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BOCG. Congreso de los Diputados, serie D, núm. 65, de 07/12/2016
cve: BOCG-12-D-65
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BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
XII LEGISLATURA
Serie D: GENERAL
7 de diciembre de 2016
Núm. 65
ÍNDICE
Control de la acción del Gobierno
PROPOSICIONES NO DE LEY
Comisión Constitucional
161/000913 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, sobre la revocación de honores y condecoraciones a Francisco Franco y los colaboradores con el régimen dictatorial ...
Comisión de Interior
161/000914 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, sobre la reconversión de la Jefatura Superior de Policía de Barcelona en un centro memorial y documental de la represión franquista en Cataluña
... (Página6)
161/000936 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre Policía Portuaria ... (Página7)
Comisión de Economía y Competitividad
161/000927 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre la separación de las funciones de regulación y defensa de la competencia actualmente atribuidas a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia
(CNMC) en dos nuevas entidades independientes ... (Página9)
161/000928 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre medidas para garantizar una verdadera «segunda oportunidad» a las familias y deudores en situación de insolvencia ...
161/000930 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, para flexibilizar las fechas establecidas para la venta por parte del FROB de sus participaciones en Bankia y Banco Mare Nostrum a fin de maximizar el retorno
para las arcas públicas de las ayudas concedidas a las entidades financieras ... (Página11)
161/000938 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, relativa a impulsar la investigación, el desarrollo y la innovación (I+D+i) ... (Página13)
161/000940 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre la candidatura española al acelerador de partículas IFMIF-DONES (International Fusion Materials Irradiation Facility-DEMO-Oriented Neutron Source) ...
(Página14)
Comisión de Hacienda y Administraciones Públicas
161/000921 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, sobre la derogación de la Ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local ... (Página16)
161/000933 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, sobre buenas prácticas en la contratación pública ... (Página17)
161/000934 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, sobre reducción del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) de los productos y servicios culturales ...
Comisión de Fomento
161/000916 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre los daños ocasionados por el río Bermejo sobre la calle Málaga de Calicasas (Granada) ... (Página19)
161/000922 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa a la mejora de la AP-9 ... (Página20)
161/000924 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, sobre la creación de un tren turístico para la comarca de Antequera (Málaga) ...
161/000935 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, relativa a la ampliación de la línea Cartagena-Los Nietos ... (Página23)
Comisión de Empleo y Seguridad Social
161/000925 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre la implementación en los servicios públicos de empleo de un sistema de perfilado estadístico de las personas demandantes de empleo que contribuya de
manera decisiva a la mejora de su empleabilidad ... (Página23)
Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente
161/000917 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre la conclusión de las obras de la presa de Enciso (La Rioja) ... (Página25)
161/000918 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa a la prohibición de técnicas de prospección de hidrocarburos mediante la técnica de fractura hidráulica («fracking») ...
161/000919 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre el establecimiento del canon para el control de vertidos en el desarrollo de la Ley de Aguas y Costas ... (Página28)
161/000931 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, relativa a la ejecución del proyecto del Passeig Marítim de les Cales de Miami Platja ... (Página30)
161/000932 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa a la puesta en marcha de un Organismo Único con competencias en el registro de productos fito-sanitarios ... (Página30)
161/000939 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre las obras de construcción de un túnel hidráulico que conecte el embalse de Huesna con la estación de tratamiento de agua potable (ETAP) situada en el
municipio de Villanueva del Río y Minas, en la provincia de Sevilla ... (Página32)
161/000947 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre las actuaciones necesarias de la Confederación Hidrográfica del Ebro en la ciudad de Logroño para acondicionar la zona del embarcadero de la margen
izquierda del río Ebro ... (Página33)
Comisión de Sanidad y Servicios Sociales
161/000812 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, sobre la transparencia en el etiquetado de la miel. Pasa a tramitarse en la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente ...
161/000920 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre el aumento de las plazas PlR de acceso a la obtención del título de Psicólogo Especialista en Psicología Clínica ...
161/000923 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa a solicitar una nueva Estrategia Nacional en Diabetes y otras medidas para mejorar la calidad de la atención e integración de estas personas ...
161/000926 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre medidas para mejorar la protección de los consumidores frente a los desahucios y la pobreza energética ... (Página39)
Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo
161/000912 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a impulsar la abolición de la pena de muerte a nivel mundial ... (Página40)
161/000945 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, sobre los derechos humanos en Arabia Saudí ... (Página41)
Comisión de Cultura
161/000915 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, relativa a la conmemoración del 75 aniversario de la muerte del poeta Miguel Hernández ... (Página43)
Comisión de Igualdad
161/000941 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa a la presentación de un Proyecto de Ley Integral contra los Delitos de Odio ... (Página44)
161/000942 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, sobre el acceso a la reproducción asistida de todas las personas con capacidad gestante, independientemente de su
orientación sexual, de su identidad de género, de su estado civil y de su situación familiar ... (Página46)
161/000943 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, relativa a considerar como de violencia de género la violencia que sufren las personas prostituidas ... (Página48)
161/000944 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre la necesidad de aumentar en 2017 el número de juzgados especializados en violencia de género en Galicia ... (Página49)
161/000946 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, sobre la constitucionalidad de la Ley del Parlamento de Cataluña 17/2015, de 21 de julio, de igualdad efectiva entre mujeres y hombres ...
PREGUNTAS PARA RESPUESTA ORAL
Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente
181/000036 Pregunta formulada por la Diputada doña Rosana Pastor Muñoz (GCUP-EC-EM), sobre previsiones acerca de cumplir el objetivo de la Política Pesquera Común, acabar con la precarización que afecta a la flota de artes menores y a
garantizar el acceso a una cuota de pesca dirigida para la pesca artesanal y bajo impacto, que contemple el criterio un hombre un anzuelo, fuera del fondo de maniobra, así como fundamento del actual reparto, que deja fuera de cuota de pesca dirigida
del atún rojo a nuestra flota artesanal y de bajo impacto, para favorecer fundamentalmente a dos grandes empresas industriales ... (Página53)
Comisión de Cultura
181/000030 Pregunta formulada por la Diputada doña Rosana Pastor Muñoz (GCUP-EC-EM), sobre motivos por los que no se ha habilitado una solución a partidas consignadas en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2016 y comprometidas
con el sector a través del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales (ICAA), bloqueadas desde junio por el cierre anticipado del ejercicio contable ... (Página54)
181/000031 Pregunta formulada por la Diputada doña Rosana Pastor Muñoz (GCUP-EC-EM), sobre solución prevista para restablecer la actividad de las empresas productoras, creadoras y creadores, antes de que finalice el actual ejercicio ...
181/000032 Pregunta formulada por la Diputada doña Rosana Pastor Muñoz (GCUP-EC-EM), sobre razón por la que el Consejo de Ministros celebrado el día 19/11/2016 decide dejar fuera de sus medidas para recuperar la producción cinematográfica al
sector del cortometraje ... (Página54)
181/000033 Pregunta formulada por el Diputado don Eduardo Javier Maura Zorita (GCUP-EC-EM), sobre explicación de la situación de la Filmoteca Española, así como propuestas para resolverla en los diferentes niveles que le afectan como la
precariedad laboral, de recursos materiales, de estado del patrimonio fílmico y documental y de proyecto institucional ... (Página55)
181/000034 Pregunta formulada por el Diputado don Eduardo Javier Maura Zorita (GCUP-EC-EM), sobre valoración de los resultados de la aplicación en Cataluña en virtud de la Ley 15/2014, de 4 de diciembre, de una tasa a operadoras como parte
del programa de fomento del audiovisual y planteamiento de alguna medida similar de ámbito estatal ... (Página55)
181/000035 Pregunta formulada por el Diputado don Eduardo Javier Maura Zorita (GCUP-EC-EM), sobre plan del Gobierno para reconocer a las personas profesionales de los servicios educativos de nuestros espacios culturales y para luchar contra
la precariedad específica del sector, tal como se ha manifestado en las huelgas de trabajadoras y trabajadores en instituciones de referencia como el Museo Guggenheim y Bellas Artes de Bilbao ... (Página55)
CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO
PROPOSICIONES NO DE LEY
La Mesa de la Cámara en su reunión del día de hoy ha acordado admitir a trámite, conforme al artículo 194 del Reglamento, las siguientes Proposiciones no de Ley y considerando que solicitan el debate de las iniciativas en Comisión, disponer
su conocimiento por las Comisiones que se indican, dando traslado al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de noviembre de 2016.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
Comisión Constitucional
161/000913
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, a instancia del Diputado Gabriel Rufián Romero, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la
revocación de honores y condecoraciones a Francisco Franco y los colaboradores con el régimen dictatorial, para su debate en la Comisión Constitucional.
Exposición de motivos
El Estado español sigue reconociendo condecoraciones y honores al dictador Francisco Franco y a su familia, así como a destacados falangistas y militares golpistas. Entre estos personajes se encuentran nombres como Emilio Mola, José
Moscardó, Gonzalo Queipo de Llano, Juan Yagüe, José Antonio Primo de Rivera, Onésimo Redondo, Luis Carrero Blanco o Carmen Polo.
Desde 1948, en que Franco por Decreto se arrogó la potestad de otorgar títulos nobiliarios, y hasta la aprobación de la Constitución española se distingue a toda una serie de personas, que tienen, mayoritariamente, como méritos para ello su
participación en el golpe de Estado que derrocó el régimen democrático de los años 30 y/o su colaboración con la dictadura que se erigió después de este.
El actual Estado democrático, que mediante ley declaró -aunque muy limitadamente- la injusticia e ilegitimidad de la represión y el derecho de quienes la padecieron a la reparación, no puede a su vez mantener condecoraciones y honores a los
golpistas y represores.
Por todo ello se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno español a:
1. Revocar todos aquellos honores y condecoraciones reconocidos por el Estado español a Francisco Franco Bahamonde.
2. Revocar todos aquellos honores y condecoraciones previos a la aprobación de la Constitución Española que fueron otorgados por los méritos obtenidos en el golpe de Estado, la Guerra civil española o por la vinculación y colaboración con
el régimen dictatorial.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de noviembre de 2016.-Gabriel Rufián Romero, Portavoz del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana.
Comisión de Interior
161/000914
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Esquerra Republicana, a instancia del Diputado Joan Tardà i Coma, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre reconversión
de la Jefatura Superior de Policía de Barcelona en un centro memorial y documental de la represión franquista en Catalunya, para su debate en la Comisión de Interior.
Exposición de motivos
La Sexta Brigada, conocida como Brigada de Información Social (BIS) o Brigada Político-Social (BPS), fue creada por el régimen franquista corno organismo policial encargado de la represión de los que defendían las ideas democráticas.
Diversos grupos especializados actuaban contra el ejercicio de las libertades políticas y nacionales; contra los derechos civiles de expresión, asociación y manifestación.
El franquismo llevó a cabo la represión política a través de la Brigada Político Social -con sede en la Jefatura Superior de Policía de Barcelona- desde pocos días después de la ocupación de las tropas golpistas de Barcelona el 26 de enero
de 1939 y hasta la llegada de la actual democracia y las libertades. La tortura como método habitual fue practicada durante treinta y ocho años a centenares de personas por agentes del régimen. Entre muchos otros hay que destacar la represión que
ejercieron personajes como Eduardo Quintela, Pedro Polo o los hermanos Antonio Juan y Vicente Creix.
Las formas más crueles de lesión del habeas corpus formaban parte de su método de trabajo. Testimonios angustiosos como los de Jordi Carbonell, Tomasa Cuevas, Gregorio López Raimundo, Miguel Núñez, Ángel Rozas o Jordi Pujol, por citar
nombres conocidos y de los cuales queda constancia bibliográfica, sólo son una muestra de estos siniestros episodios.
La Brigada Social envió a la prisión y al patíbulo ciudadanos y ciudadanas inocentes en puridad jurídica. Las pruebas que condujeron a las últimas ejecuciones franquistas en Catalunya, fueron fabricadas en las dependencias de la Jefatura.
El 2 de marzo de 1974, Salvador Puig Antich. El 27 de septiembre de 1975, Juan Paredes, «Txiki». Los agentes que tomaron parte en la primera operación fueron propuestos para una condecoración.
Pero el alcance de la acción de la Brigada Social fue transversal a la sociedad. El mundo del trabajo, de la universidad, del movimiento vecinal, fueron especialmente castigados, al igual que militantes de partidos de todas les tendencias,
organizaciones sindicales y estudiantiles, organismos culturales y artísticos, movimientos de base de la Iglesia, entidades deportivas, universo asociativo La detención de 113 miembros de la Assemblea de Catalunya, el 28 de octubre de 1973, muestra
la medida desproporcionada de esta actividad indiscriminada.
Por todo ello la sede de la Jefatura Superior de Policía de Barcelona es uno de los mayores símbolos de la represión física de las libertades y los luchadores por la libertad. Hasta el punto que estos han llegado a asociar el nombre de la
calle con la represión más cruel.
Así, en un momento histórico como el presente donde se intenta rescatar la memoria histórica de la oscuridad y silencio que impuso el franquismo y una transición no rupturista, es obligado recuperar la memoria del horror, de los horrores,
que tuvieron lugar en la sede de la Brigada Político Social de Barcelona, en la Vía Laietana.
Por su valor histórico y simbólico que va más allá de cualquier funcionalidad actual -susceptible de ser desarrollada en otro sitio-, la sede de la Jefatura Superior de Policía de Barcelona es un lugar idóneo para su reconversión en un
centro memorial, de documentación y archivo de la represión franquista en Catalunya, en el cual se puedan visitar los calabozos y despachos donde era practicada la tortura y se puedan ver reproducidos los nombres de las miles de personas detenidas y
los policías que practicaron aquella represión, con indicación de testimonios filmados de personas que fueron maltratadas (torturadas) en aquel recinto. En definitiva, sería museizar el espacio como un memorial a los perseguidos por el franquismo
en su lucha por las libertades, reuniendo en él los archivos de la represión con miles de fichas e informes policiales.
Esta reconversión estaría encaminada a dar cumplimiento a la obligación ética de recuperar la memoria histórica de la lucha por la democracia y las libertades como gesto de rehabilitación de las víctimas y como
lección cívica para las nuevas generaciones. Es más, por su ubicación en una de las calles más céntricas de Barcelona, el museo servirá para difundir a los visitantes de la ciudad un período histórico de la ciudad que marcó su existencia y
la del país durante su Historia más reciente.
La reconversión de estos centros es una medida de gran valor pedagógico, paralela a la que se realiza en otros países europeos que también padecieron regímenes de corte fascista. De hecho, en la propia Barcelona existe el precedente de la
reconversión del Castell de Montjuïc: asociado con la represión a la población barcelonesa primero y museo militar después, el Gobierno español aprobó la cesión al Ajuntament de Barcelona para albergar el Centro por la Paz con la finalidad de
difundir la cultura de los derechos humanos y del diálogo en la resolución de los conflictos.
Asimismo, el Estatut de Catalunya determina en su artículo 54 que la Generalitat y los demás poderes públicos deben velar por el conocimiento y mantenimiento de la memoria histórica de Catalunya, como patrimonio colectivo que rinda
testimonio de la resistencia y la lucha por los derechos y las libertades democráticas. En este sentido, han sido muchas las iniciativas emprendidas por la Generalitat de Catalunya en pos de la recuperación de la Memoria Histórica gracias a la
creación del Memorial Democràtic. Una Institución pública que tiene por misión recuperación, conmemoración y fomento de la memoria democrática en Catalunya (1931-1980), en concreto la Segunda República, la Generalitat republicana, la Guerra Civil y
las víctimas por motivos ideológicos, de conciencia, religiosos o sociales, así como la represión a personas y colectivos por parte de la dictadura franquista -incluyendo la lengua y la cultura catalanas-, el exilio y la deportación.
Por todo ello se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno español a:
1. Reconvertir la sede de la Jefatura Superior de Policía de Barcelona, situada en la Via Laietana 43 de Barcelona, en un museo-centro memorial, documental y archivístico de la represión franquista en Catalunya, con una exposición
permanente de la represión, causas, protagonistas y consecuencias durante toda la dictadura de Franco, así como de la lucha por las libertades democráticas. Dicho centro deberá reproducir el funcionamiento de la mencionada Jefatura durante aquellos
años en los cuales la tortura y la represión en sus dependencias constituían su principal actividad.
2. Traspasar, en un plazo no superior a seis meses, a la Generalitat de Catalunya la parte del archivo histórico de la Jefatura, correspondiente a la VI Brigada Regional de Información Social, que todavía permanezca en Catalunya, ya sea en
las dependencias del mencionado organismo o en otras, como las de la Subdelegación del Gobierno estatal (antiguo Gobierno Civil).
3. Ceder, en un plazo no superior a seis meses, a la Generalitat de Catalunya, en el soporte que se estime conveniente por parte de expertos museísticos, copia de la documentación incoada en la Jefatura de 1939 a 1977 por dicha Brigada y
que esté en otras dependencias, como el Archivo Histórico de la Policía o el Archivo Histórico Nacional. Esta documentación constará de fichas, atestados, declaraciones, órdenes, reglamento interno, correspondencia y material que se considere de
interés memorialístico.
4. Transferir a la Generalitat de Catalunya la gestión del museo-centro memorial, documental y archivístico de la Jefatura Superior de Policía de Barcelona de Via Laietana.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de noviembre de 2016.-Joan Tardà i Coma, Portavoz del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana.
161/000936
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley sobre
Policía Portuaria, para su debate en la Comisión de Interior.
Exposición de motivos
Entre las importantes funciones que actualmente viene ejerciendo la Policía Portuaria se encuentran: la vigilancia, control y protección de las instalaciones portuarias; el mantenimiento de la seguridad en las zonas portuarias; la
vigilancia y control del tráfico y la aplicación de la normativa de seguridad vial en las zonas de dominio público, denunciando las infracciones; funciones en materia de protección civil y como agentes actuantes en los Planes de protección. Para
el ejercicio de sus funciones según establece el artículo 317.2 del Real Decreto Legislativo 2/2011, de 5 de septiembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante, la Policía Portuaria podrá
acceder, entre otros, a las instalaciones otorgadas en concesión o autorización demanial. Estas funciones se realizan en un ámbito competencial de inseguridad jurídica manifiesta, sujeta a interpretaciones y jurisprudencia de distinta índole,
siendo necesaria la reordenación de un marco normativo claro que ofrezca cobertura legal a esta realidad funcional tan importante para la seguridad de los puertos de titularidad estatal.
Es necesario recordar que el actual Reglamento de Servicios, Policía y Régimen de los Puertos de Interés General del Estado de diciembre de 1975, en vigor, no solo es preconstítucional, sino que es el desarrollo de Leyes actualmente
derogadas y torpemente sirve a las funciones para las que fue establecido.
El vigente artículo 296 del citado Decreto Legislativo establece, en relación al servicio de Policía Portuaria, que las funciones de Policía especial, enunciadas en el artículo 4.1 de la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, sobre
Protección de la Seguridad Ciudadana, atribuidas a la Autoridad Portuaria, se ejercerán, en la forma que se determine reglamentariamente, por el personal de la Autoridad Portuaria, debidamente cualificado y adscrito al Servicio de Policía, a cuyo
efecto tendrá la consideración de agente de la autoridad de la Administración portuaria en el ejercicio de las potestades públicas recogidas en la Ley, sin perjuicio de la obligación de colaborar siempre que sea preciso con las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad.
La falta de una regulación expresa que deje claro lo recogido en el artículo 7.4 de la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de Protección de la Seguridad Ciudadana, respecto a ámbitos concretos de la seguridad pública, como la seguridad
marítima, genera una gran inseguridad en el sector que palpablemente siente el aliento de la seguridad privada, que ven exclusivamente en la seguridad portuaria una nueva posibilidad de negocio y que tanto aliento ha recibido del Gobierno actual y
la mayoría que lo sostiene, cuya plasmación es la nueva Ley 5/2014, de 4 de abril, de Seguridad Privada.
La importancia de las funciones atribuidas, la eficacia y profesionalidad demostrada en el ejercicio de las citadas funciones y el importante número de trabajadores (más de 2.000) sobre los que en este momento se cierne una gran
incertidumbre sobre su futuro profesional, exigen que el Gobierno evite la inseguridad jurídica y despeje las dudas que en este momento se ciernen sobre un cuerpo de profesionales que lleva prestando sus servicios en los puertos españoles desde hace
más de trescientos años.
Por todo ello el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Regular el estatuto jurídico y funcional de la Policía Portuaria en los puertos de titularidad estatal, reforzando, sistematizando y reglando normativamente las competencias atribuidas al Cuerpo de Policía Portuaria en materia de
seguridad portuaria.
2. Garantizar el mantenimiento de su carácter público y su figura como agentes de la autoridad en el ejercicio de sus funciones.
3. Que la prestación de los servicios de Policía, seguridad y vigilancia en dichos Puertos, encomendados a las Autoridades Portuarias, se realice a través de sus trabajadores adscritos al Servicio de Policía Portuaria.
4. Acordar todas estas medidas, de manera negociada, con los sindicatos representativos del colectivo.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de noviembre de 2016.-Antonio Ramón María Trevín Lombán y Zaida Cantera de Castro, Diputados.-Miguel Ángel Heredia Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
Comisión de Economía y Competitividad
161/000927
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la separación de las funciones de regulación y defensa de la
competencia actualmente atribuidas a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) en dos nuevas entidades independientes, para su debate en la Comisión de Economía y Competitividad.
Exposición de motivos
La libre empresa y la iniciativa privada son los pilares de la riqueza de las naciones y del bienestar de los ciudadanos. Sin embargo, hay que evitar que una economía de mercado degenere en el llamado «capitalismo de amiguetes» en el que,
en lugar de mediante ventajas competitivas o un mejor servicio a los consumidores, el poder de mercado provenga bien de pactos colusorios entre empresarios, bien de su relación con el poder político y con los gobernantes que contratan sus servicios
o regulan su actividad. El capitalismo de amiguetes, en definitiva, supone trucar las reglas del sistema (con la complicidad de los políticos) para favorecer a determinadas empresas en perjuicio del interés colectivo.
Así, por ejemplo, en su artículo «Growing Like Spain: 1995-2007», los investigadores Manuel García-Santana, Enrique Moral-Benito, Josep Pijoan-Mas y Roberto Ramos documentan que, durante los años de expansión las empresas de menor
productividad atrajeron más capital y trabajo que las empresas de mayor productividad, de modo que las primeras lograron aumentar su tamaño relativo a las segundas. Uno de estos autores, además, cifró en un 2,3 % del Producto Interior Bruto la
riqueza acumulada en sectores de extracción de rentas, en oposición a aquellos sectores de generación económica. Las cifras son alarmantes si las comparamos con nuestros vecinos europeos como Francia (1,0 %), Alemania (0,9 %), Italia (0,7 %) u
Holanda (0,2 %) o con Canadá (1,1 %).
