14. REGLAMENTO DEL SENADO

14.1. DICTÁMENES DE COMISIÓN

14.1.1. Propuesta de reforma del Reglamento del Senado por
la que se modifican los artículos 92 y 93.

Comisión: Reglamento

(Núm. exp. 626/000002)

15. PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY

15.1. DICTÁMENES DE COMISIONES

15.1.1. Proyecto de Ley de Evaluación Ambiental. SE TRAMITA
POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA.

Comisión: Medio Ambiente y Cambio Climático

(Núm. exp. 621/000052)

Página
7891

Congreso de los Diputados en lo modificado por las
enmiendas 677 a 701 del Grupo Parlamentario Popular en el Senado y 390
del señor Eza Goyeneche, la señora Salanueva Murguialday y el señor
Yanguas Fernández, del Grupo Parlamentario Mixto.

El señor Alturo Lloan defiende las enmiendas 702 a 787, del
Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió.

La señora Moreno Ruiz y los señores Gil García y Álvarez
Villazán, así como las señoras Flores Fernández y Fernández Pena y el
señor Álvarez Areces defienden las enmiendas del Grupo Parlamentario
Socialista números 788 a 796 y la vuelta al texto remitido por el
Congreso de los Diputados en lo modificado por las enmiendas 677 a 701,
del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, y 226 y 390, del señor Eza
Goyeneche, la señora Salanueva Murguialday y el señor Yanguas Fernández,
del Grupo Parlamentario Mixto.

En turno en contra hacen uso de la palabra la señora
González García, el señor Sastre Álvaro y la señora De Haro Brito, por el
Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

En turno de portavoces intervienen el señor Martínez
Oblanca, la señora Capella i Farré y el señor Iglesias Fernández, por el
Grupo Parlamentario Mixto; las señoras Martínez Muñoz, por el Grupo
Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV), y Sequera García, por el
Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya; así como los señores
Alturo Lloan, por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado
Convergència i Unió; Álvarez Villazán y Álvarez Areces, por el Grupo
Parlamentario Socialista; y Peral Guerra, por el Grupo Parlamentario
Popular en el Senado.

12. ESTATUTOS DE AUTONOMÍA

12.1. CONOCIMIENTO DIRECTO

12.1.1. Propuesta de reforma de la Ley Orgánica 4/1982, de
9 de junio, de Estatuto de Autonomía de la Región de Murcia.
(Votación.)

(Núm. exp. 605/000001)

Autor: ASAMBLEA REGIONAL DE MURCIA

7947

Se aprueba con el siguiente resultado: presentes, 225;
votos emitidos, 222; a favor, 222.

El señor presidente informa a la Cámara de que queda
definitivamente aprobada por las Cortes Generales la Propuesta de
reforma.

13. PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY

13.1. DICTÁMENES DE COMISIONES

13.1.1. Proyecto de Ley de garantía de la unidad de
mercado. SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA.

Comisión: Economía y Competitividad

7948

(Núm. exp. 621/000051)

El señor López Rodríguez, presidente de la comisión,
presenta el dictamen.

Se inicia el debate de totalidad.

El señor Mariscal Cifuentes defiende la propuesta de veto
número 1, del señor Iglesias Fernández y este senador, del Grupo
Parlamentario Mixto.

La señora Capella i Farré, del Grupo Parlamentario Mixto,
defiende su propuesta de veto número 2.

El señor Unamunzaga Osoro defiende la propuesta de veto
número 3, del señor Aiartza Azurtza, el señor Goioaga Llano, la señora
Mendizabal Azurmendi y el señor Unamunzaga Osoro, del Grupo Parlamentario
Mixto.

El señor Guillot Miravet defiende la propuesta de veto
número 4, de este senador y el señor Saura Laporta, del Grupo
Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya.

El señor Montilla Aguilera defiende la propuesta de veto
número 5, de la senadora Almiñana Riqué, los senadores Boya Alós,
Bruguera Batalla, Martí Jufresa, Montilla Aguilera, Sabaté Borràs y la
senadora Sequera García, del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de
Catalunya.

La señora Iparragirre Bemposta defiende la propuesta de
veto número 8, del Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV).

El señor Alturo Lloan defiende la propuesta de veto número
7, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió.

El señor Alique López defiende la propuesta de veto número
6, del Grupo Parlamentario Socialista.

En turno en contra hace uso de la palabra el señor Vallines
Díaz, por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

En turno de portavoces intervienen la señora Iparragirre
Bemposta, por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV); los
señores Guillot Miravet, por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de
Catalunya; Alturo Lloan, por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado
Convergència i Unió; Alique López, por el Grupo Parlamentario Socialista,
y Utrera Mora, por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

Se suspende la sesión a las quince horas y cincuenta
minutos.

Se reanuda la sesión a las dieciséis horas.

Se procede a la votación de las propuestas de veto.

Se rechaza la propuesta de veto número 1 con el siguiente
resultado: presentes, 221; votos emitidos, 221; a favor, 81; en contra,
140.

Se rechaza la propuesta de veto número 2 con el siguiente
resultado: presentes, 221; votos emitidos, 220; a favor, 79; en contra,
141.

Se rechaza la propuesta de veto número 3 con el siguiente
resultado: presentes, 221; votos emitidos, 221; a favor, 80; en contra,
141.

Se rechaza la propuesta de veto número 4 con el siguiente
resultado: presentes, 221; votos emitidos, 221; a favor, 80; en contra,
141.

Se rechaza la propuesta de veto número 5 con el siguiente
resultado: presentes, 221; votos emitidos, 221; a favor, 80; en contra,
141.

Se rechaza la propuesta de veto número 8 con el siguiente
resultado: presentes, 221; votos emitidos, 220; a favor, 80; en contra,
140.

Se rechaza la propuesta de veto número 7 con el siguiente
resultado: presentes, 221; votos emitidos, 221; a favor, 80; en contra,
141.

Se rechaza la propuesta de veto número 6 con el siguiente
resultado: presentes, 221; votos emitidos, 221; a favor, 80; en contra,
141.

11.1.2. Proyecto de Ley Orgánica para la mejora de la
calidad educativa.

Comisión: Educación y Deporte (Votación.)

7972

(Núm. exp. 621/000048)

Se procede a la votación

7972

Se rechazan todas las enmiendas.

Se aprueban las propuestas de modificación con números de
registro 61581 y 61582.

Se aprueban, en un solo acto, aquellas partes del proyecto
de ley orgánica enmendadas en comisión y no comprendidas en la votación
anterior.

Se aprueba, en un solo acto, el resto del proyecto de ley
orgánica.

El señor presidente anuncia el traslado de las enmiendas
aprobadas al Congreso de los Diputados para que este se pronuncie sobre
las mismas en forma previa a la sanción del texto definitivo por S.M. el
Rey.

13.1.1. Proyecto de Ley de garantía de la unidad de
mercado. SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA. (Continuación.)

Comisión: Economía y Competitividad

7989

(Núm. exp. 621/000051)

Comienza el debate de los votos particulares.

El señor Mariscal Cifuentes defiende las enmiendas 1 a 21,
del Grupo Parlamentario Mixto, originariamente presentadas por el señor
Iglesias Fernández y este senador.

El señor Quintero Castañeda defiende la enmienda 22, del
Grupo Parlamentario Mixto, originariamente presentada por este senador y
el señor Zerolo Aguilar.

La señora Iparragirre Bemposta defiende las enmiendas 131 a
156, del Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV).

El señor Guillot Miravet defiende las enmiendas 23 a a 36,
del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya.

El señor Montilla Aguilera defiende las enmiendas del Grupo
Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya números 37 a 59 y la vuelta
al texto remitido por el Congreso de los Diputados en lo modificado por
las enmiendas157 a 165, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

El señor Alturo Lloan defiende las enmiendas del Grupo
Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió números 83 a 130 y
la vuelta al texto remitido por el Congreso de los Diputados en lo
modificado por la enmienda 164, del Grupo Parlamentario Popular en el
Senado.

El señor Manchado Lozano defiende las enmiendas del Grupo
Parlamentario Socialista números 60 a 82 y la vuelta al texto remitido
por el Congreso de los Diputados en lo modificado por las enmiendas 157 a
165, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

En turno en contra hace uso de la palabra el señor Vallines
Díaz.

En turno de portavoces intervienen los señores Quintero
Castañeda, por el Grupo Parlamentario Mixto; Montilla Aguilera, por el
Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya; Alturo Lloan, por el
Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió; Manchado
Lozano, por el Grupo Parlamentario Socialista, y Vallines Díaz, por el
Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

Se procede a la votación

8005

Se rechazan todas las enmiendas.

Se aprueban, en un solo acto, aquellas partes del proyecto
de ley enmendadas en comisión y no comprendidas en la votación
anterior.

Se aprueba, en un solo acto, el resto del proyecto de
ley.

El señor presidente anuncia el traslado de las enmiendas
aprobadas al Congreso de los Diputados para que este se pronuncie sobre
las mismas en forma previa a la sanción del texto definitivo por S.M. el
Rey.

14. REGLAMENTO DEL SENADO

14.1. DICTÁMENES DE COMISIÓN

14.1.1. Propuesta de reforma del Reglamento del Senado por
la que se modifican los artículos 92 y 93. (Votación.)

Comisión: Reglamento

8011

(Núm. exp. 626/000002)

Se aprueba la Propuesta de reforma con el siguiente
resultado: presentes, 221; votos emitidos, 220; a favor, 217; en contra,
3.

15. PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY

15.1. DICTÁMENES DE COMISIONES

15.1.1. Proyecto de Ley de Evaluación Ambiental. SE TRAMITA
POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA.

Comisión: Medio Ambiente y Cambio Climático

8011

(Núm. exp. 621/000052)

La señora Ruiz Ruiz, presidenta de la comisión, presenta el
dictamen.

Se inicia el debate de totalidad.

El señor Iglesias Fernández defiende la propuesta de veto
número 1, de este senador y el señor Mariscal Cifuentes, del Grupo
Parlamentario Mixto.

La señora Capella i Farré, del Grupo Parlamentario Mixto,
defiende su propuesta de veto número 2.

El señor Saura Laporta defiende la propuesta de veto número
4, del señor Guillot Miravet y este senador, del Grupo Parlamentario
Entesa pel Progrés de Catalunya.

El señor Boya Alós defiende la propuesta de veto número 5,
de la señora Almiñana Riqué, el señor Boya Alós, el señor Bruguera
Batalla, el señor Martí Jufresa, el señor Montilla Aguilera, el señor
Sabaté Borràs y la señora Sequera García, del Grupo Parlamentario Entesa
pel Progrés de Catalunya.

El señor Maluquer Ferrer defiende la propuesta de veto
número 6, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i
Unió.

El señor Fidalgo Areda defiende la propuesta de veto número
3, del Grupo Parlamentario Socialista.

En turno en contra hace uso de la palabra la señora Pons
Vila, por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

En turno de portavoces intervienen la señora Mendizabal
Azurmendi y el señor Iglesias Fernández, por el Grupo Parlamentario
Mixto; los señores Sabaté Borràs, por el Grupo Parlamentario Entesa pel
Progrés de Catalunya; Maluquer Ferrer, por el Grupo Parlamentario Catalán
en el Senado Convergència i Unió; Fidalgo Areda, por el Grupo
Parlamentario Socialista, y Aparici Moya, por el Grupo Parlamentario
Popular en el Senado.

Se procede a la votación de las propuestas de veto.

Se rechaza la propuesta de veto número 1 con el siguiente
resultado: presentes, 191; votos emitidos, 191; a favor, 59; en contra,
126; abstenciones, 6.

Se rechaza la propuesta de veto número 2 con el siguiente
resultado: presentes, 192; votos emitidos, 192; a favor, 60; en contra,
126; abstenciones, 6.

Se rechaza la propuesta de veto número 4 con el siguiente
resultado: presentes, 193; votos emitidos, 193; a favor, 60; en contra,
127; abstenciones, 6.

Se rechaza la propuesta de veto número 5 con el siguiente
resultado: presentes, 193; votos emitidos, 192; a favor, 59; en contra,
127; abstenciones, 6.

Se rechaza la propuesta de veto número 6 con el siguiente
resultado: presentes, 191; votos emitidos, 191; a favor, 59; en contra,
126; abstenciones, 6.

Se rechaza la propuesta de veto número 3 con el siguiente
resultado: presentes, 193; votos emitidos, 193; a favor, 60; en contra,
127; abstenciones, 6.

Comienza el debate de los votos particulares.

El señor Iglesias Fernández defiende las enmiendas 1 a 57,
de este senador y el señor Mariscal Cifuentes, del Grupo Parlamentario
Mixto.

El señor Fuster Muniesa defiende las enmiendas 58 a 60, de
este senador, la señora Ibarz Ibarz y la señora Santos Fernández, del
Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

El señor Quintero Castañeda defiende las enmiendas 61 a 69,
del Grupo Parlamentario Mixto, originariamente presentadas por este
senador y el señor Zerolo Aguilar.

El señor Cazalis Eiguren defiende las enmiendas 368 a 453,
del Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV).

El señor Boya Alós defiende las enmiendas del Grupo
Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya números 172 a 271 y la
vuelta al texto remitido por el Congreso de los Diputados en lo
modificado por las enmiendas 70, 71 y 72, del Grupo Parlamentario Popular
en el Senado.

El señor Saura Laporta defiende las enmiendas 272 a 327,
del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya.

El señor Maluquer Ferrer defiende las enmiendas 328 a 367,
del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió.

El señor Fidalgo Areda defiende las enmiendas del Grupo
Parlamentario Socialista números 73 a 171 y la vuelta al texto remitido
por el Congreso de los Diputados en lo modificado por las enmiendas 70,
71 y 72, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

En turno en contra hace uso de la palabra el señor Elena
Núñez, por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

En turno de portavoces intervienen los señores Cazalis
Eiguren, por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV);
Maluquer Ferrer, por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado
Convergència i Unió; Fidalgo Areda, por el Grupo Parlamentario
Socialista, y Aparici Moya, por el Grupo Parlamentario Popular en el
Senado.

Se procede a la votación

8049

Se rechazan todas las enmiendas.

Se aprueban las propuestas de modificación con números de
registro 61707 y 61708.

Se aprueba, en un solo acto, el resto del proyecto de
ley.

El señor presidente anuncia el traslado de las enmiendas
aprobadas al Congreso de los Diputados para que este se pronuncie sobre
las mismas en forma previa a la sanción del texto definitivo por S.M. el
Rey.

Se levanta la sesión a las veintitrés horas.

Página
7897

trabajando intensamente y sobre las que hay un razonable
grado de acuerdo. Y, como es natural, señorías, les pido el voto
afirmativo para reformar la ley orgánica que nos ocupa.

Nada más, y muchas gracias, señor presidente.
(Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador
Peñarrubia.

¿Turno en contra? (Pausa.)

No hay turno en contra.

Pasamos al turno de portavoces.

Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el
senador Iglesias.

El señor IGLESIAS FERNÁNDEZ: Gracias, señor presidente.
Buenos días.

Voy a intervenir de forma muy sintética para anunciar el
voto favorable de los senadores de Izquierda Unida a este proyecto de
reforma del Estatuto de Autonomía de Murcia, en primer lugar, porque si
nos reivindicamos como una Cámara territorial, con carácter general esta
Cámara ha de mostrarse respetuosa con las decisiones que las Cámaras de
las comunidades autónomas adoptan. Por lo tanto, la aprobación por la
Asamblea de Murcia de esta reforma del estatuto de autonomía es una
invitación inexcusable a que el Senado respalde tal decisión. En segundo
lugar, porque Izquierda Unida de Murcia también respaldó esta reforma, a
pesar de que en un primer momento, en el momento inicial, expresó su
reservas e incluso su voto negativo frente al proyecto que se planteaba
aduciendo razones de peso. No había habido una negociación previa. Se
reivindicaba una reforma de más calado que hiciera referencia a los
ámbitos competenciales para situar a la comunidad autónoma en un mayor
nivel de autogobierno y, por lo tanto, con mayor capacidad para resolver
las preocupaciones y los problemas de los ciudadanos.

Por otro lado, la experiencia en el ámbito del Estado del
uso que está haciendo el Gobierno del Partido Popular de la figura del
real decreto ley no era precisamente un incentivo para respaldar que esta
figura fuese introducida en el Estatuto de Autonomía murciano. Sin
embargo, a lo largo de la tramitación del proyecto, y fruto de los
contactos y las negociaciones oportunas que se pusieron en marcha, se
lograron compromisos políticos que permitieron modificar el sentido del
voto inicial. El que la mayoría gobernante en Murcia aceptara plantear el
estudio de una reforma electoral y la creación de una comisión al
respecto, que también se planteara y se asumiera la posibilidad de
reformar los sistemas de financiación, o que se pusiera sobre la mesa la
necesidad de reformar el Reglamento y de hacer una interpretación más
flexible mientras esa reforma se sustanciaba, llevaron a Izquierda Unida
de Murcia a respaldar este texto. Y hoy me felicito de poder también en
el Senado votar a favor de él.

Muchísimas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Iglesias.

Por el Grupo Parlamentario Vasco, tiene la palabra el
senador Bildarratz.

El señor BILDARRATZ SORRON: Muchas gracias, señor
presidente. Buenos días.

Intervengo únicamente para manifestar nuestro voto
favorable, como no puede ser de otra manera, a esta modificación,
entendiendo que es una necesidad evidente y objetiva, como se ha visto en
las últimas situaciones complicadas que ha vivido la Comunidad Autónoma
de Murcia. En este sentido, es importante que se incorpore la opción del
decreto ley, además de respetar, evidentemente, la voluntad que el
Parlamento y la comunidad autónoma tienen de autoorganizarse.

Por tanto, sentimos un gran respeto por la voluntad que los
propios murcianos tienen dentro de su capacidad de autoorganización.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, senador Bildarratz.

Por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya,
tiene la palabra el senador Bruguera.

El señor BRUGUERA BATALLA: Senyor president, amb la
vènia.

Buenos días, señorías. Efectivamente, estamos tratando la
modificación puntual, la modificación parcial, aunque no menor, del
Estatuto de Autonomía de la Región de Murcia para incorporar en su
artículo 30 la posibilidad y el uso de la figura del decreto ley.

Durante muchísimos años la figura del decreto ley se ha
configurado únicamente como una competencia del Gobierno estatal. Y fue
precisamente a partir de hace unos años, con algunas reformas
estatutarias, con los llamados nuevos estatutos o estatutos de segunda
generación, cuando se vino incorporando esta posibilidad en algunos de
ellos, como en el caso del Estatut d´Autonomia de Catalunya, del año
2006, concretamente en su artículo 63.

Esta posibilidad trae causa, está regulada en el artículo
86.1 de la Constitución Española, que dice: En caso de extraordinaria y
urgente necesidad, el Gobierno podrá dictar disposiciones legislativas
provisionales que tomarán la forma de decretos leyes... Se trata, pues,
de disposiciones legislativas provisionales —repito:
provisionales— que deben ser convalidadas posteriormente por los
respectivos Parlamentos y su naturaleza tiene que ser de extraordinaria y
urgente necesidad; por ejemplo, catástrofes naturales, epidemias graves o
determinadas decisiones políticas que deben ser tomadas rápidamente, con
extrema urgencia. El objeto es dotar de capacidad legal a los Gobiernos
para dar una respuesta inmediata, una respuesta urgente, con mayor
efectividad y eficacia, a cuestiones sobrevenidas de extrema necesidad y
urgencia.

En el caso del Gobierno central, y durante la actual
legislatura, señorías, es obvio, es evidente —lo hemos denunciado
repetidas veces en esta Cámara— lo que nosotros consideramos un uso
y abuso de la figura del real decreto ley por parte del Gobierno del
Partido Popular. Exactamente, si no hemos hecho mal las cuentas, ha
habido cuarenta y tres reales decretos leyes en lo que llevamos de
legislatura, de los cuales únicamente doce se han tramitado como
proyectos de ley, evidentemente por el trámite de urgencia, y han pasado
por esta Cámara. El resto, treinta y uno decretos leyes, no han pasado
por el Senado; únicamente han sido convalidados por el Congreso de los
Diputados, cuando bastantes de ellos tienen que ver con cuestiones y
competencias autonómicas, por lo tanto, hurtando a esta Cámara, al
Senado, a la Cámara de representación territorial, una de sus funciones
más importantes y, desde nuestro punto de vista, contraviniendo la letra
y el espíritu del artículo 86.1 de la Constitución Española.

En cuanto a la comunidad de la Región de Murcia, es
evidente —lo ha dicho el portavoz del Grupo Parlamentario
Popular— que en los últimos tiempos hemos asistido a determinadas
catástrofes, desgraciadas catástrofes, como el terremoto de Lorca o las
inundaciones del año pasado. Y si el Gobierno hubiese dispuesto de esta
capacidad probablemente, casi con toda seguridad, se podría haber actuado
de una manera mucho más rápida y eficaz.

Como ya se ha dicho, estamos tratando la cuarta reforma del
Estatuto de Autonomía de Murcia. El primero se aprobó en el año 1982, y
las reformas son de los años 1991, 1994 y 1998.

Finalizo, señorías, anunciando el voto favorable de mi
grupo parlamentario, Entesa pel Progrés de Catalunya, por dos razones
fundamentales. La primera, porque es una reforma estatutaria que ha
llegado a las Cortes Generales y a esta Cámara con un amplio consenso,
con el total consenso de las tres fuerzas políticas representadas en el
Parlamento de la Región de Murcia. Y la segunda, y no menor, por el
respeto escrupuloso de mi grupo parlamentario a las decisiones de un
Parlamento autonómico en el uso y el ejercicio de sus competencias.

Nada más. Muchas gracias, y buenos días.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Bruguera.

Por el Grupo Parlamentario Convergència i Unió, tiene la
palabra la senadora Candini.

La señora CANDINI I PUIG: Gràcies, senyor president.

Quiero dar la bienvenida a los representantes de la Región
de Murcia y decir que el Grupo Parlamentario Convergència i Unió siempre
apoyará aquellas reformas que el Parlamento de una comunidad autónoma
plantee en el ejercicio de su soberanía.

La gobernanza del siglo XXI es aquella capaz de dar
soluciones de una manera mucho más directa a las necesidades de sus
ciudadanos. Queda muy lejos la verticalidad del poder, la democracia no
se practica a partir de la verticalidad del poder.

Permítanme hacer algunas consideraciones, sobre todo a los
representantes de la Región de Murcia, basadas estrictamente en la
experiencia. Como buenos vecinos, como hermanos del conjunto del Estado
español, permítanme decirles que nuestra experiencia no es buena; no es
buena, en tanto que —ustedes lo saben perfectamente— en
Cataluña se aprobó un estatuto en el año 2006 y, a pesar de eso, se
incumple de manera sistemática por parte del Gobierno del Estado.

Si se analiza lo que ha pasado en las comunidades autónomas
en los últimos dos años da la impresión de que las administraciones
locales y las administraciones de las comunidades autónomas no están
preparadas para trabajar con el objetivo común de mejorar el bienestar de
los ciudadanos, impulsar el empleo o facilitar la salida de la crisis; y
parece que sean administraciones rivales. Es evidente que eso no es así
en absoluto.

También les podemos hablar de las sentencias del Tribunal
Constitucional que no se cumplen. El Gobierno del Estado siempre defiende
la Constitución, pero, sorprendentemente, no cumple las sentencias del
Tribunal Constitucional cuando le son contrarias. No las cumple en lo
referente a distribuir entre las comunidades autónomas el 0,7% del
impuesto sobre la renta destinado a fines de interés social. Y no las
cumple en múltiples convocatorias de temas vinculados con las políticas
de bienestar social, políticas culturales, políticas industriales,
etcétera.

La reducción de transferencias de las comunidades autónomas
de los años 2012, 2013 y 2014 también acaba justificando esta poca
maniobra por parte de la propia autonomía, a pesar de lo que diga su
estatuto. Por no hablar de la recentralización. En el trámite en las
Cortes Generales, diecisiete de las leyes que se están tramitando invaden
competencias de las autonomías. En todo caso, es verdad que el elemento
jurídico con que se acaba justificando esta maniobra es poner con
carácter básico aquello que los estatutos tienen desde el punto de vista
de su propia competencia.

En definitiva, deseamos mucha suerte a la Asamblea del
Parlamento de la Región de Murcia. Insisto en que la gobernanza del siglo
XXI es aquella capaz de dar soluciones, no únicamente en el caso
desgraciado de Lorca, sino ante cualquier otra cuestión. Repito que no
existe la democracia a partir de la verticalidad del poder. Por tanto,
confíen en que si les hablamos como buenos vecinos, desde la experiencia,
es para que ustedes tomen nota. En definitiva, sí a la reforma del
Estatuto de Murcia, no de manera sistemática a invadir competencias, no
al proceso de centralización, y no tampoco al proceso de ahogo financiero
a pesar de la capacidad de inversión de cada una de las diferentes
regiones, en este caso también con una economía productiva y rica.

Por todo ello, mucha suerte. Que les respeten. Y, si es
así, tomaríamos nota.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Candini.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el
senador Ortiz.

El señor ORTIZ MOLINA: Muchas gracias, señor
presidente.

Señorías, permítanme en primer lugar que salude y dé la
bienvenida a los representantes del Parlamento regional de Murcia, los
señores Ruiz y López, a su vez representantes del Grupo Parlamentario
Popular y el Grupo Parlamentario Socialista, respectivamente. Sean
bienvenidos.

Señoras y señores senadores, se somete a la aprobación por
esta Cámara la propuesta de reforma del Estatuto de Autonomía de la
Región de Murcia. Es esta una reforma, tal y como se ha dicho por otros
portavoces, puntual, a mi juicio también necesaria, a los solos efectos
de que el Gobierno regional pueda disponer de la figura del decreto en el
ejercicio de su función de gobierno. Así, se contempla que, en caso de
extraordinaria y urgente necesidad, el Consejo de Gobierno podrá dictar
disposiciones legislativas provisionales en forma de decreto ley.

Esta redacción es literalmente acorde con la previsión de
la Constitución en relación con el Ejecutivo nacional, que en su artículo
86 determina que, en caso de extraordinaria y urgente necesidad, el
Gobierno podrá dictar disposiciones legislativas provisionales que
tomarán la forma de decretos leyes.

Quiero llamar la atención, y así lo han hecho otros
portavoces, en el sentido de que esta figura legislativa está siendo
objeto de polémica por considerar que se está haciendo un uso abusivo de
ella por parte del Gobierno de la nación. Su literalidad no admite dudas:
en caso de extraordinaria y urgente necesidad. Sin embargo, la realidad
cotidiana es otra.

Deseamos que el Gobierno de la Región de Murcia haga el uso
adecuado de esta opción legislativa y no caiga, por el contrario, en la
práctica abusiva que de ella se viene haciendo en el ámbito estatal, como
acabo de reseñar.

Es cierto que la modificación estatutaria que se somete a
nuestra consideración tiene un origen controvertido, pues fue votada en
contra por los grupos parlamentarios que están en oposición en

el Parlamento regional, circunstancia esta que,
afortunadamente, se ha superado al abrirse un proceso de negociación
posterior que ha permitido finalmente el consenso sobre esta reforma.

Nadie puede arrogarse, a mi juicio, comportamiento digno de
imitación. Sin embargo, permítanme decir que cualquier ocasión, por
mínimamente apropiada que sea, representa la excusa suficiente que
debemos aprovechar, y yo pretendo hacerlo desde esta tribuna, a cuarenta
y ocho horas del espectáculo que hemos contemplado en el Congreso de los
Diputados con la reforma del Estatuto de Castilla-La Mancha. ¿Para qué?
Para resaltar y reivindicar la virtud esencial que ayuda al avance y
perfeccionamiento de la convivencia democrática. Esta no es otra que la
capacidad de negociación y acuerdo, sobre aspectos sustanciales al menos,
de una sociedad. Quien no entiende esto sencillamente no es un demócrata,
y quien lo entiende solo lo es si lo practica. (Aplausos.) Me estoy
refiriendo, señorías, a lo que entendemos como consenso y que con
bastante acierto hemos practicado para construir el sistema político que
tanto bien ha propiciado a nuestro país en momentos graves de nuestra
historia reciente y que tanto echamos de menos últimamente.

El consenso no requiere el acuerdo de todos los afectados,
eso sería la unanimidad; se alcanza con que quienes se oponen a la
decisión que se adopta atenúen su rechazo y toleren pacíficamente la
disidencia. Gracias al consenso una sociedad puede alcanzar la
convivencia armoniosa en la que se asienta la manera más eficaz y
eficiente de avanzar por la senda de la libertad, el progreso y el
bienestar.

Cualquier sistema político puede tratar de legitimarse en
que pretende el bien común. Sin embargo, los demócratas solo aceptamos la
legitimidad de los sistemas políticos que, pretendiendo el bien común,
sitúan la fuente del poder en el ciudadano y persiguen además ese bien
común renunciando a la imposición, que no a la fuerza legítima cuando es
preciso, por entender que toda imposición implica violencia; y la
democracia es, por su propia naturaleza, pacífica. Si es preciso se
recurre a la fuerza, pero nunca a la violencia.

En el proceso de reforma del estatuto que se somete a la
consideración del Senado en el día de hoy, visto su recorrido y
desenlace, se ha utilizado la fuerza de una mayoría parlamentaria
legítima para alcanzar un objetivo pero se ha renunciado a la violencia
de la imposición. Porque, aun cuando la reforma que se pretende, como he
dicho, ha sido contestada en un primer momento por la minoría, se ha
abierto un espacio de diálogo con un horizonte de negociación y acuerdo
sobre la discrepancia que ha permitido finalmente la aceptación pacífica
del desacuerdo, es decir, se ha posibilitado el consenso.

Esta es, señorías, la razón fundamental por la que, aun no
estando totalmente de acuerdo con lo que se pretende por entender que se
excluyen otros aspectos quizá más sustanciales que la propia reforma, el
Grupo Parlamentario Socialista del Senado votará a favor de reformar el
Estatuto de Autonomía de la Región de Murcia en los términos que se ha
tramitado; y lo haremos, señoras y señores senadores, sin ningún tipo de
reserva.

Concluyo, señor presidente, diciendo que esperamos que esta
reforma del Estatuto de Autonomía de la Región de Murcia contribuya a un
mejor autogobierno en aquella querida tierra, que es la mía, en beneficio
de todos sus ciudadanos y ciudadanas. Y lo hago, además, con el deseo de
que la negociación que se viene desarrollando en el seno del Parlamento
regional dé sus frutos y concluya felizmente. Estamos seguros de que así
será.

Muchas gracias, señorías, y muchas gracias, señor
presidente. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Ortiz.

Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el
senador Peñarrubia.

El señor PEÑARRUBIA AGIUS: Gracias, señor presidente.

Señorías, no quisiera yo empañar el debate y dejar algunas
sombras de duda en el Diario de Sesiones sobre lo que debía haber sido
una unanimidad en aras de la voluntad mayoritaria —perdonen la
redundancia— unánime de la Asamblea Regional de Murcia.

Pero algunos portavoces se han salido de lo que es el
propio debate de la reforma del Estatuto de Autonomía de la Región de
Murcia y, aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid, han hecho una
serie de valoraciones sobre otras cuestiones.

Yo creo que el respeto debe ser mutuo. Carné o patente de
demócratas no lo da nadie, y menos al Partido Popular, que gobierna con
mayorías cada vez más incrementadas en la Región de Murcia desde
1995.

Senador Ortiz, lamento que le haya tocado en esta Cámara de
las Cortes Generales hacer ese papel. Es el sí pero no. Lo apoyo pero
critico. Aprovecho que viene el Estatuto de Murcia y miro para
Castilla-La Mancha. Me parece que es poco razonable y que le hacemos un
flaco favor a los intereses generales de los murcianos sacando del
contexto de un debate de reforma de autonomía otras cuestiones que no
vienen al caso.

En cualquier caso, como no quiero empañar —lo he
dicho al principio— este debate, muchas gracias, señorías, muchas
gracias a todos los grupos parlamentarios por apoyar esta reforma que va
en beneficio de las aspiraciones, inquietudes y legítimos derechos de los
ciudadanos de Murcia.

Muchísimas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador
Peñarrubia.

Ya avanzamos ayer que, terminado el debate sobre la reforma
del estatuto, la votación se producirá cuando votemos las enmiendas del
Proyecto de Ley Orgánica para la mejora de la calidad educativa, teniendo
en cuenta que de las manifestaciones de todos los portavoces se desprende
que la votación de esta reforma va a ser afirmativa. Doy mi enhorabuena a
los representantes de la Asamblea de Murcia que han querido acompañarnos
hoy en esta tramitación y a toda la Comunidad de Murcia.

Muchas gracias. (Aplausos de varios señores senadores
puestos en pie.)

11. PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY

11.1. DICTÁMENES DE COMISIONES

11.1.2. PROYECTO DE LEY ORGÁNICA PARA LA MEJORA DE LA
CALIDAD EDUCATIVA. (Continuación.)

COMISIÓN: EDUCACIÓN Y DEPORTE

(Núm. exp. 621/000048)

El señor PRESIDENTE: Pasamos al siguiente punto del orden
del día. Retomamos el trámite del Proyecto de Ley Orgánica para la mejora
de la calidad educativa con el debate de las enmiendas. Comenzamos por
las del Grupo Parlamentario Mixto, enmiendas números 1 a 65, 67 a 184,
187, 189 a 191, 193 a 225 y 227 a 389. Los senadores Iglesias y Mariscal
han presentado las enmiendas números 1 a 65, 67 a 181. Los senadores Eza,
Salanueva y Yanguas, las enmiendas números 182 a 184, 187, 189 a 191, 193
y 389. El senador Martínez Oblanca ha presentado las enmiendas números
194 a 225. Y la senadora Capella las números 227 a 388.

Para la defensa de las enmiendas presentadas por los
senadores Iglesias y Mariscal, tiene la palabra el senador Iglesias.

Senador Iglesias, disponen de 30 minutos a compartir entre
todos los miembros del Grupo Parlamentario Mixto.

El señor IGLESIAS FERNÁNDEZ: Buenos días, señor presidente,
señorías. Intentaré acotar al máximo el uso del tiempo.

Hemos presentado ciento ochenta y una enmiendas y nos ha
sido estimada una, lo cual, como pueden suponer sus señorías, no es razón
suficiente para que respaldemos el texto. No puedo evitar recordar a un
buen amigo penalista, que cuando defiende a un cliente para el que el
Ministerio Fiscal pide, pongamos como ejemplo, catorce años y al final lo
condenan a trece años y seis meses, entiende que se ha valorado el
trabajo de la defensa. Yo creo que con su enmienda han valorado el
trabajo enmendante de este grupo, pero reitero que no justifica que
acabemos votando a favor del texto.

Enmendamos la exposición de motivos porque en ella se
argumentan los contenidos ideológicos que después se articulan a través
de las modificaciones del texto legal. Por eso, aunque no sea frecuente,
un número importante de enmiendas van dirigidas a modificar la exposición
de motivos.

Planteamos una primera enmienda de máximos que supondría la
supresión de esa exposición de motivos. Y luego hemos presentado
enmiendas parciales que buscan la supresión de la referencia al concepto
talento. Ayer, en la defensa del veto apunté ya las razones que
fundamentan nuestra

desconfianza y escepticismo ante el manejo que se hace de
tal concepto. Planteamos la supresión del párrafo quinto que supedita el
sistema educativo a la consecución de objetivos como la competitividad o
el crecimiento económico. Pensamos que el sistema educativo no debe ser
incompatible con la competitividad ni con el crecimiento económico, pero
que ha de ser inspirado por otros valores, los valores propios de la
condición humana. Proponemos que se sume la equidad al objetivo de
calidad para que no haya una exclusión que dé como resultado que la
búsqueda de la calidad signifique el sacrificio de la equidad. Entendemos
que para hacer compatibles ambos conceptos es imprescindible el que se
apoye la integración y la atención a la diversidad, lo cual choca con las
políticas de ajuste y de recorte que se han venido aplicando a lo largo
de estos dos años.

El texto de esta exposición de motivos, que pretende
destacar el papel de la familia y busca ser respetuoso con el principio
de libertad, acaba supeditando la planificación de las necesidades del
sistema educativo a la demanda social. Entendemos que no debe ser esta
una de las líneas maestras del sistema educativo porque pensamos, además,
que la familia es muy importante e imprescindible como elemento que
contribuye a la formación y, también, como elemento que ha de ser
partícipe de las decisiones que se tomen en el desarrollo del sistema
educativo, pero el derecho a la educación no es de la familia, el derecho
a la educación es de los niños y de los jóvenes. Y el ejercicio y el
respeto a ese derecho debe ser la prioridad absoluta.

Pedimos la supresión de las referencias al estudio PISA
porque entendemos que se manipulan sus datos y conclusiones. Lo mismo
digo respecto a la referencia que se hace a la OCDE porque no es cierto
que las conclusiones de la OCDE sean las que se reflejan en esta
exposición de motivos. De hecho, el informe Equidad y calidad de la
educación de esta organización internacional recomienda evitar la
segregación a edad temprana —así lo impone este texto—,
empezar pronto la educación —lo cual choca con la visión del texto
de que la primera fase de la etapa de educación infantil, el 0-3, debe
tener un carácter fundamentalmente asistencial más que educativo—,
y advierte de los peligros de la plena libertad de elección de centros
por ser un mecanismo que, llevado a su últimos términos, genera
segregación y, en consecuencia, mantiene las desigualdades.

Reivindicamos la dotación de recursos suficientes.
Entendemos que, frente a los datos que ayer manejaba el señor ministro de
Educación, el compromiso de financiación del sistema educativo del Estado
español debe ser alcanzar el 6% del producto interior bruto y que ello
permita ir a grupos más reducidos, a una formación cualificada de los
docentes, a la incorporación en los centros de trabajadores sociales y de
mediadores interculturales y a la participación de la familia en la toma
de decisiones.

Rechazamos la autonomía financiera, por lo tanto,
planteamos su supresión porque abre el establecimiento de ranking entre
los centros y las posibles esponsorizaciones privadas. Por contra,
reivindicamos la autonomía pedagógica como un mecanismo que permite a los
centros ofrecer una formación adecuada a las necesidades socioeconómicas
y socioculturales de los niños y jóvenes y que se corresponde con el
ámbito territorial que comprende el centro.

Planteamos el reforzamiento de la participación democrática
y la elección democrática de la dirección.

Suprimimos el apartado ocho que plantea las pruebas
externas, al igual que el nueve que adelanta la mutilación del currículo.
Suprimimos el apartado diez, que establece los itinerarios que segregan.
Igual que el trece, pues es falso que, como ayer debatíamos y defendía el
ministro, se modernice el sistema educativo y tampoco la formación
profesional. También planteamos la supresión del catorce porque no es
cierto que la eliminación de Educación para la Ciudadanía sea la
respuesta a una vocación de evitar el adoctrinamiento cuando
simultáneamente se mantiene y se refuerza el papel de la enseñanza de la
religión.

Enmiendas al articulado. La incorporación a los principios
y contenidos educativos de la enseñanza de la lengua de signos. El
rechazo a la nueva definición del sistema educativo por situar al mismo
nivel el conjunto de agentes públicos y privados. Rechazo también a la
introducción a los principios educativos de planteamientos
mercantilistas. Añadimos, como instrumento con el que ha de contar el
sistema educativo, a las asociaciones de madres y padres y a los
sindicatos de docentes y estudiantes. Planteamos la supresión de la FP
básica como un itinerario temprano y segregador. Defendemos que se regule
la educación infantil como un tramo unitario y estrictamente educativo.
Enmendamos, para suprimir el capítulo que hace referencia al currículo,
la distribución de competencias, creemos que hay una invasión. Rechazamos
el modelo organizativo por

asignaturas y planteamos como alternativa que sean los
ámbitos de conocimiento más amplios los que fomenten la enseñanza
transdisciplinar.

En relación con las competencias, reiteramos que hay
invasión y recentralización del currículo junto a una reducción y
devaluación de asignaturas que son imprescindibles para la formación
integral. Se sacrifican contenidos en búsqueda de ese dorado que es la
empleabilidad.

En educación primaria pedimos que se suprima el objetivo de
desarrollo del espíritu emprendedor. La verdad es que yo no sé si quieren
que la niña de Rajoy venda las chuches en el patio del colegio con un
justo margen de beneficio. Creemos que a esas edades hacer planteamientos
de carácter emprendedor resulta, en primer lugar, adoctrinador
—también adoctrinamiento— y, en segundo lugar, inútil porque
son otras, afortunadamente, las preocupaciones que mueven a los niños en
esta etapa.

