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BOCG. Congreso de los Diputados, serie D, núm. 78, de 30/12/2016
cve: BOCG-12-D-78
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BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
XII LEGISLATURA
Serie D: GENERAL
30 de diciembre de 2016
Núm. 78
ÍNDICE
Composición y organización de la Cámara
COMISIONES, SUBCOMISIONES Y PONENCIAS
154/000002 Creación de una Subcomisión, en el seno de la Comisión de Igualdad, para un Pacto de Estado en materia de Violencia de Género ... (Página3)
154/000003 Creación de una Subcomisión, en el seno de la Comisión de Educación y Deporte, para la elaboración de un gran Pacto de Estado Social y Político por la Educación ... (Página3)
PERSONAL
299/000002 Personal eventual al servicio de los miembros de la Mesa del Congreso de los Diputados. Nombramiento ... (Página3)
299/000003 Personal eventual para la atención de los señores Diputados de los Grupos Parlamentarios.
Ceses ... (Página3)
Nombramientos ... (Página4)
Control sobre las disposiciones del Ejecutivo con fuerza de Ley
DECRETOS-LEYES
130/000004 Real Decreto-ley 5/2016, de 9 de diciembre, de medidas urgentes para la ampliación del calendario de implantación de la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa. Convalidación ...
Control de la acción del Gobierno
PROPOSICIONES NO DE LEY
Pleno
162/000189 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a continuar impulsando el proceso de adopción de un Estatuto Internacional para las Víctimas del Terrorismo.
Enmiendas ... (Página10)
Aprobación con modificaciones ... (Página11)
162/000237 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, relativa a la mejora y garantía de las condiciones laborales de las camareras de piso en el sector turístico.
Enmiendas ... (Página11)
Aprobación con modificaciones ... (Página15)
INTERPELACIONES
Urgentes
172/000013 Interpelación formulada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos al Ministro de Educación, Cultura y Deporte sobre la política del Gobierno destinada a impulsar, promover y proteger la cultura y las industrias culturales en España
... (Página17)
172/000015 Interpelación formulada por el Grupo Parlamentario Socialista al Ministro de Hacienda y Función Pública sobre la aplicación de la Regla de Gasto a las Entidades Locales ... (Página18)
172/000016 Interpelación formulada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, sobre pobreza infantil ... (Página18)
MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIONES
Urgentes
173/000007 Moción consecuencia de interpelación urgente presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre medidas urgentes contra la pobreza.
Texto de la moción así como enmiendas formuladas ... (Página19)
Aprobación con modificaciones... (Página24)
173/000008 Moción consecuencia de interpelación urgente presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre la política del Gobierno encaminada a implementar las medidas aprobadas recientemente por la Comisión Europea destinadas a
encabezar la transición energética global hacia energías limpias.
Texto de la moción así como enmiendas formuladas ... (Página24)
Aprobación... (Página31)
173/000009 Moción consecuencia de interpelación urgente presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, sobre la política de asilo del Gobierno. Texto de la moción, enmiendas formuladas y rechazo
por el Pleno de la Cámara... (Página31)
PREGUNTAS PARA RESPUESTA ESCRITA
184/004351 Autor: Salvador García, Luis Miguel
Pasos que ha dado el Gobierno de España en relación a algunos aspectos fundamentales para que IFMIF-DONES sea una realidad en Granada. Retirada ... (Página42)
184/004875 Autor: Pascual Peña, Sergio
Número de solicitudes de asilo de inmigrantes subsaharianos y sirios que se han cursado desde las oficinas de Ceuta y Melilla, así como periodo medio de estancia de un inmigrante con solicitud de asilo en los Centros de Estancia Temporal de
Inmigrantes de dichas Ciudades Autónomas. Corrección de errores ... (Página42)
184/005094 Autor: Vendrell Gardeñes, Josep
Casos de presunto fraude y evasión fiscal que afectan a jugadores de fútbol de élite ... (Página43)
184/005129 Autor: Rallo Lombarte, Artemi
Facturas irregulares abonadas por el Hospital Provincial de Castellón por presuntos servicios inexistentes ... (Página44)
184/005295 Autor: Girauta Vidal, Juan Carlos
Previsiones acerca de adoptar alguna medida ante los repetidos ataques a cuarteles de la Guardia Civil para garantizar la seguridad de los agentes y sus familiares ... (Página45)
Otros textos
DECLARACIONES INSTITUCIONALES
140/000010 Declaración institucional sobre La Rábida ... (Página46)
COMPOSICIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LA CÁMARA
COMISIONES, SUBCOMISIONES Y PONENCIAS
154/000002
El Pleno del Congreso de los Diputados, en su sesión del día de hoy, ha acordado, de conformidad con lo dispuesto en el Punto Segundo.1 de la Resolución de la Presidencia del Congreso de los Diputados de 26 de junio de 1996, la creación, en
el seno de la Comisión de Igualdad, de una Subcomisión para un Pacto de Estado en materia de Violencia de Género, en los términos de la calificación de la Mesa de la Cámara, publicada en el 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, núm. 70, de
16 de diciembre de 2016.
Se ordena la publicación de conformidad con lo dispuesto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de diciembre de 2016.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
154/000003
El Pleno del Congreso de los Diputados, en su sesión del día de hoy, ha acordado, de conformidad con lo dispuesto en el Punto Segundo.1 de la Resolución de la Presidencia del Congreso de los Diputados de 26 de junio de 1996, la creación, en
el seno de la Comisión de Educación y Deporte, de una Subcomisión para la elaboración de un gran Pacto de Estado Social y Político por la Educación, en los términos de la calificación de la Mesa de la Cámara, publicada en el 'BOCG. Congreso de los
Diputados', serie D, núm. 70, de 16 de diciembre de 2016.
Se ordena la publicación de conformidad con lo dispuesto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de diciembre de 2016.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
PERSONAL
299/000002
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.º del Estatuto del Personal de las Cortes Generales, con fecha 20 de diciembre de 2016 la Excma. Sra. Presidenta del Congreso de los Diputados ha tenido a bien nombrar a D.ª María Elena
Prota Barroeta, a propuesta de la Excma. Sra. D.ª Rosa María Romero Sánchez, con efectos de 21 de diciembre de 2016 y con carácter de personal eventual, para el cargo de Secretaria de la Vicepresidencia Tercera del Congreso de los Diputados.
Al amparo de lo dispuesto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara, se ordena su publicación en la Sección Congreso de los Diputados del BOCG.
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de diciembre de 2016.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
299/000003
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.2 del Estatuto del Personal de las Cortes Generales, con fecha 20 de diciembre de 2016 la Excma. Sra. Presidenta del Congreso de los Diputados ha tenido a bien disponer el cese, a propuesta
del Excmo. Sr. D. José A. Bermúdez de Castro Fernández, con efectos de 20 de diciembre de 2016, de D.ª María Elena Prota Barroeta, como personal eventual en el cargo de Asistente para la atención de los señores Diputados del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso.
Al amparo de lo dispuesto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara, se ordena su publicación en la Sección Congreso de los Diputados del BOCG.
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de diciembre de 2016.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.2 del Estatuto del Personal de las Cortes Generales, con fecha 20 de diciembre de 2016 la Excma. Sra. Presidenta del Congreso de los Diputados ha tenido a bien disponer el cese, a propuesta
del Excmo. Sr. D. Íñigo Errejón Galván, con efectos de 31 de diciembre de 2016, de D. Daniel García Corral, como personal eventual en el cargo de Asistente para la atención de los señores Diputados del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos
Podemos-En Comú Podem-En Marea.
Al amparo de lo dispuesto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara, se ordena su publicación en la Sección Congreso de los Diputados del BOCG.
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de diciembre de 2016.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
299/000003
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.º del Estatuto del Personal de las Cortes Generales, con fecha 20 de diciembre de 2016 la Excma. Sra. Presidenta del Congreso de los Diputados ha tenido a bien nombrar a D. Carlos Joaquín
García Martell, a propuesta del Excmo. Sr. D. Íñigo Errejón Galván, con efectos de 20 de diciembre de 2016 y con carácter de personal eventual, para el cargo de Asistente para la atención de los señores Diputados del Grupo Parlamentario Confederal
de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.
Al amparo de lo dispuesto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara, se ordena su publicación en la Sección Congreso de los Diputados del BOCG.
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de diciembre de 2016.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
CONTROL SOBRE LAS DISPOSICIONES DEL EJECUTIVO CON FUERZA DE LEY
DECRETOS-LEYES
130/000004
Se publica a continuación el Real Decreto-ley 5/2016, de 9 de diciembre, de medidas urgentes para la ampliación del calendario de implantación de la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 86.2 de la Constitución, dicho Real Decreto-ley fue sometido a debate y votación de totalidad por el Congreso de los Diputados en su sesión del día de hoy, en la que se acordó su convalidación.
Se ordena la publicación de conformidad con lo dispuesto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de diciembre de 2016.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
REAL DECRETO-LEY 5/2016, DE 9 DE DICIEMBRE, DE MEDIDAS URGENTES PARA LA AMPLIACIÓN DEL CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN DE LA LEY ORGÁNICA 8/2013, DE 9 DE DICIEMBRE, PARA LA MEJORA DE LA CALIDAD EDUCATIVA
I
Las evaluaciones externas de fin de etapa constituyen una de las principales novedades de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, con respecto al marco normativo precedente. El artículo 144.1 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de
mayo, dispone que las pruebas y los procedimientos de las evaluaciones indicadas en los artículos 29 y 36 bis de la citada ley se diseñarán por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, a través del Instituto Nacional de Evaluación Educativa.
En el mismo artículo 144.1 se establece que la realización material de las pruebas corresponde a las Administraciones educativas competentes.
En cumplimiento de estas previsiones legales, el Gobierno ha aprobado diversos desarrollos reglamentarios que afectan a la configuración de estas evaluaciones. En primer lugar, el Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se
establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato, indica en su artículo 21 que, al finalizar el cuarto curso de Educación Secundaria Obligatoria, los alumnos y alumnas realizarán una evaluación individualizada
por la opción de enseñanzas académicas o por la de enseñanzas aplicadas, en la que se comprobará el logro de los objetivos de la etapa y el grado de adquisición de las competencias correspondientes. En el apartado primero del artículo 31 de dicho
real decreto se indica que los alumnos y alumnas realizarán una evaluación individualizada al finalizar Bachillerato, en la que se comprobará el logro de los objetivos de esta etapa y el grado de adquisición de las competencias correspondientes.
Posteriormente, el Real Decreto 1058/2015, de 20 de noviembre, regula las características generales de las pruebas de evaluación realizadas al final de la etapa de Educación Primaria.
Finalmente, el Real Decreto 310/2016, de 29 de julio, por el que se regulan las evaluaciones finales de Educación Secundaria Obligatoria y de Bachillerato, en su disposición final primera, determina el calendario de implantación de las
evaluaciones finales de Educación Secundaria Obligatoria y de Bachillerato.
II
La disposición final quinta de la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa, estableció el calendario de implantación de los diferentes aspectos de la reforma educativa, que prevé la celebración de las
evaluaciones finales de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato en el presente curso 2016/17, si bien el reconocimiento de efectos académicos a estas pruebas se difiere hasta el curso 2017/18.
Se constata en la sociedad y en la comunidad educativa una exigencia dirigida a todas las formaciones políticas para alcanzar un acuerdo en materia educativa que dote de estabilidad normativa a este elemento esencial para el desarrollo
personal de los ciudadanos y para la convivencia y el progreso económico de nuestro país. Resulta también evidente que las evaluaciones educativas deben formar parte de este debate.
Con objeto de colaborar decididamente al proceso de dialogo que debe concluir en el Pacto de Estado, Social y Político por la Educación y en cumplimiento de los compromisos políticos asumidos, el Gobierno amplía el plazo para la implantación
de las evaluaciones, de manera que, mientras se lleven a cabo las negociaciones, estas pruebas no tengan efecto alguno para la obtención de los títulos de Educación Secundaria Obligatoria y de Bachillerato, y su organización y desarrollo no afecte
al funcionamiento ordinario de las Administraciones educativas y los centros docentes.
De este modo, hasta la entrada en vigor de la normativa resultante del Pacto de Estado Social y Político por la Educación, la evaluación final de Educación Secundaria Obligatoria consistirá en una prueba sin efectos académicos y de carácter
muestral, mientras que en el caso del Bachillerato se realizará una prueba de características semejantes a la hasta ahora vigente Prueba de Acceso a la Universidad y válida a los solos efectos de acceso a la universidad. Además, durante este
periodo, el objeto de las pruebas se limitará a las materias troncales del último curso de cada etapa educativa.
En cualquier caso, la celebración de estas pruebas en todo el territorio español durante el periodo de negociación proporcionará indudables beneficios. Por una parte, permitirán un diagnóstico de las necesidades de los centros educativos y
de sus alumnos, con el objetivo de mejorar las actuaciones educativas en cada centro. Por otra parte, permitirán que la comunidad educativa se adecue al nuevo sistema y a la realidad educativa de cada comunidad autónoma, sirviendo además como
proceso de evaluación, análisis y mejora del sistema de evaluaciones finales en las distintas etapas educativas.
Para lograr estos objetivos se hace necesario modificar el calendario de implantación previsto en la disposición final quinta de la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre. Concretamente, se regulan tanto las características como la
suspensión de los efectos académicos de las evaluaciones finales en las etapas de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, hasta la entrada en vigor de la normativa resultante del Pacto de Estado social y político por la educación. Con ello
se garantiza la igualdad de oportunidades de todos los alumnos y se establece un periodo de transición hacia el nuevo sistema educativo que permita su aplicación con todas las garantías.
Por otro lado, resulta conveniente modificar el Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato, el Real Decreto 310/2016, de 29 de julio, por
el que se regulan las evaluaciones finales de Educación Secundaria Obligatoria y de Bachillerato y el Real Decreto 1058/2015, de 20 de noviembre, que regula las características generales de las pruebas de evaluación realizadas al final de la etapa
de Educación Primaria, con el fin de ajustar dichos Decretos a las modificaciones que se realizan en este real decreto-ley sobre la disposición final quinta de la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, en lo referente al calendario de aplicación de
las evaluaciones finales de las etapas de Educación Primaria y Secundaria Obligatoria y Bachillerato.
III
Las medidas que se adoptan en este real decreto-ley afectan a la configuración de las evaluaciones finales de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato que se celebrarán al concluir el presente curso escolar 2016/17, por lo que
concurren las circunstancias de extraordinaria y urgente necesidad que exige el artículo 86 de la Constitución como premisa para recurrir a este instrumento jurídico. Por otra parte, se respetan los límites constitucionalmente establecidos para el
uso de este instrumento normativo y, singularmente, se ha salvaguardado el contenido esencial del derecho a la educación regulado en el artículo 27 de la Constitución; de hecho, únicamente se regula el calendario de implantación de la Ley Orgánica
8/2013, de 9 de diciembre, aspecto que carece de la condición de materia reservada a Ley orgánica y que es habitualmente regulado mediante normas reglamentarias, tanto en éste como en otros ámbitos sectoriales.
En su virtud, en uso de la autorización contenida en el artículo 86 de la Constitución, a propuesta del Ministro de Educación, Cultura y Deporte y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 9 de diciembre de 2016,
DISPONGO:
Artículo 1. Modificación de la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa.
Se modifica la Disposición final quinta de la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa, que queda redactada en los siguientes términos:
'Disposición final quinta. Calendario de implantación.
1. Las modificaciones introducidas en el currículo, la organización, objetivos, promoción y evaluaciones de Educación Primaria se implantarán para los cursos primero, tercero y quinto en el curso escolar 2014-2015, y para los cursos
segundo, cuarto y sexto en el curso escolar 2015-2016.
Hasta la entrada en vigor de la normativa resultante del Pacto de Estado social y político por la educación, la evaluación de Educación Primaria recogida en el artículo 21 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, será considerada muestral y
tendrá finalidad diagnóstica. La selección de alumnos y centros será suficiente para obtener datos representativos. Las Administraciones Educativas podrán elevar el número de centros participantes por encima de las necesidades muestrales o hacerla
con carácter censal.
2. Las modificaciones introducidas en el currículo, la organización, objetivos, requisitos para la obtención de títulos, programas, promoción y evaluaciones de Educación Secundaria Obligatoria se implantarán para los cursos primero y
tercero en el curso escolar 2015/2016, y para los cursos segundo y cuarto en el curso escolar 2016/2017.
Hasta la entrada en vigor de la normativa resultante del Pacto de Estado social y político por la educación la evaluación regulada en el artículo 29 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, será considerada muestral y tendrá finalidad
diagnóstica. Se evaluará el grado de adquisición de la competencia
matemática, la competencia lingüística y la competencia social y cívica, teniendo como referencia principal las materias generales del bloque de las asignaturas troncales cursadas en cuarto de Educación Secundaria Obligatoria. Esta
evaluación carecerá de efectos académicos.
La selección de alumnos y centros será suficiente para obtener datos representativos. Las Administraciones Educativas podrán elevar el número de centros participantes por encima de las necesidades muestrales o hacerla con carácter censal.
Los títulos de graduado en Educación Secundaria Obligatoria expedidos hasta la entrada en vigor de la normativa resultante del Pacto de Estado social y político por la educación permitirán acceder indistintamente a cualquiera de las
enseñanzas postobligatorias recogidas en el artículo 3.4 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo.
