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BOCG. Congreso de los Diputados, serie D, núm. 15, de 16/02/2016
cve: BOCG-11-D-15 PDF



BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES


CONGRESO DE LOS DIPUTADOS


XI LEGISLATURA


Serie D: GENERAL


16 de febrero de 2016


Núm. 15



ÍNDICE


Control de la acción del Gobierno


PROPOSICIONES NO DE LEY


Pleno


162/000060 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, por la que se insta al Gobierno a la puesta en práctica de un Plan contra la Explotación Laboral ... (Página5)


162/000061 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre la sentencia del Tribunal Supremo relativa a la devolución de las cantidades invertidas por los accionistas minoristas en la salida a Bolsa de Bankia en
julio de 2011 ... (Página8)


162/000063 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Podemos-En Comú Podem-En Marea, sobre el Plan Hidrológico de la Cuenca del Ebro ... (Página10)


162/000065 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, sobre la revisión del Plan Hidrológico de la Cuenca del Ebro ... (Página11)


162/000069 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre el desarrollo de las actividades logísticas en Castilla y León mediante el transporte de mercancías por ferrocarril ... href='#(Página13)'>(Página13)


162/000070 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre la modificación del Plan de Desarrollo de la Red de Transporte de Energía Eléctrica 2015-2020 ... (Página14)


162/000071 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa a la industria 4.0 ... (Página15)


Comisión de Interior


161/000028 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, sobre medidas para la clausura definitiva de los centros de internamiento de extranjeros (CIE) ... (Página17)


Comisión de Hacienda y Administraciones Públicas


161/000025 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa a la reducción del catálogo de prestaciones que MUFACE ofrecía en la localidad de Talavera de la Reina (Toledo) ... href='#(Página18)'>(Página18)


161/000033 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, sobre la reforma de los aspectos económicos del Régimen Económico y Fiscal (REF) de Canarias ... (Página19)



Página 2





161/000037 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, sobre la reforma del sistema de financiación autonómica ... (Página24)


161/000039 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, sobre el servicio de inspección fitosanitaria en la Comunidad Autónoma de Canarias ... (Página25)


Comisión de Fomento


161/000029 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre el servicio de trenes Alvia entre Salamanca y Madrid ... (Página26)


161/000031 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, sobre el transporte en Canarias ... (Página27)


161/000043 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa a dar una solución definitiva al tramo de la futura autovía A-27 entre Montblanc (en la provincia de Tarragona) y Lleida ... href='#(Página28)'>(Página28)


161/000044 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre la mejora e integración urbana de la autovía B-20 a su paso por Santa Coloma de Gramenet ... (Página29)


161/000048 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre la variante de San Rafael en la N-VI ... (Página29)


161/000051 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre licitación y ejecución de las obras para la integración urbana de la línea R-2 en L'Hospitalet de Llobregat y la construcción del intercambiador de la
Torrassa ... (Página30)


Comisión de Educación y Deporte


161/000035 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, sobre la derogación de la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa ... (Página32)


Comisión de Empleo y Seguridad Social


161/000040 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, sobre la Estrategia de Emprendimiento y Empleo Joven (Garantía Juvenil) ... (Página33)


Comisión de Industria, Energía y Turismo


161/000030 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, sobre el impulso del turismo en la Comunidad Autónoma de Canarias ... (Página34)


161/000032 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, sobre el impulso del sector industrial en la Comunidad Autónoma de Canarias ... (Página35)


161/000038 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, sobre la política aduanera y el impulso del comercio electrónico en las Islas ... (Página36)


161/000050 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa a la industria 4.0 ... (Página37)


Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente


161/000026 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre situación en el sector lechero ... (Página39)


161/000036 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, sobre la asignación de la cuota de atún rojo a la Comunidad Autónoma de Canarias ... (Página40)


161/000041 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Catalán (Democràcia i Llibertat), sobre modificación de los caudales ecológicos establecidos en el Plan Hidrológico del Ebro correspondiente al segundo ciclo de
planificación hidrológica 2015-2021 ... (Página41)



Página 3





161/000049 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa al trasvase entre la Demarcación Hidrográfica del Tinto, Odiel y Piedras y la Demarcación Hidrográfica del Guadalquivir con el fin de contribuir a la
recuperación de los acuíferos de la zona y a la consecución del equilibrio hídrico en el entorno del Parque Nacional y Natural de Doñana ... (Página43)


Competencias en relación con otros órganos e instituciones


TRIBUNAL CONSTITUCIONAL


232/000006 Encabezamiento y fallo de la Sentencia dictada en el recurso de inconstitucionalidad número 1424/2014, interpuesto por el Presidente del Gobierno contra diversos preceptos de la Ley 3/2013, de 20 de mayo, de impulso y ordenación
de las infraestructuras de telecomunicaciones de Galicia; en particular contra los preceptos: artículo 1; artículo 2.2 apartados b), c) y d); artículo 5, apartados 3, 5, 6 y 7; artículo 6.2; artículo 7.2, artículo 8; artículo 12, apartados 2,
3 y 4; artículo 13; artículo 14.1, apartados a, b y c; artículo 14.2; artículo 15.2, apartados a), b), d), f), g) y h); artículo 15.3; artículo 17.1 y 2; artículo 18; artículo 19.2 a) y c), Título V, disposición adicional primera y
disposición transitoria primera ... (Página46)


232/000007 Encabezamiento y fallo de la Sentencia dictada en el recurso de inconstitucionalidad número 5680/2015 promovido por el Gobierno Vasco contra la disposición final primera y, por conexión con ella, la disposición transitoria segunda
de la Ley 23/2015, de 21 de julio, ordenadora del Sistema de Inspección de Trabajo y Seguridad Social ... (Página48)


232/000008 Encabezamiento y fallo de la Sentencia dictada en el recurso de inconstitucionalidad número 6777/2012, promovido por el Presidente del Gobierno, contra los artículos 59, 64.4 y apartado séptimo de la disposición adicional sexta de
la Ley del Parlamento de Cataluña 3/2012, de 22 de febrero, de modificación del Texto Refundido de la Ley de Urbanismo, aprobado por el Decreto Legislativo 1/2010, de 3 de agosto ... (Página49)


232/000009 Encabezamiento y fallo de la Sentencia dictada en el recurso de inconstitucionalidad número 5851/2013 interpuesto por el Parlamento de Navarra, representado por su Letrado, contra el artículo 1, apartado Dos; disposición
adicional primera; disposición transitoria tercera; y disposición final segunda del Real Decreto-ley 9/2013, de 12 de julio, por el que se adoptan medidas urgentes para garantizar la estabilidad financiera del sistema eléctrico, así como voto
particular formulado a la misma ... (Página50)


232/000010 Encabezamiento y fallo de la Sentencia dictada en el recurso de inconstitucionalidad número 709/2015 interpuesto por la Generalidad de Cataluña contra los artículos 34.3, 5 y 6; 35.4 y 7; 45.4; 65; 69.j).6; y, por conexión,
73 y 74 de la Ley 9/2014, de 9 de mayo, General de Telecomunicaciones ... (Página51)


Otros textos


INICIATIVA LEGISLATIVA POPULAR


120/000002 Proposición de Ley por la que se regula la implantación con carácter obligatorio de la Mediación Civil, Mercantil y Concursal, en el Orden Jurisdiccional Civil y Mercantil como método alternativo para la resolución de conflictos;
y la implantación con carácter voluntario en el Orden Jurisdiccional Penal de la Mediación Penal; y la implantación de la Mediación Laboral, con mediadores profesionales independientes, de forma voluntaria y alternativa a la Conciliación Laboral,
previa en el Orden Jurisdiccional Laboral (corresponde al número de expediente 120/000033 de la X Legislatura). Caducidad de la iniciativa ... (Página52)



Página 4





120/000003 Proposición de Ley sobre establecimiento de una prestación de ingresos mínimos en el ámbito de protección de la Seguridad Social (corresponde al número de expediente 120/000035 de la X Legislatura). Prórroga del plazo para la
recogida de firmas ... (Página52)


Secretaría General


292/000001 Convocatoria de 13 de octubre de 2015 de becas para la formación práctica de archiveros, bibliotecarios y documentalistas. Nueva relación de suplentes ... (Página53)



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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO


PROPOSICIONES NO DE LEY


Pleno


La Mesa de la Cámara en su reunión del día de hoy ha acordado admitir a trámite, conforme al artículo 194 del Reglamento, las siguientes Proposiciones no de Ley y considerando que solicitan el debate de las iniciativas ante el Pleno de la
Cámara, entendiendo que en el caso de su eventual aprobación, estarían dirigidas al Gobierno que se constituya, disponer su conocimiento por éste, dando traslado al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.


En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.


Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de febrero de 2016.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.


162/000060


A la Mesa del Congreso de los Diputados


En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para presentar, al amparo de lo establecido en el artículo 193 del Reglamento del Congreso de los Diputados, la siguiente Proposición no de Ley para
solicitar del Gobierno la puesta en práctica de un Plan contra la Explotación Laboral, para su debate en Pleno.


Exposición de motivos


El Estatuto de los Trabajadores, después de establecer en su artículo 34, apartado 1, que la duración de la jornada de trabajo será la pactada en los convenios colectivos o contratos de trabajo y que no podrá exceder el máximo de 40 horas
semanales de trabajo efectivo de promedio en cómputo anual, limita en su artículo 35, apartado 2, el número de horas extraordinarias, que no podrá ser superior a ochenta al año.


A pesar de estas previsiones legales, a partir de 2012 las estadísticas nos muestran una prolongación del tiempo de trabajo, con un claro incremento de las horas extraordinarias, fundamentalmente en los contratos a tiempo parcial, que además
se corresponden con horas extras no pagadas, hecho que choca no solo con la atonía de nuestra actividad productiva sino con la naturaleza de un contrato definido por su menor jornada.


Según la Encuesta de Población Activa, en el cuarto trimestre de 2015, los trabajadores de nuestro país han realizado cerca de seis millones de horas extraordinarias a la semana, 450.000 más que el año anterior, más de la mitad de las cuales
son horas extraordinarias que ni siquiera se remuneran por parte del empleador. Cifra que, aun descontando el número de horas extraordinarias compensadas con descanso, resulta sorprendente e invita a la reflexión. Sobre todo teniendo en cuenta que
en los países de nuestro entorno la jornada ha descendido durante la crisis. Así, y según datos de la OCDE, si en 2014 la jornada en España fue de 1.689 horas por persona trabajadora al año, en Francia fue de 1.489 y de 1.371 horas en Alemania.


Sin lugar a duda la explicación de este incremento encuentra respuesta en la desregulación del mercado laboral que se realiza a partir del Real Decreto-ley 3/2012, de 10 de febrero, de reforma del mercado de trabajo -Ley 3/2012, de 6 de
julio-, que, entre otros efectos, provoca una ruptura del equilibrio de las relaciones laborales, aumentando la potestad discrecional y unilateral del empleador en la fijación de las condiciones laborales, incluidas las salariales, y desarticula la
negociación colectiva, tan importante en la determinación del tiempo de trabajo.


Fue esta disposición legal la que permitió la realización de horas extraordinarias en los contratos a tiempo parcial; horas extraordinarias posteriormente prohibidas por el Real Decreto-ley 16/2013, de 20 de diciembre. Real Decreto-ley
que, sin embargo, articuló dos vías para prolongar la duración de la jornada parcial: las horas complementarias pactadas y las horas complementarias voluntarias, cuyo cúmulo



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permite que se pueda alcanzar una jornada de hasta el 90% de la jornada ordinaria. Esta permisibilidad en la amplitud horaria, unida a la posibilidad de distribución irregular de la jornada de hasta el 10%, también modificada por dicho real
decreto-ley, y a la mayor discrecionalidad del empresario en la concreción de los tiempos para su realización, pone las bases para la sustitución del contrato indefinido a tiempo completo, sometido a un control más estricto de la normativa laboral,
por un contrato parcial, fuera de control legal. El contrato a tiempo parcial pierde su naturaleza y su función básica: la ordenación de un tiempo de trabajo que posibilite una conciliación real y efectiva de la vida personal, familiar y laboral
de la persona trabajadora y las necesidades productivas de la empresa.


De este modo, la extralimitación de la duración de la jornada se convierte en regla general y en el trabajo a tiempo parcial, por mandato legal, se convierte en un tiempo completo. Un tiempo completo que, además, queda fuera de los
estándares generales de la regulación del tiempo de trabajo, relegado a la esfera de los contratos individuales de trabajo y sometido casi en exclusiva a los dictados del empresario.


Y si la desregulación y la individualización del contrato de trabajo a tiempo parcial impide el control de las irregularidades que en su desarrollo se cometan, lo mismo cabe decir de las irregularidades y fraude en el uso de las horas
extraordinarias, también facilitadas por la desregulación y desarticulación de los mecanismos de protección de la persona trabajadora frente al poder unilateral del empresario. Irregularidades que suponen una lesión a los derechos laborales y
fraude en las arcas de la Seguridad Social al dejar de ingresar las cotizaciones sociales devengadas por su realización.


En definitiva, desde la reforma laboral de 2012, y posteriores, se aprecia una clara voluntad de prolongación de la jornada laboral, mediante la desregulación de los mecanismos que favorecen una ordenación equilibrada y pactada del tiempo de
trabajo y con una incentivación legal expresa en el trabajo a tiempo parcial, que no encuentra contrapeso en la regulación colectiva y en la acción representativa, pues es la misma reforma la que quiso que el tiempo de trabajo se individualizase y
la negociación colectiva se debilitase. Y es esta desregulación la que permite franquear la legalidad laboral.


A mayor abundamiento, la degradación de las condiciones laborales, elevada a partir de la reforma laboral a problema estructural de nuestro mercado de trabajo, encuentra su máxima expresión en la extralimitación de la jornada de trabajo,
mediante la realización de horas extraordinarias y en el trabajo a tiempo parcial, fuera de control por la combinación de desregulación, erosión de la negociación colectiva y debilitamiento de la acción sindical, elementos que sitúan a la persona
trabajadora al albur de los dictados del empresario.


Una extralimitación horaria que, además, confluye e incide en una mayor devaluación salarial, también componente inescindible de la pérdida de calidad de nuestro mercado de trabajo. Bajos salarios que, a su vez, obligan a la persona
trabajadora a realizar horas extras, la cual se ve sumergida en un círculo vicioso de precariedad laboral de difícil salida.


El Gobierno ha renunciado a combatir el fraude que puede suponer esta extralimitación. Ha optado, también por disposición legal, por mirar hacia las personas en situación de desempleo, y el supuesto fraude que pudieran acarrear para las
arcas de la Seguridad Social; fraude, sin lugar a dudas, mucho menor que los derivados de la extensión descontrolada de la jornada laboral.


El Gobierno, a través de la desregulación del tiempo de trabajo y del tiempo de trabajo parcial, también renuncia a la mejora del empleo a través de la racionalización de la organización del trabajo. Ha optado por favorecer la realización
de un tiempo completo encubierto a través de la utilización de una modalidad contractual diseñada para atender las necesidades objetivas de ordenación del tiempo de trabajo, favoreciendo la discrecionalidad empresarial. Ha optado, pues, por
desregulación en vez de adaptabilidad, por fraude en vez de por seguridad jurídica.


Este uso perverso del trabajo a tiempo parcial y, en general, de la desregulación del tiempo de trabajo, tiene un impacto negativo en la conciliación de la vida personal, familiar y laboral y en la igualdad efectiva entre hombre y mujeres;
mujeres que no solo tienen menos disposición para la realización de las horas extraordinarias sino que están siendo expulsadas del mercado laboral por la imposibilidad de adaptación a estos nuevos tiempos de trabajo. El Gobierno, pues, al
desaprovechar la oportunidad de llevar a cabo una reforma equilibrada del trabajo a tiempo parcial e incentivar legalmente una ordenación del tiempo de trabajo desordena, ha actuado en contra de un tiempo de trabajo favorecedor de la conciliación y
la igualdad.


Una ordenación equilibrada del tiempo de trabajo hubiera supuesto también una apuesta decidida por la mejora de la productividad, ante la constatación de la escasa relación entre los buenos resultados económicos y más horas de trabajo y sí
de los daños derivados para la productividad del exceso de horas de trabajo; y para el trabajador, en su salud y seguridad. Al respecto se señala que, según datos del



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Observatorio Europeo de Relaciones Laborales países como Dinamarca, Suecia, Finlandia, Holanda, Noruega, Alemania, Reino Unido, Bélgica, Chipre e Italia tienen mejores resultados económicos que España y la duración de su jornada laboral es
inferior a la española.


Por estas razones es necesario actuar urgentemente en una doble dirección, con acciones específicas de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en la de lucha contra esta explotación laboral, que frenen los daños derivados de las reformas
acometidas en el ámbito socio-laboral desde 2012; y cambiar esa regulación, única forma eficaz de eliminar la fuente del daño.


De otra parte, las tasas de precariedad en la contratación laboral de nuestro país son nuevamente inasumibles. Según los últimos datos publicados por Eurostat, España es el segundo país de la Unión Europea con mayor tasa de temporalidad en
la contratación, solo superado por Polonia y alcanzando en este momento un 26,2%, cuando la media de los países de la Unión Europea es del 14,8%. Esto supone que España supera en más de diez puntos porcentuales la tasa de temporalidad media de los
países de la Unión Europea y que, a diferencia de lo que sucede allí, en nuestro país uno de cada cuatro trabajadores es un trabajador temporal.


Este dato, bien significativo por sí solo de la precariedad existente en España, se agrava por el hecho de que la gran mayoría de la contratación realizada en nuestro país tras la reforma laboral del PP ha sido de carácter temporal. En el
último año nueve de cada diez contratos de trabajo firmados han sido temporales, y de muy corta duración además, de manera que se han realizado más de diecisiete millones de contratos en precario, 1,7 millones de contratos temporales más que en el
año inmediatamente anterior. Es probable que algunos de estos contratos respondan a la legalidad vigente, pero también que muchos más estén al margen de la legalidad y que no se detecten como tales por el escaso e insuficiente control que la
Inspección de Trabajo y de Seguridad opera sobre la contratación laboral. Y ello no tanto o no solo por falta de planificación o de medios, sino fundamentalmente por la falta de voluntad política del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, que
prefiere utilizar esta institución para controlar la situación de las personas en desempleo y no para verificar el cumplimiento de las normas laborales y prevenir el abuso, más que posible, de la contratación temporal.


Poner fin a la precariedad exige, de seguro, la derogación de la reforma laboral del Partido Popular y la elaboración de un nuevo Estatuto de los Trabajadores, con base en el diálogo social, pero también que la Inspección de Trabajo y de
Seguridad Social realice un control exhaustivo de la contratación temporal que se produce en nuestro país, para detectar aquellos supuestos de abuso o contratación fraudulenta, que son, sin ninguna duda, millones de ellos más que los 37.946
contratos temporales fraudulentos que dicha Institución localizó a lo largo del último año.


Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente


Proposición no de Ley


'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a garantizar que la jornada de trabajo se efectúe respetando los límites legales o pactados, bien en el convenio colectivo bien en el contrato de trabajo, y promoverá, previo diálogo con los
interlocutores sociales, las medidas que posibiliten que las necesidades adicionales de producción de las empresas se atiendan haciendo una utilización racional del tiempo de trabajo, compatible con la conciliación personal, familiar y personal, y
favoreciendo la creación de nuevos puestos de trabajo.


A tal efecto, y entre otras medidas,


- En primer lugar, y con objeto de combatir los excesos de jornada, y reforzar de forma efectiva y real la vigilancia del cumplimiento de las normas sobre tiempo de trabajo, promoverá un Plan contra la Explotación Laboral que se centrará en
los siguientes ejes:


• La modificación de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social (LISOS) con el objeto de:


a) Considerar una infracción por cada trabajador afectado en caso de transgresión de las normas y los limites legales o pactados en materia de jornada y horas extraordinarias. Actualizando las cuantías establecidas eh la LISOS.


b) Tipificar expresamente como infracción grave realizar una jornada de trabajo superior o fuera del horario pactado en los contratos a tiempo parcial, considerando una infracción por cada trabajador afectado, equiparándose la misma, a la
falta de alta en el Régimen General de la Seguridad Social.



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• Establecer el horario en el contrato de trabajo a tiempo parcial y en su comunicación a través de Contrat@ y de Seguridad Social. Las modificaciones del horario deberán realizarse de la misma forma. Su no concreción (salvo prueba en
contrario) supondrá su conversión automática en tiempo completo.


• Suprimir temporalmente de la posibilidad de compensación de las horas extraordinarias por descansos en los cuatro meses siguientes a su realización. Esta supresión dejará de tener efecto cuando la tasa de desempleo se sitúe por debajo del
15 por ciento.


• Incrementar sustancialmente las actuaciones de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en el control del cumplimiento de la normativa sobre jornada de trabajo, así como los medios humanos y materiales necesarios al efecto. En
particular, la Inspección de Trabajo y Seguridad Social deberá poner en práctica dos planes de actuación específicos, uno destinado al control de la contratación temporal y otro al control de la contratación a tiempo parcial. Para ello, se dotará
también a la Inspección de Trabajo de un personal administrativo específico en el análisis de bases de datos, con el objetivo de preparar las actuaciones planificadas a desarrollar.


- En segundo lugar, promover la simplificación de la regulación del contrato a tiempo parcial y efectuar una nueva regulación del mismo que corrija la situación creada por la desregulación efectuada por la Ley 3/2012, corregida en 2013 de
forma incompleta, para lo que se insta a que se adopten las siguientes medidas:


• Derogar la desregulación del trabajo a tiempo parcial contenida en la Ley 3/2012 y en la reforma llevada a cabo por el Real Decreto-ley 16/2013, que convierte a este contrato en el contrato de inserción en el mercado laboral tal y como
reflejan los datos de contratación, constituyendo una nueva forma de precarización de las condiciones de trabajo y que tiene especial incidencia sobre las medidas de conciliación de la vida familiar y laboral, desarticulando por completo las medidas
que con este fin han sido promovidas en los últimos diez años.


• Abordar en diálogo con los interlocutores sociales una nueva regulación del trabajo a tiempo parcial homologable con la existente en otros países europeos y que recupere su vocación de elemento flexibilizador y ordenador del tiempo de
trabajo, compatible con las responsabilidades familiares y laborales, incluidas las formativas. Para ello se reformará la regulación del pacto de horas complementarias, y se eliminará el ofrecimiento de realización de horas complementarias
establecidas en la actual regulación.