Defendemos el mantenimiento del carácter de etapa global e
integradora, por lo que rechazamos se parcele el área de conocimiento del
medio natural, social y cultural, así como que se abra la posibilidad de
que a propuestas de comunidades autónomas o centros se creen más
asignaturas; entendemos que ya están bastante cargados los niños en estas
edades.

Planteamos una redacción alternativa al artículo de
evaluación para que esté al servicio de la mejora del proceso de
aprendizaje, evitando que esta sirva para establecer un proceso selectivo
que parte del prejuicio de que un grupo de alumnos está inevitablemente
abocado al fracaso. El sistema educativo tiene que tener como objetivo
fundamental y último que ningún alumno fracase.

Proponemos la supresión de la prueba de reválida externa al
finalizar la etapa. Creemos que de esta manera se está despreciando la
evaluación continua realizada por los profesores a lo largo de la etapa
que consideramos es un mecanismo mucho más adecuado y eficaz.

En relación con la educación secundaria obligatoria,
defendemos que se organice la etapa en dos ciclos de dos cursos en vez de
uno de tres y uno de uno, como plantea el proyecto, porque además este
último ciclo de un año acaba siendo una mera preparación a la reválida;
en coherencia, si queremos suprimir la reválida, planteamos una etapa con
dos ciclos de dos cursos.

Modificamos la organización de la etapa para establecer
como básicas todas y cada una de las áreas con materias comunes, con
independencia de la carga horaria que vayan a tener y su distribución por
ciclos y cursos, para explicitar un modelo de educación integral. Se debe
mantener el área de ciencias de la naturaleza, sin menoscabo de que en el
segundo ciclo se pueda estructurar en dos materias diferenciadas:
biología y geología, por una parte, y física y química, por otra. Además,
planteamos una educación artística obligatoria y continuada.

Creemos que el modelo de organización debe ser a partir de
ámbitos de conocimiento amplios en vez de asignaturas. Rechazamos que el
alumnado al inicio del tercer curso deba elegir entre una opción que
aboque al bachillerato o que conduzca a la formación profesional.
Rechazamos la distribución entre asignaturas troncales y asignaturas
específicas: Educación Plástica, Música, Ética, Tecnología, II Lengua
Extranjera, y que, además, se dé a la Religión y a su alternativa el
mismo trato que a las troncales, y que se tenga que cursar en todos los
años. Proponemos por contra mantener la Educación para la Ciudadanía y
Derechos Humanos.

En la organización del cuarto curso creemos que hay que
prescindir también del emprendimiento y que se mantenga de forma
transversal la educación en valores en vez de ser una nueva educación
cívica cargada de ideología.

Los alumnos cursarán en primero y segundo como máximo dos
asignaturas más que en el último ciclo de educación primaria.
Introducimos medidas para el tratamiento de la diversidad tan pronto se
detecten dificultades para alcanzar el objetivo de la etapa, sin que ello
signifique en ningún caso segregación.

Suprimimos la organización planteada para el cuarto curso
como paso a la reválida. Defendemos la dotación de servicios de
orientación educativa, psicopedagógica y profesional en los centros
públicos y un incremento de la plantilla y reducción de las ratios.

Planteamos programas de diversificación curricular.
Pensamos que se deben mantener puesto que han funcionado y deben tener
continuidad, y que no se sustituyan por programas de mejora de
aprendizaje y del rendimiento en primer ciclo porque eso lleva al inicio
de la separación del tronco común a edad muy temprana, en segundo, o sea,
13 años.

Introducimos que la promoción se haga a través de una
evaluación para tener información sobre el proceso de aprendizaje y el
grado de consecución de los objetivos correspondientes al objeto de poner

en marcha medidas de apoyo y recuperación; aquí entraría la
enmienda asumida, la número 66. Pensamos que la repetición es una medida
inadecuada, por contra, los centros deben contar con medios para
organizar estrategias de enseñanza y planes de apoyo personalizado.
Rechazamos el itinerario hacia la formación profesional básica y la
reválida de cuarto.

Planteamos que quien concluya la ESO sin la titulación
correspondiente tenga atención educativa para la continuación de sus
estudios y la obtención del título una vez cumplidos los 16 años.

Bachillerato. Frente a las tres modalidades del proyecto,
ciencias sociales, humanidades y artes, planteamos, como mínimo, que sean
cuatro, incorporando tecnología. El bachillerato se organizará también en
materias, más que en asignaturas. Se debe mantener abierta la posibilidad
de que se creen nuevas modalidades en función del desarrollo de las
ciencias y las artes; y del bachillerato ha de salirse con capacidad de
comprensión de las diferentes disciplinas científicas que se podrán
cursar en estudios superiores que permitan completar una formación
interdisciplinar. Planteamos la supresión de la distribución de las
modalidades de bachillerato que realiza el proyecto porque resulta
caótica; eliminar las Matemáticas es una de las cuestiones que se está
intentando resolver. Suprimimos el artículo 34 bis. 5 por invadir
competencias de las comunidades autónomas que cuentan con lengua propia.
Planteamos la supresión de la evaluación y que se mantenga en la
promoción la actual regulación que está orientada según los principios de
evaluación formativa y el apoyo al proceso de enseñanza y aprendizaje.
Lógicamente, también suprimimos la reválida. Excluimos que para el acceso
a la universidad se realice un nuevo tipo de prueba generalizada de
carácter selectivo.

Formación profesional. No a la FP básica. Planteamos que
los ciclos formativos de grado medio y superior se impartan en institutos
y centros integrados de referencia nacional y no se vuelva a los viejos
centros de FP. Entre los objetivos, añadimos adquirir las competencias
básicas en tecnología de comunicación y en lenguas extranjeras.
Rechazamos que para el acceso a las ciencias formativas de grado superior
los centros puedan establecer pruebas propias. Rechazamos también la
reválida. Introducimos la exigencia de que se incrementen progresivamente
las plazas públicas de ciclos de grado medio y superior. Frente a la
formación dual, presentamos como alternativa los cursos de
especialización para completar los ya titulados.

Otras cuestiones, rápidamente. Las escuelas de idiomas
impartirán cursos para formación profesional. En la regulación de la
escolarización introducimos que el alumnado que presente necesidades
educativas especiales recibirá una enseñanza regida por los principios de
normalización e inclusión que asegurará su no discriminación. En casos
excepcionales, la edad de escolarización podrá prolongarse más allá de
los 21 años. Suprimimos la reválida de la ESO también en la formación de
adultos.

Cuestiones diversas ya de forma telegráfica. En materia de
admisión, una de las más importantes es el mantenimiento de las zonas
escolares y que sea la Administración educativa la que fije los criterios
de adscripción de los centros a las zonas. Rechazamos la supresión del
carácter prioritario del criterio de proximidad para la admisión. No
aceptamos que los centros públicos o privados concertados reserven el 20%
de plazas bajo el criterio de rendimiento académico del alumnado.
Rechazamos también la existencia de centros que tengan reconocida una
especialización curricular. Nos negamos al concierto de centros
segregados, y menos que en virtud de una enmienda asumida esto se haga
con efectos retroactivos; aquí la pregunta es: ¿quién va a pagar esos
efectos retroactivos? ¿El Gobierno de la nación que promueve esta reforma
o las comunidades autónomas que la van a padecer?

Proscribimos que centros públicos o privados concertados
puedan recibir a través de fundaciones y asociaciones aportaciones de las
familias. Planteamos que en el primer ciclo de infantil la docencia la
impartan maestros y no otro personal. Pretendemos que se regule un
estatuto básico de la función pública. En relación con la programación de
la red de centros, esta no debe quedar supeditada a la demanda social ni
que se suprima la obligación de la Administración educativa de garantizar
la oferta pública de plazas suficientes en todos los niveles. La
Administración educativa debe garantizar tanto las plazas en centros
públicos como el cumplimiento de la norma de admisión en los públicos y
en los concertados. Rechazamos la reducción de funciones del claustro y
del Consejo Escolar en favor del director. Planteamos la supresión de la
consideración de la enseñanza de religión como área o materia en los
niveles educativos de oferta obligatoria con los criterios que marque en
la evaluación la autoridad religiosa. Defendemos la

supresión de la competencia de gestión de los recursos
humanos a través de los directores. No es posible que se establezcan
requisitos y méritos específicos para ocupar puestos de interinos o que
se puedan rechazar interinos de las bolsas. No aceptamos los expertos en
dominio de lenguas extranjeras como profesores de programas bilingües o
plurilingües. Todo lo relativo a las lenguas oficiales invade
competencias, por lo que debe prescindirse de ello. Planteamos otra
perspectiva de la convivencia que no se base en un régimen sancionador.
Creemos que la cooperación de los municipios para la obtención de solares
solo debe imponerse cuando sea para centros públicos. En coherencia con
otras enmiendas, planteamos la supresión de la figura de los profesores
de Religión. Establecemos la creación de un cuerpo unificado de
profesores, a la vez que introducimos diversas enmiendas que pretenden
mejorar las condiciones laborales del personal docente en los centros
privados concertados, además de establecer nuevas exigencias para que se
retiren los conciertos en casos de incumplimiento.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Iglesias.

Para la defensa de las enmiendas de los senadores Eza,
Salanueva y Yanguas, tiene la palabra el senador Eza.

El señor EZA GOYENECHE: Muchas gracias, señor
presidente.

Buenos días, señorías. Seré breve porque no son muchas las
enmiendas que hemos mantenido para este debate.

A lo largo del debate del proyecto de la LOMCE hemos tenido
la oportunidad de conocer los distintos diagnósticos y datos contrastados
respecto al estado de nuestro sistema educativo y esos conocimientos nos
permiten definir los ámbitos de mejora. Los resultados están ahí y no
cabe la menor duda de que nos obligan a todos a realizar un esfuerzo
sostenido y eficaz, convencidos de que la educación es la mejor política
social y económica.

En relación con el sistema educativo en Navarra, tengo que
decir que dados nuestros parámetros tenemos un buen nivel porque la tasa
de abandono educativo temprano es del orden de 11,6 puntos inferior a la
media española e incluso en la puntuación PISA estamos entre 16 y 21
puntos por encima de la media española. Y eso no se debe solo, como decía
ayer el señor Iglesias, a nuestra capacidad de inversión en el sistema
educativo. No, solo a eso no, porque llevamos años gobernando en minoría,
luego solo a eso no. Pero sí a la capacidad de llegar a acuerdos con otro
partido mayoritario y dar sostenibilidad y eficacia al sistema educativo.
De ahí vienen esos resultados en cuanto ponemos los asuntos encima de la
mesa, que no son evidentemente satisfactorios, ¡qué va! Al contrario. En
educación debemos ser siempre permanentes y exigentes en el esfuerzo,
pero esos son los resultados.

Siendo esa la perspectiva, estamos empeñados en dos ejes
que son fundamentales para el sistema educativo en Navarra. Uno de ellos
es la variedad de medidas de atención a la diversidad, adecuada a la
pluralidad de los alumnos y entendida como un camino para garantizar la
equidad y la excelencia del sistema. Y el otro es un sistema de
evaluación —ayer se habló bastante de ello— riguroso y
frecuente cuyos resultados, puestos a disposición de los centros, apoyan
la elaboración permanente de planes de mejora.

En torno a este marco, nuestras enmiendas van dirigidas a
los siguientes aspectos. La primera se refiere al artículo 6 bis
—que quizá les pueda interesar a otras comunidades— y en ella
insistimos en que los contenidos incluidos para las comunidades
autónomas, contemplados en este artículo 6 bis, también se incluyan en la
evaluación final. Si estamos impulsando estos conocimientos no tiene
ningún sentido que no se garantice una valoración para saber hasta qué
punto nuestros alumnos conocen la realidad histórica de Navarra como tal
y vinculada a España, nuestras instituciones, nuestra vinculación a
Europa…, pero eso se tiene que reflejar también en las pruebas.

En cuanto al bachillerato, insistimos en la importancia de
la tecnología —tenemos una anécdota hoy que flota en el
ambiente—, insistimos en que se debería denominar ciencias y
tecnología para potenciar precisamente esos aspectos que enriquecen las
posteriores carreras de ingenierías e incluso otras cuestiones de
carácter científico.

Otra enmienda se refiere a exigir solo el título de
graduado en educación secundaria obligatoria, porque si se limita el
acceso a la formación profesional de grado medio al alumno que provenga
de

enseñanzas aplicadas, podemos volver a convertir la
formación profesional de grado medio en una opción de segundo nivel, y
parece que ese no es el horizonte que está en las cabezas de las personas
preocupadas por la educación, sino darle el prestigio correspondiente;
además se flexibiliza el sistema.

También queremos modificar el artículo 116 a fin de
establecer con claridad el derecho de los centros a acogerse al régimen
de conciertos siempre que cumplan las condiciones legales. Es decir, que
no haya ninguna ambigüedad ni posible confusión al respecto. Eso tiene
que estar establecido perfectamente, y exigimos que ese artículo 116
experimente ligeros cambios en la redacción, que como están en el
documento todo el mundo puede valorar.

Después nos referimos a la disposición final novena, donde
insistimos en algo a lo que ya se ha hecho referencia aquí a través de
otras enmiendas: la conveniencia de que las administraciones educativas
puedan determinar como requisito para el ingreso en los cuerpos de
funcionarios docentes el conocimiento de un idioma extranjero y,
evidentemente, la forma de acreditarlo en las convocatorias
correspondientes.

También nos interesa insistir en un aspecto que ya venía de
leyes educativas anteriores. Se recoge en el proyecto: la prestación del
servicio público y social de la educación; en otros momentos se dice que
es de interés general y la Directiva europea 2006/123, de 12 de
diciembre, de servicios insiste en este aspecto. En cualquier caso, no es
un servicio público stricto sensu, pues su prestación y titularidad no
recae únicamente en la Administración ni los centros privados concertados
actúan por delegación o concesión de aquella.

Insistimos en la formación profesional para darle esa
importancia, y hablamos de completar el cuadro de mantenimiento y
transformación de los actuales conciertos, porque de lo contrario se
impediría a los centros cualquier posibilidad de adaptación a la
realidad. Es decir, que en esta enmienda lo que pretendemos es asegurar
la transformación de la formación profesional y el bachillerato en FPB,
así como los PCPI en FPB.

Por último, abordamos las sanciones en el ámbito de los
colegios concertados y lo que se pretende en esta enmienda es clarificar
la cuantía de las sanciones económicas en aras de la seguridad
jurídica.

Asimismo, insistimos en la evaluación final de educación
secundaria obligatoria. Abogamos por la existencia de una única prueba al
finalizar la educación secundaria obligatoria centrada en competencias
básicas y que habilite tanto el acceso a la formación profesional como al
bachillerato; se deben evitar vías muertas o límites de acceso de alumnos
y alumnas a la FP; queremos una formación profesional de primera
categoría. La prueba única flexibilizaría mejor el sistema y facilitaría
el tránsito de los alumnos y alumnas entre opciones no determinando la
continuidad de estudios.

Estas son, en definitiva, nuestras nueve enmiendas, que las
presentamos con el único interés de que la ley fortalezca el sistema
educativo en el que venimos trabajando y que, en definitiva, el beneficio
sea, como se ha dicho antes, para los alumnos que son los directamente
beneficiarios de nuestro sistema educativo. No obstante, y por último,
insistiré en la necesidad de diálogo, en la necesidad del acuerdo, en la
necesidad de la concertación, superando, unos y otros, posiciones que en
ocasiones no se compatibilizan mucho con la educación, que tiene que
estar en una posición permanentemente abierta de mente y de actitudes.
Por eso, traeré a colación, aunque sea así rápidamente…

El señor PRESIDENTE: Senador Eza, tiene que compartir turno
todavía con otros dos portavoces de su grupo y está agotando el tiempo.
Le ruego que sea breve.

El señor EZA GOYENECHE: Seré muy breve.

Decía que el presidente de un partido muy importante de
Navarra —que no es el mío, ni tampoco el presidente o secretario
general del Partido Popular—: El nivel es, sin duda, superior a la
media nacional por las siguientes razones: mejor ratio de alumnos por
aula, más y mejores infraestructuras y medios materiales, mejor atención
a la diversidad, mayor equilibrio entre bachillerato y formación
profesional, gratuidad real de la enseñanza en la etapa postobligatoria,
y doble red de centros públicos y concertados, que permiten una real
libertad de elección. Todo ello ha sido posible porque desde los años
ochenta ha funcionado un pacto entre las fuerzas mayoritarias, no escrito
explícitamente, que ha dado estabilidad al sistema y una financiación
suficiente para mantenerlo en parámetros similares a los europeos. Esto
lo pone en los periódicos

locales, no sale de PISA, ni de ningún informe europeo,
pero creo que es el camino necesario y fundamental para el encuentro que
hará posible una educación que responda a las necesidades de nuestros
hijos y de nuestras hijas, en estos tiempos en los que pretendemos que se
incorporen plenamente con la misma consideración que los hombres a todos
los aspectos de la vida profesional.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Eza.

Para la defensa de sus enmiendas, tiene la palabra el
senador Martínez Oblanca.

El señor MARTÍNEZ OBLANCA: Muchas gracias, señor
presidente.

Señoras y señores senadores, son treinta y dos las
enmiendas que Foro ha presentado tras el recorrido del Proyecto de Ley
Orgánica para la mejora de la calidad educativa, LOMCE, por el Congreso
de los Diputados y continúan siendo treinta y dos las que llegan al Pleno
del Senado y continúa este trámite en la Cámara Alta. Nuestras enmiendas
se reparten en veintiuna, de modificación; cuatro, de supresión y siete,
de adición y comprenden los números 194 a 225, ambos inclusive.

Con nuestras propuestas queremos enriquecer esta importante
ley orgánica que, después de seis meses de recorrido parlamentario,
frustra muchas esperanzas, desde luego las de mi partido, y será un
instrumento de muy poca utilidad para mejorar la educación española, tan
necesitada de mecanismos legales, que le permitan disponer de más bases
sólidas y de menos interés ideológico, cuando no sectario, para evitar la
contaminación de un servicio esencial, de uno de los rasgos fundamentales
que identifica a toda una sociedad.

Lamentablemente, la LOMCE no llevará incorporada ni una
sola de nuestras treinta y dos enmiendas y desperdicia, además, la
posibilidad de buscar puntos de acuerdo tomando como soporte alguna. No
obstante, nos alegramos muy sinceramente de que esta mañana, in extremis,
se haya podido plantear un texto alternativo, en el que creo que hemos
participado mucho, a los artículos 34bis y 34ter, que da satisfacción a
las asociaciones de matemáticas. La propuesta transaccional, que creo que
va a ser firmada por todos los grupos parlamentarios, se ha trabajado
buscando un buen texto que resuelva la justificación, las preocupaciones
relacionadas con la organización del primer curso de bachillerato y los
itinerarios de humanidades, sobre todo, ciencias sociales, así como la
organización del segundo curso de bachillerato en idéntico sentido.

No obstante, el paso de la LOMCE por el Senado no va a
acusar sustanciales cambios a mejor. Una vez más denuncio y me quejo de
que el Gobierno ha obstaculizado la función legisladora de esta Cámara
mediante el procedimiento del rodillo parlamentario, que penaliza a la
oposición y, paradójicamente, penaliza también a la mayoría popular que
sostiene al Gobierno, que no puede plasmar, como sucede en el Congreso,
todo su potencial para generar la mejor ley posible.

Nosotros hemos enmendado cuestiones relacionadas con el
ámbito de la libertad de elección de centro y aspectos de la estructura
del sistema con el fin de madurar las capacidades de los alumnos en
primaria y la maduración en bachillerato. Nuestras enmiendas abordan
también el diseño curricular así como aspectos relativos al ámbito de las
pruebas censales. Sin embargo, no hemos percibido receptividad alguna
para incorporar nuestras iniciativas en pos de una mejor LOMCE y cabe
decir, visto y oído lo sucedido durante estos últimos seis meses tanto en
la sociedad como en el ámbito educativo como en el Parlamento, que con
esta ley el Gobierno de Rajoy da gato por liebre.

El paso de la LOMCE por el Senado tampoco ha respondido a
las enormes expectativas de la sociedad, particularmente a las
expectativas de lo que nosotros creemos son amplios sectores educativos,
que no sienten este nuevo instrumento legal que se tramita en las Cortes
Generales como propio. Es más, el trayecto desde la presentación del
proyecto de ley orgánica, allá por el mes de mayo, hasta este mes de
noviembre ha ido jalonado de críticas crecientes, tanto directas hacia el
contenido de la ley como indirectas por la espectacular deriva de
desconfianza ciudadana acumulada durante las últimas semanas por el
ministerio impulsor de la LOMCE, y singularmente por su titular, el señor
Wert, todo un líder en captar antagonismos con los que vamos de susto en
susto.

Nosotros fuimos de los que acogimos el proyecto de la LOMCE
con enorme esperanza. Por fin, pensábamos, se pone punto final a una
etapa educativa en España que ha sido condicionada, para mal, por las
leyes socialistas que han primado a lo largo de décadas y que han
arrastrado a muy malos datos, como señalan de forma inequívoca y contumaz
los diferentes estudios, informes, evaluaciones y tests nacionales e
internacionales.

Con este punto de partida, que para nosotros es irrebatible
y que exige en consecuencia modificaciones legislativas de gran calado,
Foro ha participado inicialmente con mucho entusiasmo en los diferentes
pasos, reuniones de trabajo y comisiones. Permítame que tenga en este
sentido un recuerdo para mi compañero en el Congreso, Enrique Álvarez
Sostres, que se volcó para conseguir una mejor ley.

Debo señalar que el camino de la LOMCE ha sido muy
decepcionante, y ya en el Congreso anunciamos y votamos nuestra
abstención, una abstención condicionada a la espera de mejoras
sustanciales en el trámite en el Senado, mejoras que no se han producido,
por lo que ya anticipo mi voto en contra de la LOMCE.

La LOMCE es la historia de una gran oportunidad
despilfarrada que va a tener consecuencias incalculables para los jóvenes
y no soluciona para nada el atolladero al que nos han arrastrado los
inmovilistas en sus diversas variantes políticas, sindicales, asociativas
y grupales. El paso de este proyecto de ley orgánica por el Senado apenas
ha incorporado correcciones técnicas, que para nada modifican
sustancialmente el sentido de la LOMCE, y reiteran la gran decepción y el
jarro de agua fría que el texto legal ya sufrió en el trámite en el
Congreso.

Por lo tanto, y lamentando mucho que no se hayan tenido en
consideración las enmiendas presentadas por Foro, reitero que votaremos
en contra de esta ley.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Martínez
Oblanca.

Para la defensa de sus enmiendas, tiene la palabra la
senadora Capella.

La señora CAPELLA I FARRÉ: Gracias, presidente.

Buenos días, senadores y senadoras.

Intentaré ser breve, pues ya nos extendimos ayer en las
consideraciones que nos han llevado a vetar y enmendar esta ley durante
las defensa de nuestro veto. No obstante, me gustaría hacer una
reflexión. Ocho vetos, ochocientas noventa y seis enmiendas, de las que
escasamente se aprobará el 10%. En consecuencia, se trata de una
proporción no significativa en lo que respecta a la voluntad de
consensuar una ley tan importante como es la Ley de educación. En
definitiva —ya lo he apuntado alguna vez—, una ley de
educación se hace para toda la ciudadanía, con toda la ciudadanía y con
voluntad de pervivencia. Y no dejaré de insistir en que la Ley de
educación ha de servir para que nuestros niños y niñas sean en un futuro
ciudadanos y ciudadanas libres, capaces de poder construir su propia
biografía, con libertad y capacidad de decidir sobre aquello que les
convenga para vivir. En consecuencia, voy a explicar la motivación que
hay detrás de las ciento sesenta y dos enmiendas que Esquerra Republicana
de Cataluña ha presentado a esta ley.

Hay un bloque importante de enmiendas que buscan preservar
la inmersión lingüística en Cataluña y que coinciden básicamente con las
que presentan la mayoría de los grupos parlamentarios que tienen
vinculación con Cataluña, ya sea Convergència i Unió o Entesa pel
Progrés. Hay otro bloque que sigue unos criterios de supresión de
artículos de la LOMCE para dejar el texto inicial de la Ley Orgánica de
Educación. Hay otro grupo de enmiendas subsidiarias a las anteriores que
pretenden corregir la LOMCE y que además fueron introducidas cuando se
debatió la Ley Orgánica de Educación. En consecuencia, nosotros volvemos
a retomar unas enmiendas que para nosotros eran cruciales y que
consideramos deben ser introducidas en el texto que definitivamente se
apruebe de la LOMCE.

Me explayaré en una serie de enmiendas que para nosotros
son destacables y van más allá de las competencias lingüísticas, y que ya
explicamos ayer por la tarde en la defensa del veto presentado por
Esquerra Republicana.

Tenemos especial interés, y en este sentido han sido
planteadas las enmiendas, en mantener las capacidades del Consejo Escolar
frente a la entronización del director como el gran señor feudal del
centro educativo, que en definitiva no deja de ser el brazo ejecutor del
poder político de turno. Hay también enmiendas referidas a la necesidad
de la supresión de la clasificación de centros según las evaluaciones.
Otro grupo va dirigido a la supresión de la Religión como asignatura.
Otro grupo solicita la consideración de la segregación por sexos, tema
que nosotros consideramos discriminatorio a pesar de que ustedes hablen
de itinerarios y digan que no es

verdad que exista tal segregación. Ustedes son
especialistas en comunicación. La verdad es que tenemos que reconocerles
que realmente lo hacen bien: cambian el nombre a las cosas, pero
continúan siendo las mismas cosas.

Hay otro bloque de enmiendas dirigido a la supresión de la
cualificación final del bachillerato vinculado al título. Hay unas
enmiendas muy específicas a través de las que pretendemos que se
reconozca la economía social en las introducciones curriculares y en este
caso la emprendeduría. Otras se refieren a la necesidad de suprimir la
reserva de criterio de rendimiento del alumnado hasta un 20%. Y hay
también una muy importante en la que solicitamos no someter la oferta
educativa a la disponibilidad presupuestaria sino a las necesidades
educativas y sociales.

Decía antes que la mayoría de las enmiendas nos retrotraen
a la LOE; una buena parte de ellas fueron ya presentadas en el año 2005.
Algunas son destacables, por ejemplo, la que se refiere a la necesidad
del traspaso de la gestión de los fondos de becas a todas las comunidades
autónomas con competencias, incluyendo en esto la distribución
territorial; el otorgamiento de competencias al Consejo Escolar sobre la
gestión económica del centro así como la decisión de admisión de alumnos
en los centros concertados; supresión de las disposiciones sobre la
enseñanza de Religión y sobre el tratamiento privilegiado del
profesorado, y creación de una comisión de estudio para determinar el
gasto de los conciertos educativos.

También insistimos en la necesidad del traspaso total de la
competencia en becas y ayudas al estudio, incluyendo aquí las ayudas
universitarias, traspaso que debe efectuarse a la Generalitat de
Catalunya sin dilación; modificación del Estatuto de los Trabajadores
para reconocer el permiso de familia para el período de adaptación
infantil para la entrada en la escuela por primera vez; y
subsidiariamente a la supresión de la Religión, que el profesorado sea
elegido y nombrado como cualquier otro, y tenga que someterse al equipo
directivo; neutralidad ideológica y religiosa y, en consecuencia,
prohibición de exhibición de símbolos ideológicos o religiosos. Y una
enmienda, además reiterativa por parte de Esquerra Republicana, para que
se garantice la enseñanza de tamazig y dariya en Ceuta y Melilla y la
inmersión en la lengua propia de aquellos que así lo reclamen.

Este es básicamente el repaso de las enmiendas planteadas
por Esquerra Republicana de Catalunya, si bien somos conscientes de que
en el devenir de este debate parlamentario el resultado será exactamente
el mismo que tuvimos en el Congreso de los Diputados. No obstante, ya
dijimos, y hemos avanzado cada vez que se ha producido el debate, que
nosotros no nos resistimos a continuar solicitando que se retire la ley
y, en consecuencia, que nos volvamos a sentar todos para consensuar una
ley que dé respuesta a las necesidades reales de la comunidad educativa y
de la sociedad en estos momentos.

Por tanto, solicitamos el apoyo de los grupos
parlamentarios a las enmiendas planteadas por Esquerra Republicana.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Capella.

El Grupo Parlamentario Vasco ha presentado las enmiendas
números 608 a 618 y 620 a 676. Para su defensa, tiene la palabra la
senadora Martínez.

La señora MARTÍNEZ MUÑOZ: Muchas gracias, señor
presidente.

Efectivamente, mi grupo parlamentario ha presentado en
total sesenta y nueve enmiendas, y solamente una de ellas ha sido
aceptada en su trámite en comisión, con lo cual nos quedamos con sesenta
y ocho enmiendas, que doy por defendidas desde el inicio, porque tampoco
quisiera hacer un análisis pormenorizado de cada una de ellas, pues
entiendo que a ese trabajo ya nos dedicamos bastante fructíferamente en
la comisión. Por lo tanto, voy a hacer una división general de los
principales temas que abordan nuestras enmiendas y a los que me voy a
referir brevemente.

Tenemos una serie de enmiendas que abordan la cuestión de
la discapacidad y el tratamiento que la ley hace del tipo de
modificaciones que puedan necesitar estas personas, sea en las
evaluaciones o a lo largo del desarrollo del currícuo. Son enmiendas que
en buena parte nos han sido remitidas por el CERMI. Sé que otros grupos
también las han replicado. He hecho un esfuerzo por intentar localizarlas
en el total de las novecientas enmiendas y puedo decir que, igual que
solicito el apoyo para las nuestras, también votaremos a favor de las que
han presentado en este sentido el resto de grupos parlamentarios.

Tenemos otro gran bloque de enmiendas que hace referencia a
la cuestión competencial. Ayer el ministro se molestaba cuando yo le
criticaba que la LOMCE fuera una ley recentralizadora. Él decía que no.
Si no me equivoco, llegó a decir que, en realidad, reconocía que la LOMCE
tenía una diferente concepción sobre lo que suponen las competencias
exclusivas y compartidas, sea del Estado, sean de las comunidades
autónomas. Pues bien, a mí me gusta el tema de la economía del lenguaje
pese a que hable tan deprisa, y puedo decir al señor ministro que en mi
pueblo a eso se le llama recentralizar. Y tenemos una serie de enmiendas
que ponen de manifiesto además a lo largo de todo el texto del proyecto
de ley en qué ámbitos realmente se produce una invasión de nuestras
competencias. Como también a este tema dedicamos una reunión en exclusiva
en la Comisión General de Comunidades Autónomas, tampoco quiero excederme
excesivamente en reiterar los planteamientos que ya se expusieron
entonces. Pero sí me gustaría dejar patentes dos cuestiones y resaltar
dos enmiendas que nosotros hemos presentado: una, de adición de una
disposición adicional nueva, que nosotros entendemos que es fundamental
para salvaguardar nuestra competencia exclusiva en la cuestión de las
lenguas, y otra disposición adicional, más genérica, en la que también
hacemos una salvaguarda de las competencias que nos asisten en materia
educativa.

Pero sobre las cuestiones de las lenguas, no puedo dejar de
señalar lo siguiente. No tenemos ninguna necesidad de ninguna ley externa
para asegurar el derecho a la enseñanza en cualquiera de las dos lenguas
oficiales y, obviamente, nos oponemos a que con el argumento de algo que
no necesitamos se pretenda cercenar nuestra capacidad de autogobierno,
cuando eso es algo que sí necesitamos, lo necesitamos incluso para
asegurar una adecuada competencia lingüística en castellano, como lo
demuestran las evaluaciones de los sistemas educativos del Estado
español.

Nosotros queremos que nuestro alumnado posea, a través del
sistema educativo, una buena competencia lingüística tanto en euskera
como en castellano y también, aunque inferior, como es evidente, por una
cuestión de posibilidad curricular, en una tercera y una cuarta lengua.
Si la competencia lingüística en castellano fuera deficitaria con
relación al Estado no dudaríamos en ningún momento en adoptar las
correspondientes medidas de corrección. Por lo tanto, no necesitamos
ninguna ley que genere incertidumbre, inseguridad en nuestro tratamiento
de las lenguas del sistema educativo. Esto es lo que nosotros defendemos
en nuestro modelo lingüístico: el conocimiento suficiente y adecuado de
las dos lenguas oficiales, dos lenguas oficiales no cooficiales. En
Euskadi tenemos dos lenguas oficiales, que son el euskera y el
castellano. Ambas necesitan protección y ambas necesitan un tratamiento
igualitario, pero lo que no necesitamos para nada son leyes que
jerarquicen y primen una lengua sobre otra. Las lenguas constituyen uno
de los grandes apartados del conjunto de enmiendas que ha presentado el
Grupo Parlamentario Vasco en el Senado.

Otra cuestión que nos preocupaba y en la que ya tuve ayer
ocasión de perfilar nuestra postura es la de las evaluaciones. En las
evaluaciones vemos dos problemas, uno de carácter competencial y otro del
contenido y de la filosofía o del modelo educativo que subyace al modelo
de evaluaciones que la LOMCE tampoco detalla. Ayer planteábamos la
necesidad de establecer cuál tiene que ser el perfil de salida de los
alumnos para las diferentes etapas. Eso no se modifica de la LOE. Se ve
que en ese sentido comparten cuáles tienen que ser los objetivos de etapa
y cuál es el perfil del alumnado cuando finaliza cada una de las etapas,
y eso es fundamental para saber qué es lo que van a evaluar. Como decía
ayer, saber qué van a evaluar es fundamental porque de ello va a depender
en gran medida la metodología educativa que puedan implementar los
centros, que es competencia suya, y va a depender también en buena medida
el currículo que se vaya a desarrollar, que es competencia de las
comunidades autónomas en este caso.

Por lo tanto, tenemos ya un problema importante con el tema
de las evaluaciones, porque como ayer decía, es la artimaña que utiliza
el Partido Popular para hacerse con el control de unas competencias que
no le son propias. Queremos evaluaciones porque son un instrumento
interesante, son un instrumento eficaz y son un instrumento que bien
empleado y bien diseñado puede servir para mejorar la calidad educativa.
Evidentemente, las evaluaciones solamente pueden conseguir esos fines
cuando los propios centros educativos, cuando la propia comunidad
educativa está implicada en el proceso de calidad que supone la
implementación de las evaluaciones. A lo que no estamos dispuestos es a
permitir evaluaciones que no aporten ningún tipo de valor añadido a
nuestro sistema educativo y que vengan impuestas, además, y no definidas,
como corresponde en un proyecto de ley, de modo que vuelva otra vez a
generar incertidumbre

sobre las adecuaciones que vamos a tener que hacer
posteriormente las autoridades educativas para adaptar nuestro currículo,
nuestra metodología, evidentemente, a los criterios de evaluación y a los
estándares de evaluación que ustedes tengan a bien finalmente
establecer.

Tratemos ahora la cuestión de los consejos escolares y la
dirección de los centros educativos. Se reducen sensiblemente las
competencias de los consejos escolares para dar mayor poder o mayor
capacidad de acción o mayor independencia o mayor rango de actuación a
los directores de los centros. Entendemos que la autonomía de los
centros, la capacidad, no de los directores sino de los que llamamos
equipos directivos, que están formados aparte del director por el jefe de
estudios, etcétera, no tiene por qué ir reñida con la capacidad de los
consejos escolares para tomar decisiones que afectan a ese centro
escolar, para tomar decisiones sobre la metodología educativa, porque en
los consejos escolares, además del consejo de dirección, está también el
profesorado que tiene muchas cosas que decir, están los padres de los
alumnos y están los propios alumnos.

Como creemos en una escuela integradora, como creemos en
una escuela participativa, nosotros pedimos la supresión del artículo que
modifica las competencias de los consejos escolares porque cualquier cosa
que vaya en detrimento de su capacidad y de los ámbitos en los que el
Consejo Escolar tiene algo que decir es perjudicial para la calidad
educativa.

Última cuestión —voy muy bien de tiempo—, de la
formación profesional. Ayer hablamos un poco genéricamente —ya sé
que me repito mucho cuando hablo de estas cuestiones, pero a nosotros nos
preocupa— de lo que supone la formación profesional en Euskadi
porque es una de las ramas de la educación secundaria que para nosotros
es fundamental, más que nada porque es la que alimenta en mayor medida a
nuestro sistema productivo. Formamos profesionales altamente cualificados
con un nivel de empleabilidad muy alto y queremos seguir haciéndolo. En
ese sentido, la LOMCE nos supone una traba y un problema por varios
motivos y el primero de ellos es que no desarrolla adecuadamente cuáles
tienen que ser las bases generales sobre las que sustenta la formación
profesional. No lo hace la LOMCE y tampoco lo hizo en su día el real
decreto que aprobaron y el proyecto de ley sobre formación profesional
dual.

Nosotros queremos que en la formación profesional se aúne
una oferta integrada de formación profesional básica, pero también
entendemos que los centros profesionales de primer nivel deben
desarrollar no solamente esta formación profesional básica, de grado
medio y de grado superior sino también, al mismo nivel, la formación para
el empleo, tanto para los desempleados como para los trabajadores en
activo. Esto obliga, además, a una necesaria y estrecha colaboración
entre los centros de formación y los departamentos de Educación y de
Empleo de las diferentes comunidades autónomas, de forma que se
consensúen tanto los objetivos como las metodologías y, al mismo tiempo,
obliga a los centros de formación profesional a disponer de una
estructura tanto de personal como de instalaciones adecuada y apropiada
para el desarrollo de esta oferta integrada.

Defendemos una formación profesional en la que la relación
entre el centro de formación profesional y la empresa sea estrecha, de
gran colaboración. El papel activo de las empresas en el aprendizaje de
los alumnos es fundamental y, por ello, hay que ir de la mano con las
organizaciones empresariales. En este sentido, no hay que tener ningún
tipo de prejuicio ―y lo digo mirando hacia los senadores de
Izquierda Unida― a la hora de colaborar en el diseño de la
formación profesional con las organizaciones empresariales o patronales
―como ustedes quieren llamarlas― porque, al fin y al cabo,
son los que están demandando perfiles de cualificación determinados y,
por lo tanto, esa colaboración entre centros de formación profesional,
organizaciones sindicales, administración educativa y organizaciones
empresariales es fundamental para garantizar que los recursos que están
invirtiendo tanto los servicios públicos como las organizaciones
empresariales realmente tengan un retorno claro a la sociedad en forma de
un mayor índice de empleabilidad, una mayor demanda y, por lo tanto, una
oferta adecuada que pueda cumplir los objetivos de esa demanda.

Ayer mencionaba cuáles son los ratios de satisfacción de
las empresas con respecto a las titulaciones de grado medio y de grado
superior. En un caso, creo que era del 8,3 y, en otro, del 8,4; es decir,
que puntúan muy alto el grado de idoneidad de los estudiantes que salen
con el grado medio y con el grado superior en Euskadi.

Otra cuestión que consideramos fundamental dentro de la
formación profesional es el consenso. Si el camino del futuro de la nueva
formación profesional tiene que ir obligatoriamente

por la exploración de nuevas formas de relación con las
empresas, es fundamental avanzar, como señalaba antes, desde el consenso
de todos los agentes: Administración, empresas, sindicatos y centros de
formación profesional. También es importante que la formación profesional
cuente con una orientación eficaz no solamente dentro de la formación
profesional sino también desde la secundaria e incluso desde el propio
bachillerato. Por otro lado, es clave tratar de transformar la imagen
social, familiar, personal y académica de la formación profesional, que
la orientación educativa tenga en cuenta las necesidades del tejido
productivo, se desarrolle con conocimiento del entorno, con visión amplia
y con responsabilidad. En este sentido, son fundamentales las pasarelas
―a las que luego me voy a referir― así como la orientación
desplegada en los centros de secundaria y de bachillerato, donde la
formación profesional debe estar en un primer plano, junto con otros
itinerarios o vías posibles para los alumnos.

Por último, hay que destacar la internacionalización
aplicada a la economía y, fundamentalmente, a la formación profesional.
Además de continuar ejecutando proyectos de movilidad con los alumnos,
sobre todo para la formación en los centros de trabajo, es preciso
mantener un foco en otros países que tienen sistemas de formación
profesional de calidad contrastada y colaborar a través del intercambio
de profesorado, de la formación de este, del intercambio de los alumnos o
de la elaboración de proyectos educativos de formación profesional
comunes con ellos, con empresas, con centros tecnológicos que estén
también situados en zonas cuyo perfil económico se corresponda con el de
la comunidad autónoma en cuestión, porque todo ello va a revertir
positivamente en la mejora del sistema educativo.

