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BOCG. Congreso de los Diputados, serie D, núm. 10, de 09/02/2016
cve: BOCG-11-D-10
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BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
XI LEGISLATURA
Serie D: GENERAL
9 de febrero de 2016
Núm. 10
ÍNDICE
Control de la acción del Gobierno
PROPOSICIONES NO DE LEY
Pleno
162/000001 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre la derogación de la reforma laboral y la elaboración de un nuevo Estatuto de los Trabajadores ... (Página6)
162/000002 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre la dignificación del Salario Mínimo Interprofesional acercándolo al 60% del salario medio, tal y como establece la Carta Social Europea ...
162/000003 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre el impulso de un acuerdo político y social para derogar la LOMCE y para la aprobación de una ley básica de educación ...
162/000004 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa a promover un pacto social, político e institucional que recupere el espíritu de consenso de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de medidas
de protección integral contra la violencia de género, vinculando a todos los partidos políticos, poderes del Estado y sociedad civil en un compromiso firme en pro de una política sostenida para la erradicación de la violencia de género ...
162/000005 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre la implantación inmediata y con carácter urgente de un ingreso mínimo vital para atender a las familias en situación de necesidad por carecer de
recursos económicos de cualquier naturaleza ... (Página12)
162/000006 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa a recuperar el Pacto de Toledo, como expresión de consenso político, y el diálogo social, con el fin de acordar las medidas que permitan asegurar
pensiones dignas y fortalecer la viabilidad del sistema público de pensiones ... (Página13)
162/000007 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre la reforma fiscal y la lucha contra el fraude y la evasión fiscal ... (Página15)
162/000008 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa a situar la I+D+i como una prioridad política y social para nuestro país ... (Página18)
162/000009 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre la derogación de la Ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local ... (Página20)
162/000010 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre el urgente cumplimiento de la resolución parlamentaria aprobada por unanimidad del Congreso de los Diputados en su sesión plenaria del 29 de septiembre
de 2015 sobre la crisis humanitaria de refugiados ... (Página21)
162/000012 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre derogación de la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana ... (Página23)
162/000013 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre el desarrollo del autoconsumo con balance neto ... (Página25)
162/000014 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa a garantizar el desarrollo y la financiación del Sistema de Autonomía y Atención a la Dependencia ... (Página27)
162/000015 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre el inicio del procedimiento para la reforma del sistema de financiación autonómica ... (Página28)
162/000016 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre la reforma de la nacionalidad española adquirida por descendientes de españoles y a través de la residencia ... (Página30)
162/000017 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre la gradual disminución en la producción de energía eléctrica por centrales nucleares ... (Página31)
162/000018 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa a impulsar el Plan Concertado de Prestaciones Básicas de Servicios Sociales y devolver a las entidades locales las competencias en materia de
prestación de los servicios sociales ... (Página35)
162/000019 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre la aprobación de una verdadera ley de segunda oportunidad ... (Página36)
162/000020 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre el restablecimiento del subsidio por desempleo para mayores de 52 años ... (Página38)
162/000021 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa al apoyo y mejora de la situación de los trabajadores y las trabajadoras eventuales del campo en Andalucía ... (Página40)
162/000023 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre la compatibilidad de la percepción de pensiones con los rendimientos del trabajo derivados de la actividad creativa ...
162/000024 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre conciliación y corresponsabilidad ... (Página42)
162/000025 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre la igualdad salarial entre mujeres y hombres ... (Página45)
162/000027 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre un plan de choque contra la desigualdad y la precariedad laboral ... (Página48)
162/000028 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre políticas de igualdad y conciliación entre vida familiar y laboral ... (Página51)
162/000029 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, relativa a un plan de choque contra la corrupción y la regeneración democrática ... (Página55)
162/000036 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, sobre el transporte en Canarias ... (Página58)
162/000037 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, sobre el impulso del sector industrial en la Comunidad Autónoma de Canarias ... (Página59)
162/000038 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, sobre la reforma de los aspectos económicos del Régimen Económico y Fiscal (REF) de Canarias ... (Página60)
162/000039 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, sobre el rescate del Plan Integral de Empleo de Canarias ... (Página64)
162/000040 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, sobre la derogación de la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa ... (Página66)
162/000041 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, sobre la Estrategia de Emprendimiento y Empleo Joven (Garantía Juvenil) ... (Página67)
162/000042 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, sobre el Servicio de Inspección Fitosanitaria en la Comunidad Autónoma de Canarias ... (Página68)
162/000044 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, sobre la asignación de la cuota de atún rojo a la Comunidad Autónoma de Canarias ... (Página68)
162/000045 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, sobre la política aduanera y el impulso del comercio electrónico en las Islas ... (Página69)
162/000046 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, sobre el impulso del turismo en la Comunidad Autónoma de Canarias ... (Página70)
162/000047 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Podemos-En Comú Podem-En Marea, relativa al fomento del autoconsumo eléctrico ... (Página72)
162/000048 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Podemos-En Comú Podem-En Marea, relativa a la clausura definitiva de la central nuclear de Garoña ... (Página73)
162/000049 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre un acuerdo con los ayuntamientos de los municipios afectados para la elaboración definitiva del plan museológico del futuro Museo de las Colecciones
Reales de Madrid ... (Página74)
162/000050 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre un nuevo Plan de Extensión y Mejora de las Infraestructuras Ferroviarias de Cercanías en la Comunidad de Madrid ...
162/000052 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, sobre la reforma del sistema de financiación autonómica ... (Página76)
162/000053 Proposición no de Ley presentada por los Grupos Parlamentarios Socialista, Podemos-En Comú Podem-En Marea, Ciudadanos y la Diputada doña Sol Sánchez Maroto (GMx), sobre el futuro de la central de Elcogas ...
162/000054 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre la aprobación de un Plan de retorno del talento científico y profesional ... (Página78)
162/000055 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Catalán (Democràcia i Llibertat), relativa a modificar los caudales ecológicos establecidos en el Plan Hidrológico del Ebro correspondiente al segundo ciclo de
planificación hidrológica 2015-2021 ... (Página80)
162/000056 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a garantizar la continuidad de la recuperación económica y la creación de empleo ... (Página82)
162/000058 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, por la que se insta a la modificación de la Ley 1/2004, de 21 de diciembre, de Horarios Comerciales, en que se regula en el artículo 5 los establecimientos con
régimen especial de horarios, otorgando plena libertad para determinar los días y horas en que permanecerán abiertos al público en todo el territorio nacional, a aquellos establecimientos que se ubiquen en zonas de gran afluencia turística ...
Comisión de Justicia
161/000018 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa a facilitar la obtención del certificado de penales a las personas que desean inscribirse en la bolsa de trabajo del personal docente del Departament
d'Ensenyament en Cataluña ... (Página86)
Comisión de Interior
161/000010 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa al urgente cumplimiento del compromiso del Ministerio del Interior para la instalación de barreras físicas que controlen el narcotráfico en la
desembocadura del río Guadarranque, entre Los Barrios y San Roque (Cádiz) ... (Página87)
Comisión de Defensa
161/000017 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre el Acuartelamiento Sancho Ramírez, albergando la Unidad de Transportes del Ejército de Tierra ... (Página88)
Comisión de Fomento
161/000007 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa a la realización de un estudio informativo del corredor de la AP-1 entre Burgos y Miranda de Ebro del tráfico tanto ligero como pesado que soportará
a partir de noviembre de 2018 cuando concluya la concesión ... (Página89)
161/000008 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, en relación con la Estación AVE de Villanueva de Córdoba (Los Pedroches) ... (Página90)
161/000012 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre impulso de un nuevo Plan de Extensión y Mejora de las Infraestructuras Ferroviarias de Cercanías en la Comunidad de Madrid ...
161/000013 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre el desdoblamiento de la N-432 (Badajoz-Granada) ... (Página92)
161/000016 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre medidas para la liberación de vehículos pesados de la carretera N-340 en el tramo comprendido entre Hospitalet de l'Infant, en el municipio de Vandellòs
i Hospitalet de l'Infant, en la provincia de Tarragona y Cabanes en la provincia de Castellón ... (Página93)
Comisión de Educación y Deporte
161/000019 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre la creación de un Centro Asociado de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) en Marbella ... (Página94)
Comisión de Empleo y Seguridad Social
161/000003 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa al apoyo y mejora de la situación de los trabajadores y las trabajadoras eventuales del campo en Andalucía ... (Página95)
161/000015 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre elaboración de un Plan contra la Explotación Laboral, específicamente en las Comunidades Autónomas que presentan mayores índices ...
Comisión de Industria, Energía y Turismo
161/000004 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre los planes de reindustrialización y de turismo en la comarca del noroeste de la Región de Murcia, compuesta por los municipios de Bullas, Calasparra,
Caravaca, Cehegín y Moratalla ... (Página98)
161/000005 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre el Plan de Reindustrialización en el municipio de Yecla en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia ... (Página99)
161/000014 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre el Plan de Reindustrialización en la Comarca del Besaya en la Comunidad Autónoma de Cantabria ... (Página100)
161/000020 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa a los astilleros públicos de Navantia en la Bahía de Cádiz ... (Página101)
Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente
161/000006 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre la recuperación por la Confederación Hidrográfica del Duero de los ríos Órbigo y Tera a su paso por la Comarca de Benavente y Los Valles ...
Comisión de Cultura
161/000009 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre celebración del aniversario de la muerte del ilustre escultor Victorio Macho ... (Página103)
161/000011 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre un acuerdo con los ayuntamientos de los municipios afectados para la elaboración definitiva del plan museológico del futuro Museo de las Colecciones
Reales de Madrid ... (Página105)
CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO
PROPOSICIONES NO DE LEY
Pleno
La Mesa de la Cámara en su reunión del día de hoy ha acordado admitir a trámite, conforme al artículo 194 del Reglamento, las siguientes Proposiciones no de Ley y considerando que solicitan el debate de las iniciativas ante el Pleno de la
Cámara, disponer su conocimiento por éste, dando traslado al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de febrero de 2016.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
162/000001
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley
para la derogación de la reforma laboral y elaboración de un nuevo Estatuto de los Trabajadores, para su debate en Pleno.
Exposición de motivos
La primera medida que adoptó el Gobierno del Partido Popular en la pasada Legislatura fue la 'reforma laboral'. Una reforma laboral que tenía un único objetivo: eliminar cualquier obstáculo que interfiriera la desregulación absoluta del
mercado laboral y poner las bases para la creación de empleos de baja calidad, por su duración, por el tipo de jornada, por el salario y por las condiciones laborales.
Tras cuatros años de Legislatura y de reforma laboral el balance es desolador: menos empleo, más precariedad y explotación laboral, más paro y menos protección frente al desempleo. Hoy tenemos casi 5 millones de personas en nuestro país
que quieren trabajar y no pueden. De ellas, más de 2,1 millones llevan más de 2 años en situación de desempleo, 1 millón de las cuales tienen más de 45 años. Más de 400.000 jóvenes han tenido que abandonar nuestro país en busca de oportunidades de
empleo y 2 millones de menores de 34 años están en el paro. España ostenta el vergonzoso record de ser el país con la tasa de desempleo juvenil más alta de la Unión Europea.
También las personas que trabajan sufren una precarización de sus condiciones laborales sin precedente durante el período democrático, de devaluación salarial y de pérdida de la protección que les otorgaba el convenio colectivo.
Así, en 2014 y 2015 menos de uno de cada diez contratos firmados fueron indefinidos y la tasa de temporalidad se situó en el 25%, a pesar de que uno de los objetivos declarados de la reforma laboral fue combatir la dualidad del mercado de
trabajo. Durante este mismo período de tiempo, la duración media de un contrato de trabajo fue de alrededor de 54 días y el 83,4% de las salidas del mercado de trabajo tuvieron como causa la extinción de un contrato a tiempo temporal: 3,2 puntos
más que en 2013 en relación a 2014, circunstancia que apunta a una elevada rotación.
Asimismo, se ha intensificado el proceso de sustitución de empleo a tiempo completo por empleo parcial no querido. La tasa de parcialidad se sitúa en más del 15%. La tasa de involuntariedad en este tipo de jornada se situó en 2015 en
relación a 2014 (según datos Eurostat) en un 64%, cerca de un punto más que el año anterior, cuando en la UE 28 esa involuntariedad, que también ha crecido, no llegaba al 30%.
A partir de 2012, las estadísticas nos muestran una prolongación del tiempo de trabajo, con un claro incremento de las horas extraordinarias, fundamentalmente en los contratos a tiempo parcial, que además se corresponden con horas extras no
pagadas, hecho que choca no solo con la atonía de nuestra actividad productiva sino con la naturaleza de un contrato definido por su menor jornada. En nuestro país se realizan casa semana más 10 millones de horas extraordinarias que podrían
encontrarse por encima del máximo legal.
La devaluación salarial, resultado de esa política de desregularización e individualización de las relaciones laborales y de fijación de las condiciones laborales desde la potestad unilateral del empresario, ha provocado una reducción de los
salarios desconocida hasta la fecha. Los salarios han caído cerca de un 5% y su poder de compra es el mismo que tenían a principios de los años 90. Hoy el 34% de las personas trabajadoras reciben salarios equivalentes al salario mínimo
interprofesional y casi la mitad perciben salarios de poco más de 900 euros al mes. En nuestro país existen hoy más de 2,5 millones de trabajadores pobres y más del 13% viven en hogares por debajo del umbral de pobreza. La brecha salarial entre
mujeres y hombres se ha incrementado en más de un punto porcentual en relación a 2011, situándose en un 24%.
Desde que entró en vigor la reforma laboral del Partido Popular, el número de convenios colectivos se ha reducido prácticamente a la mitad, y hoy alrededor de 6 millones de personas trabajadoras están protegidos por la negociación colectiva,
frente a los casi 11 millones que había en 2011. Todo ello resultado de la implantación de un modelo de relaciones laborales autoritario que ha roto el equilibrio de poder entre los trabajadores y empresarios y debilitado la negociación colectiva.
Los trabajadores en paro han visto además cómo la política de recortes se ha extendido al sistema de protección por desempleo provocando una caída en la tasa de protección que ha ido en aumento a lo largo de toda la Legislatura, casi más de
20 puntos porcentuales entre parados registrados y casi 30 puntos entre los parados EPA.
Y todo ello ha venido acompañado de la reducción de los créditos presupuestarios destinados a políticas activas de empleo, de alrededor de un 40%, y el fracaso de los programas que puesto en marcha el Gobierno. Ni el programa de garantía
juvenil ni el programa de activación para el empleo han tenido los resultados previstos.
Es urgente, por tanto, abordar e impulsar de forma decidida medidas que garanticen los derechos de los trabajadores, medidas que recuperen la centralidad de la negociación colectiva y que combatan de forma eficaz la precariedad en el empleo.
Es necesario abrir un proceso de diálogo social para, desde el acuerdo, recuperar el sentido original del Estatuto de los Trabajadores, como carta de derechos fundamentales laborales que garantice la dignidad en el trabajo, la seguridad y la salud,
y la igualdad de todas las personas trabajadoras en el acceso y la permanencia en el empleo, con especial atención a la igualdad retributiva entre hombres y mujeres.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a adoptar de forma inmediata las medidas necesarias para derogar la reforma laboral que el Partido Popular impuso en la anterior Legislatura, y abrir un proceso de diálogo social que, desde el
acuerdo, culmine con la aprobación de un nuevo Estatuto de los Trabajadores que recupere su naturaleza originaria de carta de garantía de los derechos laborales.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de enero de 2016.-Antonio Hernando Vera, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
162/000002
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley
de dignificación del Salario Mínimo Interprofesional acercándolo al 60% del salario medio, tal y como establece la Carta Social Europea, para su debate en Pleno.
Exposición de motivos
La garantía de suficiencia de la retribución salarial proclamada por el artículo 35 de la Constitución como un derecho de los trabajadores por la prestación laboral se ha visto seriamente comprometida por la política del Gobierno del Partido
Popular en la pasada Legislatura. En 2012 y 2014 el Gobierno congeló
el salario mínimo interprofesional y los mínimos incrementos experimentados en 2013, 2015 y 2016 no han compensado la pérdida de su poder adquisitivo. Esta política también ha cuestionado seriamente el artículo 131 del texto constitucional,
al obstaculizar una justa distribución de la riqueza.
La pérdida de poder de compra experimentada por el salario mínimo interprofesional durante estos años cuestiona sus funciones básicas, entre ellas, la de actuar de mecanismo de cohesión social, pues no se está produciendo un reparto más
equitativo de la renta, ni de impulso del consumo y la economía, tan importantes en fases de crisis. Asimismo, se incide en el presente de los trabajadores y en su seguro de vejez, pues no podemos olvidar los efectos directos en los ingresos del
sistema de la Seguridad Social del SMI, al ser el indiciario del incremento de las bases mínimas, y con ello, de las carreras de seguro de los trabajadores que lo perciben.
Además, con los niveles de paro y pobreza que tenemos en la actualidad, esta pérdida de poder adquisitivo tan severa está afectando fundamentalmente a aquellas unidades familiares donde solo hay una fuente de ingresos y ésta está
referenciada al SMI, en un momento en que se incrementan los beneficios empresariales y aumentan las retribuciones de los ejecutivos.
En el ámbito europeo, la evolución del SMI nos aleja del cumplimiento del objetivo que establece la Carta Social Europea suscrito por España, consistente en que este salario alcance el 60% del salario medio. Según el último decil de
salarios de la Encuesta de Población Activa, el salario medio en España en 2014 fue de 1.881,3 euros mensuales, por lo que el SMI, fijado en 645,3 euros mensuales, representó el 34,3% del mismo, perdiendo además dos décimas porcentuales respecto del
año anterior.
El compromiso de la Carta Social Europea debe ser cumplido, porque mejora la dignidad de las personas, aumenta la cohesión social y tiene efectos positivos en el crecimiento económico y la sostenibilidad de nuestro sistema de protección
social.
Todas estas razones urgen a dignificar el Salario Mínimo Interprofesional, situándolo en una cuantía equivalente al 60% del salario medio del país, y hacerlo de forma gradual y recuperando cuanto antes su poder de compra.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a incrementar, el Salario Mínimo Interprofesional para 2016 al menos en un 5%, con el fin de recuperar su pérdida de poder adquisitivo y para que alcance, en el término de dos legislaturas, el
60% del salario medio neto, cuantía que señala la Carta Social Europea como retribución mínima suficiente.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de enero de 2016.-Antonio Hernando Vera, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
162/000003
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley
sobre impulso de un acuerdo político y social para derogar la LOMCE y para la aprobación de una ley básica de educación, para su debate en Pleno.
Exposición de motivos
La Constitución de 1978 reconoce la educación como un derecho fundamental reclamando a los poderes públicos las acciones políticas necesarias para poder ejercitarlo incorporándolo como derecho social al ordenamiento jurídico.
La educación es, sin duda, un bien de interés público que nos concierne a todos, y de ella depende en gran medida el presente y el futuro de nuestro país. Su importancia es fundamental para contribuir al desarrollo de sociedades
cohesionadas, abiertas y con escasos riesgos de exclusión social.
Durante la anterior legislatura, la educación pública en España ha estado sometida a un proceso de fuerte desprestigio en el que se pretendió deslegitimar todo lo preexistente para instalar un nuevo modelo educativo, ideologizado y
regresivo, en un contexto de recortes y normativas que han incidido de forma muy negativa en la igualdad de oportunidades y en las posibilidades de desarrollo de nuestro país. Con todas estas medidas asistimos a una profunda modificación del
derecho a la educación tal y como fue concebido en nuestra Constitución y en las leyes que lo desarrollaron, tanto en la LODE de 1985 con en la LOE de 2006. Son unas modificaciones que constituyen una verdadera ruptura del pacto constitucional y
del contrato social entre generaciones actuales y futuras.
España se enfrenta a retos cruciales, entre los que se encuentra la necesidad de alcanzar definitivamente un gran Acuerdo social, político e institucional en torno a la educación que asegure un modelo educativo público estable y de calidad,
que garantice que, como derecho, se desarrolla a la largo de toda la vida, que haga posible un sistema educativo universitario y no universitario fundamentado en la igualdad entre mujeres y hombres, en la equidad, asentado en la inclusividad,
orientado a la excelencia en los resultados y basado en la cooperación institucional y la disposición a la mejora continua en todas las instituciones educativas.
Es necesario hacer un esfuerzo para construir las reformas del sistema educativo desde el diálogo, recuperando el sentido constitucional del derecho a la educación, garantizando la igualdad de oportunidades en el acceso y recuperando un
sistema de becas que permita el acceso o la continuidad de los estudios con independencia de su situación económica, asegurando el derecho a una equitativa distribución de oportunidades de aprendizaje y el éxito escolar de todos y todas.
La educación es un derecho fundamental, y la escuela pública debe ser una garantía insustituible para el efectivo ejercicio de ese derecho. Por ello, se debe garantizar una oferta de plazas públicas suficientes en todos los niveles
educativos y fortalecer la cooperación institucional entre todas las Administraciones Públicas, garantizando una financiación pública y unos servicios comunes adecuados para todo el sistema educativo. La educación inclusiva, comprometida con los
valores constitucionales y democráticos, debe estar presente en nuestro sistema educativo, así como promover la participación activa de toda la comunidad educativa.
Hay que seguir trabajando para reducir la tasa de abandono escolar temprano y mejorar las tasas de titulación en todas las enseñanzas así como los resultados en las evaluaciones nacionales e internacionales, y es necesario establecer un
progresivo descenso de las ratios de alumnado por clase como factor de atención individualizada y de éxito escolar.
Es necesario universalizar la educación desde los 0 hasta los 18 años, evitando todo tipo de segregación y facilitando que todas las personas puedan obtener el título correspondiente a la educación obligatoria y ampliando la oferta pública
de formación profesional.
Del mismo modo, la Universidad debe ser objeto de especial atención recuperando el diálogo y dotándola de más medios a través de una financiación adecuada, al igual que el resto del sistema educativo.
En definitiva, tenemos que conseguir recuperar la equidad perdida y una mejora de la calidad en todos los niveles educativos para poder afrontar los retos de futuro, que permitan a los ciudadanos conseguir capacidades y competencias para
vivir y actuar en un mundo globalizado, y poder así decidir con libertad nuestro futuro.
Para dar hoy ese nuevo impulso a la educación, es necesario anular las disposiciones de carácter regresivo adoptadas por el Gobierno durante la pasada legislatura y restaurar las grietas producidas en elementos muy sensibles del sistema
educativo. Pero es imprescindible hacerlo a través de un gran Acuerdo social y político por la Educación que aporte a nuestro sistema educativo estabilidad, legislativa y normativa, de objetivos y recursos.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a adoptar las medidas necesarias para:
1. Suspender urgentemente el calendario de implantación de la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa, previsto en su Disposición final quinta, así como derogar el Real Decreto 1058/2015, de 20 de
noviembre, por el que se regulan las características generales de las
pruebas de la evaluación final de Educación Primaria y el Real Decreto-ley 14/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes de racionalización del gasto público en el ámbito educativo.
2. Impulsar la apertura de un proceso de negociación y diálogo real con las administraciones y la comunidad educativa, los interlocutores sociales y las fuerzas políticas, con el objetivo de alcanzar, con el máximo consenso, un gran Acuerdo
político y social para la mejora de nuestro sistema educativo, y remitir a las Cortes Generales el Acuerdo alcanzado a través de un proyecto de Ley básica de educación que, además de derogar la Ley Orgánica 8/2013, asegure un sistema educativo
público, estable y de calidad, basado en la equidad, la igualdad entre mujeres y hombres y la inclusividad, garantice la universalidad de la educación de los 0 a los 18 años, a través de la ampliación de la oferta pública de plazas, y contenga las
medidas necesarias para mejorar el aprendizaje, la formación educativa y la adquisición de competencias en todas las enseñanzas.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de enero de 2016.-Antonio Hernando Vera, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
162/000004
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley
relativa a promover un Pacto Social, Político e Institucional que recupere el espíritu de consenso de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de medidas de protección integral contra la violencia de género vinculando a todos los partidos
políticos, poderes del Estado y sociedad civil en un compromiso firme en pro de una política sostenida para la erradicación de la violencia de género, para su debate en Pleno.
Exposición de motivos
La violencia que se ejerce contra las mujeres es una de las principales causas de vulneración de los derechos fundamentales y libertades públicas. Constituye un atentado contra el derecho a la vida, a la seguridad, a la libertad, a la
dignidad y a la integridad física y psíquica de la víctima y es por tanto un obstáculo para el desarrollo de una sociedad democrática.
En la IV Conferencia Mundial de las Mujeres celebrada en Beijing (Pekín 1995), fue considerada como 'una manifestación de las relaciones de poder históricamente desiguales entre mujeres y hombres, que ha conducido a la dominación masculina,
a la discriminación y a impedir el pleno desarrollo de las mujeres'. Este tipo de violencia es un obstáculo para la igualdad y el desarrollo democrático ya que impide que las mujeres disfruten de sus derechos y libertades fundamentales. Puesto que
está vinculada al desequilibrio en las relaciones de poder entre los sexos en el ámbito social, económico y político, todas las administraciones públicas, los y las responsables de entidades y la sociedad en general deben de participar en la lucha
por erradicar este grave problema social.
España ha establecido un conjunto de leyes y normas consolidando un marco jurídico para la prevención, protección y atención e intervención en materia de violencia de género. Pero ese marco jurídico necesita estar dotado de medios
suficientes para cumplir su objetivo: prevención, protección de las mujeres víctimas sus hijos e hijas, recuperación integral de quienes la han sufrido y reparación y lucha contra la impunidad.
Cada persona desde su ámbito puede implicarse activamente en la lucha contra la violencia a través de la eliminación de estereotipos y barreras que dificulten la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres.
La finalidad del Pacto Social, Político e Institucional que proponemos pasa por recuperar el espíritu de consenso alcanzado en torno a la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de medidas de protección integral contra la violencia de
género, para volver a vincular a todos los partidos políticos y poderes del estado en un compromiso firme en pro de una política sostenida y efectiva para la erradicación de la violencia de género con la responsabilidad de todos los organismos,
entidades y personas implicadas en su aplicación.
Para conseguir un rechazo a la violencia de género y dar suficiente protección a las víctimas, es esencial que en el marco de un gran acuerdo social y político, el Gobierno de España y las Comunidades Autónomas concierten la incorporación de
medidas de sensibilización y prevención y se estipule la garantía de recursos adecuados para todas las mujeres a través de una red de protección que precisa de la participación de los Ayuntamiento, Fiscalía, CGPJ, centros escolares, centros de
salud, asociaciones, sindicatos, organizaciones empresariales, partidos políticos, medios de comunicación, ciudadanía, etcétera...
El impulso para la sensibilización de la población, su implicación real y el compromiso directo contra la violencia de género debe estar liderado por el Gobierno que a través de un mensaje nítido y persistente debe promover un acuerdo para
que las políticas públicas contra el machismo criminal no estén sujetas a los vaivenes de cambios de gobierno y garantice una respuesta sostenida y firme de vital importancia para las futuras generaciones.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a promover un Pacto Social, Político e institucional para construir una sociedad segura y libre de violencia contra las mujeres. Un Pacto que recupere el espíritu de consenso de la Ley
Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de medidas de protección integral contra la violencia de género vinculando a todos los partidos políticos, poderes del Estado y sociedad civil en un compromiso firme en pro de una política sostenida para la
erradicación de la violencia de género. Este pacto tendrá como base las siguientes medidas urgentes:
1. Reponer y dotar suficientemente las partidas presupuestarias, que se han venido recortando en los últimos años, especialmente los recursos destinados a la prevención y a la asistencia social de las víctimas de violencia de género,
dependientes tanto de las Comunidades Autónomas, como de los servicios de proximidad de los ayuntamientos.
2. Creación de la Unidad de Coordinación contra la Violencia de Género en cada Comunidad Autónoma.
3. Crear un fondo de apoyo a los ayuntamientos para dar refuerzo a la red de servicios públicos, impulsando el papel que desempeñan y deben seguir desempeñando los servicios sociales municipales y centros de la Mujer para el desarrollo y
cumplimiento de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género y la Ley Orgánica 8/2015, de 22 de julio, de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia.
4. Puesta en marcha, en los Juzgados Especializados en Violencia de Género, del Acompañamiento Judicial Personalizado para hacer accesible la información a las mujeres víctimas de violencia de género sobre el itinerario y procedimiento más
seguro, en su recorrido judicial desde el momento en el que ponen la denuncia hasta el final del proceso.
5. Establecimiento de protocolos de intervención específicos para la atención integral a las mujeres que han retirado la denuncia por violencia de género.
6. Activar de forma permanente el Plan Nacional de Sensibilización y Prevención de la Violencia de Género.
7. Incorporar al currículo la formación específica en Igualdad, educación afectivo-sexual y de prevención de la violencia de género en todas las etapas educativas.
8. Poner en marcha un Plan integral para prevenir, proteger y reparar el daño a menores víctimas de violencia de género.
9. Obligatoriedad de que tanto los magistrados al frente de órgano jurisdiccional especializado, como abogados, forenses y equipos psicosociales que intervengan en los juzgados especializados de violencia de género tengan certificada,
previamente a ocupar su puesto, formación específica en la materia impartida por una institución acreditada.
10. Ampliar las disposiciones preventivas, procesales, punitivas y protectoras de la ley de 2004 para abarcar, con las adaptaciones necesarias, todas las formas de violencia contra la mujer, tal como exige la Recomendación General n.° 19 de
la CEPAW y el Convenio del Consejo de Europa sobre Prevención y Lucha contra la Violencia contra la Mujer y la Violencia Doméstica (Convenio de Estambul), que España ha ratificado.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de enero de 2016.-Antonio Hernando Vera, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
162/000005
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley
para la implantación inmediata y con carácter urgente de un ingreso mínimo vital para atender a las familias en situación de necesidad por carecer de recursos económicos de cualquier naturaleza, para su debate en Pleno.
Exposición de motivos
La crisis económica ha generado en España un alarmante incremento de las desigualdades y los mecanismos de protección social no han sido capaces de corregirlas.
El incremento de la desigualdad se ha acelerado con el debilitamiento de la protección social llevado a cabo durante la anterior Legislatura, lo que ha hecho recaer las consecuencias de la crisis sobre las clases medias y trabajadoras,
especialmente las de rentas más bajas, lo que ha disparado la cantidad de personas en riesgo de pobreza situando a España con las mayores cifras de los países de la OCDE.
Todas las evidencias y la experiencia en los países con mayor justicia social demuestran que la inversión social es el activo más sólido para el desarrollo y la competitividad del país.
Por ello, hay que seguir avanzando en la consolidación del Estado de Bienestar, el sistema de protección que garantiza la cohesión social y lucha contra la desigualdad y la pobreza, y en su adecuación a las nuevas necesidades y nuevos retos
sociales del siglo XXI.
Y entre lo más urgente se encuentra establecer un sistema de garantía de ingresos que actúe como última red de protección social y ofrezca recursos mínimos a familias en situación de vulnerabilidad o en riesgo de exclusión social, de forma
que se les proporcione una renta que les permita afrontar las necesidades más básicas inherentes a la dignidad humana y que afronte la situación de pobreza en los hogares con niños y niñas, que viven con rentas por debajo del umbral de la pobreza,
con objeto de combatir la pobreza infantil y lograr la eliminación de la pobreza severa.
Para ello, es preciso establecer un sistema de garantía de Ingreso Mínimo Vital, como prestación de carácter no contributivo, de la Seguridad Social para familias en situación de vulnerabilidad o en riesgo de exclusión social que incluya:
- La creación de una prestación nueva dirigida a los hogares sin ingresos o en situación de necesidad, sea cual sea la causa, como prestación no contributiva de la Seguridad Social que cuente, para su reconocimiento, con la colaboración
pactada de los servicios sociales de las CCAA; y cuya gestión se coordine con los Planes de Inclusión Social y de Atención Integral a la Familia.
- El incremento de la cobertura de la prestación por hijo a cargo y el aumento de su cuantía, de forma escalonada, en función de las rentas familiares, y vinculado a los ingresos del hogar independientemente de la situación laboral de los
padres.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a adoptar con carácter urgente las medidas necesarias para la implantación de un ingreso mínimo vital para atender a las familias en situación de necesidad por carecer de recursos económicos de
cualquier naturaleza. A tal efecto, se establecerá una nueva modalidad no contributiva dentro de las prestaciones familiares de la Seguridad. Social que consistirá en una asignación económica cuya cuantía será igual al 80 por ciento del Indicador
Público de Rentas de Efectos Múltiples mensual vigente en cada momento. Esta cuantía se incrementará en función del número de miembros a cargo en la unidad familiar.
Asimismo, de forma inmediata se regulará la asignación económica por hijo o menor acogido a cargo, en los términos establecidos en la modalidad no contributiva de las prestaciones familiares de la Seguridad
Social, con independencia de la situación laboral o social de la familia, incrementando su cuantía, de forma escalonada, en función de las rentas familiares.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de enero de 2016.-Antonio Hernando Vera, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
162/000006
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley
para recuperar el Pacto de Toledo, como expresión de consenso político, y el dialogo social con el fin de acordar las medidas que permitan asegurar pensiones dignas y fortalecer la viabilidad del sistema público de pensiones, para su debate en
Pleno.
Exposición de motivos
En el año 1995, el Pleno del Congreso de los Diputados aprobó el 'Informe de la Ponencia para el análisis de los problemas del sistema de la Seguridad Social y de las principales reformas que debían acometerse', más conocido como 'Pacto de
Toledo'. Un Acuerdo en virtud del cual todos los grupos parlamentarios adquirían un compromiso sólido con el mantenimiento y consolidación del sistema de la Seguridad Social, dejando de lado las diferencias partidistas. Acuerdo político que se
articula desde 1999 en la Comisión, primero no permanente, de Seguimiento y Evaluación de los Acuerdos del Pacto de Toledo.
A partir del Pacto de Toledo y de sus recomendaciones, el Congreso de los Diputados acordó, casi de forma unánime, los principios básicos de evolución del sistema de la Seguridad Social, con especial incidencia en el ámbito de las pensiones
públicas, con un triple objetivo: en primer lugar, reafirmar la vigencia de un sistema de Seguridad Social, basado en los principios de solidaridad intergeneracional, contribución y equidad, que combina las modalidades contributivas y no
contributivas y adecua su estructura financiera a la naturaleza de las diferentes prestaciones; su segundo objetivo es mantener la suficiencia de la pensiones, garantizando en todo momento el mantenimiento de su poder adquisitivo; y, por último,
fortalecer la seguridad y la viabilidad del sistema de Seguridad Social, a través de su constante adecuación a los continuos cambios sociales y económicos. Todo ello en un contexto de consenso político y de diálogo social.
En el desarrollo del Pacto de Toledo, y previo el Acuerdo social de 1996, la Ley 24/1997, de 15 de julio, de consolidación y racionalización del sistema de la Seguridad Social, llevó al ordenamiento jurídico de la Seguridad Social, parte de
las medidas contenidas en las recomendaciones del Pacto. En años sucesivos, el Pacto de Toledo fue renovado en dos ocasiones, 2003 y 2011. A la renovación del Pacto de Toledo de 2003, le siguió el Acuerdo social de abril de 13 de julio de 2006, y,
en base a sus contenidos, la Ley 40/2007, de 4 de diciembre, de medidas en materia de Seguridad Social. O, tras la renovación de 25 de enero de 2011, prosiguió el Acuerdo social y económico, de 2 de febrero de 2011, y la Ley 27/2011, de 1 de
agosto, sobre actualización, adecuación y modernización del sistema de Seguridad Social.
Frente a las actuaciones seguidas en el período descrito, que coadyuvaron a un fuerte desarrollo del sistema de la Seguridad Social, a una mejora del poder de compra de las pensiones, a una mayor legitimación social del sistema y a un
fortalecimiento de sus elementos básicos, la actuación seguida por el Gobierno del Partido Popular en la pasada Legislatura ha implicado una grave ruptura de los consensos políticos y sociales anteriores, mediante la adopción de medidas de forma
unilateral, que han supuesto, además, un fuerte deterioro de la viabilidad del sistema de pensiones, mediante la merma intencionada de sus ingresos, así como un empobrecimiento real de la cuantía de las pensiones, con mayor incidencia en las
pensiones de importes más reducidos.
Sin ánimo de exhaustividad, como causas de la situación en que se encuentra el sistema de Seguridad Social y del empeoramiento de las condiciones de vida de los pensionistas, pueden citarse las siguientes:
a) Las políticas del Partido Popular con respecto a los jubilados han supuesto un recorte importante fundamentalmente por el copago sanitario, ya que si el Gobierno, en los años 2014,2015 y 2016 ha dedicado a la revalorización de las
pensiones unos 200 millones de euros por año, los pensionistas han tenido que pagar, en concepto de copago de los medicamentos, más de 800 millones cada año. Tales son los efectos, en esta materia, de la Ley 23/2013, de 23 de diciembre, respecto
del nuevo índice de actualización de las pensiones, combinada con la aplicación del Real Decreto-ley 16/2012, respecto del pago por los pensionistas de parte (o de todo) del precio de los medicamentos.
b) Además, el Gobierno del Partido Popular no ha respetado el mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones, ya que en 2012, de forma sorpresiva y sin acudir previamente al Parlamento, suspendió la aplicación de recuperación del poder
compra de las pensiones, que supuso detraer de los pensionistas más de 1.800 millones de euros, suspensión que se transformó en eliminación tras la entrada en vigor de la Ley 23/2013.
c) Asimismo, y como consecuencia del establecimiento del factor de sostenibilidad, a través de la Ley 23/2013, adoptada de forma unilateral por el Gobierno y al margen de los contenidos pactados en la materia en la Ley 27/2011, a los futuros
pensionistas los recortes se extenderán a su pensión inicial y será para toda la vida del pensionista, sin que pueda hacer nada para cambiar esta situación.
d) Ha empeorado fuertemente las expectativas de derecho a pensión de los trabajadores de más edad, que son arrojados del mercado de trabajo a partir de los 50 años, ya que el Partido Popular procedió a suprimir el subsidio para mayores de 52
años, dificultando el acceso a este subsidio a los mayores de 55 años ya que se les imputa las rentas familiares. Además, ha reducido la cotización durante el desempleo para los desempleados mayores de 52 años en un 20 por 100, al eliminar la
cotización por el 125% de la base mínima que pactaron el Gobierno socialista y los agentes sociales en 2007. A mayor abundamiento, las políticas del Partido Popular obligan a estos desempleados a jubilarse anticipadamente ya que el subsidio se
extingue cuando se llega a la edad de acceso a cualquier tipo de jubilación, aun cuando pudieran seguir cotizando, lo que reduce la cuantía de la pensión.
e) Frente a los compromisos pactados en 2011 y que se recogieron en la Ley 27/2011, el Partido Popular ha endurecido (Real Decreto-ley 5/2013) las condiciones de la jubilación anticipada a los 61 años o a los 63 años. Y ha rebajado la
cuantía para la integración de lagunas de cotización.
f) El Gobierno del Partido Popular en sus informes ante los organismos de la Unión Europea ha venido presumiendo de recortar el gasto en pensiones en tres puntos del PIB como consecuencia del factor de sostenibilidad, mientras engañan a los
pensionistas asegurándoles que nunca sus pensiones tendrán merma retributiva, y ello cuando los incrementos suponen prácticamente en una congelación constante de las pensiones.
Pero, además, toda esa política de recortes ha venido acompañada de una decidida actuación de deprimir los ingresos de la Seguridad Social, mediante la congelación del salario mínimo, lo que ha tenido su traslación a las bases mínimas de
cotización, la reducción de los salarios (con su directa traslación a las bases de cotización de los trabajadores) o el establecimiento de 'tarifas planas' u otras medidas de minoración de las cotizaciones sociales, que es asumida exclusivamente por
la Seguridad Social, pues esa minoración no es compensada desde el Presupuesto del Estado, conforme a las orientaciones del Pacto de Toledo (en cualquiera de sus renovaciones) y a las tesis defendidas en dicho Pacto por los representantes del
Partido Popular. De ahí que, a pesar de las proclamas gubernamentales sobre el crecimiento de los afiliados a la Seguridad Social en la legislatura -más de 500.000- sin embargo el volumen de las cotizaciones sociales prácticamente se ha congelado
en la legislatura, frente al crecimiento de los gastos.
Esta situación ha motivado que, por primera vez en democracia, nuestro sistema de pensiones haya presentada déficit durante los cuatro años de Legislatura, alrededor de 15.000 millones de euros al cierre de 2015. Déficit que ha provocado
que el Gobierno del Partido Popular haya hecho uso de forma masiva de los recursos del Fondo de Reserva de la Seguridad Social, que prácticamente se ha reducido a principios de 2016 a un 50% del importe existente en la fecha en que dicho partido
asumió las responsabilidades del Gobierno, a finales de 2011.
No es de extrañar, en esta coyuntura, que hayan arreciado las voces sobre la 'próxima quiebra' del sistema de pensiones de la Seguridad Social, y la necesidad de complementar las mismas con sistemas
complementarios, los cuales difícilmente puede ser suscritos por la gran mayoría de la población trabajadora, dada la fuerte depreciación salarial y el gran incremento de la contratación temporal. Todo lo cual podría ser un 'caldo de
cultivo' propicio para, en un futuro, ir situando el sistema obligatorio de pensiones en la gestión privada.
Por todo ello, se hace necesario recuperar el consenso parlamentario sobre la vigencia del sistema público de Seguridad Social, la defensa de la suficiencia de las pensiones, el fortalecimiento de la viabilidad de las pensiones,
estableciendo, a través de los cauces que se previeron en la Ley 27/2011, fuentes alternativas y complementarias de financiación, en un marco de pacto social y económico con los interlocutores sociales. En definitiva, se trata de volver a situar el
sistema de la Seguridad Social como una de las señas básicas de identidad de la ciudadanía española y como un baluarte en la protección social colectiva.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a reconstituir de forma urgente el Pacto de Toledo, como expresión de consenso político, y el diálogo social, con el fin de acordar las medidas que permitan asegurar pensiones dignas y
recuperar el poder adquisitivo de las pensiones, especialmente las pensiones mínimas, así como fortalecer la viabilidad del sistema público de pensiones.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de enero de 2016.-Antonio Hernando Vera, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
162/000007
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley
sobre reforma fiscal y lucha contra el fraude y la evasión fiscal, para su debate en Pleno.
Exposición de motivos
España no tiene una elevada presión fiscal agregada. De hecho, nuestros ingresos públicos en relación al PIB se sitúan en el 37,8% frente al 45,2% del promedio de los países de la Unión Europea y no superaron el 41%, ni en plena burbuja
inmobiliaria. Nuestro problema es que esa presión fiscal se concentra mucho sobre pocos contribuyentes y pocas bases imponibles. La consecuencia es que el sostenimiento del gasto público recae de forma casi exclusiva sobre las rentas del trabajo,
fundamentalmente medias y bajas, que soportan directamente, e indirectamente a través de las cotizaciones sociales, el grueso de la presión fiscal, en torno a nueve de cada diez euros recaudados, según algunas estimaciones.
Necesitamos una nueva política fiscal que simplifique nuestro sistema tributario, haciéndolo más eficiente y que promueva la transición hacia un nuevo modelo económico, incentivando la inversión productiva, el emprendimiento y la innovación,
frente a otro tipo de actividades, que deben ser desincentivadas como la especulación, la contaminación o aquellas que contribuyen al cambio climático.
Nuestro actual sistema fiscal descansa demasiado sobre la tributación de la renta anual y del factor trabajo. Aspiramos a desplazar el peso de la carga tributaria, en parte, hacia la riqueza y el uso de recursos naturales finitos.
Al mismo tiempo, la fiscalidad debe recuperar el principio de equidad, tanto vertical, que pague más quien más gana, como horizontal, es decir que a igual nivel de renta, tributación similar independientemente de las fuentes de renta.
Lograr una mayor equidad del sistema tributario, implica luchar de forma decidida contra el fraude, la elusión y la evasión fiscal e incorporar todas las manifestaciones de capacidad económica, de manera efectiva al sistema tributario, como reclama
la Constitución. Ello ayudará a un reparto más justo de las cargas, a la sostenibilidad y estabilidad del Estado del Bienestar y a una mayor competitividad de la economía española y a la creación de empleo de calidad.
Nuestra Constitución establece entre los deberes de los ciudadanos el contribuir al mantenimiento de las cargas generales del Estado de acuerdo con la capacidad de pago de cada uno. Por eso establece un sistema tributario progresivo en el
que aporte proporcionalmente más, quien más riqueza tiene y no solo quien más renta gane. Sin embargo, la actual descoordinación entre el IRPF, IS, y el Impuesto de Patrimonio impide gravar adecuadamente la riqueza, dando lugar a una doble no
tributación que permite que determinadas grandes fortunas y patrimonios no contribuyan de forma adecuada al sostenimiento de los gastos públicos.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Política fiscal:
- Crear una Comisión de Expertos/as que analizará todos los aspectos mencionados y, en el plazo de seis meses, presentará sus conclusiones sobre cómo mejorar la incorporación de la riqueza al sistema general de tributación. Las
modificaciones legislativas derivadas de estas conclusiones entrarán en vigor con los Presupuestos Generales del Estado para 2017.
Mientras tanto:
- Establecer un mínimo común en todo el territorio nacional tanto en el Impuesto de Sucesiones como en el de Patrimonio, para evitar en la práctica, su vaciamiento.