El problema del «capitalismo de amiguetes» o capitalismo clientelar solo se puede resolver aceptando que el mercado, adecuadamente regulado, puede mantenerse competitivo, y, en consecuencia, es capaz de asignar los recursos sociales de una
manera relativamente eficiente en beneficio de la sociedad en su conjunto. Para que el mercado funcione, es necesario dejar el máximo espacio posible a la iniciativa privada, pero dentro de unas reglas de juego claramente impuestas e imparcialmente
ejecutadas. Y para ello, es absolutamente imprescindible un organismo auténticamente capaz de velar por la competencia efectiva en los mercados y de evitar el abuso de las posiciones dominantes. Para que esta regulación funcione la vigilancia debe
ser atribuida a organismos públicos reguladores o autoridades administrativas verdaderamente independientes del Gobierno y de las autoridades políticas.
La reforma emprendida en 2013 supuso una modificación completa de todo el marco regulatorio y de la competencia. Se fusionaron seis organismos (Comisión Nacional de la Competencia, Comisión Nacional de Energía, Comisión del Mercado de las
Telecomunicaciones, Comisión Nacional del Sector Postal, Consejo Estatal de Medios Audiovisuales y Comité de Regulación Ferroviaria y Aeroportuaria) en uno solo, la actual Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). Pero dicha
reforma fue realizada sin consenso, y acaparó críticas tanto de expertos como de organismos internacionales, incluida la Comisión Europea.
La concentración de varios reguladores en un solo organismo, aunque en ocasiones puede estar justificada para dificultar que sean «susceptibles de captura», no tiene sentido cuando se hace en tantos ámbitos y tan dispares, entre los que no
existe ninguna sinergia, como entre competencia y telecomunicaciones. Además, la nueva CNMC también recibió críticas en lo referente a la garantía de independencia y autonomía que estos organismos deben tener. Su creación desaprovechó la ocasión
para crear un mecanismo de nombramiento que asegure la capacidad e independencia, con publicidad, abierto a expertos internacionales y realizados por una comisión independiente.
En definitiva, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) no han cumplido su función. Por tanto, debe volverse a empezar en el diseño de este organismo clave.
Es por ello que, en el marco del acuerdo de investidura entre el Partido Popular y Ciudadanos, se llegó a un acuerdo para su reforma. En su virtud, se acordó separar la Comisión Nacional de los Mercados y la
Competencia (CNMC) en dos nuevas entidades independientes, que supervisen respectivamente la Regulación de los Mercados y la Defensa de la competencia.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta la siguiente
Proposición no de Ley
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a adoptar las medidas necesarias para proceder a la separación de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) en dos nuevas entidades independientes, siguiendo el modelo
vigente en la mayoría de países de nuestro entorno:
- Una Autoridad Independiente de Regulación de los Mercados (AIReM) que asumirá las funciones de supervisión y control de todos los sectores económicos (en especial, los mercados de gas y electricidad, comunicaciones electrónicas y
audiovisuales, transporte ferroviario y aeroportuario, y servicios postales, a los que se sumará el juego) y de resolución de conflictos entre operadores económicos.
La AIReM asumirá además todas las competencias de supervisión y regulación en diversos sectores económicos que fueron asumidas directamente por diferentes Ministerios y Direcciones Generales con motivo de la creación de la CNMC.
- Una Autoridad Independiente de Defensa de la Competencia (AIDeCo) que asumirá las funciones de promoción de la competencia, de aplicación de la normativa española y europea de defensa de la competencia y de garantía de la unidad de
mercado.
La AIDeCo asumirá además las funciones de protección y defensa de los consumidores y usuarios, siguiendo el modelo imperante en la Unión Europea, sin perjuicio de las competencias que corresponden a las Comunidades Autónomas.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de noviembre de 2016.-Antonio Roldán Monés, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
161/000928
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre medidas para garantizar una verdadera «segunda oportunidad» a las
familias y deudores en situación de insolvencia, para su debate en la Comisión de Economía y Competitividad.
Exposición de motivos
A fecha de 2016, todavía no se ha recuperado el nivel de empresarios personas físicas que había en nuestro país al inicio de la crisis. Desde el año 2008, se han destruido en España más de 175.000 empresas de este tipo, la mayor parte (el
93 %) sin asalariados o con menos de cinco trabajadores.
La experiencia internacional nos muestra que un régimen de insolvencia bien diseñado es imprescindible para ayudar a salvar a aquellas empresas que aún son viables y para hacer salir del mercado rápidamente a las que no lo son. Una buena
ley de insolvencia debe repartir el riesgo entre los agentes que operan en el mercado de una forma previsible, equitativa y transparente. Esto no solo contribuye a fortalecer el sistema crediticio, sino que además ayuda a impulsar el crecimiento
económico, en beneficio de todos.
El que un régimen de insolvencia sea o no efectivo y esté bien diseñado depende en gran medida de la existencia de un marco institucional adecuado. Por ello, no debería sorprendernos de que una de las reformas a cuya adopción nos impulsan
enérgica e insistentemente organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional (FMI) sea la del régimen legal de la insolvencia personal, especialmente en el caso de consumidores vulnerables, autónomos, profesionales y empresarios
individuales. Estos regímenes de insolvencia personal tienen como objetivo ayudar a rehabilitar a los deudores individuales pasado un tiempo razonable y tras el cumplimiento de ciertos requisitos, permitiéndoles volver en condiciones adecuadas a la
actividad económica, y todos los sistemas jurídicos de los países desarrollados prevén ciertos mecanismos de liberación de deuda. Sin embargo, España ha llegado muy tarde al desarrollo de estos mecanismos, que además requieren de avances
sustanciales.
A este respecto, con la aprobación de la Ley 25/2015, de 28 de julio, de mecanismo de segunda oportunidad, reducción de la carga financiera y otras medidas de orden social, se introdujo en nuestro ordenamiento jurídico la figura del concurso
de acreedores para deudores personas físicas, que una vez concluido por liquidación o insuficiencia de la masa activa, podía derivar en la concesión al deudor del beneficio de la exoneración del pasivo insatisfecho, siempre que el deudor cumpliese
una serie de requisitos.
No obstante este avance, los resultados de este mecanismo de «segunda oportunidad» se han demostrado muy limitados, debido fundamentalmente al carácter restrictivo de los requisitos para el acceso al beneficio de la exoneración del pasivo
insatisfecho; la exclusión de los créditos privilegiados de dicho beneficio, incluidos todos los créditos de Derecho Público; o la previsión de que dicho beneficio pueda ser revocado en cualquier momento tras su concesión en determinados
supuestos, contraviniendo todas las recomendaciones y experiencias internacionales; por citar solo algunos. Todas estas limitaciones han propiciado que este mecanismo de «segunda oportunidad», que debía haber sido un instrumento crucial para
promover la recuperación de las familias y deudores que se han visto envueltos en una situación de insolvencia sobrevenida como consecuencia de la crisis económica, apenas haya sido utilizado por quienes más lo necesitan.
Desde el Grupo Parlamentario Ciudadanos consideramos necesario avanzar en las medidas que puedan garantizar una verdadera «segunda oportunidad» que promueva la recuperación de todas las familias y deudores personas naturales en situación de
insolvencia sobrevenida y que facilite a nuestros emprendedores y autónomos su viabilidad financiera después de un proyecto empresarial fallido, y por ese motivo, se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a presentar, en un plazo máximo de seis meses, una propuesta de reforma de la Ley Concursal con la finalidad de reforzar el mecanismo de «segunda oportunidad» para todas las familias y deudores
personas naturales en situación de insolvencia, en la cual se aborden, entre otros, los siguientes aspectos:
1. Permitir que las deudas con Hacienda y con la Seguridad Social puedan negociarse en el acuerdo extrajudicial de pagos y ser exoneradas del pasivo insatisfecho del deudor, con la máxima seguridad jurídica y siguiendo criterios técnicos.
2. Equiparar los porcentajes de voto necesarios para aprobar un acuerdo extrajudicial de pagos de las personas naturales a los requeridos para la formalización del convenio en los concursos de acreedores.
3. Revisar los requisitos para acceder a la exoneración del pasivo insatisfecho, para facilitar una tramitación más eficiente del procedimiento.
4. Eliminar el periodo de cinco años durante el cual las deudas exoneradas pueden volver a ser reclamadas por los acreedores, con las salvaguardas necesarias para que solo puedan beneficiarse de este mecanismo los deudores que hayan actuado
con buena fe.
5. Flexibilizar, con las salvaguardias adecuadas, los requisitos para que los deudores más vulnerables puedan cancelar sus deudas mediante la dación en pago de su vivienda habitual, manteniendo el derecho a permanecer en su vivienda durante
tres años con un alquiler que no superará el 30 % de los ingresos de la unidad familiar del deudor.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de noviembre de 2016.-Antonio Roldán Monés, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
161/000930
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley para flexibilizar las fechas establecidas para la venta por parte
del FROB de sus participaciones en Bankia y Banco Mare Nostrum a
fin de maximizar el retorno para las arcas públicas de las ayudas concedidas a las entidades financieras, para su debate en la Comisión de Economía y Competitividad.
Exposición de motivos
La crisis financiera, que se inició en agosto de 2007, explotó una burbuja generada por años de liquidez extraordinaria dejando al descubierto un «exceso de capacidad» del sistema financiero y, de sectores aledaños, como el de la
construcción en el caso español.
Esto dio origen a la siguiente paradoja. Entramos en la crisis con la voluntad de resolver el problema de los bancos demasiado grandes para dejar caer (too big to fail) y salimos de ella con bancos todavía más concentrados y grandes.
La crisis ha provocado una fuerte concentración del mapa bancario español, de forma que hemos pasado de tener 60 entidades, entre bancos y cajas, a tan solo 15 entidades financieras en nuestro país. Aun así, el sector asume que el proceso
podría seguir hasta que queden entorno a diez grandes grupos.
El ajuste de nuestro sistema bancario ha supuesto una importante reducción del número de oficinas y empleos. En seis años, la banca española ha recortado un 30 % el número de sucursales, pasando de 100 oficinas por cada 100.000 habitantes
mayores de edad a 70 y 14.000 puestos de trabajo, casi un 20 % de recorte en su plantilla desde el año 2009.
Contener los efectos de la crisis bancaria ha requerido fuertes ayudas públicas. Según el Presidente del FROB en su comparecencia en el Congreso de los Diputados de 19 de octubre el total de recursos empleados en la reestructuración
bancaria es de 78.603 millones de euros. Los recursos públicos empleados por el FROB para la reestructuración del sistema bancario español ascienden a 58.996 millones de euros. Además el Fondo de Garantía de Depósitos ha aportado 19.607 millones
de euros, financiados en este caso por las propias entidades de crédito.
Adicionalmente, a lo largo de estos años y mediante distintos conceptos, se ha apoyado la liquidez de las entidades mediante avales del Estado y líneas de liquidez extraordinarias por valor de 177.976 millones de euros (de las cuales,
prácticamente todo ya se ha recuperado con sus intereses y lo que queda vivo fundamentalmente es el aval concedido por el Estado a los bonos SAREB por 50.781 millones de euros, de los que ya se han amortizado 7.305).
La estabilización de las entidades financieras de crédito en España ha entrado en una nueva fase. Atenuados los riesgos sistémicos más alarmantes que nos amenazaban, las entidades financieras están procediendo a la devolución de las ayudas
estatales. En esta nueva etapa se determinará el coste definitivo del rescate bancario.
El Presidente del Gobierno, don Mariano Rajoy, siempre han negado la existencia de un «rescate bancario», como tal, alegando que las ayudas europeas recibidas eran «un crédito a la banca que lo va a pagar la propia banca». Sin embargo,
diversas voces aseguran que el Gobierno da por perdido gran parte del capital inyectado por el Estado en las entidades financieras.
Actualmente, el Estado posee a través del FROB alrededor del 65 % del capital de Bankia y de BMN. Según establece la normativa española, la salida del capital de Bankia debe producirse antes de que termine 2017; mientras que en el caso de
BMN es imperativo europeo que la privatización se produzca antes del primer trimestre de 2018.
El coste final de las ayudas bancarias para los ciudadanos dependerá de cuánto se obtenga en la venta de estas entidades nacionalizadas, especialmente en la venta de Bankia. Según la Ley 9/2012, de 14 de noviembre, de Reestructuración y
Resolución de Entidades de Crédito (artículo 31, punto 4), el Estado tenía cinco años a partir de entonces para salir del capital de cualquier empresa que haya recibido ayudas públicas, con lo que le quedaba al FROB 13 meses para privatizar
BFA-Bankia. El FROB tiene 22.429 millones de euros en el capital de Bankia y 1.645 millones de euros en el de Banco Mare Nostrum.
Parece contraproducente a los intereses de un vendedor ponerse un plazo límite para cerrar una venta ya que esto podrá ser explotado por los compradores potenciales para rebajar su oferta. En este sentido, el ex-comisario de Economía y
Competencia de la UE, Joaquín Almunia, instó al Gobierno a no «poner por delante» la ideología en el tema de Bankia y a centrarse en recuperar «el máximo dinero», aclarando que los plazos en la venta de la entidad nacionalizada están fijado por la
legislación española y no condicionados por la Comisión Europea.
Por otro lado, entendemos que la existencia de un plazo para la liquidación de estas participaciones cumple la función de reiterar el compromiso del Gobierno con el mercado único y abierto a la competencia. Las interferencias políticas en
el funcionamiento de las Cajas de Ahorro deberían ser una lección para
terminar con cualquier tentación de convertir Bankia en el embrión de un gran banco público. Esa es una mala idea, ya que un banco que siga directrices políticas y no criterios financieros está abocado a crear nuevos agujeros.
También debemos tener en cuenta los compromisos y recomendaciones asumidos con las instituciones europeas. El pasado 24 de octubre de 2016 en la Declaración de los expertos de la Comisión Europea y el Banco Central Europeo tras la
conclusión de la sexta visita de supervisión a España tras la finalización del programa, recordaba que: «La implementación de los planes de reestructuración de las entidades de crédito españolas que han recibido ayudas públicas casi ha finalizado.
Sin embargo, desde 2014 no se han realizado avances en la reprivatización de las dos entidades de titularidad estatal restantes. Es importante completar la reestructuración y la privatización de estas entidades públicas para reforzar la estabilidad
del sector bancario.»
Por ello, parece aconsejable que el Gobierno, con un amplio consenso parlamentario, negocie y con las autoridades comunitarias avanzar en la privatización de Bankia y BMN, sin prisas innecesarias, y con la prioridad clara de minimizar la
factura del rescate bancario a los ciudadanos españoles y, lo que precisa esperar al mejor momento del mercado.
Teniendo presente todo lo anterior, el Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta la siguiente
Proposición no de Ley
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Negociar con la Comisión Europea un plan para minimizar del coste para el tesoro público de las ayudas otorgadas a las entidades financieras, en el que en particular se contemple una ampliación de plazo para la vender la participación
del Estado en Banco Mare Nostrum.
2. Adoptar las reformas legislativas que procedan, en su caso previa negociación con la Comisión Europea, para ampliar en al menos 5 años el límite legal establecido para liquidar la participación del Estado en entidades financieras, en
particular en BFA-Bankia.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de noviembre de 2016.-Antonio Roldán Monés, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
161/000938
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea presenta la siguiente Proposición no de Ley para impulsar la investigación, el desarrollo y la innovación
(I+D+i), para su debate en la Comisión de Economía y Competitividad.
Es posible que nos encontremos inmersos en el periodo más negro para la ciencia española desde el inicio de la democracia. El enorme esfuerzo realizado por el personal científico y las instituciones para situar al Estado español al nivel
investigador que le corresponde por su nivel socio-económico y cultural, ha sido revertido por un conjunto de contrarreformas basadas en la premisa de que la ciencia es un lujo que no nos podemos permitir en tiempos de crisis.
En la década anterior a la crisis el Estado español había aproximado lentamente su inversión en investigación y desarrollo (I+D) a la media europea. Desde entonces, se abandonó esa trayectoria pasando del 1,39 % del PIB alcanzado en 2010 al
1,23 % en 2014, frente al 2,03 % de media de la UE-28.
Entre 2010 y 2016, el Estado español redujo su inversión en I+D en 2.845 millones de euros (casi 900 millones en transferencias directas) y se perdieron más de 10.000 investigadores. El ingente esfuerzo para formar a este capital humano se
ha dilapidado o simplemente regalado a nuestros países vecinos, que sí garantizan la continuidad de sus instituciones y sistemas. Aquí, por el contrario, parecemos incapaces de retener a una generación que había alcanzado niveles internacionales en
su formación y experiencia profesional.
Estos recortes se llevaron a cabo a pesar de la elevada eficiencia de nuestro sistema de I+D. Los bajos salarios, la elevada precariedad laboral, la escasez de la financiación o el escaso interés empresarial privado, no impidieron a nuestra
producción científica y tecnológica alcanzar niveles de eficiencia (productividad/euro) iguales o superiores a los de los países del G-8.
Los recortes han supuesto una grave descapitalización humana, logística y de infraestructuras en nuestro sistema de I+D. Se han cerrado definitivamente laboratorios e infraestructuras científicas que habían costado millones de euros y que
volverá a costar millones recuperar, si algún día vuelven a estar disponibles.
Nuestra I+D está herida de gravedad, y si no se cambia radicalmente el rumbo nuestros investigadores seguirán abandonando el país y la investigación estará condenada a la irrelevancia.
Esta situación se concretó en las movilizaciones del colectivo Carta por la Ciencia en 2013 y en el acuerdo parlamentario que suscribieron la mayoría de grupos parlamentarios de la Cámara, recogiendo el sentir ampliamente mayoritario de la
comunidad científica.
Hoy, de nuevo, es fundamental lograr un compromiso de apuesta por la investigación, el desarrollo y la innovación. La media europea de gasto en I+D supera ya el 2 % del PIB y continúa su línea ascendente con el objetivo de alcanzar el 3 %
en 2020. El Gobierno español renunció formalmente a ese objetivo y esto nos coloca en una situación de desventaja para diseñar y construir un modelo económico basado en el conocimiento. Esta es la única opción posible para Europa y el Estado
español, pues como todos los indicadores señalan, hay una correlación directa entre el crecimiento económico en sectores intensivos en tecnología y el gasto interno en I+D.
Como ya se expresaba en el acuerdo parlamentario antes citado, es absolutamente urgente revertir este panorama y situar la investigación, el desarrollo y la innovación como una prioridad política y social para todo el país.
Por todo lo expuesto, se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Establecer una planificación plurianual que permita la recuperación, en esta legislatura, de los niveles de financiación pública de 2009 en I+D+i civil en los capítulos presupuestarios 1 a 7, garantizando una financiación sostenida que
avance en el objetivo de alcanzar un porcentaje de los ingresos del Estado similar a la media europea.
2. Eliminar totalmente los límites a la tasa de reposición de empleo público en el sector de I+D, permitiendo la incorporación de nuevos recursos humanos de acuerdo con las necesidades reales del sistema de I+D+i y a su convergencia con
Europa en el número de personal de investigación por habitante.
3. Establecer un compromiso plurianual que garantice la normalización y el cumplimiento de todas las actuaciones previstas en los correspondientes Planes Estatales de Investigación tanto en lo relativo a los plazos de sus convocatorias como
de resolución de las mismas.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de noviembre de 2016.-Alberto Garzón Espinosa, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.
161/000940
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Juan Carlos Girauta Vidal, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la
candidatura española al acelerador de partículas IFMIF-DONES (International Fusion Materials Irradiation Facility - DEMO-Oriented Neutron Source), para su debate en la Comisión de Economía y Competitividad.
Exposición de motivos
Impulsados por los acuerdos internacionales de la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Sostenible celebrada en 2002 y en virtud del acuerdo de 16/12/2006 entre la Comunidad Europea de la Energía Atómica (Euratom), China, Corea del Sur, Japón,
EEUU, Rusia e India, estos países se comprometieron al desarrollo de la energía de fusión como una fuente alternativa de energía prácticamente ilimitada, aceptable ambientalmente y competitiva económicamente.
En una primera fase se inició la construcción del Proyecto ITER (International Thermonuclear Experimental Reactor), bajo los auspicios de la Agencia Internacional de la Energía Atómica, instalación destinada a demostrar la viabilidad de la
fusión como fuente de energía, en la ciudad francesa de Cadarache con un coste actualizado superior a los 20.000 millones de euros, a los que España está contribuyendo activamente.
En una segunda fase, la unión Europea a través de Fusion for Energy (F4E) asociada con Japón decidió impulsar la construcción del acelerador de partículas IFMIF-DONES (International Fusion Materials lrradiation Facility-DEMO-Oriented Neutron
Source), un acelerador lineal de neutrones que permita conocer el comportamiento de materiales requeridos para la construcción de ITER y del futuro reactor de fusión DEMO. En este contexto, durante 2015 y siguiendo las directrices europeas, España
postula a Granada para albergar el Proyecto IFMIF-DONES, y se informa al Sr. don Luis de Guindos, Ministro de Economía, Industria y Competitividad, así como a la Sra. doña Carmen Vela Olmo, Secretaria de Estado del mismo Ministerio, de la
intención de presentar formalmente dicha candidatura oficial.
IFMIF-DONES es un acelerador de partículas de tamaño medio (El doble de Alba, el mayor de España que está en Barcelona) y que pretende probar materiales para fabricar futuros reactores de fusión de forma comercial. IFMIF-DONES tiene
importantes aplicaciones adicionales (los aceleradores se usan no solo en ciencia sino para una generación de nuevos materiales, generación de radioisótopos para terapia oncológica y en operaciones de cáncer cerebral ya que son capaces de depositar
(quemar) en una región muy localizada. La fusión es energía limpia que se genera usando el agua del mar como combustible y permitiría el fin de los materiales fósiles. La contaminación que produce es ínfima comparada con otras tecnologías (como
los reactores de fisión o centrales térmicas).
La candidatura española ha propuesto a Granada, más concretamente en Escúzar, para sede que albergue IFMIF-DONES (2015-2022) y su posible ampliación futura con IFMIF (2030-2050). Ya en el mes de septiembre 2015, tuvo lugar en Daejeon, Corea
del Sur, el International Symposium on Fusion Nuclear Technology. En este simposio se colgó en la red el programa cerrado del mismo con toda la información relevante del mismo, en el que en la página 46, se podía leer un fact sheet del ICEX en el
que se indica que España es uno de los mayores contribuyentes del ITER, así como el tercer proveedor privado que desarrolla tecnología para el mismo. Pero lo más importante es que señala que España está lista para acoger el IFMIF-DONES en Granada.
