BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES


CONGRESO DE LOS DIPUTADOS


XII LEGISLATURA


Serie D: GENERAL


14 de septiembre de 2018

Núm. 411

ÍNDICE


Composición y organización de la Cámara


JUNTA DE PORTAVOCES


031/000011 Composición de la Junta de Portavoces. Altas y bajas... (Página2)


PERSONAL


299/000003 Personal eventual para la atención de los señores Diputados de los Grupos Parlamentarios. Nombramientos... (Página2)


Control de la acción del Gobierno


PROPOSICIONES NO DE LEY


Pleno


162/000761 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, por la que se insta al Gobierno a condenar la dictadura de Venezuela, contribuir a la estabilización de la región de América Latina y aprobar un
Estatuto de protección temporal para venezolanos en España... (Página3)


162/000762 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, sobre las medidas urgentes para combatir el cambio climático en Canarias... (Página5)

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COMPOSICIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LA CÁMARA


De conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara, se ordena la publicación en el Boletín Oficial de las Cortes Generales de los cambios habidos en la composición de la Cámara:


Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de septiembre de 2018.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.


JUNTA DE PORTAVOCES


031/000011


Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea


(031/000010)


Portavoz sustituto:


Alta:


GARCÍA SEMPERE, Eva......................................10-09-2018


PERSONAL


299/000003


Nombramientos


De conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.º del Estatuto del Personal de las Cortes Generales, con fecha 10 de septiembre de 2018, la Excma. Sra. Presidenta del Congreso de los Diputados ha tenido a bien nombrar a D. Juan Bautista
Milián Querol a propuesta del Excmo. Sr. D. José A. Bermúdez de Castro Fernández, con efectos de 10 de septiembre de 2018 y con carácter de personal eventual, para el cargo de Asesor de los señores Diputados del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso.


Al amparo de lo dispuesto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara, se ordena su publicación en la Sección Congreso de los Diputados del BOCG.


Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de septiembre de 2018.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.


De conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.º del Estatuto del Personal de las Cortes Generales, con fecha 10 de septiembre de 2018, la Excma. Sra. Presidenta del Congreso de los Diputados ha tenido a bien nombrar a D.ª María del
Carmen Díaz de Bustamante Cores, a propuesta del Excmo. Sr. D. José A. Bermúdez de Castro Fernández, con efectos de 10 de septiembre de 2018 y con carácter de personal eventual, para el cargo de Asistente para la atención de los señores Diputados
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


Al amparo de lo dispuesto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara, se ordena su publicación en la Sección Congreso de los Diputados del BOCG.


Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de septiembre de 2018.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.

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De conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.º del Estatuto del Personal de las Cortes Generales, con fecha 10 de septiembre de 2018, la Excma. Sra. Presidenta del Congreso de los Diputados ha tenido a bien nombrar a D. Hugo Alberto
Manchón García, a propuesta del Excmo. Sr. D. José A. Bermúdez de Castro Fernández, con efectos de 10 de septiembre de 2018 y con carácter de personal eventual, para el cargo de Asistente para la atención de los señores Diputados del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.


Al amparo de lo dispuesto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara, se ordena su publicación en la Sección Congreso de los Diputados del BOCG.


Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de septiembre de 2018.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.


CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO


PROPOSICIONES NO DE LEY


Pleno


La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha acordado admitir a trámite, conforme al articulo 194 del Reglamento, las siguientes Proposiciones no de Ley y considerando que solicitan el debate de las iniciativas ante el Pleno de la
Cámara, disponer su conocimiento por éste, dando traslado al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.


En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.


Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de septiembre de 2018.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.


162/000761


A la Mesa del Congreso de los Diputados


El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para instar al Gobierno a condenar la
dictadura de Venezuela, contribuir a la estabilización de la región de América Latina y aprobar un Estatuto de protección temporal para venezolanos en España, para su debate en el Pleno.


