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BOCG. Congreso de los Diputados, serie D, núm. 393, de 18/07/2018
cve: BOCG-12-D-393
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parte 1
parte 2
BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
XII LEGISLATURA
Serie D: GENERAL
18 de julio de 2018
Núm. 393
ÍNDICE
Control de la acción del Gobierno
PROPOSICIONES NO DE LEY
Comisión Constitucional
161/003437 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, relativa al centenario de la huelga de 'La Canadiense' ... (Página12)
Comisión de Asuntos Exteriores
161/003470 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre la necesidad del cese de la violencia en Nicaragua ... (Página13)
161/003486 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, sobre decisión del Consejo de la UE relativa a la celebración, en nombre de la Unión Europea, del Acuerdo de
Asociación Económica entre la Unión Europea y Japón (JEFTA) ... (Página14)
Comisión de Justicia
161/003449 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, relativa a regular la provisión de puestos de letrados y letradas de la Administración de Justicia a través del
sistema de libre designación ... (Página16)
161/003467 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la evaluación de la Ley 41/2003, de 18 de noviembre, de protección patrimonial de las personas con discapacidad y de modificación del
Código Civil, de la Ley de Enjuiciamiento Civil y de la normativa tributaria con esta finalidad ... (Página18)
161/003475 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, sobre inicio de la vía de las acciones administrativas y judiciales civiles reivindicatorias oportunas para la
incorporación del Pazo de Meirás al Patrimonio público ... (Página20)
161/003476 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a mejorar el desarrollo de las subastas electrónicas ... (Página21)
161/003508 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre la desprotección de menores y colectivos vulnerables por el retraso en la elaboración de los informes psicosociales ...
Comisión de Defensa
161/003500 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, relativa al Convenio entre el Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de Defensa (INVIED) y el
Ayuntamiento de Ferrol para la cesión de parcelas desafectadas de usos militares ... (Página24)
Comisión de Hacienda
161/003461 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la deducción de la cuota aportada por las familias con mayores dependientes para el pago de la Seguridad Social de los empleados de
hogar ... (Página26)
161/003468 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la deducción de la cuota aportada por las familias con hijos menores de tres años para el pago de la Seguridad Social de los empleados
de hogar ... (Página26)
161/003492 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la protección de los hórreos, paneras y cabazos como elementos integrantes del patrimonio etnográfico asturiano ...
161/003495 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a reducir el 'fraude carrusel' en el IVA de determinados productos informáticos ... (Página28)
161/003498 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre la modificación de la Declaración de Importación de Productos en Canarias (DUA) para la mejora del reciclado de envases y vidrio ...
161/003510 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, relativa a la lucha contra la economía sumergida ... (Página31)
Comisión de Interior
161/003457 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, sobre mejora y refuerzo del papel de los municipios en el sistema de acogida de personas migrantes y refugiadas ...
(Página34)
161/003506 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, por la que se insta al Gobierno a reforzar las garantías para la salida de los menores del territorio nacional ...
161/003516 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, relativa a inicio del procedimiento para la declaración de zona afectada por una emergencia de protección civil del
lugar de Paramos (Tui, Pontevedra) por una fuerte explosión de pirotecnia el 23/05/2018 ... (Página39)
Comisión de Fomento
161/003438 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre la necesidad de construir una nueva estación de la línea de tren de Alta Velocidad en Otero de Sanabria (Zamora) ...
161/003441 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, por la que se insta al Gobierno a que las obras de la autovía A-33 incluyan la construcción de un enlace en la intersección con la carretera
RM-A15, en el término municipal de Jumilla (Murcia) ... (Página42)
161/003442 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a dinamizar los proyectos de la llegada del AVE y del Corredor Mediterráneo a Lorca y su conexión con Andalucía ...
161/003443 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, por la que se insta al Gobierno a impulsar las obras de construcción de Los Arcos Norte y Noroeste de la ciudad de Murcia y del tercer carril de
la MU-30 A-7 ... (Página44)
161/003444 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la mejora de los trenes que circulan por Extremadura ... (Página44)
161/003445 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a que se ejecute la modernización de la línea de Cercanías Renfe Alicante-Murcia ... (Página45)
161/003448 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre el impulso del Plan de colaboración público privada presentado recientemente por el Ministerio de Fomento para la construcción de nuevas
carreteras ... (Página46)
161/003456 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, relativa a la vertebración territorial y movilidad sostenible a través del eje Cantábrico-Mediterráneo ...
161/003462 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre el impulso a las medidas de accesibilidad contempladas en el Plan Estatal de Vivienda 2018-2021 ... (Página49)
161/003478 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre la revisión del Convenio de carreteras del Estado con la Comunidad Autónoma de Canarias ... (Página51)
161/003493 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, por la que se insta al Gobierno a realizar los trabajos necesarios para la llegada del AVE y del Corredor Mediterráneo de Alta Velocidad a
Cartagena ... (Página52)
Comisión de Educación y Formación Profesional
161/003440 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la elaboración de un Plan nacional de atención escolar prioritaria contra el fracaso escolar en la población socialmente desfavorecida
... (Página53)
161/003485 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, relativa a la educación inclusiva de las personas con discapacidad en España ... (Página54)
Comisión de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social
161/003458 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, sobre los derechos de los trabajadores y trabajadoras del hogar ... (Página56)
161/003496 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la creación de una tarjeta agrícola ... (Página57)
Comisión de Industria, Comercio y Turismo
161/003465 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a impulsar el Astillero 4.0 en las factorías de Navantia en Cartagena, Ferrol y Cádiz ... (Página58)
Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación
161/003446 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre las autorizaciones de pesca fuera de las aguas de la Unión Europea y la gestión sostenible de las flotas pesqueras exteriores ...
161/003474 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa al desarrollo rural en España, encaminada a aumentar el nivel y la calidad de vida en el medio rural de nuestro país y a la preservación
de nuestros pueblos ... (Página61)
161/003489 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, sobre decisión del Consejo de la UE relativa a la celebración, en nombre de la Unión Europea, del Acuerdo de
Asociación Económica entre la Unión Europea y Japón (JEFTA) ... (Página62)
161/003503 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, por la que se insta al Gobierno a la puesta en marcha de un seguro piloto de ingresos para explotaciones citrícolas ...
161/003517 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, relativa a medidas para mejorar la erradicación del 'Avispón Asiático' o 'Vespa Velutina' y frenar su avance ...
161/003518 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, relativa a las medidas para enfrentar la crisis de precios y mercados que atraviesa la producción de cereza ...
Comisión de Transición Ecológica
161/003447 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, por la que se insta al Gobierno a que reduzca las tarifas que pagan los agricultores ... (Página71)
161/003455 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre la reconversión de la zona de influencia de la central nuclear de Santa María de Garoña (Burgos) tras el cierre de sus instalaciones ...
161/003463 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre el fomento del uso de sistemas para reducir la evaporación del agua almacenada en balsas de riego ... (Página73)
161/003464 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre el fomento de infraestructuras destinadas a la captación de escorrentías en el entorno del Mar Menor ...
161/003497 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la protección integral y estable del litoral mediterráneo andaluz ... (Página75)
161/003499 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre la modificación de la Declaración de Importación de Productos en Canarias (DUA) para la mejora del reciclado de envases y vidrio ...
161/003501 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre el impulso normativo de la Economía Circular ... (Página78)
161/003507 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, sobre el desmantelamiento de la subestación eléctrica de Patraix ... (Página80)
161/003513 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, por la que se insta al Gobierno a participar en la elaboración de un plan estratégico global para la conservación y sostenibilidad del litoral de la Vegueria del
Penedès ... (Página81)
Comisión de Cultura y Deporte
161/003439 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la candidatura de Granada como 'Capital Europea de la Cultura 2031' ... (Página82)
161/003459 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, relativa a la regulación profesional de la conservación-restauración del patrimonio cultural ... (Página83)
161/003460 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la conmemoración del Año Jubilar de la Catedral de Sigüenza ... (Página84)
161/003466 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la creación de un Museo del Hiperrealismo en Albacete ... (Página85)
161/003483 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a los actos programados con motivo del Año Vicentino y a la restauración de la Ermita de San Vicente en Llíria ...
161/003502 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre el apoyo a los trabajos de excavación, rehabilitación y conservación de Medina Azahara ... (Página87)
161/003514 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre reconocimiento y visibilización de los logros obtenidos por nuestras deportistas profesionales ... (Página88)
161/003519 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, relativa a la concesión a título póstumo del Nobel de Literatura para Federico García Lorca ...
Comisión de Economía y Empresa
161/003454 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a ordenar y aumentar la transparencia en la publicidad lucrativa en las Redes Sociales ... (Página91)
161/003472 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre la modificación de la velocidad de trasmisión de datos por la red wifi pública ... (Página92)
161/003488 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, sobre decisión del Consejo de la UE relativa a la celebración, en nombre de la Unión Europea, del Acuerdo de
Asociación Económica entre la Unión Europea y Japón (JEFTA) ... (Página93)
161/003509 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre la mejora de la competencia y transparencia en la contratación pública ... (Página95)
Comisión de Sanidad, Consumo y Bienestar Social
161/003451 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, relativa a la financiación suficiente del Plan Concertado de Prestaciones Básicas de Servicios Sociales para un
adecuado ejercicio del derecho ... (Página96)
161/003452 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, relativa al restablecimiento de los recursos necesarios para el cumplimiento de la Ley 39/2006 de Promoción de la
Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia y otras medidas para la garantía del derecho ... (Página98)
161/003471 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa al maltrato de personas mayores en España ... (Página99)
161/003479 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la creación de una Red de Vigilancia en la Salud Pública ... (Página100)
161/003482 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la enfermedad celíaca ... (Página101)
161/003494 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a evitar que se limite deliberadamente la vida útil de un producto e incluir la obsolescencia programada como delito tipificado dentro
del Código Penal ... (Página102)
161/003511 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa al reconocimiento de las personas electrodependientes ... (Página104)
161/003512 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la fibromialgia, al síndrome de fatiga crónica, y al síndrome de sensibilidad química múltiple ...
Comisión de Ciencia, Innovación y Universidades
161/003469 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a los doctorados industriales ... (Página105)
161/003473 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre el impulso de la formación en competencias digitales ... (Página107)
161/003491 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre la utilización de tecnologías que mejoren la transparencia y trazabilidad de contratos y acuerdos globales, en el ámbito público y privado
... (Página108)
Comisión de Igualdad
161/003453 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la creación de una plataforma de voluntariado que acompañe a los mayores en situación de soledad ...
161/003515 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre reconocimiento y visibilización de los logros obtenidos por nuestras deportistas profesionales ... (Página110)
161/003520 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, sobre la nulidad, por vicios de forma y fondo, de las condenas y sanciones dictadas por motivos políticos,
ideológicos, de orientación sexual, identidad sexual, identidad de género y/o expresión de género o de creencia por cualesquiera tribunales u órganos penales, administrativos y militares durante la Dictadura, en especial todas las condenas amparadas
en la ley de vagos y maleantes y a partir de 1970 de peligros sociales, dos leyes que equiparaban la homosexualidad y la transexualidad -y la prostitución y la mendicidad- al crimen ... (Página111)
161/003521 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre la defensa de los derechos de las personas LGTBI y la promoción de la persecución de aquellos que vulneren derechos fundamentales de este colectivo ante
la Corte Penal Internacional ... (Página114)
Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad
161/003484 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, relativa a la educación inclusiva de las personas con discapacidad en España ... (Página115)
161/003490 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre la creación de un Plan de Promoción y Desarrollo del Turismo Accesible ... (Página117)
161/003504 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa al desarrollo de un Plan de Accesibilidad ... (Página120)
Comisión de Derechos de la Infancia y Adolescencia
161/003450 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, relativa a desbloquear las adopciones internacionales en España ... (Página121)
161/003480 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre la protección de los menores de edad en relación con el juego online ... (Página123)
161/003481 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a promocionar el voluntariado entre los menores de edad ... (Página124)
PREGUNTAS PARA RESPUESTA ORAL
Comisión de Fomento
181/001145 Pregunta formulada por el Diputado don Félix Alonso Cantorné (GCUP-EC-EM), sobre previsiones del Gobierno para corregir la situación de despilfarro, ineficacia, escasa rentabilidad, drenaje de recursos e inviabilidad de la alta
velocidad en nuestro país ... (Página126)
181/001172 Pregunta formulada por el Diputado don Miguel Ángel Garaulet Rodríguez (GCs), sobre previsiones acerca de incrementar la capacidad de infraestructuras e instalaciones de alguno de los puertos competencia de la Administración
General del Estado ... (Página126)
181/001173 Pregunta formulada por el Diputado don Miguel Ángel Garaulet Rodríguez (GCs), sobre opinión del Gobierno acerca de si se está realizando una gestión transparente y eficiente de la llegada de la Alta Velocidad a Murcia ...
181/001174 Pregunta formulada por el Diputado don Miguel Ángel Garaulet Rodríguez (GCs), sobre medidas previstas para prevenir y atajar la ocupación ilegal de viviendas e inmuebles ... (Página127)
181/001175 Pregunta formulada por el Diputado don Miguel Ángel Garaulet Rodríguez (GCs), sobre medidas previstas para fomentar la rehabilitación energética y mejorar la eficiencia energética en el sector de la edificación ...
181/001176 Pregunta formulada por el Diputado don Miguel Ángel Garaulet Rodríguez (GCs), sobre medidas previstas para fomentar el incremento del parque de vivienda en alquiler ... (Página127)
181/001177 Pregunta formulada por el Diputado don Miguel Ángel Garaulet Rodríguez (GCs), sobre medidas previstas por el Gobierno para lograr que los ciudadanos puedan acceder a una vivienda asequible ...
181/001178 Pregunta formulada por el Diputado don Miguel Ángel Garaulet Rodríguez (GCs), sobre medidas para defender el sistema concesional de transporte de viajeros por carretera ... (Página128)
181/001179 Pregunta formulada por el Diputado don Miguel Ángel Garaulet Rodríguez (GCs), sobre fecha prevista para aprobar el Plan de Prestación del Servicio Postal Universal ... (Página128)
181/001180 Pregunta formulada por el Diputado don Fernando Navarro Fernández-Rodríguez (GCs), sobre criterios de inversión seguidos en materia de infraestructuras de transporte ... (Página128)
181/001181 Pregunta formulada por el Diputado don Fernando Navarro Fernández-Rodríguez (GCs), sobre previsiones acerca de impulsar un Pacto Nacional por las Infraestructuras Estratégicas ... (Página129)
181/001182 Pregunta formulada por el Diputado don Fernando Navarro Fernández-Rodríguez (GCs), sobre medidas para potenciar una Oficina Nacional de Evaluación para priorizar las inversiones de los nuevos planes de infraestructuras en función
de su rentabilidad social, económica, financiera y sus efectos sobre la cohesión social ... (Página129)
181/001183 Pregunta formulada por el Diputado don Fernando Navarro Fernández-Rodríguez (GCs), sobre medidas para impulsar la intermodalidad ... (Página129)
181/001184 Pregunta formulada por el Diputado don Fernando Navarro Fernández-Rodríguez (GCs), sobre opinión del Gobierno acerca de si los problemas de los servicios de Cercanías se deben a una mala estrategia de desarrollo, mantenimiento y
renovación de la infraestructura ferroviaria ... (Página129)
181/001185 Pregunta formulada por el Diputado don Fernando Navarro Fernández-Rodríguez (GCs), sobre fecha prevista para publicar la estrategia indicativa del desarrollo, mantenimiento y renovación de las infraestructuras ferroviarias
integrantes de la Red Ferroviaria de Interés General ... (Página130)
181/001186 Pregunta formulada por el Diputado don Fernando Navarro Fernández-Rodríguez (GCs), sobre adaptación del sector ferroviario al Cuarto Paquete Ferroviario ... (Página130)
181/001187 Pregunta formulada por el Diputado don Fernando Navarro Fernández-Rodríguez (GCs), sobre medidas previstas para impulsar el transporte de mercancías por ferrocarril ... (Página130)
181/001188 Pregunta formulada por el Diputado don Fernando Navarro Fernández-Rodríguez (GCs), sobre previsiones acerca de aumentar el presupuesto destinado a conservación de carreteras ... (Página131)
181/001189 Pregunta formulada por el Diputado don Fernando Navarro Fernández-Rodríguez (GCs), sobre previsiones acerca de actualizar la relación de tramos de concentración de accidentes en la Red de Carreteras del Estado ...
181/001190 Pregunta formulada por el Diputado don Fernando Navarro Fernández-Rodríguez (GCs), sobre opinión del Gobierno acerca de si los comités de coordinación aeroportuaria están cumpliendo correctamente con las funciones que tienen
encomendadas ... (Página131)
181/001191 Pregunta formulada por el Diputado don Fernando Navarro Fernández-Rodríguez (GCs), sobre medidas previstas para potenciar el desarrollo del sector civil de los drones ... (Página131)
181/001192 Pregunta formulada por el Diputado don Fernando Navarro Fernández-Rodríguez (GCs), sobre opinión del Gobierno acerca de si el actual Plan de Navegación Aérea permitirá atender correctamente el crecimiento esperado del tráfico
aéreo en nuestro país ... (Página132)
181/001193 Pregunta formulada por el Diputado don Fernando Navarro Fernández-Rodríguez (GCs), sobre medidas para modernizar y hacer evolucionar el actual sistema de navegación aérea español ... (Página132)
181/001194 Pregunta formulada por el Diputado don Fernando Navarro Fernández-Rodríguez (GCs), sobre valoración del proyecto Cielo Único Europeo ... (Página132)
181/001198 Pregunta formulada por el Diputado don Fernando Navarro Fernández-Rodríguez (GCs), sobre medidas previstas en materia de arrendamiento de vehículos con conductor ... (Página133)
Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación
181/001146 Pregunta formulada por el Diputado don José Cano Fuster (GCs), sobre medidas previstas en materia de igualdad y de fomento del relevo generacional en el sector pesquero ... (Página133)
181/001147 Pregunta formulada por el Diputado don José Cano Fuster (GCs), sobre previsiones acerca de promover el rejuvenecimiento y la modernización de la flota pesquera ... (Página133)
181/001148 Pregunta formulada por el Diputado don José Cano Fuster (GCs), sobre medidas previstas para impulsar el desarrollo sostenible de la acuicultura e incrementar la producción del sector acuícola ...
181/001149 Pregunta formulada por el Diputado don José Cano Fuster (GCs), sobre medidas previstas para reducir la captura incidental y los descartes ... (Página134)
181/001150 Pregunta formulada por el Diputado don José Cano Fuster (GCs), sobre medidas previstas para impulsar la regeneración y el desarrollo sostenible de los recursos de interés pesquero en el caladero nacional ...
181/001151 Pregunta formulada por el Diputado don José Cano Fuster (GCs), sobre medidas previstas para fomentar la formación continuada de los profesionales del sector pesquero ... (Página134)
181/001152 Pregunta formulada por la Diputada doña María Sandra Julià Julià (GCs), sobre medidas previstas para garantizar alimentos seguros, saludables y sostenibles ... (Página135)
181/001153 Pregunta formulada por la Diputada doña María Sandra Julià Julià (GCs), sobre medidas previstas para reducir el desperdicio alimentario ... (Página135)
181/001154 Pregunta formulada por la Diputada doña María Sandra Julià Julià (GCs), sobre medidas previstas para poner en valor los alimentos de calidad diferenciada tales como Denominaciones de Origen e Indicaciones Geográficas Protegidas
... (Página135)
181/001155 Pregunta formulada por la Diputada doña María Sandra Julià Julià (GCs), sobre medidas previstas para impulsar la producción, mejorar la comercialización y fomentar el consumo de productos ecológicos ...
181/001156 Pregunta formulada por la Diputada doña María Sandra Julià Julià (GCs), sobre medidas previstas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria, fortaleciendo la posición de los productores y consiguiendo un mayor
equilibrio y transparencia en las relaciones comerciales entre los diferentes operadores ... (Página136)
181/001157 Pregunta formulada por la Diputada doña María Sandra Julià Julià (GCs), sobre medidas previstas para reforzar la Agencia de Información y Control Alimentarios ... (Página136)
181/001158 Pregunta formulada por la Diputada doña María Sandra Julià Julià (GCs), sobre reformas de la normativa vigente sobre cooperativismo agroalimentario para promover su profesionalización e internacionalización ...
181/001159 Pregunta formulada por la Diputada doña María Sandra Julià Julià (GCs), sobre medidas previstas para simplificar los trámites administrativos exigidos en España a los exportadores e importadores de productos agroalimentarios ...
(Página137)
181/001160 Pregunta formulada por el Diputado don Miguel Ángel Garaulet Rodríguez (GCs), sobre medidas previstas para unificar las competencias estatales sobre la gestión de los servicios veterinarios oficiales en materia de sanidad y
seguridad de la producción agroalimentaria ... (Página137)
181/001161 Pregunta formulada por el Diputado don Miguel Ángel Garaulet Rodríguez (GCs), sobre fecha prevista para elaborar una ley marco relativa a la protección y tenencia de animales domésticos ... (Página137)
181/001162 Pregunta formulada por el Diputado don Miguel Ángel Garaulet Rodríguez (GCs), sobre previsiones acerca de revisar y actualizar la Ley 1/1970, de 4 de abril, de caza ... (Página137)
181/001163 Pregunta formulada por el Diputado don Miguel Ángel Garaulet Rodríguez (GCs), sobre fecha prevista para crear una Autoridad Única de Evaluación de Productos Fitosanitarios que unifique y armonice el actual procedimiento de
registro, evaluación y autorización de estos productos ... (Página138)
181/001164 Pregunta formulada por el Diputado don Miguel Ángel Garaulet Rodríguez (GCs), sobre medidas previstas para revertir el proceso de despoblación en España y potenciar el desarrollo del mundo rural ...
181/001165 Pregunta formulada por el Diputado don Miguel Ángel Garaulet Rodríguez (GCs), sobre medidas previstas para garantizar la prestación de servicios públicos esenciales en el medio rural en igualdad de condiciones con el resto de
ciudadanos ... (Página138)
181/001166 Pregunta formulada por el Diputado don Miguel Ángel Garaulet Rodríguez (GCs), sobre medidas previstas para fomentar el relevo generacional y la incorporación de mujeres a la actividad agraria, especialmente en el medio rural ...
(Página139)
181/001167 Pregunta formulada por el Diputado don Miguel Ángel Garaulet Rodríguez (GCs), sobre medidas previstas para defender el mantenimiento de un presupuesto adecuado de la PAC, que garantice una financiación adecuada de sus objetivos
... (Página139)
181/001168 Pregunta formulada por el Diputado don Miguel Ángel Garaulet Rodríguez (GCs), sobre medidas previstas para mejorar la formación, la investigación, la innovación y la digitalización en los sectores agrícola y forestal ...
181/001169 Pregunta formulada por el Diputado don Miguel Ángel Garaulet Rodríguez (GCs), sobre medidas previstas para mejorar los controles en las importaciones de productos agrarios ... (Página139)
181/001170 Pregunta formulada por el Diputado don Miguel Ángel Garaulet Rodríguez (GCs), sobre previsiones acerca de llevar a cabo un plan de fomento de la modernización de la maquinaria y la tecnología agrícola para que el sector agrario se
pueda adaptar adecuadamente a los cambios introducidos por el Real Decreto 980/2017, de 10 de noviembre ... (Página140)
181/001171 Pregunta formulada por el Diputado don Miguel Ángel Garaulet Rodríguez (GCs), sobre medidas previstas para mejorar la concienciación y el conocimiento sobre las resistencias antimicrobianas ...
PREGUNTAS PARA RESPUESTA ESCRITA
184/033183 Autor: Bustamante Martín, Miguel Ángel
Problemática de los trabajadores interinos que desempeñan tareas en el SEPE. Retirada ... (Página141)
184/034145 Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel Serrano Jiménez, María Jesús
Motivos por los que se niega el Gobierno a informar sobre el reparto por los Ministerios y Organismos Autónomos de la publicidad en los medios de comunicación. Retirada ... (Página141)
184/035258 Autor: Marcello Santos, Ana
Centro de Referencia Estatal de Atención a Personas en situación de Dependencia derivada de Trastornos del Espectro del Autismo (TEA) de León ... (Página142)
184/035259 Autor: Salvador Armendáriz, Carlos Casimiro Alli Martínez, Íñigo Jesús
Opinión del Gobierno acerca del análisis prospectivo del Presidente Urkullu que describe la realidad española como 'plurinacional' ... (Página143)
184/035261 Autor: Salvador Armendáriz, Carlos Casimiro Alli Martínez, Íñigo Jesús
Opinión del Gobierno acerca de la pretensión del Gobierno vasco de instituir ex novo y plasmar en su formulación de nuevo Estatuto vasco, la existencia y regulación de una supuesta nación histórica vasca a la que pertenecería la Comunidad
Foral de Navarra ... (Página144)
184/035314 Autor: Arévalo Caraballo, María Teresa
Ordenación del ejercicio de las profesiones del deporte ... (Página145)
CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO
PROPOSICIONES NO DE LEY
La Mesa de la Cámara en su reunión del día de hoy ha acordado admitir a trámite, conforme al artículo 194 del Reglamento, las siguientes Proposiciones no de Ley y considerando que solicitan el debate de las iniciativas en Comisión, disponer
su conocimiento por las Comisiones que se indican, dando traslado al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de julio de 2018.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
Comisión Constitucional
161/003437
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea presenta la siguiente proposición no de Ley con motivo del centenario de la huelga de 'La Canadiense', para
su debate en la Comisión Constitucional.
Exposición de motivos
El 5 febrero de 2019 se cumplirán 100 años de la convocatoria de la conocida como huelga de 'La Canadiense'. Este conflicto laboral se inició en Barcelona por el despido de 45 trabajadores de la empresa Barcelona Traction, Light and Power
Company, cuyo principal accionista era una financiera canadiense, de ahí su nombre más popular como 'La Canadiense'.
De hecho el conflicto de la Canadiense se inició con la huelga convocada el 1 de diciembre de 1918 por los obreros que estaban trabajando en la construcción de la central hidroeléctrica de Camarasa (La Noguera), en protesta por la represión
que sufrían por sus demandas de mejora de las condiciones laborales. La represión desatada en enero de 1919 impidió que la huelga se extendiera a toda Cataluña.
Esta huelga y el final del conflicto negociado entre trabajadores y patronal, es considerado como un hito histórico del movimiento obrero europeo, de la organización sindical, en este caso protagonizada por la CNT y el renacimiento de una
corriente de solidaridad, apoyo social, de reconocimiento y orgullo de las clases populares. En pocos días esta huelga obtuvo un seguimiento del casi 70% de la industria en Cataluña, a la que se le unió un extraordinario apoyo popular, en un clima
de incremento del coste de la vida, una inflación desbocada de los precios de los productos de primera necesidad.
Cabe recordar que este conflicto laboral, junto a otros, desataron al mismo tiempo una gran represión, miles de encarcelamientos de obreros y sindicalistas y dio paso a una etapa violenta, de atentados y asesinatos. Las exigencias de los
trabajadores y la reacción de la patronal no podían estar más alejadas, sin embargo, se llegó a un acuerdo que puso fin a un paro de más de 40 días. El gobierno aceptó la mayoría de las reivindicaciones de los trabajadores y aprobó, el 3 de abril
de 1919, el decreto que establecía las ocho horas de jornada laboral en España.
Todo ello se produjo en un contexto de fuertes cambios sociales y económicos, en pleno proceso de creación de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) como parte del Tratado de Versalles, con gran convencimiento de la necesidad de la
justicia social para el mantenimiento de una paz mundial y permanente. Unos años marcados por el nacimiento de vanguardias culturales e ideológicas, no obstante, esa gran potencia de transformación social, todavía no se reflejaba, a principios del
siglo XX, en la estructura de los estados y en el poder político.
La huelga de La Canadiense supuso la mayoría de edad del anarcosindicalismo, en consonancia con las reivindicaciones del movimiento obrero europeo, por su gran fuerza de movilización para la conquista de la jornada de trabajo de 8 horas y el
derecho de asociación.
El apoyo popular y la madurez organizativa de la clase trabajadora supusieron un notable empoderamiento del movimiento obrero español y la entrada a una nueva etapa de la historia contemporánea española y europea para la conquista de
derechos sociales y libertades políticas, a pesar de la posterior etapa de represión, encarcelamientos y el auge del militarismo golpista.
Por todo ello el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Promover la celebración del centenario de esta efeméride, impulsando una declaración institucional, en particular, por la consecución de la jornada laboral de 8 horas en España.
2. Incrementar los recursos humanos y materiales destinados a la investigación historiográfica llevada a cabo por ámbitos académicos y fundaciones del ámbito sindical, para el estudio del movimiento obrero, de reparación en memoria de los
represaliados del movimiento sindicalista, del papel de las mujeres en ese período y su realidad dentro del movimiento obrero.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de junio de 2018.-Aina Vidal Sáez, Diputada.-Josep Vendrell Gardeñes, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.
Comisión de Asuntos Exteriores
161/003470
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la necesidad del cese de la
violencia en Nicaragua, para su debate en la Comisión de Asuntos Exteriores.
Exposición de motivos
El pasado 18 de abril miles de manifestantes salieron a las calles en Nicaragua para protestar contra los cambios discrecionales que activó el régimen de Daniel Ortega en el sistema nacional de pensiones. Inicialmente, las movilizaciones
fueron impulsadas por jóvenes universitarios, pero pronto a ellas se fueron sumando el resto de la sociedad nicaragüense.
Las manifestaciones no solamente no han cesado, sino que con el paso de las semanas se han ido intensificando y cada vez tienen más apoyo social motivado por el descontento generalizado por el régimen sandinista de Ortega.
El Gobierno ha llevado a cabo una represión encarnizada y desproporcionada de las protestas. La violencia ejercida por la Policía y por las fuerzas paramilitares afines al sandinismo han causado casi 200 muertos y un millar de heridos. La
gran mayoría de las víctimas presentaban impactos de bala en la cabeza, cuello, pecho o abdomen, lo que hace presumir el uso de francotiradores.
Ortega y Murillo, su mujer y a la vez Vicepresidenta del país, llevan varios años pretendiendo instaurar una dinastía en el poder, y ahora intentan aferrarse a él a través de un baño de sangre.
La deriva autoritaria del Gobierno es evidente. Un ejemplo del citado autoritarismo, además de la extrema represión de los derechos y las libertades, es el control y veto que ha implantado sobre los medios de comunicación del país. Ortega
obligó a Telcor, la institución reguladora de las
telecomunicaciones, a impedir las transmisiones de los canales 100% Noticias y Canal 12 porque mantenían una cobertura de todos los hechos que estaban sucediendo.
Los ataques indiscriminados y sangrientos hacia la población civil van en aumento, el pasado sábado un grupo parapolicial incendió la casa de una familia en Managua en la que fallecieron cuatro adultos y dos niños, de ocho meses y dos años
de edad.
La crisis socio-política tiene paralizada la economía del país, que ya se encuentra en una fase de decrecimiento, con debilitamiento del consumo interno, la inversión, el turismo, los flujos de inversión extranjera, a la vez que se está
incrementando el desempleo.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados:
1. Expresa su solidaridad con el pueblo de Nicaragua y su preocupación por la grave situación económica, social y política que vive el país.
2. Manifiesta su compromiso con la defensa de la democracia en Nicaragua y muestra la necesidad de recuperar los valores democráticos en las instituciones del país.
3. Solicita al Gobierno de Nicaragua que cese la violencia contra la población y que garantice las libertades, los principios democráticos, la defensa de los derechos humanos y el pleno respeto al Estado de Derecho.
4. Insta al Gobierno de España a defender activamente la democracia y la libertad en Nicaragua en la relación bilateral y a través de la Secretaria General de las Cumbres Iberoamericanas y la Organización de Estados Americanos.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de junio de 2018.-Rafael Antonio Hernando Fraile, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/003486
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, de conformidad con el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley para su debate en la Comisión de Asuntos
Exteriores, sobre decisión del Consejo de la UE relativa a la celebración, en nombre de la Unión Europea, del Acuerdo de Asociación Económica entre la Unión Europea y Japón (JEFTA).
Exposición de motivos
En la cumbre UE-Japón, del próximo 11 de julio de 2018, se pretende firmar el Acuerdo de Asociación Económica UE-Japón (JEFTA), que se ha estado negociando desde 2013. Antes de eso, probablemente el 26 de junio de 2018, el Consejo de la UE
debe aprobar la firma. Una vez aprobado por el Consejo, este acuerdo será enviado al Parlamento Europeo, con vistas a la entrada en vigor antes de que finalice el actual mandato de la Comisión Europea en 2019.
La Comisión Europea ha presentado el acuerdo como categoría 'EU-only', lo que quiere decir que no requieren de la aprobación por los parlamentos nacionales. Con Japón se aplica la nueva doctrina acordada en el último Consejo de Ministros de
Comercio de la LÍE, el 22 de mayo, que consiste en separar los acuerdos entre una parte comercial y otra con las disposiciones sobre protección de inversiones, inversión en cartera y los mecanismos de arbitraje de disputas entre inversor y Estados
(conocido como ISDS, por sus siglas en inglés). El Congreso de los Diputados no debería permitir que un tratado internacional sea aprobado al margen del escrutinio parlamentario y público.
Japón es la cuarta economía más grande del mundo y el segundo socio comercial de la UE en Asia. Juntos mueven más de un tercio de la economía mundial, por lo que el 'mayor acuerdo comercial bilateral jamás negociado' por la Unión Europea es
tan importante o más que el Tratado Transatlántico
de Comercio e Inversiones (TTIP) o Acuerdo Económico y de Comercio de la Unión Europea con Canadá (CETA).
El acuerdo incluye las mismas áreas temáticas que fueron negociadas con EE.UU. (el polémico TTIP) y con Canadá (CETA, en proceso de ratificación), tales como servicios públicos, reglamentación, contratación pública, alimentación y
agricultura. También está previsto liberalizar el comercio de datos, cuando el escándalo de la venta ilegal de datos por Facebook muestra sus peligros inherentes.
En 2015 más de 3,5 millones de ciudadanas y ciudadanos de Europa reclamaron de la UE 'una política de comercio e inversión alternativa en la UE'. Pero la Comisión Europea reitera con el JEFTA una política comercial sin transparencia,
negociado con el mismo secretismo con el que se negoció el TTIP, sin considerar la participación parlamentaria y reduciendo aún más los espacios democráticos para el escrutinio parlamentario y público.
En relación al acuerdo entre la UE y Japón, la Comisión Europea celebró 213 reuniones externas con lobbistas. El 89 por ciento de las reuniones fueron con grupos de presión que representaron a la industria y las patronales. Ni una sola de
estas reuniones tuvo lugar con representantes de sindicatos, organizaciones ecologistas o una asociación de pequeñas y medianas empresas.
Además, Japón aún no ha ratificado algunas normas laborales fundamentales de la Organización Internacional del Trabajo, como el convenio 105 sobre la abolición del trabajo forzoso y el convenio 111 sobre la discriminación en el empleo.
El acuerdo JEFTA eliminaría los aranceles de la UE del 10 por ciento para los automóviles japoneses y la tasa del 3 por ciento para la mayoría de las piezas de automóviles. Eso podría aumentar la importación de coches a Europa y reducir el
empleo en este sector, por ejemplo, en el Estado español.
Este nuevo acuerdo comercial de la UE continúa su enfoque unilateral en la apertura del mercado, la mercantilización y asimetría entre derecho mercantil y derechos humanos, centrado en los intereses lucrativos de las empresas privadas y los
inversores. Por otro lado, ha ignorado regular las obligaciones jurídicas internacionales de las empresas, la protección de los procesos democráticos de toma de decisiones y los altos estándares sociales y ambientales, así como el impacto de género
que pueda tener.
De esta forma, la UE desecha una vez más la posibilidad de regular la globalización para beneficiar a la mayoría de la población y reducir el desempleo y los desequilibrios económicos masivos, así como acabar con las injusticias sociales y
la destrucción ambiental.
Por todo ello el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Rechazar la propuesta de la Comisión de la UE para una decisión sobre la firma del Acuerdo de Asociación Económica UE-Japón en el Consejo del 26 de junio.
2. Solicitar al Consejo de la UE para que califique el tratado con Japón como un acuerdo 'mixto', permitiendo así a los parlamentos nacionales seguir un proceso adecuado de análisis, escrutinio y deliberación democrática del tratado.
3. Solicitar al Consejo de la UE una prórroga de tiempo de -mínimo- seis meses para poder analizar y debatir la propuesta de Acuerdo de Asociación Económica entre la Unión Europea y Japón con el Congreso de los Diputados, el Senado, las
comunidades autónomas y sus respectivos parlamentos.
4. Realizar un estudio de impacto público e independiente con la participación de los principales agentes sociales, sobre los impactos económicos, sociales y ambientales y de género para España del Acuerdo de Asociación Económica entre la
Unión Europea y Japón.
5. Solicitar a Japón la ratificación de los convenios fundamentales 105 y 111 de la OIT. Reorientar la política de comercio exterior y de protección de la inversión en cooperación con los otros Estados miembros de la UE, el Parlamento
Europeo, los parlamentos nacionales y la sociedad civil, garantizando en todo su diseño, desarrollo y aplicación la regulación y el cumplimiento efectivo del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, y particularmente los derechos de protección
social y medioambiental de la ciudadanía de todas las partes contratantes.
6. Solicitar al Consejo de la UE la suspensión de las negociaciones paralelas sobre un acuerdo de protección de inversión entre la UF y Japón y de mecanismos de solución de controversias
inversor-Estado (ISM), poniendo fin así a la expansión constante de derechos especiales para empresas e inversores.
7. Solicitar a la Comisión Europea medidas efectivas para prevenir el dumping fiscal, social y ambiental y la evasión y efusión del pago de impuestos y de las normas de protección de datos.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de julio de 2018.-Pablo Bustinduy Amador, Alberto Montero Soler, Sònia Farré Fidalgo y Eva García Sempere, Diputados.-Txema Guijarro García, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos
Podemos-En Comú Podem-En Marea.
Comisión de Justicia
161/003449
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea presenta la siguiente Proposición no de Ley para regular la provisión de
puestos de letrados y letradas de la Administración de justicia a través del sistema de libre designación, para su debate en la Comisión de Justicia.
Exposición de motivos
La Constitución, en su artículo 23.2, establece que 'los ciudadanos tienen derecho a acceder en condiciones de igualdad a las funciones y cargos públicos, con los requisitos que señalen las leyes', y, en el artículo 103.3., obliga a que por
ley se regule 'el estatuto de los funcionarios públicos, el acceso a la función pública de acuerdo con los principios de mérito y capacidad'.
La Ley que regula el Estatuto Básico del Empleado Público, en su artículo 78.2, prevé que 'la provisión de puestos de trabajo en cada Administración Pública se llevará a cabo por los procedimientos de concurso y de libre designación con
convocatoria pública', y, en el artículo 80 regula la libre designación del personal funcionario, de forma que sea a través de una 'convocatoria pública', obligando a que la designación se realice por órgano competente que deberá apreciar 'la
idoneidad de los candidatos en relación con los requisitos exigidos para el desempeño del puesto', y, además, prevé una reserva de ley para establecer 'los criterios para determinar los puestos que por su especial responsabilidad y confianza puedan
cubrirse por el procedimiento de libre designación con convocatoria pública' y, finalmente, contempla que 'los titulares de los puestos de trabajo provistos por el procedimiento de libre designación con convocatoria pública podrán ser cesados
discrecionalmente'.
La actual regulación legal del sistema de libre designación para la cobertura de puestos de trabajo de letrados y letradas de la Administración de Justicia, contenida en los artículos 450 (libre designación discrecional, pero reglada),
464.1. y 466 (libre designación estricta) de la Ley Orgánica del Poder Judicial, no garantiza de forma suficiente la cobertura de los puestos de trabajo a través de criterios objetivos, tampoco la necesaria transparencia de los procesos de
selección, ni recoge el criterio de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Supremo, en sentencia de 29 de mayo de 2006, recaída en el recurso 309/2004, que, modificando su criterio anterior, puso de manifiesto, que en el sistema de libre
designación también es necesaria la motivación de la decisión final que se adopte, porque es preciso que se 'aporten elementos de juicio que exterioricen la racionalidad de la decisión dentro del amplio margen de libertad de apreciación que le es
propia'.
Tampoco recoge las medidas específicas de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, especialmente en lo relativo a los procesos de selección y para la provisión de puestos de trabajo en el seno
de la Administración General del Estado, ni garantiza el respeto al principio de paridad.
Los procesos de libre designación que se propone regular legalmente quieren poner en valor las funciones y el impacto de las responsabilidades que asumen los letrados y letradas de la Administración de Justicia que contribuyen a mejorar el
funcionamiento de la administración de justicia en beneficio de los ciudadanos.
La presente proposición no de ley tiene por objeto la regulación del sistema de provisión de puestos a través del sistema de libre designación de los cargos de los letrados y letradas de la Administración de
justicia de acuerdo con los siguientes principios: pública concurrencia, publicidad y transparencia, imparcialidad, objetividad, paridad, agilidad y evaluabilidad. La regulación legal que se propone delimita el ámbito subjetivo de los
puestos de letrados y letradas de la Administración de Justicia que podrán ser cubiertos a través del sistema de libre designación; establece dos procedimientos diferenciados, uno para la cobertura de puestos de trabajo de letrados y letradas de la
Administración de Justicia, del artículo 450, y otro para la cobertura de puestos de trabajo de letrados y letradas de la Administración de Justicia de los artículos 464.1 y 466, todos de la Ley Orgánica del Poder Judicial; regula el procedimiento
para el cese en cada uno de los dos supuestos; contempla la obligación de que ambos procedimientos se realicen con total transparencia, y, finalmente, pretende regular el procedimiento para la provisión de plazas de letrados y letradas de la
Administración de Justicia a través de comisión de servicios.
Por todo ello se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a presentar ante esta Cámara un proyecto de ley que regule la provisión de puestos de letrados y letradas de la Administración de justicia a través del sistema de libre designación, que
contemple los siguientes aspectos:
1. Serán designados a través de sistemas de libre designación los letrados de la Administración de Justicia en el Tribunal Supremo, previstos en el artículo 450.1 segundo párrafo de la Ley Orgánica del Poder Judicial, y los letrados de la
Administración de Justicia que ocupen puestos de carácter directivo o de especial responsabilidad como son los Secretarios de Gobierno y los Secretarios Coordinadores provinciales, regulados, respectivamente, en los artículos 464.1 y 466 de la Ley
Orgánica del Poder Judicial.
2. Los procesos para la libre designación de los letrados de la Administración de Justicia en el Tribunal Supremo, previstos en el artículo 450.1 segundo párrafo, de la Ley Orgánica del Poder Judicial, deberán garantizar:
a) La pública concurrencia, con determinación de los requisitos para poder concurrir y de los méritos que podrán ser tenidos en cuenta.
b) La constitución, con total imparcialidad y transparencia, de un Tribunal 'ad hoc' para cada convocatoria, que deberá evaluar los méritos de los candidatos, sin conocer su identidad, y que deberá emitir su valoración en base a criterios
objetivos y con la debida motivación. La valoración de los méritos representará un 80% del resultado total, de forma que el 20% restante será de apreciación discrecional por el Ministerio de Justicia.
c) La designación corresponderá al Ministerio de Justicia, que deberá dictar resolución debidamente motivada sobre el perfil profesional del puesto y sobre por qué la persona designada cumple los méritos y los requerimientos específicos de
manera más destacada.
d) Los ceses de los letrados de la Administración de Justicia como Secretarios de las Salas del Tribunal Supremo deberán regularse por la concurrencia de causas previamente tasadas.
3. Los procesos para la libre designación de los letrados de la Administración de Justicia que ocupen puestos de carácter directivo o de especial responsabilidad como son los Secretarios de Gobierno y los Secretarios Coordinadores
provinciales, regulados, respectivamente, en los artículos 464.1. y 466 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, deberán garantizar:
a) La pública concurrencia, con determinación de los requisitos para poder concurrir y de los méritos que podrán ser tenidos en cuenta.
b) En los procesos de libre designación de los letrados de la Administración de Justicia como Secretarios de Gobierno y Secretarios Coordinadores provinciales, deberán fijarse un perfil concreto del cargo, los méritos objetivos y los
criterios para evaluar, entre los que deberá incluirse tener formación y/o experiencia en la dirección y gestión de recursos humanos, formación en perspectiva de género y, en su caso, el conocimiento suficiente de todas las lenguas oficiales en la
Comunidad Autónoma.
c) La constitución, con total imparcialidad y transparencia, de una Comisión paritaria, constituida 'ad hoc', que deberá evaluar los méritos de las personas candidatas y que deberá emitir su valoración en base a criterios objetivos y con la
debida motivación.
d) En las Comunidades Autónomas con competencias transferidas en materia de justicia, los Consejos de Justicia autonómicos, o, en su defecto, el órgano administrativo que ejerza esas
competencias, deberá emitir, de forma preceptiva, un informe sobre la provisión de los puestos de trabajo de carácter directivo o de especial responsabilidad como son los Secretarios de Gobierno y los Secretarios Coordinadores provinciales,
informe que incluirá un balance de paridad, especificando el número mínimo de plazas que deberán ser cubiertos por mujeres, y que el Ministerio de Justicia deberá tener en cuenta.
e) La designación corresponderá al Ministerio de Justicia, que deberá dictar resolución debidamente motivada sobre el perfil profesional del puesto y sobre el por qué la persona designada cumple los méritos y los requerimientos específicos
de manera más destacada, y sobre el Informe emitido, en su caso, por la Comunidad autónoma.
f) Los ceses de los cargos de libre designación como Secretarios de Gobierno y Secretarios Coordinadores provinciales deberán ser motivados y previo informe favorable de los órganos que hayan participado en el proceso de designación.
4. Los procesos de cobertura de los puestos de libre designación previstos en los apartados 2 y 3 de la presente Proposición no de Ley se realizarán con total transparencia, de forma que se hagan públicas las siguientes circunstancias:
a) Las características del puesto (el puesto de trabajo y los requisitos y competencias específicas vinculadas a él) y la determinación de los méritos y capacidades exigibles a las personas candidatas.
b) La relación de las personas candidatas presentadas y las puntuaciones obtenidas de acuerdo con los baremos y valoración de méritos de todas ellas.
c) Las entrevistas realizadas a las candidatas, en el caso que se haya considerado necesario realizarlas.
d) La grabación de las entrevistas y publicidad de las mismas, en los casos en que se requiere.
e) El informe de cumplimiento del balance de paridad, especificando el porcentaje total de plazas cubiertas por mujeres.
f) Los informes motivados del Tribunal y de la Comisión 'ad hoc' y las resoluciones, también motivadas, del Ministerio de Justicia, incluyendo los méritos y los requerimientos específicos por los que se ha escogido a la persona designada de
entre todos los candidatos.
5. La ley deberá regular que la provisión de plazas de letrados y letradas de la Administración de Justicia a través de comisión de servicios estará sujeta a la existencia de vacante y se realizará a través del procedimiento establecido
para la libre designación en el apartado 2 de la presente Proposición no de Ley, debiéndose tener en cuenta también las razones de conciliación de la vida laboral y familiar.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de junio de 2018.-Jaume Moya Matas, Diputado.-Lucía Martín González, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.
161/003467
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la evaluación de la Ley 41/2003, de 18 de noviembre,
de protección patrimonial de las personas con discapacidad y de modificación del Código Civil, de la Ley de Enjuiciamiento Civil y de la Normativa Tributaria con esta finalidad, para su debate en la Comisión de Justicia.
Exposición de motivos
La Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que fue prontamente ratificada por España y entró en vigor el 3 de mayo de 2008, reconoce en su artículo 28 el derecho de las personas con discapacidad a un
nivel de vida adecuado para ellas y sus familias y a la mejora continua de sus condiciones de vida.
En la satisfacción de este derecho inciden, sin embargo, una serie de problemas que se derivan, paradójicamente, de la espectacular evolución científica y técnica y de la mayor calidad de vida que disfrutamos.
Los accidentes de tráfico han generado nuevas discapacidades El progresivo envejecimiento de la población hace crecer el número de personas dependientes y la incidencia de enfermedades que pueden generar una discapacidad, como el Alzheimer o
el Parkinson. Sin olvidar que la mejora de los servicios sanitarios y el imparable avance de la investigación contribuyen también a alargar la vida de las personas con discapacidad.
El crecimiento de la esperanza de vida, que merece sin duda una valoración muy positiva, lleva sin embargo aparejadas también consecuencias problemáticas: cuando a la discapacidad se le suman factores como el deterioro físico y mental
vinculado al envejecimiento, aumentan las necesidades y el grado de dependencia de estas personas. Por otra parte, esta mayor supervivencia determina que, en muchas ocasiones, las personas con discapacidad sobrevivan a sus padres o a sus familiares
cuidadores.
Lógicamente la conjugación de todas estas variables genera una gran preocupación acerca del futuro de las personas con discapacidad, tanto en el aspecto material o económico, como en el relativo a la asistencia y cuidados que van a serles
imprescindibles.
Aunque sin duda persisten deficiencias que deben ser corregidas, España se encuentra entre los países que han adoptado medidas legislativas más avanzadas para la protección de los derechos de las personas con discapacidad, entre las que se
encuentra la Ley 41/2003, de 18 de diciembre, de protección patrimonial de las personas con discapacidad y de modificación del Código civil, de la Ley de Enjuiciamiento Civil y la Normativa Tributaria con esta finalidad, que tiene por objeto regular
nuevos mecanismos de protección de las personas con discapacidad, centrados en un aspecto esencial como es el patrimonio, dado que uno de los elementos que más repercuten en el bienestar de las personas con discapacidad es la existencia de medios
económicos a su disposición, suficientes para atender sus necesidades vitales.
