7.1.1. Proyecto de Ley por la que se modifican la Ley
16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la
contaminación y la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos
contaminados. SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA.

Comisión: Medio Ambiente y Cambio Climático

(Núm. exp. 621/000032)

7.1.2. Proposición de Ley de medidas para reforzar la
protección a los deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y
alquiler social. SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA.

Comisión: Economía y Competitividad

(Núm. exp. 624/000001)

7.1.3. Proyecto de Ley de medidas de flexibilización y
fomento del mercado del alquiler de viviendas.

Comisión: Fomento

(Núm. exp. 621/000027)

8. TRATADOS Y CONVENIOS INTERNACIONALES

8.1. DICTÁMENES DE COMISIÓN

8.1.1. Enmienda al Acuerdo de Servicio de Préstamo de
80.000.000.000 euros entre los siguientes Estados miembros cuya moneda es
el euro: el Reino de Bélgica, Irlanda, el Reino de España, la República
Francesa, la República Italiana, la República de Chipre, el Gran Ducado
de Luxemburgo, la República de Malta, el Reino de los Países Bajos, la
República de Austria, la República Portuguesa, la República de Eslovenia,
y la República de Finlandia y KfW, actuando en interés público, con
sujeción a las instrucciones y acogiéndose a la garantía de la República
Federal de Alemania, como Prestamistas y la República Helénica como
Prestatario, el Banco de Grecia como Agente del Prestatario, hecha en
Bruselas el 19 de diciembre de 2012 y en Atenas el 18 de diciembre de
2012. SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA.

Comisión: Asuntos Exteriores

(Núm. exp. 610/000078)

8.1.2. Declaración de aceptación por España de la adhesión
de la República de Colombia al Convenio sobre la obtención de pruebas en
el extranjero en materia civil o mercantil, hecho en La Haya el 18 de
marzo de 1970.

Comisión: Asuntos Exteriores

(Núm. exp. 610/000056)

8.1.3. Declaración de aceptación por España de la adhesión
de la Antigua República Yugoslava de Macedonia al Convenio sobre la
obtención de pruebas en el extranjero en materia civil o mercantil, hecho
en La Haya el 18 de marzo de 1970.

Comisión: Asuntos Exteriores

(Núm. exp. 610/000057)

8.1.4. Acuerdo de Sede entre la Organización Mundial del
Turismo y el Reino de España para la celebración de la 93ª reunión del
Consejo Ejecutivo, hecho en Madrid el 4 de junio de 2012.

Comisión: Asuntos Exteriores

(Núm. exp. 610/000058)

8.1.5. Acuerdo de colaboración y cooperación entre la Unión
Europea y sus Estados Miembros, por una parte, y la República de Iraq,
por otra parte, hecho en Bruselas el 11 de mayo de 2012.

Comisión: Asuntos Exteriores

(Núm. exp. 610/000059)

8.1.6. Tratado sobre el derecho de Patentes, Reglamento del
Tratado sobre el derecho de Patentes y Declaraciones concertadas por la
Conferencia Diplomática relativas al Tratado y al Reglamento, hechos en
Ginebra el 1 de junio de 2000.

Comisión: Asuntos Exteriores

(Núm. exp. 610/000060)

8.1.7. Acuerdo de cooperación en materia de lucha contra la
delincuencia entre el Reino de España y la República de la Costa de
Marfil, hecho en Madrid el 17 de julio de 2012.

Comisión: Asuntos Exteriores

(Núm. exp. 610/000061)

8.1.8. Acuerdo Marco Global de Asociación y Cooperación
entre la Unión Europea y sus Estados Miembros, por una parte, y la
República Socialista de Vietnam, por otra, hecho en Bruselas el 27 de
junio de 2012.

Comisión: Asuntos Exteriores

(Núm. exp. 610/000062)

8.1.9. Acuerdo entre el Gobierno español y el Gobierno
macedonio sobre el reconocimiento recíproco y canje de los permisos de
conducción nacionales, hecho en Skopje el 6 de octubre de 2011.

Comisión: Asuntos Exteriores

(Núm. exp. 610/000063)

8.1.10. Protocolo por el que se modifica el Acuerdo
Euromediterráneo de Aviación entre la Comunidad Europea y sus Estados
Miembros, por una parte, y el Reino de Marruecos, por otra, con el fin de
tener en cuenta la Adhesión a la Unión Europea de la República de
Bulgaria y de Rumania, hecho en Bruselas el 18 de junio de 2012.

Comisión: Asuntos Exteriores

(Núm. exp. 610/000064)

8.1.11. Acuerdo entre el Reino de España y el Reino de
Marruecos sobre supresión recíproca de visados en pasaportes de servicio,
hecho en Rabat el 3 de octubre de 2012.

Comisión: Asuntos Exteriores

(Núm. exp. 610/000065)

8.1.12. Acuerdo entre el Gobierno del Reino de España y el
Gobierno de los Emiratos Árabes Unidos sobre cooperación en materia de
defensa, hecho en Abu-Dhabi el 21 de octubre de 2012.

Comisión: Asuntos Exteriores

(Núm. exp. 610/000066)

8.1.13. Acuerdo entre el Reino de España y la República de
Guinea Ecuatorial sobre transporte aéreo, hecho en Madrid el 28 de
noviembre de 2012.

Comisión: Asuntos Exteriores

(Núm. exp. 610/000067)

8.1.14. Segundo Protocolo de enmienda del Convenio de
Cooperación para la defensa entre el Reino de España y los Estados Unidos
de América, de 1 de diciembre de 1988, revisado, hecho en Bruselas el 10
de octubre de 2012.

Comisión: Asuntos Exteriores

(Núm. exp. 610/000068)

8.1.15. Acuerdo Marco de Colaboración y Cooperación entre
la Unión Europea y sus Estados miembros, por una parte, y la República de
Filipinas, por otra, hecho en Phnom Penh el 11 de julio de 2012.

Comisión: Asuntos Exteriores

(Núm. exp. 610/000069)

8.1.16. Declaración de aceptación por España de la adhesión
de la República de Guinea al Convenio sobre los aspectos civiles de la
sustracción internacional de menores, hecho en La Haya el 25 de octubre
de 1980.

Comisión: Asuntos Exteriores

(Núm. exp. 610/000070)

8.1.17. Convenio relativo a garantías internacionales sobre
elementos de equipo móvil, hecho en Ciudad del Cabo el 16 de noviembre de
2001.

Comisión: Asuntos Exteriores

(Núm. exp. 610/000071)

8.1.18. Acuerdo entre España y la Región Administrativa
Especial de Hong Kong de la República Popular China relativo a la
Asistencia Judicial en materia penal, hecho en Madrid el 15 de noviembre
de 2012.

Comisión: Asuntos Exteriores

(Núm. exp. 610/000072)

8.1.19. Acuerdo entre España y la Región Administrativa
Especial de Hong Kong de la República Popular China sobre traslado de
personas condenadas, hecho en Madrid el 15 de noviembre de 2012.

Comisión: Asuntos Exteriores

(Núm. exp. 610/000073)

8.1.20. Acuerdo sobre Transporte Aéreo entre el Reino de
España y la República de Camerún, hecho en Yaundé el 21 de noviembre de
2012.

Comisión: Asuntos Exteriores

(Núm. exp. 610/000074)

8.1.21. Protocolo entre el Reino de España y la
Confederación Suiza que modifica el Convenio para evitar la doble
imposición en materia de impuestos sobre la renta y sobre el patrimonio
firmado en Berna el 26 de abril de 1966, y su Protocolo, modificados por
el Protocolo firmado en Madrid el 29 de junio de 2006, hecho en Madrid el
27 de julio de 2011.

Comisión: Asuntos Exteriores

(Núm. exp. 610/000076)

8.1.22. Denuncia del Acuerdo entre los Estados
participantes en la Brigada Multinacional de Fuerzas de Reserva de
Despliegue Rápido para Operaciones de la ONU referente al Estatuto de sus
Fuerzas (SHIRBRIG), hecho en Copenhague el 13 de diciembre de 2001.

Comisión: Asuntos Exteriores

(Núm. exp. 610/000077)

Página
5306

5.3. Moción por la que se insta al Gobierno a la adopción
de determinadas medidas para una efectiva garantía de la sostenibilidad
del Sistema Nacional de Salud y la mejora de la calidad y seguridad de
sus prestaciones.

(Núm. exp. 662/000080)

Autor: GPS

5357

La señora Llinares Cuesta defiende la moción.

El señor Iglesias Fernández defiende la enmienda del Grupo
Parlamentario Mixto, a iniciativa del señor Mariscal Cifuentes y dicho
senador.

La señora Llinares Cuesta expone la posición de su grupo
respecto de la enmienda.

En turno de portavoces intervienen el señor Cazalis
Eiguren, por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV); las
señoras Almiñana Riqué, por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de
Catalunya; Cunyat Badosa, por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado
Convergència i Unió; Llinares Cuesta, por el Grupo Parlamentario
Socialista, y Pan Vázquez, por el Grupo Parlamentario Popular en el
Senado.

Se rechaza la moción, con la incorporación de la enmienda
del Grupo Parlamentario Mixto, por los siguientes votos: a favor, 73; en
contra, 151; abstenciones, 13.

6. MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIÓN

6.1. Moción por la que se insta al Gobierno a la adopción
de determinadas medidas en relación con el Programa de Estabilidad
2012-2015 y el Programa Nacional de Reformas.

(Núm. exp. 671/000070)

Autor: GPEPC

5373

El señor Montilla Aguilera defiende la moción.

El señor Iglesias Fernández defiende la enmienda del Grupo
Parlamentario Mixto, a iniciativa de los señores Mariscal Cifuentes y
dicho senador.

El señor Lerma Blasco defiende la enmienda del Grupo
Parlamentario Socialista.

En turno en contra hace uso de la palabra la señora Angulo
Martínez.

El señor Montilla Aguilera expone la posición de su grupo
respecto de las enmiendas.

En turno de portavoces intervienen el señor Iglesias
Fernández, por el Grupo Parlamentario Mixto; la señora Martínez Muñoz,
por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV); los señores
Montilla Aguilera, por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de
Catalunya; Alturo Lloan, por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado
Convergència i Unió, y Lerma Blasco, por el Grupo Parlamentario
Socialista, y la señora Angulo Martínez, por el Grupo Parlamentario
Popular en el Senado.

Se rechaza la moción, con la incorporación de la enmienda
del Grupo Parlamentario Socialista, por los siguientes votos: a favor,
88; en contra, 152.

7. PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY

7.1. DICTÁMENES DE COMISIONES

7.1.1. Proyecto de Ley por la que se modifican la Ley
16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la
contaminación y la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos
contaminados. SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA.

Comisión: Medio Ambiente y Cambio Climático

5390

(Núm. exp. 621/000032)

La señora Ruiz Ruiz, presidenta de la comisión, presenta el
dictamen.

Se inicia el debate de totalidad.

En turno de portavoces interviene el señor Saura Laporta,
por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, que procede a
la defensa de las enmiendas de su grupo.

Comienza el debate del articulado.

El señor Quintero Castañeda defiende la enmienda número 1,
del Grupo Parlamentario Mixto, originariamente presentada por los señores
Quintero Castañeda y Zerolo Aguilar.

El señor Iglesias Fernández defiende las enmiendas números
2 a 12, del Grupo Parlamentario Mixto, originariamente presentadas por
este senador y el señor Mariscal Cifuentes.

El señor Cazalis Eiguren defiende las enmiendas números 13
a 21, del Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV).

El señor Saura Laporta da por defendidas las enmiendas
números 38 a 48, 49 a 56 y 58 a 64, del Grupo Parlamentario Entesa pel
Progrés de Catalunya.

El señor Maluquer Ferrer defiende las enmiendas números 65
a 72, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i
Unió.

El señor Ruiz Santos defiende las enmiendas del Grupo
Parlamentario Socialista números 22 a 29 y 31 a 37, y vuelta al texto
remitido por el Congreso de los Diputados en lo modificado por las
enmiendas 73, 76, 79 y 80, del Grupo Parlamentario Popular en el
Senado.

En turno en contra hace uso de la palabra la señora
Contreras Olmedo.

En turno de portavoces intervienen los señores Maluquer
Ferrer, por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i
Unió; Espadas Cejas, por el Grupo Parlamentario Socialista, y Pagola
Sáenz, por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

7.1.2. Proposición de Ley de medidas para reforzar la
protección a los deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y
alquiler social. SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA.

Comisión: Economía y Competitividad

5403

(Núm. exp. 624/000001)

El señor Atarés Martínez, presidente de la comisión,
presenta el dictamen.

Comienza el debate de las propuestas de veto.

El señor Guillot Miravet defiende la propuesta de veto
número 1, presentada por este senador y el señor Saura Laporta, del Grupo
Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya.

El señor Martí Jufresa defiende la propuesta de veto número
2, presentada por la señora Almiñana Riqué, los señores Boya Alós,
Bruguera Batalla, Martí Jufresa, Montilla Aguilera, Sabaté Borràs y la
señora Sequera García, del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de
Catalunya.

La señora Marra Domínguez defiende la propuesta de veto
número 3, del Grupo Parlamentario Socialista.

En turno en contra hace uso de la palabra el señor Sanz
Pérez.

En turno de portavoces intervienen los señores Mariscal
Cifuentes y Quintero Castañeda, por el Grupo Parlamentario Mixto;
Bildarratz Sorron, por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado
(EAJ-PNV); Guillot Miravet y Martí Jufresa, por el Grupo Parlamentario
Entesa pel Progrés de Catalunya; Alturo Lloan, por el Grupo Parlamentario
Catalán en el Senado Convergència i Unió; Fernández Ortega, por el Grupo
Parlamentario Socialista, y Sanz Pérez, por el Grupo Parlamentario
Popular en el Senado.

Se procede a la votación de las propuestas de veto.

Se rechaza la propuesta de veto número 1, de los senadores
Guillot Miravet y Saura Laporta, del Grupo Parlamentario Entesa pel
Progrés de Catalunya, por los siguientes votos: a favor, 90; en contra,
153, abstenciones, 1.

Se rechaza la propuesta de veto número 2, de la señora
Almiñana Riqué, los señores Boya Alós, Bruguera Batalla, Martí Jufresa,
Montilla Aguilera, Sabaté Borràs y la señora Sequera García, del Grupo
Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, por los siguientes votos:
a favor, 90; en contra, 154.

Se rechaza la propuesta de veto número 3, del Grupo
Parlamentario Socialista, por los siguientes votos: a favor, 91; en
contra, 154.

Comienza el debate del articulado.

El señor Mariscal Cifuentes defiende las enmiendas números
1 a 32, presentadas por el señor Iglesias Fernández y dicho senador, del
Grupo Parlamentario Mixto.

La señora Capella i Farré defiende las enmiendas números 33
a 37, del Grupo Parlamentario Mixto, originariamente presentadas por esta
senadora.

La señora Salanueva Murguialday defiende las enmiendas
números 38 a 43, del Grupo Parlamentario Mixto, originariamente
presentadas por el señor Eza Goyeneche, la señora Salanueva Murguialday y
el señor Yanguas Fernández.

El señor Bildarratz Sorron defiende las enmiendas números
44 a 57, del Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV).

El señor Guillot Miravet defiende las enmiendas números 58
a 92, del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya.

El señor Martí Jufresa defiende las enmiendas números 134 a
159 y 161 a 204, del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de
Catalunya.

El señor Alturo Lloan defiende las enmiendas números 93 a
133, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i
Unió.

El señor Fernández Ortega defiende las enmiendas números
205 a 230, 232, 233 y 235 a 275, del Grupo Parlamentario Socialista.

En turno en contra hace uso de la palabra el señor Utrera
Mora.

En turno de portavoces intervienen la señora Mendizabal
Azurmendi y el señor Martínez Oblanca, por el Grupo Parlamentario Mixto;
así como los señores Bildarratz Sorron, por el Grupo Parlamentario Vasco
en el Senado (EAJ-PNV); Guillot Miravet y Martí Jufresa, por el Grupo
Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya; Alturo Lloan, por el Grupo
Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió; Fernández Ortega,
por el Grupo Parlamentario Socialista, y Utrera Mora, por el Grupo
Parlamentario Popular en el Senado.

Se procede a la votación.

Se rechazan las enmiendas números 3, 7, 8 y 9, de los
señores Iglesias Fernández y Mariscal Cifuentes, del Grupo Parlamentario
Mixto, por los siguientes votos: a favor, 89; en contra, 145;
abstenciones, 5.

Se rechaza la enmienda número 33, del Grupo Parlamentario
Mixto, originariamente presentada por la señora Capella i Farré, por los
siguientes votos: a favor, 10; en contra, 210; abstenciones, 19.

Se rechazan las enmiendas números 34 a 37, del Grupo
Parlamentario Mixto, originariamente presentada por la señora Capella i
Farré, por los siguientes votos: a favor, 89; en contra, 145;
abstenciones, 5.

Se rechaza la enmienda número 38, del Grupo Parlamentario
Mixto, originariamente presentada por el señor Eza Goyeneche, la señora
Salanueva Murguialday y el señor Yanguas Fernández, por los siguientes
votos: a favor, 83; en contra, 146; abstenciones, 8.

Se rechazan las enmiendas números 39 a 41, del Grupo
Parlamentario Mixto, originariamente presentada por el señor Eza
Goyeneche, la señora Salanueva Murguialday y el señor Yanguas Fernández,
por los siguientes votos: a favor, 87; en contra, 145; abstenciones,
5.

