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BOCG. Congreso de los Diputados, serie D, núm. 33, de 14/03/2016
cve: BOCG-11-D-33
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BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
XI LEGISLATURA
Serie D: GENERAL
14 de marzo de 2016
Núm. 33
ÍNDICE
Control de la acción del Gobierno
PROPOSICIONES NO DE LEY
Comisión de Interior
161/000154 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Podemos-En Comú Podem-En Marea, relativa a la adjudicación de chalecos antibalas de dotación individual a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado ...
Comisión de Defensa
161/000185 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre la ampliación en la cesión de la finca Las Turquillas ... (Página3)
Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente
161/000160 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Podemos-En Comú Podem-En Marea, relativa a la reversión de Jánovas ... (Página5)
161/000163 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre medidas para evitar la extensión de la bacteria Xanthomonas fastidiosa ... (Página6)
Comisión de Cultura
161/000147 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, sobre la devolución inmediata de los papeles de Salamanca ... (Página7)
161/000162 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre acciones para homenajear a María Moliner en el marco de la Real Academia de la Lengua en el cincuenta aniversario de la publicación Diccionario de Uso
del Español ... (Página9)
161/000166 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la conmemoración del Centenario del nacimiento de Antonio Buero Vallejo, Camilo José Cela y Blas de Otero ...
CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO
PROPOSICIONES NO DE LEY
La Mesa de la Cámara en su reunión del día de hoy ha acordado admitir a trámite, conforme al artículo 194 del Reglamento, las siguientes Proposiciones no de Ley y considerando que solicitan el debate de las iniciativas en Comisión, disponer
su conocimiento por las Comisiones que se indican, dando traslado al Gobierno, y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de marzo de 2016.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
Comisión de Interior
161/000154
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Podemos-En Comú Podem-En Marea presenta al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Congreso de los Diputados la presente Proposición no de Ley para su debate y aprobación en
Comisión, relativa a la adjudicación de chalecos antibalas de dotación individual a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, para su debate en la Comisión de Interior del Congreso de los Diputados
Exposición de motivos
Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado tienen como misión proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades y garantizar la seguridad ciudadana (Ley Orgánica FFyCCS).
En el desempeño de dichas funciones, los agentes se ven inmersos en innumerables actuaciones que, en algunas ocasiones, suponen un riesgo extremo para su vida, al ser agredidos con armas de fuego. Situaciones que se producen de modo
previsible (aviso de un atraco) o imprevisto (acudir a una discusión familiar y ser recibidos con una escopeta de caza, encontrarse con un atraco, etc.)
Por desgracia son numerosos los ejemplos de situaciones en las que se encuentra implicado el uso de un arma blanca o de fuego, así y por poner dos ejemplos, tenemos el trágico suceso del sucedido en Málaga en el que falleció un agente del
CNP tras ser apuñalado al proceder a identificar a su agresor, y en la Guardia Civil encontramos otro trágico fallecimiento de un agente en la provincia de Pontevedra al acudir a una llamada alarma de un banco.
Pero sobre todo no podemos olvidar que actualmente nos encontramos en nivel de alerta 4, lo que evidencia que el propio Gobierno es consciente de que existe un riesgo alto y que quien ha de proteger a los ciudadanos de ese riesgo carece de
los medios mínimos necesarios que le permitan dar esa protección.
La adjudicación de un chaleco antibalas individual es una reclamación constante de los sindicatos de Policía y asociaciones profesionales de la Guardia Civil que han promovido campañas, escritos ante sus respectivos consejos y elaboración de
instancias paras sus afilados, sin que hasta la fecha se hayan atendido, del modo que se merecen, sus demandas.
La Administración tiene la obligación de velar por la salud de sus trabajadores, y en el caso de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad también, y así lo ha dejado claro, en el caso de la Guardia Civil, el Tribunal de Justicia Europeo en
Sentencia de enero de 2006.
No podemos olvidarnos tampoco de que la mejora de la seguridad, de la higiene y de la salud de los trabajadores en el trabajo representa un objeto que no puede subordinarse a consideraciones de carácter puramente económico (Directiva
89/391/CEE, de 12 de junio de 1989, recordada en Sentencia del Tribunal de Justicia Europeo de 9 de septiembre de 2003 - C-151/02).
En este contexto, el Grupo Parlamentario Podemos-En Comú Podem-En Marea (GP-EC-EM) considera preocupante que los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, deban trabajar careciendo de chaleco antibalas o, en el mejor de los
casos compartiendo chalecos en condiciones higiénicas deplorables, cuando no, tener que repartirse entre todos los agentes de un turno los escasos chalecos disponibles, y lo considera preocupante principalmente, dado que difícilmente pueden cumplir
con su cometido (velar por la seguridad pública) si son los primeros que carecen de dicha seguridad.