Exposición de motivos


Venezuela sufre una grave crisis humanitaria a la que se le suma una profunda crisis política, institucional y económica. Con el Gobierno de Hugo Chávez se inició la persecución a la oposición política y un recorte de los derechos y
libertades fundamentales en el país. Con el Gobierno de Nicolás Maduro la situación se ha agravado llegando a desviarse de la senda de la legalidad y la constitucionalidad para aferrarse al poder. Hoy, Venezuela es una dictadura.


Venezuela se sitúa entre los doce países con mayores niveles de corrupción del mundo según Transparencia Internacional, lo que hace que la situación sea particularmente grave puesto que la mayor parte de las importaciones al país se realizan
a través de la Administración pública. Una de las

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consecuencias de la descomposición del sistema es la importante escasez de alimentos de primera necesidad, medicamentos, e incluso acceso al suministro de servicios básicos como el agua o la electricidad.


El plan económico de Nicolás Maduro ha instalado al país en un corralito de facto donde las entidades bancarias limitan el acceso al efectivo. A esta pérdida de poder adquisitivo y al control de la cantidad de dinero de la que pueden
disponer los venezolanos se suma la obligación de notificar sus viajes al extranjero. En caso contrario, los venezolanos en el exterior sufrirán un bloqueo de todas las operaciones realizadas desde el exterior.


La situación es tan caótica que la conflictividad social se ha incrementado, haciendo de Venezuela uno de los países más peligrosos del mundo y generando una importante crisis humanitaria en el país. Esto está provocando un éxodo de
venezolanos sin precedentes que ha hecho salir del país a 2,3 millones de personas, generando un grave problema de inestabilidad en la región de América Latina, en especial en los países vecinos como Ecuador, Perú, Brasil y Colombia. Estos países
vecinos necesitan también ayuda humanitaria urgente para poder atender las necesidades básicas de los venezolanos que se exilian como consecuencia del régimen impuesto por Maduro.


La avalancha migratoria de venezolanos también ha llegado a España. Según los datos difundidos por el Instituto Nacional de Estadística, Venezuela fue la comunidad extranjera que más creció en España tanto en cifras absolutas como en
términos relativos en 2017 con un 44.2 %. Pasó de 63.268 personas el 1 de enero de 2017 a 91.228 en la misma fecha de 2018. El éxodo que sufre Venezuela ha disparado las solicitudes de asilo en España hasta niveles récord, ya que de las 31.120
solicitudes recibidas, 10.350 fueron de ciudadanos venezolanos, más del doble que los sirios con 4.225.


Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso presenta la siguiente


Proposición no de Ley


'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno, en el ámbito de sus competencias, a:


1. Condenar la dictadura de Venezuela.


2. Posicionarse claramente sobre la grave crisis que sufre Venezuela y el drama humanitario que están viviendo los venezolanos.


3. Impulsar la defensa de la democracia en Venezuela y de los derechos humanos de los venezolanos.


4. Propiciar el retorno de la libertad mediante el respeto a la legalidad, la separación de poderes y el orden constitucional en Venezuela.


5. Pedir la plena liberación de todos los presos políticos en Venezuela.


6. Liderar las negociaciones y actuaciones de la comunidad internacional en el seno de la Unión Europea, Naciones Unidas y la Organización de Estados Americanos, para sancionar al régimen de Venezuela y encontrar una solución a esta grave
crisis humanitaria, institucional y económica.


7. Contribuir a la estabilización de la región de América Latina y especialmente atender a través de la ayuda humanitaria las necesidades básicas de los exiliados venezolanos a los países vecinos y favorecer su retorno.


8. Aprobar la creación de un Estatuto de protección temporal para venezolanos en España que les conceda un permiso de residencia temporal, desplazamiento libre por todo el territorio español, acceso a la atención sanitaria universal y la
obtención de permiso de trabajo para que también puedan pagar impuestos, así como contribuir con sus pagos a la Seguridad Social.