Se rechaza la enmienda número 42, del Grupo Parlamentario
Mixto, originariamente presentada por el señor Eza Goyeneche, la señora
Salanueva Murguialday y el señor Yanguas Fernández, por los siguientes
votos: a favor, 6; en contra, 225; abstenciones, 6.

Se rechaza la enmienda número 43, del Grupo Parlamentario
Mixto, originariamente presentada por el señor Eza Goyeneche, la señora
Salanueva Murguialday y el señor Yanguas Fernández, por los siguientes
votos: a favor, 19; en contra, 213; abstenciones, 5.

Se rechazan las enmiendas números 45 y 46, del Grupo
Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV), por los siguientes votos: a
favor, 93; en contra, 143; abstenciones, 1.

Se rechazan las enmiendas números 44, 47, 48, 53 y 57, del
Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV), por los siguientes
votos: a favor, 87; en contra, 145; abstenciones, 5.

Se rechazan las enmiendas números 49 a 51, del Grupo
Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV), por los siguientes votos: a
favor, 27; en contra, 210.

Se rechaza la enmienda número 52, del Grupo Parlamentario
Vasco en el Senado (EAJ-PNV), por los siguientes votos: a favor, 18; en
contra, 146; abstenciones, 73.

Se rechazan las enmiendas números 54 a 56, del Grupo
Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV), por los siguientes votos: a
favor, 93; en contra, 144.

Se rechazan las enmiendas números 66, 68, 69 y 70, del
Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, por los siguientes
votos: a favor, 89; en contra, 145; abstenciones, 5.

Se rechaza la enmienda número 196, del Grupo Parlamentario
Entesa pel Progrés de Catalunya, por los siguientes votos: a favor, 74;
en contra, 149; abstenciones, 13.

Se rechazan las enmiendas números 134, 135, 146 a 154, 156
a 159, 161, 163 a 167, 169, 170, 172, 174, 176 a 191, 193 a 195, 197 a
199 y 202 a 204, del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya,
por los siguientes votos: a favor, 86; en contra, 145; abstenciones,
5.

Se rechaza la enmienda número 175, del Grupo Parlamentario
Entesa pel Progrés de Catalunya, por los siguientes votos: a favor, 89;
en contra, 145; abstenciones, 2.

Se rechazan las enmiendas números 155, 162 y 200, del Grupo
Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, por los siguientes votos:
a favor, 83; en contra, 154.

Se rechazan las enmiendas números 136 a 145, 168, 171, 173,
192 y 201, del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, por
los siguientes votos: a favor, 83; en contra, 144; abstenciones, 9.

Se rechazan las enmiendas números 94, 95, 98, 107, 111,
115, 117, 122, 124, 125 y 127, del Grupo Parlamentario Catalán en el
Senado Convergència i Unió, por los siguientes votos: a favor, 87; en
contra, 145; abstenciones, 5.

Se rechazan las enmiendas números 99 y 100, del Grupo
Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió, por los
siguientes votos: a favor, 90; en contra, 145.

Se rechaza la enmienda número 101, del Grupo Parlamentario
Catalán en el Senado Convergència i Unió, por los siguientes votos: a
favor, 93; en contra, 143.

Se rechaza la enmienda número 104, del Grupo Parlamentario
Catalán en el Senado Convergència i Unió, por los siguientes votos: a
favor, 88; en contra, 148.

Se rechazan las enmiendas números 106, 109 y 118, del Grupo
Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió, por los
siguientes votos: a favor, 83; en contra, 145; abstenciones, 9.

Se rechaza la enmienda número 108, del Grupo Parlamentario
Catalán en el Senado Convergència i Unió, por los siguientes votos: a
favor, 24; en contra, 143; abstenciones, 70.

Se rechaza la enmienda número 110, del Grupo Parlamentario
Catalán en el Senado Convergència i Unió, por los siguientes votos: a
favor, 93; en contra, 143.

Se rechazan las enmiendas números 112 y 113, del Grupo
Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió, por los
siguientes votos: a favor, 94; en contra, 142.

Se rechaza la enmienda número 129, del Grupo Parlamentario
Catalán en el Senado Convergència i Unió, por los siguientes votos: a
favor, 24; en contra, 208; abstenciones, 5.

Se rechazan las enmiendas números 130 a 133, del Grupo
Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió, por los
siguientes votos: a favor, 89; en contra, 142; abstenciones, 6.

Se rechaza la enmienda número 93, del Grupo Parlamentario
Catalán en el Senado Convergència i Unió, por los siguientes votos: a
favor, 25; en contra, 146; abstenciones, 65.

Se rechazan las enmiendas números 103 y 105, del Grupo
Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió, por los
siguientes votos: a favor, 29; en contra, 143; abstenciones, 64.

Se rechaza la enmienda número 121, del Grupo Parlamentario
Catalán en el Senado Convergència i Unió, por los siguientes votos: a
favor, 27; en contra, 146; abstenciones, 64.

Se rechazan las enmiendas números 126 y 128, del Grupo
Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió, por los
siguientes votos: a favor, 23; en contra, 206; abstenciones, 6.

Se rechazan las enmiendas números 96, 97, 102, 114, 116,
119, 120 y 123, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència
i Unió, por los siguientes votos: a favor, 22; en contra, 210;
abstenciones, 5.

Se rechaza la enmienda número 267, del Grupo Parlamentario
Socialista, por los siguientes votos: a favor, 74; en contra, 149;
abstenciones, 13.

Se rechazan las enmiendas números 205, 216 a 225, 227, 229,
230, 232, 235 a 238, 240, 241, 243, 245 a 255, 257 a 262, 264 a 266, 268
a 270 y 272 a 274, del Grupo Parlamentario Socialista, por los siguientes
votos: a favor, 85; en contra, 144; abstenciones, 5.

Se rechazan las enmiendas números 226, 233, 256 y 271, del
Grupo Parlamentario Socialista, por los siguientes votos: a favor, 82; en
contra, 149; abstenciones, 5.

Se rechazan las enmiendas números 206 a 215, 228, 239, 242,
244, 263 y 275, del Grupo Parlamentario Socialista, por los siguientes
votos: a favor, 82; en contra, 145; abstenciones, 10.

Se aprueba la proposición de ley por los siguientes votos:
a favor, 142; en contra, 94; abstenciones, 2.

El señor presidente informa de que queda definitivamente
aprobada por la Cortes Generales la proposición de ley.

7.1.1. Proyecto de Ley por la que se modifican la Ley
16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la
contaminación y la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos
contaminados. SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA.
(Votación.)

Comisión: Medio Ambiente y Cambio Climático

5463

(Núm. exp. 621/000032)

Se rechaza la enmienda número 1, del Grupo Parlamentario
Mixto, presentada originariamente por los señores Quintero Castañeda y
Zerolo Aguilar, por los siguientes votos: a favor, 68; en contra, 141;
abstenciones, 14.

Se rechaza la enmienda número 2, del Grupo Parlamentario
Mixto, presentada originariamente por los señores Iglesias Fernández y
Mariscal Cifuentes, por los siguientes votos: a favor, 64; en contra,
154; abstenciones, 13.

Se rechaza la enmienda número 3, del Grupo Parlamentario
Mixto, presentada originariamente por los señores Iglesias Fernández y
Mariscal Cifuentes, por los siguientes votos: a favor, 4; en contra, 225;
abstenciones, 1.

Se rechaza la enmienda número 4, del Grupo Parlamentario
Mixto, presentada originariamente por los señores Iglesias Fernández y
Mariscal Cifuentes, por los siguientes votos: a favor, 67; en contra,
163.

Se rechaza la enmienda número 5, del Grupo Parlamentario
Mixto, presentada originariamente por los señores Iglesias Fernández y
Mariscal Cifuentes, por los siguientes votos: a favor, 67; en contra,
149; abstenciones, 13.

Se rechazan las enmiendas números 6 y 7, del Grupo
Parlamentario Mixto, presentada originariamente por los señores Iglesias
Fernández y Mariscal Cifuentes, por los siguientes votos: a favor, 4; en
contra, 168; abstenciones, 56.

Se rechaza la enmienda número 8, del Grupo Parlamentario
Mixto, presentada originariamente por los señores Iglesias Fernández y
Mariscal Cifuentes, por los siguientes votos: a favor, 79; en contra,
150; abstenciones, 1.

Se rechaza la enmienda número 9, del Grupo Parlamentario
Mixto, presentada originariamente por los señores Iglesias Fernández y
Mariscal Cifuentes, por los siguientes votos: a favor, 80; en contra,
148.

Se rechaza la enmienda número 10, del Grupo Parlamentario
Mixto, presentada originariamente por los señores Iglesias Fernández y
Mariscal Cifuentes, por los siguientes votos: a favor, 67; en contra,
150; abstenciones, 13.

Se rechaza la enmienda número 11, del Grupo Parlamentario
Mixto, presentada originariamente por los señores Iglesias Fernández y
Mariscal Cifuentes, por los siguientes votos: a favor, 79; en contra,
147.

Se rechaza la enmienda número 12, del Grupo Parlamentario
Mixto, presentada originariamente por los señores Iglesias Fernández y
Mariscal Cifuentes, por los siguientes votos: a favor, 63; en contra,
167.

Se rechazan las enmiendas números 17 y 19, del Grupo
Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV), por los siguientes votos: a
favor, 24; en contra, 206.

Se rechazan las enmiendas números 13 a 15, del Grupo
Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV), por los siguientes votos: a
favor, 83; en contra, 146.

Se rechazan las enmiendas números 16, 20 y 21, del Grupo
Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV), por los siguientes votos: a
favor, 70; en contra, 146; abstenciones, 13.

Se rechaza la enmienda número 18, del Grupo Parlamentario
Vasco en el Senado (EAJ-PNV), por los siguientes votos: a favor, 83; en
contra, 143.

Se rechaza la enmienda número 38, del Grupo Parlamentario
Entesa pel Progrés de Catalunya, por los siguientes votos: a favor, 67;
en contra, 149; abstenciones, 13.

Se rechaza la enmienda número 39, del Grupo Parlamentario
Entesa pel Progrés de Catalunya, por los siguientes votos: a favor, 5; en
contra, 223; abstenciones, 1.

Se rechaza la enmienda número 40, del Grupo Parlamentario
Entesa pel Progrés de Catalunya, por los siguientes votos: a favor, 71;
en contra, 158; abstenciones, 1.

Se rechazan las enmiendas números 41 y 46, del Grupo
Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, por los siguientes votos:
a favor, 72; en contra, 144; abstenciones, 13.

Se rechazan las enmiendas números 42 y 43, del Grupo
Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, por los siguientes votos:
a favor, 4; en contra, 167; abstenciones, 59.

Se rechaza la enmienda número 44, del Grupo Parlamentario
Entesa pel Progrés de Catalunya, por los siguientes votos: a favor, 85;
en contra, 145.

Se rechazan las enmiendas números 45 y 47, del Grupo
Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, por los siguientes votos:
a favor, 85; en contra, 145.

Se rechaza la enmienda número 48, del Grupo Parlamentario
Entesa pel Progrés de Catalunya, por los siguientes votos: a favor, 68;
en contra, 162.

Se rechaza la enmienda número 49, del Grupo Parlamentario
Entesa pel Progrés de Catalunya, por los siguientes votos: a favor, 84;
en contra, 145.

Se rechaza la enmienda número 50, del Grupo Parlamentario
Entesa pel Progrés de Catalunya, por los siguientes votos: a favor, 72;
en contra, 145; abstenciones, 13.

Se rechazan las enmiendas números 51, 54 y 56, del Grupo
Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, por los siguientes votos:
a favor, 63; en contra, 167.

Se rechazan las enmiendas números 52, 55, 60 y 62 a 64, del
Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, por los siguientes
votos: a favor, 79; en contra, 149.

Se rechaza la enmienda número 53, del Grupo Parlamentario
Entesa pel Progrés de Catalunya, por los siguientes votos: a favor, 78;
en contra, 146; abstenciones, 4.

Se rechazan las enmiendas números 58 y 61, del Grupo
Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, por los siguientes votos:
a favor, 81; en contra, 148.

Se rechaza la enmienda número 59, del Grupo Parlamentario
Entesa pel Progrés de Catalunya, por los siguientes votos: a favor, 80;
en contra, 146; abstenciones, 4.

Se rechazan las enmiendas números 65, 69 y 70, del Grupo
Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió, por los
siguientes votos: a favor, 25; en contra, 204; abstenciones, 1.

Se rechazan las enmiendas números 66 y 68, del Grupo
Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió, por los
siguientes votos: a favor, 87; en contra, 142.

Se rechazan las enmiendas números 67 y 71, del Grupo
Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió, por los
siguientes votos: a favor, 25; en contra, 203.

Se rechaza la enmienda número 72, del Grupo Parlamentario
Catalán en el Senado Convergència i Unió, por los siguientes votos: a
favor, 85; en contra, 143; abstenciones, 2.

Se rechazan las enmiendas números 22, 25, 28, 33 y 35 a 37,
del Grupo Parlamentario Socialista, por los siguientes votos: a favor,
80; en contra, 150.

Se rechaza la enmienda número 23, del Grupo Parlamentario
Socialista, por los siguientes votos: a favor, 71; en contra, 145;
abstenciones, 14.

Se rechazan las enmiendas números 24, 27 y 29, del Grupo
Parlamentario Socialista, por los siguientes votos: a favor, 63; en
contra, 165.

Se rechaza la enmienda número 26, del Grupo Parlamentario
Socialista, por los siguientes votos: a favor, 80; en contra, 145;
abstenciones, 4.

Se rechazan las enmiendas números 31 y 34, del Grupo
Parlamentario Socialista, por los siguientes votos: a favor, 80; en
contra, 148.

Se rechaza la enmienda número 32, del Grupo Parlamentario
Socialista, por los siguientes votos: a favor, 81; en contra, 144;
abstenciones, 4.

Se rechaza la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista
de vuelta al texto del Congreso en lo modificado por las enmiendas 73,
76, 79 y 80, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, por los
siguientes votos: a favor, 61; en contra, 165; abstenciones, 5.

Se aprueban aquellas partes del proyecto de ley enmendadas
en comisión y no comprendidas en las votaciones anteriores, por los
siguientes votos: a favor, 149; en contra, 1; abstenciones, 80.

Se aprueba el resto del proyecto de ley por los siguientes
votos: a favor, 150; abstenciones, 78.

El señor presidente informa de que tal y como dispone el
artículo 90 de la Constitución, se dará traslado de las enmiendas
aprobadas por el Senado al Congreso de los Diputados para que este se
pronuncie en forma previa a la sanción del texto definitivo por S.M. el
Rey.

7.1.3. Proyecto de Ley de medidas de flexibilización y
fomento del mercado del alquiler de viviendas.

Comisión: Fomento

5468

(Núm. exp. 621/000027)

La señora Pan Vázquez, presidenta de la comisión, presenta
el dictamen.

Comienza el debate de las propuestas de veto.

El señor Mariscal Cifuentes defiende la propuesta de veto
número 1, presentada por el señor Iglesias Fernández y dicho senador, del
Grupo Parlamentario Mixto.

El señor Guillot Miravet defiende la propuesta de veto
número 3, presentada por este senador y el señor Saura Laporta, del Grupo
Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya.

El señor Martí Jufresa defiende la propuesta de veto número
4, presentada por la señora Almiñana Riqué, los señores Boya Alós,
Bruguera Batalla, Martí Jufresa, Montilla Aguilera, Sabaté Borràs y la
señora Sequera García, del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de
Catalunya.

La señora Capella i Farré defiende la propuesta de veto
número 2, del Grupo Parlamentario Mixto, originariamente presentada por
dicha senadora.

El señor Espadas Cejas defiende la propuesta de veto número
5, del Grupo Parlamentario Socialista.

En turno en contra hace uso de la palabra el señor Burgos
Beteta.

En turno de portavoces intervienen los señores Bildarratz
Sorron, por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV), y Martí
Jufresa, por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya; así
como la señora Candini i Puig, por el Grupo Parlamentario Catalán en el
Senado Convergència i Unió, y los señores Fernández Ortega, por el Grupo
Parlamentario Socialista, y Mateu Istúriz, por el Grupo Parlamentario
Popular en el Senado.

Se procede a la votación de las propuestas de veto.

Se rechaza la propuesta de veto número 1, de los señores
Iglesias Fernández y Mariscal Cifuentes, del Grupo Parlamentario Mixto,
por los siguientes votos: a favor, 61; en contra, 145; abstenciones,
16.

Se rechaza la propuesta de veto número 3, de los señores
Guillot Miravet y Saura Laporta, del Grupo Parlamentario Entesa pel
Progrés de Catalunya, por los siguientes votos: a favor, 60; en contra,
144; abstenciones, 18.

Se rechaza la propuesta de veto número 4, de la señora
Almiñana Riqué, los señores Boya Alós, Bruguera Batalla, Martí Jufresa,
Montilla Aguilera, Sabaté Borràs y la señora Sequera García, por los
siguientes votos: a favor, 60; en contra, 145, abstenciones, 18.

Se rechaza la propuesta de veto número 2, del Grupo
Parlamentario Mixto, presentado originariamente por la señora Capella i
Farré, por los siguientes votos: a favor, 60; en contra, 145;
abstenciones, 18.

Se rechaza la propuesta de veto número 5, del Grupo
Parlamentario Socialista, por los siguientes votos: a favor, 58; en
contra, 145, abstenciones, 18.

Comienza el debate del articulado.

