que sugiere la existencia de obstáculos de acceso para los padres con bajos ingresos.
Aunque mejora la prestación de cuidados de larga duración, existen disparidades entre las distintas comunidades autónomas y aún no se han cubierto las necesidades actuales.

(14) Los deficientes resultados en materia educativa afectan
negativamente al potencial de crecimiento a largo plazo de la productividad en España. A pesar de las mejoras significativas registradas en los últimos años, la tasa de abandono escolar prematuro sigue siendo una de las más elevadas de la UE.
Existen grandes disparidades entre las distintas comunidades autónomas en materia de abandono escolar y rendimiento de los estudiantes, en particular en lo que respecta a las competencias básicas. Entre los factores que han contribuido al éxito de
la educación escolar en las comunidades autónomas que obtienen mejores resultados se encuentra la formación del profesorado y el apoyo a los estudiantes de forma individualizada. España ocupa el segundo puesto en cuanto a tasa de repetición en la
UE, lo que aumenta el riesgo de abandono escolar, reduce las expectativas en cuanto al nivel de formación que se alcanzará y aumenta el coste de la educación. La empleabilidad de los titulados universitarios sigue siendo comparativamente baja. La
escasa movilidad de los estudiantes y del personal académico, lo limitado de las oportunidades de periodos de prácticas, la ausencia de incentivos y la rigidez de la gobernanza universitaria siguen siendo obstáculos a la cooperación con las empresas
en materia de educación o investigación.

(15) A fin de aumentar la productividad y la competitividad, España se beneficiaría de un mayor fomento de la investigación y la innovación. Sin embargo, los resultados en materia de innovación
han ido decayendo hasta situarse actualmente en un nivel inferior al de 2007, mientras que el desfase con la media de la UE ha aumentado a lo largo del tiempo. El bajo rendimiento en innovación coincide con la disminución del gasto privado en I+D y
apunta a la existencia de deficiencias en el marco de gobernanza de la investigación y la innovación. La Agencia Estatal de Investigación, encargada de gestionar la financiación de la investigación y la innovación procedente de la Administración
central, comenzó a ser operativa a principios de 2017. Hasta ahora, no existe una planificación plurianual sistemática de los presupuestos destinados a los programas de apoyo. Además, la eficacia de los programas de apoyo no se evalúa
sistemáticamente con vistas a mejorar su diseño y aplicación. Debido a la falta de incentivos y a la rigidez de la gobernanza de las universidades, la cooperación entre los sectores público y privado también sigue siendo escasa y la movilidad de
los investigadores entre el sector público y el sector privado es deficiente. La coordinación entre los distintos niveles de la Administración no es óptima, y, como consecuencia de ello, las políticas nacionales y autonómicas no funcionan en
completa sinergia.

(16) Las pequeñas empresas españolas tienden a presentar una productividad significativamente inferior a la de sus homólogas en otros grandes Estados miembros de la UE. Dado el predominio de las empresas pequeñas en
España, ello tiene un impacto significativo en la productividad del conjunto de la economía. Por tanto, si se logra eliminar los obstáculos que dificultan la creación de empresas, su funcionamiento y crecimiento, se conseguiría aumentar la
inversión y la productividad. En los últimos años el Gobierno español ha adoptado diversas medidas destinadas a facilitar la creación de empresas y su crecimiento. La consolidación y la plena realización de estas reformas es fundamental para
aprovechar plenamente sus ventajas. La Ley de garantía de la unidad de mercado adoptada en 2013 ha contribuido a contener los costes adicionales que ocasionan a los empresarios las diferencias y solapamientos sustanciales que existen en la
reglamentación aplicable a las empresas en las distintas comunidades autónomas. El uso creciente por parte de las empresas del mecanismo de denuncia contemplado en esa Ley para obtener reparación por las barreras de entrada al mercado apunta a una
posible necesidad de simplificar aún más los procedimientos de concesión de licencias. La coordinación entre las distintas administraciones públicas, incluida la realizada a nivel de conferencia sectorial, requiere esfuerzos adicionales. Ello es
esencial para garantizar que la legislación actual y futura a todos los niveles aborde de forma efectiva los obstáculos innecesarios de entrada en el mercado, incluso para los nuevos modelos de negocio de la economía colaborativa. En el sector
minorista en particular, el hecho de que se exijan dobles autorizaciones para los establecimientos minoristas sigue restringiendo innecesariamente la entrada en el mercado. Es posible que los requisitos de acceso al mercado previstos en la
legislación relativa al sector de servicios de vehículos con conductor y en la legislación autonómica sobre alquileres de corta duración obstaculicen innecesariamente el desarrollo equilibrado de la economía colaborativa. En los primeros meses
de 2017 España ha tomado medidas para sacar todo el provecho de la Ley de garantía de la unidad de mercado y un ejemplo de ello lo constituye la recientemente adoptada guía relativa a su implementación y la publicación del catálogo de buenas y malas
prácticas en su ejecución.

(17) La regulación de los servicios profesionales sigue siendo relativamente restrictiva. Se conceden derechos proteccionistas («actividades reservadas») de forma selectiva a algunos proveedores de
servicios, excluyendo a otros con cualificaciones similares relevantes. En un gran número de profesiones existe el requisito de afiliación obligatoria a un colegio profesional. El nivel de restricción es mayor en España que en la media ponderada
de la UE en el caso de los ingenieros civiles, arquitectos y guías turísticos. Es inferior a la media de la UE para los agentes de patentes y los abogados, si bien el acceso en España a esta última profesión se encuentra más restringido que para
cualquier otra. Está pendiente de aprobación el proyecto de Ley de servicios profesionales que prevé, entre otras cosas, una racionalización de la afiliación a los colegios profesionales. Esta reforma establece también una mayor transparencia y
responsabilidad de los colegios profesionales, mediante la apertura de las actividades reservadas injustificadamente y la preservación de la unidad de mercado en el acceso a los servicios profesionales y el ejercicio de los mismos en España.


(18) En el contexto del Semestre Europeo, la Comisión ha efectuado un análisis global de la política económica de España y lo ha publicado en el informe específico de 2017. Asimismo, ha evaluado el Programa de Estabilidad y el Programa
Nacional de Reformas, y las medidas adoptadas en aplicación de las recomendaciones dirigidas a España en años anteriores. Ha tenido en cuenta no solo su pertinencia para la sostenibilidad de la política socioeconómica y presupuestaria de España,
sino también su conformidad con las normas y orientaciones de la UE, dada la necesidad de reforzar la gobernanza económica general de la Unión incluyendo aportaciones al nivel de la UE en las futuras decisiones nacionales.

(19) A la
luz de esta evaluación, el Consejo ha examinado el Programa de Estabilidad, y su dictamen se refleja, en particular, en la recomendación 1 que figura a continuación.

(20) A la luz del examen exhaustivo realizado por la Comisión y de la
presente evaluación, el Consejo ha examinado el Programa Nacional de Reformas y el Programa de Estabilidad. Sus recomendaciones, formuladas en virtud del artículo 6 del Reglamento (UE) n.º 1176/2011, se reflejan en las recomendaciones 1 a 3 que
figuran a continuación.