El objeto inmediato de la ley es la regulación de una masa patrimonial, la cual queda inmediatamente y directamente vinculada a la satisfacción de las necesidades vitales de una persona con discapacidad.
La Ley incorpora, además distintas modificaciones de la legislación vigente que tratan de mejorar la protección patrimonial de las personas. Entre estas modificaciones destaca en primer lugar la regulación de la autotutela.
Asimismo, se introducen distintas modificaciones del derecho de sucesiones, así como en relación con el mandato y el contrato de alimentos.
Por último, la Ley contempla modificaciones de la normativa tributaria, mediante las que se adoptan una serie de medidas para favorecer las aportaciones a título gratuito a los patrimonios protegidos, afectando a diversos preceptos de la Ley
40/1998, de 9 de diciembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y otras normas tributarias, la Ley 43/1995, de 27 de diciembre, del Impuesto sobre Sociedades y el Real Decreto Legislativo 1/1993, de 24 de septiembre, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos jurídicos Documentados.
Posteriormente la Ley 1/2009, de 25 de marzo, y la Ley 15/2015, de 2 de julio, modificaron diferentes preceptos de la Ley 41/2003 con el fin de facilitar la efectiva puesta en práctica de la figura de patrimonio protegido, resolver ciertas
dudas en su aplicación y adaptar sus disposiciones a las previsiones contenidas en la Ley de Jurisdicción Voluntaria.
Casi 14 años después de la entrada en vigor de la Ley 41/2003, se hace necesario proceder a evaluar la efectividad de dicha norma ante la casuística surgida durante su vigencia, y estudiar si se han cumplido los objetivos previstos, y si es
necesario proceder a abordar alguna modificación de la norma para la adaptación a la nueva realidad social. Todo ello con el fin de que las personas con discapacidad no tengan impedimentos para el disfrute de los derechos que a todos los ciudadanos
se nos reconocen en la Constitución y en las leyes, logrando así que la igualdad sea real y efectiva, tal y como exige el artículo 9.2 de la Constitución.
Por estos motivos, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Proceder a realizar una evaluación de la efectividad de la Ley 41/2003 de 18 de noviembre, sobre protección patrimonial de las personas con discapacidad y de modificación del Código civil, de la Ley de Enjuiciamiento Civil y de la
normativa tributaria con esta finalidad con todos los sectores y profesionales
afectados, y en particular en consulta con las organizaciones más representativas de las personas con discapacidad y sus familias.
2. Remitir al Congreso de los Diputados, en el plazo de seis meses, contados desde la fecha de aprobación de esta iniciativa, un informe sobre la evaluación realizada, que incluirá, en su caso, la propuesta de nuevas medidas a adoptar.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de junio de 2018.-Rafael Antonio Hernando Fraile, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/003475
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, a instancias del Diputado Miguel Anxo Fernández Bello, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la
siguiente Proposición no de Ley, para su debate en la Comisión de Justicia para que se inicie la vía de las acciones administrativas y judiciales civiles reivindicatorias oportunas para la incorporación del Pazo de Meirás al Patrimonio público.
Exposición de motivos
La recuperación del patrimonio público objeto de expolio y de auténticos latrocinios por parte del dictador Franco y familia sigue siendo una asignatura pendiente que constituye una flagrante y estridente anomalía democrática.
El traslado de los restos del dictador fuera del Valle de los Caídos es una medida necesaria para la vida democrática pero desde En Marea consideramos que debe ir acompañada de la imperiosa recuperación de los bienes, propiedades y
patrimonio histórico, artístico y cultural todavía en manos de la familia del dictador. El Pazo de Meirás, situado en Sada (A Coruña) o las valiosísimas esculturas del Pórtico de la Gloria (Catedral de Santiago de Compostela) del Mestre Mateo deben
formar parte de las medidas inmediatas sobre las anomalías con las que todavía convivimos en período democrático.
En este sentido, existen acuerdos parlamentarios, alcanzados tanto en el Parlamento gallego como en el Congreso de los Diputados, para que el Estado se implique activamente en la recuperación para el patrimonio público del Pazo de Meirás.
En la Cámara Baja y a instancias de En Marea, se aprobó mediante un acuerdo con el grupo socialista, el pasado 13 de diciembre, un acuerdo en la dirección de que el Estado se implique activamente en la recuperación del Pazo de Meirás.
La decisión de la familia del dictador Franco de poner en venta el pazo en el mes de febrero pasado es una auténtica provocación que consideramos sería la segunda parte del latrocinio.
El Pazo de Meirás fue producto del expolio llevado a cabo por la 'Junta pro Pazo del Caudillo' en el año 1938 que lo entregó al dictador y familia. Se anunció como 'un regalo del pueblo de A Coruña' cuando constituyó un robo al pueblo
gallego y una imposición. Se realizaron expropiaciones forzosas, donativos forzosos, y el denominado proceso de compra de este inmueble se hizo al más estilo dictatorial: la 'Junta' descontó incluso de las nóminas de funcionarios del ayuntamiento
de A Coruña y de la Diputación provincial, un porcentaje de sus remuneraciones.
La Comisión de Expertos, constituida el pasado mes de noviembre para dar cumplimento a un acuerdo del Parlamento de Galicia, acordó en reunión celebrada este 26 de febrero, estudiar la propuesta del concello de Sada para el ejercicio de
recuperación posesoria del Pazo y la acción de nulidad del fraudulento título de adquisitivo de la propiedad del Pazo por parte del dictador Franco, al constar probado documentalmente la nulidad radical de dicho título. En dicha reunión también se
acordó solicitar la incorporación a dicha Comisión de la abogacía del Estado.
Del mismo modo, un informe jurídico, coordinado por el profesor don Xabier Ferreira, emitido a petición de la Xunta Pro-Devolución del Pazo (constituida por la Diputación de A Coruña, concellos de Sada y A Coruña, así como otras entidades y
asociaciones), y dado a conocer el día 27 de febrero, coincide con lo antes señalado respecto de la nulidad del título de propiedad y la viabilidad de la recuperación posesoria y acción civil de nulidad.
En este mes de junio, la Comisión de Expertos impulsada por la Xunta de Galicia, demanda que el Estado presente una acción reivindicatoria, a través de una demanda civil, en la que se argumente que el Pazo de Meirás fue usado como espacio
institucional durante más de 30 años y que debe formar parte del Patrimonio del Estado. Es la propuesta jurídica planteada en el Informe de dicha Comisión para iniciar la incorporación de la propiedad al patrimonio público.
La fórmula que se plantea es la de la 'demanialización' que significa que una propiedad pasa a ser pública por la 'fuerza del uso'. Bajo este argumento, pide la Comisión que el Estado reclame judicialmente el Pazo, aunque en el Informe se
propone asimismo que se indemnice económicamente a la familia del dictador por el mantenimiento desde el año 1975, aspecto este último del que discrepamos absolutamente, en base a lo que consta acreditado es la mala fe de la posesión por Franco y
sus causahabientes de dicha propiedad.
De ahí que el ayuntamiento de Sada discrepe. De hecho, ha presentado un voto particular en desacuerdo con la hipótesis que exponen las conclusiones sobre la 'liquidación' del inmueble. El consistorio está en contra de la conclusión cuarta,
en la que la comisión advierte de que la estimación de la acción judicial 'determinaría la necesidad de liquidar los gastos y costes derivados de la posesión del inmueble', entre el 21 de noviembre de 1975 y la actualidad. Sería una desmesura que
la familia del dictador recibiese dinero público por una propiedad que fue objeto de un latrocinio al pueblo gallego.
Se pretende que a través de la demanda civil se declare el 'carácter del inmueble como bien de dominio público afecto a la Jefatura del Estado' y que, por tanto, se condene a los Franco a 'reintegrar la posesión a la Administración general
del Estado'.
Con independencia de matices en las distintas opciones expresadas en dichos informes, la realidad es que coinciden en lo básico, tanto en la procedencia y viabilidad de la acción civil para incorporar el Pazo-Torres de Meirás al patrimonio
público, como en la legitimación atribuida al Estado para el ejercicio de tal acción. Una acción que es necesaria, jurídicamente viable, y urgente en cuanto a su interposición, con la asociada anotación preventiva registral a efectos de
conocimiento por terceros.
Desde En Marea, queremos resaltar que el patrimonio y los bienes expoliados por el dictador forman parte del ámbito de la Memoria Histórica. Por eso, consideramos básica la implicación de todas las administraciones en su recuperación.
Por todo lo expuesto, el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
- Iniciar la vía de las acciones administrativas y judiciales civiles reivindicatorias oportunas para la incorporación del Pazo de Meirás al Patrimonio público, y su posterior destino conveniado como uso dotacional público asociado a la
Memoria Histórica democrática.
- A tal efecto, se emplaza a la Administración General del Estado a que ordene a la abogacía del Estado a interponer, a la mayor brevedad posible, la correspondiente acción civil en el Juzgado de Primera Instancia de Betanzos-A Coruña.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de junio de 2018.-Miguel Anxo Fernández Bello, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.
161/003476
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a mejorar el desarrollo de
las subastas electrónicas, para su debate en la Comisión de Justicia.
Exposición de motivos
La Ley 19/2015, de 13 de julio, de medidas de reforma administrativa en el ámbito de la Administración de Justicia y del Registro Civil, introdujo en nuestro ordenamiento las subastas judiciales electrónicas, una herramienta que en palabras
de su preámbulo permite multiplicar la publicidad de los procedimientos, facilitar información casi ilimitada tanto de la subasta como del bien y, lo más importante, pujar casi en cualquier momento y desde cualquier lugar, lo que genera un sistema
más eficiente para todos los afectados.
Ciertamente, en los dos años de funcionamiento de este sistema de enajenación de bienes, sus ventajas en términos de publicidad y eficiencia han sido notables, convirtiéndose en el medio al que casi con exclusividad han acudido los órganos
judiciales para la ejecución de los bienes, y facilitando el acceso de los ciudadanos a la posibilidad de participar en estas subastas.
Por ello, es importante mantener el formato de subasta electrónica, y continuar ahondando en la reforma que se inició con la Ley 19/2015, pero en este proceso es también importante detectar las deficiencias que la práctica judicial ha puesto
de manifiesto durante estos casi dos años de aplicación de la norma.
Una de estas deficiencias, trae causa de la finalización de las subastas, dado que la posibilidad de pujar telemáticamente en cualquier momento y desde cualquier lugar, unido al diferente calendario de días festivos en los diferentes
territorios del país, motiva la excepcionalidad procesal de un cómputo natural del plazo, apartándonos del sistema general de la Ley de Enjuiciamiento Civil, El cómputo se complica aún más con la previsión de un sistema de prórrogas que busca evitar
que un postor intente una puja en los últimos momentos que no pudiese ser superada por falta de tiempo.
Si bien en ambos casos, la intención de la Ley es lícita y loable, ha generado dos problemas para los intervinientes en el proceso de subasta que es necesario paliar: la inseguridad jurídica de desconocer realmente en qué momento va a
terminar el período de pujas, que puede verse prorrogado durante 24 horas, lo que puede tener al ciudadano toda la noche siguiendo una subasta sin saber en qué momento la misma concluirá y la dificultad de la conciliación de la vida personal y
laboral que el sistema de prórrogas genera a los profesionales que intervienen en estos procesos, muy especialmente al colectivo de Procuradores de los Tribunales, pero también a otros colectivos como los abogados, administradores sociales o
concursales y en definitiva a todos los ciudadanos que puedan estar interesados en participar de la subasta.
Estos motivos aconsejan modificar el cómputo del plazo de licitación, pues si bien, como se ha expuesto, el uso del aplicativo informático y el ámbito nacional justifican el uso de días naturales, asimismo en el supuesto de que sea necesaria
la ampliación del plazo a que se refiere el apartado anterior, las sucesivas prórrogas se computarán en horas hábiles en la sede del tribunal de que dependa la subasta, entendiendo por tales las que median entre las ocho de la mañana y las ocho de
la tarde del siguiente día o días hábiles al del término de conclusión de la subasta inicialmente previsto.
De esta forma, los interesados sabrán que si la conclusión está prevista para las ocho de la tarde, y se realiza una puja que supere la más alta durante la última hora, la prórroga tendrá lugar en el siguiente día hábil, eliminando la
incertidumbre de si deberá pasar la noche en vela para conseguir la adjudicación del bien que pueda interesarle.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno, a considerar la conveniencia de impulsar la modificación del artículo 649.1 de la Ley 1/2000 de 7 de enero de Enjuiciamiento Civil en el sentido de establecer que el desarrollo de la subastas
se realice durante 20 días hábiles desde su apertura y en el supuesto de las sucesivas prórrogas, se computen asimismo en horas hábiles.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de junio de 2018.-Rafael Antonio Hernando Fraile, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/003508
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Miguel Gutiérrez Vivas, Portavoz Sustituto del Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley
sobre la desprotección de menores y colectivos vulnerables por el retraso en la elaboración de los informes psicosociales, para su debate en la Comisión de Justicia.
Exposición de motivos
Los informes psicosociales sobre menores inmersos en procedimientos judiciales, tales como de separación o divorcio, agresiones, o relativos a la custodia de los mismos, son una pieza clave para salvaguardar su interés superior, así como la
tutela judicial efectiva.
Sin embargo, en numerosas ocasiones se producen retrasos -a veces, de hasta dos años- en la elaboración de los mismos, suponiendo un menoscabo evidente en la protección de los menores y desvirtuando el fin mismo de los informes
psicosociales, como es la ajustada toma de decisiones por parte de los órganos judiciales, salvaguardando en todo caso los derechos de los menores.
Algunas de las medidas tomadas, como la firma de convenios de colaboración con el Consejo General de Colegios Oficiales de Psicólogos, no ha solucionado esta problemática, optando además con ello a externalizar un servicio que debería
ofrecer la propia Administración de Justicia a través de empleados públicos independientes y con la exigible y controlable especialización y profesionalización.
Los Equipos Psicosociales siguen saturados en cuanto a la carga de trabajo, y la esperada agilización en la ejecución de pericias sigue sin producirse. Asimismo, y a mayor abundamiento, se ha producido en los últimos años un aumento
progresivo de las demandas judiciales para la elaboración de informes periciales en un elevado y heterogéneo número de asuntos, tanto civiles como penales, que no ha sido solventado con el incremento de los Equipos Técnicos, generando desigualdad e
injusticia. Hay que señalar que se han originado una serie de cambios a nivel social y legislativo que confluyen precisamente en ese incremento del número de demandas periciales: cambios legislativos regulando la Custodia Compartida, una cada vez
mayor intolerancia social hacia la violencia de género y doméstica o un incremento de solicitudes periciales relacionadas con abusos sexuales a menores. Todos ellos son asuntos presentes, como decimos, en la vida social y en los medios de
comunicación, y que afectan profundamente a las familias y a la sociedad en que vivimos.
En otro orden de cosas existe, aún a día de hoy y a pesar de la tramitación de la PNL 161/000563, ausencia de regulación de los mencionados Equipos Psicosociales. Entendemos que es manifiesta la necesidad de contar con estos profesionales,
reflejada en diversas medidas legislativas, entre ellas, la Ley de Enjuiciamiento Civil o el Estatuto de la Víctima, donde se hace referencia explícita a la labor de los especialistas y al 'Equipo Técnico Judicial' en las exploraciones de menores en
los procedimientos civiles y penales.
Desde Ciudadanos consideramos que esta situación es inaceptable, primero, porque atenta contra los derechos e intereses de los menores de edad y de las personas más vulnerables, abriendo la puerta a que sigan produciéndose agresiones y
abusos al dilatarse las decisiones judiciales por falta de personal y, segundo, porque la lentitud que esta falta de personal ocasiona en la resolución de los procedimientos, no garantiza su tutela judicial efectiva.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Implementar medidas concretas que garanticen los medios necesarios a los equipos psicosociales. Concretamente, esta puesta a disposición de medios suficientes es fundamental para la agilización en la ejecución de las pericias en los
procedimientos judiciales que afecten a menores y población vulnerable, previa evaluación de las necesidades existentes y con la colaboración, en todo caso, del Consejo General del Poder Judicial.
2. Reconocer el desempeño profesional de los Equipos Psicosociales y crear un Cuerpo Nacional de Psicólogos Forenses y de Trabajadores Sociales Forenses, funcionarizado, con una normativa propia y que facilite la necesaria colaboración de
estos profesionales con el conjunto de operadores jurídicos.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de julio de 2018.-Patricia Reyes Rivera, José Ignacio Prendes Prendes y Marcial Gómez Balsera, Diputados.-Miguel Ángel Gutiérrez Vivas, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
Comisión de Defensa
161/003500
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, a iniciativa de su Diputada Yolanda Díaz Pérez, y a través de su Portavoz Antón Gómez-Reino Varela, conforme recoge el artículo 193 del Reglamento del Congreso,
presenta la siguiente Proposición no de Ley para su debate en la Comisión de Defensa, relativa al Convenio entre el Instituto de Vivienda, Infraestructuras y Equipamiento de Defensa (INVIED) y el Ayuntamiento de Ferrol para la cesión de parcelas
desafectadas de usos militares.
Exposición de motivos
El Ministerio de Defensa y la Armada en particular han impulsado históricamente el crecimiento físico y económico de la ciudad de Ferrol ocupando, a cambio, el 20 por ciento de su territorio aproximadamente. La mayor parte de la ocupación
se produce en suelo urbano y principalmente, en la franja marítima de la ciudad, donde solo 400 metros de los 4 kilómetros de costa de la ciudad histórica son accesibles para la ciudadanía.
En el año 2000 surge la necesidad, por parte del Ministerio de Defensa, de establecer un Convenio con el Ayuntamiento de Ferrol para deshacerse de propiedades desafectadas que se encuentran sin uso y abandonadas, con una falta de
mantenimiento importante a lo largo de los años, así como del afán de financiación de dicha administración aumentando la edificabilidad de parcelas para su posterior venta. A cambio el Ayuntamiento recibiría una superficie de suelo para uso
dotacional que favorece el desarrollo de la ciudad.
El primer Convenio entre el Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de Defensa (INVIED) y el Ayuntamiento de Ferrol se firmó en el año 2007, y en él se incluían una serie de propiedades del Ministerio de Defensa, entre las que
destacaba el Acuartelamiento Sánchez Aguilera y el Cuartelillo de Marinería del Cuartel General de la Zona Militar de Cantábrico. Las acciones de planeamiento urbanístico llevadas a cabo por el Ayuntamiento sobre estas propiedades, entre otras,
generaban unas plusvalías cuya cuantía debía ser distribuida equitativamente entre las partes. No obstante, este acuerdo, por diferentes circunstancias técnicas y urbanísticas, no se pudo llevar a efecto en su totalidad, ni en los términos pactados
ni en los plazos estipulados en el mismo.
Con posteriores gobiernos municipales este convenio sufre modificaciones, aunque ninguno de ellos haya sido capaz de perfeccionarlo y resolverlo. La última modificación se aprobó en el Pleno Municipal del Ayuntamiento de Ferrol el 17 de
marzo de 2015, a dos meses de las elecciones municipales. Esta aprobación tan solo contó con el apoyo del PP, en aquel entonces en el Gobierno Municipal, y la postura contraria al mismo de toda la oposición. Los motivos de esta postura contraria
fueron, principalmente, el alto coste económico del convenio para las arcas municipales y el escaso tiempo que el Gobierno local ofreció al resto de formaciones políticas con representación en el Concello para la revisión del mismo, un convenio que
podía cambiar mucho la fisonomía de la ciudad.
En esta última modificación, hecha a instancias del Concello, se incluían dos nuevos inmuebles, con lo que este convenio suponía que Ferrol recuperaba para su patrimonio algo más de un millón de metros cuadrados (1.162.309) en 10 fincas
rústicas y urbanas de todo tipo que el Ejército ya no utilizaba. Con esta operación el Ministerio de Defensa recibía 560.000 euros de las arcas municipales por ceder al
Ayuntamiento un suelo que ya era público en un municipio que tiene en torno al 20% de su superficie en manos de las Fuerzas Armadas, sobre todo en los terrenos que ocupa el Arsenal Militar, los astilleros de Navantia y las dos escuelas de
especialidades de la Armada. Tras la firma de este convenio, el Ayuntamiento de Ferrol tuvo que ingresar un primer pago a Defensa del 25% del monto total estipulado en el Convenio, 140.032 euros.
Sin embargo, el planteamiento que dio origen a la redacción y firma de estos convenios y que podría ser completamente viable en el año 2000, se ha convertido en un sinsentido a día de hoy. La pérdida de población y de capacidad económica de
la administración local hace que toda esa superficie de terreno que 'cede' el Ministerio en suelo rural al Ayuntamiento suponga una carga económica para este, ya que se trata de recibir edificaciones en estado ruinoso que necesitarán de una
importante inversión, e incluso alguna necesitaría de su recalificación y aumento de plusvalía al tratarse de zonas incluidas en planes sectoriales de suelo industrial de carácter supramunicipal. En cambio, todas las instalaciones que Defensa tiene
en suelo urbano que podrían servir para potenciar la ciudad (su vinculación con el mar, ampliar equipamientos, universidad, favoreciendo la ciudad compacta) se mantienen ocupadas por el Ministerio pero sin optimizar su uso, muchas veces sin un
mantenimiento adecuado.
Independientemente a todo esto, el Ayuntamiento de Ferrol, a lo largo de todos estos años en los que se ha intentado concretar el Convenio entre ambas instituciones, ha realizado su trabajo, con las consiguientes modificaciones de
planeamiento urbanístico que aumentaban la edificabilidad de las parcelas en una ciudad con más de 9.000 viviendas vacías y una población de 70.000 habitantes, llevando a cabo el mantenimiento de las propiedades estipuladas en el Convenio, dentro de
sus posibilidades, así como eximir al Ministerio de Defensa del pago del IBI de las propiedades desafectadas, así como el pago del primer plazo la enajenación de las fincas.
Lo justo, a día de hoy, sería que este convenio contenga beneficios para todos. Al Ministerio de Defensa este acuerdo le permite eliminar cargas patrimoniales y ajustar sus propiedades a las necesidades reales de la administración e incluso
obtener financiación económica de la venta a particulares, nunca a otra administración, de sus propiedades. Y a la ciudad de Ferrol, el Convenio le permite el aumento de su patrimonio, lo que puede significar el aumento de los servicios a la
población, así como el crecimiento como ciudad compacta, sostenible y orgullosa de un patrimonio originalmente destinado a la defensa nacional y que actualmente puede albergar de manera respetuosa usos que beneficien a todos los ciudadanos. El
Ayuntamiento debería colaborar en el convenio ejerciendo sus competencias en materia de urbanismo, restituyendo terrenos que se van incorporando a la ciudad y al proceso urbanístico, no comprando parcelas a otras administraciones.
Por todo lo expuesto, el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
- Resolver y dejar sin efecto el Convenio firmado entre el Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de Defensa (INVIED) y el Ayuntamiento de Ferrol, para la cesión de parcelas desafectadas de usos militares, tal y como se
estipula en la cláusula quinta del Convenio firmado en el año 2015 entre ambas instituciones.
- Devolver al Ayuntamiento de Ferrol el importe íntegro del pago del 25% del monto total estipulado en el Convenio, 140.032 euros.
- Negociar y elaborar un nuevo Convenio con la finalidad de que sea más acorde con las nuevas condiciones y necesidades de carácter urbanístico, tanto para el Ayuntamiento como para el Ministerio de Defensa.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de julio de 2018.-Yolanda Díaz Pérez, Diputada.-Antonio Gómez-Reino Varela, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.
Comisión de Hacienda
161/003461
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley, relativa a la deducción de la cuota
aportada por las familias con mayores dependientes para el pago de la seguridad social de los empleados de hogar, para su debate en la Comisión de Hacienda.
Exposición de motivos
Cuando hablamos de conciliación entre vida familiar y laboral, habitualmente pensamos en las dificultades que tienen las familias en las que trabajan ambos progenitores y que tienen a su cargo a hijos menores. Han sido muchas las medidas
adoptadas por el gobierno del Partido Popular en esta dirección.
Pero existe además una realidad paralela que es imprescindible tener en cuenta. España, con un bajo índice de natalidad y una alta esperanza de vida, tiene una población cada vez más envejecida, lo que genera necesidades de atención cada
vez mayores (enfermedades crónicas, 'envejecimiento del envejecimiento' ...).
A pesar de los pasos que hemos ido dando, sigue resultando muy difícil para la gran mayoría de familias españolas compatibilizar trabajo y familia, cuando los dos miembros de la pareja trabajan y tienen a su cargo mayores dependientes.
Por ello, no solo debemos atender las necesidades de las personas dependientes, sino que también tenemos que poner el foco en sus familias.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a modificar la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas de manera que las cuotas aportadas por las familias con mayores dependientes para el pago de
la seguridad social de los empleados de hogar, sea considerado gasto deducible de los rendimientos de trabajo.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de junio de 2018.-Rafael Antonio Hernando Fraile, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/003468
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley, relativa a la deducción de la cuota
aportada por las familias con hijos menores de tres años para el pago de la Seguridad Social de los empleados de hogar, para su debate en la Comisión de Hacienda.
Exposición de motivos
Desde el Partido Popular siempre hemos considerado que el gran reto pendiente desde la incorporación de la mujer al mundo laboral es facilitar la conciliación entre la vida familiar y laboral.
Para lograrlo hemos impulsado numerosas reformas para favorecer a las familias en este sentido: ayudas a la natalidad, incrementando en 600 euros la deducción por cada hijo que supere el mínimo establecido para las familias numerosas, y una
ayuda de guardería que permitirá la deducción de hasta un máximo de 1.000 euros por año para las madres trabajadoras por gastos de guardería de niños entre cero y tres años. También hemos ampliado de cuatro a cinco semanas el permiso de paternidad.
A pesar de los evidentes avances, sigue resultando muy difícil para la gran mayoría de familias españolas poder compatibilizar trabajo y familia, con un alto coste personal para los hombres y mujeres que tienen a su cargo hijos menores.
Por ello seguimos considerando esencial adoptar medidas fiscales que incidan en mejorar la conciliación de la vida familiar y laboral, eliminando obstáculos para facilitar la maternidad, sin que ello suponga renunciar a una vida laboral
plena.
Consideramos además que sigue existiendo una gran bolsa de economía sumergida en el régimen especial de las trabajadoras del hogar, por lo que es necesario incentivar su regularización para que puedan trabajar con todas las garantías y
derechos que les corresponden.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a modificar la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas de manera que las cuotas aportadas por las familias con hijos menores de tres años para el
pago de la seguridad social de los empleados de hogar, sea considerado gasto deducible de los rendimientos de trabajo.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de junio de 2018.-Rafael Antonio Hernando Fraile, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/003492
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la protección de los
hórreos, paneras y cabazos como elementos integrantes del patrimonio etnográfico asturiano, para su debate en la Comisión de Hacienda.
Exposición de motivos
La típica imagen asturiana no estaría completa sin la figura del hórreo. Uno de los ejemplos de arquitectura popular más fuertemente arraigados que puedan encontrarse en España.
Este tipo de graneros elevados del suelo se encuentran en otras partes de España y de Europa también. Con distintos nombres y tipos encontramos hórreos en Galicia, norte de Portugal, provincia de León, Cantabria, País Vasco y Navarra. Se
estima que se conservan unos 10.000 en Asturias.
Los hórreos, paneras y cabazos son muestra innegable de las construcciones características de la arquitectura popular asturiana cuyo modelo constitutivo es expresión de conocimientos adquiridos, arraigados y transmitidos consuetudinariamente
y que, como integrantes del patrimonio etnográfico asturiano, son merecedores de una singular protección.
Los hórreos y paneras, aunque individualmente presenten diferentes grados de interés y sean merecedores de distintos grados de protección, constituyen un elemento característico de nuestra cultura, reconocido socialmente como arquetipo
cultural, síntesis de un variado surtido de valores.
La Ley Reguladora de las Haciendas Locales establece que los bienes citados en la Ley de Patrimonio Histórico Español, como los hórreos centenarios, están exentos de IBI. Así se aclara en la Consulta Vinculante de la Dirección General de
Tributos, de 2 de abril de 2008. Y esto debería ser suficiente para que los ayuntamientos asturianos no cobrasen el impuesto de bienes inmuebles por hórreos y paneras, ya que la práctica totalidad de los mismos cumple con este criterio.
Pero hay una cuestión aún más de fondo, los artículos 334 y 335 del Código Civil, establecen una enumeración de los bienes que se consideran como un bien mueble o inmueble. Entre la enumeración de los inmuebles, no están los hórreos,
paneras y cabazos. Y no los puede enumerar, porque el hórreo es un bien mueble. Según el derecho consuetudinario asturiano, no es necesario que el propietario del suelo y el propietario del hórreo sean la misma persona. Los hórreos se pueden
desmontar, trasladar y volver a montar, algo que tiene que ver con su uso tradicional como graneros.
Es cierto que, en los últimos arios, se han habilitado hórreos -tanto antiguos como de nueva construcción- para alquilarlos como habitación por el reclamo que suponen para un tipo de turismo rural y cultural muy específico. Y posiblemente
eso es lo que subyace en la interpretación que recoge la nueva Ley del Catastro que ha levantado esta polémica. Pero este uso no deja de ser excepcional y afecta a una minoría de los hórreos censados, por lo que no debe perjudicar a la generalidad
de estas construcciones, muebles, y actualmente en desuso.
Es fundamental proteger estos elementos de la cultura asturiana que se están perdiendo por el desinterés tanto de sus propietarios como de la administración en conservarlos.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Adoptar las medidas necesarias para proteger los hórreos, paneras y cabezos como elementos integrantes del patrimonio etnográfico asturiano,
2. clarificar, como regla general, su régimen jurídico como bien mueble,
3. y/o aplicar el IBI excepcionalmente a aquellos hórreos -tanto antiguos como de nueva construcción- que tengan usos diferentes al tradicional de almacenamiento de grano u otros bienes o enseres.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de junio de 2018.-Rafael Antonio Hernando Fraile, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/003495
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a reducir el 'fraude
carrusel' en el IVA de determinados productos informáticos, para su debate en la Comisión de Hacienda.
Exposición de motivos
El pasado mes de junio de 2017, la Agencia Tributaria anunció el desmantelamiento de una organización dedicada al fraude en el IVA en el sector de la informática y la electrónica que habría llegado a defraudar más de 25 millones de euros en
un período de tres años. La denominada operación 'Sith', en la que participaron 70 funcionarios tanto de la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF) como de diversas áreas regionales de Inspección y Vigilancia Aduanera, concluyó con la
detención de 19 personas y registros en seis provincias, así como el bloqueo de cuentas bancarias, embargo de vehículos de alta gama e incautación de efectivo.
El modus operandi no era nuevo, los defraudadores habrían creado una trama para la defraudación del IVA en la comercialización de productos mediante una estructura compleja con sociedades en España y Portugal. La mercancía objeto del fraude
viajaba directamente desde el proveedor en Europa a almacenes logísticos españoles, desde donde, a su vez, se distribuía a los canales de comercialización. Sin embargo, y con el único fin de eludir el pago del IVA, se interponían una serie de
sociedades instrumentales creadas al efecto en otros países europeos y en España.
Es el denominado 'fraude carrusel', que se aprovecha de las lagunas existentes en el actual régimen de tributación por IVA de las operaciones intracomunitarias, fruto de la inexistencia de una armonización tributaria plena entre los países
de la UE.
Como cada Estado aplica un tipo de IVA distinto y los países que debido a su estructura económica fuesen importadores netos verían reducida su recaudación (tendrían que devolver a los restantes Estados miembros más cuotas soportadas por las
importaciones realizadas que cuotas repercutidas que les fuesen devueltas por las exportaciones realizadas), se optó por un régimen transitorio, aplicable desde el año 1993, en el que se instaura la libre circulación de mercancías en la UE por el
Acta Única Europea,
según el cual la empresa adquirente del producto importado que proceda de un país intracomunitario se auto-repercute la cuota que correspondería a dicho producto, para simultáneamente poder deducírsela (en la práctica no ingresará nada en
Hacienda). Este régimen, en origen 'transitorio', sigue vigente hoy, 25 años después.
Sin embargo, en posteriores entregas del mismo producto dentro de su mercado interior, sí repercutirá el IVA como en cualquier otra operación, dando por tanto derecho a deducción al siguiente adquirente.
La defraudación del IVA denominada 'fraude carrusel' puede resumirse en tres momentos:
1. Una empresa A adquiere una mercancía en otro país de la Unión Europea. Al ser una adquisición intracomunitaria, esta empresa A se auto repercute la cuota del IVA y, al mismo tiempo, se la deduce.
2. Posteriormente la empresa A vende dicha mercancía en el mercado interior, a otra empresa española que pertenece a la misma organización, la empresa B. En esa transmisión interior repercute el IVA dando derecho a la empresa B a su
deducción, pero A no ingresa el IVA en Hacienda y desaparece. La empresa A es lo que se denomina una 'missing trader o trucha' en el argot tributario, ya que siempre va a estar administrada por testaferros o personas interpuestas o insolventes,
careciendo además de una estructura empresarial real. La cuota repercutida por la 'trucha' es exactamente lo que la Hacienda Pública deja de recaudar.
3. Si esta empresa B, en vez de venderlo a un cliente final al que repercute la cuota correspondiente (que será beneficio para ella, ya que se deduce la cuota soportada) lo vuelve a vender a una empresa de la trama que está en otro país
comunitario, podrá solicitar la devolución de la cuota soportada, saqueando así la Hacienda Pública, en un ciclo que se puede volver a empezar dando lugar al llamado carrusel.
Las consecuencias de esta operativa, como puede verse son de extrema gravedad: no solo se deja de ingresar en la Hacienda Pública sino que, repetido en forma de carrusel, permite el saqueo de las arcas públicas. En términos económicos, en
un sector tan competitivo como el de los componentes informáticos, se ha utilizado para reducir de forma fraudulenta los costes, vender por debajo de mercado, y expulsar a los operadores que cumplen la legalidad.
Conscientes de este problema, la normativa comunitaria introdujo el mecanismo de inversión del sujeto pasivo. Así, la Directiva 2013/43/UE del Consejo de 22 de julio 2013 por la que se modifica la Directiva 2006/112/CE relativa al sistema
común del impuesto sobre el valor añadido en lo que respecta a la aplicación optativa y temporal del mecanismo de inversión del sujeto pasivo a determinadas entregas de bienes y prestaciones de servicios susceptibles de fraude, otorgó a los Estados
Miembros la posibilidad de que 'hasta el 31 de diciembre de 2018 y por un período mínimo de dos años, los Estados Miembros podrán establecer que el deudor del IVA sea el sujeto pasivo destinatario de cualquiera de los siguientes bienes y servicios'.
En dicho listado se incluyen:
'c) entregas de teléfonos móviles, consistentes en dispositivos concebidos o adaptados para ser utilizados en conexión con una red autorizada, y que funcionen en determinadas frecuencias, tengan o no otro uso;'
'd) entregas de dispositivos de circuitos integrados, tales como microprocesadores y unidades centrales de proceso, en un estadio anterior a su integración en productos de consumo final;'
'h) entregas de consolas de videojuegos, ordenadores portátiles y tabletas digitales;'
Nuestro ordenamiento jurídico incorporó parcialmente esta opción, cuando se modificó la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido, en su 'artículo 84. Sujetos Pasivos', cuando se añadió un apartado g) que permitía
la inversión del sujeto pasivo en los siguientes productos:
- Plata, platino y paladio, en bruto, en polvo o semilabrado [ ...].
- Teléfonos móviles.
- Consolas de videojuegos, ordenadores portátiles y tabletas digitales.
Como vemos, no incorporamos en nuestro ordenamiento el apartado g) de la Directiva Comunitaria, dejando un vacío en productos tales como discos duros, memorias, procesadores, circuitos integrados o consumibles informáticos que siguen siendo
objeto de 'fraude carrusel'; tal y como denuncian los operadores cumplidores del propio sector.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a modificar el artículo 84 de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido, para incluir discos duros, memorias, procesadores, circuitos integrados y otros
componentes informáticos en la lista de productos susceptibles de inversión del sujeto pasivo a fin de evitar que estos sean objeto de fraude carrusel.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de junio de 2018.-Rafael Antonio Hernando Fraile, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/003498
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la modificación de la Declaración de Importación de Productos en
Canarias (DUA) para la mejora del reciclado de envases y vidrio para su debate en la Comisión de Hacienda.
Exposición de motivos
Canarias lleva años pidiendo un mayor control y registro del volumen y tipo de envases que se introducen en Canarias, para poder gestionar mejor los residuos de envases y embalajes que entran en el sistema integrado de gestión de residuos
establecido en las islas, como por ejemplo Ecoembes o Ecovidrio.
Hay que tener en cuenta la cantidad de productos envasados que introducen en Canarias, no solo van a satisfacer la demanda local, sino que atienden a la demanda de los 16 millones de turistas que recibe esta Comunidad Autónoma.
A la hora de analizar los resultados de la recogida selectiva es imprescindible tener el dato correcto de lo puesto en el mercado por lo que debemos tener en cuenta no solo los envases puestos en el mercado por los envasadores canarios, sino
también el volumen de envases que son importados e introducidos en Canarias. Pero también es clave asegurar que todos los envases que entran en el mercado han contribuido adecuadamente a sufragar los gastos de gestión que supone la recogida
selectiva.
Para conocer el volumen y tipo de envases que entran en el mercado canario se dispone de una vía que garantiza que todos los operadores que importan o introducen productos en Canarias tengan que aportar dicha información, y es el DUA. En el
DUA los operadores económicos deben aportar diversa información relativa al importador y a la mercancía importada e introducida en el mercado canario, por lo que es viable la modificación del DUA para añadir información respecto a los envases y
tipología de las mercancías importadas. El objetivo sería que la información que hoy se aporta en el DUA se ampliara para asegurarnos de que todos los envases puestos en el mercado nacional han contribuido financieramente al sostenimiento del
sistema abonando el pago correspondiente del punto verde.
Una modificación del Documento de Declaración de Importación de Productos en Canarias (DUA de Importación), permitiría controlar el fraude de todo aquel que está importando productos de consumo y que no están declarando el llamado 'punto
verde', así como evitar la competencia desleal que se produce al ahorrarse un coste y al mismo tiempo, aportaría una información muy valiosa para que en Canarias, se disponga del dato sobre el flujo de envases que se importan y que entran en el
sistema, por tipo de material, para poder plantear un incremento de las inversiones en las infraestructuras de los complejos ambientales, en el despliegue y mejoras de contenedores y, para que los posibles inversores puedan tener información para
analizar la viabilidad de crear nuevas industrias de reciclaje.
España necesita impulsar decididamente una transición hacia una economía circular. Esto es especialmente acuciante en una economía insular como la de Canarias que además recibe ocho veces su población en turismo.
La situación actual dista mucho de lo deseable. El gobierno autonómico lleva casi veinte años sin aprobar un Plan de Gestión y del Programa de Prevención de Residuos de Canarias (PIRCAN), desde 2001. En el municipio de Arico se entierra el
80% de la basura que genera la Isla de Tenerife, según su propio consistorio y la Comisión Europea ha amenazado con multar a España al incumplir la obligación de tener planes de gestión de residuos en todo su territorio y revisarlos cada seis años.
En la actualidad, Aragón, Madrid, Baleares y Canarias, carecen de estos planes.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'Se insta al Gobierno a:
1. Incluir en el Documento de Declaración de Importación de Productos en Canarias (DUA de Importación), al igual que se declaran productos, valor, IGIC, AlEM entre otros, información sobre el SIG al que está adherido el producto importado.
En las casillas a incorporar, se tendría que indicar:
- SIG en el que se ha declarado la mercancía importada/introducida (Ecoembes, Ecovidrio o el que proceda).
- Número de identificación del contrato suscrito con el SIG (para poder confirmar si contribuye al punto verde).
- Tipo de producto que importa/introduce (el que se indica en la declaración de envases).
- Tipo de envase (papel, cartón, brik, lata, pet, etc.).
- Material.
- Peso envases gr.
- Número de unidades de envases.
2. Impulsar, en colaboración con las Comunidades Autónomas, la elaboración de planes de gestión de residuos y el tratamiento del 100% de los residuos generados y la reducción al mínimo de los residuos llevados a vertederos.
3. Garantizar la suficiencia económica de Canarias para su transición a una economía circular.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de julio de 2018.-Melisa Rodríguez Hernández, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
161/003510
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la lucha contra la economía sumergida, para su debate en la
Comisión de Hacienda.
Exposición de motivos
Se denomina economía sumergida al conjunto de operaciones productivas irregulares que se ocultan de la Administración Pública, con el objetivo de evitar pagar impuestos, cuotas a la Seguridad Social o para no cumplir con obligaciones
laborales o administrativas.
La economía sumergida distorsiona la competencia perjudicando, a modo de competencia desleal, a las empresas y trabajadores que cumplen con las normativas y pagan todos sus impuestos. La economía sumergida reduce las bases imponibles y los
ingresos públicos, perjudicando así al conjunto de los servicios públicos y poniendo en cuestión la eficiencia y la equidad del sistema tributario.
El fenómeno de la economía sumergida parece correlacionar con alta presión fiscal y altas tasas de paro. Por el contrario, una economía con bajas tasas de fraude, es más vigorosa y competitiva, tendrá menores tasas de paro y no precisará de
impuestos elevados para mantener un gasto público de calidad.
Durante décadas el fraude fiscal en España se ha situado en cifras muy superiores a las de otros países desarrollados de nuestro entorno, sin embargo, todos los datos de que se disponen vienen aportados por instituciones y entidades públicas
o privadas distintas del Ministerio de Hacienda.
Diversos estudios realizados por la Comisión Europea en 2002 indican que la economía sumergida pasó del 15% en 1998 al 22% en 2002. La Fundación de Cajas de Ahorro (Funcas) acaba de publicar un estudio en junio de 2018 con conclusiones
similares, estimando que la economía sumergida supone actualmente una merma de casi el 23% en la recaudación de impuestos, lo que equivale a cerca del 6% del PIB, es decir, casi 70.000 millones de euros.
Esta pérdida de recaudación, se acentúa ligeramente en época de crisis, y tiene una incidencia muy desigual por comunidades autónomas. Las estimaciones realizadas apuntan a que la economía sumergida es mayor en Canarias, Andalucía,
Castilla-La Mancha y Galicia. La región con una economía sumergida menor sería la de Madrid seguida de Cataluña, Asturias y Cantabria. Según esto, los indicadores que suelen determinar niveles más elevados de economía sumergida son presión fiscal
y tasa de paro, cuanto más bajos en dichas Comunidades Forales que en el resto de España.
Cuadro 3
PRINCIPALES ESTUDIOS DE ECONOMÍA SUMERGIDA A NIVEL REGIONAL (en porcentaje del PIB regional)
;Total1;1995;2000;20042;2009;2012;1987-20103;Promedio
Andalucía;M;13,3;19,4;20,3;24,9;29,2;32,5;23,3
Aragón;M;11,4;20,1;15,6;25,5;22,3;20,3;19,2
Asturias;M;10,9;19,6;16,6;20,2;26,0;24,6;19,7
Baleares;M;18,8;15,3;18,0;19,2;24,8;22,5;19,8
Canarias;MA;16,1;24,3;nd;28,7;27,9;33,2;26,0
Cantabria;B;10,6;18,3;18,1;23,7;22,0;24,1;19,5
Castilla y León;A;14,2;19,6;19,3;25,9;26,4;20,9;21,1
Castilla-La Mancha;A;13,4;20,7;18,8;26,5;29,1;25,2;22,3
Cataluña;B;15,9;17,9;16,1;22,3;24,6;18,7;19,3
C. Valenciana;M;16,1;18,7;17,0;24,3;26,5;24,9;21,3
Extremadura;M;10,8;18,4;22,2;19,2;31,1;29,1;21,8
Galicia;MA;16,9;21,2;19,8;26,3;25,6;27,1;22,8
C. Madrid;M;15,0;20,4;13,9;19,6;17,3;13,8;16,7
R. Murcia;M;14,6;18,8;17,0;24,3;26,3;28,6;21,6
La Rioja;M;12,3;25,9;16,5;31,4;24,1;19,7;21,7
Media Simple;;14,0;19,9;17,8;24,1;25,5;24,3;21,1
Max/min;;1,8;1,7;1,6;1,6;1,8;2,4;1,6
Notas: 1. MA = Muy alto, A = Alto, M = Medio, B= Bajo, MB= Muy Bajo. 2. Promedio de las estimaciones que realizan. 3. Fraude en el período 1987-2010 son los resultados del cuando la variable monetaria es el promedio de las analizadas y
las explicativa son los impuestos totales en porcentaje del PIB. Sus demás estimaciones (con diferentes definiciones de impuestos y de dinero) son cualitativamente similares; nd: no disponible.;;;;;;;;
Métodos usados: Monetario (1995, 2000 y 1987-2010), MIMIC (2004 2011 y 2012), Variables Fiscales (2010). ;;;;;;;;
Fuentes: 1995, Serrano Sanz et al. (1998); 2000, Gómez de Antonio y Alañón (2014) (transformado a CC.AA. en Ghesta, 2010); 2004, Herwartz, Tafenau y Schneider (2011); 2009, Ghesta (2010); 2012, Ghesta y Sardá (2012); 1987-2010,
(González y González 2015).;;;;;;;;
Una primera explicación al importante peso que tiene la economía sumergida en nuestro país es que España dedica muchos menos recursos y efectivos a la lucha contra el fraude, así que es normal que obtengamos peores resultados. En 2016, la
Agencia Tributaria contó con un presupuesto de 1.370,6 millones de euros. Los resultados recaudatorios en la prevención y lucha contra el fraude de la Agencia
Tributaria alcanzan en el año 2016 un importe total de 14.883 millones de euros. Según el índice de eficiencia, en 2016, por cada euro gastado en la Agencia, se han recaudado 11,30 euros en la lucha contra el fraude.
No obstante, por cada euro que España dedica a lucha contra el fraude, Alemania dedica cinco y Francia 3,5. Por otra parte, la plantilla también es muy inferior, España dedica poco más de 25.000 personas, mientras que Francia y Alemania
dedican más de 110.000.
Costes administrativos totales de las Administraciones Tributarias de varios países (2011)
;2011
Francia;4.513.000
Alemania;7.360.000
Italia;2.744.000
Países Bajos;1.984.000
España;1.387.000
Y a continuación, el personal en plantilla con el que cuentan:
Personal de las Administraciones Tributarias de varios países y ratios relacionadas (2011)
;Total personal;Habitantes por cada empleado
Francia;117.650;942
Alemania;110.515;740
Italia;32.619;1.849
Países Bajos;29.410;722
España;27.613;1.958
Reino Unido;66.466;929
A partir del año 2010, las bases imponibles de los principales impuestos experimentan una caída muy superior a la del PIB. Según los datos oficiales de la Agencia Tributaria, la suma de las bases imponibles de IRPF, IVA, IS e Impuestos
Especiales han supuesto históricamente algo más de un 113% del PIB (media y mediana 1996-2009). Sin embargo, en la actualidad, estas bases están en un 105% del PIB (datos de 2014 y 2015).
Nuestra aspiración a medio plazo es ampliar las bases, mediante dos sistemas: cerrar los agujeros legales y reducir el fraude fiscal. Nuestro problema de ingresos públicos no se debe a bajos impuestos, sino a un defectuoso sistema fiscal,
y a que tenemos más fraude fiscal y más economía sumergida que los países de nuestro entorno.
A pesar de una alta presión fiscal sobre los que cumplen, nuestro sistema de recaudación fiscal es ineficiente y recauda poco porque tiene demasiados agujeros. Si las bases de nuestros impuestos creciesen hasta alcanzar el 115% del PIB, se
podrían lograr unos ingresos adicionales (incluyendo seguridad social) cercanos a 20.000 millones de euros.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'Se insta al Gobierno a:
Combatir decididamente el fraude, la evasión fiscal y la economía sumergida. Se aprobarán, entre otras, las siguientes medidas:
- Elaboración de un estudio oficial sobre la economía sumergida y un plan de choque para su erradicación en colaboración con las CCAA.
- Aprobar un nuevo Estatuto de la Agencia Tributaria que refuerce su autonomía y profesionalidad, evitando las injerencias políticas. Se aumentarán los medios materiales y humanos de la AEAT.
- Reformar la figura del delito fiscal, para hacerla más efectiva, endureciendo las penas y alargando los períodos de prescripción.
- Eliminar el régimen de ETVE y revisar la lista de paraísos fiscales, volviendo a incluir en la misma a aquellos Estados que no cooperan de forma efectiva con la Administración Tributaria Española.
- Revisar el régimen de estimación objetiva con el objetivo de minimizar el fraude fiscal que se pudiera producir a través de tal instrumento tributario.
- Exigir a las entidades financieras que informen sobre las operaciones de sus clientes en sus filiales en paraísos fiscales, en las mismas condiciones que dan información de los demás clientes.
- Devolver a la Agencia Tributaria el control fiscal de las SICAV, y reforzar su control para evitar el fraude en las mismas.
- Reforzar el Servicio de Prevención del Blanqueo de Capitales (SEPBLAC), y endurecer las multas a los bancos que cooperen en el blanqueo o en el fraude de sus clientes o liderar de forma activa en la UE, OCDE y cualquier ámbito
internacional, una agenda ambiciosa de transparencia y armonización de la fiscalidad europea e internacional, y de lucha contra la evasión fiscal, la elusión y los paraísos fiscales.
- Aumentar el número de inspectores y subinspectores de Trabajo y Seguridad Social, y reforzar las actuaciones de la Inspección de Trabajo contra el fraude en sectores y áreas específicos.
- Aprobar una nueva Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social, adaptada a combatir la precariedad, que refuerce la cuantía de las sanciones en materia de relaciones laborales, favorezca la disuasión ante las infracciones e incentive
el cumplimiento de la normativa.
