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BOCG. Congreso de los Diputados, serie D, núm. 24, de 29/02/2016
cve: BOCG-11-D-24
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BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
XI LEGISLATURA
Serie D: GENERAL
29 de febrero de 2016
Núm. 24
ÍNDICE
Composición y organización de la Cámara
PERSONAL
299/000004 Personal eventual como Asistente para la atención de los señores Diputados de los Grupos Parlamentarios del Congreso. Nombramientos ... (Página6)
299/000005 Personal eventual como Asistente para la atención de los señores Presidentes de Comisión. Nombramiento ... (Página6)
Control de la acción del Gobierno
PROPOSICIONES NO DE LEY
Pleno
162/000081 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, sobre el Sahara Occidental ... (Página7)
162/000082 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre la ratificación del Convenio número 189 de la OIT y la Recomendación número 201 sobre el trabajo decente para las trabajadoras o trabajadores domésticos
... (Página8)
162/000084 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre la derogación del Real Decreto 954/2015 y la aprobación de una norma que regule la indicación, uso y autorización de dispensación de medicamentos por
parte de los profesionales de enfermería y que cuente con el consenso profesional e institucional ... (Página9)
162/000085 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, sobre la corrección del sistema de financiación autonómica ... (Página10)
162/000087 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Podemos-En Comú Podem-En Marea, sobre medidas urgentes de apoyo a las personas profesionales de la cultura ... (Página12)
162/000088 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, sobre realización de un proyecto de restauración paisajística de la zona afectada por el proyecto Puerto Amor ... (Página14)
162/000089 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre reducción del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) para los bienes y servicios culturales ... (Página16)
162/000090 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, sobre el rescate del Plan Integral de Empleo de Canarias (PIEC) en materia de infraestructura educativa ... (Página16)
162/000091 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Podemos-En Comú Podem-En Marea, relativa al saneamiento de la ría do Burgo en Coruña ... (Página17)
162/000092 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Podemos-En Comú Podem-En Marea, sobre los incumplimientos de los gobiernos del PP relativos a garantizar las condiciones de las subastas para el servicio de
interrumpibilidad del suministro eléctrico y definición de un modelo energético gallego social y sostenible ... (Página18)
162/000094 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Podemos-En Comú Podem-En Marea, relativa a la creación de nuevos órganos judiciales ... (Página19)
162/000095 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Catalán (Democràcia i Llibertat), relativa a la creación de un mapa de vivienda y a la posterior transformación del Fondo Social de Viviendas, a los efectos de cubrir la
demanda de vivienda social existente ... (Página20)
162/000096 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, sobre inversiones estatales en Canarias ... (Página22)
Comisión de Asuntos Exteriores
161/000094 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, sobre el Sahara Occidental ... (Página23)
Comisión de Justicia
161/000120 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Podemos-En Comú Podem-En Marea, relativa a la creación de nuevos órganos judiciales ... (Página24)
161/000121 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Catalán (Democràcia i Llibertat), relativa a garantizar el derecho a realizar la prueba de acceso a la profesión de abogado en catalán, euskera y gallego ...
Comisión de Interior
161/000116 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Podemos-En Comú Podem-En Marea, por la que se insta al Gobierno del Estado a la unificación de normas y criterios de las Jefaturas de Tráfico de España, así como a
estudiar la situación de la plantilla fija de examinadores para Navarra y la situación de la impartición de educación vial en los colegios ... (Página26)
Comisión de Hacienda y Administraciones Públicas
161/000097 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, sobre la corrección del sistema de financiación autonómica ... (Página27)
161/000124 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, sobre inversiones estatales en Canarias ... (Página29)
Comisión de Fomento
161/000103 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre trabajos de acondicionamiento del trazado de la carretera N-629 en el tramo del Puerto de los Tornos ... (Página30)
161/000104 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre el traslado de la estación de mercancías peligrosas de Granollers a otra ubicación en el Vallès y para la mejora de la seguridad y prevención de riesgos
de la actual estación hasta que se produzca su supresión ... (Página31)
161/000107 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Podemos-En Comú Podem-En Marea, sobre aplicación de una bonificación del 100 por 100 en el precio de los peajes de la autopista AP-2 en el tramo comprendido entre
Montblanc (Tarragona) y Lleida y el posterior rescate de la concesión de dicha autopista y en el tramo identificado ... (Página32)
161/000122 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Catalán (Democràcia i Llibertat), relativa a la creación de un mapa de vivienda y a la posterior transformación del Fondo Social de Viviendas, a los efectos de cubrir la
demanda de vivienda social existente ... (Página33)
Comisión de Educación y Deporte
161/000099 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Podemos-En Comú Podem-En Marea, sobre el establecimiento de un mecanismo de auditoría general y permanente de la educación privada concertada ...
161/000100 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Podemos-En Comú Podem-En Marea, sobre la elaboración de un plan estatal de apoyo económico y de recursos para los comedores escolares ...
161/000101 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Podemos-En Comú Podem-En Marea, sobre la eliminación de los conciertos educativos y las subvenciones de dinero público a las escuelas que discriminan por razón de sexo
(escuela diferenciada) ... (Página36)
161/000115 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, sobre el rescate del Plan Integral de Empleo de Canarias (PIEC) en materia de infraestructura educativa ... (Página37)
Comisión de Empleo y Seguridad Social
161/000095 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre la ratificación del Convenio número 189 de la OIT y la Recomendación número 201 sobre el trabajo decente para las trabajadoras o trabajadores domésticos
... (Página38)
161/000106 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre el incremento de las transferencias de recursos para políticas activas de empleo a la Administración autonómica valenciana ...
Comisión de Industria, Energía y Turismo
161/000105 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre la revocación de la declaración de utilidad pública y la solicitud de estudio de evaluación de impacto ambiental de los proyectos 'ejecución de la nueva
subestación de Gramanet de 400 kV', y 'modificación de líneas a 200 kV Sentmenat-Sant Fost-Canyet-Sant Andreu-Can Jardí, para la conexión a 400 kV Pierola-Santa Coloma' ... (Página41)
161/000111 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre el uso del método de fractura hidráulica, conocido como 'fracking', en la extracción de gases e hidrocarburos de forma no convencional ...
161/000113 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, relativa al establecimiento de un nuevo sistema de suministro eléctrico de precio competitivo,
estable y predecible para favorecer la competitividad de las industrias básicas electro-intensivas ... (Página45)
161/000118 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Podemos-En Comú Podem-En Marea, sobre los incumplimientos de los gobiernos del PP relativos a garantizar las condiciones de las subastas para el servicio de
interrumpibilidad del suministro eléctrico y definición de un modelo energético gallego social y sostenible ... (Página46)
Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente
161/000102 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre la posición 'antifracking' de la Comunidad Autónoma de Cantabria ... (Página47)
161/000117 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Podemos-En Comú Podem-En Marea, relativa al saneamiento de la ría do Burgo en Coruña ... (Página48)
Comisión de Sanidad y Servicios Sociales
161/000096 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre la derogación del Real Decreto 954/2015 y la aprobación de una norma que regule la indicación, uso y autorización de dispensación de medicamentos por
parte de los profesionales de enfermería y que cuente con el consenso profesional e institucional ... (Página49)
Comisión de Cultura
161/000109 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Podemos-En Comú Podem-En Marea, sobre medidas urgentes de apoyo a las personas profesionales de la cultura ... (Página50)
Competencias en relación con otros órganos e instituciones
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
230/000001 Encabezamiento y fallo de la Sentencia dictada por el citado Tribunal en el conflicto en defensa de la autonomía local número 2599/2013, promovido por las Diputaciones Provinciales de Almería, Granada, Málaga y Cádiz contra el
Decreto-ley 5/2012, de 27 de noviembre, del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, de medidas urgentes en materia urbanística y para la protección del litoral de Andalucía ... (Página52)
232/000015 Encabezamiento y fallo de la Sentencia dictada en el recurso de inconstitucionalidad número 6031/2013 interpueto por ciento diez Diputados del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso de los Diputados, contra el artículo 1,
apartados dos y tres; disposición adicional primera; disposición transitoria tercera; disposición derogatoria única, apartado 2; y disposición final segunda del Real Decreto-ley 9/2013, de 12 de julio, por el que se adoptan medidas urgentes para
garantizar la estabilidad financiera del sistema eléctrico ... (Página53)
232/000016 Encabezamiento y fallo de la Sentencia dictada en el recurso de inconstitucionalidad número 5458/2015 interpuesto por el Presidente del Gobierno contra los artículos 5.dos (en cuanto que modifica el artículo 27.5 del Texto
Refundido de las disposiciones legales de la Comunidad Autónoma de Galicia en materia de tributos cedidos por el Estado, aprobado por Decreto Legislativo 1/2011, de 28 de julio) y 84 de la Ley de Galicia 12/2014, de 22 de diciembre, de medidas
fiscales y administrativas ... (Página54)
233/000009 Encabezamiento y fallo de la Sentencia dictada en la cuestión de inconstitucionalidad número 6245/2014 promovida por la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, en relación con el artículo
6.Uno.1.c) de la Ley de la Asamblea Regional de Murcia 15/2002, de 23 de diciembre, de medidas tributarias en materia de tributos cedidos y tasas regionales, por posible infracción del artículo 149.1.14.ª, en relación con los artículos 133.1, 150.1
y 157, apartados 1 y 3, todos ellos de la Constitución, artículos 10.3 y 19.2 de la Ley Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, de Financiación de las Comunidades Autónomas y artículo 47.1 a) de la Ley 21/2001, de 27 de diciembre, por la que se
regulan las medidas fiscales y administrativas del nuevo sistema de financiación de las Comunidades Autónomas de régimen común y Ciudades con Estatuto de Autonomía ... (Página56)
COMPOSICIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LA CÁMARA
PERSONAL
299/000004
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.º del Estatuto del Personal de las Cortes Generales, con fecha 19 de febrero de 2016 el Excmo. Sr. Presidente del Congreso de los Diputados ha tenido a bien nombrar a D.ª Elena Pérez Marín,
a propuesta del Excmo. Sr. D. Miguel Ángel Gutiérrez Vivas, con efectos de 19 de febrero de 2016 y con carácter de personal eventual, para el cargo de Asistente para la atención de los señores Diputados del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
Al amparo de lo dispuesto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara, se ordena su publicación en la Sección Congreso de los Diputados del BOCG.
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de febrero de 2016.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.º del Estatuto del Personal de las Cortes Generales, con fecha 18 de febrero de 2016 el Excmo. Sr. Presidente del Congreso de los Diputados ha tenido a bien nombrar a D. Germán Manuel Teruel
Lozano, a propuesta del Excmo. Sr. D. Miguel Ángel Gutiérrez Vivas, con efectos de 18 de febrero de 2016 y con carácter de personal eventual, para el cargo de Asistente para la atención de los señores Diputados del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
Al amparo de lo dispuesto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara, se ordena su publicación en la Sección Congreso de los Diputados del BOCG.
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de febrero de 2016.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
299/000005
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.º del Estatuto del Personal de las Cortes Generales, con fecha 22 de febrero de 2016 el Excmo. Sr. Presidente del Congreso de los Diputados ha tenido a bien nombrar a D.ª Loreto Sordo Ruiz,
a propuesta del Excmo. Sr. D. Pablo Casado Blanco, con efectos de 22 de febrero de 2016 y con carácter de personal eventual, para el cargo de Asistente para la atención del Presidente de la Comisión de Educación y Deporte.
Al amparo de lo dispuesto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara, se ordena su publicación en la Sección Congreso de los Diputados del BOCG.
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de febrero de 2016.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO
PROPOSICIONES NO DE LEY
Pleno
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha acordado admitir a trámite, conforme al artículo 194 del Reglamento, las siguientes Proposiciones no de Ley y considerando que solicitan el debate de las iniciativas ante el Pleno de la
Cámara, entendiendo que en el caso de su eventual aprobación estarían dirigidas al Gobierno que se constituya, disponer su conocimiento por éste, dando traslado al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de febrero de 2016.-P.D El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
162/000081
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Onintza Enbeita Maguregi, Diputada de EH Bildu, integrada en el Grupo Parlamentario Mixto, de conformidad con lo previsto en el vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre el
Sahara Occidental, para su debate en Pleno.
Proposición no de Ley sobre el Sahara Occidental
Transcurridos 40 años desde el abandono por parte de Estado español, el Sahara Occidental sigue siendo un Territorio no Autónomo pendiente de descolonización, sometido además a la ocupación por parte de Marruecos.
Desde que el 27 de febrero de 1976 se proclamara la República Árabe Saharaui Democrática (RASD), ésta ha sido reconocida por más de 80 Estados, así como por la Unión Africana.
Pese a ello, el pueblo saharaui sigue sufriendo la ocupación y la permanente violación de los Derechos Humanos por parte de Marruecos.
Correspondiendo a las Naciones Unidas y a sus Estados miembros la responsabilidad principal en materia de descolonización, según la Carta fundacional de las Naciones Unidas, el Consejo de Seguridad tiene la máxima responsabilidad en la
búsqueda de una solución justa y definitiva.
Dándose la situación de que el Estado Español es actualmente miembro no permanente del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, se plantea a este Congreso la adopción de la presente
Proposición no de Ley instando al Gobierno, en su calidad de Potencia administradora de iure, y miembro del grupo de amigos del Secretario General para el Sahara Occidental y además miembro no permanente del Consejo de Seguridad durante el
mandato 2015/2016 a:
'1. Cumplir con su responsabilidad para poner fin al proceso de descolonización del Sahara Occidental, inconcluso desde 1975, mediante la celebración de un referéndum que asegure la expresión libre y auténtica de la voluntad del Pueblo
Saharaui.
2. Defender la doctrina consolidada de las Naciones Unidas en materia de descolonización y territorios no autónomos para los que rige la Resolución 2625 de la Asamblea General de las Naciones Unidas que instaura: 'El establecimiento de un
Estado soberano e independiente, la libre asociación o integración con un Estado independiente o la adquisición de cualquier otra condición política libremente decidida por un pueblo constituyen las formas del ejercicio del derecho de libre
determinación de ese pueblo', siendo ese el contenido de la autodeterminación.
3. Reclamar, en defensa de la paz y los Derechos Humanos, la atribución a la MINURSO (Misión de las Naciones Unidas para el Referéndum en el Sahara Occidental), única presencia de Naciones Unidas
en el territorio, de competencias en la protección y promoción de los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales de la población saharaui.
4. Proceder al reconocimiento diplomático de la República Árabe Saharaui Democrática, representación legítima del pueblo saharaui.
5. Otorgar status de Misión Diplomática a la representación de la RASD en el Estado español mientras se produzca el pleno reconocimiento de la RASD.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de febrero de 2016.-Onintza Enbeita Maguregi, Portavoz Adjunta del Grupo Parlamentario Mixto.
162/000082
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a la Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley sobre
ratificación del Convenio número 189 de la OIT y la recomendación número 201 sobre el trabajo decente para las trabajadoras o trabajadores domésticos, para su debate en Pleno.
Exposición de motivos
Durante la crisis económica, la reducción de los ingresos de los hogares ha provocado una reducción en paralelo del trabajo remunerado de cuidados, que, movido por el 'traslado de las desigualdades de clase y de género' de que habla la
doctrina especializada, casi siempre realizan las mujeres y en no pocas ocasiones las mujeres inmigrantes. Así, desde el comienzo de la crisis, y según datos de la Encuesta de Población Activa, se han perdido 110.200 puestos de trabajo en el sector
del empleo del hogar familiar.
No obstante, las estadísticas de afiliación a la Seguridad Social de trabajadores/as empleados/as del hogar familiar parecen desmentir esa evolución, ya que, en el mismo periodo, se ha producido un incremento de afiliación de 238.716
trabajadores/as. La causa de esta aparente contradicción es la doble intervención legislativa habida en 2011, donde, de una parte, se obligaba a los/as empleadores/as a dar de alta en la Seguridad Social a los/as empleados/as de hogar, cualquiera
que fuera la duración de su jornada de trabajo, y, de otra, se regulaba de manera más garantista en lo concerniente a los derechos laborales la llamada relación laboral especial de empleados/as en el hogar familiar.
Ambas medidas tenían una doble finalidad: formalizar el trabajo informal existente desde siempre en este sector de actividad productiva (de hecho es muy significativo que, mientras la Encuesta de Población Activa alude a 637.000 ocupados/as
en este sector, el número de afiliados/as a la Seguridad Social sea de 427.801) y asimilar los derechos laborales y de protección social de los/as trabajadores/as de este sector con el del resto de trabajadores/as. Objetivos que habían de
beneficiar claramente a las mujeres y, entre ellas, a las mujeres inmigrantes, en la medida que son las mujeres inmigrantes las que mayoritariamente realizan el trabajo remunerado dentro del hogar familiar.
Y así fue. Desde enero de 2012, fecha de entrada en vigor de ambas medidas, hasta el 1 de abril de 2013, fecha en que terminó la vigencia de la primera, el número de empleados/as de hogar afiliados/as a la Seguridad Social creció en más de
146.000, más del 98 por 100 de los/as cuales eran mujeres y casi el 54 por 100 de los/as mismos/as extranjeras. Lo que significaba haber sacado a la luz el empleo de todas esas mujeres, sin importar su nacionalidad, para reconocer sus derechos
laborales y garantizarles la correspondiente protección social (igual que la del resto de trabajadores/as a excepción de la protección por desempleo).
No obstante, en diciembre de 2012 el Gobierno del Partido Popular volvió al régimen anterior a 2011. A partir de entonces es nuevamente el/la empleado/a del hogar familiar el/la que tiene que responsabilizarse del pago de la cotización a la
Seguridad Social cuando trabaja menos de 60 horas al mes por cada empleador/a (es decir, la gran mayoría de los/as empleados/as de hogar). Una vuelta atrás en los derechos de miles de mujeres que propende el crecimiento en este sector del empleo
informal.
Con todo, lo peor es la causa que motivó semejante retroceso en la legislación española en materia de empleo en el hogar familiar. No se trató de razones económicas, ya que es obvio que la medida no supuso ahorro alguno en el gasto público.
Fueron razones de falta de consideración social hacia el trabajo
remunerado que desarrollan las mujeres en el seno del hogar familiar, especialmente si son inmigrantes, las que están detrás de este paso atrás. Algo que vendrá a confirmar la reiterada e injustificada negativa del Gobierno del PP a
ratificar el Convenio 189 de la OIT, sobre el trabajo decente para las trabajadoras y trabajadores domésticos.
En efecto, a pesar de que el 8 de mayo de 2013 la Comisión de Empleo y Seguridad Social consensuó y aprobó por unanimidad una enmienda transaccional a una Proposición de Ley que instaba al Gobierno a 'que en un plazo razonable evalúe la
posibilidad de someter a ratificación el Convenio número 189 y la Recomendación número 201 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y, en consecuencia, adapte la legislación española en el sentido que regulan los citados textos', casi 3
años después dicha ratificación aún no se ha producido.
Es verdad que, en respuesta a preguntas escritas de la entonces Diputada del Grupo Parlamentario Socialista, doña María Virtudes Monteserín Rodríguez, el Gobierno del PP señaló la existencia de 'peculiaridades en nuestro ordenamiento de
empleados de hogar que obligan a reflexionar sobre la inmediata ratificación del Convenio' y que esas peculiaridades estaban referenciadas en los artículos 7, 13 y 14 del propio Convenio. Pero desde que ambas respuestas se produjeron (mayo y julio
de 2014) ha pasado más de un año y medio sin que el Gobierno haya hecho movimiento alguno en relación con la normativa vigente en materia de empleo en el hogar familiar que pudiera, según su versión, ajustar dicha normativa al Convenio 189 de la OIT
de manera que pudiera ser ratificado.
Más aún, es más que dudoso que deba ser necesaria la plena y completa adaptación de la normativa nacional a los requerimientos del Convenio 189 de la OIT como condición imprescindible para la ratificación de este Convenio, tal y como esgrime
el Gobierno del PP. Y ello porque tanto el artículo 13 como el artículo 14 de dicho Convenio establecen que las medidas recogidas en los mismos (y que son las opuestas como impedimento para su ratificación por el Gobierno del PP) podrán aplicarse
progresivamente previa consulta con los organizaciones de trabajadores y empresarios más representativas. De lo que se deduce que es perfectamente posible la ratificación del Convenio 189 y después el inicio de un proceso de consultas con las
organizaciones de trabajadores y empresarios más representativas para la adaptación de la normativa nacional sobre empleo en el hogar familiar a los requerimientos de dicho Convenio.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a ratificar, sin más dilación, el Convenio número 189 de la OIT y la Recomendación número 201 sobre el trabajo decente para las trabajadoras y los trabajadores domésticos.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de febrero de 2016.-María Luz Rodríguez Fernández, Diputada.-Miguel Ángel Heredia Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
162/000084
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no
de Ley para derogar el Real Decreto 954/2015 y aprobar una norma que regule la indicación, uso y autorización de dispensación de medicamentos por parte de los profesionales de enfermería que cuente con el consenso profesional e institucional, para
su debate en Pleno.
Exposición de motivos
El Real Decreto 954/2015, de 23 de octubre (BOE número 306, de 23 de diciembre) por el que se regula la indicación, uso y autorización de dispensación de medicamentos y productos sanitarios de uso humano por parte de las enfermeras y
enfermeros, tiene como finalidad, según se expone en su Preámbulo,
'regular, de un lado, las actuaciones profesionales de los enfermeros en materia de indicación, uso y autorización de dispensación de medicamentos y productos sanitarios de uso humano relacionados con su ejercicio profesional, así como el
procedimiento para la validación de protocolos y guías de práctica clínica y asistencial por parte de la Dirección General de Salud Pública, Calidad e Innovación, y de otro, fijar con la participación de las organizaciones colegiales
correspondientes los criterios generales, requisitos específicos y procedimientos para la acreditación de los enfermeros, tanto de los responsables de cuidados generales como de los responsables de cuidados especializados, como requisito previo y
necesario para poder desarrollar las actuaciones previstas en el artículo 79 del texto refundido de la Ley de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios, y siempre dentro de la distribución de las competencias profesionales
establecidas en la Ley 44/2003, de 21 de noviembre, y en el resto de normas que resulten de aplicación'.
Lejos de avanzar hacia los citados objetivos, la publicación del Real Decreto ha producido un rechazo generalizado, polémica, malestar entre los profesionales, así como inseguridad jurídica. Todo ello está teniendo consecuencias indeseables
en el funcionamiento del sistema sanitario. Por otra parte, un elevado número de Comunidades Autónomas entiende que el Estado está conculcando atribuciones que tienen reconocidas en materia de formación continuada y acreditación, lo que complica
aún más la situación.
Ante este escenario, numerosas organizaciones profesionales, sindicatos y Comunidades Autónomas han anunciado su intención de recurrir el Real Decreto 954/2015 y algunos recursos han sido ya presentados.