RECOMIENDA a España que tome medidas en 2017 y 2018 con el fin de:

1. Velar por el cumplimiento de la Decisión del Consejo, de 8 de agosto de 2016, por la que se formula una advertencia en el marco del
procedimiento de déficit excesivo, incluidas también las medidas destinadas a reforzar los marcos presupuestario y de contratación pública. Llevar a cabo una revisión global de los gastos a fin de identificar posibles ámbitos en los que sea posible
aumentar la eficiencia del gasto.

2. Reforzar la coordinación entre los servicios autonómicos de empleo, los servicios sociales y las empresas, a fin de responder mejor a las necesidades de los solicitantes de empleo y los empresarios.
Adoptar medidas destinadas a promover la contratación por tiempo indefinido. Hacer frente a las disparidades autonómicas y la fragmentación en los sistemas de renta mínima garantizada y mejorar el apoyo a las familias, incluido el acceso a
guarderías de calidad. Aumentar la pertinencia de la enseñanza superior para el mercado laboral. Corregir las disparidades autonómicas en los resultados educativos, en particular, mediante el refuerzo de la formación de los profesores y el apoyo
individual a los estudiantes.

3. Garantizar un nivel adecuado y sostenido de inversiones en investigación e innovación, y reforzar su gobernanza en todos los niveles de la Administración. Velar por la implementación plena y oportuna
de la Ley de garantía de la unidad de mercado en relación con la legislación vigente y futura.

Hecho en Bruselas, el

Por el Consejo

El Presidente

INFORME DE SITUACIÓN DE LA ECONOMÍA ESPAÑOLA

ESPAÑA


2017

Junio de 2017

ÍNDICE

1. INTRODUCCIÓN.

2. ENTORNO ECONÓMICO Y PREVISIONES.

2.1. Contexto internacional.

2.2. Evolución reciente de la economía española.


2.3. Escenario macroeconómico 2017-2020.

2.4. Posición cíclica de la economía española.

1. INTRODUCCIÓN

La Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera
(Ley de Estabilidad), regula en un texto único la estabilidad presupuestaria y la sostenibilidad financiera de todas las Administraciones Públicas —Administración Central, Comunidades Autónomas, Corporaciones Locales y Seguridad Social—
consiguiendo, de este modo, una mayor coherencia en la regulación jurídica, mayor claridad en la Ley e igualdad en las exigencias presupuestarias entre las diferentes Administraciones Públicas.

Esta Ley establece en su artículo 15.5 que el
Ministerio de Economía y Competitividad (actualmente Ministerio de Economía, Industria y Competitividad) elaborará un informe anual, previa consulta al Banco de España y teniendo en cuenta las previsiones del Banco Central Europeo y de la Comisión
Europea (CE), en el que se especifique, por una parte, la tasa de referencia de crecimiento de la economía española a la que se refiere el artículo 12.3 de la Ley de Estabilidad y, por otra, se valore la situación económica prevista para cada uno de
los años a los que se refiere el informe. En cumplimiento de esta disposición, el Ministerio de Economía, Industria y Competitividad elabora, por sexto año consecutivo, este informe.

El Informe de Situación de la Economía Española contiene
un escenario macroeconómico de horizonte plurianual que especifica, entre otras variables, la evolución prevista para el Producto Interior Bruto (PIB), la brecha de producción, la tasa de referencia de la economía española y el saldo cíclico del
conjunto de las Administraciones Públicas, distribuido entre sus subsectores.

En lo que respecta al contexto internacional, el crecimiento de la economía mundial se situó en 2016 en el 3,1 %, el menor desde 2009. Las economías avanzadas
experimentaron una notable desaceleración mientras que las economías emergentes mantuvieron un crecimiento estable, pero más moderado que el de los últimos años. Durante la primera mitad de 2017, la actividad económica y el comercio mundial han
mostrado un mayor dinamismo, lo que ha llevado a los principales organismos internacionales a revisar al alza sus previsiones de crecimiento del PIB mundial. No obstante, persisten riesgos a la baja a medio plazo, entre los que destacan la posible
adopción de medidas proteccionistas y su impacto sobre el comercio mundial; un proceso de normalización de las políticas monetarias más rápido de lo esperado, especialmente en Estados Unidos; las negociaciones sobre la salida de Reino Unido de la
UE; y la persistencia de tensiones geopolíticas.

Respecto a la economía española, un rasgo común de las proyecciones de los principales organismos nacionales e internacionales, es la revisión al alza del crecimiento del PIB real en 2017
y 2018, manteniéndose el diferencial positivo de crecimiento respecto a la zona euro los próximos años. En consonancia con las previsiones de los principales organismos nacionales e internacionales, el escenario macroeconómico que se presenta en
este informe supone una revisión al alza del ritmo de crecimiento del PIB real en 2017 y 2018 respecto al escenario de la Actualización del Programa de Estabilidad 2017-2020, de tres y una décima, respectivamente, hasta el 3 % y el 2,6 %, debido a
una evolución de la actividad económica y del empleo en los primeros meses de este año más favorable de lo esperado.

En relación con la composición del PIB, se proyecta un patrón de crecimiento más equilibrado entre la demanda nacional y la
demanda externa neta durante todo el periodo de proyección. El motor de crecimiento seguirá siendo la demanda nacional, presentando el consumo privado y la inversión productiva un elevado dinamismo, y el sector exterior mantendrá una contribución
positiva al crecimiento del PIB, que vendrá determinada por el dinamismo de las exportaciones de bienes y servicios, debido a la mejora de los mercados de exportación españoles y a las ganancias de competitividad acumuladas durante los últimos años.
Como resultado, la economía española presentará una capacidad de financiación frente al resto del mundo ligeramente inferior al 2 % del PIB durante el horizonte de proyección.

El sólido crecimiento de la economía española y el diferencial
positivo respecto a la zona euro son el resultado de la ambiciosa agenda de reformas estructurales adoptadas en los últimos años, que ha permitido avanzar en la corrección de los desequilibrios macroeconómicos. Entre ellas cabe destacar el esfuerzo
en la consolidación presupuestaria, el saneamiento, restructuración y reforma del sistema financiero y la reforma del mercado laboral. Estas medidas han transformado la economía española, permitiendo recuperar los niveles de renta previos a la
crisis, consolidar la recuperación de la confianza en los mercados financieros internacionales y ganar eficiencia, flexibilidad y capacidad para competir.

2. ENTORNO ECONÓMICO Y PREVISIONES


2.1. Contexto internacional

El crecimiento de la economía mundial se situó en 2016 en el 3,1 %, el más reducido desde 2009, si bien en el segundo semestre del pasado año la actividad ganó impulso, observándose
amplias divergencias entre los distintos grupos de países, especialmente entre los emergentes. Las economías avanzadas experimentaron una notable desaceleración el pasado año, en un contexto de elevada incertidumbre, volatilidad en los mercados
financieros, débil crecimiento del comercio mundial y tensiones en los sectores bancarios de algunos países europeos, mientras que las economías emergentes mantuvieron un crecimiento estable, pero más moderado que el de los últimos años.