- Reformar en profundidad el Impuesto de Sociedades, con el objetivo de ensanchar las bases imponibles y elevar la recaudación. Para ello, se revisarán las múltiples exenciones y bonificaciones del Impuesto, muchas de ellas de escasa
justificación. Entre tanto, se establecerá una tributación mínima del 15% en el Impuesto de Sociedades sobre el resultado contable de las grandes empresas que no haya generado bases imponibles que hayan tributado de forma efectiva en otro país, de
modo que contribuyan a recuperar la recaudación y estabilizarla en el tiempo.
- Rebajar el tipo del IVA a las actividades culturales, como cine, teatro y música.
- Promover la modificación de la normativa armonizada europea para que se puedan aplicar tipos reducidos a los libros, periódicos y revistas electrónicos o digitales, considerando su carácter cultural, así como a bienes de primera necesidad.
- Impulsar la puesta en marcha definitiva de un Impuesto a las Transacciones Financieras (ITF), tal y como ya han acordado once países de la Unión Europea, entre ellos España. El Impuesto a las Transacciones Financieras será un impuesto de
base amplia, que incluya el mayor número posible de productos financieros, acciones, bonos y derivados, para desincentivar la especulación financiera.
- Impulsar una fiscalidad ambiental adecuada que nos acerque a los estándares europeos. Dicha fiscalidad contemplaría los siguiente nuevos tributos: (i) Impuesto sobre las emisiones de CO2; se aplicará sobre la tonelada de CO2 que se
emiten, discriminando entre las empresas sujetas al sistema de comercialización de derechos de emisiones (ETS) y las que no; (ii) Impuesto sobre los óxidos nitrosos (NOX); (iii) Impuesto sobre las emisiones de los vehículos de motor: basado en
las emisiones potenciales de cada tipo de vehículo, resultará de la fusión de los actuales impuestos de matriculación y circulación; (iv) Impuesto mixto sobre residuos industriales y peligrosos o tóxicos; (v) Impuesto sobre residuos de envases,
embalajes y bolsas; Además, se reformarán los siguientes tributos ya existentes para hacer de ellos verdaderos impuestos medioambientales: (i) Impuesto Especial sobre Hidrocarburos; (ii) Impuesto Especial sobre la Electricidad y; (iii) Canon de
vertidos. Dicha fiscalidad medioambiental se pondrá en marcha en concertación con las CCAA varias de las cuales ya cuentan con figuras tributarias similares.
2. Lucha contra el fraude y la evasión fiscal:
España debe liderar, tanto en la UE, como en el ámbito de la OCDE y del G20, una agenda ambiciosa en materia de una mayor transparencia en la fiscalidad europea e internacional, que acabe con el fraude y la evasión fiscal, así como con los
paraísos fiscales que contemple:
- Apoyar la propuesta de la Comisión Europea de modificación de la Directiva sobre cooperación administrativa en el ámbito de la fiscalidad, para acabar con la opacidad de los llamados 'Tax Rulings'
(acuerdos fiscales de los estados miembros con empresas multinacionales o también llamados trajes a medida) y los acuerdos de precios de transferencia transfronterizos, emitidos en los últimos diez años.
- Impulsar y liderar, en el ámbito de la OCDE y del G20, la agenda del BEPS (Base Erosión Profit Shifting) llevada a cabo en el seno de la OCDE que podrían culminar en la negociación de un Tratado Multilateral sobre gobernanza fiscal
mundial.
- Impulsar en el seno de la UE la elaboración de una lista negra de paraísos fiscales, y que las jurisdicciones que aparezcan en dicha lista deben estar sujetas a una lista consensuada de sanciones. De igual forma, España promoverá en la
OCDE y el G-20 la adopción de una estrategia internacional contra los paraísos fiscales.
- Apoyar las iniciativas para la mejora de la gobernanza fiscal europea, impulsando la armonización fiscal (en particular del Impuesto de Sociedades), la superación de la regla de unanimidad, y el establecimiento de un campo de juego entre
los 28 Estados miembros sin margen para la opacidad o la competencia desleal.
- Abogar por la creación de nuevo Impuesto sobre la detracción de rentas en abuso de derecho que gravaría con un tipo del 35% los beneficios que las empresas sustraigan del control tributario mediante esquemas de planificación fiscal
agresiva.
- Incrementar en 5.000 empleados públicos los efectivos de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria destinados a la lucha contra el fraude en los próximos cuatro años.
- Destinar al Presupuesto de la AEAT, para luchar contra el fraude fiscal, un porcentaje real y automático de la recaudación bruta derivada de los actos de liquidación y gestión recaudatoria.
- Revisar el régimen de estimación objetiva con el objetivo de minimizar el fraude fiscal que se pudiera producir a través de tal instrumento tributario.
- Modificar la figura del delito fiscal para hacerla más efectiva. En todo caso, se modificará el artículo 305 del Código Penal para que todos los delitos fiscales sean considerados como graves (pena de prisión de dos a seis años y
prescripción a los 10 años) y aquellos que revistan especial gravedad, las penas a imponer siempre serán en su mitad superior.
- Potenciar el papel del Servicio de Vigilancia Aduanera y la coordinación de la AEAT con la Fiscalía, el SEPBLAC y las fuerzas de seguridad del Estado. En particular se promoverá la creación de juzgados especializados en delitos
económicos, fraude fiscal y a la Seguridad Social, dotados con medios adecuados y suficientes.
- Elaborar una estrategia de lucha contra la economía sumergida, en particular, se considerarán medidas puestas en práctica en otros países como la ampliación de la limitación en el uso de efectivo en las transacciones económicas y la
estandarización de los sistemas de facturación de las pequeñas empresa.
- Elaborar una Ley Antifraude que incorpore las modificaciones necesarias para corregir los vacíos legales y aquellas interpretaciones normativas que posibilitan la elusión fiscal. Remitir al Parlamento un informe anual con la evaluación de
los resultados de la lucha contra el fraude y su comparación internacional.
- Adquirir el firme compromiso de no aprobar una nueva amnistía fiscal. Dentro del marco de una reforma constitucional debe prohibirse de forma absoluta el recurso general o individualizado a la amnistía fiscal.
- Introducir cambios del artículo 95 de la Ley General Tributaria, dentro de los límites constitucionales, que permitan conocer el nombre de los defraudadores, acogidos a la amnistía fiscal.
- Exigir a las entidades financieras que operan en España que notifiquen a las autoridades españolas los clientes que tienen cuentas en paraísos fiscales y, en caso de que dichas entidades no colaboren con las autoridades españolas, ser
sancionadas económicamente e, incluso, en caso de reincidencia en la falta de colaboración, retirada de la ficha bancaria en su caso.
- Establecer un mayor control de las SICAV mediante: (i) Establecimiento de un porcentaje de participación máximo para cada inversor; (ii) Se estudiará la fijación de un período de permanencia máximo de las plusvalías acumuladas sin que
tributen; (iii) Dotar legalmente a la AEAT de competencias para supervisar e inspeccionar a las SICAV.
- Revisar la figura de la Entidad de Tenencia de Valores Extranjeros (ETVES), que se ha convertido en una fuente de elusión fiscal importante. Se endurecerá el régimen de exención tributaria de los beneficios y dividendos de esta figura.
- Hacer pública la identidad de los contribuyentes beneficiarios de incentivos tributarios que superen determinados umbrales. Además, se institucionalizará la evaluación permanente de los incentivos fiscales, tanto desde el punto de vista
recaudatorio como desde la perspectiva de la eficiencia económica y su impacto. Esto abarca también las memorias de los proyectos de ley que incorporen incentivos fiscales.
- Impulsar las modificaciones necesarias para que la legislación tributaria contemple como infracción las prácticas de elusión repetitiva, no solo de los clientes, sino también de las consultoras o comercializadoras, así como la inclusión
del correspondiente tipo delictivo en el Código Penal.
- Aprobar un Estatuto de la Agencia Tributaria que refuerce su independencia y profesionalidad, evitando las injerencias políticas.
- Revisar el procedimiento de auxilio judicial de la AEAT con el objeto de mejorar la colaboración con los órganos jurisdiccionales, asegurando que dicho auxilio se presta en condiciones de objetividad y atendiendo estrictamente a criterios
técnicos, evitando cualquier tipo de injerencia por parte de la dirección de la Agencia.
- Aprobar un plan para mejorar el cumplimiento voluntario, reducir la litigiosidad en el ámbito tributario, reforzar la seguridad jurídica y favorecer la relación cooperativa entre los contribuyentes cumplidores y la administración
tributaria.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de enero de 2016.-Antonio Hernando Vera, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
162/000008
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley
para situar la l+D+i como una prioridad política y social para nuestro país, para su debate en Pleno.
Exposición de motivos
La aprobación con un amplio consenso social y político de la Ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, en 2011, supuso un importantísimo hito en el proceso de desarrollo de nuestro sistema de Ciencia y Tecnología, que desde la Ley de
Fomento y Coordinación General de la Investigación Científica y Técnica de 1986, había logrado alcanzar un notable nivel de calidad y reconocimiento internacional. La nueva ley marcó nuevos e importantes objetivos en materia de calidad,
transferencia y circulación de conocimiento e innovación.
Pese a ello, en la última legislatura se revertió este proceso: disminuyó de manera significativa la inversión en l+D, tanto en el sector público como en el privado, renunciando el Gobierno al objetivo europeo de destinar el 3% del PIB en
2020; se redujo y constriñó el sector público de l+D; se limitaron radicalmente las oportunidades de trabajo para nuestro personal de investigación; y se despreciaron sistemáticamente las bases de consenso y las previsiones de desarrollo de la
Ley de Ciencia, Tecnología e Innovación.
Muestra de ello es que en la pasada legislatura la inversión en España en l+D retrocedió hasta situarse en el 1,24% del PIB, alejándose respecto al máximo histórico del 1,40% que se alcanzó en 2010, y el peso de la l+D+i civil en los
Presupuestos Generales del Estado cayó prácticamente un punto porcentual. Un nivel de inversión alejado de la media y los objetivos europeos, que está suponiendo un atraso en la mejora de la competitividad y la necesaria modernización de nuestros
sectores productivos, con especial incidencia en el industrial.
Particularmente grave ha sido el efecto de los recortes en las oportunidades para iniciar o proseguir una carrera investigadora en España, lo que ha provocado que miles de jóvenes hayan tenido que abandonar la ciencia o retomar sus
investigaciones en el extranjero, allá donde sí han encontrado esas oportunidades que nuestro país les negaba.
Esta situación requiere de un cambio inmediato y la adopción de medidas urgentes para conseguir colocar de nuevo a la ciencia, la tecnología y la innovación como factores esenciales para impulsar el desarrollo, el crecimiento económico y el
bienestar de la sociedad.
A nadie se le debe escapar que la calidad de vida que disfrutamos en la actualidad y la que pretendemos disfrutar en el futuro se apoya en la Ciencia y en muchos descubrimientos científicos, pero estos son solo una pequeña parte visible de
muchos descubrimientos previos, realizados en algunos casos incluso centenares de años antes. Es imposible saber hoy qué descubrimiento puede suponer un cambio extraordinario dentro de unos años, de ahí la importancia fundamental del mantenimiento
de la investigación básica.
Junto con la investigación básica, conformando con ella un auténtico ecosistema, han de promoverse con determinación la investigación aplicada, la transferencia y circulación de conocimiento, el desarrollo tecnológico y la innovación.
España debe retomar la senda de la modernización hacia la nueva economía, bajo criterios de competitividad y sostenibilidad. Esta modernización, basada en la innovación y el emprendimiento, solo será posible con el concurso y protagonismo
de la toda la sociedad. Y en este cambio, el papel de la Administración pasa por definir los elementos de una política industrial moderna e innovadora en sí misma, basada en medidas que dinamicen y acompañen a las inversiones privadas y que sean
selectivas, dirigiéndose a los sectores de carácter más estratégico.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Promover un amplio acuerdo social y político que, partiendo del Acuerdo Parlamentario por la Ciencia suscrito en 2013, permita alcanzar el máximo consenso en torno a las políticas de ciencia, tecnología e innovación.
2. Duplicar la inversión pública en l+D+i civil, que representará al menos el 2,5% de los Presupuestos Generales del Estado al final de la legislatura, y recuperar como objetivo estratégico el objetivo europeo de alcanzar una inversión
total del 3% del PIB, así como defender en las Instituciones Europeas la aplicación de la 'regla de oro? a las inversiones en l+D+i.
3. Fomentar la interacción y la movilidad de personal entre todos los agentes del sistema (universidades, organismos públicos de investigación y empresas e instituciones privadas), eliminando barreras normativas y procedimentales, teniendo
siempre presente la función y características propias de cada uno de ellos.
4. La modificación del Estatuto de la Agencia Estatal de Investigación creada por el anterior Gobierno para que, por su autonomía, criterios científicos, capacidad de actuación y dotación presupuestaria, responda al modelo del European
Research Council y al papel previsto para ella en la Ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación de 2011.
5. Garantizar la suficiencia y regularidad de las convocatorias de proyectos de investigación y de recursos humanos, ampliando la dotación del Fondo Nacional y uniendo a la evaluación ex ante, para la concesión de los proyectos, la
rendición de cuentas ex post, de modo que el rendimiento y grado de consecución de objetivos sea una variable para la concesión de proyectos futuros.
6. Revisar y simplificar los procedimientos administrativos que se siguen en materia de l+D, aligerando sustancialmente los trámites burocráticos que ha de realizar el personal investigador.
7. Establecer una nueva línea de financiación competitiva, dirigida a financiar con criterios de excelencia los programas institucionales de actividad científica, tecnológica e innovadora de las universidades y organismos públicos de
investigación.
8. Poner en marcha un Plan de Reforzamiento de Sectores Prioritarios, partiendo de la valoración de la dimensión y peso internacional de las comunidades científicas en los diferentes ámbitos, de la calidad de los resultados científicos
conseguidos en estos últimos años y del impacto tecnológico generado en otros sectores.
9. Incentivar la participación en el programa Horizonte 2020 y el aumento del retorno hacia España.
10. Impulsar un nuevo plan director de infraestructuras científicas.
11. Elaborar y desarrollar un plan de difusión, comunicación y cultura científicas, en colaboración con las comunidades autónomas, municipios, universidades, organismos públicos de investigación y otras
instituciones públicas o privadas, que favorezca la apropiación social de la ciencia, la tecnología y la innovación.
12. Estimular la colaboración publica-privada en investigación.
13. Crear una red de Centros de Excelencia en Innovación Industrial (CEII) formada por una serie de Institutos para la Innovación Industrial en torno a los 'productos y tecnologías facilitadoras? (tales como nanotecnología, micro-nano
electrónica, materiales avanzados, fotónica, biotecnología industrial o sistemas de producción avanzados) en los que colaborarán empresas, universidades, centros de investigación y administraciones públicas.
14. Impulsar de una manera sostenida mecanismos de desintermediación financiera que acerquen el capital inversor a nuevos proyectos empresariales con fondos públicos de capital y garantías especialmente en fases tempranas, semilla y start
up; racionalizando y coordinando a través de ventanillas únicas que informen de los diferentes instrumentos existentes.
15. Reforzar el Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI), otorgándole más autonomía y mayores recursos para que pueda realizar con plena eficacia las funciones previstas por la Ley de la Ciencia, la Tecnología y la
Innovación.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de enero de 2016.-Antonio Hernando Vera, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
162/000009
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley
para la derogación de la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, para su debate en Pleno.
Exposición de motivos
La Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local vino a reformar la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, de forma que ha supuesto un ataque frontal a la
autonomía local y a su capacidad de prestar servicios a la ciudadanía. También a la consideración que hasta ahora se había tenido del municipio como gobierno político, convirtiéndolo en un mero gestor de decisiones ajenas. Los Ayuntamientos han
sido las administraciones públicas que han sufrido las políticas de austeridad más agresivas e insolidarias.
La reforma planteada priva a las entidades locales de las competencias en materia de prestación de los servicios sociales y de promoción y reinserción social, así como en otras competencias: sanidad, consumo, igualdad, políticas de empleo,
etc.
La nueva ley consagra una visión exclusivamente economicista de las funciones mismas del Estado, y en especial de las Entidades Locales, al citar la estabilidad presupuestaria como principio rector que debe presidir las actuaciones de todas
las Administraciones públicas en vez de situar la atención en los ciudadanos/as y la calidad en la prestación de servicios en el centro de la reforma. Paradójicamente, esta medida de supuesto ahorro se establece sobre la Administración Local, la
única que se mantiene sin déficit público en 2015 y las previsiones hasta 2019 se sitúan en el 0,0%.
Desde el principio, el PSOE se ha opuesto frontalmente a esta reforma porque ataca y daña a la raíz misma del gobierno municipal, recorta competencias a los ayuntamientos y abre el camino a la desaparición o la privatización de los servicios
sociales que prestan los ayuntamientos. El texto es, además, un ataque a la Carta Europea de Autonomía Local. También se han opuesto el resto de los grupos de la oposición y alcaldes de toda España, incluidos muchos del Partido Popular. Por ello,
se presentó un recurso de inconstitucionalidad contra esta ley.
Igualmente, más de 3.000 ayuntamientos de toda España, que representan a más de 16 millones de ciudadanos y ciudadanas, plantearon un conflicto ante el Tribunal Constitucional en defensa de la autonomía local constitucionalmente garantizada.
Tanto los recursos presentados como el conflicto
planteado fueron admitidos a trámite por el Tribunal Constitucional y están pendientes de tramitación y sentencia.
La crisis económica plantea nuevos retos para las entidades locales, retos que, unidos a la necesaria derogación de la Ley para la Reforma Local, abren un escenario que debe estar protagonizado por las propuestas, el diálogo y el consenso
político para resolver con eficacia los problemas que vienen arrastrando las entidades locales y cuyos primeros afectados son los ciudadanos y ciudadanas.
El principal objetivo debe ser aplicar el principio de subsidiariedad. Las entidades locales son las administraciones más próximas a la ciudadanía. Por ello, reforzar su carácter democrático y mejorar su capacidad para prestar servicios
deben ser las prioridades. Para ello es fundamental la participación de la ciudadanía en las decisiones más importantes de los ayuntamientos, mediante mecanismos efectivos de participación. La segunda característica ha de ser la transparencia. La
ciudadanía necesita saber de forma clara qué hace la administración que tienen más próxima. Solo así se podrá juzgar y controlar a los gobiernos locales y a sus representantes con responsabilidad. El tercer rasgo es la suficiencia presupuestaria.
Desde hace mucho tiempo nuestros ayuntamientos necesitan unas competencias claras y unos ingresos suficientes para llevarlas a cabo. Solo una administración que atiende a sus ciudadanos y ciudadanas es una administración útil.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a adoptar urgentemente las medidas necesarias para:
1. Derogar la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local.
2. Aprobar una Ley de Régimen Local que refuerce la autonomía local, que garantice un sistema de financiación estable y proporcional a unas competencias bien definidas de los entes locales y aquellas que no siendo propias, previo convenio,
puedan desarrollarse sin comprometer la estabilidad presupuestaria con garantías de control y transparencia de la gestión pública.
3. Impulsar, desde el consenso, una nueva ley de Haciendas Locales que dote de estabilidad, rigor y recursos las competencias asumidas por las entidades locales, de forma coordinada con la de la financiación autonómica, definiendo con
claridad la participación de las haciendas locales en los tributos del Estado (PIE) y en los de las Comunidades Autónomas (PICAs).'
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de enero de 2016.-Antonio Hernando Vera, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
162/000010
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para presentar, al amparo de lo establecido en el artículo 193 del Reglamento del Congreso de los Diputados, la siguiente Proposición no de Ley para el
urgente cumplimiento de la resolución parlamentaria aprobada por unanimidad del Congreso de los Diputados en su sesión plenaria del 29 de septiembre de 2015 sobre la crisis humanitaria de refugiados, para su debate en Pleno.
Exposición de motivos
A finales de agosto de 2015, la crisis humanitaria de refugiados que llegaban a los países europeos alcanzó de lleno a todas las instituciones europeas, gobiernos nacionales y opinión pública. Las imágenes de la muerte y la desesperación
conmovieron conciencias y obligó a reaccionar a todos.
Desde aquel momento se han puesto de relieve numerosas cuestiones que van desde los intentos por solucionar los conflictos en origen, los intentos de acordar criterios de distribución de refugiados entre los países europeos o los intentos de
avanzar en una legislación de asilo europea. Debemos lamentar que ninguno de esos intentos haya tenido resultados palpables.
A pesar del mínimo incremento de solicitudes de asilo que hubo en España en los dos años anteriores, nuestro país se ha mantenido al margen de las consecuencias de esta crisis. Los refugiados no están utilizando nuestro país como puente
para llegar a otros ni tampoco lo eligen como destino al llegar a la Unión Europea. Sin embargo, la sociedad española ha demostrado ser solidaria y una clara voluntad de ser parte de la solución a todos los problemas y particularmente en la acogida
de refugiados.
Durante los meses de agosto y septiembre de 2015, el Grupo Parlamentario Socialista promovió conversaciones con los demás Grupos Parlamentarios con el objeto de impulsar un gran acuerdo político sobre estos aspectos, lo que tuvo como
resultado la aprobación por unanimidad, en la sesión plenaria del 29 de septiembre, de una resolución parlamentaria en forma de Proposición no de Ley para impulsar una nueva política de asilo y refugio en España.
El acuerdo se articuló en diez puntos, en los que los Grupos Parlamentarios se comprometían e instaban al Gobierno, entre otras cuestiones, a impulsar todas las vías diplomáticas existentes para actuar con determinación, tanto en el seno de
la UE como en la ONU, en la búsqueda de la pacificación de los países de conflicto; a apoyar una verdadera política integral de asilo en la UE y reforzar el diálogo y la cooperación con terceros países para atender de forma adecuada a los
refugiados; a planificar, coordinar y adaptar la respuesta dada a las necesidades de acogida e integración de los refugiados; a incrementar los fondos destinados a la acogida e integración de los refugiados; a agilizar los trámites burocráticos;
y promover una campaña de sensibilización a la población española sobre la convivencia y la integración de personas de distintas procedencias y culturas, evitando así la aparición de actitudes racistas o xenófobas.
Ese compromiso implicaba explícitamente adaptar la insuficiente respuesta inicial dada por el Gobierno a las necesidades de acogida e integración de los refugiados a las nuevas cifras de llegadas y a las previsiones de la Unión Europea en
materia de reubicación y reasentamiento, y poner a disposición de los refugiados y solicitantes las plazas de acogida precisas, facilidades para la escolarización y atención sanitaria y social adecuadas, así como incorporar planes de trabajo
voluntario para favorecer el proceso de integración de los refugiados, en colaboración con las entidades del tercer sector y actuaciones para atender especialmente a los menores, eventualmente no acompañados, entre otras actuaciones específicas.
En los primeros nueve meses del 2015, 812.705 personas pidieron asilo en la Unión Europea. En 2014 habían pedido asilo 626.065 personas. Los últimos datos disponibles, indican que, en aplicación del plan que la Comisión Europea para
reubicar a 160.000 refugiados en dos años, solo 272 personas han sido reubicadas. España se había comprometido a acoger a 17.000 personas, pero según datos actualizados a 4 de enero de 2016, solo 18 refugiados han sido reubicados en nuestro país.
No cabe esperar más para ser coherentes con nuestros propios acuerdos y consecuentes con un deber moral de actuar. Los refugiados siguen huyendo, siguen necesitando ayuda y el Gobierno, aún en funciones, no puede esperar para
proporcionarles la que nos corresponde y que fue acordada por el Parlamento.
Por todo ello el Grupo Parlamentario Socialista formula la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a aplicar urgentemente los acuerdos alcanzados y aprobados por unanimidad del Congreso de los Diputados en su sesión plenaria del 29 de septiembre de 2015 sobre la crisis humanitaria de
refugiados, y dar cumplimiento a todas sus conclusiones, y especialmente, a las actuaciones previstas en dicha resolución parlamentaria en materia de acogida e integración de los refugiados.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de enero de 2016.-Antonio Hernando Vera, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
162/000012
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley
sobre derogación de la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana, para su debate en Pleno.
Exposición de motivos
Según la exposición de motivos, la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana, tiene como objetivo central sancionar conductas que representan un ejercicio extralimitado del derecho de reunión y
manifestación. Y ello es así, a pesar de que según datos ofrecidos en esta cámara por responsables del Ministerio del Interior, solo actuó la fuerza pública en menos del uno por mil de las mismas.
Solo una necesidad social apremiante puede justificar una norma que recorta derechos recogidos en nuestra Constitución, porque, como reiteradamente ha proclamado el Tribunal Constitucional, la fuerza expansiva de todo derecho fundamental
restringe el alcance de las normas limitadoras que actúan sobre el mismo. Es evidente que en España hoy la mayoría ciudadana entiende que no concurre esa premisa.
La Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana, vino a establecer un nuevo marco jurídico donde se lleva a cabo una degradación, hasta hacerlos prácticamente irreconocibles en su inicial configuración
constitucional, de derechos y libertades como las de expresión, reunión, manifestación, y huelga, entre otros, convirtiendo al ciudadano activo, al ciudadano crítico, en el enemigo de la seguridad, lo que provoca que, como la mayoría de las personas
no cometen delitos penales cuando se manifiestan, se les impone con esta Ley el derecho administrativo del enemigo.
Las razones de esta ley, al menos las confesadas, se resumieron por el Ministro del Interior en cuatro motivos, y vemos que ninguno de ellos alcanza la categoría de disculpa. El transcurso del tiempo o los cambios sociales pueden justificar
retoques o modificaciones, pero no un cambio íntegro de la ley, y la demanda social, si existe, es mínima. Más sorprendente aún es que se diga que se pretende adecuar la normativa a la jurisprudencia constitucional, porque va precisamente en la
dirección opuesta.
Entre los elementos preocupantes en esta Ley que tiene varios y para señalar algunos, es relevante la supuesta finalidad de garantizar condiciones de normalidad en la prestación de servicios básicos, porque claramente permite que sea
utilizada para establecer nuevas condiciones y límites al derecho de huelga violando las garantías constitucionales. Con la Ley de Orden Público de 1959 como inspiración el texto ha desarrollado ahora un régimen sancionador al margen del control
judicial inmediato para conductas relacionadas con derechos civiles y políticos vinculados a la protesta social.
Esta Ley, que entró en vigor el 1 de julio de 2015 vino a sustituir a la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, sobre Protección de la Seguridad Ciudadana, pero por el contrario de su antecesora, sitúa como principal objetivo la seguridad
ciudadana y no el libre ejercicio de los derechos fundamentales. Esta ley, a la vez que se aleja de los valores constitucionales, se aproxima a las viejas leyes que ya padecimos de orden público ya que trata, simplemente con otro lenguaje, de
promover, de manera primordial, la defensa de un determinado orden social, mediante la represión de la exteriorización y expresión de la protesta social por los recortes en los derechos sociales y laborales, la limitación de libertades y derechos
fundamentales, y con un uso de la estructura de seguridad como instrumento de defensa de ese orden y no de los derechos y libertades que es el mandato constitucional del artículo 104.
Es también la desconfianza en la actuación de los jueces uno de los elementos centrales de la nueva norma. Es por ello que viene a sustraer de la valoración judicial toda una serie de conductas del Código Penal, que pasan a ser con la nueva
ley infracciones administrativas, lo que garantiza a la administración un papel de Juez y parte.
Además, es de reseñar, que la tipificación de conductas antes delictivas, se recoge de manera que las hace confusas debido al solapamiento con acciones que tienen correlación con conductas tipificadas como delito en el Código Penal y que
directamente inciden el principio 'ne bis in ídem', lo que permite que en el caso de que los tribunales no consideren delito una determinada conducta, sancionarla como infracción administrativa.
La nueva norma, en lugar de incrementar la tutela judicial de los derechos, la difumina, toda vez que los ciudadanos para acceder a la misma tienen que soportar cargas difícilmente asumibles como pagar la sanción para recurrir, pagar abogado
y no pueden beneficiarse de reducción alguna si finalmente no son tenidos en cuentas sus argumentos por los jueces de lo contencioso. Esto pone de manifiesto que la verdad no es como reiteradamente afirmaba el Gobierno que la promovió, que lo que
pretende sea que se castigue menos, sino con menos garantías. El objetivo no es pues sancionar a quien comete actos socialmente aceptados como gravemente contrarios a los valores, sino al disidente, al que protesta, al considerar que quien protesta
altera, no la seguridad, sino la 'tranquilidad pública', que por otra parte es un valor sin concreción constitucional.
Hay que romper con una normativa que permite la concatenación del derecho penal y del derecho administrativo, de manera que la penalización de ciertas conductas habilitan a la policía para el ejercicio de poderes exorbitantes de inspección,
retención, investigación, represión y sanción, dándose de hecho una gubernamentalizarían del sistema de garantías de los derechos fundamentales.
Igualmente, se debe derogar la norma que lo que ha venido a hacer es instaurar un derecho administrativo sancionador preventivo, fundado en sospechas y dirigidas a generar desaliento en el ejercicio de derechos fundamentales.
Por ello, se debe establecer un sistema sancionador ligado a la prevención o represión de la lesión o puesta en riesgo real, efectivo e inminente de la integridad física, moral, la vida o los bienes de terceros y no un sistema que se solape
y castigue las mismas conductas que el derecho penal, acumulando así el reproche jurídico de conductas, lo que está prohibido por el artículo 9 CE, en sus apartados 2 y 3, que no vulnere, los principios de legalidad, tipicidad y proporcionalidad en
la sanción y que no se fundamente en una definición abierta y ambigua de los tipos sancionadores y en la fijación de multas desproporcionadas y que atribuya a la policía poderes de decisión y represión fundados en meros indicios y sospechas, que
desplazan las garantías judiciales, y que adolecen de un margen enorme de discrecionalidad, lo que vulnera el artículo 24 CE (tutela judicial efectiva).
Es fundamental que el derecho administrativo de la seguridad pública, no se conciba o se emplee como instrumento para proteger y asegurar la actuación policial al margen de los controles judiciales, ya que ello vulnera el artículo 24 de la
CE, el cual reconoce el derecho a la tutela judicial efectiva.
Tampoco esta Ley distingue el concepto de seguridad ciudadana de otros bienes constitucionales como la seguridad pública y, lo que es peor, esta confusión, intencionada, faculta al Gobierno para utilizar al Cuerpo Nacional de Policía y a la
Guardia Civil en el control de la población, en lugar de destinarlos fundamentalmente a asegurar la libertad y seguridad públicas. Aceptar esto sería como cargar a nuestros guardias civiles y a nuestros policías con la ingrata obligación de ser la
mordaza que impida la protesta contra el Gobierno del partido que promovió esta norma.
Finalmente, la Constitución de 1978 es la única que nació del consenso parlamentario. Las anteriores fueron imposiciones del partido en el poder. Mantener el consenso constitucional, precisa mantener su espíritu en las leyes que afectan a
nuestros derechos y libertades fundamentales y que estas nazcan con vocación de permanencia. La aprobación de esa Ley con el voto exclusivo del Partido Popular, rompió en mil pedazos ese espíritu.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a adoptar las medidas necesarias para:
1. Derogar Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana, la cual incide de una manera directa y negativa en el ejercicio y desarrollo de diversos derechos fundamentales, procediendo a promover una nueva
normativa más respetuosa con los derechos y libertades fundamentales previstas en la Carta Magna.
2. Paralizar la ejecución de las sanciones directamente vinculadas al ejercicio de derechos y libertades fundamentales adoptadas de conformidad con la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de enero de 2016.-Antonio Hernando Vera, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
162/000013
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley
sobre el desarrollo del autoconsumo con balance neto, para su debate en Pleno.
Exposición de motivos
Necesitamos un amplio consenso sobre la hoja de ruta de la transformación de nuestro modelo energético. El sector energético está abocado a una profunda transformación, impulsada por el desarrollo tecnológico y la lucha contra el cambio
climático. Queremos definir una política energética de largo alcance, que asegure a la ciudadanía el acceso a la energía a precios asequibles y convierta el sector energético en factor de competitividad y en motor de innovación, desarrollo y
generación de empleo, reduciendo nuestra dependencia de los combustibles fósiles, impulsando el autoabastecimiento, fortaleciendo la seguridad de suministro, y luchando eficazmente contra el cambio climático.
Por ello, necesitamos un Pacto de Estado de la Energía a partir del diálogo de todas las fuerzas políticas y los representantes de la sociedad civil, para dotar a la política energética de una estabilidad mayor de la que ha tenido en los
últimos años y facilitar la transición energética hacia un modelo seguro y sostenible, eficiente, bajo en carbono, construido sobre la base de un marco predecible y garante de precios estables.
La Directiva 2009/28/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril de 2009, relativa al fomento del uso de energía procedente de fuentes renovables y por la que se modifican y se derogan las Directivas 2001/77/CE y 2003/30/CE,
establece la obligación de racionalizar y acelerar los procedimientos administrativos de autorización y conexión de redes de distribución y transporte de energía eléctrica, instando a establecer procedimientos de autorización simplificados.
Igualmente regula las líneas generales que deben regir el acceso a las redes y funcionamiento de las mismas en relación con las energías renovables tendido en cuenta el futuro desarrollo.
Con la aprobación del Real Decreto-ley 1/2012, de 27 de enero, 'por el que se procede a la suspensión de los procedimientos de preasignación de retribución y a la supresión de los incentivos económicos para nuevas instalaciones de producción
de energía eléctrica a partir de cogeneración, fuentes de energía renovables y residuos', se produjo la paralización, por tiempo indefinido, del sistema de fomento de las energías renovables existentes hasta la fecha en España, basado en la
asignación de tarifas de inyección a red, y a su vez, en el control mediante cupos, del volumen de nueva potencia a instalar.
En consecuencia, se produjo una paralización de los diversos sectores afectados por el Real Decreto-ley, por lo que es necesario profundizar en el avance de nuevas fórmulas laterales que a la vez de impedir el frenazo tecnológico que la
norma conlleva en nuestro país, puedan abrirse nuevos horizontes y fórmulas de distribución al amparo de la normativa en vigor y para lo cual exponemos a continuación la argumentación pertinente. Algunas tecnologías pueden encontrar en el
autoconsumo con balance neto una alternativa a las tarifas de inyección de red.
A menos de tres meses de las elecciones, el Gobierno del PP aprobó el Real Decreto que regula el autoconsumo eléctrico, es decir, la capacidad de los ciudadanos y las empresas de producir y consumir su propia electricidad, manteniendo una
conexión a la red para complementar el suministro cuando lo necesiten y verter, en su caso, el excedente a la red. El Real Decreto 900/2015, de 9 de octubre, por el que se regulan las condiciones administrativas, técnicas y económicas de las
modalidades de suministro de energía eléctrica con autoconsumo y de producción con autoconsumo, ha supuesto un duro golpe al desarrollo y utilización de las energías renovables y una restricción al impulso del autoabastecimiento energético si la
comparamos con la regulación de los países de nuestro entorno. Los autoconsumidores tendrán que hacer frente numerosos trámites administrativos y a los peajes por respaldo e interrumpibilidad e incluso las instalaciones con baterías también deben
pagar el peaje de respaldo.
En resumen, el citado real decreto responde a una idea profundamente conservadora de la innovación tecnológica y el progreso individual porque supone frenar una tendencia al desarrollo del autoconsumo, lo cual tienen muy poca racionalidad,
en un país con abundante sol y con potencial en la microcogeneración y las baterías.
El sector terciario y el doméstico configuran grandes consumidores energéticos en forma de electricidad y calor y está constituido por numerosos consumidores de pequeñas potencias que suelen estar mayoritariamente conectados en baja tensión
hasta 400 V, aunque algunos grandes edificios se conectan en alta tensión entre 1 kV y 36 kV. El pequeño tamaño de algunas instalaciones de energías renovables y de cogeneración de pequeña escala y el conocimiento disponible del sistema de
distribución en ciudades permite determinar un conjunto de situaciones en las que la conexión a la red es siempre factible sin que requiera costosos estudios y tiempo de dedicación por parte de las empresas distribuidoras. Esta estructura
específica del sector terciario y doméstico debe ser tenida en cuenta a la hora de adoptar medidas concretas que fomenten una mayor penetración de las tecnologías de energías renovables y de la tecnología de cogeneración. Por ello, la
racionalización y aceleración de los procedimientos administrativos para la obtención de los permisos que permitan una mayor capacidad de generación se considera una prioridad para la consecución de los objetivos señalados.
Es suficientemente conocido que el sistema de generación de energía eléctrica tradicional se ha caracterizado por un esquema de generación centralizado, unidireccional y con pocas medidas de control sobre la actuación de la demanda. Por
ello a lo largo de los últimos años se ha ido evolucionando hacia un nuevo modelo en el que la generación de electricidad distribuida, generalmente de pequeña potencia, se vaya integrando de manera eficaz en la red como un elemento de eficiencia, de
producción y de gestión y no tan solo como una simple conexión para la entrega de la energía eléctrica producida. Este modelo de generación distribuida presenta beneficios para el sistema con la reducción de pérdidas en la red, la reducción de
necesidades de inversiones en nuevas redes y en definitiva una minimización del impacto de las instalaciones eléctricas en su entorno.
Asimismo, la evolución tecnológica y comercial de las energías renovables en la actualidad y la prevista para el futuro, está permitiendo la reducción de sus costes de inversión. Por otro lado, en un contexto de mercado eléctrico
liberalizado, en el que los precios finales de la electricidad, reflejan las fluctuaciones de los mercados diarios, las energías eléctricas renovables representan una opción de interés para los usuarios tanto mayor cuanto más se asemejen sus
perfiles de consumo y de generación.
Este escenario facilita la llegada de la paridad de red para las energías eléctricas renovables, entendiendo esta paridad de red como el punto de indiferencia entre la compra de energía eléctrica al sistema y la producción individual de la
misma para el propio consumo.
Cuando se alcanza este punto de paridad de red para el consumidor, el coste de producción individual de energía para el propio consumo es igual al precio de referencia de electricidad consumida de la red, de manera que el coste de
oportunidad del consumidor es nulo.
Se trata pues de avanzar hacia un sistema de generación distribuida mediante un mecanismo de compensación diferida de saldos de energía en instalaciones de pequeña potencia para el consumo en la misma ubicación. Por tanto, definida la
modalidad de suministro de balance neto como aquel sistema de compensación de saldos de energía de manera instantánea o diferida, que permite a los consumidores la producción individual de energía para su propio consumo para compatibilizar su curva
de demanda; este sistema se aprecia como especialmente interesante para las instalaciones de generación eléctrica con fuentes renovables no gestionables, como eólica o solar, ya que les permite adecuar su producción al consumo sin necesidad de
acumulación. El sistema de balance neto se podrá aplicar a cualquier tecnología renovable de generación eléctrica.
En definitiva, la transición energética consiste en avanzar hacia un sistema eléctrico más limpio, eficiente, innovador y autosuficiente.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Eliminar las trabas administrativas, técnicas y económicas al desarrollo del autoconsumo de energía eléctrica, incluido el denominado 'impuesto al sol', contenidas en el Real Decreto 900/2015, de 9 de octubre, que regula las modalidades
de suministro de energía eléctrica con autoconsumo y de producción con autoconsumo, para promover así un marco regulatorio estable y propicio a la generación a pequeña escala, que suponga un gran impulso en la descentralización de la generación
eléctrica, lo cual constituirá una gran fuente de empleo e impulso tecnológico y facilitará la producción energética sostenible y limpia.
2. Impulsar el desarrollo del autoconsumo eléctrico en la modalidad de balance neto, entendiendo que éste se ha de configurar como un sistema de compensación de créditos de energía en un periodo de tiempo tasado, que se ha de aplicar al
consumidor que disponga de una instalación de generación conectada a su red eléctrica interior.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de enero de 2016.-Antonio Hernando Vera, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
162/000014
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley
para garantizar el desarrollo y la financiación del Sistema de Autonomía y Atención a la Dependencia, para su debate en Pleno.
Exposición de motivos
La Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia fue aprobada con alto grado de acuerdo de las fuerzas políticas parlamentarias, con la participación de las
Comunidades Autónomas, las entidades locales, los agentes sociales y el movimiento asociativo.
Esta Ley reconoce el derecho subjetivo de las personas que no pueden valerse por sí mismas a ser atendidas por los poderes públicos, un derecho universal y con garantía pública, lo que supuso un importante avance hacia la consolidación del
estado social y democrático de derecho que proclama nuestra Constitución.
Para dar contenido a este derecho se establecía la cooperación de todas las administraciones implicadas y se creaba el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, que contaba con un calendario de implantación que se desplegaría de
forma gradual. El Sistema se fue implantando según lo previsto hasta la llegada al Gobierno del Partido Popular, en noviembre de 2011. En aquel momento, un 80,7% de personas beneficiarías encuestadas consideraban positiva o muy positiva la
atención que recibían.
En la pasada legislatura, en diciembre de 2011, pocos días después de la constitución del Gobierno de Mariano Rajoy, éste decidió paralizar el calendario de aplicación de la Ley, impidiendo a las personas con dependencia moderada acceder a
una prestación o servicio.
Posteriormente, en los primeros Presupuestos Generales del Estado que elaboró ese Gobierno, correspondientes al año 2012, eliminó la partida correspondiente al nivel acordado que ascendía a 283 millones de euros.
Este nivel de financiación previsto en la Ley volvió a ser suprimido en los Presupuestos de 2013, 2014, 2015 y 2016.
El Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad introdujo numerosas modificaciones en la regulación del Sistema que causaron enorme perjuicio a las
personas en situación de dependencia. Entre ellas destacan la supresión de los dos niveles en que se dividía cada grado; la reducción en un 13% de la aportación de la Administración General del Estado para la financiación del nivel mínimo; la
reducción en un 15% de la prestación económica por cuidados en el entorno familiar; la revisión de la regulación del convenio especial en el Sistema de la Seguridad Social de los cuidadores no profesionales, cuyas cotizaciones pasan a ser
exclusivamente a su cargo; la aplicación de un plazo suspensivo de hasta dos años para las nuevas prestaciones económicas por cuidados en el entorno familiar. Además, se volvió a revisar el calendario para retrasar, más aún, la entrada de
dependientes moderados; se introdujo un régimen de incompatibilidad de las prestaciones; y se excluyó del silencio positivo el reconocimiento de las prestaciones económicas para cuidados en el entorno familiar.
A ello hay que añadir que la Resolución de 13 de julio de 2012, de la Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, por la que se publica el Acuerdo del Consejo Territorial del Sistema para la Autonomía
y Atención a la Dependencia, aprobó criterios y contenidos sobre capacidad económica y participación del beneficiario en el coste de las prestaciones que suponían un importante incremento del copago. Además, se permitió a las Comunidades
Autónomas establecer una mayor participación del beneficiario en el coste de los servicios y de las prestaciones económicas, algo que hicieron muchas de ellas.
En definitiva, en la pasada legislatura se redujo el contenido prestacional del derecho y se realizaron importantes recortes presupuestarios, con el dramático resultado de que los beneficiarios están recibiendo servicios y prestaciones
claramente insuficientes; al tiempo que se encuentran sin atender cientos de miles de personas en situación de dependencia.
Además, se ha producido un gran retroceso en la financiación estatal del Sistema. Mientras ha caído la aportación de la Administración General del Estado, se ha incrementado sustancialmente la de las Comunidades Autónomas y el copago de los
usuarios.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a adoptar las medidas necesarias, en coordinación con las Comunidades Autónomas en el ámbito de sus competencias, para:
1. Recuperar los principios inspiradores de la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia, para el adecuado cumplimiento de sus objetivos.
2. Modificar la Ley para eliminar las medidas incorporadas en la pasada legislatura, suprimiendo las restricciones en materia de incompatibilidades y cuidados familiares, garantizando el acceso con carácter universal y con equidad.
3. Eliminar el incremento del copago introducido en la pasada legislatura.
4. Establecer la garantía de gestión pública de la valoración, seguimiento e inspección.
5. Reforzar la gestión pública del sistema, priorizando la titularidad pública de los recursos sociales, sin perjuicio de que el sector privado pueda desarrollar actividades complementarias. Desarrollar los aspectos de la Ley que lo
requieran, como el caso del asistente personal.
6. Promover mecanismos de financiación adicionales en la atención a la dependencia que se vinculen a la reducción de listas de espera, la incorporación al sistema de todas las personas en situación de dependencia moderada, la mejor calidad
del servicio prestado, y la creación de empleo de calidad.
7. Priorizar los servicios sobre las prestaciones económicas vinculadas a los mismos y potenciar la red de centros y servicios, que generan empleo estable y garantizan atenciones de calidad.
8. Realizar una evaluación de la aplicación de la Ley por la AEVAL a fin de detectar las carencias existentes en su aplicación, y poner en marcha las mejoras que se requieran a partir de las conclusiones y recomendaciones de dicha
evaluación.
9. Incorporar, con carácter inmediato, al Régimen General de la Seguridad Social a los cuidadores familiares de las personas en situación de dependencia.
10. Promover un Pacto con las Comunidades Autónomas para garantizar la financiación y el desarrollo de la Ley de Promoción de la Autonomía y Atención a las personas en situación de dependencia.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de enero de 2016.-Antonio Hernando Vera, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
162/000015
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley
sobre el inicio del procedimiento para la reforma del sistema de financiación autonómica, para su debate en Pleno.
