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DS. Senado, Pleno, núm. 89, de 09/12/2013
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PLENO


PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. PÍO GARCÍA-ESCUDERO
MÁRQUEZ


Sesión núm. 44


celebrada el lunes, 9 de diciembre de 2013


ORDEN DEL DÍA


1. ACTAS


1.1. Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la
sesión anterior, celebrada el pasado día 27 de noviembre de 2013.


2. ACATAMIENTO A LA CONSTITUCIÓN


2.1. Conocimiento del acatamiento a la Constitución
mediante documento notarial del Excmo. Sr. D. Francisco José Álvarez de
la Chica.


(Núm. exp. 500/000306)


3. HABILITACIONES


3.1. Pleno del Senado.


(Núm. exp. 551/000032)


4. PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY


4.1. DICTÁMENES DE COMISIONES


4.1.1. Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado
para el año 2014. SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE UN MES.


Comisión: Presupuestos


(Núm. exp. 621/000055)


El debate continúa en el Diario de Sesiones número 90, del
martes, 10 de diciembre de 2013.










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SUMARIO


Se abre la sesión a las trece horas.


1. ACTAS


1.1. Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la
sesión anterior, celebrada el pasado día 27 de noviembre de 2013 .


8073


Se aprueba el acta.


2. ACATAMIENTO A LA CONSTITUCIÓN


2.1. Conocimiento del acatamiento a la Constitución
mediante documento notarial del Excmo. Sr. D. Francisco José Álvarez de
la Chica.


(Núm. exp. 500/000306)


8073


El señor presidente da cuenta a la Cámara de que ha
adquirido la condición plena de senador, al prestar acatamiento a la
Constitución mediante documento notarial, el Excmo. Sr. D. Francisco José
Álvarez de la Chica.


3. HABILITACIONES


3.1. Pleno del Senado.


(Núm. exp. 551/000032)


8073


Se aprueba por asentimiento de la Cámara la habilitación
del lunes 16 de diciembre de 2013 para la celebración de sesión
plenaria.


4. PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY


4.1. DICTÁMENES DE COMISIONES


4.1.1. Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado
para el año 2014. SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE UN MES.


Comisión: Presupuestos


(Núm. exp. 621/000055)


8073


La señora Guerrero Rosado, presidenta de la comisión,
presenta el dictamen.


En nombre del Gobierno, de conformidad con el artículo 84.4
del Reglamento del Senado, hace uso de la palabra el señor ministro de
Hacienda y Administraciones Públicas (Montoro Romero).


Comienza el debate de las propuestas de veto al Proyecto de
Ley.


El señor López García defiende la propuesta de veto número
8, del Grupo Parlamentario Socialista.


El señor Bel Accensi defiende la propuesta de veto número
9, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió.


El señor Montilla Aguilera defiende la propuesta de veto
número 5, presentada por la señora Almiñana Riqué, el señor Boya Alós, el
señor Bruguera Batalla, el señor Martí Jufresa, el señor Montilla
Aguilera, el señor Sabaté Borràs y la señora Sequera García, del Grupo
Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya.


El señor Bildarratz Sorron defiende la propuesta de veto
número 7, del Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV).









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El señor Unamunzaga Osoro defiende la propuesta de veto
número 1, del Grupo Parlamentario Mixto, presentada por los señores
Aiartza Azurtza y Goioaga Llano, la señora Mendizabal Azurmendi y el
señor Unamunzaga Osoro.


La señora Capella i Farré, del Grupo Parlamentario Mixto,
defiende su propuesta de veto número 2.


El señor Quintero Castañeda defiende la propuesta de veto
número 4, del Grupo Parlamentario Mixto, presentada por este senador y el
señor Zerolo Aguilar.


El señor Iglesias Fernández defiende la propuesta de veto
número 3, presentada por este senador y el señor Mariscal Cifuentes, del
Grupo Parlamentario Mixto.


El señor Guillot Miravet defiende la propuesta de veto
presentada por este senador y el señor Saura Laporta, del Grupo
Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya.


En turno en contra hace uso de la palabra el señor Utrera
Mora, por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado.


En turno de portavoces intervienen los señores Martínez
Oblanca e Iglesias Fernández, por el Grupo Parlamentario Mixto;
Bildarratz Sorron, por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado
(EAJ-PNV); Bruguera Batalla, por el Grupo Parlamentario Entesa pel
Progrés de Catalunya; Bel Accensi, por el Grupo Parlamentario Catalán en
el Senado Convergència i Unió; López García, por el Grupo Parlamentario
Socialista; y Barreiro Fernández, por el Grupo Parlamentario Popular en
el Senado.


Vuelve a hacer uso de la palabra el señor ministro de
Hacienda y Administraciones Públicas (Montoro Romero).


Se procede a la votación de las propuestas de veto.


El señor presidente informa a la Cámara de que, por primera
vez, se va a utilizar la votación telemática, habiendo sido autorizada
para las senadoras Eva Parera Escrichs y Catalina García Carrasco, aunque
solo esta última ha emitido voto telemático.


Se rechaza la propuesta de veto número 8, del Grupo
Parlamentario Socialista, con el siguiente resultado: presentes, 253, más
2 votos telemáticos, 255; votos emitidos, 253, más 1 voto telemático,
254; a favor, 94; en contra, 159, más 1 voto telemático, 160.


Se rechaza la propuesta de veto número 9, del Grupo
Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió, con el siguiente
resultado: presentes, 253, más 2 votos telemáticos, 255; votos emitidos,
253, más 1 voto telemático, 254; a favor, 94; en contra, 159, más 1 voto
telemático, 160.


Se rechaza la propuesta de veto número 7, del Grupo
Parlamentario Vasco, con el siguiente resultado: presentes, 253, más 2
votos telemáticos, 255; votos emitidos, 253, más 1 voto telemático, 254;
a favor, 94; en contra, 159, más 1 voto telemático, 160.


Se rechaza la propuesta de veto número 1, del Grupo
Parlamentario Mixto, presentada por los senadores Aiartza Azurtza y
Goioaga Llano, la senadora Mendizabal Azurmendi y el senador Unamunzaga
Osoro, con el siguiente resultado: presentes, 252, más 2 votos
telemáticos, 254; votos emitidos, 252, más 1 voto telemático, 253; a
favor, 94; en contra, 158, más 1 voto telemático, 159; abstenciones,
1.


Se rechaza la propuesta de veto número 2, del Grupo
Parlamentario Mixto, presentada por la senadora Capella i Farré, con el
siguiente resultado: presentes, 253, más 2 votos telemáticos, 255; votos
emitidos, 253, más 1 voto telemático, 254; a favor, 93; en contra, 159,
más 1 voto telemático, 160; abstenciones, 1.


Se rechaza la propuesta de veto número 4, del Grupo
Parlamentario Mixto, presentada por los senadores Quintero Castañeda y
Zerolo Aguilar, con el siguiente resultado: presentes, 253, más 2









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votos telemáticos, 255; votos emitidos, 253, más 1 voto
telemático, 254; a favor, 94; en contra, 159, más 1 voto telemático,
160.


Se rechaza la propuesta de veto número 3, de los senadores
Iglesias Fernández y Mariscal Cifuentes, del Grupo Parlamentario Mixto,
con el siguiente resultado: presentes, 253, más 2 votos telemáticos, 255;
votos emitidos, 253, más 1 voto telemático, 254; a favor, 93; en contra,
158, más 1 voto telemático, 159; abstenciones, 2.


Se rechaza la propuesta de veto número 5, de la senadora
Almiñana Riqué, los senadores Boya Alós, Bruguera Batalla, Martí Jufresa,
Montilla Aguilera, Sabaté Borràs y la senadora Sequera García, del Grupo
Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, con el siguiente
resultado: presentes, 253, más 2 votos telemáticos, 255; votos emitidos,
253, más 1 voto telemático, 254; a favor, 94; en contra, 159, más 1 voto
telemático, 160.


Se rechaza la propuesta de veto número 6, de los senadores
Guillot Miravet y Saura Laporta, del Grupo Parlamentario Entesa pel
Progrés de Catalunya, con el siguiente resultado: presentes, 253, más 2
votos telemáticos, 255; votos emitidos, 253, más 1 voto telemático, 254;
a favor, 94; en contra, 159, más 1 voto telemático, 160.


Comienza el debate de las enmiendas que por implicar la
impugnación completa de una sección se tramitan como propuestas de
veto.


Sección 12.


El señor Sañudo Aja defiende la enmienda 2912, del Grupo
Parlamentario Socialista.


El señor Bel Accensi defiende la enmienda 3338, del Grupo
Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió.


El señor Mariscal Cifuentes defiende la enmienda 262,
presentada por el señor Iglesias Fernández y este senador, del Grupo
Parlamentario Mixto.


El señor Guillot Miravet defiende la enmienda 1018,
presentada por este senador y el señor Saura Laporta, del Grupo
Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya.


En turno en contra hace uso de la palabra el señor
Chiquillo Barber, por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado.


Sección 13.


La señora Marra Domínguez defiende la enmienda 2893, del
Grupo Parlamentario Socialista.


La señora Rieradevall Tarrés defiende la enmienda 3347, del
Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió.


El señor Iglesias Fernández defiende la enmienda 276,
presentada por este senador y el señor Mariscal Cifuentes, del Grupo
Parlamentario Mixto.


El señor Saura Laporta defiende la enmienda 1019,
presentada por el señor Guillot Miravet y este senador, del Grupo
Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya.


En turno en contra hace uso de la palabra la señora Franco
González, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado.


Sección 14.


El señor Abad Benedicto defiende la enmienda 2892, del
Grupo Parlamentario Socialista.


El señor Maldonado i Gili defiende la enmienda 3348, del
Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió.









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El señor Mariscal Cifuentes defiende la enmienda 291,
presentada por el señor Iglesias Fernández y este senador, del Grupo
Parlamentario Mixto.


El señor Saura Laporta defiende la enmienda 1020,
presentada por el señor Guillot Miravet y este senador, del Grupo
Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya.


En turno en contra hace uso de la palabra el señor Campoy
Suárez, por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado.


Sección 15.


El señor Vázquez García defiende la enmienda 2329, del
Grupo Parlamentario Socialista.


El señor Bel Accensi defiende la enmienda 3349, del Grupo
Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió.


Los señores Bruguera Batalla y Guillot Miravet defienden la
enmienda 1009, del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de
Catalunya.


El señor Iglesias Fernández defiende la enmienda 300,
presentada por este senador y el señor Mariscal Cifuentes, del Grupo
Parlamentario Mixto.


En turno en contra hace uso de la palabra la señora Angulo
Martínez, por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado.


Sección 16.


El señor Cascallana Gallastegui defiende la enmienda 2273,
del Grupo Parlamentario Socialista.


El señor Mariscal Cifuentes defiende la enmienda 305,
presentada por el señor Iglesias Fernández y este senador, del Grupo
Parlamentario Mixto.


El señor Guillot Miravet defiende la enmienda 1021,
presentada por este senador y el señor Saura Laporta, del Grupo
Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya.


En turno en contra hace uso de la palabra el señor Aznar
Fernández, por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado.


Sección 17.


El señor Fernández Ortega defiende la enmienda 2342, del
Grupo Parlamentario Socialista.


La señora Candini i Puig defiende la enmienda 3356, del
Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió.


El señor Iglesias Fernández defiende la enmienda 325,
presentada por este senador y el señor Mariscal Cifuentes.


El señor Martí Jufresa defiende la enmienda 1016,
presentada por la señora Almiñana Riqué, los señores Boya Alós, Bruguera
Batalla, Martí Jufresa, Montilla Aguilera, Sabaté Borràs y la señora
Sequera García, del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de
Catalunya.


El señor Guillot Miravet defiende la enmienda 1022,
presentada por este senador y el señor Saura Laporta, del Grupo
Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya.


En turno en contra hace uso de la palabra el señor Mateu
Istúriz, por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado.


Sección 18.


El señor Álvarez Areces defiende la enmienda 2093, del
Grupo Parlamentario Socialista.









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El señor Bagué Roura defiende la enmienda 3367, del Grupo
Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió.


La señora Sequera García y el señor Martí Jufresa defienden
la enmienda 1010, del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de
Catalunya.


El señor Iglesias Fernández defiende la enmienda 547,
presentada por este senador y el señor Mariscal Cifuentes, del Grupo
Parlamentario Mixto.


En turno en contra hace uso de la palabra la señora
Sampedro Redondo, por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado.


Sección 19.


El señor Martínez-Aldama Sáenz defiende la enmienda 2936,
del Grupo Parlamentario Socialista.


La señora Rieradevall Tarrés defiende la enmienda 3420, del
Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió.


El señor Guillot Miravet defiende la enmienda 1011, del
Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya.


El señor Iglesias Fernández defiende la enmienda 658,
presentada por este senador y el señor Mariscal Cifuentes, del Grupo
Parlamentario Mixto.


En turno en contra hace uso de la palabra la señora Peris
Jarque, por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado.


Se suspende la sesión a las veintitrés horas y cuarenta
minutos.










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Se abre la sesión a las trece horas.


El señor PRESIDENTE: Se abre la sesión. (Rumores.)


Buenos días. (Rumores.) Señorías, guarden silencio, por
favor.


1. ACTAS


1.1. LECTURA Y APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA DE LA
SESIÓN ANTERIOR, CELEBRADA EL PASADO DÍA 27 DE NOVIEMBRE DE 2013.


El señor presidente da lectura a los puntos 1. y 1.1.


El señor PRESIDENTE: ¿Alguna observación? (Pausa.)


¿Puede aprobarse por asentimiento? (Asentimiento.)


Queda aprobada. (Rumores.)


Señorías, guarden silencio, por favor.


2. ACATAMIENTO A LA CONSTITUCIÓN


2.1. CONOCIMIENTO DEL ACATAMIENTO A LA CONSTITUCIÓN
MEDIANTE DOCUMENTO NOTARIAL DEL EXCMO. SR. D. FRANCISCO JOSÉ ÁLVAREZ DE
LA CHICA.


(Núm. exp. 500/000306)


El señor presidente da lectura a los puntos 2. y 2.1.


El señor PRESIDENTE: De conformidad con lo dispuesto en el
artículo 12.1.b) del Reglamento del Senado, doy cuenta a la Cámara de que
ha prestado acatamiento a la Constitución mediante documento notarial y,
en consecuencia, ha adquirido la condición plena de senador, el
excelentísimo señor don Francisco José Álvarez de la Chica, a quien doy
la bienvenida otra vez a esta Cámara y le deseo mucha suerte.
(Aplausos.)


3. HABILITACIONES


3.1. PLENO DEL SENADO.


(Núm. exp. 551/000032)


El señor presidente da lectura a los puntos 3. y 3.1.


El señor PRESIDENTE: De conformidad con el artículo 76, del
Reglamento del Senado, se propone al Pleno la habilitación del próximo
lunes, día 16 de diciembre de 2013, para la celebración de sesión
plenaria.


¿Se aprueba dicha habilitación? (Asentimiento.)


Queda aprobada. Muchas gracias.


4. PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY


4.1. DICTÁMENES DE COMISIONES


4.1.1. PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
PARA EL AÑO 2014. SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE UN MES.


COMISIÓN: PRESUPUESTOS


(Núm. exp. 621/000055)


El señor presidente da lectura a los puntos 4., 4.1. y
4.1.1.


El señor PRESIDENTE: Para la presentación del dictamen,
tiene la palabra la presidenta de la comisión, la senadora Guerrero.


La señora GUERRERO ROSADO: Señor presidente, señorías,
buenos días.









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Tengo el honor de haber sido designada para presentar a la
Cámara el dictamen de la Comisión de Presupuestos del Proyecto de Ley de
Presupuestos Generales del Estado para el año 2014. Este proyecto de ley
tuvo su entrada en el Senado el pasado día 21 de noviembre de 2013, y fue
publicado en el Boletín Oficial de las Cortes Generales en la misma
fecha, tramitándose por el procedimiento de un mes, regulado en el
artículo 136 del Reglamento del Senado. El plazo de presentación de
enmiendas finalizó el pasado día 27 de noviembre. La Comisión de
Presupuestos se reunió durante los días 25, 26 y 27 de noviembre al
objeto de designar la ponencia que había de informar el proyecto de ley,
así como para celebrar las comparecencias solicitadas por los grupos
parlamentarios para informar en relación con el proyecto de ley que nos
ocupa, celebrándose un total de treinta y cuatro comparecencias.


Señorías, a este proyecto se han formulado nueve propuestas
de veto: la número 1, de los señores Aiartza Azurtza y Goioaga Llano, la
señora Mendizabal Azurmendi y el señor Unamunzaga Osoro, del Grupo
Parlamentario Mixto. La número 2, de la señora Capella i Farré, del Grupo
Parlamentario Mixto. La número 3, de los señores Iglesias Fernández y
Mariscal Cifuentes, del Grupo Parlamentario Mixto. La número 4, de los
señores Quintero Castañeda y Zerolo Aguilar, del Grupo Parlamentario
Mixto. La número 5, de la señora Almiñana Riqué, los señores Boya Alós,
Bruguera Batalla, Martín Jufresa, Montilla Aguilera, Sabaté Borràs y la
señora Sequera García, del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de
Catalunya. La número 6, de los señores Guillot Miravet y Saura Laporta,
del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya. La número 7, del
Grupo Parlamentario Vasco en el Senado. La número 9, del Grupo
Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió. Y La número 8,
del Grupo Parlamentario Socialista. Asimismo, se formularon 3791
enmiendas, de las cuales cincuenta y ocho implican la impugnación
completa de una sección: catorce, de los señores Iglesias Fernández y
Mariscal Cifuentes; dos impugnaciones de la señora Almiñana Riqué,
señores Boya Alós, Bruguera Batalla, Martí Jufresa, Montilla Aguilera,
Sabaté Borràs y señora Sequera García; siete impugnaciones de los señores
Guillot Miravet y Saura Laporta; siete, del Grupo Parlamentario Entesa
pel Progrés de Catalunya; catorce, del Grupo Parlamentario Catalán en el
Senado Convergència i Unió; y catorce, del Grupo Parlamentario
Socialista.


Por otra parte, fueron retiradas las siguientes enmiendas:
la número 47, de los señores Iglesias Fernández y Mariscal Cifuentes; las
números 3337, 3335, 3445 y 3462, del Grupo Parlamentario Catalán en el
Senado Convergència i Unió; las números 1260 y 2330, del Grupo
Parlamentario Socialista; y las números 2968, 3107, 3049 y 3790, del
Grupo Parlamentario Popular.


El día 3 de diciembre la ponencia emitió informe por el que
se incorporaron, por mayoría, al texto remitido por el Congreso de los
Diputados todas las enmiendas del Grupo Parlamentario Popular, excepto la
número 2998. Igualmente, se acordó incorporar la enmienda número 3061,
del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió, y dos
enmiendas transaccionales: la primera, sobre la base de la enmienda 2157,
del Grupo Parlamentario Socialista, y la 2885, del Grupo Parlamentario
Vasco en el Senado, y la segunda, sobre la base de la enmienda 3313, del
Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió. Ese mismo
día la comisión dictaminó el proyecto de ley y acordó aceptar como
dictamen el texto propuesto por la ponencia.


Por último, para su debate ante el Pleno se han formulado
catorce votos particulares: del Grupo Parlamentario Socialista, por el
que se mantienen todas sus enmiendas presentadas y no retiradas, con la
salvedad de la 2157, que ha sido objeto de transacción, su propuesta de
veto número 8, y formula voto particular respecto del dictamen modificado
por la aprobación de las enmiendas del Grupo Parlamentario Popular, con
la salvedad de la 3043. Del Grupo Parlamentario Mixto, por el que se
mantienen sus propuestas de veto 1, 2 y 4 y las enmiendas 1 a 38 y 831 a
1004, excepto la 839. De los senadores Iglesias Fernández y Mariscal
Cifuentes, por el que se mantiene su propuesta de veto número 3 y las
enmiendas 42 a 830, 1006, 1007, 1008 y 3039, excepto las números 82, 111,
256, 257 y 258. Del Grupo Parlamentario Vasco en el Senado, por el que se
mantiene su propuesta de veto número 7. Del Grupo Parlamentario Vasco en
el Senado, por el que se mantienen las enmiendas 2870 a 2891. Del Grupo
Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, solicitando la vuelta al
texto del Congreso de los Diputados en lo modificado como consecuencia de
las enmiendas aprobadas. Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de
Catalunya, manteniendo las enmiendas presentadas a las impugnaciones de
secciones, números 1009 a 1015. Del Grupo Parlamentario Entesa pel
Progrés de Catalunya, manteniendo









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todas las enmiendas presentadas, 1780 a 2092. De los
señores Guillot Miravet y Saura Laporta, manteniendo las enmiendas
presentadas a las impugnaciones de secciones, números 1008 a 1024. De los
señores Guillot Miravet y Saura Laporta, manteniendo la propuesta de veto
número 6. Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya,
manteniendo todas las enmiendas, números 1391 a 1799. De la señora
Almiñana Riqué, de los señores Boya Alós, Bruguera Batalla, Martí
Jufresa, Montilla Aguilera, Sabaté Borràs y la señora Sequera García,
manteniendo las enmiendas presentadas a la impugnación de las secciones,
1016 y 1017. De la señora Almiñana Riqué y los señores Boya Alós,
Bruguera Batalla, Martí Jufresa, Montilla Aguilera, Sabaté Borràs y la
señora Sequera García, manteniendo la propuesta de veto número 5. Del
Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió, manteniendo
todas las enmiendas presentadas en su día, 3054 a 3788, excepto las
enmiendas 3061 y 3313, así como el veto número 9.


Señorías, señor presidente, con estas palabras creo haber
resumido la tramitación parlamentaria llevada a cabo en la Comisión de
Presupuestos del Senado del Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del
Estado para el año 2014.


Muchas gracias. (Aplausos.)


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Guerrero.


En nombre del Gobierno, tiene la palabra el señor ministro
de Hacienda y Administraciones Públicas.


El señor MINISTRO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
(Montoro Romero): Señor presidente, señorías, me corresponde el honor,
una vez más, de ocupar esta tribuna para presentar ante los senadores un
nuevo proyecto de Presupuestos Generales del Estado, en este caso para el
año 2014, los nuevos presupuestos del Estado, que lo que traen —no
ya solo anuncian, sino que provocan— es un año en el que podremos
decir que la crisis económica ha finalizado en España. Un año, el 2014,
en el que tendremos crecimiento económico y comenzará la creación de
empleo con nitidez. Un año en el que la economía española habrá regresado
a fundamentos sólidos para que el ejercicio de crecer y crear empleo no
sea efímero sino que pueda tener continuidad. Un año en el que los más
débiles de la sociedad encuentren sus apoyos, puesto que el presupuesto
del Estado es un presupuesto solidario donde realmente la ayuda del
Estado se establece en relación con las capas sociales que más han
sufrido la crisis económica, la más larga crisis económica y la más cruel
en términos de destrucción de puestos de trabajo que ha vivido
España.


Todo ello está tocando a su fin. La recesión económica ha
acabado ya en el año 2013. En el debate de presupuestos para el año 2013
ya anunciamos que el 2013 sería el último año de recesión económica en
España, y así lo ha sido. La recesión económica en España ha acabado a
mitad del ejercicio 2013. A partir de ello, en el segundo trimestre, y
casi con toda seguridad en el cuarto trimestre, es decir, en la segunda
mitad del año 2013, estamos teniendo ya un crecimiento económico suave,
ligero, pero claramente esperanzador en materia de evolución del empleo.
Se está frenando el deterioro del mercado de trabajo, se está parando la
destrucción de puestos de trabajo. Los datos de paro registrado de los
últimos meses, y sobre todo de afiliación a la Seguridad Social, no
pueden ser más elocuentes. Nunca antes en España, con unas situaciones
económicas todavía tan adversas, se había dejado de destruir el puesto de
trabajo, el empleo, como ya está ocurriendo en la segunda mitad, y en
concreto en el final del año 2013. Ello abre las posibilidades, cada vez
más cercanas, de que el año 2014 sea un año de crecimiento económico, el
primero de un crecimiento económico que se sucederá y se fortalecerá en
los años 2015, 2016 y años consiguientes. Por tanto, será el comienzo de
una senda donde los españoles nos podremos encontrar realmente en la
recuperación, no ya de nuestro bienestar a partir de la premisa de
solidaridad, sino a partir de la cohesión social que aporta la creación
de empleo, la política social más efectiva, más igualitaria y que más
tenemos que valorar en términos de cohesión social.


Así pues, los presupuestos para el año 2014 no son un
trámite, son realmente la apuesta de las cuentas públicas del Estado con
gran influencia sobre las administraciones territoriales que conforman el
Estado de las autonomías de España, que proyectan un crecimiento
económico creador de empleo porque están recogiendo el esfuerzo que ha
hecho la sociedad española, el gran esfuerzo, el titánico esfuerzo que ha
hecho la gente de todos los rincones de España en









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estos ajustes, en estos años, para superar la más difícil,
larga y destructora crisis que ha vivido nuestra sociedad, que han vivido
los españoles. Hoy podemos ya mirar con otro halo de confianza hacia el
futuro porque estamos sentando las bases del crecimiento económico.
Estamos sentando las raíces de la posibilidad de que nuestro país vuelva
a ser un país como el que fue, un país basado en la estabilidad de su
economía, basado en la estabilidad de su balanza de pagos, basado en el
control de los precios y en el equilibrio y en la sostenibilidad de sus
finanzas públicas, y que sea un país fiable como socio de Europa, un país
que merezca la confianza de los mercados financieros para que apuesten
con su inversión en ese proceso de recuperación económica y un país que
siga recibiendo inversión directa, como ya está ocurriendo en la España
de finales de 2013, inversión directa que viene a España como un país que
es capaz de devolver esa confianza, ese esfuerzo que se está depositando
en él.


Son unos presupuestos, por tanto, que se sustentan, se
basan y sobre todo proyectan un escenario de crecimiento económico
moderado para lo que sería la media de un crecimiento económico del 0,7%.
Y debo decir aquí con toda claridad esta mañana que es posible, que ese
escenario de crecimiento económico es perfectamente factible que sea
superado por la realidad, y el Gobierno, por tanto, se está colocando en
la banda baja de las previsiones de evolución económica a la hora de
programar estos nuevos Presupuestos Generales del Estado. Una banda baja
como están mostrando la mayoría de los análisis económicos, de los
estudios que se van realizando sobre la economía española, sobre la
economía de nuestro país, donde ya van acercando su vaticinio para el año
próximo hacia crecimientos más cercanos en media anual al 1%, 0,9%, y
superando, por tanto, las previsiones del Gobierno, las que traigo hoy
como base, incluso como objetivo de los Presupuestos Generales del Estado
para el año 2014.


Ello nos lleva a que los presupuestos tengan que ser una
herramienta que se conforma dentro de un proyecto reformista del Gobierno
de España. Estos presupuestos son, como es normal y como hay que
descontar, las proyecciones numéricas de las políticas públicas que el
Gobierno propone a las Cortes Generales de España. Pero, además, estos
presupuestos se enmarcan en un proyecto de reforma muy profunda de la
Administración Pública en España, se enmarcan en todas las leyes, leyes
que también están hoy en el Senado de España, leyes como la de factura
electrónica o la de deuda comercial y como también lo es la ley que va a
cambiar las premisas del régimen local en España, leyes que acompañan,
por tanto, un proyecto de reforma de nuestras administraciones públicas
enfocándolas hacia las prestaciones de servicios de manera más cercana y
eficiente a los ciudadanos. Son unos presupuestos que se enmarcan en
reformas estructurales como la reforma del mercado de trabajo, que está
siendo capaz de transformar, de modernizar las relaciones laborales en
nuestro país a una velocidad. La reforma es reciente, de comienzos de
2012, y está teniendo un impacto muy positivo a la hora, por un lado, de
preservar puestos de trabajo; pero esa reforma no solo es preservar, y es
que no podríamos estar hablando de que una economía con pequeños
crecimientos económicos fuera capaz de crear puestos de trabajo. Y eso es
lo que está aportando la modernización de las relaciones laborales que
conjuga la reforma del mercado de trabajo que se ha hecho en España. Como
lo es también la reforma, el saneamiento del sector bancario, un
saneamiento muy profundo que está reordenando las instituciones bancarias
en nuestro país, que las ha saneado de lo que representan los activos
inmobiliarios, y que con la ayuda europea, con la financiación del MEDE,
está permitiendo también que nuestras entidades bancarias estén hoy mejor
capitalizadas y, por tanto, sean cada vez más capaces de hacer lo que
debe hacer un intermediario financiero: tomar recursos, depósitos
procedentes del ahorro de las familias, de las empresas y de las propias
administraciones públicas, y destinarlos al crédito a quienes nos tienen
que sacar de la crisis, a los motores de la salida de esta crisis, que
son los autónomos, la pequeña y mediana empresa y las empresas en
general. Hay también signos esperanzadores en materia de dotación de
crédito bancario, signos que realmente hacen predecir que ese crédito
bancario está volviendo a medida que la recesión económica acaba y, por
lo tanto, encontramos también mayor facilidad financiera desde la
perspectiva del conjunto de los mercados financieros que están abordando
la financiación de nuestra economía en los finales de la recesión
económica y también en los pronto finales de la crisis económica.


Reformas, como la de la energía, absolutamente fundamental
puesto que estamos hablando de reformas que son inputs de nuestra
economía y de las que depende nuestra capacidad de









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competir y la capacidad de crecer. Reformas en el ámbito de
los transportes, de las comunicaciones, de nuestras infraestructuras, que
no solo hay que valorarlas en función de nuevas inversiones sino de los
contenidos de la oferta que representa, de la facilidad de nuestra red de
infraestructura en materia de transportes y de comunicaciones, reformas
que seguiremos aplicando desde el Gobierno, desde un proyecto de un
Gobierno fuertemente comprometido con las reformas que necesita España
para superar definitivamente esta crisis. Son reformas que encuentran la
respuesta en una sociedad que anhela finalizar con esa crisis y que
encuentran la respuesta en las empresas, que están viviendo un proceso de
desapalancamiento financiero que está tenido el reconocimiento de los
mercados y que podemos ver en la evolución de la Bolsa, de los mercados
bursátiles, que han permitido una capitalización desde el comienzo de la
subida de las Bolsas del orden de 250 000 millones de euros, 25 puntos de
producto interior bruto recuperados después de la caída, de las crisis
bursátiles propias de la recesión económica tan prolongada que ha vivido
nuestro país. Reformas, por tanto, que se encuadran en un planteamiento
que también he resumido desde esta tribuna desde el comienzo de la
legislatura: el compromiso con la estabilidad económica, un compromiso
que nunca debimos abandonar y cuyo abandono tiene un coste y un coste
social de enorme dimensión: el paro, la pérdida de puestos de trabajo,
una crisis que ha dejado detrás de nosotros la destrucción de tres
millones y medio de puestos de trabajo, algo que no habría ocurrido si en
España se hubiera aplicado la política de estabilidad económica, de
estabilidad presupuestaria, de estabilidad de la balanza de pagos, que
son consustanciales a la construcción de la Unión Europea, que son
consustanciales al euro, que dieron el sentido a la fundación del euro.
Desgraciadamente, Gobiernos posteriores nos llevaron a generar ese
endeudamiento externo que realmente pesa como una losa sobre la sociedad,
sobre sus estructuras económicas. Y hoy podemos ver cómo quienes ocuparon
las responsabilidades del Gobierno de entonces realmente describen
aquella situación como si no hubieran sido ellos mismos partícipes del
incremento de un endeudamiento absurdo, cuasi suicida, que se estaba
llevando a cabo en nuestro país, que era denunciado desde estas bancadas
—en aquel momento, de la oposición— del Partido Popular desde
el mismo final de la legislatura del 2007 y comienzo de la crisis en el
2008. Y ahora tenemos que recordar, cuando estamos saliendo de esa
crisis, que esta tenía una causa, el endeudamiento externo de nuestra
economía promovido desde políticas y acciones de Gobiernos que no
supieron valorar en modo alguno lo que representaba, lo que iba a suponer
ese endeudamiento externo, confundiéndolo con lo que está siendo la
realidad, la adscripción de un país al euro y, por tanto, la renuncia a
ejecución a cambios en su tipo de moneda, en el valor de su moneda,
frente al resto de monedas en lo que es la estabilidad de su tipo de
cambio.


Señorías, en este momento el debate público en España no es
el rescate. El debate público en España ya no es, muy pronto no va a ser
cuántos puestos de trabajo se van a perder. El debate público en España
debe ser —y yo animo a todos los grupos políticos a que a lo largo
de su exposición sobre los Presupuestos Generales del Estado entren en
ello— cuán intensa va a ser la recuperación económica a corto plazo
de España. Este es el debate: cuánto vamos a crecer, cuánto empleo se va
a crear a partir de ese crecimiento económico y cuántas reformas y
cuántos cambios necesitamos introducir para impulsar ese crecimiento
económico y esa creación de empleo. Ese es el planteamiento en este
momento, ese es el planteamiento que interesa a la sociedad, ese es el
planteamiento que debería estar dominando el debate público en nuestro
momento y en nuestro tiempo: cuánto vamos a crecer el año próximo, de eso
es de lo que deberíamos estar hablando, cómo vamos a crecer el año
próximo, cuánto se va a recuperar la demanda interna de la economía de
nuestro país el año próximo, cuánto va a crecer el conjunto de la
inversión pública, que ya está contenida en estos presupuestos, y la
inversión privada, cuánto va a crecer la inversión en bienes de equipo el
año próximo. ¿Se va a recuperar la construcción el año próximo, aunque
sea moderadamente? ¿Se va, por tanto, a recuperar, a partir de estas
premisas de evolución de demanda interna, el consumo de las familias el
año próximo? Estas son las grandes cuestiones del debate público que
debemos estar sosteniendo y debatiendo, por supuesto, cada uno desde
nuestros planteamientos, pero asumiendo todos que realmente es lo que nos
conviene a los españoles. La gran pregunta es cuánto vamos a crecer, cómo
vamos a crecer, si ese crecimiento va a ser compatible con la estabilidad
de nuestra balanza de pagos, si ese crecimiento va a seguir generando la
confianza de nuestros acreedores de los mercados









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financieros, si ese crecimiento va a ser también generador
de mayor confianza y, por tanto, poner más en valor a España, a la
sociedad española dentro del proyecto de integración europea, que es
nuestro proyecto vital como sociedad y como país.


De esto es de lo que hay que hablar. Ya sé que se habla de
muchas otras cosas, pero los que tenemos que hablar con responsabilidad
lo que tenemos que hacer es hablar de lo que le conviene a los españoles,
de la salida de la crisis económica, que es realmente la gran cuestión
pendiente y lo que debe soportar y debe dar sentido a los debates
políticos y a los debates públicos también en este Parlamento.


Si acabo de referirme a que la causa de la crisis de España
es la deuda externa que se ha acumulado, para superar esa crisis no hay
otra salida, no hay otra solución que no sea la del desapalancamiento de
los agentes económicos de España, el desapalancamiento de las familias,
de las empresas y, por descontado, del propio sector público, que tiene
que seguir reduciendo su déficit público. ¿A qué velocidad? Eso es lo que
proponen estos Presupuestos Generales del Estado para el año próximo:
seguir con este objetivo, y una vez conseguido el objetivo del déficit
del año 2013, una vez afianzado el 6,5% para el conjunto de nuestras
administraciones públicas, a renglón seguido plantearnos el proyecto
común, el proyecto entre todas las administraciones, del 5,8% para el año
2014.


Ese es el sentido de los Presupuestos Generales del Estado,
de la financiación que proyectan esos Presupuestos Generales del Estado
para las comunidades autónomas y para las corporaciones locales y, por
supuesto, el sentido que debe aunar el conjunto de presupuestos de
nuestras administraciones territoriales: conseguir reducir el déficit
público.


En el año 2012, España hizo una reducción estructural del
déficit público en una recesión económica, la mayor reducción que ha
conocido la historia de la Hacienda española y la historia del mundo
desarrollado, con la única salvedad de Grecia, país intervenido, como es
bien conocido y que, por tanto, no ha podido ejercitar su soberanía
presupuestaria y su soberanía fiscal.


En el año 2012, España llevó a cabo una reducción de
déficit público que sencillamente no podemos por menos que calificar de
histórica; una reducción que en más de tres cuartas partes fue debida a
la reducción del gasto público; una reducción en la que participaron
todas las administraciones públicas —y subrayo todas— que
componen el Estado español. Lo hizo la Administración General del Estado
pero lo hicieron también las comunidades autónomas —en mayor medida
incluso que la propia Administración General del Estado— y lo
hicieron también de manera muy significativa y muy de valorar las
corporaciones locales.


Por tanto, todos hicimos un gran esfuerzo, demostrando que
España en el año 2012 podía hacerlo porque detrás de ello está el
esfuerzo de la gente; no son cifras simples, relativas de una
contabilidad traducida, por supuesto, en términos de contabilidad
nacional, sino que representan el esfuerzo de la gente, el esfuerzo
enorme que hizo una sociedad en el año 2012, demostrando que podía
hacerlo y que, sobre todo, valía la pena hacerlo para acortar la salida
de la crisis económica.


Esa reducción del año 2012, insisto, queda ahí, en términos
históricos. Tenemos que proyectarla y debemos prolongarla en 2013 en
forma de reducción del déficit público, que hoy aparece en términos
nominales como una reducción modesta. Cerrar 2013 en el 6,5% de déficit,
siendo posible hacerlo, parece un resultado cercano al cierre del 6,8%
del año anterior, pero es que este año la economía en su media anual
habrá caído un 1,3%, lo que significa que en términos estructurales las
administraciones públicas españolas están haciendo también un gran
esfuerzo en el año 2013 para reducir el componente estructural del
déficit público, puesto que no estamos ante un comportamiento positivo de
la evolución económica de nuestro país y no es al crecimiento económico
al que debemos la reducción del déficit público en el año 2013.


El año 2014 tenemos que insistir en el objetivo de la
reducción del déficit público y tenemos que hacerlo con la confianza, si
se quiere con la fe, de que la reducción del déficit público es una
herramienta eficaz para superar definitivamente la crisis económica.


Los presupuestos del Estado son muy expresivos a ese
respecto, programan una reducción del gasto de los ministerios del 4,4%,
después de reducciones muy significativas ocurridas en los años 2012 y
2013. Aun así, el gasto del conjunto de los ministerios se reduce un
4,4%, hasta el punto de que la Administración General del Estado
—este es el presupuesto que traigo a esta Cámara— va a gastar
del orden de los 35 000 millones de euros; por tanto, se trata de una
cifra









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bastante modesta porque detrás de ella está la oferta de
servicios públicos fundamentales para los españoles, expresión del
esfuerzo que está haciendo también la Administración General del
Estado.


Son presupuestos que no traen más subidas fiscales, no
traen más subidas de impuestos, al contrario, traen bajadas selectivas de
impuestos para las nuevas pequeñas empresas que se creen en nuestro país;
bajadas de impuestos relativas a la reutilización de los beneficios
empresariales para financiar nuevas inversiones por parte de la pyme;
bajadas de impuestos también en términos de aligerar la carga tributaria
que supone el IVA de caja, que entrará en vigor el 1 de enero del año
2014; bajada de impuestos que apuestan por la figura de proximidad,
conocida como el business angels.


Por tanto, se trata de bajadas de impuestos que están ya
materializándose y que cumplen con el programa político que apoyaron los
españoles mayoritariamente en las elecciones generales del año 2011 y que
vamos materializando en las propuestas que traemos a esta Cámara; bajada
de impuestos selectiva, que se verá completada con la reforma tributaria
que acometeremos el año 2014 con un escenario de crecimiento económico
más positivo, más claro, y donde la primavera próxima el Gobierno tendrá
la oportunidad de traer también una legislación significativa en materia
de reforma tributaria de nuestro país que sentará la base para una
financiación autonómica y local diferente, más actual, más moderna, y un
sistema tributario comprometido con los incentivos económicos y la
creación de empleo.


Además, como he dicho desde el comienzo de mi intervención,
quiero subrayar también que otra de las características de los nuevos
Presupuestos Generales del Estado para el año 2014 es su solidaridad.
Estos presupuestos tienen un gran peso de gasto social en su conjunto.
Estos presupuestos —ya no insistiré más porque después escucharé
sus palabras atentamente— son los más sociales de la historia, en
cuanto a que realmente jamás se habrá dedicado tanto gasto a materia
social como con estos presupuestos, incluyendo las pensiones públicas.
(Rumores.) Se trata de pensiones que, incorporando el factor de
sostenibilidad para el año próximo, crecen en estos presupuestos un
4,9%.


En cuanto al seguro de desempleo, se destina una partida de
29 700 millones de euros, inferior en su total a la partida que costará
el seguro de desempleo liquidado en el año 2013, porque mejorará el
escenario de evolución económica y, por tanto, no se generarán ni mucho
menos los parados de estos últimos años. Pero, aun así, como vemos, son
las partidas más cuantiosas y más importantes de los Presupuestos
Generales del Estado, y no me resisto a leerles los datos sobre el
destino del dinero del conjunto de los impuestos que los españoles
pagamos y que materializamos en los diferentes niveles de
administraciones públicas para el año próximo, para el año 2014. No les
hablo ya del gasto previsto en los Presupuestos Generales del Estado para
la Administración General del Estado, sino para el conjunto de las
administraciones públicas.


Así, para educación se destinará un gasto consolidado de 45
141 millones de euros que viene a representar realmente casi un 10% del
total del gasto de las administraciones públicas de España. A sanidad se
destinan 60 848 millones de euros, lo que viene a ser un 13,2%. A empleo,
incluyendo las políticas activas, además del Servicio Público de Empleo
Estatal, 33 916 millones de euros, un 7,4%. A servicios públicos
generales, 68 674. A defensa, 9424 millones de euros. A orden público y
seguridad ciudadana, 20 754 millones de euros. A asuntos económicos, 39
329 millones de euros. A protección al medio ambiente, 8389 millones de
euros. A vivienda y servicios comunitarios, 4899 millones de euros. A
actividades recreativas y culturales, 13 568 millones de euros. También
he mencionado la prestación de educación, pero falta la más importante,
las pensiones, la prestación social en su conjunto que asciende en España
a 189 523 millones de euros. Una cifra importante, casi 200 000 millones
de euros, es lo que gasta el conjunto de las administraciones públicas en
protección social en nuestro país. De un total del gasto de 460 541
millones de euros, la protección social del conjunto de nuestras
administraciones públicas representa 189 000 millones de euros. Por
tanto, la crítica que escuchamos, tan fácil, de que en España no hay
protección social no resiste la mínima comparativa con los presupuestos,
no solo del Estado, sino del conjunto de protección social que se deriva
de las administraciones públicas españolas.


Con todo —insisto— los presupuestos son
austeros, son muy austeros. Los presupuestos tienen también una previsión
de ingresos tributarios vinculados a la evolución del cuadro









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económico, a la evolución de la actividad económica, cuya
previsión, en términos reales, es el 0,7% y en términos nominales es el
2,1%. Por tanto, esa previsión en términos nominales es lo que se
corresponde con los presupuestos de ingresos para el año próximo.


Los presupuestos vuelven a exigir un esfuerzo a los
funcionarios públicos que ya es prolongado. Ha sido un esfuerzo duro el
que ha hecho el conjunto de la función pública para superar la crisis de
España, para superar la crisis fiscal del Estado en España. El esfuerzo
hecho se merece que ya empecemos a cambiar, se merece que promovamos
—ya está contenido en la enmienda del Senado a la Ley de deuda
comercial— la recuperación, a partir de la sostenibilidad de
nuestras finanzas públicas, de un día de libre disposición aplicado para
el año 2013, que estará vigente antes de las Navidades de este año para
el conjunto de las administraciones públicas de toda España, con
independencia de la naturaleza de esa función pública. La recuperación de
un día de libre disposición tendrá continuidad el año próximo. Por tanto,
llega el momento de ir cambiando esa circunstancia, así como de
materializar en el reconocimiento de todos a los funcionarios públicos
por el esfuerzo que han aportado y que siguen aportando en términos de
congelación de sus retribuciones en estos Presupuestos Generales del
Estado para el año 2014.


Quiero decirles también que la propia viabilidad de los
presupuestos se sustenta en la buena evolución —buena para la
evolución económica que tenemos— que hace que hasta noviembre,
aunque sean datos provisionales, los ingresos totales hayan crecido en
España un 0,8% sobre el año anterior. Los ingresos homogéneos, es decir,
descontadas las devoluciones y llevado a una campaña estándar de
devoluciones, crecen en noviembre un 3,7% sobre el mismo mes del año
anterior. Y la recaudación del IVA de grandes empresas crece un 1,3% en
dicho mes sobre el mismo mes del año anterior, teniendo en cuenta que el
IVA de grandes empresas en octubre caía un –0,8%.


Además, en los impuestos especiales, la recaudación del
impuesto sobre hidrocarburos ha crecido un 15,1% en el mes de noviembre
sobre el mismo mes del año anterior. En el ámbito de los pagos del IRPF
se nota que se está frenando ese deterioro del mercado de trabajo, por lo
que las grandes empresas están moderando lo que todavía sigue siendo una
caída del conjunto de la retribución de esas grandes empresas en nuestro
país, gracias, como digo, a la menor destrucción de puestos de
trabajo.


Así pues, podemos decir que estos datos que se van
aproximando ya a lo que será una liquidación efectiva de la recaudación
tributaria en España, sustentan al proyecto de Presupuestos Generales del
Estado y hacen viables, alcanzables, las previsiones —porque en
este caso sí son datos y previsiones— relativas a los ingresos
tributarios que establece el proyecto de presupuestos para el año
próximo.


También quiero celebrar y saludar la importancia de las
enmiendas que se han incorporado en el trámite del Senado a estos
presupuestos. Incorporación que han llevado a cabo los grupos
parlamentarios y que a lo largo de la sesión del día de hoy tendrán
ocasión de clarificar. Por mi parte, he de decirles que el trámite de
estos Presupuestos Generales del Estado en el Senado ha sido un trámite
con contenido. Se han aportado muchas cuestiones importantes en todo
ámbito de materia. Y el Gobierno de España celebra positivamente que se
haya hecho en esta tramitación, insistiendo tanto en el carácter social
como en las políticas de I+D, en el ámbito cultural, en el desarrollo, en
la apuesta de la cohesión social, así como también en cuestiones
específicas de determinados territorios de nuestro país. Por
consiguiente, ha sido un trámite de enmiendas muy importante.


Señor presidente, señorías, acabo haciendo un
reconocimiento a la sociedad española, que nos ha dado un ejemplo a
todos. La sociedad española está mostrando en estos dificilísimos años de
crisis económica que con esfuerzo, con tesón, con ahínco y sin perder el
ánimo, es capaz de hacernos regresar a una solución pronta de la crisis
económica y frenar la destrucción de puestos de trabajo. Ese ha sido un
esfuerzo que debemos reconocer en este debate de presupuestos para el año
2014. Esfuerzo encomiable de una sociedad que reacciona serenamente ante
las dificultades, sabiéndose conocedora de la confianza que supone haber
contado con un pasado reciente de éxito, de triunfo en el campo económico
y social. Y a esa sociedad también debemos referirnos en este debate
público para decirle que desde el Gobierno vamos a devolver con creces
los esfuerzos realizados y lo vamos a hacer con una política que
realmente devuelva el crecimiento









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económico y las oportunidades de empleo a todos aquellos
que han perdido su puesto de trabajo o a tantos jóvenes que todavía no
han encontrado su primer puesto de trabajo.


Ese es nuestro compromiso. Esa es nuestra apuesta. A eso
aspiran los nuevos Presupuestos Generales del Estado y por eso no debemos
dejar de acometer reformas, perseverar en el camino de la estabilidad
europea, insistir en la importancia de avanzar en la integración de
Europa y dedicar todo nuestro esfuerzo y tesón político a solucionar la
crisis económica; esa es realmente la gran demanda de nuestra sociedad, a
la que tanto debemos y tanto tenemos que agradecer en el día de hoy.


Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos.)


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro.


Señorías, pasamos al debate de las propuestas de veto al
proyecto de ley.


Comenzamos con la defensa de la propuesta de veto número 8,
del Grupo Parlamentario Socialista. Para ello, tiene la palabra el
senador López García por tiempo de treinta minutos.


El señor LÓPEZ GARCÍA: Muchas gracias, señor
presidente.


Señor ministro, he estado escuchando con atención su
intervención y veo que ha cambiado el lema que tenía para los
presupuestos, pues ha pasado de hablar de los presupuestos de la
recuperación a decir, en algún momento y de forma reiterada, que se acaba
con la crisis en 2014.


¿Para quién es la recuperación, señor ministro? ¿Para los
pensionistas, 9 100 000 españoles a los que les van a bajar la pensión?
Está contenido en esta ley de presupuestos, señor ministro, en el título
IV, capítulo 1, artículo 37. Se contempla un 0,25% de subida respecto a
una inflación prevista del 1,5%. Su felicitación de navidad. ¿Para eso es
la recuperación? Además, no solo se contempla para el 2014, lo van a
consagrar esta semana con la aprobación de la Ley reguladora de Factor de
Sostenibilidad. Cada vez que el Gobierno habla de sostenibilidad hay que
traducirlo en recorte sostenible durante mucho tiempo, porque es lo que
pretenden hacer recortando las pensiones en los próximos diez o quince
años. Es la primera reforma que se va a hacer sin el consenso de los
sindicatos, la patronal, los grupos parlamentarios y es la primera
reforma que va a afectar de lleno a los pensionistas que ya lo son y no a
los futuros, como siempre ha ocurrido.


¿Sabe para quién es la recuperación, señor Montoro, y para
quiénes se abren oportunidades con esta reforma? Para los grandes grupos
financieros, que sobre la inseguridad que ustedes siembran sobre el
sistema público de pensiones amplían su espacio y su ofensiva de negocio.
(Aplausos.) Pregunten a sus asesores cuál es el programa publicitario de
las grandes entidades financieras para captar negocio en este sector.


Tampoco la recuperación, señor Montoro, es para los
estudiantes que han perdido su beca y han tenido que abandonar los
estudios como consecuencia de los recortes que están haciendo desde su
llegada al Gobierno: un 24% del presupuesto del 2014 en base al 2011 y
han inducido en las comunidades autónomas un recorte de 5200 millones de
euros. Si miramos los compromisos que han enviado a Bruselas estamos
hablando de que en el horizonte 2015, el 3,9% del PIB, solo un 3,9%, se
dedica a la educación cuando la media de la Unión Europea es del 5,5%.
Eso se llama inversión en país, marca España y horizonte de futuro, señor
Montoro, mucho horizonte de futuro.


Quizá tampoco sea la recuperación, señor ministro, para los
enfermos crónicos que han de ir a la farmacia hospitalaria soportando,
junto a su sufrimiento, el indecente impuesto a la enfermedad que la
ministra de su Gobierno ha puesto frívolamente para que tengan que
copagar los medicamentos. Probablemente, tampoco perciban la recuperación
las personas dependientes, que ven cómo desaparece un derecho desde su
llegada al Gobierno. Hay un recorte acumulado, incluido este año, de un
46,8% y se va dejando sin una atención básica a colectivos muy
vulnerables de la sociedad, y además en una situación como esta. ¿De qué
dosis de recuperación les hablamos, señor ministro? ¿Compartirán su
euforia cuando usted habla de que vamos a asombrar al mundo? Quizá la
única asociación que puedan establecer sea entre asombrar y sombra;
efectivamente, los que están en la sombra sufriendo las consecuencias de
la crisis no tienen nada que ver con los que la generaron, que siguen
estando al sol. (Aplausos.)


El problema, señor ministro, es que usted se dirige a esta
Cámara parlamentaria como si representara a los consejos de
administración de las grandes corporaciones de este país, para cuyos
intereses fundamentalmente gobiernan, y en consecuencia espera su
aceptación y aquiescencia. Y no es así, señor Montoro.









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En ese contexto, hablando de grandes corporaciones y de ese
objetivo de que los impuestos sean realmente el precio de la civilización
y estén repartidos con equidad entre el conjunto de ciudadanos, está el
escándalo que ustedes han montado, que usted ha montado en relación con
la Agencia Tributaria —de eso también hay que hablar, señor
ministro—. Solo en este contexto son entendibles los chuscos e
irresponsables comentarios que usted ha hecho este fin de semana; ha
estado sembrado, pero sembrado de despropósitos. (Aplausos.—El
señor vicepresidente, Lucas Giménez, ocupa la Presidencia.) Porque cuando
asociamos cosas como que la Asociación de Inspectores de Hacienda del
Estado —precisamente no el brazo armado del PSOE— dice que el
70% del fraude en España está ligado a las grandes corporaciones
empresariales y a las grandes fortunas —y lo dicen desde dentro de
la Agencia Tributaria—, que usted acabe asociando ceses y
dimisiones en el equipo que se dedica a los grandes contribuyentes y diga
que es que está trufado de socialistas, señor Montoro, es cuando menos
—para que lo oigan los españoles— algo que debería producirle
vergüenza. (Aplausos.)


Porque no se trata de socialistas, señor Montoro,
seguramente se trata solo de gente decente (Aplausos.) que está viendo
cómo es insoportable que ustedes hagan esa política cuando estamos
—y usted lo sabe— en un país que, lamentablemente, teniendo
tipos en el IRPF y en otros impuestos de los más altos de la Unión
Europea, tiene unos ingresos globales —datos del informe de la
Unión Europea de otoño de este año 2013— del 37,8% —solo
están por debajo Eslovaquia, Estonia, Letonia, Irlanda—. ¿Habrá que
hacer un esfuerzo para luchar contra el fraude fiscal?, ¿habrá que hacer
un esfuerzo para intentar que precisamente los que no arriman el hombro,
lo hagan, o habrá que fomentar que acaben dimitiendo y siendo cesadas las
personas que están comprometidas con un reparto equitativo de lo que
representa sostener el gasto público?


Usted está dando un mensaje demoledor para la conciencia
fiscal del conjunto de los españoles haciendo esos comentarios y diciendo
que la Agencia Tributaria está trufada de socialistas. Primero, porque no
es verdad y, segundo, porque está lanzando un mensaje de que subimos
cincuenta veces los impuestos, el IVA, el IRPF, tasas, precios públicos,
todos los que soportan las espaldas más débiles de la sociedad, pero,
cuidado, no hay que molestar a los que están instalados, lamentablemente,
en el fraude. Usted les puso en bandeja un puente de plata que fue esa
amnistía fiscal que, desde luego, creo que supuso mucho más daño que
recaudación; al final, al módico precio del 3% se acabaron condonando
delitos fiscales que no tenían ningún sentido y mucho menos en una
situación como esta.


Por lo tanto, señor Montoro, aquí, en este hemiciclo, están
representados no solo los grandes ámbitos empresariales, sino también las
esperanzas —hoy lamentablemente frustradas— de millones de
ciudadanos que no ven cuán grande es la recuperación de la que usted
habla o de la que hablaba el señor Rajoy cuando estaba en Tokio, sino que
ven cuán grande es la desigualdad y la injusticia que está provocando el
camino que ustedes han elegido para salir de la crisis. Ese es el
problema, señor Montoro.


Y es evidente que la realidad puede ser contemplada desde
muy diferentes puntos de vista, no hay más que oírle a usted —por
cierto, he visto poco entusiasmo en sus filas con las cosas que decía
(Risas.)—, y hay que ver lo que representan también los intereses
de la mayoría de los ciudadanos de este país. Es verdad que no es igual y
no se puede contar la verdad de la misma manera cuando se va hacia un
despacho de asesores fiscales para ver cómo uno saca el mejor
aprovechamiento de esa amnistía fiscal, que cuando se dirige uno a la
farmacia hospitalaria para hacer el copago de un medicamento porque tiene
una enfermedad que le produce un grave padecimiento.


Ustedes llegaron al Gobierno prometiendo crear empleo,
bajar los impuestos y no tocar la educación, ni la sanidad, ni las
pensiones. Después de poner en marcha su programa B —porque ese era
el programa A, el confesado— lo que ha ocurrido, y ocurrirá cuando
acabe esta legislatura —son sus propias previsiones—, es que
habrá más desempleo, más impuestos, más deuda, menos derechos sociales; y
este presupuesto lo que hace es avanzar en esa dirección. De momento, en
el ecuador de esta legislatura, el resultado, la síntesis, del trabajo,
de los dos presupuestos anteriores —y este va en la misma
dirección— es que la puesta en marcha de ese programa oculto ha
dado un millón de puestos de trabajo perdidos —lamentablemente, en
el último mes de noviembre han sido 67 000, evaporados en la Seguridad
Social, cotizantes que han dejado de cotizar—, camino de 300 000
millones más de euros; ustedes, que han hecho chanzas









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del Plan E, que era una inversión de 10 000 millones de
euros, un 1% del PIB, sepan que el crecimiento de la deuda ahora, desde
que están en el Gobierno, es un Plan E cada mes, la deuda ha ido
creciendo a ese ritmo; caída el PIB en el 2,5% y caída del crédito a la
actividad productiva, en torno al 20%; subida del IRPF —como le he
dicho—; brutales recortes en sanidad, en educación y en pensiones y
ahora, evidentemente, el apartado que están tocando, que es especialmente
sensible, es el de las pensiones de los ciudadanos.


La estrategia de austeridad extrema para luchar contra el
déficit, que era su único objetivo, ha resultado un rotundo fracaso,
señor Montoro, por parte suya, del Gobierno, y por parte de la Unión
Europea, que pensaron que entrando como un elefante en cacharrería
acabarían siendo capaces de conseguir al sprint, solo generando
sufrimiento en la sociedad, sin otras consecuencias económicas, una
reducción del déficit galopante. Al final, no ha sido posible. Nos
alegramos de que se haya modificado el calendario, nos alegramos
—lo hemos dicho muchas veces—, porque los fracasos del
Gobierno no nos interesan si eso conlleva sufrimiento de la sociedad. Se
lo dijimos ya en la campaña electoral: un calendario de reducción del
déficit digerible, que permitiera no meter a la economía en un círculo
vicioso de supuesta consolidación fiscal, pero autodestructiva, de manera
que lo que ganábamos por un lado, lo estamos perdiendo sobradamente por
otro, con destrucción de empresas, con destrucción de empleo. Por tanto,
cuánto sufrimiento innecesario nos hubiéramos ahorrado si desde el
principio se hubiese aceptado el planteamiento que hicimos de que fuese
un calendario razonable de reducción de ese déficit.


¿Cuáles han sido sus éxitos particulares en la gestión
desde el Gobierno? Cuando hablamos de déficit público estamos hablando,
evidentemente —usted lo ha señalado—, de tres niveles de
Gobierno, tres administraciones. En cuanto a la Administración General
del Estado y la Seguridad Social, que es del ámbito de su
responsabilidad, en el año 2011, 5,2%; en el año 2012, 5,2%; en el año
2013, va a ser también 5,2% y para 2014, según sus previsiones, se espera
un 4,8%. Realmente, ¿qué es lo que han hecho? Apretar las tuercas y las
clavijas a las comunidades autónomas hasta el límite para que aquellas,
que soportan básicamente el 80% del gasto, ligado a servicios públicos
básicos, como la salud y la educación, no tengan más remedio que hacer
recortes, porque esa es la conclusión de esa estrategia de asfixia a las
comunidades autónomas. Han hecho un trabajo que no solo es socialmente
injusto, sino que ha sido económicamente ineficiente, repito, también ha
sido ineficiente desde el punto de visto económico.


Desde luego, las consecuencias sobre el empleo están ahí,
lamentablemente. Estamos en el horizonte que ustedes prevén para final de
2014: 26% de desempleo, 4,4 puntos por encima de 2011, cuando usted y el
señor Rajoy decían que España estaba en la ruina. Lo que han hecho
realmente ha sido un mal negocio para el conjunto de los ciudadanos
españoles, un mal negocio.


Y ese empeño, al final, tiene una base ideológica
clarísima. Ustedes lo niegan, pero Paul Krugman, un premio nobel
—seguramente usted no compartirá su punto de vista y tampoco
pretenderá, supongo, llegar a ser premio nobel—, decía que están
utilizando la crisis y el miedo al déficit para sacar adelante un
programa ideológico perfectamente planificado, una involución y un ajuste
de cuentas con el Estado del bienestar. Exactamente en esa tarea es en la
que estamos. Exactamente en esa, señor Montoro. La prueba está en las
cosas que están haciendo y han hecho allí donde tienen responsabilidad.
Váyase a la Comunidad de Madrid, donde ha habido consejeros que han sido
homenajeados y condecorados por la comunidad y parece que algunos de
ellos están siendo objeto de algún tipo de investigación en los
tribunales. Porque parece que no solo había negocios para las grandes
corporaciones empresariales —que acababan siendo las receptoras de
ese servicio privatizado—, sino que, por la puerta de atrás,
acababan siendo contratados con emolumentos sustanciosos. Ahora le va a
tocar también a las administraciones locales, como señalaba usted en su
intervención. Son dos los objetivos fundamentales: uno, liquidar
servicios sociales, y, dos, abrir nuevos espacios de negocio para los
grandes grupos empresariales, sin ninguna duda.


Señor Montoro, en geometría tres puntos definen un plano.
Este es su tercer presupuesto, presupuesto que en el plano social define
un horizonte de ensanchamiento de la desigualdad, de incremento de la
pobreza y, lamentablemente, de regresión de derechos básicos, fruto de
anteriores esfuerzos, para avanzar en una sociedad incluyente.


La crisis les está sirviendo de coartada para recorrer un
camino que tenían perfectamente trazado. Se han convertido en una máquina
de generar y centrifugar desigualdad. Así se entiende









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la frase de su compañero de Gabinete, el señor Gallardón,
que decía: la política es repartir dolor. Sin embargo, parece que el
reparto del dolor es selectivo, que la política que desarrolla este
Gobierno crea las condiciones para que crezcan a la misma velocidad los
ricos y los pobres. Ese es el horizonte hacia el que se dirige la
política del Gobierno del Partido Popular.


Este presupuesto va a tener, sin duda, una amplia
contestación parlamentaria, como lo tuvieron los anteriores. El
resultado, en términos de aceptación de enmiendas y propuestas, será,
lamentablemente, muy cortito. Se han presentado nueve vetos, y no hay más
porque no caben. Lógicamente, el grupo que sostiene al Gobierno ha sido
el único que no ha presentado veto. El Grupo Socialista ha presentado
además vetos a 14 secciones y 1200 enmiendas, aunque nos tememos que el
destino de las mismas sea el de otras ocasiones. Pero, señor Montoro, a
nosotros nos gustaría recibir respuestas y argumentos convincentes de por
qué no son aceptadas las enmiendas que presentamos. Hágalo. Me temo que
el problema no se trata de argumentos convincentes ni de razones, sino
que tienen trazado claramente el horizonte y no quieren hacer nada que
les desvíe de su proyecto político, donde el presupuesto no es más que
otra herramienta para acabar dando cauce a ese proyecto político
perfectamente definido desde el comienzo de la legislatura.


¿Cree usted, señor ministro, que es sostenible que
mantengamos un nivel de ingresos públicos del 37,8% que antes le
señalaba? ¿Cree usted que es racional y sostenible que la banca compre
dinero barato, al 0,25% —antes al 0,50%— y lo destine a
comprar deuda pública al 4% y, al tiempo, disminuya el crédito a la
actividad productiva en un 20%? ¿Qué estamos haciendo, pasar de la
especulación urbanística ligada al ladrillo del sector financiero de
entonces a especular con la deuda pública? ¿Y la actividad productiva, y
las pequeñas y medianas empresas? ¿Usted cree, señor ministro, que es
sostenible y racional que la inversión en I+D+i que contempla este
presupuesto para 2014 se sitúe en el 1,6%, sobre la referencia del 2,4%,
en un momento de dificultades como el 2011? Si algo ha quedado de
manifiesto con esta crisis, entre otras muchas cosas, es que los países
que de forma sostenida han invertido en investigación, conocimiento,
desarrollo e innovación han sufrido menos la crisis y con menor
profundidad. ¿Así es como piensan ustedes cambiar el modelo productivo,
solo cambiando la Ley de Costas y paralizando las energías renovables?
¿Este es el modelo productivo hacia el que quieren dirigir los
esfuerzos?


Señor Montoro, me va a permitir que le haga algún
comentario sobre la Seguridad Social. Hoy tenemos 900 000 cotizantes
menos que cuando ustedes llegaron al Gobierno. Su reforma laboral ha
producido despidos y, desde luego, una bajada de salarios notable
—por mucho que usted diga que no—. Un ilustre representante
de la patronal ligada al sector financiero decía: somos competitivos
porque tenemos salarios del año 1999. Usted lo sabe, lo que ocurre es que
queda mejor decir otra cosa. El impacto sobre la Seguridad Social que ha
tenido la caída de empleo y de salarios ha sido completamente letal. En
términos absolutos, en 2011 hubo un déficit en la Seguridad Social de 700
millones de euros, en 2012 fueron 10 000 millones de euros, 2013 lo va a
cerrar usted con 13 000 millones de euros y para 2014 la previsión son 11
000 millones de euros. Naturalmente, para los destrozos producidos, la
manera de armonizar es rebajar las pensiones, con carácter general, y
ecuación resuelta. Por cierto, señor Montoro, sus previsiones para el
presupuesto de 2014 dicen que no se va a crear empleo pero tampoco se va
a destruir —estamos hablando de dos décimas—, y, sin embargo,
estiman que los ingresos de la Seguridad Social van a caer un 3,9%, esos
11 000 millones que antes indicaba. ¿Caen los salarios, cae el empleo, o
ambas cosas a la vez? Sería bueno que nos lo aclarara.


Sobre este modelo de salida de la crisis que ustedes han
elegido, de despido barato y rebaja de salarios, decía un representante
de un banco de inversión francés hace pocos días que se están creando las
condiciones en España, se están poniendo los mimbres para que España sea
la fábrica china de Europa. Hacia ese horizonte dirigen ustedes la salida
de la crisis. Evidentemente, aparece alguna cifra positiva, de la que
nosotros nos alegramos, naturalmente, como que haya bajado la prima de
riesgo —¡cómo no!—, pero tampoco se autoatribuyan méritos que
no son suyos. Ha cambiado la estrategia del Banco Central Europeo, lo
cual es más que saludable, pero no es debido a que el Gobierno haya sido
tan fenomenal en su acción política —en España, en Italia, en
Irlanda, en Portugal, en Grecia— como para haya bajado la prima de
riesgo.