3. Las modificaciones introducidas en el currículo, la organización, objetivos, programas, promoción y evaluaciones de Bachillerato se implantarán para el primer curso en el curso escolar 2015-2016, y para el segundo curso en el curso
escolar 2016-2017.
Las modificaciones introducidas en los requisitos para la obtención de certificados y títulos, en el artículo 37 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, en los requisitos para la obtención del título de Bachillerato por los alumnos a los
que se refiere el artículo 44, apartado, de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo y en el artículo 50, apartado 2, de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, así como para la evaluación final de Bachillerato en el artículo 36 bis de la Ley Orgánica
2/2006, de 3 de mayo quedan suspendidas hasta la entrada en vigor de la normativa resultante del Pacto de Estado social y político por la educación.
Hasta la entrada en vigor de la normativa resultante del Pacto de Estado social y político por la educación, la evaluación de bachillerato para el acceso a la Universidad regulada por el artículo 36 bis de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de
mayo, no será necesaria para obtener el título de Bachiller y se realizará exclusivamente para el alumnado que quiera acceder a estudios universitarios. Versará exclusivamente sobre las materias generales cursadas del bloque de las asignaturas
troncales de segundo curso y, en su caso, de la materia Lengua Cooficial y Literatura. Los alumnos que quieran mejorar su nota de admisión podrán examinarse de, al menos, dos materias de opción del bloque de las asignaturas troncales de segundo
curso.
Asimismo, durante este período, los alumnos que se encuentren en posesión de un título de Técnico o de Técnico Superior de Formación Profesional o de Técnico de las Enseñanzas Profesionales de Música o de Danza podrán obtener el título de
Bachiller cursando y superando las materias generales del bloque de asignaturas troncales de la modalidad de Bachillerato que el alumno elija.
4. Los ciclos de Formación Profesional Básica sustituirán progresivamente a los Programas de Cualificación Profesional Inicial. El primer curso de los ciclos de Formación Profesional Básica se implantará en el curso escolar 2014-2015,
curso en el que se suprimirá la oferta de módulos obligatorios de los Programas de Cualificación Profesional Inicial; durante este curso, los alumnos y alumnas que superen los módulos de carácter voluntario obtendrán el título de Graduado en
Educación Secundaria Obligatoria. El segundo curso de los ciclos de Formación Profesional Básica se implantará en el curso escolar 2015-16.
Hasta la entrada en vigor de la normativa resultante del Pacto de Estado social y político por la educación, los alumnos que obtengan un título de Formación Profesional Básica podrán obtener el título de Educación Secundaria Obligatoria,
siempre que, en la evaluación final del ciclo formativo, el equipo docente considere que han alcanzado los objetivos de la Educación Secundaria Obligatoria y adquirido las competencias correspondientes.
5. Las modificaciones introducidas en el currículo de los ciclos formativos de grado medio de la Formación Profesional se implantarán únicamente al inicio de los ciclos, en el curso escolar 2015-2016.
6. El acceso y admisión a las enseñanzas universitarias oficiales de grado se realizará de la siguiente forma:
a) Hasta la entrada en vigor de la normativa resultante del Pacto de Estado social y político por la educación, los requisitos de acceso a las enseñanzas universitarias oficiales de grado de los alumnos que hayan obtenido el título de
Bachiller serán los siguientes:
1) Quienes accedan con anterioridad al curso 2017/18 deberán haber superado la Prueba de Acceso a la Universidad que establecía el artículo 38 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, o las pruebas establecidas en normativas anteriores con
objeto similar.
2) Para quienes accedan en el curso 2017-2018 y hasta la entrada en vigor de la normativa resultante del Pacto de Estado social y político por la educación, la calificación obtenida en la prueba que realicen los alumnos que quieran acceder a
la universidad a la que se refiere el artículo 36.bis de
la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, será la media aritmética de las calificaciones numéricas de cada una de las materias generales del bloque de asignaturas troncales y, en su caso, de la materia Lengua Cooficial y Literatura, expresada en
una escala de 0 a 10 con dos cifras decimales y redondeada a la centésima. Esta calificación deberá ser igual o superior a 4 puntos, para que pueda ser tenida en cuenta en el acceso a las enseñanzas universitarias oficiales de grado.
La calificación para el acceso a estudios universitarios de este alumnado se calculará ponderando un 40 por 100 la calificación de la prueba señalada en el párrafo anterior y un 60 por 100 la calificación final de la etapa. Se entenderá que
se reúnen los requisitos de acceso cuando el resultado de esta ponderación sea igual o superior a cinco puntos.
La calificación obtenida en cada una de las materias de opción del bloque de asignaturas troncales de la prueba señalada anteriormente podrá ser tenida en cuenta para la admisión a las enseñanzas universitarias oficiales de Grado cuando
tenga lugar un procedimiento de concurrencia competitiva.
Las administraciones educativas, en colaboración con las Universidades, que asumirán las mismas funciones y responsabilidades que tenían en relación con las Pruebas de Acceso a la Universidad, organizarán la realización material de la prueba
señalada en el párrafo anterior para el acceso a la Universidad. No obstante, cada administración educativa podrá delimitar el alcance de la colaboración de sus universidades en la realización de la prueba. Dicha evaluación tendrá validez para el
acceso a las distintas titulaciones de las universidades españolas.
b) Podrán acceder a la Universidad los alumnos que estén en posesión de las siguientes titulaciones extranjeras:
1) Los alumnos titulados en Bachillerato Europeo o en Bachillerato Internacional.
2) Los alumnos procedentes de sistemas educativos de Estados miembros de la Unión Europea o de otros Estados con los que se hayan suscrito acuerdos internacionales.
A partir del curso 2014/15 la admisión de estos alumnos en las enseñanzas universitarias oficiales de grado se realizará de conformidad con el vigente artículo 38 y la disposición adicional trigésima tercera de la Ley Orgánica 2/2006, de 3
de mayo, así como su normativa de desarrollo.
c) Los alumnos en posesión de las titulaciones de Técnico Superior y Técnico Deportivo Superior, o que estén en posesión de un título, diploma o estudio equivalente al título de Bachiller, obtenido o realizado en sistemas educativos de
Estados que no sean miembros de la Unión Europea con los que no se hayan suscrito acuerdos internacionales para reconocimiento del título de Bachiller en régimen de reciprocidad, que accedan en el curso escolar 2014/15 y en cursos posteriores
deberán cumplir los requisitos indicados en la disposición adicional trigésima sexta de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo.
7. El resto de modificaciones curriculares establecidas en esta Ley Orgánica se podrán implantar a partir del curso escolar 2014-2015.'
Artículo 2. Adecuación del régimen jurídico de la evaluación final de Educación Secundaria Obligatoria y la evaluación final de Bachillerato para el acceso a la Universidad al nuevo calendario de implantación.
1. Queda derogada la disposición final primera del Real Decreto 310/2016, de 29 de julio, por el que se regulan las evaluaciones finales de Educación Secundaria Obligatoria y de Bachillerato.
2. Durante el periodo previsto en los apartados 2 y 3 de la disposición final quinta de la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, la evaluación final de Educación Secundaria Obligatoria y la evaluación final de Bachillerato para acceso a
la Universidad se regirán por las previsiones de este artículo y, supletoriamente, y en lo que resulten compatibles con ellas, por el Real Decreto 310/2016, de 29 de julio.
3. Hasta la entrada en vigor de la normativa resultante del Pacto de Estado Social y Político por la Educación, la evaluación de Educación Secundaria Obligatoria tendrá las siguientes características:
a) La evaluación no tendrá efectos académicos.
b) La evaluación será considerada muestral y tendrá una finalidad diagnóstica, participando únicamente en ella el alumnado matriculado en cuarto curso que haya sido seleccionado por la Administración educativa, exclusivamente por la opción
cursada. La selección de alumnos y centros será suficiente para obtener datos representativos. Las Administraciones Educativas podrán elevar el número de centros participantes por encima de las necesidades muestrales o hacerla con carácter censal.
c) Evaluará el grado de adquisición de la competencia matemática, la competencia lingüística, la competencia social y cívica y tendrá como referencia principal las materias generales del bloque de las asignaturas troncales cursadas en cuarto
de Educación Secundaria Obligatoria.
4. Hasta la entrada en vigor de la normativa resultante del Pacto Social y Político por la Educación, la evaluación de Bachillerato para el acceso a los estudios universitarios tendrá las siguientes características:
a) La evaluación únicamente se tendrá en cuenta para el acceso a la Universidad, pero su superación no será necesaria para obtener el título de Bachiller.
b) Podrá presentarse a la evaluación el alumnado que esté en posesión del título de Bachiller, así como los alumnos que se encuentren en alguna de las situaciones contempladas en la disposición adicional tercera del Real Decreto 310/2016, de
29 de julio.
c) Las administraciones educativas, en colaboración con las Universidades, que asumirán las mismas funciones y responsabilidades que tenían en relación con las Pruebas de Acceso a la Universidad, organizarán la realización material de la
evaluación final de Bachillerato para el acceso a la Universidad. No obstante, cada administración educativa podrá delimitar el alcance de la colaboración de sus universidades en la realización de la prueba. Dicha evaluación tendrá validez para el
acceso a las distintas titulaciones de las universidades españolas.
d) La adquisición de las competencias se evaluará a través de las materias generales cursadas del bloque de las asignaturas troncales de segundo curso y, en su caso, de la materia Lengua Cooficial y Literatura. Los alumnos que quieran
mejorar su nota de admisión podrán examinarse de, al menos, dos materias de opción del bloque de las asignaturas troncales de segundo curso.
5. Las evaluaciones finales de Educación Secundaria Obligatoria y de Bachillerato de la educación de personas adultas, así como las modificaciones introducidas por el Real Decreto 310/2016, de 29 de julio, en las pruebas para la obtención
directa del título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria y del título de Bachiller por personas adultas, no se implantarán hasta el término del periodo transitorio regulado por la disposición final quinta de la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de
diciembre.
Artículo 3. Adecuación del régimen jurídico de la evaluación final de la Educación Primaria al nuevo calendario de implantación.
1. Queda derogada la disposición final primera del Real Decreto 1058/2015, de 20 de noviembre, por el que se regulan las características generales de las pruebas de la evaluación realizada al final de la etapa de Educación Primaria
establecida en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.
2. Hasta la finalización del periodo transitorio regulado en la disposición final quinta de la Ley 8/2013, de 9 de diciembre, la evaluación de Educación Primaria prevista en el artículo 21 será considerada muestral y tendrá finalidad
diagnóstica; será realizada por el alumnado de los centros docentes del Sistema Educativo Español escolarizados en sexto curso de educación primaria. La selección de alumnos y centros será suficiente para obtener datos representativos. Las
Administraciones Educativas podrán elevar el número de centros participantes por encima de las necesidades muestrales o hacerla con carácter censal. Las previsiones del Real Decreto 1058/2015, de 20 de noviembre, únicamente serán aplicables en lo
que no se opongan a esta disposición.
Artículo 4. Títulos de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria obtenidos durante el periodo de implantación de la evaluación final.
1. Queda derogada la disposición transitoria única del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato.
2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 23 del Real Decreto 310/2016, de 29 de julio, en los títulos de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria que se obtengan durante el periodo de implantación de la evaluación de etapa
previsto en la disposición final quinta de la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, la calificación final que figurará será la media aritmética de las calificaciones numéricas obtenidas en cada una de las materias cursadas en la etapa, expresada
en una escala de 1 a 10 con dos decimales, redondeada a la centésima.
3. Los títulos de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria obtenidos hasta la finalización del periodo transitorio permitirán acceder indistintamente a cualquiera de las enseñanzas postobligatorias recogidas en el artículo 3.4 de la Ley
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo.
Disposición final única. Entrada en vigor.
Este real decreto-ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el 'Boletín Oficial del Estado'.
Dado en Madrid, el 9 de diciembre de 2016.
CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO
PROPOSICIONES NO DE LEY
Pleno
162/000189
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 97 del Reglamento del Congreso de los Diputados, se ordena la publicación en el Boletín Oficial de las Cortes Generales de las enmiendas formuladas a la Proposición no de Ley del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a continuar impulsando el proceso de adopción de un Estatuto Internacional para las Víctimas del Terrorismo, publicada en el 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, núm. 36, de 21 de octubre de
2016.
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de diciembre de 2016.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Francesc Homs i Molist, en su calidad de Diputado del Partit Demòcrata Català integrado en el Grupo Parlamentario Mixto, al amparo de lo establecido en el artículo 184.2 del Reglamento de la Cámara, presenta una enmienda de adición de la
Proposición no de Ley del Grupo Parlamentario Popular relativa a continuar impulsando el proceso de adopción de un Estatuto Internacional para las Víctimas del Terrorismo.
Enmienda
Redacción que se propone:
'El Congreso de los Diputados manifiesta la importancia de continuar trabajando en el ámbito de la Organización de Naciones Unidas con el fin de aprobar un Estatuto Internacional de Reconocimiento y Protección a las Víctimas del Terrorismo
para lograr que, independientemente del lugar donde resida o haya sufrido el atentado, la víctima esté atendida y respaldada por los Estados y sus instituciones y pueda tener su reparación integral.
En este sentido, el Convenio del Consejo de Europa para la prevención del Terrorismo que ha sido ratificada por el Estado español representa una buena base para la elaboración de un instrumento internacional de Protección de la víctimas del
terrorismo en el sistema institucional de Naciones Unidas.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de diciembre de 2016.-Francesc Homs Molist, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, a instancia de la Diputada doña Ester Capella i Farré, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente enmienda a
la Proposición no de Ley de Pleno del Grupo Parlamentario Popular relativa a continuar impulsando el proceso de adopción de un Estatuto Internacional para las Víctimas de Terrorismo.
Enmienda
De modificación.
Se modifica el texto en los siguientes términos:
Donde dice:
'Independientemente del lugar donde resida o haya sufrido el atentado (...)'
Debe decir:
'Independientemente del lugar donde resida o haya sufrido el atentado o de la organización terrorista que lo haya perpetrado (...)'
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de diciembre de 2016.-Ester Capella i Farré, Diputada.-Joan Tardà i Coma, Portavoz del Grupo Parlamentario Esquerra Republicana.
162/000189
El Pleno del Congreso de los Diputados, en su sesión del día de hoy, ha acordado aprobar con modificaciones la Proposición no de Ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a continuar impulsando el proceso de adopción de un
Estatuto Internacional para las Víctimas del Terrorismo, publicada en el 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, núm. 36, de 21 de octubre de 2016, en los siguientes términos:
'El Congreso de los Diputados manifiesta la importancia de continuar trabajando en el ámbito de la Organización de Naciones Unidas con el fin de aprobar un Estatuto Internacional de Reconocimiento y Protección a las Víctimas del Terrorismo
para lograr que, independientemente del lugar donde resida o haya sufrido el atentado, la víctima esté atendida y respaldada por los Estados y sus instituciones y pueda tener su reparación integral.
En este sentido, el Convenio del Consejo de Europa para la prevención del Terrorismo, las directrices de protección a las víctimas del terrorismo que amplían sustancialmente el objeto del Convenio, así como la Directiva europea sobre
terrorismo, pendiente de aprobación final por el Parlamento Europeo, representan una buena base para la elaboración de un instrumento internacional de Protección de las Víctimas del Terrorismo en el sistema institucional de Naciones Unidas.'
Se ordena la publicación de conformidad con lo dispuesto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de diciembre de 2016.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
162/000237
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 97 del Reglamento del Congreso de los Diputados, se ordena la publicación en el Boletín Oficial de las Cortes Generales de las enmiendas formuladas a la
Proposición no de Ley del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, relativa a la mejora y garantía de las condiciones laborales de las camareras de piso en el sector turístico, publicada en el 'BOCG. Congreso
de los Diputados', serie D, núm. 58, de 25 de noviembre de 2016.
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de diciembre de 2016.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario de Ciudadanos, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente enmienda a la Proposición no de Ley relativa a la mejora y garantía de las condiciones
laborales de las camareras de piso en el sector turístico, presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.
Enmienda
De modificación.
Texto que se propone:
Se modifica la sección propositiva de la Proposición no de Ley, que queda redactado como sigue:
'El Congreso de los Diputados manifiesta la necesidad de que el Gobierno y los agentes sociales se coordinen al objeto de abordar la situación del colectivo de camareras de piso que trabajan en el sector turístico, con la finalidad de
promover todos aquellos acuerdos, también en el marco de la negociación colectiva, que sean necesarios para garantizar la protección efectiva de sus derechos y mejorar las condiciones laborales en las que se desenvuelven.
Asimismo, el Congreso de los Diputados reitera la necesidad de que el Gobierno constituya de manera urgente una mesa de diálogo y negociación, que cuente con la presencia de las diferentes formaciones políticas y de los agentes económicos y
sociales, con la finalidad de acordar las bases de un nuevo marco de relaciones laborales a partir del cual se procederá a la elaboración de un nuevo Estatuto de los Trabajadores, que actualice nuestra legislación laboral teniendo en cuenta la
jurisprudencia sentada por el Tribunal Supremo y por las recientes Sentencias de la Sala Décima del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, y que acabe con la discriminación existente entre los trabajadores por razón de su contrato o relación
laboral y equipare sus derechos; promueva una mayor estabilidad en el empleo y una reducción de la precariedad, así como una mejora de las condiciones laborales y en particular de la salud y la seguridad laboral; e incentive la formación
permanente en el puesto de trabajo y la recualificación profesional.'
