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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 34, de 05/04/2016
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CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES
Año 2016 XI LEGISLATURA Núm. 34
INTERIOR
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. RAFAEL MERINO LÓPEZ
Sesión núm. 3
celebrada el martes,
5 de abril de 2016
ORDEN DEL DÍA:
Proposiciones no de Ley:
- Relativa a los incendios sufridos en Asturias en el mes de diciembre de 2015 y primeros días de enero de 2016. Presentada por el Grupo Parlamentario Mixto. (Número de expediente 161/000001) ... (Página2)
- Sobre la derogación de la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana. Presentada por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana. (Número de expediente 161/000172)... (Página7)
- Relativa a la cesión gratuita de la antigua cárcel provincial de A Coruña. Presentada por el Grupo Parlamentario Podemos-En Comú Podem-En Marea. (Número de expediente 161/000141)... (Página14)
- Relativa a la adjudicación de chalecos antibalas de dotación individual a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Presentada por el Grupo Parlamentario Podemos-En Comú Podem-En Marea. (Número de expediente 161/000154)...
- Sobre la suspensión del ascenso a comisario principal obtenido en la última convocatoria. Presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 161/000219)... (Página21)
- Sobre las responsabilidades del Gobierno por frenar determinadas investigaciones de corrupción. Presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 161/000220)... (Página25)
Se abre la sesión a las diez y treinta minutos de la mañana.
PROPOSICIONES NO DE LEY:
- RELATIVA A LOS INCENDIOS SUFRIDOS EN ASTURIAS EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2015 Y PRIMEROS DÍAS DE ENERO DE 2016. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO. (Número de expediente 161/000001).
El señor PRESIDENTE: Señorías, vamos a dar comienzo a la sesión, cuyo orden del día como todos bien conocen consiste en el debate y la aprobación, en su caso, de proposiciones no de ley. En principio, si les parece bien, aunque yo creo que
no va a ser el caso, podríamos fijar la hora de votación a partir de las doce y media. Yo supongo que se retrasará un poco, pero es preferible quedarnos cortos y si luego hay que seguir con la Comisión, pues se alarga.
Quiero recordar que en la reunión de la Mesa y portavoces del pasado 30 de marzo se acordó que los tiempos fueran de cinco minutos para el grupo autor de la propuesta, de tres minutos para los grupos enmendantes y de tres minutos para la
fijación de posición del resto de los grupos. Asimismo, quiero recordarles que las proposición no de ley se votan en su integridad, con las enmiendas aceptadas, sean transaccionales o no. Si se vota la proposición no de ley en sus propios
términos, sin enmiendas, solo caben votaciones separadas del texto de la PNL, si no se opone el grupo autor de la misma.
Sin más, pasamos al debate de la primera proposición no de ley presentada por el Grupo Mixto, Foro Asturias. (El señor Salvador Armendáriz pide la palabra). Señor Salvador.
El señor SALVADOR ARMENDÁRIZ: Señor presidente, intervengo por una cuestión de orden, para solicitar su venia y para manifestar que será el titular proponente de esta PNL dentro del Grupo Mixto, Foro Asturias, quien intervendrá en este
asunto.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Salvador. No hay ningún problema.
A continuación debatiremos la proposición no de ley del Grupo Mixto, presentada por Foro Asturias y defendida por su representante, relativa a los incendios sufridos en Asturias en el mes de diciembre de 2015 y primeros días de enero de
2016. Les pediría, por favor, que al objeto de facilitar el trabajo de esta Mesa y esta Presidencia se atengan lo máximo posible a los tiempos que ustedes mismos acordaron.
Como va a ser defendida por el representante del Foro Asturias, tiene la palabra el señor Martínez Oblanca.
Muchas gracias.
El señor MARTÍNEZ OBLANCA: Muchas gracias, señor presidente.
Muy buenos días a todos. Asturias sufrió entre el 19 diciembre del pasado año 2015 y los primeros días de 2016 una inusitada sucesión de virulentos incendios forestales, que afectaron a 58 de sus 78 municipios y calcinaron, según el balance
oficial, más de 122 kilómetros cuadrados. En un solo día se llegaron a contabilizar 147 focos simultáneos de fuego. Permítanme aprovechar mi presencia en esta importante tribuna nacional, como es la Comisión de Interior, para sumar una vez más la
voz del Foro a las muestras de gratitud hacia todos aquellos efectivos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, civiles y militares, voluntarios, vecinos, lugareños, etcétera, que participaron en el combate contra el fuego en aquellas jornadas
angustiosas e interminables, a veces en entornos de gran riesgo. Quiero que quede constancia también de nuestro tributo póstumo al piloto don José Antonio Rodríguez Bajo, que falleció a los mandos de su helicóptero en las complejas tareas de
extinción de las llamas declaradas en el municipio de Parres. La oleada de incendios favorecida por unas calurosas condiciones climáticas excepcionales en el inicio del invierno fue tan generalizada, tan prolongada en el tiempo y en no pocos casos
tan alarmante que de hecho la Junta General del Principado de Asturias ha creado una comisión de investigación parlamentaria que comenzará su actividad mañana mismo. Todo ello, por supuesto, sin menoscabo de las correspondientes pesquisas oficiales
de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, que están realizando, y las responsabilidades que su caso determine las autoridades judiciales en los diferentes procedimientos abiertos.
Señorías, con esta proposición no de ley queremos apelar a las facultades extraordinarias del Gobierno que están, entre otras emergencias, para mitigar los graves daños causados por catástrofes. Por eso proponemos que esta Comisión de
Interior del Congreso inste al Gobierno en funciones a aprobar ayudas
y medidas paliativas por estos incendios. En todo caso, son medidas que no pueden esperar porque, además de los cuantiosos e irreparables daños al patrimonio natural, el fuego también se llevó por delante viviendas, enseres, explotaciones
agrarias, ganaderas, forestales, etcétera. Es decir, se trata de proporcionar respaldo económico a quienes ya de por sí tenían unas condiciones económicas difíciles por vivir en zonas rurales y apartadas de las comodidades de las urbes y que a
partir de los incendios se les ha agudizado mucho más, incluso perdiéndolo todo.
Lo reclamamos aquí conocedores de que el Consejo de Gobierno autonómico ya ha expresado sus carencias para afrontar la prestación de ayudas a los afectados. El propio presidente del principado calificó públicamente de exiguas las
posibilidades presupuestarias de su Gobierno para paliar las necesidades derivadas de esta catastrófica serie de más de 360 incendios. Ni que decir tiene que muchos ayuntamientos, singularmente los de aquellos concejos con más estragos acumulados,
carecen de capacidad para afrontar con sus modestos recursos propios las ayudas a sus vecinos y las tareas de recuperación de los territorios devastados por las llamas. Le señalo, en este sentido, que los daños medioambientales son de enorme
magnitud, por lo que también repercutirá socialmente con secuelas muy severas sobre unas zonas rurales en las que las explotaciones forestales y agroganaderas son clave para el desarrollo económico. Solo el gran incendio que afectó a Boal y El
Franco supone pérdidas económicas superiores a los 10 millones de euros.
La iniciativa parlamentaria de Foro, primera de las registradas para su debate ante esta Comisión de Interior, fue realizada exactamente un mes después de que adquiriésemos como representantes políticos ante los rescoldos humeantes de los
parajes de Riobón, Hervedeiras, La Rebollada y La Peruyeira, todos en el municipio de El Franco, el compromiso con sus habitantes para impulsar fórmulas de ayuda ante aquel desastre. Aun así, nada hacía presagiar que la víspera del 20 diciembre,
coincidente con la celebración de las elecciones generales, se estaba iniciando una calamitosa sucesión de incendios que se prolongaría hasta el 3 enero por gran parte de Asturias.
Finalmente, quiero señalar que desde el registro de nuestra iniciativa parlamentaria se han publicado balances oficiales y se han podido precisar más los datos. Por eso, nos hemos autoenmendado y hemos ampliado en dos puntos la proposición
original para dar respaldo a las peticiones realizadas al Gobierno por los responsables del principado y también para mandatar al Ministerio del Interior en el cómputo de los daños producidos por los incendios en las cuatro comunidades de la cornisa
cantábrica -Euskadi, Cantabria, Asturias y Galicia-, a los efectos de que España presente ante la Unión Europea una solicitud de ayudas con cargo al Fondo de solidaridad, que se estableció precisamente para asistir a aquellas regiones que han
sufrido catástrofes con repercusiones graves en sus condiciones de vida, medio natural y en su economía, como es el caso.
Muchísimas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría, por su explicación y sobre todo por su cumplimiento estricto del tiempo. Doy por entendido que ha defendido ya la enmienda que ha presentado, ¿no? (Asentimiento). Gracias.
A esta proposición se han presentado varias enmiendas. En primer lugar, pasamos a la enmienda presentada por el Grupo Socialista.
La señora CANTERA DE CASTRO: Gracias, presidente.
Señorías, estoy aquí en representación del Grupo Socialista que mantiene una línea que conculca con el objetivo final de la proposición no de ley, en cuanto a que se tienen que reparar los daños que se han producido durante este invierno por
estos incendios. No obstante, para proceder a la reparación de estos daños se debe establecer un marco legislativo, un marco vigente que permita llevar a cabo de manera adecuada y transparente la transferencia de estas ayudas para así poder reparar
tanto los daños morales como los daños materiales que se hayan producido en estos incendios.
Sin embargo, quiero recordar a sus señorías que con el Real Decreto-ley 12/2015, de 30 octubre, se aprobaron una serie de ayudas para las inundaciones que sufrieron tanto la Comunidad Autónoma de Canarias como el sur y el este de la
península. Este mismo real decreto establecía en su artículo 1, apartado 3, que el propio Gobierno podría establecer posteriormente mediante legislación de un nuevo real decreto la ampliación de estas medidas a cualquier parte del territorio
español en cualquier tipo de catástrofe. En esto se basa principalmente nuestra enmienda. Nuestra enmienda se basa en instar al Gobierno a aprobar con la máxima urgencia, como bien se ha planteado en la PNL, un real decreto que
permita el establecimiento de ese marco legal para proceder a estas ayudas, bien sea mediante créditos, bien sea mediante reposición material, bien sea mediante repoblación forestal.
En esta línea este real decreto establecía que se podía aplicar hasta el 9 de enero de 2016, entrando por tanto en el marco temporal que el compañero de Foro Asturias ha establecido, puesto que los incendios se produjeron hasta el 3 enero.
Dado esto, lo que sí solicita mi grupo parlamentario es que si se lleva a cabo la aprobación de un real decreto de urgencia, con la aceptación de esta enmienda, las ayudas que se apliquen sean con la mayor transparencia, en virtud de lo que el
pueblo actualmente está demandando.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora diputada.
Hay otra enmienda que ha sido presentada por el Grupo Parlamentario Popular y para su defensa, tiene la palabra su portavoz.
La señora GARCÍA-PELAYO JURADO: Gracias, señor presidente.
En nombre del Grupo Parlamentario Popular quiero comenzar mi primera intervención en la Comisión de Interior del Congreso de los Diputados manifestando una vez más, en nombre del Grupo Parlamentario Popular, nuestra solidaridad con todo el
pueblo asturiano que padeció unos hechos que fueron de enorme magnitud y que no solamente afectaron a su hermoso patrimonio natural, sino que también ocasionaron graves daños personales, incluso incendios que se llevaron por delante la vida de un
ser humano cuyo trabajo estaba dedicado precisamente a salvar la vida y el patrimonio de los demás, como fue el piloto del helicóptero José Antonio Rodríguez, para el cual por supuesto solicitamos y nos sumamos a cualquier reconocimiento que se haga
desde Asturias e incluso también desde el propio Gobierno de España a petición del Gobierno asturiano. Asimismo, queremos felicitar a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, Protección Civil, bomberos, policías locales, policías autonómicas,
a todos los voluntarios que generosamente también se implicaron en la extinción de estos incendios y que, por lo tanto, hay que hacerles también este debido reconocimiento.
El Grupo Parlamentario Popular quiere manifestar lo siguiente en relación con esta propuesta. En primer lugar, hay una normativa que es el Real Decreto 307/2015, 18 marzo, que regula no solamente para este caso sino para todos los casos que
como este ocurran en nuestro territorio nacional y con total transparencia, la concesión de las indemnizaciones, las subvenciones que indemnicen los daños y perjuicios ocasionados por acontecimientos de este tipo. Además, la activación de los
procedimientos que se regulan el real decreto no requiere de iniciativa ninguna, sino que se activan los procedimientos para la concesión de estas indemnizaciones con carácter automático. Se indemnizan los daños personales y los daños materiales.
Se compensan también los pagos que haya que haber realizado por parte de los municipios que no pueden soportar de alguna manera, por situaciones de insolvencia o de complejidad económica. Se indemnizan también los daños en los establecimientos
mercantiles e industriales y también en los servicios. Asimismo, se indemniza a las personas físicas o jurídicas que hayan llevado a cabo prestaciones personales o de bienes a requerimiento de las autoridades competentes. Quiero decirles que a día
de hoy ya se han formado formalizado 65 solicitudes de ayuda por parte de estas personas perjudicadas y que han sido tramitadas por parte de la Delegación del Gobierno en Asturias e incluso ha sido indemnizan la familia de José Antonio Rodríguez
que, como he dicho anteriormente, perdió la vida en las labores de extinción de estos incendios. Por tanto, el real decreto existe, el real decreto es transparente, el real decreto recoge medidas para todo el territorio nacional y para hechos
similares al ocurrido en todo el territorio nacional. Se activa automáticamente y además está ya funcionando.
También en la Delegación del Gobierno en Asturias se ha creado una oficina, que es lo que solicita el Foro Asturias en el punto 3 de la proposición no de ley, para atender a todas las personas afectadas y ahí es precisamente donde se han
estado tramitando estas ayudas. Asimismo quiero trasladarles que el Ministerio del Interior y todo el Gobierno de España estuvo atento, pendiente y presente durante los meses de diciembre y de enero cuando se produjeron estos gravísimos incendios,
pero posteriormente el Gobierno ha seguido presente y seguirá presente hasta que todos los daños que se produjeron como consecuencia de ese incendio no queden salvados, tanto los patrimoniales como los naturales, tal y como viene recogido en el real
decreto.
Así, he de decirles que el 4 febrero el subsecretario del Ministerio del Interior estuvo en el Principado de Asturias y mantuvo una reunión en la Delegación del Gobierno con el delegado, el consejero de Presidencia, el consejero de
Participación Ciudadana, el director general de Justicia e Interior y un representante de la Federación Asturiana de Concejos, donde estuvieron poniéndose de acuerdo en
relación con la compensación de los daños producidos por los incendios. El 19 febrero se ha vuelto a producir otra reunión de coordinación, en este caso ya en Madrid, en la sede de la Dirección General de Protección Civil y Emergencia con
representación de distintos departamentos ministeriales y esto me gustaría destacarlo. Todo el Gobierno está implicado: el Ministerio del Interior, el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, el Ministerio de Agricultura, Alimentación y
Medio Ambiente, el Ministerio de Fomento e incluso el Ministerio de Presidencia que es está coordinando las actuaciones, junto con los delegados del Gobierno en Asturias y Cantabria y los representantes de las administraciones autonómicas. Ellos
han quedado en valorar las distintas alternativas que se deben poner encima de la mesa para la compensación adecuada de los daños. Quiero trasladarles, por lo tanto, que existe una normativa y que esta normativa funciona.
En relación con la enmienda del Grupo Socialista sí me gustaría trasladarles que es tarde, en este caso, para modificar la normativa. Esa modificación solo era posible antes de la entrada en vigor de la nueva Ley de Protección Civil, pero
la entrada en vigor se produjo el 9 de enero de este año. Sin embargo, eso no quiere decir que no se vaya a trabajar ni que no se vaya seguir trabajando, que no vayamos a seguir estando con el pueblo asturiano como ellos merecen y como ellos
necesitan. Por tanto, se irá cumpliendo con todos los compromisos que se vaya asumiendo junto con los representantes de los ciudadanos de Asturias.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
La última enmienda presentada corresponde al Grupo Parlamentario Ciudadanos.
El señor PRIETO ROMERO: Gracias, señor presidente.