El Real Decreto sobre la utilización de medicamentos por parte de enfermería fue el colofón nefasto a la desastrosa legislatura en materia de Sanidad desarrollada por el Gobierno de Rajoy. Una vez más el Gobierno ha improvisado a última
hora legislación de manera unilateral y se rompe con consensos y prácticas profesionales largamente arraigadas en el Sistema Nacional de Salud. De manera innecesaria y gratuita, se ha generado una confrontación con y entre los profesionales
sanitarios, y con las Comunidades Autónomas.
Es necesario y urgente revertir la situación que se ha creado. Para ello el Real Decreto debe ser derogado y tiene que ponerse en marcha un proceso de diálogo con todos los agentes implicados que culmine en una regulación que cuente con el
consenso profesional e institucional. Dicha regulación debe tener como objetivos específicos: (i) garantizar la seguridad clínica de los pacientes; (ii) establecer condiciones que faciliten la coordinación y continuidad asistencial; (iii) dotar
de garantía jurídica al ejercicio de las profesiones sanitarias.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista formula la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a derogar, de manera inmediata, el Real Decreto 954/2015, de 23 de octubre y a iniciar, en coordinación con las Comunidades Autónomas en el ámbito de sus competencias y mediante el diálogo con
las organizaciones profesionales y sindicales, los trabajos necesarios para aprobar una norma que regule la indicación, uso y autorización de dispensación de medicamentos por parte de los profesionales de enfermería.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de febrero de 2016.-Jesús María Fernández Díaz, Diputado.- Miguel Ángel Heredia Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
162/000085
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Mixto, a instancias de don Pedro Quevedo Iturbe, Diputado de Nueva Canarias, de conformidad con lo previsto en los artículos 193 y siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta para su debate en
Pleno la siguiente
Proposición no de Ley sobre la corrección del injusto sistema de financiación autonómica
Existen dos elementos que estructuran el modelo de Estado español descentralizado en la Constitución del año 78: los Estatutos de Autonomía aprobados por las Cortes Generales y la financiación que
necesariamente debe acompañarles. La financiación autonómica es esencial para el desarrollo del autogobierno pues define los recursos económicos con los que se van a financiar los servicios públicos de sanidad, educación y servicios
sociales, así como el resto de competencias que ejerce la Comunidad Autónoma. De poco sirve disponer de competencias y no de recursos. Es más, suele ser un problema disponer de una competencia y no de recursos para desarrollarla porque la
consecuencia es que la población queda desasistida.
El Estado español, como todos los Estados compuestos, tiene una historia compleja en esta materia. La financiación autonómica ha constituido con frecuencia un instrumento al servicio de equilibrios e intereses políticos, que no ha
respondido a criterios objetivos de búsqueda de equidad y suficiencia financiera.
El actual sistema de financiación autonómica, que vino a sustituir al que estaba en vigor desde el año 2002, fue aprobado por las Cortes Generales en el año 2009 mediante la Ley Orgánica 3/2009, de modificación de la Ley Orgánica 8/1980, de
Financiación de las Comunidades Autónomas y la Ley 22/2009, por la que se regula el sistema de financiación de las Comunidades Autónomas de régimen común y Ciudades con Estatuto de Autonomía y se modifican determinadas normas tributarias.
El nuevo sistema tomó como año base el año 2007 y se aplicó con efectos retroactivos a 1 de enero del año 2009. Los recursos totales del sistema en ese año base eran 114.580 millones de euros a los que la Administración General del Estado
añadió 11.000 millones adicionales que se entregaron gradualmente (el 70 por 100 en el año 2009 hasta llegar al 100 por 100 en el año 2012). Se introdujo en la nueva Ley 22/2009 de financiación una serie de ponderaciones de reparto de esta
cantidad, fruto de criterios políticos, que netamente beneficiaron a unos territorios y perjudicaron a otros.
Este sistema aprobado en 2009 alejó a Canarias de la media de financiación española. Cuando se inició el anterior, en el año 2002, Canarias estaba en la media de financiación por habitante, siendo su índice de financiación per cápita el
100,4 por 100. El error de ese sistema de financiación era su poca flexibilidad para adaptarse al crecimiento poblacional elevado. El incremento poblacional de Canarias y de otras comunidades generó mayores necesidades de gasto que el sistema no
previó ni contempló en las normas de evolución del mismo. Esto provocó que la financiación per cápita del Archipiélago fuera cayendo de forma cada vez más significativa en años sucesivos, de manera que en el año 2007 el índice de financiación per
cápita de Canarias era el 94,5 por 100 de la media española. Se suponía que el nuevo sistema de financiación aprobado debía corregir este desfase y acercarnos a la media, pero no sólo no lo hizo sino que lo empeoró sustancialmente, colocando a
Canarias en el año de partida en el 93,9 por 100. Es decir, ya en el primer año del actual sistema estábamos peor que en el último año del antiguo.
En la actualidad el déficit anual de financiación de Canarias se sitúa en unos 600 millones de euros al año, por debajo de la media las autonomías de régimen común.
Por tanto, el sistema de financiación autonómico aprobado en diciembre de 2009 es injusto para Canarias. No hay ninguna razón que justifique que Canarias empeore su financiación por habitante cuando el coste efectivo de la prestación de
servicios como sanidad, educación y servicios sociales es mucho mayor en un territorio insular que en comunidades con territorio continuo, tal y como se reconoce en la Constitución Española y en los Tratados Europeos. Existen estudios contrastados
que señalan que cuesta como mínimo un 16 por 100 más prestar los mismos servicios en un territorio discontinuo que en un territorio continental.
Esta infrafinanciación que padece Canarias es más grave aún en los momentos de grave crisis económica que sufre el Archipiélago que hace que se reduzcan los ingresos propios de la Comunidad Autónoma al mismo tiempo que se incrementa la
demanda de servicios y ayudas sociales de los sectores más vulnerables de nuestra sociedad. El actual sistema ha generado un daño enorme al desarrollo de los servicios públicos en Canarias, degradando aún más si cabe las condiciones de vida de la
parte más vulnerable de nuestra población.
Este es, por tanto, un asunto transcendental y de especial urgencia para nuestras islas. El actual sistema de financiación genera injusticia y genera maltrato para Canarias. Es esencial para nuestro Archipiélago que el sistema de
financiación autonómica, la distribución de los recursos para el sostenimiento de las competencias de esta comunidad sea justa. Y una distribución justa con Canarias no es estar en la medía, es estar por encima de la media. Existen preceptos
constitucionales y estatutarios que permiten a Canarias reclamarlo así.
Por todo ello es preciso abordar cuanto antes el elemento decisivo de la financiación autonómica, para que nuestra comunidad autónoma se sitúe como mínimo en la media, evitando así comprometer el futuro de los servicios y las políticas
públicas esenciales.
Ante lo anteriormente expuesto, el Congreso de los Diputados insta al Gobierno del Estado a:
'1. Emprender de manera urgente la reforma del sistema de financiación autonómica, para garantizar la prestación de los servicios públicos esenciales en todas las Comunidades Autónomas, de manera que todos los ciudadanos, con independencia
de donde vivan, accedan en igualdad de condiciones a dichos servicios.
2. Distribuir los recursos de la financiación autonómica de manera finalista para garantizar los servicios públicos fundamentales.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de febrero de 2016.-Pedro Quevedo Iturbe, Diputado.-Joan Baldoví Roda, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.
162/000087
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, el Grupo Parlamentario de Podemos-En Comú Podem-En Marea presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre medidas urgentes de apoyo a las personas profesionales de la cultura, para
su debate en Pleno.
Exposición de motivos
El sector cultural en España ha adolecido siempre de un modelo legislativo que responda a las necesidades específicas de sus trabajadores y pequeños y medianos empresarios.
En los últimos años esta carencia legislativa se ha visto agravada por tres factores que han empeorado la situación hasta límites insostenibles: la crisis económica, las fuertes transformaciones tecnológicas en los hábitos de consumo y la
imposición de nuevas medidas fiscales y reformas legislativas, que han dado lugar a un aumento permanente de la precariedad en todos los tramos y ámbitos profesionales.
Paradójicamente, esta realidad tan característica de nuestro país choca frontalmente con el potencial desarrollado por otros países en relación al aprovechamiento y rentabilidad -en términos de inversión/retorno social- del ámbito cultural.
Por su triple perfil como bien común, motor económico y derecho básico y fundamental de la ciudadanía, la Cultura debe estar siempre acompañada de unas políticas públicas adecuadas a sus expectativas que le permitan generar su efecto multiplicador
intrínseco.
La situación del sector cultural en España es grave por muchos motivos. El hecho de que en nuestro país la Cultura no haya sido considerada como un asunto de Estado, en toda su complejidad y diversidad, sino más bien como adorno que se
añade a los logros económicos y sociales, ha provocado que los diferentes gobiernos no hayan apostado por un modelo cultural propio ni generado ámbitos de colaboración entre las diferentes administraciones. De ahí que, en no pocas ocasiones, se
hayan conformado con actuaciones parciales, muchas veces simples parches, en materias fundamentales como la remuneración, la fiscalidad y la seguridad social de los profesionales del sector o la creación de públicos.
En pleno siglo XXI, en nuestro país, los y las profesionales de la cultura siguen sin tener acceso a una cobertura social y a unas condiciones laborales dignas, que contemplen su especificidad y garanticen su pervivencia. Estamos hablando
de un sector con unas características y una organización laboral compleja y específica, que los distintos gobiernos han intentado, sin éxito, encajar dentro de un sistema laboral y fiscal estándar. Este fracaso no resuelto ha abocado a la totalidad
del sector a cuotas de precarización insostenibles en las áreas técnicas, de gestión, creativas y empresariales. Uno de los casos más alarmantes y de candente actualidad ha sido el que ha envuelto a los autores y autoras, que han sufrido cómo se
les reclamaban cantidades inasequibles y se les privaba de sus pensiones por un simple cambio de criterio en la Administración. Este cambio de criterio, realizado sin conocimiento de la realidad del sector ni teniendo en cuenta los negativos
efectos que su introducción podría provocar, ha considerado
incompatibles sus pensiones con la remuneración por los derechos que emanan de sus obras, muchas veces apenas superiores al Salario Mínimo Interprofesional anual.
Otro caso, que conviene sacar a colación es la modificación del Real Decreto 20/2012. Este Real Decreto provocó un aumento del tipo del IVA cultural del 8 por 100 al 21 por 100 y restó competitividad al sector respecto de los estados
europeos de su entorno, cuyo tipo medio es el 7 por 100. La gravedad de la situación exige una reforma que implique la modificación 37/1992 de IVA que excederá a la propia del artículo 91, a fin de armonizar la norma española con la comunitaria,
requisito imprescindible para la modernización fiscal del país y no contemplado por las actuales administraciones públicas.
Asimismo, si en todos los sectores existe un problema estructural de género que alimenta la desigualdad en la sociedad, la situación en puestos de responsabilidad en el sector cultural no es distinta. La brecha salarial también se hace
patente entre las creadoras con respecto a sus compañeros varones. Por otra parte, las graves dificultades para la conciliación familiar, que parten del esquema en el que esa conciliación es precisa para las mujeres y no así para los hombres
-vinculando crianza con género- acrecientan la brecha y la desigualdad.
En resumen, un país que no es sensible a las condiciones materiales de sus creadores, productores, distribuidores, promotores, agentes, etcétera, en todos los eslabones de la cadena de valor del objeto cultural, no puede llamarse a sí mismo
un país a la altura de su cultura. Es el momento de materializar las buenas intenciones en una voluntad política incuestionable y de consenso que de una vez por todas procure respuestas a las reiteradas y urgentes demandas de los artífices de la
cultura en nuestro país.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario de Podemos-En Comú Podem-En Marea formula la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a adoptar las siguientes medidas:
1. Suspender las inspecciones ya abiertas y paralizar los actuales expedientes puestos en marcha contra autores, traductores y creadores en general, en relación al cobro simultáneo de derechos de autor y la percepción de pensiones.
2. Modificar la actual legislación que regula la materia (RD 5/2013, Reglamento IRPF y resto de disposiciones pertinentes) con el objeto de hacer compatible el cobro de derechos de autor y la percepción de la pensión de jubilación
contemplando no sólo los casos que reciben la pensión contributiva sino también, y muy en especial, la de aquellos creadores más vulnerables y que reciben una pensión no contributiva.
3. Reducir el IVA cultural y unificar los tipos de IVA de las actividades culturales. Disminuir al tipo reducido el IVA de los servicios y productos culturales actualmente sujetos al tipo normal en consonancia con el resto de países
europeos, cuyo tipo medio es el 7 por 100. Esta reforma implicará una modificación de la ley 37/1992 de IVA, que excederá a la propia del artículo 91 a fin de armonizar la norma española con la comunitaria. Además, y en lo que se refiere
exclusivamente a los tipos de IVA, se apostará en las instancias competentes por modificar las rigideces propias de la diferenciación entre producto y servicio a los efectos de unificar los tipos de IVA de las actividades culturales,
independientemente de si las mismas son o no digitales y de conformidad con las exigencias y reclamaciones del sector.
4. Iniciar con urgencia actuaciones que promuevan la igualdad de género en la cultura y fomenten una cultura más igualitaria, en especial el acceso igual de las mujeres a todos los ámbitos y niveles profesionales: gestión, producción,
distribución y creación de todo tipo de prácticas culturales. La plena equiparación laboral y el fomento de una representación igualitaria en el ámbito cultural, contribuirán a transmitir a la sociedad, y a los más jóvenes en particular, modelos no
sexistas de mujer y de hombre más acordes con la realidad, responsables con la igualdad de género y que ayuden a erradicar la violencia machista.
5. Crear una Comisión para iniciar los trabajos, de manera conjunta entre los diferentes grupos parlamentarios y agentes del sector, para la elaboración de un Estatuto del Artista y del Profesional de la Cultura con rango de norma jurídica
y adaptado a las necesidades específicas del sector, contemplando tanto a los y las trabajadores y trabajadoras por cuenta ajena como a quienes lo hacen por cuenta propia. Dicho Estatuto promoverá una fiscalidad que desemboque en una tributación
justa tanto para la Hacienda Pública como para las personas interesadas y garantizará los derechos de protección social del sector, su estacionalidad y su representatividad sindical. Entre otras medidas:
- Se estudiará ajustar la fiscalidad a la actividad profesional intermitente propia del sector.
- Se contemplará un régimen específico de la seguridad social, tanto dentro del Régimen general como del de Autónomos. Este régimen tendrá en cuenta las peculiaridades específicas del trabajo
intermitente tanto en lo referente a la fórmula de cotización como a las coberturas a efectos de enfermedad temporal, enfermedad permanente, maternidad o jubilación, entre otros. Además se reconocerán las enfermedades y lesiones laborales
de la práctica artística y técnica.
- Se garantizará el efectivo derecho de los y las profesionales de la cultura a estar debidamente representados sindicalmente y a participar activa y democráticamente en las negociaciones colectivas de su sector.
- Se impulsará el fomento de la actividad artística sin ánimo de lucro que se desarrolla en los sectores independientes a los efectos de permitir la creación de cooperativas de trabajo asociado cuyo funcionamiento interno se corresponda con
las particularidades de la actividad cultural, al tiempo que se vincule al sector con las prácticas propias de la economía colaborativa, social y solidaria.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de febrero de 2016.-Miguel Anxo Elías Fernández Bello, Diputado.-Íñigo Errejón Galván, Portavoz del Grupo Parlamentario de Podemos-En Comú Podemos-En Marea.
162/000088
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Mixto, a instancias del Diputado don Ignasi Candela Serna (Compromís), presenta, al amparo del artículo 193 del Reglamento del Congreso de los Diputados, la siguiente Proposición no de Ley para realizar un proyecto de
restauración paisajística de la zona afectada por el proyecto Puerto Amor, para su debate en el Pleno de la Cámara.
Exposición de motivos
Puerto Amor es un proyecto fallido de puerto deportivo que ha alterado profundamente un entorno de gran valor para la ciudad de Alicante como es el Cap de l'Horta. Puerto Amor y el Cap de l'Horta se sitúan dentro de una zona de aguas
tranquilas de escasa renovación en la Bahía de Alicante muy sensibles a la contaminación.
El proyecto de puerto deportivo se aprobó en 1979 por parte del Consejo de Ministros. Tras sucesivas paralizaciones y recursos judiciales, el Tribunal Supremo desestimó el 2003 el último recurso de la Generalitat Valenciana y dio luz verde
a las obras. En ese momento, ya se habían construido dos espigones y rellenado con materiales una parte de la costa, afectando gravemente a la renovación de las aguas en esa parte de la Bahía de Alicante, especialmente la Playa de la Almadrava y la
Albufereta (se adjunta mapa explicativo).
El resultado es una antigua playa llena de escombros, un entorno degradado e insalubre, además del abandono y desidia de las administraciones, responsables de la situación actual. De hecho, la autorización otorgada al promotor por parte del
Consejo de Ministros no tuvo ninguna consideración hacia el impacto ambiental que podría provocar un puerto deportivo en esa parte de la Bahía de Alicante. Por tanto, podemos considerar al Gobierno Central responsable de la situación actual en esa
parte de la costa.
En 2007 y debido al no cumplimiento de los términos legales para llevar a cabo el proyecto, el promotor perdió la propiedad de los terrenos ganados al mar y los derechos de concesión.
Por todo lo expuesto, el Grupo Parlamentario Mixto presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Realizar un proyecto de restauración paisajística de la zona afectada por el proyecto Puerto Amor que comprenda la retirada de escombros, la naturalización del entorno, el acondicionamiento vegetal y la regeneración de la playa. Todo
eso, tomando como modelo el estado que presentaba este entorno en los años 70 del siglo XX.
2. Ejecutar el proyecto con cargo a los Presupuestos Generales del Estado.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de febrero de 2016.-Joan Baldoví Roda, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.
162/000089
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley
para la reducción del IVA para los bienes y servicios culturales, para su debate en Pleno.
Exposición de motivos
En julio del 2012 el Gobierno del Partido Popular impuso una subida generalizada del tipo impositivo del IVA, que además implicaba el cambio de la consideración sobre los bienes y servicios culturales, con excepción del libro que se mantuvo.
Así, a partir del 1 de Septiembre del 2012, actividades como el cine, el teatro y las obras plásticas, sufrieron un incremento de 13 puntos en el IVA, pasando del 8 por 100 al 21 por 100. Con esta decisión España se ha situado en la franja más alta
de Europa, precisamente en un país en el que la cultura genera cerca del 4 por 100 del PIB, colocando a la ciudadanía en clara desventaja para acceder a la misma.
Desde un primer momento se sucedieron las advertencias, que señalaban claramente, que la desorbitada subida del IVA a la cultura tendría consecuencias muy negativas sobre el sector, así como el enorme daño que se infligía a nuestra cultura.
Creadores, artistas, productores y distribuidores han asistido con desazón; a un vaivén de declaraciones sobre su posible rectificación cuando la recuperación económica llegase. La realidad es que frente a lo retiradamente afirmado y demandado por
el conjunto de la sociedad española, el IVA cultural sigue siendo el más alto de Europa.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista formula la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a adoptar las medidas necesarias para rebajar el tipo del IVA a las actividades culturales como cine, teatro y música del 21 al 10 por 100 e impulsar el reconocimiento de la necesidad de un IVA
cultural en el seno de la UE, que permita su armonización.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de febrero de 2016.-Isabel Rodríguez García, Diputada.-Miguel Ángel Heredia Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
162/000090
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Ana María Oramas González-Moro, Diputada de Coalición Canaria, integrada en el Grupo Parlamentario Mixto, de conformidad con lo previsto en los artículos 193 y siguientes del Reglamento del Congreso presenta, para su debate en Pleno, la
siguiente Proposición no de Ley sobre el rescate del Plan Integral de Empleo de Canarias (PIEC) en materia de infraestructura educativa.
Exposición de motivos
La reducción de la tasa de paro pasa por la definición y puesta en vigor de un conjunto de medidas estratégicas que afectan a todos los factores de producción de la economía canaria. Medidas que se deben complementar necesariamente con una
política decidida de las administraciones públicas para garantizar la creación de empleo en los diferentes sectores y en un territorio que precisa de acciones específicas.
Por otro lado, Canarias, por su especial conformación y la dispersión de sus núcleos, debe hacer un esfuerzo económico superior en el mantenimiento, ampliación y mejora de sus centros educativos, así como en la creación de otros nuevos para
cumplir distintos objetivos.
Por ello, una de las decisiones más desafortunadas e inexplicables de la pasada legislatura fue la supresión del Plan Integral de Empleo de Canarias en materia de Infraestructura Educativa. Pese a ser la
Comunidad Autónoma más castigada por la crisis económica, el Gobierno del Estado eliminó un plan que permitía a las Islas cumplir varios objetivos: remodelar, ampliar, mejorar y construir nuevos centros educativos, dando respuesta a zonas
más desfavorecidas, con la consiguiente mejora en la calidad de la educación; crear centros de Formación Profesional en determinadas zonas de las Islas (que sirvieron para la recualificación de parados de sectores como el de la construcción,
afectados de manera especial por la crisis) y contratar a más de 200 pequeñas empresas locales en cada ejercicio, para la ejecución de los trabajos objeto del Plan, con la consiguiente creación de empleo y más de un millar de actuaciones en centros
de todas las Islas.
Recuperar el Plan Integral de Empleo de Canarias en materia de Infraestructura Educativa es un acto de justicia con un territorio que necesita un tratamiento diferenciado por nuestras singularidades geográficas. Un tratamiento que sí
reconoce la Unión Europea, pero no el Gobierno del Estado.
Al desaparecer el presupuesto del Plan Integral de Empleo de Canarias en materia de Infraestructura Educativa, las obras que se han tenido que mantener, a expensas de financiación alternativa, son tan solo las que se había iniciado en
ejercicios anteriores y cuyo crédito se encontraba reservado. La construcción de nuevos centros se ha restringido, ya que esta eliminación ha significado que el presupuesto destinado a nuevos centros se haya destinado, en su totalidad, a la
finalización de los centros cuya construcción se encontraba en marcha y alguna ampliación realizada para sustituir aulas provisionales o prefabricadas por aulas de construcción.
Por otro lado, las acciones de reforma se han tenido que ajustar a casos de emergencia y atención de aquellas incidencias que afectaran directamente al desarrollo de la actividad.
En caso de que no se generen de nuevo, con el compromiso de mantenimiento del déficit, la construcción de nuevos centros se ralentizaría hasta casi su paralización.
Igualmente se verían afectadas las ampliaciones de centros que en este momento deben utilizar infraestructuras provisionales como son las aulas prefabricadas.
