7.2. Moción por la que se insta al Gobierno a solicitar a
la Comisión Europea la pertinente autorización para poder aplicar la
exención prevista en el artículo 17 de la Directiva 2003/96/CE, de 27 de
octubre, a la fabricación de pasta papelera, papel y cartón.

(Núm. exp. 662/000108)

Autor: GPCIU

7514

El señor Bel Accensi defiende la moción.

En turno de portavoces intervienen el señor Iglesias
Fernández, por el Grupo Parlamentario Mixto; la señora Martínez Muñoz,
por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV); el señor Sabaté
Borràs, por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya; el
señor Bel Accensi, por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado
Convergència i Unió; el señor Manchado Lozano, por el Grupo Parlamentario
Socialista, y el señor Granados Lerena, por el Grupo Parlamentario
Popular en el Senado.

Se aprueba la moción con el siguiente resultado: presentes,
243; votos emitidos, 242; a favor, 241; abstenciones, 1.

7.3. Moción por la que se insta al Gobierno a adoptar las
medidas necesarias para que las entidades de ámbito territorial inferior
al municipal puedan acogerse a los planes de pago a proveedores con los
mismos derechos y obligaciones que los municipios.

(Núm. exp. 662/000109)

Autor: GPS

7523

El señor Belloch Julbe defiende la moción.

La señora Angulo Martínez defiende la enmienda del Grupo
Parlamentario Popular en el Senado.

El señor Belloch Julbe expone la posición de su grupo
parlamentario respecto de la enmienda.

En turno de portavoces intervienen el señor Cazalis
Eiguren, por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV); la
señora Sequera García, por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de
Catalunya; la señora Rivero Segalàs, por el Grupo Parlamentario Catalán
en el Senado Convergència i Unió; el señor Belloch Julbe, por el Grupo
Parlamentario Socialista, y la señora Angulo Martínez, por el Grupo
Parlamentario Popular en el Senado.

Se rechaza la moción con el siguiente resultado: presentes,
242; votos emitidos, 242; a favor, 88; en contra, 150; abstenciones,
4.

8. PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY

8.1. TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY

8.1.1. Proposición de Ley de reforma de la Ley Orgánica
5/2012, de 22 de octubre, de reforma de la Ley Orgánica 8/2007, de 4 de
julio, sobre financiación de los partidos políticos.

(Núm. exp. 622/000010)

Autor: GPMX

7536

El señor presidente informa de que no se ha presentado
ninguna proposición de ley alternativa, por lo cual procede someter a
debate y votación la presentada por el Grupo Parlamentario Mixto.

La señora Salanueva Murguialday defiende la toma en
consideración.

En turno de portavoces intervienen los señores Iglesias
Fernández, por el Grupo Parlamentario Mixto; Bildarratz Sorron, por el
Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV); Boya Alós, por el Grupo
Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya; Bel Accensi, por el Grupo
Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió; Ortiz Molina, por
el Grupo Parlamentario Socialista, y Altava Lavall, por el Grupo
Parlamentario Popular en el Senado.

MODIFICACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA DE LA SESIÓN PLENARIA DEL
DÍA 6 DE NOVIEMBRE PARA TRAMITAR EN DISTINTO ORDEN AL QUE FIGURA EN DICHO
ORDEN DEL DÍA LA ELECCIÓN DE CUATRO MIEMBROS DEL OBSERVATORIO DE LA VIDA
MILITAR

7546

(Núm. exp. 550/000023)

Se aprueba por asentimiento de la Cámara una alteración del
orden del día, en virtud de la cual se procederá, tras la votación del
punto 8.1.1., a la elección de cuatro miembros del Observatorio de la
vida militar

8. PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY

8.1. TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY

8.1.1. Proposición de Ley de reforma de la Ley Orgánica
5/2012, de 22 de octubre, de reforma de la Ley Orgánica 8/2007, de 4 de
julio, sobre financiación de los partidos políticos. (Votación.)

(Núm. exp. 622/000010)

Autor: GPMX

7546

Se rechaza la toma en consideración con el siguiente
resultado: presentes, 245; votos emitidos, 245; a favor, 8; en contra,
231; abstenciones, 6.

9. OBSERVATORIO DE LA VIDA MILITAR

9.1. ELECCIÓN DE MIEMBROS

9.1.1. Elección de cuatro miembros del Observatorio de la
vida militar.

(Núm. exp. 729/000005)

7547

Tras informar el señor presidente a la Cámara de la
composición del Observatorio de la vida militar, de la propuesta de
candidatos y del informe de la Comisión de Nombramientos, se procede a la
votación por papeletas, cuyo procedimiento es explicado también por el
señor presidente.

Doña María Angustias Caracuel Raya obtiene 229 votos; don
Miguel Requena i Díaz de Revenga, 229; don Lorenzo Martín-Retortillo
Baquer, 229, y don Juan Carlos Muñoz-Delgado y Díaz del Río, 229. Se
computan 7 votos en blanco y 1 nulo.

Habiendo alcanzado los cuatro candidatos la mayoría
absoluta de la Cámara, quedan elegidos miembros del Observatorio de la
vida militar.

10. PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY

10.1. DICTÁMENES DE COMISIONES

10.1.1. Proyecto de Ley Orgánica de creación de la
Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal. SE TRAMITA POR EL
PROCEDIMIENTO DE URGENCIA.

Comisión: Hacienda y Administraciones Públicas

7548

(Núm. exp. 621/000049)

El señor Sanz Ruiz, presidente de la comisión, presenta el
dictamen.

El señor Mariscal Cifuentes defiende la propuesta de veto
número 1, del señor Iglesias Fernández y este senador, del Grupo
Parlamentario Mixto.

La señora Capella i Farré, del Grupo Parlamentario Mixto,
defiende su propuesta de veto número 2.

El señor Guillot Miravet defiende la propuesta de veto
número 3, de este senador y el señor Saura Laporta, del Grupo
Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya. Asimismo, da por defendido
el veto número 6, de la señora Almiñana Riqué, el señor Boya Alós, el
señor Bruguera Batalla, el señor Martí Jufresa, el señor Montilla
Aguilera, el señor Sabaté Borràs y la señora Sequera García, del Grupo
Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya.

La señora Martínez Muñoz defiende la propuesta de veto
número 5, del Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV).

El señor Montilla Aguilera defiende la propuesta de veto
número 6, de la señora Almiñana Riqué, el señor Boya Alós, el señor
Bruguera Batalla, el señor Martí Jufresa, el señor Montilla Aguilera, el
señor Sabaté Borràs y la señora Sequera García, del Grupo Parlamentario
Entesa pel Progrés de Catalunya.

El señor Bel Accensi defiende la propuesta de veto número
7, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió.

El señor Lerma Blasco defiende la propuesta de veto número
4, del Grupo Parlamentario Socialista.

En turno en contra hace uso de la palabra el señor De las
Heras Muelas, por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

En turno de portavoces intervienen los señores Guillot
Miravet, por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya; Bel
Accensi, por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i
Unió; Vázquez García, por el Grupo Parlamentario Socialista, y Pintado
Barganoj, por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

Se rechaza la propuesta de veto número 1 con el siguiente
resultado: presentes, 241; votos emitidos, 241; a favor, 87; en contra,
154.

Se rechaza la propuesta de veto número 2 con el siguiente
resultado: presentes, 241; votos emitidos, 241; a favor, 88; en contra,
153.

Se rechaza la propuesta de veto número 3 con el siguiente
resultado: presentes, 241; votos emitidos, 241; a favor, 87; en contra,
154.

Se rechaza la propuesta de veto número 6 con el siguiente
resultado: presentes, 241; votos emitidos, 241; a favor, 87; en contra,
153; abstenciones, 1.

Se rechaza la propuesta de veto número 5 con el siguiente
resultado: presentes, 241; votos emitidos, 241; a favor, 87; en contra,
154.

Se rechaza la propuesta de veto número 7 con el siguiente
resultado: presentes, 241; votos emitidos, 241; a favor, 87; en contra,
154.

Se rechaza la propuesta de veto número 4 con el siguiente
resultado: presentes, 241; votos emitidos, 241; a favor, 87; en contra,
153; abstenciones, 1.

Comienza el debate de los votos particulares.

El señor Mariscal Cifuentes, del Grupo Parlamentario Mixto,
defiende las enmiendas 1 a 21, inicialmente presentadas por el señor
Iglesias Fernández y este senador.

El señor Yanguas Fernández, del Grupo Parlamentario Mixto,
defiende las enmiendas 22 a 25, inicialmente presentadas por el señor Eza
Goyeneche, la señora Salanueva Murguialday y este senador.

La señora Martínez Muñoz defiende las enmiendas 106 a 113 y
115 a 120, del Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV).

El señor Guillot Miravet defiende las enmiendas 26 a 46,
del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya.

El señor Montilla Aguilera defiende las enmiendas 47 a 78,
del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya.

El señor Bel Accensi defiende las enmiendas 125 a 145, del
Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió.

El señor Lerma Blasco defiende las enmiendas del Grupo
Parlamentario Socialista números 79 a 105 y la vuelta al texto remitido
por el Congreso de los Diputados en lo modificado por las enmiendas121 y
122 del Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

En turno en contra hace uso de la palabra el señor Pintado
Barbanoj.

En turno de portavoces intervienen los señores Montilla
Aguilera, por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya; Bel
Accensi, por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i
Unió; Vázquez García, por el Grupo Parlamentario Socialista, y De las
Heras Muela, por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

Se procede a la votación.

7591

Se rechazan todas las enmiendas.

Se aprueban aquellas partes del proyecto de ley enmendadas
en Comisión y no comprendidas en la votación anterior.

Se aprueba el resto del proyecto de ley.

El señor presidente anuncia el traslado de las enmiendas
aprobadas al Congreso de los Diputados para que este se pronuncie sobre
las mismas en forma previa a la sanción del texto definitivo por S.M. el
Rey.

10.1.2. Proposición de Ley para la regulación de la
tauromaquia como patrimonio cultural.

Comisión: Cultura

7596

(Núm. exp. 620/000005)

La señora Ongil Cores, presidenta de la comisión, presenta
el dictamen.

El señor Iglesias Fernández defiende la propuesta de veto
número 1, de este senador y el señor Mariscal Cifuentes, del Grupo
Parlamentario Mixto.

La señora Capella i Farré, del Grupo Parlamentario Mixto,
defiende su propuesta de veto número 2.

El señor Guillot Miravet defiende la propuesta de veto
número 3, de este senador y el señor Saura Laporta, del Grupo
Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya.

El señor Cazalis Eiguren defiende la propuesta de veto
número 5, del Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV).

El señor Bagué Roura defiende la propuesta de veto número
4, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió.

En turno en contra hace uso de la palabra el señor Ruiz
Reyes, por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

En turno de portavoces intervienen los señores Iglesias
Fernández, por el Grupo Parlamentario Mixto; Cazalis Eiguren, por el
Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV); Guillot Miravet y Martí
Jufresa, por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya;
Bagué Roura, por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència
i Unió; Martín Rodríguez, por el Grupo Parlamentario Socialista, y
Lanzarote Sastre, por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

Se rechaza la propuesta de veto número 1 con el siguiente
resultado: presentes, 241; votos emitidos, 240; a favor, 12; en contra,
151; abstenciones, 77.

Se rechaza la propuesta de veto número 2 con el siguiente
resultado: presentes, 240; votos emitidos, 240; a favor, 23; en contra,
151; abstenciones, 66.

Se rechaza la propuesta de veto número 3 con el siguiente
resultado: presentes, 241; votos emitidos, 241; a favor, 25; en contra,
151; abstenciones, 65.

Se rechaza la propuesta de veto número 5 con el siguiente
resultado: presentes, 241; votos emitidos, 241; a favor, 32; en contra,
151; abstenciones, 58.

Se rechaza la propuesta de veto número 4 con el siguiente
resultado: presentes, 241; votos emitidos, 241; a favor, 33; en contra,
151; abstenciones, 57.

Comienza el debate de los votos particulares.

El señor Iglesias Fernández defiende las enmiendas 1 a 5,
11, 12 y 17 a 21, del Grupo Parlamentario Mixto, inicialmente presentadas
por este senador y el señor Mariscal Cifuentes.

El señor Quintero Castañeda defiende las enmiendas 13 a 16,
del Grupo Parlamentario Mixto, inicialmente presentadas por este senador
y el señor Zerolo Aguilar.

El señor Cazalis Eiguren defiende las enmiendas 52 a 57,
del Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV).

El señor Guillot Miravet defiende las enmiendas 29 a 35,
del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya.

El señor Martí Jufresa defiende las enmiendas 22 a 28, del
Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya.

El señor Bagué Roura defiende las enmiendas 43 a 51, del
Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió.

El señor Abad Benedicto defiende las enmiendas 36 a 42, del
Grupo Parlamentario Socialista.

En turno en contra hace uso de la palabra el señor Ruiz
Reyes, por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

En turno de portavoces intervienen los señores Eza
Goyeneche e Iglesias Fernández, por el Grupo Parlamentario Mixto; Martí
Jufresa, por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya;
Bagué Roura, por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència
i Unió; Martín Rodríguez, por el Grupo Parlamentario Socialista, y
Lanzarote Sastre, por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

Hacen uso de la palabra, por el artículo 88 del Reglamento,
el señor Quintero Castañeda, el señor Cleries i Gonzàlez, la señora
Capella i Farré y el señor Martín Rodríguez.

Se procede a la votación.

7635

Se rechazan todas las enmiendas presentadas.

Se aprueba la proposición de ley.

El señor presidente informa a la Cámara de que queda
definitivamente aprobado por las Cortes Generales la proposición de
ley.

Se levanta la sesión a las veintidós horas y diez
minutos.

Página
7489

on el trànsit no sigui superior a 30 000. Els 5000 milions
d’euros en els propers anys per a aquestes 24 autovies defineixen
molt clarament aquests despropòsits. Es tracta que tothom estigui
connectat; efectivament. Es tracta que tothom tingui una cohesió
territorial; efectivament. Es tracta que tothom pugui anar d’una
punta a l’altra; efectivament.

La nostra reflexió va en el sentit que fem la inversió en
aquelles grans infraestructures que representen una gran despesa global
tenint els informes claríssims que el retorn social i el retorn econòmic
són els que toquen. Una vegada més, vull insistir que, pel que fa a
Catalunya, hi ha retards històrics en les inversions. Hi ha unes 48 obres
que porten un promig de 18 anys de retard. N’hi ha de 24, de 22,
altres de 12, d’11... Ens sembla que això no pot ser, de cap de les
maneres. Cal reclamar novament tots els deutes de la disposició
addicional tercera, que són compromisos que crec recordar —i acabo,
senyor president— que la mateixa ministra Pastor a la primera
visita va reconèixer. Ens sembla que si hem de creure la paraula, també
s’ha de complir amb els fets.

En tot cas, pel que fa a les esmenes presentades pels
diferents partits, acceptem l’esmena del Partit Socialista Obrer
Espanyol, acceptem l’esmena de l’Entesa i rebutgem la del
Partit Popular, entre altres coses, perquè el que diu bàsicament és
«vaya, vaya, desde luego» i res més; i òbviament la interpel·lació i la
moció comporten fer un pas més endavant.

Gràcies.

Buenos días, presidente; buenos días, senadoras y
senadores, aunque no hay muchos; espero que no nos hagan ninguna foto
ahora.

En la defensa de la moción consecuencia de interpelación
querría exponer, una vez más, la necesidad del porqué de esta moción
consecuencia de interpelación. Una vez más, lo que queremos constatar es
que estos presupuestos creemos sinceramente que no se corresponden con
unos presupuestos que sean prioritarios para el conjunto del Estado
español, partiendo de la base de que prioritario es aquello que al
invertir tiene más rendimiento y más retorno tanto desde un punto de
vista social como económico. Cuando nosotros constatamos que los
presupuestos tienen un descenso del 25% en Cataluña respecto a 2013
mientras que en el conjunto del Estado es del 8%, estos 17 puntos de
diferencia nos parecen absolutamente injustos, desproporcionados y,
además, ajenos completamente para poder hacer unos presupuestos que
puedan ser un estímulo para la dinamización económica. Y, si además vemos
que el descenso acumulado de los últimos tres años es de un 63% menos,
mientras que el promedio del conjunto del Estado español es del 42%, una
vez más tenemos que constatar que no son ni razonables ni oportunos,
desde un punto de vista de la capacidad de la dinamización de las
oportunidades económicas. Demasiado a menudo tenemos que recordar que se
toman las decisiones a partir de criterios de lo que nosotros llamamos la
centralización. El profesor Germà Bel diferencia muy claramente entre
centralización y centralidad. Intentaré explicarlo de la mejor manera que
sepa.

La centralización es aquella toma de decisiones que uno
cree que puede tomar desde su despacho y todas las oportunidades tienen
que pasar necesariamente por ese despacho, entendiendo como despacho un
núcleo de poder; mientras que la centralidad en la toma de decisiones es
hacer que seamos capaces de tomar las decisiones que pasan por las
razones económicas, las razones sociales, las razones de oportunidad, y
que sea allí donde se ponga más el acento. La diferencia entre
centralización y centralidad es evidente, es una visión mucho más
administrativa; a nuestro entender, es una visión que corresponde más a
criterios de los siglos XIX o XX que a criterios del siglo XXI, donde las
oportunidades son multioportunidades y la capacidad de dinamismo viene
dada por muchísimas interacciones de territorios, de economías y de
agentes sociales distintos.

Es cierto que la ministra Pastor, desde que está en el
Gobierno —y quiero ser justa en ese sentido— es una ministra
que no genera falsas expectativas y no engaña. Pero para mí peca también,
como otros ministros, de esta visión excesivamente centralizadora. No se
entiende, de ningún modo, que en un período de austeridad, en un período
en el que las administraciones se ven abocadas a hacer planes de
austeridad —en el caso de Cataluña 8000 millones de euros que hay
que recortar, que hay que ajustar—, nos encontremos con que en el
conjunto global del Estado español se haga una previsión de inversión en
los próximos años de 24 autovías, en cada una de las cuales el tráfico
IMD es inferior a 10 000, cuando según los asesores económicos del
Ministerio de Fomento —y también de otros— reclaman que, en
todo caso, no se hagan inversiones para

aquellas carreteras cuyo tráfico no sea superior a 30 000.
Los 5000 millones de euros para los próximos años para estas 24 autovías
definen claramente estos despropósitos. Se trata de que todo el mundo
esté conectado, efectivamente, se trata de que todo el mundo tenga esa
cohesión territorial; efectivamente, se trata de que todo el mundo pueda
ir de una punta a la otra.

Efectivamente, nuestra reflexión, en todo caso, va en el
sentido de que, por favor, para aquellas grandes infraestructuras que
representan un gran gasto global hagamos la inversión cuando tengamos
informes clarísimos de que el retorno social y el retorno económico es el
que corresponde. Por eso, una vez más quiero insistir en que en lo que se
refiere a Cataluña respecto a la inversión y los retrasos históricos hay
un promedio de unas 48 obras que llevan una media de unos 18 años de
retraso —es un promedio, las hay de 24, 22, 12, 11 años—, y
nos parece que eso no puede ser de ninguna de las formas. Por eso quiero
reclamar una vez más todas las deudas de la disposición adicional
tercera, que son compromisos. Y quiero recordar además —acabo señor
presidente— que la ministra Pastor así lo reconoció en una visita,
de modo que, si hay que creer en la palabra, también hay que cumplir con
los hechos.

En cualquier caso, en cuanto a las enmiendas presentadas
por los otros grupos, aceptamos la del Grupo Socialista y la enmienda de
Entesa, pero rechazamos la del Grupo Popular, entre otras cosas porque lo
que dice, básicamente, es: vaya, vaya, desde luego, y nada más, y,
obviamente, la interpelación y la moción comportan dar un paso
adelante.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Candini.

Para la defensa de las enmiendas, por el Grupo Popular en
el Senado tiene la palabra el senador Ortiz.

El señor ORTIZ PÉREZ: Muchas gracias, señor presidente.

La señora Candini ya se ha manifestado sobre la enmienda
que ha presentado mi grupo parlamentario, pero mi obligación es tratar de
convencerla, como es lógico, porque, aunque coincido en que su misión es
procurar el bienestar y que se aumenten las inversiones para Cataluña,
usted tiene que comprender que mi grupo parlamentario tiene que pensar
también en el resto del territorio de España. Por lo tanto, lo que es
bueno para Cataluña también es bueno para España, pero lo que es bueno
para otras comunidades también es bueno para España.

Lo que pretende su moción es aumentar en los Presupuestos
Generales del Estado para 2014 el porcentaje de inversión del Estado para
Cataluña. Siempre se refiere usted al producto interior bruto y al
incremento de la inversión para diversos proyectos en su comunidad
autónoma. No voy a repetir aquí la información cumplida que dio la
ministra de Fomento como consecuencia de la interpelación pero, si me
permite, le recomiendo que lea con calma la sección 17, que corresponde
al Ministerio de Fomento, y podrá comprobar que Cataluña, a pesar de la
situación económica que estamos viviendo y de atender también al resto
del territorio español, no sale tan mal parada en el anexo de inversiones
reales; como es lógico, todo es mejorable, senadora Candini.

En todo caso —y permítame que le dé mi
opinión—, su planteamiento tiene que ser sometido a la decisión del
Congreso de los Diputados y del Senado en el debate y aprobación de los
Presupuestos Generales del Estado, ya que, como ha declarado la sentencia
del Tribunal Constitucional, solo a esta ley estatal corresponde fijar
los aumentos de inversión de cada ejercicio, no solo para su comunidad
sino para el conjunto de España.

Por lo tanto, mi grupo parlamentario ha presentado una
enmienda de sustitución que mejora su propuesta, porque entiendo que su
moción se puede fraccionar en enmiendas para su debate y votación en la
tramitación del proyecto de Presupuestos Generales del Estado, que me
imagino que su señoría, conociéndola como la conozco, las va a plantear
en ese debate.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Ortiz.

Para la defensa de la enmienda del Grupo Parlamentario
Entesa pel Progrés de Catalunya, tiene la palabra el senador Martí.

El señor MARTÍ JUFRESA: Moltes gràcies, president.

Bon dia, senadors i senadores.

Efectivament, el nostre grup ha presentat una esmena, que
de fet és doble. Proposa dos canvis en el redactat. Al punt 1, proposa
afegir «entre d’altres» al llistat d’obres que s’hi
formula. Per què fem aquesta proposta de canvi? Per dos motius. Primer,
perquè entenem que aquest llistat d’obres no esgota ni de bon tros
els crèdits necessaris que s’haurien d’haver consignat als
Pressupostos Generals de l’Estat per donar compliment a aquesta
disposició addicional tercera, que són de 871 milions més dels que hi
figuren.

Senyor Ortiz, jo sí que poso en qüestió les xifres de la
ministra. La ministra ens diu que hi ha 1.400 milions a disposició
d’inversions a Catalunya. No és veritat, i ella ho sap
perfectament. Hi ha 1.400 milions al pressupost del ministeri de Foment
per a inversions i despesa corrent i transferències, que no és el mateix.
I en el conjunt dels Pressupostos de l’Estat, per a inversions a
Catalunya, en despesa d’inversions territorialitzada, hi ha 900
milions d’euros. Aquesta és la realitat del pressupost. El que
passa és jo sí que crec que la ministra —a diferència del que deia
la senyora Candini— intenta confondre i enganyar. Com que les
xifres no són presentables amb relació a l’any passat, canvia el
criteri i pretén fer-nos creure que s’arriba fins aquesta xifra
dels 1.400 milions.

Per tant, falten 871 milions d’euros per consignar,
per complir aquest acord, i les obres que es podrien fer serien moltes
més. Per a nosaltres, algunes d’importants, que no estan
consignades, com per exemple l’Eix Pirenaic; l’Estació de La
Sagrera; els programes d’habitatge; les inversions destinades a
habitatge amb remodelació de barris, en particular a l’àrea
metropolitana de Barcelona, i altres obres relacionades amb el patrimoni
històric i artístic, com per exemple les muralles de la ciutat de
Tarragona.

Per això fem aquesta primera part de la nostra proposta
d’esmena, per afegir aquesta idea de «entre d’altres» al punt
1. Però també fem una esmena per precisar que els diners que es deuen a
Catalunya no són només en virtut de la disposició addicional tercera,
sinó, sobretot i fonamentalment, als acords signats entre el Govern
d’Espanya i el Govern de Catalunya, que són plenament vigents.
L’Estatut de Catalunya, del 2006, que malgrat molts existeix i és
plenament vigent, definia una comissió mixta per tractar aquesta qüestió.
Aquesta comissió mixta es va reunir. Aquesta comissió mixta va acordar
una fórmula concreta, que és la que en aquests moments ens va basar la
nostra defensa d’aquesta manca de crèdit i d’aquest
incompliment en els pressupostos del 2014, com ja ho vam fer amb els del
2012 i el 2013.

Per tant, no és veritat. Hi ha uns acords signats que
s’han de respectar. Hi ha una fórmula vigent que descriu
perfectament com s’arriba a aquestes partides i com es van
desglossant pressupost rere pressupost. I això és el que els governs del
Partit Socialista van complir en tots i cadascun dels Pressupostos
Generals de l’Estat després de l’aprovació de l’Estatut
i de l’acord d’aquesta comissió mixta. Que quedi clar, doncs,
que vostès incompleixen, i no a l’empara de cap sentència del
Tribunal Constitucional, que el que diu és que no és obligatori, però no
diu que no es pugui fer, ni diu que no s’hagi de fer, ni que no es
derivi del text de l’Estatut. Per tant, que quedi clar que hi ha
una decisió unilateral d’incompliment de l’Estatut, però
sobretot dels acords entre els Governs; acords que no han estat
denunciats, acords que no han estat canviats. Per això, senyories, el seu
incompliment encara és més flagrant i encara té unes connotacions
polítiques més fortes que no pas una simple interpretació diferenciada
d’un text legislatiu. Espero, per tant —la senyora Candini ja
ho avançat i li ho agraeixo—, que s’acceptin aquestes
esmenes, que entenem que complementen i precisen una moció que subscrivim
plenament.

Moltes gràcies.

Muchas gracias, señor presidente.

Buenos días, señoras y señores senadores.

Efectivamente, nuestro grupo ha presentado una enmienda,
que, de hecho, es doble, proponiendo dos cambios en la redacción. En el
primer punto propone «entre otras» al listado de obras que se formula.
¿Por qué hacemos esta propuesta de cambio? Por dos motivos. Primero
porque entendemos que este listado de obras no agota ni de lejos los
créditos necesarios que habría que haber consignado en los Presupuestos
Generales del Estado para dar cumplimiento a esta disposición adicional
tercera, que son 871 millones más de lo que figuran.

Señor Ortiz, yo sí que pongo en cuestión las cifras de la
ministra. La ministra nos dice que hay 1400 millones a disposición para
inversiones en Cataluña. No es cierto y ella lo sabe

perfectamente. Hay 1400 millones en el presupuesto del
Ministerio de Fomento para inversiones, gasto corriente y transferencias,
que no es lo mismo. Pero en el conjunto de los presupuestos del Estado
para inversiones en Cataluña, en gastos de inversión territorializada,
hay 900 millones de euros. Esa es la realidad del presupuesto, lo que
pasa es que yo sí creo que la ministra, a diferencia de lo que decía la
señora Candini, intenta confundir y engañar, puesto que las cifras no son
presentables con relación al año pasado; la ministra cambia el criterio y
pretende hacernos creer que se llega hasta esa cifra de 1400
millones.

Por lo tanto, faltan 871 millones de euros por consignar,
para cumplir este acuerdo y, por lo tanto, las obras que se podrían hacer
serían muchas más. Para nosotros algunas de las importantes, que no están
consignadas, son, por ejemplo, el eje pirenaico, la estación de la
Sagrera, los programas de vivienda, las inversiones destinadas a vivienda
en promoción de barrios, sobre todo en el Área metropolitana de Barcelona
y otras obras relacionadas con el patrimonio histórico y artístico como,
por ejemplo, las murallas de la ciudad de Tarragona.

Por eso, esta primera parte de nuestra enmienda pretende
añadir esta idea de «entre otras» en ese punto. Pero también presentamos
la enmienda para añadir y precisar que el dinero que se debe a Cataluña
no es solo en virtud de la disposición adicional tercera, sino sobre todo
y fundamentalmente a los acuerdos firmados entre el Gobierno de España y
el Gobierno de Cataluña que son plenamente vigentes. El Estatuto de
Cataluña, el Estatuto de 2006, que a pesar de muchos existe y está
plenamente vigente, definía una comisión mixta para tratar esta cuestión.
Esa comisión mixta se reunió y acordó una fórmula concreta, que es en la
que basamos en estos momentos nuestra defensa de esta falta de crédito y
de incumplimiento en los presupuesto de 2014, como ya lo hicimos en los
de 2012 y 2013.

Hay, por lo tanto, unos acuerdos firmados que hay que
respetar. Hay una fórmula vigente que describe perfectamente cómo se
llega a esas partidas y cómo se van desglosando presupuesto tras
presupuesto. Y eso es lo que los Gobiernos socialistas cumplieron. Eso es
lo que los Gobiernos del Partido Socialista cumplieron en todos y cada
uno de los Presupuestos Generales del Estado después de la aprobación del
estatuto y del acuerdo de esa comisión mixta. Que quede claro, por tanto,
que ustedes incumplen y no al amparo de ninguna sentencia del Tribunal
Constitucional que lo que dice es que no es obligatorio, pero no dice que
no se pueda hacer, no dice que no haya que hacerlo, no dice que no se
derive del texto del estatuto. Que quede claro, por consiguiente, que hay
una decisión unilateral de incumplimiento del estatuto, pero sobre todo
de los acuerdos entre los Gobiernos, acuerdos a los que no se ha
renunciado, acuerdos que no han sido modificados y, por eso, señorías, su
incumplimiento aún es más flagrante y tiene unas connotaciones políticas
más fuertes que las de una simple interpretación diferenciada de un texto
legislativo. Espero, por lo tanto —la señora Candini lo ha
adelantado y se lo agradezco— que se acepten estas enmiendas que
complementan y precisan una moción que subscribimos plenamente.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Martí.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, para la defensa de
su enmienda, tiene la palabra el senador López García.

El señor LÓPEZ GARCÍA: Gracias, señor presidente.

Buenos días, señorías. El Grupo Parlamentario Socialista ha
presentado una enmienda a esta moción del Grupo Catalán Convergència i
Unió, con la que coincidimos básicamente. Agradezco a la señora Candini
que haya expresado que va a aceptar la enmienda presentada por el Grupo
Parlamentario Socialista.

El Gobierno del Partido Popular lleva dos, y este es el
tercero, ejercicios presupuestarios haciendo caso omiso del cumplimiento
de las obligaciones que diferentes leyes orgánicas, que son los estatutos
de autonomía de las distintas comunidades autónomas, establecen en
relación con el volumen de inversiones que debía ser contemplado en ese
proyecto de Presupuestos Generales del Estado, lo que no se hizo en el
2012, no se hizo en el 2013 y que el proyecto en debate en el Congreso de
los Diputados en este momento tampoco contiene.

Nosotros hemos presentado, como lo hicimos en anteriores
ejercicios presupuestarios, enmiendas para que Cataluña, por el
incumplimiento de la disposición adicional tercera, para que Andalucía,
por el incumplimiento también de la adicional tercera, Aragón, de la
adicional sexta,

Castilla-La Mancha, Extremadura, por el incumplimiento de
la adicional primera, y Baleares, por la disposición transitoria novena,
tuviesen acogida dentro de los Presupuestos Generales del Estado. No sé
que va a ocurrir en el debate parlamentario en el Congreso de los
Diputados, pero si hacemos el pronóstico en función de cómo fue los años
2012 y 2013 con enmiendas similares, el pronóstico probablemente será que
no se acepte ninguna de ellas. Las vamos a volver a reiterar en el
Senado. No sé si hoy tendremos fortuna, pero a la vista de lo que ha
dicho el portavoz del Grupo Parlamentario Popular que sostiene al
Gobierno, parece que la moción acabará siendo rechazada.

Creo que hay un planteamiento erróneo por parte del
Gobierno, que además ha dado versiones contradictorias. He escuchado al
ministro de Hacienda, al señor Montoro, decir cosas diferentes
—esta mañana también se han dicho aquí— invocando una
sentencia del Tribunal Constitucional, la que tiene el fundamento
jurídico 138 en relación con el recurso de inconstitucionalidad del
Estatuto de Cataluña, diciendo que no está obligado al final el Gobierno
a contemplar en los presupuestos esas inversiones.

Nosotros no estamos hablando aquí de un debate de
constitucionalidad o inconstitucionalidad de una ley o de una parte de la
ley, estamos hablando de un compromiso político, fraguado en las Cámaras,
compromiso que al final tiene ese carácter de ley orgánica, que es lo que
corresponde a un estatuto de autonomía. Por tanto, los pactos, los
acuerdos, los puntos de encuentro con las mayorías políticas oportunas
son para que se respeten y creemos que no contribuye en nada a favorecer
la relación leal entre los diferentes niveles de la Administración el que
de forma sistemática se haga caso omiso de esos compromisos políticos
sustanciados en las diferentes leyes.

Es verdad que el presupuesto contiene globalmente un
volumen de inversiones bastante escaso. El ministro de Hacienda también
ha dado como justificación para incumplir lo contenido en los diferentes
estatutos de autonomía el argumento de que había pocos recursos,
argumento contradictorio con el anterior que se invocaba de la
inconstitucionalidad del estatuto de autonomía en ese apartado señalado
por el Tribunal Constitucional. Pero no se trata de eso, no se trata al
final de que haya pocos recursos, sino de cómo se distribuyen en el
conjunto del Estado. Evidentemente, tendremos ocasión de discutirlo en el
debate parlamentario de totalidad del presupuesto. Podía haber más
recursos en el presupuesto del Estado para inversiones si se hubiesen
hecho de manera menos torpe algunas de las cosas que ha hecho este
Gobierno, como meter a la economía en un círculo vicioso, que al final ha
llevado —por una pretendida consolidación fiscal a un ritmo
indigerible para la economía española, impuesto por Bruselas y aceptado
por el Gobierno— a una mayor depresión de la economía, generando
mayor desempleo, generando menos ingresos para el conjunto de las
administraciones públicas y, por tanto, teniendo también menos recursos
para las inversiones.

Lo que creemos es que el fortalecimiento del Estado no se
puede hacer desoyendo los compromisos, las obligaciones, las leyes
—en este caso leyes orgánicas— aprobadas en las Cámaras. En
consecuencia, el Gobierno, en este caso ya no el Gobierno, sino el grupo
parlamentario que sustenta al Gobierno, tiene la ocasión —puede
tenerla— de, aceptando esta moción que presenta CiU y las
enmiendas…

El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría.

El señor LÓPEZ GARCÍA: Termino, señor presidente.

…de otros grupos, ir fortaleciendo precisamente el
Estado, y el Estado no solo es la Administración General del Estado, es
el conjunto de administraciones. Las comunidades autónomas tienen un
papel muy relevante en la prestación de servicios públicos básicos y
necesitan ese respeto de la Administración General del Estado y del
Gobierno de España.

Gracias, señor presidente. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador López
García.

A pesar de lo que ha avanzado en su primera intervención,
tiene la palabra la senadora Candini para indicar si acepta o no las
enmiendas.

La señora CANDINI I PUIG: Gràcies, president.

Tal i com he manifestat, accepto les esmenes de
l’Entesa i del Partit Socialista i rebutjo la del Partit
Popular.

Gracias, presidente.

Tal como he manifestado, acepto las enmiendas de Entesa y
del Grupo Socialista y rechazo la del Grupo Popular.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Candini.

Pasamos al turno de portavoces.

Por el Grupo Parlamentario Mixto no hay intervenciones.

Por el Grupo Parlamentario Vasco, tiene la palabra la
senadora Iparragirre.

La señora IPARRAGIRRE BEMPOSTA: Listo. Bai, egun on.
Eskerrik asko, mahaiburu jauna. Egun on, jaun/andreok.

Bi ideia, besterik ez. CiUk aurkezten digun mozio honekin
gure taldea erabat identifikatzen da, askotan, guk geuk hemen, ganbara
honetan, aipatu izan dugulako hemen helarazten zaiguna, hau da, gobernuak
hitzez hartzen dituela konpromezuak, baina ondoren aurreikusten dituen
aurrekontuetan ez dituela behar adina inbertsio finkatzen. Horrela,
zenbait proiektu kajoietan geratzen dira, beste hainbesteren martxan
jartzea moteldu egiten da, eta beste batzuk, martxan daudenak, geldiarazi
egin behar izaten ditu.

Egia da, atzo bertan, eta ganbara honetan, zenbait erkidego
ezberdinen ikuspuntutik entzun bagenu ere ez zeudela ados, edo ez gaudela
ados gobernuak bere aurrekontuetan finkatu dituen inbertsioetarako
kopuruekin, hau da, bakoitzak bere erkidegorako gehiago, edo gaizki
tratatua sentitzen dela edo gehiago beharko zuela, aurrekoan, eta Candini
senatariak interpelazioa ministrari helarazi zionean, horrek zioen, bada,
ea nola erantzungo geniokeen zenbait erkidegok inbertsio gutxiago izango
zituztenean. Gure ustetan hori ez da gure eginkizuna. Hori, azken finean,
gobernuaren eginkizuna da, eta gobernuari dagokio finkatutako helburuei
erantzuteko eman beharreko erabakiak hartzea, edota irizpide batzuei
edota egoera zehatz baten aurrean, hau da, gaur egun pasatzen ari garen
krisi garai honi erantzuna emateko eman behar diren erabakiak, edo hartu
behar diren erabakiak berari dagokio erabakiak hartzea, berriz diot, eta
ez guri.

Beraz, bi ideia horiekin, gure baiezko bozka emango diogu
CiUk aurkeztutako mozioari. Eskerrik asko.

Buenos días, señor presidente. Buenos días, señorías.

Voy a transmitir solo dos ideas. Nuestro grupo se siente
totalmente identificado con la moción presentada por CiU, porque muchas
veces hemos mencionado en esta Cámara lo que se nos ha transmitido hoy
aquí, es decir, que el Gobierno adopta unos compromisos en los
presupuestos y luego no los fija en las inversiones; muchos proyectos se
quedan en los cajones, otros se ponen en marcha muy despacio, de forma
muy lenta, y otros se tienen que paralizar.

Ayer escuchamos, desde varios puntos de vista, que muchas
autonomías no estaban conformes con las cantidades acordadas para las
inversiones, y la senadora Candini le preguntó a la ministra cómo
respondería cuando muchas comunidades autónomas tuvieran menos
inversiones. Es cierto, repito, que le compete al Gobierno responder a
las cifras fijadas y tomar las decisiones correspondientes, siguiendo
ciertos criterios para afrontar esta época de crisis en la que estamos
viviendo. Y es el Gobierno el que debe tomar las decisiones que le
corresponden y no lo ha hecho.

Por lo tanto, con esas dos ideas, vamos a votar a favor de
la moción presentada por CiU.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora
Iparragirre.

Por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya,
tiene la palabra el senador Martí.

El señor MARTÍ JUFRESA: Gràcies de nou, president.

Ara citaré les paraules del president Rajoy i del ministre
Montoro ahir mateix. El president Rajoy va dir: «Yo quiero que sea
locomotora de la pujanza económica de España». I el ministre Montoro va
dir: «La política territorial del Gobierno es acrecentar y reforzar el
Estado de las autonomías».