Señorías, nuestra primera enmienda al apartado 1 pretende asegurar la extensión de los efectos del Real Decreto-ley 12/2015, al que hacía referencia la portavoz del Grupo Socialista, tras las inundaciones en la zona de Canarias, es decir,
aplicar este real decreto a las catástrofes derivadas de los incendios forestales que durante el pasado mes de diciembre asolaron Asturias y otras comunidades del norte de España. Esta parece ser la vía más rápida para dar respuesta a las
necesidades humanas y materiales de todo tipo que se han generado a los afectados, que deben ser prioritarias y que no admiten demora. Así lo entiende la Abogacía del Estado que, según noticias del pasado mes de enero, proponía este mecanismo para
actuar con urgencia y solventar así los obstáculos derivados de la situación de un Gobierno en funciones y la dilatación que podría suponer tramitar un real decreto-ley. Aunque también debemos entender que estamos abordando situaciones de
extraordinaria y urgente necesidad, que en ningún caso justifican la inactividad del Gobierno durante todo este tiempo, esté o no en funciones. A pesar de que parece ser que existía un compromiso del Gobierno, del Estado, para actuar en esta línea
sugerida por la Abogacía del Estado, conjuntamente con el Gobierno de Asturias, no nos consta que se haya hecho nada respecto.
Por otra parte, planteamos también en esta enmienda que aunque haya sido Asturias la comunidad más afectada, la que ha visto sucumbir un mayor número de hectáreas bajo el fuego y por tanto donde más daños se han producido, no podemos
desconocer que también se han producido daños, de mucha gravedad, en otras comunidades del norte, principalmente en Cantabria y País Vasco, que no pueden quedar al margen de las ayudas. Es al Gobierno de España a quien le corresponde delimitar, ya
que dispone de la información concreta, los concretos municipios afectados en cada comunidad autónoma. Por eso, introducimos en este punto 1 la mención al resto de las comunidades afectadas.
Finalmente, la enmienda al punto 3 se justifica por el hecho de que si hay un área precisamente donde la coordinación entre administraciones es absolutamente imprescindible, es el que hace referencia a la actuación en situaciones de
emergencias y catástrofes. Ese principio de coordinación administrativa atraviesa toda la Ley 17/2015, del Sistema Nacional de Protección Civil, que entró en vigor el pasado 10 de enero. Por ello, entendemos que esa oficina de atención a los
afectados, que adecuadamente se plantea no puede desconocer las obligaciones y competencias de los Gobiernos autonómicos, que además por tener un mejor conocimiento del terreno pueden dotar de mayor eficacia y rapidez al sistema de ayudas que se
desarrollen.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.
Entramos en el turno de fijación de posiciones. ¿Hay alguna intervención por el Grupo Mixto? (Pausa). ¿Por el Grupo Vasco, PNV? (Pausa).
Por el Grupo Parlamentario Catalán (Democràcia i Llibertat), señora Ribera.
La señora RIBERA I GARIJO: Señor presidente, intervengo para posicionarnos a favor de atender los graves daños sufridos, así como de las pérdidas de vidas humanas, y la situación de extraordinaria y urgente necesidad. Además, celebramos la
presentación de la iniciativa.
El señor PRESIDENTE: ¿Grupo de Esquerra Republicana?
El señor RUFIÁN ROMERO: Mi grupo también está a favor y celebra la iniciativa.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Rufián.
¿Por el Grupo Podemos?
El señor BRUZOS HIGUERO: Muchas gracias, señor presidente. Permítame que haga un previo, el nombre oficial de mi grupo es Grupo Podemos-En Comú Podem-En Marea y estaría bien que así se recogiera.
Vamos a votar a favor de esa iniciativa presentada por el Grupo Mixto, y especialmente por Foro Asturias. Sin embargo, queremos resaltar que la situación que se vive en los montes del conjunto del Estado y especialmente de Asturias, que en
este caso es el territorio del que se trata, pero también de Galicia, Cantabria y Euskadi, responde a una serie de decisiones políticas que hacen que vivamos los desastres que vivimos año tras año.
En ese sentido, queremos ejemplificar la política que lleva en concreto el Partido Popular en la anterior legislatura con la modificación de la Ley de Montes. En la anterior legislatura se modificó una ley que venía de un diálogo profundo
entre agentes forestales y organizaciones ecologistas, durante una etapa de diálogo que fue desde el año 1996 hasta el año 2003. Esa ley se modificó posteriormente, también con diálogo. Sin embargo, ese diálogo se rompió en la anterior legislatura
con la aprobación de una ley, de espaldas completamente tanto a organizaciones ecologistas, agentes sociales y demás. En este sentido, queremos resaltar dos aspectos tremendamente lesivos como son el ninguneo absoluto de los agentes forestales y la
eliminación de la protección del suelo quemado, ya que antes no podía ser recalificado el terreno desde que se quemaba hasta 30 años posteriores, pero en la actualidad se ha eliminado esa protección. De forma general decimos que no se está
realizando una gestión eficaz y eficiente del monte. No existe una política forestal, no existe una política agrícola ni ganadera, no existe una política de ordenación del territorio y no existe una política de fijación de la población, que ayude
precisamente al aprovechamiento sostenible del monte. Por tanto, no se destina ningún esfuerzo político a ningún tipo de política de cuidado de los montes y solo se dedica a la extinción. El 90% de la inversión se va precisamente a extinción y
solo hay un 10% para el resto de políticas forestales. Por eso, queremos realizar esa crítica. Nos parece adecuado que en esta iniciativa, que vamos a votar a favor porque es importante que se indemnice a quien tanto ha perdido con la lacra de los
incendios forestales, no se olvide que es necesaria la inversión pública, que hay que acabar con el negocio de las empresas privadas de extinción, que hay que acabar con la precarización de las condiciones laborales de los trabajadores de extinción
porque esas políticas son las que llevan al abandono de los montes, a la despoblación y a la desertización.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
Discúlpeme, pero es que tenía el nombre de su grupo en abreviatura. Por eso no he dicho el nombre completo, pero procuraré decirlo a partir de ahora.
Por el grupo proponente, tiene la palabra para fijar posición sobre la enmienda.
El señor MARTÍNEZ OBLANCA: Muchas gracias, señor presidente.
Permítame en este breve turno relacionado con las enmiendas a nuestra proposición no de ley que agradezca el apoyo anunciado a nuestra iniciativa y las aportaciones de los diferentes grupos, pero especialmente el esfuerzo que ha hecho el
Grupo Popular para buscar un punto de encuentro que facilite su apoyo a esta iniciativa. Desconozco finalmente cuál será el sentido de su voto, pero, en todo caso, quiero dejar constancia del esfuerzo que ha realizado para alcanzar ese esfuerzo.
De todas las enmiendas presentadas acepto la inclusión de las dos enmiendas del Grupo Mixto, que yo mismo formulé tras la actualización de los datos oficiales sobre los incendios, datos que fueron conocidos posteriormente a la presentación
de esta iniciativa parlamentaria. También acepto la enmienda de adición del Grupo Popular, con número de registro 844, que hace referencia al mantenimiento de los seguros agrarios combinados para afrontar la viabilidad de las explotaciones
agroganaderas ante daños causados por la climatología. Igualmente acepto la enmienda registrada con el número 826, del Grupo Socialista, defendida por la diputada doña Zaida Cantera y que pone énfasis en el Real Decreto-ley 12/2015, de 30 de
octubre, que si bien se elaboró entonces con motivo de las inundaciones en las islas Canarias prevé la posibilidad de que el Gobierno también mediante real decreto pueda declarar la aplicación de medidas a otras situaciones de emergencia que puedan
acaecer a cualquier parte del territorio nacional desde su entrada en vigor hasta el 9 de enero de 2016, con delimitación de los municipios y núcleos de población afectados. Es decir, que los municipios de toda la cornisa cantábrica afectados por
los incendios que finalizaron la primera semana del mes de enero puedan beneficiarse de este conjunto de medidas.
Por último, señor presidente, quiero señalar que acepto parcialmente la enmienda de modificación presentada por el Grupo Ciudadanos con número de registro 848. Concretamente acepto la enmienda que modifica el punto 3 de la proposición, que
ha defendido el diputado don Fidel Prieto. Para facilitar las cosas pasaré a la firma de los portavoces un texto transaccional que haré llegar a la Mesa de la Comisión.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.
- SOBRE LA DEROGACIÓN DE LA LEY ORGÁNICA DE PROTECCIÓN DE LA SEGURIDAD CIUDADANA. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO DE ESQUERRA REPUBLICANA. (Número de expediente 161/000172).
El señor PRESIDENTE: Entramos en el punto 2.º del orden del día: proposición no de ley sobre la derogación de la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana, presentada por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana. Para su
presentación tiene la palabra el portavoz del grupo proponente.
El señor RUFIÁN ROMERO: Muchas gracias, presidente.
Señorías, como saben, el pasado 26 de marzo de 2015 se aprobó en sede parlamentaria la denominada Ley Orgánica de Protección de Seguridad Ciudadana, común y acertadamente rebautizada en la calle como ley mordaza. Probablemente junto a la
reforma del Código Penal, sea la más indigna y reaccionaria de cuantas iniciativas legislativas ha ideado y ha aprobado ese rodillo político legislativo, reaccionario y absolutista, denominado Gobierno del Partido Popular en los últimos cuatro años.
Una ley que hace bueno a uno de los más restrictivos ministros del Interior de la historia de este país, con el permiso del inefable Jorge Fernández Díaz, por supuesto, el tristemente recordado José Luis Corcuera Cuesta, llamado Los experimentos se
hacen en casa con gaseosa y sobre todo a su aún más triste y restrictiva ley Corcuera, llamada ley de patada en la puerta, calificativos que creo que definen muy bien de lo que estamos hablando, antesala de este auténtico ataque a los derechos más
fundamentales de la ciudadanía denominada ley mordaza.
Una ley que escandaliza a Amnistía Internacional, a Naciones Unidas y a más de setenta organizaciones nacionales e internacionales proderechos humanos y que nos sitúa en el tercermundismo de los derechos civiles. Una ley que legaliza
recibir a palos y a pelotazos a centenares de personas que se encaraman cada día a una valla con cuchillas en Ceuta y Melilla, cuyo único delito es la miseria que les hizo marchar de sus países. Una ley que permite perseguir y criminalizar a la
Asamblea Nacional Catalana, a la par que tolera e ignora a la fascista Fundación Francisco Franco, una auténtica anomalía dentro de Europa. Una ley que permite detener y juzgar a activistas por el derecho a una vivienda digna y contra los
desahucios, mientras protege a insignes periodistas que se vanaglorian pública e impunemente de lo que harían con una escopeta frente a según qué políticos no afines. Una ley que restringe cualquier protesta frente a esta casa, frente al Congreso
de los Diputados, institución que recuerdo es del pueblo, por y para el pueblo, mientras tolera e ignora vergonzantes manifestaciones progolpistas en el aún más vergonzante mausoleo fascista pagado por todos llamado Valle de los Caídos, por cierto,
en el cual medita el actual ministro del
Interior. No lo digo, lo dice él. Quizá por ahí se entienda un montón de cosas de las que pasan en este país hoy en día.
Una ley que sigue fielmente los preceptos de La doctrina del shock de Naomi Klein, que atestigua cómo toda aplicación de medidas neoliberales requiere de una previa represión y violencia estatal. Una ley que dejaría a McCarthy como un
simple aficionado. Una ley que persigue la contestación y absuelve al fascismo. Una ley que aplaudirían aquellos fascistas que sumieron hace ya ochenta años en uno de los periodos más oscuros de la historia de este país a todo un pueblo y que aún,
a día de hoy, pasean impunemente por nuestras calles. Una ley que debería avergonzar a perpetuidad a sus creadores. Una ley que desde el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana exigimos por dignidad, decencia y sentido democrático derogar en
su absoluta totalidad.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Rufián.
Se han presentado enmiendas a esta proposición no de ley y una de ellas ha sido presentada por el Grupo Socialista.
El señor CAMACHO SÁNCHEZ: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, mi grupo parlamentario ha presentado una enmienda a esta proposición no de ley del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, porque consideramos que con la aprobación de esta ley por la que se modifica la Ley sobre Protección de
la Seguridad Ciudadana del año 1992, se conculcan derechos y libertades fundamentales, de expresión, reunión, manifestación y huelga, situando como principal objetivo no precisamente el libre ejercicio de los derechos fundamentales, sino la
seguridad ciudadana. Señorías, con esta ley que se denominó -creo que de una manera acertada- ley mordaza, ustedes, el Partido Popular -puesto que se aprobó solo con sus votos-, han eliminado la valoración judicial de una serie de conductas
sustrayéndolas del Código Penal, convirtiéndolas además al mismo tiempo en infracciones administrativas, lo que garantiza a la Administración un doble papel, el de juez y parte.
Señorías, mi grupo considera imprescindible la reforma de la ley mordaza para derogar todos aquellos preceptos que ya recurrimos ante el Tribunal Constitucional -recalco esto, todos aquellos preceptos que ya fueron recurridos ante el
Tribunal Constitucional- y aquellos otros que, aunque no vulneren principios constitucionales, no se acomodan a lo que en el siglo XXI debe considerarse como una sociedad libre y democrática, y que suponen un retroceso en el sistema de derechos y
libertades del que veníamos disfrutando los españoles. No podemos dejar sin protección, en este caso sin instrumento precisamente a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. La derogación total de la propia ley sería algo que no tendría mucho
sentido, pero sí la derogación de todo aquello que el Partido Popular introdujo en esa modificación en la pasada legislatura que todos conocemos como ley mordaza.
No voy a hacer ahora la lectura de todos y cada uno de los artículos que mi grupo recurrió ante el Tribunal Constitucional, pero sí me gustaría hacer una mención expresa, puesto que así aparece también en el texto que ha presentado Esquerra
Republicana, a las devoluciones 'en caliente' en las fronteras de Ceuta y Melilla. Señorías, el privar a un extranjero, a un ser humano, de su derecho a la tutela judicial efectiva, procediendo a la devolución a su país de origen mediante una
decisión totalmente arbitraria es, en primer lugar, ilegal, pero sobre todo es inhumano. Y esto es lo que hacen ustedes con esta ley, concretamente en su disposición final primera. Por lo tanto, señorías, mi grupo ha presentado esta enmienda a la
proposición no de ley presentada por Esquerra Republicana, con el objetivo de volver a la ley aprobada y que estaba en vigor en este país desde el año 1992. Ese es el objetivo de esta enmienda que planteamos ante esta Comisión.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Camacho.
El Grupo Parlamentario Ciudadanos también ha presentado una enmienda. Tiene la palabra.
El señor CLEMENTE GIMÉNEZ: Con el permiso del señor presidente.
Señorías, buenos días. El Grupo Parlamentario Ciudadanos ha presentado una enmienda a esta proposición no de ley del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana sobre la derogación de la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de Protección de
la Seguridad Ciudadana, también conocida coloquialmente como ley mordaza. Recientemente, en la pasada campaña electoral, en un conocido programa de televisión, nuestro actual presidente en funciones se refirió a ella con esta misma
denominación. No pareció molestarle el término y, es más, dijo que no veía problema alguno. Asimismo, en la pasada legislatura este Gobierno en funciones aprobó en solitario su Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana, que entró en
vigor recientemente; un texto legislativo muy restrictivo en derechos y libertades sociales que provoca un retroceso en derechos como el de libre expresión y en la libertad de las personas. Tras su aprobación, muchas infracciones penales
tipificadas como faltas que se han eliminado con la reforma del Código Penal, pasan a considerarse infracciones administrativas de carácter muy grave, grave o leve, dejando a criterio de los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado
lo que antes era exclusivamente sancionado por un juez. Por esta razón consideramos que el texto actual atenta contra el principio de la separación de poderes, ya que el Gobierno decidirá sobre asuntos que tendrían que decidir los jueces, a nuestro
juicio algo muy peligroso en democracia. Además, consideramos que esta ley parece un desliz impositivo del Gobierno, hoy en funciones, fruto del abuso del rodillo y de una mala praxis de la mayoría absoluta.