Por primera vez España es el país con más ingenieros, científicos y empresas trabajando en IFMIF de los países que han presentado candidatura, lo que la hace la candidatura técnicamente más fuerte. Y más allá de los determinantes aspectos
científicos, no es de menor importancia tener en cuenta que también están en juego, en caso de que la candidatura española resultase ganadora, la creación estimada de más de 1.000 empleos personas/año en una región con altas tasas de paro como
Andalucía. Teniendo en cuenta que solo la primera fase del proyecto será de doce años. Los cálculos en tecnologías como esta determinan que por cada euro invertido se produce un retorno de tres euros y en regiones deprimidas hasta cuatro euros.
Hablamos por tanto de un impacto provincial similar al de Sierra Nevada pero con mucho más valor añadido. En cada proyecto similar se crea un cinturón de industria altamente cualificada y con un gran potencial de exportación. Son trabajos de alta
cualificación, bien remunerados y que darían prestigio y un gran retorno industrial a España, además de fomentar el retorno de nuestros jóvenes que durante esta crisis han tenido que salir fuera de nuestras fronteras. Económicamente hablando el
valor añadido es si cabe tan importante como el propio valor científico del proyecto.
Es por todo ello, y por constituir un proyecto científico mundial de primera magnitud que posicionaría a España en la carrera de la fusión nuclear y de la importancia de esta instalación por su impacto social, tecnológico, científico y
económico a nivel local, autonómico y nacional, por lo que el Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta la siguiente
Proposición no de Ley
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que:
1. Solicite la implicación del Ministerio de Economía y Competitividad y de Asuntos Exteriores y Cooperación en la defensa de la candidatura española de IFMIF-DONES mediante el establecimiento de contactos diplomáticos dirigidos a
comprometer los votos necesarios para su éxito.
2. Estructure la oferta económica, estimada en 400 millones de euros, que garantice la competitividad y el éxito de la candidatura española de IFMIF-DONES, frente al resto de candidaturas europeas competidoras, mediante un acuerdo entre del
Gobierno de España y la Junta de Andalucía con el consiguiente compromiso de financiación a través de sus respectivos Fondos FEDER.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de noviembre de 2016.-Luis Miguel Salvador García, Diputado.-Juan Carlos Girauta Vidal, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
Comisión de Hacienda y Administraciones Públicas
161/000921
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Marian Beitialarrangoitia Lizarralde, Diputada de EH Bildu, integrada en el Grupo Parlamentario Mixto, de conformidad con lo previsto en el vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley
sobre la derogación de la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, para su debate en Comisión.
La aplicación de la Ley para la Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local supone un ataque frontal a las Entidades Locales, sus competencias y su propia existencia. Esta ley del Gobierno Rajoy tiene un marcado carácter
recentralizador, mermando y limitando en gran medida el funcionamiento de la administración local. La instauración del principio de sostenibilidad por encima del principio de subsidiariedad, el drástico recorte de competencias en municipios de
menos de 20.000, el peligro de intervención para los municipios de menos de 5.000 habitantes, el riesgo de centralización y privatización de la mayoría de competencias municipales y servicios públicos, la negación del carácter de Entidad Local a los
Concejos, sustrayendo sus competencias y condenándolos a la desaparición.
Además, la aplicación de esta Ley ha buscado el redimensionamiento de la administración pública con supresión de empleo y empeoramiento de condiciones laborales, condicionando así mismo la prestación de servicios públicos.
Los municipios de Euskal Herria no renuncian a defender la autonomía que les corresponde por voluntad popular y por Ley. La aprobación de la Ley 2/2016 de Instituciones Locales de Euskadi y las competencias que tiene la Comunidad Foral de
Navarra para la administración y organización de sus propias instituciones, son la mejor muestra de ello. No es aceptable que la Ley para la Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local usurpe esta potestad y someta a las entidades
locales vascas a criterios que, ni son aplicables y ni son beneficiosas para su buen funcionamiento.
La singularidad en este ámbito de las administraciones de Gasteiz e Iruñea, derivada de la organización institucional propia y de las competencias establecidas, han sido absolutamente ignoradas por la LRSAL. La cláusula cuyo objetivo es
salvaguardar la singularidad foral, no satisface las expectativas que en materia local tienen las instituciones de Euskal Herria.
Por tanto, con la aprobación de esta Ley a las Entidades Locales de Euskal Herria se les niega el futuro. Y por supuesto, también a los municipios del resto del Estado. Y esto no se debería de aceptar. Más allá de partidos e ideologías,
se trata de defender a las Entidades Locales. Más allá de partidos e ideologías, entendemos que tiene que buscarse una posición común, compartida por todas las instituciones, para evitar que esta ley pueda seguir aplicándose.
Esta Ley ataca frontalmente a la autonomía de los Municipios. Representa la implantación de un modelo de «administración local» que debilita esencialmente la autonomía municipal hasta el punto de
vaciarla en muchos casos de contenido. La idea del autogobierno municipal se desvanece y no refleja los principios ni la filosofía de la Carta Europea de Autonomía Local.
Los criterios economicistas predominan sobre la reforma institucional. La utilización del criterio del coste efectivo debilita las opciones políticas de los regidores locales para el diseño de la calidad de los servicios a su ciudadanía.
La centralidad otorgada al criterio de coste efectivo, facilita y promueve la privatización de la gestión de los servicios públicos locales.
Mientras que en la totalidad de los países europeos las reformas del nivel local de gobierno van encaminadas a reforzar la autonomía local, la LRSAL está enfocada en la dirección contraria: Usurpa a las entidades locales la capacidad de
prestar servicios básicos para la ciudadanía y las supedita a instituciones estatales.
Es por ello que presentamos la siguiente
Proposición no de Ley
«1. El Congreso de los Diputados rechaza el contenido de la Ley 27/2013 para la Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local aprobado el 27 de diciembre del 2013.
2. EI Congreso de los Diputados insta al Gobierno, a adoptar urgentemente las medidas necesarias para derogar la LRSAL de 27 de diciembre del 2013 en el espacio de tiempo más breve posible.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de noviembre de 2016.-Marian Beitialarrangoitia Lizarralde, Portavoz Adjunta del Grupo Parlamentario Mixto.
161/000933
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, el Grupo parlamentario Confederal Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre buenas prácticas en la contratación pública, para su debate
en la Comisión de Hacienda y Administraciones Públicas.
Intermón Oxfam, organización no gubernamental para el desarrollo (ONGD), ha presentado recientemente una campaña con el objetivo de que las distintas administraciones así como sus empresas municipales y organismos autónomos incorporen en sus
políticas de contratación pública criterios que incentiven un comportamiento fiscal más responsable por parte de las empresas licitadoras y se discrimine negativamente a aquellas que tengan filiales en paraísos fiscales, incentivando a que no lleven
a cabo prácticas de elusión fiscal y fomentando así unas prácticas económicas que reviertan en el bien común.
Los paraísos fiscales, como sistemas opacos por los que pasa la mitad del comercio mundial, provocan disfunciones a nivel global y a nivel local. Con impuestos próximos al 0 %, la elusión fiscal de las grandes empresas a través de los
paraísos fiscales supone una discriminación económica para las pequeñas y medianas empresas que no pueden y/o no quieren hacer uso de ellos. La elusión fiscal a través de paraísos fiscales también disminuye la recaudación pública, por lo que es más
difícil financiar el gasto de servicios sociales. Debido a su opacidad, los paraísos fiscales facilitan el blanqueo de capitales, la corrupción, la financiación el crimen organizado, de mafias y de grupos de terroristas, el encubrimiento de tráfico
de armas y otras actividades contrarias a los derechos humanos y al bien común.
El Estado, como actor económico que contribuye en un 25 % al PIB a través de sus contrataciones públicas, tiene capacidad de modelar el comportamiento de las empresas, introduciendo criterios de responsabilidad fiscal en las compras y
contrataciones que realiza. Y si bien el Gobierno ha introducido en el Real Decreto 635/2015, de 10 de julio, por el que se aprueba el Reglamento del Impuesto sobre Sociedades, las previsiones que la OCDE, bajo el mandato del G20, en las que
reconoce, entre otras medidas, la necesidad de incrementar la transparencia en la información que aportan las grandes empresas, haciendo obligatorio que las multinacionales presenten un listado donde figuren todas las filiales que tienen en cada uno
de los países en los que operan, así como sus datos de actividad económica y pago de impuestos en cada uno de estos países (informe país por país o country-by-country reporting), la medida aplicada por el Gobierno limita su alcance pues solo se
requiere a empresas que facturen más de 750 millones de euros al año y se impide que sea información de divulgación pública.
Por todo ello, se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Estudiar, detectar y activar los mecanismos necesarios para prohibir la contratación de empresas privadas para prestar servicios públicos que tengan su sede social en paraísos fiscales o sociedades que formen parte de la matriz
industrial domiciliada en paraísos fiscales.
2. Impulsar la modificación del Real Decreto 634/2015, de 10 de julio, por el que se aprueba el Reglamento del Impuesto sobre Sociedades, a fin de que:
a) El requerimiento de información sobre la actividad económica y pago de impuestos de las filiales de las empresas que opten a contratación pública no se limite a aquellas que facturen más de 750 millones de euros anuales.
b) La información sobre actividad económica y pago de impuestos de las filiales de las empresas españolas en el extranjero sea de divulgación pública.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de noviembre de 2016.-Josep Vendrell Gardeñes, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.
161/000934
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, el Grupo Parlamentario Confederal Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre reducción del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) de los
productos y servicios culturales, para su debate en la Comisión de Hacienda y Administraciones Públicas.
La industrial cultural española constituye un motor económico y de crecimiento, representando más de un 3,5 % del PIB estatal y dando empleo a cerca de 500.000 trabajadores. A estas alturas ya podemos determinar que no ha sido solo la
crisis la que ha maltratado a las industrias culturales. El golpe de gracia se lo dio el Gobierno del Partido Popular con la subida desproporcionada de trece puntos del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) aplicable al sector cultural a partir del
1 de septiembre de 2012, convirtiendo España en una excepción a nivel europeo, con el IVA cultural más alto de los estados de la eurozona (21 %), equiparando los productos culturales con los de lujo. Por ejemplo, en Francia es de un 5,5 %, en
Alemania se aplica un 7 %, en Holanda un 6 %, en Grecia un 6,5 %, en Finlandia un 10 %, en Irlanda un 9 %, en Italia un 10 %, en Portugal un 13 % y en Noruega se protege el directo aplicando un 0 %.
Analizando las consecuencias por sectores, el mayor damnificado ha sido el del teatro. Según informes elaborados por diferentes entidades de gestión, entre ellas SGAE, en 2013 el aumento del IVA en las artes escénicas explicó un 55,6 % del
descenso de público y un 61,4 % del descenso de recaudación neta producidos durante los primeros meses de aplicación del nuevo tipo. En los primeros cuatro meses de la implantación del nuevo IVA, del 1 de septiembre al 31 de diciembre de 2012, y
comparando las cifras con el mismo período del año anterior, el teatro perdió 1,8 millones de espectadores (un 31,43 %), la recaudación neta disminuyó un 33 % y acabó con 600 puestos de trabajo directos.
Por su parte, el sector del cine tampoco ha escapado de las consecuencias derivadas del terrible aumento del tipo impositivo a la cultura. Si bien la recaudación ya tendía a descender desde 2009, el brutal incremento del IVA aceleró este
descenso en España. Las arcas estatales no han podido recaudar todo lo que pretendían debido a la gran disminución de la taquilla respecto a los años anteriores. Y si a eso se suma el enorme coste que ha supuesto para la contabilidad nacional el
cierre de cientos de empresas más el pago de subsidios por desempleo a los miles de trabajadores y trabajadoras que perdieron su empleo, se demuestra que la decisión de aumentar el tipo a los productos y servicios culturales en ningún caso ha sido
positivo ni para el sector ni tampoco para la economía.
La cultura es un derecho, un bien común y un motor económico. Por tanto el acceso a la misma es un principio rector de la política social y económica reconocido por la Constitución. En este sentido, los
poderes públicos deberán promover y garantizar el acceso a la cultura. Por ello, y por ser un sector realmente dinámico, urge aplicar una fiscalidad reducida al consumo de productos y servicios culturales, en el marco de una reforma fiscal
más amplia que permita que el sector y sus profesionales puedan crear, exhibir, distribuir, exponer, compartir y ejecutar más cultura y en mejores condiciones materiales.
Por todo ello, se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a impulsar la modificación de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido, al objeto de aplicar un tipo reducido del 10 % a los servicios y productos culturales.
Asimismo, se insta al Gobierno a impulsar las acciones necesarias -tanto a nivel europeo como estatal- para una fiscalidad especial con tipos menores al 10 % para los productos y servicios culturales.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de noviembre de 2016.-Josep Vendrell Gardeñes y Eduardo Javier Maura Zorita, Diputados.-Francesc Xavier Domènech Sampere, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú
Podem-En Marea.
Comisión de Fomento
161/000916
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, nos dirigimos a esta mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la Proposición no de Ley sobre los
daños ocasionados por el río Bermejo, sobre la calle Málaga, de Calicasas (Granada), para su debate en la Comisión de Fomento.
Exposición de motivos
El municipio de Calicasas es una pequeña localidad de apenas unos 650 habitantes perteneciente al entorno metropolitano de Granada y que apenas está a unos 14 kilómetros de distancia de la capital. Por su término municipal discurre el cauce
del río Bermejo, que procedente de la Sierra de Cogollos y Peñón de la Mata, desemboca sus aguas en el pantano de Cubillas. En el entorno del casco urbano de Calicasas, el río discurre casi paralelo al mismo, teniendo puntos en los que está
relativamente cercano a las calles y viviendas de la localidad. Este es el caso del punto en cuestión, a la altura del tramo final de la calle Málaga, que es una calle de la parte baja del pueblo pero que está en la zona de entrada al mismo que se
lleva a cabo desde la carretera provincial GR-3422 y cruzando el citado río por un puente.
Los hechos se remontan al invierno de los años 2009/2010 cuando a raíz de unas fuertes lluvias torrenciales que se produjeron en fechas casi navideñas y debido a la falta de limpieza que presentaba el cauce del río Bermejo a su paso por todo
el municipio y, sobre todo, en la zona baja de la localidad justo en la entrada a la misma a través del puente anteriormente descrito, se produjo un desbordamiento a la altura de la parte final de la calle Málaga, puesto que era mucho el volumen de
agua que bajaba por el cauce en esos días. Al estar sucio el cauce del río, fundamentalmente por maleza y plantas que habían crecido en pleno cauce de forma descontrolada, el agua buscó otras vías de escape para continuar su camino y eso produjo el
desbordamiento por una gran avenida. Dicho desbordamiento ocasionado por el gran volumen de agua que bajaba en esos días provocó un socavamiento del talud sobre el que se asienta la calle Málaga del casco urbano de la localidad, calle que según las
Normas Subsidiarias de Planeamiento del Municipio de Calicasas, aprobadas de forma definitiva en el año 1998, estaba incluida dentro del casco urbano consolidado.
El socavamiento al que nos referimos sobre el talud de la citada calle, dio lugar a un deslizamiento inmediato del mismo, que luego se ha seguido produciendo de forma continua a lo largo de estos años, ocasionando, por tanto, la rotura de la
calle Málaga en su parte final, casi en el punto de encuentro con Avenida de Andalucía. La rotura de la calle trajo consigo la fractura del pavimento, el deslizamiento y caída
del acerado exterior al propio cauce, daños en las instalaciones y servicios que discurren por la misma (alumbrado público, red de conexión de saneamiento, ), caída de árboles y plantas al cauce, descalce y rotura del acerado de la parte del
edificio que hay construido en la parcela urbana de esa parte final de la calle Málaga y, posiblemente, pueda haber ocasionado daños a la cimentación y estructura del propio edificio.
En definitiva, se han producido daños considerables a la calle, reduciendo su anchura efectiva de paso, con el consiguiente riesgo que eso supone para personas y vehículos.
El Ayuntamiento de Calicasas, en su momento, puso en conocimiento de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, organismo competente, los hechos acontecidos así como la peligrosidad de los mismos dada la cercanía de un bloque de
viviendas.
Desde 2013 y hasta la fecha, el Ayuntamiento de Calicasas ha estado informando a través de informes técnicos a este Organismo de Cuenca, así como advirtiendo del deterioro constante de la Calle Málaga, ya que la falta de medidas específicas
en la zona en tiempo y forma ha hecho que la situación se vaya agravando hasta llegar a afectar al citado bloque de 28 viviendas situado en esa zona.
Entendiendo que es la CHG el organismo competente y el que debe actuar, habiendo pasado varios años sin solucionar el problema y estando cerca el otoño y con él las lluvias que pueden seguir agravando la situación, existe una creciente
preocupación por parte de los vecinos de las citadas viviendas, así como para el Ayuntamiento de Calicasas, ya que a día de hoy no existe ninguna solución al problema.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. La Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, organismo dependiente del Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente, acometa la preceptiva y necesaria limpieza del río Bermejo, ya que la falta de mantenimiento de este río está
ocasionando daños, no solo en la calle Málaga, sino en todas las fincas de nuestro municipio colindantes a su curso.
2. La CHG acometa una obra de emergencia en el cauce del río Bermejo, a su paso por la calle Málaga consistente en la construcción de un muro de escollera que evite que el meandro del río siga erosionando el talud de la calle.
3. Afronte, a través del organismo competente, la reconstrucción de los daños que ha provocado el río Bermejo sobre la calle Málaga como consecuencia de la falta de mantenimiento y limpieza de su cauce.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de noviembre de 2016.-Elvira Ramón Utrabo y Gregorio Cámara Villar, Diputados.-Miguel Ángel Heredia Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
161/000922
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley relativa a
la mejora de la AP-9, para su debate en la Comisión de Fomento.
Motivación
La AP-9 debe estar al servicio de los gallegos y gallegas y no únicamente al de la empresa concesionaria.
La subida constante de los peajes y la no bonificación y la falta de descuentos en los mismos, ha hecho que la AP-9 sea una de las autopistas más caras de España. Es por ello que numerosas personas usuarias se ven impedidas a transitar por
ella, dado que les es imposible hacer frente al pago del peaje.
Esta situación, a la que ha de añadirse la parálisis en la construcción de la alternativa libre de peaje entre Vigo y Pontevedra, a través de las autovías A-57 y A-59; y la inmediata constitución del Área Metropolitana de Vigo , pone de
manifiesto la imperiosa necesidad de dotar al municipio de Vigo y al resto
de los municipios, especialmente los situados al norte de la ciudad, de mejoras en su accesibilidad y movilidad.
Los socialistas, tanto en el Ayuntamiento de Vigo, en el Parlamento de Galicia como en Congreso de los Diputados, desde los diferentes ámbitos competenciales, hemos venido denunciando este lamentable estado de cosas, ofreciendo alternativas,
y exigiendo soluciones al mismo, a la Xunta de Galicia, al Gobierno Autonómico y a la propia empresa concesionaria.
En este sentido, el Pleno del Ayuntamiento de Vigo de 7 de noviembre de 2016 acordó, por unanimidad, aprobar la siguiente Moción presentada por el Grupo Municipal Socialista: Instar a la administración concesionaria competente, a los
Gobiernos de la Administración General del Estado y de la Xunta de Galicia, así como a la propia empresa concesionaria de la AP-9, a llevar a cabo de manera urgente, las actuaciones necesarias para que dicha autopista tenga la consideración de vía
urbana desde el nudo de buenos aires, llevando a cabo los accesos necesarios, así como aminorar el impacto acústico y acabar las mejoras respecto a diversos parámetros de calidad en esta infraestructura viaria.
El Grupo Parlamentario Socialista, en su obligación de defender los intereses de los gallegos y gallegas, asume y respalda las peticiones anteriormente mencionadas, reiteradas en el tiempo, pues continúan y se agravan las deficiencias
denunciadas.
Por todo ello el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a llevar a cabo, de forma urgente, las actuaciones necesarias para la titularidad municipal y para la conversión en tramo urbano del trayecto de la autopista AP-9 que va desde el nudo de
conexión de la Avda. de Buenos Aires a la calle Alfonso XIII, con posibilidad de efectuar la circulación en ambos sentidos, realizando los accesos necesarios a la AP-9 desde Teis, así como también para que se adopten las medidas necesarias para
aminorar el impacto acústico en todo el tramo urbano; realizando las mejoras en lo relativo a los diversos parámetros de calidad en esta infraestructura viaria.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de noviembre de 2016.-María Dolores Galovart Carrera y Guillermo Antonio Meijón Couselo, Diputados.-Antonio Hernando Vera, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
161/000924
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre creación de un tren turístico para la comarca de
Antequera (Málaga), para su debate en la Comisión de Fomento.
Desde el mes de junio de 2013, Renfe decidió suprimir una serie de servicios en la provincia de Málaga (trenes Ronda-Algeciras, Bobadilla-Córdoba) junto con la supresión del tren que enlazaba Bobadilla con Córdoba y viceversa, dejando sin
posibilidad de viajar desde toda la comarca de Antequera a Córdoba o a Málaga en un servicio de media distancia. Al mismo tiempo esta situación ha provocado que ya no pare ningún tren en la estación de Fuente de Piedra, puesto que era la única
relación de trenes con parada en esta población y su única unión con la capital, quedando totalmente incomunicada por ferrocarril.
Desde nuestro Grupo Parlamentario siempre hemos defendido la necesidad de potenciar el transporte por ferrocarril, entendiendo que es el medio más sostenible y que mejor puede vertebrar las distintas poblaciones. Además es un elemento que
puede ayudar a potenciar la visita de turistas hacia el interior de la provincia de Málaga. Así compartimos la medida de incentivo turístico que Renfe puso en marcha con la creación de un tren directo entre Málaga y Ronda, con salida en horario de
mañana de la capital malagueña y vuelta en horario de tarde.
Por su parte el Ayuntamiento de Antequera también está interesado y ha solicitado que esta medida se complete con la creación de una lanzadera desde Bobadilla Estación para los viajeros que, partiendo
desde Málaga en este tren, decidan visitar Antequera, algo que no conllevaría coste alguno más allá del ajuste en los horarios de este servicio nuevo, ofreciendo al viajero la posibilidad de conocer el «Torcal» de Antequera y esta ciudad que
atesora el 80 % del patrimonio artístico y monumental de la provincia.
Con los objetivos puestos en la promoción turística y la vertebración transversal de la provincia de Málaga, tanto el pleno del Ayuntamiento de Fuente de Piedra como la propia Diputación de Málaga, aprobaron de forma unánime acuerdos para
solicitar que el actual cercanías C2 que efectúa servicios diarios desde Málaga hasta la localidad de Alora con paradas en todas las estaciones de la línea, sea aumentada hasta Fuente de Piedra y tenga paradas en el paraje natural «El Chorro» -uno
de los enclaves ecológicos más impactantes del sur de Europa-, así como en la estación de Bobadilla, enclave ferroviario cercano al Paraje Natural de «El Torcal», hasta su llegada a la población de Fuente Piedra, donde se localiza el humedal más
importante de la provincia, «La Laguna de Fuente de Piedra», declarada reserva natural y el mayor espacio natural para nidificación de flamencos.