Doncs bé, senadors i senadores, com és possible —si
ahir es van dir aquestes paraules literals per part del president del
Govern i el ministre d’Economia, que tenen a veure amb el paper que
ha

de jugar Catalunya en el desenvolupament econòmic del
conjunt d’Espanya i en la idea que té el Govern sobre la política
territorial—, com és possible que avui no es voti a favor
d’aquesta moció? Com és possible que s’insisteixi en
incomplir la disposició addicional tercera de l’Estatut i, com he
dit abans, els acords entre governs, que seria el que precisament reforça
l’Estat de les autonomies. Complir els acords entre els governs
autonòmics i el Govern de l’Estat representaria, amb aquestes
inversions, l’aposta per Catalunya com la locomotora de la puixança
econòmica d’Espanya. Què n’hem de deduir, doncs, senyories
del Partit Popular? Que vostès no s’ho creuen. Que tot això és pur
cinisme. Perquè les Comunitats Autònomes són efectivament Estat;
nosaltres també ho creiem. Però no una part subsidiària de l’Estat
i absolutament supeditada al Govern central, sinó una part igual, amb un
poder públic emanat també de la Constitució i de la sobirania del poble
espanyol. Perquè els catalans i catalanes, i els ciutadans de qualsevol
de les 17 Comunitats Autònomes d’Espanya també som el poble
espanyol, i quan votem al Parlament de Catalunya també hi dipositem la
nostra sobirania.

Per tant, el respecte als acords, a les disposicions dels
parlaments autonòmics i als acords entre governs és el que realment
fonamenta el model d’Estat que tenim. Però en realitat, el que
estem percebent avui en el debat d’aquesta moció —i
segurament ho confirmarem al debat dels Pressupostos Generals de
l’Estat, és que el Partit Popular no es creu en absolut les
paraules que acaba de dir; que aquestes declaracions són pura façana. I
és que la història d’Espanya, i la història de la relació entre
Catalunya i Espanya, no ens permet malauradament gaire optimisme al
respecte. Perquè el Partit Popular sempre ha arribat tard i malament a
l’autogovern i a la concepció descentralitzada de l’Estat;
tard i malament al títol vuitè de la Constitució; tard i malament a la
primera generació d’estatuts post-constitucionals; tard i malament
a la segona generació d’estatuts; tard i molt malament amb
recollida de firmes —i això sí que no és defensar l’Estat de
les autonomies i no és lleialtat institucional— en contra de
l’Estatut de Catalunya per tot Espanya; recurs al Tribunal
Constitucional contra l’Estatut de Catalunya, la mare de tots els
problemes que vivim actualment. I, evidentment, arribaran tard i malament
a la reforma federal de la Constitució, que arribarà.

Senadors i senadores, senyories, el progrés social i el
progrés territorial, i l’autogovern dels pobles d’Espanya,
van junts. La història d’aquest país ho ha demostrat. Quan governa
l’esquerra el progrés d’Espanya i el progrés territorial
avancen i es consoliden. I afortunadament, malgrat les seves
contrareformes, mai no va tan enrere com per no poder donar un nou pas
endavant. Els socialistes sí creiem en l’Estat descentralitzat,
avantsala del federalisme al que arribarà Espanya. Creiem en la lleialtat
institucional, creiem en complir els acords i compromisos entre governs i
parlaments. Per això votarem a favor d’aquesta moció, que va en
aquesta direcció, i per això estic segur que tard o d’hora vostès
mateixos, que ara reneguen d’aquesta manera de fer, hi acabaran
arribant.

Moltes gràcies.

Gracias de nuevo, presidente.

Voy a citar las palabras del presidente Rajoy y del
ministro Montoro de ayer mismo. El presidente Rajoy dijo: Yo quiero que
Cataluña sea locomotora de la pujanza económica de España. Y el ministro
Montoro dijo: La política territorial del Gobierno es acrecentar y
reforzar el Estado de las Autonomías.

Pues bien, senadores y senadoras, ¿cómo es posible, si ayer
se dijeron estas palabras literales por parte del presidente del Gobierno
y del ministro de Economía, que tienen que ver con el papel que tiene que
desempeñar Cataluña en el desarrollo económico del conjunto de España y
en la idea que tiene el Gobierno sobre la política territorial, cómo es
posible que hoy no se vote a favor de esta moción? ¿Cómo es posible que
se insista en incumplir la disposición adicional tercera del estatuto y,
como he dicho antes, los acuerdos entre Gobiernos, que es lo que
precisamente refuerza el Estado de las Autonomías: cumplir los acuerdos
entre los Gobiernos autonómicos y el Gobierno del Estado, además de lo
que representarían estas inversiones de apuesta por Cataluña como
locomotora de la pujanza económica de España?

Por lo tanto, ¿qué podemos deducir, señorías del Partido
Popular? Que ustedes no se lo creen. Que todo esto es puro cinismo.
Porque las comunidades autónomas, efectivamente, son Estado. Nosotros
también lo creemos. Pero no una parte subsidiaria, absolutamente
supeditada del Estado al Gobierno central, sino una parte igual, con un
poder público que emana también de

la Constitución y de la soberanía del pueblo español.
Porque los catalanes y catalanas, así como los ciudadanos de cualesquiera
de las diecisiete comunidades autónomas de España, también son el pueblo
español. Y cuando votamos en el Parlamento de Cataluña también
depositamos nuestra soberanía en este Parlamento.

Por lo tanto, el respeto a los acuerdos, a las
disposiciones, a los acuerdos entre Parlamentos autonómicos y entre
Gobiernos, es lo que realmente fundamenta el modelo de Estado que
tenemos. Sin embargo, en realidad, lo que vemos, lo que estamos
percibiendo aquí hoy en el debate de esta moción —algo que
seguramente confirmaremos en el debate de los Presupuestos Generales del
Estado— es que el Partido Popular no se cree en absoluto las
palabras que acaba de decir, que estas declaraciones son pura fachada. Y
es que la historia de España, la historia de la relación entre Cataluña y
España, lamentablemente, no nos permite demasiado optimismo al respecto.
Porque el Partido Popular siempre ha llegado tarde y mal al autogobierno
y a la concepción descentralizada del Estado. Tarde y mal al Título VIII
de la Constitución. Tarde y mal a la primera generación de estatutos
posconstitucionales. Tarde y mal a la segunda generación de estatutos.
Tarde y muy mal en recogida de firmas, y eso sí que es no defender el
Estado de las Autonomías ni lealtad institucional, recogida de firmas en
contra del Estatuto de Cataluña por toda España. Recurso al Tribunal
Constitucional contra el Estatuto de Cataluña, la madre de todos los
problemas que tenemos actualmente. Y, evidentemente, van a llegar tarde y
mal a la reforma federal de la Constitución.

Senadores y senadoras, señorías, el progreso social y
territorial, el autogobierno de los pueblos de España, van juntos. La
historia de este país lo ha demostrado. Cuando gobierna la izquierda el
progreso de España y el progreso territorial avanzan, se consolidan, y,
afortunadamente, a pesar de sus contrarreformas, nunca va tan atrás como
para que no podamos dar otro paso adelante. Los socialistas sí creemos en
el Estado descentralizado, antesala del federalismo, que llegará a
España. Creemos en la lealtad institucional, en cumplir los acuerdos y
compromisos entre Gobiernos y Parlamentos. Por eso, vamos a votar a favor
de esta moción, que va en esa dirección. Estoy seguro de que antes o
después, más tarde o más temprano, ustedes mismos que ahora reniegan de
esta forma de hacer, acabarán también llegando a ella.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Martí.

Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de
Convergència i Unió, tiene la palabra la senadora Candini.

La señora CANDINI I PUIG: Gràcies, senyor president.

Vull fer algunes reflexions respecte de les diferents
intervencions. Senador Ruiz, moltes vegades vostès tenen tendència, quan
defensen les seves posicions respecte al tema de les infraestructures i
d’altres, a dir que nosaltres volem una cosa però que vostès també
ho volen per al conjunt de l’Estat espanyol. Fins aquí hi estem
d’acord. Miri si hi estem d’acord que nosaltres, a nivell de
solidaritat, aportem moltíssim. El que reclamem és que aquesta
solidaritat sigui racional a l’hora de fer les inversions. I
reclamem per una inversió de 5000 milions d’euros en els propers
anys per a 24 autovies, per cadascuna de les quals no passen ni 10 000
cotxes, quan els assessors d’economia del propi ministeri de Foment
diuen que òbviament això no té cap mena de retorn econòmic ni social.

El que estem dient és això, i no redueixi el missatge
venint a dir que nosaltres aquí som els insolidaris i que tot ho volem
per a nosaltres. Sé que vostè no ho creu, però ho pot semblar. Per tant,
que quedi ben clar. I tant que volem la prosperitat del conjunt de
l’Estat espanyol, i de totes les regions d’Europa. De totes,
però òbviament també de la nostra. Pensi que hi ha trams a Catalunya per
on passen molt més de 45 000 cotxes al dia i que en els últims vuit anys
només s’hi ha fet un quilòmetre i mig. Estem parlant
d’aquesta racionalitat, que té a veure amb la centralitat i la
centralització.

Senador Martí, si repassa la meva intervenció amb la
ministra, veurà que també vaig parlar del tema de la despesa corrent.
Però s’ha de tenir molta gosadia de venir-me a dir que jo,
d’alguna manera, l’hi perdono a la ministra Pastor, i que
vostè té una visió diferent. Certament, a la ministra Pastor ja li vaig
dir que confonia i que estava canviant les cartes i posant el que era
despesa corrent com si fos inversió. Potser li vaig dir el número dels
capítols i no sé corresponia als capítols

que eren, però l’hi vaig dir. Ara, recordo una cap de
llista del Partit Socialista de Catalunya que va parlar dels 5000 milions
de les millores per a Rodalies, i no cal que li digui com va quedar. I
era un període, com a mínim, amb tot el Govern socialista. Al meu parer,
doncs, la manera de poder fer-nos creïbles tots plegats és fer tots
l’autocrítica que ens correspongui. Però aquesta amnèsia
territorial i aquesta amnèsia temporal que quan arriben els meus són els
perfectes i els altres estan equivocats, i exactament el mateix a
l’altra banda, amb aquesta pràctica diària del «i tu més», això
cansa molt, i sobretot cansa el ciutadà.

Pel que fa al tema del debat al Congrés, evidentment, però
l’avantsala, que són els papers i aquestes prioritzacions, ja
marquen una mica quin és el model de l’Estat. I participo plenament
del que ha comentat el senador del Partit Socialista. Certament, vostès
moltes vegades es posen a la boca l’Estat, i Espanya, però
l’Estat és també el conjunt de les Comunitats Autònomes. Ahir el
senador Saura feia referència a un article que jo també havia llegit, del
catedràtic de Dret Constitucional Joan Subirats, on parlava del
multinivell de les governances a nivell general. Però és que vostès
mateixos no s’acaben de creure el multinivell de les governances
del conjunt de l’Estat. Perquè si s’acabessin de creure
aquest multinivell de les governances, que vol dir les Comunitats
Autònomes, de ben segur que donarien més instruments. Perquè en raó de
les competències que tenen i en raó de les oportunitats del territori, de
ben segur que seria el conjunt de l’Estat que aniria millor. És
aquesta visió —tornem-hi— de la centralització, perquè la
visió de l’oportunitat sempre passa per un despatx tancat, amb unes
parets molt dobles, d’on no és veu la visió global de les enormes
oportunitats que hi ha.

En el cas de Catalunya, evidentment, hi ha moltes
infraestructures amb retard. I si nosaltres en aquesta moció n’hem
posat unes concretes és perquè entenem que en el context actual no podem
fer la carta als Reis. No vol dir que no ens ho mereixem, perquè hi ha
molts retards de molts anys, però som pragmàtics; i de tot allò hem fet
una llista d’allò que és extraordinàriament urgent. I què vol dir
extraordinàriament urgent? Vol dir, per exemple, que Rodalies de
Barcelona —que ara sembla ser que la ministra Pastor diu que es
tornarà a reunir amb el conseller Vila— tenen un retard de molts
anys el manteniment, senador Martí, que està ocasionant unes
infraestructures absolutament lamentables que, dia rere dia, comporten
incidents i accidents, i hem d’intentar evitar que pugui passar res
greu.

Gracias, señor presidente.

Quiero hacer algunas reflexiones respecto a las distintas
intervenciones. Senador Ortiz, ustedes tienen tendencia muchas veces
cuando defienden sus posiciones respecto al tema de las infraestructuras
y a otros, a decir: cuando nosotros queremos una cosa, la queremos
también para el conjunto del Estado español. Hasta ahí estamos de
acuerdo. Fíjese si estamos de acuerdo que nosotros, en cuanto a
solidaridad, aportamos muchísimo. Lo que reclamamos es que esa
solidaridad sea racional a la hora de hacer las inversiones. Y, en todo
caso, lo que reclamamos es que no se efectúen inversiones como la de 5000
millones de euros en los próximos años para 24 autovías, cada una de las
cuales no tiene un tráfico ni de 10 000 vehículos y cuando, según dicen
los asesores de economía del propio Ministerio de Fomento, obviamente,
eso no tiene ningún tipo de retorno económico y social. Eso es lo que
decimos.

Por lo tanto, no reduzcan el mensaje y vengan a decir que
aquí somos los insolidarios, que todo lo queremos para nosotros. Sé que
usted no lo cree, pero puede parecerlo. Quiero que quede bien claro. ¡Y
tanto que queremos la prosperidad del conjunto español! ¡Y de todas las
regiones de Europa! Pero, obviamente, también de la nuestra. Piense que
hay tramos en Cataluña por los que pasan muchos más de 45 000 coches al
día y que en los últimos ocho años solo se ha hecho un kilómetro y medio.
Por lo tanto, estamos hablando de esa racionalidad, que es lo que tiene
que ver con la centralidad y la centralización que he comentado
antes.

Senador Martí, si usted repasa mi intervención con la
ministra, recordará que también comenté el tema del gasto corriente. Pero
hay que tener mucha osadía para decirme que yo de una forma u otra
perdono a la ministra Pastor y que usted tiene una visión distinta. A la
ministra Pastor yo le dije que lo confundía y que estaba cambiando las
cartas y poniendo lo que era gasto corriente como si fuera inversión; yo
también le dije eso, aunque quizá era para otro capítulo, ahora no
recuerdo cuál, pero se lo dije. Recuerdo que la cabeza de lista del
Partido Socialista para Cataluña habló de los 5000 millones para la
mejora de Cercanías en Cataluña y no hace falta que le diga

cómo quedé. Como mínimo, había algo ahí con el Gobierno del
Partido Socialista. A mi entender, creo que la forma de que todos seamos
creíbles es hacernos la autocrítica que nos corresponda, pero esta
amnesia territorial y esta amnesia temporal de que los míos son perfectos
y los otros son los que se equivocan y exactamente lo mismo al contrario
—práctica que cada día es mayor—, cansa mucho a los
ciudadanos.

En cuanto al debate en el Congreso, evidentemente, pero la
antesala, que son los papeles y las prioridades, ya está marcando cuál es
el modelo del Estado. Y participo plenamente de lo que ha comentado el
senador del Grupo Socialista. Ciertamente, a ustedes muchas veces se les
llena la boca de Estado, España, etcétera, pero el Estado es también el
conjunto de las comunidades autónomas. Ayer, el senador Saura hizo
referencia a un artículo que yo también había leído del catedrático de
Derecho Constitucional, Joan Subirats, en el que hablaba del multinivel
de las gobernanzas a nivel general. Pero es que ustedes mismos no se
acaban creyendo el multinivel de las gobernanzas del conjunto del Estado,
porque si se creyesen el multinivel de las gobernanzas, que quiere decir
las comunidades autónomas, desde luego darían más instrumentos porque, en
razón de las competencias que tienen y en razón de las oportunidades del
territorio, seguro que el país y el Estado irían mejor. Por lo tanto, ahí
está otra vez más esta visión de la centralización, porque la visión de
la oportunidad siempre pasa por un despacho cerrado, con unas paredes muy
gruesas que no dejan ven la visión global de las enormes oportunidades
que hay.

En cuanto a las infraestructuras, en Cataluña muchas llevan
un gran retraso. Si nosotros en esta moción hemos citado unas concretas
es porque entendemos que en el contexto actual no podemos hacer la carta
a los reyes. Eso no quiere decir que no nos lo merezcamos, porque hay
retrasos de muchos años, pero somos pragmáticos y hemos hecho una lista
de lo que creemos que es extraordinariamente urgente. ¿Qué quiere decir
extraordinariamente urgente? Quiere decir, por ejemplo, que en Cercanías
de Barcelona —y ahora parece que la ministra Pastor se va a volver
a reunir con el consejero Vila— el retraso en el mantenimiento de
muchos años, senador Martí, está ocasionando que haya unas
infraestructuras absolutamente lamentables que día tras día comportan
incidentes y accidentes, y debemos intentar evitar que pase algo
grave.

El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría.

La señora CANDINI I PUIG: Com a última reflexió, respecte
de la senadora del Partit Nacionalista Basc —i finalitzo—, té
molta raó quan diu que una cosa és el que posa al paper i una altra cosa
és el grau d’execució. Perquè, a més a més, a la llista de
despropòsits cal incorporar-hi allò que no arriba a ser, i s’ha de
posar a la llista que el nivell d’execució és molt inferior al que
hauria de ser. Una dada: en els últims set anys el percentatge
d’execució és del 62%.

I ara ja acabo. Una vegada més, nosaltres paguem el 22%
dels impostos, rebem el 9% de les inversions i ens tocarà fer el 29,5% de
les retallades. És evident que els números no quadren.

Gràcies.

Como última reflexión, a la senadora del Partido
Nacionalista Vasco quiero decirle que ciertamente tiene mucha razón
cuando afirma que una cosa es lo que pone en el papel y otra el grado de
ejecución. Además, en la lista de despropósitos hay que acabar
incorporando lo que no llega y lo que no es y decir que el nivel de
ejecución es muy inferior al que debería ser. Y les voy a dar un dato. En
los últimos siete años el porcentaje de ejecución ha sido del 62%.

Ya acabo. Una vez más nosotros pagamos el 22% de los
impuestos, recibimos el 9% de las inversiones y nos va a tocar hacer el
29,5% de los recortes. Es evidente que los números no cuadran.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Candini.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el
senador López García.

El señor LÓPEZ GARCÍA: Gracias de nuevo, señor
presidente.

Haré alguna reflexión complementaria a las que en el turno
de defensa de la enmienda hemos hecho acerca de la desconsideración del
Gobierno y del Partido Popular sobre las comunidades autónomas. El
incumplimiento de los estatutos, a los que antes nos hemos referido, es
una muestra más que evidente y, desde luego, políticamente inaceptable.
Pero no solo queda ahí el

tema. Me van a permitir que haga en esta Cámara de
representación territorial, y siendo senador por Jaén, una provincia de
la Comunidad Autónoma de Andalucía, algunas otras consideraciones que
también denotan cuál es la posición del Gobierno y del Partido Popular
respecto a las comunidades autónomas.

El desigual reparto en términos de esfuerzo que se les pide
a las comunidades autónomas para la reducción del déficit creo que es
otro de los elementos que denotan claramente un acercamiento
absolutamente paternalista y desigual respecto a lo que debían ser
esfuerzos compartidos, aunque es verdad que en un momento complicado de
la economía en España. El objetivo de déficit para el año próximo del
conjunto de las administraciones es el 5,8%, el 4,8% se lo queda la
Administración General del Estado y el 1% las comunidades autónomas, una
proporción de uno a cinco, teniendo las comunidades autónomas la
obligación de responder a lo que constituye en buena medida, aparte del
pilar de las pensiones, el Estado social, representado por la salud, la
educación y la atención a las personas dependientes o las políticas
sociales. Por lo tanto, un acercamiento claramente desigual que creemos
que debía haber tenido otro nivel de reparto.

Se plantea la demanda de la corresponsabilidad fiscal por
parte de las comunidades autónomas, pero está la literatura y luego los
hechos. Por ejemplo, Andalucía —antes lo hicieron Extremadura y
Canarias— se planteó la creación de un impuesto sobre los depósitos
bancarios. El Gobierno de Aznar lo recurrió cuando lo hizo Extremadura, y
cuando hubo sentencias del Tribunal Constitucional, el Gobierno de Rajoy
y el señor Montoro salen al encuentro para hacer un cortocircuito y
evitar que esa escasa capacidad para poder tener algunos recursos
fiscales acabe quedando en el vacío. La conclusión, al final, es esa,
vaciar la capacidad que pueden tener las comunidades autónomas, aunque
sea escasa. Acaban creando un impuesto con un gravamen cero para los
depósitos bancarios. Otro gesto de absoluta falta de respeto y
consideración a las comunidades autónomas.

Se habla —en Andalucía tenemos otro ejemplo— de
un mayor nivel de eficiencia en el gasto. Se ha planteado una subasta de
medicamentos con el fin de hacer más eficiente la prestación de los
servicios públicos básicos ligados al sistema sanitario sin tener que
recortar y sin tener que hacer cosas como la impresentable pretensión del
Gobierno y de la ministra del ramo de que enfermos con patologías graves
tengan que acabar pagando y haciéndose corresponsables del gasto en
medicamentos caros para tratar enfermedades como el cáncer u otro tipo de
patologías sanitarias.

Nos parece que en esa dirección no se avanza porque a
Andalucía se le está mermando una capacidad de ahorro, y por tanto de
mayor eficiencia a la hora de aplicar los recursos, de en torno a 300
millones de euros. Tercera demanda ante el Tribunal Constitucional para
evitar que eso suceda. ¿Qué intereses se defienden? ¿Estamos defendiendo
realmente la capacidad que cada uno de los niveles de Gobierno tiene en
el conjunto del Estado para hacer una mejor prestación de los servicios
públicos o se pretende ir a otro sitio? Yo creo que hay poca certeza de
que el Gobierno tenga precisamente como principal objetivo no aprovechar
la coartada que representa esta crisis para ir depauperando
progresivamente la capacidad de reacción de las comunidades autónomas a
la hora de dar una respuesta eficaz a la encomienda que tiene en razón de
su competencia y hacerlo de forma eficaz. Seguramente será la creación de
condiciones objetivas para hacer inevitable eso a lo que le tienen tanto
apego y tanto entusiasmo, que es la privatización. El señor Lamela y el
señor Güemes, que empezaron un camino, a pesar de haber sido condecorados
por la Comunidad de Madrid, parece que no tienen en los tribunales la
misma consideración sobre las cosas que han hecho en esta etapa de
Gobierno privatizando servicios públicos básicos, en este caso
sanitarios. Ese no es el camino. La crisis no puede servir de coartada
para depauperar el Estado social. Hay que afrontarla, pero hay que
hacerlo respetando sin ninguna duda el papel de las comunidades
autónomas.

Procuren contribuir a generar un espacio de confianza,
procuren fortalecer el Estado, fortalecimiento del Estado que pasa por
respetar el papel de las comunidades autónomas en el conjunto del
Estado.

Gracias, señor presidente. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador López
García.

Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el
senador Ortiz.

El señor ORTIZ PÉREZ: Muchas gracias, señor presidente.

En el debate de la interpelación, la ministra de Fomento lo
expresó y dio detallada cuenta de las medidas en materia de inversiones
en Cataluña tanto en materia de ferrocarriles, acceso ferroviario a los
puertos, corredor mediterráneo, que puede favorecer —eso es
evidente— a la empresa Seat Volkswagen y al puerto de Tarragona,
además del de Barcelona, las obras de duplicación de Vandellòs, en
Tarragona, convenio y otras actuaciones en la red de Cercanías. Como
decía antes, no voy a repetir la información dada por la ministra en la
interpelación que le formuló la senadora Candini.

No hay que olvidar la inversión en los aeropuertos de
Cataluña, destinados a remodelaciones de áreas comerciales, obras en
campos de vuelo en el aeropuerto de Reus, actuaciones en Girona-Costa
Brava, apoyo al aeropuerto de Sabadell y el centro de control de
Gavá.

Quiero resaltar que el aeropuerto de Barcelona-Prat ha
batido el récord histórico de pasajeros, cosa de la que mi grupo
parlamentario se congratula, y el ministerio de Fomento, senadora
Candini, seguirá mejorando y modernizando sus instalaciones. Tampoco
quiero olvidar la inversión prevista para los puertos de Barcelona y de
Tarragona.

No puede, por tanto, tenerse en cuenta como único criterio
del PIB toda vez que se dejaría de considerar efectos económicos
coadyuvantes de las infraestructuras, como pueden ser los efectos de red
y del mallado. Más aún, cualquier administración debe procurar que las
infraestructuras de transporte conecten entre sí los núcleos más activos,
conexiones que muchas veces han de hacerse atravesando territorios menos
favorecidos económicamente, sin que esto suponga que no se beneficien de
estas inversiones los núcleos más activos.

Quisiera también referirme a la intervención de los
distintos portavoces.

Estoy de acuerdo con la senadora Candini en que las
infraestructuras tienen que tener un retorno social y económico, eso es
evidente, tanto en Cataluña como en cualquier territorio del resto del
Estado español. Y también entiendo que usted considere
extraordinariamente necesaria la ejecución de ciertos proyectos, pero yo
le tengo que decir que el ministerio de Fomento tiene sus criterios y
tendrá que aplicarlos, les guste o no. Como es lógico, yo sé que está en
desacuerdo en muchas cosas, aunque otras también le gustarán. Pero
también quiero recordar —y usted ha hecho referencia— que
cuando gobernaba el Partido Socialista teníamos los mismos problemas que
podemos tener ahora. Por lo tanto, nuestra obligación es
solucionarlos.

El señor Martí Jufresa se ha referido más que nada a la
falta de cumplimiento de la disposición adicional tercera del Estatut de
Cataluña. Respecto a las deudas de Cataluña a que se refiere esta
disposición, permítame que le recuerde el pronunciamiento del Tribunal
Constitucional, en el que señala que un estatuto de autonomía no puede
obligar a la Administración General del Estado a realizar una determinada
política de inversiones y, por tanto, no es exigible la aplicación de
esta disposición. Además, el Constitucional ha establecido un modo de
interpretar el acuerdo político, al que usted ha hecho referencia, y, en
este sentido, para que todos los acuerdos políticos puedan ser exigibles
deben formalizarse en los correspondientes instrumentos jurídicos como,
por ejemplo, los convenios. De esta forma, sí que estaría justificada su
exigencia.

Respecto a la intervención del señor López García, del
Grupo Socialista, creo que a veces la amnesia que sufren ustedes es
galopante. Usted ha venido aquí a hacer su mitin político. Aprovechando
que la Ley de Costas afecta a Guadalajara, usted ha venido a hablar aquí
de todo menos de lo que plantea la moción de la senadora Candini; es
decir, estamos hablando de infraestructuras de Cataluña y usted, como es
lógico, ha aprovechado la ocasión, como decía, para atacar al Gobierno.
¿Pero usted no recuerda que hubo un Plan de infraestructuras y transporte
llamado PEIT, elaborado por el Gobierno socialista, que antes de
cumplirse no hubo tiempo ni de renovarlo? Por lo tanto, cuando se critica
a un Gobierno es necesario también echar la vista atrás.

Cuando ustedes gobernaban, nosotros y muchos grupos
parlamentarios planteamos enmiendas tanto en relación con Cataluña como
con el resto del territorio español, y la callada por respuesta fue
siempre la misma.

Por lo tanto, senador López García, considero que es bueno
que antes de subir a la tribuna se realice un examen de conciencia y se
critique también lo que habían hecho ustedes.

Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Ortiz.

Llamen a votación. (Pausa.)

Cierren las puertas.

Señorías, votamos la moción consecuencia de interpelación
presentada por el Grupo Parlamentario Convergència i Unió, con la
incorporación de las enmiendas aceptadas del Grupo Parlamentario de la
Entesa y del Grupo Parlamentario Socialista.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 229; votos emitidos, 229; a favor, 83; en contra, 144;
abstenciones, 2.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

7. MOCIONES

7.1. MOCIÓN POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A LA ADOPCIÓN
DE DETERMINADAS MEDIDAS PARA EVITAR EL ABUSO SEXUAL INFANTIL Y JUVENIL EN
EL DEPORTE.

(Núm. exp. 662/000110)

AUTOR: GPP

El señor presidente da lectura a los puntos 7. y 7.1.
(Rumores.)

El señor PRESIDENTE: Señorías, guarden silencio, por
favor.

A esta moción se han presentado tres enmiendas: dos del
Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya y una del Grupo
Parlamentario Socialista.

Para la defensa de la moción, tiene la palabra la senadora
Elorriaga, por tiempo de quince minutos.

La señora ELORRIAGA PISARIK: Muchas gracias, señor
presidente.

Señorías, muy buenos días. Comparezco ante ustedes en
nombre del Grupo Parlamentario Popular para defender una moción que
pretende y tiene como objetivo prioritario evitar el abuso sexual
infantil y juvenil en el deporte. Ese es el motivo que nos mueve a
presentar esta moción, cuya prioridad, insisto en ello, es defender a
nuestros menores y a nuestros jóvenes.

Presentamos una vez más una moción de este tipo porque nos
parece que es importante hablar en esta Cámara sobre un tema que,
desgraciadamente, está muy de actualidad en este momento en nuestro país,
un tema que consideramos grave y que debe merecer nuestra atención. Y
digo presentamos una vez más porque el Grupo Parlamentario Popular ha
considerado situar la problemática del abuso sexual contra los menores,
que nos concierne a todos sin ninguna duda y a toda la sociedad en
general, entre nuestras prioridades de trabajo.

No es casual que hace tan solo ocho meses mi compañero, el
senador Alarcó, defendió otra moción en la que se instaba al Gobierno a
adoptar determinadas medidas en relación con los abusos sexuales
infantiles y la pederastia, moción que tuvo buena acogida entre todos los
grupos que componen el abanico parlamentario de esta Cámara. Planteaba el
senador Alarcó entonces que desde el punto de vista político resulta
necesario paliar un drama social importantísimo que hará que nuestro país
sea mucho mejor, no en vano los niños de hoy serán los hombres del
mañana. Señorías, me uno a esta cita.

Señores senadores, la moción que hoy presentamos tiene un
carácter más específico, es verdad, ya que se refiere en concreto al
ámbito deportivo. El acoso sexual en el deporte tiene características
únicas debido a la relación de poder que se establece entre los
entrenadores y los deportistas, y por otro lado a la necesaria atención
que se presta al cuerpo de las personas que practican deporte. Es
evidente que los miembros del entorno del atleta que ocupan puestos de
poder y autoridad suelen ser los principales autores, lo que no quiere
decir que no haya otro tipo de problemas también entre los grupos de
iguales. Si tuviésemos que elegir una actividad deportiva en concreto no
sería posible, porque este es un problema que, como estamos viendo
últimamente, se produce en cualquier deporte y a cualquier nivel,
incluido el deporte de élite. Y las consecuencias en las víctimas, que al
final es lo que nos preocupa, son graves y negativas tanto para su salud
física como psíquica. No solo apartan a muchas personas del deporte, sino
que dan lugar a

reducción de rendimiento, marginación, ansiedad o depresión
y, por tanto, en muchas ocasiones conducen a situaciones muy
extremas.

Señorías, desde distintos organismos e instituciones se ha
levantado la voz de alarma, no somos nosotros los primeros que hablamos
de este tema. El propio COI ha aprobado una declaración de consenso en la
que conmina a las organizaciones deportivas a desarrollar políticas de
prevención e intervención. Los medios de comunicación también han
colaborado difundiendo información al respecto. Recientemente y por
desgracia hemos podido leer noticias sobre abusos en el fútbol, en el
boxeo, en la gimnasia y en el yoga. Son las que recuerdo como más
recientes, pero desgraciadamente llevamos ya tiempo con noticias de este
tipo.

También las víctimas han levantado su voz con coraje y
valentía con un lema muy claro: cada abuso que evitamos son muchas vidas
que salvamos. Quiero que quede bien claro en esta Cámara que nuestro
planteamiento en ningún caso va ni contra el mundo del deporte en sí, ni
contra la práctica deportiva, ni contra ninguna de las facetas de la
actividad física, todo lo contrario. En el Grupo Parlamentario Popular
defendemos el deporte, la práctica deportiva en todos sus sentidos,
niveles y categorías. Reconocemos, porque es incuestionable, los grandes
beneficios que la actividad física proporciona tanto al individuo como a
la sociedad. Los valores del deporte son claros y evidentes. No tendría
yo hoy tiempo suficiente en esta exposición para dedicarme a enumerarlos.
En lo que afecta a las personas, su situación física y psíquica mejora de
una manera clara. Se previene el envejecimiento, pero también a nivel
grupal supone una transmisión de valores; pienso en la responsabilidad,
en la confianza en los otros, en la disciplina, el respeto, etcétera. Por
tanto, quiero que quede bien clara la influencia del deporte en las
esferas de la educación, la economía, la salud pública, la cultura, en la
construcción de una identidad nacional, y así podría seguir enumerando
beneficios, pero, insisto, no tendría tiempo para desarrollar ni siquiera
en síntesis las bondades que nos ofrece el deporte.

Lo que pretendo, por tanto, es centrarme en una
circunstancia muy concreta y muy adversa dentro del mundo del deporte,
una circunstancia que entre todos debemos tratar de erradicar. Y soy
consciente también de que en este camino no vamos solos; afortunadamente,
no vamos solos. El pasado mes de junio se celebró un seminario en el
Consejo Superior de Deportes sobre Prevención del Abuso Sexual Infantil
en el Deporte en el que participaron ponentes de reconocido prestigio,
tanto españoles como de otros países europeos, que manifestaron su
preocupación. El éxito del encuentro fue evidente, tanto en participación
como en el nivel de los participantes, y además colaboraron personas de
distintas áreas relacionadas con el deporte e, insisto, solo la afluencia
de público demostró el interés que hoy existe en nuestra sociedad por
este tema.

Dicho esto, dejando bien clara la importancia que para
nosotros tiene el deporte y sabiendo que hablo de temas puntuales, no
podemos cerrar los ojos ante una evidencia y hacer como que no pasa nada
porque esa no es la solución; la inquietud existe en la sociedad y esa
inquietud debe ser atendida.

Sabemos que presentamos una moción que implica a muchos
organismos de la Administración, a varios ministerios, es una temática de
carácter muy transversal. Sabemos que afecta a las comunidades autónomas
y sabemos, insisto, que no partimos de cero en ninguno de los agentes
implicados en esta materia. La sensibilidad por el problema existe sin
duda, y somos conscientes también de la trascendencia de un tema que,
repito, genera unos daños irreversibles en las víctimas.

Por tanto, señorías, ¿qué pretendemos conseguir con esta
moción? Pretendemos trabajar desde todos los ámbitos: social, educativo,
jurídico, deportivo…, es decir, desde todos los ámbitos sectoriales
que pueden afectar a un tema como este, desde todos los departamentos de
la Administración que se puedan ver involucrados, y hemos consultado con
los Ministerios de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Educación y
Deporte, Justicia, Interior; es decir, hemos tratado de preparar un
trabajo que tenga un carácter transversal, insisto, desde el punto de
vista sectorial y desde el punto de vista de la coordinación de los
distintos ámbitos de la Administración. Somos muy conscientes también del
importante papel que en este campo van a desempeñar los tres niveles de
la Administración porque este es un tema que afecta muy directamente
tanto a comunidades autónomas como a municipios.

Por tanto, intentamos conseguir esa coordinación, conseguir
esa implicación, analizar experiencias que han sido consideradas buenas
prácticas en otros países; en este sentido, tanto Alemania como
Inglaterra están a la cabeza en este trabajo.

Queremos trabajar también en la sensibilización social y
del mundo del deporte; insistir en la necesidad de crear medidas de
prevención; elaborar protocolos de detección y actuar ante las
situaciones de sospecha o certeza. Es decir, se puede resumir muy
claramente: queremos sensibilizar, queremos prevenir y queremos actuar en
aquellas circunstancias en las que el daño ya se ha producido.

En este sentido, el Ministerio de Educación, Cultura y
Deporte está ya trabajando, concretamente en el Centro de Alto
Rendimiento del Consejo Superior de Deporte. A partir de este trabajo
está previsto extrapolar hacia todos los agentes del sistema
deportivo.

La actuación del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales
e Igualdad queda reflejada en el recientemente aprobado II Plan
Estratégico Nacional de Infancia y Adolescencia 2013-2016. Y en cuanto al
Ministerio del Interior, también le recuerdo que el pasado mes de abril
se aprobó en el Congreso de los Diputados, en la Comisión de Interior,
una proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular sobre la
elaboración de un Plan de prevención de la violencia contra los menores,
cuyos acuerdos serán tenidos en cuenta. Por último, quiero volver a
mencionar la moción recientemente aprobada en el Senado, en el mes de
abril, que defendió, insisto, mi compañero el senador Alarcó.

Creo que queda clara la intención política de esta moción,
que queda claro lo que pretendemos desde el Grupo Parlamentario Popular
presentándola, y considero que entre todos debemos defender un nuevo
paradigma en el ámbito de defensa de los derechos de la infancia y de la
adolescencia que consiga un cambio de actitudes y prácticas en nuestra
sociedad, y proteger muy especialmente a los grupos más vulnerables entre
nuestros niños y jóvenes, que suelen ser desgraciadamente los elegidos
prioritariamente por los acosadores.

Señorías, estamos ante un tema de gran importancia y
calado. Y por ese motivo, porque considero que es una causa justa,
solicito desde esta tribuna el apoyo de todos ustedes.

Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, senadora Elorriaga.

Para la defensa de las enmiendas del Grupo Parlamentario
Entesa pel Progrés de Catalunya, tiene la palabra la senadora
Almiñana.

La señora ALMIÑANA RIQUÉ: Gracias, presidente.

Les nostres esmenes senzillament incorporaven en una
d’elles el fet de que les Federacions participessin activament en
l’elaboració d’un codi ètic i sobre tot per treballar en
programes de detecció i l’altre esmena reflectia el que nosaltres
considerem més important en aquest tema, que es establir programes que
detectin i donin eines perquè els professionals puguin prevenir també
tots els abusos que es donin dins l’entorn esportiu.

Res més, gràcies.

Una de nuestras enmiendas incorpora sencillamente que las
federaciones participen activamente en la elaboración de un código ético,
sobre todo para trabajar en programas de detección. Y la otra enmienda
refleja lo que nosotros consideramos más importante en este tema, que es
establecer programas que detecten y den herramientas para que los
profesionales puedan prevenir también todos los abusos que se den en el
entorno deportivo.

Nada más. Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, senadora Almiñana.

Para la defensa de la enmienda del Grupo Parlamentario
Socialista, tiene la palabra el senador Álvarez Villazán.

El señor ÁLVAREZ VILLAZÁN: Gracias, señor presidente.

Señorías, tanto el acoso como el abuso sexual son
vulneraciones de los derechos humanos que, se produzcan donde se
produzcan, tienen una gran importancia y es algo que tenemos que intentar
evitar. Son vulneraciones de los derechos humanos que dañan la salud, por
lo que adquieren mayor relevancia cuando se producen en el ámbito
deportivo, dado que todos entendemos que el deporte es un instrumento de
mejora de la salud y de desarrollo personal y social.

Al igual que ocurre con el dopaje, hay que reconocer, en
primer lugar, que estas prácticas, totalmente condenables, son realizadas
por una minoría que daña la imagen y el buen hacer de

la inmensa mayoría de los deportistas, entrenadores y
personas relacionadas con el deporte. Por eso, porque no todos cometen
esos delitos, sino solamente una minoría, es preciso actuar con prudencia
en estos casos a la hora de juzgar esas situaciones, pero también con
firmeza, aplicando la ley con todo rigor y apartando de la práctica
deportiva a quienes sean declarados culpables de ellos. Tampoco son de
recibo las críticas de quienes dicen que aireando o denunciando estas
prácticas lo que se hace es perjudicar al deporte. Y es intolerable que
las autoridades que tienen la responsabilidad de velar por que el deporte
se realice en unas condiciones óptimas no actúen con la mayor
contundencia para erradicar estos casos. Por tanto, me interesa dejar
claro que estamos hablando de una minoría de casos que no deben
perjudicar a la inmensa mayoría, que cumple con sus responsabilidades:
entrenadores, monitores y responsables de organizaciones deportivas.