En consecuencia, sin dilación alguna debemos retocar algunas de las modificaciones introducidas por el Ejecutivo, especialmente aquellas que restringen los derechos de reunión, manifestación y libertad de expresión. En base a los recursos
ya presentados contra esta ley ante el Tribunal Constitucional, no vemos preceptivo derogar todos los artículos como hemos expuesto anteriormente, pero sí es necesaria una reforma profunda por suponer una limitación manifiesta de las libertades
individuales en algunos casos, sustituyendo el criterio de legalidad por el de oportunidad o eficacia para determinadas intervenciones, o la atribución a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad de poderes de decisión y de represión fundados en meros
indicios y sospechas que desplazan esas garantías judiciales, en actuaciones tales como las restricciones de tránsito y controles en las vías públicas, comprobaciones y registros en lugares públicos.
Concluyo esta intervención manifestando nuestro rechazo al texto de la citada ley, apoyamos su necesaria reforma que tiene su base en un regresivo efecto en el ejercicio de numerosos derechos de los ciudadanos por la aplicación de las normas
recogidas en su articulado, al imponer importantes limitaciones para los derechos fundamentales reconocidos en nuestra Constitución. Desde este grupo parlamentario continuaremos trabajando para preservar la cohesión social, la libertad y la
igualdad de oportunidades; en definitiva, el escrupuloso respeto a los derechos fundamentales e individuales, favoreciendo las políticas de carácter social necesarias para promover la cohesión y la defensa de las personas en situaciones de mayor
vulnerabilidad; acciones preventivas que puedan asegurar tanto el bienestar de nuestra ciudadanía como el aseguramiento de sus derechos y libertades fundamentales, ayudando a minimizar el efecto de la aplicación de esta ley si no se reforma como
pretendemos con esta enmienda. Como conclusión resaltaría lo siguiente: lo que afecta a los derechos fundamentales de los ciudadanos lo deben decidir siempre los jueces, así existiría una verdadera separación de poderes. Aunque aún no sea ese
nuestro caso, debemos aspirar a ello como en cualquier Estado de derecho que se precie.
Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señorías.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Clemente.
Para fijar su posición, en nombre del Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el señor Salvador.
El señor SALVADOR ARMENDÁRIZ: Muchas gracias, señor presidente.
Se ha dicho que el Grupo Parlamentario Popular apoyó exclusivamente esta norma y realmente no es cierto porque mi partido también la apoyó. Quiero decirlo abiertamente para aquellos que no lo sepan.
En relación con esta proposición no de ley, desde luego mi grupo parlamentario y yo no compartimos la valoración que se hace de ella, manifestada en la exposición de motivos. No creo que sea una norma que pretenda dotar de una cobertura
legal a la cotidiana práctica policial de persecución y represión de la protesta. No creo que sea una ley que pretenda una vuelta de tuerca más en la represión política, en el asentamiento de un Estado policial en detrimento del Estado de derecho,
no lo creo. No creo que mantenga la inseguridad, en fin, todas las expresiones que se han dicho hoy por el proponente; que sea una ley indigna, reaccionaria, absolutista, un ataque a los derechos fundamentales, escandalizante, tercer mundo de los
derechos civiles, una ley que legaliza la criminalización, del absuelve al fascismo, una ley vergonzante. Señorías, no coincidimos en esa valoración en absoluto. Es más, esas calificaciones nos parecen tremendamente injustas por un motivo que voy
a explicar. He escuchado ya a tres intervinientes, y la verdad es que me da pena, no lo que oído, pero sí que hagan una valoración y que no hayan sido capaces, señor presidente, señorías, de dar un solo dato, algo que indique que lo que dicen sea
real. Yo
supongo que habrá muchos expedientes abiertos que, efectivamente, coincidan en su valoración de apocalipsis, en fin el holocausto de los derechos humanos que se viven en España, pero yo hubiera agradecido que para convencer al resto de los
grupos de lo mala malísima que es esta ley hubieran dado un dato. Como dirían en mi pueblo un datico, uno pequeño, algo, pero qué casualidad, han hecho una valoración política de una demagogia sublime, pero no nos han dado ni un solo dato. Me
parece muy relevante porque he leído la proposición y el proponente y ya me lo podía imaginar, pero del resto, señorías... Entonces qué pasa, ¿que no se han estudiado esta norma, que no hay rigor o que no hay datos? No es que yo pida una
explicación, pero ¿y si resulta que la realidad no se compadece con la valoración política de esta norma que están haciendo los intervinientes? Yo me he tomado la molestia de buscar si había algún dato, y resulta que el 76% de los expedientes
sancionadores iniciados, no terminados, tienen que ver con el artículo 36.16, consumo o tenencia ilícita de drogas tóxicas; el 9% tienen que ver con el artículo 36.10, portar, exhibir, usar armas prohibidas; el 0,17% con el artículo 35.2,
fabricación, reparación, almacenamiento, circulación, comercio, etcétera, de armas reglamentarias. Por tanto, no es verdad lo que nos dicen. Seguramente hay algún dato, mínimo, sobre denuncias que igual tienen que ver con manifestaciones, otras
que tienen que ver con prostitución, etcétera. Es decir, no es verdad, la realidad desmiente la falta de rigor. Pudiera ser que no todos tengamos un mismo concepto de seguridad o inseguridad, eso puede ser, pero me da la sensación - y esto lo digo
porque lo creo- de que no tenemos todos un mismo concepto de violencia o de tolerancia a la violencia y, por tanto, no tenemos un mismo concepto de lo que es proteger la seguridad o, incluso, de proteger a los que nos protegen, porque en esta casa
algunos creen que Alfon es un demócrata, que Otegi es un político preso o que Andrés Bódalo es un activista. No creo que opinen así los señores del PSOE. Creo que ahí es donde radica el concepto y la diferencia. Me ha parecido una defensa muy
desafortunada, muy injusta, desde luego hubiera agradecido datos que confirmen todas esas críticas. Y por todos esos motivos, señor presidente, no votaremos a favor de esta proposición no de ley.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Salvador.
Para fijar su posición, ¿Grupo Parlamentario Vasco? (Pausa). No está su portavoz. Por el Grupo Parlamentario Catalán Democràcia i Llibertat, tiene la palabra la señora Ribera.
La señora RIBERA I GARIJO: Gracias, señor presidente.
Nosotros nos posicionamos a favor de la propuesta de Esquerra Republicana y escuchamos con estupor cómo se reclaman datos concretos para justificar por qué se quiere la derogación de esta ley. Una ley que más que de seguridad ciudadana es
de inseguridad ciudadana; que otorga poder policial sin garantías de ningún tipo. ¿Para esto hacen falta datos concretos? Existe un enunciado general que establece una vulneración clarísima. Un dato concreto cualquiera y muy sencillo: el pasado
30 de junio, la aplicación de esta ley a un vecino del municipio de Güímar, Tenerife, que se enfrentó a una sanción administrativa sencillamente porque en el Facebook hizo un comentario llamando cracks a la Policía. Como este caso podríamos hablar
de otros porque esto realmente es una tontería, pero es bien cierto que no hay más ciego que el que no quiere ver, y lo peor es cuando se ponen mordazas a las ciudadanos para que no se puedan manifestar de una forma libre. La Policía tiene que
estar al servicio del ciudadano y tiene que haber garantías para que este servicio pueda ser total porque la seguridad requiere confianza. No existe libertad sin confianza, y sin confianza no existe seguridad.
Junto a este aspecto, al final de esta ley se incluye lo que se denominan las devoluciones 'en caliente', disposición que abrió la vía a la modificación de la Ley de Extranjería y obligó a la generación de una disposición adicional décima.
Sobre este asunto se presentó una moción en el Senado por el Grupo Parlamentario Podemos-En Comú Podem-En Marea, que nuestro grupo parlamentario votó a favor, en la que se solicitaba un desarrollo reglamentario para evitar las devoluciones 'en
caliente', ya que todo procedimiento necesita de un desarrollo, y este no era el espíritu de la Unión Europea o, al menos, de lo que habíamos conocido de la Unión Europea antes de que se produjeran todos estos desplazamientos masivos. Desde luego,
en nuestro grupo parlamentario, haciendo honor a su nombre, estamos por la democracia y la libertad, pero siempre en un entorno de confianza y de seguridad para todos, por lo que nos posicionamos a favor de esta proposición no de ley.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Ribera.
Por el Grupo Parlamentario Podemos-En Comú Podem-En Marea, tiene la palabra el señor Santos.
El señor SANTOS ITOIZ: Gracias, señor presidente.
Buenos días, señorías. Como por primera vez corresponde a este grupo fijar posición en esta Comisión de Interior, dado que es la primera vez que accedemos a las instituciones, ya adelantamos que vamos a votar a favor de la proposición no de
ley presentada en este caso por Esquerra Republicana, pero esto requiere una pequeña toma de postura sobre lo que nosotros entendemos por los conceptos de libertad y seguridad, y explicar cuál es nuestro posicionamiento político concreto sobre este
tema. Aquí muchas veces se debate sobre un binomio que la doctrina dice claramente que es falso. Es decir, la libertad es un valor superior del ordenamiento jurídico y así se establece en la Constitución, mientras que la seguridad no lo es, no
aparece. Por lo tanto, la seguridad es solo un valor instrumental para garantizar la libertad de los ciudadanos. Y esto creo que lo debemos tener claro, por lo menos este grupo parlamentario lo tiene claro, clarísimo. Por lo tanto, nunca caeremos
en el error de comparar o poner en la misma balanza los conceptos de seguridad y libertad. Ante la duda siempre estaremos por la libertad y punto. Y a partir de ahí vamos a ver cómo instrumentamos las razones por las cuales podemos dotar a las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado de instrumentos eficientes para hacer posible esa libertad de los ciudadanos, pero siempre con esa mentalidad.
Dicho esto, ¿de dónde partimos? Pues partimos de una ley, la denominada Ley Corcuera o, como la ha definido el proponente, ley de la patada en la puerta, que en un momento determinado -hablamos del año 1992- atribuye una serie de facultades
a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. ¿No las tenían antes? Sí, las tenían. ¿Para qué se hizo esa ley? Para definir una serie de actuaciones o de conceptos y, por lo tanto, para facultar a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado
a realizar una serie de actuaciones. Esa ley se plagó en su día de conceptos jurídicos indeterminados y facultó a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para intervenir de una u otra manera restringiendo derechos que los ciudadanos ya tenían
en ese momento. ¿Qué ocurrió a partir de entonces? Que ha habido sentencias moderadoras de la jurisprudencia, del Tribunal Constitucional, que han deslindado perfectamente cuáles son los conceptos de paz pública y de orden público, que son
diferentes porque la paz pública es la paz del cementerio, la paz de aquí no se mueve nadie, mientras que el orden público también es instrumental para el ejercicio de las libertades de los ciudadanos. No estaremos en contra del orden público,
estamos en contra de la paz pública. Pero qué ocurre, que en lugar de hacer caso a la tendencia internacional y en este asunto debo remitirme por ejemplo al Tribunal Europeo de Derechos Humanos que ya planteó en más de una resolución, que incluso
las manifestaciones aunque no estuvieran comunicadas, si fueran pacíficas y sin armas no debían ser objeto de sanción. Nosotros vamos hacia atrás, y no solo es que sigamos sancionando la mera falta de comunicación, sino que además en la nueva ley,
acertadamente denominada por el pueblo como mordaza, lo que hacemos es poner nombres y apellidos a una serie de protestas ciudadanas en un contexto de crisis o de emergencia social. Y no les descubro nada si hablamos de Rodea el Congreso o de la
plataforma antidesahucios o PAH.
Algunos daticos, decían por aquí. Pues sí, yo los he echado en falta porque realmente la Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana se hace precisamente sin que tengamos ningún datico, sin ninguna reclamación, ni siquiera de las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad del Estado que estuvieran reclamando una mayor atribución legal de funciones, porque ya teníamos un cuerpo legal, porque ya teníamos una jurisprudencia, porque ya teníamos una doctrina penal y administrativa que había deslindado
perfectamente, con sus problemas, este tema. ¿Dónde estaban los datos que empujaron al legislador, en este caso al Partido Popular, con la inestimable colaboración del UPN, a crear una nueva ley de seguridad ciudadana? Pues los hemos echado en
falta. Desde luego ahora sí ha llegado el momento de valorar la nueva Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana o ley mordaza en su aplicación. Pues bien, no hay nada más que acudir a la prensa. En este sentido unos datos en eldiario.es, que
publica que la mayor cantidad de sanciones son por el consumo ilícito de sustancias estupefacientes en lugares públicos, que hay que recordar que ya se sancionaba con anterioridad, pero en segundo lugar por faltas de respeto a los miembros de las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y como trámite administrativo.
Finalizo, señor presidente, porque veo que mira el reloj y es claramente para cortarme la palabra. Apoyaremos esta proposición no de ley, independientemente de que el Grupo Parlamentario Socialista o Ciudadanos estén hablando unos de
derogar y otros de modificar, porque entendemos que en este momento hay que fijar la postura política optando claramente por una derogación, sabiendo que lo que llamamos ley mordaza se traduce al final en un conjunto de normas que abarca desde la
Ley de
Enjuiciamiento Criminal al Código Penal, esta propia ley, incluso cuestiones puramente administrativas. Por tanto, más que contenido propio de una proposición no de ley, sería propio de proposiciones de ley que este grupo parlamentario
desde luego se compromete a ir preparando para un futuro.
Gracias por la paciencia.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Santos.
Está claro que los miembros de la Mesa en poco tiempo hemos logrado una conexión, puesto que nada más con la mirada ya sabemos lo que tenemos que hacer. (Risas).
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la señora Hoyo Juliá.
La señora HOYO JULIÁ: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, intentar manipular y hacer demagogia para obtener algún rédito político en materia de seguridad, que debería ser una cuestión de Estado, desde luego es una auténtica irresponsabilidad. Las posiciones e intervenciones de algunos
grupos parlamentarios he de decir que no nos han extrañado. Por ejemplo, la del Grupo Parlamentario Podemos-En Comú Podem-En Marea, ¿qué se puede esperar de un partido político que se niega a firmar el Pacto contra el terrorismo yihadista o que
pone como ejemplo o modelo de convivencia un país como Venezuela? Pues lamentablemente no se puede esperar nada. Sí nos ha extrañado algo la intervención de algunos otros grupos como, por ejemplo, la de Ciudadanos, que si alguna vez ha estado en
el centro político, desde luego ya lo ha abandonado. No sabemos si quizás se debe a que ahora son acólitos del PSOE, ya hasta se sientan juntos. (El señor Camacho Sánchez: ¡ay qué bonito!)
Mi grupo parlamentario va a votar no a esta proposición no de ley presentada por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana de Cataluña, por cierto, cada vez más radical. Y lo va a hacer, como he reiterado en muchas ocasiones en esta
Cámara, porque creemos que es una buena ley. Es una buena ley porque garantiza la seguridad y, a nuestro juicio, garantizar la seguridad es garantizar la libertad; porque mejora la convivencia; porque protege nuestras instituciones y sedes
parlamentarias -nosotros creemos, señor Rufián, que proteger nuestras sedes parlamentarias es proteger nuestra democracia-; porque es una ley que nos protege a todos, sí, a todos, también a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. ¿Qué
problema hay en que los que nos protegen tengan también derecho a protección? Nosotros creemos que no hay ningún problema. Es una ley que reconoce expresamente el ejercicio del derecho a manifestarse y protege también a nuestros manifestantes. No
a todos, es verdad que solo a los pacíficos, no a los violentos, porque lo que persigue precisamente esta ley son los comportamientos violentos y vandálicos. Somos conscientes de que algunos partidos aquí presentes tienen una doble vara de medir
respecto a los comportamientos violentos. Por ejemplo, con los escraches, cuando son para otros se trata de un ejercicio de libertad de expresión, sin embargo, cuando son para uno mismo ya se convierten en otras cosas, se convierten, como decían,
en acoso protagonizado por grupos fascistas. (El señor Martín-Toledano Suárez: ¡Ahí le has dado!)