Igualmente, es importante el catálogo de cualificaciones ya
que es una herramienta clave a la hora de definir cuál es el sistema
integrado de formación profesional. Creemos que es necesario impulsar la
permanente actualización, pero sin olvidar ―y luego volveré sobre
ello― que la formación profesional tiene que estar fundamentalmente
orientada a la profesionalidad, cuestión de la que carece hoy en día la
formación básica, tal y como viene diseñada en este proyecto de ley.

Por último, está la cuestión de la formación dual o la
formación en alternancia. Los que realmente entienden de este tema,
efectivamente encuentran diferencias entre la formación dual y la
formación en alternancia. Es hilar fino. Es hilar muy fino, pero sí que
es cierto que son modelos distintos, que tienen trayectorias distintas y
que responden, además, a necesidades distintas. No son lo mismo, aunque
podríamos aunarlo, formación dual y formación en alternancia, para
entendernos, dentro de lo que es el mismo paraguas denominativo.

Además de seguir potenciando e incrementando la formación
en los centros de trabajo, la FCT, a la que me he referido antes, porque
es un programa que posibilita una mayor conexión entre el centro
educativo de formación profesional y las empresas, es importante hacer
una apuesta por el avance progresivo de una formación en alternancia o
dual teniendo en cuenta modelos de países de nuestro entorno, por
ejemplo, el modelo dual alemán o el austríaco o incluso la formación en
alternancia que se está dando en Francia, pero definiendo cuál es nuestro
propio modelo, porque sí es cierto que los modelos duales o los modelos
en alternancia solamente tienen garantizado su éxito en la medida en que
son modelos propios y adecuados a las necesidades y a las características
del entorno para que puedan adaptarse a las peculiaridades del tejido
productivo de cada uno de los territorios.

Correspondería al Estado, por tanto, establecer los
instrumentos necesarios que permitan extender lo básico del modelo en
alternancia, tanto en la formación profesional como también en la
formación universitaria. La formación en alternancia no es una formación
exclusiva del modelo de formación profesional, puede ser también aplicada
—y hay experiencias que así lo demuestran— con mucho éxito y
con garantías, además, de favorecer positivamente la formación de lo
estudiantes universitarios.

Pues bien, este es el modelo de formación profesional que
nosotros defendemos y este es el modelo de formación profesional que, a
nuestro juicio, no encaja con lo que está diciendo la LOMCE, y ahora voy
a pasar a explicar por qué. Fundamentalmente, como ya decía ayer, porque
la formación profesional básica que viene a sustituir a los PCPI, a los
programas de cualificación profesional inicial, primero, difícilmente
puede ser englobada dentro de una formación profesional cuando los
contenidos desarrollados en la ley como currículo de esta asignatura son
asignaturas académicas con unos objetivos menores que los de la
secundaria obligatoria. En realidad, no hay asignaturas profesionales que
puedan hacer que a esto realmente se le pueda denominar formación

profesional básica. En este sentido, sustituir los PCPI,
los programas de cualificación profesional inicial por la formación
profesional básica es un error, porque los programas de cualificación
profesional inicial, al menos en lo que a Euskadi se refiere —son
los datos de los que yo dispongo— han funcionado muy muy bien, con
un alto nivel, —hablo de memoria, si no es así, luego en el turno
de portavoces lo corregiré— con un porcentaje altísimo de
empleabilidad, y con un 80% de retorno o de graduación paralela en
educación secundaria obligatoria. Por lo tanto, ustedes están sacándose
de la manga la formación profesional básica con un intento de reducir las
tasas de abandono y de fracaso escolar, cuando ya hay una herramienta,
que bien empleada, como los PCPI, realmente está cumpliendo ya esa
función. Es más, cumple una función de cualificación profesional, que
todavía está por ver que la formación profesional básica vaya a poder
desarrollar.

Segunda cuestión que a nosotros nos preocupa mucho: el
adelanto de los itinerarios. No es que estemos en contra del adelanto de
los itinerarios per se, sino que entendemos que la forma en que se está
planteando el adelanto de los itinerarios lo que hace es segregar. Y
explico por qué. Cuando el señor Peral me decía ayer: mientras nosotros
establecemos pasarelas, ustedes ponen peaje, se refería a que nosotros
estamos pidiendo un blindaje, por así decirlo, tanto de grado medio como
de grado superior para aquellos alumnos que vienen de la formación
profesional básica. ¿Por qué?, porque, como le decía ayer, para nosotros
la formación profesional de grado medio y de grado superior es sumamente
importante, y es sumamente importante porque ha alcanzado unos niveles de
calidad y de profesionalidad reconocida tan altos que, evidentemente,
tenemos que protegerlos y tenemos que mejorarlos. Tenemos dudas de que la
cualificación que se va a conseguir a través de la formación profesional
básica con esas asignaturas académicas de medio y segundo grado, con unos
objetivos poco claros y bastante más bajos que los de la formación
secundaria obligatoria, realmente sean suficientes para poder mantener
con garantías de éxito la formación de grado medio en los niveles de
calidad que hoy en día tenemos. Por lo tanto, una prueba de acceso o un
curso puente que permita acreditar unos conocimientos mínimos
imprescindibles es fundamental, tanto para el grado medio como para el
grado superior.

Además, con la formación básica ocurre otro problema, y es
que se convierte en una autopista hacia la formación profesional de grado
medio y hacia la formación profesional de grado superior pero sin
garantías de que los alumnos que vayan a llegar a grado medio tengan esos
conocimientos suficientes y sin posibilitar vías de retorno a la línea
académica. No las hay. Ayer lo decía y es así. Un titulado de grado medio
que quiere acceder a estudios superiores o bien cursa los dos años de
bachillerato o bien cursa los dos años de ciclo superior. Eso no
incentiva el paso desde la formación profesional de grado medio a la
universidad y hay muchos titulados de grado medio que están dispuestos a
dar el paso a la educación universitaria, pero les estamos echando atrás,
les estamos desencantando, ya que les tiene que dar coraje tener que
cursar dos años más para poder acceder a esto. Además, el sistema que
ustedes están diseñando, con esas evaluaciones propedéuticas que
proponen, se aviene a que cualquier alumno proveniente del grado medio o
del grado superior, pero en este caso del grado medio fundamentalmente,
que apruebe la prueba final de bachillerato pueda acceder directamente a
la universidad al igual que los alumnos que han venido por el itinerario
de la línea académica.

Por consiguiente, nosotros tenemos una serie de enmiendas
que establecen cuáles tienen que ser las pasarelas que, a nuestro juicio,
facilitan la permeabilidad del sistema. Lo vuelvo a repetir. A los
alumnos y a las alumnas hay que facilitarles siempre los itinerarios.
Cuanto más flexibles seamos respecto de los itinerarios, más garantías de
éxito tenemos y más posibilidades vamos a tener de que los itinerarios o
las posibles combinaciones entre los diferentes itinerarios satisfagan
las características propias de todos y cada uno de los alumnos. Abrir
caminos, puentes, pasarelas no solamente en vertical que faciliten el
tránsito, bien por un itinerario o bien por el otro, sino también
horizontales, que permitan que los alumnos puedan establecer el
itinerario académico que más se adecue a sus necesidades sin por ello
poner en riesgo la calidad de cada una de las etapas y cada uno de los
itinerarios.

Creo que con esto, más o menos, he resumido el sentido de
nuestras enmiendas. Como ven, son enmiendas que pretenden mejorar el
texto desde un punto de vista pedagógico y competencial, porque
entendemos que lo que subyace detrás de nuestras reivindicaciones de
carácter competencial —al margen de la reivindicación de los
derechos que nos corresponden, sobre todo

en educación, tal y como vienen recogidos en la
Constitución y en el estatuto—, es que las autoridades educativas
más cercanas a los ciudadanos son las que están en mejores condiciones de
elaborar un sistema educativo eficaz y de calidad.

Por lo tanto, pido al resto de grupos el apoyo a las
enmiendas del Grupo Parlamentario Vasco.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Martínez.

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya ha
presentado dos bloques de enmiendas, el primero de ellos va de la 392 a
la 411 y, el segundo, de la 413 a la 495.

Para su defensa, tiene la palabra el senador Saura.

El señor SAURA LAPORTA: Gracias, señor presidente. Buenos
días, señorías.

Voy a defender por bloques políticos las enmiendas en lugar
de ir enmienda por enmienda pero, de todas formas, quiero insistir en el
argumento principal que ayer utilice para presentar el veto. La pregunta
no se refiere a los contenidos de la ley, sino a la viabilidad de la ley;
es decir, a una ley, como dije ayer y repito hoy, que quiere dar
respuesta a una reforma educativa que el Gobierno solo no puede realizar.
(El señor vicepresidente ocupa la Presidencia.)

En el preámbulo del proyecto de ley se dice que: «La
transformación del sistema educativo es el resultado de un esfuerzo
contenido y constante de reforma educativa, esfuerzo que solo es posible
realizar con la colaboración permanente y respetuosa de todos los
actores». En estos momentos no hay actores que apoyen la ley. Hay una
contestación en la calle importantísima, hay una contestación en las
aulas, no hay ningún acuerdo político, es decir, es una ley que está
absolutamente aislada. Desde ese punto de vista me atrevo a decir no solo
que esta ley no tiene recorrido y no es viable, sino que digo más: es una
ley que no cuando salga en el Boletín Oficial del Estado, sino que hoy ya
es una ley que distorsiona el sistema.

Señor Peral, usted no me lo va a reconocer, igual no lo
piensa, pero estoy convencido de que usted, el ministro y muchas señorías
saben que la ley no tiene recorrido. Y este es un problema no del
ministerio, no de usted —ni mucho menos— ni del Gobierno, es
un problema de España: España, las Cortes, Congreso y Senado, aprueban
una ley que va a significar una interferencia, una distorsión y una
inestabilidad en el sistema educativo.

Ayer, cuando usted intervenía, en un tono, a mi entender,
muy correcto, dijo una cosa que me hizo sonreír: estamos solos —en
el PP—, pero hay una conspiración de todos contra nosotros; nadie
tiene razón, nosotros sí que tenemos razón. Y yo le digo, señor Peral,
¿han dedicado un minuto a pensar si se han equivocado en algo?, ¿un
minuto nada más a plantear esta hipótesis?, porque creo que no es posible
que todo el mundo esté en contra de esta ley, Convergència i Unió, el
Partido Nacionalista Vasco, el Partido Socialista, Izquierda Unida,
dentro del Grupo Parlamentario Mixto, o que haya contestaciones en la
calle importantísimas. No es posible que todo el mundo esté equivocado,
señor Peral. Desde ese punto de vista me parece que sería responsable,
muy responsable, admitir, si comparten el diagnóstico —creo que no
lo dirán— que el Gobierno solo no puede sacar adelante esta ley. Es
imposible, no se puede sacar adelante una ley sin un mínimo consenso
político, con comunidades autónomas que dicen que no la van a aplicar y
con contestaciones en las aulas. No es posible sacar adelante esto. En
cualquier organización o estructura de un tamaño pequeñito en comparación
con la educativa, cuando quieres hacer una reforma interna, lo primero
que te dicen las personas que te aconsejan es que se haga con los actores
de la organización, si no, no tiene éxito. No se puede transformar
ninguna organización ni estructura sin colaboración con los actores
implicados en el cambio. En estos momentos yo no digo que toda la
comunidad educativa esté en contra porque no es verdad; hay parte de la
comunidad educativa que está a favor, seguro, pero hay el suficiente peso
o masa crítica de oposición para que ustedes se replantearan esto.

Yo ayer califiqué esta ley de segregadora,
recentralizadora, confesional, de maltrato a las lenguas cooficiales, de
menos participativa o de dar prioridad a la escuela privada. Dije más
cosas pero quiero justificar todas estas en base a unos izquierdistas
peligrosos que son los miembros del Consejo de Estado. Voy a justificar
lo que digo leyendo unos párrafos, basados en un informe de siete
personas como el señor Romay Beccaría, el señor Herrero y Rodríguez de
Miñón, la señora Fernández de la Vega, el señor Hernández Gil y muchas
otros, todos ellos, como usted decía ayer, radicales izquierdistas. Estas
siete u ocho personas del Consejo de Estado, por unanimidad, han

dicho lo siguiente —el primer párrafo se refiere a si
es prematuro o no que a los 15 años se decida la separación hacia
formación profesional—: El informe de la OCDE de 2012 aboga por
evitar la separación temprana y posponer la selección de estudiantes
hasta la educación media superior —en contra de lo que ustedes
hacen—. Según datos de Eurydice, algunos países europeos
—Alemania— se están replanteando la separación temprana del
alumnado. Por otra parte, el proyecto INCLUD-ED establece que la
separación en itinerarios antes de los 16 años —la LOMCE—
genera desigualdades, y Suecia y Finlandia se están planteando retrasar
la separación del alumno.

Es decir, cuando los grupos de la oposición, en todo caso
mi grupo, decimos que esta es una separación temprana, también dice el
Consejo de Estado, sobre la base de informes de la OCDE, que una
separación antes de los 16 años produce desigualdades.

Siguiente párrafo de este informe de los izquierdistas
radicales: La lectura del anteproyecto no permite deducir con claridad
cuál es el criterio definidor ni tampoco cuál es el sentido de la
distinción entre asignaturas troncales y asignaturas específicas. Este ha
sido otro tema de debate. Qué criterio había para definir qué era una
asignatura troncal y una asignatura específica.

Otro párrafo. Respecto al tema de la evaluación, dice lo
siguiente: a lo largo del expediente se ha calificado como exceso y se ha
cuestionado desde el punto de vista pedagógico la realización de pruebas
de evaluación anuales.

Otro párrafo —no lo saco de contexto, si quieren
puedo leer más—. Autonomía de los centros docentes: No obstante,
los pretendidos niveles de la autonomía proyectada, al no ir acompañados
de una mayor participación, implicación y responsabilidad de toda la
comunidad educativa en el control y seguimiento de los objetivos
institucionales, limita el control que se ejerce por agentes y órganos
ajenos al centro en el tema de la participación.

Otro ejemplo, en cuanto al nombramiento o al sistema de
elección del director: El Consejo de Estado considera que debería, en
aras al principio de participación democrática, sopesarse seriamente esa
reducción, que no corresponde ciertamente con el principio de autonomía
de los centros que el anteproyecto dice potenciar.

Respecto al tema de la religión, creo que dije ayer, y que
he dicho otras veces, que ha de permanecer en el ámbito de las creencias
privadas, es decir, no ha de salir del ámbito de las creencias privadas.
El informe del Consejo de Estado, dice: Sin embargo, el cambio en el
modelo de enseñanza religiosa, se trasluce con ocasión de la regulación
de las diferentes etapas educativas en las que se configura un retroceso
respecto a la situación actual. Porque, vamos a ver, señor Peral, ¿no
sería posible que la religión fuera una asignatura fuera del horario
lectivo no evaluable? No estamos diciendo que no se dé religión, lo que
estamos diciendo es que no se haga lo que no se había hecho nunca, que la
religión sea evaluable. La religión, en definitiva, es una creencia
personal. Demos religión a quien quiera hacer religión, fuera del horario
normal, y que no sea evaluable. ¿Qué problema hay en esto? Insisto en que
el propio Consejo de Estado, por medio de izquierdistas sospechosos, dice
que es un retroceso desde el punto de vista de la configuración de la
religión.

En cuanto al tema de las competencias, se dice que no se
recentraliza. El artículo 131 del estatuto de autonomía dice lo
siguiente: Son competencias compartidas de la Generalitat, las
siguientes: programación de la enseñanza, su definición y evaluación
general del sistema educativo; ordenación del sector de la enseñanza y de
la actividad docente y educativa; establecimiento de planes de estudio
correspondientes, incluyendo ordenación curricular. Dice diez cosas al
respecto. De estas diez, excepto dos, todas quedan fulminadas. Todas.
Señor Peral, no sé cómo dicen que no recentralizan. Pongan en una columna
las competencias que ustedes atribuyen al Estado, al Gobierno central, en
relación con la educación y al lado pongan simplemente la ley vigente,
que es la ley del estatuto y verán que, excepto dos, todas están
fulminadas. Por lo tanto, no digan que no hay recentralización.

En cuanto al tema del plurilingüismo, ayer leí una cosa muy
breve para demostrar que el catalán ha sido una lengua históricamente
perseguida, y añadí que no quería hacer ninguna comparación con la ley
cuando digo que ha sido perseguida. Lo ha sido desde 1500, desde 1600,
desde 1700 y desde 1900. Dije que este era un signo de identidad propio
de Cataluña. Que formaba parte de su identidad cultural. Asimismo, dije
que uno de los peligros del paso de la dictadura a la democracia era que
Cataluña se dividiera en dos sociedades en función de la lengua, y esto
se ha superado por diversos criterios.

Un criterio fundamental era que no hubiera separación de
los alumnos y las alumnas por lengua, y otro que al finalizar los
estudios de primaria o de ESO, los niños y niñas de Cataluña tuvieran un
nivel de castellano similar al que tienen en el Estado español. Este
sistema ha sido valorado internacionalmente como de éxito. No hay
conflicto, hay un aprendizaje positivo y hay cohesión social. La pregunta
es, ¿por qué atentan contra este sistema? Ayer el señor ministro decía,
hagamos una cosa y veremos si hay problema o no. Según ese método,
podríamos hacer cincuenta cosas y ver cuántos problemas hay. El ministro
no está para abrir ventanas de posibles problemas. El ministro y el
ministerio están para fortalecer una experiencia positiva que tiene
cohesión social y que asegura aprendizaje, no para hacer experimentos
para ver qué puede pasar.

El proyecto de ley dice que cuando unos padres no tengan
una oferta educativa en castellano en una escuela pública, pueden ir a la
escuela privada que quieran y que la Generalitat deberá abonar al Estado
subsidiariamente los gastos. Y el Consejo de Estado, dice lo siguiente:
la regla de que las administraciones educativas deberán sufragar los
gastos de escolarización cuando los padres o tutores decidan escolarizar
a sus hijos o pupilos en centros privados que utilicen el castellano como
vehicular, más allá de las dificultades técnicojurídicas que podría
conllevar, no debería figurar en la ley por afectar al ámbito de decisión
de las comunidades autónomas con lengua propia, debiendo quedar en el
marco de las medidas suyas.

Señorías, en el dictamen del Consejo de Estado sobre los
ocho o nueve de los temas más importantes que les he leído, se cuestiona
el retroceso de la religión; se cuestiona, porque no es competencia del
Estado, el tema del plurilingüismo en las escuelas; se cuestiona la
participación; se cuestiona tener que decidir a los quince años qué
orientación se quiere tomar… Se cuestionan todos los temas
importantes, es decir, el problema no es, como usted ayer intentaba
decir, este acuerdo contra natura en relación a este proyecto de ley
entre Convergència, el Partido Nacionalista Vasco y la izquierda, sino el
tema es que el propio Consejo de Estado cuestiona todo esto.

Quiero acabar por donde he empezado. No sé si usted lo
piensa o no, yo creo que sí que lo piensa, pero este proyecto de ley nace
muerto, y lo siento porque este proyecto de ley va a sumir, en
definitiva, al sistema educativo en un periodo de inestabilidad y de
temporalidad. Como usted sabe, todos los partidos políticos han decidido
modificar, cambiar, eliminar el proyecto de ley que hoy se aprobará aquí
si, finalmente, no hay una mayoría del Partido Popular.

Por lo tanto, señor portavoz del Partido Popular, le ruego
que reflexionen, que tomen medidas de responsabilidad y que piensen, no
en aprobar hoy esta ley, porque esa solución es fácil, es decir, ustedes
votan y la aprueban, pero hay otra solución, difícil, sobre la base de la
contestación del proyecto, retirar la ley diciendo públicamente que,
independientemente de que ustedes creen en ella, como esta ley no tiene
consenso ni social ni político en el mundo de la educación y que por el
bien del país la retiran para iniciar un nuevo proceso con una ley que
asegure estabilidad en el sistema educativo español.

Nada más y muchas gracias. (Aplausos.)

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias,
señoría.

Por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya,
enmiendas 496 a 607, vuelta al texto del Congreso de los Diputados en lo
modificado por las enmiendas 677 a 701 del Grupo Parlamentario Popular en
el Senado y 390, del señor Eza Goyeneche, la señora Salanueva y el señor
Yanguas.

Tiene la palabra el portavoz de la Entesa.

El señor MARTÍ JUFRESA: Muchas gracias, señor
presidente.

Buenos días, señorías.

Quiero agradecer a la portavoz de mi grupo, María Jesús
Sequera, que me deje intervenir en este turno de presentación de
enmiendas para explicar el sentido de tres de las enmiendas que mi grupo
propone a este proyecto de ley.

Hoy, señorías, es el Día Mundial de la Filosofía, día que
la comunidad académica y científica mundial celebra y en el que señala la
relevancia de la filosofía en nuestras sociedades. Pues bien, señorías,
en este día de hoy, este Parlamento, el Parlamento español, va a reducir
sustancialmente —un 66%— el carácter obligatorio y común del
estudio de la Ética y la Filosofía en nuestro currículo

escolar. Este mismo Parlamento que hace una semana porfiaba
y aprobaba una ley para hacer obligatorias las corridas de toros en todas
las comunidades autónomas de España, hoy va a cercenar definitivamente el
estudio común de la Filosofía entre todos los estudiantes de nuestro
país.

Y no hay mayor contradicción posible, señorías, que un
Parlamento rebaje y cercene el estudio de la Filosofía. Porque, señorías,
filosofía y democracia están muy íntimamente relacionadas. Es imposible
concebir una auténtica democracia sin unos ciudadanos formados en el
espíritu crítico que nos propone desde hace más de 25 siglos el debate de
las ideas filosóficas.

La filosofía es aquello que nos permite pensar que lo que
pasa, que lo que acontece no es lo único que podría conformar la
realidad, y esa es la base de la actitud crítica, la base del progreso. Y
a la vez, señorías, la filosofía, con su potencial de pluralidad, de
diversidad, con su manera de construir distintas miradas, distintas
cosmovisiones sobre lo que es el mundo y nuestras sociedades, es la
garantía de la pluralidad en la democracia. Por tanto, señorías, no hay
mayor contradicción que lo que va a hacer —si no se remedia—
este Parlamento en breves horas.

Pero, además, señorías, creo que es absolutamente innegable
el carácter básico, fundamental, importante y extremadamente útil de la
asignatura de Filosofía para la formación de los estudiantes. No en vano
dominar a fondo los instrumentos que configuran el pensamiento y la
comunicación, saber cuáles son sus estructuras profundas, sus mecanismos
de funcionamiento interior —me refiero a la Lengua y a las
Matemáticas— es determinante para una formación sólida y útil en
cualquier campo. No en vano, señorías, dominar de manera precisa los
contenidos del pensamiento, es decir, las ideas y los conceptos, es
absolutamente básico y fundamental no solo para aprender sino incluso
para vivir.

La Filosofía ha estado y continúa siendo, a pesar de lo que
se pueda pensar en un análisis superficial, la asignatura, como he dicho,
más instrumental, más útil de todas las que se imparten.

Entender cómo funcionan la estructura y la lógica de los
dos lenguajes principales que organizan la vida de los seres humanos
—como he dicho, la Lengua y las Matemáticas— es básico para
sacar todo su potencial. Pero todavía es más importante el papel que
juega la filosofía en relación con el auténtico motor de nuestras
existencias: las ideas y los conceptos. Comprender y formular ideas con
tanta precisión como sea posible es absolutamente clave para todo. Crear
o innovar, luchar o dirigir, trabajar o aprender, querer o relacionarse
con intensidad y eficacia depende de cómo sepamos hacer nacer y crecer,
organizar y expresar nuestras ideas.

Señorías, no lo digo yo, lo dicen los médicos, los hombres
de negocio, los científicos, los ingenieros, los arquitectos. Todas las
profesiones, ciencias y disciplinas consideran que el estudio en
profundidad de la materia de Filosofía es extremadamente útil y básico, y
ustedes van a cercenarlo de manera definitiva.

Hagan, por favor, señorías del Partido Popular, caso al
diputado, señor Eugenio Nasarre, que hace pocas fechas hacía una llamada
desesperada a este Senado para que la filosofía volviera a recuperar su
papel en la educación secundaria. Hagan ustedes caso, señorías, al
Partido Popular de Cataluña, que hace una semana subscribía una
declaración del Parlamento pidiendo que la Filosofía volviera a tener
este carácter común y obligatorio en todas las ramas de la educación
superior.

Por favor, señorías del Partido Popular, en este aquelarre
de recortes de la LOMCE, indulten a la filosofía, porque cercenar el
estudio de la Filosofía en la educación superior de nuestro país es
autolimitar nuestras oportunidades de progreso moral y material y como
sociedad, es dispararse un auténtico tiro en el pie. Evítenlo, todavía
estamos a tiempo.

Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, señoría.
Gracias, senador Martí.

Comparte turno de enmiendas con la senadora Sequera.

La señora SEQUERA GARCÍA: Buenos días.

En este apartado de defensa de las enmiendas, me gustaría
hacer una introducción diciendo que la LOMCE es una ley difícil de
enmendar, porque, por muy buena voluntad que se tenga en intentar
mejorarla, globalmente no se puede aprovechar ni el título.

La mayoría de enmiendas presentadas por el Grupo Entesa son
de supresión para mantener lo que establece la LOE. Y digo esto, porque
desde el primer borrador presentado, hemos denunciado la falta de
diálogo, de búsqueda de consenso, pues nunca ha habido tal interés por

parte del Partido Popular. Y por coherencia con lo que
hemos reprochado al Gobierno y por convencimiento propio de que la
educación se debe abordar desde la participación y el consenso, debemos
volver a la LOE en espera de un cambio de Gobierno para hacer realidad
ese compromiso entre todos los partidos de la oposición e iniciar con
toda la comunidad educativa, agentes sociales, partidos políticos y
administraciones, el proceso de diagnosis, consensuar en qué debemos
actuar, cómo hacerlo y conseguir de una vez por todas que la educación
sea una cuestión de Estado.

Por encima de ideologías debe prevalecer la ciencia
educativa, la ciencia pedagógica bajo unos principios de equidad y de
igualdad de oportunidades. El objetivo es sencillo: ofrecer formación
desde la edad temprana y durante toda la vida al mayor número de
ciudadanos y ciudadanas posible y mejorar el sistema de forma
continuada.

Por eso, las enmiendas presentadas pretenden impedir los
siguientes aspectos que consideramos que más que mejorar la calidad del
sistema, lo empeora. Por tanto, rechazamos que el Gobierno centralice la
competencia de diseñar los currículos de las enseñanzas reguladas en la
LOMCE; que determine, por ejemplo, los contenidos comunes, la
clasificación en troncales, específicas y de libre configuración
autonómica; que la LOMCE establezca las competencias que tienen el
Gobierno, el ministerio, las administraciones educativas y los centros.
Se debe recurrir en cada caso a los estatutos de autonomías que tienen
competencia plena en el desarrollo de políticas educativas.

No consideramos adecuada la organización de primaria ni la
de secundaria en dos ciclos, ni la distribución de asignaturas en toda la
secundaria. Rechazamos de pleno la formación profesional básica como vía
para los alumnos con problemas de aprendizaje en secundaria. Rechazamos
también la eliminación de los PCPI. Rechazamos la forma establecida para
la obtención del título de educación de secundaria obligatoria con la
reválida. No compartimos la organización del bachillerato ni las
modalidades ni la programación de las materias. Por cierto, aquí tengo
que hacer un inciso para manifestar lo que ha expuesto mi compañero
Carles Martí y también lo que toda la comunidad matemática nos ha pedido
desesperadamente: que intentemos salvar las Matemáticas en el
bachillerato de humanidades.

Rechazamos las fórmulas que se establecen para el acceso a
la universidad. Tampoco compartimos la clasificación de los ciclos de la
formación profesional. Rechazamos absolutamente la formación profesional
básica, tal como se ha planteado, porque solo será una herramienta para
cribar del sistema a aquellos alumnos con problemas de aprendizaje y no
les va a reportar ningún resultado que les beneficie, ya que cuando
acaben esa FP básica no tendrán el título de Graduado en Educación
Secundaria Obligatoria.

Estamos totalmente en contra del diseño de la formación
profesional, en general. Nuestra enmienda de modificación en este
apartado pretende facilitar a los alumnos de grado medio que puedan
cursar en paralelo el acceso al grado superior. También proponemos que la
formación profesional facilite una oferta de ciclos formativos a
distancia o presencial de forma parcial o completa, para poder combinar
la formación con la actividad laboral u otras actividades. La finalidad
es facilitar al máximo a la población que pueda acceder a mejorar su
formación.

Rechazamos el trato que transfiere la LOMCE a la FP dual
pues solo se limita a introducir la definición y poco más. Creemos que es
un ámbito muy importante a desarrollar, máxime en la actual situación de
crisis económica que tenemos en el país. Pero hay que hacerlo con los
agentes sociales, las empresas y la comunidad educativa, y tomando como
referencia aquellas experiencias que en algunas comunidades autónomas se
han llevado a cabo con éxito. No partimos de cero, hay hecho un trabajo,
un camino recorrido que deberíamos aprovechar. No se trata tanto de
fijarnos en los modelos de otros países de Europa, sino de dar valor a lo
que ya hemos conseguido, al trabajo ya realizado en muchas de las
comunidades autónomas.

Debe ser un desarrollo a tres bandas que establezca el
consenso de los objetivos a conseguir —mecanismos de desarrollo,
evaluaciones, propuestas de mejora—, todo ello sin perder de vista
que lo fundamental de la formación profesional de alternancia dual debe
ser la formación del alumno y no una mano de obra barata. Este apartado
conlleva una tarea muy difícil, que es intentar que el tejido empresarial
comprenda qué entendemos por FP de alternancia dual para que no la
confunda con mano de obra barata.

No compartimos que se establezca el criterio de rendimiento
académico para la admisión de alumnos en los centros. También rechazamos
de lleno la organización de las enseñanzas

diferenciadas por sexo y más aún, que esos centros se
financien con fondos públicos. Esto es absolutamente incompatible con las
políticas que garantizan la igualdad de trato y de oportunidades.
Rechazamos la especialización de centros porque ello creará centros de
primera y centros de segunda.

El apartado sesenta y cuatro pone en peligro el derecho
universal a la educación porque lo supedita a las consignaciones
presupuestarias, al principio de economía y eficiencia, por eso pedimos
la supresión del redactado.

El punto 8 del artículo 116 convierte en mercancía la
educación, en un gran negocio lucrativo a base de bienes públicos. En
cuanto al papel de los consejos escolares, se fulmina su participación
efectiva de la comunidad educativa: en la organización, en el gobierno,
en el funcionamiento y en la toma de decisiones de los centros. Una
muestra más de la esencia de esta ley es impedir la participación de las
partes implicadas (familias, docentes, administraciones educativas), por
lo que pedimos también la supresión de los apartados
correspondientes.

También pedimos la supresión del artículo 122.bis porque en
ningún caso las medidas propuestas sobre la competitividad entre centros
fomenta la calidad de todos los centros de forma igualitaria, sino que
conforma otro filtro más de segregación de alumnos y, por ende, debilita
el sistema educativo. Rechazamos todos aquellos apartados que laminan la
autonomía de centro y que convierten al director en mero gestor de
agencias educativas donde la sede central será el ministerio.

En cuanto a la religión, hemos aportado una modificación a
la disposición adicional segunda del proyecto en la que consideramos que
el principio de laicidad del sistema educativo debe garantizar la
convivencia en igualdad y libertad, de forma coherente con la
aconfesionalidad del Estado, simplemente para ajustar la legislación
educativa al marco constitucional.

La enmienda de sustitución a la disposición adicional
trigésimo octava que hemos presentado pretende que se recoja que, al
amparo del artículo 3.3 de la Constitución Española, la riqueza
lingüística de todo el territorio es un patrimonio cultural, que debe ser
objeto de especial respeto, conservación y protección por parte de los
poderes públicos, en este caso por las administraciones educativas. Sobre
la base de ese precepto, y teniendo en cuenta lo previsto en los
diferentes estatutos de autonomía y en las leyes autonómicas de educación
sobre la lengua vehicular, se garantizará el pleno dominio de las dos
lenguas cooficiales al finalizar la educación obligatoria. De forma
contraria la LOMCE, por un lado, vulnera las competencias autonómicas y
por el otro, elude su deber de protección de todo el patrimonio
lingüístico del Estado.

Por último, la enmienda 599 pretende desarrollar
precisamente varias medidas que garanticen la protección, difusión y
promoción de la realidad plurilingüe del conjunto de España, siempre,
repito, al amparo del mandato expresado en los artículos 3.3 y 46 de la
Constitución Española.

Por eso, por todas estas discrepancias que nuestro grupo
parlamentario tiene con la LOMCE, pedimos volver a la LOE, en espera de
un consenso y un diálogo para poder conseguir de una vez por todas una
ley que realmente dé respuesta a que se mejore la calidad educativa del
país.

Gracias. (Aplausos.)

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, senadora
Sequera.

Por parte de Convergència i Unió, tiene la palabra el
senador señor Alturo.

El señor ALTURO LLOAN: Muchas gracias, señor
presidente.

Señorías, muy buenos días.

Nuestro grupo ha presentado un total de ochenta y seis
enmiendas, que voy a dar por defendidas en su globalidad. Solo abordaré
aquellas enmiendas más significativas, aquellos aspectos más
significativos que, desde nuestro punto de vista, vulnera este proyecto
de ley, la LOMCE como pueden ser el ámbito lingüístico, el ámbito
autonómico, etcétera.

El debate de cada una de las enmiendas se produjo con más
intensidad cuando el dictamen en la comisión correspondiente, por lo que
creo innecesario seguir mencionando cada una de ellas. Por ello vamos a
agrupar toda esta intervención en bloques.

En primer lugar quisiera hacer referencia al tema de las
matemáticas en el bachillerato de humanidades y ciencias Sociales.
Nosotros lo propusimos también en el dictamen de la comisión, y aunque en
estos momentos está circulando una enmienda conjunta —a la que
vamos a dar apoyo para que se tramite, para que se pueda debatir—,
desde nuestro punto de vista no satisface la cuestión en concreto. De
entrada vemos dos problemas grandes que voy a enunciar: por un

lado, cierra itinerarios a alumnos, con lo cual los alumnos
pierden la optatividad, y esto es una realidad; por otro lado, tiende a
una especialización de centros…, sí, sí, a hacer una
especialización en centros de humanidades y de ciencias, lo cual tampoco
nos parece correcto. En definitiva, hemos avanzado, se ha tenido en
cuenta, pero la realidad es que yo creo que no está bien resuelto.

Dicho esto, el primer bloque de discrepancias está en el
ámbito o en la distribución competencial, y en este bloque, a nuestro
entender, tienen especial importancia las enmiendas 703, 704, 705 y
706.

La ley pretende un cambio de modelo de distribución de
competencias que, cuanto menos, es contrario al espíritu constitucional.
Es decir, pasamos del modelo tradicional de competencias compartidas
—que podríamos llamar en horizontal—, donde el Estado fija
una parte común de las enseñanzas y las comunidades autónomas pueden
ejercer sus competencias en la parte restante, a un modelo de
competencias repartidas —completamente vertical—, donde el
Estado fija absolutamente el contenido, el horario mínimo y los criterios
de evaluación de las asignaturas troncales, hasta el punto de que puede
impedir de facto que las comunidades autónomas desarrollen políticas
propias en materia educativa.

Y merece especial atención el caso de las comunidades
autónomas con lengua propia, puesto que las asignaturas de lengua
cooficial y de literatura son relegadas al bloque de asignaturas de libre
configuración autonómica, cuando es evidente que en el ámbito de la
comunidad autónoma correspondiente la materia Lengua Cooficial y
Literatura debe formar parte del bloque de asignaturas troncales, con un
tratamiento curricular al mismo nivel que la materia Lengua Castellana y
Literatura.

Segundo bloque. Discrepancias respecto del tratamiento
marginal que se da a la lengua catalana en el texto del proyecto de ley.
Y aquí destacaría de especial relevancia las enmiendas que hemos
presentado números 769, 770 y 771.

El tratamiento de la lengua castellana y de la lengua
catalana está específicamente desarrollado en el bloque de
constitucionalidad, formado por la Constitución y los respectivos
estatutos de autonomía. El redactado actual del proyecto desconoce y no
se adecua a la realidad del régimen lingüístico del sistema educativo de
Cataluña, yo diría, más plural, enriquecedor, cohesionador que el
reflejado en la norma puesto que garantiza al finalizar la enseñanza
obligatoria a los alumnos el pleno dominio de las dos lenguas —de
la lengua catalana y de la lengua castellana— de acuerdo con el
Marco europeo común de referencia. Permite también a los centros
educativos, en ejercicio de su autonomía y a través de sus proyectos
lingüísticos, adecuar el proceso de enseñanza y de aprendizaje de las
lenguas a la realidad sociolingüística, que en ningún caso comporta la
separación de los alumnos por razón de su lengua.

Tercer bloque. Discrepancias en el proyecto de ley respecto
de un calendario de aplicación y una financiación imposibles de cumplir.
Tienen especial importancia para nuestro grupo las enmiendas números 785,
786 y 787.

Hemos comentado en reiteradas ocasiones —y ayer
debatimos sobre ello e hicimos especial mención— que las distintas
leyes educativas que se han aprobado en las Cortes Generales han tenido
un plazo para la aplicación. Es decir, una vez reguladas, posteriormente
se concretan a través de reales decretos; nunca la ley ha contemplado el
despliegue. Por lo tanto, hay un plazo, que podría ser de cinco años
—como ha sido habitual en las distintas leyes que hemos
tratado—, y después un real decreto que aborde como tiene que
realizarse el despliegue. En este sentido el Consejo de Estado, en el
dictamen sobre el proyecto de ley, dice: «Al margen de lo anterior, cabe
destacar que el calendario de implantación nunca se ha fijado en una
norma de rango legal, sino que siempre ha habido una remisión a la
aprobación por el Gobierno en decretos posteriores. Lo único que se ha
previsto en las sucesivas leyes ha sido la duración legal de la
implantación gradual.» Por lo tanto, creo que queda claro cómo se
plantea.

Es evidente, lo dijimos ayer, que ha habido precipitación
en la aplicación de esta ley y que, de acuerdo con la normativa vigente,
podría producirse la quiebra de itinerarios formativos de los alumnos que
cursan diferentes enseñanzas y etapas. Puede ocurrir. Por tanto, se trata
de una situación que se debe tener en cuenta y muy presente, la de no
romper itinerarios educativos de los alumnos con las enseñanzas actuales
pues les estaríamos perjudicando de forma importante.

Por otra parte, el proyecto de ley no viene acompañado de
la correspondiente financiación, y una reforma como esta es costosa.
Tampoco el proyecto de ley de Presupuestos Generales del

Estado para 2014 —primer año de aplicación de la
ley— contempla partida alguna para implementar la reforma. ¿Quién
la debe financiar? ¿Las comunidades autónomas?

Es necesario recordar que la austeridad presupuestaria ha
castigado especialmente a la educación: maestros de baja que no pueden
ser sustituidos, más alumnos por aula, problemas con las becas de
comedor. Aplicar la austeridad a la educación ha sido una decisión
durísima para las comunidades autónomas y no puede agravarse ahora desde
el Gobierno obligándolas a financiar una reforma precipitada que no
resuelve los problemas existentes.

Nuestro grupo propuso una transaccional —también lo
comentaba ayer— que no se aceptó. Considerábamos que se trataba más
bien de una cuestión técnica que debía plantearse pues muchos de los
consejeros y consejeras que están en sus comunidades autónomas no sé si
estarán de acuerdo con el calendario de aplicación que se marca aquí;
creo que en privado están diciendo que es imposible.