Ingresos, señor Montoro. Dice usted que es el presupuesto
más social de la historia. Naturalmente, es una afirmación gratuita y se
refiere al reparto de los ingresos que están en el









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presupuesto. ¿Y los que no están? ¿Qué hacen ustedes para
que lleguen ingresos que debían estar pero no están? Y no me cuente
—porque es una salida que he escuchado a alguno de sus
portavoces— que podíamos haber hecho cosas antes y no hicimos
quienes tuvimos la responsabilidad en el Gobierno. Usted sabe que en el
año 2006 había superávit presupuestario, un 2,4%, al igual que en el año
2007, 1,8% —creo recordar—, pero hoy estamos en un escenario
radicalmente distinto y lo que estamos planteando es otra cosa. Entre
otras muchas enmiendas, a la sección 98, ingresos del Estado, hemos
presentado algunas —naturalmente, no las aceptarán, ya las
presentamos también el año pasado y el anterior—, que tienen que
ver con un reparto más razonable de las cargas. ¿Hacia dónde van
dirigidas esas enmiendas? Hemos hablado de una tributación mínima del
impuesto sobre sociedades del 15% —que parece que no es ningún
disparate—, de un impuesto sobre las grandes fortunas, un impuesto
sobre transacciones financieras y mayores ingresos contra el fraude
fiscal. Y ahí tiene mucho que ver cuál es el papel de la Agencia
Tributaria, sin que se siga depauperando su capacidad de acción, que este
año tiene 640 efectivos menos, es decir, repongan ustedes plantilla,
denla instrumentos para luchar contra el fraude. Porque, al final, señor
Montoro, uno se pone a analizar y, evidentemente, la percepción que
tenemos desde el Grupo Socialista no es absolutamente ajena a lo que
piensa el conjunto de la sociedad. ¿Sabe usted lo que decía el barómetro
del CIS del pasado mes de octubre? Decía que el 87% de los ciudadanos
afirma que los impuestos no se cobran con justicia porque no paga el que
más tiene y casi el 70% de los ciudadanos dice que la Administración hace
poco esfuerzo por combatir el fraude y piensa que el Estado le devuelve
en servicios menos de lo que ellos pagan. ¿Qué se hace desde el Gobierno
para intentar poner más equidad en el sistema tributario? ¿Qué mensaje se
está lanzando al conjunto de los ciudadanos? Nosotros le hemos propuesto
estas enmiendas para intentar repartir mejor las cargas, es decir, quitar
parte de la carga de hombros más débiles y ponerla sobre espaldas más
robustas; algunas de ellas están acostumbradas a circular con mucha
alegría sobre los paraísos fiscales, que es el sitio donde parece que se
encuentran bien.


Al final, se trata de que la sociedad no puede ser la
coartada para que se hagan los grandes negocios y que, una vez sacados
los grandes beneficios, volemos a ningún sitio para no tener que tributar
en ningún sitio. Se trata de que el Gobierno acabe buscando un punto de
equilibrio entre intereses en conflicto. Comprendo que haya grandes
grupos que no quieran tributar, pero la obligación del Gobierno es hacer
posible —y lanzar ese mensaje al conjunto de la sociedad—
que, si están haciendo negocio en esta sociedad, razonablemente el
reporte tiene que ser que contribuyan al sostenimiento de las cargas
públicas de esta sociedad. No vale solo que la sociedad les sirva de
escenario para sus negocios pingües y luego acudir, saltar y volar a otro
sitio. Alguien tiene que hacer cosas. ¿Y qué hacen ustedes, señor
ministro? La propuesta que le hemos hecho nosotros representa un
incremento de los ingresos en esa sección 98 de 7445 millones de euros
exactamente.


Pero junto a las cosas que usted no hace, ha señalado aquí,
y me alegro, muy tardíamente, que van a llevar a cabo una reforma
tributaria y fiscal que traerá a lo largo del próximo ejercicio 2014.
Podía haberla traído antes que la reforma laboral. Puede que nos hubiese
ido a todos mejor. Pero eso no formaba parte de la prioridad de su
Gobierno, en ningún caso. Junto a esas graves omisiones, desde el punto
de vista político, están también las acciones, los hechos y ¿qué ha hecho
este Gobierno? Pues una amnistía fiscal, como antes le señalaba, a la
que, por cierto, incluso el señor Bárcenas intentó acogerse; han hecho
una reforma del Código Penal, nominalmente con un endurecimiento de las
penas, pero en la práctica el artículo 305.6, que establece o mantiene la
excusa absolutoria, lo que traslada es un mensaje a los potenciales
grandes defraudadores: no tengan ustedes mucho problema, porque si al
final desde la Agencia Tributaria se les coge, que ya es difícil,
acabarán teniendo un proceso. Dos meses después de que se abran las
diligencias, ustedes pueden pagan la cuota. A lo único que le temen es a
poder ir a la cárcel y si usted elimina esa posibilidad, lo que está
haciendo por omisión es alentar que eso se produzca y esos son los
ingresos que están faltando en el presente y en el futuro (Aplausos.) en
las arcas del Estado para sostener el Estado de bienestar y para ser
capaces desde el Estado de hacer una política de estímulo a la actividad
económica.


Todos los escándalos recientes ligados a la Agencia
Tributaria, señor Montoro, lo que están haciendo es socavar el prestigio
y el aura de independencia y de profesionalidad que tiene, que la









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inmensa mayoría, sin ninguna duda, tiene, pero que ustedes
están interfiriendo. Usted ha dicho: que me lo demuestren. El problema no
es que lo demuestren, señor Montoro. No vaya usted a hacer como hizo el
señor Rajoy en la entrevista que le hicieron en la televisión americana
en la cadena Bloomberg, que luego quiso censurar. No se podrá demostrar.
El problema no es que se pueda demostrar o no, el problema es si se ha
hecho o no se ha hecho. Dé usted una explicación racional de por qué han
pasado estas cosas en la Agencia Tributaria. Explíquelo para que lo
podamos entender y no lo explique solo en un periódico, explíquelo aquí,
en la Cámara de representantes del conjunto de los ciudadanos.
(Aplausos.) Hágalo aquí, porque el mensaje que se traslada a los
ciudadanos en un momento tan difícil como este es un mensaje desolador,
señor Montoro. Espero que acaben siendo capaces de entender algo que es
absolutamente elemental en términos de equidad para repartir las cargas
públicas en cualquier circunstancia y en un momento como este, con mucha
más razón.


El Gobierno en el que usted está, por cierto, sigue
haciendo referencia al pasado, a la herencia, a la deuda externa de
España. Tenga también la gallardía personal y la honestidad política y
personal de aceptar que cuando usted estaba en el Gobierno se sembraron
las condiciones para que esa deuda creciera, para que la especulación
urbanística y financiera acabara dejando sobre nuestras cabezas los
derribos que ha dejado. El Gobierno anterior se equivocaría en algo, pero
no se sienta usted ajeno a esas cosas. Formó parte del núcleo del
Gobierno. Usted, con el señor Rajoy y con el señor Rato formaron parte de
decisiones políticas clarísimas, que en aquel momento era crecer al 3,5%,
al 4%. Acortábamos distancias con Europa. Recuerdo lo que le decía el
gobernador del Banco de España, el señor Caruana: tengan cuidado con la
deuda de las familias y de las empresas porque esto no va bien, y usted
decía que no, que esto era un círculo virtuoso que alentaba la
economía…Del círculo virtuoso al círculo vicioso que destruye dos
millones de empleos. Por tanto, señale los errores de los Gobiernos que
le antecedieron, pero no se sienta absolutamente ajeno a cosas de las que
usted también tiene una cuota de responsabilidad, señor Montoro.


La realidad, hoy, es que el Gobierno, que prometió sacar a
España de la crisis, con este presupuesto, para final del 2014 ofrece a
los españoles más paro, sueldos y pensiones más bajas, peores servicios
públicos y mucha más deuda y, tal como van las cosas —salvo que esa
reforma que usted dice que van a hacer sea contundente, salvo que
terminen, de verdad, demostrando que son capaces de conseguir la
recaudación global, porque la que tiene este país actualmente es muy
baja— acaben colocándola, ya no digo en Francia, que está 15 puntos
por encima de España, o en Finlandia, que está a 17 puntos, en la media
de la Unión Europea. Usted sabe, y lo ha dicho además el señor presidente
del Gobierno, que el problema de España no es de gasto ―estamos 5
puntos por debajo del gasto medio en la Unión Europea― sino de
ingresos, porque estamos 9 puntos por debajo de los ingresos medios de la
Unión Europea. Ahí es donde hay un espacio de acción política que ustedes
tendrían que priorizar.


Señor Montoro, voy a terminar mi intervención citando a
otro Nobel, a ver si se estimula. Dice Stiglitz que a los desastres
naturales, a los terremotos, a las inundaciones, a los huracanes o a las
sequías hay que añadirle otro provocado por el hombre, la desigualdad, y
que ignorar deliberadamente las lecciones del pasado es un acto criminal.
Todo modelo de desarrollo que no aborde la tendencia global a una
desigualdad exponencial en el seno de los países acabará enfrentándonos a
una crisis de legitimidad.


Este es el problema de fondo de una buena parte de la
sociedad española que, lamentablemente, empieza a contemplar que el
sistema democrático no es una buena manera de proveer soluciones
equilibradas, armónicas y decentes para el conjunto de la sociedad.


Espero que el Gobierno tome nota de este camino, que no
acabe haciendo un ejercicio de profundización de las desigualdades, de
incremento de la pobreza sino que busque una salida a la crisis por otro
sitio, porque se puede. Es necesario que reparta las cargas y que no
coloque a los más débiles en una posición absolutamente postrada.


Esa es su responsabilidad, señor ministro, y espero que, a
lo largo del debate presupuestario, el grupo que apoya al Gobierno acepte
alguna de las enmiendas que hemos presentado en esa dirección.


Gracias, señor presidente. (Aplausos.)









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El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Muchas gracias,
señoría.


Propuesta de veto número 9, presentada por el Grupo
Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió.


Para su defensa, tiene la palabra el senador Bel.


El señor BEL ACCENSI: Muchas gracias, señor presidente.


Señor ministro, señorías, este es el tercer presupuesto que
traen a las Cámaras y mi primera reflexión es que esperamos que esté más
ajustado que los dos anteriores. Haré alguna referencia en este sentido
cuando hablemos del cuadro macroeconómico o de la distribución del
déficit, pero cabe recordar hoy que los dos anteriores, en menos de 4
meses, fueron rectificados a instancias del Gobierno en elementos
sustanciales. Esa rectificación hace difícil que el presupuesto tenga
credibilidad y, por tanto, esperemos que obtenga algo más de credibilidad
el presupuesto que ustedes nos presentan hoy que los dos anteriores.


Los dos anteriores son agua pasada y no voy a referirme a
ellos en concreto sino solo para aprender algunas lecciones y, por ello,
voy a centrar mi intervención y nuestro veto en estos presupuestos para
2014.


Así, analizaré diferentes apartados: haré una referencia
breve al cuadro macroeconómico que, como ha dicho el señor ministro,
sustenta todo el presupuesto, y a los ingresos y gastos, pero centraré mi
intervención ―porque es el motivo fundamental de nuestro
veto― en dos aspectos fundamentales: primero, el maltrato
financiero al que se somete a las comunidades autónomas en este
presupuesto y, el segundo, a la desigual e injusta distribución de las
inversiones en los diferentes territorios del Estado español. Me fijaré
especialmente en el maltrato en relación con mi comunidad autónoma,
Cataluña, en relación con las inversiones que proponen estos presupuestos
y, como después mencionaré, como llueve sobre mojado, no sirve de excusa
el decir que son unos presupuestos puntuales y que en otras ocasiones se
la tratará mejor. Porque son los terceros presupuestos que presenta este
Gobierno, y en ninguno de estos tres podemos decir que Cataluña ha estado
tratada dignamente en relación con las inversiones territorializadas.


Empecemos por el cuadro macroeconómico. Esta vez, señor
ministro, yo sí que coincido con ustedes en que las previsiones del
cuadro macroeconómico son algo más realistas que las anteriores. Digo más
realistas porque, a diferencia de las anteriores, estas sí coinciden con
la mayoría de las previsiones de los servicios de estudios que hay tanto
en España como algunos de carácter internacional. Quiero recordarles que
el año pasado se presentaron en esta Cámara con unas previsiones de
crecimiento negativo del PIB del 0,5%, y, entre otros portavoces, yo
mismo le recordé que ninguno de los servicios de estudios que había en el
Estado español —hasta 18 le cité—, ninguno preveía un
crecimiento negativo inferior a un punto del PIB. Posteriormente, ustedes
rectificaron y dejaron este crecimiento en el 1,3 negativo.


Yo creo que esta vez ustedes aciertan. Aciertan, y me
gustaría poder compartir su afirmación de que todavía va a quedar corto
el crecimiento estimado del 0,7%. De hecho, la mayoría de los servicios
de estudios indican estas previsiones. Nuestro grupo espera que se
confirmen. Por tanto, sí que podemos coincidir con usted en que estos
presupuestos pueden ser el inicio del crecimiento. ¡Ojalá! No
compartimos, porque no lo comparten ustedes con las cifras que incorporan
al proyecto de presupuestos, que estos sean los presupuestos de la
creación de empleo. Y no lo compartimos porque, aunque usted lo
manifieste en esta tribuna, la realidad es que el cuadro macroeconómico
que incorpora el Gobierno a los presupuestos genera una breve disminución
del empleo. No creación de empleo, sino una disminución del 0,2%. Por
tanto, si se cumple este cuadro macroeconómico va haber crecimiento, pero
no va a haber creación de empleo. Así se lo manifestaba yo en las
comparecencias tanto a diferentes miembros de su ministerio como al mismo
gobernador del Banco de España. ¿Cuál va ser la cifra de crecimiento para
crear empleo? Usted me insta a que hablemos de crecimiento, a que
hablemos de creación de empleo. Yo quiero hablar de crecimiento y
creación de empleo, y me gustaría que me dijera cuáles son las
estimaciones del Gobierno para que podamos crear empleo. ¿En qué
porcentaje deberíamos crecer? En todo caso, repito, encontramos más
realista este cuadro macroeconómico que los dos anteriores, y lo que cabe
esperar es que se cumpla.


Voy a hacer un breve comentario en cuanto a los ingresos y
los gastos. Los ingresos, entendemos que son un poco optimistas, pero los
daremos por buenos, y veremos si se cumplen.









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Se lo digo porque es lo que está pasando en relación con
los ingresos previstos del año pasado. Respecto a los ingresos previstos
del año pasado este portavoz también les advertía que iban a ser
difíciles, incluso con las diferentes reformas de los distintos impuestos
que se habían planteado que se cumplieran. De hecho, los datos de
recaudación disponibles y las estimaciones de recaudación a final de año
así lo confirman: no vamos a cubrir los ingresos tributarios
presupuestados. Es más, ustedes efectúan una previsión para 2014 de los
ingresos tributarios, que crecen un 2,4%, incluso aumentan más que el PIB
nominal que ustedes estiman en cuanto al crecimiento. Por tanto,
mostramos cierta duda respecto a la posibilidad de que estos ingresos se
eleven. En todo caso, sí que nos queda claro que, más allá de los
anuncios de reforma fiscal para 2014, entendemos que esta reforma que
ustedes piensen tramitar para 2014 no va a tener efectos hasta 2015, dado
que ninguna de las previsiones incorpora esta reforma fiscal.


Respecto al conjunto de los gastos del Estado, no quiero
entrar en más polémicas. Usted dice: El gasto de los ministerios
disminuye un 4,7%. Es una media verdad, porque el gasto disponible para
los ministerios, una vez descontados determinados conceptos, como las
aportaciones a la Seguridad Social, a empresas del sector público
empresarial o los costes del sistema eléctrico, sí se produce esta
disminución, pero la realidad es que el gasto no financiero del conjunto
de los ministerios crece en esta situación económica un 5,6%, es decir,
el gasto no financiero del conjunto de los ministerios está creciendo un
5,6%. Ese es un dato importante a tener en cuenta cuando analicemos el
crecimiento y la evolución del gasto en otras administraciones, en otros
niveles de la Administración, como las comunidades autónomas o las
corporaciones locales, donde, como sabe, este crecimiento está limitado y
no precisamente al 5,6%.


No voy a entrar en un análisis detallado de cada una de las
secciones y de su evolución, pero sí es verdad que hay una desigual
aplicación de estos porcentajes de decrecimiento en cuanto al gasto
disponible de los ministerios, algunos de los cuales compartimos y otros
no. Voy a centrar mi intervención en los dos aspectos que les he
anunciado anteriormente, a alguno de ellos usted se ha referido en su
intervención.


¿Por qué no estamos de acuerdo con estos presupuestos? No
estamos de acuerdo con estos presupuestos, más allá del contenido global,
más allá de que entendemos que son insuficientes para esta generación de
empleo y de que se podrían tomar más medidas; independientemente de que
las políticas activas de empleo disminuyen su dotación y de que no se
confía en las corporaciones locales ni en las comunidades autónomas para
implementar estas políticas; más allá de esto, porque tenemos dos grandes
discrepancias. Una es la financiación de las comunidades autónomas. El
trato financiero a las comunidades autónomas.


Voy a empezar reconociendo algo que usted ha dicho en su
intervención y que es verdad. Ha dicho que en el año 2012 se hizo un
esfuerzo de consolidación fiscal sin precedentes. Estamos de acuerdo y
coincidimos perfectamente. No hay precedentes de este esfuerzo de
consolidación fiscal, pero dicho esfuerzo de consolidación fiscal se
distribuyó en el año 2012 de forma poco equitativa. ¿Quién soporta este
ajuste de consolidación fiscal? Lo soportan esencialmente las comunidades
autónomas, con 16 795 millones, mientras que la Administración central,
como usted reconocía, con algo menos, con bastante menos, contribuye con
10 761 millones. Por lo tanto, las comunidades autónomas están
contribuyendo un 60% más que lo que contribuye la Administración del
Estado. Aquí hay que añadir también un gran esfuerzo —y no nos
cansaremos de repetirlo— de las corporaciones locales, con 6366
millones. Evidentemente, es un desequilibrio que nos preocupa, que
preocupa a mi grupo profundamente —haré una referencia al final si
tengo tiempo— porque es un desequilibrio alarmante de la Seguridad
Social, que rondó prácticamente los 10 000 millones. Eso hace que el
esfuerzo fiscal, el gran esfuerzo fiscal de consolidación fiscal, quien
lo acaba soportando esencialmente, con casi 17 000 millones, son las
comunidades autónomas, y con 6000 millones, las corporaciones
locales.


Como muy bien recordaba usted, este esfuerzo se distribuye
de forma desigual entre ingresos y gastos. Dos terceras partes lo
concentra la reducción del gasto, y una tercera parte, el incremento de
ingresos. Si esta distribución la trasladamos a las comunidades
autónomas, se acentúa mucho más en el peso de los gastos que en el peso
de los ingresos; es decir, que gran parte de los 17 000 millones de las
comunidades autónomas en reducción del déficit se centra esencialmente en
la reducción de sus gastos. ¿Por qué? Porque a lo largo de estos años
hemos vivido una distribución desigual de los objetivos de déficit.
Insistimos en ello durante el presupuesto del 2012; insistimos









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en ello durante el presupuesto del 2013, y vamos a seguir
insistiendo. Le recuerdo, señor ministro, que en 2012 y en 2013, aunque
en el debate de presupuestos ustedes nos lo negaban, tuvieron que
rectificar antes de seis meses estos objetivos de déficit esencialmente
para las comunidades autónomas. Le recuerdo que el año pasado se
presentaron aquí con unos presupuestos que tenían unos objetivos de
déficit para las comunidades autónomas de —0,7%; después
rectificaron y lo dejaron definitivamente en el 1,3%. Pues bien, esta
distribución que ustedes plantean en estos momentos es injusta, y lo es
porque, ¿cómo distribuyen el 5,8% de déficit global? A la Administración
central le fijan un déficit del —3,7%, es decir, reducen respecto
del objetivo del año pasado una décima, o sea la Administración del
Estado va a reducir su objetivo de déficit en un 2,63%; en cambio, a las
comunidades autónomas ustedes les fijan un objetivo de déficit global del
1%, lo que implica una reducción del 23% respecto del objetivo de déficit
del ejercicio anterior. ¿Quién continuará haciendo el esfuerzo de
consolidación fiscal en estos presupuestos? Esencialmente las comunidades
autónomas. Y no hablo de las corporaciones locales, que mantienen el
objetivo de déficit en un 0%, y que seguramente —no quisiera
equivocarme— van a generar en 2014 un pequeño superávit. Por tanto,
¿quién está soportando la reducción de un 10% del objetivo de déficit en
el Estado español? Pues una vez más, mayoritariamente las comunidades
autónomas. A estas se les exige un esfuerzo de consolidación fiscal que
no tiene parangón con el resto de los niveles de Administración del
Estado español. Por tanto, primer elemento de absoluto desacuerdo.


¿Y cómo tratan los Presupuestos Generales del Estado para
2014 a las entidades territoriales? ¿Cuáles son las transferencias
corrientes y de capital de estos presupuestos que establecen desde el
Estado los organismos autónomos, las sociedades públicas y otros
organismos públicos a las comunidades autónomas? Pues esas transferencias
se reducen de forma importante. Miren, señorías, del 2013 al 2014, por
estos presupuestos, pasamos en transferencias corrientes y de capital a
las comunidades autónomas, de 24 451 millones de euros a 21 119 millones,
es decir, la reducción es de un 13%, que se suma a una reducción del
ejercicio anterior del 12%. No digo lo mismo respecto de las
corporaciones locales, porque es verdad —hay que reconocerlo—
que las corporaciones locales, a lo largo de estos tres presupuestos no
solo no han visto incrementadas sus transferencias, sino que las han
visto disminuir de forma importante. Estamos hablando de que
prácticamente en dos años hay 6600 millones de euros de diferencia de
transferencias a las comunidades autónomas. ¿Y cómo se distribuye esta
reducción de transferencias? Pues yo diría que de forma muy desigual
entre diferentes ministerios y programas. Aquí se confirma lo que hemos
venido denunciando a lo largo de los últimos meses en este hemiciclo y lo
confirma la evolución del Fondo de Suficiencia Global.


Señor ministro, desde esta tribuna me habrá oído usted
reclamarle que tendría que hacerse una modificación de la LOFCA a los
efectos de que todos los incrementos tributarios que se han producido y
que han ayudado al Estado a que el ajuste de consolidación fiscal, en una
tercera parte sea vía ingresos, y en dos terceras partes, vía gastos, se
pudieran trasladar a las comunidades autónomas. Y como no se ha producido
esta modificación, las comunidades autónomas han visto limitados
absolutamente sus ingresos, y tienen que hacer todo el ajuste, que es
mayor que el del Estado, vía gastos. ¿Y por qué? Porque tenemos un
sistema en el que algunas comunidades autónomas, la mayoría, participan
de algunos ingresos del Estado. Cuando sube el IVA, usted me dice: No se
preocupe, senador Bel, que van a tener el 50% de la recaudación del IVA
en Cataluña. Y efectivamente, vamos a tener el 50% de la recaudación del
IVA y del IRPF, y el 58% de los impuestos especiales, pero eso lo que
hace es automáticamente minorar la cantidad que van a recibir las
comunidades autónomas a través del Fondo de Suficiencia Global, con lo
cual los ingresos continúan siendo los mismos. Cuando se incrementa el
IVA, al Estado le incrementan los ingresos; sin embargo, cuando se
incrementa el IVA, los ingresos de las comunidades autónomas se mantienen
estables, porque incrementa la participación en la recaudación del IVA
pero disminuye el Fondo de Suficiencia Global.


Y quiero dar los datos de la evolución del Fondo de
Suficiencia Global, porque entendemos que son muy significativos y
relevantes y, de alguna forma, personifican el trato que se está dando a
las comunidades autónomas a lo largo de los últimos años. Señoría,
Cataluña va a tener este año una aportación del Fondo de Suficiencia
Global de 638 millones. El año pasado, 2013, obtuvo 809 millones; el año
2012, 1753 millones, y el año 2011, 1840 millones. Por tanto, el Estado
ha dejado de transferir a Cataluña en los últimos años, desde 2011, 1201
millones de euros. Es









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decir, la participación de Cataluña en el Fondo de
Suficiencia Global en los tres últimos presupuestos, el los tres
presupuestos que ha presentado el actual Gobierno, ha descendido un 65%.
¿Eso quiere decir que Cataluña tiene estos 1200 millones de menos? No,
los tendrá vía participación de los tributos, pero no habrá visto
incrementados sus ingresos por estos 1200 millones de euros, como nos
correspondería. Esta situación es mucho más agravada que en el resto de
comunidades autónomas.


El resto de comunidades autónomas, algunas gobernadas por
el Partido Popular, también tienen una variación en la participación del
Fondo de Suficiencia Global. En el Fondo de Suficiencia Global este año a
Cataluña se le reduce un 21,7%, al conjunto de comunidades autónomas se
le reduce un 15,77%. Les he dicho que desde el año 2011 a Cataluña se le
había reducido un 65%, concretamente un 65,32%, su participación en el
Fondo de Suficiencia, en cambio, al conjunto de comunidades autónomas del
Estado español que participan de este fondo se les ha reducido solo el
53,39%. Por tanto, las comunidades autónomas no disponen de los mismos
instrumentos financieros de los que dispone el Estado para conseguir
estos objetivos de consolidación fiscal, que son mucho más duros, mucho
más exigentes y mucho más injustos que para el resto de niveles de la
Administración.


Por tanto, para nosotros este es un elemento fundamental
para presentar el veto a estos presupuestos. Se trata peor a las
comunidades autónomas, se les asigna un objetivo de déficit mucho mayor
en cuanto a la reducción que al Estado, incluso que a la Administración
de la Seguridad Social, y eso hace que las comunidades autónomas tengan
una situación financiera muy difícil. Y usted me puede argumentar que el
Estado debe crecer en sus gastos porque tiene que atender gastos que son
ineludibles, como las prestaciones por desempleo o las pensiones.
Efectivamente, pero las comunidades autónomas están prestando todos los
servicios de educación, al menos Cataluña, de sanidad y de servicios
sociales. Y en momentos de crisis económica, la presión sobre los gastos
de servicios sociales, o incluso sobre los gastos de educación, es mucho
mayor que en situaciones de bonanza económica, se nos exige una reducción
del gasto público mucho mayor de la que está efectuando el Estado, y no
se nos permite participar en la recaudación de mayores ingresos que
supone una mayor presión fiscal al Estado español, y una mayor presión
fiscal que sufren los ciudadanos de Cataluña. Este es un elemento
determinante.


Otro elemento determinante —que sé que no les gusta
comentar, y al que no se ha referido en su intervención el señor
ministro, pero en el que nosotros vamos a insistir— es la
distribución absolutamente desigual, injusta, y entendemos que
inapropiada, e incumpliendo los pactos que existen con Cataluña a nivel
de inversión territorializada. La inversión territorializada no ha
cumplido en ningún caso la disposición adicional tercera del estatuto.
Ustedes me van a decir que si el Tribunal Constitucional, que si la
sentencia de aquí, que si la sentencia de allá. En todo caso,
independientemente de la situación jurídica, lo que está claro es que hay
un incumplimiento de un pacto político, porque el estatut era un pacto
político entre Cataluña y el resto del Estado español, un pacto político
habilitado por estas Cámaras y refrendado por el pueblo de Cataluña. Es
muy difícil hacer entender en Cataluña que no quieren respetar este pacto
político, pero no es que no se respete, sino que con cada presupuesto se
empeora la situación.


Yo entiendo los objetivos de consolidación fiscal; yo puedo
entender, e incluso en algún aspecto podemos llegar a compartir, que se
debe reducir el gasto público porque lo debemos ajustar a nuestros
ingresos. Ahora, nosotros entendemos que queremos participar de la
inversión pública que nos corresponde. Si la inversión pública es
pequeñita, queremos el 18% de pequeñita, pero el 18%. Lo que no puede ser
es que nos quedemos con el 9%.


En este presupuesto, respecto al 2013, las inversiones en
el Estado español se reducen un 8%, y aunque la situación el año pasado
era injusta, alguien podría pensar que en Cataluña también se va a
reducir el 8% y se va a mantener la situación de injusticia del año
pasado. Pues no, vamos a peor. En Cataluña este año reducimos las
inversiones un 25%. Dejan que las inversiones territorializadas en
Cataluña representen un 9,6% del total de inversiones del Estado español;
en una comunidad autónoma que aporta el 18% del PIB, una comunidad
autónoma que aporta prácticamente el 20% de las exportaciones de todo el
Estado español.


Por tanto, entendemos que esta distribución es
absolutamente injusta y que no responde a criterios que podamos llegar a
compartir, porque no compartimos con usted esta forma de distribuir









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territorialmente la inversión. Si ustedes dijeran: Vamos a
distribuirla en relación con los beneficios que generen estas
inversiones, con su aportación al tejido productivo, y va a mejorar la
competitividad del Estado español… Pero no. Hacen una distribución
absolutamente política y, desde nuestra óptica, absolutamente
sesgada.


No podemos entender ni vamos a admitir ningún presupuesto
que en el apartado de inversiones maltrate a Cataluña, no lo vamos a
permitir, y por mucho que quieran explicarlo, nadie lo entiende en
Cataluña. No lo entienden los sindicatos, no lo entienden las patronales,
no lo entienden las diferentes cámaras de comercio, no lo entiende la
mayoría de grupos políticos y no lo entiende la gente, y no lo entienden
porque no se puede entender, porque no se puede admitir. Y ustedes no
pueden argumentar razones jurídicas, porque más allá de lo que diga el
Tribunal Constitucional, la realidad es que la voluntad en estos momentos
del Gobierno del Partido Popular es invertir el 9% del total de
inversiones en Cataluña. Y esto es lo que no entiende la gente, y es que
es muy difícil de entender, porque si yo explico en mi ayuntamiento que
tengo que reducir las inversiones, las reduzco, pero intento mantener una
distribución equitativa, no castigo a un área, no castigo a un barrio. Y
ustedes están haciendo todo lo contrario, están haciendo una reducción de
las inversiones, comprensible por la situación, pero están castigando a
Cataluña, que ya venía castigada de presupuestos de ejercicios
anteriores.


Más preocupante es esta situación cuando vemos los datos de
ejecución presupuestaria de la inversión territorializada. Los últimos
datos de los que disponemos, que son los publicados por la Intervención
General de la Administración del Estado a 30 de junio, nos indican que de
toda la inversión territorializada en Cataluña el año pasado, que ya era
insuficiente y que no llegaba, ni mucho menos, al 18% del PIB, se había
ejecutado solamente el 30%, y si añadimos las inversiones de la
Administración General del Estado y del conjunto de organismos autónomos,
esta cantidad solo alcanza el 36% de todas las inversiones
presupuestadas.


Son inversiones francamente inferiores a lo que entendemos
que nos corresponde. Pero el otro problema es que estas inversiones
tampoco se ejecutan íntegramente. Esto ha pasado en ejercicios
pretéritos. Pero no les voy a negar ningún mérito y voy a reconocer lo
que es verdad. Es verdad que durante los dos últimos años, este
porcentaje de ejecución de inversiones se incrementa respecto de años
anteriores —pero aún así es insuficiente y no alcanza en ningún
caso el 90% que tenemos a 30 de junio—, un 30% en relación con la
Administración General del Estado. Por tanto, entendemos que este es un
motivo para presentar un veto a estos presupuestos.


Quería haber hecho alguna mención a la preocupante
situación que presenta la Seguridad Social y que ustedes reflejan en este
presupuesto, pero se me ha agotado el tiempo. Utilizaré el turno de
portavoces o alguna otra intervención para hacer esta referencia.


Muchas gracias. (Aplausos.)


El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Muchas gracias,
senador Bel.


Propuesta de veto número 5. Para su defensa, tiene la
palabra el senador Montilla.


El señor MONTILLA AGUILERA: Gracias, señor presidente.


Señor ministro, señorías, estos son los terceros
Presupuestos Generales del Estado de la legislatura, son sus terceros
presupuestos, y, por tanto, cada vez les resultará más difícil hablar de
la herencia recibida, ya que son ustedes los que van generando de alguna
manera una cierta herencia, aunque estoy seguro de que volveremos a
escuchar la alusión a la herencia recibida para tratar de evitar la
asunción de responsabilidades y seguramente para esconder las
consecuencias de algunas de sus políticas, que en ocasiones son lesivas
para la ciudadanía.


Decía que ustedes ya tienen un pasado inmediato de dos años
gobernando, y el resultado, señorías, yendo a los hechos, es el
siguiente: un millón de puestos de trabajo perdidos; casi un millón menos
de cotizantes a nuestra Seguridad Social; 250 000 millones más de deuda
pública; bajada de 2,5 puntos del PIB; caída del crédito para familias y
empresas, especialmente para las pequeñas y medianas empresas; incremento
de la morosidad; subidas del IVA, del IRPF, de los impuestos especiales y
de las tasas y precios públicos; recortes en salud, educación, servicios
sociales, investigación, y caídas sin precedentes de la inversión
pública.


Este es un balance, un resumen, de estos dos años de su
política económica y de los efectos de los dos Presupuestos Generales del
Estado elaborados por ustedes. Desde nuestro punto de vista, no dejan de
ser la expresión de una estrategia equivocada, que ha puesto el acento









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exclusivamente en la consolidación fiscal y en la
austeridad, dejando de lado cualquier iniciativa que ayudase al
crecimiento, a la reactivación del consumo y a la inversión.


España es hoy más pobre y con más desigualdad que hace dos
años, con menos justicia social, con menos cohesión social y también
territorial. Y ahora en el ecuador de la legislatura, les toca a ustedes
presentar los Presupuestos Generales del Estado para 2014. Entiendo que
el principal propósito del Gobierno con estos presupuestos es dar
cumplimiento al Plan de Estabilidad 2013-2016, comprometido con Bruselas.
En este sentido, son unos presupuestos continuistas y que introducen
pocas novedades. Están diseñados para proseguir con una lenta
consolidación fiscal, a la espera de beneficiarse de una previsible
vuelta al crecimiento el próximo año, tal y como recoge el cuadro
macroeconómico. Ojalá llegue ese crecimiento, yo, desde luego, me
alegraría si eso fuera así.


Pero la falta de ambición de los Presupuestos Generales del
Estado para 2014 procede fundamentalmente de la relajación de los
objetivos fiscales actuales. Frente a las metas del último plan de
estabilidad, el Estado, en 2014, tendrá que ajustar apenas una décima,
hasta el 3,7%, del PIB, y la Seguridad Social, en 3 décimas, del 1,4%
comprometido para este año 2013, al 1,1%, el próximo. Por tanto, el
ajuste conjunto en términos netos no supera los 4500 millones. La suave
recuperación y una aparente relajación de los objetivos fiscales
enmarcan, como decía, estos presupuestos, todo lo contrario de lo que
sucedió en los presupuestos del año pasado, que se han quedado muy
cortos, como también señalaba el portavoz que me ha precedido en el uso
de la palabra. La previsión inicial era que en aquellos presupuestos el
Estado y la Seguridad Social cumplieran un objetivo de déficit del 3,8%
del PIB, sobre la base de una contracción del mismo del 0,5%. En estos
momentos ya se espera que la economía, al contrario de esa previsión,
haya caído en este ejercicio el 1,3% y que el déficit del Estado y la
Seguridad Social alcance el 5,2% del PIB; un desfase de más de 14 000
millones de euros, puesto de relieve en el debate que celebrábamos justo
hace un año.


A pesar de todo, en términos estrictamente presupuestarios,
subsisten dos importantes riesgos: por un lado, de cara al cierre del
ejercicio presente, podría incumplirse el objetivo del 6,5% del PIB para
el conjunto de las administraciones públicas, trasladando un desfase al
2014 que requeriría, obviamente, de medidas adicionales. La continua
bajada de cotizantes de la Seguridad Social, el anuncio de algunas
comunidades autónomas de que sobrepasarán el objetivo que tienen asignado
y el indicio que representa la anulación del crédito extraordinario
destinado a solventar parcialmente el déficit de tarifa eléctrica
—por cierto, con un espectáculo considerable— hace que
debamos preverlo. Porque me parece, señor ministro, que usted sabía, o
sabe, que no cumpliría el déficit de este año, y por eso ha borrado de un
plumazo la aportación al déficit de la tarifa eléctrica, ahorrándose más
de 3 décimas del PIB, solucionando un problema en este caso, y tratando
de eludir y de esconder, otro.


Como ustedes saben sobradamente, el ECOFIN, el 21 de junio
acordó relajar los ajustes que exigían algunos países inmersos en el
procedimiento de déficit excesivo, entre ellos el nuestro, suavizando así
la senda de consolidación, de manera que se alcance el límite del 3% del
PIB en 2016 y no en 2014, a cambio de más reformas. Por otro lado, si se
produjese el incumplimiento, como señalaba, volvería a acarrear, además
de sanciones, una nueva intensificación en la supervisión europea sobre
la economía española, ahora que se ha cancelado la línea de saneamiento y
reestructuración del sistema financiero español, e imagino que con ello,
la tutela que le acompañaba.


No estoy seguro de que ustedes vayan a aprovechar estos dos
años de prórroga concedidos por Bruselas, y no solo los dos años de
prórroga, también la flexibilización respecto a 2013, porque, si no,
estaríamos a años luz del cumplimiento del objetivo de déficit anterior
que ustedes defendían hace un año —hay que recordarlo, y también lo
hacía el señor Bel— y que era imposible de cumplir.


Conviene recordar que ustedes se manifestaban en contra de
la prórroga y de la flexibilización del objetivo de déficit cuando desde
la oposición lo reclamábamos y les decíamos que sin ello el presupuesto
de 2013 era, pura y simplemente, una ficción. Y es que ha acabado siendo
una ficción si comparamos los presupuestos de 2013, que aprobó esta
Cámara, y lo que será su previsible cierre a finales de este mes.









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La Unión Europea flexibilizó el objetivo de déficit y,
además, subió impuestos, en este caso los especiales. Se han
autocorregido en este aspecto en dos ocasiones en las que los hechos han
acabado dando la razón a los que nos expresábamos en ese sentido en el
debate de hace un año. Por eso, señorías, es imposible comparar los
Presupuestos Generales del Estado de 2013 con los de 2014, porque aquello
que aprobamos —como decía— era en parte una ficción. Esta
imposibilidad de comparar dificulta, además, enormemente la transparencia
necesaria, transparencia que habría que poner más de relieve después de
la aprobación de la Ley de transparencia hace tan solo unas semanas.


En cualquiera de los casos hay que reconocer que los
grandes números, las grandes variables macroeconómicas de estos
presupuestos son más realistas y próximas a las que manejan las
instituciones y los analistas que las de hace un año. Eso hay que
reconocerlo. Asimismo, en la Unión Europea continúan sin desarrollarse
unas políticas destinadas a favorecer el crecimiento, pero hay que
reconocer que la flexibilización más realista de los objetivos de déficit
y de consolidación fiscal y la política del Banco Central Europeo han
ayudado a que mejoren algunas de estas variables, aquí y en el resto de
los países europeos; y ello ha tenido un efecto determinante en un factor
importantísimo como es la bajada de la prima de riesgo. Cabe preguntarse,
¿como estaríamos si Europa y el Banco Central Europeo no hubieran
efectuado este cambio, lento e insuficiente, pero cambio al fin y al
cabo? No lo digo para restar méritos al Gobierno, sino para situar las
cosas en sus justos términos.


Por otro lado, el año que viene casi la mitad del ajuste
fiscal comprometido por ustedes corresponderá a las comunidades autónomas
cuyas cuentas y compromisos —como ustedes saben— no pueden
evaluarse desde los Presupuestos Generales del Estado, aunque al Gobierno
le corresponda asegurar el cumplimiento del objetivo conjunto de las
administraciones públicas cifrado para 2014 en el 5,8% del PIB. Por ello,
pasaré a hablar un poco de los ingresos. Merece la pena detenerse
brevemente, antes de hablar de los de 2014, en los del actual ejercicio.
Hasta hace poco el Gobierno precisaba que la recaudación tributaria en
2013 caería, frente a lo previsto en los presupuestos de 2013, en un
1,3%, por caída en todas las figuras tributarias excepto el impuesto
sobre sociedades. Por su parte, la liquidación que ustedes prevén estima
que los ingresos no financieros se reducirán un 8,8% frente a la
recaudación presupuestada. Ello se debe, en primer lugar, a que las bases
imponibles han evolucionado peor de lo previsto, ya que
—recordémoslo— los presupuestos de 2013 preveían una caída
del PIB del 0,5 frente al 1,3 estimado ahora. En segundo lugar, a que a
lo largo de 2013 no se han introducido más ajustes, a excepción de las
alzas de los impuestos especiales del alcohol y el tabaco. Y, en tercer
lugar, a que la liquidación del sistema de financiación autonómica
correspondiente al ejercicio de 2010 no ha hecho sino agravar la caída de
ingresos no impositivos frente a la recaudación del año anterior. Así, en
los presupuestos de 2014 ustedes esperan una recuperación de las bases
imponibles apoyada en un ascenso de la demanda interna nominal del 1,1%
tras las caídas de 2012 y 2013. Sin embargo, los ingresos impositivos
crecerán menos que en ambos ejercicios por el menor impacto también de
las medidas tributarias.


Los presupuestos apuntan a que el impacto total, que
ascendió a 11 237 millones en 2012 y a 15 956 millones en 2013, caerá
hasta los 3658 millones el próximo año. Por cierto, de esos 3658
millones, casi 3000 provendrán de nuevas medidas. Ello elevará la
recaudación impositiva un 2,3% frente a 2013. Sin ellas, los ingresos
impositivos apenas remontarían un 0,2%. Ahora bien, el principal impacto
se produce en el impuesto sobre sociedades, en particular, por la
supresión de la deducción de pérdidas en entidades extranjeras. Medida
que supone, con un impacto de 3650 millones, casi el 100% del importe
conjunto de todas las medidas de los Presupuestos Generales del Estado y,
además, irá íntegramente al Estado. Sin estas medidas el Estado
recaudaría un 8,4% menos que en 2013.


Así vemos la paradoja, que también se ponía de relieve en
alguna intervención anterior, dado que se exige mayor ajuste a las
comunidades autónomas para 2014 y el Estado mejora sus ingresos mediante
impuestos que no son cedidos ni compartidos con aquellas. De todas
maneras, con el mecanismo que hay en el Fondo de suficiencia, que lo
fueran o dejasen de serlo, no tendría ningún efecto. Además, los
presupuestos para 2014 reducen sus aportaciones a comunidades autónomas y
corporaciones locales en 3725 millones, un 10,6%.









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Un año más el esfuerzo de la consolidación recae en las
administraciones territoriales, especialmente en las comunidades
autónomas, a las que, además, con toda la legislación de estos últimos
meses y la que hay en curso, tratan de convertir en brazo ejecutor de la
Administración General del Estado, con una concepción jerárquica de la
misma, olvidando que las administraciones son soberanas en aquello que es
de su competencia de acuerdo con nuestra Constitución, con el bloque
constitucional, y que no existe una relación de jerarquía entre las
administraciones central, autonómica y local.


Volviendo a los ingresos de los presupuestos para 2014, le
siguen en importancia los impuestos especiales, con 434 millones de
euros, sobre todo debido a la reciente subida del alcohol y del tabaco de
hace tan solo unos meses, en julio de 2013. Esta cuantía, de hecho,
supone más que el impacto conjunto del IRPF, el IVA y el resto de figuras
tributarias.


Por último, quiero destacar que aunque caen un 1,6% los
beneficios fiscales por deducciones y bonificaciones, suponen todavía la
cifra de 38 360 millones de euros, tema este que pone en evidencia una
cuestión que el Gobierno ha querido aplazar al final de la legislatura,
la reforma fiscal, de la que se empezará a hablar en el año 2014, pero
que suponemos que será de aplicación durante el año electoral.


Volvemos a decirlo: nuestro problema no es un exceso de
gasto. Esto lo ha apuntado también algún otro portavoz. Estamos muy por
debajo de la media comunitaria en 5 o 6 puntos. El problema es nuestra
recaudación, por debajo de la media de la Unión Europea en 9 puntos. De
ahí, la necesidad de agilizar una reforma fiscal que priorice la lucha
contra el fraude y la economía sumergida, que es sensiblemente superior a
la europea. Ello ha de implicar una estrategia que permita el incremento
de la recaudación sin que repercuta en las clases medias que son las que
hoy soportan mayor carga fiscal en nuestro país. Asimismo, señor
ministro, ello implica mejorar la Administración tributaria y dotarnos de
más y mejores instrumentos legales para combatir la elusión fiscal. Por
cierto, ustedes siguen reduciendo el presupuesto y los efectivos de la
Agencia Tributaria. Como usted sabe, comparativamente dispone de menos
recursos que cualquiera de sus homólogas de los grandes países europeos.
Además, ustedes interfieren de manera partidista en las funciones de sus
profesionales. Están politizando, lesionando la imagen y la
profesionalidad de sus componentes, así como debilitándoles en algo que
es esencial en su cometido: su imagen de rigor, de profesionalidad y de
imparcialidad. Sinceramente, algunas de sus declaraciones de estos días
no son muy responsables. Después de la amnistía fiscal de hace un año,
usted quiere ahora una Agencia Tributaria sumisa a la que poder decir a
quién hay que perseguir y a quién no. Y eso la deslegitima a los ojos de
la sociedad española. No saben ustedes el mal que están haciendo con sus
medidas y con sus declaraciones al respecto.


Paso a continuación a analizar el estado de gastos de los
presupuestos para 2014. Es especialmente difícil hacer una comparación de
gastos previstos para 2014 con lo realmente ejecutado en 2013. La
previsión es que el gasto no financiero crezca un 1% frente al previsible
liquidado en 2013. En cualquier caso, el gasto previsto en 2014
representa un incremento global del 3,6% frente al presupuestado para
2013. Se reducen en un 0,3% los gastos de personal. Nuevamente los
trabajadores públicos padecerán un año más de congelación salarial y una
tasa de reposición del empleo público insuficiente en muchos servicios
públicos, lo cual se traducirá en penalización del consumo y también en
deterioro de los servicios públicos.


Crecen los gastos corrientes un 3,4% para atender
fundamentalmente los gastos derivados de las elecciones al Parlamento
Europeo, y decrecen los gastos financieros un 5,2% por la relajación de
la prima de riesgo. Crecen las transferencias corrientes un 1%,
básicamente becas y prestaciones por desempleo, y decrecen las
transferencias, como antes he dicho, a comunidades autónomas y
corporaciones locales, así como las transferencias a la Seguridad Social.
Es decir, se continúan y se consolidan las políticas de reducción de
recursos destinados a mantener el Estado del bienestar. Salud, educación
y dependencia continuarán castigadas en estos Presupuestos Generales del
Estado; por cierto, en este momento más de 200 000 personas no perciben
estas ayudas a la dependencia a las que tienen derecho.


Igualmente la cultura, después del varapalo sufrido con el
incremento del tipo de IVA, se ve ignorada en estos presupuestos. Después
de los recortes de los años 2012 y 2013, solo pueden reconocerse
incrementos, aunque sean raquíticos, en becas e investigación. No sucede
lo mismo en el otro capítulo, el que hace referencia a las inversiones
reales, que ve reducir un año más sus









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dotaciones. De hecho, la inversión en infraestructuras
vuelve a caer un 9,4% hasta los 8706 millones, menos de la mitad de hace
cuatro años. Este factor, por un lado, no ayudará a la recuperación de la
economía y, por otro, prolongará el periodo de ejecución de algunas obras
en marcha absolutamente necesarias, a la vez que diluirá en el tiempo
otras necesarias para la recuperación económica; por citar un ejemplo, el
ritmo de ejecución del corredor mediterráneo.


Ello por no hablar de la distribución territorial de estas
inversiones. Nuevamente —y también lo ha puesto de relieve otro
portavoz— vuelven ustedes a ignorar las leyes vigentes, como el
Estatuto de Autonomía de Cataluña, además de los acuerdos entre el
Gobierno de España y el de Cataluña, al que por lealtad institucional
ustedes deberían reconocer y respetar. Reducir en un 25,5% los recursos
presupuestados el año pasado y que para el 2014 supongan apenas poco más
del 9% de la inversión territorializada, frente al 18,7% que representa
el PIB de Cataluña, es en cierta manera una ofensa; una más destinada a
hacer crecer la desconfianza y la desafección, porque eso es lo que
consiguen.


Cabe destacar, por último, el crecimiento de la deuda
pública. Este año 2013 acabará en un 94,2% del PIB cuando solo hace siete
meses ustedes hablaban del 91,4%. Pero para el 2014 el Tesoro necesitará
emitir más de 244 000 millones de euros y nos situaremos en el 99,8% del
PIB, es decir, prácticamente 30 puntos más a lo largo de sus tres
Presupuestos Generales del Estado.


Permítanme hacer ahora unos comentarios sobre el
presupuesto de la Seguridad Social. El Gobierno también debe garantizar
el cumplimiento de la Seguridad Social, cuyo ajuste comprometido ronda
los 3200 millones de euros en el 2014; ello siempre que no se produzcan
desviaciones adicionales este año. Pero dicho ajuste no va a ser
sencillo. En primer lugar, porque los ingresos seguirán cayendo hasta los
102 840 millones de euros y, en segundo lugar, porque los Presupuestos
Generales del Estado del 2014 apuntan a que por el lado del gasto las
transferencias corrientes de la Seguridad Social por pensiones,
incapacidad temporal o maternidad crecerán un 3%, hasta los 129 237
millones; en concreto, el gasto total en pensiones contributivas y no
contributivas crecerá otro 5%, ello asumiendo una revalorización de
apenas el 0,25%. Esta dinámica se producirá porque la caída del empleo y
de la población activa, parte de la cual se debe obviamente al incremento
de los jubilados, persistirá en el año 2014, lo que presionará a la baja
los ingresos por cotizaciones y al alza los gastos en prestaciones
respectivamente.


El problema es tener casi un millón menos de cotizantes que
en el año 2011. El problema son cinco trimestres seguidos de reducción
salarial fruto de la reforma laboral y el impacto que ello tiene también
en las cuentas de la Seguridad Social. El problema son los más de dos
millones de trabajadores que se han quedado sin convenio fijo, porque si
se bajan los salarios y baja el empleo, caen los ingresos de la Seguridad
Social —cayeron en 2012, en 2013 y volverán a caer en 2014: 10 000
millones de déficit en 2012, 13 000 en 2013 y 11 000 en 2014, según los
datos de su presupuesto—, y las consecuencias de su reforma
laboral, con salarios más bajos y despidos más baratos, en cierta manera
las van a pagar también los pensionistas. En suma, señorías, podría
generarse un desbalance como el de los años anteriores, o al menos no
alcanzarse el ajuste prometido de los 3200 millones de euros.


A nuestro modo de ver, la evolución presupuestaria de la
Seguridad Social constituye el aspecto más incierto e importante de cara
al cumplimiento del objetivo de déficit de estos presupuestos, con una
caída de los ingresos a pesar de la reducción de las deducciones y el
incremento de algunos tramos de las cotizaciones sociales —caída de
los ingresos que desmienten sus informaciones de que no caerán el empleo
ni los salarios— y con un incremento del gasto —cualquier
forma con la que se cubra el desfase, digamos, ya sean las transferencias
de la Administración o recurrir a la venta de activos del Fondo de
Reserva, o ambos a la vez—, por lo que vemos difícil el acometer la
reducción del objetivo de déficit en tres décimas.


Una referencia al conocido como Fondo de Reserva, para
recordarles que ustedes han realizado disposiciones con cargo al mismo en
estos dos años de 18 657 millones de euros, gracias a la herencia de los
cotizantes —supongo que algo también tenían que ver los Gobiernos
anteriores; de eso, evidentemente, ustedes no se han quejado—.
Cantidad que se eleva a 23 631 si le sumamos los 4980 millones de euros
de que ustedes también han dispuesto con cargo al Fondo de Prevención y
Rehabilitación de las Mutuas, y seguro que continuarán en 2014 —ya
lo veremos—.









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En resumen, un año más estamos ante unos Presupuestos
Generales del Estado que no son los que necesita la sociedad española,
desde nuestro punto de vista, ello a pesar de la mejora de algunos
indicadores macroeconómicos que apuntan que hemos superado la recesión.
Dejar atrás la recesión no quiere decir dejar atrás la crisis, señor
ministro, ojalá fuera así, y mucho menos crecer sostenidamente, que es lo
que necesita la economía española. Por ello, los Presupuestos Generales
del Estado no son los que necesita la economía española para crecer, con
unos recursos para investigación, para ayudar a la internacionalización y
a la exportación de nuestras empresas claramente insuficientes; con una
inexistente política industrial, si exceptuamos algún sector, como el del
automóvil; con un tejido empresarial básicamente formado por pequeñas y
medianas empresas que ven cómo el acceso al crédito continúa siendo
misión imposible; en un contexto en el que, bajando el poder adquisitivo
de los pensionistas, reduciendo los salarios en el sector privado,
congelando los sueldos en el sector público y recortando el seguro de
desempleo, es difícilmente creíble que pasemos del –2,6% de 2013 de
crecimiento del consumo privado al +0,2 en 2014; con unos servicios
públicos, la mayoría de ellos —educación, salud, servicios
sociales— en gran medida competencia de las comunidades autónomas,
que serán nuevamente los grandes afectados por el ajuste, con lo que ello
supondrá de deterioro de los servicios que se prestan a la ciudadanía;
con un reparto de la carga fiscal que continúa soportando en gran medida
las rentas del trabajo y no las del capital; y con una sociedad que
—reconozcámoslo— se va fracturando cada día más, cada día con
más desigualdad y más injusticia, con más desconfianza hacia las
instituciones y hacia sus representantes. Ese también empieza a ser un
poco el legado de su Gobierno.


Entenderán las razones de nuestro veto y el porqué les
anticipamos nuestro voto contrario si, como es de esperar, este no
prospera ni tampoco nuestras enmiendas, como viene siendo habitual en
esta legislatura. España y los españoles se merecen otro presupuesto que
el que ustedes someten a aprobación.


Muchas gracias. (Aplausos.)


El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, señoría.
Gracias, president.


La propuesta de veto número 7 ha sido presentada por el
Grupo Parlamentario Vasco en el Senado.


Tiene la palabra el senador y portavoz de su grupo, señor
Bildarratz.


El señor BILDARRATZ SORRON: Buenas tardes, señorías.


Señor ministro, quiero empezar, para la distensión, con una
pequeña broma. Siendo el debate de totalidad de los vetos el prime time
del debate de los Presupuestos Generales del Estado, no quiero ni
preguntarme qué haría un director general de una televisión si un
programa de prime time de esa televisión tuviese una audiencia inferior
al 8%. No quiero ni pensar qué es lo que haría.


Señor ministro, además de la evidencia de que unos
presupuestos son el principal documento legislativo que recoge la
previsión tanto de ingresos como de gastos que han de servir para la
configuración de la vida de un país, de un Estado, entendemos —y
esto es la clave, esto es lo importante— que son el instrumento
para configurar o para obtener el bienestar de la ciudadanía. Es decir,
si damos con un instrumento que no satisfaga las necesidades de nuestra
ciudadanía, estaremos aprobando algo que no es válido, algo que no
funciona. Y en nuestra opinión, señor ministro, señorías, estos
presupuestos no son los presupuestos del bienestar, sino que son los
presupuestos de la comunicación, son los presupuestos del marketing y son
los presupuestos de la publicidad. Porque entendemos que estos
presupuestos no proporcionan bienestar, sino que lo que hacen es vender,
vender bienestar, comunicar bienestar.


No sé si recordarán, señorías, lo que se acabó llamando lo
Viernes de Dolores. ¿Recuerdan aquellos días cuando, viernes tras
viernes, los medios de comunicación, toda la ciudadanía, asistían
preocupados a los Consejos de Ministros porque cada viernes en el Consejo
de Ministros se aprobaba algo que asustaba, algo que generaba recortes,
algo que generaba frustración, dolor y que, además, se contaban diciendo
que se trasladaba una verdad a la ciudadanía porque había que tomar una
serie de decisiones y alguien tenía que contar la verdad a la ciudadanía
puesto que hasta entonces nadie lo había hecho? Eso eran los Viernes de
Dolores, pero ahora estamos asistiendo a una segunda parte de la
legislatura en la que ha cambiado el cuento. Y en estos momentos ustedes
nos quieren hacer creer —usted, señor ministro— que estamos
en el país de









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las maravillas, es decir, en Alicia en el país de las
maravillas, y esto es lo que voy a intentar mostrar a continuación.


En primer lugar, quiero hablarles del procedimiento, porque
el ministro ha calificado el trámite de enmiendas como un trámite con
contenido, un trámite importante. También lo hizo en el Congreso, también
lo calificó como un procedimiento de diálogo, de acuerdo, etcétera.
Entendemos que todos nos estamos enfrentando a un procedimiento en el que
vamos a debatir y vamos a discutir. Además, el ministro nos ha lanzado
una serie de preguntas a las que vamos a intentar responder y vamos a dar
con un documento. Pero, claro, ese es el cuento, porque la realidad ¿cuál
es? La realidad es que se han presentado prácticamente 4000 enmiendas y
únicamente se han aceptado cuatro enmiendas de las presentadas por la
oposición; es decir, cuatro enmiendas de casi 4000, una de cada mil. Y si
definimos el concepto de diálogo, que de cada mil palabras, señor
ministro, se atienda una, no le extrañe si le trasladamos un pequeño
escepticismo ante ese trámite que usted está diciendo que va a ser un
trámite de contenido, un trámite de diálogo, un trámite de acuerdo.


Es el tercer presupuesto de la legislatura y consideramos
que, además de ser un presupuesto muy similar en contenido, ha trasladado
una misma actitud y un mismo procedimiento. Le voy a poner, con total
humildad, un ejemplo de la situación contrapuesta del ámbito más cercano
para mí que es el caso vasco. Fíjense, señorías, que ni en el Parlamento
vasco, ni en las juntas generales de Vizcaya, Álava o Guipúzcoa hay
mayoría absoluta suficiente de ningún grupo, pero, probablemente, en
todas las instituciones que les he citado se aprueben los presupuestos,
es decir, se consigan acuerdos con el resto o algunos grupos de la
oposición. ¿Esto por qué ocurre? Porque todos o la mayoría consideramos
muy importante dotar de estabilidad al sistema. El caso del Gobierno
vasco es paradigmático porque primero se consiguió para el presupuesto
del ejercicio 2014 un acuerdo presupuestario con el Partido Socialista de
Euskadi suficiente para aprobar las cuentas, y la semana pasada lo hemos
acordado, sin que hiciera falta, con el Partido Popular. ¿Y por qué, si
no hace falta? Porque creemos que es importante que en estos momentos tan
complicados, en estos momentos en que hay tanta preocupación e
inestabilidad para la ciudadanía, al menos seamos capaces, las
instituciones sean capaces de trasladar estabilidad, serenidad y
tranquilidad a la ciudadanía. Y qué mejor que haber sido capaces de
llegar a un acuerdo, en este caso entre el Partido Nacionalista Vasco, el
Partido Socialista y el Partido Popular. Evidentemente, esto no es solo
mérito del Partido Nacionalista Vasco, sino también del Partido
Socialista de Euskadi y del Partido Popular, porque entendemos que el
momento necesita de acuerdos. Es cierto que no siempre se dan las
circunstancias para lograr el acuerdo, pero para ello hay que invertir
tiempo y establecer un horizonte de acuerdo. Y en este caso no se ha
hecho ni una cosa ni la otra. Si de mil palabras se acepta una, ¿estamos
hablando de diálogo, estamos hablando de acuerdo, estamos invirtiendo en
tiempo?


El señor ministro nos ha dicho una cosa que considero muy
importante: debemos trasladar a la ciudadanía, además de la realidad,
ánimo. ¿Y la ciudadanía no percibiría ánimo y algo positivo si fuéramos
capaces de lograr un acuerdo en el sentido que les he explicado? ¿No es
momento de un acuerdo amplio, importante? Probablemente, tendría que
haber llegado hace mucho tiempo, pero ni ha llegado, ni parece que llegue
ni llegará.


Estos son unos presupuestos condicionados por el ámbito en
el que vivimos, la Unión Europea. Evidentemente, la situación que se
traslada desde la Unión Europea tampoco es tranquilizadora de cara al
futuro ni para la propia Unión, ni para los propios ciudadanos de la
Unión, ni para el propio Estado español, que sufre los mismos problemas
de la Unión pero acrecentados: una crisis económica global, Estados al
rescate de banqueros, envejecimiento demográfico, competencia a la baja
en costes y salarios, dependencia energética cada vez más cara y escasa,
desplazamiento hacia Asia de la producción y el ahorro y un largo
etcétera. Estamos inmersos en un cambio global donde habrá Estados,
colectivos, asociaciones o instituciones —como la Unión
Europea— que saldrán mejor parados que otros, pero conviene que
estemos enfocados y bien enfocados. En este sentido, consideramos que hay
dos elementos importantísimos. Primero, urge la reforma del
funcionamiento de las instituciones financieras y de sus mecanismos de
vigilancia y control, porque salvo para cortar créditos a la economía
productiva, nada ha cambiado.


Y segundo elemento importante, clave y básico allá donde
los haya, es que hay que mejorar el capital humano; y hablamos de
educación, de I+D+i, de muchas cosas, porque entendemos que el









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capital humano es el elemento clave para insertarnos con
éxito en la economía global, y entendemos además que llevamos un gran
retraso respecto a nuestros competidores, y estos presupuestos no ayudan
en nada a mejorar esa competitividad. Por ejemplo, en los presupuestos
para 2014 vamos en la misma línea que siempre en I+D+i, muy por debajo de
la Unión Europea, que se sitúa en el 2%. Nosotros todavía no llegamos a
esa cifra, estamos en un 1,74%. Y cuidado, porque nuestra referencia no
debe ser la Unión Europea, nuestra referencia debe estar en otros
ámbitos. Israel está en el 4,3% y además tenemos a Corea, China, Japón,
realidades asiáticas muy importantes, al igual que otras europeas, como
Finlandia o Suecia. El sistema educativo tiene que ser, pues, un elemento
clave e importante, de los más importantes. No hay más que ver el último
informe PISA, en el que hasta ahora se decía que Finlandia era uno de los
países más relevantes —y entiendo que sigue siéndolo, sin ninguna
duda—, pero ahora aparecen también otros sistemas educativos muy
importantes —los compartamos o no, y aunque PISA no sea más que una
referencia—, como Corea del Sur, Japón o China, que empiezan a
adquirir protagonismo, y eso nos tiene que dar que pensar; tenemos que
preguntarnos dónde estamos situados, qué es lo que el continente asiático
va a ser en el año 2030 y dónde vamos a estar nosotros; cuánto están
invirtiendo en infraestructuras y cuánto estamos invirtiendo nosotros;
cuánto están invirtiendo en tecnología y cuánto nosotros, igual que en
investigación. Todas esas preguntas nos las tenemos que hacer dentro del
ámbito de la Unión Europea pero a través de respuestas que se encuentran
en estos presupuestos que hoy estamos debatiendo. Por ejemplo, ¿qué está
ocurriendo en el Estado español con la educación, con la LOMCE? Acabamos
de verlo. ¿Qué da este documento para poder responder a la aprobación de
la nueva ley, con qué dinero se va a aplicar? Y dicho sea de paso, se ha
aprobado la LOMCE en contra de la mayoría de los agentes sociales y en
contra de la mayoría de las comunidades autónomas, que son las que pagan
en buena medida el desarrollo de esta ley. Y como les digo, es evidente
que estos presupuestos no van en esa línea que les he comentado. (La
señora vicepresidenta, Vicente González, ocupa la Presidencia.)


Así pues, analizamos unos presupuestos condicionados en
gran medida por la Unión Europea, donde —es cierto— Grecia no
tiene soberanía presupuestaria y fiscal, pero también nosotros la tenemos
muy limitada, como no puede ser de otra manera; principalmente por el
Tratado de Estabilidad, donde las partes firmantes se comprometen a
promover la disciplina presupuestaria a través de un pacto presupuestario
y a reforzar la coordinación de sus políticas económicas. Tenemos unos
presupuestos donde otro año más los ingresos son inferiores a los gastos,
es decir, estamos gastando más de lo que tenemos, y esto quiere decir que
el Estado español seguirá endeudándose y sobrepasando en los próximos
meses el cien por cien de la deuda con respecto al PIB, con las
consecuencias que ello tiene.


El señor ministro nos invitaba a realizar una serie de
preguntas, como, por ejemplo, en cuánto se van a acrecentar las
inversiones, cuánto tenemos que crecer en la inversión pública y en la
inversión privada. Cuando menos, entendemos que en ese sentido estos
presupuestos sorprenden, puesto que uno de los ministerios que podría
ayudar a dinamizar la demanda agregada seria precisamente el de Fomento.
Y el escenario inversor del Grupo Fomento en 2014 cae en un 11% con
respecto al 2013 y se queda con 8980 millones de euros. Es decir, la
inversión pública, que es la que al fin y al cabo permite crear actividad
y puestos de trabajo, disminuye significativamente. Además, la cantidad
para la política industrial es insignificante, y también bajan las ayudas
sociales. No se hace, tal como he dicho antes, ninguna apuesta por la
educación. Eso sí, ponemos balance para que paguen nuestras comunidades
autónomas. En definitiva, sus presupuestos, los presupuestos que se
presentan hoy aquí se han convertido en un documento puramente contable,
sin objetivos de bienestar, en los que lo esencial es cuadrar cifras y no
pasarse de los límites impuestos por Bruselas.