Además, en el caso del acoso y abuso sexuales, que estamos
hoy tratando, no estamos hablando solo de un tema deportivo, estamos
también hablando de casos de abusos físicos, psicológicos y sexuales a
menores, por lo que todos, no solo las organizaciones deportivas, tenemos
que asumir la responsabilidad de identificar y evitar el acoso y el abuso
sexuales y desarrollar los mecanismo necesarios para identificar y
erradicar esas prácticas, garantizando la dignidad, el respeto y la
seguridad en el deporte. Estamos hablando de la violación de los derechos
individuales de las personas. Estamos hablando de prácticas que nos hemos
comprometido a impedir en España firmando convenios internacionales, como
la Convención sobre los Derechos del Niño o la Carta Europea del Deporte.
Y estamos hablando de prácticas contrarias a nuestra Constitución, que
reconoce el derecho a la integridad física y moral de todas las
personas.

En el Partido Socialista, en las dos últimas legislaturas
tuvimos entre nuestras prioridades en materia deportiva la apuesta por el
juego limpio y el respeto a las reglas, y fruto de ello fue la
aprobación, con un gran consenso, de la Ley 19/2007, contra la violencia,
la intolerancia y la xenofobia en el deporte, en la que se amplia el
concepto de violencia hacia nuevos espacios, como manifestaciones de
intolerancia y falta de respeto a la diferencia. E hicimos efectivos los
aspectos de dicha ley mediante su correspondiente desarrollo
reglamentario.

No veo necesario insistir en los datos que se destacan en
la exposición de motivos de la moción que presenta el Grupo Parlamentario
Popular, ni tampoco en si es más grande o menor la alarma social que
puede generar este tipo de hechos. Lo que sí me gustaría resaltar es que
hay que actuar contundentemente, primero, con la prevención de este tipo
de prácticas y, por supuesto, con la detención rápida y con la
erradicación mediante su persecución legal y judicial.

Estamos de acuerdo con las medidas que plantea la moción
del Grupo Popular y estamos de acuerdo también con lo que ha planteado el
Grupo de la Entesa. Sin embargo, creemos que estas medidas podrían
resultar insuficientes si no se integran en una estrategia de lucha
contra el abuso infantil en el deporte en el que participen activamente
tanto jueces como magistrados, fiscales y fuerzas y cuerpos de seguridad
del Estado. Y por eso nuestra enmienda va en este sentido. Creemos que
eso se dice quizá de forma general en la moción del Grupo Parlamentario
Popular, pero queremos que se especifique exactamente que la colaboración
que puede realizarse a través de todas las entidades que he mencionado,
mediante la coordinación del Consejo Superior de Deportes, se debe
especificar y dejarlo bien claro en la moción. Esa es la razón de nuestra
enmienda.

Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Álvarez
Villazán.

Tiene la palabra la senadora Elorriaga para indicar si
acepta o no las enmiendas.

La señora ELORRIAGA PISARIK: Gracias, presidente.

Acepto la enmienda sobre el número 4, de la Entesa.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora
Elorriaga.

Pasamos al turno de portavoces.

¿Grupo Parlamentario Mixto? (Denegaciones.)

No hay intervenciones.

Por el Grupo Parlamentario Vasco, tiene la palabra la
senadora Iparragirre.

La señora IPARRAGIRRE BEMPOSTA: Muchas gracias, señor
presidente.

La moción que hoy nos trae el Grupo Popular sin duda se
centra en la violencia sexual en el deporte. Pero la violencia sexual en
los distintos ámbitos, incluido el deportivo, tiene sus raíces en la
desigualdad, en un sistema de relaciones jerarquizado que utiliza la
violencia sexual como un mecanismo de control más. Por ello, para avanzar
en la eliminación de esta violencia entendemos que es necesario que se
trabaje de una forma integral, yendo a la eliminación de las causas.

Entendiendo que es un problema —y así lo vemos—
en el que hay que actuar, nos genera dudas el cómo llevarlo a cabo.
Consideramos que hay que hacerlo con cautela, ya que el riesgo de crear
una alarma social está presente. Es un tema complejo y, al igual que el
de la violencia de género en todo su ámbito, muchas veces la
invisibilidad que conlleva añade un plus a la hora de abordarlo con una
gran responsabilidad.

El conocimiento de la realidad existente en este campo es
muy importante para poder así generar entornos deportivos más seguros y
alentar a la concepción de modelos de buenas prácticas, con el fin de
proteger el bienestar de los niños y los jóvenes atletas. Y es que en
este caso concreto del deporte, en el caso de de los niños y jóvenes
atletas, que son los que nos preocupan, entendemos que necesario generar
instrumentos concretos, como pueden ser protocolos, para sensibilizar
sobre esta cuestión, saber identificar las situaciones de acoso
—saber cuáles son— y establecer procedimientos de actuaciones
en caso de que estas se produzcan.

Los tres puntos que se plantean en la moción lógicamente
son aceptables, pero nos parecen amplios y necesitados de una mayor
concreción, de acciones que se lleven a cabo en el futuro; y esperamos
que se concreten y que con ellas estemos de acuerdo. En este sentido,
debo decir que la Comunidad Autónoma del País Vasco, Emakunde, y en
colaboración con la Dirección de Deportes del Gobierno vasco, está
elaborando un protocolo, que se espera tener en marcha en diciembre de
este año, para hacer frente al acoso sexual en el ámbito deportivo. No
obstante, acciones positivas como los protocolos ayudan, pero a nuestro
entender solo son eficaces si se suman a las necesarias intervenciones
integrales de incorporar la igualdad entre las personas en la escuela, en
los medios de comunicación y en todas las estructuras administrativas o
que dependan de la Administración que planifican, gestionan, ejecutan y
evalúan políticas en el ámbito deportivo.

Por tanto, será en el paso posterior a las tres intenciones
que son los tres puntos de la moción, en ese segundo plano, de nivel de
concreción de las acciones, donde mejor podremos valorar si estas se
llevan a cabo con ejemplos como el que yo he citado, que nosotros estamos
poniendo en marcha. Entendemos que tiene que hacerse de manera conjunta y
con respeto a todos los ámbitos competenciales donde deberán realizarse,
pero, repito, creemos que es un asunto que no deja de ser importante,
como ha planteado la portavoz del Grupo Parlamentario Popular, que hay
que abordar y al que hay que dar una respuesta, pero también hay que
tener un poco de cautela por la alarma social que pudiera generar.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora
Iparragirre.

Por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya,
tiene la palabra la senadora Almiñana.

La señora ALMIÑANA RIQUÉ: Gracias, presidente. Gracias
presidente.

Senyories, aquest és un dels temes que cal tractar amb molt
de compte. és un tema important, que no s’ha de banalitzar, ni
tampoc s’ha d’exagerar. I algunes de les dades que dona la
moció són realment alarmants. Ho són, perquè són unes xifres altíssimes,
tenint en compte la quantitat de nens i nenes que fan esport al nostre
país.

Quan un tracta temes tant delicats com aquests, dels que
s’ha d’anar en compte de no alarmar a la població i al mateix
temps se li ha de donar tota la importància que requereix, per la
importància la gravetat dels fets, hem de vigilar, sobre tot en el
llenguatge que parlem i amb les dades que donem a la població. Hem de ser
conscients que en el nostre país, com he dit, hi ha més de tres milions i
mig de nens i nenes federats fent esports d’elit, o federats i
quantitat d’altres nens que ni tant sols estan federats i fan
esport. Per tant, les xifres que dóna la moció són altíssimes en quant a
abusos sexuals. A més, crec que val la pena considerar que per nosaltres
el més important amb un d’aquests temes quan salta a les notícies,
quan de sobte la societat és conscient del que passa,

el què hem de fer és donar eines als professionals perquè
puguin detectar i prevenir sempre que es pugui, aquests abusos quan
s’estiguin produint. Però no podem oblidar en cap moment els milers
de professionals que entrenen, que treballen cada dia, que ajuden a
guanyar, que acompanyen quan perden, que il·lusionen, que transmeten
valors com el treball d’equip, l’esforç, el saber estar, el
ajudar a un company, i que cada dia han de treballar amb aquests nens i
nenes. Aquests professionals en cap moment es poden sentir incòmodes o
agredits per un debat parlamentari que el que ha de fer és intentar
treballar de la manera més tranquil·la possible perquè això succeeixi el
menys possible. I són ells, segurament aquests professionals que fan bé
cada dia la seva feina, els que estaran agraïts de que els puguem donar
eines per evitar, i perquè puguin aprendre a detectar a aquells nens que
pateixen abusos, o si algú del seu equip els està fent.

Per tot això, l’Entesa votarà a favor d’aquesta
moció, tot i que considera que tant el redactat com el tema no són
oportuns i molt menys són temes que s’hagin de portar a debat
parlamentari.

Moltes gràcies. (Aplaudiments.)

Señorías, este es uno de esos temas que tenemos que tratar
con mucho cuidado, un tema importante que no se debe banalizar ni tampoco
exagerar, y algunos de los datos que se dan en la moción realmente son
alarmantes porque se trata de cifras altísimas teniendo en cuenta la
cantidad de niños y niñas que hacen deporte en nuestro país.

Cuando uno trata temas tan delicados como este debe tener
cuidado de no alarmar a la población y al mismo tiempo dar toda la
importancia que requiere por la trascendencia y la gravedad de los
hechos. Sobre todo tenemos que vigilar el lenguaje y los datos que damos
a la población. Tenemos que ser conscientes de que en nuestro país hay
más de tres millones y medio de niños y niñas federados haciendo deporte
de élite o que tan solo están federados y practican deporte. Por tanto,
las cifras de abusos sexuales que se dan en la moción son altísimas.
Cuando uno de estos temas salta a los telediarios, cuando la sociedad es
consciente de lo que pasa, lo que tenemos que hacer es dar herramientas a
los profesionales para que puedan detectar y prevenir, siempre que se
pueda, esos abusos cuando se produzcan. Pero no podemos olvidar en ningún
momento a los miles de profesionales que entrenan, que trabajan cada día,
que ayudan a ganar, que acompañan cuando pierden, que ilusionan, que
transmiten valores, como el trabajo de equipo, el esfuerzo, el saber
estar, el ayudar a un compañero, y que cada día tienen que trabajar con
esos niños y niñas. Esos profesionales en ningún momento se pueden sentir
incómodos o agredidos por un debate parlamentario, que lo que debe hacer
es intentar trabajar de la manera más tranquila para que eso ocurra lo
menos posible; y esos profesionales, que cada día realizan bien su
trabajo, seguramente agradecerán que podamos darles herramientas para
evitar esos casos y para que aprendan a detectar a aquellos niños que
sufren abusos o si alguien de su equipo los está cometiendo.

Por eso, Entesa votará a favor de esta moción, aunque
considera que tanto el redactado como el tema no son oportunos en
absoluto, y mucho menos temas que deban llevarse a debate
parlamentario.

Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Almiñana.

Por el Grupo Parlamentario Convergència i Unió, tiene la
palabra el senador Maldonado.

El señor MALDONADO I GILI: Gràcies, senyor president,
senyories.

Començaré com a portaveu d’esports de Convergència i
Unió posicionant el meu Grup davant d’aquesta moció. Votarem a
favor. Votarem a favor perquè no es pugui dir que no estem en contra de
la lluita, en contra de l’assetjament i els abusos sexuals com van
fer en altres mocions, per exemple el Sr. Alarcón, que s’ha
esmentat que també van votar a favor de la moció i en contra
d’aquesta lacra existent a la societat.

Dit això, he de dir que quan la moció va arribar a les
meves mans em va sorprendre, i em va sorprendre de tal manera que la vaig
haver de llegir tres vegades, perquè no em creia bé el que llegia. Em va
semblar que era una moció alarmista. Ho ha dit molt bé la portaveu de
l’Entesa, la Sra. Mònica Almiñana, també n’ha fet esment la
portaveu del Partit Nacionalista Basc, i jo mateix pensava que aquesta
moció era extemporània, no calia. Si fa por, va haver una moció
presentada pel Sr. Alarcó, que era genèrica, que parlava de tota la
societat, que parlava de la lluita contra això

que parla aquesta moció, però de tots els sectors. Aquesta
moció senyala un sector i jo, perdoni’m que el ho hi digui, em vull
convertir en un defensor de la neteja, de la transparència, del bon
funcionament de l’esport. No és veritat que en l’esport hagi
abusos sexuals, hagi assetjament. No és veritat. Casos puntuals, sí,
clar. I tant, però també hi ha en altres sectors socials. Farem mocions
per dir que es reguli l’accés i els viatges dels ciutadans al
metro? Farem mocions per regular les cues en els llocs on els espectacles
públics perquè hi ha també la gent que pot tocar-se i pot haver abusos?
Em sembla exagerada, una moció que jo crec que està fora de lloc.

La votarem a favor perquè la portaveu del Partit Popular ha
dit: «Proteger a nuestros menores», menores deportistas, clar. Pero
protegerlos de què? Missatge als pares, que estiguin tranquils. No hi ha
una pràctica habitual d’abusos i assetjament sexual en
l’esport. Llegint la moció es diu textualment que «entre un 5% de
los niños y un 10% de las niñas que practican entrenamientos deportivos
padecen abusos sexuales. Y entre el 15% y el 30% sufre diversos acosos
como por ejemplo tocamientos». Que això consti per escrit, a mi em
preocupa i m’entristeix. S’ha dit: «això pot crear alarma
social». No és veritat. No és veritat. Que hi ha algun abús, que hi ha
algun assetjament al món de l’esport? Sí. I des de Convergència i
Unió ho rebutgem i demanem que la llei caigui implacable sobre aquestes
persones que tenen aquesta malaltia i que fan aquesta lacra social. Però
fer una moció monogràfica per proteger a nuestros menores deportistas de
un tema que está de actualidad en nuestro país, no es cierto. No está de
actualidad en nuestro país. Hi ha hagut algun cas, ha tingut molt de
resó, lògicament mediàtic, però saben quants esportistes federats hi ha a
Espanya? 3.498.849. És veritat que el 30% puguin ser objecte de
tocaments? És veritat que els esportistes federats estan envoltats
d’aquest problema? No és veritat. Per tant, la meva ha de ser una
proclama que l’esport és net, és transparent i que no existeix
aquest problema. Casos puntuals? Sí. A l’esport i, malauradament, a
la societat en general. He dit xifres, que deixi’m que vagi més
enllà de la moció, d’aquests tres milions i mig: 2.777.082 homes,
721.762 dones. Quasi el 80% homes, el 20% denes. Això sí que dóna per a
una moció, per potenciar l’esport femení, assignatura pendent que
té aquest país.

Mirin, hi ha més de 62 000 clubs a Espanya, farcits
d’entrenadors, de monitors, de fisioterapeutes, etcètera, que avui
alguns m’han trucat per saber si quedarà constància escrita que el
30% dels esportistes són objecte de tocaments, etcètera? No. No ha de
quedar aquesta constància. Ha de quedar un rebuig. Hem de protegir
l’esportista? Sí, igual que qualsevol ciutadà. Hem de donar el
suport a que la llei caigui implacable amb els assetjadors i abusadors
sexuals? Sí, igual que a tota la societat. Però no donem aquesta sensació
perquè avui faríem un flac favor a l’esport en general.
L’esport és una pràctica plena de valors positius i només petites
minories, ho ha dit el portaveu socialista, és una minoria i no són
veritat les dades que posa a la moció, una minoria és la que a vegades és
aquell arbre que ens tapa el bosc.

Permeti’m que faci més coses, aquesta moció, una
vegada més, és una moció que apart que pot crear una alarma social, fa
una altra cosa, que és que segueix no sent respectuosa amb la realitat
política d’aquest país, l’Estat de les Autonomies. Em deia la
portaveu del Partit Popular quan jo li he presentat una esmena que
inclogui «que conste de común acuerdo con las Autonomías. Em diu: «No, ya
pondremos agentes sociales». Home, agentes sociales, ho és tothom. És que
la Generalitat, el Govern de Catalunya, el Govern d’Euskadi, el
Govern de qualsevol autonomia és un simple agente social? És un govern i
no consta en el redactat. Volíem que aquesta esmena se’ns aprovés,
però no ha pogut ser. No és veritat que el agente social sigui també un
govern autonòmic. Per tant, Catalunya té competències exclusives,
Euskadi, etcètera. Aquests són els que hauran de portar a terme aquesta
decisió de blindatge. A Catalunya ja hi ha un protocol, ja funciona a
altres autonomies-

Veig que em queden dos minuts i escaig, i aprofitant
aquella dita que diu que «el Pisuerga pasa por Valladolid», deixi’m
que parli d’un altre assetjament. En aquest cas no sexual, però és
una assetjament important: el que estan rebent els clubs i entitats
esportives amb les inspeccions de treball i amb les inspeccions que estan
rebent darrerament. A Catalunya hi ha una gran preocupació de què
l’esport català pot quedar tocat de mort per aquestes inspeccions
laborals, per aquestes inspeccions que tots i cadascú dels club catalans
estan rebent, que curiosament es fan bàsicament a Catalunya, molt poc a
la resta de l’Estat.

Senyors del Partit Popular, jo els hi demano que aprofitin
la seva majoria absoluta per fer veure al Govern que han de parar
aquestes inspeccions. Que si durant 35 anys l’esport ha funcionat

d’una manera, ara no té cap sentit aquest assetjament
fiscal, aquesta pressió per fer cotitzar, per fer sancionar, per fer que
clubs amateurs, clubs humils que fa molts anys que lluiten per poder
donar potència a l’esport, en aquest cas a mi em correspon parlar
de l’esport català, avui pot estar tocat de mort si aquest abús,
aquest assetjament, aquesta pressió fiscal que té el govern espanyol amb
els clubs i entitats esportives, bàsicament a Catalunya, no acaben.

Per tant, quina és la meva petició senyories del Partit
Popular? Ajudi’ns a fer entendre al Govern de l’Estat que hem
de parar aquestes inspeccions i que s’ha de seguir com durant 35
anys s’ha fet en l’esport. Que els voluntaris puguin fer
voluntariat al món de l’esport i que no tinguin que deixar de
col·laborar amb els clubs, que això és la mort de l’espot.
L’esport té nivell, té elit, gràcies a milers i milers de persones
que d’alguna manera solidària, voluntariosa ajuden i que a vegades
només cobren una mica per la gasolina, per poder desplaçar-se del seu
poble al club del poble veí, etcètera.

Acabo dient que votarem a favor. Cal blindar l’esport
en contra dels abusos i l’assetjament. No hi ha pràctica
generalitzada d’abús i de violència sexual al voltant de
l’esport. Reconeixement als monitors, entrenadors, fisioterapeutes,
etcètera, que han fet de la seva pràctica una pràctica neta i realment
positiva. Tranquil·litzar els pares i mares que tenen fills que
practiquen esport. No tinguin por, l’esport està net i està
controlat. I en aquests casos puntuals, que caigui tot el pes de la llei
per aquells abusadors i assetjadors.

Moltes gràcies.

Gracias, señor presidente, señorías.

Empezaré, como portavoz de Deportes de Convergència i Unió,
posicionando a mi grupo ante esta moción. Votaremos a favor para que no
se pueda decir que no estamos en contra del asedio y los abusos sexuales,
como hemos hecho en otras mociones, por ejemplo, la del señor Alarcó;
también se votó a favor de la moción y en contra de esta lacra que existe
en la sociedad.

Dicho esto, cuando la moción llegó a mis manos me
sorprendió de tal manera, que tuve que leerla tres veces porque no me
creía bien lo que estaba leyendo. Me pareció que era una moción
alarmista; lo ha dicho muy bien la portavoz de Entesa, doña Mónica
Almiñana, y también lo ha comentado la portavoz del Grupo Parlamentario
Vasco. Y yo mismo pensaba que esta moción era extemporánea, que no era
necesaria. Hace poco el señor Alarcó presentaba una moción que era
genérica, que hablaba de toda la sociedad, y hablaba de la lucha contra
esto, de lo que habla esta moción, pero en todos los sectores. Esta
moción señala a un sector, y yo —perdonen que lo diga— quiero
convertirme en un defensor de la limpieza, de la transparencia, del buen
funcionamiento del deporte. No es cierto que en el deporte existan abusos
sexuales y asedio. Hay casos puntuales, claro, pero también los hay en
otros sectores sociales. ¿Haremos mociones para decir que se regulen el
acceso y los viajes de los ciudadanos en el metro? ¿Haremos una moción
para regular las colas en los espectáculos públicos? Porque ahí la gente
también puede tocarse y puede haber abusos. Me parece una moción
exagerada, una moción que está fuera de lugar.

Votaremos a favor, porque la portavoz del Grupo Popular ha
dicho: hay que proteger a nuestros menores —menores deportistas,
claro—, pero protegerlos ¿de qué? Hay que dar un mensaje a los
padres para que estén tranquilos: no hay una práctica habitual de abusos
y asedio sexual en el deporte. En la moción se dice textualmente que
entre un 5% de los niños y un 10% de las niñas que practican
entrenamientos deportivos padecen abusos sexuales, y entre el 15 y el 30%
sufren diversos acosos como, por ejemplo, tocamientos. Que eso conste por
escrito me preocupa y me entristece. Se ha dicho que esto puede crear una
alarma social. No es cierto. ¿Que existe algún abuso? Algunos hay en el
mundo del deporte, sí, y en Convergència i Unió lo rechazamos y pedimos
que la ley caiga implacable sobre las personas que tienen esta enfermedad
y provocan esta lacra social. Pero presentar una moción monográfica para
proteger a nuestros menores deportistas de un tema que está de actualidad
en nuestro país… No es cierto, señora portavoz, no está de
actualidad en nuestro país. Ha habido algún caso que, lógicamente, ha
tenido mucha resonancia mediática, pero ¿saben cuántos deportistas
federados hay en España? Hay 3 498 949. ¿Es cierto que el 30% puede ser
objeto de tocamientos? ¿Es cierto que los deportistas federados están
rodeados por ese problema? No lo es. Por tanto, tengo que hacer la
proclama de que el deporte es limpio, transparente y que en él no existe
ese problema; casos puntuales, sí, pero en el deporte y, por desgracia,
en la sociedad en general. He dado unas cifras, y déjenme que vaya un

poco más allá. De esos tres millones y medio, 2 777 082 son
hombres y 721 762 son mujeres, casi un 80% de hombres y un 20% de
mujeres. Eso sí que da para una moción para potenciar el deporte
femenino, una asignatura pendiente que tiene este país.

Hay más de 62 000 clubes en España, llenos de entrenadores,
monitores, terapeutas, etcétera. Y hoy algunos me han llamado
preocupados. ¿Es que va a quedar constancia escrita de que el 30% de los
deportistas son objeto de tocamientos? No, no tiene que quedar esa
constancia; tiene que reflejarse un rechazo. ¿Tenemos que proteger a los
deportistas? Sí, al igual que a cualquier ciudadano. Tenemos que apoyar
que la ley caiga implacable sobre los asediadores y abusadores sexuales,
sí, como en toda sociedad. Pero no demos esta sensación, porque hoy le
haríamos un flaco favor al deporte en general. El deporte es una práctica
llena de valores positivos, y solo se trata de pequeñas minorías
—lo ha dicho el portavoz del Grupo Socialista—. No son
ciertos los datos que se indican la moción. Es una minoría, un árbol que
nos tapa el bosque.

Y permítanme que me refiera a otra cuestión. Esta moción,
aparte de que puede crear una gran alarma social, hace otra cosa: sigue
no siendo respetuosa con la realidad política de este país, el Estado de
las Autonomías. Cuando le he presentado una enmienda a la portavoz del
Grupo Popular, le he dicho: que conste que hay que poner de común acuerdo
con las autonomías, y me ha contestado: n o, ya ponemos agentes sociales,
agentes sociales lo son todos. Pero ¿es que la Generalitat, el Gobierno
de Cataluña, el Gobierno de Euskadi o el Gobierno de cualquier autonomía
es un simple agente social? Es un Gobierno, y no consta en el redactado.
Queríamos que se aprobase esta enmienda in voce, pero no ha podido ser.
Pero no es verdad que el agente social sea también un Gobierno
autonómico. Cataluña tiene competencias exclusivas, como Euskadi, y son
las que tienen que llevar a cabo esta decisión de blindaje. En Cataluña
ya existe un protocolo y funciona también en otras autonomías.

Creo que me quedan dos minutos. Y, como dice el refrán,
aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid, permítanme que hable de
otro asedio, en este caso no sexual, pero que es importante: el que están
recibiendo últimamente los clubes y entidades deportivas con las
inspecciones de trabajo. En Cataluña hay una gran preocupación, porque el
deporte catalán puede resultar tocado de muerte por estas inspecciones
laborales, por estas inspecciones que todos y cada uno de los clubes
catalanes están recibiendo. Curiosamente, se hace básicamente en Cataluña
y muy poco en el resto del Estado.

Señores del PP, les pido que aprovechen su mayoría absoluta
para hacerle ver al Gobierno que ha de detener estas inspecciones.
Durante treinta y cinco años el deporte ha funcionado de una determinada
manera, y ahora no tiene ningún sentido este asedio fiscal, esta presión
para hacer cotizar, para sancionar a clubes amateurs, clubes humildes que
hace muchos años que están luchando para potenciar el deporte. En este
caso me corresponde hablar del deporte catalán, que hoy puede quedar
tocado de muerte si este abuso, este asedio, esta presión fiscal que
tiene el Gobierno español con los clubes y entidades deportivas
básicamente en Cataluña no acaba.

Por tanto, ¿cuál es mi petición, señorías del Grupo
Popular? Ayuden a hacer comprender al Gobierno del Estado que hay que
detener estas inspecciones y que se ha de seguir como se ha hecho durante
treinta y cinco años con el deporte, de modo que los voluntarios puedan
hacer voluntariado en el mundo del deporte y no tengan que dejar de
colaborar con los clubes, porque eso sería la muerte del deporte. El
deporte tiene nivel, tiene élite gracias a miles y miles de personas que
de manera solidaria y voluntariosa ayudan, a veces cobrando solo un
poquito por la gasolina para poder desplazarse desde su pueblo al club
del pueblo vecino, etcétera.

Acabo diciendo que votaremos a favor. Hay que blindar el
deporte en contra de los abusos y del asedio sexual, pero no hay una
práctica generalizada de abusos y violencia sexual alrededor del deporte.
También hay que tener un reconocimiento para los monitores, entrenadores,
fisioterapeutas, etcétera, que han hecho de su práctica una práctica
limpia y realmente positiva. Y tranquilidad para los padres y madres que
tienen hijos que practican deporte: no tengáis miedo, el deporte es
limpio y está controlado; y en esos casos puntuales, que todo el peso de
la ley caiga sobre aquellos abusadores y asediadores.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Maldonado.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el
senador Álvarez Villazán.

El señor ÁLVAREZ VILLAZÁN: Gracias, señor presidente.

Señorías, quiero dejar bien claro que, efectivamente, son
pocos los casos que se producen, pero realmente espeluznantes; y quizás
no conozcamos todos. No podemos hablar solamente del acoso sexual en el
deporte —lógicamente el acoso sexual es un problema social muy
grave—, pero es verdad que las historias de acoso y abuso sexuales
en los ámbitos deportivos, de los que nos vamos enterando poco a poco,
salen a la luz después de transcurrido mucho tiempo porque parece ser que
en nuestro país todavía son un tema tabú. Se habla muy poco de estos
casos y se habla siempre de ellos de forma muy solapada.

Por tanto, dándole la razón al señor Maldonado en que no
podemos extender o generalizar este problema porque hay muchos
entrenadores, muchos monitores y muchas personas voluntarias que están
manteniendo el deporte base con una gran dignidad y merecen nuestro
apoyo, vuelvo a insistir en que es necesario ser lo más contundentes
posible. Y ustedes, señores senadores del Grupo Popular, que tienen ahora
la mayoría por la que están manteniendo a este Gobierno, tienen también
mucha más capacidad que nosotros para hacer que el Gobierno tome las
medidas más contundentes que se pueda, sin criticar si se han tomado o no
hasta ahora. Yo estoy convencido de que se están haciendo, pero que se
hagan muchas más para evitar este gran problema.

Es curioso que sean exdeportistas y los entrenadores cuando
dejan de ejercer su función los que denuncien el encubrimiento de abusos
y vejaciones que se producen en el entorno deportivo. Suelen señalar que
el ambiente de familiaridad en los vestuarios, los viajes, la convivencia
o las concentraciones son factores que pueden fomentar esas situaciones
de acoso y abuso sexual en el deporte. Pero, como decía antes, es cierto
que se denuncian muy pocas veces porque los autores suelen ser miembros
del entorno del deportista que están en una posición de poder y autoridad
sobre él, máxime si nos referimos a niños y adolescentes, que le
manipulan y le engañan; y muy pocas veces suelen ser los otros, los
propios compañeros.

Es preocupante también, y me gusta señalarlo aquí, que en
la mayoría de los casos sean personas del sexo masculino quienes cometen
esos delitos. Pero, como dicen responsables en esta materia, no podemos
decir que el abuso y el acoso sexual en el deporte respondan solo a
motivos de sexo; ni a motivos de sexo ni de edad ni de raza ni de
orientación sexual, aunque de todo puede haber. Realmente es un fenómeno
generalizado que afecta a todo el mundo. Y lo preocupante es que sean
esas personas mayores, esos adultos que están en el entorno de los niños
y los jóvenes, quienes realicen estas prácticas totalmente
condenables.

La exposición de motivos de la moción del Grupo Popular
dice que un niño o un joven no dispone de la fuerza moral y el valor para
enfrentarse a su entrenador o entrenadora, y esa es una gran realidad,
por lo que creemos fundamental que las personas adultas involucradas en
el mundo del deporte sean sensibles y estén alertas para que no se
produzca en su entorno estos casos que estamos denunciando.

Hay numerosas estrategias de prevención que recomiendan los
expertos en las que se incluyen la elaboración de códigos de buenas
prácticas, la educación y la formación, por supuesto, mecanismos de apoyo
y denuncia y sistemas de control. Pero también hay que decir que las
organizaciones deportivas —que pueden ser las más afectadas a la
hora de elaborar estas estrategias— tienen también que tener mucha
prudencia —como decía en mi primera intervención— para que no
se produzcan o se generalicen acusaciones sin fundamento, que también han
tenido lugar. Estamos de acuerdo en que todas las organizaciones
deportivas desarrollen políticas y procedimientos para prevenir el acoso
y el abuso sexual, pero con prudencia y con rigor, para evitar estos
casos de acusaciones falsas que podrían darse.

Tenemos que evitar sobre todo que sea tabú hablar de este
problema, tenemos que evitar que sea un problema hablar de ello e
investigarlo. Parece ser que el Comité Olímpico Internacional, basándose
en encuestas de carácter anónimo, destaca cómo no coinciden los datos que
dan deportistas y entrenadores cuando hay que identificarse. Quizá sea un
auténtico problema el que nadie se atreva a hablar de ello.

Ha habido numerosos casos en los últimos tiempos que nos
han escandalizado a todos —no solo en nuestro país, sino también en
todo el mundo—. Por centrarnos en nuestro país: no puedo por menos
que mencionar dos de los casos que últimamente se han producido y que nos
han escandalizado a todo el país: el del karateca Torres Baena, que
conmocionó a todo el deporte

español, o la denuncia de un grupo de mujeres —que
fueron las mejores gimnastas españolas a finales de los setenta— al
entrenador de aquella época, Jesús Carballo, que le acusaron de abuso y
acoso sexual. Como decía anteriormente, los casos se remontan ya a hace
unos treinta años. A pesar de que la Policía da toda credibilidad a la
denuncia, los delitos han prescrito. ¿Por qué lo denuncian tan tarde?
También habría que analizarlo y animarles a que se atrevan y a que no sea
así.

Por eso —y termino, señorías—, nos gustaría
insistir en que hubiera sido bueno que el Grupo Popular aceptase nuestra
enmienda, en la que pedíamos que se concretase que el Consejo Superior de
Deportes suscriba un protocolo de colaboración con el Ministerio de
Justicia, con el Ministerio del Interior, con la Fiscalía General del
Estado y con el Consejo General del Poder Judicial de cara a la
especialización de agentes encargados de la detección y de la sanción del
abuso deportivo infantil, del que, como digo, son pocos casos pero son
muy graves.

Señorías, el día 19 de este mes se va a celebrar el Día
Mundial para la Prevención del Abuso contra el Niño, en el que va a
terminar una campaña que llevan realizando durante diecinueve días
previos, con la que quieren fomentar el activismo para evitar que se
produzcan estos casos que tanto dañan a nuestros niños, a nuestros
jóvenes, para lo que tenemos que hacer todo lo indecible, para prevenirlo
y erradicarlo.

Anuncio que vamos a votar a favor de la moción a pesar de
que no se haya admitido nuestra enmienda.

Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Álvarez
Villazán.

Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la
senadora Elorriaga.

La señora ELORRIAGA PISARIK: Muchas gracias,
presidente.

Señorías de todos los grupos, mi agradecimiento por la
participación en esta moción con tanto interés, con tanto rigor y
tratando de poner sobre la mesa todos aquellos aspectos que a todos nos
preocupan.

Coincido con ustedes en que estamos ante un asunto muy
delicado: muy delicado por la importancia de los hechos; muy delicado
porque muchos niños practican deportes, algo absolutamente
incuestionable; muy delicado porque, efectivamente, muchos padres y
madres pueden sentir preocupación. Pero más me preocuparía a mí que todos
estos padres y madres no supieran que las personas que los representan no
se ocupan de temas que están en la calle, que están en la prensa y, nos
guste o no, nos preocupan a todos.

Por supuesto que no es una práctica generalizada. Creo que
en mi exposición inicial he dejado bien claro lo que opina el Grupo
Parlamentario Popular sobre el deporte. Hablé de los beneficios para el
individuo, de los beneficios para la sociedad, de los beneficios para la
salud, de la importancia en la educación, en la creación de una identidad
como país. En fin, creo que no se nos puede cuestionar que estemos
haciendo ningún ataque ni contra el deporte, ni contra los deportistas,
ni contra los entradores, ni contra los fisioterapeutas, ni contra todas
aquellas personas que, con gran dedicación, con gran voluntad y con gran
cariño, trabajan todos los días para nuestros menores, para que el día de
mañana sean hombres y mujeres de provecho, para que conozcan valores que
son necesarios en nuestra sociedad como son la responsabilidad, el
respeto al prójimo, el trabajo en equipo y todas esas cosas que no voy a
repetir porque ya las he anunciado.

El tema, señorías, es que se está produciendo una
vulneración de los derechos humanos. El tema, señorías, es que nuestra
obligación es velar por el bien superior del menor. El tema es que somos
responsables de proteger a nuestros menores. Y el tema es que,
efectivamente, hay abuso infantil en el deporte. Y esto no es algo que
diga el Partido Popular, sino que lo dicen los datos, lo plantean en este
momento las universidades, el propio COI lo está diciendo, muchos países
de nuestro entorno están dedicando a este tema un gran trabajo, con rigor
e intensidad. Por tanto, no voy a discutir, obviamente, sobre si la
alarma social es mucha, es poca o es regular, pero sí está claro que
últimamente ha habido casos muy sangrantes y que este es un tema que era
necesario debatir.

Coincido con la representante del Grupo Vasco en que hay
que trabajar por la igualdad. ¡Claro que hay que trabajar por la
igualdad! De ahí viene el problema y de ahí vienen estas consecuencias.
Esto es algo sobre lo que el Grupo Parlamentario Popular insistimos
permanentemente, dando prioridad a trabajar por la igualdad. Hay que
trabajar, sin duda, de una manera integral —también

lo he dicho en mi exposición inicial— porque, al
final, a lo que hay que ir es a eliminar las causas. Claro que sí,
estamos absolutamente de acuerdo. Pero es que hay un problema: la
dificultad está en identificar las situaciones de acoso porque, señorías,
normalmente el que es acosado tiene miedo de decirlo, y ahí está el
problema.

Claro que los datos no siempre son rigurosos. Nos tenemos
que guiar por los que en este caso ha dado una universidad concreta, que
es de donde proceden los que ustedes ven, pero tengan en cuenta que en
toda situación humana puede haber variaciones. Insisto, el menor tiene
mucha dificultad a la hora de acusar a alguien que es su entrenador y del
que depende en muchas ocasiones su éxito en el futuro, y con el que puede
tener un problema si dice algo que lo aparte del deporte, que no es lo
que pretende el chico o la chica que tiene interés en ser un deportista.
Por tanto, es imprescindible que se trabaje de una forma integral, como
aquí se ha dicho.

También me ha alegrado oír que ya hay comunidades autónomas
—y pienso en el País Vasco— en las que se está haciendo ya un
trabajo. Cataluña también está haciendo un trabajo en este sentido porque
tiene ya dos universidades trabajando en esta cuestión.

Le quiero decir a la representante de Entesa que comparto
que lo que haya que hacer es dar herramientas a los profesionales para
detectar. ¡Claro que es necesario detectar! Ese es el motivo por el que
he aceptado la enmienda que usted nos plantea. No olvidamos, por
supuesto, a los trabajadores, a los profesionales que trabajan y lo hacen
de una manera seria, rigurosa y a favor de nuestro niños y jóvenes, pero
sí hay una cosa que es absolutamente verdad, y es que hay que blindar el
deporte contra los abusos, señorías, nos guste o no.

Entiendo que el senador Maldonado no considere que esto es
una práctica habitual. Lo comparto, señor Maldonado, y lo he dicho en mi
intervención inicial. Nadie está hablando aquí de que en el deporte hay
una práctica habitual de acoso hacia nuestros jóvenes. No le discuto eso,
pero sí le digo que este es un tema que generalmente no se denuncia y
además, que cuando ya ha afectado a una persona, este problema es
irreversible. Esto es lo que tenemos que tener en cuenta.

Señorías, señor Maldonado, insisto en que no rechazamos en
ningún momento al mundo del deporte —y siento ser reiterativa
porque creo que se ha llevado el debate a un terreno que no es el
correcto—, insisto en que estamos defendiendo a los menores y en
que queremos blindar al deporte de una serie de circunstancias que le
están afectando muy seriamente. Las últimas noticias han demostrado que
son reales —ha habido condenas y, por tanto, se han producido. No
estamos inventando nada.

Así pues, partiendo de la base de que este tema afecta a
nuestra sociedad, que es un tema que vulnera los derechos humanos, que es
un tema en el que hay que actuar con contundencia, insisto en que debemos
trabajar en la manera que he expuesto en mi intervención anterior: hay
que analizar, hay que prevenir, hay que detectar y hay que actuar de
forma contundente cuando ya el mal se ha producido.

Insisto en defender un nuevo paradigma en el ámbito de
defensa de los derechos de la infancia y de la adolescencia, que consiga
—lo he dicho antes— un cambio de actitudes y prácticas en
nuestra sociedad.

Quiero que quede bien claro que esta moción tiene como
único objetivo proteger especialmente a los menores y, dentro de los
menores, a los grupos más vulnerables, que son los que más han padecido
estas situaciones de acoso.

Nada más, señorías.

Muchas gracias por su atención y por su manifestación de
voto.

Muy buenos días a todos. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora
Elorriaga.

Llamen a votación. (Pausa.)

Cierren las puertas.

Señorías, sometemos a votación la moción del Grupo
Parlamentario Popular, con la incorporación de la enmienda del Grupo
Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, que supone la adición de
un punto cuarto.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 234; votos emitidos, 234; a favor, 232; en contra, 2.