Durante la primera mitad de 2017, la actividad económica y el comercio mundial han presentado mayor dinamismo, en un contexto de mejora de la confianza y de las expectativas empresariales, recuperación del precio de las materias primas y menor
volatilidad en los mercados financieros. No obstante, persisten riesgos a la baja para la economía global a medio plazo, entre los que destacan la incertidumbre respecto a las futuras decisiones de política económica en Estados Unidos, en
particular, una normalización de la política monetaria más rápida e intensa de lo esperado y la posible adopción de medidas proteccionistas y su impacto sobre el comercio mundial; las negociaciones sobre la salida de Reino Unido de la Unión Europea
(UE); y la persistencia de tensiones geopolíticas.

En este contexto, la OCDE, en su Informe sobre perspectivas económicas publicado en junio de este año, ha revisado dos décimas al alza su previsión de crecimiento de la economía mundial
para 2017 respecto de lo estimado en marzo, hasta el 3,5 %, y prevé una ligera aceleración, de una décima, en 2018, hasta el 3,6 %. Por su parte, las proyecciones macroeconómicas del BCE, actualizadas también en junio de este año, apuntan a una
aceleración del PIB mundial, excluida la zona euro, de tres décimas en 2017, hasta el 3,5 %, y de tres décimas adicionales en 2018, hasta el 3,8 %. En la misma dirección, el FMI, en su Informe sobre perspectivas de la economía mundial publicado en
abril, revisó ligeramente al alza la previsión de crecimiento del PIB mundial para 2017 respecto de lo publicado en enero, una décima hasta el 3,5 %, y mantuvo la tasa de crecimiento del PIB para 2018 en el 3,6 %.

En la zona euro, la
recuperación económica prosigue a un ritmo moderado, a pesar de la incertidumbre asociada a las negociaciones sobre la salida de Reino Unido de la UE, en un contexto de riesgos geopolíticos. El PIB de la zona euro cerró el pasado año con un aumento
medio anual del 1,8 %, impulsado en gran medida por el descenso del precio del petróleo y por la política monetaria acomodaticia del Banco Central Europeo (BCE).

En el primer trimestre de 2017, el PIB real de la zona euro se aceleró una
décima tanto en términos intertrimestrales como interanuales, anotando tasas de crecimiento del 0,6 % y del 1,9 %, respectivamente. El mayor dinamismo de la actividad se explica por el repunte de la inversión, que más que compensó la desaceleración
del consumo privado y la aportación más negativa de la demanda externa neta, debido esto último a una aceleración de las importaciones superior a la de las exportaciones.

En este contexto, la OCDE ha revisado dos décimas al alza la previsión
de crecimiento del PIB de la zona euro para 2017 y 2018, hasta el 1,8 % en ambos ejercicios. Por su parte, la CE, en sus Previsiones de Primavera de 2017, revisó una décima al alza su previsión de crecimiento de la zona euro para este año, hasta
el 1,7 %, y mantuvo la de 2018, en el 1,8 %. En la misma línea, el BCE, en sus previsiones macroeconómicas publicadas en junio, revisó una décima al alza el crecimiento previsto para la zona euro en 2017 y 2018, hasta el 1,9 % y el 1,8 %,
respectivamente. Por su parte, el FMI sitúa el crecimiento de la zona euro para este año en el 1,7 % y para el próximo en el 1,6 %.

Por países, dentro de la zona euro, se observa cierta heterogeneidad en la evolución de la actividad en el
primer trimestre de 2017, acelerándose el PIB real de Alemania e Italia, en términos intertrimestrales, y moderándose ligeramente el de Francia.

En Alemania, el PIB real se ha acelerado dos décimas en el primer trimestre, hasta el 0,6 %
intertrimestral. La OCDE ha revisado el crecimiento previsto para Alemania este año y el próximo, dos y tres décimas, respectivamente, hasta el 2 % en los dos ejercicios. Por su parte, tanto la CE como el FMI han mantenido prácticamente
inalteradas sus previsiones, proyectando ambos organismos un avance del PIB del 1,6 % para 2017, mientras que para 2018 la CE es más optimista, esperando un crecimiento del 1,9 %, frente al 1,5 % del FMI.

En Francia, el PIB aumentó el 1,1 %
en media anual en 2016, tasa superior en una décima a la de 2015, y el 1 % en el primer trimestre de 2017, en tasa interanual, dos décimas menos que en el último trimestre del pasado año. En términos intertrimestrales, el PIB de Francia se
desaceleró una décima, hasta el 0,4 %. La OCDE espera una aceleración de la economía francesa en 2017 y 2018, hasta el 1,3 % y el 1,5 %, respectivamente, en línea con las previsiones del FMI, mientras que la CE prevé un aumento ligeramente superior
en 2018, del 1,7 %.

La economía italiana prolongó el pasado año la senda moderadamente expansiva, registrando el PIB un aumento del 1 %, tres décimas superior al de 2015. En el primer trimestre de 2017, el PIB de Italia se aceleró una
décima, hasta el 1,2 % interanual y el 0,4 % intertrimestral, previendo la CE, la OCDE y el FMI que se mantenga un ritmo de crecimiento en el entorno del 1 % este año y el próximo.

Fuera de la zona euro, la desaceleración de las principales
economías avanzadas fue generalizada en 2016. En Reino Unido, el PIB creció el 1,8 %, cuatro décimas menos que en 2015, si bien en el primer trimestre de 2017 la economía británica se aceleró una décima, hasta el 2 % interanual. No obstante, en
términos intertrimestrales, el PIB de Reino Unido se desaceleró medio punto en el primer trimestre, hasta el 0,2 %. La CE prevé una estabilización del ritmo de crecimiento para este año, en el 1,8 %, y una desaceleración de medio punto en 2018,
hasta anotar una tasa del 1,3 %, debido al menor dinamismo del consumo privado, en un contexto de práctico estancamiento de la inversión por la incertidumbre asociada a las negociaciones sobre la salida de Reino Unido de la UE. Más favorables son
las perspectivas del FMI, que proyecta un crecimiento en Reino Unido del 2 % este año y del 1,5 %, el próximo.

En Estados Unidos, tras la moderación del crecimiento del PIB en 2016, un punto hasta el 1,6 %, se espera que gane dinamismo
en 2017 y 2018 debido, en gran medida, a la posible adopción de medidas de estímulo fiscal, si bien persiste una elevada incertidumbre en torno a su tamaño, composición y plazos de ejecución, existiendo además riesgos a la baja asociados a la
posible implementación de medidas proteccionistas. Así, la CE prevé un crecimiento del PIB estadounidense para este año y el próximo del 2,2 % y del 2,3 %, respectivamente. Por su parte, la OCDE proyecta un crecimiento similar al de la CE
para 2017, del 2,1 %, y una aceleración de tres décimas para 2018, hasta el 2,4 %. En la misma línea, el FMI estima tasas del 2,3 % y del 2,5 % en el bienio 2017-2018.