Por todo ello, se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno del Estado a:
1. Recuperar el Plan Integral de Empleo de Canarias en materia de Infraestructura Educativa -que cumple los objetivos de rehabilitar, mejorar, ampliar y crear nuevos centros educativos, al tiempo que se genera empleo- considerando la
situación económica, social y laboral de las Islas, dada su condición de región ultraperiférica derivada de su insularidad y lejanía reconocida por el artículo 138.1 de la Constitución y por el artículo 299.2 del Tratado de la Unión Europea.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de febrero de 2016.-Ana María Oramas González-Moro, Diputada.-Joan Baldoví i Roda, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.
162/000091
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Podemos-En Comú Podem-En Marea, a iniciativa de sus diputadas y diputados Yolanda Díaz Pérez, Ángela Rodríguez Martínez, Alexandra Fernández Gómez, Antón Gómez-Reino Varela, David Bruzos y Miguel Anxo Elías Fernández
Bello, conforme recoge el artículo 193 del Reglamento del Congreso, presenta la siguiente Proposición no de Ley para ser debatida en Pleno relativa al saneamiento de la ría do Burgo en Coruña.
Exposición de motivos
Numerosos colectivos de la sociedad coruñesa llevan decenios demandando una solución definitiva a la situación de degradación en que se encuentra la ría do Burgo, afectada por la contaminación procedente de grandes industrias del entorno,
las deficiencias del saneamiento de muchos concellos del área, pero sobre todo por la dejadez de unas Administraciones Públicas que dilatan en el tiempo acometer las inversiones necesarias para remediar su degradación.
La ría do Burgo es un valor económico y medioambiental fundamental para el conjunto del entorno, siendo los más afectados por esta situación los mariscadores y mariscadoras, que sufren un continuo goteo de perdidas de puestos de trabajo y
que arrastran enormes dificultades para alcanzar unos ingresos mínimos dignos que permitan mantener a sus familias, debido tanto a las pérdidas de riqueza de la ría cuanto a los períodos de inacción derivados del cierre de la ría a causa de los
altos niveles recurrentes de contaminación que registra O Burgo. Es imprescindible acometer la limpieza integral y la extracción completa de los lodos.
A pesar de las promesas, y de los diferentes foros creados para solventar la situación, la realidad a día de hoy es que continuan los vertidos, la presencia de hidrocarburos y los cierres generando una situación materialmente insostenible
para el colectivo de los y las trabajadores del mar, que a mayores conviven con la situación de furtivismo: asistimos a la 'tormenta perfecta' contra la sostenibilidad de la ría y de su producción.
La degradación de la ría do Burgo afecta a las potencialidades que tiene la ría en materia social y turística y que no se pueden desarrollar en el actual estado de la misma. Urge una respuesta urgente, la aceleración de los plazos para
acometer las actuaciones de saneamiento y un plan de ayuda al colectivo de trabajadoras y trabajadores del mar que padecen el mal estado de la ría. Ésta se encuentra a un 20 por 100 de su capacidad productiva y con apenas 90 mariscadores trabajando
(hace dos años eran 180).
Por lo expuesto, el Grupo Parlamentario Podemos-En Comú Podem-En Marea presenta la siguiente
Proposición no de Ley para ser debatida en Comisión
'- El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a presentar un calendario de actuaciones y de financiación que permita realizar de manera urgente el conjunto de las inversiones necesarias para regenerar la ría do Burgo, recuperar los
bancos marisqueros y realizar el dragado comprometido para hacer realidad el saneamiento integral de la ría.
- El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a la aprobación de medidas compensatorias de carácter económico en apoyo al sector del marisqueo mientras se proceda a la recuperación de la ría, así como a posteriori mientras se procede a la
recuperación del entorno y la contratación del saneamiento, en todo caso estas medidas se mantendrán mientras la ría sea improductiva.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de febrero de 2016.-Yolanda Díaz Pérez, Ángela Rodríguez Martínez, Antón Gómez-Reino Varela, David Bruzos Higuero y Miguel Anxo Elías Fernández Bello, Diputados.-Alexandra Fernández Gómez, Portavoz
del Grupo Parlamentario Podemos-En Comú Podem-En Marea.
162/000092
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Podemos-En Comú Podem-En Marea, a iniciativa de sus diputadas y diputados Yolanda Díaz Pérez, Ángela Rodríguez Martínez, Alexandra Fernández Gómez, Antón Gómez-Reino Varela, David Bruzos y Miguel Anxo Elías Fernández
Bello, conforme recoge el artículo 193 del reglamento del Congreso, presenta la siguiente Proposición no de Ley para ser debatida en Pleno relativa a los incumplimientos de los gobiernos del PP relativos a garantizar las condiciones de las subastas
para el servicio de interrumpibilidad del suministro eléctrico y definición de un modelo energético gallego social y sostenible.
Exposición de motivos
El progresivo retraso en la celebración de la subasta por los incentivos para las grandes empresas consumidoras de energía, que en principio iba a tener lugar antes del verano y que se celebró en septiembre.
La dejadez de los gobiernos del PP al desatender las condiciones en las que las empresas industriales que consumen grandes cantidades de energía puedan acceder a ella con precios idóneos y la estrategia de Alcoa a nivel global para
desarrollar otras líneas de negocio y no realizar las inversiones acomodadas
en la planta de A Coruña suponen una peligrosa amenaza ara el empleo y la continuidad de la actividad industrial en la capital herculina.
El fantasma de la deslocalización planea cada año sobre esta actividad económica sin que el gobierno del PP defina un sistema de precios que entregue estabilidad a esta actividad industrial y aI empleo asociado tanto directo como indirecto.
Para el inmediato, hace falta modificar el sistema de subasta en el que alcanza a su ámbito temporal y a la oferta de megawatios porque las subastas con una periodicidad anual no son el período idóneo para definir inversiones, también de la
necesaria garantía -que no tenemos- acerca de la oferta suficiente de bloques de manera que ninguna fábrica quede excluida.
Preservar la industria -segmento productivo definidor de productos de mayor valor añadido y generador de empleos de mayor cualificación- exige que las administraciones públicas definan e implementen un nuevo modelo energético, caracterizado
por su condición de sostenible y social, y que responda con un retorno adecuado a la contribución que realiza Galicia en el campo energético, con una producción que supone impactos ambientales severos y una exportación de alrededor del 40 por 100
del total de energía producida en nuestro país.
La administración tiene que acordar una política de precios que garantice el mantenimiento de esta actividad industrial en nuestro país con una exigencia a la multinacional de un plan de inversiones que rebaje el consumo de energía, las
emisiones y fomente el empleo.
Por el referido, el Grupo Parlamentario de Podemos-En Comú Podem-En Marea formula la siguiente
Proposición no de Ley para su debate en Comisión
'- Instamos al Gobierno a implementar, junto con la empresa Alcoa, aquellas medidas que logren mejoras en el sistema de la subasta, tanto en el aspecto temporal de la oferta cuanto de la cuantía de los bloques de la misma.
- Instamos a que el Gobierno impulse las medidas conducentes, en relación con la empresa Alcoa, a garantizar el empleo en su planta de A Coruña.
- Instamos a que el Gobierno fomente la implementación por parte de la empresa Alcoa de un plan de inversiones que favorezca el ahorro energético, la rebaja de las emisiones contaminantes y el desarrollo de la actividad productiva en nuestro
país.
- Instamos a que el Gobierno a desarrollar las actuaciones pertinentes para la redefinición de un sistema energético gallego social y sostenible.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de febrero de 2016.-Yolanda Díaz Pérez, Ángela Rodríguez Martínez, Antón Gómez-Reino Varela, David Bruzos Higuero y Miguel Anxo Elías Fernández Bello, Diputados.-Alexandra Fernández Gómez, Portavoz
del Grupo Parlamentario Podemos-En Comú Podem-En Marea.
162/000094
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Podemos-En Comú Podem-En Marea, a iniciativa de sus diputadas y diputados Yolanda Díaz Pérez, Ángela Rodríguez Martínez, Alexandra Fernández Gómez, Antón Gómez-Reino Varela, David Bruzos y Miguel Anxo Elías Fernández
Bello, conforme recoge el artículo 193 del Reglamento del Congreso, formula la siguiente Proposición no de Ley para debatir en Pleno, relativa a la creación de nuevos órganos judiciales.
Exposición de motivos
Como se puede comprobar de la lectura de las sucesivas Memorias de los Juzgados y Tribunales de Galicia correspondientes a esta pasada legislatura, y de los muy numerosos pronunciamientos públicos de los diferentes protagonistas del mundo
judicial, Galicia precisa con urgencia de un amplio impulso de creación de nuevos órganos judiciales para garantizar el principio constitucional de tutela judicial efectiva.
La última memoria recoge las necesidades de medios materiales y humanos que lastran el trabajo ejemplar de los profesionales, de las y los trabajadores de la Administración de Justicia.
Como recoge la Memoria última de Juzgados y Tribunales de Galicia, en octubre de 2014, la reunión -celebrada en A Coruña- de los Presidentes de los Tribunales Superiores de Justicia afirmaba: 'Hoy, más que nunca, la Justicia es un factor
clave para la regeneración de la democracia y del sistema de convivencia, afectado por el desaliento cívico y la desconfianza hacia las instituciones, derivada de la existencia de graves casos de corrupción'.
Para concluir en otro parágrafo que los profesionales y trabajadores y trabajadoras de la Administración de Justicia, '(...) siguen trabajando en un contexto de leyes inadecuadas y de graves deficiencias organizativas y tecnológicas, que
perjudican la eficacia y efectividad de la función judicial...'.
La situación actual de algunos órganos judiciales y órdenes jurisdiccionales en Galicia no puede mantenerse por más tiempo, salvo que queramos asistir resignadamente a un aumento de las dilaciones que serán después difíciles de enjuiciar.
Estamos ante una carga de trabajo que un Juzgado o una Sala no pueden soportar.
Los datos numéricos de los Juzgados y Salas que referenciamos hablan de una carga de trabajo insoportable que impide la normalización de algunos órganos judiciales y exige la inmediata creación de los mismos.
Extractando sólo las necesidades consideradas urgentes a lo largo de estos últimos años, la Memoria cita las siguientes:
- 1 plaza Sala Social del Tribunal Superior de Justicia de Galicia.
- 1 Juzgado de lo Social en A Coruña.
- 1 Juzgado de lo mercantil en A Coruña.
- 1 plaza para la Sección VI de la Audiencia Provincial, con sede en Vigo.
- 1 Juzgado especializado en derecho de familia en Vigo.
- 1 Juzgado de lo Social en Vigo.
- 1 plaza en la Sección I, con competencia civil, de la Audiencia Provincial de Lugo.
- 1 Juzgado de primera instancia especializado en derecho de familia en Ferrol.
Por lo señalado, la Diputada firmante perteneciente al Grupo Parlamentario Podemos-En Comú Podem-En Marea presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a realizar las actuaciones oportunas conducentes a crear la totalidad de los órganos y plazas considerados como urgentes en la última Memoria de los Juzgados y Tribunales de Galicia.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de febrero de 2016.-Yolanda Díaz Pérez, Ángela Rodríguez Martínez, Antón Gómez-Reino Varela, David Bruzos Higuero y Miguel Anxo Elías Fernández Bello, Diputados.-Alexandra Fernández Gómez, Portavoz
del Grupo Parlamentario Podemos-En Comú Podem-En Marea.
162/000095
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Francesc Homs i Molist, en su calidad de Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Democràcia i Llibertat), de acuerdo con lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta, para su discusión en el
Pleno, una Proposición no de Ley relativa a la creación de un mapa de vivienda y a la posterior transformación del fondo social de viviendas, a los efectos de cubrir la demanda de vivienda social existente.
Antecedentes
Desde inicios del año 2008 se han producido anualmente decenas de miles de lanzamientos de personas de sus viviendas, según las estadísticas publicadas por el Consejo General del Poder Judicial.
Demasiado a menudo, los desahuciados son familias que han perdido el empleo o que han avalado créditos de hijos y familiares. Muchos son pensionistas y generalmente no tienen otro lugar donde habitar.
Esta realidad coincide con la existencia de infinidad de viviendas vacías propiedad de promotores en quiebra, de entidades financieras, procedentes de ejecuciones hipotecarias, o fondos de inversión, que las han adquirido a lo largo de todo
este periodo.
Esta es una de las consecuencias más negativas de la crisis económica y financiera que afecta al Estado español. Las personas que sufren una ejecución hipotecaria y pierden la vivienda a menudo siguen manteniendo una elevada deuda con la
entidad financiera que difícilmente podrán devolver. Esto conlleva a que, en muchos casos, estas familias quedarán condenadas a vivir en el umbral de la pobreza de por vida y a depender en buena parte de los servicios sociales.
Ha sido la crisis, la pérdida de empleo y de actividad económica lo que ha propiciado esta situación, pero debe recordarse también que la regulación de la actividad financiera había sido excesivamente laxa en lo que se refiere a la concesión
de hipotecas que nunca debieran haberse otorgado.
¿Dónde está la acción de los poderes públicos destinada a promover las condiciones necesarias y las normas pertinentes para hacer efectivo el derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada?
¿Qué soluciones se han adoptado para dar salida a un parque de viviendas vacías que evite la exclusión residencial?
Desde el inicio de la crisis se han abierto más de 350.000 procedimientos de ejecución hipotecaria y de desahucios, de los cuales 172.000 se han ejecutado. Quedan más de 178.000 casos pendientes de ser ejecutados, aparte de los que irán
incorporando a medida que avance la crisis.
Las normas que regulan el impacto de los desahucios sobre las familias se han ido adaptando a la nueva jurisprudencia estatal y europea ofreciendo soluciones a situaciones donde anteriormente el desahucio operaba de forma automática.
A pesar de ello, un importante problema a resolver radica en las personas que han sufrido el lanzamiento de su vivienda habitual y, por la precaria situación económica que padecen, sufren exclusión social residencial.
Existe una gran necesidad de vivienda en alquiler social que contrasta y coexiste con un gran parque de viviendas vacías en todo el territorio.
Nos referimos, sobre todo, a las viviendas procedentes de ejecuciones hipotecarias en municipios con demanda, que están en posesión de la SAREB, el denominado 'banco malo', de fondos de inversión que han adquirido paquetes de viviendas a
entidades financieras y a las mismas entidades financieras que actualmente no están dando ningún uso al mismo.
Es preciso habilitar mecanismos para facilitar el acceso a la vivienda a los ciudadanos que sufren exclusión residencial.
Es cierto que ya se han dado pasos en esta dirección, por ejemplo, en Catalunya, se han firmado convenios con la SAREB, Catalunya Caixa y Bankia para que cedan, inicialmente, 1.230 viviendas vacías para que se destinen al alquiler social.
Sin duda un número importante, pero insuficiente.
Urge ampliar este tipo de actuaciones de forma genérica, ya que una sociedad cuyos ciudadanos se encuentren amparados por políticas de vivienda digna siempre serán capaces de hacer frente a la crisis con mayor solidez que una sociedad
desestructurada, con miles de familias desahuciadas, conviviendo en ciudades donde también hay miles de viviendas vacías, ocupaciones ilegales, viviendas que no se pueden mantener adecuadamente y que, consecuentemente, generan problemas e
inseguridad.
El 17 de enero de 2013 se creó el Fondo Social de Viviendas para dar respuesta más generalizada a esta problemática, pero la gestión del mismo no está siendo eficiente ni eficaz por, entre otras razones, el grave desequilibrio entre las
zonas de mayor demanda y la ubicación de las viviendas existentes, así como el estado de conservación y habitabilidad de las mismas no ha sido el adecuado.
Es por ello necesario arbitrar nuevas medidas: por un lado, debería impulsarse la elaboración de un mapa del parque de viviendas vacías de todo el Estado, procedentes de ejecuciones hipotecarias, propiedad de entidades financieras y fondos
de inversión, en municipios con demanda, a efectos de conocer la disponibilidad real de activos inmobiliarios en condiciones de ser habitados para destinarlos a vivienda social.
En segunda instancia, debe transformarse el Fondo Social de Viviendas, constituido el 17 de enero de 2013, para que sea un instrumento efectivo y cumpla con la finalidad con la cual fue creado: actuar en beneficio de los colectivos
desprotegidos por una situación de desahucio sobrevenida. En concreto, debe sustituirse el fondo por un Parque de Viviendas Sociales formado por las viviendas de las entidades financieras y los fondos de inversión, procedentes de ejecuciones
hipotecarias, susceptibles de ser destinadas a alquiler social. Estas viviendas deben ser gestionadas por las comunidades autónomas y los ayuntamientos, en colaboración con las entidades sociales.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Catalán (Democràcia i Llibertat) presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1) Elaborar un mapa del parque de viviendas vacías, que procedentes de ejecuciones hipotecarias actualmente son titularidad de la SAREB y de las que están aportadas al Fondo Social de Vivienda, a los efectos de conocer cuál es su situación
en relación a su disponibilidad y ubicación a los efectos de poder ser destinadas a alquiler social por un tiempo determinado.
2) Transformar el Fondo Social de Viviendas en un Parque de Viviendas Sociales, formado por las viviendas detectadas en el mapa elaborado cedidas por sus titulares de forma temporal, en función de los municipios en los que haya demanda real.
Dichas viviendas cedidas al Parque de Viviendas Sociales, serán gestionadas por las Comunidades Autónomas, en colaboración con los servicios sociales autonómicos y municipales.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de febrero de 2016.-Francesc Homs Molist, Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Democràcia i Llibertat).
162/000096
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Mixto, a instancias de don Pedro Quevedo Iturbe, Diputado de Nueva Canarias, de conformidad con lo previsto en los artículos 193 y siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta para su debate en
Pleno la siguiente Proposición no de Ley sobre inversiones estatales en Canarias.
La magnitud de la crisis económica ha provocado un profundo deterioro en diversos sectores de la vida social y económica, teniendo una dura incidencia en el incremento de la desigualdad, los recortes de derechos y la destrucción masiva de
empleo. En el conjunto del Estado ya se han alcanzado los 4.779.500 desempleados, según datos de la EPA del 4.º trimestre de 2015, 4.150.755 desempleados, según el paro registrado de enero del presente año.
Si atendemos al número de afiliados a la Seguridad Social, la afiliación ha caído en 204.043 personas, el mayor descenso desde 2013. A estas cifras alarmantes hay que añadir el hecho de que 4 de cada 10 parados no reciben ya ningún tipo de
prestación, y que el nivel de cobertura va a seguir cayendo a medida que se alarga el tiempo en que se está desempleado. La prestación por desempleo ha caído en diciembre de 2015 hasta el 55,19 por 100, lo que implica dos puntos porcentuales menos
respecto al año anterior.
Por su parte, Canarias sigue superando la media estatal de parados en casi 6 puntos, con una tasa de desempleo del 26,75 por 100 y una cifra de 297.100 desempleados, según la EPA anteriormente mencionada, y 245.984 según datos del paro
registrado en enero.
Con un modelo productivo basado fundamentalmente en el turismo y la construcción, asociado a las dificultades derivadas de la lejanía, la fragmentación territorial y la carencia de recursos naturales, Canarias tiene un escaso margen para
diversificar su estructura económica a corto y medio plazo, y para generar empleo y riqueza.
A esta situación se suma el hecho que hemos denunciado reiteradamente de que el archipiélago canario año tras año ha recibido menos recursos financieros que la media de las comunidades autónomas para la realización de obras públicas
esenciales, a pesar de que la Ley 20/1991, de 7 de junio, de
modificación de los aspectos fiscales del Régimen Económico y Fiscal de Canarias, en su artículo 96, establece que el archipiélago tiene que estar como mínimo en la media estatal en materia de inversiones.
Por otro lado el sistema de financiación autonómico suscrito en 2009 perjudica seriamente al archipiélago ya que en términos porcentuales la financiación per cápita de Canarias es más de siete puntos inferior a la media estatal. Canarias
recibe casi 600 millones de euros menos al año. Se trata de un sistema de distribución de recursos que quiebra la cohesión y la igualdad entre las comunidades autónomas. No es admisible que siendo la 5.º comunidad autónoma con más nivel de paro y
una de las que tiene peores índices sociales sea la que menos recursos recibe por parte del Estado para la financiación servicios públicos esenciales como la sanidad, la educación o los servicios sociales.
Por todo lo expuesto, y ante la urgente necesidad de que los intereses de Canarias sean contemplados de acuerdo con los derechos históricos del archipiélago, el Congreso de los Diputados insta al Gobierno del Estado a:
'1. Que las inversiones estatales para Canarias contempladas en las próximas Leyes de Presupuestos Generales del Estado no sean inferiores al promedio que corresponda para el conjunto de las comunidades autónomas, excluidas de este cómputo
las inversiones que compensen el hecho insular, en cumplimiento de los artículos 95 y 96 de la Ley 20/1991, del REF.
2. Que se implemente un verdadero plan de choque que permita hacer frente al impacto que la crisis tiene en el archipiélago y sus graves secuelas en términos de desempleo. Este plan de choque debe estar dotado al menos por un importe que
suponga el 2,5 por 100 del PIB canario y debe significar recursos económicos adicionales a los que habitualmente recibe Canarias en los Presupuestos Generales del Estado.
3. Que se active por parte del Instituto de Crédito Oficial una línea de préstamos de mediación con tipos de interés preferente para financiar inversiones por parte de las pequeñas y medianas empresas domiciliadas en Canarias, en
cumplimiento del artículo 22 de la Ley 19/1994, de Modificación del REF. Las características de esta línea de préstamos las debe determinar el Gobierno del Estado atendiendo a la grave situación económica y financiera que padecen las Islas, que
aconsejan extender estos préstamos a la financiación del circulante de las pymes y un importe de la línea de mediación que debe ascender al menos hasta el 1 por 100 del PIB canario.
4. Que en las negociaciones entre el Estado y el Gobierno de Canarias se dé cumplimiento a la resolución aprobada por unanimidad del Parlamento de Canarias, el día 21 de abril de 2015, sobre renovación de los incentivos económicos del
Régimen Económico y Fiscal de Canarias.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de febrero de 2016.-Pedro Quevedo Iturbe, Diputado.-Joan Baldoví Roda, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha acordado admitir a trámite, conforme al artículo 194 del Reglamento, las siguientes Proposiciones no de Ley y considerando que solicitan el debate de las iniciativas en Comisión,
disponer su conocimiento por las Comisiones que se indican, entendiendo que en el caso de su eventual aprobación, estarían dirigidas al Gobierno que se constituya, dando traslado al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de febrero de 2016.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
Comisión de Asuntos Exteriores
161/000094
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Onintza Enbeita Maguregi, Diputada de EH Bildu, integrada en el Grupo Parlamentario Mixto, de conformidad con lo previsto en el vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre el Sahara
Occidental, para su debate en la Comisión de Asuntos Exteriores.