El señor PRESIDENTE: Queda, por tanto, aprobada.
(Aplausos.)

7.2. MOCIÓN POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A SOLICITAR A
LA COMISIÓN EUROPEA LA PERTINENTE AUTORIZACIÓN PARA PODER APLICAR LA
EXENCIÓN PREVISTA EN EL ARTÍCULO 17 DE LA DIRECTIVA 2003/96/CE, DE 27 DE
OCTUBRE, A LA FABRICACIÓN DE PASTA PAPELERA, PAPEL Y CARTÓN.

(Núm. exp. 662/000108)

AUTOR: GPCIU

El señor presidente da lectura al punto 7.2.

El señor PRESIDENTE: Pasamos a la siguiente moción.

A esta moción no se han presentado enmiendas.

Para la defensa de la moción, tiene la palabra por el Grupo
Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió el senador Bel por
tiempo de quince minutos. (Rumores.)

Señorías, guarden silencio, por favor. (El señor
vicepresidente, Lucas Giménez, ocupa la Presidencia.)

El señor BEL ACCENSI: Moltes gràcies, president.

Senyores i senyors senadors, no els explicaré ara quina és
la conjuntura econòmica actual —una conjuntura complicada, marcada
per una forta recessió—. I més enllà dels debats de si ha
finalitzat o no ha finalitzat aquesta recessió, tots podem coincidir que
el diagnòstic és clar. Que aquesta recessió no hagi estat molt més
profunda, o que s’iniciï —encara que sigui de forma molt
suau— una recuperació de l’economia espanyola, té un punt
fonamental, que és el sector exportador. El sector exportador té en
aquests moments un paper de suplir una baixa demanda interna en termes
generals.

Tampoc no cal que els expliqui que per exportar el que és
absolutament necessari i bàsic és que les nostres empreses siguin
competitives, als mercats internacionals i en comparació amb altres
empreses dels mateixos sectors a altres països, i especialment als països
de la Unió Europea. I tampoc no els he d’explicar que per tal que
les empreses siguin competitives hi ha diferents factors que són
fonamentals. Un que podríem esmentar és òbviament la productivitat de les
nostres empreses, la productivitat de les empreses de l’Estat
espanyol. Però també coincidiran amb mi que un altre factor fonamental,
bàsic i imprescindible és la seva estructura de costos. I sobre aquesta
estructura de costos el sistema fiscal també té una incidència especial.
Si les nostres empreses estan sotmeses a una fiscalitat molt més elevada
que empreses dels mateixos sectors d’altres països, i aquesta
fiscalitat —entre cometes si volen— l’exporten a
l’hora d’exportar els productes, segur que els fa molt menys
competitives.

Doncs bé, en aquesta línia s’emmarca aquesta moció
que els presento en nom del Grup Parlamentari de Convergència i Unió el
dia d’avui. I a la vegada té uns antecedents, i quins són els
antecedents d’aquesta moció? L’antecedent d’aquesta
moció és una llei que vam veure fa molt poques setmanes, concretament fa
dos plens, en aquesta Cambra. És una llei per la qual s’establien
determinades mesures en matèria de fiscalitat mediambiental i
s’adoptaven altres mesures tributàries i financeres. Concretament,
l’article 6 d’aquesta llei que esmento feia una modificació
important en la bona direcció de l’article 64.5è de la llei
38/1992, la Llei d’Impostos Especials. Aquesta modificació de
l’article 64 —que parla de les exempcions de l’impost
sobre l’electricitat— consistia a aplicar una bonificació
—o pràcticament una exempció— a determinats sectors
industrials intensius en la utilització de l’energia elèctrica en
la seva producció.

La finalitat en aquell moment —que sorgia per
iniciativa del Govern de l’Estat de la nació— era fomentar la
competitivitat d’aquests sectors. I com ja vam exposar en aquell
moment, nosaltres enteníem que anava en la bona direcció. L’única
matisació a efectuar, i per la qual en aquell moment nosaltres vam
presentar una esmena, era que hi havia un sector també important en
l’estructura econòmica de l’Estat espanyol, que és el sector
de la indústria paperera, que en quedava exclòs. És un sector que també
és intensiu en la utilització de l’energia elèctrica, i aquesta
energia té un pes important en la seva estructura de costos.

En aquell moment vam presentar una esmena, i cal dir que
vam trobar bona voluntat per part del Partit Popular per intentar
acceptar-la. Malgrat que vam fer una transaccional, no era suficient

per poder dotar el sector paperer de l’exempció
necessària d’aquest impost amb la finalitat única de fer-lo més
competitiu en els mercats internacionals. Perquè és veritat que un dels
objectius de l’economia espanyola en aquest moments ha de ser la
consolidació fiscal. Però aquesta consolidació fiscal mai no pot provocar
una falta de competitivitat en els mercats internacionals de les nostres
empreses, perquè aleshores generarem una major recessió o una dificultat
per a la recuperació econòmica.

Com deia, en aquell moment, malgrat la voluntat del Grup
del Partit Popular —i també, segons em consta, la voluntat del
Govern de l’Estat—, no es va poder aprovar una moció perquè
s’entenia —s’entén— que prèviament cal demanar
autorització a la Comissió per a l’aplicació d’algunes
exempcions que preveu també la Directiva comunitària. De fet,
l’article 17 de la Directiva 2003/96, de 27 d’octubre, per la
qual es reestructura el règim comunitari de la imposició sobre els
productes energètics i de l’electricitat, permet aquesta exempció,
i també la seva aplicació a sectors intensius en la utilització de
l’energia elèctrica en la seva producció. Però s’ha de
sol·licitar una autorització.

I nosaltres entenem que el sector de la indústria paperera
és bàsic en aquests moments —com deia— en l’àmbit de
l’economia espanyola, i requereix d’aquesta exempció. De fet,
la indústria paperera ha tingut un èxit exportador considerable al llarg
dels últims anys. L’any 2012 aquesta indústria va exportar 3
milions de tones de paper, el que representa el 70% més que fa deu anys.
Alhora, va exportar també 1,2 milions de tones de cel·lulosa —un
50% més del que exportava fa deu anys—. En aquests últims, anys la
taxa d’exportació de tot el sector s’ha incrementat un 12% en
cel·lulosa i un 15% en paper, i ha permès que la crisi que ha afectat
tota l’economia espanyola pugui passar vorejant aquest sector.

En aquests moments, l’Estat espanyol és el sisè
productor de paper de tota la Unió Europea —darrere
d’Alemanya, Finlàndia, Suècia, Itàlia i França—; i a la
vegada és el cinquè productor de cel·lulosa, de pasta de paper
—darrere també de països com Suècia, Finlàndia, Alemanya i
Portugal.

A l’Estat espanyol, aquest sector té 82 plantes
industrials, que en aquests moments estan generant 18 000 llocs de
treball directes i 90 000 llocs de treball indirectes. És veritat que
aquestes 82 plantes es concentren essencialment a Catalunya, a
l’Aragó i al País Basc, però hi ha plantes arreu de l’Estat
espanyol.

Com deia, aquesta capacitat d’incrementar la
producció perquè es col·locava una part important de la seva producció
als mercats internacionals s’ha anat registrant fins l’any
2010. El 2011 aquestes empreses van començar a ser menys competitives, i
efectivament, el 2012 s’ha estabilitzat la producció.

Hem de fer esforços per tal que la producció d’aquest
sector pugui competir als mercats internacionals.

I vostès em poden preguntar: realment aquesta exempció que
estem aprovant que se sol·liciti a la Comissió Europea tindrà un efecte
sobre la indústria? Jo els he de contestar que sí. Perquè un dels motius
pels quals les empreses són més competitives és la seva estructura de
costos. Actualment, a la indústria paperera, en aquestes 82 plantes,
evidentment hi ha diferències, però en totes elles entre el 10% i el 20%
de la seva estructura de costos depèn fonamentalment del consum
d’energia elèctrica i, per tant, també depèn de la fiscalitat que
grava aquest consum.

No és raonable que en aquests moments aquest sector estigui
suportant una fiscalitat que supera en vuit vegades la recomanada per la
Directiva. No és normal que aquest sector estigui suportant una
fiscalitat molt superior a la que estan suportant els sectors
corresponents als països competidors —Alemanya, Finlàndia, Itàlia,
Portugal o França—. Hem de resoldre aquesta situació, i crec que un
primer pas bàsic i fonamental és que, entre tots i amb el màxim consens
possible d’aquesta Cambra, es pugui aprovar aquesta moció, a
l’efecte que el Govern iniciï el camí necessari perquè
posteriorment es produeixi una modificació legislativa a l’article
64 de la Llei d’Impostos Especials. Per això és bàsic que se
sol·liciti a la Comissió l’aplicació de l’exempció de
l’article 17 que preveu la mateixa Directiva comunitària.

No voldria acabar la defensa d’aquesta moció sense
fer justícia al Grup del Partit Popular, perquè vam acordar a la
tramitació de la llei anterior —que abans he esmentat— la
transacció d’una esmena i, a la vegada, el suport d’una moció
posterior en la línia de la que avui presentem. No solament espero que el
Partit Popular compleixi —i estic segur que serà així— amb el
seu suport, sinó que també ens ha cedit la moció per poder accelerar en
el temps aquesta aprovació,

perquè, com he dit, això requerirà una autorització de la
Comissió Europea i després una posterior modificació legislativa a la
llei espanyola, i mentre es va dilatant aquesta aprovació, la nostra
indústria paperera deixa de ser competitiva.

Per tant, vull agrair la predisposició, segons em consta,
de la majoria dels grups en aquesta línia, i segurament no els ho agrairà
només el Grup de Convergència i Unió, sinó que també els ho agrairan
aquestes 82 plantes industrials, aquests 18 000 llocs de treball directes
i aquests 90 000 llocs de treball indirectes, que esperem que en un futur
puguin ser encara més, i que es pugui recuperar aquesta taxa de
creixement del sector que s’ha produït al llarg dels últims anys i
que s’havia estancat els darrers tres anys.

Per part meva, res més. Moltes gràcies.

Muchas gracias, presidente.

Señoras y señores senadores, no les voy a explicar ahora
cuál es la coyuntura económica actual —una coyuntura complicada,
marcada por una fuerte recesión—. Más allá de los debates sobre si
ha finalizado o no esta recesión, todos podemos coincidir en que el
diagnóstico es claro. Que esta recesión no haya sido mucho más profunda o
que se inicie —aunque sea de forma muy suave— una
recuperación de la economía española tiene un punto fundamental, y este
punto fundamental es el sector exportador. El sector exportador tiene en
este momento el papel de suplir la baja demanda interna en términos
generales.

Tampoco hace falta que les cuente que para exportar es
absolutamente necesario, básico que nuestras empresas sean competitivas:
competitivas en los mercados internacionales, competitivas en comparación
con otras empresas de los mismos sectores de otros países, especialmente
de los países de la Unión Europea. Tampoco tengo que contarles que para
que las empresas sean competitivas existen distintos factores que son
fundamentales. Uno que podemos mencionar es, obviamente, la productividad
de nuestras empresas, la productividad de las empresas del Estado
español. Pero también coincidirán conmigo en que otro factor fundamental,
básico e imprescindible es su estructura de costes, y sobre esta
estructura de costes, el sistema fiscal también tiene una incidencia
especial: si nuestras empresas están sometidas a una fiscalidad mucho más
elevada que las empresas de los mismos sectores de otros países y esa
fiscalidad —dicho si quieren entre comillas— la exportan
cuando sus productos, seguro que todavía son mucho menos
competitivas.

Pues bien, en esta línea se enmarca la moción que les
presento hoy en nombre del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado
Convergència i Unió, se enmarca ahí. Pero a la vez tiene unos
antecedentes. ¿Cuáles son los antecedentes de esta moción? Los
antecedentes de esta moción los encontramos en una ley que vimos hace muy
pocas semanas en esta Cámara, concretamente hace dos Plenos, ley en la
que se establecían determinadas medidas en materia de fiscalidad
medioambiental y se adoptaban otras medidas tributarias y financieras.
Concretamente el artículo 6 de esta ley que menciono hacía una
modificación importante en la buena dirección, en la buena línea del
artículo 64. 5º, de la Ley 38/1992, de Impuestos Especiales. Esta
modificación del artículo 64 —que habla de las exenciones sobre el
impuesto de la electricidad— se enmarcaba en aplicar una
bonificación —o prácticamente una exención— a determinados
sectores industriales intensivos en la utilización de energía eléctrica
en su producción.

La finalidad en aquel momento —que surgía por
iniciativa del Gobierno del Estado de la nación— era fomentar la
competitividad de estos sectores y la verdad —ya lo expusimos en su
momento— es que nosotros entendíamos que iba en la buena dirección.
El único matiz a efectuar, y por el que en aquel momento nosotros
presentamos una enmienda, era que había un sector también importante en
la estructura económica del Estado español que es el sector de la
industria papelera y que quedaba excluido. Es un sector también intensivo
en la utilización de energía eléctrica y esta energía tiene un peso
importante en su estructura de costes.

En aquel momento presentamos una enmienda y debo decir que
encontramos buena voluntad por parte del Partido Popular para intentar
aceptarla, y a pesar de que se hizo una transaccional, no era suficiente
para poder dotar a este sector papelero de la exención necesaria de este
impuesto, con la finalidad única de hacerlo más competitivo en los
mercados internacionales. Porque es verdad que uno de los objetivos de la
economía española en estos momentos tiene que ser la consolidación
fiscal, pero esta consolidación fiscal nunca puede provocar una falta de

competitividad en los mercados internacionales de nuestras
empresas, porque entonces sí que generaríamos una mayor recesión o una
dificultad para la recuperación económica.

Como decía, en aquel momento, a pesar de la voluntad del
grupo del Partido Popular —y también me consta la voluntad
directamente del Gobierno del Estado— no se pudo aprobar una moción
porque se entendía —se entiende— que previamente había que
pedir autorización a la Comisión para la aplicación de algunas
exenciones, lo cual prevé también la directiva comunitaria. De hecho, el
artículo 17 de la Directiva 2003/96, de 27 de octubre, por la que se
reestructura el régimen comunitario de la imposición sobre los productos
energéticos y de electricidad, permite esa exención y también su
aplicación a sectores intensivos en la utilización de energía eléctrica
en su producción. Pero hay que solicitar una autorización.

Nosotros entendemos que el sector de la industria papelera
es básico en estos momentos —como decía— en el ámbito de la
economía española y requiere de esa exención. De hecho, la industria
papelera ha tenido un éxito exportador considerable a lo largo de los
últimos años. En el año 2012 esta industria exportó 3 millones de
toneladas de papel, lo que representa un 70% más que hace diez años, y,
al mismo tiempo, 1,2 millones de toneladas de celulosa —un 50% más
de lo que exportaba hace diez años—. En estos últimos años la tasa
de exportación de todo el sector se ha incrementado un 12% en celulosa y
un 15% en papel, lo que le ha permitido que la crisis que ha afectado a
toda la economía española pueda pasar bordeando, rodeando a este
sector.

En estos momentos, el Estado español es el sexto productor
de papel de toda la Unión Europea —detrás de Alemania, Finlandia,
Suecia, Italia y Francia— y, a la vez, es el quinto productor de
celulosa, de pasta de papel —detrás también de países como Suecia,
Finlandia, Alemania y Portugal.

Este sector, en el Estado español, tiene 82 plantas
industriales, que en estos momentos están generando 18 000 puestos de
trabajo directos y 90 000 puestos de trabajo indirectos. Es cierto que
estas 82 plantas se concentran esencialmente en Cataluña, en Aragón y en
el País Vasco, pero existen por todo el Estado español.

Como decía, esta capacidad de incrementar la producción
—porque una parte importante se colocaba en los mercados
internacionales— se ha ido registrando hasta el año 2010. En 2011,
estas empresas empezaron a ser menos competitivas, y, efectivamente, en
2012 se ha estabilizado la producción.

Tenemos que hacer un esfuerzo para que la producción de
este sector pueda competir, como decía, en los mercados
internacionales.

Ustedes me pueden preguntar: ¿La solicitud de esta exención
a la Comisión Europea que estamos aprobando tendrá realmente un efecto
sobre la industria? Yo tengo que contestarles que sí. Sí porque, como les
decía, uno de los motivos por los que las empresas son más competitivas
es su estructura de costes. Actualmente, en la industria papelera, en
estas 82 plantas, evidentemente hay diferencias, pero en todas ellas,
entre el 10% y 20% de su estructura de costes depende fundamentalmente
del consumo de energía eléctrica y, por lo tanto, también de la
fiscalidad que grava ese consumo.

No es razonable que, en estos momentos, este sector esté
soportando una fiscalidad que supera en ocho veces la recomendada por la
directiva. No es normal que este sector esté soportando una fiscalidad
muy superior a la que están aguantando los sectores correspondientes en
los países competidores —Alemania, Finlandia, Italia, Portugal,
Francia—. Tenemos que resolver esta situación, y yo creo que un
primer paso, básico y fundamental, es que entre todos, y con el máximo
consenso posible de esta Cámara, se pueda aprobar esta moción a los
efectos de que el Gobierno inicie el camino necesario para que se
produzca posteriormente una modificación legislativa en el artículo 64 de
la Ley de Impuestos Especiales. Para eso es básico que se solicite a la
Comisión la aplicación de la exención del artículo 17, que prevé la misma
Directiva comunitaria.

No querría acabar la defensa de esta moción sin hacer
justicia al grupo del Partido Popular, porque acordamos la tramitación de
la ley anterior —que antes he mencionado—, la transacción de
una enmienda y, al mismo tiempo, el apoyo a una moción posterior en la
línea de la que hoy presentamos. El Partido Popular no solo espero que
cumpla —y estoy seguro de que será así— su apoyo, también nos
ha cedido la moción, para poder acelerar en el tiempo esta aprobación,
porque, como he dicho, esto precisará de una autorización de la Comisión
Europea y luego de una

posterior modificación legislativa en la ley española, y
mientras se va dilatando esta aprobación, realmente nuestra industria
papelera deja de ser competitiva.

Por lo tanto, quiero agradecer la predisposición, según me
consta, de la mayoría de los grupos hacia esta línea. Seguramente no solo
se lo agradezca el Grupo Parlamentario de Convergència i Unió, sino
también esas 82 plantas industriales, los 18 000 puestos de trabajo
directos y los 90 000 indirectos, que esperamos que en el futuro puedan
ser aun más, y que la tasa de crecimiento del sector a lo largo de los
últimos diez años, estancada durante los tres últimos, se pueda
recuperar.

Muchísimas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias,
señoría.

Turno en contra. (Pausa.)

No hay turno en contra.

Turno de portavoces.

Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el
senador señor Iglesias.

El señor IGLESIAS FERNÁNDEZ: Si me lo permite, señor
presidente, intervengo desde el escaño para decir que en reiterados
debates en esta Cámara hemos reflexionado sobre la relevancia de los
costes energéticos y su repercusión en la productividad. No discuto que
esos costes energéticos tengan especial repercusión en la industria de
fabricación de pasta papelera, pero esa es una realidad compartida por
otros sectores industriales. En mi comunidad autónoma, que contamos con
una papelera de la antigua empresa pública ENCE, igualmente hay asentadas
industrias dedicadas a la siderurgia, a la producción de zinc y de
aluminio, todas ellas con elevados costes energéticos por utilizar la
energía eléctrica como factor determinante de su producción. En
consecuencia, todas ellas podrían aspirar a un tratamiento similar al que
plantea el Grupo Parlamentario de Convergència i Unió para el sector del
papel y del cartón.

Por lo tanto, consideramos que sería necesario un
planteamiento más global —motivo por el cual nos vamos a abstener
en esta propuesta— que diera respuesta a las necesidades de todos
estos sectores industriales.

Una segunda consideración. El planteamiento más
generalizado que se extiende a todas aquellas industrias que consumen
energía eléctrica como un elemento fundamental de su producción debería
ir acompañado de la exigencia de contraprestaciones, algo que tampoco se
plantea en esta moción. En muchos casos, estamos hablando de
multinacionales que mantienen como espada de Damocles la amenaza de
deslocalización si, entre otras cuestiones, no se da respuesta a esta
demanda de rebaja de los costes energéticos y también de los costes
salariales.

En consecuencia, si se opta, desde una política industrial
de la que carece este Gobierno, por afrontar de forma seria y rigurosa la
solución a estas demandas para mejorar la competitividad de estos
sectores industriales, dicha medida debiera ir acompañada de la exigencia
de contraprestaciones que supongan compromisos de estabilidad en el
empleo y permanencia en la actual ubicación de las industrias, planteando
sanciones para el caso de que se produzca un incumplimiento de estos
condicionantes.

Señorías, no tendríamos ningún inconveniente en respaldar
una moción en la que se recogieran todas estas cuestiones. Me planteé la
posibilidad de enmendarla introduciendo estos términos, pero reconozco
que enmiendas de estas características supondrían un cambio sustancial y,
por respeto al grupo proponente, prefiero mantenerme en la abstención y,
desde luego, expresar nuestro compromiso de respaldar una moción que
proponga una visión más general del problema de los costes energéticos en
los sectores industriales españoles.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, senador
Iglesias.

Por el Grupo Parlamentario Vasco, tiene la palabra la
senadora señora Martínez.

La señora MARTÍNEZ MUÑOZ: Gracias, señor presidente.

Intervendré desde el escaño para anunciar nuestro voto
favorable a la moción presentada por el senador Bel. Suscribo todas y
cada una de sus palabras, dichas con tanta elocuencia que no hace falta
responder.

Consideramos que el sector papelero, como bien ha
mencionado, es un sector importante para la economía vasca, un sector
intensivo en el uso de la energía eléctrica que cuenta con un nivel alto
de internacionalización. Por lo tanto, consideramos que la solicitud de
exención será un elemento clave de mejora de su competitividad.

Lamento profundamente que las apreciaciones del senador
Iglesias no hayan sido incorporadas, pues nos habría gustado incluir ese
tipo de consideraciones. De todos modos quiero dejar constancia de que mi
grupo parlamentario en el debate original sobre el proyecto de ley por el
que se regulan estos nuevos impuestos ya votó en contra. Nos gustaría que
estos impuestos, que son opcionales para los Estados miembros, no
hubiesen sido incorporados a la normativa fiscal española, pero no es el
caso. Entendemos, además, que es de justicia que el sector de fabricación
de la pasta de papel y el sector papelero en general cuenten con
condiciones que permitan mejorar su competitividad.

Gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, senadora
Martínez.

Por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya
tiene la palabra el senador Sabaté.

El señor SABATÉ BORRÀS: Gràcies, senyor president.

Senyores i senyors senadors, també des de l’escó vull
anunciar el vot favorable del nostre grup a la moció presentada pel Grup
de Convergència i Unió i defensada pel senador Bel. Compartim
l’argumentari. Tot allò que sigui abundar en les mesures per
facilitar la competitivitat de les nostres empreses tindrà evidentment el
suport del nostre grup. Estem davant d’un tipus d’indústries
que, entre altres coses, són consumidores importants d’energia, i
per tant s’ajusten plenament al que preveu la Directiva 2003/96 de
la Unió Europea, amb aquest tipus d’exempcions, sempre que es
comuniqui prèviament i es demani l’autorització a la Comissió
Europea.

El nostre grup també va participar al debat del projecte de
llei al que al·ludia el senyor Bel, la Ley por la que se establecen
determinadas medidas en materia de fiscalidad medioambiental y se adoptan
otras medidas tributarias y financieras, i a l’esmena transaccional
que va permetre avançar en aquesta direcció, i que recollia que les
activitats que quedaven recollides a la subsecció 21, als apartats 11 i
12 del codi NACE de la Unió Europea, a part de les que s’al·ludien
directament, d’alguna manera també havien de quedar exemptes
d’aquest impost harmonitzat.

En definitiva, com ha dit el senador Bel, es tracta de ser
competitius i estar com a mínim al mateix nivell que altres indústries
del mateix sector a la resta de països de la Unió Europea. Per tant, crec
que avui estem fent un pas positiu que mereix el suport del nostre grup i
de la resta de grups parlamentaris.

Gràcies, senyor president.

Gracias, señor presidente.

Señoras y señores senadores, también desde el escaño quiero
anunciar el voto favorable de nuestro grupo a la moción presentada por el
Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió y defendida
por el senador Bel. Compartimos el argumentario. Todo lo que sea abundar
en las medidas para facilitar la competitividad de nuestras empresas
tendrá, evidentemente, el apoyo de nuestro grupo. Estamos ante un tipo de
industrias que, entre otras cosas, son consumidoras importantes de
energía y, por tanto, se ajustan plenamente a lo que prevé la Directiva
2003/96 de la Unión Europea, que precisamente prevé ese tipo de
exenciones siempre que se comunique previamente y se pida autorización a
la Comisión Europea.

Nuestro grupo también participó en el debate del proyecto
de ley, a que aludía el señor Bel, por la que se establecen determinadas
medidas en materia de fiscalidad medioambiental y se adoptan otras
medidas tributarias y financieras, y asimismo en la enmienda
transaccional que permitió avanzar en esa dirección y que recogía que las
actividades que quedaban plasmadas —aparte de aquellas a las que se
aludía directamente— en la subsección 21, apartados 11 y 12 del
código NACE del Reglamento de la Unión Europea, deberían quedar exentas
de algún modo de este impuesto armonizado.

En definitiva, como ha dicho el senador Bel, se trata de
ser competitivos y de estar, como mínimo, al mismo nivel que otras
industrias del sector en el resto de países de la Unión Europea.

Por tanto, creo que hoy estamos dando un paso positivo que
merece el apoyo de nuestro grupo y del resto de grupos
parlamentarios.

Gracias, señor presidente.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Por el Grupo
Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió tiene la palabra
el senador Bel.

El señor BEL ACCENSI: Moltes gràcies, president.

Vull agrair a tots els grups que ja han anunciat el seu vot
favorable, fins i tot l’abstenció que anunciava el senador
Iglesias; però amb alguna matisació, si m’ho permet, senador
Iglesias.

He dit que hi havia uns antecedents, que es fixaven en una
modificació de l’article 64 de la Llei d’Impostos Especials
que es va fer a l’última Llei de Mesures de Fiscalitat Ambiental.
En aquell moment ja s’establien unes exempcions, amb una
bonificació d’un 85%, per a alguns dels sectors que vostè ha
esmentat. Precisament, li recordo que era per a sectors de reducció
química i processos electrolítics, processos mineralògics, processos
metal·lúrgics... No m’estendré en la definició. L’únic que
fem ara és el que no es va fer en aquell moment. Alguns d’aquests
sectors que vostè ha esmentat ja van ser bonificats o dotats
d’exempció en una anterior modificació legislativa. El que
preteníem ara era adaptar aquest sector, que també és, al nostre parer,
intensiu en la utilització d’energia elèctrica, i era l’únic
intensiu en la utilització d’energia elèctrica que quedava fora
d’aquest bon tracte fiscal, a l’efecte de fer-lo
competitiu.

I vull fer una segona matisació quant a la possibilitat que
aquestes indústries fossin indústries multinacionals i que fossin grans
indústries. Crec que tampoc no hem de diferenciar molt a l’hora de
ser exigents en determinades contraprestacions si les indústries són
multinacionals o no ho són. Li puc explicar les que nosaltres tenim més a
prop, les que tenim a Catalunya i algunes compartides amb l’Aragó.
Són indústries de capital català, de capital espanyol; són totes elles
indústries d’origen familiar, i són indústries que difícilment es
deslocalitzaran. És veritat que algunes d’aquestes indústries estan
invertint en altres països, especialment europeus, però cal tenir en
compte que són indústries de capital espanyol, de capital català, i per
tant, són indústries que estan molt aferrades al nostre teixit productiu,
i no seran aquestes les indústries que marxaran d’un dia per
l’altre. En tot cas, que no tinguin la capacitat, donat el seu
origen, de marxar a altres països i abandonar les actuals ubicacions no
vol dir que les haguem de maltractar fiscalment i no haguem de fer tot el
possible per poder fer-les més competitives. Ja no insistiré més en els
arguments; ha quedat clar.

Torno a agrair la predisposició del Grup Popular. Malgrat
això, i de comptar amb el suport del Partit Popular, sí que demanaria als
serveis de la Cambra, senyor president, que rectifiquin el títol que han
assignat a la moció, perquè parlen —com em deia un senador del
Partit Popular— de la fabricació de la pasta «peperera». Tot i
comptar amb el suport del Partit Popular, la pasta que aquí pretenem fer
més competitiva és la pasta paperera, i no la «peperera».

Moltes gràcies.

Muchas gracias, presidente.

Quiero agradecer a todos los grupos que han anunciado su
voto favorable, incluso la abstención que anunciaba el senador Iglesias,
pero con algún matiz, si me lo permite el señor senador.

He dicho que había unos antecedentes que se fijaban en una
modificación del artículo 64 de la Ley de impuestos especiales que se
hizo en la última Ley de medidas de fiscalidad ambiental. En aquel
momento ya se establecía una bonificación en un 85% para algunos de esos
sectores que usted ha citado. Le recuerdo que eran precisamente para
sectores de reducción química y procesos electrolíticos, mineralógicos,
metalúrgicos y otros. Por tanto, lo único que hacemos ahora es lo que no
se hizo en aquel momento. Algunos de esos sectores que usted ha
mencionado ya fueron bonificados o dotados de exención en una anterior
modificación legislativa, y lo que pretendíamos ahora es adaptar este
sector que a nuestro entender también es intensivo en el uso de energía
eléctrica y que era el único que quedaba fuera de ese buen trato fiscal a
efectos de hacerlo competitivo.

Quiero hacer un segundo matiz en relación con la
posibilidad de que estas industrias fueran multinacionales y grandes
industrias. Creo que tampoco hay que diferenciar mucho a la hora de ser

exigentes en determinadas contraprestaciones sobre si las
industrias son multinacionales o no, pero yo puedo hablarle de las que
nosotros tenemos más próximas, de las que tenemos en Cataluña y algunas
compartidas con Aragón.Son industrias de capital catalán, de capital
español, todas ellas de origen familiar que difícilmente se van a
deslocalizar. Es cierto que algunas están invirtiendo en otros países,
especialmente europeos, pero hay que tener en cuenta, repito, que son
industrias de capital español, de capital catalán, muy arraigadas en
nuestro tejido productivo y, por tanto, no van a irse de un día para
otro. En cualquier caso, que no tengan capacidad, dado su origen, de irse
a otros países y abandonar sus actuales ubicaciones no quiere decir que
haya que maltratarlas fiscalmente y que no haya que hacer todo lo posible
para que puedan ser más competitivas, pero no voy a insistir más en los
argumentos porque considero que ha quedado claro.

Vuelvo a agradecer la predisposición del Grupo
Parlamentario Popular pero, a pesar de contar con su apoyo, quisiera
pedir a los servicios de la Cámara y al presidente que rectificaran el
título que se le ha dado a la moción en el panel electrónico porque dice:
fabricación de pasta «pepelera», y a pesar de que cuesta, con el apoyo
del Partido Popular la pasta que pretendemos hacer más competitiva es la
pasta papelera y no la «pepelera».

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, senador
Bel.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el
senador Manchado.

El señor MANCHADO LOZANO: Gracias, señor presidente.

Señorías, intervengo para defender la posición del Grupo
Parlamentario Socialista en esta moción, que ya les adelanto que será
favorable, porque entendemos que viene a enmendar un problema que se
produjo durante la tramitación del proyecto de ley al que nos hemos
referido varias veces y que también han mencionado los senadores Bel e
Iglesias.

En aquel momento mi grupo presentó una enmienda en la que
proponíamos incluir en la modificación del artículo 64 a las empresas que
fabrican pasta, efectivamente, papelera, y papel y cartón porque forman
parte de una industria que, como también ha definido el señor Bel y por
tanto no voy a abundar en ello, cumple toda una serie de características.
Prácticamente el 18% de su estructura de costes deriva de la energía, son
fuertemente exportadoras y, por tanto, merecían que se hubieran tenido en
cuenta estos aspectos cuando debatimos aquella ley.

Les tengo que confesar que para mí es un arcano la
tramitación de esta moción. No entiendo cómo después de presentarse una
enmienda hace un mes en la tramitación de un proyecto de ley, y que
entonces se rechazó, ahora se presenta una moción que dice que sí, a
pesar de que estemos de acuerdo en que sí. Y tampoco entiendo por qué si
el Gobierno está de acuerdo en pedir permiso a Europa para hacer esto,
necesita una moción del Senado para que le diga que por favor pida
permiso a Europa. Esto, repito, forma parte de estos arcanos
parlamentarios que uno nunca llega a entender: de repente se presenta una
moción que se rechaza porque se dice que ya se está haciendo y después
tienen que pedirle a un grupo, que no es el suyo, que presente una moción
para que les diga que lo hagan. Pero renuncio a entenderlo, no consigo
entender las formas, y ya lo he hablado con el senador Bel y con mi
compañero el senador Vázquez. En cualquier caso sí es cierto que esta es
una buena decisión y, por lo tanto, nosotros la vamos a apoyar.

Nos gustaría ir un poquitín más allá. Nosotros entendemos,
y esto es algo que no se ha dicho, que esta industria del sector papelero
tiene, además, otra característica, y es que en los últimos años está
apostando por la cogeneración, por usar otras fuentes de energía, y una
por las que apuesta es la biomasa. Y aquí nosotros, añadiendo que estamos
muy contentos de que esto se vaya a tramitar y favorablemente, queremos
animar al Gobierno y al grupo que le da soporte, a que tengan también en
cuenta este tipo de detalles en la tramitación de la Ley del Sector
Eléctrico, porque ir en contra o en el camino inverso de apoyar las
energías renovables y de apoyar la biomasa, también es hacerle daño a
este tipo de industrias. Esta industria cada vez está utilizando más la
biomasa y está especialmente dotada para ello, porque los propios
residuos de su proceso de fabricación sirven como fuente de energía, y el
hecho de legislar en contra de las energías renovables, que es lo que
está haciendo el Partido Popular, es malo para estas empresas. Lo digo
para que no tengamos que vernos dentro de algunos meses apoyando una
moción de algún grupo parlamentario, porque aquello que se dijo en la Ley
del Sector Eléctrico y que iba en contra de la biomasa afecta a la
industria del papel.

Por lo tanto, les animamos a seguir por el camino de
mejorar la competitividad de nuestras empresas con este tipo de medidas,
no solamente con el descenso de salarios. Y votaremos a favor de esta
moción que nos parece adecuada, como ya nos parecía adecuada la enmienda
que presentamos hace un mes al proyecto de ley que hemos citado un par de
veces.

Gracias. (Aplausos.)

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, senador
Manchado.

Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el
senador Granados.

El señor GRANADOS LERENA: Muchas gracias, señor
presidente.

Señorías, intervendré muy brevemente para anunciar el voto
a favor del Grupo Parlamentario Popular a la moción que presenta
Convergència i Unió por medio del senador Bel. En primer lugar, porque
nosotros, señoría, tenemos la sana costumbre de cumplir con nuestros
compromisos. Y es verdad que habíamos llegado a un compromiso con ustedes
durante el debate de la Ley sobre fiscalidad medioambiental, con el
objetivo de llegar al resultado que todos queremos, que es ni más ni
menos que se produzca esta exención en el impuesto sobre la electricidad
a la industria papelera. Sí quiero decir que en aquel momento, por
contestar al portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, no se pudo
hacer porque de acuerdo con la directiva y también con el Tratado de
Funcionamiento de la Unión Europea, este tipo de cuestiones se tienen que
someter a la consulta de la Comisión, a menos que uno se quiera exponer a
que con posterioridad se abra algún proceso sancionador por considerarse,
como se considera, ayuda de Estado. Y ese proceso sancionador va en
detrimento de la industria, en detrimento de la imagen de España y, en
consecuencia, por seguridad de todos, por seguridad jurídica
fundamentalmente, es bueno que se tramite a través de este
procedimiento.

En segundo lugar, también existe el compromiso, como usted
manifestaba, de empujar, porque esta declaración no pasa de ser una mera
declaración si se queda ahí parada y, mientras tanto, esa competitividad
a la que todos los grupos parlamentarios nos hemos referido se seguiría
perdiendo.

Quiero también manifestar que no solo es por el compromiso
que tenemos con ustedes, sino porque creemos que es de justicia que así
sea. Se ha repetido aquí de manera reiterada que esta es una industria
fundamental desde el punto de vista estratégico para la economía
española. Es un sector, además, que ha acometido una reconversión muy
importante, que ha hecho un gran esfuerzo por mejorar su estructura de
costes, que durante la crisis también ha hecho un esfuerzo de exportación
extraordinario —usted ha dado las cifras, señor Bel—,
aproximadamente el 50% de las ventas son en el exterior, y que han hecho
un esfuerzo de mantenimiento de los puestos de trabajo: 100 000 personas
entre puestos directos e indirectos están trabajando en este sector. Por
lo tanto, parece conveniente y justo el que hagamos esta petición, esta
consulta y la posterior modificación.

Este es, además, un sector que, como decía el portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista, se basa fundamentalmente en la
cogeneración, pero es una cogeneración de autoconsumo, y a esto no le
afecta para nada aquello a lo que se refería su señoría. Al autoconsumo
en cogeneración, en cualquier caso, no le afectará la Ley del Sector
Eléctrico; afectará a aquellos que vendan los excedentes de electricidad
en el mercado de la energía, a los que evidentemente se les aplicarán
aquellas condiciones que permitan que el consumidor español en su
conjunto también pague unos costes de la electricidad que sean
razonables.

Solo quiero hacer un par de matizaciones a lo que ha dicho
el señor Iglesias, una ya la ha hecho el señor Bel en cuanto a que hay
otras industrias que están en esta situación. Hay tres grandes sectores
que ya están dentro de las exenciones a las que nos estamos refiriendo:
el siderometalúrgico, el minero y el químico. Lo de la deslocalización,
señoría, no sé en qué sentido lo dice. No se trata de que se dé una
exención a la empresa o al sector y después se vaya a trabajar a Alemania
con la empresa porque entonces la exención la ha perdido. En todo caso,
la deslocalización sería de una región a otra porque se trata de un
impuesto nacional y, por lo tanto, esa cuestión está salvada.

Yo le pediría al señor Iglesias, apelando a su generosidad,
que reconsidere ese voto de abstención. Estamos pidiendo una exención no
para multinacionales, sino para 100 000 trabajadores y los que puedan
venir en el futuro, con el objetivo de que nuestras empresas papeleras
sean más competitivas y no se vean afectadas por una cuestión meramente
fiscal.

Nuestro voto va a ser afirmativo.

Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos.)

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, senador
Granados.

Llamamos a votación. (Pausa.—El señor presidente
ocupa la Presidencia.)

El señor PRESIDENTE: Cierren las puertas.

Señorías, votamos la moción del Grupo Parlamentario Catalán
en el Senado Convergència i Unió tal y como ha sido presentada.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 243; votos emitidos, 242; a favor, 241; abstenciones, 1.

El señor PRESIDENTE: Queda, por tanto, aprobada.

7.3. MOCIÓN POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A ADOPTAR LAS
MEDIDAS NECESARIAS PARA QUE LAS ENTIDADES DE ÁMBITO TERRITORIAL INFERIOR
AL MUNICIPAL PUEDAN ACOGERSE A LOS PLANES DE PAGO A PROVEEDORES CON LOS
MISMOS DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE LOS MUNICIPIOS.

(Núm. exp. 662/000109)

AUTOR: GPS

El señor presidente da lectura al punto 7.3.

El señor PRESIDENTE: A esta moción, se ha presentado una
enmienda del Grupo Parlamentario Popular en el Senado. (Rumores.)

Señorías, guarden silencio, por favor.

Para la defensa de la moción, por el Grupo Parlamentario
Socialista, tiene la palabra el senador Belloch, por un tiempo de quince
minutos.

