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BOCG. Congreso de los Diputados, serie D, núm. 423, de 02/10/2018
cve: BOCG-12-D-423
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BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
XII LEGISLATURA
Serie D: GENERAL
2 de octubre de 2018
Núm. 423
ÍNDICE
Control de la acción del Gobierno
PROPOSICIONES NO DE LEY
Comisión Constitucional
161/002398 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a reforzar los comportamientos de lealtad y confianza política con las instituciones básicas del Estado, Comunidades Autónomas y
entidades locales, particularmente con los órganos de control, fiscalización y asesoramiento. Pasa a tramitarse en la Comisión de Política Territorial y Función Pública... (Página5)
Comisión de Asuntos Exteriores
161/003659 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, relativa a la situación en Hungría... (Página5)
161/003680 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la mejora del conocimiento mutuo sobre las sociedades de España e Israel... (Página6)
Comisión de Justicia
161/003653 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, relativa al examen de nacionalidad y demás requisitos de acceso a la misma... (Página8)
161/003677 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, relativa a la protección de la libertad de expresión... (Página9)
Comisión de Hacienda
161/003654 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, relativa a aumentar de manera urgente el Índice Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM)... (Página11)
161/003669 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, relativa a que el Ministerio de Hacienda emita la orden de pago para la adecuación de los salarios de los Bomberos Forestales de Tragsa al convenio colectivo de
2018 y a sus nuevas funciones... (Página12)
Comisión de Fomento
161/003658 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, relativa al incremento en las bonificaciones de los peajes a abonar a los transportistas en los desvíos obligatorios a las autopistas de peaje
AP-7 y AP-2 en Cataluña... (Página13)
161/003670 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, relativa a una moratoria del AVE por su ineficacia en términos económicos, social, de movilidad y ecológicos...
161/003671 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, relativa a la reapertura de líneas ferroviarias, la expansión de los Cercanías y el impulso a los ejes transversales
ferroviarios, para afrontar un cambio de modelo de transporte en nuestro país liderado por la expansión del tren público y social, basado en garantizar el derecho a la movilidad pública, social y sostenible que cohesione y vertebre el territorio...
(Página15)
161/003672 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, sobre la puesta en marcha del proyecto de recuperación en forma de ecovía del histórico trazado del Tren de
Arganda... (Página18)
161/003673 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, relativa a dar máxima prioridad y mayor dotación presupuestaria a la reapertura de la línea férrea
Guadix-Baza-Almanzora-Lorca... (Página18)
161/003674 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, sobre la puesta en marcha del servicio ferroviario de Cercanías entre Palencia-Valladolid-Medina del Campo...
161/003675 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, sobre la puesta en marcha del servicio ferroviario de Cercanías en el Poniente Almeriense...
161/003676 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, sobre medidas para impulsar la intermodalidad de la bicicleta y el tren... (Página23)
Comisión de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social
161/003655 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, relativa a la revisión y modificación del sistema de integración de lagunas en la cotización a la Seguridad Social...
(Página24)
161/003666 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre medidas para la adaptación al proceso de cambio tecnológico y el avance de la robotización y la automatización... (Página25)
161/003667 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre el uso de macrodatos (Big Data) e inteligencia artificial en el ámbito laboral... (Página27)
161/003668 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, por la que se insta al Gobierno a dispensar una protección especial a los afectados de linfedema... (Página28)
Comisión de Industria, Comercio y Turismo
161/003664 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre el impulso al desarrollo del comercio minorista y el fomento de su transformación digital... (Página29)
161/003665 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre el impulso a un Pacto de Estado por la Industria... (Página31)
161/003685 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre la trasposición de la Directiva que armoniza los sistemas nacionales de marcas de la Unión Europea... (Página32)
161/003686 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre la elaboración de un Plan de Apoyo a la Competitividad del Comercio Minorista de España 2019-2020... (Página33)
161/003687 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre la nueva agenda progresista para el comercio exterior y la internacionalización de la economía... (Página34)
Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación
161/003679 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, de apoyo a las mujeres rurales... (Página35)
161/003682 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, relativa a la creación de un Santuario Marino en aguas del Mar de Weddell... (Página36)
Comisión de Política Territorial y Función Pública
161/003678 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre la necesidad de despolitizar la Administración Pública y la necesidad de Estatuto del Directivo Público... (Página38)
Comisión de Transición Ecológica
161/003657 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, relativa a la adopción de medidas para reducir el precio de la electricidad... (Página39)
161/003661 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, relativa al desarrollo de una normativa estatal que obligue a los establecimientos de hostelería y restauración a
ofrecer agua del grifo de manera gratuita... (Página44)
161/003662 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, relativa a la eliminación de los envases de plástico en los alimentos con venta a granel...
161/003663 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, relativa al impulso de las medidas necesarias para favorecer la conexión eléctrica de Melilla...
161/003681 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, relativa a la recuperación de los fondos MINER para los Ayuntamientos de As Pontes y Cerceda (A Coruña)...
Comisión de Cultura y Deporte
161/003652 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, relativa a la visibilización y el reconocimiento histórico de Encarnación Cabré...
161/003683 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la declaración, por la UNESCO, de la Paella Valenciana como 'Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad'...
161/003684 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, relativa a la recuperación y restauración de Los Silos de Burjassot... (Página53)
Comisión de Sanidad, Consumo y Bienestar Social
161/003660 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, de apoyo a los afectados de iDental... (Página54)
Comisión de Ciencia, Innovación y Universidades
161/003656 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, relativa a la compensación de la actividad docente no impartida como consecuencia de los periodos de baja por maternidad...
Comisión de Igualdad
161/002912 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, relativa a la promoción de las carreras científicas entre las niñas, así como a la investigación de las condiciones
de desigualdad que existen para las mujeres en la ciencia. Pasa a tramitarse en la Comisión de Ciencia, Innovación y Universidades... (Página56)
PREGUNTAS PARA RESPUESTA ORAL
Comisión de Fomento
181/001255 Pregunta formulada por la Diputada doña María de la Concepción de Santa Ana Fernández (GP), sobre estado de las infraestructuras en la provincia de Granada que son competencia del Gobierno central...
181/001256 Pregunta formulada por la Diputada doña Isabel Cabezas Regaño (GP), sobre situación en la que se encuentra la conversión de la N-432 en la autopista A-1... (Página57)
181/001257 Pregunta formulada por la Diputada doña Isabel Cabezas Regaño (GP), sobre situación de la conversión de la carretera N-432 en autovía A-81... (Página57)
Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación
181/001254 Pregunta formulada por el Diputado don Juan Antonio López de Uralde Garmendia (GCUP-EC-EM), sobre posición del Gobierno acerca de la propuesta de la Comisión sobre el Plan Plurianual para las poblaciones de especies demersales del
Mediterráneo occidental... (Página58)
CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO
PROPOSICIONES NO DE LEY
La Mesa de la Cámara en su reunión del día de hoy ha acordado admitir a trámite, conforme al artículo 194 del Reglamento, las siguientes Proposiciones no de Ley y considerando que solicitan el debate de las iniciativas en Comisión, disponer
su conocimiento por las Comisiones que se indican, dando traslado al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de septiembre de 2018.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
Comisión Constitucional
161/002398
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(161) Proposición no de Ley.
Autor: Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Solicitud de que la Proposición no de Ley relativa a reforzar los comportamientos de lealtad y confianza política con las instituciones básicas del Estado, Comunidades Autónomas y entidades locales, particularmente con los órganos de
control, fiscalización y asesoramiento, sea debatida en la Comisión de Política Territorial y Función Pública.
Acuerdo:
Aceptar la declaración de voluntad y trasladar la iniciativa a la Comisión de Política Territorial y Función Pública, comunicando este acuerdo a la Comisión Constitucional, al Gobierno y al Grupo Parlamentario autor de la iniciativa y
publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de septiembre de 2018.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
Nota.-La iniciativa de referencia fue publicada en el 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, núm. 240, de 31 de octubre de 2017.
Comisión de Asuntos Exteriores
161/003659
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, presenta, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, la presente Proposición no de Ley para su
debate y aprobación en la Comisión de Asuntos Exteriores, relativa a la situación en Hungría.
Exposición de motivos
El pasado miércoles 12 de septiembre el Parlamento Europeo aprobó por amplia mayoría una resolución en la que solicita al Consejo que, de conformidad con el artículo 7, apartado 1, del Tratado de la Unión Europea, constate la existencia de
un riesgo claro de violación grave por parte de Hungría de los valores en los que se fundamenta la Unión [2017/2131(INL)].
El informe, redactado por la eurodiputada holandesa Judith Sargentini y aprobado por 448 votos a favor, 197 en contra y 48 abstenciones, recoge en su anexo una serie de preocupantes acciones y decisiones tomadas por el Gobierno húngaro
relativas al funcionamiento del sistema constitucional y electoral; la independencia del poder judicial; la corrupción y los conflictos de intereses; la protección de datos y de la intimidad; la libertad de expresión; la libertad de cátedra;
la libertad de religión; la libertad de asociación; el derecho a la igualdad de trato; los derechos de las personas pertenecientes a minorías, incluida la población romaní y los judíos, así como la protección frente a los mensajes de odio contra
esas minorías; los derechos fundamentales de los migrantes, solicitantes de asilo y refugiados; los derechos económicos y sociales.
En opinión del Parlamento Europeo, estas medidas podrían constituir una violación grave de los valores recogidos en el artículo 2 del Tratado de la Unión Europea (TUE), que consagra el 'respeto de [a dignidad humana, la libertad, la
democracia, la igualdad, el Estado de Derecho y el respeto de los derechos humanos, incluidos los derechos de las personas pertenecientes a minorías' como valores comunes a los Estados miembros y suscritos libremente por estos. Estos valores
también quedan reflejados en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y en los tratados internacionales de derechos humanos, y son reconocidos como el fundamento de los derechos que disfrutan quienes viven en la Unión. Por eso se
considera que cualquier violación de estos principios fundamentales repercute también en los demás Estados miembros, en la confianza mutua entre ellos, en la propia naturaleza de la Unión Europea y en los derechos fundamentales de la ciudadanía.
Ante la preocupación derivada de la situación en Hungría, y la decisión adoptada por el Parlamento Europeo,
El Grupo Parlamentario presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Solicitar al Consejo de la Unión Europea que tramite con celeridad la solicitud del Parlamento Europeo relativa a la constatación, de conformidad con el artículo 7, apartado 1, del Tratado de la Unión Europea, de la existencia de un
riesgo claro de violación grave por parte de Hungría de los valores en los que se fundamenta la Unión.
2. Contactar con los Estados miembros de la Unión Europea para reunir la mayoría de cuatro quintos del Consejo de la UE, necesaria para tramitar la solicitud del Parlamento Europeo, y en el caso de verificar la existencia de una violación
grave y persistente por parte de Hungría de los valores contemplados en el artículo 2 del TUE, solicitar la adopción de las medidas sancionadoras correspondientes.
3. Informar en un plazo de tres meses al Congreso de los Diputados sobre el curso de la solicitud del Parlamento Europeo en el Consejo de la UE.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de septiembre de 2018.-Pablo Bustinduy Amador, Diputado.-Txema Guijarro García, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.
161/003680
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para la mejora del conocimiento mutuo
entre las sociedades de España e Israel, para su debate en la Comisión de Asuntos Exteriores.
Exposición de motivos
El 14 de mayo de 2018 se celebró el 70 aniversario de la declaración de independencia de Israel. España e Israel son dos pueblos unidos no solo históricamente, sino por su vínculo de modernidad. Dos países democráticos mediterráneos y
modernos, que han conocido además, profundas y aceleradas transformaciones, económicas y sociales.
El 17 de enero de 1986, en la Haya, España e Israel establecieron sus relaciones diplomáticas, tras 38 años sin vínculos oficiales, poniendo fin a un doloroso capítulo de anomalía histórica que nos situaba a espaldas uno del otro, producto
de actitudes desafortunadas y falta de comunicación efectiva. En este tiempo, ambos países han desarrollado una relación de amistad reflejada en el intercambio de visitas de alto nivel, entre las que cabe destacar las de SSMM los Reyes en 1993,
SSAARR los Príncipes de Asturias en 2011, las de los Presidentes del Gobierno y los Ministros de Asuntos Exteriores.
Ahora, con más de treinta años de relaciones diplomáticas, el Gobierno de España ha querido reconocer el secular compromiso de las comunidades sefardíes con su pasado hispánico y reparar una profunda y secular injusticia con la aprobación de
la Ley 12/2015, de 24 de junio, en materia de concesión de la nacionalidad española a los sefardíes originarios de España que facilita la adquisición de la nacionalidad española, sin perder la que ostenten, a los sefardíes originarios de España
reconociendo que son parte de nuestra Nación.
En este marco, el cultivo de la dimensión sefardí de nuestra identidad nacional da a nuestra relación un carácter muy especial. No es solo un acto de justicia histórica sino que nos otorga una base óptima para reforzar nuestras relaciones
con la dinámica sociedad israelí y con las comunidades judías en el exterior apoyándonos en los vínculos especiales en torno a Sefarad.
Hay que recordar que la propia identidad española incluye ya un elemento de origen judío, como parte de nuestra identidad caracterizada por el mestizaje y la asimilación de pueblos y culturas que han tenido presencia en la Península Ibérica.
Durante más de treinta años se ha ido tejiendo, en beneficio mutuo, a través del aumento de la presencia y del diálogo político, un rico entramado de relaciones en diferentes ámbitos que van desde el económico-comercial, al intercambio
cultural, científico y educativo. Esto ha sido posible debido principalmente a la labor y al compromiso de los gobiernos y las instituciones públicas, pero también gracias a la participación activa de la sociedad civil tanto en Israel como en
España.
Actualmente los intercambios entre ambos países, tiene gran importancia en el sector turístico. En este momento, hay varios vuelos diarios entre los dos países y el turismo existente es de nivel alto, con estancias relativamente
prolongadas. Además, España es punto de tránsito importante de viajeros de Israel con destino a otros países.
Por todo ello el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a promover el desarrollo de un mayor conocimiento humano de las sociedades española e israelí, con el fin de mejorar su entendimiento mutuo, a través del:
1. Estudio de la forma de aumentar los intercambios y relaciones de carácter humano, social, cultural y educativo.
2. Avance de los acuerdos para desarrollo de actividades de 1+0 y de desarrollo científico conjuntas.
3. Desarrollo de fórmulas que fomenten un mayor contacto entre instituciones de la sociedad civil de ambos países.
4. Impulso a la difusión del legado sefardí y de su presencia en la historia de España.
5. Análisis de nuevas vías para mejorar el conocimiento de la cultura e historia moderna de España en Israel.
6. Refuerzo de la oficina del Instituto Cervantes.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de septiembre de 2018.-Dolors Montserrat Montserrat, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Comisión de Justicia
161/003653
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, presenta, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, la presente Proposición no de Ley para su
debate y aprobación en la Comisión de Justicia, relativa al examen de nacionalidad y demás requisitos de acceso a la misma.
Exposición de motivos
Desde que en el año 1985 se aprobara la Ley Orgánica 7/1985, de 1 de julio, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España, el modelo político, económico y social instaurado por la misma ha conducido a un proceso de ciudadanía
diferencial que produce exclusión, discriminación y segregación. Las formas de gestión diferenciada de la migración producen una ruptura social profunda que fractura los vínculos de ciudadanía y el acceso a derechos de parte de la población.
Un pilar fundamental de una política pública migratoria basada en derechos, es el fomento de procesos comunitarios basados en la construcción de un modelo de ciudadanía social o universalista, que permitan generar un vínculo ciudadano con la
población, conocer sus necesidades y convertirla en agente de la transformación social. Todo ello con el fin de lograr la plena pertenencia a la comunidad y el acceso al pleno ejercicio de los derechos en el ámbito civil, político y social.
España está entre los seis países de la Unión Europea (UE) que más años de residencia pide para obtener la nacionalidad y es precisamente facilitar el acceso a la nacionalidad lo que se lleva pidiendo en el seno de la UE desde las
Conclusiones de Tampere en el año 1999.
En tanto el acceso a la ciudadanía plena y el ejercicio de los derechos fundamentales a ella asociados siga vinculado a la nacionalidad y no a la residencia, es necesario disponer de un sistema de acceso a la nacionalidad española
razonablemente flexible y asequible.
Las personas que residen en el Estado español forman parte de la comunidad política, social y económica del país. En consecuencia, deben ser consideradas como sujetos políticos y acceder en igualdad a todos los derechos sociales, políticos
y económicos, independientemente de su nacionalidad o país de procedencia. La ampliación de derechos políticos de las personas residentes es imprescindible para construir una ciudadanía democrática e inclusiva.
Las personas residentes han de ser consideradas sujetos políticos con independencia del Estado del que provienen. El vecindario, las personas que habitan los barrios, han de tener acceso a derechos sociales y políticos, y en nuestro
sistema, para la adquisición de derechos es necesaria la nacionalidad.
Desde que en el año 2015 se aprobara la Ley 19/2015, de 13 de julio, de Medidas de Reforma Administrativa en el ámbito de la Administración de Justicia y del Registro Civil y, en especial, el Real Decreto 1004/2015, de 6 de noviembre, que
desarrolla su Reglamento, el procedimiento de acceso a la nacionalidad española se ha vuelto más restrictivo, caro y discriminatorio:
- Los exámenes implantados para acceder a la nacionalidad, en concreto la prueba de conocimientos constitucionales y socioculturales (CCSE), son en realidad meras pruebas de nivel de cultura general en la que la mayoría de las preguntas se
refieren a conocer músicos clásicos, nombres de ríos o preguntas relacionadas con el mundo del corazón que en muchas ocasiones ni las personas autóctonas sabrían contestar.
- El modelo de tasas resulta discriminatorio por razones económicas y de origen. El coste de la tramitación de los expedientes oscila entre los 185 euros y los 309 euros, en función del país de origen del solicitante. La legislación
anterior preveía una tramitación sin ningún coste económico.
- La discriminación que supone que las personas que han realizado sus estudios secundarios o universitarios en España, tienen que realizar igualmente las pruebas de castellano (DELE A2) y las pruebas de conocimientos constitucionales y
socioculturales de España (CCSE). En muchas ocasiones se trata de personas que podrían acreditar titulaciones académicas que implícitamente contienen los conocimientos requeridos por las mencionadas pruebas.
- El diseño y ejecución de la prueba DELE A2 está orientado a personas con un nivel formativo medio o medio-alto, obstaculizando el logro satisfactorio de la prueba a un número elevado de personas y entre ellas las más vulnerables. Falta la
previsión de un procedimiento para aquellas personas con diversidad funcional y/o intelectual no reconocida jurídicamente, analfabetismo en diferentes grados o baja escolarización.
- El diseño y ejecución de la prueba CCSE presenta graves deficiencias al recoger preguntas que son excesivamente difíciles, arbitrarias o, incluso, irrelevantes y ridículas. No existe ni siquiera un programa público que permita acceder al
temario de este examen, justifique su existencia y permita que los solicitantes puedan preparárselo.
- Desde 2015 las cifras de tramitación de nacionalidad española son desoladoras. Según datos del Portal de Transparencia, España no ha resuelto ninguna solicitud de nacionalidad los últimos dos años. En el 2017 se presentaron 70.003
solicitudes, y están todas pendientes de respuesta, así como las 112.183 del 2016. El año 2015 quedaron pendientes de respuesta más del 93% de las solicitudes.
Por todo ello se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Suprimir el examen de conocimientos constitucionales y socioculturales de España (CCSE) como requisito de acceso a la nacionalidad, por tratarse de una prueba que presenta graves deficiencias e incorpora preguntas claramente arbitrarias
e irrelevantes.
2. Derogar el Real Decreto 1004/2015, de 6 de noviembre, que discrimina por razones económicas y de origen a las personas extranjeras que quieren acceder a la nacionalidad española, y establecer un nuevo procedimiento de acceso a la
nacionalidad española por residencia que sea gratuito, consensuado con el ámbito local, que reconozca el bagaje aportado por las personas solicitantes y sea flexible con las personas que tienen dificultades de aprendizaje por cuestiones cognitivas o
de diversidad funcional.
3. Instar a los gobiernos autonómicos a financiar parte de la oferta de cursos gratuitos de castellano con un nivel equivalente al DELE A2, así como cursos para prepararse la prueba CCSE en aquellos casos que sea necesario, en horarios,
días y localizaciones fácilmente accesibles para las personas inmigradas.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de septiembre de 2018.-Marcelo Expósito Prieto, Diputado.-Ione Belarra Urteaga, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.
161/003677
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, presenta, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, la presente Proposición no de Ley para su
debate y aprobación en la Comisión de Justicia, relativa a la protección de la libertad de expresión en España.
Exposición de motivos
En los años de gobierno del Partido Popular, en los últimos con el apoyo parlamentario de Ciudadanos, se puede decir que se ha llegado a una situación de emergencia en materia de ejercicio del derecho fundamental a la libertad de expresión,
tanto en su vertiente genérica como en lo que se refiere a la actividad política, la creación artística o la labor periodística.
Los efectos combinados de una inadecuada tipificación en el Código Penal y en la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana, la actuación selectiva de la investigación policial, la actividad acusadora del Ministerio Fiscal y la
falta de criterio de algunas actuaciones judiciales han dado como resultado una intromisión selectiva y discriminatoria contra la libertad de expresión que afecta solamente a algunos sectores sociales e Ideológicos.
Así está ocurriendo con el empleo incorrecto y abusivo de los delitos contra la Corona (arts, 490 y 491 CP), los delitos de discurso del odio (art. 510 y ss. CP), los delitos contra los sentimientos religiosos o de escarnio público (arts.
524 y 525 CP), las ofensas o ultrajes de palabra, por escrito o de hecho a España, a sus Comunidades Autónomas o a sus símbolos o emblemas (art. 543 CP), las injurias al Gobierno de la Nación, al Consejo General del Poder Judicial, al Tribunal
Constitucional, al Tribunal Supremo, o al Consejo de Gobierno o al Tribunal Superior de Justicia de una Comunidad Autónoma y a los Ejércitos, Clases o Cuerpos y Fuerzas de Seguridad (art. 504 CP), el enaltecimiento del terrorismo y la humillación a
las víctimas (art. 578 CP), así como determinadas infracciones de los (arts. 35 a 37) de la Ley Orgánica 4/2015, de Protección de la Seguridad Ciudadana.
Además, la arbitrariedad en la persecución penal de hechos que entran en el ámbito del ejercicio de la libertad de expresión produce lo que se denomina un efecto desaliento en el ejercicio del derecho que conforme a la jurisprudencia del
Tribunal Europeo de Derechos Humanos ya supone una quiebra del mismo.
Especialmente en lo que concierne a la expresión política e ideológica, la situación incide muy negativamente en nuestra calidad democrática porque la libertad de expresión política es un pilar fundamental de un sistema democrático.