Por este motivo, el Grupo Parlamentario Podemos-En Comú Podem-En Marea (GP-EC-EM) manifiesta también su apoyo a las organizaciones policiales, por su lucha en defensa de un medio de trabajo tan necesario y que, a pesar del tiempo
transcurrido sin ser atendidas sus demandas, no han cesado de reclamar.
Por todo esto, el Grupo Parlamentario Podemos-En Comú Podem-En Marea (GP-EC-EM ) presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
- Tomar las medidas necesarias para dotar a los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado de chalecos antibalas, como dotación individual al salir de la academia.
- Impulsar las actuaciones necesarias que permitan la dotación de chaleco antibalas de dotación individual a los agentes actualmente destinados en labores de seguridad ciudadana, tráfico y especialidades que intervengan o puedan intervenir
en actuaciones que pongan en riesgo su salud si no posee éste medio de protección.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de febrero de 2016.-Juan Antonio Delgado, Diputado.-Íñigo Errejón Galván, Portavoz del Grupo Parlamentario Podemos-En Comú Podem-En Marea.
Comisión de Defensa
161/000185
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no
de Ley sobre la ampliación en la cesión de la finca Las Turquillas, para su debate en la Comisión de Defensa.
Exposición de motivos
La finca de Las Turquillas, ubicada en el término municipal de Osuna (Sevilla), está adscrita al Centro Militar de Cría Caballar de Écija, el cual se crea por OM 101/2007, de 17 de julio, en el que se establece la estructura orgánica básica
y despliegue del Servicio de Cría Caballar y Remonta.
En octubre de 2009, el Ilustre Ayuntamiento de Osuna firma con el Ministerio de Defensa la cesión demanial de parte de la finca de 'Las Turquillas'. Concretamente han sido cedidas 342,02 hectáreas, de las cuales 80,00 hectáreas son terrenos
cultivables y 262,02 hectáreas son lagunas. Dicho convenio establece que:
'... la colaboración de ambas partes en orden a facilitar el desarrollo de actuaciones necesarias para la consecución de los programas y acciones expuestos en la finca ''Las Turquillas'' que se realizarán respetando las instalaciones y
explotaciones agrícolas y ganaderas ubicadas en las fincas y en las que se realizan actividades esenciales para el Organismo Autónomo Cría Caballar de las Fuerzas Armadas.'
La firma de este convenio permitía al Ayuntamiento de Osuna poner en marcha el proyecto municipal 'Turquilla Gestión Sostenible', cuyo objetivo principal es potenciar una economía sostenible y social, en base a las siguientes metas:
- Crear una fuente de trabajo agrícola estable, adaptada a las necesidades de la localidad.
- Potenciar el desarrollo de una agricultura respetuosa con el medio, basada en los principios de salud, ecología, equidad y preocupación para proteger la salud y el bienestar de las generaciones presentes y futuras y el medio ambiente.
- Revalorizar el Patrimonio Natural del municipio y la Comarca.
- Estudiar del Complejo Endorreico Lantejuela-Osuna-Écija.
- Paliar la situación de crisis actual, convirtiendo la finca de 'Las Turquillas' en un referente de agricultura sostenible y desarrollo rural para la provincia.
- Ofrecer una alternativa profesional a los grupos sociales más desfavorecidos.
El ilustre Ayuntamiento de Osuna, constituyó un ente público empresarial local para la gestión sostenible de la finca de 'Las Turquillas', denominado TURQGESA, que como organismo público tiene personalidad jurídica pública diferenciada,
patrimonio y tesorería propios, autonomía funcional y de gestión según sus Estatutos.
TURQGESA tiene como fin gestionar y mejorar la finca de 'Las Turquillas' desarrollando iniciativas en los ámbitos agrícolas, agroindustriales, medioambientales, científico-universitarios, turísticos y ecuestres.
Desde el inicio del proyecto, TURQGESA, ha mantenido la premisa de ofrecer los puestos de trabajo, a través de un sistema administrativo completamente transparente, en coordinación con el Servicio Andaluz de Empleo, donde sus únicos
requisitos serán el pertenecer al régimen agrícola y estar inscrito en dicho servicio.
En las diversas reuniones que el Ayuntamiento ha mantenido con el Ministerio de Defensa, siempre ha trasladado su visión de la finca como base para crear mano de obra a través de una gestión sostenible del terreno objetivo que se ha
conseguido gracias a la implantación de un sistema agronómico eficiente unido a una acertada elección de los mercados finalistas, que generan una autosuficiencia en la financiación del proyecto. Prueba de ello son los más de 23.000 jornales que,
entre programas del Ayuntamiento y TURQGESA, se han dado desde que la Administración local acogiera la gestión de 80 has de tierra, a pesar de un factor limitante hídrico muy acusado y la agravante situación desfavorable que sufre el medio agrícola.