Respecto a las principales economías emergentes, el PIB de China prolongó
en 2016 la senda de gradual desaceleración, creciendo a un ritmo del 6,7 %. Los principales organismos internacionales esperan que continúe este perfil de moderación, hasta el 6,6 % en 2017 y el 6,3 % en 2018, según la CE, tasas similares a las
proyectadas por la OCDE y por el FMI. Para Rusia y Brasil, la CE y el FMI prevén una recuperación este año y el próximo, después de dos años consecutivos de contracción del PIB, y en India proyectan una gradual aceleración, tras la ralentización
observada el pasado año.

2.2. Evolución reciente de la economía española

La economía española ha mantenido en 2016 un elevado dinamismo, registrando el PIB real un crecimiento del 3,2 %, igual al de 2015 y casi
el doble que el de la zona euro (1,8 %). Este dinamismo se ha prolongado en el primer trimestre de 2017, anotando el PIB un avance intertrimestral del 0,8 %, superior en una décima al del trimestre previo y encadenando así tres años y medio de
tasas positivas. En términos interanuales, el PIB creció en el primer trimestre el 3 %, igual que en el cuarto trimestre de 2016 (1,9 % en la zona euro).

El principal motor de crecimiento en la economía española sigue siendo la demanda
nacional, que desde el primer trimestre de 2014 registra aportaciones positivas al avance interanual del PIB, si bien el patrón es ahora más equilibrado. En el conjunto de 2016, la contribución de la demanda nacional fue positiva por tercer año
consecutivo, aportando 2,8 puntos, y la demanda externa neta aportó 0,5 puntos, después de dos años consecutivos de contribuciones negativas. De esta forma, en 2016 tanto la demanda nacional como la demanda externa neta registraron aportaciones
positivas al crecimiento del PIB, por vez primera desde el año 2000. En el primer trimestre de 2017, la demanda nacional aportó 2,2 puntos al incremento del PIB, y la demanda externa neta, 0,8 puntos, contribuciones iguales a la del último
trimestre del pasado año.

Por componentes de la demanda nacional, destaca el dinamismo del gasto en consumo privado y de la inversión productiva. En 2016, el consumo privado se aceleró tres décimas, hasta anotar un incremento del 3,2 %,
impulsado por el favorable comportamiento de la renta bruta disponible real de las familias, favorecida a su vez por la notable creación de empleo, así como por la contención de los precios y la mejora de la confianza de los consumidores, en un
contexto de favorables condiciones financieras. En el primer trimestre de 2017, el consumo privado ha mantenido una tasa de crecimiento elevada, 2,5 % interanual, si bien más moderada que la del cuarto trimestre de 2016 (3 %).

El gasto en
consumo final de las AAPP en volumen se desaceleró el pasado año 1,2 puntos, hasta anotar un avance medio anual del 0,8 %, evolución consistente con el proceso de consolidación fiscal llevado a cabo en la economía española. En efecto, el déficit
público de la economía española se redujo desde el 5,1 % en 2015 al 4,3 % en 2016, excluyendo la ayuda financiera que ascendió al 0,2 % del PIB el pasado año. En el periodo enero-marzo de 2017, el consumo público en volumen prácticamente se
estabilizó respecto al del mismo periodo del año anterior.

A la expansión de la demanda nacional también ha contribuido el favorable comportamiento de la inversión, impulsada por el aumento de la demanda nacional y externa, así como por las
favorables condiciones financieras, el saneamiento de los balances de las empresas y la mejora de las expectativas empresariales. La formación bruta de capital fijo experimentó el pasado año un incremento medio anual del 3,1 %, inferior en casi
tres puntos al del año anterior, debido a la desaceleración tanto de la inversión en equipo como de la inversión en construcción, que registraron tasas anuales del 5 % y 1,9 %, respectivamente, inferiores en 3,8 y 3 puntos a las de 2015. A su vez,
la moderación en el ritmo de crecimiento de la inversión en construcción se explica por la evolución de la inversión en otros edificios y construcciones, que se desaceleró seis puntos, hasta una tasa del 0,4 %, mientras que la inversión en vivienda
intensificó seis décimas el ritmo de avance, hasta el 3,7 %, acumulando tres años ininterrumpidos de tasas positivas. En el primer trimestre de 2017, la inversión en equipo y en construcción repuntaron, hasta anotar tasas interanuales del 4,9 %
y 3 %, respectivamente, frente al 2,6 % y el 1,9 % del último trimestre de 2016.

Otro rasgo a destacar de la economía española es la prolongación del proceso de desapalancamiento del sector privado, que ha reducido su deuda en más de 50
puntos de PIB desde el máximo alcanzado a mediados de 2010, situándose la deuda no consolidada del sector privado no financiero en el 166,1 % del PIB, en el cuarto trimestre de 2016 (147,3 % del PIB en términos consolidados), niveles de finales
de 2005 y similares a la media de la zona euro. Además, el desapalancamiento de empresas y hogares está siendo compatible con el dinamismo del crédito, registrando las nuevas operaciones a hogares y a pymes (utilizando como proxy de estos créditos
los inferiores a un millón de euros) incrementos anuales en 2016 del 6,4 % y del 2,7 %, respectivamente.

Respecto al sector exterior, la demanda externa neta aportó 0,5 puntos al crecimiento anual del PIB en 2016, después de dos años de
contribuciones negativas (-0,1 puntos en 2015), y en el primer trimestre de este año, la contribución al avance interanual del PIB ha sido de 0,8 puntos, igual a la del cuarto trimestre del pasado año. Esta evolución se debe en gran medida al
favorable comportamiento de las exportaciones de bienes y servicios, que se incrementaron en 2016 el 4,4 % en términos reales, tasa inferior en medio punto a la de 2015, mientras que las importaciones reales se desaceleraron 2,3 puntos, hasta
el 3,3 %, en línea con la ralentización de la demanda final. En el primer trimestre de 2017, las exportaciones se aceleraron con fuerza, cuatro puntos hasta el 8,4 %, y las importaciones pasaron de una tasa del 2,3 % en el cuarto trimestre de 2016
al 6,4 % en el primero de este año. La robustez de las exportaciones se explica, en gran medida, por las ganancias de competitividad acumuladas en los últimos años y por una mayor base exportadora. En particular, el tipo de cambio efectivo real
frente a los países desarrollados, medido con los costes laborales unitarios de manufacturas, acumula una depreciación desde 2012 del 16,5 %. En 2016, este indicador presentó una depreciación del 0,2 %, inferior en 6,5 puntos a la de 2015, debido a
la disminución de los costes laborales unitarios relativos, a pesar de la apreciación del tipo de cambio efectivo nominal.

Los mercados españoles de exportación, según las Previsiones de Primavera de 2017 de la Comisión Europea, se
desaceleraron el pasado año 1,6 puntos, hasta anotar un crecimiento del 2,4 %. Por destino, y utilizando datos de Aduanas deflactados con los índices de valor unitario, las ventas en volumen a la UE crecieron en 2016 el 4,8 %, seis décimas menos
que en 2015, y las dirigidas al resto del mundo intensificaron el ritmo de avance en igual magnitud, hasta el 1,1 %. Hasta abril de 2017, las ventas a la UE repuntaron, hasta anotar una tasa interanual del 7,5 %, en términos reales, superior en 1,7
puntos al del mismo periodo del año anterior, y las dirigidas al resto del mundo se aceleraron más de doce puntos, hasta el 12,1 %.