Desde nuestro Grupo Parlamentario creemos que se debe aprovechar la coyuntura que nos presta un enclave ferroviario excelente con conexiones a Granada, Córdoba, Málaga y Sevilla, para iniciar una estrategia que incentive nuestro turismo
natural y al mismo tiempo vertebre la provincia de Málaga, uniendo su capital con el norte físico de la provincia.
Por otra parte, se debe tener en cuenta que la posibilidad de ampliar la línea de cercanías C2 de Málaga hasta Fuente de Piedra es totalmente viable, ya que sin necesidad alguna de ejecutar inversiones y con unos gastos mínimos se puede
realizar dicha ampliación, que supondría para esa Comarca, castigada por la actual crisis, una inyección de savia fresca basada fundamentalmente en el turismo y que tiene las siguientes premisas:
1. Supone ampliar el trayecto desde Álora hasta Fuente de Piedra en apenas 35 minutos.
2. De las 14 relaciones existentes entre Málaga y Álora, solo se verían afectadas una por la mañana, otra a medio día, y la última de la tarde en horario de ida y vuelta.
3. Por otra parte, no habría que hacer inversión ya que la catenaria, la línea y los servicios ferroviarios están en perfecto estado para su utilización.
Esta actuación supondrá beneficios importantes tanto para garantizar la movilidad de la población, como para el aumento del turismo y con ello la creación de empleo.
Por todo ello, se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que en colaboración y de acuerdo con las Administraciones y Empresas Públicas competentes adopten las medidas necesarias para:
1. La creación y promoción de una ruta turística que conecte por ferrocarril la capital Malagueña con la localidad de Fuente de Piedra, y que los trenes tengan paradas en los pueblos de la comarca de Antequera que disponen de estación.
2. Que se amplíen los servicios de cercanías de Málaga C2 hasta Fuente de Piedra en al menos tres servicios, con parada en El Chorro y Bobadilla aumentando de este modo la visitas turísticas en el Caminito del Rey, El Torcal y La
Laguna de Fuente de Piedra, lugares plenamente turísticos y a disposición de todos los ciudadanos españoles y extranjeros.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de noviembre de 2016.-Eva García Sempere, Diputada.-Alberto Garzón Espinosa, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.
161/000935
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, presenta a iniciativa de Javier Sánchez, y al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Congreso de los Diputados, la
presente Proposición no de Ley, para su debate y aprobación en Comisión de Fomento, relativa a la ampliación de la línea Cartagena-Los Nietos.
La línea del Ferrocarril de Vía Estrecha (FEVE) Cartagena-Los Nietos es una infraestructura ferroviaria histórica que ha venido cubriendo la conexión desde Cartagena con los pueblos de la Sierra minera y Los Nietos. Entre 2011 y 2012 FEVE
completó un importante proceso de renovación de su parque de trenes: nuevas máquinas, vehículos bicabina, trenes de avanzada tecnología con motor diesel y capacidad de alcanzar una velocidad de hasta 120 kilómetros por hora, con asientos
reorientables según el sentido de la marcha, máximas condiciones de accesibilidad para personas de movilidad reducida y rampas automáticas en el cien por cíen de los accesos. Sin embargo, la línea tiene un problema de rentabilidad y endeudamiento
importante.
El FEVE es un ejemplo de transporte ecológicamente sostenible, que presta un servicio público socialmente asequible y atractivo y que contribuye a la vertebración del territorio.
La mejor forma de garantizar la viabilidad de la actual línea es la expansión territorial de la misma, así como la electrificación de la misma, para que cubra el servicio en toda la ribera del Mar Menor. Ello, además, tendría repercusión
sobre la descongestión del tráfico, la fluidez, comunicación entre pueblos de la ribera y el turismo.
Proposición no de Ley
«El Pleno del Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Poner en marcha, a través de ADIF, la proyección de un trazado de expansión de la línea ferroviaria del FEVE Cartagena-Los Nietos, en una primera fase, hacia Cabo de Palos, y posteriormente, en una segunda fase, hacia Los Urrutias, Los
Alcázares, San Javier y San Pedro del Pintar.
2. Electrificar la línea Cartagena-Los Nietos, así como su futura expansión.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de noviembre de 2016.-Javier Sánchez Serna, Diputado.-Íñigo Errejón Galván, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.
Comisión de Empleo y Seguridad Social
161/000925
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la implementación en los servicios públicos de empleo de un
sistema de perfilado estadístico de las personas demandantes de empleo que contribuya de manera decisiva a la mejora de su empleabilidad, para su debate en la Comisión de Empleo y Seguridad Social.
Exposición de motivos
El vigente texto refundido de la Ley de Empleo, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2015, de 23 de octubre, define las políticas activas de empleo como el conjunto de servicios y programas de orientación, empleo y formación
profesional para el empleo en el ámbito laboral dirigidas a mejorar las posibilidades de acceso al empleo, por cuenta ajena o propia, de las personas desempleadas, al
mantenimiento del empleo y a la promoción profesional de las personas ocupadas y al fomento del espíritu empresarial y de la economía social.
Sin embargo, lejos de sus objetivos, las políticas activas de empleo no se han mostrado hasta el momento en nuestro país como un instrumento eficaz para promover la inserción laboral de las personas desempleadas. Prueba de ello es que en
España la tasa de desempleo ha superado en su historia reciente hasta tres veces el 20 por ciento. A día de hoy, en un contexto de creación sostenida de empleo, no sólo el número de personas desempleadas todavía no ha logrado disminuir por debajo
de ese umbral, sino que, además, este descenso se ha producido junto a un incremento paralelo del desempleo de larga duración, que ya padecen casi la mitad de los desempleados. En total, cerca de 2,5 millones de personas llevan más de un año en
situación de desempleo, y en torno a 1 millón llevan casi cuatro años en esa misma circunstancia.
El fracaso de nuestras políticas activas de empleo viene motivado fundamentalmente por tres factores. En primer lugar, a la falta de inversión. España apenas invierte el 1 % del PIB en políticas activas de empleo, una cuarta parte de lo
que invierte en políticas pasivas -ayudas y prestaciones-, y una tercera parte de la inversión media de los países de nuestro entorno comunitario, pese a que España posee la tasa de desempleo más alta, sólo después de Grecia, de toda la Unión
Europea.
En segundo lugar, a la falta de información fidedigna y actualizada sobre nuestro mercado de trabajo. De nada sirve incrementar los recursos disponibles si no existe información sobre dónde deben invertirse para que resulten eficaces. En
España, sin embargo, a día de hoy ni siquiera conocemos cómo son nuestros parados. La información del Sistema Nacional de Empleo se encuentra fragmentada y su tratamiento sistemático por los servicios públicos de empleo es muy reducido, tanto que
ni tan siquiera disponen de información que clasificar a las personas desempleadas en función de su grado de empleabilidad, ya sea en términos de salida del paro o de probabilidad de encontrar un empleo en una ocupación deseada. No es de extrañar,
por tanto, que los servicios públicos de empleo intermedien en tan sólo un 2 % de todas las colocaciones.
En tercer lugar, a la falta de fiscalización y evaluación. Hasta hace apenas unos años, la financiación para políticas activas de empleo únicamente se condicionaba al cumplimiento de requisitos administrativos de justificación formal de
ejecución. Tan sólo recientemente ha comenzado a sistematizarse la evaluación de resultados y a vincularse esta financiación al cumplimiento de indicadores de eficacia en términos de inserción formativa y laboral. Se trata de avances positivos
pero que todavía se encuentran lejos de ser la norma, y que, por tanto, es preciso consolidar.
Son muchas las propuestas que se han esbozado hasta la fecha para tratar de abordar de manera decidida cada uno de los factores antes referidos y mejorar con ello nuestras políticas activas de empleo. Una de tales propuestas consiste en que
los servicios públicos de empleo dispongan de una herramienta de perfilado estadístico de las personas demandantes de empleo, basada en sus características personales y en su historial formativo y laboral, que permitiría no sólo disponer de
información sistematizada sobre nuestros desempleados, sino también disponer de estimaciones sobre sus posibilidades de colocación en diferentes sectores que permitan orientarlos de manera personalizada y formular propuestas de itinerarios
individualizados.
Con este sistema, cuando un desempleado acudiese a una oficina de los servicios públicos de empleo se le asignaría una probabilidad de recolocarse a corto, medio y largo plazo, esto es, en tres, seis o doce meses. En función de esas
probabilidades de reincorporación al mercado laboral, cada desempleado recibiría un valor de empleabilidad a partir del cual podría calificársele en diferentes colectivos en función de sus dificultades de empleabilidad, susceptibles de distintos
tratamientos y políticas. Este diagnóstico se realizará a partir de un registro actualizado que incluiría información anónima sobre todo lo sucedido con los distintos perfiles de personas desempleadas en los últimos años. A continuación, y en
función de la empleabilidad estimada, los servicios de orientación dispondrían de información con la que valorar itinerarios individualizados para maximizar las posibilidades de que cada desempleado, atendiendo a su perfil, pueda encontrar trabajo
con las herramientas y políticas de las que disponen los servicios públicos de empleo.
Este perfilado estadístico también desempeñaría un papel crucial en la formación para el empleo, al permitir detectar no sólo las lagunas formativas más relevantes de cada desempleado teniendo en cuenta la situación del mercado laboral, sino
también en cada sector de ocupación. Todo ello permitiría a los servicios de orientación proponer y a los desempleados elegir los cursos de formación que más se
adaptasen a sus necesidades, y a actualizar su oferta en función de la evolución de los cambios en la demanda del mercado de trabajo.
Teniendo presente todo lo anterior, y con la vocación de contribuir a la mejora de la eficacia de nuestras políticas activas de empleo, el Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta la siguiente
Proposición no de Ley
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que, en el ámbito de las políticas activas de empleo y en colaboración con las Comunidades Autónomas, desarrolle y ponga a disposición de los servicios públicos de empleo, en el plazo máximo
de seis meses, un programa de perfilado estadístico basado en los datos personales y competencias profesionales de las personas desempleadas. Esta nueva herramienta contará con toda la información disponible en los registros del Sistema Nacional de
Empleo y aportada por los portales de empleo privados, de modo que los orientadores laborales dispongan de datos actualizados sobre la evolución del mercado de trabajo, las competencias demandadas en diferentes ocupaciones y los indicadores de
eficacia esperados de cada una de las políticas activas de empleo disponibles, a partir de los cuales, entre otras acciones, puedan formular propuestas de itinerarios formativos y laborales individualizados para cada demandante de empleo atendiendo
a su probabilidad estimada de colocación.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de noviembre de 2016.-José Cano Fuster, Saúl Ramírez Freire y Sergio del Campo Estaún, Diputados.-Antonio Roldán Monés, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente
161/000917
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, me dirijo a esta Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley para la
conclusión de las obras de la presa de Enciso (La Rioja), para su debate en la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.
Exposición de motivos
La presa de Enciso (La Rioja) fue licitada en abril de 1993 con el objetivo de abastecer a los vecinos de La Rioja baja, a 5.468 hectáreas de cultivo y al uso industrial.
Las obras de la presa comenzaron en mayo del 2008, pero se paralizaron en el año 2011 y hasta el 2014 no se retomaron. Tras nuevos parones en su construcción en el año 2015, y a pesar de que hace un año la Ministra de Agricultura y Pesca,
Alimentación y Medio Ambiente del Gobierno de España, Isabel Tejerina junto al Presidente de La Rioja, José Ignacio Ceniceros, visitaran las obras anunciando que corregían la previsión de finalización en octubre del año pasado y la situaron en
noviembre del 2016, los 31 millones de euros que tenían previsto invertir este año, nada de nada se ha hecho, ni siquiera para acabar el 20 por ciento que es lo único que queda de la obra.
Recientemente hemos conocido que el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente no ha ampliado el contrato con la adjudicataria de las obras de construcción (la unión temporal de empresas integrada por FCC y Dragados),
una vez que este mes de noviembre ha vencido el plazo de ejecución de los trabajos.
En realidad las obras sufren un parón desde hace varios meses y a esta fecha, las obras de la presa de Enciso siguen paradas y su finalización está abocada a un nuevo retraso.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista formula la siguiente
Proposición no de Ley
«El Congreso de los Diputados, insta al Gobierno a que impulse las decisiones políticas y presupuestarias correspondientes con el objetivo de garantizar la conclusión de las obras de la presa de Enciso a finales del año 2017.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de noviembre de 2016.-César Luena López, Diputado.-Miguel Ángel Heredia Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
161/000918
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no
de Ley relativa a la prohibición de técnicas de prospección de hidrocarburos mediante la técnica de fractura hidráulica («fracking»), para su debate en la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.
Exposición de motivos
La técnica de fractura hidráulica («fracking») consiste en la inyección de grandes cantidades de fluido a alta presión en el subsuelo, con el propósito de crear una permeabilidad artificial, que libere y permita el acceso a la superficie a
hidrocarburos que se hallaban atrapados y diseminados en grandes extensiones de vetas de rocas profundas. La técnica fue desarrollada tecnológicamente en los años 80 y 90 del siglo XX, y ha permitido la extracción de gas natural y petróleo de una
forma no convencional en Estados Unidos y Canadá.
La fractura hidráulica (a partir de ahora «fracking») es una técnica que plantea numerosas dudas sobre el riesgo que supone para el medio ambiente. En los últimos años, el fracking ha sido objeto de numerosos estudios elaborados por
instituciones públicas y privadas. De este modo, en junio de 2011, el Parlamento Europeo publicó, a instancias de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad el informe titulado «Repercusiones de la extracción de gas y petróleo de
esquisto en el medioambiente y la salud humana»; informe complementado con otro de la Dirección General de Medio Ambiente de la Comisión Europea, publicado el 10 de agosto de 2012 bajo el título de «Contribución a la identificación de posibles
riesgos ambientales y para la salud humana derivados de las operaciones de extracción de hidrocarburos mediante fractura hidráulica en Europa». Ambos informes ponen sobre la mesa dudas razonables sobre la utilización del fracking y destacan el
elevado riesgo para las personas y el medio ambiente que supone esta técnica.
Otros estudios han puesto de manifiesto otros problemas que acarrea el fracking y que van desde la alta utilización de suelo, agua y otros elementos esenciales, hasta problemas de contaminación tanto de aguas superficiales corno subterráneas
y del aire, lo que provoca problemas de salud para la salud humana, animal y medioambiental.
Todo lo anterior expuesto, muestra que el fracking supone una amenaza para la salud de nuestro entorno y, por ende, de nosotros mismos, por lo que debemos actuar contra esta técnica. De este modo y basándonos en la Acción Preventiva y el
Principio de Cautela, recogidos en el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), son mecanismos supranacionales que avalan una PNL contra el fracking en todo el territorio.
El Principio de Acción Preventiva implica la posibilidad de adoptar medidas de protección del medio ambiente aún antes de que se haya producido la lesión del mismo, siempre que se certifique científicamente la existencia de un peligro real
para la salud del medio ambiente.
Por su parte, el Principio de Cautela refuerza el principio de Acción Preventiva, al permitir la actuación en aras de la reducción de los posibles riesgos ambientales, sin necesidad de que exista una plena certeza científica. De modo que,
aunque el TFUE exige un aval científico y técnico disponible
(artículo 191.3), su actuación no precisa de dicho respaldo por unas bases científicas incontrovertidas. De este modo, en su comunicación sobre la utilización del Principio de Cautela, de 2 de febrero de 2000, la Comisión Europea ha
afirmado que este principio se refiere a casos en los que se han identificado riesgos parcialmente peligrosos para un correcto mantenimiento de la salud de nuestro entorno, derivados de un fenómeno, producto o proceso.
La Ley 17/2013, de 29 de octubre, para la garantía del suministro e incremento de la competencia en los sistemas eléctricos insulares y extrapeninsulares, vino a modificar el Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos, incluyendo entre los proyectos que deben someterse a una evaluación de impacto ambiental en la forma prevista por esta misma norma: «Los proyectos consistentes en
la realización de perforaciones para la exploración, investigación o la explotación de hidrocarburos que requieran la utilización de fracturación hidráulica».
Y en el mismo sentido, la vigente Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, que deroga el citado Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero, entre los proyectos sometidos a la evaluación ambiental ordinaria regulada en
esta ley, se reiteran dentro del apartado d) de su Anexo I: «Los proyectos consistentes en la realización de perforaciones para la exploración, investigación o explotación de hidrocarburos, almacenamiento de CO2, almacenamiento de gas y geotermia
de media y alta entalpía, que requieran la utilización de técnicas de fracturación hidráulica».
Por lo que, para la autorización de los proyectos que utilicen la técnica del fracking, es exigible desde 2013 una declaración favorable de impacto ambiental, La modificación de la Ley, no atiende al nivel de producción, sino a la técnica
utilizada.
El proyecto y el estudio de impacto ambiental son sometidos a información pública por un periodo de treinta días, previo anuncio en el BOE o diario oficial que corresponda, así como de forma simultánea a consulta de las Administraciones
Públicas afectadas y las personas interesadas. Es en esta fase del procedimiento donde, en relación con el dominio público hidráulico afectado por las técnicas de fracking deberá solicitarse informe con carácter preceptivo al órgano de la
Administración hidráulica con competencias en la materia. La Declaración de Impacto Ambiental tiene la naturaleza de «informe preceptivo y determinante». Esta declaración no puede ser objeto de recurso independiente, sin perjuicio de los que
procedan en vía administrativa y judicial frente al acto por el que se autoriza el proyecto. Además tiene una vigencia de cuatro años desde su publicación en el BOE o diario oficial correspondiente.
Esta modificación debería ser suficiente para que ninguna técnica de fracking pudiera ser empleada en el territorio español, ya que a merced de los estudios anteriormente mencionados, y otros existentes, y suponiendo, como poco, que supone
un riesgo para la salud del medio ambiente y por ende para el ser humano, no obtendrían un informe favorable de impacto ambiental.
Sin embargo, y dado que el Estado entiende que esta competencia es única y exclusiva del Ministerio de Medio Ambiente y no de las Comunidades Autónomas, el actual Gobierno en funciones ha autorizado durante su legislatura informes favorables
para la utilización del fracking incluso cuando las autoridades locales estaban en contra.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Realizar las modificaciones legislativas necesarias para prohibir el empleo de las técnicas de fractura hidráulica («fracking») en todo el territorio nacional, con pleno respeto a las competencias autonómicas.
2. Suspender cautelarmente las prospecciones con fractura hidráulica («fracking»), incluso cualquier proyecto o permiso de investigación, y establecer una moratoria mientras no se prohíba esta técnica, que incluya todos los permisos o
peticiones de autorización para realizar investigaciones, prospecciones o explotaciones que estén actualmente en trámite y todas aquellas que, aun habiendo sido objeto de concesión, no hayan iniciado los trabajos de fracturación hidráulica.
3. Modificar la Ley 17/2013, de 29 de octubre, y la Ley 8/2015, de 21 de mayo, y derogar todos aquellos artículos que favorezcan la exploración, investigación y explotación de hidrocarburos que
utilicen técnicas de fracturación hidráulica, garantizando la preservación de la salud pública y el medio ambiente.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de noviembre de 2016.-Manuel Gabriel González Ramos, Diputado.-Miguel Ángel Heredia Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
161/000919
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no
de Ley sobre el establecimiento del canon para el control de vertidos en el desarrollo de la Ley de Aguas y Costas, para su debate en la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.
Motivación
El Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Aguas dice:
«ArtícuIo 1.2. Es también objeto de esta ley el establecimiento de las normas básicas de protección de las aguas continentales, costeras y de transición, sin perjuicio de su calificación jurídica y de la legislación específica que les sea
de aplicación.
Artículo 101. Autorización de vertido.
1. Las autorizaciones de vertidos establecerán las condiciones en que deben realizarse, en la forma que reglamentariamente se determine.
En todo caso, deberán especificar las instalaciones de depuración necesarias y los elementos de control de su funcionamiento, así como los límites cuantitativos y cualitativos que se impongan a la composición del efluente y el importe del
canon de control del vertido definido en el artículo 113.
Artículo 108 bis. Principios generales.
1. La protección de las aguas marinas tendrá por objeto interrumpir o suprimir gradualmente los vertidos, las emisiones y las pérdidas de sustancias peligrosas prioritarias, con el objetivo último de conseguir concentraciones en el medio
marino cercanas a los valores básicos por lo que se refiere a las sustancias de origen natural y próximas a cero por lo que respecta a las sustancias sintéticas ratifícales.
Artículo 113. Canon de control de vertidos.
1. Los vertidos al dominio público hidráulico estarán gravados con una tasa destinada al estudio, control, protección y mejora del medio receptor de cada cuenca hidrográfica, que se denominará canon de control de vertidos.
7. El canon de control de vertidos será independiente de los cánones o tasas que puedan establecer las Comunidades Autónomas o Corporaciones Locales para financiar las obras de saneamiento y depuración.
La Ley de Costas:
Artículo 56.
1. Las disposiciones de la presente sección son de aplicación a los vertidos, tanto líquidos como sólidos, cualquiera que sea el bien de dominio público marítimo-terrestre en que se realicen.
Artículo 58.
1. Entre las condiciones a incluir en las autorizaciones de vertidos deberán figurar las relativas
[ ]
f) Canon de vertido.»
En aplicación de esta normativa las Confederaciones Hidrográficas dependientes del Ministerio de Agricultura , regulan y cobran dicho canon de control de vertido por los vertidos que se hacen a las aguas de ríos dependientes de una
Confederación Hidrográfica gestionada por la Administración Central.
Estos ríos, son los que pertenecen a una cuenca que se encuentra en más de una Comunidad Autónoma (cuencas intercomunitarias).
Por otro lado, existen otras cuencas denominadas intracomunitarias que son aquellas que se encuentran en la misma Comunidad Autónoma, y por tanto, sus ríos se corresponden con cursos fluviales que solo discurren por una comunidad autónoma.
Éstas son gestionadas por las propias Comunidades Autónomas y no están repercutiendo esta tasa a pesar de que el hecho imponible es idéntico.
Para los vertidos al mar únicamente establecieron regulación y cobran el correspondiente canon las Comunidades de Murcia en la Ley 4/2009, de 14 de mayo, de Protección Ambiental Integrada, y País Vasco en el Decreto 459/2013, de 10 de
diciembre, sobre los vertidos efectuados desde tierra al mar.
Esta situación genera una falta de protección del medio marino acorde con la normativa española y con las directivas comunitarias y un diferente trato a las ciudades que vierten a aguas dependientes de confederaciones hidrográficas
gestionadas por la administración central que pagan una tasa más que las que vierten a aguas de cuencas interiores (intracomunitarias) o directamente al mar.