Señor ministro, el año pasado en la presentación de las
cuentas para el 2013 usted anunciaba que el año 2013 —y lo ha
comentado hoy además— sería el último año de la crisis económica
del Estado español. Así decía: El año 2013 será el año último de la
crisis económica de nuestro país; será el último año de recesión
económica, de forma que podremos afrontar ese final con la seguridad y
con la fiabilidad de haber hecho un trayecto lleno de esfuerzos, lleno de
cambios, pero también un trayecto que abra un horizonte de seguridad y de
fiabilidad para los españoles. Eso se decía el año pasado en un debate
como el de hoy. Bien, pues según los datos de Eurostat, España tiene en
estos momentos un 28,2% de pobreza. Eso significa tener ingresos
insuficientes; sufrir









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privación material, por ejemplo, problemas para pagar la
calefacción; vivir en un hogar con baja intensidad de trabajo, es decir,
donde los adultos que trabajen el último año tengan únicamente el 20% de
su potencial en trabajo. Esa es la situación que estamos viviendo, esa es
la situación que se está sufriendo y eso es lo que siente y vive la
ciudadanía, por no hablar del desempleo. Octubre del 2013 marcó el nivel
del 26,7%, que solo fue superado por Grecia, con el 28%, pero el 57,4% de
los jóvenes menores de 25 años están en desempleo. ¿De verdad piensa el
señor ministro que el año 2013 va a ser el último año de la crisis?


Se preguntaba cuánto vamos a crecer. Esa era la pregunta
que se nos lanzaba. A mí se me ocurren otras preguntas para que también
se respondan aquí. ¿Qué les decimos a los miles de jubilados y
pensionistas que están viendo recortados sus derechos? ¿Qué les decimos a
los miles de jubilados y pensionistas que van a tener más dificultades
para llegar a finales de este mes? ¿Qué les decimos a los pensionistas
cuando las pensiones se van a ver reducidas según vivan más años? ¿Qué
les decimos a los miles de jóvenes que tienen que emigrar porque no
encuentran esperanza en su ámbito? ¿Qué les decimos a los miles de
jóvenes que tienen que volver a casa de sus progenitores a vivir? ¿Qué
les decimos a los jóvenes que no encuentran financiación para vivir en
una vivienda de protección oficial? ¿Qué les decimos a los jóvenes que
después de pagar de su bolsillo una ayuda a la banca esta no les ayuda,
ni a ellos ni a los empresarios ni a nadie? ¿Les decimos que tranquilos?
¿Les decimos que el ministro ha dicho que la crisis finaliza en el
2013?


Otro elemento que tenemos que comentar en estos
presupuestos es qué está pasando con la banca, porque no hay en estos
momentos, o no he sido yo capaz de verlo, ningún informe serio que
explique a los ciudadanos qué se ha hecho con el rescate bancario. No lo
hay. Los bancos en estos momentos están comprando deuda pública y no
están dando dinero a los particulares, no están dando dinero ni a
particulares ni a empresas, a nadie; porque, tal como se ha dicho antes,
logran préstamos a un 0,5 antes y a un 0,25 ahora del Banco Central
Europeo y los invierten en bonos públicos a diez años, que dan una
rentabilidad en España del 4%. Están comprando deuda pública con un
dinero que ha salido del bolsillo de todos —de todos—; unos
bancos que en muchos casos están dando beneficios.


Quiero contraponer dos datos para que veamos la inmensidad
del problema: 10 000 millones de euros frente a 250 000 millones de
euros. Señorías, ustedes recordaron que en el ejercicio de 2012 el
Gobierno estimó en 10 000 millones de euros el ahorro que el Estado
obtuvo con los recortes en sanidad y en educación, dos pilares básicos
del Estado de bienestar: fueron 7000 millones de euros en sanidad y 3000
millones de euros en educación. Pues bien, el dinero que desde el inicio
de la crisis el Estado ha entregado a la banca para su rescate ya
asciende a 250 000 millones de euros. Insisto, 10 000 millones de euros
frente a 250 000 millones de euros, que se han empleado de la siguiente
forma: 63 000 millones de euros en inyecciones de capital; 134 000
millones de euros en avales; y, 50 000 millones de euros ha sido el coste
de la SAREB, el banco malo.


Según el Fondo Monetario Internacional, la mayor parte de
esos 250 000 millones de euros no se devolverá. Así, el FMI calcula que
el Estado perderá unos 190 000 millones de euros y, en este sentido, les
voy a recordar unas palabras del presidente, Mariano Rajoy, en el Pleno
de esta Cámara del 23 de octubre de 2012 con respecto a la ayuda de 41
000 millones de euros al sector bancario. Decía: «En cualquier caso, se
trata de un préstamo a las entidades financieras y son ellas las que
tienen que devolverlo.» «…eso nunca lo iba a pagar el Estado
español.»


Y el señor Montoro también decía: Con la reforma bancaria
recibiremos una inyección de recursos monetarios destinados a
recapitalizar, es decir, a sanear, el 40% de nuestro sector bancario. Lo
haremos con nuevos y cuantiosos recursos europeos y unas condiciones de
financiación realmente óptimas, habida cuenta de que será una deuda a
devolver en quince años y con tipos de interés por debajo del 1%, de
manera que se fortalecerá nuestro sector bancario, permitiendo que vuelva
cuanto antes a facilitar el crédito a nuestros emprendedores, a nuestros
inversores. ¿Qué crédito? ¿Qué empresarios? ¿A quiénes se está dando ese
crédito?


Para ir finalizando este apartado diré que resulta cuando
menos irrisorio que el sistema actual de funcionamiento se base en que
cuando el Banco Central Europeo da dinero muy barato a los españoles para
dos objetivos, primero, que saneen sus cuentas y, segundo, que puedan dar
créditos a familias y empresas, la realidad —y eso es lo
irrisorio— es que los bancos prestan









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dinero al Estado a un precio mucho más elevado, de manera
que obtienen beneficios a través de esta operación —beneficios
seguros, sin riesgo— y, el Estado, para poder devolver estas
cantidades, sube impuestos y baja salarios. Después de oír y ver esto,
¿qué le contamos a un joven que quiere independizarse y no puede comprar
una vivienda de VPO porque nadie le presta dinero? ¿Qué le contamos?


Señor ministro, con un desempleo en este momento del 26,7%
de la ciudadanía ¿se puede decir de verdad que 2013 será el último año de
la crisis económica? En ese caso, ¿qué dirá Italia que tiene un 12,5%? ¿Y
Portugal, que tiene el 15,7%? Es decir, que estamos otra vez ante un
producto de comunicación, de marketing y se nos vuelve a ofrecer algo que
es totalmente ficción.


Estamos hablando de los datos de desempleo como algo
coyuntural; unas cifras que sobrepasan la media de la Unión Europea de
una manera escandalosa. Pero algo tendremos que pensar para analizar qué
está ocurriendo en el Estado español, porque si analizamos la media de
desempleo de 1983 a 2010, España estaba en el 14,3% y la Unión Europea en
un 8,9%. Entonces también estábamos prácticamente en el doble. Para
darles una referencia: Estados Unidos estaba en el 6,1% y Japón en el
3,6%. La situación de ahora es dramática, muy dramática, penosa, pero
algo habrá que hacer si la media desde 1983 hasta 2010 nos da unos datos
que evidentemente nos preocupan.


Se me termina el tiempo, aunque después tendremos el turno
de portavoces para seguir reflexionando sobre todos estos temas más las
preguntas que nos ha lanzado el señor ministro. ¿Qué son estos
presupuestos en Euskadi? Porque es el elemento fundamental para que
nosotros presentemos este veto. De todas las inversiones que se están
planteando en este proyecto de presupuestos para Euskadi únicamente hay
un 0,4%. Muchas veces ustedes han utilizado una serie de argumentos, como
que depende del momento, depende de que haya inversiones; que no depende
tanto del número de habitantes o de las proporciones… Entiendo ese
mensaje. Entiendo que es diferente que haya unas inversiones importantes
en marcha a que no las haya. Es normal que, en ese sentido, veamos
dientes de sierra. Ahora, que en estos momentos, teniendo una
infraestructura tan importante como la que tenemos en Euskadi, únicamente
se le dote el 0,4% de los presupuestos, de verdad no creo que los vascos
vayan a tener una buena sensación de los presupuestos que está planteando
el Gobierno, y creo que pueden asistir con gran preocupación a su
traslación. ¿Por qué? Porque si en 2013 eran unos presupuestos ya bajos,
muy bajos, con 190 millones en presupuesto para el tren de alta
velocidad, se da la circunstancia de que ni siquiera estos 190 millones
se invierten, porque no se gestionan; han paralizado obras, han pedido a
las constructoras que no emitan facturas, hay obras que todavía no están
proyectadas, cuando es un proyecto totalmente prioritario para la Unión
Europea junto con el eje mediterráneo, es decir, el eje atlántico, lo que
nos une a través de Irún-Madrid con París, en estos momentos es una isla.
Si ustedes ven el mapa el Estado español, es una isla, y ni se recoge una
cantidad para terminar lo proyectado.


En estos momentos estamos asistiendo a unas
infraestructuras en dos velocidades: una va por Guipúzcoa, a través del
acuerdo que se consiguió con el Gobierno anterior, y estamos gestionando
contra cupo desde el Gobierno vasco. Sin embargo en Vizcaya y en Álava
—la otra— no se avanza en la obra y, además, se da una
circunstancia muy extraña: preguntamos cuáles son los objetivos, cuáles
son los planes y cuáles son las ideas, y no existen. No existe un
calendario, un cronograma de inversión, de finalización. Lo hemos
preguntado a través de interpelación, hemos formulado pregunta por
escrito… Eso sí, el presidente Rajoy se comprometió aquí a cumplir
los proyectos en plazo, y no se están cumpliendo. Pero ante la nueva
situación y ante las preguntas que nuestro grupo tanto aquí como en el
Congreso lanza al grupo mayoritario y al Gobierno para que nos expliquen
cómo va, nos dan la callada por respuesta. En ese sentido, también he de
decir que nosotros hemos presentado muy pocas enmiendas a los
presupuestos, concretamente veintidós. ¿Por qué? Porque queríamos
centrarnos en este proyecto, queríamos trasladarles que este es el
proyecto prioritario e importante para nosotros y para Euskadi y como
ven, al menos hasta ahora, esto no ha sido atendido.


En consecuencia, no han cumplido con los compromisos del
Gobierno, no apuestan por la inversión, no apuestan por la formación, no
apuestan por atender al desfavorecido, no apuestan por la gente jubilada,
no apuestan por los pensionistas y no apuestan por los jóvenes. La
conclusión









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es que nosotros, viendo esto, evidentemente llevaremos
adelante nuestro veto, lo someteremos a votación y apoyaremos el veto del
resto de los grupos parlamentarios.


Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias,
señoría.


Propuesta de veto número 1 del Grupo Parlamentario Mixto,
de los senadores Aiartza y Goioaga, senadora Mendizabal y senador
Unamunzaga.


Senador Unamunzaga.


El señor UNAMUNZAGA OSORO: Muchas gracias, presidenta.


En primer lugar, me voy a sumar a la reflexión de mi
compañero y compatriota Bildarratz en cuanto a que estamos en el supuesto
prime time, pero me parece que desgraciadamente hemos elegido mal la
película —y luego me voy a explicar—, porque un año más, en
el debate de estos presupuestos hay una sensación creciente de déjà vu. Y
digo más. Es una sensación de estar en la película Atrapado en el tiempo
reviviendo una y otra vez El día de la marmota. Y reviviendo El día de la
marmota y esperando parecerme lo menos posible a Bill Murray, voy a
procurar explicar el porqué de esta sensación creciente de déjà vu, que
comienza por el hecho de que una de dos, o no se ve la realidad o vivimos
en dos realidades diferentes y paralelas —siguiendo con los símiles
de películas—, o alguno está en La dimensión desconocida.


Como dice usted, señor ministro, voy a hablar desde la
responsabilidad, y desde la responsabilidad le tengo que afirmar que el
hecho es que aunque han cambiado algunas de las circunstancias
macroeconómicas debido a la bajada de los tipos de interés, bajada que ha
posibilitado una menor carga financiera a la deuda y de esta manera una
cierta capacidad de maniobra, las cosas siguen igual, el Gobierno sigue
igual y estos presupuestos son una continuación de los presupuestos y de
la labor legislativa que el Gobierno ha venido desarrollando a lo largo
de estos dos años, es decir, siguen reincidiendo en los mismos errores.
Déjà vu porque son unos presupuestos que siguen sin dar una respuesta a
la realidad económica y social del Estado español, y por ello y
evidentemente siguen sin dar una respuesta a la realidad política y
social de Euskal Herria. Afirmo esto porque aunque Euskal Herria y el
Estado sean dos realidades diferentes, es verdad que tienen elementos de
conexión y, lamentablemente, todavía esos presupuestos inciden en nuestra
realidad, aunque espero que esto sea por poco tiempo.


Comienzo remarcando que no es nuestra manera de encarar el
examen de estos presupuestos el ver cuál es la cantidad destinada a
nuestro país, si nos dan alguna partida de un lado o de otro. Todo esto
no deja de ser más que migajas. Lo que realmente nos preocupa es la
globalidad del presupuesto que han presentado. Estos presupuestos no son
solo ajenos a nuestro país, sino que están hechos a espaldas de la
realidad política, económica y social de Euskal Herria. Afirmamos lo
anterior porque los Presupuestos Generales del Estado aprobados por el
Gobierno para el presente año 2014, que se están tramitando en esta
Cámara, siguen respondiendo a un diagnóstico erróneo de las
características propias que la crisis sistémica internacional adopta en
el Estado español y no dan solución ni a la grave crisis económica, ni a
la crisis social, ni a la crisis política e institucional, sino que con
carácter general van a profundizar y a agravar todos estos temas.


Son unos presupuestos que dan un nuevo impulso a la
disolución del Estado del bienestar, con la pérdida del poder adquisitivo
de las pensiones y con recortes en aspectos clave, especialmente en
tiempos de crisis, como el 36% de recorte de inversión en servicios
sociales o casi el 35% en la sanidad pública, el 39% en la protección
familiar o casi la mitad en el caso de los sistemas de dependencia. Esto
sí que es desmantelar el Estado de bienestar, digan lo que digan y
afirmen lo que afirmen, tal y como ha hecho recientemente el presidente
Rajoy.


Estos son unos presupuestos que siguen incrementando el
endeudamiento, que sin ser consecuencia de la gestión de las
instituciones de los territorios vascos, lo pagará especialmente la
ciudadanía de Euskal Herria, un 63% más que el resto de la gente del
Estado.


Son unos presupuestos que siguen impulsando la precariedad
laboral y el recorte de los derechos de trabajadores y de trabajadoras.
Son unos presupuestos que siguen recortando los fondos destinados a la
protección del empleo, que en estos presupuestos son un 7% inferiores a
lo ejecutado realmente en este año 2013. Son unos presupuestos cuyo
capítulo de ingresos sigue sin dar respuesta al problema estructural
español del fraude fiscal. Y este apartado sí que es fundamental para
nosotros. El Gobierno no está dando los pasos necesarios para atajar este









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problema, y este hecho condiciona el conjunto de estos
presupuestos. El problema está en el gasto por la insuficiencia del
ingreso, y Amaiur lleva tiempo diciendo tanto en el Congreso como en el
Senado que mientras no se reduzca el fraude fiscal con compromisos y
plazos concretos no va a tener credibilidad y no va a poder darle la
vuelta a la situación socioeconómica. Pero tengo que reconocerle que este
fin de semana el presidente Rajoy, que ha estado pletórico por lo que se
ve, después de ocho años de jefe de la oposición y de dos de presidente
parece haberse dado cuenta ahora de que lo que tiene el Estado es un
problema con los ingresos. ¡A buenas horas! De todos modos me referiré a
este punto más adelante.


Son unos presupuestos que siguen sin dar pasos efectivos
para abordar la competitividad, basada no en el recorte laboral, sino en
la potenciación del valor añadido con inversiones en I+D+i. Pero este
tema no se aborda con decisión en estos presupuestos ni se realiza sobre
la base de las necesidades del futuro del sistema de investigación,
desarrollo e innovación. En definitiva, son unos presupuestos que van a
seguir remando a favor de la crisis, recortando el Estado de bienestar,
confraternizando con el fraude fiscal y castigando a los sectores más
débiles de la sociedad, como son los pensionistas, los parados, los
autónomos, la economía social y las pymes. Y también siguen sin estimular
la demanda interna; porque los pasos que están dando, entre otros, en el
mercado laboral tienen ese efecto. Y están venga a decir que estos son
los presupuestos del crecimiento, cuando saben que no es verdad; y están
venga a decir que son los presupuestos de la recuperación, cuando saben
que tampoco es verdad. Y para rematar todas esas afirmaciones, el
presidente Rajoy ha afirmado en una entrevista publicada hoy que no cree
que la crisis esté dejando un Estado más desigual y que el Estado del
bienestar es un logro al que no se piensa renunciar, cuando la terca
realidad y los datos expuestos anteriormente se encargan de contestarle
una y otra vez.


Para sustentar estas afirmaciones vamos a desarrollar las
ideas que le he expuesto en cinco apartados diferentes, pero antes quiero
reconocerle mi respeto por el papelón que le toca hacer a usted, señor
ministro, cada vez que sale a esta tribuna y tiene que decir lo que dice,
aunque prácticamente ninguno de los que estemos aquí vislumbremos
siquiera lo que usted afirma. Y yendo en primer lugar de la macroeconomía
a la microeconomía, diré que nos encontramos con una fotografía muy clara
de la situación. El Gobierno parte de un planteamiento macroeconómico
voluntarista que sigue la tendencia optimista de los dos años anteriores,
en los que siempre el año siguiente iban a mejorar todos los indicadores
económicos. Sin embargo, la realidad que auguran diversos organismos
internacionales rebaja sensiblemente dicho optimismo, y si descendemos a
los detalles, el panorama es todavía más desesperanzador. La realidad es
que continúa creciendo el endeudamiento, y aunque la caída de los
intereses genere coyunturalmente más disponibilidad económica de estos
presupuestos, la espada de Damocles, que supone el 96% del PIB, está
pendiente sobre el conjunto del Estado, y sobre todo sobre la ciudadanía
de Euskal Herria, que a través del cupo carga con un coste superior en
más de un 60% al que soporta la gente del resto del Estado, coste de un
endeudamiento fruto de la nefasta gestión de los Gobiernos central y
autonómico y que nos afecta aunque no seamos responsables de él.


Por otro lado, sigue deteriorándose la calidad del empleo y
no se crean nuevos puestos de trabajo. La caída del paro que se anuncia
se basa en contratos temporales y a tiempo parcial; con un crecimiento
económico casi inexistente, reducción de salarios, desorbitadas tasas de
paro permanentes, endeudamiento camino del cien por cien del PIB,
reducción del poder adquisitivo de las pensiones, subida de los impuestos
indirectos y de los de la gente sometida a nómina, que los pagan
puntualmente, el panorama apunta a una persistente atonía del consumo
interno que hace imposible un crecimiento económico generador de empleo
social y económicamente sostenible.


Como segundo elemento quiero destacar la insuficiencia de
ingresos, el no compromiso con la lucha contra el fraude fiscal y el
incremento de la desigualdad. En el capítulo de ingresos estos
Presupuestos Generales siguen sin dar respuesta al problema estructural
del fraude fiscal en el Estado español. Con los últimos datos del informe
comunitario anual sobre tendencias fiscales en la Unión Europea, en el
que el Estado español ocupa el lugar número 21 a la hora de fijar el
porcentaje sobre el PIB que supone la recaudación de las administraciones
públicas, el total de ingresos públicos representó el 31,4% del PIB, lo
que supone 8,1 puntos menos que la media de la eurozona, situación que no
es fruto de la actual coyuntura de recesión económica sino que









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responde a un problema estructural, puesto que desde el año
1995 tan solo en tres ocasiones la recaudación del Estado ha superado la
barrera del 35%.


Si analizamos dónde se producen estas insuficiencias
crónicas del capítulo de ingresos vemos que fundamentalmente es en los
impuestos indirectos. En el año 2011, de los veintisiete Estados de la
Unión Europea, el Estado español ocupaba el puesto número 27 del
porcentaje sobre el PIB que suponía la recaudación por este concepto.
Están los impuestos especiales y el impuesto sobre sociedades en el
puesto número 22, y tan solo en el IRPF, el impuesto de quienes están
vinculados a una nómina, el Estado español ocupaba una posición más
normalizada situándose en el puesto número 12 de la Unión Europea a
Ventisiete.


Estos datos resultan especialmente llamativos —aunque
sería más exacto calificarlos de escandalosos— si vemos la
evolución de los beneficios de las grandes empresas, como es el caso de
las incluidas en el IBEX 35, que en el primer semestre de este año han
incrementado sus beneficios un 9% con respecto al mismo período del año
anterior, o la evolución de las SICAV, que en el presente año se han
incrementado en más de un centenar, que el año pasado obtuvieron
beneficios superiores al 8% y la primera mitad de este año la
rentabilidad media se acercaba al 4%.


A la luz de estos datos, cobra especial relevancia el
último informe de Cáritas, que señala que en el Estado hay ya 3 millones
de personas en situación de pobreza severa —según la terminología
de Cáritas—, esto es —traducido— que viven con menos de
307 euros al mes. Los pobres representan ya el 6,4% de la población, una
tasa que casi duplica la de 2007, que era del 3,5 según los datos de la
Encuesta de Condiciones de Vida, recogidos en su informe del Observatorio
de la Realidad Social de 2012. En esta misma línea, el último Informe
sobre la riqueza en el mundo, que publica anualmente el banco suizo
Credit Suisse, señala que mientras el número de millonarios en el Estado
español ha aumentado un 13% entre mediados de 2012 y la primera mitad de
2013, llegando hasta las 402 000 personas, la tasa de pobreza ha pasado
del 19,7% de los hogares españoles en 2007 al 21,1% en 2012.


Señor ministro, lo que estos datos conllevan es que la
política económica y social de este Gobierno, que se viene concretando en
estos presupuestos generales y en los dos anteriores, está generando una
acumulación de riqueza en unas cada vez más reducidas elites que se
mueven en los entornos de la economía especulativa y sus sistemas de
apropiación de rentas ajenas, a la vez que se produce un incremento
constante y progresivo de la desigualdad, que, como alerta Cáritas, trae
consigo una segunda oleada de empobrecimiento y exclusión social,
agudizada por las políticas de ajuste y sus recortes, la prolongación de
las situaciones de desempleo y el agotamiento de las ayudas
económicas.


La ausencia de un compromiso explícito por parte de este
Gobierno en la lucha contra esta insolidaria lacra, que se plasme en el
establecimiento de una senda de reducción del fraude fiscal con plazos y
compromisos concretos, hace a estos presupuestos ineficaces a la hora de
abordar con urgencia los retos imprescindibles como son el afrontar la
reducción de las tasas de paro y de pobreza, garantizar la protección
social y reforzar el Estado de bienestar.


En este sentido iban las enmiendas parciales que habíamos
presentado a estos presupuestos tanto en el Congreso como en el Senado
pero que no han sido aceptadas para su debate en esta Cámara, a
diferencia del Congreso donde sí lo fueron. Y esto es algo —quiero
hacer un pequeño inciso— que no entendemos, puesto que no
modificábamos la cifra total de ingresos, sino que lo que hacíamos era
cambiar su estructura sin afectar a su conjunto. Por ello no entendemos
su no aceptación. Pero, señorías, estas enmiendas estaban dirigidas
precisamente al estado de ingresos, y resumen de hecho la filosofía con
la que en Amaiur abordamos este debate presupuestario. Se trata de
enmiendas en las que planteábamos una reducción tanto del cupo de la
Comunidad Autónoma Vasca como de la aportación navarra a los Presupuestos
Generales del Estado sobre la base de la reducción del porcentaje que nos
correspondería aportar a lo que consideramos un gasto totalmente
improductivo, como son los casos de la Casa Real, el Ministerio de
Defensa y del Ministerio del Interior, es decir, la reducción en estos
tres capítulos de la parte correspondiente a la Comunidad Autónoma Vasca
y a la Comunidad Foral Navarra, por competencias no asumidas, que es
alrededor del 8%, y es lo que poníamos como disminución del cupo y de la
aportación navarra.









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Dentro de este mismo capítulo proponíamos el incremento en
tres conceptos concretos, esto es, el incremento sobre el impuesto sobre
sociedades, el incremento de otros impuestos sobre el capital y el
incremento del IVA sobre las operaciones interiores.


Con esto planteábamos además una idea clave que está
siempre presente en todas las intervenciones de Amaiur en esta Cámara,
que es la defensa de la soberanía de Euskal Herria para decidir su propio
futuro y en qué tiene que gastar sus ingresos y proponíamos un elemento
muy importante que tiene un efecto didáctico de cara a nuestro pueblo, a
nuestro país que es Euskal Herria, porque con esos 1100 millones menos
que pagaríamos de cupo reforzaríamos el Estado de bienestar en nuestro
país, destinaríamos fondos de un gasto claramente improductivo y que no
tiene ninguna utilidad social al reforzar el Estado de bienestar, que es
lo que precisamente necesita la ciudadanía de Euskal Herria, tanto en la
Comunidad Autónoma Vasca como en la Comunidad Foral de Navarra. Por lo
tanto, tiene una utilidad muy importante y un aspecto didáctico de cara a
nuestra ciudadanía de lo que supone ejercer la soberanía de forma real, y
ejercer la soberanía supone más bienestar y más beneficio para cada uno
de los ciudadanos y ciudadanas de Euskal Herria.


En segundo lugar proponíamos también un elemento didáctico
y de reflexión para el Estado español y para el resto de los grupos de la
Cámara, aspecto didáctico que hemos venido sugiriendo a lo largo de
muchos debates. Y esto es así porque ustedes tienen un problema
estructural importante, tal y como ya les he dicho, y que siguen sin
abordar, como se lo he dicho, que es el fraude fiscal. Ustedes tienen que
acabar con ese paraíso fiscal que constituye ahora mismo el Estado
español. Por eso proponíamos que esa disminución del cupo tiene que
corresponderse con un incremento en la recaudación del impuesto sobre
sociedades, porque hemos señalado muchas veces que el Estado español es
un paraíso fiscal para las grandes empresas.


Las grandes empresas pagan menos impuestos efectivos que
las pequeñas y medianas empresas, los autónomos y los trabajadores
mileuristas. No tiene ninguna lógica que las grandes empresas que tienen
beneficios multimillonarios y la gran banca paguen de forma efectiva
menos que las pequeñas y medianas empresas, que los trabajadores o que
los autónomos. Por lo tanto, ahí hay un primer toque de atención y un
efecto didáctico.


Asimismo pedíamos que se incrementase también el capítulo
de Otros impuestos sobre el capital, porque ahí está otro de los
elementos clave del paraíso fiscal español. Las grandes fortunas tienen
refugiados sus fondos, por ejemplo, en las SICAV, que son elementos de
economía meramente especulativa gracias a los cuales pagan al final el
1%. Y este es otro de los elementos que hay que abordar para acabar con
este paraíso fiscal, es decir, incrementar los impuestos sobre el
capital. Y finalmente pedíamos que se incrementase el IVA sobre las
operaciones interiores porque es otro de los elementos de fraude fiscal.
Y mientras ustedes no aborden eso, seguirán con su mantra neoliberal de
que hay que recortar el gasto público y el gasto social. Y eso es una
falsedad como un piano.


Ustedes tienen el problema en el ingreso. El gasto social
está por debajo de la media de los 27 —ahora 28— Estados de
la Unión Europea, ustedes están muy por debajo del ingreso fiscal
—ocupan el puesto 21—, y si nos vamos al tema del IVA, ocupan
el puesto 28 en el furgón de la cola de la Unión Europea. Y relacionado
con este punto, voy a referirme al tercer elemento que destacamos en
nuestro veto, que no es otro que las políticas de gasto insuficiente para
el mantenimiento del Estado de bienestar.


En los últimos años, el debate impulsado por planteamientos
ultraliberales y neocapitalistas y que ha sido asumido por este Gobierno
ha puesto en la picota al gasto público como causa de todos los males,
con el fin de justificar el progresivo desmantelamiento del Estado de
bienestar. Sin embargo, las cifras, los datos objetivos no solo
desmienten dicha tesis neoliberal, sino que ratifican nuestra denuncia de
que el problema fundamental en las instituciones estatales no es el gasto
público sino el ingreso. Según el último informe de Eurostat sobre la
distribución del gasto público por funciones en el seno de la UE 27, el
Estado español se sitúa por debajo de la media europea. Mientras que en
el conjunto de la UE 27 el gasto público equivale al 49,1% del PIB, en el
Estado español solo alcanza el 45,2%.


Si analizamos las diferentes funciones de gasto, vemos que
en el capítulo fundamental, sobre todo en esta época de crisis económica,
de los fondos destinados a la protección social y a la sanidad, en el
Estado español supone el 51,6% el gasto público frente al 54,8% de la UE
27, y en









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términos de porcentaje del PIB, en el conjunto de Unión
Europea supone el 26,9% del PIB, mientras que en el Estado español solo
se alcanza el 23,2%.


A la vista de estos datos, y después de los importantes
recortes de los dos últimos presupuestos, el mantenimiento de las
partidas genéricas o los leves incrementos de algunos conceptos en las
funciones de protección social no garantizan el Estado de bienestar. Las
transferencias corrientes o gasto disponible para las políticas públicas,
que disminuyen un 4,7%, el 36% de recorte en la inversión de servicios
sociales o casi el 35% en la inversión referida a la sanidad pública, el
39% de reducción en la inversión en la protección familiar o la reducción
casi a la mitad en el caso de la inversión de los sistemas de dependencia
suponen en la práctica un deterioro de la prestación del servicio en el
corto y medio plazo y el progresivo desmantelamiento de dichos servicios
públicos. En paralelo, mientras se anuncia que las cifras de paro no van
a mejorar sensiblemente, se siguen recortando los fondos destinados a la
protección de empleo, que en los presupuestos para 2014 son inferiores en
un 7% a lo realmente ejecutado en este año 2013.


El necesario mantenimiento y reforzamiento del Estado de
bienestar solo será posible si se abordan políticas de ingresos
eficientes y se establece una senda de reducción del fraude fiscal con
plazos y compromisos concretos. Y esto nos trae a colación un cuarto
elemento que no es otro que la constatación del fracaso de las llamadas
reformas estructurales neoliberales.


La acción del Gobierno se ha centrado en el impulso de las
reformas llamadas estructurales como son la reforma laboral, la reforma
financiera y medidas fiscales, la reforma del sistema de pensiones, que,
lejos de dar respuesta a los problemas estructurales, económicos y
sociales del Estado español, están debilitando a marchas forzadas su
carácter de estado social de derecho, no abordan la raíz del problema y
no están contribuyendo a paliar las consecuencias sociales de la crisis
económicas.


En repetidas ocasiones, hemos planteado en los debates con
el Gobierno que su reforma laboral supone un recorte de derechos y el
aumento de la indefensión de las personas que tienen un puesto de trabajo
cada vez más precario; que supone una pérdida de poder adquisitivo y de
capacidad de gasto para amplios sectores de la población; que esta
reforma laboral no ha generado empleo, sino que, al contrario, ha
propiciado que la gran patronal aplique con cobertura legal el despido
impune, generando más desempleo y crispación social, fruto de la
desprotección para sectores cada vez más amplios de la población. La
mayoría de las previsiones coinciden en señalar que van a continuar las
altas tasas de desempleo, señalándose incluso que el 25% de la población
activa estará en paro en el año 2018.


A pesar de las repetidas argumentaciones del Gobierno, las
rebajas salariales, tanto en términos reales desde el año 2010 como en
términos nominales desde el 2012, no solo no han creado empleo, sino que
han desactivado el consumo interno. El ajuste de una disminución del 7%
en los salarios del Estado español no se ha traducido en ningún aumento
de empleo ni, en la mayoría de los casos, en competitividad real. Un
informe del Banco Central Europeo acusa a las grandes empresas españolas
de subir los precios y bajar los salarios, trasladando todo el ajuste a
los salarios, a los más débiles. Al final, el aumento de los beneficios
de estas empresas, que están participadas mayoritariamente por fondos de
inversiones y de pensiones extranjeros a través del reparto de
dividendos, no ha reforzado la economía del Estado sino que ha alimentado
la economía especulativa internacional.


La reforma financiera está promoviendo el fortalecimiento
de un oligopolio financiero y el desmantelamiento de entidades
financieras de carácter social y control público, que eso es la
privatización que han hecho del sistema financiero de origen social. No
se han tomado medidas, ni están previstas en este proyecto de
presupuestos, que impidan la especulación de las entidades financieras
con los fondos y préstamos conseguidos del Banco Central Europeo y de la
propia Administración Pública española.


El crédito sigue sin fluir a las familias, a las pymes, a
los autónomos y a la economía social. La banca ha reducido en un 9,22% su
concesión de crédito, mientras que ha aumentado un 15,4% su captación de
depósitos. Después de las reformas del Gobierno, del rescate europeo y de
los 108 361 millones de ayudas públicas, el sistema financiero español no
está contribuyendo al desarrollo económico y social. Y quiero repetirlo:
nos encontramos con que el sistema financiero español no está
contribuyendo al desarrollo económico y social. No fluye el crédito a las
empresas y a las familias, pero los grandes bancos sí han ganado cuota de
mercado a cuenta del









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desmantelamiento de las cajas y casi han duplicado sus
beneficios este año, pasando de 3174 millones, en el primer semestre de
2012, a 5310 millones, en el primer semestre de 2013, según la AEB. Y las
medidas fiscales, como ya hemos señalado en el apartado anterior, no han
contribuido a atajar la brecha existente con la mayoría de los Estados de
la Unión Europea.


Finalmente, la reforma del sistema de pensiones que está
impulsando en la actualidad el Gobierno, y que en este proyecto de
presupuestos ya se concreta en una pérdida significativa de su poder
adquisitivo, va a acentuar aún más la brecha existente con otros Estados
de la Unión Europea. El régimen de pensiones existente en el Estado
español —gasto global en relación con el PIB— es uno de los
más bajos de la UE 27, situándose en más de un 20% por debajo del
promedio allí existente.


El objetivo, por tanto, no debiera ser recortar las
pensiones sino implementar cuantos medios sean necesarios para elevarlas.
Un 50% de las pensiones de jubilación se halla por debajo de los 700
euros al mes y unos 5 millones de personas malviven con ingresos
inferiores al umbral oficial de la pobreza. La situación se agrava aún
más en el caso de las mujeres por cuanto estas, por término medio, vienen
percibiendo unas pensiones inferiores en un 40% a las de los hombres.
Hablar de pensiones de viudedad equivale sin más a hablar de pensiones de
pobreza, cuando no de extrema pobreza.


En definitiva, la reforma impulsada por el Gobierno va a
profundizar en el incremento de la desigualdad y la pobreza, va a
contribuir a la atonía del consumo interno y a la perpetuación de la
crisis.


Tras el fracaso económico y social de estas reformas
estructurales nos encontramos con que las políticas de austeridad
mantienen a la economía del Estado español en el círculo perverso de la
recesión que impide el estímulo a la actividad económica y la reducción
de las tasas de paro.


Y las cifras de este proyecto de presupuestos no auguran
ningún cambio sustancial: el incremento en un 5,6% del gasto no
financiero en los ministerios, es decir, gastos de personal y gasto
corriente, y la disminución en un 4,7% en las transferencias corrientes
son muy significativas al respecto.


Por otro lado, tampoco hay medidas reales de estímulo del
crecimiento, lo que implica que con una reducida inversión productiva es
difícil lograr creación de empleo. El recorte continuado en la inversión
pública, que ha disminuido un 15% desde 2010 y que no se incrementa este
año 2014, confirma estos malos augurios y, por otra parte, la no apuesta
presupuestaria decidida por la potenciación de la I+D+i supone de facto
la renuncia del Gobierno al futuro.


Desde esta perspectiva, este proyecto de presupuestos para
el año 2014 sigue perpetuándose en el error de las reformas y políticas
estructurales de carácter neoliberal, que no están contribuyendo al
reforzamiento de la economía productiva ni a la competitividad económica
ni a la sostenibilidad social de la economía del Estado español.


Y todo ello nos trae un quinto elemento, que es para
nosotros una conclusión: la necesidad de la soberanía económica, fiscal,
financiera y social para Euskal Herria.


El análisis del contenido y la filosofía que impulsa estos
presupuestos no hace sino constatar la existencia de Euskal Herria como
sociedad diferenciada, que no solo no se identifica con el modelo
socioeconómico que impulsa estas cuentas públicas, sino que no encuentra
acomodo ni solución a sus problemas dentro del actual marco jurídico
político.


Como hemos señalado en anteriores ocasiones, este Gobierno
del Partido Popular está imponiendo en Euskal Herria todo un conjunto de
reformas estructurales y recortes, amparándose en su mayoría absoluta, en
los marcos institucionales y estatales, a pesar de que su representación
electoral en el conjunto de nuestro pueblo, la Comunidad Autónoma Vasca y
la Foral de Navarra, es claramente minoritaria, un 23%, y que su política
económica y social está siendo rechazada cada vez más por mayores
sectores de la población y por los propios Parlamentos y juntas
generales.


El mantenimiento de este marco político tiene un coste
concreto para la Comunidad Autónoma Vasca y para Nafarroa. Los
presupuestos de 2014 recogen las cantidades de 569 millones de euros para
el cupo de Nafarroa y 1527 millones para el cupo de la Comunidad Autónoma
Vasca. Con dichos fondos se financian competencias no asumidas, como son
los gastos de la Monarquía, las fuerzas de seguridad del Estado, el
Ejército, las grandes infraestructuras inútiles y, cómo no, el pago de la
deuda, deuda que no tiene su origen en nuestro país y que sin embargo
cada persona









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de Euskal Herria va a soportar un coste de 1041 euros de
los intereses de dicha deuda frente a los 767 euros que soportará cada
persona del resto del Estado.


El incremento de la deuda pública previsto para los
próximos años, fruto de la publificación de la deuda privada en los
bancos, va a suponer también el incremento del pago que la ciudadanía de
Euskal Herria ha de hacer a las arcas estatales, unos pagos que vacían
nuestras arcas públicas y nos niegan la posibilidad de poner en marcha un
nuevo modelo social y económico en Euskal Herria. Un año más volvemos a
constatar que el presente proyecto de cuentas públicas para 2014 no
contempla compromiso explícito alguno, ni siquiera en su más mínima
expresión, a fin de contribuir positivamente a la nueva etapa abierta en
Euskal Herria de cara a la resolución de conflicto político.


Se hace aún más necesaria que nunca la exigencia por Euskal
Herria de un marco soberano en materia económica, financiera, fiscal,
social y laboral, a fin de poder implementar desde nuestra propia
realidad, sin imposición ni limitación alguna por parte de los poderes
estatales, cuantas medidas sean precisas para construir un futuro para
nuestro pueblo, asentado en pilares de justicia y solidaridad, en el
reparto del trabajo y la riqueza, en el fomento de los servicios y
prestaciones públicas y en la apuesta por la economía real y productiva,
un desarrollo hermanado y respetuoso para con la naturaleza, e impulsar
una igualdad efectiva y real entre hombres y mujeres.


Desde Euskal Herria queremos apostar por la industria y la
economía verde y de alto valor tecnológico, impulsar la economía, los
cuidados y los servicios sociales públicos, fomentar firmemente la
economía social, desarrollar decididamente la I+D+i, asentar la
agricultura y la ganadería sobre las bases de la soberanía alimentaria. Y
todas esas apuestas hacia un nuevo modelo económico y social necesitan
una soberanía política y económica, así como poder contar con los
recursos que ahora, vía cupo, se nos usurpan para pagar los intereses de
una deuda injusta e ilegítima. Por eso, nuestras enmiendas que he
explicado anteriormente tenían este fin didáctico: por un lado, la
soberanía supone, de cara a nuestro país, reforzar el Estado de
bienestar, asignar fondos destinados a fines totalmente productivos al
gasto social y hacer socialmente sostenible nuestro país y, por otro,
marcarles a ustedes cuál es el problema que tienen que resolver.


En definitiva, se lo resumo: si no quieren convertirse en
un Estado fallido desde el punto de vista económico, aborden su gran
problema estructural, sigan de una vez por todas una senda de reducción
del fraude fiscal con plazos y compromisos concretos y no se refugien en
ese mantra neoliberal de que hay que recortar el gasto social y
desmantelar el Estado de bienestar. Esta, la que he explicado, es nuestra
concepción de cómo tienen que ser los presupuestos.


Hace un par de semanas presentábamos en nuestro país una
serie de bases de lo que debe ser la política presupuestaria que nosotros
estamos aplicando allí en todas las instituciones en las que estamos. En
primer lugar consideramos que los presupuestos tienen que ser
participativos. En segundo lugar tienen que apostar precisamente por la
soberanía popular, por los ciudadanos. Y en tercer lugar tienen que estar
centrados en el gasto público y en el gasto social, en la igualdad de
oportunidades y en parar las grandes infraestructuras del cemento.


Por eso pensamos que hay que abordar los presupuestos de
otra forma, que tienen que ser unos presupuestos más participativos, unos
presupuestos basados en el gasto social, en el abandono de la dictadura
del cemento y, al mismo tiempo unos presupuestos con respecto a Euskal
Herria que tienen que ser respetuosos con nuestra capacidad de decisión,
con nuestra soberanía y con el derecho que tenemos a fijar en qué se
tienen que gastar los fondos de los ciudadanos vascos.


Por todas estas razones, que suponen que estas cuentas
públicas del Estado español van a seguir remando a favor de la crisis,
recortando el Estado de bienestar, confraternizando con el fraude fiscal
y castigando los sectores más débiles de la sociedad como son los
pensionistas, los parados, los autónomos, la economía social y las pymes
mediante un planteamiento que no responde a la realidad política, social
y económica de Euskal Herria, es por lo que los senadores y senadoras de
Amaiur presentamos este veto.


Mila esker. Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias,
señoría.


Propuesta de veto número 2, del Grupo Parlamentario
Mixto.


Tiene la palabra la senadora Capella i Farré.









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La señora CAPELLA I FARRÉ: Buenas tardes, señorías.


Ministro, no importa el tiempo que tengamos para defender
nuestras posiciones, no importa el contenido de las mismas ni su
importancia; en definitiva, importar lo que se dice importar, no importa
nada, salvo los intereses de unos pocos frente a unos muchos, que somos
la inmensa mayoría, a los que estos presupuestos no nos dan respuesta y
sí a esos pocos. Esa es la percepción que Esquerra Republicana de
Catalunya tiene de los presupuestos que hoy debatimos y debatiremos en
estos días en este Pleno del Senado


Señor ministro, son sus terceros presupuestos, por tanto,
no puede seguir mirando por el retrovisor a lo que se encontró porque lo
que usted arrastra y lo que presenta hoy aquí ya es cosecha de su
Gobierno y, en este caso, de su ministerio.


Sus presupuestos, los del Gobierno del Partido Popular, a
criterio de Esquerra Republicana, no afrontan la crisis, no dan respuesta
a la crisis económica, a la crisis social ni a la crisis institucional;
no afrontan ni resuelven los problemas del Estado español ni los de sus
ciudadanos. Ya pueden ir cantando ustedes misa porque estos presupuestos
no garantizan ni son garantía del Estado del bienestar. Porque el Estado
del bienestar no se garantiza recortándolo, que es donde ustedes siempre
acaban poniendo el acento, se garantiza reforzándolo y destinando más
presupuesto o gestionándolo mejor. Equilibren las cuentas —se han
dado cuenta tarde— por la parte de los ingresos y búsquenlos,
busquen estos ingresos allá donde toca y no graven más a quien menos
tiene, que es lo que ustedes siempre acostumbran a hacer. Y acentúen la
inversión en aquello que aporta valor añadido y no en aquello que no, y
así hasta un largo etcétera. Y puestos a recomendarle, qué tal, ministro,
si apuesta, de una vez por todas —se lo han dicho antes ya, pero se
lo repito—, por luchar contra el fraude fiscal y no por desmontar
la inspección fiscal, porque parece ser que a usted no le gusta la cúpula
de la inspección fiscal —ya sea porque no comulgan con sus ideas, o
ya sea porque no vaya a ser que actúen contra los nuestros.


A pesar de su manipuladora propaganda política, que afirma
que la economía va por el camino de la recuperación y que los brotes
verdes ya son visibles, la crisis —nos lo decía antes,
ministro— toca a su fin. Salir de la recesión —también se lo
han dicho— no quiere decir salir de la crisis. Pero no oímos el
redoble de tambores que anuncian ese fin de la crisis.


Nos dice también que tenemos crecimiento económico, suave y
ligero. ¿Ministro, es una ocurrencia? ¿Tiene algo que ver, o se parece,
con su otra ocurrencia, aquella que los salarios en España no bajan, sino
que solo moderan su crecimiento? Pues bien, ministro, estamos llegando al
invierno y parece ser que será extremadamente frío, o al menos así parece
que se anuncia. La realidad —la de verdad— es que la deuda
española puede llegar al cien por cien de su PIB, situándose por encima
del billón de euros, con un paro cercano que puede alcanzar el 30%, lo
que les obligará a ustedes a extraer recursos del Fondo de Reservas de
pensiones de la Seguridad Social. Otra vez más.


Ustedes han quitado de esta caja en las últimas semanas
6000 millones para asumir gastos superfluos o innecesarios como es el
exagerado gasto militar español. Por cierto, ¿cuántas son ya las veces
que han metido la mano en la caja del Fondo de Reserva? De esto usted hoy
aquí no nos ha hablado. No ha dicho nada. Tampoco nos ha dicho de qué
manera van a restituirlo.


Los Presupuestos Generales del Estado, una vez más,
consolidan recortes sociales, que, por extensión, son recortes en los
derechos de los ciudadanos. Asimismo, no solo mantienen sino que aumentan
el espolio fiscal a països catalans. Señor ministro, casan muy mal estos
Presupuestos Generales del Estado —estos, los que nos
presentan— con los porcentajes de inversión en Cataluña y con las
afirmaciones que ustedes hacen, las suyas y las del resto de los miembros
del Gobierno, incluido su presidente, cuando ustedes nos dicen que
quieren mucho a Cataluña, que somos el gran motor del Estado y
representamos al gran motor del Estado, que solo saldremos de la crisis
juntos y que sin Cataluña no se sale de la crisis. Pues bien, ustedes
están dejando al motor sin gasolina o sin gasoil —tanto da—,
y su finalidad es muy clara.


De todas maneras, ministro, tal y como ya le hemos dicho en
múltiples ocasiones —Esquerra Republicana, en innumerables e
incontables ocasiones—, decidiremos con su legalidad o con la
nuestra y seguro que la decisión será a la catalana y será también la de
«mejor solos que mal acompañados».









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Le decía, ministro, que ustedes se ceban en los recortes
sociales directamente y que siguen exprimiendo a los països catalans,
obligando a sus Gobiernos a realizar mayores recortes sobre su población,
sobre su ciudadanía.


El Gobierno español, a través de este presupuesto,
recortará las inversiones en Cataluña en más de un 25%; en el País
Valencià, en más de un 8%; y a las Illes Balears, casi un 6%. A ello le
hemos de sumar los recortes por la falta de inversión en la
infraestructura básica para estar a la altura en términos de
productividad y competitividad. En este sentido es especialmente
relevante que los presupuestos siguen sin contemplar con claridad
prioritaria el corredor mediterráneo, afectando con ello al potencial
económico del conjunto de los països catalans. De nuevo ustedes remando
contra corriente, contra Europa y contra el mundo. Nada nuevo viniendo de
ustedes.


No solo se consolida, sino que se agudiza una tendencia que
ha provocado un recorte de las inversiones en los països catalans de más
de unos 3700 millones de euros en Cataluña, 1650 en el País Valencià y de
280 en las Illes Balears. Por supuesto, no se contemplan los pagos
pendientes por los incumplimientos de la disposición adicional tercera
del Estatut, un pacto político, como antes le recordaba el senador Bel.
Con independencia de lo que diga la sentencia del Tribunal
Constitucional, no mareen más la perdiz: es un pacto político. Cumplan
los pactos y los acuerdos.


Tampoco contemplan estos presupuestos la compensación por
el impuesto a la banca. (El señor presidente ocupa la Presidencia.)


Asimismo hay que señalar la fuerza centrífuga que se aplica
en los recortes: el Fondo de Compensación Interterritorial se recorta en
un 13% y los sistemas de financiación de los entes territoriales un 10,5%
—por poner solo dos ejemplos—. Está inversamente relacionado
con la fuerza centrípeta que se aplica en el aumento de los ingresos. De
esta manera es el Estado el que se apropia del aumento del IVA recaudado.
Teniendo en cuenta que el 23% de los 8500 millones adicionales ingresados
por el aumento del IVA se han recaudado en Cataluña, solo con que
Cataluña se quedara con la mitad de los 2000 millones que le
corresponden, recuperaríamos la situación que teníamos en el año 2012,
revirtiendo los recortes adicionales que ha obligado a la asfixia
financiera a las autonomías y especialmente a aquellas que padecemos un
descarado expolio fiscal.


He aquí los argumentos que exhibe el Gobierno español a
través de sus presupuestos generales sobre el trato presupuestario que
debe merecer Cataluña y que la población deberá tener en cuenta en su
momento cuando tenga que decidir.


Los impuestos que año tras año pagamos los catalanes y
catalanas originan —se lo he dicho también muchas veces— un
déficit fiscal de más de 16 000 millones de euros. Las últimas cifras que
baraja la Agencia Tributaria apuntan a que Cataluña lidera el aumento
estatal de la recaudación de impuestos. Hasta octubre el Estado lleva
recaudados en Cataluña casi 30 000 millones de euros, 1325 millones de
euros más que en el mismo periodo del año 2012, es decir, un 4,7% más que
el año pasado. Y esto no revertirá en beneficio de Cataluña.


Estos presupuestos pasan de largo de Cataluña. ¿Me podría
decir, ministro, cuánto van a aportar estos Presupuestos Generales del
Estado a la reforma y finalización de la estación de La Sagrera, que es
una estación vital en los nudos ferroviarios en Cataluña? Media ciudad de
Barcelona está patas arriba con las obras en curso y ustedes deciden que
no vale la pena invertir ni un céntimo de euro en esa estación vital.
Mientras en otra estación que sí funciona desde hace tiempo pero que se
nos desmorona, la estación de Sants, han rectificado en alguna cosa.
Veremos qué pasa en el devenir de este presupuesto, si se mantiene la
obra de la variante Vallirana y si finalmente la obra se ejecuta.


El tren Barcelona-Puigcerdà va más lento que cuando se
inauguró hace más de cien años y necesita mejoras urgentes. ¿Le suena de
algo Cercanías? Lo porfían al futuro. Le citaba antes el corredor del
mediterráneo, sin duda el eje más importante y más potente de toda la
Península, donde están los puertos más importantes, las ciudades
importantísimas y una parte vital de la población, de los aeropuertos, de
la industria y del turismo. Bajan las aportaciones en este corredor,
básico para toda la Península.


Con el acceso a los puertos de Barcelona y Tarragona pasa
tres cuartos de lo mismo. Por su parte, la N-II no se ha convertido en
A-2 o en autovía porque ustedes no lo han querido, porque no le dedican
partidas en el presupuesto, y esta carretera es conocida como la
carretera de la muerte a su paso por las comarcas de Girona, Figueras y
un largo etcétera.









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Paralelamente a este ese recorte de inversión territorial
que supone un recorte social, en tanto que un 75% del presupuesto de las
comunidades autónomas se destina a servicios sociales, se siguen
produciendo importantes recortes en partidas sociales. Especialmente
escandaloso es el recorte de más de un 35%, más de una tercera parte, en
el Ministerio de Sanidad y Servicios Sociales, siendo en particular este
recorte superior al 36% en los servicios sociales. He olvidado que se
denomina Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, será
porque a la igualdad ustedes dedican poco o nada en su presupuesto. A
pesar de las explicaciones financieras del Gobierno, no se puede
justificar de ninguna manera un recorte de estas dimensiones cuando se
están cerrando servicios y hospitales por todas partes. Y el derecho a la
dependencia ha dejado de ser un derecho subjetivo y universal. El
presupuesto de dependencia, ya recortado previamente en los anteriores
Presupuestos Generales del Estado, se recorta a la mitad cuando debería
ser el doble para hacer efectivo, de una vez por todas, el derecho que he
calificado como subjetivo y universal.


Asimismo, con los índices de paro que tenemos, se han
recortado en 150 millones las partidas de las comunidades autónomas para
fomento de la inserción y la estabilidad laboral.


También es particularmente escandaloso el recorte en
sanidad cuando al tiempo están aumentando los presupuestos de los
ministerios de Industria y de Defensa. Este no solo es absolutamente
exagerado sino también deficitario y generador de 30 000 millones de
deuda, cifra oficial que irá creciendo. Además, el Ministerio de Defensa
es el único que ha seguido creciendo en los años de crisis, aunque se
haga de manera encubierta mediante incrementos a lo largo del año y a
costa de deuda pública. En este sentido, hay que señalar que el
presupuesto de Defensa se ha incrementado en unos 1500 millones, un 24%
respecto a lo aprobado por las Cortes.


Finalmente y como dato anecdótico, dentro de las partidas
superfluas, no urgentes o imprescindibles que se incrementan, debemos
citar el aumento de 6 millones de euros en las partidas para las
federaciones deportivas españolas o el aumento en un 27% del presupuesto
del Instituto Cervantes. Entre otros gastos, se incluye el incremento de
los 80 000 euros generados al incluir como alto cargo al secretario
general del instituto. Eso sí, paralelamente se rebaja en 68 000 euros la
ya escasa partida para el Institut d’Estudis Catalans.


Señor ministro, le voy a formular una pregunta, aunque para
el caso que me hace… ¿De verdad cree usted… (El señor
ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Montoro Romero,
pronuncia palabras que no se perciben.) Es verdad, no me ha estado
escuchando demasiado. Ya sé que no le interesa mucho lo que yo le pueda
aportar. En definitiva, ¿usted se cree de verdad que este presupuesto es
social y dará respuesta a los 3,5 millones de parados que tenemos en este
momento? Y yo sí le puedo dar nombres y apellidos de algunos de ellos
porque les conozco, son cercanos y sé lo que están pasando. ¿Usted se
cree de verdad que estos presupuestos les dan respuesta? Para Esquerra
Republicana de Catalunya, y por lo visto para el resto de los grupos de
la Cámara que ha presentado vetos, no es la solución y no será la
solución.


Pero en algo tiene razón, ministro, y le tomo la palabra.
El debate de verdad, el que importa —usted siempre lo recuerda y
los grupos parlamentarios debemos ser responsables— y el real es
reducir el paro, efectivamente; es crecer económicamente, efectivamente;
es garantizar y complementar el Estado del bienestar, que aún no lo
teníamos completo y ustedes lo han ido reduciendo con los diferentes
presupuestos que han aprobado. Eso es lo que quiere Esquerra Republicana
de Catalunya: reducir el paro, crecer económicamente, garantizar y
complementar el Estado del bienestar. Ese es nuestro debate, aunque usted
no se lo crea o no se lo parezca. Este es el debate que nosotros hemos
iniciado. Porque, efectivamente, Cataluña quiere ser un Estado, quiere
tener un Estado independiente, que es, en definitiva, nuestra garantía
para que los ciudadanos y ciudadanas de Cataluña puedan tener un Estado
más justo, más libre y que garantice el Estado del bienestar. Porque está
claro, como le decía al inicio de mi intervención, que mejor solos que
mal acompañados.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Capella.


Para la defensa de la propuesta de veto número 4, de los
senadores Quintero y Zerolo, tiene la palabra el senador Quintero.


El señor QUINTERO CASTAÑEDA: Gracias, señor presidente.


Buenas tardes, señorías. Vemos que el ministro se ha ido,
pero también es verdad que tiene derecho a comer como todos o por lo
menos a picar algo.









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Creemos que estos Presupuestos Generales del Estado no son
los que quieren luchar contra la crisis ni contra el desempleo. Son unos
presupuestos que, entendemos, nacen hipotecados antes de aprobarse y que
miran más a las exigencias de otros países que a las necesidades reales
que tiene el conjunto de los ciudadanos españoles, y conste que
entendemos la necesidad del control del déficit y la estabilidad
presupuestaria. Estos presupuestos, y ya van tres, solo se aplican a los
ciudadanos, a las entidades locales y a las comunidades autónomas, pero
no se aplican de igual manera al Estado.


Tenemos que recordar que Canarias ha cumplido con estos dos
objetivos de déficit incluso poniendo en una situación delicada los
servicios que presta la comunidad a los ciudadanos, pero al igual que en
ejercicios anteriores, en 2012, en 2013 y en este presupuesto que hoy
estamos debatiendo para 2014, se distribuyen asimétricamente las
políticas de gasto e ingresos entre los diferentes territorios sin
observar las necesidades, las diferentes circunstancias y las diversas
realidades que existen en el Estado español.


Desde la constatación de que pueden ser múltiples los
motivos que hoy nos han animado a presentar este veto y las diferentes
enmiendas que asimismo hemos presentado, queremos sentar uno de los
puntos más importantes y más graves sobre el incumplimiento reiterado en
2012, en 2013 y también en este próximo ejercicio en la Ley de
Presupuestos Generales del Estado del principio de solidaridad
interterritorial y del régimen económico y fiscal de Canarias.


Este veto que presentamos los senadores de Coalición
Canaria, a pesar de ser un grupo territorial lo hacemos en dos
vertientes: desde una visión de política general del Estado y desde un
ámbito muy importante para nosotros, que es la defensa de los intereses y
peculiaridades de los canarios y canarias, de una Canarias en su conjunto
como región ultraperiférica de una comunidad autónoma y también de una
Canarias compuesta por siete islas pobladas, ya por ocho.
Desgraciadamente, ese hecho insular está fuera de estos presupuestos que
ni lo contemplan ni lo entienden.


Son unos presupuestos que consagran y extrapolan a un
futuro nada menos que de cinco años la resolución de la crisis de paro
que vive nuestro país, lo cual supone un grave atentado contra los
ciudadanos y especialmente contra los que son más jóvenes. Y peor aún:
renuncia a resolver el impacto que para varias generaciones han supuesto
la crisis y el desempleo.


El Programa Nacional de Reformas y el cuadro macroeconómico
de este proyecto de presupuestos así lo ratifican. El Fondo Monetario
Internacional establece en su último diagnóstico que España tendrá en
2018 un 25% de tasa de paro. Además, con estos presupuestos poco sabemos
sobre la fecha en que habrá un punto de inflexión y la cifra de paro en
nuestro país volverá a ser soportable.


Estos presupuestos han claudicado de resolver esa
situación, entendemos nosotros. Eso sí, se consolida la consagración a
ultranza del cumplimiento de los objetivos con Europa, no así el que
debiera haber para con los ciudadanos españoles. Por cuarto año
consecutivo se disminuye el caudal inversor del Estado en la economía
real, en la de los ciudadanos, reducción que ya es más del 41%. Los
deseables efectos multiplicadores, vía la generación de empleo y su
contribución a la formación bruta del capital, seguirán ausentes por
tercer año consecutivo. Adicionalmente, el Fondo de Compensación
Interterritorial ha pasado de ser de 774 millones de euros, en 2011, a
ser apenas de 430 millones, una reducción de un 44,16%, superior incluso
al porcentaje de la inversión real en estos presupuestos. Esto expresa el
carácter insolidario de este proyecto de presupuestos y le dan, además,
una especial relevancia al suponer una renuncia directa a este recurso
importante para generar empleo y para la competitividad de España.


Los presupuestos no son los más sociales, a pesar de que se
diga una y otra vez que lo son. Lo entendemos así. El gasto social no es
una prioridad para este Gobierno y lo demuestra su dejadez en la
realización de políticas directas en la lucha contra el paro. Estos
presupuestos continúan profundizando en la reducción del gasto público
dentro del contexto de consolidación fiscal. Ahora sí, la reducción del
esfuerzo —ya se ha dicho aquí por parte de diferentes
portavoces— lo asumen solo y exclusivamente las comunidades
autónomas y no en la misma medida la Administración del Estado. Y las
exigencias a las comunidades autónomas han ido encaminadas a la reducción
del gasto social, en sanidad y en educación, entre otros, pero,
fundamentalmente, en gasto social, con lo cual no podemos hablar de unos
presupuestos sociales.









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Canarias ha asumido y cumplido —y lo sigue
haciendo— con el objetivo de estabilidad y el control del gasto
público. Lo hace a costa de grandes sacrificios y enormes esfuerzos,
todos ellos encaminados a preservar los servicios básicos y esenciales
dirigidos a los ciudadanos. Por el contrario, el Estado continúa sin
reducir su estructura, incrementando el gasto corriente a costa de la
reducción de la inversión directa.


Las partidas globales que reciben las islas se reducen en
cerca de 500 millones de euros con respecto a los presupuestos de 2011.
Teníamos más de 1190 millones de euros y, actualmente, para este
ejercicio de 2014, no llega a 690 millones de euros, un 42% de
disminución.


Continúa disminuyendo un año más la inversión por
habitante, que sigue manteniéndose por debajo de la medida del resto del
Estado. Y todo ello, pese a que el REF —Régimen Económico y Fiscal
de Canarias— dispone textualmente que las inversiones estatales no
sean inferiores al promedio que corresponda para el conjunto y la media
del Estado, excluidas, incluso de esta, las inversiones que tiene que
compensar el hecho insular de Canarias. Como es evidente, este proyecto
de ley no lo cumple. Un ciudadano canario percibe en estos presupuestos
alrededor de 155 euros y la media del Estado está en 215 euros, 60 euros
menos por habitante.


Reflejo de esta distribución arbitraria es que Canarias,
con una participación del 4% de PIB español, un 4,5% de población y a día
de hoy un 35% de desempleo, recibe en estos presupuestos solo el 3% del
total de las inversiones estatales. Por el contrario, otras comunidades
con menos tasas de paro e igual porcentaje de PIB reciben hasta el 14% de
la inversión de estas partidas.


En nuestra comunidad existe un importante proceso real de
pérdida de convergencia con el resto del país. La ratio PIB regional per
cápita de Canarias está situada en el 85,9% del Estado, cuando en 1999
llegamos a tener el 97,6%. Todos estos son datos del INE de este año.
Canarias se encuentra por debajo del 90%, incluso, de la media europea.
En los últimos diez años hemos perdido 12 puntos con la convergencia del
resto del Estado. Los más importantes son los de los últimos tres
ejercicios presupuestarios, en los que hemos aumentado más de 6
puntos.


Un dato importante, si no el más importante, es que la
economía canaria, tremendamente dependiente del sector servicios y
turístico y lastrada por una grave dependencia también del exterior,
desde 2004 dejó de seguir la trayectoria estatal de reducción de la tasa
de paro, tasa que hoy, según los datos que conocíamos ayer, se sitúa en
un 35%, casi 10 puntos más que la media del Estado.


Estos presupuestos inciden en la eliminación de partidas
relacionadas con el empleo. Hemos pasado de 86 a 69 millones de euros. Y
algo fundamental, como es el PIEC, el Plan Integral de Empleo de
Canarias, desaparece completamente en estos presupuestos de 2014. Por
eso, seguimos insistiendo en que no podemos hablar de presupuestos
sociales cuando lo más importante que el conjunto de España tiene para
resolver el desempleo —en Canarias, fundamental, el PIEC— lo
estamos quitando. Y, aparte de eso, reducimos la partida general del
Estado en más de 15 millones de euros para los desempleados.


Señor ministro, las cifras de este proyecto de presupuestos
resultan muy diferentes y contradictorias a las aludidas por usted en su
discurso de hace unas horas en esta tribuna. En 2014 se siguen aplicando
ajustes a una comunidad con una situación de desventaja estructural
permanente y no solo coyuntural. Evidentemente, todas las comunidades
autónomas y el Estado en general sufren desventajas coyunturales a causa
de la crisis respecto de las que hay que tomar medidas, pero, aparte de
estas, Canarias cuenta con unas desventajas estructurales permanentes:
nuestra ultraperiferia, la lejanía y la insularidad —tal y como
reflejan la Constitución y el Tratado europeo—. Con estos datos se
consolida la senda descendente de las dotaciones a Canarias desde el
ejercicio 2010, con una pérdida desde entonces hasta este presupuesto
para 2014 de más de 700 millones de euros. Se trata de una reducción
asimétrica de la inversión para el conjunto del Estado en estos tres
presupuestos de aproximadamente un 61%, con un 63% de reducción de la
inversión real en Canarias.


En el apartado 3 del artículo 16 de la Ley Orgánica 8/1980,
de 22 de septiembre, de financiación de las comunidades autónomas, se
desarrolla la necesidad de suplementar para Canarias un fondo de
compensación interterritorial de un 4,02% en virtud de su peculiaridad,
reconocida tanto en la Constitución como en el Tratado de Funcionamiento
de la Unión Europea. Sin embargo, con el déficit acumulado de esta última
década, no solo evidenciado en estos tres presupuestos que usted ha
elaborado sino en cursos políticos anteriores, ya tenemos más de 500 000
millones de









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euros de desfase de ese 4,02%, que tiene que reconocer que
a Canarias no se le ha dado. Evidentemente, en épocas de bonanza
económica nos hemos acercado a la media de inversión del Estado y hemos
reducido bastante el paro, pero en épocas de dificultad es en estas
regiones y comunidades donde más se agudiza el problema.


La pérdida de financiación por habitante en relación con la
media también es algo que nos preocupa. En los últimos tres años Canarias
ha perdido con este modelo de financiación autonómica, que creemos que no
es justo, más de 2000 millones de euros de financiación.


Por otra parte, algunas partidas de estos presupuestos son
muy dramáticas. El convenio de carreteras es especialmente significativo,
como lo es la confirmación de una clara intención de bloquear el
desarrollo de Canarias. De los 225 millones que teníamos comprometidos en
2013 se han quedado en 54 millones, y en los tres últimos ejercicios
presupuestarios hemos perdido más de 462 millones de euros de ese
convenio, cuando recordemos que en Canarias no hay carreteras del Estado,
sino que son las comunidades autónomas las que lo asumen y el Estado el
que realiza su aportación en virtud de este convenio de cofinanciación de
carreteras, importantísimo para el transporte interinsular y la conexión
interinsular de Canarias.


En esta línea de recortes indiscriminados se reduce también
la asignación destinada a infraestructuras hidráulicas, que ha pasado de
36 millones, en 2013, a 21 millones en el ejercicio 2014. Asimismo,
persiste la eliminación de convenios, como el de infraestructuras
turísticas por importe de 50 millones de euros, o el de infraestructuras
educativas, que ascendía a 40 millones de euros; dos convenios que
liquidan estos presupuestos para 2014.