Cuarto bloque. Discrepancias en cuanto a la regulación en
el proyecto de ley del denominado mecanismo subsidiario, el cual llega a
modificar la Ley Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, de financiación de
las comunidades autónomas. En este sentido, es de especial importancia
nuestra enmienda 785, por lo que voy a comentarla. Pretendemos suprimir a
través de dicha enmienda la disposición adicional tercera del referido
texto. ¿Por qué? En la memoria sobre el análisis del impacto normativo,
en su apartado 2.2.3, dedicado a las lenguas oficiales de la enseñanza,
se manifiesta que la nueva disposición adicional trigésimo octava
«pretende garantizar la efectividad de este derecho» (se refiere al
derecho a recibir enseñanzas en ambas lenguas oficiales) mediante el
establecimiento de un mecanismo subsidiario que únicamente podría
activarse en caso de que la administración educativa cumpliese su deber
constitucional de garantizar la presencia de ambas lenguas cooficiales
como vehiculares en su programación inicial. En este sentido, ayer
comentábamos también que el Consejo de Estado, en su informe 172/2013,
señala: «Por la misma razón, y puesto que no existe un pretendido derecho
a recibir las enseñanzas única y exclusivamente en castellano
—sentencia del Tribunal Constitucional—, la regla de que las
administraciones educativas deberán sufragar los gastos de escolarización
cuando los padres o tutores decidan escolarizar a sus hijos en centros
privados que utilicen el castellano como vehicular, más allá de las
dificultades técnico-jurídicas que podría conllevar su aplicación
—disposición adicional trigésimo octava 4.c.—, no debería
figurar en la ley por afectar al ámbito de decisión de las comunidades
autónomas con lengua propia.» Creo que queda bien claro. Por lo tanto,
con esta enmienda pretendemos suprimir esta disposición, en consonancia
con lo que dice el Consejo de Estado, con el que estamos de acuerdo.

Además de todo esto es necesario mencionar otras cuestiones
que van a perjudicar de manera importante. En primer lugar, se produce,
evidentemente, una inseguridad jurídica. Obsérvese que el número 4. c) de
la disposición adicional trigésima octava impone a las comunidades
autónomas dos obligaciones concretas que deben cumplirse de forma
razonable. Se debe garantizar, por un lado, una oferta docente razonable
sostenida con fondos públicos, donde se utilice la lengua castellana como
lengua vehicular, y dice: «…en una proporción razonable». Sin lugar
a dudas creo que el término razonable es absolutamente subjetivo e
interpretable; entiendo que resulta profundamente inadecuado para definir
unas obligaciones que en caso de no cumplirse llevan adscrita una sanción
tan severa como la modificación de la financiación de las comunidades
autónomas de régimen común.

En segundo lugar, este redactado genérico, máxime si
pretende incluirse en una ley orgánica, atenta frontalmente contra el
principio de tipicidad, rudimento básico del procedimiento sancionador.
En efecto, uno de los pilares esenciales de cualquier procedimiento
sancionador consiste en la adecuada descripción de los hechos que llevan
aparejada una sanción, problema que consideramos importante.

En tercer lugar, esta inseguridad jurídica imposibilita por
completo cualquier tentativa de estimación económica de su incumplimiento
y, por tanto, contraviene lo previsto en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de
abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. En
definitiva, principios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad
financiera que se pueden ver alterados precisamente por esta cuestión. Y
asimismo quiero hacer referencia a su artículo 9, que lleva por título el
siguiente: «Principio de lealtad institucional», y que dispone que las
administraciones públicas se adecuarán en sus actuaciones al principio de
lealtad institucional.

Cada Administración deberá valorar el impacto que sus
actuaciones, sobre las materias a las que se refiere esta ley, pudieran
provocar en el resto de las administraciones públicas y respetar el
ejercicio legítimo de las competencias que cada Administración pública
tenga atribuidas. Pues bien, creo, en definitiva, que su principio está
muy claro.

Finalmente quiero hacer también referencia a una enmienda
relativa a la equidad. Es la enmienda número 776 que, en definitiva,
supone modificar el apartado 2 del artículo 82 de la LOE, con lo cual
proponemos un nuevo redactado que quiero comentar por la importancia que
tiene. Dice así:»Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 3 del
artículo anterior, en la educación básica, en aquellas zonas rurales en
las que se considere aconsejable, se podrá escolarizar a los niños en un
centro escolar próximo a su residencia para garantizar la calidad de la
enseñanza. En este supuesto, con el fin de facilitar el acceso en
condiciones de equidad a los servicios de comedor y transporte escolar
durante las enseñanzas obligatorias, las Administraciones educativas
ofrecerán un sistema de ayudas y becas que puedan cubrir total o
parcialmente el coste de los sistemas escolares de transporte y, en su
caso, de comedor e internado».

Pues bien, como hemos comentado en reiteradas ocasiones se
está produciendo un agravio comparativo en relación a aquellos alumnos
que dentro de un mismo municipio tengan que desplazarse a distancias
iguales o similares que por el hecho de cambiar de municipio. Podemos
encontrarnos con familias que tengan un poder adquisitivo alto y cuyos
hijos, por el hecho de cambiar de municipio, tengan el transporte y el
comedor gratuitos, y al revés, es decir, con familias de una realidad
socioeconómica muy precaria y que dentro del mismo municipio tengan que
tener un desplazamiento similar al anterior pero no queden cubiertos, con
lo cual se está produciendo un agravio comparativo, repito, que considero
es justo enmendar en estos momentos en que estamos reformando una ley con
estas características.

Hay muchas zonas, muchas autonomías en España
—concretamente, también en Galicia— y cantidad de municipios
donde está ocurriendo algo similar, con lo cual entiendo que esta es la
ocasión para hacer justicia y solucionar este tema discriminatorio en
relación con el desplazamiento de alumnos. Y no vale decir que esto
implica más recursos, porque tampoco es así, porque estamos hablando de
equidad. Estoy diciendo que hay familias con poder adquisitivo alto que,
en realidad,no tienen por qué tener esta subvención, lo que está
perjudicando a otros que lo necesitan y no pueden ser atendidos.

Por lo tanto, estas son, en líneas generales, las enmiendas
más significativas que nosotros presentamos.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, senador
Alturo.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, para la defensa de
las enmiendas números 788 a 896 y la vuelta al texto remitido por el
Congreso de los Diputados en lo modificado por las números 677 a 701, del
Grupo Parlamentario Popular en el Senado, y 226 y 390, del señor Eza
Goyeneche, de la señora Salanueva Murguialday y del señor Yanguas
Fernández, van a hacer uso de la palabra los siguientes senadores: doña
María del Mar Moreno Ruiz, don Andrés Gil García, don Emilio Álvarez
Villazán, doña María Isabel Flores Fernández, doña Paula Fernández Pena y
don Vicente Álvarez Areces.

Para el inicio de este turno, tiene la palabra la senadora
Moreno.

La señora MORENO RUIZ: Señor presidente, señorías, el Grupo
Socialista solicitó un formato de debate que nos hubiera permitido
profundizar más en las enmiendas de una de las leyes más importantes de
la legislatura, pero no ha sido posible y por eso vamos a dividir este
único turno entre todos los senadores que han trabajado los distintos
bloques, y es que, desde luego, el Partido Popular parece tener mucha
prisa en aprobar la LOMCE, y las prisas son enemigas del diálogo, del
consenso y la reflexión, algo que se necesita, sobre todo, cuando
hablamos de educación.

Empezaremos, por lo tanto, por las enmiendas al título
preliminar. El título preliminar es la quintaesencia de los principios y
objetivos de cualquier ley, pero debo decir que en esta reforma educativa
se han quedado huecos y vacíos. Y es que el Gobierno en el título
preliminar de la LOMCE actúa como una agencia de publicidad engañosa,
utiliza los principios progresistas para seducir a los votantes pero el
producto final es absolutamente conservador, regresivo e injusto. El
artículo uno, por poner un ejemplo, proclama la equidad, pero la ley, a
continuación, permitirá

segregar al alumnado desde los 14 años inclusive,
dependiendo del mes y la fecha de nacimiento. Hablan de igualdad de
oportunidades, pero la suma de la LOMCE y de su política de reválidas y
becas permitirá que ante un mismo examen el alumnado con recursos
económicos pueda seguir estudiando, mientras que el alumnado más frágil
tendrá que salir del sistema.

Enumera como principio la transmisión de valores para una
ciudadanía democrática, pero, en el fondo, son alérgicos a que esos
valores figuren en el currículo, no vaya a ser que estudiando Educación
para la Ciudadanía, Ética o Filosofía los jóvenes descubran cómo este
Gobierno ha desvalijado el gran tesoro colectivo de este país: la sanidad
pública, la educación pública, las pensiones públicas, que son el gran
activo, la gran herencia de los que nunca pagarán patrimonio ni
sucesiones. (Aplausos.)

Hablan en el mismo artículo uno de reforzar el papel de las
familias, pero las privan de funciones en los consejos escolares. Señalan
como principio la igualdad entre hombres y mujeres, pero cambian
expresamente la ley para permitir que los centros que segregan y
diferencian por sexo puedan conseguir financiación pública, incluso
contra la doctrina del Tribunal Supremo. Hablan de mejorar resultados.
Señoras y señores, ¿pretendían, de verdad, mejorar resultados con más
religión y menos matemáticas, como si fuéramos un país fundamentalista?
(Aplausos.) ¡Es realmente alucinante!

Aseguran considerar la función docente como un factor
esencial, pero despojan al profesorado de su autoridad fundamental, la de
decidir quien aprueba y quien suspende. Adiós a la innovación educativa,
adiós a la autonomía pedagógica; si quieres que tus alumnos superen la
reválida, no pienses, no innoves, no decidas, conviértete en una academia
y enseña lo que yo te diga. Ese es el sistema de enseñanza hacia el que
avanzamos.

Se atreven en este título preliminar a hablar de
participación, pero no han dejado que la comunidad educativa inspire un
solo artículo de esta pésima ley. Solo dicen una verdad, la verdad del
artículo uno.q) que justifica prácticamente toda su reforma, la libertad
de elección de centro, un claro tributo a la enseñanza privada que
convierte a la escuela pública en mera subsidiaria. Eso es lo que tienen
que hacer, decir la verdad. Atrévanse a escribir sus principios y no
hablen de igualdad, hablen de las diferencias sociales que esta ley
quiere agrandar. No hablen de ciudadanía, hablen de élites. No hablen de
participación, hablen de autoritarismo. No hablen de calidad, hablen de
exclusividad, que no es lo mismo. Y si a todo eso se une una clara
invasión de competencias, la agresión gratuita a las comunidades
autónomas con lengua propia, el panorama que se abre para la escuela
pública española es bastante oscuro, tan oscuro como el pasado al que nos
quiere devolver esta mala ley que no tardaremos en derogar. Sí,
derogaremos la LOMCE porque lo que nunca va a tolerar la inmensa mayoría
de españoles y españolas es que el futuro de los niños y de los jóvenes
se decida por una cuestión de apellidos o de cuenta corriente.

Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias,
señoría.

Tiene la palabra el senador Gil.

El señor GIL GARCÍA: Muchas gracias, señor presidente.

Señorías, quiero que mis primeras palabras sean para poner
en valor la movilización social de plataformas de padres, de madres, de
estudiantes, de maestros y de maestras de este país, de toda esa marea
verde que han entendido que la LOMCE es un obstáculo para la educación
que queremos mayoritariamente en España. (Aplausos.)

En realidad nuestras enmiendas pretenden ser, de manera
humilde, la voz de todos aquellos colectivos con los que ustedes no han
contado para elaborar esta ley, es decir, con una parte muy mayoritaria
de la comunidad educativa en este país. En cualquier caso, queremos
hacernos una pregunta muy concreta sobre la enseñanza de la religión.
Señorías del Partido Popular, ¿por qué se empeñan ustedes en
retrotraernos a una versión remasterizada del nacionalcatolicismo? ¿Por
qué se empeñan ustedes en hacer esto con nuestro sistema educativo? El
portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Senado prefirió referirse
el otro día en la comisión a esta etapa oscura de la escuela de nuestro
país como escuela de mérito, capacidad y rigor, pero lo que ustedes
quieren hacer es volver a un modelo de escuela segregadora y excluyente.
Por eso, con esta ley favorecen a los centros que segregan por sexo.
Quieren volver a un modelo que ya sufrieron generaciones pasadas en este
país y que conocemos muy bien. Su modelo es este, el de la

Enciclopedia Álvarez, con la que muchas de sus señorías
habrán estudiado en el pasado, con la que estudiaron, por ejemplo, mi
madre y mi padre, una escuela que enseñaba a ser discípulos de Dios, pero
no a ser ciudadanos críticos y libres. También enseñaban a las niñas a
hacer macramé.

La enseñanza de la religión, señorías, debe hacerse en el
ámbito familiar, por supuesto, para aquellos que lo deseen y debe quedar
fuera del currículo y de los horarios y centros escolares de nuestro
país, pero ustedes, lejos de intentar adoptar una solución intermedia,
como la que apuntaba de manera coherente el senador Saura, han preferido
dar plena validez académica a la asignatura de Religión. Y mientras meten
la Religión con calzador en el currículo, restan importancia a las
enseñanzas artísticas. Yo no sé que le pasa siempre a la derecha con el
mundo de la cultura y con las enseñanzas artísticas. Luego se quejan,
pero ustedes han restado horas a las enseñanzas artísticas mientras han
aumentado las de las materias instrumentales. Y hay más, por ejemplo, los
títulos superiores de música y danza ya ni siquiera serán licenciaturas o
el equivalente al título de grado.

En marzo del año 2009 el Parlamento Europeo instaba a que
la educación artística debía ser obligatoria en todos los niveles
educativos, pero ustedes parece que esto lo han olvidado.

Desde luego, mi grupo parlamentario no puede compartir las
modificaciones que proponen en el apartado de educación infantil,
primaria, secundaria ni bachiller y es que, por poner algún ejemplo,
relegar asignaturas como Historia de la Filosofía a un segundo plano,
hasta el punto de que puede que haya alumnos que no lo estudien en toda
su vida académica, son auténticos disparates, impropios de un Ministerio
de Educación de un país como España.

Esta afirmación no es que la haga solo mi grupo, el Grupo
Parlamentario Socialista, o que sostengan los izquierdistas radicales
sino que, la semana pasada, un compañero suyo, vicepresidente de la
Comisión de Educación, el señor Nasarre, hacía una crítica al respecto en
un medio de comunicación. Por ello, señorías del Partido Popular, les
pido que se pongan de acuerdo.

Por si fuera poco, con este Gobierno y con este ministro,
el ministro Wert, cada semana se produce un lío en materia educativa. El
último ha sido ese serial en materia de becas Erasmus. Primero, anuncia
que se suspenden las becas Erasmus y todos los estudiantes que tenemos en
el extranjero se ponen en pie de guerra; después, el propio ministro
tiene que dar marcha atrás y rectificar —lo hizo aquí, en el
Senado—; y, al día siguiente, dice que recorta las becas Erasmus
para el año próximo porque Europa le obliga, para que desde la Unión
Europea tengan que calificar esas declaraciones del ministro como basura,
ya que no es eso lo que pretende Europa sino el aumento de las becas
Erasmus.

Señorías del Partido Popular, no han dialogado con el mundo
educativo, no han escuchado ni al Consejo de Estado ni al consejo escolar
ni, por supuesto, a la oposición. Nadie apoya esta ley pero ¿cómo la van
a apoyar? Si ustedes llegan hasta aquí después de haber recortado 5000
millones de euros en educación. ¿Cómo pretenden que la gente les crea
cuando hablan de calidad en la educación? No se sorprendan por este
rechazo social mayoritario a su ley y es que están ustedes anteponiendo
su interés ideológico partidista y particular al interés general y al
bien común de los ciudadanos españoles.

Señorías, en cualquier país democrático, cuando esto
sucede, los ciudadanos salen a la calle y muestran su rechazo mayoritario
a la ley.

Señorías del Partido Popular, senador Peral, están ustedes
solos en esto. Ni uno solo de esos más de diez millones de votos en los
que usted constantemente se ampara, y en los que sustenta su absoluta
soledad mayoritaria en el Parlamento, es un cheque en blanco para
modificar unilateralmente una ley de este calado; una ley, señorías, que
afectará a generaciones futuras que ni tan siquiera hoy han tenido la
oportunidad de ser votantes, no ya del Partido Popular sino de ninguno de
los grupos que están en esta Cámara, pero sí se verán afectados por las
decisiones que ustedes hoy adopten. (El señor presidente ocupa la
Presidencia.)

En este sentido, no es que estemos hablando de ganar o de
perder una votación en el Senado, ni siquiera estamos hablando de debatir
cuestiones menores como el precio de los colorantes alimentarios, sino
que estamos hablando de uno de los elementos nucleares que conforman
nuestro modelo como sociedad presente y sociedad futura y eso, señorías
del Partido Popular, requiere de un consenso que ustedes han demostrado
ser incapaces de lograr.

Por este motivo, mi grupo quiere mostrar su rechazo frontal
a esta ley y presenta un paquete de enmiendas a este capítulo de la Ley
de calidad de la educación.

Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Gil.

Tiene la palabra el senador Álvarez.

El señor ÁLVAREZ VILLAZÁN: Gracias, señor presidente.

Señorías, la verdad es que tenían ustedes muy fácil mejorar
la formación profesional. En primer lugar, porque tenemos un buen sistema
—el que se implantó con la LOGSE—, de calidad y orientado a
formar buenos profesionales; un modelo que exige al alumnado que quiera
acceder a él la imprescindible formación básica, que le permita adquirir
competencias profesionales y que contempla un período de prácticas en la
empresa; un modelo que se preocupó de no dejar a ningún alumno fuera,
mediante los programas de cualificación profesional inicial; un modelo
flexible, que adapta la formación a los requerimientos dinámicos del
mercado del trabajo y a la innovación, que dejó atrás la idea de una
formación profesional como vía de desagüe del sistema educativo y que
pronto se convirtió —y ahora lo es— en el tramo educativo más
estable y menos cuestionado de todo el sistema.

Sin embargo, nada de esto han tenido en cuenta a la hora de
elaborar el nuevo modelo: ni el grado de satisfacción del sector
empresarial ni las tasas de inserción profesional de los titulados ni el
incremento espectacular de las solicitudes o que el curso pasado, por
ejemplo, 80 000 alumnos se quedaran sin acceder a esos estudios por falta
de plazas en los ciclos medio y superior.

En vez de buscar el consenso han elaborado un modelo sin
contar con nadie; un modelo que, de verdad, señorías, permítanme que les
diga que parece que lo haya hecho alguien que no tiene la menor idea de
lo que es y para qué sirve la formación profesional.

Lo que proponen, en definitiva, es el mismo modelo que
había en 1970, una segunda vía para coger a los alumnos que fracasan o
que no tienen otras opciones. La sustitución de los PCPI por una FP
básica solo servirá para mejorar las estadísticas del fracaso escolar de
los informes PISA, al no contabilizar el alumno de 14 años, que se irá de
ella. Una manera curiosa, señorías, de reducir el fracaso escolar.

Pero, ¿se han preguntado qué salidas profesionales tendrá
en nuestro mercado laboral actual ese alumnado? En los ciclos de grado
medio introducen materias instrumentales, como ocurría ya en la famosa
FP1 de antaño, pero se olvidan que la formación en este grado debe
dirigirse a adquirir competencias profesionales y formación laboral, y no
una formación de base que deben tener ya los alumnos cuando acceden a
ellos. Los ciclos de grado superior son enseñanza superior y, por tanto,
requieren una base superior para acceder a ellos, por tanto, tenemos que
ver qué posibilidad hay de que estos alumnos hagan un curso de acceso
para que se puedan incorporar en igualdad de condiciones a estos ciclos
de grado superior.

Respecto a la formación profesional dual, que quede claro
en principio que nosotros no estamos contra ella, pero sí estamos en
contra de la FP dual que quieren ustedes implantar, y de que intenten
confundir a la ciudadanía presentándola como una fórmula mágica que va a
acabar con el desempleo juvenil. Primero, porque este modelo requiere un
número elevado de empresas que estén dispuestas a asumir su alto coste, y
en España, señorías, donde solo el 2% de las empresas tienen más de
veinte trabajadores, resultará imposible aplicarlo.

Por último, no hay que olvidar que este modelo crea puestos
de trabajo poco cualificados y, además, puede convertirse —ya se ha
señalado aquí— en una manera de conseguir mano de obra barata. Pero
sí es posible extraer ideas útiles de este modelo formativo que vincula
más la formación profesional al empleo, ahora bien, garantizando que el
alumnado adquiera las competencias a través de una participación activa
del profesorado y no dejarlo al margen de que en unas empresas o en otras
tengan este profesado para esta formación. Ideas, señorías, que podían
muy bien plantearse en el marco del diálogo social para adaptarlas a
nuestro país y elaborar, entre todos, un modelo de formación profesional
en alternancia similar al que se viene aplicando en el País Vasco,y en
alguna otra comunidad, con muy buenos resultados, como ha quedado ya
evidenciado.

Por tanto, señorías, nuestras enmiendas van dirigidas, una
parte, a recuperar el sistema establecido en la LOE —sé que nos lo
están reprochando muchas veces—, pues sí, señorías, porque es un
buen sistema y está dando un buen resultado, y otra, a mejorarlo, porque
es un buen sistema que necesita mejoras y nosotros queremos mejorarlo.
Pero mejorarlo, señorías, no es destruirlo, como pretenden hacer
ustedes.

Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Álvarez
Villazán.

Tiene la palabra la senadora Flores.

La señora FLORES FERNÁNDEZ: Gracias, presidente.

Voy a seguir defendiendo las enmiendas del Grupo
Parlamentario Socialista, especialmente las que van desde el número 838 a
la 841, todas ellas de supresión. Nosotros seguimos defendiendo la LOE.
Su articulado nos parece más apropiado y, desde luego, no compartimos en
absoluto lo que ustedes proponen por ser, a nuestro juicio,
discriminatorio y no garantizar la igualdad de oportunidades y de trato.
Por eso, son enmiendas todas ellas de supresión. Queremos, en definitiva,
que se vuelva al texto de la LOE.

Después de su paso por la Comisión de Educación, celebrada
los pasados días 12 y 13, el proyecto de ley es aún peor que el que entró
en el Senado, que ya era bastante malo. Teníamos un sistema educativo con
un alto nivel de equidad reconocido por los organismos europeos y con
este texto, a nuestro juicio, se acaba, y pasamos a un concepto de
educación elitista, segregadora, con preeminencia de la privada sobre la
pública y educación de excelencia para quien tenga posibilidades
económicas, quebrando el principio de igualdad de oportunidades, sin el
cual no puede haber desde luego equidad. ¿Dónde queda, señorías del Grupo
Parlamentario Popular, aquello de procurar que los más débiles o
desfavorecidos alcancen las mejores condiciones posibles? ¿Dónde queda la
garantía de una educación inclusiva desde el principio?

Ustedes, con la enmienda que aceptaron en comisión del
Grupo Mixto, en concreto de UPN, eliminan la justificación objetiva y
razonada que debían realizar los centros que segregan por sexos, que ya
venía en el texto, para acceder a conciertos con la Administración. Ya no
hay ninguna traba para ellos. Se van a financiar con el dinero de todos,
con fondos públicos, centros minoritarios y exclusivos, de élites en
manos casi siempre de la Iglesia católica.

«Mentes libres!, «Sociedad laica», se lee en las pancartas
de las personas que constantemente se manifiestan en contra de esta ley,
y eso es lo que necesitamos. Desde el respeto absoluto a todas las
creencias, reclamamos que no se impongan las verdades de unos a los
demás.

¿Saben ustedes lo que ha significado la escuela mixta para
la igualdad entre mujeres y hombres? ¿Creen que la escuela segregadora va
a facilitar la formación de personas libres, críticas y responsables?
Señorías, lo que hace la LOMCE es permitir que se financien con fondos
públicos colegios que segregan por sexos, elimina la asignatura de
Educación para la Ciudadanía e introduce la doctrina católica, claramente
sexista, como materia evaluable. Eso es lo que están haciendo ustedes. ¿A
quién puede beneficiar, señorías, encapsular a niños y niñas en una
realidad ficticia? Nosotros creemos que a nadie, ni a los unos ni a las
otras, al contrario. Por eso, reclamamos espacios abiertos que formen en
valores democráticos, de convivencia y respeto a los demás, sean cuales
sean sus circunstancias, creencias, sexo u orientación sexual. En
definitiva, reclamamos la Constitución, artículo 9.2. y artículo 14.

Señorías, expliquen a quien no tiene ni para lápices que en
época de recortes y dificultades económicas se dedique el poco dinero que
hay a financiar estos centros, en lugar de dedicarlo a conseguir que
nadie se quede fuera. Eso es, a su juicio, la equidad. El Estado tiene
otras obligaciones, y es garantizar una educación adecuada y de igualdad,
justo lo contrario que hacen en su ley, porque se han quedado solos. No
escuchan a los grupos parlamentarios, pero tampoco a la comunidad
educativa.

He de reconocer, sin embargo, desde aquí al ministro Wert
un éxito: ha unido a todos, absolutamente a todos, en el no. Pero él,
inasequible al desaliento, sigue a lo suyo, metiendo la pata cada dos por
tres, un pasito adelante y tres para atrás.

La educación en España lo que necesita, señorías, es más
profesorado, bien formado y con unas condiciones laborales favorables y
dignas, más becas para que nadie se quede atrás debido a su procedencia o
situación económica. Se lo están diciendo todos los grupos. Más recursos
para poder acceder al conocimiento de otras lenguas y al manejo de las
nuevas tecnologías, más investigación, y ustedes remando en sentido
contrario, con Wert a la cabeza. Por eso, hemos presentado estas
enmiendas.

Bajo el paraguas de reformar la LOE, con la excusa del
abandono escolar temprano y el elevado fracaso escolar, presenta una ley
injusta, regresiva y puramente ideológica, que provocará, no lo duden,
más desigualdad.

Pero no quiero terminar sin lamentar la salida de tono del
ministro Wert ayer, cuando vio a las personas que lo esperaban a la
puerta del Congreso de los Diputados. Dijo, yo lo oí: Esto es una jungla
y yo sin machete. Creo que la frase define por sí sola al personaje. Lo
único digno que puede hacer es dimitir y llevarse consigo esta lamentable
ley, por el bien de la educación de este país. Recomiéndenselo, señorías
del Grupo Parlamentario Popular. Le van a hacer un favor a él y, desde
luego, a todos los demás.

Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Flores.

Tiene la palabra la senadora Fernández.

La señora FERNÁNDEZ PENA: Señorías: «…sin la
implicación de la sociedad civil no habrá transformación educativa». Esta
frase aparece recogida en el preámbulo de la LOMCE y a pesar de ello,y de
que esta ley ha entrado en esta Cámara entre huelgas, manifestaciones y
ciudadanos indignados, los senadores populares votarán a favor, haciendo
de nuevo un ejercicio de incongruencia y ceguera social. No podemos
aprobar una ley educativa que incorpore en su preámbulo términos como
emprendimiento, economía, recompensa, liderazgo o empleabilidad, porque
demuestran que el Partido Popular quiere convertir a los centros
educativos en centros clasificadores de personas, que serán elegidos,
reválida tras reválida, como hace cuarenta años, por capacidades sociales
y económicas, unas reválidas excluyentes, con las que nos transportarán
al pasado en tiempo récord.

Un viaje temporal que quieren imponer demasiado rápido. Han
fijado solo veinte días para que entre en vigor esta ley. Es un
sinsentido, ustedes saben que para una buena adaptación curricular,
económica y social se necesitan como mínimo doce meses, como proponemos
nosotros. Como proponemos también la retirada del calendario de
aplicación LOMCE. Deben consultar con las comunidades autónomas y después
aplicar un calendario pactado que no debe imponerse por ley. Si no
queremos llegar al caos en un asunto tan importante como es la educación,
así deberíamos actuar, pero ustedes han preferido presentar una enmienda
a este calendario simplemente para diferir costes en un año. Una enmienda
con la que pretenden calmar ánimos entre los consejeros populares, para
que continúen manteniendo una postura afín al dogma del partido y que,
así, no defiendan el derecho al desarrollo normativo de las comunidades,
que no defiendan la cohesión territorial, que tampoco defiendan las
lenguas propias y, sobre todo, que se mantengan impasibles ante una ley
cuya implantación tendrán que pagar las comunidades autónomas, y que les
abocará a más recortes educativos.

Y hablando de recortes, señorías, presentamos una enmienda
al sistema de préstamo de libros porque los socialistas no queremos que
se promueva, queremos que se garantice y evitar así que se deje caer en
el olvido. Como dejaron caer en el olvido a la Educación para la
Ciudadanía, sin valorar las consecuencias futuras que esa decisión pueda
tener. Fíjense, señorías, sobre todo las del Partido Popular, estoy
segura de que si esta asignatura hubiera sido materia obligatoria en su
etapa escolar, seguramente hoy tendrían más conocimientos en materia de
igualdad que les permitiría no apoyar las enmiendas de UPN para los
centros que segregan por sexo. (Aplausos.) Enmiendas que representan un
apoyo explícito al Opus y su negocio escolar. Y es que ya se lo dije el
otro día, están yendo demasiado lejos con esas compañías. Si siguen así,
en los colegios será lectura obligatoria para las niñas el libro Cásate y
sé sumisa, porque eso es lo que pretenden los lobbies económicos,
empresariales y religiosos que les apremian a aprobar esta ley. Pretenden
que de las escuelas salgan ciudadanos obedientes, leales y, sobre todo,
sumisos, cuando lo que necesita una sociedad de futuro son ciudadanos
críticos y libres. Porque eso, señorías, es lo que somos hoy, aunque les
pese y aunque intenten coartarlo con la futura ley de seguridad
ciudadana. Somos críticos y somos libres. Somos críticos con Wert porque,
aun sin machete, está haciendo el mayor destrozo del sistema educativo de
la historia. (Aplausos.) Y somos libres para pedirle que ya que no quiere
dimitir, se vaya una temporada de Erasmus, eso sí, sin beca por bajas
calificaciones.

Y por último, señorías, ya sé que no servirá de nada que
les pida que voten en contra. Ya lo sé que no servirá, pero no puedo
dejar este atril sin pedirles que voten en consecuencia con lo que pide
la comunidad educativa y que no se queden solos, porque por mucho que les
insista la Conferencia Episcopal, esta ley no la quiere ni Dios.

Gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora
Fernández.

Tiene la palabra el senador Álvarez Areces.

El señor ÁLVAREZ ARECES: Gracias, señor presidente.

Continuando con nuestro turno de enmiendas dentro del
denominado bloque quinto, siguiendo esta organización del trabajo que
hemos adoptado, me corresponde explicarles algunas cosas relativas a las
que, a mi juicio, son enmiendas cruciales a las que ayer hice referencia
en mi intervención, las números 844 y 845, en las que planteamos el
debate en torno a la modificación que hace la LOMCE del artículo 109 de
la LOE. Una de estas enmiendas pretende la supresión de todo el texto de
la LOMCE. Y la otra toma el texto de la LOE y, dado lo que está pasando y
esta ofensiva conservadora de favorecer claramente a la enseñanza
concertada y sostenida con fondos públicos, explicitamos lo que significa
la prioridad de la red pública. En ese artículo 109, en el apartado
sesenta y cuatro, en el punto 2, hablando de lo que significan los
procedimientos de admisión, modificamos y decimos explícitamente
—hablando de las administraciones educativas—: para ello
tendrán en cuenta en primer término la red existente de centros públicos
en el territorio en el que ejercen sus competencias. Y, en segundo
término, la red existente de centros privados sostenidos con fondos
públicos para completar las necesidades de escolarización. Asimismo, las
administraciones educativas garantizarán la existencia de plazas públicas
—estamos restituyendo la palabra públicas— suficientes,
especialmente en las zonas de nueva población.

No quiero extenderme en mi argumentario de ayer respecto a
la importancia crucial de lo que estaban haciendo el Gobierno y el Grupo
Parlamentario Popular respecto a la modificación de un artículo nodal,
central, en relación con lo que significa el modelo educativo que tenemos
en España, así como la ruptura de esas reglas de juego. Si no quedan
claros mis argumentos, lo reitero muy brevemente. La modificación del
artículo 109 en la LOMCE se resume en cuatro puntos: en primer lugar, se
amplía de cuatro a seis años el periodo de concertación en la educación
primaria. Esto, efectivamente, va orientado a favorecer las renovaciones
automáticas. En segundo lugar, se establece la demanda social, un
concepto difuso de difícil concreción y materialización, como criterio
para programar la red de centros. Esto, sin duda, va en detrimento de la
planificación educativa y favorece una litigiosidad que, en estos
momentos, ya anuncio que va a ser considerable. En tercer lugar, en las
zonas de nueva población, donde antes había la obligación de garantizar
la existencia de plazas públicas suficientes, ya saben que se ha
eliminado el adjetivo públicas, y se abren puertas a la construcción de
centros privados en las nuevas zonas urbanas. En algunas comunidades
autónomas ya se ha dado el caso de que hasta se destina suelo público
para esos conciertos, y algunas autoenmiendas que se han introducido van
exactamente en esa dirección.

Otro bloque de enmiendas a este epígrafe se refiere a la
autonomía de los centros. Estamos convencidos de que tenemos que avanzar
en la autonomía y todos los expertos, así como las evaluaciones
internacionales, lo consideran como un elemento positivo. Por cierto,
evaluaciones que están recogidas en la LOE. Pero, algunas de las
posibilidades que plantea la reforma, sin duda, van en sentido contrario
a lo que nosotros consideramos.

Avanzar en la autonomía no tiene por qué significar dar
pasos atrás en la participación y democracia ni en la cohesión del propio
sistema educativo. Lo indicábamos también en el debate que tuvimos aquí,
en el Senado, en la Comisión General de las Comunidades Autónomas, y lo
justificábamos adecuadamente.

El deseable refuerzo de las tareas de dirección no es
incompatible con los componentes más democráticos de su elección y, en
consecuencia, debemos establecer una mayor participación de los
representantes del centro en la comisión de selección de la
dirección.

En cuanto a los consejos escolares, lo mismo decimos acerca
de sus funciones. La implicación de las familias es un factor clave de la
vida de los centros y en el progreso educativo de sus hijos. Consideramos
que tienen que preservarse íntegramente las competencias de los consejos
escolares para no dar marcha atrás en la implicación de los padres y de
las madres en el control social de los resultados.

El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría.

El señor ÁLVAREZ ARECES: Voy concluyendo. Y, desde luego,
con las modificaciones que pretenden introducir en materia de
participación y gestión de los centros, el contenido del derecho

de participación democrática en la toma de decisiones se ve
muy mermado, con un carácter muy restrictivo respecto a lo que dispone el
artículo 27.7.

Desde nuestro punto de vista, todas estas medidas van a
permitir avanzar en la privatización de la enseñanza, en la consideración
de la educación como una mercancía sometida a leyes de mercado, y con
esta redacción se atenta contra el derecho de todos a una educación de
calidad en condiciones de igualdad. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Álvarez
Areces.

¿Turno en contra? (Pausa.)

Tiene la palabra la senadora González.

La señora GONZÁLEZ GARCÍA (Ana María): Muchas gracias,
señor presidente.

En primer lugar, quiero dar las gracias a los diferentes
grupos parlamentarios por las propuestas que nos han hecho, aunque no
podamos estar de acuerdo. Asimismo, quiero reconocer el trabajo
exhaustivo de nuestros portavoces del Partido Popular para tener en
cuenta, analizar y sopesar esas propuestas.

Dicho esto, me corresponde defender el bloque segundo, o lo
que hemos considerado bloque segundo de enmiendas de la LOMCE, formado
por 58 apartados. Son muchísimas enmiendas que no puedo rebatir una a
una. Por eso, me referiré a ellas en conjunto. No puedo hacer referencia
a Amaiur, puesto que no han presentado ninguna enmienda. A Izquierda
Unida les diré que, como saben, les admitimos la enmienda 66 y la 181. En
cuanto al resto de las propuestas que nos hacen, no es que ustedes nos
pidan que volvamos a la LOE, como el resto de los grupos, es que ustedes
nos están pidiendo que volvamos a la LOGSE, con los principios de
comprensividad, enseñanza común, sin itinerarios, eliminación de la FP
básica o rechazo de la materia referida al emprendimiento. Pero
—¡qué curioso!—, ustedes votaron a favor de la LOE. Fíjense,
ya en el preámbulo de esta misma ley que ustedes apoyaron se reconocían
los logros indudables de la LOGSE de generalizar las enseñanzas y
—nos llamaba la atención— la necesidad de mejorar en
calidad.

Senadores de Izquierda Unida, la pasada semana, la portavoz
de Esquerra nos criticaba por tener permanentemente puesto el retrovisor
y la mirada hacia el pasado. Yo les pregunto ¿quién de verdad está
volviendo a ese pasado? Si no, ustedes lo arreglan todo con una cuestión
de dotación económica y de dotación de recursos. Verdaderamente la
experiencia nos ha demostrado que no es así, y le voy a poner un ejemplo
de las dos comunidades autónomas de donde ustedes proceden, de Asturias y
de Andalucía. Asturias dedica el 3,9% del PIB a educación y Andalucía, el
5,6. Por el contrario, el abandono escolar temprano en Asturias es de
21,9% y, en cambio, en Andalucía, de un 32,5. Como se ve, no hay
correlación. Senador de Izquierda Unida, nos dijo usted ayer que no es
cierto que se gaste más en educación. Yo le estoy dando ahora mismo los
datos de una reciente publicación que tiene usted en su casillero.

Con respecto a UPN, que tiene las enmiendas 389 y 183, no
podemos admitírselas. La primera se refiere a una prueba única para la
ESO. Nosotros apostamos por dos para la elección de itinerarios para
responder a los talentos personales. La segunda se refiere al
bachillerato tecnológico que, como saben ustedes, ya es posible en
aquellas localidades con oferta suficiente, como establece el apartado
veintitrés.2.

Foro: senador, no son ciertas ninguna de las acusaciones
que usted nos está haciendo. El grupo parlamentario del Partido Popular
ha pretendido en todo momento dar el protagonismo que se merece al
Senado. Otra cosa es que podamos dar cabida a sus propuestas, y tengo que
decirle que no es posible. Las enmiendas 195 a 208 se centran
fundamentalmente en proponer una nueva arquitectura de la ordenación
educativa, siete años en primaria, tres años de bachillerato. Siento
decirle que esa propuesta no podemos admitirla.

PNV: se le admite la enmienda 619, medidas para adaptar las
evaluaciones de primaria a las necesidades educativas especiales. No
podemos estar de acuerdo con el resto de las enmiendas, que tratan
fundamentalmente de una cuestión competencial, y a la que luego me
referiré. Con respecto a la evaluación y otros aspectos que se recogen,
no dude de que la LOMCE sí que va a beneficiar a Euskadi, y estoy segura
de ello porque ustedes también pueden mejorar y, además, van a saber qué
es lo que hay que evaluar.

Entesa: se admiten las enmiendas 391 y 412. Voy a responder
en bloque a Entesa, a CiU y a PSOE. ¿Por qué en bloque? Porque, como
dicen mis alumnos, ustedes han hecho un copieteo,

con todo mi respeto, de unas enmiendas y otras y la palabra
más utilizada es suprimir, suprimir y suprimir, con la única
justificación de: por ser más adecuado lo que establecía la LOE.
Curiosamente, senador Alturo, CiU se abstuvo en la votación de la LOE. En
el mismo camino está Esquerra, pero ustedes no se limitan a suprimir
porque sí hacen aportaciones —lo ha dicho usted—, hablan de
la cuestión de la economía social y la emprendeduría. Yo les vuelvo a
preguntar ¿consideran ustedes que esto es constructivo? Yo, no. Ustedes
en ningún momento han tenido la más mínima intención de hacer propuestas
de mejora, y les voy a poner varios ejemplos. El primero, y además me
parecía muy curioso, es que la mayoría de ustedes proponen volver a los
programas de diversificación curricular en la ESO, cuando los que hemos
dado clase tenemos muy claro que estos programas había que anticiparlos,
porque es una petición de la comunidad educativa desde aproximadamente el
año 1996. Nosotros lo recogemos y ustedes quieren suprimirlo. Así que lo
de mirar al pasado, ustedes, y lo de inmovilistas, sí, sus
posicionamientos.

Les voy a poner otro ejemplo, el acceso a la universidad.
Me llama la atención que la mayoría de las enmiendas son de supresión,
volver a la PAU o eliminar cualquier tipo de prueba. La PAU no ha
resuelto en absoluto el problema de los muy diferentes niveles de los
estudiantes que acceden a la universidad. Creemos que son las
universidades, en el ámbito de su autonomía, las que tienen que utilizar
esos criterios de admisión.