El señor BELLOCH JULBE: Gracias, señor presidente.

Señorías, la moción que plantea el Grupo Parlamentario
Socialista no es un tema menor, aunque se refiera a las entidades locales
menores. Para nosotros, es un asunto de primer orden puesto que afecta a
3725 entidades locales en toda España. Desde el punto de vista del
contenido, la moción es importante porque permite acudir a los planes de
pago a proveedores, pero también lo es desde un punto de vista más de
fondo. Lo que el Grupo Parlamentario Socialista piensa es que del
conjunto del proyecto de ley que ahora está en marcha parece deducirse un
designio político para favorecer la disolución de las entidades locales
menores. (El señor vicepresidente, Lucas Giménez, ocupa la
Presidencia.)

¿Por qué decimos eso? En primer lugar, porque en el
artículo 3.2 desaparece la letra a), que era la referida precisamente a
entidades locales menores, mientras que las otras dos referencias que
contiene la ley van en el mismo sentido: por un lado, la posibilidad,
ampliada en un plazo de tres meses a un año, de que solo sobrevivirán si
rinden cuentas satisfactoriamente y, por otro, el precepto que prevé la
posibilidad también de disolución, en el supuesto de que el ayuntamiento
matriz entre en un plan de ajuste. (Rumores.)

En definitiva, mi grupo considera que se han utilizado
argumentos de escasa cuantía; por un lado, se ha alegado, en ocasiones,
que podía no haber garantías de retorno de esos préstamos, cuando es
evidente que los puede haber perfectamente a través de los ayuntamientos
matrices o de las diputaciones provinciales. (Rumores.)

Ese argumento… Señor presidente, creo que se oye
mal.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Señoría, lleva
toda la razón. Ruego silencio en el hemiciclo.

EL SEÑOR BELLOCH JULBE: Muchas gracias.

Les decía que ese argumento no parece serio ni
significativo, pero tampoco de tipo económico. Por otro lado, a estas
alturas todos sabemos que las administraciones locales no somos el

problema de la deuda pública; al revés, somos el 4,1%
frente al 18,1% de las comunidades autónomas o frente al 76,2% de la
Administración General del Estado. Hoy, nadie puede afirmar seriamente
que el problema de la deuda de las administraciones públicas es de las
administraciones locales. Pues bien, de parecida manera podemos afirmar
que sería absurdo decir que las entidades locales menores sean el
problema de la deuda de las administraciones locales porque no es cierto,
supone exclusivamente el 0,5% de la deuda municipal. En definitiva, el
problema en términos económicos sería el 0,5% del 4,1%. Evidentemente,
eso equivale a decir que no es verdad tal problema.

La realidad de las entidades locales menores es sumamente
compleja, como saben ustedes. Comprende desde núcleos pequeños y
dispersos —sobre todo en el norte de España, aunque hay de
todo— hasta entidades que tienen mucha importancia en términos de
número de habitantes, mucho más que muchos municipios que sí que tienen
esa plena independencia.

Por tanto, a través de este proceso, tenemos que tener en
cuenta que hay entidades locales menores, por ejemplo, Torrenueva
—cuyo alcalde, por cierto, está aquí, y le doy la
bienvenida—, que tiene 3000 habitantes, o Trabajo del Camino, en
León, que tiene más de 20 000 habitantes, y ambas son entidades locales
menores.

Es evidente que si desaparecen, si se pretende su
disolución, se van a producir graves problemas; por un lado, convertir a
los habitantes de esas entidades locales en ciudadanos de segunda
división y, en segundo lugar, puede fomentar una tendencia centrífuga; es
decir, una tendencia a que si corren riesgo como entidad local menor
pretendan iniciar los procesos para convertirse en verdaderos municipios
—proceso que ya se ha iniciado en algunos casos—. Y me parece
evidente que este tipo de procesos pueden generar el resultado paradójico
de que al final del proceso haya más municipios, cuando lo que se
pretendía era reducir su número, y sobre todo fuertes tensiones entre las
administraciones y entre los propios vecinos y vecinas.

Señorías, presidente, me parece evidente que las entidades
locales menores están entroncadas en la tradición local española desde el
año 1870, y desde entonces han cumplido funciones, yo creo que bien
realizadas, de descentralización y de aproximación a los ciudadanos en la
prestación de servicios públicos tan importantes como los que actualmente
tienen atribuidos. Tengamos en cuenta que estamos hablando de cifras
importantísimas. Las entidades locales menores, muchas de ellas en
propiedad comunal, tienen 3,5 millones de hectáreas. Por lo tanto, hay
intereses serios, reales, detrás de este trato discriminatorio e injusto
contra las entidades locales menores.

Por eso me atrevo a solicitarles con toda claridad a todos
ustedes que aprueben esta moción, que no pretende otra cosa que el que
les sea de aplicación también a las entidades locales menores la
posibilidad de aplicar planes de pago a proveedores con los mismos
derechos y obligaciones que el resto de las entidades locales.

Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, senador
Belloch.

Para la defensa de la enmienda, por el Grupo Parlamentario
Popular, tiene la palabra la senadora señora Angulo.

La señora ANGULO MARTÍNEZ: Gracias, señor presidente.

El Grupo Parlamentario Popular quiere defender la enmienda
de sustitución que ha presentado a la moción del Grupo Parlamentario
Socialista.

En la enmienda planteamos instar al Gobierno a seguir
poniendo en marcha todas medidas necesarias para erradicar la morosidad
en todo el sector público mejorando la confianza en todas las
administraciones públicas como base imprescindible para mejorar la
competitividad de la economía española; como digo en todo el sector
público, incluyendo entidades públicas, entidades de ámbito territorial
inferior al municipio.

¿Y por qué presentamos esta enmienda, señorías? Presentamos
esta enmienda porque de eso estamos hablando. Cuando hablamos de pago a
proveedores estamos hablando de combatir y de erradicar la morosidad,
porque estamos hablando de asegurar que todas las facturas se paguen en
tiempo y forma, y porque con ese objeto es con el que se creó y se diseñó
el mecanismo de pago a proveedores: la reducción de la morosidad en las
administraciones públicas como elemento imprescindible para mejorar la
competitividad de la economía, porque es absolutamente necesario para
reducir las necesidades de financiación de nuestras empresas y porque es
un

elemento esencial en la confianza. Por eso, el compromiso
con la erradicación de la morosidad en todo el sector público que
planteamos en nuestra enmienda ha existido desde el minuto cero y está en
el origen de toda esa cadena de medidas que puso desde el principio en
marcha el Gobierno; medidas extraordinarias de apoyo a la liquidez de las
entidades locales como también de las comunidades autónomas y, en
definitiva, de todas las administraciones territoriales.

No podemos olvidar cuál es el punto de partida de ese
mecanismo de pago a proveedores cuando se plantea una iniciativa en
relación con ese mecanismo. Y por eso quiero hacer una breve referencia a
ese origen o a ese contexto en el que el Gobierno diseña, plantea y
aprueba el mecanismo de pago a proveedores. Y es esa situación que había
en diciembre de 2011, muy especialmente conocida por los alcaldes,
senador y alcalde Belloch; y es que, como ya nos decían en esta Cámara el
10 de marzo de 2010 desde la federación de municipios, el problema de los
ayuntamientos, también el problema de las entidades menores,
—decían ellos— no es ya hacer inversiones, no es disponer de
un PlanE, es mantener las puertas abiertas y poder pagar la luz y la
calefacción. El problema de los ayuntamientos, senador Belloch, es que
estaban acumulando deuda y en muchos casos poniendo en serio riesgo la
capacidad de financiación de los municipios y la capacidad de prestar los
servicios públicos más fundamentales para los vecinos. Como los
ayuntamientos tenían problemas para pagar, los empresarios, las pymes,
los autónomos tenían problemas para cobrar; porque, si los ayuntamientos
no pagaban, estaban poniendo en serio peligro la viabilidad y la
sostenibilidad económica de muchas empresas, de muchos proveedores y
poniendo en problemas a muchos pequeños empresarios y emprendedores de
este país.

Por eso, para dotar de liquidez a los ayuntamientos, para
asegurar la prestación de los servicios públicos, pero también para
frenar la destrucción masiva de empleo, que no es más que la punta del
iceberg de la destrucción del tejido productivo, se puso en marcha ese
procedimiento, porque era esa morosidad la que hacía que pymes y
autónomos, en esa situación de crisis y de grave restricción al crédito,
tuvieran que soportar en gran medida la caída de los ingresos de las
administraciones, y estaban pagando una buena parte del déficit de las
administraciones, de todas las administraciones: de la Administración del
Estado en mayor medida, pero también de las comunidades autónomas y de
los ayuntamientos.

En este contexto surge y se aprobó el plan de pago a los
proveedores, señorías, y tampoco se pueden olvidar todos los
instrumentos, todos los decretos que han dado lugar a este plan. Me puede
preguntar por qué no incluir a las entidades locales. Sencillamente,
porque el mecanismo de financiación cuenta en última instancia con la
garantía de la participación en los tributos del Estado, y usted lo sabe.
En el artículo 17 del Decreto 8/2013 se dice que la garantía para el pago
de las obligaciones de esas operaciones de endeudamiento, para la
financiación de los pagos a proveedores, es siempre la participación en
tributos del Estado; participación en tributos del Estado de la que las
entidades locales de ámbito inferior al municipio están expresamente
excluidas, de acuerdo con el artículo 156.1 del texto refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, senador Belloch.

Por tanto, ¿por qué no se han incluido las entidades
locales menores? Sencillamente porque el único límite lo impone la ley y
porque en este momento no podemos proponer, como hace su moción, un
incumplimiento de la Ley de Haciendas Locales. Por eso, nuestra enmienda,
aunque permítanme que les diga que está en el ánimo del Partido Popular
—lo ha estado siempre en las sucesivas fases del mecanismo de pago
a proveedores— ir ampliando tanto el ámbito subjetivo como el
ámbito objetivo de aplicación.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Señoría, por
favor, vaya finalizando.

La señora ANGULO MARTÍNEZ: Termino, señor presidente.

Permítanme que les diga que siempre ha estado en el ánimo
del Gobierno esa ampliación, y así lo expresaba el propio ministro, quien
decía que con esta última fase, la tercera fase, la del Decreto 8/2013,
se pretende saldar la deuda comercial acumulada por entidades locales y
comunidades autónomas. Realmente, el ánimo es llegar a la cobertura de
absolutamente todas las entidades públicas. Pero, como he señalado, por
esa imposibilidad expresa, porque las entidades locales están excluidas
de la participación en los tributos del Estado, es por lo que no se han
incluido en esas sucesivas ampliaciones.

Gracias, señor presidente. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Angulo.

Tiene la palabra el representante del Grupo Parlamentario
Socialista, autor de la moción originaria, para manifestar si acepta o no
la enmienda.

El señor BELLOCH JULBE: Señoría, si realmente es un
problema legal, cambien la ley. Están acostumbrados a hacerlo, lo han
hecho constantemente a lo largo de esta legislatura. (Aplausos.) Pero no
es verdad, es un argumento menor. Es evidente que se puede garantizar la
devolución de los préstamos sin ningún problema, simplemente dirigiéndose
al ayuntamiento matriz y ordenándole que retenga las cantidades que
correspondan a esos préstamos. Se acabó, no es muy complicado, y sin
reforma legal alguna.

Por lo tanto, obviamente, no vamos a aceptar esa enmienda,
que no es una enmienda, es, en realidad, una moción diferente que ni
siquiera menciona a las entidades locales menores, lo cual, sinceramente,
nos parece un escándalo. Está bien que hagan caso del ministro de
Economía y Hacienda, pero que además pretendan engañar una vez más a las
entidades locales menores es francamente inaceptable.

Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, senador
Belloch.

¿Turno en contra? (Denegaciones.)

Pasamos al turno de portavoces.

¿Por el Grupo Parlamentario Mixto no se hace uso de la
palabra? (Denegaciones.)

Por el Grupo Parlamentario Vasco, tiene la palabra el
senador Cazalis.

El señor CAZALIS EIGUREN: Egun on mahaiburu jauna, egun on
senatari jaun-andreok.

Me parece oportuno defender a las entidades locales
menores. Evidentemente usted defiende a todas las entidades locales, pero
probablemente las menores, de las que en Euskadi no tenemos mucha
experiencia, sean las más huérfanas de todo el sistema y, por lo tanto,
hay que hacer un esfuerzo añadido.

Usted ha hecho referencia a la nueva ley que entra mañana
en esta Cámara, y ahí todavía nos queda procedimiento para poder
trabajar. Por lo tanto, pensé que usted se refería más concretamente a
los reales decretos 4/2012, de 24 de febrero, en el que se determinan las
obligaciones de información y procedimientos necesarios para el pago a
proveedores, y el Real Decreto Ley 7/2012, de 9 de marzo, por el que se
crea el fondo para la financiación de los pagos a proveedores en los que,
evidentemente, sucede lo que usted ha comentado. (La señora
vicepresidenta, Vicente González, ocupa la presidencia.)

La disposición adicional tercera del Real Decreto Ley
7/2012 dice que, como consecuencia de las especialidades del régimen
foral, el Real Decreto-Ley 4/2012, de 24 de febrero, no será de
aplicación a las entidades locales del País Vasco y de Navarra. Por lo
tanto, me cuesta mucho dar mi opinión en cuanto a adoptar las medidas
necesarias para que entidades de ámbito territorial inferior al municipal
puedan acogerse a los planes de pago a proveedores.

Dicho esto, sí estoy de acuerdo con usted en que lo que hay
que perseguir, exigir y conseguir es la suficiencia financiera de todas
las entidades locales que estén trabajando y que tengan representatividad
de los ciudadanos, sean menores, mayores o mediopensionistas. Los
concejos probablemente son las únicas entidades locales menores que hay
que en el territorio histórico de Álava, pero llamar entidad menor a un
municipio, como usted ha comentado, de 3000 habitantes o de 20 000 la
verdad es que suena un poco a chiste, y se da el efecto paradójico que
usted dice, que también se va a recoger probablemente en la ley, y es que
al final vamos a acabar teniendo más municipios de los que se supone que
se querían evitar, por lo tanto, tampoco tengo mucho interés en que se
elimine ningún municipio.

Estamos de acuerdo con todo, pero pese a ello nos cuesta
votar que sí. Por lo tanto, nos vamos a abstener, estando de acuerdo
—vuelvo a repetir— con el fondo de la cuestión.

Muchas gracias, señora presidenta.

La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias,
señoría.

Por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya,
tiene la palabra la senadora Sequera.

La señora SEQUERA GARCÍA: Gràcies, senyora presidenta. Bon
dia senyories.

En primer lloc, cal tenir clar el que estableix
l’article 3 de la Llei 7/85 de Bases de Règim Local. Defineix
quines entitats integren el mapa local de l’Estat: el municipi, la
província, les illes, les entitats d’àmbit inferior al municipi,
comarques o agrupacions de municipis, àrees Metropolitanes i
mancomunitats. I el problema que planteja la moció que s’ha
presentat i que estem debatent és l’exclusió de les entitats locals
menors del mecanisme de pagaments a proveïdors. L’objectiu que
persegueix el mecanisme de finançament per al pagament a proveïdors és
liquidar el deute comercial que tenen les administracions públiques, com
a primer pas per establir com a eines de control del deute comercial, la
factura electrònica i el registre comptable.

Cal tenir present les paraules del Ministre Montoro, que va
utilitzar per presentar el primer Pla de pagament a proveïdors en aquesta
Cambra: deia que «un país seriós és el que compleix amb els objectius de
dèficit públic. Que un país seriós és aquell en el que les
administracions públiques compleixen amb el seu deute comercial, amb els
proveïdors. I que per tant, s’ha de contribuir a demostrar que som
un país que compleix.» Paraules estretes del Diari de Sessions. Tenint en
compte que les entitats locals que estableix l’ordenament jurídic
anomenades anteriorment formen part d’aquesta l’Administració
pública que ha de complir per a ser un país seriós, cal que tinguem
present dues dades importants, que ja s’han mencionat
anteriorment:

Oficialment, a banda dels 8117 municipis existents, cal
tenir present les 3723 entitats locals menors. I en segon lloc, segons
les dades del ministeri d’Hisenda, el deute viu de les entitats
locals menors, mancomunitats etc... a 31 de desembre de 2012 era de 206
milions d’euros. Segons aquestes dades i la interpretació que fa el
propi ministeri, les entitats locals menors, a l’hora de computar
el deute viu de les Entitats Locals, s’inclouen en el seu conjunt i
el deute d’aquestes computa amb el total. Per tant, és obvi que els
mecanismes que s’estableixin per tal de reduir a «0» el deute
comercial de les administracions públiques, contemplin a les entitats
locals menors com a part de l’àmbit d’aplicació en el
mecanisme de pagament a proveïdors.

Per poder tenir una visió clara del que significa deixar de
banda a aquestes Entitats Locals Menors no podem obviar la realitat, i
com a tall d’exemple, trobem a la província de Lleó, la província
que més Entitats Locals Menors té, el percentatge de recursos que
gestionen és el més gran de tota la província en quant a Entitats Locals,
com ha dit el senador Belloch, Trobajo del Camino, també Lleó, té 20.000
habitants. És una de les Entitats Locals Menors més grans del país però
que no està inclosa dins del Pla de pagament a proveïdors. En canvi hi ha
municipis molt més petits que sí que si poden acollir.

El patrimoni que acumulen aquestes Entitats Locals solament
a la província de Lleó es calcula en uns 2.000 milions d’euros
(segons la Federació de Juntes Veïnals) Si veritablement l’objectiu
que es persegueix segons el ministre Montoro és tenir una administració
pública sense deute com a mostra d’un país del que tothom es pugui
fiar, cal que s’incloguin a les mesures per arribar a aquest
objectiu a tota entitat reconeguda com a administració pública en el
nostre ordenament jurídic. Sense excloure’n cap. Només cal
rectificar.

Creiem que els més de 200 milions d’euros de deute
viu és una quantitat prou important com per ser coherent amb
l’objectiu establert i les mesures posades en pràctica. Perquè no
obstant, ens preocupa el futur d’aquestes Entitats Locals Menors,
vist el text de la Llei de racionalització i estabilitat de
l’administració local. Potser el fet de no incloure-les ja està fet
expressament. Quan entri en vigor la reforma de la Llei, la majoria
desapareixeran com a tals en el mapa local. Per tant, aprofito
l’avinentesa per manifestar el rebuig a la Llei.

Aquestes Entitats Locals Menors són la mostra clara de
democràcia en la seva essència més pura. Per tant la seva eliminació és
un atemptat contra la democràcia, emparat per la llei. Els agradi o no,
aquestes Entitats Locals són patrimoni immaterial i el màxim element
identitari per a milers de persones. Són el seu símbol de pertinença a un
territori i elements que configuren a l’Estat una empremta de la
seva diversitat i singularitat. I com deia anteriorment, és la màxima
expressió de la democràcia directa, que ha sobreviscut a moltes etapes
històriques: feudalisme, guerres, absolutisme, dictadures... i ara, en
plena democràcia no sobreviuran al President Rajoy i al Partit
Popular.

Aquestes Entitats Locals Menors també formen part de
l’Estat arreu del territori. Excloure-les com a tals del conjunt de
l’Administració Pública és crear un greuge i un problema on no
existia. Sumant es fa país, l’exclusió el debilita. Rectifiquin i
votin a favor de la moció, i permetin la inclusió

d’aquestes Entitats Locals Menors en el mecanisme de
pagaments a proveïdors, adaptant les mesures per tal que aquestes
Entitats puguin garantir el retorn dels diners prestats. Sols cal
voluntat d’adaptar la norma, un altre cosa és que no es vulgui
fer.

L’Entesa donarà el seu vot favorable a la moció.

Gràcies. (Aplaudiments.)

Gracias, señora presidenta. Buenos días, señorías. En
primer lugar, hay que tener claro lo que establece el artículo 3 de la
Ley 7/85 de Bases de Régimen Local que define qué entidades integran el
mapa local del Estado: el municipio, la provincia, las islas, las
entidades de ámbito inferior al municipio, comarcas o agrupaciones de
municipios, áreas metropolitanas y mancomunidades. El problema que
plantea la moción que se ha presentado y que estamos debatiendo es la
exclusión de las entidades locales menores del mecanismo del pago a
proveedores. El objetivo que persigue el mecanismo de financiación para
el pago de proveedores es liquidar la deuda comercial que tienen las
administraciones públicas como primer paso para establecer como
herramientas de control de la deuda comercial la factura electrónica y el
registro contable.

Hay que tener presente las palabras del ministro Montoro
cuando presentó el primer plan de pago a proveedores en esta Cámara.
Decía que un país serio es el que cumple con los objetivos de déficit
público, que un país serio es aquel en el que las administraciones
públicas cumplen con su deuda comercial con los proveedores y que, por
tanto, se ha de contribuir a demostrar que somos un país que cumple;
palabras extraídas del Diario de Sesiones. Como las entidades locales que
establece el ordenamiento jurídico nombradas anteriormente forman parte
de esta Administración pública que ha de cumplir para ser un país serio,
debemos tener presentes dos datos importantes que ya se han mencionado
anteriormente; oficialmente, aparte de los 8117 municipios existentes,
hay que tener presentes las 3723 entidades locales menores y, en segundo
lugar, según los datos del Ministerio de Hacienda, la deuda viva de las
entidades locales menores, mancomunidades, etcétera, a 31 de diciembre de
2012, era de 206 millones de euros. Según estos datos y la interpretación
que hace el propio ministerio, las entidades locales menores, cuando han
de computar la deuda viva de las entidades locales, se incluyen en su
conjunto y la deuda de estas computa en el total. Por tanto, es obvio que
los mecanismos que se establecen para reducir a cero la deuda comercial
de las administraciones públicas contemplan a las entidades locales
menores como parte del ámbito de aplicación en el mecanismo de pago a
proveedores.

Para poder tener una visión clara de lo que significa dejar
de lado a estas entidades locales menores, no podemos obviar la realidad
y como ejemplo encontramos que en la provincia de León, la provincia que
más entidades locales menores tiene, el porcentaje de recursos que se
gestiona es el más grande de toda la provincia en cuanto a entidades
locales. Como ha dicho antes el senador Belloch, Trobajo del Camino,
también en León, tiene 20 000 habitantes y es una de las entidades
locales menores más grandes del país, pero no está incluida en el plan de
pago a proveedores. En cambio, hay municipios mucho más pequeños que sí
pueden acogerse.

El patrimonio que acumulan estas entidades locales solo en
la provincia de León se calcula en más de 2000 millones de euros, según
la Federación de Juntas Vecinales. Si el objetivo que se persigue, según
el ministro Montoro, es tener una Administración pública sin deudas como
muestra de un país en el que todos puedan confiar, hay que incluir en las
medidas para llegar a este objetivo a toda entidad reconocida como
Administración pública en nuestro ordenamiento jurídico, sin excluir
ninguna. Solo hay que rectificar.

Creemos que los más de 200 millones de euros de deuda viva
es una cantidad lo suficientemente importante como para tomar medidas y
ser coherente con el objetivo establecido y las medidas llevadas a la
práctica. No obstante, nos preocupa el futuro de estas entidades locales
menores visto el texto de la ley de racionalización y estabilidad de la
Administración local. Quizás el no incluirlas se ha hecho adrede, porque
cuando entre en vigor la reforma de la ley, la mayoría desaparecerán como
tales en el mapa local. Por consiguiente, aprovecho la circunstancia para
manifestar nuestro rechazo a esta ley.

Estas entidades locales menores son la muestra clara de la
democracia en su esencia más pura. Por tanto, su eliminación es un
atentado contra la democracia, amparado por la ley. Les guste o no, estas
entidades locales son patrimonio inmaterial y el máximo elemento
identitario

para muchísimas personas, son su símbolo de pertenencia a
un territorio y elementos que configuran en el Estado una huella de su
diversidad y seguridad. Y, como decía anteriormente, es la máxima
expresión de la democracia directa, que ha sobrevivido a muchas etapas
históricas —feudalismo, guerras, absolutismo, dictaduras— y
ahora, en plena democracia, no sobrevivirán al presidente Rajoy y al
Partido Popular.

Estas entidades locales menores también forman parte del
Estado en todo el territorio, excluirlas como tales del conjunto de la
Administración pública es crear un agravio y un problema donde no
existía. Sumando se hace país; la exclusión lo debilita. Rectifiquen y
voten a favor de la moción y permitan la inclusión de estas entidades
locales menores en el mecanismo de pagos a proveedores, adoptando las
medidas para que estas entidades puedan garantizar el retorno del dinero
prestado. Solo es necesaria una voluntad para adaptar la norma, otra cosa
es que no se quiera hacer.

Entesa dará su apoyo a esta moción.

Gracias. (Aplausos.)

La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Por el Grupo
Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió, tiene la palabra
la senadora Rivero.

La señora RIVERO SEGALÀS: Gràcies.

Senadors, jes Entitats Locals Menors les anomenades a
Catalunya Entitats Municipals descentralitzades, són un tipus
d’Entitats d’àmbit territorial inferior al municipi, per tant
una Autonomia a l’interior d’un municipi.

La Constitució de 1978 ja reconeix el principi
d’autonomia local i el de descentralització. La Llei 7/1985 de 2
d’abril, que regula les bases del Règim Local, declara en el seu
article 1er que totes les Entitats Locals gestionaran en autonomia el
seus interessos propis i en el seu article 3.2 confirma que gaudeixen
també de la condició d’entitats locals, aquelles entitats
d’àmbit territorial inferior al municipi instituïdes o reconegudes
per les Comunitats Autònomes de conformitat amb l’article 45
d’aquesta llei. A aquests efectes, les Entitats Locals Menors de
Catalunya, les Entitats municipals descentralitzades, estan reconegudes i
regulades per l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, i a tots
els efectes són reconegudes com a Govern Local. Si tenim en compte aquest
marc legal i les paraules del prop ministre Montoro el 17 de juliol, quan
presentava aquest nou Pla de Proveïdors al Congrés, en les que deia
textualment: «entendemos que debemos promover el instrumento financiero
que nos lleve a que en pocos meses todas las Administraciones Públicas de
España», afegeix «todas, con independencia de su tamaño o de su posición
financiera concreta, estén pagando a los proveedores a treinta días».

Els deia doncs, si tenim en compte el marc legal i les
paraules, la voluntat expressa que manifesta el ministre de que totes les
Administracions hi siguin incloses, contrasta,o ens sorprèn, no
trobar-les dins l’àmbit d’aplicació subjectiu d’aquest
segon Pla de Proveïdors, ja no van entrar en el primer, i sí que és cert
que hi hagut una voluntat per part del Govern d’ampliar aquest
àmbit subjectiu, i és cert que en el cas de Catalunya els Consells
Comarcals, que són una Administració municipal, també s’hi han
pogut incloure, però no hi són les Entitats Menors Descentralitzades a
Catalunya.

Si em diuen que això té molta importància pel pes, per el
gruix de les factures, que en el fet de Catalunya poden presentar
aquestes Entitats municipals, jo els diria, doncs poder no és un gruix
molt important, poder no estem parlant d’això. Però aquí hi hem
d’afegir un contingut important, tenint en compte que el món
municipalista està sobre la taula i està patint un judici a tots els
efectes. Les Entitats Municipals Descentralitzades formen part del
municipalisme i gestionen diverses realitats. És cert, en el cas de
Catalunya, com a tot arreu, que hi ha Entitats Municipals
Descentralitzades com en la zona de la que jo vinc, l’entitat
d’Arestui, que té menys de 20 habitants, però també és cert que en
la zona de les Terres de l’Ebre hi ha l’entitat municipal
descentralitzada de Jesús, que té 4000 habitants, per tant, més habitants
que gairebé el 85% o 90% dels municipis de l’Estat.

Els deia que aquestes Entitats no es poden tenir en compte
amb una òptica purament financera, perquè amb l’excusa de
l’estabilitat pressupostària i la sostenibilitat financera,
quedar-nos només en aquí. Jo penso que cal tenir un coneixement important
del territori i de què fan aquestes Administracions a tots els efectes en
els territoris. Penso que el cohesionen i estan gestionant realitats
diferents. Això és absolutament important quan parlem del món rural. Si
tenim en compte que aquestes Entitats municipalistes vigilen els béns
d’us públic i els béns comunals,

que encara n’hi ha. Conservem i administren el seu
patrimoni, incloent també la gestió del bosc. Regulen
l’aprofitament d’aquests bens comunals, s’encarreguen
de temes d’enllumenat, neteja, però també d’activitats
culturals i esportives, és a dir, aquestes Entitats municipalistes
descentralitzades, en el cas de Catalunya, Entitats Locals Menors, estan
produint oportunitats en els territoris, que d’altre manera no es
produïen.

Quan em parla el Partit Popular d’aquesta voluntat
d’incloure-les, això contrasta moltíssim amb el fet que en aquesta
nova llei que està a punt d’arribar, ens trobem, per una banda, que
no estan relacionades quan parla de les Entitats Locals, estan excloses
d’aquesta relació de subjectes, i a més, més endavant, els treu la
seva personalitat jurídica. A més a més, per acabar de rissar el ris, si
anem a una disposició addicional, no recordo ara quina és, però en una de
les seves disposicions addicionals parla de que les que ja estan en
aquest moment constituïdes conservaran encara la seva entitat
jurídica.

Per tant estem intentant muntar un marc municipalista, crec
que des del coneixement del món municipalista, amb tots els respectes al
senyor Montoro, penso que és perfectament capaç de, financerament quadrar
el món municipal, però no es tracta d’això. Això no dóna respostes
reals. Abundant en la Llei que ha d’entrar, aquest Grup
Parlamentari, per activa i per passiva, i fa dos dies en l’informe
del CORA que es va debatre en la Comissió del Constitucional, penso que
ja varem fer un posicionament clar respecte d’aquesta nova llei de
Governs Locals, que el què fa és recentralitzar, envair competències, i
sobre tot, i penso que això no ens ho podem permetre ningú, està
vulnerant l’autonomia local. Afegint aquest degoteig
d’amenaces cap el món municipalista, que en les zones rurals fa
aquesta feina de cohesió social, aquesta feina d’equilibri
territorial, aquesta feina que no la podria fer ningú més des de la
distància.

També aprofito l’avinentesa per dir que no sols les
Entitats municipalistes estan en el punt del huracà, no fa tant temps, el
propi ministre anunciava que serien abolides. Ara no les aboleixen, però
les maten d’inanició. El mateix passa amb els municipis petits. Hi
vull aprofitar perquè a nivell territorial el problema és el mateix:
municipis de menys de 20 000 habitants, ja en el moment que li plantejava
la pregunta al senyor Montoro, li deia: expliqui’m senyor Montoro,
en una zona com la meva, una zona rural, de muntanya, amb 15 municipis,
amb 121 nuclis de població, amb una dispersió de població, si aquestes
atribucions que tenen els municipis, amb l’excusa d’aquest
paràmetre del preu estàndard, que després ha passat a dir-se el coste
efectivo, perquè efectivament aquest cost estàndard també va estar
qüestionat per el propi Consell d’Estat, amb aquesta excusa enviem
les competències a les Diputacions, que d’altre banda, cal recordar
que les Diputacions, en els seus òrgans constituents, no són de direcció
electa, per tant, perdonin, però estem matant l’exercici més
directa i el vincle més directa que hi ha entre el poble i el polític.
Per tant, que em diguin com podran atendre en el meu cas, per exemple, en
el Pirineu de Lleida, com podem atendre les necessitats dels ciutadans si
aquestes competències les ha d’assumir la Diputació de Lleida. És
que físicament és impossible, no poden atendre les realitats d’un
territori tant dispers i poblacionalment tant dispers.

Per tant, jo penso que, efectivament hi ha una amenaça
contra el municipalisme, entenc que no és un problema de mala fe, però
penso que ens perdem amb aquests paràmetres, únicament financers, que
s’han de tenir en compte, per suposat, però que no poden ser els
únics que es tinguin en compte per endreçar el món municipal.

Afegir que si això, a més a més de les amenaces que
comporta, no va acompanyat d’una llei de finançament clara, tampoc
no ens aporta cap solució.

Jo els diré que a Catalunya finalment el municipalisme
l’entenem des de l’asimetria, la descentralització i la
proximitat. Ja els avanço que estem disposats a parlar de tot, però no
volem un model que sigui anacrònic, centralista, uniformador, que estigui
al servei d’uns quants i que estigui allunyat dels ciutadans. És
fonamental perquè els territoris i els ciutadans tinguin condicions i
tinguin oportunitats.

Moltes gràcies

Gracias.

Senadores, las entidades locales menores, las llamadas en
Cataluña entidades municipales descentralizadas, son un tipo de entidades
de ámbito territorial inferior al municipio y, por tanto, una autonomía
en el interior de este.

La Constitución de 1978 ya reconoce el principio de
autonomía local y el de descentralización. La Ley 7/1985, de 2 de abril,
que regula las bases del régimen local, declara en su artículo 1º que
todas las entidades locales gestionarán con autonomía sus intereses
propios y en su artículo 3.2 confirma que gozan también de la condición
de entidades locales aquellas entidades de ámbito territorial inferior a
municipios instituidas o reconocidas por las comunidades autónomas de
acuerdo con el artículo 45 de esta ley. A estos efectos, las entidades
locales menores de Cataluña, las entidades municipales descentralizadas,
están reconocidas y reguladas por el Estatuto de Autonomía de Cataluña, y
a todos los efectos son reconocidas como Gobierno local. Tenemos que
tener en cuenta este marco legal y las palabras del propio ministro
Montoro, el 17 de julio, cuando presentaba este nuevo plan de proveedores
en el Congreso, que decía textualmente: Entendemos que debemos promover
el instrumento financiero que nos lleve a que en pocos meses todas las
administraciones públicas de España —añade, todas—, con
independencia de su tamaño o de su posición financiera concreta, estén
pagando a los proveedores a treinta días.

Les decía, pues, que si tenemos en cuenta el marco legal y
la voluntad expresa que manifiesta el ministro de que todas las
administraciones estén incluidas, nos sorprende no encontrarlas en el
ámbito de aplicación subjetiva de este segundo plan de proveedores. Ya
han entrado en el primero y es cierto que ha habido una voluntad por
parte del Gobierno de ampliar este ámbito subjetivo, y es cierto que en
el caso de Cataluña los consejos comarcales, que es una Administración
municipal, han podido incluirse, pero no están las entidades menores
descentralizadas en Cataluña.

Si me dicen que esto tiene mucha importancia por el grueso
de las facturas que en el caso de Cataluña pueden presentar estas
entidades municipales, les diría que quizá no es un grueso muy
importante, quizá no estamos hablando de eso, pero aquí tenemos que
añadir un contenido importante teniendo en cuenta que el mundo
municipalista está encima de la mesa y está sufriendo un juicio a todos
los efectos. Las entidades municipales descentralizadas forman parte del
municipalismo y gestionan diversas realidades. Es cierto que en el caso
de Cataluña, como en todas partes, hay entidades municipales
descentralizadas, como la zona de donde yo vengo, la entidad de Arestui,
que tiene menos de 20 habitantes, pero también es cierto que en la zona
de las tierras del Ebro está la entidad municipal descentralizada de
Jesús que tiene 4000 habitantes. Por tanto, más habitantes que casi el 85
o el 90% de los municipios del Estado.

Les decía que estas entidades no se pueden tener en cuenta
con una óptica puramente financiera, es decir, con la excusa de la
estabilidad presupuestaria y la sostenibilidad financiera y quedarnos
solo ahí. Creo que hay que tener un conocimiento importante del
territorio y de qué hacen estas administraciones a todos los efectos en
los territorios. Creo que lo cohesionan y están gestionando realidades
diferentes. Esto es absolutamente importante cuando hablamos del mundo
rural, si tenemos en cuenta que estas entidades municipalistas vigilan
los bienes de uso público y los comunales que todavía existen, conservan
y administran su patrimonio, incluyendo también la gestión del bosque,
regulan el aprovechamiento de estos bienes comunales, se encargan del
alumbrado, de la limpieza y también de actividades culturales y
deportivas. Estas entidades municipalistas, descentralizadas en el caso
de Cataluña, entidades locales menores, están produciendo oportunidades
en los territorios que de otra manera no se producirían.

El Partido Popular habla de esta voluntad de incluirlas,
pero esto contrasta mucho con el hecho de que en esta nueva ley que está
a punto de llegar las entidades locales están excluidas de esta relación
de sujetos, y más adelante, les quita su personalidad jurídica. Además,
para acabar de rizar el rizo, si vamos a una disposición adicional
—no recuerdo ahora cuál es—, habla de que las que ya están en
este momento constituidas conservarán todavía su entidad jurídica.

Por tanto, estamos intentando montar un marco
municipalista, y desde el conocimiento del mundo municipalista, con todos
los respetos al señor Montoro, tengo que decir que es perfectamente capaz
de cuadrar financieramente el mundo municipal. Pero no se trata de eso,
eso no da respuestas reales. Abundando en la ley que ha de entrar, este
grupo parlamentario lo ha manifestado, por activa y por pasiva y hace dos
días en el informe de la CORA que se debatió en la Comisión
Constitucional nos posicionamos claramente respecto a esta nueva ley de
gobiernos locales, que lo que hace es recentralizar, invadir competencias
y, sobre todo, algo que creo que nadie se puede permitir, está vulnerando
la autonomía local y aumentando este goteo de amenazas hacia el mundo
municipalista que en las zonas rurales hace este trabajo de cohesión
social, de equilibrio territorial, que no podría hacer nadie más desde la
distancia.

Aprovecho la ocasión para decir que no solo las entidades
municipalistas están en el ojo del huracán —no hace tanto tiempo el
propio ministro anunciaba que se abolirían, ahora no lo hacen, pero las
matan de inanición—, lo mismo pasa con los municipios pequeños y, a
nivel territorial, el problema es el mismo. Respecto a los municipios de
menos de 20 000 habitantes, en el momento en que le planteaba la pregunta
al señor Montoro, le pedí que me explicara cómo se puede actuar en una
zona como la mía, rural, de montaña, con quince municipios, con ciento
veintiún núcleos de población y con dispersión de población, si estas
competencias que tienen los municipios, con la excusa del parámetro de
precio estándar —que después ha pasado a llamarse coste efectivo,
pues, efectivamente, había sido cuestionado el precio estándar por el
propio Consejo de Estado— son atribuidas a las diputaciones. Por
otro lado, tenemos que recordar que las diputaciones en sus órganos
constituyentes no son de dirección electa. Por consiguiente, perdonen,
pero estamos matando el ejercicio y el vínculo más directo que existe
entre el pueblo y el político. Así que díganme cómo podremos atender, por
ejemplo, en mi caso, en el Pirineo de Lérida, las necesidades de los
ciudadanos si estas competencias tiene que asumirlas la Diputación de
Lérida. Físicamente es imposible. No pueden atender las realidades de un
territorio poblacionalmente tan disperso.

En definitiva, creo que hay una amenaza al municipalismo.
Entiendo que no es un problema de mala fe, pero creo que estos
parámetros, exclusivamente financieros, que, por supuesto, deben tenerse
en cuenta, no pueden ser los únicos a la hora de ordenar el mundo
municipal.

He de añadir que si esto, además de las amenazas que
conlleva, no viene acompañado de una ley de financiación clara, tampoco
nos aporta ninguna solución.

Finalmente, les diré que en Cataluña entendemos el
municipalismo desde la asimetría, la descentralización y la proximidad, y
les avanzo que estamos dispuestos a hablar de todo. Sin embargo, no
queremos un modelo que sea anacrónico, centralista, uniformador, al
servicio de unos cuantos y alejado de los ciudadanos. Es fundamental para
que los territorios y los ciudadanos tengan condiciones y
oportunidades.