Esta es una ley que lleva más de medio año en vigor. ¿Ha pasado algo? Recuerdo las intervenciones de muchos de los grupos parlamentarios aquí presentes hace un año intentando meter miedo a la gente. ¿Y qué ha pasado? Pues los ciudadanos
se han dado cuenta de que España es un país seguro. ¿Qué han visto los ciudadanos después de su puesta en marcha ocho meses después? Los ciudadanos están seguros, no les pasa nada. En eso consiste legislar en materia de seguridad; consiste en
que los ciudadanos puedan seguir con su vida normal. El ciudadano pacífico que, afortunadamente, es la gran mayoría, no el violento ni el que se dedica a cometer actos vandálicos.
Por último, señor presidente, en nombre de mi grupo parlamentario quisiera aclarar algo que consideramos importante. El discurso demagógico y populista del señor Rufián intenta poner en duda nuestra sensibilidad. Y quiero dejar claro que
mi grupo, igual que todo el Gobierno, está formado también por personas. Sí, por personas al menos igual de sensibles que ustedes, señorías, que creemos que defender y proteger los derechos humanos es algo fundamental. Nosotros somos al menos tan
conscientes como ustedes de las situaciones desesperadas. También somos capaces de ponernos en la piel de una persona que deja su país arriesgando su vida para intentar buscar un futuro mejor. Somos al menos tan sensibles como ustedes, señorías,
igual de sensibles, pero más responsables, porque desde luego es una auténtica responsabilidad querer controlar y proteger nuestras fronteras.
Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Hoyo.
Señor Rufián, tiene la palabra para fijar posición sobre las enmiendas a efectos de votación.
El señor RUFIÁN ROMERO: Muchas gracias, señor presidente.
Sí, ustedes fueron tan sensibles como ya... (El señor Martín-Toledano Suárez: Es para fijar posiciones).
El señor PRESIDENTE: Señor Rufián, por favor, no reabra el debate. Este turno es para aceptar o rechazar enmiendas porque, si no, reabre el debate.
El señor RUFIÁN ROMERO: Es por una cuestión de orden, dos minutos.
Ahí le has dado, Fiti, como ha comentado usted. Ustedes fueron tan sensibles como en El Tarajal, todos vimos la sensibilidad que tuvieron.
El señor PRESIDENTE: Señor Rufián, este turno no es para reabrir el debate porque si usted interviene, tienen que volver a intervenir todos los grupos parlamentarios. Esto es solamente para aceptar o rechazar enmiendas. Solamente para
eso, si no, le tengo que retirar la palabra.
El señor RUFIÁN ROMERO: Sigo, nosotros ya vimos su sensibilidad en El Tarajal. Le diría al representante de Foro Asturias que pensar que la ley mordaza es maravillosa se cura en la calle.
El señor PRESIDENTE: Señor Rufián, yo no puedo aceptar, por respeto a todos los grupos parlamentarios, que usted se salte las decisiones que todos nos hemos dado en esta Cámara.
El señor RUFIÁN ROMERO: Si me deja, acabo enseguida, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Es que este turno no es para otra intervención, es para que usted me diga si acepta o rechaza las enmiendas de los Grupos Parlamentarios Socialista y Ciudadanos.
El señor RUFIÁN ROMERO: Yo le pido que ejerza de presidente y no de representante del Grupo Parlamentario Popular.
El señor PRESIDENTE: Yo ejerzo de presidente. (Rumores). Por favor, portavoz del Grupo Parlamentario Popular. Lo que le pido a usted, por favor, es que se atenga al Reglamento y a las normas que nos hemos dado todos. Creo que la
Comisión está yendo muy bien. El que usted siga insistiendo en querer hacer una segunda intervención no aporta nada. De verdad se lo digo, se irá dando cuenta con el paso de las reuniones de la Comisión. Y este turno es simplemente para rechazar
o aceptar enmiendas, no para abrir un debate nuevo porque, si no, provoca usted que tengan que intervenir todos los grupos parlamentarios. Y no tiene sentido cuando todos los grupos han expresado ya su posición. Entonces, yo le pido por favor que
me facilite la labor y me diga si acepta o rechaza las enmiendas de los Grupos Parlamentarios Socialista y Ciudadanos.
El señor RUFIÁN ROMERO: Yo le agradezco las lecciones y lo que le pido es que me deje acabar o me retire la palabra.
El señor PRESIDENTE: Si usted va a intervenir para decirme su posición sobre las enmiendas de los Grupos Parlamentarios Socialista y Ciudadanos le doy la palabra y, si no, se la retiro y paso al punto siguiente.
El señor RUFIÁN ROMERO: Yo le agradezco las lecciones como representante del Partido Popular, que es de lo que está ejerciendo, y no como presidente. ¿Me deja acabar?
El señor PRESIDENTE: Sí, le dejo que me diga si acepta o rechaza las enmiendas.
El señor RUFIÁN ROMERO: Acabo. Nosotros aceptamos una transacción con la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista que les facilitaremos en breve.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Rufián.
El señor RUFIÁN ROMERO: A usted.
- RELATIVA A LA CESIÓN GRATUITA DE LA ANTIGUA CÁRCEL PROVINCIAL DE A CORUÑA. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO PODEMOS-EN COMÚ PODEM-EN MAREA. (Número de expediente 161/000141).
El señor PRESIDENTE: Pasamos al punto siguiente del orden del día: Proposición no de ley con número de expediente 141, del Grupo Parlamentario Podemos-En Comú Podem-En Marea, sobre cesión gratuita de la antigua cárcel provincial de A
Coruña. Tiene la palabra el señor Bruzos.
El señor BRUZOS HIGUERO: Muchas gracias, señor presidente.
Esta cárcel fue inaugurada en 1927, inspirada en textos que la escritora y feminista gallega, Concepción Arenal, realizó en defensa de las condiciones de las personas privadas de libertad. En ella se desarrollaron muchos de los terribles
episodios de la represión franquista en A Coruña, que se cobró vidas heroicas como la del alcalde republicano don Alfredo Suárez Ferrín, o de las guerrilleras y guerrilleros gallegos antifranquistas, Benigno Andrade García, José Gómez Gayoso,
Antonio Seoane Sánchez o María Ángeles Rivera Torres. Entre sus paredes se encierran historias de lucha de tantas personas anónimas que preservaron la dignidad de nuestro pueblo en la terrible Longa noite de pedra, en palabras de Celso Emilio
Ferreiro. Mantuvo una actividad continuada y ordinaria hasta el año 1999, y a partir de ahí empezó a funcionar como centro de inserción social hasta el año 2009. En 2010, un año después, nace la plataforma Proxecto Cárcere de A Coruña, que está
integrada por movimientos sociales, diversos colectivos y asociaciones y personas a título individual. Su objetivo es que esa cárcel, conocida como cárcel de la torre, se transforme de un espacio de represión en otro representativo de la
convivencia libre, donde primen los usos sociales, culturales y educativos, y donde la memoria histórica esté siempre presente.
Existen múltiples motivos para que la cárcel provincial de A Coruña vuelva a tener la actividad que se reclama por las vecinas y los vecinos de la ciudad. Para empezar, los terrenos y el propio edificio se encuentran en el perímetro de
protección de la Torre de Hércules, que como saben fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. Por si fuera poco, el propio edificio en sí mismo tiene un alto valor histórico patrimonial, tanto debido a su antigüedad -como digo, fue
construida en 1927- como debido a su arquitectura, ya que responde a una tipología penitenciaria panóptica. Además, se encuentra en una ciudad donde hay escasas dotaciones de uso público y para la realización de actividades y existe voluntad
política por parte del Gobierno municipal de A Coruña para recuperar esos terrenos, para rehabilitar ese espacio y convertirlo en un centro multidisciplinar.
De hecho -es importante resaltarlo y reconocerlo-, existe una negociación abierta y fluida y muy avanzada entre la Sociedad de Infraestructura y Equipamientos Penitenciarios, que es la propietaria actual de esa cárcel, y el Gobierno de A
Coruña a través de su Concellería de Rexeneración Urbana. También hay que resaltar que esas negociaciones avanzan en el buen camino para que exista una cesión temporal de esos terrenos, mientras no se llega a un acuerdo para su cesión definitiva.
Llegados a este punto es importante resaltar también que esos terrenos, como digo, son propiedad de la Sociedad de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios, debido a que fueron cedidos por el concello, por el Ayuntamiento de A Coruña, para la
construcción y para el posterior desenvolvimiento de la actividad como cárcel, pero -insisto- esa actividad cesó en el año 2009. Por tanto, ya no están cumpliendo el objetivo para el que fueron cedidos.
Es importante también resaltar que criticamos el convenio que fue firmado en su día por el exalcalde de A Coruña, Francisco Vázquez, precisamente con la SIEP, la Sociedad de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios y lo explicamos
brevemente. Lo criticamos porque en ese convenio se acepta el pago de 1.200.000 euros por parte del Ayuntamiento de A Coruña a la SIEP para recuperar esos terrenos. Es decir, en realidad lo que había era un trueque entre terrenos y se valoraba que
había que pagar además 1.200.000 euros. Decimos que lo criticamos, y además no es de recibo, porque esos terrenos -insisto- fueron cedidos al ministerio para la realización de una actividad, y esa actividad ya dejó de realizarse.
Por último -y voy acabando, señor presidente-, no es menos importante indicar que existe un movimiento cívico, como ya indicamos, en la ciudad formado por el propio ayuntamiento, pero también por investigadoras e investigadores de la
historia de la ciudad, por el blog en A memoria do Cárcere y, fundamentalmente, por la plataforma Proxecto Cárcere. Son ejemplos de cómo la ciudadanía, el tejido asociativo de la ciudad, se organiza en beneficio del bien común. No deberían ser las
instituciones las que limiten este ejercicio de democracia.
Señorías, estamos aquí porque se emitió un voto, y no otro diferente, el 20 diciembre. Mucho mejor que ponernos a interpretar ese mandato, sería permitir que las demandas que proceden directamente de la ciudadanía sean escuchadas porque, en
este caso, están avaladas no solo por una enorme movilización social, sino también por un plan de viabilidad y por una gran cantidad de posibles actividades que se realizarían en la ya famosa cárcel de la torre. Votar a favor, en este caso, es
actuar conforme a ese mandato, que tan bien definen las compañeras zapatistas: Aquí el pueblo manda y el Gobierno obedece.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.
Ha habido una enmienda, presentada por el Grupo Socialista.
El señor SERRADA PARIENTE: Muchas gracias, señor presidente.
Desde la fecha de registro de esta proposición no de ley han sucedido algunos hechos que nos deben obligar a reflexionar y a reconsiderar el objeto de la misma. Nuestra propuesta es una búsqueda del consenso y del acuerdo político.
Queremos encontrar la mejor solución a un asunto sobre el que ya pesa pronunciamientos judiciales que obligan a buscar alternativas a la resolución planteada en esta proposición no de ley. Para el desarrollo del debate de este punto es importante
destacar dos cuestiones: la primera de ellas es que las cláusulas del convenio firmado en 2005 entre el Ayuntamiento de A Coruña y el Ministerio del Interior determinan que si el ayuntamiento quiere hacerse con la propiedad del edificio debe pagar
1,2 millones de euros al Estado y, en segundo lugar, este convenio ha sido avalado hace apenas un mes por la Audiencia Nacional. Por lo tanto, la cesión gratuita del edificio no debiera ser una opción en estos momentos, a no ser que el objetivo sea
alargar un proceso judicial, cuya resolución muy probablemente puede ser la misma que la obtenida hasta ahora, el aval al convenio existente desde el año 2005.
Busquemos soluciones. El recorrido seguido desde la firma del convenio hasta la actualidad nos permite tomar como referencia el acuerdo alcanzado con el Ministerio del Interior entre los años 2010 y 2011 para la cesión del uso del edificio.
A partir de ahí, y en vista de la posibilidad de contar con una cesión temporal gratuita en el uso, trabajemos para establecer un nuevo marco de relaciones entre Gobierno y ayuntamiento, con el fin de garantizar tanto el contenido de las actividades
que debe albergar el edificio como las inversiones necesarias para el mantenimiento, la conservación y la mejora del mismo; mejora del mismo, en vista del lamentable estado en el que se encuentra el inmueble, fruto de la dejadez y el escaso interés
del Gobierno del Partido Popular por la conservación del patrimonio del Estado. Por todo lo anterior, desde nuestro grupo planteamos la enmienda que todos ustedes conocen y que creemos que puede aportar la mejor solución para que la ciudadanía
recupere un edificio emblemático en la ciudad y en la provincia.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Serrada.
Pasamos al turno de fijación de posición. Por el Grupo Mixto, señor Salvador.
El señor SALVADOR ARMENDÁRIZ: Gracias, señor presidente.
Sinceramente, yo no sé mucho de este tema, que ya es decir mucho. Por tanto, esperaré a fijar mi posición a escuchar los razonamientos de los demás grupos.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Salvador.
Por el Grupo Parlamentario Catalán (Democràcia i Llibertat), señora Ribera.
La señora RIBERA I GARIJO: Solo intervendré para decir que votaremos a favor.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Ribera.
¿Grupo de Esquerra Republicana? (Pausa).
¿Grupo Ciudadanos?
El señor HERVÍAS CHIROSA: Gracias, presidente, seré breve.
Desde Ciudadanos nos opondremos, aunque nosotros consideramos que es óptimo y necesario que los equipamientos puedan repercutir hacia la ciudadanía y además es positivo que los ciudadanos, en este caso de La Coruña, puedan utilizar esa
antigua cárcel que está actualmente en desuso, porque hay dos temas que nos obligan a votar en contra. Por un lado, es que está en trámites judiciales, es decir, consta que el Ayuntamiento de La Coruña ha recurrido la sentencia. Nosotros creemos
totalmente en la
separación de poderes y en que la justicia tiene que seguir su cauce y su camino, nosotros no somos nadie para interponer en ello. Y por otro lado, probablemente, el Grupo Podemos-En Comú Podem-En Marea lo que hace nuevamente es utilizar y
politizar un servicio que debería estar al servicio de los ciudadanos, basándose en un en el siglo pasado. Parece ser que no se han dado cuenta de que la Guerra Civil terminó, no se han dado cuenta de que hemos tenido una transición que ha costado
mucho y no se han dado cuenta de que tenemos una Constitución democrática y que vivimos plenamente en un Estado democrático y de derecho. A nosotros nos gustaría -insistimos- que ese equipamiento fuera de uso para los coruñeses, pero no podemos
compartir la visión que tiene en este aspecto el Grupo Podemos-En Comú Podem-En Marea.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Hervía.
Por el Grupo Popular, señor Pérez.
El señor PÉREZ LÓPEZ: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, nadie puede negar la importancia histórica y patrimonial que tiene el inmueble que albergó la antigua cárcel de A Coruña, como así lo han reconocido numerosos estudiosos. Una prisión que, como se ha dicho, se diseña y construye en
el año 1927, siguiendo unos planteamientos más humanos introducidos en el diseño de cárceles a finales del siglo XIX y que sustituye al penal de barrotes, cuyas celdas sufrieron continuas inundaciones debido a la acción de la marea. Este recinto se
cierra en el año 1998 y se abre el Centro de Arteixo. A partir de ahí, se inician unas conversaciones que cristalizan en el año 2005, siete años más tarde. Se ha dicho que el Gobierno del Partido Popular no tenía interés en la conservación del
patrimonio, pero parece que durante estos siete años tampoco había mucho interés en aquel momento. No obstante, como he dicho antes, cristaliza el convenio y el ayuntamiento se compromete a ceder una parcela de 9.200 metros; se compromete también,
debido al justiprecio de valoración de ambas parcelas, a compensar con 1.222.000 euros esa permuta y a que el centro penitenciario pasaría al Ayuntamiento de A Coruña. El Gobierno cumple y se hace el CIS, cediéndose en principio el centro
penitenciario, pero no se entrega la cantidad convenida. A partir del año 2014 surge un litigio porque el Gobierno, en este caso del Partido Popular en A Coruña, estudia el convenio y parece ser, según entendían técnicos competentes, que podría
tener algunas irregularidades. No obstante, la Sociedad de Infraestructura y Equipamiento Penitenciarios decide interponer un recurso contencioso administrativo, que fue estimado al entender la Audiencia Nacional que no se trataba de un acto
administrativo, sino de un contrato de permuta. Por tanto, las administraciones no tienen la facultad de revisar de oficio la ley que ampara estos contratos. La sentencia, en este sentido, ha sido muy clara: el cauce nunca puede ser una
declaración unilateral de voluntad, por lo que se declara nulo de pleno derecho el decreto cuestionado.