Las restricciones que conforman las fronteras de la libertad de expresión deben ser muy medidas y justificadas, con sanciones proporcionadas y sin que en ningún momento estas restrinjan el debate público y la libre participación política de
la ciudadanía. Tan es así que nuestro texto constitucional establece límites en torno al derecho al honor, a la intimidad, a la propia imagen ya la protección de la juventud y la infancia, o en el propio artículo 10.2 de la CEDH los emplaza en aras
a la protección de la seguridad nacional, de la salud o de la prevención de crímenes, entre otras. La jurisprudencia constitucional indica además que en caso de conflicto ha de prevalecer la libertad de expresión sí no se ejerce con la intención de
insultar o herir, si lo expresado responde a un hecho veraz de interés público o, de manera especial, si esta se ejerce desde un medio de comunicación.
La libertad de expresión no puede encontrar más límite, y siempre proporcionado, que el honor de las personas y cuando supongan incitación directa a la violencia. Todo lo demás ha de quedar, provenga del 'extremo izquierdo' o del 'extremo
derecho' del arco ideológico, dentro del ejercicio legítimo de la libertad de expresión, sin que pueda este sufrir ninguna persecución ni mediante resolución condenatoria ni mediante mera actividad investigadora o instructora.
Por todo ello se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Adoptar las medidas necesarias para que en el plazo de seis meses se haya eliminado el riesgo de arbitrariedad en la tipificación de conductas que puedan colisionar con la libertad de expresión, mediante la derogación o reforma de los
delitos e infracciones referidos 'supra'.
2. Dictar instrucciones a los cuerpos policiales para que la investigación y persecución de determinados delitos que limitan la libertad de expresión se hagan con respecto a los valores constitucionales y a la jurisprudencia del Tribunal
Europeo de Derechos Humanos.
3. Interesar, al amparo del artículo 8 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, para que adecue su actividad acusadora a los valores constitucionales y a la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de septiembre de 2018.-Eduardo Santos Itoiz, Diputado.-Txema Guijarro García, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.
Comisión de Hacienda
161/003654
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Mixto, a iniciativa del Diputado de Compromís Ignasi Candela, de conformidad con el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley para su debate y aprobación en
Comisión de Hacienda, relativa a aumentar de manera urgente el Índice Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM).
Exposición de motivos
El Índice Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM) es el índice de referencia para la asignación de ayudas y subsidios en función de los ingresos en España, como por ejemplo el subsidio del paro, las becas u otras subvenciones públicas.
Hasta el año 2004 el indicador utilizado para determinar estas cuantías era el SMI, pero el Gobierno español en aquel momento decidió hacer una reformulación. Así, a través del Real Decreto 3/2004 para la racionalización de la regulación
del salario mínimo interprofesional se creó el IPREM, que sería el índice por el cual se guiarían las ayudas y subsidios, dejando de vincularse al SMI.
Mediante esta modificación el Gobierno pudo incrementar el salario mínimo a un ritmo superior al registrado anteriormente, puesto que con la desvinculación de las ayudas públicas el incremento no les suponía prácticamente ningún coste, por
el hecho de que el incremento del SMI afecta fundamentalmente al sector privado y no al público. Una medida con alto rédito político y electoral que venían reivindicando sindicatos y sociedad civil, y que por otro lado era absolutamente necesaria,
pero que olvidaba a la población con más riesgo de exclusión que son quienes habitualmente cobran subsidios, ayudas o becas.
En cuanto a las cuantías, en el año 2004 se establecía el SMI en 490 al mes (en 14 pagas), mientras que la IPREM quedaba fijado en 460 (en 14 pagas). Catorce años después, el SMI ha aumentado hasta los 7359 , mientras que el IPREM se
encuentra en 537,8 , es decir, mientras el primero ha aumentado 245,9 , el segundo sólo ha subido 77,8 .
Evolución del Salario Mínimo Interprofesional e IPREM
Hay que explicar que la cuestión no es que el SMI haya subido en gran medida -existe un gran consenso en que todavía, a día de hoy, es insuficiente-, sino que el IPREM lleva años congelado. De hecho, en los últimos siete años, el Gobierno
presidido por Mariano Rajoy solo ha subido la cuantía en 5 , lo que ha comportado una pérdida del 7,6% respecto a la inflación, que llegaría al 91%, según las previsiones de inflación para el 2018.
La congelación del IPREM que ha practicado los últimos Gobiernos españoles perjudica gravemente a las personas con más necesidades, a los colectivos más vulnerables económica y socialmente y en más riesgo de exclusión. Hay que recordar que
actualmente el 28% de la población española vive por debajo del umbral de la pobreza -con menos de 684 euros mensuales-, y que según el informe de Unicef 'Child Well-being in Rich Countries: A comparative oven/iew', el porcentaje llega al 40% si
nos fijamos en el colectivo infantil. De hecho, somos el tercer país de la Unión Europea con mayor pobreza infantil, por detrás de Rumania y Grecia, con un aumento de 9 puntos entre los años 2008 y 2014.
Además, el Comité Europeo de Derechos Sociales advirtió a España de la vulneración de seis artículos contenidos en la Carta Social Europea, entre ellos, el salario digno para un nivel de vida decente, o el incumplimiento en materia de rentas
mínimas y otros subsidios que establecía que eran insuficientes.
Para superar la congelación de este indicador algunas ayudas enlazan las cuantías de fas ayudas con el SMI, así es el caso de las contempladas en la reciente Ley 19/2017, de Renta Valenciana de Inclusión aprobada por Les Corts Valencianes.
Esta regulación facilita la actualización y aumento progresivo de las ayudas y es una muestra de la voluntad de fas instituciones valencianas a que las personas puedan vivir con un nivel de renta digno. No obstante, otros muchos subsidios y ayudas
continúan ligados a la IPREM.
Es por todo ello que presentamos la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso insta al Gobierno a aumentar de manera urgente y de forma considerable el Índice Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM), así como a establecer un sistema de revalorización anual automática.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de septiembre de 2018.-Ignasi Candela Serna, Diputado.-Carles Campuzano i Canadés, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.
161/003669
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Mixto, a instancias del Diputado lgnasi Candela Sema (Compromís), presenta, al amparo del articulo 193 del Reglamento del Congreso de los Diputadas, la siguiente Proposición no de Ley para que el Ministerio de Hacienda
emita la orden de pago para la adecuación de los salarios de los Bomberos Forestales de Tragsa al convenio colectivo de 2018 y a sus nuevas funciones, para su debate en la Comisión de Hacienda.
Exposición de motivos
El cuerpo de Bomberos Forestales de la empresa pública Tragsa iniciaron el pasado viernes una huelga indefinida con el objetivo de que el Ministerio de Hacienda realice las actuaciones necesarias para la adecuación de su salario al convenio
colectivo de 2018 y a las nuevas funciones asumidas por el cuerpo.
La representación laboral de los Bomberos Forestales llegó a una propuesta de acuerdo el pasado 16 de febrero con Tragsa para la revisión parcial del sexto convenio colectivo del servicio de bomberos forestales de la Comunitat Valenciana,
quien se comprometió a trasladar al Ministerio la subida de los salarios, que quedó sujeta a la autorización de la Comisión de Seguimiento de la Negociación Colectiva en la Empresas Públicas y a un informe favorable de la Secretaría de Estado de
Presupuestos y Gastos.
Por todo lo expuesto, Ignasi Candela, Diputado de Compromís, en nombre del Grupo Parlamentario Mixto presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Ministerio de Hacienda a:
Llevar a cabo todas las actuaciones necesarias para hacer efectiva la adecuación salarial del Cuerpo de Bomberos Forestales de la Comunitat Valenciana, de acuerdo con lo establecido en la Propuesta de
Acuerdo sobre la revisión parcial del sexto convenio colectivo del servicio de bomberos forestales de la Comunitat.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de septiembre de 2018.-Ignasi Candela Serna, Diputado.-Carles Campuzano i Canadés, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.
Comisión de Fomento
161/003658
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana a instancia del Diputado Joan Margall i Sastre, al amparo de lo establecido en el Reglamento solicita la tramitación de la siguiente Proposición no de Ley para el incremento en las
bonificaciones de los peajes a abonar a los transportistas en los desvíos obligatorios a las autopistas de peaje AP-7 y AP-2 en Cataluña, para su debate en la Comisión de Fomento.
Exposición de motivos
El pasado 2 de septiembre entró en vigor la medida que obliga a los vehículos de transporte pesado (camiones de 4 o más ejes) a desviarse en algunos tramos de las carreteras nacionales N-340 y N-240 a las autopistas de peaje AP-7 y AP-2
respectivamente, a su paso por las provincias de Tarragona, Lleida, Barcelona y Castelló.
Dicha medida, que responde a una demanda social largamente solicitada por los alcaldes de los municipios por donde discurren ambas vías, tiene como objetivo principal reducir la alta siniestralidad vial que han venido soportando ambas
carreteras nacionales (más de 110 víctimas mortales en los últimos ocho años) así como la mejora de la fluidez del tráfico en dichas vías y la contaminación acústica que soportan en sus tramos urbanos.
Sin embargo, pese a la indudable mejora en materia de seguridad vial que supone la utilización de las autopistas, incluidos los camiones afectados por la nueva medida aprobada, no es menos cierto que su carácter obligatorio debe ir
acompañado de una compensación económica que palie el cumplimiento de la misma, más aun teniendo en consideración la frágil situación que atraviesa el sector del transporte por carretera, como consecuencia de la crisis económica sufrida los últimos
años así como la fuerte competencia existente en el sector del transporte por su elevada atomización y la cada vez mayor presencia de empresas de transporte en nuestro país procedentes de terceros países.
Por ello, si bien el Gobierno aprobó el pasado viernes 31 de agosto sendos reales decretos de modificación de las concesiones de las autopistas de peaje AP-7 y AP-2, en los que se incluía una bonificación máxima del 50% del importe del peaje
a los transportistas en función del trayecto a recorrer, nuestro Grupo Parlamentario entiende que las bonificaciones aprobadas son insuficientes y no compensan en suficiente medida a los transportistas por la aplicación de la normativa de desvío
obligatorio.
En este sentido, cabe recordar que el pasado mes de diciembre entró en vigor una medida similar en la Comunidad Autónoma de La Rioja, estableciendo el desvío obligatorio de los camiones desde las carreteras nacionales N-124 y N-232 a la
autopista de peaje AP-68, y en este caso el Gobierno estableció mediante real decreto una bonificación del 75% del importe del peaje.
Proposición no de Ley
'La Comisión de Fomento insta al Gobierno español:
Incrementar las bonificaciones aprobadas dirigidas a los transportistas para compensar los desvíos obligatorios de los camiones a las autopistas de peaje AP-7 y AP-2 en Catalunya, estableciendo un 100%
de bonificación para los recorridos internos de los tramos afectados por la restricción y de un 75% para los restantes recorridos que discurran por los tramos afectados.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de septiembre de 2018.-Joan Margall Sastre, Diputado.-Joan Tardà i Coma, Portavoz del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana.
161/003670
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, a iniciativa del Diputado Sergio Pascual Peña junto con los Diputados y Diputada Félix Alonso Cantorné, Juan López de Uralde y Eva García Sempere, de conformidad con
los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley para su debate y aprobación en la Comisión de Fomento, relativa a una moratoria del AVE por su ineficacia en términos económicos, social, de
movilidad y ecológicos.
Exposición de motivos
España es el segundo país del mundo con más kilómetros de vías ferroviarias de alta velocidad, solo por detrás de China. Con el modelo del AVE nos vendían que la apuesta por la modernización basada en la alta velocidad traería futuro,
empleo, desarrollo empresarial y tecnológico, y mejoras en la calidad de vida orientada hacia el progreso. Pero la realidad ha sido y es radicalmente distinta: el AVE no garantiza el derecho a la movilidad, rompe la cohesión territorial, ha
generado desiertos ferroviarios al perderse conexiones y paradas con las cabeceras de comarcas y con cientos de pueblos, es un modelo elitista al cual solo tiene alcance y puede hacer uso del AVE una pequeña parte de la población de nuestro país, ha
supuesto pérdida de oferta ferroviaria, ha supuesto un enorme derroche de recursos públicos, un alto endeudamiento, es deficitario y su impacto ambiental el injustificado.
Una reciente investigación original publicada en el Boletín de la Asociación de Geógrafos Españoles sobre el despilfarro de los recursos públicos en infraestructuras en España 1 desde el año 1995 hasta 2016, constata que muchos de los
proyectos acometidos de alta velocidad no responden a criterios de rentabilidad social, y están hechos con estimaciones irreales. Solo en líneas, sin considerar estaciones con escasa afluencia de personas viajeras o elevados sobrecostes, el estudio
calcula un despilfarro de 26.240,6 millones de euros en la alta velocidad en nuestro país. Dicho de otra manera, el 57% del despilfarro de la Administración Central ha sido en líneas para el AVE. El informe concluye que la priorización irracional
e ineficiente del AVE ha sido en detrimento del ferrocarril de cercanías, media distancia y de la movilidad sostenible.
Por otro lado, el Tribunal de Cuentas Europeo, en un informe publicado el pasado 26 de junio de 2018, confirma que la alta velocidad carece de una planificación adecuada y deficiente, donde la necesidad de construcción se debe a
consideraciones políticas, y con un alto coste, los trenes de media circulan al 45% de la velocidad máxima por lo que estas infraestructuras están sobredimensionadas. Las líneas auditadas por el Tribunal de Cuentas Europeo cuestan una media de 25
millones de euros por kilómetro. Cuatro de las diez líneas costarán más de 100 millones de euros por minuto de tiempo de trayecto ahorrado. El informe recoge que la Comisión Europea ha destinado 23.700 millones de euros desde el año 2000 a la alta
velocidad, de los cuales el 47%, unos 11.232 millones de euros, fueron invertidos en España.
El resultado de todo es que tenemos peor movilidad en nuestro país, ha disminuido el número de personas viajeras por ferrocarril, tenemos infraestructuras que han sido puestas al servicio del enriquecimiento de unos pocos pero con un gran
coste social y ambiental, los ejes ferroviarios están fuera de prioridad, la reapertura de líneas lejos de ser una realidad, la modernización de líneas convencionales para mejorar las prestaciones no tiene lugar, y el tren público y social, el más
sencillo, rentable y ecológico,
1 Romero, J., Brandis, D., Delgado Viñas, C., García Rodríguez, J.L., Gómez Romero, M.L., Olcina, J., Rullán, O., Vera-Rebollo, J.F., y Vicente Rufí, J. (2018). 'Aproximación a la Geografía del despilfarro en España: balance de las últimas
décadas', Boletín de la Asociación de Geógrafos Españoles, 77, 1 -151. doi: http://www.age-geografia.es/mwginternal/de5fs23hu73ds/progress?id=xFWdzdnkHMDmW1u7Ta9XGLDRm0l01q4oU75nAlOhpDU.
el que tiene más apoyos y el que mayor número de personas reclaman, está más lejos que cerca de alcanzarse.
Por todo ello el Grupo Parlamentario presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Aprobar de manera urgente una moratoria en la construcción de nuevas líneas de alta velocidad en España.
2. Reorientar los recursos destinados a la alta velocidad hacia la modernización de las líneas convencionales para la mejora de las prestaciones, priorizando la movilidad y la cohesión territorial, mejorando la seguridad, favoreciendo la
intermodalidad y convirtiendo al ferrocarril en una alternativa competitiva en tiempo y coste frente al transporte por carretera.
3. Priorizar la ejecución de los ejes ferroviarios atlántico, mediterráneo, cantábrico, trasversal de Andalucía y de la vía de la Plata, junto con sus interconexiones y la intermodalidad con otros medios de transporte público y puertos
costeros y secos.
4. Ampliar las obligaciones de servicio público de Renfe y las inversiones en infraestructuras de cercanías y media distancia con el objetivo a medio plazo de contar con una red mallada y cadenciada. Para ello, el Gobierno acordará en el
próximo contrato programa, entre la Administración General del Estado y la Entidad Pública Empresarial RENFE-Operadora, para la prestación de los servicios públicos de transporte de viajeros por ferrocarril de cercanías, media distancia y ancho
métrico sujetos a obligaciones de servicio público, el mantenimiento de todos y cada uno de los servicios prestados hasta ahora, así como el incremento de al menos un 10% del contrato con la finalidad de atender nuevas obligaciones de servicio
público ferroviarias de cercanías o media distancia.
5. Replantear todas las líneas de alta velocidad hacía líneas de altas prestaciones cumpliendo con los criterios de eficiencia y rentabilidad social en los términos que marcan las distintas recomendaciones expertas y del Tribunal de Cuentas
Europeo.
6. Realizar y poner en marcha de forma inmediata una auditoría pública e independiente de todas las líneas de alta velocidad de cara a depurar la legitimidad de toda la deuda, sobrecostes y despilfarros.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de septiembre de 2018.-Sergio Pascual Peña, Félix Alonso Cantorné, Juan Antonio López de Uralde Garmendia y Eva García Sempere, Diputados.-Txema Guijarro García, Portavoz del Grupo Parlamentario
Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.
161/003671
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley para su debate y aprobación en la Comisión
de Fomento, relativa a la reapertura de líneas ferroviarias, la expansión de los cercanías y el impulso a los ejes transversales ferroviarios para afrontar un cambio de modelo de transporte en nuestro país Iiderado por la expansión del tren público
y social basado en garantizar el derecho a la movilidad pública, social y sostenible que cohesione y vertebre el territorio.
Exposición de motivos
España es el segundo país del mundo con más kilómetros de vías ferroviarias de alta velocidad, solo por detrás de China. Con el modelo del AVE nos vendían que la apuesta por la modernización basada en la alta velocidad traería futuro,
empleo, desarrollo empresarial y tecnológico y mejoras en la calidad de vida orientada hacia el progreso. Pero la realidad ha sido y es radicalmente distinta: el AVE no garantiza el derecho a la movilidad, rompe la cohesión territorial, ha
generado desiertos ferroviarios al perderse conexiones y paradas con las cabeceras de comarcas y con cientos de pueblos, es un modelo elitista al
cual solo tiene alcance y puede hacer uso del AVE una pequeña parte de la población de nuestro país, ha supuesto pérdida de oferta ferroviaria, ha supuesto un enorme derroche de recursos públicos, un alto endeudamiento, es deficitario y su
impacto ambiental es injustificado. Se invierte el 70% en el 'Todo AVE' y solo el 30% en el resto del ferrocarril, cuando dos millones de personas utilizan, en España, cada día los trenes de cercanías y los trenes regionales y solo 23.000 personas
utilizan cada día los trenes 'AVE'.
El resultado de todo es que tenemos peor movilidad en nuestro país, se han perdido personas viajeras por ferrocarril, tenemos infraestructuras que han sido puestas al servicio del enriquecimiento de unos pocos pero con un gran coste social y
ambiental, los ejes ferroviarios están fuera de prioridad, la reapertura de líneas lejos de ser una realidad, la modernización de líneas para mejorar las prestaciones no tienen lugar y el tren público y social, el más sencillo, rentable y ecológico,
el que tiene más apoyos y mayor número de personas reclaman, está más lejos que cerca de alcanzarse.
Considerando el cambio climático como el principal reto actual y contemplando su relación directa con la quema de combustibles fósiles, ya que esta combustión genera el 80% de las emisiones de gases con efecto de invernadero. Pensando en el
binomio cambio climático-energía como la clave a abordar de forma inmediata pues hemos de lograr una transición civilizada hacia las futuras seguridad ecológica y justicia social. Sabiendo que el transporte (y por tanto la movilidad de las personas
y de las mercancías) se muestra como un gran consumidor de combustibles fósiles y, por lo mismo, como un alto emisor de gases con efecto de invernadero. Estimando que la proximidad es imprescindible para reducir las necesidades de transporte y que
con este criterio es preciso reorganizar la actividad productiva, la gestión del territorio y las formas de vida. Y, en paralelo, establecer el ferrocarril como la columna vertebral del sistema multimodal de transporte, junto a la marcha a pie y
los desplazamientos en bicicleta.
Además, en el año 2030 la Unión Europea tiene acordado reducir las emisiones de los sectores difusos en un 30% respecto a 2005. Donde corresponde a España una reducción del 26%, dentro del reparto de esfuerzos establecido, tomando en cuenta
que en los sectores difusos se encuentra el transporte. Y dentro del sistema multimodal de transporte, el ferrocarril presenta la ventaja de utilizar ruedas de acero sobre carriles de acero, lo que proporciona un bajo rozamiento entre el vehículo y
la vía, haciendo del tren el medio de transporte que menor consumo energético tiene por unidad transportada. Al consumir menos energía, el tren es un bajo emisor de gases con efecto de invernadero, y puede dejar de emitirlos si la energía consumida
procede de energías renovables.
Por tanto se necesita revertir esta situación impulsando los servicios de trenes de cercanías, los trenes regionales y los trenes de grandes distancias integrado con el resto de servicios públicos de transporte existentes en su ámbito, y con
el conjunto del sistema multimodal de transporte donde también están los desplazamientos a pie, en bicicleta, en taxi o en automóvil privado. Todo ello con la eficiente integración tarifaria, títulos de transporte multimodales y abonos de
transporte para las personas que son usuarias habituales del transporte público colectivo, así como la integración funcional, debiendo para ello potenciar el acceso a pie y en bicicleta a las estaciones de los trenes de cercanías, más las conexiones
y transbordos con los otros modos y medios de transporte, autobuses, etc.
Si un sector de la población resulta especialmente perjudicado por los déficits en este principio es sin duda el de aquellos, y sobre todo aquellas, que se dedican a los cuidados. La coordinación entre servicios de esenciales como el
educativo y el sanitario y la red de movilidad debe constituirse en objetivo prioritario. Por tanto, se torna necesario asegurar que las inversiones en infraestructuras ferroviarias ponen en el centro las necesidades de la ciudadanía y garantizan
su derecho a la movilidad.
Para ello, se deben favorecer los ejes transversales, la reapertura de líneas en desuso y crear nuevas redes de trenes de cercanías convirtiendo al ferrocarril en la columna vertebral del sistema multimodal de transporte, con el objetivo de
alcanzar un verdadero efecto de red.
En definitiva, se trata de poner la cohesión territorial, la intermodalidad, la diversificación, la sostenibilidad, la seguridad y la utilidad en el centro de las políticas de movilidad que garanticen el derecho a la misma, en igualdad de
condiciones de acceso y expandiendo la calidad del servicio público.
Por todo ello el Grupo Parlamentario presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Licitar y adjudicar con carácter urgente la redacción del estudio informativo para la reapertura y puesta en marcha los siguientes servicios ferroviarios:
- Línea Vía de la Plata.
- Línea 102 Burgos-Aranda de Duero-Riaza-Madrid.
- Línea Valladolid-Ariza.
- Linea Segovia-Medina del Campo.
- Línea Madrid-Plasencia y su recorrido por el valle del Tiétar.
- Línea Guadix-Baza-Almanzora-Lorca.
- Línea Huelva-Ayamonte-Frontera de Portugal.
- Línea Alcalá de Guadaira-Sevilla.
- Línea Sanlúcar de Barrameda-Jerez
- Línea Reus-Roda.