Exposición de motivos
En 2013, el Gobierno de España debería haber iniciado el procedimiento para la revisión del sistema de financiación autonómica, pero hasta 2015 no se ha hecho un primer balance de la eficiencia del actual sistema para garantizar una adecuada
financiación de las competencias de las Comunidades Autónomas. Y dicho balance se limitó simplemente a presentar una cuestionable síntesis de los datos aportados por las Comunidades Autónomas. La conclusión es que, si bien el sistema actual supuso
una mejora en la suficiencia financiera de las comunidades autónomas, siguen existiendo situaciones de infrafinanciación.
Ante el debate y la reivindicación social e institucional que surgió meses antes de las elecciones autonómicas, el Gobierno anunció que en julio se pondrían en marcha los procedimientos para iniciar la reforma de la LOFCA. Pasadas las
elecciones autonómicas, y pese a que se ha alargado la X Legislatura, el Gobierno no ha tomado ninguna decisión técnica o política previa a la definición, debate, y aprobación del nuevo sistema.
La demora injustificada en el inicio y aprobación de la reforma está agravando la viabilidad económica de las comunidades autónomas. Además, limita la capacidad de sus gobiernos para desarrollar políticas que ayuden a acelerar la salida de
la crisis sin pérdida de calidad de vida, pues tienen competencias para ejecutar políticas en materias imprescindibles para ello que no pueden ejercer plenamente, como pueden ser las políticas activas de empleo, industria, turismo, agricultura, etc.
No cabe más demora. Si bien el texto concreto del proyecto de ley de reforma de la LOFCA lo ha de aprobar el nuevo Gobierno, no es menos cierto que la Administración General del Estado cuenta con altos cargos y técnicos que no están 'en
funciones' y sí pueden adelantar todos los trabajos de recopilación de información, informes y datos de la propia AGE y las Comunidades Autónomas, que son preceptivos realizar antes de la reforma o que se requerirán en el trámite de elaboración,
debate, y aprobación de dicha reforma en el Gobierno, el Consejo de Política Fiscal y Financiera, y las Cortes Generales.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno en funciones, así como al que pudiera constituirse tras la investidura del nuevo Presidente del Gobierno, a:
1. Dar las indicaciones oportunas para que, de forma inmediata, se inicien o aceleren los trámites técnicos y la elaboración de informes oportunos de la Administración General del Estado y las Comunidades Autónomas que sean necesarios para
la elaboración del borrador de anteproyecto de ley de reforma de la LOFCA, para su posterior tramitación en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, su aprobación como proyecto de ley, y su debate y tramitación en las Cortes Generales.
2. El proyecto de ley debe garantizar la igualdad y la suficiencia financiera para todas las Comunidades Autónomas. Se debe elaborar y negociar un nuevo Sistema de Financiación Autonómica que corrija los déficits de financiación y
garantice los principios de autonomía, coordinación y solidaridad recogidos en la Constitución Española, así como la prestación de los servicios públicos esenciales en todas las Comunidades Autónomas, de manera que todos los ciudadanos y ciudadanas,
con independencia de donde vivan, accedan en igualdad de condiciones a dichos servicios.
3. Mientras tanto, se debe garantizar que los sistemas habilitados para posibilitar la financiación de las Comunidades Autónomas se ejecutan con parámetros objetivos, con la adecuada diligencia, y permitiendo que las Comunidades Autónomas
puedan ejecutar puntualmente los pagos para el cumplimiento de sus competencias, especialmente las referentes a la sanidad, la educación, la atención a la dependencia, las políticas sociales, y las políticas activas de empleo.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de enero de 2016.-Antonio Hernando Vera, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
162/000016
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley
para la reforma de la nacionalidad española adquirida por descendientes de españoles y a través de la residencia, para su debate en el Pleno de la Cámara.
Exposición de motivos
Durante la pasada legislatura se realizaron dos reformas en materia de nacionalidad; sin embargo, persiste la necesidad de abordar una reforma integral que adecue nuestra legislación a la realidad porque ninguna de las anteriores abordó las
cuestiones pendientes que afectan al diseño legal y que sin duda necesitan adecuarse a la realidad actual.
En materia de nacionalidad por residencia, dentro de la reforma de la Ley de Registro Civil, es decir, sin informes previos, ni diálogo con ninguna otra fuerza política o representantes sociales, se aprobó una trascendente reforma de la
concesión de la nacionalidad por residencia que afecta a casi cinco millones de extranjeros que residen hoy legalmente en España.
La legislación de nacionalidad adolece en esos aspectos de evidentes anacronismos y de situaciones discriminación por razón de origen. A algunas nacionalidades les cuesta dos años de residencia y a otras nacionalidades diez. Por ejemplo,
los cientos de miles de estudiantes extranjeros, hijos de inmigrantes -los que a veces llaman inmigrantes de segunda generación, pero que muchas veces se sienten españoles sin carné-, tienen que hacer los mismos exámenes que el resto, como si no
hubieran aprobado ya suficientes exámenes en español.
La reforma impulsada por el Gobierno del partido popular impuso un examen general de español (castellano) y de conocimiento de la constitución para probar la integración de los aspirantes a adquirir la nacionalidad. La existencia de un
examen obligatorio implica que inmigrantes integrados y perfectamente capaces de comunicarse pueden, sin embargo, suspender ese examen de integración e impedir la adquisición de la nacionalidad si no logran estar al nivel exigido. Además esa misma
Ley impuso el pago indiscriminado de unas tasas que antes no se exigían y que tampoco guardan relación con la capacidad económica de los solicitantes.
Aparte de la los aspectos relacionados con la nacionalidad derivativa, en los aspectos de concesión de la nacionalidad originaria, también se necesita abordar una revisión profunda. La Ley de memoria histórica consiguió solucionar numerosos
casos de descendientes de españoles residentes en el extranjero, pero otros, en la aplicación práctica de dicha reforma, se comprobaron con su aplicación práctica que quedaban sin resolver. El Grupo socialista en la pasada legislatura también quiso
completar y corregir esas circunstancias, y el anterior Gobierno del partido popular se negó.
Los supuestos a resolver tienen que ver con personas que optaron por la nacionalidad cuyos hijos mayores de 18 años en el momento en que su padre o madre haya sido considerado español no pudieron obtener la nacionalidad española, también con
los descendientes de madre española que nacieron antes de 1978 y que no pudieron adquirir la nacionalidad de origen, con los exiliados que se vieron obligados a renunciar a la nacionalidad española y adoptar la nacionalidad del país de acogida para
poder trabajar o residir en él, o con quienes pierden de forma automática a los 18 años la nacionalidad. Todo ello, relacionado con los supuestos de concesión y mantenimiento de la nacionalidad de origen, también debe ser adecuadamente revisado en
aras a encontrar soluciones justas y equilibradas.
Por todo lo expuesto, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Elaborar un Proyecto de Ley de Nacionalidad, procurando el máximo consenso entre las fuerzas políticas, que recoja los derechos de ciudadanía de los españoles y de las españolas en el exterior. Basándose en los supuestos concretos de
acceso a la nacionalidad recogidos por los Acuerdos del Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior, se dará respuesta a las situaciones de los
descendientes de españoles que no han podido acceder a la nacionalidad por motivo de género o edad tras la última modificación en esta materia.
2. Abordar en dicha reforma, la actualización de los supuestos de adquisición de la nacionalidad por residencia, que incorpore una reducción sensible de los plazos máximos establecidos actualmente, la revisión de los supuestos de renuncia a
la nacionalidad anterior y la valoración de la trayectoria de integración, más allá de un examen, como elemento preeminente a la hora de evaluar las condiciones del acceso.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de enero de 2016.-Antonio Hernando Vera, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
162/000017
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley
sobre la gradual disminución en la producción de energía eléctrica por centrales nucleares, para su debate en Pleno.
Exposición de motivos
La energía nuclear no es la energía del futuro: no es ni limpia, ni segura, ni imprescindible, ni barata. Tampoco es la respuesta adecuada ante el desafío del cambio climático. En el caso de España, ni siquiera es una energía 'autóctona':
el uranio que utilizamos como combustible tenemos que importarlo de terceros países, contribuyendo así a nuestro déficit comercial.
El uso de energía nuclear para obtener electricidad es insostenible, en primer lugar, por razones éticas: su utilización 'pacífica' puede contribuir a la fabricación de armas nucleares; y supone, en todo caso, un riesgo especialmente
elevado en países emergentes, con instituciones públicas muy débiles, con dificultades para garantizar la adecuada transparencia, supervisión y control de esta actividad. Este riesgo se ha visto incrementado por la amenaza del terrorismo global,
que también afecta a nuestro país. Cada día que están en funcionamiento, las centrales nucleares aumentan el volumen de residuos radiactivos generado, que deberá ser almacenado durante siglos bajo estrictas condiciones de seguridad, constituyendo
un legado de alto riesgo para las generaciones futuras, que no tienen por qué cargar con las irresponsables opciones energéticas tomadas en el presente. Asimismo, la construcción de centrales nucleares financiada con inversión pública en
determinados países de muy bajo nivel de desarrollo detrae recursos que podrían ser invertidos en mejorar el acceso de sus ciudadanos a la alimentación, a la educación, a la sanidad...; es decir, dificulta garantizar derechos que los socialistas
defendemos en todos los países del mundo.
En segundo lugar, la energía nuclear no puede considerarse 'limpia' -a pesar de las reducidas emisiones de CO2 generadas a lo largo de su extenso ciclo de vida-, ya que genera peligrosos residuos radioactivos de muy difícil gestión, desde la
fase inicial de extracción del uranio, hasta centenares de miles de años posteriores a su utilización. Ninguna forma de contaminación tiene semejante potencial de amenaza -y a tan largo plazo- tanto para los ecosistemas naturales como para la salud
humana.
En tercer lugar, la confianza en la 'seguridad' de las centrales nucleares resulta hoy particularmente cuestionada tras la catástrofe de Fukushima, cuyas consecuencias siguen aún fuera de control, a pesar de las ingentes cantidades de
recursos públicos y privados invertidas para evitar fugas de radioactividad (al aire y al agua), así como para descontaminar el entorno de la central. Fukushima ha puesto de manifiesto la infravaloración de los riesgos asociados a fenómenos
externos -inundaciones, terremotos...- así como graves deficiencias en la supervisión y control que debía realizar el organismo regulador, algo impensable en un país democrático y con un alto nivel de desarrollo como es Japón. La experiencia de
Fukushima ha obligado a revisar al alza los requisitos de seguridad de las centrales nucleares en todo el mundo, incluidas las condiciones para hacer frente de manera adecuada a una emergencia nuclear, así como a reforzar la independencia, la
transparencia y el rigor de los organismos reguladores.
En cuarto lugar, la energía nuclear no resulta en absoluto 'imprescindible', teniendo en cuenta el rápido desarrollo de las energías renovables, con tecnologías cada vez más baratas y con capacidad creciente de generar energía de forma
continuada, -a pesar de la intermitencia natural de sus respectivas fuentes-, así como el amplio margen existente para reducir el consumo de energía tanto en términos absolutos -en los países más desarrollados-, como en términos de PIB. En el caso
de España, además, existe un significativo excedente de capacidad de generación eléctrica, asociado a la gran expansión de las centrales de ciclo combinado, que apenas se aprovechan en la actualidad en un 10%; y, asimismo, se ha avanzado bastante
poco en materia de eficiencia energética, en particular en el consumo de electricidad en todo tipo de edificios.
En quinto lugar, la energía nuclear no es 'barata'. De hecho, solo se están construyendo nuevas centrales nucleares en aquellos países cuyos gobiernos garantizan condiciones financieras y de rentabilidad adecuadas para compensar sus
elevados costes iniciales -que se han incrementado significativamente durante los últimos años-; y, por supuesto, en aquellos donde el propio gobierno invierte recursos públicos en dichas centrales por razones geoestratégicas. La energía nuclear
solo resulta 'barata' una vez que se han amortizado sus costes de capital. Por eso, no es de extrañar que en España, donde desde 1997 existe plena libertad para construir nuevas centrales nucleares, no se haya iniciado ninguna, y, en cambio,
asistamos a una presión creciente de las empresas del sector para aumentar hasta los 60 años la actividad de los reactores existentes. A ello contribuye, además, la sobre-retribución garantizada a la energía nuclear en nuestro país por la
regulación vigente, que supone unos 1.700 millones de euros anuales de 'beneficios caídos del cielo' para las empresas titulares de las plantas.
En sexto lugar, la energía nuclear tampoco es la respuesta adecuada al desafío del cambio climático, ya que, según el último informe del Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático (IPCC), el margen temporal para reducir las emisiones
de CO2 (para frenar el calentamiento global) es cada vez más corto: poco más de una década. Esta urgencia resulta incompatible con los tiempos necesarios para que la energía nuclear substituya de forma significativa el uso de los combustibles
fósiles. Así lo contempla la propia Agencia Internacional de la Energía (AIE), que prevé que durante las próximas dos décadas la inversión en nuevas centrales nucleares apenas superará la inversión necesaria para compensar el cierre de las
centrales más antiguas, por lo que aumentará solo ligeramente el porcentaje de la energía nuclear en el consumo mundial de electricidad. En cambio, la AIE considera el ahorro y la eficiencia energética como el vector más importante para reducir las
emisiones de CO2 de forma rápida y a un coste moderado.
Los datos avalan estos argumentos. Tal y como detalla el Informe sobre el estado mundial de la industria nuclear de 2015, las tendencias globales apuntan hacia una disminución del uso de la energía nuclear en el mundo desarrollado. En 2015
dos reactores fueron cerrados definitivamente: Grafenrheinfeld, en Alemania, y Wylfa, en el Reino Unido. En cifras globales, en enero de 2016 operan en todo el mundo un total de 398 reactores en 31 países (ocho más que hace un año, pero 40 menos
que en 2002). Así, por ejemplo, Estados Unidos ha renunciado a construir dos reactores en Florida y otros dos en Carolina del Norte. De hecho, en 2013 cuatro compañías de servicios públicos estadounidenses decidieron cerrar cinco reactores de
manera permanente (los primeros cierres en Estados Unidos en 15 años). Y una de las unidades (la Kewaunee, en Wisconsin) fue abandonada después de una gran inversión en mejoras, porque no podía generar energía a precios competitivos. Por las
mismas razones, Vermont Yankee, otra planta con licencia para operar hasta 2032, cerró de manera permanente el 29 de diciembre de 2014 y su combustible fue retirado del reactor el 12 de enero de 2015. Igualmente, el principal operador nuclear del
mundo (Électricité de France) anunció hace apenas tres años su retirada de la energía nuclear en Estados Unidos, después de haber invertido aproximadamente 2.000 millones de dólares en proyectos no concluidos. Esta misma compañía anunció en octubre
de 2014 que aumentaría su inversión en las energías limpias, pasando a suponer del 11% al 25% de su negocio en 2020. De la misma manera, el mayor constructor nuclear del mundo (la compañía francesa estatal AREVA, técnicamente en bancarrota
actualmente) perdió casi el 90% de su valor accionarial entre 2008 y 2015 (en julio de 2015 Standard & Poor's clasificó sus acciones como 'bono basura').
El repliegue de la industria de energía nuclear comenzó hace décadas. Y desde el accidente de Fukushima en 2011 el ritmo de la marcha atrás se ha acelerado. Así, tal y como detallan los expertos en energía Mycle Schneider y Antony Froggatt
el porcentaje de electricidad obtenido a partir de la energía nuclear anual se redujo en 2015 a un 11%.
Es más, de los 62 reactores en construcción en todo el mundo (cinco menos que hace tan solo un año), las dos terceras partes se concentran en tres países (China, India y Rusia). Y nueve de esos 62
reactores vienen siendo catalogados como 'en construcción' desde hace más de tres décadas (el reactor Watts Bar 2 en Tennessee ostenta el récord, ya que ha estado 'en construcción' durante 41 años). En total, al menos tres cuartos de las 62
unidades actualmente en construcción sufrieron demoras de varios años (incluyendo a Europa, como es el caso de la central de Olkiluoto 3, en Finlandia).
Por otra parte, las estimaciones de costes de construcción de una central nuclear han aumentado aproximadamente siete veces, y las ganancias han declinado. Los 34 reactores que se pusieron en funcionamiento en la última década conllevaron
un tiempo de construcción medio de casi 10 años, pero aportaron apenas 26 GW, es decir, un tercio de lo que sumaron la energía solar y eólica en un solo año. Esto contrasta con el hecho de que China, Alemania, Japón, Brasil, India, México, Holanda
y España ya generan más electricidad procedente de energía solar y eólica que la procedente de las centrales nucleares (en estos ocho países viven más de 3.000 millones de personas, es decir, el 45% de la población mundial).
Finalmente, es importante subrayar que la edad promedio del parque mundial de reactores nucleares hoy es de 29 años, lo que da una idea del aumento de los costes en seguridad que este envejecimiento conlleva, a los que hay que sumarles las
cuantiosas inversiones de las obligadas mejoras post-Fukushima.
En sucesivos programas electorales, tanto en el Gobierno como en la oposición, hemos defendido un proceso gradual de cierre ordenado de las centrales nucleares en nuestro país. El primer Gobierno socialista implemento la 'moratoria
nuclear'; el PSOE apoyó en 2002 el cierre de la central de Zorita, la más antigua de España; y el último Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero acordó el cierre, en 2013, de la central de Santa María de Garoña, a pesar de que el Consejo de
Seguridad Nuclear (CSN) había establecido las condiciones de seguridad bajo las que este reactor hubiera podido seguir operando hasta 2019.
Por otro lado, desde la creación del Instituto para la Diversificación y el Ahorro Energético (IDAE) en 1984, los sucesivos programas de incentivación de las energías renovables llegaron a convertir a España en un país de referencia en esta
materia, con tecnología propia y con empresas capaces de competir en el mercado internacional. Todavía hoy, a pesar de los cambios regulatorios (dramáticamente consolidados por el Gobierno del PP en la anterior legislatura) nuestro país estaría en
condiciones de alcanzar en 2030 un porcentaje del 70% de electricidad producida con energías renovables, sin ninguna aportación de energía nuclear.
Para ello, sería necesario emprender de inmediato una auténtica hoja de ruta para la transición energética en España, acorde con nuestro compromiso de lucha contra el cambio climático, basada en un Pacto de Estado para llevar a cabo una
profunda reforma del mercado eléctrico. En el programa electoral del PSOE (2015) se describe en detalle dicha propuesta, que permitiría, además, reducir el déficit de tarifa -consecuencia de numerosos fallos regulatorios-, incentivar la innovación
(y con ello moderar los precios de la electricidad), y reducir la elevada dependencia exterior de España en materia energética.
Esa es la propuesta que los socialistas ofrecemos como base para un amplio acuerdo social, económico y político, que dote de la suficiente seguridad jurídica a la política energética española, garantizando así la inversión necesaria para
impulsar la imprescindible transición por la que ya trabajan los principales países de nuestro entorno. En particular, los gobiernos de Francia y de Alemania han establecido un diálogo de alto nivel sobre transición energética, con dos prioridades
comunes: aumentar significativamente el uso de las energías renovables y reducir la utilización de la energía nuclear (en el caso de Alemania, cerrando gradualmente todas las centrales nucleares en el horizonte de 2022; y en el de Francia,
reduciendo en 2030 del 75% al 50% el porcentaje de electricidad producida con energía nuclear, tal y como han anunciado sus respectivos gobiernos).
España debería incorporarse al diálogo franco-alemán, con objeto, además, de condicionar conjuntamente, en la misma dirección, la Política Energética de la UE, para que se promueva la inversión en energías renovables, así como el desarrollo
de las interconexiones eléctricas entre todos los países miembros, optimizando así el potencial de dichas energías.
El informe del IPCC y el Acuerdo de París (diciembre de 2015) no dejan lugar a dudas: urgen respuestas radicales por parte de gobiernos, empresas y ciudadanos, frente el desafío del cambio climático. Los socialistas creemos que ello debe
ser compatible con garantizar el acceso a suficiente energía, limpia y segura, a todos los ciudadanos del planeta, los que viven hoy y los que vivirán en el futuro. La energía nuclear, por las razones antes expuestas, no es la solución efectiva,
teniendo en cuenta sus riesgos potenciales y su creciente coste económico.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Iniciar de inmediato un proceso de diálogo con las fuerzas políticas y los representantes de la sociedad civil con el objetivo de alcanzar un Pacto de Estado de la Energía, para dotar a la política energética de una estabilidad mayor de
la que ha tenido en los últimos años y facilitar la transición energética hacia un modelo seguro y sostenible, eficiente, bajo en carbono, construido sobre la base de un marco predecible y garante de precios estables. Este amplio consenso sobre la
hoja de ruta de la transformación de nuestro modelo energético supondrá, en todo caso, el cierre de las centrales nucleares a los 40 años, como máximo, del inicio de su funcionamiento, siempre que cumplan hasta ese momento, de forma plenamente
satisfactoria, con todos los requisitos de seguridad establecidos por el Consejo de Seguridad Nuclear, incluidos los que se derivan del apartado siguiente.
2. Requerir al Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) para que concluya a la mayor brevedad posible la actualización del conocimiento sobre riesgos sísmicos en todos los emplazamientos nucleares -teniendo en cuenta la paleosismicidad y las
características de los suelos de cada emplazamiento-, con la colaboración de todas las instancias públicas pertinentes -Instituto Geológico Minero (IGM), Instituto Geográfico Nacional (ION)...- y de las propias empresas titulares de las
instalaciones nucleares (centrales nucleares e instalaciones del ciclo nuclear). Más concretamente, debería ejecutar plenamente, junto con los titulares de las centrales nucleares, la Instrucción Técnica Complementaria (ITC) sobre la actualización
de la caracterización sísmica de los emplazamientos de las centrales nucleares españolas, aprobada por unanimidad del pleno del CSN en mayo de 2015, contemplando tanto la actualización documental e integración en una base de datos, como el análisis
integrado de peligrosidad sísmica.
A partir de la finalización de los correspondientes estudios, el CSN exigirá a todas las instalaciones nucleares la implantación de las medidas de seguridad acordes a la redefinición de los respectivos riesgos sísmicos.
3. Derogar aquellas disposiciones del Real Decreto para la gestión responsable y segura del combustible nuclear gastado y los residuos radiactivos -que en su conjunto traspone al ordenamiento jurídico español la Directiva de 2011/70 del
Consejo Europeo-, que han modificado de forma ad hoc el Reglamento sobre Instalaciones Nucleares y Radioactivas (RINR) para permitir la renovación de Garoña, que ya había entrado en situación de cese definitivo de explotación en julio de 2013. Esa
modificación del RINR se realizó para permitir que Nuclenor (empresa propietaria de Garoña) pudiera solicitar una renovación de explotación en vez de tener que solicitar, como correspondía, una nueva autorización de explotación, lo que hubiera
comportado mayores exigencias, en particular, una Declaración de Impacto Ambiental.
4. No adoptar, en su condición de Gobierno en funciones, ninguna decisión conducente a la reapertura de la central nuclear de Santa María de Garoña, manteniendo, sin ninguna modificación, la condición de cese definitivo de su explotación
que tiene desde el 6 de julio de 2013 y exigiendo a la empresa titular (Nuclenor) que continúe sin ulterior demora el proceso que debe conducir a la obtención de una autorización de desmantelamiento de la central. El Gobierno desarrollará los
compromisos pendientes de incentivación de actividad económica en la comarca afectada por el cierre de la central, para garantizar la creación de puestos de trabajo alternativos en el horizonte de la clausura definitiva de la central.
5. Impulsar un Plan de actuación industrial y de adaptación económica para las zonas de transición energética, solicitando para ello un programa de apoyo económico a la Unión Europea.
6. Revisar la decisión sobre la instalación del Almacén Temporal Centralizado (ATC) de Villar de Cañas garantizando la solvencia de los criterios técnicos y de seguridad establecidos por el cuerpo técnico del CSN. Para ello, el Gobierno
deberá aprobar a la mayor brevedad posible el Séptimo Plan General de Residuos Radiactivos (PGRR) y garantizar el cumplimiento de todos los requisitos establecidos en la vigente Directiva de la Unión Europea sobre la gestión responsable y segura del
combustible nuclear gastado y los residuos radiactivos (traspuesta en España mediante el Real Decreto 102/2014).
El Congreso de los Diputados insta asimismo al Consejo de Seguridad Nuclear a cumplir con las obligaciones de transparencia y de buena comunicación pública exigidas por la actual Ley de Transparencia
y por las Resoluciones del Congreso de los Diputados, así como desarrollar e implementar las recomendaciones en materia de transparencia y comunicación definidas por la Agencia de Energía Nuclear (NEA) de la OCDE, por el Organismo
Internacional de la Energía Atómica (OIEA) y por la Comisión Europea. Igualmente, debe implementar un programa de cultura de seguridad dentro del organismo regulador, acorde con los criterios establecidos por las instituciones internacionales
anteriormente mencionadas.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de enero de 2016.-Antonio Hernando Vera, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
162/000018
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley
para impulsar el Plan Concertado de Prestaciones Básicas de Servicios Sociales y devolver a las entidades locales las competencias en materia de prestación de los servicios sociales, para su debate en Pleno.
Exposición de motivos
El Plan Concertado es el instrumento estatal fundamental para el desarrollo de prestaciones básicas de servicios sociales. Su objetivo es mantener y desarrollar la red de servicios sociales de atención primaria gestionada por las
corporaciones locales y proporcionar a la ciudadanía servicios sociales adecuados que permitan la cobertura de sus necesidades. Para ello, el Estado cofinancia proyectos para el desarrollo de las siguientes prestaciones básicas: información y
orientación; ayuda a domicilio y apoyo a la unidad de convivencia; alojamiento alternativo; prevención e inserción social.
El Plan Concertado se inició en el año 1988 y tuvo un fuerte impulso en sus primeros años. En el primer quinquenio de 1990, el crédito del Plan Concertado experimentó unos incrementos anuales relevantes, por encima del IPC, que permitió
consolidar en todo el territorio la Red Básica, así como ampliar los equipamientos complementarios.
En los Presupuestos Generales del Estado para 2011 se repartieron 86.633.150 euros entre las Comunidades y ciudades autónomas para el desarrollo de prestaciones básicas de servicios sociales de corporaciones locales.
La llegada al Gobierno del Partido Popular supuso un enorme retroceso en las políticas sociales, cuya consecuencia fue el deterioro de los servicios públicos, entre ellos, los servicios sociales. En 2012, la dotación del Plan Concertado
bajó hasta los 47 millones de euros. En los ejercicios 2013, 2014, 2015 y 2016 volvió a disminuir situándose por debajo de los 28 millones de euros. Se trata de un recorte de más del 66% que, precisamente, el Gobierno del PP llevó a cabo en un
momento en el que se estima que el aumento de la demanda de ayuda por emergencia social se incrementaba un 200%.
A ello hay que añadir que la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local ha reformado la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, poniendo en jaque la base del
municipalismo y de un modelo que ha favorecido la cohesión social de nuestro país durante los últimos 30 años.
La reforma planteada priva a las entidades locales de las competencias en materia de prestación de los servicios sociales y de promoción y reinserción social, así como en otras competencias: sanidad, consumo, igualdad, políticas de empleo,
etc.
Ello supone un cambio profundo en la organización del sistema público de los Servicios Sociales, que afecta al reparto y la relevancia de la Administración Local en el conjunto de las actuaciones del Estado, desposeyéndola de sus facultades
de acción en este ámbito, uno de los más importantes para construir una comunidad y donde es esencial la proximidad y cercanía para la prestación de los servicios.
La reforma provocará un deterioro en la prestación de los servicios sociales y un aumento de la ineficiencia e ineficacia al pretender la estandarización de los mismos, por su administración mecánica, repetitiva, burocratizada y
asistencialista que es la única posible si se hace desde el alejamiento del
entorno más cercano al ciudadano, perdiendo la proximidad que hasta ahora es una seña de identidad y garantía de calidad.
En el momento en que las familias necesitan más ayuda, cuando ha habido un gran aumento de la demanda, un incremento de la pobreza y se han disparado problemas sociales como los desahucios, es necesario reactivar y reforzar el Plan
Concertado y devolver, con carácter urgente, a las entidades locales las competencias en materia de prestación de los servicios sociales y de promoción y reinserción social (sin perjuicio de la necesaria derogación de la Ley de Racionalización y
Sostenibilidad de la Administración Local).
Según la última memoria publicada (periodo 2012-2013), dentro del ámbito geográfico del Plan Concertado, casi un 99% de la población recibe cobertura por parte de los Centros de Servicios Sociales, suponiendo éstos, a su vez, un 99% del
total de los equipamientos. Las personas trabajadoras que pertenecían a estos centros superaron las 50.000, que atendieron a más de 8 millones de usuarios. Todo ello está en peligro si no se rectifican las medidas que llevó a cabo el Gobierno del
Partido Popular en la pasada legislatura.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Adoptar las medidas necesarias para recuperar y reforzar el Plan Concertado de prestaciones básicas de servicios sociales desde la Administración General del Estado para consolidar y desarrollar las estructuras de los servicios sociales
de atención primaria, así como sus funciones y prestaciones básicas, impulsando un sistema público de nivel primario que permita atender a toda la ciudadanía.
2. Tramitar, de forma inmediata, una modificación legislativa que devuelva urgentemente a las entidades locales las competencias en materia de prestación de los servicios sociales y de promoción y reinserción social, y reafirme la autonomía
municipal constitucionalmente garantizada, entendida como la capacidad de decisión en todos los ámbitos de la vida ciudadana, sin perjuicio de la necesaria coordinación de competencias entre administraciones, bajo los principios de calidad del
servicio, proximidad y subsidiariedad.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de enero de 2016.-Antonio Hernando Vera, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
162/000019
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley
sobre aprobación de una verdadera ley de segunda oportunidad, para su debate en Pleno.
Exposición de motivos
El elevado nivel de endeudamiento de familias y pequeñas empresas está actuando como una verdadera carga para una recuperación económica sostenida, debido al elevado porcentaje de la renta que está siendo destinado a hacer frente al servicio
de la deuda (pago de los intereses y amortización). Asimismo, las personas con menor capacidad económica son las que acumulan mayores niveles de deuda en relación con su renta. Por ello, es necesario establecer algún tipo de mecanismo para minorar
la carga financiera a través de la reestructuración ordenada de la deuda privada.
En los años anteriores a la crisis, el sector privado en España se endeudó muy por encima del resto los países europeos. Ello vino aparejado de otros desequilibrios, como el elevado déficit por cuenta corriente (que llegó a representar el
10% del PIB en 2008) o el excesivo crecimiento de la inversión en el sector residencial frente al resto de sectores productivos (llegó a representar el 13% del PIB en 2007).
La gran mayoría de los organismos internacionales que se dedican a evaluar la sostenibilidad de nuestra economía consideran el nivel de endeudamiento privado como el principal lastre para una recuperación en nuestro país. La Comisión
Europea en su informe sobre los desequilibrios macroeconómicos señala que procedimientos de insolvencia eficientes podrían reducir el lastre para el crecimiento que supone el desendeudamiento. Entre los objetivos de la Recomendación de 12 de marzo
de 2014 sobre un nuevo enfoque frente a la insolvencia y el fracaso empresarial, está el 'animar a los Estados miembros a establecer un marco que permita la reestructuración eficiente de las empresas viables con dificultades financieras, y ofrecer
una segunda oportunidad a los empresarios honrados, con el fin de fomentar el espíritu empresarial, la inversión y el empleo, y contribuir a reducir los obstáculos para el buen funcionamiento del mercado interior'.
El actual contexto de bajos tipos de interés gracias a la acción del Banco Central Europeo está ocultando la vulnerabilidad financiera de nuestro país ante un hipotético repunte de los mismos. Por ello, es necesario establecer un marco
jurídico flexible y seguro que permita un proceso más intenso de desapalancamiento para las pequeñas empresas y hogares más endeudados y con menor nivel de renta.
El Gobierno presentó la anterior legislatura tres iniciativas legislativas que modificaron la Ley Concursal (Ley de Emprendedores, Ley 17/2014, de 30 de septiembre, por la que se adoptan medidas urgentes en materia de refinanciación y
reestructuración de deuda empresarial y la Ley de medidas urgentes en materia concursal procedente del RDL 11/2014) que no han funcionado adecuadamente dado su escaso alcance para las familias y las pequeñas empresas. En el fondo, los cambios
introducidos por el Gobierno están orientados a facilitar la viabilidad de las grandes empresas pero sin efecto sobre la insolvencia sobrevenida de la persona natural.
Son claramente insuficientes para familias y pequeños empresarios porque 1) se mantienen requisitos de acceso al procedimiento extrajudicial que carecen de justificación para las personas físicas y 2) los beneficios de la exoneración de
deudas no es efectiva porque si mejora sustancialmente la situación económica del deudor, se recuperan los créditos extinguido al cabo de 5 años. Por otro lado, no se modifica la Ley de Enjuiciamiento Civil en materia de tasaciones inmobiliarias.
El informe del Banco Mundial sobre el tratamiento de la insolvencia de la persona natural establece que 'los beneficios de la exoneración de deudas pueden convertirse en ilusorios si no se respeta la exoneración de deudas una vez que el
procedimiento concursal ha concluido'.
Por ello, el Grupo Socialista presentó en la última reforma de la Ley Concursal más de 50 enmiendas dirigidas a facilitar que familias y autónomos endeudados que no pueden hacer frente a sus pagos puedan rehacer sus vidas e incluso de
arriesgarse a nuevas iniciativas, sin tener que arrastrar indefinidamente una losa de deuda que nunca podrá satisfacer. Asimismo es urgente facilitar alojamiento a los hogares desahuciados como consecuencia de sentencias de los procedimientos de
ejecución hipotecaria y por el impago del alquiler.
En definitiva, no se ha realizado una reforma integral de la insolvencia de las personas físicas. En nuestro ordenamiento jurídico no existe todavía una verdadera ley de segunda oportunidad asimilable a la de los países de nuestro entorno.
De hecho, las estadísticas sobre personas físicas que acuden al procedimiento concursal son notablemente bajas, lo que explica la carencia absoluta de esta norma en cuanto protectora de los particulares, en el que el préstamo con garantía
hipotecaria es la causa fundamental de situaciones de insolvencia en persona física. En España solo se realizaron 716 concursos de personas físicas sin actividad empresarial en 2014 a diferencia de lo que ocurre en otros países como Francia
(173.000 en 2011) o Alemania (105.000 en 2011) según los datos facilitados por los Jueces Decanos de España.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Promover una reforma de la llamada Ley de Segunda Oportunidad para, por un lado, permitir al juez paralizar la ejecución hipotecaria en caso de insolvencia justificada no dolosa y, en caso de que sea imposible, acordar la aplicación de
la dación en pago, valorando la vivienda en el precio establecido para la concesión del préstamo. Para ello será necesario modificar Ley 25/2015, de 28 de julio, de mecanismo
de segunda oportunidad, reducción de la carga financiera y otras medidas de orden social, optando por un modelo de segunda oportunidad alternativo al contenido en dicha norma:
a) Eliminar el periodo de 5 años en el que las deudas exoneradas pueden volver a ser reclamadas.
b) Los créditos públicos tendrán un tratamiento similar al que gozan las entidades mercantiles en los concursos.
c) Reducir los requisitos o condicionantes para poder acceder a la exoneración del pasivo insatisfecho de la persona natural.
d) Otorgar facultades al juez para valorar la actitud y el grado de cumplimiento de los deberes legales de préstamo responsable por los bancos.
e) Proteger la situaciones de colectivos especialmente vulnerables, por ejemplo, si el deudor tuviese a cargo a un menor de edad o a una persona en situación de dependencia para paralizar la ejecución hipotecaria en caso de insolvencia
justificada no dolosa; en estos casos y si fuese necesario, promoveremos la puesta a disposición de la familia de una vivienda en régimen de alquiler social procedente del parque público existente.
f) Excluir de la ejecución de los avales que se hayan podido producir en caso de insolvencia justificada no dolosa la vivienda habitual del avalista.
g) Cuando se produzca la ejecución de garantía real sobre la vivienda habitual del deudor, aprobaremos que el valor de tasación del bien a efectos de la ejecución de la garantía por incumplimiento de pago no pueda ser inferior al valor de
tasación que sirvió para la concesión del préstamo.
h) Potenciar la figura del Convenio de Acreedores con intervención de notario o autoridad judicial.
2. Crear una oficina central anti desahucios que coordine la creación de oficinas por todo el territorio y unifique criterios y ayude a su mantenimiento. Reconocer el derecho de las personas que hayan perdido su vivienda como consecuencia
de una situación de insolvencia sobrevenida en un procedimiento de desahucio a que se les facilite una vivienda en régimen de alquiler social a un precio acorde a sus circunstancias económicas y familiares y, en su caso, a un plan de rescate
personal sobre la deuda pendiente que mantengan, que no debe superar el 30% de sus ingresos.
3. Establecer la eliminación automática de las cláusulas declaradas abusivas por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y la jurisprudencia del Tribunal Supremo por parte de las entidades financieras y sin previa exigencia del titular
de una hipoteca.
4. Impulsar la modificación de lo establecido en la Ley de Enjuiciamiento Civil para declarar inembargable la renta activa de inclusión, las prestaciones de Servicios Sociales, las prestaciones del Sistema para la Autonomía y Atención a las
Personas en Situación de Dependencia, las del Plan Prepara, la renta agraria y el subsidio para trabajadores eventuales del Régimen Especial Agrario, los subsidios por desempleo, las ayudas y becas al estudio, y otras análogas a éstas.
5. Desarrollar un nuevo modelo de vivienda protegida en alquiler, con precio de referencia tasado objetivamente, al margen del precio de mercado de la vivienda libre, bajo estricto control público en la selección del destinatario de menores
rentas y en el seguimiento de su ocupación, estableciendo un esfuerzo razonable para toda la ciudadanía, fijando el umbral de esfuerzo económico de acceso en el máximo de un tercio de la renta familiar disponible, así como estableciendo su
calificación de protegida con carácter permanente. Los hogares destinatarios de las viviendas protegidas no deberán tener ingresos superiores a tres veces el IPREM.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de enero de 2016.-Antonio Hernando Vera, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
162/000020
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley
sobre restablecimiento del subsidio por desempleo para mayores de 52 años, para su debate en Pleno.
Exposición de motivos
En la pasada Legislatura, el Gobierno del Partido Popular, lejos de afianzar el papel de estabilizador social del sistema de protección por desempleo, emprendió una política fuertemente agresiva contra las personas que estaban perdiendo su
empleo como consecuencia de la crisis. Su objetivo, lejos de introducir las medidas que frenaran la sangría del desempleo, fue reducir el gasto, mediante una merma continua del número de beneficiarios.
Y su celo se dirigió fundamentalmente a las personas mayores de 50 años, las cuales vieron que, a la par que se eliminaban las contenciones que dificultaban que fueran arrojadas del mercado de trabajo ante la constatación de su mayor
dificultad para la inserción laboral, se les endurecían los requisitos de acceso a los subsidios por desempleo o la calidad de la prestación.
De este modo, el Partido Popular facilitó el despido a los mayores de 50 años en las empresas con beneficios, sobre todo en las empresas multinacionales, y eliminó los incentivos para el mantenimiento del empleo de mayores de 60 años y para
la contratación de mayores de 52 años.
Y también suprimió el subsidio para mayores de 52 años, incrementando la edad de acceso hasta los 55 años, al mismo tiempo que dificultó el acceso a este subsidio al imputar a los posibles beneficiarios las rentas familiares, único subsidio
en que se tienen en cuenta las rentas de la unidad familiar. Así, las personas sin protección entre 52 y 55 años aumentaron un 93% y la caída en la protección pasó del 64,7% al 48,1% entre el tercer trimestre de 2011 y el mismo período de 2015.
Pero además el Gobierno del Partido Popular redujo la cotización durante el desempleo para estas personas paradas mayores de 52 años en un 20%, al eliminar la cotización del 125% de la base mínima, cuantía que pactaron el gobierno socialista
y los agentes sociales en 2007. Esta medida, de incidencia directa en la cuantía de la pensión, también se vio agravada ante la exigencia de que se jubilasen anticipadamente, aun cuando pudieran seguir cotizando y completar su carrera de
cotización. A mayor abundamiento, el Partido Popular endureció la jubilación a los 61 años de edad y el relleno de lagunas de cotización, también pactada con los agentes sociales en 2011.
Con las medidas señaladas, diseñadas contra los mayores de 50 años, la generación del 'baby boom', el Gobierno del Partido Popular pretendió ajustar 'el gasto público asociado al envejecimiento de la población', terminología empleada en la
Actualización del Programa de Estabilidad 2014-2017, presentado por el Gobierno a la Comisión Europea. Este documento es muy significativo pues expresamente señala que gracias a las reformas de 2013, en 2060 el ahorro en el gasto en pensiones
español habrá supuesto 4,1 puntos porcentuales del PIB, teniendo un gasto en 2030 igual al de 2010 (10 puntos porcentuales PIB) e inferior al del 2020 (10,2 puntos), situándose en 2060 en el 9,6, y ello a pesar de la llegada del' baby boom' en los
albores del 2030.
El Gobierno del Partido Popular ha legislado pues contra las personas mayores en desempleo por la crisis, ha llevado a cabo una política deliberada cuyo objetivo era la bajada de la protección por desempleo de estas personas y, en
consecuencia, también de sus futuras pensiones. Con estos graves recortes, el Gobierno del Partido Popular ha dado otro paso en el debilitamiento de uno de los pilares básicos del Estado de Bienestar: el sistema de pensiones, y precisamente para
las personas que más lo necesitan.
Es urgente adoptar las medidas que permitan recuperar la protección al desempleo de las personas mayores de 52 años y con ello asegurar también pensiones suficientes y dignas para estas personas que se han visto arrojadas del mercado laboral
durante la crisis y que mayores dificultades de acceso presentan para su vuelta al trabajo.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que de forma urgente adopte las medidas que permitan restablecer el subsidio por desempleo para mayores de 52 años en las condiciones previamente existentes a las reformas de 2012 y 2013,
especialmente en lo referente al umbral de renta, que se situará exclusivamente en el correspondiente a la persona beneficiaría y no en la unidad familiar, a la cotización a la Seguridad Social, que será el 125% de la base mínima, y a su duración,
que se extenderá hasta que
el beneficiario encuentre un nuevo puesto de trabajo o hasta el cumplimiento de la edad de acceso ordinaria a la jubilación, salvo que optara por acceder a una edad inferior.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de enero de 2016.-Antonio Hernando Vera, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
162/000021
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, me dirijo a esa Mesa, para presentar, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente reglamento del Congreso de los Diputados, la siguiente Proposición no de Ley relativa
al apoyo y mejora de la situación de los trabajadores y las trabajadoras eventuales del campo en Andalucía, para su debate en Pleno.
Exposición de motivos
El Grupo Parlamentario Socialista presentó en 2014 una Proposición no de Ley en la Comisión de Empleo y Seguridad Social relativa a la 'Defensa de los trabajadores y trabajadoras eventuales del campo'. En la mencionada iniciativa exponíamos
la difícil situación por la que atravesaban los trabajadores y trabajadoras en el campo andaluz para poder hacer frente al requisito de aportar las 35 peonadas para tener derecho al cobro del subsidio agrario y la renta agraria, dadas las
circunstancias derivadas tanto de la crisis económica global como de la particular del medio rural y de la agricultura, como consecuencia tanto de los avatares climatológicos, especialmente la sequía, como de los costes de las materias primas, la
energía y del cada vez mayor grado de mecanización de las tareas agrarias.
Tras distintos anuncios al respecto de rebajar el número de peonadas, finalmente el Consejo de Ministros el 27 de febrero de 2015 aprobaba una rebaja por un periodo de seis meses, según recoge el BOE de fecha 28 de febrero de 2015.
Fundamentalmente el motivo que según el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social se argumentaba para ello era los efectos de la sequía, especialmente en el olivar.
El resto de las resoluciones aprobadas, tanto las referidas a poner en marcha un Plan Extraordinario de empleo agrario, para compensar la ausencia de jornales, así como que los trabajos en otros programas locales de Ayuntamientos o
Diputaciones computasen para percibir el subsidio, no han sido asumidas por el Ministerio.
Una vez concluido el periodo de rebaja de peonadas de nuevo se han vuelto a exigir las 35. En septiembre de 2015 advertimos a través de una Proposición no de Ley que la sequía persistía, y la necesidad de eliminar o suprimir el número de
peonadas. A fecha de hoy, persisten y se han agravado las razones para solicitar la rebaja del requisito o, en su caso, la eliminación, para impedir que el mismo no sea excluyente al amplio número de potenciales beneficiarios del subsidio o renta,
que suponen 119.500 en Andalucía, de los cuales más de la mitad pueden verse afectados, especialmente las trabajadoras agrarias eventuales. En concreto, persisten, entre otros, problemas por los grandes costes de producción, como la factura
eléctrica o el coste de las materias primas, que determinan una disminución de la actividad como consecuencia de la pérdida de rentabilidad de muchos productos.
Ante esta situación no solo caben medidas de apoyo a los agricultores y ganaderos, sino también a los trabajadores y trabajadoras que eventualmente dependen del empleo generado en las explotaciones agroganaderas andaluzas, siendo estas la
principal actividad laboral en muchos pequeños y medianos municipios de nuestra Comunidad.
Durante los cinco Presupuestos elaborados por el Gobierno del Partido Popular se han congelado partidas destinadas al PFEA. Recordemos que este programa tiene entre otros objetivos poder contribuir a crear empleo entre los trabajadores
eventuales del campo, aportando a su vez una ayuda para poder obtener las peonadas para poder tener derecho al subsidio, además de mejorar las infraestructuras y servicios de los municipios rurales.