Llegado a este extremo nosotros entendemos que hay que retomar la senda del acuerdo y del diálogo, como se está haciendo, para que el antiguo recinto pueda tener el uso que todos los coruñeses decidan, no unos pocos, sino todos los
coruñeses, entendiendo además que se encuentra en un ámbito privilegiado con la Torre de Hércules, que fue declarada en 2005 Patrimonio de la Humanidad. Por consiguiente, además de recordar que la Ley 14/2000, de 21 diciembre, de Medidas Fiscales
impone la obligación de enajenar el patrimonio procedente del Estado exclusivamente a título oneroso mediante compraventa o permuta, entendemos que no podemos apoyar esta propuesta pero si abogar por el diálogo y el entendimiento y desear que ambas
partes cumplan lo establecido en el convenio anteriormente citado.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Pérez.
Grupo proponente, para aceptar o rechazar la enmienda.
El señor BRUZOS HIGUERO: Muchas gracias, señor presidente, seré breve.
Vamos a rechazar la enmienda del Grupo Socialista porque no estamos de acuerdo con ese convenio y no podemos aceptarlo, aunque entendamos que ellos defiendan ese convenio porque lo firmaron, ya que creemos que va en contra de los intereses
de la ciudadanía.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Es decir, se votará en sus propios términos. (Asentimiento). Gracias.
- RELATIVA A LA ADJUDICACIÓN DE CHALECOS ANTIBALAS DE DOTACIÓN INDIVIDUAL A LAS FUERZAS Y CUERPOS DE SEGURIDAD DEL ESTADO. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO PODEMOS-EN COMÚ PODEM-EN MAREA. (Número de expediente 161/000154).
El señor PRESIDENTE: Pasamos al punto 4.º del orden del día: proposición no de ley del Grupo Parlamentario Podemos-En Comú Podem-En Marea sobre la adjudicación de chalecos antibalas de dotación individual a las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad del Estado.
Por el grupo proponente, señor Delgado.
El señor DELGADO RAMOS: Señorías, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado tienen como misión proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades y garantizar la seguridad ciudadana. Pero no siempre tienen los medios necesarios
para llevarlo a cabo. Podríamos hablar de esos vehículos con más de 400.000 kilómetros con los que tienen que patrullar, de ese 35% de la flota del parque móvil de la Policía y la Guardia Civil que tienen más de diez años de antigüedad, de jornada
laboral, de retribuciones, de falta de derechos y de otras muchas carencias que tienen los trabajadores de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
Hoy vamos a hablar de otra cosa, sin olvidar estos temas que acabo de mencionar. Vamos a hablar de algo que es fundamental y de vital importancia para los agentes: la falta de chalecos antibalas individuales. Desde nuestro grupo
presentamos hoy una iniciativa a favor de la protección de sus derechos laborales de los trabajadores y trabajadoras de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Y diría más, no solo se trata de derechos laborales sino que tiene que ver
también con unas necesidades básicas y vitales para los agentes, ya que se trata de proteger sus vidas. Por tanto, la implantación de estos chalecos es una medida que no puede esperar ni dilatarse en el tiempo durante años.
En esta línea queremos agradecer y celebramos que ayer mismo el ministro del Interior haya anunciado la adjudicación de 18.256 nuevos chalecos antibalas en este ejercicio, pero queremos decir que es insuficiente, porque la suma de la
plantilla de la Policía y de la Guardia Civil suman más de 130.000 trabajadores y trabajadores. Y claro, a este ritmo de adjudicación harían falta diez años, por lo menos, para que todos los policías y guardias civiles tuvieran esas herramientas de
trabajo fundamental que son los chalecos antibalas.
En el desempeño de sus funciones nuestros policías y nuestros guardias civiles, así como todos los agentes, se ven inmersos en actuaciones que en algunas ocasiones suponen un riesgo extremo para su vida porque pueden ser agredidos con armas
blancas y armas de fuego. Por desgracia, son numerosos los ejemplos que podríamos citar aquí de situaciones con un trágico final en el que han resultado fallecidos agentes tanto de la Policía como de la Guardia Civil o de otros cuerpos.
Precisamente, hace unos días una agente de los Mossos d'Esquadra salvaba su vida porque afortunadamente sí tenía un chaleco antibalas. Tengo que decir que estos días me he puesto en contacto con sindicatos de policías autónomas, catalana y vasca, y
sí que tienen chalecos de dotación desde que salen desde la academia, a los cuales felicito.
Además, no tenemos que olvidar algo fundamental y es que nos encontramos en alerta 4, es decir, que existe un riesgo real y alto -el propio Gobierno es consciente de esto- de un atentado terrorista y, por tanto, se hace más evidente de que
hablamos de una medida urgente. Ante esto tendremos que preguntarnos: ¿Cómo se puede proteger a los ciudadanos si uno mismo no se puede proteger? Hay puestos en la Guardia Civil que cuentan con un chaleco antibalas por cada diez agentes. ¿Qué
ocurre con el reducido número de chalecos femeninos, tanto en la Policía como en la Guardia Civil? Hace unos días cuatro sindicatos de la Policía denunciaban a la secretaria de Estado de Seguridad y al director general de la Policía porque, según
se decía en esta denuncia, más de 50% de policías no tienen chalecos antibalas. También es una reclamación justa y constante de las asociaciones de la Guardia Civil. No es de recibo, además, que los propios agentes tengan que ser quienes se
compren ellos mismos los chalecos antibalas, que cuestan entre 500 y 600 euros. Es obligación de la Administración velar por la salud y la seguridad de nuestros trabajadores.
Además de todo esto, señorías, se trata también de racionalizar y priorizar el gasto tanto en la Guardia Civil como en la Policía Nacional. Por ejemplo, ¿saben ustedes cuánto costó remilitarizar o militarizar el uniforme de la Policía
Nacional, es decir, poner una nueva insignia en el uniforme para que parezca más militar? Costó 3 millones de euros. Hace unos días, el 21 febrero, el director general de la Guardia Civil autorizaba nuevamente a una peregrinación a Lourdes, con un
coste de más de 100.000 euros. ¿Saben
ustedes cuánto costó la participación de la Guardia Civil en la Semana Santa del año 2015? Más de 24.000 euros. Es decir, al final tenemos que intentar racionalizar para saber qué es lo importante, qué es necesario o vital y qué no lo es y
qué es lo que puede esperar. Sobre la Semana Santa tenemos que decidir que nosotros respetamos a todos aquellos compañeros de la escala básica que lo hace en su tiempo libre y sin cobrar dietas, pero otros altos mandos de la Guardia Civil se
trasladan desde Madrid y cobran dietas, y eso no nos parece respetable.
Por tanto, entendemos que tienen que llevarse a cabo estas medidas porque son urgentes y vitales. Creo que ninguno de los presentes aquí deberíamos oponernos a esta petición como respuesta de sentido común, de lógica y de respeto sobre todo
a los derechos laborales sociolaborales de los trabajadores de la Policía y de la Guardia Civil.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Delgado.
Por el Grupo Socialista, que ha presentado enmienda, señor Sicilia.
El señor SICILIA ALFÉREZ: Gracias, señor presidente.
Señorías, hace ya años que el Grupo Socialista viene pidiendo que los agentes de la Guardia Civil y del Cuerpo Nacional de Policía dispongan de un chaleco antibalas y antitrauma para que puedan ejercer su labor con más seguridad. Se lo
hemos pedido al director general de la Policía y al director general de la Guardia Civil todas las veces que han venido a este Parlamento a comparecer, en escasas ocasiones todo hay que decirlo. Sin embargo, el Grupo Socialista les ha pedido a
estos directores generales, las pocas veces que han venido por aquí, una reivindicación justa para los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado: que puedan disponer de un chaleco antibalas. Lo hemos pedido a través de enmiendas a
los Presupuestos Generales del Estado, que de manera reiterada han estado bajos de presupuesto para esta cuestión porque, como bien se ha dicho anteriormente, el presupuesto que en él aparecía para la adquisición de estos chalecos era claramente
insuficiente. Le hemos preguntado reiteradamente al Gobierno por el número de chalecos antibalas de los que disponían los agentes. Le hemos preguntado también por el número de chalecos de los que disponían las agentes, las mujeres guardias civiles
y las mujeres policías nacionales. Porque si tienen la suerte de tener un chaleco antibalas en su comisaría o en su comandancia, en la mayoría de las ocasiones es un chaleco diseñado para el cuerpo masculino y, por tanto, son inservibles para que
una mujer agente de seguridad pueda prestar el servicio de una manera segura. Por tanto, como les decía, esta es una reivindicación justa y por ello el Grupo Socialista ha venido exigiéndola desde hace tiempo al ministro del Interior.
Nos podrán hablar de crisis y de falta de presupuesto pero, ya se ha dicho anteriormente, es cuestión de priorizar. Porque se han gastado -señor portavoz de Podemos no han sido 3 millones- un total de 3.700.000 euros en las nuevas divisas
del Cuerpo Nacional de Policía. Creo que un policía nacional prefiere antes poder llevar un chaleco antibalas, que una nueva divisa. O también se han gastado algo más de un millón en construir un nuevo cuartel en el municipio donde veranea el
señor ministro, pese a que hay dos cuarteles próximos, uno a tres kilómetros y otro a seis kilómetros de esta localidad, donde se ha invertido algo más de un millón para construir un nuevo cuartel, que sin duda es un capricho del ministro, para
velar en todo caso por su seguridad durante sus vacaciones veraniegas, no para velar por la seguridad de los guardias civiles que allí están haciendo su servicio y que no tienen un chaleco antibalas. Por tanto -insisto-, esta es una reivindicación
que mi grupo ya ha hecho y que va a apoyar. En aras de que no pueda haber ningún tipo de duda, les digo que la enmienda que mi grupo ha presentado la vamos a retirar, porque queremos que quede claro que no vamos a hacer ningún tipo de reproche, ni
vamos a realizar ningún tipo de discusión en torno a una cuestión que es fundamental: que a la mayor brevedad las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado tengan un chaleco antibalas que pueda velar por la seguridad de estos agentes. Por tanto,
mi grupo retira esa enmienda dejando claro que, aunque podamos entrar en algún matiz para mejorar lo que se propone por parte del grupo proponente, entendemos que es mucho más importante que en esto estemos todos unidos y en consenso para que
nuestras Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado puedan realizar un trabajo fundamental para la libertad y seguridad de los ciudadanos, de todos nosotros y que ellos también puedan ejercer con seguridad su trabajo.
Gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Sicilia.
Por el Grupo Ciudadanos, que ha presentado también enmienda, señor Salvador.
El señor SALVADOR GARCÍA: Gracias, señor presidente.
En primer lugar, queremos manifestar nuestro total apoyo a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Además, queremos resaltar que su misión y función es la de proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades y garantizar la
seguridad ciudadana y que estos servidores públicos también están afectados por la Ley de Prevención de Riesgos Laborales que les otorga un derecho y protección en materia de seguridad de salud. Resulta curioso que haya normas que mejoran la
seguridad de los ciudadanos como son la obligatoriedad del uso del cinturón o del casco, con los que estamos de acuerdo, y que sin embargo por 430 euros, según el SUP, no existan chalecos de protección que puedan salvar una vida de estos cuerpos, de
estos servidores públicos. Por ejemplo, el caso de Francisco Javier Torronteras -que no fue por un chaleco, sino por un escudo mal colocado que provocó que se filtrase una esquirla y con mala suerte fuese a parar a la femoral y muriese en los
brazos de un policía que trabaja actualmente en el Senado- en el famoso 11-M; o de Vanessa Lage, la policía gallega que falleció en un atraco o donde su compañero Vicente Alló también pudo perder la vida; o el policía nacional de Málaga o un
guardia civil que fallecieron también por la ausencia de ese chaleco.
Hoy nos enfrentamos a nuevos y mayores riesgos como son el aumento de delitos con armas de fuego o el terrorismo yihadista, donde hemos visto que los medios que utilizan son de alta potencia y, por tanto, necesitamos también que nuestros
agentes y servidores públicos estén preparados. Por tanto, entendemos que todos los agentes deben de tener chalecos; que tienen que ser de calidad; que tienen que utilizar materiales ligeros, no pueden pesar cuatro kilos como pesan algunos
chalecos actualmente; que tienen que ser antibalas, anticuchillos y anticombustibles porque 430 euros, como he dicho, pueden salvar una vida.
Por eso, aceptamos y vamos a apoyar esta propuesta que planteada hoy por el Grupo Parlamentario Podemos-En Comú Podem-En Marea. Hemos presentado una enmienda donde se dice que finalmente aceptamos los dos primeros párrafos, que son los
párrafos que propuestos por el Grupo Podemos-En Comú Podem-En Marea tal cual están redactados y, por tanto, retiramos la puntualización que habíamos aportado en el primero de ellos. Simplemente con aras de mejorar y ayudar incluimos un punto que
propone impulsar la compra de chalecos antibalas y material necesario adaptado a las necesidades físicas de las mujeres instando al Gobierno a procurar, sobre todo, chalecos antibalas adaptados también para mujeres. Con esto entendemos que
cumplimentamos el apoyo a la PNL que ha presentado este grupo y, al mismo tiempo, intentamos colaborar para ayudarla porque -repito- 430 euros no valen una vida y tenemos que evitarlo.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Salvador.
Por el Grupo Popular, señora Bonilla.
La señora BONILLA DOMÍNGUEZ: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, mis primeras palabras en nombre del Grupo Parlamentario Popular han de ser de absoluto reconocimiento, agradecimiento y admiración a todos los hombres y mujeres que integran nuestras Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y que
día a día salvaguardan el libre ejercicio de las libertades y derechos de los ciudadanos que prestan un impagable labor al servicio de España. No es casualidad, señorías, que sean las dos instituciones más valoradas por los ciudadanos; es el
reflejo del profundo agradecimiento y reconocimiento de la sociedad española a estos hombres y mujeres que día a día y segundo a segundo ponen su vida al servicio de todos.
La Administración y de manera muy concreta el Ministerio del Interior en el caso que nos ocupa tienen la obligación pero también la convicción y la voluntad de velar por la salud y la seguridad de todas las personas que dependen del mismo.
Por tanto, la mejora de la seguridad y de la higiene y la salud de los trabajadores no solo es una obligación sino es el firme propósito del Gobierno y de forma particular -repito- cuando hablamos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado del
Ministerio del Interior.
Al señor portavoz del Grupo Socialista le tengo que decir que pocas lecciones pueden dar ellos en el ámbito de hablar de chalecos antibalas y de dotar de medios de seguridad a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Solamente voy a
dar un dato, señorías. Cuando el Partido Popular llegó en diciembre del 2011 al Gobierno, el Cuerpo Nacional de Policía solo disponía de 7.000 chalecos antibalas; desde 2012 se ha procedido a la compra y distribución de más de 25.000 chalecos de
protección entre diferentes plantillas, priorizando siempre aquellos funcionarios que ejercen funciones de seguridad ciudadana.
Señorías, es en el marco de esa actitud, prioridad y convencimiento donde se encuadra el plan al que aludían los anteriores portavoces y que ha puesto y continúa en marcha por parte del Ministerio del
Interior, un plan que recoge para este ejercicio una dotación económica de 6.270.000 euros, destinados a la adquisición de 18.256 unidades de chalecos de protección para las diferentes unidades de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del
Estado. Con esta medida de incrementar el suministro de chalecos a las unidades policiales se pretende reforzar el actual nivel de seguridad con la que los agentes realizan su trabajo de protección ciudadano.
Para este Gobierno, señorías, la seguridad es un derecho, es un valor democrático irrenunciable. Es irrenunciable la seguridad de los ciudadanos, pero también es irrenunciable por supuesto la seguridad de los agentes y de una manera muy
especial en el ejercicio de sus funciones. Por tanto, la gestión realizada hasta hoy y la línea a seguir con la continuación de este plan han permitido y continuará permitiendo que los funcionarios que prestan las labores de seguridad ciudadana
tengan a su disposición un chaleco a la hora de prestar el servicio.