El señor Mariscal Cifuentes defiende las enmiendas números
1 a 17, de los señores Iglesias Fernández y Mariscal Cifuentes, del Grupo
Parlamentario Mixto.

El señor Bildarratz Sorron defiende las enmiendas números
18 a 39 y 95 a 98, del Grupo Parlamentario Vasco en el Senado
(EAJ-PNV).

El señor Guillot Miravet defiende las enmiendas números 40
a 52, del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya.

El señor Martí Jufresa defiende las enmiendas del Grupo
Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya números 53 a 66 y la vuelta
al texto remitido por el Congreso de los Diputados en lo modificado por
la enmienda 105 del Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

La señora Candini i Puig defiende las enmiendas números 67
a 85 y 87 a 94, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència
i Unió.

El señor Becana Sanahuja defiende la enmienda del Grupo
Parlamentario Socialista de vuelta al texto remitido por el Congreso de
los Diputados en lo modificado por la enmienda 105 del Grupo
Parlamentario Popular en el Senado, y las enmiendas números 106 a
136.

En turno en contra hace uso de la palabra el señor
Ibarrondo Bajo.

En turno de portavoces intervienen el señor Fernández
Ortega, por el Grupo Parlamentario Socialista, y el señor Ibarrondo Bajo,
por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

Se procede a la votación.

Se rechazan las enmiendas números 1 a 8, 10, 11, 14, 15 y
17, de los señores Iglesias Fernández y Mariscal Cifuentes, del Grupo
Parlamentario Mixto, por los siguientes votos: a favor, 72; en contra,
144; abstenciones, 4.

Se rechaza la enmienda número 9, de los señores Iglesias
Fernández y Mariscal Cifuentes, del Grupo Parlamentario Mixto, por los
siguientes votos: a favor, 11; en contra, 191; abstenciones, 18.

Se rechaza la enmienda número 12, de los señores Iglesias
Fernández y Mariscal Cifuentes, del Grupo Parlamentario Mixto, por los
siguientes votos: a favor, 5; en contra, 195; abstenciones, 18.

Se rechazan las enmiendas números 13 y 16, de los señores
Iglesias Fernández y Mariscal Cifuentes, del Grupo Parlamentario Mixto,
por los siguientes votos: a favor, 58; en contra, 156; abstenciones,
4.

Se rechazan las enmiendas números 18, 35 a 38 y 96, del
Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV), por los siguientes
votos: a favor, 71; en contra, 144; abstenciones, 1.

Se rechaza la enmienda número 19, del Grupo Parlamentario
Vasco en el Senado (EAJ-PNV), por los siguientes votos: a favor, 63; en
contra, 157.

Se rechazan las enmiendas números 20 y 29, del Grupo
Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV), por los siguientes votos: a
favor, 53; en contra, 163; abstenciones, 3.

Se rechaza la enmienda número 21, del Grupo Parlamentario
Vasco en el Senado (EAJ-PNV), por los siguientes votos: a favor, 74; en
contra, 143; abstenciones, 2.

Se rechaza la enmienda número 22, del Grupo Parlamentario
Vasco en el Senado (EAJ-PNV), por los siguientes votos: a favor, 6; en
contra, 208; abstenciones, 4.

Se rechaza la enmienda número 23, del Grupo Parlamentario
Vasco en el Senado (EAJ-PNV), por los siguientes votos: a favor, 51; en
contra, 150; abstenciones, 17.

Se rechazan las enmienda número 24 y 28, del Grupo
Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV), por los siguientes votos: a
favor, 27; en contra, 143; abstenciones, 49.

Se rechaza la enmienda número 25, del Grupo Parlamentario
Vasco en el Senado (EAJ-PNV), por los siguientes votos: a favor, 76; en
contra, 144.

Se rechaza la enmienda número 26, del Grupo Parlamentario
Vasco en el Senado (EAJ-PNV), por los siguientes votos: a favor, 63; en
contra, 144; abstenciones, 13.

Se rechaza la enmienda número 27, del Grupo Parlamentario
Vasco en el Senado (EAJ-PNV), por los siguientes votos: a favor, 63; en
contra, 157.

Se rechaza la enmienda número 30, del Grupo Parlamentario
Vasco en el Senado (EAJ-PNV), por los siguientes votos: a favor, 18; en
contra, 145; abstenciones, 57.

Se rechaza la enmienda número 31, del Grupo Parlamentario
Vasco en el Senado (EAJ-PNV), por los siguientes votos: a favor, 18; en
contra, 201.

Se rechazan las enmiendas números 32 y 33, del Grupo
Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV), por los siguientes votos: a
favor, 58; en contra, 148; abstenciones, 13.

Se rechazan las enmiendas números 34, 95 y 97, del Grupo
Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV), por los siguientes votos: a
favor, 71; en contra, 143; abstenciones, 4.

Se rechaza la enmienda número 39, del Grupo Parlamentario
Vasco en el Senado (EAJ-PNV), por los siguientes votos: a favor, 70; en
contra, 148.

Se rechaza la enmienda número 98, del Grupo Parlamentario
Vasco en el Senado (EAJ-PNV), por los siguientes votos: a favor, 57; en
contra, 160.

Se rechazan las enmiendas números 40 a 42, 45, 46, 49 y 50,
del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, por los
siguientes votos: a favor, 73; en contra, 144; abstenciones, 3.

Se rechazan las enmiendas números 43 y 44, del Grupo
Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, por los siguientes votos:
a favor, 59; en contra, 144; abstenciones, 17.

Se rechazan las enmiendas números 47 y 52, del Grupo
Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, por los siguientes votos:
a favor, 5; en contra, 195; abstenciones, 18.

Se rechazan las enmiendas números 48 y 51, del Grupo
Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, por los siguientes votos:
a favor, 58; en contra, 155; abstenciones, 4.

Se rechazan las enmiendas números 53, 56 y 64, del Grupo
Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, por los siguientes votos:
a favor, 58; en contra, 144; abstenciones, 18.

Se rechaza la enmienda número 54, del Grupo Parlamentario
Entesa pel Progrés de Catalunya, por los siguientes votos: a favor, 58;
en contra, 144; abstenciones, 18.

Se rechazan las enmiendas números 55 y 57 a 62, del Grupo
Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, por los siguientes votos:
a favor, 72; en contra, 144; abstenciones, 4.

Se rechaza la enmienda número 63, del Grupo Parlamentario
Entesa pel Progrés de Catalunya, por los siguientes votos: a favor, 25;
en contra, 144; abstenciones, 51.

Se rechaza la enmienda número 65, del Grupo Parlamentario
Entesa pel Progrés de Catalunya, por los siguientes votos: a favor, 58;
en contra, 157; abstenciones, 5.

Se rechaza la enmienda número 66, del Grupo Parlamentario
Entesa pel Progrés de Catalunya, por los siguientes votos: a favor, 24;
en contra, 189; abstenciones, 5.

Se rechaza la enmienda número 67, del Grupo Parlamentario
Catalán en el Senado Convergència i Unió, por los siguientes votos: a
favor, 75; en contra, 144.

Se rechaza la enmienda número 68, del Grupo Parlamentario
Catalán en el Senado Convergència i Unió, por los siguientes votos: a
favor, 71; en contra, 148.

Se rechazan las enmiendas número 69 a 71, 73 a 77, 79, 80,
87 y 88, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i
Unió, por los siguientes votos: a favor, 71; en contra, 143;
abstenciones, 4.

Se rechaza la enmienda número 72, del Grupo Parlamentario
Catalán en el Senado Convergència i Unió, por los siguientes votos: a
favor, 68; en contra, 149.

Se rechazan las enmiendas números 78 y 82, del Grupo
Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió, por los
siguientes votos: a favor, 23; en contra, 144; abstenciones, 52.

Se rechaza la enmienda número 81, del Grupo Parlamentario
Catalán en el Senado Convergència i Unió, por los siguientes votos: a
favor, 21; en contra, 197; abstenciones, 1.

Se rechaza la enmienda número 83, del Grupo Parlamentario
Catalán en el Senado Convergència i Unió, por los siguientes votos: a
favor, 17; en contra, 198; abstenciones, 4.

Se rechazan las enmiendas números 84 y 86, del Grupo
Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió, por los
siguientes votos: a favor, 14; en contra, 144; abstenciones, 59.

Se rechaza la enmienda número 85, del Grupo Parlamentario
Catalán en el Senado Convergència i Unió, por los siguientes votos: a
favor, 17; en contra, 201; abstenciones, 1.

Se rechazan las enmiendas números 89, 90, 92 y 94, del
Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió, por los
siguientes votos: a favor, 18; en contra, 143; abstenciones, 56.

Se rechaza la enmienda número 91, del Grupo Parlamentario
Catalán en el Senado Convergència i Unió, por los siguientes votos: a
favor, 17; en contra, 197; abstenciones, 5.

Se rechaza la enmienda número 93, del Grupo Parlamentario
Catalán en el Senado Convergència i Unió, por los siguientes votos: a
favor, 18; en contra, 145; abstenciones, 56.

Se rechaza la enmienda número 106, del Grupo Parlamentario
Socialista, por los siguientes votos: a favor, 54; en contra, 145;
abstenciones, 19.

Se rechaza la enmienda número 107, del Grupo Parlamentario
Socialista, por los siguientes votos: a favor, 56; en contra, 157;
abstenciones, 5.

Se rechaza la enmienda número 108, del Grupo Parlamentario
Socialista, por los siguientes votos: a favor, 62; en contra, 144;
abstenciones, 13.

Se rechazan las enmiendas números 109, 119, 122, 128, 129,
132 y 134, del Grupo Parlamentario Socialista, por los siguientes votos:
a favor, 71; en contra, 142; abstenciones, 6.

Se rechaza la enmienda número 110, del Grupo Parlamentario
Socialista, por los siguientes votos: a favor, 53; en contra, 157;
abstenciones, 8.

Se rechaza la enmienda número 111, del Grupo Parlamentario
Socialista, por los siguientes votos: a favor, 75; en contra, 142.

Se rechazan las enmiendas números 112, 115, 120, 123 y 124,
del Grupo Parlamentario Socialista, por los siguientes votos: a favor,
47; en contra, 165; abstenciones, 7.

Se rechaza la enmienda número 113, del Grupo Parlamentario
Socialista, por los siguientes votos: a favor, 61; en contra, 152;
abstenciones, 6.

Se rechaza la enmienda número 114, del Grupo Parlamentario
Socialista, por los siguientes votos: a favor, 49; en contra, 152;
abstenciones, 18.

Se rechaza la enmienda número 116, del Grupo Parlamentario
Socialista, por los siguientes votos: a favor, 71; en contra, 144;
abstenciones, 4.

Se rechazan las enmiendas números 117, 118 y 126, del Grupo
Parlamentario Socialista, por los siguientes votos: a favor, 47; en
contra, 152; abstenciones, 20.

Se rechaza la enmienda número 121, del Grupo Parlamentario
Socialista, por los siguientes votos: a favor, 47; en contra, 167;
abstenciones, 5.

Se rechaza la enmienda número 125, del Grupo Parlamentario
Socialista, por los siguientes votos: a favor, 61; en contra, 151;
abstenciones, 6.

Se rechaza la enmienda número 127, del Grupo Parlamentario
Socialista, por los siguientes votos: a favor, 57; en contra, 143;
abstenciones, 18.

Se rechazan las enmiendas números 130 y 136, del Grupo
Parlamentario Socialista, por los siguientes votos: a favor, 75; en
contra, 144.

Se rechaza la enmienda número 131, del Grupo Parlamentario
Socialista, por los siguientes votos: a favor, 62; en contra, 157.

Se rechaza la enmienda número 133, del Grupo Parlamentario
Socialista, por los siguientes votos: a favor, 62; en contra, 143,
abstenciones, 14.

Se rechaza la enmienda número 135, del Grupo Parlamentario
Socialista, por los siguientes votos: a favor, 62; en contra, 144;
abstenciones, 13.

Se rechaza la enmienda del Grupo Parlamentario Entesa pel
Progrés de Catalunya y la del Grupo Parlamentario Socialista de vuelta al
texto del Congreso de los Diputados en lo modificado por la enmienda
número 105 del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, por los
siguientes votos: a favor, 78; en contra, 144.

Se aprueban aquellas partes del proyecto de ley enmendadas
en comisión y no comprendidas en las votaciones anteriores, por los
siguientes votos: a favor, 194; en contra, 28.

Se aprueba el resto del proyecto de ley, por los siguientes
votos: a favor, 144; en contra, 78.

El señor presidente informa de que, tal y como dispone el
artículo 90 de la Constitución, se dará traslado de las enmiendas
aprobadas por el Senado al Congreso de los Diputados para que este se
pronuncie sobre las mismas en forma previa a la sanción del texto
definitivo por S.M. el Rey

8. TRATADOS Y CONVENIOS INTERNACIONALES

8.1. DICTÁMENES DE COMISIÓN

8.1.1. Enmienda al Acuerdo de Servicio de Préstamo de
80.000.000.000 euros entre los siguientes Estados miembros cuya moneda es
el euro: el Reino de Bélgica, Irlanda, el Reino de España, la República
Francesa, la República Italiana, la República de Chipre, el Gran Ducado
de Luxemburgo, la República de Malta, el Reino de los Países Bajos, la
República de Austria, la República Portuguesa, la República de Eslovenia,
y la República de Finlandia y KfW, actuando en interés público, con
sujeción a las instrucciones y acogiéndose a la garantía de la República
Federal de Alemania, como Prestamistas y la República Helénica como
Prestatario, el Banco de Grecia como Agente del Prestatario, hecha en
Bruselas el 19 de diciembre de 2012 y en Atenas el 18 de diciembre de
2012. SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA.

Comisión: Asuntos Exteriores

5508

(Núm. exp. 610/000078)

8.1.2. Declaración de aceptación por España de la adhesión
de la República de Colombia al Convenio sobre la obtención de pruebas en
el extranjero en materia civil o mercantil, hecho en La Haya el 18 de
marzo de 1970.

Comisión: Asuntos Exteriores

5508

(Núm. exp. 610/000056)

8.1.3. Declaración de aceptación por España de la adhesión
de la Antigua República Yugoslava de Macedonia al Convenio sobre la
obtención de pruebas en el extranjero en materia civil o mercantil, hecho
en La Haya el 18 de marzo de 1970.

Comisión: Asuntos Exteriores

5508

(Núm. exp. 610/000057)

8.1.4. Acuerdo de Sede entre la Organización Mundial del
Turismo y el Reino de España para la celebración de la 93ª reunión del
Consejo Ejecutivo, hecho en Madrid el 4 de junio de 2012.

Comisión: Asuntos Exteriores

5508

(Núm. exp. 610/000058)

8.1.5. Acuerdo de colaboración y cooperación entre la Unión
Europea y sus Estados Miembros, por una parte, y la República de Iraq,
por otra parte, hecho en Bruselas el 11 de mayo de 2012.

Comisión: Asuntos Exteriores

5508

(Núm. exp. 610/000059)

8.1.6. Tratado sobre el derecho de Patentes, Reglamento del
Tratado sobre el derecho de Patentes y Declaraciones concertadas por la
Conferencia Diplomática relativas al Tratado y al Reglamento, hechos en
Ginebra el 1 de junio de 2000.

Comisión: Asuntos Exteriores

5508

(Núm. exp. 610/000060)

8.1.7. Acuerdo de cooperación en materia de lucha contra la
delincuencia entre el Reino de España y la República de la Costa de
Marfil, hecho en Madrid el 17 de julio de 2012.

Comisión: Asuntos Exteriores

5508

(Núm. exp. 610/000061)

8.1.8. Acuerdo Marco Global de Asociación y Cooperación
entre la Unión Europea y sus Estados Miembros, por una parte, y la
República Socialista de Vietnam, por otra, hecho en Bruselas el 27 de
junio de 2012.

Comisión: Asuntos Exteriores

5509

(Núm. exp. 610/000062)

8.1.9. Acuerdo entre el Gobierno español y el Gobierno
macedonio sobre el reconocimiento recíproco y canje de los permisos de
conducción nacionales, hecho en Skopje el 6 de octubre de 2011.

Comisión: Asuntos Exteriores

5509

(Núm. exp. 610/000063)

8.1.10. Protocolo por el que se modifica el Acuerdo
Euromediterráneo de Aviación entre la Comunidad Europea y sus Estados
Miembros, por una parte, y el Reino de Marruecos, por otra, con el fin de
tener en cuenta la Adhesión a la Unión Europea de la República de
Bulgaria y de Rumania, hecho en Bruselas el 18 de junio de 2012.

Comisión: Asuntos Exteriores

5509

(Núm. exp. 610/000064)

8.1.11. Acuerdo entre el Reino de España y el Reino de
Marruecos sobre supresión recíproca de visados en pasaportes de servicio,
hecho en Rabat el 3 de octubre de 2012.

Comisión: Asuntos Exteriores

5509

(Núm. exp. 610/000065)

8.1.12. Acuerdo entre el Gobierno del Reino de España y el
Gobierno de los Emiratos Árabes Unidos sobre cooperación en materia de
defensa, hecho en Abu-Dhabi el 21 de octubre de 2012.

Comisión: Asuntos Exteriores

5509

(Núm. exp. 610/000066)

8.1.13. Acuerdo entre el Reino de España y la República de
Guinea Ecuatorial sobre transporte aéreo, hecho en Madrid el 28 de
noviembre de 2012.