Por otra parte, algo que hemos visto en este presupuesto
que debemos agradecer y es positivo es que, después de dos años cerrando
las puertas, se rescatan las bonificaciones de las tasas aéreas. No
obstante hay que decir que aunque Barajas sumó 45 millones de pasajeros
—sigue siendo el aeropuerto con mayor número de pasajeros de todo
el Estado español—, Canarias tuvo un movimiento de 35 millones,
cifra nada desdeñable. Esta mañana conocíamos un dato importantísimo: de
los diez aeropuertos más rentables de España, cuatro son canarios.
Fomento ha apostado en esta ley por rescatar el Aeropuerto de
Madrid-Barajas, cosa que nos parece muy bien y que nosotros hemos
aplaudido, pero desgraciadamente no lo hizo así hace dos años para
rescatar aeropuertos canarios.


Desaparecen todas las partidas económicas destinadas a
planes educativos, las han dejado a cero. No se dotan partidas
concernientes a las estrategias complementarias al Sistema Nacional de
Salud y, en este caso, tampoco existe la partida adicional del POSEI en
apoyo a los productos locales, lo cual en los años anteriores el Gobierno
justificaba porque el Gobierno de Canarias no había puesto su parte. El
Gobierno de Canarias ya ha puesto en estos presupuestos las de 2012, 2013
y 2014 y el Estado en este 2014 no ha puesto ninguna partida
económica.


Se mantiene en el 2014 la disminución que se impuso en el
2013 a la subvención destinada a la desalación del agua. De los 17
millones que había inicialmente, nos hemos quedado en 4 millones,
incumpliendo una vez más, por ejemplo, un artículo del régimen económico
y fiscal de Canarias, que dice, en su artículo 11.2, que se garantizará
la moderación de los precios del agua, desalinizada o reutilizada,
mediante los Presupuestos Generales del Estado con la Comunidad Autónoma
de Canarias.


En definitiva, estos presupuestos representan el fiel
reflejo de la desatención sistemática que el Gobierno del Estado presta a
Canarias, con un ajuste que castiga a las islas de forma desproporcionada
y discrecional, unos presupuestos que instamos a corregir porque
profundizan en la brecha existente entre los ciudadanos y que dejan en
desigualdad de condiciones a los de las islas. Nuestras empresas son cada
vez menos competitivas en el mercado peninsular y europeo, porque nuestra
lejanía hace que ellos no puedan competir en igualdad de condiciones y
estos presupuestos no garantizan, como así lo permite Europa, que se
ayude a que nuestros productos, nuestra industria y nuestro sector
primario se pongan en Europa en igualdad de condiciones que los de otros.
Estos presupuestos no lo garantizan.


Entendemos que en este tercer presupuesto se impone un
modelo de país donde los desequilibrios sociales y territoriales se
incrementan de forma muy grave y preocupante. Por eso, pretendemos
corregir y reorientar, social y territorialmente, este proyecto de
presupuestos, atendiendo a diferentes criterios: la redistribución de los
recursos para la financiación autonómica de forma más equitativa y
aumentar los fondos de compensación interterritorial para mejorar la









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corrección de los desequilibrios territoriales que tiene
España. Nos preocupa mucho reorientar la política de apoyos a la economía
real, a la economía de las pequeñas y medianas empresas.


En suma, pensamos que un papel más activo del gasto público
productivo puede aumentar la capacidad de recuperación de nuestra
economía e implementar un mayor grado de cohesión social y territorial, a
la vez que coincidimos con usted en objetivos como los planteados para
elaborar una economía más eficiente y competitiva. Consolidar estas
políticas sin descuidar la sostenibilidad de las finanzas públicas ha de
servir, en medio de una crisis económica, para hacer frente al reparto
injusto de estos presupuestos, que entendemos que son perversos para la
sociedad y para los territorios.


En consecuencia, consideramos que este Proyecto de Ley de
Presupuestos Generales del Estado para el 2014 presentado por el Gobierno
no aborda los problemas reales de los españoles, ni tampoco de los
canarios; no es coherente desde la perspectiva del cumplimiento del
objetivo de déficit; aumenta los desequilibrios interterritoriales y las
diferencias sociales de toda España. Por eso, entendemos, señor ministro,
que debería retirarlos y devolverlos al Gobierno.


En su intervención dijo antes que estos presupuestos
cohesionaban territorialmente a España. Desgraciadamente, no entendemos
que así sea con Canarias. A veces vemos a Canarias como una comunidad
más, pero geográficamente no lo es. Eso es una realidad palpable por dos
cosas fundamentales: la primera, porque estamos a más de 1000 kilómetros
de Cádiz y, la segunda, porque somos siete islas, con lo cual esa
estructura geográfica que tiene Canarias y que no podemos cambiar
necesita de políticas diferentes.


Por eso, esperamos que estos presupuestos se devuelvan o
por lo menos —usted dijo que era muy interesante y muy productivo
el debate en el Senado— que este año sea productivo el debate en el
Senado y se acepte alguna de las más de 3000 enmiendas que presentamos
los diferentes grupos políticos por parte del grupo mayoritario, por
parte del Gobierno, para que así el trámite del Senado sea productivo. Si
no es así, no entendería cómo puede ser productivo un debate donde se
cierran, no aceptan ninguna enmienda y lo que traen es lo que se aprueba.
Quizás sería mejor aprobarlos en el Congreso y no traerlos siquiera al
Senado.


Muchas gracias, señor ministro.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Quintero.


La propuesta de veto número 3 ha sido presentada por los
senadores Iglesias y Mariscal, del Grupo Parlamentario Mixto.


Para su defensa, tiene la palabra el senador Iglesias.


El señor IGLESIAS FERNÁNDEZ: Gracias, señor presidente.


Señor ministro, le agradezco su presentación del proyecto
de presupuestos aunque, seguramente, a quienes no compartimos las
reformas estructurales, su argumentación nos ha dado mayores motivos para
vetarlo.


Si como ya habíamos percibido, y usted se encargó de
ratificar, este proyecto es una pieza coherente con las reformas
estructurales, los vetos que hemos ido formulando a la mayoría de los
proyectos en los que se han articulado esas mismas reformas, se
transforman ahora en un veto al proyecto de presupuestos.


Decía el señor ministro que se acabó la crisis, y esa es la
columna vertebral del discurso político que sustenta y respalda este
proyecto de presupuestos: que en 2014 nuestro país iniciará el camino de
la recuperación. Es verdad que un poco de optimismo nunca viene mal, y
que después de aquella rueda de prensa tan triste que el señor ministro,
junto con el señor De Guindos y la señora vicepresidenta del Gobierno
dieron hace unos meses —más propia de un tanatorio que de ningún
otro ámbito— seguramente el discurso que hay que trasladar a la
sociedad no debe incidir en los aspectos negativos sino trasladar algo de
esperanza porque esta sociedad, después de tanto ajuste y de tanto
recorte, necesita esperanza. Lo que ocurre es que la esperanza es eficaz
cuando se basa en el análisis racional y ese análisis alienta a entender
que el futuro que se aproxima será mejor que el presente que vivimos o
que el pasado que padecimos, pero no todos los argumentos que utiliza el
Gobierno, no todos los elementos macroeconómicos que baraja sustentan ese
análisis racional.


El proyecto se basa en un crecimiento del producto interior
bruto del 0,7% y nos decía el señor ministro que es una aproximación
prudente que será superada en la realidad. Sin embargo, el









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señor ministro tendrá que reconocer que las previsiones que
nos trasladó en la presentación del proyecto de presupuestos de 2013 no
alientan a tener una confianza ciega en estas previsiones que ahora
acompañan al del 2014. Nos dijo el señor ministro entonces que la
contracción del PIB en 2013 sería del 0,5% y el dato interanual a finales
de septiembre indica que estamos alrededor del 1,2% o 1,3%
posteriormente.


No se ha podido cumplir el objetivo del déficit del 6,3%,
en el que se sustentaba el proyecto de presupuestos para 2013 y ha habido
que plantear una renegociación con la Comisión Europea para
flexibilizarlo al 6,5%, y se alcanzará ese objetivo, probablemente,
gracias al superávit de las corporaciones locales, que por dos años
consecutivos son las administraciones que presentan una situación de
superávit.


Bruselas nos dice que no va a ser el 0,7% sino que será el
0,5%; la OCDE coincide con la Comisión Europea; y el Fondo Monetario
Internacional es aún más pesimista —como sabe el señor
ministro— y lo sitúa en el 0,2%. Pero, sean cuales sean al final
las previsiones que se cumplan, las del Gobierno, que vuelve a hacer
augurios —como los augurios del Palatino, con un nivel de acierto
similar y además sin la prudencia de la sibila de Cumas, que a la hora de
hacer sus previsiones era mucho más discreta—, lo más dramático es
que incluso las previsiones positivas son coincidentes en que en 2014
seguiremos con unos niveles de desempleo que desmienten la realidad de
una recuperación económica: el Fondo Monetario Internacional, el 26,7; la
OCDE, el 26,3; la Comisión Europea, el 26,4; el Gobierno, el 25,9. Aunque
acierte el Gobierno y el paro al final de 2014 sea del 25,9, eso, señor
ministro, es un estancamiento, no es una recuperación.


Se frena la destrucción de empleo. Una verdad a medias. Es
cierto que según los datos de noviembre hay algo menos de 99 000 parados
menos registrados que un año antes, pero también lo es que hay 239 000
afiliados menos a la Seguridad Social y que desde 2007 hemos perdido 3,2
millones de afiliados a la Seguridad Social. Siguen creciendo los
porcentajes de contratos temporales y de contratos a tiempo parcial, a
pesar de que uno de los grandes objetivos de la reforma laboral era ir
hacia los contratos fijos. Ello hace que la afirmación del Gobierno
—que el señor ministro ha reiterado hoy en su intervención—
de que el segundo semestre, con un crecimiento entonces por encima del
1%, permitirá crear empleo neto, como sabe el señor ministro tiene
también su trampa.


Si se cumple esa conjunción de planetas que permite hacer
el augurio que avanza el Gobierno, quizá se dé una ligera recuperación de
empleo en términos de encuesta de población activa, lo que significará
probablemente que se creen más empleos a tiempo parcial a costa de la
destrucción de empleos a jornada completa. De hecho, en su comparecencia
ante la Comisión de Presupuestos, el señor gobernador del Banco de España
así lo reconoció. Dijo que en términos de EPA sí se podría afirmar eso,
pero que en términos de contabilidad nacional no era posible sustentar
esa afirmación porque se iba a producir ese fenómeno; gran parte de los
empleos que se creasen serían a jornada parcial, mientras que la mayoría
de los empleos que se destruyeran serían a jornada completa. De hecho, el
Fondo Monetario Internacional prevé que en 2014 se destruyan 123 000
puestos de trabajo. Insisto, señor ministro, eso no es una recuperación,
es otra cosa. Si a ello sumamos que la reforma laboral continuará
animando la devaluación interna —la caída del coste salarial por
hora efectiva es del 2,6%; lo fue en el segundo trimestre—, que se
congelan las retribuciones a los trabajadores públicos, aunque vaya a
haber paga extra de Navidad este año, y que los pensionistas van a perder
poder adquisitivo, cabe albergar serias dudas de que otro de los
elementos que el Gobierno baraja para sustentar la idea de la
recuperación económica, que es la recuperación del consumo interno, se
vaya a producir.


Hubo —es cierto— en el tercer trimestre un leve
repunte del 0,4%, pero a la vez hay que decir que ese repunte no es fruto
de una mejora de la capacidad adquisitiva de la mayoría de la sociedad
sino fundamentalmente de una modificación en el estado de ánimo, eso que
mide el CIS como nivel de confianza de los consumidores. Y es bueno que
mejore el nivel de confianza, pero la confianza, igual que se gana, se
pierde. Uno preferiría unas bases más objetivas, más sólidas, para la
recuperación del consumo interno. De hecho, en el mes de octubre hay
datos que ya demuestran que esa recuperación del consumo interno es muy
frágil; en octubre, uno de los datos más destacados que permiten
caracterizar el nivel de consumo interno, que es la venta a minoristas,
ha sufrido una caída del 1,8%. Este modelo de mejora de la competitividad
basado en que haya menos gente trabajando pero que trabaje más y por
menos dinero, tiene un techo. Un









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techo que seguramente hayamos tocado ya y que ha servido
para incrementar las exportaciones, que es otro de los factores
fundamentales en los que el Gobierno confía para alentar la recuperación,
porque también en el tercer trimestre el sector exterior, como muy bien
sabe el señor ministro, ha dado alguna señal de agotamiento.


No son mejores las perspectivas de otro elemento
fundamental: el crédito. Al saneamiento del sector financiero
—varios portavoces han hecho referencia a ello— se han
dedicado, de recursos públicos ya puestos en el cajón, 61 366 millones de
euros, de los que Eurostat da por perdidos 43 479, más del doble de lo
que pusieron los bancos a través del Fondo de Garantía de Depósitos. Esto
representa el 4% del PIB, y el Gobierno da por cerrado ya el proceso del
saneamiento del sector financiero, pero habrá que sumar pérdidas que
puedan aflorar por la venta de las entidades todavía en manos del FROB y
los avales, a los que también hacía referencia otro portavoz, más lo que
pudiera derivarse de la SAREB.


Pero el elemento que genera más desconfianza es que si
hemos dedicado el 4% del PIB al saneamiento del sistema financiero, los
estudios que se han realizado sobre otras crisis de los sistemas
financieros —hasta veintinueve crisis de sistemas bancarios—,
todos ellos han dado que como media al final las pérdidas de capital
público se han situado entre el 15 y el 20%. Serán ustedes unos magos si
frente a esta realidad de procesos anteriores consiguen que solo nos
cueste el 4% del producto interior bruto. Hemos saneado el sistema
financiero, sí, y la banca dispara su cotización en Bolsa y coloca su
autocartera doblando el crecimiento de cotización de la banca europea e
incrementando sus beneficios. No voy a dar nombres de entidades, pero sí
porcentajes; alguna de ellas, el 76,8% de incremento de beneficios, otra,
el 85,8%, otra, el 105,4%, otra, el 164,7%, sobre 2012. Eso sí que debe
ser el asombro del mundo; o sea, hemos saneado un sistema financiero que
resulta que tiene una recuperación en Bolsa que duplica la de los
sistemas financieros del resto de Europa que no han pasado por una
crisis. Es llamativo, coincidirá conmigo el señor ministro en que es
llamativo. ¿Por qué? La banca, el sistema financiero, es verdad que no
sale mal —mas allá de otros riesgos en los que no me voy a
detener— de este proceso. Ha recuperado el 50% del ahorro que
estaba en manos de las cajas de ahorros y que ahora ya no va a estar en
manos de las cajas de ahorros. Tiene 295 000 millones de deuda pública
española; como decía otro portavoz, solicitó el préstamo al BCE al 0,5,
ahora, al 0,25, y el bono a 10 años obtiene una rentabilidad del 4%.
Claro, ¿cómo no van a ser cuatro bancos españoles los primeros en Europa
como tenedores de deuda soberana? El 9% de los activos bancarios de
nuestro sistema son deuda soberana; solo nos supera Italia, con el 10,1.
La media de la eurozona es el 5,6%. Por eso, la Comisión Europea solicita
que, por lo menos, ante esta explosión de optimismo bancario se prolongue
hasta el 2014 la recomendación de moderar el reparto de dividendos,
porque, si no, la sensación de estafa colectiva llegará incluso hasta el
Banco Central Europeo, incluso hasta la Comisión Europea.


Pero el crédito sigue sin fluir, lo que provoca al parecer
preocupación de la troika, aunque yo sinceramente no sé por qué se
sorprenden. Ellos fueron los que crearon el mecanismo de que el Banco
Central Europeo no pudiera prestar a los Estados sino que prestara a los
bancos y que estos bancos fueran los que compraran la deuda soberana. La
lógica del mecanismo creado solo podía dar este resultado. En
consecuencia, su preocupación tiene bastante de hipocresía por otra
parte. Las grandes empresas también ven sus beneficios incrementados. En
los primeros nueve meses, el 13,6% en el caso de las del IBEX 35, porque
se sigue profundizando en el trasvase de rentas del trabajo a rentas del
capital. En 1977 la remuneración de la población asalariada representaba
el 67,3 del PIB, en 2012 ya había caído al 53,4, y sigue cayendo. En este
ejercicio la retribución del conjunto de los asalariados ha caído un 6,2%
en relación con 2012, mientras que el excedente empresarial ha crecido un
2,7%.


Pero en este presupuesto no se incluye ninguna modificación
de la fiscalidad que juegue un mínimo papel de redistribución y que
garantice el mantenimiento de los recursos necesarios para sostener el
Estado de bienestar. Se mantiene la subida del IVA, que ha contribuido a
que, en relación con 2008, el peso de la recaudación de los impuestos
indirectos haya subido dos puntos, mientras que la columna vertebral del
sistema sigue siendo la imposición de las rentas del trabajo, que
representan el 38,56 de la recaudación por un 3,15% de la imposición a
las rentas del capital. O que en el impuesto de sociedades de un tipo
nominal del 30% se esté contribuyendo por un tipo efectivo del 17,7, que
además se distribuye de forma desigual en cuanto que son las pymes las









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que contribuyen por encima de ese porcentaje, con un 23,4%,
lo que en el fondo significa que la reforma parcial de 2012 solo pulió un
poco la situación, que era sin duda escandalosa. En 2011 los grandes
conglomerados empresariales tributaron al 3,5%. Y no hay voluntad de
combatir el fraude fiscal, tan importante en nuestro país. Desde luego,
después de la amnistía fiscal, después de las últimas decisiones que el
señor ministro o los responsables de la Agencia Tributaria han tomado en
relación con la delegación central, esa sucesión de cambios, de
destituciones, de dimisiones, de nombramientos, entenderá que la
percepción social no ha contribuido a aumentar la credibilidad de una
institución que la tenía, señor ministro. En este país la Agencia
Tributaria era respetada y temida. No de forma igual, por supuesto; era
respetada y temida fundamentalmente por las clases medias y los
trabajadores. Le tenían menos respeto otros colectivos privilegiados.
Pero era una entidad y una institución que no estaba en el debate
político, que no estaba en el debate social, y que se veía como eso, como
una institución. Y en los últimos meses se han deteriorado esa visión y
ese concepto.


He formulado una interpelación que tendré la oportunidad de
debatir con el señor ministro, espero que la próxima semana —es
siempre un placer debatir con usted, señor Montoro—, sobre esta
materia, pero le adelanto los argumentos que barajaré en esa
interpelación, aunque muy brevemente, porque la importancia del tema que
nos ocupa hoy debe hacer que la mayor parte del tiempo sea dedicada a él.
No puedo comprender cómo se han utilizado, aunque sea en los corrillos,
argumentos del tipo que usted ha barajado, entre otras razones, porque,
señor ministro, yo no me puedo creer que haya tardado dos años en
enterarse de que determinados responsables de la Agencia Tributaria
estaban más próximos a un partido o a otro; desde la perspectiva de que
la agencia ha de ser una institución, eso no debe ser un argumento ni
para la concesión de la responsabilidad ni para la retirada de esta.


Pero vuelvo a los presupuestos, que es el tema del día,
señor ministro. Sin aumentar los ingresos y con el cumplimiento del
objetivo de déficit, estos presupuestos renuncian a jugar ese papel de
dinamización que parecía que en el consenso europeo e internacional debía
acompañar a las políticas de ajuste y de recorte.


Nos decía esta mañana el señor Montoro que estos eran unos
presupuestos solidarios y que apoyaban a los sectores más desfavorecidos.
No es así, señor ministro. Dice que el gasto social crece un 4% y alcanza
el 52,6. Aquí tiene que haber algún tipo de error, porque si el señor
ministro coge el libro amarillo en el que se presentan los presupuestos
de este ejercicio y coge también el del ejercicio anterior, el del 2013,
verá que en el del 2013 decía que el gasto social llegaba ya entonces al
63,6, once puntos más que en este. Por tanto, no es posible sostener que
estos son los presupuestos más sociales, no ya de la historia
presupuestaria sino tan siquiera de su Gobierno.


La aplicación a las pensiones de una actualización del
0,25% no va a cubrir ni la subida de la luz a los pensionistas el primer
mes.


Es verdad que la consignación para prestaciones por
desempleo —usted lo reconocía— aumenta 2733 millones en
relación con el presupuesto inicial de 2013, pero, por supuesto, no cubre
los 4409 que fue necesario dotar en el mes de julio, si no me equivoco. Y
aunque haya esa ligera mejoría del desempleo que ustedes auguran, no lo
cubre, ni aunque sea verdad que se llegue al 25,9% del desempleo. El
incremento en las políticas de fomento del empleo queda 115 millones por
debajo de lo realmente ejecutado en 2013, que fue ya un presupuesto en el
que se metió un tremendo recorte a las políticas activas de empleo.


En educación, aumenta la partida para becas, pero la mayor
parte del incremento se lo lleva algo que hay que hacer: la aportación a
las universidades para compensar la pérdida de ingresos que se deriva de
los becarios y de los miembros de familias numerosas. Pero eso no va a
llegar a los becarios, que ya tienen reconocido que no van a pagar la
tasa universitaria o que van a tener una reducción en esta.


En sanidad, se reduce el fondo de cohesión en un escenario
en el que se ha recortado el gasto sanitario público en nuestro país un
12%, en el que ha aumentado el número de desprotegidos y, por tanto, se
ha reducido el carácter universal —hay 870 000 desprotegidos en
este momento—, en el que se han alargado las listas de espera en
todo el Sistema Nacional de Salud entre el 20 y el 40%, en el que se han
reducido 52 000 médicos y enfermeras, y en el que inevitablemente, y como
consecuencia de todo ello, se ha deteriorado la atención primaria y la
atención especializada.









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En servicios sociales el descenso es del 14,4%, y se mete
en el congelador de forma definitiva la dependencia, porque se congela la
partida del nivel mínimo garantizado, lo que significa, en estricta
interpretación del presupuesto, que solo entrará uno cuando salga otro,
es decir, que no va a haber en ningún caso posibilidad de que haya más
beneficiarios del sistema de la dependencia. Y se mantiene la decisión de
que desaparezca la aportación del nivel concertado.


Las inversiones reales caen el 16,6%. El presupuesto de
industria, tras la retirada de la aportación al déficit tarifario
—que no está en el proyecto, pero creo que se va a producir—,
decrece de una forma muy importante: más del 40%, lo cual probablemente
para el señor ministro de Industria no sea ninguna catástrofe, porque
como tampoco tiene una activísima política industrial que merezca y
necesite recursos, más allá de las aportaciones al sector del automóvil,
que ni tan siquiera consiguen frenar la destrucción de empleo en Seat o
en empresas relacionadas con el sector, como Tenneco, de mi ciudad, no
llorará por ello. Pero el hachazo que se mete al Ministerio de Industria
y Energía —que ya era solo de Energía; por tanto, queda solo en
ministerio— es muy importante. Debieran ir planteándose la
posibilidad de amortizar, en esa reducción de las administraciones, el
Ministerio de Industria, a pesar de que, fruto de esta crisis, el sector
industrial ha perdido un peso muy importante de su participación en el
producto interior bruto, el 25%, la cuarta parte de peso. Es decir,
cuanta más necesidad había de política industrial y de recursos en
política industrial, mayor es el recorte.


En I+D+i sigue sin dotarse a la Agencia Estatal de
Investigación, creada por la Ley de la ciencia, y es verdad, como
respondió el secretario de Estado —creo recordar— en su
comparecencia en la Comisión de Presupuestos, que no se necesitan más
recursos sino una reordenación, pero es que tampoco se hace una
reordenación, no se modifica la estructura y, por tanto, la atribución de
recursos.


En agricultura y medio ambiente hay un descenso muy
importante en las subvenciones a la producción agraria. Y el medio
ambiente queda en inversiones en infraestructuras hidráulicas.


En conclusión, estos presupuestos consolidan una sociedad
más desigual, en la que la única prioridad es cumplir el objetivo de
déficit, cumplir el artículo 135 de la Constitución, que se acaba
convirtiendo en el superartículo al que se supeditan todos los demás.
Todos los derechos fundamentales de la Constitución, todos los derechos
económicos y sociales de la Constitución quedan supeditados a una
obligación: cumplir el artículo 135 de la Constitución. Y así se hace,
pago de la deuda; todo ello, mientras el riesgo de pobreza o exclusión
social alcanza al 28% de la población, según Eurostat, mientras
—también se ha dicho— un 22,2% de los ciudadanos viven bajo
el umbral de la pobreza, entre ellos, un millón de trabajadores que
trabajan y tienen un salario que no les permite pasar más allá del umbral
de la pobreza, y tres millones de pensionistas que van a ver cómo su
pensión se actualiza el 0,25% en el próximo ejercicio. Y, mientras, el
número de millonarios, como también se ha dicho, crece en nuestro país,
porque, al final, aunque haya reducciones del productor interior bruto, a
la mayor parte de la riqueza le pasa como a la energía: ni se crea ni se
destruye sino que cambia de manos, pasa de muchas manos en una crisis a
unas pocas. Y estos presupuestos ayudan a que esto sea así. Hay un 13%
más de ricos, y además se incrementa de forma muy notable el número de
las personas que son milmillonarias. Estos días atrás se publicó que
veintidós personas milmillonarias en nuestro país acumulan 55 000
millones de euros, es decir, el equivalente a la recaudación de los
impuestos directos de 2012, señor ministro. Y esos veintidós
milmillonarios que acumulan 55 000 millones de euros, más del 5% del PIB,
seguramente no aportan en la medida necesaria, justa y progresiva
recursos para el sostenimiento de este sistema de bienestar social.


Concluyo. Se felicitaba el señor ministro de que el debate
ya no fuera el rescate, de que en el ejercicio anterior el debate era si
nos rescataban o no nos rescataban. Tampoco es, según la teoría del
Gobierno, el debate del rescate bancario, puesto que se da por cerrado el
proceso. Pero la pregunta es: ¿cuándo se va a dar otro rescate, el
rescate de la mayoría de la sociedad, ese rescate del que no se habla,
ese rescate de los que han visto cómo tienen que pagar, a través de pagos
y repagos, por las medicinas, el rescate de los que tienen una atención
sanitaria más deficiente, con listas de espera y médicos crispados por la
cantidad de pacientes que tienen que atender? ¿Cuándo se va a rescatar a
quienes, fruto de estos presupuestos, se quedan sin ayudas para los
libros? ¿Cuándo se va a rescatar a los pensionistas, que van a ver cómo
la pensión media de 2014 —de seiscientos y pico euros; tengo aquí
el dato para el correspondiente debate de la









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reforma de la ley de pensiones— sube menos de 3
euros? Porque con un 0,25% de actualización no llegará a los tres euros;
2,8 o 2,9 euros al mes. Por eso digo que a esos pensionistas ni siquiera
les va a cubrir lo que les va a subir la luz el 1 de enero. ¿Cuándo se va
a rescatar a todos esos dependientes que siguen en el limbo de las listas
de espera de atención a la dependencia porque no pueden acceder hasta que
se muera alguien y abra un hueco y una vacante? ¿Cuándo se va a rescatar
a esos tres millones y medio de parados de larga duración, que ven cómo
sus prestaciones se agotan y no tienen oportunidad de conseguir un
empleo?


Es decir, ¿cuándo se va a rescatar el Estado de
bienestar?¿Cuándo se les va a devolver a los ciudadanos las seguridades
con que contaban: la seguridad de tener una pensión pública, siempre
escasa, pero suficiente para sobrevivir; la seguridad de que si uno se
ponía enfermo tenía un sistema nacional de salud público de calidad que
le atendía; la seguridad de que los hijos iban a poder estudiar tuvieran
o no recursos sus padres; la seguridad de que si uno caía en una
situación de dependencia iba a contar con una prestación, o de que si
perdía el empleo de alguna manera en un plazo razonable iba a encontrar
un puesto de trabajo alternativo o contar con una prestación de desempleo
que le permitiera sobrevivir hasta entonces?


Muchísimas gracias, señor ministro.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Iglesias.


La propuesta de veto número 6 ha sido presentada por los
senadores Guillot y Saura, del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de
Catalunya.


Para su defensa, tiene la palabra el senador Guillot.


El señor GUILLOT MIRAVET: Gràcies, senyor president.


Señor ministro, señorías, en su intervención nos planteaba
qué tipo de debates tiene que haber en esta Cámara, ahora que estamos
discutiendo el de los Presupuestos Generales del Estado. Le recordaré que
hay un debate público clarísimo: el que afecta al paro, a la corrupción y
el que afecta al fracaso de la política y los políticos para resolver los
problemas del país. Este es un debate presente en toda España y creo que
es el debate que habría que hacer con más asiduidad aquí, en el Senado.
En segundo lugar, hay un debate político inmediato que está presente y
del que, ya que está usted hoy en el Senado, espero que nos diga algo. Es
el escándalo de la Agencia Tributaria.


Señor ministro, yo no es que encuentre estrafalaria la
respuesta que usted ha dado, la encuentro preocupante. Encuentro
preocupante que al hablar de profesionales, especialmente al hablar de
profesionales que ejercen tareas de control, usted se refiera a su
posible ideario político. Y no sé si esto no bordea también la
anticonstitucionalidad, ya que creo que no se puede discriminar a raíz
del pensamiento político de nadie.


Por último, antes de entrar en mi intervención, quiero
decirle, señor ministro, que no sé si ha venido aquí a reírse de nosotros
cuando alaba el esfuerzo que han hecho los grupos de la oposición en la
presentación de enmiendas. ¿Sabe cuántas enmiendas se aprobaron en la
comisión? Tres, tres de casi tres mil ochocientas enmiendas, y una, del
PP, con lo cual, de los grupos de la oposición, dos. Más que
agradecérnoslo, haga usted un esfuerzo de diálogo y consenso y verá cómo
nosotros le respondemos amablemente.


Este presupuesto tiene una virtud: es coherente con todas
las políticas que lleva a cabo este Gobierno, unas políticas, a mi
entender y al del senador Saura, erróneas, fallidas y socialmente
injustas. Estos presupuestos, señor ministro, señorías, no son los de la
recuperación económica, la creación de empleo y la solidaridad. Siguen
siendo los presupuestos de la devaluación interna, de la pobreza, la
desregulación y la recentralización, unos presupuestos que responden a un
diagnóstico y a un tratamiento de la crisis equivocados.


Usted nos decía que España ha sufrido y sufre la crisis más
larga y más cruel. Yo le añadiría que acompañada de las políticas más
despiadadas. Y cuando usted agradece a la ciudadanía el esfuerzo
realizado, yo le diría: mire, señor ministro, a la fuerza ahorcan. A la
fuerza ahorcan. Porque el esfuerzo realizado ha sido por imposición de
este Gobierno, ausente de cualquier tipo de diálogo, especialmente con
los agentes sociales. El principal objetivo de estos presupuestos sigue
siendo la reducción del déficit público y no la recuperación económica ni
la creación de empleo. Bien es cierto que este objetivo se enmarca en las
exigencias equivocadas de la troika. El Gobierno persiste en el error de
fiar la reactivación económica al abaratamiento de los costes









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laborales unitarios y a la pujanza del sector exterior. Por
cierto, las exportaciones han bajado del 9 al 4,7. A estas alturas,
confiar en que solo las exportaciones pueden sostener el crecimiento del
PIB y generar empleo es un grave error. Mientras el consumo interno siga
deprimido por el endeudamiento de las familias, mientras sigamos con
estos niveles de paro, con las rebajas de salarios y pensiones, con la
inversión pública recortada y el crédito siga sin fluir, ni habrá
relanzamiento económico ni creación de empleo. Salir técnicamente de la
recesión no significa salir de la crisis; ya se lo dijo el ministro De
Guindos. Eso solo pasa cuando el crecimiento y la creación de empleo son
importantes y sostenidos.


Insisto en que para mí y para el senador Saura estos
presupuestos son los de la consolidación de las políticas de ajuste.
Apenas hay políticas de estímulo, y el crecimiento, de darse, será tan
débil, que apenas creará empleo. Esta es la realidad.


Su intervención aquí ha sido —no encuentro la
palabra— bastante deshilachada. En cambio, en el Congreso usted
afirmó que las tres principales causas que asentaban el crecimiento
económico eran la balanza por cuenta corriente, el acceso a los mercados
financieros y la baja, muy baja inflación. Creo que oír estos argumentos,
en definitiva, es hacer de la necesidad virtud. La reducción del déficit
por cuenta corriente es un efecto inevitable de la recesión, el descenso
de la prima de riesgo es un mérito exclusivo del Banco Central Europeo, y
solo la destrucción de empleo y la pérdida de poder adquisitivo de
asalariados y pensionistas explica la bajada de la inflación. Por cierto,
señor ministro, ¿a un país tan endeudado le conviene una inflación baja,
muy baja, como usted reivindica?


Con la misma alegría, usted y el Gobierno se plantean un
marco de estabilidad que prevé un crecimiento sostenido de la deuda,
cuando es precisamente la deuda lo que trata de reducir cualquier plan de
estabilidad. Su Gobierno ha fracasado en lo que era su principal
objetivo: el ajuste presupuestario para reducir el déficit. La deuda
sigue creciendo. Seguimos suspendiendo en seis de los doce indicadores
que Bruselas utiliza para decretar riesgos económicos, especialmente los
referidos a paro y deuda pública. El principal esfuerzo del ajuste
presupuestario lo están realizando las comunidades autónomas y los
ayuntamientos. Tres datos. En 2012, el recorte en empleados públicos fue
el siguiente: 75% comunidades autónomas, 22% ayuntamientos y solo un 3%
la Administración central. Cuando Bruselas relajó la reducción del
déficit, el Estado se quedó la mejor parte. Las comunidades autónomas,
cuyo 76% del gasto lo es en sanidad, educación y servicios sociales, se
llevaron la peor parte. El Estado del bienestar se resiente y de qué
manera.


El gasto en la Administración central sigue creciendo, y
como prueba estos presupuestos. No estamos en la senda del crecimiento.
En el mejor de los casos estamos hablando siempre de mejoras en el ritmo
de la caída. Pero señorías, señor ministro, hay que ser bastante cínico
para estar hablando no ya de cierta recuperación, sino de crecimiento y
creación de empleo en unas circunstancias en las que la ocupación y la
renta de las familias sigue cayendo a tasas muy importantes, caídas que
si bien son menores que hace un año, son sobre mojado, empeorando la
crisis social e incrementando las desigualdades. Para su Gobierno, para
el Gobierno de Mariano Rajoy y para el PP, sus políticas, sus propuestas,
son las únicas posibles, las realistas. Son las aplicadas por nuestros
acreedores, las impuestas por la troika. Esto es verdad y no es verdad.
Son exactamente las que ustedes han elegido e impuesto con el uso abusivo
de su mayoría absoluta. Sus resultados, en consecuencia, son
perfectamente conocidos. Había otras opciones, otras políticas y otros
presupuestos posibles.


Su gran objetivo era y es superar la crisis a través de la
reducción del déficit público. Su opción, conseguir cuanto antes el
equilibrio presupuestario. Ya le adelanto que para evitar debates
absurdos voy a reiterar una vez más que mi partido, Iniciativa Verds, no
se desentiende de los problemas del déficit y de la deuda —sería
una irresponsabilidad—, pero lo que sí es evidente es que España ni
podía ni debía rebajar su déficit al 3% en 2013, como indica el pacto de
estabilidad, propuesta absurda que Bruselas tuvo que modificar ampliando
los plazos de tiempo para la reducción del déficit, pero el daño ya
estaba hecho. Lo grotesco es que ustedes votaron el pacto de estabilidad
y lo han ido defendiendo a lo largo de estos años, aun sabiendo que
España no lo iba a cumplir. Este año cerraremos con un déficit del 6,8%.
Su previsión en los presupuestos del 2013 era del 4,5%.









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Y de la deuda, ¿qué le voy a contar? Su previsión para el
2013 era del 85,8% y vamos camino del 100% del PIB de deuda pública. El
señor Rajoy, usted, su Gobierno, en dos años ha generado más deuda que en
todo el periodo del señor Rodríguez Zapatero. Si sumamos la deuda pública
y la privada nos vamos al 320% del PIB, algo totalmente impagable. Deuda
que incrementará la carga financiera para el 2014 en cerca del 10% sobre
el gasto real. No habrá una reducción real del gasto por intereses. La
rebaja de la que alardea el Gobierno es sobre lo presupuestado en 2013,
pero todos, y usted especialmente, deberíamos saber que lo importante en
todo presupuesto no es cómo empieza, sino cómo acaba.


En el Congreso afirmaba, insisto, que somos Europa, sí,
pero formamos parte de una Unión con graves insuficiencias estructurales
e institucionales; participamos de una Unión con un diagnóstico
equivocado de la crisis y un tratamiento erróneo, con unos gestores
faltos de legitimidad democrática; una Unión en la que aún prevalece la
lógica de los Estados miembros agrupándose estos entre países acreedores
y países deudores. Una Unión Europea que sufre una progresiva pérdida de
liderazgo, en la que crece el euroescepticismo, especialmente entre los
países del sur y entre ellos España.


Señor ministro, señorías, a lo largo de esta crisis ha
quedado evidente que al no existir un interés general europeo ha
prevalecido el interés nacional, especialmente en los países acreedores,
y singularmente en la Alemania de Angela Merkel. La supervivencia del
euro y, por ende, de la Unión depende también de la convergencia
económica de los países que integramos la unión monetaria europea.


La última vuelta de tuerca desde Bruselas se produce a raíz
de la presentación de estos presupuestos y de los cuadros presupuestarios
para el 2015 y 2016. Nos piden un ajuste adicional de aproximadamente 3,5
puntos del PIB y, en concreto, un recorte de unos 5000 millones de euros
en este presupuesto que estamos debatiendo. ¿Cuál será la respuesta del
Gobierno a esta petición? ¿Vamos a cumplir el mandato de Bruselas de
rebajar estos 5000 millones de euros en estos presupuestos? A lo largo de
estos dos años hemos criticado al Gobierno porque, en vez de trabajar en
coalición con los países del sur para conseguir una gestión razonable en
la corrección del déficit compatible con el relanzamiento económico, ha
optado por el sálvese quien pueda. El resultado es que país tras país
hemos sido sometidos a los dictados de la troika. Junto a este grave
error de estrategias, sorprende la falta de cualquier propuesta por parte
del Gobierno que permitiera ir corrigiendo los déficits estructurales de
la Unión; déficits que condicionan, negativamente y mucho, nuestra salida
de la crisis. Creo que estarán de acuerdo conmigo en que todo avance
hacia la unión bancaria ejercería efectos positivos sobre la demanda y
oferta de crédito en España, uno de nuestros principales talones de
Aquiles. Como también coincidirán en que todo progreso en la unión fiscal
y mutualización de las deudas tendría efectos inmediatos sobre las primas
de riesgo y mercados de crédito. La centralidad que tienen las políticas
de la Unión Europea para España no va acompañada del debate político y
parlamentario necesario, todo lo contrario. La Unión es utilizada casi
exclusivamente como excusa o justificación de lo ejecutado.


Para el senador Saura y para mí las prioridades de este
presupuesto deberían ser totalmente diferentes. La primera sería proteger
a los sectores sociales más vulnerables y más golpeados por la crisis.
Para el ministro Montoro, para este Gobierno, las personas no existen.
Las personas, sus problemas y anhelos, la gente corriente, los que lo
pasan mal no están presentes en sus presupuestos. Para el PP no son
prioridad. La crisis y especialmente sus políticas están haciendo crecer
la desigualdad en España de forma exponencial. Somos el tercer país con
más desigualdad de la Unión de los Veintisiete, desigualdad que afecta,
sobre todo, a colectivos especialmente frágiles: mayores y niños, siendo
para estos últimos una condena de por vida. Los dependientes verán
reducidas sus prestaciones. Algo más de 12 millones de personas viven en
situación de pobreza y exclusión. La pobreza severa afecta a más de 3
millones de personas. Según UNICEF, en España hay más de 2 millones de
niños y niñas bajo el umbral de la pobreza. La subida de los precios de
los servicios básicos: agua, gas y electricidad, también está
dificultando las condiciones de vida. Un ejemplo, la electricidad ha
subido el 60% en cinco años y en el 2012 a 1,2 millones de hogares les
fue cortado el suministro eléctrico. Las personas con discapacidad son un
colectivo especialmente afectado por la pobreza extrema, especialmente
las mujeres. 650 000 personas con discapacidad viven solas. El 27% de los
hogares tienen a personas mayores de 64 años como









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sustentador principal. 650 000 hogares o casi 1,5 millones
de personas carecen de cualquier tipo de ingresos. El riesgo de pobreza o
exclusión social alcanza casi al 30% de la sociedad. Esto es lo que no ve
el señor Rajoy cuando duda de que en España la desigualdad esté creciendo
y afectando a sectores cada vez más importantes.


¿Cuál es la respuesta de este Gobierno a esta situación? La
podemos ver en los presupuestos. Pérdida de poder adquisitivo de las
pensiones, congelación de la partida destinada a la dependencia, más de
3000 millones menos en la partida de desempleo que lo gastado realmente
en 2013, una reducción del 36,4% de la partida de servicios sociales y
promoción social. Y este Gobierno llama a estos presupuestos los de la
solidaridad, menudo sarcasmo. Señor Montoro, si no quiere hacer caso de
estas cifras, vaya usted a una oficina de Cáritas y explíqueles que sus
políticas y estos presupuestos son los de la solidaridad, ya verá qué
respuesta le dan.


También, lamentablemente, un año más vuelven a recortar las
partidas destinadas a la cooperación internacional para el desarrollo. Si
se aprueban estos presupuestos destinaremos un magro 0,17% de la renta
nacional bruta a las políticas de cooperación internacional. Una segunda
propuesta y segunda prioridad del senador Saura y mía consiste en medidas
de relanzamiento económico que permitan la creación de empleo. ¿Qué
medidas aportan los presupuestos? Cae la inversión en infraestructuras.
La inversión estatal en las comunidades autónomas cae un 7,1% respecto al
2013 —en Cataluña lo hace un 25,5% y un año más se incumple la
disposición adicional tercera del Estatut— y la inversión privada
cae un 6,3%. Cuando el Gobierno justifica esta caída de la inversión
pública lo hace argumentando que la prioridad es el gasto social, pero
eso no es verdad; su prioridad sigue siendo la consolidación fiscal.


España, su sociedad y su economía siguen atrapadas en el
austericidio. Se me hace incomprensible entender, con la experiencia
acumulada y soportada por nuestro país, que ni en el Gobierno ni en
Bruselas se entienda que esos ajustes no relanzan la economía ni crean
empleo, con lo cual no hay consumo ni suben los ingresos fiscales ni se
corrige el déficit, lo que a su vez hace que se incremente la deuda. Lo
que sí se consigue —véase España— es la precarización social
y la pauperización de amplios sectores de nuestra sociedad. El consumo de
las familias se redujo en un 10%, lo que unido al desplome de la
inversión y a los recortes del gasto público hunde la demanda interna,
factor fundamental para la reactivación económica. Excepto el Gobierno y
la patronal, por razones obvias, hoy nadie discute que la reforma laboral
ha sido un fracaso total para la creación de empleo y para la disminución
de la temporalidad en nuestro mercado de trabajo, pero sí ha sido un
éxito como instrumento para la devaluación interna. Gracias a esta
reforma se ha conseguido rebajar los salarios —sí, señor Montoro,
rebajar los salarios un 5% de media—, facilitar y abaratar el
despido y dejar en manos exclusivas de los empresarios la organización
del trabajo, todo ello gracias también a los recortes que comporta dicha
reforma a los derechos laborales y sindicales. Y dos datos: los
trabajadores protegidos con convenio han disminuido casi en un 30%; los
ERE sin acuerdo han subido este año un 30%. Cerraremos 2013 con menos
población activa, con muchísimo paro, con precariedad laboral, con menos
contratos indefinidos, con menos empleados del sector público, con una
caída de cotizantes a la Seguridad Social y con una cifra de población
activa por debajo del 60%, una de las más bajas de Europa.


Un tercer objetivo es la apuesta por la economía real e
iniciar la transición hacia un nuevo modelo productivo. Poco más de 11
000 empresas en España hacen I+D y solo la mitad de estas tienen un
departamento de I+D como tal. El número de empresas que hay en España
—se lo recuerdo para que hagan la comparación— supera los 3
millones. Las empresas españolas que tienen actividades en innovación se
han reducido a más de la mitad en estos cuatro últimos años pasando de
cerca de 46 000 a 18 000. El presupuesto para investigación y desarrollo
civil se incrementa en un 1,3%, unos 71 millones de euros, y el
presupuesto para I+D militar se incrementa en 143 millones de euros, el
39,5%. Avanzar en el cambio de modelo productivo requiere dotarse de una
verdadera política industrial, apostar por una política energética que
garantice la suficiencia de suministro, la sostenibilidad medioambiental
y un coste competitivo de la energía, invertir en I+D+i e introducir las
políticas de formación y comunicación en el proceso productivo, dotarse
de las infraestructuras necesarias, impulsar el ferrocarril y las
intercomunicaciones, promover la agrupación y colaboración de las
empresas así como su internacionalización, mejorar el sistema educativo,
en especial la FP, partida también recortada en los presupuestos para
este año,









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apostando por la formación continuada, y garantizar la
financiación de las empresas, especialmente las pymes, las grandes
afectadas por la no fluidez del crédito.


Este corolario de propuestas es de manual, son las que se
aplican en los países más desarrollados. Lamentablemente, nada tienen que
ver con la acción de nuestro Gobierno ni con las prioridades de este
presupuesto, y valga de ejemplo el recorte en la partida de desarrollo
industrial.


Un cuarto objetivo es el reto ecológico. Globalmente se
incrementa un 3% el presupuesto del ministerio, aumento que no tiene
traslación en las partidas medioambientales. A excepción de inversiones
hidráulicas, la vieja política del agua, el resto de partidas desciende.
En todo caso, el presupuesto de medio ambiente para 2014 es un ejemplo
más de la inexistencia de política medioambiental del Gobierno, de su
carácter residual, o dicho de otro modo, del medio ambiente como lastre u
obstáculo del actual modelo de crecimiento. Y yo les hago una pregunta:
¿Alguien ha oído en estos dos años de legislatura hablar de cambio
climático a algún miembro del Gobierno? No, a ninguno, y a quien menos al
señor Arias Cañete. Por otro lado, esta concepción explica que España sea
uno de los pocos países de la Unión Europea que no tiene un ministerio en
exclusiva para el medio ambiente. Mientras que los retos ecológicos
reclamaban prioridad a una política transversal medioambiental, en España
se va en dirección contraria. La reforma de la Ley de Costas, la Ley de
medidas urgentes en materia de medio ambiente, o la Ley de evaluación
ambiental son, en este sentido, suficientemente elocuentes, así como la
ley que discutiremos en este Pleno sobre la reforma del sector
eléctrico.


Una política moderna, a la altura de las circunstancias,
requiere considerar, en primer término, los aspectos de la fiscalidad
medioambiental. España se mantiene a la cola de recaudación por
fiscalidad verde entre los países de la Unión Europea. ¿Hasta cuándo? Los
presupuestos eran un buen instrumento para implementar dicha fiscalidad
y, por otra parte, el desarrollo de la fiscalidad verde contribuiría al
fortalecimiento y modernización de nuestro sistema tributario.


Desde la perspectiva del gasto, en los presupuestos no
existen ni objetivos medioambientales ni, por supuesto, ningún esbozo de
política transversal contra el cambio climático y el Programa para la
prevención de la contaminación y el cambio climático alcanza su nivel más
bajo. Por supuesto, también total ignorancia de las competencias de las
comunidades autónomas, cuando en este ámbito es imprescindible la
coordinación y colaboración —que no usurpación— de las
competencias y funciones que tienen asignadas. En resumen, política
antigua, arcaica, sin una concepción avanzada en la política
medioambiental, que tiene su traducción en unos presupuestos
ecológicamente insostenibles.


Y la quinta prioridad serían los ingresos, la reforma
fiscal. Señor Montoro, señorías, la reforma fiscal es una prioridad. A
diferencia de la opinión del PP, para los senadores de Iniciativa la
crisis reclamaba una atención urgente y prioritaria a la obtención de
ingresos públicos que permitieran afrontarla de una manera más equitativa
y eficaz. La prioridad del PP se ha centrado casi exclusivamente en la
reducción del gasto y en un compulsivo lanzamiento de nuevas medidas
tributarias —casi medio centenar— de dudoso éxito
recaudatorio. La realidad es que, aún habiendo subido determinados tipos
impositivos, recaudamos poco, lo que se explica porque nuestro modelo
fiscal es muy ineficiente. La recaudación por IRPF cae en octubre un 2,4%
respecto a hace un año por la reducción de los salarios y baja también la
recaudación por el IVA. Aumentar los tipos sin modificar a fondo los
impuestos se ha demostrado que no sirve, prueba de ello es que hasta el
mes de octubre hemos gastado 37 000 millones de euros más que los que
ingresamos.


El Gobierno confía en que en 2014 la carga tributaria
alcanzará sus máximos, ya que en el próximo año convergerán todos los
incrementos aprobados y este año crecerá nuestra economía un 0,7%. Pero
mucho me temo que también en 2014 habrá menos renta que gravar, menor
consumo y las empresas ganarán menos. La economía española necesita una
profunda reforma fiscal, asunto que no ha merecido la atención que se
merece. Solo a mediados de este año se ha iniciado un proceso con la
constitución de una comisión de estudios. Y, a su vez, dentro de esta
reforma fiscal hay que introducir de verdad la fiscalidad verde. Una
reforma fiscal que consiga de una vez que los que más tienen más aporten.
Es injusto que las rentas del trabajo aporten el 38,56% de la recaudación
total y las de capital solo el 3,5%. Lentitud en la reforma fiscal y
desidia en la lucha contra el fraude y la evasión fiscal.









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Este año, como mínimo, señor ministro, no pasaremos la
vergüenza de una amnistía fiscal; este año el escándalo está, como le
decía antes, en la caza de brujas desatada en la Agencia Tributaria.
Señorías, algo huele a podrido en esta Agencia Tributaria y espero,
insisto, que el señor ministro Montoro, como máximo responsable, dé las
explicaciones oportunas.


Con todo, con la Agencia Tributaria se repite una constante
de este Gobierno: el asalto a las instituciones, su ocupación y
manipulación para colocarlas al servicio del PP y de los intereses
particulares que defiende. Una agencia con una partida presupuestaria
congelada, después de cuatro años de recortes, una agencia que dedica el
80% de sus recursos al seguimiento de las pymes, autónomos y asalariados,
cuando el 72% de fraude en la evasión fiscal la realizan las grandes
fortunas y las grandes empresas.


Otro tipo de fraude que no tiene la persecución adecuada es
el de la economía sumergida —entre el 22% y el 25% de nuestro
PIB—, por el que dejamos de ingresar alrededor de 80 000 millones
de euros.


Quisiera también hacer una breve referencia a la exitosa
reforma financiera —ya culminada—, según opinión del
Gobierno. Para mí es un escándalo y una vergüenza todo lo que ha pasado
—y está pasando— en relación con el sistema financiero
español. Su nivel de corrupción, inutilidad y codicia no tiene parangón.
El servilismo político a los intereses de los prestamistas patrios
tampoco tiene parangón. Lo último es la noticia de que casi 37 000
millones de euros aportados al rescate se dan por perdidos y esto después
de que el Gobierno afirmara insistentemente que el rescate bancario no
iba a costar ni un solo euro al contribuyente. Aún es hora de que el
Gobierno explique por qué debemos hacernos cargo de más de 3,5 puntos del
PIB. Es un sistema financiero que no está saneado, sigue siendo muy
vulnerable, con una morosidad que sigue creciendo.


Señorías, de verdad, los bancos no están jugando el papel
que les corresponde. La sequía del crédito es una de las causas que
frenan la salida de la crisis y los ciudadanos no entienden que el cheque
extendido a nuestros bancos no tenga ningún tipo de contrapartidas. La
verdad es que los bancos siguen dominando nuestra política y nuestra
economía.


Para el Partido Popular la descentralización política que
impulsa la Constitución del 78 es una rémora. Desde el primer momento
este Gobierno ha llevado a cabo un proceso de recentralización, con la
legislación sectorial aprobada, y un maltrato presupuestario. En este
presupuesto vuelve a ocurrir. Se reducen las transferencias a las
comunidades autónomas un 13,6% y a las entidades locales un 0,1%; se
recorta el Fondo de suficiencia un 16% y el Fondo de Compensación
Interterritorial un 24%.


Permítanme que, como senador elegido por Barcelona, realice
también una lectura catalana de estos presupuestos. El recorte de un 25%
de las inversiones del Estado en Cataluña, así como el no cumplimiento de
la disposición adicional tercera es una nueva afrenta. No sé si ustedes
buscan el choque de trenes, pero al final lo tendrán.


Señorías —y con esto termino—, un Gobierno que
hubiera aprendido alguna lección de las causas que nos llevaron a esta
crisis habría convocado al conjunto de la sociedad a realizar los
esfuerzos y sacrificios que comportan la superación de la misma. Sin
embargo, ustedes han optado por primar a los empresarios desde una
lectura vieja y equivocada de que la recuperación solo es posible creando
condiciones de todo orden para que los empresarios, especialmente las
grandes corporaciones, puedan actuar a su antojo. La crisis nos ha hecho
más pobres, sus políticas más desiguales. La desigualdad es injusta,
desestabilizadora, pero también es un lastre para la recuperación
económica por cuanto deprime la capacidad de consumo de amplias capas de
la población. Su rechazo al diálogo y al consenso social y político es
también, no lo duden, un lastre para la recuperación económica ya que
impide generar el clima de confianza necesario.


Quisiera terminar, señor presidente, con una cita de un
gran presidente, Franklin Delano Roosevelt, que inició la campaña que le
llevó a su segundo mandato con este discurso: Tuvimos que luchar contra
los viejos enemigos de la paz: los monopolios empresariales y
financieros, la especulación, la banca insensible, el sectarismo, los
intereses bélicos. Habían comenzado a considerar al Gobierno como un mero
apéndice de sus propios negocios. Ahora sabemos que un Gobierno del
dinero organizado es tan peligroso como un Gobierno de la mafia
organizada. ¿Alguien se imagina a Mariano Rajoy pronunciando un discurso
así? Yo, no.


Gracias por su atención. (La señora vicepresidenta, Vicente
González, ocupa la Presidencia.)









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La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias,
señoría.


Turno en contra.


Senador Utrera, tiene la palabra.


El señor UTRERA MORA: Señora presidenta, señor ministro de
Hacienda y Administraciones Públicas, señorías, quiero en primer lugar
señalar, para que no quepa lugar a dudas a lo largo de mi intervención,
que votaremos en contra de todos y cada uno de los vetos presentados a
los Presupuestos Generales del Estado. Y lo vamos a hacer por la sencilla
razón de que al Grupo Parlamentario Popular nos dan plena satisfacción,
suponen un paso más en el proceso de consolidación y ajuste
presupuestario, y también son un paso más en la tarea que todos tenemos
de posibilitar crecimiento económico. Por tanto, apoyamos estos
presupuestos y consideramos que son los necesarios para la actual
coyuntura económica.


Estos presupuestos se basan en un cuadro macroeconómico
—incluso lo ha reconocido alguno de los portavoces que los han
vetado, la mayoría de ellos implícitamente— realista, incluso
modesto, tanto por la tasa de crecimiento económico como por las fuentes
de crecimiento económico, lo que nos lleva a pensar que la mayoría de la
Cámara comparte no los presupuestos, pero sí las previsiones para el
próximo año. Es decir, la economía española se encuentra en recuperación
económica, en leve creación de empleo y en modo alguno estancada, como
apuntaba algún portavoz. Si bien es cierto que la economía española el
próximo año, según las previsiones que estamos manejando, va a tener un
crecimiento leve, inferior al 1%, el 0,7%, lo cierto es que salimos de
una recesión y de un año, el 2013, en el que el crecimiento va a ser
negativo en tasa superior al 1%, el 1,3%.


Por tanto, hay un cambio de signo, un cambio importante de
casi 2 puntos, el –1,3 del año 2013 pasa al 0,7 del año 2014, que
implica un cambio de coyuntura económica que hemos de tomar en
consideración, muy en consideración, y valorarlo si lo comparamos con la
situación que se nos dejó en el año 2011. Recordarán algunos de ustedes,
quizás los que lean los programas de estabilidad que se presentan a la
Unión Europea, que, como ya se ha apuntado por el ministro de Hacienda,
las previsiones de crecimiento que nos dejó el Gobierno socialista, el
Gobierno del señor Zapatero para el año 2012 eran del 1,7%. La realidad
fue una caída muy intensa del producto interior bruto, del orden del 1,7,
es decir, justamente un –3,4. Fíjense el cambio tan importante que
esto supone en el transcurso de tan solo dos años cumplidos, 2012 y 2013.
De unas previsiones de crecimiento, que en realidad se concretaban en una
reducción importante de crecimiento económico, estamos pasando a un
cambio de coyuntura con crecimiento económico, viniendo de un ejercicio
de desaceleración como todavía sigue siendo en media anual el año
2013.


La recuperación se ha iniciado. Esto es un hecho.
Técnicamente, a partir del tercer trimestre de 2013, hemos abandonado
tasas de crecimiento negativas y la recuperación también se ha iniciado
levemente, muy levemente en el cambio de signo que se aprecia en el
mercado laboral. Se ha iniciado plenamente en la percepción que de España
se tiene en el exterior, con un cambio radical no solamente en la prima
de interés, en el pago de intereses que se nos exigen, el diferencial,
sino también en la atracción de inversión extranjera y desde luego hemos
operado un cambio importante en las fuentes de crecimiento de la economía
española, toda vez que hemos conseguido saldos positivos de balanza de
pagos por cuenta corriente, lo que supone que estamos desendeudándonos,
estamos devolviendo deuda al exterior frente a una política económica de
endeudamiento desordenado, que es la que practicó en los años anteriores
el Gobierno socialista.


Por consiguiente, están cambiando las cosas y como premio,
como resultado de ese cambio de política económica, estamos obteniendo
unos frutos, que no son brotes verdes precisamente, sino que son
perspectivas de crecimiento halagüeñas, satisfactorias, que a nosotros no
nos generan ningún espejismo, hay que mantenerlas en el tiempo y, como
muy bien ha señalado el ministro de Hacienda, hay que darles continuidad,
profundidad. Y por esa razón, nosotros enmarcamos los Presupuestos
Generales del Estado dentro de una política de reformas estructurales. De
hecho, los mismos presupuestos, con el cambio de la Ley de Estabilidad
Presupuestaria, son una reforma estructural. Esas reformas estructurales
son las que han permitido y las que están permitiendo generar bases
firmes que permitan que el crecimiento de la economía española no sea
efímero, no se agoste en meses, no sean brotes de un solo día, esos









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brotes no verdes, brotes mustios a los que,
desgraciadamente, hemos tenido que asistir en el pasado.


Por tanto, bases de crecimiento sólidas, un cambio en la
estructura de crecimiento de la economía española basado en el sector
exterior, pero también en un reequilibrio: consumo interno y formación
bruta de capital fijo. Todas esas variables las conocen y figuran en el
cuadro macroeconómico y, por tanto, todas ellas reflejan que ese
reequilibrio, esa solidez en las fuentes de crecimiento se está
produciendo.


Este Gobierno, como decía, está practicando reformas
estructurales. Los presupuestos son parte de esas reformas estructurales,
que son esencialmente consolidación presupuestaria, reducción de déficit.
Son unos presupuestos austeros, lo han sido los últimos tres años y
proseguiremos así el tiempo necesario para reducir el déficit público,
tal como hemos comprometido con la Unión Europea. Pero esas otras
reformas estructurales que se han operado junto a los presupuestos
―la reforma laboral, la reforma energética, la recapitalización del
sistema financiero, la reforma que permite la unidad de mercado en el
territorio español, las reformas que veremos en este mismo Pleno de
facturas electrónicas y de deuda comercial de las administraciones
públicas―, todo ese elenco de reformas demuestran, por un lado, la
voluntad reformadora del Gobierno y, por otro, la voluntad de no
parecerse a quienes durante muchos años estuvieron sin hacer
prácticamente nada, incluso negando la crisis económica. En este sentido,
a diferencia de lo que señalaba el portavoz socialista, en lugar de
seguir una política económica de diseminación del dolor ―creo que
ha mencionado ese término porque la verdad es que ha dado muchos
titulares de prensa y poco más―, la suya era una política económica
de constatación de la alegría. Así, como era una política económica
alegre, donde había que crear alegrías, lo que se conseguía esencialmente
era mantener, si no engañada, al menos ausente a la población española, a
la sociedad española, de las enormes dificultades que estábamos
atravesando; negando una crisis económica que ha generado la destrucción
de 3 millones de puestos de trabajo y que nos ha colocado en una
situación que no se resuelve en 2 años ni posiblemente en 4 años.


Por eso nosotros, y algún portavoz ha incidido sobre esa
diferenciación terminológica, distinguimos perfectamente entre lo que es
el final de la recesión económica y lo que será en el futuro la
finalización de una crisis económica que, básicamente, se debe a la
destrucción de puestos de trabajo, a la destrucción de gran parte del
tejido empresarial español y a la enorme deuda exterior acumulada, que
necesariamente ahora hay que reducir. Por tanto, todas estas reformas son
las que en el futuro han de permitir que no se repita una situación como
la que hemos vivido.


Precisamente, estos impulsos reformistas han devuelto la
competitividad a la economía española que, no olvidemos, durante la
crisis económica básicamente ha destruido tejido empresarial, empresas y
la confianza en la economía española y en sus posibilidades de
recuperación.


Como decíamos, 2014 será el primer año de recuperación.
Nadie habla ya de rescate financiero y esta es una cuestión muy
importante. Nadie nos va a rescatar, pero no solamente nadie nos va a
rescatar porque no es necesario sino que nadie nos va a rescatar porque
España está contribuyendo a la estabilidad del euro y a la estabilidad de
la propia Unión Europea. Ese es un valor y se nos aprecia y se nos
reconoce por esa circunstancia. Bien es verdad que algunos portavoces, de
forma más moderada, otros, de manera más exacerbada, han insistido sobre
el hecho de que la Unión Europea ha cambiado sus calendarios. Ha cambiado
sus calendarios de ajuste presupuestario, lo que es una consecuencia
lógica y coherente a su vez con el cambio de coyuntura económica; ha
habido una desaceleración económica ―una primera y una
segunda―, España claramente ha sufrido una doble recesión, de la
que ya estamos saliendo y, al mismo tiempo, fruto de esa desaceleración
económica se han acompasado tanto el ajuste de déficit público como se
han acelerado los procesos de integración europea, de unión bancaria e
incluso se están debatiendo algunas otras herramientas que potenciarán
aún más la unión financiera dentro de la Unión Europea y eso nosotros lo
saludamos de forma entusiasta.


Sentimos mucho que desde alguna posición política,
concretamente desde el Grupo Parlamentario Socialista, se hable de que la
política económica que se está aplicando en España es un error
―supongo que no será por los frutos que estamos obteniendo, aunque
de todo hay y luego hablaremos de ello―, pero incluso también se
extiende ese error a la política europea y se









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dice que también en Europa se han equivocado profundamente.
Quien eso afirma quizá es porque no ha entendido la esencia de lo que es
la Unión Europea. Desde el momento en el que todos participamos en el
euro, todos hemos comprometido dentro del euro una posición que no
desvirtúe, que no genere perturbación en el euro y eso solamente se
consigue en un área de estabilidad financiera. Consecuentemente, quien se
salga de la estabilidad y quien se crea que puede financiar una deuda
externa creciendo a tasas enormes y de forma ilimitada, sencillamente es
que no se ha enterado de lo que es la Unión Europea, lo que es Europa y
lo que es la política europea. Eso, desgraciadamente, nos ha ocurrido a
nosotros durante años, concretamente los años del Gobierno del señor
Zapatero en España, y ahora estamos reconduciendo una situación que,
vuelvo a repetir, no se ajusta en un año, ni en dos ni en tres, y que,
por tanto, lógicamente —eso sí que alguno de los portavoces tiene
perfecto derecho a señalarlo—, la sociedad española, muchos
ciudadanos españoles, sienten que el esfuerzo que se les ha pedido es
enorme —porque lo es—, tanto esfuerzo fiscal como esfuerzo de
prestaciones o esfuerzo de todo tipo. La sociedad española se ha
esforzado, sin ninguna duda, y los frutos los estamos consiguiendo en
estos momentos.


Son unos presupuestos austeros. Las mismas cifras nos lo
indican: se reduce el gasto ministerial, el gasto de la Administración
del Estado, más del 4%, el 4,4%, para cumplir el compromiso de reducción
de déficit público, que se situará en el 5,8% para el conjunto de
administraciones públicas, lo que otorgará más credibilidad y una
confianza renovada en la economía española. Creo que es muy importante
confirmar el hecho de que para este año 2013 se alcanzará el objetivo de
déficit público y, por tanto, lógicamente seguiremos avanzando en ese
camino de credibilidad y de mejora de la confianza en la economía
española.


El gasto social, por otro lado, aumenta, y supone ya más
del 50% del gasto público total. En cuanto a las transferencias a
administraciones públicas, a comunidades autónomas y corporaciones
locales, creo que hemos tenido ocasión de oír algunas posiciones de
portavoces en este turno, que ciertamente a algunos nos han causado mucha
perplejidad. Porque en lugar de ver los problemas en las herramientas, en
los instrumentos existentes, ven el agravio en la diferenciación que se
produce entre distintas comunidades autónomas al aplicar esas
herramientas ciertamente defectuosas. Me refiero al sistema de
financiación autonómica.