Vamos a tratar el tema de la Religión. No vamos a repetir
debates que ya hemos tenido, señorías. No engañen. Estamos hablando de
una oferta obligatoria pero de una elección voluntaria. Ustedes se
centran en este punto como si fuera de los pocos que se tratan o de los
más importantes y, en muchos casos, lo que pretenden es desviar el
debate. El PSOE utiliza el debate religioso porque lo que realmente le
incomoda es que las familias puedan elegir libremente la formación de sus
hijos y que esta no responda a la doctrina que intentaron imponer con su
asignatura estrella, la Educación para la Ciudadanía —por cierto,
senadora del PSOE, sus chistes fáciles no tienen ninguna gracia y,
además, es que esto es muy serio—.

Con respecto a las Matemáticas, ya se ha referido que se va
a incluir una modificación, de lo que me alegro, incorporando las
Matemáticas aplicadas al itinerario de Ciencias Sociales; de todas
formas, les tengo que decir que la propia organización responsable del
centro, el trabajo que realizan los docentes, los departamentos de
orientación y la responsabilidad del alumno aseguran que sea francamente
imposible que un centro no oferte Matemáticas, o que un alumno no curse
según su orientación estas Matemáticas si lo requiere. No se eliminan las
Matemáticas de esos itinerarios, pero les voy a decir más. Fíjense,
ustedes que están tan preocupados con esta cuestión, en la LOE
incorporaron ustedes la posibilidad en la optatividad para 4º de la ESO
de poder ir al bachillerato de ciencias sin haber cursado Física,
Química, Biología o Matemáticas B. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Por
cierto, señor Alturo, no es verdad que vaya a condicionar la oferta de
los centros la nueva modificación que hemos incorporado, existe un único
bachillerato, con dos posibilidades, y los centros estarán obligados a
hacer esa doble oferta.

Senador de Entesa, respecto a la Filosofía, estamos
totalmente de acuerdo con la importancia de esta materia, pero también le
quiero decir que no es cierto que se haya anulado, está en primero como
troncal y en segundo dentro de las troncales. ¿Qué troncal eliminaría
usted? ¿La incorporamos directamente? Si hacemos eso entonces nos
acusarían de hacer invasión competencial. ¿En qué quedamos?
(Aplausos.)

Señor Alturo, ha dicho que ha hecho propuestas positivas,
pero esperaba más de ustedes. Fíjese, estamos de acuerdo con sus palabras
de la pasada semana en comisión sobre que todos estamos más o menos
conformes sobre el diagnóstico de mejora. Reducir el fracaso escolar
—estas son sus palabras—, aumentar los graduados en educación
secundaria, una formación que facilite la empleabilidad, reforzar las
estructuras y potenciar la FP. Y, efectivamente, eso es lo que
pretendemos con la LOMCE, pero no podemos estar de acuerdo con usted en
que lo importante no es modificar la estructura legislativa, las
competencias y los currículos; incorporar en gran parte de las enmiendas,
además de volver a la LOE, la supresión por una cuestión de invasión
competencial no es lo que procede. Se adhieren Esquerra, Entesa,
Izquierda Unida y PSOE.

No vamos a debatir de nuevo pero sí quiero insistirles en
que la LOMCE recoge la necesidad de que todos nuestros estudiantes, sean
de la comunidad autónoma que sean, puedan tener el mismo nivel de
estudios y se garantice la igualdad de oportunidades. Esto es lo que
nosotros queremos, que aquellas cosas que funcionan bien en su comunidad,
en Cataluña, el País Vasco,

Castilla y León, Andalucía o en Castilla-La Mancha, mi
comunidad, sean un común denominador para todo el sistema educativo, y
esto no va en contra de las leyes educativas de cada una de las
comunidades autónomas.

En la misma línea lo referido a las enmiendas sobre la
lengua castellana y las lenguas cooficiales. La regulación de la LOMCE es
legítima constitucionalmente y es pertinente. Ustedes, señor Alturo, nos
pedían que incorporáramos la lengua catalana como troncal. ¿Está usted
seguro? Las troncales las desarrolla y las delimita fundamentalmente la
Administración central. Ustedes son los que establecen niveles. Ustedes
son los que establecen pisos, no nosotros.

Dicho esto, ya les he rebatido lo que ustedes quieren que
creamos que es la ley, y realmente no lo es, ya lo hacía el senador del
Grupo Socialista enseñándonos de nuevo la Enciclopedia Álvarez, y yo sí
que les quiero contar lo que es la LOMCE. La LOMCE se concentra en
intensificar las materias instrumentales que todos los informes
internacionales nos dicen que tenemos que reforzar, que son nuestras
debilidades. La LOMCE sí apuesta por la evaluación que nos permita un
diagnóstico serio y riguroso de las debilidades y de las fortalezas. Esta
es la realidad. Veinticuatro de los treinta y cuatro países de la OCDE
tienen pruebas externas y mejoran sus resultados entre un 20 y un 40%.
Por tanto, no terminamos de entender el porqué de ese miedo a la
transparencia.

Y, señora Moreno, senadora del Partido Socialista, no
estamos leyendo el mismo documento. Nosotros queremos un documento
técnico, no un documento ideológico. En la Comisión de Educación
celebrada la pasada semana usted nos hablaba de la necesidad de sentarnos
y pactar y de un ejercicio de diálogo con mayúsculas, que hay muchas
cosas que funcionan y otras que mejorar. Son sus palabras, pero tengo que
decirle que su partido, el Partido Socialista, no tenía ni tiene ninguna
intención de diálogo, sino más bien de monólogo, volver y volver a la
LOE.

Antes de que hubiera una sola línea en contra de los 157
artículos de la LOE, la LOMCE reforma 57, y ustedes están en contra de
todo. Tampoco tuvieron ninguna intención de diálogo en el debate de la
LOE, y se lo voy a recordar: de las mil trescientas sesenta y cinco
enmiendas —doscientas cincuenta del Partido Popular—, ustedes
admitieron tres; un millón quinientas personas se manifestaron ante las
expectativas creadas por la LOE. Poco pueden hablarnos ustedes de
consenso, y más después de amenazarnos con que, en cuanto puedan, lo van
a derogar. (Aplausos.)

Pero les digo más, tengan cuidado, señores y senadores del
Partido Socialista, porque es posible que voten en contra de su propia
ley. Les explico por qué. De las propuestas que hicieron en la anterior
legislatura al proceso de búsqueda del pacto educativo en la época del
ministro Gabilondo, de las sesenta y cuatro relativas a lo que estamos
tratando con la LOMCE, nosotros ya hemos incorporado cincuenta.

Termino, mientras el resto del mundo avanza buscando nuevas
oportunidades que permitan ofrecer lo mejor a los ciudadanos, la
oposición sigue empeñada en reafirmar sus propios errores, en blindar un
modelo educativo al que, día tras día, los informes señalan como
directamente responsables del fracaso. Ni una propuesta nueva, siempre el
mismo discurso. ¿Crítico? No, desde luego. ¿Destructivo? Sí.

Señorías, al Grupo Parlamentario Popular le hubiera gustado
y mucho poder hablar con ustedes de educación, de soluciones y, sobre
todo, de futuro.

Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, senadora González.

Tiene la palabra el senador Sastre.

El señor SASTRE ÁLVARO: Buenos días, señor presidente,
señorías.

En primer lugar, quiero agradecer a los intervinientes sus
aportaciones al debate de las enmiendas a este proyecto de ley en este
Pleno. Dado el escaso tiempo que me corresponde junto con mis compañeros,
doy por defendidas las enmiendas del Grupo Parlamentario Popular.

A continuación, paso a tratar algunos de los apartados del
proyecto de ley más significativos que han sido abordados por todos los
intervinientes. Así, en los apartados ochenta y dos a ochenta y seis,
relativos a la evaluación, he de señalar algo que, a lo largo del debate
se les ha dicho muchas veces pero es bueno volver a recordar, y es que
las evaluaciones externas se llevan a cabo en veinticuatro de los treinta
y cuatro países; de esos treinta y cuatro países, diecisiete son

de la Unión Europea. También es bueno recordarles, ya que
lo mencionan muy a menudo, que el Consejo de Estado, al que solo citan
cuando les interesa, ha dejado claro que las evaluaciones externas son
positivas en cuanto que son el perfecto mecanismo para diagnosticar y
corregir los actuales problemas de nuestro sistema educativo e incentivar
el esfuerzo de los alumnos.

Señorías, el portavoz del Grupo Parlamentario Popular en la
defensa de la LOMCE, el senador Peral, les ha citado textualmente parte
del preámbulo de la Ley Orgánica 2/2006, de Educación, de 3 de mayo, la
LOE, en la que ustedes, junto con las personas que la apoyaron, decían
muy claro que se consideraba imprescindible establecer procesos de
evaluación de los distintos ámbitos y agentes de la actividad educativa.
Entonces, señorías, si en el año 2006 estaban de acuerdo y concienciados
de la urgencia de las evaluaciones externas ¿por qué ahora no? Claro, es
que tenían pensado no llevarlas a cabo, pues la experiencia nos ha
demostrado que, como casi todo lo que dicen, es humo que luego no han de
cumplir. ¿Qué cromosoma tienen ustedes en su genoma político que solo
saben decir no y adornarse con camisetas de colores variados según toca
para oponerse a cualquier propuesta educativa del Grupo Parlamentario
Popular? (Aplausos.) ¿Por qué siguen empeñados en defender un sistema
ciego que solo evalúa a los alumnos cuando salen del sistema, es decir,
al terminar la selectividad?

Señorías, estas evaluaciones son las mismas a las que
hacían referencia, como ya les he dicho, en ese preámbulo. Les dejamos
muy claro en comisión, como usted también saben, que estas evaluaciones
como no son atacables pedagógicamente ni desde el más elemental principio
de política educativa, lo que hacen ustedes es muy fácil: cogen la varita
«ZP-progre» o identitaria, según corresponda, y con muchos polvos de
demagogia, una mano de barniz populista y, abracadabra, las convierten en
reválidas, palabras muy negativas al asociarlas con tiempo pasado, y ya
están listas las evaluaciones para ser atacadas. Pero, señorías, las
evaluaciones externas, como bien saben, no son reválidas porque no
regulan la demanda. Sí orientan solamente en señalización; no son
punitivas, no son pruebas de conocimiento sino de capacidades y no buscan
el ranking. Porque las evaluaciones externas buscan: a) incrementar el
sentido del esfuerzo; b) incrementar el sentido de la exigencia y, lo que
es también muy importante, el compromiso de toda la comunidad educativa
de extraer consecuencias de los resultados de la adquisición de
competencias.

Sirva de muestra de su necesidad dos casos en países de
nuestro entorno que ya se han citado varias veces, el de Portugal, que en
el 2000 estaba por debajo en el ranking de España y hoy nos superan en
cuanto a competencias, o Gales, que en su momento no hizo públicos los
resultados y que ya ha vuelto a la senda de publicarlos. Como ha dicho de
las evaluaciones externas Andreas Schleicher, el padre del informe PISA:
si hay valoraciones externas, hay valor añadido.

Por la escasez de tiempo, paso al apartado 101, la
disposición final quinta de la Ley Orgánica 2/2006, relativa al título
competencial al que han hecho varias veces alusiones, especialmente los
grupos nacionalistas. Pero, por desgracia, también tengo que dirigirme al
Grupo Parlamentario Socialista, antiguo PSOE, además de a los grupos
nacionalistas.

Señorías, la distribución de competencias en materia
educativa está recogida en el artículo 149.1 de nuestra Constitución
Española, en sus apartados primero, decimoctavo y trigésimo. Ya expliqué
en comisión el concepto de materia —no lo repito aquí— según
el Tribunal Constitucional. Véase, entre otras, si así lo desean, la
Sentencia del Tribunal Constitucional 39/1982 o la Sentencia del Tribunal
Constitucional 123/1984, que dejan claro —y subrayo— que la
competencia del Estado alcanza todos los aspectos que puedan considerarse
esenciales en esa materia —nos refiere a educación, en este caso al
sistema educativo— o no esenciales que concreten el derecho a la
educación para que el Estado —entiendan el doble subrayado y la
negrita— asegure que todos los españoles tengan los mismos derechos
y obligaciones en cualquier parte del territorio del Estado. Que quede
claro, en cualquier parte del territorio del Estado.

Termino este apartado señalando, como muy bien saben sus
señorías, que el Consejo de Estado no ha encontrado invasión de
competencias respecto de las asignadas a las comunidades autónomas en el
texto de la LOMCE, así que dejen de mencionar al Consejo de Estado como
un órgano que está contra la LOMCE.

Acabo esta defensa de las fortalezas y necesidad de la ley
refiriéndome a la disposición final sexta, relativa a su entrada en
vigor, para decirles dos cositas muy simples. La enmienda 607 del Grupo
Parlamentario Entesa, la número 787 de CiU o la 896 del Grupo
Parlamentario Socialista solo son salvas de distracción, son humo, pues
como les demostré en el debate en comisión,

ustedes al pedir retrasar la entrada en vigor, en el mejor
de los supuestos doce meses haciéndola coincidir con el día 1 de enero de
2015, lo que piensan es: ¿Y si suena la flauta, que no les va a sonar, y
pueden llevar a cabo ese famoso pacto escenificado en el Senado, por
estar en obras el edificio del Congreso de los Diputados, por el que,
excepto Foro de Asturias, Unión Progreso y Democracia y UPN —y aquí
lo traigo por si a ustedes se les ha olvidado—, llegaron a firmar
un panfleto —llamémosle así, pero es un acuerdo antidemocrático
como lo fue en su día el Pacto del Tinell y, señorías firmantes, esta
foto les va a acompañar mucho tiempo— con el que todos, incluso
Amaiur, pretendían —y lo siguen pretendiendo— acabar con la
LOMCE? Ustedes no quieren mejorar la educación, su objetivo es seguir
manejando su juguete, su herramienta para continuar, pese a las claras y
demostradas debilidades de nuestro actual sistema educativo, manipulando
y formando en la sectaria política de izquierdas o en la excluyente
política nacionalista.

Señorías, consensuar es un verbo que, según la Real
Academia de la Lengua Española, significa adoptar una decisión de común
acuerdo entre dos o más partes. Y lo que ustedes entienden por consensuar
es aceptar e imponer sus criterios porque para consensuar ni han estado
ni, como han dicho, estarán.

Termino, señor presidente, señorías, diciéndoles que para
mejorar la educación de todos los españoles, aquí nos tendrán siempre. No
quiero acabar tampoco —es superior a mí— sin decirles que ya
que hablan tanto de las manifestaciones, copien aquellas palabras del
embajador inglés tan conocidas: Si ustedes quieren que no haya
manifestaciones en la calle lo tienen muy fácil, simplemente no los
manden; en un momento quedará completamente arreglado.
(Rumores.—Aplausos.)

Señorías, si quieren, sigan ustedes caminando
inexorablemente al precipicio, al retraso y a la pérdida del tren del
futuro; vayan solos en ese viaje, que nosotros iremos por otro camino que
apuesta por un futuro anclado en Europa y en políticas educativas sólidas
y contrastadas de progreso.

Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Sastre.

Tiene la palabra la senadora De Haro.

La señora DE HARO BRITO: Gracias, señor presidente. Buenos
días, señoras senadoras y señores senadores.

Público que nos acompaña en la tribuna, muy buenos días y
bienvenidos.

En primer lugar me van a permitir agradecer —ya lo ha
hecho la presidenta de la comisión— a los servicios de la Cámara la
extraordinaria labor que han realizado, porque muchas veces cuando
aprobamos normas no nos damos cuenta del trabajo que hay detrás;
facilitan muchísimo la labor de los senadores y senadoras.

Señorías, créanme que hasta el día hoy, inocentemente
—yo diría más bien responsablemente—, he pensado que
podríamos llegar a algún tipo de acuerdo respecto a la reforma, o mejor
dicho, a la mejora del sistema educativo español que pretende la LOMCE.
Pensé de verdad que se iba a trascender de la siempre utilizada por la
oposición excusa de la ideología para intentar lograr el mayor consenso,
reclamado desde amplios sectores sociales, sobre un tema tan importante
como es la educación. Desgraciadamente, veo que no ha sido así. Al menos
estaremos de acuerdo, señorías, en que, como señala el consejo escolar de
mi comunidad, de la comunidad canaria, atendiendo también a las
indicaciones de la OCDE, aunque influyan otras variables, el nivel
formativo condiciona tanto las posibilidades de conseguir empleo como las
condiciones del mismo, y que poseer un nivel formativo alto protege en
mayor medida a las personas. En otras palabras, estaremos de acuerdo en
que la educación es el factor que permite a las personas progresar en su
desarrollo personal y profesional.

Las enmiendas presentadas a los bloques tres y cuatro
—de las que hablamos extensamente en la comisión— se refieren
a los apartados relativos a la formación profesional y también a lo que
se ha denominado la educación diferenciada, pero que en realidad
comprende el título que en la LOE, la Ley Orgánica de Educación, habla de
la equidad en la educación. Pues bien, en las enmiendas al bloque
tercero, en los apartados 31 a 37 del artículo único de la LOMCE
—que se refiere a los artículos 39 a 44—, del total de
enmiendas presentadas, que fueron en total cincuenta y cinco, se

han admitido cuatro, y dos, las números 643 y 644, se han
intentado transar hasta el último momento. No ha podido salir la
transacción, pero lo hemos intentado.

Además, se ha modificado la disposición final quinta
—a la que se ha referido el compañero que me ha precedido en el uso
de la palabra— por la enmienda 701, que afecta al calendario de
aplicación de la LOMCE, y que se solicitaba fundamentalmente por
numerosos grupos. Hablaba el senador Alturo de la necesidad de ampliarlo
a cinco años, pero con esa enmienda 701 del Grupo Parlamentario Popular a
la disposición final quinta hemos ampliado hasta tres años la aplicación
de la LOMCE y, por tanto, para la formación profesional básica segundo
año y el grado medio de la formación profesional lo hemos ampliado al
curso 2015-2016, como sabe perfectamente.

Muchas enmiendas son de supresión, pretenden la vuelta a la
LOE, es decir, más que enmiendas de supresión yo las llamaría —y
así se comentó por algún compañero en la comisión— enmiendas de
obstrucción. Así son las números 284 de Esquerra —contraria a la
modificación prevista en la 283, de su mismo grupo político— al
apartado 31, que afecta al artículo 39 de la Ley Orgánica de educación.
Igualmente, la 290, en relación con la 284, del mismo grupo político, una
es de supresión, otra de modificación del apartado 36, relativo al
artículo 42 de la Ley Orgánica de Educación. También son de supresión las
enmiendas números 818, 821, 880 y 823, del Grupo Socialista.

Con las enmiendas presentadas al bloque cuarto, equidad de
la educación, sucede exactamente lo mismo. Se refieren a los apartados 55
a 62 de la Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa y a los
artículos 71 y 78 de la Ley Orgánica de Educación.

Sucede lo mismo, señorías, y por tanto, no podemos
aceptarlas, con las que se han presentado en total a este bloque,
cuarenta enmiendas, y se han admitido —a pesar de que se nos acusa
al Grupo Parlamentario Popular de no tener diálogo— cinco
enmiendas, las números 697, 696, 185, 226 y 390.

Esto ha hecho que no podamos admitir una enmienda, la
número 217, de Foro, porque es de un tenor muy parecido al de la enmienda
número 390. Con la admisión de esta última, hemos desestimado la enmienda
217, de Foro Asturias. Ocurre también con las enmiendas de supresión
números 117, 118, 445 y 548, de Entesa.

Mucho se ha hablado de la formación profesional de grado
básico. La senadora Martínez, del Grupo Parlamentario Vasco, señalaba que
con la formación profesional básica no se garantizaba, a diferencia de lo
que ocurre actualmente con los programas de cualificación profesional
inicial, la calidad de estos ciclos formativos. Pues bien, tengo que
tranquilizarla, senadora Martínez —veo que no está—. La
modificación que contempla la LOMCE del artículo 42 establece en el
contenido y organización de la oferta la necesidad de que los cinco
ciclos de formación profesional básica garanticen la adquisición de las
competencias del aprendizaje permanente a través de impartir enseñanzas
organizadas con una serie de bloques comunes. Por tanto, garantizamos que
los alumnos y las alumnas sí que salgan con la formación suficiente. Es
más, a continuación, en el párrafo último del apartado 4 del artículo 42,
la modificación que prevé la ley que tratamos establece que las
enseñanzas de formación profesional básica garantizarán al menos la
formación necesaria para obtener una cualificación de nivel 1 del
catálogo nacional de cualificaciones profesionales. Por tanto, senadora
Martínez, entendemos que sí se garantiza que los alumnos que cursen
formación profesional básica tengan los suficientes conocimientos.

Otra de las acusaciones que se ha hecho es que estamos ante
una norma de carácter absolutamente segregador. Y yo pregunto a los
senadores, entre ellos a la señora Moreno y a la señora Flores, del Grupo
Parlamentario Socialista, si no hay mayor segregación que una formación
que condena a los alumnos a no insertarse en la vida laboral. Pues bien,
esto es lo que pretende evitar la ley que ahora mismo tratamos.

Señorías, el señor Álvarez Areces, en su exposición de ayer
en el turno de portavoces se refirió a unos datos del años 2000 sobre los
beneficios de los avances que se habían producido en el ámbito educativo.
El Grupo Parlamentario Popular nunca ha dejado de reconocer esos avances:
la universalización de la educación y la gratuidad de la educación han
sido avances importantes que creo que todos reconocemos. Habla de datos
del año 2000. Y yo le voy a dar datos de este mismo año, de 2013. El
Grupo Socialista discute que en el año 2012, el 22,6% de los jóvenes de
15 a 29 años ni estudiaba ni trabajaba, por tanto se incrementó 1,5
puntos respecto a 2011. Tampoco parece que tienen en cuenta los datos de
abandono escolar, un 30,8%, como señalaba mi compañera, la senadora Ana
González, en abandono educativo temprano. Y parece que

también discuten, o no tienen en cuenta los últimos datos,
que reflejan que a los 16 años, el 6,5% del alumnado ha abandonado el
sistema educativo ordinario y no ha continuado los estudios
postobligatorios, y posiblemente, casi la totalidad de ellos sin el
título de graduado en ESO. Pues bien, señorías, este abandono escolar es
lo que se pretende evitar. ¿Cómo? Incentivando a los alumnos a que a los
14 años, cumpliendo 15 años, se ilusionen con este nuevo sistema
formativo que establecemos.

El señor Saura decía que segregábamos a los 15 años y
citaba un informe de la OCDE del año 2012. Señor Saura, yo le voy a citar
el informe de la OCDE del año 2013, concretamente el apartado que dice
que luchar contra este fracaso debería ser objetivo a corto plazo, en el
que una posible solución podría ser el fomento de los programas de
formación profesional. En esta línea, en un trabajo académico reciente,
Florentino Felgueroso, María GutiérrezDomènech y Sergi JiménezMartín
sugieren que el retraso de la edad de inicio de la formación profesional
de los 14 a los 16 años, por parte de la LOGSE, de 1990, no contribuyó al
decrecimiento del abandono escolar temprano. Y en este sentido señalaba,
que la nueva LOMCE —señor Saura, repito, hablo de un informe de la
OCDE de 2013— propone adelantar la elección de formación
profesional un año, a los 15 años, y permite una vía de acceso específica
a la formación profesional para mejorar la lacra del abandono temprano
del sistema educativo español. Por tanto, señor Saura, yo creo que este
informe de la OCDE de 2013 es suficientemente claro sobre la no
segregación que supone el adelanto de los ciclos.

El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría.

La señora HARO BRITO: Termino, señor presidente.

En cuanto a que es discriminatoria la educación —y me
refiero al Título II, sobre equidad en la formación—, he de señalar
que lo que se pretende es todo lo contrario. Pretendemos hacer efectivo
el principio previsto en el artículo 27 de la Constitución, de libertad
de enseñanza. Por tanto, consideramos que debe existir igualdad entre los
centros públicos y privados y los de educación diferenciada, tal y como
establece la Convención de la UNESCO de 1960.

Por todo ello, señorías, creemos que esta ley es la que
necesita el sistema educativo. Por tanto, el Grupo Parlamentario Popular,
con las transacciones a las que intentaremos llegar hasta el último
momento, votará a favor de esta ley pues nos parece que es la reforma que
necesita el sistema educativo.

Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora De Haro.

Pasamos al turno de portavoces.

¿En el Grupo Parlamentario Mixto van a compartir turno?
(Asentimiento.)

Tienen doce minutos para los tres.

En primer lugar, el senador Martínez Oblanca tiene la
palabra.

El señor MARTÍNEZ OBLANCA: Muchas gracias, señor
presidente.

Intervengo en el turno de portavoces con cierta brevedad
para señalar que las enmiendas aceptadas, que en el caso de Foro son
cero, no alteran la esencia ni suplen las carencias de la LOMCE. Se
refieren a discapacidades, conciertos de segregación, etcétera,
cuestiones puramente técnicas que no suponen modificaciones de calado, e
imprescindibles, a nuestro juicio; mejoran aspectos técnicos y nada más.
Conclusión: monumental desperdicio legislativo con este Proyecto de Ley
Orgánica para mejorar la calidad educativa, que es como una continuación
de la actual estructura escolar. Es decir, nos encontramos ante una LOE
de segundo nivel con un toque más moderno, con una especie de lifting de
la LOE, una cirugía menor estética para una ley en la que sigue primando
el modelo pedagógico y la doctrina constructivista de la LOE.

El resumen es que el Partido Popular va a ser el
protagonista de la historia que nunca empezó y desperdicia una
oportunidad inmejorable para dotar a España de una palanca legal que nos
permita salir del marasmo educativo, producto de décadas de
inmovilismo.

Por otra parte, nos parece otra gran equivocación que el
Partido Popular y el Gobierno no hayan tenido en consideración las
enmiendas presentadas por Foro, tanto en el Congreso como aquí en la
Cámara Alta; enmiendas que responden a nuestro deseo de enriquecer esta
nueva

herramienta legal fundamental para el futuro de España y
que en algún caso, —atención— coinciden con propuestas que el
Partido Popular incluía en su programa electoral en materia educativa. Es
decir, ustedes han rechazado en el Congreso, y vuelven a rechazar ahora
en el Senado, lo que prometieron en noviembre de 2011 a los españoles. Y
ya ven, señorías del Partido Popular, de qué les ha servido enrocarse en
una reforma timorata que ha renunciado a aspectos claves de su propio
programa electoral y que se ha rendido a influencias externas y grupos de
presión que han hecho valer sus intereses, a la par que desdeñan
propuestas que responden a criterios para reforzar la tarea del
profesorado y dotarla de alguna autoridad en el aula, hoy
capitidisminuida.

Señorías, apostamos por impulsar la filosofía de la ESO a
la Historia de la Filosofía en primero de bachillerato. Queremos que la
autonomía escolar tenga un importante empuje y que se regule la admisión
en los colegios públicos y concertados. Sin embargo, nada de esto se ha
tenido en cuenta.

Nuestras enmiendas hacen referencia a los conciertos en la
educación diferenciada, a la necesidad de un bachillerato de tres años y
al aumento de un año en primaria para que se inicie a los cinco años de
manera obligatoria. Queremos que la nueva ley educativa contemple la
igualdad entre la nota exigible en la prueba de selectividad y la
calificación en la prueba de secundaria obligatoria para conseguir el
título. Son enmiendas muy importantes porque se refieren a la estructura
del sistema escolar, a su organización, a su currículum y al régimen de
conciertos educativos.

¿Cuál ha sido la actitud del Grupo Popular, con mayoría
absoluta en el Senado, ante estas propuestas? Caso omiso. Treinta y dos
enmiendas entraron en el registro y treinta y dos enmiendas se irán al
caldero de las rechazadas.

Ustedes querían cambiar el modelo escolar para variar las
tasas de abandono escolar, conseguir unos objetivos mejores y recuperar
el fracaso educativo, pero con esta LOMCE no lo van a conseguir porque
han preferido optar por la tibieza, no vaya a ser que se molesten los
sectores inmovilistas que han echado el ancla en el maltrecho mundillo
educativo español. Naturalmente, la blandenguería para enterrar la LOE lo
único que ha provocado es que se crezcan quienes han reconvertido la ley
socialista en su coto particular.

Seguimos sin entender cómo pretenden conseguir los
objetivos definidos en la LOMCE sin adoptar y acoplar medidas y reformas
reales como las que promueven algunas enmiendas que aún permanecen vivas
en este debate, y cuya votación se va a celebrar esta mañana en el
Senado. Nos resulta incomprensible el resultado final de un proyecto de
ley crucial para España en el que se incumple el programa electoral del
partido gobernante, se incumple el compromiso de investidura de Rajoy, se
apalanca sobre un ministro en el que muy pocos confían y se rechazan
propuestas de otros grupos; desde luego las de Foro, que aportan una
inyección de vitalidad a una ley endeble y que no solucionará los
problemas principales de la educación española.

Señor presidente, concluyo subrayando que al rechazar
nuestras enmiendas el Grupo Parlamentario Popular se rechaza a sí mismo,
porque algunas son, como decía, coincidentes con lo que proponían en su
programa y defendían en sus años de oposición. Así las cosas, el paso de
este proyecto de ley por el Senado añade más decepción y peor diagnóstico
sobre la LOMCE.

Votaremos en contra de esta mala ley.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Martínez
Oblanca.

Tiene la palabra la senadora Capella.

La señora CAPELLA I FARRÉ: Gracias.

¿Inmovilistas? ¿La oposición inmovilista? ¿Ustedes se creen
que nosotros presentamos enmiendas sin contar con nadie? ¿Ustedes no han
hecho una lectura de lo que pasó ayer y de lo que está pasando hoy? Ocho
vetos, ochocientas noventa y seis enmiendas. ¿Cuántas enmiendas han
aceptado ustedes? No sé de qué parte de la comunidad educativa están
hablando ustedes ni a qué porcentaje de ella se refieren. No sé de qué
porcentaje de las asociaciones de padres y madres, ni de qué porcentaje
de la ciudadanía hablan ustedes en este momento. Pues yo les digo que
Esquerra Republicana habla en nombre de una parte importante de esa marea
verde que ha contestado y que justifica la totalidad de las enmiendas y
el veto que hemos presentado en esta Cámara; en nombre de la marea verde,
de las huelgas iniciadas por los docentes, a las que se han añadido las
asociaciones de padres y madres, los alumnos y una gran parte de la
ciudadanía; hablamos en nombre de estas personas.

Son dos modelos y dos concepciones de educación distintas:
la suya y la nuestra, la de la mayoría de la oposición. Ustedes dirán que
les justifica el número de personas que les han votado, pero es que, si
ahora se celebrasen unas elecciones, ese apoyo ya no lo tendrían ustedes.
Son dos concepciones y dos modelos distintos de educación.

En Esquerra Republicana defendemos la educación como una
pieza clave del progreso social de un país y de su ciudadanía, una
ciudadanía bien formada, repito, que es un reto y una aspiración, una
sólida garantía de construcción de un país más justo, de personas
responsables y capaces de decidir y construir su futuro. Pues bien, ya lo
sabemos. Aprobarán esta ley con la mayoría absoluta que tienen; aplicarán
su rodillo parlamentario, pero ya les anticipo algo que me resistía a
decir: no acatarem.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Capella.

Senador Iglesias, tiene la palabra.

El señor IGLESIAS FERNÁNDEZ: Gracias, señor presidente.

Quiero expresar fundamentalmente dos ideas. Los portavoces
populares insisten en que esta reforma, este proyecto es una apuesta por
la modernización. Señores senadores, la única innovación que hay en esta
ley es el lenguaje. Ustedes hacen un uso alternativo del lenguaje con
gran creatividad, en este proyecto y en otros, pero por más que se
empeñen, las evaluaciones externas son algo muy antiguo, son las viejas
reválidas —si serán antiguas que ni yo las conocí—, y suponen
una barrera, un obstáculo para la continuación de la formación de los
alumnos que no la superan.

Durante la vigencia de las reválidas, la motivación, como
decía el señor Wert, seguramente era de adaptación del número de alumnos
que el sistema educativo de entonces podía soportar. Hoy esa realidad no
existe porque felizmente cambió el sistema educativo y felizmente se
dedicaron recursos económicos a universalizar esa oferta. Por tanto, la
motivación hoy es otra, pero esa motivación no la hace más legítima.

Citan ustedes como argumento de autoridad que en otros
países se están aplicando, pero ignoran que en esos otros países en los
que se pueden estar aplicando estos sistemas, la regulación del sistema
educativo en su conjunto y el compromiso político con él de las sucesivas
administraciones es muy diferente del que hoy acompaña con este Gobierno
al sistema educativo español. Estas reválidas se convierten en letales
cuando a la vez se cercenan los mecanismos de apoyo y de refuerzo a
aquellos alumnos que tienen más dificultades. Ustedes les quintan los
apoyos a estos alumnos a través de los recortes y de los ajustes en todo
lo referente a la atención a la diversidad, y encima les colocan el
listón más arriba, para que sea más difícil que lo superen, para que sea
más difícil que puedan continuar en el sistema educativo. Si en el pasado
se trataba de una visión mezquina y estrictamente economicista, hoy
estamos ante un problema de discriminación social, porque son quienes
necesitan esos apoyos y no van a contar con ellos quienes van a tener más
dificultades, quienes van a chocar contra las reválidas. Quien disponga
de la provisión de esos refuerzos previo pago, porque sus familias pueden
afrontarlo, van a tener más facilidades para superar esas reválidas. Eso
convierte en absolutamente injusto el modelo que ustedes implantan
mediante esta reforma de la ley.

El segundo argumento hace referencia a la religión. Vuelven
a decir que se trata de una oferta obligatoria que será aceptada
voluntariamente. Lo que pasa es que la ley articula la oferta en unos
términos que no podría superar ni don Vito. Hace una oferta que no se
puede rechazar. La familia que tiene que optar entre asumir la asignatura
de Religión o buscar una alternativa, se encuentra incentivada por esta
regulación a aceptar como mal menor la asignatura de Religión, que además
es evaluada —hay que decirlo— al margen del sistema
educativo, porque los criterios de evaluación no los fija la
Administración educativa, sino el ordinario del lugar, los fija la
autoridad competente; religiosa, por supuesto. No cuestiono que sea la
autoridad religiosa, lo que cuestiono es que tenga que hacerlo dentro del
sistema educativo; que lo haga en la catequesis, con cargo a los recursos
propios de la religión, sea la religión católica, la hebrea, la
evangelista o la que toque. Por eso rechazamos la regulación que en esta
ley se establece de esta materia religiosa.

Y concluyo. Hablaba antes de que buscaban ustedes
referentes, ejemplos fuera. Hay ejemplos muy próximos. Ayer se hablaba de
Portugal. Yo hablo de Francia. Mientras que en este país se prescinde de
miles de docentes, en Francia se contratan decenas de miles de docentes.
Busquen ustedes ejemplos de ese referente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Iglesias.

Por el Grupo Parlamentario Vasco, tiene la palabra la
senadora Martínez.

La señora MARTÍNEZ MUÑOZ: Gracias, señor presidente.

En esta última intervención, ya en el turno de portavoces,
me gustaría hacer un repaso del procedimiento de este proyecto de la ley
en el Senado, que ha tenido sus claros y sus oscuros, sus altos y sus
bajos.

Respecto de los claros, en primer lugar, quiero agradecer
el trabajo que ha desarrollado el letrado de la comisión, tanto en lo que
se refiere a la elaboración del informe, como el que ha tenido que
realizar a lo largo de toda la ponencia para plasmar en el papel los
acuerdos y desacuerdos a los que hemos podido llegar durante esta
tramitación, que, como les he dicho, ha tenido sus altos y sus bajos. Y
quiero agradecer también el tono general que, con algunas excepciones y
en algunos momentos puntuales, ha imperado tanto en el debate en comisión
como en el Pleno. Se puede mostrar una discrepancia profunda pero
vehemente —reconozco que yo soy bastante vehemente, pero siempre
desde el respeto y el ceñimiento al tema estricto que nos ocupa—,
y, en ese sentido, agradezco al resto de los grupos parlamentarios ese
tono, que es el que mayoritariamente ha imperado.

Pero si estas han sido las partes buenas o los claros de
este procedimiento, también ha habido partes oscuras, por las que tenemos
que mostrar nuestra insatisfacción.

Lo evidente es el escaso número de enmiendas que han sido
admitidas, no enmiendas del Grupo Parlamentario Popular en el Senado,
sino del resto de los grupos parlamentarios que, en lo que a mí se
refiere, se ha reducido a una, la 619, que no es una enmienda nuestra,
sino que la habíamos incluido por iniciativa del CERMI, en la que se
pedía que las evaluaciones tuviesen en cuenta las necesidades especiales
de las personas con discapacidad, una cuestión del todo lógica, pero que
no por ello deja de tener su importancia. Agradezco que la hayan tenido
en cuenta, pero lamento que otras enmiendas, que evidentemente para mi
grupo parlamentario suponían cuestiones de mayor peso político o de mayor
incidencia transversal en el ámbito de la educación, hayan sido
rechazadas, pese a los esfuerzos realizados en todo momento para llegar a
acuerdos. Nuestro planteamiento se ha explicado por arriba y por abajo,
por un lado y por otro. Hemos mantenido en todo momento una postura
constructiva respecto de las enmiendas para la mejora del texto de la
LOMCE. Y todo eso se ha traducido, única y exclusivamente, en una
enmienda.

Hay que decir también, en honor a la verdad, que el Grupo
Popular nos ha ofrecido una serie de enmiendas transaccionales que
nosotros hemos rechazado, tres concretamente: una referida al
procedimiento de acceso que podrían establecer los centros educativos de
formación profesional de grado medio, siempre y cuando la demanda
superase la oferta, que a nosotros nos resultaba insatisfactoria porque
venía a transar la enmienda 644 que para nosotros era fundamental porque
era la que desarrollaba todo el itinerario de formación profesional.
Cuando la demanda supera a la oferta, es evidente que existen pruebas de
acceso en todos los centros educativos. Todos los centros educativos,
cuando tienen menos plazas de las solicitadas, tienen que establecer una
política de acceso, por lo tanto, era una enmienda, casi podríamos decir,
de Perogrullo.

La segunda enmienda que ellos nos habían ofrecido, relativa
al calendario de implantación, en este caso de la formación profesional
básica, solucionaba, según ellos, la cuestión del calendario de
implantación. Pero si bien es cierto que ellos permitían un segundo año
de implantación progresiva de la formación profesional extendiéndola al
curso 2015-2016, no es menos cierto que el inicio de la implantación se
seguía manteniendo para septiembre de 2014, de aquí a nueve meses, con lo
cual el problema técnico, organizativo y de recursos, tanto humanos como
económicos, que nosotros veíamos en el calendario de implantación de la
formación profesional básica, no ha recibido una solución satisfactoria.
Se incluía también en la enmienda la posibilidad de que durante estos dos
años, y de forma excepcional, los cursos de formación profesional básica
los pudiesen impartir aquellos que habían impartido PCPI previamente.
Pero también es cierto que es una reclamación que había planteado mi
comunidad autónoma y también Castilla y León

porque se da la circunstancia de que muchos programas de
cualificación para la profesión inicial están impartidos en centros
educativos que dependen de los ayuntamientos y por profesorado contratado
por los ayuntamientos. Y nos encontrábamos, además, con un problema muy
importante de equiparaciones salariales y de habilitación para poder
impartir clases, porque hay profesorado dentro de los cursos PCPI que no
tienen el nivel de titulación necesario para ser asumidos directamente
por el sistema educativo vasco.

Sus enmiendas no han dado en ningún momento solución a
estos problemas. Sí o sí mantenían 2014 como fecha de inicio de la
formación profesional básica y sí o sí obligaban a que las
administraciones educativas integrasen dentro de su sistema estructuras
de formación PCPI que hasta ahora les eran ajenas. De ahí que nosotros
nos vemos con graves problemas. Fíjense hasta dónde llega el problema,
que con su ley, de los 600 profesores que hoy en día imparten en Euskadi
los programas de cualificación profesional inicial, tenemos la práctica
seguridad de que 380 se van a quedar en la calle porque es imposible, por
el nivel de titulación que tienen, que puedan ser asumidos por el sistema
educativo vasco, porque no tienen la cualificación necesaria para poder
impartir clases dentro del sistema educativo vasco. Son profesionales del
ramo de los módulos profesionales que están impartiendo, pero no
profesionales pedagógicos del sistema de enseñanza. Con esas 380 personas
tenemos un problema muy grave. Y no es que yo desde aquí quiera levantar
la alarma, evidentemente el Gobierno vasco trabajará para ver qué tipo de
acomodo se puede dar a esas personas, pero nos está planteando un
problema muy muy grave.