Muchas gracias.

La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias,
señoría.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el
senador Belloch.

El señor BELLOCH JULBE: Gracias, presidenta.

Señorías, seguramente esta legislatura se recordará por
muchas cosas. Desde mi punto de vista, también se recordará por la
verdadera imaginación que derrocha la mayoría que apoya el Gobierno a la
hora de dar nombre a las cosas, o mejor, a las leyes. Es verdaderamente
paradójico que a una ley que cercena gravemente la autonomía municipal,
como acaba de decir el representante de Convergència i Unió, se le llame
de modernización y sostenibilidad de la Administración local.

La verdad es que cuando se habla de sostenibilidad dan
ganas de echarse a correr; lo único que falta es precisar quiénes van a
ser las víctimas o qué derechos sociales básicos van a ser afectados por
esa sostenibilidad. Y lo mismo ocurre en el terreno de los eufemismos;
por ejemplo: la economía se está recuperando. Eso se refiere a algunos
datos macro, es verdad: la célebre prima de riesgo, la Bolsa, la mayor
salud financiera de las entidades bancarias. ero no es verdad en todos
los terrenos macro: no en la deuda; a final de año vamos a llegar a un
billón de euros de deuda, de modo que, en dos años, se habrá logrado
incrementar la deuda lo que a Rodríguez Zapatero le costó cuatro años;
este es un dato macro que no ha mejorado. Por no hablar de la economía
real, la del día a día: la del puesto de trabajo, la del salario bajo, la
de los contratos basura, la de la disminución de los derechos sociales;
de eso no se habla.

Por eso, cuando oímos hablar de municipalismo, también nos
da miedo saber qué se entiende por municipalismo en el ámbito del Partido
Popular; y no es una intuición, sino que se basa en comprobados
antecedentes. La verdad es que siempre pensamos en cuál será el agujero
siguiente que van a querer introducir en el tejido local; y lo son, sin
duda, las entidades locales menores a las que nos referimos. Estamos
hablando, como he comentado en mi primera intervención, de un volumen de
negocio —voy a emplear este término— altísimo; solamente en
León, les corresponde a los concejos bienes patrimoniales por encima de
los 2000 millones de euros. ¿Por qué se persigue a las entidades locales
menores? Es una pregunta que, aparentemente, no tiene una respuesta
fácil. El 20 de octubre pasado se reunieron en León agrupaciones de
entidades locales

menores procedentes de Galicia, Asturias, Cantabria,
Burgos, León, Zamora, Salamanca, Palencia y Álava. Leyeron un comunicado,
que desde luego nuestro grupo hace propio, que decía, entre otras cosas,
que la disolución de las entidades locales menores se podía llegar a
convertir en un expolio de propiedad pública de una magnitud
considerable. Y la verdad es que nos parece razonable ese punto de vista.
No se entiende lo que está haciendo el Partido Popular con las entidades
locales menores, como no sea establecer un mecanismo por el que muchas de
ellas se vean obligadas a ser absorbidas por el municipio matriz; y
posteriormente, al municipio matriz, que no tiene personal adecuado para
muchas de las funciones propias de las entidades locales menores, tendrá
una salida muy clara: la privatización de sus servicios. En definitiva,
es algo semejante a lo que se hace en esa ley respecto a todos los
municipios menores de 20 000 habitantes. Es legítimo sospechar que esa es
la finalidad, mientras no se dé una explicación mínimamente
satisfactoria, y no se está dando. En definitiva, ¿por qué no van a
cuidar de la propiedad comunal los propietarios? ¿Dónde está escrito que
es más sensato que lo haga una administración? Además, hay muchísimos
proyectos que, sin la colaboración directa de los ciudadanos, simplemente
no se podrían poner en marcha; por ejemplo, los procesos de
colonización.

En definitiva, señorías, con toda claridad me atrevo a
pedirles el voto favorable. ¿Por qué? Porque lo exige la justicia; porque
lo exige el no discriminar. Fíjense en que no solo discriminan a las
entidades locales menores respecto del resto de entidades locales, sino
que también discriminan a los proveedores de las entidades locales
menores respecto de los proveedores del resto de entidades locales. Esta
actitud no tiene significado —y lo he tratado de explicar en la
primera parte de nuestra intervención— desde el punto de vista
económico, porque tampoco se plantea ningún problema de retorno de las
cantidades prestadas. Sinceramente, siendo estas las condiciones, ¿por
qué intentan acabar con esa institución?

Nada más y muchas gracias. (Aplausos.)

La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias,
señoría.

Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la
senadora Angulo.

La señora ANGULO MARTÍNEZ: Gracias, señora presidenta.

Señorías, me dicen: ¿qué tiene que ver la enmienda con la
moción? Tiene que ver todo, senador Belloch, tiene que ver todo. Yo me
pregunto dónde estaban ustedes cuando, para acabar con la morosidad, para
acabar con la destrucción del tejido productivo y para acabar con la
destrucción de empleo, se le pidió al anterior Gobierno docenas de veces
que aprobara medidas en ese sentido; cuando le decíamos que en este país
las administraciones, todas las administraciones, tenían que pagar las
facturas, y para eso había que dotarla de los instrumentos adecuados.
Entonces callaron ustedes; y también los alcaldes del Partido Socialista
callaron, mientras apilaban montones de facturas en los cajones.
(Aplausos.) Callaron ustedes, mientras dejaban de pagar a cientos de
miles de proveedores de este país. Yo me pregunto dónde estaban ustedes,
porque fue el Partido Popular el que puso en marcha ese mecanismo.
(Protestas.—Rumores.)

Y usted dice que qué tiene que ver. Pues tiene mucho que
ver. Tiene que ver con que se han pagado en este país cerca de 6 millones
de facturas a 116 000 proveedores de las entidades locales, solo de las
entidades locales; 2 millones de facturas de las entidades locales, casi
6 millones en total. Tiene mucho que ver acabar con la morosidad, senador
Belloch. (El señor presidente ocupa la Presidencia.) A ustedes les
preocupa poco; les preocupó poco dejar las facturas y venirse a destinos
más soleados dejando todo sin pagar allí donde habían gobernado. Muchos
de ustedes tienen responsabilidades de gobierno en ayuntamientos y en
comunidades autónomas, donde han dejado que la morosidad acabe con
negocios de autónomos y con pequeñas y medianas empresas, señorías.
(Aplausos.—Protestas.—Rumores.) Tiene mucho que ver ese
mecanismo de pago a proveedores con datos que no son eufemismos, como el
dato que conocíamos ayer de que por primera vez haya bajado el paro
interanual en este país. O con ese otro dato de los planes de ajuste en
2700 ayuntamientos, que ha tenido un papel clave para que los
ayuntamientos hayan acabado cumpliendo de forma sobrada el objetivo de
déficit. Ustedes hablan; pero ampliar el mecanismo de pago a proveedores
también lo hizo el Partido Popular. Desde febrero, desde el primer
momento, si algo se planteó el Gobierno del Partido Popular fue
precisamente ampliar el plan de pago a proveedores.

Me pregunto dónde estaban ustedes, cuando el Gobierno de
Mariano Rajoy aprobó la Ley Orgánica 1/2012 y amplía ya ese mecanismo a
la gestión de servicios públicos y a la de los conciertos en materia
sanitaria, educativa y de servicios sociales; porque ustedes se
abstuvieron, no votaron a favor. (Aplausos.) Me pregunto dónde estaban
ustedes cuando, en febrero de 2013, en el marco de las medidas de apoyo
al emprendedor, se amplía el mecanismo de pago a proveedores a las
entidades que habían quedado fuera de la primera fase, a las
mancomunidades de municipios y entidades del País Vasco y de Navarra;
porque ustedes se desmarcan de nuevo. O cuando se amplía, también en
febrero de 2013, a los municipios y comunidades autónomas que se habían
acogido a la primera fase pero que tenían deudas en otro tipo de
contratos —en concesiones administraciones, en encomiendas de
gestión o en convenios—; porque ustedes se desmarcan. Y así hasta
la tercera fase del pago a proveedores, cuya ampliación ha propuesto
también el Gobierno del Partido Popular. Una ampliación en el ámbito
subjetivo y en el objetivo, de manera que, por primera vez —por
primera vez—, van a poder incluirse también las obligaciones de
pago adquiridas por las universidades públicas de las comunidades
autónomas, también las obligaciones derivadas de indemnizaciones por
expropiaciones reconocidas en sentencia judicial, y algo muy importante,
señorías: las transferencias de las comunidades autónomas a entidades
locales para que puedan acabar de pagar los pagos pendientes al tercer
sector; los pagos en relación con servicios sociales, servicios a
dependientes, a personas necesitadas y a mayores. ¡Eso sí que es
verdaderamente importante! Y es fruto del trabajo, fruto del esfuerzo,
senador Belloch, y fruto de la convicción.

Hoy hablan ustedes de ampliar medidas a las entidades
menores. Me pregunto dónde estaban ustedes cuando tocaba esto y cuándo se
han preocupado por las entidades locales menores. ¿Se han preocupado
ustedes, en ocho largos años de gobierno, de modificar la Ley Reguladora
de las Haciendas Locales, para que participaran en los tributos del
Estado? Pues no, señorías. ¿Se preocuparon ustedes cuando, en el primer
mes de gobierno, el señor Montoro puso en marcha un mecanismo como el
pago a proveedores, que ustedes habían sido incapaces de articular, y
vieron que estas entidades se quedaban fuera, como se quedaban fuera
todas las que ha ido incorporando el Partido Popular? ¿Se preocuparon
ustedes? No. ¿Se preocuparon ustedes en febrero de 2013, cuando se aprobó
la segunda fase del pago a proveedores? Tampoco. Pero lo más llamativo,
señorías, lo más llamativo, es que el 17 de julio de 2013 se aprueba la
tercera fase del mecanismo de pago a proveedores; y la señora Aguilar,
ponente en el Congreso de la convalidación del real decreto ley
correspondiente, no dice una sola palabra ni menciona en absoluto a las
entidades locales menores; ni se acuerda de ellas. A lo mejor es que,
como calificó el pago a proveedores de mecanismo perverso, no lo
consideraba conveniente para ellas, o quería que estuvieran ajenas a él.
Porque, esa es otra: las contradicciones que ustedes mantienen, que no
saben si el pago a proveedores es bueno, malo o mediopensionista. Esa es
otra. (Aplausos.—Rumores.)

Nosotros creemos que es necesario pagar las facturas; que
el mecanismo de pago a proveedores es uno de los instrumentos más
importantes que se han adoptado para sentar las bases del crecimiento y
del empleo en este país; para frenar la destrucción masiva de empleo,
como se está frenando, y para saldar la deuda comercial que se había
acumulado en entidades locales y en comunidades autónomas. Se está
erradicando la morosidad y se está evitando la destrucción de muchos
puestos de trabajo. Pero a ustedes no les hemos encontrado nunca en estos
asuntos. Ustedes se acordaron de las entidades menores cuando se
manifestaron en el mes de agosto; y se han vuelto a olvidar de ellas, no
participando en el debate de la reforma local a la hora de aprobar
propuestas como la que nosotros hemos presentado en la Mesa y en el
Congreso, o en el debate de la Ley de racionalización y sostenibilidad de
la Administración Local.

Señora portavoz de Convergència i Unió, se refería usted a
modificaciones que se están produciendo en la prestación de servicios en
los municipios. También para eso el pago a proveedores es fundamental. Si
hay algo fundamental para garantizar los servicios públicos, senadora, es
asegurar que los servicios no solo se presten, sino que también se pagan,
ahora y en el futuro. Decía usted también que estamos potenciando el
papel de las diputaciones; hoy no se debate esa ley, lo expresarán mucho
mejor los portavoces correspondientes en su momento, pero sí: estamos
potenciando el papel de las diputaciones. Yo también soy de una provincia
con una tremenda dispersión geográfica. Soy senadora por Soria, una
provincia y una comunidad autónoma, la de Castilla y León, donde hay una
tremenda dispersión geográfica, con muchísimos

municipios con una población inferior a 5000 habitantes,
incluso inferior a 1000 habitantes, en muchos casos. Aquí es
importantísima la colaboración de la diputación, y son importantísimas
las enmiendas que ha promovido el Partido Popular en el Congreso, en el
sentido de que las diputaciones garanticen servicios como el tratamiento
de residuos a los municipios menores de 5000 habitantes o la prevención y
extinción de incendios para todos los municipios menores de 20 000
habitantes, o el mantenimiento y limpieza de los consultorios médicos en
los municipios de menos de 5000 habitantes. Fíjese en qué importante es
el papel de las diputaciones, señoría. Por cierto, diputaciones que, por
lo menos hasta hace escasos meses, el Partido Socialista quería fulminar,
lo recordamos todos: las quería fulminar. Son diputaciones que llevan
años desarrollando un papel importantísimo a la hora de garantizar la
prestación de servicios públicos para los vecinos; es el caso de la
Diputación de Soria y el de las diputaciones de muchas otras provincias,
estoy segura. Esa es la mejor forma de coordinar la prestación de
servicios y de coordinar la asunción de competencias. (Rumores.)

Senador Belloch —estoy segura de que me está
escuchando, aunque parece que no me esté atendiendo—, se han
aprobado en el Congreso enmiendas importantes que van a evitar la
disolución… (Rumores.) Sí, se ha aprobado una enmienda importante
en relación con un tema que usted mencionaba —creo que lo
sabe—, para que, colaborando con la FEMP, las entidades de ámbito
inferior al municipio puedan presentar sus cuentas en un año, y no en
tres meses, como se proponía. Fruto del diálogo y del debate —por
cierto, diálogo y debate que ustedes abandonaron hace más de seis meses,
junto con Izquierda Unida—, hemos trabajado también por las
entidades locales menores en cuestiones como las medidas del Real Decreto
Ley 8/2013, medidas de liquidez específicas dirigidas a esos más de 500
ayuntamientos que puedan seguir teniendo problemas y medidas dirigidas a
la participación de tributos del Estado.

Termino, señorías. Tengo la impresión de que siempre van
con el paso cambiado. Usted calificaba el pago a proveedores de un
instrumento esencial, mientras el señor Zarrías, en el Congreso, hablaba
de mecanismo caro, injusto y perjudicial.

El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría.

La señora ANGULO MARTÍNEZ: Diez segundos, presidente.

En marzo de 2012 nos decía usted que esta legislatura
empezaba muy bien para el municipalismo: cumpliendo demandas históricas
de los ayuntamientos y también de las entidades menores españolas. Sin
embargo, el señor Zarrías decía ese mismo mes que Montoro era el ministro
que destruía el mundo local. Esa es la claridad de criterio del Partido
Socialista; probablemente, ahí esté el problema.

El Partido Popular está apoyando a los ayuntamientos y
también a las entidades de ámbito inferior al municipio con medidas muy
claras que se recogen en las leyes y en las normas...

El señor PRESIDENTE: Termine, señoría.

La señora ANGULO MARTÍNEZ: Y, desde luego, en eso vamos a
seguir trabajando.

Gracias, presidente. (Aplausos.—Rumores.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Angulo.

Llamen a votación. (Pausa.)

Cierren las puertas.

Señorías, sometemos a votación la moción del Grupo
Parlamentario Socialista tal y como ha sido presentada.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 242; votos emitidos, 242; a favor, 88; en contra, 150;
abstenciones, 4.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

8. PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY

8.1. TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY

8.1.1. PROPOSICIÓN DE LEY DE REFORMA DE LA LEY ORGÁNICA
5/2012, DE 22 DE OCTUBRE, DE REFORMA DE LA LEY ORGÁNICA 8/2007, DE 4 DE
JULIO, SOBRE FINANCIACIÓN DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS.

(Núm. exp. 622/000010)

AUTOR: GPMX

El señor presidente da lectura a los puntos 8., 8.1. y
8.1.1.

El señor PRESIDENTE: No se ha presentado ninguna
proposición de ley alternativa, por lo cual procede someter a debate y
votación la presentada por el Grupo Parlamentario Mixto.

Para la defensa de la toma en consideración, tiene la
palabra por espacio de diez minutos la senadora Salanueva. (Rumores.)

Señorías, guarden silencio, por favor. (Rumores.)

Señorías, guarden silencio. (Continúan los rumores.)

Señorías, por favor, guarden silencio.

Gracias.

Cuando quiera, senadora Salanueva.

La señora SALANUEVA MURGUIALDAY: Gracias, señor
presidente.

Señorías, queremos explicar por qué Unión del Pueblo
Navarro ha presentado esta proposición de ley. Consideramos esta
iniciativa, y así quiero que lo entiendan todas sus señorías, como una
aportación, pequeña —algún líder considera que se queda
corta—, somos conscientes de ello. Pero es una aportación a un
debate candente y actual; una oportunidad de debate, y no solo de las
cuestiones que formulamos en la proposición de ley; quiero que lo vean
con una mentalidad amplia, que no se circunscriba solo a las peticiones
concretas que hacemos, sino también a otras muchas cuestiones
relacionadas que consideramos conveniente abordar en estos momentos de
descrédito de la clase política. La propuesta de UPN no consiste
únicamente en establecer un numerus clausus de decisiones a tomar en
relación con la financiación de los partidos políticos y su
transparencia. De momento, lo que les pedimos es que faciliten el debate,
que tomen en consideración la proposición y así podamos, entre todos,
perfeccionarla y mejorarla en los trámites siguientes.

Lo dijimos en su momento: UPN está en contra de que las
donaciones y condonaciones de deuda de los partidos políticos, aunque se
hayan limitado en su cuantía, sean aceptables en estos momentos en que
hay que dar ejemplo a la ciudadanía a la que representamos. Siguen siendo
una puerta abierta a la corrupción; cada vez más, por cierto, y, a pesar
de las limitaciones legales, cada vez más generalizadas. (Rumores.) No
hay más que leer los titulares de prensa; aquí lo tienen, señorías, no me
invento nada: estos titulares de prensa son solo de hace una semana, la
del 21 al 28 de octubre. Y conste que no quiero acusar a nadie,
proponemos un debate constructivo: «La contabilidad del PSOE ocultó
deudas de 29 millones que la banca le perdonó». «Una ONG afín al PSOE
simuló dietas para financiarse». «El fiscal concluye que el PP balear se
financió ilegalmente con comisiones». «UGT cobraba comisiones de las
empresas con las que gastaba el dinero de la Junta». «La caja B…»
En definitiva, señorías, esta es la realidad con que nos encontramos y
con la que tenemos que enfrentarnos a los ciudadanos todos los días.

El sistema no ha funcionado, y nuestro comportamiento, con
carácter general, tampoco. Las condonaciones de deuda aumentan para todos
los partidos, a excepción de UPN. Pero no venimos a sacar pecho, sino a
proponer un debate constructivo. La BBK, la Caixa, Santander, AERC,
Partido Socialista, CiU, Izquierda Unida… Es legal, ha sido legal;
pero no se trata de la legalidad del debate, sino de la ética de los
procedimientos. El Banco de España, señorías, calcula que los bancos han
condonado deuda a los partidos políticos de manera habitual desde la
transición, y solo tengo el dato hasta 2004, por más de 300 millones de
euros. ¡Imagínense hasta la actualidad, y con las noticias que hemos ido
conociendo! Las cifras son auténticamente escandalosas. El Banco de
España dispone de esos datos, aunque no ha querido hacerlos públicos.

Nos negamos a esto, señorías, y creemos que la nuestra
puede ser una opinión general. Debemos hacer borrón y cuenta nueva,
aprender de los errores y adoptar soluciones; nos lo exigen los
ciudadanos. Creemos que no está bien que los partidos políticos puedan
negociar sus créditos con los bancos en condiciones más ventajosas que
cualquier ciudadano en el tráfico mercantil ordinario. ¿O acaso piensan
algunos de ustedes que a una familia, a un ciudadano que tiene su
hipoteca, le van a perdonar su deuda con la entidad financiera, sin
contraprestación alguna? Evidentemente, no; un partido político puede
serle útil a los intereses de la entidad, pero un ciudadano particular
no. Cerremos esa puerta a la corrupción, aunque se haya limitado
cuantitativamente; cerremos la puerta de manera definitiva.

Señorías, un dato interesante. El hecho de la negociación
ventajosa de créditos de los partidos políticos en un solo año puede
suponer un beneficio superior a los 18 millones de euros. La deuda de los
partidos políticos está en niveles preocupantes, otro dato también para
la reflexión: cercana a los 220 millones de euros, y el tipo medio
efectivo de interés que se paga por esos créditos es del 0,4%; ustedes me
dirán si estamos en similar situación que cualquier ciudadano de a pie.
Con esto sería suficiente, no hacen falta más explicaciones, y supongo
que todas sus señorías estarán a favor de que tomemos cartas en el
asunto.

El Partido Popular lo ha reclamado públicamente: el señor
Monago, presidente de Extremadura, y el señor Núñez Feijoo han pedido la
prohibición total de las donaciones para evitar riesgos. El Partido
Socialista, mediante la nueva presidenta de Andalucía, reclamaba en
septiembre un pacto de regeneración democrática, quería prohibir las
donaciones privadas a través de una iniciativa legislativa que se
trasladase al Congreso de los Diputados. Pues ya está aquí la iniciativa
legislativa, señores del Partido Socialista; a la próxima conferencia que
celebrarán este fin de semana la llaman conectar, quieren conectar con
los ciudadanos, y es loable esa pretensión, ese objetivo: pues esta es
una forma de conectar con la ciudadanía.

Queremos huir de la política que a veces se practica del «y
tu, más», de la herencia recibida. Creemos que es momento de superar ya
esos debates, que no construyen ni fortalecen nuestro sistema
democrático. Demos un paso al frente, todos juntos. Corrijamos el déficit
del sistema, para que el sistema funcione y perdure. La Constitución
española sigue ofreciéndonos un marco amplio en el que desarrollar
nuestra democracia, y a los partidos políticos les otorga un papel
fundamental, cuya regulación ubica ni más ni menos que en el artículo 6
del Título Preliminar, donde los señala como instrumento esencial de
participación democrática en nuestro Estado de Derecho y nuestro sistema
de libertades, y como instrumento para canalizar la opinión ciudadana.
Tenemos que dar respuesta a lo que la Constitución estableció para el
sistema de partidos, no debemos ponerlo en riesgo.

Hay muchas otras cuestiones relacionadas con este aspecto
que debiéramos reformar, y no nos negamos. No está explicitado en el
texto, pero pensamos que las donaciones deben estar prohibidas en su
totalidad, ni siquiera con el límite de 50 000 o 100 000 euros. Y no solo
para evitar trampas como las que ya se han producido —sabemos que
en algunos casos se han ido troceando las donaciones para cumplir el
requisito legal de los 100 000 euros—, sino por el concepto en sí.
No por la cuantía, poca o mucha: por el concepto en sí. Las donaciones de
los partidos políticos ascienden a ocho o nueve millones de euros
anuales. Deben prohibirse las donaciones de bienes inmuebles o en
especie, que en la actualidad no tienen límite alguno, y que por
coherencia deberían desaparecer. Deben prohibirse las condonaciones de
deuda por los bancos, porque ese perdón nunca es gratis. Debe regularse
más y mejor la financiación de las fundaciones y asociaciones vinculadas
a los partidos políticos, que hoy por hoy son poco transparentes y con
mecanismos de control poco efectivos, porque pueden recibir donaciones
ilimitadas, y, a la vista de las noticias que se están recibiendo,
pensamos que es necesario.

A pesar de que el presidente del Tribunal de Cuentas en su
comparecencia en el Congreso afirmó que se van a poner al día en cuanto a
los informes, y nos parece bien, hay que abordar con urgencia una
cuestión: es escandaloso que un informe del Tribunal de Cuentas se haga
público cinco años después del ejercicio que está fiscalizando, incluso
cuando se ha cumplido el plazo de prescripción estipulado en cuatro años.
¿Qué garantías nos va a ofrecer un informe, qué seguridad al ciudadano, y
qué medidas podrá adoptar frente a los partidos políticos, cuando realiza
el informe transcurrido el plazo de prescripción? En cuanto a la
conformación del Tribunal de Cuentas, la extracción política no siempre
es mala, pero en cuestiones como esta debería tener un carácter

más independiente. Por supuesto, se han establecido
mecanismos interesantes que avanzan y profundizan en lo que los
ciudadanos nos exigen, como la publicación de las cuentas en las páginas
web de los partidos. Pero ¿qué sentido tiene? ¿No les parece que no deja
de ser otro brindis al sol? Porque la ley solo obliga a publicarlas una
vez supervisadas por el Tribunal de Cuentas, y este, como he dicho, hasta
ahora lo hace con un retraso de cinco años, aunque ahora haya dicho que
se va a poner al día.

¿Debe ser ilimitado el endeudamiento de los partidos?
Estamos hablando de déficit todos los días, las instituciones se aprietan
el cinturón para cumplir los objetivos de déficit, y debemos reflexionar
sobre la financiación de los partidos y el límite, o no, del
endeudamiento.

Solo son ideas, señorías, pero creemos que tenemos una
oportunidad para hacerlo ahora, y la brindamos con humildad para que la
trabajemos entre todos. Hay voces que la reclaman en todos los partidos
políticos, no es cuestión de culpabilizar a nadie: yo lo hice mejor, yo
lo hice peor; la ética en estos casos está muy por encima de la
legalidad. Sabemos que se trata de un tema sensible y que es necesario
hacer las cosas con un consenso básico.

En la financiación de los partidos, como en otras
cuestiones de políticas de Estado, hasta hace pocos años, hasta 2007
posiblemente, se han respetado los consensos básicos entre los grandes
partidos que van a tener la responsabilidad de gobernar España, pero
también entre otros que no somos grandes pero que también formamos parte
de España. Y queremos ofrecer y dar la posibilidad de buscar esos
consensos para que el Partido Socialista y el Partido Popular se
entiendan en un asunto de Estado como es la financiación de los partidos,
y en otras cuestiones. Haremos lo que sea necesario para intentarlo.

Por tanto, enmarco nuestra iniciativa —y voy
terminando, señor presidente— sin buscar culpables; buscando
soluciones. Es obligado, señorías, superar la legalidad con la ética y
que nos pongamos de acuerdo en desarrollar normas básicas de nuestro
sistema democrático. Espero contar con el apoyo unánime de la Cámara.

El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría.

La señora SALANUEVA MURGUIALDAY: No veo motivos, no veo
excusas, no veo razones para el no. Sería una pena no aprovechar esta
oportunidad que humildemente Unión del Pueblo Navarro ha planteado.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora
Salanueva.

¿Turno a favor? (Pausa.)

No hay turno a favor.

¿Turno en contra? (Pausa.)

No hay turno en contra.

Pasamos al turno de portavoces.

Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el
senador Iglesias.

El señor IGLESIAS FERNÁNDEZ: Muchas gracias. Intervendré
desde el escaño, si me lo permite, señor presidente.

No hay ninguna duda de que es necesario dar un paso más en
la regulación de la financiación de los partidos políticos, después de
haber avanzado en la elaboración de la ley actualmente vigente y haber
logrado un consenso político muy amplio en esta materia. Lo que ocurre es
que la propuesta que se nos plantea, que es positiva en sus contenidos,
sin embargo tiene carencias en el sentido de que no afronta esa reforma
global del conjunto de la ley.

Entendemos que la financiación de los partidos políticos
para ser plenamente transparente, para tener garantías absolutas de
ausencia de corruptelas, tiene que ser una financiación pública; pública
y suficiente, lo que no ha ocurrido en los últimos años como consecuencia
de los ajustes, que también se han extendido a las fuerzas políticas.
Avancemos, por tanto, en un modelo de financiación pública con amplio
consenso que permita excluir cualquier alternativa de financiación
privada. Y lo digo desde una formación política que no cuenta con otra
financiación privada que la que los propios militantes, fundamentalmente
los cargos públicos, hacemos cada mes a costa de una parte de la
remuneración que percibimos por ostentar esas representaciones
públicas.

De todas maneras, compartiendo la idea general, yo también
quiero ser absolutamente transparente con la Cámara y afirmar que los
graves problemas de corrupción en torno a la financiación privada no han
sido fruto del marco normativo, sino del incumplimiento del marco
normativo. Quienes han acudido a esos mecanismos no lo han hecho porque
la legislación actual —insisto, perfeccionable y sobre la que cabe
establecer más rigor y nuevos controles— haya abierto espitas para
esos mecanismos irregulares de financiación, sino porque abierta y
claramente se ha vulnerado la ley. Y cuando alguien tiene voluntad de
vulnerar la ley, puede vulnerar esta o la que sea fruto de una reforma
legislativa, lo cual, desde luego, no es disculpa para no afrontar esa
reforma legislativa.

Decía que compartimos los contenidos, la prohibición de
donaciones privadas y el establecimiento, como lógico acompañamiento, de
un marco de financiación pública. Compartimos la prohibición de
condonación de deuda por parte de las entidades de crédito, pero no solo
de las entidades de crédito sino de cualquier acreedor. Un partido puede
encomendar la construcción, o la modificación, reforma y rehabilitación
de su sede. Si el promotor inmobiliario, o el constructor, le condona el
coste de esa obra, también estaremos incurriendo en un mecanismo de
financiación de los partidos. Por lo tanto, no solo de las entidades
financieras, sino de cualquier acreedor frente a ese partido político. Y
compartimos que se extienda a las fundaciones la prohibición de recibir
esa financiación privada siempre y cuando también haya mecanismos
públicos de financiación de esas fundaciones.

A partir de este marco de carácter amplio, los proponentes
nos van a encontrar y van a contar con el apoyo de nuestros votos para
sacar adelante planteamientos que respondan a la filosofía y a los
contenidos que hay en la proposición de ley, pero también a otros
contenidos que son necesarios para afrontar, con un marco temporal amplio
y con un consenso importante, la definición de las formas de financiación
de las fuerzas políticas.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Iglesias.

Por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado, tiene la
palabra el senador Bildarratz.

El señor BILDARRATZ SORRON: Muchas gracias, señor
presidente.

Nosotros probablemente estemos de acuerdo con muchas de las
apreciaciones de la senadora Salanueva, apreciaciones con buena voluntad
y con un buen objetivo, pero también queremos dejar claro respecto a lo
que ha mostrado, es decir, una lista de la última semana con una serie de
ilícitos penales, que, tal como se decía anteriormente, esos ilícitos no
se van a solucionar con la ley actualmente vigente, ni con la que se está
planteando en estos momentos, ni con ninguna ley. ¿Por qué? Porque además
de que los partidos políticos deben ser coherentes con el marco normativo
vigente, también tienen que mostrar una serie de actitudes que muchas
veces están superando el propio marco normativo. Con lo cual, de esa
manera tampoco lo solucionamos.

Es cierto que estos temas, como ha dicho la senadora
Salanueva, son muy delicados, y por eso necesitan acuerdos muy amplios y
debates serenos, y —tal y como ha dicho el representante de
Izquierda Unida— exigen una reflexión sobre el propio modelo de
financiación, porque debemos ser conscientes de que en los últimos años
también ha habido un recorte a los partidos políticos en el ámbito de las
ayudas públicas de más del 50%. Todos tenemos claro que los partidos
políticos son necesarios e imprescindibles de cara al funcionamiento
democrático, pero si estamos cuestionando una cantidad importante en la
financiación pública, y además, por otra vía también estamos cortando la
financiación privada, nos vemos abocados a preguntarnos qué modelo de
partidos políticos queremos y, sobre todo, a aquellos partidos políticos
pequeños que están en la oposición y que no disponen de los recursos
humanos, económicos y técnicos que muchas veces aporta estar en algún
gobierno. Por ello merece la pena llegar a acuerdos amplios y serenos y
trabajar desde el inicio para que esos acuerdos se produzcan. Y voy a
poner como ejemplo la Ley Orgánica 5/2012, de 22 de octubre, de Reforma
de la Ley Orgánica de la Ley 8/2007, de 4 de julio, sobre Financiación de
partidos políticos, que justamente el año pasado se debatió en esta misma
Cámara y dio como resultado que de 218 votos emitidos, 215 fuesen a favor
y únicamente 3 en contra, y eso quiere decir algo. Es probable que, por
desgracia, hoy no obtengamos unas mayorías como las que acabo de
describir, lo que no favorece en nada a lo que la senadora Salanueva nos
estaba transmitiendo de trasladar a la opinión pública una imagen clara
de financiación de los partidos políticos y, sobre todo, unitaria en su
modelo, en su manera, en sus tiempos, en sus recursos, etcétera.

Por ello nos vamos a posicionar en contra de que esta
proposición de ley salga adelante, pero lanzo un guante al decir que no
nos oponemos a mejorar el sistema democrático ni la financiación ni el
sistema de partidos políticos. Debemos intentar en este debate conseguir
el acuerdo y la reflexión para dotarnos de recursos necesarios y
suficientes, no para nosotros, para los partidos políticos, sino para lo
que los partidos políticos representamos, que es a una pluralidad. Hay
que buscar y recoger lo que piensa la sociedad para darle respuesta con
los recursos que en su momento vayamos a necesitar.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador
Bildarratz.

Por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya,
tiene la palabra el senador Boya.

El señor BOYA ALÓS: Gracias, señor presidente.

En este debate ya se han producido intervenciones muy
interesantes para situar la cuestión, yo intentaré hacerlo de la forma
más breve posible y sumándome a la afirmación de la senadora Salanueva de
que abordamos un asunto de máxima actualidad, absolutamente trascendente
y, a la vez, como también se ha dicho, muy delicado y que requiere
transparencia y debate. No podemos obviarlo; la situación social que
estamos viviendo lo demanda, y es cierto que en este momento hay casos
evidentes en los que los titulares de la prensa han fijado reiteradamente
su atención. Pero también se ha dicho, y yo lo constato, que cuando uno
está dispuesto a saltarse las leyes, por más complejas que sean,
finalmente, se las acaba saltando. En todo caso, la imagen no es buena y,
por tanto, hay que abordar esta cuestión desde la responsabilidad de los
que tenemos representación pública, desde las instituciones, para que
podamos hacerlo con la limpieza y la transparencia que en el fondo y en
la forma requiere la actividad política. Porque, en definitiva, lo que
nos estamos jugando es que esta actividad que tiene que ser, por
principio, noble y de servicio público, resulte creíble, absolutamente
fundamental y el eje principal de una democracia, como lo son los
partidos políticos, porque, en definitiva, no existe democracia sin
partidos.

Dicho esto, también quiero afirmar que debemos hacerlo con
sentido común. El portavoz del Grupo Parlamentario Vasco lo ha dicho. Es
cierto que hay una larga lista de titulares de periódicos en los que,
fundamentalmente, desde una parte ideológica de nuestro amplio abanico,
se ha pretendido dar una imagen negativa y maniquea de los partidos
políticos y conseguir un descrédito generalizado de la actividad
política, que me parece absolutamente repugnante, porque considero que es
totalmente necesario acotar y limitar los casos concretos existentes.
Debemos abordarlos, pero tampoco hay que criminalizar de una forma
generalizada la actividad política y desprestigiarla por que alguien
piense que puede sacar tajada debilitando muy gravemente a la democracia.
Lo digo porque hay que contextualizar el debate, y me parece fundamental
que lo abordemos con cierta calma y con una visión amplia sobre dónde y
de qué forma afectan estos problemas al desarrollo de nuestra
democracia.

Por tanto, reitero: debate sí, transparencia también;
máximo control, máxima exigencia y a la vez que tengamos presente que
esta no es una cuestión que pueda abordarse de cualquier forma, que ha de
abordarse con el máximo rigor y la debida seriedad, porque es una
cuestión que se presta a la demagogia. Evidentemente, en una materia como
esta no podemos actuar por principios que no estén estrictamente
vinculados a la credibilidad de nuestro sistema y de nuestra democracia.
Y lo digo con todo el respeto a la iniciativa que ustedes han presentado,
que me parece loable y, efectivamente, debemos debatirla, y ahora me
referiré a ella. En todo caso, mis palabras y mis afirmaciones quieren
situar el contexto general en el que se enmarca este debate.

Nosotros somos favorables a debatir sobre un marco jurídico
que ayude a la regeneración democrática; nos parece absolutamente
esencial que en este momento en que estamos viviendo una crisis, que
finalmente se ha convertido también en una crisis política, seamos
capaces de regenerar nuestra democracia, de concebir organizaciones
políticas que sean más permeables, más democráticas y que tengan más
autocontrol sobre ellas mismas, y que existan mecanismos en la sociedad
para garantizar la transparencia que estamos reclamando.

Esto nos lleva al debate sobre el modelo de partidos
políticos que queremos tener para garantizar nuestra democracia y para
dar respuesta a la pluralidad de nuestra ciudadanía. Debate que me parece
absolutamente esencial. Esto nos lleva a una convicción: que no podemos
seguir

haciendo bricolaje sobre la Ley de 2007 o la Ley de 2012, y
que seguramente hemos de reformular más en profundidad esta cuestión. No
es únicamente ir haciendo retoques sobre las leyes existentes sino que se
necesita un debate mucho más profundo sobre la materia. Ustedes han
planteado algunas materias en las que podemos estar de acuerdo, y es un
debate que se podría abordar, pero nos preocupa el cómo y la base de este
debate; lo ha explicado también el senador que me ha precedido en el uso
de la palabra, y es que tenemos unas leyes aprobadas con un consenso muy
importante y nos parece peligroso abordarlo sin consensos y sin un debate
previo lo suficientemente amplio para garantizar esta reforma en
profundidad.

Ciertamente, a nosotros su propuesta nos parece
insuficiente, aunque esto no tendría que ser motivo para un voto en
contra, pero nos gustaría hablar del funcionamiento del Tribunal de
Cuentas, de la prescripción de los delitos, de la falta de un sistema
sancionador. Pero, insisto, el problema para nosotros al manifestar
nuestro voto contrario a la toma en consideración no es exactamente la
insuficiencia de la propuesta que ustedes plantean, sino el hecho de que
vamos abordar la cuestión sin una base amplia de consenso, que nos parece
absolutamente fundamental y necesario. Queremos, desde esta tribuna,
lanzar el guante para que el conjunto de las fuerzas políticas de este
país, en esta Cámara y en el Congreso, podamos abordar una cuestión que
nos parece esencial para garantizar el futuro de nuestra convivencia y de
nuestra democracia.

Nuestra sociedad ha evolucionado, y nuestros partidos
tienen que evolucionar con ella, y su financiación es efectivamente un
problema, pero no el único y, por tanto, creemos que debemos establecer,
con una mirada amplia pero también contundente, un marco de diálogo para
abordar esta cuestión desde la responsabilidad, y nosotros estaremos allí
para hacerlo.

Y quiero acabar, señor presidente, recordando a Willy
Brandt y diciendo que necesitamos hacerlo desde el sentido de la propia
responsabilidad y muy especialmente desde la responsabilidad común,
porque lo que necesitamos en este momento es precisamente mucha más
democracia, y no menos.

Gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Boya.

Por el Grupo Parlamentario Convergència i Unió, tiene la
palabra el senador Bel.

El señor BEL ACCENSI: Muchas gracias, señor presidente.

No dudo de la buena intención de la propuesta de la
senadora Salanueva y su grupo. No lo dudo, pero sinceramente le digo que
creo que se equivocan; se equivocan en la forma y se equivocan en el
fondo, y voy a intentar razonar mi posicionamiento.

Como pueden intuir, nuestro grupo va a votar en contra de
esta iniciativa. De hecho, nunca hemos creído que sea acertado intentar
legislar a golpe de titular de periódico. Seguramente esa es una mala
técnica legislativa. Nos equivocaríamos si legisláramos en función de los
titulares de los medios de comunicación, porque seguramente entonces
dejaríamos la potestad legislativa en manos de dichos medios.