Este programa, desde su puesta en marcha por los Gobiernos Socialistas en los años 80, ha sido fundamental para crear empleo y fijar a la población en los territorios rurales, evitando la despoblación de muchos de nuestros pueblos.
El marco jurídico actual que aprobó en el año 2003 el Gobierno de la Nación, priorizó para acceder a los jornales del PFEA a beneficiarios de la Renta Agraria, frente a los beneficiarios del subsidio agrario. Esta situación es paradójica
puesto que estos jornales no computan para tener acceso a la Renta Agraria, excluyendo a los posibles beneficiarios del subsidio agrario.
Por todo lo anteriormente expuesto el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Eliminar de forma inmediata, o reducir, en su caso, las peonadas necesarias como requisito para acceder a la prestación del Subsidio Agrario y Renta Agraria por parte de los trabajadores y trabajadoras eventuales del campo, hasta tanto
persistan los motivos que provocaron su reducción.
2. Poner en marcha de manera urgente un Programa Extraordinario de Fomento del Empleo Agrario Especial, así como aumentar los fondos del Ordinario para atender las necesidades de Andalucía en la demanda de jornales para los y las eventuales
del campo.
3. Solicitar que de manera extraordinaria, mientras que persista esta situación, se permita que los trabajos y jornales de los programas de Ayuntamientos y Diputaciones computen para percibir el Subsidio y Renta Agraria de los trabajadores
y trabajadoras.
4. Solicitar que las peonadas realizadas en el ámbito del PFEA computen como requisito para acceder a la Renta Agraria.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de enero de 2016.-Antonio Francisco Pradas Torres, Diputado.-Miguel Ángel Heredia Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
162/000023
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no
de Ley para la compatibilidad de la percepción de pensiones con los rendimientos del trabajo derivados de la actividad creativa, para su debate en Pleno.
Exposición de motivos
En la cultura tenemos una gran oportunidad de impulso económico y de creación de empleo, pasando este a ser un sector determinante para el cambio de modelo de crecimiento que tenga en el talento, el conocimiento y la creatividad sus
principales cimientos de crecimiento. Según la última edición del anuario de Estadísticas Culturales del Ministerio de Educación, Cultura y Deportes, el volumen de empleo cultural ascendió en 2014 a 511,8 mil personas, lo que representa un 3% del
empleo total en España en la media del período anual. La actual contribución de la Cultura a la economía en España, situada en torno al 3,4% del PIB y el citado porcentaje del 3% sobre el empleo total pueden aumentar sustancialmente y converger con
el 6,5% del PIB que tiene la UE y el 6,5% del empleo del total de la población activa europea.
Aprovechar este excepcional y privilegiado potencial exige poner el acento y ofrecer justas garantías para el trabajo de los artistas, creadores y trabajadores de la cultura. Sin unas condiciones justas, ajustadas a su realidad y con
garantías eficaces para el desarrollo de su actividad, no será posible el desarrollo de las industrias creativas y culturales.
Este potencial solo es posible si existen una serie de condiciones, de seguridades y de sinergias con las políticas públicas que entiendan la complejidad y especificidad de su cadena de valor, permitiendo el desarrollo completo de su
potencial, en este caso de creación de valor, en empleo y de desarrollo de fuentes de alto valor añadido en la economía. El punto de apoyo indispensable para lograrlo es que la tarea creativa en todas sus vertientes esté reconocida y goce de unas
condiciones dignas y justas.
La vida laboral de artistas y creadores suele ser de por sí precaria, marcada estructuralmente por la intermitencia y la informalidad y las fórmulas definidas en el régimen de cotización no se adaptan bien a su realidad profesional y
productiva. Si ya de por sí la creación y el autor no gozan de una buena situación
en su reconocimiento como actividad laboral a la hora de obtener una pensión justa, resulta aún más precaria en el paso efectivo hacia la misma ya que directamente se ve penalizada.
Desde 2012, y en base a una interpretación muy restrictiva, cuando no equivocada, de la legislación de Seguridad Social efectuada por el Gobierno del Partido Popular, cualquier profesional de la creación mayor de 65 años debe ejercitar la
siguiente opción. Puede seguir cobrando su pensión, pero renunciando entonces a percibir una retribución por sus cursos, artículos, conferencias y a los derechos de autor que su obra le genere, si con ello supera en ingresos el importe anual del
salario mínimo interprofesional. O puede, peor aún, renunciando a su pensión, continuar aportando el fruto de su creación y seguir percibiendo los derechos de autor que legítimamente le corresponden.
Se produce así una paradoja y una contradicción con la propia característica de la labor del autor, puesto que esta etapa de madurez debe coincidir con un momento de eclosión que por experiencia puede dar algunos de los momentos y obras más
brillantes de su creación. Pero, además, esa interpretación provoca un trato diferenciado, cuando no discriminatorio, en la aplicación de la normas de Seguridad Social sobre la pensión de jubilación, en función del origen de las rentas o ingresos
que pueden ser compatibles con el percibo de esa pensión.
Una sociedad avanzada es aquella en la que el talento la creación y la cultura son objeto de reconocimiento y estímulo por su valor y no debe penalizar de ninguna forma que se cercena su desarrollo. No es razonable, ni deseable, que un país
reconocido por el valor del trabajo de sus autores en todas las facetas de la creación, no disponga de mecanismos justos y accesibles para promover su trabajo en la etapa de jubilación, que garanticen una pensión digna y acorde con la enorme e
impagable contribución a nuestro desarrollo como sociedad y que sirva el reflejo del merecido reconocimiento por el valor social de su trabajo.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista formula la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a adoptar las medidas necesarias para:
1. Llevar a cabo una aplicación adecuada de la normativa de Seguridad Social, respecto de la compatibilidad de las pensiones, sin efectuar diferenciaciones en función del origen de las rentas, que haga posible la compatibilidad de la
percepción de pensiones con los rendimientos del trabajo derivados de la actividad creativa, evitando que se exija a los creadores que elijan entre continuar manteniendo una vida intelectualmente activa o su pensión de jubilación.
2. La apertura de un proceso de diálogo con sindicatos, organizaciones representativas del sector y entidades de gestión de derechos de autor que permita la elaboración de un Estatuto del Artista y del Creador que contemple un modelo de
intermitencia en la actividad laboral, entendiendo la profesión cultural como una realidad específica con mecanismos coherentes de cotización, contratación y de contingencias de salud, maternidad, desempleo y muy especialmente, las vinculadas a
garantizar una jubilación digna y justa a los creadores y artistas.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de enero de 2016.-José Andrés Torres Mora, Diputado.-Antonio Hernando Vera, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
162/000024
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley
sobre conciliación y corresponsabilidad, para su debate en Pleno.
Exposición de motivos
En la pasada Legislatura, las políticas del Gobierno del Partido Popular han supuesto un grave retroceso para la igualdad entre hombres y mujeres. Las políticas de derechas del Partido Popular no solo reflejaron la ausencia de compromiso
político con la igualdad de género, sino que parecían haber tenido
entre uno de sus objetivos el retorno de las mujeres al hogar para desempeñar los roles tradicionales, expulsándolas del mercado de trabajo y asumiendo todos los recortes efectuados en el estado del bienestar.
De esta forma, la política conservadora desarrollada por el Gobierno del Partido Popular en la anterior Legislatura desmanteló los servicios sociales y la Ley de Dependencia. Asimismo, recortó drásticamente la inversión en sanidad y en
educación, y desarticuló los organismos específicos encargados de avanzar en la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, así como la red local de apoyo a las mujeres, con su incidencia directa en la lucha contra la violencia de género.
A estos graves recortes en el Estado de bienestar se añadió la desregulación del tiempo de trabajo producida por la reforma laboral, que implica extralimitación horaria, contratos a tiempo parcial que encubren jornadas completas y
reducciones horarias para el cuidado de menores que, al ser concretadas por los empleadores, atentan contra la corresponsabilidad y conciliación de la vida familiar y laboral. Por su parte, el debilitamiento de los sindicatos y de la negociación
colectiva supuso un duro golpe en el desarrollo de los planes de igualdad en las empresas.
Sin olvidar la destrucción de empleo en el sector público: más de 300.000 puestos de trabajo destruidos, empleos estables ocupados fundamentalmente por mujeres.
Todos estos elementos han venido expulsando a las mujeres del mercado laboral y han precarizado las condiciones de aquellas que aún conservan un empleo al tiempo que asumen, prácticamente en solitario, la casi totalidad de los trabajos
domésticos y de cuidados.
En España las mujeres emplean entre 4 y 5 horas diarias a tareas domésticas, mientras que los hombres emplean poco más de 1 hora a estas actividades. En los países nórdicos y Alemania esa relación es más equilibrada y los hombres asumen
cerca del 40% de las tareas domésticas.
Asimismo, en España, según el barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas, el 82% de las personas cuidadoras principales de los niños de 0 a 3 años son las madres, el 7,5% las abuelas y solo el 4,8% los padres.
Las mujeres de hoy ya no se identifican con el estereotipo de cuidadoras universales y trabajadoras intermitentes. Tampoco creen que se haya alcanzado la igualdad real y de oportunidades. Las mujeres no aceptan este retroceso en las
políticas de igualdad ni su expulsión del mercado de trabajo.
Los roles femeninos han cambiado. Las mujeres con responsabilidades familiares ya no aceptan su retorno al hogar, sino que exigen una vinculación permanente con el mercado de trabajo al ser también sustentadoras económicas de sus hogares.
Las mujeres exigen la conciliación y la corresponsabilidad en las tareas domésticas y de cuidados.
Además, hay una clara relación entre carga de trabajo doméstico y la actividad laboral de las mujeres en cada país. En España, un país con una clara falta de equidad en el reparto de tareas domésticas, las mujeres también participan menos
en el mercado de trabajo.
Con las políticas de derechas del Partido Popular, por primera vez en 40 años cayó la población activa femenina y descendió la tasa de actividad hasta el 53,9%.
Con sus políticas, el Gobierno del Partido Popular profundizó en un modelo ineficiente que gana en competitividad a costa de precarizar las condiciones laborales y la devaluación salarial, fundamentalmente de las mujeres; un modelo además
injusto que pone en grave riesgo la autonomía y el derecho que las mujeres tienen a decidir sobre su proyecto de vida.
Se trataba de políticas miopes que no solo desatendían los compromisos adquiridos en los Tratados europeos en materia de igualdad y la Estrategia 2020, sino que renunciaban a la perspectiva de género y al potencial de las mujeres como motor
de crecimiento económico y en el cambio de un modelo productivo más inclusivo y de mayor cohesión social.
Para el PSOE, conseguir la conciliación de la vida familiar, personal y laboral y la corresponsabilidad en las tareas domésticas y de cuidados, es una de las mayores reformas estructurales que pueda llevar a cabo nuestro país. Por supuesto
para garantizar de forma efectiva la igualdad real entre hombres y mujeres y su no discriminación, y también por su correlato en la economía y en la calidad de la sociedad.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a adoptar las medidas necesarias que permitan la conciliación de la vida familiar, personal y laboral y la corresponsabilidad, como aspectos inescindibles en
la erradicación de la discriminación entre mujeres y hombres y que suponen incrementos sustanciales en el ámbito económico y productivo y de calidad y cohesión social.
A tal efecto, adoptará medidas concretas para:
- Abordar con los interlocutores sociales una nueva regulación del trabajo a tiempo parcial, homologable con la existente en otros países europeos y que recupere su vocación de elemento flexibilizador y ordenador del tiempo de trabajo,
compatible con las responsabilidades familiares y laborales, y derogar la desregulación del trabajo a tiempo parcial contenida en la Ley 3/2012 y en la reforma llevada a cabo por el Real Decreto-ley 16/2013.
- Incrementar sustancialmente las actuaciones, así como los recursos humanos y materiales, de la Inspección de Trabajo, con el fin de controlar el cumplimiento de la normativa sobre jornada de trabajo, así como de las horas extraordinarias.
En particular, la Inspección de Trabajo y Seguridad Social deberá poner en práctica dos planes de actuación específicos, uno destinado al control de la contratación temporal y otro al control de la contratación a tiempo parcial.
- Promover la incorporación en la negociación colectiva y en particular en el marco de los acuerdos intersectoriales de contenidos y medidas relacionadas con la racionalización de los tiempos y las jornadas laborales, así como el
establecimiento de fórmulas de disponibilidad horaria que permitan a los trabajadores y trabajadoras acumular créditos de horas para la atención de responsabilidades personales y de cuidado.
- Dar cumplimiento inmediato a las previsiones de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, específicamente las relativas a la ordenación del tiempo de trabajo y de flexibilización de horarios
para permitir la conciliación a través de planes de igualdad, con una atención especial a los sectores y actividades con modelos de organización de turnos.
- Adoptar las medidas legales y de incentivos que permitan la conciliación para las personas trabajadoras por cuenta propia o autónomas.
- Poner en marcha de forma inmediata el permiso de paternidad de cuatro semanas incluido en la Ley Orgánica 3/2007, para la igualdad efectiva entre mujeres y hombres, y la Ley 9/2009, de ampliación del permiso de paternidad y establecer un
calendario gradual para la ampliación del permiso de paternidad hasta que ambos permisos sean iguales e intransferibles.
- Universalización de la oferta pública de Escuelas Infantiles en la primera etapa de 0 a 3 años logrando plazas accesibles, asequibles y suficientes para cubrir toda la demanda.
- Fomentar las iniciativas para crear escuelas infantiles en centros laborales tanto públicos como privados.
- Desarrollar íntegramente la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia.
- Incorporar al currículo la formación específica en igualdad, educación afectivo-sexual y de prevención de la violencia de género en todas las etapas educativas.
- Poner en marcha campañas de concienciación social sobre los beneficios de la conciliación y un reparto de tareas justo y corresponsable.
- Impulsar el cumplimiento íntegro en las Administraciones Públicas, empezando por la Administración General del Estado, del Plan Concilia 2005 y la Resolución de 28 de diciembre de 2012, de la Secretaría de Estado de Administraciones
Públicas, que señala que la jornada laboral debe finalizar a las 18:00 horas.
- Seleccionar, de acuerdo con los interlocutores sociales, los sectores económicos y servicios públicos susceptibles por la naturaleza de su actividad de ofrecer jornada continua a la mayoría de sus plantillas. Una vez establecidos estos
sectores, se articularán incentivos para que las empresas procedan a la implantación de estos horarios.
- Poner en marcha incentivos a las empresas por la implantación de un 'Horario racional': Las empresas que obtengan el sello 'Horario racional' tendrán una valoración positiva adicional en cuanto a ofertas de contratación pública. Tendrán,
además, una deducción en el Impuesto de Sociedades, siempre que se haya obtenido a través de la negociación colectiva. Estos incentivos contribuirán además a la difusión e implantación de buenas prácticas. Asimismo se contemplarán incentivos
tendentes a promover una 'innovación organizativa' que mejore el equilibrio entre la vida profesional y personal de sus empleados, con especial atención al teletrabajo.
- Adoptar una nueva regulación del teletrabajo, en especial en relación con los derechos laborales y los costes asociados al desempeño de la actividad.
- Desarrollar una prestación no contributiva por maternidad en el ámbito de la Seguridad Social, a fin de evitar la desprotección que supone que un tercio de los nacimientos de nuestro país no genere prestaciones de maternidad. A este fin,
las mujeres demandantes de empleo que tengan un hijo y no tengan derecho a la prestación contributiva de maternidad disfrutarán de una prestación no contributiva por esa contingencia de 6 semanas de duración.
- Reconocer a todas las mujeres un 'bonus' de dos años de cotización por cada hijo o hija (nacido o adoptado) a efectos del cálculo de las pensiones.
- En materia de fiscalidad, revisar el sistema de tributación conjunta en el IRPF para incentivar la incorporación de las mujeres al empleo.
- Promover la implantación de horarios racionales fuera del trabajo. En este sentido, en relación a los calendarios y horarios escolares:
Se impulsarán programas de acogida temprana (matutina) en los centros escolares,
Se promoverá el acceso al servicio de comedores escolares también en etapas vacacionales, y
Se generalizarán las actividades en horario extraescolar, la apertura de los centros educativos con actividades lúdicas, deportivas y culturales en vacaciones y festivos.
- En relación con las actividades culturales y los medios de comunicación:
Se promoverán acuerdos con los sectores de la cultura y el ocio para el adelanto de los horarios de mayor consumo de su oferta,
Se pondrán en marcha campañas de concienciación sobre los beneficios del cambio de horario hacia los que se desenvuelven los países de nuestro entorno, y
Se impulsará el cumplimiento efectivo de las normas sobre publicidad no sexista así como en relación con el uso del lenguaje no sexista.
- Poner en marcha campañas de sensibilización sobre el rol de hombres y mujeres en las responsabilidades domésticas, en el cuidado de los niños y las niñas, en el sector educativo o en el sector de los cuidados a personas dependientes, entre
otros. Para ayudar a la sensibilización, se incluirán medidas e indicadores en la Encuesta Nacional de Salud y la Encuesta de Condiciones de Vida del INE relativas a los niveles de conflicto de los ciudadanos y ciudadanas a la hora de conciliar los
distintos aspectos que componen nuestra vida.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de enero de 2016.-Antonio Hernando Vera, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
162/000025
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley
de igualdad salarial entre mujeres y hombres, para su debate en Pleno.
Exposición de motivos
La igualdad entre hombres y mujeres, tanto en el acceso al mercado laboral, como en las condiciones laborales y retributivas, continúa siendo un reto en nuestro país y en el resto de Europa.
La última Encuesta Anual de Estructura Salarial muestra que la remuneración anual bruta de las trabajadoras españolas fue casi un 24% inferior a la de los hombres. Es decir, las mujeres trabajadoras en España para percibir de media las
mismas retribuciones que los hombres tendrían que trabajar 79 días más al año. Y esta desigualdad también las sitúa en peor posición en el sistema de protección social, donde esta brecha alcanza el 39%.
La mayor precarización del empleo femenino respecto del masculino no solo se manifiesta por esta desigualdad retributiva. También lo constata una menor tasa de actividad, una menor tasa de ocupación y una tasa de paro más elevada.
España se encuentra entre los países con menor contribución femenina al empleo: solo el 54,7% de la población femenina entre 20 y 64 años trabajaba en el segundo trimestre de 2014, 9 puntos menos que la media europea y muy alejado del 74%
que establece el objetivo Europa 2020. Para alcanzar ese objetivo, en España se tendrían que crear en torno a 3 millones de empleos ocupados por mujeres hasta 2020.
Alcanzar esa mayor participación de las mujeres en el mercado de trabajo es acuciante para conseguir un mayor ritmo de crecimiento económico, dada la infrautilización de la fuerza de trabajo de las mujeres a pesar de su mayor y mejor
formación. Así se pronuncian numerosos organismos internacionales como el Fondo Monetario internacional que, en un informe de 2014, sostiene que 'las pérdidas del PIB per capita atribuibles a la disparidad de género en el mercado laboral llegan
hasta el 27% en determinadas regiones', y mantiene que la equiparación de las mujeres en la fuerza laboral es el instrumento que permitiría elevar de forma permanente el PIB de los Estados.
Es urgente remover los obstáculos que sitúan a las mujeres en una peor situación en el mercado de trabajo. En este sentido cabe señalar que la asunción en exclusiva de responsabilidades familiares es determinante de la mayor precarización
del empleo femenino frente al masculino y su gran diferencia salarial. La mayor demanda de participación en el mercado laboral de las mujeres no puede realizarse a costa de su extenuación. La conciliación parece seguir siendo un asunto de mujeres
y actúa situando a las mujeres en peores condiciones laborales debido a su hipotética menor disposición en el mercado de trabajo.
Corregir la brecha salarial es una cuestión de justicia y equidad, y exige situar a las mujeres en igualdad de condiciones que los hombres en el empleo, tanto en el acceso, como en su permanencia, promoción interna y formación. Y avanzar en
su mayor participación en los órganos de decisión, la ruptura del denominado 'techo de cristal', conscientes de la mejora que esto supondría también en la gobernanza de las empresas al incidir en la selección de los más cualificados, hombres y
mujeres. Y, por supuesto, exige articular medidas de corresponsabilidad familiar y para el cuidado de los otros.
En la remoción de los obstáculos que impiden esta igualdad los poderes públicos tienen un papel determinante. Por mandato constitucional, que les compele a garantizar de forma real y efectiva esta igualdad. Más específicamente, en
desarrollo de dicho mandato en el ámbito laboral, porque así lo demanda el artículo 17 del Estatuto de los Trabajadores. Y también porque así lo establecen los Tratados de la Unión Europea. El Estado debe asumir su responsabilidad en la atención y
el cuidado de los otros, favoreciendo otra política de familia y articulando una red pública de servicios educativos y sociales que atiendan a la infancia, los menores y personas dependientes.
Sin embargo, la política desarrollada por el Gobierno del Partido Popular en la anterior Legislatura ha desmantelado los servicios sociales y la Ley de Dependencia, a la par que ha recortado drásticamente la inversión en sanidad y en
educación. A ello se añade la desregulación del tiempo de trabajo producida por la reforma laboral, que implica extralimitación horaria, contratos a tiempo parcial que encubren jornadas completas y reducciones horarias para el cuidado de menores
que, al ser concretadas por los empleadores, atentan contra la corresponsabilidad y conciliación de la vida familiar y laboral. Todos estos elementos dificultan la participación de las mujeres en el ámbito laboral, volviendo a situarlas en peor
poder de negociación frente al empresario al ser ellas las que continúan asumiendo la casi totalidad de la responsabilidades familiares. Son políticas que tratan de devolver a las mujeres a los roles más tradicionales de asumir casi en solitario
las tareas domésticas y cuidados.
Por primera vez en 40 años está cayendo la población activa femenina lo que confirma la expulsión de las mujeres del mercado laboral. La tasa de paro se ha situado en el entorno del 25%, llegando a alcanzar en 2013 máximos históricos
próximos al 27%. Es decir, menos empleo y más paro para las mujeres.
Las medidas laborales incorporadas en la Ley Orgánica 3/2007 de igualdad que remite, en muchos casos, a la negociación colectiva, han mostrado unos efectos limitados como consecuencia del debilitamiento de los sindicatos y la reducción de la
cobertura de la negociación colectiva, como consecuencia de la reforma laboral del Partido Popular.
La recomendación de la Comisión Europea sobre Transparencia Empresarial en materia de igualdad salarial no se está impulsando con carácter general. Tampoco se está aplicando en el sector público.
Lograr la igualdad de género, además de un objetivo democrático para el cumplimento de los derechos fundamentales básicos, entre ellos a la no discriminación, es el gran reto que tiene planteado nuestro país para desarrollar la potencialidad
económica y social que necesitamos. Alcanzar este objetivo es urgente.
Las políticas del PP han sido políticas miopes que no solo han desatendido los compromisos de los países del G20 compelidos a reducir la brecha entre la participación de hombres y mujeres en un 25% para 2025, para sumar a más de 100 millones
de mujeres a la fuerza laboral, aumentar significativamente el crecimiento global y disminuir la pobreza y la desigualdad, sino que han desconocido la mejora de la actividad productiva y los sustanciales incrementos del PIB que esa incorporación
produciría.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a adoptar de forma inmediata las medidas que permitan reducir la desigualdad salarial entre mujeres y hombres con el fin de eliminarla. Para ello el Gobierno:
1. Presentará urgentemente un Proyecto de Ley de Igualdad Salarial entre mujeres y hombres que garantice de forma real y efectiva la igualdad salarial y, por tanto, que garantice la igualdad de género en el empleo, en su acceso y
permanencia, en la formación y en promoción interna en las empresas, removiendo los obstáculos que la impiden o dificultan.
2. Dicho Proyecto de Ley establecerá objetivos específicos, entre ellos, alcanzar una tasa de empleo de las mujeres del 74%, en línea con lo acordado en el seno de la Unión Europea en la Estrategia 2020.
3. Los contenidos de este Proyecto de Ley incorporarán:
a) Una nueva articulación de los derechos y permisos relativos a la maternidad y paternidad que asegure la corresponsabilidad, así como una red pública de servicios educativos y sociales para los cuidados de la infancia y de personas
dependientes. La recuperación de los derechos de conciliación familiar y laboral; la mejora de las prestaciones por hijo e hija a cargo en atención a los niveles de rentas.
b) Medidas para avanzar en corresponsabilidad y favorecer la conciliación familiar y laboral, que apuesten por la racionalización de horarios y recuperen la seguridad en la jornada laboral y la contratación laboral.
c) Medidas positivas para garantizar el acceso y estabilidad en el empleo y la promoción en el seno de las empresas, especialmente en las profesiones y niveles donde las mujeres están subrepresentadas, estableciendo objetivos concretos y
penalizaciones a los incumplimientos.
d) Medidas que mejoren las condiciones laborales para los trabajadores pobres, mayoritariamente mujeres. Entre otras, el incremento del salario mínimo lnterprofesional, la ratificación del Convenio 189 OIT y la regulación de prestaciones no
contributivas por maternidad y paternidad.
e) Medidas que reconozcan el mérito y capacidad de las mujeres en el desarrollo de su carrera profesional y evitar la discriminación actual que lo impide por razón de su sexo.
f) Establecer cuotas para el acceso de las mujeres a los puestos directivos, comités de dirección y consejos de administración de las empresas también para los puestos de responsabilidad y órganos directivos de cooperativas y organizaciones
agrarias y pesqueras con el objetivo de llegar a una representación paritaria de mujeres y hombres en los órganos de dirección económicos.
g) Medidas para hacer efectiva la transparencia en las empresas.
h) Medidas de transparencia estadística. A tal efecto, se desagregarán por sexos, edad, nivel educativo y ocupación todas las encuestas y Registros que analizan el mercado de trabajo, incluidas aquellas que analizan específicamente las
retribuciones de las personas trabajadoras.
i) Un Acuerdo Interinstitucional para hacer posible el Pacto Local por la igualdad de género de tal forma que todas las mujeres, independientemente de que vivan en zonas urbanas o en el ámbito rural, pueden acceder al conjunto de servicios y
equipamientos que hagan eficaces el conjunto de medidas que integren el contenido básico de este Proyecto de Ley de igualdad salarial mandatado en esta Proposición no de Ley.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de enero de 2016.-Antonio Hernando Vera, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
162/000027
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario de Ciudadanos, a instancia de su Portavoz Adjunto don Antonio Roldán Monés y al amparo de lo dispuesto en los artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley
sobre un plan de choque contra la desigualdad y la precariedad laboral, para su debate en Pleno.
Exposición de motivos
La crisis ha golpeado duramente a los españoles. El paro, la desigualdad, la pobreza laboral, la precariedad y la exclusión social han aumentado de forma dramática en los últimos años. En España hay alrededor de 11 millones de trabajadores
precarios, si sumamos parados, desanimados, subempleados y asalariados que no han podido encontrar un puesto de trabajo estable. Representan nada menos que el 45% de nuestra oferta de trabajo.
La última EPA (3.er trimestre del 2015) indicó que 4,85 millones de personas cumplían con la definición de parada. Otro millón de personas estaban desanimadas o no buscaban activamente empleo aunque deseaban trabajar. Una parte sustancial
se ha desenganchado debido a la larga recesión. Si sumamos ambos colectivos, en España hay 5,86 millones de personas desempleadas.
En particular urge en nuestro mercado laboral reducir el desempleo de larga duración. Esto afecta a distintos tipos de colectivos: aquellos que no han conseguido aún arrancar su carrera laboral y aquellos que llevan un largo tiempo sin
trabajar. Entre este primer colectivo, según los últimos datos de la EPA, 530 mil personas sin experiencia laboral llevaban buscando empleo desde hace al menos 1 año. Entre el segundo colectivo, 2,3 millones de personas desempleadas llevaban dos
años o más sin trabajar. Al contrario que los desempleados de corta duración, las tasas de salida del desempleo a empleo de estas personas están creciendo muy lentamente con el cambio de ciclo.
Junto a estos dos colectivos de parados de larga duración, resulta especialmente dramática la situación de las personas para las que han transcurrido cuatro años o más desde que trabajaron por última vez. Ya constituyen más de 1,3 millones
de personas, un 26% de los desempleados. Son los parados de larguísima duración. Desde el inicio de la crisis, este colectivo presenta unas tasas de inserción en el empleo mínimas, y la exigua recuperación refleja la elevada insensibilidad de este
colectivo a beneficiarse de las mejoras cíclicas de la economía.
Dentro de estos colectivos de parados de larga duración destacan especialmente las personas con un nivel educativo bajo: de los desempleados que llevan más 2 años o más sin trabajar, un 58% son de bajo nivel educativo. El estigma asociado
a una experiencia continuada en el desempleo se ve reforzado por la carencia o depreciación de las competencias necesarias para su reintegración laboral.
En este contexto, las políticas de activación deben constituir el instrumento más potente para que los trabajadores puedan reintegrarse en el mercado de trabajo y abandonar la exclusión social. Sin embargo, las cifras de participación de
los parados de larga duración en los sistemas de formación reglada también son dramáticamente bajas, muy en especial para las personas menos educadas. Las tasas de participación de este colectivo en el aprendizaje permanente son solo de un 23% para
los menores de 25 años, y caen desde el 7% entre los 25 y 34 años hasta el 2% para los mayores de 55 años (según los datos de la EPA de los últimos cuatro trimestres).
El drama social del paro de largo plazo en España se ha magnificado aún más por la desatención recibida por los desempleados tanto en materia de activación como de protección del desempleo. La recesión ha puesto en evidencia un modelo de
políticas de empleo completamente desequilibrado, alejado del modelo de flexi-seguridad en el que se pretendía inspirar.
Los gastos en políticas activas alcanzaron un máximo del 0,83% en el año 2010 en España y no llegaron al 0,5% del PIB en el año 2015. En los PGE del año 2016, está previsto que vuelvan a aumentar, pero aún así, no se espera que lleguen a
alcanzar el 0,5% del PIB, lejos de países como Dinamarca o Suecia que según los últimos datos disponibles, cuyo gasto público en acciones de formación y empleo ascendió al 1,3% y al 1,1% del PIB, respectivamente, en el año 2013. Resulta obvio
recordar que las tasas
de paro en estos país son muy inferiores y niveles de competencia básicas de su población son muy superiores a las nuestras son a priori con menores necesidades de gasto.
Las políticas activas requieren más recursos, pero de nada serviría aumentar el gasto en estas acciones si no se hace con coherencia. Necesitan ser modernizadas y sometidas a la responsabilidad fiscal, siguiendo principios claros de
eficacia y eficiencia.
Pero nuestro altísimo paro es solamente uno de los retos sociales más urgentes al que nos enfrentamos. A medida que la economía se recupera estamos observando cómo aumenta la segmentación de nuestro mercado de trabajo, se dispara la
temporalidad y aumentan las desigualdades.
Unos 2,1 millones de personas son parados de corta duración, y su tasa de salida hacia el empleo ha subido de forma notable desde que empezó a repuntar el crecimiento. Sin embargo, el paro de corta duración se está reduciendo a costa de
empleos de baja calidad, de modo que la dualidad entre trabajadores con empleos estables y temporales, lejos de reducirse, se ha reavivado. Ahora que el empleo se recupera, solo el 9% de los nuevos empleados consiguen contratos fijos.
En España, las empresas usan los contratos temporales incluso cuando tienen necesidades que no son temporales y la rotación de los trabajadores temporales sigue siendo el principal mecanismo de ajuste en la economía. El resultado de esa
excesiva rotación entre contratos es una altísima precariedad y pobreza laboral: la mayor parte de estos trabajadores precarios no alcanzan el salario mínimo anual, porque trabajan solamente una pequeña parte del año.
La EPA solo consigue hacer una foto de situación en un momento determinado. Al trimestre siguiente muchos trabajadores vuelven a un situación de desempleo, mientras que otros tantos ocupan su lugar en la foto, y son contabilizados como
desempleados. Por ello, en realidad este grupo de personas es mucho más grande que esos 2 millones de personas de la foto fija. En España alrededor de 7 millones de personas no consiguen alcanzar el salario mínimo anual y viven entre la pobreza y
la precariedad permanente.
Finalmente urge atender a la situación de los tres millones de autónomos en España. Este colectivo sufre una fiscalidad muy desfavorable y se enfrenta a una burocracia innecesaria.
El resultado es que los trabajadores autónomos tienen tasas de supervivencia bajísimas. Según la EPA, en los últimos años, en cada trimestre dejan de ser autónomos un 11% de los autónomos y un 4% de los empresarios con asalariados. Durante
la crisis, este problema se ha agravado: el autoempleo generado en los últimos años es de peor calidad, al crecer el emprendimiento por 'necesidad' más que por 'oportunidad de negocio'.
Las políticas aplicadas por el gobierno, han ido más orientadas a aumentar los flujos de entrada (abaratamiento de los costes a la Seguridad Social, tarifa plana para emprendedores y contratos de emprendedores), que a mejorar las
posibilidades de supervivencia de las empresas y su crecimiento y fortalecimiento.
En la actualidad los trabajadores autónomos que generen ingresos de manera repetitiva, aunque sean 100 euros al mes, deben incurrir en un coste cercano a los 400 euros/mes y completar una gran cantidad de trámites administrativos. Entre
otras cosas, deben darse de alta en Actividades Económicas, girar facturas con IVA (lo que requiere contratar un contable porque hay que hacer el trámite telemáticamente) por unos 100 euros/mes, presentar declaraciones de IVA trimestrales y reclamar
IVA si es negativo, darse de alta en la Seguridad Social en el Régimen de Trabajadores Autónomos, lo cual cuesta en torno a los 300 euros con limitadas excepciones (a pesar de sentencias del Supremo en contra). Además, los clientes carecen de
incentivo alguno para pedir una factura del servicio y que esta incluya IVA. Ello provoca una competencia desleal contra los servicios que necesariamente emiten factura.
En otros países, como en Gran Bretaña, se establecen unos mínimos de unos 8.000 GBP anuales para darse de alta como autónomo en la Seguridad Social. Por debajo de esa cantidad, por tanto, no hay que pagar cuota de la Seguridad Social, no
hay que contratar contables ni realizar trámites engorrosos. En EE.UU., se cobra el 7,2% de las ganancias (ingresos - gastos) por Seguridad Social sin mínimo alguno de lo que se factura. Así alguien que facture 600 USD/mes y tenga 100 USD de
gastos deducibles, pagará unos 36,5 USD/mes (500 × 7,2%).
Por todo lo anterior, se formula la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que promueva los cambios legales necesarios para adoptar las siguientes medidas:
Primero. Dar respuesta inmediata a la situación de pobreza y exclusión consecuencia del paro de larga duración, poniendo en marcha los procedimientos necesarios para:
a) Crear un sistema de bonificaciones a las empresas para la formación en el puesto de trabajo de los parados de larga duración con escasa experiencia laboral o que requieran de movilidad sectorial u ocupacional para su integración en el
mercado de trabajo. Estas bonificaciones los costes de formación que generen estos trabajadores.
b) Poner en marcha un sistema de cheques de formación destinados a los desempleados para la realización de cursos de formación, de acuerdo con la disposición adicional segunda de la Ley 30/2015. La introducción de los bonos y cheques de
formación se verá acompañada por una evaluación experimental previa que determine las características óptimas que deben tener (cuantía, tipo de formación y tipo de beneficiarios), en comparación con otros instrumentos que ya se están utilizando (en
particular, las bonificaciones a la contratación y los cursos de formación subvencionados).
c) Explorar lo costes y la posibilidad de introducir un sistema de rentas para la formación de desempleados de larga duración que no dispongan de prestaciones. La cuantía y duración de esta renta se realizará en función de las necesidades
económicas y formativas del desempleado y estarán condicionadas a la estricta participación en el proceso formativo.
d) Garantizar que todas las Comunidades Autónomas puedan ofrecer una orientación laboral y formativa personalizada a cada desempleado de larga duración. El objetivo debe ser que los Servicios Públicos de Empleo puedan alcanzar pronto un
número óptimo de tutores por parado y que dispongan de las herramientas de perfilado necesarias para formular propuestas de itinerarios individualizados.
e) Crear, en cuanto la restricción presupuestaria lo permita, una Agencia Independiente de Políticas de Empleo, cuyas funciones sean:
a. Creación y mantenimiento de un modelo de perfilado básico, al que tendrán acceso las CCAA que deseen aplicarlo o mejorarlo con información propia recabada por los orientadores.
b. La evaluación externa continua de las políticas de empleo y la publicación de los resultados obtenidos con total transparencia, esto es, dando a conocer los resultados por acciones y los agentes implicados en su aplicación.
c. Propuestas de distribución de los recursos destinados a las políticas activas entre las Comunidades autónomas en función de las necesidades y logros conseguidos por estas.
Segundo. Dar respuesta inmediata a la precariedad y la pobreza laboral a través de:
a) La introducción progresiva de un Complemento Salarial Garantizado (CSG), con naturaleza de crédito fiscal, que se prestaría como prestación complementaria a los hogares con rentas más bajas, y cuya cuantía variaría en función del valor de
las ingresos salariales de la persona principal y la situación familiar de esta, siempre que el montante total de ingresos se encontrase por debajo de un determinado umbral. El programa se estructuraría en tres tramos: uno creciente, uno fijo y
finalmente un tramo decreciente, a los que se irá accediendo a medida que aumenta la renta y hasta un nivel máximo por encima del cual dejará de percibirse, y que serían diferentes en función de la situación familiar de los perceptores de la
prestación (solteros, pareja, número de hijos).
b) La reducción del número de contratos y la introducción de un contrato estable que acabe con la injusta dualidad y precariedad del presente sistema de relaciones laborales.
Tercero. Tomar iniciativas urgentes para solucionar la pobreza laboral de los autónomos, y facilitar el emprendimiento, mediante:
a) La eliminación inmediata de la cuota a la Seguridad Social a todos aquellos autónomos con unos ingresos por debajo del SMI mensual.
b) La eliminación de la cuota mínima fija a pagar a la Seguridad Social para aquellos autónomos con unos ingresos por encima del SMI mensual, sustituyéndose en su lugar por un sistema en el que se cotizaría en función de un porcentaje
creciente sobre el nivel de facturación con un tope máximo equivalente a lo que se pagaría en el Régimen General de la Seguridad Social.
c) La mejora y simplificación de los trámites de pago de IVA a través de Internet.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de enero de 2016.-Antonio Roldán Monés, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
162/000028
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario de Ciudadanos, a instancia de su Portavoz don Antonio Roldán Monés y al amparo de lo dispuesto en los artículos 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre
políticas de igualdad y conciliación entre vida familiar y laboral, para su debate en Pleno.
Exposición de motivos
Durante las últimas décadas, gran parte de las economías desarrolladas han visto un importante incremento de la participación de la mujer en el mercado laboral. En España ésta ha pasado del 50% en 1990 al 80% en 2012, niveles similares a
los que se observan en Reino Unido, Alemania y Francia. Esto supone un gran avance hacia la igualdad entre hombres y mujeres en el mercado laboral y plantea la necesidad de abordar el desafío de la conciliación entre la vida personal, familiar, y
laboral.
Lamentablemente, los datos parecen indicar que conciliar vida profesional y vida personal y familiar sigue siendo un reto importante en España, y que diversos factores (institucionales, sociales y de acceso a servicios) penalizan a las
mujeres con hijos en el mercado laboral.
Según los datos de la última EPA, la tasa de participación activa en el mercado laboral para la población entre 30 y 44 con hijos menores de 15 años es 14,6 puntos más alta en el caso de los hombres que en el de las mujeres; en cambio entre
de hombres y mujeres sin hijos son bastante similares, del 93% y del 91% respectivamente. Además, las mujeres con hijos sufren /tasas de paro muy superiores a la de los hombres con hijos (23,5% vs 13,6%) mientras que en la población sin hijos la
tasa de desempleo de las mujeres es ligeramente inferior a la de los hombres. Así, la tasa de empleo es del 64% para las mujeres con hijos menores a 16 años frente al 85% en el caso de los hombres.
Poniendo los porcentajes en contexto y según los datos de la EPA, de las 3,4 millones de mujeres entre 30 y 44 años con hijos, solo 2,1 millones trabajan, 660.000 están desempleadas y 570.000 son inactivas. De las 2,1 millones que trabajan,
620.000 lo hacen a tiempo parcial con una media de horas semanales habituales de 20,5 horas, cuando por promedio desearían trabajar 37 horas. A pesar de que estos simples estadísticos no implican una relación de causa-efecto, los datos de la EPA
parecen indicar de manera alarmante que el mercado laboral español penaliza a las madres de una forma desproporcionada.
A continuación analizamos las razones, institucionales, de servicios y culturales, más importantes por las cuales tantas mujeres optan por salir del mercado laboral o, si siguen trabajando, escogen la jornada parcial aunque les gustaría
trabajar a tiempo completo. Esto puede ayudar a entender que políticas de conciliación podrían ser más efectivas con el fin de aumentar la conciliación entre vida laboral y familiar en España.
Dentro del marco institucional tienen una importancia capital por un lado la organización de la empresa y los horarios laborales y, por otro lado, la regulación de la baja por maternidad y paternidad en nuestro país.
Es un hecho bien conocido, incluso a nivel internacional, que España exhibe un patrón de horarios laborales, escolares, comerciales y de ocio poco compatibles con la conciliación de la vida familiar y laboral. La típica jornada laboral en
España empieza entre las 8 y las 9 de la mañana, con una larga pausa al mediodía, y una gran parte (el 28%) de la población aún en el trabajo a las 7 de la tarde. Esto supone
un problema para las madres y padres trabajadores porque los horarios de los centros escolares (tanto de guarderías como de escuelas primarias y secundarias) no coinciden con estos horarios.
Los problemas en términos de conciliación propiciados por la peculiar jornada laboral española se refuerzan con la falta de flexibilidad ofrecida por nuestras empresas. En este sentido, España se sitúa por debajo de la media de 23 países
estudiados, con solo el 80% de las empresas con más de 10 empleados indicando que ofrece arreglos flexibles, cuando en Finlandia, Austria o Dinamarca casi el 100% de las empresas lo hace. Adicionalmente, mientras en Holanda o Suecia el 35% y 38% de
los trabajadores, respectivamente, indica que la empresa determina los horarios sin posibilidad de cambiarlo, esa cifra aumenta hasta el 73% en España. En cuanto a la posibilidad de teletrabajo, únicamente el 7,2% de los hombres y el 6,6% de las
mujeres decía que había tenido la posibilidad de trabajar desde casa en España, cuando este número era del 36,6% y del 30,3% entre los daneses y danesas, respectivamente.
Una de las potenciales consecuencias de esta inflexibilidad es que las mujeres opten por la jornada reducida. En este momento parece uno de los pocos instrumentos disponible en España para la conciliación de la vida familiar y laboral. No
obstante, según los datos de la Encuesta Anual de Estructura Salarial de 2013, la ganancia media por hora de las personas que trabajaban a tiempo completo era de 15,19 euros, comparado con 11,06 euros para los trabajadores a tiempo parcial, lo que
se traduce en una diferencia entre la ganancia anual de más del 60% (10,056 euros versus 26,345 euros) a favor del trabajador a tiempo completo. Estos datos reflejan la necesidad de tener políticas de conciliación alternativas a la opción de
acogerse a la jornada reducida.
Por otro lado, la medida más importante en materia de derechos y protecciones laborales de las madres y padres en España es el permiso por maternidad, que consta actualmente de 16 semanas ininterrumpidas. Las primeras 6 semanas tienen que
disfrutarle directamente después del parto y no se pueden compartir. Las últimas 10 semanas se pueden compartir o ceder en su totalidad al padre. El permiso de paternidad es de 15 días consecutivos, los cuales se pueden coger en modalidad de
jornada a tiempo parcial de un mínimo del 50%. Aparte de los permisos de maternidad y paternidad, existen otras prestaciones relacionadas con la conciliación de la vida familiar y laboral. Por ejemplo, el permiso de lactancia permite al padre o a
la madre reducir su jornada 1 hora cada día hasta que el menor cumpla 9 meses.
Con un total de solo 18 semanas entre padre y madre, la duración de las bajas maternal y paternal en España es corta, especialmente en comparación con otros países de la Unión Europea. Los países más generosos son Suecia, Dinamarca y
Alemania. Las madres en Dinamarca, por ejemplo, disponen de 4 semanas antes del parto, 14 semanas después del parto, más 32 semanas que pueden ser compartidas entre los dos padres. Los padres disponen de 2 semanas que pueden utilizar entre las 14
semanas después del parto. En Alemania las madres disponen de 6 semanas con anterioridad al parto, y de 2 meses con posterioridad al parto, más 12 meses que se pueden compartir entre los padres. Estos 12 meses pueden aumentar hasta los 14 meses si
los dos padres utilizan parte de sus respectivas bajas.
Un estudio sobre la introducción de una baja de 4 semanas reservado para el padre en Noruega (Kotsadam & Fenseraas, 2011) encontró efectos positivos sobre las actitudes de los padres hacia la igualdad de género, una reducción en los
conflictos entre las parejas y una distribución de tareas del hogar más igualitaria.
En España ya existe la posibilidad de compartir hasta 10 semanas la baja de maternidad. Según datos de la Seguridad Social, de todos los procesos de baja de maternidad contributivas (de madres trabajadoras) que empezaron en el año 2014 -un
total de 265.869- solo 3.436 fueron compartidos con el otro progenitor, equivalente al 1,29% de todos los casos. Hay una cierta variabilidad entre Comunidades Autónomas, con el País Vasco mostrando la tasa compartida más alta (3,5%) y la más baja
registrada en Murcia (0,53%). En cambio, en países como Suecia los hombres tomaban el 20% del total de la baja parental en 2012.