- Limitar los pagos en efectivo en las transacciones financieras a los 1.000 euros. Además, se establecerá el derecho de los consumidores a pagar cualquier bien o servicio cuyo importe supere los 10 euros a través de tarjeta de crédito.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de julio de 2018.-Vicente Ten Oliver, Diputado.-Antonio Roldán Monés, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
Comisión de Interior
161/003457
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, presenta la siguiente Proposición no de Ley para la mejora y refuerzo del papel de los municipios en el
sistema de acogida de personas migrantes y refugiadas, para su debate en la Comisión de Interior.
Exposición de motivos
Más de 600 personas acaban de ser sometidas en este mes a una zozobra inhumana después de ser rescatadas del Mar Mediterráneo por el buque Aquarius. Las noticias son de sobra conocidas. Y se trata de un hecho que viene siendo habitual
desde hace años, en el contexto de lo que numerosas organizaciones, como el ACNUR, o especialistas y académicos europeos como Samir Naïr, han calificado como la peor crisis de refugiados sufrida por Europa desde la Segunda Guerra Mundial. Pero el
hecho de que la 'crisis del Aquarius' haya adquirido esta relevancia singular se explica seguramente porque en ella han concurrido tres circunstancias especiales.
En primer lugar, la provocadora negativa del Viceprimer Ministro italiano, Matteo Salvini, a acoger al Aquarius en los puertos de su país. Salvini ha utilizado el caso de las personas refugiadas rescatadas por el Aquarius para elevar el
listón de un posicionamiento xenófobo, contrario a los derechos humanos e irrespetuoso con la legalidad internacional, que viene ascendiendo en Europa en los últimos años. Cabría preguntarse en otro momento, más allá de esta exposición de motivos,
si el comportamiento que vienen mostrando los países de la Unión Europea o el Consejo de Europa frente al fenómeno migratorio global y
la 'crisis de los refugiados', no está teniendo como efecto alimentar a las fuerzas políticas que alimentan el odio contra el extranjero, de tan aterradores recuerdos en territorio europeo. Sea como fuere, lo que sí está claro y resulta
pertinente para los fines de esta introducción, es que la 'crisis del Aquarius' provocada por el Gobierno italiano constituye una subida de tono y un punto de inflexión por la explícita negativa, ante la opinión pública internacional, de cumplir con
la obligación de acoger a personas migrantes por parte del gobierno de un país que se encuentra entre tos más poderosos de la Unión Europea.
En segundo lugar, por fortuna, nos hemos encontrado con una rápida respuesta a la 'crisis del Aquarius' desde nuestro país. Una respuesta que no solo se ha basado en principios humanitarios, sino que también constituye una respuesta
explícita a los comportamientos del racismo y la xenofobia institucionales que en Europa están planteando que no respetar la legalidad internacional en materia de inmigración, refugio y asilo es una opción posible, cuando en realidad no lo es. En
un primer momento, los posicionamientos públicos por parte de las alcaldesas de las dos principales capitales del Estado, Madrid y Barcelona, y a las pocas horas, el mismo lunes 11 de junio, por parte del Gobierno de España, en declaraciones tanto
del Presidente como de la Vicepresidenta del Gobierno, expusieron con toda claridad que abrir los puertos españoles para recibir al Aquarius no solo constituía un comportamiento humanitario ineludible, sino que además nuestro país está obligado a
hacerlo por respeto al derecho internacional, tal y como lo está el conjunto de los países de la Unión Europea.
Como ha explicado con todo detalle el profesor Javier de Lucas, una de las más reconocidas autoridades europeas en la materia, 'tales náufragos (rescatados por el buque Aquarius) están protegidos por los principios básicos del Derecho
Internacional del Mar reconocidos en el Convenio de Montego Bay [ ...] son titulares de derechos humanos y fundamentales reconocidos por el Derecho Internacional[ ...] son titulares de derechos específicos reconocidos en los respectivos instrumentos
internacionales que obligan a todos los Estados parte en esos Convenios (Convención de derechos de los trabajadores inmigrantes y sus familias de 1990; Convención de Ginebra de 1951 y Protocolo de Nueva York de 1976)'; y además, 'los menores son
titulares de derechos de acuerdo con la Convención de derechos del niño de la ONU'. Lo que significa, en definitiva, que 'aquí está en juego la decisión de cumplir con deberes jurídicos elementales o saltárnoslos ... cumplir o no con las
obligaciones legales' (Javier de Lucas: 'Respeto al derecho, la línea roja entre civilización y barbarie', Infolibre, 12 de junio de 2018).
En tercer lugar, la 'crisis del Aquarius' se nos ha mostrado como un caso significativo de una coyuntura mucho más general, que requiere ser afrontada adoptando medidas urgentes, aunque seamos conscientes de sus grandes complejidades. Por
una casualidad muy significativa, el mismo fin de semana pasado en que el Aquarius llegaba al puerto de Valencia, Salvamento Marítimo hubo de rescatar a casi un millar de personas que viajaban nada menos que en 69 pateras que habían sido localizadas
en la Frontera Sur: en aguas del Estrecho de Gibraltar o en el Mar de Alborán. Personas migrantes y refugiadas son diferentes perfiles de un mismo movimiento migratorio global que necesita ser afrontado de manera integral.
El gesto del nuevo Gobierno de España tiene que ser celebrado sin titubeos, porque claramente lo posiciona, a pocos días de comenzar su mandato, en contra de los peores aspectos de las políticas migratorias y de acogida del Gobierno
anterior, políticas que hemos criticado duramente allí donde han demostrado falta de respeto por la legalidad internacional y oídos sordos hacia las críticas propositivas que plantean regularmente incontables organizaciones sociales. Pero este
gesto, y el actual Gobierno es sin duda consciente de ello, necesita tener una continuidad, en el sentido de recuperar el pulso de unas políticas de inmigración, refugio y asilo a la altura del reto histórico y de los compromisos que nos obligan en
materia de derechos.
Informes recientes como el presentado el pasado lunes 18 de junio por la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) sobre Las personas refugiadas en España y en Europa, dibujan un panorama de máxima urgencia. 'En 2017, España registró
el mayor número de solicitantes de protección internacional desde la aprobación de la primera Ley de Asilo en 1984: 31.120.
Sin embargo, el porcentaje de personas que finalmente recibió una respuesta positiva se redujo a la mitad respecto a 2016' (pág. 7). 'Pese a que el Sistema de Acogida e Integración duplicó su número de plazas en un año (de las cuatro mil
de diciembre de 2016 a las más de ocho mil justo doce meses después), aún no ha logrado atender todo el aumento del número de solicitantes de protección internacional con necesidades de acogida. Por ello se endurecieron los criterios de acceso'
(pág. 106). Lo que significa, simple y llanamente, que el Gobierno anterior, en lugar de destinar los recursos e implementar las infraestructuras que requiere el actual reto de acoger a las personas migrantes y
refugiadas, procedió al contrario: dificultó el acceso para adaptarlo a la injustificada limitación del Sistema de Acogida e Integración.
En el delicado proceso de acoger, las ciudades cumplen uno de los papeles más importantes. Es en las ciudades donde, en última instancia, las personas migrantes y refugiadas han de encontrar las condiciones necesarias para residir de manera
estable o provisional, ya que muchas de ellas, en realidad, eligen otros destinos europeos tras ser acogidos en nuestro país. Las ciudades han venido cumpliendo con sus obligaciones de acoger, pero lo han hecho a contrapelo de lo que a veces
podemos calificar como absentismo del Gobierno central o de las insuficiencias del actual sistema de acogida. En muchos casos, las propias ciudades destinan a las políticas de acogida recursos propios, tanto económicos como infraestructurales, para
suplir las insuficiencias o la falta de implicación de otros niveles supramunicipales de la administración del Estado. Dicho de otra manera, las ciudades son aquella escala inferior de la administración pública que está sufriendo el impacto del
fracaso de la política migratoria y de asilo de la Unión Europea y de los gobiernos de sus respectivos Estados. El Ayuntamiento de Barcelona, por ejemplo, atendió el pasado año 2017 a 16.936 personas inmigradas; 4.405 potenciales solicitantes de
asilo, 500 de ellos menores, triplicando el número de 2015. En lo que llevamos recorrido de 2018, el gobierno de Barcelona lleva destinados 5,5M a la acogida de personas refugiadas. Al calor de las recepciones por mar del fin de semana pasado,
llegadas a través de Valencia y la Frontera Sur, en el momento en que redactamos esta exposición de motivos, el mismo Ayuntamiento de Barcelona ha tenido que abrir 240 plazas en apenas cinco días, para atender a las personas migrantes y refugiadas
llegadas en autobuses desde nuestras costas.
Se necesita resaltar este aspecto, toda vez que, como hemos señalado repetidamente en nuestros debates parlamentarios con el anterior Gobierno, el Estado ha recibido un total de 330M provenientes de los fondos FAMI (Fondos de Asilo,
Migración e Integración) de la Unión Europea, si bien solo un 28% de los mismos se ha destinado propiamente para la acogida, dedicándose el resto a financiar el control de fronteras, los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) y las
expulsiones. Así lo cuestionamos en nuestra última discusión en el Pleno del Congreso de los Diputados con el anterior Ministro del Interior, durante el debate sobre los Presupuestos Generales del Estado. Se demuestra con todos estos datos que, si
el sistema de acogida empieza a resultar insuficiente, no es porque, como afirman los discursos xenófobos, exista una avalancha migratoria, sino por algo tan sencillo como que no se destinan a políticas de acogida los recursos que sería posible y
estamos obligados a destinar. La xenofobia que instiga el temor proteccionista frente al extranjero no está justificada, dado que 'hay solución y hay medios. Europa puede acoger a más refugiados de los que ha decidido acoger; las sociedades
civiles pueden ayudar y organizar esta acogida' (Sami Naïr, Refugiados. Frente a la catástrofe humanitaria, una solución real, 2016). Una idea, la de que resulta perfectamente posible dar respuesta material al flujo actual de personas migrantes y
refugiadas en nuestro país y en Europa, que se justifica a la vista de las numerosas propuestas que vienen planteando las organizaciones sociales especializadas en estas materias. Véase, sin ir más lejos, las 20 propuestas contenidas en el
mencionado Informe CEAR 2018 (págs. 135-138) o aquellas otras recomendaciones contenidas en otro riguroso informe también presentado hace pocos días, Frontera Sur. Vías marítimas, elaborado por IRÍDIA, NOVACT y Fotomovimiento (págs. 83-88). Esta
idea, la de que resulta no solo obligado, sino también perfectamente posible acoger, queda también demostrada, como acabamos de explicar, por la práctica efectiva de muchos de nuestros municipios, a pesar de sus actuales limitaciones
presupuestarias, infraestructurales y competenciales, así como por la negativa al diálogo y a la colaboración por parte del anterior Gobierno.
Ya en el año 2016, los alcaldes y alcaldesas de Barcelona, Valencia, Madrid y Zaragoza, tras reunirse con motivo de una Cumbre Europea en Roma sobre los refugiados, enviaron una carta al anterior Presidente y la anterior Vicepresidenta del
Gobierno, donde explicaban: 'Los ayuntamientos hemos dado respuesta a las demandas de nuestros propios vecinos y vecinas, que nos reclamaban una actitud proactiva y contundente en materia de protección y salvaguarda de los derechos humanos,
especialmente en relación a las personas en búsqueda de refugio ... A raíz del encuentro en Roma, algunos de los alcaldes y alcaldesas participantes han señalado el desbordamiento que sufren, debido a la presión resultante de la atención primera a
los contingentes de personas que llegan hasta sus territorios por su proximidad geográfica. Al mismo tiempo, otras reclamamos los recursos y la capacidad de colaborar con ellas y aliviar la presión a la que se ven sometidas[ ...] Por todo ello, le
solicitamos conjuntamente una reunión, en el plazo que merece la emergencia humanitaria en la que nos encontramos, para tratar con Ud. estas propuestas'. Esta solicitud de diálogo y colaboración nunca fue atendida.
Al principio de esta exposición de motivos, mencionábamos que afrontar el reto actual de los flujos migratorios globales requiere un enfoque integral. Superar las prácticas de xenofobia y racismo institucional que también existen en nuestro
país, requeriría un amplio debate político en torno a la modificación profunda o la derogación de la Ley de Extranjería, la desaparición de los CIE y otras medidas innecesariamente punitivas contra las personas migrantes, la trasformación de las
políticas fronterizas para reforzar el principio de acogida y no actuar bajo el paradigma del rechazo (por ejemplo, suspendiendo las ilegales devoluciones en caliente y eliminando elementos de control migratorio inaceptablemente lesivos como son las
concertinas), y, en general, el reconocimiento integral de derechos para todas las personas residentes en nuestro territorio nacional. Pero si bien muchas de algunas de estas cuestiones exigirían debates de fondo, hay medidas urgentes que pueden y
deben ser tomadas ante las urgencias que son fruto de las limitaciones del actual sistema de acogida.
En consecuencia, esta Proposición no de Ley plantea una serie de medidas que deben ser consideradas en el marco más general de una transformación del paradigma en el que se basan las actuales políticas migratorias. Pero mientras esos
eventuales debates y reformas de fondo se pudieran producir, las medidas que a continuación planteamos resultan tan necesarias por su urgencia, como de inmediata resolución por la facilidad con que pueden ser ejecutadas. El nuevo Gobierno se está
viendo obligado, tras recibir al Aquarius en el puerto de Valencia, a distribuir a sus pasajeros en otras ciudades de todo el Estado; al igual que está sucediendo con la llegada regular de personas migrantes a las costas de la Frontera Sur. Es por
este motivo que las medidas propuestas por esta Proposición no de Ley además, están enfocadas sobre las necesidades que las ciudades-refugio de todo el Estado tienen a la hora de gestionar la acogida de personas migrantes y refugiadas. El nuevo
Gobierno tiene así la oportunidad de trascender el caso aislado del Aquarius ir más allá del amplio operativo desplegado para recibir al buque en Valencia, para abrir una nueva etapa de colaboración con las ciudades dirigida a implementar
conjuntamente unas políticas de acogida a la altura del reto que se nos plantea.
Por todo lo antedicho, el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, formula la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Abrir un diálogo regular con los municipios que, declarándose y actuando como ciudades-refugio, muestran su disponibilidad para acoger personas migrantes y refugiadas, facilitando así, por un lado, cumplir con las políticas de
reubicación europeas incumplidas hasta el momento por el anterior Gobierno, y por otro lado, hacer frente a los flujos migratorios que eligen nuestro país como lugar de destino o territorio de tránsito hacia Europa.
2. Dotar de recursos económicos suficientes principalmente a las grandes ciudades que vienen funcionando en los últimos años como municipios de acogida y residencia permanente o temporal de las personas migrantes y refugiadas, con el fin de
que estos municipios puedan superar la presión que actualmente les supone hacerse cargo de manera casi en solitario de las responsabilidades derivadas de la acogida. Se insta especialmente a dotar de partidas económicas suficientes a los municipios
que se impliquen en el proceso de reubicación de los pasajeros del Aquarius, recientemente llegados al puerto de Valencia, así como aquellos municipios que se están haciendo cargo también de la acogida de personas migrantes llegadas y por llegar
durante los próximos meses de verano a las costas andaluzas.
3. Ampliar y reforzar los protocolos de recepción en los puntos de llegada de personas migrantes y refugiadas, especialmente en la Frontera Sur, para que, antes de su traslado a las ciudades de acogida, las personas migrantes y refugiadas
que llegan principalmente a nuestras costas sean atendidas adecuadamente facilitándoles ropa, alimentación y atención psicosocial y sanitaria básica.
4. En términos generales, se insta al Gobierno a ampliar y dotar de más recursos al Sistema de Acogida e Integración, para que pueda funcionar a la altura de la situación actual.
5. Destinar los fondos FAMI (Fondo de Asilo, Migración e Integración) europeos a políticas de acogidas reales y efectivas, descentralizando dichos fondos hacia los municipios que ponen en práctica las políticas concretas de acogida.
6. Articular una gestión 'multinivel' de las políticas de acogida, coordinándose el Gobierno del Estado, las comunidades autónomas y los municipios, poniendo a colaborar las competencias y recursos propios de cada nivel de la administración
pública en las políticas de acogida.
7. Reactivar el Fondo de Inmigración que se ha visto suspendido desde el año 2011.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de junio de 2018.-Marcelo Expósito Prieto y Alicia Ramos Jordán, Diputados.-Lucía Martín González y Ione Belarra Urteaga, Portavoces del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú
Podem-En Marea.
161/003506
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para instar al Gobierno a reforzar las
garantías para la salida de los menores del territorio nacional, para su debate en la Comisión de Interior.
Exposición de motivos
Como consecuencia del aumento de los matrimonios mixtos, algo muy habitual en estos tiempos, cada vez se dan más casos de sustracción internacional de menores como una forma de incumplimiento del derecho de familia. El componente
internacional viene determinado generalmente por la diferente nacionalidad de los miembros de la pareja o matrimonio y la existencia de hijos comunes menores de edad, que son trasladados del lugar de su residencia habitual, generalmente al país de
origen de alguno de los dos progenitores o a un tercer Estado, distinto del que residían, sin que el retorno a su lugar de residencia habitual se produzca, incumpliendo deliberadamente la obligación de devolución y vetando de esta manera toda
posibilidad de relación con el otro progenitor.
Para que pueda hablarse de sustracción ilícita ha de existir una vulneración de un derecho de custodia, entendiendo el término custodia en un sentido amplio, pues según la interpretación del Convenio de la Haya de 1.980 sobre los aspectos
civiles de la sustracción de menores, podrá pedir la restitución no solo aquel progenitor que tenga un derecho de custodia en sentido estricto, sino también el progenitor que sea titular de un derecho de visitas. Es decir, el concepto 'custodia' en
este contexto, se corresponde con el derecho a elegir la residencia o domicilio del menor, sin necesidad de que exista una previa resolución judicial que otorgue un determinado derecho de guarda o régimen de visitas, ya que lo que verdaderamente se
protege, es el efectivo ejercicio de un derecho de custodia o régimen de visitas, y con ello, el mantenimiento del 'statu quo' del menor, lo cual puede suceder en una mera separación de hecho.
En los últimos años, los casos de sustracción internacional han ido en aumento, siendo lo cierto que se han resuelto muchos de ellos, si bien no siempre con la suficiente agilidad y celeridad. Este tema ha generado alarma social.
Según un informe del Ministerio del Interior, solo en 2016 se interpusieron 263 denuncias por progenitores, que se vieron despojados de sus hijos porque sus parejas o exparejas los habían sacado del país. El secuestro de menores por parte
de uno de los progenitores, sin el consentimiento del otro, es un drama que según ha declarado el Colectivo de Padres y Madres contra la Sustracción Parental, alerta de que en este país hemos de reforzar las medidas de prevención para evitar este
tipo de sucesos.
En definitiva, de lo que se trata es de dar con soluciones de protección al menor y principalmente, adoptar las necesarias medidas preventivas para que estas situaciones no lleguen a producirse. Así, una medida eficaz e ineludible para
evitar la salida del pais de los menores de forma fraudulenta, es que ambos padres conozcan y autoricen la salida de territorio español, con la obligación de personarse ambos en cualquier Comisaria de la Policía Nacional o Comandancia de la Guardia
Civil, a fin de otorgar una autorización expresa por parte de ambos progenitores cada vez que el menor vaya a salir del pais, a fin de evitar estas situaciones sumamente trágicas y dolorosas para el menor y el progenitor que se ve privado de sus
hijos.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a impulsar y reforzar los mecanismos y medidas necesarios con el fin de evitar que los menores puedan abandonar el territorio nacional sin el consentimiento expreso de ambos progenitores,
otorgado con las garantías necesarias, así como al establecimiento de un servicio de mediación cuando una de las partes se oponga sin justificación razonable.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de julio de 2018.-Rafael Antonio Hernando Fraile, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/003516
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, a instancias de la Diputada Alexandra Fernández Gómez, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la
siguiente Proposición no de Ley, para su debate en la Comisión de Interior relativa a la necesidad de iniciar el procedimiento para la declaración de zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil del lugar de Paramos (Tui,
Pontevedra). afectado por una fuerte explosión de pirotecnia el 23 de mayo.
Exposición de motivos
El 23 de mayo se producía en Páramos (Tui, Pontevedra), una fuertísima explosión de material pirotécnico que afectó a multitud de propiedades particulares y a casas, así como terrenos y otros bienes. Lamentablemente, causó la muerte de dos
personas, dejando a dos menores huérfanos. Se trata de la pareja formada por Abdelkhalek el Bouabi Hailas y Ezzoura Bouadel que perdieron la vida en el fatal siniestro.
La tremenda explosión se registró en la tarde del 23 de mayo, minutos después de las cuatro de la tarde. Para hacerse una idea de la magnitud de la catástrofe, hay que señalar que la columna de humo pude verse en un radio de 10 kilómetros
de distancia. La explosión se originó en un almacén clandestino de pirotecnia del lugar de Paramos en el municipio de Tui donde se almacenaba más de 1.500 kilos de sustancias explosivas. Además de las personas fallecidas, hubo más de 37 personas
heridas, entre ellas menores.
La onda expansiva ocasionó numerosos daños en inmuebles, vehículos del entorno, fincas y otras propiedades. El escenario del entorno, con casas desplomadas, agrietadas, cristales rotos y vehículos destruidos, constituyó una imagen dantesca.
Se contabilizaron más de 31 viviendas destruidas, 86 casas con impactos muy graves en sus estructuras, 311 con diversos daños y 66 vehículos perjudicados. Más de 33 familias tuvieron que abandonar sus hogares. La lista de afectados por daños
superó los 263 vecinos y vecinas, muchos de ellos han perdido todas sus pertenencias y no pueden hacer frente a los gastos económicos de tal desastre.
Aunque el suceso es objeto de investigación policial y judicial, se sabe que la pirotecnia ocupaba un almacén clandestino que se había ordenado clausurar hacía tiempo. La Guardia Civil detuvo al dueño del almacén por homicidio imprudente.
El concello de Tui (Pontevedra) aprobó en un pleno el pasado 1 de junio solicitar a los Ministerios de Hacienda y de Interior que lleven a un Consejo de Ministros la declaración de zona afectada gravemente por una emergencia de protección
civil. El pleno de dicho consistorio aprobó esta solicitud por unanimidad a fin de que todas las personas afectadas puedan acceder a las ayudas necesarias para poder hacer frente a los importantes daños materiales y personales ocasionados. Entre
otros puntos, el acuerdo unánime del ayuntamiento de Tui contempla 'solicitar ayuda y/o auxilio a todas las administración públicas para paliar la situación generada tras los acontecimientos del día 23 de mayo al superar los medios de respuesta de
que dispone este ayuntamiento'.
La Ley 17/2015, de 9 de julio, del Sistema Nacional de Protección Civil, contempla que cuando ocurra un fenómeno extraordinario por su magnitud y gravedad y altere las condiciones de vida de los ciudadanos, el procedimiento para poner en
marcha los diferentes tipos de medidas es la 'declaración de emergencia de protección civil' por Acuerdo del Consejo de Ministros, a propuesta del Ministerio de Hacienda y de Interior. Para una declaración de este tipo, la ley recogen que 'se
valorará que se hayan producido daños personales o materiales derivados de un siniestro que perturbe gravemente las condiciones de vida de la población en un área geográfica determinada ...'.
Como sabe el Gobierno, el capítulo V de dicha normativa titulada 'Recuperación' contempla cuestiones concernientes a las fases de la recuperación, los daños materiales, daños personales. En el artículo 23 establece el procedimiento de
declaración de zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil, el artículo 24 contempla las medidas aplicables, entre ellas las ayudas económicas a particulares por daños en vivienda habitual y enseres de primera necesidad, o
medidas fiscales como la contemplada en el artículo 70 que indica que 'las ayudas por daños personales estarán exentas del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas', entre otras muchas exenciones fiscales. También se recogen medidas
laborales y de Seguridad Social.
Dado lo descrito, creemos que la onda explosiva producida en Paramos (Tui), se ajusta perfectamente a las características descritas en la Ley 17/2015. Sería preciso por tanto que el Gobierno adoptase la iniciativa tal y como demandó el
propio ayuntamiento.
Desde el consistorio se adoptaron diversas medidas que corresponden a su ámbito competencial como un fondo de emergencia local de un millón de euros, pero debe tenerse presente que dada la magnitud de la catástrofe, no resulta suficiente.
Las quejas de las personas afectadas se multiplican porque más de un mes después del siniestro, siguen sin recibir las ayudas necesarias o se enfrentan a trámites burocráticos farragosos. Por su parte, la Xunta de Galicia o el Gobierno central no
están actuando con la premura que una situación como la descrita precisa.
Precisamente el 1 de julio, el colectivo de afectados junto con numerosas personas se manifestaron en las calles de Tui para demandar que las administraciones cooperen y se coordinen en las tareas de reconstrucción del lugar afectado.
Demandan mayor implicación y compromiso para que la normalidad vuelva a Paramos y puedan recuperar sus vidas.
De la Administración central lamentan que no dé respuesta al pronunciamiento unánime del ayuntamiento de Tui en demanda de la declaración de zona de especial emergencia que a estas alturas tenía que haber sido atendida por el Ministerio de
Hacienda y de Interior y haberse abordado en un Consejo de Ministros. Esa es la razón de esta iniciativa parlamentaria.
Por todo lo expuesto, el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
- Iniciar el procedimiento de declaración de zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil en consonancia con lo recogido en el artículo 23 de la Ley 17/2015, de 9 de julio, del Sistema Nacional de Protección Civil que
indica en su punto 1 que 'la declaración de zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil prevista en esta Ley se efectuará por acuerdo del Consejo de Ministros, a propuesta de los Ministros de Hacienda y de Interior y, en su caso,
de los titulares de los demás ministerios concernidos, e incluirá, en todo caso, la delimitación del área afectada. Dicha declaración podrá ser solicitada por las administraciones públicas interesadas'.
- A tal fin, aprobar cuanto antes las medidas contempladas en el artículo 24 de la Ley que comprende ayudas económicas a particulares, así como medidas fiscales de exención tributaria y medidas laborales y de Seguridad Social.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de julio de 2018.-Alexandra Fernández Gómez, Diputada.-Antonio Gómez-Reino Varela, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.
Comisión de Fomento
161/003438
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la necesidad de construir una
nueva estación de la línea de tren de alta velocidad en Otero de Sanabria (Zamora), para su debate en la Comisión de Fomento.
Exposición de motivos
El Ministerio de Fomento ha sometido a información pública mediante anuncio en el 'Boletín Oficial del Estado' de fecha 30 de mayo de 2016 el Estudio Informativo de la nueva estación de alta velocidad de Sanabria, en Zamora que se emplaza en
el tramo Cernadilla-Pedralba de la Pradería en el Corredor Norte-Noroeste de Alta Velocidad, Línea de Alta Velocidad Madrid-Galicia.
La nueva estación se construirá en la localidad de Otero de Sanabria, en el término municipal de Palacios de Sanabria (Zamora) y el acceso se realiza a través de un nuevo vial que conectará con la nacional CN-525 y esta a su vez con la
autovía de las Rías Baixas.
El 10 de noviembre de 2016 se aprobó el expediente de información pública y audiencia, y definitivamente el estudio informativo 'Nueva Estación de Alta Velocidad de Sanabria. Corredor Norte-Noroeste de Alta Velocidad, Línea de alta
Velocidad Madrid-Galicia' y publicado en el 'Boletín Oficial del Estado' el 22 del mismo mes.
Ante esta realidad, algunos grupos políticos, especialmente del espectro político del independentismo catalán, han criticado la construcción de esta estación diciendo que es una infraestructura para 26 vecinos, calificando esta comarca como
'páramo desierto'.
Estas críticas ignoran que esta infraestructura se sitúa en una ubicación estratégica desde el punto de vista técnico para la Línea de Alta Velocidad Madrid-Galicia, a mitad de camino entre Zamora y Orense. Esta es la ubicación idónea para
construir un Puesto de Adelantamiento y Estacionamiento de Trenes (PAET). Además, y por motivos de seguridad, el PAET ha de construirse con andenes y accesos preparados para subir y bajar pasajeros, para poder evacuar un tren o transbordar los
viajeros de un tren a otro en caso de emergencia o avería. Teniendo que realizar esta infraestructura obligatoriamente por motivos técnicos, y que consiste en vías de apartados con sus arcenes correspondientes y acceso por carretera, solamente hay
que añadir una pequeña infraestructura más, el edificio de viajeros, para dar la posibilidad de que los trenes que pasen por allí puedan realizar también paradas comerciales y no solo en caso de emergencia.
Esta estación se construye, no para 26 habitantes como algunos quieren hacer entender, sino para toda la comarca de Sanabria, de 7.000 habitantes que en verano multiplica por dos y en algunos casos por tres su población. Pero es que además
también podrá dar servicio a buena parte del norte de Portugal. Hay que recordar que la ciudad de Braganza está a tan solo 40 Kms de la futura estación y cuenta con 35.000 habitantes, a los que hay que añadir otros 25.000 más de municipios
limítrofes como Vimioso, Vinhais o Macedo de Cavaleiros. Cabe recordar que en la Región Norte de Portugal viven 200,000 personas y es la más poblada del país vecino.
El Movimiento defender, autonomizar y rejuvenecer Tras-os-Montes solicita que 'los gobernantes de España, Portugal y de la Unión Europea hagan esfuerzos para que los trenes de alta velocidad Madrid-Galicia tengan parada en Otero para dar
servicio de cobertura a toda la región transfronteriza', medida que consideran 'de extraordinaria relevancia en el ámbito de la Unión Europea'. Consideran este servicio de carácter internacional que abrirá nuevos ejes de centralidad y contribuirá
al desenvolvimiento de toda la región transfronteriza de Castilla y León y de Tras-os-Montes e Alto Douro, constituyendo así una ayuda sin precedentes en la tarea de combatir los graves problemas inherentes a la interioridad'. Añaden además que
existe 'una nueva generación altamente cualificada que incluye preocupaciones ecológicas como la preferencia de viajar en tren por ser un medio más amigo del ambiente, lo que representa un número razonable de ciudadanos que contribuirá a volver
rentable la estación de Otero'.
Hay que añadir, además, que el coste total del PAET con la estación es de 5,1 millones de euros, por lo que se puede deducir que el 'añadido' al PAET en términos económicos no supone un desembolso significativo cuando hablamos de una línea
que en su totalidad supone una inversión de 7.758 millones. Es decir, el coste añadido al PAET para convertirlo en estación es de un 0.01% del coste de la línea.
Además, los distintos gobiernos del Partido Popular siempre han apostado por racionalizar el gasto y dar el mejor servicio también al mundo rural, porque los españoles tienen el mismo derecho, vivan donde vivan y no podemos dejar aislada a
una zona como la sanabresa por un coste tan reducido. Las comunicaciones son claves para el desarrollo, también para el de la comarca de Sanabria en Zamora.
Por todo ello el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, formula la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a mantener la infraestructura proyectada denominada nueva estación de Alta Velocidad de Sanabria. Corredor Norte-Noroeste de Alta Velocidad. Línea de Alta Velocidad Madrid-Galicia y a
agilizar su construcción para que sea una realidad lo más pronto posible dentro de los plazos generales del proyecto.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de junio de 2018.-Rafael Antonio Hernando Fraile, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/003441
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para instar al Gobierno a que las
obras de la autovía A-33 incluyan la construcción de un enlace en la intersección con la carretera RM-A15, en el término municipal de Jumilla (Murcia), para su debate en la Comisión de Fomento.
Exposición de motivos
La carretera RM-A15, adscrita a la red de carreteras de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, tiene dos funciones claramente definidas.
Por un lado, es la vía de unión del municipio de Jumilla, con una población superior a los 25.000 habitantes, con el corredor Yecla-Pinoso, actual carretera RM-424. Este corredor, que enlaza con la A7 a la altura del municipio de Santomera,
forma parte de la red regional de primer nivel y está planificada su conversión a vía de gran capacidad, por su alto potencial de eje vertebrador de la zona oriental de la Región de Murcia, y de vía colectora y distribuidora de todas las poblaciones
de la comarca del Alto Vinalopó Alicantino, en sus desplazamientos hacia el eje-Alicante-Albacete y hacia las comarcas más occidentales de la Región de Murcia.
Por otro lado la RM-A15 supone la única vía que proporciona acceso a y desde Jumílla a zonas de alto valor agrícola, con la presencia de grandes extensiones de fincas dedicadas al cultivo de la vid, que generan un importante tráfico pesado,
y la implantación de conocidas y destacadas bodegas, que no solo suponen un centro de producción vinícola, sino que además son puntos generadores de un elevado tráfico por su valor como recurso turístico.
Además, la RM-A15 supone la carretera de acceso a zonas de un alto valor ambiental y, por tanto, susceptible de uso recreativo y turístico, como es la Sierra del Carche, lo cual es sin duda otro foco de atracción de tráfico.
Por último se da la circunstancia del progresivo asentamiento poblacional a lo largo de la RM-A15 desde Almilla hasta las proximidades de la futura autovía A-33, actualmente en construcción, con la presencia de multitud de viviendas
unifamiliares aisladas y en urbanizaciones.
Por lo tanto, y en virtud de lo expuesto, se considera que la RM-A15, tiene un potencial muy alto de convertirse en un eje de accesibilidad y comunicaciones para múltiples actividades que se implantan o pueden implantarse en su entorno y por
lo tanto se considera fundamental su conexión a la futura Autovía A-33, para facilitar la accesibilidad desde la localidad de Jumilla y, en general, de toda el área abarcada por la RM-A15.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno de España para que, a través del Ministerio de Fomento, impulse los trámites para promover la construcción de un enlace en la intersección entre la nueva Autovía A-33 con la carretera regional
RM-A15, a la altura de/término municipal de Jumilla, en la Región de Murcia.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de junio de 2018.-Rafael Antonio Hernando Fraile, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/003442
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para dinamizar los proyectos de la
llegada del AVE y del Corredor Mediterráneo a Lorca y su conexión con Andalucía, para su debate en la Comisión de Fomento.
Exposición de motivos
En los Consejos de Administración de la sociedad Murcia Alta Velocidad de 30 de julio de 2015 y 4 de enero de 2016, se aprobaron los acuerdos para hacer efectiva la llegada del AVE a la ciudad de Murcia, lo que está previsto que suceda a lo
largo del presente año, así como también el soterramiento en diversas fases de esta infraestructura a su paso por la capital de la Región.
Sin embargo, es igualmente imprescindible la prolongación y llegada del AVE también a Lorca, tercera ciudad en importancia de la Comunidad Autónoma y punto clave en la conexión de las comunicaciones ferroviarias entre el Levante y Andalucía,
dando así sentido, coherencia y razón de ser al proyecto del Corredor Mediterráneo, tanto a nivel de pasajeros como de mercancías.
A este respecto, la llegada del AVE a Lorca supondrá la máxima garantía de culminar con éxito este gran proyecto de vertebración integral del territorio nacional, pues traerá consigo el dar viabilidad a que el eje ferroviario Estrecho de
Gibraltar-Mar Báltico, que nace en Algeciras y recorre todas las comunidades autónomas mediterráneas españolas, se pueda convertir a medio plazo en una próspera realidad generadora de trabajo y riqueza.
Durante los últimos años se han ido ejecutando, en el tramo Murcia-Lorca, al igual que en el Lorca-Almería, distintos tramos de ancho ferroviario internacional, que sin embargo no se hayan conectados entre sí, haciendo inviable su uso hasta
que no se completen el resto de tramos pendientes.
En este sentido, y de cara a poder seguir avanzando en el desarrollo de esta infraestructura, debe resolverse con carácter previo la cuestión de cómo se aborda la integración del trazado ferroviario a su paso por las localidades de
Alcantarilla, Librilla y Lorca, sitas a lo largo de la línea Murcia-Lorca, y principal obstáculo al momento presente a la hora de poder continuar con los trabajos.
A tal fin, debe indicarse que existen iniciados diversos estudios desde hace años a tal propósito, si bien en la actualidad aún no se han culminado, razón por la que en primer lugar procede finalizar los mismos de cara a determinar las
soluciones que permitan desbloquear esta situación.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno para que, a través del Ministerio de Fomento, impulse la finalización de los estudios de integración del trazado ferroviario a su paso por las localidades de Alcantarilla, Librilla y Lorca,
dentro del proyecto de las obras del AVE y del Corredor Mediterráneo entre las ciudades de Murcia y Lorca, al objeto de permitir la continuación de los trabajos de ejecución de esta infraestructura en su conexión entre el Levante y Andalucía.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de junio de 2018.-Rafael Antonio Hernando Fraile, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/003443
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para instar al Gobierno a impulsar las
obras de construcción de Los Arcos Norte y Noroeste de la ciudad de Murcia y del tercer carril de la MU-30 A-7, para su debate en la Comisión de Fomento.
Exposición de motivos
El proyecto del Arco Norte de la ciudad de Murcia posee una longitud de 17 kilómetros y tiene como finalidad funcionar como una variante Norte de la A-7 y evitar las aglomeraciones en los accesos a la capital en esta zona, en la que
confluyen los tránsitos de la citada A-7 (Alicante) y de la A-30 (Madrid) y donde la intensidad de tráfico alcanza los valores de 147.000 vehículos/día.
A su vez, el proyecto del Arco Noroeste de la ciudad de Murcia tiene una longitud de 22,1 Km y su ejecución tiene como finalidad conseguir un baipás para aligerar el tráfico de la Ronda Oeste de la capital murciana, tramo que soporta
diariamente una media de más de 116.000 vehículos, evitando de esta forma el tránsito de largo recorrido por dicha circunvalación.
Finalmente, el 5 de julio de 2016, el 'Boletín Oficial del Estado' ha publicado la aprobación del expediente de información pública y definitiva del proyecto de trazado del tercer carril por calzada en la autovía MU-30, en el tramo
comprendido entre la A7 y el enlace con la A-30, en dirección a Cartagena y la Comarca del Mar Menor.
Para la Región de Murcia, y especialmente para la capital y las localidades de su área metropolitana, en las que se concentra una población de más de 800.000 personas y un importantísimo espacio de actividad comercial e industrial, es
fundamental la ejecución de estas tres obras dados los elevadísimos niveles de congestión y retención de tráfico que al momento presente padece la red viaria que circunvala por carretera la ciudad, con los consiguientes perjuicios de toda índole
tanto para la movilidad de fas personas como para la actividad económica que se desarrolla en este gran polo estratégico de la Región de Murcia.
En la actualidad los tres proyectos están ya terminados y es necesario darle un avance a la tramitación de todas estas iniciativas de cara a poder prever el inicio de las obras en el plazo más breve posible.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Licitar los arcos norte y noroeste de forma inmediata, tal y como estaban contemplados en el Plan Extraordinario de Infraestructuras.
2. Autorizar la construcción del tercer carril de la A-7, en el tramo Alicante-Murcia, tal y como anunció el ex Ministro Íñigo de la Serna.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de junio de 2018.-Rafael Antonio Hernando Fraile, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/003444
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la mejora de los trenes que
circulan por Extremadura, para su debate en la Comisión de Fomento.
Exposición de motivos
Desde que en España se iniciara la apuesta por la alta velocidad en el transporte de ferrocarril han sido innumerables las inversiones en este sentido del Gobierno de España, tratando de vertebrar el país y acercando ciudadanos y mercancías
a través de un transporte rápido, seguro y eficaz.
Las inversiones han alcanzado varios ejes y ya alcanza ciudades tan importantes como Madrid, Valladolid, Palencia, León, Ciudad Real, Puertollano, Córdoba, Sevilla, Zaragoza, Lleida, Tarragona, Barcelona, Guadalajara, Huesca, Segovia,
Antequera, Málaga, Cuenca, Albacete, Villena, Alicante, Valencia, estando multitud de tramos en obras para seguir conectando muchas capitales de provincia Andaluzas, Gallegas o, por ejemplo, Extremeñas.
En el caso de Extremadura, gracias a la inversión desarrollada por el Gobierno del Partido Popular durante los últimos años se ha producido un gran avance en una infraestructura que se prometió por gobiernos anteriores para 2010 y que aún
hoy está sin acabar.
Esto está suponiendo un amplio debate en la sociedad extremeña que tiene una gran necesidad de tener trenes de altas prestaciones para comunicar a las personas, pero también para dar salida por esta vía a sus productos, principalmente
agroalimentarios, a los principales mercados nacionales, europeos e internacionales y para poner en valor estructuras que se están comenzando a preparar como la Plataforma Logística del Suroeste Europeo de Badajoz.
El Recorrido Madrid-Badajoz es el sexto más largo de la red de ferrocarriles de España, y viene a tardar entre cinco horas y media y seis horas y media, tiempo que tarda en recorrer los 400 kms por carretera y algo menos de 500 por las vías
del tren.
Se trata de un viaje que RENFE realiza desde Atocha en trenes inferiores a los ALVIA o los TALGO que llegan a otras capitales de provincia, con muchos menos servicios a bordo, que originan multitud de quejas de los usuarios. Son constantes
las quejas sobre la falta de cafetería, de conectividad wifi, de lavabos y servicios adecentados o de entretenimiento a bordo.
Mientras se finalizan las inversiones necesarias para que Extremadura tenga el tren de altas prestaciones, es de justicia que el trayecto ferroviario entre Extremadura y Madrid se haga con criterios de justicia con los extremeños que merecen
que por sus vías transiten trenes, si no más rápidos, al menos más cómodos, que hagan del viaje una experiencia más confortable.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno para que, en el ámbito de sus competencias, inste al operador ferroviario a que mejore el servicio de trenes Madrid-Badajoz que se realiza en la actualidad, con mejores trenes, vagones más
cómodos, mejores servicios a bordo y más horarios.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de junio de 2018.-Rafael Antonio Hernando Fraile, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/003445
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para que se ejecute la modernización
de la línea de Cercanías Renfe Alicante-Murcia, para su debate en la Comisión de Fomento.
Exposición de motivos
La historia reciente de las infraestructuras que facilitan el transporte de viajeros en la Provincia de Alicante, al amparo del impulso creciente del turismo en la Costa Blanca, es un ejemplo de la importancia de la inversión en territorios
que se convierten en motores de la actividad económica del Reino de España. El Aeropuerto Alicante-Elche, con su creciente número de viajeros, batiendo registros mes a mes, y la conexión ferroviaria de Alta Velocidad entre Madrid y Alicante, que ha
cumplido todas las expectativas favorables en cuanto a los viajeros que traslada desde su puesta en marcha, así lo acreditan.
Por ello es importante, que esa realidad creciente en el Sureste Español que supone el transporte de personas, traducido en más empleo, y más actividad económica, tenga la precisa permeabilidad en el territorio, favoreciendo por ello que ese
efecto positivo llegue al mayor numero de espacios geográficos de la Provincia de Alicante, y especialmente a la Vega Baja del Segura.
En este sentido la línea ferroviaria de cercanías que une Alicante y Murcia, es una infraestructura que precisa, por el paso de los años, y por la dinámica de actividad creciente en el territorio, de una modernización que la impulse hacia la
modernización, el respeto al medio ambiente, y la integración en una estrategia de coordinación con los servicios ferroviarios regionales y de la Alta Velocidad, en sus diferentes conexiones.
Es loable y necesario, tender hacia unos servicios mejores, de menor duración en los trayectos, con mayores frecuencias en la conexión entre paradas, consolidando y avanzando en una mayor calidad en el tramo ferroviario de cercanías entre
Alicante y Murcia.
Dentro de este ámbito conjunto de defensa de la infraestructura ferroviaria, el resto de administraciones publicas en ejercicio de sus competencias, deben contribuir y asumir su responsabilidad en la impulsión de la intermodalidad,
estableciendo un servicio adecuado de conexiones entre las estaciones de cercanías y autobuses, para potenciar la movilidad en el eje Alicante, Elche, San Isidro, Crevillente, Orihuela, Murcia.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno de España, para que a través del Ministerio de Fomento:
1.º Se ejecute la modernización de la línea de Cercanías Renfe Alicante-Murcia, terminando las obras y puesta en servicio de/tramo Monforte-Alicante.
2.º Se electrifique y cambie a Ancho Estándar el tramo San Isidro-Elche-Alicante por la Costa.
3.º Se inste a las administraciones con competencias, a que establezcan un servicio adecuado de conexiones entre las estaciones de Cercanías y autobuses con las estaciones de Alta Velocidad, con el fin de potenciar la movilidad.
4.º Que en el nuevo contrato, a rubricar entre el Ministerio de Fomento y Renfe, para la prestación de los servicios sujetos a obligaciones de servicio público, se garantice que los servicios de cercanías entre Alicante y Murcia se prestarán
con el material móvil de características técnicas y calidad adecuado.
5.º Que el Gobierno de España acomode partida presupuestaria, adecuada al Ministerio de Fomento y organismos competentes, para que la línea ferroviaria Alicante-Murcia contribuya con su modernización a la potenciación de la movilidad y el
respeto al medio ambiente en esta zona tan importante del Sureste Español.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de junio de 2018.-Rafael Antonio Hernando Fraile, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/003448
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre el impulso del plan de
colaboración público privada presentado recientemente por el Ministerio de Fomento para la construcción de nuevas carreteras, para su debate en la Comisión de Fomento.
Exposición de motivos
La obra pública ha sufrido muchos recortes en España en la última década como consecuencia de la crisis económica y la necesidad de garantizar tanto el estado del bienestar como el cumplimiento de los objetivos de déficit comprometidos con
Europa.
Pero estas circunstancias excepcionales, que se tomaron ante la situación económica más complicada de la democracia, han sufrido un giro radical gracias a medidas valientes y al esfuerzo de todos los españoles. En el contexto actual, en el
que lideramos el crecimiento y la creación de empleo, y estamos a punto de salir del procedimiento de déficit excesivo, podemos dar un nuevo impulso a las infraestructuras en nuestro país.
Con este objetivo, el Gobierno presentó el pasado mes de julio el Plan Extraordinario de Inversiones en Carreteras (PIC) por el que pretende movilizar e invertir 5.000 millones de euros entre 2017 y 2021. Este plan, que está basado en la
colaboración con el sector privado y marcado por el compromiso de España de reducir el déficit público, sextuplicará la capacidad de gasto que permite el presupuesto de un año.
En opinión de Seopan (Asociación de Empresas Constructoras y Concesionarias de infraestructuras) el proceso de consolidación fiscal frenó que la inversión fuera por vía presupuestaria, por lo que el único modelo posible es el basado en la
colaboración público-privada, 'que permite diferir el coste de la infraestructura en el largo plazo e incorpora en un mismo agente la construcción, operación y mantenimiento de la infraestructura'.
El dinero, proporcionado por las constructoras y el Estado, se destinará a actividades en más de 20 corredores del país que alcanzan los 2.000 kilómetros de infraestructuras.
Las empresas recuperarán esta inversión cuando se abran a los conductores las nuevas carreteras. Así pues, recibirán un pago anual del Estado de 350 millones (un 20% del Presupuesto del Ministerio de Fomento) durante cada uno de los 30 años
en los que se encargarán del mantenimiento de las vías. De esta manera, la inversión no computa ni como déficit ni como deuda.
Las constructoras deberán aportar recursos propios para asumir un 20% de la inversión y financiar el 80% restante. También está prevista una contribución de hasta un 40% del importe por parte del BEI y la utilización de fondos europeos del
Plan Juncker.
En cuanto al empleo, el Gobierno prevé que se crearán 150.000 puestos de trabajo en los próximos cuatro años y otros 39.200 en las próximas tres décadas y que las inversiones supondrán un retorno fiscal de unos 3.000 millones de euros.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a licitar, de forma inmediata, las obras preparadas por el anterior Gobierno y contenidas en el Plan Extraordinario de Infraestructuras por Carretera (PIC), por el que se pretende invertir
5.000 millones de euros entre 2017 y 2021.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de junio de 2018.-Rafael Antonio Hernando Fraile, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/003456
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(161) Proposición no de Ley en Comisión.
Autor: Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.
Proposición no de Ley relativa a la vertebración territorial y movilidad sostenible a través del eje Cantábrico-Mediterráneo.
Acuerdo:
Considerando que solicita el debate de la iniciativa en Comisión, y entendiendo que la previsión de presentación ante las Cortes Generales del calendario de inversiones y ejecución de la puesta en servicio de cada uno de los tramos del
Corredor, contenido en el punto 2 procedería hacerlo, en todo caso, por el procedimiento reglamentario pertinente, admitirla a trámite como Proposición no de Ley, conforme al artículo 194 del Reglamento, y disponer su conocimiento por la Comisión de
Fomento. Asimismo, dar
traslado del acuerdo al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, comunicando este acuerdo al Grupo Parlamentario autor de la iniciativa.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de julio de 2018.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, a iniciativa de las Diputadas y Diputados Rosana Alonso, Nayua Alba, Isabel Salud, Rosa Martínez, Sara Carreño, lone Belarra, Rosana Pastor, Ángela Ballester, Juan
López de Uralde, David Carracedo, Eduardo Maura, Eduardo Santos, Jorge Luís Ball, Pedro Arrojo, Ricardo Sixto y Sergio Pascual de conformidad con el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley
para su debate y aprobación en Comisión de Fomento, relativa a la vertebración territorial y movilidad sostenible a través del eje Cantábrico-Mediterráneo.
Exposición de motivos
El corredor Cantábrico-Mediterráneo es un eje fundamental para la vertebración territorial, la movilidad sostenible y la dinamización de las sinergias socioculturales y económicas de los territorios cántabro, vasco, riojano, navarro,
aragonés y valenciano.
Unir el norte de la península con el litoral mediterráneo es una apuesta de futuro que no puede demorarse ni un día más. Requiere de un gran pacto político y social que se comprometa fehacientemente a poner en marcha y ejecutar la inversión
y los trabajos requeridos.