Creo que también nos equivocamos cuando intentamos resolver
problemas puntuales que puedan afectar a una u otra formación, a todas
nuestras formaciones políticas, intentando cambiar la legislación que ha
sido modificada hace apenas un año con un amplio consenso, como recordaba
el portavoz del Grupo Vasco. Hace un año hicimos una reforma cuyo
resultado en la votación ha sido antes expuesto. ¿Modificamos o
reformamos los dos aspectos que ustedes pretenden ahora modificar? Sí y
de forma importante. Si ustedes recuerdan, respecto de los artículos 4 y
5 de la ya modificada Ley Orgánica 8/2007, sobre financiación de los
partidos políticos, hay cambios sustanciales en los dos aspectos que
ustedes proponen.

En cuanto a las donaciones, se limitan muchísimo más
aquellas que pueden recibir los partidos políticos, se limitan también
las donaciones a las fundaciones adscritas a estos partidos políticos
—no se prohíben pero sí se limitan—. Aquellas que superen los
50 000 euros o sean referentes a bienes inmuebles se deberán notificar al
Tribunal de Cuentas —hasta ahora esto no pasaba—; toda
refinanciación que efectúe cualquier partido político —artículo
5— también debe comunicarse y notificarse al Tribunal de Cuentas, y
las condonaciones por parte de entidades financieras a partidos políticos
nunca pueden superar los 100 000 euros anuales. Y todo eso lo aprobamos
no hace ni un año con una amplia mayoría. Cuando una formación política
se quiere desmarcar de esta amplia mayoría apenas un año después y sin
poder evaluar la bondad de esta modificación

legislativa, sinceramente creo que se equivoca, sea cual
sea la circunstancia personal o política de esta formación, porque
entonces no contribuimos a que la ciudadanía tenga mayor credibilidad
sobre las formaciones políticas; seguramente estamos desacreditando más
todavía esta credibilidad.

Señoría, si hay que prohibir todas las donaciones, habrá
que buscar una solución a la financiación global. No basta con que no
haya condonaciones ni donaciones. Nuestra formación política podría estar
de acuerdo, pero podría estar de acuerdo si se estableciera un nuevo
marco de financiación de todos los partidos políticos. Pero no solo con
esta medida, que ciertamente es muy populista, que ciertamente cuenta con
una amplia mayoría. Si usted hace una encuesta en la calle, el 90% de las
personas le van a decir que les parece bien. Si pregunta si les parece
bien que se supriman todas las subvenciones de todos los partidos
políticos del presupuesto público también un 90% le dirá que le parece
bien. Sinceramente, con esta iniciativa, siendo bien intencionada en su
inicio, nos perjudicamos absolutamente todos. Por tanto, nuestra
formación no la va a apoyar.

Voy a hacer algunas reflexiones más en cuanto a la
financiación de los partidos políticos. Algún portavoz ha dicho que el
problema no está tanto en la legislación concreta, sino en el
incumplimiento de la legislación, en la falta de transparencia. La Ley
sobre Financiación de los partidos políticos fue aprobada en 2007. Les
propongo un ejercicio, seguramente complicado porque es laborioso.
Repasen todos los escándalos de financiación de todas las formaciones
políticas desde 2007 hasta 2013; repasen todos los titulares de prensa,
todos, y díganme cuáles son imputables a un problema de la legislación y
cuáles a un incumplimiento de la legislación. Ya les avanzo que más del
90%, y largo, es un problema de incumplimiento de la legislación. Con su
propuesta no se garantiza que si se prohíben las donaciones a las
formaciones políticas estas no se continúen produciendo. El problema es
el cumplimiento de la legislación. Se lo constato yo y se lo puede
constatar cualquier miembro de esta Cámara que forme parte de la Comisión
Mixta del Tribunal de Cuentas. Allí estamos recibiendo los informes del
Tribunal de Cuentas sobre la financiación de las diferentes formaciones
políticas y de las diferentes campañas electorales a las que todos
concurrimos, y podemos detectar dónde se encuentran los problemas. El
problema no es la donación, el problema será, en todo caso, la falta de
transparencia; el problema será que no se ha cumplido con lo que
establece la legislación respecto de los datos de esta donación, que se
ha incumplido, y si debe ingresarse en una cuenta específica o no,
etcétera.

¿Cuál es, por tanto, la posición de nuestro grupo? ¿Debemos
mejorar la financiación de los partidos políticos? Seguro. ¿La tenemos
que hacer más transparente? Seguro. Pero de forma consensuada, toda la
Cámara no hace un año hemos hecho una modificación profunda de la Ley de
financiación de los partidos políticos. Si ha habido consenso, yo pediría
que analicemos cómo funciona esta modificación profunda, analicemos cómo
funcionan el artículo 4 y el artículo 5 que hacen referencia a los dos
temas que plantea la proposición de ley, y si de aquí a un tiempo
razonable constatamos que no ha funcionado, intentemos buscar un consenso
amplio para ganar credibilidad de cara a la sociedad. Si no, señorías,
seguramente nos equivocaríamos.

Un último mensaje. Si todos somos capaces de cumplir con la
legislación de financiación de los partidos políticos, la que sea,
seguramente ganaremos muchísima credibilidad ante toda la sociedad.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Bel.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el
senador Ortiz Molina.

El señor ORTIZ MOLINA: Muchas gracias, señor
presidente.

Señoras y señores senadores, hablar de financiación de
partidos políticos siempre ha conllevado exponerse y más ahora, en las
circunstancias por las que atraviesa nuestro país, a la tentación de la
levedad en los argumentos o exponerse a la luz de la templanza y la
razón, que es otra forma de exponerse, a veces la que más peligro
conlleva en nuestro país.

Señorías, la financiación de los partidos políticos en
España fue regulada inicialmente en el año 1987. Veinte años después de
aquella regulación se acordó una nueva modificación en el año 2007 con
los siguientes argumentos que extraigo de la exposición de motivos de la

ley: «Actualmente hay un amplio sentir», se decía, «entre
la sociedad y la opinión pública ciudadana que también se extiende a los
partidos políticos sobre la necesidad de abordar una nueva regulación de
la financiación de los partidos políticos que dote de mayor transparencia
y control». La ley aprobada en 1987 no garantiza de manera adecuada la
suficiencia, regularidad y transparencia de su actividad económica. Hay
que posibilitar los máximos niveles de transparencia y publicidad y
regular mecanismos de control que impidan desviaciones. Esto ya lo
contenía la ley del año 1987.

Señorías, recientemente se ha hecho referencia, en
concreto, en el mes de octubre del año 2012, es decir, hace prácticamente
un año, no llega todavía a un año, a que se produce una nueva
modificación de la ley, regulando la financiación en los siguientes
términos, entre otros: se prohíbe que los partidos políticos acepten
donaciones de empresas privadas que presten servicios o realicen obras
para las administraciones públicas y esta prohibición se extiende a
empresas pertenecientes al mismo grupo, a empresas participadas
mayoritariamente por aquellas y a sus fundaciones; se impide a los
partidos aceptar cualquier donación procedente de fundaciones privadas,
asociaciones o entidades que reciban subvenciones de las administraciones
públicas. Se acuerda todo esto además de proceder a una reducción del 20%
de la financiación que se venía percibiendo antes de la crisis económica.
Al día de hoy, como ha sido referido por el portavoz del Grupo
Parlamentario Vasco, la reducción alcanza prácticamente el 50%.
Igualmente, respecto de las fundaciones vinculadas a los partidos
políticos.

Señoras y señores senadores, ¿por qué traigo a colación y
por qué recuerdo todo lo que acabo de decir? Porque, a nuestro juicio,
deberíamos estar de acuerdo en que cada vez que en España hemos abordado
la financiación de los partidos políticos el legislador en sus diferentes
épocas ha dejado nítidamente manifiesta, por una parte, su preocupación
respecto de la percepción que los ciudadanos tienen de este hecho y, por
otra, su afán de perfeccionar el marco legal al respecto, siendo este
cada vez más exigente y restrictivo, asumiendo, además, como pilar básico
de la financiación de los partidos, el principio de publicidad,
transparencia y control.

Otro aspecto importante del camino que hemos recorrido y
que no debemos olvidar, y a nuestro juicio sustancial, lo constituye el
hecho de que esta ley en su origen, como en las posteriores
modificaciones, observa una constante: siempre se ha visto acompañada de
un amplio consenso. La última, en 2012, se ha hecho referencia al
respaldo que recibió en esta Cámara, en el Congreso de los Diputados, más
de 300 parlamentarios votaron a favor; consenso justificado y necesario,
porque todo lo que tiene que ver con los partidos y la representación
política desde que fue aprobada la Constitución de 1978 se considera
consustancial a nuestro sistema político; en cierto modo, forma parte de
lo que entendemos como bloque constitucional, forma parte del consenso
constituyente que inspira nuestra convivencia democrática. Así ha sido
considerado siempre, así lo consideramos y así debe seguir siendo
considerado.

Estimamos, por tanto, que la unilateralidad no es el camino
adecuado. Compartimos la necesidad de impulsar la reforma de esta ley,
pero no debemos buscar atajos que no conducen más que a la frustración.
Por eso sugerimos a los autores de esta iniciativa que renuncien a ella,
y compartiendo que es necesaria, la ofrezcan al resto de los grupos
parlamentarios como impulso de un proceso que conduzca a la modificación
consensuada de la ley en vigor.

Impulsemos la modificación consensuada de la Ley sobre
financiación de los partidos políticos, reconociendo además, a los
efectos de evitar tentaciones no deseadas, que desde la perspectiva
legislativa hemos sido cada vez más exigentes. Reconozcamos esto, y
reconozcamos también que, a pesar de todo, nos encontramos en el momento
más crítico al respecto desde que se aprobara la Constitución de 1978.
Efectivamente, a la tragedia que para millones de familias españolas
supone la crisis económica, se ha sumado la quiebra moral que representan
episodios variados de corrupción en la esfera pública, y más
específicamente el mayor escándalo de nuestra historia reciente por
financiación irregular del partido que gobierna, en este caso el Partido
Popular.

Señorías, quiero dejar muy claro en nombre de mi grupo, y
así ha de constar en el Diario de Sesiones, que los socialistas
consideramos necesario endurecer la ley que regula la financiación de los
partidos. Así lo vamos a acordar en la conferencia política que
celebraremos el próximo fin de semana. Vamos a proponer prohibir todas
las donaciones privadas de empresas y entidades mercantiles a los
partidos políticos, y de particulares vinculados a empresas que mantengan
contratos con las administraciones públicas. Vamos a proponer la
obligatoriedad para todas las organizaciones políticas de publicar en la
web sus presupuestos, la lista de donantes y de

organizaciones subcontratadas. Además, queremos que se
establezca que quienes compatibilicen un cargo con una responsabilidad en
un partido político no puedan percibir sobresueldo alguno por el
desempeño de esta última actividad. También vamos a proponer la apertura
de las listas electorales para que los ciudadanos puedan señalar
preferencias personales respecto de los candidatos y candidatas. Esto
último tiene que ver, y mucho, con el recto proceder de la representación
política. Cuanto más poder tenga el ciudadano, con más cuidado se
conducirá su representante. Acordaremos estas propuestas, entre otras, y
las ofreceremos para que sean adoptadas con el más amplio consenso
posible.

Señorías, la reforma de la Ley sobre financiación de los
partidos políticos tenemos que llevarla a cabo con el mayor consenso
posible y cuanto antes mejor para evitar que se generen espacios de
opacidad e impunidad. Pero al tiempo que digo esto, permítanme también
decir que no debemos engañarnos —y aquí se han hecho ya, creo que
con acierto, algunas referencias— ni conducir a nadie al engaño,
aunque sea de manera involuntaria. Señoras y señores senadores, el pilar
sobre el que emerge el grave problema de la financiación irregular no es
básicamente de naturaleza jurídica. Tenemos que perfeccionar la ley, pero
la mejor ley del mundo que fuéramos capaces de hacer no resolverá el
problema porque este es básicamente de orden ético y moral.

Concluyo, señor presidente. Señorías, reformemos la Ley
sobre financiación de los partidos políticos, hagamos una ley más
exigente, hagámoslo en el marco del más amplio consenso que sea posible y
cuanto antes mejor, pero no olvidemos que las leyes no lo pueden todo. La
ley puede condicionar el comportamiento, pero la actitud de cada cual,
que es lo que determina en última instancia el comportamiento de cada
uno, tiene mucho más que ver con la ética y la moral que con ninguna
norma legal por perfecta que esta sea.

Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señorías.
(Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Ortiz
Molina.

Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el
senador Altava.

El señor ALTAVA LAVALL: Con su venia, señor presidente.

En primer lugar, a los senadores de Unión del Pueblo
Navarro quiero agradecerles la presentación de la proposición de ley, que
ha sido un acierto, como han podido escuchar a todos los portavoces. Y,
además, que lo hayan hecho en el Senado, porque ponen en valor esta
Cámara, preocupada también en materia de transparencia. En esto, Unión
del Pueblo Navarro y el Partido Popular estamos en el mismo barco, porque
su proposición de ley ha sido reiteradamente admitida en muchas
cuestiones por lo que ha dicho el presidente del Gobierno, que,
precisamente, ha lanzado a todos los grupos parlamentarios en reiteradas
ocasiones el deseo de conseguir un amplio acuerdo en materia de
corrupción. En esta Cámara, concretamente, también lo ha hecho,
respondiendo a preguntas parlamentarias. Asimismo, el Gobierno,
atendiendo a un informe de su vicepresidenta, aprobó el 20 de septiembre
el Plan de Regeneración Democrática, que incluye cuarenta medidas que
afectaban a diez leyes.

No vamos a poder votar a favor su proposición de ley, aun
sintiendo y compartiendo muchas cuestiones de las que aborda, por varios
motivos de fondo y uno de forma. El de forma es que emplean una técnica
legislativa inadecuada. Ustedes plantean aquí la reforma de la Ley
Orgánica 5/2012, que, a su vez, reforma la Ley Orgánica 8/2007, que es la
de financiación de los partidos políticos. No se puede reformar, o es una
técnica legislativa inadecuada, una ley que es parcial en sí misma, que
no tiene un sustrato per se, porque la Ley de financiación de los
partidos políticos es la Ley 8/2007, con lo cual, no se puede estar en
una reforma de la Ley Orgánica 8/2007 que no tiene sentido, puesto que la
Ley de financiación de partidos políticos es la 8/2007. Esto en cuanto a
la cuestión de forma.

Respecto a la cuestión de fondo, como ustedes ponen de
manifiesto en su proposición de ley, en la Ley Orgánica 5/2012 se ajustan
subvenciones, se prohíben las donaciones, se evita que las fundaciones
privadas sirvan de instrumento de financiación a los partidos políticos y
también se prohíben, como han puesto de manifiesto los distintos
portavoces, las donaciones procedentes de personas físicas o jurídicas de
más de 100 000 euros.

Por eso, señorías, el camino está abierto, y tenemos que
alcanzar esa amplia mayoría, tal y como ha puesto de manifiesto el
senador Bildarratz. De los 218 votos que se emitieron con ocasión de la
aprobación de la Ley Orgánica 5/2012, 215 fueron positivos, a favor de
esa ley —entre otros,

los 3 suyos— y 3 en contra. Creemos que eso, junto
con el Plan de Regeneración Democrática aprobado, cierra un círculo
importante en aras de alcanzar ese acuerdo superior que, habiendo oído a
los portavoces, no creo que sea difícil lograr.

En concreto, respecto al artículo 1 de su proposición de
ley, quieren modificar el artículo primero de la Ley Orgánica 5/2012,
cambiando la denominación. Hablan de que tampoco podrán hacerlo las
fundaciones y asociaciones vinculadas orgánicamente. ¿Y si no están
vinculadas? ¿Y si se encuentran separadas precisamente por una
organización interna? Entonces, como ha puesto de manifiesto el senador
Bel, estaríamos ante un incumplimiento de la legislación. Sería muy fácil
sustraerse al cumplimiento de la ley. Creemos que ahora mismo queda mucho
más protegido en la actual redacción del artículo 1, letras c y d.

En el artículo 2 de su proposición de ley pretenden
modificar el artículo segundo cambiando la dicción, al afirmar que no se
permitirá condonación total o parcial de la deuda. Aquí sí que estamos
combatiendo el que es uno de los grandes logros de nuestro Código civil,
que, en buena medida, es copia del Código napoleónico, el principio
espiritualista que rige la libertad contractual de las partes. Ustedes
pretenden que personas físicas o jurídicas no puedan contratar dentro del
marco genérico que les concede el Código civil, máxime cuando vamos a una
justicia restaurativa en la que se está premiando la mediación, tanto
civil como penal, y así viene recogido, en su caso, para el Código
procesal penal. Si admitiéramos esta facultad, estaríamos yendo en contra
de la declaración de la voluntad de las personas. Privarles de forma
absoluta que no puedan llegar a un acuerdo de condonación, creemos que es
estar fuera de los límites jurídicos del Derecho civil. Esa limitación
absoluta, por concepto, como también se ha puesto de manifiesto, no
podemos admitirla. No se puede suprimir esa negación de voluntad de las
personas físicas o jurídicas. Los únicos límites —generales a la
contratación— son aquellos que tiene que establecer el artículo
1255 del Código civil: que no sean contrarios a las leyes, a la moral y
al orden público. Fuera de ellos, a las personas se les debe dejar la
posibilidad de alcanzar cualquier acuerdo.

En cuanto a su artículo 3, pretenden suprimir el artículo
tercero, que prevé que los partidos políticos puedan recibir directa o
indirectamente donaciones anónimas o de personas físicas o jurídicas.
¿Les parece mal que se recoja esa prohibición de recibir directa o
indirectamente donaciones? ¿Por qué quieren suprimirla si está
absolutamente recogido? Creemos que queda mucho más protegido con la
dicción actual que con la que ustedes proponen. Si está todo
absolutamente declarado, ¿qué miedo hay? Eso es lo que tienen que hacer
los partidos políticos, declararlo todo. ¿No les parece que eso sí es
lograr la máxima transparencia?

En el artículo 4, por coherencia, se solicita que se
suprima del texto una determinada frase pero, por coherencia también y
por lo que les he dicho, la respuesta es la misma. Ustedes por coherencia
solicitan la supresión y nosotros por coherencia, porque no se puede ir
en contra de ese principio espiritualista, tampoco podemos admitirlo.

En el artículo 5 plantean suprimir del artículo séptimo de
la Ley Orgánica 5/2012 el epígrafe uno, letra a), en concreto la frase:
«…que contravengan las limitaciones y requisitos establecidos en
los artículos 5 y 7 de la presente ley…» Creemos que hoy está mucho
más protegido precisamente en esas letras c) y d) del artículo primero,
al regularse expresamente la prohibición de la recepción directa o
indirecta de donaciones de empresas o fundaciones privadas que tuvieran
contrato vigente o recibieran subvenciones de las Administraciones
públicas. Creemos que está dicho muy claramente y que no se puede decir
de una manera mejor para evitar no caer en esa transparencia por todos
deseada.

En el artículo 6 solicitan suprimir la disposición
adicional séptima, apartados tres y seis. Y estos apartados,
precisamente, prevén dos cuestiones que creo que pueden ayudar también a
los partidos políticos a realizar un ejercicio de transparencia muy
importante. En el apartado tres se recoge que no se puedan conceder
donaciones superiores a 120 000 euros y que, en todo caso, tengan que
formalizarse en documento público, que un notario esté presente en esa
donación. ¿Les parece poca transparencia, cuando precisamente ese
carácter público le hace tener un conocimiento frente a terceros? No
puede haber más transparencia que esa. Y en el apartado seis se prevé que
las fundaciones y asociaciones están obligadas a informar anualmente al
Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas de todas las
donaciones y aportaciones recibidas. ¿No es eso un ejercicio de total
transparencia, esa obligación que tienen las fundaciones y asociaciones
de comentar y notificar al Ministerio de Hacienda todas las donaciones y
rentas que reciben?

En definitiva, señorías, el Plan de Regeneración
Democrática abre un campo muy importante para el consenso. El presidente
del Gobierno lo ha puesto de manifiesto en reiteradas ocasiones y eso es
lo que se pretende: tener un punto de partida, el inicio de un diálogo
político importante. Como ha sido puesto de manifiesto por todos los
portavoces, eso es lo que se pretende, que nos sumemos todas las fuerzas
políticas en aras de conseguir esa máxima transparencia de los partidos
políticos.

Esa ha sido la voluntad del Gobierno, esa es la voluntad
del presidente del Gobierno y la propuesta que parte del Grupo
Parlamentario Popular es la necesidad de que ese diálogo se amplíe.
Siendo su propuesta buena y válida, es una iniciativa de parte. Ya se ha
visto que todos estamos de acuerdo en que se tiene que mejorar, pero no
pasa de ser una iniciativa de Unión del Pueblo Navarro que, siendo
conforme con el espíritu de esta Cámara, será un punto más que habrá que
admitir y aceptar en esa negociación que tendremos que tener para
alcanzar el acuerdo máximo en materia de transparencia.

Por eso, pese a coincidir en buena medida con el contenido
de su proposición de ley y en aras precisamente de lo que ha sido
reclamado aquí por los distintos portavoces parlamentarios, en aras de
lograr ese mayor consenso, no podemos votar a favor de la proposición de
ley.

Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Altava.

Llamen a votación. (Pausa.)

Cierren las puertas.

MODIFICACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA DE LA SESIÓN PLENARIA DEL
DÍA 6 DE NOVIEMBRE PARA TRAMITAR EN DISTINTO ORDEN AL QUE FIGURA EN DICHO
ORDEN DEL DÍA LA ELECCIÓN DE CUATRO MIEMBROS DEL OBSERVATORIO DE LA VIDA
MILITAR.

(Núm. exp. 550/000023)

El señor PRESIDENTE: Señorías, antes de proceder a la
votación de la toma en consideración de la proposición de ley presentada
por el Grupo Mixto, voy a someter a todos ustedes, y de acuerdo con los
portavoces de los grupos, una alteración del orden del día que debe ser
aprobada por el Plenario en función del artículo 71.4 del Reglamento del
Senado.

La modificación sería: después de la votación de esta toma
en consideración, proceder al punto número 7 del orden del día, que es la
elección de los miembros del Observatorio de la Vida Militar;
inmediatamente después entraríamos ya en el debate del primer proyecto de
ley. Saben ustedes que este proyecto de ley tiene siete vetos, es decir,
entraríamos en el debate de los vetos sin interrupción, sin parar el
Plenario, pero en todo caso estos vetos no serían votados antes de las 4
de la tarde, como hacemos normalmente.

Por lo tanto, yo solicito al Plenario la autorización para
la modificación del orden del día. ¿La puedo obtener por asentimiento?
(Asentimiento.)

Muchas gracias.

8. PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY

8.1. TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY

8.1.1. PROPOSICIÓN DE LEY DE REFORMA DE LA LEY ORGÁNICA
5/2012, DE 22 DE OCTUBRE, DE REFORMA DE LA LEY ORGÁNICA 8/2007, DE 4 DE
JULIO, SOBRE FINANCIACIÓN DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS. (VOTACIÓN.)

(Núm. exp. 622/000010)

Autor: GPMX

El señor PRESIDENTE: Votamos entonces la toma en
consideración de la proposición de ley presentada por el Grupo
Parlamentario Mixto.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 245; votos emitidos, 245; a favor, 8; en contra, 231;
abstenciones, 6.

El señor PRESIDENTE: Queda, por tanto, rechazada.

Abran las puertas.

9. OBSERVATORIO DE LA VIDA MILITAR

9.1. ELECCIÓN DE MIEMBROS

9.1.1. ELECCIÓN DE CUATRO MIEMBROS DEL OBSERVATORIO DE LA
VIDA MILITAR.

(Núm. exp. 729/000005)

El señor presidente da lectura a los puntos 9., 9.1. y
9.1.1.

El señor PRESIDENTE: Pasamos al siguiente punto del orden
del día tal y como acabamos de aprobar.

Señorías, el artículo 55.1 de la Ley Orgánica 9/2011, de 27
de julio, de derechos y deberes de los miembros de las Fuerzas Armadas,
establece que el Observatorio de la Vida Militar estará compuesto por
cinco miembros elegidos por el Congreso de los Diputados y otros cuatro
por el Senado, entre personalidades de reconocido prestigio en el ámbito
de la defensa o en el de recursos humanos o en el de derechos
fundamentales y libertades públicas. Su nombramiento se efectuará por
mayoría absoluta con el apoyo de al menos tres grupos parlamentarios en
cada Cámara y por un período de cinco años.

De conformidad con lo previsto en el artículo 184.2 del
Reglamento del Senado, los Grupos Parlamentarios Popular en el Senado,
Socialista y Catalán en el Senado Convergència i Unió presentaron la
siguiente propuesta de candidatos: doña María Angustias Caracuel Raya,
don Miguel Requena y Díaz de Revenga, don Lorenzo Martín—Retortillo
Baquer y don Juan Carlos Muñoz— Delgado y Díaz del Río. (Rumores.)
Señorías, guarden silencio, por favor.

Paso a continuación a informar sobre el informe de la
Comisión. El día 5 de noviembre de 2013 la Comisión de Nombramientos se
reunió para sustanciar la comparecencia de los candidatos propuestos para
cubrir los cuatro puestos. Una vez efectuadas las comparecencias, en la
sesión indicada la Comisión acordó, según lo previsto en el artículo
185.6 del Reglamento del Senado, informar sobre la plena idoneidad de los
cuatro candidatos mencionados para acceder a los cargos que procede
elegir por la Cámara.

¿Alguno de los portavoces de los grupos quiere intervenir?
(Denegaciones.)

Vamos a proceder a la votación.

Llamen a votación. (Pausa.)

Cierren las puertas.

Señorías, antes de comenzar la votación que, como saben
ustedes se hará por papeletas y por llamamiento, les recuerdo a sus
señorías lo siguiente: Cada senador podrá incluir en cada papeleta tantos
nombres como puestos a cubrir. Serán nulos los votos emitidos en
papeletas que contengan nombres no incluidos en la propuesta de la
Comisión de Nombramientos. Serán válidos los votos emitidos en papeletas
que contengan un número inferior de nombres al número de puestos a
cubrir, incluso aquellas que tachen los nombres, o el nombre, de
candidatos. Los votos en blanco podrán expresarse sin poner ningún nombre
en la papeleta o tachando todos los que estuvieren escritos en la
misma.

Según lo dispuesto en el artículo 55.1 de la Ley Orgánica
9/2011, de 27 de julio, de derechos y deberes de los miembros de las
Fuerzas Armadas, la elección de los candidatos propuestos requerirá la
mayoría absoluta de la Cámara, es decir, 134 senadores.

En forma previa se ha sorteado el nombre del senador por el
que ha de empezar la votación y la votación va a comenzar por la senadora
Iparragirre.

Para realizar ordenadamente la votación, ruego a sus
señorías que se acerquen a votar por la parte izquierda de la tribuna de
oradores, que faciliten su nombre a los letrados, que depositen sus
papeletas en la urna y salgan por la parte derecha de la tribuna.

Comienza la votación.

Ruego al secretario primero que empiece a dar lectura al
llamamiento.

Por los señores secretario primero, Conde Vázquez;
secretario segundo, Rabanera Rivaco; secretaria tercera, Alborch
Bataller, y secretario cuarto, Plana Farran, se procede al llamamiento de
las señoras y los señores senadores a partir de la citada.

Terminado el llamamiento, dijo

El señor PRESIDENTE: Señorías, ¿algún senador o senadora no
ha sido llamado o no ha votado? (Pausa.)

Muy bien, pues vamos a proceder al escrutinio.

Abran las puertas.

Terminado el escrutinio, dijo

El señor PRESIDENTE: Señorías, terminado el escrutinio, el
resultado es el siguiente: a favor de doña María Angustias Caracuel Raya,
229; a favor de don Miguel Requena y Díaz de Revenga, 229; a favor de don
Lorenzo Martín-Retortillo Baquer, 229; y a favor de don Juan Carlos
Muñoz-Delgado y Díaz del Río, 229. Además, hay siete votos en blanco y
uno nulo.

Por tanto, habiendo alcanzado los cuatro candidatos
mencionados la mayoría absoluta de la Cámara que exige el artículo 55.1
de la Ley Orgánica 9/2011, de 27 de julio, de Derechos y Deberes de los
Miembros de las Fuerzas Armadas, quedan elegidos miembros del
Observatorio de la Vida Militar.

10. PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY

10.1. DICTÁMENES DE COMISIONES

10.1.1. PROYECTO DE LEY ORGÁNICA DE CREACIÓN DE LA
AUTORIDAD INDEPENDIENTE DE RESPONSABILIDAD FISCAL. SE TRAMITA POR EL
PROCEDIMIENTO DE URGENCIA.

COMISIÓN: HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

(Núm. exp. 621/000049)

El señor presidente da lectura a los puntos 10., 10.1. y
10.1.1.

El señor PRESIDENTE: Para la presentación del dictamen,
tiene la palabra el senador Sanz.

El señor SANZ RUIZ: Muchas gracias, señor presidente.

Señorías, para presentar el dictamen del Proyecto de Ley
Orgánica de creación de la Autoridad Independiente de Responsabilidad
Fiscal les informo de que el proyecto de ley que se presenta tuvo su
entrada en esta Cámara el pasado 18 de octubre, fecha también de su
publicación en el Boletín Oficial de las Cortes Generales. Se tramita por
el procedimiento de urgencia y el plazo de presentación de enmiendas
finalizó el día 22 de octubre. (La señora vicepresidenta, Vicente
González, ocupa la Presidencia.)

A este proyecto de ley se han presentado siete propuestas
de veto y ciento cuarenta y cinco enmiendas. De estas últimas,
veinticinco han sido de distintos senadores del Grupo Mixto; quince, del
Grupo Parlamentario Vasco; cincuenta y tres, del Grupo de la Entesa;
veintiuna, del Grupo Catalán Convergència i Unió; veintisiete, del Grupo
Socialista; y cuatro, del Grupo Popular.

El pasado día 30 la comisión designó ponencia, que quedó
integrada de la siguiente manera. Por el Grupo Popular, don Juan Antonio
de las Heras y don Angel Pintado; por el Grupo Socialista, don Joan Lerma
y don Juan María Vázquez; por el Grupo Catalán Convergència i Unió, el
señor Bel Accensi; por el Grupo de la Entesa, el señor Montilla Aguilera;
y por el Grupo Parlamentario Vasco, la señora Martínez Muñoz.

Dicha ponencia elevó a la comisión informe, en el que
introducía como modificaciones en el texto remitido por el Congreso de
los Diputados las cuatro enmiendas presentadas por el Grupo Popular y la
enmienda 114, del Grupo Vasco, coincidente con la enmienda 123, del Grupo
Popular, una vez rectificado el error material. La comisión se reunió a
continuación para dictaminar y, tras rechazar las propuestas de veto,
emitió dictamen de conformidad con el informe de la ponencia.

Han presentado votos particulares a este dictamen para el
mantenimiento de los vetos y enmiendas el señor Iglesias Fernández y la
señora Capella i Ferré, del Grupo Mixto; los señores

Guillot Miravet, Saura Laporta, la señora Almiñana Riqué,
los señores Boya Alós, Bruguera Batalla, Martí Jufresa, Montilla
Aguilera, Sabaté Borràs y la señora Sequera García, del Grupo de la
Entesa; y los Grupos Parlamentarios Mixto, Vasco, el Grupo de la Entesa,
el Grupo Convergència i Unió y el Grupo Socialista.

Muchas gracias; señorías. Muchas gracias, señora
vicepresidenta.

La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.

Propuestas de veto.

Propuesta de veto número 1, del señor Iglesias Fernández y
el señor Mariscal Cifuentes.

Tiene la palabra el señor Mariscal.

El señor MARISCAL CIFUENTES: Buenas tardes a las escasas
señorías que están en el Pleno, en este para nosotros importante debate
sobre un proyecto de ley que nos llega del Congreso de los Diputados, que
nos llega desde el Gobierno, y que viene a certificar de nuevo una
determinada manera de entender la política por parte del Gobierno del
Partido Popular, de entender el Gobierno y de entender el poder.

Todo comenzó cuando el señor Rodríguez Zapatero tuvo la
ocurrencia de modificar la Constitución Española, de modificar el
artículo 135 con la aquiescencia y el apoyo del Partido Popular. Desde
entonces todo ha ido a peor, y desde esa reforma del artículo 135,
perpetrada por el bipartidismo en nuestro país y a espaldas del pueblo,
ha venido una serie de legislación de la cual la Ley de Estabilidad
Presupuestaria es quizás la más importante y de la cual se deriva
asimismo esta ley de creación de la Autoridad Independiente, que ni va a
tener autoridad ni va a poder ser independiente, señorías.

Habla esta entidad de convertir la política económica por
parte de la Administración pública, por parte de la Administración del
Estado, en un objeto de fe, no en un objeto de carácter científico, donde
se van desarrollando dogmas y donde además vamos a elegir a un consejo de
hombres y mujeres que van a supervisar el cumplimiento de esos dogmas de
fe. Esos dogmas de fe que el neoliberalismo nos ha impuesto y que se han
asumido de forma acrítica por parte de este Gobierno, que nos dicen que
hay que contener el déficit y que la prioridad absoluta, por encima de
todas las cosas, es el pago de la deuda; por encima de que haya un
sanitario más, de que haya un docente más, de que haya una persona más en
los servicios públicos o en los servicios de atención. Todas esas cosas
están por debajo, en orden de prioridad, del pago de la deuda; y todo eso
para poder seguir destinando dinero público al salvamento de las
entidades financieras de nuestro país, todo eso encaminado a seguir
machacando al pueblo trabajador y a que se sigan tomando medidas que van
en contra absolutamente de los intereses del pueblo.

Porque, claro, se nos ocurre crear esta autoridad
independiente de responsabilidad fiscal; no se nos ocurre crear
autoridades independientes de responsabilidad social que, por ejemplo,
llamen la atención a un Gobierno como el nuestro, que tiene seis millones
de parados en su haber, o una autoridad independiente de responsabilidad
electoral, un grupo de hombres y mujeres, por ejemplo, que nos digan que
el programa electoral con el que nos presentamos a las elecciones se está
cumpliendo o incumpliendo; si existiera tendría muchísimo trabajo con el
Partido Popular y con el Gobierno del Partido Popular. Si de verdad se
pudieran cumplir los programas, esa autoridad independiente de
responsabilidad fiscal estaría tremendamente orgullosa y contenta y
seguramente aplaudiría el cierre de Canal Nou, por ejemplo. Porque todo
esto va encaminado hacia lo mismo, y es no poder garantizar los derechos
sociales, imponer como dogma la estabilidad presupuestaria y la
disciplina fiscal por encima de poder aumentar los ingresos que permitan
la garantía de la prestación de los servicios públicos, por encima de la
atención de los derechos sociales de los hombres y mujeres del pueblo
trabajador de nuestro país.

Creemos que esta autoridad independiente convierte en
policial a un órgano que no debería existir en absoluto. Para poder
supervisar la política ya está la ciudadanía, y para poder supervisar la
política económica desde luego está el Gobierno y están estas Cámaras, el
Senado y el Congreso. A ellos también es a los que vamos a pedir que
dependan estas entidades, pero lo desarrollaremos posteriormente, cuando
hablemos de las enmiendas parciales. Por todo ello, aun reconociendo que
este órgano está en la línea de coherencia de la política que se ha
puesto en marcha desde noviembre y desde la reforma de la Constitución
Española hasta nuestros días, es también coherente por parte de nuestro
grupo el rechazo de esa manera de constitucionalizar la

ideología, que es en lo que al final deriva una visión
totalitaria de la economía y de la política. Solo faltaba poner un
policía para la atención y la supervisión de estas cosas, que llame la
atención a las administraciones públicas con independientes de reconocido
prestigio. Y cada vez que escucho eso me echo a temblar, porque
independientes de reconocido prestigio les han dicho cómo tienen que
reformar o cómo se tienen que cargar y privatizar el sistema público de
pensiones; independientes de reconocido prestigio son los que les han
dicho qué reforma laboral había que hacer para precarizar y abaratar los
costes salariales en nuestro país; e independientes de reconocido
prestigio son los que les andan justificando que se puedan desperdiciar
36 000 millones de euros del dinero de todos los españoles para poder
salvar entidades financieras que lo han hecho mal, porque independientes
de reconocido prestigio les han dicho que eso es lo que hay que hacer.
Por lo tanto, lo de la independencia y lo del prestigio, viniendo de
ustedes no tiene absolutamente ninguna credibilidad.

Gracias.

La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias,
señoría.

Propuesta de veto número 2, de la senadora Capella i Farré,
del Grupo Parlamentario Mixto.

La señora CAPELLA I FARRÉ: Buenas tardes, senadores y
senadoras, presentes y ausentes.

Esquerra Republicana presenta un veto al Proyecto de Ley
Orgánica de creación de la Autoridad Independiente de responsabilidad
fiscal porque no compartimos ni la forma ni el fondo del proyecto de ley.
Y veo que en este desencuentro, habitual entre Esquerra Republicana y el
Partido Popular, no estamos solos, están la mayoría de los grupos
parlamentarios de la oposición. A este proyecto de ley se han presentado
siete vetos. Da que pensar. Debería darles que pensar. Deberían
reflexionar, porque es evidente que la mayoría no compartimos ni en parte
ni en poco ni en nada el proyecto de ley; basta leer los vetos
presentados y las enmiendas planteadas por los grupos parlamentarios que
sí las han presentado. No es una novedad, ya lo saben: de nuevo reitero
esta voluntad de presentar vetos, que no enmiendas, habida cuenta del
escaso, poco o ningún resultado que produce presentar enmiendas cuando
ustedes ostentan esta mayoría tan absoluta. Y les anticipo y anuncio que
Esquerra Republicana votará favorablemente los distintos vetos
presentados por los diferentes grupos parlamentarios. Y con alguno de
ellos compartimos el cien por cien de su argumentación.

Con este proyecto de ley ustedes culminan el proceso
iniciado con la última reforma constitucional. Antes aludía a esta
reforma constitucional el representante de Izquierda Unida, el señor
Mariscal, una reforma —conviene no olvidarlo— hecha por el
procedimiento de lectura única y de urgencia, yo diría que con
nocturnidad y alevosía, en quince días; una absoluta burla a la
democracia y a la ciudadanía, que solo pretendía contentar —eso es
lo que buscaba— a los mercados y a la señora Merkel. Y ya que lo
hacían, y puestos a ello, eliminar —eso siempre les viene
bien— cualquier rastro de autonomía financiera de las comunidades
autónomas, un paso más para hacerlas desaparecer. Ayer mismo el ministro
Montoro aludió al estado fallido de las autonomías por eso tan manido por
ustedes, utilizado tanto por ustedes: que el despilfarro y el déficit es
culpa de las administraciones de las comunidades autónomas y de la
Administración local. Debería darles vergüenza. Debería avergonzarles,
pero no solo no se avergüenzan sino que sacan pecho y se vanaglorian de
ello y presentan este proyecto de ley.

La creación de su autoridad independiente de
responsabilidad fiscal supone la defunción definitiva de la mínima
autonomía financiera de las comunidades autónomas, sustrayendo el ámbito
de decisión política de estas y depositándolo en un órgano cuyos miembros
son nombrados a dedo por el Gobierno del Estado, de manera que entiendo
que deberían —en Esquerra Republicana así se lo planteamos—
cambiarle el nombre a la ley y llamarla de autoridad dependiente, más
acorde con el contenido de su proyecto de ley. La autoridad independiente
de responsabilidad fiscal que se prevé no es en realidad tal autoridad
independiente; pese —como decía— a su supuesta independencia,
no lo es ni orgánica ni funcional, no es más que un nuevo organismo a
merced del Gobierno de turno, en este caso el que sustenta el Partido
Popular. Basta leer los artículos referidos al sistema de elección de los
miembros, del presidente, su presupuesto o la dependencia propia del
Ministerio de Hacienda, entre otras características que denotan esta
dependencia. Como decía, tanto su presidente como los directores de
división serán nombrados por el Consejo de Ministros, y pese a pretender
supuestamente la creación de esa autoridad

independiente, con este proyecto de ley el Gobierno se ha
reservado la facultad de nombrar a sus miembros sin mediar y lo sustraen
del control de las Cortes Generales.