Comisión: Asuntos Exteriores

5509

(Núm. exp. 610/000067)

8.1.14. Segundo Protocolo de enmienda del Convenio de
Cooperación para la defensa entre el Reino de España y los Estados Unidos
de América, de 1 de diciembre de 1988, revisado, hecho en Bruselas el 10
de octubre de 2012.

Comisión: Asuntos Exteriores

5509

(Núm. exp. 610/000068)

8.1.15. Acuerdo Marco de Colaboración y Cooperación entre
la Unión Europea y sus Estados miembros, por una parte, y la República de
Filipinas, por otra, hecho en Phnom Penh el 11 de julio de 2012.

Comisión: Asuntos Exteriores

5509

(Núm. exp. 610/000069)

8.1.16. Declaración de aceptación por España de la adhesión
de la República de Guinea al Convenio sobre los aspectos civiles de la
sustracción internacional de menores, hecho en La Haya el 25 de octubre
de 1980.

Comisión: Asuntos Exteriores

5509

(Núm. exp. 610/000070)

8.1.17. Convenio relativo a garantías internacionales sobre
elementos de equipo móvil, hecho en Ciudad del Cabo el 16 de noviembre de
2001.

Comisión: Asuntos Exteriores

5509

(Núm. exp. 610/000071)

8.1.18. Acuerdo entre España y la Región Administrativa
Especial de Hong Kong de la República Popular China relativo a la
Asistencia Judicial en materia penal, hecho en Madrid el 15 de noviembre
de 2012.

Comisión: Asuntos Exteriores

5510

(Núm. exp. 610/000072)

8.1.19. Acuerdo entre España y la Región Administrativa
Especial de Hong Kong de la República Popular China sobre traslado de
personas condenadas, hecho en Madrid el 15 de noviembre de 2012.

Comisión: Asuntos Exteriores

5510

(Núm. exp. 610/000073)

8.1.20. Acuerdo sobre Transporte Aéreo entre el Reino de
España y la República de Camerún, hecho en Yaundé el 21 de noviembre de
2012.

Comisión: Asuntos Exteriores

5510

(Núm. exp. 610/000074)

8.1.21. Protocolo entre el Reino de España y la
Confederación Suiza que modifica el Convenio para evitar la doble
imposición en materia de impuestos sobre la renta y sobre el patrimonio
firmado en Berna el 26 de abril de 1966, y su Protocolo, modificados por
el Protocolo firmado en Madrid el 29 de junio de 2006, hecho en Madrid el
27 de julio de 2011.

Comisión: Asuntos Exteriores

5510

(Núm. exp. 610/000076)

8.1.22. Denuncia del Acuerdo entre los Estados
participantes en la Brigada Multinacional de Fuerzas de Reserva de
Despliegue Rápido para Operaciones de la ONU referente al Estatuto de sus
Fuerzas (SHIRBRIG), hecho en Copenhague el 13 de diciembre de 2001.

Comisión: Asuntos Exteriores

5510

(Núm. exp. 610/000077)

El señor Muñoz-Alonso Ledo, presidente de la comisión,
presenta los dictámenes.

La señora Capella i Farré manifiesta su posición en contra
de los puntos 10, 11, 12, 13 y 14.

El señor Mariscal Cifuentes, del Grupo Parlamentario Mixto,
informa de su oposición a los puntos 1, 5 y 14.

El señor Unamunzaga Osoro, del Grupo Parlamentario Mixto,
manifiesta su abstención al conjunto de dictámenes.

Se aprueban por asentimiento los dictámenes, con la
salvedad de voto manifestada por los senadores que han intervenido, y se
entienden concedidas las autorizaciones.

Se levanta la sesión a la una y cinco minutos del día 9 de
mayo.

Página
5323

del PIB casi alcanzamos el equilibrio presupuestario y
hemos llegado del 0,8 al 0,15 a 31 de diciembre del 2012, repito, cuando
el objetivo era el 0,3. Eso significa, señorías, pasar del déficit de las
entidades locales, de esos 8954 millones de euros a 1624 a 31 de
diciembre del 2012; es decir, en solo un año los ayuntamientos han
conseguido reducir su déficit en dos tercios y es evidente que eso ha
sido con el sacrificio de las entidades locales y la política del
Gobierno.

Señorías, es que hay cosas que no se pueden negar ni aquí
ni en los ayuntamientos. Desde que el Partido Popular ganó las elecciones
han sido muchas y buenas las medidas y acuerdos del Gobierno de Rajoy
para garantizar la sostenibilidad de los entes locales. Todo menos
acusarnos de estar parados, de cruzarnos de brazos, de no ayudar a las
corporaciones locales o de no plantear reformas valientes a favor de los
ayuntamientos y las diputaciones. Nunca ha habido un Gobierno, señorías,
que haya hecho tanto en tan poco tiempo por salvar a los ayuntamientos de
la quiebra y sacarnos del precipicio que ustedes nos dejaron, señorías
socialistas.

Así ha sido, señorías. Por eso, en el 2012 se aprobó un
anticipo del 50% en la liquidación definitiva de la PIE del año 2010. Eso
supuso adelantar a finales de mayo las transferencias y favorecer así a
todas las corporaciones locales, con una inyección económica de casi 1000
millones de euros. En el 2012, señorías, también gracias al Gobierno, se
estableció el aumento del fraccionamiento de 60 a 120 mensualidades por
la devolución por los ayuntamientos de 6000 millones de euros a causa de
las liquidaciones negativas de los ejercicios 2008 y 2009 tras los
errores de previsión presupuestaria del Gobierno de Zapatero y que
significó también un ahorro en favor de las corporaciones locales de 268
millones de euros.

Señorías, en 2012 se aprobó igualmente un primer Plan de
pago a proveedores que supuso una importantísima e histórica inyección de
liquidez a las arcas locales por valor de 9500 millones de euros y que
permitió salvar más de 100 000 puestos de trabajo y la actividad de
muchas pymes y de muchos autónomos. A ese plan, señorías, se acogieron
más de 3700 entidades locales y se abonaron 1 814 612 facturas pendientes
de 116 676 proveedores por un importe total de 9816 millones de euros.
Facturas no de dudoso cobro, de imposible cobro, que hoy han permitido la
supervivencia de mucho empleo y de muchas empresas gracias a la
iniciativa en favor de ayuntamientos, pymes y empleo que ha tenido el
Gobierno de Partido Popular, y que en 2013 —ya en este año—
tuvo una extensión de ese primer Plan de pago a proveedores en otros 2600
millones de euros, permitiéndose acoger esta vez a mancomunidades, a
entidades locales del País Vasco y de Navarra, mediante los acuerdos
oportunos, y también a las encomiendas de gestión o concesiones
administrativas que hasta entonces estaban excluidas del Plan de pago a
proveedores.

Pero no ha quedado aquí el compromiso del Gobierno con las
corporaciones locales. Incluso el Senado fue gran protagonista del
impulso de muchas de las iniciativas que hoy también sirven para avalar
la defensa de las corporaciones locales, pues a iniciativa del Grupo
Popular y a través de las enmiendas de los presupuestos logramos un nuevo
y significativo avance en la situación financiera de ayuntamientos y
diputaciones.

Se ha logrado, señorías, en plena crisis y ajustes en todas
las cuentas, otro apoyo muy importante, y creo que no suficientemente
valorado. Así, en los Presupuestos Generales del Estado para este año
2013 logramos un incremento de la participación en los tributos del
Estado a favor de las corporaciones locales respecto al año 2012 de un
21%; repito, logramos el incremento de la PIE un 21% a favor de las
corporaciones locales precisamente a través de la iniciativa del Grupo
Popular, algo que yo nunca les he visto reconocer ni aquí ni fuera de
aquí al resto de grupos.

Se ha posibilitado, además, señorías, la refinanciación de
operaciones de crédito a largo plazo, concertadas con anterioridad al
Real Decreto Ley 4/2012, y también se ha permitido, vía Presupuestos
Generales del Estado —igualmente a través de enmiendas del Grupo
Popular del Senado— la concertación de operaciones de endeudamiento
a entidades locales hasta el 110% de los ingresos corrientes. Dos medidas
clave para oxigenar las cuentas locales. Pero no solo eso, señorías, se
ha dejado sin efecto la necesidad de cancelar las operaciones a corto a
31 de diciembre de cada año, ayudando a obtener claras condiciones más
ventajosas para las corporaciones locales.

Señorías, este Gobierno no se relaja ni un día; la
situación nos obliga a ello. Por eso, las nuevas reformas anunciadas
abren una puerta a la esperanza en el futuro de las corporaciones
locales. A todo ello, sin duda alguna, contribuye la inminente aprobación
por el Gobierno de la ley

de reforma de las administraciones locales. Una ley que por
fin va a clarificar las competencias locales para evitar duplicidades o
triplicidades, hoy claramente ineficientes. Una ley que apuesta por
garantizar la eficiencia, la estabilidad y la sostenibilidad financiera
de las corporaciones locales. Una ley que queremos —y es la
intención del Partido Popular desde el principio— nazca con el
consenso que requiere y desea el Grupo Popular tenga esta norma.

Creo que sería un error que el Partido Socialista y que
otros grupos que tienen una gran importancia en el poder local, en el
ámbito local, fueran sensibles al interés electoral solo por decir no a
lo que aporta o aprueba el Gobierno del Partido Popular. Creo que sería
un error histórico que esa fuera la actitud del Partido Socialista. Se ha
tendido la mano al Grupo Parlamentario Socialista y hay todavía una gran
oportunidad para ello. Solo el Gobierno hasta ahora ha puesto a
disposición un informe, pero ha sido transparente desde el principio,
incluso colgando un texto normativo en la página web, ofreciendo a la
FEMP, ofreciendo a todas las federaciones territoriales, ofreciendo al
conjunto de los grupos políticos, ofreciendo a todas las comunidades
autónomas la capacidad de alegar. Por tanto, tenemos la gran oportunidad
de lograr ese consenso, consenso que estuvo a punto de alcanzarse con el
Partido Socialista. De hecho, los argumentos en defensa de la reforma
local son coincidentes. Puede ser que las estrategias de su grupo sean
las que impidan ese consenso. Sería un error histórico.

Por eso, el Grupo Parlamentario Popular apuesta por
proseguir ese camino aquí expresado a través del balance de estas
importantes iniciativas en pro de la sostenibilidad y la viabilidad
futura de las corporaciones locales. Avanzar en nuevas reformas y apostar
por nuevas medidas en favor de la racionalización y sostenibilidad de la
Administración Local es el objetivo de esta moción para la que les pido
su apoyo en esta Cámara.

Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Sanz.

Enmiendas del Grupo Mixto. Para la defensa de la enmienda
de los senadores Mariscal e Iglesias, tiene la palabra el senador
Iglesias.

El señor IGLESIAS FERNÁNDEZ: Gracias, señor presidente.

Buenos días, señorías. Resulta llamativa la moción por la
temática y el momento en el que se presenta.

Fue la intervención del portavoz popular la que, en mi
opinión, dio las claves de la fundamentación de esta moción. Se trata de
una moción apologética; una moción apologética que asume los riesgos del
concepto de la apología. Cuando el concepto de la apología deriva en una
dirección, cae en la necrológica, y cuando deriva en otra, por el
ditirambo, puede llegar incluso al ridículo.

Esta moción que hoy se trae aquí no tiene más finalidad que
intentar tapar el ruido que dentro del Partido Popular está provocando el
proyecto de ley de reforma del régimen local; ruido que está teniendo eco
fuera ya del Partido Popular, incluso a través de declaraciones y
manifestaciones del presidente de la FEMP. No es esa la realidad idílica
que ha pintado el portavoz popular la que viven los ayuntamientos, las
corporaciones locales en nuestro país. No lo ha sido nunca. No lo fue
tampoco cuando el Partido Popular gobernó durante ocho años este país y
tomó como una de sus decisiones emblemáticas en materia municipal hacer
desaparecer el impuesto sobre actividades económicas o mantuvo las
exenciones del IBI a grupos económicos privilegiados: los concesionarios
de autovías, las eléctricas, titulares de pantanos o la Iglesia
Católica.

Creemos que esta moción, por más que en su argumentación se
hagan referencias a medidas adoptadas por este Gobierno que afectan a los
municipios, no va dirigida específicamente a mejorar la situación de esos
municipios. A mí me parece estupendo el Plan de pago a proveedores, pero
este plan se hace con el dinero de los ayuntamientos que se adelanta para
pagar a los proveedores. Por lo tanto, es un plan acertado que beneficia
a los proveedores y que, de alguna manera, toca la autonomía municipal,
limita, hay razones, se puede debatir sobre la necesidad de tocar la
autonomía municipal para conseguir ese objetivo, pero no es un plan que
hayan suplicado, pedido las corporaciones locales o los
ayuntamientos.

Luego, llama la atención el hecho de que con esta moción se
rompe una doctrina consolidada del Partido Popular, al menos en esta
Cámara, que consiste en que cuando los grupos de la oposición presentamos
alguna moción, en multitud de ocasiones se nos responde: no nos pidan

ustedes lo que ya está haciendo el Gobierno. ¿No quedamos
en que ya había un anteproyecto de ley de reforma del régimen local?
Claro, si uno sigue el razonamiento lógico, tiene que llegar a la
conclusión de que esta moción enumera, para orientar la acción del
Gobierno, una serie de contenidos que no deben estar contemplados en este
proyecto de ley de reforma del régimen local, lo cual ya motiva no solo
preocupación sino también alarma, porque si resulta que en ese proyecto
ignoto no se va a asegurar la viabilidad de los ayuntamientos, como
ustedes piden en esta moción; no se va a profundizar en la autonomía
local, como ustedes piden en esta moción; no se va a clarificar el marco
competencial, como ustedes piden en esta moción; no se van a eliminar los
gastos superfluos, como ustedes piden en esta moción; no se va a
contemplar el mecanismo de pago a proveedores, al que ya he hecho
referencia, ni más inversión, pues más que pedir ustedes aquí el apoyo a
los grupos de la oposición, vayan ustedes al Gobierno. Son ustedes el
partido del Gobierno, pidan al Gobierno que estos contenidos formen parte
de ese proyecto de ley de reforma del régimen local.

Y concluyo. La moción sigue sin resolver un tema
fundamental, que es el de la financiación municipal, que es, de verdad,
la única garantía de viabilidad, como señala el punto de la moción que
reivindica de forma expresa la consecución de ese objetivo. Y mientras no
se resuelva eso, mientras siga planeando la sombra de que el proyecto de
ley de reforma del régimen local va a suponer un recorte importante en
las competencias propias —no las impropias— de los
municipios, establecer diálogo con la oposición en torno a estos temas
resulta prematuro. Establezcan ustedes primero el diálogo con el Gobierno
y alcancen un acuerdo con el Gobierno.

Muchísimas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Iglesias.

Para la defensa de sus enmiendas, tiene la palabra el
senador Yanguas.

El señor YANGUAS FERNÁNDEZ: Muchas gracias, señor
presidente. Buenos días.

UPN ha presentado dos enmiendas a la moción del Grupo
Popular, que antes se ha defendido, en la que se proponen una serie de
medidas de suficiencia financiera para las administraciones locales. Hace
ya unos meses tuvimos ocasión en esta Cámara de preguntar al ministro y
después incluso de presentar una interpelación con su correspondiente
moción sobre la reforma de esta Ley para la racionalización y
sostenibilidad de la Administración Local.

Después de todos los avatares que está viviendo este
proyecto de ley y el de reforma de la Administración Local, tengo que
decir que en Navarra también se están viviendo debates intensos para
modificar la Ley Foral de Administración Local de Navarra, y en la
comunidad foral, de donde yo vengo, está muy vivo el debate sobre esta
racionalización de la Administración Local.

Además de lo anterior, es importante resaltar —como
indicamos en una de las enmiendas que hemos presentado— que el
amejoramiento del Fuero de Navarra otorga una serie de competencias en
esta materia a la comunidad foral. Por eso UPN ha presentado esta
enmienda, porque defendemos a Navarra integrada en España pero con unas
competencias propias que emanan del Fuero de Navarra, y además están
inscritas, como así lo expresa la Constitución Española. Por un lado,
defendemos que todos los ciudadanos, vivan donde vivan, puedan tener los
mismos servicios que dan las administraciones locales, y, por otro,
exigimos que se respeten nuestras competencias, como ya he dicho.

Quiero recordar también que ya el ministro, en su turno de
palabra en la interpelación que le formulé, expuso que sería respetuoso
con esas competencias de la comunidad foral, y por eso hemos añadido la
enmienda a la moción del Grupo Popular. Además, la Federación Navarra de
Municipios y Concejos, a través de la FEMP, ha dicho una serie de cosas
sobre la ley de reforma de la Administración Local; por ejemplo, se
propone que el mantenimiento de los servicios sociales sea materia propia
de competencia municipal porque los ayuntamientos, como entidades más
cercanas al ciudadano, son las entidades ideales para prestar estos
servicios.

Hay que aclarar también el traspaso de las competencias de
sanidad y educación, porque en el anteproyecto de ley no queda claro ese
traspaso. Se propone que sea una Administración provincial o foral la que
se haga cargo de esas competencias, pero nosotros también añadimos que se
haga cargo de la financiación, que se posibilite la delegación de
competencias a los municipios de menos de 20 000 habitantes, el
mantenimiento de las competencias llamadas impropias y la modificación
del llamado coste estándar, porque no queda claro cómo se va a

calcular. La nueva regulación que se hace por el
interventor y su dependencia funcional es algo que a Unión del Pueblo
Navarro no le queda claro.