• Los contratos a tiempo parcial deberán contener el horario del trabajador, pudiendo modificarse por acuerdo entre las partes y notificándose de forma previa a través de los sistemas telemáticos existentes al efecto (sistema RED y
Contrat@).


- En tercer lugar, se insta al Gobierno a modificar el Real Decreto-ley 20/2012 para evitar que los subsidios por desempleo puedan tener carácter parcial. La actual regulación laboral consolida salarios de pobreza y cuando se extingue la
relación laboral: subsidios de miseria.


- Finalmente, se insta igualmente al Gobierno a que, previo diálogo con dos interlocutores sociales, adopte una regulación del tiempo de trabajo, incluido el trabajo a tiempo parcial, que permita recuperar el equilibrio en las relaciones
laborales individuales y colectivas y la racionalización en su organización, en atención a la conciliación de la vida personal, familiar y laboral del trabajador así como a las necesidades productivas de la empresa.'


Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de enero de 2016.-María Luz Rodríguez Fernández, Diputada.-Antonio Hernando Vera, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.


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A la Mesa del Congreso de los Diputados


En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no
de Ley sobre la sentencia del Tribunal Supremo relativa a la devolución de las cantidades invertidas por los accionistas minoristas en la salida a Bolsa de Bankia en julio de 2011, para su debate en el Pleno.



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Exposición de motivos


El caso Bankia pasará a la historia de nuestro país como el paradigma de la nefasta gestión económica y financiera de una entidad controlada por el Partido Popular que hemos tenido que rescatar los contribuyentes. El presidente del Banco
Central Europeo (BCE), Mario Draghi, criticó de forma muy dura la intervención en Bankia que consideró que se hizo 'de la peor manera posible'.


En julio de 2011, Bankia lanzó una oferta pública de venta (OPV) de acciones de alrededor de 3.092 millones de euros, de los que 1.852 millones correspondieron a inversores minoristas y el resto de la OPV se dirigió a inversores
institucionales.


A finales de 2011, BFA-Bankia se convirtió en la cuarta mayor entidad de España, con activos totales del 30 por ciento del PIB, y la mayor tenedora de activos inmobiliarios.


El Pleno de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo ha resuelto dos recursos de Bankia contra la anulación de la adquisición de sus acciones con ocasión de la Oferta Pública de Suscripción de acciones de 2011.


La Sala ha desestimado todos los motivos de los recursos, ha rechazado que la causa penal pendiente ante la Audiencia Nacional pueda paralizar las reclamaciones individuales en vía civil y ha confirmado que hubo error en el consentimiento
por parte de los adquirentes debido a las graves inexactitudes del folleto de la oferta pública.


En concreto, la Sala de lo Civil del alto tribunal ha confirmado dos sentencias de las Audiencias Provinciales de Valencia y Oviedo que obligaba a Bankia a devolver a dos compradores de acciones de la entidad el dinero que invirtieron porque
existían 'graves inexactitudes' en el folleto de la oferta pública de títulos de la entidad, que se estrenó en Bolsa en julio de 2011.


Esta sentencia del Tribunal Supremo marca un precedente fundamental para miles de accionistas minoritarios que están exigiendo recuperar su dinero. Actualmente existen demandas por suscripción de acciones por valor de 819,2 millones hasta
el 20 de diciembre. Bankia ha provisionado hasta el momento 1.840 millones para esta contingencia, ante la evidencia de que estaban ya perdiendo la gran mayoría de los casos que llegaban a los tribunales relacionados con la colocación de acciones
en su estreno en bolsa.


La resolución de la Sala de lo Civil del Supremo avala la devolución de las cantidades invertidas por miles de suscriptores de acciones en la salida a Bolsa de Bankia en el año 2011.


Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente


Proposición no de Ley


'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:


1. De acuerdo con la sentencia del Tribunal Supremo, adoptar las medidas necesarias para facilitar la devolución de las cantidades suscritas por los accionistas minoritarios afectados por la adquisición de acciones de Bankia, S.A., en su
salida a bolsa en julio de 2011, tanto en vía judicial como extrajudicial (sin necesidad de interponer reclamaciones ante los tribunales), de forma que, sin demora, los accionistas minoritarios sean resarcidos de los perjuicios causados.


2. Poner en marcha la reforma institucional del modelo de supervisión financiera, con el fin de, avanzar hacia el modelo 'twin peaks?, evitando los posibles conflictos de interés entre la vigilancia de la solvencia y la supervisión del
correcto funcionamiento y transparencia de los mercados de valores, así como velar por la conducta adecuada de los intermediarios en su relación con los inversores y consumidores de servicios financieros.


3. Reforzar y ampliar las funciones de la actual Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) en materia de protección del usuario y consumidor de servicios financieros, así como la unificación de los procedimientos de reclamación a
través de la creación de una nueva autoridad de mercados financieros y protección financiera. Todo ello para que no vuelva a producirse en el futuro situaciones como las derivadas de la nefasta gestión de Bankia.'


Palacio del Congreso de los Diputados,1 de febrero de 2016.-Pedro Saura García, Diputado.- Antonio Hernando Vera, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.



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162/000063


A la Mesa del Congreso de Diputados


Al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, el Grupo Podemos-En Comú Podem-En Marea, a instancia don Francesc Xavier Domènech Sampere, Diputado de En Comú Podem, presenta la
siguiente Proposición no de Ley sobre el Plan Hidrológico de la Cuenca del Ebro, para su debate en Pleno.


Exposición de motivos


El pasado 8 de enero el Consejo de Ministros aprobó la revisión del Plan Hidrológico de la Cuenca del Ebro (PHE) 2015-2021, al amparo de la Directiva Marco del agua, cuyos objetivos principales son evitar el deterioro de las masas de agua y
mejorarlas hasta alcanzar el buen estado ecológico. Estos objetivos que pueden parecer muy ambientalistas, amagan un profundo interés económico que no es otro que garantizar los recursos hídricos en calidad y cantidad suficientes para las próximas
décadas.


Como ya pasó en el ciclo anterior, los planes hidrológicos españoles y especialmente el del Ebro, no se ha realizado aplicando los conceptos básicos de la Directiva Marco del agua y continúa siendo el mismo esquema de Plan Hidrológico de
satisfacción de las demandas anterior a la DMA.


En el caso del Ebro pretende incrementar la superficie de regable actual de 950.000Hc hasta 465.000Hc nuevas y para ello necesitará grandes inversiones económicas tanto para canales y otras infraestructuras de regulación como para embalses.
Hasta 56 nuevas regulaciones se preveen en el Plan del Ebro, aumentando significativamente las demandas de agua hasta prácticamente el 75% de los recursos naturales disponibles en datos medios (consumo esperado 10.600 Hm3/año, recursos medios
disponibles 13.800 Hm3/año), esto generará un Índice de Estrés Hídrico del 60% en datos medios y por tanto a una situación permanente de escasez hídrica en la cuenca que afectará de manera significativa al desarrollo agrícola de la cuenca del Ebro.


A ello habrá que sumar la tendencia histórica clara de disminución de los recursos hidrológicos existentes que tiene el río por efectos de cambio climático y la irregularidad de los mismos. Esta disminución por cambio climático se estima en
5% en este Plan, cuando en las últimas décadas la disminución real ha sido superior al 10% como se constata en algunos puntos de la propia memoria del Plan.


El caudal del río fijado por este Plan Hidrológico de la Cuenca del Ebro es de 3.010 Hm3/año (95,5 m3/s de caudal medio anual). Si bien ahora los caudales propuestos en el plan son modulares a lo largo del año, durante 10 meses el caudal a
su paso por el aforo 27 de Tortosa, último aforo existente y que ha sido históricamente el aforo de referencia del Ebro en desembocadura, será inferior a los 100 m3/s (3.150 Hm3/año) propuestos en el Plan Hidrológico Nacional del año 2000.


Esta propuesta elaborada directamente por la oficina de Planificación de la Confederación del Ebro sin ningún tipo de debate técnico ni participación, ha sido rechazada por la Comisión europea en el informe de evaluación de los planes de
cuenca de marzo 2015, ya que estos caudales no garantizan el no deterioro del Delta del Ebro ni sirven para alcanzar su buen estado ecológico que exige la DMA.


En el mismo documento de la comisión europea se cuestionan abiertamente las nuevas infraestructuras de regulación, tanto por su viabilidad ambiental como económica, por la inexistencia de la recuperación de costes también requerida en la
DMA.


En este segundo ciclo de planificación 2015-2021 no hay avances sustanciales de los planes especialmente en aquellos puntos recomendados por la Comisión europea en el informe de marzo 2015.


Todos estos requerimientos de la Comisión europea tienen especial trascendencia al ser incorporados como condiciones Ex Ante en los Acuerdos de Asociación de España con la UE 2014-2020 ya que afectaran negativamente a la financiación con
fondos FEDER, FSE y FEADER.


En definitiva es un plan cuestionable ambientalmente por sus efectos sobre las zonas húmedas de la cuenca del Ebro y en especial el tramo final del Delta, pero también cuestionado técnicamente por la Comisión europea, con sus efectos
colaterales en materia de financiación.


De este modo se presenta la siguiente


Proposición no de Ley


'El Pleno del Congreso de los Diputados acuerda instar al Gobierno a:


1. Paralizar el Plan Hidrológico de la Cuenca del Ebro recogido en el Real Decreto 1/2016, de 8 de enero, por el que se aprueba la revisión de los Planes Hidrológicos de las demarcaciones hidrográficas



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del Cantábrico Occidental, Guadalquivir, Ceuta, Melilla, Segura y Júcar, y de la parte española de las demarcaciones hidrográficas del Cantábrico Oriental, Miño-Sil, Duero, Tajo, Guadiana y Ebro, ya que afecta gravemente a los ecosistemas
naturales del Delta del Ebro.


2. Realizar un Plan Hidrológico de la Cuenca del Ebro guiado por los siguientes parámetros:


a) Adecuación y cumplimiento con las directivas europeas de Agua, Aves y Hábitats.


b) Tener en cuenta las recomendaciones de la Comisión europea realizadas en el informe de marzo 2015 y en las posteriores cartas de intercambio entre el Reino de España y la Comisión.


c) Revisar los caudales ecológicos teniendo en cuenta en la revisión otras propuestas como la elaborad por la Comisión para la Sostenibilidad de las Tierras del Ebro.


d) Revisión de la viabilidad técnica y ambiental de las nuevas infraestructuras de regulación teniendo en cuenta los informes de la Comisión.


e) Revisión de la estrategia de recuperación de costes.


f) Participación plena y directa de la ciudadanía, a nivel individual y colectivo, en la elaboración de este Plan.'


Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de febrero de 2016.- Francesc Xavier Domènech Sampere, Portavoz del Grupo Parlamentario Podemos-En Comú Podem-En Marea.


162/000065


A la Mesa del Congreso de los Diputados


El Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, a instancia de los Diputados don Francesc Xavier Eritja Ciuró y don Jordi Salvador i Duch, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la
siguiente Proposición no de Ley sobre la revisión inmediata del Plan Hidrológico de la Cuenca del Ebro, para su debate en Pleno.


Exposición de motivos


El nuevo Plan Hidrológico de la Cuenca del Ebro (PHCE), se ha redactado bajo la plena vigencia de la Directiva Marco del Agua (DMA), aprobada el octubre del año 2000 (2000/60/CE), la cual establece un marco comunitario de actuación en el
ámbito de la política de aguas, y que fija como principal objetivo garantizar el 'buen estado ecológico' de todas las masas de agua de la Unión Europea (UE) a partir de 2015.


El análisis técnico, social y político de este Plan Hidrológico nos permite afirmar que el PHCE puede vulnerar en muchos aspectos los principios y disposiciones de la DMA, las principales carencias que quedan recogidas en las alegaciones
presentadas por la Generalitat de Catalunya.


- Mientras que el documento aprobado prevé un caudal ecológico por el río Ebro de 3.100 hectómetros cúbicos al año, las cifras consensuadas en Catalunya establecen una horquilla que va desde los 5.871 hectómetros cúbicos a 9.907, según la
pluviometría de cada año; así como un caudal excepcional en caso de sequía de 3.518 hectómetros cúbicos al año.


- Puede estar en conflicto con la directiva europea del agua, la de hábitats y la de aves; el Delta del Ebro es uno de los lugares estratégicos en los movimientos migratorios de las aves europeas.


- Una identificación y delimitación incorrectas de las masas de agua, y falta de inclusión del registro de zonas protegidas, afectaciones en zonas Natura 2000 entre otros.


- Falta de inclusión de algunos indicadores obligatorios para la medida del estado ecológico de las masas de agua. Esto hace que la evaluación del estado ecológico dé unos resultados mucho más positivos de los que se obtendrían si se
utilizaran todos los indicadores obligatorios.


- Falta de fijación de los caudales ambientales en los principales puntos de detracción o derivación de caudales, así como en zonas protegidas.


- No se tienen en cuenta una cuarentena de recomendaciones de la Unión Europea, entre las que hay que revisar los caudales ambientales, el programa de regadíos y la política de hacer nuevos embalses. La DMA dice claramente que los caudales
ambientales son previos a los otros usos y son una restricción a los mismos.



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- Incumplimiento de los criterios técnicos en la determinación de los caudales ecológicos, vulnerando la propia normativa estatal recogida en la Instrucción Técnica de Planificación Hidrológica y en la disposición adicional décima de la Ley
del Plan Hidrológico Nacional, relativa al Plan Integral de Protección del Delta del Ebro. Estos apuntan la necesidad de un caudal ecológico de entre 159 m3/s y 223 m/s, mientras que en el Plan Hidrológico actual acaban fijando caudales que bajan
hasta los 100 m/s igual a 3.100 hm3/año.


- Inclusión de reservas estratégicas de agua para la irrigación en todas las comunidades autónomas aguas arriba, que implica hipotecar casi el 80% de los recursos hídricos disponibles.


- Incumplimiento del principio de recuperación de costes que establece la DMA.


- El PHCE afecta a toda la cuenca fluvial, por tanto también determina un máximo de 5 metros cúbicos por segundo de caudal en el Segre a su paso por Lleida y que afecta a todo un tramo de río de unos 25 kilómetros, muy por debajo del caudal
que pidieron el Ayuntamiento de Lleida y la propia Diputación de Lleida: entre los 14 y los 18 m3/s.


En definitiva el PHCE está diseñado para reservar legalmente el máximo de agua posible aguas arriba y dejar el tramo final del Ebro con unos caudales exiguos y una calidad del agua insuficiente, lo que incumple de forma flagrante la DMA e
hipoteca los usos ambientales y económicos de la cuenca catalana del Ebro.


De hecho, este Plan Hidrológico ha sido aprobado por decreto por un gobierno en funciones, lo que indica la falta de voluntad de diálogo del Gobierno hacia este tema, además del impulso político que permite aprobar este Plan no tiene su
correlación en Catalunya, donde la inmensa mayoría de las fuerzas políticas están en contra.


El PHCE aprueba por imposición, contra la voluntad expresada por la ciudadanía de Cataluña, los partidos políticos y las instituciones, que ya hicieron el esfuerzo de debate y consenso respecto a los caudales ecológicos necesarios.


Con la aprobación del PHCE se intenta, de forma velada, generar división social y territorial. Haciendo ver que los intereses del sector agrícola son incompatibles con la conservación del medio natural y los recursos hídricos, o bien que
territorios ubicados aguas arriba sólo defienden los intereses de la actividad económica local y no los de todos.


Los valores ecológicos, de sostenibilidad, de conservación de hábitats, especies y de mantenimiento, por lo tanto, de caudales hídricos que lo hagan posible son, para nosotros, los mismos valores que defendemos para la sostenibilidad
territorial, la agricultura y la actividad económica derivada del mundo agrario en general.


Por lo tanto, y atendiendo al hecho que el Estado español incumple de manera sistemática normativas europeas referentes al estado de los acuíferos, los hábitats y los caudales ecológicos de los ríos, instamos al gobierno a la revisión
inmediata del Plan Hidrológico de la Cuenca del Ebro.


Por todo ello se presenta la siguiente


Proposición no de Ley


'El Congreso de los Diputados insta el Gobierno español a:


La revisión inmediata del Plan Hidrológico de la Cuenca del Ebro y a la adecuación del régimen de caudales con el fin de conseguir el cumplimiento de los objetivos marcados por la Directiva Marco del Agua (DMA), y en especial la adecuación
de los caudales fijados para el tramo final del río Ebro y su Delta, de acuerdo con la propuesta de caudales de la Comissió per la Sostenibilitat de les Terres de l'Ebre y de acuerdo con los requerimientos de caudales y aportación de sedimentos
establecidos en la Disposición Adicional Décima del Plan Hidrológico Nacional.'


Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de febrero de 2016.-Francesc Xavier Eritja Ciuró y Jordi Salvador i Duch, Diputados.-Joan Tardà i Coma, Portavoz del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana.



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162/000069


A la Mesa del Congreso de los Diputados


En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley para el
desarrollo de las actividades logísticas en Castilla y León mediante el transporte de mercancías por ferrocarril, para su debate en Pleno.


Exposición de motivos


La logística es uno de los principales motores de desarrollo económico. Constituye un factor clave para la mejora de la competitividad y el empleo, factores ambos que necesita Castilla y León para superar los grandes desequilibrios que
presenta en materia de desarrollo industrial y creación de empleo, al objeto de evitar la despoblación y éxodo juvenil en las que se encuentra inmersa la Comunidad.


Para ello es necesario la colaboración y concertación de actuaciones administrativas territoriales y de los sectores productivos, apoyada en un sistema de transporte intermodal, eficiente y sostenible.


El transporte intermodal en Castilla y León se ha de estructurar en torno a la adecuación de las infraestructuras de los medios de los diferentes modos y su articulación a través de nodos de conexión mediante:


- El desarrollo de la infraestructura de transportes de mercancías por ferrocarril para la configuración de un sistema interoperable debe priorizar su implantación en los diversos corredores mediante la adecuación al ancho de vía europeo,
capacidad de trenes de hasta 750 metros de longitud, adaptación de gálibos y entrejes, modernización de instalaciones y sistemas de seguridad. Castilla y León vertebra el transporte de mercancías y su conexión con los principales puertos y plazas
logísticas a través del Corredor Atlántico, incluido en la red básica de la RTE-T, que comunica a España con el resto de Europa junto con el Corredor Mediterráneo; y el Corredor Norte.


- La mejora de la accesibilidad ferroviaria a los nodos terrestres de generación de cargas, como son las plataformas logísticas y los principales enclaves industriales, y de sus instalaciones.


Castilla y León es una de las comunidades autónomas con menos estructuras logísticas intermodales ferroviarias, de ahí que sea urgente su desarrollo para ganar potencialidad económica y generara riqueza. El PITVI contempla seis terminales
logísticos de interés prioritario por su gran incidencia en el sistema logístico del Estado; y otros tantos terminales logísticos con una gran incidencia en la región. Hasta el momento ni el Gobierno, ni la Junta de Castilla y León han emprendido
actuaciones para su implantación.


La mejora de las instalaciones ferroviarias del ADIF y del Puerto Seco de Venta de Baños es otra de las asignaturas pendientes. A su vez, los principales corredores ferroviarios se adaptarán a los estándares internacionales para el
transporte de mercancías. Y se facilitará la cooperación entre gestores aeroportuarios, operadores logísticos, cargadores y administraciones públicas para el desarrollo de determinadas infraestructuras de conexión entre nodos.


El transporte de mercancías por ferrocarril permite una importante reducción en la emisión de gases y en el gasto energético. El ferrocarril es el modo con menor coste externo en el transporte de mercancía. Contribuye de forma notable a un
transporte competitivo y sostenible. De ahí la necesidad de potenciar su utilización e intermodalidad con otros modos de transporte, como es la carretera, que en el momento actual absorbe el 92,4 por ciento del transporte de mercancías de España
frente al 1,4 por ciento del ferrocarril.


Proposición no de Ley


'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno:


1. A impulsar el transporte ferroviario de mercancías de Castilla y León con Madrid, Galicia, Asturias, Cantabria, País Vasco y Portugal mediante el acceso a sus principales terminales logísticos y puertos. Para ello se ha de potenciar el
desarrollo del corredor Norte y del corredor Noroeste.


2. A potenciar, mejorando sus infraestructuras y capacidad, los siguientes terminales logísticos intermodales de interés prioritario para Castilla y León al objeto de reforzar el sistema logístico y su interoperabilidad en el Estado: León,
Valladolid, Salamanca, Burgos-Villafría, Miranda de Ebro y Aranda de Duero.



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3. A la firma de protocolos con la Junta de Castilla y León para la implantación de terminales logísticos intermodales en: El Bierzo, Benavente, León, Zamora, Salamanca, Miranda de Ebro, Burgos, Palencia, Área Central, Soria, Arévalo,
Ávila, Segovia y Valladolid, tal y como recoge el PITVI 2012-2024.


4. A impulsar y mejorar de los nodos logísticos ferroviarios existentes para el desarrollo de un transporte multimodal, eficiente y sostenible en Castilla y León.'


Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de enero de 2016.-Juan Luis Gordo Pérez, Diputado.-Miguel Ángel Heredia Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.


162/000070


A la Mesa del Congreso de los Diputados


En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para presentar, al amparo de lo establecido en el artículo 193 del Reglamento del Congreso de los Diputados, la siguiente Proposición no de Ley para
modificar el Plan de Desarrollo de la Red de Transporte de Energía Eléctrica 2015-2020, para su debate en Pleno.


Exposición de motivos


El Gobierno anterior aprobó el Plan de Desarrollo de la Red de Transporte de Energía Eléctrica 2015-2020 justo antes de finalizar la legislatura. Tal y como establece el artículo 4 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector
Eléctrico, la planificación de las infraestructuras energéticas tiene para los agentes carácter indicativo. Como excepción, la planificación de aquellas infraestructuras de especial relevancia para garantizar la seguridad del suministro, como es el
caso del transporte de electricidad, tiene carácter vinculante para los agentes.


En definitiva, las decisiones de planificación vinculante se refieren a las grandes infraestructuras sobre las que descansa el sistema energético nacional y que permiten su vertebración para los próximos años, incluyendo las líneas y
subestaciones que se deben construir. Se trata de instalaciones necesarias, por tanto, para la seguridad del suministro eléctrico, como es el caso del AVE o la evacuación de las energías renovables, entre otros aspectos.