Texto que se modifica:
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Elaborar un Plan Sectorial de Empleo negociado con los interlocutores sociales y gestionado por las Comunidades Autónomas que aborde, desde una perspectiva multidisciplinar, las necesidades de estas trabajadoras del sector turístico y
que tenga como objetivo suavizar las condiciones en las que se desenvuelven.
2. Señalar como sector prioritario a este colectivo de trabajadoras en el ámbito de la Estrategia Española de Seguridad y Salud en el Trabajo 2015-2020, con una campaña específica de vigilancia y control dentro de los Planes de Acción
2017-2018 y 2019-2020, en el que se fije un número máximo de habitaciones y apartamentos, así como de salidas a realizar diariamente para cada una de ellas.
3. En el marco de los citados Planes, realizar un estudio en materia de salud laboral sobre las condiciones ergonómicas y psicosociales del trabajo en los hoteles, con el fin de orientar las medidas necesarias que adoptar para que las
camareras de piso puedan realizar su trabajo de forma no lesiva y digna, con revisión del catálogo de enfermedades profesionales a fin de incluir los trastornos músculo-esqueléticos y afecciones de columna propios de la actividad.
4. Promover un nuevo marco legal en el que se impida la externalización de actividades consolidadas y con larga regulación convencional como la que nos ocupa, impidiendo que los convenios de empresas y/o servicios externalizados puedan
estar por debajo de los convenios colectivos de los diferentes sectores, rebajando así las condiciones de trabajo y aumentando la explotación, la precariedad y la carga laboral.
5. Promover la posibilidad de rebaja de la edad ordinaria de jubilación para las trabajadoras del sector como consecuencia de la excesiva carga laboral soportada durante años, y que les impide seguir en activo.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2016.-Antonio Roldán Monés, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Mixto, a instancia del Diputado don Isidro Martínez Oblanca, de Foro, al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente enmienda a la Proposición no de Ley del Grupo Parlamentario
Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, relativa a la mejora y garantía de las condiciones laborales de las camareras de piso en el sector turístico.
Enmienda
De modificación.
Se propone el siguiente texto:
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Impulsar fórmulas de cooperación para alcanzar los objetivos fijados en el vigente Acuerdo Laboral de ámbito estatal para el sector de hostelería (ALEH V), desarrollando a través de su Comisión Estatal Sectorial de Seguridad y Salud en
el Trabajo, proyectos y actividades preventivas en los grupos profesionales con mayores riesgos, penosidad e incidencias, como es el caso de las camareras de pisos.
2. Promover ante el Pleno de la Comisión nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, la creación de un Grupo de Trabajo para el análisis, detección y mejora de las condiciones laborales de las camareras de pisos y demás profesionales de la
hostelería al objeto de determinar, corregir y mejorar los problemas derivados de su actividad y formular las políticas de prevención de riesgos que correspondan.
3. Reforzar en el Plan Estratégico del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo los objetivos señalados en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales desarrollando actividades formativas específicas para profesionales de
hostelería con el fin de mejorar sus condiciones.
4. Incorporar en el Observatorio Estatal de Condiciones de Trabajo la realización de estudios específicos sobre las condiciones y problemas derivados de la actividad de las camareras de pisos y demás trabajadores del sector de hostelería.
5. Fomentar, a través de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, convenios de colaboración con las Comunidades Autónomas para intensificar las actuaciones relacionadas con los grupos profesionales del sector de hostelería más expuestos
a la vulneración de sus derechos básicos en materia de contratación, salarios, horario de trabajo, condiciones de seguridad, salud laboral y protección social.'
Justificación.
Poner en valor, a los efectos de detectar, prevenir y corregir los riesgos laborales y promover la seguridad y salud en el trabajo, el Acuerdo Marco estatal (ALEH V) que rige desde el pasado año el sector de Hostelería, por el que se renovó
la Comisión Estatal Sectorial de Seguridad y Salud en el Trabajo en el Sector de Hostelería, dotado de amplios cometidos y atribuciones basadas, entre otras normativas, en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.
Dar cumplimiento a la legislación sobre Salud Laboral, así como recabar, en su caso, la intervención de organismos públicos, instrumentos administrativos y planes que inciden en las políticas relacionadas con la salud laboral.
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de diciembre de 2016.-Isidro Manuel Martínez Oblanca, Diputado.-Francesc Homs Molist, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Francesc Homs i Molist, en su calidad de Diputado del Partit Demòcrata Català integrado en el Grupo Parlamentario Mixto, y al amparo de lo establecido en el artículo 194.2 del Reglamento de la Cámara, presenta una enmienda de
modificación a la Proposición no de Ley del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, relativa a la mejora y garantía de las condiciones laborales de las camareras de piso en el sector turístico.
Enmienda
Redacción que se propone:
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Elaborar un Plan Sectorial de Empleo negociado con los interlocutores sociales y la administración competente en materia turística, y gestionado por las Comunidades Autónomas que aborde, desde una perspectiva multidisciplinar, las
necesidades de estas trabajadoras del sector turístico y que tenga como objetivo suavizar las condiciones en las que se desenvuelven.
2. Señalar como sector prioritario a este colectivo de trabajadoras en el ámbito de la Estrategia Española de Seguridad y Salud en el Trabajo 2015-2020, con una campaña específica de vigilancia y control dentro de los Planes de Acción
2017-2018 y 2019-2020, en el que se fije una horquilla en relación al número máximo de habitaciones y apartamentos, así como de salidas a realizar diariamente para cada una de ellas, consensuado con los agentes sociales y respetando las competencias
de las comunidades autónomas en la materia y las actuaciones que sus administraciones puedan ya estar llevando a cabo en esta cuestión.
3. En el marco de los citados Planes, realizar un estudio en materia de salud laboral sobre las condiciones ergonómicas y psicosociales del trabajo en los hoteles, con el fin de orientar las medidas necesarias que adoptar para que las
camareras de piso puedan realizar su trabajo de forma no lesiva y digna, con revisión del catálogo de enfermedades profesionales a fin de incluir los trastornos músculo-esqueléticos y afecciones de columna propios de la actividad, respetando las
competencias de las comunidades autónomas en la materia y las actuaciones que sus administraciones puedan ya estar llevando a cabo en esta cuestión.
4. Promover un nuevo marco legal que limite la prioridad aplicativa de los convenios de empresa para evitar el deterioro de las condiciones de trabajo y el incremento de la precariedad.
5. Promover la posibilidad de rebaja de la edad ordinaria de jubilación...'
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de diciembre de 2016.-Francesc Homs Molist, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, me dirijo a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 194.2 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente enmienda a la Proposición no
de Ley del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, relativa a la mejora y garantía de las condiciones laborales de las camareras de piso en el sector turístico.
Enmienda
Al apartado 5
De adición.
Se propone la adición de un párrafo segundo en el apartado 5, con la siguiente redacción:
'A tal efecto, remitirá a la Comisión de Seguimiento y Evaluación de los Acuerdos del Pacto de Toledo los estudios relativos a la prestación de estos servicios, al objeto de que valore su consideración como
actividades que pudieran ser susceptibles de ser incluidas como especialmente penosas, peligrosas y nocivas, a efectos de jubilación anticipada.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de diciembre de 2016.-Miguel Ángel Heredia Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente enmienda a la Proposición no de Ley, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos
Podemos-En Comú Podem-En Marea, relativa a la mejora y garantía de las condiciones laborales de las camareras de piso en el sector turístico.
Enmienda
De modificación.
El texto que se propone quedará redactado como sigue:
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Elaborar un Plan Estatal Sectorial de Empleo negociado con los interlocutores sociales y con las Comunidades Autónomas que aborde, desde una perspectiva multidisciplinar, las necesidades de estas trabajadoras del sector turístico y que
tenga como objetivo mejorar las condiciones de trabajo,con particular atención a la estabilidad en el empleo, la jornada de trabajo y la seguridad y salud en el trabajo.
2. Intensificar, dentro del Plan Integrado de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de 2017, las campañas de control de las condiciones de trabajo en las cadenas de subcontratación, que deberán adoptar un enfoque integral en su
actuación y tener alcance multisectorial.
3. Señalar como sector prioritario a este colectivo de trabajadoras en el ámbito de la Estrategia Española de Seguridad y Salud en el Trabajo 2015-2020. Y realizar en el marco de los Planes de acción de desarrollo de la Estrategia Española
de Seguridad y Salud en el Trabajo, un estudio sobre las condiciones ergonómicas y psicosociales del trabajo en los hoteles, con el fin de orientar las medidas necesarias que adoptar para que las camareras de piso puedan realizar su trabajo de forma
no lesiva para su salud, con revisión del catálogo de Enfermedades Profesionales para, en su caso, incluir los trastornos músculo-esqueléticos y determinadas afecciones de columna propias de la actividad.
4. Realizar a través del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo un estudio sobre la siniestralidad en el sector, distinguiendo entre índice de accidente de trabajo e índice de enfermedades profesionales; morbilidad y
mortalidad por enfermedad y su relación directa con el trabajo y la incapacidad permanente derivada de enfermedad en los términos indicados en la Ley General de Seguridad Social. Dicho estudio incluirá datos sobre la peligrosidad, la insalubridad,
y toxicidad, la turnicidad, el trabajo nocturno y el sometimiento a ritmos de producción, además de la relación de la edad con la exposición al riesgo.'
Justificación.
Mejora técnica.
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de diciembre de 2016.-Rafael Antonio Hernando Fraile, Portavoz del Grupo Popular en el Congreso.
162/000237
El Pleno del Congreso de los Diputados, en su sesión del día de hoy, ha acordado aprobar con modificaciones la Proposición no de Ley del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, relativa a la mejora y garantía
de las condiciones laborales de las camareras de
piso en el sector turístico, publicada en el 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, núm. 58, de 25 de noviembre de 2016, en los siguientes términos:
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Elaborar un Plan Estatal Sectorial de Empleo negociado con los interlocutores sociales y la administración competente en materia turística y gestionado por las Comunidades Autónomas que aborde, desde una perspectiva multidisciplinar, las
necesidades de estas trabajadoras del sector turístico y que tenga como objetivo suavizar las condiciones en las que se desenvuelven con particular atención a la estabilidad en el empleo, la jornada de trabajo y la seguridad y la salud en el
trabajo.
2. Señalar como sector prioritario a este colectivo de trabajadoras en el ámbito de la Estrategia Española de Seguridad y Salud en el Trabajo 2015-2020, con una campaña específica de vigilancia y control dentro de los Planes de Acción
2017-2018 y 2019-2020, en el que se fije un número máximo de habitaciones y apartamentos, así como de salidas a realizar diariamente para cada una de ellas consensuado con los agentes sociales y respetando las competencias de las CCAA en la materia.
3. En el marco de los citados Planes, realizar un estudio en materia de salud laboral sobre las condiciones ergonómicas y psicosociales del trabajo en los hoteles, con el fin de orientar las medidas necesarias que adoptar para que las
camareras de piso puedan realizar su trabajo de forma no lesiva y digna, con revisión del catálogo de enfermedades profesionales a fin de incluir los trastornos músculo-esqueléticos y afecciones de columna propios de la actividad, respetando las
competencias de las CCAA.
4. Promover un nuevo marco legal en el que se impida la externalización de actividades consolidadas y con larga regulación convencional como la que nos ocupa, impidiendo que los convenios de empresas y/o servicios externalizados puedan
estar por debajo de los convenios colectivos de los diferentes sectores, rebajando así las condiciones de trabajo y aumentando la explotación, la precariedad y la carga laboral.
5. Promover la posibilidad de rebaja de la edad ordinaria de jubilación para las trabajadoras del sector como consecuencia de la excesiva carga laboral soportada durante años, y que les impida seguir en activo. A tal efecto, remitirá a la
Comisión de Seguimiento y Evaluación de los Acuerdos del Pacto de Toledo, los estudios relativos a la prestación de estos servicios al objeto de que valore su consideración como actividades que puedan ser susceptibles de ser incluidas como
especialmente penosas, peligrosas y nocivas a efectos de jubilación anticipada.
6. Impulsar fórmulas de cooperación para alcanzar los objetivos fijados en el vigente acuerdo laboral de ámbito estatal para el sector de la hostelería (ALEHV), desarrollando a través de su comisión estatal sectorial de seguridad y salud en
el trabajo, proyecto y actividades preventivas en los grupos profesionales con mayores riesgos, penosidad e incidencias, como es el caso de las camareras de pisos.
7. Realizar a través del INSHT un estudio sobre la siniestralidad en el sector, distinguiendo entre índice de accidente de trabajo e índice de enfermedades profesionales, morbilidad y mortalidad por enfermedad y su relación directa con el
trabajo y la incapacidad permanente derivada de enfermedad en los términos indicados en la Ley General de Seguridad Social. Dicho estudio incluirá datos sobre la peligrosidad, la insalubridad, toxicidad, turnicidad, el trabajo nocturno y el
sometimiento a ritmos de producción, además de la relación de la edad con la exposición al riesgo.
8. Reforzar en el Plan Estratégico del INSHT los objetivos señalados en la ley de riesgos laborales desarrollando actividades formativas específicas para profesionales de hostelería con el fin de mejorar sus condiciones.'
Se ordena la publicación de conformidad con lo dispuesto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de diciembre de 2016.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
INTERPELACIONES
Urgentes
172/000013
El Pleno del Congreso de los Diputados, en su sesión del día de hoy, debatió la interpelación urgente del Grupo Parlamentario Ciudadanos al Ministro de Educación, Cultura y Deporte sobre la política del Gobierno destinada a impulsar,
promover y proteger la cultura y las industrias culturales en España, cuyo texto se inserta a continuación de conformidad con lo previsto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de diciembre de 2016.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario de Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 180 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente interpelación urgente al Ministro de Educación, Cultura y Deporte sobre la política del
Gobierno destinada a impulsar, promover y proteger la cultura y las industrias culturales en España.
Exposición de motivos
La cultura es parte esencial de cualquier sociedad. La cultura vertebra al conjunto de la sociedad y es un elemento definitorio ante el resto de sociedades. Los poderes públicos deben ser los máximos garantes de la promoción y la
preservación de la cultura de cualquier Estado. Esto significa la creación de las condiciones idóneas para que los artistas y creadores puedan desempeñar su labor y fomentar que los ciudadanos puedan acceder a los contenidos y productos. Sin
embargo, tampoco debemos olvidarnos que la cultura supone una parte importante del sector productivo de los países y que emplea a decenas de miles de ciudadanos.
Durante los últimos años, especialmente a raíz de las subidas del Impuesto del Valor Añadido a todos los servicios y productos relacionados con el mundo cultural, la cultura y las industrias culturales de nuestro país han sufrido una
situación calamitosa. A la disminución de ingresos generada por la situación económica general, el Gobierno de Mariano Rajoy añadió otra penalidad más, el aumento del IVA, que ha supuesto una bajada de la demanda de productos culturales y una
barrera de acceso a los productos y contenidos.
España posee industrias culturales punteras a nivel global, así como otras que se están desarrollando a niveles altamente competitivos. El cine, la animación, la literatura, los videojuegos, el teatro, la danza o la pintura que se crean y
producen en nuestro país poseen unos altos niveles de calidad que merecen el reconocimiento de los profesionales y el público de otros países. Una calidad que no siempre se ha sabido valorar y apoyar desde las Administraciones Públicas,
encontrándonos artistas, profesionales y empresas que han sido abandonadas a su suerte por éstas. Nuestra cultura también es uno de los elementos definitorios de la Marca España. Numerosos turistas acuden cada año a nuestro país a disfrutar de
nuestro patrimonio y cultura, elementos que están siendo claves a la hora de crear riqueza en nuestro país.
La propiedad intelectual es otro de los aspectos que dejan mucho que desear en nuestro país. A la ausencia de una norma actualizada que permita combatir la piratería de manera ágil y eficaz se unen unos medios claramente insuficientes y que
juegan a favor de aquellos que se aprovechan del trabajo de artistas y creadores para lucrarse.
Desde el Grupo Parlamentario Ciudadanos consideramos la cultura como un elemento clave de nuestro país que puede jugar un papel esencial, a corto y medio plazo, en la recuperación económica de nuestro país, así como en la creación y
formación de ciudadanos críticos y autónomos que sustente un sistema político democrático y plural.
En consecuencia, el Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta la siguiente interpelación urgente al Ministro de Educación, Cultura y Deporte sobre la política del Gobierno destinada a impulsar, promover y proteger la cultura y las industrias
culturales en España.
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de diciembre de 2016.-Miguel Ángel Gutiérrez Vivas, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
172/000015
El Pleno del Congreso de los Diputados, en su sesión del día de hoy, debatió la interpelación urgente del Grupo Parlamentario Socialista al Ministro de Hacienda y Función Pública sobre la aplicación de la Regla de Gasto a las Entidades
Locales, cuyo texto se inserta a continuación de conformidad con lo previsto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de diciembre de 2016.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, me dirijo a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en los artículos 180 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente interpelación urgente al
Ministro de Hacienda y Función Pública sobre la aplicación de la Regla de Gasto a las Entidades Locales, para su debate en la próxima sesión del Pleno de la Cámara.
Exposición de motivos
La aplicación, de manera poco transparente e inadecuada, de la Regla de Gasto está penalizando especialmente a las entidades locales.
El conjunto de los Ayuntamientos de España ha mantenido un superávit presupuestario desde 2012 y desde ese mismo año la deuda municipal de los ayuntamientos en España ha caído de forma sostenida (en un 32,5% la de los municipios de más de
300.000 habitantes según datos del Banco de España), siendo el único sector de las administraciones que reduce su nivel de endeudamiento.