No es sorprendente que pocas parejas en España compartan la baja parental, porque probablemente es demasiado corta. Por ejemplo, la OMS recomienda la lactancia hasta por lo menos los 6 meses de edad, y en este momento la duración de la
totalidad de la baja solo llega a algo menos de 4 meses. Acercarnos al modelo nórdico, con una baja parental más igualitaria de 26 semanas, de las cuales 8 estarían reservadas para cada progenitor, y las 10 restantes podrían ser compartidas
costaría al INSS en torno a 800 millones de euros. Esto aumentaría la corresponsabilidad entre los padres, ayudaría a reducir
la discriminación de la mujer en el mercado laboral y facilita una mejor conciliación laboral mediante el aumento de la duración de la baja total de unas 8 semanas.
Un segundo grupo de razones u obstáculos a la conciliación se debe a la falta de servicios necesarios. Como muchos países de la Unión Europea, España dispone de guarderías públicas para niños de 0 a 3 años. La oferta pública está
complementada por la privada (centros privados o concertados) aproximadamente a partes iguales. Según datos de Eurostat, las diferencias más notables entre España y muchos otros países (en especial, los escandinavos), las encontramos en el bajo
número de horas semanales en las que los niños de 0 a 3 años participan en el sistema de educación temprana y de cuidado formal. Solo el 16% de los niños acuden más de 30 horas a los centros y guarderías en España, comparado con el 36% en Portugal,
el 37% en Noruega y el 60% en Dinamarca.
En España, la educación temprana no llega suficientemente a las familias menos favorecidas, lo que abre una brecha en la igualdad de oportunidades desde muy pronto. Desgraciadamente los niños de familia cuyos padres tienen bajo nivel
educativo, menores ingresos, o que están afectados por el paro o inactividad, tienen mucho menor acceso a este nivel educativo. No se trata pues de que estos niveles educativos sean totalmente gratuitos para todos, ni que la oferta de plazas
públicas produzca una sustitución de las plazas privadas. Garantizar el acceso a los centros públicos de estos colectivos se consigue haciendo que dispongan de suficiente información sobre los beneficios de acudir a la escuela en edad tan temprana
y que se les dé una prioridad absoluta en las reglas de acceso de las plazas públicas, a tarifas accesibles, o incluso gratuitamente. Sin embargo, los centros de educación y atención temprana, son también importantes para que los padres y las
madres puedan tener una participación laboral activa plena.
El acceso amplio a la educación pre-escolar no solo supone una ventaja para las madres trabajadoras que desean conciliar una vida personal y profesional. Es también una etapa clave en la formación de las competencias de los niños, y un
herramienta clave para reducir la influencia de la situación socioeconómica sobre el rendimiento académico futuro. Esto podría garantizarse mediante un crédito fiscal que podría utilizarse indistintamente en guarderías públicas y privadas. La
cuantía del crédito fiscal estará vinculada a los tramos del complemento salarial y será mayor para aquellas familias con menos recursos, a las que se financiará el 100% de las tasas. El coste aproximado del programa se estima en 274 millones de
euros al año y beneficiaría a unos 300.000 niños.
Por último, hay razones de tipo cultural. Hay todavía muchas diferencias entre las tareas del hogar/cuidado de niños asignadas a padres y madres en España. En la actualidad, la carga de trabajo recae mayoritariamente sobre la madre. Según
datos de la OCRE para varios países las mujeres dedican de media un 66% más de tiempo al cuidado de los hijos que los hombres, en el caso de España dedican un 75% que los hombres. Los datos de la Encuesta de Empleo del Tiempo de 2009-2010 muestran
que entre las parejas donde las dos partes trabajaban, los hombres seguían pasando menos tiempo con sus hijos que las mujeres. El tiempo medio diario que los hombres pasaban solos con sus hijos era de 122 minutos, comparado con 188 minutos entre
las madres (Román, 2013). Además según datos de la EPA entre los hombres con hijos menores de 5 años, por promedio se desea trabajar una hora más por semana de las horas trabajadas habitualmente mientras que las madres que trabajan a tiempo
completo, sin embargo, muestran que desean trabajar unas 6 horas menos por semana.
Algunos estudios apuntan hacia la importancia de los modelos a seguir ('role models') femeninos en ámbitos de liderazgo. Beaman, Duflo, Pande y Topalava (2012) muestran la importancia de la presencia de mujeres líderes en el ámbito local,
tanto para la educación como para las aspiraciones de las niñas en India. Una educación más igualitaria entre niños y niñas que no genere desiguales expectativas por razón de sexo, además de incentivar la visibilidad de modelos a seguir femeninos,
puede contribuir a que en el futuro se dé menos por hecho que la madre es la que tiene que cargar de manera desproporcionada con el peso de la conciliación familiar en España. Ante este hecho, estudiamos algunas de las políticas que se han empleado
para tratar de aumentar el número de modelos a seguir femeninos tanto en posiciones de altos cargos en empresas privadas, como en el sector público.
Algunos países han optado por introducir cuotas para los consejos de administración de las compañías cotizadas. España, mediante la Ley de igualdad de 2007, introdujo el objetivo de 'una presencia equilibrada de mujeres y hombres en un
plazo de ocho años [...]' en los consejos de administración de sociedades públicas o privadas con cierto tamaño. Es decir, se introdujo un objetivo legal de representación de personas de cada sexo no por debajo del 40%, que se debería haber
cumplido hasta 2015. En 2015, el porcentaje de mujeres en consejos de empresas del IBEX35 estaba en el 17,30%, evidencia que el objetivo claramente no ha sido alcanzado.
En Francia se introdujo, en 2011, una cuota obligatoria del 40% para la representación de mujeres entre los directivos de empresas cotizadas (objetivo para 2016). El porcentaje de mujeres en los consejos de administración de las empresas
del CAC 40 aumentó de un 8,5% en 2007 a un 30,3% en 2014. En el Reino Unido se formó una comisión especial sobre 'Mujeres en los Consejos de Administración' en 2011 (que publicó el Informe Davies: 'Women on boards'). La comisión optó por
recomendar un objetivo voluntario del 25% de representación de mujeres en los consejos administrativos y los comités ejecutivos en el 2015. En 2015, el porcentaje de mujeres en las 100 empresas británicas más grandes fue del 26%.
Estos hechos apuntan que la introducción de objetivos legales no funciona si no va acompañado por un cambio de cultura y los objetivos voluntarios pueden tener éxito si también se cambien los costumbres de las empresas en términos de
contratación, promoción y transparencia.
Por todo lo anterior, se formula la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que promueva los cambios legales necesarios para adoptar las siguientes medidas:
1. Impulsar un Pacto Nacional por la Racionalización de Horarios y la Conciliación Laboral para generalizar una jornada laboral más compacta y flexible, adaptar el calendario y la jornada escolar al calendario laboral, e incentivar a las
empresas que se incorporen a esta iniciativa, y que incluya la:
- Incorporación en los convenios colectivos de medidas de flexibilización de la jornada laboral, que puedan ser utilizadas por todos sus empleados, con independencia de sus circunstancias personales:
Horarios flexibles de entrada y salida en el lugar de trabajo, permitiendo adelantar la hora de entrada antes de las 8 de la mañana.
Flexibilidad para acumular horas de trabajo en bancos de tiempo que puedan utilizarse para reducir la jornada con posterioridad.
Posibilidad, si el sector de actividad lo permite, de implementar fórmulas de teletrabajo que pudieran utilizarse al menos 1 día por semana.
Reducir el tiempo reservado a la comida a 30-45 minutos.
Facilitar la posibilidad por el trabajador de diferentes posibles turnos que se adapten particularmente al horario deseado por el trabajador.
- Adaptación del calendario escolar de festivos y la jornada escolar al calendario laboral, reduciendo las vacaciones escolares de verano a 2 meses.
- Creación de una portal web con información sobre buenas prácticas de flexibilidad laboral, donde se exponga un listado de las empresas adheridas al Pacto Nacional que recibirían una certificación ISO al efecto, con evaluaciones periódicas
de sus políticas de conciliación.
- Introducción en los pliegos de contratación de las entidades a las que se aplica la Ley de Contratos del Sector Público criterios de puntuación positiva a las empresas que se adhieran a Pacto Nacional por los Horarios comprometiéndose a
realizar mejoras concretas. La certificación podría ser revocada si un grupo de empleados manifiesta que la empresa no está cumpliendo las medidas acordadas.
- Recuperación el huso horario GMT, que sirva de catalizador para el resto de medidas propuestas, en el marco de un campaña de concienciación sobre las ventajas económicas y sociales de racionalizar los horarios y flexibilizar la jornada
laboral.
2. Igualar la baja por paternidad a la de maternidad, con carácter intransferible, acercándonos al modelo nórdico. Proponemos una baja de 26 semanas: 8 reservadas para cada progenitor, y las 10 restantes compartidas.
3. Crear un crédito fiscal adicional por cada niño en edad comprendida entre los 0 y 3 años para guarderías públicas o privadas. Además se establecer programas de cooperación con las CCAA para garantizar que las familias con menos recursos
puedan acceder a centros públicos entre los 0 y 3 años, a tarifas reducidas o gratuitas.
4. Fomentar la adaptación de la oferta de cuidado de niños (guardería/escuelas) con un programa de cooperación con las Comunidades Autónomas para que puedan ajustar de horarios de apertura de los
centros educativos a los horarios laborales de los padres, ampliando su oferta y prolongando las actividades extraescolares.
5. Proveer incentivos y llegar a acuerdos en negociación colectiva para que las empresas que tengan facilidad ofrezcan servicio de guardería en la misma empresa. Para pequeños negocios, se podrían facilitar convenios con guarderías
cercanas al lugar de trabajo (incentivos a las empresas).
6. Incentivar un cambio cultural por el que se eduque a niños y niñas desde edades tempranas en los mismos valores (i.e., que no se generen expectativas desiguales, por ejemplo, en el tipo de educación o carrera profesional, por razón de
sexo).
7. Fomentar la visibilidad de modelos a seguir ('role models') femeninos, sobre todo en ámbitos considerados normalmente como masculinos.
8. Promover activamente la igualdad de género dentro de las empresas, con el objetivo de concienciar a ejecutivos, gerentes y empleados, y poder identificar potenciales situaciones de discriminación a la hora de tomar decisiones sobre
promociones y contratación. Esto se puede conseguir con las siguientes medidas:
- Crear una cultura de transparencia en el proceso de selección en todos los niveles de contratación, manteniendo estadísticas de contratación de hombres y mujeres en diferentes niveles jerárquicos de la empresa, que se deben publicar en el
informe anual.
- Induciendo a las empresas cotizadas a establecer objetivos claros de representación de mujeres, introduciendo el requisito de incluir en los informes anuales un plan estratégico para aumentar la representación de mujeres en los altos
cargos y consejos de administración.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de enero de 2016.-Antonio Roldán Monés, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
162/000029
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Ciudadanos, a instancia de su Portavoz, el Diputado don Antonio Roldán Monés y al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley
por un plan de choque contra la corrupción y por la regeneración democrática, para su debate en el Pleno.
Exposición de motivos
En el marco de un Estado que se define como social y democrático de Derecho, que debe asegurar el imperio de la ley y que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico, entre otros, la justicia y la igualdad, no tienen cabida
los privilegios, y menos aún pueden tenerla cuando, como acontece en el caso de las prerrogativas parlamentarias, inciden negativamente en el ámbito del derecho a la tutela judicial efectiva, obstaculizando la lucha contra la corrupción política.
El caso más llamativo de estas injustificadas prerrogativas corresponde a la institución del aforamiento. Una figura que lejos de restringirse ha sufrido una extraordinaria expansión sin precedentes, al calor del desarrollo del Estado de
las Autonomías y de la colonización de los partidos políticos de todas las instituciones del Estado, comenzando por la Justicia, pero continuando con otros ámbitos como los organismos supuestamente independientes, como los entes reguladores, el
Defensor del Pueblo y todos sus homólogos de ámbito autonómico.
Para entender lo dañino de tal proliferación hay que recordar que el aforamiento consiste en que determinados procedimientos judiciales deban ser conocidos, cuando afecten a ciertas personas, por un órgano judicial diferente al habitual
previsto por la Ley. Por ejemplo, según el artículo 71.3 de la CE antes referido, 'en las causas contra Diputados y Senadores será competente la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo' y el artículo 102.1 extiende la prerrogativa al Presidente del
Gobierno y sus ministros.
Pero no solo para el político o cargo público imputado el aforamiento es un claro privilegio, sino que provoca incuestionables disfunciones en la labor de la Justicia e incluso perjuicios directos a aquellos no aforados que se ven
'arrastrados' por el imputado aforado a un tribunal distinto del suyo natural. Tal y
como diversos autores señalan, leyes de toda índole (estatales y autonómicas) han hecho proliferar la figura hasta el punto de que en España alcanzarnos la increíble cifra de 10.000 aforados.
La potestad de ejercer el Derecho de Gracia es una de las Instituciones que el Estado contemporáneo ha heredado del Antiguo Régimen y que, en la actualidad, no se configura ni como un acto legislativo ni jurisdiccional, sino eminentemente
administrativo, cuya potestad, en virtud del artículo 62 de la Constitución, corresponde al Rey, pero cuya tramitación se asigna al Ejecutivo. En concreto al Ministerio de Justicia (o en su caso el de Defensa, en los casos fundamentalmente de penas
por deserción), que finalmente será el que eleve al Consejo de Ministros la propuesta de su resolución.
En ese sentido, la potestad de gracia supone una excepción (y, por lo tanto, una quiebra) al principio de división de poderes, al invadir el ejecutivo prerrogativas que solo al judicial le deberían estar atribuidas, por lo que ha de
aplicarse de forma restrictiva, sin que la discrecionalidad con la que está contemplada pueda convertirse en arbitrariedad o utilizarse despóticamente, de forma incompatible con los principios rectores del Estado de Derecho.
Tanto el abuso de la figura del indulto en algunos tipos penales como la injusticia de casos en los que se usa de forma claramente partidista, con el consiguiente descrédito para la clase política y de nuestro sistema de Justicia, hace que
cuanto antes deba acometerse una reforma del régimen del indulto.
No planteamos su desaparición, pues el indulto cumple una necesaria función de válvula de escape de la jurisdicción penal, que permite dar una solución razonable a posibles fallos judiciales irreversibles o paliar eventuales condenas
injustas. Ello no quita a que sea imprescindible una reforma de tan singular como secular instituto, cuya normativa de aplicación data nada menos que de 1870. Una reforma que de forma inmediata impida los casos de nepotismo y de abuso en su
concesión cuando afectan a delitos de corrupción política.
Los partidos políticos tienen un papel insustituible en todo sistema democrático, en España sin embargo su regulación es más bien escasa, descansando más en la propia autorregulación en aspectos fundamentales como: el método habitual de
selección de cargos internos y de candidatos a cargos representativos, la configuración de sus órganos de dirección o la celebración de congresos. Sin embargo los partidos políticos no son entidades privadas sin más ya que tienen
constitucionalmente reconocido, artículo 6 de nuestro Texto Constitucional, el monopolio de la representatividad política y su financiación procede fundamentalmente de fondos públicos, por ello todo lo que afecta a su regulación interna tiene un
indudable interés público y transcendencia sin duda en el combate contra la corrupción.
Por ello son muchas las voces que vienen reclamando desde hace tiempo la elaboración de una nueva Ley de Partidos Políticos, con el fin de regular su actividad, asegurar su democracia interna, facilitar la transparencia y el control de su
financiación y finalmente convertirlos en verdadero instrumento que permita acercar la política a los ciudadanos.
Por otra parte, las normas básicas que esta nueva norma debería recoger son muy comunes en las democracias europeas, serían entre otras: Celebración de congresos con una periodicidad establecida y a fecha fija, limitación de mandatos,
elección de todo tipo de órganos internos mediante el voto secreto de los afiliados, elección de los candidatos a cargos representativos mediante elecciones primarias, financiación clara y transparente, mandato limitado de tesoreros y responsables
de cuentas y sometimiento de su gestión a auditorías anuales por empresas u organismos independientes.
El combate contra la corrupción en el ámbito de nuestras administraciones públicas, reto que los ciudadanos identifican como el segundo mayor problema de nuestra democracia, exige de una función pública profesional, independiente, regida por
criterios de igualdad, mérito y capacidad en su acceso y que actúe únicamente al servicio del interés general.
Una función pública así configurada es probablemente el instrumento más eficaz para detectar y combatir cualquier atisbo de desviación de poder o corrupción.
Sin embargo no se trata solo de generar instrumentos de combate contra la corrupción sino de instaurar una nueva ética pública, una nueva cultura de lo público basada en la Integridad. Sin duda los valores en la Administración Pública son
indispensables y deben formar parte de esa nueva cultura organizativa que resulta necesario implantar, una cultura basada en el servicio al interés general, la imparcialidad, la transparencia, el uso adecuado de los bienes públicos, la
responsabilidad profesional, y en definitiva la lealtad a la propia administración que es tanto como decir la lealtad a los ciudadanos a los que sirve.
Un punto importante en la implantación de esa nueva cultura organizativa lo constituye la regulación de los Canales Éticos y la protección al denunciante anónimo de buena fe, es decir a cualquier empleado del sector público o de las
instituciones y órganos estatutarios que pone en conocimiento de los correspondientes órganos de control interno, hechos que pudieran dar lugar a la exigencia de responsabilidades administrativas por alcance o penales por delitos contra la
administración pública. Estos instrumentos carecen en este momento de una regulación específica en el ámbito de nuestra Administración, a pesar de haberse generalizado en los países de nuestro entorno, en las instituciones europeas o en el mundo de
las grandes corporaciones privadas. Demostrando su eficacia como verdaderos instrumentos de autocontrol corporativo y como instrumentos de vinculación positiva del empleado público con la organización a la que sirve.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta la siguiente
Proposición no de Ley
Y en su virtud,
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que:
1. En el próximo proceso de reforma constitucional se sometan a revisión los supuestos de privilegio o prerrogativa de aforamiento recogidos en nuestro texto constitucional.
Y sin perjuicio de lo anterior, y mientras este proceso de revisión constitucional se produce, en el plazo máximo de tres meses impulse las reformas legales necesarias a fin de suprimir, en el ámbito de sus competencias aquellos supuestos de
aforamiento que han proliferado en distintas leyes, ampliando dicho privilegio mucho más allá de lo previsto en la Constitución.
2. En el plazo máximo de tres meses se presente un Proyecto de Ley de reforma de la Ley de 18 de junio de 1870 de Reglas para el Ejercicio de la Gracia de Indulto que suprima la posibilidad de concesión de indultos totales o parciales en
supuestos de condenas por delitos cometidos por una autoridad o cargo público en el ejercicio de sus funciones o cargo, o prevaliéndose de ellas. Tampoco procederá el indulto cuando la condena sea por alguno de los delitos contra la administración
pública recogidos en el Título XIX del vigente Código Penal.
3. En el plazo máximo de tres meses se presente un nuevo Proyecto de Ley de regulación de los partidos políticos que asegure su democracia interna, la transparencia y el control de su financiación y los convierta en verdaderos instrumentos
de participación política. Estableciendo:
- La celebración de congresos con una periodicidad establecida y a fecha fija.
- La limitación de mandatos de sus cargos ejecutivos.
- La elección de todo tipo de órganos internos mediante el voto secreto de todos los afiliados.
- La elección de los candidatos a cargos representativos mediante elecciones primarias.
- La financiación clara y transparente de todas sus actividades, incluyendo también la de sus fundaciones vinculadas.
- El mandato limitado de tesoreros y responsables de cuentas y el sometimiento de su gestión a auditorías anuales por empresas u organismos independientes.
4. En el plazo máximo de tres meses se proceda a regular la figura del denunciante de buena fe y los procedimientos y canales confidenciales para la formulación de denuncias en el ámbito de la Administración Pública, sus instituciones,
organismos autónomos y demás sociedades y entidades vinculadas. Canales que deberán garantizar su estricta confidencialidad.
Su utilización implicará de inmediato:
- Recibir asesoría legal para los hechos relacionados con su denuncia y tendrá garantizada la confidencialidad de su identidad.
- No podrá adoptarse, durante la investigación ni tras ella, medida alguna que perjudique al denunciante en su carrera profesional o la cesación de la relación laboral o de empleo.
- La protección asociada a éste estatus podrá mantenerse, incluso más allá de la culminación de los procesos de investigación que se desarrollen.
Dichos procedimientos y canales podrán ser también utilizados por quienes ya hubiesen actuado como denunciantes para comunicar represalias u otras actuaciones lesivas derivadas de la presentación de la denuncia.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de enero de 2016.-Antonio Roldán Monés, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
162/000036
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Ana María Oramas González-Moro, Diputada de Coalición Canaria, integrada en el Grupo Parlamentario Mixto, de conformidad con lo previsto en los artículos 193 y siguientes del Reglamento del Congreso de la Cámara, presenta la siguiente
Proposición no de Ley sobre el transporte en Canarias, para su debate en Pleno.
Exposición de motivos
Alcanzar la cohesión territorial y sacar provecho a la posición geográfica de Canarias pasa por el desarrollo de las redes de transporte y la adecuación de sus infraestructuras marítimas y aéreas.
Los canarios pagarnos ocho veces más que un peninsular por el uso del transporte, pese a que es un servicio esencial para garantizar la cohesión social y económica del archipiélago.
Las medidas aprobadas por el Gobierno del Estado no siempre han servido para compensar el sobrecoste que supone la lejanía y la insularidad, pese a que existen razones que justifican la consolidación y la mejora de las políticas que
garanticen dicha cohesión.
Por todo ello, se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno del Estado a:
1. Activar la obligación de servicio público (OSP), estableciendo un precio máximo para las compañías que operen en los trayectos Canarias-Península para que se eliminen las diferencias que, por lejanía, suponen los precios en el transporte
aéreo, especialmente en fechas señaladas.
2. El establecimiento de la OSP para la isla de La Palma que garantice la conectividad diaria con Madrid y Barcelona.
3. Una nueva regulación y mejor aprovechamiento de las subvenciones al transporte, incrementando las bonificaciones a los pasajeros en las rutas de débil tráfico, sobre todo en las islas de menor población, hasta un 75% del precio del
billete.
4. Recuperar las bonificaciones al transporte de mercancías agrícolas e industriales hasta el 100% del coste del transporte, aplicando un nuevo sistema de bonificación más eficaz que permita que el desarrollo repercuta en el precio final
del producto.
5. El impulso de nuevas rutas aéreas y marítimas (dentro de las autopistas del mar) y la bonificación de todas las operaciones de concentración y distribución de tráficos, potenciando el papel como 'hub' o plataforma logística de
continentes.
6. Mejorar la conectividad de la isla de El Hierro en términos de calidad y regularidad en la prestación del servicio de transporte marítimo.
7. Recuperar para el interés público los aeropuertos canarios, concebidos como red específica, en la que las administraciones públicas canarias y los agentes económicos y sociales de Canarias jueguen un papel determinante en su estrategia
comercial y de desarrollo de estas infraestructuras (segunda pista de Tenerife Sur y Gando, ampliación de las pistas de Lanzarote y El Hierro).
8. Completar el desarrollo de la red de puertos, aeropuertos, carreteras, zonas logísticas e intercambiadores, en consonancia con las necesidades de conectividad de cada isla y de éstas con el resto.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de enero de 2016.-Ana María Oramas González-Moro, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.
162/000037
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Ana María Oramas González-Moro, Diputada de Coalición Canaria, integrada en el Grupo Parlamentario Mixto, de conformidad con lo previsto en los artículos 193 y siguientes del Reglamento del Congreso de la Cámara, presenta la siguiente
Proposición no de Ley sobre el impulso del sector industrial en la Comunidad Autónoma de Canarias, para su debate en Pleno.
Exposición de motivos
El sector industrial es un sector estratégico para Canarias, y como tal debe ser considerado, al generar economías de arrastre sobre el resto del tejido económico, siendo por ello esencial garantizar la sostenibilidad, crecimiento y
diversificación de la industria canaria, de forma que incrementemos la participación industrial en el PIB y dispongamos de un tejido industrial sólido y desarrollado.
El sector industrial es especialmente vulnerable a amenazas como la globalización y deslocalización industrial, la competencia de las producciones exteriores y la dependencia del crudo y de las materias primas del exterior.
El apoyo decidido a la producción local es una parte importante de la solución a la actual crisis global, por los innumerables efectos de arrastre que ejerce sobre otros sectores, por su valor añadido, por el empleo de calidad que genera y
por el arraigo que determinadas actividades productivas guardan con las Islas Canarias.
Por todo ello, se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno del Estado a:
1. Consolidar las medidas específicas que compensen los sobrecostes estructurales que limitan el desarrollo de la industria en Canarias, Rebajando la condiciones de acceso a los incentivos Económicos Regionales para que las empresas
canarias puedan optar a estas ayudas.
2. Adoptar medidas específicas para las industrias localizadas en las islas no capitalinas, al objeto de garantizar el mantenimiento de su tejido productivo.
3. Adaptar las condiciones de acceso a las ayudas a la reindustrialización del programa Reindus, del Ministerio de Industria, a la realidad de la industria en el archipiélago.
4. Conseguir un aumento de la balanza comercial tanto en el mercado interior como en el exterior, reforzando la imagen de los productos elaborados en Canarias, implicándose el Gobierno del Estado en el desarrollo de un Plan Canarias Exporta
para la industria.
5. Avanzar en reducir al máximo los procesos administrativos que afecten a la industria, especialmente los de índole territorial y medioambiental.
6. Garantizar las ayudas al transporte de mercancías en Canarias y aumentar su cuantía.
7. Favorecer el desarrollo de nuevas actividades de reciclaje y valorización de los residuos, de forma que sienten las bases para el desarrollo de un nuevo nicho económico preferente, en el marco de los requerimientos de sostenibilidad.
8. Crear un plan de eficiencia energética específico para la industria canaria, con especial incidencia en la industria del agua. Es necesario impulsar el autoconsumo en los ciclos del agua y mejorar las líneas de financiación para
facilitar la incorporación de nueva tecnología que potencie el ahorro y la eficacia energética, de manera que repercuta directamente en el precio final al consumidor.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de enero de 2016.-Ana María Oramas González-Moro, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.
162/000038
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Ana María Oramas González-Moro, Diputada de Coalición Canaria, integrada en el Grupo Parlamentario Mixto, de conformidad con lo previsto en los artículos 193 y siguientes del Reglamento del Congreso de la Cámara, presenta la siguiente
Proposición no de Ley sobre la reforma de los aspectos económicos del Régimen Económico y Fiscal (REF) de Canarias, para su debate en Pleno.
Exposición de motivos
El Régimen Económico y Fiscal (REF) de Canarias tiene como antecedente un conjunto de normas, particularmente fiscales pero también económicas, que históricamente han intentado hacer frente a los inconvenientes que se planteaban para el
bienestar de los residentes canarios por la lejanía y el aislamiento del continente europeo y también para potenciar las ventajas compensatorias de la renta de situación del archipiélago.
A lo largo de más de cinco siglos, y adaptándose a la evolución de la economía y del comercio, ha ido adoptando formas diversas con la permanencia de un principio genérico de baja imposición fiscal y apertura al comercio internacional, con
breves períodos de suspensión, como consecuencia de políticas de uniformidad que fueron letales para la economía isleña o por los conflictos bélicos en que se veía envuelto el Reino de España.
Por lo que se refiere a la parte fiscal, las directrices de ayuda con finalidad regional, aprobadas cada siete años por la Comisión Europea, determinan la necesidad de proceder a la renovación periódica de la autorización de los incentivos
del REF, habiéndose modificado, pues, en repetidas ocasiones la parte fiscal de la Ley 19/1994 desde su aprobación. La última modificación de los incentivos fiscales tuvo lugar recientemente -con efecto desde el 1 de enero de 2015- ajustándose la
misma a lo dispuesto en las directrices europeas para el periodo 2014-2020.
Sin embargo, la parte económica del REF, que no está sujeta a la supervisión y autorización periódica de las instancias europeas, ha permanecido inalterada durante los más de veinte años de vigencia de la Ley 19/1994, quedando al albur de
las circunstancias políticas y presupuestarias de cada momento el cumplimiento de sus disposiciones.
Resulta, pues, imprescindible, insistir en la reclamación de la renovación de los incentivos económicos y en el fortalecimiento institucional del REF.
El objetivo de la reforma ha de consistir en articular, dentro de sus fundamentos históricos, un sistema de incentivos de fomento y compensación robusto y eficaz que dé respuesta a las desventajas estructurales que lastran la economía
canaria y que han propiciado su consideración de RUP de la UF. Pero también ha de favorecer un desarrollo equilibrado del archipiélago y la reducción de las diferencias estructurales con el resto del territorio nacional, y promover una verdadera
igualdad de oportunidades entre las personas, siempre teniendo en cuenta que actualmente el principal objetivo y desafío de cualquier modelo de desarrollo económico en Canarias ha de ser crear más y mejores empleos y preservar la cohesión social.
Desde el punto de vista institucional, es necesario garantizar al más alto nivel la permanencia y vertebración del REF, consolidando sus principios inspiradores dentro del bloque constitucional, a través de una modificación parcial del
título IV del Estatuto de Autonomía de Canarias.
Dicha modificación debe incorporar, en particular, los principios y normas derivados del reconocimiento de Canarias como región ultraperiférica de la UE en el Tratado de Funcionamiento de la Unión; en concreto, el principio de modulación de
las políticas y actuaciones legislativas, reglamentarias y financieras de los poderes públicos del Estado.
Así, la legislación estatal habría de dar un tratamiento específico a aquellas materias que lo requirieran en atención a la lejanía, insularidad y limitaciones estructurales permanentes de Canarias. En particular, en materia de política
aduanera, política de transportes y telecomunicaciones y sus infraestructuras, mercado interior, política comercial interior y exterior, políticas energética y medioambiental, puertos y aeropuertos, política fiscal, zonas francas,
internacionalización, políticas agrícola y pesquera, condiciones de abastecimiento de materias primas y de bienes de consumo esenciales, política industrial y las condiciones de acceso a las ayudas públicas.
Partiendo de la resolución del Parlamento de Canarias de 17 de julio de 2012, y de las distintas iniciativas desarrolladas con posterioridad, la presente propuesta de revisión se ha llevado a cabo teniendo
en cuenta los distintos documentos de reflexión elaborados por diferentes colectivos económicos y sociales, y cuenta con el consenso y la unanimidad de las organizaciones empresariales y sindicales más representativas del archipiélago.
Objetivos y principios de la reforma.
La Ley 19/1994 ha jugado un papel muy importante para paliar las desventajas de carácter estructural que afectan al archipiélago: un conjunto de sobrecostes añadidos respecto al territorio continental y que ha determinado su consideración
en el Derecho primario de la Unión Europea como región ultraperiférica (RUP) en el artículo 349 del Tratado de Funcionamiento de la UE (Lisboa, 2009). Unos sobrecostes que padecen los ciudadanos, las empresas y las administraciones públicas.
La finalidad de la ley debe ser, por tanto, paliar dichas desventajas, poniendo el acento en la necesidad de alcanzar el desarrollo y la cohesión económica, social y territorial de Canarias.
Desde este punto de vista, los principales ejes de la estrategia económica de futuro de Canarias para alcanzar un sólido crecimiento son la competitividad, el impulso de aquellos sectores de actividad con mejores perspectivas de progreso en
las islas, el refuerzo de la productividad del tejido económico local y la internacionalización de la empresa canaria.
La puesta en marcha de esa estrategia económica debe propiciar, por otra parte, la creación de empleo como objetivo prioritario y garantizar una verdadera igualdad de oportunidades entre las personas.
Este enfoque estratégico debe completarse con la aplicación de una serie de principios básicos consagrados por la propia Ley 19/1994. En concreto:
- Garantizar en Canarias el principio de libertad comercial de importación y exportación y la prohibición de monopolios.
- El principio básico de que el coste de la actividad económica en Canarias no debe situar al archipiélago en una situación de desventaja respecto de la media de las restantes comunidades del territorio español.
- Garantizar que este régimen económico y fiscal específico en el Archipiélago no dará lugar, en ningún supuesto, a la disminución del volumen de gasto público estatal corriente y de inversión y que, de acuerdo con la disposición adicional
cuarta de la LOFCA, no puede significar una reducción de la financiación estatal.
- Introducir los principios derivados de la consideración de Canarias como RUP de la UE, enmarcando el modelo de desarrollo de Canarias en su especial régimen de integración en el ámbito de la Unión Europea; es decir, modulando las
actuaciones de los poderes públicos e inscribiéndose en la estrategia de desarrollo para las regiones ultraperiféricas establecida por la Comisión Europea y en los principales documentos estratégicos europeos, singularmente la estrategia Europa
2020, porque estos constituyen el marco europeo en el que se moverá Canarias en el futuro.
- Resaltar los principios derivados de la necesaria cohesión social y territorial del archipiélago, en particular teniendo en cuenta que la lejanía e insularidad y las demás limitaciones estructurales permanentes tienen especial incidencia
en las islas no capitalinas como consecuencia de los efectos de la doble insularidad. Una singularidad que se complementa con la responsabilidad social que las empresas beneficiarias de los incentivos económicos tienen que asumir.
- Los principios de accesibilidad y continuidad territorial dentro, desde y hacia Canarias, tanto de pasajeros como de mercancías, que garanticen a la ciudadanía y a las empresas una conectividad efectiva entre las islas, con el territorio
continental europeo y con los países de nuestro entorno.
Medidas.
Partiendo de los principios básicos y objetivos mencionados resulta asimismo necesario concretarlos, impulsando y reforzando una estrategia de medidas e incentivos en sectores clave de nuestra economía para garantizar que la lejanía,
insularidad y demás limitaciones estructurales permanentes de Canarias sean compensadas a través de políticas específicas y suficientes.
En este contexto, resulta necesario, en primer lugar, preservar aquellos aspectos de la Ley 19/1994 que siguen teniendo actualidad y vigencia, asegurándose de que su cumplimiento no queda simplemente al albur de las disponibilidades
presupuestarias plasmadas anualmente en la Ley de Presupuestos Generales del Estado.
Partiendo de esta premisa, resulta asimismo necesario actualizar el contenido de la ley teniendo en cuenta, en particular, las siguientes propuestas:
- En el ámbito del transporte, debe destacarse su consideración como un servicio público esencial, especialmente en lo que se refiere al transporte de personas, actualizando la cuantía de las subvenciones, posibilitando una mayor
compensación de determinadas situaciones económicas y sociales singulares y garantizando el principio de continuidad territorial, incluso introduciendo la posibilidad de fijar precios máximos de los billetes si lo exigen razones imperiosas de
interés general.
Se debe subrayar el carácter esencial de los puertos y aeropuertos canarios para la cohesión económica, social y territorial del archipiélago, asegurar su tratamiento diferenciado dentro de la política general de transportes y garantizar la
participación de las instituciones de la Comunidad Autónoma de Canarias en la planificación y gestión del modelo portuario y aeroportuario.
Ha de apostarse decididamente por medidas que incentiven una mayor conectividad de Canarias, facilitando su papel como centro de distribución de tráficos aéreos entre tres continentes, en particular mediante la aplicación de la quinta
libertad del aire y de la renovación de las autorizaciones requeridas para que los poderes públicos puedan incentivar con carácter permanente el desarrollo de nuevas rutas.
Se debe impulsar, asimismo, la consolidación y actualización del sistema de compensaciones al coste efectivo del transporte marítimo y aéreo de mercancías interinsular y entre las islas Canarias y la Península y el resto de la Unión Europea.
- En el ámbito de las telecomunicaciones, se han de compensar adecuadamente los sobrecostes que garanticen el acceso de toda la población de Canarias a la sociedad del conocimiento, la información y la comunicación en condiciones similares
de calidad y precio a las existentes en el resto del territorio nacional, incluyendo la necesidad de equiparar a la población de Canarias en disponibilidad y condiciones de acceso a todo tipo de servicios audiovisuales de banda ancha.
- Otro de los objetivos prioritarios debe ser asegurar la moderación de los precios de la energía en Canarias, manteniendo precios equivalentes a los del resto del territorio español, y estableciendo para ello un marco regulatorio energético
propio que se adapte a la condición de región ultraperiférica de Canarias y que asegure la viabilidad y estabilidad del sistema eléctrico. En este contexto se propone asimismo dejar exentas de tributación las instalaciones de generación ubicadas en
los sistemas energéticos de Canarias.
Se propone, asimismo, elaborar y poner en marcha un Plan para la implantación de un nuevo modelo energético basado en las energías renovables y poner en marcha un Plan de optimización y ahorro de consumos energéticos y de agua, con una
política tarifaria que prime el uso racional y el ahorro.
Se ha de establecer un marco regulador específico y medidas de apoyo financiero que promuevan la autogeneración y el autoconsumo de energía basado en energías renovables.
Se deben introducir medidas sobre gestión, valorización, reciclaje y descontaminación de los residuos en Canarias financiando, cuando no sea de aplicación la responsabilidad ampliada del productor, los costes de traslado de los residuos
desde las otras islas hasta la isla donde exista planta de tratamiento, y en su caso, hasta la península, cuando no sea posible su tratamiento en el archipiélago aplicando, cuando ello sea posible, el principio general de proximidad en la política
sobre gestión y tratamiento de residuos en Canarias.
- Ha de procurarse un sistema de compensación consignado anualmente en los Presupuestos Generales del Estado para que la población de Canarias pague unos precios equivalentes al resto del territorio nacional por la utilización de agua
desalinizada, regenerada o reutilizada.
- En el ámbito de la promoción comercial, se propone reforzar la promoción de los productos elaborados en Canarias y dar un nuevo impulso al Consejo Asesor para la Promoción del Comercio con África Occidental, ampliando su composición e
incluyendo asimismo dentro de su campo de acción la estrategia de potenciación de Canarias como plataforma atlántica en sus distintas dimensiones.
- Se han de establecer nuevos planes de promoción turística; en concreto, un Plan Estratégico del Turismo que además tenga en cuenta las consecuencias de la estacionalidad para favorecer el mantenimiento de la actividad económica y el
empleo; un Plan específico de Formación Profesional en el sector turístico, en el que se dé especial importancia, además de los idiomas, a la utilización de las nuevas tecnologías; y un Plan de Inversiones Públicas en infraestructuras en las áreas
turísticas, dotado
financieramente en los Presupuestos Generales del Estado y gestionado por la Comunidad Autónoma de Canarias.
Dentro de la difusión y fomento del turismo deben adoptarse medidas económicas orientadas a la protección y defensa del paisaje y patrimonio histórico y cultural de Canarias, con el objetivo de lograr un modelo de desarrollo sostenible,
respetuoso con el medio ambiente y con el patrimonio cultural canario.
- En los incentivos económicos regionales ha de primar la inversión en las islas con una prima adicional cuando los proyectos se desarrollen en islas no capitalinas. Además de a las pequeñas y medianas empresas, debe prestarse especial
apoyo a las cooperativas y empresas de economía social y primar la creación de empleo de calidad. Se ha de promover asimismo la aplicación del principio de responsabilidad social de las empresas en las entidades beneficiarias de incentivos
económicos regionales, habilitando al Gobierno de Canarias para modificar los requisitos de dimensión y autofinanciación exigidos a los proyectos de inversión y para definir los sectores y actividades prioritarias.
- En el ámbito de la creación de empleo, el Estado debe financiar un Plan Integral de Empleo que, partiendo de la consideración de Canarias como región ultraperiférica de la UE, apueste por el empleo de calidad, tenga en cuenta las
singularidades del mercado laboral canario y que incluya medidas específicas de protección social para colectivos vulnerables en situación de desempleo.
- Se debe incluir un nuevo artículo dentro del REF dedicado a las universidades, destacando su importancia como centros de referencia al servicio del desarrollo económico y social del archipiélago y su necesaria vinculación a la economía
productiva de Canarias. Para ello, se asegurará una dotación financiera suficiente equiparable al resto del sistema universitario español y la aprobación de medidas para incrementar su competitividad.
Se debe potenciar el papel de las universidades como centros de conocimiento de referencia en su ámbito geográfico. En este contexto, han de establecerse programas para el desarrollo de actividades docentes, de investigación y cooperación
al desarrollo en los que intervengan las universidades establecidas en Canarias e instituciones europeas y de otros países, especialmente con terceros países vecinos y otras regiones ultraperiféricas.
Es necesario favorecer, en especial, la movilidad de estudiantes y profesores. Los estudiantes y profesores de las universidades canarias han de tener derecho a una ayuda económica suplementaria para compensar los costes adicionales de la
lejanía, equivalente a los gastos de transporte desde su lugar de residencia hasta el de destino, en los programas de investigación, formación y movilidad.
- Es prioritario establecer un programa específico de becas de estudio para los estudiantes canarios que no encuentren en su isla de residencia la oferta educativa que demanden. Asimismo, debe potenciarse un programa específico de becas de
desplazamiento para los jóvenes canarios que hayan finalizado su formación profesional y que realicen prácticas en empresas peninsulares y en cualquier otro Estado miembro de la Unión Europea.
Los establecimientos económicos situados en Canarias que reciban ayudas o subvenciones públicas deben participar en los programas de prácticas en empresas desarrollados por las universidades canarias u otros organismos públicos.
Se han de ejecutar asimismo Planes de Formación Profesional para el Empleo dirigidos prioritariamente a trabajadores ocupados.
- Es necesario incluir medidas específicas dirigidas al sector primario con los objetivos de alcanzar una mayor capacidad de autoabastecimiento y garantizar el futuro y el desarrollo a largo plazo de los sectores agrícola y ganadero de
Canarias en su condición de región ultraperiférica.
En este contexto, para garantizar la competitividad de estos sectores, el Gobierno de España debe consignar anualmente en los Presupuestos Generales del Estado una dotación suficiente para garantizar la totalidad de la financiación adicional
de las medidas de fomento de las producciones agrícolas locales autorizada por la Unión Europea en el marco del Programa de Opciones Específicas de Alejamiento e Insularidad (POSEI). Asimismo, los poderes públicos han de adquirir el compromiso de
promover la utilización de productos agrícolas, ganaderos y pesqueros locales en los establecimientos turísticos de Canarias.
- Por último, corno parte de la estrategia de promoción de Canarias como plataforma atlántica, deben poder establecerse zonas francas en todo el territorio de Canarias asegurando, tanto para las existentes como para las de nueva creación, la
suficiencia financiera. En este sentido, ha de gestionarse ante las instituciones de la Unión Europea su clasificación corno zonas de control de tipo II en los términos previstos en el artículo 799 del Código Aduanero comunitario.
Por todo ello, se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno del Estado a:
1. Que reanude las negociaciones iniciadas en 2015 con el Gobierno de Canarias para reformar los aspectos económicos del Régimen Económico y Fiscal (REF) de Canarias, teniendo en cuenta las directrices de las iniciativas aprobadas por
unanimidad por el Parlamento de Canarias, que cuentan con el consenso y la unanimidad de las organizaciones empresariales y sindicales más representativas del Archipiélago.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de enero de 2016.-Ana María Oramas González-Moro, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.
162/000039
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Ana María Oramas González-Moro, Diputada de Coalición Canaria, integrada en el Grupo Parlamentario Mixto, de conformidad con lo previsto en los artículos 193 y siguientes del Reglamento del Congreso de la Cámara, presenta la siguiente
Proposición no de Ley sobre el rescate del Plan Integral de Empleo de Canarias, para su debate en Pleno.
Exposición de motivos
La reducción de la tasa de paro pasa por la definición y puesta en vigor de un conjunto de medidas estratégicas que afectan a todos los factores de producción de la economía canaria. Medidas que se deben complementar necesariamente con una
política decidida de las administraciones públicas para garantizar la creación de empleo en un territorio que precisa de acciones específicas.
En 2015 se alcanzó en Canarias un crecimiento por encima del 3% del PIB y todo apunta que en 2016 se registrarán parecidas tasas de crecimiento. Se ha superado la cifra de 13 millones de turistas, la máxima de nuestra historia; se ha
creado empleo y el consumo crece de forma notable.
A pesar de estos buenos indicadores, no se puede olvidar el nivel de paro insoportable que sufre la sociedad canaria, hasta el punto que los expertos pronostican que para alcanzar el nivel de desempleo con que iniciamos la crisis tardaremos
aproximadamente cinco años más.
Por ello, una de las decisiones más desafortunadas e inexplicables de la pasada legislatura fue la supresión del Plan Integral de Empleo de Canarias. Pese a ser la Comunidad Autónoma más castigada por la crisis económica, el Gobierno del
Estado eliminó el plan que permitía a las Islas ofrecer una respuesta a miles de desempleados de larga duración sin apenas oportunidades para retornar al mercado laboral.
Recuperar el Plan Integral de Empleo de Canarias es un acto de justicia con un territorio que necesita un tratamiento diferenciado por nuestras singularidades geográficas. Un tratamiento que sí reconoce la Unión Europea, pero no siempre el
Gobierno del Estado.