El contenido del Plan de Desarrollo de la Red de Transporte de Energía Eléctrica 2015-2020 ha castigado una vez más a Extremadura, al no incluir seis subestaciones que estaban ya incluidas en la anterior planificación energética de 2008,
como son las de Pinofranqueado, Alange, Alburquerque, Maimona, Montijo y Campomayor y otras tres que desde Extremadura se habían solicitado para la nueva planificación: nueva subestación de la Serena y las ampliaciones de San Serván y Brovales.


Extremadura es una de las regiones que mayores tasas de desempleo tiene en la actualidad. Asimismo, es una región donde las energías renovables tienen un mayor potencial de desarrollo en el futuro y de creación de empleo. Cada subestación
no incluida en la planificación impide el desarrollo de proyectos renovables, pero hay cuatro casos que, por su situación, son especialmente dañinos para el futuro de las energías renovables en Extremadura: Pinofranqueado, Alburquerque, La Serena y
ampliación de San Serván.


Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente


Proposición no de Ley


'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a modificar el Plan de Desarrollo de la Red de Transporte de Energía Eléctrica 2015-2020, para introducir con carácter vinculante en el mismo las subestaciones de Pinofranqueado, Alburquerque,
La Serena y ampliación de San Serván, por ser de vital importancia para el desarrollo económico y social de Extremadura.'


Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de febrero de 2016.-María Pilar Lucio Carrasco, María Soledad Pérez Domínguez, César Joaquín Ramos Esteban, José Ignacio Sánchez Amor y Patricia Sierra Rojas, Diputados.-Miguel Ángel Heredia Díaz,
Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.



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162/000071


A la Mesa del Congreso de los Diputados


En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no
de Ley, industria 4.0, para su debate en Pleno.


Exposición de motivos


Existe cierto consenso en afirmar que hoy nos encontramos ante la cuarta revolución industrial. De ahí que muchos hablen de industria 4.0. La primera revolución industrial fue con la incorporación de la máquina del vapor, la segunda con la
electricidad, la tercera con el uso de la electrónica y la informática y ahora, el motor de la revolución son las tecnologías digitales, con base en internet.


Se persigue una producción más eficiente, con menores plazos de comercialización para consumidores más impacientes y mayor flexibilidad para fabricar productos personalizados para consumidores cada vez más exigentes. Para ello se requieren
cambios organizativos, optando por un modelo en red.


Algunas de las tecnologías englobadas en la industria 4.0 son la explotación inteligente de los datos (el denominado 'big data'), la utilización de plataformas compartidas de almacenamiento para acceder desde cualquier aplicación (la nube),
la fabricación aditiva e impresión 3D, una nueva relación maquinaria-personas a través de la robótica colaborativa y la proliferación de sistemas ciberfísicos, configurando una nueva generación de elementos interconectados donde los robots se
encargan del trabajo manual y las personas de la supervisión y el diseño. También, recientemente, estamos viendo como a pasos agigantados se está intentando integrar la realidad virtual en nuevas aplicaciones como para el comercio electrónico o
turismo.


Es evidente que, con la gran velocidad con la que se están produciendo los avances tecnológicos, en los próximos años vamos a asistir a profundas transformaciones que incidirán de forma radical en la vida de los ciudadanos y ciudadanas.


Es difícil imaginar hasta qué punto puede cambiar el mundo tal y como lo conocemos, pero sí podemos intuir que con mucha probabilidad aumentará nuestra esperanza de vida, existirán nuevas demandas de consumo, las relaciones comerciales se
realizarán de forma distinta, los sistemas de producción serán más avanzados, aparecerán nuevas oportunidades de actividad económica y se plantearán nuevos retos de seguridad y de protección de derechos.


Así pues la utilización combinada de las distintas tecnologías impulsadas por la utilización de las redes digitales abre la puerta a un proceso de transformación en la industria que va a suponer cambios fundamentales a nivel económico y
social, al igual que se produjeron en las tres revoluciones industriales anteriores.


Cambios que, sin la acción mediadora y protectora de los Estados, pueden generar brechas económicas y sociales que deberán afrontarse. Ante una demanda de productos personalizados y de entrega inmediata se requiere un proceso de
transformación tecnológica e inteligente de las empresas que comporta mucha inversión en I+D, en creatividad e innovación y en formación permanente. El que se tarde en afrontar este proceso de transformación será decisivo para asegurar la
supervivencia del tejido productivo del país en un mundo empresarial competitivo y en un entorno cada vez más globalizado.


Además, es previsible que se produzca un impacto mayor sobre el mercado de trabajo que, sin duda, producirá una nueva sustitución de mano de obra por robots/sistemas tecnológicos.


El informe 'Work crisis- a divided tale of labour markets' del Deutsche Bank señala que: '... la fuerza laboral va a ser cada vez menos necesaria para mantener y aumentar los niveles de producción. Esto ya está comenzando a ser un factor
evidente en varios países que siguen creciendo sin la necesidad de crear empleos y subir salarios. Este profundo cambio conllevará con toda seguridad inmensos cambios económicos e implicaciones sociales'.


'En los países desarrollados estamos acercándonos al mayor cambio visto en generaciones. Por primera vez desde la revolución industrial las nuevas tecnologías están destruyendo más empleo del que van a conseguir crear.'


En la conferencia de Davos, celebrada este mes de enero, se publicaba un informe en el que se señalaba que en los próximos cinco años pueden perderse más de siete millones de empleos en los países desarrollados debido a la automatización de
procesos repetitivos actualmente desempeñados por personas.



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Por tanto, se agrandará la brecha entre mano de obra cualificada y no cualificada, entre trabajos repetitivos e innovadores, dejando sin oportunidades a los trabajadores sin formación y experimentados en tareas estrictamente manuales o
mecánicas. Se requerirá de un perfil de trabajador más sofisticado, creativo e innovador. Este proceso hace que la masa salarial cada vez tenga menos peso dentro de la renta nacional con el consiguiente impacto en la desigualdad.


Según informaba un periódico de tirada nacional, la empresa de recursos humanos Randstad ha publicado un estudio en el que se pone de manifiesto que en 2020 dos millones de empleos no podrán ser cubiertos en España por el enorme desajuste
entre la formación de nuestros profesionales y las necesidades de nuestras empresas.


Por tanto, para afrontar estos cambios transcendentales en la producción y en el mercado laboral, y sus consecuencias, es necesario adoptar un plan de acción coordinado entre las distintas administraciones, que garantice una adaptación que
no deje atrás a los más desfavorecidos, así como que mejore nuestra competitividad como país para generar un crecimiento sólido, sostenido en el tiempo y generador de empleo de calidad.


Es necesario adoptar una estrategia consensuada que nos permita afrontar, de la mejor manera, el tsunami tecnológico que está redefiniendo las relaciones económicas, la creciente desigualdad y los nuevos desajustes que se intuyen, definiendo
una hoja de ruta que permita avanzar y competir en un escenario muy incierto y desigual.


España se sitúa en el puesto 35 del índice de competitividad del Foro Económico Mundial y no ha conseguido realizar la urgente y necesaria transición hacia la economía del conocimiento, la innovación y el emprendimiento tecnológico.


Por todo lo expuesto, urge la adopción de medidas que impulsen la economía 4.0, entendida como la plasmación del cambio de modelo de crecimiento que asegure más empleo y de mayor calidad. Una economía con mayores niveles de productividad,
dinámica, más global, más internacionalizada, con mayores niveles de inversión en I+D, con mayor absorción tecnológica de las empresas, con uso eficiente de los recursos y con un impulso decidido de la digitalización de los sectores económicos y de
la sociedad en general.


Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente


Proposición no de Ley


'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:


Elaborar una Estrategia Integral para la Transformación Digital de España que contenga:


1. La Agenda Digital 2020.


2. Una institucionalidad público-privada para gobernarla: El Consejo Nacional para la Transformación Digital.


3. Un instrumento para seguir y hacer transparente el progreso de su aplicación: El Observatorio Digital.


4. Establecer, en cooperación con el resto de Administraciones, una Agenda de Inversión en infraestructuras de banda ultra-ancha y servicios de contenidos seguros y fiables para universalizar dicho servicio al final de la próxima
legislatura. Garantizar la conectividad digital de calidad en todo el territorio y que reduzca la brecha digital.


5. Garantizar una economía y sociedad digital integradora e inclusiva, asegurando la formación y capacitación digital de la ciudadanía y de las empresas para poder beneficiarse de los servicios avanzados de base digital, tanto públicos como
privados.


6. Establecer un plan de acción sobre administración electrónica que impulse la usabilidad de los sistemas de información para ciudadanos y empresas, de fácil manejo.


7. Impulsar una normativa estable que de confianza al inversor y garantice la competencia leal, además de la protección al consumidor. Se pretende establecer garantías y la promoción de derechos en la era digital.


8. Asegurar una educación y formación flexible y adaptada a las necesidades de una actividad económica en permanente evolución.


9. Favorecer la colaboración entre el sector educativo y el sector productivo mediante la implantación de mecanismos de transferencia del conocimiento bidireccionales más ágiles.



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10. Impulsar y fomentar la creatividad y la formación permanente mediante políticas activas de empleo acompasadas al tejido productivo y a la innovación.


11. Restablecer como objetivo estratégico el horizonte europeo de alcanzar una inversión total, pública y privada, del 3 % del PIB y defender en las instituciones europeas la regla de oro que permite que las inversiones en I+D+i no computen
como gastos en el cálculo del déficit público.


12. Desarrollar el programa 'España Economía 4.0' para la modernización y dinamización de los sectores tradicionales, mediante la inclusión de planes sectoriales específicos y planes de apoyo a las PYMES.


13. Impulsar un plan de potenciación del papel internacional de las empresas españolas como proveedores de servicios desde nuestro país, especialmente tecnológicos.'


Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de febrero de 2016.-Patricia Blanquer Alcaraz y María González Veracruz, Diputadas.- Miguel Ángel Heredia Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.


La Mesa de la Cámara en su reunión del día de hoy ha acordado admitir a trámite, conforme al artículo 194 del Reglamento, las siguientes Proposiciones no de Ley y considerando que solicitan el debate de las iniciativas en Comisión, disponer
su conocimiento por las Comisiones que se indican, entendiendo que en el caso de su eventual aprobación, estarían dirigidas al Gobierno que se constituya, dando traslado al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.


En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.


Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de febrero de 2016.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.


Comisión de Interior


161/000028


A la Mesa del Congreso de los Diputados


El Grupo Parlamentario Mixto, a instancia del Diputado de Compromís, don Enric Bataller i Ruiz, al amparo de lo dispuesto en el artículo 194 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley para
la clausura definitiva de los centros de internamiento de extranjeros (CIE), para su debate en la Comisión de Interior.


Exposición de motivos


Actualmente existen ocho Centros de Internamiento de Extranjeros en funcionamiento a lo largo del Estado español y uno de estos se encuentra en la ciudad de Valencia.


Son numerosas las denuncias de las organizaciones defensoras de los Derechos Humanos que califican estos centros como prisiones encubiertas. Así mismo, se denuncia la situación de las personas internas, que son privadas de derechos
fundamentales como lo son el derecho a la libertad, el derecho a una salud digna, el derecho a la seguridad individual o el derecho a la libertad religiosa, en muchos casos y entre otras privaciones.


Los Centros de Internamiento de Extranjeros están contemplados en la legislación estatal desde la aprobación de la Ley Orgánica 7/1985 sobre Derechos y Libertades de los Extranjeros en el Estado Español, concretamente en el artículo 26.2 que
establece la posibilidad de internar temporalmente a aquellas personas que no disponen de documentación oficial en centros 'no penitenciarios' mientras se tramita su expulsión.


El Tribunal Constitucional, en sentencia de 2 de julio de 1982 (reiterada por sentencias de 12 de marzo y 7 de julio de 1987) estableció la constitucionalidad del internamiento de extranjeros como medida de carácter restringido y excepcional
donde el principio favor libertatis ha de regir en todo momento, lo que



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supone que la libertad debe ser respetada salvo que se estime indispensable la pérdida de libertad del extranjero por razones de cautela o de prevención, que habrán de ser valoradas por el órgano judicial.


Los CIE son establecimientos públicos dependientes del Ministerio del Interior cuya competencia se ejerce a través de la Dirección General de Policía. A fecha de hoy no existe ningún informe ni publicación oficial que valore de manera
objetiva el estado en el se encuentran los CIE. La opacidad y falta de transparencia que rodea a estos centros ha dado lugar a que las distintas instituciones y organizaciones no gubernamentales sean las principales fuentes de información que tiene
la ciudadanía para poder conocer qué es lo que ocurre y cuáles son las condiciones dentro de los CIE.


Durante el tiempo que dura el internamiento -que puede llegar hasta los 60 días- las personas internadas en el CIE sufren una privación de libertad que supone un fuerte golpe emocional para todas ellas. Además de esto, según han denunciado
reiteradamente las organizaciones en defensa de los Derechos Humanos, se producen una serie de vejaciones, conductas discriminatorias e incluso agresiones, ya sean físicas o psicológicas, con consecuencias para el resto de sus vidas. Todo ello es
especialmente grave si reparamos en que se trata de personas que no han cometido ningún delito, sino que se encuentran internas por una falta administrativa como es la de no disponer de documentación en regla.


Consideramos, en consecuencia, que la existencia de los ocho Centros de Internamiento de Extranjeros en el Estado español es incompatible con el compromiso de la sociedad con los Derechos Humanos.


Por todo lo mencionado anteriormente, proponemos la siguiente


Proposición no de Ley


'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:


a. Solicitar a las autoridades responsables de los CIE, es decir, a la Dirección General de Policía a través del Ministerio del Interior, la elaboración de un informe detallado sobre la situación actual de los ocho Centros de Internamiento
de Extranjeros que existen en el Estado español.


b. Declarar el Estado español como una Zona Libre de Centros de Internamiento de Extranjeros.


c. El cierre definitivo de los Centros de Internamiento de Extranjeros.


d. Establecer un calendario público del cierre definitivo de los ocho Centro de Internamiento de Extranjeros actualmente existentes.


e. Mientras se produce tal cierre definitivo, a constituir una Comisión de Seguimiento Permanente donde estén representadas las organizaciones y entidades sociales asociadas a la reivindicación de su cierre y a la defensa de los Derechos
Humanos de todo el Estado.


f. La creación de un comité de expertos para realizar una propuesta sobre las políticas de asilo y migratorias, en el cual participen de manera activa las organizaciones de defensa de los derechos humanos.'


Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de febrero de 2016.-Enric Bataller i Ruiz, Diputado.-Joan Baldoví Roda, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.


Comisión de Hacienda y Administraciones Públicas


161/000025


A la Mesa del Congreso de los Diputados


Don José Miguel Camacho Sánchez, Diputado del Grupo Parlamentario Socialista, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la
reducción del catálogo de prestaciones que MUFACE ofrecía en la localidad de Talavera de la Reina, para su debate en la Comisión de Hacienda y Administraciones Públicas del Congreso de los Diputados.


Exposición de motivos


Hasta el Concierto de MUFACE para 2014 Talavera de la Reina y su zona de influencia se encontraban dentro de los municipios con un nivel 3 de cobertura, pasando a partir de ese año a engrosar la lista de las



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áreas con un nivel de cobertura 2. En la práctica, este cambio no se tradujo en una disminución de las prestaciones ya que las entidades colaboradoras mantuvieron las prestaciones ofertadas.


Pero desde el 1 de enero de 2016 los mutualistas de MUFACE de Talavera de la Reina y su zona de influencia han visto reducida la cartera de prestaciones a las que pueden acceder, quedando limitadas al mínimo de cobertura exigido en el
concierto con MUFACE. Así, un cambio de clasificación en el techo de cobertura asistencial que en su momento podría parecer inocuo, ha mostrado sus consecuencias dos años más tarde.


Esta situación ha sido causa de varias denuncias, protestas y reclamaciones efectuadas por agentes sociales, instituciones y afectados. Ante dichas protestas y reclamaciones la respuesta de la Dirección General de MUFACE ha sido que:


1. El nivel asistencia de cada municipio y su zona de influencia ha sido determinado en función de su población, número de mutualistas o condición de capital de provincia; aplicándose a Talavera el mismo criterio que al resto de municipios
del territorio nacional.


2. A la vista de los catálogos de proveedores de las entidades concertadas todas cumplen con las exigencias de especialidades que para el nivel 2 se requieren en el concierto, si bien se constata que 'determinadas especialidades que alguna
entidad daba a más, por encima de las exigencias, ya no aparecen.


Esta respuesta no puede ser satisfactoria toda vez que, la disminución de las prestaciones, además de una discriminación con el resto de los mutualistas de Toledo, tiene importantes consecuencias prácticas. Esta reducción de prestaciones
significa que los mutualistas de Talavera de la Reina habrán de desplazarse a Toledo o Madrid para recibir atención en algunas especialidades, como por ejemplo: Alergología, Endoscopia, Neumología, Medicina Interna, Nefrología o Urología. En
alguna de las cuales, como Cirugía u Oncología, el vínculo medico paciente resulta esencial, y ahora se ve roto.


Además, una mínima comprobación de los catálogos de proveedores de las entidades colaboradoras en otras provincias permite comprobar que en otros ámbitos geográficos de nivel 2 se siguen ofertando especialidades que han desaparecido en
Talavera de la Reina. Esta situación rompe el principio de igualdad entre los distintos ámbitos con un nivel de asistencia 2, dejando el efectivo nivel de la prestación sanitaria en manos de las entidades concertadas.


Talavera de la Reina es la segunda ciudad más poblada de Castilla-La Mancha, a lo que hay que añadir su área de influencia, por lo que resulta incomprensible que sus mutualistas se vean obligados a trasladarse a Madrid o a Toledo para
recibir atención en especialidades médicas que, hasta la fecha, estaban recibiendo en ese municipio y que siguen recibiendo los mutualistas de otros ámbitos geográficos, también con un nivel 2 de asistencia de acuerdo al concierto MUFACE para
2016-2017, en función de una decisión de las entidades concertadas.


Sobre todo si se entiende que la posibilidad de acogerse a la cobertura sanitaria a través de la MUFACE debe ser entendida como una ventaja y en ningún momento como una disminución de las prestaciones de especialidades a las que se tiene
acceso.


Por todo lo expuesto, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente


Proposición no de Ley


'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a adoptar las medidas necesarias para que los mutualistas de MUFACE en Talavera de la Reina y su zona de influencia recuperen el nivel de prestaciones de especialidades que han disfrutado hasta
el 1 de enero de 2016.'


Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de enero de 2016.-José Miguel Camacho Sánchez, Diputado.-Miguel Ángel Heredia Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.


161/000033


A la Mesa de la Comisión de Hacienda y Administraciones Públicas


Doña Ana María Oramas González-Moro, Diputada de Coalición Canaria, integrada en el Grupo Parlamentario Mixto, de conformidad con lo previsto en los artículos 193 y siguientes del Reglamento del Congreso, presenta, para su debate en
Comisión, la siguiente Proposición no de Ley sobre la reforma de los aspectos económicos del Régimen Económico y Fiscal (REF) de Canarias.



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Exposición de motivos


El Régimen Económico y Fiscal (REF) de Canarias tiene como antecedente un conjunto de normas, particularmente fiscales pero también económicas, que históricamente han intentado hacer frente a los inconvenientes que se planteaban para el
bienestar de los residentes canarios por la lejanía y el aislamiento del continente europeo y también para potenciar las ventajas compensatorias de la renta de situación del archipiélago.


A lo largo de más de cinco siglos, y adaptándose a la evolución de la economía y del comercio, ha ido adoptando formas diversas con la permanencia de un principio genérico de baja imposición fiscal y apertura al comercio internacional, con
breves períodos de suspensión, como consecuencia de políticas de uniformidad que fueron letales para la economía isleña o por los conflictos bélicos en que se veía envuelto el Reino de España.


Por lo que se refiere a la parte fiscal, las directrices de ayuda con finalidad regional, aprobadas cada siete años por la Comisión Europea, determinan la necesidad de proceder a la renovación periódica de la autorización de los incentivos
del REF, habiéndose modificado, pues, en repetidas ocasiones la parte fiscal de la Ley 19/1994 desde su aprobación. La última modificación de los incentivos fiscales tuvo lugar recientemente -con efecto desde el 1 de enero de 2015- ajustándose la
misma a lo dispuesto en las directrices europeas para el periodo 2014-2020.


Sin embargo, la parte económica del REF, que no está sujeta a la supervisión y autorización periódica de las instancias europeas, ha permanecido inalterada durante los más de veinte años de vigencia de la Ley 19/1994, quedando al albur de
las circunstancias políticas y presupuestarias de cada momento el cumplimiento de sus disposiciones.


Resulta, pues, imprescindible, insistir en la reclamación de la renovación de los incentivos económicos y en el fortalecimiento institucional del REF.


El objetivo de la reforma ha de consistir en articular, dentro de sus fundamentos históricos, un sistema de incentivos de fomento y compensación robusto y eficaz que dé respuesta a las desventajas estructurales que lastran la economía
canaria y que han propiciado su consideración de RUP de la UE. Pero también ha de favorecer un desarrollo equilibrado del archipiélago y la reducción de las diferencias estructurales con el resto del territorio nacional, y promover una verdadera
igualdad de oportunidades entre las personas, siempre teniendo en cuenta que actualmente el principal objetivo y desafío de cualquier modelo de desarrollo económico en Canarias ha de ser crear más y mejores empleos y preservar la cohesión social.


Desde el punto de vista institucional, es necesario garantizar al más alto nivel la permanencia y vertebración del REF, consolidando sus principios inspiradores dentro del bloque constitucional, a través de una modificación parcial del
título IV del Estatuto de Autonomía de Canarias.


Dicha modificación debe incorporar, en particular, los principios y normas derivados del reconocimiento de Canarias como región ultraperiférica de la UE en el Tratado de Funcionamiento de la Unión; en concreto, el principio de modulación de
las políticas y actuaciones legislativas, reglamentarias y financieras de los poderes públicos del Estado.