Estas son, entre otras, las demandas que se solicitan desde
esta Federación Navarra de Municipios y Concejos y que en UPN defendemos.
Por eso hemos presentado esta enmienda para que en una disposición se
haga referencia expresa a las competencias históricas que emanan del
amejoramiento del régimen foral y que, en nuestra opinión, ahora mismo no
están recogidas en este anteproyecto de ley. En UPN esperamos que, tal y
como dijo el ministro, seamos respetuosos con las competencias de
Navarra, y por tanto, que se acepten estas enmiendas de adición que hemos
presentado.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Yanguas.

Para la defensa de la enmienda del Grupo Parlamentario
Vasco, tiene la palabra el senador Cazalis.

El señor CAZALIS EIGUREN: Egun on, mahaiburu jauna. Egun
on, senatari jaun—andreok.

En primer lugar, y para empezar, el señor Sanz Cabello nos
dijo el día 10 de abril, y lo ha vuelto a decir hoy, que no hay un
anteproyecto, que es un informe. Pues bien, yo creo que en la parte
dispositiva de esta moción se viste de largo al Anteproyecto de Ley para
la racionalización y sostenibilidad de la Administración Local, porque se
afirma que se sigue en la línea de este anteproyecto. La última versión
que yo conozco de este anteproyecto está colgada desde febrero en la
página del Ministerio de Administraciones Públicas. Por tanto, señorías,
hablemos ya de anteproyecto y pongámonos a trabajar sobre un texto,
porque no sabemos si en lo que estamos trabajando es un informe o un
anteproyecto, y ya que lo visten de largo, hablemos de él como debe
ser.

Nosotros hemos presentado tres enmiendas que creemos sirven
para mejorar aquello que presentaba el Grupo Popular. No nos gusta el
camino que lleva la reforma de la ley. Lo que mi grupo parlamentario
tiene claro es que evidentemente el Partido Popular tiene la mayoría que
tiene y que el Gobierno tiene las intenciones que tiene, y vamos a tragar
queramos o no, por ello queremos intentar mejorar lo que vaya a salir
tras todo este proceso.

Y en ese sentido hemos presentado estas tres enmiendas,
primero, para modificar el punto número 3. Creemos que no cambia la
filosofía del propio punto, pero sí supone una redacción en positivo, ya
que el problema, señorías, no son las competencias que tienen los
ayuntamientos, sino que hay competencias que, aun no siendo municipales,
quizá tenga que asumir el ayuntamiento dado que es la institución más
cercana o la que en ese momento mejor puede dar solución al problema. El
problema es la financiación de esa competencia. Tenemos que ser flexibles
con el tema competencial, pero hay que ser muy rígidos con el tema de la
financiación. Competencias sí, las que deban, evidentemente con unos
básicos y unos mínimos que hay que respetar sobre la base de la autonomía
municipal, pero tenemos que ser rígidos en que cualquier competencia que
cualquier ayuntamiento ejerza tiene que tener la financiación suficiente.
Por eso proponemos un cambio en la redacción.

Planteamos también la supresión del punto cuatro. A
nosotros nos parece que hablar de gastos superfluos e innecesarios,
aparte de constituir una figura jurídica que podría ser cuestionable,
supone consagrar aquí que todos los ayuntamientos han incurrido en gastos
superfluos e innecesarios, y eso no es cierto. Evidentemente algunos sí
lo han hecho, pero la gran mayoría no, porque va en los ayuntamientos y
en quienes los hemos gestionado no gastar un solo céntimo fuera de
aquello que sea estrictamente necesario e imprescindible para que los
ciudadanos tengan la mejor calidad de vida posible. Por tanto, consagrar
en un texto como este que existen estos gastos superfluos e innecesarios
para dedicar la mayor cantidad de recursos disponibles a la prestación de
servicios públicos básicos y de calidad no tiene ningún sentido, y por
ello planteamos su supresión.

Asimismo planteamos la adición de dos puntos más. Uno de
ellos es obvio y lo decimos siempre. Me refiero al respeto a la
especificidad foral de los territorios históricos de la Euskadi
penínsular. Es obvio, y no deberíamos ponerlo. Pero también es obvio que
hay que cumplir la Constitución, y en esta moción la Constitución se
menciona dos veces; es obvio que hay cumplir la Ley de estabilidad, pero
en esta moción se menciona la Ley de estabilidad dos veces; es obvio

que hay que cumplir la normativa europea, y en esta moción
se menciona la normativa europea dos veces. Por lo tanto, es obvio que
hay que salvaguardar la especificidad foral de las comunidades vascas,
pero queremos que aparezca en este texto.

Y, por último, hablábamos de llevar la reforma de la
Administración Local en estrecha colaboración con todas las asociaciones
de municipios del Estado, no solo con la FEMP. Eudel, que es la
asociación de municipios vascos, no está en la FEMP y, en cambio, en esa
asociación está representado el municipio de Vitoria, que gobierna el
Partido Popular, y la asociación cuenta con representación en esta
Cámara: Tontxu Rodríguez y Jokin Bildarratz, que fue su presidente.
Precisamente para conocer los rasgos específicos que puedan tener los
municipios vascos, habría que tener en cuenta a la asociación de
municipios vascos.

Son enmiendas para mejorar la moción, partiendo de la base
de que no estamos totalmente de acuerdo con el procedimiento y con el
cambio, y esperemos que puedan salir adelante.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Cazalis.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, para la defensa de
su enmienda, tiene la palabra el senador Belloch.

El señor BELLOCH JULBE: Buenos días, muchas gracias; en
particular, al Grupo Popular, que permite debatir una vez más esta
cuestión en el Senado.

Al portavoz del Grupo Popular, si me lo permite, le tengo
que decir que me parece un poco sorprendente que se busque, como dice al
final de su intervención, el consenso, y las dos terceras partes
iniciales de su intervención sean una constante descalificación de las
personas con las que normalmente debería llegar a ese consenso. (Risas.)
Es una técnica un poco compleja. Me sorprende, además, tanta arrogancia a
estas horas de la mañana, cuando todavía no hemos dicho nada y nos espera
una larga jornada, a lo largo de la cual polemizaremos ampliamente.

Voy a la cuestión. Efectivamente, ha habido, que yo
recuerde, cuatro ocasiones en que hemos hablado aquí del tema. Una
primera, a cargo de la UPN, en que se aprobó un texto que podríamos
llamar light, con perdón; después, dos mociones a propuesta de
Convergència i Unió y de Entesa, que eran, por el contrario, dos mociones
de alto contenido, que el Grupo Socialista apoyó, y a las que ambos
grupos tuvieron la generosidad de aceptar alguna enmienda de mejora. ¿Y
qué pasó en esas cuatro ocasiones? En la segunda y en la tercera votamos
a favor los socialistas y votó en contra el Partido Popular; ahora pide
el Partido Popular que votemos a favor. Y yo le digo, en nombre de mi
grupo: ojalá; ojalá, a través de proceso de aceptación de las enmiendas
que presentan los distintos grupos, podamos llegar a un acuerdo que sin
duda sería algo extraordinariamente positivo. Pero ¿por qué dijo que no
el Partido Popular? Yo creo que lo llegó a explicitar; pero,
fundamentalmente, dijo que no porque se trataba de abrir un camino nuevo,
una nueva ley de bases de la Administración Local, una nueva ley de
financiación de las haciendas públicas; precisamente, porque se trataba
de una, si me permite, enmienda a la totalidad de esa cosa —que por
fin se llama anteproyecto pero que se ha llamado de todo a lo largo de
este proceso—, porque realmente incumplía los mínimos que
pretendían la mayor parte de los grupos de la oposición. ¿Cuáles eran los
mínimos? Básicamente, que se fundara en el consenso, consenso real,
político, por descontado, también social; en segundo término, que se
respetaran las competencias de las comunidades autónomas; en tercer
lugar, que no se derivaran las competencias municipales hacia el sector
privado, tampoco hacia las diputaciones provinciales, porque
considerábamos que no tenían tradición ni capacidad para gestionarlas;
que se respetara el principio de autonomía municipal en los términos de
la Carta Europea y, de manera paralela —un compañero me advirtió de
que le problema de las líneas paralelas es que no se cruzan nunca—
o, digamos, convergente, la Ley de Haciendas Locales. Ese era el
contenido de las dos mociones a las que mi grupo dijo sí y el Grupo
Popular dijo no.

Y ese es el sentido real de las enmiendas que proponemos:
una enmienda global de sustitución, que se desglosa en una serie de
apartados. El primero y el más importante es la introducción. En la
introducción se habla de una nueva ley de bases de la Administración
Local; no de la cosa en sí, del informe o anteproyecto que hasta ahora ha
circulado. En segundo lugar, de una ley que regule las haciendas locales.
En tercer lugar, de la búsqueda efectiva del consenso, del respeto del
marco autonómico y del principio de suficiencia financiera. Ese es el
contenido básico del primer apartado

de nuestra enmienda. Los otros tres son simplemente
mejoras. Se habla de clarificar el marco normativo. Claro que estamos de
acuerdo en que se clarifique, con un matiz que ha señalado el portavoz
del PNV: hombre, una cosa es que se sostenga que solo podemos ejercer
aquellas competencias que podemos financiar, y otra —como decimos
nosotros— que podamos financiar todas las competencias que
realmente ejercemos. No son diferencias de matiz, son dos planteamientos
sustancialmente diferentes. Aprovechamos, además, para hablar de dos
líneas rojas: la de que se mantengan los servicios públicos básicos y la
de que no se afecte al empleo.

La siguiente habla, precisamente, de los excesos en los
gastos. Estoy completamente de acuerdo en lo que ha dicho el senador del
PNV: no podemos hacernos eco de algo que es falso y que es un tópico: que
los ayuntamientos españoles derrochan; no es verdad. Insistiré en ello en
el turno de portavoces. Por tanto, hay que suprimir eso y, por otro lado,
dejar perfectamente claro que mantenemos la autonomía municipal. Una
última observación alude a las medidas o instrumentos financieros. En
concreto a dos, que son correctos y que nosotros pretendemos ampliar,
generalizarlos, convertirlos en estructurales e incorporarlos a la Ley de
Haciendas Locales.

Ese es el sentido de nuestras enmiendas, que espero que
puedan ser aceptadas a fin de llegar a un consenso.

Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, senador Belloch.

Para la defensa de la enmienda del Grupo Parlamentario
Entesa pel Progrés de Catalunya, tiene la palabra la senadora
Sequera.

La señora SEQUERA GARCÍA: President, senyories, bon
dia.

L’esmena d’addició que hem presentat el Grup de
l’Entesa va en el sentit d’elaborar una llei de finançament
local. És de vital importància per tal de garantir dues qüestions
fonamentals: en primer lloc, l’autonomia local i, en segon lloc,
solucionar definitivament el problema de liquiditat financera. No podem
aspirar a resoldre els problemes de l’Administració local sense
intervenir en l’arrel de totes les deficiències.

La moció presentada es fonamenta en dos punts bàsics:
aprofundir en els principis que fonamenten l’Avantprojecte de Llei
de racionalització i sostenibilitat de l’Administració local i,
d’altra banda, afavorir nous mecanismes de finançament que dotin de
liquiditat les entitats locals. Centrant-nos en l’últim punt,
entenem que per resoldre definitivament el problema cal dotar-lo de
legislació que doni les garanties necessàries per aconseguir la finalitat
que es persegueix. És per això que entenem que la forma
d’aconseguir-ho passa necessàriament per legislar sobre la hisenda
local. No fer-ho així suposaria posar un altre pedaç que tapi el
veritable problema que tenen les entitats locals.

I permetin-me que faci una reflexió: evidentment, tots els
ens locals van acollir de bon grat els mecanismes que va oferir el govern
sobre el fons de pagament a proveïdors. Això va suposar treure’s
del damunt un problema d’impagament a pimes. Per una altra banda,
s’injectava liquiditat a aquestes pimes que tant ho necessitaven,
tot i que a algunes d’elles els va arribar una mica tard. Però
s’ha resolt el problema als ajuntaments amb aquest fons de
pagament? No. Els ajuntaments continuen tenint el mateix problema: han de
donar els serveis de les competències que estan desenvolupant sense tenir
els suficients recursos per portar-ho a terme. El deute contret el
continuen tenint, en forma de crèdit, incrementat en molts casos fins al
7%; és a dir, al calaix de les factures ja no n’hi ha per pagar,
però en canvi el calaix dels crèdits ha augmentat. És a dir, hem passat
el deute d’un calaix a un altre. I avui estem encara en el període
de carència, veurem com s’afronta el pagament de
l’amortització del crèdit a partir del proper any, perquè els
ingressos municipals continuen a la baixa. Dotar les entitats locals o
altres administracions d’un fons de pagament a proveïdors no és la
garantia de dotar de liquiditat financera i alhora garantir la plena
autonomia. I això val tant per a les entitats locals com per a les
comunitats autònomes.

En conclusió, cal fer la reforma? Sí. Ho torno a repetir
perquè no se’m mal interpretin les meves paraules: cal reformar les
hisendes locals, les entitats locals? Sí, però de la distribució de
recursos financers tant locals com autonòmics per garantir el bon
funcionament de l’Administració d’aquest país.

Gràcies. (Aplaudiments.)

Presidente, señorías, buenos días.

La enmienda de adición que ha presentado Entesa pretende
elaborar una ley de financiación de la Administración Local. Es de vital
importancia para garantizar dos aspectos que son fundamentales: en primer
lugar, la autonomía local y, en segundo lugar, la solución definitiva del
problema de liquidez financiera. No podemos esperar resolver los
problemas de la Administración Local sin intervenir en la raíz de toda
deficiencia.

La moción se fundamenta en dos puntos básicos: profundizar
en los principios que fundamentan el Anteproyecto de Ley de
racionalización y sostenibilidad de la Administración Local y favorecer
nuevos mecanismos de financiación que doten de liquidez a las entidades
locales. Si nos centramos en este último punto, para resolver de forma
definitiva el problema, debemos articular una legislación que dé las
garantías necesarias para lograr la finalidad que se persigue. Y la forma
de lograrlo pasa necesariamente por legislar sobre la Hacienda Local. No
hacerlo así supondría poner otro parche que taparía el auténtico problema
que tienen las entidades locales.

Voy a hacer, si me lo permiten, una reflexión. Claro está
que todos los entes locales acogieron de grado los mecanismos que ofreció
el Gobierno para pagar a los proveedores, porque supuso quitarse de
encima un problema de impagos a pymes. Por otro lado, también se
inyectaba liquidez a esas pymes que tanto lo necesitaban, aunque en
algunos casos se llegó tarde. ¿Este fondo de pagos resuelve el problema
de los ayuntamientos? No. Los ayuntamientos siguen teniendo el mismo
problema. Tienen que prestar los servicios de las competencias que
desarrollan sin disponer de recursos suficientes para hacerlo. La deuda
sigue existiendo. La tienen en forma de crédito, incrementada en muchas
casos hasta un 7%; es decir, que en el cajón de las facturas ya no tienen
facturas por pagar, pero el cajón de los créditos tiene más. La deuda ha
pasado de un cajón a otro. Hoy todavía estamos en el período de carencia.
Ya veremos cómo se enfrenta la amortización del crédito a partir del año
próximo, porque los ingresos municipales siguen a la baja. Dotar a los
entes locales o a otras administraciones de un fondo de pago a
proveedores no es garantía de liquidez financiera ni de garantía de plena
autonomía. Esto sirve tanto para las entidades locales como para las
comunidades autónomas.

En conclusión, ¿debemos realizar la reforma? Sí. Lo repito
para que no se me malinterprete: debemos reformar las haciendas y las
entidades locales, sí. Pero, hay que hablar de la distribución de
recursos financieros, tanto locales como autonómicos, para garantizar la
buena administración de este país.

Gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Sequera.

Para la defensa de la enmienda del Grupo Parlamentario
Catalán en el Senado Convergència i Unió, tiene la palabra el senador
Bel.

El señor BEL ACCENSI: Gracias, señor presidente. Buenos
días. Bon dia. Em permetran que iniciï aquestes paraules expressant la
meua perplexitat, senador Sanz, li ho dic de veritat, perquè són les nou
del matí, vostès presenten una moció, els altres fins ara, i no
s’ha demostrat cap altre aspecte, presentem unes esmenes en to
constructiu, i vostè en el seu torn d’exposició de la moció ve aquí
i reparteix a tort i a dret, reparteix a tots abans de començar. Jo la
veritat és que, o se li ha traspaperat i ha utilitzat les notes que tenia
preparades per a la rèplica o no ho puc entendre. Si els sap greu que
presentem esmenes... Miri, jo li ho dic sincerament, nosaltres pensàvem
votar a favor, independentment que se’ns acceptessin les esmenes, i
ara he passat una nota al meu grup dient que m’ho replantejo.

Ha fet una intervenció que, la veritat, no l’entenc.
La pròxima vegada digui’ns: escolti, no ens presentin ni esmenes
—jo ja sé que ens les votaran en contra—, però no es molestin
ni a presentar-les. I vénen aquí, ens diuen el que creguin convenient i
després nosaltres anirem fent. La veritat és que no ho puc entendre, i
més en aquest tema, que ha tingut, almenys per part del meu grup, una
col·laboració lleial, propostes; propostes que vostès ens havien
recolzat. I ve aquí, els diu de tot als socialistes —cosa que a mi
no em pareix bé ni malament, ja s’apanyaran—, però també ens
ho diu a nosaltres i encara no havíem obert la boca.