Proposición no de Ley sobre el Sahara Occidental
Transcurridos 40 años desde el abandono por parte de Estado español, el Sahara Occidental sigue siendo un Territorio No Autónomo pendiente de descolonización, sometido además a la ocupación por parte de Marruecos.
Desde que el 27 de febrero de 1976 se proclamara la República Árabe Saharaui Democrática (RASD), ésta ha sido reconocida por más de 80 estados, así como por la Unión Africana.
Pese a ello, el pueblo saharaui sigue sufriendo la ocupación y la permanente violación de los Derechos Humanos por parte de Marruecos.
Correspondiendo a las Naciones Unidas y a sus Estados miembros la responsabilidad principal en materia de descolonización, según la Carta fundacional de las Naciones Unidas, el Consejo de Seguridad tiene la máxima responsabilidad en la
búsqueda de una solución justa y definitiva.
Dándose la situación de que el Estado Español es actualmente miembro no permanente, Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, se plantea a este Congreso la adopción de la presente
Proposición no de Ley
'Instando al Gobierno, en su calidad de Potencia administradora de iure, y miembro del grupo de amigos del Secretario General para el Sahara Occidental y además miembro no permanente del Consejo de Seguridad durante el mandato 2015/2016, a:
1. Cumplir con su responsabilidad para poner fin al proceso de descolonización del Sahara Occidental, inconcluso desde 1975, mediante la celebración de un referéndum que asegure la expresión libre y auténtica de la voluntad del Pueblo
Saharaui.
2. Defender la doctrina consolidada de las Naciones Unidas en materia de descolonización y Territorios No Autónomos para los que rige la Resolución 2625 de la Asamblea General de las Naciones Unidas que instaura: 'El establecimiento de un
Estado soberano e independiente, la libre asociación o integración con un Estado independiente o la adquisición de cualquier otra condición política libremente decidida por un pueblo constituyen las formas del ejercicio del derecho de libre
determinación de ese pueblo', siendo ese el contenido de la autodeterminación.
3. Reclamar, en defensa de la paz y los Derechos Humanos, la atribución a la MINURSO (Misión de las Naciones Unidas para el Referéndum en el Sahara Occidental), única presencia de Naciones Unidas en el territorio, de competencias en la
protección y promoción de los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales de la población saharaui.
4. Proceder al reconocimiento diplomático de la República Árabe Saharaui Democrática, representación legítima del pueblo saharaui.
5. Otorgar status de Misión Diplomática a la representación de la RASD en el Estado español mientras se produzca el pleno reconocimiento de la RASD.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de febrero de 2016.-Onintza Enbeita Maguregi, Portavoz Adjunta del Grupo Parlamentario Mixto.
Comisión de Justicia
161/000120
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Podemos-En Comú Podem-En Marea, a iniciativa de sus diputadas y diputados Yolanda Díaz Pérez, Ángela Rodríguez Martínez, Alexandra Fernández Gómez, Antón Gómez-Reino Varela, David Bruzos y Miguel Anxo Elías Fernández
Bello, conforme recoge el artículo 193 del Reglamento del Congreso, formula la siguiente Proposición no de Ley, para debatir en Comisión, relativa a la creación de nuevos órganos judiciales.
Exposición de motivos
Como se puede comprobar de la lectura de las sucesivas Memorias de los Juzgados y Tribunales e Galicia correspondientes a esta pasada legislatura, y de los muy numerosos pronunciamientos úblicos de
los diferentes protagonistas del mundo judicial, Galicia precisa con urgencia de un amplio impulso de creación de nuevos órganos judiciales para garantizar el principio constitucional de tutela judicial efectiva.
La última memoria recoge las necesidades de medios materiales y humanos que lastran el trabajo ejemplar de los profesionales, de las y los trabajadores de la Administración de Justicia.
Como recoge la Memoria última de Juzgados y Tribunales de Galicia, en octubre de 2014, la reunión -celebrada en A Coruña- de los Presidentes de los Tribunales Superiores de Justicia firmaba: 'Hoy, más que nunca, la Justicia es un factor
clave para la regeneración de la democracia y del sistema de convivencia, afectado por el desaliento cívico y la desconfianza hacia las instituciones, derivada de la existencia de graves casos de corrupción'.
Para concluir en otro parágrafo que los profesionales y trabajadores y trabajadoras de la Administración de Justicia, '(...) siguen trabajando en un contexto de leyes inadecuadas y de graves deficiencias organizativas y tecnológicas, que
perjudican la eficacia y efectividad de la función judicial.'
La situación actual de algunos órganos judiciales y órdenes jurisdiccionales en Galicia no puede mantenerse por más tiempo, salvo que queramos asistir resignadamente a un aumento de las dilaciones que serán después difíciles de enjuiciar.
Estamos ante una carga de trabajo que un Juzgado o una Sala no pueden soportar.
Los datos numéricos de los Juzgados y Salas que referenciamos hablan de una carga de trabajo insoportable que impide la normalización de algunos órganos judiciales y exige la inmediata creación de los mismos.
Extractando sólo las necesidades consideradas urgentes a lo largo de estos últimos años, la Memoria cita las siguientes:
- 1 plaza Sala Social del Tribunal Superior de Justicia de Galicia.
- 1 Juzgado de lo Social en A Coruña.
- 1 Juzgado de lo mercantil en A Coruña.
- 1 plaza para la Sección VI de la Audiencia Provincial, con sede en Vigo.
- 1 Juzgado especializado en derecho de familia en Vigo.
- 1 Juzgado de lo Social en Vigo.
- 1 plaza en la Sección I, con competencia civil, de la Audiencia Provincial de Lugo.
- 1 Juzgado de primera instancia especializado en derecho de familia en Ferrol.
Por lo señalado, la Diputada firmante perteneciente al Grupo Parlamentario de Podemos-En Comú Podem-En Marea presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a realizar las actuaciones oportunas conducentes a crear la totalidad de los órganos y plazas considerados como urgentes en la última Memoria de los Juzgados y Tribunales de Galicia.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de febrero de 2016.-Yolanda Díaz Pérez, Ángela Rodríguez Martínez, Antón Gómez-Reino Varela, David Bruzos Higuero y Miguel Anxo Elías Fernández Bello, Diputados.-Alexandra Fernández Gómez, Portavoz
del Grupo Parlamentario Podemos-En Comú Podem-En Marea.
161/000121
A la Mesa de la Comisión de Justicia
Don Francesc Homs i Molist, en su calidad de Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Democràcia i Llibertat), de acuerdo con lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta, para su discusión en la
Comisión de Justicia, una Proposición no de Ley relativa a garantizar el derecho a realizar la prueba de acceso a la profesión de abogado/a en català, euskera y galego.
Para poder acceder a la profesión de abogado/a desde el año 2011 es imprescindible, además de haber obtenido el grado en Derecho y el máster de acceso a la abogacía, haber superado la prueba de
acceso a la profesión de abogado/a según resulta de la Ley 34/2006, de Acceso a las Profesiones de Abogado y Procurador, vigente desde 30 de octubre de 2011.
Desde la entrada en vigor de la Ley y hasta la fecha, las referidas pruebas se han realizado en lengua española de manera exclusiva, sin dar opción a que los y las aspirantes puedan realizar la referida prueba en las lenguas propias y
cooficiales de las distintas CC. AA., es decir, en Galego, Eusquera y Catalá.
El Director General de Relaciones con la Administración de Justicia, en nombre del Gobierno, adquirió un compromiso, según resulta del Acta de la Comisión Técnica Sectorial de Administración de Justicia del 16 de septiembre de 2015, en
virtud del cual se comprometió a buscar 'fórmulas para atender las peticiones' para que la prueba de acceso, que es un requisito indispensable para iniciar el ejercicio profesional, pueda realizarse en todas las lenguas oficiales, de acuerdo con el
derecho de la ciudadanía a relacionarse en cualquier lengua cooficial con la Administración general del Estado.
En el caso de Catalunya este incumplimiento afecta a día de hoy, a más de 900 graduados en Derecho, estando dispuesto el Govern de Catalunya a asumir el coste y proporcionar los recursos necesarios para traducir la prueba de forma rigurosa y
confidencial.
A pesar de lo expuesto, el Ministerio de Justicia ha ratificado su intención de que las pruebas se sigan realizando únicamente en lengua española.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Catalán (Democràcia i Llibertat) presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Que el Gobierno del Estado cumpla con el compromiso adquirido según resulta del Acta de la Comisión Técnica Sectorial de Administración de Justicia del 16 de septiembre de 2015, y busque las fórmulas adecuadas para garantizar los
derechos de la ciudadanía a relacionarse con la Administración general del Estado en cualquiera de las lenguas cooficiales, para la realización de las pruebas de acceso a la profesión de abogado/a según resulta de la Ley 34/2006, de Acceso a las
Profesiones de Abogado y Procurador, vigente desde 30 de octubre de 2011.
2. Que el Gobierno del Estado cumpla con la recomendación recibida del Comité de Ministros del Consejo de Europa en materia de aplicación de la Carta Europea para las Lenguas Regionales y Minoritarias en cuya virtud se exige al Gobierno que
se intensifiquen las medidas prácticas destinadas a garantizar la adecuada presencia de las lenguas cooficiales en la Administración del Estado.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de febrero de 2016.-Francesc Homs Molist, Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Democràcia i Llibertat).
Comisión de Interior
161/000116
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Podemos-En Comú Podem-En Marea presenta, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Congreso de los Diputados, la presente Proposición no de Ley, para su debate y aprobación
en Comisión de Interior.
Exposición de motivos
La Dirección General de Tráfico (DGT) de Navarra se encuentra en una situación de agravio comparativo respecto al tratamiento que reciben las DGT de otras comunidades autónomas. Hasta el año 2007 se realizaban exámenes prácticos de
circulación para la obtención de cualquier permiso de conducir, con una frecuencia semanal, teniendo un día concreto ya fijado para cada autoescuela, pudiendo presentar un máximo de 4 alumnos y alumnas por profesor. Cada aspirante conocía con
antelación la fecha de su examen.
En el año 2007 una sentencia judicial obligó a la DGT a eliminar el sistema de cupos y se estipula que cada centro pueda presentar el número de alumnos y alumnas que decida sin limitación, con lo que ya no se puede conocer la fecha de
examen, que pasa a depender de la cantidad de aspirantes de todas las autoescuelas de Navarra y de la plantilla de examinadores disponibles.
En el año 2009 entra en vigor la Ley Ómnibus, que liberaliza las condiciones de entrada en el sector y surgen las autoescuelas 'low-cost', produciéndose la consiguiente bajada de precios. A la vez se produce una reducción en la plantilla de
examinadores, que baja un 50 por 100 (de 10 a los 5 actuales). Comienzan entonces a acumularse retrasos en los exámenes y los aspirantes desconocen cuándo serán examinados. Además, como no se reponen las plazas de examinadores vacantes, se crea la
figura del examinador itinerante (actualmente hay un total de 9 en el Estado).
Como consecuencia en Navarra el porcentaje de alumnos y alumnas que aprueban el examen de conducir ha venido descendiendo en los últimos años, bajando de un 44,20 por 100 en el 2008, a un 38 por 100 en el 2015, frente a porcentajes cercanos
o superiores al 50 por 100 de las comunidades autónomas limítrofes.
Por todo ello se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'1. Instar al Gobierno del Estado, a través del Ministerio del Interior, a la unificación de normas y criterios de todas las jefaturas de Tráfico de España.
2. Instamos al Ministerio del Interior a estudiar la situación de la plantilla fija de examinadores para Navarra, así como la situación de la impartición de educación vial en los colegios.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de febrero de 2016.-Ione Belarra Orteaga, Diputada.-Íñigo Errejón Galván, Portavoz del Grupo Parlamentario Podemos-En Comú Podem-En Marea.
Comisión de Hacienda y Administraciones Públicas
161/000097
El Grupo Parlamentario Mixto, a instancias de don Pedro Quevedo Iturbe, Diputado de Nueva Canarias, de conformidad con lo previsto en los artículos 193 y siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta para su debate en la
Comisión de Hacienda y Administraciones Públicas la siguiente Proposición no de Ley sobre la corrección del injusto sistema de financiación autonómica.
Existen dos elementos que estructuran el modelo de Estado español descentralizado en la Constitución del año 78: los Estatutos de Autonomía aprobados por las Cortes Generales y la financiación que necesariamente debe acompañarles. La
financiación autonómica es esencial para el desarrollo del autogobierno pues define los recursos económicos con los que se van a financiar los servicios públicos de sanidad, educación y servicios sociales, así como el resto de competencias que
ejerce la Comunidad Autónoma. De poco sirve disponer de competencias y no de recursos. Es más, suele ser un problema disponer de una competencia y no de recursos para desarrollarla porque la consecuencia es que la población queda desasistida.
El Estado español, como todos los Estados compuestos, tiene una historia compleja en esta materia. La financiación autonómica ha constituido con frecuencia un instrumento al servicio de equilibrios e intereses políticos, que no ha
respondido a criterios objetivos de búsqueda de equidad y suficiencia financiera.
El actual sistema de financiación autonómica, que vino a sustituir al que estaba en vigor desde el año 2002, fue aprobado por las Cortes Generales en el año 2009 mediante la Ley Orgánica 3/2009, de modificación de la Ley Orgánica 8/1980, de
Financiación de las Comunidades Autónomas y la Ley 22/2009 por la que se regula el sistema de financiación de las Comunidades Autónomas de régimen común y Ciudades con Estatuto de Autonomía y se modifican determinadas normas tributarias.
El nuevo sistema tomó como año base el año 2007 y se aplicó con efectos retroactivos a 1 de enero del año 2009. Los recursos totales del sistema en ese año base eran 114.580 millones de euros a los que
la Administración General del Estado añadió 11.000 millones adicionales que se entregaron gradualmente (el 70 por 100 en el año 2009 hasta llegar al 100 por 100 en el año 2012). Se introdujo en la nueva Ley 22/2009, de financiación una
serie de ponderaciones de reparto de esta cantidad, fruto de criterios políticos, que netamente beneficiaron a unos territorios y perjudicaron a otros.
Este sistema aprobado en 2009 alejó a Canarias de la media de financiación española. Cuando se inició el anterior, en el año 2002, Canarias estaba en la media de financiación por habitante, siendo su índice de financiación per cápita el
100,4 por 100. El error de ese sistema de financiación era su poca flexibilidad para adaptarse al crecimiento poblacional elevado. El incremento poblacional de Canarias y de otras comunidades generó mayores necesidades de gasto que el sistema no
previó ni contempló en las normas de evolución del mismo. Esto provocó que la financiación per cápita del Archipiélago fuera cayendo de forma cada vez más significativa en años sucesivos, de manera que en el año 2007 el índice de financiación per
cápita de Canarias era el 94,5 por 100 de la media española. Se suponía que el nuevo sistema de financiación aprobado debía corregir este desfase y acercarnos a la media, pero no sólo no lo hizo sino que lo empeoró sustancialmente, colocando a
Canarias en el año de partida en el 93,9 por 100. Es decir, ya en el primer año del actual sistema estábamos peor que en el último año del antiguo.
En la actualidad el déficit anual de financiación de Canarias se sitúa en unos 600 millones de euros al año, por debajo de la media las autonomías de régimen común.
Por tanto, el sistema de financiación autonómico aprobado en diciembre de 2009 es injusto para Canarias. No hay ninguna razón que justifique que Canarias empeore su financiación por habitante cuando el coste efectivo de la prestación de
servicios como sanidad, educación y servicios sociales es mucho mayor en un territorio insular que en comunidades con territorio continuo, tal y como se reconoce en la Constitución Española y en los Tratados Europeos. Existen estudios contrastados
que señalan que cuesta como mínimo un 16 por 100 más prestar los mismos servicios en un territorio discontinuo que en un territorio continental.
Esta infrafinanciación que padece Canarias es más grave aún en los momentos de grave crisis económica que sufre el Archipiélago que hace que se reduzcan los ingresos propios de la Comunidad Autónoma al mismo tiempo que se incrementa la
demanda de servicios y ayudas sociales de los sectores más vulnerables de nuestra sociedad. El actual sistema ha generado un daño enorme al desarrollo de los servicios públicos en Canarias, degradando aún más si cabe las condiciones de vida de la
parte más vulnerable de nuestra población.
Este es, por tanto, un asunto transcendental y de especial urgencia para nuestras islas. El actual sistema de financiación genera injusticia y genera maltrato para Canarias. Es esencial para nuestro Archipiélago que el sistema de
financiación autonómica, la distribución de los recursos para el sostenimiento de las competencias de esta comunidad sea justa. Y una distribución justa con Canarias no es estar en la media, es estar por encima de la media. Existen preceptos
constitucionales y estatutarios que permiten a Canarias reclamarlo así.
Por todo ello es preciso abordar cuanto antes el elemento decisivo de la financiación autonómica, para que nuestra comunidad autónoma se sitúe como mínimo en la media, evitando así comprometer el futuro de los servicios y las políticas
públicas esenciales.
'Ante lo anteriormente expuesto, el Congreso de los Diputados insta al Gobierno del Estado a:
1. Emprender de manera urgente la reforma del sistema de financiación autonómica, para garantizar la prestación de los servicios públicos esenciales en todas las Comunidades Autónomas, de manera que todos los ciudadanos, con independencia
de donde vivan, accedan en igualdad de condiciones a dichos servicios.
2. Distribuir los recursos de la financiación autonómica de manera finalista para garantizar los servicios públicos fundamentales.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de febrero de 2016.-Pedro Quevedo Iturbe, Diputado.-Joan Baldoví Roda, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.
161/000124
A la Mesa de la Comisión de Hacienda y Administraciones Públicas
El Grupo Parlamentario Mixto, a instancias de don Pedro Quevedo Iturbe, Diputado de Nueva Canarias, de conformidad con lo previsto en los artículos 193 y siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta para su debate en
Comisión, la siguiente Proposición no de Ley sobre inversiones estatales en Canarias.
La magnitud de la crisis económica ha provocado un profundo deterioro en diversos sectores de la vida social y económica, teniendo una dura incidencia en el incremento de la desigualdad, los recortes de derechos y la destrucción masiva de
empleo. En el conjunto del Estado ya se han alcanzado los 4.779.500 desempleados, según datos de la EPA del 4.º trimestre de 2015, 4.150.755 desempleados, según el paro registrado de enero del presente año.
Sí atendemos al número de afiliados a la Seguridad Social, la afiliación ha caído en 204.043 personas, el mayor descenso desde 2013. A estas cifras alarmantes hay que añadir el hecho de que 4 de cada 10 parados no reciben ya ningún tipo de
prestación, y que el nivel de cobertura va a seguir cayendo a medida que se alarga el tiempo en que se está desempleado. La prestación por desempleo ha caído en diciembre de 2015 hasta el 55'19 por 100, lo que implica dos puntos porcentuales menos
respecto al año anterior.
Por su parte, Canarias sigue superando la media estatal de parados en casi 6 puntos, con una tasa de desempleo del 26,75 por 100 y una cifra de 297.100 desempleados, según la EPA anteriormente mencionada, y 245.984 según datos del paro
registrado en enero.
Con un modelo productivo basado fundamentalmente en el turismo y la construcción, asociado a las dificultades derivadas de la lejanía, la fragmentación territorial y la carencia de recursos naturales, Canarias tiene un escaso margen para
diversificar su estructura económica a corto y medio plazo, y para generar empleo y riqueza.
A esta situación se suma el hecho que hemos denunciado reiteradamente de que el archipiélago canario año tras año ha recibido menos recursos financieros que la media de las comunidades autónomas para la realización de obras públicas
esenciales, a pesar de que la Ley 20/1991, de 7 de junio, de modificación de los aspectos fiscales del Régimen Económico y Fiscal de Canarias, en su artículo 96, establece que el archipiélago tiene que estar como mínimo en la media estatal en
materia de inversiones.
Por otro lado el sistema de financiación autonómico suscrito en 2009 perjudica seriamente al archipiélago ya que en términos porcentuales la financiación per cápita de Canarias es más de siete puntos inferior a la media estatal. Canarias
recibe casi 600 millones de euros menos al año. Se trata de un sistema de distribución de recursos que quiebra la cohesión y la igualdad entre las comunidades autónomas. No es admisible que siendo la 5.º comunidad autónoma con más nivel de paro y
una de las que tiene peores índices sociales sea la que menos recursos recibe por parte del Estado para la financiación servicios públicos esenciales como la sanidad, la educación o los servicios sociales.
Por todo lo expuesto, y ante la urgente necesidad de que los intereses de Canarias sean contemplados de acuerdo con los derechos históricos del archipiélago, el Congreso de los Diputados insta al Gobierno del Estado a:
'1. Que las inversiones estatales para Canarias contempladas en las próximas Leyes de Presupuestos Generales del Estado no sean inferiores al promedio que corresponda para el conjunto de las comunidades autónomas, excluidas de este cómputo
las inversiones que compensen el hecho insular, en cumplimiento de los artículos 95 y 96 de la Ley 20/1991 del REF.
2. Que se implemente un verdadero plan de choque que permita hacer frente al impacto que la crisis tiene en el archipiélago y sus graves secuelas en términos de desempleo. Este plan de choque debe estar dotado al menos por un importe que
suponga el 2'5 por 100 del PIB canario y debe significar recursos económicos adicionales a los que habitualmente recibe Canarias en los Presupuestos Generales del Estado.
3. Que se active por parte del Instituto de Crédito Oficial una línea de préstamos de mediación con tipos de interés preferente para financiar inversiones por parte de las pequeñas y medianas empresas domiciliadas en Canarias, en
cumplimiento del artículo 22 de la Ley 19/1994, de Modificación del REF. Las características de esta línea de préstamos las debe determinar el Gobierno del Estado atendiendo a la grave situación económica y financiera que padecen las Islas, que
aconsejan extender estos préstamos a
la financiación del circulante de las pymes y un importe de la línea de mediación que debe ascender al menos hasta el 1 por 100 del PIB canario.
4. Que en las negociaciones entre el Estado y el Gobierno de Canarias se dé cumplimiento a la resolución aprobada por unanimidad del Parlamento de Canarias, el día 21 de abril de 2015, sobre renovación de los incentivos económicos del
Régimen Económico y Fiscal de Canarias.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de febrero de 2016.-Pedro Quevedo Iturbe, Diputado.-Joan Baldoví Roda, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.
Comisión de Fomento
161/000103
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no
de Ley sobre trabajos de acondicionamiento del trazado de la N-629 en el tramo del Puerto de los Tornos, para su debate en la Comisión de Fomento.
Exposición de motivos
La carretera nacional 629 es una vía terrestre que discurre entre Colindres (Cantabria) y la N-232, cerca de Cereceda (Burgos).
Su longitud es de 90 km y en su corto recorrido cruza la Cordillera Cantábrica por el Puerto de los Tornos. Discurre por las CCAA de Cantabria, País Vasco y Castilla-León.