El modelo del AVE ha demostrado ser altamente ineficiente para responder a las necesidades económicas y sociales, polarizando y generando islas de exclusión territorial, junto con un alto impacto económico y ambiental. La correcta
planificación e inversión del Corredor Cantábrico-Mediterráneo debe atender inexcusablemente a la cohesión territorial, la sostenibilidad, la seguridad, la diversificación de las conexiones y el derecho a la movilidad. Este último es realmente
importante para asegurar que las inversiones en infraestructuras ponen en el centro de las políticas a las necesidades de la ciudadanía.
Por ello, se torna necesario mejorar lo ya existente, adaptando trazados desfasados a los requerimientos técnicos actuales, electrificando líneas, eliminando puntos de afectación por limitaciones de velocidad, implantando sistemas de
seguridad de circulación para incrementar la capacidad de circulación y/o construyendo apartaderos para trenes de 750 metros de longitud. Además, es imprescindible prestar especial prioridad e importancia a la modernización tramo
Zaragoza-Teruel-Sagunto, a los tramos como los de Barracas-Caudiel, La Puebla-Teruel, Carninreal Ferreruela y Villareal de Huerva-Cariñena, evitando que la provincia de Teruel quede aislada.
Todo ello pasa por incrementar la dotación presupuestaria destinando los recursos públicos a mejorar y garantizar un tren público y social, para lograr que la conexión de la cornisa cantábrica con el litoral mediterráneo sea una realidad
viable, sostenible y de verdadera importancia, y no un mero título nominativo.
Por todo ello el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Revisar el Corredor Cantábrico-Mediterráneo planteado en el año 2009 por el Gobierno de España por su alto coste, la negativa afectación a los servicios regionales, convencionales y de cercanías, así como por los impactos
medioambientales especialmente en áreas protegidas como el Parque Natural de la Calderona y a los BIC de Jérica y Segorbe.
2. En el plazo de dos meses se reunirán los responsables competentes en materia de infraestructuras del Gobierno de España, de Cantabria, Euskadi, La Rioja, Navarra, Aragón y Comunitat Valenciana, junto con agentes sociales de dichos
territorios para establecer las necesidades especiales que han de
atenderse con máxima prioridad en las inversiones y actuaciones para el Corredor Cantábrico-Mediterráneo, de forma que se garantice la cohesión, vertebración territorial y la homogenización en esta infraestructura. Se fijará y calendario
acordado de inversiones y ejecución detallada para la puesta en servicio para cada uno de los tramos del Corredor, que deberá ser presentado en las Cortes Generales.
3. Contemplar para el futuro del corredor Cantábrico-Mediterráneo la adaptación del actual trazado a unas necesidades de mayor velocidad que permitan aumentarla manteniendo el servicio al territorio, con doble vía electrificada de alta
prestación para viajeros y mercancías, eliminando puntos afectados por la limitación de velocidad, implantando y mejorando los sistemas de seguridad de circulación, construyendo apartaderos para mercancías de más de 750 metros de longitud, así como
la apertura de nuevos trazados, arreglos y mejoras prioritarios en tramos como los de Barracas-Caudiel, La Puebla-Teruel, Caminreal-Ferreruela y Villareal de Huerva Carifiena, con el fin de eliminar aquellos puntos del recorrido cuyo trazado actual
no permitiría la adaptación a una velocidad competitiva. Con estas actuaciones se reducirían los tiempos de viaje en casi el 50% entre Teruel y Zaragoza y un 60% entre Valencia y Teruel, haciéndolos competitivos frente al transporte por carretera.
4. Realizar las actuaciones necesarias para favorecer la intermodalidad del Corredor Cantábrico-Mediterráneo con todos los puertos costeros y puertos secos del área de influencia.
5. Dotar a todos los tramos del Corredor Cantábrico-Mediterráneo, en los Presupuestos Generales del Estado, de una financiación adecuada y suficiente para su completa ejecución.
6. Mantener la programación económica y los proyectos en los Presupuestos Generales del Estado hasta la finalización la finalización de las obras y la puesta en marcha de los distintos tramos que componen al Corredor
Cantábrico-Mediterráneo.
7. Poner en marcha todas las acciones necesarias para incluir el Corredor Cantábrico-Mediterráneo dentro de las distintas vías de financiación europea.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de junio de 2018.-Rosa Ana Alonso Closa, Nayua Miriam Alba, Goveli, María Isabel Salud Areste, María Rosa Martínez Rodríguez, Rosana Pastor Muñoz, Ángela Ballester Muñoz, Sara Carreño Valero, Ione
Belarra Urteaga, Juan Antonio López de Uralde Garmendia, José David Carracedo Verde, Eduardo Javier Maura Zorita, Eduardo Santos Itoiz, Jorge Luis Bail, Pedro Arrojo Agudo, Ricardo Sixto Iglesias y Sergio Pascual Peña, Diputados.-Txema Guijarro
García, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.
161/003462
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre el impulso a las medidas de
accesibilidad contempladas en el Plan Estatal de Vivienda 2018-2021, para su debate en la Comisión de Fomento.
Exposición de motivos
El pasado 9 de marzo, el Gobierno del Partido Popular aprobó el nuevo Plan Estatal de Vivienda 2018-2021, caracterizado por su altísimo contenido social y orientado a atender las necesidades prioritarias de las personas. Este Plan
contempla, a lo largo de sus nueve programas, ayudas dirigidas a los sectores de población más vulnerables, víctimas de violencia de género, jóvenes, familias, personas mayores y personas con discapacidad, entre otros colectivos.
Mantiene, entre sus principales objetivos, una apuesta decidida por fomentar el alquiler, como una de las fórmulas más adecuadas para el acceso a la vivienda, la rehabilitación, y la regeneración urbana y rural, haciendo especial hincapié en
las ayudas al alquiler para personas con dificultades económicas, atendiendo a sus circunstancias y grados de vulnerabilidad, con el fin de dar respuesta a la demanda de vivienda de alquiler y favorecer la regulación de precios mediante el
incremento de la oferta a precios accesibles.
Entre sus medidas novedosas cabe destacar la puesta a disposición de viviendas desocupadas de entidades de crédito, o de otros propietarios tenedores de viviendas, para que las comunidades autónomas puedan alquilarlas a personas o familias
que se encuentren en situación de desahucio. Incluye, por
primera vez, ayudas para el acceso a vivienda en propiedad a los jóvenes residentes en municipios de menos de 5.000 habitantes, de hasta 10.800 euros, así como ayudas a la promoción de viviendas para personas mayores o personas con
discapacidad.
En materia de accesibilidad, el nuevo plan Plan Estatal de Vivienda 2018-2021, afronta la realidad de determinados sectores de población, mayores y personas con discapacidad, que requieren que la sociedad esté preparada para dar respuesta
desde distintos ámbitos.
En este sentido y atendiendo al fenómeno del envejecimiento, los datos del Instituto Nacional de Estadística indican que la edad media de la población española se sitúa en los 42,9 años frente a la media de 39,5 de la Unión Europea,
existiendo en nuestro país más de ocho millones de personas de más de 65 años. Por otro lado, las personas con discapacidad, en torno a tres millones, según la Base Estatal de Datos con valoración del Grado de Discapacidad del Ministerio de
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, también requieren de una respuesta social similar capaz de atender las necesidades de viviendas dignas y adecuadas.
En este contexto el nuevo Plan contempla, en su Programa 6, una serie de medidas relativas a la mejora de la seguridad de utilización y de la accesibilidad en viviendas, que podrán concederse, por primera vez, a aquellos propietarios de
viviendas en edificios de tipología residencial colectiva y viviendas unifamiliares.
- Los importes de la ayuda para accesibilidad se incrementan con respecto al Plan Estatal 2013-2016, incrementándose hasta 14.000 euros por vivienda para personas con discapacidad y hasta 17.000 euros para personas con discapacidad severa.
- Se proponen ayudas para la accesibilidad en caso de movilidad reducida y mayores de 65 años hasta el 75% del coste de la inversión (frente al 50% aceptado en el Plan Estatal 2013-2016).
- Se incrementa el número de viviendas susceptibles de ayudas por antigüedad respecto del Plan Estatal 2013-2016, al establecerse una antigüedad preferente anterior al 1986. De este modo pasarán de 13.630.000 a 18.170.000 viviendas como
posibles receptoras de las ayudas de rehabilitación.
Asimismo, el Programa 9 del Plan introduce una línea de nueva creación para el fomento de viviendas destinadas a personas mayores y personas con discapacidad, que tiene como objetivo ayudar a los promotores de edificios y complejos
residenciales que cuenten con instalaciones y servicios comunes adecuados para ellas (deportivos, lavandería, sanitarios, restauración, de seguridad, así como terapias preventivas y de rehabilitación etc.) que contribuyan a mejorar su calidad de
vida.
- El importe de la ayuda será hasta 400 m2 útil de vivienda con un límite del 40% de la inversión.
- Los destinatarios de las viviendas serán personas mayores de 65 años o personas con discapacidad, con ingresos inferiores al 5 veces el IPREM, que no dispongan de vivienda en propiedad y que cuenten con un patrimonio inferior a 200.000
euros.
- Deberán tratarse de viviendas en régimen de alquiler o de cesión de uso durante 40 años mínimo, con un precio máximo de alquiler de 9,5 /m2 de superficie útil y una calificación energética mínima B.
Finalmente hay que señalar que este Plan Estatal de Vivienda 2018-2021, es el resultado de un amplio proceso participativo y complementa las políticas de vivienda de los competentes en esta materia, ayuntamientos y comunidades autónomas,
siendo estas últimas libres a la hora de acogerse a dichas ayudas o renunciar a ellas de manera voluntaria.
Por todo lo expuesto, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, presenta la siguiente:
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
- Cumplir íntegramente el Plan de Vivienda elaborado y aprobado por el anterior Gobierno del PP.
- En concreto que, a través del Ministerio de Fomento, se coordine con las Comunidades Autónomas para adoptar un compromiso firme con la accesibilidad universal, materializando preferentemente los Convenios que, derivados del Plan Estatal de
Vivienda 2018-2021, afectan a los programas de accesibilidad contemplados en el mismo.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de junio de 2018.-Rafael Antonio Hernando Fraile, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/003478
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para la revisión del Convenio de
carreteras del Estado con la Comunidad Autónoma de Canarias, para su debate en la Comisión de Fomento.
Exposición de motivos
Las competencias en materia de infraestructuras viarias en la Comunidad Autónoma de Canarias las ostenta la propia Comunidad, por lo que no existe Red de Carreteras del Estado en Canarias.
El Ministerio de Fomento interviene financiando obras de carreteras en Canarias mediante la firma de convenios debido a la obligación que establece la Ley 19/1994 de Modificación del Régimen Económico y Fiscal. Hasta Diciembre de 2017 ha
estado en vigor un Convenio de colaboración entre el Ministerio de Fomento y el Gobierno de Canarias firmado en 2006 y modificado por la adenda suscrita en 2009 por un período de 12 años (2006-2017) en un total de 60 actuaciones.
Con fecha 29 de diciembre de 2017, se firmó la Adenda al Convenio de colaboración entre la Administración General del Estado y la Comunidad Autónoma de Canarias en materia de Carreteras, celebrado el día 31 de enero de 2006 y modificado por
Adenda de 17 de noviembre de 2009. En la parte expositiva de la misma se indica que: 'Con el fin de que se puedan analizar nuevas actuaciones en materia de carreteras con los Presupuestos Generales del Estado 2017 prorrogados, en enero de 2018
comenzará a negociarse un nuevo convenio entre la Administración General del estado y la Comunidad Autónoma de Canarias para financiar nuevas actuaciones'. Esta segunda Adenda pretende prorrogar el Convenio y su Adenda inicial, por un plazo de 14
meses, a contar desde el 1 de enero de 2018, al efecto de realizar la liquidación del mismo.
De la anualidad comprometida en los Presupuestos Generales del Estado para 2017 que ascendía a 219 M , la Adenda reajusta esa cantidad fijando la anualidad para 2017 en 118 M , que ya se han abonado a Canarias. Por tanto, se pasan 101 M
a la anualidad 2018, con el fin de liquidar el Convenio. Por otro lado, el Presupuesto prorrogado 2017 contemplaba nuevamente la cuantía de 219 M para Canarias.
En la propuesta de Presupuestos Generales del Estado para 2018 que probablemente se aprueben a finales de este mes de Junio se ha consignado una cantidad próxima a los 340 millones, entre Convenio y obras que se han valorado fuera del mismo.
Para poner en marcha y ejecutar estos presupuestos, independientemente de la obligación del Gobierno de Canarias de realizar los proyectos constructivos previos a la realización de las obras, es necesaria la firma del Convenio como marco que
de seguridad jurídica y continuidad a la inversión estatal.
Desde el Grupo Parlamentario Popular entendemos que este nuevo documento debería dar cumplimiento a tres objetivos:
- Modificación de la adenda firmada en 2017 para abonar las certificaciones de obra pendientes de ejecutar de las actuaciones de 2009.
- Inclusión de obras nuevas de acuerdo a las prioridades establecidas en cada isla por sus Cabildos Insulares.
- Establecer un acuerdo extrajudicial para determinar el prorrateo de los pagos de la Sentencia número 2075/2017 de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, de fecha 22 de diciembre de 2017 o establecer un pago único.
La continuidad del Convenio de Carreteras y su desarrollo a corto plazo es de vital importancia para el desarrollo de las islas y para solucionar graves problemas de movilidad que se agravan día a día y que son el resultado, no solo de la
falta de financiación sino de una mala planificación y gestión por parte del Gobierno de Canarias, que es por su régimen competencial a quien corresponde la ejecución de las obras.
Tanto es así, que la realidad social y económica de cada una de las islas, el desarrollo de determinados sectores, no acordes con la planificación, los cambios de condiciones de movilidad, las dificultades de gestión y ejecución, ahora
reclamadas por alguno de los Cabildos, hacen necesaria una reflexión sobre las obras a incluir en el referido Convenio, donde se hacen necesarias la revisión y la reestructuración del sistema de financiación.
Entendemos que ya ha habido tiempo suficiente para haber clarificado las condiciones, tanto por parte del gobierno de Canarias como del gobierno Estatal. Por tanto, de cara al futuro, y a establecer nuevas condiciones para una revisión del
Convenio, es fundamental analizar los incumplimientos y revisar, antes de que llegue el momento de la ejecución prevista, si existen vías cuya proyecto puede sufrir variaciones estructurales, y revisar con los nuevos factores sociales, económicos y
territoriales, la necesidad de estas vías y si realmente obedecen a la demanda de desplazamientos.
Ambas partes negociadoras, Gobierno de Canarias y Ministerio de Fomento, deben tener agilidad y plena conciencia de que este es un instrumento fundamental, aunque no único, para resolver el grave problema de movilidad que tenemos en
Canarias.
Por todo ello el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, formula la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Ministerio de Fomento a proceder de manera urgente a la firma del Convenio de Carreteras entre el Estado y la Comunidad Autónoma de Canarias con el objetivo de desarrollar:
1. Las actuaciones contempladas en el Convenio y su adaptación a la realidad social y económica actual.
2. Una estructuración del sistema de financiación establecido en el Convenio, de manera que se pueda atender económicamente a la ejecución de las actuaciones que se establezcan como prioritarias.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de junio de 2018.-Rafael Antonio Hernando Fraile, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/003493
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para instar al Gobierno realizar todos
los trabajos necesarios para la llegada del AVE y del Corredor Mediterráneo de Alta Velocidad a Cartagena, para su debate en la Comisión de Fomento.
Exposición de motivos
Con la próxima llegada del AVE a la Región de Murcia quedará saldada en parte una deuda histórica que se mantiene con esta Comunidad Autónoma desde hace muchas décadas, pues las actuales instalaciones ferroviarias se remontan al siglo XIX,
siendo esta Región una de las pocas de España que no dispone aún de un solo metro de vías electrificadas, pese a encontrarnos ya inmersos en pleno siglo XXl.
Es igualmente imprescindible la prolongación y llegada del AVE a Cartagena, segunda ciudad en importancia de la Comunidad Autónoma y sede de uno de los más importantes puertos de España, dando así sentido, coherencia y razón de ser al
proyecto del Corredor Mediterráneo, tanto a nivel de pasajeros como de mercancías.
Dicha llegada se realizará, en lo que respecta a los viajeros, y tal y como se acordó el pasado 28 de mayo en el Consejo de Administración de la mercantil Cartagena Alta Velocidad, en la monumental estación histórica de la ciudad, obra del
arquitecto Víctor Bebí, ratificando así el acuerdo que se alcanzó en diciembre de 2016 entre las tres administraciones, Ayuntamiento, Gobierno Regional y Ministerio de Fomento.
El proyecto de integración acordado es el que acorta más los plazos, garantiza que las obras de llegada del Alta Velocidad se finalicen en 2021, y en paralelo se efectúen los trabajos de integración urbana.
La llegada del AVE a Cartagena supondrá la puesta en marcha del primer tramo de Corredor Mediterráneo en la Región de Murcia, al incorporar de inicio la instalación del tercer hilo, coyuntura que permitirá la circulación de trenes de
mercancías en ancho ferroviario internacional.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a poner en marcha de manera inmediata todos los trabajos necesarios para que las obras de llegada del AVE y del Corredor Mediterráneo a Cartagena finalicen en 2021, según lo acordado el 28 de
mayo de 2018 por el Consejo de Administración de la Sociedad Cartagena Alta Velocidad, S.A.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de junio de 2018.-Rafael Antonio Hernando Fraile, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Comisión de Educación y Formación Profesional
161/003440
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la elaboración de un Plan
nacional de Atención Escolar Prioritaria contra el fracaso escolar en la población socialmente desfavorecida, para su debate en la Comisión de Educación y Deporte.
Exposición de motivos
Contar con un alto grado de cohesión social es lo más deseable para el desarrollo de un país, y para alcanzar un mayor nivel de igualdad y vertebración nacional es necesario la integración de la población socialmente desfavorecida, evitando
la exclusión.
El grado de cohesión social de un país se mide, entre otros indicadores, por su tasa de abandono educativo temprano.
España ha mejorado esta tasa en 6 puntos desde 2011 hasta situarla en un 20% en 2015. Sin embargo, el índice español aun se encuentra por encima de la media de la Unión Europea y existen importantes diferencias entre comunidades autónomas
que deben reducirse.
El objetivo de la Estrategia de Lisboa, reforzado en la Estrategia Europa 2020, es alcanzar un crecimiento económico sostenible, una mayor empleabilidad y una mayor cohesión social. Para ello, se considera esencial la mejora de la calidad
de los sistemas de educación y formación.
Informes internacionales evidencian que con unas políticas adecuadas es posible la compensación de desigualdades en poblaciones socialmente desfavorecidas. Se identifican como claves de éxito: programas de apoyo, como el de aprendizaje de
la lengua; establecer objetivos individuales para los alumnos; aportar los recursos materiales y humanos necesarios para conseguirlos y realizar unas evaluaciones coherentes con el sistema de objetivos y con los standares de rendimiento
previamente definidos.
Madrid es una de las comunidades autónomas donde se ha llevado a cabo con éxito un Plan de Centros Públicos Prioritarios mediante acuerdos con los centros, identificados a partir de un conjunto de indicadores, cuyos alumnos presentaban
severos desfases educativos curriculares, riesgo de exclusión social, alto absentismo, escasa participación de los padres, etc. Para ello, se ha contado con el apoyo de cada departamento de la Administración Educativa, de manera integrada y
sistemática, en función de los acuerdos voluntarios suscritos con los centros y en favor de una mejora de sus resultados. Los centros se integraron en una red virtual para compartir materiales, conocimientos y experiencias, así como las buenas
prácticas llevadas a cabo en el desarrollo de sus proyectos de mejora.
Se considera esencial para conseguir un alto grado de compensación de las desigualdades, además de incrementar los recursos en función de sus compromisos de mejora, dotar de mayor autonomía curricular y organizativa a los centros,
particularmente en materia de compensación educativa, con la posibilidad de alterar determinadas horas, promover una evaluación interna en los centros que permita corregir los errores, reorientar los compromisos, mejorar la convivencia y el clima
escolar y aumentar la satisfacción de padres, profesores y alumnos. Finalmente, es necesario someterse a una evaluación
externa por parte de la inspección educativa que establezca consecuencias según los resultados obtenidos sobre el reconocimiento por parte de la Administración y la continuidad del Plan.
Junto a ello, resulta imprescindible desarrollar políticas de formación, especialmente en el uso de las TIC, apoyar la gestión de los procesos de mejora de la enseñanza y el aprendizaje y mejorar las relaciones del centro con la familia.
Además, y con respecto a la gestión de las personas, es esencial llevar a cabo políticas de reconocimiento de los profesionales del centro prioritario a través del establecimiento de incentivos.
De otro lado, y de acuerdo con los informes PISA, se ha puesto de manifiesto el poder compensatorio que tienen las políticas de fomento de la lectura, por efecto del tiempo dedicado a ella o por la diversidad y contenido de las mismas. Se
ha demostrado que una mayor dedicación a la lectura permite avanzar hacia rendimientos iguales o superiores a los que puede alcanzar un alumno con un nivel socioeconómico alto y un nivel bajo o medio de compromiso con la lectura.
En consecuencia, debe darse preferencia a los centros prioritarios para la creación o el refuerzo de las bibliotecas escolares y de su uso, en aras de una mejora de los resultados académicos. Todo ello requiere la profesionalización de sus
responsables, recursos adicionales, una efectiva conexión a internet así como facilitar la posibilidad de prestamos a distancia y acceso telemático a la red de bibliotecas públicas desde la biblioteca escolar.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, presenta la siguiente:
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno, en colaboración con las comunidades autónomas, a la elaboración de un Plan Nacional de Atención Escolar Prioritaria de cooperación territorial contra el fracaso escolar en entornos socialmente
desfavorecidos.
Entre otras medidas se contemplarán las siguientes acciones:
- La dotación de recursos materiales y humanos adicionales a los centros adheridos al Plan, en función de sus necesidades y los compromisos suscritos con las administraciones educativas, a fin de mejorar sus procesos y resultados.
- La financiación adicional se condicionará a los resultados de mejora en cuanto a sus niveles de rendimiento educativo y de su clima escolar.
- La dotación de personal y de material a las bibliotecas escolares de los centros adheridos al Plan de Atención Escolar Prioritaria.
- El compromiso de las administraciones educativas de apoyar sistemáticamente y de forma integral a los centros adscritos al Plan, otorgándoles prioridad en la participación en otros programas favorecedores de la innovación y la mejora
(centros bilingües, programas de mejora de las instalaciones escolares, de apoyo a la TIC, etc.).
- La formación a los docentes y al personal de los centros prioritarios en materia de TIC, acción tutorial, desarrollo de planes de mejora y evaluación de las innovaciones, entre otras.
- El desarrollo de redes digitales para el intercambio de experiencias, materiales, conocimientos, y buenas prácticas eficaces para la compensación de desigualdades.
- El reconocimiento de los esfuerzos realizados y la concepción de un sistema especifico de incentivos profesionales.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de junio de 2018.-Rafael Antonio Hernando Fraile, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/003485
A la Mesa de la Comisión de Educación y Formación Profesional
El Grupo Parlamentario Mixto, a instancia de don Íñigo Alli Martínez y don Carlos Salvador Armendáriz, Diputados de Unión del Pueblo Navarro/UPN, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del Reglamento, presentan la
siguiente Proposición no de Ley relativa a la educación inclusiva de las personas con discapacidad en España, para su debate en Comisión.
Exposición de motivos
El Comité de los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas desarrolló una investigación en España para dilucidar si en nuestro país se incumple el artículo 24 de dicha Convención en relación al derecho a la
inclusión.
En septiembre de 2014 el Comité recibió información que alegaba violaciones del artículo 24 de la Convención y que solicitaba al Comité llevar a cabo una investigación sobre el tema. En enero de 2015, el grupo de trabajo sobre
comunicaciones e investigaciones del Comité consideró que la información recibida era fiable e indicativa de posibles violaciones graves o sistemáticas del derecho a la educación y decidió registrar la solicitud. De conformidad con el artículo 6,
párrafo 1, del Protocolo Facultativo y el artículo 83, párrafo 1, de su reglamento, el pleno del Comité en su 141 período de sesiones (17 de agosto a 4 de septiembre de 2015), decidió transmitir la información recibida al Estado parte e invitarlo a
cooperar en el examen de la misma y, con tal fin, a presentar sus observaciones antes del 1 de noviembre de 2015. El Estado parte presentó sus observaciones el 13 de noviembre de 2015.
Durante su 15.º período de sesiones (29 de marzo a 21 de abril de 2016), el Comité, de conformidad con el artículo 6, párrafo 2, del Protocolo Facultativo y el artículo 84, párr. 1, del reglamento, examinó las observaciones formuladas por
el Estado parte, además de información complementaria de otras fuentes, decidió establecer una investigación sobre las presuntas violaciones y designó a tres de sus miembros para desarrollarla. El 24 de mayo de 2016, el Comité recibió una solicitud
de uno de los órganos del mecanismo de vigilancia independiente designado conforme al artículo 33, párrafo 2, de la Convenció, solicitando se estableciera una investigación sobre presuntas violaciones al derecho a la educación de personas con
discapacidad. Al tratarse de información que ya había sido previamente analizada por el Comité, y dada la fiabilidad de la fuente, el Comité decidió acumular esta solicitud a la investigación en curso. El Comité comunicó las decisiones previamente
citadas al Estado parte el 30 de junio de 2016.
Las conclusiones son duras: existe en algunos casos una exclusión de estudiantes con discapacidades de la educación general lo que equivale a una violación del derecho a la educación de esos estudiantes en virtud de la Convención sobre los
derechos de las personas con discapacidad, según expertos en derechos humanos de la ONU dijeron en un informe publicado el pasado 29 de mayo del presente ario en Ginebra.
En España existe un único sistema escolar donde los alumnos con necesidades educativas especiales son atendidos bajo diversas modalidades de escolarización: Educación Ordinaria, Educación Especial, Aulas Especificas y Escolarización
Combinada.
En ese sentido, las personas con discapacidad presentan capacidades y necesidades distintas, por tanto, la inclusión educativa debe contemplar cada situación de modo individualizado en cualquiera de las modalidades educativas y siempre
buscando la inclusión, la autonomía y el desarrollo de las personas con discapacidad.
Desde la libertad de decisión de los padres a decidir la modalidad y en aras a lograr la mayor calidad educativa en función de las necesidades especiales de los niños con discapacidad y por todo lo expuesto, se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'La Comisión de Políticas Integrales para la Discapacidad insta al Gobierno de España a:
Desarrollar un Plan Nacional Educativo Inclusivo de las Personas con Discapacidad en coordinación con las Comunidades Autónomas y la Comunidad Foral de Navarra al amparo del informe de investigación del Comité sobre los Derechos de las
Personas con Discapacidad.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de junio de 2018.-Íñigo Jesús Alli Martínez y Carlos Casimiro Salvador Armendáriz, Diputados.-Carles Campuzano i Canadés, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.
Comisión de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social
161/003458
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre los derechos de los trabajadores y trabajadoras del
hogar, para su debate en la Comisión de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social.
Exposición de motivos
La lucha por la dignificación de las condiciones del colectivo de trabajadoras y trabajadores del hogar viene de lejos dentro y fuera del Congreso de los Diputados.
El convenio 189 y la recomendación 201 de la OIT extienden los derechos laborales fundamentales a las trabajadoras y trabajadores domésticos de todo el mundo. Hasta la fecha, dicho convenio está en vigor en 25 países (Alemania, Argentina,
Bolivia, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Filipinas, Finlandia, Irlanda, Italia, Nicaragua, Paraguay, Sudáfrica, Suiza, Uruguay, Bélgica, Chile, República Dominicana, Panamá, Portugal,[ ...]
El 8 de mayo de 2013 la Comisión de Empleo y Seguridad Social aprobó por unanimidad una enmienda transaccional al respecto dónde se instaba al Gobierno a: 'que en un plazo razonable evalúe la posibilidad de someter a ratificación el
Convenio número 189 y la recomendación número 201 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y, en consecuencia, adapte la legislación española en el sentido que regulan los citados textos'.
El Pleno del Congreso de los Diputados del pasado 15 de marzo de 2016 aprobó con modificaciones una Proposición no de Ley a instancia de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea dónde se instaba al Gobierno a ratificar sin más demoras el
Convenio número 189 de la OIT y la Recomendación número 201 con objeto de que su entrada en vigor no se demorara más allá del mes de marzo de 2017.
Durante este tiempo, la indiferencia y el desinterés por parte de las instituciones del Estado, junto con la Reforma Laboral, han favorecido el retroceso de los derechos laborales y han impedido sistemáticamente su extensión en un sector
totalmente precarizado, y sin la protección y la cobertura social que tienen otras actividades económicas y con tasas muy elevadas de economía sumergida.
Un trabajo que tiene rostro de mujer. Según los datos del primer trimestre de la EPA 2018, de las 637.700 trabajadoras registradas el 88,3% son mujeres, principalmente migrantes. En mayo de 2018, constaban como afiliadas a la Seguridad
social 420.100, lo que arroja un 33% de trabajadoras en el empleo del hogar sin alta a la seguridad social. La mayoría de estas trabajadoras carecen de salarios o tiempos de descanso reglados y de prestaciones de baja por maternidad. Las
condiciones salariales y laborales de estas trabajadoras y trabajadores son de las peores existentes en nuestro país: sin derecho a la prestación por desempleo, sin posibilidad de jubilación anticipada o ayudas y prestaciones para personas
desempleadas mayores de 55 años, sufriendo todo tipo de abusos, incluidos los sexuales, sin fiscalización por parte de la Inspección de Trabajo y excluidas de la ley de prevención de riesgos laborales, con jornadas interminables y sin reconocimiento
de horas extras.
El Ejecutivo de Mariano Rajoy no solo no respetó el compromiso adquirido en sede parlamentaria sino que incluyó una enmienda en los Presupuestos Generales de 2018 por la que se mantienen las bases de cotización de las trabajadoras domésticas
por debajo de sus salarios hasta el año 2024, cuando la ley establecía que fuera hasta 2019.
Las modificaciones suponen que las trabajadoras del hogar sigan fuera de un mecanismo de solidaridad para compensar las lagunas de cotización en la vida laboral para el cálculo de la pensión dejándolas en unas ciaras condiciones de
desigualdad con respeto al resto de sectores.
Por último cabe recordar que la firma del Convenio además del compromiso formal que implica en lo relativo a legislar para hacer efectivo todas las disposiciones contenidas e informar periódicamente a la OIT de las medidas adoptadas, es
también un compromiso solidario puesto que cuantos más países lo ratifiquen mayor será su implantación.
Por todo ello, se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Ratificar, sin más demoras, el Convenio número 189 de la OIT y la Recomendación número 201 sobre el trabajo decente para las trabajadoras o trabajadores domésticos, con objeto de que su entrada en vigor no se demore más allá del 2019.
2. Promover con urgencia y sin dilación los cambios legislativos necesarios para incluir a las empleadas del hogar en el ámbito de aplicación de los artículos 197.4 y 209.1.b) de la Ley General de la Seguridad Social, para que se les
consideren los períodos no cotizados en el cálculo de las pensiones de incapacidad permanente derivada de contingencias comunes y de jubilación en los términos establecidos en dichos artículos.
3. Promover con urgencia y sin dilación por la vía del Real Decreto-ley los cambios legislativos necesarios para la integración plena de las Empleadas de Hogar en el Régimen General de la Seguridad Social a partir del 1 de enero de 2019, en
los términos en que estaba previsto en la D.T. 163 de la Ley General de la seguridad Social con antelación a la aprobación de la Ley de PGE para 2018.
4. Promover las medidas legislativas necesarias para lograr la equiparación plena de derechos para las trabajadoras de hogar y de cuidados, entre ellas las apuntadas para su estudio en el Real Decreto 1620/2011, de 14 de noviembre, por el
que se regula la relación laboral de carácter especial del servicio del hogar familiar especialmente en lo que refiere a 'Aplicar plenamente el régimen de extinción del contrato de trabajo de la relación laboral común establecido en el Estatuto de
los Trabajadores a la relación laboral de carácter especial del servicio del hogar familiar'.
5. Establecer un sistema de protección por desempleo adaptado a las peculiaridades de la actividad del servicio del hogar familiar que garantice los principios de contributividad, solidaridad y sostenibilidad financiera.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de junio de 2018.-Aina Vidal Sáez, Diputada.-Ione Belarra Urteaga y Lucía Martín González, Portavoces del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.
161/003496
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la creación de una Tarjeta
Agrícola, para su debate en la Comisión de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social.
Exposición de motivos
Dada la importante rotación de trabajadores que se produce en la actividad agrícola por las diferentes campañas o ciclos productivos, es necesario llevar a cabo una política operativa en materia de prevención de riesgos profesionales que
permita la disminución de los accidentes de trabajo y de las enfermedades profesionales en las empresas, así como del fomento de la información y formación de los trabajadores y de sus representantes.
Uno de los instrumentos básicos determinante para combatir la siniestralidad en el sector, y mejorar las condiciones de seguridad y salud, es que todos los trabajadores que prestan servicios en el campo tengan la formación necesaria y
adecuada a su puesto de trabajo o función en materia de prevención de riesgos laborales, de forma que conozcan los riesgos y las medidas para prevenirlos así como su sometimiento a vigilancia de la salud.
Ya en el Sector de la Construcción se creó la 'Tarjeta Profesional de la Construcción' que partió de la exposición de motivos anterior con respaldo legal en la Ley 32/2006 de 18 de octubre reguladora de la
subcontratación en el sector de la construcción (artículo 10). El éxito de esta tarjeta se basa en que con ella se acredita que:
- Los trabajadores han recibido la formación inicial.
- La categoría profesional de los trabajadores y su experiencia en el sector.
- Los trabajadores han sido sometidos a los reconocimientos médicos (vigilancia de la salud).
Con ello, se garantiza que se cumplan las obligaciones formativas y de vigilancia de la salud sin necesidad de repetir, cada vez que un trabajador es contratado por una empresa diferente (dentro del mismo año según las diferentes campañas),
tales acciones preventivas, y que los trabajadores tengan una mayor especialización.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que se estudie el desarrollo y posterior implantación de una tarjeta agrícola que permita el cumplimiento de las obligaciones formativas y de vigilancia de la salud de los trabajadores del
sector agrícola de una manera eficiente.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de junio de 2018.-Rafael Antonio Hernando Fraile, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Comisión de Industria, Comercio y Turismo
161/003465
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(161) Proposición no de Ley en Comisión.
Autor: Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Proposición no de Ley relativa a impulsar el Astillero 4.0 en las factorías de Navantia en Cartagena. Ferrol y Cádiz.
Acuerdo:
Considerando que solicita el debate de la iniciativa en Comisión y teniendo en cuenta el contenido del escrito registrado con el número 93541, admitirla a trámite como Proposición no de Ley, conforme al artículo 194 del Reglamento, y
disponer su conocimiento por la Comisión de Industria, Comercio y Turismo. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales y comunicar al Grupo Parlamentario proponente.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de julio de 2018.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para impulsar el Astillero 4.0 en las
factorías de Navantia en Cartagena, Ferrol y Cádiz, para su debate en la Comisión de Industria, Comercio y Turismo.
Exposición de motivos
La cuarta revolución industrial, a diferencia de otras revoluciones industriales anteriores, está suponiendo cambios profundos en muchos sectores más allá del sector industrial. Desde la educación hasta el sector financiero pasando por la
medicina, todos están sufriendo cambios en esta revolución tecnológica haciendo que los procesos sean mucho más eficientes.
Las tecnologías habilitadoras de la industria 4.0 como la impresión 3D, el big Data, la realidad aumentada o la inteligencia artificial permiten cambiar completamente un proceso al hacerlo más eficiente y especializar la mano de obra
requerida. Este modelo, aplicado a la fabricación naval, supone el nacimiento de un nuevo concepto para englobar la aplicación de las tecnologías habilitadoras a este sector: El Astillero 4.0. Por ello, Navantia ha comenzado un proceso de
transformación digital hacia el Astillero 4.0. Este proceso de transformación tecnológica de Navantia tendrá un impacto significativo en todos los ejes de su actividad, con cambios significativos en el producto, los procesos y los modelos de
negocio de la Compañía.
El producto de Navantia, los nuevos buques deben evolucionar para incorporar las nuevas tecnologías, primando su eficiencia, eficacia e innovación tecnológica en un entorno de costes y plazos extremadamente competitivo. Las tecnologías
habilitadoras de la cuarta revolución industrial suponen aumento de eficiencia, mejora de los procesos y de la calidad del empleo así como mejora global de la competitividad de nuestro país.
Con el nuevo modelo, la interrelación entre los buques inteligentes y los astilleros permitirá facilitar su mantenimiento y crear nuevos modelos de negocio. El Astillero 4.0 debe integrar y armonizar todas estas tecnologías habilitadoras de
la industria 4.0 en toda la cadena de valor, desde la fabricación hasta la operación y mantenimiento.
El plan de modernización a través de Astillero 4.0 no solo debe implicar a los trabajadores, y a la propia compañía Navantia, sino que también debe tener un efecto horizontal. El proceso de digitalización de la compañía debe implicar e
integrar a todos los proveedores, a los clientes y a la industria auxiliar.
Dentro de las tecnologías habilitadoras, es necesario identificar aquellas que mayor valor y eficiencia pueden aportar al proceso de fabricación del astillero. En primer lugar, es necesario impulsar la digitalización de los buques
existentes a través de su 'maqueta digital'. La fabricación aditiva o impresión 3D permitiría reducir los tiempos de fabricación de material específico y adaptado en cada caso.
Dentro de este astillero inteligente, la conexión en tiempo real entre el operario y la máquina es clave para cooperar en el proceso de producción detectando fallos de forma temprana. Para ello se impone la digitalización del puesto de
trabajo del operario a través de sistemas robóticos y ciber-físicos con los que el operario pueda trabajar. La gestión de los datos no estructurados que van a ir generándose durante el proceso de fabricación también supone una importante fuente.
La aplicación de estas tecnologías permitirá mejorar la calidad del empleo en las factorías de Navantia, redundará en un aumento global de la competitividad de nuestro sector naval y aumentará la demanda de profesionales de forma directa e
indirecta en las zonas de Cartagena, Cádiz o Ferrol.
Es un hecho que en futuro la digitalización de las empresas de una determinada zona será el factor clave para conocer su competitividad.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Establecer partidas presupuestarias específicas con inversiones en los astilleros de Navantia en Cartagena, Galicia y Cádiz para la digitalización de los procesos de construcción, operación y mantenimiento de los buques así como la
integración de los proveedores, clientes y empresas auxiliares bajo el modelo del Astillero 4.0.
2. Desarrollar plenamente el Astillero 4.0 en colaboración con el centro de desarrollo tecnológico Industrial, el resto de organismos con competencias en innovación y con las comunidades autónomas implicadas.
3. Habilitar un presupuesto para programas de cualificación y formación del personal de Navantia y entidades colaboradoras en tecnologías habilitadoras bajo el modelo de Astillero 4.0 para su plena integración dentro del astillero
inteligente.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de junio de 2018.-Rafael Antonio Hernando Fraile, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente
161/003446
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre las autorizaciones de pesca
fuera de las aguas de la Unión Europea y la gestión sostenible de las flotas pesqueras exteriores, para su debate en la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.
Exposición de motivos
En el mes de diciembre de 2015, la Comisión Europea publicaba la Propuesta de Reglamento sobre la gestión sostenible de las flotas pesqueras exteriores que, además, deroga el Reglamento (CE) n.° 1006/2008.
La necesidad de una revisión estaba amparada por la reforma de la PPC y la coherencia con otras políticas de la Unión, así como por la necesidad de armonizar el Reglamento sobre las autorizaciones de pesca con el Reglamento de control y por
ajustar las políticas con las diversas iniciativas internacionales aprobadas en los últimos años.
En este sentido, uno de los objetivos de la PPC es aplicar los mismos principios y normas aplicables en el marco del Derecho de la Unión a las actividades pesqueras de la Unión fuera de sus aguas. Para ello, era evidente que la Unión
Europea debía realizar la supervisión de su flota, allí donde se encuentre, y mejorar la transparencia y el control de las flotas de la UE que faena en aguas no comunitarias, con independencia del marco en el que se inscriban sus actividades.
El Reglamento aporta aspectos positivos, como la generalización en la flota comunitaria de un sistema de verificación de licencias privadas, permisos temporales de pesca o autorización previa, condiciones ya contempladas en el sistema de
inspección y control español.
Pero, a su vez, han surgido discrepancias sobre las sanciones. Destacar en este sentido, la referente a la concesión de la autorización de pesca para actividades de pesca fuera de las aguas de la Unión, por parte del Estado miembro del
pabellón, solo se puede realizar si, entre otros motivos, 'el operador y el buque pesquero no han sido objeto de una sanción por una infracción grave de acuerdo con el derecho nacional del Estado miembro con arreglo al artículo 42 del Reglamento
(CE) n.º 1005/2008 del Consejo y al artículo 90 del Reglamento (CE) n.º 1224/2009 del Consejo, durante los doce meses anteriores a la solicitud de autorización de pesca'.
En la tramitación en el Parlamento Europeo se consiguió excluir a los operadores o armadores de una penalización que sí pueden recibir buque y capitán o patrón. En cualquier caso, la flota de gran altura se expone a tener otra penalización
adicional, como es la imposibilidad de obtener una autorización de pesca durante doce meses.
Las consecuencias pueden ser desiguales para las distintas flotas, ya que no existe una homogeneidad en las regulaciones de los diferentes Estados miembros. Así, ante infracciones similares se producen sanciones de diferente gravedad, de la
que depende la concesión de la autorización de pesca.
En definitiva, lo que se está produciendo es una doble penalización, la que realiza el Estado miembro y la que le impone la norma comunitaria, que perjudica a aquellos países que mejor hacen sus controles e inspecciones.
Por estos motivos, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Defender en el seno del Consejo la armonización de los mecanismos de control pesqueros y sanciones, entre los diferentes Estados miembros, para garantizar la igualdad y libre competencia.
2. Instar a la Comisión a adoptar un mecanismo que evite la doble penalización, como la incorporada en la propuesta de reglamento del Consejo y del Parlamento Europeo sobre la gestión sostenible de las flotas pesqueras exteriores en la que
se establece no poder obtener una autorización de pesca durante doce meses cuando haya sido sancionado el buque con una sanción grave. Defender en el seno del Consejo la armonización de los mecanismos de control pesqueros, entre los diferentes
Estados miembros, para garantizar la igualdad y libre competencia.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de junio de 2018.-Rafael Antonio Hernando Fraile, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/003474
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa al desarrollo rural en
España, encaminada a aumentar el nivel y la calidad de vida en el medio rural de nuestro país y a la preservación de nuestros pueblos, para su debate en la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación.
Exposición de motivos
El desarrollo rural es uno de los grandes retos de la sociedad del siglo XXI. Cuando hablamos de ello, no lo hacemos únicamente de un aspecto que afecta solo a las zonas rurales, sino también de un factor que incide sobre la estructura
social y territorial de nuestro país.
Tenemos que tener en cuenta que el medio rural ocupa el 85% de todo el territorio español, abarcando a un 20% de la población de nuestro país, según el Informe de Vertebración social elaborado por el Consejo Económico y Social (CES). A
pesar de la magnitud de su incidencia y de su importancia para nuestro país, cada vez desaparecen más municipios rurales. En 2015 había 25 municipios rurales menos que en el año 2008, y el número de personas descendió un 4,3%, siendo Cantabria
(-11,0%), Galicia (-9,2%) y La Rioja (-8,3%) respectivamente, las comunidades que más habitantes han perdido en los últimos años.
Según los últimos resultados registrados por INE, en España contamos con 1.300 municipios con menos de 100 personas empadronadas y 3.225 núcleos de población en los que no vive nadie, siendo puntos en verdadero peligro de desaparición, lo
que supondría una grave pérdida etnológica, económica y ambiental.
Este riesgo de desaparición de municipios persiste sobre todo en zonas escasamente pobladas y con baja densidad de población, que permanecen aislados geográficamente, carentes de conexiones de transporte e Internet; con unos insuficientes
servicios sociales, con menores dotaciones de capital humano y oportunidades de empleo y con una considerable dificultad de integrarse con otras regiones de España dada todas estas condiciones.
Entre los problemas que genera el despoblamiento, cabe destacar la deducción de los usos tradicionales de la agricultura y de la ganadería extensiva, que influyen positivamente en la prevención de incendios forestales.
Y no habrá futuro, ni desarrollo en las zonas rurales, entre otras cosas, si no mejoramos la situación laboral de las mujeres y los jóvenes en nuestros pueblos. Es urgente generar empleo en estos lugares para evitar la emigración a las
ciudades, y que sirvan además para atraer nuevos núcleos de población.
Debemos tener en cuenta que es en el medio rural, donde se encuentra la mayor parte de los recursos naturales de nuestro país y de nuestro patrimonio histórico y cultural.
Para abordar fenómenos como la despoblación, el envejecimiento de la población y la disminución de oportunidades sociales en el medio rural, es necesario enfocar los esfuerzos hacia los factores que influyen en las decisiones que les hace
permanecer en él, o salir para no volver.
El desarrollo económico es fundamental para acabar con el despoblamiento, y, por tanto, para dejar de ver nuestros pueblos abandonados a su suerte, viendo salir a sus jóvenes, sobre todo mujeres, emigrando hasta zonas urbanas, buscando un
porvenir mejor.
Por estos motivos, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Que el Marco de las Estrategias de Modernización y Diversificación Rural y la Estrategia nacional frente al reto demográfico sirvan para crear una política rural de Estado que coordine los esfuerzos de las administraciones autonómicas y
de la Administración Central, que preste especial atención a la generación de empleo y a frenar el despoblamiento en estas áreas.
2. Mantener las ayudas para la adquisición y rehabilitación de viviendas rurales, en especial en localidades de pequeñas poblaciones, así como ejecutar nuevas medidas que garanticen la adecuación de los servicios sociales básicos como la
educación, la sanidad, el derecho a la información o la comunicación en transporte público, entre otras, adecuando las medidas a las necesidades reales de las diferentes áreas rurales.
3. Impulsar, con la mayor celeridad posible, el Plan 300 x 100 aprobado por el Gobierno del Partido Popular para la accesibilidad de la banda ancha en todo el medio rural, que permita el acceso a servicios, el desarrollo de negocio y evite
el aislamiento.
4. Fomentar la diversificación laboral en el campo, impulsando la simplificación normativa y administrativa, eliminando aquellas trabas que dificultan su la puesta en funcionamiento de nuevos emprendedores, y con atención especial a los
grupos en peligro de exclusión social, como son las mujeres, jóvenes e inmigrantes en estas poblaciones, que permitirán incrementar la competitividad de la economía rural, y el fomento de los vínculos rural-urbano. Establecer mecanismos de atención
sobre las medidas que están dispersas en diferentes administraciones y facilitar el acceso de información a los potenciales beneficiarios.
5. Reforzar otras actividades económicas de gran potencial, asesorando a los municipios sobre cómo sacar el mejor provecho de los proyectos de energía renovable que ofrezcan la mejor relación costes-beneficios que se lleven a cabo, con
medidas de formación y orientación, o promover el turismo rural a través de campañas y programas de actividades.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de junio de 2018.-Rafael Antonio Hernando Fraile, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/003489
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley para su debate en la Comisión de
Agricultura, Pesca y Alimentación, sobre de decisión del Consejo de la UE relativa a la celebración, en nombre de la Unión Europea, del Acuerdo de Asociación Económica entre la Unión Europea y Japón (JEFTA).
Exposición de motivos
En la cumbre UE-Japón, del próximo 11 de julio de 2018, se pretende firmar el Acuerdo de Asociación Económica UE-Japón (JEFTA), que se ha estado negociando desde 2013. Antes de eso, probablemente el 26 de junio de 2018, el Consejo de la UE
debe aprobar la firma. Una vez aprobado por el Consejo, este
acuerdo será enviado al Parlamento Europeo, con vistas a la entrada en vigor antes de que finalice el actual mandato de la Comisión Europea en 2019.
La Comisión Europea ha presentado el acuerdo como categoría 'EU-only', lo que quiere decir que no requieren de la aprobación por los parlamentos nacionales. Con Japón se aplica la nueva doctrina acordada en el último Consejo de Ministros de
Comercio de la UE, el 22 de mayo, que consiste en separar los acuerdos entre una parte comercial y otra con las disposiciones sobre protección de inversiones, inversión en cartera y los mecanismos de arbitraje de disputas entre inversor y Estados
(conocido como ISDS, por sus siglas en inglés). El Congreso de los Diputados no debería permitir que un tratado internacional sea aprobado al margen del escrutinio parlamentario y público.
Japón es la cuarta economía más grande del mundo y el segundo socio comercial de la UE en Asia. Juntos mueven más de un tercio de la economía mundial, por lo que el 'mayor acuerdo comercial bilateral jamás negociado' por la Unión Europea es
tan importante o más que El Tratado Transatlántico de Comercio e Inversiones (TTlP) o Acuerdo Económico y de Comercio de la Unión Europea con Canadá (CETA).
El acuerdo incluye las mismas áreas temáticas que fueron negociadas con EE.UU. (el polémico TTIP) y con Canadá (CETA, en proceso de ratificación), tales como servicios públicos, reglamentación, contratación pública, alimentación y
agricultura. También está previsto liberalizar el comercio de datos, cuando el escándalo de la venta ilegal de datos por Facebook muestra sus peligros inherentes.
En 2015 más de 3,5 millones de ciudadanas y ciudadanos de Europa reclamaron de la UE 'una política de comercio e inversión alternativa en la UE'. Pero la Comisión Europea reitera con el JEFTA una política comercial sin transparencia,
negociado con el mismo secretismo con el que se negoció el TTIP, sin considerar la participación parlamentaria y reduciendo aún más los espacios democráticos para el escrutinio parlamentario y público.