9. Promover la convocatoria y celebración de unas elecciones democráticas, libres y justas para recuperar la libertad y la estabilidad económica, política y social en Venezuela.'


Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de septiembre de 2018.-Dolors Montserrat Montserrat, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

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162/000762


A la Mesa del Congreso de los Diputados


El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para su
debate en el Pleno sobre las medidas urgentes para combatir el cambio climático en Canarias.


Exposición de motivos


En febrero del año 2018, el Gobierno de Canarias daba a conocer las medidas que ha puesto en marcha para mitigar los efectos del cambio climático en el Archipiélago mediante su inclusión en un dossier documental que el Ministerio de Medio
Ambiente hizo llegar a la Organización de las Naciones Unidas (CN7). Sin embargo, lo que ha revelado la información compilada por el Ejecutivo Autonómico, aparte de un volumen informativo insignificante o inexistente en relación al aportado por el
resto de Comunidades, es la falta de propuestas que desde las Islas se están implementando en los últimos años con este fin. De hecho, la mayoría de las iniciativas que han sido trasladadas a este organismo internacional datan del año 2013, y no
hacen sino reproducir el marco definido en 2009 dentro de la Estrategia de Lucha contra el Cambio Climático definida por la desaparecida Agencia Canaria de Desarrollo Sostenible y Cambio Climático de Canarias, que ya no existe.


La falta de objetivos concretos, las carencias en la metodología y la falta de plazos precisos para su aplicación, además de la ausencia de recursos económicos para desarrollar las medidas que han sido remitidas a la ONU, dan muestra del
escaso interés que este asunto concita para el Gobierno Canario. A decir verdad, ni siquiera existe un órgano de coordinación política que se ocupe de manera específica a estas labores y trabaje de manera conjunta con los diferentes niveles
institucionales que poseen las Islas. Lo que ha provocado que el Archipiélago sea uno de los pocos territorios de la Unión Europea que todavía no posee ni un Plan Energético propio adaptado a las Islas ni una estrategia delimitada de carácter
regional para combatir los efectos del Cambio Climático. Mientras, el Observatorio Canario del Cambio Climático no termina de arrancar tras tres años sucesivos de anuncios por parte del ejecutivo canario y a pesar de que ya se ha cumplido un año
desde su presentación pública sin que estuviera reglamentado legalmente. A día de hoy, el Observatorio no existe porque no se ha aprobado el imprescindible Reglamento legal que lo estructure y dinamice.


Por si esto fuera poco, en el mes de diciembre del mismo año, el que fuera coordinador del Observatorio Canario de Cambio Climático, Ezequiel Navío, presentó un informe dirigido a la actual viceconsejera de Medio Ambiente del Gobierno de
Canarias en el que acusaba a la administración de tener completamente desprotegido al Archipiélago ante cualquier emergencia social que pueda producirse a consecuencia del Cambio Climático.


Numerosos incidentes avalan la inacción de las autoridades insulares que denuncian con insistencia la comunidad científica establecida en las islas a través de este tipo de estudios. Los más recientes se han materializado en lamentables
fenómenos de contaminación costera, niveles inaceptables de emisión de gases de efecto invernadero, el aumento imparable de los indicadores que miden la salud del ecosistema insular y la aprobación de planes y normativas en materia de ordenación del
territorio y uso del suelo que no tienen en cuenta las recomendaciones internacionales para luchar contra el cambio climático ni las condiciones especiales del Archipiélago, tanto de naturaleza ambiental como económica, social y cultural. En este
sentido, el Gobierno de Canarias impulsa en la actualidad macroproyectos para introducir a gran escala nuevas infraestructuras de hidrocarburos como fuente energética, algo inasumible desde los compromisos de descarbonización de la economía y de la
energía que las administraciones europeas deben acometer para reducir el calentamiento global. Canarias es un territorio modélico en el potencial europeo de generación de energías limpias y renovables, y es un auténtico contrasentido continuar
invirtiendo en crear nuevas infraestructuras de hidrocarburos en las Islas para beneficiar intereses privados muy particulares.