Su tramo más tortuoso, que une Burgos con Cantabria es el Puerto de los Tornos, de unos 12 km de longitud. Su punto más álgido se encuentra a 920 metros de altura, justo en la confluencia entre las dos autonomías, y baja casi hasta el nivel
del mar.
Es una vía que constituye el acceso principal y más directo a la meseta por carretera desde los municipios que constituyen la cuenca del Asón en la Comarca Oriental de Cantabria: Arredondo, Ruesga, Ramales, Rasines, Soba, Ampuero, Limpias,
Voto, Colindres, Laredo, Liendo, Guriezo, Santoña, Escalante, Cicero, Solórzano, Arnuero, Argoños, Hazas de Cesto, Noja, Valle de Villaverde y Castro-Urdiales y también los municipios bizkainos de Lanestosa y Karantxa.
Es un vial básico para el desarrollo de la citada comarca por el acceso rápido a la Meseta.
Pese a su estado deficiente, soporta una muy importante circulación, tanto de mercancías como de personas, que se intensifica sobremanera en la época estival.
En el año 2008 el Ministerio de Fomento autorizó e inició las obras de remodelación para el acondicionamiento del Puerto de los Tornos, unos 12 km entre Lanestosa y el límite de la provincia de Burgos. Estas obras fueron interrumpidas en el
2010 por los ajustes presupuestarios provocados por la crisis.
Los municipios de la Comarca del Asón están aprobando mociones en sus ayuntamientos para continuar con los trabajos, conscientes de la importancia que supone para su ciudadanía que, 8 años después, son aún de mayor urgencia.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a continuar, en el más breve plazo posible, los trabajos de acondicionamiento del trazado de la N-629 de Burgos a Santoña PK48+000 al PK60+820, tramo Lanestosa, límite de la provincia de
Burgos, continuando la obra iniciada en el año 2008.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de febrero de 2016.-María del Puerto Gallego Arriola y Esther Peña Camarero, Diputadas.-Miguel Ángel Heredia Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
161/000104
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no
de Ley en relación con el traslado de la estación de mercancías peligrosas de Granollers a otra ubicación en el Vallès y para la mejora de la seguridad y prevención de riesgos de la actual estación hasta que se produzca su supresión, para su debate
en la Comisión de Fomento.
Exposición de motivos
En septiembre de 2009 se constató por parte del Ministerio de Fomento, la incompatibilidad de la actual ubicación de la terminal de mercancías de Granollers con la proximidad del casco urbano y el proyecto de crecimiento futuro que rodea la
estación. Así quedaba de manifiesto en la carta dirigida por el entonces conceller del ámbito, al alcalde de Granollers, en septiembre de 2009, que constataba la coincidencia en el mismo sentido del departamento de Política Territorial y Obras
Públicas de la Generalitat de Catalunya y el Ministerio de Fomento.
En esta misiva dirigida al alcalde de Granollers, se ponía de manifiesto asimismo la necesidad de construir en el ramal de Barcelona dos nuevas terminales y suprimir la terminal de Granollers.
El 14 de septiembre de 2010, el Ministerio de Fomento presentó el 'Plan Estratégico para el impulso del Transporte Ferroviario de mercancías en España', en el que se incluía una propuesta de nuevos nodos logísticos realizada con unos
criterios de priorización pactados con las Comunidades Autónomas. El Ministerio manifestó en escrito oficial recogido en el mencionado Plan Estratégico su voluntad de trasladar en un futuro el aparcamiento ferroviario de mercancías peligrosas de
ADIF en Granollers a otro ámbito del Vallès. Por la misma voluntad expresada en escrito oficial se daba publicidad a los criterios para la elaboración de los informes referentes al control de la implantación de nuevos elementos vulnerables
compatibles con la gestión de riesgos de protección civil.
En dicha propuesta se incluye un centro logístico en El Vallès que permitiría en el futuro el traslado de las instalaciones de mercancías existentes en Granollers.
El Ayuntamiento, se reunió el 3 de noviembre de 2014 con ADIF para tratar asimismo sobre el traslado de la estación de mercancías de Granollers a otra zona del Vallès.
La estación de mercancías de Granollers se creó hace ya más de treinta años y se ubicó junto a la de pasajeros de la línea de Francia, en lo que por aquel entonces era un espacio alejado del centro urbano. Con el transcurso del tiempo, y a
consecuencia del crecimiento urbano y del futuro desarrollo del sector de la Bóbila, se ha ido constatando la inoportunidad en la ubicación de esa estación, máxime cuando en ella se realizan operaciones de carga y descarga de contenedores con
mercancías peligrosas muy cerca del casco urbano. En este sentido, el Ayuntamiento, ha solicitado en reiteradas ocasiones a ADIF que mejore sustancialmente las medidas de prevención y gestión de riesgos de la terminal, así como que reduzca al
mínimo posible la cantidad de mercancías peligrosas que circulan por la terminal o estacionan en ella. Por otra parte, con la entrada en servicio de la vía de ancho europeo, la estación de mercancías de Granollers ha quedado notoriamente
desubicada, por su distancia y separación del corredor de mercancías de ancho europeo.
Recientemente se ha producido un episodio que ha contribuido a incrementar la preocupación de la población y del Ayuntamiento de Granollers respecto a esta terminal de mercancías. El 4 de enero de 2016 se detectó, hacia las seis horas y
treinta minutos de la madrugada, una fuga de ácido clorhídrico en una cisterna de la estación. A consecuencia de ello, la Dirección General de Protección Civil de la Generalitat de Catalunya activó el PLASEQCAT (Plan de Emergencia del Sector
Químico de Catalunya), en fase de alerta. Hasta el lugar de los hechos se desplazaron la policía autonómica así como cinco dotaciones de bomberos, además de efectivos del Servicio de Emergencias Médicas (SEM), con carácter preventivo, y la policía
local. Este incidente no ocasionó consecuencias para la población, como tampoco el ocurrido el 11 de noviembre de 2005 cuando un tren cargado con contenedores de productos químicos descarriló a la entrada de la estación en una vía de maniobras y
dos vagones chocaron contra una torre eléctrica.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista formula la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que impulse los estudios e informes pertinentes que posibiliten una solución satisfactoria y factible, a la mayor brevedad posible y según disponibilidad
presupuestaria, para la supresión de la estación de mercancías de Granollers y su traslado a otra ubicación o ubicaciones en el Vallès. Asimismo, y mientras el traslado no se haga realidad, se insta al Gobierno a que mejore sustancialmente
las medidas de prevención y gestión de riesgos de la terminal de Granollers, así como que reduzca al mínimo posible la cantidad de mercancías peligrosas que circulan por la terminal o estacionan en ella.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de febrero de 2016.-Lidia Guinart Moreno, Diputada.-Miguel Ángel Heredia Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
161/000107
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, el Grupo Parlamentario Podemos-En Comú Podem-En Marea presenta la siguiente Proposición no de Ley para aplicar una bonificación del 100 por 100 en el precio de los peajes de la
autopista AP-2 en el tramo comprendido entre Montblanc (Tarragona) y Lleida y el posterior rescate de la concesión de dicha autopista y en el tramo identificado, para su debate en la Comisión de Fomento.
Exposición de motivos
El lunes 17 de febrero de 2014 en les Borges Blanques (Lleida), representantes del tejido económico, asociativo e institucional de las comarcas de Lleida y de Tarragona se unieron para exigir la liberación del peaje de la autopista AP-2,
entre Montblanc y Lleida. Dicho rescate suponía una solución óptima para garantizar la conexión entre Tarragona y Lleida y, muy especialmente, una solución para frenar la elevada siniestralidad de la N-240.
El balance de la N-240, propiedad del Estado, es alarmante desde hace muchos años, y nefasto desde el 2009, a partir del cual se computan cerca de 176 accidentes, con 21 víctimas mortales, 32 heridos graves, 258 heridos leves. La situación
deviene insostenible y que ha generado en el territorio múltiples reclamaciones desde la desesperación.
A pesar del manifiesto firmado por la mayoría de cargos institucionales del territorio y de la urgencia de la situación, el Gobierno del Estado parece haber apostado por una nueva autovía la cual supone un impacto ambiental, económico y
social del todo innecesario, una cicatriz evitable si contemplamos la presencia de la AP-2, autopista inutilizada de hecho, que transcurre en paralelo y cuya concesión privada llega a su término el año 2021.
Un estudio elaborado el año 2012 por las entidades Conca 22 y Ateneu Popular Garriguenc ya ponía de manifiesto el enorme ahorro económico que supone aprovechar la AP-2: si el desdoblamiento se estima que podría costar 305,4 millones de
euros, la liberación de los peajes se sitúa a día de hoy en los 85,5 millones de euros aproximadamente. Sin olvidar, evidentemente, el ahorro en vidas que supondría el inmediato descenso de siniestralidad.
Es por este motivo que ya no es oportuno estudiar la liberación del peaje, pues están más que acreditadas las ventajas que comporta (a nivel ambiental, económico y social) y el que ahora conviene es proceder de inmediato a negociar el
rescate con Abertis, la empresa concesionaria.
En esta línea, durante septiembre de 2013, el Gobierno de la Generalitat anunció que, a falta de la autovía A-27, al finales del mismo año podría haber un acuerdo para liberar los peajes o, en su defecto, fijar unos peajes 'blandos'. A día
de hoy, tres años más tarde, se desconocen los motivos por los cuales esta reivindicación se abandonó. En su lugar, se optó durante los meses de verano del 2015 por una prueba piloto con bonificaciones para el sector del transporte, opción que la
realidad demostró que era del todo errónea, pues no se consiguió el objetivo de descongestionar la N-240.
Finalmente, en el presente mes de febrero de 2016, el Ministerio de Fomento ha anunciado la inclusión en los presupuestos de la autovía entre Lleida y Les Borges Blanques y el inicio de las obras de la primera de las cuatro rotondas
previstas en este tramo de la N-240, la del cruce de Margalef.
Cabe decir que, si bien las rotondas continúan siendo necesarias, la apuesta por la A-27, como se ha expuesto, es una opción mucho más cara e innecesaria, contemplando las cifras de la AP-2, autopista
infrautilizada en este tramo (según fuentes del propio Ministerio, en el tramo Mediterráneo-Soses circularon los años 2013 y 2014 unos 7.900 vehículos diariamente, mientras que su capacidad es de 40.000).
Como punto final, no es en vano indicar que la concesionaria Abertis ha triplicado durante el año 2015 sus beneficios, hasta los 1.880 millones de euros, convirtiéndose en la empresa cotizada catalana con mejores resultados, dato que
contrasta con la falta de solución para el goteo de víctimas mortales y accidentados de la N-240, reivindicación legítima y justa del territorio y sus ciudadanos y ciudadanas que se prolonga desde hace más de diez años.
Por todo ello, el Grupo Podemos-En Comú Podem-En Marea formula la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a realizar todas las acciones necesarias para:
1. Bonificar al 100 por 100 en el precio de los peajes, de forma provisional y urgente, para el tráfico de vehículos por la autopista AP-2 en el tramo comprendido entre Montblanc (Tarragona) y Soses (Lleida)
2. Iniciar la negociación del rescate de este tramo con Abertis, la empresa concesionaria de la AP-2.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de febrero de 2016.-Jaume Moya Matas, Diputado.-Xavier Domènech Sampere, Portavoz del Grupo Parlamentario de Podemos-En Comú Podem-En Marea.
161/000122
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Francesc Homs i Molist, en su calidad de Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Democràcia i Llibertat), de acuerdo con lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta, para su discusión en la
Comisión de Fomento, una Proposición no de Ley relativa a la creación de un mapa de vivienda y a la posterior transformación del fondo social de viviendas, a los efectos de cubrir la demanda de vivienda social existente.
Antecedentes
Desde inicios del año 2008 se han producido anualmente decenas de miles de lanzamientos de personas de sus viviendas, según las estadísticas publicadas por el Consejo General del Poder Judicial.
Demasiado a menudo, los desahuciados son familias que han perdido el empleo o que han avalado créditos de hijos y familiares. Muchos son pensionistas y generalmente no tienen otro lugar donde habitar.
Esta realidad coincide con la existencia de infinidad de viviendas vacías propiedad de promotores en quiebra, de entidades financieras, procedentes de ejecuciones hipotecarias o fondos de inversión, que las han adquirido a lo largo de todo
este periodo.
Esta es una de las consecuencias más negativas de la crisis económica y financiera que afecta al Estado español. Las personas que sufren una ejecución hipotecaria y pierden la vivienda a menudo siguen manteniendo una elevada deuda con la
entidad financiera que difícilmente podrán devolver. Esto conlleva a que, en muchos casos, estas familias quedarán condenadas a vivir en el umbral de la pobreza de por vida y a depender en buena parte de los servicios sociales.
Ha sido la crisis, la pérdida de empleo y de actividad económica lo que ha propiciado esta situación, pero debe recordarse también que la regulación de la actividad financiera había sido excesivamente laxa en lo que se refiere a la concesión
de hipotecas que nunca debieran haberse otorgado.
¿Dónde está la acción de los poderes públicos destinada a promover las condiciones necesarias y las normas pertinentes para hacer efectivo el derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada?
¿Qué soluciones se han adoptado para dar salida a un parque de viviendas vacías que evite la exclusión residencial?
Desde el inicio de la crisis se han abierto más de 350.000 procedimientos de ejecución hipotecaria y de desahucios, de los cuales 172.000 se han ejecutado. Quedan más de 178.000 casos pendientes de ser ejecutados, aparte de los que irán
incorporando a medida que avance la crisis.
Las normas que regulan el impacto de los desahucios sobre las familias se han ido adaptando a la nueva jurisprudencia estatal y europea ofreciendo soluciones a situaciones donde anteriormente el desahucio operaba de forma automática.
A pesar de ello, un importante problema a resolver radica en las personas que han sufrido el lanzamiento de su vivienda habitual y, por la precaria situación económica que padecen, sufren exclusión social residencial.
Existe una gran necesidad de vivienda en alquiler social que contrasta y coexiste con un gran parque de viviendas vacías en todo el territorio.
Nos referimos, sobre todo, a las viviendas, procedentes de ejecuciones hipotecarias en municipios con demanda, que están en posesión de la SAREB, el denominado 'banco malo', de fondos de inversión que han adquirido paquetes de viviendas a
entidades financieras y a las mismas entidades financieras que actualmente no están dando ningún uso al mismo.
Es preciso habilitar mecanismos para facilitar el acceso a la vivienda a los ciudadanos que sufren exclusión residencial.
Es cierto que ya se han dado pasos en esta dirección, por ejemplo, en Catalunya, se han firmado convenios con la SAREB, Catalunya Caixa y Bankia para que cedan, inicialmente, 1.230 viviendas vacías para que se destinen al alquiler social.
Sin duda un número importante, pero insuficiente.
Urge ampliar este tipo de actuaciones de forma genérica, ya que una sociedad cuyos ciudadanos se encuentren amparados por políticas de vivienda digna siempre serán capaces de hacer frente a la crisis con mayor solidez que una sociedad
desestructurada, con miles de familias desahuciadas, conviviendo en ciudades donde también hay miles de viviendas vacías, ocupaciones ilegales, viviendas que no se pueden mantener adecuadamente y que, consecuentemente, generan problemas e
inseguridad.
El 17 de enero de 2013 se creó el Fondo Social de Viviendas para dar respuesta más generalizada a esta problemática, pero la gestión del mismo no está siendo eficiente ni eficaz por, entre otras razones, el grave desequilibrio entre las
zonas de mayor demanda y la ubicación de las viviendas existentes, así como el estado de conservación y habitabilidad de las mismas no ha sido el adecuado.
Es por ello necesario arbitrar nuevas medidas: por un lado, debería impulsarse la elaboración de un mapa del parque de viviendas vacías de todo el Estado, procedentes de ejecuciones hipotecarias, propiedad de entidades financieras y fondos
de inversión, en municipios con demanda, a efectos de conocer la disponibilidad real de activos inmobiliarios en condiciones de ser habitados para destinarlos a vivienda social.
En segunda instancia, debe transformarse el Fondo Social de Viviendas, constituido el 17 de enero de 2013, para que sea un instrumento efectivo y cumpla con la finalidad con la cual fue creado: actuar en beneficio de los colectivos
desprotegidos por una situación de desahucio sobrevenida. En concreto, debe sustituirse el fondo por un Parque de Viviendas Sociales formado por las viviendas de las entidades financieras y los fondos de inversión, procedentes de ejecuciones
hipotecarias, susceptibles de ser destinadas a alquiler social. Estas viviendas deben ser gestionadas por las comunidades autónomas y los ayuntamientos, en colaboración con las entidades sociales.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Catalán (Democràcia i Llibertat) presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Elaborar un mapa del parque de viviendas vacías, que procedentes de ejecuciones hipotecarias actualmente son titularidad de la SAREB y de las que están aportadas al Fondo Social de Vivienda, a los efectos de conocer cuál es su situación
en relación a su disponibilidad y ubicación a los efectos de poder ser destinadas a alquiler social por un tiempo determinado.
2. Transformar el Fondo Social de Viviendas en un Parque de Viviendas Sociales, formado por las viviendas detectadas en el mapa elaborado cedidas por sus titulares de forma temporal, en función de los municipios en los que haya demanda
real. Dichas viviendas cedidas al Parque de Viviendas Sociales, serán gestionadas por las Comunidades Autónomas, en colaboración con los servicios sociales autonómicos y municipales.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de febrero de 2016.-Francesc Homs Molist, Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Democràcia i Llibertat).
Comisión de Educación y Deporte
161/000099
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, el Grupo Parlamentario de Podemos-En Comú Podem-En Marea presenta la siguiente Proposición no de Ley para el establecimiento de un mecanismo de auditoría general y permanente de la
educación privada concertada, para su debate en la Comisión de Educación y Deporte.
Exposición de motivos
Desde el año 2004, en el estado español la red de escuelas públicas ha perdido peso en beneficio de la escuela privada concertada. En primaria, el 28 por 100 del alumnado estudia en centros privados sostenidos con dinero público, cuando la
media de la OCDE es del 8 por 100 para este tipo de escolarización. En el Estado español, las escuelas privadas sostenidas con fondos públicos son uno 30 por 100 más, mientras que la media europea es de un 10 por 100.
Esta situación ha generado que cada centro educativo privado sostenido con dinero público pueda imponer sus propias condiciones, con la aprobación del Consejo Escolar del Centro, y se han incrementado así los recursos que deben aportar las
familias de estas escuelas disfrazados bajo el concepto de 'aportación familiar'.
Según la normativa vigente, en las escuelas privadas concertadas, las familias solamente deben pagar el comedor y el transporte escolar en caso de utilizarlos. No obstante, han ido apareciendo de forma constante nuevos conceptos como
'actividades complementarias', 'servicio de conciliación', 'enfermería', etc., que suponen un desembolso económico por parte de las familias. Pese a que estas aportaciones son calificadas por las direcciones de algunos centros educativos privados
sostenidos con dinero público como voluntarios, lo cierto es que en muchos casos son cuotas que se entienden como obligatorias por parte de las propias familias.
Además, es también obligación del Estado y del Ministerio de Educación y Deportes velar por las condiciones laborales de los y las profesionales de la educación que ejercen en las escuelas privadas concertadas. Está claro que un sistema
óptimo de garantías laborales favorece y beneficia las condiciones educativas de los centros.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario de Podemos-En Comú Podem-En Marea presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a establecer, de forma consensuada con las Comunidades Autónomas, un mecanismo de auditoría general y permanente de la educación privada concertada y un sistema de penalizaciones y revocación
de los convenios para poder hacer frente a las posibles irregularidades que se detecten.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de febrero de 2016.-Joan Mena Arca, Diputado.-Xavier Domènech Sampere, Portavoz del Grupo Parlamentario de Podemos-En Comú Podem-En Marea.
161/000100
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, el Grupo Parlamentario de Podemos-En Comú Podem-En Marea presenta la siguiente Proposición no de Ley para la elaboración de un plan estatal de apoyo económico y de recursos para los
comedores escolares, para su debate en la Comisión de Educación y Deporte.
Exposición de motivos
La crisis económica, así como la debilidad de las políticas de redistribución de la riqueza, han puesto de manifiesto una de las necesidades más importantes que debería tratar el estado español: los menores en situación de malnutrición
derivada de las condiciones socioeconómicas de las familias.
La alimentación adecuada es un derecho reconocido internacionalmente, cuya aplicación efectiva puede ser exigida subsidiariamente por los poderes públicos. El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas
considera que el contenido básico del derecho a la alimentación adecuada, que los Estados miembros tienen la obligación de respetar, proteger, facilitar y hacer efectivo, comprende tanto la disponibilidad de alimentos en cantidad y calidad
suficientes para satisfacer las necesidades alimentarias de los individuos, como también la accesibilidad física y económica a estos alimentos.
En el ámbito educativo, los comedores escolares deberían ser espacios estratégicos que garanticen la buena alimentación del alumnado, las condiciones laborales de los y las trabajadoras del sector y la concepción de espacio eminentemente
pedagógico y educativo. La escuela pública debería tener también un marcado carácter estratégico a la hora de detectar, y profundizar en aspectos de prevención, la malnutrición y/o desnutrición infantil derivada de las condiciones socioeconómicas
de las familias.
Según los datos publicados por la Agencia Europea EUROSTAT, en 2012 alrededor de 2.800.000 niños y niñas españoles se encuentran en riesgo de pobreza, es decir, uno de cada tres menores. Uno de cada diez, según esta misma Agencia, se
encuentra en una situación de pobreza severa. Según un estudio publicado por la Obra Social de La Caixa, en junio de 2015, esta situación no solo se ha acentuado por la crisis económica en cuanto a número de niños, sino que la probabilidad de
permanecer en esta situación es mayor entre la población infantil que entre la adulta.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario de Podemos-En Comú Podem-En Marea presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a elaborar, de forma consensuada con las Comunidades Autónomas y acompañado de la partida presupuestaria necesaria, un plan estatal de apoyo económico y de recursos para los comedores escolares
que garanticen la correcta alimentación de todos los menores en riesgo de pobreza, las garantías laborales para los y las trabajadoras del sector y la concepción del comedor escolar como espacio educativo y pedagógico.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de febrero de 2016.-Joan Mena Arca, Diputado.-Xavier Domènech Sampere, Portavoz del Grupo Parlamentario de Podemos-En Comú Podem-En Marea.
161/000101
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, el Grupo Parlamentario de Podemos-En Comú Podem-En Marea presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la eliminación de los conciertos educativos y las subvenciones de dinero
público a las escuelas que discriminan por razón de sexo (escuela diferenciada), para su debate en la Comisión de Educación y Deporte.