Además, la Unión Europea plantea al Gobierno de España el pago de una importante sanción por la falta de adecuación de las aguas costeras a las directivas europeas.
Respecto a los vertidos a ríos interiores (intracomunitarios) de las Comunidades Autónomas éstas tendrían que regular y determinar el canon correspondiente de vertido, en Galicia, por ejemplo, las ciudades que vierten a ríos interiores no
pagan canon de control de vertidos.
Consideramos que de acuerdo con la legislación básica en materia de medio ambiente, y en aplicación del principio de quien contamina-paga; todos los vertidos deberían de tener el correspondiente canon para protección y mejora del medio
receptor y para evitar que por el mismo hecho, unas ciudades tengan que pagar un canon y otras no.
Este canon incentivaría que los vertidos fueran lo menos contaminantes posible y, con las modificaciones normativas precisas, podría contribuir además de al estudio y protección del medio a la financiación de las infraestructuras necesarias
para la depuración.
Por todo lo expuesto, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
- Que promueva que las Comunidades Autónomas que no lo hicieron desarrollen la Ley de Aguas y la Ley de Costas para el adecuado control de vertidos a cuencas interiores (intracomunitarias) y al mar (dominio público marítimo-terrestre) y al
establecimiento del correspondiente canon de control de vertido.
- Y a que en base a mejorar la gobernanza del agua armonice la definición de los conceptos de forma que sea factible la identificación en todas las Comunidades Autónomas de todas las tasas e impuestos aplicables a la gestión del agua.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de noviembre de 2016.-Margarita Pérez Herráiz, Diputada.-Miguel Ángel Heredia Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
161/000931
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Mixto, a instancias del Diputado del Partit Demòcrata Francesc Homs i Molist, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta, para su debate ante la Comisión de
Agricultura y Medio Ambiente, una Proposición no de Ley para la ejecución del proyecto del Passeig Marítim de les Cales de Miami Platja.
El municipio de Mont-roig del Camp cuenta con una extensión litoral de 11 quilómetros lineales, de los cuales sólo 1,5 quilómetros corresponden a un paseo marítimo ya ejecutado. El municipio soporta desde hace décadas una falta histórica de
inversión por parte del Estado en su litoral, suponiendo un grave riesgo comparativo respeto a otras localidades de costa y turísticas donde los sucesivos ministerios competentes en costas han realizado intervenciones y proyectos de construcción de
paseos marítimos.
El Ajuntament de Mont-roig del Camp ha actuado con responsabilidad y ha hecho el esfuerzo de proteger y mejorar el litoral del municipio. En este sentido, ya el 2001 modificó su planeamiento urbanístico para convertir todas las calas
entonces edificables en zonas verdes.
En 2010, y aceptando esta argumentación, el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, redactó el proyecto de «Recuperación medioambiental y paisajística de las Calas de Mont-roig del Camp, entre los mojones M-137 y
M-275 del Deslinde ratificado por O.M. 08/05/02», el que conocemos como proyecto del Passeig Marítim de las Cales de Miami Platja. La inversión prevista para la ejecución de este paseo asciende a 11.829.278,12 .
Después de 6 años, el Estado no ha ejecutado ninguna fase del proyecto, continuando así con el olvido institucional. Primero con la excusa de la crisis económica, después por la incertidumbre política derivada de la falta de Gobierno del
Estado. Actualmente estas excusas ya no se pueden esgrimir.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Mixto a instancia del Partit Demòcrata, presenta la siguiente
Proposición no de Ley
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a incorporar en el próximo Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado una previsión plurianual para iniciar la ejecución de las obras del Passeig Marítim de les Cales de Miami Platja
en este mismo ejercicio.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de noviembre de 2016.-Francesc Homs Molist, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.
161/000932
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley para que
el Gobierno ponga en marcha un Organismo Único con competencias en el registro de productos fitosanitarios, para su debate en la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.
Exposición de motivos
La Comunidad Autónoma de Andalucía posee una climatología que permite que la agricultura sea muy diversa. En este sentido, adquieren especial relevancia los cultivos menores, lo cuales normalmente presentan un marcado carácter innovador,
clara vocación exportadora y, asimismo, se ha tasado en un 22 % su contribución a la producción vegetal para el conjunto de la Unión Europea.
En Andalucía cabe destacar el cultivo de las Berries o frutos rojos: frambuesa, mora, arándanos y grosellas, principalmente en la provincia de Huelva y los cultivos tropicales, como Mango y Aguacate, en
las costas de Granada y Málaga. Todos ellos considerados como cultivos menores según el Reglamento (CE) n.º 1107/2009.
Viendo las cifras de la campaña hortícola de Andalucía se comprueba que se ha saldado con un notable incremento de las exportaciones, que ha alcanzado un valor de 4.748 millones de euros de septiembre de 2015 a agosto de 2016, lo que supone
un 10,7 % más que en el mismo periodo de la campaña anterior.
Ante estos datos vemos que la agricultura andaluza tiene una vocación internacional, alcanzando Andalucía cotas de exportación durante la última campaña de 4,1 millones de toneladas de frutas y hortalizas, un 6,7 % más que en la anterior.
Así la provincia de Huelva destaca por su gran vocación exportadora de frutos rojos, con ventas por valor de 1.069 millones de euros, un 19 % más que la campaña anterior, o como Málaga que ha alcanzado los 340,5 millones euros, con un
incremento del 18 % respecto al año anterior y Granada que sigue aumentado su venta al exterior en un 8,2 %, con un valor global de 322,3 millones euros. Provincias cuyos principales productos exportados provienen de las producciones de cultivos
catalogados por la EU como Cultivos Menores, que cada campaña agrícola ven ampliadas sus hectáreas adquiriendo una mayor relevancia y peso lo que los convierten en fuente de riqueza y empleo en cada una de las provincias antes mencionadas.
Estamos hablando de explotaciones agrarias de gran tecnificación que apuestan por producciones con elevados estándares de calidad y seguridad alimentaria, agricultores que ofrecen a sus clientes alimentos saludables con la máxima calidad,
cuyo esfuerzo se traduce en una gran demanda de estos productos en los países europeos y extra comunitarios.
El gran problema que azota a la agricultura de las provincias de Huelva, Málaga y Granada es la limitación que se encuentran los agricultores a la hora de mantener sus explotaciones libres de plagas y enfermedades. Es preocupante el
problema fitosanitario que se está dando en estas zonas por un lado por el calendario productivo prácticamente anual de sus producciones, y por otro por el incremento de la superficie cada campaña, lo que provoca la aparición de diferentes plagas
cada vez más implantadas en el entorno y más difíciles de controlar debido a la falta de herramientas fitosanitarias lo suficientemente efectivas que garanticen asegurar cuantitativa y cualitativamente las explotaciones agrarias y que nos permitan
competir en igualdad de condiciones con producciones de países que si disponen de esas herramientas y que confluyen con las nuestras en los mismos mercados.
Esto es debido a las limitaciones de uso de productos fitosanitarios que recoge la normativa para los Cultivos Menores. Los agricultores en numerosos ocasiones se encuentran con la dificultad de no disponer de ningún producto fitosanitarios
autorizado para compartir las plagas que cada año les afecta, lo que llega a hacer inviables económicamente y deslocalizar su producción a terceros países.
El registro de productos fitosanitarios a nivel nacional se encuentra regulado por el Real Decreto 971/2014, de 21 de noviembre, por el que se regula el procedimiento de evaluación de productos fitosanitarios; este es un procedimiento
complejo en el que intervienen los ministerios con competencias en materia de agricultura, sanidad y seguridad laboral. Dicho procedimiento requiere una media de 3 años y un alto coste económico para la realización de todos los informes y ensayos
exigidos por la regulación vigente. Ello se debe a que las compañías titulares de los productos fitosanitarios no ven posible la recuperación de inversiones que es necesaria realizar para registrar un producto fitosanitarios sobre un cultivo menor,
ya que el consumo de productos sobre los mismos es mínimo ante la escasa superficie existente en la EU.
El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente puso en marcha un Procedimiento Normalizado de trabajo para la Tramitación y Regulación de solicitudes de autorización de Ampliación a «usos menores» de productos fitosanitarios.
Este procedimiento permite registro de productos en cultivos menores en un plazo de 160 días, con una inversión mínima. Se ha comprobado que han existido muchas solicitudes, pero su trámite habrá que revisarlo.
Otro procedimiento es el Reconocimiento Mutuo, regulado en el artículo 40 del Reglamento (CE) n.º 1107/2009; consiste en el reconocimiento de registros entre los Estados Miembro. Un ejemplo de ello, en España no hay ningún producto
fitosanitario autorizado en el cultivo de la Mora para el control del Mildiu, no obstante en Francia si lo hay, por lo que mediante este procedimiento se podrían incluir los productos fitosanitarios para el control de la citada enfermedad en el
registro de autorizados por el MAGRAMA en el cultivo de la Mora. Este Procedimiento es muy interesante, pero manifiestan los
agricultores que es tan lento que se hace inviable ante un problema sanitario en una explotación en una plantación anual.
Ante esta situación que nos plantean las organizaciones agrarias y asociaciones representativas de los distintos sectores productores, el MAGRAMA tiene que tomar partido, buscando fórmulas que faciliten a los agricultores poder hacer frente
a los problemas diarios que se presentan en las explotaciones agrícolas. Los cultivos de Berries y tropicales en las provincias de Huelva, Málaga y Granada suponen un pilar fundamental en el desarrollo socioeconómico de cada una de estas
provincias, sin embargo esta realidad puede verse en serio riesgo si no se toma las medidas oportunas para ayudar a que el desarrollo y expansión de estos cultivos siga evolucionando y alcanzando cotas relevantes gracias al trabajo y compromiso de
los agricultores con producciones de alta calidad.
Las organizaciones agrarias y asociaciones representativas solicitan las autorizaciones excepcionales que permiten usar, en situaciones de emergencia fitosanitaria, productos no autorizados en estos cultivos y que aunque puntualmente
solucionan el problema, se comprueba que genera mucha inseguridad entre los profesionales al estar dependiendo de autorizaciones administrativas que no siempre llegan a tiempo y en muchas ocasiones quien tiene que autorizarlas desconocen la
urgencia, la repercusión y la relevancia que una decisión de este carácter tiene en el sector en cuestión y en todo lo que le rodea.
Por todo lo expuesto, los parlamentarios socialistas instan al Gobierno de la Nación a tomar medidas para gestionar esta situación, que supone un grave problema para la agricultura intensiva que se desarrolla en Huelva, Granada y Málaga, y
que pone continuamente en riesgo la economía de estas provincias, provocando en numerosas ocasiones incertidumbre en las campañas agrícolas.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a crear un Único Organismo que tenga todas las competencias en el registro de estos productos fitosanitarios y en la emisión de autorizaciones excepcionales, dotado de personal suficiente y
cualificado para hacer más ágil todos los trámites que necesitan los agricultores ante cualquier alarma fitosanitaria que se presentase.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de noviembre de 2016.-Josefa Inmaculada González Bayo, Elvira Ramón Utrabo y José Juan Díaz Trillo, Diputados.-Miguel Ángel Heredia Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
161/000939
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, nos dirigimos a esa Mesa, para presentar, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, la siguiente Proposición no de Ley
sobre las obras de construcción de un túnel hidráulico que conecte el embalse de Huesna con la estación de tratamiento de agua potable (ETAP) situada en el municipio de Villanueva del Río y Minas, en la provincia de Sevilla, para su debate en la
Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.
Exposición de motivos
El consorcio de Aguas del Huesna, creado por la Diputación de Sevilla en 1994 y de titularidad completamente pública, a través de su sociedad Aguas del Huesna se encarga del ciclo integral del agua de 22 municipios de la provincia de
Sevilla, dando servicio a una población de 250.000 habitantes.
Este servicio, al margen de la dificultad propia que su gran dispersión ocasiona, al atender el abastecimiento a un gran número de poblaciones no integradas en las grandes zonas urbanas, sufre un grave problema que compromete seriamente la
calidad y garantía del suministro, además de suponer importantes sobrecostes energéticos y ambientales.
El agua proviene del embalse del Huesna, que desembalsa al río Rivera del Huesna para, diez kilómetros aguas abajo, captar en un azud y bombear -un caudal de 900 litros por segundo con una
altura de 170 metros- hasta la ETAP que trata el agua y la reparte mediante una red de 250 kilómetros de conducciones en alta.
Este esquema de bombeo actual tiene serios inconvenientes que comprometen la explotación del sistema:
Calidad: el descenso del agua por el Rivera del Huesna compromete la calidad del abastecimiento que se vería seriamente afectado por pesticidas, sabotaje, ganado, vertidos, etc.
Seguridad: la elevación, en caso de avería del bombeo o la conducción de impulsión, compromete seriamente el suministro, con reparaciones que podrían ser de larga duración y dar lugar a su desabastecimiento.
Coste: el coste de la energía eléctrica, unos 1,2 millones de euros al año, suponen un sobrecoste muy importante, que se agrava con el actual esquema tarifario, máxime al existir una alternativa de suministro por gravedad.
Ambientales: el consumo de energía eléctrica además de suponer un coste, es una afección ambiental.
Existe sin embargo una alternativa, sencilla, rápida y segura, consistente en la construcción de un túnel hidráulico de 6,3 km y una conducción que conecte el embalse con la ETAP situada en Villanueva del Río y Minas, permitiendo el
suministro por gravedad, protegido e independiente.
Se dispone de un proyecto, completamente redactado y revisado, con toda la tramitación ambiental realizada y con los terrenos disponibles. El importe estimado de las actuaciones es de 22,09 millones de euros (IVA no incluido) y un plazo de
ejecución de 18 meses.
Conociendo las posibilidades técnicas y financieras que ofrece la Sociedad Estatal de Aguas, que ha realizado importantes obras en la comunidad, cuenta con experiencia en túneles hidráulicos y puede proporcionar una gran agilidad en el
inicio y ejecución de la obra.
Por todo lo anteriormente expuesto, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a adquirir el compromiso de la financiación y ejecución de las obras de construcción de un túnel hidráulico que conecte el embalse de Huesna con la estación de tratamiento de agua potable
(ETAP) situada en el municipio de Villanueva del Río y Minas, en la provincia de Sevilla.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de noviembre de 2016.-Carmen Rocío Cuello Pérez y Juana Amalia Rodríguez Hernández, Diputadas.-Miguel Ángel Heredia Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
161/000947
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley
sobre actuaciones necesarias de la Confederación Hidrográfica del Ebro en la ciudad de Logroño para acondicionar la zona del embarcadero de la margen izquierda del río Ebro, para su debate en la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio
Ambiente.
Exposición de motivos
El río Ebro, a su paso por la ciudad de Logroño, transporta una elevada cantidad de sólidos en suspensión procedentes de erosiones aguas arriba. La sedimentación de estas partículas en el lado interior de un meandro en la orilla izquierda
del río en esta ciudad coincide con la ubicación de la estructura de un embarcadero.
La utilización de este embarcadero está prevista con motivo de intervenciones del personal de la Dirección General de Extinción de Incendios y Salvamentos, de la Guardia Civil y de Bomberos, en la prestación de sus respectivas competencias
de salvamento, seguridad, rescate acuático, búsqueda de personas desaparecidas o prácticas para la instrucción, así como para actividades de ocio y esparcimiento mediante su utilización por barcas de recreo o piragüismo.
A raíz de las crecidas del río Ebro del pasado año, se han acumulado frente al embarcadero tal cantidad de tierra y restos vegetales que hace imposible el desarrollo de estas actividades. Por ello, el Ayuntamiento de Logroño se dirigió a la
Confederación Hidrográfica del Ebro para que se acondicionara dicha zona, dejándola como estaba antes de dichas crecidas, o que al menos se realizara un paso desde la rampa hasta el cauce del Ebro, de anchura suficiente y profundidad adecuada, con
el fin de poder realizar las intervenciones de salvamento, rescate y búsquedas. El tiempo de ejecución de las actuaciones necesarias se estimaba en un mes.
La Confederación Hidrográfica ha contestado al Ayuntamiento de Logroño planteando un requerimiento previo a Recurso Contencioso-Administrativo, entendiendo que la Resolución de la Alcaldía y considerando que la actuación que dicha resolución
le requería no es de su competencia.
La adecuación del procedimiento elegido por el Ayuntamiento de Logroño no debe ser obstáculo para que se lleven a cabo unas actuaciones que son urgentes e imprescindibles para el desarrollo adecuado de competencias de las diversas
administraciones en materias tan sensibles como el salvamento y la seguridad.
Por ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que la Confederación Hidrográfica del Ebro acuerde con el Ayuntamiento de Logroño, mediante la fórmula jurídico-administrativa que proceda, la realización de las actuaciones necesarias en el
embarcadero ubicado en la margen izquierda del río Ebro -coordenadas UTM Huso 30 (544815, 4702163)- para que pueda ser utilizado adecuadamente por el personal de salvamentos y seguridad de las diferentes administraciones en la prestación de sus
respectivas competencias, así como para otros fines de ocio y esparcimiento.
Con este fin, se comprometerán los oportunos créditos presupuestarios de la Confederación Hidrográfica para la cofinanciación de estas actuaciones, que comprenderán las recogidas en la Resolución de la Alcaldía de Logroño número 09048/2016,
de 1 de septiembre de 2016.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de noviembre de 2016.-César Luena López, Diputado.-Miguel Ángel Heredia Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
Comisión de Sanidad y Servicios Sociales
161/000812
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(161) Proposición no de Ley en Comisión.
Autor: Grupo Parlamentario Mixto.
Subsanación de la omisión de firma del portavoz de dicho Grupo Parlamentario en la solicitud de don Enric Bataller i Ruiz de que la Proposición no de Ley presentada del Grupo Parlamentario Mixto, sobre la transparencia en el etiquetado de la
miel, sea tramitada por la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.
Acuerdo:
Teniendo en cuenta la subsanación de firma del Portavoz de dicho Grupo Parlamentario, aceptar la declaración de voluntad y trasladar a la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, comunicando este acuerdo a la Comisión de
Sanidad y Servicios Sociales, al Gobierno y al Grupo Parlamentario autor de la iniciativa y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de noviembre de 2016.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
Nota.-La iniciativa de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados», serie D, núm. 50, de 15 de noviembre de 2016.
161/000920
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley para el
aumento de las plazas PIR de acceso a la obtención del título de Psicólogo Especialista en Psicología Clínica, para su debate en la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales.
Exposición de motivos
En los últimos años se están dando a conocer datos alarmantes con respecto al aumento de problemas de salud mental, desde los problemas de ansiedad, estado de ánimo y depresión, trastornos de conducta y de la personalidad, trastornos del
aprendizaje e incluso suicidio. En buena parte este crecimiento de la incidencia es consecuencia de cambios sociales y del impacto de la crisis económica, de las situaciones de estrés emocional, desarraigo y un largo etcétera de penosidades y
situaciones de vulnerabilidad. La reducción de la resiliencia personal y social y los nuevos hábitos y riesgos de conductas de riesgo o patológicas, desde los trastornos de la alimentación hasta los problemas de adicción, son también fenómenos de
salud mental en crecimiento. Varios informes alertan del aumento de los problemas de salud mental en España durante los últimos años. Cada año un tercio de la población adulta sufre un trastorno mental. Los trastornos mentales más frecuentes son,
en orden de mayor a menor incidencia: trastornos de ansiedad (14 %), depresión unipolar y trastornos afectivos (7 %), trastornos somatomorfos (5 %), dependencias de sustancias (3,5 %), trastornos psicóticos (1,2 %); seguidos de otros como los
trastornos de la conducta alimentaria, de la personalidad y los trastornos del sueño. Solo el suicidio, por ejemplo, provoca en España más muertes que los accidentes de tráfico, y se ha visto una tendencia al alza a partir de 2011. Por ejemplo,
mientras el número de muertes por accidente de tráfico se ha reducido desde los más de 8.000 casos en 1990 hasta menos de 2.000 en 2014, el número de suicidios ha aumentado en estas mismas fechas desde 3.000 casos en 1990 hasta casi 4.000 muertes en
2014. El coste de la enfermedad mental es altísimo también, y se calcula que alcanza los 83.000 millones de euros, sumando costes directos e indirectos, es decir un 8 % del PIB español, más alto que el gasto sanitario público total.
Este incremento de los problemas de salud mental está descansando sobre estructuras y profesionales de atención primaria y salud mental que, lejos de acomodarse a una mayor demanda asistencial, ve cómo los recortes de la atención sanitaria
inducen a consultas saturadas, profesionales desbordados y en consecuencia una mala atención a los pacientes, que acarrea consecuencias graves en el avance y agravamiento de sus problemas emocionales, trastornos de conducta, etc.
Ante la carencia e incapacidad de los recursos actuales para atender la demanda creciente, se están incrementando las prescripciones farmacológicas como tratamiento «de escape», opción que no siempre
está indicada como tratamiento de elección y que supone un mayor gasto a largo plazo para el Sistema Nacional de Salud (SNS). El aumento de uso de antidepresivos representa ya un 47 % del gasto farmacéutico en salud mental en España,
seguido de los fármacos antipsicóticos con un 30 %. Los hipnosedantes se han convertido en la tercera sustancia más consumida en España. Esto implica que la sanidad española está tratando los problemas de salud mental de manera preponderante con
farmacoterapia, cuando muchos de estos problemas pueden ser resueltos de manera más eficaz, y en ocasiones económica, con una asistencia adecuada de psicología clínica, en colaboración con los servicios de psiquiatría.
Estudios rigurosos realizados en otros países muestran que una iniciativa de intervención mediante técnicas psicológicas basadas en evidencia, comparativamente al tratamiento habitual en Atención Primaria, esencialmente de tipo
farmacológico, rinde mejores resultados clínicos y de coste-efectivo. En España se está realizando el estudio multicéntrico PSICAP (Psicología en Atención Primaria) que busca comparar los resultados del tratamiento psicológico cognitivo-conductual
versus el tratamiento médico convencional, con alto componente farmacológico, cuyos resultados se espera estén disponibles a lo largo de 2017.
La escasez de psicólogos clínicos en el SNS en comparación con otros países de Europa es manifiesta y está muy por debajo de la media europea. La ratio de profesionales en el sistema público no llega a 4,5 psicólogos clínicos por cada
100.000 habitantes, lejos de los 18 de ratio europea y de los más de 50 de Alemania o más de 70 en Suecia y Finlandia. Además, existe una importante desproporción en el número de profesionales contratados en las distintas Comunidades Autónomas, de
forma que en alguna de ellas la ratio es todavía menor.