Se han presentado 9 vetos que, si me permiten, podríamos
agrupar en dos grandes apartados: por un lado, tendríamos los vetos más
ideológicos; en algunos casos, vetos porque sí, porque hay que presentar
un veto. Por supuesto, todos los grupos parlamentarios, incluso todos los
senadores a título individual, tienen derecho a presentar los vetos y las
enmiendas que deseen; en modo alguno nos vamos a atrever desde el Grupo
Parlamentario Popular a decir, como sí ha apuntado algún portavoz, que
hay una deslegitimación democrática, quizá porque gobierna el Partido
Popular. Eso me ha parecido entender como sugerencia en alguna de las
intervenciones: que gobierna el Partido Popular, y entonces se produce
una deslegitimación. No es tal; nosotros no creemos que haya
deslegitimación de ninguna manera en que cada senador, cada grupo,
presente los vetos, haga sus intervenciones, los apoye y establezca las
líneas rojas o las líneas verdes, o amarillas o como se quieran llamar,
en sus políticas económicas o políticas sociales. Lo que nos preocupa es
que falte coherencia y que solo desde un punto de vista ideológico,
ignorando resultados, ignorando las consecuencias de lo que se hizo en el
pasado y de lo que se está haciendo ahora, se elaboren reflexiones,
discursos, que nada tienen que ver con la realidad actual de la economía
española.


Por otro lado, tenemos los vetos más interesados, más de la
tierra, más localistas, regionalistas: qué hay de lo mío; es decir, si
estos presupuestos no me dan la inversión que yo quiero, entonces no me
satisfacen. Si estos presupuestos no proporcionan la financiación que
creo justa, entonces son injustos. Si estos presupuestos no equilibran
los déficits —de esto ya hemos hablado muchísimo, hasta la náusea
de tantas veces como lo hemos repetido—, si no se reparten los
déficits de una forma ajustada aritméticamente, con una reflexión que no
alcanzamos a ver, entonces se está centrifugando el déficit y se está
gravitando sobre los presupuestos de comunidades autónomas. En realidad,
nada de eso encuentra otra razón de ser que la situación de grave crisis
económica. Y algunos de los que argumentan de la forma que he señalado
han contribuido activamente dando apoyo parlamentario a quien nos ha
puesto, el Grupo Parlamentario Socialista y el Gobierno del señor
Zapatero, en la situación en la que estamos, y en esa situación resulta
que todos, todos, ya sea por nivel regional, ya sea sectorial, ya sea por
grupos de población,









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todos estamos sufriendo las consecuencias de una crisis que
hay que superar. Y basar el agravio en que resulta que otros solamente
pierden el 56% del Fondo de garantía global mientras que otros pierden el
61,3% me resulta —me parece a mí— un debate estéril. Mucho
más importante es el debate de qué se hace con la reforma que hay que
practicar, qué se hace con el sistema de financiación autonómica. Habrá
que reformarlo, o sea, en lugar de basarse en esa futilidad, en ese
argumento menor que son las discriminaciones entre regiones por el Fondo
de garantía, tenemos que preguntarnos quién aprobó ese sistema, quién lo
apoyó con sus votos. ¿Quién lo apoyó? Porque, desde luego, no fuimos
nosotros, fueron aquellos a quienes yo me refería antes, quienes apoyaron
al Gobierno Zapatero y el propio Gobierno Zapatero que aprobaron un
sistema de financiación autonómica, que adolece de los defectos que el
senador Bel, por ejemplo, ha apuntado, que el Fondo de garantía se reduce
en la medida en que aumenta la participación en los ingresos del Estado.
¿Es así o no? Pero eso lo pactaron ustedes, ¿no? (Denegaciones del señor
Bel Accensi.) Sí, fueron ustedes, ustedes con el señor Zapatero, con los
socialistas, porque nosotros votamos en contra, nosotros no estábamos de
acuerdo con un sistema de financiación que tenía esos elementos.


Por tanto, habrá que modificar el sistema y entiendo que
algunos elementos se pueden reformar, pero lo que no se puede pretender,
tal como se presentó el sistema de financiación autonómica, es que fuera
a dar gusto a todos por arriba, por comunidades autónomas, y por abajo.
Eso no puede ser, un sistema de financiación no puede dar gusto a todos,
un sistema de financiación tendrá que basarse más en el esfuerzo fiscal
de unas comunidades autónomas frente a otras, o tendrá que tratar de
nivelar más entre regiones, pero darle gusto a los de arriba y a los de
abajo sencillamente no es posible. Ustedes pretendieron algo que no ha
salido y que ahora no solo lo están lamentando, sino que se lo están
imputando al Gobierno como un agravio permanente, cuando no es más que el
resultado de una negociación que ustedes hicieron, apoyaron y aprobaron,
nosotros, no.


Respecto a las cuestiones más de fondo, aquí novedades ha
habido pocas en este debate, algunas pero pocas. Quizá la más importante
sea en relación con la Agencia Estatal de Administración Tributaria y,
también, respecto a la política monetaria del Banco Central Europeo.
Permítanme que hable de estas dos cuestiones. La Agencia Estatal de
Administración Tributaria, como ustedes saben, es una agencia dependiente
del Ministerio de Hacienda que, al mismo tiempo, integra todos los
servicios de inspección, gestión, liquidación de los tributos en España,
en unos casos con colaboración de las haciendas de las comunidades
autónomas, gestionando también impuestos cedidos a las mismas, y
trabajando con todas ellas. En estas fechas se han planteado unos
problemas en la Agencia Estatal de Administración Tributaria que, como en
todas las instituciones, sobre todo cuando son numerosas, pueden tener
alguna presencia, pero sobre todo se ha enfocado de una manera
perturbadora porque debilita la posición de la Agencia Estatal de la
Administración Tributaria y también debilita la percepción que los
ciudadanos tienen en cuanto a la justicia de la actuación de dicha
agencia.


A mí me gustaría hacer una observación en esta materia. La
agencia estatal tiene procedimientos reglados, procedimientos de
inspección, de levantamiento de actas, actas que si son recurridas
tienen, luego, un proceso diferenciado y, si no lo son, pasan a un grupo
de aceptación y convalidación de esas actas, en donde, en definitiva, las
actuaciones están técnicamente recogidas y regladas y donde no cabe otra
opción que actuar de manera profesional. Esa es, desde mi punto de vista
y creo que es en este caso razonable, la forma de proceder en la Agencia
Estatal de Administración Tributaria.


En cuanto al fraude fiscal, este Gobierno y, aquí, en el
Parlamento hemos aprobado el plan más ambicioso que para el control del
fraude fiscal se ha practicado en toda la democracia española, y de nada
me sirve la argumentación sobre la amnistía tributaria, que no es tal. En
España ha habido una declaración de regulación de activos en el
extranjero, fundamentalmente, pero no una amnistía.


Y quiero recordarles que en España ha habido esencialmente
dos amnistías tributarias: años ochenta, presidía el señor Felipe
González, año 1991 presidía el señor Felipe González, apoyaban los
Gobiernos socialistas y en el año 1991 ya había apoyo de algunos grupos
regionalistas, nacionalistas.









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La amnistía fiscal, años ochenta, la de los pa-Tes. ¿Se
acuerdan ustedes de los pa-Tes? Sí. Es la de los pagarés del Tesoro. Ahí
no solamente no se regularizaba la situación, sino que a quienes ni
declaraban ni iban a declarar fraude tributario se les permitía
rentabilizar los importes del fraude tributario mediante unos
instrumentos financieros emitidos por el Estado, los pagarés del Tesoro,
con tal de que, eso sí —ya empezaban los problemas de solvencia
financiera de las que tantas pruebas nos ha dado cuando ha gobernado el
Partido Socialista—, financiaran déficit público. Es decir,
mientras que financiaban déficit público, todo iba bien, se les permitía
mantener la ocultación de patrimonios defraudados y, además, se les
otorgaba rentabilidad. La del año 1991 fue algo menos escandalosa porque
también era una auténtica amnistía fiscal, formaba parte de una especie
de corralito donde el dinero, una vez ingresado ahí, tenía que mantenerse
en activos líquidos, no visibles —tampoco había listas de
contribuyentes, se mantenía el anonimato—, pero en este caso, no
era como en la situación anterior, en la amnistía de los años ochenta, en
la que entraba dinero negro y salía dinero más negro todavía o, si
prefieren, salía más dinero negro; o sea, entraba el dinero negro y salía
dinero negro más intereses negros; en este caso no, en este caso ya
estaba algo más regularizado.


Y, frente a eso, lo que se ha hecho en la regularización
fiscal practicada por el Ministerio de Hacienda el pasado año ha sido
esencialmente regularizar activos en el exterior a cambio de una tasa
fiscal más baja y, sobre todo, de la declaración de unas bases imponibles
que van a estar año tras año sometidas a imposición y que, por tanto, la
eficacia de esta regularización fiscal la iremos viendo año tras año en
los próximos ejercicios. Y no estamos hablando de cualquier cosa, estamos
hablando de más de 40 000 millones de euros. Por tanto, entendemos
—desde luego, así lo entiendo yo— que la medida ha resultado
eficaz.


Por tanto, la Agencia Estatal de Administración Tributaria
en cuanto a la persecución del fraude fiscal, en cuanto a la
regularización tributaria no tiene nada que envidiar, absolutamente nada
que envidiar a ninguna situación del pasado. Y como tenemos esa
convicción, estamos dispuestos no solamente a debatir sobre ello, sino
también a demostrarlo en cualquier momento.


Por consiguiente, titulares facilones, como que se está
provocando, etcétera, aparte de tener unas consecuencias sociales muy
delicadas, tienen como segunda derivada un muy mal debate político.


En cuanto a la política monetaria del Banco Central
Europeo, ahí es donde radican algunas de las críticas más importantes y
desde mi punto de vista más desatinadas que he oído esta tarde, algún
portavoz ha apuntado la necesidad de financiar directamente el déficit
público desde el Banco Central Europeo; incluso ha hablado de hipocresía,
qué hipocresía permitir que el Banco Central Europeo financie a los
bancos y que estos luego compren la deuda del Estado, y que por qué no
financia directamente la deuda del Estado. Pues bien, eso nos
retrotraería a la monetización de déficit, que es algo que se abandonó
hace treinta años, en España hace más de cuarenta años que se abandonó
esa mala práctica porque era inflacionista.


Y este es uno de los elementos esenciales de la actual
coyuntura económica que no se ha mencionado hoy aquí. La tasa de
inflación en España se mantiene históricamente baja; ningún año
—que yo recuerde— se ha obtenido una tasa de inflación como
la de 2013, lo cual invalida gran parte de los discursos que aquí se han
hecho. Es decir, a los que se preguntan qué ha pasado con los
pensionistas, que han perdido poder adquisitivo, he de decirles que no,
no lo han perdido, lo perdieron en el año 2011, cuando se les congelaron
las pensiones, porque con una tasa de inflación del 3% y las pensiones
congeladas perdieron poder adquisitivo. Este año 2013, con un crecimiento
de las pensiones del 1%, en el caso de las pensiones más bajas del 2%,
habrá una ganancia de poder adquisitivo entre 0,5 y 1,5%, más o menos;
ganancia de poder adquisitivo, año 2013.


Y para el año 2014 y sucesivos nosotros hemos reflexionado,
creo que hemos debatido y hemos tratado de explicar a todos los grupos
políticos y también a la sociedad española que la sostenibilidad de las
pensiones a largo plazo es no solamente una garantía de futuro para los
pensionistas sino también una garantía de presente para el propio sistema
de la Seguridad Social. (El señor vicepresidente, Lucas Giménez, ocupa la
Presidencia.)


Para los años 2014 y sucesivos, el factor de revalorización
de las pensiones, basado en índices de sostenibilidad y en el concepto
claro, en la idea de que las pensiones tienen que ser garantizadas en
España dentro de diez, veinte, cuarenta años, cualquiera que sea la
evolución









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demográfica, nosotros hemos considerado y pensábamos
—y seguimos pensando— que la sociedad española será receptiva
a la idea —esta misma semana lo aprobaremos en el Pleno del
Senado— de que la garantía de sostenibilidad del sistema de
pensiones no es meramente, ni siquiera principalmente una cuestión de si
este año suben o bajan un 0,5% de poder adquisitivo, no son los tres
euros que apuntaba algún portavoz anteriormente de revalorización de la
pensión media, es la garantía de que quien está cobrando hoy la pensión
media dentro de veinte años va a seguir cobrándola, y tal garantía se
consigue con el Fondo de Reserva de la Seguridad Social, que tiene una
capacidad de varios años para ajustar los cambios demográficos y
económicos: número de cotizantes, importe de las cotizaciones, etcétera.
Este fondo de garantía de la Seguridad Social permite el ajuste a medio
plazo, pero el ajuste y garantía a largo plazo del sistema exige
precisamente una concepción del sistema de Seguridad Social basado no en
un concepto de ajuste inflacionista —ya saben que por ley los
ajustes inflacionistas han quedado prácticamente suprimidos en todas las
actividades de la economía española— sino en un ajuste que se pueda
pagar cada año para garantizar que todos los años en el futuro se pueda
pagar. Es tan sencillo como eso, y, quizá, algunos grupos políticos en su
clientela y a corto plazo tengan la opción de decir que se les está
quitando tres, cinco o diez euros, pero no es verdad. Se les está dando
la tranquilidad de que van a cobrar en el futuro.


Les voy a poner un ejemplo que puede no ser muy ajustado al
caso pero conceptualmente puede servir. ¿Se acuerdan ustedes cuando en
los años 2007, 2008 y 2009, que fue cuando la cosa floreció plenamente,
se metió en las preferentes a gran parte de los depositantes de depósitos
a plazo fijo en la banca? ¿Se acuerdan ustedes de eso? Gobernaba el señor
Zapatero. La Comisión Nacional del Mercado de Valores, que tenía que
haberlo regulado, estaba gobernada también por un señor socialista, y el
Banco de España, también, por un gobernador socialista. Se acordarán
ustedes, ¿no? Por cierto, con el apoyo que se ha dado para la
recapitalización bancaria se han garantizado los depósitos, todos los
demás se han perdido, incluidos los propietarios de preferentes. Esto nos
lo recordaba el gobernador del Banco de España hace unos días en esta
sede, en el Senado. Pues bien, con las preferentes lo que se hizo fue
cambiar un activo fijo seguro, aunque podría dar rentabilidad negativa en
un momento dado, por un activo que se decía que iba a dar muy buena
rentabilidad y que iba a cubrir la inflación sin problemas, incluso dar
algo más, pero que introducía un elemento de riesgo que no se apreciaba,
que no se valoraba, que no emergía, que no estaba claro. Además, se
llamaban preferentes, aunque no tenían preferencia ninguna.


A ver si con el debate de las pensiones algún grupo está
haciendo algo parecido, es decir, está cambiando pensiones seguras a
largo plazo con sostenibilidad garantizada por debates a corto plazo, muy
brillantes, diciendo que se les están quitando unos euros, que vamos a
mantener rentabilidades, que vamos a pagar el ajuste de inflación,
etcétera, sin garantizar la solvencia futura del sistema de las
pensiones, porque, en ese caso, sí sería asimilable al caso de las
preferentes. Expongo esta cuestión para su reflexión, porque es tan
importante que exigiría que nos pusiéramos todos de acuerdo. (El señor
presidente ocupa la Presidencia.)


Menciono, por último, la cuestión de la inversión
territorial. Estos presupuestos distribuyen la inversión territorial de
acuerdo con criterios de racionalidad económica. Las inversiones se hacen
donde hay que hacerlas. Los proyectos de inversión se desarrollan donde
hay que hacerlos. Bien es verdad que algunos ralentizados porque la
situación económica da para lo que da, y como da para lo que da y estos
son presupuestos austeros, no podemos ir con la celeridad que a todos nos
gustaría en algunos proyectos de inversión que consideramos necesarios
para el territorio español. El que en una comunidad autónoma, en una
región, haya modificaciones, incluso alteraciones importantes de los
porcentajes de inversión que se destinan a esa región frente a los del
año anterior, a los del año siguiente, forma parte de la estricta
normalidad de los proyectos de inversión; los proyectos de inversión son
los que son, se elaboran técnicamente, se entiende que se les aplica
algún tipo de análisis para establecer preferencias entre ellos, y sobre
la base de esas preferencias, algunos territorios, algunas comunidades
autónomas salen beneficiadas en relación con la media un determinado año
y otras comunidades autónomas lo serán en algún otro año. Basar en eso un
agravio o tratar de reflexionar sobre que se maltrata a determinadas
comunidades autónomas porque en un determinado ejercicio los proyectos de
inversión, preferentes o prioritarios, se realizan en otras comunidades
autónomas cuando ya lo fueron en el pasado, es









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ignorar la historia y, sobre todo, la racionalidad de lo
que se espera de la inversión en infraestructuras en una unidad nacional
como es el caso de España.


Por tanto, nosotros apoyamos los presupuestos íntegros, con
todos sus elementos. Son unos magníficos presupuestos. Son austeros, pero
al mismo tiempo promueven el crecimiento, pero no el crecimiento sobre la
base del impulso fiscal, sino el crecimiento para crear pilares firmes en
el futuro. En eso estamos, y estamos convencidos de que el año 2014 será
muchísimo mejor que 2013, incluso que será muchísimo mejor de lo que
algunos, muchos, atisbamos en estos momentos.


Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos.)


El señor PRESIDENTE: Gracias, senador Utrera.


Turno de portavoces.


Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el
senador Martínez Oblanca. ¿Van a compartir turno? (Asentimiento.)


Gracias.


El señor MARTÍNEZ OBLANCA: Muchas gracias, señor
presidente.


El tercer presupuesto de la era Rajoy da total continuidad
a la desigualdad, a la exclusión y a los golpes perpetrados contra
Asturias desde hace dos años y que profundizan en su decadencia; golpes
que comenzaron con la eliminación de los fondos mineros por acuerdo del
primer Consejo de Ministros celebrado por este Gobierno; continuaron con
la paralización, el abandono y el olvido de imprescindibles obras de
infraestructuras de transporte que ya estaban en plena ejecución;
prosiguieron con cierres empresariales tolerados y recortes de ayudas en
sectores como la agroganadería; prolongaron con trabas al sector naval o
a la industria básica, y persistieron con el denominado déficit a la
carta; golpes que culminan ahora con una merma récord de nada menos que
el 31,6% en materia de inversiones, que incluso ha sido resaltada por la
prensa nacional y por los analistas políticos y económicos, tan poco
dados habitualmente a ocuparse de los asuntos asturianos.


Se consignan 291 millones de euros, lo que equivale al 3%
del total nacional, y por lo tanto, estamos ante el mayor hachazo, con
diferencia, de las comunidades autónomas, trasladando el bajonazo
inversor a niveles de hace casi un cuarto de siglo. Si se restan, además,
los retrasos en las licitaciones que se anunciaban para comienzos de esta
X Legislatura y los retrasos en la ejecución de obras, que suponen algo
más de 100 millones de euros en lo que va de mandato, tenemos una
radiografía muy precisa del agujero negro al que el Gobierno de Rajoy ha
arrastrado a nuestra región, por mucho que sus parlamentarios de apoyo y
sus editorialistas al contado traten de disfrazar la realidad de las
cifras y edulcorar los negativos efectos que tendrán en el crecimiento
económico, en la creación de empleo y en la demografía regional que,
emigración aparte, ya alcanza tasas de envejecimiento récord en
Europa.


Un proyecto de ley como este de los Presupuestos Generales
del Estado para 2014 solo cabe interpretarlo como una agresión y una
nueva muestra de ensañamiento del Gobierno hacia nuestra tierra. ¿Y qué
dice el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas cuando se le
señala esta marca del 31,6% de rebaja inversora presupuestaria? Pues que
Asturias se equivoca si cree que tendrá más crecimiento y empleo por un
poco más de inversión pública; o sea, el señor Montoro proclama ahora
exactamente lo contrario de lo que sostenía cuando estaba en la oposición
o de visita electoral para reclamar el voto.


En medio del chaparrón de palos y garrotazos, en el centro
de este saco de golpes en el que el Gobierno de Rajoy ha reconvertido a
Asturias hay un millón de habitantes perjudicados que son protagonistas,
muy a su pesar, de algunos de los indicadores estadísticos oficiales más
negativos de España: mantenemos un año más la última posición en tasa de
actividad, quintuplicamos la media nacional interanual del incremento del
desempleo, y por citar la referencia de política industrial y minera, el
declive es continuo: castiga a las áreas fabriles más importantes y se
persiste en un alto riesgo de pérdida de actividades, con lo que eso
significa en términos de empleo directo, indirecto e inducido, que
tengamos 114 000 parados y 100 000 asturianos inmersos en la pobreza.


¿Y cuál es la respuesta del Gobierno de Rajoy ante este
panorama desolador para Asturias? Unos presupuestos generales que los
ministros y la vocinglería al uso califican de presupuestos de la
recuperación. Sí, sí, de la recuperación. Verlo para creerlo. Recortan a
Asturias nada menos que









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el 31,6% en inversiones, y la propaganda oficial y los
publirreportajes nos auguran recuperación, creación de empleo y
solidaridad, a la par que nos recetan que no nos quejemos y que no
vayamos de víctimas. Hablar de recuperación en Asturias suena a broma
macabra.


Hacía referencia el portavoz del Grupo Popular al sistema
de financiación autonómica. Suena, una vez más, a hueco y a vaciedad.
Naturalmente que hace falta reformar el sistema de financiación. Es uno
de los compromisos principales del Partido Popular, y se va a necesitar
más de la mitad de legislatura para cambiar un sistema que el propio
Cristóbal Montoro calificó de ejercicio de petulancia y de prepotencia
rayana en el delirio. Un sistema, el actual, que es muy perjudicial para
algunas comunidades autónomas, desde luego para Asturias, y sin embargo
el Gobierno de Rajoy, fiel a su costumbre, ha ejercido de don Tancredo en
lugar de dar cumplimiento a su propio programa y corregir la petulancia,
la prepotencia, el delirio y las numerosas descalificaciones con las que
el PP recibió el vigente y nocivo sistema de financiación autonómica en
las Cortes Generales.


El Gobierno de Rajoy y el grupo que lo sostiene se han
desentendido contumazmente de los principales asuntos y prioridades de
nuestra sociedad, incumpliendo un día sí y otro también los compromisos
electorales. Ya saben aquello de: lo primero, el empleo; aquello de bajar
los impuestos para favorecer el crecimiento económico; aquello de
adelgazar la Administración y recortar el sector público; aquello de
subir las pensiones, y todas aquellas promesas reconvertidas en estos dos
años en una sarta, no de fantasías, sino de embustes.


Este proyecto de ley, dañino, es el que, según sus propios
paladines, dará una lección de economía al mundo, lección de economía
que, ¡atención!, en el caso de Asturias incluye prácticas de oscuro
laboratorio experimental. Al frente de ellas, el mismísimo delegado del
Gobierno, que lleva una semana reconvertido en funciones puras y duras de
gobernador civil, dictando públicamente pautas, sin rubor y sin pudor,
con orientaciones al Partido Popular y a su grupo de diputados en el
Parlamento regional para que aprueben el proyecto de presupuestos
presentado por el Gobierno socialista y así dar continuidad a una
política autonómica ajena a la realidad y a las auténticas necesidades de
los asturianos.


Este es el Gobierno de Mariano Rajoy en estado puro, o
mejor dicho, en estado impuro, el que hace dos años, también al alimón
con idénticos socios de ahora, ya compadres, propició el bloqueo de la
acción del Gobierno autonómico de Álvarez-Cascos vetándole sus primeros
presupuestos y prorrogando automáticamente los presupuestos socialistas
de 2010. El Gobierno de Rajoy que interfirió en las negociaciones
políticas para un nuevo Gobierno tras las elecciones autonómicas de 2012,
con una amenaza de intervención de las cuentas públicas asturianas. El
Gobierno de Rajoy que ahora, en 2013, patrocina incluso, sin conocer las
cifras y los artículos de la ley, el apoyo a una ley presupuestaria
socialista con mando a distancia y cornetín de órdenes en la delegación
del Gobierno en Asturias. ¡Qué lamentable exhibición, señores del PP!


Así es el tétrico horizonte para una Asturias aislada,
excluida, transformada en saco de golpes y de recortes, damnificada por
esta extravagante forma de hacer política que está escribiendo las
páginas más negras de su reciente historia, con firma socialista y
rúbrica del Gobierno de Rajoy. Una Asturias que retrocede alarmantemente,
que profundiza aún más en su decadencia y que ve cómo se acelera la
liquidación de su sector minero y cómo se plasma en estos Presupuestos
Generales del Estado el sistemático incumplimiento de los mandatos de la
Constitución, prorrogando la discriminación y aumentando la marginación
con este colosal ejercicio de insolidaridad territorial y asfixia en
forma de Ley de presupuestos.


Ante semejante panorama, votaré a favor de todas las
enmiendas a la totalidad presentadas por los diferentes grupos
parlamentarios.


Muchas gracias, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Martínez
Oblanca.


Senador Iglesias, tiene la palabra.


El señor IGLESIAS FERNÁNDEZ: Gracias, señor presidente.


El debate sobre si estamos en una fase de recuperación o en
una fase de estancamiento ni es baladí ni es meramente semántica. Si
estamos, como pensamos los senadores de Izquierda Unida, en una situación
de estancamiento, ello significará que durante muchos años —y en
eso coinciden los análisis de la OCDE y del Fondo Monetario
Internacional— mantendremos unos









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niveles de desempleo insostenibles. Insostenibles porque
tendrán repercusión inmediata en el mantenimiento de un bajo nivel de
consumo interno, que si también va acompañado de un largo periodo de
restricción crediticia, sin ninguna duda nos meterá en un círculo vicioso
de muy difícil salida. Hay ejemplos, algunos Estados, como Japón,
vivieron diez años de estancamiento económico. Si nuestro país, después
de siete u ocho años de crisis, abre un largo periodo de estancamiento
económico, estaremos condenando a varias generaciones a una realidad
económica y social incompatible con el mantenimiento de unos estándares
de condición de vida mínimamente dignas. Por lo tanto, es muy importante
aclarar en qué momento estamos, si estamos en el momento del
estancamiento, como pensamos nosotros, o estamos en el momento de la
recuperación, como de forma excesivamente optimista ha ratificado en su
discurso —hoy otra vez— el ministro, señor Montoro.


Pero si incluso dialécticamente aceptamos el planteamiento
de que estamos en una fase de recuperación, la segunda pregunta
pertinente es: ¿de recuperación de qué? ¿De recuperación de los
resultados macroeconómicos? ¿De recuperación e incremento del margen de
beneficio, de la acumulación de capital o de recuperación del Estado de
bienestar? Y la respuesta es obvia, pues la pregunta que acabo de
formular no deja de ser meramente retórica. Este presupuesto —lo ha
dicho el señor Montoro— es una parte más de las reformas
estructurales, pero las reformas estructurales se han realizado y
ejecutado no solo como respuesta a la crisis y a los ajustes y recortes
impuestos por la crisis, sino como un cambio del modelo social en nuestro
país. (Rumores.) Por lo tanto, las reformas estructurales se imponen para
siempre, y van a garantizar que durante muchas generaciones no haya una
recuperación del Estado de bienestar. (Rumores.)


El señor PRESIDENTE: Señorías, guarden silencio, por
favor.


El señor IGLESIAS FERNÁNDEZ: De alguna manera este proyecto
de presupuestos, al ratificar esas reformas estructurales, ofrece a la
sociedad española, una vez más, el mensaje de perder toda esperanza de
que la recuperación va a significar la recuperación del Estado de
bienestar y de que la salida de esta crisis se va a traducir en volver al
punto anterior a la crisis en prestaciones sociales y en servicios
públicos esenciales. No es esa la voluntad del Gobierno, no es esa la
voluntad de este proyecto de presupuestos. Porque, además, las
obligaciones y exigencias del pago del elevado nivel de endeudamiento
—que no solo no se reduce sino que aumenta, y ya se anuncia que
para el entorno de 2015 y 2016 superará el cien por cien del producto
interior bruto— y la amortización de la deuda se van a convertir en
una losa que, incluso con esa recuperación de la que ustedes hablan
—la recuperación de la macroeconomía y de los beneficios
empresariales— impedirán que existan recursos para la recuperación
del Estado de bienestar. Seguiremos pagando durante varias generaciones
ese más del cien por cien del PIB de endeudamiento, y seguiremos pagando
durante varias generaciones las ayudas a la banca, con el doble
mecanismo: el de ayudas a la banca que se reconoce públicamente y se
cuantifica, y con ese otro mecanismo oculto de ayuda a la banca que fue
su alta participación —como dije en mi anterior intervención—
en la adquisición de deuda soberana. Durante el tiempo que tardemos en
amortizar la parte de la deuda soberana, de la que son hoy titulares las
entidades financieras, seguiremos contribuyendo al saneamiento encubierto
de las entidades financieras, a cargo de la sociedad. Por tanto, al
final, cuando haya que evaluar qué puso la sociedad española para lograr
el objetivo de saneamiento de una banca que durante muchos años seguirá
sin hacer fluir el crédito, porque no lo necesita, porque tiene otros
mecanismos para conseguir beneficios con mayores garantías y menor
riesgo, habrá que sumar lo que a la banca transferimos en el pago de
intereses de esa parte de la deuda soberana de la que son titulares.


Muchísimas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Iglesias.


Por el Grupo Parlamentario Vasco, tiene la palabra el
senador Bildarratz.


El señor BILDARRATZ SORRON: Muchas gracias, señor
presidente.


En mi intervención anterior he comenzado recordando una
frase que empleó el señor Montoro en el debate de Presupuestos Generales
del Estado del año pasado, con la que venía a decir que 2013 sería el
último año de la crisis económica. Esa frase la he enmarcado dentro del
espíritu









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de comunicación, de marketing y de venta, que es lo que
tienen estos presupuestos. Es decir, figuran unos números y unos
mensajes, cuando la realidad, el contenido es bien otro. Porque las
familias que tienen un salario medio o las que mantienen algunos miembros
en desempleo no han percibido ninguna de las señales que el Partido
Popular dice que hay, no las perciben para nada, y estamos viendo que
desde 2012 los salarios han disminuido y van disminuyendo de una manera
notable. Es decir, además de un gran desempleo, bajan los salarios, lo
que, evidentemente, es también consecuencia de la reforma laboral. Esto
es lo que quiero trasladarles, porque este es el ejercicio de
comunicación y de marketing que ha realizado y viene realizando el señor
ministro, y como muestra un botón. En el Congreso de los Diputados ha
dicho que los sueldos están subiendo con moderación. Pues díganle a las
familias que sus ingresos actualmente están subiendo con moderación. Pero
no es solo eso, es que además la desigualdad entre los que más ingresan y
los que ingresan menos está creciendo de tal manera que se ha disparado
en España desde el inicio de la crisis, y el Estado español está ya a
nivel de Rumania, Bulgaria y Letonia, encabezando la desigualdad de la
Unión Europea. ¿Y cuáles son los efectos? Evidentemente, hay un menor
consumo. ¿Y esto qué quiere decir? Que los ciudadanos pierden capacidad
adquisitiva, y por ende, ¿cómo se va a estimular el consumo? Por eso,
tanto el ministro como el senador Utrera decían que la recuperación está
basada en el favorable comportamiento del sector exterior, con una
demanda interna congelada, con la renta de las familias descendiendo y,
tal como les he dicho, con los salarios bajando.


Antes hemos hablado de paro y de bajada de salarios, y nos
toca hablar también de pobreza. El señor ministro nos decía que 2013
sería el último año de la crisis económica en el Estado español. ¿Cómo se
encaja ese mensaje con el dato de que casi uno de cada cuatro españoles
está en situación de pobreza? ¿Cómo se encaja? O, ¿qué les contamos a los
más de tres millones de personas que en estos momentos viven en situación
de pobreza severa? Es decir, hay más de tres millones de personas que
viven con menos de 307 euros al mes, con menos de 307 euros al mes, con
menos dinero de lo que cuesta cada uno de los viajes que hacemos para
venir aquí, con menos dinero. O, ¿qué les podemos contar a los jóvenes
que ya no son ni mileuristas, cuando el concepto de mileurista como algo
negativo ha quedado atrás? ¿Qué les contamos? Tal como les he dicho, y
para finalizar con este apartado, nosotros opinamos que en estos momentos
estamos viviendo los presupuestos de la comunicación, del marketing y de
la publicidad y que poco se corresponden con la realidad.


Doy paso —aunque al señor Utrera no le guste— a
la realidad de Euskadi, es decir, qué suponen estos presupuestos para
Euskadi. Es verdad que al final de su alocución ha hecho una serie de
referencias a los ciclos, etcétera, pero no le he entendido qué ha
querido decir o si ha hecho alguna referencia a la situación que yo he
planteado que se estaba dando en Euskadi, porque lo mismo que ha sido muy
claro desde el principio en su alocución y nos ha dicho desde el primer
segundo que no iban a aceptar ninguno de los vetos, ninguno, es lo
primero que ha dicho —que hasta nos ha sorprendido a todos—,
en este tema no ha tenido la suficiente claridad.


¿Qué estamos planteando nosotros? Nosotros entendemos
—¡cómo no vamos a entenderlo!—, que se trata de una situación
muy delicada y que se tienen que adecuar las inversiones a esta
situación, ¡cómo no! Ahora, lo que sí planteamos es: primero, que se
cumpla con los compromisos adquiridos, y segundo, que se cumpla con las
prioridades marcadas por la Unión Europea. ¿Esto qué quiere decir? Que se
cumpla con el eje mediterráneo y que se cumpla con el desarrollo del eje
atlántico, porque el eje atlántico supone, señorías, el 30% o 40% del PIB
de la zona euro, y si ese eje no se desarrolla, evidentemente, las
consecuencias serán muy importantes, porque estamos hablando de la
relación con la Unión Europea. Ya lo he comentado alguna vez. ¿Saben sus
señorías cuál es el tiempo que se tarda en viajar en tren desde Madrid,
pasando por Irún, a París? Quince horas y media; mientras que de París a
Londres —salvando, evidentemente, las distancias— se tarda
una hora y media. ¿Me van a decir que esto no tiene incidencia en la
economía, que no tiene incidencia en el futuro o que no tiene importancia
en el desarrollo de Euskadi? Son compromisos adquiridos, y se tienen que
cumplir. Pero fíjense que muchas veces lo único que les pedimos es que
nos den un calendario, que nos marquen los objetivos, que nos marquen la
planificación, que nos marquen una estrategia, pero nada de nada. ¿Saben
por qué? Porque no tienen ningún interés, y cuando les digo que no tienen
ningún interés es porque no tienen ningún interés electoral, y eso es lo
que verdaderamente les está pesando, interés que sí









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tienen en alguna otra comunidad, y por eso la desarrollan
de otra manera, sin llevar adelante las estrategias y prioridades que
marcan ustedes en sus planes y también la Unión Europea.


Para finalizar quisiera referirme a una enmienda presentada
por el Grupo Parlamentario Popular en esta Cámara. Si se tratara
solamente de una enmienda lo plantearía en el ámbito que correspondiera,
pero es una enmienda que tiene que ver con un debate que se generó no
hace mucho tiempo en el Congreso de los Diputados, a instancias de UPyD,
en relación con una moción consecuencia de interpelación urgente, en la
que se cuestionan una serie de derechos para personas que han salido de
la cárcel, entendiendo que, en tanto en cuanto no condenen o realicen una
serie de acciones, no van a ser proveedoras de una serie de derechos. Yo
podría entrar en ese debate diciendo que una persona que ha cumplido su
pena de privación de libertad recupera automáticamente la totalidad de
sus derechos, podría hablarles del artículo 25.2 de la Constitución, de
las ambiciones de reinserción, socialización, etcétera de un Estado de
derecho como es el español, pero no les voy a plantear nada de eso porque
en estos momentos no nos interesa generar un debate en ese sentido. Lo
que nos interesa es que este tipo de situaciones y problemas se inscriban
dentro de una política de Estado para la paz y reposen sobre tres grandes
principios que son: el principio de legalidad, el principio de realidad y
el principio de consenso, porque por su importancia debe aplicarse
buscando el más amplio consenso y, evidentemente, siempre con un criterio
básico: el respeto a la dignidad de las víctimas, y con criterios de no
excepcionalidad. Desde un punto de vista democrático, la excepcionalidad
es del todo desaconsejable, y es mucho más positivo y aporta mucho más a
la democracia y al desarrollo del Estado de derecho que se necesiten y se
utilicen patrones de normalidad tanto penal como penitenciaria. Estas son
las reflexiones, expresadas en mi primera intervención, por las que
justificamos nuestro veto.


Por otra parte, no se ha respondido a lo que nos preocupa
principalmente —aunque le pese al senador Utrera—, porque a
fin de cuentas, nosotros representamos lo que representamos, y
principalmente en Euskadi, en ese sentido entendemos que necesitamos y
que tenemos derecho a que se nos conteste y a que se haga una previsión
de futuro. Por todos estos motivos, presentamos nuestro veto y pedimos su
apoyo. (Rumores.)


Por último simplemente quería decirles que es muy difícil
llevar a cabo un debate y una reflexión, con un continuo diálogo y
murmullo, porque es muy difícil concentrarse.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador
Bildarratz.


Por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya,
tiene la palabra el señor Bruguera.


El señor BRUGUERA BATALLA: Gracias, señor presidente.
Buenas tardes, señorías.


En primer lugar, quiero anunciar que vamos a votar
afirmativamente los nueve vetos a la totalidad que se han presentado a
los Presupuestos Generales del Estado para el año próximo,
fundamentalmente porque compartimos, si no absolutamente todas, sí la
mayor parte de las exposiciones que han realizado los distintos
portavoces de los grupos parlamentarios. Y, en segundo lugar, quiero
realizar algunos comentarios al hilo de las intervenciones del señor
ministro y del portavoz del Grupo Popular, señor Utrera. Como hemos
dicho, nueve vetos a la totalidad, 58 vetos a las secciones, casi 4000
enmiendas parciales. En fin, creo que estamos batiendo el récord del
parlamentarismo español en cuanto a contestación de unos Presupuestos
Generales del Estado, francamente.


El ministro nos habla —y me lo he apuntado— de
un gran esfuerzo para llegar a una aceptación muy importante de
enmiendas. Cualquier persona que dentro de unos años lea el Diario de
Sesiones, cuando lea las palabras del ministro deducirá que de las casi
4000 enmiendas se habrán aprobado 400, 200, 100. Pues no, en la ponencia
se incorporaron tres, menos del 0,01%. Este es el gran esfuerzo del
Gobierno y del Grupo Parlamentario Popular: la aceptación de tres
enmiendas, aparte, evidentemente, de las propias, de las suyas.


En segundo lugar, el senador Utrera nos ha hablado bastante
de los Presupuestos Generales del Estado del 2011 y de si en ellos
quedaba reflejada o no la aceptación por parte del Gobierno Zapatero de
la crisis, etcétera, etcétera. Yo les sugiero, señorías, un pequeño
ejercicio, y es que repasen las miles de enmiendas que ustedes
presentaron a los Presupuestos Generales del Estado del año 2011. De
haberles hecho caso solo en el 10%, se hubiese experimentado en este









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país un aumento exponencial del déficit y la deuda pública,
porque ustedes en aquellos presupuestos lo que practicaban era aquello
de: Zapatero cicatero, pon más dinero. Esto es lo que ustedes hacían en
el 2011.


Por lo tanto, esto me sugiere dos preguntas: una, ¿no se
habían enterado de que estábamos en crisis en el año 2011? Dos, lo que
sería peor, demostrando cuál es la política antipatriótica que
practicaban en aquellas épocas: el cuanto peor, mejor, que todos
conocemos, o aquello de que España se caiga, que España se hunda, que
nosotros ya la levantaremos. Esto es lo que ustedes decían en el año
2011.


En cuanto al cumplimiento del objetivo de déficit, el señor
Utrera dice que este año se va a mantener el 6,5%. Nosotros lo dudamos,
lo veremos dentro de poco. Nosotros creemos, como apuntan bastantes
estudios, que será en torno al 7 o 7,5% si tenemos en cuenta que
tendremos que añadir la parte proporcional de las ayudas al sector
financiero, que también computan como déficit.


Senador Utrera, ¿dónde vamos a discutir que no sea en esta
Cámara sobre cómo afectan, que impacto tienen los Presupuestos Generales
del Estado en las administraciones públicas? ¿Dónde si no en la Cámara de
representación territorial podremos discutir qué dicen los Presupuestos
Generales del Estado, por ejemplo, de las administraciones locales y de
las comunidades autónomas? ¿Dónde si no lo haremos? Por cierto,
cooperación económica local: liquidación definitiva, defunción, podemos
ir a los funerales. Ha desaparecido totalmente la cooperación económica
local, los planes provinciales de obras y servicios, el Pla únic
d’obres i serveis de Catalunya, los programas de ayuda a los
municipios para la financiación de municipios de menos de 20 000
habitantes. ¿Y dónde si no vamos a discutir sobre la financiación de
comunidades autónomas? Por cierto, el próximo año se debe, por ley,
discutir y aprobar un nuevo sistema de financiación, y en los
Presupuestos Generales del Estado o yo no lo he sabido encontrar o no hay
ni una palabra al respecto sobre esta cuestión.


El señor Utrera también ha hablado del poder adquisitivo de
las pensiones. ¿Cómo vamos a hablar del aumento del poder adquisitivo de
las pensiones cuando aumenta el IRPF, cuando aumenta el IVA y cuando se
anuncian nuevos copagos? ¿Es que esto no repercute en los bolsillos de
los ciudadanos?


El senador Utrera ha hecho una reflexión sobre las
preferentes y sobre el Banco de España y, en este sentido, quiero aclarar
dos cuestiones. En primer lugar, las preferentes se empezaron a
comercializar muchos años antes de 2007 y, en segundo lugar, la
incorporación de los pequeños inversionistas en las preferentes fue
consecuencia de una reforma del año 2003 y, que yo sepa, Zapatero todavía
no gobernaba, gobernaba otro.


Por otro lado, senador Utrera, me ha parecido sorprendente
que hablara del Banco de España y dijera que estaba gobernado por los
socialistas. Tal vez es que empezamos a entendernos y es que ustedes sí
creen realmente ―y lo deben practicar― que el Banco de España
lo ha de gobernar el Partido Popular. Pues no. No debería estar gobernado
ni por el Partido Popular ni por nadie porque el Banco de España es un
organismo independiente.


Finalizo mi intervención diciendo que ustedes hablan de
estabilidad y de recuperación y, en este sentido, siempre me viene a la
cabeza la idea de aquel mal estudiante que el primer trimestre suspende
una asignatura, el segundo trimestre suspende dos y el tercer trimestre
llega eufórico a su casa y les pide a sus padres que le feliciten porque
se ha estabilizado, continúa suspendiendo dos, pero se está recuperando
porque en vez de suspender con un 3, ahora lo hace con un 3,2. Creo que
este es el concepto que ustedes tienen de estabilidad y de recuperación;
es decir, el concepto de un mal estudiante.


Muchas gracias. (Aplausos.)


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Bruguera.


Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado
Convergència i Unió, tiene la palabra el senador Bel.


El señor BEL ACCENSI: Muchas gracias, señor presidente.


Señor ministro, señorías, en este turno de portavoces
quería ampliar alguna cuestión que me había dejado en el tintero, pero
creo que la intervención del senador Utrera me lo va a impedir porque
tendré que hacer algunas aclaraciones.









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El cuadro macroeconómico, como he dicho en mi intervención
inicial e insisto ahora, me parece mucho más realista que los cuadros
macroeconómicos que presentaron en anteriores ocasiones, pero tampoco es
como para echar las campanas al vuelo; habrá que vigilar. Confiamos toda
nuestra suerte a la evolución del sector exterior y dejamos que nuestro
crecimiento del PIB descanse exclusivamente en un crecimiento importante
de las exportaciones, que parece indicar que se va a cumplir, pero no lo
hacemos en función de la demanda interna ni de la evolución de las
inversiones en el Estado español. Hay alguna incertidumbre respecto a la
evolución del sector exterior. Tendremos que ver cómo evoluciona la
economía norteamericana, tendremos que ver cómo evoluciona la economía de
nuestros socios europeos, sobre los cuales también descansa este
incremento de exportación, y tendremos que ver también cómo evoluciona la
economía de otros países importantes, los BRIC, países sobre los cuales
también pivota una parte de nuestro incremento de exportación. Por tanto,
dejamos nuestra suerte del incremento de nuestro PIB un poco a las
expectativas de la evolución del sector exterior, que no depende
exclusivamente de lo que hagamos nosotros en el Estado español. En
referencia a lo que hagamos nosotros, ustedes prevén todavía una caída de
la demanda interna y una pequeña recuperación de la formación de capital
bruto en España.


El senador Utrera manifestaba respecto a mi intervención y
a la de algún otro portavoz que le causaba perplejidad. Pues bien, yo
también puedo explicarle, señor Utrera, que me causa perplejidad su
intervención. Y me causa perplejidad porque en algún momento usted ha
especificado que estaba hasta las náuseas de determinados debates. Señor
Utrera, si usted está hasta las náuseas de determinados debates le
recomiendo que algún compañero farmacéutico de su grupo —me consta
que los hay— le recete alguna pastilla o algún fármaco porque estos
debates los van a tener de forma reiterada, les causen náuseas o no les
causen náuseas, pues nosotros, igual que ustedes, representamos lo que
representamos, y estamos tan legitimados para llevar los debates en esta
tribuna como ustedes para legislar porque tienen mayoría absoluta. Por
tanto, no les deben causar náuseas determinados debates.


Usted, refiriéndose concretamente a mi grupo parlamentario,
decía: las políticas económicas del anterior Gobierno pivotaban en
función de unos acuerdos que habilitaban ustedes en los Presupuestos
Generales del Estado y, por tanto, son corresponsables. Nosotros somos
correponsables de lo que somos. Hemos votado leyes a favor con el Partido
Popular, con el Partido Socialista, con UCD, y votaremos con quien tenga
la responsabilidad de Gobierno, pero si mi memoria —yo creo que
bastante confirmada— no me falla, en la última legislatura ningún
presupuesto general del Estado fue aprobado por mi grupo. Es más, alguno
de ustedes debe recordar que estos presupuestos eran rechazados
sistemáticamente en el Senado porque tampoco contaban con nuestro apoyo.
Si hacen números, si nosotros hubiésemos apoyado los Presupuestos
Generales del Estado no se habrían rechazado mediante veto en este Senado
y, por tanto, no cuentan con nuestro apoyo. Pero sí, efectivamente, hemos
votado otras leyes del Gobierno socialista, como hemos votado leyes del
Partido Popular, y continuaremos haciéndolo, y por eso no nos deben afear
nuestra actitud.


El sistema de financiación. Vaya por delante. Usted me
dice: no se preocupe porque lo vamos a reformar; dentro del ámbito
reformista vamos a reformar también el sistema de financiación de las
comunidades autónomas. Hombre, pues visto su espíritu reformador y cuál
es el resultado de todas las reformas, lo que dice el dicho en catalán y
en castellano: virgencita, virgencita, que me quede como estoy. Porque si
continúan reformando en la misma dirección que están reformando las
entidades locales, seguramente vamos a ir a peor. Pero analicemos
concretamente algunos de los aspectos. Usted me decía: en el Fondo de
Suficiencia Global no hace falta comparar si el global se ha reducido un
53% y en Cataluña un 65%, porque esto son menudencias. Son menudencias de
220 millones de euros; 220 millones de euros no son menudencias para la
Generalitat de Catalunya, y creo que tampoco lo son para ustedes. Por
tanto, estamos reivindicando algo que hemos venido reclamando.


Me dicen: ustedes estuvieron de acuerdo con el sistema de
financiación de las comunidades autónomas en aquel momento.
Efectivamente, pero en aquel momento no se planteaba ni se planteó un
incremento brutal en el IVA, un incremento espectacular en los impuestos
especiales, un incremento desmesurado en el IRPF, y todo esto se ha
producido durante los últimos meses. Y estos incrementos del IVA, del
IRPF y de los impuestos especiales, que no estaban contemplados









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en aquel momento, han beneficiado exclusivamente a las
arcas del Estado y no a las de las comunidades autónomas. Por tanto,
ustedes no nos han respondido a nuestro planteamiento de por qué todos
los ajustes de consolidación fiscal vía ingresos se los apodera
exclusivamente el Estado, y no dan posibilidad a las comunidades
autónomas de que tengan ajustes vía ingresos en el objetivo de
consolidación fiscal y de reducción del déficit.


El senador Utrera nos explicaba también que esto de la
distribución territorial de las inversiones no se puede fijar en un año;
estas inversiones no se hacen en Cataluña en el 2014 porque ya se han
hecho en años anteriores. Y mi pregunta es ¿en qué años?, ¿en qué
ejercicios presupuestarios?, ¿en qué ejercicios presupuestarios la
inversión adquiere la dimensión del porcentaje del PIB en Cataluña? El
año pasado no alcanzaba el 12% y estábamos hablando del 18%; el anterior
un porcentaje similar; en el 2011 tampoco lo alcanzamos, ni en 2010, ni
en 2009, ni en 2008. Por tanto, esta excusa de que no se puede fijar un
año porque hay inversiones prioritarias en un ejercicio que no lo son en
otro y que en el cómputo global esta inversión se territorializa de forma
similar a estos parámetros, no se corresponde con la realidad. Y para
demostrarlo me dicen: el ejercicio presupuestario en que la inversión en
Cataluña ha sido en un porcentaje superior al PIB que representa. Dígame
uno, y después veremos si se compensa, porque si hacemos la suma de los
últimos diez, quince, veinte años, siempre estamos muy por debajo de la
media. Es verdad que a lo largo de estos últimos años hemos acentuado
esta reducción, y de eso es de lo que nos quejamos y por lo que
entendemos que este presupuesto no es de recibo.


Ha dicho usted que nuestros vetos se enmarcan en la
categoría de vetos regionalistas o localistas. Señor Utrera, yo estoy
aquí para defender lo que tengo que defender, para lo que mis
conciudadanos me eligieron en la provincia de Tarragona. Y mi grupo
representa lo que representa, el grupo mayoritario de Cataluña. Y usted
ha de entender que tengamos que defender en la ley más importante los
intereses de Cataluña. Y por eso no se tienen que descalificar nuestros
vetos como localistas o regionalistas. Son vetos que defienden los
intereses de nuestros territorios, de los territorios por los que hemos
sido elegidos. Y esto en una Cámara que pretende ser territorial tiene
todo el sentido del mundo. Nosotros también podríamos hablar de
argumentos que no son estrictamente de carácter territorial, también los
tenemos, pero en estos momentos entendemos que para presentar el veto
estos son determinantes. Queremos dejar constancia en las actas del Pleno
y queremos transmitir el mensaje de que en estos momentos estos
presupuestos son absolutamente injustos con Cataluña. En toda su
argumentación no nos ha dado ni una cifra para contrarrestar estos
argumentos. Podrían argumentar, como algún representante del Partido
Popular catalán, que se añadía en las inversiones todo el gasto corriente
imputable al Ministerio de Fomento y que, en lugar de un 9%, las
inversiones representan un 12%. Y lo podríamos discutir, pero incluso
dando por bueno el 12%, no alcanza ni de lejos el 18%; no alcanza ni de
lejos la inversión del año pasado. Podrían venir aquí, rebatirme y
decirme: no, senador Bel, resulta que todo lo que nosotros
presupuestamos, ejecutamos, y esta cifra del 30% de ejecución a 30 de
junio no es buena o se va a resolver o se va a corregir en el último
semestre del año, pero tampoco hacen esto.


Por tanto, nosotros mantenemos el veto, aunque ustedes lo
califiquen de regionalista o localista, porque son unos presupuestos que
no asignan los recursos suficientes a las comunidades autónomas. Y
mantener que esto es así porque la LOFCA lo prevé cuando en este ínterin
han cambiado la Ley del IRPF, han cambiado la Ley del IVA, han cambiado
la Ley de Impuestos Especiales, han modificado todas esta leyes y dejan
inmóvil la LOFCA, no es justo, no es de recibo y la distribución del
ajuste fiscal —y ustedes seguro que son conscientes porque saben
leer las cifras— es desequilibrada, y es mucho más exigente con las
comunidades autónomas que con el resto de niveles de administración. Y
esto tampoco nos lo rebaten. Dicen, bueno, ustedes se quejan siempre de
lo mismo. ¿Pero sabe qué pasa, senador Utrera? Nos quejamos de lo mismo
pero al final nos acaban dando la razón. ¿Se acuerda del debate de
presupuestos del año pasado? La misma acusación: son enmiendas
localistas, son vetos regionalistas. La misma canción de la distribución
del déficit. ¿Y qué hacen unos meses después? Nos dan la razón con la
canción del déficit porque modifican los objetivos de déficit; seis meses
después modifican los objetivos del déficit en la dirección que nosotros
les apuntábamos. Por tanto, también es bueno mostrar cierto grado de
humildad en el momento de rebatir estos vetos, no sea que, como pasó el
año pasado,









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rebaten los vetos y después el tiempo nos da la razón y se
producen algunas de estas modificaciones, no le escondo que sin la
intensidad que nos gustaría a nosotros. Y cuando la Unión Europea
flexibiliza estos objetivos de déficit, una parte importante de esta
flexibilización ustedes la asignan a las comunidades autónomas. Si no
teníamos razón cuando nos quejábamos en diciembre del 2012, no se
entiende que seis meses después, en junio del 2013, nos den ustedes la
razón.


La distribución es asimétrica. La distribución del déficit
—no nos cansaremos de exigirlo— es muy exigente con las
comunidades autónomas: reducción del objetivo del déficit de un 23%, y
muy poco exigente con la Administración General del Estado: reducción del
déficit de un 2,35%. Por tanto, solo una décima parte del esfuerzo que se
pide a las comunidades autónomas se lo aplica la Administración General
del Estado.


Senador Utrera, simplemente quiero comunicarles que
nosotros obviamente vamos a mantener el veto, y con la misma contundencia
que usted ha manifestado que no van a apoyar ninguno de los vetos de
forma absolutamente comprensible, también van a entender ustedes que
nosotros vamos a apoyar cada uno de los nueve vetos presentados a estos
Presupuestos Generales del Estado para 2014.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Bel.


Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el
senador López García.


El señor LÓPEZ GARCÍA: Gracias, señor presidente.


Señor ministro, senador Utrera, ha hecho usted algunas
referencias a las cosas que interpreta de lo que nosotros decimos. La
interpretación es libre. Naturalmente estamos deseosos de que el
crecimiento económico se produzca en España, y cuanto antes, mejor,
faltaría más. Otra cosa es que el crecimiento económico en sí mismo no es
suficiente, hay que hablar de desarrollo, que es crecimiento más
redistribución y, por supuesto, respeto a los sistemas naturales a la
hora de crecer. Cuando hablamos de crecimiento donde el peso y la carga
está sesgada claramente en detrimento de unos y a favor de otros es
cuando estamos en desacuerdo, lógicamente. Si ustedes, en lugar de
plantear una reforma laboral que deja prácticamente todo en manos de una
de las partes, la parte más poderosa, hubiesen fomentado un pacto de
rentas por la competitividad, por el empleo, por la moderación salarial,
para hablar de la retribución de los ejecutivos, para hablar de la
reinversión de los excedentes empresariales, naturalmente ese sería otro
camino distinto que permitiría que no ocurriera lo que está ocurriendo
por primera vez en España, y usted lo sabe, señor Montoro: segundo año
que en términos de PIB las rentas empresariales están por encima de las
rentas salariales, 46% frente al 44%, y ese es el resultado de una
determinada política que crea unas condiciones que favorecen las
expectativas de unos y perjudican claramente las expectativas de otros.
Por tanto, no es una salida desequilibrada.


No vamos a negar que la situación es crítica y difícil.
Ustedes vuelven a repetir otra vez lo de la herencia, están muy a gusto y
muy cómodos con la herencia y, como le he dicho esta mañana y se lo
reitero al señor Utrera, los problemas de hoy traen causa de las
soluciones de ayer. ¿Fue el Gobierno de Zapatero el que se conjuró con la
Internacional Socialista para crear la crisis económica en el mundo
occidental? Y la alarma del G-20 cuando se produce la crisis, con
comentarios tan ilustrativos de un ilustre epígono de la derecha, como el
señor Sarkozy, diciendo que había que refundar el capitalismo,
seguramente no sea achacable al señor Zapatero, ¿verdad?


La cuestión es que cada uno tiene la cuota de
responsabilidad que tiene, pero a mí me interesa menos el análisis del
pasado que las propuestas para salir de la crisis. Había un comentario
muy ilustrativo —desde luego no para seguirlo desde nuestro punto
de vista, parece que ustedes sí le hicieron caso en buena medida—
del señor Díaz Ferrán: Hay que trabajar más y cobrar menos, y hay que
hacer un paréntesis en la economía de mercado. Fíjense qué dos frases más
definitorias. Trabajar más y cobrar menos es lo que le estoy diciendo: la
salida a la china de la crisis económica, que nadie lo niega. Pero hay
otra forma de hacerlo, la de hacer un paréntesis en la economía de
mercado, y es que estamos encantados con la economía de mercado cuando
los beneficios afloran y los privatizamos razonablemente, todo el mundo
invierte legítimamente para tener ganancias, pero cuando se produce un
agujero como el que se ha producido en esta situación, fruto de la
desmesura, de la codicia sin medida del sistema financiero básicamente,
ahí sí estamos









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de acuerdo en hacer un paréntesis en la economía de mercado
y en la socialización de las pérdidas; la única parte del socialismo que
les gusta, le gusta al señor Díaz Ferrán, les gusta a ustedes, y también,
por cierto, a la banca alemana, que no viene a hacernos un favor sino a
buscar más beneficio, legítimamente. Cuando salen mal los negocios en la
economía de mercado, uno pierde, pero cuando el poderoso es el que
invierte y le sale mal, no pierde nunca, hay que repartir las pérdidas
entre todos, y esto es lo que no es coherente ni lógico y lo que lleva a
la gente a dudar de un sistema que establece reglas de juego según la
conveniencia.


Nosotros creemos en Europa, ¿cómo no vamos a creer en
Europa? Usted hace una interpretación absolutamente libre de mis palabras
de esta mañana. Con lo que no estamos de acuerdo es con que la única
política que se puede hacer en Europa sea la política de derechas. España
no tiene salida sin Europa, esto es evidente. Nos integramos con pleno
conocimiento, hicimos la cesión de soberanía con pleno conocimiento. Es
verdad que la arquitectura de la Unión Europea ha sido insuficiente o
deficiente para abordar una situación como esta y los países de la
periferia lo están sufriendo; es un hecho y ustedes lo están diciendo, lo
estamos repitiendo todos, hay que avanzar en la unión bancaria, en la
unión fiscal, porque es evidente que es el resultado de la falta de
definición adecuada.


Pero no cabe duda de que ha sido un fracaso sin paliativos
la manera en que la Unión Europea ha pretendido fijar el calendario de
reducción del déficit, y no es por atribuirnos méritos, pero el
secretario general del Partido Socialista, el señor Rubalcaba, lo dijo en
la campaña electoral, no negando la crisis, sino diciendo que para salir
de ella una de las herramientas que hay que manejar para reducir el
déficit tiene que ser una política sensata, que tiene que ver con los
gastos y con los ingresos, con ambas cosas, pero evidentemente no se hizo
así, se fue hacia una opción compartida e impuesta o impuesta y aceptada,
una solución pretendidamente galopante que ha dado el resultado que ha
dado. Nosotros en el ámbito parlamentario hemos llegado a un acuerdo para
plantear en Europa que esto es una insensatez y nos hemos alegrado de
hacer un planteamiento de flexibilización de ese calendario. Pero se
podían haber evitado muchos errores, mucho sufrimiento y un impacto
negativo en la economía, en las empresas y en el empleo si desde el
principio se hubiese hecho de otra manera, y eso es lo que estamos
diciendo, no que no creamos en Europa. ¡Cómo no vamos a creer en Europa!
¡Si España no tiene salida fuera del ámbito de la Unión Europea! Pero hay
otra forma de hacer las cosas, y eso es lo que le estamos planteando.


El señor Utrera nos ha dado una teórica sobre las funciones
de la Agencia Tributaria, que le agradezco, pero nos acaba imputando que
los comentarios que hacemos acaban debilitando la percepción que los
ciudadanos tienen de ella; no es así, lo que acaba debilitando la
percepción de la Agencia Tributaria son determinadas prácticas que no
entienden los ciudadanos, eso es lo que debilita su credibilidad. Y yo no
estoy dando titulares; lamentablemente, los titulares este fin de semana
los ha dado el señor ministro. No hemos sido nosotros. Cuando se ha
producido en el caso CEMEX la discusión sobre si eran 450 o eran 15, yo
no voy a entrar en debates técnicos que desconozco, pero no pretenda
usted colocar todo esto en el ámbito de la asepsia absolutamente técnica
cuando la Organización Profesional de Inspectores de Hacienda que, como
dije esta mañana, no es el brazo armado del PSOE, dice literalmente en
relación con este asunto: Sesgo ajeno a criterios técnicos. Situación
grave y anómala. Explíqueme usted cómo se interpreta esto. Y cuando se
produce la dimisión del tercero de a bordo de la agencia —que no lo
nombró el Gobierno del PSOE—, que ha sido el resultado de los
trescientos ceses que ha habido en el mes de enero de 2012, la persona
propuesta por el Gobierno, no sé si por el señor ministro directamente o
por el director de la Agencia Tributaria, dice literalmente: Notables
diferencias surgidas con la dirección sobre ámbitos esenciales de
decisión del departamento de inspección. Por tanto, los titulares no los
damos nosotros, ni tenemos ningún interés en que se desprestigie ni se
deteriore la imagen de la Agencia Tributaria, son determinadas prácticas
que podían haberse ahorrado, al igual que comentarios innecesarios que
van en esa dirección.


Señor Utrera, las pensiones es un debate reiterado. Ustedes
han reiterado una y otra vez lo de la congelación de las pensiones. En el
ciclo de Gobierno del señor Zapatero, las pensiones crecieron en España
en torno al 40%; en el anterior ciclo de Gobierno de ustedes, no llegó al
20%. Pero el problema ya no es ese, hablábamos de crecer la mitad o el
doble, la cuestión es que, con lo que ustedes plantean en la Ley de
presupuestos de 2014, pero, sobre todo, con la aprobación el jueves de
esta misma semana de la Ley del Factor de Sostenibilidad —hablar de
sostenibilidad,









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como ustedes dicen, es hablar de forma sostenida de los
recortes—, lo que están planteando en el horizonte es una bajada de
las pensiones del 20%. De eso es de lo que hablamos, por tanto, son cosas
radicalmente distintas. Se lo decía esta mañana, y se lo reitero, los que
están actuando para intentar llevar agua a su molino son los grupos
financieros que creen que ante la incertidumbre sembrada con esta ley van
a tener oportunidad de negocio fomentando los planes de pensiones
privados. Por tanto, estamos hablando de formas distintas de enfocar las
cosas, de cómo salir de esta situación de crisis, que no la ha provocado
España.


El Gobierno anterior ha podido cometer errores, sin ninguna
duda. Ustedes le imputaban el Plan E; pues bien, el Plan E es el
resultado de una política con la que se intenta hacer estímulos fiscales
desde todos los países desarrollados. En las reuniones del G20 se dice:
Invirtamos, a ver si conseguimos parar en parte la hemorragia que
representa en el conjunto de la economía occidental, pero
fundamentalmente en España con la caída del sector de ladrillo. Y no voy
a repetir que en la cocina donde se plantea ese guiso del comienzo de la
orgia de especulación urbanística inmobiliaria y financiera estaban
ustedes; lo que estoy diciendo es que no acaben trasladando siempre como
arma arrojadiza algo de lo que ustedes tienen una buena parte de
responsabilidad.


Y le digo que hay también formas distintas de hacer las
cosas y de enfocar los asuntos. Usted es también senador por Andalucía,
yo soy senador por la provincia de Jaén. Voy a poner dos ejemplos,
puntuales pero sintomáticos. Incremento de los ingresos. Estamos hablando
de reducir el déficit, de ser capaces de sostener políticas públicas, y
estamos hablando, por tanto, de ingresos. Cuando en Andalucía se plantea
un impuesto a los depósitos bancarios, ¿qué se hace? Recurrir al Tribunal
Constitucional. Se hizo ya en Extremadura hace muchos años. Cuando se
pierde, ¿qué se hace? Traer una ley y se pone un impuesto cuyo tipo es
cero. ¿Planteamos que los que están en una posición de más ventaja
contribuyan al sostenimiento de las cargas públicas, o no? Según ustedes
no porque impiden que eso se lleve a cabo.


Eficiencia en el gasto. Seamos capaces de hacer más con
menos, como dicen ustedes. De acuerdo. Seamos eficientes. Eficacia al
menor coste, eficiencia. Cuando en Andalucía se plantea ser más
eficientes no pensando en recortar servicios sanitarios básicos, sino en
hacer una subasta de medicamentos que permita que los que no están en la
indigencia, que son las grandes compañías farmacéuticas, compitan para
ofrecer un mejor precio en la demanda de productos farmacéuticos que
tiene Andalucía, ustedes lo que hacen es recurrirlo. Y tienen que
explicar a los ciudadanos andaluces y españoles por qué hacen eso, qué
intereses defienden, los intereses de las compañías farmacéuticas o los
de los ciudadanos. Esa es una forma distinta de enfocar las cosas.
Tendrían que explicarlo para que lo entendiera alguien si es que es
posible que se entienda. Esta es la tarea del Gobierno, señor ministro,
señor Utrera, y señoras y señores senadores del grupo parlamentario
mayoritario que sostiene al Gobierno. Esta es la tarea. Y, efectivamente,
hay maneras diferentes de emprenderla.


Dicen ustedes que ha bajado la prima de riesgo y nosotros
nos alegramos de que haya sido así. ¡Cómo no nos vamos a alegrar! ¡Ojalá
baje más! ¡Ojalá que tengamos menos gasto público! Pero atribúyanse los
méritos que les corresponden, no todos. Nosotros tenemos un sentido del
patriotismo (Rumores.—Risas.) diferente al de ustedes, diferente.
(Aplausos.) También en eso somos diferentes. (Aplausos.)