Con este proyecto la Administración local no sólo encontró una fuente de empleo estable, sino que promovió a través de él un sistema agroalimentario, basado en la producción ecológica, la protección del medio ambiente, la salud de las
personas y la responsabilidad social.
En cuanto a su evolución agronómica, ha ido dirigida a la sostenibilidad y demanda del mercado, comprendiendo entre sus productos, desde hortícolas, que generan gran cantidad de mano de obra, como es el caso de los ajos y del espárrago, a
cultivos que actúan como verdaderos filtros verdes para las lagunas, como son las aromáticas.
Tales antecedentes demuestran que la ampliación de superficie de tierras cedidas al Ayuntamiento, no sólo repercutiría en los puestos de trabajo directos que puede ofrecer a los peones agrícolas, si no que influiría positivamente en la
subcontratación de otras empresas de la comarca, para satisfacer la logística de Las Turquillas, como las empresas agrícolas, talleres de maquinaria agrícola repuestos, distribuidores de insumos orgánicos, empresas de transportes, pequeños
comerciantes o certificadoras.
En resumen, durante la trayectoria de la administración como gestora de parte de la finca se ha conseguido explotar agronómicamente 80 hectáreas de tierra, generando un producto competitivo y cargado de responsabilidad social, convirtiéndose
así en un instrumento ágil y generador de empleo en este sector tan desfavorecido.
Los objetivos marcados por el Ayuntamiento que justifican la solicitud de ampliación de superficie son:
- Aumentar la mano de obra generada por la finca.
- Convertir Las Turquillas en un referente de agricultura ecológica en Andalucía.
- Ser un impulso socioeconómico en el mundo rural.
- Continuar como plataforma científica para cultivos sostenibles con la Red Natura 2000.
- Poner en marcha un Plan de Acción para el estudio, puesta en valor y gestión del complejo endorreico.
- Potenciar un Turismo Natural respetuoso con el medio.
- Aumentar la producción para satisfacer las demandas comerciales actuales que tiene TURQGESA.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Ministerio de Defensa a:
1. Estudiar la propuesta del Ayuntamiento de Osuna para ampliar la superficie cedida por el Ministerio al consistorio de la finca de ''Las Turquillas''.
2. Realizar las gestiones necesarias para solucionar las limitaciones hídricas del proyecto, incluyendo la finca como nueva zona de regadío.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de marzo de 2016.-Antonio Francisco Pradas Torres, Diputado.-Miguel Ángel Heredia Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente
161/000160
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Podemos-En Comú Podem-En Marea presenta al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Congreso de los Diputados la presente Proposición no de Ley, para su debate y aprobación en
Comisión, relativa a la reversión de Jánovas.
Exposición de motivos
A principios de los sesenta del siglo pasado, los vecinos de los pueblos de Jánovas, Lavelilla y Lacort, en el Pirineo Aragonés, se vieron expropiados y expulsados de sus casas (dinamitándolas sin permiso previo siquiera, mientras todavía
vivía gente en el pueblo). Se trataba de despoblar el Valle del río Ara, a las puertas de Ordesa, para construir una presa hidroeléctrica de la empresa lberduero (hoy lberdrola). Tras múltiples acciones de represión, humillación y amedrentamiento
sobre quienes se resistían, y sucesivos aplazamientos, demoras y trucos legales por parte de lberduero, que acabaría vendiendo sus derechos a Endesa, el proyecto quedó anulado varias décadas después, en 2005, como resultado de una evaluación
ambiental negativa publicada en el año 2001. En suma, casi medio siglo de sufrimiento, atropello de derechos y destrucción del territorio y de la vida en Jánovas y su entorno, que se han vivido como una afrenta a la dignidad de las gentes del
Sobrarbe y del Pirineo. Y todo para nada: se vació y destruyó todo un valle, con sus pueblos y sus gentes, en nombre de un interés general que nunca lo fue, para construir una presa que nunca se ha hecho y sin que haya habido siquiera un gesto
autocrítico ni de disculpa por parte de las hidroeléctricas involucradas ni del Gobierno.