La ratio de solicitud de acceso a la formación especializada de Psicólogo Especialista en Psicología Clínica es la más alta de todas las profesiones sanitarias. En la convocatoria más reciente del 2014-2015 se ofertaron 127 plazas con un
ratio de 32,27 solicitantes por plaza, cuando la ratio global de todas las especialidades fue de 4,69. En la presente convocatoria 2015-2016, mientras que las comisiones de especialidades solicitaron 163 plazas, tan solo se han ofertado 129. Esta
realidad se muestra insuficiente para poder atender la demanda de tratamientos psicológicos que requiere la sociedad española. Existen Comunidades y Provincias en las que no se oferta ninguna plaza PIR. La Comisión de Sanidad, Política Social y
Consumo del Congreso de los Diputados aprobó ya en 2010 un Informe elaborado por la Ponencia de Estudio sobre las necesidades de recursos humanos en el SNS (BOE, 2010), donde se reconocía que se necesitaban al menos 7.200 psicólogos en nuestro
Sistema Nacional de Salud y que habría que aumentar las plazas de formación de especialistas y para ello, estudiar cómo realizar ese aumento.
Por todo lo expuesto, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Impulsar las medidas necesarias que contribuyan al aumento de las plazas PIR de acceso a la formación para la obtención del título de Psicólogo Especialista en Psicología Clínica, para lo que como punto de partida, sería necesario
ofertar el total de plazas que ya están acreditadas, así como a revisar la oferta en aquellas comunidades autónomas o provincias en las que, actualmente, sea nula o escasa.
2. La realización, por parte del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, de un estudio de evaluación de efectividad comparada que basado en el estudio PSICAP y otros disponibles, realice recomendaciones específicas sobre la
incorporación de la prestación de psicología clínica dentro de la cartera de servicios de atención primaria.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de noviembre de 2016.-María Guadalupe Martín González, Jesús María Fernández Díaz y Susana Sumelzo Jordán, Diputados.-Miguel Ángel Heredia Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
161/000923
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley por la que
se solicita una nueva estrategia nacional en diabetes y otras medidas para mejorar la calidad de la atención e integración de estas personas, para su debate en la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales.
Exposición de motivos
En España, el 13,8 % de los españoles mayores de 18 años tiene diabetes tipo 2, lo que equivale a más de 5,3 millones de ciudadanos. De ellos, casi 3 millones conocen su enfermedad pero 2,3 millones, el 43 % del total, todavía desconocen
que padecen la enfermedad. Este retraso en descubrirla implica que cuando se diagnostica la enfermedad el 50 % presenta alguna complicación. Esto es grave si tenemos en cuenta que el tratamiento de las complicaciones es tanto más eficaz cuanto más
precoz y que la diabetes afecta a órganos tan importantes como los riñones, la vista, el corazón o el sistema nervioso.
A estas cifras se ha de sumar que el 12,6 % de la población española, más de 4,8 millones de personas, tienen intolerancia a la glucosa, una condición que se considera prediabética. Y cerca de 11 millones de españoles son obesos, lo que
equivale al 28,2 % de la población, cuando es bien sabido que existe una estrecha relación entre obesidad y diabetes tipo 2.
No podemos olvidar que a estos casos de diabetes tipo 2 (la más frecuente), hay que sumar los de la diabetes tipo 1, con una incidencia de 1.100 nuevos casos cada año en España, lo que supone entre el 5 y el 1 % del total de personas con
diabetes (también aumenta su incidencia, a pesar de que no se relaciona con el estilo de vida). A ello se ha de sumar otras situaciones especiales como la diabetes asociada con el embarazo, que afecta a entre el 5 y el 7 % de todos los embarazos.
Respecto de la población infantil, en España el último estudio disponible al respecto publicado en Anales de Pediatría en 2014, estimaba que hay unos 10.000 niños menores de 15 años con diabetes. Estas cifras tan elevadas y crecientes se deben en
gran medida al estilo de vida cada vez más sedentario, de la población en general y de los niños en particular, y a la alimentación, cada vez más alejada de la teóricamente ideal «dieta mediterránea».
Los principales problemas de la diabetes desde el punto de vista clínico se producen a largo plazo (enfermedad crónica), como consecuencia de la afectación de los vasos sanguíneos, produciéndose: enfermedad coronaria, enfermedad
cerebrovascular, déficit de visión como consecuencia de la retinopatía diabética, insuficiencia renal, afectaciones neurológicas y alteraciones de las extremidades (7 de cada 10 amputaciones de extremidades no traumáticas son como consecuencia de la
diabetes). En la vida diaria, además de estas complicaciones clínicas, la calidad de vida de estas personas se puede ver muy alterada tanto en el ámbito laboral, educativo y social, como consecuencia de los cuidados especiales, clínicos y de
autocuidado (dieta saludable, ejercicio, ), que el manejo de la enfermedad requiere.
La Estrategia en Diabetes del SNS se aprobó por el Pleno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud en octubre de 2006 con un Gobierno socialista. Evaluada de manera continua a lo largo de sus años de vigencia, en 2012 se
produjo una actualización de dicha Estrategia, que es la actualmente vigente. Dicha Estrategia contiene seis pilares de actuación: 1) Promoción de estilos de vida saludables y prevención primaria, 2) Diagnóstico Precoz, 3) Asistencia integrada, 4)
Abordaje de las Complicaciones, 5) Diabetes y Gestación, 6) Formación investigación e innovación. Nada sabemos hasta ahora sobre el seguimiento y evaluación de esta Estrategia. Cuatro años después de esta actualización se impone contar con una
evaluación y puesta al día de la Estrategia nacional de diabetes.
Precisamente el día 14 de noviembre de este año se ha celebrado de nuevo el Día Mundial de la Diabetes, donde tanto Naciones Unidas como la Organización Mundial de la Salud y la Federación Internacional de Diabetes, junto con otros
organismos y sociedades nacionales de todo el mundo, han puesto el ojo («Ojo a la diabetes») sobre el incremento de los diagnósticos de la enfermedad como elemento imprescindible para el inicio del cuidado y tratamiento de la enfermedad. Y también
sobre la necesidad de aumentar el número de controles de fondo de ojo que se realizan entre la población diabética. En España más de 1.600.000 personas tienen problemas de visión y, en la mayoría de los casos, estas complicaciones se derivan de un
mal control de la diabetes y de la falta de revisiones periódicas. De hecho, se estima que más del 50 % de las personas ciegas por diabetes nunca han acudido al oftalmólogo.
Y es que, aproximadamente el 26 por ciento de los pacientes con diabetes tipo 1 y el 36 por ciento de los de tipo 2 nunca han sido sometidos a una exploración de fondo del ojo, la prueba para detectar un problema de vista derivado de la
diabetes.
Otros elementos en el manejo de la diabetes que el Partido Socialista Obrero Español ha traído a este Congreso de los Diputados en anteriores Legislaturas y sobre los que no ha habido todavía oportunidad de pronunciarse son los siguientes:
Dentro de las medidas de autocuidado más importantes está mantener una dieta saludable. Para ello el conocimiento del índice glucémico de los alimentos (un indicador de la rapidez con que un determinado alimenta eleva la glucosa en sangre)
por parte de los diabéticos es crucial con el objetivo de evitar alteraciones bruscas en los niveles de glucosa en sangre y consiguientemente complicaciones a corto o largo plazo.
El hecho de padecer diabetes, ni ninguna otra enfermedad, no debe constituir causa per se de discriminación en el acceso a ningún puesto de trabajo y menos aún dentro del sector público (principio constitucional recogido también en el
Estatuto de los Trabajadores), a pesar de lo cual en determinadas ocasiones las convocatorias de empleo público establecen todavía restricciones relacionadas con la salud.
Una mejor coordinación del ámbito escolar y sanitario en el manejo del niño o niña diabéticos con el fin de mejorar aspectos como su integración, su alimentación y el control de su diabetes. En la escuela es importante que estos niños y
niñas se sientan igual que el resto de sus compañeros, por lo que es muy conveniente que los proyectos educativos de los centros incluyan recomendaciones para atender las especificidades relativas a la salud del alumnado y eduquen en hábitos
saludables. El niño o niña debe poder comer en el comedor escolar, y practicar las mismas actividades y ejercicios deportivos que el resto de sus compañeros y asistir a todas las actividades programadas también fuera del centro escolar. Para ello
es imprescindible que el profesorado y personal responsable estén al corriente de su condición de escolar con diabetes, que conozcan las pautas de actuación a seguir en caso necesario, y que existan frecuentes intercambios de información entre los
familiares, los profesionales sanitarios y el profesorado.
Estas prioridades coinciden con las preocupaciones manifestadas por la Federación Española de Diabetes en un encuentro mantenido con el Grupo Parlamentario Socialista.
Por todo lo expuesto, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Evaluar en el plazo de seis meses la Estrategia en diabetes, y en particular dar a conocer el grado de control alcanzado en el SNS sobre las posibles complicaciones de la diabetes y sobre la prevalencia de la enfermedad aún no
diagnosticada.
2. Promover a continuación una actualización de dicha Estrategia en diabetes en colaboración con las asociaciones de diabéticos, las sociedades científicas relacionadas y las Comunidades Autónomas.
3. Aprobar una regulación que establezca la obligación de incluir el índice glucémico en el etiquetado de los alimentos comercializados específicamente para diabéticos.
4. Normar y vigilar el cumplimiento de la ley con el fin de eliminar la discriminación que sufren las personas con diabetes cuando se les excluye para participar en cualquier tipo de prueba de acceso al empleo en el sector público de las
diferentes administraciones.
5. Mejorar la atención e integración en la escuela de los niños y niñas diagnosticados de este tipo de patologías crónicas en todos sus espacios y actividades. Para ello la nueva Estrategia en diabetes promoverá la elaboración de
protocolos de actuación coordinados entre los centros de salud y los centros escolares para aquellos casos que lo requieran y que cuenten con la colaboración de las asociaciones de padres y madres de niños y niñas con diabetes.
6. Garantizar que los profesionales de la educación dispongan de una información y formación adecuada sobre cómo se manifiesta y afecta la diabetes y poner a disposición de los centros escolares material didáctico apropiado.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de noviembre de 2016.-Jesús María Fernández Díaz, Diputado.-Miguel Ángel Heredia Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
161/000926
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley sobre
medidas para mejorar la protección de los consumidores frente a los desahucios y la pobreza energética, para su debate en la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales.
Exposición de motivos
La Constitución Española establece que los poderes públicos deben promover las condiciones necesarias y establecer las normas pertinentes para hacer efectivo el derecho que todos los españoles tienen a disfrutar de una vivienda digna y
adecuada y que deben garantizar, mediante procedimientos eficaces, los legítimos intereses de los consumidores. También establece que la dignidad de la persona constituye uno de los fundamentos del orden político y la paz social.
La pérdida de la vivienda habitual como consecuencia de la imposibilidad sobrevenida de hacer frente al pago de sus deudas, representa un auténtico drama para muchas familias españolas y un problema social que debe de abordarse de forma
urgente por parte de todos los poderes públicos.
La gravedad de los efectos que provoca en los consumidores la imposibilidad de hacer frente al pago de su vivienda habitual o de los servicios de energía para sus necesidades básicas, así como la situación de vulnerabilidad y riesgo de
exclusión social de las familias a las que afecta, exige que los poderes públicos intervengan desde los estadios iniciales, ofreciendo asesoramiento o promoviendo procedimientos ágiles y eficaces que permitan aportar soluciones negociadas antes de
que se inicie un procedimiento que pueda derivar en la pérdida de la vivienda habitual o en la interrupción de suministros básicos por impago de deudas. Los poderes públicos también deben intervenir en los momentos en los que la deuda es exigida
judicialmente, introduciendo en nuestro ordenamiento jurídico procedimientos específicos que permitan conjugar el cumplimiento exigible de las obligaciones financieras contraídas por los consumidores, con el mantenimiento de unas condiciones de vida
acordes con la dignidad personal.
Dentro de la esfera de sus competencias, Comunidades Autónomas como Castilla-La Mancha han puesto en marcha iniciativas de este tipo, contribuyendo, además, a través de los recursos económicos, materiales y humanos destinados a la protección
de los consumidores a mejorar la eficacia de los programas de asistencia técnica e intermediación hipotecaria. Estos programas, desarrollados también en otras Comunidades Autónomas como Andalucía, tienen por finalidad ofrecer orientación y
asesoramiento a las personas y familias insertas o que puedan verse insertas en un procedimiento de ejecución hipotecaria, fomentar el recurso a los instrumentos de Intermediación con las entidades acreedoras y, en definitiva, asegurar la
efectividad del derecho a la vivienda habitual como consecuencia de un proceso de ejecución hipotecaria, mediante el ofrecimiento de un alojamiento alternativo.
La larga experiencia de la Administración local y autonómica y de las asociaciones de consumidores en las labores de intermediación, asesoramiento y arbitraje, supone una contribución inestimable a los programas puestos en marcha por algunas
Administraciones autonómicas para evitar la pérdida de la vivienda habitual como consecuencia de la imposibilidad sobrevenida de hacer frente a las obligaciones financieras contraídas para financiar la vivienda habitual.
No obstante, el Estado también debe de intervenir tanto para impulsar y promover la extensión a todos ciudadanos las importantes medidas puestas en marcha por algunas comunidades autónomas que contribuyen a prevenir y paliar los efectos de
los desahucios; como para introducir, dentro de la esfera de sus competencias, medidas legislativas y económicas que permitan moderar, atendiendo a las circunstancias personales y sociales, la aplicación ciega del principio de responsabilidad
universal del deudor, garantizar el derecho constitucional a la vivienda y a unas condiciones de vida digna.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista formula la siguiente
Proposición no de Ley
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Aprobar de forma urgente un plan de medidas legislativas y económicas que eviten la exclusión social de aquellas familias que, fruto de una insolvencia sobrevenida, puedan perder o hayan perdido su
vivienda o no puedan satisfacer una cantidad mínima de servicios de energía para sus necesidades básicas.
2. Previo acuerdo y colaboración con las Comunidades Autónomas, la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y el Consejo de Consumidores y Usuarios, impulsar y contribuir a financiar programas destinados al asesoramiento,
información e intermediación de las personas y familias insertas, o que puedan verse insertas, en un procedimiento de ejecución hipotecaria que afecte a su vivienda habitual o que no puedan satisfacer una cantidad mínima de servicios de energía para
sus necesidades básicas, promoviendo, entre otros aspectos, la incorporación de recursos y procedimientos destinados a la información y defensa de los consumidores y usuarios.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de noviembre de 2016.-Victoria Begoña Tundidor Moreno y María del Mar Rominguera Salazar, Diputadas.-Miguel Ángel Heredia Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo
161/000912
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para impulsar la abolición de la
pena de muerte a nivel mundial, para su debate en la Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo.
Exposición de motivos
La lucha contra la pena de muerte, desde los distintos ámbitos e instancias internacionales, es uno de los ejes prioritarios de la acción exterior española en materia de Derechos Humanos. Después de celebrar en Madrid en 2013 el V Congreso
Mundial contra la Pena de Muerte, el pasado año la Comisión Internacional contra la Pena de Muerte (CIPM), volvió a depositar la confianza en nuestro país, eligiendo Madrid como sede para albergar el Secretariado de la CIPM.
Los datos más recientes (Informe 2016 Amnistía Internacional) muestran un alarmante aumento de las ejecuciones en el mundo, alcanzando al menos 1.634 personas en 2015 (sin incluir los casos de algunos países en los que los datos sobre la
pena de muerte se tratan como secreto de Estado). Esta cifra supone un aumento de más del 50 % con respecto al año anterior y es la cifra más alta registrada en los últimos 25 años. De todas las ejecuciones registradas, el 89 % se llevaron a cabo
en solo tres países.
Sin embargo, hay también motivos para el optimismo y la tendencia mundial avanza hacia la abolición. En 2015 por primera vez, la mayoría de los países del mundo, 102, han abolido ya por completo la pena de muerte y el número de condenas a
muerte impuestas en 2015 es inferior con respecto al del año anterior.
La Unión Europea se opone a la aplicación de la pena capital en cualquier caso y circunstancia, y cuenta entre los objetivos esenciales de su política de derechos humanos la abolición universal de esa pena a nivel mundial. Federica
Mogherini, Alta Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad y Vicepresidenta de la Comisión, declaró en marzo 2015 que la pena capital es un acto «cruel, inhumano e irreversible» y que «no sirve como efecto disuasorio.
La UE considera que la abolición de la pena de muerte es esencial para proteger la dignidad humana y para el desarrollo progresivo de los derechos humanos».
España y la UE consideran que la pena de muerte constituye una seria violación de los derechos humanos. La pena de muerte ataca de forma directa la dignidad humana cuya defensa se ampara en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y
en todo el ordenamiento jurídico nacional e internacional que se desprenda de esa DUDH.
La Constitución Española de 1978 establece en su artículo 15 que «Todos tienen derecho a la vida y a la integridad física y moral, sin que, en ningún caso, puedan ser sometidos a tortura ni a penas o tratos
inhumanos o degradantes. Queda abolida la pena de muerte, salvo lo que puedan disponer las leyes penales militares para tiempos de guerra».
Años más tarde y profundizando en la idea de hacer desaparecer la pena de muerte del ordenamiento jurídico español y dar por abolida de forma absoluta esta condena en nuestro país, el Congreso de los Diputados aprobó la Ley Orgánica 11/1995,
de 27 de noviembre, de tal forma que abolía también la pena de muerte en tiempos de guerra.
El carácter prioritario que ostenta la lucha contra la pena de muerte en la política exterior de España, se ha demostrado siempre a través de un papel activo y comprometido en la lucha contra esta lacra; prueba de ello ha sido por ejemplo
la creación en 2010 a iniciativa española de la Comisión Internacional contra la Pena de Muerte, compuesta por personalidades de reconocido prestigio internacional, y con el respaldo y asesoramiento de países de todo el mundo, que forman su Grupo de
Apoyo presidido actualmente por España: Argelia, Argentina, Bélgica, España, Filipinas, Francia, Italia, Kazajstán, México, Mongolia, Noruega, Portugal, Reino Unido, República Dominicana, Sudáfrica, Suiza, Togo y Turquía. Este organismo mantiene
la determinación de contribuir con su trabajo a promover, complementar o respaldar toda acción encaminada a la abolición de la pena de muerte en el mundo, cuyo valor añadido es la capacidad de influencia e interlocución en la esfera internacional
que aporta la dilatada experiencia de sus comisarios.
España debe seguir siendo un país protagonista en la defensa de los Derechos Humanos y de las libertades públicas, defendiendo la libertad del ser humano y una justicia que no sea contraria a la propia vida.
La celebración del 10 de octubre como día mundial contra la Pena de Muerte es una excepcional ocasión para poner de manifiesto la realidad de la pena de muerte en el mundo y para seguir impulsando medidas entre la sociedad civil y los
poderes públicos para la abolición universal de una práctica contraria a los Derechos Humanos.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso presenta la siguiente
Proposición no de Ley
«El Congreso de los Diputados manifiesta la necesidad de:
- Seguir trabajando en alianza con la Unión Europea para lograr que otros países avancen en la abolición de la pena de muerte, y a favor de una moratoria universal como paso intermedio, con el objetivo de que la pena de muerte acabe siendo
una realidad prohibida en el ordenamiento jurídico internacional.
- Potenciar el papel de las instituciones nacionales e internacionales así como de la sociedad civil, que luchan por acabar con la pena de muerte y por la defensa de los derechos humanos en el mundo.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de noviembre de 2016.-Rafael Antonio Hernando Fraile, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/000945
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, a instancia de la Diputada doña Ana Surra Spadea, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre los
derechos humanos en Arabia Saudí, para su debate en la Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo.
Exposición de motivos
El deterioro de la situación de los derechos humanos en Arabia Saudí ha sido constante en los dos últimos años. Organizaciones como Amnistía Internacional han documentado que continúa una persistente y generalizada represión de activistas
de los derechos humanos a quienes se aplica la ley antiterrorista, que se mantiene la discriminación en la ley y en la práctica de las mujeres y de las minorías (sobre todo de la población chií), y que han aumentado las ejecuciones y las condenas a
muerte.
Además, Arabia Saudí sigue liderando una devastadora campaña de bombardeos aéreos en Yemen, en la que se han cometido graves violaciones del derecho internacional humanitario, incluidos crímenes de guerra. Amnistía Internacional ha
documentado al menos 34 bombardeos realizados por parte de la coalición que lidera Arabia Saudí. En esos ataques murieron 494 civiles, incluyendo al menos a 148 niños y niñas, y 359 civiles fueron heridos. Algunos de estos ataques parecen haberse
dirigido de forma deliberada contra la población civil e infraestructuras civiles como hospitales, escuelas, mercados y mezquitas, lo cual podría ser constitutivo de crímenes de guerra. Asimismo, la ONG de derechos humanos ha documentado que esa
coalición también ha utilizado bombas de racimo, prohibidas internacionalmente.
Teniendo en cuenta las buenas relaciones que han demostrado tanto el Jefe del Estado actual (siguiendo la estela de su padre y antecesor) como el Gobierno español, que es de todos conocidos la sensibilidad que demuestra en el compromiso por
los derechos humanos (como ha demostrado sobradamente respecto a Venezuela), se considera oportuno que se realicen gestiones para avanzar en el respeto de los derechos humanos en Arabia Saudí.
Es por todo ello que se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno español a que, sirviéndose de sus buenas y fluidas relaciones con Arabia Saudí, pida a este país que:
1. Respete plenamente lo establecido por el derecho internacional humanitario y, en consecuencia, ponga fin de inmediato a los ataques indiscriminados y ataques desproporcionados en Yemen, así como que cese de inmediato el uso de bombas de
racimo y de armas explosivas con efecto de gran superficie en las proximidades de zonas civiles densamente pobladas.
2. Garantice la libertad de movimiento a los trabajadores humanitarios en Yemen y la distribución rápida, imparcial y sin obstáculos de la ayuda humanitaria para la población civil que lo necesita.
3. Libere de forma inmediata e incondicional a todos los presos de conciencia, detenidos o encarcelados únicamente por ejercer de forma pacífica su derecho a la libertad de expresión, reunión y asociación, entre los que se encuentran Raif
Badawi, Waleed Abu al-Khair y los miembros de ACPRA Sheikh Suliaman al-Rashudi, Dr. Abdullah al Hamid, Dr. Mohamed Qahtani, Dr. Abdulkareem al-Khoder, Fowzan al-Harbi, Saleh alAshwan, Abdulrahman al-Hamid y Issa aI-Nukheifi.
4. Revoque la ley antiterrorista y la legislación conexa, o que la revise en profundidad para que sea conforme con el derecho internacional y con los estándares internacionales de derechos humanos, incluida la adopción de una definición de
terrorismo que no invada el ejercicio pacífico de los derechos humanos.
5. Anule las sentencias y las condenas a muerte de Ali al Nimr, Abdullah Hasan al-Zaher, Dawood Hussein (los tres eran menores de 18 años cuando fueron detenidos), y garantice que son sometidos a juicios justos, acordes al derecho y las
normas internacionales, en los que no se pueda imponer la pena capital, y abrir una investigación independiente sobre sus denuncias de tortura y otros malos tratos.