Así, la legislación estatal habría de dar un tratamiento específico a aquellas materias que lo requirieran en atención a la lejanía, insularidad y limitaciones estructurales permanentes de Canarias. En particular, en materia de política
aduanera, política de transportes y telecomunicaciones y sus infraestructuras, mercado interior, política comercial interior y exterior, políticas energética y medioambiental, puertos y aeropuertos, política fiscal, zonas francas,
internacionalización, políticas agrícola y pesquera, condiciones de abastecimiento de materias primas y de bienes de consumo esenciales, política industrial y las condiciones de acceso a las ayudas públicas.


Partiendo de la resolución del Parlamento de Canarias de 17 de julio de 2012, y de las distintas iniciativas desarrolladas con posterioridad, la presente propuesta de revisión se ha llevado a cabo teniendo en cuenta los distintos documentos
de reflexión elaborados por diferentes colectivos económicos y sociales, y cuenta con el consenso y la unanimidad de las organizaciones empresariales y sindicales más representativas del archipiélago.


Objetivos y principios de la reforma:


La Ley 19/1994 ha jugado un papel muy importante para paliar las desventajas de carácter estructural que afectan al archipiélago: un conjunto de sobrecostes añadidos respecto al territorio continental y que ha determinado su consideración
en el Derecho primario de la Unión Europea como región ultraperiférica



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(RUP) en el artículo 349 del Tratado de Funcionamiento de la UE (Lisboa, 2009). Unos sobrecostes que padecen los ciudadanos, las empresas y las administraciones públicas.


La finalidad de la ley debe ser, por tanto, paliar dichas desventajas, poniendo el acento en la necesidad de alcanzar el desarrollo y la cohesión económica, social y territorial de Canarias.


Desde este punto de vista, los principales ejes de la estrategia económica de futuro de Canarias para alcanzar un sólido crecimiento son la competitividad, el impulso de aquellos sectores de actividad con mejores perspectivas de progreso en
las islas, el refuerzo de la productividad del tejido económico local y la internacionalización de la empresa canaria.


La puesta en marcha de esa estrategia económica debe propiciar, por otra parte, la creación de empleo como objetivo prioritario y garantizar una verdadera igualdad de oportunidades entre las personas.


Este enfoque estratégico debe completarse con la aplicación de una serie de principios básicos consagrados por la propia Ley 19/1994. En concreto:


- Garantizar en Canarias el principio de libertad comercial de importación y exportación y la prohibición de monopolios.


- El principio básico de que el coste de la actividad económica en Canarias no debe situar al archipiélago en una situación de desventaja respecto de la Media de las restantes comunidades del territorio español.


- Garantizar que este régimen económico y fiscal específico en el Archipiélago no dará lugar, en ningún supuesto, a la disminución del volumen de gasto público estatal corriente y de inversión y que, de acuerdo con la disposición adicional
cuarta de la LOFCA, no puede significar una reducción de la financiación estatal.


- Introducir los principios derivados de la consideración de Canarias como RUP de la UE, enmarcando el modelo de desarrollo de Canarias en su especial régimen de integración en el ámbito de la Unión Europea; es decir, modulando las
actuaciones de los poderes públicos e inscribiéndose en la estrategia de desarrollo para las regiones ultraperiféricas establecida por la Comisión Europea y en los principales documentos estratégicos europeos, singularmente la estrategia Europa
2020, porque estos constituyen el marco europeo en el que se moverá Canarias en el futuro.


- Resaltar los principios derivados de la necesaria cohesión social y territorial del archipiélago, en particular teniendo en cuenta que la lejanía e insularidad y las demás limitaciones estructurales permanentes tienen especial incidencia
en las islas no capitalinas como consecuencia de los efectos de la doble insularidad. Una singularidad que se complementa Con la responsabilidad social que las empresas beneficiarias de los incentivos económicos tienen que asumir.


- Los principios de accesibilidad y continuidad territorial dentro, desde y hacia Canarias, tanto de pasajeros como de mercancías, que garanticen a la ciudadanía y a las empresas una conectividad efectiva entre las islas, con el territorio
continental europeo y con los países de nuestro entorno.


Medidas:


Partiendo de los principios básicos y objetivos mencionados resulta asimismo necesario concretarlos, impulsando y reforzando una estrategia de medidas e incentivos en sectores clave de nuestra economía para garantizar que la lejanía,
insularidad y demás limitaciones estructurales permanentes de Canarias sean compensadas a través de políticas específicas y suficientes.


En este contexto, resulta necesario, en primer lugar, preservar aquellos aspectos de la Ley 19/1994 que siguen teniendo actualidad y vigencia, asegurándose de que su cumplimiento no queda simplemente al albur de las disponibilidades
presupuestarias plasmadas anualmente en la Ley de Presupuestos Generales del Estado.


Partiendo de esta premisa, resulta asimismo necesario actualizar el contenido de la ley teniendo en cuenta, en particular, las siguientes propuestas:


- En el ámbito del transporte, debe destacarse su consideración como un servicio público esencial, especialmente en lo que se refiere al transporte de personas, actualizando la cuantía de las subvenciones, posibilitando una mayor
compensación de determinadas situaciones económicas y sociales singulares y garantizando el principio de continuidad territorial, incluso introduciendo la posibilidad de fijar precios máximos de los billetes si lo exigen razones imperiosas de
interés general.



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Se debe subrayar el carácter esencial de los puertos y aeropuertos canarios para la cohesión económica, social y territorial del archipiélago, asegurar su tratamiento diferenciado dentro de la política general de transportes y garantizar la
participación de las instituciones de la Comunidad Autónoma de Canarias en la planificación y gestión del modelo portuario y aeroportuario.


Ha de apostarse decididamente por medidas que incentiven una mayor conectividad de Canarias, facilitando su papel como centro de distribución de tráficos aéreos entre tres continentes, en particular mediante la aplicación de la quinta
libertad del aire y de la renovación de las autorizaciones requeridas para que los poderes públicos puedan incentivar con carácter permanente el desarrollo de nuevas rutas.


Se debe impulsar, asimismo, la consolidación y actualización del sistema de compensaciones al coste efectivo del transporte marítimo y aéreo de mercancías interinsular y entre las islas Canarias y la Península y el resto de la Unión Europea.


- En el ámbito de las telecomunicaciones, se han de compensar adecuadamente los sobrecostes que garanticen el acceso de toda la población de Canarias a la sociedad del conocimiento, la información y la comunicación en condiciones similares
de calidad y precio a las existentes en el resto del territorio nacional, incluyendo la necesidad de equiparar a la población de Canarias en disponibilidad y condiciones de acceso a todo tipo de servicios audiovisuales de banda ancha.


- Otro de los objetivos prioritarios debe ser asegurar la moderación de los precios de la energía en Canarias, manteniendo precios equivalentes a los del resto del territorio español, y estableciendo para ello un marco regulatorio energético
propio que se adapte a la condición de región ultraperiférica de Canarias y que asegure la viabilidad y estabilidad del sistema eléctrico. En este contexto se propone asimismo dejar exentas de tributación las instalaciones de generación ubicadas en
los sistemas energéticos de Canarias.


Se propone, asimismo, elaborar y poner en marcha un Plan para la implantación de un nuevo modelo energético basado en las energías renovables y poner en marcha un Plan de optimización y ahorro de consumos energéticos y de agua, con una
política tarifaria que prime el uso racional y el ahorro.


Se ha de establecer un marco regulador específico y medidas de apoyo financiero que promuevan la autogeneración y el autoconsumo de energía basado en energías renovables.


Se deben introducir medidas sobre gestión, valorización, reciclaje y descontaminación de los residuos en Canarias financiando, cuando no sea de aplicación la responsabilidad ampliada del productor, los costes de traslado de los residuos
desde las otras islas hasta la isla donde exista planta de tratamiento, y en su caso, hasta la Península, cuando no sea posible su tratamiento en el archipiélago aplicando, cuando ello sea posible, el principio general de proximidad en la política
sobre gestión y tratamiento de residuos en Canarias.


- Ha de procurarse un sistema de compensación consignado anualmente en los Presupuestos Generales del Estado para que la población de Canarias pague unos precios equivalentes al resto del territorio nacional por la utilización de agua
desalinizada, regenerada o reutilizada.


- En el ámbito de la promoción comercial, se propone reforzar la promoción de los productos elaborados en Canarias y dar un nuevo impulso al Consejo Asesor para la Promoción del Comercio con África Occidental, ampliando su composición e
incluyendo asimismo dentro de su campo de acción la estrategia de potenciación de Canarias como plataforma atlántica en sus distintas dimensiones.


- Se han de establecer nuevos planes de promoción turística; en concreto, un Plan Estratégico del Turismo que además tenga en cuenta las consecuencias de la estacionalidad para favorecer el mantenimiento de la actividad económica y el
empleo; un Plan específico de Formación Profesional en el sector turístico, en el que se dé especial importancia, además de los idiomas, a la utilización de las nuevas tecnologías; y un Plan de Inversiones Públicas en infraestructuras en las áreas
turísticas, dotado financieramente en los Presupuestos Generales del Estado y gestionado por la Comunidad Autónoma de Canarias.


Dentro de la difusión y fomento del turismo deben adaptarse medidas económicas orientadas a la protección y defensa del paisaje y patrimonio histórico y cultural de Canarias, con el objetivo de lograr un modelo de desarrollo sostenible,
respetuoso con el medio ambiente y con el patrimonio cultural canario.


- En los incentivos económicos regionales han de primar la inversión en las islas con una prima adicional cuando los proyectos se desarrollen en islas no capitalinas. Además de a las pequeñas y



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medianas empresas, debe prestarse especial apoyo a las cooperativas y empresas de economía social y primar la creación de empleo de calidad. Se ha de promover asimismo la aplicación del principio de responsabilidad social de las empresas en
las entidades beneficiarias de incentivos económicos regionales, habilitando al Gobierno de Canarias para modificar los requisitos de dimensión y autofinanciación exigidos a los proyectos de inversión y para definir los sectores y actividades
prioritarias.


- En el ámbito de la creación de empleo, el Estado debe financiar un Plan integral de Empleo que, partiendo de la consideración de Canarias como región ultraperiférica de la UE, apueste por el empleo de calidad, tenga en cuenta las
singularidades del mercado laboral canario y que incluya medidas específicas de protección social para colectivos vulnerables en situación de desempleo.


- Se debe incluir un nuevo artículo dentro del REF dedicado a las universidades, destacando su importancia como centros de referencia al servicio del desarrollo económico y social del archipiélago y su necesaria vinculación a la economía
productiva de Canarias. Para ello, se asegurará una dotación financiera suficiente equiparable al resto del sistema universitario español y la aprobación de medidas para incrementar su competitividad.


Se debe potenciar el papel de las universidades como centros de conocimiento de referencia en su ámbito geográfico. En este contexto, han de establecerse programas para el desarrollo de actividades docentes, de investigación y cooperación
al desarrollo en los que intervengan las universidades establecidas en Canarias e instituciones europeas y de otros países, especialmente con terceros países vecinos y otras regiones ultraperiféricas.


Es necesario favorecer, en especial, la movilidad de estudiantes y profesores. Los estudiantes y profesores de las universidades canarias han de tener derecho a una ayuda económica suplementaria para compensar los costes adicionales de la
lejanía, equivalente a los gastos de transporte desde su lugar de residencia hasta el de destino, en los programas de investigación, formación y movilidad.


- Es prioritario establecer un programa específico de becas de estudio para los estudiantes canarios que no encuentren en su isla de residencia la oferta educativa que demanden. Asimismo, debe potenciarse un programa específico de becas de
desplazamiento para los jóvenes canarios que hayan finalizado su formación profesional y que realicen prácticas en empresas peninsulares y en cualquier otro Estado miembro de la Unión Europea.


Los establecimientos económicos situados en Canarias que reciban ayudas o subvenciones públicas deben participar en los programas de prácticas en empresas desarrollados por las universidades canarias u otros organismos públicos.


Se han de ejecutar asimismo Planes de Formación Profesional para el Empleo dirigidos prioritariamente a trabajadores ocupados.


- Es necesario incluir medidas específicas dirigidas al sector primario con los objetivos de alcanzar una mayor capacidad de autoabastecimiento y garantizar el futuro y el desarrollo a largo plazo de los sectores agrícola y ganadero de
Canarias en su condición de región ultraperiférica.


En este contexto, para garantizar la competitividad de estos sectores, el Gobierno de España debe consignar anualmente en los Presupuestos Generales del Estado una dotación suficiente para garantizar la totalidad de la financiación adicional
de las medidas de fomento de las producciones agrícolas locales autorizada por la Unión Europea en el marco del Programa de Opciones Específicas de Alejamiento e Insularidad (Posei), Asimismo, los poderes públicos han de adquirir el compromiso de
promover la utilización de productos agrícolas, ganaderos y pesqueros locales en los establecimientos turísticos de Canarias.


- Por último, como parte de la estrategia de promoción de Canarias como plataforma atlántica, deben poder establecerse zonas francas en todo el territorio de Canarias asegurando, tanto para las existentes como para las de nueva creación, la
suficiencia financiera. En este sentido, ha de gestionarse ante las instituciones de la Unión Europea su clasificación como zonas de control de tipo II en los términos previstos en el artículo 799 del Código Aduanero comunitario.



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Por todo ello, se presenta la siguiente


Proposición no de Ley


'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno del Estado a:


1. Que reanude las negociaciones iniciadas en 2015 con el Gobierno de Canarias para reformar los aspectos económicos del Régimen Económico y Fiscal (REF) de Canarias, teniendo en cuenta las directrices de las iniciativas aprobadas por
unanimidad por el Parlamento de Canarias, que cuentan con el consenso y la unanimidad de las organizaciones empresariales y sindicales más representativas del Archipiélago.'


Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de febrero de 2016.-Ana María Oramas González-Moro, Diputada.-Joan Baldoví Roda, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.


161/000037


A la Mesa de la Comisión de Hacienda y Administraciones Públicas


Doña Ana María Oramas González-Moro, Diputada de Coalición Canaria, integrada en el Grupo Parlamentario Mixto, de conformidad con lo previsto en los artículos 193 y siguientes del Reglamento del Congreso de la Cámara, presenta, para su
debate en Comisión, la siguiente Proposición no de Ley sobre la reforma del sistema de financiación autonómica.


Exposición de motivos


La reforma del sistema de financiación autonómica es uno de los principales retos de esta legislatura. Una reforma que debe contribuir a consensuar un sistema que sea más justo y equilibrado.


Existen razones más que de sobra para pedir responsabilidad y altura de miras, sobre todo cuando abordamos fondos vitales para el futuro del Estado. Está en juego el Estado del bienestar que tanto esfuerzo nos ha costado alcanzar y que
debemos garantizar a toda costa. Y está en juego el actual modelo territorial, que se resquebraja por el inmovilismo y la ausencia de soluciones políticas.


El actual sistema mantiene a Canarias a la cola en los ingresos estatales para sufragar la sanidad, la educación y los servicios sociales y, además, amplifica con el paso del tiempo las diferencias entre el Archipiélago y el resto del
Estado. Los agravios no desaparecen por sí solos y, mucho menos, se ocultan huyendo del debate. Los agravios se corrigen equilibrando los recursos independientemente de que sean pocos o muchos porque lo que está en juego es la equidad y el
principio de igualdad de todos los ciudadanos.


Canarias recibe anualmente 800 millones de euros menos de los que nos corresponde. Un déficit causado por un sistema de financiación injusto con las Islas. La decisión del Gobierno del Estado de no actualizar el sistema de financiación
aprobado en 2009 ha agrandado la brecha entre Canarias y la medía del resto del Estado.


La diferencia entre Canarias y la media de las comunidades autónomas supera los 300 euros por habitante, que en términos globales supone 3.436 millones durante el periodo 2009-2013. La brecha entre la región mejor financiada, que es
Cantabria, y Canarias crece cada año. En 2009 era de 680 euros y en 2013 aumenta hasta 984.


El sistema de financiación vigente, a partir de 2009, tiene como objetivo incrementar la autonomía financiera y la corresponsabilidad de las Comunidades Autónomas. Esto afecta a la proporción de recursos que se obtienen en base a la
capacidad fiscal, en detrimento de la proporción de los fondos de nivelación asignados presupuestariamente.


Este sistema ha generado una disminución de las posiciones canarias en el modelo de financiación, que requería una revisión quinquenal, con efectos 2014, recogida en la disposición adicional octava de la actual ley, en aras a una mejor
coordinación financiera, garantizando la autonomía y suficiencia de las comunidades autónoma y el equilibrio y sostenibilidad del sistema,


La convivencia de Canarias dentro del sistema general de financiación de las Comunidades Autónomas, en el denominado régimen común, se debe desarrollar con especial atención a sus singularidades. El



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nuevo diseño del modelo de financiación autonómica debe respetar escrupulosamente el Régimen Económico y Fiscal ya recogido en la propia Constitución.


Por todo ello, se presenta la siguiente


Proposición no de Ley


'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno del Estado a:


1. Abrir, en el plazo de seis meses, para su aplicación en 2016, el debate sobre la reforma del sistema de financiación autonómica, para garantizar la suficiencia en la financiación de los servicios públicos fundamentales y la equidad en el
reparto de los recursos entre las Comunidades Autónomas del régimen común; y acabar así con la situación de comunidades autónomas que, como Canarias, se han visto perjudicadas gravemente con el actual sistema.'


Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de febrero de 2016.-Ana María Oramas González-Moro, Diputada.-Joan Baldoví Roda, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.


161/000039


A la Mesa de la Comisión de Hacienda y Administraciones Públicas


Doña Ana María Oramas González-Moro, Diputada de Coalición Canaria, integrada en el Grupo Parlamentario Mixto, de conformidad con lo previsto en los artículos 193 y siguientes del Reglamento del Congreso, presenta, para su debate en
Comisión, la siguiente Proposición no de Ley sobre el servicio de inspección fitosanitaria en la Comunidad Autónoma de Canarias.


Exposición de motivos


La Orden de 12 de marzo de 1987 del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, y publicada el 25 de mayo del mismo año en el 'Boletín Oficial del Estado' establece las normas fitosanitarias relativas a la importación, exportación y
tránsito de vegetales y productos vegetales para Canarias. A su vez, la Orden APA/3290/2007, de 12 de noviembre, establece la norma técnica fitosanitaria que deben cumplir los embalajes de madera utilizados en el comercio con terceros países y el
procedimiento administrativo de autorización.


Estas dos disposiciones establecen que la inspección fitosanitaria en las islas debe velar por que todos los productos vegetales que entren cumplan con lo establecido en la normativa sanitaria. De esta forma, en los puertos de Canarias han
de inspeccionarse tanto las mercancías procedentes de terceros países como las que llegan de la Unión Europea.


Sin embargo, los medios que el Gobierno de España destina a las Islas para cumplir con esta función o son escasos o ni siquiera existen, sobre todo en el caso de las islas no capitalinas, con un déficit de personal y de medios técnicos
inasumible. Un ejemplo claro es el caso de Fuerteventura cuyo puerto no cuenta con un escáner para inspeccionar la mercancía, eso sin contar con las plazas de inspectores que están vacantes.


Nuestro territorio insular tiene unas exigencias fitosanitarias especiales y su incumplimiento repercute en el desarrollo de actividades agrícolas locales como el cultivo de frutas tropicales e, incluso, cítricos y de otras hortalizas con
las que se abastece el mercado isleño.


Además, esa falta de inspección supone la entrada de muchas plagas y enfermedades vegetales para las que no está preparado el campo de Canarias.


Por todo ello, se presenta la siguiente


Proposición no de Ley


'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno del Estado a:


1. Dotar con los medios materiales y humanos necesarios los puestos de inspección de los puertos y aeropuertos de la Comunidad Autónoma de Canarias.



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2. Dotar presupuestariamente el departamento de Sanidad Exterior para que se puedan llevar a cabo dichos incrementos.'


Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de febrero de 2016.-Ana María Oramas González-Moro, Diputada.-Joan Baldoví Roda, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.


Comisión de Fomento


161/000029


A la Mesa del Congreso de los Diputados


En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley
sobre el servicio de trenes Alvia entre Salamanca y Madrid, para su debate en la Comisión de Fomento.


Exposición de motivos


El pasado 17 de diciembre se puso en funcionamiento el servicio de trenes Alvia entre Salamanca y Madrid. Dicha inauguración vino precedida por la polémica ya que se produjo en plena campaña electoral y a muy pocos días de la fecha de la
votación.


El servicio de trenes Alvia es posible gracias a la electrificación del tramo de vía comprendido entre Salamanca-Medina del Campo-Olmedo. A pesar de que los trenes circulen con normalidad, las obras de electrificación aún no han acabado ya
que a día de hoy todavía está por concluir el cableado hasta la subestación eléctrica de Pitiegua, provocando que únicamente haya un punto de suministro de corriente eléctrica en todo el tramo de línea que se encuentra ubicado en Olmedo. De esta
manera, cualquier avería que se produzca en dicho punto, dejará sin servicio a toda la línea ya que no existe posibilidad de suministro eléctrico desde otro lugar.


Junto a ello y a pesar del compromiso de la Ministra de Fomento durante sus continuas visitas a Salamanca para publicitar la inversión del Estado para prestar el servicio en menos de 90 minutos, en la actualidad la duración del trayecto es
mayor debido a que el sistema de seguridad empleado no es el adecuado para circular a velocidades superiores a los 200 km/h. Hasta el momento, el Ministerio de Fomento no ha informado de la fecha en que se pondrá en marcha el sistema de seguridad
necesario para permitir adecuarse a los tiempos comprometidos.


Además de la duración del viaje, la Ministra de Fomento se comprometió a que el precio del billete del servicio Alvia sería el mismo al que en la actualidad prestan los trenes que cubren el servicio Salamanca-Ávila-Madrid, sin embargo lo que
se encuentra el usuario del tren a la hora de comprar su billete es una notable diferencia de precios en el propio servicio Alvia que solo provoca confusión y que incide en el incumplimiento de los compromisos adquiridos con los salmantinos.


Por último, la frecuencia del servicio Alvia es claramente insuficiente con tres en sentido Madrid a las 6:50, 15:30 y 18:20, y otras tres en sentido Salamanca a las 8:55, 15:55 y 20:35, además de que los horarios podrían ajustarse
para responder mejor a la demanda de los usuarios.


Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista formula la siguiente


Proposición no de Ley


'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:


- Impulsar la finalización de las obras de electrificación de la línea Salamanca-Medina del Campo- Olmedo.