Por estas razones, hemos decidido presentar la siguiente batería de acciones, destinadas a enmendar, en el ámbito de las competencias del Estado, una situación que se ha vuelto alarmante y que requiere, por tanto, de medidas urgentes que
logren corregir las carencias que, en este sentido, manifiestan las Islas. Estas acciones irían encaminadas a gravar por la vía impositiva la huella antrópica generada por el sector

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económico más pujante de la economía insular: el turismo; el establecimiento de incentivos fiscales a las entidades que cumplan con la normativa existente, desde el ámbito comunitario al municipal, en materia de sostenibilidad; el
desarrollo de medidas de recuperación del medio natural canario; el aumento de la financiación destinada a la puesta en marcha de trabajos concretos destinados a combatir el cambio climático, etcétera.


Por todo ello el Grupo Parlamentario presenta la siguiente


Proposición no de Ley


'1. Instar al Gobierno del Estado a que garantice que, en el territorio que comprende la Comunidad Autónoma de Canarias, se cumplen sin excepción las Directivas 2004/101/CE, 2008/98/CE, 2008/101/CE y 2009/28/CE de la Unión Europea en
materia de lucha contra el cambio climático, reducción de las emisiones de CO2 y aumento del uso de energías renovables.


2. Instar al Gobierno del Estado a reorientar su política energética de manera irreversible hacia el uso creciente de energías renovables, incentivando a través de los sistemas públicos de financiación y mediante la modificación de la
normativa de autofinanciación, a los sectores y actividades energéticas prioritarias para obrar esta transición, especialmente en Comunidades Autónomas como la canaria, que contribuyan a la sostenibilidad de su medio natural y desincentiven la
inversión en energías contaminantes, como por ejemplo, el uso de hidrocarburos.


3. Instar al Gobierno del Estado a que incluya en el proceso de modificación de la Ley 19/1994, del Régimen Económico y Fiscal de Canarias, actualmente en curso, incentivos a la inversión para todas aquellas entidades que, al desarrollar su
actividad económica en el Archipiélago, contribuyan a la sostenibilidad ambiental y la reducción de la huella de carbono a través de la generación, distribución y autoconsumo de energías renovables, la preservación de los acuíferos insulares, la
desalación y depuración de aguas mediante el uso de energías limpias y la producción agroalimentaria ecológica, así como la diversificación de su modelo productivo a través del aumento de sus cotas de soberanía energética y alimentaria.


4. Instar al Gobierno del Estado a garantizar la financiación, a través de los Presupuestos Generales del Estado, del sistema e infraestructuras públicas de transporte terrestre existentes en el Archipiélago, con el objetivo de atender a
las especiales circunstancias de la Comunidad Autónoma de Canarias y su naturaleza insular, promoviendo, además de su gestión pública y directa, la aplicación de fórmulas que implementen sus niveles de sostenibilidad ambiental, como, por ejemplo,
aumentando la presencia en el parque móvil de las Islas la presencia de vehículos de transporte colectivo y privado no contaminantes debidamente categorizados por los distintivos ambientales que otorga la Dirección General de Tráfico.


5. Instar al Gobierno del Estado a promover a todos los niveles la lucha contra el cambio climático a través de la participación ciudadana y científica para definir fórmulas adaptadas que redunden en una mayor eficacia ambiental,
racionalidad económica y aceptación social de los riesgos de esta problemática, garantizando la aplicación de los principios de información, transparencia y participación en las actividades que llevan a cabo las Administraciones Públicas en esta
materia, fomentando la educación ambiental en todas las etapas educativas y en todos los ciclos vitales, con el fin de sensibilizar e involucrar activamente a la población.'


Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de septiembre de 2018.-María del Carmen Pita Cárdenes, Diputada.-Txema Guijarro García, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.