Exposición de motivos
La coeducación y la escolarización mixta debe ser uno de los pilares fundamentales de nuestro sistema educativo. La UNESCO y todos los expertos de pedagogía comparada han llegado a la conclusión de que la práctica de la escolarización
diferenciada genera una discriminación por motivos de sexo que debe desaparecer de un sistema educativo democrático.
Desde 2012, se han resuelto diversas sentencias del Tribunal Supremo que avalan la supresión de los conciertos educativos a las escuelas que realizan estas prácticas sexistas. En dichas sentencias se confirma que suprimir este tipo de
conciertos no vulnera ni el derecho a la libre elección de las familias ni el derecho de los propietarios de estas escuelas afectadas.
En las sentencias de los años 2012, 2013 y 2014, el Tribunal Supremo legitima la legalidad de la educación diferenciada, pero alerta sobre la imposibilidad de llevar a cabo conciertos educativos sustentados con dinero público para este tipo
de escuelas.
El sistema educativo español debe garantizar la no de segregación de alumnos por ningún motivo. Las segregaciones educativas son pedagógicamente negativas y socialmente generan desigualdades, ya sean por razones de lengua, de sexo, de
religión o de cualquier otro motivo.
Además, es totalmente inaceptable que mientras las diferentes administraciones públicas están llevando a cabo recortes presupuestarios en materias educativas, se mantengan este tipo de conciertos en escuelas que mayoritariamente dan servicio
a las élites del Estado español y están dirigidos por determinadas órdenes religiosas. Por ejemplo, en Catalunya existen 16 centros educativos concertados o subvencionados con dinero público que practican la escolarización diferenciada y suponen un
gasto de 29 millones de euros anuales, mientras se están cerrando líneas de P3 en los escuelas públicas catalanas. Esta misma práctica se está llevando a cabo en otras Comunidades Autónomas del estado español.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario de Podemos-En Comú Podem-En Marea presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Llevar a cabo un plan, consensuado con las Comunidades Autónomas y realizando todas las modificaciones necesarias, para eliminar los conciertos educativos y subvenciones con dinero público a las escuelas que practican la segregación
educativa por razones de sexo (escuela diferenciada).
2. Dar de forma urgente cumplimiento a las resoluciones emitidas por el Tribunal Supremo relativas al sostenimiento con dinero público de las escuelas que discriminan por razón de sexo.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de febrero de 2016.-Joan Mena Arca, Diputado.-Xavier Domènech Sampere, Portavoz del Grupo Parlamentario de Podemos-En Comú Podem-En Marea.
161/000115
A la Mesa de la Comisión de Educación y Deporte
Doña Ana María Oramas González-Moro, Diputada de Coalición Canaria, integrada en el Grupo Parlamentario Mixto, de conformidad con lo previsto en los artículos 193 y siguientes del Reglamento del Congreso presenta, para su debate en Comisión,
la siguiente Proposición no de Ley sobre el rescate del Plan Integral de Empleo de Canarias (PIEC) en materia de infraestructura educativa.
Exposición de motivos
La reducción de la tasa de paro pasa por la definición y puesta en vigor de un conjunto de medidas estratégicas que afectan a todos los factores de producción de la economía canaria. Medidas que se deben complementar necesariamente con una
política decidida de las administraciones públicas para garantizar la creación de empleo en los diferentes sectores y en un territorio que precisa de acciones específicas.
Por otro lado, Canarias, por su especial conformación y la dispersión de sus núcleos, debe hacer un esfuerzo económico superior en el mantenimiento, ampliación y mejora de sus centros educativos, así como en la creación de otros nuevos para
cumplir distintos objetivos.
Por ello, una de las decisiones más desafortunadas e inexplicables de la pasada legislatura fue la supresión del Plan Integral de Empleo de Canarias en materia de Infraestructura Educativa. Pese a ser la Comunidad Autónoma más castigada por
la crisis económica, el Gobierno del Estado eliminó un plan que permitía a las Islas cumplir varios objetivos: remodelar, ampliar, mejorar y construir nuevos centros educativos, dando respuesta a zonas más desfavorecidas, con la consiguiente mejora
en la calidad de la educación; crear centros de Formación Profesional en determinadas zonas de las islas (que sirvieron para la recualificación de párados de sectores como el de la construcción, afectados de manera especial por la crisis) y
contratar a más de 200 pequeñas empresas locales en cada ejercicio, para la ejecución de los
trabajos objeto del Plan, con la consiguiente creación de empleo y más de un millar de actuaciones en centros de todas las islas.
Recuperar el Plan Integral de Empleo de Canarias en materia de Infraestructura Educativa es un acto de justicia con un territorio que necesita un tratamiento diferenciado por nuestras singularidades geográficas. Un tratamiento que sí
reconoce la Unión Europea, pero no el Gobierno del Estado.
Al desaparecer el presupuesto del Plan Integral de Empleo de Canarias en materia de Infraestructura Educativa, las obras que se han tenido que mantener, a expensas de financiación alternativa, son tan solo las que se había iniciado en
ejercicios anteriores y cuyo crédito se encontraba reservado. La construcción de nuevos centros se ha restringido, ya que esta eliminación ha significado que el presupuesto destinado a nuevos centros se haya destinado, en su totalidad, a la
finalización de los centros cuya construcción se encontraba en marcha y alguna ampliación realizada para sustituir aulas provisionales o prefabricadas por aulas de construcción.
Por otro lado, las acciones de reforma se han tenido que ajustar a casos de emergencia y atención de aquellas incidencias que afectaran directamente al desarrollo de la actividad.
En caso de que no se generen de nuevo, con el compromiso de mantenimiento del déficit, la construcción de nuevos centros se ralentizaría hasta casi su paralización.
Igualmente se verían afectadas las ampliaciones de centros que en este momento deben utilizar infraestructuras provisionales como son las aulas prefabricadas.
Por todo ello, se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno del Estado a:
1. Recuperar el Plan Integral de Empleo de Canarias en materia de Infraestructura Educativa -que cumple los objetivos de rehabilitar, mejorar, ampliar y crear nuevos centros educativos, al tiempo que se genera empleo- considerando la
situación económica, social y laboral de las islas, dada su condición de región ultraperiférica derivada de su insularidad y lejanía reconocida por el artículo 138.1 de la Constitución y por el artículo 299.2 del Tratado de la Unión Europea.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de febrero de 2016.-Ana María Oramas González-Moro, Diputada.-Joan Baldoví Roda, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.
Comisión de Empleo y Seguridad Social
161/000095
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a la Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley sobre
ratificación del Convenio número 189 de la OIT y la Recomendación número 201 sobre el trabajo decente para las trabajadoras o trabajadores domésticos, para su debate en la Comisión de Empleo y Seguridad Social.
Exposición de motivos
Durante la crisis económica, la reducción de los ingresos de los hogares ha provocado una reducción en paralelo del trabajo remunerado de cuidados, que, movido por el 'traslado de las desigualdades de clase y de género' de que habla la
doctrina especializada, casi siempre realizan las mujeres y en no pocas ocasiones las mujeres inmigrantes. Así, desde el comienzo de la crisis, y según datos de la encuesta de población activa, se han perdido 110.200 puestos de trabajo en el sector
del empleo del hogar familiar.
No obstante, las estadísticas de afiliación a la Seguridad Social de trabajadores/as empleados/as del hogar familiar parecen desmentir esa evolución, ya que, en el mismo periodo, se ha producido un incremento de afiliación de 238.716
trabajadores/as. La causa de esta aparente contradicción es la doble
intervención legislativa habida en 2011, donde, de una parte, se obligaba a los/as empleadores/as a dar de alta en la Seguridad Social a los/as empleados/as de hogar, cualquiera que fuera la duración de su jornada de trabajo, y, de otra, se
regulaba de manera más garantista en lo concerniente a los derechos laborales la llamada relación laboral especial de empleados/as en el hogar familiar.
Ambas medidas tenían una doble finalidad: formalizar el trabajo informal existente desde siempre en este sector de actividad productiva (de hecho es muy significativo que, mientras la encuesta de población activa alude a 637.000 ocupados/as
en este sector, el número der afiliados/as a la Seguridad Social sea de 427.801) y asimilar los derechos laborales y de protección social de los/as trabajadores/as de este sector con el del resto de trabajadores/as. Objetivos que habían de
beneficiar claramente a las mujeres y, entre ellas, a las mujeres inmigrantes, en la medida que son las mujeres inmigrantes las que mayoritariamente realizan el trabajo remunerado dentro del hogar familiar.
Y así fue. Desde enero de 2012, fecha de entrada en vigor de ambas medidas, hasta el 1 de abril de 2013, fecha en que terminó la vigencia de la primera, el número de empleados/as de hogar afiliados/as a la Seguridad Social creció en más de
146.000, más del 98 por 100 de los/as cuales eran mujeres y casi el 54 por 100 de los/as mismos/as extranjeras. Lo que significaba haber sacado a la luz el empleo de todas esas mujeres, sin importar su nacionalidad, para reconocer sus derechos
laborales y garantizarles la correspondiente protección social (igual que la del resto de trabajadores/as a excepción de la protección por desempleo).
No obstante, en diciembre de 2012 el Gobierno del Partido Popular volvió al régimen anterior a 2011. A partir de entonces es nuevamente el/la empleado/a del hogar familiar el/la que tiene que responsabilizarse del pago de la cotización a la
Seguridad Social cuando trabaja menos de 60 horas al mes por cada empleador/a (es decir, la gran mayoría de los/as empleados/as de hogar). Una vuelta atrás en los derechos de miles de mujeres que propende el crecimiento en este sector del empleo
informal.
Con todo, lo peor es la causa que motivó semejante retroceso en la legislación española en materia de empleo en el hogar familiar. No se trató de razones económicas, ya que es obvio que la medida no supuso ahorro alguno en el gasto público.
Fueron razones de falta de consideración social hacia el trabajo remunerado que desarrollan las mujeres en el seno del hogar familiar, especialmente si son inmigrantes, las que están detrás de este paso atrás. Algo que vendrá a confirmar la
reiterada e injustificada negativa del Gobierno del PP a ratificar el Convenio 189 de la OIT, sobre el trabajo decente para las trabajadoras y trabajadores domésticos.
En efecto, a pesar de que el 8 de mayo de 2013 la Comisión de Empleo y Seguridad Social consensuó y aprobó por unanimidad una enmienda transaccional a una Proposición de Ley que instaba al Gobierno a 'que en un plazo razonable evalúe la
posibilidad de someter a ratificación el Convenio número 189 y la Recomendación número 201 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y, en consecuencia, adapte la legislación española en el sentido que regulan los citados textos', casi 3
años después dicha ratificación aún no se ha producido.
Es verdad que, en respuesta a preguntas escritas de la entonces Diputada del Grupo Parlamentario Socialista, doña María Virtudes Monteserín Rodríguez, el Gobierno del PP señaló la existencia de 'peculiaridades en nuestro ordenamiento de
empleados de hogar que obligan a reflexionar sobre la inmediata ratificación del Convenio' y que esas peculiaridades estaban referenciadas en los artículos 7, 13 y 14 del propio Convenio. Pero desde que ambas respuestas se produjeron (mayo y julio
de 2014) ha pasado más de un año y medio sin que el Gobierno haya hecho movimiento alguno en relación con la normativa vigente en materia de empleo en el hogar familiar que pudiera, según su versión, ajustar dicha normativa al Convenio 189 de la OIT
de manera que pudiera ser ratificado.
Más aún, es más que dudoso que deba ser necesaria la plena y completa adaptación de la normativa nacional a los requerimientos del Convenio 189 de la OIT como condición imprescindible para la ratificación de este Convenio, tal y como esgrime
el Gobierno del PP. Y ello porque tanto el artículo 13 como el artículo 14 de dicho Convenio establecen que las medidas recogidas en los mismos (y que son las opuestas como impedimento para su ratificación por el Gobierno del PP) podrán aplicarse
progresivamente previa consulta con los organizaciones de trabajadores y empresarios más representativas. De lo que se deduce que es perfectamente posible la ratificación del Convenio 189 y después el inicio de un proceso de consultas con las
organizaciones de trabajadores y empresarios más representativas para la adaptación de la normativa nacional sobre empleo en el hogar familiar a los requerimientos de dicho Convenio.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a ratificar, sin más dilación, el Convenio número 189 de la OIT y la Recomendación número 201 sobre el trabajo decente para las trabajadoras y los trabajadores domésticos.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de febrero de 2016.-María Luz Rodríguez Fernández, Diputada.-Miguel Ángel Heredia Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
161/000106
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley sobre el
incremento de las transferencias de recursos para políticas activas de empleo a la Administración autonómica valenciana, para su debate en la Comisión de Empleo y Seguridad Social
Exposición de motivos
A la vez que imponía una reforma laboral que recortaba los derechos de los trabajadores y degradaba las condiciones laborales, el Gobierno de Rajoy rebajaba hasta en un 40 por 100 los recursos destinados a políticas activas de empleo, lo
que, junto con las reducciones realizadas en las CCAA gobernadas por el PP, ha supuesto el desmantelamiento efectivo de los servicios públicos de empleo.
El recorte de fondos ha impedido desarrollar políticas que permitirían acometer el proceso de recualificación y formación que necesitan muchos de nuestros trabajadores y trabajadoras, tanto para las personas ocupadas como para las
desocupadas: tenemos casi 3 millones de trabajadores en desempleo con un nivel de estudios tan bajo que necesitarán formarse y reciclarse profesionalmente como única forma de tener esperanza de encontrar un trabajo.
La rebaja de fondos ha resultado especialmente agresiva en la Comunidad Valenciana, que a lo largo de la última legislatura ha experimentado un recorte de recursos superior a la media, y se ha situado todos los años a la cola en cuanto al
volumen de dinero transferido por desempleado.
Así, frente a los 305 millones de euros recibidos en el último año de gobierno socialista, se han asignado tan solo 150,6 millones de euros en el último reparto de recursos que ha efectuado el Gobierno de España, lo que supone una rebaja de
más del 50 por 100.
Por todo lo expuesto, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a incrementar los recursos para políticas activas de empleo transferidos a la Generalitat Valenciana, hasta situarlos, al menos, en la media de euros por desempleado del conjunto de España, y
con el objetivo de incrementarlos a lo largo de la legislatura hasta alcanzar los 305 millones de euros que se recibieron en 2011.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de febrero de 2016.-Julián López Milla, Herick Manuel Campos Arteseros, María Such Palomares, Artemi Rallo Lombarte, Ana María Botella Gómez, Patricia Blanquer Alcaraz y José Luis Ábalos Meco,
Diputados.-Miguel Ángel Heredia Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
Comisión de Industria, Energía y Turismo
161/000105
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no
de Ley para la revocación de la declaración de utilidad pública y la solicitud de estudio de evaluación de impacto ambiental de los proyectos 'ejecución de la nueva subestación se Gramanet de 400 kV', y 'modificación de líneas a 200 kV
Sentmenat-Sant Fost-Canyet-Sant Andreu-Can Jardí, para la conexión a 400 kV Pierola-Santa Coloma', para su debate en la Comisión de Industria, Energía y Turismo.
Exposición de motivos
La 'Planificación de los sectores de Electricidad y Gas 2002-2011', aprobada por el Consejo de Ministros del 13 de septiembre de 2002, incluía una conexión de 400 kV (muy alta tensión) entre las subestaciones de Pierola y Santa Coloma, en la
provincia de Barcelona. Se planteaba construir dicha línea aprovechando tramos de la línea a 200 kV que une Santa Coloma con Sentmenat, e implicaba adicionalmente la construcción de una subestación de 400 kV en el municipio de Santa Coloma de
Gramenet. Desde esta subestación, se preveía la construcción de una línea Santa Coloma-Rubí-Begues, que permitiría el cierre de un anillo de 400 kV de alimentación a Barcelona.
La posterior 'Planificación de los sectores de Electricidad y Gas 2008-2016', aprobada por el Consejo de Ministros del 30 de mayo de 2008, mantiene la previsión tanto de la subestación como de la línea Pierola-Santa Coloma, de 400 kV,
reconocida en la planificación como una 'línea nueva' de 56 km de longitud, con función de 'mallado de la red de transporte'. Se mantiene la previsión de construir un anillo de 400 kV de alimentación a Barcelona, incluyendo una nueva subestación
denominada 'Desvern' e interconectando esta con la de Santa Coloma (ahora denominada 'Gramanet' -sic-).
Según el anexo I del RDL 9/2000, tanto el plan completo para construir un anillo de alimentación de Barcelona, como el tramo de 56 km Pierola-Santa Coloma, están sujetos obligatoriamente a una evaluación del impacto ambiental. El anexo I,
en su grupo 3, apartado g, recoge expresamente que están sujetos a ella 'los proyectos consistentes en la construcción de líneas aéreas para el transporte de energía eléctrica con un voltaje igual o superior a 220 kV y una longitud superior a 15
km'.
El documento de planificación justifica esta línea por la necesidad de mallado de la red de transporte, para reforzar unas infraestructuras eléctricas que han padecido en los años anteriores diversos problemas en la calidad del suministro.
Dichos problemas se explican entre otras cosas por los incrementos sostenidos de demanda. Incrementos que se proyectan a futuro en la planificación: 'La demanda de energía eléctrica final se estima que aumentará a una tasa del 2,6 por 100 anual
entre 2006-2011 y del 2,2 por 100 entre 2011-2016'.
Sin embargo, y según datos del Institut Català de l'Energia, en Cataluña el consumo 2006-2011 creció un acumulado del 10,26 por 100 (frente a un 13 por 100 previsto por la planificación), y en 2011-2012 ha descendido un -5,55 por 100, frente
a un 4,4 por 100 de aumento previsto. Prácticamente un 3 por 100 de diferencia entre lo previsto y lo real en el primer periodo, y un significativo 10 por 100 en el segundo, desviación que seguirá incrementándose previsiblemente los próximos años,
ante la caída de la actividad económica.
En cuanto al trazado y su impacto territorial, el documento de planificación ya advierte genéricamente de que ante la proximidad 'a núcleos urbanos o emplazamientos sensibles' los proyectos deberán optar por opciones de soterramiento y
compactación. Más adelante comenta que 'en relación con las distintas actuaciones a nivel de 220 kV recogidas en este documento, es necesario puntualizar que inicialmente se ha considerado que estas actuaciones se realizarán con tecnología
convencional (líneas aéreas y subestaciones no blindadas), salvo aquellas que por ubicarse en zonas urbanas han de construirse mediante cables soterrados y subestaciones blindadas'. Así pues la propia planificación ya remarca la necesidad de
reducir el impacto de las infraestructuras eléctricas ante la proximidad de zonas urbanas.
A pesar de todo, afirma el documento que 'los soterramientos en 400 kV son actualmente' (en 2008) 'tan singulares que no se han considerado'. Cuatro años después, en 2012, y según la asociación de
fabricantes europea Europacable, que trabaja conjuntamente con la UE en el proyecto 'Partial Undergrounding', se han instalado ya más de 200 km de cable a 400 kV soterrados, y hay importantes proyectos en construcción. La tecnología está
madura y en proceso de reducción de costes ante el fuerte incremento de demanda de líneas de 400 kV, generado por la necesidad de ampliar las redes europeas de muy alta tensión para incorporar los nuevos parques de energías renovables. Dichas
líneas, que están en toda Europa en procesos de debate social idénticos al que nos ocupa, se están desarrollando o bien cumpliendo distancias de 400 m a núcleos habitados, o bien parcialmente soterradas cuando esto no es posible.
En mayo de 2006, la Generalitat de Cataluña, en el documento 'Estudi del tra9at per a la implantació territorial d'una línia de 400 kV entre la línia prevista Sentmenat-Vic-Bescanó i Riudarenes', recoge como criterio base para diseñar el
trazado de esta línea que 'En las áreas periurbanas, el trazado debería discurrir lo más alejado posible de los núcleos urbanos (mínimo 500 m) y de las edificaciones (mínimo 100 m) siempre que sea posible. Se evitará la proximidad a los núcleos
urbanos.'
En julio de 2008, en respuesta a las alegaciones que el municipio de Canet d'Adri (Girona) presenta al proyecto de la línea de 400 kV Bescanó-Ramis-Santa Llogaia, la compañía REE afirma que 'se ha de señalar que el trazado de anteproyecto se
ha diseñado adoptando el criterio, indicado por la Generalitat de Cataluña, en el sentido de mantener en lo posible la distancia mínima de 500 metros a localidades y urbanizaciones de cierta entidad y de 100 metros a las viviendas aisladas' y que
'en aquellos casos puntuales en que no se así se analizarán las medidas a aplicar'.
Con estos antecedentes, en mayo de 2009 Red Eléctrica de España (REE) presenta dos proyectos separados al ministerio de Industria, el de ejecución de la nueva subestación SE Gramanet (sic) de 400 kV, y el de modificación de líneas a 200 kV
Sentmena-Sant Fost-Canyet-Sant Andreu-Can Jardí, para la conexión a 400 kV Pierola-Santa Coloma. Según el proyecto, esta modificación de líneas afecta exclusivamente al término municipal de Santa Coloma de Gramenet. El proyecto recogido en la
planificación estatal, denominado 'nueva línea de 400 kV Pierola-Santa Coloma', de 56 km, queda así reducido a un pequeño proyecto de modificación puntual, que afecta exclusivamente a los últimos metros del trazado de la línea.
La voluntad del promotor es aprovechar la totalidad de la línea a 200 kV Sentmenat Sant Fost-Canyet-Sant Andreu-Can Jardí y, mediante la modificación de sus metros finales, aumentar la tensión a 400 kV en toda la línea. Así se pretende
reducir la longitud aparente del tramo afectado para evitar la obligación de evaluación de impacto ambiental.
La línea a 200 kV Sentmenat-Sant Fost-Canyet-Sant Andreu-Can Jardí, construida en los años 70, discurre en un importante trecho de más de un kilómetro de longitud, por la zona urbana del término municipal de Santa Coloma, a menos de 500 m de
más de 6.500 habitantes de la ciudad de los barrios de Can Calvet, Guinardera, Singuerlín, Can Franquesa y Oliveres, siendo la proximidad a estos dos últimos barrios (construidos anteriormente a la línea) inferior a los 100 m.
El trazado pretende pues para una línea de 400 kV aprovechar torres construidas con criterios de los años 70, sin tener en cuenta los principios de encaje con las zonas urbanas que sí se plantea en la actualidad para las nuevas líneas de 220
kV.
Igualmente el promotor plantea situar la subestación de 400 kV a menos de 150 m de las viviendas del barrio de Oliveres.
Ante ésta realidad, en julio de 2009 el Ayuntamiento de Santa Coloma presenta alegaciones al proyecto, advirtiendo de la proximidad del trazado a las viviendas del casco urbano de la ciudad, y exigiendo que se tomen las medidas necesarias
para garantizar una distancia mínima de 500 m entre la nueva infraestructura y las viviendas de la ciudad.