El sólido crecimiento de la economía española ha sido compatible con el avance en la corrección del
desequilibrio exterior. Según cifras de Balanza de Pagos, la economía española generó en 2016 capacidad de financiación frente al exterior, por quinto año consecutivo, por un importe equivalente al 2,1 % del PIB, superior en una décima al de 2015.
Este aumento de la capacidad de financiación fue consecuencia del mayor superávit de la balanza por cuenta corriente, que se situó en el 1,9 % del PIB, superior en 0,5 puntos al de 2015 y el más elevado de la serie histórica reciente. A su vez, la
mejora en la cuenta corriente se explica por el incremento del superávit de bienes y servicios, medio punto hasta el 2,9 % del PIB, y en menor medida por la reducción del déficit de rentas primarias y secundarias, una décima hasta situarse en el 1 %
del PIB. Estos resultados han contribuido a reducir el saldo deudor de la posición neta de inversión internacional, situándose en el cuarto trimestre de 2016 en el 85,7 % del PIB, inferior en 5,6 puntos al de un año antes. Por su parte, la deuda
externa ascendía al 167,7 % del PIB en el último trimestre del pasado año, porcentaje inferior en 1,4 puntos al del mismo periodo de 2015. En el primer cuatrimestre de este año, la economía española ha continuado generando capacidad de financiación
frente al resto del mundo, por importe de 218 millones de euros, debido al superávit de bienes y servicios (3.973 millones) y de capital (628 millones), parcialmente compensados por el déficit de rentas primarias y secundarias (-4.383 millones).
Por su parte, el saldo deudor de la posición neta de inversión internacional se sitúa en el primer trimestre de 2017 en el 86,5 % del PIB, inferior en 5,9 puntos al de un año antes.

En cuanto al mercado de trabajo, según cifras de la Encuesta
de Población Activa (EPA), el número medio de ocupados aumentó en el primer trimestre de 2017 el 2,3 % interanual (más de 400.000 personas) y el paro se redujo en 536.400 personas, lo que supone un ritmo de descenso interanual del 11,2 %. La tasa
de paro se situó en el 18,8 % de la población activa, inferior en 2,2 puntos a la de un año antes. Esta favorable evolución se ha prolongado en los meses del segundo trimestre de 2017, a juzgar por la evolución del número medio de afiliados a la
Seguridad Social, que se incrementó hasta mayo el 3,6 % interanual, ocho décimas más que en el mismo periodo del año anterior, así como por la mayor caída del paro registrado, que descendió en dicho periodo el 10,1 % en términos interanuales (-7,9 %
en enero-mayo de 2016).

En lo que se refiere a los precios, la inflación agregada ha estado condicionada por las subidas intermensuales de los precios energéticos en los primeros meses de este año, así como por el efecto base asociado a la
acusada caída registrada en el mismo periodo de 2016. Según los últimos datos disponibles, la tasa interanual del Índice de Precios de Consumo (IPC) se moderó en mayo siete décimas, hasta el 1,9 % interanual, y se ha reducido cuatro décimas
adicionales en junio, según el indicador adelantado, debido principalmente a la desaceleración de los precios de la energía. Esta disminución de la inflación continuará en los próximos meses, convergiendo gradualmente a la inflación subyacente, que
ha permanecido estable desde mediados de 2015 en niveles cercanos al 1 %.

2.3. Escenario macroeconómico 2017-2020

El Cuadro 1 recoge las principales hipótesis externas en las que se fundamenta el Escenario
Macroeconómico que acompaña a la presente Actualización del Informe de Situación de la Economía Española. Estos supuestos se basan, principalmente, en las hipótesis incluidas en las Previsiones de Primavera de 2017 de la Comisión Europea,
disponibles hasta 2018, en previsiones del Banco Central Europeo y en estimaciones propias del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad.

Según la Comisión Europea, el PIB de la economía mundial crecerá este año el 3,4 %, cuatro
décimas más que en 2016, y se acelerará dos décimas en 2018, hasta el 3,6 %. En este contexto, la economía de la zona euro consolidará la recuperación económica, registrando un crecimiento relativamente estable y ligeramente inferior al 2 % durante
todo el periodo de previsión, en un contexto de incertidumbre a medio plazo por las negociaciones sobre la salida del Reino Unido de la Unión Europea y las futuras medidas de política económica en Estados Unidos.


Cuadro 1. Hipótesis de la proyección
Variación anual en %, salvo indicación en contrario

Los tipos de interés a corto plazo se mantendrán relativamente estables y en terreno
negativo hasta 2018, previéndose ligeros incrementos en los últimos años del periodo de previsión. Por su parte, los tipos de interés a largo plazo aumentarán gradualmente durante todo el periodo de previsión, en consonancia con la eventual
normalización de la política monetaria en la zona euro.

En lo que respecta al precio del petróleo Brent, ha presentado una trayectoria ascendente durante el pasado año, pasando de cotizar por debajo de los 30 dólares por barril a principios
de 2016 a situarse en el entorno de los 55 dólares en los primeros meses de 2017 debido, entre otros factores, al descenso en la producción de petróleo. En este contexto, y a partir de la evolución que proyectan los mercados de futuros, se prevé un
incremento del precio medio por barril en torno al 20 % este año, hasta 52,2 dólares, y una estabilización en un nivel ligeramente superior a los 53 dólares en el resto del periodo de proyección.

En cuanto a la evolución del tipo de cambio,
el euro se apreció ligeramente frente al dólar durante los primeros meses de 2016, si bien desde mayo de dicho año la cotización de la divisa europea presentó un perfil descendente, estabilizándose en torno a 1,1 dólares por euro, nivel que se prevé
se mantenga hasta 2020. Respecto a los mercados de exportación españoles, las proyecciones apuntan a una aceleración en 2017 y 2018, y a una estabilización del ritmo de crecimiento en el entorno del 4 % en 2019 y 2020, en línea con las perspectivas
sobre la evolución de la demanda de nuestros principales socios comerciales.

En base a las hipótesis mencionadas, el escenario macroeconómico proyecta un crecimiento del PIB real del 3 % este año y del 2,6 % el próximo, seguido de una ligera
desaceleración, hasta el 2,5 % en 2019 y el 2,4 % en 2020. Este robusto crecimiento, que se mantiene incluso en ausencia de algunos de los factores exógenos que han impulsado a la economía española en los últimos años, como la reducción del precio
del petróleo y los estímulos monetarios del BCE, se sustenta en la mejora de la confianza y del empleo y en las favorables condiciones financieras. Se trata de un patrón de crecimiento equilibrado, apoyado tanto en la demanda nacional como en la
externa.