- Dotar del sistema de seguridad ERMTS a la mayor brevedad posible en el tramo Salamanca- Medina del Campo con el fin de reducir al máximo el tiempo de viaje.


- Suprimir los pasos a nivel existentes aún en el tramo Salamanca-Medina del Campo así como vallar las zonas donde es obligatorio hacerlo.



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- Fijar el precio del billete en la misma cantidad que cuesta el servicio entre Salamanca-Ávila-Madrid, independientemente de las ofertas comerciales que RENFE decida aplicar para incentivar el uso del transporte público. Para ello, es
necesario que se catalogue el servicio de trenes Alvia Salamanca-Madrid como servicio público, de la misma manera que lo está en otras conexiones entre Madrid y ciudades de la Comunidad Autónoma de Castilla y León.


- Ampliar la frecuencia de trenes en ambos sentidos y adecuar los horarios a la demanda de los usuarios.'


Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de febrero de 2016.-David Serrada Pariente, Diputado.-Miguel Ángel Heredia Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.


161/000031


A la Mesa de la Comisión de Fomento


Doña Ana María Oramas González-Moro, Diputada de Coalición Canaria, integrada en el Grupo Parlamentario Mixto, de conformidad con lo previsto en los artículos 193 y siguientes del Reglamento del Congreso, presenta, para su debate en
Comisión, la siguiente Proposición no de Ley sobre el transporte en Canarias.


Exposición de motivos


Alcanzar la cohesión territorial y sacar provecho a la posición geográfica de Canarias pasa por el desarrollo de las redes de transporte y la adecuación de sus infraestructuras marítimas y aéreas.


Los canarios pagamos ocho veces más que un peninsular por el uso del transporte, pese a que es un servicio esencial para garantizar la cohesión social y económica del archipiélago,


Las medidas aprobadas por el Gobierno del Estado no siempre han servido para compensar el sobrecoste que supone la lejanía y la insularidad, pese a que existen razones que justifican la consolidación y la mejora de las políticas que
garanticen dicha cohesión.


Por todo ello, se presenta la siguiente


Proposición no de Ley


'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno del Estado a:


1. Activar la obligación de servicio público (OSP), estableciendo un precio máximo para las compañías que operen en los trayectos Canarias-Península para que se eliminen las diferencias que, por lejanía, suponen los precios en el transporte
aéreo, especialmente en fechas señaladas.


2. El establecimiento de la OSP para la isla de La Palma que garantice la conectividad diaria con Madrid y Barcelona.


3. Una nueva regulación y mejor aprovechamiento de las subvenciones al transporte, incrementando las bonificaciones a los pasajeros en las rutas de débil tráfico, sobre todo en las islas de menor población, hasta un 75% del precio del
billete.


4. Recuperar las bonificaciones al transporte de mercancías agrícolas e industriales hasta el 100% del coste del transporte, aplicando un nuevo sistema de bonificación más eficaz que permita que el desarrollo repercuta en el precio final
del producto.


5. El impulso de nuevas rutas aéreas y marítimas (dentro de las autopistas del mar) y la bonificación de todas las operaciones de concentración y distribución de tráficos, potenciando el papel como 'hub' o plataforma logística de
continentes.


6. Mejorar la conectividad de la isla del Hierro en términos de calidad y regularidad en la prestación del servicio de transporte marítimo.


7. Recuperar para el interés público los aeropuertos canarios, concebidos como red específica, en la que las administraciones públicas canarias y los agentes económicos y sociales de Canarias jueguen un papel determinante en su estrategia
comercial y de desarrollo de estas infraestructuras (segunda pista de Tenerife Sur y Gando, ampliación de las pistas de Lanzarote y el Hierro).



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8. Completar el desarrollo de la red de puertos, aeropuertos, carreteras, zonas logísticas e intercambiadores, en consonancia con las necesidades de conectividad de cada isla y de estas con el resto.'


Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de febrero de 2016.-Ana María Oramas González-Moro, Diputada.-Joan Baldoví Roda, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.


161/000043


A la Mesa del Congreso de los Diputados


En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no
de Ley relativa a dar una solución definitiva al tramo de la futura autovía A-27 entre Montblanc (en la provincia de Tarragona) y Lleida, para su debate en la Comisión de Fomento.


Exposición de motivos


La autovía A-27 tiene como objetivo unir los litorales mediterráneo y cantábrico, para mejorar la red de comunicaciones entre dos zonas que tienen un alto índice de población y de desarrollo económico.


El tramo que es objeto de esta iniciativa tiene como objeto conectar la ciudad de Tarragona y su zona limítrofe (Reus, Salou, Cambrils, Vandellós, etc.) así como su puerto y también el Aeropuerto de Reus con la ciudad de Lleida y su área de
influencia y también más allá con el Valle del Ebro, la Meseta y como decíamos al principio con el Litoral Cantábrico.


Hasta no hace mucho era la carretera nacional 240 la que conectaba Tarragona y Lleida. En uno de sus tramos, entre Montblanc y Lleida, se producen muchos accidentes por su saturación por lo que requiere una vía de mayor capacidad que sea
más segura.


Hay que añadir aquí, que en este 2015 se han inaugurado dos tramos de la A-27, el que une, el ya existente, Tarragona-El Morell con Valls y el de la circunvalación de esta última población. El siguiente tramo, a construir, ha de ser el
'túnel de Lilla' que al atravesarlo llevará la autovía hasta Montblanc.


El proyecto entre Montblanc y Lleida dibujaba una autovía paralela a la autopista AP-2 de 58 kilómetros que debido a la situación económica, no parece que vaya a construirse pronto. Todo ello mientras la autopista está infrautilizada, al
25% de su capacidad, por ser de peaje, cosa que la convierte en un elemento importante de disuasión, pese a la falta de condiciones de la 240.


Pese a las reuniones entre Ministerio de Fomento, Generalitat y ayuntamientos afectados, todavía no existe una solución alternativa definitiva para el futuro trazado de este tramo, construyéndola del todo o liberando una parte de la
autopista. Solución, esta última que no solo mejoraría la seguridad sino que además supondrían de un lado un gran ahorro económico además que evitaría el impacto medio ambiental al que su construcción daría lugar.


Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente


Proposición no de Ley


'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a llegar a un acuerdo con la Generalitat y los ayuntamientos afectados para dar una solución definitiva al tramo de la futura autovía A-27 entre Montblanc y Lleida, estudiando, en especial, la
liberación del peaje de la Autopista A-2, en el mismo recorrido, como alternativa a la construcción de dicha autovía entre ambas poblaciones.'


Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de febrero de 2016.-Joan Ruiz i Carbonell y Mónica Lafuente de la Torre, Diputados.-Miguel Ángel Heredia Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.



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161/000044


A la Mesa del Congreso de los Diputados


En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no
de Ley sobre la mejora e integración urbana de la autovía B-20 a su paso por Santa Coloma de Gramenet, para su debate en la Comisión de Fomento.


Exposición de motivos


La autovía B-20 a su paso por el término municipal de Santa Coloma de Gramenet tiene en la actualidad un tramo cubierto de unos 650 metros de longitud. Cuando se construyó en 1992, dicha cobertura permitió subsanar, en parte, el corte que
hubiese supuesto el paso de una autopista atravesando el núcleo urbano de Santa Coloma de Gramenet. Queda no obstante pendiente por resolver la integración urbana a ambos extremos de la cobertura actual.


En los años transcurridos desde su construcción en 1992, esta ha sido una reivindicación permanente de la ciudad de Santa Coloma de Gramenet y en particular de su Ayuntamiento. Existen estudios previos sobre la mejora de la integración
urbana de la B-20 a su paso por Santa Coloma de Gramenet, que obran en manos del Ministerio de Fomento desde 2009. Estos estudios proponen, por lo que se refiere al ámbito norte, entre Torribera y La Bastida, una cobertura total entre la Riera de
les Bruixes y el acceso a Torribera, con dos alternativas de conexión a la B-20. La primera opción mantiene el acceso y salida aproximadamente en su posición actual. La segunda desplaza los accesos más allá de la cobertura, permitiendo una
semicobertura entre el túnel actual y la nueva propuesta, siendo esta segunda la mejor desde el punto de vista de integración urbana.


Referente al sector sur, próximo al río Besós, se propone en los estudios previos buscar una solución global al problema acústico de los edificios y a la vez resuelva la integración urbana de la propuesta.


Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista formula la siguiente


Proposición no de Ley


'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que impulse la mejora de la integración urbana de la B-20 a su paso por Santa Coloma de Gramenet, tanto por lo que se refiere al ámbito norte como al ámbito sur, y para ello encargue la
redacción de los proyectos, estudios y documentos técnicos necesarios a tal efecto, de acuerdo con los estudios previos presentados por el Ayuntamiento de Santa Coloma de Gramenet a la Demarcación de Carreteras del Estado en Cataluña con fecha de
entrada del 17 de febrero de 2009.'


Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de febrero de 2016.-Lídia Guinart Moreno, Diputada.-Miguel Ángel Heredia Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.


161/000048


A la Mesa del Congreso de los Diputados


En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley sobre la
variante de San Rafael en la N-VI, para su debate en la Comisión de Fomento.


Exposición de motivos


La N-VI discurre en su trazado por la localidad de San Rafael, divide a la localidad, adscrita al municipio de El Espinar, en dos. Esta travesía llega a presentar en algunas fechas intensidades medias de tráfico que superan los 14.000
vehículos al día, especialmente en aquellas jornadas que coinciden con días festivos, y salida o regreso de puentes y vacaciones.



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La travesía discurre a lo largo de kilómetro y medio por la localidad, estando regulado el tráfico por tres semáforos. A ambos lados de la calzada se sitúan numerosos establecimientos comerciales y hosteleros, lo que hace que el trasiego de
peatones entre ambos márgenes sea continuo, no siempre realizando el paso por los pasos señalizados a tal fin, dada la distancia entre los mismos.


En muchos casos. Los automovilistas no respetan los límites de velocidad, siendo el porcentaje de paso de vehículos pesado muy alto. Algunos días llega a superar el 20 por ciento del tráfico que discurre por la travesía, lo que incide en
un mayor ruido y peligrosidad. En los últimos años se han producido diversos atropellos, dos de los cuales han tenido un desenlace letal. Un niño fue atropellado cuando cruzaba la travesía.


El tráfico se ha incrementado notablemente desde que se estableció la posibilidad de derivar el tráfico que pasa por el pueblo de Guadarrama a la AP-VI. Debido a esta posibilidad los automovilistas utilizan el trazado que discurre por la
AP-VI en dirección A Coruña, desviándose unos kilómetros antes de llegar al túnel por el puerto del Alto del León, evitándose el pago del peaje de esta forma, pero haciendo que todo ese tráfico pase por la travesía de San Rafael.


Al objeto de mejorar la seguridad vial de la travesía y reducir el tráfico rodado a través de la misma, el Ministerio de Fomento está elaborando un Estudio Informativo que permita mejorar la seguridad vial y reducir el tráfico a su paso por
esa localidad, a la vez que dicha solución conlleve el menor impacto medioambiental.


Mediante resolución de 12 de febrero de 2013, la Secretaría de Estado de Medio, publicada en el BOE de 28 de febrero de 2013, formuló declaración de impacto ambiental positiva del proyecto variante de San Rafael, carretera N-VI, Madrid-A
Coruña, en los términos señalados en la misma.


En el largo trascurrir administrativo de este proyecto, iniciado en 2007, se han producido diferentes concentraciones de colectivos vecinales ante el retraso de ejecución del proyecto y el ninguneo que sienten por parte de la Administración.
En estos últimos días se han vuelto a manifestar reclamando lo que esperan desde hace años: que se da una respuesta rápida al problema existente.


Por todo lo expuesto, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente


Proposición no de Ley


'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que desde el Ministerio de Fomento se adopten las gestiones y medidas necesarias para que con el menor coste posible e impacto ambiental en la variante de San Rafael en la N-VI mejore la
seguridad vial y se reduzca el tráfico de la Red de Carreteras del Estado a su paso por San Rafael.'


Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de enero de 2016.-Juan Luis Gordo Pérez, Diputado.-Miguel Ángel Heredia Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.


161/000051


A la Mesa del Congreso de los Diputados


En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley sobre la
licitación y ejecución de las obras para la integración urbana de la línea R-2 en L'Hospitalet de Llobregat y la construcción del intercambiador de la Torrassa, para su debate en la Comisión de Fomento.


Exposición de motivos


La red de cercanías de Barcelona representa un elemento central para la movilidad y el transporte de pasajeros entre esta ciudad y el resto de ciudades de su área metropolitana.


Actualmente, esta red de cercanías cuenta con una longitud de 467 kilómetros y un total de 108 estaciones que sirven a RENFE Operadora para prestar un servicio que utilizan, a diario, cerca de 400.000 personas.



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En concreto, la red cuenta con 8 líneas:


R-1: Molins de Rei-Maçanet-Masanes.


R-2: Castelldefels-Granollers Centre; R-2 Nord: Aeroport-Maçanet-Massanes; R-2 Sud: Sant Vicenç de Calders-Barcelona Estació de França.


R-3: L'Hospitalet-Puigcerdá.


R-4: Sant Vicenç de Calders-Manresa.


R-7: Barcelona Sant Andreu Arenal-Cerdanyola Universitat.


R-8: Martorell-Granollers Centre.


Excepto las dos últimas, todas estas líneas transitan a través de los dos únicos túneles que existen en Barcelona, el de Passeig de Gràcia y el túnel de la Plaça de Catalunya.


Durante los últimos cuatro años, la inversión en infraestructuras del Estado y de la Generalitat de Catalunya ha sido insuficiente para mejorar el funcionamiento de la red ferroviaria catalana, incluyendo el servicio de Cercanías.


El servicio de la red de Cercanías mantiene algunas dificultades estructurales que conviene subsanar:


- Por un lado, las insuficiencias de la infraestructura actual, básicamente debido a las limitaciones de capacidad de los túneles de Barcelona, lo que impide introducir cualquier aumento de circulaciones en la red. Esto es especialmente
grave en el caso del túnel de Plaça Catalunya, que es el que presenta un mayor grado de saturación.


- Por otro lado, es necesaria una nueva reestructuración de la red que permita la conexión costa-costa e interior-interior.


Ambos problemas se solventarían con la construcción del intercambiador de la Torrassa unido al túnel previsto en la línea de Vilanova (R-2) a su paso por L'Hospitalet de Llobregat. Esta obra permitiría la traslación de las líneas de
Vilanova i la Geltrú y Vilafranca del Penedés, de manera que los tránsitos ferroviarios pudieran circular en el sentido costa-costa e interior-interior. Por otro lado, esta traslación de líneas permitiría equilibrar la carga en los túneles que
atraviesan Barcelona y, por tanto, mejorar la frecuencia del servicio en algunas líneas.


Por esta razón, el protocolo de actuaciones firmado en 2006 entre el Gobierno español y la Generalitat de Catalunya, incluyó el túnel de la línea R-2 en L'Hospitalet de Llobregat entre sus obras prioritarias. Esta actuación incluye, además,
el soterramiento de la estación de Bellvitge y el intercambiador de la Torrassa, con una estimación de uso de unos 90.000 usuarios diarios.


La ejecución de esta actuación permitiría mejorar las frecuencias de las líneas existentes que utilizan el túnel de Barcelona y en su día podrán mejorar la frecuencia del nuevo acceso de la T1 al aeropuerto, obras que en estos momentos ya
está ejecutando el Ministerio de Fomento.


Según la información disponible, el proyecto constructivo 'Integración urbana de la línea C-2 de cercanías en Hospitalet e intercambiador de La Torrassa. Fase I', está terminado y, por tanto, solo sería necesario que el Gobierno procediera
a licitación de las obras dotándolas de los recursos necesarios para su ejecución.


Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente


Proposición no de Ley


'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a proceder a la licitación de las obras para la integración urbana de la línea R-2 en L'Hospitalet de Llobregat y la construcción del intercambiador de la Torrassa.'


Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de febrero de 2016.-Carme Chacón Piqueras y María Mercè Perea i Conillas, Diputadas.-Miguel Ángel Heredia Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.



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Comisión de Educación y Deporte


161/000035


A la Mesa de la Comisión de Educación y Deporte


Doña Ana María Oramas González-Moro, Diputada de Coalición Canaria, integrada en el Grupo Parlamentario Mixto, de conformidad con lo previsto en los artículos 193 y siguientes del Reglamento del Congreso, presenta, para su debate en
Comisión, la siguiente Proposición no de Ley sobre la derogación de la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa.


Exposición de motivos


La Educación es uno de los pilares fundamentales del Estado de Bienestar. Un pilar que, a su vez, debe sustentarse en el consenso social y político y, por lo tanto, mantenerse ajeno a polémicas partidistas o intereses electorales.


La Educación es uno de los ejes que sostiene el crecimiento económico y la cohesión social y el que posibilita la formación y mejora de nuestro capital humano.


La Educación debe ser entendida como un elemento central y un sector estratégico que debe abordar las distintas perspectivas que confluyen en su definición como motor de cambio, pero cuyas propuestas deben contar con la idea de que su
financiación debe ser asumida también como una inversión estratégica, su gestión como un referente de autonomía, sostenibilidad y eficiencia, así como sus indicadores como garantía de equidad y mejora continua de su calidad.


Una de esas perspectivas, la social, se deriva de su consideración como derecho universal, lo que determina su inclusión dentro de los parámetros que definen los indicadores de calidad de vida y de desarrollo humano, por ello, hacer posible
esa dimensión social de la educación como ámbito en el que se compensen desigualdades y se garantice la equidad en el acceso a la educación de todas las personas, independientemente de su edad, su procedencia, su lugar de nacimiento, etc., ha de ser
un aspecto esencial del sistema educativo español.


Por otra parte, su carácter capacitador incorpora una vinculación directa con la mejora del capital humano y con su papel en la definición del modelo económico del Estado. Así pues, la conexión entre el sistema educativo y el productivo es
también un aspecto esencial, en la medida que la mejora de la cualificación y la facilitación del acceso al empleo, establecen que la formación constituye el principal motor de cambio en las perspectivas económicas de quienes se incorporan al
mercado de trabajo y un factor de calidad en la conformación de un modelo de desarrollo.


Hemos perdido demasiados años en debates estériles, en reformas educativas marcadas por un incuestionable sello partidista. Siete reformas en más de 35 años no han servido para consolidar un sistema que sigue sin contar con los elementos
que necesita para facilitar el tránsito del estudiante hacia el mercado laboral. Por todo ello, planteamos las siguientes iniciativas:


- Instar al Gobierno de España, al conjunto de las fuerzas políticas, a todos los agentes sociales a dotar de la necesaria estabilidad al sistema educativo como paso previo a un gran pacto de Estado, en torno a objetivos, prioridades y
acciones, garantizando en dicho marco nuestra capacidad para ampliar y desarrollar plenamente nuestras competencias educativas.


- Aprobar el progresivo incremento anual de la inversión en materia educativa para acercarnos a niveles de inversión de la Unión Europea.


Por todo ello, se presenta la siguiente


Proposición no de Ley


'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno del Estado a:


1. Derogar la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa y abrir un proceso de diálogo para abordar con el máximo consenso político y social las medidas necesarias para la mejora del sistema educativo.'


Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de febrero de 2016.-Ana María Oramas González-Moro, Diputada.-Joan Baldoví Roda, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.



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Comisión de Empleo y Seguridad Social


161/000040


A la Mesa de la Comisión de Empleo y Seguridad Social


Doña Ana María Oramas González-Moro, Diputada de Coalición Canaria, integrada en el Grupo Parlamentario Mixto, de conformidad con lo previsto en el artículo 193 y siguientes del Reglamento del Congreso, presenta, para su debate en Comisión,
la siguiente Proposición no de Ley sobre la Estrategia de Emprendimiento y Empleo Joven (Garantía Juvenil).


Exposición de motivos


Uno de los efectos que más preocupa de la crisis es el alto porcentaje de desempleo juvenil. Conscientes de este problema, en el ámbito de la Unión Europea se está desarrollando un programa, la Garantía Juvenil, que en nuestro Estado se
enmarca en la Estrategia de Emprendimiento y Empleo Joven.


Sus objetivos pasan por mejorar la empleabilidad de los jóvenes, aumentar la calidad y la estabilidad del empleo, promover la igualdad de oportunidades en el acceso al mercado laboral y fomentar el espíritu emprendedor. Los ejes sobre los
que se vertebra la Estrategia son: incentivar la contratación y la iniciativa empresarial entre los jóvenes, adecuar la educación y la formación que reciben a la realidad del mercado de trabajo y reducir la tasa de abandono escolar temprano.


Sin embargo, resulta evidente que la dotación presupuestaria del programa es insuficiente, considerando la magnitud del problema que pretende abordar. Por este motivo, es imprescindible que se acometa el desarrollo de una Garantía Juvenil
con una ficha financiera lo suficientemente amplia como para dar cumplimiento a su objetivo declarado: que todo joven en desempleo pueda acceder a las políticas orientadas a la inserción laboral.


La tasa de paro juvenil en España es de 46,6 por ciento, según datos de la Encuesta de Población Activa del tercer trimestre del 2015. En Canarias, más del 62% de activos menores de 25 años se encuentran en situación de desempleo. Un
porcentaje que refleja la gravedad de un problema que afecta a toda una generación.


Entendemos que esta iniciativa, aplicando el mismo criterio de la Unión Europea en el reparto de los fondos entre sus Estados miembros, debe priorizar aquellos territorios con las tasas más altas de desempleo juvenil y contribuir a paliar
varios de los problemas fundamentales: la falta de formación, el poco peso específico que tiene la Formación Profesional y el acceso de los jóvenes al mercado laboral a través de los contratos en práctica.


El futuro a corto y medio plazo en materia de empleo juvenil depende de las decisiones que adopte el Gobierno y, cuando menos, debería afrontarlo junto a las Comunidades Autónomas para intentar ofrecer respuestas más realistas y eficaces
para combatir las diferentes aristas de una tragedia que ha sumido en un profundo pesimismo a toda una generación.


De hecho, el programa no se está implantando como debiera en Canarias. La forma de importar el proyecto europeo y la centralización telemática de los trámites están entre las razones que ha hecho que el porcentaje de desarrollo de esta
estrategia haya sido tan reducido en las islas.