Por último, la cuestión de las matemáticas famosas. Es
cierto que el Grupo Popular la semana pasada, una vez finalizada la
comisión, nos ofreció utilizar dos de nuestras enmiendas que reproducían
íntegramente los capítulos de bachillerato para poder colgar en ellas la
introducción de las Matemáticas como optativa seudoobligatoria por la
rama de ciencias sociales en el itinerario de humanidades y ciencias
sociales. Pero en ningún momento consideraron tener en cuenta el
contenido original de nuestra enmienda, de carácter competencial, que
introducía un cuarto párrafo a esos dos artículos, en los que veníamos a
reclamar que se reconociese la necesaria consulta previa a las
comunidades autónomas para establecer el currículo de 1º y 2º de
bachillerato.

El Partido Popular pretendía que olvidásemos el contenido
de nuestras enmiendas para poder utilizar el esqueleto de esa enmienda,
una vez vaciada de todo su contenido, e incluir las Matemáticas. Nosotros
vemos positivo —y, de hecho, apoyaremos la enmienda a la que al
final se ha llegado con el resto de los grupos— que las Matemáticas
sean preceptivas por ciencias sociales y se integren en el bloque de las
troncales, pero en ningún momento podemos permitir que se nos sugiera o
se nos exija que renunciemos al contenido original de nuestras enmiendas
para solucionar un despiste, a todas luces inexcusable, del ministerio,
que dos años después de la tramitación del proyecto de ley de la LOMCE
cayó en la cuenta de que es posible entrar en ciencias sociales sin tener
que cursar Matemáticas.

Este ha sido el procedimiento, al margen de lo que ocurrió
con las enmiendas ya famosas de Entesa y del Grupo Socialista, que en una
primera ponencia fueron aceptadas aunque luego hubo que convocar otra
para rechazarlas. En fin, lo cierto es que el procedimiento ha dejado
mucho que desear. Quizá lo salve el buen tono que ha imperado la mayoría
de las veces, aunque también con algunas excepciones.

Lamento profundamente que no se hayan incorporado las
enmiendas de mi grupo parlamentario, que en todo momento tenían la
intención de hacer de la LOMCE una ley que de verdad sirviese para la
mejora de la calidad educativa. Lamento decir que eso no se ha conseguido
y, evidentemente, la postura de mi grupo parlamentario no va a variar un
ápice: votaremos en contra de este proyecto de ley.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Martínez.

Por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya,
tiene la palabra la senadora Sequera.

La señora SEQUERA GARCÍA: Gracias.

Bien, ya en el tramo final de la tramitación de esta ley,
me gustaría aclarar un concepto que sirva también para las siguientes
leyes que se tramiten aquí por lo que respecta al Grupo Socialista y al
Grupo Entesa en lo que se refiere al PSC. Miren, el ideario socialista es
el mismo

en Cataluña, en España, en Francia, en Alemania y en Sri
Lanka. Por lo tanto, no sé por qué les extraña que la mayoría de las
enmiendas presentadas por el Grupo Socialista sean las mismas que las del
Grupo Entesa.

Por otro lado —lo volveré a explicar despacito, para
que me entiendan—, la mayoría de las enmiendas que hemos presentado
Entesa y el Grupo Socialista eran de supresión. ¿Por qué? Porque desde un
principio le hemos dicho al Gobierno: por favor, diálogo y consenso; y no
es lógico que traigamos aquí enmiendas que modifiquen su proyecto de ley
imponiendo el nuestro. Si nosotros reclamamos al Gobierno diálogo y
consenso, por coherencia queremos suprimir todo lo que aporta la ley, su
proyecto, para, en un futuro cambio de Gobierno, iniciar ese diálogo y
ese consenso con toda la comunidad educativa.

La forma de tramitación que ha tenido esta ley en el Senado
no deja de ser peculiar. No es normal que un ministerio o un Gobierno
admita unas enmiendas, que al cabo de dos días se dé cuenta de que se ha
equivocado, que rectifique, que horas antes del debate de la ley en el
Pleno se negocie por los pasillos una modificación de enmiendas…
Eso no es serio, y la ley de educación de un país es una de las más
serias que debe tener presente el Gobierno. Y si una ley se tramita de
esta manera, me preocupa mucho cómo se afrontan los diferentes problemas
que tiene el país, porque, si se llevan como esta ley, mal andamos.

Como he dicho, la ley de educación de un país es uno de los
pilares fundamentales, y cuando digo país me estoy refiriendo a
ciudadanos y ciudadanas. Y los poderes públicos, en este caso, el
Gobierno, lo que deben hacer es enriquecer a esa sociedad, que es el
propio país, dándole una educación de calidad.

El Gobierno y el Partido Popular se llenan la boca diciendo
que se tienen que hacer las cosas con transparencia, y realmente la
tramitación de esta ley en el Senado ha sido una tramitación opaca; y en
general, la mayoría de las que hace el PP.

Otra cuestión: el calendario de aplicación de la ley. El
proyecto establece que el primer curso de aplicación sea 2014-2015. Muy
bien. Después de la aprobación de esta ley las comunidades autónomas
deberán modificar todos sus textos normativos relativos a educación para
acoplarlos a la nueva normativa. Y eso requiere un tiempo, un tiempo que
está establecido y que no se va a cumplir.

Por otro lado, la implantación requiere una financiación,
una financiación que en su mayoría es autonómica, y ustedes saben
perfectamente en qué situación financiera están las autonomías de este
país, con lo cual dudo mucho que se pueda implantar.

También es curioso que, teniéndose que implantar en 2014,
en los Presupuestos Generales del Estado no haya consignado ni un euro
para la implantación de esta ley. Por lo tanto, ya me dirán ustedes cómo
se va a implantar; y esto no lo digo solo yo, una triste senadora de la
Entesa, lo dicen también el Consejo de Estado y el Consejo Escolar del
Estado.

En cuanto a la religión y el catalán, me ha llamado mucho
la atención una observación que he podido hacer, y es que se producen
modificaciones muy profundas en este proyecto de ley en lo que se refiere
a la asignatura de Religión y la de Lengua cooficial, pero en el
preámbulo, donde se justifican todos las modificaciones que pretende
llevar a cabo esta ley, en ningún momento aparece la palabra religión.
¿Por qué? Quizá sea porque no tienen argumentos para justificar esas
modificaciones, que el propio Consejo de Estado ha calificado de
retroceso.

En cuanto a lo de Filosofía, se quejan y dicen: Entonces,
¿qué quitamos? No quiten nada, no toquen nada. La Filosofía ya está
contemplada en la LOE. Por lo tanto, no toquen nada; no tienen que tocar
nada. Y además es lo que les está pidiendo la ciudadanía. ¿O es que solo
se modifica por modificar, sin pensar, como con las Matemáticas?

El título del proyecto es Ley Orgánica de Mejora de la
Calidad Educativa. ¿En qué mejora la asignatura de Religión la calidad
educativa? ¿En qué mejora segregar a los alumnos con dificultades a
partir de 3º de la ESO? ¿En qué mejora suprimir materias optativas? ¿En
qué mejora devaluar las condiciones laborales del profesorado? ¿En qué
mejora no dejar participar al consejo escolar en la toma de decisiones de
los centros? ¿En qué mejora la separación del alumnado por sexos? ¿En qué
mejora la eliminación de la asignatura Educación para la Ciudadanía?
Simplemente es un cambio de modelo, un cambio de modelo involucionista y
que no aporta ninguna mejora a la educación.

En sus manos está que el Senado mañana sea noticia. En sus
manos está que mañana todos los medios de comunicación aparezcan con un
titular: El Gobierno retira la LOMCE para buscar un acuerdo con la
comunidad educativa.

Gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Sequera.

Por el Grupo Parlamentario Convergència i Unió, tiene la
palabra el senador Alturo.

El señor ALTURO LLOAN: Gracias, señor presidente.

Señorías, en esta última intervención en relación con la
LOMCE me gustaría hacer también un breve resumen de lo que ha sido y de
cómo se ve. Y, si me lo permiten, me gustaría hacerlo desde una triple
dimensión: desde la dimensión del profesor que soy y que ha ejercido
durante muchos años; desde el ámbito de la ciudadanía, como un ciudadano
de Cataluña; y desde luego también como senador.

Como profesor me preocupan, de entrada, tantas reformas,
tantos cambios educativos, lo que en líneas generales no es bueno para el
sistema educativo ni para la calidad educativa. Como profesor también me
preocupan todos los cambios que hay que realizar en del propio centro:
cambios curriculares, proyectos educativos nuevos, transformaciones de la
formación profesional, y además sabiendo que esta es una ley que no tiene
consensos, con lo cual todas las cuestiones que ahora se están
modificando pueden cambiar de manera inminente. También hay preocupación
por las materias de Tecnología y Música, que son imprescindibles en el
proceso formativo de todos los alumnos y que en el nuevo desarrollo pasan
a ser materias optativas. Preocupa asimismo la distribución curricular,
que no va a superar los actuales déficits y acercarnos a los objetivos
europeos. Hay preocupación porque no se ha contado con los profesores y
maestros para hacer esta ley. Preocupación porque existe una desconfianza
hacia los equipos docentes de los centros, puesto que tienen que venir
equipos docentes externos a realizar las evaluaciones. Los centros
educativos están ubicados en entornos sociales distintos y, por lo tanto,
tienen características diferentes, y les vamos a tratar a todos por
igual. ¿Dónde está la atención a la diversidad? ¿Dónde está la
homogeneización? Me preocupa como profesor. ¿Dónde está la formación del
profesorado? ¿Y la evaluación? Es una cosa muy seria: la evaluación del
profesorado, la evaluación de los alumnos, la evaluación de los centros,
la evaluación del sistema educativo, pero no con ánimo de fiscalización
sino siempre con ánimo de mejorar. Ustedes saben, por ejemplo, que en
sistemas educativos como el de Finlandia la evaluación es clave en todo
el proceso, y no como se plantea aquí. ¿Dónde está la carrera docente?
¿Dónde está el estatuto docente? Y tantas y tantas cosas que podríamos
plantear.

Como ciudadano de Cataluña me preocupa la cantidad de
manifestaciones y protestas que ha originado esta ley y que se aprecian
en la calle. La gente está en contra de esta ley. Observo que no hay
consenso político, y es una irresponsabilidad pretender sacar adelante
una ley de estas características solo con los votos del Partido Popular.
Se impone y no se negocia, y en democracia las imposiciones no pueden
existir, hay que buscar consensos —hemos hablado mucho de
ello—. Se ataca la base de la convivencia, la lengua, la inmersión
lingüística, que es el instrumento cohesionador de la sociedad catalana,
como tantas veces hemos recalcado. En Cataluña no hay problemas en este
sentido. Esta ley pretende generarlos. Por otro lado, el ministro ya lo
dijo: es una ley cara. ¿Cómo se va a pagar? ¿Cómo se va a aplicar en
estos momentos? Esto, como ciudadano, también me preocupa.

Y como senador prácticamente ya he manifestado todos mis
argumentos. Es decir, esta es una ley con finalidad ideológica.
Recentralizadora. Homogeneizadora. No tiene consenso. Es excluyente con
las comunidades autónomas. Ataca el modelo lingüístico de Cataluña.
Cambia los currículos, creando niveles de asignaturas. Uniformiza. Cambia
los valores fundamentales del sistema educativo… Esta es una ley
que, tal como hemos visto, no tiene consenso, no tiene apoyos. Y, como he
dicho, me preocupa desde esos tres puntos de vista: como profesor, como
ciudadano y como senador.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Alturo.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el
senador Álvarez Villazán.

El señor ÁLVAREZ VILLAZÁN: Gracias, señor presidente.

Señorías, a esta altura de la tramitación de la LOMCE
podemos decir que estamos ante un monumental engaño. Cuando anunciaron lo
que pretendían hacer: mejorar la educación y evitar el fracaso y el
abandono escolar, yo creo que más de los diez millones de ciudadanos que
les

votaron, bastantes más, estaban de acuerdo con lo que
ustedes estaban planteando. Ahora mismo, en estos momentos, muchos de
esos ciudadanos que les votaron, muchísimos, a los que yo he visto
también en las manifestaciones multitudinarias que se están organizando
en contra de la LOMCE, dudo que lo volvieran a hacer y que creyeran en lo
que les dijeron. Porque ¿acaso creen que hay alguien que piense que con
la segregación temprana, con la recuperación de Religión como asignatura
evaluable, con la eliminación de Educación para la Ciudadanía o con un
apoyo a la enseñanza privada en detrimento de la pública se consigue
mejorar la calidad de nuestro sistema educativo? Realmente ustedes mismos
no lo creen.

Que tampoco ustedes estarán de acuerdo lo prueba el caótico
proceso que ha seguido la tramitación desde que en el 2012 presentaron el
primer borrador hasta que la ley ha llegado aquí, al Senado, con
continuos corta y pega incoherentes, según quién presionase más o menos
en el ministerio. Y aquí tenemos el resultado: un proyecto educativo nada
creíble, que no es asumido ni por la mayoría de la comunidad educativa ni
por la mayoría de la ciudadanía. Porque, hablando de datos concretos
—no se trata de que ustedes digan que sí y nosotros, que no—,
si los informes PISA, en los que ustedes creen tanto, dicen que es en
primaria donde los alumnos presentan déficits en comprensión lectora y
cálculo, y nadie duda de que el fracaso escolar se inicia en las primeras
etapas, ¿cómo es posible que en la LOMCE solamente se contemplen cambios
en secundaria y bachillerato y no en primaria o en infantil? Y qué decir
de una de las medidas estelares que ustedes proponen, estableciendo en 4º
de la ESO dos especialidades: enseñazas aplicadas y académicas, cuando
precisamente en los países donde se realiza esa segregación temprana los
resultados son peores.

En cuanto a las pruebas externas de evaluación, puede que
haya gente convencida de que son positivas para conocer el nivel en que
se encuentran los alumnos, pero no es aceptable que en 4º de la ESO y en
2º de bachillerato esas pruebas sirvan para otorgar o no el título de
secundaria o de bachillerato. ¿Qué pinta, entonces, en esto el
profesorado? ¿O qué hará el alumnado, por poner un ejemplo concreto, que
haya aprobado todas las asignaturas de todos los cursos, suspenda ese
examen y no obtenga el título? Porque no puede repetir, ya que tiene todo
aprobado, y no puede continuar, porque no tiene el título. Además,
haciendo públicos los resultados de esas pruebas externas, publicando
esos rankings entre centros, lo único que conseguiremos será que se
incremente la competitividad entre ellos y que haya centros de primera y
de segunda, que servirán para segregar también al alumnado.

En relación con las asignaturas, no hay quien entienda este
tinglado que han montado con la división de asignatura en troncales,
específicas o de libre configuración autonómica, que en la práctica va a
hacer que muchos centros, la mayoría, no puedan ofertarlas por
imposibilidad técnica. Volvemos al pasado, aunque a ustedes no les gusta
reconocerlo, considerando que hay unas asignaturas importantes, las
troncales, frente a otras, a las que antes se llamaba marías, sin que
haya ninguna prueba técnica ni científica que justifique por qué unas
asignaturas son más importantes que otras.

Por otra parte, en la LOMCE no se contemplan ya las
competencias básicas —saber ser o saber estar, saber, saber hacer,
aprender a aprender—, y se sustituyen por las de carácter
instrumental, basadas en el puro conocimiento de Matemáticas, Ciencias,
Lengua o Inglés. Por otro lado, es triste pensar que volvemos a recuperar
el dicho ya olvidado de que, el que vale, vale, y el que no, a la FP. La
formación profesional vuelve a ser considerada como una vía de segunda, y
ustedes limitan los conocimientos y habilidades de tecnología que deben
adquirir todos los alumnos al itinerario que conduce a la FP y no al
bachillerato.

También es triste que se intente implantar una FP dual para
que los alumnos completen su formación en las empresas, en principio
elogiable, pero copiada literalmente de otros países completamente
diferentes al nuestro, cuando el tejido industrial de nuestro país en
estos momentos, constituido básicamente por pequeñas y medianas empresas,
está prácticamente desmantelado.

Señorías, lo que realmente están ustedes haciendo no es
modificar sino destruir la LOE, cambiar radicalmente el modelo educativo
y desmantelar el sistema educativo público. Y lo están haciendo con
arrogancia, con falta de consenso, proponiendo unas medidas que no sirven
para mejorar la educación, sino que responden a las peticiones del sector
más reaccionario de la derecha de nuestro país.

Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Álvarez
Villazán.

Tiene la palabra el senador Álvarez Areces.

El señor ÁLVAREZ ARECES: Efectivamente, en este turno de
portavoces, después de todo el debate desarrollado, concluiremos y
ratificaremos por qué nuestro grupo va a rechazar la LOMCE y por qué nos
consideramos absolutamente insatisfechos con el debate y los resultados
de nuestras enmiendas, que, dadas las intervenciones sucedidas, van a
tener sin duda un rechazo por parte del grupo mayoritario. Y reiteramos
nuestra idea de que el Gobierno ha despreciado a la comunidad educativa y
a los interlocutores sociales y políticos en la elaboración y tramitación
del proyecto, que también se produce en este contexto.

La LOMCE tiene a todos en contra: profesores, alumnos,
padres, sindicatos, partidos políticos, conferencia de decanos de
educación y entidades profesionales. La LOMCE utiliza un nuevo
planteamiento, un cambio de modelo educativo. Utiliza la crisis como
pretexto y plantea una nueva ordenación educativa cargada de ideología
profundamente conservadora y neoliberal, atacando la calidad de la
escuela pública y la igualdad de oportunidades en el acceso a la
educación, tratando de desmantelar un sistema público educativo levantado
con el esfuerzo de todos desde hace más de tres décadas.

Creemos que la LOMCE también quiere cargarse el servicio
público de la educación haciendo desaparecer la prevalencia de la
educación pública sobre la concertada. El Gobierno, por medio de este
proyecto de ley, da herramientas a las comunidades autónomas para
invertir el principio de subordinación de la escuela pública a la
concertada, sostenida con fondos públicos, en detrimento de la
pública.

Y como ayer en el debate no hubo tiempo para aportar unos
datos, como ejemplo de la manifestación que acabo de hacer les puedo
decir qué es lo que ha pasado en la Comunidad de Madrid entre los años
2003 y 2007. Se han puesto en marcha cincuenta y seis colegios públicos
durante ese periodo de tiempo, lo que significa un incremento del 7,93%.
Las unidades concertadas crecen en mil trecientas cuarenta y cuatro, es
decir, se incrementan en un 20,65%. Hay tres nuevos IES públicos, lo que
significa un 0,97%. Las unidades concertadas aumentan un 14,27%. Hay
diecinueve escuelas infantiles públicas, lo que significa un incremento
del 20,87%. Y hay ayudas para escolarización en privados, que crecen en
20 000, es decir, un 400%.

Estos son los datos extraídos de los presupuestos de la
Comunidad de Madrid, datos oficiales que ratifican lo que ayer dije y lo
que digo ahora. Hay comunidades que practican políticas que van
claramente en detrimento de la enseñanza pública y a favor de la
concertada. (Aplausos.)

Quisiera seguir aportando argumentos de lo que significa el
rechazo a esta ley. Consideramos que hay parte de datos manipulados y
tergiversados que presenta el Ministerio de Educación, porque si nos
atenemos a lo que la OCDE ha manifestado en sus publicaciones, somos el
segundo país, después de Finlandia, que más equidad tiene en su sistema
educativo. La OCDE también señala que somos el segundo país que más ha
progresado, después de Corea, en los últimos cincuenta años.

En cuanto a la participación de la comunidad educativa,
está absolutamente limitada por la LOMCE, al vaciar de competencias a los
consejos escolares. No pueden ser meros órganos consultivos y debe
reforzarse su participación, lo que además es un derecho constitucional,
y creo que si no se reconoce va a haber importantes recursos con muchas
posibilidades de prosperar.

La respuesta al fracaso escolar y al abandono temprano que
tenemos que provocar para atajar y bajar las tasas de abandono ha de ser
concentrar medios y recursos en los grupos de riesgo. No se pueden hacer
recortes y eliminarlos del sistema educativo. Por el contrario, la LOMCE
elimina los programas de educación compensatoria y atención a la
diversidad, abandonando a su suerte a los más vulnerables o derivándolos
a itinerarios de hecho irreversibles.

Consideramos que todas estas medidas son sin duda lesivas y
crean un modelo que avanza en la privatización de la enseñanza y en la
consideración de la educación como una mercancía sometida a las leyes de
mercado. Esta ley no es un avance, es un retroceso.

El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría.

El señor ÁLVAREZ ARECES: Termino ya.

Voy a aclarar la enmienda de ayer —voy a consumir
solo unos segundos—. Hoy todos los grupos de esta Cámara han
firmado un documento sobre el tema de las matemáticas en el que se han
producido modificaciones respecto al de ayer. Quiero recordar que en mi
intervención ya puse en alerta que el documento de ayer no satisfacía a
las comunidades matemáticas que lo habían reivindicado ni a las
profesionales referidas a la economía, en un comunicado conjunto sobre el
bachillerato en la LOMCE. El documento ahora recoge que, entre las
troncales, Latín y Matemáticas figuren las dos como troncales en la rama
respectiva de humanidades o de matemáticas.

Dado que se recoge, estamos facilitando un trámite, pero
eso no quiere decir que vayan a contar con nuestro voto, que no va a ser
favorable por las razones que expliqué ayer y que están en contra de todo
lo que han hecho ustedes en el diseño de la LOMCE.

Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Álvarez
Areces.

Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el
senador Peral. (Pausa.)

El señor PERAL GUERRA: Muchas gracias, señor presidente; y
gracias por esperar a que recogiera un papel.

Quiero contestar, en primer lugar, a la senadora Rut
Martínez.

No puede ser, senadora; desde luego no puedo admitir que
los profesores vascos de PCPI no tengan el nivel adecuado para impartir
formación profesional básica. Mis dos abuelas vascas, materna y paterna,
se revolverían en la tumba si yo afirmase esto. (Aplausos.) No puede ser.
Es otro País Vasco el que usted nos describe aquí.

Tampoco comprendo mucho que, después de tanto clamar contra
las evaluaciones, en esa enmienda a la que ustedes dan tanta importancia
nos pidan ustedes pruebas de acceso de formación profesional básica a
formación profesional de grado medio y, de esta, a la superior. En algún
momento he llegado a pensar que nos están ustedes pidiendo una pequeña
invasión competencial, pequeñita, ¿eh?, digamos que hasta Llodio, donde
está el árbol malato, que, como usted conoce perfectamente, era el punto
desde el que, en el Fuero de Vizcaya, los vizcaínos no tenían obligación
de ir más allá en el servicio de armas a la Corona.

En cuanto al senador Saura, dice que el PP sabe que esta
ley no se puede aplicar, que nace muerta. Bueno, ya lo veremos, senador
Saura; ya lo veremos. En todo caso, eso refleja esa mentalidad de coto, a
la que me referiré más adelante.

En relación con el diálogo de la LOMCE, ha habido tres
conferencias de educación, una más que en la LOE; una conferencia de
política universitaria; treinta y tres reuniones del ministerio con la
comunidad educativa; y todo tipo de aportaciones de los ciudadanos, que
también son respetables, a través de la página web.

Le da usted mucha importancia al Consejo de Estado. Yo
también, pero ustedes le dan importancia cuando les conviene, porque, por
ejemplo, cuando en septiembre de 2009 el Consejo de Estado informó sobre
la Ley del aborto, dijo textualmente: La información que se da a la mujer
debe darse también verbalmente, y para servir de garantía del bien
jurídico del feto ha de orientarse a la protección de la maternidad y no
al fomento de la interrupción voluntaria del embarazo.

De esto ni caso, ¿verdad? Aquí el Consejo de Estado no
pinta nada.

En relación con la religión —y con esto contesto a
los diversos grupos que han hecho referencia a ella—, señorías,
estamos ante un acuerdo internacional entre España y la Santa Sede;
acuerdo al que el artículo 96 de la Constitución Española otorga rango de
ley interna y que en veintiún años de gobiernos de izquierdas en este
país no se ha querido derogar.

Y ruego, por favor, a las personas que se lean despacio los
textos, porque resulta que la disposición adicional segunda de la LOE en
su punto primero no se modifica. Les voy a leer la disposición adicional
que ustedes pusieron: «La enseñanza de la religión católica se ajustará a
lo establecido en el Acuerdo sobre Enseñanza y Asuntos Culturales
suscrito entre la Santa Sede y el Estado español. A tal fin, y de
conformidad con lo que disponga dicho acuerdo, se incluirá la religión
católica como área o materia en los niveles educativos que corresponda,
que será de oferta obligatoria para los centros y de carácter voluntario
para los alumnos». Yo les ruego que dejen el argumentario de sus
respectivos partidos y que, por favor, se lean la LOMCE, se lean la
disposición adicional segunda, punto uno de la LOE, según queda,
incambiada, sin cambios

en la LOMCE, y que se lean también el apartado 19 de la
LOMCE, donde dice que en la evaluación final de la enseñanza secundaria
obligatoria no se tendrán en cuenta las calificaciones de la asignatura
de Religión. O sea que, por favor, un poquito más de trabajo
parlamentario y un poquito menos de argumentario de partido.

Doña Mar Moreno habla de que el PP tiene mucha prisa en
aprobar la LOMCE. Bueno, prisa, lo que se dice prisa, la que tuvo José
Luis Rodríguez Zapatero, que antes de que terminase un mes de tomar
posesión de la Presidencia del Gobierno aniquiló mediante un real decreto
una ley orgánica aprobada en las Cámaras del Parlamento español.
(Aplausos.)

A don Andrés Gil, que desprecia aparentemente nuestros diez
millones de votos, le quiero decir que esos diez millones de votos
suponen para nosotros un compromiso de cumplir el programa electoral y,
como nosotros no borramos el programa electoral como ustedes hicieron con
el de 2003, vea usted a partir de la página 74 nuestros compromisos en
materia de educación y cómo se han cumplido puntualmente en esta Ley
Orgánica para la mejora de la calidad educativa.

A doña María Isabel Flores y a doña Paula María Fernández,
que han insistido otra vez en el latiguillo de la educación diferenciada
y las doctrinas sexistas y todo este rollo, les debo decir que en el año
2006 el Partido Socialista aniquiló, tumbó, destruyó una enmienda de
Izquierda Unida en el Congreso, exactamente la número 1066, y otra
enmienda de Izquierda Unida en el Senado, la número 459, que hubieran
hecho imposible concertar la educación diferenciada. Ustedes pudieron
eliminar estos conciertos y no lo hicieron, les temblaron las piernas;
pues ahora no vengan, a toro pasado, pegando capotazos a un toro que está
ya muy lejos.

Por otra parte, ustedes, Partido Socialista, concertaron 30
de los 102 colegios concertados de educación diferenciada de España; 12
en Andalucía. No sé si doña María Isabel Flores rompió el carné del PSOE
en aquellos momentos y lo volvió a solicitar posteriormente, tal vez nos
lo diga. Por cierto, confío, señorías —escuchen esto, que me parece
importante—, en que los fundamentalistas de la ideología de género
hagan alguna declaración ante la sorprendente, y para mí repugnante,
fotografía del etarra Zubieta saliendo de la cárcel acompañado por tres
mujeres con la cara tapada, dos de las cuales le llevan la maleta. Lo
tienen hoy en todos los periódicos. (Aplausos.) Esta foto de una
excarcelación que es consecuencia de negociaciones, presiones y
resoluciones judiciales, cada una con sus responsables, esta foto no la
mejoran ni en Irán ni en Arabia Saudí, señorías.

La señora Capella ha dicho: no acatarem. Pues mire usted,
hay dos opciones: una, ustedes mandan en el Gobierno de Cataluña; dos,
ustedes no tocan balón en dicho Gobierno que ignora sus bravatas y
teatrillos, tanto los que hizo su líder, Oriol Junqueras, de parar la
economía de Cataluña durante una semana, como este de usted ahora de no
acatarem. Mire, yo me inclino más por la segunda, confío en el buen
sentido y la responsabilidad del Gobierno de Cataluña.

A don Ramón Alturo, que le preocupan los cambios en las
leyes educativas, le digo: oiga, señor Alturo, la LOGSE, de la cual la
LOE no deja de ser una emanación, ha durado veintiún años; veintiún años
en los que ha puesto de manifiesto algunos defectos importantes, que son
los que se quieren modificar con esta ley que propone el Partido
Popular.

Esta mañana hemos conocido unas declaraciones del señor
Solbes (Rumores.), que dice textualmente: Me siento mal como consecuencia
de los errores que cometimos porque, como consecuencia de los errores que
cometimos, la situación es algo peor. Oiga, esta frase hubiera sido muy
aplicable a los errores que se han cometido en la educación, pero esta
frase no la van a pronunciar ustedes. Ya les leí el otro día cómo en el
preámbulo de la LOE —la ley suya del año 2006— se hablaba de
incrementar la flexibilidad con vías formativas adaptadas a las
necesidades e intereses personales y, sin embargo, ustedes van a votar en
contra de los apartados 15, 20, 23, 55 y 57 de la LOMCE. Se hablaba en el
preámbulo de la autonomía pedagógica y de gestión de centros y, sin
embargo, ustedes van a votar en contra del apartado 69. Se hablaba de
rendición de cuentas, y también van a votar en contra de idéntico
apartado. Se hablaba de información pública y transparente, y votarán en
contra del apartado 69. Se hablaba de la evaluación como instrumento de
seguimiento y mejora, y votarán en contra de los apartados 11, 12, 18,
19, 27 y 28. Se hablaba de homogeneidad básica y unidad del sistema
educativo, y votarán en contra del apartado 5.

Conclusión: la izquierda política y pedagógica considera la
educación como un coto a ella reservada y no admite en dicho coto otras
leyes que las que ella aprueba o modifica cuando lo

considera oportuno. Este coto ha tenido muchísimos
guardianes, unos políticos y otros de la izquierda pedagógica y sindical
en los últimos treinta años. Ahora les ha tocado a ustedes ser los
guardas jurados del coto, y a nosotros, encajar o esquivar los postazos
que nos disparan por habernos atrevido a entrar en el coto prohibido.

En estos dos escasos minutos que me quedan quiero finalizar
con agradecimientos. Quiero expresar un agradecimiento muy especial a
todos los grupos parlamentarios de este Senado y a todas las entidades de
la comunidad educativa y de la sociedad civil en general, que han hecho
propuestas y aportaciones, aunque no todas hayan podido ser incorporadas
al texto.

Quiero agradecer a las diecisiete comunidades autónomas y a
las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla que desde su realidad
territorial han trabajado para dar la mejor ley posible al conjunto de
España.

Quiero mostrar mi agradecimiento a los altos cargos y
asesores del Ministerio de Educación, y muy especialmente a la asesora
parlamentaria del ministro, Pilar Ponce, pasarela incansable y siempre
accesible entre el Gobierno y esta Cámara, junto con nuestra muy eficaz
asesora del Grupo Parlamentario Popular, Eva Díez.

Quiero agradecer a los medios de comunicación que han
tenido un interés permanente y una paciencia infinita con la compleja
tramitación que supone una ley como la LOMCE.

Y, finalmente, con un afecto muy especial, a mis compañeros
los senadores y senadoras María de Haro, Ana María González y José Luis
Sastre, del Grupo Popular, que han intervenido en el debate de la ley, y
a los demás miembros de la Comisión de Educación, presidida tan
eficazmente por la senadora María Jesús Sáinz, con el valioso
asesoramiento del letrado, Pablo García Mexía, y a todos los que van a
apoyar esta ley.

Muchas gracias, señor presidente. Gracias, señorías.
(Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Peral.

Llamen a votación. (Pausa.)

Cierren las puertas.

Señorías, la ordenación de las votaciones de las enmiendas
del Proyecto de Ley para la mejora de la calidad educativa es muy
complicada, teniendo en cuenta que son novecientas. Los servicios de la
Cámara, los letrados nos acaban de entregar la ordenación de las
enmiendas tanto a los portavoces de los grupos como a los miembros de la
Mesa.

Les propongo que votemos ahora la reforma del Estatuto de
Murcia, que tenemos pendiente, y a continuación entremos en el debate de
las propuestas de veto del siguiente proyecto de ley, por lo cual no
pararemos el Pleno, y a partir de las cuatro de la tarde votaríamos los
vetos del siguiente proyecto de ley y las enmiendas de la Ley para la
mejora de la calidad educativa. Así, damos tiempo a ordenar mejor la
votación de las novecientas enmiendas. ¿Les parece bien a todos? ¿Están
de acuerdo? (Asentimiento.—Aplausos.)

12. ESTATUTOS DE AUTONOMÍA

12.1. CONOCIMIENTO DIRECTO

12.1.1. PROPUESTA DE REFORMA DE LA LEY ORGÁNICA 4/1982, DE
9 DE JUNIO, DE ESTATUTO DE AUTONOMÍA DE LA REGIÓN DE MURCIA.
(Votación.)

(Núm. exp. 605/000001)

AUTOR: ASAMBLEA REGIONAL DE MURCIA

El señor PRESIDENTE: Sometemos a votación, señorías, la
propuesta de reforma de la Ley Orgánica 4/1982, de 9 de junio, de
Estatuto de Autonomía de la Región de Murcia.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 225; votos emitidos, 222; a favor, 222.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por las Cortes
Generales la propuesta de reforma de la Ley Orgánica 4/1982, de 9 de
junio, de Estatuto de Autonomía de la Región de Murcia. (Aplausos.)

13. PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY

13.1. DICTÁMENES DE COMISIONES

13.1.1. PROYECTO DE LEY DE GARANTÍA DE LA UNIDAD DE
MERCADO. SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA.

COMISIÓN: ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD

(Núm. exp. 621/000051)

El señor presidente da lectura a los puntos 13., 13.1. y
13.1.1.

El señor PRESIDENTE: Para la presentación del dictamen,
tiene la palabra el presidente de la Comisión de Economía y
Competitividad. (Rumores.)

Señorías, guarden silencio, por favor, o abandonen el
hemiciclo.

Cuando quiera, señoría.

El señor LÓPEZ RODRÍGUEZ: Muchas gracias, señor
presidente.

Señorías, comparezco en este momento ante el Pleno del
Senado para presentar el dictamen del Proyecto de Ley de garantía de la
unidad de mercado.

Este proyecto de ley que se somete en este acto a la
consideración del Pleno del Senado tuvo su entrada en esta Cámara el día
5 de noviembre, fecha asimismo de su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes Generales, tramitándose por el procedimiento de urgencia.

El plazo de presentación de enmiendas finalizó el día 13 de
noviembre de 2013, presentándose un total de ocho vetos y ciento sesenta
y cinco enmiendas.

Los vetos han sido presentados de la siguiente manera. Veto
número 1, de los senadores Iglesias Fernández y Mariscal Cifuentes, del
Grupo Parlamentario Mixto. Veto número 2, de la senadora Capella i Farré,
del Grupo Parlamentario Mixto. Veto número 3, de las senadoras Aiartza
Azurtza y Mendizabal Azurmendi y los senadores Goioaga Llano y Unamunzaga
Osoro, del Grupo Parlamentario Mixto. (El señor vicepresidente, Lucas
Giménez, ocupa la Presidencia.) Veto número 4, de los senadores Guillot
Miravet y Saura Laporta, del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de
Catalunya. Veto número 5, de los senadores Almiñana Riqué y Sequera
García y los senadores Boya Alós, Bruguera Batalla, Martí Jufresa,
Montilla Aguilera y Sabaté Borràs, del Grupo Parlamentario Entesa pel
Progrés de Catalunya. Veto número 6, del Grupo Parlamentario Socialista.
Veto número 7, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència
i Unió. Y veto número 8, del Grupo Parlamentario Vasco en el Senado.

Las ciento sesenta y cinco enmiendas se distribuyen de la
siguiente forma: enmiendas 1 a 21, de los senadores Iglesias Fernández y
Mariscal Cifuentes, del Grupo Parlamentario Mixto. Enmienda 22, de los
senadores Quintero Castañeda y Zerolo Aguilar, del Grupo Parlamentario
Mixto. Enmiendas 131 a 156, del Grupo Parlamentario Vasco en el Senado.
Enmiendas 23 a 59, del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de
Catalunya. Enmiendas 83 a 130, del Grupo Parlamentario Catalán en el
Senado Convergència i Unió. Enmiendas 60 a 82, del Grupo Parlamentario
Socialista. Y enmiendas 157 a 165, del Grupo Parlamentario Popular en el
Senado.

El 14 de noviembre se reunió la ponencia del presente
proyecto de ley y emitió informe acordando lo siguiente. Incorporar al
texto remitido por el Congreso de los Diputados las enmiendas números 157
a 165 del Grupo Parlamentario Popular en el Senado y modificar la
disposición adicional sexta del proyecto de ley, en el sentido siguiente:
«Disposición adicional sexta. Evaluación anual de la Agencia estatal de
Evaluación de las Políticas Públicas y la Calidad de los Servicios. La
Agencia estatal de Evaluación de las Políticas Públicas y la Calidad de
los Servicios elaborará una evaluación anual sobre la implementación y
los principales efectos en ámbitos de actuación pública concretos de las
medidas contempladas en esta ley. Esta evaluación se remitirá a la
Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos y a las Comisiones
de Economía y Competitividad del Congreso de los Diputados y del Senado,
tras la cual se hará pública».

Se insertaron en el texto remitido por el Congreso de los
Diputados una serie de correcciones terminológicas y gramaticales de
menor entidad que no alteran el sentido del texto.

A continuación, la comisión se reunió para dictaminar el
citado proyecto de ley y emitió dictamen sin modificaciones respecto al
informe de la ponencia.

Finalmente, han presentado votos particulares a este
dictamen los senadores Capella i Farré, Guillot Miravet, Saura Laporta,
Almiñana Riqué, Boya Alós, Bruguera Batalla, Martí Jufresa, Montilla
Aguilera, Sabaté Borràs y Sequera García. Y los Grupos Parlamentarios
Mixto, Vasco en el Senado, Entesa pel Progrès de Catalunya, Catalán en el
Senado de Convergència i Unió y Socialista.

Es el momento del debate plenario, a eso nos
disponemos.

Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos.)

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias,
señoría.

Iniciamos el debate sobre las propuestas de veto. En primer
lugar, la propuesta de veto número 1 de los senadores Iglesias Fernández
y Mariscal Cifuentes, del Grupo Parlamentario Mixto.

Para defender este veto, tiene la palabra el senador
Mariscal.

El señor MARISCAL CIFUENTES: Gracias, señor presidente.
Señorías.

Estamos ante el debate de una de las leyes que, en la
hiperinflación normativa de la que ha hecho gala el Partido Popular desde
que llegó al poder, rompe también con preceptos básicos y fundamentales
para poder atender en condiciones derechos laborales y derechos de los
consumidores.

Dentro de esta hiperinflación normativa del Gobierno del
Partido Popular —que yo creo que rompe con la coherencia de sus
preceptos liberales, en el sentido de que lo quieren regular
absolutamente todo, todo regulado para los mercados, nada regulado para
los trabajadores, para los consumidores, para la ciudadanía—, esta
es una de las leyes incluidas en el plan enviado a Bruselas para
contentar a la troika, a los especuladores, a los mercados y a las
grandes empresas multinacionales. Una ley en la que se hace mención de
nuevo a la falacia ideológica de la autorregulación de los mercados, y
una ley que da continuidad al desbaratamiento, a la demolición del Estado
social, al cual se hace referencia en la Constitución Española y que
ustedes se están cargando ley a ley: la Ley de estabilidad
presupuestaria, la LOMCE, la reforma laboral, la reforma de las
pensiones, la Ley de Costas, la reforma de la justicia, la reforma del
sistema financiero, la liberalización de horarios comerciales…
Todas estas leyes y esta que hoy sometemos a debate en esta Cámara tienen
un hilo común, al cual ustedes, además, no renuncian, por mucho que
intenten ocultarlo. Y es que han tomado partido, partido por los fuertes,
partido por aquellos que nos han traído a esta crisis.