El escenario macroeconómico que se presenta en este informe supone una revisión al alza del ritmo de crecimiento del PIB real respecto a lo estimado en la Actualización del Programa de Estabilidad 2017-2020, de tres décimas en 2017 y
de una décima en 2018 y 2019, manteniéndose la proyección para 2020 en el 2,4 %. El mayor crecimiento previsto para este año se debe a una evolución de la actividad económica en los primeros meses del año más favorable de lo esperado, lo que se ha
traducido en una revisión al alza del crecimiento de la inversión y de las exportaciones e importaciones de bienes y servicios.

En relación con la composición del PIB, se proyecta para el periodo 2017-2020 un patrón de crecimiento
equilibrado. La demanda nacional se consolida como el principal motor de crecimiento, registrando contribuciones de 2,5 puntos este año y superiores a dos puntos porcentuales durante el resto del horizonte de proyección, si bien con un perfil
ligeramente descendente. Por su parte, la demanda externa neta anota contribuciones positivas, de medio punto este año, de cuatro décimas el próximo y ligeramente más moderadas en 2019 y 2020 (0,3 puntos, los dos años).





Cuadro 2. Escenario Macroeconómico 2017-2020
Variación anual en %, salvo indicación en contrario










2016 2017 2018 2019 2020
Gasto en consumo final nacional privado (a) 3,2 2,62,4 2,3 2,2
Gasto en consumo final de las AAPP 0,8 0,8 0,7 0,7 0,7
Formación bruta de capital fijo 3,1 3,9 3,63,9 3,8
Bienes de equipo y activos cultivados 5,0 4,2 3,5 4,2 4,2
Construcción 1,9 3,9 4,0 4,1 4,0
Demanda Nacional (contribución al crecimiento del PIB) 2,8 2,5 2,2 2,2 2,1
Exportación de bienes y servicios 4,4 6,5 5,4 4,84,6
Importación de bienes y servicios 3,3 5,4 4,7 4,5 4,3
Saldo exterior (contribución al crecimiento del PIB) 0,5 0,5 0,40,3 0,3
PIB real 3,2 3,0 2,6 2,5 2,4
Deflactor del PIB 0,3 1,4 1,61,7 1,7
Deflactor del consumo privado -0,2 1,5 1,6 1,7 1,8
Empleo total (b) 2,9 2,8 2,6 2,52,5
Tasa de paro (% población activa) 19,6 17,4 15,4 13,6 11,8
Cap(+)/Nec.(-) financiación de las AAPP (% PIB) -4,5 -3,1 -2,2-1,3 -0,5
Cap(+)/Nec.(-) financiación frente al Resto del Mundo (% PIB) 2,0 1,9 1,8 1,7 1,6
(a) Hogares e ISFLSH. (b) Empleo equivalente
a tiempo completo. Fuentes: INE y Ministerio de Economía, Industria y Competitividad.

Entre los componentes de la demanda nacional, el consumo privado se mantendrá robusto durante todo el horizonte de
previsión, si bien presentará un perfil de ligera desaceleración, hasta registrar una tasa de variación del 2,2 % en 2020. Esta desaceleración se debe, principalmente, al menor dinamismo de la renta disponible real de las familias, en un contexto
caracterizado por una menor intensidad en la creación de empleo y una paulatina reversión de algunos de los factores que han coadyuvado a impulsar el crecimiento económico en los últimos años, como los reducidos precios del petróleo y los estímulos
monetarios del BCE.

Asimismo, destaca el tono expansivo de la formación bruta de capital fijo, que se acelera este año ocho décimas, hasta el 3,9 %, frente a la desaceleración de tres décimas prevista en el Programa de Estabilidad,
proyectándose tasas próximas al 4 % durante todo el periodo de previsión. Esta evolución está en línea con el crecimiento esperado del consumo privado y de las exportaciones de bienes y servicios, con las favorables expectativas empresariales y el
contexto de reducidos tipos de interés, así como con la continuación del proceso de desapalancamiento de las empresas, que reduce las presiones financieras y libera recursos para la inversión. Por componentes, el mayor crecimiento de la inversión
respecto de las anteriores previsiones se explica por la revisión al alza de la inversión en construcción y, en menor medida, de la inversión en equipo. Para la inversión en construcción se prevén avances en el entorno del 4 % durante todo el
periodo, entre uno y dos puntos superiores a los del Programa de Estabilidad, y para la inversión en equipo, el perfil es ligeramente más dinámico que el del Programa de Estabilidad, creciendo dos décimas más cada año, también con tasas alrededor
del 4 %.

En lo relativo al sector exterior, la demanda externa neta registrará aportaciones positivas al avance del PIB durante todo el periodo (0,5 puntos en 2017, 0,4 puntos en 2018 y 0,3 puntos en 2019 y 2020). Las exportaciones reales de
bienes y servicios crecerán este año el 6,5 %, lo que supone una revisión al alza de un punto respecto a lo proyectado en el Programa de Estabilidad, debido a las ganancias de competitividad derivadas de la moderación de los costes laborales
unitarios relativos y del mayor dinamismo de nuestros mercados de exportación. Para el resto del periodo de previsión se prevé una gradual desaceleración de las exportaciones, registrando tasas ligeramente inferiores al 5 % los últimos años del
horizonte de previsión. Las importaciones crecerán a tasas ligeramente inferiores a las de las exportaciones, del 5,4 % este año, superior en 1,1 puntos a lo previsto en el Programa de Estabilidad, y algo más moderadas a partir de 2018, entre
el 4 % y el 5 %. En este contexto, el saldo de la balanza por cuenta corriente seguirá siendo superavitario durante todo el horizonte, situándose próximo al 2 % del PIB en 2017 y ligeramente por debajo en el resto del periodo.

Es importante
señalar que la mayor flexibilidad introducida por la reforma laboral de 2012 ha posibilitado la creación de empleo con tasas de crecimiento del PIB sensiblemente inferiores a las que resultaban necesarias antes de su entrada en vigor, situándose el
umbral de creación de empleo holgadamente por debajo del 1 %. En este escenario macroeconómico se prevé que el ritmo de creación de empleo se sitúe en el 2,8 %, inferior en una décima al del pasado año. A partir de 2018 se proyecta una ligera
desaceleración del empleo, en línea con el menor dinamismo de la actividad, si bien seguirá robusto y creciendo en el entorno del 2,5 % durante todo el periodo de previsión, lo que permitirá recuperar a finales de 2019 los niveles de ocupación
previos a la crisis, veinte millones de ocupados. Como resultado del dinamismo en la creación de empleo, la tasa de paro se reducirá progresivamente, unos dos puntos cada año, hasta situarse por debajo del 12 % de la población activa en 2020, en
media anual.

En el proceso de corrección de los desequilibrios macroeconómicos de la economía española, la moderación de los precios ha jugado un papel relevante. No obstante, a principios de este año la inflación ha repuntado de manera
transitoria, tanto en España como en el resto de economías de la zona euro, debido al efecto base asociado a la acusada caída de los precios energéticos en el mismo periodo de 2016. A partir de 2017, se prevé que los precios de consumo retornen a
tasas positivas, impulsados por el aumento de los precios del petróleo, anotando el deflactor del consumo privado incrementos anuales progresivamente crecientes, pero inferiores al 2 % durante todo el periodo de previsión.