Jo, si no els molesta, senyor Sanz, intentaré explicar les
meues esmenes, cosa que vostè no ha fet en la seua moció. Ens ha explicat
les meravelles que fa el Govern espanyol —cosa que em sembla
bé—, i nosaltres hem presentat, modestament, les esmenes següents.
Primera, en lloc de

«profunditzar» en l’avantprojecte, nosaltres creiem
que és més adequat utilitzar el verb «revisar». No diem que no pot ser un
punt de partida, però entenem que s’ha de revisar en ares
d’aquest consens que vostè ens demanava.

Segona modificació que fem a la part introductòria:
introduïm que s’hauria d’aprovar una llei d’hisendes
locals, com ja hem aprovat en aquesta cambra, com ja s’ha compromès
el govern del senyor Montoro. Pensem que simplement intentant endreçar
les competències sense endreçar el finançament no se solucionen els
problemes de l’Administració local. I, respectant-li tots els punts
que vostès proposen, sense canviar-ne cap per no ofendre ningú, els
afegíem dos més. Dèiem: primer, que es respectin les competències de les
diferents comunitats autònomes aprovades en els seus estatuts en matèria
de règim local, aspecte en què també coincideixen moltes altres de les
esmenes. I, a la vegada, de tot el que és l’avantprojecte que
vostès han presentat —ara no definiré si és un avantprojecte o un
informe—, en tot cas, del text que tenen incorporat a la pàgina web
del Ministeri, dos temes que ens preocupen i que diem que s’hauran
de revisar. En tenim d’altres, però n’emfasitzem dos. No
estem d’acord, i per tant així ho expressem, que les competències
dels municipis de menys de 20 000 habitants en determinats casos hagin de
ser exercides directament per les diputacions provincials. I també
entenem que s’hauria de permetre, a través de la legislació i
sempre respectant el que diu cada estatut d’autonomia, la
mancomunicació voluntària o la fusió voluntària —voluntària—
de municipis.

Aquestes són les nostres esmenes per a les quals demanem
recolzament. Miri, utilitzaré el mateix argument que vostè ha utilitzat
per demanar-nos recolzament a la seua moció. Si els senadors del Partit
Popular no fossin senadors del Partit Popular i solament alcaldes i
regidors dels ajuntaments d’Espanya, segur que votarien a favor de
les esmenes que nosaltres proposem.

Moltes gràcies. (Aplaudiments.)

Buenos días. Si me lo permiten, voy a empezar expresando mi
perplejidad; señor Sanz, se lo digo de verdad. Son las nueve de la
mañana, ustedes presentan una moción, los demás presentamos unas
enmiendas en un tono constructivo, y usted, en su turno de exposición de
la moción, llega aquí y reparte a diestro y a siniestro; ha repartido
para todo el mundo antes de empezar. Puede que se haya hecho un lío con
los papeles y haya utilizado las notas que tenía preparadas para el turno
de réplica; si no, no lo entiendo. Si lamentan que presentemos enmiendas,
díganlo, sinceramente se lo digo. Nosotros pensábamos votar a favor,
independientemente de que nos aceptaran las enmiendas o no; pero ahora he
pasado una nota a mi grupo, porque me lo estoy replanteando.

Usted ha realizado aquí una intervención que, sinceramente,
no entiendo. La próxima vez nos pueden decir: no hace falta que presenten
enmiendas —ya sé que las van a votar en contra—; ni se
molesten en presentarlas; vengan ustedes aquí, dígannos lo que quieran e
iremos avanzando. La verdad es que no lo entiendo, no puedo entenderlo,
sobre todo hablando de este tema. Al menos, por lo que respecta a mi
grupo, ha contado con una colaboración leal, con propuestas; propuestas
que incluso ustedes nos habían apoyado. Y usted llega aquí, dice de todo
a los socialistas —que no me parece ni bien ni mal, ya se apañarán
ellos—, y nos lo dice también a nosotros, que ni siquiera habíamos
abierto la boca.

Si no les molesta, señor Sanz, voy a intentar explicar
cuáles eran mis enmiendas, algo que usted no ha hecho en su moción. Usted
ha explicado las maravillas del Gobierno español —que me parece
bien—, y nosotros hemos presentado, modestamente, las siguientes
enmiendas. Primera, en lugar de «profundizar» en el anteproyecto,
pensamos que es más adecuado usar el verbo «revisar». Es decir, no
decimos que no pueda ser un punto de partida, pero entendemos que debe
revisarse en aras a este consenso que usted nos ha solicitado.

La segunda modificación que proponemos para la parte
introductoria: añadir que debería aprobarse una ley de haciendas locales,
como ya hemos aprobado en esta Cámara, como ya se ha comprometido el
señor Montoro, en nombre del Gobierno. Ordenando las competencias sin
ordenar la financiación, no solucionamos los problemas de la
Administración Local. Y, respetando todos los puntos que ustedes proponen
y sin cambiar ninguno para no ofender a nadie, añadimos un par más.
Decimos: primero, que se respeten las competencias de las distintas
comunidades autónomas aprobadas mediante sus estatutos en materia de
régimen local, aspecto en el que coinciden muchas otras enmiendas. Y, en
cuanto al anteproyecto en general —no voy a insistir en

si es anteproyecto o informe—, en todo caso me
refiero al texto que han colgado en la página web del ministerio, hay dos
aspectos que nos preocupan y que, en nuestra opinión, deberían revisarse.
Teníamos otros, pero subrayamos dos. En primer lugar, no estamos de
acuerdo, y por eso lo expresamos así, en que las competencias de los
municipios de menos de 20 000 habitantes deban ser ejercidas en
determinados casos directamente por las diputaciones provinciales, y
también entendemos que debería permitirse, gracias a la legislación,
siempre respetando lo que afirma cada estatuto de autonomía, la
mancomunidad voluntaria o la fusión voluntaria —insisto:
voluntaria— de municipios.

Estas son nuestras enmiendas para las que les pedimos su
apoyo. Pero voy a utilizar el mismo argumento que usted ha esgrimido para
solicitar nuestro apoyo a su moción: si los senadores del Partido Popular
no fueran senadores del Partido Popular y fueran sencillamente alcaldes y
concejales de ayuntamientos de España, seguro que votarían a favor de las
enmiendas que nosotros proponemos.

Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Bel.

En nombre del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra
el senador Sanz, para indicar si acepta o no las enmiendas
presentadas.

El señor SANZ CABELLO: Gracias, señor presidente.

Señoría, en primer lugar, agradezco a todos los grupos la
presentación de estas enmiendas que han tenido la oportunidad de defender
y que, evidentemente, se presentan con la intención de enriquecer la
moción. Una moción que no trata sobre la futura ley, sino que insta al
Gobierno a impulsar políticas que sigan favoreciendo la sostenibilidad y
la viabilidad de las corporaciones locales; por tanto, es una moción que
se suma a las iniciativas que ya ha tomado el Gobierno. Queda mucho por
hacer, no obstante, porque estamos ante un simple borrador colgado en
Internet y un informe del Gobierno. Nuestra mano tendida y nuestra
invitación al diálogo son absolutamente sinceras.

Según esta moción, no es lo mismo que cuando se apruebe la
ley los ayuntamientos se encuentren en la bancarrota, en la quiebra
económica, que que se hayan tomado medidas muy favorables durante los
años 2012 y 2013 para garantizar la viabilidad y la sostenibilidad
económica de los ayuntamientos. Precisamente lo que pretende la moción es
que se sigan tomando medidas para que, cuando se apruebe la ley, los
ayuntamientos hayan podido situarse en una posición mucho más favorable
para ejercer las nuevas posibilidades que la ley les ofrezca.

Por tanto, la moción pretende seguir impulsando medidas. No
sé quién le ha dicho, señor Iglesias, que el Gobierno no la va a aceptar.
Parece que usted cree poco en el Senado, porque lo lógico es que el Grupo
Popular inste al Gobierno a impulsar iniciativas. Si le parece mal, a
nosotros nos parece bien; nos parece que favorece la posición del Senado
que se debatan cuestiones trascendentales para las corporaciones locales
y que impulse, además, la labor del Gobierno. Eso no puede
descalificarse.

Señoría, aquí no se ha descalificado a nadie. Ha hablado
usted de descalificación de las personas; otra cosa es la descalificación
de la gestión. Descalificar la gestión no es descalificar a las personas.
No sé lo que hacen los demás, pero lo que es innegable es el agujero que
han dejado; y el agujero que han dejado es muy grave. Lo importante es
que el punto de partida no sea el mismo para abordar la aplicación de la
ley. El punto de partida era un déficit en las entidades locales del
0,84% de nuestro PIB; hoy, un año después, es del 0,15%. En un año se ha
logrado reducir dos tercios el déficit de las entidades locales. Por
tanto, las medidas han sido favorables para situar a las corporaciones
locales en un punto de partida positivo.

Por cierto, en mi intervención he hablado claramente de la
gestión del Partido Socialista, y le quiero decir, senador Bel, que, en
ningún caso, he hablado de su grupo, de Convergència i Unió. Tengo que
decírselo muy claro. No debería haberse sentido usted aludido, porque yo
no he hablado ni de usted ni de su grupo. He hablado del Partido
Socialista y de la gestión del Partido socialista. Si usted analiza mi
intervención, aparte de hablar de la gestión del PSOE, lo que he hecho ha
sido recordar un conjunto de puntos positivos que, sin duda alguna,
favorecen a las corporaciones locales.

Aquí no hay ningún recién llegado; aquí nadie ha bajado del
cielo. Todo el mundo sabe que hay una gestión detrás, especialmente del
Partido Socialista —como he dicho—, no solo de las
corporaciones locales, sino del Gobierno de la nación, que hay que dejar
clara. Desde abril de 2008, en realidad desde mucho antes, pero en 2008
el señor Zapatero ya habló de esta reforma. Un mes después, el señor
Solbes garantizó la reforma. En mayo de 2008, la ministra de
Administraciones Públicas se comprometió a elaborar la nueva ley de
gobierno local. Y el vicepresidente tercero, entonces el señor Chaves,
aquí, en el Senado, el 15 de marzo de 2010, habló de la ley de gobierno
local y se comprometió a hacerla. En diciembre de 2010, el Consejo de
Ministros acordó remitir a las Cortes Generales en marzo de 2011 el
proyecto de ley de gobierno local.

Y digo yo, ¿cómo presentan ahora una enmienda en la que
hablan de la ley de gobierno local, cuando durante todos esos años el
Partido Socialista incumplió sus compromisos? Desde 2004 a 2008, en la
primera legislatura de Zapatero, se rechazaron cuatro iniciativas
parlamentarias relativas a la financiación local o a las competencias
impropias. De 2008 a 2011, en la anterior legislatura, el PSOE permitió
que caducaran cinco proposiciones de ley que tenían por objetivo reformar
la financiación local. Y de 2008 a 2011, el PSOE dejó morir la reforma de
la financiación local, a pesar de las numerosas iniciativas que
presentaron los grupos.

El señor PRESIDENTE: Senador Sanz, le ruego que vaya
terminando y que se manifieste sobre las enmiendas.
(Risas.—Aplausos.)

El señor SANZ CABELLO: Gracias, señor presidente.

Iniciativas que instaban a reformar la financiación
local.

Por lo tanto, señorías, la credibilidad del Partido
Socialista respecto a las enmiendas es ninguna. Ustedes proponen aquí
todo lo que han incumplido y todo lo que, precisamente, va a impulsar el
Grupo Popular. En cuanto al resto de enmiendas, señor presidente, en la
mayoría de los casos o en todos ellos, reiteran debates anteriores, pero,
sobre todo, tratan de cuestiones que la ley pretende afrontar. Esperemos
que el diálogo signifique avanzar. En eso confiamos, y el Grupo Popular
les tiende la mano.

Nada más y muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Entiendo, senador Sanz, que no acepta
ninguna de las enmiendas. (Asentimiento del señor Sanz Cabello.) Muchas
gracias.

¿Turno en contra? (Pausa.)

No hay. Pasamos al turno de portavoces. Por el Grupo
Parlamentario Mixto, tiene la palabra el senador Yanguas.

El señor YANGUAS FERNÁNDEZ: Muchas gracias, señor
presidente.

La verdad, senador Sanz, a nuestro grupo le pasa como a
otros: en esencia, estamos de acuerdo en todo lo que dice su moción y
habíamos presentado dos enmiendas que entendíamos que iban a ser
aceptadas, o que, al menos, iban a hablar con nosotros para intentar
llegar a algo, pero ahora, aquí, lo ha despachado sin aludir a nada de lo
que hemos dicho. Ciertamente, nos lo ha agradecido, lo cual le agradezco
yo a usted también. Pero nos vamos a posicionar en contra de esta moción,
porque, para nosotros, para Navarra, como he dicho antes y como ha dicho
también el senador Cazalis, es de gran importancia que se respete el
ámbito competencial. Ya sabemos que lo dice la Constitución y nuestro
amejoramiento del fuero, pero queríamos que constara aquí. Desde luego,
cuando venga esa ley al Senado seguiremos aportando ideas, porque, en
esencial, UPN está de acuerdo en asegurar la viabilidad de los
ayuntamientos, en profundizar en la autonomía municipal. Es imperativo,
ya se ha dicho aquí, clarificar la maraña de normativa local. Ya lo
dijimos en la interpelación: es necesario gastar donde se necesita. Son
temas en los que no podemos estar en desacuerdo, sobre todo, en mi caso,
porque también soy alcalde de un municipio.

En definitiva, con cierta pena por cómo ha transcurrido el
debate, ya que creo que todos los portavoces hemos intentado mejorar la
moción, vamos a tener que posicionarnos en contra. Esperemos que cuando
la ley venga, podamos hacer que las enmiendas que presentemos la mejoren
y que se nos aprueben, porque creo que con eso mejoraremos la eficacia de
la Administración municipal, que es el ente más cercano a los
ciudadanos.

Nada más y muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Yanguas.

Por el Grupo Parlamentario Vasco, tiene la palabra el
senador Cazalis.

El señor CAZALIS EIGUREN: Muchas gracias, señor
presidente.

Muchas gracias, senador Sanz, por darnos las gracias, como
ha dicho el senador Yanguas. Y gracias, señor presidente, por habernos
aclarado que no se nos acepta ninguna enmienda.

Yo estoy perplejo, lo tengo que decir. Siempre hemos
presentado iniciativas para intentar mejorar lo que trae el Partido
Popular a esta Cámara —bueno, la mayor parte de las veces, cuando
no estamos de acuerdo, no, evidentemente—, pero nunca nos había
pasado lo que nos ha pasado hoy. Entiendo que no le interesa lo que le
estoy diciendo, lo veo: no le interesó desde el minuto uno y no le
interesa ahora, al final; usted, a lo suyo. (El señor vicepresidente,
Lucas Giménez, ocupa la Presidencia.)

Me parece verdaderamente increíble. No entiendo cómo ahora
el Partido Popular no acepta cosas que aceptó y firmó en una
transaccional, cuando el senador Yanguas presentó una moción consecuencia
de interpelación. No lo entiendo, pero es así. El Partido Popular tiene
su propia estrategia, que supongo que, además, está pensada a corto, a
medio y a largo plazo. Supongo que están ustedes pensando que así debe
ser el juego parlamentario, y me parece muy bien, hagan lo que
quieran.

El senador Bel es igual de inasequible al desaliento que yo
y estaba muy enfadado. Bueno, pues nosotros, como él, seguiremos
presentando enmiendas, porque es nuestro trabajo. Para eso estamos en
esta Cámara, si no, no vendríamos, cobraríamos la asignación
constitucional y quedaríamos como señores. Pero lo que intentamos es
mejorar lo que se está haciendo, porque nos parece que es francamente
mejorable. Y, sabiendo que el Partido Popular tiene la mayoría y va a
meter sí o sí lo que le interesa, intentamos aportar nuestro punto de
vista para mejorar lo que hay. Si eso no sirve para nada, evidentemente
el juego parlamentario no sirve para nada; cuatro años perdidos, no en el
Gobierno, probablemente, pero sí en la democracia.

Me ha destrozado el discurso y no voy a entrar en otras
cosas. Pero sí quiero hacer una reflexión y una petición, con el permiso
del señor presidente. Bueno, ya no está, lo decía porque es el presidente
también de la comisión encargada de estudiar la reforma del Senado. Le
pido al Grupo Popular que cambie este proyecto de ley por una proposición
de ley y permita que esta proposición de ley se tramite en la única
Comisión de Entidades Locales que existe en un Parlamento del Estado, si
no estoy equivocado. Ya que esta Cámara es de segunda lectura —y,
por lo que se ve, es de lectura, no de edición— y es, además, una
Cámara autonómica —aunque la Comisión General de las Comunidades
Autónomas no se haya reunido desde que empezamos—, por lo menos
utilicemos la Comisión de Entidades Locales para aprovechar todo ese
valor enorme que hay en esta Cámara, con todos los alcaldes y concejales
y todos los exalcaldes y exconcejales que aquí estamos. Yo creo que sería
una gran propuesta para el Senado. Por fin podríamos demostrar que
también podemos elaborar proposiciones de ley en una comisión, la
Comisión de Entidades Locales, que solamente existe en el Senado.

Por lo demás, le anuncio que vamos a votar que no, aunque
creo que ya lo esperaba, no le digo nada nuevo. Pero también quiero que
sepa que me da muchísima pena; no por la ley, sino por la actitud del
Partido Popular en esta Cámara en relación con esta moción.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias,
señoría.