En relación al acuerdo entre la UE y Japón, la Comisión Europea celebró 213 reuniones externas con lobbistas. El 89 por ciento de las reuniones fueron con grupos de presión que representaron a la industria y las patronales. Ni una sola de
estas reuniones tuvo lugar con representantes de sindicatos, organizaciones ecologistas o una asociación de pequeñas y medianas empresas.
Además, Japón aún no ha ratificado algunas normas laborales fundamentales de la Organización Internacional del Trabajo, como el convenio 105 sobre la abolición del trabajo forzoso y el convenio 111 sobre la discriminación en el empleo.
El acuerdo JEFTA eliminaría los aranceles de la UE del 10 por ciento para los automóviles japoneses y la tasa del 3 por ciento para la mayoría de las piezas de automóviles. Eso podría aumentar la importación de coches a Europa y reducir el
empleo en este sector, por ejemplo, en el Estado español.
Este nuevo acuerdo comercial de la UE continúa su enfoque unilateral en la apertura del mercado, la mercantilización y asimetría entre derecho mercantil y derechos humanos, centrado en los intereses lucrativos de las empresas privadas y las
inversores. Por otro lado, ha ignorado regular las obligaciones jurídicas internacionales de las empresas, la protección de los procesos democráticos de toma de decisiones y los altos estándares sociales y ambientales, así como el impacto de género
que pueda tener.
De esta forma, la UE desecha una vez más la posibilidad de regular la globalización para beneficiar a la mayoría de la población y reducir el desempleo y los desequilibrios económicos masivos, así como acabar con las injusticias sociales y
la destrucción ambiental.
Por todo ello el Grupo Parlamentario presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Rechazar la propuesta de la Comisión de la UE para una decisión sobre la firma del Acuerdo de Asociación Económica UE-Japón en el Consejo del 26 de junio.
2. Solicitar al Consejo de la UE para que califique el tratado con Japón como un acuerdo 'mixto', permitiendo así a los parlamentos nacionales seguir un proceso adecuado de análisis, escrutinio y deliberación democrática del tratado.
3. Solicitar al Consejo de la UE una prórroga de tiempo de -mínimo- seis meses para poder analizar y debatir la propuesta de Acuerdo de Asociación Económica entre la Unión Europea y Japón con el Congreso de los Diputados, el Senado, las
comunidades autónomas y sus respectivos parlamentos.
4. Realizar un estudio de impacto público e independiente con la participación de los principales agentes sociales, sobre los impactos económicos, sociales y ambientales y de género para España del Acuerdo de Asociación Económica entre la
Unión Europea y Japón.
5. Solicitar a Japón la ratificación de los convenios fundamentales 105 y 111 de la OIT. Reorientar la política de comercio exterior y de protección de la inversión en cooperación con los otros Estados miembros de la UE, el Parlamento
Europeo, los parlamentos nacionales y la sociedad civil, garantizando en todo su diseño, desarrollo y aplicación la regulación y el cumplimiento efectivo del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, y particularmente los derechos de protección
social y medioambiental de la ciudadanía de todas las partes contratantes.
6. Solicitar al Consejo de la UE la suspensión de las negociaciones paralelas sobre un acuerdo de protección de inversión entre la UE y Japón y de mecanismos de solución de controversias inversor-Estado (ISDS), poniendo fin así a la
expansión constante de derechos especiales para empresas e inversores.
7. Solicitar a la Comisión Europea medidas efectivas para prevenir el dumping fiscal, socia! y ambiental y la evasión y elusión del pago de impuestos y de las normas de protección de datos.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de julio de 2018.-Pablo Bustinduy Amador, Alberto Montero Soler, Sònia Farré Fidalgo y Eva García Sempere, Diputados.-Txema Guijarro García, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos
Podemos-En Comú Podem-En Marea.
161/003503
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para instar al Gobierno a la puesta en
marcha de un seguro piloto de ingresos para explotaciones citrícolas, para su debate en la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación.
Exposición de motivos
A lo largo de los sucesivos 39 Planes Nacionales de Seguros Agrarios, el 'Sistema de Seguros Agrarios Español' se ha mostrado como la herramienta más eficaz para compensar a los agricultores y ganaderos por los daños climáticos no
controlables.
El 39.º Plan de seguros se aprobó por Acuerdo del Consejo de Ministros de 15 de diciembre de 2017, incluyó la relación de trabajos a desarrollar durante el ejercicio 2018 con vistas a la incorporación de nuevas coberturas en futuros planes
de seguros. Entre los mismos, reseñar, que se incluye explorar 'la posible utilidad y viabilidad de un seguro de ingresos o rentas, para el sector agrario'.
El conocido 'Sistema de Seguros Agrarios Español' se ha manifestado como el sistema asegurador más eficaz para resolver las disminuciones de rentas de los agricultores y ganaderos causadas por los diferentes riesgos climáticos, máxime en un
país en el que se combinan tanto una amplia variedad de adversidades y riesgos climáticos, como una de las más variadas agriculturas y ganaderías.
Por todo ello se hace necesario que, para el próximo Plan de Seguros Agrarios (40.ª) correspondiente al año 2019, se empiece a dar cobertura y se contemplen los seguros que amparen también los riesgos propios del mercado, es decir que se
pongan en marcha los llamados SEGUROS DE INGRESOS (preferiblemente basados en costes medios de producción), como una necesidad real e imperiosa del sector.
Para todo ello se hace necesario que se pongan en marcha, con carácter de urgencia, las reformas legislativas necesarias, a fin de modificar el marco normativo que ampare y permita, tanto el desarrollo de dichos seguros, como la posibilidad
de que sean subvencionados.
Una vez modificado y adaptado el marco normativo a estos seguros, se hace necesario e indispensable la puesta en marcha de un 'seguro piloto de ingresos para explotaciones citrícolas', máxime si tenemos en cuenta la fuerte cultura
aseguradora, la estabilidad y fidelidad del sector citrícola al sistema de seguros español.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a crear el mecanismo necesario para la implementación de los Seguros de Ingresos, y, de manera especial, para la puesta en marcha de un seguro piloto de ingresos para explotaciones citrícolas.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de julio de 2018.-Rafael Antonio Hernando Fraile, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/003517
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, a instancias de la Diputada Alexandra Fernández Gómez, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la
siguiente Proposición no de Ley, para su debate en la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación, relativa a medidas a adoptar para mejorar la erradicación del 'Avispón Asiático' o 'Vespa Velutina' y frenar su avance.
Exposición de motivos
El avispón asiático o Vespa velutina es una especie exótica invasora presente en todo el norte de la Península Ibérica. Apareció en Navarra y se extendió por el País Vasco, Galicia, Asturias, Cantabria, norte de Castilla y León, amplias
zonas de Cataluña, La Rioja, Extremadura y en la Isla de Mallorca en ciertos puntos. Desde su llegada en el año 2010, el avispón asiático se ha expandido por los territorios indicados a gran velocidad debido a su gran capacidad de adaptación,
fomentado por las altas temperaturas y el cambio climático, que influyeron enormemente en su asentamiento provocando la situación que nos encontramos en la actualidad.
A pesar de las dificultades en la gestión y posible erradicación de todo tipo de especies exóticas invasoras, existen medidas que pueden ayudar a paliar sus efectos adversos, y que deben ser concebidas con seriedad y celeridad, con el fin de
preservar la biodiversidad nativa de los ecosistemas del estado español.
Así, sabemos que el avispón asiático está presente en más del 70% del territorio gallego afectando a más de 200 ayuntamientos. En Cantabria está presente prácticamente en todas las comarcas llegando a los ayuntamientos. En Asturias
presenta una colonización desigual, con una mayor presencia del avispón asiático en las regiones oriental y occidental. En Castilla y León se ha extendido por las provincias de Burgos y León.
Ante todo, el avispón asiático constituye en primer lugar un importante problema ambiental, pues su alimentación se basa principalmente en insectos polinizadores, como las abejas, pero también mariposas, moscas, arañas, libélulas ... Sin
embargo, son las abejas melíferas un 40% de su alimentación, especialmente por la disponibilidad de alimento presente en colmenares.
La depredación de insectos se produce con mayor incidencia en la primavera debido a la necesidad de alimentar a la prole de esta especie invasora que comienza su ciclo biológico en dicha estación. Se calcula que una colonia de mil
individuos del avispón, consume medio kilo de biomasa animal al día (Leopoldo Castro. Entomólogo responsable del mapa de véspidos en Galicia).
De ahí que las poblaciones de abejas de miel estén experimentando una caída atroz desde el año 2010, debido no solo a la mortandad procedente de la depredación, sino, como ya es sabido, por el efecto intimidatorio que provoca su presencia en
la actividad de la pecorea (búsqueda y recolección de alimento -polen, néctar, por parte de las abejas en edad adulta-) lo que disminuye notablemente la cantidad de alimento en la colmena, interfiriendo lógicamente en el crecimiento de la colonia.
El efecto intimidatorio causa asimismo distintas patologías asociadas a una labor de limpieza ineficiente de las colmenas por parte de las colonias de abejas, lo que se traduce en un aumento de las enfermedades (no solo de la propia colonia sino
también del resto por afectación del colmenar). Los efectos de esta
mortandad y debilitamiento de las colonias de abejas de la miel se traducen en importantísimas pérdidas para el sector. La mortandad tan elevada en las colonias de abejas melíferas, además de tener un impacto económico enorme en los gastos
económicos que han de soportar las explotaciones apícolas, tiene como consecuencia una disminución correlativa en los kilos de miel recolectados y una subida de precios que ya se nota en el mercado. Las producciones de miel experimentan una caída
de un 50% con respecto a años anteriores, a lo que hay que sumar los efectos de la sequía del pasado año 2017. Asociada a estas pérdidas, la subida de precios en el kilo de miel se sitúa entre el 18-25% en relación a otros ejercicios, lo que se
profundizará si la situación sigue así.
Junto con abejas e insectos, la fruta es también un alimento básico en la dieta de esta especie invasora durante los meses de verano. Periodo en el que los avispones buscan producto azucarado para el crecimiento de los ejemplares adultos,
dejando inservibles miles de kilos de fruta. En los últimos años se han registrado daños en las plantaciones de arándanos, manzanas, peras, higos, en el sector vitivinícola. Esta caída en la producción de fruta estará también fomentada por una
disminución de la labor polinizadora de los insectos que son depredados por el avispón asiático.
Otro de los problemas de la extensión del avispón asiático guarda relación con un problema de seguridad para la población debido a las picaduras y procesos alérgicos sufridos en muchos casos en la realización de tareas agrícolas. Su avance
por zonas urbanas y periurbanas ha causado un grave problema en las ciudades debido a la presencia de nidos, sobre todo los denominados nidos primarios, en árboles de parques, colegios, etc.
En el plano de los efectos económicos, hay que decir que los costes y gastos soportados por el sector apícola no comprenden únicamente una pérdida de las colonias de abejas y una pérdida correlativa en la producción y venta de miel, sino
también mayores gastos anuales debido a la adquisición de métodos de protección de los colmenares o explotaciones apícolas, así como tiempo y recursos económicos en jornadas y cursos de formación que aporten mayor conocimiento de la especie. Con
ello nos referimos a métodos de control (trampas caseras y comerciales y sus dosis de atrayente), métodos de protección de los colmenares (reductores de piqueras, mallas de protección de piqueras y colmenares, trampas eléctricas, gastos asociados a
la formación que los apicultores y apicultoras necesitan para hacer frente a esta nueva especie (gastos económicos derivados de la asistencia a cursos formativos, desplazamiento y estancia en los lugares donde se imparten, costes derivados del
tiempo empleado en los mismos y no dedicado al trabajo en los propios colmenares), costes derivados de la sobrealimentación de las colmenas supervivientes con el fin de asegurar la invernada, incluso costes derivados del traslado de estas mismas
colmenas a zonas de menor incidencia de Vespa velutina.
Las actuaciones seguidas hasta el momento por las Administraciones, tanto estatal como por parte de las diferentes autonomías, no han servido para frenar el avance de la especie, pero tampoco para disminuir en lo posible sus efectos
adversos. La gestión del problema se produce de forma desigual entre las Comunidades de la Cornisa, apostando en muchos casos por los mismos métodos de protección y captura de individuos, pero de forma irregular, con aportaciones públicas muy
dispares y siempre limitadas.
Las Comunidades Autónomas de la Cornisa Cantábrica han incorporado la técnica del trampeo como un método de control primaveral y en algunos casos otoñal, para la captura de reinas fundadoras de Vespa velutina, apoyándose en las ideas y
trabajos de campo de los apicultores y apiculturas propuestas a través de sus asociaciones representativas. Esta técnica se desarrolló en CC.AA a distinto ritmo, asumiéndola primero el sector con una ayuda muy limitada por parte de las
Administraciones.
Debemos recordar que el trampeo se contempla en los propios instrumentos de gestión del avispón asiático del Ministerio (Estrategia de gestión, control y posible erradicación del avispón asiático) así como en otros documentos análogos
aprobados por las Administraciones autonómicas. El trampeo es una técnica eficaz siempre y cuando su realización sea 'generalizada', asumida por tanto por las Administraciones contando con la necesaria financiación.
Otra cuestión por resolver relativa al trampeo, es la necesidad de 'armonizar' la aplicación de esta medida en las diferentes autonomías afectadas por la Vespa velutina a través de un trampeo entomológico. A fin de poner en marcha un plan
de trampeo generalizado y coordinado, se hace necesario por parte del Ministerio, la homologación de un tipo/tipos de trampas y atrayentes teniendo presente las particularidades de cada territorio (existen mapas cartográficos de temperatura a los
que se puede acudir para organizar cronológicamente el trampeo).
Es necesario que esta medida de control se lleve a cabo de manera organizada, coordinada y financiada por la Administración, y realizada con un análisis de resultados que permitan evaluar sus efectos.
En cuanto a las actuaciones realizadas por parte de la Administración en el ámbito de la investigación, un ámbito clave para encontrar fórmulas para combatir esta especie, debemos señalar que las velocidades son distintas, encontrando en
muchos supuestos duplicidades en los estudios de investigación que se realizan por parte de las distintas Comunidades Autónomas, y donde cada una de ellas lo hace con el presupuesto limitado. La investigación exige financiación como primer
requisito 'sine qua non', además de la necesaria coordinación.
Las líneas de investigación aparecen plasmadas en la Estrategia de gestión, control y posible erradicación del avispón asiático, aún vigente, y deben ser incorporadas en la nueva redacción de la Estrategia incorporando los avances y nuevos
datos obtenidos en este tiempo sobre la especie.
Según las comunicaciones recibidas por parte del Ministerio a distintas Plataformas STOP Vespa velutina (entidades de agrupación de colectivos afectados por el avispón asiático creadas a lo largo de la Cornisa Cantábrica), se remite a la
'Orden AAA/2571/2015, de 19 de noviembre, por la que se establecen las bases reguladoras de la concesión de las subvenciones para la realización de proyectos de investigación aplicada en el sector apícola y sus productos, dentro del Programa
Nacional de Medidas de Ayuda a la Apicultura', donde aparece como una de las áreas temáticas 'Nuevos desarrollos para limitar los efectos de la invasión por el avispón asiático (Vespa velutina), y otras especies predadoras, autóctonas o invasoras,
de las abejas'. En dicho texto se establecen los requisitos para la obtención de esta línea de financiación de la investigación asociada al avispón asiático, y uno de los requisitos para la concesión de esta subvención es la exigencia de alcanzar
un número mínimo de 100.000 colmenas por parte del solicitante. Esta exigencia limita absolutamente la posibilidad de realizar una investigación aplicada en el Norte de la Península por parte de los apicultores representados en sus asociaciones,
pues en esta zona las explotaciones se caracterizan por su pequeño y mediano tamaño. A pesar de contar con un gran número de apicultores y apicultoras importante en la cornisa cantábrica, el número de colmenas que poseen es siempre menor que en
zonas donde predomina una apicultura más profesionalizada (y aún sin presencia de avispón asiático), lo que hace imposible acceder a este tipo de subvención.
El Ministerio de Agricultura tiene competencias en la elaboración de estrategias de gestión, control y posible erradicación del avispón asiático. Por tanto, debe llevar a cabo las actuaciones contenidas en el mismo en coordinación con las
Comunidades Autónomas en línea con lo establecido en la Ley 42/2007 de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y la Biodiversidad (arts. 60.5 y 64.5). Pero en el mismo documento 'Estrategias de gestión, control y posible erradicación del avispón
asiático', aprobado por la Comisión Estatal para el patrimonio natural y la biodiversidad el 14 de noviembre de 2014, se establece que la coordinación de la presente Estrategia es competencia del Ministerio, que desarrollará en colaboración con el
Grupo de Trabajo de Especies Exóticas Invasoras (GTEEI).
Además, según el documento aprobado por el Ministerio, Apartado 3.3 'Seguimiento y valoración del cumplimiento de las distintas acciones', es competencia del Subgrupo de trabajo del avispón asiático y el Grupo de Trabajo de Especies Exóticas
Invasoras -GTEEI- la elaboración de informes periódicos sobre:
- Situación y evolución de la problemática de la especie.
- Nivel de cumplimiento, funcionamiento y aplicación de la Estrategia y Planes y proyectos relacionados con la especie.
En definitiva, cabe destacar que la competencia en la gestión de las Especies Exóticas Invasoras no solo corresponde a las Comunidades Autónomas sino que el Ministerio de Agricultura, a través del Grupo de Trabajo de Especies Exóticas
Invasoras (creado por el Comité de Flora y Fauna Silvestre -CFFS- el 10 de octubre de 2012) y el Subgrupo de trabajo sobre el avispón asiático, tiene la misión de coordinar la aplicación de la Estrategia entre administraciones, de realizar un
seguimiento acerca de la situación y evolución de la problemática de la especie, y de revisar la vigencia y la efectividad de las medidas aplicadas hasta el momento con el fin de decidir su continuación o posibles cambios.
En el seno de las comunicaciones mantenidas el pasado año entre el Ministerio de Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente y las distintas Plataformas y asociaciones de afectados constituidas para hacer frente a los daños causados
por la avispón asiático, se trasladó la necesidad de revisar y actualizar el contenido de la Estrategia de gestión, adaptándolo así a un contexto cambiante y a las nuevas necesidades surgidas desde su aprobación en 2014, teniendo en cuenta la
voracidad y rapidez en la expansión de este insecto invasor, sin esperar a agotar el plazo legalmente establecido para la actualización del propio documento, previsto para 2019-2020.
En noviembre de 2017, el Ministerio indica que los trabajos de seguimiento, revisión y actualización de la Estrategia están efectivamente previstos para 2018 dada la situación actual de la especie y con base en la propia Estrategia de
gestión.
Es necesario reseñar que cualquier actuación que se vaya a llevar a cabo sobre la invasión del avispón asiático debe practicarse con el inicio de la primavera, y siguiendo el ciclo biológico del insecto, de lo contrario las medidas que se
propongan serán meros 'parches'. Las medidas de gestión de la especie exigen una planificación anual y estacional adaptada al comportamiento y ciclo de la avispa con un trampeo coordinado por la Administración y no solo por los apicultores. No
debe olvidarse que sin partida presupuestaria no se pueden llevar a cabo las medidas previstas.
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Ministerio de Agricultura a proceder a la aplicación de las siguientes medidas:
1. A dotar de un presupuesto concreto y suficiente todas las medidas propuestas que sirva para financiar eficazmente las herramientas de control del avispón asiático.
2. A desarrollar, financiar y coordinar un plan de trampeo generalizado en aquellas zonas con presencia del avispón asiático durante la primavera y el otoño, medida contemplada en la antigua Estrategia de gestión, control y posible
erradicación del avispón asiático (aún vigente) teniendo en cuenta las propuestas de las asociaciones de apicultores e investigadores para incorporar esta nueva medida en la modificación prevista de la mencionada Estrategia.
3. A articular y financiar Programas de Investigación aplicada dirigidos a la obtención de atrayentes específicos (feromonas por ejemplo) para su utilización en la técnica del trampeo, logrando así la captura de reinas fundadoras del
avispón asiático sin capturar otro tipo de especies autóctonas beneficiosas, aminorando también el impacto ambiental.
4. Aprobar un sistema de ayudas económicas que permita paliar las pérdidas y gastos ocasionados por el avispón asiático en las explotaciones apícolas afectadas en base a los informes enviados por las Comunidades Autónomas.
5. A establecer un diálogo constante entre el Grupo de Trabajo de Especies exóticas invasoras y el Subgrupo de trabajo del avispón asiático, como organismos integrados en el Comité de Fauna y Flora silvestre y encargados así mismo del
seguimiento y actualización de las medidas de gestión contra el avispón asiático, con los sectores afectados como el de la apicultura, a través de sus asociaciones representativas, y subsidiariamente, la creación de un organismo nuevo y único de
gestión que mantenga la mencionada comunicación.
6. A desarrollar un Plan coordinado de aplicación uniforme de todas las medidas de gestión que se lleven a cabo, a través de una comunicación constante y fluida entre las Comunidades Autónomas y la Administración estatal, a incluir en la
redacción de la nueva Estrategia de gestión, control y posible erradicación del avispón asiático prevista para este 2018.
7. A incorporar las actuaciones sobre el avispón asiático o Vespa velutina -como especie exótica invasora presente en el Catálogo de especies invasoras del Ministerio, en el Plan de acción nacional para la conservación de los polinizadores,
según las obligaciones previstas por la Coalición Internacional de conservación de los polinizadores, en la que está integrado el estado español y que comprende los compromisos de promover hábitats favorables para los polinizadores, mejorar la
gestión para reducir los riesgos derivados de plagas, patógenos e invasoras, evitar y reducir el uso de pesticidas perjudiciales y desarrollar alternativas de uso, e investigar para cubrir el vacío de conocimientos relaciones con la conservación de
polinizadores.
8. Llevar a cabo una campaña de información y divulgación sobre esta especie invasora entre la ciudadanía para conseguir una mayor conciencia de los perjuicios que causa en los ecosistemas y aumentando así la implicación de todos los
sectores de la sociedad en el cuidado de los polinizadores y el medio ambiente.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de julio de 2018.-Alexandra Fernández Gómez, Diputada.-Antonio Gómez-Reino Varela, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.
161/003518
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea presenta, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Congreso de los Diputados, la presente Proposición no de Ley para su
debate y aprobación en la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación, relativa a las medidas para enfrentar la crisis de precios y mercados que atraviesa la producción de cereza.
Exposición de motivos
El sector productor de la cereza atraviesa en la campaña 2018 una situación de crisis en los precios que amenaza su viabilidad. De las 27.000 has. de cultivo de cereza en España, 8.200 has. se encuentran en Extremadura. De los 90,22
millones de kg de producción en España, 35 millones se producen en Extremadura, de las cuales alrededor de 20 millones se producen en la comarca del Jerte, y el resto en las comarcas de Sierra de Gata, Las Hurdes, Ambroz, La Vera y Villuercas. La
otra gran comunidad autónoma productora es Aragón, con alrededor de 25,65 millones de kg, seguida de Cataluña y la Comunidad Valenciana.
Los datos disponibles de la campaña de 2017 indican unas exportaciones de cereza extremeña de 8.747 toneladas por un valor de 19,3 millones de euros. Las exportaciones de Cataluña se situaron en 8.535 toneladas y 21,8 millones de euros, y
la de Aragón totalizaron 6.501 toneladas por un valor de 20,6 millones de euros. Las exportaciones de cereza de España en 2017 registraron un crecimiento interanual del 22% en volumen y del 9% en valor, ascendiendo a 29.050 toneladas y 74,5
millones de euros.
La estructura de producción de la cereza se apoya sobre pequeñas y medianas explotaciones de entre 2 y 8 has. en Extremadura, siendo en Aragón y Cataluña de un tamaño medio superior, pero que, en todo caso, no supera las 15 has. de media.
Por otra parte, es un cultivo en el que hoy por hoy domina la producción de secano, siendo ejemplo de ello, la estructura productiva extremeña en la que el 75% de la producción se mantiene en secano, aunque de nuevo, en Cataluña y Aragón el 50% de
la superficie productiva está en régimen de regadío.
La clasificación de las variedades se ha llevado a cabo teniendo en cuenta el número de días de adelanto o retraso respecto a la maduración de la variedad Burlat, que se ha tomado como variedad referencia. La campaña comienza en el mes de
abril con las variedades más tempranas, pero se concentra en los meses de mayo y junio y se alarga a los meses de julio y agosto. Esta evolución permite una distribución del mercado entre las diversas zonas de producción en función de variedades
más tempranas y tardías. Así comienza la Comunidad Valenciana, continúa Extremadura y le sigue en las variedades más tardías, la cereza de Aragón. Sin embargo, la climatología adversa en la primavera de 2018 quebró esta situación. Las lluvias
excesivas y las bajas temperaturas de la primavera, han condicionado tanto el calibre, como la maduración del fruto y se ha llegado al mes de junio con un mercado saturado en el que han coincidido las variedades tempranas con las intermedias y
tardías, con problemas de tamaño y con falta de maduración por el exceso de lluvia. En estas circunstancias, el precio de la cereza pagado al productor o productora ronda los 0,20-0,30 /kg, cuando el coste de producción es de 1,05 /kg. Sin
embargo, el precio al consumidor final se ha mantenido en los niveles medios de todos los años rondando los 3,7 /kg hasta llegar a los 4,5 /kg en las mejores categorías. Estas crisis de precio y mercado son ya constantes en las últimas campañas y
se prevé que continúen en las siguientes si no se cuenta con la posibilidad de utilizar de manera más adecuada los mecanismos de regulación de mercados que la PAC prevé.
El incremento de la producción de la cereza en otras regiones de Europa como Bulgaria añade más presión a un mercado que, aunque con capacidad de absorción muestra ya signos de agotamiento. Al igual que sucede con otras producciones, la
ausencia de una trazabilidad clara en el etiquetado del producto, impide al consumidor poder elegir de manera adecuada.
El Plan de Seguros con coberturas crecientes para explotaciones de cerezo en 2018, vuelve a reproducir los mismos defectos de años anteriores. Desde hace años, las organizaciones de productores de cereza vienen advirtiendo de la escasa
efectividad del seguro al tipo de explotaciones dominantes en las comarcas extremeñas o de la Comunidad Valenciana, con precios muy elevados y mínimos
indemnizables muy bajos. Pequeños minifundios con una distribución de las explotaciones caracterizada por pequeñas parcelas diseminadas a diferentes alturas e incluso en diferentes términos municipales, y de muy poca superficie. Las
coberturas que se ofrecen tan limitadas junto con unos precios muy elevados hacen que sea una quimera la contratación mayoritaria de los seguros por parte del agricultor o agricultora. El resultado de ello es que el nivel de cobertura de riesgo
apenas llega al 7% de la superficie. En estas circunstancias, es necesario introducir cambios en los planes de seguro para las futuras campañas.
Las organizaciones de productores de cereza se han movilizado para la campaña de 2018. Tanto el comité de cerezas de FEPEX, formado por las diferentes asociaciones de productores asentadas en las principales zonas de producción -AFRUEX
(Extremadura), AEAMDE, EXCOFRUT y APEPH (Aragón), ARIFRUT (La Rioja), AFRUCAT (Cataluña), FEXPHAL (Alicante) y APOEXPA (Murcia)- como las cooperativas de productores y productoras están reclamando actuaciones urgentes.
En las comarcas extremeñas se ha creado una Asociación que ha reunido a estas zonas productoras bajo el lema. 'Por un precio digno para agricultores y consumidores', Plataforma asociativa de la Vera, Las Hurdes, Granadilla, Ambroz y Jerte
con los siguientes objetivos: precios justos para el productor o productora, seguros asequibles, calidad y defensa de la cereza local, leyes que favorezcan a los agricultores frente a la distribución y la comercialización.
Las medidas anticrisis y de regulación de mercados están contempladas en los Reglamentos de la PAC. El Reglamento (UE) n.º 1308/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, por el que se crea la Ordenanza de
Comercio Minorista de la Alimentación (OCMA), incluye dentro de sus objetivos para el sector de frutas y hortalizas disminuir el impacto en las rentas de los agricultores ocasionado por las crisis. Del mismo modo, el Reglamento Delegado 2017/1165
de la Comisión, de 20 de abril de 2017, establece, con carácter temporal, medidas excepcionales de ayuda a los productores de determinadas frutas. Las medidas propuestas se resumen en: retiradas del mercado; cosecha de frutas y hortalizas en
verde o la renuncia a efectuar la cosecha; promoción del consumo de frutas en las escuelas, y la comunicación, además de las medidas de formación y las ayudas para paliar los costes administrativos derivados de la constitución de mutualidades y
fondos de inversión.
Tanto la medida de retirada del mercado, como la cosecha en verde, son medidas cofinanciadas en principio a un 50% por ayudas de la PAC y un 50% por los propios Fondos Operativos de las Organizaciones de Productores de Frutas. El porcentaje
del 50% de la ayuda se elevará al 100% en el caso de las retiradas del mercado de frutas y hortalizas que no superen el 5% del volumen de la producción comercializada de cada organización de productores, y a las que se dé salida mediante entrega
gratuita a una serie de instituciones reconocidas o autorizadas a tal fin por los Estados miembros. En el caso español, el RD 533/2017, de 26 de mayo, por el que se regulan los fondos y programas operativos de las organizaciones de productores del
sector de frutas y hortalizas, establece los montos financiados.
En función de todo lo anterior, se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Activar el mecanismo previsto en el Reglamento 1308/2013, de 17 de diciembre, de retirada de parte de la producción del mercado con el objetivo de estabilizar los precios, previsto en los Programas Operativos, y en coordinación con las
organizaciones de productores y productoras y con las Comunidades Autónomas, activar retiradas excepcionales tanto a nivel autonómico como estatal, tanto para la campaña de 2018, como respecto de una previsión anticipada de la campaña de 2019.
2. Defender en el proceso de negociación de la PAC el fortalecimiento de las medidas de mercados y el fortalecimiento y extensión del Régimen de Frutas y Hortalizas, con una clarificación de las funciones de las Organizaciones de
Productores de Frutas y Hortalizas y de las Asociaciones de Organizaciones de Productores, y el desarrollo de los mecanismos.
3. Revisar y actualizar el Plan de Seguros con coberturas crecientes para explotaciones de cerezo para el 2019, de forma que se extienda el nivel de cobertura a las pequeñas y medianas explotaciones adecuando las primas y niveles de
cobertura.
4. Fortalecer la vigilancia de la cadena alimentaria en la campaña de la cereza, de manera que se asegure la transparencia en la conformación de los precios en origen y destino, y se garanticen los derechos de productores y productoras, y
de consumidores y consumidoras, lo que exige introducir información adecuada en el etiquetado del producto, que permita identificar el origen de la producción.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de julio de 2018.-Amparo Botejara Sanz, Txema Guijarro García y Jaume Moya Matas, Diputados.-Lucía Martín González, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En
Marea.
Comisión de Transición Ecológica
161/003447
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para instar al Gobierno a que reduzca
las tarifas que pagan los agricultores, para su debate en la Comisión de Energía, Turismo y Agenda Digital.
Exposición de motivos
El actual sistema tarifario que aplican las compañías eléctricas no responde al gasto real de electricidad, generando un sobrecoste insoportable para el agricultor. Efectivamente, desde que en 2008 la Unión Europea (UE) obligó a España a
suprimir las tarifas especiales que estaban vigentes para la energía eléctrica empleada en la extracción de agua subterránea con fines agrícolas, las empresas del sector, junto a los sucesivos gobiernos, fueron configurando un procedimiento de pago
que a la larga se ha revelado tremendamente negativo para los intereses de los agricultores porque no está adaptado a las necesidades de las zonas de regadío y, en última instancia, obliga a los productores a pagar por una potencia eléctrica que no
están consumiendo en realidad.
La clave de este desajuste que perjudica a los regantes y favorece a las compañías eléctricas, se encuentra en que el referido sistema tarifario únicamente permite a los agricultores -tanto particulares como agrupados en entidades de riego
solicitar un único cambio de potencia anual-. La potencia se regula en tres modalidades contractuales distintas -punta, llano y valle- que varían de precio en función de la intensidad de la misma y la legislación vigente, al obligar a los regantes
a calcular con antelación la potencia eléctrica que quieren contratar a lo largo de todo un año sin posibilidad de rectificar sus estimaciones basándose en la evolución del clima y las cosechas, les empuja a incurrir en sobrecostes.
AVA-ASAJA, estima que el sobrecoste anual que afronta el regadío valenciano se sitúa en torno a los 9,2 millones euros. Los servicios técnicos de esta entidad agraria subrayan, además, que se trata de una evaluación sumamente conservadora,
puesto que a la hora de establecerla solo se han tenido en cuenta las alrededor de 153.000 hectáreas que usan aguas subterráneas, y por tanto energía eléctrica, de una superficie total de regadío en la Comunitat Valenciana próxima a las 300.000
hectáreas. No se puede perder de vista, sin embargo, que en buena parte de las 150.000 hectáreas que emplean aguas superficiales se ven obligados a recurrir también a la electricidad para rebombear el agua de una zona a otra, de manera que si se
hubiese incluido esa variable en el informe el sobrecoste, calculado a partir de una media de 60 euros por hectárea, sería aún mayor.
La propuesta legislativa para acabar con esta situación claramente abusiva por parte de las compañías eléctricas resulta tan sencilla como eficaz y consiste, simplemente, en autorizar a los agricultores a solicitar dos cambios de potencia al
año, en lugar de ese único cambio que está permitido en la actualidad. Así, los regantes, siempre a la vista del desarrollo del clima y los cultivos, podrían determinar con mucha mayor precisión cuáles son sus necesidades reales de potencia
eléctrica para efectuar los riesgos y contratarla en virtud de ese análisis más ajustado.
Una petición justa, lógica y razonable en palabras del presidente de AVA-ASAJA, Cristóbal Aguado. 'La agricultura -explica- está sometida a una casuística muy diversa y lo normal sería que se nos proporcionasen las herramientas necesarias
en materia energética para poder adaptarnos a las circunstancias que se vayan presentando. No queremos pagar menos, pero tampoco más de lo que
necesitamos ni consumimos y la autorización de dos cambios de potencia al año nos facilitaría las cosas y contribuiría a aliviar la situación de un sector descapitalizado y en crisis.'
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que introduzca cambios legislativos para que las tarifas que pagan los agricultores se ajusten a su consumo real de electricidad.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de junio de 2018.-Rafael Antonio Hernando Fraile, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/003455
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la reconversión de la zona de
influencia de la central nuclear de Santa María de Garoña (Burgos) tras el cierre de sus instalaciones, para su debate en la Comisión de Transición Ecológica.
Exposición de motivos
La central nuclear de Santa María de Garoña (Burgos) se inauguró en 1970 y finalizó su actividad en diciembre de 2012. Es la segunda más antigua de España después de la de José Cabrera (Guadalajara) que se cerró en 2006.
En 2009, el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) emitió un informe favorable por el que se estableció por unanimidad que la planta siguiese operando diez años más. Sin embargo, recientemente, el Gobierno ha decidido no autorizar la reapertura
de la central que llevaba cinco años parada y, por tanto, se procederá a su cierre definitivo.
El Ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, Álvaro Nadal, ha estimado que el tiempo de desmantelamiento de la planta nuclear será de entre 13 y 16 años. Actualmente, el Reglamento de Instalaciones Nucleares y Radiactivas (RINR) no ha
fijado un plazo concreto para comenzar dichas tareas, aunque ENRESA, la empresa pública que gestiona residuos radiactivos, es partidaria de la retirada total de las instalaciones y del reactor (aproximadamente en unos 12 años).
Realizadas dichas tareas de desmantelamiento, se emprenderá el plan de restauración de las instalaciones y se emitirá la declaración de clausura por parte del Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital. Será en este momento cuando
ENRESA devuelva el emplazamiento a su titular, Nuclenor, aunque el Ministerio podrá implantar restricciones de uso sobre el terreno.
Por otra parte, desde 2012, se ha venido produciendo una pérdida de la población de la zona de un 10% y las instituciones municipales y regionales han mostrado su preocupación al respecto. Por este motivo, surge la necesidad de dotar a la
comarca burgalesa de un plan de desarrollo que ofrezca alternativas para la creación de riqueza y empleo, así como la regeneración ambiental de la zona.
La central nuclear de Santa María de Garoña está situada en un entorno privilegiado: la península está formada por un meandro del río Ebro, en el municipio del mismo nombre en el valle Burgalés de Tobalina, regado también por los ríos Jarea
y Purón, y rodeado por 360 núcleos de población.
Al patrimonio natural de la zona se une el artístico y cultural. Desde las poblaciones prehistóricas de Ojo Guareña hasta nuestros días, se han sucedido culturas y civilizaciones. En la Edad Media, la comarca fue un importante núcleo de
repoblación que dio origen al reino de Castilla. Iglesias románicas y góticas son testigos de su importancia, además de sus torres y casas blasonadas que se observan en sus pueblos (Oña, Frías, Espinosa, Medina del Pomar, etc.).
La comarca es también una zona de gran riqueza acuífera por la cercanía de sus ríos y pantanos. Esta situación geográfica debería aprovecharse para fomentar la agricultura de regadío y una industria agroalimentaria puntera basada en una
constante innovación de sus productos.
En definitiva, un lugar idóneo para fomentar el turismo y el desarrollo económico de los recursos de la zona.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a impulsar cuantas medidas sean necesarias para minimizar el impacto económico que tendrá en la comarca el cierre de la central nuclear de Garoña.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de junio de 2018.-Rafael Antonio Hernando Fraile, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/003463
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre el fomento del uso de sistemas
para reducir la evaporación del agua almacenada en balsas de riego, para su debate en la Comisión de Transición Ecológica.
Exposición de motivos
Según diversas fuentes, en la Región de Murcia existen entre 10.000 y 15.000 balsas de riego que pueden perder por evaporación entre 50 y 80 hm3 al año. Dada la escasez estructural de recursos hídricos de la cuenca, agravada por la actual
situación de sequía, estas pérdidas son inasumibles para la agricultura. Según Martínez-Álvarez et al. (UPCT, 2008) la evaporación anual en balsas de riego puede suponer unas pérdidas equivalentes al 8%) del agua para riego utilizada en la
Demarcación del Segura.
Además, esta evaporación conlleva una mayor concentración de los sólidos disueltos en el agua de riego. En muchos casos en la Región de Murcia se utilizan para riego aguas regeneradas procedentes de estaciones de depuración o aguas
subterráneas que con frecuencia contienen ya inicialmente una cantidad de sólidos disueltos elevada. Por otra parte, las aguas de desalinizadoras contienen un alto contenido en boro que resulta especialmente perjudicial para algunos cultivos. Por
tanto, la concentración por evaporación disminuye la aptitud del agua para el riego ya sea por incremento de la toxicidad directa de algunos elementos como cloro, sodio y boro o por el efecto osmótico que se incrementa con la salinidad. En el caso
del efecto salino, es necesario incrementar la dosis de riego para reducir la acumulación de sales en el suelo, produciéndose una reducción añadida de la cantidad de agua aprovechable.
Con sistemas adecuados de cubrición de balsas se puede conseguir una reducción importante de la evaporación en las balsas. Según estudios realizados en la UPCT, con los sistemas de malla tejida se obtiene reducciones de entorno al 84%. Con
los sistemas de cobertura total flotante la reducción se aproxima al 100%. Estos ahorros, redundan además en una mejor eficiencia energética, puesto que en la mayoría de los casos, se ha consumido energía para llevar el agua hasta la balsa.
Además, la cubrición de las balsas de riego disminuye la proliferación de algas en las balsas de riego, reduciéndose consecuentemente las necesidades de filtrado de estas aguas previamente a su empleo en riego por goteo y el empleo de
productos químicos para evitar la proliferación de algas.
Por último, con sistemas flotantes de cubrición que incorporan generadores fotovoltaicos se obtiene una reducción en la evaporación del 80%. Estos sistemas permiten, además, la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero por
sustitución de parte de la energía procedente de fuente no renovables, y presenta la ventaja, frente a los campos solares convencionales, de no necesitar ocupar terrenos para la instalación de los generadores fotovoltaicos.
Resumiendo, con la cubrición de balsas se puede conseguir los siguientes objetivos:
Aumento de la cantidad de agua disponible para riego.
Aumento de la eficiencia del agua utilizada.
Mejora de la calidad del agua para riego.
Reducción de las necesidades de filtrado de agua y de empleo de tratamiento químicos para evitar la proliferación de algas.
Aumento de la eficiencia energética en regadío. Reducción de emisiones de efecto invernadero.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Financiar al agricultor todas aquellas medidas necesarias que permitan el impulso de sistemas que eviten la evaporación en las balsas de riego a las Comunidades de Regentes.
2. Establecer convocatorias específicas que permitan implantar sistemas para evitar la evaporación del agua en balsas de riego consistentes en dispositivos flotantes de generación foto voltaica que cumplen la doble misión de ahorro de agua
y reducción de las emisiones de efecto invernadero derivadas del uso de fuentes de energía renovables.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de junio de 2018.-Rafael Antonio Hernando Fraile, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/003464
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre el fomento de infraestructuras
destinadas a la captación de escorrentías en el entorno del Mar Menor, para su debate en la Comisión de Transición Ecológica.
Exposición de motivos
El Mar Menor es una de las mayores lagunas litorales de Europa y la más grande de la Península Ibérica, con singulares valores ambientales que han determinado su incorporación a los Humedales de Importancia Internacional (RAMSAR) y Zonas
Especialmente Protegidas de Importancia para el Mediterráneo (ZEPIM), así como la declaración del Paisaje Protegido de los Espacios Abiertos e Islas del Mar Menor, del Parque Regional de Salinas y Arenales de San Pedro del Pinatar, del Lugar de
Importancia Comunitaria (LIC) 'Mar Menor', y de la Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) 'Mar Menor'.
El Mar Menor es además un lugar muy emblemático para la Región de Murcia en el que convergen múltiples usos y aprovechamientos, principalmente turísticos, recreativos y pesqueros, con un importante aprovechamiento agrícola de su entorno.
Recientemente, se ha puesto de manifiesto un deterioro de la calidad de sus aguas por la progresiva eutrofización de la laguna. Es un problema de complejidad técnica, ambiental y social, que exige actuar de forma combinada sobre los
diferentes sectores de actividad cuya influencia pueda hacerse sentir sobre su estado ecológico.
Con todo, existe una coincidencia sustancial en la comunidad científica sobre la necesidad de adoptar con urgencia medidas para evitar las principales afecciones al Mar Menor. El Comité de Asesoramiento Científico del Mar Menor, en diversos
apartados de su 'Informe integral sobre el estado ecológico del Mar Menor', de 13 de febrero de 2017, considera la contaminación por nitratos, que afecta también gravemente al acuífero Cuaternario, como uno de los factores que ha contribuido al
desequilibrio ambiental del Mar Menor, sin minusvalorar la contaminación por metales pesados o la procedente de aguas de escorrentías.
En este sentido, las aguas de escorrentía constituyen una importante fuente de contaminación para la laguna. Esto es debido a que la cuenca del campo de Cartagena vierte en el Mar Menor, y al carácter torrencial de las lluvias en esta
comarca, que se ha visto agravado en los últimos años como consecuencia del cambio climático. Así, las aguas de escorrentía, en su discurrir, arrastran nitratos y otros fertilizantes de la actividad agraria, sólidos procedentes de la erosión del
suelo, metales pesados de la minería ejercida anteriormente en la zona y otros contaminantes, que alcanzan la laguna y contribuye a la eutrofización de sus aguas y a afectan negativamente a la transparencia de las mismas.
Por otra parte, la captación de escorrentías constituye una técnica eficaz para luchar contra la erosión del suelo y evitar los daños originados por avenidas en la zona. Además, permite captar aguas de lluvia para su posterior empleo en
riego. Todo ello puede favorecer la sostenibilidad del regadío del entorno del Mar Menor y contribuir a la regeneración ambiental y al mantenimiento de la calidad de las aguas de la laguna.
Para captar las aguas de escorrentía se precisa de infraestructuras que permitan su derivación desde las líneas de escorrentía, así como el transporte, decantación y el almacenamiento de las mismas.
Para ello, pueden jugar un papel fundamental las Comunidades de Regantes del Campo de Cartagena y Arco Sur Mar Menor, dado que disponen de balsas de regulación de gran capacidad y redes de distribución de agua, que permitirían el
almacenamiento y posterior aprovechamiento de estas aguas en regadío.
En consecuencia, la captación de aguas de escorrentía en el entorno del Mar Menor podría favorecer la regeneración ambiental de esta laguna e incrementar los recursos hídricos de la comarca, contribuyendo así a la sostenibilidad de la
actividad agrícola en esta zona.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Ejecutar cuantas medidas sean necesarias para permitir el impulso de sistemas de captación de aguas de escorrentía en el entorno del Mar Menor, que eviten la erosión del suelo y la reduzcan la entrada de nitratos y otros contaminantes en
la laguna derivados de los arrastres ocasionados por estas aguas.
2. Que se articulen programas y convocatorias financiados a través del Ministerio de Transición Ecológica, que permitan desarrollar soluciones orientadas a evitar la llegada de escorrentías al mar menor y permitan captar estas aguas para su
posterior aprovechamiento en el riego de la zona, favoreciendo así la sostenibilidad de la agricultura del campo de Cartagena.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de junio de 2018.-Rafael Antonio Hernando Fraile, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/003497
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la protección integral y
estable del litoral mediterráneo andaluz, para su debate en la Comisión de Transición Ecológica.
Exposición de motivos
El litoral andaluz cuentan con dos tramos geográficamente bien diferenciados: atlántico y mediterráneo. Conocidas con las denominaciones turísticas de Costa del Sol, Costa Tropical y Costa de Almería, el litoral mediterráneo andaluz se
extiende desde Tarifa hasta Pulpí y se caracteriza por la proximidad del sistema bético y costas con acantilados y calas, alternadas con costa en la que predominan las playas.
Se considera que el litoral de la Costa del Sol se extiende, a lo largo de 150 km de costa mediterránea, entre el límite con Gibraltar al oeste hasta Nerja al este, conocida por el gran desarrollo turístico.
La denominación de Costa Tropical de Granada tiene 19 kilómetros de Costa, repartidos en 26 playas. Casi todas de arena negra y gruesa, aunque también hay playas de arena fina. En este litoral se genera un microclima tropical y templado
que da lugar al cultivo de variadas frutas tropicales, únicas en toda Europa, que son, junto a la belleza de sus pueblos y playas, el principal reclamo turístico.
Por Costa de Almería es la denominación que recibe la franja litoral de la provincia de Almería, una extensión de territorio que abarca 217 kilómetros, desde Adra hasta Pulpí.
Según la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado y el Real Decreto 1330/1997, de 1 de agosto, de integración de servicios periféricos y de estructura de las Delegaciones del
Gobierno, cuyo artículo 2.5 determina como servicio integrado dentro de las subdelegaciones del gobierno los pertenecientes, entre otras, al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. Dicho Ministerio ostenta las competencias en
materia de costas, conforme al artículo 11 del Real Decreto 415/2016, de 3 de noviembre, por el que establece la estructura orgánica básica de los departamentos ministeriales.
A pesar de las innumerables peticiones públicas llevadas a cabo por los Ayuntamientos de la Costa Tropical por una solución estable de espigones permanentes, la solución planteada cada año es el traslado de arena de una playa a otra, siendo
este un contingente provisional con un superior coste medioambiental, y aún más oneroso en impacto económico en su conjunto que si se afrontara una solución estable de espigones permanentes, tal y como se ha sugerido desde distintos departamentos
técnicos de todas las administraciones consultadas.
Tampoco la Junta de Andalucía ha puesto en marcha ninguna orden para subvencionar y ayudar a los Ayuntamientos a mantener y sustituir los equipamientos de playa, con lo cual la situación es más penosa si cabe, ya que las instituciones
locales se ven obligadas al mantenimiento de las playas sin que esta sea en puridad su competencia.
De la misma manera, se torna sorprendente que siendo las playas, uno de los principales reclamos turísticos de la provincia, la Diputación Provincial de Granada no lleve a cabo ningún tipo de actuación pública para ayudar a los Ayuntamientos
en su limpieza, mantenimiento, conservación o dinamización.
Son los Ayuntamientos de la Costa Tropical los que, con medios propios, están asumiendo las labores de mejora, limpieza, seguridad y dinamización, en solitario, aunque en ningún momento tienen ni los medios ni la capacidad económica
necesaria para poner nuestro litoral en el estado de calidad que se necesita.
Los sucesivos Planes Litorales 2014 y 2015 han demostrado su utilidad en el litoral mediterráneo, realizando actuaciones allí donde los daños por los temporales habían sido especialmente significativos. Por ejemplo, en Almería, señalar las
actuaciones consiste en la reparación de daños en playas de los términos municipales de Adra, Berja, El Ejido, Almería y Roquetas de Mar. También se realizaron actuaciones en Albuñol, Gualchos, Salobreña, Almuñécar, municipios de Granada.
Las últimos temporales también provocaron daños por la fuerte erosión de las playas por pérdidas de arena, así como daños en escolleras y en el mobiliario de playa, en un gran número de municipios andaluces.
Conscientes de la importancia que nuestras playas suponen para la economía de nuestros municipios y para la imagen turística de nuestra costa, el Grupo Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que en el ámbito de sus competencias, inicie los trámites para la redacción de un proyecto de conservación integral de todo el litoral mediterráneo andaluz, que tenga como objetivo la
protección del mismo con carácter estable y permanente, evitando el coste económico que significa tener que licitar y adjudicar obras cada año para el traslado de arena de unas playas a otras.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de julio de 2018.-Rafael Antonio Hernando Fraile, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/003499
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la modificación de la Declaración de Importación de Productos en
Canarias (DUA) para la mejora del reciclado de envases y vidrio, para su debate en Comisión de Transición Ecológica.