El propio preámbulo de esta ley alude al Tribunal
Constitucional y reconoce que unidad no significa uniformidad. Pero,
señorías, esta ley demuestra la incomprensión y el desbaratamiento del
Estado autonómico a través —dicen— de la desregulación de la
actividad económica. Una recuperación de la centralidad regulatoria en
beneficio, insisto, de los mercados y de los grandes poderes económicos.
Una ley que incluso va más allá de la criticada y denostada Directiva
Bolkestein, de liberalización de los servicios públicos en el conjunto de
la Unión Europea. Una ley que afecta a normativas autonómicas que regulan
el acceso y el ejercicio de actividades y circulación de los productos y
que —y es lo más grave de este proyecto— provocará, acarreará
una subasta a la baja en la exigencia de requisitos a las empresas y a
los prestadores de servicios en cada territorio. Este dumping se
producirá por parte de comunidades autónomas, de administraciones
locales, ofreciendo a las grandes empresas una rebaja en sus condiciones
de seguridad laboral o de derechos de los consumidores, pero, según dice
esta ley, lo que por encima de todo tiene que estar es el principio de
confianza mutua entre comunidades autónomas. Se merma, por lo tanto, la
capacidad de comunidades autónomas y de la Administración local para
desarrollar sus competencias y cumplir con funciones de control.

El Gobierno, señorías —lo venimos denunciando y hoy
es momento de volver a denunciarlo—, está secuestrado por los
grandes poderes, por las grandes compañías multinacionales. El Gobierno
está secuestrado y tiene, además, un enorme, un grave síndrome de
Estocolmo. Son algunos de los Gobiernos autonómicos los que han levantado
la voz, entre otros, el Gobierno de mi comunidad autónoma, el Gobierno de
la Junta de Andalucía, que ha denunciado que esta ley desregula todo lo
regulado, que fomenta el descontrol y la desprotección y que ofrece menos
garantías.

Y coincidimos con la valoración que las organizaciones de
consumidores han realizado también sobre este texto. Por cierto,
organizaciones de consumidores con los que no se ha contado a la hora de
poner en marcha esta ley. Organizaciones de consumidores que denuncian
que en esta ley no se habla en absoluto de los derechos de los
consumidores. Organizaciones de consumidores que afirman que, con la
excusa de acabar con las trabas burocráticas y asegurar la libre
circulación de bienes y servicios en todo el territorio nacional, se van
a suprimir requisitos garantistas y se va desregular la protección a los
usuarios. Se afirma —y nosotros estamos de acuerdo— que esta
ley va a suponer dar más poder a las grandes empresas, va a convertir a
España en un paraíso empresarial y serán al final las propias empresas
las que antes de establecer su actividad en un determinado territorio se
dirigirán a las comunidades autónomas exigiendo recortes; exigiendo
recortes, antes fiscales, ahora también en la protección de los
consumidores o de eso que hablan los neoliberales que son los costes
ligados al salario y que tiene que ver con la protección de los derechos
laborales de los trabajadores y trabajadoras y que tiene que ver con la
seguridad laboral de los trabajadores y trabajadoras. Esta ley va a
provocar un enorme conflicto de competencias. Esta ley va a afectar
enormemente a consumidores y trabajadores. Sin embargo, es verdad, tal y
como se ha manifestado, que hay sectores que están enormemente contentos
con lo que recoge este texto. Entre ellos voy a citar nada más que a las
grandes cadenas de distribución, que están eufóricas. Ustedes vuelven a
legislar favoreciendo los intereses de estas grandes cadenas de
distribución, que están provocando con su complicidad, entre otras cosas,
que se termine con el pequeño comercio en nuestro país, con el comercio
de proximidad, con el comercio sostenible. Entre los poderosos y los
débiles esta ley vuelve a demostrar que ustedes están con los poderosos y
ese es el motivo por el que nosotros presentamos este veto y proponemos
la devolución de este texto al Congreso.

Gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, senador
Mariscal.

La propuesta de veto número 2 ha sido presentada por la
senadora Capella i Farré. Para su defensa, tiene la palabra la
senadora.

La señora CAPELLA I FARRÉ: Senadores, senadoras, en este
Pleno se llevan ustedes la palma de oro en cuanto a la acumulación de
vetos y enmiendas a las leyes. ¿Esto no les hace pensar en la necesidad
de replantearse su posicionamiento? ¿No se les ocurre que alguna cosa no
debe andar demasiado bien?

En lo que respecta al Proyecto de Ley de garantía de la
unidad de mercado, tengo que reiterar que Esquerra Republicana de
Cataluña considera que este es un proyecto de ley con una visión
nacionalista, centralista y homogeneizadora del Estado; posición que
mantiene y quiere el Partido Popular. Este proyecto de ley ha sido
elaborado con el único objetivo de laminar las competencias de las
comunidades autónomas, sustrayéndoles cualquier ámbito de decisión y
subordinando sus políticas a los dictados del Gobierno del Estado.

Ustedes —ya se lo decía ayer al ministro Wert cuando
defendíamos el veto a la LOMCE— tienen un plan preconcebido con
todas las reformas legislativas que han llevado y están llevando a cabo,
que no es otro que reducir las comunidades autónomas a meras delegaciones
de la Administración General del Estado dedicadas a la ejecución de las
políticas elaboradas por el Gobierno español.

El presente proyecto de ley se dicta en ejercicio de las
competencias exclusivas del Estado para la regulación de las condiciones
básicas que garanticen la igualdad de todos los españoles en el ejercicio
de los derechos y en el cumplimiento de los deberes constitucionales que
prevé el artículo 149.1. 1º de la Constitución Española. Se trata de una
competencia de carácter transversal utilizada de forma sistemática por el
Estado para laminar las competencias autonómicas, dejando sin efecto
muchas de las competencias exclusivas asumidas estatutariamente por las
comunidades autónomas. En este sentido, quiero recordarles la reiterada
jurisprudencia del Tribunal Constitucional, iniciada con la sentencia
37/1981, de 16 de noviembre reiterada en otras sentencias—, que nos
decía: La igualdad no puede ser entendida en modo alguno como una
rigurosa y monolítica uniformidad del ordenamiento de la que resulte que,
en igualdad de circunstancias, en cualquier parte del territorio nacional
se tienen los mismos derechos y deberes. Sin embargo, este proyecto de
ley no pretende otra cosa que reducir la descentralización política a la
mera descentralización administrativa. Es verdad que, a priori, la unidad
de mercado podría

defenderse y constituir un principio esencial para el
funcionamiento competitivo de la economía del Estado —tal y como se
defiende en la exposición del proyecto de ley—, pero este principio
no debería ser entendido como una rigurosa y monolítica uniformidad. Así
lo ha dicho también el Tribunal Constitucional —tribunal que
ustedes se llevan a la boca continuamente—, que en relación con la
unidad nos dice: La unidad no significa uniformidad, ya que la misma
configuración del Estado español y la existencia de entidades con
autonomía política, como son las comunidades autónomas, supone
necesariamente una diversidad de regímenes jurídicos; sentencia 88/1985,
entre otras muchas más.

Finalmente, ustedes, el Gobierno y el Partido Popular,
pretenden justificar el presente proyecto de ley en la necesidad de
favorecer la construcción del mercado interior a nivel europeo. Ustedes
se escudan de nuevo aquí en las diversas directivas europeas que, por
cierto, cuando les conviene incumplen sistemáticamente. No es necesario
que les recuerde —aunque puede que sí— la cantidad de
expedientes abiertos que tiene el Estado español por la Unión Europea y
la cantidad de multas que viene acumulando. Decía que ustedes se escudan
en las diversas directivas europeas que necesariamente deben ser
aplicadas en el Estado español. Sin embargo, ustedes y todos sabemos que
la existencia de regulación europea no modifica —ni tampoco tiene
que ser un obstáculo— el orden de distribución de competencias que
se establece en las normas del denominado bloque de constitucionalidad
donde, por cierto, están contemplados los estatutos de autonomía.

En este sentido, el presente proyecto de ley fomenta las
competencias sobre la desregulación o flexibilización de las condiciones
normativas para el ejercicio de las actividades, propiciando la creación
de una suerte de paraísos administrativos. Esta promoción de la rebaja de
los estándares normativos en materias como la seguridad, la salud, el
medio ambiente, los derechos de los consumidores y tantos otros puede
llegar a situar las actividades económicas en el umbral del
incumplimiento de los propios estándares europeos. El compañero Mariscal,
de Izquierda Unida, se refería a ello. Es decir, Europa les sirve de
justificación, pero ustedes no miran a Europa, todo lo contrario. Resulta
sorprendente en ustedes, que son los valedores del Tribunal
Constitucional y que lo plasman a ultranza, que lo desacrediten en este
proyecto de ley, aunque más bien resulta que lo enmiendan cuando
conceptúan a través de esta enmienda al Estado como unitario, centralista
y homogeneizador. En definitiva, ustedes pretenden imponer un marco
homogéneo a una realidad autonómica que verdaderamente es
heterogénea.

Pues bien, me gustaría insistir en que se lean bien el
articulado de la ley y recapaciten. Miren el problema que van a suscitar:
con independencia de que nosotros discrepemos de la totalidad de la ley,
vean el marasmo normativo, el caos normativo, la barbaridad jurídica y el
caos jurídico que va a resultar la aplicación de esta ley. Con esta ley
ustedes pretenden tener de nuevo el control y la centralización de las
competencias en materia de espectáculos públicos. ¿No será que ustedes,
por la vía de otro proyecto normativo, quieren volver a regular, volver a
instaurar efectivamente —esto es lo que se me viene a la
cabeza— los toros en Cataluña? Léanse el artículo 7. De él se
desprende una voluntad muy clara de intentar obtener por la vía de otro
proceso normativo lo que no han conseguido con otros proyectos
normativos.

En definitiva, nos oponemos a la totalidad de la ley por
los motivos expuestos y porque, además, como se demostrará y se
visibilizará a través del resto de los vetos presentados, esta ley atenta
directamente a las competencias asumidas por las comunidades autónomas y
a la realidad de los servicios y de los comercios, en este caso de la
realidad social catalana.

Gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Muchas gracias,
senadora Capella.

Para la propuesta de veto número 3, de los senadores
Aiartza, Goyoaga, Unamunzaga y senadora Mendizabal, tiene la palabra el
senador Unamunzaga.

El señor UNAMUNZAGA OSORO: Muchas gracias, señor
presidente.

Voy situar este veto en el momento en que estamos, es
decir, en el ecuador de la legislatura, y en este contexto quiero
remarcar una premisa, y no es otra que tenemos que situar el presente
proyecto de ley de garantía de la unidad del mercado en la política
general que el Gobierno está realizando y que, con la disculpa de dar
respuesta a la crisis económica y, sobre todo, a seguir el dictado de la
troika, está impulsando tanto un cambio de modelo de Estado, abordando
una

profunda recentralización del mismo, como del propio modelo
social, y casi todo, como estamos viendo, por el procedimiento de
urgencia. Y es que, efectivamente, lo que tenemos entre manos es utilizar
la disculpa de la unidad de mercado —y debemos recordar a esta
Cámara que unidad de mercado es un concepto europeo, repito, europeo, que
afecta por igual a Euskal Herria, Luxemburgo, Baviera o Escocia—
para ir a una recentralización del Estado, recortando nuevamente los
retazos de soberanía que actualmente se ejercen, por ejemplo, en Euskal
Herria o Cataluña. Es decir, aprovechando que el Pisuerga pasa por
Valladolid —y hago esta referencia porque el actual presidente de
la fundación FAES se configura como el padre espiritual de la orientación
política del partido que sustenta a este Gobierno—, aplicando esta
orientación espiritual, el partido que sustenta al Gobierno está llevando
a la práctica lo más profundo de su ideario en relación con el modelo de
Estado, está llevando a la práctica un ideario anacrónico y caduco de
concepción nacional española, entroncada en la mejor tradición y
definición del Estado-nación que fue realizada en el siglo XIX. Y es que,
efectivamente, a lo largo de estos dos años de legislatura estamos
asistiendo a una sucesión de decisiones que ha estado adoptando este
Gobierno que no ya laminan, cepillan y recortan las competencias y los
retazos de soberanía de las nacionalidades del Estado sino que son
tendentes a lograr la definitiva supresión y la centralización definitiva
en su concepción de modelo de Estado.

Y me refiero a esto porque con este proyecto de ley tenemos
una constatación más de esta circunstancia. Esta ley se inserta en las
políticas de este Gobierno, que está empeñado en reconducir el modelo de
España por la puerta de atrás, por la puerta de las leyes, los decretos,
los reglamentos, los recortes sistemáticos de cualquier competencia o
retazo de soberanía que tengan las comunidades autónomas. Y es que,
fundamentalmente, se están empeñando en atizar con saña a aquellas
realidades nacionales sin Estado que estamos dentro del Estado español.
Señoras y señores del Partido Popular, esta y no otra es la línea general
de esta y otras de sus leyes. Y es que, yendo al texto en concreto, el
Gobierno a la hora de la exposición de esta ley la pivota sobre dos
elementos: el primero es la competitividad y el segundo es la afirmación
de que es una reforma liberalizadora. Les tengo que reconocer que
efectivamente libera, pero en el mal sentido de la palabra. Y es en el
mal sentido de esta palabra porque creo que lo que hay detrás de este
proyecto de ley es precisamente la imposición de un modelo, un modelo
político y un modelo social; en definitiva, estamos ante un modelo
político recentralizador. Y, señorías, ante esta redacción que tenemos
delante, les afirmo que no estamos de acuerdo con ninguno de los
objetivos que persigue, en realidad. No estamos de acuerdo con el modelo
de Estado que implica esta redacción, no estamos de acuerdo con el modelo
social que implica esta redacción y no estamos de acuerdo con la
afirmación de que esta ley esté a favor de la competitividad. La
competitividad no va a venir por este camino. La competitividad vendría,
por ejemplo, si se dispusiese de muchos más fondos para apoyar la I+D+i,
que es la clave de la competitividad, pero, ojo, la I+D+i es clave si se
quiere tener una competitividad estable en el tiempo, si se quiere una
competitividad de calidad. Pero el objetivo de una competitividad estable
en el tiempo y de calidad no se va a lograr con esta ley.

Permítanme otra reflexión. El presidente de su Gobierno se
ha referido en diversas ocasiones a Gibraltar diciendo que había que
acabar con ese paraíso fiscal. Pues bien, el auténtico paraíso fiscal
ahora mismo en la Unión Europea es el Estado español. Un ejemplo de ello
son los datos de Eurostat, de la Unión Europea, sobre la competitividad,
regulación, etcétera, entre los cuales, un dato turbativo es el
porcentaje que dice Eurostat que supone la recaudación fiscal sobre el
producto interior bruto, dato en el que el Estado español se sitúa a la
cola de la Unión a diecisiete en la zona euro y está a la cola del
conjunto de los Estados de la Unión a veintisiete. Y esta es otra de las
claves de la competitividad.

Pero vamos a hablar del mercado único, de lo que es
realmente el mercado único. Les remarco que sí estoy a favor de él, pero
con el mercado único de la Unión Europea. Señoras y señores del Partido
Popular, el mercado único ya está, ya existe. La regulación para el
mercado único está en el seno de la Unión Europea y precisamente lo que
esta quiere garantizar es que cualquier producto o cualquier empresa se
pueda mover por todo el ámbito de la Unión Europea sin problemas, en
igualdad de oportunidades con otras empresas. Por eso afirmamos que eso
se garantiza también sin esta ley; ya estaba garantizado. Y les voy a
decir más, el modelo competitivo vasco, por ejemplo, es una muestra clara
de todo ello. El modelo vasco es el sistema económico más exportador de
todo el Estado español. Además, exporta a países avanzados, a Alemania, a

Francia, a Reino Unido, a Japón o a Estados Unidos. No
exporta, por decirlo de alguna manera, a países fáciles. Ha sido
exportador sin necesidad de esta norma.

Les quiero remarcar que no me saco estas afirmaciones de la
chistera. Tal y como señala el voto particular de los consejeros de ELA y
CIG en el Consejo Económico y Social, el establecimiento en el proyecto
del principio de eficacia en el llamado «todo el territorio nacional»,
explícitamente en el desarrollo contemplado en el artículo 19, resulta
especialmente lesivo para el ámbito de soberanía vasca, para nuestro
modelo. Resulta especialmente lesivo, ya que al contemplarse en el
anteproyecto el principio de territorio de origen, impidiéndose a las
administraciones públicas de los territorios donde las empresas
desarrollan su actividad imponer requisitos o condiciones diferentes, se
vulnera notablemente el marco competencial establecido. De hecho, podemos
llegar a afirmar que impide a la Comunidad Autónoma Vasca y a la
Comunidad Foral de Navarra desarrollar políticas propias en materias de
comercio, de industria, agricultura y pesca, de ordenación del territorio
y de desarrollo rural, sanidad o servicios sociales.

Pero no nos quedamos ahí con las consecuencias que tendría
esta ley. Esta ley con su filosofía radicalmente desreguladora también va
a suponer una merma en los derechos de los consumidores y usuarios, a
cuya figura no se hace mención alguna en esta ley; una ley que está al
servicio de las grandes empresas, olvidándose de la defensa a las pymes,
de la economía social y de las personas consumidoras.

En esta línea se argumenta que se pretende eliminar las
trabas a las empresas de distribución y con eso, en vez de favorecer al
tejido social y empresarial comprometido con su entorno, lo único que se
va a conseguir es seguir eliminando empleo, eliminando puestos de trabajo
y eliminando la generación de riqueza en las empresas locales. Al tiempo,
se va a favorecer a las grandes empresas multinacionales y se va a
continuar imponiendo un modelo social y productivo cada vez más alejado
de la gente, que provoca una desertización económica de los ámbitos
locales.

Sumado a lo anterior, le quiero añadir otro elemento, y es
que otra de las cosas negativas de este proceso recentralizador y
uniformizador va a ser la marginación en las naciones que actualmente
están dentro del Estado, de las lenguas propias y oficiales, por ejemplo,
el etiquetado, a la hora de ofrecer bienes y servicios, generando una
situación de discriminación lingüística.

En definitiva, esta ley va a seguir profundizando en el
cambio del modelo de Estado y del modelo socioeconómico de abandono del
Estado del bienestar en favor de un modelo neoliberal radical. En este
modelo neoliberal radical se va haciendo desaparecer a las pymes, se va
haciendo desaparecer a la economía social y se va haciendo desaparecer a
las estructuras productivas locales; es decir, lo que tenemos delante es
la consecución de un modelo en el que se sigue impulsando la pérdida de
empleo de calidad, se continúa aumentando la precariedad y se alejan los
centros de decisión de los ámbitos sociales naturales.

Entenderán sus señorías que, analizados los contenidos
principales de la ley presentada por el Gobierno y ante sus consecuencias
sociales, nos reafirmemos en la necesidad de contar con un ámbito vasco
de decisión que evite que nos sea impuesto un modelo político, económico
y social que claramente es ajeno a Euskal Herria y lesivo para los
intereses de la ciudadanía vasca. Por eso, nosotros estamos en contra de
esta ley, porque pensamos que esta ley no es necesaria. El mercado único
está ya en la Unión Europea. No hace falta esta desregulación que va en
contra de los intereses de los consumidores, que va en contra de las
economías locales y va en contra de las competencias y del ámbito de
soberanía que tienen las comunidades autónomas y los territorios que
componen Euskal Herria.

Mila esker. Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Muchas gracias,
señoría.

La propuesta de veto número 4 está firmada por los
senadores Guillot y Saura. Para la defensa de este veto, tiene la palabra
el senador Guillot.

El señor GUILLOT MIRAVET: Gracias, señor presidente.

Señorías, quiero empezar mi intervención expresando mi
simpatía y reconocimiento al trabajo que ha hecho la senadora Amalur
Mendizábal en el proyecto de la LOMCE. Amaiur, señorías, está donde debe
estar, en un Parlamento discutiendo pacífica y democráticamente. Intentar
arrinconar a Amaiur es una irresponsabilidad y un error gravísimo por
parte de cualquier demócrata. Creo,

señorías, que con el tiempo todo se andará, el tiempo irá
cerrando y solucionando muchos de los problemas que aún están hoy
presentes, pero quisiera recordarle al señor Peral —ahora no está,
pero espero que alguno de ustedes le transmita mis palabras— la
paciencia que tuvimos los demócratas con los franquistas en la
transición. Se lo digo porque hace un tipo de intervenciones que, de
verdad, ni ayudan ni aportan nada en positivo.

Voy a entrar ya en la presentación del veto. Quisiera
empezar diciendo que este Gobierno tiene una gran habilidad, utilizada
con frecuencia en esta legislatura, la de lanzar una afirmación, siempre
media verdad y cuasi toda mentira, para luego justificar sus iniciativas.
¿Cuál es la utilizada para justificar este proyecto de ley? Nos dice el
Gobierno del Partido Popular: Para impulsar la competitividad de la
economía española necesitamos eliminar trabas administrativas y barreras
burocráticas.

El mercado nacional está compuesto por diecisiete
estructuras normativas diferentes, lo que obliga a las empresas que
quieran operar en toda España a someterse a diferentes requisitos según
dónde operen, y a su vez, a verse obligadas a adaptar sus productos y
servicios según dónde comercialicen y, por último, a atenerse a múltiples
licencias o autorizaciones.

Para hacer más creíble esta afirmación, el señor De Guindos
aportaba dos datos: de 1978 a 2011 se han aprobado en España cien mil
disposiciones normativas —lo que no nos dice es que el 80% de estas
son del Estado, de la Administración central—; y que había
identificado dos mil setecientas normas que dificultan la unidad de
mercado, el 70% autonómicas. Afirmación, evidentemente, no
demostrada.

Como en otras cuestiones, el Partido Popular sigue
señalando a las comunidades autónomas como principales responsables de
los males de gobernabilidad, racionalidad y, en este caso, de
competitividad que nos aquejan.

No es un relato nuevo. En el año 2007, la FAES publicó un
informe en el que expresaba con meridiana claridad lo que hoy es la
agenda política de este Gobierno y, muy en concreto, este proyecto de
ley. En ese informe se afirma la existencia de dos principios en
conflicto, el de la unidad de mercado y el de la autonomía política de
los territorios —cuestión resuelta por el Tribunal
Constitucional—. La multiplicidad de administraciones y el aumento
de su producción normativa —dice el informe— están generando
una inflación regulatoria y un deterioro de la calidad de la regulación.
Y sigue: Un proceso autonómico sin final previsible y permanentemente
abierto está derivando en la deconstrucción del Estado
—deconstrucción, tipo Ferrán Adrià—, en la erosión de la
unidad de mercado mediante el establecimiento gradual, sistemático y
progresivo de barreras. Y sigue: barreras emocionales y psicológicas,
barreras educativas y culturales, y barreras legales y regulatorias.
También afirma: en política comercial, el desarrollo autonómico se ha
convertido en el principal obstáculo de su liberalización. Sigue: el
Estado autonómico se nos ha escapado de las manos y está erosionando las
bases de crecimiento futuro. Continúa: la unidad de mercado ha de
convertirse en prioridad política en España. Y, por último, afirma: la
España de las autonomías se encamina hacia un problema institucional y se
hace necesaria una ley de coordinación entre las administraciones
públicas que reconozca la supremacía del poder central.

Disculpen el resumen, pero creo que es muy clarificador
conocer cuáles son las fuentes que inspiran este proyecto de ley y con
qué intenciones se elabora este.

Otros autores, en la misma línea, afirman que el principio
de unidad de mercado es una de las expresiones de la unidad nacional. Con
lo cual, ya está todo dicho.

Señorías, este es el discurso ideológico que sustenta este
proyecto de ley.

No está de más empezar la justificación del veto que
presentamos el senador Saura y yo, en nombre de Iniciativa per Catalunya
Verds, con una afirmación: la Constitución Española no establece un orden
jerárquico entre las administraciones, define diferentes órdenes
competenciales para cada una de ellas.

¿Hay en España una sobreabundancia normativa? Sí, y su
principal responsable es la Administración central. No está de más
recordar que las competencias en materia de derecho de sociedades son del
Estado y que el derecho mercantil es una competencia exclusiva del Estado
con la excepción de la legislación cooperativa. Existe una
sobreabundancia normativa, sí, pero agravada por la escasísima cultura de
cooperación institucional y por los escasos mecanismos para propiciarla.
El senador Saura y yo no nos oponemos, todo lo contrario, a la existencia
de espacios de cooperación institucional.

¿Son las comunidades autónomas responsables principales de
esta pérdida de competitividad por un exceso normativo, duplicidades y la
existencia de normas contradictorias? No, es una acusación basada en el
más puro ideologismo y que forma parte del actual discurso del Partido
Popular de imputar a las comunidades autónomas la mayoría de nuestros
males.

Señorías, los retos para la mejora de nuestra
competitividad no pasan ni de lejos por la capacidad normativa de las
comunidades autónomas. Son otros los problemas, y no creo que sea
conveniente discutirlos ahora, pero habría que hablar del tamaño de las
empresas, de investigación, formación, educación, inversión, etcétera.
Por ello, creo que es inaceptable esta imputación. Lo razonable sería,
desde la lealtad institucional y desde el respeto a la Constitución,
dejar que las comunidades autónomas ejercieran sus competencias, que
dictaran en ese marco sus normas y que quedara para los ciudadanos la
valoración o no del acierto de sus Gobiernos y, para el Tribunal
Constitucional, aquellos aspectos de conflicto de competencias.

España es un Estado compuesto. Creer que habrá una
uniformidad regulatoria es un disparate; imputar a la descentralización
política la pérdida de competitividad es otro disparate. Miren ustedes
Alemania, analicen el papel de los länder y vean cuáles son sus altos
niveles de competitividad. ¿Qué persigue realmente este proyecto de ley?
A mi entender, tres objetivos: desregular, recentralizar y uniformizar.
Con este proyecto de ley —ya lo advierte el Consejo Económico y
Social— ustedes están incentivando el dumping regulatorio.
Propician una carrera a ver quién desregula más para hacer más atractiva
la inversión en su territorio.

Es un proyecto impreciso que creará inseguridad jurídica e
incrementará la litigiosidad. En él se olvidan completamente de los
consumidores. En definitiva, señorías, si tuviera que resumir qué se
conseguirá con la aprobación de esta ley, les diría: la centralización
regulatoria, no tanto a favor del Estado, sino a favor de los mercados;
la uniformización en la desregulación e incentivar el dumping
desregulador entre las comunidades autónomas.

Señorías, este proyecto de ley contiene elementos muy
graves. Lamentablemente es una de estas leyes que pasan desapercibidas
para amplios sectores de la opinión pública, pero que de ser aprobada
—y lo será— tendrá un impacto muy negativo sobre nuestro
modelo territorial, así como sobre las capacidades de los poderes
públicos de intervenir en la economía.

Opino que muchos aspectos de este proyecto de ley son
inconstitucionales. El Tribunal Constitucional en su momento ya resolverá
esta cuestión respondiendo a los recursos que cuatro comunidades
autónomas han anunciado que presentarán. Pero es preocupante la
involución de la derecha española respecto al modelo de Estado: creen que
el uniformismo es la solución frente a la diversidad. Esta concepción es
un grave error, como se ha demostrado en la historia de la España
contemporánea. No sé si son conscientes de la sostenida campaña de
deslegitimación que la derecha, dicho sin sentido genérico, lleva a cabo
contra la descentralización política del Estado que se inicia con la
Constitución de 1978. Ustedes han hecho sinónimo a la existencia de las
comunidades autónomas de: barullo, caos, despilfarro, obsesión
normativa…, y con esta ley se las acusa también —esto sí, sin
demostrarlo— de ser un obstáculo para nuestra competitividad. Para
ustedes la existencia de diferentes lenguas y la exigencia de etiquetaje
en las lenguas cooficiales es un obstáculo.

Afrontamos una política involutiva respecto al modelo
territorial, que alienta en Cataluña, evidentemente, la idea de que es
mejor marcharse y cuanto antes mejor. A estas alturas no sé cómo
terminará el conflicto de relaciones, pero lo que sí tengo claro es que
la única España posible, la única España viable, es la España plural.
Este proyecto de ley también bebe directamente de las esencias más puras
del neoliberalismo, lo que significará un paso de gigante en la
desregulación de nuestro mercado interno.

Señorías del PP, ¿qué modelo de sociedad quieren construir?
Porque según sea la respuesta así conformarán el modelo económico. A
estas alturas aún no hemos aprendido que es imposible que los mercados se
autorregulen. Decían los expertos al inicio de la crisis, que ya se veía
que en España iba ser larga y durísima, que uno de los aspectos más
importantes para la salida era crear las bases para evitar repetir los
errores que nos habían llevado a ella.

Leyendo este proyecto de ley queda claro que el Gobierno
del PP se empecina en repetir los mismos errores. Regular no es sinónimo
de entorpecer la economía, sino de marcar unos límites fiscales,
laborales, ambientales, etcétera. El interés general y su defensa no es
un obstáculo para la competitividad, creer lo contrario es volver al
capitalismo salvaje, a la ley de la selva, al

darwinismo social. Esto explica que los ciudadanos, ni en
su condición de consumidores o usuarios, vean reflejados sus derechos e
intereses en el proyecto.

Señorías, para el Gobierno del PP se incrementan los
factores que frenan la competitividad de nuestra economía: salarios,
impuestos, derechos laborales, derechos sindicales, limitaciones
medioambientales…, y hoy añaden otro factor, que según su
interpretación, frena nuestra competitividad: la capacidad normativa de
las comunidades autónomas y de los entes locales. La paradoja es que los
países con mayor regulación, mayor protección social, fiscalidad, respeto
al medioambiente y garantía de la igualdad de oportunidades, son los más
competitivos.

Termino diciendo que este Pleno del Senado pasará a la
historia. En él vamos a aprobar tres leyes desastrosas: la LOMCE, la
unidad de mercado y la de evaluación ambiental. Estas tres leyes resumen
las políticas y la ideología del PP. La Ley de transparencia, aprobada
ayer, refleja su cinismo. Para combatir esta ideología, una buena manera
de empezar es votando este veto que presentamos el senador Saura y yo
mismo.

Gràcies per la seva atenció; gràcies, senyor president.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, senador
Guillot.

La propuesta de veto número 5 está firmada por la senadora
Almiñana y los senadores Boya, Bruguera, Martí, Montilla, Sabaté y la
senadora Sequera.

Para la defensa de este veto, tiene la palabra el senador
señor Montilla,

El señor MONTILLA AGUILERA: Gracias, señor presidente.

Señorías, las razones que sostienen la presentación de
nuestro veto a la presente ley tienen relación con su contenido, no tanto
con su necesidad. La actividad económica, entre otras cosas, requiere
regulación. Si esta es excesiva, es contraproducente para su
funcionamiento. Si lo que se produce es una desregulación o ausencia de
regulación, también está asegurado el desastre. Lo ideal es encontrar el
equilibrio, con una regulación eficiente y de calidad que elimine trabas
innecesarias, que ayude a las empresas a ser más competitivas, reduciendo
sus costes, que fomente la competencia y que garantice, por supuesto, los
derechos de los ciudadanos en tanto que trabajadores y consumidores.

Además, para nosotros el desarrollo sostenible y
competitivo de nuestra economía ha de ser compatible con la cohesión
social y el carácter social que la Constitución otorga a nuestra economía
de mercado. Los intereses generales han de primar sobre los particulares.
De ahí que seamos reacios a las iniciativas presentadas bajo el loable
objetivo de mejorar la competitividad, eliminar barreras y mejorar y
simplificar nuestra legislación en el ámbito económico empresarial. En
definitiva, lo que buscan es desregular, poniendo en una situación de
desventaja el interés general sobre el particular.

Para comenzar, he de decir que ustedes presentan este
proyecto de ley con un contenido bastante genérico, sin un diagnóstico
previo y claro de aquello que quieren regular. Nosotros compartimos
objetivos loables, como la unidad de mercado o la construcción del
mercado único de la Unión Europea. En términos generales, los procesos
que se han ido dando en las últimas décadas de apertura de los mercados y
de eliminación de barreras se han traducido en un incremento
importantísimo de los intercambios comerciales y de incremento del
bienestar y reducción de las brechas —brechas todavía hoy
considerables— entre las diferentes áreas del planeta.

Hemos defendido y defendemos la necesidad de mejorar y
simplificar nuestra legislación en términos generales, y de manera muy
particular de aquellas normas que pueden limitar o poner trabas a la
instalación o ampliación de actividades económicas. Pero el problema es
que ustedes con este proyecto de ley no son estos los problemas que
quieren solucionar. Con esta norma, en coherencia con lo que viene siendo
la actuación de este Gobierno a lo largo de estos dos años, lo que
pretenden es recentralizar, desregular y uniformizar el mercado interior,
apartándose, por cierto, del modelo que a nuestro entender prefigura la
Constitución.

Igualmente, una vez más este proyecto se tramita también
por la vía de urgencia, sin hacer esfuerzos más allá de la petición de
los dictámenes preceptivos o voluntarios, sin buscar acuerdos y consensos
con el resto de las formaciones políticas y de manera muy singular con
las comunidades autónomas. Parten ustedes de una afirmación contenida en
el preámbulo de la ley que es falsa: el mercado español está fragmentado,
lo cual se traduce en dificultad y costes para

las empresas. Eso dice el preámbulo. Y los problemas de
nuestras empresas no son de esta inexistente fragmentación del mercado,
sino otros a los que las políticas del Gobierno tienen más dificultad
para dar respuesta. Las dificultades del acceso al crédito, las
deficientes o incompletas redes de transporte de mercancías son, por
poner dos ejemplos, en este caso sí verdaderos obstáculos al desarrollo
de la unidad de mercado.

Mientras los competidores alemanes u holandeses, por citar
dos países, disponen de crédito y además más barato, nuestras empresas
tienen enormes dificultades para obtenerlo; mientras en países como
Alemania o Francia el tráfico de mercancías se realiza en una gran
proporción por ferrocarril, en España nos encontramos con unos accesos
ferroviarios deficientes e incompletos en puertos como el de Barcelona,
por no decir inexistentes en otros casos, como el de Algeciras. Estos sí
que son cuellos de botella para el desarrollo de la unidad de mercado, a
los cuales no da respuesta la presente ley ni tampoco el Gobierno con sus
políticas. Y ello es así porque se parte de afirmaciones genéricas, como
decía anteriormente, pero no existe la diagnosis que acompañe estas
afirmaciones rotundas que hace la ley.

Decía que nosotros somos defensores de la mejora y
simplificación de la legislación, porque también, seamos francos,
legislamos, producimos un exceso de normas y, además, en muchas ocasiones
no son precisamente de excelente calidad, y ello dificulta la actividad
de las empresas y la vida de los ciudadanos. En ese sentido defendemos el
regular para garantizar derechos y el interés general y, a la vez,
también ofrecer seguridad jurídica y confianza a los operadores. Las
administraciones públicas en su conjunto pueden y deben mejorar su
eficacia y su eficiencia en relación a este tema. No pensamos, por
supuesto, que los problemas estén solventados. Los trámites han de ser
los necesarios para proteger derechos y garantizar la salud de los
consumidores, que es lo que justifica el establecimiento de límites al
ejercicio de la actividad económica.

Pero de alguna manera lo que ustedes pretenden con este
texto es un proceso de desregulación a la baja, de uniformización
normativa y, además, lo aplican con una visión recentralizadora. Y todo
ello garantiza inseguridad jurídica y conflictos competenciales. La norma
sometida a aprobación de esta Cámara puede ser y será de difícil
aplicación, como decía antes. Y ello es así porque afecta a diversas
competencias de las administraciones locales y autonómicas, que derivará
en conflictos competenciales ente las diferentes administraciones para
hacer prevaler su regulación, generando inseguridad y litigiosidad que no
será decreciente, sino creciente, me temo. La pretendida homogeneización
normativa puede, además, tener otro riesgo, el de que esta sea de
mínimos, a fin y efecto de que sea un incentivo de un determinado
territorio para atraer una determinada actividad, todo ello favorecido
por el excesivo número de conceptos indeterminados que también recoge la
ley: orden económico, condiciones de mercado, prudencia financiera, y
muchos más que aparecen a lo largo de todo el texto normativo.

Olvidan ustedes que no se debe confundir unidad con
uniformidad, como bien señala la abundante jurisprudencia del Tribunal
Constitucional y, en concreto, la sentencia 88/1986, de 1 de julio.
Tampoco hay que confundir regulación eficiente con regulación a la baja,
ni la necesaria lealtad y cooperación a la que están obligadas las
administraciones territoriales con subordinación a la Administración
central. Ustedes parten de una premisa falsa, el modelo autonómico ha
provocado la fragmentación del mercado. La recentralizaciòn e invasión
competencial es el objetivo no confeso de esta ley. En este campo, la ley
es sumamente regresiva, nuevamente hace una interpretación de
supeditación de las comunidades autónomas a la Administración central, y
lo hace ignorando que las comunidades autónomas pueden establecer
regulaciones singularizadas en la materia que nos ocupa, siempre y cuando
no excedan su ámbito competencial y sean adecuadas a la finalidad
perseguida, como señala en su informe el Consejo General del Poder
Judicial.

Igualmente señala este informe que de mantenerse la
regulación de la primacía del lugar de origen, la compatibilización entre
el principio de unidad económica y diversidad normativa de la doctrina
constitucional entrará en colisión con la misma. Señorías, yo pediría que
aquí se aplicara el principio de subsidiariedad, porque ya la Directiva
Europea de Servicios dejó bien claro que no se debe interferir en el
reparto de competencias locales o regionales en los Estados miembros, en
lo que hace referencia a los regímenes de autorización o al ámbito
territorial de las mismas.

En nuestro país está garantizada la libre circulación de
capitales, bienes, servicios y personas, y la igualdad de las condiciones
básicas de ejercicio de la actividad económica, tal y como prevé el
artículo 139 de nuestra Constitución. Además, señorías, si bien es verdad
que la proliferación normativa en algunos casos puede haber producido
cargas administrativas y algunas ineficiencias, ello no comporta que el
mercado esté fragmentado y mucho menos que esta ley solucione esos
problemas, ya que me temo que a la vez generará algunos otros más graves.
Por ejemplo, el Consejo de Estado en su informe afirma que no se dice
cómo se garantizará que la intervención de las distintas autoridades
competentes no acabe generando un exceso de regulación o de duplicidades
ni mayores cargas administrativas —y cito textualmente—.
Pero, señorías, ya la Ley 17/2009, sobre el libre acceso a las
actividades de servicios y su ejercicio, creó instrumentos como el Comité
para la Mejora de la Regulación, donde participan las diferentes
administraciones que han venido trabajando para eliminar las mencionadas
disfunciones. Se han eliminado y reformado normas, en una labor que
ciertamente reconozco que todavía está inconclusa.

También la Ley 2/2011, de Economía Sostenible, estableció
los principios de la buena regulación aplicables a las iniciativas
normativas de las administraciones públicas: necesidad, proporcionalidad,
seguridad jurídica, transparencia, accesibilidad, simplicidad y
eficiencia, principios que están plenamente vigentes y que no vemos que
hayan servido de inspiración a este proyecto de ley.

Esta ley, señorías, pretende tratar la diversidad como un
todo: recentralizar y uniformizar. Una de las propuestas estrella de esta
normativa, la denominada prevalencia de la regulación de la
administración territorial de origen del operador económico en todo el
territorio nacional, será una fuente de conflictos, de litigiosidad y de
inseguridad jurídica, ya que puede producir situaciones de desigualdad
material entre operadores que realicen una determinada actividad en un
mismo territorio, como muy bien se señala también en los informes que
acompañan a este proyecto de ley.

Estas cuestiones, entre otras, son las que han motivado la
presentación de este veto y la propuesta de devolución del texto del
proyecto de ley que hoy se nos somete a consideración.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias,
señoría.

Propuesta de veto número 8, del Grupo Parlamentario Vasco.
Para su defensa, tiene la palabra la señora Iparragirre.

La señora IPARRAGIRRE BEMPOSTA: Muchas gracias,
presidente.

Señorías, estamos antes un proyecto de ley en el que su
propia denominación habla por sí sola. El rótulo de la ley resulta
elocuente: Proyecto de Ley de garantía de la unidad de mercado. (La
señora vicepresidenta, Vicente González, ocupa la Presidencia.) En esta
tesitura tan recentralizadora, se ha recurrido durante esta legislatura a
nuevos procedimientos: incorporación de las directivas comunitarias
—hoy hablaremos sobre la configurada por la Ley 17/2009—; el
uso de títulos atributivos competenciales impropios; el artículo 149.1.1º
de la Constitución, que no atribuye competencias al Estado, en el sentido
material de la palabra, sino que establece una suerte de principio
general para el ordenamiento jurídico, que es atender a la igualdad entre
todos los ciudadanos, y la Ley 2/2012, de estabilidad presupuestaria,
tras la reforma del artículo 135 de la Constitución.