2. Realizar los estudios previos de viabilidad y factibilidad, de forma pormenorizada, para la implantación de nuevas redes de servicios de cercanías, incluyendo las infraestructuras viarias y las estaciones necesarias. El objetivo es
atender la máxima demanda de transporte en tren para todos los municipios con más de 20.000 habitantes para el año 2030.
3. Alcanzar un verdadero efecto de red mediante el impulso del desarrollo de los ejes transversales ferroviarios:
- Eje Atlántico.
- Eje Cantábrico-Mediterráneo.
- Eje Mediterráneo.
- Eje Andaluz.
- Eje de la Plata.
4. Asignar recursos suficientes para acometer al menos un 20% de la electrificación de la red convencional que actualmente sigue sin electrificar antes de 2020.
5. Adaptar las líneas existentes y/o planificar las nuevas para tráfico mixto de personas y pasajeros. De forma que para 2030 contaremos con líneas con vía doble electrificada en corriente alterna, aunque las que tengan electrificación en
corriente continua pueden continuar con la misma, dado que las cabezas tractoras de los trenes y los trenes con motorización distribuida pueden servirse de la tecnología de captación de la electricidad de catenarias dotadas con diversos tipos de
electrificación. El suministro de energía a la electrificación debe efectuarse desde fuentes renovables.
6. Dotar a las líneas de señalización tipo 'Etcs', sistema europeo de control de trenes, y de gestión de tráfico tipo 'Ertms', sistema europeo también, que permite, en sus diversos niveles 1, 2 y 3, utilizar como respaldo de seguridad los
sistemas de señalización antiguos existentes en las líneas. Señalización y gestión del tráfico ferroviario que facilitan la circulación de 350 trenes diarios por todas las líneas de la red, permitiendo simultanear trenes de cercanías, trenes
regionales, trenes de grandes distancias y trenes de mercancías.
7. Aprovechar y favorecer el uso de la tecnología existente para el cambio de ancho en las vías y en los trenes, y evitar la generación de islas ferroviarias sin conexión con la red básica.
8. Realizar a la mayor brevedad posible un estudio sobre las actuaciones necesarias para hacer accesible todas las estaciones de ferrocarril de nuestro país.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de septiembre de 2018.-Sergio Pascual Peña, Eva García Sempere, Félix Alonso Cantorné y Juan Antonio López de Uralde Garmendia, Diputados.-Txema Guijarro García, Portavoz del Grupo Parlamentario
Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.
161/003672
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley para su debate y aprobación en la Comisión
de Fomento, para la puesta en marcha del proyecto de recuperación en forma de ecovía del histórico trazado del Tren de Arganda.
Exposición de motivos
El futuro de la movilidad en nuestro país pasa por darle prioridad a una política de transporte sostenible basada en el transporte público colectivo, social, ecológico y de calidad. Los tiempos en los que la movilidad venía dirigida por la
política de infraestructuras con desarrollos desorbitados y especulativos basados en la alta velocidad han demostrado que no traían los beneficios prometidos.
El proyecto Ciclovía Tren de Arganda trata de recuperar el antiguo trazado del tren de Arganda como vía verde con el fin de conectar el parque del Retiro en Madrid con Rivas Vaciamadrid y Arganda del Rey mediante un itinerario accesible para
caminar o montar en bicicleta, mejorando a su vez la movilidad de la zona salvando multitud de barreras que separan actualmente estos municipios. Un total de 27,200 km, que podría dar servicio a 19 Centros Educativos (Colegios e Institutos),
transcurrir por 7 parques, centros polideportivos, acceso a 3 centros hospitalarios por su proximidad y favorecer la intermodalidad con otros transportes públicos como el metro, el cercanías y autobuses. Se trata de una medida de movilidad
sostenible, que lucha contra el cambio climático, favorece la descongestión automovilística y contribuye a la recuperación del patrimonio ferroviario e histórico de nuestro país.
Por todo ello el Grupo Parlamentario presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. En un plazo inferior a seis meses, promover y coordinar las actuaciones necesarias con todos los organismos, administraciones y sociedad civil implicados para la correcta ejecución administrativa, técnica y presupuestaria del proyecto de
recuperación en forma de ecovía del histórico trazado del Tren de Arganda.
2. Incluir una partida presupuestaria para la licitación del estudio de adecuación del trazado.
3. Favorecer la máxima intermodalidad y publicidad entre el cercanías y el uso del transporte en bicicleta en las estaciones próximas a la ecovía.
4. Estudiar y poner en marcha la rehabilitación de infraestructuras originales (puentes, pasos elevados y plataformas) recuperando elementos de patrimonio histórico ferroviario. Especialmente importante es el acondicionamiento y reforma
del puente del distrito de Vicálvaro en el municipio de Madrid, permitiendo el paso de vecinos y vecinas y acabando con este elemento como barrera urbana.
5. Adaptar el puente original entre los términos municipales de Rivas y Arganda para compatibilizar el actual uso (tren de vapor recreativo de Arganda) del puente con el tránsito peatonal y ciclista mediante unos voladizos u otra solución
técnica, ya que es demasiado estrecho para que pasen simultáneamente tren y ciclistas o peatones como muestra la siguiente foto.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de septiembre de 2018.-Juan Antonio López de Uralde Garmendia y Félix Alonso Cantorné, Diputados.-Eva García Sempere, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En
Marea.
161/003673
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, a iniciativa del Diputado Sergio Pascual Peña junto con las Diputadas y Diputado Ana Belén Terrón Berbel, Eva García Sempere y Javier Sánchez Serna, de conformidad
con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de
la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley para su debate y aprobación en la Comisión de Fomento, relativa a dar máxima prioridad y mayor dotación presupuestaria a la reapertura de la línea férrea Guadix-Baza-Almanzora-Lorca.
Exposición de motivos
El antiguo ramal ferroviario Guadix-Baza-Almanzora-Lorca (dentro de !a línea férrea Murcia-Granada) lleva más de treinta y tres años cerrado, desde el 31/12/1984, pese a los continuos informes técnicos y socioeconómicos que avalan su
reapertura.
La realización del Corredor Ferroviario Mediterráneo es la ocasión no solo para reabrir esta línea férrea, sino además para vertebrar estas necesitadas comarcas del sureste peninsular.
Los Presupuestos Generales del Estado para 2018 (PGE2018) recogen una partida de algo más de 500.000 (repartidos entre 2018 y 2019) para el preceptivo estudio informativo que reabra la línea, cantidad muy insuficiente, sobre todo si se
considera el informe del Departamento de Urbanística y Ordenación del Territorio de la Universidad de Granada, que estima en 1,6 millones la cantidad necesaria para un informe de este tipo con plenas garantías.
Una vez que ha entrado en vigor el mencionado PGE2018, urge la licitación y adjudicación del mencionado estudio informativo de reapertura, a la vez que la asignación de un suplemento extraordinario de crédito de un millón de euros para su
ejecución.
La reapertura de línea férrea Guadix-Baza-Almanzora-Lorca es básica para vertebrar un territorio que abarca once comarcas distribuidas en tres provincias y dos comunidades autónomas, con graves carencias socioeconómicas y de
infraestructuras, permitiendo luchar contra el despoblamiento y favoreciendo la diversificación económica, como vienen reivindicando tras años de lucha la Asociación de Amigos del Ferrocarril Comarca de Baza.
Por todo ello el Grupo Parlamentario presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
Priorizar la reapertura de la línea férrea Guadix-Baza-Almanzora-Lorca, licitando y adjudicando con urgencia la redacción del estudio informativo de reapertura recogidos en los PGE2018, así como dotando de un suplemento extraordinario de
crédito que eleve hasta los 1,6 millones la partida presupuestaria del citado estudio.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de septiembre de 2018.-Sergio Pascual Peña, Ana Belén Terrón Berbel, Eva García Sempere, Javier Sánchez Serna y Félix Alonso Cantorné, Diputados.-Txema Guijarro García, Portavoz del Grupo
Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.
161/003674
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley para su debate y aprobación en Comisión de
Fomento, para la puesta en marcha del servicio ferroviario de Cercanías entre Palencia-Valladolid-Medina del Campo.
Exposición de motivos
El futuro de la movilidad en nuestro país pasa por darle prioridad a una política de transporte sostenible basada en el transporte público colectivo, social, ecológico y de calidad. Los tiempos en los que la movilidad venía dirigida por la
política de infraestructuras con desarrollos desorbitados y especulativos basados en la alta velocidad han demostrado que no traían los beneficios prometidos. Hasta el Tribunal de Cuentas Europeo ha cuestionado la rentabilidad económica y social de
este modelo. Al contrario, han
contribuido a un ferrocarril elitista, con enorme pérdida de conexiones y una degradación de la movilidad y el transporte público sostenible en multitud de municipios y comarcas de nuestro país. Con consecuencias claras para el desarrollo y
dinamismo económico, demográfico, social y cultural del mundo rural.
La puesta en marcha de un servicio ferroviario de Cercanías entre Palencia-Valladolid y Medina del Campo es una sólida propuesta por la movilidad pública, colectiva y sostenible, que cuenta con un riguroso análisis 2 de implementación
dirigido por López Inclán y auditado por la Asociación para la Promoción del Transporte Público, donde se confirma la viabilidad social, medioambiental, técnica y económica de poner en marcha este servicio. Además, cuenta con el apoyo de los once
municipios por los que transcurriría (Palencia, Venta de Baños, Dueñas, Cabezón de Pisuerga, Santovenia de Pisuerga, Valladolid, Viana de Cega, Valdestillas, Matapozuelos, Pozaldez y Medina del Campo), así como de las Cortes de Castilla y León.
Entre los resultados del estudio, hay que poner en valor que el Cercanías entre Palencia-Valladolid-Medina del Campo alcanzaría a una población objetivo de 400.000 personas, ascendiendo a 2,5 millones de personas viajeras al año, reduciendo
notablemente la congestión y las emisiones, el dinamismo económico y el acceso a otros servicios públicos fundamentales al transformarse la cuota de usuarios y usuarias del tren que se desplazan entre estos tres municipios del 4% al 20%.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Licitar y adjudicar con carácter urgente la redacción del Estudio Informativo para la puesta en marcha del servicio ferroviario de Cercanías entre Palencia-Valladolid-Medina del Campo.
2. Priorizar en dicho estudio la apuesta por la movilidad sostenible, incluyendo un estudio de demanda profundo que analice distintas propuestas tarifarias y de horarios buscando favorecer la mayor cuota de trasvase del vehículo privado al
ferrocarril.
3. Dotar en los Presupuestos Generales del Estado de 2019 de una partida suficiente para los estudios necesarios y la puesta en marcha del servicio ferroviario de Cercanías entre Palencia-Valladolid-Medina del Campo.
4. Trabajar coordinadamente con los diferentes agentes socioeconómicos y las distintas administraciones implicadas en la puesta en marcha del servicio ferroviario de Cercanías entre Palencia-Valladolid-Medina del Campo, para la mejor
adecuación del proyecto a las necesidades reales de la población y propiciar la máxima intermodalidad con otros medios de transporte público, como los servicios municipales de autobuses, o sostenibles, como la bicicleta.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de septiembre de 2018.- Félix Alonso Cantorné y Sergio Pascual Peña, Diputados.-Eva García Sempere, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.
161/003675
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de ley para su debate y aprobación en Comisión de
Fomento, para la puesta en marcha del servicio ferroviario de Cercanías en el Poniente Almeriense.
Exposición de motivos
El Poniente Almeriense, comarca de la Provincia de Almería acoge una población superior a las 250.000 personas, y en ella se encuentran poblaciones tan importantes como El Ejido, Vícar o Adra, además de Roquetas de Mar.
2 López Inclán, C. (2015). Análisis de la implementación de un sistema de cercanías en el corredor Palencia-Valladolid-Medina del Campo. CC.OO.
Las relaciones diarias entre las poblaciones de la comarca y de ésta con la metrópoli de Almería precisan de un servicio de trenes de cercanías integrado con el resto de servicios públicos de transporte existentes en su ámbito, y con el
conjunto del sistema multimodal de transporte, donde también están los desplazamientos a pie, en bicicleta, en taxi o en automóvil privado. Todo ello con la eficiente integración tarifaría, títulos de transporte multimodales y abonos de transporte
para las personas que son usuarias habituales del transporte público colectivo, así como la integración funcional, debiendo para ello potenciar el acceso a pie y en bicicleta a las estaciones de los trenes de cercanías, más las conexiones y
transbordos con los otros modos y medios de transporte, autobuses, etc.
Los trenes de cercanías, como es notorio, son servicios de transporte público de alta capacidad y elevada frecuencia, ya que pueden transportar más de 20.000 personas por hora y sentido en hora punta y, por tanto, son aptos para atender los
grandes flujos de desplazamientos de personas, generalmente de demanda obligada (viajes al trabajo o por motivo de estudios) que se producen en las aglomeraciones urbanas los días laborables con carácter fundamentalmente pendular entre la ciudad
dominante y los núcleos de la periferia metropolitana.
Aunque lo habitual es ofrecer servicios ferroviarios de cercanías en grandes aglomeraciones urbanas, a partir de los 500.000 habitantes, donde existen flujos de desplazamientos cotidianos importantes, en ocasiones la existencia del
crecimiento de núcleos de población o áreas de actividad en torno a las metrópolis conlleva el planteamiento de la implantación de este tipo de servicios de transporte en tren.
Una característica elemental de los servicios con trenes de cercanías es que facilitan los desplazamientos de ida y vuelta en el día, con un tiempo de viaje máximo entre origen y destino de una hora, más o menos, y por ello generalmente se
admite que las líneas de cercanías deben tener una longitud máxima de 50-60 km.
Con el objetivo de asegurar una adecuada velocidad comercial de los trenes de cercanías, las estaciones suelen tener una separación de 3 km, que en las zonas rurales aumenta hasta los 5 km. Eso no quita que en las áreas urbanas la distancia
media entre estaciones se reduzca, a veces a 2 km, e incluso menos.
El aumento de los tiempos de viaje en los servicios de cercanías debido a los tiempos de parada en un elevado número de estaciones se suele paliar estableciendo servicios semidirectos que realizan paradas solo en las estaciones más
utilizadas de la línea. Por eso Renfe tiene en algunas redes de cercanías trenes llamados 'Civis' que efectúan parada en algunas estaciones, pero no en todas, y reducen los tiempos de viaje en hasta casi un 40%.
Horarios cadenciados durante todo el día es otra de las características elementales de los servicios de cercanías, con una mayor frecuencia de paso por las estaciones en las horas punta, para atender los picos de demanda de transporte en las
horas de entrada y salida de los puestos de trabajo. Por tanto, hay diversas frecuencias en estos servicios durante la jornada adaptándose a las franjas de mayor o menor demanda.
Las horas punta suelen tener cadencias de 5, 10, 15, 20 o 30 minutos, de forma que los horarios sean fácilmente memorizados por las personas usuarias del servicio, y en las horas valle no se baja de la frecuencia de un tren cada hora.
Las líneas de cercanías están electrificadas, en su gran mayoría, y en cuanto a la señalización, casi el 50% de las líneas utilizadas por los trenes de cercanías cuentan con bloqueo automático banalizado, que necesitan ser de vía doble,
mientras que el resto de las líneas están dotadas de bloqueo automático en vía doble o vía única.
Los trenes de cercanías son diferentes a los trenes regionales y a los trenes de grandes distancias, pues presentan un gran número de amplias puertas y espacios interiores diáfanos preparados para acoger a un gran número de personas que
viajan de pie. El mejor tren de cercanías existente en España, especialmente diseñado para este tipo de servicio, es la familia 'Civia' con diferentes series. Son vehículos modulares, seguros, confortables y de alta eficiencia energética. Su
modularidad hace posible trenes de cercanías de dos, tres, cuatro o cinco coches, además de poder circular en doble composición.
Las estaciones dedicadas exclusivamente a los servicios de cercanías disponen de controles de acceso automáticos, máquinas expendedoras de billetes y marquesinas de tamaños reducidos, aunque muchas veces son estaciones de uso general por
parte de los trenes dedicados al transporte de personas.
Los servicios ferroviarios de los trenes de cercanías son considerados de interés general por razones de eficiencia medioambiental, social y económica respecto a otros modos de transporte.
El tren de cercanías al Poniente Almeriense está en consonancia con las normas de obligado cumplimiento: Reglamento (UE) 1315/2013, del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a las Orientaciones para el desarrollo de las redes
transeuropeas de transporte, y Reglamento (UE) 1316/2013, del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al Mecanismo 'Conectar Europa', ambos fechados el 11 de diciembre de 2013, donde se señala que la Comisión Europea debe definir la red básica
ferroviaria transeuropea, y, por tanto, también la española, en 2023 para que pueda ponerse en servicio en 2030.
Considerando el cambio climático como el principal reto actual y contemplando su relación directa con la quema de combustibles fósiles, ya que esta combustión genera el 80% de las emisiones de gases con efecto de invernadero. Pensando en el
binomio cambio climático-energía como la clave a abordar de forma inmediata, pues hemos de lograr una transición civilizada hacia las futuras seguridad ecológica y justicia social. Sabiendo que el transporte (y por tanto la movilidad de las
personas y de las mercancías) se muestra como un gran consumidor de combustibles fósiles y, por lo mismo, como un alto emisor de gases con efecto de invernadero. Estimando que la proximidad es imprescindible para reducir las necesidades de
transporte y que con este criterio es preciso reorganizar la actividad productiva, la gestión del territorio y las formas de vida.
Y, en paralelo, establecer el ferrocarril como la columna vertebral del sistema multimodal de transporte, junto a la marcha a pie y los desplazamientos en bicicleta.
Actuando junto al resto de la Unión Europea en la adecuación de las propuestas de mitigación y adaptación al cambio climático, tras el Acuerdo de París y la Agenda 2030 de Naciones Unidas, tomando como referencia base las emisiones
efectuadas el año 2005. Sabiendo que las propuestas, hasta el momento, son reducir, hasta el año 2020, en un 20% las emisiones y el consumo energético y aumentar un 20% el uso de las energías renovables; para en el año 2030 alcanzar una reducción
del 40% en las emisiones con un aumento del 30% en renovables; y lograr así en el año 2050 haber reducido en un 90% las emisiones de gases con efecto de invernadero. Y que en la modificación en curso se toma en consideración el no superar 1,5
grados centígrados el aumento de la temperatura en 2100, lo que exige la eliminación de las emisiones en 2050.
Además, en el año 2030 la Unión Europea tiene acordado reducir las emisiones de los sectores difusos en un 30% respecto a 2005. Donde corresponde a España una reducción del 26%, dentro del reparto de esfuerzos establecido, tomando en cuenta
que en los sectores difusos se encuentra el transporte. Y dentro del sistema multimodal de transporte, el ferrocarril presenta la ventaja de utilizar ruedas de acero sobre carriles de acero, lo que proporciona un bajo rozamiento entre el vehículo y
la vía, haciendo del tren el medio de transporte que menor consumo energético tiene por unidad transportada. Al consumir menos energía, el tren es un bajo emisor de gases con efecto de invernadero, y puede dejar de emitirlos si la energía consumida
procede de energías renovables.
Para formar parte de la red básica ferroviaria española y, por tanto, transeuropea, la Plataforma Almeriense por el Tren, junto a la Coordinadora Estatal por el Tren Público, Social y Sostenible, estiman necesaria la nueva línea de cercanías
del Ponente Almeriense, así como los servicios con trenes de cercanías en el Bajo Andarax.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Licitar y realizar con carácter urgente la redacción de los necesarios estudios previos, de viabilidad y factibilidad, para la implantación de un servicio de trenes de cercanías en el Poniente Almeriense, incluida la necesaria
infraestructura viaria y las estaciones de cercanías que sean necesarias para atender la demanda de transporte en tren de la ciudadanía concernida.
2. Priorizar en dicho estudio la apuesta por la movilidad sostenible, incluyendo un estudio de demanda profundo que analice distintas propuestas tarifarias y de horarios buscando favorecer la mayor cuota de trasvase del vehículo privado al
ferrocarril, así como la búsqueda de máxima intermodalidad con otros sistemas de transporte público o sostenibles, como servicios de autobuses o el uso de la bicicleta.
3. Dotar en los Presupuestos Generales del Estado de 2019 de una partida suficiente para los estudios necesarios y la puesta en marcha del servicio ferroviario de Cercanías en el Poniente Almeriense.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de septiembre de 2018.-Félix Alonso Cantorné y Sergio Pascual Peña, Diputados.-Eva García Sempere, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.
161/003676
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley para su debate y aprobación en Comisión de
Fomento, sobre medidas para impulsar la intermodalidad de la bicicleta y el tren.
Exposición de motivos
La intermodalidad del transporte público es imprescindible hoy día para luchar contra el cambio climático, favorecer la movilidad y potenciar el mayor número de desplazamientos sostenibles. La clave es una eficiente integración y
convivencia entre las distintas modalidades de transporte de forma que cada medio de transporte esté articulado con el resto para impulsar sinergias y aumentar a las personas usuarias.
Si bien en los últimos años se ha ido avanzando en este sentido, las limitaciones son la línea predominante en la intermodalidad del transporte en nuestro país. La integración y potenciación de uso de la bicicleta y el tren es buen ejemplo
de ello. Por un lado, la red de ferrocarriles de Cercanías y Media Distancia, que diariamente desplaza a millones de personas en nuestro país, cuenta con escasas plazas para viajar en bicicleta, dificultando y actuando como barrera de miles de
desplazamientos laborales y de ocio que podrían realizarse de forma sostenible. Respecto al ocio, estamos perdiendo una importante forma de favorecer el turismo sostenible y de interior. Con una correcta y adecuada integración de la bicicleta en
la red de ferrocarriles, podríamos ser una referencia europea que atrajera a miles de cicloturistas, nacionales y extranjeros, a conocer y disfrutar de nuestros pueblos, nuestra naturaleza, la gastronomía y la cultura a través del turismo
sostenible.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Realizar una política decidida de fomento del uso de la bicicleta y el tren como transportes íntimamente y desplazamientos laborales y de ocio, ligados a la sostenibilidad, el beneficio físico, el ahorro y la lucha contra el cambio
climático.
2. Para ello el Gobierno debe elaborar un plan para instalar y adecuar espacios reservados a aparcamientos públicos, gratuitos y securizados de bicicletas en todas las estaciones de ferrocarril pertenecientes a la red ferroviaria de interés
general. En los casos que sea posible, se instalarán aparcamientos en los andenes de las estaciones, para garantizar la máxima rapidez en la combinación bici + tren.
3. El Gobierno cumplirá con las recomendaciones extraídas en dicho estudio y las ejecutará con carácter urgente y prioritario.
4. Garantizar la gratuidad del transporte de la bicicleta en todos los trenes de Renfe.
5. Ampliar la capacidad de transporte de bicicletas en los trenes de Renfe, especialmente en los de Media Distancia y en los de Cercanías, con vagones adaptados que no resten capacidad, seguridad, ni comodidad al resto de personas usuarias.