Señorías, en la actualidad todos los efectivos de la Policía Nacional y de la Guardia Civil que prestan servicios de seguridad ciudadana tienen a su disposición en el momento de la prestación del servicio el correspondiente chaleco
antibalas. La medida, al igual que las adoptadas en años anteriores, contempla obviamente los dos modelos de chalecos que utilizan las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado: el interno, cubierto por las prendas de vestir que lo utilizan
fundamentalmente los agentes de las unidades de investigación, y el externo, que va por encima de uniforme y lo emplean los agentes de seguridad ciudadana. Por tanto, señorías, y de manera especial al señor Delgado, portavoz del Grupo Parlamentario
Podemos, como usted ha reconocido en su intervención por parte del Gobierno, y en concreto el Ministerio del Interior, se vienen adoptando las medidas necesarias para dotar a nuestros agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado de los
chalecos antibalas necesarios para incrementar su seguridad en el desarrollo de sus funciones. Señoría, nosotros hemos presentado una enmienda en la misma línea. Nos une lo esencial, el reconocimiento y el respeto profundo a todos los hombres y
mujeres que integran nuestras Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, y no solo la obligación sino también la convicción de la necesidad de que en el ejercicio de sus funciones actúen con todas las medidas de seguridad necesarias. En el
reconocimiento de que vamos por el camino adecuado, de que se ha trabajado, se está trabajando y se va a continuar trabajando, yo le pediría que admitiera nuestra enmienda que va exactamente en la misma línea y con el mismo espíritu de su
iniciativa.
Muchísimas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Bonilla.
Para fijar su posición, por el Grupo Parlamentario Mixto tiene la palabra el señor Salvador.
El señor SALVADOR ARMENDÁRIZ: Gracias, señor presidente.
Comienzo como terminaba la representante el Grupo Parlamentario Popular, agradeciendo la labor de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, entidades valoradas muy positivamente por la sociedad española y que realizan un trabajo
ejemplar. Yo coincido con el proponente en que, sin duda, ellos tienen derecho a protegerse. Ellos tienen el deber de protegernos y, a su vez, nosotros tenemos el deber de protegerlos. Como bien ha dicho, en este caso creo que es razonable que
cuenten con un chaleco antibalas, es decir, que protejamos sus vidas, como también es razonable que protejamos su actividad con leyes. Por eso me sorprende la vehemencia con la que en esta propuesta se pretende defender sus vidas con los chalecos,
y la beligerancia -repito, sin dato alguno- para acusar a la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana en otros términos. Por lo tanto, bienvenida la racionalidad en este caso, pero, en fin, yo quisiera que de la misma manera que pedimos
que tengan chalecos y protejan sus vidas, tengamos la misma vehemencia para protegerles en su actividad. Como digo, coincido en que es razonable y por eso vamos a apoyar esta proposición no de ley y todas aquellas medidas, que en el futuro se
planteen para dignificar las condiciones de trabajo de estos cuerpos que, como digo, desarrollan un trabajo ejemplar que yo desde aquí, personalmente y como portavoz de Unión del Pueblo Navarro, quiero agradecer y apoyar sinceramente.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Salvador.
Por el Grupo Parlamentario Catalán, tiene la palabra la señora Ribera.
La señora RIBERA I GARIJO: Gracias, señor presidente.
La mejor manera de agradecer es proteger. Como se ha dicho antes, los Mossos d´Esquadra -y no es para mostrarnos orgullosos por el tiempo en que no los tuvieron- en este momento sí disponen de estos chalecos antibalas, y esto ha sido muy
efectivo, como ha expuesto el compañero que ha presentado la propuesta. El miércoles pasado le salvo la vida a una mossa en Santa Coloma de Gramenet. Cuando fue a practicar una detención, la persona que iba a detener le robó la pistola y efectuó
dos disparos, uno al aire, la otra bala quedó atrapada por el chaleco antibalas. Estamos hablando de unos precios que son irrisorios cuando se trata de salvar una vida humana. Como faltaban pocos chalecos por entregar, esto ha provocado acudir al
Fondo de contingencias para que este año todos los policías los puedan tener, escuchando así a los sindicatos que tienen toda la razón. Me ha hecho gracia que en la propuesta el compañero al hablar de gastos, algunos superfluos otros no tanto, haya
hecho alusión a una peregrinación a Lourdes. Con todo el respeto, y soy una diputada creyente y practicante, creo que podríamos adaptar aquí el dicho castellano a Dios rogando y con el mazo dando, y decir a la Virgen rogando y con el chaleco
andando. Creo que esta peregrinación sería la que mejor aceptaría la Virgen y, si en este caso tuviera a bien aparecerse, seguro que al ministro del Interior le diría: ¡pónles armilles, hombre! (Risas).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Ribera.
Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, tiene la palabra el señor Rufián.
El señor RUFIÁN ROMERO: En el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana vamos a estar siempre de acuerdo con dignificar las condiciones de trabajo de los trabajadores. En este caso las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado también
son trabajadores y nos parece coherente. Puesto que también lo solicitamos para los Mossos d´Esquadra, es lógico que la Policía Nacional y el resto de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado tengan todos los medios posibles para su protección.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Rufián.
Tiene la palabra el grupo proponente para aceptar o rechazar enmiendas. El Grupo Parlamentario Socialista la ha retirado.
El señor DELGADO RAMOS: Sí, la ha retirado. De la enmienda del Grupo Parlamentario Ciudadano aceptamos la parte última del texto. Y al Grupo Parlamentario Popular le pedimos que se avenga a nuestra propuesta, por lo que lógicamente no
aceptamos la suya.
- SOBRE LA SUSPENSIÓN DEL ASCENSO A COMISARIO PRINCIPAL OBTENIDO EN LA ÚLTIMA CONVOCATORIA. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente 161/000219).
El señor PRESIDENTE: Vamos a pasar al quinto punto del orden del día: Proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista, sobre la suspensión del ascenso a comisario principal obtenido en la última convocatoria. Para su presentación
tiene la palabra la señora Botella.
La señora BOTELLA GÓMEZ: Muchas gracias, señor presidente.
Señoras y señores diputados, se acaba de decir en estos momentos: la Policía Nacional es una de las instituciones más valoradas por los españoles. En el momento actual que vive la sociedad española, de profunda desafección institucional,
este reconocimiento social adquiere un valor democrático que todos los poderes políticos debemos contribuir a preservar. Pero el Gobierno del Partido Popular, presidido por el señor Rajoy, quien ha mantenido al ministro, señor Jorge Fernández Díaz,
durante toda la X Legislatura al frente de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, no ha estado a la altura de la institución policial. El resultado de cuatro años y tres meses largos de este Gobierno, que ha contado con el señor Cosidó como
director general de la Policía, deja un panorama cuando menos inquietante. En el Partido Socialista desde nuestra experiencia de Gobierno -y les hablo también en primera persona como delegada del Gobierno que he sido- reconocemos la difícil misión
de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado; reconocemos la complejidad y peligrosidad de su tarea, la voluntad de servicio público; la capacidad de sacrificio y máxima exigencia personal y profesional de los 65.813 hombres y mujeres en
servicio activo en estos momentos en la Policía Nacional. Por ello no podemos permitir que la institución policial se vea afectada ni un día más por la voraz actitud sectaria y arbitraria del Partido Popular hasta llegar al punto de alarma, que se
esté hablando ya de una Policía política, de que se puede interferir en la
carrera profesional policial en clave de control ideológico desde la cúpula ministerial de Interior, incluso en un tiempo tan sensible como es el del Gobierno en funciones.
Durante los últimos meses, con la convocatoria y pruebas de ascenso a la categoría de comisario principal, hemos asistido a la escenificación de la mayor crónica de la parcialidad anunciada que se ha dado en los últimos años en la Policía
Nacional. Y no solo lo digo yo, lo denuncia el Sindicato Profesional de Policía. En la actualidad existen 126 comisarios principales, pero solo 77 puestos exclusivos para comisarios principales en el catálogo de puestos de trabajo, por lo que 49
comisarios principales están o bien en puestos de comisario, o bien con destino en la escala superior en puestos denominados indistintos -muchos de ellos con inferior complemento de destino-, o directamente en el limbo profesional más absoluto. Y
no solo lo digo yo, lo denuncia también el Sindicato Unificado de Policía. No satisfecho con este excedente promocional de comisarios principales, el señor Cosidó, con fecha 30 de noviembre, es decir, un mes y cuatro días después de la disolución
de las Cortes Generales, firmó la resolución de convocatoria de 27 plazas de ascenso a comisario principal, cuyo plazo de solicitud finalizó justamente el día 20 de diciembre, fecha de las elecciones generales. Pues bien, si a los 126 comisarios
principales actuales se le suman los 27 en proceso en la nueva convocatoria, nos encontraremos con 153 comisarios principales para los 77 puestos previstos en el catálogo. Es decir, una plantilla de altos mandos policiales inflacionada en un 50%, y
en la que prácticamente el 60% de los comisarios principales han sido promocionados en la X Legislatura. Un auténtico despropósito o, lo que la mayoría sospechamos, una jugada política calculada al milímetro comenzando por el director general de la
Policía hasta el ministro, habida cuenta de los obstáculos administrativos, jurídicos y reglamentarios que han tenido que remover, y los numerosos recursos legales a que ha dado lugar. Una muestra de lo que son capaces: un convenio del Ministerio
del Interior con la Universidad Rey Juan Carlos para obtener titulaciones superiores con un curso online de siete meses y 3.000 euros de coste. En definitiva, en cuatro años la política del Partido Popular al frente del Cuerpo Nacional de Policía
se ha convertido en la principal amenaza para la confianza y la credibilidad de la institución.
Señoras y señores diputados, desde la función de orientación política que nos corresponde en el Congreso, el objetivo de esta iniciativa del Grupo Parlamentario Socialista, para la que pedimos su voto favorable, es instar al Gobierno en
funciones a paralizar el proceso de la nueva convocatoria de ascenso a comisario principal, así como someter todo el proceso a revisión e informe de la Dirección General de la Función Pública del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas y
remitirlo a esta Comisión de Interior.
Acabo, señorías, con una consideración: tan importante es instar a detener esta última y precipitada convocatoria de mandos policiales en tiempo de descuento de un Gobierno en funciones, como el mensaje firme, y espero que unánime, que con
ello trasladamos a la ciudadanía. Un mensaje de compromiso del Congreso de los Diputados con la regeneración democrática y a favor de la despolitización de las instituciones del Estado.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Botella.
Para la defensa de su enmienda, tiene la palabra el portavoz del Grupo Parlamentario Podemos-En Comú Podem-En Marea.
El señor DELGADO RAMOS: Gracias.
Señor presidente, señorías, existe la creencia en parte de la ciudadanía, por otro lado razonada, de que la llegada de un Gobierno supone el cambio de las cúpulas de la Policía, la Guardia Civil, incluso del Ejército. Y esa imagen no es
buena por salud democrática y porque se traslada a la sociedad la idea de que el Gobierno de turno coloca a ciertos mandos para trabajar para ese equipo y no para los ciudadanos, que es lo que tienen que hacer. Nuestro grupo parlamentario en primer
lugar se siente en la obligación de exigir una verdadera progresión en la carrera profesional y promoción interna de todos los funcionarios policiales. Una verdadera carrera profesional que respete los principios básicos de igualdad, mérito,
capacidad y, por supuesto, también valore la antigüedad. Cualquier caso que se desvíe de estos principios debe ser denunciado. Es indignante que algunos altos mandos de la Policía -repito, algunos altos mandos- promocionen sin los requisitos
mínimos y dudosos méritos. Los ascensos a dedo, sin respetar los principios, con méritos cuestionables o con medallas regaladas, son una expresión de la corrupción que no podemos consentir. Por eso nuestro grupo parlamentario va a apoyar esta
iniciativa y retiramos la enmienda que habíamos presentado.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Delgado.
El Grupo Parlamentario Ciudadanos ha presentado también una enmienda. Tiene la palabra el señor Hervías.
El señor HERVÍAS CHIROSA: Muchas gracias, señor presidente.
El Grupo Parlamentario Ciudadanos votará a favor de la propuesta de suspender la convocatoria. Consideramos que nuevamente lo que se está intentando hacer es politizar; no solo se ha politizado la justicia, sino que también se intenta
politizar en este caso a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, colocando a comisarios principales afines ideológicamente al Gobierno de turno. En la anterior legislatura parecía que con la entrada en vigor de la nueva ley, esta vez sí
podríamos tener unos comisarios principales elegidos por sus méritos y en igualdad de condiciones. La realidad ha sido tozuda y nuevamente hemos observado que se han hecho trampas, como siempre. El Partido Popular volvió a mentir, lo que originó
la convocatoria de plazas y que nuevamente se eligieran comisarios principales a dedo. Nosotros consideramos que tenemos que preservar la independencia de nuestras Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, que tenemos que preservar la
independencia policial, separarlas de la política. No podemos politizar a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado porque todos ellos, con profesionalidad, sin duda actúan y trabajan para preservar el orden y la seguridad íntegra de todos los
ciudadanos españoles. Por ello consideramos que no se han hecho bien las cosas. El Partido Popular ha ido improvisando, a pesar de tener una mayoría absoluta que ha utilizado para lo que le ha interesado, es decir, para seguir politizando
diferentes organismos, pero que no ha utilizado para realizar las reformas que España necesita. Por tanto, insisto, el Grupo Parlamentario Ciudadanos votará a favor.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Hervías.
Para fijar su posición, en nombre del Grupo Parlamentario Mixto tiene la palabra el señor Salvador.
El señor SALVADOR ARMENDÁRIZ: Intervendré muy brevemente, señor presidente. Nosotros no compartimos ese panorama inquietante del que hablaba la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, y esa descripción de una Policía política como la
que, en su opinión, tendríamos en España. No es un argumento de autoridad, igual sí de familiaridad, pero, en fin, yo que llevo un tiempo aquí, he conocido al exdiputado y hoy director general de la Policía, don Ignacio Cosidó, y realmente se me
hace difícil compartir la valoración personal del trabajo desarrollado en su actual responsabilidad, tanto por su personalidad o su perfil como por la valoración que yo tengo de su persona, y que conozco porque coincidí con él en esta misma
Comisión. Por tanto, no comparto su descripción del actual estado de las cosas y, en todo caso, si hubiera algún tipo de queja u oposición a cuáles son las formas, pues hay foros tanto en el ámbito administrativo como judicial para oponerse a las
medidas que internamente se puedan establecer. Por tanto, yo también me uno a las últimas palabras del portavoz de Ciudadanos para defender la profesionalidad de nuestras Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Y efectivamente, compartimos que
las promociones se hagan en base a los principios de igualdad, capacidad, mérito y antigüedad.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Salvador.
Por el Grupo Parlamentario Catalán, tiene la palabra la señora Ribera.
La señora RIBERA I GARIJO: Nos abstendremos en esta proposición no de ley.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, tiene la palabra el señor Rufián.
El señor RUFIÁN ROMERO: Votaremos a favor de esta proposición no de ley.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Rufián.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la señora Álvarez-Arenas.
La señora ÁLVAREZ-ARENAS CISNEROS: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, en la Ley Orgánica 9/2015, para dar una mayor eficacia a los principios de igualdad, mérito, capacidad y antigüedad, es decir, principios constitucionales, se ha incorporado la previsión referida a la posibilidad de ascender a
todas las categorías por cualquiera de las dos modalidades; esto es, antigüedad
selectiva y concurso-oposición, no circunscribiéndose por tanto la reforma operada en este real decreto del que estamos hablando únicamente a la promoción para la categoría de comisario principal, sino que incluye también la categoría de
oficial de Policía. Yo quiero hacer aquí un pequeño inciso, porque estamos hablando justamente de que esto redunda en una mayor eficacia en los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad, cuando aquí hay grupos parlamentarios que
apoyan a algunos ayuntamientos como el de Madrid o Barcelona -incluso algunos que están en la propia gestión de Gobierno-, en los que ya sabemos que los nombramientos, según ellos de regeneración democrática, se hacen con un criterio nada
constitucional, es decir, amistades de proximidad. Pues bien, eso que estamos viendo todos los días no es lo que está ocurriendo en el caso que estamos tratando hoy aquí.