La disposición adicional quinta de la Ley 56/2003, de 16 de diciembre, de Empleo, establece lo siguiente:
'Considerando la situación económica, social y laboral de Canarias, dada su condición de región ultraperiférica derivada de su insularidad y lejanía reconocida por el artículo 138.1 de la Constitución y
por el artículo 299.2 del Tratado de la Unión Europea y, respecto de las ayudas de los fondos estructurales, por el articulo 3.1 del Reglamento (CE) n.º 1260/1999 del Consejo, de 21 de junio de 1999, en orden a incrementar el empleo en su
territorio, el Estado podrá participar en la financiación de un Plan integral de empleo que se dotará, de forma diferenciada, en el estado de gastos del Servicio Público de Empleo Estatal, para su gestión directa por dicha comunidad autónoma, no
integrado en la reserva de crédito a que se refiere el artículo 13.e) de esta ley y que será independiente de la asignación de los fondos de empleo de ámbito nacional, regulados en el artículo 14, que le corresponda.'
Esta disposición dejó de ser aplicada por el Gobierno del Estado a través de una disposición que introdujo por primera vez en 2012 en los Presupuestos Generales del Estado, y que dejaba sin efecto su aplicación. Una medida que ha restado
recursos económicos y ha dejado sin empleo a miles de canarios en los últimos cuatro años.
Con el Plan integral de Empleo se pretendía contribuir al logro del pleno empleo sostenible en Canarias, teniendo en cuenta los siguientes objetivos:
- Favorecer y promover la integración laboral de los desempleados residentes en Canarias y mejorar la tasa de empleo de la Comunidad.
- Que los trabajadores residentes en Canarias pudiesen acceder, en igualdad de condiciones, a todos los puestos de trabajo generados en las islas, favoreciendo la movilidad laboral.
- Mejorar la adaptabilidad de los trabajadores y su cualificación profesional.
- Facilitar el acceso a las acciones de formación de todos los trabajadores (ocupados y desempleados), sin discriminación por razón de edad, desarrollando un plan de becas y ayudas que facilitase dicho acceso a los trabajadores en situación
de desempleo, con mayores gastos de transportes y, en definitiva, a los más necesitados, y promoviendo, en especial, las acciones formativas relacionadas con las nuevas tecnologías de información y comunicaciones.
- Ampliar las acciones de formación a todas las edades, en concordancia con la prolongación de la vida activa a que hacen referencia tanto las Directrices comunitarias como el Programa Nacional de Reformas.
- Facilitar la readaptación y tránsito de desempleados hacia nuevos sectores de empleo, en particular todos los relacionados con las nuevas tecnologías, los servicios de proximidad, en especial los relacionados con la Ley 39/2006, de 14 de
diciembre, de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia, y los de ocio relacionados tanto con los residentes como con los turistas.
- Facilitar la transición hacia una economía del conocimiento, en particular para mejorar la calidad de los puestos de trabajo y la productividad laboral.
- Fomentar la empleabilidad de los jóvenes, favoreciendo especialmente su ocupación en empleos con perspectivas de futuro, y reducir la tasa de desempleo juvenil.
- Mejorar la empleabilidad de los parados de larga duración, mediante itinerarios integrados y personalizados de inserción.
Por todo ello, se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno del Estado a:
1. Aplicar la disposición adicional quinta de la Ley 56/2003, de 16 de diciembre, de Empleo, para recuperar el Plan Integral de Empleo de Canarias, considerando la situación económica, social y laboral de las Islas, dada su condición de
región ultraperiférica derivada de su insularidad y lejanía reconocida por el artículo 138.1 de la Constitución y por el artículo 299.2 del Tratado de la Unión Europea.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de enero de 2016.-Ana María Oramas González-Moro, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.
162/000040
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Ana María Oramas González-Moro, Diputada de Coalición Canaria, integrada en el Grupo Parlamentario Mixto, de conformidad con lo previsto en los artículos 193 y siguientes del Reglamento del Congreso de la Cámara, presenta la siguiente
Proposición no de Ley sobre la derogación de la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la Calidad Educativa, para su debate en Pleno.
Exposición de motivos
La Educación es uno de los pilares fundamentales del Estado de Bienestar. Un pilar que, a su vez, debe sustentarse en el consenso social y político y, por lo tanto, mantenerse ajeno a polémicas partidistas o intereses electorales.
La Educación es uno de los ejes que sostiene el crecimiento económico y la cohesión social y el que posibilita la formación y mejora de nuestro capital humano.
La Educación debe ser entendida como un elemento central y un sector estratégico que debe abordar las distintas perspectivas que confluyen en su definición como motor de cambio, pero cuyas propuestas deben contar con la idea de que su
financiación debe ser asumida también como una inversión estratégica, su gestión como un referente de autonomía, sostenibilidad y eficiencia, así como sus indicadores como garantía de equidad y mejora continua de su calidad.
Una de esas perspectivas, la social, se deriva de su consideración como derecho universal, lo que determina su inclusión dentro de los parámetros que definen los indicadores de calidad de vida y de desarrollo humano; por ello, hacer posible
esa dimensión social de la educación como ámbito en el que se compensen desigualdades y se garantice la equidad en el acceso a la educación de todas las personas, independientemente de su edad, su procedencia, su lugar de nacimiento, etc., ha de ser
un aspecto esencial del sistema educativo español.
Por otra parte, su carácter capacitador incorpora una vinculación directa con la mejora del capital humano y con su papel en la definición del modelo económico del Estado. Así pues, la conexión entre el sistema educativo y el productivo es
también un aspecto esencial, en la medida que la mejora de la cualificación y la facilitación del acceso al empleo, establecen que la formación constituye el principal motor de cambio en las perspectivas económicas de quienes se incorporan al
mercado de trabajo y un factor de calidad en la conformación de un modelo de desarrollo.
Hemos perdido demasiados años en debates estériles, en reformas educativas marcadas por un incuestionable sello partidista. Siete reformas en más de 35 años no han servido para consolidar un sistema que sigue sin contar con los elementos
que necesita para facilitar el tránsito del estudiante hacia el mercado laboral. Por todo ello, planteamos las siguientes iniciativas:
- Instar al Gobierno de España, al conjunto de las fuerzas políticas, a todos los agentes sociales a dotar de la necesaria estabilidad al sistema educativo como paso previo a un gran pacto de Estado, en torno a objetivos, prioridades y
acciones, garantizando en dicho marco nuestra capacidad para ampliar y desarrollar plenamente nuestras competencias educativas.
- Aprobar el progresivo incremento anual de la inversión en materia educativa para acercarnos a niveles de inversión de la Unión Europea.
Por todo ello, se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno del Estado a:
1. Derogar la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa, y abrir un proceso de diálogo para abordar con el máximo consenso político y social las medidas necesarias para la mejora del sistema educativo.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de enero de 2016.-Ana María Oramas González-Moro, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.
162/000041
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Ana María Oramas González-Moro, Diputada de Coalición Canaria, integrada en el Grupo Parlamentario Mixto, de conformidad con lo previsto en los artículos 193 y siguientes del Reglamento del Congreso de la Cámara, presenta la siguiente
Proposición no de Ley sobre la Estrategia de Emprendimiento y Empleo Joven (Garantía Juvenil), para su debate en Pleno.
Exposición de motivos
Uno de los efectos que más preocupa de la crisis es el alto porcentaje de desempleo juvenil. Conscientes de este problema, en el ámbito de la Unión Europea se está desarrollando un programa, la Garantía Juvenil, que en nuestro Estado se
enmarca en la Estrategia de Emprendimiento y Empleo Joven.
Sus objetivos pasan por mejorar la empleabilidad de los jóvenes, aumentar la calidad y la estabilidad del empleo, promover la igualdad de oportunidades en el acceso al mercado laboral y fomentar el espíritu emprendedor. Los ejes sobre los
que se vertebra la Estrategia son: incentivar la contratación y la iniciativa empresarial entre los jóvenes, adecuar la educación y la formación que reciben a la realidad del mercado de trabajo y reducir la tasa de abandono escolar temprano.
Sin embargo, resulta evidente que la dotación presupuestaria del programa es insuficiente, considerando la magnitud del problema que pretende abordar. Por este motivo, es imprescindible que se acometa el desarrollo de una Garantía Juvenil
con una ficha financiera lo suficientemente amplia como para dar cumplimiento a su objetivo declarado: que todo joven en desempleo pueda acceder a las políticas orientadas a la inserción laboral.
La tasa de paro juvenil en España es de 46,6 por ciento, según datos de la Encuesta de Población Activa del tercer trimestre del 2015. En Canarias, más del 62% de activos menores de 25 años se encuentran en situación de desempleo. Un
porcentaje que refleja la gravedad de un problema que afecta a toda una generación.
Entendemos que esta iniciativa, aplicando el mismo criterio de la Unión Europea en el reparto de los fondos entre sus Estados miembros, debe priorizar aquellos territorios con las tasas más altas de desempleo juvenil y contribuir a paliar
varios de los problemas fundamentales: la falta de formación, el poco peso específico que tiene la Formación Profesional y el acceso de los jóvenes al mercado laboral a través de los contratos en práctica.
EL futuro a corto y medio plazo en materia de empleo juvenil depende de las decisiones que adopte el Gobierno y, cuando menos, debería afrontarlo junto a las Comunidades Autónomas para intentar ofrecer respuestas más realistas y eficaces
para combatir las diferentes aristas de una tragedia que ha sumido en un profundo pesimismo a toda una generación.
De hecho, el programa no se está implantando como debiera en Canarias. La forma de importar el proyecto europeo y la centralización telemática de los trámites están entre las razones que ha hecho que el porcentaje de desarrollo de esta
estrategia haya sido tan reducido en las islas.
Teniendo en cuenta el escaso impacto que ha tenido esta iniciativa en Canarias, pese a que 40.000 jóvenes canarios reúnen las condiciones para acceder al mismo, presentamos la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno del Estado a:
1. Revisar de la Estrategia de Emprendimiento y Empleo Joven (Sistema Nacional de Garantía Juvenil), para incrementar su dotación, ampliar la edad hasta los 35 años y habilitar registros autonómicos vinculados a los responsables de la
gestión de las políticas activas de empleo, que son las Comunidades Autónomas.
2. Desarrollar campañas de comunicación más eficaces para dar a conocer esta iniciativa entre la población juvenil.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de enero de 2016.-Ana María Oramas González-Moro, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.
162/000042
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Ana María Oramas González-Moro, Diputada de Coalición Canaria, integrada en el Grupo Parlamentario Mixto, de conformidad con lo previsto en los artículos 193 y siguientes del Reglamento del Congreso de la Cámara, presenta la siguiente
Proposición no de Ley sobre el servicio de inspección fitosanitaría en la Comunidad Autónoma de Canarias, para su debate en Pleno.
Exposición de motivos
La Orden de 12 de marzo de 1987 del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, y publicada el 25 de mayo del mismo año en el Boletín Oficial del Estado establece las normas fitosanitarias relativas a la importación, exportación y
tránsito de vegetales y productos vegetales para Canarias. A su vez, la Orden APA/3290/2007, de 12 de noviembre, establece la norma técnica fitosanitaria que deben cumplir los embalajes de madera utilizados en el comercio con terceros países y el
procedimiento administrativo de autorización.
Estas dos disposiciones establecen que la inspección fitosanitaria en las islas debe velar por que todos los productos vegetales que entren cumplan con lo establecido en la normativa sanitaria. De esta forma, en los puertos de Canarias han
de inspeccionarse tanto las mercancías procedentes de terceros países como las que llegan de la Unión Europea.
Sin embargo, los medios que el Gobierno de España destina a las Islas para cumplir con esta función o son escasos o ni siquiera existen, sobre todo en el caso de las islas no capitalinas, con un déficit de personal y de medios técnicos
inasumible. Un ejemplo claro es el caso de Fuerteventura cuyo puerto no cuenta con un escáner para inspeccionar la mercancía, eso sin contar con las plazas de inspectores que están vacantes.
Nuestro territorio insular tiene unas exigencias fitosanitarias especiales y su incumplimiento repercute en el desarrollo de actividades agrícolas locales como el cultivo de frutas tropicales e, incluso, cítricos y de otras hortalizas con
las que se abastece el mercado isleño.
Además, esa falta de inspección supone la entrada de muchas plagas y enfermedades vegetales para las que no está preparado el campo de Canarias.
Por todo ello, se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno del Estado a:
1. Dotar con los medios materiales y humanos necesarios los puestos de inspección de los puertos y aeropuertos de la Comunidad Autónoma de Canarias.
2. Dotar presupuestariamente el departamento de Sanidad Exterior para que se puedan llevar a cabo dichos incrementos.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de enero de 2016.-Ana María Oramas González-Moro, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.
162/000044
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Ana María Oramas González-Moro, Diputada de Coalición Canaria, integrada en el Grupo Parlamentario Mixto, de conformidad con lo previsto en los artículos 193 y siguientes del Reglamento del Congreso de la Cámara, presenta la siguiente
Proposición no de Ley sobre la asignación de la cuota de atún rojo a la Comunidad Autónoma de Canarias, para su debate en Pleno.
Exposición de motivos
El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente tendrá que asignar estos meses a las flotas estatales el aumento en la cuota total de pesca del Atún Rojo que le autorizó la Comisión Internacional para la Conservación del Atún
Rojo (ICCAT) en la reunión celebrada en Malta el pasado mes de noviembre, y que se situó en un total de 460 toneladas, un 19,5% más.
Canarias ha sido y sigue siendo la comunidad más perjudicada por parte del Ministerio, que ha otorgado en todos estos años unas posibilidades de pesca a las islas por debajo de las reales. En concreto, las 246 embarcaciones canarias solo
pueden capturar 100,16 toneladas de atún rojo, un 3,39% del total. Tal es así, que un solo barco arrastrero de la Península tiene asignado el doble de cuota de atún rojo que toda la flota canaria que, además, realiza prácticas artesanales. La
cantidad autorizada para el archipiélago es tan escasa que el pasado año se agotó en un solo día.
Solo el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente puede revertir la situación actual de la flota atunera de las islas y realizar un reparto que compense el déficit que nuestros pescadores han sufrido estos años.
Además, el Reglamento de 11 de diciembre de 2013 aprobado por el Parlamento Europeo contempla de forma clara que, en la asignación de cuota, ha de primarse a la flota artesanal, y la única flota de estas características en España es la
canaria. Sin embargo, desde el Ministerio no solo no se le ha primado sino que se la ha perjudicado de manera notable.
Unas 1.200 familias isleñas dependen directamente de la actividad de esas 246 embarcaciones autorizadas para la pesca del atún rojo, de ahí la importancia de una asignación justa para la economía local.
Por todo ello, se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno del Estado a:
- Que el aumento íntegro de la cuota autorizada en noviembre y que alcanza las 460 toneladas sea asignado a Canarias.
- Que por parte del Gobierno de España y de los distintos representantes españoles en las Instituciones Europeas (Comisión de Pesca, Consejo Europeo y Parlamento Europeo) y del ICCAT se siga defendiendo el incremento de la cuota del atún
rojo a España, para que ésta, a su vez, lo redistribuya de forma justa a Canarias hasta alcanzar las 900 toneladas de incremento que le corresponderían en un reparto justo.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de enero de 2016.-Ana María Oramas González-Moro, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.
162/000045
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Ana María Oramas González-Moro, Diputada de Coalición Canaria, integrada en el Grupo Parlamentario Mixto, de conformidad con lo previsto en los artículos 193 y siguientes del Reglamento del Congreso de la Cámara, presenta la siguiente
Proposición no de Ley sobre la política aduanera y el impulso del comercio electrónico en las Islas, para su debate en Pleno.
Exposición de motivos
El estatuto singular de Canarias como RUP nace con el objetivo de propiciar una mayor competitividad de las empresas canarias y de la economía insular, a través de una política fiscal y aduanera acertada, logrando el desarrollo de
actividades económicas con un amplio potencial de especialización. Para ello, resulta crucial la consolidación de una serie de incentivos fiscales orientados a mejorar la aceleración del triángulo del conocimiento, investigación, innovación y
enseñanza superior con una política ambiciosa de desarrollo sostenible.
Las políticas fiscales a impulsar deben estar orientadas a superar las limitaciones económicas de las RUP a causa de sus costes adicionales, que generan altos índices de desempleo. La dirección de la política fiscal debe apuntar a la
necesidad de establecer mecanismos e incentivos que compensen las desventajas estructurales. En esta línea, debe tenerse en cuenta la nueva generación de políticas para la puesta en práctica de la estrategia Europa 2020.
Dadas las circunstancias específicas que se derivan de la condición de región ultraperiférica de Canarias, la garantía de continuidad en el transporte marítimo y aéreo de mercancías resultan esenciales para la actividad económica de las
islas. A los efectos de asegurar el cumplimiento de dicho principio de continuidad territorial, por la Administración del Estado se garantizará que los servicios públicos de competencia estatal que intervienen en los procesos de importación,
exportación y tránsito de mercancías con origen o destino en Canarias serán planificados y prestados teniendo en cuenta esta circunstancia.
Por todo ello, se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno del Estado a:
1. Mejorar el tratamiento aduanero y fiscal de Canarias en, al menos, los siguientes apartados:
- Los procedimientos aduaneros en la actividad de suministro de buques en Canarias.
- La simplificación de los trámites aduaneros para la exportación de productos del REA en el marco del comercio regional y las corrientes tradicionales de comercio.
- La situación aduanera existente en Canarias y sus consecuencias en la proyección exterior de las obras producidas por los artistas residentes en Canarias.
- En el caso de los incentivos fiscales del REF, AIEM, RIC, ZEC, etc., que han sido aprobados y renovados hasta finales de 2020, garantizar su renovación a partir de esa fecha en las negociaciones que se abrirán a partir de 2018.
2. Apostar, en materia de emprendimiento e innovación, por la adecuación de los distintos instrumentos del Régimen Económico y Fiscal (REF) para incentivar el establecimiento y el desarrollo en Canarias de empresas innovadoras de alto valor
añadido, que proporcionen trabajo cualificado y de calidad y, con ello, contribuyan a la prosperidad del Archipiélago.
3. Eliminar aquellas trabas administrativas que dificultan el despliegue de las infraestructuras de telecomunicaciones, así como el cumplimiento de los incentivos a los operadores legalmente estipulados para que desarrollen las mismas en
condiciones equivalentes a las del resto del Estado.
4. Propiciar la integración plena de Canarias en el Mercado Único Digital Europeo para evitar que ciudadanos y empresas sigan sufriendo de forma cotidiana las dificultades para participar en el comercio electrónico, sea como vendedores o
como compradores. En este sentido, acordará con la Unión Europea medidas que aseguren que la compra desde Canarias no se vea sujeta a extracostes de intermediación abusivos, teniendo acceso efectivo al conjunto de la oferta comercial disponible en
la UE. Y corregirá los frecuentes errores impositivos en la compra de bienes digitales, en los que se daña al consumidor canario y a la Hacienda pública canaria, por recaudarse IVA en vez de IGIC en múltiples contrataciones electrónicas.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de enero de 2016.-Ana María Oramas González-Moro, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.
162/000046
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Ana María Oramas González-Moro, Diputada de Coalición Canaria, integrada en el Grupo Parlamentario Mixto, de conformidad con lo previsto en los artículos 193 y siguientes del Reglamento del Congreso de la Cámara, presenta la siguiente
Proposición no de Ley sobre el impulso del turismo en la Comunidad Autónoma de Canarias, para su debate en Pleno.
Exposición de motivos
En un escenario económico como el actual, el turismo se erige en el sector con perspectivas de crecimiento en el futuro y con capacidad para ejercer como motor del crecimiento económico en Canarias. Ha sido, precisamente, el empuje de dicho
sector lo que ha propiciado el grado de desarrollo que ha transformado profundamente la sociedad canaria en las últimas décadas y ha permitido alcanzar niveles de bienestar social y económico no igualables a épocas anteriores.
Tenemos unas condiciones envidiables, vivimos en uno de los sitios más privilegiados del mundo por nuestra situación, nuestro clima, nuestro mar, nuestras playas, nuestra naturaleza o nuestra biodiversidad.
Tenemos un destino excepcional, el más importante de Europa como acaba de proclamar la UE, y uno de los más relevantes del mundo. El objetivo es seguir trabajando para que siga siéndolo.
El turismo seguirá siendo el motor de nuestra economía y, junto a las políticas de fidelización de los turistas que nos visitan y la apertura de nuevos mercados, se debe avanzar en la mejora de la conectividad, la rehabilitación y la
modernización de establecimientos y zonas turísticas, así como la mejor cualificación de los trabajadores del sector. La consolidación de estas vías es necesaria para que sea un sector sostenible en el tiempo y amplíe sus opciones de crecimiento.
Ello requiere una apuesta no solo política sino de la sociedad canaria en su conjunto, de las administraciones y del sector, en torno a un proyecto de modelo turístico capaz de mantener la competitividad frente a las exigencias de una
competencia creciente en una economía turística global, y así poder seguir manteniendo nuestra posición de privilegio en el mercado internacional.
Estamos ante un escenario complejo, cambiante y altamente competitivo en el que las diferentes islas no compiten entre sí, sino con otros destinos y otras zonas turísticas. Por lo tanto, y reconociendo las particularidades de cada isla, las
competencias de los diferentes niveles de la administración, y la libertad de empresa, se hace necesario seguir profundizando en líneas estratégicas consensuadas entre los sectores públicos y privados, que orienten los diferentes esfuerzos de
desarrollo y mejora del turismo en una misma dirección. Un destino como Canarias requiere de acciones integradas encaminadas a su rejuvenecimiento y a su renovación, de manera que garantice su permanencia en el mercado y se generen mayores de
niveles de rentabilidad.
Por todo ello, se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno del Estado a:
1. La regeneración integral de las zonas turísticas de Canarias debe seguir siendo una prioridad ya que la calidad del espacio público turístico es uno de los factores principales para marcar la calidad de un destino. Para ello, es
importante la dotación de presupuesto para acometer obras en las zonas turísticas que mejoren y acompañen el esfuerzo privado en la regeneración de zonas obsoletas. Para ello, rescatará el Plan de Infraestructuras Turísticas para Canarias, que se
suprimió en 2012.
2. Canarias necesita una política de tasas aeroportuarias diferenciadas del resto de España, adaptada a su condición de destino turístico, que garantice los ingresos necesarios para el mantenimiento de la red, pero que también haga factible
la aplicación de políticas comerciales que permitan el incremento de la conectividad, especialmente en su temporada más baja.
3. El Gobierno del Estado impulsará en Canarias un convenio similar al aplicado por Renfe, Turespaña y la Red de Ciudades AVE para que los turistas que se desplazan a Canarias dispongan de un pase que les permita acceder a otras Islas con
un precio cerrado y durante un periodo limitado para favorecer especialmente a aquellos aeropuertos que no disponen de conexiones directas con la Península o cualquier ciudad europea.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de enero de 2016.-Ana María Oramas González-Moro, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.
162/000047
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Podemos-En Comú Podem-En Marea presenta al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara la presente Proposición no de Ley para su debate y aprobación en Pleno, relativa a
fomento del autoconsumo eléctrico.
Exposición de motivos
Las instalaciones de autoconsumo se definen como aquellas instalaciones conectadas a la red eléctrica que son capaces de producir energía ajena a la que suministra la red y de consumir la energía localmente producida, o parte de ella. Esta
instalación generadora es, típicamente, una instalación de energía renovable, normalmente solar fotovoltaica o eólica.
El autoconsumo de fuentes renovables presenta indudables ventajas para el sistema eléctrico en general y los consumidores en particular. En primer lugar, el hecho de consumir la energía en el lugar de generación evita las pérdidas por
transporte y descongestiona la red. En segundo lugar, reduce los costes futuros de inversión en infraestructura y mantenimiento de la red eléctrica, tanto por el lado de la generación como por el del transporte y la distribución. En tercer lugar,
el fomento de la instalación de fuentes renovables tiene asociados beneficios para el medio ambiente, como son la reducción de la contaminación local y la emisión de gases de efecto invernadero. En efecto, se trata de una de las herramientas más
útiles para permitir que España cumpla con sus compromisos internacionales relativos tanto a la lucha contra el Cambio Climático como al aumento del porcentaje de generación renovable. Además, el autoconsumo, por estar típicamente asociado a
fuentes renovables, incrementa el uso de recursos autóctonos en detrimento de las importaciones de recursos energéticos, especialmente hidrocarburos, cuyas importaciones ascendieron 41.000 M en el año 2014.
Desde el punto de vista del consumidor el autoconsumo produce un ahorro en la factura eléctrica, ya que el coste de generación de la energía autoconsumida es menor que el precio de venta de la energía de la red al pequeño consumidor por
parte de las comercializadoras eléctricas. En particular, el autoconsumo es una herramienta que permite luchar de forma estructural contra la pobreza energética, esto es, contra la situación en que un hogar no puede costear sus suministros
energéticos o dedica a ello una parte desproporcionada de sus ingresos. Además, esta modalidad de suministro eléctrico colabora en la democratización del modelo energético, permitiendo a los usuarios ser propietarios de su propio generador y
reducir su dependencia de un sistema eléctrico que actualmente funciona en régimen de oligopolio.
Por último, el desarrollo de las instalaciones de autoconsumo incentivará la creación de un tejido de empresas instaladoras y de mantenimiento, y de gran número de puestos de trabajo asociados. Este desarrollo podría formar parte de la
transformación de modelo productivo que de manera necesaria deberá producirse en España en los próximos años.
Sin embargo, el Real Decreto 900/2015 que regula esta actividad, aprobado el 9 de octubre de 2015, no solo no fomenta el autoconsumo sino que lo penaliza mediante una serie de cargos injustificados que dificultan extraordinariamente la
rentabilidad de las instalaciones. Además, la vigente Ley del Sector Eléctrico, Ley 24/2013, establece en su artículo 9 la obligatoriedad de que las instalaciones de autoconsumo contribuyan a los costes y servicios del sistema por la energía
autoconsumida a pesar de que esta energía no tenga impacto en el aumento de los costes que se le imputan. Dichas normativas son contrarias a la realidad Política europea y mundial, que puede describirse como de verdadero fomento de las
instalaciones de autoconsumo renovable.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Podemos-En Comú Podem-En Marea presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a fomentar la instalación de sistemas de autoconsumo, para lo cual es imprescindible:
1. Derogar todas las trabas administrativas, técnicas o económicas al autoconsumo eléctrico que no tengan justificación, tales como las previstas en el Real Decreto 900/2015.
2. Promover de manera urgente una legislación de autoconsumo que incluya los siguientes aspectos, modificando los artículos de la Ley 24/2013 del Sector Eléctrico que pudiesen entrar en conflicto:
a) La energía autoconsumida instantáneamente (aquella que no hace uso en ningún momento de la red eléctrica) estará libre de cualquier tipo de imposición. Es propia a la red privada del consumidor, no será monitorizada por la distribuidora
ni estará sujeta a ningún tipo de peaje.
b) La energía vertida a la red por la instalación de autoconsumo será retribuida, bien mediante un saldo económico o bien mediante un saldo energético que podrá cancelarse cuando se importe energía. Dicho saldo tendrá una validez de un año
desde el momento de su generación.
c) No existirá límite alguno en la potencia de las instalaciones que puedan acogerse a esta normativa.
d) Se simplificarán los trámites administrativos para dar de alta dichas instalaciones estableciéndose un procedimiento sencillo y ágil.
e) Se permitirán instalaciones compartidas; por ejemplo, entre viviendas de una misma comunidad de vecinos.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de enero de 2016.-Íñigo Errejón Galván, Portavoz del Grupo Parlamentario Podemos-En Comú Podem-En Marea.
162/000048
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Podemos-En Comú Podem-En Marea, presenta al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara la presente Proposición no de Ley para su debate y aprobación en Pleno, relativa a
la clausura definitiva de la central nuclear de Garoña.
Exposición de motivos
La central nuclear de Garoña se inauguró en el año 1971. Es en la actualidad la central más antigua del parque nuclear español. Se trata de una central que ha cumplido ya los 40 años de vida, y que le ha llegado el momento de ser
desmantelada. Desde el punto de vista energético es innecesaria tal y como demuestra el hecho de que durante su cierre no ha habido ningún problema de abastecimiento energético.
Esta central presenta graves déficits de seguridad, y es gemela al reactor número 1 de la central japonesa de Fukushima, tristemente famosa por protagonizar un grave accidente nuclear.
A pesar de llevar cerrada más de dos años, el Gobierno del Partido Popular y la empresa propietaria (NUCLENOR) están dando pasos para ponerla en marcha nuevamente, anteponiendo con ello el interés económico en el corto plazo a la seguridad
de la ciudadanía y del medio ambiente.
El Gobierno está utilizando el caso de la nuclear de Garoña para avanzar en su agenda de alargar la vida de las centrales nucleares hasta 60 años. Por ello plantea alargar 17 años más la vida de Garoña, hasta completar esos 60 años.
El actual proceso puesto en marcha por el Gobierno del PP para reabrir Garoña podría suponer la adopción de decisiones irreversibles desde el punto de vista económico, que supondrían posteriormente un coste a los ciudadanos en el futuro, si
la central no se reabre.
El Gobierno del PP ha realizado en los últimos años modificaciones ad hoc de la legislación relativa a las instalaciones nucleares para ignorar la situación de cese definitivo de la explotación de Garoña y para copar políticamente el Consejo
de Seguridad Nuclear (CSN) con consejeros afines para tener mayoría absoluta en las decisiones del Pleno, con independencia del color político del Gobierno.
Consideramos que nunca debe volver ponerse en marcha la central nuclear de Garoña.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Podemos-En Comú Podem-En Marea presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno:
1. Al cierre definitivo de la central nuclear de Garoña, y a continuar con el proceso de desmantelamiento de la planta en condiciones de seguridad para el medio ambiente y las personas, bajo la supervisión del Consejo de Seguridad Nuclear
(CSN).
2. A elaborar al mismo tiempo un plan de reactivación económica de la zona, efectivo y dinamizador de la actividad de la comarca alrededor de alternativas productivas sostenibles, limpias y seguras.
3. A establecer un calendario público de desmantelamiento y cierre definitivo de la central nuclear. Este calendario, necesariamente de varios altos, incluirá también un plan de reactivación económica de la zona.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de enero de 2016.-Íñigo Errejón Galván, Portavoz del Grupo Parlamentario Podemos-En Comú Podem-En Marea.
162/000049
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley sobre un
acuerdo con los Ayuntamientos de los municipios afectados para la elaboración definitiva del plan museológico del futuro Museo de las Colecciones Reales de Madrid, para su debate en Pleno.
Exposición de motivos
Las obras del futuro Museo de las Colecciones Reales de Madrid se encuentran en su última fase de construcción.
Este Museo forma parte del entramado cultural de Patrimonio Nacional y está situado en el complejo del Palacio Real de Madrid, en la cornisa que se abre desde la plaza de la Almudena al Campo del Moro.
Se trata de un nuevo edificio de más de 40.000 metros cuadrados de extensión, de los cuales cerca de 5.000 metros cuadrados se dedicarán a salas de exposición.
Está previsto dotar al nuevo Museo con una 'selecta antología de las obras maestras que atesoran los fondos histórico-artísticos de Patrimonio Nacional', que consta de más de 154.000 piezas depositadas y expuestas en la actualidad en
espacios y municipios diversos de la geografía española.
Durante los últimos meses se ha generado una preocupación muy intensa en algunos de los municipios que albergan una parte sustancial de estas piezas pertenecientes formalmente a Patrimonio Nacional.
En concreto, la ciudadanía y las instituciones representativas de los municipios madrileños de Aranjuez y San Lorenzo de El Escorial están demandando garantías respecto al tratamiento y destino de los tesoros patrimoniales que se exponen en
estos Reales Sitios desde hace siglos.
La exposición de estos tesoros en Aranjuez y San Lorenzo de El Escorial, por ejemplo, resultan cruciales para los planes municipales de mantener y mejorar las actividades turísticas que sostienen su economía y su empleo en buena medida.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a impulsar un diálogo y un acuerdo efectivo entre Patrimonio Nacional y los Ayuntamientos de los municipios afectados por la futura dotación del Museo de Colecciones Reales de Madrid, de tal
manera que el plan museológico de esta nueva institución, en lo concerniente a las piezas actualmente depositadas en tales municipios, sea fruto de un consenso entre las diferentes administraciones.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de enero de 2016.-Rafael Simancas Simancas, Diputado.-Miguel Ángel Heredia Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
162/000050
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley sobre un nuevo
Plan de Extensión y Mejora de las Infraestructuras Ferroviarias de Cercanías en la Comunidad de Madrid, para su debate en Pleno.
Exposición de motivos
En el año 2009, el Ministerio de Fomento y el Gobierno de la Comunidad de Madrid comprometieron pública y conjuntamente un Plan de Infraestructuras Ferroviarias de Cercanías para la Comunidad de Madrid.
Tal Plan comprometía una inversión de 5.000 millones entre los años 2009 y 2015 por parte del Gobierno de España para 'la mejora y potenciación de las infraestructuras ferroviarias' en las Cercanías de la Comunidad de Madrid.
Los objetivos explicitados en aquel acuerdo eran los siguientes:
- Potenciar las Cercanías para facilitar la movilidad metropolitana.
- Ampliar la cobertura poblacional.
- Optimizar la funcionalidad y la capacidad de la red.
- Reducir los tiempos de viaje.
- Reducir y facilitar los transbordos entre líneas de Cercanías.
- Aumentar la conectividad con otros modos de transporte.
- Alcanzar una mayor calidad, fiabilidad y puntualidad de los servicios.
- Mejorar la accesibilidad a personas con movilidad reducida.
- Contribuir a la sostenibilidad del entorno y mejorar la calidad de vida.
Para cumplir tales objetivos, se comprometían las siguientes actuaciones:
- Inversión estatal de 5.000 millones de euros durante el periodo 2009-2015.
- Construcción y puesta en servicio de 115 kilómetros de nuevas líneas.
- Construcción y puesta en servIcio de un Eje Transversal de 30 kilómetros por el centro de Madrid.
- Ampliación de la capacidad de las vías en 66 kilómetros.
- Más de 25 nuevas estaciones de Cercanías.
- 5 nuevos intercambiadores de transporte.
- 55 nuevas estaciones y 7 intercambiadores modernizados.
- 21.000 plazas nuevas de aparcamiento disuasorio.
- La extensión de la red de Cercanías hasta Algete, San Agustín de Guadalix y Soto del Real en el norte; y hasta Griñón, Illescas, Torrejón de la Calzada, Torrejón de Velasco, Ugena, Cubas y Casarrubuelos en el sur.
- Estudios para la ampliación de la red hasta Mejorada del Campo y Villaviciosa de Odón.
- Ampliación de la línea C-5 desde Móstoles hasta Arroyomolinos y Navalcarnero.
- Aumento de la capacidad de la red en los tramos Getafe-Pinto-Aranjuez y Pinar de Las Rozas-Villalba-Alpedrete-Collado Mediano.
El plazo de ejecución de este Plan culminó con el año 2015 y el saldo no puede ser más decepcionante. Las inversiones previstas se han cumplido por debajo del 5%, y las expectativas de millones de madrileños y madrileñas para mejorar su
transporte público y su calidad de vida se han visto traicionadas.
El coste de este incumplimiento ha tenido graves consecuencias también para la actividad económica, para el empleo y para el aumento de la contaminación atmosférica en la Comunidad de Madrid.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a impulsar, en acuerdo con el Gobierno de la Comunidad de Madrid y la Federación Madrileña de Municipios, un nuevo Plan de Extensión y Mejora de las Infraestructuras Ferroviarias de Cercanías
en la Comunidad de Madrid que cumpla los objetivos del incumplido Plan 2009-2015.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de enero de 2016.-Rafael Simancas Simancas, Diputado.-Miguel Ángel Heredia Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
162/000052
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Ana María Oramas González-Moro, Diputada de Coalición Canaria, integrada en el Grupo Parlamentario Mixto, de conformidad con lo previsto en los artículos 193 y siguientes del Reglamento del Congreso de la Cámara, presenta la siguiente
Proposición no de Ley sobre la reforma del sistema de financiación autonómica, para su debate en Pleno.
Exposición de motivos
La reforma del sistema de financiación autonómica es uno de los principales retos de esta legislatura. Una reforma que debe contribuir a consensuar un sistema que sea más justo y equilibrado.
Existen razones más que de sobra para pedir responsabilidad y altura de miras, sobre todo cuando abordamos fondos vitales para el futuro del Estado. Está en juego el Estado del bienestar que tanto esfuerzo nos ha costado alcanzar y que
debemos garantizar a toda costa. Y está en juego el actual modelo territorial, que se resquebraja por el inmovilismo y la ausencia de soluciones políticas.
El actual sistema mantiene a Canarias a la cola en los ingresos estatales para sufragar la sanidad, la educación y los servicios sociales y, además, amplifica con el paso del tiempo las diferencias entre el Archipiélago y el resto del
Estado. Los agravios no desaparecen por sí solos y, mucho menos, se ocultan huyendo del debate. Los agravios se corrigen equilibrando los recursos independientemente de que sean pocos o muchos porque lo que está en juego es la equidad y el
principio de igualdad de todos los ciudadanos.
Canarias recibe anualmente 800 millones de euros menos de los que nos corresponde. Un déficit causado por un sistema de financiación injusto con las Islas. La decisión del Gobierno del Estado de no actualizar el sistema de financiación
aprobado en 2009 ha agrandado la brecha entre Canarias y la media del resto del Estado.
La diferencia entre Canarias y la media de las comunidades autónomas supera los 300 euros por habitante, que en términos globales supone 3.436 millones durante el periodo 2009-2013. La brecha entre la región mejor financiada, que es
Cantabria, y Canarias crece cada año. En 2009 era de 680 euros y en 2013 aumenta hasta 984.
El sistema de financiación vigente, a partir de 2009, tiene como objetivo incrementar la autonomía financiera y la corresponsabilidad de las Comunidades Autónomas. Esto afecta a la proporción de recursos que se obtienen en base a la
capacidad fiscal, en detrimento de la proporción de los fondos de nivelación asignados presupuestariamente.
Este sistema ha generado una disminución de las posiciones canarias en el modelo de financiación, que requería una revisión quinquenal, con efectos 2014, recogida en la disposición adicional octava de la actual ley, en aras a una mejor
coordinación financiera, garantizando la autonomía y suficiencia de las Comunidades Autónomas y el equilibrio y sostenibilidad del sistema.
La convivencia de Canarias dentro del sistema general de financiación de las Comunidades Autónomas, en el denominado régimen común, se debe desarrollar con especial atención a sus singularidades. El nuevo diseño del modelo de financiación
autonómica debe respetar escrupulosamente el Régimen Económico y Fiscal ya recogido en la propia Constitución.
Por todo ello, se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno del Estado a:
Abrir, en el plazo de seis meses, para su aplicación en 2016, el debate sobre la reforma del sistema de financiación autonómica, para garantizar la suficiencia en la financiación de los servicios públicos fundamentales y la equidad en el
reparto de los recursos entre las Comunidades Autónomas del régimen común; y acabar así con la situación de comunidades autónomas que, como Canarias, se han visto perjudicadas gravemente con el actual sistema.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de enero de 2016.-Ana María Oramas González-Moro, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.
162/000053
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Los Grupos Parlamentarios y la Diputada abajo firmantes tienen el honor de dirigirse a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente
Proposición no de Ley, para su debate en el Pleno.
Exposición de motivos
Puertollano y su comarca son el principal motor industrial de Castilla-La Mancha. La crisis económica entre otros ha motivado que se esté sufriendo un grave deterioro y retroceso en la apuesta tecnológica e innovación. Situación que ha
provocado una pérdida importante de empresas y puestos de trabajo.
Esta ciudad ha sido desde hace mucho tiempo referente energético y de gran aportación de energía eléctrica procedente de la utilización de carbón autóctono. La Central de Elcogas ya está preparada medioambientalmente para quemar carbón de
forma limpia, reduciendo al máximo las emisiones de CO2.
Elcogas, se encuentra en grave riesgo de desaparecer ya que el Ministerio de Industria, Energía y Turismo (MINETUR), autorizó el cierre solicitado por la empresa el 1 de junio de 2014. Aunque tras la movilización social y sindical, la
empresa Elcogas solicitó una prórroga para poder presentar un plan de viabilidad el pasado 30 de octubre de 2015, en el que mostrara la posibilidad de hibridar la Central incorporando un 30% de biomasa como materia prima, la empresa solicitó un
aplazamiento de la desconexión física de la planta con el fin de elaborar dicho plan, el MINETUR concedió un aplazamiento extraordinario y por única vez de tres meses (resolución de 30 de octubre de 2015, de la DGPEM), plazo que finaliza el próximo
31 de enero de 2016. El plan de viabilidad se presentó el 22 de diciembre de 2015.
La coyuntura política actual, con un Gobierno en funciones, precisa de voluntad política para resolver y dar solución a la petición de continuidad y evitar el cierre. Los principales partidos políticos que concurrieron a las diferentes
elecciones: municipales, regionales y estatales durante el año 2015, han manifestado su apoyo a empresas como Elcogas que son más que una empresa, un laboratorio de nuevas tecnologías, un centro de cooperación y colaboración con los Centros
Tecnológicos, Universidades y un referente mundial en la quema de carbón de forma limpia que además está en permanente estudio para incorporar y resolver problemas que tenemos en la sociedad, como son: los residuos sólidos urbanos, la biomasa, los
neumáticos y un largo etcétera.
Elcogas tiene un amplio apoyo social, demostrado en la calle por la ciudadanía, los sindicatos, las asociaciones y colectivos tecnológicos y culturales. Hay que hacer caso a la ciudadanía que con sus manifestaciones y sus votos refrendaron
lo que los programas políticos contenían, y todos ellos contemplaban la casuística y problemática de Elcogas.
Por todo ello, los Grupos Parlamentarios y la Díputada abajo firmantes presentan la siguiente
Proposición no de Ley
'EI Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Resolver y dar solución, entre MINETUR y Elcogas al futuro de la central a través de un plan de viabilidad que garantice su continuidad, potenciando su actividad en la hibridación de biomasa y como proyecto de investigación y desarrollo
de nuevas tecnologías.
2. Trabajar un plan específico de reindustrialización para Puertollano y su comarca que garantice su viabilidad y estabilidad económica.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de enero de 2016.-Isabel Rodríguez García, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.-Irene María Montero Gil, Portavoz del Grupo Parlamentario Podemos-En Comú Podem-En Marea.-Miguel Gutiérrez
Vivas, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.-Sol Sánchez Maroto, Diputada.
162/000054
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley
sobre aprobación de un Plan de retorno del talento científico y profesional, para su debate en Pleno.
Exposición de motivos
La salida de España de cientos de miles de personas jóvenes en busca de una oportunidad laboral que no encontraban en nuestro país se ha constituido en una de las expresiones más amargas de la crisis económica. Esta salida, además del
sacrificio personal y familiar que ha supuesto y supone, representa una descapitalización de talento que, de no revertirse, perjudicará gravemente a nuestro futuro desarrollo social y económico.
Una parte importante de la pérdida de capital humano desplazado a otros países ha afectado al sistema de ciencia, tecnología e innovación de nuestro país. Una situación motivada y acrecentada, sin ningún género de duda, por los recortes
presupuestarios realizados por el Gobierno durante la pasada legislatura y por la mala gestión y el abandono de las políticas de ciencia e innovación por parte del mismo.
En la pasada legislatura se han producido los mayores recortes en materia de l+D+i de los últimos cuarenta años. Se han recortado las partidas correspondientes de los Presupuestos Generales del Estado en un 25% desde 2011, lo que ha
supuesto un retroceso de quince años en cuanto al peso que representa la l+D+i sobre el total de los Presupuestos Generales del Estado. Y lo que es todavía más grave, se renunció al objetivo europeo de destinar el 3% del PIB en 2020 a l+D+i,
sustituyéndolo por un 2% cuyo logro se fía exclusivamente a la aportación del sector privado.
España, bajo el Gobierno del Partido Popular, en la pasada legislatura ha llegado un grado de abandono del sistema de ciencia que va mucho más allá de las grandes cifras presupuestarias. Se han producido retrasos inaceptables en los pagos
de las convocatorias del Plan Nacional y en la convocatoria del nuevo Plan Estatal; la burocratización a la que están sometiendo al sistema de ciencia está suponiendo el retraso o la paralización del auténtico trabajo de científicos e
investigadores; la Agencia Estatal de Investigación establecida por la Ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación (aprobada en 2011 con consenso de la mayoría de los grupos parlamentarios) se creó, deprisa y corriendo, en el tiempo de
descuento de la pasada legislatura, y se hizo sin consenso y sin respetar la naturaleza y los objetivos atribuidos por la Ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación; e incluso se ha castigado desde el Gobierno central a universidades y
centros de investigación por el incumplimiento de los objetivos de déficit de sus respectivas comunidades autónomas.
Además, se ha limitado drásticamente la tasa de reposición de personal en el ámbito de la l+D+i, lo que ha supuesto una importante reducción del número de científicos y la ausencia prácticamente total de oportunidades para muchísimos jóvenes
investigadores a la hora de iniciar o proseguir una carrera científica.
Estos ejemplos son solo una parte de las actuaciones y decisiones erráticas y sinsentido del ejecutivo durante la pasada legislatura. Decisiones que han agravado los efectos económicos de la crisis en nuestro sistema de ciencia, tecnología
e innovación.
Esto evidencia la necesidad urgente de un cambio de políticas, para adecuarlas a la realidad del sistema de ciencia de nuestro país y a las necesidades de nuestros científicos.
La ciencia y la tecnología debe ser una prioridad para España, apostando por la estabilidad en la financiación y por poner en marcha las reformas que permitieran hacer más estable y eficiente la actividad científica e investigadora.