Exposición de motivos
Canarias lleva años pidiendo un mayor control y registro del volumen y tipo de envases que se introducen en Canarias, para poder gestionar mejor los residuos de envases y embalajes que entran en el sistema integrado de gestión de residuos
establecido en las islas, como por ejemplo Ecoembes o Ecovidrio.
Hay que tener en cuenta la cantidad de productos envasados que introducen en Canarias, no solo van a satisfacer la demanda local, sino que atienden a la demanda de los 16 millones de turistas que recibe esta Comunidad Autónoma.
A la hora de analizar los resultados de la recogida selectiva es imprescindible tener el dato correcto de lo puesto en el mercado por lo que debemos tener en cuenta no solo los envases puestos en el mercado por los envasadores canarios, sino
también el volumen de envases que son importados e introducidos en Canarias. Pero también es clave asegurar que todos los envases que entran en el mercado han contribuido adecuadamente a sufragar los gastos de gestión que supone la recogida
selectiva.
Para conocer el volumen y tipo de envases que entran en el mercado canario se dispone de una vía que garantiza que todos los operadores que importan o introducen productos en Canarias tengan que aportar dicha información, y es el DUA. En el
DUA los operadores económicos deben aportar diversa información relativa al importador y a la mercancía importada e introducida en el mercado canario, por lo que es viable la modificación del DUA para añadir información respecto a los envases y
tipología de las mercancías importadas. El objetivo sería que la información que hoy se aporta en el DUA se ampliara para asegurarnos de que todos los envases puestos en el mercado nacional han contribuido financieramente al sostenimiento del
sistema abonando el pago correspondiente del punto verde.
Una modificación del Documento de Declaración de Importación de Productos en Canarias (DUA de importación) permitiría controlar el fraude de todo aquel que está importando productos de consumo y que no están declarando el llamado 'punto
verde', así como evitar la competencia desleal que se produce al ahorrarse un coste y al mismo tiempo, aportaría una información muy valiosa para que en Canarias, se disponga del dato sobre el flujo de envases que se importan y que entran en el
sistema, por tipo de material, para poder plantear un incremento de las inversiones en las infraestructuras de los complejos ambientales, en el despliegue y mejoras de contenedores y, para que los posibles inversores puedan tener información para
analizar la viabilidad de crear nuevas industrias de reciclaje.
España necesita impulsar decididamente una transición hacia una economía circular. Esto es especialmente acuciante en una economía insular como la de Canarias que además recibe ocho veces su población en turismo.
La situación actual dista mucho de lo deseable. El gobierno autonómico lleva casi veinte años sin aprobar un Plan de Gestión y del Programa de Prevención de Residuos de Canarias (PIRCAN), desde 2001. En el municipio de Arico se entierra el
80% de la basura que genera la Isla de Tenerife, según su propio consistorio y la Comisión Europea ha amenazado con multar a España al incumplir la obligación de tener planes de gestión de residuos en todo su territorio y revisarlos cada seis años.
En la actualidad, Aragón, Madrid, Baleares y Canarias carecen de estos planes.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'Se insta al Gobierno a:
1. Incluir en el Documento de Declaración de Importación de Productos en Canarias (DUA de Importación), al igual que se declaran productos, valor, IGIC, AIEM entre otros, información sobre el SIG al que está adherido el producto importado.
En las casillas a incorporar se tendría que indicar:
- SIG en el que se ha declarado la mercancía importada/introducida (Ecoembes, Ecovidrio o el que proceda).
- Número de identificación del contrato suscrito con el SIG (para poder confirmar si contribuye al punto verde).
- Tipo de producto que importa/introduce (el que se indica en la declaración de envases).
- Tipo de envase (papel, cartón, brik, lata, pet, etc.).
- Material.
- Peso envases (g).
- Número de unidades de envases.
2. Impulsar, en colaboración con las Comunidades Autónomas, la elaboración de planes de gestión de residuos y el tratamiento del 100% de los residuos generados y la reducción al mínimo de los residuos llevados a vertederos.
3. Garantizar la suficiencia económica de Canarias para su transición a una economía circular.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de julio de 2018.-Melisa Rodríguez Hernández, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
161/003501
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre el impulso normativo de la Economía Circular, para su debate en
Comisión de Transición Ecológica.
Exposición de motivos
La transición a una economía más circular, en la cual el valor de los productos, los materiales y los recursos se mantenga en la economía durante el mayor tiempo posible, y en la que se reduzca al mínimo la generación de residuos, constituye
una contribución esencial a los esfuerzos encaminados a lograr una economía sostenible, libre de emisiones, eficiente en el uso de los recursos y competitiva. Una transición de ese tipo brinda la oportunidad de transformar la economía española y de
generar nuevas ventajas competitivas y sostenibles para nuestro país.
Se necesita un nuevo modelo de organización industrial, que separe el incremento en prosperidad del crecimiento en el consumo de recursos. Esto debe ser visto no como una amenaza sino como una oportunidad, especialmente si somos pioneros en
esta transformación.
A su vez, la economía circular tiene un gran potencial para impulsar la competitividad de las empresas españolas, al protegerlas contra la escasez de recursos y la volatilidad de los precios, y contribuir a crear nuevas oportunidades
empresariales, así como maneras innovadoras y más eficientes de producir y consumir. Además, la economía circular creará puestos de trabajo a escala local adecuados a todos los niveles de formación, así como oportunidades para la integración y la
cohesión social. La Comisión Europea estima que serán 52.000 los empleos que se generen en nuestro país con una política dirigida a aprovechar el potencial de crecimiento sostenible que ofrece la economía circular.
Al mismo tiempo, ahorrará energía y contribuirá a evitar los daños irreversibles causados en lo relativo al clima y la biodiversidad, y a la contaminación del aire, el suelo y el agua, a causa de la utilización de !os recursos a un ritmo que
supera la capacidad de la Tierra para renovarlos. Un reciente informe internacional señala los beneficios de más amplio alcance de la economía circular, incluida la reducción de los actuales niveles de las emisiones de dióxido de carbono 1.
Por consiguiente, la acción sobre la economía circular guarda una estrecha relación con las prioridades que deberían guiar el desarrollo de España, como el crecimiento y el empleo, la atracción de inversiones, el clima y la energía, la
agenda social y la innovación industrial, así como con los esfuerzos mundiales en materia de desarrollo sostenible. Los agentes económicos, como las empresas y los consumidores, son fundamentales para impulsar este proceso. Las autoridades
nacionales, regionales y locales también tienen un papel fundamental que desempeñar en su apoyo.
El objetivo es garantizar que se disponga del marco normativo adecuado para el desarrollo de la economía circular en España y transmitir señales claras a los operadores económicos y a la sociedad en general sobre el camino que ha de seguirse
respecto de los objetivos de residuos a largo plazo, así como un conjunto de acciones concretas, amplias y ambiciosas que deberán llevarse a cabo antes de 2020. Esto impulsará las inversiones, reforzará la seguridad jurídica a largo plazo y velará
por que se reúnan las condiciones favorables para la innovación y la participación de todas las partes interesadas.
Por esta razón, la Comisión Europea arrancó en 2015 un Plan de Acción por la economía circular con medidas concretas para actuar desde la producción y el consumo a la gestión de residuos y en mayo
1 Growth within: a circular economy vision for a competitive Europe. Junio de 2015.
de 2018 la UE ha aprobado un paquete nuevo de directivas para la economía circular. Los Estados miembro deben trasponer las siguientes directivas antes del 5 de julio de 2020:
- Directiva (UE) 2018/851 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de mayo de 2018, por la que se modifica la Directiva 2008/98/CE sobre los residuos.
- Directiva (UE) 2018/850 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de mayo de 2018, por la que se modifica la Directiva 1999/31/CE relativa al vertido de residuos.
- Directiva (UE) 2018/852 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de mayo de 2018, por la que se modifica la Directiva 94/62/CE relativa a los envases y residuos de envases.
- Directiva (UE) 2018/849 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de mayo de 2018, por la que se modifican la Directiva 2000/53/CE relativa a los vehículos al final de su vida útil, la Directiva 2006/66/CE relativa a las pilas y
acumuladores y a los residuos de pilas y acumuladores y la Directiva 2012/19/UE sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos.
España dista mucho de estar a la vanguardia de la transición a una economía circular. Por ejemplo y respecto a residuos, en la UE, de media, el 45% de estos se reciclan. En España en cambio hemos retrocedido desde 2009 diez puntos hasta el
29,7% mientras que el 56% de los residuos acaban en los vertederos.
El Gobierno ha hecho público recientemente un borrador de su propia estrategia nacional, la Estrategia Española de Economía Circular 'España Circular 2030'. Dada la importancia de la economía circular para el futuro del desarrollo
sostenible a niveles nacional, europeo y global, es necesario que esta estrategia tenga el mayor consenso posible entre las fuerzas parlamentarias, los actores sociales y de la sociedad civil y el tejido empresarial e industrial de nuestro país.
Es necesario huir del modelo poco ambicioso y cortoplacista del Gobierno, que tiene el objetivo puesto en cumplir con la nominalidad de los acuerdos Europeos, y por tanto centrado en incrementos marginales de la eficiencia del sistema. El
modelo de Economía Circular hasta ahora propuesto por el Gobierno, minusvalora y margina el profundo potencial de generación de valor para toda la sociedad, desde la economía, nuestras empresas y la industria hasta la ganancia en el bienestar, la
calidad de vida, la salud y el empleo que para nuestros ciudadanos representaría la aplicación de un modelo de Economía Circular consistente, ambicioso y con visión de largo plazo.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'Se insta al Gobierno a:
'I. Presentar una Ley Marco de Economía Circular que:
1. Articule un cambio en todos los procesos productivos y de consumo, para fomentar la transición ordenada del modelo lineal vigente, en el que se produce, se usa y se desecha, a un ciclo circular, donde se reduzca la dependencia de
materias primas primarias no renovables, se prevenga y reduzca al mínimo la generación de residuos y se logre la eficiencia energética y de los recursos y una huella ambiental reducida, al tiempo que se garantiza un crecimiento económico competitivo
y sostenible y un nivel elevado de protección de la salud humana y del medio ambiente y se respetan las normas de protección existentes.
2. Establezca objetivos vinculantes de reciclado en línea con los europeos para 2025, 2030 y 2035 y por sectores.
3. Atribuya a la administración pública un papel ejemplarizante, en el que la contratación pública sea instrumento dinamizador de la economía circular y contenga un esquema de gobernanza que permita una adecuada evaluación y seguimiento de
las políticas adoptadas, la máxima coordinación entre administraciones y un dialogo participativo con todos los agentes de la sociedad civil (stakeholders) implicados.
4. Desarrolle la normativa del fin de la condición de residuo, simple y sencilla de aplicar, con el fin de potenciar las salidas de las materias primas secundarias e impulsar el reciclado e incluya nuevos flujos de productos en el esquema
de la Responsabilidad Ampliada del Productor.
5. Determine estándares nacionales visibles para consumidores para durabilidad, reciclabilidad, reúso y reparabilidad, como los existentes hoy en día para eficiencia energética de los bienes de vida media.
6. Incorpore el análisis del ciclo de vida del producto desarrollado en la industria y la construcción, donde se plantee esta producción con materiales reciclables, diseñando para eliminar el concepto de residuo y su eficiencia y
valorización energética, además de depurar sus propias aguas y residuos orgánicos para evitar generar residuos.
7. Establezca una relación detallada y completa de indicadores para poder realizar una adecuada evaluación y seguimiento de la futura Estrategia Española de Economía Circular y mejore las estadísticas en materia de residuos, unificando y
mejorando los criterios estadísticos y asegurando su adecuado cumplimiento en toda la cadena, desde la producción a la recuperación.
8. Cree un marco de colaboración público-privado que estimule la innovación y la colaboración entre empresas y administraciones públicas a lo largo de la cadena de suministro, que tengan como objetivo encontrar soluciones sistémicas en el
ámbito de la economía circular. Se tendrá especial atención en habilitar marcos favorables a la participación de pymes, permitiendo a estas empresas colaborar en estos proyectos conjuntamente con otras de igual o diferente tamaño, imponiendo
métricas claras para ellas sobre como colaborar y el reparto de beneficios.
II. Realizar campañas de concienciación y sensibilización de ciudadanos y consumidores, proporcionando información transparente y fiable a los ciudadanos sobre la gestión de los residuos y sus costes, para fomentar unos hábitos acordes con
los principios de la economía circular.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de julio de 2018.-Melisa Rodríguez Hernandez, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
161/003507
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Diputado Enric Bataller i Ruiz (Compromís) presenta, al amparo del artículo 193 y siguientes del Reglamento del Congreso, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre el desmantelamiento de la subestación eléctrica de Patraix, para
su debate en la Comisión de Energía y Transición Ecológica.
Exposición de motivos
El 15 de mayo de 2007 se produjo un incendio en la subestación eléctrica situado en el barrio de Jesús-Patraix -en pleno casco urbano de Valencia-, que dejó sin suministro la instalación y obligó al Ayuntamiento a decretar el cierre por
evidentes razones de seguridad.
Con el fin de garantizar el suministro, el 31 de mayo de 2007, el pleno del Ayuntamiento de Valencia acordó, por unanimidad, ratificar el cierre de la subestación de Patraix, requerir al Ministerio de Industria, Red Eléctrica Española, SAU,
e lberdrola, SAU, la redacción de un plan energético de abastecimiento de la ciudad y ofrecer en permuta los terrenos necesarios para el desmantelamiento, traslado y soterrado de la subestación Patraix a la nueva parcela denominada Nuevo Cauce,
junto al cementerio general, una ubicación que fue consensuada con la Federación de Asociaciones de Vecinos de Valencia.
El 30 de enero de 2009 se publicó la Orden ITC/81/2009, de 28 de enero, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio donde, dada la indemnización sobre una posible puesta en servicio de la subestación de Patraix y considerando la crítica
situación del mercado eléctrico de Valencia, se resolvió incorporar en la planificación nacional de energía la subestación Nuevo Cauce 220 kV, con el fin de sustituir la funcionalidad de la de Patraix, la cual, sin embargo y dado los incrementos de
demanda previstos en Valencia, sería puesta en servicio y permanecería disponible en situación de reserva. Ese mismo año un juzgado declaró nula la licencia de actividad inocua de Patraix al considerarla 'peligrosa'.
La planificación de 2009, anteriormente citada, se volvió a confirmar en la Orden ITC/2906/2010 de 8 de noviembre, no obstante y ante la ralentización económica y del crecimiento del consumo económico, sumadas a la construcción de la
subestación Parque Central, el sistema de abastecimiento mantuvo su estabilidad y algunas de las actuaciones previstas se aplazaron para el período de planificación 2012-2020.
Entre tanto, en 2015 el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana ratificó la sentencia de 2009 y declaró nula la licencia de actividad de la instalación de Patraix, ante la indiferencia de lberdrola (de la que depende la
subestación) que la mantiene en funcionamiento.
Aunque en un primer momento la construcción de la nueva subestación Nuevo Cauce no se incluyó en el nuevo Plan de desarrollo de la red de transporte de energía eléctrica 2015-2020, la modificación de ese mismo documento sí recoge entre las
actuaciones el traslado de la SE Patraix y la construcción de la nueva subestación Nuevo Cauce 220 kV aunque especifica que se ejecutará en un horizonte posterior a 2020.
Los colectivos vecinales, la Generalitat Valenciana y el consistorio municipal llevan más de once años esperando el desmantelamiento y traslado de la subestación.
Por todo ello presentamos la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso insta al Gobierno a fijar una fecha, a la mayor brevedad posible, para el desmantelamiento y cierre de la subestación de Patraix, tal y como recoge la modificación del Plan de desarrollo de la red de transporte de energía
eléctrica 2015-2020.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de julio de 2018.-Enric Bataller i Ruiz, Diputado.-Carles Campuzano i Canadés, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.
161/003513
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Mixto, a instancias de Carles Campuzano i Canadés, Diputado del Partit Demòcrata, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta, para su discusión ante la Comisión de
Transición Ecológica, una Proposición no de Ley por la que se insta al Gobierno a participar en la elaboración de un plan estratégico global para la conservación y sostenibilidad del litoral de la Vegueria del Penedès.
Exposición de motivos
El litoral de la Vegueria del Penedès, conocido como Penedès Marítim, está formado por los municipios que van desde Sitges a El Vendrell. Sus playas son el mayor activo y atractivo turístico de este territorio, sin embargo presentan una
serie de problemas a los que se debe dar solución a medio y largo plazo.
La construcción de los puertos deportivos y la sobrexplotación e impermeabilización de las cuencas hidrográficas, que ha comportado la disminución de aportaciones de aguas y sedimentos, han supuesto una regresión de !as playas y un perjuicio
a las infraestructuras costeras.
En los últimos años la situación se ha convertido en crítica: los temporales marítimos se han llevado literalmente la playa, las aguas del Mar Mediterráneo han entrado incluso en los núcleos urbanos, transformando las calles en pequeños
canales, de agua y arena.
El reto del calentamiento global, con el correspondiente incremento de las temperaturas medias, además implica un aumento del riesgo de fenómenos meteorológicos extremos, que todavía ponen más riesgo nuestras playas y costas.
Las operaciones de aportación de arena que periódicamente ejecuta el Ministerio de Medio Ambiente permiten corregir el problema en el corto plazo, pero no consiguen dar una solución estable y global al problema de la regresión,
En estas circunstancias, visto que las playas son uno de los activos más importantes de la Vegueria del Penedès desde el punto de vista socioeconómico, visto también que el sector turístico tiene un peso muy elevado en el PIB en estos
municipios, resulta relevante apoyar, desde la administración general del Estado, la iniciativa local de desarrollar un Plan Estratégico para realizar un proyecto global de conservación del litoral de la Vegueria del Penedès, desde el punto de vista
ecológico y económico.
Para la elaboración de dicho Plan será preciso constituir un grupo de trabajo formado por todos los entes y administraciones responsables de la conservación del litoral de la Vegueria del Penedès:
Generalitat de Catalunya, Gobierno Central, Diputació de Barcelona, Diputació de Tarragona, Consell Comarcal del Garraf, Consell Comarcal del Baix Penedès, y los Ayuntamientos de Sitges, Vilanova i la Geltrú, Cubelles, Cunit, Calafell y El
Vendrell.
Dicho grupo de trabajo deberá determinar la realización de los estudios y las acciones pertinentes con el fin de elaborar un Plan Estratégico global del litoral de la Vegueria del Penedès que garantice su conservación y sostenibilidad, a la
vez que evite la regresión de sus playas. Dichos estudios deben contar con las opiniones y aportaciones de los empresarios del sector turístico y también las opiniones y aportaciones de los grupos ecologistas y de los grupos de estudios históricos
y patrimoniales que trabajan en la conservación del patrimonio histórico y natural de este territorio.
Los Consejos Comarcales del Garraf y del Baix Penedès son las administraciones más adecuadas para coordinar el seguimiento de los citados trabajos.
Por todo ello, el Partit Demòcrata presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Participar en el grupo de trabajo encargado de elaborar un Plan Estratégico global para la conservación y sostenibilidad del litoral de la Vegueria del Penedès, que promueven las administraciones locales, con la participación de la
Generalitat de Catalunya.
2. Ejecutar las acciones, que sean de competencia de la Administración General del Estado, acordadas en el seno del grupo de trabajo encargado de elaborar un Plan Estratégico global para la conservación y sostenibilidad del litoral de la
Vegueria del Penedès.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de julio de 2018.-Carles Campuzano i Canadés, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.
Comisión de Cultura y Deporte
161/003439
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la candidatura de Granada
como 'Capital Europea de la Cultura 2031', para su debate en la Comisión de Cultura.
Exposición de motivos
La ciudad de Granada ha venido atesorando desde su fundación un extenso, vasto e impresionante patrimonio cultural, monumental, arqueológico, artístico y etnográfico. Todo esto es fruto de la herencia dejada por iberos, romanos, musulmanes
y cristianos que habitaron estas tierras y dejaron su impronta en magníficos edificios civiles y religiosos, en expresiones culturales y artísticas, en costumbres, tradiciones y manifestaciones de todo tipo.
Granada es, en esencia, cultura. Situada en un enclave natural de singular belleza que atrajo el asentamiento de distintas civilizaciones y todas ellas, de una manera u otra, han dejado su huella en esta tierra, un hecho que ha convertido a
Granada en una ciudad universal. Prueba de ello fue la inclusión de la Alhambra y del Generalife en 1984 en el listado de la UNESCO como bienes Patrimonio de la Humanidad; acto que fue corroborado una década más tarde con la inclusión en el
mencionado listado de los barrios del Albaicín y del Sacromonte. En este sentido, cabe reseñar también el reconocimiento de la UNESCO a Granada como Ciudad de la Literatura en el año 2014.
Granada presenta una rica, diversa y amplia oferta cultural durante todo el año, cuyo máximo exponente es el Festival Internacional de Música y Danza, uno de los más antiguos y prestigiosos de España. La mayor parte de la programación del
Festival se celebra en el recinto de la Alhambra-Generalife
y en el Palacio de Carlos V, sin olvidar su extensión en los últimos años a la Catedral, Capilla Real, iglesias y conventos de primerísima fila desde el punto de vista artístico y monumental.
Junto al mencionado festival, no debemos olvidar la programación estable del Centro Cultural Manuel de Falla, del Teatro Isabel la Católica, de la Orquesta Ciudad de Granada, del Parque de las Ciencias, los actos organizados por la potente y
pujante Universidad de Granada o los relacionados con el Premio Internacional de poesía Federico García Lorca.
Arte, tradición y turismo se unen para hacer de Granada un referente en Semana Santa (declarada en 2009 Fiesta de Interés Turístico Internacional); o para ampliar la oferta cultural de la ciudad con la puesta en marcha de iniciativas tan
interesantes como la Dobla de Oro (itinerario cultural por el centro de la ciudad). Además, la Universidad de Granada es la universidad de destino que más estudiantes Erasmus recibe.
En definitiva, en el conjunto de las grandes ciudades históricas de Europa, Granada tiene un lugar eminente, porque se trata de un espacio propio de enorme valor cultural en todos los sentidos.
En septiembre de 2015, los grupos municipales del Ayuntamiento elaboraron y presentaron una moción conjunta que fue aprobada por unanimidad, tendente a solicitar para Granada la Capitalidad Europea de la Cultura 2031. Todas las
instituciones de la ciudad se han implicado y han apoyado el proyecto: Ayuntamiento, Universidad, Junta de Andalucía y Diputación Provincial entre otros.
El Ayuntamiento se ha comprometido a elaborar un proyecto cultural que impulse la cultura como elemento vertebrador de la sociedad granadina. Implicando en este objetivo a todas las instituciones, colectivos, organizaciones y ciudadanía;
contando además con la contribución de otras instituciones nacionales e internacionales, entre las que debe esta, sin lugar a dudas, el Gobierno de España.
En 1999 se estableció como una acción comunitaria la manifestación de 'Capital Europea de la Cultura' para los años 2005 a 2019 (Decisión 141911999/CE del Parlamento y del Consejo de 25 de mayo de 1999). La Decisión establecía un
procedimiento de selección con nuevos criterios y una lista de los Estados Miembros que tendrían derecho a albergar la sede del evento.
El actual sistema de Capitales Europeas de la Cultura (Decisión número 1622/2006/CE) expira en 2019. Como el proceso de selección por el título se inicia con seis años de antelación para que las ciudades dispongan de suficiente tiempo de
preparación, el Parlamento y el Consejo han adoptado la Decisión número 445/2014/UE relativa a las Capitales Europeas de la Cultura para los años 2020-2033. En este nuevo calendario, a España le corresponde ser Capital europea de la Cultura en
2031.
Por todo ello, se propone para su debate y votación la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados:
- Manifiesta su apoyo a la candidatura de la Ciudad de Granada para su declaración como 'Capital Europea de la Cultura 2031', reconociendo su riqueza y diversidad cultural en Europa.
- Insta al Gobierno a valorar su propuesta en el proceso de selección por el título de Capital Europea 2031.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de junio de 2018.-Rafael Antonio Hernando Fraile, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/003459
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Gutiérrez Vivas, Portavoz sustituto del Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no
de Ley para la regulación profesional de la conservación-restauración del patrimonio cultural, para su debate en la Comisión de Cultura.
Exposición de motivos
A día de hoy, España es el tercer país del mundo con más sitios declarados Patrimonio Mundial por la UNESCO, solo por detrás de Italia y China, por lo que es incuestionable el gran potencial patrimonial con el que cuenta nuestro país (más de
veintidós mil bienes muebles e inmuebles de interés cultural inscritos en 2016). Un rico patrimonio que necesita de profesionales en la conservación-restauración que dispongan de la formación académica y con la experiencia suficiente para
garantizar la preservación del bien cultural y su perdurabilidad para las generaciones futuras, evitando que manos inexpertas puedan dañar de manera irreparable la obra.
Las acciones hacia el patrimonio cultural se fundamentan en el reconocimiento social de su valor, en la asunción de la necesidad de proteger dicha herencia. Necesitamos una sociedad preocupada por su pasado, consciente de su papel activo en
su defensa. Para la consecución de ese mandato social, la profesión de conservación-restauración debe alcanzar un reconocimiento similar al que recibe el patrimonio cultural. Y esa condición inicial no parece haberse logrado, lo que produce, no
solo unas condiciones de trabajo infravaloradas con el nivel de cualificación exigido para cualquier intervención sino, más grave, acciones indeseadas y sobre todo omisiones en la ineludible tarea de proteger el patrimonio cultural.
El conservador-restaurador tiene la obligación de cumplir con un código ético muy estricto y de conocer los procesos de deterioro para responder con acciones complejas que garanticen la preservación de los bienes culturales. Unas estándares
de calidad elevados, lo que impone una regulación en el acceso al trabajo y unos proyectos tan exigentes como la formación recibida. Y sin embargo, no se percibe esas condiciones en el mercado real donde las normas del juego no están definidas, las
inversiones se reducen cada día y la escasa normativa, como la Ley de Contratos del Estado, se limita a dificultar dicho acceso y a favorecer el abaratamiento de los trabajos.
El 25 de mayo de 2018 tuvo lugar la lectura del manifiesto 'Por una profesión necesaria' promovido por la Asociación de Conservadores Restauradores de España (ACRE) y Grupo Español del International Institute for Conservation of Historic and
Artistic Works, donde entre otros aspectos revindicaban la regulación de la profesión para terminar con el intrusismo profesional que tanto daño hace a nuestro Patrimonio Cultural.
Por todo lo anterior, el Grupo Parlamentario Ciudadanos, presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que en el plazo más breve:
1. Se regule la profesión de conservación-restauración del patrimonio cultural, sus estudios y titulación, para terminar con el intrusismo profesional que tanto daño hace a nuestro patrimonio cultural.
2. Se adapte, o interprete adecuadamente, la Ley de Contratos del Sector Público, acorde a la excelencia y especificidad que este tipo de intervenciones requiere, primando la cualificación técnica y evitando que la conservación restauración
de nuestro patrimonio se rija por criterios exclusivamente económicos.
3. Se inste a las Comunidades autónomas a trasladar esa regulación a sus respectivas legislaciones en el ámbito del Patrimonio Cultural.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de junio de 2018.-Félix Álvarez Palleiro, Marta María Rivera de la Cruz y Guillermo Díaz Gómez, Diputados.-Miguel Ángel Gutiérrez Vivas, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
161/003460
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la conmemoración del Año
Jubilar de la Catedral de Sigüenza, para su debate en la Comisión de Cultura y Deporte.
Exposición de motivos
El 19 de junio de 2019 se cumplirán 850 años de la consagración o dedicación litúrgica de la catedral de Sigüenza por el obispo Joscelmo Adelida. Con motivo de este aniversario, el Papa Francisco ha concedido a la misma el reconocimiento de
'Año Jubilar', bajo el lema Domus Dei, porta coeli (Génesis, 28, 17), frase que significa La Casa de Dios es la puerta del cielo.
Su construcción comenzó tras la reconquista de Sigüenza y la restauración de la diócesis, en 1124, obra del obispo Bernardo de Agén. Continuaron las obras durante la Baja Edad Media, quedando completo el edificio en el siglo XV.
Posteriormente se realizó el levantamiento de otras dependencias y la implementación de la ornamentación.
Esta catedral reúne en una sola construcción elementos medievales, renacentistas, platerescos, barrocos y neoclásicos, constituyendo todos juntos un hermoso templo catedralicio característico de la ciudad de Sigüenza. Sin embargo, el paso
del tiempo ha hecho mella en este conjunto extraordinario de arte e historia.
Por ese motivo, y consciente de esta necesidad, el Gobierno a través del Instituto de Patrimonio Cultural de España, dependiente del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y en el marco de acción del Plan Nacional de Catedrales, ha
llevado a cabo trabajos de restauración encaminados a paliar las causas de deterioro de la Catedral.
En definitiva, por un lado el Gobierno reconoce el valor histórico y cultural de la Catedral de Sigüenza y por otro, la Santa Sede ha concedido un Año Santo a la misma con motivo de un acontecimiento eclesial de gran relevancia, como es la
celebración del 850 aniversario de su consagración.
Por lo tanto, ambos reconocen la importancia que esta construcción tiene para la ciudad de Sigüenza como una composición de extraordinario valor artístico y máximo exponente del arte del primer Renacimiento en Guadalajara.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados manifiesta su apoyo a la concesión Año Jubilar a la Catedral de Sigüenza e insta al Gobierno a promocionar e impulsar esta celebración, así como a llevar a cabo los trámites necesarios para poder declarar el 850
aniversario de su consagración o dedicación litúrgica como Acontecimiento de Excepcional Interés Público.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de junio de 2018.-Rafael Antonio Hernando Fraile, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/003466
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la creación de un Museo del
Hiperrealismo en Albacete, para su debate en Comisión de Cultura y Deporte.
Exposición de motivos
España, una de las naciones más antiguas del Continente Europeo, ha contribuido a través de distintas manifestaciones artísticas (literatura, escultura, pintura) al enriquecimiento de la cultura universal. La amplia oferta cultural española
despierta un gran interés en buena parte del mundo y, en muchas ocasiones, puede ser un factor determinante para los turistas que visitan nuestro país.
Nuestra gran riqueza cultural no se encuentra focalizada en una determinada parte del territorio, sino que se encuentra presente en muchos ámbitos de nuestra geografía, con lo que ello reporta para el desarrollo económico y social de
aquellos lugares que se han convertido en atractivo turístico.
Una de las manifestaciones culturales en donde es clara y manifiesta la gran presencia histórica de España es la pintura, con grandes artistas consagrados internacionalmente, no solo en siglos pasados sino también en lo que es la pintura
contemporánea. De forma muy especial podemos hablar de una presencia muy notable en una corriente que es el hiperrealismo, corriente en la que contamos con nombres y obras reconocidas internacionalmente.
En la legislatura pasada, la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y la Diputación de Albacete animaban la creación de un Museo del Hiperrealismo en España, en la ciudad de Albacete, en una propiedad actualmente de la Diputación de la
Provincia.
Continuar con aquel proyecto resulta de alto interés para la ciudad, pues puede ser un acicate para la atracción de visitantes dada la proximidad que existe con Cuenca en donde ya existe Museo de Arte Abstracto y, desde luego, la muy
ventajosa posición de la ciudad de Albacete con una red de infraestructuras que facilita el acceso a la capital de forma rápida para cuantos turistas pudieran tener interés en conocer las importantes obras que allí se pudieran depositar.
Por todo ello, y a los efectos de impulsar la creación en la ciudad de Albacete de un Museo del Hiperrealismo, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que, en el ámbito de su competencia y en colaboración con la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, la Diputación de Albacete y el Ayuntamiento de Albacete, contribuya a impulsar la
creación del Museo del Hiperrealismo en aquella ciudad, y hacer así realidad un proyecto de alto interés, tanto para la Comunidad Autónoma como para la propia ciudad de Albacete.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de junio de 2018.-Rafael Antonio Hernando Fraile, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/003483
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a los actos programados con
motivo del Año Vicentino y a la restauración de la Ermita de San Vicente en Llíria, para su debate en la Comisión de Cultura y Deporte.
Exposición de motivos
Vicente Ferrer nace en Valencia el 23 de enero de 1350. En 1370, a sus veinte años, Vicente se incorpora a la Orden de Santo Domingo. Es un joven de inteligencia prodigiosa, viva imaginación e ingenio penetrante. A los veintiocho años
recibe, con calificación 'Summa cum Laude', el doctorado en Teología, y se dedica a la enseñanza de la ciencia sagrada durante ocho años en las universidades de Valencia, Barcelona y Lérida.
Medita el Evangelio de Jesucristo. Y así como se esforzaron por vivirlo Domingo de Guzmán y Francisco de Asís, él se siente llamado por Cristo a evangelizar Europa. A partir de ese momento recorre comarcas de España, Alemania, Francia,
Bélgica, Holanda, Italia e Inglaterra, predicando en plazas, caminos y campos, será árbitro de una Europa dividida política y religiosamente. Respalda este anuncio con una vida austera y penitente, hace de la pobreza su actitud más característica.
Muere en la ciudad de Vannes (Francia) el 5 de abril de 1419 a la edad de 69 años. San Vicente Ferrer fue canonizado por Calixto III el 29 de junio de 1455. Su cuerpo se conserva en esa ciudad francesa.
En el año 1500, para conmemorar los cincuenta años de la canonización, Llíria erige una primera ermita con el nombre de Virgen de las Fuentes, y contiguo a ella, en el año 1562 un convento de frailes
habilitado por los franciscanos. La ermita se fue deteriorando. El 13 de septiembre de 1750 se acordó derribarla por amenazar ruina, y al año siguiente se inició la construcción de la presente ermita aprovechando los materiales del antiguo
convento, terminándose las obras el 20 de noviembre de 1757.
El cardenal arzobispo de Valencia, Antonio Cañizares, convoca el Año Vicentino en toda la diócesis con motivo de la conmemoración del sexto centenario de la muerte de San Vicente Ferrer en abril de 2019. La celebración se prolongará del 5
de abril de 2018 al 5 de abril de 2019.
Un Año Santo Vicentino, que se celebrará de forma especial en la localidad de Llíria, donde se encuentra la Ermita de San Vicente, junto al manantial del mismo nombre donde predicó el dominico. Un lugar de culto y peregrinación desde todos
los rincones de la Comunidad Valenciana, custodiado por la Cofradia de San Vicente Ferrer de Llíria desde el 30 de noviembre de 1761.
De ahí la necesidad de hacer partícipe al Gobierno de España ante una efeméride que pone en valor a una de las grandes figuras de los siglos XIV-XV, tanto por su proyección europea como por su gran devoción en España, y en especial en la
Comunidad Valenciana de la que es Santo Patrón.
Por todo ello el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, propone la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que, en colaboración con la Generalitat Valenciana, el Ayuntamiento y la Cofradía de San Vicente Ferrer de Llíria, participe activamente en las actividades programadas y en el
acondicionamiento de la Ermita de San Vicente de Llíria, con motivo del Año Vicentino.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de junio de 2018.-Rafael Antonio Hernando Fraile, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/003502
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Gutiérrez Vivas, Portavoz sustituto del Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no
de Ley sobre el apoyo del Gobierno a los trabajos de excavación, rehabilitación y conservación de Medina Azahara, para su debate en la Comisión de Cultura.
Exposición de motivos
Este fin de semana, el Comité de Patrimonio Mundial de la Unesco, reunido en Bahrein, ha declarado al conjunto arqueológico-monumental de Medina Azahara como Patrimonio Mundial de la UNESCO.
Medina Azahara, claro ejemplo de tolerancia y convivencia durante su existencia, comienza su edificación durante el mandato del califa Abderraman III, a finales del siglo X, con la finalidad de que fuera sede del califato. Medina Azahara
era el más hermoso ejemplo de esplendor de Al-Ándalus, con una belleza arquitectónica que, todavía a día de hoy, sorprende al más de millón de visitas que acuden cada año. La ciudad albergaba numerosas infraestructuras como calzadas, puentes y
sistemas hidráulicos para conducir el agua por toda su extensión, así como ornamentados edificios y elementos decorativos de los que todavía se conservan una pequeña parte.
Medina Azahara sería finalmente saqueada durante la guerra civil sucesoria del califato, en los años 1009-1010 y que acabaría con el poder de los califas. Sus restos quedarían en el olvido hasta que a principios del siglo XX se descubren
sus restos. Su vida apenas superó los setenta años, por lo que los restos que preservamos a día de hoy, son claro ejemplo de la arquitectura y diseño de la época, sin retoques o modificaciones posteriores.
Medina Azahara es el mayor yacimiento arqueológico de España con casi 115 hectáreas de superficie amurallada que hacen de este lugar el mayor conjunto arqueológico de España, pero que además, posee un gran potencial para trabajos de
recuperación, ya que se estima que solo el 10% del terreno está excavado.
Con esta designación, la ciudad de Córdoba atesora cuatro lugares considerados Patrimonio Mundial de la UNESCO, y sitúa a España como tercer país en el mundo, segundo en Europa, con mayores emplazamientos reconocidos como tal. Por delante
de España encontramos a China e Italia. Desde el Grupo Parlamentario Ciudadanos queremos expresar nuestras felicitaciones a la ciudad de Córdoba y mostrar un claro compromiso para que el patrimonio que todavía alberga el conjunto monumental de
Medina Azahara pueda ver la luz en los años venideros con el trabajo conjunto de todas las administraciones y profesionales de la academia y la arqueología.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a colaborar en los programas de excavación, recuperación y rehabilitación del complejo de Medina Azahara en coordinación con la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Córdoba.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de julio de 2018.-Marcial Gómez Balsera, Marta María Rivera de la Cruz, Félix Álvarez Palleiro y Guillermo Díaz Gómez, Diputados.-Miguel Ángel Gutiérrez Vivas, Portavoz del Grupo Parlamentario
Ciudadanos.
161/003514
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Gutiérrez Vivas, Portavoz Sustituto del Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no
de Ley sobre reconocimiento y visibilización de los logros obtenidos por nuestras deportistas profesionales, para su debate en la Comisión de Cultura y Deporte.
Exposición de motivos
El deporte femenino en nuestro país está cobrando cada vez mayor relevancia en la esfera pública. Cada vez son más los equipos deportivos, ligas y disciplinas que se organizan para que las mujeres compitan en deportes que, hasta hace pocos
años, eran practicados, fundamentalmente, por hombres.
El deporte femenino español, especialmente el profesional, cuenta con un alto nivel que tiene su mejor expresión en la cantidad de triunfos olímpicos e internacionales en diferentes materias: baloncesto, bádminton, halterofilia, rugby,
piragua, kayak, waterpolo, natación, atletismo, taekwondo, gimnasia rítmica, etcétera.
Desde el Grupo Parlamentario Ciudadanos siempre hemos defendido un mayor apoyo y visibilidad del deporte femenino, siendo claramente conscientes del impacto que la visibilidad de sus éxitos puede tener en el conjunto de la sociedad.
En nuestra actividad parlamentaria ordinaria hemos presentado ya diversas iniciativas sobre aspectos y problemáticas concretas que afectan a este ámbito: falta de patrocinios, inequidad en la cuantía de los premios en relación con los
homólogos masculinos o la existencia de cláusulas contractuales discriminatorias que permiten despedir a deportistas profesionales si se quedan embarazadas. También hemos exigido que exista mayor apoyo e inversión pública en el deporte profesional
femenino, la existencia de los mismos cauces para reclamar el cumplimiento de sus derechos que para los deportistas masculinos y el fomento del papel de la mujer en el deporte profesional y no profesional, aplicando medidas que garanticen la
inclusión de mujeres en puestos de gestión, organización, responsabilidad deportiva y en el liderazgo de proyectos. Así mismo, hemos instando a que se desarrollen los mecanismos que sean necesarios para que los medios de comunicación públicos
comiencen a realizar una retransmisión más equitativa del deporte femenino y masculino, así como un mayor apoyo de la Corporación de Radio Televisión Española al deporte femenino.
Pese a todas estas barreras que continúan existiendo a día de hoy, numerosas deportistas han alcanzado remarcables éxitos deportivos en diferentes disciplinas sin que, muchas veces, los poderes públicos reconociesen el mérito y el valor de
estos logros deportivos.
En el último año hemos sido testigos de no pocos éxitos de nuestras deportistas. Por ejemplo, y aun no pudiendo nombrar a todas y cada una de ellas, encontramos a:
a) Joana Pastrana, campeona de Europa de boxeo cuyo título ha revalidado en el año 2017.
b) Carolina Marín, Campeona de Europa de bádminton en 2018, revalidado por cuarta vez.
c) Mireia Belmonte, medalla de plata en 400 metros estilos y 1500 metros libres y una medallas de oro en 200 metros mariposa en el último campeonato mundial celebrado en Budapest.
d) Garbiñe Muguruza, tenista que ha alcanzado el número 1 en el ranking WTA en 2017 y ganadora del torneo de Wimbledon en 2017.
e) Lydia Valentín, campeona del mundo del halterofilia en 2017 y campeona de Europa en 2018, por cuarta vez.
f) Sandra Sánchez, campeona de Europa de karate y tres años consecutivos número 1 del ranking mundial de esta disciplina.
g) Maialen Chourraut, subcampeona de Europa en 2017 por equipos en K1 en aguas bravas.
h) Teresa Perales, con dos medallas de plata en el Campeonato Mundial de Natación Paralímpica de 2017.
i) La selección de baloncesto femenina, campeona de Europa el año pasado.
j) La selección de rugby femenina, campeona de Europa en 2018, siendo el sexto de su historia.
k) La selección de hockey patines, campeona del mundo en 2017.
I) Las nadadoras paralímpicas Sarai Gascón y Nuria Marqués, con varias medallas en los mundiales del 2017.
Y tantas otras.
Todos estos son solo algunos de los ejemplos que podemos mencionar sobre los logros deportivos que nuestras deportistas han conseguido recientemente. Un palmarés que es envidiable para cualquier país y que, en el nuestro, consideramos que
no se les ha dado la relevancia que les corresponde.
Desde el Grupo Parlamentario Ciudadanos consideramos esencial que desde los poderes públicos se reconozcan y visibilicen los logros de nuestras deportistas a fin de que sus categorías tomen mayor relevancia y sean mejor conocidos por el
conjunto de la ciudadanía, reconociendo también su esfuerzo y el sacrificio que les ha hecho obtener estos magníficos resultados.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados manifiesta su reconocimiento a todas las deportistas profesionales que fueron claro ejemplo de disciplina, perseverancia y esfuerzo, consiguiendo excelentes resultados en sus categorías, y muestra su voluntad de
acoger actos de reconocimiento de sus triunfos a fin de que la sociedad española sea consciente de las grandes deportistas con las que contamos.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de julio de 2018.-Patricia Reyes Rivera y Rodrigo Gómez García, Diputados.-Miguel Ángel Gutiérrez Vivas, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
161/003519
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la concesión a título póstumo del Nobel de
Literatura para Federico García Lorca, para su debate en la Comisión de Cultura y Deporte.
Exposición de motivos
Federico García Lorca es un poeta y dramaturgo universal, no tanto por su muerte trágica a manos de los rebeldes franquistas en agosto de 1936, cuanto por la calidad de su obra y su repercusión general. Un numeroso grupo de intelectuales y
artistas ha presentado un manifiesto para pedir a la Academia Sueca que le conceda el Premio Nobel de Literatura a título póstumo.
En dicho manifiesto se señala que el premio tendría una trascendencia literaria en primera instancia, pero a la vez sería también una respuesta, desde la defensa de los Derechos Humanos y la vida, al terrible asesinato de un ciudadano que
legítimamente luchó por la Segunda República y por las ideas de progreso, comprometiendo su nombre y su carrera en actos y suscripción de manifiestos que probaban su compromiso cierto a favor de la libertad y contra el fascismo.
El manifiesto continúa recordando que García Lorca, aunque muerto físicamente, es un poeta de muerte imposible. Lo asesinaron hace más de ochenta años, pero sus restos aún no han aparecido. Eso sí, él y su obra han reaparecido en todas las
universidades, institutos y escuelas del mundo. Es uno de los autores universales más populares y más leídos.
Además, en estos tiempos de despertar del movimiento feminista, compartimos con los firmantes del manifiesto que no podemos olvidar el innegable compromiso de Lorca con la causa de la liberación de las mujeres, su apuesta por la igualdad
entre sexos en una época y un país dominados por el patriarcado, el clero y la reacción. Lorca dedicó gran parte de su teatro a denunciar la opresión sufrida por la mujer rural andaluza, víctima eterna de la miseria y del machismo, en el hogar y en
el campo, sometida a una doble tiranía que todavía no se ha erradicado.
Las normas que rigen los premios Nobel en la actualidad no contemplan la concesión a personas fallecidas, pero la Academia Sueca bien podría hacer una excepción para reconocer la trayectoria de una persona excepcional, símbolo inmortal del
diálogo entre la literatura y la sociedad civil.
García Lorca nació en Fuente Vaqueros (Granada) el 5 de junio de 1898. Las obras completas que escribió contienen poesía, teatro y narrativa y ocupan más de 4.300 páginas. La Generación del 27 de la que formó parte representó una época
dorada de la cultura española.
No hay conversación alguna que se inicie en cualquier rincón de España sobre Lorca que no concluya con la seguridad que de haber vivido habría alcanzado el Premio Nobel de Literatura. Cuatro escritores y poetas a los que les fue concedido
dicho premio -Juan Ramón Jiménez, Vicente Aleixandre, Gabriel García Márquez y Pablo Neruda- hicieron referencia en su discurso de aceptación a su persona.
Al cumplirse el 120 aniversario de su nacimiento, el Nobel de Literatura para Federico García Lorca, el escritor granadino que sigue traspasando fronteras y conquistando el corazón de millones de lectores, sería un reconocimiento definitivo
a su figura. Sus asesinos nunca consiguieron acallar su voz, la voz libre de un demócrata enamorado de su pueblo y de todos los marginados de la tierra.
Por todo lo expuesto se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'1. El Congreso de los Diputados reconoce, en el 120 aniversario de su nacimiento, la figura literaria universal que representa el poeta granadino Federico García Lorca y la importancia de su compromiso a favor de la libertad y contra el
fascismo.
2. El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a solicitar y promover ante la Academia Sueca la modificación de sus normas o, en su defecto, la excepcionalidad de este caso para no aplicarlas y permitir así recabar el premio Nobel de
Literatura a título póstumo para Federico García Lorca.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de julio de 2018.-Miguel Ángel Bustamante Martín y Eva García Sempere, Diputados.-Alberto Garzón Espinosa, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.
Comisión de Economía y Empresa
161/003454
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(161) Proposición no de Ley en Comisión.
Autor: Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Proposición no de Ley relativa a ordenar y aumentar la transparencia en la publicidad lucrativa en las redes sociales.
Acuerdo:
Considerando que solicita el debate de la iniciativa en Comisión y teniendo en cuenta el contenido del escrito registrado con el número 93388, admitirla a trámite como Proposición no de Ley, conforme al artículo 194 del Reglamento, y
disponer su conocimiento por la Comisión de Economía y Empresa. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales y comunicar al Grupo Parlamentario proponente.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de julio de 2018.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para ordenar y aumentar la
transparencia en la publicidad lucrativa en las redes sociales, para su debate en la Comisión de Economía y Empresa.
Exposición de motivos
El marketing en internet es una práctica cada vez más habitual entre las celebridades, quienes -en muchas ocasiones- obtienen ingresos o determinadas contraprestaciones por dar su opinión o lanzar mensajes publicitarios a sus seguidores.
Ante el incremento de estas prácticas cabe preguntarse si existe una regulación específica que proteja los derechos de los consumidores, anunciantes e influencers así como las obligaciones de cada uno de estos actores y los medios y canales
para denunciar y luchar contra prácticas abusivas, si se producen.
La Ley 34/1988 General de Publicidad y la Ley 3/1991 de Competencia Desleal consideran ilícita la publicidad encubierta por engañosa, pues induce a error al usuario e influye en su comportamiento económico.
En este sentido, la Ley General de Publicidad exige que los consumidores reconozcan siempre la publicidad como tal (principio de autenticidad).
Además, la Ley 34/2002 de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico (LSSI) señala que 'las comunicaciones comerciales realizadas por vía electrónica deberán ser claramente identificables como tales, y la persona
física o jurídica en nombre de la cual se realizan también deberá ser claramente identificable'.
A pesar de la vigencia de dichas leyes, en España no existe actualmente una legislación específica que regule estas nuevas formas de hacer publicidad y proteja a los consumidores, especialmente a aquellos más vulnerables (niños, jóvenes,
mayores, etc.) ante casos de publicidad encubierta.
Mientras, a nivel internacional, la Federal Head Comission de Estados Unidos ya ha implantado medidas para que se informe de que se trata de publicidad cuando hay una actividad remunerada. En
concreto, deben aparecer algunos hashtags, como #ad o #advertisement, para que el consumidor sepa siempre lo que está viendo.
Por su parte, en Gran Bretaña, la ASA (Autoridades Estándares en Publicidad) ya ha sancionado varias veces a los anunciantes por no cumplir las leyes en este sentido.
Y desde la patronal de la publicidad digital, IAB Spain, se trabaja desde hace meses en la redacción de un código de buenas prácticas, que será voluntario.
Ante esta realidad y ante los cambios acaecidos en los medios de comunicación y la forma de hacer publicidad derivados de la gran presencia y penetración de las redes sociales (Twitter, Facebook, lnstagram, etc.) en nuestra sociedad se hace
necesario establecer un marco legislativo más completo que garantice la buena publicidad: veraz, legal, honesta y leal.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Trabajar en la definición de los supuestos de publicidad encubierta en intemet.