Por otro lado, el
Cuadro 3 refleja las previsiones más recientes publicadas por la Comisión Europea, el FMI, la OCDE y el Banco de España, que se han tomado como referencia en la elaboración de este Informe de Situación de la Economía Española.


Cuadro 3. Comparación de escenarios macroeconómicos 2017-2018




Variación anual en %, salvo indicación en contrario CE OCDEFMI BdE
Previsiones mayo 2017 Previsiones junio 2017 Previsiones abril 2017 Previsiones junio 2017
2017 2018 2017 2018 20172018 2017 2018
1. PRODUCTO INTERIOR BRUTO 2. Gasto en consumo final nacional privado (a) 3. Gasto en consumo final de las AA.PP. 4. Formación bruta de capital fijo
5. Variación de existencias (b) 6. Exportación de bienes y servicios 7. Importación de bienes y servicios


8. Demanda Nacional (b) (c ) 9. Demanda externa neta (b)
2,82,4 2,5 2,0 0,9 0,8 3,4 3,9 0,0 0,0 5,7 4,8 4,8 4,4 2,3 2,1 0,4 0,3 2,82,4 2,3 1,9 0,8 0,7 3,9 4,9 0,0 0,0 6,7 5,0 5,5 4,9 2,3 2,3 0,5 0,22,62,1 2,6 2,1 0,7 0,7 3,1 2,7 0,0 0,0 4,6 4,2 4,1 4,1 2,3 2,0 0,3 0,1 3,12,5 2,7 2,0 0,8 0,8 3,7 4,6 - - 6,9 4,9 5,8 4,5 2,5 2,2 0,6 0,3
Promemoria: 10. Cap(+)/Nec(-) financiación de la nación (% PIB)
11. Deflactor del PIB 12. Deflactor del consumo privado 13. Empleo total (d) 14. Tasa de Paro (% población activa) 15. Coste Laboral Unitario 16. Cap(+)/Nec(-) financiación de las AA.PP. (% PIB)
1,91,9 1,1 1,4 1,7 1,4 2,3 2,1 17,6 15,9 0,5 1,0 -3,2 -2,6 -- 1,4 1,4 1,8 1,4 2,5 2,1 (2) 17,5 16,0 0,9 1,4 (3) -3,1 -2,3 2,22,2 (1) 1,5 1,5 - - 2,4 1,5 (2) 17,7 16,6 - - -3,3 -2,7 1,81,9 1,0 1,4 - - 2,9 2,3 17,3 15,4
- - -3,2 -2,6
(1) Balanza de Pagos. (2) Encuesta de Población Activa. (3) Definición OCDE: Remuneración de los asalariados por unidad de producto. (a) Incluye a los hogares y a las ISFLSH
(Instituciones sin fines de lucro al servicio de los hogares). (b) Contribución al crecimiento del PIB. (c) En la OCDE y FMI: crecimiento anual de la demanda nacional. (d) Puestos de trabajo equivalentes a tiempo completo.
Fuentes: Comisión Europea, FMI, OCDE y BdE.

Un rasgo común de las proyecciones de los principales organismos nacionales e internacionales es la revisión al alza del crecimiento del PIB real en 2017 y 2018.
La Comisión Europea, en sus Previsiones de Primavera de 2017, estima un crecimiento del PIB real español para este año del 2,8 %, en línea con el previsto por la OCDE e inferior a lo proyectado por el Banco de España (3,1 %).

Para 2018, estos
organismos coinciden en proyectar un crecimiento en torno al 2,5 %.

2.4. Posición cíclica de la economía española

Con objeto de analizar la situación cíclica de la economía española, el presente informe
proporciona estimaciones del producto potencial y de la brecha entre la producción efectiva y la potencial (output gap), siguiendo la metodología de la función de producción utilizada por la Comisión Europea y acordada en el seno del Grupo de
Trabajo del Output Gap. Al igual que en anteriores actualizaciones del Informe de Situación de la Economía Española, se ha incorporado un cambio estadístico, consistente en la utilización de las proyecciones de población de corto plazo publicadas
por el INE.

El Cuadro 4 recoge las tasas de crecimiento observadas y previstas para el PIB real, el crecimiento del PIB potencial estimado hasta 2020 y las aportaciones al crecimiento de sus principales determinantes y la evolución del output
gap.

El PIB potencial, tras el mínimo alcanzado en 2014, inicia en 2015 una senda expansiva, con tasas de crecimiento positivas y gradualmente crecientes, hasta situarse en el 1,5 % al final del horizonte de previsión. Esta aceleración se
debe a la recuperación del factor trabajo, que registra a partir de 2017 aportaciones positivas al crecimiento del PIB potencial, tras cinco años de aportaciones negativas, así como al perfil ascendente de las contribuciones del capital y, en menor
medida, a la Productividad Total de los Factores (PTF), que incrementa ligeramente su contribución en el periodo de proyección.




Cuadro 4. PIB potencial y output gap (1)

PIB real (Variación anual %) Función de Producción
PIB potencial (Variación
anual %)
Output gap (%) Contribuciones al crecimiento potencial
PTF Capital Empleo
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 20203,84,03,50,51,71,7 1,1 3,1 1,5 0,5 1,5 1,2 -3,6 1,3 -3,4 0,5 0,8 0,0 0,0 1,4 -4,7 0,5 0,6 0,3 -1,0 0,7 -6,3 0,3 0,4 0,0 -2,9 -0,3 -8,8 0,2 0,2 -0,7 -1,7 -0,5 -9,9 0,2 0,1 -0,8 1,4 -0,1 -8,6 0,2 0,1 -0,4 3,2 0,3 -5,9 0,3 0,2 -0,2 3,2 0,6 -3,4 0,4
0,3 -0,1 3,0 0,9 -1,4 0,4 0,3 0,2 2,6 1,1 0,1 0,4 0,4 0,2 2,5 1,3 1,4 0,5 0,4 0,3 2,4 1,5 2,3 0,5 0,5 0,4
(1) NAWRU calculada con Curva de Phillips forward-looking no centrada. Fuente: Ministerio de Economía, Industria y
Competitividad.

Como resultado de la evolución del PIB real y del potencial, el output gap seguirá reduciéndose, desde la máxima diferencia entre PIB potencial y observado alcanzada en 2013 (-9,9 %), hasta
registrar valores positivos en 2018 (0,1 %), 2019 (1,4 %) y 2020 (2,3 %).

A partir del output gap, es posible descomponer la senda prevista de déficit público en sus componentes cíclico y cíclicamente ajustado. Como se observa en el
Cuadro 5, la reducción del déficit ajustado cíclicamente en 2017 es de 0,3 puntos porcentuales de PIB, y en 2018 de 0,2 puntos, situándose el déficit público nominal en dicho año por debajo del 3 % del PIB.