Como pieza clave de ese cambio, el PSOE considera fundamental impulsar un Plan para la recuperación, incorporación y consolidación del talento científico, cuyo propósito sea ofrecer oportunidades para retomar su carrera investigadora en
España a los jóvenes investigadores que han tenido que abandonar la actividad científica o se han visto obligados a emigrar para poder continuarla.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a aprobar en el plazo de dos meses un 'Plan de Retorno del Talento Científico y Profesional', dirigido a la contratación de personas jóvenes investigadoras que no sean residentes en España, así
como a facilitar el retorno de personal directivo y técnico joven. Este Plan incluirá dos programas específicos:
a) Un 'Programa de Talento Investigador' dirigido al retorno de jóvenes investigadores que trabajen fuera de España, favoreciendo su incorporación a la investigación pública y privada y mejorando sus condiciones laborales.
Este programa, cuyo diseño y puesta en marcha se hará contando con la participación y en coordinación de las universidades, centros de investigación, representantes de la comunidad científica y agentes sociales, así como con las
instituciones públicas y privadas que promuevan, fomenten y desarrollen la investigación científica en cualquier ámbito de actuación, incluirá acciones de formación y oportunidades de desarrollo profesional para que continúen avanzando en su carrera
profesional y en el desarrollo del sistema científico universitario español.
Este Programa también incluirá acciones específicas de incorporación y consolidación del talento investigador dirigidas a evitar la emigración de personas jóvenes investigadoras que estuvieran desarrollando su actividad investigadora en
nuestro país, incluidos estudiantes de doctorado y personal docente e investigador, así como, en el supuesto de que hubieran emigrado, a facilitar su retorno y el de aquellos científicos que habiendo salido fuera de España tuvieran experiencia
investigadora reconocida, ofreciéndoles empleos de calidad.
El programa deberá constituir una auténtica acción de 'choque' que permita recuperar, incorporar y consolidar a 10.000 jóvenes investigadores e investigadoras en cuatro años, se financiará con cargo a los Presupuestos Generales del Estado y
contará con una inversión que deberá fijarse en un mínimo de 1.500 millones de euros durante los próximos cuatro años.
La gestión del programa se encomendará a la Agencia Estatal de Investigación.
b) Un 'Programa de Talento Profesional' dirigido a personal directivo y técnico joven para que, tras una experiencia laboral internacional, pueda volver a nuestro país garantizándoles condiciones de calidad en el empleo. A tal efecto, se
realizarán convenios de colaboración con las empresas.
Este programa también incluirá un sistema de incentivos y ayudas para aquellas empresas que contraten a jóvenes españoles de cualificación media o superior que aun trabajando en el extranjero quieran retornar a España.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de enero de 2016.-Antonio Hernando Vera, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
162/000055
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Francesc Homs, en su calidad de Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Democràcia i Llibertat), y al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta, para su discusión ante el Pleno, una
Proposición no de Ley para modificar los caudales ecológicos establecidos en el Plan Hidrológico del Ebro correspondiente al segundo ciclo de planificación hidrológica 2015-2021.
Antecedentes
El Gobierno en funciones aprobó en el Consejo de Ministros del pasado 8 de enero doce planes hidrológicos de competencia estatal que afectan a las demarcaciones hidrográficas del Cantábrico Occidental, Cantábrico Oriental, Miño-Sil, Duero,
Tajo, Guadiana, Guadalquivir, Segura, Júcar, Ebro, Ceuta y Melilla. Se trata de planes hidrológicos, correspondientes al período de planificación 2015-2021. La revisión y actualización de los citados planes incluida en el Real Decreto 1/2016, de 8
de enero, se ha publicado el 19 del mismo en el BOE.
Los planes hidrológicos son elementos básicos y fundamentales para la gestión de los recursos hídricos. Permiten conocer las necesidades en materia de agua y los recursos disponibles. Tienen como principal objetivo conseguir el buen estado
de las aguas y la adecuada protección del dominio público hidráulico. Marcan, asimismo, las pautas para atender las demandas de agua, respetando el equilibrio y la armonización del desarrollo regional y sectorial, y los objetivos medioambientales.
Los mismos se han sometido previamente a un proceso de información pública y han sido informados favorablemente por la mayoría en el Consejo Nacional del Agua. Órgano en el que están representadas, además de la Administración General del
Estado, las Comunidades Autónomas, los Entres Locales a través de la asociación de ámbito estatal con mayor implantación, los Organismos de Cuenca, las organizaciones profesionales y económicas más representativas de ámbito estatal, así como las
entidades sin fines lucrativos de ámbito estatal cuyo objetivo esté constituido por la defensa de los intereses ambientales. Es decir, las administraciones y algunas organizaciones y entidades solo de ámbito estatal.
Uno de los incluidos en este paquete de planes correspondientes al segundo ciclo de planificación hidrológica es el Plan Hidrológico de la parte española de la demarcación hidrográfica del Ebro. El mismo, es uno de los más complejos, por el
gran número de Comunidades Autónomas que atraviesa y por la necesaria coordinación con Francia y Andorra. Dicho plan fue aprobado sin el consenso de cuatro comunidades autónomas ni de todas las entidades locales.
Como es bien conocido, los Planes Hidrológicos y en concreto el referido a la cuenca del Ebro, establecen también unos caudales ecológicos mínimos y éstos a pesar del apoyo obtenido en el Consejo Nacional del Agua, en el caso de la cuenca
del Ebro no son, en opinión de parte de los afectados, adecuados.
Como viene siendo tristemente una tradición, la Generalitat de Catalunya, las entidades locales, la Plataforma en Defensa de l'Ebre y la Comissió per a la Sostenibilitat de les Terres de l'Ebre, entre otros, consideran que los caudales
ecológicos establecidos son claramente insuficientes, de acuerdo con criterios científico-técnicos, en coherencia con la realidad física del río y de conformidad con la normativa de planificación.
El Gobierno central una vez más, como también viene siendo lamentablemente costumbre, ha ignorado completamente el criterio de la Generalitat de Catalunya, el cual está basado en estudios rigurosos fruto de la colaboración entre la Agencia
Catalana del Agua y el Institut de Recerca i Tecnología Agroalimentaria (IRTA), y que contaba con la aprobación de la Comissió per a la Sostenibilitat de les Terres de l'Ebre.
Pero además, resulta que los caudales ecológicos establecidos tampoco cumplen con la normativa estatal vigente [no se adecuan a los criterios establecidos en el año 2008 por el Ministerio en la Instrucción Técnica de Planificación (IPH),
entre otros], ni con la legislación comunitaria. Y es que, en el Plan Hidrológico finalmente aprobado no se garantizan las condiciones para alcanzar a medio plazo, el buen estado ecológico del tramo final del Ebro, tal y como lo define la normativa
comunitaria.
Los caudales mínimos propuestos no permitirían cumplir las funciones ecológicas del río, del Delta y del ecosistema marino asociado. Y ello no solo tiene un grave impacto ecológico, sino también importantes consecuencias económicas para el
territorio.
La Directiva Marco del agua no recoge explícitamente la necesidad de garantizar un régimen de caudales ambientales en los ríos. Ahora bien, la preservación de este régimen de caudales es una medida imprescindible para el logro de los
objetivos ambientales que establece la propia Directiva, puesto que caudales de mantenimiento e índice de calidad ecológica tienen una relación directa.
Por otra parte, la normativa vigente en materia de caudales ecológicos en el Estado español es clara en la definición de los objetivos que tienen que satisfacer éstos y su concepto. El Texto Refundido de la Ley de Aguas determina claramente
que el caudal ecológico es considerado como una restricción que se impone a todos los efectos a las explotaciones. Es decir, los caudales ecológicos no se tienen que garantizar, sino que hay que determinarlos, concertarlos e implantarlos,
aplicándolo a las nuevas concesiones, modificando, en su caso, las ya existentes y determinando las reservas de caudales y usos para permitir que dichos caudales circulen por el río en condiciones no excepcionales.
Esta noción se reitera en la propia ley del Plan Hidrológico Nacional que vuelve a reconocer el carácter de limitación previa a los flujos del sistema de explotación de estos caudales, que operan con carácter preferente a los usos
contemplados en el sistema. Los caudales ecológicos tienen que permitir el correcto funcionamiento del ecosistema y la habitabilidad de la fauna, para contribuir a lograr o mantener el buen estado de las masas de agua de acuerdo con los criterios e
indicadores ecológicos establecidos a la Directiva Marco del agua. Ya esta finalidad obedece la disposición adicional primera de la LPHN cuando ordena definir el régimen hídrico que ha de permitir el desarrollo de las funciones ecológicas del río,
del delta y del ecosistema marino.
Los caudales ecológicos establecidos en el Plan Hidrológico de la cuenca del Ebro y específicamente en el Real Decreto vigente no cumplen los criterios de la instrucción de planificación hidrológica y de validación biológica, e impiden las
crecidas suficientes para el traslado de sedimentos al Delta del Ebro, con el fin de evitar su regresión y la entrada de la cuña salina, por lo que la modificación del Real Decreto debe establecer un nuevo caudal ecológico que garantice los niveles
de conservación de los hábitats de interés comunitario, las especies típicas de estos hábitats, las aportaciones de sedimentos para asegurar la subsidencia del delta y evitar el avance de la cuña salina, y así mismo garantizar el cumplimiento de las
directivas comunitarias sobre la materia
Por todo ello, el Grupo Parlamentaria Catalán (Democràcia i Llibertat) presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'1. El Congreso de los Diputados considera claramente insuficientes los caudales ecológicos mínimos fijados para el tramo final del río Ebro en el apéndice 6.3 del anexo XII del Real decreto 1/2016 de 8 de enero.
2. El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a modificar, incrementándolos, los caudales ecológicos para el tramo final del río Ebro establecidos en el Plan Hidrológico de la Cuenca del Ebro incluido y aprobado por el Real Decreto
1/2016 de 8 de enero, por el que se aprueba la revisión de los Planes Hidrológicos de las demarcaciones hidrográficas del Cantábrico Occidental, Guadalquivir, Ceuta, Melilla, Segura y Júcar, y de la parte española de las demarcaciones hidrográficas
del Cantábrico Oriental, Miño-Sil, Duero, Tajo, Guadiana y Ebro, en lo que afecta a la demarcación hidrográfica del Ebro.
Los nuevos caudales ecológicos del tramo final del rio Ebro deben estar basados en criterios científico-técnicos, de forma coherente con la realidad física del río y con la normativa de planificación, en la línea de las observaciones
presentadas por la Generalitat de Catalunya, Entidades Locales, la Plataforma en Defensa del Ebre, la Comissió per a la Sostenibilitat de les Terres de l'Ebre, entre otras instituciones y organizaciones.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de enero de 2016.-Francesc Homs Molist, Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Democràcia i Llibertat).
162/000056
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a garantizar la continuidad
de la recuperación económica y la creación de empleo, para su debate en Pleno.
Exposición de motivos
En la pasada legislatura, el Gobierno del Partido Popular tuvo que hacer frente a difíciles retos en el área económica. El primero de ellos fue garantizar el Estado del Bienestar y evitar un rescate que hubiera sido muy costoso tanto en
términos sociales como de soberanía nacional. No hay más que ver el ejemplo de países como Grecia o Portugal, que, aún hoy, siguen recortando fuertemente las pensiones; más de un 30% según la última propuesta presentada por el partido populista de
extrema izquierda Syriza.
En segundo lugar, hubo que poner las cuentas públicas en orden, reduciendo el déficit público desde el 9,1% en 2011 al 4.2% en 2015, manteniendo el gasto social en un momento especialmente complicado. Además se tuvo que reestructurar el
sistema financiero, salvaguardando los ahorros y depósitos de millones de españoles, devolviendo la confianza a los mercados y creando condiciones favorables para que volviera a fluir el crédito.
Con estas medidas el Gobierno de Mariano Rajoy consiguió estabilizar la economía y recuperar la confianza de los inversores en nuestro país. Sin embargo, era necesario acometer profundas reformas estructurales que mejoraran la
competitividad de nuestra economía y permitieran cambiar el modelo productivo, desde uno basado en el sector de la construcción a otro apoyado en empresas sólidas, competitivas y orientadas al sector exterior, que sirviera de palanca de crecimiento
para impulsar la recuperación de la economía y la creación de empleo.
Este cambio de modelo productivo requería apoyar al auténtico motor de nuestra economía: las pymes y autónomos, generadoras de más de dos tercios del empleo en nuestro país. Por eso, durante la legislatura pasada se aprobaron más leyes
para apoyar a autónomos, emprendedores y pymes que en cualquier otro Gobierno anterior del período democrático: desde la ley de apoyo al emprendimiento y la internacionalización, ayudas a la financiación, incentivos fiscales, contratos indefinidos
de apoyo a los emprendedores... hasta los Planes de Pago a Proveedores que permitieron la supervivencia de más de 100.000 autónomos.
También ha sido fundamental la aprobación y puesta en marcha de la Ley 3/2012, de medidas urgentes para la Reforma del Mercado Laboral, una ley que ha permitido aumentar la flexibilidad interna, reducir la dualidad, mejorar la empleabilidad
y, en definitiva, recuperar el empleo.
La mejora de la competitividad se ha producido tanto por la aprobación de reformas específicas (medidas de liberalización y flexibilización del comercio minorista, Ley de Garantía de Unidad de Mercado, Ley de Desindexación, Ley de Mejora del
Gobierno Corporativo...) como por otras de carácter transversal (la reforma del sector eléctrico que ha permitido acabar con el déficit tarifario y la subida continua de precios que penalizaba la competitividad de nuestras empresas, la Agenda
Digital, o las medidas de apoyo a la I+D+i).
El impacto de todas estas reformas en términos de crecimiento y empleo se ha hecho muy evidente, sobre todo desde mediados de 2013:
- Solo en 2015 se crearon más de 100.000 nuevas empresas,
- Tenemos más de 150.000 empresas exportadoras, de ellas 45.000 exportan de forma regular (un 50% más que en 2011),
- Somos la segunda potencia exportadora en Europa, solo detrás de Alemania, con exportaciones por valor de 350.000 millones de euros (130.000 millones de euros más al año que en 2011, cuando éramos el quinto país europeo por exportaciones),
- Somos líderes en el ranking mundial de competitividad turística que elabora el Foro Económico Mundial (cuando en 2011 ocupábamos el octavo lugar),
- Hemos encadenado 8 trimestres consecutivos creciendo, y cada vez a un ritmo mayor, en 2015 en torno al 3,4%, más que el doble de la media europea,
- Hemos conseguido recuperar uno de cada tres empleos perdidos en la crisis (según la EPA del cuarto trimestre de 2015, el número de parados se ha reducido en un millón y medio desde marzo de 2013, de ellos 678.200 en 2015).
Aunque somos el país desarrollado que más crece y más empleo crea, es necesario continuar en la misma senda reformista para poder afianzar tanto la recuperación económica como la creación de empleo.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados manifiesta la necesidad de impulsar todas aquellas reformas imprescindibles para seguir mejorando nuestra competitividad, que permitan garantizar la continuidad tanto de la recuperación económica como de la
creación de empleo.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de enero de 2016.-Rafael Antonio Hernando Fraile, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
162/000058
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(162) Proposición no de Ley ante el Pleno.
Autor: Grupo Parlamentario Mixto.
Proposición no de Ley por la que se insta a la modificación de la Ley 1/2004, de 21 de diciembre, de Horarios Comerciales, en que se regula en el artículo 5 los establecimientos con régimen especial de horarios, otorgando plena libertad para
determinar los días y horas en que permanecerán abiertos al público en todo el territorio nacional, a aquellos establecimientos que se ubiquen en zonas de gran afluencia turística.
Acuerdo:
Considerando que solicita el debate de la iniciativa en el Pleno, y entendiendo que es el Congreso de los Diputados el que insta al Gobierno, admitirla a trámite como Proposición no de Ley conforme al artículo 194 del Reglamento, entendiendo
que en el caso de su eventual aprobación, estaría dirigida al Gobierno que se constituya. Asimismo, disponer su conocimiento por el Pleno de la Cámara, dando traslado al Gobierno y publicarla en el Boletín Oficial de las Cortes Generales,
comunicando este acuerdo al Grupo Parlamentario autor de la iniciativa.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de febrero de 2016.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Mixto, a instancia de la Diputada de Compromís, doña Marta Sorlí Fresquet, al amparo de lo dispuesto en el artículo 194 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley, que
insta a la modificación de la Ley 1/2004, de 21 de diciembre, de Horarios Comerciales, en que se regula en el artículo 5 los establecimientos con régimen especial de horarios, otorgando plena libertad para determinar los días y horas en que
permanecerán abiertos al público en todo el territorio nacional, a aquellos establecimientos que se ubiquen en zonas de gran afluencia turística, para su debate en el Pleno.
Exposición de motivos
La Ley 1/2004, de 21 de diciembre, de Horarios Comerciales, regula en su artículo 5 los establecimientos con régimen especial de horarios, otorgando plena libertad para determinar los días y horas en que permanecerán abiertos al público en
todo el territorio nacional, a aquellos establecimientos que se ubiquen en zonas de gran afluencia turística.
El apartado 4 del citado artículo 5 establece una competencia compartida entre los municipios y las Comunidades Autónomas para la determinación de las zonas de gran afluencia turística, ya que las Comunidades Autónomas, a propuesta de los
Ayuntamientos correspondientes, determinarán las zonas de gran afluencia turística para su respectivo ámbito territorial, en base a una de las 7 circunstancias establecidas en el mismo apartado, que en concreto son las siguientes:
a) Existencia de una concentración suficiente, cuantitativa o cualitativamente, de plazas en alojamientos y establecimientos turísticos o bien en el número de segundas residencias respecto a las que constituyen residencia habitual.
b) Que haya sido declarado Patrimonio de la Humanidad o en el que se localice un bien inmueble de interés cultural integrado en el patrimonio histórico artístico.
c) Que limiten o constituyan áreas de influencia de zonas fronterizas.
d) Celebración de grandes eventos deportivos o culturales de carácter nacional o internacional.
e) Proximidad a áreas portuarias en las que operen cruceros turísticos y registren una afluencia significativa de visitantes.
f) Que constituyan áreas cuyo principal atractivo sea el turismo de compras.
g) Cuando concurran circunstancias especiales que así lo justifiquen.
Sentada esta regulación y reparto de competencias entre las administraciones locales y autonómicas, en las que se respeta la discrecionalidad en el ejercicio de dicha competencia en el ámbito municipal, sin embargo, el apartado 5 del
artículo 5 de la Ley 1/2004, de horarios comerciales, tanto en la redacción dada por el Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad, como la última operada por
el artículo 7 de la Ley 18/2014, de 15 de octubre, de aprobación de medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia, ha establecido un ejercicio imperativo de dicha competencia municipal, al establecer que en todo caso, en
los municipios con más de 100.000 habitantes que hayan registrado más de 600.000 pernoctaciones en el año inmediatamente anterior o que cuenten con puertos en los que operen cruceros turísticos que hayan recibido en el año inmediato anterior más de
400.000 pasajeros, se declarará, al menos, una zona de gran afluencia turística aplicando los criterios previstos en el apartado anterior. Para la obtención de estos datos estadísticos se considerarán fuentes las publicaciones del Instituto
Nacional de Estadística y de Puertos del Estado.
Si en el plazo de seis meses a partir de la publicación de estos datos, las Comunidades Autónomas competentes no hubieran declarado alguna zona de gran afluencia turística en el municipio en el que concurran las circunstancias señaladas en
el párrafo anterior, se entenderá declarada como tal la totalidad del municipio y los comerciantes dispondrán de plena libertad para la apertura de sus establecimientos durante todo el año.
La citada redacción establece con carácter imperativo una regulación especial de las zonas de gran afluencia turística, centrada en la circunstancia e) del apartado 4 del artículo 5 de la Ley 1/2004, en principio atribuida a la libre
discrecionalidad de los municipios para elegir de entre las 7 circunstancias establecidas en el apartado 4 del artículo 5, para proponer qué zonas de su municipio, o la totalidad del mismo, deben ser declaradas zonas de gran afluencia turística por
la Comunidad Autónoma respectiva.
La primera redacción dada por el Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad, incluía un anexo de ciudades de más de 200.000 habitantes a las que les
era de aplicación dicha redacción, pero la actual redacción dada por la Ley 18/2014, de 15 de octubre, de aprobación de medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia, ha reducido la población a ciudades de 100.000
habitantes.
Teniendo en cuenta que en los grandes municipios se concentran la mayor parte de los trabajadores en activo, la citada regulación especial de las zonas de gran afluencia turística implica que un mayor número de trabajadores y trabajadoras se
verán afectados por dicha medida en su jornada de trabajo, ya que se verán impulsados a realizar su jornada de trabajo en un mayor número de días festivos que los previstos inicialmente con las consiguientes incompatibilidades en el desarrollo de la
conciliación de su vida familiar y laboral. Pero, es más, cada vez que el Estado rebaja la cuantía de habitantes de las poblaciones a las que se dirige la medida, en el año 2012 las de más de 200.000 habitantes y en el año 2014 las de 100.000, se
están aumentando los trabajadores afectados y por tanto el número de familias en las que se producen incompatibilidades entre su vida familiar y laboral.
Es por ello que presentamos la siguiente
Propuesta de resolución
'Las Cortes instan Gobierno de la Nación a que:
1. Derogue el apartado 5 del artículo 5 de la Ley 1/2004, de 21 de diciembre, de Horarios Comerciales, así como, en su caso, los artículos, disposiciones adicionales, transitorias o finales, y anexos correspondientes del Real Decreto-ley
20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad, y de la Ley 18/2014, de 15 de octubre, de aprobación de medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia, de
los que trae causa la redacción del apartado 5 del artículo 5 de la Ley 1/2004, de 21 de diciembre, de Horarios Comerciales.
2. Incluya una nueva disposición transitoria en la Ley 1/2004, de 21 de diciembre, de Horarios Comerciales, por la cual los ayuntamientos que obligatoriamente solicitaron la declaración de una zona de gran afluencia turística por tener la
consideración de municipios de más de 200.000 habitantes, incluidos en el anexo del Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad, o de municipios de más de
100.000 habitantes, incluidos en el anexo de la Ley 18/2014, de 15 de octubre, de aprobación de medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia, para que en el plazo de seis meses estos ayuntamientos afectados por dicha
obligatoriedad puedan solicitar ante el órgano competente de su comunidad autónoma la revocación de la declaración de zona de gran afluencia turística otorgada en base a lo dispuesto en el Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para
garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad, o en la Ley 18/2014, de 15 de octubre, de aprobación de medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de enero de 2016.-Marta Sorlí Fresquet, Diputada.-Ana María Oramas González-Moro, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.
La Mesa de la Cámara en su reunión del día de hoy ha acordado admitir a trámite, conforme al artículo 194 del Reglamento, las siguientes Proposiciones no de Ley y considerando que solicitan el debate de las iniciativas en Comisión, disponer
su conocimiento por las Comisiones que se indican, entendiendo que en el caso de su eventual aprobación, estarían dirigidas al Gobierno que se constituya, dando traslado al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de febrero de 2016.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
Comisión de Justicia
161/000018
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no
de Ley para facilitar la obtención del certificado de penales a las personas que desean inscribirse en la bolsa de trabajo del personal docente del Departament d'Ensenyament en Catalunya, para su debate en la Comisión de Justicia.
Exposición de motivos
El pasado mes de julio, las Cortes Generales aprobaron la Ley 26/2015, de 28 de julio, de modificación del sistema de protección a la infancia y la adolescencia. Dicha ley introdujo un nuevo apartado 5 en el artículo 13 de La Ley Orgánica
1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor, de modificación parcial del código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que fija como requisito para el acceso y ejercicio a las profesiones, oficios y actividades que impliquen
contacto habitual con menores, el no haber sido condenado por sentencia firme por algún delito contra la libertad e indemnidad sexual. A tal efecto exige, a quienes quieran acceder a tales profesiones, acreditar esta circunstancia mediante una
certificación negativa del Registro Central de Delincuentes Sexuales.
Este registro fue creado mediante el Real Decreto 1110/2015, de 11 de diciembre, por el que se regula el Registro Central de Delincuentes Sexuales, aunque su entrada en vigor está prevista para el próximo mes de febrero.
Mientras se pone en marcha dicho registro, la ley prevé, a través de la disposición transitoria cuarta, que dicha certificación sea emitida por el Registro Central de Antecedentes Penales.
En Catalunya solo existe una oficina donde se puede tramitar este certificado, localizada en Barcelona, que es la gerencia territorial del Ministerio de Justicia, lo cual implica el desplazamiento de muchas personas que necesitan realizar
este trámite a la capital. Por otro lado, en estos momentos, cuando está abierto el plazo de inscripción en la bolsa de trabajo del personal docente del Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, esta oficina ha reducido su horario a
las mañanas, lo cual está provocando largas colas y que algunos interesados hayan tenido que pasar la noche en la calle para poder obtener este documento.
A pesar de que es posible obtener este certificado por vía telemática, son muchas las personas que no disponen de la firma del DNI electrónico, y además, se han producido algunos colapsos en la red.
Es evidente que, conociendo el nuevo requisito previsto en la ley para los aspirantes a la bolsa de trabajo del Departament d'Ensenyament y su calendario de aplicación, no se ha producido la coordinación necesaria entre esta administración y
el Ministerio de Justicia, a pesar de las advertencias previas de los representantes sindicales del personal docente.
Por otro lado, el hecho de que aún no esté en servicio el Registro Central de Delincuentes Sexuales supone que se estén expidiendo certificados de penales, en los que constan todos los delitos, lo cual puede provocar un daño añadido a los
interesados.
Por todo ello, para garantizar los derechos de las personas que desean inscribirse en dicha bolsa y poner fin a los perjuicios que está provocando esta situación, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Grupo Parlamentario Socialista insta al Gobierno a:
1. Mejorar la Coordinación entre el Ministerio de Justicia y el Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya para la aplicación de la Ley 26/2015, de 28 de julio, de modificación del sistema de protección a la infancia y la
adolescencia.
2. Incrementar, de manera urgente, los espacios, los medios técnicos y humanos, y los horarios de atención al público del Registro Central de Antecedentes Penales en Catalunya para la obtención de dicho certificado, hasta que entre en
funcionamiento el Registro Central de Delincuentes Sexuales.
3. Adoptar, ante la situación que se ha producido, las medidas necesarias para evitar el menoscabo en los derechos de acceso de los ciudadanos a la administración pública, en coordinación con la Generalitat de Catalunya.
4. Cumplir los plazos previstos y dotar los medios materiales, técnicos y humanos necesarios para el correcto funcionamiento del Registro Central de Delincuentes Sexuales.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de enero de 2016.-Mercé Perea Conillas y Germán Rodríguez Sánchez, Diputados.-Miguel Ángel Heredia Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
Comisión de Interior
161/000010
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Salvador de la Encina Ortega, Diputado del Grupo Parlamentario Socialista por la provincia de Cádiz, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso presenta la siguiente Proposición no de Ley
relativa al urgente cumplimiento del compromiso del Ministerio de Interior para la instalación de barreras físicas que controlen el narcotráfico en la desembocadura del río Guadarranque, entre Los Barrios y San Roque (Cádiz), para su debate en la
Comisión de Interior del Congreso de los Diputados.
Exposición de motivos
En los últimos años la desembocadura del Río Guadarranque en Palmones-Los Barrios (Cádiz), se ha convertido en un lugar de actuación de organizaciones de traficantes que utilizan potentes embarcaciones para cruzarla en pocos minutos y cargar
o descargar toneladas de hachís.
Pero en los últimos meses, la situación se ha visto agravada notablemente pues está comprobado que zarpan de casas situadas en el margen del río dotadas con embarcaderos ocultos, con puertas metálicas e infraestructuras propias de puertos,
como grúas para poder izar una embarcación y dejarla posada en el agua, y a la inversa.
La situación se ha deteriorado tanto, ante la falta de respuesta del Gobierno, que movimientos sociales de lucha contra las drogas como Alternativas, encabezados por su Presidente, Francisco Mena, así como numerosos medios de comunicación se
hacen continuamente eco, y algunos como el diario ABC, el pasado día 8 de mayo de 2014, publicaba un video exclusivo con el titular de 'La impunidad del narco en la bahía de Algeciras'.
En el mismo se trasladaba que el volumen de droga que se está moviendo es muy elevado, ya que las lanchas de los narcos están diseñadas para cargar, al menos, una tonelada de hachís. De hecho, lo habitual es que lleven en su interior 40
paquetes, con un peso total de 1.200 kilos.
Igualmente, se añadía que los hombres del Servicio Marítimo de la Guardia Civil, por su parte, cuentan con un buen material pero en ningún caso pueden alcanzar los 60 nudos (más de 100 kilómetros por hora) de los delincuentes, que consiguen
con los tres o cuatros motores de hasta 35 caballos que montan en sus lanchas. Para poder interceptarlos, por tanto, sólo pueden basarse en la estrategia o bien, como sucede en ocasiones, porque los narcos cometen un fallo y embarrancan. En las
persecuciones, en la que se viven secuencias propias de una película de acción, se suceden los momentos de peligro, con choque de embarcaciones incluidos. En cualquier momento, por tanto, se puede producir una estrategia. 'La tensión en las
tripulaciones de la guardia civil es fácil de imaginar'.
Ante esta situación, el Secretario de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior, en una visita realizada a la zona manifestó el pasado día 16 de agosto de 2015 'la construcción de un sistema de esclusas', con lo que se trataría de
poner freno a la actividad del narcotráfico en la desembocadura del Río Guadarranque, en el término municipal de San Roque.
En sus declaraciones a los medios de comunicación el Secretario de Estado manifestó que 'se trata de un proyecto que se encuentra muy avanzado' y que consistirá en una serie de barreras físicas para impedir el acceso de embarcaciones con
droga.
Sin embargo, posteriormente, el pasado 14 de septiembre de 2015, el Delegado del Gobierno en Andalucía confirmaba que 'el proyecto de barreras físicas en la desembocadura del Río Guadarranque se ejecutará antes de final del año, al mismo
tiempo que indicaba que es 'una solución permanente a través de elementos metálicos colocados a lo ancho del río, alineados de manera que evite el paso de las embarcaciones dedicadas al contrabando y el narcotráfico.
Igualmente, el Delegado del Gobierno en Andalucía destacó que para el Gobierno es una 'prioridad' el control del contrabando y narcotráfico en la zona del Campo de Gibraltar, por lo que el proyecto se llevará a cabo para evitar la 'extrema
peligrosidad' que supone en el río este tipo de embarcaciones que van a velocidades de hasta 30 nudos.
Finalmente, explicaba que 'espera que la ejecución se inicie antes de que finalice el año' pues se ha optado por la solución más rápida, menos costosa y medioambientalmente más viable, una vez que los expertos han desestimado otras, como la
construcción de una exclusa en la desembocadura del río.
Habiendo transcurrido varios meses desde el anuncio del Delegado del Gobierno en Andalucía sin que se inicie la ejecución de dicho proyecto y continuando la actuación de organizaciones de traficantes que utilizan potentes embarcaciones para
cruzar la desembocadura del Río Guadarranque produciendo una gran alarma social, vecinal y siendo un clamor ciudadano el que el Gobierno cumpla con su compromiso anunciado.
Por todo lo expuesto, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a cumplir urgentemente el anuncio efectuado el pasado 14 de septiembre de 2015 por el Delegado del Gobierno en Andalucía, del proyecto de barreras físicas en la desembocadura del Río
Guadarranque y que se ejecutaría antes de final del año, para evitar la extrema peligrosidad que supone en el Río este tipo de embarcaciones que van a velocidades de hasta 30 nudos y que son utilizadas por organizaciones de traficantes de drogas en
la Bahía de Algeciras.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de enero de 2016.-Salvador de la Encina Ortega, Diputado.-Miguel Ángel Heredia Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
Comisión de Defensa
161/000017
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley
sobre el Acuartelamiento Sancho Ramírez, albergando la Unidad de Transportes del Ejército de Tierra, para su debate en la Comisión de Defensa.
Exposición de motivos
La ciudad de Huesca, cuenta en su Historia con una amplia participación en la vida militar del Estado. Llegó a albergar a más de tres mil personas operativas en sus tres acuartelamientos: Alfonso I el Batallador con tropas de artillería,
la Merced que era sede del Gobierno Militar (éstos dos cerrados antes del año 2000) y el Sancho Ramírez, actualmente albergando una Unidad de Transportes del Ejército de Tierra. Por consiguiente, Huesca, como capital de Provincia siempre estuvo
presente en el mapa de Defensa de España.
Como consecuencia de los diferentes Planes de Defensa que se han ido sucediendo, la presencia de unidades e instalaciones militares en la ciudad se ha ido reduciendo, hasta el punto de que en la actualidad el Acuartelamiento Sancho Ramírez
es el único que hay en Huesca.
Como se tuvo conocimiento en la legislatura pasada, el último plan de reorganización del Ejército de Tierra contempla el traslado, durante 2016, de la Unidad de Transportes del Ejército de Tierra a Zaragoza y el desmantelamiento y cierre del
Acuartelamiento Sancho Ramírez; con lo que Huesca perdería la última de sus instalaciones militares.
De producirse, el cierre del Sancho Ramírez y el traslado de la unidad que alberga supondrán que cerca de trescientas familias, entre personal militar y civil, deban abandonar la ciudad, con el consiguiente impacto para la actividad, riqueza
y demografía de la misma.
El coste para la economía local, como perdida de tejido productivo, se cifra en más de ocho millones de euros al año, con las consiguientes consecuencias para el comercio y para la estructura demográfica y productiva de una ciudad pequeña.
Al tiempo, que la ciudad desaparece del Mapa de la Defensa Nacional, lo harán otras dos infraestructuras militares ubicadas en los municipios de Fornillos e Igriés vinculadas a este Acuartelamiento.
Como han puesto de manifiesto los colectivos que se oponen al cierre del acuartelamiento, y este grupo parlamentario durante la legislatura pasada, las razones para el traslado de la Unidad de Transportes del Ejército de Tierra, y
consiguiente cierre del Sancho Ramírez, no se sostienen ni bajo los criterios de planificación (Huesca se encuentra conectada por autovía a Zaragoza, en apenas 70 km) ni de costes de mantenimiento de tener este Acuartelamiento activo con la citada
Unidad. Un Acuartelamiento que presenta un excelente estado en sus instalaciones.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente.
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que se adopten las medidas necesarias para que el Acuartelamiento del Ejército de Tierra 'Sancho Ramírez' en Huesca mantenga su actual funcionamiento y actividad en los próximos años y no se
produzca su cierre en 2016.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de enero de 2016.-Gonzalo Palacín Guarné, Diputado.-Miguel Ángel Heredia Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
Comisión de Fomento
161/000007
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley, relativa
a la realización de un estudio informativo del corredor de la AP-1 entre Burgos y Miranda de Ebro del tráfico tanto ligero como pesado que soportará a partir de noviembre de 2018 cuando concluya la concesión, para su debate en la Comisión de
Fomento.
Exposición de motivos
En la Comisión de Fomento del pasado día 17 de diciembre de 2014 se llegó al acuerdo de instar al Gobierno a 'No prorrogar la concesión de la autopista de peaje AP-1, una vez finalice su vigencia en noviembre de 2018'. Este acuerdo fue una
iniciativa del Grupo Parlamentario Socialista, defendida por el Diputado por la circunscripción de Burgos, don Luis Tudanca Fernández. Se aunó a los distintos grupos parlamentarios en torno a un objetivo que ha supuesto un triunfo merecido para
todos los ciudadanos, plataformas y ayuntamientos de la provincia de Burgos, y demandado desde hace tiempo: el compromiso firme de que gobierne quien gobierne en 2018 no se prorrogará la concesión de la AP-1. Como consecuencia de esta decisión, el
flujo de tráfico a través de la actual AP-1, tanto de
vehículos ligeros como pesados, se incrementará notablemente. Se estima que el tráfico de vehículos por la N-1 en estos momentos supera los 9.500 diarios. Gran parte de ese flujo se desviará por la AP-1.
Al objeto de adecuar la funcionalidad de la AP-1 a su futura carga de tráfico, a la vez que garantizar la seguridad vial, es necesario elaborar un estudio informativo que permita elaborar un diagnóstico preciso de las necesidades a corto y
medio plazo, así como la evaluación y concreción de las actuaciones a emprender para garantizar la conectividad con los diferentes núcleos de población y garantizar la cohesión territorial.
Por otra parte, la Proposición no de Ley que se aprobó en la Comisión de Fomento el pasado 17 de febrero también establecía: 'Estudiar la aplicación de bonificaciones para el tráfico de vehículos pesados en la AP-1 y proceder a su
implantación en los ramos en los que resulte factible técnica y económicamente el desarrollo de esta medida y resulte beneficiosa para la mejora de las condiciones de la circulación'.
El 7 de julio de 2015 entró en vigor la bonificación para los vehículos pesados de cuatro o más ejes que opten por circular por la autopista AP-1 entre el tramo Burgos-Armiñón, medida que recoge el Real Decreto que ayer aprobó el convenio
entre la Administración General del Estado y Europistas, firmado por la ministra de Fomento, Ana Pastor, y la empresa concesionaria. Esta acción finalizó el 30 de noviembre de 2015.
Las bonificaciones del peaje tienen por objetivo facilitar el tráfico de camiones por la AP-1 como mejor alternativa a la carretera convencional. En el caso del tramo burgalés se beneficiarán en torno a los 475.000 vehículos pesados, la
cifra más elevada de los seis tramos de autopistas bonificados en España y que duplica al segundo que soporta más tráfico, el de Puxeiros-Porriño, en la autopista AP-9, que beneficiará a 278.000 camiones.
El descuento a aplicar en el tramo Burgos-Armiñón es de dos tipos: del 43,45% para el recorrido completo y todos los recorridos internos por la AP-1 y del 35% para los recorridos que tengan como origen o destino la autopista AP-68
Bilbao-Zaragoza.
Pues bien, la Federación de Transporte de Mercancías por carretera de Castilla y León (Fetracal) ha rechazado con firmeza y rotundidad esta actuación del Ministerio de Fomento y ha exigido que la decisión de utilizar las autopistas
alternativas sea 'voluntaria', así como la exención total. También han sido numerosos los ayuntamientos que mediante mociones se han negado a la medida que ha implantado temporalmente el Gobierno.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a realizar un estudio informativo del corredor de la AP-1 entre Burgos y Miranda de Ebro del tráfico tanto ligero como pesado que soportará a partir de noviembre de 2018 cuando concluya la
concesión. En dicho estudio se evaluarán y concretarán con detalle las actuaciones a realizar en el corredor, así como la permeabilidad al mismo tanto de entrada como de salida a los distintos núcleos de población.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de enero de 2016.-Esther Peña Camarero, Diputada.-Miguel Ángel Heredia Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
161/000008
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no
de Ley en relación con la Estación AVE de Villanueva de Córdoba (Los Pedroches), para su debate en Comisión de Fomento.
Exposición de motivos
Es una reivindicación permanente en la Comarca de los Pedroches (Córdoba) la necesidad de mejorar las frecuencias y horarios de los trenes que prestan servicio en la estación AVE de Villanueva de Córdoba.
Actualmente en esta estación AVE efectúan parada 6 servicios, suben una media de 52 viajeros por día y bajan una media de 53 viajeros por día.
La Plataforma Ciudadana 'Que pare el Tren en los Pedroches' denuncia que el horario y la escasez de las paradas imposibilitan que se aumente sustancialmente la utilización del AVE e impiden que actúe como un importante catalizador para el
desarrollo socio económico de la comarca de los Pedroches.
Los horarios actuales son claramente insuficientes y poco adaptados a las necesidades de los usuarios potenciales de este servicio AVE siendo necesario, por tanto, mejorar la frecuencia de trenes en esta estación para evitar el tremendo
lapso de tiempo existente entre el primer tren de la mañana hacia Madrid a las 07:15 horas y el de la tarde a las 18:38 horas.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista formula la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a aumentar la frecuencia de las paradas en la Estación AVE de Villanueva de Córdoba-Los Pedroches y racionalizar su horario, acomodándolos a las necesidades de los usuarios, de forma que se
potencie su utilización y se permita que el AVE actúe como un importante catalizador para el desarrollo socioeconómico en esta comarca de la provincia de Córdoba.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de enero de 2016.-Antonio Hurtado Zurera y María Jesús Serrano Jiménez, Diputados.-Miguel Ángel Heredia Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
161/000012
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de ley sobre un nuevo
Plan de Extensión y Mejora de las Infraestructuras Ferroviarias de Cercanías en la Comunidad de Madrid, para su debate en la Comisión de Fomento.
Exposición de motivos
En el año 2009, el Ministerio de Fomento y el Gobierno de la Comunidad de Madrid comprometieron pública y conjuntamente un Plan de Infraestructuras Ferroviarias de Cercanías para la Comunidad de Madrid.
Tal Plan comprometía una inversión de 5.000 millones entre los años 2009 y 2015 por parte del Gobierno de España para 'la mejora y potenciación de las infraestructuras ferroviarias' en las Cercanías de la Comunidad de Madrid.
Los objetivos explicitados en aquel acuerdo eran los siguientes:
- Potenciar las Cercanías para facilitar la movilidad metropolitana.
- Ampliar la cobertura poblacional.
- Optimizar la funcionalidad y la capacidad de la red.
- Reducir los tiempos de viaje.
- Reducir y facilitar los transbordos entre líneas de Cercanías.
- Aumentar la conectividad con otros modos de transporte.
- Alcanzar una mayor calidad, fiabilidad y puntualidad de los servicios.
- Mejorar la accesibilidad a personas con movilidad reducida.
- Contribuir a la sostenibilidad del entorno y mejorar la calidad de vida.
Para cumplir tales objetivos, se comprometían las siguientes actuaciones:
- Inversión estatal de 5.000 millones de euros durante el periodo 2009-2015.
- Construcción y puesta en servicio de 115 kilómetros de nuevas líneas.
- Construcción y puesta en servicio de un Eje Transversal de 30 kilómetros por el centro de Madrid.
- Ampliación de la capacidad de las vías en 66 kilómetros.
- Más de 25 nuevas estaciones de Cercanías.
- 5 nuevos intercambiadores de transporte.
- 55 nuevas estaciones y 7 intercambiadores modernizados.
- 21.000 plazas nuevas de aparcamiento disuasorio.
- La extensión de la red de Cercanías hasta Algete, San Agustín de Guadalix y Soto del Real en el norte; y hasta Griñón, IIlescas, Torrejón de la Calzada, Torrejón de Velasco, Ugena, Cubas y Casarrubuelos en el sur.
- Estudios para la ampliación de la red hasta Mejorada del Campo y Villaviciosa de Odón.
- Ampliación de la línea C-5 desde Móstoles hasta Arroyomolinos y Navalcarnero.
- Aumento de la capacidad de la red en los tramos Getafe-Pinto-Aranjuez y Pinar de Las Rozas-Villalba-Alpedrete-Collado Mediano.
El plazo de ejecución de este Plan culminó con el año 2015 y el saldo no puede ser más decepcionante. Las inversiones previstas se han cumplido por debajo del 5%, y las expectativas de millones de madrileños y madrileñas para mejorar su
transporte público y su calidad de vida se han visto traicionadas.
El coste de este incumplimiento ha tenido graves consecuencias también para la actividad económica, para el empleo y para el aumento de la contaminación atmosférica en la Comunidad de Madrid.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a impulsar, en acuerdo con el Gobierno de la Comunidad de Madrid y la Federación Madrileña de Municipios, un nuevo Plan de Extensión y Mejora de las Infraestructuras Ferroviarias de Cercanías
en la Comunidad de Madrid que cumpla los objetivos del incumplido Plan 2009-2015.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de enero de 2016.-Rafael Simancas Simancas, Diputado.-Miguel Ángel Heredia Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
161/000013
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, y presentar la siguiente Proposición
no de Ley en relación con el desdoblamiento de la N-432 (Badajoz-Granada), para su debate en la Comisión de Fomento.
Exposición de motivos
Es una reivindicación ya histórica por parte de las administraciones locales, provinciales y regionales competentes en las provincia de Córdoba, Granada y Badajoz, el dar una solución definitiva a una de sus principales vía de comunicación
como es la N-432 que une las capitales de Badajoz con Granada pasando por la capital de Córdoba.
La N-432 se ha visto ignorada y olvidada por el Gobierno de España en cuanto a su desdoblamiento se refiere, habiendo sido numerosos los anuncios y pocos los hechos, incluso llegándose a paralizar todos los trabajos en el año 2011 cuando un
informe interno del Ministerio de Fomento recomendaba descartar la conversión en autovía por el insuficiente flujo de vehículos, lo cual es público y notorio que no coincide con la realidad.
No debemos olvidar que Córdoba y Granada son las únicas capitales de provincia que no están unidas por autovía, sorprende este dato a sabiendas que estas dos ciudades son Patrimonio de la Humanidad y que se sitúan en los primeros puestos en
el ranking de ciudades más visitadas no solamente de España sino también de Europa, y siendo una de las carreteras más utilizadas por el turismo 'de autobús'. A nadie se le escapa que el vínculo de la Mezquita de Córdoba y la Alhambra de Granada
crean un flujo de desplazamientos muy importante. A esto se le suma su paso por varias comarcas predominantemente agrícolas y el tráfico de vehículos pesados que transita por esta carretera.