Señorías, al no estar reconocido el ascenso en la normativa anterior por estas modalidades a las que yo me he referido, antigüedad selectiva y concurso-oposición, era necesario llevar a cabo el correspondiente desarrollo reglamentario de esa
ley, con el fin de definir los porcentajes de vacantes reservados a cada una de las dos modalidades, sin cuya determinación no se pueden llevar a cabo los respectivos procesos selectivos. Creo que esto es absolutamente claro. Por tanto, de no
haberse aprobado este cuestionado real decreto del que hoy estamos hablando, se hubiera producido una absoluta paralización de la promoción a las dos categorías, con el efecto negativo que ello supondría tanto en el plano organizativo como en las
expectativas personales de los policías nacionales. Por tanto, para el Grupo Parlamentario Popular la asignación de puestos previstos en el actual catálogo para su provisión por comisarios principales, comisarios e interinos, está dentro de la más
estricta legalidad.
Señorías, los puestos de trabajo de nivel de complemento de destino 29 ocupados por comisarios son un total de 44. Y ello obedece a que cuando fueron designados para ocuparlos, las disposiciones normativas entonces vigentes lo permitían, al
estar contemplada la cobertura de estos puestos de trabajo en los catálogos vigentes para la escala superior, sin distinción de categorías, pero es que, además, estaba también refrendado por las reglas complementarias a las que después me referiré.
Respecto a los puestos de trabajo previstos en el vigente catálogo para comisarios principales, ocupados por comisarios -también se han referido a ellos-, en la actualidad solamente hay nueve comisarios, de los cuales siete están realizando el curso
de formación, por cierto, un curso de formación absolutamente legalizado por la Universidad Rey Juan Carlos, con el ministerio y con la Aneca que lo ha certificado. Unos cursos que no pueden falsear las situaciones y que pagan cada uno de los
policías que acceden a ellos, no los costea el propio ministerio. Estos cursos son para el ascenso a la categoría de principal. Ello es posible por los motivos mencionados, es decir, cuando se les nombró para estos puestos, lo admitían las
disposiciones normativas en vigor por ser puestos previstos en el catálogo vigente para la escala superior. Por otra parte, también hay cuatro comisarios de la Policía Nacional ostentando el cargo de jefe superior de Policía, que ustedes no han
nombrado pero a los que hacen referencia en su exposición de motivos. Son los comisarios de Cantabria, Región de Murcia, Islas Baleares y Navarra, cuyos nombramientos se efectuaron cuando lo permitían las disposiciones legales vigentes, ya que el
catálogo contemplaba estos puestos de trabajo para la escala superior sin distinción de categorías. No obstante, con efectos uno de diciembre de 2014 se modificó el catálogo, pasando estos puestos a proveerse por comisarios principales, si bien la
regla complementaria octava permite que continúen en su desempeño. Por lo tanto, absoluta legalidad.
Señorías, ¿qué son las reglas complementarias? Pues son disposiciones legales que nacen de la Cecir, que es la Comisión Ejecutiva de la Comisión Interministerial de Retribuciones. Comisión Interministerial donde está, señorías, el
Ministerio de Administraciones Públicas al que ustedes reclaman que esté dentro de estas cuestiones, pues está a través de esta Comisión Interministerial. Además de los motivos que he dicho, estas disposiciones legales que se llaman reglas
complementarias, en particular la cuarta, sexta y duodécima, amparan también todos estos nombramientos.
Termino, señor presidente. Hay diputados en esta Cámara que son capaces de mantener reuniones poco ortodoxas, de las que todos hemos oído hablar en alguna ocasión, y que piensan que todos hacen lo mismo en el ámbito de las Fuerzas y Cuerpos
de Seguridad del Estado. Personalmente me parece indecente, permítanme que lo diga, el contenido de los antecedentes de esta proposición no de ley, en donde se vierten juicios de valor intolerables no solo contra el ministerio, pues al final el
ministro y el director general son cargos políticos, sino contra los profesionales. Se duda de la profesionalidad de los policías españoles. Además, si hiciéramos caso al petitum de esta iniciativa, de esta alegoría que, insisto, son juicios de
valor, para la suspensión de esta convocatoria, se generaría un daño organizativo, un daño a las expectativas personales de profesionales y, desde luego, un perjuicio a la calidad del servicio
operativo de nuestra Policía en unos momentos en los que no estamos para estas cuestiones -a ello se ha referido con anterioridad el señor Delgado, del Grupo Parlamentario de Podemos-, puesto que estamos en un nivel cuatro de alerta.
Señorías, dejemos trabajar a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, dejemos a cada uno en sus puestos, dejemos que la operativa de un cuerpo tan valorado como el de la Policía Nacional, como aquí se ha dicho, siga su ruta y, en cualquier
caso, siempre estarán los tribunales para determinar el resto.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Álvarez-Arenas.
Señora Botella, tiene la palabra.
La señora BOTELLA GÓMEZ: Entiendo que es para fijar nuestra posición definitiva porque se han retirado las enmiendas y, por tanto, nos ratificamos en los contenidos. Por otro lado, nosotros hemos calificado esta situación como inquietante,
pudiéramos haber dicho indecente. (La señora Álvarez-Arenas Cisneros: Eso es entrar en valoración). Pero nos hemos mantenido en esa posición respecto a la actitud de la Dirección General de la Policía respecto a su legitimidad y legalidad.
El señor PRESIDENTE: Por favor, señor Botella. ¿El Grupo Parlamentario Ciudadanos ha retirado su enmienda?
El señor GUTIÉRREZ VIVAS: No, hemos dicho que vamos a votar a favor.
El señor PRESIDENTE: ¿Pero mantienen la enmienda? Es que había dicho la señora Botella que se había retirado.
El señor GUTIÉRREZ VIVAS: Si, mantenemos la enmienda.
La señora BOTELLA GÓMEZ: Había entendido que no estaba. Bien, si se mantiene la enmienda, la aceptamos en cuanto el texto supone enfatizar los principios que estamos defendiendo de igualdad, mérito y capacidad constitucionalmente
recogidos.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Botella.
- SOBRE LAS RESPONSABILIDADES DEL GOBIERNO POR FRENAR DETERMINADAS INVESTIGACIONES DE CORRUPCIÓN. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente 161/000220).
El señor PRESIDENTE: Pasamos al punto sexto del orden del día: Proposición no de ley sobre las responsabilidades del Gobierno por frenar determinadas investigaciones de corrupción. Tiene la palabra el portavoz del grupo proponente, el
señor Trevín.
El señor TREVÍN LOMBÁN: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, esta proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista, que tiene una enmienda para actualizarla a la luz de las últimas informaciones, trata fundamentalmente dos cuestiones de control y transparencia, pero también una
tercera de coherencia. Para ser coherentes estamos obligados a desenmascarar el extraño caso del doctor Jekyll y mister Hyde. Esta obra de Robert Louis Stevenson -perdonen mi inglés que es peor que el de Ana Botella, la otra (Risas.)- se viene
representando todos los viernes en la sala de prensa de Moncloa en los últimos cuatro años. Llega una información a los periódicos y preguntan a la vicepresidenta sobre su postura acerca de que sea el Partido Popular la primera organización
política que tenga que comparecer como investigada en ámbitos judiciales. Y entonces la vicepresidenta responde claramente: eso es de mister Hyde. El Gobierno, el presidente y yo y nuestros colaboradores somos el doctor Jekyll, deben preguntar a
mister Hyde en Génova y a sus responsables. ¿Que hay responsables institucionales del Partido Popular que en sede judicial declaran que blanquearon dinero? Si le preguntan a la vicepresidenta, el viernes volverá a decir: eso corresponde a mister
Hyde, vaya ustedes a Génova, pregunten a sus responsables, el Gobierno no tiene nada que ver. Y así si son empresarios que, efectivamente, confirman que financiaron ilegalmente al Partido Popular. Es más, en los últimos días la vicepresidenta dejó
claro que el Gobierno no participará en ningún caso en escenarios de defensa de los implicados. Este Gobierno, el presidente y el equipo que colabora conmigo
-dice la vicepresidenta- hemos tomado medidas muy contundentes, pero los hechos son más importantes. Veremos si, efectivamente, los hechos son más importantes. El presidente Rajoy tuvo la suerte de que el SMS que se publicó de su
correspondencia con Luis Bárcenas, de 18 de enero de 2013, fuera: Luis, lo entiendo. Sé fuerte. Mañana te llamaré. Sin embargo, el realmente difícil de explicar, el que es muy complicado para un presidente aceptar es el del 26 de febrero de
2012, casi un año antes: Luis, nada es fácil, pero hacemos lo que podemos. Animo. Y el Gobierno claro que hizo lo que pudo por imputados en aquel momento, investigados hoy. Lo primero que hizo por el imputado, señor Bárcenas, es lograr que su
mujer que tenía que comparecer en los ámbitos judiciales, no hiciera el paseíllo. Miren que hicieron el paseíllo figuras públicas políticas y sociales en este país, pero no lo hizo la mujer de Luis Bárcenas porque el día anterior, llamó a Moncloa y
le dijo al presidente que su mujer no podía hacer el paseíllo. Y al día siguiente responsables policiales la recogieron en casa, la introdujeron por el garaje, la mantuvieron custodiada el tiempo que estuvo en la Audiencia Nacional, y la sacaron de
la misma forma. Por tanto, claro que estaban haciendo lo que podían.
Hay otro supuesto en el que claro que hicieron lo que podían, el caso del ático de don Ignacio González. Señorías, es verdad que estamos ante temas judiciales y nosotros respetamos cualquier tramitación judicial y sus resoluciones. Pero lo
que es cierto es que a día de hoy tenemos declaraciones de altos responsables policiales en el ámbito judicial indicando que fueron presionados o recibieron órdenes del director general de la Policía, don Ignacio Cosidó, o del director adjunto
operativo, don Eugenio Pino, para que pararan o ocultaran las investigaciones. El comisario de Marbella, don Agapito Hermes de Dios Herrero, tuvo la desgracia de ser el que entregara la primera información y de recibir la orden de parar la
investigación del director adjunto operativo, según declararon en los ámbitos judiciales. Curiosamente, pocas semanas después el informe que contenía una gran parte de los datos de la investigación desapareció de un cajón de su despacho oficial. Y
desde entonces este hombre no tuvo paz, primero le trasladaron forzosamente a Madrid. Resulta que estuvo poco tiempo porque coincide que le mandaron a una comisaría de distrito, el de Moncloa-Aravaca, donde vivía el propio Ignacio González.
Inmediatamente otro traslado a otra comisaría para ser segundo comisario, figura que no existía en Madrid, y así tres traslados forzosos más. Sus declaraciones en el ámbito judicial, como digo, indican que el director adjunto operativo le pidió que
en ningún caso continuara con esa investigación y la ocultara.
El segundo caso es más preocupante, sobre uno de los más relevantes jefes policiales, don Enrique Rodríguez Ulla, nombrado por el Partido Popular como persona de confianza al frente de la Comisaría General de Policía Judicial. Vuelvo a
repetir persona de confianza del Partido Popular, y que declaró en sede judicial que el director adjunto operativo le ordenó que cerrara la investigación. Pocos días después fue cesado en su cargo. Fue el primer alto cargo de la Policía cesado,
saquen ustedes sus propias consecuencias.
En tercer lugar, un comisario que es bien conocido a través de medios de comunicación y por relevantes iniciativas policiales, el comisario Villarejo, declaró hace muy pocas semanas, también en el ámbito judicial y ante su señoría, que el
director general de la Policía, don Ignacio Cosidó, le ordenó paralizar la investigación que había iniciado sobre el ático de Ignacio González. No es la primera vez que en los ámbitos parlamentarios se trata este tema. Cuando al ministro se le
preguntó en el Senado sobre el asunto, se descolgó nada menos que diciendo que era una investigación ilegal. El ministro bajo cuyo mandato aparecieron informes anónimos de la UDEF sobre adversarios políticos diversos -desde hace tres años sucede
continuamente- y aparecieron fotos de diputados de este Congreso reunidos con responsables policiales, de una forma absolutamente natural, en primera página de periódicos para al día siguiente cesarlos. Quien hace esto dice que cómo no iban a
paralizar todo lo referente al artículo de Ignacio González si era ilegal. Señorías, no se sostiene en pie.
Por eso, pedimos que un organismo independiente -no prejuzgamos ni decimos que haya habido delito, lo que queremos es que funcione el Estado; un Estado independiente, no que se utilicen los instrumentos del Estado de forma partidista a
favor del Partido Popular-, a través de la Comisión de la inspección general de servicios, revise la investigación. Que revise qué hizo el director general de la Policía, qué hizo el director adjunto operativo y que establezca unas conclusiones
para saber si se cometieron o no irregularidades y que las envíe a este Congreso para pedir en su caso, si proceden, las responsabilidades políticas correspondientes.
Acabo, señor presidente. Todo este proceso llevó mucho tiempo en el Ministerio del Interior. Fíjense bien, estamos hoy ante noticias importantes de Panamá. Tienen que saber sus señorías que el famoso
bufete de abogados del que hablamos intensamente estos días, Mossak Fonseca, fue el encargado de registrar la sociedad matriz de un entramado societario que compró el famoso ático, para poco después alquilárselo a don Ignacio González en
2008, quien finalmente lo adquirió en diciembre de 2012. Es más, lo sospechoso del caso es que esta sociedad, según informó El Confidencial, estaba integrada por tres ciudadanos costarricenses con muy bajos ingresos y, sin embargo, pudieron unirse
para comprar una vivienda en Marbella de más de un millón de euros.
Acabo la cita con una película, lógicamente con El sastre de Panamá, de John Boorman. Se acordarán de que el sastre de Panamá intentaba, sobre todo, conocer cuáles iban a ser las iniciativas del presidente panameño sobre el canal. Esto
debió ilustrar a algunas de las personalidades del Ministerio del Interior, porque se puso en marcha una operación parecida. El pasado año se abrió una nueva agregaduría de Interior en Panamá, agregaduría que no existía. A pesar de que había
muchos novios para la plaza, solamente se analizó un expediente, curiosamente de quien había sido jefe de escoltas de Aznar. ¿Qué va a saber y qué información tiene este agregado? Tiene la información de todas las relaciones de la Policía española
con la Policía panameña y tiene conocimiento de todas las tramitaciones judiciales que desde España se hagan a Panamá y a todas sus sociedades.
¿Saben ustedes cómo acabó la película? En esto hay que reconocer, como dijo algún miembro relevante del Partido Popular, que hay deudas que difícilmente se pagan con honor. Este Gobierno las está pagando con cargos en el exterior y
seguramente la información que hoy publica ElDiario.es sea la mejor demostración. Porque el agregado que teníamos en Brasil sigue como asesor para que no pueda ser encarcelado, aunque mató a su mujer, según confesó en defensa propia. No puede ser
encarcelado por esa razón. Después de haberse jubilado se le vuelve a nombrar como asesor para que llegue al juicio y si en el juicio es condenado en Brasil, el Estado español se ha reservado el derecho de que pueda aquí cumplir la condena. Eso
sí, mientras tanto que pueda seguir allí. Como digo, señorías, este Gobierno ha contraído con diferentes policías -o eso parece- deudas que difícilmente se pagan con honor y de momento se pagan con destinos de alta cualificación salarial en el
extranjero.
Muchísimas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Trevín.
Para el conocimiento del resto de los portavoces he de decir que esta Presidencia no ha permitido que el portavoz socialista se haya excedido de manera tremenda el tiempo, sino que como tenía que defender una autoenmienda he agregado el
tiempo de esta a su exposición.
Por el turno de fijación de posiciones, por el Grupo Mixto, señor Salvador.
El señor SALVADOR ARMENDÁRIZ: Señor presidente, seré breve.