En esta situación de evolución positiva en el saneamiento de las cuentas públicas municipales, la exigencia de la Regla de Gasto está generando remanentes de tesorería positivos en muchas entidades locales y constriñendo más allá de lo
razonable la capacidad de numerosos ayuntamientos para atender las enormes necesidades sociales actuales, sin poner en riesgo el cumplimiento de los objetivos de déficit, ni la reducción de la deuda pública municipal.
Por todo lo expuesto, el Grupo Parlamentario Socialista presenta esta interpelación urgente al Ministro de Hacienda y Función Pública sobre la aplicación de la Regla de Gasto a las Entidades Locales.
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de diciembre de 2016.-Antonio Hernando Vera, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
172/000016
El Pleno del Congreso de los Diputados, en su sesión del día de hoy, debatió la interpelación urgente del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, sobre pobreza infantil, cuyo texto se inserta a continuación
de conformidad con lo previsto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de diciembre de 2016.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Confederal Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, al amparo de lo dispuesto en los artículos 180 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados presenta la siguiente interpelación urgente al Gobierno
sobre pobreza infantil.
Exposición de motivos
La situación de la infancia en España ha empeorado con la crisis económica y las políticas desarrolladas por este gobierno dejando a 1 de cada 3 niños en situación de pobreza.
Por todo lo anterior el Grupo Parlamentario Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea presenta esta interpelación urgente al Gobierno sobre pobreza infantil en España.
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de diciembre de 2016.-lone Belarra Urteaga, Diputada.-Íñigo Errejón Galván, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.
MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIONES
Urgentes
173/000007
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara, se ordena la publicación en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, de la Moción consecuencia de interpelación urgente, del Grupo Parlamentario Socialista,
sobre medidas urgentes contra la pobreza y de las enmiendas presentadas a la misma.
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de diciembre de 2016.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 184.2 del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Moción consecuencia de interpelación
urgente, sobre medidas urgentes contra la pobreza y la desigualdad.
Moción
'1. El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a adoptar, de manera urgente, medidas para luchar contra la pobreza y la desigualdad y a aprobar, con la colaboración de las demás administraciones competentes y con la dotación
presupuestaria necesaria, un Plan Integral de lucha contra la pobreza que integre políticas económicas y sociales eficaces y sostenibles e incluya actuaciones específicas de lucha contra la pobreza y la exclusión social de la infancia, con medidas
orientadas a romper el ciclo de las desventajas.
2. Este Plan contemplará el establecimiento de un sistema de garantía de Ingreso Mínimo Vital que ofrezca recursos a familias en situación de vulnerabilidad o en riesgo de exclusión social, que incluya:
A. Crear una nueva prestación no contributiva de la Seguridad Social dirigida a los hogares sin ingresos o en situación de necesidad.
B. Aumentar la cobertura de la prestación por hijo a cargo incrementando su cuantía y el umbral de rentas familiares establecido para acceder a ella.
3. Asimismo, se revertirán los recortes en políticas sociales y se devolverán a las entidades locales, de manera urgente, las competencias en materia de prestación de los servicios sociales y de promoción y reinserción social que ejercían
hasta la última reforma local.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de diciembre de 2016.-Antonio Hernando Vera, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo dispuesto en el artículo 184 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente enmienda a la Moción consecuencia de la interpelación urgente sobre medidas urgentes
contra la pobreza y la desigualdad, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista.
Enmienda
De modificación.
Texto que se propone:
'1. El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a adoptar, de manera urgente, medidas para luchar contra la pobreza y la desigualdad y a aprobar, con la colaboración de las demás administraciones competentes y con la dotación
presupuestaria necesaria, un Plan Integral de lucha contra la pobreza que integre políticas económicas y sociales eficaces y sostenibles e incluya actuaciones específicas de lucha contra la pobreza y la exclusión social de la infancia, con medidas
orientadas a romper el ciclo de las desventajas.
2. Este Plan contemplará el establecimiento de un sistema de garantía social que ofrezca recursos a familias en situación de vulnerabilidad o en riesgo de exclusión social, que incluya:
A. Crear un complemento salarial que mejore los ingresos de los trabajadores, considerando su jornada laboral y su renta, y sus condiciones y patrimonio familiar, que en una primera fase se dirija a la cobertura de las personas jóvenes.
B. Aumentar la cobertura de la prestación por hijo a cargo, incrementando su cuantía y el umbral de rentas familiares establecido para acceder a ella.
C. Elaborar un nuevo Plan contra la Pobreza Infantil que refuerce los Fondos creados desde 2014, incrementando su dotación, e impulsar la elaboración de planes autonómicos y locales de infancia y adolescencia.
3. Asimismo, se revertirán los recortes en políticas sociales y se clarificarán, de manera urgente, las atribuciones competenciales de las entidades locales en materia de prestación de servicios sociales y de promoción y reinserción social,
con el fin de garantizar una adecuada cobertura de las necesidades de las familias en situación de vulnerabilidad o riesgo de exclusión desde una perspectiva de proximidad.'
Texto que se modifica:
'1. El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a adoptar, de manera urgente, medidas para luchar contra la pobreza y la desigualdad y a aprobar, con la colaboración de las demás administraciones competentes y con la dotación
presupuestaria necesaria, un Plan Integral de lucha contra la pobreza que integre políticas económicas y sociales eficaces y sostenibles e incluya actuaciones específicas de lucha contra la pobreza y la exclusión social de la infancia, con medidas
orientadas a romper el ciclo de las desventajas.
2. Este Plan contemplará el establecimiento de un sistema de garantía de Ingreso Mínimo Vital que ofrezca recursos a las familias en situación de vulnerabilidad o en riesgo de exclusión social, que incluya:
a) Crear una nueva prestación no contributiva de la Seguridad Social dirigida a los hogares sin ingresos o en situación de necesidad.
b) Aumentar la cobertura de la prestación por hijo a cargo, incrementando su cuantía y el umbral de rentas familiares establecido para acceder a ella.
3. Asimismo, se revertirán los recortes en políticas sociales y se devolverán a las entidades locales de manera urgente, las competencias en materia de prestación de los servicios sociales y de promoción y reinserción social que ejercían
hasta la última reforma local.'
Justificación.
Mejora técnica.
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de diciembre 2016.-Antonio Roldán Monés, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Esquerra Republicana, a instancia del Diputado Joan Olòriz Serra, al amparo de lo establecido en el artículo 184 y siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta las siguientes enmiendas a la Moción
consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Socialista sobre medidas urgentes contra la pobreza y la desigualdad.
Enmienda
Al punto 1
De modificación.
'1. El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a adoptar, de manera urgente, medidas para luchas contra la pobreza la desigualdad y a aprobar, con pleno respeto a la actual distribución competencia) y mediante un aumento de las recursos
transferidos a las Comunidades Autónomas, un plan de lucha integral contra la pobreza que integra políticas económicas y sociales eficaces y sostenibles e incluya actuaciones específicas de lucha contra la pobreza y la exclusión social de la
infancias, con medidas orientadas a romper el ciclo de las desventajas.'
Enmienda
Al punto 2
De adición.
'2. Este Plan, con cargo a los Presupuestos Generales del Estado de 2017, contemplará el establecimiento de Ingreso Mínimo Vital que ofrezca recursos a familias en situación de vulnerabilidad o en riesgo de exclusión social, que incluya:
...'
Justificación.
Mejora técnica.
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de diciembre de 2016.-Joan Olòriz Serra, Diputado.-Gabriel Rufián Romero, Portavoz del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Francesc Homs i Molist, en su calidad de Diputado del Partit Demòcrata Català integrado en el Grupo Parlamentario Mixto, y al amparo de lo establecido en el artículo 184.2 del Reglamento de la
Cámara, presenta una enmienda de modificación a la Moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Socialista, sobre medidas urgentes contra la pobreza.
Enmienda
Redacción que se propone:
'1. El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a adoptar, de manera urgente, medidas para luchar contra la pobreza y la desigualdad y a aprobar, con la colaboración de las demás administraciones competentes y con la dotación
presupuestaria necesaria, un Plan integral de lucha contra la pobreza que integre políticas económicas y sociales eficaces y sostenibles e incluya actuaciones específicas de lucha contra la pobreza y la exclusión social de la infancia, con medidas
orientada a romper el ciclo de desventajas.
2. Este Plan contemplará el establecimiento de:
A. Una prestación no contributiva de la Seguridad Social; es decir, presentar un Proyecto de Ley de modificación del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre,
para dar cobertura a la situación de desempleo de larga duración y a la carencia de recursos económicos, mediante una prestación no contributiva de ingresos mínimos.
B. Una prestación para la crianza de los hijos; Adoptar las medidas oportunas para incrementar la asignación de la prestación económica de la Seguridad Social por hijo o menor a cargo, así como para incrementar los límites de ingresos
máximos establecidos como requisito para su acceso, con el objetivo de aumentar la base de los beneficiarios y luchar contra la pobreza infantil. Y prever la adopción de las actuaciones que fueran necesarias con el objetivo a medio plazo, de
implantar una prestación para la crianza de los hijos de carácter universal.
3. Asimismo, se insta al Gobierno a revertir los recortes que la Administración General del Estado ha efectuado en los recursos económicos destinados a la financiación de políticas y servicios sociales gestionados por las CCAA, en el
Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2017, de modo que las partidas en esta materia, se sitúen como mínimo en los importes previstos en los Presupuestos para 2011.
4. Adoptar las medidas necesarias para acordar con las organizaciones sindicales y asociaciones empresariales más representativas, y consultando a las comunidades autónomas, un calendario de incremento continuado del Salario Mínimo
Interprofesional (SMI), que permita alcanzar, en el plazo de los próximos cuatro años, el objetivo de situarlo en los 12.000 /año, y posteriormente, posicionarlo de forma permanente en el entorno del 60% del salario medio neto, de acuerdo con lo
establecido en la Carta Social Europea.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de diciembre de 2016.-Francesc Homs Molist, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente enmienda a la Moción, consecuencia de interpelación urgente, del Grupo Parlamentario
Socialista, sobre medidas urgentes contra la pobreza.
Enmienda
De modificación.
El texto que se propone quedará redactado como sigue:
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Adoptar, de manera urgente, medidas para luchar contra la pobreza y la desigualdad y aprobar, con la colaboración de las demás administraciones, con total respeto a las competencias correspondientes,
un Plan Integral de lucha contra la pobreza que integre políticas económicas y sociales eficaces y sostenibles e incluya actuaciones específicas de lucha contra la pobreza y la exclusión social de la infancia, con medidas orientadas a romper
el ciclo de las desventajas.
2. Fomentar una mayor coordinación, en el marco del Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, de los sistemas de ayudas para la erradicación de la exclusión social y la pobreza,
intensificando la cooperación de la Administración General del Estado con las Comunidades Autónomas y las Administraciones Locales.
3. Elaborar un mapa común que facilite el acceso y la transparencia a la información sobre los recursos existentes en materia de lucha contra pobreza y la exclusión social.
4. Seguir impulsado la eficacia de las políticas activas de empleo como medidas para favorecer la obtención de un puesto de trabajo de aquellas personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad.'
Justificación.
Mejora técnica.
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de diciembre de 2016.-Rafael Antonio Hernando Fraile, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, al amparo de lo dispuesto en los artículos 184 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta las siguientes enmiendas a la Moción
consecuencia de Interpelación urgente del Grupo Parlamentario Socialista sobre medidas urgentes contra la pobreza y la desigualdad.
Enmienda
De adición.
Al final del punto 1:
'Para superar un enfoque asistencialista, los poderes públicos priorizarán el enfoque de Inclusión Activa, cuyos tres pilares son el acceso al empleo de calidad, el acceso a servicios y prestaciones sociales de calidad y, especialmente, un
sistema de rentas mínimas.'
Justificación.
El Plan nacional de inclusión social aprobado por el gobierno en 2013 era una recopilación de actuaciones, la mayoría ya existentes, que integraban las políticas contra la pobreza y la exclusión social que desarrollan las Administraciones
estatal y autonómicas en España. De los 136.000 millones de euros a los que ascendió esta iniciativa, solo 17 millones correspondientes a un 'fondo extraordinario' para la lucha contra la pobreza infantil suponían una nueva inversión del Ejecutivo.
Además el sector privado clásico pasó a asumir funciones que tradicionalmente correspondían a las Administraciones públicas lo que supuso un cambio de modelo de facto.
De nada sirve agrupar medidas ya existentes si no se dota de financiación al Plan Concertado que ha sustentado los Servicios Sociales como herramienta de lucha contra la desigualdad durante más de 25 años.
El Plan de Inclusión Social supone una paradoja mientras siga en vigor la parte de la ley de sostenibilidad y racionalización de la Administración local que supone el vaciado de competencias y recursos de los servicios sociales municipales.
Estos son la atención primaria de lo social, el primer nivel en la intervención con las personas más vulnerables.
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de diciembre de 2016.-Ana Belén Terrón Berbel, Diputada.-Íñigo Errejón Galván, Portavoz Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.
173/000007
El Pleno del Congreso de los Diputados, en su sesión del día de hoy, con motivo del debate de la Moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Socialista, sobre medidas urgentes contra la pobreza, ha acordado lo
siguiente:
'1. El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a adoptar, de manera urgente, medidas para luchar contra la pobreza y la desigualdad y a aprobar, con la colaboración de las demás administraciones competentes, pleno respeto a la
distribución competencia) y con la dotación presupuestaria necesaria, que incluirá el incremento de transferencias de recursos a las CCAA, un Plan Integral de lucha contra la pobreza que integre políticas económicas y sociales eficaces y sostenibles
e incluya actuaciones específicas de lucha contra la pobreza y la exclusión social de la infancia, con medidas orientadas a romper el ciclo de las desventajas. Para superar un enfoque asistencialista, los poderes públicos priorizarán el enfoque de
Inclusión Activa, cuyos tres pilares son el acceso al empleo de calidad, el acceso a servicios y prestaciones sociales de calidad y, especialmente, un sistema de rentas mínimas.
2. Este Plan contemplará, a partir de los próximos Presupuestos Generales del Estado, el establecimiento de un sistema de garantía de Ingreso Mínimo Vital que ofrezca recursos a familias en situación de vulnerabilidad o en riesgo de
exclusión social, que incluya:
a) Crear una nueva prestación no contributiva de la Seguridad Social dirigida a los hogares sin ingresos o en situación de necesidad.
b) Aumentar la cobertura de la prestación por hijo a cargo, incrementando su cuantía y el umbral de rentas familiares establecido para acceder a ella.
Este sistema se articulará de forma coordinada con la reforma e incremento de las políticas activas de empleo y la mejora de la protección por desempleo.
3. Asimismo, se revertirán los recortes en políticas sociales y se devolverán a las entidades locales, de manera urgente, las competencias en materia de prestación de los servicios sociales y de promoción y reinserción social que ejercían
hasta la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local, que debe igualmente ser derogada.
4. El Plan deberá contener también la recuperación de la dotación presupuestaria del Plan Concertado de prestaciones básicas de servicios sociales desde la Administración General del Estado, para consolidar y desarrollar las estructuras de
los servicios sociales de atención primaria y su prestación por el sector público.'
Se ordena la publicación de conformidad con lo dispuesto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de diciembre de 2016.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
173/000008
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara, se ordena la publicación en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, de la Moción consecuencia de interpelación urgente, del Grupo Parlamentario Ciudadanos,
sobre la política del Gobierno encaminada a implementar las medidas aprobadas recientemente por la Comisión Europea destinadas a encabezar la transición energética global hacia energías limpias teniendo en cuenta la corrección de error presentada a
la misma, así como de las enmiendas presentadas.
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de diciembre de 2016..-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 184.2 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Moción consecuencia de la interpelación urgente sobre la política
del Gobierno encaminada a implementar las medidas aprobadas recientemente por la Comisión Europea destinadas a encabezar la transición energética global hacia energías limpias, para su debate en el Pleno del Congreso.
Exposición de motivos
Los países parte en la Convención Marco sobre el Cambio Climático de las Naciones Unidas, en el Acuerdo de París de 12 de diciembre de 2015, reconocieron la gravedad del problema del cambio climático y acordaron adoptar medidas para hacerle
frente, de forma que el aumento de la temperatura media mundial se mantenga muy por debajo de los 2 ºC con respecto a niveles preindustriales.
El Grupo Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático, en su Quinto Informe de Evaluación, publicado en el año 2014, identifica la generación de energía eléctrica como una de las principales causas del incremento de las emisiones de
gases de efecto invernadero en nuestro planeta.
Es por ello que España precisa una hoja de ruta, un plan que planifique la transición energética de nuestro país hacia energías limpias. De lo contrario corremos el riesgo de caer en la improvisación y en la inseguridad jurídica que ya
lastran nuestro sector energético e industrial y nuestros esfuerzos en la lucha contra el Cambio Climático. Prueba de ello es que España es ya el país que más demandas acumula en su contra por su política energética en el CIADI por la
irretroactividad de la pasada reforma eléctrica.
Estamos ante un reto costoso y que requerirá esfuerzos a lo largo de un periodo dilatado de décadas. Por ello es necesario ofrecer certidumbres, claridad y altura de miras para acometer la transición energética que es irreversible como una
política de Estado. Además esta transición energética tendrá efectos colaterales positivos en las economías de la Unión Europea al modernizar las economías, aumentar los puestos de trabajo en este sector y reducir los costes de generación de
energía. Así se desprende de las medidas aprobadas por la Comisión Europea el pasado 30 de noviembre destinadas a liderar la transición energética global hacia energías limpias con el objetivo de reducir las emisiones de CO2, al menos un 40%, antes
de 2030.