6. Cooperar con los consorcios metropolitanos de transporte para favorecer la intermodalidad, y en particular contribuir con las autoridades locales a la construcción de carriles bici de acceso a las estaciones ferroviarias.
7. Dar cumplimiento a la Proposición no de Ley relativa a la normativa para la construcción de vías ciclistas adyacentes a carreteras, aprobada por la Comisión de Fomento del Congreso de los Diputados en su sesión del 22 de marzo de 2018.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de septiembre de 2018.-Félix Alonso Cantorné, Eva García Sempere, Sergio Pascual Peña y Juan Antonio López de Uralde Garmendia, Diputados.-Txema Guijarro García, Portavoz del Grupo Parlamentario
Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.
Comisión de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social
161/003655
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, a iniciativa de su Diputada Yolanda Díaz Pérez, y a través de su Portavoz Antonio Gómez-Reino Varela, conforme recoge el artículo 185 del Reglamento del Congreso,
presenta la siguiente Proposición no de Ley para su debate en la Comisión de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, relativa a la revisión y modificación del sistema de integración de lagunas en la cotización a la Seguridad Social.
Exposición de motivos
Las reformas laborales de 2011 (Ley 27/2011, de 1 de agosto, sobre actualización, adecuación y modernización del sistema de Seguridad Social) y las posteriores modificaciones de 2013 han supuesto un endurecimiento del régimen de integración
de lagunas de cotización a la Seguridad Social, que han provocado una reducción de un 38% de la pensión en relación a la integración previa a estas reformas.
Antes de la Ley 27/2011, se integraban con el importe de la Base Mínima de cotización vigente en el momento de la integración, mientras que tras la Ley 27/2011, la integración será del 100% de la Base de cotización mínima vigente que se
produzca durante los 48 meses inmediatamente anteriores al mes previo al del hecho causante; el resto de las lagunas se integra con el 50% de la Base de cotización mínima vigente en el momento de la integración.
Por consiguiente, en el nuevo contexto, y en función del número de meses sin cotización, la persona beneficiaria se expone a un doble perjuicio, ya que a las eventuales lagunas producidas por el incremento del período de carencia se une el
nuevo procedimiento de integración. Así, una persona que reúna quince años de cotización y todos ellos inmediatamente anteriores al hecho causante, con la legislación precedente no se producirían lagunas en la base reguladora, mientras que tras la
reforma no sólo se sufren las consecuencias de diez años de laguna, sino que la mayor parte de esas lagunas quedan integradas con la mitad de la base mínima.
Ante esta situación, desde el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea consideramos necesario modificar esta situación y configurar un nuevo sistema de determinación de la base reguladora por el que la persona
beneficiaria pueda elegir aquellas mensualidades que le sean más favorables para la determinación de su pensión. Es un mecanismo necesario para corregir la desigualdad de género en pensiones, puesto que las mujeres son, junto con los jóvenes,
quienes mayores periodos de inactividad presentan durante su carrera profesional. El sistema actual de cobertura de lagunas, que reduce a la mitad las bases para la cobertura de lagunas más lejanas en el tiempo al hecho causante penaliza doblemente
a las mujeres, que son las que mayormente se encuentran en estas situaciones como consecuencia de las etapas destinadas al cuidado. Además, el sistema actual de cobertura de lagunas reduce proporcionalmente las bases aplicables en atención a la
jornada del último trabajo desempeñado, lo que penaliza a las personas trabajadoras a tiempo parcial, que son mayoritariamente mujeres. Pero concurre, sobre todo, una última razón que hace imprescindible la
reforma en el sistema de cobertura de lagunas en el sentido descrito: en la STJUE de 7 de marzo de 2018 (asunto D.W.) se estableció que un sistema de determinación de la base reguladora a partir de promedios que cubre las lagunas con bases
fijas cuando la retribución no se ha percibido en el país de referencia va contra el principio de libertad de circulación porque penaliza el trabajo desarrollado en otros países de la Unión Europa. El país del que partió esta cuestión prejudicial
fue Letonia, pero se advierte claramente que el defecto del que advierte el TJUE concurre igualmente en el ordenamiento español. De hecho, la posible contravención del sistema español para la determinación de la base reguladora en los casos de
cómputo recíproco internacional ha dado lugar al planteamiento de una cuestión prejudicial por Auto del TSJ de Galicia de 13 de diciembre de 2016. Son todas ellas razones justificativas suficientes para que proceda el cambio normativo en el sentido
que se señala.
Por todo lo expuesto, el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
- Configurar un nuevo sistema de determinación de la base reguladora de la cotización por el que sea la propia persona beneficiaria la que elija aquellas bases que le sean más favorables para la determinación de su pensión.
- Determinar, en el caso de que aún así existan lagunas de cotización, que la integración de las mismas sea con el importe de la Base de cotización mínima vigente en el momento de la integración.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de septiembre de 2018.-Yolanda Díaz Pérez, Diputada.-Antonio Gómez-Reino Varela, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.
161/003666
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre medidas para la adaptación al proceso de cambio tecnológico
y el avance de la robotización y la automatización, para su debate en la Comisión de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social.
Exposición de motivos
Los cambios tecnológicos han sido constantes a lo largo de la historia. No obstante, estos cambios no han llegado a nuestros días a través de una evolución lineal ni homogénea en el tiempo. Las mejoras tecnológicas sufren largos ciclos,
alternándose períodos de escasez de avances con momentos intensos. A estos momentos de intenso crecimiento se les suele llamar revoluciones industriales. Estas olas tecnológicas se caracterizan por la aparición y puesta en práctica de tecnologías
de propósito general, es decir, aquellas que provocan rápidos avances trasversales y generalizados en diferentes sectores productivos. Cada vez que aparecen tecnologías de propósito general, se inicia una etapa nueva de crecimiento de la
productividad que podría durar décadas, trastocando no solo al modelo productivo, sino también al bienestar de quienes en ella participan y a la sociedad en cuyo seno se extendía.
Los cambios tecnológicos necesitan de la inversión en capital. Pero la inversión en nuevas máquinas implica la transformación de anteriores formas de producción, más si cabe si esta inversión es en tecnologías de propósito general. En
estos últimos años estamos experimentando una nueva revolución industrial basada en la red, el uso intensivo de la computación y el desarrollo de tecnologías como son la inteligencia artificial y los sensores (el internet de las cosas). Todas estas
nuevas tecnologías se caracterizan de nuevo por la necesidad de invertir en nuevas máquinas, nuevo capital que permitirá a las empresas producir con más eficiencia y, en consecuencia, con una menor exigencia de empleo.
Esta inversión en las nuevas máquinas siempre supone la creación de nuevos empleos a cambio de la amenaza a muchos existentes. Aunque la creación de un desempleo tecnológico no es algo que debamos esperar, esta dialéctica entre sustitución
y complementariedad entre capital y empleo sí puede generar otras consecuencias indeseadas. La experiencia nos recuerda que, si un cambio tecnológico provoca efectos diferenciados entre diferentes grupos de trabajadores, beneficia a unos y
perjudica a otros, este puede terminar creando desigualdad.
Los países más afectados por el cambio tecnológico son países que en general no han experimentado un incremento del desempleo, sino más bien al contrario. Estos son a su vez los que mayores productividades presentan y en consecuencia los
que mayores salarios disfrutan. En general, son también los países que más han apostado por el cambio tecnológico y por ello son los que han encauzado mejor sus potenciales beneficios. El empleo del futuro será lo que queramos que sea como
sociedad. Debemos pues exigir a nuestros gobiernos, empresas y a nosotros mismos nuestra rápida adopción de medidas que conviertan los vientos intensos que genera este cambio tecnológico en un impulso que haga mover a nuestra sociedad a la
dirección y a la velocidad deseada.
Estos retos del futuro exigen una propuesta pública para poder afrontarlos exitosamente. Este cambio tecnológico puede ser altamente beneficioso si se saben adoptar las medidas adecuadas para encauzarlo positivamente. Estas medidas caerán
en el ámbito de la educación, de las empresas, de las administraciones, así como deberán concretarse en mayores inversiones en la digitalización de las empresas, de las administraciones o en la necesidad de cambios en las regulaciones laborales y de
competencia.
Concretando, los retos que la nueva ola tecnológica exige deben ser enfrentados con actuaciones en muy diversos ámbitos. Por un lado, las administraciones deben fomentar la adecuación del sistema educativo para que ofrezca a los que por
ella pasen las habilidades necesarias exigidas por el nuevo cambio tecnológico. Se debe fomentar la digitalización de la empresa. Las administraciones deben fomentar el uso de las nuevas tecnologías de las que ellas mismas no deben ser parte
ajena. La regulación laboral debe abordar los retos que supone la aparición de las nuevas formas de empleo asociadas a las nuevas plataformas. Por último, las administraciones deben crear los mecanismos necesarios para generar las transferencias
de rentas necesarias para minimizar los efectos adversos de este cambio.
Teniendo presente lo anterior, el Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Elaborar un informe pormenorizado que permita tener una imagen más completa del fenómeno del cambio en la economía y el mercado de trabajo derivado de los avances en la tecnología digital y organizativa y la automatización y la
robotización en un entorno globalizado.
2. Llevar a cabo, a la mayor brevedad, el desarrollo reglamentario de la Ley 30/2015, de 9 de septiembre, por la que se regula el Sistema de Formación Profesional para el empleo en el ámbito laboral, de modo que se facilite la adaptación de
los trabajadores a las modificaciones operadas en su puesto de trabajo, así como al desarrollo de planes y acciones formativas tendentes a mejorar su empleabilidad.
3. Cumplir con la función permanente de prospección y detección de necesidades formativas del sistema productivo recogida en la citada Ley 30/2015, implementando, a este fin, mecanismos que permitan proporcionar respuestas efectivas a las
necesidades de formación y recualificación del mercado laboral, con el fin de anticiparse a los cambios y responder a la demanda que se pueda producir de mano de obra cualificada, contribuyendo así al desarrollo profesional y personal de los
trabajadores y a la competitividad de las empresas.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de septiembre de 2018.-Sergio del Campo Estaún, Diputado.-Antonio Roldán Monés, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
161/003667
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre el uso de macrodatos (Big Data) e inteligencia artificial
en el ámbito laboral, para su debate en la Comisión de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social.
Exposición de motivos
En el primer trimestre de 2018 la tasa de desempleo en España ascendió al 16,74% de la población activa. Según la Encuesta de Población Activa, unos 3,8 millones de personas activas aún no estaban ocupadas. De ellos, algo más de una cuarta
parte, casi un millón, eran mayores de cincuenta años. Por último, aquellos que llevaban más de un año en desempleo sumaban los 1,9 millones, es decir, la mitad. No cabe duda que estas cifras reflejan que es el desempleo uno, si no el mayor, de
los problemas que castigan tanto a la economía española como a los españoles. Este problema, además, se caracteriza por secularizarse, sin que hasta el momento las diferentes actuaciones hayan permitido una reducción perceptible de la evolución a
largo plazo del mismo. Sumado a esto, el advenimiento de un nuevo cambio tecnológico, posiblemente muy disruptivo, puede elevar aún más el riesgo de desempleo para ciertos colectivos de trabajadores, particularmente de aquellos que carecen de
herramientas para ajustarse a los cambios que están por venir. Sin embargo, las mismas tecnologías que lideran el actual cambio tecnológico, en particular la Inteligencia Artificial (IA en adelante), pueden resultar muy útiles en la misma lucha
contra el desempleo, por lo que el esfuerzo de las Administraciones Públicas debe ir dirigido a la implementación de la misma para la mejora del funcionamiento del mercado de trabajo.
Parte del desempleo puede explicarse por la existencia de costes de transacción que impiden que los emparejamientos empresa-empleado se realicen de un modo eficiente. Sin embargo, el desarrollo de estas nuevas tecnologías podría permitir
perfilar a los demandantes de empleo, así como a las empresas con vacantes de tal manera que ambos pudieran ser emparejados del modo más eficiente posible. La lA tiene la capacidad de reducir dichos costes de transacción que supone encontrar
adecuados emparejamientos, por lo que es posible elevar la eficiencia de la actuación de los organismos públicos encargados de poner en contacto empresa y trabajador.
Pero el papel de las administraciones en este campo debe ir más allá. En un primer lugar, dado que estos algoritmos ya están siendo usados por plataformas y organismos privados, las administraciones deben asegurar mediante regulación que
los algoritmos de búsqueda de estas plataformas sean tanto transparentes como neutrales en base a ciertas características de los candidatos.
En segundo lugar, el papel de la IA en la mejora de la eficiencia del mercado de trabajo no es la única vía en la que las administraciones deben trabajar. Junto con la existencia de una elevada tasa de desempleo, en España el mercado de
trabajo se caracteriza por su fuerte dualidad y una elevada rotación laboral de trabajadores eventuales. Aunque la reducción de la dualidad debe buscarse en gran parte mediante la mejora de la regulación existente, esta no debe ser el único frente
de actuación. Es fundamental, además, intensificar la lucha contra el fraude. Sin embargo, en España, no menos de dos millones de contratos son firmados cada mes, de los cuales una importante mayoría podría considerarse fraude de ley. Es evidente
que no existen medios suficientes para plantear una inspección y una fiscalización que pueda realizar una labor eficiente en este sentido.
Es en este caso donde la IA puede de nuevo ayudar. El desarrollo de algoritmos que permitan, por ejemplo, la lucha contra el fraude financiero o el seguimiento de actividades ilícitas puede ser igualmente utilizados para el seguimiento de
comportamientos de empresas que utilicen de forma fraudulenta ciertos contratos o ciertas costumbres, como son el encadenamiento de contratos de muy baja duración, el de despido y contratación en períodos cortos de tiempo para no cubrir, por
ejemplo, períodos vacacionales o de fin de semanas, etcétera.
Teniendo presente lo anterior, el Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. En el ámbito de las políticas activas de empleo, y en colaboración con las Comunidades Autónomas, desarrollar y poner a disposición de los servicios públicos de empleo, un programa de prospección y detección de necesidades formativas del
sistema productivo, basado en el uso de macrodatos (Big Data) y la inteligencia artificial, que permita proporcionar respuestas efectivas a las necesidades de formación y recualificación del mercado laboral, con el fin de anticiparse a los cambios y
responder a la demanda que se pueda producir de mano de obra cualificada y no cualificada, y que permita a los servicios públicos de empleo, entre otras acciones, poder formular propuestas de itinerarios formativos y laborales individualizados para
cada demandante de empleo.
2. Adoptar las medidas y dictar las instrucciones que procedan para dotar a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social del personal cualificado en la implementación y manejo de sistemas y herramientas informáticas de análisis y
procesamiento de macrodatos (Big Data) del mercado de trabajo (contrataciones, despidos, altas y bajas a la Seguridad Social, etcétera), con la finalidad reforzar la eficacia de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en la detección del fraude
laboral y mejorar la eficiencia en la programación de las actuaciones de inspección, así como a desarrollar algoritmos que permitan el seguimiento de comportamientos tales como el uso de forma fraudulenta de ciertos contratos o de prácticas como el
encadenamiento de contratos de muy baja duración, el despido y la contratación en períodos cortos de tiempo.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de septiembre de 2018.-Sergio del Campo Estaún, Diputado.-Antonio Roldán Monés, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
161/003668
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para instar al Gobierno a dispensar
una protección especial a los afectados de linfedema, para su debate en la Comisión de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social.
Exposición de motivos
El cáncer es reconocido como la epidemia silenciosa del siglo XXI, su cura es una de las búsquedas más importantes de la medicina de este siglo. Es cierto que los tratamientos son cada vez más efectivos, sin embargo, todavía no se ha
encontrado una cura absoluta.
Los estudios indican que la supervivencia de los pacientes con cáncer ha aumentado de forma continua en los últimos años en todos los países europeos, también en España. Esto se debe fundamentalmente a las actividades preventivas, las
campañas de diagnóstico precoz -la detección temprana sigue siendo el mejor diagnóstico- y a los avances terapéuticos.
El avance experimentado en oncología es esperanzador. Cada vez más personas superan la enfermedad y esto es una gran noticia. Si bien, muchas de estas personas que afortunadamente han sobrevivido al cáncer padecen, una vez finalizado el
tratamiento, importantes secuelas crónicas.
El linfedema es una de las consecuencias crónicas derivadas del tratamiento contra el cáncer, radica en un aumento de volumen causado por la acumulación anormal del líquido en el tejido blando debido a una obstrucción en el sistema
linfático. Puede aparecer en cualquier parte del cuerpo y ningún paciente intervenido de cáncer con linfadenectomía y radioterapia está libre de peligro. Los más conocidos son los linfedemas en brazo, tórax o mama después del tratamiento del
cáncer de mama; o los linfedemas en las piernas después de haber extirpado o irradiado los ganglios de la ingle o del abdomen por causas como el cáncer colorrectal, el de próstata o el de útero. Tendríamos que destacar también los linfedemas menos
visibilizados o conocidos: los relacionados con la esfera otorrinolaringológica. Estos se dan en la cara y el cuello como consecuencia de tratamientos en esas zonas (faringe, garganta, lengua...).
El linfedema es una secuela que disminuye la calidad de vida de los pacientes y les afecta a nivel emocional, psicológico, físico, económico y social, por lo que debería ser tenida en cuenta a todos los niveles. Se trata de una secuela
crónica, una patología evolutiva e invalidante que necesita un tratamiento específico, muchas veces no cubierto por la Seguridad Social, y unos cuidados de por vida.
En muchas ocasiones, las personas que padecen linfedema se ven impedidas para realizar las actividades de la vida diaria, no pueden coger peso, realizar movimientos repetitivos, mantenerse en la misma postura durante demasiado tiempo o
realizar determinados esfuerzos físicos.
Es cierto que los Equipos de Valoración de Incapacidades, con encuadramiento orgánico y funcional en cada Dirección Provincial del INSS, son órganos especializados en la valoración de la situación de incapacidad del trabajador y sus
dictámenes-propuesta suelen ser objetivos, suficientemente fundamentados y clínicamente fiables. Si bien, en el asunto que nos ocupa, y dado que a día de la fecha el linfedema es un gran desconocido, en la gran mayoría de ocasiones a los pacientes
que han superado el cáncer se les da de alta sin valorar un posible linfedema o, en su caso, se les concede una incapacidad temporal. Esto conlleva a que el trabajador tenga que volver a su puesto de trabajo, lo que agrava las secuelas de su
enfermedad, teniendo que volver a recurrir a la baja laboral y haciendo esta situación insostenible tanto a nivel físico como psicológico.
Muchos de los pacientes afectados tienen que recurrir a los tribunales para que estos les concedan la incapacidad permanente total o absoluta como consecuencia del linfederna que les impide realizar su trabajo habitual. Es por ello, que
desde el Grupo Popular entendemos fundamental y prioritario prestar especial atención a los enfermos que padecen linfedema como secuela crónica del cáncer, concediendo una protección especial a estas personas tanto en el ámbito emocional,
psicológico, físico, económico como social.
La Seguridad Social es el principal sistema de protección social del Estado. Tiene por objetivo garantizar unas prestaciones sociales concretas e individualizadas para hacer frente a determinadas contingencias que puedan situar a una
persona, y a quienes dependan de ella, en situación de necesidad y especial vulnerabilidad.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a adoptar todas las medidas pertinentes para que a los enfermos de cáncer que padecen como secuela de la enfermedad un linfedema:
- Se les dispense una protección especial en el ámbito emocional, psicológico, físico, económico y social.
- Que los Equipos de Valoración de Incapacidades de la Seguridad Social valoren con especial sensibilidad a estos pacientes para que, en el supuesto de considerarlo oportuno, se les conceda una incapacidad permanente total o, en su caso, una
incapacidad permanente absoluta.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de septiembre de 2018.-Dolors Montserrat Montserrat, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Comisión de Industria, Comercio y Turismo
161/003664
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre el impulso al desarrollo del comercio minorista y el
fomento de su transformación digital, para su debate en la Comisión de Industria, Comercio y Turismo.
Exposición de motivos
El sector de la distribución comercial, es decir, el conjunto de actividades de intermediación entre la producción de bienes y servicios y los consumidores finales, ha experimentado profundas transformaciones en los últimos años, no solo en
términos de desarrollo y modernización, sino también por la aparición de nuevas formas de distribución comercial que hacen que a día de hoy convivan dos subsistemas: el comercio tradicional y otras formas de distribución comercial.
Se trata de un sector con una importancia capital, tanto cualitativamente, por su papel de nexo entre productores y consumidores, como cuantitativamente, por su peso en el PIB y en el empleo, que es del 12 y 15%, respectivamente. Se puede
considerar, de hecho, el primer motor económico del país.
El comercio minorista, que tiene como destinatarios a los consumidores finales, representa el 40% de la facturación del sector y el 65% del personal ocupado, cerca de 2 millones de trabajadores (más del 10% del total de empleados de la
economía). Dentro de este subsector podemos distinguir distintos tipos de establecimientos, entre los que destacan los establecimientos tradicionales, comercios independientes no asociados ni vinculados a ningún otro tipo de establecimiento.
Como resultado de la transformación comercial, que en España ha sido más tardía que en la UE, pero también más rápida, en la actualidad, el sector tradicional se encuentra en una situación de caída de la cuota de mercado (ha perdido un 40%
de cuota en las últimas décadas) y de disminución de los márgenes, lo que ha llevado a muchos comercios bien a desaparecer o bien a integrarse en comercios de mayor envergadura.
El gran reto que afronta el comercio tradicional es lograr su modernización y su competitividad. En este sentido, es de destacar el hecho de que parte del comercio ha sabido adaptarse y mantener su competitividad a través de la
modernización y la mejora, introduciendo innovaciones tecnológicas y organizativas y especializándose, lo que le ha permitido diferenciarse, ofreciendo, además de una gran capacidad de asesoramiento, un trato personalizado y cercano a los clientes.
Por ello, impulsar el desarrollo del comercio minorista y el fomento de su transformación digital debe ser una prioridad en la política comercial y empresarial del Gobierno y uno de sus principales ejes de actuación.
Teniendo presente lo anterior, el Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a impulsar el desarrollo del comercio minorista y fomentar su transformación digital, apoyándose, si es preciso, en la colaboración público-privada. A tal efecto, se tomarán medidas
encaminadas a:
1. Impulsar la economía digital, trabajando tanto en la mejora de las infraestructuras necesarias como en el fomento de las industrias y servicios de contenidos digitales.
2. Generalizar el uso de las redes avanzadas de comunicación (4G, banda ancha, etcétera).
3. Impulsar la presencia de PYMES en el comercio electrónico.
4. Mejorar la formación en competencias digitales de los estudiantes y los trabajadores.
5. Lograr la atracción de emprendedores del mundo digital.
6. Avanzar en el desarrollo de una agenda industrial encaminada especialmente a la adaptación a los cambios tecnológicos.
7. Impulsar el proceso de transformación digital de la industria, a través de iniciativas que logren la efectiva incorporación de la tecnología en los procesos productivos y cadenas de valor y en la aparición de nuevos modelos de negocio.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de septiembre de 2018.-José Luis Martínez González, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
161/003665
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre el impulso a un Pacto de Estado por la Industria, para su
debate en la Comisión de Industria, Comercio y Turismo.