Cuando España tenía un desempleo del 21%, que era mucho, y
una deuda pública del 70, que era mucho, el señor Montoro y el señor
Rajoy decían que España estaba en la ruina. Hoy, caminando hacia el cien
por cien de deuda pública y con un 26%, lamentablemente, de paro,
nosotros no hemos dicho nunca que España esté en la ruina. España tiene
fortaleza y capacidad para salir de esta situación, repartiendo
equitativamente los esfuerzos. Por tanto, lecciones de patriotismo,
ninguna; las precisas. No hemos dicho nosotros nunca tampoco que España
se caiga, que ya la levantaremos nosotros, porque sería un ejercicio de
patriotismo de hojalata. (Aplausos.) Además, da una dimensión de la
soberbia infinita que alimenta el comportamiento de algunos miembros del
Gobierno y del grupo que lo sostiene cuando se cree que de forma tan
fácil se resuelven los problemas. Por lo tanto, un poquito más de sentido
de la mesura.


Había una frase que cerraba el otro día la columna de un
articulista de un periódico que es un poco ilustrativa del sentimiento
que a veces se percibe cuando tienen ustedes comportamientos de
desplante, que no se entienden, y es la siguiente. «No pasa nada. Si
pasa, qué importa, y si









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importa, qué pasa». Yo creo que hay que tener un sentido de
las proporciones y del equilibrio un poco mayor.


Voy a terminar con una cita —con la benevolencia del
señor presidente, en treinta segundos— de Gandhi que decía que en
la tierra hay suficiente para satisfacer las necesidades de todos, pero
no tanto como para satisfacer la avaricia de algunos. La función del
Gobierno en un Estado democrático es hacer posible que la avaricia de
algunos no arruine el porvenir de todos.


Gracias, señor presidente. (Aplausos.)


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador López
García.


Por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado, tiene la
palabra el senador Barreiro.


El señor BARREIRO FERNÁNDEZ: Muchas gracias, señor
presidente.


Señorías, aquí hace unos segundos se ha hecho referencia a
una actitud que se calificaba como de soberbia del Gobierno. Por tanto, y
si me lo permite, señor ministro, empiezo por ahí. Empiezo, en nombre de
este grupo, agradeciéndole a usted, como representante del Gobierno en
este momento lo que se está haciendo y lo que se ha hecho. Porque yo creo
que lo que se está haciendo es más que un ejercicio importante —y
luego hablaré de él— de política económica. Es, sobre todo, un
ejercicio de lealtad con el país, una expresión clara de compromiso con
la situación que tenía y que tiene este país y, por lo tanto, se puso por
encima de todo esa circunstancia. Eso ha sido la guía de todo el trabajo.
Por eso, en nombre del grupo mayoritario —esta ha sido quizá la
razón principal que me ha llevado a intervenir como portavoz del
grupo—, quiero que sepa que nos sentimos tremendamente orgullosos
de su trabajo y muy en particular de la situación que a usted le ha
tocado vivir en el momento más difícil de la historia de España.
(Aplausos.)


Alguien puede interpretar que esta valoración es subjetiva,
pero tan válida como cualquier otra, aunque cualitativamente más válida
que otras porque tiene un respaldo más grande. (Aplausos.) En todo caso,
como no podía ser de otra forma, admito que se discrepe de ella, pero
obviamente yo no he subido aquí para decir solamente esto. Yo he subido
aquí para decir alguna cosa más, seguramente no con la fortuna y el
acierto con que lo han hecho el señor ministro y mi compañero Paco
Utrera, pero creo que es un momento para la reflexión, precisamente
porque ahora estamos en mitad de legislatura y estamos debatiendo los
presupuestos para el próximo ejercicio 2014. A mí también me parece que
es lógico que se discrepe sobre si estos presupuestos cumplen este
objetivo, si no lo cumplen o si son los mejores o no lo son. Por lo
tanto, tratemos de buscar elementos objetivos que nos ayuden en el
debate. Por eso yo voy a acudir a esa referencia temporal de mitad de
legislatura. En consecuencia, si nosotros nos situamos en donde estamos,
cómo hemos llegado aquí, cómo estábamos y por qué llegamos aquí,
seguramente sacaremos una conclusión mucho más objetiva que luego nos
permitirá a todos extraer las valoraciones políticas que cada uno estime
oportunas.


Este país —y no porque lo recordemos muchas veces va
a perder fuerza este argumento— hace dos años estaba en una
situación francamente muy compleja, y para no utilizar adjetivos que
puedan ser interpretables, utilicemos números. En los tres últimos años
del Gobierno socialista se acumuló un déficit de 300 000 millones de
euros. Solamente en el último año 90 000 millones de euros. Es decir, en
términos porcentuales, prácticamente el 9% de nuestro producto interior
bruto. Ante eso caben dos alternativas: permitimos que la bola de nieve
siga, o tratamos de hacer algo, porque si no hubiéramos hecho algo la
bola de nieve habría pasado por encima de nosotros y en este momento
estaríamos sepultados bajo la nieve. Esa era la circunstancia hace dos
años. Hace dos años, el último año hasta ahora de crecimiento según los
datos ajustados del Instituto Nacional de Estadística, el crecimiento fue
de 0,1%, el mismo que acabamos de tener en este trimestre. Por lo tanto,
la primera valoración es que hemos hecho algo en estos dos años de tal
forma que hemos corregido el déficit de ese 9% a un 5,8% de objetivo para
el próximo año, hemos abandonado la recesión y estamos camino del
crecimiento. Este es un dato objetivo. Ustedes pueden decir que vamos muy
despacio. Es una apreciación, pero no pueden negar que esto ha sido así.
Por lo tanto, si esto ha sido así, quiere decir que lo que hemos hecho
está en la senda correcta, y esa es en el fondo la razón de la valoración
que yo hacía en nombre de mi grupo al señor ministro de Hacienda.


Pero no nos quedemos con esta valoración. Busquemos más.
Busquemos la valoración que en el entorno internacional se está haciendo
de la economía española y veamos también ahí cómo









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ha evolucionado, qué es lo que se nos decía hace dos años,
qué es lo que se pensaba de España hace dos años y qué es lo que se dice
ahora. Lo voy a simplificar de una forma que creo que lo vamos a entender
muy fácilmente. Pasamos de ser un país en donde, hace un año, se nos
decía que íbamos a ser intervenidos a ser un país de referencia. Volvemos
a ser un país de referencia, un país del que se dice que el modelo a
seguir es el español, porque ha dado y está dando buenos resultados.


Tercera reflexión. De aquí no podemos concluir que esto
solamente sea una postura triunfalista y que no haya nada que hacer; todo
lo contrario. Y coincido con alguna valoración que se ha hecho por parte
de la oposición. Creo que ha sido el señor Bel el que ha dicho —y
repito que coincido con él— que el cuadro macroeconómico es un
cuadro realista, pero también se ha dicho —no sé si ha sido el
señor Bel o algún otro portavoz de la oposición— que
desgraciadamente el cuadro macroeconómico no ha llegado a las familias.
Es verdad, esto es verdad, pero no es menos cierto que para que el cuadro
macroeconómico llegue a las familias hay que pasar por ahí. Es decir,
esto no es una condición suficiente pero sí una condición necesaria. Si
no damos ese paso, si no corregimos los desequilibrios que la economía
española tenga, no podemos esperar que la recuperación llegue a los
hogares y al entorno empresarial. Ustedes no pueden negar siempre la
evidencia pero, sobre todo, no puede negar la evidencia quien hasta hace
dos años ha estado asumiendo la responsabilidad de gobernar. No puede
negar la evidencia ni un presupuesto como el que ahora debatimos aquí
quien ha sido responsable de los principales presupuestos de la crisis en
este país. El que ha negado el presupuesto de la crisis y el que ha hecho
el presupuesto de la crisis no puede negar ahora el presupuesto de la
recuperación. (Aplausos.) Eso, señorías, es negar una evidencia y eso no
es trabajar a favor del conjunto de la sociedad española. (Rumores.)


Por eso yo decía que avanzaremos más si hacemos el análisis
en estos términos y si reconocemos, porque es obvio, los desequilibrios
que tenía esta sociedad en términos de déficit, en términos de falta de
crecimiento, en términos de un sistema financiero que tenía problemas
graves, en términos de una dificultad enorme, por no decir incapacidad
total de financiación, en términos de deuda. Por cierto, señor ministro,
en el tema de la deuda hay que tener muy poca capacidad para no ponerse
colorado y decir lo que se dice. (Rumores.) Porque lo que se ha dicho
aquí por parte del Grupo Parlamentario Socialista con relación a la deuda
es rigurosamente falso. Es falso. Aquí jugamos con los números como nos
da la gana y eso no puede ser. ¿Por qué es falso? La deuda que ustedes
dejaron, en términos de deuda exterior neta, estaba en torno al 90% del
PIB, ¿pero qué es lo que no contabilizaban ustedes? Lo que estamos
pagando ahora nosotros. (Aplausos.) Los 120 000 millones de euros que
estamos pagando ustedes no los contabilizaban porque tienen una habilidad
especial para dejar las facturas dentro de los cajones.
(Rumores.—Protestas.—Aplausos.) Sí, para dejar las facturas
en los cajones, y me explico. (Rumores.—Protestas.)


El señor PRESIDENTE: Señorías, guarden silencio por
favor.


El señor BARREIRO FERNÁNDEZ: No, si esto no es una
valoración política, es un dato objetivo que yo trataré de explicarles.
(Rumores.) Si es necesario implantar un fondo de liquidez autonómica es
porque no hay liquidez en algunas comunidades autónomas. Esto es obvio,
¿no? Que no haya liquidez quiere decir que no pueden pagar servicios
elementales como la educación o la sanidad. ¿Por qué no los pueden pagar?
Cada uno que entre en el análisis que estime oportuno. Pero lo que ya no
es de recibo —y ahí sí que ya entra en juego la valoración
política— es por qué no se ha pagado lo que estaba pendiente de
ejercicios anteriores. Y por eso hay que crear el Fondo de Liquidez
Autonómico, para que se pague lo que se debía y para inyectar liquidez al
sistema productivo, sobre todo de la pequeña y mediana empresa. Pero es
que si hay que buscar unas fórmulas de pago a los proveedores en
administraciones locales es porque se debía en algunas administraciones
locales, y se debía —conclusión elemental y no es necesario hacer
ningún análisis científico— porque no se había pagado, querido
ministro. (Risas.—Aplausos.) ¿Y quiénes no lo habían pagado?
(Aplausos.) Pues no lo habían pagado estos señores. (Fuertes
aplausos.)


Y continúa la deuda, continúa la deuda. Ahí estamos
hablando de una cifra en torno a los 76 000 millones de euros. ¡Ah! Pero
es que había un déficit en la tarifa, que ahora genera mucho debate, de
24 000 o 26 000 millones de euros que hay que corregir, porque si no, es
obvio









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que ese déficit va a tirar de los recursos que tiene el
país (Rumores.) que no podremos utilizar para otro tipo de actividades en
el ámbito que ustedes estimen oportuno, y porque hay un déficit en la
Seguridad Social en torno a 16 000 millones de euros, y porque hubo que
corregir un sistema financiero de determinadas entidades que estaban al
borde de una situación tremendamente peligrosa (Fuertes rumores.), cuando
resulta que otros países lo habían hecho mucho antes.


Y por cierto, aquí se dice que el coste del saneamiento del
sistema financiero es muy alto. Pues miren ustedes, todos los países de
nuestro entorno con un nivel de desarrollo idéntico o superior al nuestro
tienen un coste de saneamiento del sistema financiero que está en torno
al 6% del PIB. Pues en España está por debajo de eso. Y no le cuento el
coste que pueda tener en Portugal, Grecia, Irlanda, etcétera. Por tanto,
no lo habremos hecho tan mal aquí, (Rumores.) salvo que ustedes me digan
que no era necesario abordar el saneamiento del sistema financiero y
había que dejar caer el sistema financiero, circunstancia en la que
nosotros, evidentemente, no podemos coincidir.


Por tanto, una conclusión más. El desequilibrio de la deuda
había que corregirlo, y la deuda y el déficit que nos presentaron los
socialistas no era real, no era real, era una mentira más de esa herencia
de la que no les gusta hablar (Fuertes rumores.) pero de la que hay que
hablar para poder entender. (Aplausos.) Por tanto, si esa era entonces la
situación —y yo invito desde aquí a que la rebatan con datos—
y ahora la situación es que este año cerraremos con un déficit 2,5 puntos
por debajo del que heredamos, que este último trimestre crecemos un 0,1 y
que terminaremos el año con un —1,3 y que vamos a crecer el próximo
año, es decir, que prácticamente en un año vamos a absorber 2
puntos…, digo yo que no lo habremos hecho mal o que no lo habrá
hecho mal el conjunto de la sociedad española, que se ha sacrificado como
nunca. Y no lo habrá hecho mal un Gobierno que desde el primer día
—y aquí se habló de diagnóstico equivocado, lo que yo no comparto,
obviamente— les dijo la verdad a los españoles (Fuertes rumores.),
les dijo lo que pasaba, e incluso les dijo la verdad cuando, dadas las
circunstancias, no se podían cumplir en aquellos momentos —sí en
otros— compromisos de nuestro programa electoral. Pues incluso ahí
dijimos la verdad. (Fuertes rumores.) Por tanto, dos años de legislatura,
dos años de política económica ejecutada a través de presupuestos, dos
años que han dado resultados.


Conclusión global de todo esto: cre-di-bi-li-dad.
(Rumores.—Risas.) Este es un Gobierno creíble, este es un Gobierno
que ha hecho una política económica creíble, y no lo decimos nosotros
(Aplausos.), no lo decimos solo nosotros, lo dice toda Europa, lo dicen
las agencias de calificación y lo está percibiendo la sociedad, bien es
cierto que incluso lo percibe la sociedad a pesar de ustedes. (Fuertes
rumores.—Risas.—Fuertes aplausos.) Fíjense si no es un
ejercicio importante.


Por tanto, yo les voy a pedir que hagan un ejercicio.
(Fuertes rumores.)


El señor PRESIDENTE: Señorías, guarden silencio, por favor,
guarden silencio.


El señor BARREIRO FERNÁNDEZ: Por favor, déjenme que me
explique. Sé que no tengo especial habilidad para explicarme, pero a ver
si soy capaz de hacerlo.


Yo voy a pedirles a ustedes que hagan un ejercicio de
responsabilidad. Yo creo que un ejercicio de responsabilidad con el país
es comprometerse con él, no con el Partido Popular, no con el Gobierno
del Partido Popular, es comprometerse con la situación del país. Pues si
ustedes se comprometen con la situación del país, difícilmente podrán
decir que no a estos presupuestos.


El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría.


El señor BARREIRO FERNÁNDEZ: Termino ya, señor
presidente.


Porque estos presupuestos, antes de ser aprobados, antes de
entrar en vigor ya están acreditados porque la historia reciente les da
esa credibilidad. Por tanto, lo que les pedimos es que ustedes, que
tienen una oportunidad histórica, se sumen a ese ejercicio de compromiso
y de credibilidad.


Muchísimas gracias. (Fuertes y prolongados aplausos.)


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Barreiro.


Señor ministro, tiene la palabra.









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El señor MINISTRO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
(Montoro Romero): Gracias, señor presidente.


Intervengo para dar las gracias, en primer lugar, al Grupo
Parlamentario Popular, a su portavoz, y al senador Utrera, que ha
defendido el turno en contra. También extiendo mi agradecimiento a la
posición de los diferentes grupos que han intervenido. Eso es la
democracia; también es advertir las diferentes calificaciones y
cualificaciones respecto de cualquier proyecto del Gobierno.


Durante el día de hoy, a lo largo de estas intervenciones,
hemos tenido ocasión de apreciar y de poner en valor los riesgos que se
pueden derivar de una determinada política económica, de una determinada
política presupuestaria, de los que el Gobierno toma buena nota aunque,
obviamente, no coincida con algunos de esos planteamientos. Pero eso es
lo de menos. Hoy hemos hecho aquí, en el Senado de España, un ejercicio
de democracia.


Y, para acabar, insisto en resaltar, como acaba de hacer el
portavoz del Grupo Parlamentario Popular, el esfuerzo que ha hecho la
sociedad española y su compromiso porque estoy seguro de que todos, con
independencia de nuestras posiciones políticas, de nuestras posiciones
ideológicas, tenemos la firmeza, cada uno en nuestro puesto, de devolver
a la sociedad española la confianza, la ilusión y la superación
definitiva de esta crisis, que es lo que los ciudadanos esperan de
nosotros.


Gracias, señor presidente. (Aplausos.)


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro.


Llamen a votación. (Pausa.)


Por favor, cierren, las puertas.


Señorías, les informo de que hoy, por primera vez en la
historia de esta Cámara, se va a producir el uso de la votación
telemática que, si recuerdan ustedes, aprobamos hace muy poco tiempo con
una reforma del Reglamento.


Han solicitado autorización para votar de esta manera dos
senadoras, la senadora Eva Parera Escrichs y la senadora Catalina García
Carrasco. Ha emitido voto telemático solamente una de ellas, la senadora
Catalina García Carrasco. Por lo tanto, la senadora Eva Parera, teniendo
en cuenta que ha sido autorizado su voto, aunque no lo haya ejercido,
figurará como presente en el resultado de las votaciones y la senadora
Catalina García Carrasco sumará su voto al resultado de las votaciones.
¿De acuerdo? (Asentimiento.)


Comenzamos con las votaciones de las propuestas de veto por
el orden en que han sido debatidas.


Votamos en primer lugar la propuesta de veto número 8, del
Grupo Parlamentario Socialista.


Comienza la votación. (Pausa.)


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 253, más 2 votos telemáticos, 255; votos emitidos, 253, más 1
voto telemático, 254; a favor, 94; en contra, 159, más 1 voto telemático,
160.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Votamos a continuación la propuesta de veto número 9, del
Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió.


Comienza la votación. (Pausa.)


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 253, más 2 votos telemáticos, 255; votos emitidos, 253, más 1
voto telemático, 254; a favor, 94; en contra, 159, más 1 voto telemático,
160.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Votamos a continuación la propuesta de veto número 7, del
Grupo Parlamentario Vasco.


Comienza la votación. (Pausa.)


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 253, más 2 votos telemáticos, 255; votos emitidos, 253, más 1
voto telemático, 254; a favor, 94; en contra, 159, más 1 voto telemático,
160.









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El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Me dicen los servicios de la Cámara, y tienen razón, que
tengo que anunciar el voto de la senadora García Carrasco, a pesar de que
lo haya sumado a la parte correspondiente.


Votamos a continuación la propuesta de veto número 1, de
los senadores Aiartza Azurtza, Goioaga, Mendizabal y Unamunzaga.


Comienza la votación. (Pausa.)


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 252, más 2 votos telemáticos, 254; votos emitidos, 252, más 1
voto telemático, 253; a favor, 94; en contra, 158, más 1 voto telemático,
159; abstenciones, 1.


El señor PRESIDENTE: La senadora García Carrasco ha votado
no.


Queda rechazada.


Votamos a continuación la propuesta de veto número 2, de la
senadora Capella.


Comienza la votación. (Pausa.)


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 253, más 2 votos telemáticos, 255; votos emitidos, 253, más 1
voto telemático, 254; a favor, 93; en contra, 159, más 1 voto telemático,
160; abstenciones, 1.


El señor PRESIDENTE: La senadora García Carrasco ha votado
no.


Queda rechazada.


Votamos la propuesta de veto número 4, de los senadores
Quintero y Zerolo.


Comienza la votación. (Pausa.)


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 253, más 2 votos telemáticos, 255; votos emitidos, 253, más 1
voto telemático, 254; a favor, 94; en contra, 159, más 1 voto telemático,
160.


El señor PRESIDENTE: La senadora García Carrasco ha votado
no.


Queda rechazada.


Votamos a continuación la propuesta de veto número 3, de
los senadores Iglesias y Mariscal.


Comienza la votación. (Pausa.)


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 253, más 2 votos telemáticos telemáticos, 255; votos emitidos,
253, más 1 voto telemático, 254; a favor, 93; en contra, 158, más 1 voto
telemático, 159; abstenciones, 2.


El señor PRESIDENTE: La senadora García Carrasco ha votado
no.


Queda rechazada.


Votamos a continuación la propuesta de veto número 5, de
las senadoras Almiñana y Sequera y de los senadores Boya, Bruguera, Martí
Jufresa, Montilla y Sabaté.


Comienza la votación. (Pausa.)


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 253, más 2 votos telemáticos, 255; votos emitidos, 253, más 1
voto telemático, 254; a favor, 94; en contra, 159, más 1 voto telemático,
160.


El señor PRESIDENTE: La senadora García Carrasco ha votado
no.


Queda rechazada.


Finalmente, votamos la propuesta de veto número 6, de los
senadores Guillot y Saura.


Comienza la votación. (Pausa.)


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 253, más 2 votos telemáticos, 255; votos emitidos, 253, más 1
voto telemático, 254; a favor, 94; en contra, 159, más 1 voto telemático,
160.


El señor PRESIDENTE: La senadora García Carrasco ha votado
no.


Queda rechazada.









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8147




Por tanto, quedan rechazadas todas las propuestas de
veto.


Pasamos al debate de las secciones. (El señor Cleries i
Gonzàlez pide la palabra.)


Tiene la palabra, senador Cleries.


El señor CLERIES I GONZÀLEZ: Señor presidente, es en
relación con el comentario que se ha hecho sobre la senadora Eva Parera,
que ha solicitado poder votar telemáticamente. Al ser esta la primera
ocasión, el ordenador que ella utiliza no es compatible con el sistema.
Por tanto, en la próxima votación ya lo podrá utilizar.


Lo quería dejar claro, porque parecía una cosa un poco
extraña, y que constara en el Diario de Sesiones.


El señor PRESIDENTE: Que así sea, senador Cleries.


Pasamos al debate de las secciones, comenzando por las
enmiendas que, por implicar la impugnación completa de la sección, se
tramitan como propuestas de veto.


Les anuncio que la sesión de hoy será hasta las 23:00 o
23:30, suspenderemos la sesión y mañana continuaremos a las 9:00 de la
mañana y al final se producirá la votación de todas las secciones, cuando
terminemos con el debate de todas ellas.


Comenzamos con el debate de la sección número 12, con la
defensa de la enmienda… (Rumores.)


Señorías, guarden silencio.


Decía que comenzamos con la defensa de la enmienda del
Grupo Parlamentario Socialista, enmienda número 2912, que va a realizar
el senador Sañudo, por tiempo de cinco minutos. (Rumores.)


Guarden silencio, señorías, por favor.


El señor SAÑUDO AJA: Señor presidente,…
(Rumores.)


El señor PRESIDENTE: Señorías, guarden silencio, por
favor.


El señor Sañudo no va a empezar su intervención hasta que
no guarden silencio.


El señor SAÑUDO AJA: Gracias.


Subo a la tribuna en nombre del Grupo Socialista para
defender el veto a la sección 12 del presupuesto, esto es del Ministerio
de Asuntos Exteriores y de Cooperación.


Se puede decir, a la vista de estos presupuestos, que,
sumados a los dos precedentes bajo la responsabilidad del Partido Popular
en el Gobierno, se extrae de los mismos una política exterior en
decadencia, una política exterior española… (Rumores.)


El señor PRESIDENTE: Senador Sañudo, espere un momento, por
favor.


Señorías, el senador Sañudo no va a continuar su
intervención hasta que no haya silencio en el hemiciclo. Abandonen el
hemiciclo en silencio, por favor.


Continúe, señoría.


El señor SAÑUDO AJA: Decía que era una política exterior
española bajo mínimos, en unos momentos en los que el conjunto de esta
política —la cooperación al desarrollo, la promoción cultural, la
marca España, la diplomacia pública, la política exterior— debe ser
un factor tractor de nuestra presencia en el exterior, y estos
presupuestos evidencian justamente lo contrario. Es evidente que su
discurso va por un lado y la realidad presupuestaria en asuntos
exteriores va por otro.


Los Presupuestos Generales del Estado para 2014 presentan
unas partidas de 1265 billones de euros frente a los 1343 del 2013, casi
100 millones de euros menos, una reducción del 7,18%.


Si realmente, como dice el ministro Montoro, estos son los
presupuestos de la recuperación, ha debido sufrir un lapsus con el
Ministerio de Asuntos Exteriores porque para este ministerio no son los
de la recuperación sino, realmente, los de su defunción.


Es claro que se pone en cuestión el objetivo que el
ministerio plantea en su reciente Proyecto de Ley de la Acción y del
Servicio Exterior del Estado, en el que, según el texto aprobado en el
Congreso de los Diputados, se pretende reforzar la presencia…
(Rumores.) Es imposible.









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El señor PRESIDENTE: Señorías, guarden silencio, por
favor.


Nos quedan todavía bastantes horas hoy de trabajo y,
además, conviene escuchar todo lo que se dice porque la Ley de
Presupuestos es muy importante para el año que viene.


Por lo tanto, sería muy bueno que abandonaran el hemiciclo
en silencio y que mantengan ese silencio hasta que terminemos la sesión
de hoy, que, como les digo, va a ser larga.


Continúe, senador Sañudo.


El señor SAÑUDO AJA: Decía que es justo lo contrario de lo
que se plantea en ese Proyecto de Ley de la Acción y del Servicio
Exterior de reforzar la imagen de España en el mundo.


Es tan evidente que en estos presupuestos no solo no
aparece ningún atisbo de reforzamiento de la presencia internacional de
España sino que lo que hay es una disminución muy importante de los
instrumentos para la acción exterior y, en particular, para la diplomacia
española. Por eso, pedimos su devolución.


No podemos estar más preocupados por estos presupuestos,
que ponen en cuestión los objetivos que debe tener la política exterior
como política de Estado.


El Grupo Parlamentario Socialista es consciente de la
situación de crisis económica en la que se desenvuelven las cuentas
públicas, pero también es consciente de que este ministerio y sus
políticas no pueden convertirse en la cenicienta de los Presupuestos
Generales del Estado.


Por otra parte, en los últimos tiempos ustedes hacen
esfuerzos —totalmente necesarios por otra parte— de
referenciar la mayor parte de las actuaciones del ministerio hacia el
apoyo de nuestra candidatura al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas
como miembro no permanente, y aquí es donde reitero que su discurso va
por un lado y su realidad presupuestaria por otro: se rebajan las
contribuciones voluntarias, nuestra diplomacia pública funciona
constreñida por su escasa dotación presupuestaria, las contribuciones a
organismos internacionales se rebajan drásticamente. Si además se reducen
los recursos para la diplomacia española —instrumento básico de
cara al exterior—, realmente tendremos un papel muy difícil para
conseguir el objetivo.


Capítulo aparte merece la cooperación al desarrollo. Decía
el señor ministro de Asuntos Exteriores en su comparecencia en el
Congreso de los Diputados textualmente: La joya de la corona en estos
presupuestos de exteriores es la cooperación en sus dos frentes.


La verdad es que hay que tener un cierto desparpajo para
hacer esa afirmación. La cooperación en estos presupuestos se lamina
práctica y definitivamente. La cooperación al desarrollo se queda en el
0,17% de la renta nacional bruta; la Agencia Española de Cooperación al
Desarrollo cae un 10% respecto a 2013 y más de un 70% desde que gobierna
el Partido Popular. Es un gran error político la falta de inversión en
cooperación. Todos los países europeos entienden que la diplomacia
necesita de la cooperación, es una parte intrínseca de ella. Además, si
el presidente del Gobierno defendió en la Asamblea General de las
Naciones Unidas hace bien poco que se volvería a una inversión generosa
en cooperación a medida que creciera la economía española y ustedes
mismos aseguran que la economía va a crecer un 0,7% el próximo año, no se
entiende que los fondos destinados a cooperación no solo no aumenten sino
que disminuyan. No es que no se entienda —algunos sí—, es que
no obedece a problemas presupuestarios, obedece a una calculada
estrategia política: la de acabar con la diplomacia y la cooperación
pública.


Si ustedes creen que nuestra acción exterior es fundamental
para apoyar a nuestro entramado empresarial en el plano internacional, si
creen que nuestra diplomacia pública es importante para hacer más visible
nuestra presencia en el exterior,…


El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría.


El señor SAÑUDO AJA: Acabo.


… si creen ustedes que la protección y defensa de los
españoles que se encuentran en el exterior de nuestro país deben ser una
prioridad de nuestra acción exterior, si creen en la cooperación como una
verdadera política pública en el exterior y seña de identidad de nuestro
país en la misma, de verdad si como ustedes dicen que creen que en el
exterior está la solución a muchos de nuestros problemas, debieran ser
coherentes y retirar esta propuesta de presupuestos del Ministerio de
Asuntos Exteriores.


Muchas gracias. (Aplausos.)









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El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Sañudo.


El Grupo Parlamentario de Convergència i Unió ha presentado
la enmienda número 3338.


Para su defensa, tiene la palabra el senador Bel.


El señor BEL ACCENSI: Gracias, señor presidente.


Intervengo muy rápidamente para defender la impugnación a
esta sección 12, sección en la que, si miramos la evolución respecto a
ejercicios anteriores, vemos que hay una disminución global del 8,8% de
su consignación presupuestaria. Una vez excluidos los gastos de
ejercicios anteriores esta reducción se plasma en un 4,4%. Alguien podría
decir que está en la media de la reducción de ministerios, aunque
nosotros entendemos que, en términos homogéneos, no es así. La realidad
es que pierde peso en el conjunto de gastos del capítulo 1 al 8 dentro
del conjunto de los ministerios —pasa aproximadamente del 0,7% al
0,6%—.


Además no compartimos los vectores de actuación que se
plantean por parte del ministerio en esta sección. Más allá de acciones
concretas en el ámbito bilateral, multilateral, en el ámbito de
cooperación —del que después hablaremos—, lo que califican en
los objetivos de la sección como diplomacia económica creemos que es muy
escasa, que es muy limitada. Centran su diplomacia económica en torno a
la marca España, nosotros entendemos que de forma errónea y más cuando
cercenan a las comunidades autónomas que puedan desarrollar esta
diplomacia económica, que la han desarrollando a lo largo de los últimos
años, que lo han hecho bien y que ha supuesto que las exportaciones de
estas comunidades autónomas tengan un reflejo claro. Ustedes vinculan su
diplomacia económica simplemente a la marca España.


En Cataluña hay unas oficinas en el exterior de promoción
económica, que en estos momentos intentan ser eliminadas, intentan ser
eliminadas, repito, y no van a ser sustituidas por esta diplomacia
económica. Les aseguro que quien conoce los intereses, las líneas de
actuación de las empresas catalanas es la Generalitat de Catalunya, que
contará con el respaldo de las diferentes embajadas y consulados, pero
tiene que tener sus oficinas propias, porque este presupuesto que
aprueban no las va a sustituir. Este presupuesto que aprueban centra,
como he dicho, su diplomacia económica en torno a una marca España que,
desgraciadamente en esos momentos, no cotiza al alza, y que no es una
marca en la que se sientan reflejadas todas las empresas exportadoras del
Estado español. Hay muchas empresas exportadoras, hay mucha exportación
fuera de lo que es exclusivamente la marca España. Por tanto, este es el
motivo para que presentemos impugnación a esta sección 12.


También lo es la escasa consignación en el ámbito de la
cooperación. Muchas de nuestras enmiendas a esta sección precisamente
centran su ámbito en la acción de cooperación, acción de cooperación que
ha sido mermada no solo en este presupuesto, sino en los presupuestos
anteriores, en un porcentaje muy superior a lo que ha sido la propia
sección y lo que ha sido el conjunto de gastos de los diferentes
ministerios.


Por tanto, este es el motivo por el cual nuestro grupo
presenta esta impugnación; va a mantener el veto a esta sección y,
consecuentemente, si no prospera, vamos a mantener las doce enmiendas que
hemos presentado.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Bel.


Los senadores Iglesias y Mariscal, del Grupo Parlamentario
Mixto, han presentado la enmienda número 262.


Para su defensa, tiene la palabra el senador Mariscal.


El señor MARISCAL CIFUENTES: Gracias, señor presidente.


Señorías, los senadores de Izquierda Unida presentamos esta
impugnación a esta sección porque los Presupuestos Generales del Estado
en el ámbito de asuntos exteriores y cooperación vienen a reforzar el
entendimiento de cuál es el papel que el Ministerio de Asuntos Exteriores
tiene que tener en la política internacional. Y dada la circunstancia
—no es nuevo de este Gobierno, se ha venido desarrollando y ahora
se continúa—, el ministro de Asuntos Exteriores es cada vez más ese
facilitador de las conquistas financieras y económicas de las grandes
multinacionales o, por decirlo de otra forma, es el que le lleva el
maletín y las cuentas al señor Brufau y compañía, con todo lo que ello
supone.









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Presentamos esta impugnación porque nos parece que se van a
seguir provocando cierres de consulados y embajadas en sitios
importantes, donde ya está habiendo una notable percepción por parte de
españoles residentes en el exterior de la degradación en la atención y
las dificultades para poder ejercer sus derechos como españoles
residentes en el exterior, mientras que se abren embajadas y consulados
en países por su importancia de mercado —estamos hablando de China,
de la India—. Cuando eso sucede, no se habla tanto de derechos
humanos, ¿verdad? Cuando se abren embajadas y consulados se establecen
relaciones que me parece que hay que juzgar.


Creo que el Ministerio de Asuntos Exteriores sigue siendo
uno de los ministerios con la doble moral más sobresaliente de todo el
Gobierno, porque es llamativo ver cómo no se habla de los derechos
humanos en Palestina, en el Sahara o en Guinea Ecuatorial.


Finalmente, la operación de liquidación consciente de la
cooperación internacional del Gobierno del Partido Popular, que vuelve a
tener otra vuelta de tuerca en estos presupuestos, con un 61% de pérdida
del dinero destinado a la cooperación internacional desde que gobierna el
Partido Popular y también con unas dificultades notables por parte de los
cooperantes españoles que están desarrollando su labor en el exterior,
dado que también hay una reducción importante de los convenios con
organizaciones no gubernamentales para el desarrollo, que alcanza hasta
el 65%. Y lo que nos parece una falta de respeto a una agencia que ha
venido funcionando bien y que tiene unos grandes profesionales como es la
AECI, que ve como gestiona y decide solamente sobre el 12% de la ayuda
oficial al desarrollo. Este es el motivo por el que presentamos esta
impugnación a la sección 12 de este ministerio.


Gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Mariscal.


Los senadores Guillot y Saura, del Grupo Parlamentario de
la Entesa, han presentado la enmienda número 1018.


Para su defensa, tiene la palabra el senador Guillot.


El señor GUILLOT MIRAVET: Gràcies, senyor president.


Señorías del PP, no sé qué ensañamiento tienen ustedes con
las políticas de cooperación. Mi veto fundamentalmente viene en este
capítulo. Si se aprueba este presupuesto, nos vamos a quedar en un 0,17
de la renta nacional bruta, es decir, una disminución brutal de la ayuda
oficial al desarrollo, ayuda oficial al desarrollo que no solo rompe el
Pacto de Estado Contra la Pobreza, que no solo nos obligará a incumplir
nuestros compromisos internacionales, sino que será una ayuda oficial al
desarrollo totalmente intrascendente y más cuando la AECI, como decía el
senador Mariscal, solo va a gestionar un 12% del conjunto de la ayuda
oficial al desarrollo.


Señorías, creo que aquí tenemos un problema grave de
disfunción entre lo que creen los ciudadanos españoles y las políticas
del PP en el ámbito de la cooperación. En el mes de junio el
Eurobarómetro hizo una encuesta sobre la actitud de la ciudadanía europea
respecto a la cooperación internacional. La respuesta española fue que un
71% de los encuestados eran favorables a mantener las ayudas oficiales al
desarrollo, cinco puntos por encima de la Unión Europea 27.


¿Qué hace el Partido Popular? La disminuye; la disminuye
cuando los presupuestos que van a aprobar ustedes para 2014 crecen un
13,7 en su conjunto y un dos y pico si solo calculamos el gasto
consolidado, del capítulo 1 a 8, de esos presupuestos.


No se puede entender ese ensañamiento, porque ustedes que
están tan preocupados por la marca España deberían saber que uno de los
principales adjetivos y de los más atractivos que pueda adornar la marca
España es el de España, país solidario, y con estos recortes están
impidiendo este adjetivo.


Pero, con todo, lo peor, señorías, no solo son los recortes
presupuestarios, no solo es que incumplan la ley haciendo el cien por
cien reembolsable cuando la ley lo impide, lo peor para mí y para el
senador Saura es el recorte en el discurso. Que ustedes sigan insistiendo
en que solo cuando haya dinero, en que solo cuando las cosas nos vayan
bien, vamos a cumplir con la cooperación internacional es inaceptable
porque, en definitiva, lo que estamos haciendo es irresponsabilizarnos de
esta responsabilidad global que tenemos, de esta realidad tan preocupante









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como la que vive el mundo hoy en día. Uno de los
principales retos mundiales es la pobreza y España se irresponsabiliza de
este reto. Por ello presentamos este veto.


Gràcies, senyor president.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Guillot.


Turno en contra.


Tiene la palabra el senador Chiquillo.


El señor CHIQUILLO BARBER: Gracias, señor presidente.


Señorías, ante los vetos que estamos tramitando en estos
momentos a la sección 12, queremos fijar nuestra posición firme, clara y
rotunda con argumentos que a continuación señalaré para manifestar
nuestro voto en contra a estas impugnaciones, algunas de ellas por
duplicado, que son un clásico, las de Izquierda Unida y la de Entesa
Catalana de Progrés, otra de ellas que no se sostiene, la del Grupo
Socialista, y otra que me sorprende, que es la de Convergència i Unió.
Ahora explicaré el porqué.


El presupuesto en su conjunto se ha elaborado atendiendo,
evaluando cuáles son los medios de que se dispone y estableciendo unos
mecanismos rigurosos de evaluación, control y seguimiento en
contraposición a lo propio de otras épocas, que era gastar lo que no
teníamos y sin control, clara contraposición de administrar un
presupuesto viejo y la nueva forma de gobernar.


Con estos presupuestos intentamos garantizar que estos
recursos se gasten de una forma adecuada y coherente. Lo bien cierto es
que desde 2006 no ha habido un presupuesto tan saneado como este, pues
este ministerio, que conste, venía arrastrando un enorme agujero desde el
2007 que era insostenible. Como decía el ministro en su comparecencia en
el Congreso, había que saldar unas deudas y facturas pendientes que tuvo
la bondad de dejarnos el Gobierno anterior y habernos puesto al día en
las obligaciones ante los organismos internacionales.


Entendemos que con este presupuesto de la sección 12 el
Ministerio de Asuntos Exteriores podrá alcanzar sin dificultad sus
objetivos para el 2014. Con este presupuesto nos preparamos para ayudar a
poner en marcha, por ejemplo, la Ley de emprendedores. En materia de
acción multilateral vamos a competir para ser miembro no permanente del
Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para el periodo 2015-2016. Vamos
a contribuir desde esta sección, desde este ministerio con el objetivo
del Gobierno de seguir con las políticas de racionalización de los
recursos, contención y eficacia en el gasto, porque la política exterior
se enmarca dentro de la política global del Gobierno, y el objetivo
básico del Gobierno es crecimiento, saneamiento, estabilidad y creación
de empleo. Y los presupuestos de la sección 12, cómo no podía ser de otra
manera, están en este objetivo, que es el objetivo de la política general
del Gobierno, impulsando la diplomacia pública para difundir y afianzar
la imagen de España, que algunos en estos vetos cuestionan, diplomacia
económica y pública que tienen en el buen hacer de nuestras empresas un
aliado de confianza.


La marca España, sí, en proyección, y la ponemos en valor
porque, a pesar de que algunos de los intervinientes la han cuestionado,
las exportaciones españolas en 2013 suponen ya un 33% del PIB. Se han
incorporado las pequeñas y medianas empresas a esta internacionalización
y, sobre todo e importante, como consecuencia de ese esfuerzo de la
sociedad civil, de las empresas y de la ayuda del Gobierno se ha
conseguido en materia de exportación y de internacionalización que la
balanza por cuenta corriente, que llegó a tener un déficit del 10% en
2007, tenga números positivos en 2013. Algo se estará haciendo bien en la
marca España, en la empresa española y en la proyección internacional del
producto español.


El presupuesto, a pesar de lo que se ha dicho, es riguroso,
acorde con la situación de crisis de la que todavía estamos saliendo pero
que permite toda la capacidad de maniobra posible para consolidar una
posición fuerte de nuestro país en el exterior.


Los cuatro vetos hablan de la disminución de ayudas y
fondos de cooperación, y no voy a negar la evidencia, pero quiero citar
que ajustes, recortes o disminución de ayudas a fondos también los
aplican los cuatro partidos que han presentado los vetos allá donde
tienen responsabilidades de gobierno a nivel autonómico. Por tanto, un
poco de coherencia porque argumentando que no hay suficientes recursos, o
que en España hay 5 millones de personas en situación de dificultad
extrema para llegar a final de mes, algunos de sus Gobiernos en algunas









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comunidades autónomas no aplican esa solidaridad, como
exigen que haga el Gobierno de España en esta sección 12 de los
Presupuestos Generales del Estado.


En cuanto a si la cifra es suficiente, tengo que coincidir
con ustedes, es manifiestamente mejorable, por supuesto, ¿o ustedes
piensan que cualquiera de los senadores que estamos aquí, cualquiera de
los que tenemos responsabilidad en el Gobierno de España o en cualquier
Administración autonómica podemos estar satisfechos respecto a las cifras
del conjunto de los presupuestos, y en concreto sobre la ayuda al
desarrollo, la cooperación internacional o la solidaridad? No, está claro
que no, pero como bien señaló el presidente del Gobierno, la dotación a
la cooperación, en el momento y en las circunstancias en que nos
encontramos, no dan para más, y si las circunstancias económicas siguen
por la senda que creemos van a seguir en 2014 y 2015 podremos superar
este esfuerzo, esta dotación y este compromiso con la solidaridad con
aquellos que más lo necesitan.


La ayuda humanitaria, la lucha contra la pobreza, la
seguridad alimentaria nos preocupa a todos. No dé nadie aquí lecciones
sobre estas cuestiones porque a todos nos preocupa la pobreza, la paz, la
seguridad, la estabilidad, los programas de educación, de salud, de
oportunidades pero ustedes saben que los recursos son limitados y que la
situación obliga a tomar estas decisiones.


Vamos a gestionar lo mejor que sabemos y podemos. Vamos a
intentar hacer más con menos, y prueba de ese compromiso del Gobierno y
de su prioridad en las políticas para reforzar la presencia de España en
el mundo a través de la marca España en el Consejo de Seguridad de las
Naciones Unidas y su compromiso con la cooperación, la solidaridad, y
corregir los desequilibrios que genera la pobreza en todos los rincones
del mundo, es la Ley de acción exterior, una ley que contiene objetivos
muy evidentes que aparecen en su preámbulo: unidad de acción al exterior,
lealtad institucional, coordinación, planificación, eficiencia, eficacia,
especialización, transparencia y servicio al interés general y un
compromiso con los derechos humanos y la solidaridad. Esta ley es un
pilar básico para que el Ministerio de Asuntos Exteriores cumpla sus
objetivos en 2014 y en el futuro, pues todos y cada uno de sus objetivos
se recogen en los Presupuestos Generales del Estado, en la sección número
12, donde se sientan las bases para cumplir esos ambiciosos
objetivos.


Por esas razones, votaremos en contra de los vetos
planteados y daremos un sí a la solidaridad y a reforzar la presencia de
España en el mundo, que buena falta nos hace, a pesar de la
insostenibilidad de los vetos que algunas de sus señorías han presentado
en esta Cámara.


Muchas gracias. (Aplausos.)


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Chiquillo.


A la sección número 13, el Grupo Parlamentario Socialista
ha presentado la enmienda número 2893.


Para su defensa, tiene la palabra la senadora Marra.


La señora MARRA DOMÍNGUEZ: Gracias, presidente.


Buenas tardes, señorías. Subo a esta tribuna para defender
el veto a la sección 13, por cuanto el Grupo Parlamentario Socialista no
comparte la política de recortes en Justicia que se ha previsto en estos
Presupuestos Generales del Estado para el año 2014.


Los recortes previstos, señoría, evidencian que el buen
funcionamiento del servicio público de la justicia y la tutela adecuada
de los derechos fundamentales de la ciudadanía no se encuentran entre las
prioridades de este Gobierno; de hecho, nuevamente, el presupuesto de
Justicia sufre un recorte, prevé 1500 millones de euros para políticas de
justicia, de los cuales, 75,96 millones de euros corresponden al Consejo
General del Poder Judicial. La caída es relevante, progresiva y
continuada, un 2,17% en relación con el presupuesto del año 2013, que se
suma a la caída del 4,21% respecto al presupuesto de 2012, lo que nos
lleva a retroceder este presupuesto a cifras de años anteriores a 2009. Y
no es casual que se releguen las reformas orientadas a la modernización
de la justicia, visto el descenso del 18% de partidas destinadas a la
modernización tecnológica, por lo que continuará la paralización del
necesario plan de modernización y transformación de la Administración de
Justicia que se inició en el año 2009 y que ustedes, señorías del Partido
Popular, tienen bloqueado. Por otro lado, en materia de inversiones,
nuevamente tenemos recortes: baja de 79,94 millones de euros a 61,55, una
reducción del 17,17%, tras caer el 42%, en 2012, y el 21%, en el año
2013.









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Por tanto, estos presupuestos hacen imposible que se ponga
en marcha la nueva oficina judicial, ninguna iniciativa de modernización
de nuestro sistema judicial ni ningún proyecto que agilice los trámites
judiciales y la calidad del servicio. Y es que, señorías, la caída
sostenida en las políticas de justicia en estos años del Gobierno del
Partido Popular poco o nada tienen que ver con la regeneración
institucional que predica el Ministerio de Justicia, tras las sucesivas
reformas de la Ley Orgánica del Poder Judicial aprobadas en solitario por
el Partido Popular a toda velocidad, sin ánimo de diálogo ni de voluntad
de consenso, y sin acuerdos con los restantes grupos, tras las reformas
anunciadas en la demarcación y planta judicial, como otras que propone el
Grupo Parlamentario Popular y que ignoran a los ciudadanos, ignoran las
competencias que en la Constitución y en los estatutos se reservan a las
comunidades autónomas, y tienen como único eje rector, so pretexto de un
supuesto ahorro, la reducción de la Administración de Justicia, orientada
en última instancia al desmantelamiento de los servicios públicos a favor
del negocio privado. Y es inaceptable, señorías, el detrimento del
derecho al acceso a la justicia de los ciudadanos que no podrán
permitirse acceder a la vía privada y que supone la demolición de la
justicia como un servicio público fundamental, además de llevarse por
delante las audiencias provinciales, los juzgados de paz, los partidos
judiciales, algo totalmente inaceptable.


Señorías, el Grupo Parlamentario Socialista no puede
compartir que se haga una justicia de dos velocidades. No puede aceptar
el tasazo judicial, el copago que consolida una justicia para ricos y
otra para pobres, que establece una diferencia entre los ciudadanos que
pueden costear la defensa de sus derechos de quienes sencillamente no
pueden ni siquiera plantearse acceder a su defensa. Por afectar a la
tutela judicial efectiva, por afectar a la igualdad ante la ley de todos
los ciudadanos, es por lo que el Grupo Parlamentario Socialista recurre
la Ley de tasas judiciales ante el Tribunal Constitucional, y no podemos
compartir, señorías, que se congelen las partidas destinadas a la
justicia gratuita, que no experimente incremento alguno, a pesar del
aumento de la litigiosidad y de los efectos de la crisis; y no podemos
compartir que, una vez más, el ministro de Justicia, el señor
Ruiz-Gallardón, incumpla su compromiso de mejorar las prestaciones del
turno de oficio, que fue el pretexto que se utilizó para justificar la
implantación de las tasas judiciales. Como tampoco puede compartir
nuestro grupo que se prescinda de profesionales valiosos que han prestado
importantes servicios a la justicia y que han pasado a engrosar las
listas de despidos y de desempleados, como ocurrió con la Ley Orgánica
8/2012, de 27 de diciembre.


Señorías, la oferta pública de empleo para el acceso a la
carrera judicial y fiscal es un año más totalmente insuficiente;
insuficiente, señorías del Partido Popular, al no llegar ni siquiera a
cubrir las bajas estructurales de la plantilla judicial, lo que, en la
práctica, supone un descenso de las mismas; insuficiente al pretender que
con los mismos recursos se pueda asumir la carga de trabajo que realizaba
la justicia interina tras el ERE en la Administración de Justicia...


El señor PRESIDENTE: Vaya, terminando, señoría.


La señora MARRA DOMÍNGUEZ: ... que deja fuera a más de 1000
jueces sustitutos y magistrados fiscales suplentes, lo que agrava todavía
más la precaria situación de los juzgados y tribunales con los
consiguientes perjuicios para la ciudadanía. Y es que el modelo de
justicia del señor Ruiz-Gallardón no implanta ni una oficina judicial ni
ofrece a la ciudadanía un nuevo modelo alternativo que agilice la
justicia y constituye exclusivamente una apuesta por las tasas y la
privatización de servicios...


El señor PRESIDENTE: Termine, señoría.


La señora MARRA DOMÍNGUEZ: ... una forma de desmantelar el
servicio público.


Por todo ello —y termino, señor presidente—
nuestro grupo presenta un veto a la sección 13 de estos Presupuestos
Generales del Estado, un veto que espero, tras los argumentos
presentados, tengan a bien aceptar sus señorías.


Muchas gracias. (Aplausos.)


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Marra.


El Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i
Unió ha presentado la enmienda número 3347. Para su defensa, tiene la
palabra la senadora Rieradevall.









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La señora RIERADEVALL TARRÉS: Gracias, señor
presidente.


El presupuesto de ingresos del Proyecto de Ley de
Presupuestos Generales del Estado incluye la dotación de 365 millones
correspondientes a la recaudación de tasas judiciales, contraviniendo lo
establecido por el Estado en la Ley de tasas, ya que, de acuerdo con el
artículo 11 de dicha ley, se establece que la tasa judicial se
considerará vinculada, en el marco de las disposiciones de asistencia
gratuita, al sistema de justicia gratuita que se establecerá en la Ley de
Presupuestos Generales del Estado de cada ejercicio.


El incumplimiento del Estado de dicha disposición
constituye una vulneración del principio establecido por la ley
jurisdiccional de la justicia gratuita y de la modernización de la
Administración de Justicia. Y es que, tal y como se desprende de los
cinco recursos de inconstitucionalidad contra la Ley 10/2012 de tasas,
admitidos a trámite por el Tribunal Constitucional, entre ellos el
interpuesto por la Generalitat de Cataluña, se considera a las tasas como
una barrera económica para la justicia gratuita por parte de los
ciudadanos que sigue presente a pesar de la reforma del pasado mes de
febrero.


Por su parte, la Sala de lo Contencioso Administrativo de
la Audiencia Nacional planteó cuestión de inconstitucionalidad al
entender que puede condicionar el acceso de los ciudadanos a este
servicio público y convertirse en un impedimento innecesario e
injustificado para obtener el derecho a la tutela judicial efectiva. La
postura intransigente del Gobierno propicia un hecho sin precedentes
hasta el momento, y es que todos los actores jurídicos se posicionaron en
contra.


En estos presupuestos se ha previsto para la justicia la
cantidad de 1500 millones de euros. Se trata de una reducción de un 2,17%
en relación con la cantidad prevista en 2013. La caída está siendo
relevante, continuada y progresiva, pues en los presupuestos de 2013 ya
se acordó una disminución del 4,21 respecto de 2012. Dicho descenso se
produce a pesar de que los juzgados y los tribunales padecen graves
insuficiencias de medios personales y materiales y, en lugar de adaptarse
los presupuestos a las necesidades reales de una Administración de
Justicia históricamente deficitaria en recursos, se apuesta por recortes
que continúan gravando la ya precaria situación del servicio público, con
las lógicas consecuencias en el derecho fundamental a la tutela judicial
efectiva.


Por otro lado, en materia de inversiones se baja de 74,94
millones de euros a 61,55 millones de euros, lo cual supone una reducción
del 17,17%. Dicha disminución es especialmente importante en el apartado
de nuevas tecnologías y en el ámbito del plan de modernización. Con estos
presupuestos resulta absolutamente imposible la puesta en marcha de la
nueva oficina judicial y es inviable cualquier iniciativa de
modernización del sistema judicial. Se condena así a la Administración de
Justicia a funcionar con instrumentos anacrónicos, impropios para
resolver los litigios de una sociedad avanzada.


Además, se congelan las partidas destinadas a justicia
gratuita, a pesar de que el ministro Ruiz-Gallardón justificó la
implantación de las tasas afirmando que iban a mejorar las prestaciones
del turno de oficio. La cruda realidad es que ninguna cantidad procedente
de la recaudación de las tasas se va a destinar a justicia gratuita. Y si
el dinero de las tasas no se invierte en mejorar la justicia gratuita,
resulta necesario preguntar al Gobierno a qué ha sido destinado este
pago. Y ante la importante reducción presupuestaria que se ha venido
practicando, es evidente que las cantidades ingresadas tampoco han ido a
financiar el funcionamiento de la Administración de Justicia.


Asimismo, las disposiciones presupuestarias indican en la
oferta de empleo público que únicamente se van a crear cincuenta plazas
de acceso a las carreras judicial y fiscal. Se trata de una medida que ni
siquiera llega a cubrir las bajas estructurales de la plantilla judicial,
por lo que en la práctica supone un descenso en ella. Resulta totalmente
incompatible con el gran volumen de procedimientos por resolver, por lo
que esto puede llevar al colapso.


Algo muy relevante para las comunidades autónomas con
competencias en la Administración de Justicia, como Cataluña, es que no
resulta aceptable que prestándose el servicio en concurrencia entre dos
administraciones, estatal y autonómica, toda la recaudación que se
obtiene por las tasas, o incluso por los intereses de las consignaciones
judiciales, revierta únicamente en una de las dos administraciones.
Estará de acuerdo el Gobierno en que el concepto de tasa, algo que
cobramos para ayudar a prestar servicios, tiene en su finalidad una
voluntad de que se destine a la prestación del servicio. Por lo tanto, si
la prestación del servicio es sufragada a partes









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prácticamente iguales y entre dos administraciones, no
acertamos a comprender que ni un solo euro se destine a la finalidad de
las tasas, es decir, a la prestación de un servicio.


Es por todo ello que mi grupo presenta propuesta de veto
para la impugnación de la sección 13.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora
Rieradevall.


Los senadores Iglesias y Mariscal han presentado la
enmienda número 276. Para su defensa tiene la palabra el senador
Iglesias.


El señor IGLESIAS FERNÁNDEZ: Gracias, señor presidente.


Presentamos veto a la sección 13, Ministerio de Justicia,
porque en ella se produce una reducción del 2,17%, a pesar de que de ser
este un ministerio tradicionalmente de gastos, empezó a generar ingresos
a través de las tasas. Ello significa, además, sumar un recorte sobre el
que ya se había producido en el presupuesto del presente ejercicio por un
importe de un 4,21%. Y todo ello sobre una Administración, la de
Justicia, en la que nunca se vivieron las vacas gordas, ya que antes de
los ajustes ya presentaba importantes déficits, tanto en órganos como en
personal o en medios materiales. No entra en la estrategia del Gobierno
potenciar lo que acaba siendo la última trinchera de los ciudadanos en la
defensa de sus intereses tanto frente a otros ciudadanos como frente a
las políticas y a las administraciones. Este Gobierno, que tiene por
costumbre legislar para corregir la jurisprudencia que no le gusta, como
tampoco le gustan algunas de las resoluciones que se dictan para retrasar
la privatización de la sanidad en Madrid o los recortes en Castilla-La
Mancha, o resoluciones que tumbaron los ERE en las televisiones públicas
en Valencia y en Madrid, utiliza como instrumento reducir los medios con
los que cuenta esa justicia para reducir su eficacia. Bajan las
inversiones en un 17,17%, lo que supone la paralización de la
implantación de nuevas tecnologías en la Administración de Justicia e
imposibilita además el desarrollo, con estos recortes, del modelo de
nueva oficina judicial.


Nos han avanzado los contenidos de una Ley de Demarcación y
Planta Judicial que significará el cierre de sedes. El discurso oficial
es que no se prescindirá de órganos, pero se prescindirá de sedes
judiciales y, por lo tanto, se obligará a desplazamientos a los
ciudadanos. La partida de justicia gratuita es insuficiente y, desde
luego, escenifica que se rompe el compromiso de que las tasas judiciales
iban a ser dedicadas a la justicia gratuita. A pesar de que en el trámite
parlamentario en el Congreso se ha doblado la convocatoria pública de
jueces y fiscales, sigue siendo insuficiente para mantener la calidad de
la justicia y debiera ampliarse también el número de secretarios
judiciales.


Finalmente, la desaparición de las partidas dedicadas a la
reparación a las víctimas de la guerra civil y la puesta en marcha de los
cumplimientos de la Ley de la memoria significa el entierro definitivo de
esta ley, como sin duda tenía previsto el Gobierno desde el primer
momento.


Gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Iglesias.


Los senadores Guillot y Saura han presentado la enmienda
número 1019.


Para su defensa, tiene la palabra el senador Saura.


El señor SAURA LAPORTA: Muchas gracias, señor
presidente.


El senador Jordi Guillot y yo creemos que los presupuestos
de Justicia deberían tener dos objetivos fundamentales. El primero es la
modernización de la justicia. La justicia es, sin ningún género de dudas,
la parte del Estado que ha evolucionado menos desde la recuperación de la
democracia. Por tanto, el primer objetivo consiste en modernizar la
Administración de Justicia. Y el segundo es ampliar y mejorar la calidad
democrática de los espacios y ambientes alrededor de la justicia.


Presentamos el veto, no solo porque no se ha hecho esto,
sino porque el presupuesto de Justicia significa un doble retroceso: en
modernización y en incremento de la calidad democrática. ¿Por qué
hablamos de retroceso en la modernización? Porque todos los recursos
disminuyen. Ciertamente, solo con recursos no se gana la eficacia pero es
necesario e imprescindible un mínimo de recursos para modernizar la
justicia.









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Se contempla un presupuesto de 1500 millones de euros,
inferior al de 2008. E invito a los curiosos a que lean la enmienda a la
totalidad del portavoz del Partido Popular en ese debate y comprueben lo
que llegó a decir; si hoy lo digo yo aquí se me tacharía de demagogo.
Repito que tenemos un presupuesto de 1500 millones, por debajo del de
2008, lo que supone un 0,4% en relación al presupuesto. Les recuerdo que
existía un objetivo histórico sobre que la justicia debía representar el
2% del presupuesto; en este caso, supone el 0,4%.


Pero además quiero hacer otra comparación. El programa
especial de armamento, del que hablaremos luego en la próxima sección,
significa gastar cada año unos 1500 millones de euros. Es decir, se gasta
tanto en armamento especial como en materia de justicia. Otro ejemplo,
para las clases de religión pagamos a los sacerdotes 700 millones de
euros. Es decir, hay dinero que podríamos dedicar a la modernización de
la justicia.


El segundo objetivo se refiere a la calidad de la
democracia en dos aspectos. Por un lado, se trata de fortalecer la
independencia judicial y lo que hace la Ley del Consejo General del Poder
Judicial es todo lo contrario: quiebra y rompe la separación de poderes.
Y por otro lado, con la Ley de tasas se impide el acceso a muchas
personas, la gente no puede ejercer sus derechos como ciudadanos, y el
ministro Ruiz-Gallardón se comprometió a dedicar el dinero de las tasas
para la justicia gratuita pero no ha sido así. Ahora, además, nos anuncia
un Código Penal preconstitucional; en España no hay una tasa de
criminalidad preocupante y el índice de personas que están en la cárcel
es el más elevado de toda Europa. Nos presenta un Código Penal populista,
demagógico e injusto socialmente.


Por todas esas razones, porque no moderniza la justicia,
quiebra la separación de poderes y hace más difícil el acceso de los
sectores más débiles a la justicia, pedimos su voto favorable a este veto
correspondiente al Ministerio de Justicia.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Saura.


Para turno en contra, tiene la palabra la senadora
Franco.


La señora FRANCO GONZÁLEZ: Muchas gracias, señor
presidente.


Buenas noches. Señorías, he escuchado con atención los
diferentes argumentos que han expuesto en la defensa de sus vetos y lo
cierto es que veo en ellos el recurso a un argumento bastante común cada
vez que hablamos de la política de justicia de nuestro Gobierno. Y como
imaginarán, estoy totalmente en desacuerdo con estos argumentos.


Han hablado ustedes de que la justicia no es una prioridad
y de que las cantidades previstas para la justicia en este presupuesto
van a implicar un retroceso, un retroceso y un ataque a la calidad
democrática de la justicia. Han sembrado dudas también sobre la
vinculación de la recaudación de las tasas con la financiación de la
justicia gratuita. Han señalado una serie de argumentos con los que, como
ya he dicho, no puedo estar más que en desacuerdo. A continuación voy a
hablar de cada uno de ellos. Les adelanto, por supuesto, que el voto de
nuestro grupo va a ser en contra de los vetos que han presentado.


En primer lugar quiero hacer referencia a que, con carácter
general, todos los portavoces han señalado ese retroceso en la cuantía
total que se destina al presupuesto de Justicia. Es cierto, como hemos
visto en el debate previo, que estos presupuestos contienen un ajuste.
Son 1594 millones de euros para el ministerio y organismos, pero es que
este ajuste tiene que ser así. Como he dicho, son unos presupuestos
corresponsables con la senda de control del déficit y la estabilidad
presupuestaria, senda que es precisamente la que nos ha mostrado que
España comienza a tener signos de estabilización económica y que debemos
continuar por ese camino. Son unos presupuestos austeros y, sin embargo,
suficientes para atender toda la cartera de servicios del Ministerio de
Justicia o de la Administración de Justicia y para el mantenimiento del
servicio público de justicia.


En segundo lugar, la mayor parte de sus señorías también
han hecho críticas a la política de personal. En primer lugar quisiera
hacer referencia precisamente a esa Ley Orgánica de medidas de eficiencia
presupuestaria en la Administración de Justicia, que lo que ha conseguido
es reducir ciertamente la justicia interina y un ahorro que ahora se ve
en esa reducción de los gastos dedicados a personal y que ha supuesto
también una profesionalización de nuestra justicia.









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Por otra parte, también han criticado la oferta de empleo
público. En este punto quiero decirles que en el Congreso se aprobó una
enmienda del Grupo Parlamentario Popular, oferta de empleo público que se
amplía a 100 plazas. En mi grupo consideramos que es una oferta digna;
como digo son 100 plazas, y a ello hay que sumar que este año se
incorporan 204 nuevos jueces y 15 fiscales, y se van a crear 281 nuevas
plazas para jueces. Así que consideramos que esta oferta es lo
suficientemente digna y adecuada, teniendo en cuenta, además, que el
Ministerio de Justicia es una de las excepciones que hay en cuanto a
cobertura de vacantes. No se pudo crear oferta en los primeros
presupuestos por los ajustes y por los recortes. Pero también tengo que
recordarles que no fueron los primeros presupuestos con ajustes en el
Ministerio de Justicia. Los primeros con esos recortes fueron los últimos
del Gobierno socialista. En el presupuesto pasado se crearon 50 plazas y
ahora las aumentamos hasta 100.


En cuanto a la justicia gratuita se ha señalado que se
congela la partida de justicia gratuita. Pues bien, si tengo que valorar
positivamente algo de estos presupuestos, es precisamente el
mantenimiento de partidas sensibles para los ciudadanos y, en particular,
el mantenimiento de las partidas de justicia gratuita y el de las
partidas destinadas a las víctimas. Son partidas suficientes para
afrontar el gasto de justicia gratuita en todo el territorio del
ministerio, que son cinco comunidades autónomas. Y si fuese necesario
aumentar esta partida así se haría puesto que es lo que se ha hecho en
años pasados.


Han enlazado este debate sobre la justicia gratuita con ese
tema que ya es un clásico cada vez que hablamos de justicia, y es esa
dualidad de justicia para ricos y justicia para pobres, o esa doble
velocidad de la justicia. Y han hablado también de las tasas, pero han
olvidado que en España esta financiación mixta de la justicia es una
opción constitucional, que recaudamos un importe aproximado del 10% del
coste del proceso en primera instancia, cuando en los países de nuestro
entorno se está recaudando mucho más del doble de esas cuantías. Y quiero
destacar, además, que han olvidado ustedes que en febrero se adelantaron
las medidas del Anteproyecto de Ley de justicia gratuita, ahora en
tramitación, aumentando los umbrales y los beneficiarios de dicha
justicia gratuita.


En cuanto a la vinculación de las tasas y la justicia
gratuita, creo que es la crítica más grave que he podido oír porque
prácticamente están acusando al ministerio de incumplir el artículo 11 de
la vinculación de las tasas. Yo creo que no tengo que hacer aquí
referencia a la diferencia que hay entre vinculación y afectación de un
determinado recurso y la financiación de una partida o de un gasto
determinado. Pero voy a poner de manifiesto, aunque creo haberlo contado
ya desde esta tribuna, por qué se estableció esta vinculación con la
crisis económica y la reforma que se estaba previendo de la Ley de
justicia gratuita. Pues bien, se preveía un aumento considerable del
número de beneficiarios, y para poder garantizar la financiación de este
servicio se estableció esta vinculación de lo que se recaudase por tasas
a la justicia gratuita, un objetivo que sigue igual de vivo, así como el
compromiso del ministerio es igual de cierto que en el momento en que se
aprobó la Ley de tasas. Saben ustedes que durante la tramitación
parlamentaria se avanzó un determinado procedimiento del que se estaba
hablando con las comunidades autónomas con competencias transferidas para
hacer realidad esa vinculación, pero no fue aceptado por varias
comunidades autónomas. ¿La situación a día de hoy? Les cuento cuál es: el
compromiso cierto de llevar a cabo esa vinculación. Se está esperando a
cerrar el ejercicio y saber cuál es exactamente la recaudación que hay
por las tasas judiciales y, a partir de ahí, iniciar un proceso de
diálogo. El ministerio ya se ha puesto en contacto con las comunidades
autónomas para llegar a un acuerdo y ver cómo se materializa esa
vinculación, un acuerdo que, por supuesto, será con el Ministerio de
Hacienda y Administraciones Públicas, con el Ministerio de Justicia y con
las comunidades autónomas con competencias transferidas.


Finalizo ya, muy brevemente. Otra de las críticas que han
señalado con carácter general al presupuesto es el descenso en las
partidas del capítulo 6, infraestructuras y modernización. Es cierto que
es el descenso más acusado, pero aun así quiero señalar que, aunque las
partidas estén ajustadas, son suficientes para seguir avanzando; en
infraestructuras, por lo menos para hacer frente a las obras de
mantenimiento y a aquellas obras o proyectos de obra que son más
urgentes, que quedan garantizados.