Las tres principales metas que pretende alcanzar la Comisión con estas medidas son claras: aumentar la eficiencia energética, obtener el liderazgo global en materia de energías renovables y proveer a los consumidores de un mercado justo en
términos energéticos. El autoconsumidor puede ser un motor importante de esta transición energética. Entre las medidas que ha aprobado la Comisión existen varias destinadas a favorecer el autoconsumo energético. La Comisión solicita a los países
que regulen el autoconsumo con condiciones no discriminatorias, sin cargos desproporcionados e insta a remunerar al autoconsumidor a precios de mercado.
En España sin embargo, la señales regulatorias del gobierno en el Real Decreto 900/2015, de 9 de octubre, por el que se regulan las condiciones administrativas, técnicas y económicas de las modalidades de suministro de energía eléctrica con
autoconsumo y de producción con autoconsumo, han ido en dirección contraria. Se ha intentado cortar de raíz su desarrollo con disposiciones como la prohibiendo el autoconsumo colectivo y el 'impuesto al sol', que supone un cargo desproporcionado.
Esto ha provocado que a pesar de su envidiable ubicación geográfica y de su liderazgo empresarial en materia renovable, lo cierto es que el autoconsumo eléctrico no se ha desarrollado de forma tan rápida en España como en otros países con
peores condiciones naturales para el autoconsumo.
Desde el Grupo Parlamentario Ciudadanos consideramos que el autoconsumo eléctrico renovable es uno de los instrumentos más apropiados para reducir el impacto medioambiental de la generación eléctrica, y además no implica coste adicional
alguno para el sistema eléctrico, ya que el espectacular desarrollo tecnológico unido a los altos niveles de radiación de nuestro país permiten que instalaciones de tecnologías como la solar fotovoltaica sean hoy en día rentabilizadas directamente
mediante ahorros en la factura de suministro eléctrico sin necesidad de ningún tipo de ayuda. Además, el autoconsumo energético favorece la disminución de la importación de combustibles fósiles, permitiendo equilibrar la balanza comercial y
fortaleciendo la independencia energética de nuestro país.
Es por eso que en la pasada legislatura, en febrero de 2016, Ciudadanos suscribió el 'Acuerdo de Compromiso para el Desarrollo del Autoconsumo Eléctrico' junto al resto de partidos políticos con representación parlamentaria menos el PP y a
26 organizaciones sociales, para empezar, la aprobación
'en los primeros cien días de Gobierno' de un Real Decreto-ley que acabará con el impuesto al sol. Igualmente, negociamos y firmamos la eliminación del 'impuesto al sol' en negociaciones primero con el Partido Socialista y después con el
Partido Popular, concretamente en el punto 20 del acuerdo para la investidura de Mariano Rajoy.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario de Ciudadanos presenta la siguiente Moción consecuencia de interpelación por la que el Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
'1. Elaborar un Plan para la implementación en España de las medidas aprobadas recientemente por la Comisión Europea destinadas a encabezar la transición energética global hacia energías limpias, en diálogo con el resto de fuerzas políticas
y los agentes involucrados en el sector.
2. Promover un cambio de modelo energético hacia la producción descentralizada de energía, que permita cumplir con los objetivos fijados en la Convención Marco sobre el Cambio Climático de las Naciones Unidas, en el Acuerdo de París de 12
de diciembre de 2015 en materia de reducción de emisiones contaminantes y la utilización racional de los recursos naturales, con el fin de proteger y mejorar la calidad de vida y defender y restaurar el medio ambiente.
3. Reformar el Real Decreto 900/2015 para eliminar todas las barreras carentes de justificación al autoconsumo, incluido el autoconsumo colectivo. Entre tanto, que se adopten con carácter urgente las medidas que procedan para que las
instalaciones que operen en régimen de autoconsumo vinculadas al ciclo del agua cuya puesta en servicio se hubiese producido con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, queden exentas de la
aplicación de la nueva regulación en materia de autoconsumo energético.
4. Permitir que una parte de los excedentes del autoabastecimiento que se vierten en la red se destinen al suministro de consumidores vulnerables.
5. Eliminar las dificultades que pudieran existir al autoconsumo eléctrico (coloquialmente conocido como 'impuesto al sol') con el fin de promover un marco regulatorio estable y propicio para la generación a pequeña escala, promoviendo la
reducción de precios.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de diciembre de 2016.-Melisa Rodríguez Hernández, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, presenta la siguiente enmienda a la Moción consecuencia de interpelación urgente, del Grupo Parlamentario
Ciudadanos, sobre la política del Gobierno encaminada a implementar las medidas aprobadas recientemente por la Comisión Europea destinadas a encabezar la transición energética global hacia energías limpias.
Enmienda
De sustitución.
Se sustituye el punto número 1 quedando redactado como sigue:
'1. Impulsar que la Directiva de renovables incorpore objetivos más ambiciosos para cumplir con los compromisos internacionales, que fomente el desarrollo del autoconsumo y mantenga la prioridad de acceso a las redes y despacho de las
energías renovables. Elaborar un plan para la implementación en España de las medidas aprobadas recientemente por la Comisión Europea destinadas a encabezar la transición energética global hacia energías limpias, acorde con el potencial que tiene
España, en diálogo con el resto de fuerzas políticas y los agentes involucrados en el sector.'
Justificación.
Enmienda técnica.
Enmienda
De adición.
Se añade la siguiente frase en el punto número 2:
'2. Promover un cambio de modelo energético hacia la producción descentralizada de energía como un derecho y fomentando la participación ciudadana, que permita (...)'.
Justificación.
Enmienda técnica.
Enmienda
De sustitución.
Se sustituye el punto número 3, quedando redactado como sigue:
'3. Presentar un proyecto de Ley de modificación de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico y reformar el Real Decreto 900/2015, en los primeros cien días de Gobierno, para eliminar todas las barreras técnicas,
administrativas y económicas carentes de justificación al autoconsumo, incluido el autoconsumo colectivo, según el Acuerdo de Compromiso para el Desarrollo del Autoconsumo Eléctrico, suscrito por diferentes Grupos Parlamentarios y Organizaciones
Sociales, que entre otras cuestiones establece que: 'la energía autoconsumida estará exenta de todo tipo de cargos y peajes. Los excedentes de las instalaciones de generación asociadas al autoconsumo estarán sometidos al mismo tratamiento que la
energía producida por el resto de instalaciones de producción, al igual que los déficits de energía que los autoconsumidores adquieran a través de la red de transporte o distribución estarán sometidos al mismo tratamiento que los del resto de
consumidores. Sin perjuicio de lo anterior, reglamentariamente podrán desarrollarse mecanismos de compensación simplificada entre déficits de autoconsumidores y excedentes de sus instalaciones de producción asociadas, que en todo caso estarán
limitados a potencias de estas no superiores a 100 kW.
Entre tanto, que se adopten con carácter urgente las medidas que procedan para las instalaciones que operen en régimen de autoconsumo vinculadas al ciclo del agua cuya puesta en servicio se hubiese producido con anterioridad a la entrada en
vigor de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, queden exentas de la aplicación de la nueva regulación en materia de autoconsumo energético.'
Justificación.
Enmienda técnica.
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de diciembre de 2016.-Josep Vendrell Gardeñes, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Mixto, a instancia del diputado Isidro Martínez Oblanca, de Foro, al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente enmienda a la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario
Ciudadanos, sobre la política del Gobierno encaminada a implementar las medidas aprobadas recientemente por la Comisión Europea destinadas a encabezar la transición energética global hacia energías limpias.
Enmienda
De modificación.
Se propone el siguiente texto:
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Promover un mix de generación equilibrado en el que puedan tener cabida las consideraciones de seguridad, de soberanía nacional y de costes sociales de todas las tecnologías, revisando la diversificación de fuentes y de emplazamientos
para atender las necesidades españolas de consumo eléctrico.
2. Impulsar un Plan Estratégico de la Energía 2017-2030 que contemple aumentar hasta el límite las fuentes energéticas propias: el agua, el sol, el viento y el carbón, nuestro único combustible fósil autóctono.
3. Proteger al máximo la soberanía nacional en materia tan sensible como la energía y homologar nuestros costes energéticos a los de la Unión Europea con el fin de favorecer a los consumidores domésticos, mejorar la competitividad de
industrias y empresas, y crear puestos de trabajo.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de diciembre de 2016.-Isidro Martínez Oblanca, Diputado.-Frances Homs Molist, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.
A la Mesa del Congreso
Don Francesc Homs i Molist, en su calidad de Diputado del Partit Demòcrata Català, integrado en el Grupo Parlamentario Mixto, al amparo de lo establecido en el artículo 184.2 del Reglamento de la Cámara, presenta una enmienda de modificación
de la Moción consecuencia de interpelación del Grupo Parlamentario Ciudadanos sobre la política del Gobierno encaminada a implementar las medidas aprobadas recientemente por la Comisión Europea destinadas a encabezar la transición energética global
hacia energías limpias.
Enmienda
Redacción que se propone:
'3. Reformar el Real Decreto 900/2015 para eliminar todas las barreras carentes de justificación al autoconsumo, incluido el autoconsumo colectivo. En este sentido, deben quedar fuera del ámbito de aplicación de dicho Real Decreto las
instalaciones de autoconsumo que en ningún caso inyectan energía a la red. Entre tanto, que se adopten con carácter urgente las medidas que procedan para que las instalaciones que operen en régimen de autoconsumo vinculadas al ciclo del agua cuya
puesta en servicio se hubiese producido con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, queden exentas de la aplicación de la nueva regulación en materia de autoconsumo energético.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de diciembre de 2016.-Francesc Homs Molist, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 184 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente enmienda a la Moción
consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre la política del Gobierno encaminada a implementar las medidas aprobadas recientemente por la Comisión Europea destinadas a encabezar la transición energética global
hacia energías limpias.
Enmienda
De adición.
Se propone la adición en el apartado 1 de un nuevo párrafo con la siguiente redacción:
'El Gobierno remitirá el Plan de Transición Energética al Congreso de los Diputados requiriendo el pronunciamiento de la Cámara conforme a lo previsto en el artículo 198 de su Reglamento.'
Enmienda
De adición.
Se propone la adición de un nuevo apartado 6 con la siguiente redacción:
'Aprobar un calendario de cierre de las centrales nucleares con 40 años de vida, comenzando con la clausura definitiva de la Central Nuclear de Santa María de Garoña, que culminará en la fecha límite del 2028, de tal manera que podrá
abordarse el gran salto hacia el nuevo modelo energético a lo largo de la próxima década con las energías renovables y la eficiencia energética como protagonistas del mismo. En este mismo contexto, adoptar las decisiones sobre las instalaciones
nucleares, incluidas las relativas al almacenamiento de residuos, garantizando la solvencia de los criterios técnicos y la seguridad.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de diciembre de 2016.-Miguel Ángel Heredia Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
A la Mesa del Congreso
El Grupo Parlamentario Mixto, a instancia del Diputado don Joan Baldoví, y al amparo de lo establecido en el Reglamento del Congreso de los Diputados, formula las siguientes enmiendas a la Moción consecuencia de la interpelación urgente
encaminada a implementar las medidas aprobadas recientemente por la Comisión Europea destinadas a encabezar la transición energética global hacia energías limpias presentada por el Grupo Parlamentario de Ciudadanos.
Enmienda
De modificación.
Texto que se modifica:
'1. Elaborar un Plan para la implementación en España de las medidas aprobadas recientemente por la Comisión Europea destinadas a encabezar la transición energética global hacía las energías limpias, en diálogo con el resto de fuerzas
políticas y los agentes involucrados en el sector.'
Texto que se propone:
'1. Crear y calendarizar un Plan de trabajo a nivel Estatal con el objetivo de implementar un paquete de medidas destinadas a encabezar la transición energética global hacia energías limpias, en diálogo con el resto de fuerzas políticas,
los agentes involucrados en el sector, los representantes de la sociedad civil y en coordinación con las diferentes Administraciones Autonómicas y Locales.'
Enmienda
De adición.
Nuevo punto (7):
'Establecer un Plan de Auditoría Energética de los edificios públicos y adoptar las medidas que se deriven mismo para reducir el gasto energético en los edificios y otras propiedades de la Administración Pública y en los sistemas de gestión
públicos. Crear incentivos para las PYMES con el objetivo que realicen auditorías energéticas que contribuyan a respetar el medio ambiente y a su propio beneficio energético.'
Enmienda
De adición.
Nuevo punto (8):
'Promover a nivel estatal una reforma íntegra del sector energético que incluya:
- una auditoría integral del déficit de tarifa;
- una reforma de la estructura retributiva por tecnología teniendo en cuenta los costes reales de generación y de externalidades, que garantice la entrada, producción y venta de las fuentes energía renovable en todos sus ámbitos:
electricidad, climatización y transporte;
- una transformación profunda del funcionamiento y regulación del sector energético para que la población consumidora sea parte activa en la cobertura de sus necesidades energéticas.
- avanzar hacia un sistema basado en la fiscalidad medioambiental que penalice las fuentes de energía contaminantes y favorezca el desarrollo de las energías provenientes de recursos renovables autóctonos e inagotables.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de diciembre de 2016.-Joan Baldoví Roda, Diputado.-Oskar Matute García de Jalón, Portavoz Adjunto del Grupo Parlamentario Mixto.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 184 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente enmienda a la Moción, consecuencia de Interpelación urgente, del Grupo Parlamentario
Ciudadanos, sobre la política del Gobierno encaminada a implementar las medidas aprobadas recientemente por la Comisión Europea destinadas a encabezar la transición energética global hacia energía limpias.
Enmienda
De modificación.
El texto que se propone quedará redactado como sigue:
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Impulsar un Pacto de Estado por la Energía, conciliando una planificación de objetivos a corto, medio y largo plazo, siempre en sintonía con las políticas energéticas europeas y apostando por la innovación. Este Pacto ha de dotar al
sistema de seguridad jurídica, fomentar la competencia y apoyar la estrategia española de interconexiones internacionales.
2. Aprobar una Ley de Cambio Climático y Transición Energética, que regule de forma coherente y estable las políticas que afectan al clima, que incorpore objetivos ambiciosos y realistas para 2030 y 2050, además de los recogidos en la
Agenda Europea 2020 y los adoptados en la Cumbre Mundial del Clima COP21. Se elaborará un Plan de Transición Energética (PETE) 2030-2050 para impulsar las energías renovables, el autoconsumo y la eficiencia energética, y para reducir el consumo de
combustibles fósiles y las emisiones de gases de efecto invernadero- Se apostará por la movilidad eléctrica con la finalidad de reducir el nivel de las emisiones y seguir trabajando para cumplir los diferentes objetivos europeos marcados para
2030-2050.
3. Avanzar en la reforma del sector eléctrico para conseguir tener precios competitivos ('tarifa eléctrica') ajustados a los costes. De esa forma los precios españoles se irán aproximando a los precios medios de la UEM. La política
energética se realizará en función de los compromisos europeos, favorecerá la penetración de energías renovables, manteniendo la competitividad de la economía española y el poder adquisitivo de los hogares. Se llevará a cabo una auditoría y
liquidación definitiva de los Costes de Transición a la Competencia (CTC), así como todos los costes del sistema. Se eliminarán las dificultades que pudieran existir al autoconsumo eléctrico eficiente con el fin de promover un marco regulatorio
estable y propicio para la generación a pequeña escala, promoviendo la reducción de precios. Se tendrán en
cuenta particularidades adicionales de los sistemas extrapeninsulares, tratándolas de manera específica atendiendo a sus condiciones especiales y siempre con el objetivo de reducir los costes y contribuir a la estabilidad del sistema.'
Justificación.
Mejora técnica.
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de diciembre de 2016.-Rafael Antonio Hernando Fraile, Portavoz del Grupo Popular en el Congreso.
173/000008
El Pleno del Congreso de los Diputados, en su sesión del día de hoy, ha aprobado la Moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre la política del Gobierno encaminada a implementar las medidas
aprobadas recientemente por la Comisión Europea destinadas a encabezar la transición energética global hacia energías limpias sin modificaciones con respecto al texto inicial que se inserta a continuación, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 97 del Reglamento de la Cámara:
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Elaborar un Plan para la implementación en España de las medidas aprobadas recientemente por la Comisión Europea destinadas a encabezar la transición energética global hacia energías limpias, en diálogo con el resto de fuerzas políticas
y los agentes involucrados en el sector.
2. Promover un cambio de modelo energético hacia la producción descentralizada de energía, que permita cumplir con los objetivos fijados en la Convención Marco sobre el Cambio Climático de las Naciones Unidas, en el Acuerdo de París de 12
de diciembre de 2015 en materia de reducción de emisiones contaminantes y la utilización racional de los recursos naturales, con el fin de proteger y mejorar la calidad de vida y defender y restaurar el medio ambiente.
3. Reformar el Real Decreto 900/2015 para eliminar todas las barreras carentes de justificación al autoconsumo, incluido el autoconsumo colectivo. Entre tanto, que se adopten con carácter urgente las medidas que procedan para que las
instalaciones que operen en régimen de autoconsumo vinculadas al ciclo del agua cuya puesta en servicio se hubiese producido con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, queden exentas de la
aplicación de la nueva regulación en materia de autoconsumo energético.