6. Deje de utilizar la pena de muerte contra personas menores de 18 años en el momento de cometer presuntamente el delito, de acuerdo con las obligaciones de Arabia Saudí como Estado Parte de la Convención de Derechos del Niño.
7. Establecer de inmediato una moratoria oficial de las ejecuciones con vistas a abolir la pena capital en Arabia Saudí.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de noviembre de 2016.-Ana María Surra Spadea, Diputada.-Gabriel Rufián Romero, Portavoz del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana.
Comisión de Cultura
161/000915
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Mixto, a instancia de los Diputados de Compromís (Enric Bataller, Joan Baldoví, lgnasi Candela y Marta Sorlí), presenta al amparo del artículo 193 y siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, la siguiente Proposición
no de Ley para la conmemoración del 75 aniversario de la muerte del poeta Miguel Hernández, para su debate en la Comisión de Cultura.
Exposición de motivos
En el año 2017 se conmemora el 75 aniversario de la muerte del poeta oriolano Miguel Hernández Gilabert, lo que supone una oportunidad única para que esta figura universal sea reconocida en todos los ámbitos posibles.
Terminada la guerra civil española, el poeta y dramaturgo regresó a Orihuela, su pueblo natal, donde fue detenido. Condenado a muerte, luego se le conmutó la pena por la de cadena perpetua. Después de pasar por varias prisiones, murió en
el penal de Alicante víctima de un proceso tuberculoso; de esta forma se truncó una de las trayectorias más prometedoras de las letras españolas del siglo XX.
De familia humilde, Miguel Hernández tuvo que abandonar muy pronto la escuela para ponerse a trabajar; aun así desarrolló su capacidad para la poesía gracias a ser un gran lector de los clásicos. Adscrito a la Generación del 27, destacó
por la hondura y autenticidad de sus versos, reflejo de su compromiso social y político.
Su trayectoria como escritor dio comienzo con algunas colaboraciones en la revista de tendencia católica El Gallo Crisis, dirigida por Ramón Sijé.
Su primer volumen de versos, Perito en lunas (1934), está formado por 42 octavas reales en las que los objetos cotidianos y humildes son descritos con un hermetismo formal en el que trasluce claramente el magisterio gongorino. Sin embargo,
en otros poemas de la misma época se intuye una mayor soltura verbal y el inicio de su compromiso con la causa de los desheredados.
En 1934, después de dar a conocer en la revista Cruz y Raya el auto sacramental Quién te ha visto y quién te ve y sombra de lo que eras, de carácter calderoniano, comenzó la que a la postre fue considerada su obra maestra y de madurez, El
rayo que no cesa (1936), que inicialmente pensaba titular El silbo vulnerado. La vida, la muerte y el amor, éste como hilo conductor del poemario, son los ejes centrales de un libro compuesto mayoritariamente por sonetos y deslumbrante en su
conjunto.
Durante la Guerra Civil cultivó la llamada poesía de guerra: su fe republicana se plasmó en una serie de poemas reunidos en Viento del pueblo (1937), que incluyó la «Canción del esposo soldado», dirigida a su mujer, y otras creaciones
famosas, como «El niño yuntero». También en este período concibe El hombre acecha (1939), que manifiesta su visión trágica de la contienda fratricida, y diversos textos dramáticos que se publicaron con el título Teatro en la guerra (1937).
Mientras se hallaba en la cárcel escribió Cancionero y romancero de ausencias (1939-1941), donde hizo uso de formas tradicionales de la poesía popular castellana para expresar en un estilo conciso y sencillo su hondo pesar por la separación
de su mujer y sus hijos y la angustia que le producían los efectos devastadores de la guerra.
«Recordar a Miguel Hernández que desapareció en la oscuridad y recordarlo a plena luz, es un deber de España, un deber de amor. Pocos poetas tan generosos y luminosos como el muchachón de Orihuela cuya estatua se levantará algún día entre
los azahares de su dormida tierra. No tenía Miguel la luz cenital del Sur como los poetas rectilíneos de Andalucía sino una luz de tierra, de mañana pedregosa, luz espesa de panal despertando. Con esta materia dura como el oro, viva como la
sangre, trazó su poesía duradera. ¡Y éste fue el hombre que aquel momento de España desterró a la sombra! ¡Nos toca ahora y siempre sacarlo de su cárcel mortal, iluminarlo con su valentía y su martirio, enseñarlo como ejemplo de corazón purísimo!
¡Darle la luz! ¡Dársela a golpes de recuerdo, a paletadas de claridad que lo revelen, arcángel de una gloria terrestre que cayó en la noche armado con la espada de la luz!»
- Pablo Neruda -
Por todo esto, se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
«El Congreso insta al Gobierno a:
1. Declarar el 2017 corno Año Miguel Hernández.
2. Impulsar al máximo las actividades conmemorativas del 75 aniversario de la muerte del poeta oriolano, y participar en cuantas iniciativas se organicen para promover el estudio y la difusión de la vida y obra de Miguel Hernández.
3. Aprobar las dotaciones presupuestarias suficientes para la programación de actividades de conmemoración del 75 aniversario de la muerte del poeta.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de noviembre de 2016.-Enric Bataller i Ruiz, Joan Baldoví Roda, Ignasi Candela Serna y Marta Sorlí Fresquet, Diputados.-Marian Beitialarrangoitia Lizarralde, Portavoz Adjunta del Grupo Parlamentario
Mixto.
Comisión de Igualdad
161/000941
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley para la
presentación de un Proyecto de Ley Integral contra los Delitos de Odio, para su debate en la Comisión de Igualdad.
Exposición de motivos
Recientemente el Gobierno, a través del Ministro del Interior, presentó el III Informe sobre Delitos de Odio, un Informe que constata que en España, al igual que en Europa, persisten situaciones delictivas que tienen por objeto dañar a
personas y colectivos sociales que reflejan la diversidad humana, bien sea por factores diferenciales o por su condición social. Estas personas son víctimas de agresiones individuales o de grupos organizados que lesionan su dignidad, dañan sus
derechos fundamentales y coartan, incluso hasta la suspensión, sus libertades.
Detrás de los Delitos de Odio, de los delitos de incitación al odio o a la violencia, subyacen formas de intolerancia como el racismo, la xenofobia, el antisemitismo, la islamofobia, el antigitanismo, la misoginia y el sexismo, la homofobia,
la transfobia, el odio a las personas sin hogar, en definitiva al «otro», bien por su aspecto físico, color de piel, su lengua y origen geográfico, convicciones religiosas e ideología, orientación sexual, identidad y género, entre otros factores de
significación. Y se manifiestan mediante conductas que reflejan estigmatización, exclusión, discurso de odio, discriminación, hostilidad, violencia, y en su dimensión más grave, homicidios, terrorismo y crímenes de lesa humanidad.
Según el III Informe sobre Delitos de Odio referido, se cometen casi cuatro delitos de odio al día en España; en 2015, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado detectaron 1.324 casos, lo que supone un aumento del 13 % respecto a 2014,
con nuevas modalidades delictivas, al menos hasta ahora no detectadas, como son los delitos por discriminación en razón de género y por ideología. La mayoría de estos delitos, 506, el 38,2 %, fueron por racismo y xenofobia; le siguen los ataques
por ideología, 308, el 23,3 %; los ataques a personas con discapacidad, 224, el 17 %. También se registraron delitos por orientación sexual, 168, el 12,69 %, por razón de género, 24, el 1,8 %, 15 ataques, el 1,13 %, a personas sin recursos,
aporofobia, y 9 ataques por antisemitismo, 0,7 %. Por tipologías delictivas, hay que significar que, entre otras, se registraron 240 lesiones (18,1 %), 205 amenazas (15,5 %), 113 injurias (8,5 %) y 88 actos racistas, xenófobos y de violencia en el
deporte (8,5 %). Y todo ello, señalando que la cifra de agresiones podría ser mucho mayor porque existe una cifra sumergida no conocida, dado que estos delitos se denuncian poco por diversos factores, como el temor a represalias o la desconfianza
institucional.
Las Organizaciones No Gubernamentales recuerdan que las instituciones europeas estiman que solo se denuncia un 20 % de la realidad de delitos de odio. Ante este hecho, algunas ONGs ofrecen datos monitorizados, como es el caso del Informe
RAXEN de Movimiento contra la Intolerancia que en sus estimaciones calcula 4.000 incidentes y agresiones al año y denuncia la existencia de grupos racistas y xenófobos en todas las Comunidades Autónomas. Asimismo, señala la existencia de más de
1.000 «sites» (webs, blogs, canales, foros, redes ) y decenas de conciertos de música anuales donde se promueve el odio y la intolerancia, recordando que desde el asesinato racista de la inmigrante Lucrecia Pérez y de la transexual Sonia más de 90
personas han muerto víctimas de crímenes o delitos de odio en nuestro país.
Por su parte, las instituciones internacionales, tanto la Agencia de Derechos Fundamentales (FRA) de la Unión Europea, la Comisión Europea contra el Racismo y la Intolerancia (ECRI) del Consejo de Europa, la ODHIR (OSCE) y la ONU, ante la
preocupación evidenciada sobre el discurso y los delitos de odio, insisten en que estas manifestaciones de intolerancia criminal han de ser prevenidas, neutralizadas y erradicadas, por el daño que supone a las víctimas, que generalmente se completa
con un plus de horror que estigmatiza y produce patologías que exigen tratamiento psicoterapéutico, y también por el daño que supone para la colectividad, pues golpea la cohesión y armonía social y supone un ataque a los valores, principios y
derechos en los que se asientan las sociedades democráticas.
En cuanto a las acciones particulares, el discurso de odio -discurso que crea el ambiente propicio para la agresión, anticipando y precediendo a la acción- es muy visible en miles de webs, en redes sociales, en fondos ultras de los campos de
fútbol, en conciertos de organizaciones racistas, acciones xenófobas o en distribuidoras neonazis de literatura y música de odio. Es un «discurso, lenguaje o conjunto de expresiones» que pretende degradar, intimidar, menospreciar, promover
prejuicios, discriminar, realizar hostilidad o incitar a la violencia contra personas por motivos de su pertenencia a un colectivo étnico o racial, género, nacionalidad, religión, orientación sexual, identidad de género, edad, discapacidad, lengua,
opiniones políticas o morales, estatus socioeconómico, ocupación o apariencia (como el peso, el color de pelo), capacidad mental y cualquier otro elemento de consideración. El concepto se refiere al discurso difundido de manera oral, escrita, en
soporte visual, en los medios de comunicación, internet u otros medios de difusión social y que muestran el alcance global de esta criminalidad, lo que debe ser abordado por los poderes públicos y las sociedades democráticas en congruencia con el
artículo 10 y el conjunto de derechos y libertades protegidos por la Constitución Española.
Nuestro país ha avanzado en esta materia con la reforma del artículo 510 del Código Penal o con el Estatuto de la Víctima del Delito, aunque se siguen presentando déficits. La firma del Convenio contra la Ciberdelincuencia racista y
xenófoba, la creación de Fiscalías para delitos de odio y discriminación, el Registro de incidentes y delitos de odio en el Ministerio del Interior y el Protocolo de Intervención para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado nos sitúan en
sintonía con los acuerdos europeos. También la sociedad civil avanzó creando el Consejo de Víctimas de Delitos de Odio. Un importante conjunto de medidas que vienen acompañadas de una Legislación contra la Violencia, el Racismo, la Xenofobia y la
Intolerancia en el Deporte aprobada en 2007, con lo que se completa la intervención en este ámbito.
Sin embargo, la preocupación por los incidentes y delitos de odio que se producen en nuestro país, el avance del discurso racista, neonazi y de intolerancia delictiva en general que se observa en internet, o en algún medio de comunicación
aunque aún marginal, y en algunos espacios públicos, junto a los inquietantes sucesos acaecidos en Europa, deben hacernos actuar y consolidar los instrumentos del Estado de Derecho ante los mismos.
Para ello, también es necesario que nuestro ordenamiento jurídico, contando con un amplio consenso de los partidos políticos, incorpore los conceptos establecidos por los organismos internacionales sobre esta materia, tales como:
Delito de Odio. Aceptado este término y precisado por el Comité de Ministros de la OSCE (diciembre 2003) como «toda infracción penal, incluidas las infracciones contra las personas y la propiedad, cuando la víctima, el lugar o el objeto de
la infracción son seleccionados a causa de su conexión, relación, afiliación, apoyo o pertenencia real o supuesta a un grupo que pueda estar basado en la raza, origen nacional o étnico, el idioma, el color, la religión, la edad, la disfunción
física o mental, la orientación sexual u otros factores similares, ya sean reales o supuestos».
Discurso de Odio. Aceptado este término y precisado en 1997 por el Consejo de Europa, en su Recommendation No. R 97 (20) del Comité de Ministros, y que «abarca todas las formas de expresión que propaguen, inciten, promuevan o justifiquen
el odio racial, la xenofobia, el antisemitismo u otras formas de
odio basadas en la intolerancia, incluida la intolerancia expresada por agresivo nacionalismo y el etnocentrismo, la discriminación y la hostilidad contra las minorías, los inmigrantes y las personas de origen inmigrante».
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a, adoptar entre otras, las siguientes medidas:
1. Impulsar un Plan de intervención contra el Lenguaje y Discurso de Odio, de Discriminación, Xenófobo e Intolerante, con especial incidencia en la erradicación de todas sus manifestaciones en Internet y en las redes sociales. Dicho Plan
contemplará, entre otras actuaciones, medidas de sensibilización y movilización, para lo que también se articularán cauces para la participación de la ciudadanía con garantías, siguiendo las orientaciones de la Comisión Europea contra el Racismo y
la Intolerancia del Consejo de Europa.
2. Presentar un Proyecto de Ley Integral contra los Delitos de Odio que consolide y ofrezca un instrumento jurídico que permita, desde la sensibilización, estimular la acción ciudadana, la solidaridad y el compromiso institucional, así como
la prevención eficaz, protección y atención de la víctima y la persecución del agresor.
Este Proyecto de Ley deberá incluir, entre otras medidas:
- Mecanismos de prevención, sensibilización y detección en todos los ámbitos, en especial en Internet y redes sociales.
Entre estos mecanismos, se incluirá un Plan Integral contra el racismo, la xenofobia y la intolerancia, que incluya, entre otras, la formación y la sensibilización frente actos de discriminación, para ayudar a su reconocimiento y
erradicación así como para avanzar en el respeto a los derechos humanos, como elementos consustanciales de una cohesión social en igualdad y libertad.
- Garantizar una asistencia jurídica integral, con el fin de facilitar la denuncia y la persecución del delito, así como la tutela judicial efectiva.
- Garantizar la atención, protección y recuperación de las víctimas, teniendo como referencia en esta materia los acuerdos y conceptos aprobados en los organismos internacionales en los que participa nuestro país.
- Incorporar en los planes educativos la diversidad étnica, racial y la interculturalidad, con el objetivo de visibilizar la diversidad étnica y racial de la sociedad española.
- Impulsar la coordinación y la colaboración social y que apoye el esfuerzo del tejido asociativo frente al delito de odio y las conductas de intolerancia y discriminación, y que respete y recupere la memoria de la víctima.
- Sensibilizar, formar e informar a todos los miembros de la Fiscalía, Judicatura, funcionarios judiciales y de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado acerca de la tipología, características y necesidad de combatir la discriminación y
los delitos de odio.
- Impulsar la aplicación efectiva de la Ley de Partidos para ilegalizar los partidos racistas, xenófobos, y los que promuevan la discriminación, el odio y la violencia.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de noviembre de 2016.-Ángeles Álvarez Álvarez, Diputada.-Miguel Ángel Heredia Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
161/000942
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre el acceso a la
reproducción asistida de todas las personas con capacidad gestante, independientemente de su orientación sexual, de su identidad de género, de su estado civil y de su situación familiar, para su debate en la Comisión de Igualdad.
Exposición de motivos
La Ley 14/2006, de 26 de mayo, sobre técnicas de reproducción humana asistida establece el derecho a los tratamientos de reproducción asistida a todas las mujeres «con independencia de su estado civil y orientación sexual». Sin embargo, la
Orden Ministerial SSI/2065/2014, de 31 de octubre, establece que sólo tendrán acceso a los tratamientos de reproducción asistida las mujeres con «un trastorno documentado de la capacidad reproductiva» o «ausencia de consecución de embarazo tras un
mínimo de 12 meses de relaciones sexuales con coito vaginal sin empleo de métodos anticonceptivos». Así las mujeres lesbianas, las mujeres bisexuales, las personas transgénero o las mujeres que quieren emprender la maternidad en solitario y que no
tengan problemas de fertilidad quedan excluidas.
La Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo reconocía en su Preámbulo que «el desarrollo de la sexualidad y la capacidad de procreación están directamente vinculados a la
dignidad de la persona y al libre desarrollo de la personalidad y son objeto de protección a través de distintos derechos fundamentales, señaladamente, de aquellos que garantizan la integridad física y moral y la intimidad personal y familiar. La
decisión de tener hijos y cuándo tenerlos constituye uno de los asuntos más íntimos y personales que las personas afrontan a lo largo de sus vidas, que integra un ámbito esencial de la autodeterminación individual. Los poderes públicos están
obligados a no interferir en ese tipo de decisiones, pero, también, deben establecer las condiciones para que se adopten de forma libre y responsable, poniendo al alcance de quienes lo precisen servicios de atención sanitaria, asesoramiento o
información. La protección de este ámbito de autonomía personal tiene una singular significación para las mujeres, para quienes el embarazo y la maternidad son hechos que afectan profundamente a sus vidas en todos los sentidos».
La restricción en el acceso a las técnicas de reproducción asistida obedece a motivos ideológicos que se proyectan sobre el control del cuerpo de la mujer y sobre la exclusión de los diversos modelos de familia posibles. La gestación no se
concibe como una decisión libre y autónoma en la que la Administración no tiene derecho a interferir. Esto supone una vulneración de diversos derechos fundamentales como el de la salud, el del libre desarrollo de la personalidad, la prohibición de
discriminación y la prohibición de injerencia en la vida privada y familiar.
Además de atentar contra los derechos sexuales y reproductivos, también supone una discriminación por motivos económicos, puesto que sólo quienes disponen de recursos económicos pueden recurrir a la sanidad privada para realizar su deseo
gestacional.
Los protocolos médicos existentes hasta la fecha han sido concebidos desde la exclusión de las diversas realidades sexo afectivas y familiares, y por ello han quedado obsoletos, debiendo contemplar todas las realidades que son las que
conforman nuestra sociedad diversa y plural.
El personal sanitario demasiado a menudo carece de formación sobre cuestiones de género y diversidad. El trato dispensado a las personas con una realidad sexo afectiva o familiar diversa no es el debido. El sistema sanitario dificulta el
reconocimiento de la pareja de la persona gestante en el caso de parejas no heterosexuales, no se tienen en cuenta las necesidades de salud particulares de las personas LGTBI, los formularios y el material divulgativo es excluyente, etc.
El acceso a las técnicas de reproducción asistida debe ser concebido como la consecución de un derecho y no como el acceso a un servicio del que se debe ser merecedor/a. La aplicación de esas técnicas debe realizarse desde la óptica de la
codecisión entre la persona que toma la decisión vital de gestar y los profesionales de la sanidad que la asisten. Estos deben respetar la autonomía de la persona e informarle de las opciones posibles y de los riesgos inherentes a cada una de ellas
para que las decisiones se tomen en base al consentimiento informado. Una vez nacida la criatura, se dan otro tipo de trabas, entre ellas la dificultad al acceso a la lactancia inducida de la madre no gestante en el caso de ser una pareja de
mujeres.
La aplicación de esas técnicas debe partir de dos circuitos diferenciados, uno para las personas que tengan dificultad en materializar su deseo gestacional (infertilidad/esterilidad) y otro para las personas que no lo tengan, para evitar la
medicalización innecesaria de sus cuerpos.
En el caso de la técnica ROPA -técnica de ovodonación que permite la maternidad compartida entre madre genética y madre gestante- se ha identificado que en centros de reproducción asistida se exige a las parejas de mujeres que estén casadas
como condición para hacer la transferencia de embriones, mientras que a las parejas heterosexuales no se les exige este vínculo específico para que el hombre pueda dar esperma a su pareja.
Otro aspecto que genera discriminación son los trámites para inscribir las criaturas nacidas. La legislación civil es ambigua y exige requisitos a las parejas de mujeres que no exige a las parejas heterosexuales, añadiendo condiciones y
trámites suplementarios que no tienen ninguna justificación objetiva. Se les exige estar casadas, comparecer ambas ante el Registro Civil para inscribir la criatura y por ende se les excluye de la inscripción directa que puede realizarse desde el
centro sanitario.
A partir de la aprobación de la Orden Ministerial SSI/2065/2014, de 31 de octubre, se ha generado una situación de inseguridad sobre los criterios de acceso a esas técnicas, puesto que una norma de rango inferior contradecía una Ley, de
jerarquía superior. Algunas Comunidades Autónomas optaron por seguir asegurando el acceso a esas técnicas asumiendo su coste y otras no. Con ello, se ha generado una desigualdad territorial de derechos del todo injustificada. En algunas
Comunidades Autónomas, las mujeres que han visto su proceso gestacional interrumpido por la aprobación de esa nueva norma han acudido a los Tribunales, que les han dado la razón.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea presenta la siguiente
Proposición no de Ley
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno, en el ejercicio de sus competencias, a:
1. Garantizar en todo el territorio y con carácter gratuito el acceso a todas las técnicas de reproducción asistida en la salud pública, incluida la ROPA, de todas las personas con capacidad gestante, independientemente de su orientación
sexual, de su identidad de género, de su estado civil y de su situación familiar.
2. Prever dos circuitos diferenciados para las personas que tengan dificultades en la gestación (infertilidad/esterilidad) y las que no para evitar la medicalización innecesaria de estas últimas.
3. Contemplar las realidades específicas de la crianza entre dos madres y garantizar la lactancia inducida para las madres no gestantes.
4. Adecuar los formularios y trámites administrativos del circuito de la reproducción asistida a las diversas realidades sexo afectivas y familiares.
5. Formar al personal sanitario en cuestiones de género y de diversidad LGTBI para que puedan atender adecuadamente las realidades de quienes accedan a las técnicas de reproducción asistida.
6. Eliminar los requisitos diferenciados entre parejas heterosexuales y homosexuales en el acceso a la técnica ROPA.
7. Eliminar los requisitos diferenciados entre parejas heterosexuales y homosexuales en la inscripción de las criaturas nacidas mediante técnicas de reproducción asistida.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de noviembre de 2016.-María del Mar García Puig, Diputada.-Francesc Xavier Domènech Sampere, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.