En cuanto a la modernización, la partida global que se
destina a modernización, tanto al sistema de justicia como al Registro
Civil, es de 43,3 millones, y, por supuesto, esos 43,3 millones









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van a permitir seguir avanzando en la modernización
tecnológica de los tribunales, en el despliegue de la oficina judicial,
en interoperabilidad, y terminar con esos ocho sistemas distintos que
tenemos en nuestro país. Aquí habría que destacar la creación del Comité
Estatal para la Administración Electrónica, del que forman parte tanto
las comunidades autónomas con competencias transferidas como el
ministerio y donde todos están trabajando de común acuerdo para poder
avanzar en materia de interoperabilidad.


Por último, quiero destacar que en el Grupo Parlamentario
Popular consideramos que estos presupuestos, aunque son austeros y sus
partidas están ajustadas al máximo, nos permiten seguir avanzando en la
reforma de la Administración de Justicia, del servicio público de
justicia, y, por supuesto, mantener toda la cartera de servicios de la
Administración de Justicia.


Muchas gracias. (Aplausos.)


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Franco.


Pasamos a la sección 14.


El Grupo Parlamentario Socialista ha presentado la enmienda
número 2892.


Para su defensa, tiene la palabra el senador Abad.


El señor ABAD BENEDICTO: Gracias, señor presidente.


Señorías, el presente veto a la sección 14, que defiendo en
nombre del Grupo Socialista, está más que justificado ante unos
Presupuestos Generales del Estado que, un año más, no permiten atisbar
qué modelo de Fuerzas Armadas y qué política de defensa quiere este
Gobierno del señor Rajoy para España, reflexión que parte, no solo
diseccionando este presupuesto que nos han presentado y que ahora estamos
debatiendo en el Senado, sino por el devenir de estos últimos años; este
es el tercero. Una vez más, es un presupuesto virtual, un presupuesto
trampa que no recoge el coste total de lo que se va a gastar en defensa,
como se pone de manifiesto al no recoger el coste de los programas
especiales de armamento y la previsión del coste de nuestras Fuerzas
Armadas en el exterior.


Para los programas especiales de armamento los presupuestos
recogen 6,84 millones de euros y para lo segundo, 4 millones de euros,
cifras que son claramente insuficiente, señorías, como ha quedado de
manifiesto en los presupuestos para 2012 y 2013: 784 millones de euros
para el coste de las operaciones en el exterior y 877 millones de euros
en 2013. Y con la advertencia ya del secretario de Estado de que en 2014
tendrán que disponer de un nuevo crédito extraordinario, en torno a unos
800 millones de euros.


Por tanto, si existe la certeza del Gobierno de que van a
continuar las operaciones en el exterior y hay que seguir abonando los
acuerdos de los programas especiales de armamento, lo lógico, señorías,
es que en los presupuestos para el próximo año, 2014, que hoy estamos
debatiendo, figuren esas cantidades para que todos pudiéramos conocer
cuál va a ser el gasto real que se va a producir en el conjunto del
Estado.


En política de personal de las Fuerzas Armadas, como ya le
dije al señor secretario de Estado en su comparecencia, el pasado 25 de
noviembre, no sabemos con claridad hacia dónde vamos. Se traspasa la
línea roja de los 80 000 efectivos en tropa y marinería, dejándolos por
debajo de 79 000. Pero ¿será esta la última bajada o no será la última?
¿Tiene el Gobierno algún estudio especial que el resto de los grupos
políticos desconocemos? ¿Podremos conocer alguna vez el famoso documento
2025 que elaboró el JEMAD? ¿Podremos alguna vez debatirlo en esta Cámara,
señorías? ¿Podremos afirmar en algún momento que una política de Estado
como la política de defensa tiene el consenso de los grupos y no obedece
simplemente al dictado que se plantee desde el Ministerio de Defensa? (El
señor vicepresidente, Lucas Giménez, ocupa la Presidencia.)


Les tengo que decir, señorías del Partido Popular, que no
hemos entendido por qué razón aspectos como estos no son objeto de
acuerdo y de consenso. Y ese es otro de los motivos por los que en el
Senado, en la defensa de este veto a la sección 14, planteamos que
mientras no se cambien las pautas y las formas de entender la política de
defensa y podamos saber hacia dónde vamos va a ser muy difícil que el
Grupo Parlamentario Socialista se preste a esta ceremonia de la
confusión.


Si seguimos analizando el presupuesto vemos cómo continúan
bajando los elementos básicos para el mantenimiento, capacidades
militares, modernización y adiestramiento de las Fuerzas









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Armadas. Nos estamos jugando la operatividad y las
capacidades de futuro de nuestras Fuerzas Armadas, por tanto, señorías,
habría que conseguir tener un plan de reestructuración orgánica y de
infraestructuras de las Fuerzas Armadas que, tanto en este presupuesto
como en los anteriores, no se atisba ni por asomo.


Con estos argumentos, vamos a votar lógicamente en contra.
El veto a la sección 14, Ministerio de Defensa, está asegurado.


Muchísimas gracias, señor presidente. (Aplausos.)


El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias,
señoría.


El Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i
Unió ha presentado la enmienda 3348.


Tiene la palabra el senador señor Maldonado.


El señor MALDONADO I GILI: Gracias, señor presidente.


Comparezco como portavoz de defensa del Grupo Parlamentario
Convergència i Unió para defender el veto a la sección de los
Presupuestos Generales del Estado en materia de defensa.


Tengo cinco minutos de intervención, pero la verdad es que
con treinta segundos me bastaría, porque solo con leer el texto de la
justificación que nuestro grupo presentó para registrar este veto en el
Senado estaría todo dicho. Textualmente dice que no da respuesta a los
principales problemas que tienen la sociedad y la economía para salir de
la crisis, crear empleo, mantener el Estado del bienestar y mejorar la
competitividad de nuestra economía.


Este enunciado sirve para todas las secciones y, por tanto,
para todo el Presupuesto General del Estado.


Pero tampoco en defensa se han puesto ustedes el chip de la
situación por la que pasa este país. Este es un presupuesto ambiguo,
donde las partidas no se definen, donde, por ejemplo, las actuaciones en
el extranjero tampoco quedan muy tipificadas, donde la integración en las
fuerzas internacionales queda difusa. No sabemos hacia dónde quiere ir
—hace un momento lo decía el portavoz socialista—.


Señorías, España debería haber hecho una rebaja mayor en
defensa. Si algo se entiende a la hora de recortar es en defensa, por
muchas razones: por la crisis que vive este país; por tanto, la crisis
económica lo exige. Estamos haciendo recortes en sanidad, estamos
haciendo recortes en educación, estamos haciendo recortes en muchos
ámbitos; los mismos funcionarios tienen recortados sus sueldos, etcétera.
Y qué mejor que recortar en defensa, porque la defensa está muy
globalizada: OTAN, fuerzas internacionales, etcétera. Porque habría que
ir hacia el ejército europeo, habría que ir hacia una eurofuerza, de la
cual tanto se ha hablado, pero ¿ejércitos en cada Estado? ¿Ejércitos en
cada país, cuando la paz impera en nuestro territorio y en nuestro
entorno más próximo? Por tanto, cada vez se entiende menos que se gaste
en armas y en material de defensa, cuando ahora lo que toca es priorizar
el bienestar social o incluso cumplir con aquellas obligaciones que
afectan a terceros. En este tema, queremos que conste en el Diario de
Sesiones el incumplimiento del Ministerio de Defensa en muchos aspectos,
entre ellos, en pagar la deuda sobre los pagos pendientes de los
programas especiales de defensa, cantidad extraordinaria pendiente que
pasa de los 20 000 millones de euros. A veces se reconocen 23 000; otras,
27 000, e incluso desde Convergència i Unió pensamos que si siguen los 31
000 millones que dejó el Gobierno de Zapatero cuando disolvió las Cortes.
Por tanto, creemos inconcebible que esta deuda siga aún a estos
niveles.


Siguiendo con incumplimientos, quiero mencionar algunos que
claman al cielo, por ejemplo, los incumplimientos que se están llevando a
cabo reiteradamente con un colectivo históricamente olvidado. Son los
soldados del Ifni-Sahara, unos soldados que combatieron enviados por
España y que llevan lustros esperando que se haga justicia. Este portavoz
y nuestro grupo, tanto en el Congreso como en el Senado, llevan años y
años reclamando que se les reconozcan aquellos derechos que tienen
contraídos y que en su día reconoce la misma Ley de defensa, un
reconocimiento que lleva explícito la ley. Es curioso, porque cuando
ustedes, el partido que hoy da apoyo al Gobierno, el Partido Popular,
estaban en la oposición, incluso había miembros que iban a las
manifestaciones a dar apoyo a estos exsoldados, veteranos del
Ifni-Sahara. Pero ahora









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están en el Gobierno y se han olvidado de los compromisos
que tienen con este colectivo, que poco a poco va siendo más pequeño;
cada vez está muriendo más gente y está pasando a mejor vida.


También proponemos este veto por otros incumplimientos,
como el de no incluir cantidades para llegar a acuerdos con municipios e
invertir en la adecuación de instalaciones y terrenos que en estos
momentos están en una situación deplorable, como, por ejemplo, la batería
de Punta Milà, en Torroella de Montgría, del Estartit, donde se pide la
demolición de unas instalaciones abandonadas y ruinosas en medio de un
parque natural y que ustedes han abandonado. No cumplen con los ruegos
del ayuntamiento para que lo dejen expedito, para que derrumben todo y
que la naturaleza pueda regenerar esta zona.


Hay otros incumplimientos…


El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Señoría, por
favor, vaya finalizando.


El señor MALDONADO I GILI: Voy acabando.


En el turno de enmiendas los intentaré resumir. Por
ejemplo, la tozudez institucional y política de los ministerios de
Interior y de Defensa. En relación con la Guardia Civil, porque no se
atienden peticiones de ayuntamientos como el de Calella, que quiere
destinar las instalaciones a viviendas sociales, y el Gobierno se niega a
concentrar este servicio en Premiá, con lo cual se podría dar un uso
social a estas viviendas. Hay más aspectos que el tiempo no me permite
mencionar; por ejemplo, no entendemos que se destinen cuatro millones a
publicidad con la que está cayendo, contraviniendo además lo que la ley
vigente prohibe.


Todos estos aspectos de incumplimientos, de partidas
difusas, de poca realidad y de un nulo recorte en defensa son los que
hacen que presentemos este veto.


El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias,
señoría.


Para la defensa de la enmienda 291, de los senadores
Iglesias Fernández y Mariscal Cifuentes, tiene la palabra el senador
Mariscal Cifuentes.


El señor MARISCAL CIFUENTES: No se preocupe, me ha puesto
cinco minutos de tiempo, pero sé que son tres. Voy a terminar antes.


Gracias, señor presidente.


Los senadores de Izquierda Unida hemos presentado esta
impugnación a la sección 14, de Defensa, con dos ejes fundamentales: en
primer lugar, denunciar que los Presupuestos Generales del Estado en
materia de defensa son mentira y vienen siendo mentira en todos los
ejercicios presupuestarios de los últimos años. Y estamos debatiendo
sobre otra mentira. Por lo tanto, es un debate que podemos tener; podemos
debatir sobre lo que viene en los papeles, pero ustedes saben, como yo,
que van a seguir incrementando los programas especiales de armamento con
créditos extraordinarios cuando llegue el momento y que van a seguir
haciendo las modificaciones presupuestarias que les parezca para poder
transformar este presupuesto. Y estaría bien que al menos lo hicieran
porque les diera vergüenza poner tanto dinero para defensa y armamento,
pero creo que no es por eso.


Los senadores de Izquierda Unida no podemos entender que en
una situación de crisis, y sin crisis económica, el Estado gaste el
dinero que se gasta en las misiones en el exterior del ejército español,
misiones en el exterior que son calificadas de misiones de derechos
humanos, aunque todo el mundo sabe que no tienen nada que ver con los
derechos humanos. Ahí está la situación en Afganistán, esa gran victoria
militar del imperio, que ha llevado a que se agudice la situación de
incumplimiento absoluto de los derechos humanos en ese país. O sea que de
misión humanitaria, nada; otra gran mentira que permanentemente se viene
repitiendo.


La cuestión es que el Estado gasta al día aproximadamente
300 millones de las antiguas pesetas; al día. Nosotros no podemos
entender esto, no estamos de acuerdo con esto, y este es otro motivo por
el que presentamos esta impugnación al material de defensa, junto con una
serie de peticiones que también se expresarán en las enmiendas parciales
que hemos presentado, especialmente la anulación de las operaciones
militares, lo que nos permitiría tener 300 millones al día de las
antiguas pesetas para otras cosas que seguramente necesitamos. Con esto
no hay problema; con la cooperación internacional, sí, pero con esto
parece que no lo hay.









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También proponemos la conversión de la I+D militar en I+D
civil, porque nos parece que sería más conveniente y sería mucho más
productivo para el conjunto del pueblo español que se pudiera destinar
ese importante dinero de la I+D militar para la I+D civil.


Nada más, y gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, senador
Mariscal.


El Grupo Parlamentario de la Entesa ha presentado la
enmienda número 1020, firmada por los senadores Guillot Miravet y Saura
Laporta.


Para la defensa de la enmienda, tiene la palabra el senador
Saura.


El señor SAURA LAPORTA: Gracias, señor presidente.


Nosotros hemos presentado el veto por tres razones: la
primera, porque el presupuesto de defensa es falso; la segunda, porque la
política de defensa que sigue el ministerio actual es una política de
burbuja armamentista que lleva a la fallida al ministerio; y la tercera,
porque se prioriza la política militar en relación con la política civil
en determinados aspectos.


Voy a la primera. He dicho que es falso, y no solo lo digo
yo, sino que lo ha dicho el Tribunal de Cuentas. Y es falso por dos
razones: porque el ministerio no calcula el presupuesto militar en
función de los criterios de la OTAN y, lo que es más grave, porque cada
mes de julio o agosto se amplían en 1500 o 2000 millones de euros
partidas de 4 o 5 millones de euros, correspondientes a dos conceptos: a
los programas especiales de armamento y a las operaciones exteriores. Por
lo tanto, el presupuesto que nos ofrece el ministerio es un presupuesto
erróneo, equivocado, que intenta ocultar el gasto militar de España.


La segunda consideración es que tenemos unos compromisos
adquiridos a partir de la segunda mitad de la década de los noventa en
relación con lo que se llama programa especial de armamento, por valor de
29 000 millones de euros. El Gobierno ha reprogramado esto en agosto y
ahora lo sitúa en 23 000 o 26 000 millones, que no se pueden pagar. Es
imposible que el Ministerio de Defensa pueda estar pagando durante diez,
doce o quince años 2000 millones de euros, y lo que está haciendo es
reprogramar, reprogramar y reprogramar una compra de material que además
no sirve para las necesidades estratégicas de seguridad del Estado
español. Y como ejemplo están ese tanque que no se puede transportar en
el avión porque pesa más, o del famoso submarino S-80 —los cuatro
que hemos encargado—, que se hunde pero que luego no puede
levantarse. Por lo tanto, otro motivo es la necesidad de reprogramar esto
y de cancelar algunos contratos.


Y en tercer lugar, está el hecho de que mientras, por
ejemplo, la investigación civil en el presupuesto público crece el 1,3%,
la investigación militar crece el 30,9%. Ha desaparecido aquella idea que
teníamos hace veinte años de que lo importante era la investigación
militar porque traspasaba conocimientos a la investigación civil. En
estos momentos lo que es importante es la investigación civil, y he de
decirles que en los Presupuestos del Estado la investigación militar es
superior a la suma de la investigación sanitaria, energética, agraria y
medioambiental. Es decir, estamos destinando mucho más dinero a
investigación militar que a investigaciones tan importantes como las que
he citado.


Por todas estas razones, les pedimos el voto a favor del
veto que presentamos


El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, senador
Saura.


En el turno en contra de la sección 14, tiene la palabra el
senador señor Campoy.


El señor CAMPOY SUÁREZ: Gracias, señor presidente.


Intervengo para contestar a los vetos que han presentado
los distintos grupos parlamentarios en contra de la aprobación de la
sección 14, del Ministerio de Defensa, a los Presupuestos Generales del
Estado para 2014.


A juicio de este grupo parlamentario los argumentos que
contienen los distintos vetos presentados no se corresponden con la
necesidad de contener el gasto, por una parte, y, por tanto, de combatir
el déficit, que es, como todas sus señorías saben, el talón de Aquiles de
nuestra economía. Más bien al contrario, estos Presupuestos Generales del
Estado son, como no puede ser de otra manera, continuistas con los
ejercicios anteriores; es decir, continúan con el objetivo de reducir el
conjunto del gasto de los ministerios, y en este caso, del Ministerio de
Defensa. Por









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tanto, se ven reducidos, como todas sus señorías saben, en
un 3,2%; aproximadamente, 191 millones de euros. Son coherentes, por
tanto, con la política que en su conjunto está desarrollando el Gobierno
de España, y son también corresponsables y solidarios con la coyuntura de
crisis.


Yo diría, como han dicho mis compañeros responsables de
otras áreas, de otros ministerios, que estos, los de Defensa, son unos
presupuestos caracterizados por la austeridad y, por tanto, también por
la obligación de la optimización de los recursos, que son ciertamente más
escasos. De ahí que la eficiencia sea la única fórmula para poder paliar
ese descenso, que en el caso del Ministerio de Defensa podría ser de
cierto riesgo en el capítulo 2, que disminuye un 8%, y es el que puede
afectar a la operatividad y al alistamiento de nuestras Fuerzas Armadas.
Este es el verdadero reto del Presupuesto del Estado en el Ministerio de
Defensa para 2014, porque todo esto hay que hacerlo sin traspasar la
línea roja de la que hablaba el señor Abad. Es decir, se sacrifican las
Fuerzas Armadas, efectivamente, como también se sacrifica el resto de la
sociedad española en su conjunto, pero no se sacrifica en modo alguno la
seguridad de las tropas, señoría, como tampoco la operatividad de las
Fuerzas Armadas, que son plenamente operativas para el cumplimiento de
las misiones que tienen encomendadas en nuestra legislación, en la
Constitución Española, en el artículo 8, en la Ley Orgánica de Defensa
Nacional, como también por nuestros compromisos internacionales en las
misiones que están desarrollando en el exterior.


La cuestión fundamental aquí, señorías, es: ¿ponen en
riesgo la seguridad y la defensa el descenso, los decrementos en el
Ministerio de Defensa? ¿Ponen en riesgo la seguridad y la defensa? Esta
es la verdadera responsabilidad de un Gobierno en materia de seguridad y
defensa. ¿Se pone en riesgo? Pues tanto el ministro de Defensa, como el
secretario de Estado y el propio jefe del Estado Mayor de la Defensa han
dicho públicamente que en modo alguno, que no. Pero es que, además, estos
descensos se están produciendo desde 2008. Entonces ¿me quiere decir,
señor Abad, que en 2008, 2009, 2010 y 2011, en que también hubo descensos
presupuestarios, se puso en riesgo la seguridad y la defensa de España?
¿Me quiere decir eso? Conteste usted. Es evidente que la situación en la
que estamos no es la ideal, no es la situación ideal, de ahí que todos
los españoles y todos los ministerios —en este caso concreto, el
Ministerio de Defensa— estemos haciendo un esfuerzo y un sacrificio
para poder salir cuanto antes de la crisis.


Coincido con usted en que sería aconsejable establecer un
horizonte y un marco estable, desde el punto de vista financiero y
presupuestario, que fuera fruto del compromiso político. Estoy de
acuerdo, y deberemos trabajar en esa línea para poder conseguirlo. Tal
vez, señoría, sea así como podamos darle forma al reclamado modelo que
usted pronuncia.


Por lo demás, más allá de las incongruencias de algún grupo
parlamentario, en las que no da tiempo a entrar, estos presupuestos han
sido calificados de amputados, camuflados, virtuales, incluso de fraude
presupuestario, de performance, irreales, vacíos… No les faltan
calificativos. Pero vamos a los argumentos de peso que los sustentan, dos
argumentos fundamentalmente.


En relación con los créditos extraordinarios, señorías, se
atiende a lo comprometido no pagado. Es importante: a lo comprometido no
pagado. Es, por tanto, ajeno al Ministerio de Defensa, porque se paga en
función de la disponibilidad, como saben sus señorías, y del coste
financiero que en esos momentos tengan los mercados. Como también saben,
no computan a efectos de déficit y, lo que es más importante, lo aprueba
el Consejo de Ministros y requiere la posterior tramitación parlamentaria
y, por tanto, su convalidación. No se pueden declarar de opacos y de poco
transparentes. Y lo que tiene más importancia desde el punto de vista
político, señorías: demuestran que el Gobierno del Partido Popular paga
sus facturas, paga las facturas del Gobierno español, cumple con sus
compromisos —además, lo ha hecho disminuyendo el techo de gasto,
que fijó, por cierto, el Gobierno socialista en 7000 millones de
euros—, lo que supone en credibilidad para el Gobierno de España
que el Gobierno de España paga, que el Gobierno de España cumple, más
allá del partidismo político. Y además supone un impulso y compromiso
importantísimo para la industria de defensa. Lo ha dicho nuestro
portavoz, el señor Barreiro, ustedes tienen la habilidad de dejar las
facturas debajo de la mesa. Y es verdad, porque aquí la cuestión es que
ustedes nos critican porque pagamos las facturas; y la pregunta no sería
por qué nosotros pagamos las facturas, la pregunta sería por qué no las
pagaron ustedes. ¿Por qué no pagaron ustedes las facturas? (Aplausos.)
¿Por qué no las presupuestaron? Es más, ¿por qué no las pagaron y no las
presupuestaron, cuando entonces, según ustedes, no había crisis?
Respondan a esa pregunta.









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En cuanto a las operaciones en el exterior, saben sus
señorías que las operaciones en el exterior desde el punto de vista
presupuestario se aprueban con el Fondo de Contingencia que tiene lugar a
finales de año. Difícilmente los presupuestos que tienen lugar ahora
pueden establecer lo que el Fondo de Contingencia tiene que aprobar a
finales de año.


Señorías, en el poco tiempo que me resta tengo que decir
que, a juicio de este portavoz y del Grupo Parlamentario Popular, estos
presupuestos son creíbles precisamente porque nos atesoran los dos años
anteriores y, por tanto, son realistas. Y además mantienen algo que es el
verdadero reto hoy día: el equilibrio entre la contención del gasto, la
contención del déficit, y mantener el nivel de operatividad de nuestras
Fuerzas Armadas y, por tanto, la seguridad y defensa de España. Son,
señorías, los presupuestos que necesita España para, sin dejar de lado,
evidentemente, nuestra seguridad y nuestra defensa, salir cuanto antes de
la crisis y volver a crecer y a crear empleo. Y todo parece indicar,
señorías, que vamos por el buen camino.


Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos.)


El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, senador
Campoy.


Sección 15. El Grupo Parlamentario Socialista presenta la
enmienda 2329.


Para su defensa, tiene la palabra el senador señor
Vázquez.


El señor VÁZQUEZ GARCÍA: Muchas gracias, señor
presidente.


Señorías, en la sección 15, que corresponde al Ministerio
de Hacienda y Administraciones Públicas, precisamente el que elabora
estos presupuestos, corresponde hablar de ingresos, de recaudación,
corresponde hablar también de los fondos de cooperación económica, local
y territoriales, corresponde hablar de la Administración Pública.


Voy a comentar también algo que los portavoces del PP
vienen aquí reiterando insistentemente, como el último en intervenir. Nos
hablan de las facturas pendientes, y yo pregunto: ¿las facturas eran de
la Administración General del Estado, del Gobierno de Zapatero? No, las
facturas eran de comunidades autónomas y ayuntamientos. ¿Nos quieren
decir alguna vez quién gobernaba las comunidades autónomas y los
ayuntamientos donde estaban esas facturas en los cajones? ¿Nos lo quieren
decir de una vez? Porque la mayoría eran Gobiernos del Partido
Popular.


Voy a la sección 15. Ingresos, recaudación. Tenemos algunas
dudas sobre las previsiones de los ingresos. Hablan de incrementar la
recaudación el próximo año el 2,3%, cuando por los mismos datos que
aportan en el presupuesto habrá menos empleo, muy poco crecimiento
—décimas—, el crédito estará contenido, la demanda interior
está congelada, la renta familiar disponible continúa disminuyendo, y
Rajoy prometiendo bajadas de impuestos. Ya veremos, por tanto, si por
primera vez se cumplen sus previsiones de ingresos.


Sí sabemos, y está constatado, que mantienen la subida de
esos impuestos temporales, de esos impuestos que en 2014 ya no se iban a
cobrar, como el IRPF o el IBI. Otro incumplimiento más del Gobierno
Popular.


También sabemos que han ido subiendo todos los tributos, 43
subidas de distintos tributos, impuestos, tasas, contribuciones y precios
públicos, y hacen cargar la crisis sobre esa mayoría de trabajadores, de
clases medias, de autónomos, de pymes, evidentemente que son los que han
tenido que pagar todas esas subidas de impuestos, cuando a una minoría
—una minoría, según los datos, cada vez más grande en este país,
los millonarios de España subieron el 13% en el año 2012, 37 000
más— se le ponen todos los medios para que tengan que pagar lo
menos posible y contribuir, por tanto, lo mínimo a salir de esta
crisis.


Se ha comentado aquí que lo que se necesita en este país es
una profunda reforma fiscal. Tuvieron muchísima prisa en traer esa
reforma que ya traían bajo el brazo, la reforma laboral, y no han tenido
ninguna en traernos esa reforma fiscal tan necesaria —repito,
también se ha dicho hasta la saciedad—. En este país no tenemos un
problema de gasto excesivo, sino lo que tenemos es un problema de
disminución de ingresos, 9 puntos menos de ingresos que nuestros socios
de la Unión Europea. Eso significa que aparte de una caída, consecuencia
de la crisis, que también han tenido los otros países, hay una ineficacia
absoluta en la recaudación, unas grandes bolsas de fraude y de elusión
fiscal. Contra esto hay que combatir con voluntad política, pero lo que
se esta haciendo, y lo estamos viendo todos los días, es que no solamente
quitan medios a la Agencia Tributaria, sino que solamente reponen uno de
cada diez técnicos e inspectores que se jubilan. ¡Vaya añito! ¡Vaya
papelón que tenemos con la Agencia Tributaria! Si había un órgano
respetado,









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acreditado y solvente en este país, se lo están cargando
con ese afán partidista de controlarlo todo y poner a gente del partido
en todos los sitios, cuando yo creo que los que estaban ya eran del
partido. Pero eso es a lo que nos tienen acostumbrados haciendo lo
contrario de lo que se debería hacer.


Cooperación económica local del Estado: se han cargado, han
liquidado definitivamente los planes provinciales de obras y servicios,
esos planes provinciales que históricamente tanto habían ayudado a los
pequeños y medianos municipios a hacer sus infraestructuras mínimas y a
dotar sus servicios; ha pasado el programa 942 a) de 140 millones de
euros a 5, los planes provinciales de obras y servicios, de 48 millones a
432 000 euros y para los ayuntamientos de 20 000 habitantes, un fondo que
se creó de 45 millones ha quedado a cero. Se han liquidado la cooperación
económica local del Estado.


Por último, funcionarios, administraciones públicas.
Nuevamente congelan el sueldo de los funcionarios, incumplen una vez más
la devolución de la paga extra que el año pasado se les quitó y al no
cubrir las plazas que se van amortizando se ve claramente que están
intentando desmantelar una parte de la Administración pública. Y ese no
es el camino si queremos buenos servicios.


Yo creo que tiene que haber menos alabanzas cuando suba a
la tribuna el ministro Montoro o cuando comparecen los secretarios de
Estado y más realidades con respecto a los funcionarios y a las
administraciones públicas.


Muchas gracias. (Aplausos.)


El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, senador
Vázquez.


El Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i
Unió presenta la enmienda número 3349.


Para su defensa, tiene la palabra el senador Bel.


El señor BEL ACCENSI: Gracias, señor presidente.


Señorías, efectivamente impugnamos esta sección por su
propio contenido y por la responsabilidad de este ministerio en la
globalidad del presupuesto. Antes se analizaba, y yo también voy a hacer
alguna mención que he apuntado en mi veto general a los presupuestos.


En cuanto a los ingresos, ustedes hacen unas previsiones
que nosotros hemos calificado de forma bondadosa un tanto optimistas,
pero respetables. Vamos a esperar a ver si se cumplen o no pero, en todo
caso, mantienen la excepcionalidad de unas subidas tributarias que no
planteaban ustedes en su programa electoral y cuya excepcionalidad
prorrogan.


Por tanto, estos presupuestos mantienen un incremento del
IRPF, un incremento del IVA, —que no entendemos que sea provisional
sino que parece que ha venido para quedarse—, un aumento importante
del impuesto sobre sociedades y un incremento de los impuestos
especiales. En nuestra opinión, y vista la evolución de la recaudación de
este año, son previsiones un tanto optimistas y poco realistas, pero les
damos el beneficio de la duda y ya lo comprobaremos dentro de unos
meses.


En cuanto al contenido de los gastos propios del
ministerio, entendemos que hay una falta importante de dotación
presupuestaria en algunos de los programas concretos, que vamos a
intentar solventar con nuestras enmiendas, y aunque seguramente me dirán
que soy un pesado, no hemos presentado el veto porque lo presentamos a la
sección 36, entes territoriales. Este es también el ministerio de las
administraciones públicas, y obviamente no se ha preocupado de todas las
administraciones públicas sino solo de unas cuantas; las transferencias a
las comunidades autónomas se ven reducidas de forma importante, no así
—como he dicho en otra ocasión y lo vuelvo a repetir— las
transferencias a las corporaciones locales que, con la liquidación de
ejercicios anteriores, se van a mantener prácticamente estables o van a
aumentar sensiblemente. En todo caso, entendemos que este ministerio es
el responsable de dicha política, como también lo es de la distribución
asimétrica e injusta del déficit entre los diferentes niveles de
administración, que ya he defendido en el veto a la totalidad y por
tanto, no voy a reiterar mis argumentos.


Por estos motivos, mi grupo parlamentario presenta y
mantiene la impugnación a esta sección 15 y les avanzo que también
daremos apoyo a todas las impugnaciones presentadas a la misma.


Muchas gracias.









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El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, senador
Bel.


El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya
presenta la enmienda 1009.


Para su defensa, tiene la palabra el senador Bruguera, que
va a compartir turno con el senador Guillot.


El señor BRUGUERA BATALLA: Gracias, señor presidente.


Bona nit. Buenas noches. A nuestro juicio los programas
contenidos en esta sección son de una clara continuidad respecto de los
contemplados en los presupuestos anteriores de 2012 y 2013 y, por tanto,
adolecen de los mismos errores, lejos de los dos adjetivos de
estabilización y recuperación que utilizan constantemente los portavoces
del Grupo Parlamentario Popular.


Se constata de nuevo que el Gobierno renuncia a una apuesta
por la salida de la crisis económica basada en el crecimiento de la
economía a través de una política de austeridad extrema que continuará
teniendo por tercer año consecutivo un impacto muy negativo sobre el
crecimiento y el empleo.


Estos programas no generan confianza ni en nuestro país ni
fuera de nuestras fronteras. No se apuesta por la demanda interna y no se
potencia la internacionalización de nuestra economía. La política
tributaria hará recaer de nuevo y de manera injusta la mayor parte de la
financiación de los servicios públicos sobre las rentas del trabajo y las
clases medias. La subida de impuestos es a nuestro juicio absolutamente
injusta y tendrá efectos negativos sobre la actividad económica. No se
aborda la necesaria reforma fiscal para la sostenibilidad de las cuentas
públicas y la generación de riqueza. La lucha contra el fraude fiscal
sufrirá un retroceso todavía mayor que el actual por el recorte de
plantillas de funcionarios destinadas a la misma. (El señor presidente
ocupa la Presidencia.)


En cuanto a la Secretaría de Estado de Administraciones
Públicas, se constatan también las dos premisas que presiden la política
del Gobierno desde un punto de vista general. En primer lugar,
recentralización y, en segundo lugar, voluntad de control por parte del
Estado del resto de administraciones públicas, demostrando un nuevo
interés por el municipalismo y el mundo rural, como queda reflejado en
las medidas legales previstas en el mal llamado Proyecto de Ley de
racionalización y sostenibilidad de la Administración local.


La cooperación económica local, como ya se ha comentado,
prácticamente desaparece como máximo instrumento de cooperación local y
que hasta el año 2011 había dado importantes frutos; desaparecen los
planes de obras provinciales; desaparece el Pla únic d´obres i
serveis de Catalunya; la financiación de los municipios de menos de 20
000 habitantes, como ya hemos comentado anteriormente, desapareció en los
presupuestos de 2012, los primeros del Gobierno popular; nuevamente, los
empleados públicos verán congelados sus salarios, y la oferta de empleo
público se reduce de una forma alarmante, poniendo en grave riesgo la
calidad de los servicios que el Estado y el resto de administraciones
públicas deben prestar a los ciudadanos.


Por estas sucintas razones hemos presentado un veto a esta
sección.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Bruguera.


Senador Guillot, tiene la palabra.


El señor GUILLOT MIRAVET: Gràcies, senyor president.


Mi veto va sobre todo dirigido a radiotelevisión. La verdad
es que el balance de esta nueva etapa PP en la Corporación
Radiotelevisión Española es desolador: manipulación informativa; caída de
las audiencias, en general, y de los informativos, en particular;
inestabilidad directiva; empiezan a aparecer escándalos y, lo que es más
preocupante, un gran estrangulamiento financiero.


La corporación ha aprobado para 2014 un presupuesto de 940
millones de euros, lo mismo que en 2013. La aportación del Estado para
2014 es la misma que la de 2013: 281 millones de euros; en 2012, era de
342, en 2011, era de 547 y, si ustedes hacen la resta, verán que este
Gobierno ha recortado en 266 millones de euros su aportación a
radiotelevisión para que desarrolle su función de servicio público. Esos
recortes, evidentemente, van en detrimento de los derechos de los
trabajadores de la corporación, mengua la calidad de su programación, y
generan déficit. En 2013, se cerrará el ejercicio con un déficit de 80
millones de euros, y es de prever que en 2014 se llegará a los 100
millones de euros.









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Señorías, en mi opinión, la situación de la Corporación
Radiotelevisión Española es insostenible, desde un punto de vista
financiero; es insostenible, desde el punto de vista de la calidad de su
programación, y es del todo insostenible, desde la ocupación partidista
de un ente tan delicado para una democracia, como es el servicio público
radiotelevisión.


Estas son las razones por las cuales presento este
veto.


Gràcies, senyor president.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Guillot.


Los senadores Iglesias y Mariscal, del Grupo Parlamentario
Mixto, han presentado la enmienda número 300.


Para su defensa, tiene la palabra el senador Iglesias.


El señor IGLESIAS FERNÁNDEZ: Gracias, señor presidente.


Obviamente, lo manifestado en la defensa del veto al
conjunto del proyecto de ley de presupuestos en relación a los ingresos
es reproducible en este veto a la sección 15 del Ministerio de Hacienda y
Administraciones Públicas. En resumen, pendientes aún de esa anunciada
reforma fiscal que presentarán en el próximo ejercicio, lo cierto es que
este proyecto de presupuestos mantiene un sistema fiscal cada vez menos
justo, cada vez menos progresivo, en el que se aumenta el peso de los
impuestos indirectos, manteniendo la subida del lVA, donde los impuestos
directos siguen girando en torno, fundamentalmente, al IRPF, en el que se
mantiene un trato privilegiado para las rentas del trabajo frente a las
del capital, en un momento, además, en el que el crecimiento de los
beneficios de las grandes empresas, como no se ha corregido la estructura
del impuesto sobre sociedades, no van a realizar la aportación que
debieran realizar para el mantenimiento de las necesidades de los
servicios públicos esenciales y de las prestaciones sociales.


Se mantienen los privilegios de las SICAV que, además, a lo
largo del ejercicio en el que estamos, se han extendido a las OCIME; por
el contrario, se ha renunciado a implementar medidas de fiscalidad verde
para incorporar los costes ambientales.


En la lucha contra el fraude no hay una potente vocación
política. No voy a reiterar lo dicho en torno a la amnistía fiscal y a la
Agencia Tributaria. Y por lo que se refiere a los trabajadores públicos,
la congelación que se les va a aplicar en el ejercicio 2014 se suma a
medidas anteriores que, en conjunto, han significado una pérdida del
poder adquisitivo de estos trabajadores públicos del 25%. Si en 2013, en
el ejercicio en el que estamos, se calcula que se han destruido
aproximadamente 400 000 puestos de trabajo públicos, en estos
presupuestos de 2014 seguirá destruyéndose empleo público, sobre todo si
sale adelante, en el próximo Pleno de la semana que viene, la reforma del
régimen local. Además, los presupuestos reflejan un descenso en las
transferencias a las comunidades autónomas del 20%, que se suma a la
injusta distribución de los objetivos de déficit y —como ya se ha
dicho— se extinguen prácticamente las aportaciones a los
ayuntamientos.


Finalmente, los mecanismos que se han introducido en el
presente ejercicio y que tienen continuidad en 2014, el FLA o el pago a
proveedores en las distintas administraciones, han servido como base para
reformular el Estado de las Autonomías; mecanismos de control que limitan
de forma muy importante la autonomía presupuestaria de las comunidades
autónomas y sin autonomía presupuestaria no hay autonomía.


Muchísimas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Iglesias.


Turno en contra.


Tiene la palabra la senadora Angulo.


La señora ANGULO MARTÍNEZ: Gracias, señor presidente.


Buenas noches. Intervengo para decir que el Grupo Popular,
como se imaginan, va a votar en contra de las propuestas de veto que se
han presentado a la sección 15, al Ministerio de Hacienda y
Administraciones Públicas que es —como decían— el encargado
de elaborar este presupuesto. Es el tercer presupuesto que elabora el
Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas con el Gobierno del
Partido Popular y, al igual que los dos anteriores, transmite el
compromiso con la









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salida de la crisis, un compromiso firme para cimentar un
crecimiento generador de empleo. Pero hay una gran diferencia con los dos
presupuestos anteriores: el contexto económico en el que se va a
desarrollar este presupuesto, un contexto, un escenario ya de
crecimiento, leve aún, pero de crecimiento positivo y no negativo como
venía siendo. Esa previsión del 0,7% es perfectamente prudente e incluso
hay previsiones al alza en múltiples organismos y foros. Por lo tanto, es
una previsión moderada, creíble y congruente con las previsiones de todos
los analistas y todas las organizaciones.


Hemos dejado atrás la recesión y empezamos a crecer y a
crear riqueza. Esa es la primera prioridad y el primer objetivo en un
presupuesto. Además, empezamos a frenar esa tasa inasumible de
destrucción de empleo que ha caído 11 puntos desde el año 2012 y que nos
permite ver que estamos muy cerca de la creación neta de empleo. Por eso,
hoy —como decía muy bien el ministro esta tarde, el ministro
Montoro— tenemos que hablar de cómo de intensa es o va a ser la
recuperación, de cuánto empleo se va a crear y de en qué medida estos
presupuestos sirven a la recuperación. Pero negar la recuperación es
absurdo, señorías, porque negar la recuperación es negar la evidencia.
¿Cómo pueden decir ustedes, como han dicho, que hay un retroceso del
fraude fiscal cuando los datos les desmienten, cuando esos 16 000
millones de recaudación les desmienten? ¿Cómo pueden decir que estamos
abandonando la financiación local cuando ha crecido, en los tres
presupuestos que se han elaborado con el Gobierno del Partido Popular,
cerca de un 17%? Además, en este presupuesto que estamos debatiendo crece
un 3,46%. ¿Cómo pueden decir, como han dicho, señorías, que no hay
resultados de la política económica que está aplicando el Ministerio de
Hacienda? Hoy tenemos mejor financiación y los intereses que pagamos por
la deuda son la mitad que el año pasado, un dinero, más de 3000 millones
de euros, que podemos destinar precisamente a gasto social.


Hoy hemos recuperado la competitividad pérdida. Lo señalaba
el gobernador del Banco de España la pasada semana en su comparecencia.
Hoy tenemos capacidad de financiación. Después de años en números rojos
con el resto del mundo tenemos una capacidad de financiación superior al
3% y tenemos ese superávit en la balanza por cuenta corriente. Pero hoy
hemos recuperado también la estabilidad de precios, lo que supone una
mejor situación económica familiar y una mayor competitividad de nuestras
empresas. ¿Cómo pueden decir que no hay credibilidad ni confianza ni
dentro ni fuera? Vean el índice de confianza del consumidor, vean el
índice de expectativas, el índice de confianza empresarial, vean las
opiniones y los comentarios de todos los organismos y foros nacionales e
internacionales que destacan las reformas que se han acometido en España
como el ejemplo español.


Es un grave error, señorías. Fue un grave error negar la
crisis cuando era evidente, y es un grave error negar estos resultados,
porque detrás de cada uno de ellos hay mucho esfuerzo de toda la sociedad
española. Ha habido que hacer grandes esfuerzos para pagar esas facturas
que ustedes dejaron a deber. Ha habido que hacer muchos esfuerzos, y
detrás de cada resultado está todo ese esfuerzo, pero está también una
política económica acertada, una política que ha logrado enderezar el
rumbo, y en el centro de esa política económica está el Ministerio de
Hacienda y Administraciones Públicas, que hoy, junto con sus
presupuestos, nos presenta un balance, como decía, pero nos presenta
también un compromiso, el de unas cuentas públicas saneadas —es
tremendamente complicado resumir en tan pocos minutos esa política que se
ha plasmado en tanta iniciativa legislativa que hemos aprobado tanto en
esta Cámara como en el Congreso—. Y es que, como dice nuestro
presidente del Gobierno, un Gobierno que no puede garantizar unas cuentas
públicas saneadas no puede garantizar nada más. Lo demostraron
ustedes.


Hoy, el Ministerio de Hacienda trae también el compromiso
con nuestras administraciones territoriales, señorías que han hablado del
tema, con las comunidades autónomas y con los ayuntamientos. Se trata de
las transferencias derivadas del modelo de financiación que no aprobó el
Partido Popular, porque hoy parece que no lo aprobó nadie porque nadie
está de acuerdo, pero hay un compromiso del Gobierno con un nuevo modelo
de financiación, pero está respetando escrupulosamente el modelo de
financiación que aprobó el Gobierno anterior. Además, hay un compromiso
con esos instrumentos financieros que han permitido a comunidades
autónomas y ayuntamientos pagar más de ocho millones de facturas
pendientes a doscientos treinta y tres mil proveedores, lo que ha
permitido salvar cientos de miles de empleos en este país.









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Hay un compromiso con la sanidad, con la dependencia, con
la educación, porque seis de cada diez facturas de esas que estaban
pendientes correspondían a servicios sociales, a gasto social, y se han
ido pagando. Ese es el mayor compromiso con el Estado del bienestar,
porque asegurar los servicios sociales, señorías de la izquierda, no solo
es asegurar que se pueden prestar, es asegurar que se pueden pagar.


El compromiso del ministerio con la erradicación de la
morosidad, no solo con dinero, sino también con medidas normativas
importantes —en este Pleno se va a aprobar también la Ley de
factura electrónica y la Ley de la deuda comercial del Estado—. Ese
es el compromiso con los emprendedores de este país, con la generación,
con la aparición y con el desarrollo de nuevos proyectos, de nuevas
iniciativas empresariales y, desde luego, con la creación de empleo, que
es nuestra principal ocupación y preocupación.


No hay una subida de impuestos, como también nos han dicho
esta tarde; al contrario, hay una rebaja selectiva de impuestos en este
proyecto para el año 2014 contenida en esa Ley de emprendedores a la que
ustedes también votaron en contra. Todo un armazón de bonificaciones
destinadas a los emprendedores de este país.


Y compromiso con el fraude fiscal. No pueden hablar en
términos genéricos cuando aquí se aprobó la ley más ambiciosa de nuestra
historia democrática y algunos de ustedes, desde la izquierda, se
desmarcaron con su abstención —el voto de los valientes, entiéndase
la ironía—. Pero hoy hay 16 500 millones de euros recaudados en el
plan de lucha contra el fraude fiscal.


Señorías, voy terminando. Radiotelevisión Española
—se ha referido a ello el senador Guillot— ha encarado hoy su
futuro sin prescindir de ninguno de los trabajadores. Esa voluntad de
consenso y de diálogo le debería hacerse sentir satisfecho. Hoy
Radiotelevisión Española afronta su futuro con fortaleza, con una
estructura territorial y con unas normas laborales que la hacen funcionar
de forma más competitiva y eficiente. Si quieren cambiar el modelo, no
presenten un veto aquí. Si quieren cambiar el modelo de financiación que
ustedes aprobaron, no intenten hacerlo por la puerta de atrás.


El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría.


La señora ANGULO MARTÍNEZ: Termino, señor presidente.


Acepten ustedes y tomen el guante de esa oferta de consenso
que les ha hecho el Partido Popular en ese sentido y podremos trabajar en
ello, pero no intenten con ese veto justificar que ahora parece que no
están de acuerdo con el modelo de financiación que aprobaron.


Termino señalando que nuestro voto en contra de sus vetos
es un voto a favor del presupuesto y de la política económica…


El señor PRESIDENTE: Termine, señoría.


La señora ANGULO MARTÍNEZ: …del Ministerio de
Hacienda.


Muchas gracias. (Aplausos.)


El señor PRESIDENTE: Gracias, senadora Angulo.


Pasamos a la sección 16.


El Grupo Parlamentario Socialista ha presentado la enmienda
2273.


Para su defensa, tiene la palabra el senador
Cascallana.


El señor CASCALLANA GALLASTEGUI: Muchas gracias, señor
presidente.


Si los Presupuestos Generales del Estado que nos presentan
parecen los presupuestos de la recuperación, para el señor ministro del
Interior no va a ser menos: son los presupuestos que España y los
españoles merecen, según expresa. Son unos presupuestos que suponen un
punto de inflexión, que cambian la tendencia radicalmente porque
incrementan el 1,2% los presupuestos con respecto al 2013. Pero nada más
lejos de la realidad. Si en los presupuestos que nos presentan recortamos
lo que significan los gastos de las elecciones europeas, los ajustes en
la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre o los pagos de deuda de ejercicios
anteriores, no del Grupo Parlamentario Socialista precisamente,
encontramos que los presupuestos se reducen en más de 120 millones con
respecto al 2013. Otra farsa en la presentación de los presupuestos.









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Pero la realidad nos dice más cosas. Nos dice que si estos
presupuestos fuesen, como dice el ministro, lo que España y los españoles
se merecen, tendríamos una política de seguridad ciudadana adecuada. Hace
dos años teníamos 600 millones de euros más y eran unos presupuestos
caóticos, unos presupuestos que no resolvían los problemas de seguridad
de este país. Por lo tanto, ni en la cuantía ni en los objetivos estamos
de acuerdo con los presupuestos que se presentan. La realidad es bien
distinta. En los dos últimos años tenemos una policía peor retribuida,
bastante peor, con un envejecimiento importante en las plantillas debido
a que se ha tenido que utilizar al personal de la segunda actividad, y
unas fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado cada vez más controladas
desde el punto de vista partidista y con problemas en su funcionamiento,
como demuestran los ceses continuos en la comisaría de la policía
judicial. Por lo tanto, tenemos una policía en peores condiciones.


Hay un descenso de efectivos muy importante, alrededor de
9000 en los dos últimos años. Un descenso que continúa con los actuales
presupuestos, con una tasa de reposición ridícula y una academia de
policía, como es el caso de la academia de Ávila, en unas condiciones
bastante deficientes. Mi pregunta es si se piensa compensar con la Ley de
seguridad privada. Seguramente el espacio público pueda compensarse con
la seguridad privada; quizá sea ese uno de los objetivos, cuando el
ministro se siente tan satisfecho.


Estos presupuestos son incapaces de dar respuesta a una
política penitenciaria que atienda al objetivo constitucional que tiene,
entre otros, la reinserción. En este momento los presupuestos mantienen a
instituciones penitenciarias totalmente infradotadas, con menos
funcionarios de prisiones, con congelación de plantillas, con reducción
en gastos fundamentales como la propia alimentación o gastos sanitarios,
con una reducción respecto al año pasado de más de 69 millones de euros.
Ello, además, cuando con el nuevo Código Penal se prevé un incremento de
la población reclusa en las cárceles españolas. Por lo tanto, una de las
funciones básicas de estos presupuestos tampoco es atendida.


Estos presupuestos no abordan una política adecuada sobre
el fenómeno migratorio, y lo digo en relación con dos aspectos. Por una
parte, la espectacular caída en la política de cooperación internacional
hace que no se estén resolviendo los problemas en los países de origen o
países en tránsito. Y también, se está limitando una política de control
de fronteras. Hoy no voy a sacar —ya tendremos tiempo— lo de
las cuchillas o los métodos que se emplean pero sí quiero llamar la
atención sobre los CIE, los centros de internamiento de extranjeros, que
en Ceuta y Melilla están desbordados y tienen más que duplicada su
capacidad. Por cierto, el reglamento todavía no se ha puesto en
funcionamiento.


Estos presupuestos son insensibles a la demanda del derecho
de asilo, especialmente a nuestros compromisos con respecto a Siria y la
Unión Europea. Son unos presupuestos que no abordan la eliminación de los
puntos negros en la red viaria. Y unos presupuestos manifiestamente
insuficientes en lo que respecta a la protección civil.


Nos llama la atención cómo se han presentado estos
presupuestos y que se planteen, como he dicho al principio, como los
presupuestos que los españoles merecen.


Nos hablan de bajas tasas de criminalidad y anuncian
claramente que es un objetivo conseguido, en el sentido de que el CIS
señala esto como un problema de menor relevancia. Pero no abordan el
segundo problema que preocupa a los españoles, que no es otro que la
lucha contra la corrupción. No les voy a decir que se ha triplicado con
respecto al 2011. No les voy a decir que tenemos una triste tarjeta de
presentación: España es el segundo país, tras Siria, donde la corrupción
ha crecido más. Sin embargo, este fenómeno en absoluto se aborda. No se
abordan o no se plantean los incrementos de robos en el mundo rural, los
delitos económicos, la violencia de género, la exaltación de símbolos del
franquismo, infinidad de problemas a los que no se hace referencia ni
siquiera en los textos. Frente a ello nos anuncian otras leyes que
tendremos ocasión de debatir, la ley de seguridad privada, la ley de los
servicios mínimos… Es decir, unos presupuestos que responden, en mi
opinión, más que a una política de seguridad ciudadana, a una vieja
política de orden público.


El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría.









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El señor CASCALLANA GALLASTEGUI: Por tanto, no coincidimos
ni en la cuantía, ni en los medios, ni en cómo están dotados en este
momento para cumplir sus funciones constitucionales, ni por supuesto en
los objetivos que considera el ministro prioritarios y que para nosotros
no lo son.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador
Cascallana.


Los senadores Iglesias y Mariscal han presentado la
enmienda número 305.


Para su defensa, tiene la palabra el senador Mariscal.


El señor MARISCAL CIFUENTES: Gracias, señor presidente.


Señorías, hemos impugnado esta sección porque nos parece
que estos Presupuestos Generales del Estado, en lo que tienen que ver con
la seguridad, tienen quizá el entendimiento propio y clásico de la
derecha de este país, pero incluso para ese entendimiento clásico de la
derecha de este país, del cual vamos a tener buena prueba con la
modificación del Código Penal y con la nueva ley de seguridad ciudadana
dando cuenta del miedo creciente que tiene el Partido Popular frente a la
ciudadanía y frente a la calle, estos son los presupuestos que van a
financiar esa manera de hacer las cosas, unos presupuestos que se basan
mucho más en la porra que en la razón, que en el diálogo y que en el
entendimiento de las libertades en nuestro país.


No hay un problema de delincuencia en nuestro país,
señorías, lo que hay es un problema clarísimamente de saturación en la
población reclusa. Pero si hay un problema de delincuencia es de esa
delincuencia a la que le estamos pasando por encima y de la cual se
llenan los presupuestos diciendo que son precisamente los presupuestos
para la lucha contra la corrupción, contra el blanqueo de capitales, con
lo cual no podemos dejar de esbozar una sonrisa cuando oímos el tono tan
potente con que se defiende este tipo de cosas en comparación con la
práctica diaria y con las noticias de cada día como son, por ejemplo, los
recientes cambios en la UDEF.


Desde Izquierda Unida vamos a seguir —espero que
algún día esto sea una realidad— con nuestro compromiso de defensa
de las condiciones de trabajo y de vida de los hombres y mujeres que
forman parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado de este
país, condiciones que no son por cierto las mejores, como ustedes saben,
ni a nivel salarial, ni de vida, y que están pagando en demasía los
ajustes y los recortes. Es muy difícil luchar contra la corrupción y
contra el blanqueo de capitales cuando hay insuficientísimas partidas
para poder modernizar, para poder poner a nuestra Policía, a nuestra
Guardia Civil en el siglo XXI al no haber ni siquiera dinero en muchas
ocasiones para ponerle un repuesto a un vehículo en un cuartel. Así
difícilmente se puede hacer trabajo alguno en ningún sitio.


Finalmente, vamos a seguir apostando por que haya un único
Cuerpo de Policía estatal en nuestro país. Nosotros seguimos defendiendo,
junto con muchos compañeros y compañeras de la Asociación Unificada de
Guardias Civiles y otros la desmilitarización del Cuerpo de la Guardia
Civil y la unificación con la Policía Nacional para tener un único Cuerpo
de Policía en España.


El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría.


El señor MARISCAL CIFUENTES: No me da tiempo a hablar de
cómo se afronta por parte del Gobierno en estos presupuestos algo tan
importante como los derechos humanos de las personas migrantes, y ahí
está la valla de Melilla como ejemplo más brutal.


Gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, senador Mariscal.


Los senadores Guillot y Saura han presentado la enmienda
número 1021.


Para su defensa tiene la palabra el senador Guillot.


El señor GUILLOT MIRAVET: Gràcies, senyor president.


Yo creo que, lamentablemente, en este Gobierno hay dos
ministerios, el de Justicia y el de Interior, que cumplen el papel de
avanzadillas reaccionarias del mismo. Y digo esto porque en el Ministerio
del Interior, el señor ministro y sus adláteres, los delegados del
Gobierno, llevan tiempo insistiendo en dos grandes mensajes: en primer
lugar, un mensaje de que en España hay inseguridad ciudadana. Esto es
falso. Las estadísticas demuestran que España no es un país









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donde la inseguridad ciudadana sea un tema relevante, donde
suframos unos porcentajes alarmantes. Y, en segundo lugar, la
criminalización de la movilización ciudadana. Respecto a lo que ustedes
llaman esfuerzo ciudadano para salir de la crisis, que es la imposición
de toda una serie de medidas duras, de recortes —la imposición, no
el compromiso compartido, sino la imposición de estas medidas—,
evidentemente, ha tenido como reacción movilizaciones, pero
movilizaciones que en su inmensa mayoría se mueven en el espacio de un
orden mínimo.


Al presentar un veto a la sección del Ministerio del
Interior, en primer lugar, habría de decir que no hay un planteamiento
global de la seguridad en España en lo que afecta a la policía, en lo que
afecta a lo penal y a lo penitenciario. Hay que definir un nuevo modelo
policial y, evidentemente, estos presupuestos no pueden dar soporte a
este cambio de modelo.


En el debate de las enmiendas haremos una serie de
propuestas para intentar mejorar lo que creemos que este presupuesto no
consigue.


Otro aspecto que es importante destacar y que justifica
este veto son las políticas de inmigración. Para el Partido Popular, para
el Ministerio del Interior las políticas de inmigración se inscriben
única y exclusivamente en la cuestión de la ilegalidad y, a partir de
aquí, en la respuesta policial. Creemos que este es un mal enfoque. No
hay presupuestos que permitan el desarrollo de acciones coordinadas entre
los agentes sociales y el Gobierno para canalizar los flujos
inmigratorios, no hay políticas de integración social de los inmigrantes
—en el Ministerio de Empleo prácticamente han desaparecido— y
la verdad es que las políticas de inmigración se pueden reducir a las
concertinas en la frontera y a los Centros de Internamiento de
Extranjeros en el interior.


Como veo que me queda muy poco tiempo, termino con la
política penitenciaria. Para ustedes la cárcel es un castigo, no es un
espacio de reinserción. Y eso se nota también a la hora de analizar las
diferentes partidas que cubren la política penitenciaria. Creo que esto
es un grave error.


Por todo este conjunto de razones, el senador Saura y yo
presentamos este veto.


Gràcies, senyor president.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Guillot.


¿Turno en contra? (Pausa.)


Senador Aznar, tiene la palabra.


El señor AZNAR FERNÁNDEZ: Muchas gracias, señor
presidente.


Señorías, a medida que se va vaciando el hemiciclo y que va
avanzando el reloj, en esta hora ya casi nocturna, suele bajar mucho el
tono de los discursos y casi, casi alcanzamos esta intimidad que invita a
la confidencia. (Risas.—Aplausos.) Y con este tono, y desde un
profundo respeto, créanme, permítanme que les diga, casi en tono
confidencial, que no han dado ustedes ni un solo argumento que sostenga
válidamente esos vetos que ustedes, sin duda, van a mantener.


Estamos en un debate presupuestario y no quiero que se me
olvide agradecer al Grupo Parlamentario Catalán Convergència i Unió haber
retirado ese veto, en una reflexión previa al debate, lo cual dice mucho
en su favor. Yo les invito a ustedes a que hagan esa reflexión, aunque
sea después del debate.


Señorías, muy brevemente. ¿Cómo pueden basar estos vetos,
que presentan unos y otros grupos, unos y otros senadores, en achacar a
estos presupuestos que son la continuidad de los anteriores? Continuidad
no es equivalente a maldad. Al contrario, como hemos visto a lo largo de
la jornada de hoy, los presupuestos anteriores a estos —que son
continuación de aquellos— están empezando a dar sus frutos y, en
consecuencia, vamos a seguir manteniéndolos.


Señor Cascallana, usted no es virgen —perdóneme por
la expresión— en esta cuestión política. ¿Cómo puede usted decir
que el aumento presupuestario se debe a que hay que pagar una deuda?
Claro que hay que pagar las deudas. Y para ello hay que presupuestarlas.
Y de esas deudas usted sabe mucho y podría ilustrarnos mucho sobre las
deudas que dejó el anterior Gobierno socialista. (Aplausos.) Por lo
tanto, eso se recoge en los presupuestos. Este Gobierno quiere pagar.


Pero, fíjense, aunque sea casi anecdótico, incluso quitando
el dinero destinado al pago de la deuda, incluso quitando lo de las
elecciones, el presupuesto de Interior todavía sigue creciendo.









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Señor Mariscal —ausente, aunque se lo podrá trasladar
su compañero el señor Iglesias—, igual que mi compañero y admirado
senador Guillot, tienen ustedes un discurso magníficamente ideologizado y
yo se lo respeto, pero este es un debate de presupuestos. Ustedes
defienden un modelo policial nuevo y una Policía única, lo cual me parece
perfecto y, sin duda, es defendible, pero no es el modelo de este grupo,
no es el modelo de este Gobierno. Y, por suerte o por desgracia —yo
creo que por suerte para los españoles—, estamos gobernando y el
modelo policial es el que hay y así vamos a tener que seguir
manteniéndolo. Porque todas esas cifras que han dado ustedes, señor
Cascallana, no se soportan, no se pueden ajustar a la realidad porque no
se parecen en nada a la realidad. En España está diminuyendo el número de
delitos gracias a una eficaz acción policial, supongo. En España el
número de delitos —si nos atenemos a las memorias de la Fiscalía y
de los tribunales— está disminuyendo cada año. Por lo tanto, no
vamos por mal camino con este modelo policial que tenemos. Si se trata de
una cuestión ideológica me parece muy bien que ustedes la defiendan, pero
eso no puede ser base suficiente para rechazar el presupuesto que hoy
estamos debatiendo.


La tasa de reposición de los funcionarios también suele ser
un punto común en estos debates. Es verdad, señorías, que no es la que
nosotros desearíamos, pero también saben ustedes que gracias a una buena
labor del Gobierno socialista anterior y a una buena labor de un Gobierno
del Partido Popular anterior —no lo diré muchas veces, lo hago
porque estamos en tono confidencial— hoy podemos decir que el
número de policías en la calle por cada mil habitantes, exactamente 532,
es de los más altos de Europa, igual que podemos decir que, gracias a la
buena labor realizada en años anteriores en nuestras penitenciarías, la
ratio de funcionarios es de las más altas de Europa, el 2,36%. Por lo
tanto, estamos hablando de argumentos que no sirven para sostener
válidamente los vetos a los que ustedes han hecho referencia. Y respecto
a la seguridad en las zonas rurales ocurre lo mismo. No se ajusta lo que
ustedes dicen con los datos de los juzgados.


En el texto de sus vetos ustedes acusaban al Gobierno de no
enviar las leyes previstas al Parlamento, en concreto, la ley de régimen
del personal del Cuerpo Nacional de Policía y la ley orgánica de derechos
y deberes del Cuerpo Nacional de Policía. Miren, seguramente pueden
acusar de muchas cosas al Ministerio del Interior desde la razón
—toda obra humana es discutible—, pero mañana se aprueba en
el Congreso la ley de seguridad privada, la ley de tráfico se encuentra
en trámite en el Congreso y la ley de seguridad pública —la cual ya
han descalificado sin haber visto el borrador— entrará próximamente
en el Parlamento. Asimismo, está preparada la ley de protección civil,
que me alegro que les preocupe mucho pues se debatirá durante los
primeros meses del año. En definitiva, señorías, hay cuatro leyes, más
estas dos que ustedes requieren. Por lo tanto, la labor legislativa que
en materia de Interior estamos desarrollando y lograremos culminar al
final de la legislatura ha sido y es muy importante.


Me gustaría poder desgranar con mucha más calma todos y
cada uno de los argumentos que ustedes han dado, porque me merecen todo
el respeto, pero de verdad, señorías, aparte de esa crítica ideológica
que ustedes hacen —están en su perfecto derecho de hacerlo—,
razones presupuestarias para mantener los vetos no existen. Se lo digo
con toda cordialidad.


Por lo tanto, les invito a que esa reflexión que hizo el
Grupo de CiU, que yo he agradecido, la hagan ustedes ahora —todavía
tienen tiempo hasta mañana— y podamos hablar de unos presupuestos
continuistas —en lo que tiene de bueno que sean continuistas,
puesto que están consiguiendo los objetivos a los que nos
referíamos—, sobre todo en materia de Interior, donde ustedes
mismos reconocen que España no es un país en el que los ciudadanos
centren su preocupación en la seguridad de las calles. Ustedes lo han
dicho y yo lo asevero.


Por tanto, reflexionen, porque todavía están a tiempo de
retirar estos vetos.


Señor presidente, minuto y medio que les ahorro.


Muchas gracias. (Aplausos.)


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Aznar.


Pasamos a la sección 17.


El Grupo Parlamentario Socialista ha presentado la enmienda
número 2342.


Para su defensa tiene palabra el senador Fernández
Ortega.









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El señor FERNÁNDEZ ORTEGA: Buenas noches.


Señorías, la reiterada caída de las inversiones del
Ministerio de Fomento en los Presupuestos Generales del Estado durante la
presente legislatura está contribuyendo a la destrucción de miles de
empleo, al cierre de numerosas empresas, a importantes retrasos en la
culminación de proyectos vitales para nuestra economía y a un grave
deterioro de nuestras infraestructuras. A la destrucción de empleo por
los recortes en inversión del Ministerio de Fomento hay que añadir el
aumento imparable de la deuda del Grupo Fomento, el incumplimiento
sistemático de la planificación comprometida por el propio ministerio, el
abandono de la inversión en política de vivienda, de la cohesión
territorial y social en la planificación y el incumplimiento en la
ejecución de las inversiones.


Señorías, cualquiera de estas razones justificaría
individual y ampliamente la presentación de una propuesta de veto a esta
sección por el Grupo Socialista. Fracaso es la palabra que define a los
Presupuestos Generales del Estado que el Gobierno del Partido Popular ha
traído a esta Cámara, fracaso por no ser útiles para atajar el primer
problema de España que es el paro. La caída de la inversión del
Ministerio de Fomento, de 13 626 en 2011 hasta los 8480 en 2014, supone
un recorte de más del 34%, supone la destrucción, por decisión de la
ministra de Fomento, de más de 162 000 empleos directos y de decenas de
miles de empleo indirecto. Fracaso es la palabra que va impresa como
marca de agua en cada página de estos presupuestos del Partido
Popular.


Los presupuestos ejecutados del Ministerio de Fomento no
han servido para la recuperación económica ni para crear empleo y tampoco
para cumplir con esa prioridad que ustedes ponen en primer lugar, que es
el déficit o la deuda. El Ministerio de Fomento en estos presupuestos nos
propone aumentar la deuda en 3018,7 millones, eso sí, invirtiendo un 34%
menos que en 2011, lo que supone que, como mínimo, un 35,6% de la
inversión de Fomento la van a hacer con cargo a endeudamiento. Por eso la
palabra que los define es fracaso. Y les pregunto dónde queda la historia
de la herencia recibida. Aseguraban que no podían invertir porque la
deuda de Fomento era de 40 000 millones y solo para este año nos proponen
autorizar un endeudamiento nuevo de 3018.


Dicen que ustedes pagan, y yo me pregunto qué es lo que han
pagado si no paran de aumentar la deuda. ¿Es que la deuda significa que
las cosas están pagadas o que vendrá alguien por detrás y tendrá que
pagarlo? Me da la impresión de que lo de la herencia recibida se lo vamos
a tener que repetir en el futuro con mucha asiduidad.