4. Permitir que una parte de los excedentes del autoabastecimiento que se vierten en la red se destinen al suministro de consumidores vulnerables.
5. Eliminar las dificultades que pudieran existir al autoconsumo eléctrico (coloquialmente conocido como 'impuesto al sol') con el fin de promover un marco regulatorio estable y propicio para la generación a pequeña escala, promoviendo la
reducción de precios.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de diciembre de 2016.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
173/000009
El Pleno de la Cámara, en su sesión del día de hoy, rechazó la Moción consecuencia de interpelación urgente presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, sobre la política de asilo del Gobierno
cuyo texto se inserta a continuación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara. Asimismo se insertan las enmiendas formuladas a la misma.
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de diciembre de 2016.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento del Congreso, el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea presenta la siguiente Moción consecuencia de Interpelación urgente sobre la política de asilo del Gobierno
para su debate en Pleno.
Durante siglos la población que huía de un conflicto bélico hallaba abrigo y refugio en otro país. La larga historia de este derecho se remonta a los auténticos comienzos de la vida política regulada, en la hospitalidad y solidaridad que ya
los antiguos creían que era la base esencial de nuestra condición humana, encontrando un desarrollo en Europa durante las llamadas guerras de religión. Si se huía de un país en guerra siempre se encontraría un lugar de acogida. Esto finalizó
abruptamente en los años de entreguerras del siglo XX con las consecuencias que todos conocemos a día de hoy.
El derecho que de nuevo hoy se amenaza, el derecho de asilo, es nada más y nada menos el símbolo de los derechos humanos en la esfera de las Relaciones Internacionales. Así se quiso proteger tras los horrores del nazismo y de la II Guerra
Mundial. El artículo 14 de la Declaración Universal de los DDHH, la Convención de Ginebra y otros tantos tratados internacionales, comunitarios y estatales, lo avalan. Al menos sobre el papel.
2015 ha sido el año con más refugiados y refugiadas desde la II Guerra Mundial. Más de 60 millones de personas. El Mediterráneo se ha convertido en la mayor fosa común del planeta, con cerca de 30.000 muertos en los últimos 15 años. En lo
que va de año 2016 han muerto en este mar alrededor de 4.700 personas.
Hay varios elementos que explican estos datos: las guerras; el sistema económico; el cambio climático. Gobiernos como este tienen su cuota relevante de responsabilidad en ello.
Estos conflictos bélicos no solo tienen responsables nacionales o regionales, sino que tienen responsables también en Europa. Nombremos algunas detrás de las cuales está el actual incremento de refugiados desde Oriente Próximo: Afganistán,
Irak, Palestina, Libia, Siria, Yemen.
En el año 2003, el gobierno del PP se sumaba a la guerra de Irak con el rechazo del resto de grupos en el parlamento, de la comunidad internacional y del 90% de la población española. Un millón de muertos, cientos de miles de desplazados y
zonas devastadas que han servido de caldo de cultivo del yihadismo han provocado la huida de cientos de miles de personas.
En 2011, durante la guerra de Libia, España participó en la conocida como zona de exclusión aérea, a priori para evitar bombardeos pero cuyo verdadero objetivo fue precisamente bombardear al ejército libio, lo que permitió el avance de los
yihadistas. El desenlace de dicha guerra supuso el éxodo de miles de personas y la creación de un estado fallido caracterizado por el libre tránsito de armas. La guardia costera italiana informaba el pasado 30 de agosto de que habían coordinado el
rescate de 6.500 inmigrantes en las aguas del Mediterráneo frente a las costas de Libia. En un solo día.
Actualmente, existen 12 millones de personas desplazadas como consecuencia de la guerra en Siria, donde los países occidentales han tenido una actitud de apoyo activo a diversos grupos armados. De los 12 millones de desplazados y
desplazadas, 6,6 millones están en Siria y aproximadamente 5 millones se reparten entre Turquía, Líbano, Egipto, Irak y Jordania. Solamente alrededor de medio millón ha cruzado la frontera europea.
De la guerra de Yemen y de la impunidad con la que Arabia Saudí -socio petrolero y comprador de armas occidentales- bombardea hospitales y colegios ni siquiera se habla en los grandes medios de comunicación.
Las consecuencias de estas guerras, por tanto, ahora las estamos conociendo también ya directamente en nuestras costas: millones de personas refugiadas que llegan a ellas huyendo del horror.
En segundo lugar, un sistema económico internacional injusto, un capitalismo internacional que en su última fase neoliberal está incrementando las desigualdades también a nivel internacional. Hoy el 1% de la población mundial posee más
riqueza que el 99% restante. 80 personas en el mundo tienen más riqueza que 3.500 millones de habitantes, la mitad de la población mundial. Dicho modelo económico basado en una injusta división internacional del trabajo genera pobreza, exclusión
social, desigualdad y por lo tanto, emigración de millones de personas desde el sur al norte buscando condiciones de vida digna que, por desgracia, en la inmensa mayoría de los casos tampoco encuentran. El 86% de los refugiados en el mundo proceden
de países empobrecidos.
En tercer lugar el cambio climático está ya actuando sobre las migraciones, una situación que gobiernos como el español agudizan al hacer oídos sordos a las demandas de transición energética y nuevo modelo
productivo que algunos grupos políticos venimos demandando. Tanto las guerras provocadas por el control de los recursos naturales de los países como el modelo económico y productivo contribuyen de forma decisiva a que se batan récords de
personas refugiadas en la historia de la humanidad. Europa, también España, registra así un incremento exponencial de las solicitudes de asilo desde 2013.
Nuestro país sin embargo, es necesario recalcarlo, solo recibe alrededor del 1% de las solicitudes de asilo de la UE, cifradas estas en 1.250.000 para 2015. Las 14.600 peticiones de asilo registradas en España en 2015 contrastan con los
441.000 de Alemania, los más de 70.000 de Francia o los más de 80.000 de Italia. De 3.240 resoluciones cursadas por las autoridades españolas en 2015, tan solo se resolvieron positivamente 1.020, lo que supone un 31% según datos de Eurostat. Es
una de las tasas de reconocimiento más bajas de la UE, por debajo de países como la República Checa (34%) y no digamos de Alemania (57%), Austria (71%), Suecia (72%) o Países Bajos (80%).
La situación se agrava cuando, según los datos de Eurostat, comprobamos que tan solo 220 personas consiguieron estatus de refugiado en 2015 y 800 personas son las que obtuvieron la protección subsidiaria, con menos garantías y más obstáculos
a la hora de las renovaciones. Esto además supone un retroceso respecto a 2014 -384 como estatus de refugiado y 1.199 como protección subsidiaria-, año en que sin embargo hubo muchas solicitudes menos (5.947). El cierre pues, a partir de unas
cifras ya de por sí muy precarias, parece evidente.
La situación del sistema de asilo español, a la luz de numerosos informes, como el de la Defensora del Pueblo de 2016, es por tanto más que preocupante.
En primer lugar, aún no se cuenta con un Reglamento que haya desarrollado la Ley de Asilo de 2009. Este elemento resulta fundamental para desarrollar aspectos y garantías marcadas en la ley. Su disposición adicional tercera marcaba seis
meses para sus disposiciones reglamentarias. Llevamos siete años sin ellas.
Para demostrar la importancia que el gobierno le da a este tema veamos que es una Subdirección General, considerada Oficina de Asilo y Refugio (OAR), dependiente de la Dirección General de Política Interior del Ministerio del Interior, quien
dirige la política de asilo en nuestro país. Un tema crucial como este merece una posición a todas luces superior.
La Comisión Interministerial de Asilo y Refugio, dirigido por vicepresidencia del Gobierno, y que coordina los Ministerios implicados en el asilo, no cuenta con reglamento específico y sus 5 miembros no tienen por qué contar con formación
especifica en temas de protección internacional.
La OAR centraliza todas las solicitudes de protección internacional en España. El informe de la Defensora del Pueblo constata que la OAR contaba tan solo con tres trabajadores sociales a comienzos de 2016. La falta de personal para dar
curso al creciente número de solicitudes ha motivado la contratación temporal -un año prorrogable a tres- a principios de 2016 de 60 instructores y 6 coordinadores este enero.
La OAR cuenta tan solo con un intérprete de ruso y armenio. Para el resto de idiomas se solicitan intérpretes a la Asociación Comisión Católica Española de Migración.
El sistema informático de la OAR está obsoleto.
Merced al acuerdo de la UE de septiembre de 2015, España debería haber acogido a 17.000 refugiados en septiembre de 2017, cerca de 16.000 reubicados y cerca de 1.500 personas reasentadas. Hasta el momento, tal y como ha denunciado la propia
Defensora del Pueblo, solo han llegado 687 personas refugiadas a nuestro país, 398 reubicadas y 289 reasentadas. Tal y como ha denunciado CEAR estos días, España ocupa el puesto 11.° en el ranquin europeo de cumplimiento de este acuerdo de momento
muy lejos de cumplirse. A nivel europeo tan solo se han acogido 22.212 personas de las más de 180.000 comprometidas.
Hasta que no se formaliza una solicitud, se está expuesto a la expulsión por la situación de irregularidad administrativa. Tampoco se puede acceder a las prestaciones de la acogida. Constan retrasos de hasta cinco meses en las citas cuando
las directivas europeas marcan un máximo de seis días. El retraso en la resolución de expedientes una vez formalizados supone asimismo una grave merma sobre los derechos de los solicitantes de asilo. Una denegación de solicitud supone la expulsión
del país. Esto significa la expulsión de un país donde tras unos años de residencia ya se han echado raíces.
El Informe de la Defensora del Pueblo de 2016 también ha constatado otro grave problema: la falta de inversión en formación del personal encargado de realizar las entrevistas y resolver los expedientes. No solo estos es crucial para
encarar entrevistas en profundidad, sino también con formación específica en idiomas, cuestiones de género o de orientación sexual. A menudo parte del trabajo se deriva a funcionarios
de policía, lo que sucede siempre en puestos fronterizos y aeropuertos. Y en ocasiones se realizan las entrevistas en CIE donde gran parte de los citados tienen miedo de acudir por razones evidentes.
Se está así hurtando a los solicitantes de asilo una oportunidad ágil, justa y eficaz de presentar su solicitud.
Las trabas directas a las personas refugiadas y al efectivo cumplimiento del derecho de asilo en realidad empiezan antes. Desde el comienzo está más que comprobado y denunciado por diversos organismos que no se garantiza el acceso a una
información completa y comprensible a las personas refugiadas. Tampoco se les ofrece el derecho de asistencia jurídica gratuita, contando además con que pedir un letrado suele suponer aplazar la solicitud. Esto provoca que de las 584 entrevistas
realizadas en el primer semestre de 2016 por la OAR, solo 33 hayan contado con asistencia letrada.
Por si los obstáculos fueran pocos, la Ley de 2009 impide presentar solicitudes de asilo en las Embajadas y Consulados de los países de origen, dejando al embajador la potestad para el traslado a España del solicitante, lo que ocurre en
contadísimas excepciones. Se dan así casos como el que cuenta la Defensora del Pueblo: un menor sirio herido con quemaduras, en Turquía, solicita un visado humanitario para reunirse con su familia directa en España. La Embajada se lo deniega.
Colectivos vulnerables como los menores sufren directamente este ataque contra los derechos humanos del Gobierno español. No se les atiende de forma individualizada, con asesoramiento específico para la entrevista, asistencia letrada,
intérpretes cualificados, con un entrevistador competente o sin pruebas de edad innecesarias cuando se cuenta con pasaporte. Eso explica seguramente que en 2015 únicamente hubiera 25 peticiones de asilo formalizadas de menores no acompañados.
Por otra parte, el sistema de acogida español indicado en la Ley de 2009 depende de una red de centros públicos y de otros gestionados por ONG. Con los recortes de este Gobierno las subvenciones hacia estas asociaciones, como denuncia la
Defensora del Pueblo, cayeron provocando el colapso del sistema en un momento de repunte importante de las solicitudes. Esta subida no ha provocado tampoco un incremento de la red pública, sino que se ha optado por incrementar las plazas de los
centros gestionados por ONG.
Caso aparte es el de centros como los Centros de Estancia Temporal para Inmigrantes (CETI) de Ceuta y Melilla. Estos no están pensados para acoger solicitantes de asilo y sin embargo lo hacen. Las competencias sobre ellos se reparten entre
los ministerios de Empleo e Interior, lo que suponen problemas de descoordinación. En 2015 se han convertido además directamente en centros de refugiados, sobresaturados debido a que no se deja con facilidad en libertad a sus ocupantes. Diversas
organizaciones e instituciones vienen denunciando esta situación.
Hay un principio básico de la Convención de Ginebra de 1951 que es el de no devolución. Es decir, no se devolverá a una persona a un país del que huye, un país en guerra o en conflicto, o un país donde puedan derivarle a otro en riesgo.
Este siempre ha sido un pilar del derecho de asilo hoy atacado.
España es conocida mundialmente en la actualidad por las devoluciones en caliente que realiza en la frontera sur, recientemente censuradas por Naciones Unidas. Este Gobierno ha elevado a rango de ley las devoluciones en caliente a partir de
la disposición adicional décima de la Ley Orgánica 4/2015 de Protección de la Seguridad Ciudadana, que en realidad supone una modificación de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su
integración social. En la actualidad se está a la espera del recurso de inconstitucionalidad que se presentó al respecto hace ya cerca de dos años.
La devolución que desde Ceuta y Melilla se hace cuando una persona cruza la frontera, o las a menudo expulsiones masivas de extranjeros, ataca directamente derechos contemplados en nuestra Constitución y en tratados internacionales como el
Convenio Europeo de Derechos Humanos (CEDH), la Convención sobre los Derechos del Niño o la propia Convención de Ginebra. Impide entre otros el derecho a la seguridad jurídica o a la identificación de personas necesitadas de protección y su acceso
al procedimiento de asilo. También contraviene garantías reflejadas en la propia Ley de Asilo de 2009.
A día de hoy se está abordando en Europa la reforma del SECA (Sistema Europeo Común de Asilo). Esto se produce en un momento donde la política de la UE tiende a la impermeabilización de sus fronteras. A las vallas erigidas por España en su
frontera sur se han sumado las desplegadas por Hungría y Bulgaria en sus fronteras durante los últimos meses.
Tengamos en cuenta que Europa, la región más rica del mundo, está acogiendo un flujo de refugiados que representa el 0,2% de la población europea cuando países como Líbano acogen el equivalente al 40% de su población.
El acuerdo de la UE con Turquía en marzo de 2016, denunciado por múltiples organizaciones políticas y sociales, ha supuesto la entrega de fondos europeos y contrapartidas políticas a Turquía a cambio de que acepte la devolución de migrantes
en situación irregular, de personas llegadas a Grecia con solicitudes de asilo inadmitidas y de toda persona siria llegada a Grecia. Ni Turquía es un país seguro, ni las expulsiones colectivas se aceptan en el Convenio Europeo de Derechos Humanos,
ni la Convención de Ginebra acepta las devoluciones a países no seguros o las discriminaciones por país de origen.
Es en este contexto, con estas políticas en marcha, desde donde se acomete la reforma del paquete legislativo con el que conformar un Sistema Europeo Común de Asilo. La propuesta en discusión en las instituciones europeas incide en un
modelo externalizado de gestión de políticas migratorias y en una visión punitiva hacia los solicitantes de asilo.
Una primera lectura de las propuestas de texto refundido de los Reglamentos de Dublín y Eurodac y de Reglamento de la Agencia de Asilo UE se ha iniciado en el Grupo Asilo. La reforma del Reglamento de Dublín en marcha prevé la penalización
de los movimientos secundarios de las personas refugiadas así como reduce las consideraciones que se tenía en Dublín III hacia los menores solo hacia aquellos no acompañados. Este era ya un Reglamento con graves carencias a la hora de garantizar el
derecho al asilo. Nos preocupa por tanto la armonización a la baja de los derechos humanos por la UE, pues podemos estar ante el enésimo ataque al derecho de asilo tras el acuerdo con Turquía.
Por todo ello se presenta la siguiente
Moción
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a adoptar las siguientes medidas:
- La puesta en marcha inmediata de vías legales, eficaces y seguras de acceso al derecho de asilo. En concreto, restablecer la posibilidad de solicitar asilo en todas las embajadas y consulados españolas y facilitar la concesión de visados
humanitarios.
- La reubicación y reasentamiento inmediatos de las personas refugiadas a las que España se comprometió en los acuerdos adoptados en 2015 por el Consejo de Europa. Crear un sistema permanente de reasentamiento y reubicación de personas
refugiadas provenientes de otros países en España.
- Instar a la Unión Europea a modificar los criterios aplicados en la oferta de los programas de reubicación, permitiendo a las personas refugiadas elegir, al menos, el país de la Unión Europea en el que van a ser reubicados.
- Elevar el rango administrativo de la Oficina de Asilo y Refugio (OAR).
- Mejorar sustancialmente el sistema de examen de las solicitudes de asilo estableciendo criterios más flexibles y reduciendo los tiempos de tramitación.
- Establecer un amplio proceso de contratación de personal especializado, de intérpretes y de trabajadores sociales, en la OAR para cubrir las demandas crecientes de asilo que está afrontando la UE. Garantizar contratos dignos y fijos en la
OAR.
- Renovar el sistema informático de la OAR.
- Facilitar y garantizar la asistencia letrada a todo solicitante de asilo.