Aunque finalmente en 2008 se abrió el correspondiente proceso de reversión, hoy, siete años más tarde, el procedimiento está estancado por diversas razones y pretextos. El primer problema se deriva de la intención de Endesa de cobrar a los
antiguos vecinos, expropiados en su día, el valor de esas expropiaciones multiplicado por 34 (por el IPC acumulado), pese a que lo que se revertían eran ruinas. Posteriormente han seguido múltiples trabas catastrales, problemas de deslinde del
dominio público hidráulico y de las vías pecuarias, etc., sobre la base de una nula voluntad política de la Administración para agilizar trámites y procedimientos.
Por otro lado, en 2011 se adjudicó un contrato para la redacción de un plan de desarrollo sostenible de Jánovas, que debía contar con un proceso de participación ciudadana. Desgraciadamente, en la elaboración del plan, suscrito por la
Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE), el Gobierno de Aragón, la Diputación Provincial de Huesca (DPH) y el Ayuntamiento de Fiscal, la participación ciudadana brilló por su ausencia. Esta falta de participación ciudadana se refleja en
inconsistencias, por desconocimiento del territorio, y en una falta de compromiso que encarece el plan dificultando su viabilidad: proyectos sobredimensionados, como el abastecimiento de agua desde Fiscal hasta Jánovas, valorado en 5,4 millones de
euros, o la implantación de tres depuradoras, siguiendo el modelo fracasado del Plan de Depuración del Pirineo.
Por otro lado, el 4 de diciembre 2015 la Secretaria de Medio Ambiente explicitó la obligación de hacer una evaluación ambiental estratégica ordinaria, y no simplificada como pretendía la CHE, intentando obviar el trámite de información
pública que contempla el procedimiento ordinario.
Por todo ello se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Que se aplique el menoscabo reconocido en la Ley de Expropiación Forzosa de forma que los particulares no tengan que acreditar con informes periciales lo que es un hecho fáctico: que en Jánovas, Lavelilla y Lacort los inmuebles se
encuentran en estado de ruina, los servicios públicos devastados y los campos en abandono; en buena parte, porque fue la propia empresa hidroeléctrica la que destruyó los bienes, tanto campos, como casas, caminos, infraestructuras de riego y
abastecimiento, etc. En el año 2011, el Ministerio de Medio Ambiente comunicó a los afectados que se fijaría una nueva valoración de los bienes contemplando su menoscabo (y no el IPC acumulado durante estos años), tal como recoge la ley. Pese a
ello, en estos momentos el menoscabo todavía no se ha reconocido y las familias tienen que negociar directamente con la concesionaria el precio o acudir al Jurado de Expropiación Forzosa para que dictamine la valoración de patrimonios, produciéndose
en ambos casos flagrantes injusticias: en el primero la concesionaria fija precios arbitrarios, y en el segundo el Jurado de Expropiación Forzosa valora según indicadores y parámetros oficiales, como si de una reversión más se tratara.
2. Que se reconozca la reversión integral de patrimonios, incluyendo las fincas por encima de la cota 710 (zona conocida como Las Coronas), reconociendo el menoscabo, dado que no se trató de ''ventas voluntarias'', como la empresa pretende,
sino de ventas forzadas por Iberduero, dado que, en cualquier caso, todos los propietarios iban a verse obligados a marchar de sus pueblos. Así lo entendió la Abogacía del Estado en informe de 2-3-1984 al afirmar que ''obviamente, respecto de tales
fincas no existe obstáculo alguno que se oponga al ejercicio del derecho de reversión, en su caso, puesto que, de una parte, aquellas fueron adquiridas por avenencia dentro del procedimiento expropiatorio y no al margen del mismo, y, de otra, fue
únicamente el fin de utilidad pública dimanante de la construcción del embalse ('causa expropiandi') la que legitimó la adquisición de tales fincas''.
3. Que se resuelvan los obstáculos administrativos antes mencionados que impiden que la reversión avance (catastro, deslinde del dominio público hidráulico, inscripción de Cabañeras, etc.).
4. Que la CHE, como promotora del Plan de Desarrollo Sostenible del entorno de Jánovas impulse las infraestructuras necesarias para restituir la zona afectada por el embalse; ponga en marcha un proceso de participación pública, en el que
los afectados puedan proponer soluciones que se adapten al territorio, y promueva el preceptivo estudio coste/eficacia, definiendo las alternativas eficaces, para escoger la que tenga menor coste.
5. Que se exija a ENDESA financiar inversiones, como la electrificación de la zona, en compensación por el daño causado en Jánovas, Lavelilla y Lacort. Hasta hoy, lejos de exigir esa compensación, se le han ''indemnizado'' sus pretendidos
''daños emergentes'' en 12 millones de euros, más intereses.