Exposición de motivos
El sector industrial representa, aproximadamente, un 17% del producto interior bruto de nuestro país y el 42,3% si consideramos su efecto inducido en la actividad económica general y en la demanda de proveedores y servidos avanzados.
La industria proporciona el motor más sólido y estable en una economía avanzada y juega un papel fundamental en el crecimiento económico, gracias a que, en general, presenta mayor productividad que la agricultura y los servicios y un efecto
eslabonamiento sobre ambos sectores, que dependen para su desarrollo del desarrollo del sector industrial, al proveer su demanda y aprovechar sus medios de producción.
Es el sector con mayor capacidad para absorber el progreso tecnológico, el mayor inversor en I+D+i y el principal demandante de innovación y desarrollo tecnológico, siendo por tanto una pieza fundamental para impulsar la transferencia
tecnológica. Además, genera el 90% de las exportaciones de bienes. Estos dos factores, la innovación y la vocación exterior, son claves para el crecimiento de la economía, dinamizando el conjunto del tejido empresarial y generando un alto volumen
de riqueza y crecimiento económico en sus lugares de implantación.
El sector industrial confiere a la economía de un país una gran solidez en términos de generación de riqueza, empleo y bienestar económico, proporcionando crecimiento intenso en periodos expansivos y una mayor resistencia ante eventuales
periodos de crisis. Con los datos de la Alianza por la Competitividad de la Industria Española podemos observar que la actividad industrial genera de forma directa 2,3 millones de puestos de trabajo (el 12% del total de ocupados del país) y 5,6
millones de empleos si se consideran tanto los empleos indirectos como los inducidos: es decir, que en España casi el 30% del empleo depende de la industria.
Además, cabe destacar que se trata de un empleo de calidad, ya que la industria es la actividad con mayor porcentaje de contratos indefinidos, la que mejor remunera a sus empleados, la que realiza una mayor inversión en formación y
cualificación profesional y la que registra un mayor nivel de productividad.
Por ello, ante el objetivo de la Unión Europea de incrementar al menos hasta el 20% el peso de la industria en el conjunto del PIB en el año 2020, distintos representantes de organizaciones empresariales y sindicales del sector industrial
firmaron, el pasado 28 de noviembre de 2016, una Declaración instando al desarrollo de un Pacto de Estado por la Industria, en la que se recogían distintas 'medidas y políticas de Estado que configuren, en su conjunto, una política industrial
sostenida en el tiempo'.
Teniendo presente lo anterior, el Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a impulsar un Pacto de Estado por la Industria que permita desarrollar las medidas y políticas de Estado que configuren, en su conjunto, una política industrial sostenida en el tiempo y que
incluya, entre sus ejes prioritarios:
1. Una política energética de Estado, que responda a los tres elementos que conforman el trilema energético básico: sostenibilidad, competitividad y seguridad en el suministro.
2. Una política de sostenibilidad industrial comprometida con la seguridad y la protección del medio ambiente de forma general y, particularmente, con las estrategias de mejora de la eficiencia energética, de la lucha contra el cambio
climático y de la economía circular.
3. Una política de infraestructuras basada en estudios objetivos e independientes de rentabilidad socioeconómica y financiera dirigida a mejorar la eficiencia, la competitividad y la sostenibilidad de nuestra economía, con particular
atención a las infraestructuras hidrológicas para la mitigación y adaptación al cambio climático y de las infraestructuras de transporte intermodal para acelerar el acceso de las empresas radicadas en España a los mercados internacionales.
4. Una política de I+D+i y desarrollo tecnológico y digital que facilite y apueste por la actividad innovadora de las empresas y que permita atraer y desarrollar en España centros públicos, privados y mixtos avanzados y especializados en
aquellas áreas transversales y esenciales para dotar de base tecnológica a la industria, aumentando la generación de producciones de mayor valor añadido.
5. Una política de formación y empleo que garantice el desarrollo del talento y de la capacitación de los trabajadores a lo largo de la vida laboral.
6. Una política de regulación inteligente que proteja los principios de unidad de mercado, evite la inseguridad jurídica que genera la sobrerregulación y mejore la eficacia y eficiencia de las normas en vigor y futuras mediante la
realización de evaluaciones de impacto rigurosas.
7. Una política fiscal que no suponga la ruptura de la unidad del mercado, distorsione la libre competencia ni merme la competitividad de nuestro tejido industrial.
8. Una política de inversión, internacionalización y comercio exterior que asuma los objetivos de atracción de inversiones productivas industriales en nuestro territorio y facilite la penetración de la producción española en mercados
exteriores.
9. Una política de apoyo a la inversión en proyectos innovadores generadores de empleo dirigida especialmente a las pequeñas y medianas empresas.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de septiembre de 2018.-José Luis Martínez González, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
161/003685
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley sobre la
trasposición de la Directiva que armoniza los sistemas nacionales de marcas de la Unión Europea para su debate en la Comisión de Industria, Comercio y Turismo.
Exposición de motivos
La Directiva 2015/2436 armoniza los sistemas nacionales de marcas de la Unión Europea para facilitar el registro y gestión de las mismas.
La incorporación de esta norma comunitaria exige la modificación parcial de la Ley de Marcas.
En España, las empresas titulares de marcas aportan el 41% del empleo, 45% de las exportaciones, 40% del PIB y 55% de la inversión en I+D+i.
La nueva regulación supone un avance importante en la lucha contra la piratería, ya que se establece la posibilidad de prohibir el uso de una marca e impedir el acceso al país sin necesidad de que haya de acreditarse prueba de su intención
de distribución en el propio país.
Los principales cambios que se incorporan a la ley son:
- Adaptación a las nuevas tecnologías: la marca ya no tiene que representarse gráficamente, sino ser susceptible de representación por cualquier medio (marcas sonoras, de movimiento, multimedia u holograma).
- Especial protección a la marca renombrada: desaparece el concepto de marca notoria.
- Reforzamiento de la protección de las denominaciones de origen e indicaciones geográficas: sistematizando las prohibiciones absolutas relativas a las mismas.
- Freno a las marcas de cobertura: se incorpora la obligación de acreditar el uso de la misma en el caso de ejercer oposiciones.
- Agilidad en los casos de nulidad y caducidad de las marcas: al atribuirse la competencia a la OEPM.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a remitir a las Cortes Generales el Proyecto de Ley de modificación de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, para incorporar al ordenamiento jurídico español el contenido de la
Directiva (UE) 2015/2436, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2015, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de septiembre de 2018.-Herick Manuel Campos Arteseros y Antonio Gutiérrez Limones, Diputados.-Rafael Simancas Simancas, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
161/003686
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley sobre la
elaboración de un Plan de Apoyo a la Competitividad del Comercio Minorista de España 2019-2020 para su debate en la Comisión de Industria, Comercio y Turismo.
Exposición de motivos
El comercio minorista supone en torno al 5 por 100 del PIB español y da empleo a más de 1,9 millones de personas (11 por 100 del total de ocupados).
A 1 de enero de 2018, las 451.471 empresas del comercio minorista suponen el 13,5% del total de empresas de la economía española según los últimos datos del Directorio Central de Empresas (DRCE).
Es necesario potenciar la competitividad del sector y ayudar especialmente a los formatos tradicionales a incorporarse al mundo digital, y hacerlo dentro de un Plan que garantice la transversalidad entre los ministerios y departamentos del
Gobierno, y en cuya elaboración puedan participar también las comunidades autónomas y la FEMP, así como los agentes sociales y comerciales.
El Plan debe dar respuesta al nuevo escenario comercial, a la necesaria renovación del sector, a la adaptación al mercado digital y a facilitar el relevo generacional. Hay que dar un impulso a la modernización del comercio minorista
tradicional.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Elaborar un Plan de Apoyo a la Competitividad del Comercio Minorista de España para el periodo 2019-2020, en colaboración con las distintas administraciones y respetando las competencias de cada administración, con el objetivo de ayudar
especialmente a los formatos tradicionales a incorporarse al mundo digital.
2. Contar con la participación de las Comunidades Autónomas, las entidades locales a través de la FEMP, y los agentes sociales y económicos más representativos. Su desarrollo y aplicación podrá incluir acciones conjuntas con las
Comunidades Autónomas y los ayuntamientos, así como con representantes de este sector.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de septiembre de 2018.-Herick Manuel Campos Arteseros y Antonio Gutiérrez Limones, Diputados.-Rafael Simancas Simancas, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
161/003687
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley sobre la
nueva agenda progresista para el comercio exterior y la internacionalización de la economía para su debate en la Comisión de Industria, Comercio y Turismo.
Exposición de motivos
El sector exterior es cada vez más importante para la economía española, como lo muestra el hecho de que el superávit por balanza corriente ha contribuido al crecimiento económico, en especial durante los años de la crisis.
Además, hay que tener en cuenta los importantes retos que tenemos por delante, como es la capacidad y posición de la Unión Europea en las negociaciones internacionales y en el propio seno de la Unión, la nueva política comercial
estadounidense y la imposición de aranceles, y la salida del Reino Unido de la Unión Europea ('Brexit').
Por tanto, es necesario hacer cambios para que el conjunto de la sociedad y los agentes económicos y sociales vean en el libre comercio una oportunidad y no una amenaza. Para ello es necesario introducir cambios e impulsar una nueva
política de apertura comercial progresista que aspire a conseguir que el sistema mundial de comercio sea más transparente y democrático, que beneficie a la mayoría y no solo a unos cuantos.
Los acuerdos comerciales son una oportunidad para mejorar nuestras normativas laborales y ambientales y generar riqueza y bienestar para la sociedad en su conjunto.
Para lograr esa meta, es imprescindible una Unión Europea fuerte y cohesionada. En la actualidad, los riesgos y amenazas son globales, y las respuestas también deben serlo.
El nuevo Gobierno ya ha firmado el convenio con la Cámara de Comercio de España para redefinir y ampliar la colaboración público-privada para el comercio exterior.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a desarrollar una nueva agenda para el comercio exterior que incluirá los siguientes ejes:
1. Apuesta por una política comercial basada en el multilateralismo como primera y mejor opción. Cuando sea posible, la UE debe apostar siempre por soluciones multilaterales en el contexto de la Organización Mundial de Comercio.
2. Una política comercial sostenible en las tres dimensiones, medioambiental, social y económica, con la Agenda 2030 de las Naciones Unidas como referente.
En concreto, todos los Acuerdos de Libre Comercio deberán cumplir el Acuerdo de París. Ello podrá cumplirse en el caso en el que exista un sistema de gobernanza global que vele por el interés común.
3. La sostenibilidad, en todas sus dimensiones, pasa por el respeto de todos los derechos humanos, concretamente en el caso de los derechos laborales; estos no pueden verse mermados en ningún caso a la hora de llegar a acuerdos
comerciales, por lo que se pedirá a la Unión Europea que apueste por la inclusión de los derechos laborales centrales de la OIT (Organización Internacional del Trabajo) en todos sus acuerdos comerciales, para garantizar que los trabajadores tengan
condiciones dignas y se prohíba el trabajo infantil.
4. En todas las futuras negociaciones de acuerdos comerciales que negocie la UE, España exigirá la inclusión de disposiciones relativas a la igualdad de género. Acabar con la brecha de género no es sólo un asunto de justicia y derechos,
sino que es también una cuestión de eficiencia económica, que repercute positivamente en el avance del desarrollo sostenible a nivel global.
5. Las empresas, y especialmente las PYMES, son agentes fundamentales, ya que son el motor de las economías española y europea y, por ende, los acuerdos comerciales también deben estar orientados a su beneficio.
6. Ampliar la política de la transparencia. España fomentará acuerdos tanto en la lucha contra la corrupción y el blanqueo de capitales, así como la existencia de sanciones ante los incumplimientos en futuros acuerdos de libre comercio.
7. Mantener informado al Congreso de los Diputados y al Senado en los procesos de negociación y conclusión de acuerdos comerciales. Asimismo, el Gobierno analizará detalladamente todas las iniciativas que se realicen en sede parlamentaria
en este sentido para completar la posición española durante la negociación de dichos acuerdos.
8. Se ayudará a adaptarse al cambio a los trabajadores que hayan perdido su empleo como consecuencia de la globalización, mediante programas de formación y educación, con un enfoque especial en el sector de la manufactura.
9. El Gobierno, en el marco de las negociaciones comerciales que lleva a cabo la Unión Europea, defenderá a aquellos sectores perjudicados por medidas de carácter proteccionista de otros países que no respeten las reglas del libre
comercio.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de septiembre de 2018.-Herick Manuel Campos Arteseros y Antonio Gutiérrez Limones, Diputados.-Rafael Simancas Simancas, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación
161/003679
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley de apoyo a
las mujeres rurales, para su debate en la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación.
Exposición de motivos
En las últimas décadas se ha producido un importante incremento en la incorporación de la mujer al mercado de trabajo, pero unas de las características de este mercado es la concentración de hombres y mujeres en diferentes sectores
económicos y ocupaciones, así como diferentes condiciones de trabajo por razón de género.
Existen en nuestra sociedad factores sociales, culturales, que determinan la segregación de género.
Las estimaciones de la FAO muestran que las mujeres representan una proporción sustancial de la fuerza de trabajo agrícola, como productoras de alimentos o trabajadoras agrícolas, y que aproximadamente dos tercios de la fuerza de trabajo
femenina de los países en desarrollo participa en el trabajo agrícola.
La proporción de mujeres en la producción agrícola y las actividades posteriores a las cosechas oscila entre el 20% y el 70%; su participación está aumentando en muchos países en desarrollo, en particular en la agricultura de regadío
orientada a la exportación, que implica una creciente demanda de mano de obra femenina, inclusive de trabajadoras migrantes.
El mundo rural presenta dificultades derivadas de una menor diversificación del tejido económico y a ello hay que sumar el carácter familiar de este tejido, que determina, entre otros, los estereotipos de género, una participación
subordinada de la mujer, como esposa, en la empresa de carácter familiar, en la que la mayoría de las ocasiones no es considerado un empleo y, por tanto, no es remunerado, y además considerado mayoritariamente como 'una ayuda', pero también en la
industria agroalimentaria, donde el 90% de los contratos temporales son ocupados por mujeres, que son menos redistribuidos. La tasa de temporalidad en la agricultura se sitúa en el 60%, y es más elevada en las mujeres que trabajan en la
agricultura, un 74,2%, y en hombres un 68,6%, según los datos de la EPA.
La igualdad real y efectiva de las mujeres en la actividad agraria constituye una prioridad de primera magnitud, tanto como el relevo generacional, como poner en valor el trabajo que hace miles de mujeres en la recolección, transformación,
manipulación y envasado. Estos son los objetivos prioritarios de cualquier política que queramos llevar a cabo.
A pesar del avance que se alcanzó en materia de políticas nacionales e internacionales, teniendo lugar la primera Conferencia Mundial sobre la Mujer que se llevó a cabo en 1975, seguimos teniendo necesidades urgentes de trabajar para
implantar medidas que hagan efectiva la igualdad de género y la equidad social en las políticas y prácticas relacionadas con el conocimiento, ciencia y tecnología agraria, con el objetivo de abordar mejor las cuestiones de género como parte integral
de un proceso de desarrollo.
Las mujeres representan el 37% de los perceptores de ayudas PAC en España, pese a lo cual no tienen la presencia que les corresponde en los órganos de decisión de las empresas agrarias y agroalimentarias, así como en sus entidades de
interlocución.
La agricultura sigue estando muy masculinizada, apenas un 10% de las empresas del sector están dirigidas por mujeres. La tecnificación del sector no ha supuesto un avance importante en la incorporación de la Mujer al emprendimiento o la
representación en los órganos de decisión, sigue ocupando un papel marginado, por ello desde los gobiernos tanto nacional como autonómico tienen que apostar por medidas encaminadas a lograr la igualdad real.
En esta línea, la futura PAC que plantea la Comisión no incide de manera directa en la igualdad de oportunidades, faltan referencias al papel de la mujer rural y la necesidad de alcanzar una igualdad real y efectiva en el sector
agroalimentario, por lo que ya se lo expresamos al Comisario Phig Logan en su visita al Congreso.
El Plan para la Promoción de las Mujeres del Medio Rural 2015-2018, llevado a cabo por el Gobierno del Sr. Rajoy no ha cumplido sus objetivos, en las zonas rurales se hace necesario hacer un esfuerzo extra para promover la igualdad efectiva
en un mundo muy masculinizado.
En el Grupo Parlamentario Socialista marcamos como prioritario la participación de las mujeres en la interlocución agraria, ya que garantizar su presencia en cualquier ámbito de actuación es una cuestión de justicia social.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Potenciar las líneas de ayudas específicas a los colectivos de Mujeres Rurales mejorando su definición e implantación en las zonas agrarias.
2. Favorecer la presencia de las mujeres rurales en los órganos de decisión, incentivando a los colectivos participantes a cumplir con la paridad, para propiciar la participación de la mujer rural.
3. Continuar en la búsqueda de compromisos explícitos en relación del papel de la mujer rural en la futura PAC 2020-2027.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de septiembre de 2018.-Josefa Inmaculada González Bayo, Diputada.-Rafael Simancas Simancas, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
161/003682
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, presenta, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, la presente Proposición no de Ley para su
debate y aprobación en la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación, relativa a la creación de un Santuario Marino en aguas del Mar de Weddell.
Exposición de motivos
El Océano Antártico es un delicado ecosistema que da alimento y refugio a especies únicas, corno pingüinos, focas, ballenas y orcas. La amenaza del cambio climático dificulta su supervivencia, y ese
problema se ve agravado por un sector de la industria pesquera que aspira a explotar las aguas antárticas para extraer el preciado krill. Aunque muy pequeño (del tamaño de un dedo meñique), el krill es esencial para la vida en la Antártida.
De hecho, asegura la supervivencia de los animales más grandes del planeta, las ballenas azules, que, junto con la mayoría de la fauna de la Antártida, se alimentan de esta criatura rosada. El krill se reúne en grandes bancos que a menudo pueden
tener kilómetros de ancho, con miles de crustáceos por cada metro cúbico. Algunos de estos bancos rosados de krill se pueden ver incluso desde el espacio. La comunidad científica coincide en señalar que el krill es uno de los más claros
indicadores de salud ambiental en los océanos, y una extraordinaria defensa contra el cambio climático. El krill se acumula en enormes bancos y solo aquellos individuos cercanos a la superficie pueden alimentarse. Una vez que están llenos, se
hunden en el banco y otros toman su lugar. Este es un proceso llamado 'hundimiento por saturación' y ayuda a reciclar el carbono, capturándolo de la superficie (donde puede volver fácilmente al aire) y enviándolo a las profundidades del océano
donde permanece. Un estudio reciente del British Antarctic Survey muestra que el krill podría capturar y almacenar hasta 23 millones de toneladas de carbono cada año, el equivalente a todas las emisiones residenciales de gases de efecto invernadero
en el Reino Unido.
La Comisión para la Conservación de los Recursos Vivos Marinos Antárticos (CCRVMA) es la responsable de la gestión y protección de esta parte del planeta. La CCRVMA mantiene un conjunto exhaustivo de medidas para fundamentar la conservación
de los recursos vivos marinos antárticos y la ordenación de las pesquerías en el océano Austral. Estas medidas, conocidas como 'medidas de conservación', son evaluadas y desarrolladas en cada reunión anual de la Comisión, e implementadas por sus
miembros durante el período entre sesiones y la temporada de pesca subsiguientes. Las medidas se publican anualmente en la Lista de las medidas de conservación vigentes. A principios de noviembre, inmediatamente después de la ronda anual de
reuniones de la Comisión que se celebra en octubre, se envía a los miembros una notificación para informarles acerca de las nuevas medidas de conservación adoptadas y de las modificaciones de medidas vigentes, y estas por lo general son
implementadas a partir del 1 de diciembre, a fin cíe coincidir con el comienzo de la temporada de pesca. Algunas medidas se aplican durante períodos específicos (por ejemplo, una temporada de pesca) mientras que otras permanecen en vigor de forma
permanente. Las medidas de conservación son clasificadas en las siguientes categorías generales: Cumplimiento, Asuntos pesqueros en general, Reglamentación de las pesquerías y Áreas Protegidas.
Alemania presentó hace un año la propuesta de creación de un Área Marina Protegida en el Mar de Weddell. España, junto con los otros 23 miembros de la Comisión del océano Antártico, puede ahora proteger estas aguas y la vida que albergan
creando un Santuario Antártico que deje a los extractivos barcos pesqueros industriales fuera de este frágil entorno.
El Santuario cubriría un área del Mar de Wedddell, que se extiende desde el sudeste de América del Sur y se encuentra al lado de la península Antártica, abarcaría un área de 1,8 millones de km2, lo que equivale a cinco veces el tamaño de
Alemania. El Mar de Weddell, descubierto en 1823, es una del total de nueve regiones que la planificación ha dispuesto para dividir el océano Antártico. Se estima que el Mar de Weddell alberga unas 14.000 especies distintas. Hasta el momento y
según los datos del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), solo el 6,97% de los océanos están protegidos, aunque de ellos solo el 2,25% tienen protección real con actividades reguladas. Con la protección del Mar de Weddell se
llegaría al 7,47% de la superficie oceánica protegida, un aumento notable, aunque lejos aún del objetivo del 30% en 2030, recogido en las metas de Aichi del Convenio de Diversidad Biológica.
En el mes de junio de 2017 se presentó el documento oficial que resume las cuestiones técnicas y científicas sometidas a debate. El documento WG-EMM-17142 establece la utilización apropiada de datos en el proceso de planificación del Área
Marina Protegida del Mar de Weddell (AMPMW) y reflexiona acerca del enfoque adoptado para elaborar la propuesta del AMPMW (CCAMLR-XXXV/18). El informe establece que la propuesta es coherente con otros procesos de planificación de AMP de la CCRVMA
pasados y presentes.
Por todo ello se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a apoyar la creación de un Santuario Marino en aguas del Mar de Weddell, en la reunión de octubre de 2018 de la Comisión para la Conservación de los Recursos Vivos Marinos Antárticos, de la que
España es miembro.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de septiembre de 2018.-Juan Antonio López de Uralde Garmendia y Pablo Bustinduy Amador, Diputados.-Txema Guijarro García, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú
Podem-En Marea.
Comisión de Política Territorial y Función Pública
161/003678
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la necesidad de despolitizar la Administración Pública y la
necesidad de Estatuto del Directivo Público, para su debate en Comisión de Política Territorial y Función Pública.
Exposición de motivos
Según la OCDE España es el país donde más cambios hay en altos cargos de la administración tras un cambio de gobierno junto a Turquía y Chile. Si bien un cambio de Gobierno conlleva naturalmente nuevos nombramientos para dirigir la acción
de gobierno (ministros, secretarios y subsecretarios de Estado), en España estos cambios se extienden a centenares de cargos de libre designación en escalafones inferiores en los distintos ministerios, organismos dependientes y en el sector público
empresarial.