Por el Grupo Parlamentario Entesa, tiene la palabra la
señora Sequera.

La señora SEQUERA GARCÍA: Senyories, la moció que
s’ha presentat insta al Govern a profunditzar en els principis
establerts en l’Avantprojecte de Llei de racionalització i
sostenibilitat de l’Administració local.

No puc concebre com a normal la utilització de la
presentació d’una moció en el Senat per donar instruccions al
Govern sobre com ha de desenvolupar la seva tasca. Més encara quan parlem
d’un avantprojecte que ja s’ha modificat en diverses ocasions
i en què encara s’està treballant.

Si aprofundir en els principis establerts a
l’avantprojecte vol dir accentuar, encara més, en l’erosió de
l’autonomia local no respectant i minvant les competències
municipals; si vol dir passar

per alt el principi de proximitat; si això vol dir ignorar
l’equitat en la prestació dels serveis públics, fins i tot en
alguns casos, eliminar-los; si vol dir, menystenir els principis
establerts a la Carta Europea d’Autonomia Local, la qual està
subscrita per l’Estat espanyol; si vol dir no tenir en compte les
competències reconegudes als diferents estatuts d’autonomia; i,
sobretot, si vol dir aprofundir encara més en la dilapidació dels serveis
públics, principalment en els serveis socials bàsics, si de veritat
aprofundir vol dir tot això, no només ens tindran en contra, sinó que
estan forjant el naixement d’un front social contra el Govern:
alcaldes, regidors, empleats públics, associacions, federacions
d’entitats locals, sindicats, organitzacions socials, empreses
subministradores de serveis… Tots ells ja han alçat la veu contra
l’avantprojecte. I és que volen una reforma de
l’Administració començant per un nivell que en el conjunt de
l’Administració pública d’aquest país no és ni de bon tros el
causant ni del dèficit. Ben al contrari, és el coixí que, en molts casos,
que ha parat el cop buscant solucions sense tenir ni els mitjans ni els
recursos, donant resposta a les demandes socials, perquè aquesta és la
màxima i principal finalitat de les entitats locals. (El senyor president
ocupa la Presidència.) I en cap moment s’ha reconegut aquest
esforç, molt al contrari, es redacta un avantprojecte en què el
tractament a les entitats locals és com si nosaltres fóssim el
problema.

Per altra banda, també demanen afavorir nous mecanismes de
finançament per dotar de liquiditat les entitats locals. No és la
solució, ja ho he dit abans. Assentar les bases en una legislació que
garanteixi l’obtenció de recursos suficients per desenvolupar amb
normalitat la tasca dels ajuntaments, això sí que és anar a l’arrel
del problema. Una legislació que permeti l’autonomia, en aquest cas
financera, per tirar endavant les polítiques públiques.

El Consell de Poders Locals i Regionals del Consell
d’Europa, en l’avantprojecte de recomanacions aprovat per la
Comissió el 13 de febrer de 2013, va fer un estudi sobre el compliment
dels preceptes de la Carta Europea d’Autonomia Local a Espanya i
estableix que la principal font d’ingressos dels municipis prové de
transferències dels governs autonòmics i de l’Estat, principalment
de l’Estat, que en aquest cas suposa un 63,5%. Això no està en
consonància amb les disposicions de la Carta Europea d’Autonomia
Local. Hi ha un desequilibri en la distribució de recursos i una manca de
capacitat fiscal. Han augmentat els costos municipals per donar serveis
que haurien de donar altres nivells de Govern. I els experts ens conviden
a implicar en un augment dels recursos que l’Estat ha
d’injectar al finançament municipal. I resumeixen els relators
d’aquest informe que suggereixen al legislador —en aquest
cas, el Govern espanyol— crear un sistema financer que garanteixi
plenament el finançament adequat a cada municipi per donar compliment a
les seves responsabilitats per dret propi i delegades.

Per tant, subscric completament les conclusions de
l’informe del Consell d’Europa i per això hem presentat
l’esmena de legislar sobre les hisendes locals. També vam
interpel·lar al ministre Montoro i vam presentar una moció conseqüència
d’interpel·lació que, entre d’altres, feia un enfocament
sobre la legislació de finançament local. Com veu no són conclusions que
surten de la boca d’una socialista, sinó que a més a més les
comparteixen altres experts a Europa que conviden a l’Estat
espanyol a complir tots aquells preceptes de la Carta d’Autonomia
Local que l’Estat espanyol no està garantint.

Encara som a temps. Estem elaborant encara
l’avantprojecte. Jo emplaço el Partit Popular que comencem de nou,
que comencem amb una veritable intenció d’acceptar propostes que
millorin les entitats locals d’aquest país. No mirar de quin grup
polític surten els suggeriments, sinó si aquest suggeriment realment pot
aportar una millora en el nivell de l’Administració de les entitats
locals. Evidentment, sense adoptar mesures que garanteixin
l’autonomia local en l’aspecte financer, no podem votar a
favor d’aquesta moció.

Gràcies.

Señorías, esta moción insta al Gobierno a profundizar en
los principios establecidos en el Anteproyecto de Ley de Racionalización
y Sostenibilidad de la Administración Local.

No puedo concebir como normal el uso de la presentación de
una moción en el Senado para dar instrucciones al Gobierno sobre cómo
debe desarrollar su labor, más aún cuando estamos hablando de un
anteproyecto que ya ha sido modificado en distintas ocasiones y en el que
aún se está trabajando.

Si profundizar en los principios establecidos en el
anteproyecto significa acentuar aún más la erosión de la autonomía local
no respetando y mermando las competencias municipales; si significa pasar
por alto el principio de proximidad; si esto también significa ignorar la
equidad en la prestación de servicios públicos e incluso en algunos casos
eliminándolos; si significa despreciar los principios establecidos en la
Carta Europea de Autonomía Local, que está suscrita por el Estado
español; si significa no tener en cuenta las competencias reconocidas en
los distintos estatutos de autonomía y, sobre todo, si significa
profundizar aún más en la dilapidación de los servicios públicos, en
especial los servicios sociales básicos, si realmente profundizar
significa todo esto, no tan solo nos van a tener en contra, sino que
además están forjando ustedes el nacimiento de un frente social contra el
Gobierno: alcaldes, ediles, empleados públicos, asociaciones,
federaciones de entidades locales, sindicatos, organizaciones sociales,
empresas, suministradores de servicios, todos ellos han alzado ya la voz
contra este anteproyecto, porque desean una reforma de la Administración,
empezando por un nivel que en el conjunto de la Administración pública de
este país no es ni de lejos el causante ni del déficit ni de la deuda.
Todo lo contrario; ha sido el cojín en muchas ocasiones que ha
amortiguado el golpe, buscando soluciones sin tener medios ni recursos,
dando respuesta a las demandas sociales porque es esa la máxima y
principal finalidad de las entidades locales. (El señor presidente ocupa
la Presidencia.) En ningún momento se ha reconocido ese esfuerzo, todo lo
contrario, se ha redactado un anteproyecto en el que el trato a las
entidades locales es como si nosotros fuéramos el problema.

Por otro lado, también solicitan favorecer nuevos
mecanismos de financiación para dotar de liquidez a las entidades
locales, y esa no es la solución, lo he dicho antes. Sentar las bases de
una legislación que garantice la obtención de recursos suficientes para
desarrollar con normalidad la tarea, la labor de los ayuntamientos, eso
sí es atajar la raíz del problema; una legislación que permite autonomía,
en este caso financiera, para llevar a cabo políticas públicas.

El Consejo de Poderes Locales y Regionales del Consejo de
Europa en el anteproyecto de recomendaciones, aprobado por la Comisión el
13 de febrero de 2013, realiza un estudio sobre el cumplimiento de los
preceptos de la Carta Europea de la Autonomía Local en España y establece
que la principal forma de ingresos de los municipios procede de
transferencias de los Gobiernos autonómicos y del Estado, principalmente
del Estado, que en este caso supone el 63,5%. Esto no va acorde con las
disposiciones de la Carta Europea de la Autonomía Local. Existe un
desequilibrio en la distribución de recursos y una falta de capacidad
fiscal; han aumentado los costes municipales para dar servicios que
deberían prestarse en otros niveles de Gobierno y los expertos nos
invitan a implicar en este asunto al Estado que debe inyectar un aumento
de recursos en la financiación municipal. Y resumen los relatores de este
informe que sugieren al legislador —en este caso al Gobierno
español— que cree un sistema financiero que garantice plenamente la
financiación adecuada para cada uno de los municipios y con ello poder
dar cumplimiento a sus responsabilidades por derecho propio, pero también
delegadas.

Por lo tanto, secundo absolutamente las conclusiones del
informe del Consejo de Europa y por ello hemos presentado la enmienda de
legislar sobre las haciendas locales. También interpelamos en su día al
ministro Montoro y presentamos una moción consecuencia de interpelación
que, entre otros aspectos, realizaba este enfoque sobre la legislación de
financiación local. Como puede usted ver, no son conclusiones solo de una
socialista, sino que además las comparten otros expertos en Europa que
invitan al Estado español a cumplir todos estos preceptos de la Carta
Europea de Autonomía Local, que el Estado español no está
garantizando.

Aún estamos a tiempo, estamos aún elaborando el
anteproyecto y yo emplazo al Partido Popular a que empecemos de cero, que
empecemos con una auténtica intención de aceptar propuestas que mejoren
las entidades locales de este país, de no fijarnos en el partido político
del que parten las sugerencias, sino si las sugerencias pueden realmente
aportar una mejora al nivel de la Administración de las entidades
locales. Evidentemente, sin adoptar medidas que garanticen la autonomía
local en el aspecto financiero, no podemos votar a favor de esta
moción.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Sequera.

Por el Grupo Parlamentario Catalán, tiene la palabra el
senador Bel.

El señor BEL ACCENSI: Moltes gràcies, president.

Intentaré utilitzar aquest torn de portaveus per poder
replicar algunes de les afirmacions que ha fet el senador Sanz i, en tot
cas, per fixar la posició del meu grup que ja els he dit que ha canviat
al llarg d’aquest debat de forma diria que incomprensible, però
absolutament real.

Senador Sanz, no és que m’hagi sentit al·ludit, és
que ens ha al·ludit directament, i ens ha anomenat, és tan fàcil com
repassar el Diari de Sessions del Ple. Es connecta a la web, podrà veure
el vídeo i es veurà vostè mateix com ens diu senyors de CiU. Per tant, és
al·lusió directa.

Miri, jo crec que aconseguiran amb aquesta moció per
primera vegada quedar-se absolutament sols i hem de votar en contra una
cosa que en principi ens dol moltíssim. Els faig una reflexió, en
positiu: si realment vostès volen trobar el consens en aquesta llei, que
és imprescindible, no li pot entrar al cap a ningú que es vulgui afrontar
una reforma dels governs locals a l’Estat espanyol sense un mínim
consens, hauran de canviar d’actitud. A més —també els ho dic
sincerament—, l’actitud que he vist aquí no és la que he vist
per part del Ministeri. Vostè ha despatxat el seu torn en contra de les
mocions sense anomenar-ne ni una, ignorant-nos i dient evidentment, i ha
sigut el president qui li ha hagut d’acabar fixant la seva posició.
Jo ja no demano, com demanava algun altre portaveu, que ens truquin i
parlem de les mocions, però almenys que ens diguin per què les rebutja.
Un motiu pot ser perquè les presenta Convergència i Unió. Motiu de
rebuig: perquè les presenta Convergència i Unió. Bé, tindríem un motiu de
rebuig. Però en tot cas anem al fons de la qüestió.

Perquè tinguin algunes idees, si entenen que s’ha de
fer per consens, idees que no són exclusives d’aquest senador i
alcalde, idees que han fet seues la Federació Espanyola de Municipis i
Províncies, idees que ha fet seues la Federació de Municipis de
Catalunya, l’Associació Catalana de Municipis i tants i tantes
altres entitats municipalistes. Miri, del tema de l’avantprojecte
que vostès presenten ens sembla bé la qüestió d’afrontar les
competències impròpies. Ens sembla bé. No ens sembla bé com
l’acaben resolent, perquè diuen les competències impròpies saben
com es resolen? Que no es realitzin. No buscant finançament, veient
quines poden ser pròpies i quines impròpies, no: els ajuntaments no
realitzaran competències impròpies. I aquesta no és cap solució. Els ho
dic sincerament, i com a alcalde. Els poso un exemple del meu municipi,
per no molestar-ne d’altres. El meu municipi té menys de 50 000
habitants. Teòricament, una competència impròpia és el transport públic
municipal. És inconcebible que puguem eliminar el transport públic urbà
al municipi de Tortosa. La solució que se’ns dóna a
l’avantprojecte és l’Ajuntament —com que tampoc és
competència de la Generalitat— no realitzarà aquesta competència, i
la Generalitat tampoc. Per tant, suprimim la competència. Ergo, pitjor
servei... pitjor, no: inutilitzat servei per als ciutadans del meu
municipi. Per tant, hi ha aspectes a millorar.

Segona qüestió: jo crec que aquí també hi havia un consens
per part del mateix ministre —després els ho acreditaré—,
perquè no es pot afrontar una reforma de competències si no
s’afronta una reforma de finançament. I la modificació de
l’antiga Llei de bases havia de ser paral·lela a la modificació de
la Llei d’hisendes locals.

En aquesta cambra es va expressar aquest compromís. La meva
missió aquí no és enlletgir l’acció de Govern, però miri, els
recordo, ho recordo perquè va ser la meua primera intervenció en aquesta
cambra, una intervenció que vam fer al ministre Montoro sobre
l’Administració local. La primera, devia ser al mes de gener o
febrer de 2012, vam aprovar una moció conseqüència d’interpel·lació
que vam presentar la nostra formació política. La vam presentar amb el
seu recolzament, la vam aprovar amb els seus vots. Ens deia: Compromís 1
—i llegeixo de l’informe de compliment que envia el Govern al
president del Senat en relació amb aquesta moció—: El Gobierno
presentará antes de finalizar el año 2012, un proyecto de ley de bases de
régimen local que, teniendo presente y respetando las competencias en
materia de régimen local de las comunidades autónomas, ayude a
clarificar, racionalizar y hacer más eficiente la prestación de los
servicios públicos. Al setembre de 2012 el Govern em diu, li diu al
president del Senat: Cumplimiento del compromiso 1: El pasado 13 de
julio, a efectos del artículo 22.3 de la ley de Gobierno, el Consejo de
Ministros ha aprobado el anteproyecto de ley de racionalización y
sostenibilidad de la administración local. És veritat, el va aprovar i
allà està. De moment, no ha fet moviment.

Compromiso dos, aprovat amb els seus vots: El Gobierno
presentará antes de finalizar el ejercicio 2012 un proyecto de ley de
haciendas locales que establezca un nuevo sistema de financiación local
que aporte suficiencia financiera a las corporaciones locales.
Cumplimiento del

compromiso 2. Segons el Govern, li adreça al president del
Senat: El Gobierno está estudiando y empezará a trabajar para poder
presentar antes de finalizar el ejercicio 2012 un proyecto de ley de
haciendas locales. Ni està ni se l’espera. Però això ho vam aprovar
per unanimitat, per unanimitat de tots els senadors.

I el compromís número 3 era mecanismes d’ajuda
immediata a les corporacions locals.

I vostè, en la seva primera intervenció, diu: vostès no han
reconegut mai el que ha fet aquest Govern i apuntava el pla de
proveïdors, entre altres. Jo crec que vostè no m’ha escoltat les
meves intervencions des d’aquesta tribuna, ni les interpel·lacions
que li he fet al ministre. Li ho he reconegut, li he reconegut que ha
salvat una situació —diguem també de passada— pagant-ne els
interessos les corporacions locals. Jo li puc dir també un exemple del
meu municipi: els préstecs que estem pagant per les operacions financeres
per l’operació de proveïdors superen àmpliament el 4%. La resta
d’operacions financeres del meu ajuntament no arriben al 2%. Per
tant, també un sobrecost per als nostres ajuntaments.

I després de la seva intervenció també diu: Hemos
conseguido rebajar el déficit de las corporaciones locales. Veritat, però
això no ho ha fet el Govern sol. Jo crec que aquí no estaria de més que
vostè també fes un reconeixement i un agraïment a la feina de tots els
alcaldes, als regidors d’Hisenda, als regidors de Govern de totes
les corporacions municipals de tots els colors polítics, perquè això ho
han fet amb el treball i l’esforç absolutament de tots.

Per tant, tenim recorregut, tenim temps, no gaire, no gaire
perquè al Pla de reformes que en aquests moments el president del Govern
està explicant al Congrés de Diputats vostès es comprometen que aquesta
Llei de racionalització i sostenibilitat de l’Administració local
entri al Congrés abans de l’estiu. Jo crec que encara queda un
recorregut, no gaire, però en queda, i hauran de buscar els consensos.
Els consensos són necessaris, però els ho dic sincerament, i no
s’ho prengui com una qüestió personal, senador Sanz, de veritat:
com ho han fet avui, no trobaran els consensos. Com ho han fet avui, de
veritat que no trobaran els consensos. Trobaran el que trobaran: un vot
en contra de tota aquesta cambra quan, almenys, hi havia 13 senadors que
veníem disposats a recolzar la proposta, encara que se’ns hagués
justificat la no acceptació a les nostres esmenes. Ara, en aquests
moments i per una qüestió absolutament de formes, haurem de votar en
contra a la seua proposta.