Cuadro 5. Cálculo del saldo ajustado cíclicamente
(% del PIB, salvo indicación en contrario)






Saldo público Output gap (1)Saldo cíclico Saldo cíclicamente ajustado (2)
2013 -7,0 -9,9 -5,3 -1,7
2014 -6,0 -8,6 -4,6 -1,4
2015 -5,1 -5,9 -3,2 -1,9
2016 -4,5 -3,4 -1,8 -2,7
2017 -3,1 -1,4 -0,8-2,4
2018 -2,2 0,1 0,1 -2,2
2019 -1,3 1,4 0,7 -2,0
2020 -0,5 2,3 1,3-1,7
(1) NAWRU calculada con Curva de Phillips forward-looking no centrada. (2) Por tratarse de déficit ajustado cíclicamente y no déficit estructural, no se descuentan medidas one-off. Fuente: Ministerio de
Economía, Industria y Competitividad.

El Cuadro 6 recoge la estimación de la tasa de referencia, que establece el límite a la variación del gasto computable de la Administración Central, de las Comunidades
Autónomas y de las Corporaciones Locales. Para obtener dicha tasa, se calcula cada año la media de los crecimientos reales potenciales de dicho año, los cinco anteriores y los cuatro posteriores, obteniéndose así la tasa de referencia real. Para
los años posteriores a 2020, los crecimientos potenciales se han obtenido aplicando la metodología t+10 de cálculo del PIB potencial aprobada en el seno del Grupo de Trabajo del Output Gap.

En línea con la metodología de desarrollo de la Ley
de Estabilidad, los crecimientos de los deflactores utilizados para pasar de la tasa de referencia real a la nominal se corresponden con el menor valor entre el 2 % y la tasa del deflactor del PIB prevista o efectivamente realizada cada año, según
la Contabilidad Nacional.

Cuadro 6. Tasas de referencia del PIB reales y nominales


Variación anual en % 20162017 2018 2019 2020
Tasa de referencia real (1) 0,5 0,6 0,8 1,0 1,1
Tasa de referencia nominal 0,8 2,02,4 2,7 2,8
(1) NAWRU calculada con Curva de Phillips forward-looking no centrada. Fuente: Ministerio de Economía, Industria y Competitividad.

Finalmente,
el Cuadro 7 muestra el saldo cíclico de los diferentes agentes de las Administraciones Públicas obtenido al aplicar al output gap del Cuadro 5 las semielasticidades obtenidas a partir de la metodología prevista en la Ley de Estabilidad para calcular
las previsiones tendenciales de ingresos y gastos. Entre 2016 y 2020, el saldo cíclico del conjunto formado por la Administración Central y la Seguridad Social aumenta 2 puntos de PIB, pasando de un déficit del 1,2 % del PIB en 2016 a un superávit
del 0,8 % el último año del periodo de proyección, y el saldo cíclico de las Comunidades Autónomas se incrementa 0,9 puntos, desde un déficit del 0,5 % del PIB en 2016 a un superávit del 0,4 % en 2020.




Cuadro 7. Saldos cíclicos por agentes de las AAPP (1) (% PIB)



2016 2017 2018 2019 2020
Administración Central y Seguridad Social -1,2 -0,5 0,0 0,5 0,8
Administración Central -0,5 -0,2 0,0 0,2 0,4
Seguridad Social -0,6 -0,3 0,0 0,3 0,4
Comunidades Autónomas -0,5 -0,2 0,0 0,2 0,4
Corporaciones Locales-0,1 0,0 0,0 0,0 0,1
Total Administraciones Públicas -1,8 -0,8 0,1 0,7 1,3
(1) NAWRU calculada con Curva de Phillips
forward-looking no centrada. Los totales pueden no coincidir con la suma por el redondeo. Fuente: Ministerio de Economía, Industria y Competitividad.

D.ª BELÉN NAVARRO HERAS, SECRETARIA DEL CONSEJO DE
POLÍTICA FISCAL Y FINANCIERA,

CERTIFICA: Que en la sesión plenaria del Consejo de Política Fiscal y Financiera, celebrada el día 7 de julio de 2017, se informó favorablemente la siguiente propuesta de objetivos de estabilidad presupuestaria
y de deuda pública del conjunto de las Comunidades Autónomas para el trienio 2018-2020:

OBJETIVOS DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA DEL CONJUNTO DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS

TRIENIO 2018-2020

Capacidad (+) Necesidad (-) de
financiación, SEC-2010

(En porcentaje del Producto Interior Bruto)

2018 2019 2020
-0,4 -0,1 0,0

OBJETIVOS
DE DEUDA PÚBLICA DEL CONJUNTO DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS TRIENIO 2018-2020

Deuda PDE

(En porcentaje del Producto Interior Bruto)




2018 2019 2020
24,1 23,3 22,4

Estos objetivos de deuda pública se podrán rectificar por el importe efectivo
de la ejecución de los mecanismos adicionales de financiación que se produzca durante los ejercicios siempre que no se destine a financiar vencimientos de deuda o déficit del ejercicio respectivo.

A efectos del cumplimiento de estos
objetivos, podrá tenerse en cuenta la concurrencia de circunstancias que, no afectando al cumplimiento de los objetivos de déficit ni al cumplimiento de la regla de gasto, pudieran afectar a los límites de deuda y no derivaran de decisiones
discrecionales de las Comunidades Autónomas, de conformidad con el Ministerio de Hacienda y Función Pública.

El presente certificado se emite sin perjuicio de la posterior aprobación del acta que habrá de efectuarse en la próxima sesión
plenaria del Consejo de Política Fiscal y Financiera.

Y para que conste, se expide el presente certificado en Madrid, a 7 de julio de 2017.

La Secretaria, Belén Navarro Heras.—V.º B.º El Presidente, Cristóbal Montoro Romero.


Gabinete de la Vicepresidenta del Gobierno y Ministra de la Presidencia y para las Administraciones Territoriales

Complejo de La Moncloa

28071 Madrid

A efectos de su inclusión en el expediente correspondiente, adjunto se
remite Certificación relativa al Punto 3.º del Orden del Día «objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública para el conjunto de las Entidades Locales para el periodo 2018-2020 formulada por el Ministerio de Hacienda y Función Pública,
en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 15 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera» de la sesión del Pleno de la Comisión Nacional de Administración Local celebrada el día 26 de
junio de 2017.

La Secretaria de la CNAL, Pilar Atienza Gabás.

D.ª PILAR ATIENZA GABÁS, SECRETARIA DE LA COMISIÓN NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN LOCAL

CERTIFICA: Que el Pleno de la Comisión Nacional de Administración Local, en
sesión celebrada el día 26 de junio de 2017, en el Punto 3.º del Orden del Día, ha informado sobre la propuesta de objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública para el conjunto de las Entidades Locales para el periodo 2018-2020
formulada por el Ministerio de Hacienda y Función Pública, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 15 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.

De conformidad con lo dispuesto
en el artículo 18.2, de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, se hace constar que la presente CERTIFICACIÓN se emite con anterioridad a la aprobación del Acta, que tendrá lugar, en su caso, en la próxima sesión del
Pleno de la Comisión Nacional de Administración Local.

Y para que conste, expido la presente CERTIFICACIÓN, en Madrid a veintisiete de junio de dos mil diecisiete.

La Secretaria de la CNAL, Pilar Atienza Gabás.