La Federación de Cuerpos Superiores del Estado (Fedeca) calcula que en España cambian del 95% al 100% del personal asesor de confianza del ministro, los secretarios y subsecretarios de Estado, y hasta la mitad de los directores generales.
El Presidente Sánchez salido de la moción de censura en junio de 2018 no ha sido una excepción, realizando un relevo masivo de cargos públicos poniendo las instituciones y empresas de todos al servicio de su partido político, especialmente
de su ejecutiva.
La prensa ha recogido los nombramientos más llamativos de amigos personales y acólitos del partido a cargos en los que no tenían ninguna cualificación profesional, como por ejemplo: la gestión de Paradores a su ex secretario de
organización, la gestión del CIS a su compañero en la ejecutiva y la de Correos a su ex jefe de gabinete. Otro caso llamativo ha sido el de la Empresa Nacional del Uranio, al frente de la cual se ha puesto a un cargo del PSOE Valenciano, licenciado
en Filosofía y Ciencias de la Educación para sustituir a un ingeniero industrial que trabajaba en ENUSA desde 1975 y era presidente desde hace 20 años.
El artículo 2 de la Ley 3/2015, reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado establece que 'El nombramiento de los altos cargos se hará entre personas idóneas y de acuerdo con lo dispuesto en su legislación
específica. Son idóneos quienes reúnen honorabilidad y la debida formación y experiencia en la materia, en función del cargo que vayan a desempeñar. La idoneidad será apreciada tanto por quien propone como por quien nombra al alto cargo'.
En Ciudadanos creemos que la politización de la administración es excesiva y perjudicial, alimenta problemas de capitalismo de amiguetes y puertas giratorias que minan nuestro crecimiento potencial y alimenta altos costes de oportunidad,
creando un grave incentivo, abandonar la preparación y el talento a cambio de una afiliación política.
La Constitución Española en su artículo 103 exige la imparcialidad corno garantía del régimen de la función pública, pero ésta, se ve comprometida por la disposición de los puestos directivos por parte del
partido en el gobierno como si fuese una agencia de colocación familiar vía los nombramientos de libre designación o en puestos de confianza.
Según Fedeca es 'precisamente el estrato que asume mayores responsabilidades directivas y que debería protegerse con garantías de imparcialidad y profesionalidad reforzadas', el que sufre mayormente la colonización política.
Parte del problema está precisamente en la última frase del citado artículo ya que deja un amplio margen de discrecionalidad en la apreciación de esa idoneidad y no establece una pieza esencial: un control objetivo y adecuado, independiente
políticamente.
En Ciudadanos creemos que existe un amplio margen de mejora de la administración pública para reducir duplicidades y racionalizar la gestión de entes y organismos públicos para que no puedan funcionar como chiringuitos o pesebres para
enchufar a dedo a miembros del partido político en el poder.
Fedeca ha realizado una valiosa propuesta para la elaboración de un estatuto de los altos funcionarios públicos 3 de la que nos hacemos eco. Creemos que se debe reducir el número de cargos de libre designación y modificar, en el resto de
casos, el procedimiento de selección para que sea competitivo y garantice la meritocracia en la elección de los mejor preparados.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta la siguiente:
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Adoptar todas las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento de los principios de igualdad, mérito y capacidad en el acceso al empleo público.
2. Elaborar el Estatuto del Directivo Público, en el que se desarrolle y regule esta figura y se garantice su profesionalidad, imparcialidad e independencia respecto del poder político.
3. Eliminar los nombramientos por libre designación en favor de la utilización del procedimiento de concurso de méritos para la provisión de los puestos Directivos Públicos de la Administración General del Estado y de las entidades del
sector público estatal (administrativo, fundacional o empresarial). Se hará una definición restrictiva del Alto Cargo pasando a tener la condición de directivos públicos los Presidentes, los Vicepresidentes, los Directores generales, los Directores
ejecutivos y asimilados en entidades del sector público estatal, administrativo, fundacional o empresarial, vinculado o dependiente de la Administración General del Estado.
4. Crear una autoridad administrativa independiente encargada de gestionar el proceso de selección de los directivos públicos, evaluar la idoneidad de los candidatos y supervisar el cumplimiento del régimen de incompatibilidades, para
promover la transparencia y el buen gobierno en todo el sector público.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de septiembre de 2018.-Vicente Ten Oliver, Diputado.-Juan Carlos Girauta Vidal, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
Comisión de Transición Ecológica
161/003657
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, a iniciativa de su Diputado Josep Vendrell Gardeñes y su Diputado Jorge Luis Bail, de conformidad con lo establecido en el artículo 193 del Reglamento, presenta la
siguiente Proposición no de Ley para su debate en la Comisión de Transición Ecológica, relativa a la adopción de medidas para reducir el precio de la electricidad.
Exposición de motivos
El coste de la electricidad en España ha experimentado cambios sustanciales en las últimas dos décadas. En este sentido, es necesario recalcar el papel jugado por la legislación específica del sector
3 https://www.fedeca.es/sites/defauft/files/ESTATUTO%20DIRECTIVO%2OPU%CC%81BLICOSept%202018%20%281%29.pdf
eléctrico del final del siglo XX y albores del siglo XXI, que aún hoy sigue estando vigente con ligeros retoques. Véase tras dieciocho años vigente, el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de
transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica. El Real Decreto 437/1998, de 20 de marzo, por el que se aprobaban las normas de adaptación del Plan General de
Contabilidad a las empresas del sector eléctrico. La Orden ECO/797/2002, de 22 de marzo, por la que se aprobó el procedimiento de medida y control de la continuidad del suministro eléctrico, o la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector
Eléctrico que vino a reformar superficialmente a la homónima Ley 54/1997, de 27 de noviembre.
La evolución de los precios en el país, ha ido indefectiblemente ligada al sistema de retribución a las empresas eléctricas para sus actividades de generación y comercio, y por ende a las modificaciones que a través de la normativa se han
ido sucediendo. El punto de partida de esta deriva se produjo en el año 1997, año hasta el que el mercado eléctrico y la fijación de precios disponían de una ciara influencia gubernamental como servicio público.
La conformación del primer gobierno del Partido Popular en mayo del año 1996 tras las elecciones del 3 de marzo de ese mismo año, trajo consigo una fuerte oleada de privatizaciones y liberalización de sectores estratégicos, entre los que se
incluyó rápidamente el sector energético y en particular el eléctrico. Antes de que concluyese el primer año de acción de gobierno, ya se había suscrito el denominado protocolo para el establecimiento de una nueva regulación del Sistema Eléctrico
Nacional, firmado el 11 de diciembre de 1996. El cual acabó desembocando en la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico, que inauguró un proceso de liberalización de algunas segmentos del sector eléctrico, principalmente, el de
generación. Lo que en su momento vino a constituir el cambio de una situación de regulación de precios, al de una pretendida situación de libre competencia.
Por tanto, el nudo gordiano que blindaba la subida de tarifas con límites superiores iguales al Índice de Precios al Consumo, fue desatado con celeridad. En este contexto, se finiquitó el denominado marco legal estable en el que la
retribución se dividía entre una parte fija sobre la inversión real acometida y otra variable sobre los costes y el mantenimiento. Cabe destacar, que las principales empresas eléctricas habían combatido judicialmente la política de tarifas vigente
y el mencionado marco legal estable.
El pretexto planteado por el en ese entonces Ministro de Industria y Energía, Josep Piqué i Camps, fue la necesidad de dotar a la industria de una mayor competitividad, vía reducción de los costes energéticos. Consideraba deseable una mayor
liberalización del sector, garantizando el equilibrio financiero de las empresas eléctricas y una integración de las mismas que diera como resultado empresas energéticas del tamaño de las grandes energéticas europeas. Objetivos algunos de ellos
contrapuestos, como el fomento de la competencia y lograr disponer de empresas energéticas con volumen internacional. A la postre esos objetivos se han incumplido por la parte que motivaba principalmente la liberalización: la reducción de costes
energéticos. Si bien es cierto, que el resto de los objetivos pergeñados por el primer gobierno del Partido Popular se cumplieron con creces:
- Garantizar el equilibrio financiero de las empresas eléctricas. En los últimos cinco años, las ganancias han superado los 29.000 millones de euros por parte de las tres grandes compañías del sector (lberdrola, Naturgy y Endesa). Con un
beneficio, solo en el año 2017 de alrededor de 5.627 millones de euros.
- Concentración de mercado y creación de grandes empresas energéticas. Las cinco principales empresas de distribución de energía eléctrica, tienen reconocida una retribución superior al 90% de la retribución regulada de la actividad en
España. Retribución que supone el 30% de los costes regulados del sistema eléctrico. Esas cinco empresas disponen del 88,5% de los suministros comercializados en mercado libre.
En atención a lo precedente, cabe indicar que el modelo de sector eléctrico nacido de la nueva Ley mantuvo la continuidad de las actividades de distribución y transporte como actividades reguladas. Por ello, se priorizó a través del Real
Decreto 437/1998, de 20 de marzo, que en la fijación de precios se exigiera el cumplimiento de garantizar la posibilidad de obtener ingresos futuros en una cantidad al menos igual a los gastos activados a través de la inclusión de estos gastos como
costes permitidos a efectos de la determinación de la tarifa, y por último que esos ingresos futuros permitirían la recuperación de los costes en que se ha incurrido previamente.
En este sentido, son relevantes los recientes informes INF/DE/200/17 y INF/DE/045/18 del organismo regulador competente, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, de ahora en adelante
CNMC, que han puesto en solfa el marco retributivo establecido en la Ley 24/2013. Indicando en primer lugar, que el marco actual es especialmente favorable para el transporte de electricidad debido a la diferencia entre el valor de la base
de activos regulatorios considerados para calcular la retribución financiera y la retribución por amortización de REE, y el valor del inmovilizado neto contable a dicha fecha, una parte significativa de esta diferencia podría deberse a los activos
con puesta en servicio anterior a 1998. Nuevamente aparecen las fechas en las que se cambió el marco de retribución en el sector eléctrico. Por todo ello, la CNMC considera que se debe revisar la tasa de retribución financiera de la actividad de
transporte de energía eléctrica para adecuarla al coste de los recursos propios y ajenos del transportista, que han evolucionado a la baja durante el actual periodo regulatorio. Y en segundo lugar, que se ha observado un descenso en los costes de
financiación de las empresas de distribución de electricidad, por lo que considera necesario de cara al siguiente periodo regulatorio que comenzará el 1 de enero de 2020, revisar la tasa de retribución financiera de la distribución de energía
eléctrica para adecuarla al coste de los recursos propios y ajenos de las distribuidoras, que han evolucionado a la baja durante el actual periodo regulatorio.
En los últimos veinte años, los precios finales de la electricidad en España han tenido una evolución alcista, con independencia del contexto económico mundial, nacional, de la demanda de consumo interna, o la situación de los mercados
energéticos nacionales... No ha sido así en otros países de la Unión Europea, que en 2009 y los años posteriores tuvieron una reducción de costes de la energía sobre el valor añadido. Así el coste energético para la industria española ha tenido el
mayor crecimiento acumulado en la última década respecto a Alemania, Francia, Reino Unido e Italia. Del mismo modo, la evolución de las tarifas eléctricas para una persona consumidora de electricidad con un perfil medio de 366 kWh mensuales de
consumo pasaron desde los 48,59 /mes del año 2007 a los 75,52 /mes del año 2017, una subida de más de un 50% con respecto a las tarifa de hace diez años.
Estos incrementos de los cuales se podrían poner numerosos ejemplos, tienen como principal motor, además de la subida de peajes y la presión impositiva, al componente de energía cuyo precio se fija en el mercado mayorista. El mecanismo de
fijación de precios es de tipo marginalista, lo que significa que el precio para cada franja horaria lo fija la última unidad de oferta que casa con la demanda. Esto determina que el precio del MWh pueda ser igual para la hidroeléctrica que para
una central térmica, a costa de las personas consumidoras y del tejido productivo español. Es por ello ineludible la necesidad de intervenir y modificar la formación de los precios de la energía en España. La reducción del margen de actividad para
la pequeña y mediana empresa, la desprotección de las personas consumidoras, el aumento de las reclamaciones, han convertido a la ciudadanía y el tejido empresarial español en rehenes del mercado eléctrico.
Por ello la revisión del diseño, estructura y organización de los mercados energéticos, la rebaja del componente regulado del precio de la electricidad, la reducción del IVA para determinadas tarifas, son algunas de las medidas que se pueden
acometer como veremos a continuación para fortalecer nuestra economía y garantizar el suministro energético a todas las personas en el país.
Es crucial plantear una reforma del mercado eléctrico que acabe con los beneficios caídos del cielo de las eléctricas. Conforme a la cual, se apruebe un gravamen sobre el exceso de retribución que reciben en el mercado centrales ya
amortizadas. Los ingresos de este gravamen revertirían en el sistema eléctrico y serían destinados íntegramente a bajar el precio de la electricidad. La socialización de pérdidas y privatización de beneficios que ha imperado hasta ahora en materia
de generación eléctrica en España, comúnmente llamados 'beneficios caídos del cielo', que tiene especial relevancia en el caso de las tecnologías nuclear y gran hidroeléctrica, ha de llegar a su fin. Los operadores de centrales de generación que
decidan complementar su retribución del mercado con algún tipo de retribución específica por un periodo determinado, si una vez amortizada la central y transcurrido el periodo establecido quieren continuar produciendo energía eléctrica y percibiendo
una retribución del mercado, dichos ingresos se minorarán de forma que esa instalación solo ingrese lo necesario para cubrir sus costes de operación y obtener un beneficio industrial adecuado respecto de estos costes. Así, cuando una instalación
que ha sido amortizada gracias a las aportaciones del sistema eléctrico sigue funcionando más allá del periodo previsto, con ingresos de mercado, dichos ingresos extra se deberían destinar a compensar al sistema eléctrico por todos los pagos
anteriores. Esta medida va en línea con las recomendaciones de la Unión Europea en materia de ayudas de Estado y asegurar que no se produzcan situaciones de sobrerretribución sufragadas por todas las personas consumidoras de electricidad.
Si bien, la solución óptima pasa por una sustitución del sistema de casación marginalista en el que compiten todas las tecnologías, por un sistema en el que se reflejen los costes reales de generación de cada tecnología, distinguiendo en
función de aquellas tecnologías con alto coste variable, como el gas, de otras con costes variables muy reducidos, como la mayoría de tecnologías renovables.
La reforma de la factura eléctrica para reducir el coste de la parte fija constituye otro objetivo ineludible. Entre otras, el Gobierno tiene actualmente la capacidad de modificar los peajes, en concreto, abordar la reducción de los pagos
por capacidad que reciben determinadas centrales solo por estar disponibles, y de realizar una modificación del servicio de interrumpibilidad que lo dote de utilidad y acerque a sus homólogos europeos, y también de modificar el término de potencia a
través de los peajes, revirtiendo la subida realizada por el Partido Popular. De esta forma, se reducirá la factura y aumentará la importancia de la parte variable, la parte del consumo, lo que supondrá también incentivar pautas de eficiencia y un
uso más eficiente y racional del consumo eléctrico.
El Gobierno debe apostar de una vez por todas por las tecnologías renovables, como la eólica o la fotovoltaica. Estas tecnologías realizan ofertas a precios muy bajos e incluso cero, disminuyendo el precio que se determina en la subasta del
mercado eléctrico. La transición energética a un modelo renovable nos aportaría estabilidad y garantías frente a las subidas de los precios de los combustibles fósiles o las paradas nucleares de Francia, así como respecto al previsible incremento
del precio de los derechos de emisiones de CO2.
La pronta caducidad de las concesiones y el relevante impacto en la configuración del precio de la electricidad, hacen de la recuperación de la gestión pública de las centrales hidroeléctricas una prioridad absoluta. Es necesario garantizar
el paso a la gestión pública de las centrales amortizadas, que pueden y deben permitir tanto utilizar de forma sensata un recurso público y limitado como es el agua en favor del interés general, como facilitar una transición hacia un modelo 100%
renovable y justo con los territorios afectados por sus instalaciones. Hay que acabar con el uso especulativo del agua en la conformación del precio, del que tenemos certeza por los expedientes abiertos en los últimos años por la CNMC.
La reforma del bono social eléctrico de octubre de 2017 se prevé que deje fuera, y por tanto en riesgo de pobreza energética, a 1,7 millones de personas, entre otros motivos por lo complicado del proceso para solicitar el bono social. Hay
que reformar el bono social para que a) su solicitud sea sencilla o incluso automática; b) el único criterio de adjudicación sea la renta del hogar; c) sea suficientemente progresivo como para garantizar que cualquier hogar tiene acceso a un
suministro esencial; d) que todas las empresas del sector eléctrico, incluyendo todos los segmentos del mismo, asuman su coste proporcionalmente a su volumen de facturación; e) la reducción del IVA de la electricidad a los consumidores
vulnerables. Una reforma así, garantizaría un abaratamiento de la factura para gran parte de la ciudadanía en su residencia habitual.
Introducir modificaciones en la legislación específica del sector eléctrico, para incorporar nuevas obligaciones a las empresas eléctricas. Entre otras tantas medidas, los operadores habrían de ofertar de manera gratuita la optimización de
la potencia contratada ya que la mayoría de los consumidores tienen una potencia contratada superior a la que necesitan, tendrían que disponer de un catálogo de consumo por electrodoméstico, y facilitar el acceso de los consumidores a sus curvas de
consumo y gestión de las mismas a través de un portal neutro, incorporando toda esta información en la factura que reciben periódicamente.
Se debe aprobar la Proposición de Ley registrada en el Congreso de los Diputados por la amplia mayoría de partidos y la sociedad civil, para eliminar las trabas al autoconsumo en nuestro país, permitiendo la entrada de excedentes de
generación que supondría una presión a la baja de los precios.
El fomento directo de la eficiencia energética por parte de los suministradores de energía debe constituir una herramienta más al servicio de la reducción de costes energéticos para familias y empresas. La actual reglamentación del Fondo
Nacional de Eficiencia Energética, con su configuración meramente recaudatoria, no permite que la distribución y servicios relacionados con la venta de energía promuevan acciones efectivas de eficiencia. La Directiva de Eficiencia Energética
permite que se desarrollen los certificados de ahorro energéticos para que las empresas puedan descontarse dichas cantidades de la cantidad que les corresponda aportar al FNEE.
Un Plan público para fomentar la eficiencia energética y promover techos solares debe ser una prioridad para el Gobierno. La eficiencia energética en nuestro país tiene un potencial enorme que no se corresponde con el escaso aprovechamiento
del espacio público disponible, como el de los tejados de centros de enseñanza o los edificios ministeriales, lo que además da una pobre imagen de la convicción
ante el reto de la transición energética. Del mismo modo, es necesario elaborar un Plan que fomente la eficiencia energética en la rehabilitación energética de viviendas, con especial incidencia en las residencias principales de las
unidades familiares vulnerables.
A través de modificaciones en la normativa encaminadas al aumento de control y lucha contra la corrupción, se debe terminar con las puertas giratorias hacia los consejos de las empresas que hoy por hoy controlan empresas estratégicas del
sector energético.
Un sector del gas con precios caros, termina impactado en el sector eléctrico y el Gobierno tiene margen para tomar decisiones en la configuración del sector gasista. Una reforma del sector gasista que permita disminuir el precio del gas y
el impacto de este en los ciclos combinados, que es en una tecnología que fija los precios, reduciría el coste de la electricidad en España.
Finalmente, es necesaria la realización de una auditoría de costes de todo el sistema eléctrico nacional, que determine los costes reales de producción de la electricidad con cada tecnología así como los costes asociados a los servicios de
transporte y distribución, así como una auditoría específica del déficit de tarifa. Esta petición ya fue realizada en su día por la mayoría parlamentaria en la extinta Comisión de Energía, Turismo y Agenda Digital.
Por todo ello, se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Reformar el mercado eléctrico, aprobando un gravamen sobre el exceso de retribución que reciben en el mercado centrales ya amortizadas, para acabar con los beneficios caídos del cielo.
2. Ajustar la retribución del transporte y la distribución eléctrica, de acuerdo con los recientes informes del organismo regulador.
3. Reformar la factura eléctrica reduciendo el coste de la parte fija, reduciendo los pagos por capacidad que reciben determinadas centrales solo por estar disponibles, modificando el servicio de interrumpibilidad que lo dote de utilidad y
acerque a sus homólogos europeos.
4. Modificar los requisitos, reglas y convocatorias de las subastas para asignación del régimen retributivo específico a nuevas instalaciones de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovable.
5. Recuperar la gestión pública de las centrales hidroeléctricas, permitiendo que los usos del agua operen en favor del interés general, facilitando una transición hacia un modelo 100% renovable.
6. Reformar el bono social eléctrico y crear un bono social gasista, para que en ambos casos a) su solicitud sea automática; b) el único criterio de adjudicación sea la renta del hogar; c) sea suficientemente progresivo como para
garantizar que cualquier hogar tiene acceso a un suministro esencial; d) que todas las empresas de los sectores correspondientes, incluyendo todos los segmentos del mismo, asuman su coste proporcionalmente a su volumen de facturación; e) se
reduzca el IVA de la electricidad a los consumidores vulnerables.
7. Imponer nuevas obligaciones a las empresas eléctricas para facilitar el acceso a la información, la toma de medidas de eficiencia y ahorro energético de las personas consumidoras, a través de modificaciones normativas a la Ley 24/2013,
de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico y al Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre.
8. Apoyar reformas normativas que elimine las trabas al autoconsumo en nuestro país, que derogue el nefasto Real Decreto 900/2015, de 9 de octubre, de autoconsumo de energía eléctrica.
9. Desarrollar los certificados de ahorro energéticos para que las empresas puedan descontarse dichas cantidades de la cantidad que les corresponda aportar al Fondo Nacional de Eficiencia Energética, cantidades que actualmente se están
repercutiendo en factura a las personas consumidoras.
10. Implantar un plan público para fomentar la eficiencia energética y promover techos solares.
11. Introducir modificaciones en la normativa encaminadas al aumento de control y lucha contra la corrupción, que impidan las puertas giratorias desde la gestión pública hacía las empresas energéticas.
12. Realizar una auditoría de costes de todo el sistema eléctrico nacional, que determine los costes reales de producción de la electricidad con cada tecnología así como los costes asociados a los servicios de transporte y distribución, así
como una auditoría específica del déficit de tarifa.
13. Realizar una reforma de calado que permita alcanzar un sistema fiscal que fomente la lucha contra el cambio climático y la transición energética. Dicha reforma deberá buscar incrementar la
recaudación asociada a la fiscalidad ambiental en varios puntos porcentuales del PIB, en línea con la media europea, al mismo tiempo que incremente la progresividad fiscal.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de septiembre de 2018.-Jorge Luis Bail, Diputado.-Josep Vendrell Gardeñes, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.