Son numerosos los puntos negros que se ubican en esta vía de comunicación, y diarios los accidentes que se producen en la misma, lamentándose en muchos casos víctimas mortales debido a la gravedad de dichos accidentes. Por ello se hace más
que necesario y perentorio retomar los proyectos existentes para el desdoblamiento de la N-432 y que tengan su reflejo en las cuentas generales del Estado, avanzando así en que la autovía, que en su día denomino el propio ministerio A-81, sea una
realidad.
Por todo lo expuesto, el Grupo Socialista formula la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Retomar el proyecto de desdoblamiento de la N-432 (Badajoz-Granada).
2. Incluir en los PGE la partida presupuestaria necesaria para retomar e iniciar dicho proyecto.
3. Fijar un calendario de actuación en el proyecto indicado, con un horizonte más cercano al que anunció la Ministra de Fomento hace tres años, por el que dio a conocer que la autovía sería una realidad en el año 2024.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de enero de 2016.-María Jesús Serrano Jiménez, Antonio Hurtado Zurera, María Soledad Pérez Domínguez, Ignacio Sánchez Amor, Patricia Sierra Rojas, Gregorio Cámara Villar y Elvira Ramón Utrabo,
Diputados.-Miguel Ángel Heredia Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
161/000016
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no
de Ley para que se libere de vehículos pesados la Carretera Nacional 340 en el tramo comprendido entre Hospitalet de l'lnfant, en el municipio de Vandellòs y Hospitalet de l'lnfant, en la provincia de Tarragona, y Cabanes en la provincia de
Castellón, para su debate en la Comisión de Fomento.
Exposición de motivos
La autopista AP-7 circula a lo largo de la costa mediterránea y junto a ella la Carretera Nacional 340 que en algunos tramos tiene un considerable tránsito de vehículos de pasajeros y de vehículos pesados.
Desde hace años, el Ministerio de Fomento, ha ido construyendo, por un lado desdoblando la CN-340 en algunos tramos y por otro construyendo nuevos trazados, la autovía gratuita A-7, solucionando, así, los colapsos que se producían, y
haciendo mucho más segura la circulación. En cambio los trayectos en los que el tránsito que ve obligado a continuar por la antigua CN-340, los colapsos, la lentitud y lo que es peor los accidentes continúan siendo cotidianos, mientras el último
gobierno del Partido Popular ha llegado a la práctica paralización de las obras para dar continuidad a la construcción de dicha autovía.
Parecida situación en otros lugares, como en la CN-II en la provincia de Girona, se ha solucionado, a la espera de la construcción de nuevos tramos de autovía, desviando el tránsito de vehículos pesados por la autopista.
Es por todo ello que el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a estudiar y llevar a cabo las medidas necesarias que liberen la Carretera Nacional 340 en el tramo entre Hospitalet de l'lnfant en la provincia de Tarragona y Cabanes en la provincia de
Castellón del transito de vehículos pesados.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de enero de 2016.-Joan Ruiz i Carbonell, Diputado.-Miguel Ángel Heredia Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
Comisión de Educación y Deporte
161/000019
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no
de Ley sobre la creación de un Centro Asociado de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) en Marbella, para su debate en la Comisión de Educación y Deporte.
Exposición de motivos
Al principio de la década de los 70 se decide crear la Universidad Libre a Distancia. En agosto de 1972, un Decreto Ley crea lo que hoy conocemos como la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED). Garantizar la igualdad de
oportunidades es uno de los objetivos explícitos de esta universidad. La UNED ha posibilitado el acceso a los estudios superiores a personas que no habrían podido conseguirlo por razones de renta, por su lugar de residencia o por cualquier otra
dificultad.
La UNED se define por permitir el estudio universitario a las personas que viven en ciudades sin universidad, amplía la igualdad de acceso al estudio a aquellas personas que aun residiendo en ellas no puede matricularse en un centro
presencial, además de permitir a sus estudiantes alternar la formación con su jornada laboral, siendo una segunda oportunidad para quienes no pudieron acceder a la enseñanza superior o quieren ampliar sus estudios. La creación de centros asociados
servirá para asentar la UNED y su peculiar método docente en todo el país. En estos centros los tutores actuarán como guías y asesores de los alumnos.
Uno de esos centros es el Aula delegada de la UNED en la ciudad de Marbella, que constituye un servicio de calidad que permite el acceso a estudios universitarios y actividades de difusión científica, cultural y artística. Desde el año
2001, momento en que el Consorcio para el Centro Asociado de la UNED en Málaga y el Ayuntamiento de Marbella implantan el aula telemática universitaria, los beneficios para los vecinos y vecinas de Marbella y San Pedro, así como de otros municipios
cercanos, fueron importantes, ya que suponía no tener que trasladarse a Málaga para no tener que recibir las tutorías.
La distancia entre la ciudad de Marbella y la capital (69 Km), así como la situación laboral o económica de numerosos alumnos, hace que no poder disfrutar de dichas tutorías en Marbella supondría el abandono de los estudios de muchos de
ellos, que redundaría en la merma de posibilidades económicas, igualdad de acceso a la educación.
Los datos de matriculación en el Aula delegada de la UNED en Marbella para este año académico 2015-2016 han sido de 584 matrículas, así como más de 3.000 alumnos realizaron sus exámenes en la sede de Marbella en el curso anterior, aumentando
de forma significativa año tras año la demanda de matriculación y de exámenes.
La Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, manifiesta la voluntad del Gobierno de eliminar las situaciones de concurrencia competencial entre varias administraciones públicas, de
evitar que los ayuntamientos presten servicios sin título competencial específico, que les habilite para ello y sin contar con los recursos necesarios. Debido a esto, el Aula delegada de la UNED en Marbella está avocada a su desaparición en este
mismo curso.
El Ayuntamiento de Marbella ha mostrado en numerosas ocasiones en los últimos meses su intención de seguir adelante con el Aula delegada de la UNED, apostando decididamente por una educación universitaria pública en igualdad de condiciones
en cuanto a su acceso, ya que son numerosos los beneficios para los alumnos y las alumnas y para el conjunto de la sociedad de Marbella y su entorno.
La demanda del nuevo alumnado, así como la distancia del centro asociado de la UNED en Málaga, hace que Marbella cuente con los requisitos adecuados para poder establecerse un centro asociado de la UNED en el municipio que dé respuesta no
solo a los vecinos de Marbella, sino de toda la comarca. Si a esto le unimos también que el Ayuntamiento de Marbella ofrece la cobertura con fondos propios del edificio, su mantenimiento, el personal y otros gastos derivados del desempeño de las
tutorías, se puede
concluir que la instalación del centro asociado de la UNED tendría un bajo o nulo coste para el Ministerio de Educación y Cultura, y un alta rentabilidad para la educación universitaria pública en Marbella y la Costa del Sol.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno, en colaboración con el ayuntamiento de Marbella, a la creación de un Centro Asociado de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) en Marbella.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de enero de 2016.-Pilar Auxiliadora Serrano Boigas, Diputada.-Miguel Ángel Heredia Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
Comisión de Empleo y Seguridad Social
161/000003
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, me dirijo a esa Mesa, para presentar, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, la siguiente Proposición no de Ley relativa
al apoyo y mejora de la situación de los trabajadores y las trabajadoras eventuales del campo en Andalucía, para su debate en la Comisión de Empleo y Seguridad Social.
Exposición de motivos
El Grupo Parlamentario Socialista presentó en 2014 una Proposición no de Ley en la Comisión de Empleo y Seguridad Social relativa a la 'Defensa de los trabajadores y trabajadoras eventuales del campo'. En la mencionada iniciativa exponíamos
la difícil situación por la que atravesaban los trabajadores y trabajadoras en el campo andaluz para poder hacer frente al requisito de aportar las 35 peonadas para tener derecho al cobro del subsidio agrario y la renta agraria, dadas las
circunstancias derivadas tanto de la crisis económica global como de la particular del medio rural y de la agricultura, como consecuencia tanto de los avatares climatológicos, especialmente la sequía, como de los costes de las materias primas, la
energía y del cada vez mayor grado de mecanización de las tareas agrarias.
Tras distintos anuncios al respecto de rebajar el número de peonadas, finalmente el Consejo de Ministros el 27 de febrero de 2015 aprobaba una rebaja por un periodo de 6 meses, según recoge el 'BOE' de fecha 28 de febrero de 2015.
Fundamentalmente el motivo que según el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social se argumentaba para ello era los efectos de la sequía, especialmente en el olivar.
El resto de las resoluciones aprobadas, tanto las referidas a poner en marcha un Plan Extraordinario de empleo agrario, para compensar la ausencia de jornales, así como que los trabajos en otros programas locales de Ayuntamientos o
Diputaciones computasen para percibir el subsidio, no han sido asumidas por el Ministerio.
Una vez concluido el periodo de rebaja de peonadas de nuevo se han vuelto a exigir las 35. En septiembre de 2015 advertimos a través de una Proposición no de Ley que la sequía persistía, y la necesidad de eliminar o suprimir el número de
peonadas. A fecha de hoy, persisten y se han agravado las razones para solicitar la rebaja del requisito o, en su caso, la eliminación, para impedir que el mismo no sea excluyente al amplio número de potenciales beneficiarios del subsidio o renta,
que suponen 119.500 en Andalucía, de los cuales más de la mitad pueden verse afectados, especialmente las trabajadoras agrarias eventuales. En concreto, persisten, entre otros, problemas por los grandes costes de producción, como la factura
eléctrica o el coste de las materias primas, que determinan una disminución de la actividad como consecuencia de la pérdida de rentabilidad de muchos productos.
Ante esta situación no solo caben medidas de apoyo a los agricultores y ganaderos, sino también a los trabajadores y trabajadoras que eventualmente dependen del empleo generado en las explotaciones
agroganaderas andaluzas, siendo estas la principal actividad laboral en muchos pequeños y medianos municipios de nuestra Comunidad.
Durante los cinco Presupuestos elaborados por el Gobierno del Partido Popular se han congelado partidas destinadas al PFEA. Recordemos que este programa tiene entre otros objetivos poder contribuir a crear empleo entre los trabajadores
eventuales del campo, aportando a su vez una ayuda para poder obtener las peonadas para poder tener derecho al subsidio, además de mejorar las infraestructuras y servicios de los municipios rurales.
Este programa, desde su puesta en marcha por los Gobiernos Socialistas en los años ochenta, ha sido fundamental para crear empleo y fijar a la población en los territorios rurales, evitando la despoblación de muchos de nuestros pueblos.
El marco jurídico actual que aprobó en el año 2003 el Gobierno de la Nación, priorizó para acceder a los jornales del PFEA a beneficiarios de la Renta Agraria, frente a los beneficiarios del subsidio agrario. Esta situación es paradójica
puesto que estos jornales no computan para tener acceso a la Renta Agraria, excluyendo a los posibles beneficiarios del subsidio agrario.
Por todo lo anteriormente expuesto el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Eliminar de forma inmediata, o reducir, en su caso, las peonadas necesarias como requisito para acceder a la prestación del Subsidio Agrario y Renta Agraria por parte de los trabajadores y trabajadoras eventuales del campo, hasta tanto
persistan los motivos que provocaron su reducción.
2. Poner en marcha de manera urgente un Programa Extraordinario de Fomento del Empleo Agrario Especial, así como aumentar los fondos del Ordinario para atender las necesidades de Andalucía en la demanda de jornales para los y las eventuales
del campo.
3. Solicitar que de manera extraordinaria, mientras que persista esta situación, se permita que los trabajos y jornales de los programas de Ayuntamientos y Diputaciones computen para percibir el Subsidio y Renta Agraria de los trabajadores
y trabajadoras.
4. Solicitar que las peonadas realizadas en el ámbito del PFEA computen como requisito para acceder a la Renta Agraria.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de enero de 2016.-Antonio Francisco Pradas Torres, Diputado.-Miguel Ángel Heredia Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
161/000015
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley
sobre un Plan contra la Explotación Laboral, específicamente en las Comunidades Autónomas que presentan mayores índices, para su debate en la Comisión de Empleo y Seguridad Social.
Exposición de motivos
La reforma laboral del Partido Popular deja un mercado laboral marcado por menos empleo, por más precariedad, por más paro y menos protección frente desempleo. Y también más explotación laboral.
A pesar de estas previsiones legales, a partir de 2012 las estadísticas nos muestran una prolongación del tiempo de trabajo, con un claro incremento de las horas extraordinarias, fundamentalmente en los contratos a tiempo parcial, que además
se corresponden con horas extras no pagadas, hecho que choca con la naturaleza de un contrato definido por su menor jornada.
Según la Encuesta de Población Activa, en el tercer trimestre de 2014 en el sector privado 1.321.070 personas trabajadoras asalariadas declararon alrededor de 408 millones de horas realizadas
habitualmente a la semana, de las cuales más de 10 millones de horas podrían encontrarse por encima del máximo legal. Cifra que, aun descontando el número de horas extraordinarias compensadas con descanso, resulta sorprendente e invita a la
reflexión. Sobre todo teniendo en cuenta que en los países de nuestro entorno la jornada ha descendido durante la crisis. Así, si en 2012 la jornada en España fue de 1.680 horas por persona trabajadora al año, en la Eurozona se sitúa en 1.574
horas.
Esta situación es especialmente preocupante en algunas Comunidades Autónomas. Así, según esta misma Encuesta, en la Comunidad de Madrid el número de horas extras que podrían encontrarse por encima del máximo legal se sitúa en alrededor de
2.046.935 horas por semana, hecho que situaría a la comunidad madrileña en el primer puesto del ranking en horas ilegales trabajadas, con un porcentaje sobre el total de horas del 14,6%, muy por encima de la media nacional que se sitúa en el 11,5%.
Es más, con estos datos se podría argüir que el monto de estas horas ilegales trabajadas en la Comunidad de Madrid equivale a 55.575 puesto de trabajo con jornada media, hecho que si se ajustará a derecho podría rebajar hasta en un 9,5% los niveles
de paro registrado en esta región.
En la Comunidad Autónoma de Madrid los datos de los servicios públicos de empleo del pasado mes de diciembre de 2015 reflejan una situación muy preocupantes.
El paro registrado supera los 452.000 madrileños y madrileñas, más del 60% de los cuales son parados y paradas de larga duración. 244.986 de estos parados y paradas no reciben prestación pública, ni contributiva ni asistencial.
Por otra parte, los niveles de precarización en los contratos no cesan de crecer en esta Comunidad, y así en diciembre se firmaron un total de 185.888 contratos: 8.576 contratos menos que en noviembre, un descenso del 4,41%. De esos
185.888 contratos, tan solo 25.261 fueron contratos indefinidos, incluidos los contratos indefinidos a tiempo parcial y los fijos discontinuos, por lo que el nivel de temporalidad en los contratos firmados en diciembre alcanzó el porcentaje del
84,11%.
Asimismo, en diciembre se firmaron 5.702 contratos fijos menos que en noviembre. Una caída del 18,42%, con un comportamiento mucho peor que la media española. De hecho, la temporalidad en la Comunidad de Madrid, a pesar de su alto índice
de trabajadores públicos, asciende ya al 16%.
Los representantes de los trabajadores denuncian reiteradamente el aumento progresivo de la precariedad y de explotación laboral en la Comunidad de Madrid, especialmente mediante las fórmulas de los falsos contratos a tiempo parcial, los
falsos autónomos y los falsos becarios, que esconden escenarios laborales fraudulentos, en los que se vulneran los derechos de las personas trabajadoras.
Esta situación provoca igualmente graves perjuicios a los ingresos debidos de la Seguridad Social, acrecentando su ya muy preocupante déficit.
Es urgente dirigir los esfuerzos de la Inspección de Trabajo y de Seguridad Social a combatir estas situaciones de explotación laboral, especialmente en aquellas Comunidades Autónomas que, como la de Madrid, presenta cifras tan alarmantes.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a impulsar, con la participación de los interlocutores sociales, un Plan Contra la Explotación Laboral que movilice los recursos de la Inspección de Trabajo de manera prioritaria hacia la
inspección y la sanción de aquellas conductas fraudulentas que vulneran los derechos de los trabajadores y las trabajadoras, bajo las fórmulas de los falsos contratos a tiempo parcial, los falsos autónomos, los falsos becarios y becarias, y las
horas extraordinarias no sometidas al régimen legal.
En la Comunidad Autónoma de Madrid, que presenta las mayores cifras de precariedad y de posible explotación laboral, adoptará medidas específicas en este sentido, que incluyan un incremento sustancial de sus medios materiales y humanos así
como de sus actuaciones.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de enero de 2016.-Rafael Simancas Simancas, Diputado.-Miguel Ángel Heredia Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
Comisión de Industria, Energía y Turismo
161/000004
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, me dirijo a esta Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley sobre
los planes de reindustrialización y de turismo en la comarca del noroeste de la Región de Murcia, compuesta por los municipios de Bullas, Calasparra, Caravaca, Cehegín y Moratalla, para su debate en la Comisión de Industria, Energía y Turismo.
Exposición de motivos
La Comunidad Autónoma de la Región de Murcia ha sufrido un acelerado deterioro de su tejido industrial y empresarial, agravado con muchas de las medidas adoptadas por el Gobierno de España en los últimos cuatro años. Medidas como la reforma
laboral, que facilitó el incremento en la destrucción de empleo y ha elevado hasta cotas desconocidas la precariedad, o como la aprobación de incrementos indiscriminados de impuestos y tasas, como el IVA en todas sus tipologías, han propiciado que
nuestras empresas perdieran competitividad.
Según los últimos datos disponibles, la comarca del noroeste de la Región de Murcia, formada por los municipios de Bullas, Calasparra, Caravaca, Cehegín y Moratalla, cuenta con un total de 7.404 personas desempleadas. El análisis de esta
cifra por sectores arroja que el 50.71% de las personas desempleadas corresponde al sector servicios (a nivel autonómico esta cifra es del 60.37%), mientras que un 20.79% corresponde al sector de la industria (a nivel regional es el 11.46 %), un
11.25 % al sector de la agricultura (a nivel autonómico es el 8.41%) y un 9.53% al sector de la construcción (a nivel autonómico es del 10.71%).
Estas diferencias en los datos comarcal y autonómico encuentran su explicación, en buena parte, en la desaparición durante los años de dura crisis económica de una parte importante del sector industrial que existía en los citados municipios,
aunque también ha afectado a todos los sectores, como los servicios, la agricultura o la construcción.
La situación de los municipios de la comarca del noroeste requiere que se adopten decisiones desde las diferentes administraciones para corregir esta situación de forma urgente, con el objetivo de reducir la cifra de parados/as, reactivando
el sector industrial e impulsando el sector turístico en una zona con altas capacidades para desarrollo del mismo (por patrimonio histórico, cultural, natural y gastronómico, entre otros).
Entre las decisiones a tomar habría que apostar por actuaciones para la reindustrialización y reconversión, para impulsar la actividad económica, en base a un estudio que analice las potencialidades la misma, para relanzar sectores
importantes ya existentes en la zona -como la industria vinícola, la industria del mármol, el sector de la flor cortada, el sector de la madera (que deberá ser complementado con un plan para garantizar el abastecimiento de materia prima,
especialmente de madera de chopo, con ayudas directas para el cultivo del mismo, pues actualmente hay datos que apuntan a un desabastecimiento), el sector de la marroquinería y del calzado y el sector de la conserva y productos alimentarios, entre
otros-, así como para la búsqueda de nuevos sectores proclives a crecer en la zona por las potencialidades de la misma.
El impulso que también puede tener el sector turístico en la zona, buscando la calidad en el servicio, en las actividades y productos ofrecidos, para lo que será necesario impulsar la formación, puede ser también un dinamizador claro de la
economía de la zona.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Declarar a la zona de la comarca del noroeste de la Región de Murcia, formada por los municipios de Bullas, Calasparra, Caravaca, Cehegín y Moratalla, por el Ministerio de Industria, Energía y Turismo, como área específica en la que
concurran circunstancias que aconsejen una actuación singular.
2. Establecer una dotación presupuestaria en los próximos ejercicios para las políticas de reindustrialización y reconversión en zonas desfavorecidas, destinada a los municipios de Bullas, Calasparra, Caravaca, Cehegín y Moratalla en la
Región de Murcia, con el fin de poner en marcha un plan de reindustrialización en base a un estudio de potencialidades de la zona.
3. Instar al Ministerio de Industria, Energía y Turismo a impulsar un plan de turismo comarcal, que incluya un estudio de las potencialidades de la misma, en colaboración con la administración autonómica y las locales, y el establecimiento
de una dotación presupuestaria en los próximos ejercicios para la realización de acciones con el objetivo de impulsar el turismo rural, con la creación de empresas y empleo ligado al mismo.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de enero de 2016.-María González Veracruz y Pedro Saura García, Diputados.-Miguel Ángel Heredia Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
161/000005
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a esta Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley sobre el
Plan de Reindustrialización en el municipio de Yecla en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, para su debate en la Comisión de Industria, Energía y Turismo.
Exposición de motivos
La Comunidad Autónoma de la Región de Murcia ha sufrido un acelerado deterioro de su tejido industrial y empresarial, agravado con muchas de las medidas adoptadas por el Gobierno de España en los últimos cuatro años. Medidas como la reforma
laboral, que facilitó el incremento en la destrucción de empleo y ha elevado hasta cotas desconocidas la precariedad, o como la aprobación de incrementos indiscriminados de impuestos y tasas, que hacen menos competitivas a las empresas. Actualmente
el municipio de Yecla, en la Región de Murcia, cuenta con un total de 3.670 personas en desempleo. El análisis de esta cifra por sectores arroja que el 36,54% de las y los parados corresponden al sector industria, mientras que a nivel estatal este
sector solo representa un 9,62 % del conjunto de personas paradas. También hay una diferencia notable con el municipio de Jumilla, que pertenece a la misma comarca del Altiplano de Yecla-Jumilla, donde el número de parados en la industria
representa solo a un 9,97%, casi en la media estatal. Estos datos en buena parte encuentran su explicación en la desaparición durante los años de dura crisis económica de una parte importante del sector industrial que existía en el municipio, en el
que tenía un peso importante la industria del mueble. Especialmente llamativos son los datos de inversión industrial en el municipio de Yecla que ofrece la Consejería de Industria, Turismo, Empresa e Innovación de la Comunidad Autónoma de la Región
de Murcia, y que muestran una caída del 93,7% en 2012 y del 70,6% en 2013 y del 54.5% en 2014, respecto la inversión que tuvo lugar en el año 2011. La situación en el municipio de Yecla requiere que se adopten decisiones desde las diferentes
administraciones para corregir esta situación de forma urgente, con los objetivos de reducir la cifra de parados y de reactivar el sector industrial.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que, previa consulta y acuerdo con la comunidad científica y agentes sociales, adopte las siguientes medidas:
1. La declaración del municipio de Yecla, por el Ministerio de Industria, Energía y Turismo, como área específica en la que concurran circunstancias que aconsejen una actuación singular.
2. Establecer la dotación de una partida presupuestaria para las políticas de reindustrialización y reconversión en zonas desfavorecidas, destinada al municipio de Yecla en la Región de Murcia.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de enero de 2016.-María González Veracruz y Pedro Saura García, Diputados.-Miguel Ángel Heredia Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
161/000014
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no
de Ley sobre el Plan de Reindustrialización en la Comarca del Besaya en la Comunidad Autónoma de Cantabria, para su debate en la Comisión de Industria, Energía y Turismo.
Exposición de motivos
La Comunidad Autónoma de Cantabria está atravesando por un acelerado deterioro de su tejido industrial que se ha agravado con las medidas del Gobierno de España en la Legislatura 2011-2015.
Medidas que se han demostrado erróneas, como ha sido la reforma laboral, que ha llevado a un incremento en la destrucción de empleo y a cotas de precariedad hasta ahora desconocidas, o como es la aprobación de incrementos indiscriminados de
impuestos, cánones y tasas, que hacen menos competitivas a nuestras empresas, como, por ejemplo, los impuestos energéticos que afectan a las grandes empresas que se asientan en Cantabria, que son grandes consumidoras de energía.
En consecuencia, se han acelerado las cifras de desempleo y pobreza, manifestándose con mayor virulencia en la Comarca del Besaya, zona de gran concentración industrial de Cantabria. Su máximo exponente es SNIACE, que despidió a toda su
plantilla (533 trabajadores) hace más de dos años y que sigue pendiente de reapertura que no acaba de concretarse. O el traslado de la empresa Golden Line-Konecta de Torrelavega, con 150 puestos de trabajo. O la empresa Greyco, una fundición de la
que dependen más de 60 familias.
A esta preocupante situación, se añade el futuro de la empresa Solvay, que ha pedido el apoyo del ejecutivo autónomo después de advertir 'los altos costes' de la energía en España.
La última cifra de paro registrada en la zona es de un 27,3%, por encima de la tasa nacional, que se sitúa en un 26,3%, cifra que refleja que el paro en la comarca, está próximo al de las zonas más deprimidas del país.
Urge, por tanto, que las diferentes administraciones tomen decisiones que frenen esta situación de acelerada destrucción de empleo.
El actual Gobierno de Cantabria PRC-PSOE ha declarado la comarca del Besaya zona de urgente reindustrialización y ha creado una mesa de trabajo específica para elaborar una hoja de ruta que permita recuperar parte de la pujanza industrial.
Urge, por tanto, la implicación inmediata del Gobierno Central.
El Gobierno del PP, una y otra vez ha desatendido la petición del GPS sobre inversión en Cantabria acerca de políticas de reindustrialización y reconversión en zonas desfavorecidas.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. La declaración de la Comarca del Besaya, por el Ministerio de Industria, Energía y Turismo, como área específica en la que concurran circunstancias que aconsejen una actuación singular.
2. Establecer la dotación específica de una partida presupuestaria para las políticas de reindustrialización y reconversión en zonas desfavorecidas destinada a la Comarca del Besaya en Cantabria.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de enero de 2016.-María del Puerto Gallego Arriola, Diputada.-Miguel Ángel Heredia Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
161/000020
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, y presentar la siguiente Proposición
no de Ley relativa a los astilleros públicos de Navantia en la Bahía de Cádiz, para su debate en la Comisión de Industria, Energía y Turismo.
Exposición de motivos
Los Astilleros Públicos de Navantia en Cádiz, San Fernando y Puerto Real conforman el mayor núcleo industrial naval de España y gran parte de Europa, siendo la industria tractora de la pequeña y mediana industria de la provincia y de gran
parte de Andalucía.
El sector de la construcción naval es el único en la bahía de Cádiz capaz de generar un número muy importante de empleo en una zona con unos de los niveles de paro más altos de España. Ante esta situación de desempleo tan alta no se debe ni
puede defraudar las esperanzas que tienen los ciudadanos depositadas en la carga de trabajo para los Astilleros de la Bahía de Cádiz.
Recientemente, el Presidente del Comité de Empresa de Navantia en San Fernando manifestaba públicamente que 'a día de hoy, 10 de diciembre de 2.015, no tienen futuro pues la situación financiera es caótica y si nada lo remedia podrían estar
en causa de disolución a primeros de año próximo'. Igualmente, acusaba al Gobierno del P.P. de 'estar vendiendo una cortina de humo en la que es imposible ver lo que hay detrás'.
Por ello y ese mismo día, los Comités de Empresa de Navantia en Cádiz, Puerto Real y San Fernando convocaron una manifestación en la capital, ante la falta de garantías de futuro para el sector naval, que es imprescindible para la economía y
el empleo en la Bahía de Cádiz.
Y es que, desde hace más dos años el Gobierno de España viene anunciando carga de trabajo para los Astilleros de la Bahía de Cádiz y, en concreto en la factoría de Puerto Real, con la firma de un contrato para la fabricación de un quinto
gasero.
Recientemente, el Delegado del Gobierno en Andalucía manifestaba que '2016 será el año de la consolidación de la actividad de trabajo y de apertura de nuevas posibilidades de futuro' pero lo único cierto y verdad, hasta ahora, es que antes y
después del periodo electoral del pasado 20 de diciembre los responsables de los Ministerios de Hacienda e Industria y los responsables del P.P. en la provincia de Cádiz, han anunciado a bombo y platillo el compromiso definitivo de Navantia para
conseguir el contrato de ese quinto gasero, sin que aun este asegurado.
Finalmente, se abren nuevas expectativas de carga de trabajo para Navantia, en este último caso respecto a un eventual mega contrato para la Marina de Arabia Saudí para la construcción de cinco corbetas de la serie Avante 2.2O0, similares a
los cuatros Patrulleros de Vigilancia Oceánica que se construyeron entre 2007 y 2012 en el Astillero de Puerto Real para Venezuela.
No cabe dudas de que a la sociedad de la Bahía de Cádiz y de la provincia en general, así como a este grupo Parlamentario les gustaría asistir a la cristalización de esa posibilidad pero lo cierto es que a lo largo de los últimos años se han
sucedido tanto las decepciones en torno a los anuncios frustrados de carga de trabajo como la utilización política de los Astilleros.
Por todo lo expuesto, el Grupo Parlamentario Socialista formula la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a la puesta en marcha de un Plan Industrial de Navantia en la Bahía de Cádiz que satisfaga las responsables reivindicaciones que vienen realizando sus representantes Sindicales y plantillas de
trabajadores para:
- Que se despejen las incertidumbres en torno a su futuro, contándose para ello con un Plan de Inversiones, para conseguir una carga de trabajo sostenible y sostenida en el tiempo, dando estabilidad a la carga de trabajo en Navantia,
impulsando la creación de empleo y la industria nacional.
- Que se incorporen nuevas actividades, como las energías renovables, inspeccionándose otros tipos de negocios para poder seguir diversificando su oferta.
- Que se aumente la inversión en investigación y desarrollo tecnológico, apostándose por una reconversión ecológica de las factorías que ponga en valor la producción naval pero también desarrolle nuevas áreas de producción.
- Que se abran nuevas vías de comercialización y se busquen mecanismos para la regulación y fidelización de la industria auxiliar.
- Que se produzca un rejuvenecimiento de su plantilla dada la elevada edad de casi un tercio de los trabajadores/trabajadoras para un sector con niveles de peligrosidad muy altos.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de enero de 2016.-Salvador de la Encina Ortega, Míriam Alconchel Gonzaga y Juan Carlos Campo Moreno, Diputados.-Miguel Ángel Heredia Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente
161/000006
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a esta Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley sobre
Confederación Hidrográfica del Duero para la recuperación de los cauces de los ríos Órbigo y Tera a su paso por la Comarca de Benavente y Los Valles, para su debate en la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.
Exposición de motivos
Las consecuencias del temporal de lluvia que recientemente hemos padecido han sido nefastas para la provincia de Zamora, especialmente en la Comarca de Benavente y Los Valles.
El desbordamiento del río en esta zona eminentemente agrícola, ha hecho que los cauces alcancen un alto nivel de hierbas y vegetación que hace imposible el acceso, y ha provocado, además cuantiosas pérdidas a los agricultores.
Es sabido que la Confederación Hidrográfica del Duero ha reducido en los últimos años hasta una quinta parte los fondos destinados al mantenimiento de los cauces, algo que por supuesto ha contribuido a que, ante un temporal como el padecido
estos días, las riberas se hagan intransitables y la necesidad de recuperarlas sean inminentes.
Pese a la lamentable situación y a la inminente necesidad, el abandono por parte de la Confederación Hidrográfica del Duero es manifiesto, pero no solo es abandono, es absoluta vejación de funciones, por cuanto que ni acuden a realizar
trabajos de recuperación en los cauces afectados, ni autorizan a los municipios afectados a que sean ellos quienes lo hagan.
Es por ello que el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno para que de manera urgente la Confederación Hidrográfica del Duero proceda a realizar los trabajos necesarios para la recuperación de los cauces de los ríos Órbigo y Tera a su paso por la
Comarca de Benavente y Los Valles, y en su defecto autorice a los ayuntamientos de los municipios afectados a que procedan a dichos trabajos de recuperación.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de enero de 2016.-María del Mar Rominguera Salazar, Diputada.-Miguel Ángel Heredia Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
Comisión de Cultura
161/000009
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no
de Ley sobre celebración del aniversario de la muerte del ilustre escultor Victorio Macho, para su debate en la Comisión de Cultura.
Exposición de motivos
La ciudad de Palencia celebra este año el 50 aniversario de la muerte de Victorio Macho, uno de los grandes escultores de Palencia de reconocimiento nacional e internacional.
Victorio Macho nació el 23 de diciembre de 1887 en Palencia y estudió en la escuela de Bellas Artes y Oficios de Santander, donde aprendió a esculpir. Su vocación por este arte se definió al conocer la obra de Alonso de Berruguete en el
Museo de Valladolid. Investigó sobre las raíces genuinas de los rasgos raciales hispanos por medio de la escultura 1.
Sus primeras obras fueron bustos-retratos de miembros de la sociedad santanderina, aunque se consagró como escultor con su primera obra pública, el monumento a Pérez Galdós, en el Retiro madrileño.
La Diputación palentina 2 decide concederle una pensión en 1903 para estudiar en la Escuela de Bellas Artes de Madrid. Éste fue el verdadero momento de arranque del artista, pero tuvieron que pasar 15 años de penalidades antes de su
consagración. Hecho que se inicia con el encargo oficial del sepulcro del doctor Llorente. La rebeldía personal, el antiacademicismo y el constante trabajo individual hicieron madurar su genial arte a través de rotundos dibujos y variados estudios
anatómicos.
Se integró en la agrupación gremial de artistas plásticos, cuyo manifiesto de 1931 se oponía a la burocratización y arbitrariedad del régimen con el arte. Al estallar la Guerra se marcha a Valencia, París, y finalmente se instaló en
Colombia. En 1940, se trasladó a Perú; y en 1952 volvió a España, para fijar su residencia en Toledo, donde construyó su casa-museo.
Su evolución estilística tiene como punto de partida una etapa, la única propiamente realista, en la que, influido por la escultura de Julio Antonio y la pervivencia de la ideología de la Generación del noventa y ocho, retrató tipos
populares españoles, con especial atención al castellano. Se trata de un realismo recio y austero que supone una superación del academicismo, con resabios modernistas que aún imperaban en escultura. Se produjo, posteriormente, una purificación
formal que tendía a la robustez y esencialidad de los rasgos, en un estilo que él calificó como 'arquitectónico y musical'. A partir de su etapa americana, sin abandonar esta estética, introdujo un mayor simbolismo, algo barroquizante.
Además, publicó algunos escritos donde reflexionó sobre la naturaleza de la escultura española y donde plasmó su entusiasta pasión por la obra de Berruguete, publicando un libro en Palencia en 1956; y, sobre su investigación en busca de los
rasgos propiamente hispanos, sacó a la luz Memorias, libro publicado en Madrid en 1972.
Entre 1921 y 1936 se da la plenitud creadora del artista y su mayor reconocimiento a través de resonantes exposiciones nacionales y extranjeras. En este momento ejecuta lo más cuajado y digno que produjo la escultura española, como nos lo
demuestra el 'Monumento a Galdás', de gran simplicidad realista, o el 'Hermano Marcelo', su obra cumbre, donde se aunan el sincretismo formal con la poderosa expresión humana.
Su osadía vanguardista queda plasmada en el 'Monumento funerario de T. Morales', que funde el neocubismo con el simbolismo expresionista, y la 'Fuente de Cajal', en la que rompe con el anterior monumento conmemorativo, dándole un corte
modernista de ondulantes líneas en contraste con los duros pliegues neocubistas. Sus manos modelaron el más profundo sentido retrato del siglo XX, dedicado a Unamuno, y construyeron el 'Cristo del Otero' palentino: monumental, simplificado y duro
como el paisaje
1
2 García Lozano, E. (9/01/1998). El destino artístico de Victorio Macho. Disponible en: http://elpais.com/diario/1988/01/09/cultura/568681212_850215.html, consultado en 18/01/2016.
que lo rodea. Pero sobre todo Victorio esculpió 'La madre', su obra más amada, símbolo de patética serenidad maternal.
El 1936 Macho 3, recién llegado a Valencia por decisión del Gobierno de la República -que intentó proteger así a figuras artísticas e intelectuales del ambiente político reinante-, recibió el encargo del Partido Comunista de España (PCE) de
realizar una estatua homenaje a la entonces Diputada del Frente Popular y pocos meses después vicepresidenta de las Cortes, Dolores Ibárruri.
La guerra civil española hace que Victorio Macho se proyecte en Latinoamérica durante los 13 años del exilio y reciba sonados triunfos, honores y proyectos; pero también se contagie de un excesivo. La estatua ecuestre de Balalcázar, el
monumento a Grau, a Uribe, a Belisario Porras y el sepulcro a los Bolívar en la catedral de Caracas son los monumentos más representativos de la obra americana. En marzo de 1952 fija la residencia definitiva en Toledo. Poco a poco, va instalando
su futuro museo para el que vuelve a fundir un buen número de obras realizadas en España y en América.
Durante la última etapa realiza el monumento funerario de Menéndez Pelayo como su obra más significativa; pero, sobre todo, se interesa por una faceta íntima y permanente, el retrato o busto en bronce, piedra o barro, con el que inmortalizó
a amigos y conocidos. Ahí quedan León Felipe, Madariaga, Andrés Segovia, Marañón, Menéndez Pidal o el incomparable medio cuerpo de Zoilita. Palencia tuvo la suerte de recibir la última obra ejecutada y rematada por la mano de Victorio, el
monumento a su maestro Alonso Berruguete, instalado en la plaza Mayor palentina en diciembre de 1963.
El 13 de julio de 1966 muere en su casa museo de Toledo y es enterrado en Palencia, según su expreso deseo, a los pies de su Cristo del Otero, sobre el que mandó escribir un simple, aunque sentido, epitafio: Mi última jornada: 'Aquí, a los
pies de este Cristo, vino a descansar su autor: el escultor Victorio Macho', XIIl-julio-MCMLXVI. El Cristo del Otero, figura de grandes dimensiones, más de 20 metros, es la figura más alta de Europa y una de las más altas del mundo. Es el símbolo
indiscutible de la ciudad de Palencia. Lamentablemente, el entorno del Cristo se encuentra en un estado inadecuado, siendo necesario rehabilitar el conjunto del Cerro. La Junta de Castilla y León recientemente inició, a través de la Consejería de
Cultura y Turismo, la tramitación del expediente mediante el cual se declarará Bien de Interés de Cultural (BIC).
Fue un espíritu rebelde e inconformista con lo establecido, que no podía permanecer en el estatismo, indagó caminos para fundir la experiencia y el trabajo en una síntesis de limpieza y claridad artística poco común; aunando la serenidad
melódica de lo tangible con la sobriedad de líneas que marca el duro material que trabaja.
Lo suyo fue un nuevo rumbo del arte, a caballo entre figurativismo y abstracción. Este es el mérito más genuinamente machiano: hacer de correa transmisora entre dos formas de ser, vivir y pensar casi antagónicas.
Macho supo recoger los innovadores latidos neocubistas y expresionistas del modelado, sin olvidarse del gran aprendizaje que le supuso el realismo plástico. Supo fundir en el mejor crisol lo viejo con lo nuevo, formando una simbiosis con la
rotundidad de volúmenes, la limpieza y austeridad compositiva.
La mayor parte de su obra se encuentra en la ciudad de Toledo, gracias a su donación en Roca Tarpeya, un magnífico enclave de mil metros cuadrados al lado de la sinagoga del Tránsito. El museo se mantuvo abierto desde 1967 hasta 1984.
Mediante un convenio firmado en 1996 entre la Fundación Victorio Macho y la Real Fundación de Toledo, ésta se hizo cargo de la rehabilitación de lo que fue la casa taller del escultor y abrió su puertas en julio de 1999 tras 15 años cerradas. En
este museo se pueden admirar 60 obras del autor que inmortalizó a los personajes más significativos del noventa y ocho 4.
3 Benito Iglesias, J. (/10/2014). 'La Pasionaria' que Victorio Macho ocultó. Disponible en: http://www.diariopalentino.es/noticia/ZD4B5C26C-D93A-6357-lFC7A6A3BlED4F5E/20141026/pasionaria/victorio/macho/oculto, consultado en 18/01/2016.
4 Alegre, B. Macho, Victorio (1887-1966). Disponible en: http://www.mcnbiografias.com/app-bio/do/show?key=macho-victorio, consultado en 18/01/2016.?BARREDA Y FERRER DE LA VEGA, F. y MADARIAGA DE LA CAMPA, B.: Victorio Macho y Santander,
Santander, 1974.?BRASSA EGIDO, J.C.: Victorio Macho. Vida, Arte y Obra, Palencia, 1987.?BRASSA EGIDO, J.C.: 'Homenaje a Victorio Macho', Catálogo Exposición Victorio Macho, Banco de Bilbao, Valladolid, 1987. ?ENCINA, J. de la: Monografía de
Victorio Macho, Madrid, 1926.?GARCÍA LOZANO, E.: Catálogo Exposición Victorio Macho, Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Palencia, 1983. ?MON, F.: Victorio Macho. Madrid, 1979. ?SAN MARTÍN PAYO, J.: El Cristo del Otero y Santo Toribio,
Palencia, 1985. ?VV.AA.: El Cristo de Victorio Macho de los corrales de Buelna, Santander, 1951.
Algunas de sus obras más significativas son:
1916 - Marinero Vasco, 1917 - Sepulcro del Dr. Llorente, 1918 - Monumento a Benito Pérez Galdós, 1922 - Esculturas del Monumento a Juan Sebastián Elcano, 1925-1927 - Fuente de Concha Espina, 1926 - Monumento a Santiago Ramón y Cajal, 1929 -
Cabeza de Valle Inclán 1930 - Busto de Miguel de Unamuno, 1930 - Mausoleo de la Familia de Simón Bolívar, 1930 - El Romano, 1931 - Cristo del Otero, 1935 - Busto de Pío Baroja, 1940 - Monumento a Rafael Uribe, 1937 - Monumento a Sebastián de
Belalcázar, 1962 - Monumento a Jacinto Benavente, Sepulcro de Marcelino Menéndez Pelayo.
Su obra más emblemática en Palencia es 'El Cristo del Otero', una escultura de grandes dimensiones, símbolo indiscutible de la ciudad de Palencia (España), que se encuentra en un otero (cerro) en las cercanías de la ciudad. Otro nombre que
recibe, mucho menos popular, es el de 'Monumento al Sagrado Corazón de Jesús'.
Toda su trayectoria artística hacen de Victorio Macho uno de los grandes referentes culturales de la provincia de Palencia. El 13 de julio se cumplirá el 50 aniversario de su muerte, acontecimiento en el que Palencia se ha volcado y para lo
que se están organizando distintos actos desde distintas instituciones, administraciones y fundaciones y para dar mayor proyección a su legado entre los palentinos y palentinas más jóvenes.
Sin duda cabe, Victorio Macho no es sólo un referente en Palencia sino también nacional, una figura que merece el reconocimiento nacional y por tanto una amplia involucración de las distintas administraciones para apoyar su aniversario y
ofrecer una mayor proyección de su obra.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Colaborar con el Ayuntamiento de Palencia en los actos, proyectos y planes de conmemoración del 50 aniversario de la muerte del ilustre escultor palentino Victorio Macho con el objetivo de dar a conocer la figura y obra del artista.
2. Estudiar la posibilidad de emitir un sello de Correos y un matasellos con motivo de esta efeméride en coordinación con la Comisión Filatélica del Estado.
3. Apoyar la inclusión en el programa del 1% cultural para la mejora o rehabilitación del entorno del Cristo del Otero a petición del Ayuntamiento de Palencia.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de enero de 2016.-María Luz Martínez Seijo, Diputada.-Miguel Ángel Heredia Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
161/000011
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley sobre un
acuerdo con los Ayuntamientos de los municipios afectados para la elaboración definitiva del plan museológico del futuro Museo de las Colecciones Reales de Madrid, para su debate en la Comisión de Cultura.
Exposición de motivos
Las obras del futuro Museo de las Colecciones Reales de Madrid se encuentran en su última fase de construcción.
Este Museo forma parte del entramado cultural de Patrimonio Nacional y está situado en el complejo del Palacio Real de Madrid, en la cornisa que se abre desde la plaza de la Almudena al Campo del Moro.
Se trata de un nuevo edificio de más de 40.000 metros cuadrados de extensión, de los cuales cerca de 5.000 metros cuadrados se dedicarán a salas de exposición.
Está previsto dotar al nuevo Museo con una 'selecta antología de las obras maestras que atesoran los fondos histérico-artísticos de Patrimonio Nacional', que consta de más de 154.000 piezas depositadas y expuestas en la actualidad en
espacios y municipios diversos de la geografía española.
Durante los últimos meses se ha generado una preocupación muy intensa en algunos de los municipios que albergan una parte sustancial de estas piezas pertenecientes formalmente a Patrimonio Nacional.
En concreto, la ciudadanía y las instituciones representativas de los municipios madrileños de Aranjuez y San Lorenzo de El Escorial están demandando garantías respecto al tratamiento y destino de los tesoros patrimoniales que se exponen en
estos Reales Sitios desde hace siglos.
La exposición de estos tesoros en Aranjuez y San Lorenzo de El Escorial, por ejemplo, resultan cruciales para los planes municipales de mantener y mejorar las actividades turísticas que sostienen su economía y su empleo en buena medida.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a impulsar un diálogo y un acuerdo efectivo entre Patrimonio Nacional y los Ayuntamientos de los municipios afectados por la futura dotación del Museo de Colecciones Reales de Madrid, de tal
manera que el plan museológico de esta nueva institución, en lo concerniente a las piezas actualmente depositadas en tales municipios, sea fruto de un consenso entre las diferentes administraciones.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de enero de 2016.-Rafael Simancas Simancas, Diputado.-Miguel Ángel Heredia Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.