Verdaderamente, lo que nos cuestionamos es, ¿qué problema
se quiere atender con la configuración de un mercado único? ¿En qué no es
único el mercado español, que es el más único de los mercados europeos de
nuestro entorno con los que competimos? ¿Por qué hay que unificar un
mercado en el que los puntos de conexión de las distintas leyes funcionan
correctamente, habiendo sido ya resueltos por la jurisprudencia
constitucional?

Las competencias en materia de derecho de sociedades son
del Estado. El derecho mercantil es una competencia exclusiva del Estado,
salvo una excepción, la legislación cooperativa. Pero, el Tribunal
Constitucional ha establecido los puntos de conexión en virtud de un
recurso que se interpuso contra la Ley de cooperativas de Euskadi, la
primera que se aprobó por el Parlamento vasco, precisamente para regular
los conflictos en la colisión de una legislación cooperativa estatal y
una legislación cooperativa autonómica, no habiendo problema alguno.
Existen tres administraciones tributarias: La Agencia Tributaria del
Estado español y las dos administraciones de los territorios forales,
configuradas respectivamente por su concierto económico y convenio. Y

los puntos de conexión nunca han sido un problema. La
litigiosidad ha sido provocada por el contenido de las normas forales, o
de las normas estatales, en su caso, a través de conflictos de
competencia. Pero, cuando ha habido problemas relativos a los puntos de
conexión de las normas tributarias forales y de las normas tributarias
estatales, los ha resuelto la Sala Tercera del Tribunal Supremo.

Desde esta perspectiva, ¿qué problemas hay? ¿Cuáles son los
problemas que afectan a la unidad de mercado? Ninguno. Por ello, volvemos
a manifestar nuestro desacuerdo con el proyecto de ley que hoy debatimos,
porque ya la propia definición de unidad de mercado es etérea. Porque,
¿qué es y qué medidas afectan a dicha unidad de mercado? Sin duda, lo que
nos preocupa o, diría más, lo que nos ocupa, es precisamente la capacidad
de desregular que presenta este proyecto de ley. No por ser una vía
últimamente reiterada en las formas por parte del Gobierno, deja de
parecernos asombrosa y totalmente rechazable.

Por ello, mi grupo ha presentado este veto, fundamentado
básicamente en la justificación de las conclusiones del informe que el
Consejo General del Poder Judicial elabora sobre el texto ahora
enmendado, así como en lo señalado por el voto particular que se formula
al dictamen del Consejo de Estado cuando condiciona la constitucionalidad
el crucial artículo 17 del proyecto de ley. Así, en el primero se dice
que conforme a la doctrina elaborada por el Tribunal Constitucional, el
principio de unidad de mercado es corolario del orden económico que debe
regir en todo el Estado. Dicho principio garantiza que el reparto
competencial entre el Estado y las comunidades autónomas no conduzca a
resultados disfuncionales y disgregadores en materia económica, que
puedan obstaculizar la libertad de circulación, de bienes, capitales,
servicios y de mano de obra, así como la igualdad básica en el ejercicio
de la actividad económica. No obstante, igualdad de mercado no equivale a
la uniformidad del mismo, de ahí que la compatibilidad entre los
principios de unidad económica y diversidad jurídica justifique que la
normativa autonómica pueda establecer regulaciones singularizadas en
aquella materia, siempre que estas no excedan de su ámbito competencial,
resulten adecuadas a la finalidad legítima perseguida y, en todo caso,
quede salvaguardada la igualdad básica de todos los ciudadanos y la libre
circulación de bienes y personas, a la que se refiere el artículo 139.2
de la Constitución.

El Consejo General del Poder Judicial añade, a
continuación, que la regulación que ofrece el anteproyecto sobre el
principio de eficacia general en todo el territorio nacional, en
referencia a los artículos 19 y 20, que las actuaciones que limitan la
libertad de establecimiento y libertad de circulación, artículo 18.2, y
en materia de supervisión de los operadores económicos, artículo 21,
confiere una posición manifiestamente prevalente a la normativa y
autoridades del lugar de origen, es decir, del territorio donde el
operador económico se haya establecido, en detrimento de la regulación
propia y de las administraciones públicas del lugar donde se va a
desarrollar la actividad económica, es decir, el lugar de destino. Este
modelo implica que la normativa del lugar de origen se proyectará más
allá del ámbito territorial que le es propio. Además, puede dar lugar a
situaciones de desigualdad material entre operadores económicos que
realicen una determinada actividad en un mismo territorio, pues mientras
que quienes se hayan establecido en un lugar de origen distinto del de
destino quedarán sujetos al régimen jurídico del lugar de procedencia,
que sin duda puede ser menos severo que el del lugar de destino, para
aquellos operadores para los que el lugar de origen y destino sea
coincidente, necesariamente quedarán sujetos al único régimen jurídico
que le es aplicado. A la vista de lo expuesto, se estima que de
mantenerse la proyectada regulación, la compatibilización entre el
principio de unidad económica y la diversidad normativa, a que hace
referencia la doctrina constitucional, puede quedar en entredicho.

A lo dicho por el Consejo General del Poder Judicial, hemos
de agregar también lo señalado por el voto particular que se formula al
dictamen del Consejo de Estado cuando cuestiona la constitucionalidad del
crucial artículo 17 del proyecto de ley por atentar muy gravemente tanto
contra la autonomía constitucional de las comunidades autónomas como
contra la lógica de la protección de múltiples bienes constitucionales
que otras leyes y reglamentos estatales han perfilado cuidadosamente.

La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Señoría, vaya
terminando.

La señora IPARRAGUIRRE BEMPOSTA: Sí.

Es clave, pues, el mentado artículo, que ya he citado
anteriormente.

En otro orden de cosas, es reseñable el rechazo que el
proyecto ha suscitado y que compartimos respecto a determinadas
regulaciones procesales, tales como el establecimiento de un
procedimiento judicial preferente para la tutela de la unidad de mercado
junto con el de protección jurisdiccional de los derechos fundamentales
cuando hay un obvio valor diferente entre ambos bienes jurídicos.

Hay alguna otra valoración que también nos lleva a estar en
contra de dicho proyecto pero, por ir finalizando, diré que mi grupo
manifiesta, tal como lo he venido determinando anteriormente, su total
rechazo al proyecto de ley, siendo la principal razón la de estar creando
un mercado paralelo al ya existente dentro de la Unión.

El resto de los motivos que por falta de tiempo en este
momento no puedo exponer, o en el turno de portavoces o en el de la
defensa de las enmiendas los seguiré explicando.

Muchas gracias.

La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias,
señoría.

Propuesta de veto número 7 del Grupo Parlamentario Catalán
en el Senado Convergència i Unió.

Tiene la palabra el senador Alturo.

El señor ALTURO LLOAN: Muchas gracias, señora presidenta.
Muy buenas tardes.

Como ya viene siendo habitual, nos encontramos ante un
nuevo proyecto de ley que no gusta a nadie, y la evidencia más clara es
que presenta nada más y nada menos que ocho vetos. Consiguen lo que he
dicho tantas veces ya en educación, unir a toda la oposición, el consenso
de la discrepancia y, una vez más, están solos. Esto les tendría que
hacer reflexionar y rectificar su actitud, puesto que ustedes realmente
no están en posesión de la verdad y no son los únicos dueños de la
verdad.

¿Por qué ha presentado mi grupo parlamentario este veto al
proyecto de ley? Pues bien, las razones son múltiples, y voy a intentar
comentarlas y ampliarlas. Al Estado, y al Gobierno en particular, les
gusta hacer grandes proclamas, grandes principios que después son poco
útiles para resolver los problemas del día a día. ¿Y qué se entiende en
Europa por elaborar una ley de unidad de mercado? Pues sencillamente
aplicar las normas —lo comentaba en comisión, y lo vuelvo a
reiterar hoy aquí— de defensa de la competencia. Esto está
inventado y se aplica sin más, tanto en Europa como en Estados Unidos
—después haré referencia a esta cuestión—; sin embargo, este
Gobierno no tiene suficiente con hacer lo que hacen todas las economías
desarrolladas, quiere establecer un plus, no sé si con la intención de
demostrar quién manda aquí, y llega este proyecto de ley de unidad de
mercado que se añade a la simple trasposición de las directivas europeas
sobre defensa de la competencia. Consecuencia: pasamos de la defensa de
la competencia al intervencionismo y a la burocratización.

El proyecto de ley, según su exposición de motivos,
pretende garantizar una unidad de mercado para crear un entorno más
favorable a la competencia y a la inversión. Sin embargo, cuando se
analiza el contenido no se sabe dónde encontrar estas mejoras, lo único
real es una recentralización de competencias. Y, fíjense, lo está
diciendo todo el mundo, todo el mundo está hablando de recentralización
de competencias en este proyecto de ley; es más, yo diría que incluso
añade nuevos obstáculos para el buen funcionamiento del mercado y sus
operantes. Ustedes dirán que no es cierto y que lo único que pretenden es
favorecer la implantación de los empresarios y que es un estímulo para el
crecimiento de la economía; pues bien, evidentemente, esta música ya la
conocemos, y ustedes tienen una estrategia clara de involución
autonómica, de desvestir a las autonomías y vestir al Estado.

Lamentablemente, resulta frecuente en los proyectos de ley
de este Gobierno que la lectura de la exposición de motivos no tenga nada
que ver con el contenido de la ley; es decir, buenas intenciones pero el
contenido es otra cosa. En este caso, la exposición de motivos
—quiero remarcarlo, como también hice en comisión— roza casi
el cinismo al hablar de pleno respeto a las competencias de las
comunidades autónomas y las entidades locales, cuando lo que intenta es
prácticamente borrarlas del mapa en el ámbito normativo, con el fin de
uniformizar la normativa y bloquear el ejercicio de las competencias
propias de cada comunidad autónoma; incluso el Consejo Económico y Social
ha alertado sobre las dificultades de aplicar la futura norma por el gran
número de litigios que puede provocar esta cuestión.

El proyecto de ley configura una nueva estructura normativa
sobre la regulación de la actividad económica que conlleva graves
alteraciones del orden constitucional; además, no simplifica el
organigrama administrativo sino que crea nuevos órganos estatales que
aportan confusión, duplicidades, solapamiento de actividades, e incluso
riesgo de contradicción interpretativa a la actividad económica.

La primera consecuencia de este planteamiento es que van a
desaparecer los motores territoriales de la actividad económica, que
tanto han contribuido al crecimiento y a la mejora de nuestro bienestar
durante los últimos treinta años, incluyendo el proceso de integración en
la Unión Europea. Con la excusa de la crisis, este Gobierno decide
paralizar aquellos motores que más dinamismo han dado a la economía
española, los motores económicos territoriales, unos motores que han
impulsado un efectivo crecimiento en todo el territorio. Desde luego, si
hay problemas entre ellas de encaje de determinadas normativas
autonómicas y ello afecta a la actividad económica, lo más sencillo e
importante es establecer diálogos, acordar normativas comunes, analizar
si aquello perjudica, si va bien, si puede interesar, etcétera. Vamos a
analizarlo, vamos a hablar, vamos a buscar consensos. Pero,
lamentablemente, el Gobierno prefiere la recentralización, la uniformidad
de la que forma parte este proyecto de ley.

Quiero hacer referencia a unas palabras que pronunció el
ministro en la presentación del proyecto de ley, y voy a leerlas tal
cual: Mientras en Europa avanzábamos en la creación de un mercado único,
en España hemos ido en dirección contraria, y este es el resultado. Por
un lado, el mercado nacional está compuesto por diecisiete estructuras
normativas diferentes, lo que obliga a que las empresas que quieran
operar en todo el territorio nacional deban someterse a diferentes
requisitos en función de dónde operen y, a su vez, a verse obligadas a
adaptar sus productos y servicios, según donde los comercialicen, y, por
último, a atenerse a múltiples licencias o autorizaciones para
comercializar un mismo producto o servicio. Con estas palabras el
ministro lo dice todo: las comunidades autónomas no son una oportunidad,
son un problema. Como decía anteriormente, en vez de dialogar, en vez de
buscar acuerdos, lo que hacemos es aplicarlo, y punto, y ya está. Si va
bien, bien, y si no va bien, recentralizamos.

Voy a poner como ejemplo lo que está ocurriendo en Estados
Unidos para desmontar esta teoría, porque esto no es así. Cuando hablamos
de la unidad de mercado, el informe Doing Business, del Banco Mundial,
sitúa a España en la posición 136 en el ranking de 185 países del mundo,
en términos de facilitar a las empresas la creación de nuevos empleos.
¿Es su ley de unidad de mercado una solución a este problema? Repito,
número 136 del ranking. El Gobierno lo justifica con la alusión a los
costes burocráticos derivados de cada comunidad autónoma porque tienen
sus propias leyes y reglamentaciones. Pues bien, en Estados Unidos, que
ocupa la posición decimotercera en el citado ranking del Banco Mundial,
no se aplica una ley de mercado como la que ustedes pretenden. Si una
empresa quiere operar en diversos Estados de Estados Unidos es necesario
que complemente en todos y cada uno de ellos los distintos requisitos
impuestos. Si una empresa opera en los cincuenta y dos Estados, si quiere
operar en cualquiera de ellos, tiene que cumplir los requisitos del
respectivo Estado.

En este contexto, nuestro grupo parlamentario solicita hoy
al Gobierno que lo reconsidere profundamente, en aras de evitar esta
recentralización y facilitar a las autonomías impulsar el crecimiento
como verdaderos motores económicos, que es lo que llevan haciendo en los
últimos años. Por tanto, señores, reconsideren esta situación porque
luego veremos también, al hablar de las enmiendas, los problemas tan
graves que se van a generar con las licencias únicas puesto que esto va a
suponer, digamoslo así, una desnormativización en determinadas
comunidades autónomas.

Muchas gracias.

La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias,
señoría.

Propuesta de veto número 6, del Grupo Parlamentario
Socialista.

Senador Alique, tiene la palabra.

El señor ALIQUE LÓPEZ: Muchas gracias, señora
presidenta.

Señorías, que España necesita leyes que armonicen las
relaciones económicas en un contexto de eficiencia, de competitividad y
de dinamismo, que hagan posible la articulación de mercados sólidos y
competitivos, que aporten el valor añadido suficiente para que podamos
mejorar nuestra economía, nadie lo discute. Que para ello un buen camino
es propiciar un marco legislativo

adecuado que favorezca la eficiencia de las relaciones
económicas y que evite trabas administrativas y el menor coste en todo el
territorio nacional, eso tampoco lo discute nadie, señorías. Pero,
señorías, en la elaboración de este tipo de normas, como es el caso del
Proyecto de Ley de garantía de la unidad de mercado que hoy debatimos, no
se puede pasar por encima del entramado institucional que tenemos en
nuestro país y mucho menos de los principios políticos y jurídicos en los
que se sustenta. Eso, señorías, no es posible.

Es muy irresponsable soslayar, como hace este Gobierno del
Partido Popular, que existen comunidades autónomas con competencias, con
capacidad normativa y regulatoria y con un poder ejecutivo que va mucho
más allá de lo que debe pretender una Administración central. Y es aún
mucho más irresponsable tratar de ningunear la figura del interés
general, como hacen el Gobierno y el grupo mayoritario del Partido
Popular en esta Cámara con este proyecto de ley. Al contrario, la
regulación de las actividades económicas, precisamente, debe favorecer el
interés general; en cualquier caso, no puede ir, como hace este proyecto
de ley, en menoscabo de las garantías de los ciudadanos en aspectos tales
como la protección de los consumidores o la protección del medio
ambiente.

Estas garantías, señorías, se alcanzan de forma coordinada
entre los diferentes niveles de las administraciones mediante el
establecimiento de mecanismos que se materializan en licencias,
inscripciones o permisos. Y precisamente la ausencia de estas garantías
da lugar a ineficiencias sociales graves que en ningún caso van a ser
compensadas por la supuesta eficiencia económica que, según dice el
Gobierno, se puede conseguir con este proyecto de ley.

Por lo tanto, lo fundamental es circunscribir la
ineficiencia; hay que atajar aquellos trámites exigidos por las normas
que son desproporcionados, que están duplicados o que resultan
innecesarios para que las normas alcancen sus propios fines sin caer por
ello en una desregulación excesiva que ponga en peligro el interés
general. Este es el primero y principal de los problemas que tiene este
proyecto de ley: desregular aspectos que van mucho más allá del marco
normativo a nivel europeo sin que sea oportuno y sin que nadie se lo haya
pedido.

En este sentido es bueno recordar que, en lo que se refiere
al citado marco europeo, en la pasada legislatura ya fue traspuesto en
buena medida en diversas leyes de trasposición de las directivas de
servicios, como es el caso de la Ley sobre libre acceso de las
actividades de servicio y su ejercicio o la Ley de economía sostenible.
Ahí se dio un paso importante y hay que continuar dándolos, pero no en la
dirección que sigue este Gobierno en este proyecto de ley, porque el
hecho de que aún se mantengan —y es cierto que se mantienen—
determinadas duplicidades y cargas administrativas no justifica que se
eliminen como causas del mantenimiento de un sistema de autorización
algunas de las que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea
—escuchen bien— considera de irrenunciable interés general,
como ocurre en este proyecto de ley. Me estoy refiriendo precisamente a
aspectos como la protección de los derechos de la salud o la seguridad de
los consumidores, la protección del medio ambiente o la conservación del
patrimonio. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea considera que son
de irrenunciable interés general.

Pero no acaban aquí las objeciones que se deben hacer y que
se pueden hacer a este proyecto de ley. Otra importante objeción es que
este proyecto de ley establece un nuevo modelo que puede dar lugar a
situaciones de desigualdad material entre operadores que realizan una
determinada actividad en un mismo territorio como, por cierto, señala el
Consejo General del Poder Judicial en su informe. Efectivamente, según
este proyecto de ley, queda al arbitrio de la autoridad de origen el
establecimiento de los requisitos de actividad y de esta forma en un
mismo territorio, en una comunidad autónoma o en un municipio pueden
actuar operadores con diferentes requisitos de actividad. En este nuevo
modelo, en definitiva, la autoridad de destino se limita a reconocer la
habilitación de acceso y el resultado final es que se pueden generar
—de hecho, se va a generar— graves discriminaciones que
influirán en las decisiones de localización. En este sentido es bueno
recordar que en un momento de restricciones presupuestarias en las
comunidades autónomas, este proyecto de ley también va a incidir en el
presupuesto, vía recaudación, al prevalecer la regulación de la
administración de origen del operador económico, especialmente en
aquellas figuras tributarias cuyo hecho imponible esté vinculado a algún
medio de intervención que, como consecuencia de la aplicación de esta
ley, deje de ser exigible en el ámbito territorial de las competencias de
la administración de destino.

Otra objeción. Nosotros consideramos absolutamente
desproporcionados los mecanismos institucionales establecidos en relación
con la revisión jurisdiccional y administrativa. Señorías, en nuestra
opinión, estos mecanismos no pueden tener por objeto la protección de los
intereses y de los derechos de los operadores privados, sino el interés
general, que es el que debe tener como objeto toda institución
pública.

Tampoco consideramos acertado que el Gobierno haya hecho
abstracción de las competencias autonómicas y locales al haber elaborado
un proyecto de ley prêt-à-porter que no tiene en cuenta las
especificidades de determinadas actividades económicas que requieren un
tratamiento diferenciado. Y en este sentido me parece mucho más adecuado
lo que proponemos en nuestra exposición de motivos del veto, que no es
otra cosa que crear grupos de trabajo que representen a las distintas
administraciones y a los distintos grupos económicos afectados para que
propongan las reformas que es necesario llevar a cabo para resolver las
disfunciones que se dan en esta materia. Este órgano de coordinación
multilateral, que debe ser liderado e impulsado en cualquier caso por la
Administración central, ya fue creado en la disposición adicional tercera
de la Ley que anteriormente comentaba sobre libre acceso a las
actividades de servicios y su ejercicio. Y no está de más recordar que
entre sus funciones —le leo textualmente— se encuentra la de
adoptar criterios para promover las mejoras del entorno económico
mediante la aplicación de los principios de buena regulación, evitando la
introducción de restricciones injustificadas o desproporcionadas al
funcionamiento del mercado.

En definitiva, el Grupo Parlamentario Socialista, señorías,
considera profundamente inadecuado y desacertado que para solucionar esta
problemática se elabore una ley de carácter general como es esta, que
además no tiene en cuenta ni las necesidades ni especificidades ni a los
agentes afectados, y más cuando en muchos casos —yo diría,
siempre— hay que respetar las competencias de las comunidades
autónomas y los ayuntamientos y establecer mecanismos diferenciados.

Señorías, esta ley —cuado lo sea— puede ser una
importante fuente de problemas —no lo dice el Grupo Socialista, lo
dice precisamente el Consejo Económico y Social en el informe que ha
elaborado en el anteproyecto de ley—, porque los conflictos no solo
vendrán entre el Estado y las comunidades autónomas, sino entre estas y
las entidades locales, precisamente al establecer la prevalencia de la
regulación de la administración de origen del operador económico.

Señorías, la actividad económica necesita, requiere de un
marco normativo articulado y coherente que facilite las relaciones
económicas y que genere un ambiente de seguridad jurídica entre los
agentes que intervienen en el intercambio económico, y es precisamente lo
que el presente proyecto de ley imposibilita alcanzar y lo que le hace
totalmente inadmisible.

No se puede aceptar, señorías, que como consecuencia de la
aprobación de este proyecto de ley proliferen los conflictos
competenciales entre Estado y el resto de administraciones territoriales.
No se puede aceptar que una ley traiga más y mayor inseguridad jurídica
para ciudadanos y para empresas, y no se puede aceptar que traiga más y
mayor incertidumbre en las relaciones económicas. Los cálculos
econométricos y estadísticos no se pueden hacer de espaldas, señorías, a
la realidad institucional de un país, como hace habitualmente el Partido
Popular y también en este proyecto de ley.

Señorías, señorías del Partido Popular, hay vida más allá
de un análisis economicista simple y sesgado que hace este Gobierno. Y en
este sentido, creo que es bueno recordar lo que el Consejo General del
Poder Judicial advierte respecto al contenido de este proyecto de ley en
el informe que ha elaborado. Dice el Consejo General del Poder Judicial
—les vuelvo a leer textualmente—: «…de mantenerse la
proyectada regulación, la compatibilización entre el principio de unidad
económica y la diversidad normativa a que hace referencia la doctrina
constitucional puede quedar en entredicho.» Más claro, imposible,
señorías.

Señorías, la pretendida y más que discutible en no pocos
casos fragmentación del mercado no puede servir o no puede ser excusa
precisamente para recentralizar determinadas competencias, más cuando se
hace en contra del interés general. No todo puede ser mercado, señorías,
ni todo tiene por qué ser mercado. Los ciudadanos necesitan garantías.
Esa es la base del Estado de derecho. Y el establecimiento de dichas
garantías en un Estado como el nuestro, en el que las competencias no son
exclusivas de la Administración del Estado, se realizan de común acuerdo,
como de común acuerdo creamos el marco constitucional que ha traído
estabilidad y prosperidad

en estos treinta y cinco últimos años. En ningún caso
habríamos llegado al punto en el que nos encontramos desde la imposición
y desde la prepotencia con la que actúa el Gobierno del Partido Popular,
con la que actúa el Gobierno del señor Rajoy en estos dos últimos
años.

Si no comparten, señorías del Partido Popular —quiero
que me escuchen, señorías del Partido Popular, son pocas, pero quiero que
me escuchen—, el modelo territorial, tengan el valor de decirlo y
tengan la valentía de plantearlo abiertamente a los ciudadanos, y no la
cobardía, como tiene este Gobierno, de tratar de vaciarlo de contenido
desde dentro, procurando que nadie se dé cuenta. Porque, ciñéndonos al
caso que nos ocupa, señorías, al de la unidad de mercado, desde el punto
de vista de la eficiencia y de la competitividad, lo realmente importante
no es la uniformidad de los diferentes regímenes administrativos. No,
señorías, lo realmente importante, lo relevante es consensuar entre
todos, entre administraciones territoriales, entre empresas y Gobierno,
una regulación óptima que favorezca precisamente la competencia efectiva
entre empresas para que los ciudadanos, para que los consumidores se
beneficien de mejores precios y se beneficien de mejores calidades; en
definitiva, para que haya mayor o mejor bienestar, tanto social como
económico, en el conjunto del territorio. Eso solo lo da la competencia
efectiva de las empresas.

Pero el resultado, señorías, y voy terminando, no se
alcanza con uniformidad. El resultado no se alcanza con recentralización.
El resultado no se alcanza con desregulación excesiva, como hace el
Gobierno, como apoya el Grupo del Partido Popular, en este proyecto de
ley. El camino a seguir es otro, como he dicho en mi intervención, y, por
eso, por coherencia y por responsabilidad, presentamos este veto para que
se devuelva este proyecto de ley al Gobierno.

Muchas gracias. (Aplausos.)

La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias,
señoría.

¿Turno en contra? (Pausa.)

Senador Vallines, tiene la palabra.

El señor VALLINES DÍAZ: Gracias, señora presidenta.

Senadores, empezaré por agradecer el tono de todos los
portavoces, que han sido agradables en su exposición y en su
contenido.

Señor Alturo, de CiU, le diré que la música se la sabe
usted, pero también nosotros nos la sabemos ya. Es decir, llevamos,
prácticamente, casi dos años trabajando en esta Cámara y ya sabemos la
música. No podemos, ni por asomo, aparecernos por las competencias de las
comunidades autónomas —todo toca, todo parece que va a rozar las
competencias de las comunidades autónomas asumidas—. Y, por otro
lado, la otra nota o el otro número de la música es que no defendemos
nada más que a las clases sociales altas y a las grandes empresas, no los
intereses de las sociedades menos favorecidas. Ya sé que esa parte de la
música no es la suya, señor Alturo, pero esta es la música, en general,
que oímos el Grupo Parlamentario Popular cada vez que el Gobierno, o
nosotros mismos, establece alguna iniciativa. Menos mal que, aunque nos
ha llamado cobardes el señor Alique —yo creo que en su tono amable
de llamarnos cobardes—, no ha hecho como el portavoz de Izquierda
Unida en el Congreso de los Diputados —el señor Iglesias ha estado
ahí, ahí, ahí, a punto de decirlo— que nos llamó: liberales
ultraintervencionistas de clase. Fíjese usted qué palabro. Es decir,
queremos la libertad de todos para intervenir desde el Estado en materia
económica para defender alguna clase que no determinaba, pero liberales
ultraintervencionistas de alguna clase.

Señorías, estamos en una norma dirigida a asegurar la libre
circulación de bienes y servicios por todo el territorio nacional, con un
principio, el de licencia única y legislación de orígenes. Efectivamente.
Tras el trámite de la audiencia pública, para el que se hicieron treinta
y siete observaciones y se solicitaron quince informes preceptivos (a la
Comisión Nacional de la Competencia, al Consejo General del Poder
Judicial, al Consejo de Estado, al Consejo Económico y Social, a las
comunidades autónomas, a los empresarios, a asociaciones más
representativas como es la Autoridad Vasca de la Competencia, que hizo un
informe muy interesante, al que si después tengo ocasión, haré mención a
él), y tras su paso por el Congreso de los Diputados, llega esta
iniciativa del Gobierno, que trata de cubrir o dar respuesta a una
necesidad evidenciada por numerosos empresarios y sus asociaciones, por
expertos en economía, por el Fondo Monetario Internacional y por la
Comisión Europea, que sigue la estela y profundiza el alcance de la Ley
17/2009 —que ha citado el señor Alique—, sobre el libre
acceso a las actividades de servicios

y su ejercicio para la transposición de la Directiva
2006/123, de la Unión Europea, denominada Directiva de servicios. Por
cierto, senador Alique, el Grupo Popular votó a favor de esa Ley sobre el
libre acceso a las actividades de servicios. Esta iniciativa basa su
legitimidad principalmente en los artículos 139 y 149.1.ª 6ª, 13ª y 18ª
de la Constitución Española y tiene su punto de partida en el artículo 38
de la Constitución, que reconoce la libertad de empresa en el marco de la
economía de mercado, debiendo los poderes públicos garantizar y proteger
su ejercicio y la defensa de la productividad. Tiene el objetivo general
de impulsar la competitividad, el crecimiento económico sostenido y la
creación de empleo, haciendo para ello promoción del libre acceso y
haciendo efectiva la unidad del mercado en todo el territorio nacional,
procurando eliminar trabas administrativas y barreras burocráticas que
entorpezcan el ejercicio de la actividad económica y lastren el
crecimiento económico y, por tanto, el empleo. Este es el objetivo y creo
que no es discutible. (Mejor que yo lo ha descrito el senador Montilla,
de quien suscribo toda la primera parte de su discurso porque lo ha
descrito perfectamente.) Porque es verdad que desde 1978 a 2011 se han
hecho realidad en España más de 100 000 disposiciones regulatorias
normativas entre la Administración central y las comunidades autónomas,
sin computar las entidades locales.

Se pretende con esta iniciativa disminuir en la práctica
los costes en términos monetarios y de tiempo que pueden significar y
significa que para ejercer una actividad económica en todo el territorio
de España un empresario tuviera que someterse u observar hasta diecisiete
regulaciones distintas en el caso de las comunidades autónomas.
Efectivamente, para alcanzar esta pretensión se ha buscado una fórmula,
la de la licencia única y legislación de origen.

También se establecen restricciones al sometimiento de
autorizaciones, haciendo más escasa su necesidad, y requisitos para el
ejercicio de actividades económicas. Se fomenta la cooperación
administrativa mediante el intercambio de información entre autoridades
de origen y destino y un procedimiento ágil de resolución de
conflictos.

Por si alguno no lo sabe, y para que quede constancia, no
estamos ante la ley de leyes, es decir, quedan fuera del ámbito de la Ley
17/2009 anteriormente citada según la disposición final segunda. Deberán
respetarse las condiciones de venta establecidas en la normativa estatal
aplicable a gasóleo profesional y mercancías peligrosas, explosivos y
productos estancos —loterías, etcétera—, pero quedan fuera
también el patrimonio histórico-artístico, la seguridad, la salud pública
y la Hacienda.

Por otra parte, un representante vasco, durante su
intervención respecto a la unidad de mercado, hacía alusión a los
impuestos. Recientemente hemos oído decir también al presidente de
Asturias que habría que devolver el impuesto sobre el patrimonio y que lo
aplicara el Estado, lo cual quiere decir que hasta en esto tampoco desde
las autonomías se tiene muy claro lo de las competencias —que
considero razonable en algunos casos.

También quedan fuera los sectores de tarifas reguladas, las
oficinas de farmacia, el taxi, el alquiler de vehículos con conductor,
las concesiones demaniales —es decir, aquellas que afectan al
domino público— y las relativas al medio ambiente, que no es poco.
Para conseguir ese objetivo se establecen cuatro hitos singulares: en
primer lugar, la necesidad de la aplicación de principios de cooperación
y confianza mutua —lo que en otros casos se puede llamar lealtad
institucional— entre las autoridades competentes, es decir, el
intercambio de información y la unión para la resolución de conflictos.
En segundo lugar, se establece un registro informático y su acceso a él
sobre la materia, que se incluye en el concepto y procedimiento de
ventanilla única, de la Ley 12/2012 de medidas urgentes y de la Ley
17/2009, tantas veces citada, sobre el libre acceso a las actividades de
servicios y su ejercicio. Es algo parecido a lo que en la Unión Europea
se llama Solvit, es decir, el intercambio de información para que cada
ciudadano pueda ver cuál es la realidad de la actividad que desea
desarrollar y que las administraciones puedan acceder y dar información a
través de esa red. Finalmente, se crea el Consejo para la Unidad de
Mercado, lugar de encuentro de las autoridades competentes para facilitar
la cooperación y colaboración, agilizando los procedimientos de recursos
para esta materia. Es ahí donde se entra en conflicto principalmente con
el dictamen del Consejo General del Poder Judicial, pues se facilitan los
procedimientos para que los afectados puedan recurrir.

Esta ley trata de solucionar una necesidad efectiva,
sentida y manifestada profusamente. Esta ley establece un procedimiento
para tratar de dar respuesta a esa necesidad con gran trascendencia para
el bienestar de los españoles y su crecimiento.

A algunos el procedimiento elegido no les gusta, pero ante
una necesidad como la que he expresado, este Gobierno actúa, es decir, no
solo toma nota como otros. Entiendo que determinados grupos de
representación territorial, tan celosos de sus competencias y de un
irrefrenable y constante propósito de detentar más sus intocables
competencias, digan que no les guste la ley, lo puedo entender, pero no
entiendo a otros grupos, a los que parece que no les gusta la ley
—aparentemente— solo porque es iniciativa de un Gobierno del
Partido Popular, sin ofrecer alternativa alguna, sin hacer honor a su
carácter de implantación nacional. Se limitan en este caso todos a
enmendar la totalidad del proyecto al presentar ocho vetos y ciento
setenta y cinco enmiendas, que son prácticamente un trasunto de los
propios vetos, porque noventa son de supresión y otras cincuenta o más de
60 de modificación que quitan la sustancia al proyecto de ley, la
desfiguran, intentando convertir el proyecto en una especie de
declaración de buenas intenciones sin condición positiva o activa por
parte de alguno.

Así, pues, como ya hemos dicho, no se presenta alternativa
ante una necesidad y sentir evidentes. La oposición no ha aprendido nada
desde el trámite del Congreso. No saben, o lo que es peor, deciden no
hacer caso de lo que sí saben. Porque no hay recentralización dogmática,
ni no dogmática, ni responsable ni irresponsable, ni una sola asunción de
competencias por parte de la Administración del Estado. No se pretende
una uniformización, no se ignora o daña a los consumidores, porque
siempre existirá la legislación básica del Estado o los reglamentos de la
Unión Europea. No se altera orden constitucional alguno, senador Alturo;
no hay cambio de modelo de Estado; no se atenta a lengua alguna, no hay
mercado paralelo con esto. El Gobierno y el PP, ante esta necesidad
manifestada y manifiesta, que afecta profundamente a la actividad
económica en general, ralentizando y entorpeciendo su ejercicio, actúan.
El Gobierno actúa y otros solo critican sin aportar nada que pueda
hacerse ante esta trascendente e importante necesidad. Parece que se
trata de que aquí no se haga nada de nada y de que se sigan dejando las
cosas tal y como están.

Nos vamos a oponer a todos los vetos.

Muchas gracias.

La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias,
señoría.

En turno de portavoces, ¿Grupo Parlamentario Mixto?
(Denegaciones.) No hace uso de la palabra.

Por el Grupo Parlamentario Vasco, tiene la palabra la
senadora Iparragirre.

La señora IPARRAGIRRE BEMPOSTA: Gracias, presidenta.

Solo voy a hacer uso del turno de portavoces para
manifestar la postura de mi grupo en referencia al resto de los vetos,
pero sí quiero aclarar que será en el turno en defensa de las enmiendas
cuando utilice el tiempo que no se me ha contabilizado bien en el turno
de portavoces, motivo por el que no he podido terminar mi
intervención.

Nuestro grupo apoyará los vetos presentados y, como digo,
en el turno de defensa de las enmiendas terminaré la explicación de las
enmiendas, que no se me ha permitido.

Muchas gracias.

La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): En todo caso,
señoría, tiene ahora tiempo suficiente, si quiere. (Denegaciones.)

Por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya,
tiene la palabra el señor Guillot.

El señor GUILLOT MIRAVET: Gracias, señora presidenta.

El problema que tenemos aquí es que llevamos no sé cuántos
años de un goteo fino de descalificaciones y de deslegitimación a las
comunidades autónomas como sinónimos de barullo, de hiperregulación,
etcétera y hoy el portavoz del PP ha venido con un tono más suave, casi
con un tono tecnocrático. Es decir, es una justificación técnica frente a
esta jungla normativa, cuyos principales responsables son las comunidades
autónomas.

En primer lugar, calcular desde el año 1978 hasta el 2011
es un error puesto que en 1978 no había comunidades autónomas. Primer
error. Y luego siempre se olvidan de decir que el 80% de esta normativa
parte de la Administración central. Se nos viene a decir que frente a
jungla normativa, cuyos principales responsables son las comunidades
autónomas —parece que por sentido común—, lo más sensato
sería desbrozar.

Pero, mire señoría, aún no nos ha dado un ejemplo de una
norma concreta de alguna comunidad autónoma que impida la competitividad.
Es más, las dos comunidades autónomas con afán más regulatorio que usted
decía, Cataluña y País Vasco, representan el 25% del producto interior
bruto. Por algo será, no será por los impedimentos a la competitividad.
Nos dicen que no solo por sentido común hay que desbrozar, sino porque
hay sectores que lo piden. ¿Qué sectores? Puedo entender que los
empresarios pidan la reforma laboral, que los empresarios pidan esta ley,
que para un empresario cualquier normativa, cualquier atadura, por
pequeña o grande que sea, le sobra, pero es que más allá de los
empresarios, hay una sociedad, y no solo una sociedad, sino un modelo de
Estado. Y no creo razonable ni en lo social ni en lo territorial que solo
se legisle —arrancamos con la reforma laboral hasta llegar aquí,
pero por el medio hay otras— con esta lógica, a partir de estos
intereses.

No se lo digo con ningún apriorismo ideológico, se lo estoy
diciendo por sentido común. En la gestión de esta crisis ustedes solo han
mirado qué interesa al empresariado, porque creen firmemente que solo y
exclusivamente el empresariado va a sacar al país de la crisis. Pero eso
es una mentira, eso es una falsedad. La única fuerza que puede sacar al
país de la crisis es la sociedad. Y a quien hay que convocar es al
conjunto de la sociedad. Los intereses que hay que defender son los
intereses generales, y que si siguen insistiendo en que son una merma
para nuestra competitividad, estamos, de verdad, apañados.

Creo que tampoco se le escapa, señor portavoz del Grupo
Popular, que cuando se habla de licencia única y legislación de origen se
está diciendo incentivar el dumping desregulatorio, porque es de sentido
común que esos empresarios que les piden esta ley irán a la comunidad
autónoma que menos regulación tenga, que menos impedimentos —entre
comillas— para ellos imponga.

Por esto nosotros defendemos este veto con la misma firmeza
y convicción que al inicio.

Gracias, señora presidenta.

La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias,
señoría.

En nombre del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado
Convergència i Unió, tiene la palabra el senador Arturo.

El señor ALTURO LLOAN: Muchas gracias, señora
presidenta.

Intervengo para poner encima de la mesa al senador José
Luis Vallines algunos argumentos más. Es decir, la música sí la
conocemos, ya la conocemos, ya, pero de los argumentos que todos estamos
hablando —uniformización, recentralización…—, ustedes,
ni caso, sin embargo de lo que dicen determinados organismos sí hay que
hacer caso y hay que escuchar. Le voy a poner algunos ejemplos.

La interpretación que ustedes hacen del concepto de razón
imperiosa de interés general nada tiene que ver con la que hacen la
Directiva de Servicios y el Tribunal Europeo de Servicios, y no sirve
para justificar la uniformización y la minoración de competencias en las
comunidades autónomas. Parece que este Gobierno no entiende que el mundo
avanza en red, no en uniformización.

La Directiva de Servicios en su considerando número 60
establece textualmente —lo voy a leer para darle otro
argumento—: «La presente Directiva, y en particular las
disposiciones referentes a los regímenes de autorización y al ámbito
territorial de una autorización, no deben interferir en el reparto de
competencias regionales o locales en los Estados miembros, incluidos los
gobiernos autónomos, regionales y locales y el uso de las lenguas
oficiales.» Si se descuidan casi casi el proyecto de ley de este Gobierno
deja esta cuestión por el suelo de manera contundente. En realidad, lo
que este proyecto de ley está haciendo es justamente esto,
recentralización, planea en todo el conjunto. En definitiva, ni la
Constitución ni el marco comunitario en defensa de la competencia están
en esta línea. Son otras interpretaciones.

No hay encaje desde la perspectiva de la eficiencia
económica, puesto que las modificaciones que proponen bloquea la positiva
acción de impulso económico, como le decía antes, que han aportado las
comunidades autónomas en los últimos años.

Y si hay leyes europeas de protección de la competencia que
funcionan en todos los Estados miembros, evidentemente, esfuércense para
que marche lo más eficientemente posible en el Estado español. Si Europa
dice que se debe tener en cuenta el principio de subsidiariedad y que las
normas de las competencias no deben interferir en el régimen de