Teniendo en cuenta el escaso impacto que ha tenido esta iniciativa en Canarias, pese a que 40.000 jóvenes canarios reúnen las condiciones para acceder al mismo.


Presentamos la siguiente


Proposición no de Ley


'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno del Estado a:


1. Revisar la Estrategia de Emprendimiento y Empleo Joven (Sistema Nacional de Garantía Juvenil), para incrementar su dotación, ampliar la edad hasta los 35 años y habilitar registros autonómicos vinculados a los responsables de la gestión
de las políticas activas de empleo, que son las Comunidades Autónomas.



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2. Desarrollar campañas de comunicación más eficaces para dar a conocer esta iniciativa entre la población juvenil.'


Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de febrero de 2016.-Ana María Oramas González-Moro, Diputada.-Joan Baldoví Roda, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.


Comisión de Industria, Energía y Turismo


161/000030


A la Mesa de la Comisión de Industria, Energía y Turismo


Doña Ana María Oramas González-Moro, Diputada de Coalición Canaria, integrada en el Grupo Parlamentario Mixto, de conformidad con lo previsto en el artículo 193 y siguientes del Reglamento del Congreso, presenta, para su debate en Comisión,
la siguiente Proposición no de Ley sobre el impulso del turismo en la Comunidad Autónoma de Canarias.


Exposición de motivos


En un escenario económico como el actual, el turismo se erige en el sector con perspectivas de crecimiento en el futuro y con capacidad para ejercer como motor del crecimiento económico en Canarias. Ha sido, precisamente, el empuje de dicho
sector lo que ha propiciado el grado de desarrollo que ha transformado profundamente la sociedad canaria en las últimas décadas y ha permitido alcanzar niveles de bienestar social y económico no igualables a épocas anteriores.


Tenemos unas condiciones envidiables, vivimos en uno de los sitios más privilegiados del mundo por nuestra situación, nuestro clima, nuestro mar, nuestras playas, nuestra naturaleza o nuestra biodiversidad.


Tenemos un destino excepcional, el más importante de Europa como acaba de proclamar la UE, y uno de los más relevantes del mundo. El objetivo es seguir trabajando para que siga siéndolo.


El turismo seguirá siendo el motor de nuestra economía y, junto a las políticas de fidelización de los turistas que nos visitan y la apertura de nuevos mercados, se debe avanzar en la mejora de la conectividad, la rehabilitación y la
modernización de establecimientos y zonas turísticas, así como la mejor cualificación de los trabajadores del sector. La consolidación de estas vías es necesaria para que sea un sector sostenible en el tiempo y amplíe sus opciones de crecimiento.


Ello requiere una apuesta no solo política sino de la sociedad canaria en su conjunto, de las administraciones y del sector, en torno a un proyecto de modelo turístico capaz de mantener la competitividad frente a las exigencias de una
competencia creciente en una economía turística global, y así poder seguir manteniendo nuestra posición de privilegio en el mercado internacional.


Estamos ante un escenario complejo, cambiante y altamente competitivo en el que las diferentes islas no compiten entre sí, sino con otros destinos y otras zonas turísticas. Por lo tanto, y reconociendo las particularidades de cada isla, las
competencias de los diferentes niveles de la administración, y la libertad de empresa, se hace necesario seguir profundizando en líneas estratégicas consensuadas entre los sectores públicos y privados, que orienten los diferentes esfuerzos de
desarrollo y mejora del turismo en una misma dirección. Un destino como Canarias requiere de' acciones integradas encaminadas a su rejuvenecimiento y a su renovación, de manera que garantice su permanencia en el mercado y se generen mayores de
niveles de rentabilidad.


Por todo ello, se presenta la siguiente


Proposición no de Ley


'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno del Estado a:


1. La regeneración integral de las zonas turísticas de Canarias debe seguir siendo una prioridad ya que la calidad del espacio público turístico es uno de los factores principales para marcar la calidad de un destino. Para ello, es
importante la dotación de presupuesto para acometer obras en las zonas turísticas que mejoren y acompañen el esfuerzo privado en la regeneración de zonas obsoletas. Para ello, rescatará el Plan de Infraestructuras Turísticas para Canarias, que se
suprimió en 2012.



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2. Canarias necesita una política de tasas aeroportuarias diferenciadas del resto de España, adaptada a su condición de destino turístico, que garantice los ingresos necesarios para el mantenimiento de la red, pero que también haga factible
la aplicación de políticas comerciales que permitan el incremento de la conectividad, especialmente en su temporada más baja.


3. El Gobierno del Estado impulsará en Canarias un convenio similar al aplicado por Renfe, Turespaña y la Red de Ciudades AVE para que los turistas que se desplazan a Canarias dispongan de un pase que les permita acceder a otras Islas con
un precio cerrado y durante un periodo limitado para favorecer especialmente a aquellos aeropuertos que no disponen de conexiones directas con la Península o cualquier ciudad europea.'


Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de febrero de 2016.-Ana María Oramas González-Moro, Diputada.-Joan Baldoví Roda, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.


161/000032


A la Mesa de la Comisión de Industria, Energía y Turismo


Doña Ana María Oramas González-Moro, Diputada de Coalición Canaria, integrada en el Grupo Parlamentario Mixto, de conformidad con lo previsto en el artículo 193 y siguientes del Reglamento del Congreso, presenta, para su debate en Comisión,
la siguiente Proposición no de Ley sobre el impulso del sector industrial en la Comunidad Autónoma de Canarias.


Exposición de motivos


El sector industrial es un sector estratégico para Canarias, y como tal debe ser considerado, al generar economías de arrastre sobre el resto del tejido económico, siendo por ello esencial garantizar la sostenibilidad, crecimiento y
diversificación de la industria canaria, de forma que incrementemos la participación industrial en el PIB y dispongamos de un tejido industrial sólido y desarrollado.


El sector industrial es especialmente vulnerable a amenazas como la globalización y deslocalización industrial, la competencia de las producciones exteriores y la dependencia del crudo y de las materias primas del exterior.


El apoyo decidido a la producción local es una parte importante de la solución a la actual crisis global, por los innumerables efectos de arrastre que ejerce sobre otros sectores, por su valor añadido, por el empleo de calidad que genera y
por el arraigo que determinadas actividades productivas guardan con las Islas Canarias.


Por todo ello, se presenta la siguiente


Proposición no de Ley


'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno del Estado a:


1. Consolidar las medidas específicas que compensen los sobrecostes estructurales que limitan el desarrollo de la industria en Canarias, Rebajando la condiciones de acceso a los Incentivos Económicos Regionales para que las empresas
canarias puedan optar a estas ayudas.


2. Adoptar medidas específicas para las industrias localizadas en las islas no capitalinas, al objeto de garantizar el mantenimiento de su tejido productivo.


3. Adaptar las condiciones de acceso a las ayudas a la reindustrialización del programa Reíndus, del Ministerio de Industria, a la realidad de la industria en el archipiélago.


4. Conseguir un aumento de la balanza comercial tanto en el mercado interior como en el exterior, reforzando la imagen de los productos elaborados en Canarias, implicándose el Gobierno del Estado en el desarrollo de un Plan Canarias Exporta
para la industria.


5. Avanzar en reducir al máximo los procesos administrativos que afecten a la industria, especialmente los de índole territorial y medioambiental.


6. Garantizar las ayudas al transporte de mercancías en Canarias y aumentar su cuantía.



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7. Favorecer el desarrollo de nuevas actividades de reciclaje y valorización de los residuos, de forma que sienten las bases para el desarrollo de un nuevo nicho económico preferente, en el marco de los requerimientos de sostenibilidad.


8. Crear un plan de eficiencia energética específico para la industria canaria, con especial incidencia en la industria del agua. Es necesario impulsar el autoconsumo en los ciclos del agua y mejorar las líneas de financiación para
facilitar la incorporación de nueva tecnología que potencie el ahorro y la eficacia energética, de manera que repercuta directamente en el precio final al consumidor.'


Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de febrero de 2016.-Ana María Oramas González-Moro, Diputada.-Joan Baldoví Roda, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.


161/000038


A la Mesa de la Comisión de Industria, Energía y Turismo


Doña Ana María Oramas González-Moro, Diputada de Coalición Canaria, integrada en el Grupo Parlamentario Mixto, de conformidad con lo previsto en el artículo 193 y siguientes del Reglamento del Congreso de la Cámara, presenta, para su debate
en Comisión, la siguiente Proposición no de Ley sobre la política aduanera y el impulso del comercio electrónico en las Islas.


Exposición de motivos


El estatuto singular de Canarias como RUP nace con el objetivo de propiciar una mayor competitividad de las empresas canarias y de la economía insular, a través de una política fiscal y aduanera acertada, logrando el desarrollo de
actividades económicas con un amplío potencial de especialización. Para ello, resulta crucial la consolidación de una serie de incentivos fiscales orientados a mejorar la aceleración del triángulo del conocimiento, investigación, innovación y
enseñanza superior con una política ambiciosa de desarrollo sostenible.


Las políticas fiscales a impulsar deben estar orientadas a superar las limitaciones económicas de las RUP a causa de sus costes adicionales, que generan altos índices de desempleo. La dirección de la política fiscal debe apuntar a la
necesidad de establecer mecanismos e incentivos que compensen las desventajas estructurales. En esta línea, debe tenerse en cuenta la nueva generación de políticas para la puesta en práctica de la estrategia Europa 2020.


Dadas las circunstancias específicas que se derivan de la condición de región ultraperiférica de Canarias, la garantía de continuidad en el transporte marítimo y aéreo de mercancías resultan esenciales para la actividad económica de las
islas. A los efectos de asegurar el cumplimiento de dicho principio de continuidad territorial, por la Administración del Estado se garantizará que los servicios públicos de competencia estatal que intervienen en los procesos de importación,
exportación y tránsito de mercancías con origen o destino en Canarias serán planificados y prestados teniendo en cuenta esta circunstancia.


Por todo ello, se presenta la siguiente


Proposición no de Ley


'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno del Estado a:


1. Mejorar el tratamiento aduanero y fiscal de Canarias en, al menos, los siguientes apartados:


- Los procedimientos aduaneros en la actividad de suministro de buques en Canarias.


- La simplificación de los trámites aduaneros para la exportación de productos del REA en el marco del comercio regional y las corrientes tradicionales de comercio.


- La situación aduanera existente en Canarias y sus consecuencias en la proyección exterior de las obras producidas por los artistas residentes en Canarias.


- En el caso de los incentivos fiscales del REF, AIEM, RIC, ZEC, etcétera, que han sido aprobados y renovados hasta finales de 2020, garantizar su renovación a partir de esa fecha en las negociaciones que se abrirán a partir de 2018.



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2. Apostar, en materia de emprendimiento e innovación, por la adecuación de los distintos instrumentos del Régimen Económico y Fiscal (REF) para incentivar el establecimiento y el desarrollo en Canarias de empresas innovadoras de alto valor
añadido, que proporcionen trabajo cualificado y de calidad y, con ello, contribuyan a la prosperidad del Archipiélago.


3. Eliminar aquellas trabas administrativas que dificultan el despliegue de las infraestructuras de telecomunicaciones, así como el cumplimiento de los incentivos a los, operadores legalmente estipulados para que desarrollen las mismas en
condiciones equivalentes a las del resto del Estado.


4. Propiciar la integración plena de Canarias en el Mercado Único Digital Europeo para evitar que ciudadanos y empresas sigan sufriendo de forma cotidiana las dificultades para participar en el comercio electrónico, sea como vendedores o
como compradores. En este sentido, acordará con la Unión Europea medidas que aseguren que la compra desde Canarias no se vea sujeta a extracostes de intermediación abusivos, teniendo acceso efectivo al conjunto de la oferta comercial disponible en
la UE. Y corregirá los frecuentes errores impositivos en la compra de bienes digitales, en los que se daña al consumidor canario y a la Hacienda pública canaria, por recaudarse IVA en vez de IGIC en múltiples contrataciones electrónicas.'


Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de febrero de 2016.-Ana María Oramas González-Moro, Diputada.-Joan Baldoví Roda, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.


161/000050


A la Mesa del Congreso de los Diputados


En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no
de Ley, Industria 4.0, para su debate en la Comisión de Industria, Energía y Turismo.


Exposición de motivos


Existe cierto consenso en afirmar que hoy nos encontramos ante la cuarta revolución industrial. De ahí que muchos hablen de industria 4.0. La primera revolución industrial fue con la incorporación de la máquina del vapor, la segunda con la
electricidad, la tercera con el uso de la electrónica y la informática y ahora, el motor de la revolución son las tecnologías digitales, con base en internet.


Se persigue una producción más eficiente, con menores plazos de comercialización para consumidores más impacientes y mayor flexibilidad para fabricar productos personalizados para consumidores cada vez más exigentes. Para ello se requieren
cambios organizativos, optando por un modelo en red.


Algunas de las tecnologías englobadas en la industria 4.0 son la explotación inteligente de los datos (el denominado 'big data'), la utilización de plataformas compartidas de almacenamiento para acceder desde cualquier aplicación (la nube),
la fabricación aditiva e impresión 3D, una nueva relación maquinaria-personas a través de la robótica colaborativa y la proliferación de sistemas ciberfísicos, configurando una nueva generación de elementos interconectados donde los robots se
encargan del trabajo manual y las personas de la supervisión y el diseño. También, recientemente, estamos viendo como a pasos agigantados se está intentando integrar la realidad virtual en nuevas aplicaciones como para el comercio electrónico o
turismo.


Es evidente que, con la gran velocidad con la que se están produciendo los avances tecnológicos, en los próximos años vamos a asistir a profundas transformaciones que incidirán de forma radical en la vida de los ciudadanos y ciudadanas.


Es difícil imaginar hasta qué punto puede cambiar el mundo tal y como lo conocemos, pero sí podemos intuir que con mucha probabilidad aumentará nuestra esperanza de vida, existirán nuevas demandas de consumo, las relaciones comerciales se
realizarán de forma distinta, los sistemas de producción serán más avanzados, aparecerán nuevas oportunidades de actividad económica y se plantearán nuevos retos de seguridad y de protección de derechos.


Así pues la utilización combinada de las distintas tecnologías impulsadas por la utilización de las redes digitales abre la puerta a un proceso de transformación en la industria que va a suponer cambios fundamentales a nivel económico y
social, al igual que se produjeron en las tres revoluciones industriales anteriores.



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Cambios que, sin la acción mediadora y protectora de los Estados, pueden generar brechas económicas y sociales que deberán afrontarse. Ante una demanda de productos personalizados y de entrega inmediata se requiere un proceso de
transformación tecnológica e inteligente de las empresas que comporta mucha inversión en I+D, en creatividad e innovación y en formación permanente. El que se tarde en afrontar este proceso de transformación será decisivo para asegurar la
supervivencia del tejido productivo del país en un mundo empresarial competitivo y en un entorno cada vez más globalizado.


Además, es previsible que se produzca un impacto mayor sobre el mercado de trabajo que, sin duda, producirá una nueva sustitución de mano de obra por robots/ sistemas tecnológicos.


El informe 'Work crisis-a divided tale of labour markets' del Deutsche Bank señala que: '...la fuerza laboral va a ser cada vez menos necesaria para mantener y aumentar los niveles de producción. Esto ya está comenzando a ser un factor
evidente en varios países que siguen creciendo sin la necesidad de crear empleos y subir salarios. Este profundo cambio conllevará con toda seguridad inmensos cambios económicos e implicaciones sociales'.


'En los países desarrollados estamos acercándonos al mayor cambio visto en generaciones. Por primera vez desde la revolución industrial las nuevas tecnologías están destruyendo más empleo del que van a conseguir crear.'


En la conferencia de Davos, celebrada este mes de enero, se publicaba un informe en el que se señalaba que en los próximos cinco años pueden perderse más de siete millones de empleos en los países desarrollados debido a la automatización de
procesos repetitivos actualmente desempeñados por personas.


Por tanto, se agrandará la brecha entre mano de obra cualificada y no cualificada, entre trabajos repetitivos e innovadores, dejando sin oportunidades a los trabajadores sin formación y experimentados en tareas estrictamente manuales o
mecánicas. Se requerirá de un perfil de trabajador más sofisticado, creativo e innovador. Este proceso hace que la masa salarial cada vez tenga menos peso dentro de la renta nacional con el consiguiente impacto en la desigualdad.


Según informaba un periódico de tirada nacional, la empresa de recursos humanos Randstad ha publicado un estudio en el que se pone de manifiesto que en 2020 dos millones de empleos no podrán ser cubiertos en España por el enorme desajuste
entre la formación de nuestros profesionales y las necesidades de nuestras empresas.


Por tanto, para afrontar estos cambios transcendentales en la producción y en el mercado laboral, y sus consecuencias, es necesario adoptar un plan de acción coordinado entre las distintas administraciones, que garantice una adaptación que
no deje atrás a los más desfavorecidos, así como que mejore nuestra competitividad como país para generar un crecimiento sólido, sostenido en el tiempo y generador de empleo de calidad.


Es necesario adoptar una estrategia consensuada que nos permita afrontar, de la mejor manera, el tsunami tecnológico que está redefiniendo las relaciones económicas, la creciente desigualdad y los nuevos desajustes que se intuyen, definiendo
una hoja de ruta que permita avanzar y competir en un escenario muy incierto y desigual.


España se sitúa en el puesto 35 del índice de competitividad del Foro Económico Mundial y no ha conseguido realizar la urgente y necesaria transición hacia la economía del conocimiento, la innovación y el emprendimiento tecnológico.


Por todo lo expuesto, urge la adopción de medidas que impulsen la economía 4.0, entendida como la plasmación del cambio de modelo de crecimiento que asegure más empleo y de mayor calidad. Una economía con mayores niveles de productividad,
dinámica, más global, más internacionalizada, con mayores niveles de inversión en l+D, con mayor absorción tecnológica de las empresas, con uso eficiente de los recursos y con un impulso decidido de la digitalización de los sectores económicos y de
la sociedad en general.


Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente


Proposición no de Ley


'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:


Elaborar una Estrategia Integral para la Transformación Digital de España que contenga:


1. La Agenda Digital 2020.


2. Una institucionalidad público-privada para gobernarla: El Consejo Nacional para la Transformación Digital.



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3. Un instrumento para seguir y hacer transparente el progreso de su aplicación: El Observatorio Digital.


4. Establecer, en cooperación con el resto de Administraciones, una Agenda de Inversión en infraestructuras de banda ultra-ancha y servicios de contenidos seguros y fiables para universalizar dicho servicio al final de la próxima
legislatura. Garantizar la conectividad digital de calidad en todo el territorio y que reduzca la brecha digital.


5. Garantizar una economía y sociedad digital integradora e inclusiva, asegurando la formación y capacitación digital de la ciudadanía y de las empresas para poder beneficiarse de los servicios avanzados de base digital, tanto públicos como
privados.


6. Establecer un plan de acción sobre administración electrónica que impulse la usabilidad de los sistemas de información para ciudadanos y empresas, de fácil manejo.


7. Impulsar una normativa estable que de confianza al inversor y garantice la competencia leal, además de la protección al consumidor. Se pretende establecer garantías y la promoción de derechos en la era digital.


8. Asegurar una educación y formación flexible y adaptada a las necesidades de una actividad económica en permanente evolución.


9. Favorecer la colaboración entre el sector educativo y el sector productivo mediante la implantación de mecanismos de transferencia del conocimiento bidireccionales más ágiles.


10. Impulsar y fomentar la creatividad y la formación permanente mediante políticas activas de empleo acompasadas al tejido productivo y a la innovación.


11. Restablecer como objetivo estratégico el horizonte europeo de alcanzar una inversión total, pública y privada, del 3 % del PIB y defender en las instituciones europeas la regla de oro que permite que las inversiones en I+D+i no computen
como gastos en el cálculo del déficit público.


12. Desarrollar el programa 'España Economía 4.0” para la modernización y dinamización de los sectores tradicionales, mediante la inclusión de planes sectoriales específicos y planes de apoyo a las PYMES.


13. Impulsar un plan de potenciación del papel internacional de las empresas españolas como proveedores de servicios desde nuestro país, especialmente tecnológicos.'


Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de febrero de 2016.-Patricia Blanquer Alcaraz y María González Veracruz, Diputadas.-Miguel Ángel Heredia Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.


Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente


161/000026


A la Mesa del Congreso de los Diputados


En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, me dirijo a esta Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley sobre
situación del sector lechero, para su debate en la Comisión de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural.


Exposición de motivos


La situación del sector lácteo en Castilla León, Asturias y especialmente en Galicia sigue siendo insostenible aunque debería ser muy diferente ya que España sigue consumiendo más leche de la que produce (76,1 % en 2013).


En España hay 17.710 explotaciones lecheras, con 867.903 vacas; en Galicia 9.976 con 346.561 y en la provincia de Lugo 4.939, con 151.000 vacas lecheras (nov. 2015).


Los ganaderos gallegos temen que las industrias estén intentando aproximar las zonas de producción de leche a las zonas de mayor consumo.



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En el mes de septiembre y después de fuertes presiones de los ganaderos gallegos se firmó el 'Acuerdo para la sostenibilidad del sector lácteo' que según la Ministra era absolutamente positivo y traería beneficios a los ganaderos españoles.


El acuerdo pretendía establecer un precio sostenible para cada eslabón de la cadena de valor del sector lácteo, que cubriera costes para ganaderos, industria y distribución pero no diseñó las herramientas adecuadas para ello como ya está
claramente probado.


El Ministerio rechazó incluir en el acuerdo un régimen sancionador por lo que no hay garantía de cumplimiento del acuerdo.


Tampoco quiso definir cuál es el precio sostenible, por lo que sigue sin haber una referencia para los contratos y las industrias siguen imponiendo a los ganaderos los contratos que ellas quieren con la amenaza de no recoger la leche.


Se comprometió el Ministerio a elaborar un contrato tipo de uso obligatorio por parte de las industrias y a publicar los precios a que compra la distribución la leche a las industrias para poder conocer los márgenes con los que trabajan,
pero todavía no cumplió el compromiso.


La realidad, más de tres meses después, es que los ganaderos siguen cobrando 28,7 céntimos por litro de leche, como promedio en la provincia de Lugo un 30 % menos que hace un año.


Del acuerdo únicamente parece satisfecha la distribución que subió el producto a los consumidores pero no lo repercutió a la industria ni ésta a los productores.