6. Que se ofrezca a los afectados una disculpa pública por parte del Ministro de Medio Ambiente en la que se reconozca el daño cometido y la inacción por parte de la Administración durante todos estos años.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de marzo de 2016.-Pedro Arrojo Agudo y Jorge Luis Bail, Diputados.-Íñigo Errejón Galván, Portavoz del Grupo Parlamentario Podemos-En Comú Podem-En Marea.
161/000163
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tenemos el honor de dirigirnos a la Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición
no de Ley sobre medidas para evitar la extensión de la bacteria Xanthomonas fastidiosa, para su debate en la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.
Exposición de motivos
La detección en Italia de una nueva y peligrosa bacteria en plantaciones de olivar, almendro, adelfa y planta ornamental ha disparado todas las alarmas, hasta el punto de que el Ejecutivo comunitario ya ha adoptado la decisión de prohibir la
circulación de material vegetal procedente del territorio italiano afectado con el objeto de evitar una posible propagación de este nocivo organismo de cuya presencia no se tenía noticia en Europa.
Esta bacteria detectada en Italia responde al nombre de Xanthomonas fastidiosa y ataca principalmente a los cultivos leñosos, entre ellos, al olivar, los cítricos, la viña, el almendro, los frutales de todo tipo y las plantas ornamentales.
La patogenia transmitida por este organismo se materializa en un decaimiento rápido de hojas y ramas que van viéndose afectadas por síntomas de sequedad y deterioro general, pudiendo llegar a causar incluso daños severos en el propio árbol.
La principal vía de propagación de la Xanthomonas fastidiosa es el material vegetal destinado a plantación, mientras que la principal medida de control fitosanitario se basa precisamente en extremar el control sobre el comercio de ese
material vegetal, ya que una vez que ha aparecido un foco de esta bacteria los tratamientos químicos no suelen ser efectivos y, llegados a ese extremo, la única solución posible consiste en eliminar los árboles y la vegetación silvestre circundante
que puede hospedar a este organismo.
España cuenta con más de 280 millones de olivos, según los datos de la Agencia para el Aceite de Oliva, y somos el primer productor de aceite de oliva del mundo; pero, además, en la agricultura de nuestro país, cultivos como la vid o los
cítricos tienen una importancia mayúscula.
Por ello la preocupación ante la detección de la bacteria Xanthomonas fastidiosa es máxima entre los agricultores españoles y más si tenemos en cuenta que la propia Comisión Europea en su notificación oficial advierte que 'habida cuenta de
su naturaleza es probable que se propague rápida y ampliamente'.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1) Realizar las inspecciones necesarias para detectar la posible presencia de la bacteria xanthomonas fastidiosa en los productos vegetales de nuestro país.
2) En coordinación con las Comunidades Autónomas, establecer las medidas oportunas para evitar la extensión de la bacteria Xanthomonas fastidiosa a nuestro país.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de marzo de 2016.-Felipe Jesús Sicilia Alférez y María de la Paz del Moral Milla, Diputados.-Miguel Ángel Heredia Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
Comisión de Cultura
161/000147
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, a instancia del Diputado don Xavier Eritja i Ciuró, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la
devolución inmediata de los papeles de Salamanca, para su debate en la Comisión de Cultura.
Exposición de motivos
Hace más de setenta y cinco años de la partida de Barcelona del último tren con 35 toneladas de documentos requisados en Catalunya en dirección a Salamanca. Después de este tiempo y cuando todavía están vivas las palabras 'es vuestro por
derecho de conquista', pronunciadas por el escritor Torrente-Ballester desde el balcón del Ayuntamiento de Salamanca en relación a los documentos, la
devolución todavía no solamente no se ha llevado a cabo sino que todo apunta a que existe la voluntad política de entorpecer, una vez más, el desarrollo y cumplimiento de la Ley 21/2005, de 17 de noviembre. De hecho, la última entrega de
documentación data del año 2011. Desde entonces, y a pesar de los trabajos realizados por la Comisión Mixta Ministerio de Cultura-Generalitat de Catalunya, no se ha llevado a cabo ninguna otra devolución.
Lo afirmado no es baladí y es constatable: el día 27 de febrero de 2013, la Comisión de Cultura del Congreso de los Diputados debatió y aprobó por 41 votos a favor y una abstención una Proposición no de Ley presentada por Esquerra
Republicana de Catalunya (161/1313) sobre la devolución de la documentación del Archivo General de la Guerra Civil Española incautada en Catalunya. El texto aprobado fue el siguiente: 'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a finalizar en
el plazo de seis meses el proceso de restitución, en colaboración con la Generalitat de Cataluña y en los términos previstos en la Ley 21/2005, de 17 de noviembre, de los documentos incautados con motivo de la Guerra Civil que se encuentran en el
Archivo General de la Guerra Civil Española y de creación del Centro Documental de la Memoria Histórica, y según la sentencia del Tribunal Constitucional 020/2013, de 30 de enero de 2013'.