2. Designar el órgano competente para las denuncias.
3. Definir el marco legal que regule las actividades publicitarias en la red.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de junio de 2018.-Rafael Antonio Hernando Fraile, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/003472
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para la modificación de la velocidad
de trasmisión de datos por la red wifi pública, para su debate en la Comisión de Economía y Empresa.
Exposición de motivos
La Circular 1/2010, de 15 de junio de 2010, de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, por la que se regulan las condiciones de explotación de redes y la prestación de servicios de comunicaciones electrónicas por las
Administraciones Públicas establece en el anexo, punto 4, que 'la explotación de redes inalámbricas que utilizan bandas de uso común y la prestación de servicios de comunicaciones electrónicas disponibles para el público a través de las mismas
siempre que la cobertura de la red excluya los edificios y conjuntos de edificios de uso residencial o mixto y se limite la velocidad red-usuario a 256 Kbps'.
La mencionada Circular tiene por objeto establecer las condiciones para la explotación de redes y la prestación de servicios de comunicaciones electrónicas por las Administraciones Públicas y las entidades en las que los poderes públicos
puedan ejercer, directa o indirectamente, una influencia dominante o un control efectivo en razón de la propiedad, de la participación financiera o de las normas que la rigen, de conformidad lo establecido en el artículo 42.1 del Código de Comercio
y en el artículo 2.b) de la Directiva 2006/111/CE de la Comisión Europea de 16 de noviembre de 2006, en desarrollo de lo establecido en los artículos 8.4 de la Ley 32/2003, de 3 de noviembre, General de Telecomunicaciones, y 4.1 del Reglamento sobre
las condiciones para la prestación de servicios de comunicaciones electrónicas, el servicio universal y la protección de usuarios, aprobado por Real Decreto 424/2005, de 15 de abril.
No hay que confundir las limitaciones que se establecieron en su día, principalmente para que este servicio público no entrase en conflicto con los servicios de los operadores, con los servicios que ofrecen ciertos negocios a sus clientes,
como por ejemplo, un restaurante, cafetería, hotel, museo, tienda, etc ... que quiera ofrecer wifi a sus clientes y no tienen que cumplir los requisitos recogidos en la mencionada Circular, siempre que limiten el uso de su red a sus clientes y sus
dependencias.
Con estos límites, que como decimos fueron fijados en 2010 teniendo en cuenta la Ley de Telecomunicaciones de 2003, el servicio que pueden prestar las distintas administraciones es bastante limitado, orientado más bien a ciudadanos con
necesidades puntuales o visitantes extranjeros en búsqueda de una conexión a internet gratuita.
De hecho este tipo de servicios fueron desarrollados por las propias administraciones públicas, aunque muchas de ellas optaron por externalizar el servicio, dejándolo en manos de empresas especializadas, incluso, las propias operadoras.
Así, y en el momento de la publicación de la mencionada Circular, la velocidad máxima establecida de 256 Kbps tenía su porqué debido a que las velocidades medias de conexión en el año 2010, de los distintos paquetes de datos o del ADSL, en
general era muy inferior a las velocidades que prestan ahora tanto de datos como ADSL. Habría que mencionar, que estamos en puertas de aprobar la 5G, por cierto, España país pionero, y en esa época solo había 2G y 3G.
La navegación a 256 Kbps es tediosa y provoca que los usuarios descarten utilizar estas redes públicas haciendo inútiles los esfuerzos inversores de los ayuntamientos en crear este servicio complementario, que no sustitutorio del ADSL o
3G/4G.
Ahora, con la existencia del 4G y del futuro 5G esto hace que esa velocidad máxima que pueden ofrecer, por ejemplo, los operadores de transporte y sus wifis públicas sea haya vuelto obsoleto y muy lento para poder navegar por todos los
contenidos que se pueden llegar a visualizar un sinfín de plataformas audiovisuales.
Aumentar la velocidad máxima hasta 1 Mbps podría ser algo más acorde a los tiempos actuales sin vulnerar la libre competencia, ya que la oferta de las distintas empresas supera por mucho la velocidad que ofertan.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a actualizar la velocidad máxima a las que están limitadas de las redes públicas de wifi para adecuada a las necesidades actuales de la sociedad.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de junio de 2018.-Rafael Antonio Hernando Fraile, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/003488
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley para su debate en la Comisión de Economía
y Empresa, sobre de decisión del Consejo de la UE relativa a la celebración, en nombre de la Unión Europea, del Acuerdo de Asociación Económica entre la Unión Europea y Japón (JEFTA).
Exposición de motivos
En la cumbre UE-Japón, del próximo 11 de julio de 2018, se pretende firmar el Acuerdo de Asociación Económica UE-Japón (JEFTA), que se ha estada negociando desde 2013. Antes de eso, probablemente el 26 de junio de 2018, el Consejo de la UE
debe aprobar la firma. Una vez aprobado por el Consejo, este acuerdo será enviado al Parlamento Europeo, con vistas a la entrada en vigor antes de que finalice el actual mandato de la Comisión Europea en 2019.
La Comisión Europea ha presentado el acuerdo como categoría 'EU-only', lo que quiere decir que no requieren de la aprobación por los parlamentos nacionales. Con Japón se aplica la nueva doctrina acordada en el último Consejo de Ministros de
Comercio de la UE, el 22 de mayo, que consiste en separar los acuerdos entre una parte comercial y otra con las disposiciones sobre protección de inversiones, inversión en cartera y los mecanismos de arbitraje de disputas entre inversor y Estados
(conocido como ISDS, por sus siglas en inglés). El Congreso de los Diputados no debería permitir que un tratado internacional sea aprobado al margen del escrutinio parlamentario y público.
Japón es la cuarta economía más grande del mundo y el segundo socio comercial de la UE en Asia. Juntos mueven más de un tercio de la economía mundial, por lo que el 'mayor acuerdo comercial bilateral jamás negociado' por la Unión Europea es
tan importante o más que El Tratado Transatlántico de Comercio e Inversiones (TTIP) o Acuerdo Económico y de Comercio de la Unión Europea con Canadá (CETA).
El acuerdo incluye las mismas áreas temáticas que fueron negociadas con EE.UU. (el polémico TTIP) y con Canadá (CETA, en proceso de ratificación), tales como servicios públicos, reglamentación, contratación pública, alimentación y
agricultura. También está previsto liberalizar el comercio de datos, cuando el escándalo de la venta ilegal de datos por Facebook muestra sus peligros inherentes.
En 2015 más de 3,5 millones de ciudadanas y ciudadanos de Europa reclamaron de la UE 'una política de comercio e inversión alternativa en la UE'. Pero la Comisión Europea reitera con el JEFTA una política comercial sin transparencia,
negociado con el mismo secretismo con el que se negoció el TTIP, sin considerar la participación parlamentaria y reduciendo aún más los espacios democráticos para el escrutinio parlamentario y público.
En relación con el acuerdo entre la UE y Japón, la Comisión Europea celebró 213 reuniones externas con lobistas. El 89 por ciento de las reuniones fueron con grupos de presión que representaron a la industria y las patronales. Ni una sola
de estas reuniones tuvo lugar con representantes de sindicatos, organizaciones ecologistas o una asociación de pequeñas y medianas empresas.
Además, Japón aún no ha ratificado algunas normas laborales fundamentales de la Organización Internacional del Trabajo, como el convenio 105 sobre la abolición del trabajo forzoso y el convenio 111 sobre la discriminación en el empleo.
El acuerdo JEFTA eliminaría los aranceles de la UE del 10 por ciento para los automóviles japoneses y la tasa del 3 por ciento para la mayoría de las piezas de automóviles. Eso podría aumentar la importación de coches a Europa y reducir el
empleo en este sector, por ejemplo, en el Estado español.
Este nuevo acuerdo comercial de la UE continúa su enfoque unilateral en la apertura del mercado, la mercantilización y asimetría entre derecho mercantil y derechos humanos, centrado en los intereses lucrativos de las empresas privadas y los
inversores. Por otro lado, ha ignorado regular las obligaciones jurídicas internacionales de las empresas, la protección de los procesos democráticos de toma de decisiones y los altos estándares sociales y ambientales, así como el impacto de género
que pueda tener.
De esta forma, la UE desecha una vez más la posibilidad de regular la globalización para beneficiar a la mayoría de la población y reducir el desempleo y los desequilibrios económicos masivos, así como acabar con las injusticias sociales y
la destrucción ambiental.
Por todo ello el Grupo Parlamentario presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Rechazar la propuesta de la Comisión de la UE para una decisión sobre la firma del Acuerdo de Asociación Económica UE-Japón en el Consejo del 26 de junio.
2. Solicitar al Consejo de la UE para que califique el tratado con Japón como un acuerdo 'mixto', permitiendo así a los parlamentos nacionales seguir un proceso adecuado de análisis, escrutinio y deliberación democrática del tratado.
3. Solicitar al Consejo de la UE una prórroga de tiempo de -mínimo- seis meses para poder analizar y debatir la propuesta de Acuerdo de Asociación Económica entre la Unión Europea y Japón con el Congreso de los Diputados, el Senado, las
comunidades autónomas y sus respectivos parlamentos.
4. Realizar un estudio de impacto público e independiente con la participación de los principales agentes sociales, sobre los impactos económicos, sociales y ambientales y de género para España del Acuerdo de Asociación Económica entre la
Unión Europea y Japón.
5. Solicitar a Japón la ratificación de los convenios fundamentales 105 y 111 de la OIT. Reorientar la política de comercio exterior y de protección de la inversión en cooperación con los otros Estados miembros de la UE, el Parlamento
Europeo, los parlamentos nacionales y la sociedad civil, garantizando en todo su diseño, desarrollo y aplicación la regulación y el cumplimiento efectivo del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, y particularmente los derechos de protección
social y medioambiental de la ciudadanía de todas las partes contratantes.
6. Solicitar al Consejo de la UE la suspensión de las negociaciones paralelas sobre un acuerdo de protección de inversión entre la UE y Japón y de mecanismos de solución de controversias inversor-Estado (ISOS), poniendo fin así a la
expansión constante de derechos especiales para empresas e inversores.
7. Solicitar a la Comisión Europea medidas efectivas para prevenir el dumpin fiscal, social y ambiental y la evasión y elusión del pago de impuestos y de las normas de protección de datos.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de julio de 2018.-Pablo Bustinduy Amador, Alberto Montero Soler, Sònia Farré Fidalgo y Eva García Sempere, Diputados.-Txema Guijarro García, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos
Podemos-En Comú Podem-En Marea.
161/003509
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley para la mejora de la competencia y transparencia en la contratación
pública, para su debate en la Comisión de Economía y Empresa.
Exposición de motivos
La contratación pública en España alcanza -e incluso puede superar- porcentajes del 18,5% del PIB; es decir, alrededor de 194000 millones de euros anuales. La CNMC estimó en un informe de 2015 que un 25% de la contratación pública adolece
de falta de competencia. Esto se traduce en lo que en medios académicos denominan 'la captura del regulador' y en Ciudadanos hemos señalado reiteradamente como 'capitalismo de amiguetes'.
Esta falta de competencia tiene un coste para los españoles de 48.000 millones de euros en sobrecostes en los concursos públicos. Esta corrupción de los procedimientos de contratación pública supone un impacto directo de gasto no productivo
equivalente a un 5% del PIB al que habría que añadir el perjuicio de desalentar a las empresas más competitivas a invertir y crecer.
La cantidad es tan significativa que supondría hace tiempo haber salido del procedimiento de déficit excesivo y podríamos financiar mejor el gasto social y las inversiones necesarias para España.
Las deficiencias en el proceso administrativo son sobradamente conocidas. El Tribunal de Cuentas hace informes periódicos sobre la contratación pública realizada por ministerios y otros centros gestores que son mayormente ignorados ya que
el grado de cumplimiento de las recomendaciones del Tribunal de Cuentas es limitado o nulo.
Actualmente es necesario mejorar las siguientes áreas:
- La diligencia a la hora de remitir toda la documentación que, conforme se prevé en la Instrucción General relativa a la remisión telemática al Tribunal de Cuentas de los extractos de los expedientes de contratación y de las relaciones de
contratos y convenios y encomiendas de gestión celebrados por las entidades del Sector Público Estatal y Autonómico, han de enviar al Tribunal.
- Tener un mayor cuidado y precisión en la redacción de la solvencia exigida a las empresas licitadoras, concretando en todo caso los mínimos que dichas empresas han de acreditar.
- Las memorias justificativas de la necesidad de la contratación deberían determinar, con detalle y precisión, cuáles son las necesidades reales a satisfacer con la prestación objeto del contrato, conteniendo referencias específicas a las
particulares circunstancias concurrentes en el momento en el que se proponga la tramitación de cada expediente de contratación, en lugar de referencias genéricas.
- Los informes técnicos de valoración de las ofertas presentadas por los licitadores deben explicarse y motivarse suficientemente, lo que permite comprobar que las puntuaciones han sido otorgadas correctamente conforme a los criterios de
adjudicación fijados en el PCAP.
- Llevar a cabo un mayor seguimiento de la ejecución de los contratos y del cumplimiento de los plazos, debiendo hacer efectivas las garantías en caso de incumplimiento y, en su caso, la imposición de penalidades.
- Aplicación efectiva y regular de las previsiones contenidas en la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres, tendentes a promover dicha igualdad a través de la contratación, sin perjuicio de su
carácter potestativo.
También resulta sorprendente que en 2016 la contratación centralizada en el área político administrativa de la Administración central solo representase el 4% de los contratos y el 2% del importe total y que los contratos negociados sin
publicidad fueran el 55% de los casos y sumaran el 51% del importe contratado.
Las normas están en vigor pero lo que falla es su ejecución. En resumen, las prácticas administrativas ignoran de manera repetida y común la normativa vigente. Lo que se hace falta es bajar al terreno y asegurarse que las unidades
administrativas señaladas introduzcan mejoras prácticas en su manera de trabajar.
Por último, en el año 2008, la Comisión Europea fijó como objetivo que en 2010 se alcanzara el 50% de compra pública verde a nivel comunitario, pero en España hasta el momento se movido entre el 20% y el 40%. Es por tanto necesario
desarrollar un plan de actuación transversal en toda la administración pública para impulsar que la compra pública verde en España aumente su peso de acuerdo con nuestros compromisos internacionales y con el objetivo de impulsar una transición hacia
una economía circular.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'Se insta al Gobierno a:
1. Elaborar un plan de actuación para acabar con las deficiencias administrativas en la contratación pública, con el objetivo de aumentar la competencia, la transparencia y la eficiencia en la compra pública.
2. Así mismo se pondrá especial énfasis en promover la compra pública verde o ecológica, de acuerdo con el carácter de ejemplaridad que debe guiar la actuación del sector público, para que represente al menos el 50% de la contratación
pública antes de 2020.
3. Crear una unidad de refuerzo administrativa que se encargue de visitar a las unidades administrativas identificadas por el Tribunal de Cuentas o por el Consejo de Ministros y revisar los procesos e implantar las mejoras necesarias para
corregir las deficiencias en los procesos de contratación pública.
4. Elaborar y distribuir los materiales y sistemas que se estimen necesarios para la correcta gestión de los procedimientos de contratación pública.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de julio de 2018.-Vicente Ten Oliver, Diputado.-Antonio Roldán Monés, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
Comisión de Sanidad, Consumo y Bienestar Social
161/003451
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, presenta, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, la presente Proposición no de Ley para su
debate y aprobación en la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales, relativa a la financiación suficiente del Plan Concertado de Prestaciones Básicas de Servicios Sociales para un adecuado ejercicio del derecho.
Exposición de motivos
Treinta años después del primer Plan Concertado de Prestaciones Básicas de Servicios Sociales (1988) parece necesario recordar que se trata del instrumento esencial de que se sirven tanto las Administraciones Públicas -para garantizar- como
la ciudadanía -para ejercer y acceder a determinados derechos sociales-.
Se trata de una colaboración económica y técnica entre, principalmente, la Administración Central y Autonómica con las administraciones locales para el desarrollo de esta red local, así como un intercambio de información entre
administraciones.
Desde 1988, se han ido sucediendo diferentes Planes Concertados anuales que comparten cuatro pilares fundamentales:
- La información y la orientación.
- La ayuda a domicilio y apoyo a la unidad de convivencia.
- El alojamiento alternativo en casos de necesidad.
- La prevención y la inserción sociales.
Reconociendo fácilmente la importancia de estos cuatro pilares para la cohesión social, lo que resulta realmente impactante -e intolerable- es que la financiación de este instrumento ha sido inversamente proporcional a las necesidades de las
personas. En un momento, año 2012, en que la situación de las familias en España es más grave que nunca y, por tanto, requieren más asistencia y ayudas para afrontar sus necesidades básicas, el Plan Concertado sufre un recorte de prácticamente el
cincuenta por ciento respecto al año anterior. Esto es, mientras en 2011 se fijaron más de 86 millones de euros, el año siguiente la dotación cae hasta los 47 millones. Sin embargo, el recorte más duro llegará en los siguientes ejercicios
presupuestarios en los que el gobierno del Partido Popular lo hace disminuir hasta los 28 millones. Cantidad manifiestamente insuficiente para hacer frente a las necesidades de una gran parte de la población en situación de emergencia social (el
28,6% de la población total) y en situación de pobreza severa (el 7,6% de la población total).
En este contexto las entidades locales se han visto abandonadas por una Administración Central que lejos de tomar en cuenta sus necesidades ha optado por la asfixia económica de miles de ayuntamientos. Más aún, siendo la administración
local la instancia más próxima y cercana a la ciudadanía y a sus necesidades, a finales de 2013 se aprueba la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local, que termina por desposeer a estas
entidades de varias competencias y funciones en materia de Servicios Sociales, entre otras. Como era presumible, esto ha redundado en un grave deterioro de los servicios y, por ende, en un ejercicio precario de los derechos de ciudadanía.
A pesar de que esta norma ha sido anulada parcialmente por el Tribunal Constitucional siguen vigentes muchos de los preceptos que impiden la prestación equitativa y eficaz de los servicios sociales a que se refiere el Plan Concertado. Por
ello, es urgente proceder a su derogación inmediata de cara a dotar a las distintas y muy diferentes entidades locales de la posibilidad de atender a su población de manera diligente.
Es importante apuntar algunos datos en relación con el impacto del Plan Concertado: a) la red está implantada en 5610 municipios; b) debe atender a una población de 41,6 millones de habitantes (97% de la población); c) 5.8% millones de
personas reciben alguna prestación básica a través de esta red; d) más de 29000 personas trabajan centros de servicios sociales.
El pasado 9 de marzo de 2017, la Comisión de Sanidad aprueba una Proposición no de Ley que insta al Gobierno a, por una parte, recuperar y reforzar el Plan Concertado y, por otra, a tramitar, de forma inmediata, una modificación legislativa
que devuelva urgentemente a las entidades locales las competencias en materia de prestaciones de los servicios sociales y de promoción y reinserción social.
Por todo ello se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Revertir, para poder ampliar, la financiación del Plan Concertado de Prestaciones Básicas de Servicios Sociales.
2. Iniciar los trámites para la derogación de la Ley 27/2013 de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local que supone un importante recorte en las competencias de los ayuntamientos en materia de servicios sociales.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de junio de 2018.-Ana Marcello Santos y Ana Belén Terrón Berbel, Diputadas.-Irene María Montero Gil, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.
161/003452
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea presenta, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, la presente Proposición no de Ley para su
debate y aprobación en la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales, relativa al restablecimiento de los recursos necesarios para el cumplimiento de la Ley 39/2006 de Promoción de la Autonomía Personal y atención a las personas en situación de
dependencia y otras medidas para la garantía del derecho.
Exposición de motivos
El Sistema de Atención a la Dependencia, sobre todo a partir de la aprobación en 2006 de la Ley 39/2006, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia, es uno de los pilares fundamentales de
nuestro sistema democrático y de derechos. Se trata de un servicio público de carácter esencial cuya finalidad es garantizar la igualdad en el ejercicio de los derechos de ciudadanía mediante la promoción de la autonomía personal de las personas en
situación de dependencia.
El pasado 13 de julio de 2012 se aprobaba el Real Decreto-ley 20/2012, que supuso de un golpe recortes en derechos y presupuesto. Implica que decenas de miles de dependientes mueran sin prestaciones o servicios de la Ley de Dependencia. Un
extraordinario ataque contra las personas dependientes, contra sus familias, contra el colectivo de profesionales, contra las empresas del sector y contra las administraciones autonómicas y un desconcierto en la política social de España.
Este Real Decreto destruye el sistema de atenciones y retrocede en los derechos de las personas en situación de dependencia y de sus familias a un nivel, incluso, anterior a la Ley 39/2006. Se trata, de una derogación encubierta de la Ley
de Dependencia que significa un largo listado de sacrificios que se imponen a la ciudadanía española, mientras se continúa de forma enmascarada recortando otros derechos.
Las medidas que contiene no solo son crueles, que lo son, sino que no respetan siquiera el cumplimiento de los derechos humanos en nuestro país, pues olvida y deja fuera del sistema de protección social a las personas dependientes, sus
familiares y a los profesionales del sector de los servicios sociales.
Se han incrementado las aportaciones de los usuarios sobre las prestaciones a percibir, llevando al límite la capacidad real de las economías familiares. El copago ha aumentado de manera importante las aportaciones y ha afectado al
patrimonio de las personas dependientes. Sin embargo, a pesar de este sacrificio, se han empeorado las atenciones y la disponibilidad de los servicios de proximidad, especialmente de la ayuda a domicilio que ha visto reducida su cobertura, así como
las condiciones laborales de las personas que trabajan en este servicio.
Con este Real Decreto-ley se ha reducido la cuantía de las prestaciones económicas por cuidados en el entorno familiar en un 15 por 100, la más solicitada de las prestaciones por dar apoyo económico a las cuidadoras no profesionales, a la
par que las Administraciones Públicas no han incrementado sus servicios profesionales, mostrándose insuficientes a la hora ofrecer una red de servicios sociales profesionalizados con suficiente cobertura y flexibilidad, con un aumento exponencial de
la tendencia a externalizar los servicios. El resultado es que la reducción ha afectado a miles de personas dependientes que han visto reducidas las prestaciones que recibían en una media de 55 euros al mes. El ahorro obtenido no se reinvierte en
servicios o mejoras del sistema, sino que se volatiliza.
Se suspendió, además, la retroactividad de las prestaciones para quienes ya se encontraban en situación de generar derechos por las mismas, concretamente prestaciones por cuidados en el entorno familiar dejaron de producir efectos
retroactivos para aquellas personas que a dicha fecha de aprobación no hubiesen comenzado a percibir las prestaciones reconocidas (se estableció un plazo suspensivo de dos años). Para agravar más la situación se eliminaron las compatibilidades
entre servicios. Esto hace imposible la necesaria complementariedad entre servicios, la flexibilidad y atención personalizada a las personas dependientes. Una de las alteraciones más dramáticas de este Real Decreto-ley ha sido el cambio en el
modelo de cotizaciones de los cuidadores y cuidadoras no profesionales en el entorno familiar. Esta alteración ha dejado a 170.000 personas sin cotización en el régimen especial de cuidadores,
y siendo expulsadas del régimen de cotización de la Seguridad Social de manera que solo podrían permanecer en dicho régimen, siempre y cuando abonasen por sí mismas la totalidad de la cotización.
Por todo ello se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Restablecer y aumentar los recursos económicos necesarios para cumplir con la aportación requerida por la Ley 39/2006 de Promoción de la Autonomía Personal y atención a las personas en situación de dependencia, recuperando así el nivel
acordado de financiación derogado por el Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de junio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad, acordado con las Comunidades Autónomas.
2. Convocar al Consejo Territorial de Servicios Sociales y el Sistema de la Dependencia y, en su marco, acordar con las Comunidades Autónomas las medidas de impulso a dicho sistema, así como a un nuevo modelo de financiación.
3. Fomentar la transparencia y la información en la tramitación de las ayudas a la dependencia y homogeneización de gestión en las diferentes Comunidades Autónomas.
4. Modificar el punto 3 de la disposición final primera de la Ley 39/2006 de Promoción de Autonomía Personal y atención a las personas en situación de dependencia, para reconocer el derecho con carácter retroactivo a las personas con
dependencia y en un plazo máximo de seis meses. La nueva redacción quedaría de la forma que sigue:
'El derecho de acceso a las prestaciones derivadas del reconocimiento de la situación de dependencia se generará desde la fecha de presentación de lo solicitud. El plazo máximo para la resolución del expediente será de seis meses como
máximo desde la fecha de la solicitud hasta que se reciba la prestación o servicio contemplados en el programa individual de atención.''
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de junio de 2018.-Ana Marcello Santos y Ana Belén Terrón Berbel, Diputadas.-Irene María Montero Gil, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.
161/003471
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa al maltrato de personas
mayores en España, para su debate en la Comisión de Sanidad, Consumo y Bienestar Social.
Exposición de motivos
Actualmente España sigue su proceso demográfico de envejecimiento. Según los últimos datos del Padrón Continuo (INE), a 1 de enero de 2017, había 8764204 personas mayores (65 y más años), representando un 18,8% sobre el total de la
población española.
Asimismo, según la proyección estimativa del INE, en 2066 habrá más de 14 millones de personas mayores, lo que supondrá el 34,6% del total de la población, es decir, según este organismo, la población mayor de 65 años se duplicará en los
próximos cincuenta años.
Pero el dato que hoy nos debe hacer reflexionar, es el de la tasa de personas mayores que han manifestado sufrir malos tratos en nuestro país, ya que según el último barómetro realizado por la Unión de Pensionistas en 2017, el 7% de los
mayores de 65 años residentes en España ha padecido algún tipo de abuso. Mientras que a nivel mundial, según datos de 52 estudios realizados en 28 países distintos, un 16% de las personas de 60 años o más han sido víctimas de maltrato psicológico
(11,6%), abuso económico (6,8%), negligencia (4,2%), maltrato físico (2,6%) o agresiones sexuales (0,9%).
La cifra que nos debe alarmar y que nos debe poner a trabajar, es la oculta, ya que suponemos que el número de víctimas real es mucho mayor que el que denuncia; como afirman los especialistas en materia gerontológica, el maltrato a personas
mayores sigue siendo una materia tabú, sobre todo cuando se trata de malos tratos en ámbito familiar y en entornos rurales.
Y continúa siendo tabú porque una denuncia de este tipo repercute en toda la familia, produciendo una vergüenza que, en muchas ocasiones, resulta más dolorosa para las víctimas que el propio dolor.
Además, el miedo a empeorar las cosas y terminar en una residencia o institución, alejadas de su entorno, impide que las víctimas se decidan a defender sus derechos y denunciar los abusos sufridos.
Ya en el Plan Internacional de Acción de las Naciones Unidas adoptado por todos los países en Madrid, en abril de 2002, se reconoció la importancia de los datos en aumento del maltrato de personas mayores a nivel global, pero no es
suficiente con una declaración de principios, ya que la dimensión e importancia del problema requieren del trabajo de las instituciones gubernamentales.
En esta tarea, los trabajadores de la salud de atención primaria tienen un papel particularmente importante, ya que suelen suponer la base para abordar y detectar los síntomas del maltrato. Sin embargo, para su verdadera erradicación, es
necesario el trabajo e implicación de toda la sociedad.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Recopilar los datos sobre el alcance y los tipos de malos tratos de las personas mayores en diferentes entornos, para obtener una cifra real de la magnitud de este problema que nos concierne a la sociedad.
2. Habilitar un teléfono 24 horas de atención a personas mayores, donde puedan comunicarse con profesionales que atiendan sus denuncias de maltrato, soledad o abandono, prestándoles servicios de psicología y servicios sociales.
3. Poner en marcha los mecanismos que fuesen necesarios para la tutelación de aquellos mayores que denunciasen su abandono y no contasen con posibilidades para el desarrollo de su vida, brindándoles seguridad y protección ante sus
maltratadores.
4. Llevar a cabo campañas informativas y educación en valores para la prevención de los malos tratos en las personas mayores a nivel estatal, para la concienciación social y el conocimiento de los nuevos mecanismos para su denuncia.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de junio de 2018.-Rafael Antonio Hernando Fraile, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/003479
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la creación de una Red de
Vigilancia en la Salud Pública, para su debate en la Comisión de Sanidad, Consumo y Bienestar Social.
Exposición de motivos
La vigilancia en la salud pública es el conjunto de actividades destinadas a recoger, analizar, interpretar y difundir información relacionada con el estado de la salud de la población y los factores que la condicionan, con el objeto de
fundamentar las actuaciones de salud pública.
La Ley General de Salud Pública recoge en los artículos 12 y 13 la necesidad de contar con unos sistemas de alerta precoz y respuesta rápida para la detección y evaluación de incidentes, riesgos, síndromes, enfermedades y otras situaciones
que puedan suponer una amenaza para la salud de la población. Asimismo se establece, con el fin de coordinar los diferentes sistemas de vigilancia, la creación de 'una Red de Vigilancia en Salud Pública que incluirá, entre sus sistemas, el de
alerta precoz y respuesta rápida. Este sistema tendrá un funcionamiento continuo e ininterrumpido las veinticuatro horas
del día. La configuración y funcionamiento de la Red de Vigilancia en salud pública serán determinados reglamentariamente'.
En este contexto, en febrero de 2013 se aprobó el Sistema de Alerta Precoz y Respuesta Rápida (SIAPR) con el objetivo principal de detectar rápidamente las amenazas y situaciones que puedan tener un impacto grave en la salud de la población,
que tengan capacidad de extensión en el territorio nacional y que requieran la toma de medidas de forma rápida y coordinada, con el fin de prevenir la propagación y dar una respuesta de salud pública adaptada a la situación.
Desde el Gobierno, se han ido adoptado medidas ante situaciones importantes y de emergencia que afectaban a la salud pública, como han sido el virus del Zika o el virus Crimea-Congo. En concreto, en relación con el virus Zika se aprobó en
la Comisión de Salud Pública, órgano del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, el Protocolo de vigilancia epidemiológica de la enfermedad por virus Zika, con el objeto de detectar de forma precoz posibles casos importados y
autóctonos.
Sin embargo, es necesario continuar avanzando en materia de vigilancia en la salud pública y crear, en coordinación con las Comunidades Autónomas y Corporaciones Locales, una Red de Vigilancia en la Salud Pública, dando cumplimiento a lo
establecido en el artículo 13.3 de la Ley General de la Salud Pública.
Por todo lo expuesto, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a impulsar, en coordinación con las Comunidades Autónomas y Corporaciones Locales, una Red de Vigilancia en Salud Pública. Su configuración y funcionamiento serán determinados
reglamentariamente, según lo establecido en el artículo 13.3 de la Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de junio de 2018.-Rafael Antonio Hernando Fraile, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/003482
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la Enfermedad Celíaca, para
su debate en la Comisión de Sanidad, Consumo y Bienestar Social.
Exposición de motivos
La enfermedad celíaca (EC) es una enteropatía (enfermedad del intestino) autoinmune que afecta a individuos genéticamente predispuestos, y que consiste en una intolerancia permanente a las proteínas del gluten del trigo, la cebada y el
centeno. Produce una lesión grave en la mucosa del intestino delgado, provocando una atrofia de las vellosidades intestinales, y dificultando la absorción de los nutrientes de los alimentos (proteínas, grasas, hidratos de carbono, sales minerales y
vitaminas).
La causa de la enfermedad es desconocida, contribuyendo en su desarrollo factores genéticos (HLA DQ2 y DQ8), inmunológicos y ambientales. Se trata de una enfermedad prevalente, que puede presentarse a cualquier edad, y se estima que afecta
al 1% de la población, tanto a niños como adultos, más a mujeres que a hombres, con una prevalencia mundial de 1/266. En España, oscila entre el 1/118 en la población infantil y 1/389 en la población adulta, pudiendo llegar a afectar a unas 500000
personas. Sin embargo, esta prevalencia puede ser mucho mayor, ya que, según afirman diversos estudios epidemiológicos, la EC sin sintomatología clásica es más frecuente que la forma sintomática, por lo que alrededor de un 75% de casos permanece
sin detectar.
El único tratamiento existente a día de hoy para los enfermos celíacos consiste en el seguimiento de una dieta estricta sin gluten de por vida, lo que consigue la normalización del estado de salud del paciente y la recuperación de su calidad
de vida. Un diagnóstico precoz y una atención integral son fundamentales, tanto desde el punto de vista sanitario como social.
El Gobierno ha impulsado distintas medidas de apoyo a los ciudadanos que padecen enfermedad celíaca, desde el punto de vista sanitario y normativo. Así, cabe destacar el Protocolo de Detección Precoz de la Enfermedad Celíaca, dentro del
Plan General de Apoyo a las Personas con Intolerancia al Gluten, o la Ley de Seguridad Alimentaria y Nutrición (2011) que garantiza, entre otras medidas, la oferta de comidas sin gluten en las escuelas infantiles o centros escolares. Asimismo, la
regulación vigente del etiquetado se plasma en el Reglamento (UE) 1169/2011, de 25 de octubre, sobre información alimentaria facilitada al consumidor. Sus previsiones son de aplicación general en los Estados de la Unión desde el 13 de diciembre de
2014.
A pesar de los avances en esta materia, todavía existen una serie de cuestiones pendientes de mejora. En este sentido, el Defensor del Pueblo presentó el pasado 17 de octubre de 2017 en el Congreso de los Diputados un informe sobre la
situación de vida de las personas celíacas en nuestro país. Entre sus recomendaciones destacan la necesidad de promover proyectos de investigación, divulgar la importancia de los diagnósticos, dar a conocer las necesidades y costes en productos y
mejorar la información del etiquetado.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno, en colaboración con las comunidades autónomas, a adoptar las siguientes medidas en relación con la enfermedad celíaca:
- Impulsar nuevos proyectos de investigación relacionados con el conocimiento sobre la enfermedad celíaca, alternativas de tratamiento, así como aquellos aspectos relacionados con los requerimientos de seguridad alimentaria.
- Estudiar el establecimiento de un registro nacional de personas afectadas por la celiaquía, a fin de conocer la incidencia de esta enfermedad en la población.
- Actualizar y desarrollar el manual 'Diagnóstico precoz de la enfermedad celíaca' en colaboración con las sociedades científicas, las asociaciones de pacientes, las comunidades autónomas y el Instituto de Salud Carlos III.
- Clarificar la información que reciben los ciudadanos en relación con los medicamentos que pueden contener gluten.
- Estudiar la implantación de ayudas directas o indirectas a las personas celíacas que compensen las exigencias económicas derivadas de su dieta.
- Intensificar campañas de control e inspección de la declaración obligatoria sobre la presencia de productos y sustancias alérgenas o que producen intolerancias alimentarías.
- Elaborar una versión simplificada de la guía de aplicación de las exigencias de información alimentaria, para facilitar su empleo en el sector de la restauración, especialmente en los establecimientos de menor tamaño.
- Promover la declaración obligatoria de alimentos con gluten en las cartas o menús de los restaurantes, lo que garantizaría una mayor seguridad alimentaria a los clientes.
- Instar a la Comisión Europea a revisar la normativa europea relativa a la composición y etiquetado de productos alimenticios apropiados para personas con intolerancia al gluten, así como sobre la información alimentaria facilitada a
consumidores sobre productos que contienen gluten.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de junio de 2018.-Rafael Antonio Hernando Fraile, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/003494
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para evitar que se limite
deliberadamente la vida útil de un producto e incluir la obsolescencia programada como delito tipificado dentro del Código Penal, para su debate en la Comisión de Sanidad, Consumo y Bienestar Social.
Exposición de motivos
La obsolescencia programada es la determinación del fin de la vida útil de un producto (en especial del ámbito tecnológico y electrodoméstico) que, tras un período de tiempo calculado previamente por el fabricante, se vuelve obsoleto e
inservible por falta de repuestos, dificultades para su reparación, etc. Su objetivo es el lucro económico de las empresas a través de la generación de compras más frecuentes para reemplazar el producto dañado y la creación de una relación de
fidelización con la marca, por la que se obtienen beneficios económicos a largo plazo. Esta práctica provoca, además de los consiguientes perjuicios económicos a los consumidores, una serie de problemas colaterales de tipo medioambiental, como el
agotamiento de los recursos y la generación de residuos contaminantes.
Diversas asociaciones de usuarios y consumidores creen que, en la fase de diseño de un dispositivo, algunos fabricantes estarían promoviendo la no adaptabilidad de sus productos a las actualizaciones futuras, al utilizar componentes
intradimensionados para que esos aparatos dejen de funcionar o estropeen el resto de los componentes eléctricos. Además, denuncian que estas prácticas se observan en todos los aparatos electrónicos, especialmente en los smartphones, por la
facilidad de manipulación de su software.
Dichas asociaciones explican también que existen prácticas de obsolescencia programada ilegales y otras que simplemente responden al funcionamiento del mercado. En este sentido, se ha presentado recientemente una demanda ante la Comisión
Europea y la Fiscalía de España para que se investigue el caso de Apple, quien ha reconocido haber ralentizado sus modelos antiguos de iPhone.
En España, la obsolescencia programada no está tipificada como delito. En Europa, solo en Francia está penada y castigada por ley. A este respecto, la Comisión Europea presentó una iniciativa para obligar (sin imponer sanciones) a los
fabricantes a informar del tiempo de duración aproximado de un dispositivo, así como del coste de su reparación. El Parlamento Europeo la ha aprobado instando a la Comisión a establecer unos criterios mínimos de reparación, adaptación, robustez y
calidad del producto y, a facilitar el establecimiento de unos estándares desarrollados por las organizaciones europeas dedicadas a ello. También se pide un sello europeo de durabilidad y sostenibilidad, así como otras medidas que favorezcan la
conciencia sostenible de los consumidores y ciudadanos, para tratar de impulsar el modelo de economía circular.
Además, el Parlamento Europeo ha pedido a la Comisión Europea que establezca medidas para evitar que se fuerce al consumidor a desechar productos perfectamente reutilizables. En concreto, se reclama transparencia en las actualizaciones de
software.
Se ha estimado que cada español gastará a lo largo de su vida entre 50.000 y 60.000 euros en renovar sus productos obsoletos. Una cifra demasiado elevada que preocupa a ciudadanos, organizaciones de consumidores e instituciones
gubernamentales.
Por todo esto, sería conveniente revisar la legislación actual para actuar en contra de estas prácticas y solicitar, también, el resarcimiento a los consumidores.
Por todo ello el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso formula la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a impulsar las medidas que sean necesarias para:
1. Adoptar, desde las administraciones públicas, las medidas oportunas para prolongar la vida útil de los productos, siguiendo las directrices del Informe del Parlamento Europeo del 9/junio/2017 ''Sobre una vida útil mas larga para los
productos: ventajas para los consumidores y las empresas [2016/2272 (INI)]'', usando componentes reutilizables para alargar la duración de sus productos.
2. Aumentar la transparencia, por parte de los fabricantes, sobre la durabilidad estimada de los productos.
3. Ofrecer al consumidor cauces para resarcirle de los efectos negativos que haya podido sufrir como consecuencia de la reducción de la durabilidad de un producto.
4. Analizar la introducción de la obsolescencia programada como delito tipificado en el Código Penal cuando se demuestre que, efectivamente, fue introducida de forma deliberada por el fabricante.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de junio de 2018.-Rafael Antonio Hernando Fraile, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/003511
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa al reconocimiento de las
personas electrodependientes, para su debate en la Comisión de Sanidad, Consumo y Bienestar Social.
Exposición de motivos
En España, a pesar de no disponer de datos oficiales sobre las personas en situación de electrodependencia por cuestiones de salud, se sabe que un gran número de pacientes requiere un suministro eléctrico constante para poder alimentar un
equipamiento necesario para evitar riesgos en su vida y su salud, y prescrito por un facultativo.
Los tipos de pacientes electrodependientes son muy heterogéneos, ya que muchas patologías pueden derivar en la necesidad del uso de máquinas, como respiradores eléctricos, humificadores, nebulizadores, etc., ya sea de forma temporal o
permanente, todas ellas fundamentales para mejorar la calidad de vida de estas personas y para su autonomía personal.
Por tanto, es importante visibilizar su realidad, reconociendo que las personas en situación de electrodependencia y sus familias se encuentran en una situación de especial vulnerabilidad. Por ese motivo, es necesario cubrir el actual vacío
legal en torno a esta figura, que dificulta una adecuada atención de estas personas.
Si bien es cierto que existen instrumentos normativos, como la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, que persigue garantizar el suministro de energía imprescindible para la alimentación de un equipo médico que resulte
indispensable para mantener con vida a una persona, también lo es que la actual indefinición de la figura del electrodependiente a nivel nacional provoca que muchas personas que precisan del suministro eléctrico para desarrollar su vida según unos
estándares mínimos de bienestar, no puedan acceder a determinadas ayudas o prestaciones.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno, en el ámbito de sus competencias y en colaboración con las Comunidades Autónomas, a regular la figura de la persona electrodependiente, mediante su definición y acreditación, con el fin de
poder adoptar las medidas necesarias que mejoren su calidad de vida.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de julio de 2018.-Rafael Antonio Hernando Fraile, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/003512
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la fibromialgia, al
síndrome de fatiga crónica, y al síndrome de sensibilidad química múltiple, para su debate en la Comisión de Sanidad, Consumo y Bienestar Sociales.
Exposición de motivos
La fibromialgia, el síndrome de fatiga crónica (SFC) y el síndrome de sensibilidad química múltiple (SQM), son patologías cada vez más frecuentes, y hoy son consideradas enfermedades emergentes. Se trata de procesos que deterioran
gravemente la calidad de vida de la persona que los padece. Estas enfermedades suelen instaurarse de forma progresiva, comenzando con problemas locales: dolores lumbares, dorsales, de una cadera, etc., para ir incrementándose hasta hacerse
generalizados, y se acompañan de otros síntomas, como cefaleas, problemas de concentración, sueño irregular y no reparador, adenopatías del
cuello o malestar profundo posesfuerzo. Los síntomas intestinales son una constante, con alteraciones del ritmo intestinal, estreñimiento o crisis diarreicas.
En el año 2003, el Ministerio de Sanidad y Consumo publicó un documento sobre la Fibromialgia en el que se recogen directrices acerca de su diagnóstico y tratamiento, con la finalidad principal de difundirlo entre profesionales sanitarios,
principalmente médicos de familia, y de esta forma, contribuir a un mejor conocimiento de la fibromialgia.
Desde entonces, y como consecuencia de las demandas de los colectivos de pacientes con fibromialgia, se ha realizado una amplia distribución del citado documento, tanto a profesionales sanitarios como a todas aquellas asociaciones y
organismos que lo han demandado.
En el año 2009 se acordó revisar su contenido con el fin de actualizarlo y adaptarlo a los últimos avances en la evidencia científica sobre tratamiento y diagnóstico de esta patología. Se creó un Grupo de expertos en el que participan las
Comunidades Autónomas y el entonces Ministerio de Sanidad y Política Social, actualizándose el documento en 2011.
Por otro lado, el Real Decreto 1030/2006, de 15 de septiembre, por el que se establece la cartera de servicios comunes del Sistema Nacional de Salud, garantiza la atención integral y continuada prestada al usuario, independientemente del
nivel asistencial en el que se atienda, junto con una mayor coordinación entre la atención primaria y especializada. Esto es muy importante para el abordaje de patologías como la fibromialgia o el síndrome de fatiga crónica, que necesitan de la
concurrencia de ambos niveles.
Asimismo, el Instituto de Salud Carlos III promueve la investigación en salud y, a través de la Acción Estratégica en Salud (AES) fomenta, apoya y financia la investigación biomédica en España, siendo la fibromialgia una de las áreas
prioritarias en las convocatorias de la AES.
Sin embargo, se hace necesario avanzar en un mayor conocimiento de la fibromialgia, el síndrome de la fatiga crónica (SFC) y el síndrome de sensibilidad química múltiple (SQM) con el fin de garantizar una asistencia integral a estos
pacientes, siendo conveniente para ello evaluar y revisar el documento 'Fibromialgia' aprobado en 2011, llevar a cabo acciones de formación en los profesionales sanitarios y fomentar el diagnóstico precoz de estas enfermedades.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
- Evaluar y revisar el documento 'Fibromialgia' aprobado en 2011, con objeto de actualizar la mejor evidencia disponible para la fibromialgia, el síndrome de fatiga crónica (SFC) y el síndrome de sensibilidad química múltiple (SQM), desde un
enfoque multidisciplinar, elaborando tras ello un protocolo de abordaje de estas enfermedades.
- Llevar a cabo acciones de formación e información sobre la enfermedad, tanto para las personas afectadas como para los profesionales sanitarios.
- Favorecer el diagnóstico precoz, especialmente en niños y adolescentes, utilizando para ello criterios validados científicamente.
- Continuar fomentando la consideración de la fibromialgia y síndrome de fatiga crónica como áreas prioritarias de investigación en la Acción Estratégica de Salud del Instituto Carlos III.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de julio de 2018.-Rafael Antonio Hernando Fraile, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Comisión de Ciencia, Innovación y Universidades
161/003469
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a los Doctorados
Industriales, para su debate en la Comisión de Ciencia, Innovación y Universidades.
Exposición de motivos
La industria en España se enfrenta a nuevos retos y nuevas oportunidades que debemos aprovechar para maximizar el impacto positivo, que para España puede tener la nueva revolución industrial. Los pilares de la modernización de nuestras
industrias deberían ser los siguientes: aumentar la eficiencia de los procesos industriales, mejorar la productividad de nuestras empresas y crear empleo especializado.
A lo largo de la historia, las revoluciones industriales han nacido como consecuencia de una mejora tecnológica. Por eso, las fábricas inteligentes de la nueva revolución industrial deben estar basadas en el internet de las cosas, el
análisis de datos, la inteligencia artificial, etc.
En unos años, la competitividad de los países ya no se medirá por la cantidad de materias primas, ni por el precio de la energía, sino que estará marcada por el nivel de digitalización de sus empresas. La innovación y la ciencia básica
juegan un papel clave en este proceso.
El empleo, asociado a la industria, es más estable y de mayor calidad que el de otros sectores. Una industria fuerte genera más oportunidades de empleo y fortalece el tejido económico. Por este motivo, es fundamental conseguir incorporar
investigadores de primer nivel a esta revolución industrial para facilitar la innovación tecnológica en la industria.
Los últimos datos sobre la calidad y cantidad de la investigación básica y aplicada en España demuestran que nuestro país dispone de talento suficiente en muchas áreas que es posible trasladar directamente al mercado. Sin embargo, los
poderes públicos deben facilitar esa conexión entre la universidad y la empresa, creando el clima propicio para que ese intercambio se realice de forma natural.
No estamos ante una época de cambios, estamos ante un cambio de época. El papel que desempeñan investigadores o trabajadores de la industria ha ido evolucionando hacia entornos mucho más colaborativos. Todo ello favorecido por marcos
jurídicos, convocatorias nacionales o europeas y otros factores que han hecho que la universidad mire hacia la empresa y que la empresa busque en la universidad opciones para satisfacer sus demandas.
En el futuro, la competitividad de los países estará marcada por el nivel de digitalización de sus empresas e instituciones. Por eso, para que un país prospere, es más importante disponer de un ecosistema altamente innovador que del precio
de su energía, la disponibilidad de materias primas u otros factores que hasta ahora considerábamos claves para el futuro.
Para España, el liderazgo en la carrera por la digitalización de nuestros procesos tiene que pasar irremediablemente por conectar de forma permanente la investigación básica de nuestras universidades, la investigación aplicada de nuestros
centros tecnológicos y las necesidades de nuestro tejido de pymes para conseguir su especialización. Para conseguirlo, necesitamos incrementar la presencia de investigadores y el desarrollo de proyectos de investigación en industrias de nuestro
país.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Desarrollar programas de colaboración específicos entre la industria y las universidades que permitan la incorporación de doctorandos al sector Industrial.
2. Seguir promoviendo la mejora de los procesos productivos en el sector industrial potenciando el desarrollo de tesis doctorales centradas en dar solución a los problemas de la industria y mejorar sus capacidades.
3. Propiciar un marco regulatorio para normalizar la incorporación de doctorandos a las industrias con el objetivo de que puedan realizar la tesis doctoral en un entorno industrial con plenas garantías.
4. Impulsar modificaciones en la carrera docente e investigadora que reconozcan el trabajo realizado por el investigador en el entorno industrial, valorando adecuadamente el desarrollo de patentes, modelos de utilidad, mejoras en procesos
productivos y otras innovaciones que contribuyan al aumento de competitividad de un sector industrial concreto.
5. Favorecer la incorporación de doctores a las empresas más allá del sector industrial.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de junio de 2018.-Rafael Antonio Hernando Fraile, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/003473
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para que se impulse desde el Gobierno
la formación en competencias digitales, para su debate en la Comisión de Ciencia, Innovación y Universidades.
Exposición de motivos
El Cloud Computing o informática en la nube se define como la entrega bajo demanda de potencia informática, almacenamiento en bases de datos, aplicaciones y otros recursos de TI a través de Internet.
La Inteligencia Artificial y la computación cognitiva buscan el desarrollo de sistemas capaces de resolver problemas cotidianos por sí mismos, mediante algoritmos que utilizan como paradigma la inteligencia humana
En poco más de una década existe un amplio consenso sobre los beneficios que su uso puede proporcionar a Administraciones, empresas y ciudadanos. Estas tecnologías empiezan a ser percibidas como herramientas habilitadoras que ayudan a
reinventar la infraestructura empresarial y pública, democratizando el acceso a tecnología de vanguardia.
Solo en Europa, el valor del mercado del cloud computing se cifra en más de 44.000 millones de euros para 2020, lo que puede dar lugar a la creación de más de 300.000 empresas y a la generación de más de 2,5 millones de puestos de trabajo
según un informe de la Comisión Europea.