En noviembre de 2009, mayo de 2010, setiembre de 2010, mayo de 2011 y marzo de 2012 el Ayuntamiento de Santa Coloma de Gramenet presenta diversas alegaciones, recursos y objeciones durante la tramitación administrativa de los proyectos,
siempre alertando de la excesiva proximidad de la infraestructura a los núcleos habitados, y planteando diversas alternativas que son sistemáticamente rechazadas.
El 18 de noviembre de 2011, el Consejo de Ministros declara de utilidad pública y aprueba ambos proyectos, resolución contra la cual el Ayuntamiento de Santa Coloma de Gramenet ha presentado recurso contencioso-administrativo, solicitando la
paralización preventiva de la implantación de la subestación y la nueva línea.
El 9 de octubre de 2012 (ampliado posteriormente mediante escrito de 24 de mayo de 2013), el Ayuntamiento de Santa Coloma presentó, ante la Dirección de Medio Ambiente de la Comisión Europea, una queja por la vulneración de la normativa
ambiental comunitaria en el caso de los proyectos fragmentarios citados.
El 10 de julio de 2014, la Comisión Europea dio la razón al Ayuntamiento y abrió expediente sancionador en España al observar indicios graves de vulneración de la normativa ambiental comunitaria.
Así pues, los proyectos 'Ejecución de la nueva subestación SE Gramanet de 400 kV' y 'Modificación de líneas a 200 kV Sentmenat-Sant Fost-Canyet-Sant Andreu-Can Jardí, para la conexión a 400 kV Pierola-Santa Coloma':
- Deben pasar por un estudio de evaluación de impacto ambiental completo por exigencia de las instituciones comunitarias, dado que abrieron expediente sancionador en España al observar indicios graves de vulneración de la normativa ambiental
europea
- Sitúan infraestructuras eléctricas de 400 kV en aéreo y a menos de 100 m de zonas urbanas de Santa Coloma de Gramenet, desoyendo tanto las indicaciones incluidas en la propia Planificación como los criterios utilizados por la propia
compañía en el despliegue reciente de otras líneas de 400 kV.
- Incorporan un criterio de urgencia desfasado, vista la caída de la demanda eléctrica y la falta de concreción del resto del proyecto de anillo de alimentación de 400 kV de Barcelona, imprescindible para garantizar un funcionamiento mallado
de la propia subestación de Gramenet; a priori argumento fundamental para la construcción de la subestación y de la línea.
- Implicarían durante su construcción el consumo de importantes recursos públicos, en momentos de restricción presupuestaria que están afectando a los servicios más básicos del estado del bienestar.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Revocar la declaración de utilidad pública de los proyectos 'Ejecución de la nueva subestación SE Gramanet de 400 kV' y 'Modificación de líneas a 200 kV Sentmenat-Sant Fost-Canyet-Sant Andreu -Can Jardí, para la conexión a 400 kV
Pierola-Santa Coloma'
2. Pedir a la compañía Red Eléctrica de España a que realice el estudio de evaluación de impacto ambiental completo de dichos proyectos, a fin de dar debido cumplimiento a la exigencia de la Comisión Europea, lograr el consenso
institucional, cumplir con la legislación ambiental y adoptar los criterios de integración urbana recomendados por la planificación sectorial y utilizados por la propia empresa en proyectos recientes de similares características.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de febrero de 2016.-Carme Chacón Piqueras y Lidia Guinart Moreno, Diputadas.-Miguel Ángel Heredia Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
161/000111
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no
de Ley sobre el uso del método de fractura hidráulica, conocido como 'fracking', en la extracción de gases e hidrocarburos de forma no convencional, para su debate en la Comisión de Industria, Energía y Turismo.
Exposición de motivos
El pasado 11 de marzo de 2015 se publicaron en el BOE los siguientes anuncios que afectan a la provincia de Burgos:
- Anuncio de la Dependencia de Industria y Energía de la Subdelegación del Gobierno en Burgos, por el que se somete a información pública los informes de implantación, el estudio de impacto ambiental
y la solicitud de reconocimiento de utilidad pública de los sondeos de exploración 'Urraca 1 A y Urraca 1 B', 'Urraca 2 A y 2 B', 'Urraca 3 A y Urraca 3 B', a realizar en el área del permiso de investigación de hidrocarburos 'Urraca', y en
concreto en los términos municipales de Medina de Pomar, Merindad de Cuesta Urria y Villarcayo de Merindad de Castilla la Vieja.
- Anuncio del Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo de la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en Burgos, de información pública relativa a la solicitud de Aprobación del proyecto, evaluación de impacto
ambiental y declaración en concreto de utilidad pública correspondiente a la Perforación Exploratoria para la Investigación de Hidrocarburos, en los términos municipales de Valle de Sedano y Merindad de Río Ubierna (Burgos), dentro del Permiso de
Investigación de Hidrocarburos denominado 'Sedano' n.º 4. Sondeos de exploración Sedano 1 A, Sedano 1B, Sedano 2 A, Sedano 2 B, Sedano 3 A y Sedano 3 B.
Desde que estos proyectos, que suponen la avanzadilla del uso de esta técnica en nuestro país, se han dado a conocer, el rechazo en el territorio afectado ha sido claramente mayoritario. Los ayuntamientos, juntas vecinales y la propia
Diputación Provincial de Burgos coinciden plenamente en la postura con las registradas en el resto de zonas en las que se han planteado iniciativas similares lo que, como mínimo, debe llevar a las distintas administraciones públicas y cámaras de
representación a reflexionar sobre este asunto antes de adoptar una decisión al respecto.
Son muchos los Ayuntamientos, juntas vecinales, organizaciones agrarias, sociales, conservacionistas, plataformas ciudadanas de toda índole y condición las que están alertando sobre los posibles riesgos de esta técnica y la falta de
garantías y transparencia con la que se está avanzando en su implantación.
El Gobierno de España ha estado y continua impulsando los cambios legislativos necesarios para fomentar el desarrollo de esta técnica en nuestro país, lo cual ha motivado la presentación de diferentes iniciativas parlamentarias de los
diferentes grupos de la oposición para frenar el avance del 'fracking' en España sin que hasta la fecha el Gobierno haya escuchado ni estas, ni la creciente demanda social en contra de esta técnica.
Los supuestos beneficios económicos -nunca demostrados- recaerían casi en su totalidad sobre las empresas multinacionales explotadoras de estos recursos. Por el contrario, los efectos adversos -ya detectados en diversos lugares del mundo-
los sufren directamente los habitantes del territorio.
Y todo esto sin que se haya producido un amplio debate sobre los riesgos y beneficios de su puesta en marcha y más aún, sin estar claro que la legislación medioambiental existente al respecto suponga una garantía suficiente. En muchos
casos, y más aún en la provincia de Burgos, los proyectos afectan a zonas de especial sensibilidad ecológica, poniendo en riesgo una de las mayores riquezas de la provincia. La incertidumbre se ve acrecentada, por ejemplo, por las últimas
comunicaciones del Defensor del Pueblo (ha solicitado al Ministerio de Industria información adicional que permita acreditar que 'existen soluciones técnicas para evitar impactos específicos y no deseados que deriven del uso del 'fracking' y le ha
pedido estudios concluyentes acerca de la incidencia positiva y significativa que tendría en el modelo energético nacional el uso de esta técnica, entre otra documentación) así como por la ausencia de la instrucción técnica complementaria que el
Presidente del CSN se comprometió en el Congreso de los Diputados a presentar dada la cercanía de la central nuclear de Santa María de Garoña a varias de las áreas de actuación de la fractura hidráulica.
El Congreso debe pronunciarse y hacerse eco de las demandas de las administraciones de ámbito local que se han pronunciado en contra desde el propio territorio afectado. Debemos aspirar al pleno compromiso con la preservación del medio
ambiente y el uso sostenible de los recursos naturales, así como con la prevención de cualquier daño que puedan sufrir las personas como consecuencia de los efectos negativos derivados de actividades empresariales cuyas garantías de seguridad no
hayan sido previamente contrastadas.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a;
1. Suspender cautelarmente los proyectos de 'fracking emprendidos en el área de investigación conocida como 'Urraca', en el norte de la provincia de Burgos.
2. Impulsar, con pleno respeto a las competencias autonómicas en la materia, las modificaciones legislativas necesarias para que, proyectos de 'fracking como el denominado 'Sedano, en la provincia de Burgos, sean paralizados.
3. Paralizar y prohibir en todo el territorio nacional cualquier proyecto o permiso, incluso de investigación, relacionado con el 'fracking.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de febrero de 2016.-Esther Peña Camarero, Diputada.-Miguel Ángel Heredia Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
161/000113
A la Mesa de la Comisión de Industria, Energía y Turismo
Don Isidro Manuel Martínez Oblanca, diputado de FORO, integrado en el Grupo Parlamentario Mixto del Congreso, de acuerdo con lo establecido en el vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa al
establecimiento de un nuevo sistema de suministro eléctrico de precio competitivo, estable y predecible para favorecer la competitividad de las industrias básicas electro-intensivas.
Exposición de motivos
La Unión Europea ha reconocido el estatus del consumidor electro-intensivo y ha habilitado las 'Directrices sobre ayudas estatales en materia de protección del medio ambiente y energía' que contemplan la aplicación de reducciones de la carga
fiscal, coste de acceso (uso de las Redes de Transporte y Distribución) e incentivos a las energías renovables para estas industrias.
Nuestros principales competidores, Alemania y Francia, ya han aplicado a sus consumidores electro-intensivos esquemas de reducción de costes, bien sea de la carga fiscal o de los peajes de acceso a redes, con el fin de potenciar su
competitividad y evitando en último término la 'deslocalización silenciosa' de estos sectores.
En el marco de una política inaplazable de fomento de la competitividad, imprescindible para la permanencia de nuestra industria básica, el establecimiento de un nuevo sistema de suministro eléctrico de precio competitivo, estable y
predecible, tanto en lo referente al resultado del mercado eléctrico como a los costes regulados y carga fiscal, no admite demora.
Toda vez que corresponde a los poderes públicos asegurar la permanencia de la industria básica española y responder al servicio de una política de interés general, se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Favorecer la competitividad de las industrias básicas electro-intensivas (metalurgia, siderurgia, cemento, gases industriales, química y otros) mediante el establecimiento de un nuevo sistema de suministro eléctrico de precio
competitivo, estable y predecible, tanto en lo referente al resultado del mercado eléctrico como a los costes regulados y carga fiscal, para disponer de unos costes energéticos semejantes a los que podrían obtenerse en otros mercados que le permitan
a las industrias españolas lograr una estructura de costes adecuada para competir en igualdad de condiciones con las industrias europeas.
2. La adopción de medidas de emergencia para fijar con carácter inmediato una tarifa eléctrica que proteja la competitividad de la industria básica española intensiva en consumo eléctrico, con objeto de frenar el proceso ya iniciado de
deslocalización de producciones en el sector de la metalurgia nacional, con las consiguientes pérdidas de empleo y cierres de centros de producción por no contar con costes energéticos equivalentes a los que pagan otros competidores europeos.
3. Acometer con urgencia la reforma estructural del sistema de costes energéticos para favorecer la competitividad del conjunto de la sociedad española, desde los hogares y los pequeños consumidores domésticos a los medianos y grandes
consumidores industriales, evitando que la situación actual, con España a la cabeza de las tarifas eléctricas más caras de la Unión Europea (a pesar de nuestro poder
adquisitivo inferior al de muchos de los países miembros), condene a nuestro país a convertirse progresivamente en un gueto caracterizado por el paulatino desmantelamiento de sectores clave para la economía española.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de febrero de 2016.-Isidro Manuel Martínez Oblanca, Diputado.-Joan Baldoví Roda, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.
161/000118
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario GP-POD-EC-En Marea, a iniciativa de sus Diputadas y Diputados doña Yolanda Díaz Pérez, doña Ángela Rodríguez Martínez, doña Alexandra Fernández Gómez, don Antón Gómez-Reino Varela, don David Bruzos y don Miguel Anxo
Elías Fernández Bello, conforme recoge el artículo 193 del reglamento del Congreso, presenta la siguiente Proposición no de Ley para ser debatida en Comisión relativa a los incumplimientos de los gobiernos del PP relativos a garantizar las
condiciones de las subastas para el servicio de interrumpibilidad del suministro eléctrico y definición de un modelo energético gallego social y sostenible.
Exposición de motivos
El progresivo retraso en la celebración de la subasta por los incentivos para las grandes empresas consumidoras de energía, que en principio iba a tener lugar antes del verano y que se celebró en septiembre.
La dejadez de los Gobiernos del PP al desatender las condiciones en las que las empresas industriales que consumen grandes cantidades de energía puedan acceder a ella con precios idóneos y la estrategia de Alcoa a nivel global para
desarrollar otras líneas de negocio y no realizar las inversiones acomodadas en la planta de A Coruña suponen una peligrosa amenaza para el empleo y la continuidad de la actividad industrial en la capital herculina.
El fantasma de la deslocalización planea cada año sobre esta actividad económica sin que el gobierno del PP defina un sistema de precios que entregue estabilidad a esta actividad industrial y al empleo asociado tanto directo como indirecto.
Para el inmediato, hace falta modificar el sistema de subasta en el que alcanza a su ámbito temporal y a la oferta de Megavatios porque las subastas con una periodicidad anual no son el período idóneo para definir inversiones, también de la
necesaria garantía -que no tenemos- acerca de la oferta suficiente de bloques de manera que ninguna fábrica quede excluida.
Preservar la industria -segmento productivo definidor de productos de mayor valor añadido y generador de empleos de mayor cualificación- exige que las administraciones públicas definan e implementen un nuevo modelo energético, caracterizado
por su condición de sostenible y social, y que responda con un retorno adecuado a la contribución que realiza Galicia en el campo energético, con una producción que supone impactos ambientales severos y una exportación de alrededor del 40 por 100
del total de energía producida en nuestro país.
La administración tiene que acordar una política de precios que garantice el mantenimiento de esta actividad industrial en nuestro país con una exigencia a la multinacional de un plan de inversiones que rebaje el consumo de energía, las
emisiones y fomente el empleo.
Por el referido, el Grupo Parlamentario de GP-POD-EC-En Marea formula la siguiente
Proposición no de Ley para su debate en Comisión
'- Instamos al Gobierno a implementar, junto con la empresa Alcoa, aquellas medidas que logren mejoras en el sistema de la subasta, tanto en el aspecto temporal de la oferta cuanto de la cuantía de los bloques de la misma.
- Instamos a que el Gobierno impulse las medidas conducentes, en relación con la empresa Alcoa, a garantizar el empleo en su planta de A Coruña.
- Instamos a que el Gobierno fomente la implementación por parte de la empresa Alcoa de un plan de inversiones que favorezca el ahorro energético, la rebaja de las emisiones contaminantes y el desarrollo de la actividad productiva en nuestro
país.
- Instamos a que el Gobierno a desarrollar las actuaciones pertinentes para la redefinición de un sistema energético gallego social y sostenible.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de febrero de 2016.-Yolanda Díaz Pérez, Ángela Rodríguez Martínez, Antón Gómez-Reino Varela, David Bruzos Higuero y Miguel Anxo Elías Fernández Bello, Diputados.-Alexandra Fernández Gómez, Portavoz
del Grupo Parlamentario de Podemos-En Comú Podem-En Marea.
Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente
161/000102
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no
de ley sobre la posición 'antifracking' de la Comunidad Autónoma de Cantabria, para su debate en la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.
Exposición de motivos
El 24 julio del 2014 el Presidente, en ese momento, de la Comunidad Autónoma de Cantabria, don Ignacio Diego, del PP, junto con los alcaldes y alcaldesas de la región, de diferentes opciones políticas, suscribió y firmó una Declaración
Institucional cuyo texto dice así:
'La fractura hidráulica, como técnica para la extracción de gas de esquisto no convencional, comúnmente denominada 'fracking, plantea en la actualidad interrogantes, tanto desde el punto de vista de la salud como desde la perspectiva de la
protección ambiental.
Por todo ello, en Cantabria existe una importante preocupación por los riesgos que supone la puesta en marcha de esta técnica.
Ante este estado de cosas, las instituciones de nuestra Comunidad Autónoma, y en particular, el Gobierno y los Ayuntamientos de Cantabria, entendemos que expresamos la voluntad mayoritaria del pueblo Cántabro, oponiéndonos a esta técnica y
haciendo todo lo legalmente posible para que nuestra región sea un territorio libre de 'fracking.
Por todo ello, los abajo firmantes declaramos nuestra voluntad de adaptar todas aquellas medidas que, dentro del respeto al ordenamiento jurídico, permitan impedir en el territorio de la Comunidad Autónoma de Cantabria, la fractura
hidráulica o 'fracking como técnica para la investigación y extracción de gas de esquisto no convencional.'
Después de esta declaración han tenido lugar las elecciones municipales y autonómicas (recordemos, mayo del 2015) con resultados políticos diferentes. En la actualidad la comunidad autónoma está gobernada por un pacto PSOE-PRC donde al PSOE
le corresponden, entre otras, las competencias de Medio Ambiente.
La declaración de julio 2014 sigue estando vigente y ha sido asumida por el Partido Socialista de Cantabria, el Grupo Parlamentario Socialista y los alcaldes y alcaldesas socialistas, por coherencia con la postura del PSOE en este tema y
porque existe otra alternativa, que pasa por potenciar las energías limpias como la energía marina o la energía eólica, recursos muy abundantes en Cantabria.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Asumir y aceptar el acuerdo del Consejo de Gobierno de Cantabria firmado por los representantes legítimos de los ciudadanos de declarar a Cantabria territorio libre de 'fracking.
2. Colaborar y apoyar en Cantabria, la investigación, la innovación y el desarrollo de energías alternativas y limpias como la energía marina y la energía eólica.
3. Paralizar la actividad de los proyectos consistentes en la realización de perforaciones para la exploración, investigación o explotación de hidrocarburos que requieran la utilización de técnicas de fracturación hidráulica ('fracking),
se suspenderán las autorizaciones concedidas y se prohibirán nuevas actividades en tanto no se disponga de informes concluyentes que descarten la existencia de daños ambientales irreparables ligados a esta actividad.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de febrero de 2016.-María del Puerto Gallego Arriola, Diputada.-Miguel Ángel Heredia Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
161/000117
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario GP-POD-EC-En Marea, a iniciativa de sus diputadas y diputados doña Yolanda Díaz Pérez, doña Ángela Rodríguez Martínez, doña Alexandra Fernández Gómez, don Antón Gómez-Reino Varela, don David Bruzos y don Miguel Anxo
Elías Fernández Bello, conforme recoge el artículo 193 del Reglamento del Congreso, presenta la siguiente Proposición no de Ley para ser debatida en Comisión relativa al saneamiento de la ría do Burgo en Coruña.
Exposición de motivos
Numerosos colectivos de la sociedad coruñesa llevan decenios demandando una solución definitiva a la situación de degradación en que se encuentra la ría do Burgo, afectada por la contaminación procedente de grandes industrias del entorno,
las deficiencias del saneamiento de muchos concellos del área, pero sobre todo por la dejadez de unas Administraciones Públicas que dilatan en el tiempo acometer las inversiones necesarias para remediar su degradación.
La ría do Burgo es un valor económico y medioambiental fundamental para el conjunto del entorno, siendo los más afectados por esta situación los mariscadores y mariscadoras, que sufren un continuo goteo de perdidas de puestos de trabajo y
que arrastran enormes dificultades para alcanzar unos ingresos mínimos dignos que permitan mantener a sus familias, debido tanto a las pérdidas de riqueza de la ría cuanto a los períodos de inacción derivados del cierre de la ría a causa de los
altos niveles recurrentes de contaminación que registra O Burgo. Es imprescindible acometer la limpieza integral y la extracción completa de los lodos.
A pesar de las promesas, y de los diferentes foros creados para solventar la situación, la realidad a día de hoy es que continuan los vertidos, la presencia de hidrocarburos y los cierres generando una situación materialmente insostenible
para el colectivo de los y las trabajadores del mar, que a mayores conviven con la situación de furtivismo: asistimos a la 'tormenta perfecta' contra la sostenibilidad de la ría y de su producción.
La degradación de la ría do Burgo afecta a las potencialidades que tiene la ría en materia social y turística y que no se pueden desarrollar en el actual estado de la misma. Urge una respuesta urgente, la aceleración de los plazos para
acometer las actuaciones de saneamiento y un plan de ayuda al colectivo de trabajadoras y trabajadores del mar que padecen el mal estado de la ría. Esta se encuentra a un 20 por 100 de su capacidad productiva y con apenas 90 mariscadores trabajando
(hace dos años eran 180).
Por lo expuesto, el Grupo Parlamentario GP-POD-EC-En Marea presenta la siguiente
Proposición no de Ley para ser debatida en Comisión
'- El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a presentar un calendario de actuaciones y de financiación que permita realizar de manera urgente el conjunto de las inversiones necesarias para regenerar la ría do Burgo, recuperar los
bancos marisqueros y realizar el dragado comprometido para hacer realidad el saneamiento integral de la ría.
- El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a la aprobación de medidas compensatorias de carácter económico en apoyo al sector del marisquen mientras se proceda a la recuperación de la ría, así
como a posteriori mientras se procede a la recuperación del entorno y la contratación del saneamiento, en todo caso estas medidas se mantendrán mientras la ría sea improductiva.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de febrero de 2016.-Yolanda Díaz Pérez, Ángela Rodríguez Martínez, Antón Gómez-Reino Varela, David Bruzos Higuero y Miguel Anxo Elías Fernández Bello, Diputados.-Alexandra Fernández Gómez, Portavoz
del Grupo Parlamentario de Podemos-En Comú Podem-En Marea.
Comisión de Sanidad y Servicios Sociales
161/000096
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no
de Ley para derogar el Real Decreto 954/2015 y aprobar una norma que regule la indicación, uso y autorización de dispensación de medicamentos por parte de los profesionales de enfermería que cuente con el consenso profesional e institucional, para
su debate en la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales.
Exposición de motivos
El Real Decreto 954/2015, de 23 de octubre (BOE número 306, de 23 de diciembre), por el que se regula la indicación, uso y autorización de dispensación de medicamentos y productos sanitarios de uso humano por parte de las enfermeras y
enfermeros, tiene como finalidad, según se expone en su Preámbulo, 'regular, de un lado, las actuaciones profesionales de los enfermeros en materia de indicación, uso y autorización de dispensación de medicamentos y productos sanitarios de uso
humano relacionados con su ejercicio profesional, así como el procedimiento para la validación de protocolos y guías de práctica clínica y asistencial por parte de la Dirección General de Salud Pública, Calidad e Innovación, y de otro, fijar con la
participación de las organizaciones colegiales correspondientes los criterios generales, requisitos específicos y procedimientos para la acreditación de los enfermeros, tanto de los responsables de cuidados generales como de los responsables de
cuidados especializados, como requisito previo y necesario para poder desarrollar las actuaciones previstas en el artículo 79 del texto refundido de la Ley de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios, y siempre dentro de
la distribución de las competencias profesionales establecidas en la Ley 44/2003, de 21 de noviembre, y en el resto de normas que resulten de aplicación'.