La razón que hizo posible este acuerdo tan mayoritario, que incluso ponía fecha para la culminación del proceso de retorno, radicaba en la aceptación por parte del Gobierno que de forma recurrente se comprometía en plazos que,
posteriormente, no se cumplían. Prueba de ello es que el actual ministro había afirmado en el inicio de sus responsabilidades al frente del Ministerio de Cultura en una entrevista con el Conseller de Cultura de la Generalitat de Catalunya que el
día 20 de junio de 2012 ya habrían culminado todos los retornos de la documentación incautada y depositada en Salamanca que por ley tenían que ser devueltos a sus propietarios vía Generalitat de Catalunya. Sin duda, el reconocimiento de los
múltiples incumplimientos hizo posible el acuerdo del día 27 de febrero de 2013 en sede parlamentaria.
A pesar que la ley fue aprobada en el año 2005 (Ley 21/2005, de 17 de noviembre), a pesar que las tareas de digitalización de la documentación concluyeron en el mes de julio de 2013, a pesar de haberse celebrado ya en la última legislatura
de gobierno del Partido Popular la convocatoria de la Comisión Mixta Ministerio de Cultura-Generalitat de Catalunya encargada de la evaluación y aprobación de los fondos a retornar y de haber acordado -con carácter vinculante- su transferencia en el
plazo de tres meses, han transcurrido diecinueve meses y no se han llevado a cabo los envíos.
Paralelamente, en Catalunya el inconcebible retraso ha ido intensificando la preocupación en la medida que, además de los documentos pertenecientes a instituciones, a sindicatos, a entidades sociales, etc., también buena parte de ellos
provienen de personas físicas, muchas de ellas en una edad muy avanzada. Preocupación y en buena medida indignación porque es evidente que el Gobierno pretende blindar, mediante una actuación arbitraria y contraria a la ley, blindar la requisa y
mantener el oprobio de las víctimas. En este sentido, es importante reseñar que la ley mandata a la Generalitat de Catalunya ordenar y llevar a cabo el proceso de retorno y localización de los herederos de quienes fueron expoliados.
A pesar de todo ello, existe en Catalunya la constatación de uso político del retorno de la documentación por parte del PSOE y el PP. En este sentido, ya se denunciaron las presiones que en su día recibió la Ministra de Cultura del PSOE
González-Sinde desde su mismo Gobierno para que no ejecutara una parte del retorno de la documentación pocos meses antes de la celebración de las elecciones generales del mes de noviembre de 2011 ante el riesgo electoral que ello pudiera provocar, o
las mismas declaraciones del Ministro de Cultura señor Wert reconociendo que no era buen momento el llevar a cabo el traslado ante la celebración de las elecciones europeas.
Con posterioridad, el Ministro manifestó a la prensa que tenía prevista la devolución de 238 cajas, 350 libros y otros elementos, una cantidad inferior a la reclamada por parte de la Generalitat de Catalunya consistente en 546 cajas, 4.139
libros, 259 carteles y otros documentos. El Gobierno español aduce para no cumplir la sentencia del Tribunal Constitucional emitida en el mes de enero de 2013 que avalaba que la Generalitat de Catalunya percibiera la documentación para restituirla
a sus propietarios lícitos, que algunos de ellos ya no existen. Es evidente que deberá ser responsabilidad del Gobierno catalán el llevar a cabo el procedimiento de entrega de los documentos a sus propietarios cuando la devolución por parte del
Ministerio de Cultura se haya completado.
De igual manera, tal como fue acordado por el Consell de l'Advocacia Catalana el 30 de junio de 2014, se reclama la restitución a Catalunya de la documentación de los tribunales catalanes y del Departament de Justícia de la Generalitat
republicana que existen en el fondo de la Causa General atendiendo a la importancia que este fondo posee para la historia de la justicia catalana. Exigencia que debe hacerse extensible a los fondos relativos a la Conselleria d'Interior, que el
Gobierno español se niega a devolver
aduciendo que, a raíz de los hechos acaecidos en el mes de mayo de 1937 en Barcelona fue retirada esta competencia al Gobierno de Catalunya, tal como resolvió en sentencia de 19 de diciembre de 2008 la Audiencia Nacional.
Por todo ello se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno español a:
1. Proceder a la devolución inmediata de la documentación referida en la Ley 21/2005, de 17 de noviembre, de restitución a la Generalidad de Cataluña de los documentos incautados con motivo de la Guerra Civil custodiados en el Archivo
General de la Guerra Civil Española y de creación del Centro Documental de la Memoria Histórica, que ya ha sido identificada y digitalizada, en cumplimiento de los acuerdos de la Comisión Mixta Ministerio de Cultura-Generalitat de Catalunya de 2011
y 2013.