También se está incumpliendo la Ley de la Cadena Alimentaria que prohíbe la venta por debajo del coste de producción.


El sector lácteo es fundamental para Galicia por su aportación al producto interior bruto y muy especialmente por su contribución a la sostenibilidad medioambiental y del medio rural, si esta actividad disminuyera empeoraría la economía
gallega, pero sobre todo aumentaría muy seriamente la despoblación de grandes extensiones del territorio gallego y en especial de amplias zonas de la provincia de Lugo. También es importante este sector en León y Asturias.


Por todo lo anteriormente expuesto, el Grupo Socialista formula la siguiente


Proposición no de Ley


'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a adoptar las siguientes medidas:


- Incorporar garantías de cumplimiento del acuerdo lácteo a través de un régimen sancionador.


- Definir un precio 'sostenible' para cada eslabón de la cadena de valor.


- Dar transparencia a esa cadena de valor publicando los precios a que compran industria y distribución.


- Publicar un nuevo contrato tipo para poder establecer baremos en cuanto a calidades iguales para todas las industrias.


- Crear la figura obligatoria del Mediador que sirva para resolver disputas cuando ganadero e industria no lleguen a un acuerdo en la negociación.'


Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de enero de 2016.-Pilar Cancela Rodríguez, Ricardo Antonio García Mira, Margarita Pérez Herraiz, María del Rocío de Frutos Madrazo, María Dolores Galovart Carrera, Guillermo Antonio Meijón Couselo,
Adriana Lastra Fernández, Antonio Ramón María Trevín Lombán y María Aurora Flórez Rodríguez, Diputados.-Miguel Ángel Heredia Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.


161/000036


A la Mesa de la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente


Doña Ana María Oramas González-Moro, Diputada de Coalición Canaria, integrada en el Grupo Parlamentario Mixto, de conformidad con lo previsto en los artículos 193 y siguientes del Reglamento del Congreso, presenta, para su debate en
Comisión, la siguiente Proposición no de Ley sobre la asignación de la cuota de atún rojo a la Comunidad Autónoma de Canarias.



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Exposición de motivos


El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente ha asignado a las flotas estatales el aumento en la cuota total de pesca del Atún Rojo que le autorizó la Comisión Internacional para la Conservación del Atún Rojo (ICCAT) en la
reunión celebrada en Malta el pasado mes de noviembre, y que se situó en un total de 570 toneladas.


Canarias ha sido y sigue siendo la comunidad más perjudicada por parte del Ministerio, que ha otorgado en todos estos años unas posibilidades de pesca a las islas por debajo de las reales. En concreto, las 247 embarcaciones canarias solo
pueden capturar 100,16 toneladas de atún rojo, un 3,39 % del total. Tal es así, que un solo barco arrastrero de la Península tiene asignado más del doble de cuota de atún rojo que toda la flota canaria que, además, realiza prácticas artesanales.
La cantidad autorizada para el archipiélago es tan escasa que en años anteriores se agotó en un solo día.


Solo el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente puede revertir la situación actual de la flota atunera de las islas y realizar un reparto que compense el déficit que nuestros pescadores han sufrido estos años.


Además, el Reglamento de 11 de diciembre de 2013 aprobado por el Parlamento Europeo contempla de forma clara que, en la asignación de cuota, ha de primarse a la flota artesanal, y la única flota de estas características en España es la
canaria. Sin embargo, desde el Ministerio no solo no se le ha primado sino que se le ha perjudicado de manera notable.


Unas 1.200 familias isleñas dependen directamente de la actividad de esas 247 embarcaciones autorizadas para la pesca del atún rojo, de ahí la importancia de una asignación justa para la economía local. Por este motivo.


Por todo ello, se presenta la siguiente


Proposición no de Ley


'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno del Estado a:


- Que el aumento íntegro de la cuota autorizada en noviembre y que alcanza las 570 toneladas sea asignado a Canarias.


- Que por parte del Gobierno de España y de los distintos representantes españoles en las Instituciones Europeas (Comisión de Pesca, Consejo Europeo y Parlamento Europeo) y del ICCAT se siga defendiendo el incremento de la cuota del atún
rojo a España, para que ésta, a su vez, lo redistribuya de forma justa a Canarias hasta alcanzar las 900 toneladas de incremento que le corresponderían en un reparto justo.'


Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de febrero de 2016.-Ana María Oramas González-Moro, Diputada.-Joan Baldoví Roda, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.


161/000041


A la Mesa del Congreso de los Diputados


Don Francesc Homs Molist, en su calidad de Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Democràcia i Llibertat), y al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta, para su discusión ante la
Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, una Proposición no de Ley para modificar los caudales ecológicos establecidos en el Plan Hidrológico del Ebro correspondiente al segundo ciclo de Planificación Hidrológica 2015-2021.


Antecedentes


El Gobierno en funciones aprobó en el Consejo de Ministros del pasado 8 de enero, doce planes hidrológicos de competencia estatal que afectan a las demarcaciones hidrográficas del Cantábrico Occidental, Cantábrico Oriental, Miño-Sil, Duero,
Tajo, Guadiana, Guadalquivir, Segura, Júcar, Ebro, Ceuta y Melilla. Se trata de planes hidrológicos, correspondientes al período de planificación 2015-2021.



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La revisión y actualización de los citados planes incluida en el Real Decreto 1/2016, de 8 de enero, se ha publicado el 19 del mismo en el BOE.


Los planes hidrológicos son elementos básicos y fundamentales para la gestión de los recursos hídricos. Permiten conocer las necesidades en materia de agua y los recursos disponibles. Tienen como principal objetivo conseguir el buen estado
de las aguas y la adecuada protección del dominio público hidráulico. Marcan, asimismo, las pautas para atender las demandas de agua, respetando el equilibrio y la armonización del desarrollo regional y sectorial, y los objetivos medioambientales.


Los mismos se han sometido previamente a un proceso de información pública y han sido informados favorablemente por la mayoría en el Consejo Nacional del Agua. Órgano en el que están representadas además de la Administración General del
Estado, las Comunidades Autónomas, los Entes Locales a través de la asociación de ámbito estatal con mayor implantación, los Organismos de Cuenca, las organizaciones profesionales y económicas más representativas de ámbito estatal, así como las
entidades sin fines lucrativos de ámbito estatal cuyo objetivo esté constituido por la defensa de los intereses ambientales. Es decir, las administraciones y algunas organizaciones y entidades sólo de ámbito estatal.


Uno de los incluidos en este paquete de planes correspondientes al segundo ciclo de planificación hidrológica, es el Plan Hidrológico de la parte española de la demarcación hidrográfica del Ebro. El mismo, es uno de los más complejos, por
el gran número de Comunidades Autónomas que atraviesa y por la necesaria coordinación con Francia y Andorra. Dicho plan fue aprobado sin el consenso de cuatro comunidades autónomas y de parte de las entidades locales.


Como es bien conocido, los Planes Hidrológicos y en concreto el referido a la cuenca del Ebro, establecen también unos caudales ecológicos mínimos. Y éstos a pesar del apoyo obtenido en el Consejo Nacional del Agua, en el caso de la cuenca
del Ebro, no son, en opinión de parte de los afectados, adecuados.


Como viene siendo tristemente una tradición, la Generalitat de Catalunya, las entidades locales, la Plataforma en Defensa de l'Ebre y la Comissió per a la Sostenibilitat de les Terres de l'Ebre, entre otros, consideran que los caudales
ecológicos establecidos son claramente insuficientes, de acuerdo con criterios científico-técnicos, en coherencia con la realidad física del río y de conformidad con la normativa de planificación.


El Gobierno central una vez más, como también viene siendo lamentablemente costumbre, ha ignorado completamente el criterio de la Generalitat de Catalunya, el cual está basado en estudios rigurosos fruto de la colaboración entre la Agencia
Catalana del Agua y el Institut de Recerca i Tecnología Agroalimentaria (IRTA), y que contaba con la aprobación de la Comissió per a la Sostenibilitat de les Terres de l'Ebre.


Pero además, resulta que los caudales ecológicos establecidos tampoco cumplen con la normativa estatal vigente [no se adecuan a los criterios establecidos en el año 2008 por el Ministerio en la Instrucción Técnica de Planificación (IPH),
entre otros], ni con la legislación comunitaria. Y es que, en el Plan Hidrológico finalmente aprobado no se garantizan las condiciones para alcanzar a medio plazo, el buen estado ecológico del tramo final del Ebro, tal y como lo define la normativa
comunitaria.


Los caudales mínimos propuestos no permitirían cumplir las funciones ecológicas del río, del Delta y del ecosistema marino asociado. Y ello no sólo tiene un grave impacto ecológico, sino también importantes consecuencias económicas para el
territorio.


La Directiva Marco del agua no recoge explícitamente la necesidad de garantizar un régimen de caudales ambientales en los ríos. Ahora bien, la preservación de este régimen de caudales es una medida imprescindible para el logro de los
objetivos ambientales que establece la propia Directiva, puesto que caudales de mantenimiento e índice de calidad ecológica tienen una relación directa.


Por otra parte, la normativa vigente en materia de caudales ecológicos en el Estado español es clara en la definición de los objetivos que tienen que satisfacer éstos y su concepto. El Texto Refundido de la Ley de Aguas determina claramente
que el caudal ecológico es considerado como una restricción que se impone a todos los efectos a las explotaciones. Es decir, los caudales ecológicos no se tienen que garantizar, sino que hay que determinarlos, concertarlos e implantarlos,
aplicándolo a las nuevas concesiones, modificando, en su caso, las ya existentes y determinando las reservas de caudales y usos para permitir que dichos caudales circulen por el río en condiciones no excepcionales.


Esta noción se reitera en la propia ley del Plan Hidrológico Nacional que vuelve a reconocer el carácter de limitación previa a los flujos del sistema de explotación de estos caudales, que operan con carácter preferente a los usos
contemplados en el sistema. Los caudales ecológicos tienen que permitir el correcto funcionamiento



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del ecosistema y la habitabilidad de la fauna, para contribuir a lograr o mantener el buen estado de las masas de agua de acuerdo con los criterios e indicadores ecológicos establecidos a la Directiva Marco del agua. Y a esta finalidad
obedece la disposición adicional primera de la LPHN cuando ordena definir el régimen hídrico que ha de permitir el desarrollo de las funciones ecológicas del río, del delta y del ecosistema marino.


Los caudales ecológicos establecidos en el Plan Hidrológico de la Cuenca del Ebro y específicamente en el Real Decreto vigente, no cumplen los criterios de la instrucción de planificación hidrológica y de validación biológica, e impiden las
crecidas suficientes para el traslado de sedimentos al Delta del Ebro, con el fin de evitar su regresión y la entrada de la cuña salina, por lo que debe modificarse el Real Decreto y debe establecerse un nuevo caudal ecológico que garantice los
niveles de conservación de los hábitats de interés comunitario, las especies típicas de estos hábitats, las aportaciones de sedimentos para asegurar la subsidencia del delta y evitar el avance de la cuña salina, y así mismo garantizar el
cumplimiento de las directivas comunitarias sobre la materia.


Por todo ello, el Grupo Parlamentario Catalán (Democràcia i Llibertat) presenta la siguiente


Proposición no de Ley


'1. El Congreso de los Diputados considera claramente insuficientes los caudales ecológicos mínimos fijados para el tramo final del río Ebro en el apéndice 6.3 del Anexo XII del Real Decreto 1/2016, de 8 de enero.


2. El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a modificar, incrementándolos, los caudales ecológicos para el tramo final del río Ebro establecidos en el Plan hidrológico de la cuenca del Ebro incluido y aprobado por el Real Decreto
1/2016, de 8 de enero, por el que se aprueba la revisión de los Planes Hidrológicos de las demarcaciones hidrográficas del Cantábrico Occidental, Guadalquivir, Ceuta, Melilla, Segura y Júcar, y de la parte española de las demarcaciones hidrográficas
del Cantábrico Oriental, Miño-Sil, Duero, Tajo, Guadiana y Ebro, en lo que afecta a la demarcación hidrográfica del Ebro.


Los nuevos caudales ecológicos del tramo final del río Ebro deben estar basados en criterios científico-técnicos, de forma coherente con la realidad física del río y con la normativa de planificación, en la línea de las observaciones
presentadas por la Generalitat de Catalunya, Entidades Locales, la Plataforma en Defensa del Ebre, y la Comissió per a la Sostenibilitat de les Terres de l'Ebre, entre otras instituciones y organizaciones.'


Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de febrero de 2016.-Francesc Homs Molist, Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Democràcia i Llibertat).


161/000049


A la Mesa del Congreso de los Diputados


En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tenemos el honor de dirigirnos a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición
no de Ley relativa al trasvase entre la Demarcación Hidrográfica del Tinto, Odiel y Piedras y la Demarcación Hidrográfica del Guadalquivir con el fin de contribuir a la recuperación de los acuíferos de la zona y a la consecución del equilibrio
hídrico en el entorno del Parque Nacional y Natural de Doñana para su debate en la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.


Exposición de motivos


Con fecha 15 de febrero de 2008 el Consejo de Ministros autorizó la transferencia de 4,99 hm3 de agua desde la (denominada entonces) Cuenca Atlántica andaluza a la cuenca del Guadalquivir. La transferencia planteada tenía su base legal en
el artículo 14 sobre previsión de transferencias de pequeña cuantía de la Ley 10/2001, de 5 de julio, del Plan Hidrológico Nacional que en su apartado primero, b) especifica que el Consejo de Ministros podrá autorizar la realización de
transferencias entre diferentes ámbitos territoriales cuyo volumen anual esté comprendido entre 1 y 5 hectómetros cúbicos.



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Según figura en el Acuerdo del Consejo de Ministros que autorizó esa transferencia: 'La aportación de 4,99 hm3 contribuirá a asegurar el abastecimiento de los pueblos de la Mancomunidad de Municipios del Condado de Huelva, cuyo suministro a
partir del embalse del Corumbel cuenta con escasa garantía. Además, este volumen adicional permitirá la recuperación de los acuíferos de la zona, con un efecto importante sobre el equilibrio hídrico del entorno del Parque Nacional de Doñana.'


A estas necesidades de abastecimiento de municipios y de zonas de regadíos del Condado de Huelva en la Demarcación Hidrográfica del Guadalquivir han de sumarse las que se planean como consecuencia de la sustitución, en la zonas agrícolas de
regadíos, del uso de agua subterránea del acuífero Almonte-Marisma por aguas superficiales, que ayuden a mejorar los balances de agua en Doñana que limite la explotación del acuífero y contribuya a su recarga, compatibilizándolo un desarrollo
sostenible de la actividad agraria en la comarca.


La Junta de Andalucía, por Decreto 178/2014, de 16 de diciembre, ha aprobado definitivamente el 'Plan Especial de ordenación de las zonas de regadío ubicadas al norte de la corona forestal de Doñana'. El Plan contempla la necesidad de
mejorar el control de las extracciones del agua del acuífero y su distribución racional, la protección de valores naturales, ambientales y socio-económicos, ordenando el espacio agrícola. En este sentido el Plan ordena 64.457 hectáreas, de las que,
aproximadamente, 9.340 son susceptibles de ser consideradas como regables, 7.240 de la Demarcación Hidrográfica del Guadalquivir, que se abastecen casi exclusivamente del acuífero de Doñana.


Para conseguir compatibilizar la necesaria protección del acuífero y por ende de los importantes valores ambientales a él asociado, con la sostenibilidad económica de los municipios afectados, es necesario plantear la sustitución paulatina
de las extracciones de agua subterráneas por recursos superficiales procedentes de cuencas cedentes. En principio, estas necesidades se han evaluado de forma preliminar en un trasvase de 15 hm3 desde la Demarcación del Tinto, Odiel y Piedras, pero
es la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, organismo de cuenca con competencia en esta demarcación, la que tiene que evaluar y delimitar de forma precisa sus necesidades, previa a la aprobación del trasvase, teniendo en cuenta que a la
cantidad que se acordase habría que añadirse a la actual transferencia de 4,99 hm3.


La solicitud planteada encuentra su fundamento legal en el artículo 45.1 del Texto Refundido de la Ley de Aguas que en su apartado c) especifica que:


'1. El Plan Hidrológico Nacional se aprobará por Ley y contendrá, en todo caso:


c) La previsión y las condiciones de las transferencias de recursos hidráulicos entre ámbitos territoriales de distintos planes hidrológicos de cuenca'.


A más abundamiento el artículo 12 de la Ley 10/2001, de 5 de julio, del Plan Hidrológico Nacional establece que:


'Artículo 12. Principios generales.


1. Con el fin de dar cumplimiento a los objetivos generales recogidos en el artículo 38.1 de la Ley de Aguas y en el artículo 2 de esta Ley, podrán llevarse a cabo transferencias de recursos hídricos entre ámbitos territoriales de distintos
Planes Hidrológicos de cuenca. Dichas transferencias estarán en todo caso supeditadas al cumplimiento de las condiciones que se prevén en la presente Ley'.


Las necesidades y previsiones de este trasvase se recogen en los Planes Hidrológicos, tanto del Guadalquivir, como del Tinto, Odiel y Piedras, por lo que estos instrumentos de planificación no requieren ser modificados para habilitar la
aprobación del necesario trasvase. Resulta esencial traer a colación el artículo 29 del Real Decreto 355/2013, de 17 de mayo, por el que se aprueba el Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica del Guadalquivir, que dice así:


'Artículo 29. Necesidad de transferencia de recursos procedentes de otras cuencas hidrográficas.


1. La satisfacción de las demandas actuales y previstas puede precisar, dependiendo de las determinaciones del Plan Hidrológico Nacional a tenor de lo dispuesto en el artículo 45.1.c) del texto refundido de la Ley de Aguas, la transferencia
de nuevos recursos procedentes de otras cuencas hidrográficas.



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2. Como propuesta para la inclusión en el Plan Hidrológico Nacional, se cuantifica en 15 hm3/año las necesidades de aportación de nuevos recursos superficiales de otros ámbitos de planificación hidrológica, para sustituir parcialmente las
extracciones de la masa subterráneas de Almonte-Marismas, con objeto de mejorar los ecosistemas dependientes de la misma'.


Por otro lado, el Plan Hidrológico de la demarcación del Tinto, Odiel y Piedras, aprobado por Real Decreto 1329/2012, de 14 de septiembre, recoge en el artículo 23: 'En el Sistema Huelva se establece la reserva estratégica de 15 hm3 anuales
para posibles déficits estructurales en zonas con un alto interés socio-económico y medioambiental'. Siendo compatible los Planes hidrológicos de ambas demarcaciones con la autorización de un trasvase entre ellas, es necesario determinar las
condiciones y el procedimiento que debe articularse para su regulación. Las condiciones de las transferencias autorizadas en la Ley 10/2001, de 5 de julio, del Plan Hidrológico Nacional figuran en los artículos 15 y 20 de la misma:


El artículo 15 estipula que:


'Artículo 15. Condiciones ambientales. Con el fin de poder determinar las repercusiones ambientales de las transferencias, se someterán a evaluación de impacto ambiental todos los proyectos de manera individual y conjunta y, en su caso,
planes y programas relativos a las mismas, tanto los afectantes a las cuencas cedentes como a las receptoras, de conformidad con el procedimiento establecido por la normativa que resulte de aplicación. En los supuestos en que la normativa de
aplicación no haya previsto la evaluación de impacto ambiental para las transferencias, todos los proyectos relativos a las mismas se someterán a la evaluación de impacto ambiental de manera conjunta, debiendo cumplir dichas transferencias las
medidas preventivas, protectoras, correctoras y de compensación incluidas en las declaraciones de impacto ambiental que al efecto se dicten'.


El artículo 20 señala que:


'Artículo 20. Condiciones de ejecución y explotación. La construcción y explotación de las infraestructuras de cada transferencia se hará por el mecanismo presupuestario, administrativo o societario que resulte más adecuado en cada caso,
dentro de los que prevé el ordenamiento jurídico vigente para la promoción de obras hidráulicas'.


Por todas las razones expuestas y con el fundamento legal antes indicado, se presenta esta iniciativa para que se inicien los procesos conducentes a lograr los objetivos señalados. Todo ello sin renunciar a que los objetivos planteados
dentro de los Planes Hidrológicos que afecta a la comarca sean alcanzados sin que se vean alterados. Para dar cobertura jurídica a este trasvase ha de modificarse la Ley del Plan Hidrológico Nacional y recoger, en la misma modificación, como de
interés general del Estado, las obras de infraestructuras necesarias para el transporte de esta agua hasta la cuenca receptora. En cuanto a las infraestructuras que se requieren para hacer efectivo el trasvase, los artículos 15 y 20 de la Ley
10/2001, del Plan Hidrológico Nacional, están dedicados a tratar las condiciones medioambientales y de ejecución y explotación de las obras ligadas a las transferencias. De otro lado los anexos II, III y IV de la Ley del Plan Hidrológico Nacional
llevan los siguientes títulos respectivamente: 'Listado de inversiones' 'Nuevas actuaciones de interés general' y 'Actuaciones prioritarias y urgentes en las cuencas'.


Por todo lo expuesto, el Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso, presenta la siguiente


Proposición no de Ley


'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno que inicialmente definidas por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente las necesidades de recursos hídricos en la Demarcación Hidrográfica del Guadalquivir, de su
competencia en el vigente Plan Hidrológico del Guadalquivir en 15 hm3/año más, se proceda de manera inmediata a la remisión al Consejo de Ministros para su aprobación de un Proyecto de Ley que modifique la Ley del Plan Hidrológico Nacional para
autorizar la transferencia de nuevos recursos superficiales desde la Demarcación Hidrográfica del Tinto, Odiel y Piedras a la Demarcación Hidrográfica del Guadalquivir en la cuantía necesaria, así como habilitando la financiación de las obras e
instalaciones que resulten precisas para ejecutarla, a fin de poder satisfacer las necesidades existentes y dar respuesta a una situación de carencia estructural acreditada en el



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tiempo, contribuyendo a la consecución del equilibrio hídrico y del desarrollo sostenible en el entorno del Parque Nacional y Natural de Doñana.'


Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de febrero de 2016.-José Juan Díaz Trillo y Josefa Inmaculada González Bayo, Diputados.-Miguel Ángel Heredia Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.


COMPETENCIAS EN RELACIÓN CON OTROS ÓRGANOS E INSTITUCIONES


TRIBUNAL CONSTITUCIONAL


232/000006


La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.