Al Gobierno no le queda credibilidad y este presupuesto
carece de ella. No ejecutan los presupuestos al cien por cien, como se
ejecutaron en 2011. Este año prevén que la ejecución sea del 92,4. Si
ustedes vienen aquí y nos presentan unos presupuestos diciendo que hasta
ahora no han cumplido ninguno de los que han presentado ¿qué credibilidad
nos dan para pensar que van a cumplir con estos? Y tampoco el Gobierno es
serio, no hay rigor en el Ministerio de Fomento, primero, porque prevén
ejecutar solo el 92% de los presupuestos de este año y, segundo, porque
van por el 48,2 a septiembre de 2013 en ejecución, con lo cual
difícilmente llegarán a cumplir esos objetivos a final de año. Y si
necesitan un ejemplo de la falta de rigor que tienen a la hora de
elaborar estos presupuestos, vean la enmienda 3010 del Partido Popular,
que ha presentado en el Senado, en la que aumentan la deuda que autorizan
a ADIF en 530 millones de euros. A mí me parece que errores de este tipo
demuestran la carencia de rigor con la que aquí se trabaja por parte del
Gobierno del Partido Popular.


Señorías, el Grupo Socialista pide el veto para los
presupuestos del Ministerio de Fomento porque no favorecen ni la cohesión
social ni la cohesión territorial y les pongo como ejemplo,
desgraciadamente, el mismo que les vengo diciendo estos tres años en
estos tres presupuestos: en Andalucía ADIF invierte el 7% cada año en un
territorio que tiene el 20% de la población y de la superficie de
España.


También nos parece importante para la cohesión social la
inversión en Cercanías, que no llega a 30 céntimos por pasajero o el
abandono de la conservación, que tanto en carreteras como en
ferrocarriles ha tenido un recorte que pone en riesgo incluso la
seguridad de nuestras infraestructuras. Pero, sobre todo, los
presupuestos del Ministerio de Fomento no favorecen la cohesión social
porque atacan las políticas de vivienda y, en política de vivienda, este
Gobierno, además de ineficaz, es insolvente, insensible y mentiroso.









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El señor PRESIDENTE: Vaya concluyendo, señoría.


El señor FERNÁNDEZ ORTEGA: Voy a terminar enseguida, señor
presidente.


Hay ensañamiento en el recorte de los programas destinados
a favorecer el acceso a una vivienda digna de los ciudadanos con menores
rentas; han recortado todos los programas de vivienda en porcentajes del
30% al 70%; han acabado con los programas de apoyo a la vivienda en
propiedad e incluso lo han hecho de manera inconstitucional.


El señor PRESIDENTE: Termine, señoría.


El señor FERNÁNDEZ ORTEGA: Nos dicen que su apuesta es por
el alquiler y yo reto a sus señorías a que soliciten una ayuda de
alquiler al Estado en el año 2013: no han dado ni una, cero; y, para
2014, no hay ningún compromiso.


Estos no son los presupuestos de la recuperación. Ustedes
siguen suspendiendo en estos presupuestos, como han suspendido en los
anteriores, porque ahondan en el principal problema para este país: el
paro.


Muchas gracias. (Aplausos.)


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Fernández
Ortega.


El Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i
Unió ha presentado la enmienda número 3356.


Para su defensa, tiene la palabra la senadora Candini.


La señora CANDINI I PUIG: Gràcies, senyor president.


Presentamos la impugnación de la sección 17 por entender
que, una vez más, no se priorizan las inversiones en el ámbito de Fomento
como tendría que ser. De hecho, estos presupuestos nos dan la razón en
relación con las diferentes iniciativas parlamentarias que hemos
presentado a lo largo de este último año. De manera reiterada hemos
insistido en que las políticas y las decisiones sobre las inversiones dan
más respuesta a una cuestión de ingeniería política que a los factores
económicos.


Desde nuestro punto de vista, se priorizan determinadas
infraestructuras con una visión siempre basada en la radialidad, en lugar
de en la centralidad de la economía productiva y teniendo en cuenta el
contexto actual de la economía, el problema se agrava de una manera
especial.


Lógicamente, entenderán que me centre en Cataluña por
pertenecer al Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i
Unió y, por ello, les diré que este presupuesto sufre un descenso del
25%, es decir, 17 puntos menos, mientras que en el conjunto del Estado
español el descenso es únicamente de 8 puntos. Por tanto, este también es
otro elemento que agrava mucho más las diferencias y la posibilidad de
dinamización de la economía, que tiene que ver con todo aquello que
promueva unas buenas infraestructuras.


Como dije no hace demasiado tiempo, en la interpelación que
formulé a la ministra Pastor, cuesta mucho entender que se priorice en un
ámbito concreto, y hay una partida de aproximadamente 840 millones de
euros, para unas autovías en las que se ha demostrado que el IMD es
inferior a los 10 000 vehículos, cuando ustedes saben perfectamente que
para que sean rentables ―según los propios economistas del
Ministerio de Fomento― han de superar los 30 000 vehículos. Además,
esto coincide con los datos de diversas autovías de Cataluña
―concretamente, yo le puedo hablar de la N-II, muy cercana a donde
yo vivo, en el tramo de Tordera hacia Girona― donde cada día hay un
IMD superior a 38 000 vehículos y en la que en los últimos 8 años
únicamente se ha invertido en 4 kilómetros.


Por tanto, cuando existen estos elementos de priorización
en relación con dónde tienen que ir las inversiones de Fomento en
infraestructuras, una vez más comprobamos que se repite sistemáticamente
la visión radial que no responde a las necesidades reales.


Por tanto, hemos presentado una impugnación a esta sección
entera porque entendemos que no da respuesta y, además, creemos que se
pierden muchísimas oportunidades en cuanto al crecimiento de la riqueza
de cada uno de los diferentes territorios. Evidentemente, estoy
convencida de que ustedes también leen las conclusiones de la Comisión de
Transportes de la Comisión Europea en las que, de manera muy explícita,
se pide que se invierta sobre todo en aquellos sectores en los que la
economía productiva se centra de manera más dinámica y más









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viva. Creemos sinceramente que se olvidan de estos temas en
estos presupuestos de manera muy especial y esto se agrava si tenemos en
cuenta la situación en la que estamos.


Por todo ello, impugnaremos esta sección y, además, vamos a
votar todas las impugnaciones relacionadas con esta sección 17.


Gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Candini.


Los senadores Iglesias y Mariscal han presentado la
enmienda número 325.


Para su defensa, tiene la palabra el senador Iglesias.


El señor IGLESIAS FERNÁNDEZ: Gracias, señor presidente.


Las consignaciones que se reflejan en la sección 17 no
asumen la recomendación de que es imprescindible acompañar los recortes
de medidas de dinamización. La inversión es clave para conseguir ese
objetivo y, sin ninguna duda, el ministerio, especialmente convocado para
desarrollar inversión pública, ha sido históricamente, y lo sigue siendo
hoy, el Ministerio de Fomento. Las inversiones caen el 30% y de una
manera o de otra se van introduciendo nuevas estrategias privatizadoras y
alguna —curiosamente— reversión en la privatización.


En materia ferroviaria, se fía el incremento del transporte
de mercancías a la liberalización —en la comparecencia de
presupuestos se reconocía que en nuestro país el transporte de mercancías
por ferrocarril solo mueve el 3,6%—, a pesar de que ya hace varios
años —si no me equivoco desde 2007— que se puso en marcha la
liberalización del sector ferroviario y de que no ha conseguido
resultados especialmente halagüeños ya que se mueve superando en muy poco
el 10%. No hay inversiones para mejorar las infraestructuras ni para el
desarrollo de las zonas logísticas, que son el complemento imprescindible
para incrementar el desarrollo del transporte de mercancías por
ferrocarril. Se sigue priorizando la alta velocidad frente a las
Cercanías que, salvo en algunos casos muy puntuales, la mayor parte de
los recursos dedicados a Cercanías van dirigidos exclusivamente a la
conservación.


Se ha anunciado la apertura de la alta velocidad a
operadores privados tras haber tomado la decisión de segregar de ADIF
estas líneas de alta velocidad en una sociedad específica. Habrá que
aclarar si la privatización entra también en el capital de esta sociedad
específica. También habría que reseñar que se han reducido de manera muy
notable en los últimos tiempos los servicios regionales. La consignación
que se plantea para cubrir la obligación de servicio público no es
suficiente para recuperar alguno de estos servicios.


En carreteras no se refleja ese proceso de reversión en lo
que fue en su día la privatización de la Empresa Nacional de Autopistas a
través, ahora, de la creación de una nueva empresa nacional de autopistas
para asumir las pérdidas de las constructoras y entidades financieras que
han promovido las radiales de peaje de Madrid. Y hay una insuficiente
consignación para los capítulos de conservación de la red de carreteras
y, por lo tanto, no se avanza en la desaparición de los puntos
negros.


En transporte aéreo, como es sabido, también se ha
anunciado ya la privatización de AENA, y en vivienda se da carpetazo a
todas las ayudas, subvenciones y planes vigentes, orientando la
estrategia hacia el alquiler y la rehabilitación, lo cual, en principio,
no tendría por qué ser malo de por sí si con ello se buscara favorecer la
creación de empleo y la mejora de las condiciones de habitabilidad, pero,
al final, lo que se acaba buscando es favorecer a los arrendadores y
estas ayudas se acabarán traduciendo en una subida del precio de los
alquileres.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Iglesias.


Las senadoras Almiñana y Sequera y los senadores Boya,
Bruguera, Martí Jufresa, Montilla y Sabaté han presentado la enmienda
1016.


Para su defensa, tiene la palabra el senador Martí.


El señor MARTÍ JUFRESA: Gracias, señor presidente.


En nombre de los senadores socialistas de la Entesa, voy a
presentar la justificación al veto a la sección 17 en base a dos tipos de
argumentos.









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En primer lugar argumentos de política general. Se ha
citado aquí nuestra discrepancia completa con la función de las
inversiones en la recuperación económica. Unas inversiones que en este
presupuesto de fomento caen más de un 30% y, por tanto, no solo no
estimulan, sino que frenan este papel en la economía de nuestro país.


También en este orden de argumentos de política general,
quisiera citar la no priorización de las políticas de vivienda en este
presupuesto. En un año en el que hemos aprobado tres leyes que
supuestamente pretendían fomentar y cambiar las normas para la vivienda
social y la rehabilitación en nuestro país, los presupuestos para 2014
son simplemente unos presupuestos hipócritas en esta materia, que no
consignan ninguna subida, sino tan solo bajadas en este apartado clave y
crucial para garantizar el derecho a una vivienda digna y que tiene
múltiples efectos en la economía, en el medio ambiente, en la
urbanización, etcétera.


Pero también quisiera argumentar razones de otro tipo,
concretamente nuestra discrepancia total en los criterios para la
territorialización de las inversiones. Y aquí quisiera expresar también
dos ideas: la primera —el senador Utrera lo ha dicho muy claramente
antes—, que ustedes consideran como unidad de medida en la
territorialización el conjunto de España, y olvidan dos datos
fundamentales: el Estado de las Autonomías —España es el conjunto
de diecisiete autonomías con sus respectivos estatutos y los pactos entre
Gobiernos— y los compromisos europeos. No podemos organizar la
prioridad de las inversiones ni territorializar las inversiones si no
tenemos en cuenta estos dos criterios. Por eso ustedes incumplen
sistemáticamente —lo que para nosotros es completamente
intolerable— la disposición adicional tercera del Estatuto de
Autonomía de Cataluña.


También discrepamos en la interpretación sobre lo que el
señor Utrera calificaba como la racionalidad de las inversiones en
infraestructuras. Para nosotros impacto económico, beneficio social y
criterios de optimización son la racionalidad de las infraestructuras.
Para ustedes este es simplemente un argumento, una coartada para la
arbitrariedad de sus decisiones.


El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría.


El señor MARTÍ JUFRESA: Acabo enseguida, señor
presidente.


Ni el corredor mediterráneo, clave en el impacto económico,
ni las autovías de Girona y los Pirineos, ni las cercanías de Barcelona,
claros ejemplos de beneficio social, ni la estación de La Sagrera, la
mayor estación intermodal de toda España, son merecedoras del apoyo de
estos presupuestos. Y por tanto, nos reafirmamos en que estos
presupuestos son absolutamente erróneos e equivocados como política del
Ministerio de Fomento para España, y muy especialmente para Cataluña.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Martí.


Los senadores Guillot y Saura han presentado la enmienda
número 1022. Para su defensa tiene la palabra el senador Guillot.


El señor GUILLOT MIRAVET: Gràcies, senyor president.


Señor Aznar, señorías del Grupo Popular, casi en un
susurro, dejen lo de la deuda. Ustedes son ya los campeones de la deuda y
van camino de ser los plusmarquistas. Dejen de hablar de la deuda, que
vamos a cerrar el año con el 93%, cuando tenían ustedes programado el 85%
del PIB, y en el 2014 nos vamos al cien por cien.


Dicho esto, saben que somos el asombro del mundo en
política de infraestructuras, la segunda potencia en AVE, el primer país
europeo en kilómetros de autopistas y autovías que no llevan a ningún
sitio y de aeropuertos sin aviones. En esto sí que somos el asombro del
mundo. ¿Qué está pasando ahora? Que con menos dinero estamos repitiendo
los mismos errores. Se sigue priorizando el AVE respecto del ferrocarril
convencional, de proximidad, de mercancías y de cercanías. Lo que fue
antes una política antisocial de vivienda ahora se transforma en
políticas donde habrá una burbuja de alquiler y se abandona la
construcción al no facilitar fondos para la rehabilitación.


Pero con todo, para mí el problema más importante de
concepción de su Gobierno es qué son para ustedes las infraestructuras,
que, evidentemente, no son aquellas que mayor utilidad y









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servicio puedan dar a la ciudadanía; el principal problema
es que ustedes no creen que la inversión pública pueda relanzar la
economía. Ustedes no creen en Keynes; y como no creen en Keynes, que se
ha demostrado históricamente que tenía razón, pues no lo hacen.


Y cuando nosotros insistimos en que había que afrontar el
déficit de tal manera que nos permitiera librar recursos para poder
invertir y relanzar la economía, a nivel público estamos hablando
fundamentalmente de fomento, estamos hablando fundamentalmente de la obra
pública, estamos hablando fundamentalmente de la inversión pública. Eso
ustedes no lo hacen, y no solo no lo hacen sino que recortan
continuamente lo que tenía que ser un instrumento imprescindible para el
relanzamiento económico, evidentemente con un nuevo enfoque en la
política de infraestructuras que las hiciera realmente útiles desde un
punto de vista social y sostenibles desde un punto de vista territorial y
económico.


Por todo esto justificamos el veto que presentamos el
senador Saura y yo.


Gràcies, president.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Guillot.


Turno en contra.


Tiene la palabra el senador Mateu.


El señor MATEU ISTÚRIZ: Gracias, señor presidente.


Señorías, buenas noches. Entramos ya en un momento del día
en el que hay que ir a cosas muy concretas y dejarnos de artilugios que
traten de confundir lo que realmente se tiene que hacer. Por eso
comparezco esta noche, para fijar la postura de nuestro grupo frente a
los cinco vetos que se han planteado. Es la tercera vez que tengo el
honor de comparecer para defender la posición de mi grupo, y quiero
volver a confirmar que estamos nuevamente ante unos presupuestos que, a
pesar de sus críticas, señorías, lo único que quieren es gestionar la
realidad actual económica que otros Gobiernos anteriores nos han dejado.
Son unos presupuestos que están impregnados de verdad, porque responden a
esa realidad que hay que gestionar, y además son unos presupuestos en los
que se pide un esfuerzo de sacrificio a los ciudadanos que, desde luego,
están comprendiendo, porque se está viendo que poco a poco, pausadamente,
estamos saliendo de esa situación tan tremenda en la que nos encontramos
al entrar en el Gobierno.


Señorías, y en especial a los grupos proponentes, he de
decirles que este presupuesto, como no puede ser de otra manera, tiene
que coadyuvar a la política económica del Gobierno cumpliendo el objetivo
de reducción del déficit: el 5,8% el próximo año, y llegar al 2,8% en el
año 2016. De como recibimos este presupuesto, con un déficit de 9,7%, a
como estamos gestionándolo ahora, hay un trecho, y es debido a la buena
dirección que ha tomado el Gobierno de España en este sentido.


Otros objetivos complementarios de este presupuesto inciden
en mejorar la competitividad y, como no puede ser de otra manera, generar
creación de empleo, porque no hay que olvidar que este presupuesto
dispone de prácticamente 17 310 millones de euros, que representan el
1,7% del producto interior bruto, y que a esta cantidad se le pueden
añadir los 1400 millones que se esperan de la fórmula de la colaboración
público-privada. De nada serviría un presupuesto como los que se hacían
anteriormente, que se presentaban pero nunca se cumplían porque no tenían
en consideración la apreciación de las infraestructuras más necesarias,
no garantizaban la vertebración territorial ni la movilidad de todos los
ciudadanos en igualdad de condiciones y tampoco favorecían ni impulsaban
la intermodalidad en los transportes. Por ello, hay que recordar que el
pasado día 25 de noviembre, en Cádiz, la ministra de Fomento presentó un
magnífico plan de intermodalidad que se desarrollará a lo largo del
tiempo con una presupuestación y unas actuaciones muy importantes. Pues
bien, señorías, estos conceptos e ideas que he plasmado son los que se
reflejan en la actuación de estos presupuestos.


Decíamos que manejábamos el 1,7% del producto interior
bruto, pero podríamos haber manejado más —aunque no les guste que
se lo recuerden señorías del Grupo Socialista—, porque no solamente
había 40 000 millones de deuda —sí, se lo recuerdo otra vez—,
sino una pérdida en la cuenta de resultados de las empresas de 672
millones de euros, y además con esa alegría del gasto desbocado,
incontrolado y sin respaldo presupuestario, por lo que en los tres
presupuestos que ha elaborado el Gobierno del Partido Popular hemos
tenido que consignar una cantidad que asciende a 4865 millones de
euros.









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Señorías, después de escuchar estos datos, creo que el
sentido del voto del grupo que sustento es indudable, vamos a votar que
no, por supuesto, a estos vetos. Pero además de estos datos que les he
dado, quiero darles otros más concretos.


Este presupuesto, efectivamente, reproduce un descenso del
1,2%, pero más importante fue el recorte que se experimentó en el año
2011, un 33%; los presupuestos nuestros agregados nunca llegarían a esas
cifras de reducción del 33%.


Tenemos otra bondad en estos presupuestos, y es que en las
cuentas del ministerio, gracias al esfuerzo de todo el personal que
trabaja en él, se han podido atajar los 4865 millones de euros mediante
una buena y responsable administración. No olvidemos, señorías, que en un
momento determinado estos 4865 millones representaban el 76% de la
cantidad presupuestada para el Ministerio de Fomento y que si, por
ejemplo, hubiéramos querido atajar la deuda del año 2012 habría
correspondido a cada familia española 4000 euros. Es un presupuesto
inversor, señorías, el 52% se traduce en gasto de capital y el 48% en
gasto corriente.


En cuanto al grado de ejecución —lo ha dicho el señor
Fernández Ortega y ya lo dijo el secretario de Estado en la Comisión de
Presupuestos— prácticamente se va a llegar a un porcentaje del cien
por cien al final del año, como se explicó muy bien.


La cantidad a invertir asciende, en definitiva, a 8980
millones de euros, que son más que suficientes para promover y generar el
empleo que está deseando el Gobierno, no solamente con estas medidas sino
también con otras reformas estructurales.


En definitiva, están ustedes preocupados, y nosotros
también, cómo no; estamos todos muy preocupados por cuestiones como el
fomento de la construcción de carreteras, y con los 1148 millones de
euros se generará inversión y creación de empleo porque se ponen en
servicio nuevas autopistas, se amplían otras, se dotan de viales a los
entornos urbanos, se hacen muchas obras. Pero esto que les digo
contradice la visión apocalíptica que muestra el Partido Socialista en el
texto escrito de su veto, en el cual todo es un auténtico desastre.


Me centraré ahora en el ámbito de la seguridad vial que,
insisto, a todos nos preocupa, y no puedo por menos que decir que tengan
tranquilidad y sosiego porque el Gobierno de España, el Ministerio de
Fomento va a seguir actuando en los más de 26 000 kilómetros de
carreteras de red de titularidad del Estado. ¿Cómo lo va a hacer? Lo va a
hacer porque tiene un nuevo sistema, que es aprovechar lo que existe,
optimizar los recursos existentes mediante la implantación de un nuevo
modelo de contrato de conservación integral, que se ha caracterizado por
la reducción de los sectores de la construcción y que genera unas
economías de escala que han producido ya unos importantes ahorros de
aproximadamente el 27%.


También, señorías, estamos preocupados por la seguridad del
ferrocarril de cercanías en Cataluña. Hace poco se reunió la ministra con
el consejero y decidieron impulsar partidas por más de 67 millones de
euros, y se van a tratar aspectos importantes, como el trayecto
Barcelona-Vic-Puigcerdà, que afecta a más de 110 000 pasajeros y en el
que se tiene mucho interés.


Voy terminando, pero con este minuto y diecisiete segundos
que me restan, quiero decirle, señor Fernández Ortega, que ustedes están
preocupados por el tema de la vivienda, e, insisto, nosotros también. El
Gobierno del Partido Popular, el Ministerio de Fomento en estos momentos
está llevando a cabo un importante esfuerzo de rentabilización de una
política que en materia de ayudas sólo hubiera servido para dejar
absolutamente descapitalizado el Estado español si hubiéramos seguido con
los planes que ustedes quieren. Por ejemplo, las obligaciones contraídas
hasta el año 2038 por los planes anteriores elaborados por ustedes
generaban un déficit de 5291 millones de euros. Para nosotros es
impensable dejar esa carga a las generaciones futuras; por eso
continuaremos teniendo obligaciones comprometidas, y se destinarán 175
millones para pagar obligaciones de ejercicios anteriores en la
financiación de préstamos. Fundamentalmente hay 139 millones para ayudas
previstas de planes anteriores, 87 millones para subvencionar a las
comunidades autónomas, 12 millones para ayudar a la entrada de viviendas
y 40 millones para la renta básica de emancipación, y es importante
destacar que se siguen respetando los derechos adquiridos.


Por todos estos motivos —y termino— y por
entender que este presupuesto ayuda a generar una cohesión y vertebración
del territorio español y por el compromiso del Gobierno de España de
mejorar la creación de empleo, es por lo que anuncio que el Grupo
Parlamentario Popular en el Senado va a votar en contra de estos
vetos.


Muchas gracias, señor presidente. Gracias, señorías, por su
atención. (Aplausos.)









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El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Mateu.


Pasamos a la sección 18.


El Grupo Parlamentario Socialista ha presentado la enmienda
número 2093.


Para su defensa, tiene la palabra el senador Álvarez
Areces.


El señor ÁLVAREZ ARECES: Buenas noches, señor
presidente.


Señorías, entramos en la sección 18. En medio de un
discurso irreal de fin de crisis e inicio de la recuperación, el Gobierno
del Partido Popular presenta un proyecto de Presupuestos Generales del
Estado para 2014 que simboliza de un modo nítido la falta de proyecto
político y presupuestario que aborde con rigor el inicio de la
recuperación y la apertura de un horizonte de esperanza para la sociedad
española. Por el contrario, los presupuestos presentados para el próximo
2014 no significan otra cosa que la constatación de que lo único que van
a generar es más desigualdad, más empobrecimiento colectivo y el
mantenimiento del paro en niveles insoportables.


La sección 18, compuesta por educación —con un
recorte de 24,38% respecto a 2011— y cultura —con un recorte
de 35,14% respecto al mismo año—, simboliza muy bien lo que
significa una apuesta por dos piezas fundamentales del denominado Estado
del bienestar: la educación y la I+D+i, que tiene un gran componente en
la universidad, a pesar de algún leve retoque estético en alguna partida
aislada, sigue su proceso de pérdida de calidad, y se impulsan, al mismo
tiempo, leyes regresivas y privatizadoras, como la LOMCE, que significa
una vuelta al pasado. La I+D+i, con un simbólico incremento del 3,5% y
una asignación global de 6131 millones de euros, no alcanza ni de lejos
la que tenía asignada en el año 2011, que superaba los 8500 millones de
euros. En realidad, estamos a niveles del año 2005, y según los
científicos impulsores de la Segunda Carta por la Ciencia, se necesitaría
un aumento anual de 636 millones de euros hasta 2016 para alcanzar el
nivel del año 2009.


El Gobierno califica la política educativa de estos
presupuestos como prioritaria, y, sin embargo, estamos en niveles
presupuestarios del año 2006. Hay un retroceso nada menos que de ocho
años en materia presupuestaria, y las comunidades autónomas, al mismo
tiempo, están asfixiadas financieramente y con una amenaza de calendario
de implantación de la LOMCE —que ni siquiera tiene reflejo en este
presupuesto, porque apenas se reflejan 8,9 millones de euros, según se
dijo por parte de la secretaría de Estado en su comparecencia—.
Además, los recortes inducidos por este Gobierno en las comunidades
autónomas harán que se disparen también todos los recortes globales del
sistema educativo, que en estos dos años recordamos que ascendieron a
5200 millones de euros.


En cuanto a los programas presupuestarios que incluye el
proyecto —en vísperas de la cita que tiene el Gobierno con los
profesores para negociar el estatuto docente—, lo destinado a
formación permanente del profesorado mantiene una reducción del 92,47%
respecto del presupuesto de 2011. ¿De qué van a hablar con el
profesorado?


El destinado a educación infantil y primaria, comparado con
el presupuesto de 2011, se recorta casi un 40%. En este programa han
desaparecido las dotaciones para el ciclo de 0 a 3 años, en la línea de
lo mantenido por el ministro Wert de que no es una etapa educativa sino
asistencial.


En el programa Educación Secundaria, FP y Escuelas
Oficiales de Idiomas, lo recortado desde 2011 se eleva hasta el 59%, 146
millones. Si lo comparamos con el año 2013, cae 7,5 millones, de los
cuales, 5 millones se recortan en formación profesional, lo que, al
parecer, era también otra prioridad.


Y en lo referido a enseñanzas universitarias, la asfixia a
las universidades es cada vez mayor; se recorta prácticamente un 70% a
las universidades, y en la educación compensatoria, un 23,4%.


Estamos hablando de recortes generalizados en todos los
niveles. Y en cuanto a becas y ayudas, aunque también el crédito en este
caso se aumenta, hay que tener en cuenta que la mayor partida es la
compensación que hay que dar a las universidades, con una diferencia de
142 millones, y el resto, hasta 108 millones, es de becas.


En deportes, el Gobierno sigue igualmente con la tónica de
estrangular el presupuesto del Consejo Superior de Deportes, disminuyendo
las partidas globales, las transferencias corrientes, las inversiones,
etcétera.


En materia de cultura, la política de hostilidad con la
cultura, el problema del canon sin resolver y los recortes evidentes o
camuflados son las líneas maestras del exiguo presupuesto, de 716,4









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millones de euros, para la cultura para 2014. También hay
que tener en cuenta que se ha pasado de 1104 millones de euros, en 2011,
a 716,4, es decir, ha minorado un 35,4%.


Estamos hablando de recortes en todos los ámbitos. El Grupo
Parlamentario Socialista presentó numerosas iniciativas —todas
rechazadas por el voto del Grupo Parlamentario Popular— para dejar
sin efecto la subida del IVA, del tipo impositivo referido a material
escolar y a bienes y servicios culturales.


En definitiva, todo eso, junto con el tema tan escandaloso
de las becas Erasmus…


El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría.


El señor ÁLVAREZ ARECES: Termino ya señor presidente.


Que recuerdo que la Unión Europea acaba de aprobar el marco
financiero plurianual y las aumenta, hasta 15 000 millones de euros, el
40% sobre el presupuesto de las anteriores perspectivas, y el Gobierno de
España dice que las ha minorado la Unión Europea. Es algo verdaderamente
intolerable, de lo que hablaremos mañana.


Recortes en cultura, decisiones pendientes, problemas sin
resolver, son las razones por las que, juntamente con las del ámbito
educativo, vamos a decir que no y a promulgar el veto en esta sección.
(Aplausos.)


El señor PRESIDENTE: Gracias, senador Álvarez Areces.


El Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i
Unió ha presentado la enmienda número 3367.


Para su defensa, tiene la palabra el senador Bagué.


El señor BAGUÉ ROURA: Gracias, señor presidente.


Señorías, buenas noches. Intervengo en nombre de mi grupo
parlamentario con el objeto de exponer el veto que hemos presentado al
Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2014 referido a
la sección 18, que es la que corresponde al Ministerio de Educación,
Cultura y Deportes. Los motivos que han conducido a nuestro grupo a
plantear el mencionado veto son básicamente de carácter económico y como
constatación a la grave discriminación que contienen en la asignación de
los presupuestos públicos para el ejercicio 2014.


Empezamos por cultura. Los datos y los porcentajes son
elocuentes. Del ejercicio presupuestario 2011 a 2014, Cataluña, como
territorio, como comunidad autónoma, pierde un 75% de las aportaciones
del Estado. Sabemos, y de ello somos conscientes plenamente, de la
restricción presupuestaria y de la contención con que necesariamente el
Gobierno tiene que trabajar en la confección de los presupuestos. Sin
embargo, dicho porcentaje es muchísimo más alto que la media española.
Otro ejemplo: se incumple ostensiblemente la Carta de Barcelona, que
tiene rango de ley y que establecía unos recursos para su capitalidad
cultural. En 2011 existía una partida de 9,5 millones de euros y
actualmente dicha consignación ha pasado a cero euros. El Gobierno
incumple una ley vigente. Se abandonan todos los proyectos importantes
previstos, como por ejemplo, la biblioteca provincial de Barcelona o el
archivo provincial de Girona, por poner dos ejemplos que claman al cielo.
¿Cuál es la única ciudad importante en la que sigue sin haberse acometido
la construcción de su biblioteca provincial? Barcelona.


En actividades, en Cataluña hemos pasado de 2,5 millones de
euros a 500 000 euros en el mismo período 2011-2014. Podemos poner
ejemplos múltiples, el Institut d’Estudis Catalans, que es la
academia de la lengua catalana, también sufre un recorte del 75%. El
Institut d’Estudis Catalans fue fundado en 1907 por Enric Prat de
la Riba desde la diputación de Barcelona y, posteriormente desde la
mancomunidad. ¿Cómo puede reducirse la aportación del Estado a dicha
institución sin contravenir de forma flagrante el artículo 3º de la
Constitución Española? ¿Dónde queda lo de que los poderes públicos van a
fomentar y proteger la riqueza de las distintas modalidades lingüísticas
de España? ¿Y dónde queda lo de que las lenguas cooficiales «representan
un patrimonio cultural que será objeto de especial respeto y protección»?
Esta es una cita textual de la Constitución Española. Ni la Real Academia
Española ni el Instituto Cervantes sufren una disminución,
afortunadamente para ellos y para todos, de un 75% en la aportación del
Estado.









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Tampoco se protege a las demás lenguas cooficiales, como el
gallego o el vasco. La misma falta de aportación, la misma disminución en
las aportaciones sufren dichas instituciones. El Estado español no
protege ni ampara las lenguas no castellanas, como es su obligación por
mandato constitucional.


En educación, las Cortes Generales han aprobado
recientemente la LOMCE y, tal y como se denunció en su tramitación, no
aparece consignación alguna para su implantación y despliegue. Las líneas
maestras de estos Presupuestos Generales del Estado son clarísimas:
vaciar programas de cooperación territorial entre el ministerio y las
comunidades autónomas, extinción del plan Educa, disminución severa y
drástica del programa PROA. Los programas más necesarios para el
mantenimiento de la equidad, la cohesión social y el apoyo a los más
débiles son suprimidos sin ningún reparo o bien se reducen sus
asignaciones presupuestarias de manera alarmante.


Nuestro grupo parlamentario es de la opinión de que sería
muy conveniente dar un impulso al primer ciclo de educación infantil, por
ejemplo, al Programa Escuela 2.0, para combatir con eficacia el abandono
escolar prematuro, y también algo tan relevante como un programa de
mejora del aprendizaje, entre otros, de lenguas extranjeras.


También presentamos enmiendas para la financiación gratuita
del segundo ciclo de educación infantil, actualmente abandonado por
completo, así como un programa de cobertura de los libros de texto.


Presentamos asimismo enmiendas relacionadas con los
programas Erasmus y Séneca. Son programas de gran éxito e imprescindibles
para que nuestros jóvenes se eduquen en un mundo más globalizado que
nunca. No encontramos nada de ello en este presupuesto.


Ustedes hablan de un aumento del 10% de las dotaciones
educativas, pero la realidad tozuda de las cifras indica que estamos
situándonos en los niveles de 2006. Estos recortes afectan a la equidad y
a las oportunidades que van a tener los jóvenes en su futuro.


El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría.


El señor BAGUÉ ROURA: Concluyo, señor presidente.


Por una parte, dejamos sin recursos a las comunidades
autónomas, que son las que dan la cara ante los ciudadanos, y al mismo
tiempo les obligamos a hacer ajustes en cuya ejecución es imposible que
la calidad educativa no se vea afectada.


Tampoco podemos dejar esta ocasión sin denunciar otro
reiterado incumplimiento por parte del Gobierno central.


El señor PRESIDENTE: Termine, señoría.


El señor BAGUÉ ROURA: Termino ya.


Existen numerosas sentencias del Tribunal Constitucional en
relación con el traspaso de las becas a las comunidades autónomas, porque
existe un incumplimiento sistemático de aquellas sentencias que no
agradan al Gobierno.


Muchas gracias, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Bagué.


El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya
presenta la enmienda número 1010.


Para su defensa tiene la palabra la senadora Sequera.


La señora SEQUERA GARCÍA: Bona nit, senyor president.


Presento, en nombre del Grupo Parlamentario Entesa pel
Progrés de Catalunya, el veto a la sección 18 de los Presupuestos
Generales del Estado para 2014 en el apartado de educación. Cabe decir
que presenta una ligera, muy ligera, subida respecto a los de 2013. No
obstante este aumento, la cantidad presupuestada necesita mucho recorrido
para llegar a parecerse a la prevista en los presupuestos de 2011 y, cómo
no, para parecerse a la media que destinan los países que integran la
OCDE, a la que tanto le gusta al ministro Wert compararse.


Prácticamente todos los programas sufren descenso en sus
dotaciones respecto a 2013. Precisamente cabe destacar los programas de
formación permanente del profesorado, teniendo en cuenta el papel
fundamental que juegan para la consecución de mejores resultados en la
lucha contra el abandono escolar; el programa de educación infantil y
primaria, etapa clave para alcanzar









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una mejora cualitativa como garantía para afrontar la
secundaria con éxito, y el programa de educación compensatoria, con la
desaparición del programa PROA, de apoyo y refuerzo en centros de
primaria y secundaria.


Si a los recortes en dotación presupuestaria le sumamos la
reducción en más de veinte mil docentes, el aumento de más de quinientos
mil alumnos desde el curso 2009-2010 y la eliminación de apoyos para
alumnos con dificultades, el resultado es un fracaso total, metas
totalmente contrarias en relación con el objetivo que, según el ministro,
se persigue mediante la reforma educativa: mejora de resultados y lucha
contra el abandono escolar temprano.


Aún es más asombroso, cuando no desconcertante, que una
reforma abanderada únicamente por el Gobierno del Partido Popular,
instrumentada por la Ley Wert, no cuente con la dotación necesaria para
su implantación durante el curso 2014-2015. Esta forma de trabajar, de
gobernar, improvisando continuamente y con prisas, demuestra que han
perdido el rumbo.


Por lo que se refiere a las políticas universitarias,
existe una disminución global del 1,72% en relación con 2013. Mención
especial cabe del programa de becas y ayudas y la compensación a las
universidades públicas, que han aumentado en global un 18,49% respecto a
2013, causa fundamental de esa tímida subida en la sección 18.


Respecto a la compensación en universidades, será
insuficiente porque la mayoría de las comunidades autónomas han aumentado
las matrículas. Tanto es así que lo establecido para 2014 en comparación
con el último año en que apareció esta dotación, 2012, supone un recorte
de 148 millones de euros.


En cuanto al Programa Erasmus, dotado con 18 millones, no
se parece ni por casualidad a los 63 millones que tenía de dotación en
2011, también en plena crisis.


Para finalizar, estos presupuestos desenmascaran al Partido
Popular, restan credibilidad a un Gobierno que un día dice que quiere
mejorar la calidad educativa y al día siguiente presenta unos
presupuestos que no dotan de financiación para la implantación de la
LOMCE, supuesta, cuando no falsa, herramienta para alcanzar esa mejora de
la calidad educativa. Han perdido el control, improvisan continuamente, y
todo envuelto en prisas y más prisas. El resultado es un país en deriva,
aunque intenten hacernos creer que estamos saliendo de la crisis. Es un
grave error. Tras estos dos años de Gobierno Popular tenemos un país con
más pobreza, más desigualdad y 7300 millones menos para educación. Eso es
un grave error. (Aplausos.)


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Sequera.


Tiene la palabra, senador Martí.


El señor MARTÍ JUFRESA: Muchas gracias, señor
presidente.


Los presupuestos que nos presenta el Partido Popular para
cultura en la sección 18 son otro ejemplo de lo que realmente entiende
por prioridad para la cultura este Gobierno. La misma prioridad que ha
hecho que en dos años la única ley del Gobierno haya sido la Ley para la
regulación de la Tauromaquia, o sea, ninguna.


Las medidas en política cultural del Partido Popular
reflejadas en los sucesivos presupuestos son las medidas del
estrangulamiento de la cultura. El IVA al 21%, absolutamente
desproporcionado, injustificado e injustificable, es la gran medida
estrella en materia económica para la cultura del Partido Popular. La
segunda medida ha sido una reducción del 90% en los ingresos para los
autores a través del canon por copia privada. El cambio de sistema
conlleva esta drástica reducción. Y la tercera, el presupuesto que
tenemos este año es una continuidad de los dos presupuestos anteriores,
un exiguo presupuesto de 716 millones de euros. Este presupuesto tan
exiguo implica una dejadez del papel de la Administración del Estado en
instituciones culturales clave, por ejemplo, en Barcelona. Como se ha
citado antes, es el segundo año sin convenio de capitalidad cultural para
la ciudad de Barcelona. Pero podríamos añadir el abandono absoluto del
proyecto de biblioteca provincial —Barcelona es la única capital
que todavía no lo tiene— o el desastre en el Gran Teatro del Liceo,
donde la Administración General del Estado es la Administración principal
y por lo tanto quien debería liderar la situación de esta infraestructura
cultural clave.


Por todas estas razones y algunas más que podríamos citar,
el Grupo Parlamentario Entesa mantiene su veto a la sección 18 de este
presupuesto.


Muchas gracias. (Aplausos.)









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El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Martí.


Los senadores Iglesias y Mariscal han presentado la
enmienda número 547.


Para su defensa, tiene la palabra el senador Iglesias.


El señor IGLESIAS FERNÁNDEZ: Muchas gracias, señor
presidente.


Aunque es cierto que en las consignaciones de la sección 18
se produce un ligero incremento en relación con el 2013, de ninguna
manera se compensa el recorte que se ha venido produciendo desde el año
2010, que suma ya un 30,5%. De hecho, estos presupuestos consolidan la
retirada de los compromisos de financiación de la Administración central
del Estado con las comunidades autónomas y además son los primeros
presupuestos de la LOMCE, aunque parece que el Gobierno en su elaboración
no lo tuvo en cuenta y por eso ha sido necesario que el Grupo
Parlamentario Popular en el Senado introduzca modificaciones, a través de
enmiendas, para que aparezca reflejada de forma explícita la puesta en
marcha de la LOMCE.


Los recortes afectan, además, a partidas clave, tanto para
la calidad del sistema educativo como precisamente para aquellos
colectivos que precisan más apoyos y más respaldos. Se produce una rebaja
de las partidas de primaria, secundaria, formación profesional y las
escuelas oficiales de idiomas. Se reduce la partida destinada a la mejora
de la calidad educativa. Se suprimen las partidas destinadas a
investigación y evaluación educativa. Desaparece el Plan Educa3 en
infantil y primaria y el PROA desde infantil hasta formación profesional.
Hay recortes en la partida destinada a las ayudas para libros, haciendo
que esta prácticamente desaparezca. Y lo que sí desaparece, sin ninguna
duda, son las ayudas para ordenadores.


Casi se extingue la partida de formación del profesorado
—como si no fuera relevante para la calidad educativa—, que
aparece en el nombre de la última reforma legislativa en la materia. Y
hay un descenso del 23,4% en las partidas destinadas a educación
compensatoria, que sin duda contribuirá a que se incremente el fracaso
escolar.


La subida en becas en gran parte se debe a la necesidad de
compensar a las universidades por las exenciones a becarios y las
bonificaciones a los estudiantes universitarios que pertenezcan a
familias numerosas, pero cabe incluso tener dudas sobre su ejecución una
vez que se han modificado los criterios para su concesión. Por tanto,
podemos tener una partida que crece inicialmente y que en la ejecución
presupuestaria resulta que decrece, que no alcanza los niveles
necesarios.


En relación con cultura, como solo me quedan veintitrés
segundos, únicamente puedo decir que las partidas de consignación son
absolutamente catastróficas. Yo quiero reflexionar simplemente sobre que
la cultura no es tan solo lo que cada uno de nosotros pensemos que es,
sea de mayor o de menor calidad, sino que es también una industria; es el
sustento de una industria cultural que genera empleo y que contribuye al
crecimiento del producto interior bruto. Por tanto, en ese proceso
anunciado de recuperación económica debiera contarse como un elemento
positivo con las aportaciones que desde el mundo de la cultura se puedan
realizar.


El señor PRESIDENTE: Gracias, senador Iglesias.


En turno en contra, tiene la palabra la senadora
Sampedro.


La señora SAMPEDRO REDONDO: Gracias, señor presidente.


Señorías, a estas horas de la noche me alegra ver que al
menos dos de los grupos admiten una ligera mejoría porque, desde luego,
el detonante en cadena de desastre global que anunció el senador Areces
—como siempre en su línea de apasionamiento—, a pesar de lo
machacón y reiterativo que pueda ser en general el discurso de la
oposición con lo de la falta de equidad e inversión y los diversos
argumentos que hayan dado a lo largo de sus intervenciones para
justificar los vetos a esta sección, mi grupo tiene la clara consciencia
de que este es un presupuesto creíble, un presupuesto que se puede
cumplir, un presupuesto racional que está en un contexto como el actual,
de crisis económica y, evidentemente, como todos hemos dicho aquí y es
cierto puesto que lo muestran los indicadores y lo dice ya todo el mundo,
hay indicios de recuperación, pero eso no quita que tengamos que seguir
encuadrándolo todavía dentro de un marco de austeridad necesaria y de
contención del gasto. ¿Y a qué nos lleva esto? A que hay que priorizar,
que es la clave. Los datos, las cifras están ahí, señor Areces, porque
usted ha sido el que más lo ha criticado, y tienen la virtud de no
engañar puesto que son objetivos.









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El presupuesto del ministerio en su conjunto contempla
incrementos, un 7% respecto a 2013; un 10,6% de incremento en política
educativa. Pero sobre todo es muy gráfico que en la Secretaría de Estado
de Educación se incremente un 13%, lo que implica que la prioridad se
hace sobre la calidad en educación, y más relevante aún es ese 67% que
aumenta el programa de becas. Yo comprendo que ese 21% que suponen los
250 millones de euros que se aumentan este año para becas, que llega a
una cifra de 1411 millones de euros para becas generales, que es la mayor
partida presupuestaria de la historia, que ni siquiera el Partido
Socialista cuando gobernó en tiempos de bonanza, y no de austeridad como
en los que estamos ahora, fue capaz de superarlo en ningún caso,
demuestra el compromiso que tiene este Gobierno con la igualdad de
oportunidades que ustedes tanto nos reclaman en falso. Igualdad de
oportunidades es mantener el acceso a la educación en etapas
postobligatorias, y el Gobierno lo quiere cumplir.


Hay otras partidas que dan coherencia a este criterio. Como
comentó el senador Iglesias, la formación permanente de profesorado sube
un 19%; servicios complementarios de enseñanza, que incluyen la educación
especial, sube un 18%; hay 3 millones de euros para TIC; y está el punto
neutro, respecto del que no quisieron llegar en el Congreso a ningún
acuerdo pero que va a beneficiar a muchas familias; hay un 8% para
formación de profesorado universitario; y un millón de euros para un
nuevo programa de másteres conjuntos transcontinentales.


Sin duda hay partidas que descienden, sobre todo las que
son de gasto propio de la secretaría, y hay también otras que se
mantienen o que descienden levemente, pero como les dijo el otro día la
secretaria de Estado en la comparecencia, no se trata aquí de hacer una
carrera o una lista de cuáles son las que bajan un poco y de las que
bajan un poco menos después de todas las que he dicho que suben. De lo
que se trata es de saber que como ahora no se hacen los presupuestos como
los hacían ustedes, para gastar, gastar y gastar sin tener freno, hay que
priorizar. Y si ustedes quieren priorizar, podrían decirnos, en vez de a
becas generales, a qué partidas querrían destinarlo, pero quitándolo de
las becas generales que hemos aumentado haciendo este esfuerzo, y
entonces se lo explican también a los beneficiarios. A mi grupo le queda
claro que hay que ver esas partidas que aumentan, ver lo minucioso del
encaje que se ha hecho para que todo cuadre y se pueda cumplir. Es un
presupuesto racional, un presupuesto social, que tiene muy claras las
prioridades: la calidad, la igualdad y la empleabilidad.


En lo que respecta al área de cultura, voy a ser muy breve;
pero hay un incremento de un 7%, si excluimos las operaciones
comerciales, y de un 57% si se incluyen. A mí me parece que sería
destacable el programa Platea, que aporta 6 millones de euros para que
los espacios escénicos de titularidad municipal —son 1858—
sean mejor aprovechados. De este modo se repartirían los costes entre las
administraciones locales y el INAEM y se podría promocionar. También este
año se va a reabrir el Museo Arqueológico Nacional y se han mantenido con
importante esfuerzo las aportaciones al Thyssen y a museos como el MACBA
o el MAC.


En resumen, y concluyendo, no hay razones de peso en sus
argumentos, por muchos argumentos —la verdad, falaces— que
nos dé señor Álvarez Areces. Le oigo hablar de la educación de 0 a 3 y me
entran dudas. En 2004, cuando el señor Zapatero llevaba en su programa
—página 73— 1000 millones de euros para el año siguiente para
la educación de 0 a 3, ¿cuánto le correspondió a Asturias? Porque, al
final, si no tengo mal entendido, la cosa no llegó ni a un 5% de lo que
había prometido. Es que pedir y prometer es muy fácil, pero luego, a la
hora de la verdad, usted, que gobernó, sabe bien a qué nos referimos. Hay
que ser creíble y este Gobierno lo es.


Voy a dejar ya la intervención aquí, porque me reiteraría y
no tiene ningún sentido. Las personas son lo importante en este
presupuesto, que es un presupuesto social, un presupuesto que mantiene,
sobre todo, la prioridad de la equidad en la becas y ustedes lo
saben.


Muchas gracias. Por supuesto, vamos a votar en contra de
sus vetos. (Aplausos.)


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Sampedro.


Pasamos a la sección 19.


El Grupo Parlamentario Socialista ha presentado la enmienda
número 2936.


Para su defensa, tiene la palabra el senador
Martínez-Aldama.









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El señor MARTÍNEZ-ALDAMA SÁENZ: Gracias, presidente.


Señorías, los Presupuestos Generales del Estado, sin duda,
son una herramienta capital en la política económica de un país. Pero
tengo que reiterarles —porque ya lo dije en la comisión— que
lo que presenta el Gobierno del Partido Popular para el año 2014 tiene
dos problemas. En primer lugar, que son una película de ficción o un
cuento chino, como se quiera llamar —también lo han explicado así
otros portavoces—, y, en segundo lugar, y que me parece también muy
grave, es que no hay ninguna estrategia, ninguna, para la creación de
empleo, que es lo que España necesita. Cuando se pregunta a los
ciudadanos cuál es su principal preocupación, contestan que es el empleo.
Sin embargo, no hay ninguna estrategia colectiva en el presupuesto para
generar empleo.


Fíjese qué contradicción. El Gobierno prevé un crecimiento
del 0,7%. Hoy decía el señor Montoro que han sido, incluso, cautos en la
previsión. Pero es insuficiente para crear empleo. Tan es así que el
propio presupuesto reconoce que el próximo año habrá una caída del empleo
del 0,2%, es decir, que el Gobierno que anuncia la recuperación reconoce
por escrito que el próximo año se perderán 120 000 empleos. Claro, ¿cómo
cuadra esto con lo que decía públicamente hace poco tiempo el señor
Rajoy: crearé un millón de puestos de trabajo en dos años? Hombre, si en
2014 no se crea ningún empleo, al revés, el Gobierno va a destruir 120
000, ¿va a crear el Gobierno un millón de empleos en 2015? Es imposible.
Es que en política la mentira tiene las patas cortas. Y el Gobierno
reconoce que en 2014 no habrá creación de empleo. Todo lo contrario, se
puede decir que llevamos tres presupuestos del Partido Popular, tres, y
los tres destruyendo empleo, de forma que en el cómputo global, la
gestión del Partido Popular se puede resumir en que a día de hoy tenemos
ya un millón de empleos destruidos. Ese es el resumen de la política de
empleo del presupuesto del Partido Popular.


Claro, siguen en sus errores. Hay un recorte de las
prestaciones por desempleo del 5% para 2014. Dice el Gobierno: ¡No, no!
—cuando se presentó—, habrá un incremento del 10% dedicado a
la protección por desempleo. Pero no es verdad, porque en 2013 el
presupuesto aprobado fue de 26 696 millones. Después, el Gobierno
—y se lo advertimos— hizo en julio un modificado ampliándolo
en 4410 millones de euros, de forma que lo que el Gobierno del Partido
Popular destinó finalmente fueron más de 31 000 millones de euros. Por lo
tanto, si para 2014 lo presupuestado son 29 429 millones, significa que
este año próximo habrá un recorte en protección por desempleo de 1700
millones de euros. Luego incremento del 10%, nada. Bajada, sí. Por cierto
—y quiero dejar constancia de ello aquí—, un recorte del 31%
en las partidas destinadas a los subsidios por desempleo, es decir, a la
gente que más lo necesita.


Señor presidente, señorías, este presupuesto registra un
nuevo recorte en las políticas activas de empleo, porque aunque diga el
Gobierno que aumentan en un 7,2% en 2014, lo que hay es un recorte del
45% desde el año 2011. Hay dos ejemplos que demuestran el hachazo del
Partido Popular a las políticas activas de empleo para 2014. Uno, la
partida destinada a la contratación de desempleados por parte de
ayuntamientos. Aquí hay muchos alcaldes del Partido Popular y me gustaría
que dijeran alto y claro si les parece bien que esa partida, que el año
pasado era de 388 millones de euros, se quede tan solo en 500 000 euros,
prácticamente un recorte del 100% de lo que se destinaba a convenios con
ayuntamientos. Otro, el recorte del 90% de los fondos destinados a la
modernización y mejora de los servicios públicos de empleo; es decir, se
pasa de 488 millones de euros a tan solo 48 millones, eso sí, ya se han
preocupado ustedes de incrementar la ayuda a las ETT.


En resumen —y acabo, señor presidente—, los
presupuestos del Partido Popular en materia de empleo para el año 2014
prevén más paro. Por tanto, que nadie espere recuperación de empleo el
próximo año porque el propio Gobierno reconoce que habrá más paro. Y, en
segundo lugar, habrá más recortes en prestaciones y en subsidios,
mientras que, a juicio de mi grupo, lo que procede es todo lo contrario.
De ahí la enmienda a esta sección 19, de empleo, y a los presupuestos del
Partido Popular.


Muchísimas gracias. (Aplausos.)


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador
Martínez-Aldama.


El Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i
Unió ha presentado la enmienda número 3420.


Para su defensa, tiene la palabra la senadora
Rieradevall.









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La señora RIERADEVALL TARRÉS: Gracias, señor
presidente.


El Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado
para 2014 relativo a la presente sección no da respuesta a los
principales problemas que tienen la sociedad y la economía para salir de
la crisis, crear empleo, mantener el Estado del bienestar y mejorar la
competitividad de nuestra economía. Estos presupuestos carecen de alma
social. Es incomprensible que ante el drama del paro este Gobierno no
haya aprobado aún un plan de choque a favor del empleo. En mi grupo no
nos cansamos ni nos cansaremos de repetir e insistir en la importancia de
este plan de choque, el cual es imprescindible. Es urgente la creación de
empleo y el incremento de cotizantes a la Seguridad Social. Asimismo, ha
bajado la inversión por persona parada, pasando de 1550 euros en el año
2011 a 682 euros en el año 2014, algo totalmente descabellado e
incoherente con la situación económico-social que sufren los ciudadanos.
No es lógico, no es objetivo, ni tiene sentido. Como también es
incomprensible la insuficiente inversión y la disminución del presupuesto
en políticas activas de empleo y, dicho sea de paso, el retraso en las
transferencias a las comunidades autónomas para políticas activas de
empleo. Es imposible que las comunidades autónomas puedan hacer una
política de empleo seria cuando a principios del mes de noviembre se
aprobaron las transferencias del año 2013. No se prevén bonificaciones a
la Seguridad Social y, por otro lado, la insuficiente revalorización de
las pensiones, a las que se va a aplicar en 2014 un incremento inferior
al que va a experimentar el coste de la vida y al margen del Pacto de
Toledo. Un 0,25% es totalmente insuficiente para personas que se
encuentran en una situación delicada y que, a su vez, son el único sostén
económico de muchas familias afectadas por el drama del paro, que ven
cómo suben las tasas municipales, cómo sube la gasolina o cómo va a subir
el recibo de la luz, por ejemplo, más de un 3%. Y la verdad, un 0,25%
deviene sencillamente irrisorio, una burla a la dignidad de los
pensionistas.


Por todo ello, mi grupo presenta propuesta de veto para la
impugnación de las secciones 19 y 60.


Gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora
Rieradevall.


El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya
presenta la enmienda número 1011.


Para su defensa, tiene la palabra el senador Guillot.


El señor GUILLOT MIRAVET: Gràcies, senyor president.


Señorías, es evidente que la principal preocupación de este
Gobierno ha sido y es —y así se ha reiterado— la devaluación
interna, y el principal instrumento para poder conseguir esta devaluación
es y sigue siendo la reforma laboral. Ustedes creen que con esta reforma
laboral, con esta devaluación interna España será más competitiva.
Seguramente al bajar los costes podremos entrar más en los mercados
extranjeros, pero la verdad es que ese tipo de competitividad significa
pan para hoy y hambre para mañana. Y esto es lo que justifica y explica
que esta reforma laboral haya dejado un escenario tan desolador como el
que ahora les voy a describir.


España es uno de los países de la Unión Europea con un
menor porcentaje de personas activas, estamos por debajo del 60%; el
paro, por encima del 25%, y se prevé que estos datos van a durar durante
años. Hay estudios que dicen que hasta dentro de veinte años no podremos
recuperar unos índices de ocupación deseables. Hay casi 3 millones de
parados de larga duración; hay una caída del empleo estable; hay una
caída del empleo público, 400 000 personas; el paro juvenil se sitúa por
encima del 55%, por cierto el Gobierno aún no ha presentado el plan de
garantía juvenil; hay un incremento de la temporalidad, 9 de cada 10
contratos son en precario y 4 de cada 10 son a tiempo parcial; hay una
caída de las personas cotizantes a la Seguridad Social, unas 600 000, y
casi 2 millones de desempleados sin prestación. Esa, señorías, es la
realidad de nuestro mercado laboral. Los peores pronósticos que hicimos
sobre la reforma se están cumpliendo. En un año se han destruido 630 000
empleos.


Ante una situación así, yo les pediría —y no sé si
será la señora Peris la portavoz del Grupo Popular— que no nos
vengan con que si tal o cual dato ha mejorado o si tal o cual dato
debidamente torturado y políticamente autotorturado capta la opinión que
uno quiere. La situación es catastrófica y no recibe del Gobierno la
respuesta adecuada ni en las políticas generales para el relanzamiento de
nuestra economía, único instrumento para la creación de empleo, ni
—y esto justifica el veto a esta sección— en las políticas
sectoriales del Ministerio de Empleo. En 2014 el Servicio Público de









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Empleo Estatal dispondrá de menos recursos para los
parados, ya que verá disminuidos sus recursos en un 6,1% en comparación
con la liquidación prevista para el 2013.


También quiero insistir en otro concepto, y es que los
presupuestos no son como empiezan, sino como acaban, y en muchas
cuestiones habrá que ver cuál ha sido la evolución presupuestaria de
muchas partidas con las ampliaciones que se han producido.


Señorías, este Gobierno pretende que con un 21% menos de
recursos en términos reales que en el 2011 se atienda a un 22% de
personas desempleadas más, lo cual es imposible. Lo de con menos haremos
más, en la historia, hoy por hoy, solo se ha demostrado con la
multiplicación de los panes y los peces, y la hizo quien la hizo. Dudo
que este Gobierno sea capaz de multiplicar los panes y los peces, y menos
en las políticas de empleo. Disminuyen también las partidas destinadas a
la formación profesional un 1,8% y la partida destinada al Instituto
Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo un 4%.


Los tristes éxitos de este Gobierno en materia de empleo y
todos ellos muy aplaudidos por los empresarios son: la reducción de los
salarios un 5%; facilitar el despido y abaratarlo; la precarización
laboral; la preeminencia de los intereses del empresario por encima de
los intereses de los trabajadores; el recorte de los derechos laborales y
sindicales. Hoy los trabajadores con convenio se han reducido un 28% y
los ERE no pactados se han incrementado en el 2013 un 30%, y en la
privatización de los servicios de empleo la partida destinada al fomento
de las agencias de colocación crecerá un 50%.


Su respuesta a la crisis y al paro es la desregulación del
mercado laboral. Han desequilibrado aún más a favor de los empresarios
las relaciones entre capital y trabajo. Esto es y será una fuente de
conflictos y de aumento de la litigiosidad, y más con figuras ya
impugnadas judicialmente, como es el nuevo contrato para el
emprendimiento, joya de la reforma laboral.


Señorías, el PP y su Gobierno han optado por una economía
de baja calidad, con trabajo de mala calidad, y ese es un error
estratégico que indica que este Gobierno no ha sacado ninguna lección de
las causas que provocaron esta crisis.


Por todo ello, presento este veto en nombre de la Entesa
pel Progrés de Catalunya.


Gràcies, senyor president.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Guillot.


Los senadores Iglesias y Mariscal han presentado la
enmienda número 658.


Para su defensa, tiene la palabra el senador Iglesias.


El señor IGLESIAS FERNÁNDEZ: Gracias, señor presidente.


Sin duda alguna, la principal preocupación de los españoles
es la situación de desempleo y no hace falta acudir a las encuestas del
CIS para conocer que no podía ser de otra manera, que el drama del
desempleo es la expresión más cruda de esta crisis y que, por lo tanto,
este presupuesto, la política del Gobierno debiera tener como principal
argumento y objetivo la lucha contra el paro.


La emergencia social que vive nuestro país debiera
traducirse en que el conjunto de los recursos de los que las
administraciones disponen se pusieran al servicio de la generación
inmediata de empleo como elemento de real dinamización económica y de
superación de situaciones personales angustiosas. Sin embargo, ni esa es
la estrategia del Gobierno ni este presupuesto refleja otra cosa que la
búsqueda de elementos para seguir encontrando mecanismos que reduzcan la
aportación a las prestaciones por desempleo, renunciando al desarrollo de
políticas activas de empleo que contribuyan a generarlo.


En el debate del pasado ejercicio, uno de los elementos que
en materia de empleo el Partido Popular y el Gobierno barajaban con más
intensidad era precisamente el fracaso de las políticas activas de empleo
y la inutilidad de los incentivos públicos para la generación. Ese
discurso se ha revisado solo de forma parcial, casi cosmética, como
consecuencia de que se va a contar con recursos europeos para impulsar la
lucha contra el paro juvenil en nuestro país, pero en todo lo demás este
presupuesto refleja el firme convencimiento del Partido Popular de los
argumentos que le llevaron a poner en marcha recortes, tanto en políticas
activas de empleo ―este presupuesto, como han dicho otros
portavoces, significa una disminución de las transferencias a las
comunidades autónomas para ello― como los propios recursos con los
que va a contar el Servicio Público de Empleo Estatal para políticas
activas. Pero, además, como también se afirmó,









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a la hora de consignar el importe de las prestaciones por
desempleo se produce un recorte muy importante sobre la cantidad
realmente ejecutada en el ejercicio 2013.


El Partido Popular, que nos habla de recuperación económica
y de creación de empleo, en sus previsiones solo establece un descenso de
unas pocas décimas, poco más de medio punto; sin embargo, a la hora de
establecer las consignaciones presupuestarias para las prestaciones por
desempleo, realiza un ajuste del 10% sobre lo realmente ejecutado.


¿Qué se nos quiere decir con esto? Que habrá más parados
sin prestaciones y que aquellos parados que reciban prestaciones, estas
serán inferiores en gran parte como consecuencia de las últimas reformas
que se han impuesto en materia de desempleo.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Iglesias.


En turno en contra, tiene la palabra la senadora Peris.


La señora PERIS JARQUE: Gracias, señor presidente.


Señorías, buenas noches a todos.


Evidentemente, anuncio nuestro voto en contra de los vetos
presentados.


Me gustaría destacar algunos aspectos del presupuesto de la
sección 19, Ministerio de Empleo y Seguridad Social. El presupuesto del
Ministerio de Empleo y Seguridad Social se enmarca en el contexto de
recuperación global, basado en un crecimiento del 0,7% del PIB
―estimación prudente, como ya se ha dicho―, facilitando la
vuelta al crecimiento económico y a la creación de empleo. Se trata de un
presupuesto responsable que busca el equilibrio entre la contención del
gasto y el impulso de la recuperación como base de un crecimiento
sostenido.


El Ministerio de Empleo y Seguridad Social es el que cuenta
con una mayor dotación presupuestaria, ya que su presupuesto no
financiero asciende a 26 544 millones de euros, un 1,5% más, incluyendo
las transferencias al Servicio Público de Empleo Estatal y a la Seguridad
Social.


Las partidas de carácter social destinadas al pago de las
prestaciones por desempleo y aquellas que se dirigen al gasto en
pensiones, absorben 31 752 millones de euros; incluye las pensiones
contributivas y las no contributivas, un 19,8% más que en 2013. La
partida que se destinará al desempleo recibirá 8,4 euros de cada 100
euros que ingrese el Estado.


La disminución —es cierto— en la partida
encargada de la protección por desempleo se debe única y exclusivamente a
que el cuadro macroeconómico se muestra optimista con la evolución del
paro, y estima que el desempleo en función de la población activa cierre
2013 en el 26,6% en lugar del 27,1% estimado hasta ahora, y para 2014,
también prudentemente, se estima un 25,9%.


Los créditos destinados en 2014 para el conjunto de las
políticas para el empleo, la protección por desempleo, prestaciones
económicas por cese de actividad de los autónomos, y otras prestaciones y
actuaciones laborales, ascienden a 35 358 millones de euros, creciendo un
7,9% con respecto al ejercicio anterior.


Respecto al FOGASA se incrementa 500 millones de euros, es
decir, un 58,4%. Me gustaría también destacar el importante esfuerzo que
el Estado ha realizado, en un contexto de contracción del gasto del que
estamos hablando, al incrementar la aportación al SEPE, al Servicio
Público de Empleo Estatal, en un 41,30% respecto del ejercicio anterior.
Ese aumento supone 14 000 millones de euros. Esta circunstancia demuestra
el compromiso del Gobierno de garantizar el abono de las prestaciones
para el desempleo y financiar políticas que permitan el acceso al empleo
de las personas desempleadas.


También me gustaría destacar que se incrementa la dotación
para financiar las políticas activas de empleo en un 7,22%, a pesar otra
vez del escenario de contracción del gasto. Este incremento se concreta
en las bonificaciones de fomento del empleo que incluyen, entre otras, el
fomento de la contratación de jóvenes y la financiación del contrato de
formación y aprendizaje, en consonancia con la iniciativa de empleo
juvenil que aprobará la Comisión Europea, o bonificaciones de fomento del
trabajo autónomo en consonancia con la Estrategia de Emprendimiento y
Empleo Joven, aprobada en febrero de 2013, así como las bonificaciones a
la contratación del personal investigador de cara a fomentar el gasto en
I+D+i como mecanismo de desarrollo económico.


Por otra parte, se garantiza una dotación suficiente para
hacer frente a los gastos derivados del Programa Prepara para todo el año
2014, en consonancia con la reforma regulada en el Real Decreto Ley
1/2013, de 25 de enero, que permite la prórroga automática del programa
mientras la tasa de paro se sitúe por encima del 20%. Esta situación
supone que el Estado se esfuerza en









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insertar a los más desfavorecidos o a los que tienen
mayores dificultades. Se dota de 191,87 millones de euros más que en
2013, llegando hasta los 357,37 millones de euros. Asimismo, se mantiene
la dotación necesaria para financiar las ayudas para personas
discapacitadas, lo cual de nuevo demuestra un compromiso firme para
insertar a los más desfavorecidos.


La formación para el empleo se financia con 100 millones de
euros de aportación del Estado adicionales a las cantidades que se prevé
recaudar por la cuota de formación profesional, lo que supone un
compromiso del Gobierno con la formación profesional para el empleo a
pesar del actual contexto económico. Se mantiene la dotación para
financiar la AEPSA y las ayudas en zonas rurales deprimidas, así como la
financiación de ayudas para mejorar la inserción de las personas con
discapacidad.


Respecto al Plan de Empleo Juvenil, que se ha de entender
enmarcado en la Estrategia de Emprendimiento y Empleo Joven, todos
conocen el Fondo Social Europeo que se aprobará a partir de 2014, que
para España —ya se ha comprometido— serán 1800 millones de
euros para empezar.


Y respecto a la crítica general de que en la sección 19 no
existe ninguna política de creación de empleo, hay que decir que toda la
política económica de este Gobierno, la laboral incluida, está orientada
hacia la mayor prioridad que tiene esta sociedad y este Gobierno que es
devolver a este país a la senda de crecimiento y a la creación de
empleo.


Muchas gracias. (Aplausos.)


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Peris.


Señorías, se suspende la sesión hasta mañana a las nueve de
la mañana. Buenas noches.


Eran las veintitrés horas y cuarenta minutos.