Lejos de avanzar hacia los citados objetivos, la publicación del Real Decreto ha producido un rechazo generalizado, polémica, malestar entre los profesionales, así como inseguridad jurídica. Todo ello está teniendo consecuencias indeseables
en el funcionamiento del sistema sanitario. Por otra parte, un elevado número de Comunidades Autónomas entiende que el Estado está conculcando atribuciones que tienen reconocidas en materia de formación continuada y acreditación, lo que complica
aún más la situación.
Ante este escenario, numerosas organizaciones profesionales, sindicatos y Comunidades Autónomas han anunciado su intención de recurrir el Real Decreto 954/2015 y algunos recursos han sido ya presentados.
El Real Decreto sobre la utilización de medicamentos por parte de enfermería fue el colofón nefasto a la desastrosa legislatura en materia de sanidad desarrollada por el Gobierno de Rajoy. Una vez más el Gobierno ha improvisado a última
hora legislación de manera unilateral y se rompe con consensos y prácticas profesionales largamente arraigadas en el Sistema Nacional de Salud. De manera innecesaria y gratuita, se ha generado una confrontación con y entre los profesionales
sanitarios, y con las Comunidades Autónomas.
Es necesario y urgente revertir la situación que se ha creado. Para ello el Real Decreto debe ser derogado y tiene que ponerse en marcha un proceso de diálogo con todos los agentes implicados que culmine en una regulación que cuente con el
consenso profesional e institucional. Dicha regulación debe
tener como objetivos específicos: (i) garantizar la seguridad clínica de los pacientes; (ii) establecer condiciones que faciliten la coordinación y continuidad asistencial; (iii) dotar de garantía jurídica al ejercicio de las profesiones
sanitarias.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista formula la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a derogar, de manera inmediata, el Real Decreto 954/2015, de 23 de octubre y a iniciar, en coordinación con las Comunidades Autónomas en el ámbito de sus competencias y mediante el diálogo con
las organizaciones profesionales y sindicales, los trabajos necesarios para aprobar una norma que regule la indicación, uso y autorización de dispensación de medicamentos por parte de los profesionales de enfermería.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de febrero de 2016.-Jesús María Fernández Díaz, Diputado.-Miguel Ángel Heredia Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
Comisión de Cultura
161/000109
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, el Grupo Parlamentario de Podemos-En Comú Podem-En Marea presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre medidas urgentes de apoyo a las personas profesionales de la cultura, para
su debate en la Comisión de Cultura.
Exposición de motivos
El sector cultural en España ha adolecido siempre de un modelo legislativo que responda a las necesidades específicas de sus trabajadores y pequeños y medianos empresarios.
En los últimos años esta carencia legislativa se ha visto agravada por tres factores que han empeorado la situación hasta límites insostenibles: la crisis económica, las fuertes transformaciones tecnológicas en los hábitos de consumo y la
imposición de nuevas medidas fiscales y reformas legislativas, que han dado lugar a un aumento permanente de la precariedad en todos los tramos y ámbitos profesionales.
Paradójicamente, esta realidad tan característica de nuestro país choca frontalmente con el potencial desarrollado por otros países en relación al aprovechamiento y rentabilidad -en términos de inversión/retorno social- del ámbito cultural.
Por su triple perfil como bien común, motor económico y derecho básico y fundamental de la ciudadanía, la cultura debe estar siempre acompañada de unas políticas públicas adecuadas a sus expectativas que le permitan generar su efecto multiplicador
intrínseco.
La situación del sector cultural en España es grave por muchos motivos. El hecho de que en nuestro país la cultura no haya sido considerada como un asunto de Estado, en toda su complejidad y diversidad, sino más bien como adorno que se
añade a los logros económicos y sociales, ha provocado que los diferentes Gobiernos no hayan apostado por un modelo cultural propio ni generado ámbitos de colaboración entre las diferentes administraciones. De ahí que, en no pocas ocasiones, se
hayan conformado con actuaciones parciales, muchas veces simples parches, en materias fundamentales como la remuneración, la fiscalidad y la seguridad social de los profesionales del sector o la creación de públicos.
En pleno siglo XXI, en nuestro país, los y las profesionales de la cultura siguen sin tener acceso a una cobertura social y a unas condiciones laborales dignas, que contemplen su especificidad y garanticen su pervivencia. Estamos hablando
de un sector con unas características y una organización laboral compleja y específica, que los distintos Gobiernos han intentado, sin éxito, encajar dentro de un sistema laboral y fiscal estándar. Este fracaso no resuelto ha abocado a la totalidad
del sector a cuotas de precarización insostenibles en las áreas técnicas, de gestión, creativas y empresariales. Uno de los casos más alarmantes y de candente actualidad ha sido el que ha envuelto a los autores y autoras, que han sufrido cómo se
les reclamaban cantidades inasequibles y se les privaba de sus pensiones por un simple cambio de criterio en la Administración. Este cambio de criterio, realizado sin conocimiento de la realidad del
sector ni teniendo en cuenta los negativos efectos que su introducción podría provocar, ha considerado incompatibles sus pensiones con la remuneración por los derechos que emanan de sus obras, muchas veces apenas superiores al salario mínimo
interprofesional anual.
Otro caso, que conviene sacar a colación es la modificación del Real Decreto 20/2012. Este Real Decreto provocó un aumento del tipo del IVA cultural del 8 por 100 al 21 por 100 y restó competitividad al sector respecto de los estados
europeos de su entorno, cuyo tipo medio es el 7 por 100. La gravedad de la situación exige una reforma que implique la modificación 37/1992 de IVA que excederá a la propia del artículo 91, a fin de armonizar la norma española con la comunitaria,
requisito imprescindible para la modernización fiscal del país y no contemplado por las actuales administraciones públicas.
Asimismo, si en todos los sectores existe un problema estructural de género que alimenta la desigualdad en la sociedad, la situación en puestos de responsabilidad en el sector cultural no es distinta. La brecha salarial también se hace
patente entre las creadoras con respecto a sus compañeros varones. Por otra parte, las graves dificultades para la conciliación familiar, que parten del esquema en el que esa conciliación es precisa para las mujeres y no así para los hombres
-vinculando crianza con género-acrecientan la brecha y la desigualdad.
En resumen, un país que no es sensible a las condiciones materiales de sus creadores, productores, distribuidores, promotores, agentes, etcétera, en todos los eslabones de la cadena de valor del objeto cultural, no puede llamarse a sí mismo
un país a la altura de su cultura. Es el momento de materializar las buenas intenciones en una voluntad política incuestionable y de consenso que de una vez por todas procure respuestas a las reiteradas y urgentes demandas de los artífices de la
cultura en nuestro país.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario de Podemos-En Comú Podem-En Marea formula la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a adoptar las siguientes medidas:
1. Suspender las inspecciones ya abiertas y paralizar los actuales expedientes puestos en marcha contra autores, traductores y creadores en general, en relación al cobro simultáneo de derechos de autor y la percepción de pensiones.
2. Modificar la actual legislación que regula la materia (RD 5/2013, Reglamento IRPF y resto de disposiciones pertinentes) con el objeto de hacer compatible el cobro de derechos de autor y la percepción de la pensión de jubilación
contemplando no sólo los casos que reciben la pensión contributiva sino también, y muy en especial, la de aquellos creadores más vulnerables y que reciben una pensión no contributiva.
3. Reducir el IVA cultural y unificar los tipos de IVA de las actividades culturales. Disminuir al tipo reducido el IVA de los servicios y productos culturales actualmente sujetos al tipo normal en consonancia con el resto de países
europeos, cuyo tipo medio es el 7 por 100. Esta reforma implicará una modificación de la Ley 37/1992 de IVA, que excederá a la propia del artículo 91 a fin de armonizar la norma española con la comunitaria. Además, y en lo que se refiere
exclusivamente a los tipos de IVA, se apostará en las instancias competentes por modificar las rigideces propias de la diferenciación entre producto y servicio a los efectos de unificar los tipos de IVA de las actividades culturales,
independientemente de si las mismas son o no digitales y de conformidad con las exigencias y reclamaciones del sector.
4. Iniciar con urgencia actuaciones que promuevan la igualdad de género en la cultura y fomenten una cultura más igualitaria, en especial el acceso igual de las mujeres a todos los ámbitos y niveles profesionales: gestión, producción,
distribución y creación de todo tipo de prácticas culturales. La plena equiparación laboral y el fomento de una representación igualitaria en el ámbito cultural, contribuirán a transmitir a la sociedad, y a los más jóvenes en particular, modelos no
sexistas de mujer y de hombre más acordes con la realidad, responsables con la igualdad de género y que ayuden a erradicar la violencia machista'.
5. Crear una Comisión para iniciar los trabajos, de manera conjunta entre los diferentes grupos parlamentarios y agentes del sector, para la elaboración de un Estatuto del Artista y del Profesional de la Cultura con rango de norma jurídica
y adaptado a las necesidades específicas del sector, contemplando tanto a los y las trabajadores y trabajadoras por cuenta ajena como a quienes lo hacen por cuenta propia. Dicho Estatuto promoverá una fiscalidad que desemboque en una tributación
justa tanto para la Hacienda
Pública como para las personas interesadas y garantizará los derechos de protección social del sector, su estacionalidad y su representatividad sindical. Entre otras medidas:
- Se estudiará ajustar la fiscalidad a la actividad profesional intermitente propia del sector.
- Se contemplará un régimen específico de la seguridad social, tanto dentro del Régimen General como del de Autónomos. Este régimen tendrá en cuenta las peculiaridades específicas del trabajo intermitente tanto en lo referente a la fórmula
de cotización como a las coberturas a efectos de enfermedad temporal, enfermedad permanente, maternidad o jubilación, entre otros. Además se reconocerán las enfermedades y lesiones laborales de la práctica artística y técnica.
- Se garantizará el efectivo derecho de los y las profesionales de la cultura a estar debidamente representados sindicalmente y a participar activa y democráticamente en las negociaciones colectivas de su sector.
- Se impulsará el fomento de la actividad artística sin ánimo de lucro que se desarrolla en los sectores independientes a los efectos de permitir la creación de cooperativas de trabajo asociado cuyo funcionamiento interno se corresponda con
las particularidades de la actividad cultural, al tiempo que se vincule al sector con las prácticas propias de la economía colaborativa, social y solidaria.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de febrero de 2016.-Miguel Anxo Elías Fernández Bello, Diputado.-Íñigo Errejón Galván, Portavoz del Grupo Parlamentario de Podemos-En Comú Podem-En Marea.
COMPETENCIAS EN RELACIÓN CON OTROS ÓRGANOS E INSTITUCIONES
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
230/000001
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(230) Conflicto de competencia ante el Tribunal Constitucional.
Autor: Tribunal Constitucional.
Sentencia dictada por el citado Tribunal en el conflicto en defensa de la autonomía local número 2599/2013, promovido por las Diputaciones Provinciales de Almería, Granada, Málaga y Cádiz contra el Decreto-Ley 5/2012, de 27 de noviembre, del
Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, de medidas urgentes en materia urbanística y para la protección del litoral de Andalucía.
Acuerdo:
Tomar conocimiento y trasladar a la Dirección de Estudios, Análisis y Publicaciones y a la Asesoría Jurídica de la Secretaría General, así como publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales el encabezamiento y el fallo de la
sentencia.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 de Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de febrero de 2016.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
El Pleno del Tribunal Constitucional, compuesto por don Francisco Pérez de los Cobos Orihuel, Presidente, doña Adela Asua Batarrita, doña Encarnación Roca Trias, don Andrés Ollero Tassara, don Fernando
Valdés Dal-Ré, don Juan José González Rivas, don Santiago Martínez-Vares García, don Juan Antonio Xiol Ríos, don Pedro José González-Trevijano Sánchez, don Ricardo Enríquez Sancho y don Antonio Narváez Rodríguez, Magistrados, ha pronunciado
EN NOMBRE DEL REY
la siguiente
SENTENCIA
En el conflicto en defensa de la autonomía local núm. 2599-2013, promovido por las Diputaciones Provinciales de Almería, representada por el Procurador de los Tribunales don Ignacio Aguilar Fernández; de Granada, representada por el
Procurador de los Tribunales don Juan Ignacio Valverde Cánovas; de Málaga, representada por la Procuradora de los Tribunales doña Victoria Pérez-Mulet y Diez-Picasso; y de Cádiz, representada por el Procurador de los Tribunales don José Ignacio de
Noriega Arquer, asistidas por el Abogado don Alfonso Pérez Moreno, en relación con los arts. 2 y 3 del Decreto-ley 5/2012, de 27 de noviembre, del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, de medidas urgentes en materia urbanística y para la
protección del litoral de Andalucía, así como respecto de la totalidad del citado Decreto-ley por no concurrir la extraordinaria y urgente necesidad que exigen los arts. 86.1 CE y 110 del Estatuto de Autonomía de Andalucía, con lesión de la
autonomía local constitucionalmente garantizada. Han comparecido y formulado alegaciones el Parlamento y la Junta de Gobierno de Andalucía. Ha sido Ponente el Magistrado don Antonio Narváez Rodríguez, quien expresa el parecer del Tribunal.
[...]
FALLO
En atención a todo lo expuesto, el Tribunal Constitucional, por la autoridad que le confiere la Constitución de la Nación Española,
Ha decidido
Inadmitir el conflicto en defensa de la autonomía local formulado por las Diputaciones Provinciales de Almería, Granada, Málaga y Cádiz contra los arts. 2 y 3 del Decreto-ley 5/2012, de 27 de noviembre, de medidas urgentes en materia
urbanística y para la protección del litoral de Andalucía, así corno contra la totalidad del citado Decreto-ley.
Publíquese esta Sentencia en el 'Boletín Oficial del Estado'.
Dada en Madrid, a 18 de febrero de 2016.
232/000015
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(232) Recurso de inconstitucionalidad.
Autor: Tribunal Constitucional.
Sentencia dictada por el citado Tribunal en el recurso de inconstitucionalidad número 6031/2013 interpuesto por ciento diez Diputados del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso de los Diputados, contra el artículo 1, apartados dos y
tres; disposición adicional primera; disposición transitoria tercera; disposición derogatoria única, apartado 2; y disposición final segunda del Real Decreto-ley 9/2013, de 12 de julio, por el que se adoptan medidas urgentes para garantizar la
estabilidad financiera del sistema eléctrico, así como voto particular formulado a la misma.
Acuerdo:
Tomar conocimiento y trasladar a la Dirección de Estudios, Análisis y Publicaciones y a la Asesoría Jurídica de la Secretaría General, así como publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales el encabezamiento y el fallo de la
sentencia.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de febrero de 2016.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
El Pleno del Tribunal Constitucional, compuesto por don Francisco Pérez de los Cobos Orihuel, Presidente, doña Adela Asua Batarrita, doña Encarnación Roca Trías, don Andrés Ollero Tassara, don Fernando Valdés Dal-Ré, don Juan José González
Rivas, don Santiago Martínez-Vares García, don Juan Antonio Xiol Ríos, don Pedro José González-Trevijano Sánchez, don Ricardo Enríquez Sancho y don Antonio Narváez Rodríguez Magistrados, ha pronunciado
EN NOMBRE DEL REY
la siguiente
SENTENCIA
En el recurso de inconstitucionalidad núm. 6031-2013 interpuesto por ciento diez Diputados del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso de los Diputados, contra el artículo 1, apartados dos y tres; disposición adicional primera;
disposición transitoria tercera; disposición derogatoria única, apartado 2; y disposición final segunda del Real Decreto-ley 9/2013, de 12 de julio, por el que se adoptan medidas urgentes para garantizar la estabilidad financiera del sistema
eléctrico. Ha comparecido y formulado alegaciones el Abogado del Estado. Ha sido Ponente el Magistrado don Santiago Martínez-Vares García, quien expresa el parecer del Tribunal.
[...]
FALLO
En atención a todo lo expuesto, el Tribunal Constitucional, por la autoridad que le confiere la Constitución de la Nación Española,
Ha decidido
Desestimar el presente recurso de inconstitucionalidad.
Publíquese esta Sentencia en el 'Boletín Oficial del Estado'.
Dada en Madrid, a 18 de febrero de 2016.
232/000016
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(232) Recurso de inconstitucionalidad.
Autor: Tribunal Constitucional.
Sentencia dictada por el citado Tribunal en el recurso de inconstitucionalidad número 5458/2015 interpuesto por el Presidente del Gobierno contra los artículos 5.dos (en cuanto que modifica el artículo 27.5 del texto refundido de las
disposiciones legales de la Comunidad Autónoma de Galicia en materia de tributos
cedidos por el Estado, aprobado por Decreto Legislativo 1/2011, de 28 de julio, y 84 de la Ley de Galicia 12/2014, de 22 de diciembre, de medidas fiscales y administrativas.
Acuerdo:
Tomar conocimiento y trasladar a la Dirección de Estudios, Análisis y Publicaciones y a la Asesoría Jurídica de la Secretaría General, así como publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales el encabezamiento y el fallo de la
sentencia.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de febrero de 2016.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
El Pleno del Tribunal, compuesto por don Francisco Pérez de los Cobos Orihuel, Presidente, doña Adela Asua Batarrita, doña Encarnación Roca Trías, don Andrés Ollero Tassara, don Fernando Valdés Dal-Ré, don Juan José González Rivas, don
Santiago Martínez-Vares García, don Juan Antonio Xiol Ríos, don Pedro José González-Trevijano Sánchez, don Ricardo Enríquez Sancho y don Antonio Narváez Rodríguez, Magistrados, ha pronunciado
EN NOMBRE DEL REY
la siguiente
SENTENCIA
En el recurso de inconstitucionalidad núm. 5458-2015 interpuesto por el Presidente del Gobierno contra los arts. 5.dos (en cuanto que modifica el art. 27. 5 del texto refundido de las disposiciones legales de la Comunidad Autónoma de
Galicia en materia de tributos cedidos por el Estado, aprobado por Decreto Legislativo 1/2011, de 28 de julio, y 84 de la Ley de Galicia 12/2014, de 22 de diciembre, de medidas fiscales y administrativas. Han comparecido y formulado alegaciones la
Xunta de Galicia y el Parlamento de Galicia, representados por sus respectivos Letrados. Ha sido Ponente el Magistrado don Juan José González Rivas, quien expresa el parecer del Tribunal.
[...]
FALLO
En atención a todo lo expuesto, el Tribunal Constitucional, por la autoridad que le confiere la Constitución de la Nación Española,
Ha decidido
1.º Declarar la inconstitucionalidad y nulidad del art. 27.5 del texto refundido de las disposiciones legales de la Comunidad Autónoma de Galicia en materia de tributos cedidos por el Estado, aprobado por Decreto Legislativo 1/2011, de 28
de julio, en la redacción que le da el art. 5.dos de la Ley de Galicia 12/2014, de 22 de diciembre, de medidas fiscales y administrativas.
2.º Desestimar el recurso en todo lo demás.
Publíquese esta Sentencia en el 'Boletín Oficial del Estado'.
Dada en Madrid, a 18 de febrero de 2016.
233/000009
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(233) Cuestión de inconstitucionalidad.
Autor: Tribunal Constitucional.
Sentencia dictada por el citado Tribunal en la cuestión de inconstitucionalidad número 6245/2014 promovida por la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, en relación con el artículo 6.Uno.1.c) de la
Ley de la Asamblea Regional de Murcia 15/2002, de 23 de diciembre, de medidas tributarias en materia de tributos cedidos y tasas regionales, por posible infracción del artículo 149.1.14.ª, en relación con los artículos 133.1, 150.1 y 157, apartados
1 y 3, todos ellos de la Constitución, artículos 10.3 y 19.2 de la Ley Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, de Financiación de las Comunidades Autónomas, y artículo 47.1.a) de la Ley 21/2001, de 27 de diciembre, por la que se regulan las medidas
fiscales y administrativas del nuevo sistema de financiación de las Comunidades Autónomas de régimen común y Ciudades con Estatuto de Autonomía.
Acuerdo:
Tomar conocimiento y trasladar a la Dirección de Estudios, Análisis y Publicaciones y a la Asesoría Jurídica de la Secretaría General, así como publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales el encabezamiento y el fallo de la
sentencia.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de febrero de 2016.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
La Sala Primera del Tribunal Constitucional, compuesta por don Francisco Pérez de los Cobos Orihuel, Presidente, doña Encarnación Roca Trías, don Andrés Ollero Tassara, don Santiago Martínez-Vares García y don Juan Antonio Xiol Ríos,
Magistrados, ha pronunciado
EN NOMBRE DEL REY
la siguiente
SENTENCIA
En la cuestión de inconstitucionalidad núm. 6245-2014 promovida por la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, en relación con el art. 6.Uno.l.c) de la Ley de la Asamblea Regional de Murcia
15/2002, de 23 de diciembre, de medidas tributarias en materia de tributos cedidos y tasas regionales, por posible infracción del art. 149.1.14.ª, en relación con los arts. 133.1, 150.1 y 157, apartados 1 y 3, todos ellos de la Constitución, arts.
10.3 y 19.2 de la Ley Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, de Financiación de las Comunidades Autónomas, y art. 47.1 a) de la Ley 21/2001, de 27 de diciembre, por la que se regulan las medidas fiscales y administrativas del nuevo sistema de
financiación de las Comunidades Autónomas de régimen común y Ciudades con Estatuto de Autonomía. Han comparecido y formulado alegaciones el Abogado del Estado, el Letrado de la Región de Murcia, la Fiscal General del Estado y la entidad 'Polaris
World Real Estate, S.L.'. Ha sido Ponente el Magistrado don Andrés Ollero Tassara, quien expresa el parecer del Tribunal.
[...]
FALLO
En atención a todo lo expuesto, el Tribunal Constitucional, por la autoridad que le confiere la Constitución de la Nación Española,
Ha decidido
Estimar la cuestión de inconstitucionalidad núm. 6245-2014 promovida por la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo y, en consecuencia, declarar la inconstitucionalidad y nulidad del art. 6,Uno.1.c)
de la Ley de la Asamblea Regional de Murcia 15/2002, de 23 de diciembre, de medidas tributarias en materia de tributos cedidos y tasas regionales, con el alcance temporal y efectos indicados en el fundamento jurídico 5.
Publíquese esta Sentencia en el 'Boletín Oficial del Estado'.
Dada en Madrid, a 15 de febrero de 2016.