161/003661
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, presenta, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, la presente Proposición no de Ley para su
debate y aprobación en la Comisión de Transición Ecológica, relativa al desarrollo de una normativa estatal que obligue a los establecimientos de hostelería y restauración a ofrecer agua del grifo de manera gratuita.
Exposición de motivos
El 28 de julio de 2010, a través de la Resolución 64/292, la Asamblea General de las Naciones Unidas reconoció explícitamente el derecho humano al agua y al saneamiento, reafirmando que un agua potable limpia y el saneamiento son esenciales
para la realización de todos los derechos humanos.
La Comisión Europea presentó el pasado 1 de febrero la revisión de la directiva comunitaria para mejorar el acceso y la calidad del agua potable.
Esta acción de la Comisión Europea responde a la Iniciativa Ciudadana Europea, 'Right2Water', que recibió el apoyo de 1,6 millones de europeos y pretende así colaborar en
- el desarrollo del Derecho Humano al Agua,
- apoyar el cumplimiento del Objetivo de Desarrollo Sostenible ODS 6 ('Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todos'),
- y del principio 20 sobre acceso a los servicios esenciales, donde está incluido el agua, del Pilar Europeo de Derechos Sociales, aprobado por el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión el 17 de noviembre de 2017, durante la Cumbre
social en favor del empleo justo y el crecimiento celebrada en Gotemburgo (Suecia).
En 2014, la Comisión Europea decidió responder positivamente a la Iniciativa Ciudadana Europea (ICE) Right2Water, que solicitaba a la Comisión que garantice que todas las y los ciudadanos de la UE tengan derecho al agua y el saneamiento, que
el abastecimiento de agua y la gestión de recursos hídricos no se rijan por las normas del mercado interior y se excluyan del ámbito de la liberalización, y que redoble sus esfuerzos para lograr el acceso universal al agua y el saneamiento.
La mayor parte de las personas que viven en la UE cuentan ya con un buen acceso a agua potable de gran calidad, especialmente si se compara con otras regiones del mundo, y gracias, en parte, a más de treinta años de legislación de la UE
sobre la calidad del agua potable. Esta política vela porque el agua destinada al consumo humano solo se consuma de forma segura, y protegiendo la salud de los ciudadanos.
Además, reducir el consumo de agua embotellada puede ayudar a los hogares europeos a ahorrar más de seiscientos millones de euros al año. Si confía más en el agua del grifo, la ciudadanía también puede contribuir a reducir los residuos
plásticos procedentes del agua embotellada, incluyendo la basura marina. Las botellas de plástico son uno de los artículos de plástico de un solo uso que se encuentran con más frecuencia en las playas europeas.
El 99,5% del agua que sale de los grifos en España es apta para el consumo y cumple con todos los requisitos sanitarios, según Tapp Water. Asociaciones para la defensa del consumidor como Facua también defienden el consumo de agua del grifo
en detrimento del agua embotellada. Esta entidad alerta que España es el tercer país que más agua embotellada consume y defiende que el agua del grifo pasa por exhaustivos controles, aclarando que el único producto no sano que puede contener el
agua del grifo
es el cloro, algo que se elimina con un filtro, mientras que el agua embotellada puede contener plásticos y componentes nocivos como el Bisfenol A.
También la OCU hizo un exhaustivo análisis del agua que nos llega a través del grifo, evidenciando que el 90% es de calidad. A pesar de estos datos tan buenos, la percepción de la ciudadanía es que la calidad del agua no es buena y por eso
se recurre al agua embotellada.
La OCU calcula que el agua del grifo cuesta menos de 0,002 euros y, a través de una encuesta a más de 1.250 personas, que el 14% de los locales no la sirven si los clientes la piden. En otros lugares como París, Praga, Miami, Nueva York o
Quebec ya es obligatorio ofrecerla.
Por ello se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso insta al Gobierno a:
1. Desarrollar el marco normativo necesario para garantizar que en los establecimientos de hostelería y restauración se ofrezca siempre la posibilidad de un recipiente de agua del grifo, y los vasos para su consumo, de forma gratuita y
complementaria a la oferta del mismo establecimiento.
2. Promover, en coordinación con todas las Administraciones Públicas, las campañas de sensibilización pertinentes para fomentar la pedagogía y la información en el sector del agua, orientadas a mejorar la percepción de la ciudadanía sobre
la calidad del agua del grifo.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de septiembre de 2018.-Juan Antonio López de Uralde Garmendia, Diputado.-Txema Guijarro García, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.
161/003662
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, presenta, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, la presente Proposición no de Ley para su
debate y aprobación en la Comisión de Transición Ecológica, relativa a la eliminación de los envases de plástico en los alimentos con venta a granel.
Exposición de motivos
El desecho de alimentos supone un perjuicio económico y social con consecuencias ambientales graves. Se estima que la UE-28 desperdició 88 millones de toneladas de alimentos en 2012, en diferentes etapas de la cadena alimentaria. Los
costes asociados al desecho de alimentos en la UE se estiman a 143.000 millones de euros -equivalente al presupuesto operacional de la UE.
Desde que el uso del envasado de plástico de alimentos se implantó en Europa en los años 50, los niveles per cápita de residuos de envases de plástico y de alimentos han crecido simultáneamente con valores que superan al año los 15 millones
de toneladas o 30 Kg de residuos de plástico per cápita y los 31 millones de toneladas o 70 Kg de residuos alimentarios domésticos per cápita.
Aproximadamente, el 42% del plástico producido mundialmente desde 1950 se ha utilizado para envasado, y este sigue siendo el mayor mercado de plástico en Europa hoy en día, suponiendo un 40% del mismo.
En general los envases de alimentos no encajan con los objetivos de economía circular, hecho que se ejemplifica con los bajos índices de reutilización y reciclado, y por un nivel significativo de abandono de los mismos en la naturaleza. La
exportación de residuos de plástico desde Europa y un mercado global creciente de alimentos envasados han sido los detonantes para una rápida globalización de los impactos socioeconómicos y ambientales de los residuos de envases de plástico.
A nivel global, se producen cada año 300 millones de toneladas de plástico y se espera que la producción se duplique en los próximos 20 años. En 2050, la industria del plástico podría ser responsable del 15% del presupuesto global de
carbono. La demanda total de plástico en Europa ha alcanzado cifras de 49 millones de toneladas al año, de las cuales un 40% se usan para envasado. La mayoría de estos
envases plásticos se usan una sola vez, perdiendo el 95% de su valor económico tras este primer y único uso, suponiendo una pérdida de 100.000 millones de euros cada año. Comparado con otras aplicaciones del plástico el envasado tiende a
acortar cada vez más su vida útil. La mayoría de los productos se convierten en residuos el mismo año de su producción.
El crecimiento de la producción de plásticos en los últimos 65 años ha superado sustancialmente a cualquier otro material manufacturado. Las mismas propiedades que hacen que los plásticos sean tan versátiles en innumerables aplicaciones
(durabilidad y resistencia a la degradación) hacen que estos materiales sean difíciles o imposibles de asimilar para la naturaleza.
La mayor parte de los plásticos se emplea en la fabricación de envases, es decir, en productos de un solo uso. En concreto, en Europa la demanda de plásticos para envases fue del 39% en 2013, y en España ascendió al 45%.
Al igual que su producción, el aumento de residuos de plástico se ha incrementado de forma dramática. Cuando nos deshacemos de un plástico, puede terminar en un vertedero, ser incinerado o reciclado. En Europa, el vertido y la incineración
constituyen las formas predominantes de gestión de los residuos de plástico, con un 31% y un 39% respectivamente. Menos del 30% de los residuos de plástico post-consumo se recogen para su reciclado, y la mayoría de este porcentaje se realiza
mediante exportaciones fuera de Europa o en aplicaciones de bajo valor.
Como consecuencia de su mala gestión, o de su abandono, unos 8 millones de toneladas de plásticos acaban en los mares y océanos anualmente, formando el 60-80% de la basura marina.
El tiempo de degradación del plástico depende del tipo y de las condiciones ambientales a las que se expone (luz solar, oxígeno, agentes mecánicos)..., aunque según diferentes estudios, se estiman la siguientes tasas de descomposición para
diferentes materiales plásticos encontrados habitualmente en las costas:
- vasos de plástico con espuma: 50 años;
- portavasos de plástico: 400 años;
- pañales desechables: 450 años;
- botellas de plástico: 450 años;
- redes de pesca: 600 años;
- bolsas de plástico: entre 20 y 150 años. Sin embargo, la mayoría de las bolsas de plástico están hechas con polietileno de alta densidad y pueden llegar a tardar hasta mil años en descomponerse por completo.
Los costes ambientales de los plásticos incluyen emisiones de efecto invernadero, extracción de agua, contaminación de los suelos y agua, contaminación de los océanos. El Centro Común de Investigación de la Comisión Europea (JRC) realizó en
2016 un completo análisis de la basura en las playas europeas. Y la conclusión era que el 84% de los residuos encontrados eran plásticos. Otro estudio publicado en 2015 en Science cuantificaba en ocho millones las toneladas de plásticos que acaban
en los mares del planeta cada año en forma de residuos. Luego, el mar los devuelve a las playas. Es el equivalente a cinco bolsas de supermercado llenas de plástico para cada metro cuadrado de costa del mundo. Para 2025 se estima que la entrada
anual será aproximadamente dos veces mayor, es decir, el equivalente a diez bolsas de supermercado llenas de plástico por metro cuadrado de costa.
Se estima que cada día 700 millones de toneladas de plástico acaban solamente en el mar Mediterráneo. El Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) calcula que la repercusión anual global de los plásticos de la industria
alimentaria sobre el capital natural es de 15.000 millones de euros, el mayor impacto de los plásticos de todos los sectores de consumo.
Aparte de sus efectos nocivos sobre el medio ambiente, el plástico desechado tiene inconvenientes económicos. Los materiales de embalaje de plástico con un valor de no menos de ochenta mil millones de dólares se pierden cada año, según un
informe del Foro Económico Mundial y la Fundación Ellen MacArthur, citado por la ONU.
Además, los plásticos pueden ser ingeridos por la fauna marina, incluyendo el plancton, los crustáceos y los peces, lo que les puede causar problemas, tanto por su presencia física en el intestino como a causa de los contaminantes químicos
que llevan. Esas sustancias químicas pueden ser transferidas a sus tejidos, entrando en la cadena alimentaria hasta llegar a nuestros platos. Actualmente ya se han descubierto pequeños fragmentos de plástico (microplásticos) en varias especies de
pescados y mariscos que consumimos, los cuales también pueden presentar sustancias tóxicas procedentes de esos plásticos.
Para ello se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso insta al Gobierno a:
1. Facilitar, antes del 1 de enero de 2020, un marco normativo favorable para poder eliminar la venta de todos aquellos productos alimentarios envasados con plásticos que tienen a la venta a granel.
2. Exigir a los supermercados y grandes superficies que proporcionen alternativas sostenibles para comprar sus productos de alimentación y que fomenten la venta a granel.
3. Implementar un sistema de Responsabilidad Ampliada del Productor para que los supermercados y grandes superficies asuman su responsabilidad social y medioambiental respecto al ciclo de vida completo de sus productos y envase, y exigir lo
mismo a los proveedores.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de septiembre de 2018.-Juan Antonio López de Uralde Garmendia, Diputado.-Txema Guijarro García, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.
161/003663
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, presenta, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, la presente Proposición no de Ley para su
debate y aprobación en la Comisión de Transición Ecológica, relativa al impulso de las medidas necesarias para favorecer la conexión eléctrica de Melilla.
Exposición de motivos
La Ciudad Autónoma de Melilla mantiene un sistema eléctrico extrapeninsular desconectado de la red Estatal Eléctrica del Estado, que básicamente se compone de una planta de generación fuel/gas operado por la empresa ENDESA, con una potencia
instalada de 78 MW, siendo el sistema eléctrico español junto con el de Ceuta, más contaminante y caro de los sistemas eléctricos del Estado. Los altos costes de generación de energía de las centrales desconectadas de la Red Estatal son
subvencionados a través de la factura eléctrica de toda la ciudadanía.
La ciudad no cuenta con otro suministro eléctrico salvo la electricidad producida por la incineradora y pequeñas instalaciones fotovoltaicas que no llegan a producir ni el 5% de la demanda anual. La ciudad no recibe ningún tipo de
suministro eléctrico desde fuera de la ciudad, ni de la Península, ni indirectamente desde Marruecos.
La política energética española, en consonancia con la estrategia europea, pasa por la máxima interconexión en red no solo en el interior de la Península sino también con los sistemas extrapeninsulares y otros países.
La Red Eléctrica Española cuenta con varias interconexiones submarinas entre las que se encuentran las interinsulares Mallorca-Menorca, Mallorca-Ibiza, Ibiza-Formentera, Lanzarote-Fuerteventura, y las que unen con la Península como son las
de Península Marruecos, a través del estrecho y la de Península-Mallorca que entró en servicio en los últimos años.
Se encuentran programadas más interconexiones submarinas interinsulares para completar la conexión entre islas y la conexión entre la Península y Ceuta, esta última con una potencia de 50 MW y 129 millones de de inversión.
La ventaja más inmediata del cambio de sistema radicaría en pasar de un sistema de producción caro y altamente contaminante a un sistema integrado en la Red Eléctrica Estatal que produce, según años, entre un 33 y un 42% de generación en
energías renovables. Además facilitaría otros avances tecnológicos como la implantación del vehículo eléctrico y que, al integrarse en una red más estable y mallada, permitiría la implantación masiva de generación distribuida de electricidad a
través de generación de energía solar y eólica en la propia ciudad, que por sus características geoclimáticas cuenta con unas inmejorables condiciones para su desarrollo.
Otras ventajas son la liberación de espacio urbano en la ciudad, el abandono del proyecto de ampliar el puerto para trasladar la central eléctrica con su consiguiente ahorro, la eliminación total de la contaminación atmosférica y el ahorro
en la factura de electricidad del sobrecoste energético de la generación extrapeninsular.
Atendiendo a que el consumo medio es de algo más de 200 GW anuales y el pico de consumo se localizó en el año 2017 con 41 MW, un cable similar al instalado en Ceuta de 50 MW sería suficiente para un suministro total, independientemente que
se mantengan como respaldo varias de las actuales turbinas de gas.
Por ello se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso insta al Gobierno a:
1. Encargar al Ministerio de Fomento el inicio de los estudios previos para la interconexión eléctrica a través de un cable submarino de 50 MW entre territorio peninsular y la Ciudad Autónoma de Melilla.
2. Desarrollar un plan de incentivos económicos, fiscales y normativos para el apoyo a la generación distribuida renovable en las ciudades de Ceuta y Melilla, con el objeto de aprovechar sus excelentes condiciones climáticas para la
generación de electricidad y que beneficie al desarrollo del escaso tejido industrial y generación de empleo neto.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de septiembre de 2018.-Juan Antonio López de Uralde Garmendia, Diputado.-Txema Guijarro García, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.
161/003681
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, a iniciativa de su Diputada Yolanda Díaz Pérez, y a través de su portavoz Antón Gómez-Reino Varela, conforme recoge el artículo 185 del Reglamento del Congreso,
presenta la siguiente Proposición no de Ley, para su debate en la Comisión de Transición Ecológica, relativa a la recuperación de los fondos MINER, paralizados por el Gobierno del PP en el año 2012, para los Ayuntamientos de As Pontes y Cerceda (A
Coruña).
Exposición de motivos
Las directivas y normativas de la Unión Europea, muchas ya trasladadas a la legislación española, en materia de Transición Energética, como entre otras la Directiva 2012/27/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012,
relativa a la eficiencia energética, o la Directiva 2009/28/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril de 2009, relativa al fomento del uso de energía procedente de fuentes renovables, y las transposiciones pendientes de las nuevas
Directivas, generan incertidumbre sobre el futuro de las centrales térmicas de carbón gallegas de As Pontes y Meirama. A esto se suma la escalada, que se prevé, siga creciendo, de las subastas de derechos de CO2, que complica, en gran medida, su
competitividad. En 2019 entrará en funcionamiento la denominada Reserva de Estabilidad de Mercado, que retirará de forma acelerada un porcentaje de los derechos de las subastas que se realizan para poder continuar la producción.
Esta realidad inexorable debe ser convertida en una oportunidad de futuro, anticipándonos como ya se ha hecho en diferentes regiones de Alemania, Francia o Gran Bretaña. Así, el Gobierno Central debe intervenir, de forma urgente, para
desenvolver las medidas y dotar de presupuestos para garantizar el desarrollo futuro, económico, industrial y social de los ayuntamientos afectados y sus comarcas. No es asumible dejar el futuro de estos municipios al albur de unas decisiones no
controlables de las empresas eléctricas que gestionan las centrales, compañías controladas por fondos de inversión internacionales que solo se rigen por la regla del mayor beneficio.
Los denominados contratos de transición energética llevan tiempo aplicándose en Francia, Alemania y Gran Bretaña con enorme éxito, éxito que tuvo que ver, y mucho, con el cambio colectivo en la forma de
pensar de las comarcas afectadas. Es necesario apostar por nuevos sectores económicos, que no solo crean empleo local, sino que tienen un impacto positivo directo en la vida de la comunidad. De ahí la importancia de implicar en estos
contratos a los Ayuntamientos, entidades sociales, sindicales y empresariales para desenvolver planes estratégicos de desarrollo económico e industrial de los municipios de As Pontes y Cerceda-Meirama.
Sirva corno ejemplo gráfico lo sucedido en Loos-en-Gohelle, una antigua comarca minera en la región de Nord-Pas-de-Calais de Francia, con una población de alrededor de 7.000 habitantes. Después de la dedicación exclusiva a la minería de
carbón durante más de 130 años, la región llevó a cabo una reconversión drástica de su economía y apostó por la economía verde como sector alternativo al carbón. Entre los años 1999 y 2009 se crearon 350 nuevos empleos y la tasa de desempleo es la
más baja de la región. O el de Cornwall County en Gales, territorio minero por excelencia, en el que se decidió apostar por la valoración del patrimonio minero y su atracción a nivel turístico. La apuesta por la restauración y el mantenimiento de
minas, las casas de máquinas y los puertos, ha configurando once centros de interpretación, fortaleciendo atracciones mineras existentes y creando nuevos usos. Cientos de empresas turísticas se han comprometido con el lugar y su innovador programa
cultural numerosos espectadores, incorporando las ideas de la ciudadanía a su plan.
Para contrarrestar los efectos que tendrá la transición energética en Galicia hay que asumir que es necesario un cambio de rumbo en la economía de los ayuntamientos afectados. Se necesita un nuevo modelo de desarrollo que mejore lo
anterior, que sea más sostenible, más participativo, más ecológico y más racional. Se necesita asesorar a los colectivos sociales, empresariales y a los servicios técnicos institucionales en el desarrollo de una hoja de ruta para estas comarcas,
basada en la llamada tercera revolución industrial, que tiene como ejes la producción de la energía limpia y la economía circular.
La toma de decisiones participada debe ser la guía de este proceso, ya que estos debates deben servir para elaborar un diagnóstico y a partir de él una estrategia colectiva. Se trata, no solo de describir el problema, sino, mucho más
importante, de ofrecer una solución, en forma de propuesta del nuevo proyecto.
Estas propuestas pueden ser presentadas a diferentes líneas de financiación de la Unión Europea y del Estado.
De hecho, los Ayuntamientos de As Pontes y Cerceda no contarán con un futuro estable si por parte del Gobierno no existen planes económicos, de empleo y de reindustrialización por parte del Estado para estas comarcas cuando dejen de
funcionar las centrales térmicas existentes en estos municipios. La Organización Internacional del Trabajo ha afirmado a través de informes como el denominado a Perspectivas sociales y del empleo en el mundo 2018 y de representantes como el
director de su Oficina para España, que por cada empleo que se pierda por la transición energética, se crearán cuatro de mayor calidad. La propia OIT ha indicado que para ello la transición energética se haga de forma justa e incorpore medidas de
promoción del empleo y de protección social. Para que esto se cumpla en nuestro país, el Gobierno Central debe ponerse a trabajar desde ya para que una parte importante de estos empleos se puedan crear en los Ayuntamientos afectados en Galicia, es
decir, en As Pontes y Cerceda (A Coruña).
Y para ello será imprescindible que estos municipios puedan acceder a fondos de ayudas que se deben saber gestionar para ofrecer un futuro digno a las comarcas afectadas, cambiando el destino de los mismos, que no solo deben dedicarse a
construir infraestructuras, reenfocándolos, en parte, a elevar la capacitación técnica de las personas trabajadoras así como de las empresas. A esto hay que añadir que es necesario, también, recuperar los fondos del Plan Miner paralizados por el
anterior Gobierno del PP en el año 2012, como el caso de As Pontes y el de Cerceda-Meirama. Las cuencas mineras gallegas deben contar con la inversión correspondiente y comprometida, para la puesta en marcha de proyectos industriales que permitan
la creación de empleo en las comarcas. Es necesario que el Plan de Minería que gestiona el Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras, dirija las iniciativas a municipios afectados
por la reconversión de la minería, y que contemple entre sus objetivos, actividades y estructuras para especificar la elaboración de medidas y actuaciones a realizar durante el proceso de transición energética en el territorio gallego. En este
sentido, se debe gestionar de forma coordinada entre las administraciones la participación en los proyectos del Banco Europeo de Inversiones que ayuden a la rehabilitación de las zonas, fomenten el cambio de modelo y la generación de tejido
productivo y empleo.
Por todo lo expuesto, el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Constituir un grupo de trabajo en el que se integren el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, el Ministerio para la Transición Ecológica y las Comunidades Autónomas afectadas para analizar el modelo de transición energética más
racional y sostenible ambiental y económicamente.
2. Desenvolver, tal y como se recoge en la Disposición adicional 108 de la Ley de Presupuestos Generales del Estado 2018, convenios marco de colaboración con la Xunta de Galicia y los Ayuntamientos de As Pontes y Cerceda según los bases
reguladoras de ayudas para el impulso económico de las comarcas mineras del carbón, mediante el desarrollo de proyectos de infraestructuras, proyectos de restauración de zonas degradadas a causa de la actividad minera y programas de capacitación
técnica para personas trabajadoras y empresas.
3. Incorporar, tal y como se recoge en la Disposición adicional 108 de la Ley de Presupuestos Generales del Estado 2018, las actuaciones adicionales de proyectos de los sucesivos planes sectoriales del carbón (Fondos MINER) que fueron
paralizados por el Gobierno del PP en el año 2012 en los Ayuntamientos de As Pontes y Cerceda y que se encuentran pendientes de liquidación.
4. Coadyuvar a la Xunta de Galicia a la elaboración de un plan económico que tenga en cuenta el mapa sectorial de cada zona afectada par la transición energética en Galicia, con un diagnóstico de las características socioeconómicas,
infraestructuras y planes en desarrollo existentes y los resultados de los anteriores, y en el que definan las medidas específicas para cada ayuntamiento que recojan el apoyo a la creación de empresas, infraestructuras y medidas activas para el
fomento del empleo y formación.