2. Promover un encuentro con el Gobierno de Catalunya para establecer el procedimiento adecuado para hacer efectiva la devolución de la documentación incautada perteneciente al Departament de Justícia e Interior de la Generalitat de
Catalunya.
3. Proceder a la devolución de la documentación incautada requisada a los municipios.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de febrero 2016.-Francesc Xavier Eritja Ciuró, Diputado.-Joan Tardà i Coma, Portavoz del Grupo Parlamentario Esquerra Republicana.
161/000162
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Gutiérrez Vivas, Secretario general del Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no
de Ley para homenajear a María Moliner en el marco de la Real Academia de la Lengua en el cincuenta aniversario de la publicación Diccionario de Uso del Español, para su debate en la Comisión de Cultura.
Exposición de motivos
En el año 2016 se cumplen cincuenta años de la publicación del primer volumen del Diccionario de Uso del Español, obra de María Moliner. Licenciada en Filosofía y Letras por la Universidad de Zaragoza, María Moliner fue funcionaria del
cuerpo facultativo de Archivos y Bibliotecas desde 1922, siendo pieza clave en diferentes proyectos culturales que se pusieron en marcha durante la II República. Fue profesora en la escuela Cossío, inspirada en la Institución Libre de Enseñanza, y
prestó su colaboración a las Misiones Pedagógicas de la República, ocupándose de la organización de la red de bibliotecas rurales, para las que redactó una sencilla guía de funcionamiento. María Moliner es también responsable de la redacción del
Proyecto del Plan de Bibliotecas del Estado.
Represaliada durante el franquismo, María Moliner perdió 18 puestos en el escalafón de la escala funcionarial, aunque los recuperaría más tarde, ocupando la plaza de directora de la Biblioteca de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros
Industriales. Es en esta etapa cuando, sola y sin más medios que una máquina de escribir y un montón de fichas, inicia la ejecución de un diccionario de uso del español. Esta obra, a la que dedicaba el tiempo que le dejaba libre su trabajo de
funcionaria, le ocuparía dieciséis años de su vida. Cuando, en 1966, la editorial Gredos publicó su diccionario, fue saludado como una herramienta imprescindible para el buen conocimiento del idioma español.
En 1972, Rafael Lapesa, Pedro Laín Entralgo y Dámaso Alonso presentaron la candidatura de María Moliner para ocupar un sillón en la Real Academia. Habría sido la primera mujer en entrar en la Institución, pero el elegido fue otro, Emilio
Alarcos. Tres años más tarde, María Moliner sufría una enfermedad degenerativa que alejaba cualquier posibilidad de ingresar en la RAE.
Como en el presente año se cumple medio siglo de la publicación del que ya es conocido como Diccionario María Moliner, pedimos al Gobierno, a través del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte,
que promueva, en el marco de la Real Academia Española, un acto de reconocimiento a esta estudiosa a la que su condición de mujer impidió ocupar un sitio en la más alta institución de la lengua española.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a llevar a cabo las acciones precisas, junto a la Real Academia Española, para que se reconozca la labor y trabajo de María Moliner en el cincuenta aniversario de la publicación Diccionario de
Uso del Español.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de marzo de 2016.-Miguel Ángel Gutiérrez Vivas, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
161/000166
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la conmemoración del
Centenario del nacimiento de Antonio Buero Vallejo, Camilo José Cela y Blas de Otero, para su debate en la Comisión de Cultura.
Exposición de motivos
En 2016 se cumple el centenario del nacimiento de tres de nuestros grandes escritores del siglo XX: Antonio Buero Vallejo, Camilo José Cela y Blas de Otero. Cada uno de ellos es ejemplo de la mejor creación española en los tres géneros
literarios: Cela en la novela, Blas de Otero en la poesía y Buero Vallejo en el teatro.
Camilo José Cela (1916-2002) es el más reconocido de los novelistas españoles posteriores a la Guerra Civil. Su novela 'La familia de Pascual Duarte' (1942) es la obra literaria española traducida a más idiomas después del Quijote e
inauguró lo que se conoció como tremendismo, representando un punto de inflexión dentro del panorama desolador en el que se encontraba la cultura española después de 1939. Tras ella llegarían novelas tan innovadoras como 'La Colmena' (1951), 'San
Camilo 1936' (1969) y 'Oficio de Tinieblas 5' (1973).