Con el fin de apoyar una adopción de este tipo de tecnologías, distintos países en el contexto internacional y europeo están apostando por una política de nube, que está permitiendo adoptar la escalabilidad, las mejoras de seguridad, la
reducción de costes y las capacidades innovadoras de la tecnología en la nube.
Además, la nube facilita el nacimiento de startups que se benefician de la infraestructura necesaria para innovar y crecer, sin necesidad de invertir y puede proporcionar a las Administraciones un acceso ágil, seguro, escalable y a costes
muy bajos a la tecnología que precisan para prestar servicios de calidad a los ciudadanos.
Por ello, es preciso desarrollar una política de formación en las competencias que el proceso de digitalización demanda. Como ha puesto de manifiesto la Comisión Europea, se prevé que en 2020 puedan existir 825.000 puestos de trabajo sin
cubrir, como consecuencia de la ausencia de perfiles profesionales que puedan asumir la demanda laboral que la digitalización trae consigo. Tanto en el sector privado como en el sector público, hay que seguir trabajando por la formación digital
continua de las personas para aprovechar al máximo los beneficios y oportunidades que este nuevo contexto ofrece, con apoyo del talento existente.
En consecuencia, con el fin de acelerar el desarrollo de estas tecnologías, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Desarrollar programas formativos en competencias digitales, tanto para la ciudadanía en general como para los funcionarios públicos, con especial atención a habilidades relacionadas con tecnologías como el cloud computing, la
Inteligencia Artificial, el loT, la impresión 3D, etc.
2. Establecer partidas presupuestarias específicas para el desarrollo de ecosistemas de PYMES altamente innovadoras que faciliten la digitalización de nuestro tejido productivo.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de junio de 2018.-Rafael Antonio Hernando Fraile, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/003491
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la utilización de tecnologías
que mejoren la transparencia y trazabilidad de contratos y acuerdos globales, en el ámbito público y privado, para su debate en la Comisión de Ciencia, Innovación y Universidades.
Exposición de motivos
La seguridad en Internet es un tema de gran importancia. El uso de las transacciones en la red se hace cada vez más vulnerable y muchos servicios están en alerta a causa de los recientes hackeos.
Precisamente, por este motivo, nació el Bitcoin, una red innovadora de pagos que utiliza una divisa electrónica para el intercambio de bienes y servicios; la moneda digital más usada de todo el mundo (junto con Ethereum) por su eficiencia,
seguridad y facilidad de uso, que se diferencia de las convencionales porque es descentralizada, es decir, nadie la controla.
Detrás de esta moneda virtual existe una tecnología segura de intercambio de datos denominada Blockchain, un nuevo modelo transaccional que puede propiciar un empujón definitivo en la digitalización de la banca, permitir una mejora en el
servicio a los clientes y aumentar la eficiencia. El principal objetivo es la creación de una gran base de datos que recoja las transacciones realizadas, de manera segura y autenticada, por los usuarios conectados.
El sector financiero fue uno de los primeros en detectar el potencial de esta tecnología que, aunque pone en riesgo su negocio de intermediación al no necesitar de una autoridad central para su funcionamiento, le facilita el comercio de
otros tipos de productos, como los smatt contracts (contratos inteligentes). En España, también han surgido iniciativas en este sentido. Es el caso de Legaliboo, un servicio web que facilita al usuario la redacción del contrato que necesite,
adaptado a sus necesidades, y le permite consultar abogados especialistas sobre cualquier materia; o el de los Chatbots, aplicaciones que contestan preguntas para ayudar a los clientes a comprar un determinado producto.
Algunos ejemplos de grandes bancos que han invertido en estas tecnologías son BBVA con 'Coinbase', Bankinter con 'Coinffeine' o Santander con 'Utility Settlement Coin'. Fuera de España, uno de los principales bancos de Estonia ha
desarrollado un wallet que usa Bitcoin para envío de dinero gratuito e instantáneo, y otros países como Alemania, Estados Unidos o Japón ya han puesto en marcha este nuevo modelo de transacciones digitales.
Pero este sistema no solo puede beneficiar a la banca. En el sector industrial se haría posible la trazabilidad total de un producto, desde su fabricación hasta su compra por el consumidor final (gigantes como Airbus o Daimler ya han
empezado a trabajar en ello). Otros sectores han encontrado muy útiles estas aplicaciones tecnológicas por aportar seguridad y confianza en los intercambios, como el pesquero (en concreto, la pesca de atunes en Islandia), el farmacéutico, el
armamentístico o el tecnológico (para el recuento de votos en las elecciones).
En la actualidad existen cientos de proyectos que investigan cómo aplicar este principio de descentralización a otros usos: Administraciones públicas, telecomunicaciones, energía, consumo, automoción, seguros, etc.
Así pues, debemos impulsar las medidas que sean necesarias para que este nuevo concepto de intercambio de servicios sobreviva y se introduzca con fuerza en el mundo digital con el fin de garantizar la seguridad, eficiencia y transparencia de
todas las transacciones en la red.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a analizar e impulsar el uso de tecnologías que mejoren la transparencia, seguridad y trazabilidad de los contratos globales, en el ámbito público y privado.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de junio de 2018.-Rafael Antonio Hernando Fraile, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Comisión de Igualdad
161/003453
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la creación de una
plataforma de voluntariado que acompañe a los mayores en situación de soledad, para su debate en la Comisión de Igualdad.
Exposición de motivos
La sociedad actual vive inmersa en un proceso de envejecimiento que se evidencia con claridad en las pirámides de población. En palabras de Naciones Unidas, 'la mayoría de países del mundo están experimentando un aumento en la proporción de
personas mayores'. Esto supone una de las transformaciones sociales más significativas del siglo XXI, e implica importantes cambios sociales, entre ellos en la propia configuración de la estructura familiar.
Según los datos recogidos en el informe 'Perspectivas de la Población Mundial', se espera que el número de personas mayores de 60 años se duplique en el año 2050, pasando de 962 millones en 2017 a los 2.100 millones, creciendo a mayor
velocidad que la población joven.
Ante estas evidencias, muchos países europeos están adoptando medidas en la materia, tratando también uno de sus problemas asociados, la soledad, siendo el ejemplo paradigmático el que actualmente se viene desarrollando en el Reino Unido o
los Países Bajos.
En el caso neerlandés, el Gobierno quiere combatir la soledad de sus personas mayores (1,1 millón de holandeses estimados para el año 2030, una cifra menor de la que tenemos en España actualmente), adoptando un primer paso, con la aportación
de 26 millones de euros para el Plan 'Uno contra la soledad'. Entre las medidas que se han tomado destacan: la supervisión anual por parte de los funcionarios correspondientes de todos los mayores de 75 años, comprobando su estado emocional, el
establecimiento de una línea directa para recibir llamadas para denunciar la soledad y la reestructuración de sus viviendas, para concentrar a personas que carecen de vínculo alguno con la sociedad y que viven aisladas de su entorno.
Junto con estos datos, hay que señalar que en España, casi dos millones de personas mayores de 65 años viven solas, y para atender sus necesidades precisan del compromiso de las Administraciones públicas para asegurar una buena calidad de
vida y el cumplimiento de sus derechos.
Es por ello que es necesario emprender acciones para asegurar un futuro con plenas garantías para las personas mayores, con especial atención a las mujeres, un segmento de la población más vulnerable y más invisible a los ojos de la
sociedad. Así se desprende de los datos recogidos en la última Encuesta Continua de Hogares (2016), del Instituto Nacional de Estadística, publicada en abril de 2017, donde se explica que el 41,7% de las personas que viven solas en España son
mayores de 65 años, y de estas, el 70% son mujeres, con un mayor impacto y exposición a la exclusión social en el ámbito rural.
Ante esta situación, y detectando la necesidad real de atención que necesitan los mayores en nuestro país, con especial atención a las mujeres rurales, consideramos necesaria la adopción de medidas urgentes para combatir este fenómeno social
que está acarreando graves consecuencias en quienes la padecen.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso presenta la siguiente:
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno, en el ámbito de sus competencias, en colaboración con las Comunidades Autónomas y haciendo especial hincapié en las mujeres, a:
- Crear una plataforma de voluntariado que acompañe a los mayores en situación de soledad, con el compromiso de una visita semanal, para favorecer los núcleos de cohesión social y completar sus necesidades con ayudas en domicilio.
- Habilitar un teléfono 24 horas de atención a personas mayores, donde puedan comunicarse con profesionales que atiendan sus denuncias de soledad, que sirvan para la detección de posibles casos de malos tratos o de abandono, prestándoles
servicios de psicología y servicios sociales.
- Difundir, a través del Gobierno de la Nación, las acciones que se están llevando a cabo en las comunidades autónomas para canalizar las necesidades de nuestros mayores ,impulsando una batería de acciones comunes.
- Adquirir el compromiso político para el aumento del número de plazas en los centros de día, así como las horas que permanecen abiertos, proponiendo y dinamizando actividades que ayuden a paliar esta situación de soledad.
- Apostar por la formación continua de los profesionales que desempeñan su trabajo con mayores, renovando sus competencias y enfocando las nuevas aportaciones para aumentar la calidad de sus actuaciones.
- Desarrollar programas sobre nuevas tecnologías en áreas rurales y generación de puntos de acceso gratuitos a Internet, que acerquen el mundo a las personas que viven en soledad.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de junio de 2018.-Rafael Antonio Hernando Fraile, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/003515
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Gutiérrez Vivas, Portavoz Sustituto del Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no
de Ley sobre reconocimiento y visibilización de los logros obtenidos por nuestras deportistas profesionales, para su debate en la Comisión de Igualdad.
Exposición de motivos
El deporte femenino en nuestro país está cobrando cada vez mayor relevancia en la esfera pública. Cada vez son más los equipos deportivos, ligas y disciplinas que se organizan para que las mujeres compitan en deportes que, hasta hace pocos
años, eran practicados, fundamentalmente, por hombres.
El deporte femenino español, especialmente el profesional, cuenta con un alto nivel que tiene su mejor expresión en la cantidad de triunfos olímpicos e internacionales en diferentes materias: baloncesto, bádminton, halterofilia, rugby,
piragua, kayak, waterpolo, natación, atletismo, taekwondo, gimnasia rítmica, etc.
Desde el Grupo Parlamentario Ciudadanos siempre hemos defendido un mayor apoyo y visibilidad del deporte femenino, siendo claramente conscientes del impacto que la visibilidad de sus éxitos puede tener en el conjunto de la sociedad.
En nuestra actividad parlamentaria ordinaria hemos presentado ya diversas iniciativas sobre aspectos y problemáticas concretas que afectan a este ámbito: falta de patrocinios, inequidad en la cuantía de los premios en relación con los
homólogos masculinos o la existencia de cláusulas contractuales discriminatorias que permiten despedir a deportistas profesionales si se quedan embarazadas. También hemos exigido que exista mayor apoyo e inversión pública en el deporte profesional
femenino, la existencia de los mismos cauces para reclamar el cumplimiento de sus derechos que para los deportistas masculinos y el fomento del papel de la mujer en el deporte profesional y no profesional, aplicando medidas que garanticen la
inclusión de mujeres en puestos de gestión, organización, responsabilidad deportiva y en el liderazgo de proyectos. Así mismo, hemos instado a que se desarrollen los mecanismos que sean necesarios para que los medios de comunicación públicos
comiencen a realizar una retransmisión más equitativa del deporte femenino y masculino, así como un mayor apoyo de la Corporación de Radio Televisión Española al deporte femenino.
Pese a todas estas barreras que continúan existiendo a día de hoy, numerosas deportistas han alcanzado remarcables éxitos deportivos en diferentes disciplinas sin que, muchas veces, los poderes públicos reconociesen el mérito y el valor de
estos logros deportivos.
En el último año hemos sido testigos de no pocos éxitos de nuestras deportistas. Por ejemplo, y aun no pudiendo nombrar a todas y cada una de ellas, encontramos a:
a) Joana Pastrana, campeona de Europa de boxeo cuyo título ha revalidado en el año 2017.
b) Carolina Marín, campeona de Europa de bádminton en 2018, revalidado por cuarta vez.
c) Mireia Belmonte, medalla de plata en 400 metros estilos y 1.500 metros libres y una medalla de oro en 200 metros mariposa en el último Campeonato Mundial celebrado en Budapest.
d) Garbiñe Muguruza, tenista que ha alcanzado el número 1 en el ranking WTA en 2017 y ganadora del torneo de Wimbledon en 2017.
e) Lydia Valentín, campeona del mundo del halterofilia en 2017 y campeona de Europa en 2018, por cuarta vez.
f) Sandra Sánchez, campeona de Europa de karate y tres años consecutivos número 1 del ranking mundial de esta disciplina.
g) Maialen Chourraut, subcampeona de Europa en 2017 por equipos en K1 en aguas bravas.
h) Teresa Perales, con dos medallas de plata en el Campeonato Mundial de Natación Paralímpica de 2017.
i) La selección de baloncesto femenina, campeona de Europa el año pasado.
j) La selección de rugby femenina, campeona de Europa en 2018, siendo el sexto de su historia.
k) La selección de hockey sobre patines, campeona del mundo en 2017.
I) Las nadadoras paralímpicas Sarai Gascón y Nuria Marqués, con varias medallas en los mundiales del 2017.
Y tantas otras.
Todos estos son solo algunos de los ejemplos que podemos mencionar sobre los logros deportivos que nuestras deportistas han conseguido recientemente. Un palmarés que es envidiable para cualquier país y que, en el nuestro, consideramos que
no se les ha dado la relevancia que les corresponde.
Desde el Grupo Parlamentario Ciudadanos consideramos esencial que desde los poderes públicos se reconozcan y visibilicen los logros de nuestras deportistas a fin de que sus categorías tomen mayor relevancia y sean mejor conocidos por el
conjunto de la ciudadanía, reconociendo también su esfuerzo y el sacrificio que les ha hecho obtener estos magníficos resultados.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados manifiesta su reconocimiento a todas las deportistas profesionales que fueron claro ejemplo de disciplina, perseverancia y esfuerzo, consiguiendo excelentes resultados en sus categorías, y muestra su voluntad de
acoger actos de reconocimiento de sus triunfos a fin de que la sociedad española sea consciente de las grandes deportistas con las que contamos.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de julio de 2018.-Patricia Reyes Rivera y Rodrigo Gómez García, Diputados.-Miguel Ángel Gutiérrez Vivas, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
161/003520
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley para su debate en la Comisión de Igualdad
sobre la nulidad, por vicios de forma y fondo, de las condenas y sanciones dictadas por motivos políticos, ideológicos, de orientación sexual, identidad sexual, identidad de género y/o expresión de género o de creencia por cualesquiera tribunales u
órganos penales, administrativos y militares durante la Dictadura, en especial todas las condenas amparadas en la Ley de Vagos y Maleantes, y a partir de 1970, de Peligros sociales, dos leyes que equiparaban la homosexualidad y la transexualidad -y
la prostitución y la mendicidad- al crimen.
Exposición de motivos
El 18 de julio de 1936 un golpe militar depuso a las autoridades legítimas de la Segunda República. La sublevación, que derivó en una guerra civil, fue apoyada por la Alemania nazi y la Italia fascista, y tuvo por objeto el exterminio de
todas aquellas personas y grupos sociales, políticos y culturales contrarios a la ideología nacionalcatólica que inspiraba a los golpistas.
El levantamiento dio origen a una dictadura que de forma sistemática vulneró los más elementales derechos humanos de centenares de miles de personas durante más de cuarenta años: personas desaparecidas y fusiladas; niños y niñas robados;
víctimas de trabajo esclavo y de malos tratos y abusos en campos de concentración, en cárceles, en comisarías, en cuarteles, en preventorias; personas ex presas, torturadas, exiliadas, perseguidas, represaliadas, y un inacabable etcétera.
La España de posguerra se basaba en un machismo orgánico que fue también una de las claves fundamentales de la doctrina franquista. Este machismo no solo se transmitió desde los medios de comunicación y los soportes culturales, sino que fue
la base de un proyecto educativo e ideológico, en donde la orientación sexual e identidad sexual, identidad de género y/o expresión de género que se saliera de los márgenes de lo cis-heteronormativo era perseguido y penado con una gran tenacidad y
violencia por parte del régimen franquista. Según los datos, en España más de 5.000 personas fueron encerradas por homosexualidad y transexualidad durante la dictadura de Franco y desconocemos las desaparecidas o asesinadas.
Quizás sea Federico García Lorca 'el desaparecido más famoso del mundo', como lo califica Ian Gibson. No hay que olvidar el informe que apareció en 2015, firmado en 1965 por la Jefatura Superior de Policía de Granada, que revelaba que
García Lorca fue asesinado junto a otra persona por 'socialista y masón' y porque 'estaba tildado de prácticas de homosexualismo, aberración que llegó a ser vox pópuli, pero lo cierto es que no hay antecedentes de ningún caso concreto'. La muerte
de Lorca expone la voluntad del régimen de borrar y negar la historia LGTBIQ.
En 1977, con la Ley 46/1977, de 15 de octubre, de Amnistía, los presos y presas políticas salían de las cárceles, aunque nadie imaginó que en democracia se convertiría en una ley de punto y final como denuncia la comisión de derechos humanos
de la ONU. A pesar de la Amnistía, las personas homosexuales y transexuales se quedaron dentro de las cárceles. En 1977, la UCD quiso sacar adelante el proyecto de creación de 10.000 plazas para reeducar a gais, aunque la iniciativa se frustró por
la Constitución aprobada el año siguiente. En 1977 se celebró en Barcelona la primera manifestación por los derechos LGTBIQ, que acabó con la represión por parte de los grises sobre las mujeres transexuales que encabezaban la marcha.
Este año se cumplen 40 años desde que la homosexualidad y la transexualidad dejaron de considerarse delito al ser sacadas de la ley que estigmatizó a la comunidad LGTBIQ durante el Franquismo, la de Vagos y maleantes a partir de 1954, y
peligros sociales a partir de 1970. Dos leyes que equiparaban la homosexualidad y la transexualidad -y la prostitución y la mendicidad- al crimen. 'Serán declarados en estado peligroso, y se les aplicarán las correspondientes medidas de seguridad
y rehabilitación los que realicen actos de homosexualidad.'
De acuerdo con la Ley de Peligrosidad, 'en defensa de la sociedad' se proponía la 'reeducación para quienes realicen actos de homosexualidad, ejerzan la prostitución y para los menores, así como los de preservación para enfermos mentales;
establecimientos que, dotados del personal idóneo necesario, garantizarán la reforma y rehabilitación social del peligroso, con medios de la más depurada técnica y mediante la intervención activa y precisa de la autoridad judicial especializada'.
Se les encarceló en 'galerías de invertidos' y/o en los peores módulos de presos comunes, entre violadores y homicidas y no presos políticos, así como en las llamadas 'Colonias Agrícolas', que eran auténticos campos de concentración para
hombres homosexuales y mujeres transexuales.
La mayor parte de las condenas corresponde a hombres homosexuales y mujeres transexuales. Si la homosexualidad entre hombres era considerada una aberración y una degeneración de la especie humana, el machismo franquista era incapaz de
concebir la homosexualidad entre mujeres. Según Empar Pineda, activista feminista, 'la sexualidad de la mujer quedaba constreñida a la procreación, a dar hijos al varón, como se decía'. La mayoría de las mujeres encarceladas lo fueron en el
tardofranquismo por su militancia política LGTBIQ. Al igual que ellas, y de la misma forma que las mujeres transexuales eran consideradas hombres homosexuales afeminados y por tanto castigadas según estas leyes, los hombres transexuales también
eran negados bajo esta óptica.
Hoy, más de ochenta años después de la sublevación militar y tras cuarenta años de democracia, no hay justificación ética, social o política que permita el mantenimiento de la impunidad del franquismo y de
sus condenas. El reconocimiento a sus víctimas del derecho a la verdad, la justicia y la reparación, que han sido puestos de manifiesto en diferentes informes y resoluciones dictados por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones
Unidas, debe ser un aspecto básico de nuestro sistema democrático.
La Fiscalía General del Estado emitió con fecha 30 de septiembre de 2016 una instrucción de obligado cumplimiento para impedir que los Jueces y Juezas del Estado español, mediante la ejecución de los correspondientes exhortos o comisiones
rogatorias, tomaran declaración tanto a las víctimas de la dictadura franquista como a los victimarios en la causa penal que se tramita en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal número 1 de Buenos Aires, esto es, en la denominada
querella argentina, cuyo objeto no es otro, como ya ha sido expuesto, que la investigación y enjuiciamiento de los crímenes contra la humanidad cometidos por el citado régimen dictatorial.
Como consecuencia de la citada Instrucción y la presentación de los correspondientes escritos por las Fiscalías correspondientes ante los diferentes Juzgados españoles, no se ejecutaron los referidos exhortos y, por tanto, se dejó de
colaborar con la justicia argentina en la tramitación de la referida causa. Así, finalmente, no se tomó declaración por los Juzgados españoles, a partir de esa fecha, a las víctimas ni tampoco a los victimarios o imputados en la causa referida.
En este sentido conviene recordar que en el extenso Informe elaborado por Pablo de Greiff, Relator Especial del Consejo de Derechos Humanos de la ONU sobre la 'promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no
repetición', de fecha 22 de julio de 2014, se afirma en su 'Resumen' que:
'La Guerra Civil española y los cuarenta años de dictadura que le siguieron dejaron un saldo colosal de víctimas de violaciones graves de los derechos humanos y del derecho humanitario, incluyendo ejecuciones, tortura, detenciones
arbitrarias, desapariciones, trabajo forzado de presos, o exilio, entre otros.'
A estos efectos, su apartado VII, relativo a 'Conclusiones y recomendaciones', reclama en su último punto, referido a la 'Justicia':
'a) Asegurar la colaboración de la justicia española con procedimientos judiciales en el exterior y tomar medidas contra el debilitamiento del ejercicio de la jurisdicción universal por parte de tribunales españoles'.
Es importante insistir en que no hablamos de historias del pasado, denunciamos la vergonzosa situación actual. La justicia internacional considera que los crímenes contra la humanidad son imprescriptibles e inamnistiables. Debemos poner a
la sociedad delante del espejo, mostrarle lo que significa que hoy siga habiendo fosas cerradas, personas con su identidad perdida, desaparecida o robada, personas torturadas que conviven con sus torturadores o que todavía se mantengan las
sentencias del franquismo.
No pedimos verdad, justicia y reparación solo para las víctimas, sino para el conjunto de la sociedad, porque es esa sociedad entera la que paga en su convivencia la negación de estos derechos. Juzgar los crímenes franquistas supone leer
esa negra página de nuestra historia que cada vez es más urgente pasar.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que adopte todas las medidas necesarias para:
Que se declare la nulidad de los tribunales, jurados y cualesquiera otros órganos penales administrativos o militares que, durante la Guerra Civil Española, se hubieran constituido para imponer, por motivos políticos, ideológicos, de
orientación sexual, identidad sexual, identidad de género y/o expresión de género, o de creencia religiosa, condenas o sanciones de carácter personal, así como la de sus resoluciones. Por ser contrarios a Derecho y vulnerar las más elementales
exigencias del derecho a un juicio justo, se declare en todo caso la nulidad del Tribunal de Represión de la Masonería y el Comunismo, el Tribunal de Orden Público, así como los Tribunales de Responsabilidades Políticas y Consejos de Guerra
constituidos por motivos políticos, ideológicos o de creencia religiosa.
Igualmente, se declaren nulas, por vicios de forma y fondo, las condenas y sanciones dictadas por motivos políticos, ideológicos, de orientación sexual, identidad sexual, identidad de género y/o expresión de género, o de creencia por
cualesquiera tribunales u órganos penales, administrativos y militares
durante la Dictadura. En especial todas las condenas amparadas en la Ley de Vagos y Maleantes, y a partir de 1970, de Peligros sociales.
Así mismo instamos al Gobierno a adoptar medidas inmediatas para aplicar plenamente las recomendaciones de los órganos internacionales en relación con la Ley 46/1977, de 15 de octubre, de Amnistía, y con la imprescriptibilidad de los
crímenes de derecho internacional, incluidas las del Comité de Derechos Humanos, el Consejo de Europa, el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias y el Comité contra la Tortura.
Instamos también al Gobierno a que interese de la Fiscalía General del Estado que promueva ante los tribunales del orden jurisdiccional penal todas las actuaciones pertinentes para la investigación y enjuiciamiento de los crímenes
internacionales cometidos por y durante la dictadura franquista, en orden a la defensa del interés público.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de julio de 2018.-María del Mar García Puig y Sofía Fernández Castañón, Diputadas.-Lucía Martín González, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.
161/003521
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Gutiérrez Vivas, Portavoz Sustituto del Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no
de Ley para la defensa de los derechos de las personas LGTBI y la promoción de la persecución de aquellos que vulneren derechos fundamentales de este colectivo ante la Corte Penal Internacional, para su debate en la Comisión de Igualdad.
Exposición de motivos
Desde el Grupo Parlamentario Ciudadanos somos plenamente conscientes de que la homofobia, la lesbofobia, la transfobia y la bifobia continúan siendo formas de discriminación presentes en el día a día de nuestras sociedades, y de la
existencia de miles personas que, todavía hoy, continúan siendo perseguidos, encarcelados y condenados a trabajos forzados, castigos físicos e incluso a la pena de muerte en razón de su mera orientación sexual e identidad de género en terceros
países.
Recordando el Día Internacional contra la Homofobia, la Lesbofobia, la Transfobia y la Bifobia (International Day Against Homophobia and Transphobia, IDAHOT), que desde fechas recientes se viene celebrando cada 17 de mayo, coincidiendo con
la eliminación de la homosexualidad de la lista de enfermedades mentales por parte de la Asamblea General de la Organización Mundial de la Salud (OMS) el 17 de mayo de 1990.
Teniendo también en cuenta que la propia Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Convenio Europeo para la protección de los Derechos Humanos y la Constitución Española proclaman los derechos fundamentales de toda persona, entre
ellos el derecho fundamental al libre desarrollo de la personalidad y su dignidad inherente, así como los Principios de Yogyakarta ratificados por la Comisión Internacional de Juristas para la aplicación de los instrumentos internacionales en
relación a la orientación sexual y la identidad de género.
Recordando que conforme al artículo 7.1.h) del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional 'se entenderá por crimen de lesa humanidad cualquiera de los actos siguientes cuando se cometa como parte de un ataque generalizado o sistemático
contra una población civil [ ...] h) Persecución de un grupo o colectividad con identidad propia fundada en motivos políticos, raciales, nacionales, étnicos, culturales, religiosos, de género, definido en el párrafo 3, u otros motivos universalmente
reconocidos como inaceptables con arreglo al derecho internacional, en conexión con cualquier acto mencionado en el presente párrafo o con cualquier crimen de la competencia de la Corte' y que conforme al artículo 7.2.g) del mismo texto 'por
'persecución' se entenderá la privación intencional y grave de derechos fundamentales en contravención del derecho internacional en razón de la identidad del grupo o de la colectividad', siendo la persecución penal de un colectivo la persecución
'generalizada o sistemática' por excelencia.
Recordando, del mismo modo, que conforme al artículo 7.2.a) de tal Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional 'por 'ataque contra una población civil' se entenderá una línea de conducta que implique la comisión múltiple de actos
mencionados en el párrafo 1 contra una población civil, de conformidad con la política de un Estado o de una organización de cometer ese ataque o para promover esa política', y que el artículo 7.1.3) penaliza los asesinatos y ejecuciones de miembros
del grupo perseguido, y el artículo 7.1.e) la encarcelación u otra privación grave de la libertad física en violación de normas fundamentales de derecho internacional.
Desde el Grupo Parlamentario Ciudadanos estamos decididos a no guardar silencio ante estas situaciones, así como a contribuir en lo posible desde el Congreso de los Diputados a la defensa de los más elementales Derechos Humanos de todas esas
personas, cruelmente perseguidas, encarceladas, sometidas a trabajos forzados y castigos físicos, e incluso condenadas a muerte por su orientación sexual o identidad de género.
Por todo lo anterior, el Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'1. El Congreso de los Diputados declara el 17 de mayo como Día oficial contra la homofobia, la lesbofobia, la transfobia y la bifobia en España, y expresa su más firme rechazo a tales formas de discriminación, sean estas de carácter
público o privado, como grave violación de los derechos humanos.
2. El Congreso de los Diputados expresa su solidaridad con las miles de personas en el mundo que, en pleno siglo XXI, continúan siendo cruelmente perseguidas, encarceladas, sometidas a trabajos forzados, castigos físicos e incluso, en los
casos más atroces, condenadas a muerte, o asesinadas, en razón de su mera orientación sexual o identidad de género, y reconoce tales conductas como formas de crímenes contra la humanidad.
3. El Congreso de los Diputados insta urgentemente al Gobierno de España a que:
a) Promueva ante la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, haciendo uso efectivo de las facultades que le confiere el artículo 14 del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, una investigación oficial e independiente de la
persecución que vienen sufriendo miles de gays, lesbianas, transexuales y bisexuales en distintos lugares del mundo, en tanto que crimen de lesa humanidad del artículo 7.1. h) del Estatuto de Roma en relación a sus artículos 7.1.a) y e) y 7.2.g).
b) Inste, como miembro del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas para el período 2018-2020, una resolución concreta y efectiva que promueva el cese de la inhumana persecución penal de todas estas personas en razón de su mera
orientación sexual o identidad de género, así como para promover su completa protección ante otros actos de persecución igualmente inhumanos por parte de actores no estatales.
4. El Congreso de los Diputados manifiesta su pleno compromiso de seguir trabajando en la eliminación de todas las barreras y formas de discriminación que, todavía hoy, siguen afectando a homosexuales, lesbianas, transexuales y bisexuales
en el día a día, así como a seguir trabajando en la construcción de una sociedad más comprometida y respetuosa con los derechos humanos.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de julio de 2018.-Patricia Reyes Rivera, Diputada.-Miguel Ángel Gutiérrez Vivas, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad
161/003484
A la Mesa de la Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad
El Grupo Parlamentario Mixto, a instancia de don Íñigo Alli Martínez y don Carlos Salvador Armendáriz, Diputados de Unión del Pueblo Navarro/UPN, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del Reglamento, presentan la
siguiente Proposición no de Ley relativa a la educación inclusiva de las personas con discapacidad en España, para su debate en Comisión.
Exposición de motivos
El Comité de los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas desarrolló una investigación en España para dilucidar si en nuestro país se incumple el artículo 24 de dicha Convención en relación al derecho a la
inclusión.
En septiembre de 2014 el Comité recibió información que alegaba violaciones del artículo 24 de la Convención y que solicitaba al Comité llevar a cabo una investigación sobre el tema. En enero de 2015, el grupo de trabajo sobre
comunicaciones e investigaciones del Comité consideró que la información recibida era fiable e indicativa de posibles violaciones graves o sistemáticas del derecho a la educación y decidió registrar la solicitud. De conformidad con el artículo 6,
párrafo 1, del Protocolo Facultativo y el artículo 83, párrafo 1, de su reglamento, el pleno del Comité en su 14.º período de sesiones (17 de agosto a 4 de septiembre de 2015), decidió transmitir la información recibida al Estado parte e invitarlo a
cooperar en el examen de la misma y, con tal fin, a presentar sus observaciones antes del 1 de noviembre de 2015. El Estado parte presentó sus observaciones el 13 de noviembre de 2015.
Durante su 15.º período de sesiones (29 de marzo a 21 de abril de 2016), el Comité, de conformidad con el artículo 6, párrafo 2, del Protocolo Facultativo y el artículo 84, párrafo 1, del reglamento, examinó las observaciones formuladas por
el Estado parte, además de información complementaria de otras fuentes, decidió establecer una investigación sobre las presuntas violaciones y designó a tres de sus miembros para desarrollarla. El 24 de mayo de 2016, el Comité recibió una solicitud
de uno de los órganos del mecanismo de vigilancia independiente designado conforme al artículo 33, párrafo 2, de la Convención, solicitando que se estableciera una investigación sobre presuntas violaciones al derecho a la educación de personas con
discapacidad. Al tratarse de información que ya había sido previamente analizada por el Comité, y dada la fiabilidad de la fuente, el Comité decidió acumular esta solicitud a la investigación en curso. El Comité comunicó las decisiones previamente
citadas al Estado parte el 30 de junio de 2016.
Las conclusiones son duras: existe en algunos casos una exclusión de estudiantes con discapacidades de la educación general, lo que equivale a una violación del derecho a la educación de esos estudiantes en virtud de la Convención sobre los
derechos de las personas con discapacidad, según lo que los expertos en derechos humanos de la ONU dijeron en un informe publicado el pasado 29 de mayo del presente año en Ginebra.
En España existe un único sistema escolar donde los alumnos con necesidades educativas especiales son atendidos bajo diversas modalidades de escolarización: Educación Ordinaria, Educación Especial, Aulas Específicas y Escolarización
Combinada.
En ese sentido, las personas con discapacidad presentan capacidades y necesidades distintas, por tanto, la inclusión educativa debe contemplar cada situación de modo individualizado en cualquiera de las modalidades educativas y siempre
buscando la inclusión, la autonomía y el desarrollo de las personas con discapacidad.
Desde la libertad de decisión de los padres a decidir la modalidad y en aras a lograr la mayor calidad educativa en función de las necesidades especiales de los niños con discapacidad y por todo lo expuesto, se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'La Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad insta al Gobierno de España a:
Desarrollar un Plan Nacional Educativo Inclusivo de las Personas con Discapacidad en coordinación con las Comunidades Autónomas y la Comunidad Foral de Navarra al amparo del informe de investigación del Comité sobre los Derechos de las
Personas con Discapacidad.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de junio de 2018.-Íñigo Jesús Allí Martínez y Carlos Casimiro Salvador Armendáriz, Diputados.-Carles Campuzano i Canadés, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.
161/003490
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Miguel Ángel Gutiérrez Vivas, Portavoz Sustituto del Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de
Ley para la creación de un Plan de Promoción y Desarrollo del Turismo Accesible, para su debate en la Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad.
Exposición de motivos
Los viajes y el turismo se han convertido en el sector de mayor volumen y más rápido crecimiento del mundo y siguen creciendo de manera constante año tras año. En 2017 visitaron España 81,8 millones de turistas lo que supuso un incremento
del 8,6% con respecto a 2016. Con mil millones de turistas internacionales, los países están incorporando cada vez en mayor medida el turismo como parte de sus estrategias de desarrollo nacional, considerándolo un motor eficaz de crecimiento
económico y desarrollo inclusivo, que genera empleo y bienestar para las comunidades.
La provisión de infraestructuras turísticas y medios de transporte seguros, cómodos y económicos es un factor clave para el éxito del turismo. Una infraestructura que no atienda adecuadamente a las necesidades de las personas con
discapacidad, incluidos los bebés y las personas mayores, excluye a muchos destinos de este prometedor mercado. Sin embargo, por la manera en que están diseñados el entorno, los sistemas de transporte y los servicios, las personas con discapacidad
y las personas que experimentan problemas de movilidad o de acceso a la información no pueden a menudo disfrutar de la misma libertad para viajar que los demás ciudadanos.
Los problemas de accesibilidad son innumerables, el visitante puede verse afectado en cada parte del recorrido, ya sea en el acceso a la información, en el transporte local, el alojamiento, las visitas o la participación en eventos
culturales o deportivos, ya sea como espectador o como participante. La OMT es consciente de esta situación desde que en la Asamblea General de 1991 se aprobaron las primeras recomendaciones dedicadas a la promoción del turismo accesible, revisadas
más tarde en 2005. Con la ratificación de la Convención de las Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad (2007), se ha dedicado una mayor atención a las obligaciones del sector turístico de garantizar que las personas con
discapacidad puedan ejercer su derecho a disfrutar del ocio, el deporte y el turismo en igualdad de condiciones que el resto de ciudadanos. Los Estados parte en la Convención deberían liderar el camino para guiar a los sectores público y privado a
fin de que el turismo sea accesible para todos los ciudadanos. Como se reconoce en la Declaración sobre la facilitación de los desplazamientos turísticos adoptada por la Asamblea General de la OMT en su resolución 578(XVIII) de 2009, el facilitar
los viajes turísticos a las personas con discapacidad es un elemento esencial de cualquier política de desarrollo del turismo responsable. Por lo tanto, incorporar las cuestiones de la discapacidad como parte integrante de las estrategias
pertinentes de desarrollo sostenible garantizará que las políticas y prácticas del turismo integren a las personas con discapacidad, dando lugar a un turismo equitativo y accesible para todos.
Hoy en día, el sector turístico reconoce que las personas con discapacidad tienen los mismos derechos a las oportunidades y servicios turísticos: viajes independientes, instalaciones accesibles, personal con formación adecuada, información
fiable y un marketing inclusivo. Dado que la demanda de turismo accesible para todos va en aumento, hoy se considera más como una oportunidad que como una obligación.
Si el sector turístico quiere mantener y desarrollar la calidad, la sostenibilidad y la competitividad, debería apoyar y desarrollar el turismo de acceso universal, ya que ofrece ventajas para todo el mundo. Si son más las personas que
tienen la posibilidad de viajar, el sector turístico consigue más visitantes, temporadas más largas y nuevos ingresos. La sociedad en su conjunto se beneficia de las nuevas oportunidades de empleo, de los mayores ingresos fiscales y de un entorno
accesible tanto para la población como para los visitantes. En este contexto, el turismo accesible para todos no consiste solamente en permitir el acceso de las personas con discapacidad, sino que tiene en cuenta también la creación de entornos de
diseño universal que puedan ayudar a las personas que sufren una discapacidad temporal, a las familias con niños pequeños y a una población cada vez más envejecida, además de ofrecer un entorno más seguro de trabajo para los empleados.
Según la Organización Mundial de la Salud (2011), hay aproximadamente mil millones de personas con discapacidad en el mundo. Esto significa que el 15% aproximadamente de la población mundial tiene diversidad funcional. A estos datos se
suma el hecho de que se está produciendo un rápido envejecimiento de la población. Para el año 2050, el número de personas mayores de 60 años se habrá incrementado hasta representar un 20% de la población mundial, con una quinta parte de este grupo
mayor de 80 años. Debido al envejecimiento de la población en los países industrializados, la tasa de discapacidad entre la población con posibilidad de viajar es cada vez mayor, aumentando así la demanda de entornos, transporte y servicios
accesibles, y añadiéndose valor al mercado del sector del turismo accesible.
La atención hacia el mercado del turismo accesible representa un desafío para el sector del turismo, en términos de mejorar las políticas y movilizar la inversión para realizar las mejoras necesarias de manera generalizada a corto y largo
plazo. Sin embargo, con el enfoque adecuado, el sector turístico también tiene una oportunidad de oro para servir a un mercado importante y en crecimiento, ganar nuevos clientes y aumentar los ingresos.
Turismo accesible para todos es una forma de turismo que implica un proceso de colaboración entre los interesados para permitir a las personas con discapacidad acceso (en distintas dimensiones, entre ellas las de movilidad, visión, audición
y cognición) para funcionar independientemente, con igualdad y dignidad, gracias a una oferta de productos, servicios y entornos de turismo diseñados de manera universal.
Las recomendaciones de la OMT indican las medidas pertinentes para asegurar el acceso de las personas con discapacidad, en igualdad de condiciones con las demás, al entorno físico, el transporte, la información y las comunicaciones,
incluidos los sistemas informáticos y la tecnología de la información y las comunicaciones, y a otros servicios e instalaciones abiertos al público o de uso público. La accesibilidad debería estar presente en toda la cadena turística, las
conexiones entre todos los lugares, servicios y actividades deberían estar bien planificadas y probadas. El personal de los lugares turísticos desempeña un papel importante en la reducción de las posibles deficiencias de acceso o la solución de las
dificultades imprevistas y su formación en la conciencia de la discapacidad y la atención al cliente puede minimizar las barreras que encuentran las personas con discapacidad. El personal de los establecimientos turísticos y de los servicios afines
debería estar preparado para conocer, entender y tratar las necesidades que planteen los clientes con alguna discapacidad.
En virtud de la Convención de las Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad, el personal debería recibir una formación adecuada respecto a los derechos de las personas con discapacidad, a fin de prestar mejor
asistencia y los servicios garantizados por esos derechos, supervisar y prestar los servicios necesarios y explicar el funcionamiento de las instalaciones diseñadas para clientes con discapacidad. Entre el personal debería haber empleados que
conozcan los medios de comunicarse con discapacitados sensoriales.
La Administración autonómica y estatal en materia de turismo tiene un papel esencial a la hora de facilitar y coordinar las acciones consultivas entre los diferentes agentes involucrados e impulsar políticas de turismo accesible de una
manera transversal. Toda esta labor ha de fundamentarse en mecanismos de seguimiento de responsabilidades y evaluación de resultados de todas las partes implicadas, especialmente del sector público, con el fin de asegurar un compromiso político,
una mejor gobernanza y más transparencia.
La concienciación en cuanto a la estandarización pasa por la implantación de estándares de calidad claramente definidos para aplicar en las empresas turísticas y por la inclusión de los mismos dentro de la legislación vigente. Las personas
con discapacidad precisan de garantías para vivir con plenitud de derechos o para participar en igualdad de condiciones que el resto de ciudadanos en la vida económica, social y cultural de la sociedad. La Constitución Española, en su artículo 14,
reconoce la igualdad ante la ley, sin que pueda prevalecer ningún tipo de discriminación. Por su parte, el artículo 9.2 de la misma establece que corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad de las
personas sean reales y efectivas, removiendo los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitando su participación en la vida política, cultural y social. El artículo 10 de la Constitución, relativo a los derechos y deberes
fundamentales, establece la dignidad de la persona como fundamento del orden político y de la paz social. Sobre la base de estos preceptos, la Constitución, en su artículo 49, refiriéndose a las personas con discapacidad, ordena a los poderes
públicos que presten la atención especializada que requieran y el amparo especial para el disfrute de sus derechos. Los poderes públicos
deben, por tanto, asegurar que las personas con discapacidad puedan disfrutar de todos los derechos humanos: civiles, políticos, sociales, económicos y culturales.
También en el ámbito internacional existe una gran sensibilidad en torno a la igualdad de oportunidades y a la no discriminación por cualquier condición o circunstancia personal o social. Así, tanto las Naciones Unidas como el Consejo de
Europa o la Unión Europea vienen trabajando en la elaboración de documentos sobre la protección de los derechos de las personas con discapacidad.
En este sentido, el artículo 21 de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea reconoce el derecho a no ser discriminado por razón de discapacidad, mientras que su artículo 26 reconoce el derecho de las personas discapacitadas a
beneficiarse de medidas que garanticen su autonomía, su integración social y profesional y su participación en la vida de la comunidad. Igualmente, el artículo 13 del tratado constitutivo de la Comunidad Europea habilita al Consejo para adoptar
acciones adecuadas para luchar contra la discriminación por motivos de sexo, de origen racial o étnico, religión o convicciones, discapacidad, edad u orientación sexual.
En el artículo 22.1 del Real Decreto Legislativo 1/2013 se establece: 'Las personas con discapacidad tienen derecho a vivir de forma independiente y a participar plenamente en todos los aspectos de la vida. Para ello, los poderes públicos
adoptarán las medidas pertinentes para asegurar la accesibilidad universal, en igualdad de condiciones con las demás personas, en los entornos, procesos, bienes, productos y servicios, el transporte, la información y las comunicaciones, incluidos
los sistemas y las tecnologías de la información y las comunicaciones, así como los medios de comunicación social, y en otros servicios e instalaciones abiertos al público o de uso público, tanto en zonas urbanas como rurales'.
Y el artículo 34 establece otras medidas públicas de accesibilidad, como:
'1. Las Administraciones públicas habilitarán en sus presupuestos las consignaciones necesarias para la financiación de las adaptaciones en los inmuebles que de ellos dependan.
2. Al mismo tiempo, fomentarán la adaptación de los inmuebles de titularidad privada, mediante el establecimiento de ayudas, exenciones y subvenciones.
3. Además, las Administraciones competentes en materia de urbanismo deberán considerar, y en su caso incluir, la necesidad de esas adaptaciones anticipadas, en los planes municipales de ordenación urbana que formulen o aprueben.
4. Los ayuntamientos deberán prever planes municipales de actuación, al objeto de adaptar las vías públicas, parques y jardines a las normas aprobadas con carácter general, viniendo obligados a destinar un porcentaje de su presupuesto a
dichos fines.'
La sociedad en general, y los poderes públicos en particular, tienen el deber de facilitar la accesibilidad al medio de todos los ciudadanos.
Las Administraciones públicas a todos los niveles pueden y deben ayudar en la construcción de los planes de venta y promoción del turismo accesible de varias maneras. Principalmente pueden aportar el liderazgo político y estratégico para el
desarrollo de iniciativas de turismo accesible, impulsando y estimulando las acciones de las empresas. Facilitando una dirección clara y promoviendo los acuerdos, las Administraciones de turismo pueden iniciar programas para cambiar y ayudar a
incrementar la calidad, así como mantener el impulso en el desarrollo de actividades en los destinos.
Con un enfoque integrado, que incluya las acciones desde niveles nacionales a niveles locales, las pequeñas empresas que ofrecen servicios accesibles deben ser apoyadas por las Administraciones de gestión de destinos de manera que el destino
accesible y todas sus ofertas se promuevan dentro de un marco integral.
Las Administraciones de turismo a nivel nacional, local o regional son socios cruciales para las pequeñas empresas a la hora de hacer plenamente accesible el sector turístico.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Establecer un Plan de Promoción y Desarrollo del Turismo Accesible que incluya la implantación de indicadores y de estándares de calidad en la accesibilidad claramente definidos para que sean aplicados por las empresas turísticas, un
programa de financiación y ayudas a las empresas del sector para la accesibilidad de las instalaciones y servicios y un programa de accesibilidad turística que facilite
un acercamiento comprensible de los problemas derivados de la no accesibilidad, reconozca la responsabilidad social corporativa y aliente a las empresas a ver los beneficios económicos y sociales de la oferta de productos accesibles. Los
puntos básicos que debe abordar son los siguientes:
a) Planes de accesibilidad en municipios y lugares de interés turístico.
b) Campañas para aumentar la conciencia y comprensión de la industria de las necesidades de accesibilidad de los turistas.
c) Fomento de productos nuevos y existentes para sacar provecho de los beneficios que proporciona el turismo accesible.
d) Difusión de información sobre los productos turísticos accesibles y atractivos.
2. Adoptar las medidas pertinentes para garantizar el acceso de las personas con discapacidad, en igualdad de condiciones con las demás, al entorno físico, el transporte, la información y las comunicaciones, incluidos los sistemas
informáticos y la tecnología de la información y las comunicaciones, y todos los servicios e instalaciones de la cadena turística, asegurándose las conexiones entre todos los lugares, servicios y actividades.
3. Adoptar medidas orientadas a la formación en turismo accesible del personal laboral en todos los niveles profesionales, para poder responder a las necesidades de los turistas con distintos perfiles, a fin de prestar mejor asistencia y
servicio, mejorando la competitividad y accesibilidad del sector.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de junio de 2018.-Miguel Ángel Gutiérrez Vivas, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
161/003504
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa al desarrollo de un Plan de
Accesibilidad, para su debate en la Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad.
Exposición de motivos
La accesibilidad de las personas con discapacidad al entorno físico, social, económico y cultural; a la salud y la educación; y a la información, las comunicaciones y la tecnología, es esencial para que estas puedan gozar plenamente de
todos los derechos humanos y las libertades fundamentales.
Por ese motivo, los poderes públicos, tanto nacionales como internacionales, han puesto en marcha instrumentos normativos, como la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, firmada y ratificada por España,
y el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, que apuestan por la accesibilidad como elemento integrador.
Concretamente, la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social establece en su artículo 22 que 'las personas con discapacidad tienen derecho a vivir de forma independiente y a participar plenamente en
todos los aspectos de la vida', teniendo los poderes públicos que adoptar para ello, 'las medidas pertinentes para asegurar la accesibilidad universal, en igualdad de condiciones con las demás personas, en los entornos, procesos, bienes, productos y
servicios, el transporte, la información y las comunicaciones, incluidos los sistemas y las tecnologías de la información y las comunicaciones, así como los medios de comunicación social y en otros servicios e instalaciones abiertos al público o de
uso público, tanto en zonas urbanas como rurales'.
En consonancia con las normas desarrolladas, durante la X Legislatura el Gobierno impulsó una serie de actuaciones orientadas a la promoción de la accesibilidad universal, entre las que cabe destacar el Plan de Acción sobre la Estrategia de
Discapacidad 2014-2016, que además de fijar la accesibilidad como un eje de actuación primordial, profundiza en ámbitos como el empleo, la igualdad, la educación y la economía.
Por otro lado, la accesibilidad también ha formado parte de la agenda política del Congreso de los Diputados. Sin ir más lejos, durante esta Legislatura se ha debatido sobre la importancia de garantizar unas condiciones básicas de
accesibilidad para las personas con discapacidad.
Sin embargo, a pesar de los progresos normativos y políticos en la materia, todavía existen ámbitos en los que las personas con discapacidad encuentran barreras que les impiden alcanzar un desarrollo personal pleno.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno, en el marco del Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, a desarrollar un Plan de Accesibilidad para las personas con discapacidad
que priorice la accesibilidad, especialmente en cuanto a los servicios públicos, y que tenga especial incidencia en el ámbito sociosanitario, a fin de potenciar la coordinación entre los servicios sociales, los servicios sanitarios y los de
entidades locales.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de julio de 2018.-Rafael Antonio Hernando Fraile, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Comisión de Derechos de la Infancia y Adolescencia
161/003450
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Miguel Ángel Gutiérrez Vivas, Portavoz Sustituto del Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de
Ley para desbloquear las adopciones internacionales en España, para su debate en la Comisión de Derechos de la Infancia y Adolescencia.
Exposición de motivos
parte 1
parte 2