5. Realizar estudios que permitan plantear modificaciones normativas que incorporen obligaciones de contribución específica a las propietarias de las centrales térmicas de carbón, para garantizar una transición justa en las comarcas después
del cese de la actividad extractiva.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de septiembre de 2018.-Yolanda Díaz Pérez, Diputada.-Antonio Gómez-Reino Varela, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.
Comisión de Cultura y Deporte
161/003652
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, presenta, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, la presente Proposición no de Ley para su
debate y aprobación en la Comisión de Cultura y Deporte relativa a la visibilización y el reconocimiento histórico de Encarnación Cabré.
Exposición de motivos
Hace ya tiempo que en España viene reivindicándose la necesidad de visibilizar a las mujeres en todas las disciplinas profesionales, tanto en el presente y de cara al futuro como en la historia de las materias, actividades y profesiones
relacionadas con la cultura y la ciencia. En esta línea, consideramos que el trabajo y la figura de Encarnación Cabré deben reconocerse como un ejemplo para futuras generaciones, poniendo en valor su carrera pionera y sus avances en el campo de la
arqueología.
Encarnación Cabré Herreros nació en Madrid el 21 de marzo de 1911. Hija de Antonia Herreros y del arqueólogo aragonés Juan Cabré Aguiló, siguió la estela familiar para convertirse en la primera mujer que se formó y ejerció como arqueóloga
en España. Murió en Madrid en 2005.
Inició sus trabajos en 1927 en la necrópolis de Las Cogotas en Ávila, donde se formó en disciplinas auxiliares como la fotografía o el dibujo a escala, siendo la primera mujer que usó esta técnica como metodología de registro arqueológico en
España.
En 1932, Cabré se licenció en Filosofía y Letras, especialidad de Historia, en la Universidad Complutense de Madrid, donde posteriormente se doctoró. En 1934 es nombrada profesora ayudante en el Departamento de Arte de la UCM, donde
impartió docencia hasta 1936. Durante este periodo perteneció al grupo Misiones de Arte (en el marco de las misiones pedagógicas) dirigido por el arqueólogo Manuel Gómez Moreno, centro que fue desmantelado al acabar la Guerra Civil y cuyos fondos
pasaron al actual CSIC. La Junta de Ampliación de Estudios (JAE) le concedió una beca para estudiar Etnografía y Prehistoria en Alemania, que comenzó a disfrutar en 1935. Durante esta estancia pudo estudiar los sistemas expositivos de los museos
de países europeos como Francia, Alemania, Austria, Checoslovaquia, Italia y Suiza.
Cabré pasó la Guerra Civil en Madrid trabajando en las colecciones del Museo Cerralbo, Museo Nacional de Antropología y Museo Arqueológico Nacional, ya que en aquel tiempo el Cuerpo Facultativo de Arqueólogos se hacía cargo de los museos.
Esta excepcionalidad como mujer de responsabilidad científica y vocación humanista trasciende las fronteras españolas, ya que las primeras arqueólogas con formación universitaria no impartirán clases universitarias de su disciplina en Europa
hasta pasada la década de los treinta.
La producción científica y el poso de Encarnación Cabré han sido también fundamentales para la arqueología en España. Sentó un precedente para las mujeres en las ciencias sociales y en la arqueología. Sus estudios sobre fíbulas y
armamento, así como las investigaciones arqueológicas de yacimientos (Azaila, La Osera, Las Cogotas, la Cueva de Los Casares, etc.), supusieron la apertura a nuevos paradigmas interpretativos en España, concretamente en investigaciones de culturas
de la Edad del Hierro en la Península Ibérica. Hasta entonces estas investigaciones eran prácticamente desconocidas y, por ser anteriores al periodo romano (el tradicionalmente más investigado en Europa), no habían acumulado analogías con otros
yacimientos de países europeos o mediterráneos. Muchas de las hipótesis planteadas por Encarnación Cabré siguen vigentes a día de hoy.
Cabré perteneció a ese grupo de mujeres jóvenes que abrieron la universidad a muchas más y que demostraron, con su dedicación y esfuerzo, que las mujeres pueden investigar y adentrarse con éxito en disciplinas tradicionalmente masculinizadas
y atravesadas por inercias machistas muy notables.
Por todo ello se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno y a la Dirección General de Bellas Artes y Patrimonio Cultural, en colaboración con la dirección del Museo Arqueológico Nacional, a dar el nombre de 'Jardín de Encarnación Cabré' al jardín
exterior de la entrada principal del actual edificio del Museo, acompañando la nueva nomenclatura con elementos museográficos sobre la vida y contribución científica de Encarnación Cabré a la arqueología.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de septiembre de 2018.-Eduardo Javier Maura Zorita, Sofía Fernández Castañón y Eva García Sempere, Diputados.-Txema Guijarro García, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal Unidos Podemos-En Comú
Podem-En Marea.
161/003683
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la declaración, por parte
de la UNESCO, de la Paella Valenciana como 'Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad', para su debate en la Comisión de Cultura y Deporte.
Exposición de motivos
Desde 2008, la UNESCO considera que el proceso de elaboración de ciertos platos elaborados y cocinados y las prácticas culinarias, deben preservarse para la posteridad y promover su promoción internacional; así que, año tras año, elabora
una lista de tradiciones gastronómicas de diversos rincones
del mundo que conforman la denominada Lista del Patrimonio Cultural Inmaterial; no es el plato o manjar en sí lo que se considera como tal, es el proceso, la 'práctica, el ritual, la costumbre para su elaboración y el arte para su
preparación' lo que se pone en valor.
Estas delicias gastronómicas son verdaderos modelos de cultura integral, que incluyen aspectos como la agricultura tradicional y autóctona, prácticas rituales, costumbres comunitarias y un aspecto social intrínseco, ese aspecto popular y
participativo es uno de los pilares fundamentales de nuestra Dieta Mediterránea -declarada Patrimonio Cultural Inmaterial por la UNESCO en 2013-, compartir los alimentos de forma socializada, generalmente en un ambiente festivo en las plazas y
calles de nuestros barrios, pueblos y ciudades.
La Paella Valenciana constituye uno de los Patrimonios imprescindibles de la gastronomía de la Comunidad Valenciana, que además va unido indefectiblemente a diferentes tradiciones festivas en su territorio, en donde se unen múltiples
disciplinas y actividades, desde las culinarias, a las culturales, económicas, de ocio, medio ambientales, de artesanía, etc., siendo un elemento integrador de la sociedad por la participación de todos, mujeres y hombres, niños y ancianos, teniendo
además una proyección internacional indudable.
La UNESCO establece que 'El patrimonio cultural no se limita a monumentos y colecciones de objetos', estos constituirían la lista de los patrimonios materiales de la humanidad, sino que también incluye en el patrimonio cultural el compuesto
por 'tradiciones o expresiones vivas heredadas de nuestros antepasados y transmitidas a nuestros descendientes, como tradiciones orales, artes del espectáculo, usos sociales, rituales, actos festivos, conocimientos y prácticas relativos a la
naturaleza y el universo, y saberes y técnicas vinculados a la artesanía tradicional' estando la Paella Valenciana sin duda alguna dentro de esas tradiciones.
No hay fiesta que se precie en la Comunidad Valenciana, en las Comunidades del Mediterráneo español y en toda España que no incluya en sus celebraciones populares y/o festejos su elaboración de forma colectiva, abierta, participativa y, en
muchos casos, competitiva, así como en los eventos familiares, actividades lúdicas de un fin de semana familiar, e incluso la clausura eventos, visitas institucionales, exposiciones internacionales, actos en las Embajadas, etc.
El fenómeno social que supone compartir la elaboración y degustación de una Paella, comer juntos, es la base de la identidad cultural y la continuidad, generación tras generación, de las Comunidades y territorios de toda la cuenca
mediterránea de España. Es una vivencia que supone intercambio y comunicación social, entre amigos, familia y vecinos, una reafirmación de la identidad familiar y de los valores de la amistad.
La Dieta Mediterránea reivindica los valores de la hospitalidad, la buena vecindad, el diálogo intercultural, la creatividad y el respeto por nuestras tradiciones, como la Paella y todo lo que envuelve ese auténtico espacio
cultural-gastronómico, jugando un rol vital en espacios culturales, festivos y celebraciones populares.
De forma más concreta, la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial 2003 de la UNESCO, entiende por Patrimonio Inmaterial 'todo aquel patrimonio que debe salvaguardarse y consiste en el reconocimiento de los usos,
representaciones, expresiones, conocimientos y técnicas transmitidos de generación en generación y que infunden a las comunidades y a los grupos un sentimiento de identidad y continuidad, contribuyendo así a promover el respeto a la diversidad
cultural y la creatividad humana', y que además cumple una importante misión de mantener 'la diversidad cultural frente a la creciente globalización'.
Todas estas características son cumplidas por la Paella, desde el cultivo y obtención de los alimentos con que se elabora, el arroz, el tomate, el azafrán (usado en el antiguo Egipto de los Faraones) el aceite de oliva (elemento fundamental
de la gastronomía mediterránea), la leña del naranjo que se utiliza para el fuego, el pollo de corral y el conejo de monte, la judía ferradura, el garrofó (especie de judía blanca plana al estilo de los judiones de la granja), etc., generan por otra
parte un paisaje y ecosistema propio; también la artesanía se ve integrada en la Paella Valenciana por la producción de los diferentes instrumentos en su elaboración, desde las cucharas de madera con que se come, hasta las paletas y espumaderas, y
sobre todo el caldero-sartén característica que es el que le da su nombre propio pues se denomina Paella (en castellano antiguo existe un término en desuso de similar concepto aunque diferentes ejecución la padilla), y el Paellero.
La UNESCO exige, para ser considerado patrimonio cultural inmaterial de la humanidad, cuatro características:
Primero, que sea 'Tradicional, contemporáneo y viviente a un mismo tiempo', desde hace décadas, sino siglos el Arroz en Valencia se elabora de una forma especial, lo que hoy denominamos la Paella Valenciana, que sigue siendo el plato
principal y más característico de la cocina de la Comunidad.
Segundo, que sea 'Integrador', como ya hemos adelantado en la elaboración de la Paella, y sobre todo en eventos lúdicos es un claro ejemplo de factor cohesionador intergeneracional, inter géneros, de buena vecindad, donde todos, propios y
extraños pueden participar, de una forma u otra.
Tercero, su carácter 'Representativo', en toda familia valenciana existe algún recuerdo, en que el centro culinario del momento haya sido la Paella Valenciana, sea una boda, fiesta o sencilla pero emotiva comida familiar de fin de semana.
Cuarto, que esté 'Basado en la comunidad', es decir y aplicado al caso, que toda la sociedad valenciana reconoce la Paella como un valor propio, en el que participa, ya sea en su elaboración, mantenimiento o transmisión, o en todos, como
patrimonio.
Por todo lo anterior, como reconocimiento a esta tradición única, y como manifestación del anhelo por su conservación y preservación, divulgación y promoción, y reconocimiento pues se cumplen los requisito fijados por la UNESCO en su
Convención de 2003 para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, se solicita su consideración con la esperanza de que todas las Instituciones Públicas y Organizaciones Privadas participantes colaboren en el procedimiento
para iniciar el Expediente administrativo.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que, previa aprobación por el Consejo de Patrimonio Histórico y su Grupo de Trabajo de Patrimonio Mundial e Inmaterial, apoye, impulse y defienda en las instancias internacionales oportunas,
la inscripción de la Candidatura de la Paella Valenciana en la lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad de la UNESCO.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de septiembre de 2018.-Dolors Montserrat Montserrat, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/003684
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la recuperación y restauración de Los Silos de
Burjassot, para su debate en la Comisión de Cultura y Deporte.
Exposición de motivos
Los Silos de Burjassot son un conjunto arquitectónico construido en dicha localidad por la ciudad de Valencia a partir del siglo XVI para servir como almacén de trigo, complementario al que ya venía funcionando siglos atrás en el Almudín.
Los problemas crónicos de abastecimiento de cereales que padecía la ciudad de Valencia llevaron a que su Consell decidiese en 1573 la construcción de los tres primeros silos. Estos fueron cavados en un montículo cerca de la entonces muy pequeña
localidad de Burjassot, por las inmejorables condiciones que ofrecía para el objetivo de conservar adecuadamente el grano. La construcción de hasta cuarenta y siete nuevos silos se fue prolongando a lo largo de los años, junto al resto de
instalaciones necesarias para almacenar herramientas y ayudar a las labores de llenado y vaciado de los silos, hasta el año 1806.
El complejo adquirió la forma de una terraza cuadrangular elevada y enlosada, en la que se ubicaban las bocas de los diferentes silos tapadas cada una por un 'piló', un bloque de piedra de forma semiesférica dotado de cadenas y candados para
proteger el preciado contenido. En el centro de la terraza se ubicó una cruz de piedra labrada, mientras en su parte oeste se ubican los edificios anexos para almacenar
herramientas y gestionar el conjunto monumental conocidos como 'embarronats', junto a la ermita de San Roque.
Los Silos de Burjassot cumplieron su función de pósito de Valencia hasta 1931. Aunque se ubican en el municipio de Burjassot siempre han sido y son propiedad de la ciudad de Valencia. No obstante, el 7 de febrero de 1975 Valencia adoptó
acuerdo de cesión del uso del conjunto de edificios al Ayuntamiento de Burjassot, cesión que ha continuado vigente hasta la fecha. Los Silos están catalogados como Bien de Interés Cultural (BIC) y fueron declarados monumento nacional mediante el
Real Decreto 1185/1982, de 26 de marzo, por el que se declara monumento histórico-artístico, de carácter nacional, los silos de Burjasot (Valencia).
Los edificios han tenido una conservación bastante deficiente a lo largo de los años. El deterioro ha ido llegando a niveles insostenibles hasta el punto de que el 19 de septiembre pasado una buena parte del muro perimetral, adyacente al
paseo de Concepción Arenal, se derrumbó. Este hecho supone una insoslayable llamada a actuar en la defensa y rehabilitación de este importante monumento, único en su género en nuestro país, símbolo del municipio de Burjassot.
Por todo lo expuesto, se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a actuar de forma urgente, en colaboración con la Generalitat Valenciana y los ayuntamientos de Burjassot y Valencia, para recuperar y restaurar adecuadamente el conjunto monumental de Los
Silos de Burjassot.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de septiembre de 2018.-Ricardo Sixto Iglesias, Diputado.-Eva García Sempere, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.
Comisión de Sanidad, Consumo y Bienestar Social
161/003660
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, a instancia del Diputado Joan Olòriz Serra, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre apoyo a
los afectados de iDental, para su debate en la Comisión de Sanidad, Consumo y Bienestar Social.
Exposición de motivos
A finales del año 2017 las clínicas iDental, clínicas odontológicas catalogadas como 'de bajo coste', habían recibido según información del Gobierno casi 1.500 reclamaciones en seis Comunidades Autónomas, de las diez en la que están
presentes. Los principales motivos de dichas reclamaciones eran:
- Incumplimiento de la condiciones de la contratación.
- Disconformidad con los tratamientos recibidos.
- Demora en la prestación del servicio de manera injustificada.
- La no devolución de las cantidades cobradas ante la falta de prestación del servicio.
- Incumplimientos del derecho de desistimiento.
- Facturaciones incorrectas.
La gravedad del asunto está llegando a tales niveles que los mecanismos judiciales que han visto un alud de denuncias de clientes en diferentes Comunidades Autónomas, han llamado declarar a los administradores de las clínicas dentales, por
supuestos delitos de estafa, falsedad documental y apropiación indebida.
Las estimaciones de afectados son descomunales, alrededor de 42.000 en Catalunya, 200.000 en la Comunidad Valenciana, entre 80 y 90.000 en Andalucía, 22.000 en Murcia, 12.000 en Aragón... Estas son
las cifras de afectados por las clínicas de iDental que manejan los representantes de las comunidades autónomas que se han reunido el pasado jueves 6 de julio con el juez de la Audiencia Nacional José de la Mata para unificar criterios y
homogeneizar protocolos para atender a las víctimas de este caso que se calcula llegan a varios cientos de miles en las 14 Comunidades en las que la compañía tenía sucursales.
La Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición (AECOSAN), emitió una serie de recomendaciones para los afectados a fin de que puedan ejercer sus derechos ante los órganos pertinentes. Entre las recomendaciones encontramos
las de presentar reclamaciones por escrito ante las clínicas, preferiblemente vía fax; solicitar los historiales a las clínicas vía Burofax o medio fehaciente y en caso de no obtener respuesta, acudir a la Agencia Española de Protección de Datos
(AEPD); presentar reclamaciones ante las autoridades de consumo y sanitarias de las Comunidades Autónomas, en caso de ser preciso realizar una peritación por un profesional de la odontología y presentar una denuncia ante los juzgados de su
localidad; en caso de tener créditos vinculados, presentar la correspondiente denuncia ante los servicios de defensa de los clientes de las entidades financieras con las que se tenga el crédito vinculado, pudiendo desistir en los créditos firmados
que hayan sido solicitados en un periodo inferior a 14 días naturales; así como guardar toda la documentación relativa al caso.
Por todo ello se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno español a:
1. Impulsar la creación de una Oficina de Atención a los Afectados con el fin de poner en conocimiento de los mismos toda la información precisa para que puedan ejercer la defensa de sus derechos en materia de consumo y sanidad ante los
organismos correspondientes.
2. Mejorar los procedimientos de acreditación y supervisión de centros sanitarios así como de la publicidad sanitaria que se emita desde ellos.
3. Hacerse cargo de las necesidades de peritaje que precisen los afectados por iDental.
4. Asegurar la justicia gratuita a todos los afectados.
5. Llevar a cabo las medidas necesarias para la inclusión de la salud bucodental en la cartera de servicios de la sanidad pública.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de septiembre de 2018.-Joan Olòriz Serra, Diputado.-Joan Tardà i Coma, Portavoz del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana.
Comisión de Ciencia, Innovación y Universidades
161/003656
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Antonio Roldán Monés, Portavoz Adjunto del Grupo Parlamentario Ciudadanos, y Marta Martín Llaguno, Diputada del Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso
de los Diputados, presentan la siguiente Proposición no de Ley relativa a la compensación de la actividad docente no impartida como consecuencia de los periodos de baja por maternidad, para su debate en la Comisión de Ciencia, Innovación y
Universidades.
Exposición de motivos
La presencia de la mujer en la Universidad se difumina según se asciende en el escalafón universitario: las mujeres suponen un 54,3% del alumnado y un 57,6% de los titulados. A partir de ahí su presencia se va diluyendo progresivamente
según se asciende en la escala profesional. A nivel de profesorado, los datos ya se invierten, y las mujeres pasan a ser un 40% mientras que los hombres son un 60%. En el siguiente escalón, catedráticos y catedráticas, la proporción se desploma,
habiendo cuatro hombres por cada mujer (2.098 mujeres frente a los 7.799 hombres en estos puestos).
Las razones esgrimidas para explicar esta desigualdad son variadas: desde las clásicas basadas en roles a otras asociadas a la competitividad o el mantenimiento de inercias y del statu quo, que acaba
perpetuando estas desigualdades. Lo que es evidente es que los criterios de la Agencia Nacional de Evaluación del Profesorado (Aneca) suponen una discriminación hacia las investigadoras que son madres y que quieren acreditarse para tener
una plaza fija como profesoras de universidad o catedráticas. Las horas lectivas que no se imparten en los períodos de baja por maternidad, aunque se esté cotizando por ellas, no se cuentan, y tampoco se compensan. Se trata como si fuera un
periodo sin actividad docente, lo que implica que las mujeres con hijos tardan más tiempo en alcanzar la suma de clases exigidas para obtener esta credencial. En el Real Decreto 415/2015, de 29 de mayo, por el que se modifica el Real Decreto
1312/2007, de 5 de octubre, por el que se establece la acreditación nacional para el acceso a los cuerpos docentes universitarios, no se incluye ninguna medida para corregir esta desigualdad, como sí se hace en las convocatorias de ayudas para la
formación de profesorado universitario. Por ejemplo, si una investigadora es contratada por un número determinado de años por una universidad con una subvención del Ministerio de Economía o Educación, esa ayuda se puede prorrogar si es madre, algo
que también funciona cuando un investigador tiene hijos, para el cuidado de personas con dependencia o por enfermedad grave o accidente. El ministro de Educación se comprometió a finales de año a empujar a la Aneca a que revisara estos criterios,
pero hasta la fecha no se han introducido medidas que permitan corregir la discriminación de las mujeres por el hecho de ser madres.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a introducir los mecanismos oportunos que permitan compensar la actividad docente no impartida como consecuencia de los periodos de baja por maternidad.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de septiembre de 2018.-Marta Martín Llaguno, Diputada.-Antonio Roldán Monés, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
Comisión de Igualdad
161/002912
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(161) Proposición no de Ley.
Autor: Comisión de Igualdad.
Solicitud de reconsideración del acuerdo de la Mesa de la Cámara de enviar a la citada Comisión la Proposición no de Ley relativa a la promoción de las carreras científicas entre las niñas, así como a la investigación de las condiciones de
desigualdad que existen para las mujeres en la ciencia.
Acuerdo:
Aceptar la declaración de voluntad y trasladar la iniciativa a la Comisión de Ciencia, Innovación y Universidades, comunicando este acuerdo a la Comisión de Igualdad, al Gobierno y al Grupo Parlamentario autor de la iniciativa y publicar en
el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de septiembre de 2018.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
Nota.-La iniciativa de referencia fue publicada en el 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, núm. 301, de 20 de febrero de 2018.
PREGUNTAS PARA RESPUESTA ORAL
La Mesa de la Cámara en su reunión del día de hoy ha acordado admitir a trámite, conforme al artículo 189 del Reglamento, las siguientes preguntas orales al Gobierno en Comisión, disponer su conocimiento por las Comisiones que se indican,
dando traslado al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de septiembre de 2018.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
Comisión de Fomento
181/001255
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Fomento
Diputada doña María de la Concepción Santa Ana Fernández
Texto:
¿Cuál es el estado de las infraestructuras en la provincia de Granada que son competencia del Gobierno Central?
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de septiembre de 2018.-María de la Concepción Santa Ana Fernández, Diputada.
181/001256
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Fomento
Diputada doña Isabel Cabezas Regaño
Texto:
¿En qué situación se encuentra, en la actualidad, la conversión de la N-432 en A-1?
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de septiembre de 2018.-Isabel Cabezas Regaño, Diputada.
181/001257
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Fomento
Diputada doña Isabel Cabezas Regaño
Texto:
¿En qué situación se encuentra, en la actualidad, la conversión de la carretera N-432 en autovía A-81?
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de septiembre de 2018.-Isabel Cabezas Regaño, Diputada.
Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación
181/001254
Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación
Diputado don Juan Antonio López de Uralde Garmendia.
Texto:
¿Cuál es la posición del Gobierno con respecto a la propuesta de la Comisión sobre el Plan Plurianual para las poblaciones de especies demersales del Mediterráneo occidental?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de septiembre de 2018.-Juan Antonio López de Uralde Garmendia, Diputado.