Su obra supone un viaje indispensable por las distintas regiones y provincias de España: en Extremadura ambienta la vida de Pascual Duarte, en Madrid transcurre la trama narrativa de 'La Colmena', en la provincia de Guadalajara su inmortal
'Viaje a la Alcarria' (1948). Por Galicia, Asturias, Cantabria y el País Vasco transcurre su vagabundaje plasmado en la novela 'Del Miño al Bidasoa' (1952), en Castilla y León se desarrolla su novela 'Judíos, moros y cristianos' (1956), por
Andalucía su 'Primer viaje andaluz' (1959) y por Cataluña su 'Viaje al Pirineo de Lérida' (1965). Su propia trayectoria vital también está vinculada a su Galicia natal, donde ambienta otra de sus obras maestras: 'Mazurca para dos muertos' (1983).
Camilo José Cela fue miembro de la Real Academia Española de la Lengua desde 1957 y, entre otros galardones, recibió el Premio Nobel de Literatura en 1989 y el Premio Cervantes en 1995.
La obra de Blas de Otero (1916-1979) resume como pocas lo que fue el nuevo rumbo poético en España tras la Guerra Civil. A un primer periodo de aprendizaje a la sombra de los místicos españoles, le seguirá una poesía existencial, en la que
prima la problemática personal y religiosa. Posteriormente comenzará su etapa más característica, con una producción marcadamente social, que le convierte en el más conocido representante de esta nueva forma de entender la poesía. En este cambio
de concepción creadora destacan 'Ángel fieramente humano' (1950) y 'Redoble de conciencia' (1951), agrupadas y revisadas en 'Ancia'.
Sus últimos años los protagoniza una incesante búsqueda de nuevas formas de expresión poética. Blas de Otero es el poeta social por antonomasia, profundamente comprometido con España y con la realidad socio-política que le tocó vivir. Su
propia trayectoria hizo que conociera distintas regiones y realidades de nuestro país, desde su Bilbao natal hasta el Madrid donde vivió en tantas etapas de su vida, pasando por Barcelona, donde residió largas temporadas, o Majadahonda, donde
falleció.
Antonio Buero Vallejo (1916-2000) abordó en sus obras los problemas e inquietudes de su generación siguiendo, en muchos casos, las formas dramáticas tradicionales y, en otros, introduciendo importantes novedades. Desde su Guadalajara natal
viajó a Madrid para estudiar Bellas Artes. Con 'Historia de una escalera' (1949) entra con fuerza en el panorama teatral español, en una primera etapa en la que predominan las preocupaciones existenciales con una técnica dramática caracterizada por
la estética realista, tratando el espacio y el tiempo teatral de forma tradicional. Después vendrá un periodo en el que se inclina por los temas sociales, enmarcando la trama argumental en dramas históricos y narraciones de carácter simbólico. Su
última etapa está protagonizada por la experimentación. A estas distintas formas de entender el teatro pertenecen las cinco piezas que, entre su magna obra, el propio Buero Vallejo destaca como sus títulos más significativos: 'En la ardiente
oscuridad' (1950), 'El concierto de San Ovidio' (1962), 'El sueño de la razón' (1969), 'El tragaluz' (1967) y 'La Fundación' (1973). Antonio Buero Vallejo fue miembro de la Real Academia Española de la Lengua desde 1971 y en 1986 fue galardonado
con el Premio Cervantes.
Tres trayectorias vitales y creativas que resumen perfectamente lo que fue el devenir literario de una larga etapa de la historia de las letras españolas. Compartir año de nacimiento, especiales y difíciles circunstancias de vida y la
manera común de afrontar la situación postbélica, hacen que sea muy oportuno conmemorar el centenario de su natalicio conjuntamente y poner en diálogo la obra de estos destacados representantes de la narrativa, la poesía y el teatro español.
Por todo ello el Grupo Parlamentario Popular formula la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a apoyar los actos conmemorativos de diversa naturaleza que se organicen con motivo del centenario de los nacimientos de los escritores Antonio Buero Vallejo, Camilo José Cela y Blas de Otero,
con el fin de divulgar el conocimiento de su obra literaria, y, entre otras, las siguientes actuaciones:
1. Organizar o apoyar la organización de exposiciones, festivales, seminarios y encuentros en torno a la figura de cada uno de estos tres escritores.
2. Fomentar la lectura de su obra literaria.
3. Promover la representación de obras teatrales de Antonio Buero Vallejo.
4. Impulsar el turismo cultural vinculado a la figura de los tres escritores.
Los actos a realizar deben contar con la colaboración de las instituciones públicas y privadas que contribuyen a difundir y conservar el legado de estos tres grandes literatos, para garantizar un mejor cumplimiento de sus objetivos.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de marzo de 2016.-Rafael Antonio Hernando Fraile, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.