161/000943
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Mixto, a instancia de la Diputada de Compromís Marta Sorlí Fresquet, al amparo de lo dispuesto en el artículo 194 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley para
considerar como de violencia de género la violencia que sufren las personas prostituidas, para su debate en la Comisión de Igualdad.
Exposición de motivos
Proteger, prevenir, perseguir y eliminar todas las formas de violencia machista son los cometidos que el Convenio de Estambul recoge como sus principales objetivos. Sin ánimo de despreciar la rápida reacción y compromiso por parte de España
(fue uno de los primeros países en ratificar el Convenio), no podemos perder de vista que ha sido hasta años más tarde, concretamente en la presente legislatura, que a través de una PNL respaldada por la práctica totalidad de las fuerzas políticas,
el Congreso se ha
comprometido en adoptar las medidas legislativas necesarias para hacer efectivos los compromisos adoptados en aquel Convenio. Aplaudimos las ampliaciones sobre las disposiciones en la trata de personas que tiene especial incidencia en
mujeres y niñas, sobre la mutilación genital femenina y sobre los llamados crímenes al honor.
Sin embargo, cabe añadir que la ratificación del Convenio por parte de España no vino acompañada de una dotación presupuestaria para luchar contra la violencia machista, sino más bien lo contrario. La crisis económica, las políticas
neoliberales y la austeridad, han tendido a enmascararlo todo: el presupuesto para la prevención integral de la violencia machista ha caído en un 26 % desde 2010. Estas decisiones políticas han supuesto un claro recorte a los derechos de las
mujeres.
Además, quedan algunos matices que no vienen recogidos en el Convenio de Estambul y que son de vital importancia incluir para hacer efectiva la lucha contra la violencia de género. La prostitución es la máxima expresión del patriarcado así
como una de las más crueles. Es la explotación y la esclavitud que todavía a día hoy, en pleno siglo XXI, somete y mantiene, principalmente a las mujeres a disposición sexual de los hombres y las convierte en un producto que puede ser comprado.
Por ello, es de vital importancia reconocer y condenar también las agresiones machistas en este ámbito. El hecho de que las personas prostituidas no sean consideradas víctimas de la violencia machista, las invisibiliza socialmente y genera
consecuencias importantes. Por un lado, les impide que puedan acceder a la protección que se brinda a estas víctimas de género, y por tanto, no puedan acceder a los recursos materiales que el Estado pone a su disposición. Y por otro lado, a que
los agresores no paguen por las penas de las agresiones y crímenes cometidos hacia las personas prostituidas.
Por todo ello, como primer paso para el reconocimiento del sinfín de agresiones que sufren las personas en situación de prostitución así como la explotación y sometimiento que lleva implícitos la prostitución, el Grupo de Compromís en
Congreso de los Diputados presenta la siguiente
Proposición no de Ley
«Instar al Gobierno a:
Realizar las acciones pertinentes para modificar la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de medidas de protección integral contra la violencia de género, a fin de que también se considere violencia de género los casos de violencia
ejercida sobre personas prostituidas.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de noviembre de 2016.-Marta Sorlí Fresquet, Diputada.-Marian Beitialarrangoitia Lizarralde, Portavoz Adjunta del Grupo Parlamentario Mixto.
161/000944
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para presentar, al amparo de lo establecido en el artículo 193 del Reglamento del Congreso de los Diputados, la siguiente Proposición no de Ley sobre la
necesidad de aumentar en 2017 el número de juzgados especializados en violencia de género en Galicia, para su debate en la Comisión de Igualdad.
Exposición de motivos
La violencia contra las mujeres se ha convertido en unas de las peores lacras de nuestra sociedad. Las agresiones se repiten día tras día y, lejos de reducirse, los diferentes agentes implicados (asociaciones de mujeres maltratadas,
profesionales de psicología o docentes) advierten de un repunte de conductas machistas, de una forma especialmente preocupantes entre la juventud y adolescencia.
La lucha contra la violencia de género precisa de actuaciones integrales y transversales. Con esos objetivos, el Partido Socialista impulsó la Ley Orgánica de 2004, una norma reconocida nacional e internacionalmente, a pesar de no ser
desarrollada y aplicada como corresponde por parte del Gobierno del PP. Unos recortes que, por ejemplo, en la prevención contra la violencia machista, se cuantifica en un 21,6 % durante los años de gobierno del Partido Popular. En el caso de
Galicia, los recortes han tenido un impacto mayor, dado que el ejecutivo autonómico, también del PP, llevó a cabo unas políticas
presupuestarias totalmente discriminatorias con todo lo relativo a la igualdad -se pasó de 60 millones de euros en el último Gobierno progresista a políticas de igualdad a los poco más de 14 en el presupuesto de 2016-.
Dentro de esta lucha, la protección y asistencia jurídica a las víctimas juega un papel fundamental, ya que de una adecuada atención va a depender incluso la propia vida de la mujer. Garantizar la protección de las víctimas y atenderlas
como corresponde en las dependencias judiciales deben ser cuestiones prioritarias y, de hecho, así lo marca la Ley de 2004.
En Galicia, donde se ha producido un incremento en el primer semestre del año del 5,9 % de denuncias con respecto al mismo período del año pasado (1.389 denuncias entre enero y junio de 2016 frente a 1.312 en 2015), la realidad demuestra que
no es así. Hasta la fecha, tan solo funcionan dos Juzgados específicos de Violencia de Género, Vigo y A Coruña, ambos inaugurados en 2007, con Gobiernos socialistas, tanto en España como en la Xunta de Galicia. El primero de ellos, el de Vigo,
incluso se ha quedado escaso y los sindicatos llevan tiempo ya denunciando el colapso existente por falta de equipos y personal, lo que está afectando de una forma especial a los informes que se realizan en el caso de menores y mujeres víctimas.
El resto de ciudades carecen de Juzgados específicos, a pesar de que en todas y cada una de las cinco restantes colectivos sociales, políticos e incluso de la comunidad judicial, llevan años reclamando nuevas salas. Y no solo nuevas salas,
sino que este tipo de delitos precisan de magistrados especializados y con unas instalaciones adaptadas, con espacios independientes para no exista cruce entre víctimas y agresores. Las mujeres víctimas de violencia machista deben recibir atención
integral y precisan ser tratadas con prioridad, extremo que no se está garantizando en aquellos juzgados que comparten causas con otros asuntos.
Por ciudades:
En Ourense, la demanda de un juzgado específico (ahora comparte con el número 3 de Instrucción) se remonta a 2008, ya que es el que más casos ingresa de 43 de Galicia.
En Santiago, la elevadísima carga de trabajo (en la actualidad, está adscrito al n.º 3, que está muy saturado, ya que, entre otras causas, se encarga del descarrilamiento de Angrois) propició que se designase una jueza de apoyo, aunque sigue
sin constituirse un Juzgado específico.
En Lugo, además de contar con oficinas sin separación, no existen turnos específicos con profesionales de oficio para atender estos casos. Estas demandas, junto con la del Juzgado, se han convertido en una reclamación unánime.
En Ferrol, además del Juzgado, se vienen reclamando espacios independientes y un servicio dotado de auxiliares judiciales, puesto que ahora funciona como oficina «normal». En Ferrol, en el primer trimestre del año las denuncias se
incrementaron en un 77 % con respecto a 2015, pasando de 60 a 103.
En Pontevedra, es el n.º 3 el que se encarga de casos relacionados con la violencia de género y acumula carga de trabajo, a pesar de que el Juzgado de Vigo se encuentra en la misma provincia. La sección cuarta de la Audiencia de Pontevedra
es la encargada de juzgar los casos más graves que se derivan del juzgado específico de Violencia sobre la mujer de Vigo. De ahí que varios asuntos procedentes del juzgado específico vigués sean resueltos por la sección cuarta y no la quinta, con
sede en la ciudad y que aborda temas penales.
Como argumentos en contra de mejorar las actuales instalaciones y dotar de equipos y personal necesarios y de crear los Juzgados específicos, tanto el Ministerio de Justicia como la Xunta y el TSXG se refieren al no cumplimiento de «ratios»,
extremo que el PSOE considera que no es válido cuando estamos hablando de asesinatos de mujeres y cuando, además, se está incumpliendo la Ley Orgánica de 2004 contra la Violencia de Género.
De hecho, recientemente se daba a conocer por parte del Ministerio la concesión de tan solo cinco nuevas salas judiciales en Galicia, que la comisión mixta constituida por la Xunta y el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG)
adjudicó, sin que la lucha contra la violencia haya sido tenida en cuenta.
El Congreso de los Diputados acordó por unanimidad, en su sesión plenaria de 15 de noviembre de 2016, promover un Pacto de Estado para luchar contra la violencia de género.
Por todo lo anterior, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
«El Congreso de los Diputados, insta al Gobierno a, de acuerdo con el resto de administraciones e instituciones con competencias en la materia:
1. Incrementar el número de Juzgados Especializados en Violencia de Género en Galicia y los recursos judiciales especializados en las Audiencias Provinciales.
2. Llevar a cabo, de forma urgente, en las instalaciones judiciales especializadas en violencia de género existentes, las reformas necesarias que se habiliten espacios independientes que permitan que no haya cruce entre víctimas y
agresores; a dotar del personal necesario; y llevar a cabo entre el personal destinado en los juzgados de violencia de género una formación específica y periódica en esta materia.
3. Poner en marcha el Acompañamiento Judicial Personalizado para hacer accesible la información a las mujeres víctimas de violencia de género sobre el itinerario y procedimiento más seguro, en su recorrido judicial desde el momento en el
que se presenta la denuncia hasta el final del proceso.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de noviembre de 2016.-Pilar Cancela Rodríguez, Diputada.-Miguel Ángel Heredia Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
161/000946
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, a instancia de la Diputada Teresa Jordà i Roura, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la
constitucionalidad de la Ley del Parlament de Catalunya 17/2015, de 21 de julio, de igualdad efectiva entre mujeres y hombres, para su debate en la Comisión de Igualdad.
Exposición de motivos
El Parlament de Catalunya aprobó el 21 de julio de 2015 la Ley 17/2015 de igualdad efectiva entre mujeres y hombres por la unanimidad de la Cámara. Únicamente el Partido Popular y Unió Democràtica de Catalunya no apoyaron algunos aspectos
referentes al acceso al aborto y Ciudadanos rechazó las cuotas de paridad que introducía dicha Ley. La norma es fruto de un intenso trabajo que se remonta al periodo del Govern tripartit (del 2004 al 2010) y cuenta con un gran respaldo social y
parlamentario.
Tal y como se establece en el preámbulo de la Ley del Parlament de Catalunya 17/2015, de 21 de julio, de igualdad efectiva entre mujeres y hombres, el derecho fundamental de la igualdad de mujeres y hombres constituye un valor fundamental
para la democracia y es una necesidad esencial en una sociedad democrática moderna que desea erradicar el sistema patriarcal androcéntrico y sexista. A fin de que se cumpla plenamente este derecho, no solo ha de ser reconocido legalmente, sino que,
además, debe ejercerse de forma efectiva implicando todos los aspectos de la vida: políticos, económicos, sociales y culturales.
A pesar de los numerosos ejemplos de reconocimiento formal y de los progresos realizados hasta el momento, la igualdad de mujeres y hombres en la vida cotidiana todavía no es una realidad. En la práctica, mujeres y hombres no disfrutan de
los mismos derechos, ya que persisten desigualdades políticas, económicas y culturales -por ejemplo, diferencias salariales y una menor representación en la política. Dichas desigualdades son el resultado de estructuras sociales que se fundamentan
en numerosos estereotipos presentes en la familia, la educación, la cultura, los medios de comunicación, el mundo laboral y la organización social, entre otros ámbitos.
Por ello, las instituciones catalanas quieren actuar en dichos ámbitos mediante una nueva aproximación y llevando a cabo cambios estructurales en ellos. De acuerdo con los principios de la Carta europea para la igualdad de mujeres y
hombres, Las autoridades locales y regionales, son las esferas de gobierno más cercanas a la población, representan los niveles de intervención más adecuados para combatir la persistencia y reproducción de las desigualdades y para promover una
sociedad verdaderamente igualitaria. En su ámbito de competencia y colaborando con el conjunto de actores sociales, pueden emprender acciones concretas a favor de la igualdad de mujeres y hombres.
Asimismo, a fin de asegurar de forma efectiva la igualdad de mujeres y hombres, deben tenerse en cuenta también, además de la discriminación por razón de sexo, otros aspectos como la discriminación múltiple y las situaciones de desventaja
por razón de etnia, color, orígenes étnicos y sociales, características genéticas, lengua, religión, convicciones, opiniones políticas o de cualquier otro tipo, pertenencia a una minoría, competencias, nacimiento, discapacidad, edad, orientación
sexual o nivel económico.
La representación y la participación paritaria de mujeres y hombres en todos los ámbitos de toma de decisiones es un requisito necesario para lograr una sociedad realmente democrática, por ello los poderes públicos deben tomar las medidas
necesarias y adoptar las estrategias apropiadas para su garantía.
Asimismo, la eliminación de los estereotipos de género es indispensable para la aplicación efectiva de la igualdad de mujeres y hombres, de ahí que las administraciones y poderes públicos deban hacer todo lo posible para eliminar los
estereotipos y obstáculos en que se basan las desigualdades en la condición y posición de las mujeres, que conducen a la desigual valoración de los roles de mujeres y hombres en materia política, económica, social y cultural.
Del mismo modo, debe integrarse la dimensión del género en todas las actividades y políticas, métodos e instrumentos que afectan a la vida cotidiana de los ciudadanos.
Así pues, la vida de mujeres y hombres debe analizarse teniendo en cuenta el contexto, las realidades, las necesidades y la posición social, política y económica que ocupan, debiéndose adoptar las medidas necesarias para la transformación de
oportunidades e instituciones más allá de un sistema androcéntrico. Al tratarse de un paradigma estructural que se expresa transversalmente en los sistemas políticos, jurídicos, sociales y económicos actuales, han de establecerse medidas de
diversos tipos y naturaleza.
En efecto, con el fin de lograr una igualdad efectiva de mujeres y hombres, la Ley del Parlament de Catalunya 17/2015, de 21 de julio, de igualdad efectiva entre mujeres y hombres quiere reforzar las medidas y mecanismos concretos para
conseguir que los poderes públicos lleven a cabo políticas y actuaciones destinadas a erradicar el fenómeno de la desigualdad entre mujeres y hombres, que sitúa a las mujeres en una situación de subordinación y desventaja social y económica respecto
de los hombres y que impide que las mujeres ejerzan plenamente sus derechos como ciudadanas. En definitiva, la presente ley ha de comportar un beneficio para todos, mujeres y hombres, ya que debe permitir construir nuevas pautas de relación entre
ellos, basadas en el respeto y la equidad, y también contribuir a la mejora de la sociedad para hacerla más democrática, justa y solidaria.
Pese a todo ello, el Gobierno español ha continuado con su ofensiva, cada vez más evidente y descarada, contra leyes que provienen del Parlament de Catalunya y recurrió la Ley del Parlament de Catalunya 17/2015, de 21 de julio, de igualdad
efectiva entre mujeres y hombres. Resultado de ello, el Tribunal Constitucional falló en Sentencia número 159/2016, de 22 de septiembre, estimar parcialmente el recurso de inconstitucionalidad interpuesto y declarar que los apartados 1, 3 y 4 del
artículo 33; los apartados 1, 2 y 3 del artículo 39; el artículo 40; los apartados 2, 3 y 4 del artículo 41; y el artículo 44 de dicha Ley son inconstitucionales y nulos.
En concreto, los artículos anulados por el Tribunal Constitucional son los relativos al ámbito laboral y las medidas para garantizar la aplicación efectiva de la Ley. En este sentido, el Tribunal Constitucional sobrepone las competencias
del Estado en materia de legislación laboral (artículo 149.1.7.ª de la Constitución) a la competencia exclusiva de la Generalitat de Catalunya en políticas de género (artículo 153 del Estatuto de Autonomía de Catalunya). Dicha inconstitucionalidad
afecta a derechos laborales básicos de las mujeres: medidas de prevención del acoso sexual y del acoso por razón de sexo en las empresas, la obligatoriedad de implantar planes de igualdad en las empresas, la figura de una persona responsable
sindical de igualdad, la paridad en la negociación colectiva, la incorporación de la perspectiva de género en los expedientes de regulación de ocupación y la prevención de riesgos laborales. La Ley del Parlament de Catalunya 17/2015, de 21 de
julio, de igualdad efectiva entre mujeres y hombres no vulnera la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres sino que la mejora y va más allá. Además, se trata de una ley adaptada a la realidad y
singularidad propia de Catalunya que incluye, por ejemplo, la posibilidad de elaborar planes de igualdad en las pequeñas y medianas empresas.
El recurso interpuesto por el Gobierno español, la inmediata suspensión de distintos preceptos de la Ley, y su posterior declaración de inconstitucionalidad en base a una interpretación restrictiva de las competencias exclusivas de la
Generalitat de Catalunya en materia de políticas de género obstaculizan que Catalunya pueda garantizar el efectivo cumplimiento de la Ley y garantizar plenamente la igualdad efectiva entre mujeres y hombres también en el ámbito laboral.
Por todo ello se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno español a:
Transferir a la Generalitat de Catalunya, de acuerdo con el artículo 150.2 de la Constitución, las facultades en materia de legislación laboral establecidas en el artículo 149.1.7.ª de la Constitución, a fin y efecto de garantizar la
constitucionalidad de los preceptos de Ley del Parlament de Catalunya 17/2015, de 21 de julio, de igualdad efectiva entre mujeres y hombres declarados inconstitucionales y nulos por el Tribunal Constitucional.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de noviembre de 2016.-Teresa Jordà i Roura, Diputada.-Gabriel Rufián Romero, Portavoz del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana.
PREGUNTAS PARA RESPUESTA ORAL
La Mesa de la Cámara en su reunión del día de hoy ha acordado admitir a trámite, conforme al artículo 189 del Reglamento, las siguientes preguntas orales al Gobierno en Comisión, disponer su conocimiento por las Comisiones que se indican,
dando traslado al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de noviembre de 2016.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente
181/000036
Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente
Diputada doña Rosana Pastor Muñoz
Dirigida a la Ministra de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente
Texto:
La Comisión Internacional para la Conservación del Atún Atlántico (ICCAT) en su 20.ª Reunión Extraordinaria de la Comisión (Vilamoura, Portugal, del 14 a 21 de noviembre de 2016), ha acordado un aumento de la cuota de pesca de Atún Rojo a
España en un 20 %.
¿Va a cumplir el Ministerio en esta Legislatura, el objetivo de la Política Pesquera Común, tal como se establece en el Reglamento (CE) 1380/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo*, para su implementación en la cuota asignada en el plan
de recuperación del ICCAT para el atún rojo?
¿Va a comprometerse este Ministerio a acabar con la precarización que afecta a la flota de artes menores y a garantizar el acceso a una cuota de pesca dirigida para la pesca artesanal y bajo impacto, que contemple el criterio un hombre un
anzuelo, fuera del fondo de maniobra?
¿En qué razonamiento se fundamenta el actual reparto, que deja fuera de cuota de pesca dirigida del Atún Rojo a nuestra flota artesanal y de bajo impacto, para favorecer fundamentalmente a dos grandes empresas industriales, cuando son
nuestros pescadores los que históricamente han vivido de la pesca del
atún rojo en las costas mediterráneas y canarias, diversificando económicamente la pesquería, fijando población y actividad en todas nuestros puertos pesqueros?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de noviembre de 2016.-Rosana Pastor Muñoz, Diputada.
Comisión de Cultura
181/000030
Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea
Pregunta oral en la Comisión de Cultura
Diputada doña Rosana Pastor Muñoz
Dirigida al Ministro de Educación, Cultura y Deporte
Texto:
¿Cómo se explica que no se haya habilitado una solución a partidas consignadas en los presupuestos Generales del Estado de 2016 y comprometidas con el sector a través del ICAA (por un valor de 850.000 en el caso del corto), bloqueadas
desde junio por el cierre anticipado del ejercicio contable?
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de noviembre de 2016.-Rosana Pastor Muñoz, Diputada.
181/000031
Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea
Pregunta oral en la Comisión de Cultura
Diputada doña Rosana Pastor Muñoz
Dirigida al Ministro de Educación, Cultura y Deporte
Texto:
¿Tiene previsto este Ministerio ofrecer alguna solución para restablecer la actividad de las diferentes empresas productoras, creadoras y creadores, antes de que finalice el actual ejercicio o veremos abocado al sector a una situación que
agrave todavía más la parálisis que ya viene sufriendo desde hace seis meses?
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de noviembre de 2016.-Rosana Pastor Muñoz, Diputada.
181/000032
Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea
Pregunta oral en la Comisión de Cultura
Diputada doña Rosana Pastor Muñoz
Dirigida al Ministro de Educación, Cultura y Deporte
Texto:
¿Cuál es la razón por la que el Consejo de Ministros celebrado el viernes 19/11/16, decide dejar fuera de sus medidas para recuperar la producción cinematográfica, al sector del cortometraje?
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de noviembre de 2016.-Rosana Pastor Muñoz, Diputada.
181/000033
Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Cultura
Diputado don Eduardo Javier Maura Zorita
Dirigida al Ministro de Educación, Cultura y Deporte
Texto:
¿Cómo explica la situación actual de la Filmoteca Española, manifiestamente prolongada en el tiempo, y qué propuestas tiene para resolverla en los diferentes niveles que le afectan, como la precariedad laboral, de recursos materiales, de
estado del patrimonio fílmico y documental y de proyecto institucional?
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de noviembre de 2016.-Eduardo Javier Maura Zorita, Diputado.
181/000034
Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Cultura
Diputado don Eduardo Javier Maura Zorita
Dirigida al Ministro de Educación, Cultura y Deporte
Texto:
¿Valora de forma positiva los resultados de la aplicación en Catalunya, en virtud de la Ley 15/2014, de 4 de diciembre, de una tasa a operadoras como parte del programa de fomento del audiovisual y se plantea alguna medida similar de ámbito
estatal?
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de noviembre de 2016.-Eduardo Javier Maura Zorita, Diputado.
181/000035
Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Cultura
Diputado don Eduardo Javier Maura Zorita
Dirigida al Ministro de Educación, Cultura y Deporte
Texto:
¿Tiene su Ministerio algún plan específico de ámbito estatal, de acuerdo con las Comunidades Autónomas y Ayuntamientos, para reconocer profesionalmente a las personas profesionales de los servicios educativos de nuestros espacios culturales
y para luchar contra la precariedad específica del sector, tal como se ha manifestado, con diferentes consecuencias, en las huelgas de trabajadoras y trabajadores en instituciones de referencia como el Museo Guggenheim y Bellas Artes de Bilbao?
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de noviembre de 2016.-Eduardo Javier Maura Zorita, Diputado.