Yo no sé hasta qué punto se compadece la exposición de motivos o la intervención del portavoz del Grupo Socialista, con el final del petitum de esta proposición no de ley. En todo caso, yo no soy partidario de esa especie de principio de
corruptibilidad que se supone a aquéllas personas que habiendo trabajado en determinados destinos terminan en el exterior. En todo caso, seguramente habrá muchas pruebas y muchos hechos precedentes de personas que han trabajado en Gobiernos
anteriores y que luego han tenido destinos fuera. Por tanto, esa argumentación sinceramente en principio no la comparto. En todo caso, fijaré la postura de mi grupo, una vez haya escuchado al resto de los grupos parlamentarios.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Salvador.
Grupo Parlamentario Catalán (Democràcia i Llibertat), señora Ribera.
La señora RIBERA I GARIJO: Gracias.
Daremos apoyo a esta propuesta. Únicamente he de decirles que está bien que se realice para frenar actividades de corrupción, pero que también tenía que contemplar cuando a veces se inventan actividades de corrupción, sobre todo, cuando
coincide con procesos que desde el Estado no se ven muy bien. Me refiero al caso del proceso catalán pidiendo el derecho a la autodeterminación, a cuando aparecieron informes falsos en épocas electorales. He de decir -quiero que quede reflejado
aquí porque nuestra intención es actuar siempre con limpieza y en paz, pero, sobre todo, con todas las garantías legales- que los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado se encuentran obligados a actuar con integridad y con
dignidad y a oponerse a cualquier acto de corrupción. Además, el incumplimiento de sus obligaciones estaría sometido a responsabilidades disciplinarias, de acuerdo con el procedimiento y con
las garantías legalmente establecidas, sin perjuicio de las responsabilidades civiles o criminales. Esto quiero que sirva como recordatorio.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Ribera.
Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, señor Rufián.
El señor RUFIÁN ROMERO: En el país de Luis sé fuerte; de solamente me han salido rana cuatro, no os quejéis; de los compi Yogui, y de la fraternidad con Panamá, qué menos que investigar la corrupción. Así que nosotros votaremos a favor
de la propuesta.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Rufián.
Por el Grupo Ciudadanos, señor Gutiérrez.
El señor GUTIÉRREZ VIVAS: Gracias, señor presidente.
Señorías, los casos de corrupción todos sabemos que llevan aparejados siempre investigaciones judiciales y, por tanto, acciones de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. La realidad es que observamos con preocupación cada vez mayor
cómo estas investigaciones son gestionadas en función del calendario político y del color de los Gobiernos, sean estos centrales o autonómicos en muchos casos. Sucesos como el ático del señor González, que nos trae hoy aquí el señor Trevín a
colación, pero también como el caso Brugal, el bar Faisán o incluso el más anecdótico y más gracioso referido al pequeño Nicolás lo único que nos causan es estupefacción en la opinión pública.
Desde Ciudadanos queremos expresar nuestra intención de que las disputas políticas se circunscriban estrictamente al ámbito de las instituciones políticas, ya sean estas en el Congreso, en el Senado o en los parlamentos autonómicos.
Queremos que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, la justicia y nuestras Fuerzas Armadas sean independientes del devenir de los calendarios políticos o de las opiniones estrictamente de los partidos políticos. Defendemos la
despolitización de la Administración pública en pro de un sistema que no se escore, dependiendo del partido que ostente el poder. Además, no entendemos un sistema que sea regenerado sin las pertinentes reformas de la Administración pública que
garanticen a los funcionarios públicos el poder presentarse libremente a cualquier oposición o puesto laboral, pudiendo estar seguros de que en nuestro proceso se valorarán exclusivamente sus conocimientos, habilidades, méritos y carrera. Jamás
debe valorarse si es un perfil u otro más interesante para un Gobierno dependiendo de su afinidad o pensamiento político.
Señorías, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, sus miles de hombres y mujeres, merecen que los intereses partidistas queden alejados de su gestión operativa y del servicio que como Policía judicial realizan para otro poder -el
Poder Judicial en este caso-, que también presenta múltiples sospechas de estar mediatizado por el poder político.
Ciudadanos reitera su apoyo a aquellas personas y asociaciones que critican estas acciones y anima a seguir denunciando estas irregularidades, porque encontrarán en Ciudadanos un partido que estará a su servicio dispuesto a defender la
integridad y la lealtad que los funcionarios deben a los conciudadanos, a los intereses que además nos debemos todos. Nos proponemos votar, por tanto, a favor de la presente propuesta, pero instamos a todos los partidos aquí representados a no
utilizar de forma partidista uno de nuestros mayores y mejores activos democráticos como son nuestras Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
Muchas gracias, señorías.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Gutiérrez.
Por el Grupo Parlamentario Podemos-En Comú Podem-En Marea, señor Santos.
El señor SANTOS ITOIZ: Muchas gracias, señor presidente.
Simplemente intervengo para fijar la postura de nuestro grupo. Votaremos a favor de la proposición presentada en este caso por el Partido Socialista y ello independientemente de que podamos compartir o no el relato de hechos que se hace
como justificación directa de lo que se pide ejecutar. Decimos esto porque entendemos, cuando leemos, que es un totum revolutum, en el cual se mezclan algunas actuaciones de prensa, algunas actuaciones de comisarios, un caso concreto y después
había una petición muy genérica, que luego al parecer se ha corregido. Sin embargo, tampoco entendemos que pueda ser lícito
aprovechar el viaje para en lugar de defender esta situación concreta, contarnos el resumen de prensa de la mañana y acabar hablando de El sastre de Panamá, ya que pasábamos por el istmo.
Directamente creemos que este es un tema serio y lo es porque, al margen de color político del Gobierno de turno, sí que entendemos que ha habido actuaciones que distan mucho de respetar el principio de neutralidad política que en principio
se debe suponer a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. En este sentido, nosotros vamos a ser tremendamente vigilantes. Creemos que estas actuaciones en forma muchas veces de informes o de actuaciones fantasmas, o de procesos que a veces
se prefabrican para generar un determinado estado de opinión o de prensa son altamente perjudiciales, pero no solo en el sentido de la libre concurrencia democrática de todas las ideas, sino también y principalmente para el conjunto de personas que
desarrollan su labor en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y que se ven desprestigiados seguramente por la actuación de unos pocos, que desde luego no están respetando los principios básicos de la democracia.
¿A quién favorece esto? Podemos hacernos esta pregunta. Pero esta pregunta, al margen de colores y opiniones políticas, debe ser respondida en un Estado de derecho por los jueces y los fiscales. Por lo tanto, hay dos principios: en
primer lugar, apoyaremos la máxima transparencia y esperamos que haya un Gobierno que proceda a depurar este tipo de actuaciones, sobre todo a las personas que puedan estar realizando este tipo de actuaciones contrarias a la legalidad, y en segundo
lugar, apoyaremos a los jueces y fiscales dotándoles de medios para que en un momento determinado puedan llegar hasta el final de todo este asunto. En definitiva, apoyaremos la petición que se hace en la propuesta, con las reservas que ya he
expresado.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Santos.
Por parte del Grupo Popular, señor Martín-Toledano.
El señor MARTÍN-TOLEDANO SUÁREZ: Muchas gracias, señor presidente.
En primer lugar, he de decir que la intervención del señor Trevín aunque viene a hacer una defensa del texto de la proposición no de ley, obvia muchas de las afirmaciones que se realizan en la exposición de motivos. Digo esto porque lo peor
que se puede hacer en la corrupción, que es una práctica absolutamente inaceptable y contra la que hay que luchar siempre, es utilizarla de forma partidista y grosera. Lo que se nos ha presentado aquí, con todo respeto, es una bufonada. Es una
proposición no de ley con una exposición de motivos totalmente falta de rigor y de verdad, plagada de falsedades y repleta de odio político. Aquí se está afirmando en la proposición no de ley, a lo mejor no tanto en la intervención del señor
Trevín, que hay una supuesta red de corrupción en la Policía Nacional. Se apela y se imputa al director general de la Policía, diciendo que es el jefe de la Policía política y se habla de un dicho popular: Dime de qué presumes y te diré de qué
careces. Dicho que se puede aplicar perfectamente al Partido Socialista en su relación con la corrupción y con la utilización política de la Policía cuando ha estado en el Gobierno. Es más, se le podría aplicar otro dicho más popular y que viene
al pelo: Se cree el ladrón que todos son de su condición.
Existen muchos ejemplos de la utilización política de la Policía cuando el Partido Socialista ha estado en el Gobierno. Aquí se han citado algunos como el Faisán, pero podemos hablar del GAL, podemos hablar también de los fondos reservados
y cómo el PSOE apoyó a las personas condenadas fletando autobuses a la cárcel de Guadalajara para aplaudir y apoyar a los condenados (Rumores). Este es un ejemplo clarísimo de lucha contra la corrupción en la Administración en el Ministerio del
Interior.
La corrupción hay que combatirla siempre pero con rigor, con normas aprobadas en el Parlamento, tal como se ha hecho la pasada legislatura cuando se ha aprobado una batería de medidas contra la corrupción que ha perfeccionado el lograr
impedir y prevenir la corrupción, así como aplicar penas más severas. También hay que combatirla garantizando la independencia judicial de jueces, fiscales y de la Policía como Policía judicial, pero no trayendo aquí un relato que hace creer que
los mandos de la Policía Nacional están al servicio de una presunta red de corrupción masiva para tapar casos del Partido Popular. Señorías, el funcionamiento del Cuerpo Nacional de Policía se tiene que fundamentar en principios básicos: estar al
servicio del imperio de la ley, la presunción de inocencia de los investigados y al mismo tiempo el secreto de sus investigaciones, así como estar al servicio y dependientes de los jueces y fiscales como Policía judicial.
Señorías, no se puede realizar una campaña de desprestigio contra los mandos policiales y los responsables del Ministerio del Interior fundada en mentiras, insidias o frases grandilocuentes a las que tan acostumbrados nos tiene el señor
Trevín. Yo he leído ya intervenciones del pasado y llueve sobre mojado.
En su exposición de motivos se habla de policía política, vínculos con la corrupción, recibir comisiones ilegales, ocultación de tramas de corrupción, cobro de dinero por sobornos, encuentros en cafeterías -usted sabe mucho de eso, ya
apareció alguna noticia en el pasado-, utilización de la Policía para investigar corrupción en otros partidos y se cita a Convergència y al caso Palau. No sé si querrá decir que la investigación de los ERE es una persecución política de la Policía;
no lo sé. También habla de un comisario político al servicio del ministro del Interior. Son una serie de barbaridades absolutamente impresentables; impresentables, si se quiere ser serio. El representante de Podemos es mucho más serio y mucho
más responsable técnica y jurídicamente (El señor Martínez Oblanca: Eso es que lo está haciendo mal.-Risas) que el señor Trevín y su intervención como representante del Partido Socialista. Es un escrito plagado de calumnias y de injurias, que
seguramente se atreve a presentar porque tiene inmunidad parlamentaria. (Rumores). Si no, seguro que no las presentaba. (Un señor diputado: ¡Muy bien! Aplausos).
Quiero decirle que usted que es tan aficionado al cine nos ha traído aquí una mala película de serie B -muy mala, por cierto- y con muy poca gracia. Desprestigiar a los mandos policiales tiene sus consecuencias y no son buenas. Si usted
cree que existe un delito, vaya a denunciarlo ante los tribunales de justicia. El ático está siendo investigado. (La señora Álvarez-Arenas Cisneros: Y sigue). Y sigue siendo investigado por la justicia. Existe un sumario y tengamos respeto para
los jueces y fiscales que investigan y para los policías están al servicio de los jueces y fiscales en esa investigación. El Congreso, esta Cámara, no puede convertirse en un tribunal en paralelo. Aquí existe investigación y no hay impunidad. Ya
se verá quién es responsable o no.
El señor PRESIDENTE: Concluya, señoría.
El señor MARTÍN-TOLEDANO SUÁREZ: No se puede convertir las PNL en un concurso o en una carrera para ver quién hace el discurso más demagogo, de mayores insultos y la mayor descalificación porque...
El señor PRESIDENTE: Señor Martín-Toledano, vaya concluyendo.
El señor MARTÍN-TOLEDANO SUÁREZ: He terminado.
No puede convertirse en ese foro de descalificación, de injurias y de mentiras. Muchas gracias. (Aplausos. El señor Trevín Lombán pide la palabra).
El señor PRESIDENTE: Dígame, señor Trevín.
El señor TREVÍN LOMBÁN: Por una cuestión de orden quería que le pidiera al portavoz del Grupo Popular que retirara la acusación en el sentido de que lo que he dicho solo lo podía respaldar por estar aforado. Le pido que lo retire porque si
no tomaremos otras medidas, dado que hace muy poco se votó el aforamiento de diputados y senadores en el Senado. Ahí mi partido fue claro y el PP también. (Una señora diputada: ¡Muy bien! Aplausos).
Señor Martín-Toledano.
El señor MARTÍN-TOLEDANO SUÁREZ: Señor Trevín, ¿sus afirmaciones no están imputando a comisarios y a responsables de un delito? ¿Lo están haciendo? Si lo están haciendo, ¿las retira usted? ¿Retira esas acusaciones de haber cometido
delito? ¿Las retira usted? Yo también le pido que las retire.
El señor TREVÍN LOMBÁN: He hecho una intervención concreta que es la que queda reflejada en el 'Diario de Sesiones', de la que no retiro ni una sola coma. Esa es mi intervención como sabe el presidente y la Mesa de la que soy responsable.
Yo me refiero a su intervención, y no me refiero a otra cosa.
El señor PRESIDENTE: ¿Usted retira lo dicho, señor Martín-Toledano?
El señor MARTÍN-TOLEDANO SUÁREZ: Yo lo que le digo es que retire las afirmaciones de su...
El señor PRESIDENTE: Ya ha dicho que no las retira.
El señor MARTÍN-TOLEDANO SUÁREZ: ¿Ha dicho que no retira las afirmaciones de la exposición de motivo? (El señor Trevín Lombán hace gestos al orador). ¿Entonces por qué no las respalda aquí de viva voz?
El señor PRESIDENTE: Señor Martín-Toledano, no abramos debate, por favor. La Comisión ha ido muy bien a lo largo de toda la mañana, no vayamos al final a estropearlo.
El señor MARTÍN-TOLEDANO SUÁREZ: ¿Está seguro de que esto lo afirmaría en otro lugar?
El señor PRESIDENTE: Señor Martín-Toledano, por favor.
Vamos a proceder a votar. ¿Están todos portavoces en disposición de iniciar la votación? (Pausa.-El señor Salvador Armendáriz pide la palabra).
El señor PRESIDENTE: Señor Salvador.
El señor SALVADOR ARMENDÁRIZ: A los efectos de que conste en el 'Diario de Sesiones', aunque yo emitiré mi voto a la propuesta de Foro de Asturias, quiero que conste que mi voto le representa a él.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Salvador.
Votamos el punto 1.º del orden del día: proposición no de ley relativa a los incendios sufridos en Asturias en el mes de diciembre de 2015 y primeros días de enero de 2016, con una enmienda transaccional del Foro Asturias, que todos conocen
y que han firmado.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 41; abstenciones, 1.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Votamos el punto 2.º del orden del día: proposición no de ley sobre la derogación de la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana, con la enmienda transaccional.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 22; en contra 21.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Votamos el punto 3.º del orden del día: proposición no de ley relativa a la cesión gratuita de la antigua cárcel provincial de A Coruña.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 9; en contra, 32; abstenciones, 1.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votamos el punto 4.º del orden del día: proposición no de ley relativa a la adjudicación de chalecos antibalas de dotación individual a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, del Grupo Parlamentario Podemos-En Comú Podem-En Marea, a
la que se le añade el último párrafo de la enmienda del Grupo Ciudadanos.
Efectuada la votación, dijo
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.
Votamos el punto 5.º del orden día: proposición no de ley del Grupo Socialista sobre la suspensión del ascenso a comisario principal obtenido en la última convocatoria, que se vota en sus propios términos, más la enmienda de Ciudadanos al
último párrafo.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 25; en contra, 16; abstenciones, 2.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Por último, votamos el punto 6.º del orden del día, que iría con el texto de la autoenmienda presentada por el propio Grupo Socialista: proposición no de ley sobre las responsabilidades del Gobierno por frenar determinadas investigaciones
de corrupción.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 26; en contra, 16; abstenciones, 1.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Muchísimas gracias. Se levanta la sesión.
Era la una del mediodía.