Ustedes son especialistas en este tema, en hacer
desaparecer los sistemas de control, el sistema de pesos y contrapesos
que favorece la calidad democrática de nuestras instituciones o que
debería favorecer, garantizar la calidad democrática de las instituciones
y con ello de la democracia, de nuestra democracia. Y prueba de ello han
sido las sucesivas reformas iniciadas y aprobadas por ustedes: la
elección del Consejo General del Poder Judicial, la Comisión Nacional del
Mercado de Valores, y un largo etcétera. Pero no solo eso, con este
proyecto de ley dicen ustedes que pretenden desarrollar una mejor
gobernanza económica mediante el control y la disciplina presupuestaria
sobre la base de la estabilidad presupuestaria y la sostenibilidad
financiera. En otras palabras: afectando gravemente a las políticas
sociales. En palabras más claras, y para que todo el mundo nos entienda:
se preocupan por los dineros —los dineros de unos pocos— y se
preocupan por los mercados; y se preocupan muy poco, por no decir nada,
de las personas.

La disciplina presupuestaria que tiene por objetivo
garantizar la autoridad que ustedes hoy crearán y, por tanto, aprobarán,
ya está repercutiendo en la atención a las personas y especialmente a las
más necesitadas. Además, la falta de recursos públicos que supone dicha
disciplina presupuestaria sirve como coartada para la privatización de
los servicios sociales, afectando a su calidad y universalidad. Poner
límites al déficit público, más aún cuando dichos límites están
vinculados a decisiones europeas, supone el certificado de defunción de
la política económica keynesiana y la aniquilación ideológica de la
salida social a la crisis. Asimismo, la creación de una autoridad que
tenga como objetivo el control de dichos límites supone la culminación de
dicha aniquilación.

En definitiva, ustedes a lo suyo, que es centralizar,
homogeneizar, privatizar y recortar, las mismas políticas, con o sin
autoridad de responsabilidad fiscal, solo que ahora buscan la manera de
justificarlo, de disfrazarlo.

Por estos motivos, Esquerra Republicana ha presentado un
veto al proyecto de ley que estamos debatiendo y solicita el voto
favorable a dicho veto.

La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias,
señoría.

Propuesta de veto número 3, del señor Guillot Miravet y del
señor Saura Laporta, del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de
Catalunya.

Tiene la palabra el senador Guillot.

El señor GUILLOT MIRAVET: Gracias, señora presidenta.

Señorías, esta propuesta de creación de la Autoridad
Independiente de Responsabilidad Fiscal es el corolario de la reforma de
la Constitución en su artículo 135, reforma perpetrada con el acuerdo
exclusivo del PSOE y el Partido Popular. Aquella reforma constitucional
—ya lo dijimos en su momento— tuvo, a mi entender, dos
efectos negativos: en primer lugar, la ruptura del consenso
constitucional anunciado por dos de las fuerzas que jugaron un papel
fundamental en la elaboración de la Constitución con la que recuperábamos
la democracia, los nacionalistas catalanes y los partidos herederos del
Partido Comunista de España y del PSUC, Izquierda Unida e Iniciativa. Y
en segundo lugar, la institucionalización de la ideología neoliberal en
nuestra Constitución. El deber de pagar la deuda prevalece como valor
superior a los de la justicia e igualdad en la definición de nuestro
Estado como un Estado democrático y social de derecho. Una reforma
constitucional que invadía la autonomía financiera y la responsabilidad
fiscal de las comunidades autónomas.

El PSOE no solo perdía las elecciones, sino que,
lamentablemente, participaba de unas políticas que ayer ya se anunciaban
como erróneas y hoy se ven como fallidas.

Fruto de esta reforma constitucional se aprobó, ya con el
Partido Popular en el Gobierno, la Ley de Estabilidad Presupuestaria y
Sostenibilidad Financiera.

A este marco legislativo hay que añadir todas las
imposiciones que se derivan del proceso de cumplimiento del procedimiento
del déficit excesivo y las del memorando firmado para la instrumentación
de la ayuda financiera destinada a la reestructuración del sistema
bancario de España. En ellas se recoge la puesta en marcha de una
autoridad fiscal independiente. Hoy se nos propone aprobar la creación de
esta autoridad, que velará por el cumplimiento de unos criterios
estrictos de consolidación fiscal, cuestionados y demostradamente
fracasados.

Señorías, nadie desde la política responsable puede
desentenderse del déficit y la deuda; lo hemos reiterado en todos los
debates realizados sobre esta cuestión. Lo que nunca hemos compartido el
senador Saura y yo es la imposición de unos plazos y unos límites de
contención del déficit, el incumplido del 3% del PIB para 2013; por
cierto, nunca nadie ha justificado por qué el límite se fijaba en el 3% y
no en el 2% o en el 4% y por qué el plazo era para el 2013. La realidad y
las ampliaciones de plazos y porcentajes realizados por Bruselas
demuestran la arbitrariedad de esta propuesta.

Podríamos discutir sobre cómo se estima el déficit
estructural; podemos discutir sobre los criterios para definir los
umbrales de la sostenibilidad del nivel de endeudamiento, pero quiero
insistir en que nadie ha puesto en duda la necesidad de atajar el déficit
y disminuir la deuda pública. Lo que ustedes no han querido compartir es
que era y es necesario disponer de recursos económicos para relanzar la
economía y crear empleo, crecimiento económico que, al fin y al cabo, es
la única garantía para generar los ingresos necesarios que nos quiten de
este déficit y permitan reducir nuestro nivel de endeudamiento. La
propuesta era sencilla: alargar los plazos. Para hacerla viable era
preciso coaligarnos con los países del sur europeo para exigir a Bruselas
racionalidad a cambio de compromisos y seriedad. Ustedes optaron por un
insensato sálvese quien pueda. Los resultados están a la vista.

Las políticas del Gobierno de Rajoy para afrontar la crisis
se pueden resumir en recortes del Estado del bienestar para reducir el
déficit y devaluación interna para ganar competitividad. Como devaluación
interna se entiende las rebajas de los costes laborales producidos por
las reducciones salariales y el despido libre. Ahora —ayer el
presidente Rajoy y el ministro Montoro lo reiteraron tantas veces como
pudieron— argumentan a su favor que el crecimiento de un exiguo
0,1% de nuestro PIB el pasado trimestre y los datos de incremento de casi
55 000 afiliados a la Seguridad Social permiten hablar de la salida de la
crisis. No es cierto. Con más de un 25% de paro, caída del consumo y
ausencia de créditos a empresas y familias no hay salida posible de la
crisis. Pero es cierto que pronto o tarde saldremos de ella. Todo toca
fondo. Y cuando empiecen a verse rayos de luz en esta oscura noche que
representa la peor crisis sufrida por nuestro país, podremos ir viendo
con mayor claridad cuál es el escenario después de la batalla, el modelo
de sociedad que emerge de su gestión de la crisis. ¿Y qué veremos? Que
los costes de la crisis no se repartieron equitativamente; los soportaron
fundamentalmente la clase trabajadora y las capas medias. Una España más
pobre. Una sociedad más precarizada. Altos niveles de pobreza severa y
crónica. Un Estado del bienestar desmantelado y privatizado. Un mercado
de trabajo desregulado, con la consiguiente laminación de derechos
laborales y sindicales. Una generación de jóvenes perdida. Y mucha
desafección. En resumen, una España más pobre, injusta y desigual.

Hoy nos proponen la creación de esta autoridad
independiente que tiene como principal misión fiscalizar las políticas
públicas para adecuarlas y estrecharlas a los límites que marca la
consolidación fiscal. No estamos de acuerdo ni con esta propuesta, ni con
el recorrido del que se vanagloria este Gobierno, el de haber sido
pioneros en la reforma constitucional que consagró la consolidación
fiscal, ni en la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y
Sostenibilidad Financiera. No queremos que los poderes públicos se vean
atados de pies y manos sobre la disponibilidad del gasto público, que
solo debe funcionar a criterio y responsabilidad de ellos, elegidos
democráticamente por el pueblo, y mucho menos en una eurozona que pese a
compartir moneda no dispone de una Hacienda propia ni de un banco central
que pueda actuar más allá del control de la inflación ni de instituciones
legitimadas democráticamente.

Ni estamos de acuerdo con la propuesta ni creemos que el
proyecto de ley garantice por sí mismo los instrumentos que permitan que
esta autoridad sea realmente independiente. Si siempre es difícil, cuando
no imposible, hablar de independencia en relación con la economía, la
experiencia acumulada con este Gobierno me permite afirmar, vistos los
recientes casos y la última elección de presidente del Tribunal
Constitucional de un militante del PP, que ustedes dispondrán de esta
figura según sus intereses. Una autoridad que dependerá directamente del
ministro de Hacienda y que será financiada por tasas que pagarán las
administraciones que son objeto de su supervisión.

El senador Saura y yo creemos que hay que desandar el
camino tomado. Proponemos una reforma del artículo 135 de la Constitución
a su redactado original, y garantizar con ello la preeminencia del
artículo 1.1, el que define a España como un Estado social y democrático
de derecho, por encima de cualquier otra consideración.

Consideramos que no hay una justa salida de la crisis que
conlleve el desmantelamiento del Estado del bienestar y el recorte de los
derechos sociales. Y por todo ello pedimos su apoyo para este veto.

Gracias, señorías. Gràcies, senyora presidenta.

La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias,
señoría.

Propuesta de veto número 6 de la señora Almiñana Riqué,
señor Boya Alós, señor Bruguera Batalla, señor Martí Jufresa, señor
Montilla Aguilera, señor Sabaté Borràs y la señora Sequera García, del
Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya.

¿Alguien va a defender el veto o se da por defendido?

El señor GUILLOT MIRAVET: Lo doy por defendido.

La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias,
señoría.

Propuesta de veto número 5, del Grupo Parlamentario Vasco
en el Senado.

Tiene la palabra la senadora Martínez.

La señora MARTÍNEZ MUÑOZ: Gracias, señora presidenta.

Intervendré brevemente porque tampoco quiero repetir los
argumentos a los que han hecho referencia ya mis compañeros y que en
buena medida comparto.

El veto que presenta mi grupo parlamentario está basado
fundamentalmente en un argumento; las enmiendas, en cambio, van a
desgranar cuestiones de carácter más técnico y más concretas en lo que se
refiere al articulado. Pero el veto es general y lo es al conjunto del
proyecto de ley, por una razón fundamental, y es que en este texto
prevalecen siempre los conceptos o principios vinculados a la cuestión de
la estabilidad, al control de la estabilidad presupuestaria y al control
del déficit, al margen del sistema competencial vigente. Por tanto, hay
una motivación de carácter competencial. Y no solamente en lo que afecta
a Euskadi, o a la comunidad autónoma de Navarra, sino también a las
comunidades autónomas de régimen común.

Durante la tramitación en el Congreso de este proyecto de
ley lo dijo claramente el señor Montoro. El ahorro es la única fuente de
derecho que él reconoce. Pues desde aquí hay que decirle que no al señor
Montoro; decir algo así por parte de un ministro en una tribuna pública
no es de recibo, porque lo que hace es ignorar el vigente ordenamiento
jurídico. Somete al Estado de las Autonomías a un constante ejercicio
uniformizante, recentralizador y paternalista, lo que tampoco es de
recibo. Se olvidan, proyecto de ley tras proyecto de ley, de forma
sistemática, de que en el Estado español coexisten cinco Haciendas, las
tres Haciendas vascas: la de Guipuzcoa, Álava y Vizcaya, junto con la de
Navarra, más la Hacienda central. Olvidan que además del convenio navarro
y del concierto económico vasco existen una serie de órganos con
competencia plena en materia fiscal y presupuestaria, lo que para nada se
refleja en todo el texto del proyecto de ley. Y así, a lo largo de todo
el texto y de todas las leyes que se han venido presentando
sistemáticamente en el ámbito de la Hacienda. Ignoran, por tanto, su
existencia, ignoran las funciones de estos órganos, ignoran sus
competencias, e ignoran también la obligatoriedad legal, jurídica, de
tratar determinadas cuestiones en el Consejo de Política Fiscal y
Financiera, en la comisión mixta del concierto y en el órgano equivalente
de la Comunidad Foral de Navarra.

Esta apropiación indebida por parte de la nueva autoridad
independiente de responsabilidad fiscal de competencias que le son
ajenas, son las que han llevado a mi grupo a presentar un veto al
proyecto de ley y pedir su devolución al Gobierno. Luego, más adelante,
durante el debate de las enmiendas, desgranaré, como ya he dicho, cuáles
son aquellos puntos que a nuestro juicio vulneran el citado régimen
competencial de las comunidades autónomas, concretamente de las
comunidades autónomas vasca y navarra.

Gracias.

La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias,
señoría.

Antes de pasar al siguiente veto, dado que acaba de
incorporarse el senador Montilla, le doy la palabra para que presente el
veto número 6. (Rumores.) Como ha sido cuestión de dos minutos, creo que
el senador tiene también derecho a presentar su veto. Vamos con tiempo
suficiente para presentar los vetos.

El señor MONTILLA AGUILERA: Muchas gracias, señora
presidenta.

Señorías, pocos proyectos de ley han concitado tanto
rechazo como el texto que hoy nos ocupa, el Proyecto de Ley Orgánica de
creación de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal. Y es
verdad que por razones no necesariamente coincidentes; mientras que
algunos consideran innecesario, perjudicial o atentatorio a nuestra
soberanía el mencionado organismo que crea y regula el proyecto de ley,
otros discrepamos del modelo que se nos propone.

Los senadores que suscribimos el presente veto coincidimos
en la necesidad y utilidad de esta figura. Ya la directiva 2011/85 del
Consejo, de 8 de noviembre de 2011, sobre los requisitos aplicables a los
marcos presupuestarios de los Estados miembros, impone a estos la
obligación de contar con instituciones fiscales que realicen un examen
efectivo del cumplimiento de las reglas fiscales basado en análisis
fiables e independientes, realizados por órganos con autonomía funcional
y orgánica respecto de las autoridades presupuestarias nacionales.

A España, en concreto, el Consejo Europeo le recomendó
específicamente establecer una institución independiente que provea de
análisis, asesoramiento y monitoreo de la política fiscal. Con estas
características también fue incluido como requerimiento de la Comisión
Europea en el Memorándum de entendimiento sobre la condicionalidad de la
política del sector financiero, de julio de 2012. Y así fue recomendado
también por la OCDE a principios del año 2013.

Todas estas recomendaciones incluyen unos requisitos
mínimos exigibles de independencia, de autonomía funcional, de capacidad
y competencia técnica, de consenso político, de recursos suficientes para
el desempeño de sus funciones y de acceso total a la información a este
organismo encargado del seguimiento, del cumplimiento de las leyes
fiscales de un Estado, como es el de España.

Nuestro país no es pionero en la regulación de esta figura,
otros países la han creado. Nuestros vecinos portugueses han sido de los
últimos en hacerlo. En nuestro caso, además, su creación es consecuencia
lógica de la reforma constitucional del artículo 135.5 de la Constitución
y de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera —esta última, como
ustedes saben, nosotros no la suscribimos.

En este sentido hemos de analizar el proyecto de ley que se
nos propone en el debate de hoy.

¿Cumple él mismo y la autoridad que crea esos requisitos
mínimos a los que hacía referencia? Desde nuestro punto de vista, no,
absolutamente no. La autoridad que este proyecto prefigura no es creíble
ni en su autoridad ni en su independencia. Solo basta hacer un repaso y
ver cómo recibieron el anteproyecto algunos medios de comunicación,
algunos opinantes y también algunos organismos como Fedea. Hablaban de
una autoridad sin autoridad, de un mayordomo para Montoro, de una solemne
chapuza —porque no es independiente.

Señorías, nosotros presentamos este veto porque discrepamos
del modelo que se nos propone por diferentes razones. Primero, porque no
creemos que sea creíble la independencia de una autoridad reguladora
adscrita al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas: será un
organismo nombrado por el ministerio el que tendrá acceso a la
información y el que el propio ministerio acabe decidiendo. Segundo,
porque funcionará y se organizará de acuerdo con un reglamento aprobado
por el Consejo de Ministros, a propuesta del Ministerio de Hacienda y
Administraciones Públicas, y, por tanto, tendrá una nula capacidad de
autoorganización. Tercero, porque su autonomía financiera y
presupuestaria es nula al estar financiado además por tasas que habrán de
pagar en muchos casos los que podríamos denominar clientes o damnificados
—las administraciones territoriales en muchos casos—, que no
solo verán cómo se les tira de las orejas, sino que además tendrán que
pagar la factura. Cuarto, porque su propia configuración es difícilmente
creíble, por eso estamos convencidos de que no podrá cumplir
satisfactoriamente los teóricos fines para los que se crea.

He dicho al principio que nuestra objeción no es a la
existencia del organismo que se crea ni al organismo que regula el
proyecto de ley, sino al modelo que se nos propone. Nosotros apostamos
por un modelo que tenga en primer lugar un carácter colegiado. No creemos
en un órgano presidencialista como el que prefigura el proyecto de ley.
En segundo lugar, porque creemos que ha de tener acceso a toda la
información —sin los controles, tutelas e indicaciones del
Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas—. En tercer
lugar, porque pensamos que, con la adscripción a las Cortes Generales, el
modelo que se nos propone no garantiza la independencia. Además nosotros
planteamos que el organismo pueda tener la posibilidad de que ambas
Cámaras

le puedan encargar estudios, similar funcionamiento al de
algunas oficinas presupuestarias como la del Congreso de Estados Unidos.
En cuarto lugar, porque apostamos por un organismo con capacidad de
autoorganización, que ha de tener competencia para aprobar su propio
estatuto orgánico. En quinto lugar, porque apostamos por un modelo que
pueda garantizar la disponibilidad de medios económicos y humanos para el
desarrollo de su función. En sexto lugar, porque pensamos que un
organismo como el que se nos propone, con el tipo de nombramiento de sus
miembros, no garantiza su independencia —de ahí que propongamos que
los nombramientos por el Consejo de Ministros se puedan efectuar siempre
que cuenten con el aval de las tres quintas partes del Congreso—. Y
en séptimo lugar, porque pensamos que un modelo como el que nosotros
proponemos ha de tener la posibilidad de emitir informes reglados, como
se recoge en las enmiendas 65 y 66 de nuestro grupo parlamentario que
tendremos ocasión de defender.

El actual proyecto de ley no recoge ninguno de estos
requisitos a los que he hecho mención, lo cual motiva el presente veto.
Porque, señorías, este ha de ser un organismo que tenga credibilidad
—credibilidad interna, en nuestro país; creíble para las
instituciones, para la opinión pública; creíble para la sociedad; es
obvio—, pero ha de ser un organismo con credibilidad internacional
—creíble para los organismos internacionales, para los
mercados—. Ha de ser un organismo con autoridad y reconocimiento, y
si tiene un sesgo partidario, si no es realmente independiente, si su
autoridad profesional es discutible y discutida, este organismo no
acabará de cumplir sus funciones. Le servirá al ministro de Hacienda y
Administraciones Públicas de ariete contra las administraciones que
considere díscolas, pero no cumplirá sus funciones.

Nuevamente ustedes desaprovechan la ocasión con la creación
de esta Autoridad Independiente de Regulación Fiscal de apostar por el
rigor, por la profesionalidad. Como ustedes saben, a este respecto la
OCDE señala especialmente la necesidad de que este tipo de institución
nazca del consenso de las diferentes fuerzas políticas —así lo
dicen expresamente, del consenso— y no de la mayoría exclusiva de
un grupo. Y en esto, en el no consenso, son ustedes especialistas. Un
ejemplo claro ha sido el demorar la propuesta de regulación y forzar el
procedimiento de urgencia, amparándose en que no cumplimos los plazos
dados por Europa. Así se reduce, como ustedes saben sobradamente, la
capacidad de enmienda del legislador. El Gobierno ha tenido tiempo
suficiente para presentar y, lo que es más importante, para intentar
consensuar con las restantes fuerzas políticas el contenido de la norma,
pero como viene siendo habitual en las propuestas legislativas del
Gobierno del Partido Popular, no ha sido así. Y la consecuencia es que en
su trámite en el Congreso registró seis enmiendas a la totalidad y en el
trámite en esta Cámara siete.

Nos tememos que siga la deriva que ya marcó de alguna
manera la reforma de Radiotelevisión Española o la más reciente, la del
Consejo Nacional de los Mercados y de la Competencia, siendo un
instrumento más al servicio del Gobierno para controlar todavía más al
resto de las administraciones, violentando su autonomía. Eso es lo que
nos tememos, que sea un instrumento más al servicio de la Administración
Central para laminar y condicionar la autonomía constitucionalmente
reconocida a las comunidades autónomas y a las corporaciones locales.

Como ven ustedes, discrepamos del modelo, y es que su
modelo es coherente con unos objetivos que no figuran en la Memoria del
proyecto de ley pero que subyacen en todas sus iniciativas legislativas:
una Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, sí, pero
precisamente no es esta la que creemos que en estos momentos necesite
nuestro país. De ahí justamente la presentación de nuestro veto.

Muchas gracias.

La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias,
señoría.

Propuesta de veto número 7, del Grupo Parlamentario Catalán
en el Senado Convergència i Unió.

Tiene la palabra el senador Bel.

El señor BEL ACCENSI: Muchas gracias.

Señorías, nuestro grupo parlamentario ha presentado un veto
por diferentes motivos que les voy a exponer a continuación, pero
quisiera hacerle una sugerencia previa al grupo mayoritario de esta
Cámara —incluso en estos momentos continúa siendo el grupo
mayoritario, bueno, creo que ya se han quedado en minoría. (Risas.)

Se está hablando estos días de reforma constitucional. Yo
creo que sí que tienen que hacer una reforma constitucional —la
hicieron para modificar el artículo 135 y aquí estamos—, deberían
hacer una reforma constitucional del título III, de las Cortes,
concretamente del capítulo relativo a la elaboración de las leyes, para
crear una nueva modalidad legislativa, la LOE, que es la ley orgánica
exprés, especialidad que durante estos últimos meses se constata
—el trámite habitual de la ley orgánica o la ley casi está
desapareciendo y todas las tramitan por urgencia—. Yo entiendo la
urgencia en una situación, la entiendo al principio de la legislatura,
que pudieran entender que había muchos aspectos pendientes de reformar,
pero cuando ya estamos prácticamente a la mitad de la legislatura, que
casi todos los proyectos legislativos que llegan a esta Cámara sean por
urgencia limita la capacidad de trabajo de la misma Cámara.

Dicho esto, ¿por qué presentamos veto? Exactamente por los
mismos motivos que lo hicimos en el Congreso de los Diputados —y
durante la última semana hemos añadido uno adicional, que también les voy
a poner de manifiesto.

Presentamos veto porque estamos regulando mediante una ley
orgánica una autoridad independiente de responsabilidad fiscal. Vaya por
delante que mi grupo comparte la necesidad de poder disponer de una
autoridad fiscal realmente independiente, similar a la que existe en
otros países —también en el marco de la Unión Europea— y de
las características que se pueden exigir o recomendar por diferentes
organismos internacionales. Ahora bien, una vez leemos todo el texto del
articulado propuesto, llegamos a algunas conclusiones. Primero, que no es
autoridad; segundo, que no es independiente; y tercero, que no llega a
todos los niveles de la Administración. ¿Y por qué no es autoridad?
Porque a esta figura, prácticamente unipersonal, no se la dota de
autoridad. ¿Qué puede hacer de acuerdo con la regulación? Puede emitir
informes, puede emitir opiniones, pero ni puede sancionar ni puede
aplicar ninguna otra medida coercitiva. En todo caso, quien lo acabará
aplicando será el Gobierno, que, en principio, pretende controlar. Puede
opinar y puede informar, pero no tiene autoridad. No es autoridad. Puede
opinar y puede informar, pero no tiene autoridad.

Segundo, ¿es independiente? Pues depende de quién. ¿Es
independiente de las entidades locales? Sí. ¿Es independiente de las
comunidades autónomas? Sí. ¿Es independiente del Gobierno del Estado de
la nación? No. No, y se lo voy a razonar: Artículo 24, que regula la
figura del presidente. (Ya he apuntado que esta es una autoridad muy
personalista, prácticamente es un órgano unipersonal.) ¿Quién nombra al
presidente? El Consejo de Ministros, artículo 24.2. ¿A propuesta de
quién? Del señor Montoro; del ministro de Hacienda, en estos momentos, el
señor Montoro. ¿Motivos del cese? Artículo 24.6, entre otros, letra f):
por incumplimiento grave de las obligaciones. ¿Quién determina el
incumplimiento grave de las obligaciones? Acuerdo del Gobierno. ¿A
propuesta de? A propuesta de un expediente instruido por el ministro de
Hacienda. Por tanto, nombra el Gobierno a propuesta del ministro de
Hacienda; quien determina que no cumple sus obligaciones es el Gobierno
en un expediente instruido por el ministro de Hacienda. De entrada, hasta
aquí, mucha independencia no se visualiza.

¿Pero esta autoridad estará organizada con unas divisiones?
Está organizada con unas divisiones y cada una tiene un director. ¿Quién
nombra a este director? A este director le nombra el Consejo de
Ministros. ¿Pero es a propuesta del presidente? Sí, es a propuesta del
presidente, nombrado a su vez por el Consejo de Ministros. ¿Quién nombra
a todos los directores de división? El Consejo de Ministros. Continuamos
sin ver la independencia.

Yo les propongo un cambio de título, simplemente añadir: la
creación de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal respecto
a comunidades autónomas y entidades locales, porque respecto a las
comunidades autónomas y entidades locales sí que es independiente, pero
no respecto del Gobierno del Estado. De hecho, lo que están creando
ustedes mediante una ley orgánica —dando la sensación de crear un
gran estatuto— no es más que un simple negociado del Ministerio de
Hacienda, un simple negociado de este ministerio que va a realizar las
funciones de policía malo, una entidad aparentemente independiente
—que va a ser la justificación del Gobierno— que ponga el
dedo en la llaga y explicite que tal comunidad autónoma, ayuntamiento o
diputación no está cumpliendo con la Ley de estabilidad y sostenibilidad
financiera, y que, por lo tanto, señores del Gobierno, tendrán ustedes
que sancionar. Usted no quiere sancionar, pero se lo dice un
independiente, un independiente que no es independiente sino dependiente
porque lo acaba de nombrar usted.

Señorías, en este momento de simplificación administrativa,
cuando se está intentando reducir diferentes organismos, podrían haber
evitado crearlo así porque ni es independiente ni es autoridad. Quien
acabará ejerciendo la autoridad será el Gobierno. Ya puede, si se han
dotado del marco normativo para hacerlo. No les hace falta la autoridad
fiscal independiente tal y como la están regulando. Por tanto, los
damnificados, una vez más, son las comunidades autónomas y las
corporaciones locales.

He dicho que durante los últimos días hemos añadido un
motivo adicional a la presentación del veto. Ustedes han inventado otra
modalidad que hasta ahora, durante mi breve plazo de casi dos años en
esta Cámara, todavía no había descubierto como es la contra enmienda. Me
he traído los textos para podérselos leer literalmente. Ustedes pactan
con nosotros en el Congreso de los Diputados dos enmiendas que
transaccionamos y nos admiten una, tal y como aparece en la página web.
Yo me he leído la intervención de mi compañero Antoni Picó en la que
reconoce que, aunque no era suficiente, se había avanzado porque se
modificaba el artículo 5 —concretamente en sus puntos 1 y 3—
esencialmente en principio para dar a las comunidades autónomas mayor
capacidad de defensa y para solicitar informes a esta Autoridad Fiscal
Independiente.

Señorías, retiro formalmente en esta tribuna las palabras
de mi compañero Antoni Picó. ¿Qué han hecho? Sustituyen en el Senado la
enmienda transaccional relativa al punto 3 del artículo 5 e incorporan
una enmienda nueva del Partido Popular. ¿Cuál es la enmienda que
incorporan? El mismo texto íntegro, idéntico al que entró en el Congreso
de los Diputados; el mismo texto que habíamos enmendado mutuamente lo
vuelven a restablecer. Alguien habrá reñido a alguien en el Congreso de
los Diputados. Con lo cual, ¿qué es lo que están haciendo? Evitar
aquellos titulares que decían: Las comunidades autónomas también podrán
solicitar informes a la autoridad independiente. No, la autoridad ni es
autoridad ni es independiente y las comunidades autónomas ya no podrán
solicitar informes. Durante una semana y media han tenido la expectativa
de poder solicitar informes, pero ahora ya se ha terminado. La contra
enmienda.

Asimismo se produce otra contra enmienda, la relativa al
punto 1 del artículo 5. En la enmienda —creo que con suficiente
criterio— se establecía que, en todos los casos, cuando se emitía
un informe u opinión que afectase a una comunidad autónoma o entidad
local, con carácter previo a la emisión definitiva se tenía que someter
obligatoriamente a audiencia de la comunidad autónoma, la corporación
local afectada o la entidad durante quince días. Sin embargo, han
presentado una contra enmienda sibilina: en lugar de que, con carácter
previo, la propuesta de informe se someta a la audiencia de la
Administración o entidad destinataria —es decir, siempre la
obligación de someterse—, lo sustituyen. ¿Qué dice la contra
enmienda: la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, ella
misma, podrá trasladar una propuesta de informe para que en el plazo que
determine, y siempre dentro de los plazos totalmente previstos, la
Administración o entidad pueda indicar errores, ambigüedades o
imprecisiones. Es decir, ahora sustituyen del carácter obligatorio a
trasladar con carácter previo a la comunidad autónoma o entidad local
afectada el informe para que pudiera presentar sus alegaciones o sus
enmiendas, y dicen: podrá. ¿Y quién lo decide? La misma autoridad fiscal
independiente. En eso sí que es independiente, es independiente para
decidir si va a trasladar el informe a alguna entidad local o a alguna
comunidad autónoma con carácter previo. Eso es feo, se lo digo
sinceramente, es feo. Imagínese —no va a ser así— que solo se
dé traslado a las corporaciones locales, a las entidades locales o a las
comunidades autónomas de un color político, y que ese sea el mismo color
del Gobierno que ha nombrado a la Autoridad Independiente de
Responsabilidad Fiscal. Le digo sinceramente que lo que están regulando
no es homologable en el marco de la Unión Europea. Ustedes sabían que el
Gobierno había adquirido unos compromisos, con lo cual lo más probable es
que si alguien se estudia con detenimiento esta regulación que están
ustedes efectuando en estos momentos, en Europa les digan que habrán
cumplido sobre el papel, pero que se lo podrían haber ahorrado. Podrían
haberle dicho al ministro de Hacienda que algunos de los funcionarios de
la Casa le hagan ese papel, pero para esto no hace falta una ley
orgánica.

Estos son, por tanto, los motivos por los que hemos
presentado un veto. Obviamente desde la perspectiva de que era difícil
que este veto prosperara —simplemente por la experiencia
acumulada—, hemos presentado también una serie de enmiendas que
defenderemos posteriormente.

Muchas gracias.

La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias,
señoría.

Propuesta de veto número 4, del Grupo Parlamentario
Socialista.

Tiene la palabra el senador Lerma.

El señor LERMA BLASCO: Con mucha brevedad —como
requiere el ambiente— y también con mucha contundencia quiero decir
que esta es una ley que seguramente resume todos los males que nos han
llevado a situaciones de desconcierto en determinadas comunidades
autónomas y especialmente en la relación de Cataluña dentro del conjunto
de España.

Esta ley resume algo de la filosofía de la derecha española
en lo referido a la autonomía de las comunidades autónomas, y es que,
francamente, muchos siguen pensando que las comunidades autónomas están
tuteladas por la Administración General del Estado —lo cual no
tiene nada que ver con el espíritu constitucional— y, en
consecuencia, lo que plantean siempre es esa tutela, que en esta ocasión
da la impresión de que debe tener unos requisitos formales. Y la
formalidad se hace utilizando una ley orgánica en determinados artículos
—no en todos, obviamente, porque es una cosa excesiva para lo que
quieren conseguir—. Por tanto, lo que se plantea fundamentalmente
es una cuestión formal para permitir hacer lo que el Partido Popular
piensa que dice la Constitución: que el Gobierno de España tiene la
tutela sobre todas las administraciones. Pero no es así. Las competencias
exclusivas de las comunidades autónomas, que eran competencias del
Estado, han pasado a ser competencias de las comunidades, al mismo nivel
que las que tenía el Estado, y, por tanto, no tuteladas por la
Administración. Esa es la situación que nos lleva a esta cuestión y
después a muchos problemas. A ustedes les lleva a una serie de problemas,
porque cuando hacen esa autoridad independiente, que saben que tiene que
ser una cosa formal para permitir meter mano —como diría el
ministro— a las comunidades autónomas en sus excesos,
fundamentalmente cometen el error de no hacer la autoridad independiente
realidad.

Pero no es que lo diga yo, o lo hayan dicho todos los que
han intervenido antes y lo han vetado, es que lo dice la propia Comisión
Europea y el Fondo Monetario Internacional. Si ustedes hubieran leído la
Memoria que el Gobierno ha remitido al Consejo de Estado, se habrían dado
cuenta de que lo que nosotros estamos diciendo respecto a la
independencia está denunciado ya. Por ejemplo, han dicho algo que ustedes
han tenido que enmendar porque les parecía sencillo: que tres años era
insuficiente y tenían que ser seis. Consecuentemente, se lo han aceptado
porque era fácil, porque tenían que prorrogar tres años más.
Evidentemente, el tiempo era insuficiente, y todos nosotros habíamos
presentado una enmienda, pero no nos han hecho ni caso, han tenido que
hacer caso al Fondo Monetario Internacional y a la Comisión Europea. Pero
también tenían que haber hecho caso a la Comisión Europea y al Fondo
Monetario Internacional cuando cuestionan la adscripción al Ministerio de
Hacienda. Esto evidencia que no es una comisión independiente. Para eso
ya tenían ustedes otros muchos organismos que podían hacer la misma
función —que de hecho la hacen— y no duplicarían el gasto de
la Administración. El Consejo de Estado dice cosas muy sugerentes: por
ejemplo, que podían haber atribuido la responsabilidad al Tribunal de
Cuentas o al Consejo Económico y Social, o incluso a la Oficina
Presupuestaria de las Cortes Generales. Todos ellos podrían haber hecho
los informes exactamente igual y probablemente con mayor independencia
que el sistema que ustedes han elegido.

Es que lo dice la Comisión Europea, el Fondo Monetario
Internacional y el propio Consejo de Estado. ¿Qué más hace falta para que
ustedes lo cambien? Además, aunque todos esos organismos no lo dijeran,
hay una recomendación fundamental del informe de la OCDE —que ha
citado el señor Montilla anteriormente— que dice con toda claridad
que es fundamental que estos organismos cuenten con el consenso de todas
las fuerzas políticas. Y lo dice con una visión general, no con una
visión de un Estado compuesto, como el nuestro, que supone una mayor
gravedad. Si ustedes quieren comprometer a las comunidades autónomas y a
la Administración central en una vía presupuestaria correcta y de control
del gasto y de la deuda, fundamentalmente tienen que comprometer a los
que van a gastar, no darles el dictat, no hacerles pensar de nuevo que
son ustedes los tutelantes del resto de las administraciones, porque eso
no es verdad y no se puede sostener.

Por tanto, la realidad es que en esta ley el consenso es lo
fundamental. Mucho más que el contenido de la ley, lo fundamental es el
consenso para que pueda tener credibilidad y comprometer a las demás
administraciones. La vía coercitiva no les va a funcionar porque no
tienen competencias

para ello; aunque se las atribuya, es una cuestión de muy
dudosa constitucionalidad. La concepción que ustedes tienen de la
Constitución choca frontalmente con el texto y con el espíritu de la
Constitución elaborada y aprobada en el año 1978 y les crea a ustedes y a
todos los ciudadanos españoles los problemas que ahora tenemos: por
incomprensión de un texto al que ustedes llegaron tarde y ahora no saben
interpretar. Esa es la realidad que estamos padeciendo.

Insisto, lo más importante de esta ley es el consenso, así
como, por ejemplo, también el consenso que tienen que conseguir ustedes
con las demás administraciones en lo que concierne a las reformas
tributarias. ¡Qué bien podría funcionar una agencia tributaria si
estuviera compuesta no solo por la Administración central sino por todas
las administraciones que tienen funciones de recaudación y de inspección!
Ese es el elemento clave de las reformas que tenemos que hacer:
comprometer a todos los interlocutores en los compromisos políticos y
económicos que queremos conseguir.

Por tanto, esta es una ley fallida en el texto porque no
garantiza la independencia, que no les da más utilidad que servir de
coartada al ministro para controlar a las demás administraciones, en
lugar de ayudar realmente a comprobar si las cuentas públicas son
sostenibles y si podemos controlar la deuda o no. Por cierto, que si
emitiera ahora un informe, seguro que la deuda no sería sostenible,
porque ustedes dicen que lo van pagando todo, pero lo que van haciendo es
asumir la deuda privada haciéndola pública y aumentando
extraordinariamente la deuda que no se puede controlar. Esto es lo que
diría seguramente el informe del un órgano como este, si le dejaran,
claro, si llegara a ser independiente, que no lo sería.

En definitiva, quiero decir que les ha cuestionado el texto
la Comisión Europea, el Fondo Monetario. Les ha cuestionado el texto el
Consejo de Estado, lo han cuestionado las comunidades autónomas y, lo que
es más importante, se lo están cuestionando todas las fuerzas políticas
actualmente. Lo único que cabe hacer con este texto para que tenga
credibilidad real es que ustedes retiren el proyecto. Esto es lo que
nosotros vamos a intentar con esta votación y después con las enmiendas,
si podemos cambiar la falta de credibilidad de un instrumento que puede
ser muy positivo para el futuro de España y que ustedes van a
estropear.

Nada más y muchas gracias.

La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias,
señoría.

Turno en contra. (Pausa.)

Tiene la palabra el senador De las Heras.

El señor DE LAS HERAS MUELA: Gracias.

Señora presidenta, escasas señorías que nos acompañan en el
debate de este Proyecto de Ley Orgánica de creación de la Autoridad
Independiente de Responsabilidad Fiscal, antes de entrar en el contenido
íntegro de los vetos, porque una cosa son los vetos presentados y otra lo
que en esta tribuna se ha puesto de manifiesto, voy a hacer una serie de
puntualizaciones. En primer lugar, como algún portavoz del Grupo
Parlamentario Mixto ha dado un tirón de orejas quejándose de que la sala
está vacía y que no se les escucha, creo que los dos senadores del Grupo
Parlamentario Mixto, de Izquierda Unida y de Esquerra Republicana no
están presentes en la sala y ahora se lo recrimino yo a ellos porque no
están cuando vamos a debatir un veto que ellos han presentado.

Senador Bel, la parte que incorpora al veto está incluida a
su vez en enmiendas y contraenmiendas, y no se preocupe que mi compañero,
el senador Pintado, les dará cumplida cuenta.

Senador Lerma, en primer lugar, hay dos o tres cuestiones
que me sorprenden, porque parece que usted ignora que venimos de donde
venimos y que heredamos la situación económica que heredamos. En segundo
lugar, dice que no sabemos interpretar la Constitución Española. O sea,
aquí el único que tiene la patente de turco para interpretar la
Constitución Española es el Grupo Parlamentario Socialista. Pues mire
usted, no.