- Garantizar que las entrevistas a las personas solicitantes de asilo las realice personal especializado, con amplia formación específica a la hora de colectivos vulnerables, y que en ningún caso se permita realizar estas entrevistas a
personal policial que ha de ocuparse de otras funciones.
- Modificar la actual política de la OAR por la que se inadmiten las solicitudes de asilo de las mujeres víctimas de trata derivando sus casos a la aplicación del artículo 59 bis de la Ley de Extranjería, que condiciona la protección
internacional a la colaboración de la víctima con las autoridades en la desarticulación de la red de trata, lo que supone una clara vulneración de su derecho a la protección internacional y una puesta en peligro de su vida y su integridad física.
- Adoptar un reglamento específico de funcionamiento para la Comisión Interministerial de Asilo y Refugio, así como exigir formación específica en temas de protección internacional a sus componentes.
- Modificar la Ley de Asilo 12/2009, que recoge diferentes procedimientos y causas de inadmisión/denegación para las solicitudes presentadas en CIE y frontera (art. 21) frente a las de territorio (art. 20) y
asegurar que en ningún caso la admisión a trámite se vea condicionada por el lugar en el que se presente la solicitud. Esto actualmente conlleva una considerable y menor admisión a trámite de las solicitudes presentadas en puestos
fronterizos y CIE.
- Eliminar la exigencia del visado de tránsito por parte de España para aquellas personas que proceden de países en conflicto. En especial, suprimir inmediatamente la exigencia de visado de tránsito aeroportuario impuesto en 2011 a personas
de nacionalidad siria.
- Aprobar de forma urgente un Reglamento que desarrolle normativamente la Ley 12/2009 reguladora del derecho de asilo y de la protección subsidiaria.
- Agilizar la tramitación de los procedimientos de reunificación familiar y concesión de extensiones de asilo o autorizaciones de residencia por esta vía que garanticen los derechos básicos de las personas reagrupadas, incluido el derecho a
la salud. Flexibilizar los criterios para la reunificación familiar y la extensión de asilo.
- Implementar acciones concretas para mejorar la protección de los menores refugiados, como acabar con la detención de niños migrantes, mantener unidas a las familias para proteger a los menores, garantizar su atención individualizada por
instructores especializados, o garantizar la asistencia letrada y el acceso a la educación a todos ellos.
- Poner fin a las devoluciones de personas migrantes y refugiadas en las fronteras de Ceuta y Melilla.
- Mejorar sustancialmente las condiciones de acogida de los Centros de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) situados en Ceuta y Melilla, eliminar su carácter policial, y establecer por norma en 15 días el tiempo máximo de estancia en
dichos centros, agilizando los traslados a la Península.
- Posibilitar y fomentar la participación activa de otras administraciones en materia de asilo. Establecer protocolos de cofinanciación para que las Comunidades Autónomas y los Ayuntamientos que ya han mostrado su predisposición y capacidad
de reacción ante la crisis, puedan gestionar los fondos procedentes de la UE para la acogida de personas refugiadas.
- Retirar el apoyo de España al acuerdo entre la UE y Turquía, procediendo de forma inmediata a la suspensión de su aplicación y a su impugnación ante las vías existentes al efecto.
- Trabajar en la adopción de un sistema europeo común de asilo que garantice de manera efectiva el derecho de asilo.
- Derogar el Reglamento de Dublín en el marco de la construcción de un auténtico sistema común europeo de asilo, de modo que responda adecuadamente al volumen de la demanda, suponga un reparto de responsabilidades sostenible y garantice una
tramitación ágil.
- Promover una política exterior española y de la UE que, en un marco de coherencia de políticas, contribuya a atajar las distintas causas internas, regionales e internacionales que generan violaciones de derechos humanos en los países de
origen o tránsito. Una política exterior que no priorice los intereses geopolíticos, defensivos o económicos sobre otros asuntos, y que ponga en el centro la promoción de los derechos humanos, la equidad de género, la democracia, el desarrollo
inclusivo y sostenible en esos países y la solidaridad entre los pueblos.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de diciembre de 2016.-Miguel Ángel Bustamante, Diputado.-Alberto Garzón Espinosa, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 184 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente enmienda a la Moción
consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, sobre la política de asilo del Gobierno.
Enmienda
De modificación.
Se propone la modificación de la moción presentada que quedará redactada con el siguiente texto:
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
A. En el marco de la acción exterior del Estado, a asumir los compromisos adoptados en las dos Cumbres de alto nivel celebradas los días 19 y 20 de septiembre de 2016 y contribuir activamente en la búsqueda de soluciones coordinadas y
colectivas para dar solución al problema internacional de los movimientos masivos de población sobre la base de la declaración de Nueva York y de cara al establecimiento de compromisos concretos en el proceso de definición y negociación de los
'compacts' que deberán ser elaborados y aprobados en el marco de la próxima Conferencia Intergubernamental en 2018.
Así como desarrollar una política exterior española que, en un marco de coherencia de políticas, contribuya a atajar las distintas causas internas, regionales e internacionales que generan violaciones de derechos humanos en los países de
origen o tránsito. Una política exterior que ponga en el centro la promoción de los derechos humanos, la equidad de género, la democracia, el desarrollo inclusivo y sostenible y solidario en esos países.
B. En el marco de la Unión Europea, a seguir impulsando una política migratoria común que, desde una perspectiva integral, abarque todas las vertientes del problema, incluyendo la cooperación con los países de origen y tránsito y la ayuda
humanitaria, desde un enfoque global y compartido, a través de estrategias regionales y bilaterales, que abarquen la cooperación técnica y económica. Así como a:
- Seguir impulsando, en el seno de la Unión Europea y de otras organizaciones internacionales, la movilización de recursos destinados a estos países, en línea con el apoyo prestado por España en el marco del Fondo Fiduciario de emergencia de
la Unión Europea para África.
- Reclamar que la aplicación del acuerdo de la Unión Europea con Turquía se realice con estricto cumplimiento de las exigencias derivadas del derecho internacional en materia de asilo y refugio y, por tanto, se garantice que todas las
solicitudes de asilo son tramitadas mediante un procedimiento individualizado y con las debidas garantías. Así como impulse, dentro de la Unión Europea, la supervisión del cumplimiento, por parte de Turquía, de la legalidad internacional y del
respeto a los derechos humanos, incluidos los requisitos de la legislación europea de asilo; legislación que exige, entre otros, que exista la certeza de que se respete el principio de no devolución, que las personas puedan solicitar el estatuto de
refugiado y, en caso de ser refugiado, recibir protección con arreglo a la Convención de Ginebra o con garantías equivalentes mediante derecho interno.
- Impulsar y apoyar la revisión y adecuación del Reglamento de Dublín, en el marco de la reforma y construcción de un auténtico Sistema Europeo Común de Asilo, de modo que responda al volumen de la demanda, suponga un reparto de
responsabilidades sostenible y garantice una tramitación ágil y que atienda las recomendaciones de los organismos internacionales especializados en materia de refugio y asilo y en derechos de la Infancia como Alto Comisionado de las Naciones Unidas
para los Refugiados (ACNUR) y de UNICEF. Un sistema que ha de garantizar las mismas condiciones de integración en todos los países de las Unión Europea.
- Proceder a la reubicación y reasentamiento inmediatos de las personas refugiadas a las que España se comprometió en los acuerdos adoptados en 2015 por el Consejo de Europa. Crear un sistema permanente de reasentamiento y reubicación de
personas refugiadas provenientes de otros países en España.
- Instar a la Unión Europea a modificar los criterios aplicados en la oferta de los programas de reubicación, procurando satisfacer, en la medida de lo posible las preferencias manifestadas por los solicitantes de protección en cuanto al
país de destino. Así como, impulsar una actualización de las cifra de refugiados a reubicar desde Grecia e Italia.
C. Por lo que a la legislación española se refiere, a trasponer las directivas europeas en materia de asilo y aprobar de forma urgente un Reglamento que desarrolle normativamente la Ley 12/2009, de 30 de octubre, reguladora del derecho de
asilo y de la protección subsidiaria, al objeto entre otras cosas de:
- Desarrollar reglamentariamente la posibilidad prevista en el artículo 38 de la Ley 12/2009 de solicitar asilo y protección internacional en las embajadas y consulados españolas y la concesión de visados humanitarios.
- Asegurar que en ningún caso la admisión a trámite y resolución de un expedite se vea condicionada por el lugar en el que se presente la solicitud, ya se realice en el territorio, CIE o frontera. Analizar las causas por las que actualmente
se produce una considerable y menor admisión a trámite de las solicitudes presentadas en puestos fronterizos y CIE.
- Elevar el rango administrativo de la Oficina de Asilo y Refugio (OAR).
Estudiar la posibilidad de suprimir la exigencia del visado de tránsito por parte de España para aquellas personas que proceden de países en conflicto, en todos aquellos casos en los que dicha obligación no venga impuesta por decisiones
europeas, y de manera particular en lo que se refiere a la exigencia de visado de tránsito aeroportuario impuesto en 2011 a personas de nacionalidad siria. Debiendo informar al Congreso de los Diputados de las conclusiones del estudio.
D. En lo referente a la tramitación, gestión y seguimiento de las solicitudes de asilo y de los procesos de acogida, a adoptar de manera urgente las siguientes medidas:
- La puesta en marcha inmediata de vías legales, eficaces y seguras de acceder al derecho a asilo.
- Eliminar los obstáculos para el acceso al derecho de asilo poniendo fin a las devoluciones colectivas y sumarias de personas migrantes y refugiadas en las fronteras de Ceuta y Melilla y mejorar sustancialmente las condiciones de acogida de
los Centros de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) situados en Ceuta y Melilla, adoptando las medidas necesarias para garantizar la reducción de los tiempos de tramitación de los expedientes al mínimo necesario.
- Adoptar un reglamento específico de funcionamiento para la Comisión Interministerial de Asilo y Refugio, que garantice su adecuado funcionamiento y coordinación, así como exigir formación específica en temas de protección internacional a
sus componentes.
- Reforzar los medios de la OAR procediendo a la contratación del personal especializado, de intérpretes y de trabajadores sociales, en la OAR, para cubrir las demandas crecientes de asilo que está afrontando la Unión Europea, garantizando
contratos dignos, así como un nivel de personal constante adecuado para afrontar la gestión ordinaria de asuntos, sin perjuicio de los refuerzos que ante crisis puntuales deban incorporarse
- Renovar el sistema informático de la OAR.
- Garantizar información adecuada en tiempo y forma a todos los solicitantes de asilo sobre la posibilidad de solicitar asistencia letrada, así como sobre el procedimiento y requisitos de su solicitud, y facilitársela a todo solicitante de
asilo.
- Garantizar que las entrevistas a las personas solicitantes de asilo las realice personal especializado, con amplia formación específica a la hora de colectivos vulnerables, y que en ningún caso sea suficiente con la exclusiva realización
de estas entrevistas por personal policial.
- Modificar la actual política de la OAR por la que se inadmiten las solicitudes de asilo de las mujeres víctimas de trata derivando sus casos a la aplicación del artículo 59 bis de la Ley de Extranjería, que condiciona la protección
internacional a la colaboración de la víctima con las autoridades en la desarticulación de la red de trata, lo que supone una clara vulneración de su derecho a la protección internacional y una puesta en peligro de su vida y su integridad física.
- Agilizar la tramitación de los procedimientos de reunificación familiar y concesión de extensiones de asilo o autorizaciones de residencia por esta vía que garanticen los derechos básicos de las personas reagrupadas, incluido el derecho a
la salud. Flexibilizar los criterios para la reunificación familiar y la extensión de asilo.
- Implementar acciones concretas para mejorar la protección de los menores refugiados, como acabar con la detención de niños migrantes, mantener unidas a las familias para proteger a los menores, garantizar su atención individualizada por
instructores especializados, o garantizar la asistencia letrada y el acceso a la educación a todos ellos.
- Implantar procedimientos de evaluación del sistema de acogida que permitan valorar si se responde adecuadamente a las necesidades de integración de los refugiados
- Posibilitar y fomentar la participación activa de otras administraciones en materia de asilo. Establecer protocolos de cofinanciación para que las Comunidades Autónomas y los Ayuntamientos que ya han mostrado su predisposición y capacidad
de reacción ante la crisis, puedan gestionar los fondos procedentes de la UE para la acogida de personas refugiadas.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de diciembre de 2016.-Miguel Ángel Heredia Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
A la Mesa del Congreso
El Grupo Parlamentario Mixto, a instancia del Diputado Enric Bataller i Ruiz, y al amparo de lo establecido en el Reglamento del Congreso de los Diputados, formula las siguientes enmiendas parciales a la Moción consecuencia de interpelación
urgente sobre la política de asilo del Gobierno, presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.
Enmienda
Al guion 2
De modificación.
La reubicación y reasentamiento inmediatos de las personas refugiadas a las que España se comprometió en los acuerdos adoptados en 2015 por el Consejo de Europa. Crear un sistema permanente de reasentamiento y reubicación de personas
refugiadas provenientes de otros países en España.
Así, el segundo guion de la Moción quedaría redactado de la siguiente manera:
'Cumplir con los compromisos asumidos por España en 2015 materia de reubicación y reasentamiento, ratificados por todos los Estados Miembros a través del Consejo europeo. Crear un sistema permanente de reasentamiento y reubicación de
personas refugiadas provenientes de otros países en España.'
Justificación.
Mejora técnica.
El 14 de septiembre de 2015, el Consejo adoptó la Decisión (UE) 2015/15231, por la que se establece un mecanismo de reubicación temporal y excepcional, desde Italia y Grecia a otros Estados miembros, de personas que tienen una necesidad
manifiesta de protección internacional. El Consejo de Europa no es lo mismo que el Consejo europeo o el Consejo de la Unión Europea.
Enmienda
Al guion 14
De adición.
Aprobar de forma urgente un Reglamento que desarrolle normativamente la Ley 12/2009 reguladora del derecho de asilo y de la protección subsidiaria.
Así, la redacción del guion número catorce de la Moción quedaría redactado de la siguiente manera:
'Aprobar de manera urgente un Reglamento que desarrolle normativamente la Ley 12/2009 reguladora del derecho de asilo y de la protección subsidiaria, así como hacer efectiva la transposición de las Directivas europeas en materia de
refugiados.'
Justificación.
España incumple tres normativas europeas que regulan el reconocimiento de la protección, las condiciones de recepción de solicitantes y los procedimientos de asilo:
- Directiva 2013/33/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013, por la que se aprueban normas para la acogida de los solicitantes de protección internacional.
- Directiva 2013/32/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013, sobre procedimientos comunes para la concesión o la retirada de la protección internacional.
- Directiva 2011/95/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de diciembre de 2011, por la que se establecen normas relativas a los requisitos para el reconocimiento de nacionales de terceros países o
apátridas como beneficiarios de protección internacional, a un estatuto uniforme para los refugiados o para las personas con derecho a protección subsidiaria y al contenido de la protección concedida.
Enmienda
Al guion 17
De modificación.
Poner fin a las devoluciones de personas migrantes y refugiadas en las fronteras de Ceuta y Melilla.
Así, la redacción del guion número diecisiete quedaría de la siguiente manera:
'Revisar el Acuerdo entre España y Marruecos relativo a la circulación de personas, el tránsito y la readmisión de extranjeros entrados ilegalmente, con el objetivo de poner fin a las devoluciones de personas migrantes y refugiadas en las
fronteras de Ceuta y Melilla, y de esta manera cumplir con los tratados internacionales en materia de DDHH, así como encontrar vías para permitir el paso de aquellos extranjeros que quieren solicitar asilo, sin poner en riesgo sus vidas.'
Justificación.
El Acuerdo entre el Reino de España y el Reino de Marruecos relativo a la circulación de personas, el tránsito y la readmisión de extranjeros entrados ilegalmente, hecho en Madrid el 13 de febrero de 1992, entró en vigor el 21 de octubre de
2012, 30 días después de que ambas partes contratantes se notificaran el cumplimiento de los requisitos constitucionales para su ratificación, según se establece en su artículo 16. BOE núm. 299, de 13 de diciembre de 2012.
El Defensor del Pueblo considera que la Administración española tiene la obligación de detectar cuáles son los obstáculos que existen para que personas en necesidad de protección no puedan acceder a los puestos fronterizos sin poner en
riesgo sus vidas. Para ello deben encontrarse vías de acuerdo con Marruecos para que permita el paso de aquellos extranjeros que quieren solicitar asilo. En el año 2015 se incrementó el número de intervenciones de los servicios de Salvamento
Marítimo y, en 2016, los intentos de salto de las vallas fronterizas, así como naufragios de pateras con pérdidas de vidas, han continuado y muchos de los que pretendían acceder a territorio español eran subsaharianos.
Enmienda
Al guion 19
De modificación.
Posibilitar y fomentar la participación activa de otras administraciones en materia de asilo. Establecer protocolos de cofinanciación para que las Comunidades Autónomas y los Ayuntamientos que ya han mostrado su predisposición y capacidad
de reacción ante la crisis, puedan gestionar los fondos procedentes de la UE para la acogida de personas refugiadas.
Así, la redacción del guion número diecinueve quedaría de la siguiente manera:
'Posibilitar y fomentar la participación activa de las administraciones a nivel autonómico y local, como garantes y facilitadores de derechos básicos tales como el de asistencia sanitaria, acceso a la educación, y acceso a la vivienda.
Establecer protocolos de cofinanciación para que las Comunidades Autónomas y los Ayuntamientos que ya han mostrado su predisposición y capacidad de reacción ante la crisis, puedan gestionar los fondos procedentes de la UE para la acogida de personas
refugiadas.'