(232) Recurso de inconstitucionalidad.


Autor: Tribunal Constitucional.


Sentencia dictada por el citado Tribunal en el recurso de inconstitucionalidad número 1424/2014, interpuesto por el Presidente del Gobierno contra diversos preceptos de la Ley 3/2013, de 20 de mayo, de impulso y ordenación de las
infraestructuras de telecomunicaciones de Galicia; en particular contra los preceptos: artículo 1; artículo 2.2 apartados b), c) y d); artículo 5, apartados 3, 5, 6 y 7; artículo 6.2; artículo 7.2, artículo 8; artículo 12, apartados 2, 3 y 4;
artículo 13; artículo 14.1, apartados a, b y c; artículo 14.2; artículo 15.2, apartados a), b), d), f), g) y h); artículo 15.3; artículo 17.1 y 2; artículo 18; artículo 19.2 a) y c), Título V, disposición adicional primera y disposición
transitoria primera.


Acuerdo:


Tomar conocimiento y trasladar a la Dirección de Estudios, Análisis y Publicaciones y a la Asesoría Jurídica de la Secretaría General, así como publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales el encabezamiento y el fallo de la
sentencia.


En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.


Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de febrero de 2016.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.


El Pleno del Tribunal Constitucional, compuesto por don Francisco Pérez de los Cobos Orihuel, Presidente, doña Adela Asua Batarrita, doña Encarnación Roca Trías, don Andrés Ollero Tassara, don Fernando Valdés Dal-Ré, don Juan José González
Rivas, don Santiago Martínez-Vares García, don Juan Antonio Xiol Ríos, don Pedro José González-Trevijano Sánchez, don Ricardo Enríquez Sancho, y don Antonio Narváez Rodríguez, Magistrados, ha pronunciado


EN NOMBRE DEL REY


la siguiente


SENTENCIA


En el recurso de inconstitucionalidad núm. 1424-2014, interpuesto por el Presidente del Gobierno contra diversos preceptos de la Ley 3/2013, de 20 de mayo, de impulso y ordenación de las infraestructuras de telecomunicaciones de Galicia;
en particular contra los preceptos: artículo 1; artículo 2.2 apartados b),



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c) y d); artículo 5, apartados 3, 5, 6 y 7; artículo 6.2; artículo 7.2, artículo 8; artículo 12, apartados 2, 3 y 4; artículo 13; artículo 14.1, apartados a, b y c; artículo 14.2; artículo 15.2, apartados a), b), d), f), g) y h);
artículo 15.3; artículo 17.1 y 2; artículo 18; artículo 19.2 a) y c), Título V, Disposición adicional primera y disposición transitoria primera. Han intervenido y formulado alegaciones el Letrado del Parlamento de Galicia y el Abogado de la
Xunta de Galicia. Ha sido Ponente el Magistrado don Juan Antonio Xiol Ríos, quien expresa el parecer del Tribunal.


[...]


FALLO


En atención a todo lo expuesto, el Tribunal Constitucional, por la autoridad que le confiere la Constitución de la Nación Española,


Ha decidido


1. Estimar parcialmente el presente recurso de inconstitucionalidad y declarar la inconstitucionalidad y nulidad de los siguientes preceptos, letras e incisos:


- El apartado 3 del artículo 5 de la Ley 3/2013, excepto el primer inciso, según el cual 'La actividad de promoción se limitará, inicialmente, a la construcción y al despliegue de infraestructuras de soporte, tales como conductos, cámaras
subterráneas, suministro eléctrico, bocas de inspección, distribuidores, antenas, mástiles, torres y otras estructuras de soporte, edificios o entradas a edificios que permitan a los demás operadores, tanto públicos corno privados, implementar sus
redes públicas de comunicación', que se declara constitucional.


- Los apartados, 5, 6 y 7 del artículo 5 de la Ley 3/2013.


- El artículo 6.2 de la Ley 3/2013.


- El segundo inciso del artículo 8.1 de la Ley 3/2013, con el siguiente tenor: 'cuando sea necesario para garantizar, por razones debidamente justificadas y de conformidad con el marco general en materia de telecomunicaciones, la
consecución de un objetivo de interés general, en particular la cobertura de las zonas en que la demanda esté insuficientemente atendida por el sector privado, podrá seleccionarse la solución tecnológica o combinación de soluciones tecnológicas que
se consideren más adecuadas'.


- Los incisos 'preservar la cobertura y la calidad de la prestación de los servicios de comunicaciones electrónicas' y 'o a la prestación de los servicios de comunicaciones electrónicas' del apartado 1 del artículo 13 de la Ley 3/2013.


- Las letras b) y c) del artículo 14.1 de la Ley 3/2013.


- El inciso 'al objeto de posibilitar el acceso a nuevos servicios' de la letra b) del artículo 15.2 de la Ley 3/2013.


- La letra f) del artículo 15.2 de la Ley.


- El inciso 'para la prestación de los servicios mínimos obligatorios de telecomunicaciones' de la letra h) del mismo artículo 15.2 de la Ley autonómica.


- El inciso 'sin perjuicio de garantizar la prestación de los servicios mínimos obligatorios de telecomunicaciones' del artículo 15.3 de la Ley 3/2013.


- La palabra 'obsoletas' del apartado c) del artículo 17.1 de la Ley.


- El inciso 'y de estos con los operadores' de la letra b) del artículo 17. 2 de la Ley 3/2013.


- El inciso 'y fiabilidad' de la letra c) del artículo 17.2 de la Ley.


- El inciso 'para la prestación de los servicios mínimos obligatorios de telecomunicaciones' del artículo 18.1 de la Ley.


- La letra a) del artículo 19.2 de la Ley.


2. Declarar que no son inconstitucionales los artículos 12; 15.2.g); 17.1.a) y 2.3.3.e) de la Ley 3/2013, interpretados en los términos expuestos, respectivamente, en los fundamentos jurídicos 11 B); 10; 7 y 12 de esta resolución.


3. Desestimar el recurso en todo lo demás.


Publíquese esta Sentencia en el 'Boletín Oficial del Estado'.


Dada en Madrid, a 21 de enero de 2016.



Página 48





232/000007


La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.


(232) Recurso de inconstitucionalidad.


Autor: Tribunal Constitucional.


Sentencia dictada por el citado Tribunal en el recurso de inconstitucionalidad número 5680/2015 promovido por el Gobierno Vasco contra la disposición final primera y, por conexión con ella, la disposición transitoria segunda de la Ley
23/2015, de 21 de julio, ordenadora del Sistema de Inspección de Trabajo y Seguridad Social.


Acuerdo:


Tomar conocimiento y trasladar a la Dirección de Estudios, Análisis y Publicaciones y a la Asesoría Jurídica de la Secretaría General, así como publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales el encabezamiento y el fallo de la
sentencia.


En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.


Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de febrero de 2016.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.


El Pleno del Tribunal Constitucional, compuesto por don Francisco Pérez de los Cobos Orihuel, Presidente, doña Adela Asua Batarrita, doña Encarnación Roca Trías, don Andrés Ollero Tassara, don Fernando Valdés Dal-Ré, don Juan José González
Rivas, don Santiago Martínez-Vares García, don Juan Antonio Xiol Ríos, don Pedro González-Trevijano Sánchez, don Ricardo Enríquez Sancho y don Antonio Narváez Rodríguez, Magistrados, ha pronunciado


EN NOMBRE DEL REY


la siguiente


SENTENCIA


En el recurso de inconstitucionalidad núm. 5680/2015 promovido por el Gobierno Vasco contra la disposición final primera y, por conexión con ella, la disposición transitoria segunda de la Ley 23/2015, de 21 de julio, ordenadora del Sistema
de Inspección de Trabajo y Seguridad Social. Ha comparecido y formulado alegaciones el Abogado del Estado. Ha sido Ponente la Magistrada doña Encarnación Roca Trías, quien expresa el parecer del Tribunal.


[...]


FALLO


En atención a todo lo expuesto, el Tribunal Constitucional, por la autoridad que le confiere la Constitución de la Nación Española,


Ha decidido


Desestimar el presente recurso de inconstitucionalidad.


Publíquese esta Sentencia en el 'Boletín Oficial del Estado'.


Dada en Madrid, a 4 de febrero de 2016.



Página 49





232/000008


La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.


(232) Recurso de inconstitucionalidad.


Autor: Tribunal Constitucional.


Sentencia dictada por el citado Tribunal en el recurso de inconstitucionalidad número 6777/2012, promovido por el Presidente del Gobierno, contra los artículos 59, 64.4 y apartado séptimo de la disposición adicional sexta de la Ley del
Parlamento de Cataluña 3/2012, de 22 de febrero, de modificación del Texto Refundido de la Ley de Urbanismo, aprobado por el Decreto Legislativo 1/2010, de 3 de agosto.


Acuerdo:


Tomar conocimiento y trasladar a la Dirección de Estudios, Análisis y Publicaciones y a la Asesoría Jurídica de la Secretaría General, así como publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales el encabezamiento y el fallo de la
sentencia.


En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.


Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de febrero de 2016.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.


El Pleno del Tribunal Constitucional, compuesto por don Francisco Pérez de los Cobos Orihuel, Presidente, doña Adela Asua Batarrita, doña Encarnación Roca Trías, don Andrés Ollero Tassara, don Fernando Valdés Dal-Ré, don Juan José González
Rivas, don Santiago Martínez-Vares García, don Juan Antonio Xiol Ríos, don Pedro González-Trevijano Sánchez, don Ricardo Enríquez Sancho y don Antonio Narváez Rodríguez, Magistrados, ha pronunciado


EN NOMBRE DEL REY


la siguiente


SENTENCIA


En el recurso de inconstitucionalidad 6777-2012, promovido por el Presidente del Gobierno, contra los artículos 59, 64.4 y apartado séptimo de la disposición adicional sexta de la Ley del Parlamento de Cataluña 3/2012, de 22 de febrero, de
modificación del Texto Refundido de la Ley de Urbanismo, aprobado por el Decreto Legislativo 1/2010, de 3 de agosto. Han comparecido el Congreso y el Senado y formulado alegaciones la Generalitat de Cataluña y el Parlamento de Cataluña. Ha sido
Ponente el Magistrado don Antonio Narváez Rodríguez, quien expresa el parecer del Tribunal.


[...]


FALLO


En atención a todo lo expuesto, el Tribunal Constitucional, por la autoridad que le confiere la Constitución de la Nación Española,


Ha decidido


1.° Declarar que el artículo 59 de la Ley del Parlamento de Cataluña 3/2012, de 2,2 de febrero, de modificación del Texto Refundido de la Ley de Urbanismo, aprobado por el Decreto Legislativo 1/2010, de 3 de agosto, no es inconstitucional,
siempre que se interprete en los términos establecidos en el fundamento jurídico 4 de esta Sentencia.


2.° Desestimar el recurso de inconstitucionalidad en todo lo demás.



Página 50





Publíquese esta Sentencia en el 'Boletín Oficial del Estado'.


Dada en Madrid, a 4 de febrero de 2016.


232/000009


La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.


(232) Recurso de inconstitucionalidad.


Autor: Tribunal Constitucional.


Sentencia dictada por el citado Tribunal en el recurso de inconstitucionalidad número 5851/2013 interpuesto por el Parlamento de Navarra, representado por su Letrado, contra el artículo 1, apartado Dos; disposición adicional primera;
disposición transitoria tercera; y disposición final segunda del Real Decreto-ley 9/2013, de 12 de julio, por el que se adoptan medidas urgentes para garantizar la estabilidad financiera del sistema eléctrico, así como voto particular formulado a
la misma.


Acuerdo:


Tomar conocimiento y trasladar a la Dirección de Estudios, Análisis y Publicaciones y a la Asesoría Jurídica de la Secretaría General, así como publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales el encabezamiento y el fallo de la
sentencia.


En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.


Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de febrero de 2016.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.


El Pleno del Tribunal, compuesto por don Francisco Pérez de los Cobos Orihuel, doña Adela Asua Batarrita, doña Encarnación Roca Trías, don Andrés Ollero Tassara, don Fernando Valdés Dal-Ré, don Juan José González Rivas, don Santiago
Martínez-Vares García, don Juan Antonio Xiol Ríos, don Pedro González-Trevijano Sánchez, don Ricardo Enríquez Sancho y don Antonio Narváez Rodríguez, Magistrados, ha pronunciado


EN NOMBRE DEL REY


la siguiente


SENTENCIA


En el recurso de inconstitucionalidad núm. 5851-2013 interpuesto por el Parlamento de Navarra, representado por su Letrado, contra el artículo 1, apartado Dos; disposición adicional primera; disposición transitoria tercera; y disposición
final segunda del Real Decreto-ley 9/2013, de 12 de julio, por el que se adoptan medidas urgentes para garantizar la estabilidad financiera del sistema eléctrico. Ha comparecido y formulado alegaciones el Abogado del Estado. Ha sido Ponente el
Magistrado don Pedro González-Trevijano Sánchez, quien expresa el parecer del Tribunal.


[...]


FALLO


En atención a todo lo expuesto, el Tribunal Constitucional, por la autoridad que le confiere la Constitución de la Nación Española,



Página 51





Ha decidido


Desestimar el presente recurso de inconstitucionalidad


Publíquese esta Sentencia en el 'Boletín Oficial del Estado'.


Dada en Madrid, a 4 de febrero de 2016.


232/000010


La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.


(232) Recurso de inconstitucionalidad.


Autor: Tribunal Constitucional.


Sentencia dictada por el citado Tribunal en el recurso de inconstitucionalidad número 709/2015 interpuesto por la Generalidad de Cataluña contra los artículos 34.3, 5 y 6; 35.4 y 7; 45.4; 65; 69.j).6; y, por conexión, 73 y 74 de la Ley
9/2014, de 9 de mayo, General de Telecomunicaciones.


Acuerdo:


Tomar conocimiento y trasladar a la Dirección de Estudios, Análisis y Publicaciones y a la Asesoría Jurídica de la Secretaría General, así como publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales el encabezamiento y el fallo de la
sentencia.


En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.


Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de febrero de 2016.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.


El Pleno del Tribunal Constitucional, compuesto por don Francisco Pérez de los Cobos Orihuel, Presidente, doña Adela Asua Batarrita, doña Encarnación Roca Trías, don Andrés Ollero Tassara, don Fernando Valdés Dal-Ré, don Juan José González
Rivas, don Santiago Martínez-Vares García, don Juan Antonio Xiol Ríos, don Pedro González-Trevijano Sánchez, don Ricardo Enríquez Sancho y don Antonio Narváez Rodríguez, Magistrados, ha pronunciado


EN NOMBRE DEL REY


la siguiente


SENTENCIA


En el recurso de inconstitucionalidad núm. 709/2015 interpuesto por la Generalidad de Cataluña contra los artículos 34.3, 5 y 6; 35.4 y 7; 45.4; 65; 69.j).6; y, por conexión, 73 y 74 de la Ley 9/2014, de 9 de mayo, General de
Telecomunicaciones. Ha comparecido y formulado alegaciones el Abogado del Estado. Ha sido Ponente el Magistrado don Pedro González-Trevijano Sánchez, quien expresa el parecer del Tribunal.


[...]


FALLO


En atención a todo lo expuesto, en el recurso de inconstitucionalidad núm. 709/2015 promovido por el Gobierno de la Comunidad Autónoma de Cataluña contra los artículos 34.3, 5 y 6; 35.4 y 7; 45.4; 65;



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69.j).6 y, por conexión, 73 y 74 de la Ley 9/2014, de 9 de mayo, General de Telecomunicaciones, el Tribunal Constitucional, por la autoridad que le confiere la Constitución de la Nación Española,


Ha decidido


Estimar en parte el presente recurso y, en consecuencia:


1.° Declarar inconstitucional y nulo el inciso 'transcurridos dos meses desde su presentación' del párrafo quinto del artículo 34.6 de la Ley 9/2014, de 9 de mayo, General de Telecomunicaciones.


2.° Desestimar el recurso en todo lo demás.


Publíquese esta Sentencia en el 'Boletín Oficial del Estado


Dada en Madrid, a 4 de febrero de 2016.


OTROS TEXTOS


INICIATIVA LEGISLATIVA POPULAR


120/000002


La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.


(120) Iniciativa legislativa popular.


Autor: Junta Electoral Central.


Comunicación de que la Proposición de Ley por la que se regula la implantación con carácter obligatorio de la Mediación Civil, Mercantil y Concursal, en el Orden Jurisdiccional Civil y Mercantil como método alternativo para la resolución de
conflictos; y la implantación con carácter voluntario en el Orden Jurisdiccional Penal de la Mediación Penal; y la implantación de la Mediación Laboral, con mediadores profesionales independientes, de forma voluntaria y alternativa a la
Conciliación Laboral, previa en el Orden Jurisdiccional Laboral, debe entenderse caducada, de conformidad con lo establecido en el artículo 7.3 de la Ley Orgánica 3/1984, de 26 de marzo, reguladora de la Iniciativa Legislativa Popular.


Acuerdo:


Declarar la caducidad de la referida iniciativa legislativa popular, por haber transcurrido el plazo para la recogida de firmas establecido en el artículo 7.3 de la Ley Orgánica 3/1984, de 26 de marzo, reguladora de la Iniciativa Legislativa
Popular, comunicándolo a la Comisión Promotora y a la Junta Electoral Central y publicándolo en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.


En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.


Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de febrero de 2016.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.


120/000003


La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.


(120) Iniciativa legislativa popular.



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Autor: Don Antonio Retamino Mejías. Representante de la Comisión Promotora para establecer prestación de ingresos mínimos en la Seguridad Social.


Solicitud de prórroga del plazo previsto para la recogida de firmas, en relación con la Proposición de Ley sobre establecimiento de una prestación de ingresos mínimos en el ámbito de protección de la Seguridad Social.


Acuerdo:


Prorrogar por tres meses y, por lo tanto, hasta el día 28 de mayo de 2016, el plazo para la finalización del procedimiento de recogida de firmas en relación con la referida Proposición de Ley de iniciativa popular. Asimismo, comunicar este
acuerdo a la Comisión Promotora y a la Junta Electoral Central y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.


En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.


Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de febrero de 2016.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.


SECRETARÍA GENERAL


292/000001


RESOLUCIÓN DEL SECRETARIO GENERAL DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS, DE 5 DE FEBRERO DE 2016, POR LA QUE SE DA PUBLICIDAD A LA NUEVA RELACIÓN DE SUPLENTES DE LAS BECAS PARA LA FORMACIÓN PRÁCTICA DE ARCHIVEROS, BIBLIOTECARIOS Y DOCUMENTALISTAS,
CONVOCADAS POR ACUERDO DE LA MESA DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS DE 13 DE OCTUBRE DE 2015


La Mesa de la Diputación Permanente del Congreso de los Diputados de 12 de enero de 2016 acordó, tras la revisión de la documentación presentada por los aspirantes a las becas para la formación práctica de Archiveros, Bibliotecarios y
Documentalistas, modificar la relación de excluidos publicada el 26 de noviembre de 2015, incluyendo en la misma a la Sra. de la Torre Bermejo, que figuraba como becaria suplente, por incumplimiento del requisito establecido en la base cuarta.1.c),
lo que fue publicado en la página web de la Cámara con fecha 22 de enero de 2016 conforme a lo dispuesto en la base quinta.3 de la convocatoria.


Asimismo, la Mesa de la Diputación Permanente, en cumplimiento de lo previsto en dicha base, acordó aprobar una nueva lista de suplentes, para el caso de que no se produjera la subsanación de la falta del mencionado requisito por la Sra. de
la Torre Bermejo.


Habiendo transcurrido el plazo de tres días hábiles previsto en la citada base quinta.3 para subsanar la falta o acompañar los documentos preceptivos y no habiéndose presentado por la interesada documento alguno, procede elevar a definitiva
la relación de candidatos excluidos publicada el 22 de enero de 2016 y publicar una nueva lista de suplentes en los términos que abajo figuran que fueron acordados por la Mesa de la Diputación Permanente del Congreso de los Diputados de 12 de enero
de 2016, en la cual se ha excluido de la misma a la Sra. de la Torre Bermejo como suplente 35, lo que conlleva modificar el orden de los suplentes que figuraban a continuación de ésta e incorporar a la lista como nuevo suplente 48 a D. Daniel
Becerra Fernández.


1. Sánchez Vega, Claudia


2. Martínez Fernández, María del Pilar


3. Ruiz Fernández, Pablo


4. Villar Villar, Virginia


5. Fernández Ferreiro, Marcos


6. Zurrón López, Inmaculada



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7. Camús Serra, Mariola


8. Cuña Migallón, Elisa


9. Gradín Fernández, Isis


10. Aroca Castillejos, Gabriel


11. Avello Impuesto, Sara


12. Rodríguez Moreno, Marta


13. Sánchez Monedero, Amaya


14. Isorna Espinosa de los Monteros, Manuel Alejandro


15. Rubio Lozano, Ana Haizea


16. Martín Rodríguez, Irene


17. Cañete Campos, Laura María


18. Rosado Pacheco, María Josefa


19. Ibáñez Picazo, Carmen


20. Robledo Tiedra, Julián


21. Barbera Arias, Raquel


22. Tirado Sánchez, Inés


23. Sánchez García, Paula


24. Mora Aguirre, David


25. Iglesias Esteban, María Pilar


26. Peña Grueso, María del Carmen


27. Pérez González, Blanca


28. Sepúlveda Lorenzo, José Miguel


29. Merino Sánchez, Rocío


30. Nogués Mariño, Lucía Inmaculada


31. Martí Martínez, Cristina


32. Romero Fernández, María Inmaculada


33. Gutiérrez Montero, Ricardo


34. Expósito Álvarez, María Dolores


35. Blaya Pascual, Almudena


36. Ruiz de Clavijo Martínez, Carmen Palmira


37. Iglesias González, Sara


38. Martín-Zarco Gallego, Abdón


39. García López, Sara


40. Corral Fernández, María


41. García Otero, Leticia


42. Sánchez-Carnerero Gil-Ortega, Juan


43. Álvarez Díaz, Sandra


44. García Nóvoa, Lorena


45. Valenzuela Pedraza, Soledad


46. Díaz Sanz, Sara


47. Pereira García, Irene


48. Becerra Fernández, Daniel


Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de febrero de 2016.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.