Justificación.
La actuación de los gobiernos autonómicos en inmigración se ha sustentado en la distribución competencial que realiza la Constitución española a favor de estas al conferirle ámbitos como la Educación, Sanidad, Seguridad Social o Cultura, es
decir, materias todas que inciden de manera directa sobre la situación de la población extranjera asentada en sus territorios.
Los gobiernos municipales, por su parte, tienen conferidas las competencias en fomento de políticas de integración.
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de diciembre de 2016.-Enric Bataller i Ruiz, Diputado.-Francesc Homs Molist, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.
A la Mesa del Congreso
Don Francesc Homs i Molist, en su calidad de Diputado del Partit Demòcrata Europeu Català integrado en el Grupo Parlamentario Mixto, y al amparo de lo establecido en el artículo 184.2 del Reglamento de la Cámara, presenta una enmienda de
modificación a la Moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, sobre la política de asilo del Gobierno.
Enmienda
Redacción que se propone:
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a adoptar las siguientes medidas:
- La puesta en marcha...
- La reubicación y reasentamiento inmediatos de las personas refugiadas a las que España se comprometió en los acuerdos adoptados en 2015 por el Consejo de Europa. Crear un sistema ambicioso y permanente de reasentamiento y reubicación de
personas refugiadas provenientes de otros países en España.
- Adoptar un Plan de Acogida e Integración que incorpore medidas como la revisión de la legislación y práctica en materia de asilo, para garantizar procedimientos con todas las garantías en línea con los estándares internacionales, entre
otras.
- Implementar procedimientos de evaluación del Sistema de Acogida que permitan valorar si se responde adecuadamente a las necesidades de integración de los refugiados.
- Dotar de las mismas ayudas económicas a los refugiados, con independencia de que se alojen en recursos de gestión directa de la administración o indirecta (Organizaciones No Gubernamentales).
- Instar a la Unión Europea...
- Elevar el rango administrativo...
- Mejorar sustancialmente...
- .../...
- Aprobar de forma urgente un Reglamento que desarrolle normativamente la Ley 12/2009 reguladora del derecho de asilo y de la protección subsidiaria, y transponer inmediatamente las directivas en materia de asilo pendientes.
- Agilizar la tramitación...
- Implementar acciones concretas...
- Poner fin a las devoluciones...
- Mejorar sustancialmente las condiciones de acogida...
- Posibilitar y fomentar la participación activa de otras administraciones en materia de asilo. Facilitar y compartir la información sobre las personas refugiadas que llegarán a España con las Comunidades Autónomas. Establecer protocolos
de cofinanciación para que las Comunidades Autónomas y los Ayuntamientos que ya han mostrado su predisposición y capacidad de reacción ante la crisis, puedan gestionar los fondos procedentes de la UE para la acogida de personas refugiadas. De
acuerdo con lo establecido en la Disposición adicional cuarta de la Ley 12/2009, de 30 de octubre, reguladora del derecho de asilo y de la protección subsidiaria, las Comunidades Autónomas de acuerdo con sus respectivas competencias en los ámbitos
sanitario, educativo y social gestionarán los servicios y programas específicamente destinados a las personas solicitantes de asilo.
- Retirar el apoyo de España al acuerdo entre la UE...
- Trabajar en la adopción de un sistema europeo...
- Impulsar la revisión y adecuación del Reglamento de Dublín en el marco de la construcción de un auténtico sistema común europeo de asilo, de modo que responda adecuadamente al volumen de la demanda, suponga un reparto de responsabilidades
sostenible y garantice una tramitación ágil.
- Promover una política exterior española...'
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de diciembre de 2016.-Francesc Homs Molist, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.
PREGUNTAS PARA RESPUESTA ESCRITA
184/004351
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(184) Pregunta al Gobierno con respuesta escrita.
Autor: Salvador García, Luis Miguel (GCs).
Retirada de su pregunta sobre pasos que ha dado el Gobierno de España en relación a algunos aspectos fundamentales para que IFMIF-DONES sea una realidad en Granada.
Acuerdo:
Aceptar la declaración de voluntad, teniendo por retirada la iniciativa de referencia, así como comunicarlo al Gobierno y al autor de la iniciativa y publicarlo en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de diciembre de 2016.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
Nota.-La iniciativa de referencia fue publicada en el 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, núm. 64, de 5 de diciembre de 2016.
184/004875
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(184) Pregunta al Gobierno con respuesta escrita.
Autor: Pascual Peña, Sergio (GCUP-EC-EM).
Corrección de error en su pregunta sobre número de solicitudes de asilo de inmigrantes subsaharianos y sirios que se han cursado desde las oficinas de Ceuta y Melilla, así como periodo medio de estancia de un inmigrante con solicitud de
asilo en los Centros de Internamiento de Extranjeros de dichas Ciudades Autónomas, en el sentido de donde dice: 'Centros de Internamiento de Extranjeros', debe decir: 'Centros de Estancia Temporal de Inmigrantes'.
Acuerdo:
Aceptar la declaración de voluntad, teniendo por corregida la iniciativa de referencia, así como comunicarlo al Gobierno y al autor de la iniciativa y publicarlo en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de diciembre de 2016.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
Nota.-La iniciativa de referencia fue publicada en el 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, núm. 71, de 19 de diciembre de 2016.
184/005094
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(184) Pregunta al Gobierno con respuesta escrita.
Autor: Vendrell Gardeñes, Josep (GCUP-EC-EM).
Retirada de las tres primeras cuestiones de su pregunta sobre casos de presunto fraude y evasión fiscal que afectan a jugadores de fútbol de élite.
Acuerdo:
Teniendo en cuenta la presente retirada, admitir a trámite la pregunta de referencia, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, comunicando
este acuerdo al Sr. Diputado autor de la iniciativa.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de diciembre de 2016.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, el diputado adscrito al Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea formula las siguientes preguntas
dirigidas al Gobierno, para su respuesta escrita.
En los últimos días la red europea de medios de comunicación EIC ha dado a conocer diferentes informaciones, a partir de los documentos de Football Leaks, sobre casos de presunto fraude y evasión fiscal que afectan a jugadores de fútbol de
élite, como Cristiano Ronaldo o Luka Modric.
Dichas informaciones ponen al descubierto los mecanismos para eludir el pago de impuestos de los ingresos generados por los derechos de imagen de millonarios contratos publicitarios, mediante el uso de empresas pantalla radicadas en Irlanda
y en paraísos fiscales como las Islas Vírgenes Británicas. El objetivo último era trasladar estos beneficios a cuentas en Bancos Suizos, en el caso de Ronaldo, o en Luxemburgo, en el caso de Modric, país que cuenta con un impuesto de sociedades con
un tipo del 1%. Estas empresas offshore estaban operadas por conocidos agentes futbolísticos y empresarios como Jorge Mendes o Peter Lim.
Con estos mecanismos los impuestos abonados fueron notablemente menores, en relación a los beneficios obtenidos. Según estas informaciones, en el caso de Ronaldo, por unos ingresos de unos 150 M se habrían pagado en impuestos solo 5,6 M,
correspondientes a 22,7 M declarados, menos del 4% de los ingresos obtenidos. La declaración únicamente afectaba a los supuestos beneficios generados en España, entre un 15% y un 20% del total, correspondientes tanto a 2009-2014, como a la venta
de los derechos de imagen de 2015 a 2020. Y a un tipo bajo, amparándose en la llamada ley Beckham, que permitía a altos directivos y deportistas de élite -estos hasta finales de 2014- tributar como no residentes
a un tipo fijo inferior. Según informaciones periodísticas la Agencia Tributaria estaría investigando las declaraciones de Cristiano Ronaldo correspondientes a los años 2011, 2012 y 2013.
Son casos que se suman a los de jugadores como Messi, Neymar, Xabi Alonso o Mascherano y que indica que hay un problema sistémico en el fútbol español que requiere una actuación decidida por parte del Gobierno y de la Agencia Tributaria,
para terminar con este tipo de prácticas en el ámbito deportivo y en todos los ámbitos.
España sufre un grave problema de fraude, evasión y elusión fiscal que afecta gravemente las arcas públicas, a la capacidad de las administraciones de reactivar la economía y garantizar las prestaciones sociales. La mayor parte del fraude
es realizado por grandes empresas, grandes fortunas y por personas con un alto grado de 'reconocimiento social', generando una sensación de impunidad para los grandes defraudadores que debilita la cultura de responsabilidad fiscal.
[...]
¿Qué actuaciones va a realizar la Agencia Tributaria en los casos que se han dado a conocer recientemente?
¿La Agencia Tributaria va a trasladar la información a la Fiscalía para que investigue la posible comisión de un delito fiscal?
¿Cuál es el criterio de la Agencia Tributaria para trasladar las irregularidades detectadas a la Fiscalía? ¿En qué momento de la investigación se traslada la información a la Fiscalía?
¿Cuántas actuaciones se han abierto a deportistas de élite y cuántas de las mismas han sido llevadas a la Fiscalía? ¿De las investigaciones enviadas a la Fiscalía en cuántas se habían hecho actas con los pagos correspondientes?
¿Con qué acuerdos de colaboración y cooperación en el ámbito europeo e internacional cuenta la Agencia Tributaria para perseguir la evasión fiscal?
¿La Agencia Tributaria, está desarrollando una línea de investigación específica sobre deportistas de élite y clubs deportivos? ¿Así como sobre los intermediarios, bufetes de abogados y asesores fiscales que contribuyen a crear entramados
empresariales para la evasión de impuestos?
¿Considera la Agencia Estatal de Administración Tributaria que en el fútbol español de élite se han generalizado este tipo de prácticas fiscales?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 diciembre de 2016.-Josep Vendrell Gardeñes, Diputado.
184/005129
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(184) Pregunta al Gobierno con respuesta escrita.
Autor: Rallo Lombarte, Artemi (GS).
Facturas irregulares abonadas por el Hospital Provincial de Castellón por presuntos servicios inexistentes.
Acuerdo:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, excepto la tercera pregunta, por versar sobre materia ajena a la competencia
del Gobierno relativa al ámbito competencial de un ente territorial no sometido al control de la Cámara, comunicando este acuerdo al Sr. Diputado autor de la iniciativa.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de diciembre de 2016.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Artemi Rallo Lombarte, Diputado por Castellón, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta las
siguientes preguntas para que le sean contestadas por escrito.
En junio de 2016, la Consellería de Sanidad de la Generalitat Valenciana puso en conocimiento de la Fiscalía la existencia de un ingente número de facturas irregulares abonadas por el Hospital Provincial de Castellón por presuntos servicios
inexistentes, por un montante de 25 millones de euros y correspondientes al periodo de gestión de la Diputación Provincial de la última década. La Fiscalía abrió la correspondiente investigación hoy en curso.
Tanto el Diputado Artemi Rallo como la titular de la Consellería de Sanidad, Carmen Montón, fueron objeto de una denuncia ante la Fiscalía por parte del vicepresidente de la Diputación de Castellón, Vicente Sales, por pedir explicaciones
políticas por la existencia de facturas irregulares en el Hospital Provincial durante los años 2006 y 2015 emitidas, en buena medida, por empresas vinculadas a la trama Gürtel; denuncia que fue debidamente archivada por la Fiscalía.
Esta semana hemos sabido que la Consellería de Sanidad de la Generalitat Valenciana ha ampliado con 8 millones más de euros el volumen de facturas irregulares que ya ascendería a 33 millones de euros.
El Gobierno de España destina anualmente una partida presupuestaria finalista a la Diputación Provincial de Castellón con destino al Hospital Provincial por un montante aproximado de 24 millones de euros (de un Presupuesto total aproximado
del Hospital Provincial de Castellón de 83 millones de euros).
¿Qué controles realiza el Gobierno de España sobre los fondos finalistas anuales que destina al Hospital Provincial de Castellón y que forman parte de los presupuestos del citado consorcio sanitario?
¿Piensa realizar el Gobierno de España alguna actuación dirigida a controlar el desvío irregular de los fondos destinados al Hospital Provincial de Castellón?
[...]
¿Qué valoración le merecen al Gobierno de España estos escabrosos hechos que abundan en el deterioro de la percepción social de las instituciones públicas y que perjudican seriamente la calidad y dignidad de servicios públicos esenciales
como la sanidad?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de diciembre de 2016.-Artemi Rallo Lombarte, Diputado.
184/005295
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(184) Pregunta al Gobierno con respuesta escrita.
Autor: Girauta Vidal, Juan Carlos (GCs).
Previsiones acerca de adoptar alguna medida ante los repetidos ataques a cuarteles de la Guardia Civil para garantizar la seguridad de los agentes y sus familiares.
Acuerdo:
Teniendo en cuenta la corrección de error contenida en su escrito número de registro 11636, admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento y publicar en el Boletín Oficial de las
Cortes Generales, comunicando este acuerdo al autor de la iniciativa.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de diciembre de 2016.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Juan Carlos Girauta Vidal, Diputado del Grupo Parlamentario de Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta para la que se solicita respuesta por
escrito sobre si el Gobierno prevé adoptar alguna medida ante los repetidos ataques a cuarteles de la Guardia Civil para garantizar la seguridad de los agentes y sus familiares.
Exposición de motivos
En la noche del 13 al 14 de diciembre se produjeron ante el cuartel de la Guardia Civil en Manresa (Barcelona) una serie de incidentes de carácter incívico enmarcados en 'comportamientos hostigantes' por parte de un centenar de individuos
contra los residentes en el cuartel, guardias civiles y sus familiares, que llegaron a requerir el cierre de seguridad del edificio y su protección por parte de los Mossos d'Esquadra.
Durante el hostigamiento se han repetido tanto los insultos como el lanzamiento de objetos contra las instalaciones del cuartel, llegándose a proceder en el exterior del edificio a la quema de un retrato del Jefe del Estado, Su Majestad el
Rey Felipe VI.
Tal y como ha denunciado la Asociación Unificada de la Guardia Civil (AUGC) en su comunicado de condena, los actos vandálicos han provocado la consiguiente sensación de amenaza y temor por parte de las familias de los guardias civiles,
menores de edad incluidos.
Cabe recordar que ya en las últimas semanas profesionales de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado han sufrido episodios y ataques violentos como por ejemplo el sucedido en Alsasua.
Teniendo presente lo anterior, se formulan las siguientes preguntas:
1. ¿Ha valorado el Gobierno de España la adopción de medidas concretas para garantizar la seguridad de los cuarteles de la Guardia Civil así como de los profesionales que prestan los servicios de seguridad pública en este Cuerpo tras los
ataques sufridos por los mismos en las últimas semanas?
a. En caso afirmativo, ¿qué medidas concretas baraja el Gobierno de España para garantizar su seguridad y la de sus familiares?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de diciembre de 2016.-Juan Carlos Girauta Vidal, Diputado.
OTROS TEXTOS
DECLARACIONES INSTITUCIONALES
140/000010
El Pleno del Congreso de los Diputados, en su sesión del día de hoy, ha aprobado, por asentimiento, la siguiente declaración institucional sobre La Rábida.
'En la pasada Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, celebrada en Cartagena de Indias los pasados 28 y 19 de octubre, se reconoció 'el esfuerzo realizado por La Rábida durante estos últimos años por mantener los lazos de
cooperación entre los miembros de la comunidad iberoamericana', al mismo tiempo que se insta a seguir en esta línea, 'fundamentalmente en las áreas de cultura, educación y medio ambiente en beneficio de dicha comunidad'.
En 1999, y tras el acuerdo de ambas Cámaras de estas Cortes Generales, La Rábida (en Palos de la Frontera, Huelva) fue designada en la Cumbre de La Habana como Lugar de Encuentro para la celebración de reuniones, conferencias y seminarios
que favorezcan la colaboración y el conocimiento entre los países de nuestra Comunidad.
A día de hoy, instituciones como la Sede Iberoamericana de la Universidad Internacional de Andalucía o acontecimientos como el Festival de Cine Iberoamericano, que trabajan desde hace décadas en el fomento de nuestra cultura y educación,
reflejan el activo papel de La Rábida y de los denominados
Lugares Colombinos (Palos de la Frontera, Moguer, San Juan del Puerto y la propia capital de Hueva) en un compromiso permanente de difusión y cooperación que trasciende el significado histórico de esos lugares reconocidos como Bien de
Interés Cultural por la Junta de Andalucía y cuyo protagonismo tuvo un alcance universal.
Con motivo de la conmemoración en 2017 de aquel Encuentro, y de haber cumplido las Cumbres Iberoamericanas sus XXV años, la Diputación Provincial de Huelva, en colaboración con las administraciones autonómicas y estatal, se dispone a llevar
a cabo una extensa programación de actividades denominada Huelva 525. Encuentro entre Dos Mundos. A ellas se ha sumado ya la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB), así como las representaciones de distintos países iberoamericanos, que
reconocen a La Rábida un valor estratégico en la construcción de nuestra comunidad iberoamericana de naciones.
Por todo lo anterior, el Congreso de los Diputados manifiesta su apoyo a las actividades de Huelva 525. Encuentro entre Dos Mundos, y declara el interés que tendrán la comunidad internacional, y particularmente la iberoamericana, al tiempo
que anima a las distintas instituciones, administraciones y sociedad civil a su participación en las mismas y en el fomento de las relaciones recíprocas, que a través de la interculturalidad, estrechen los lazos entre nuestros pueblos.'
Lo que se publica de conformidad con lo dispuesto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de diciembre de 2016.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.