Moltes gràcies.

Muchas gracias, presidente.

Utilizaré el turno de portavoces para replicar a algunas de
las afirmaciones realizadas por el senador Sanz y fijar la posición de mi
grupo, que ya les he dicho que ha cambiado a lo largo de este debate, de
forma incomprensible pero real.

Senador Sanz, no es que me haya sentido aludido, es que nos
ha aludido directamente. Es tan fácil como echar un vistazo al Diario de
Sesiones del Pleno o ir a la página web y ver el vídeo, donde podrá verse
a usted mismo diciendo: señores de CiU... Por tanto, es una alusión
directa.

Me parece que lo que van a conseguir en esta moción es
quedarse absolutamente solos, pero tenemos que votar en contra,
lamentándolo mucho. Voy a hacer una reflexión en positivo. Si realmente
ustedes quieren buscar el consenso en esta ley, que es imprescindible, es
decir, a nadie le entrará en la cabeza que acometamos una reforma de los
gobiernos locales en el Estado español sin contar con un mínimo consenso,
van a tener que cambiar de actitud. Además —se lo digo
sinceramente—, la actitud que he visto aquí no es la que he visto
por parte del ministerio. Usted ha despachado su turno en contra de las
enmiendas sin mencionar si quiera una, es decir, ignorándonos y diciendo
que evidentemente ha sido el presidente el que ha tenido que pedirle que
fijara su posición. Tampoco pido, como decía algún otro portavoz que nos
llamen y hablemos de las enmiendas, pero, al menos, díganos por qué las
rechazan. Un motivo puede ser porque las presenta Convergència i Unió; ya
tendríamos un motivo de rechazo. Pero, en todo caso, lleguemos al fondo
de la cuestión.

Para que tengan algunas ideas si entienden que debe hacerse
por consenso, ideas que no son exclusivas de este senador y alcalde,
porque son ideas que ha hecho suyas la Federación Española de Municipios
y Provincias, ideas que también han hecho suyas la Federación de
Municipios de Cataluña, la Asociación Catalana de Municipios y tantas
otras entidades municipalistas, les diré, en primer lugar, que, en el
anteproyecto que ustedes presentan, nos

parece bien la cuestión de afrontar las competencias
impropias; no nos parece bien cómo lo solventan, porque ustedes dicen que
se soluciona no realizándose. No buscan financiación o analizan cuáles
pueden ser propias o impropias; no, sencillamente, los ayuntamientos no
van a ejecutar competencias impropias. Esto no es ninguna solución, se lo
digo sinceramente como alcalde, y voy a poner un ejemplo de mi municipio,
para no molestar a otros. Mi municipio tiene menos de 50 000 habitantes.
En teoría, una competencia impropia es el transporte público municipal.
Sin embargo, es inconcebible que podamos eliminar el transporte público
urbano en el municipio de Tortosa. La solución que se nos da en el
anteproyecto es que el ayuntamiento —y en este caso tampoco es
competencia de la Generalitat— no va a ejecutar esa competencia, y
la Generalitat tampoco, con lo cual se suprime la competencia. Ergo, es
un servicio inutilizado para los ciudadanos de mi municipio. Así pues,
existen aspectos que deben mejorarse.

La segunda cuestión es que me parece que en este punto
también existía un consenso, incluso por parte del propio ministro
―y luego se lo voy a acreditar― en el sentido de que no se
puede encarar una reforma de competencias si no se encara también una
reforma de la financiación; y la ley, o la modificación de la antigua ley
de bases debía avanzar en paralelo a la modificación de la ley de
haciendas locales.

En esta Cámara se expresó ese compromiso y, aunque mi
misión aquí no es la de afear la acción de Gobierno, le recuerdo que en
mi primera intervención en esta Cámara, sobre una interpelación al
ministro Montoro en relación con la Administración Local, entre los meses
de enero o febrero de 2012, aprobamos una moción consecuencia de
interpelación que presentó mi formación política y la presentamos con su
apoyo y la aprobamos con sus votos. En ella se recogía: Compromiso 1
―y estoy leyendo del informe de cumplimiento que envía el Gobierno
al presidente del Senado en relación con esta moción―: El Gobierno
presentará antes de finalizar el año 2012, un proyecto de ley de bases de
régimen local que, teniendo presente y respetando las competencias en
materia de régimen local de las comunidades autónomas, ayude a
clarificar, racionalizar y hacer más eficiente la prestación de los
servicios públicos. En septiembre de 2012 el Gobierno dice al presidente
del Senado: Cumplimiento del compromiso 1: El pasado 13 de julio, a
efectos del artículo 22.3 de la ley de Gobierno, el Consejo de Ministros
ha aprobado el anteproyecto de ley de racionalización y sostenibilidad de
la Administración Local. Es verdad, lo aprobó y ahí está, pero de momento
no ha realizado ningún movimiento más.

El compromiso 2, que también fue aprobado por sus votos: El
Gobierno presentará antes de finalizar el ejercicio 2012 un proyecto de
ley de haciendas locales que establezca un nuevo sistema de financiación
local que aporte suficiencia financiera a las corporaciones locales.
Cumplimiento del compromiso 2, según el Gobierno ―y está dirigido
al presidente del Senado―: El Gobierno está estudiando y empezará a
trabajar para poder presentar antes de finalizar el ejercicio 2012 un
proyecto de ley de haciendas locales. Ni está ni se le espera. Y esto lo
aprobamos por unanimidad.

Además, el compromiso 3 se centraba en los mecanismos de
ayuda inmediata a las corporaciones locales.

Usted, en su primera intervención, ha dicho que jamás hemos
reconocido lo que ha hecho este Gobierno y apuntaba el plan de
proveedores, entre otros. Me parece que usted no ha escuchado mis
intervenciones desde esta tribuna ni las interpelaciones al ministro
porque sí lo he reconocido; le he reconocido que ha salvado una situación
―dicho sea de paso― pagando los intereses las corporaciones
locales. En este sentido, le puedo dar también el ejemplo de mi municipio
en el que los préstamos que estamos pagando por las operaciones
financieras por el pago a proveedores superan con creces el 4%, mientras
que las demás operaciones financieras de mi ayuntamiento no alcanzan al
2%, con lo cual en ese aspecto existe un sobrecoste para nuestros
ayuntamientos.

Además, en su intervención también ha dicho: Hemos
conseguido rebajar el déficit de las corporaciones locales. Es verdad,
pero esto no lo ha logrado el Gobierno solo y me parece que no estaría de
más que usted también reconociese y agradeciese la labor de todos los
alcaldes, de los concejales de Hacienda, de los concejales de Gobierno de
todas las corporaciones municipales y de todos los colores políticos
porque esto se ha logrado gracias al trabajo y el esfuerzo de
absolutamente todos.

Por lo tanto, llevamos ya un recorrido pero tenemos tiempo,
aunque no sea mucho, porque en el plan de reformas que hoy está
explicando el presidente del Gobierno en el Congreso de los Diputados
ustedes se comprometen a que esta ley de racionalización y sostenibilidad
de la

Administración Local entre en el Congreso de los Diputados
antes del verano, y me parece que aún nos queda un recorrido, no mucho,
pero que existe y van a tener que buscar consensos porque los consensos
son necesarios. Pero no se lo tome como algo personal, senador Sanz, de
verdad. Tal y como lo han hecho hoy, no van a lograr esos consensos; tal
y como lo han hecho hoy, de verdad que no los van a encontrar,
encontrarán un voto en contra de toda esa Cámara cuando resulta que
tenían al menos 13 senadores dispuestos a apoyar esta propuesta aunque se
nos hubiese justificado esa no aceptación de nuestras enmiendas, pero en
estos momentos, sencillamente por una cuestión de formas, vamos a tener
que votar en contra de su propuesta.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Bel.

Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el
senador Belloch.

El señor BELLOCH JULBE: Muchas gracias, señor
presidente.

Señor Sanz, naturalmente que el grupo que apoya al Gobierno
tiene todo el derecho del mundo a plantear mociones como cualquier otro
grupo parlamentario; eso está fuera de toda de duda.

Pero yo me sumo al estupor general de cómo, sin embargo,
quiebra las normas habituales, las costumbres parlamentarias.
Normalmente, lo que pretende el proponente de una moción es ampliar la
votación, lo que pretende es intentar tener la mayor cantidad de votos
posible. Sinceramente, no sé por qué ha hecho usted lo contrario; ha
logrado que todos los grupos votemos en contra. Ese es un récord
importante desde cualquier punto de vista, por no mencionar la
contradicción que supone, insisto, hablar de consenso para después no
aceptar ni una sola enmienda. ¿Por qué? ¿Qué finalidad puede tener esa
conducta parlamentaria? La verdad es que se me escapa rotundamente.
Esperemos que en el futuro ese comportamiento se modifique, porque
nosotros no renunciamos a que esa ley termine siendo aprobada dentro del
espíritu de consenso.

Yendo ya al tema concreto, creo que la finalidad principal
de esta ley —y así lo firmaron todos los grupos de la oposición en
el Congreso de los Diputados— no era mejorar la calidad democrática
de los ayuntamientos u objetivos de esa naturaleza, sino fundamentalmente
asegurar que se cumpliera la Ley de Estabilidad Presupuestaria. Pues
bien, esa premisa, de la que parte fundamentalmente ese anteproyecto, no
se ajusta a la verdad. El endeudamiento del municipalismo no llega al 4%
del PIB. Incluso en términos aún más importantes para mí, hay que saber
qué porcentaje del presupuesto se tiene que dedicar al servicio público
de deuda, amortización e intereses. Los ayuntamientos están muy por
debajo de todas las comunidades autónomas, y no digamos del Gobierno
central. Le he pedido a mi jefe de gabinete que me lo buscara porque yo
no me lo sé de memoria, y he podido ver que Zaragoza está por encima de
la media de endeudamiento aunque no llega a los límites de Madrid. Pues
nosotros pagamos de nuestro presupuesto 11 euros de cada 100 para el
servicio de la deuda; el Gobierno de Aragón solo 14 gracias a la buena
gestión del presidente Iglesias y a la magnífica herencia recibida por
Luisa Fernanda Rudi, porque está por debajo de la media de todas las
comunidades autónomas; (Rumores.) y si hablamos del Gobierno de España,
este paga 26,5 euros de cada 100. ¿Con esos datos se puede decir que
estamos en quiebra, en bancarrota los municipios? No es verdad. Y si se
plantea en términos de déficit público, menos aún. Y del total del 10%
del déficit que supone el conjunto de las administraciones —creo
que lo ha dicho en su intervención inicial— los ayuntamientos no
hemos pasado del 0,2 %, superando el objetivo de déficit que era del
0,3%. Además, todos los técnicos saben que en 2015, y sin necesidad de
ninguna ley, los ayuntamientos llegaremos al 0% de déficit. Luego, ¿dónde
está el problema? ¿Qué problemas suponemos los municipios? ¿Quién no
confía en los ayuntamientos? Porque, desde luego, la gente sí confía.
Léanse la última encuesta del CIS, en la que se hace una pregunta muy
clara: ¿Qué Administración pública le trata mejor? Y la respuesta es: en
Aragón, 55% los ayuntamientos; un 14% la comunidad autónoma y un 11% la
Administración General del Estado. E insisto, eso ocurre en todas las
comunidades autónomas de toda España, salvo en la ciudad de Melilla,
donde es ligeramente más valorado el papel de la Administración central
que el de la Administración municipal. En todas las demás, en porcentajes
no tan abultados como el caso de Aragón, se confía, sobre todo, en los
ayuntamientos. Si las cifras no lo permiten, si las estadísticas y las
encuestas te hablan de que es nuestra Administración

municipal la más valorada, ¿por qué este empeño en
convertirla poco menos que en la responsable del déficit y de los grandes
males que padece el país? Eso no es cierto.

Termino con una observación muy concreta: por lo visto, el
objetivo es ahorrar, algo ha dicho el señor Bel —que, por cierto,
ya ve que aunque usted los trate muy bien, a usted le tratan tan mal como
al PSOE, tome nota—, pero, en definitiva, el objetivo principal
serían unos 7200 —no sé cuántos— millones de euros. ¿De dónde
van a salir? Si el objetivo central es eso, parecería sensato que nos
explicaran con detalle de dónde van a salir. A mí no me salen las
cuentas, y es verdad que soy de letras, pero no me salen las cuentas,
como no sea que haya que suprimir todas las llamadas competencias
impropias en torno al 25% del presupuesto de los ayuntamientos y de paso
llevarse por delante a todos los empleados públicos que no sean
funcionarios, los interinos. Solo así, si se produce ese doble
acontecimiento, podían empezar a encajar las cifras.

Aquí no se nos está diciendo la verdad. ¿Alguien piensa, de
verdad, que los ayuntamientos vamos a seguir pagando los servicios
públicos cuya competencia haya sido transferida a otra comunidad
autónoma? ¿Eso es pensable? Otra pregunta: ¿las comunidades autónomas
tienen capacidad financiera para asumir hoy esas competencias impropias?
Mi opinión es que no. Entonces, ¿quién las va a pagar? ¿La Administración
General del Estado? ¿Nos puede anunciar que el Gobierno las va a pagar?
Porque si nadie las paga y hay que ahorrar 7000 y pico millones de euros,
es obvio que solo se puede hacer por una vía, y es la supresión de los
servicios sociales, fundamentalmente, de todos los ayuntamientos de
España. Y eso es muy grave, porque los ayuntamientos, además de estar
prestigiados en el conjunto de la ciudadanía, somos un instrumento básico
para garantizar la cohesión social (Aplausos.), cohesión social que es
imprescindible en todo momento, pero más aún en tiempos de crisis.
(Aplausos.)

Por todas esas razones, es obvio que votaremos en contra de
la moción y, la verdad, tenemos mucho miedo de que después de este
proceso legislativo la vida local española vuelva a los años cuarenta del
siglo pasado.

Nada más y muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Belloch.

Por el Grupo Popular, tiene la palabra el senador Sanz.

El señor SANZ CABELLO: Gracias, señor presidente.

El Grupo Popular se expresaba claramente al decir que las
enmiendas confundían la voluntad de la moción. No estamos hablando hoy de
la ley, sino de medidas a favor de la financiación, del saneamiento y la
viabilidad económica de las corporaciones locales. Por lo tanto, hoy aquí
no está en juego el consenso ni el diálogo respecto a la ley, ahí
tendremos tiempo, y cuando llegue la ley, evidentemente habrá todo el
diálogo y buscaremos el máximo de consenso. Lo que sí es llamativo es que
se haya intentado evitar el debate sobre las medidas positivas que a
favor de las corporaciones locales se están planteando y las que se
impulsan a través de esta iniciativa y seguirá planteando el Gobierno.
Ese era el debate de hoy. Si quieren hablar de la ley, habrá oportunidad
de hablar de la ley. Por tanto, de lo que trataban las enmiendas era de
la futura ley, que no es el debate de la moción. Por consiguiente, ni se
niega el valor de las enmiendas ni se niega el fondo de las mismas.
Evidentemente, la futura ley respetará las competencias estatutarias
exclusivas existentes en las diferentes comunidades autónomas, por
supuesto. Evidentemente, la futura ley respetará la singularidad de las
diputaciones forales vascas y de la Comunidad Foral de Navarra, pero ese
no era el debate de hoy, señorías, hoy el debate no era la ley.

Por tanto, aquí no se rompe ningún consenso, aquí no se
rompe ningún cauce de diálogo. Aquí hablamos de medidas económicas y es
lo que sigue planteando el Grupo Popular, tanto es así que en algunos de
los casos se planteaba el incremento de las transferencias, incremento
que se ha producido este año en un 21% con el aumento de la PIE.

Señor Belloch, lo que la ley hace no es destinar las
competencias impropias a las comunidades autónomas, lo que pretende es
quitar las competencias impropias de las corporaciones locales sobre lo
que son competencias propias de las comunidades autónomas. Por tanto, no
se trata de financiar competencias impropias de las comunidades
autónomas, se trata de que la comunidad autónoma cumpla con las
competencias propias que tiene, que es distinto. No confunda usted el
debate, señoría. Lo que sí permite en un futuro la ley es que se deleguen
competencias de las

comunidades autónomas a los ayuntamientos, con una novedad:
que ahora sí hay garantía de financiación para la prestación del servicio
público, y usted no puede negar que eso es positivo.

Hoy el debate de la moción se centra en lo que ha
constituido todo un auténtico ejercicio de lealtad institucional con las
entidades territoriales por parte del Gobierno, donde se han aprobado una
serie de medidas urgentes durante el año 2012 y 2013, que, sin duda
alguna, han mejorado la liquidez de ayuntamientos y diputaciones. Cuando
hablemos de la ley, hablaremos de la ley, y ustedes presentarán enmiendas
sobre la ley. Hoy, ustedes, no han presentado enmiendas sobre el
contenido de la moción, y hoy lo que debatimos son las medidas que han
significado una garantía de cumplimiento o de acercamiento a los
objetivos de estabilidad presupuestaria y que, además, han permitido que
se sigan prestando los servicios con la calidad que el ciudadano
exige.

Es evidente que la situación financiera de las entidades
locales a finales de 2011, cuando el Partido Popular llegó al Gobierno,
en la mayoría de los casos era muy delicada, y lo que es innegable
—eso es así— es que se ha logrado avanzar significativamente
en la garantía de la sostenibilidad financiera de las corporaciones
locales. Por supuesto que son muchas medidas, pero lo más importante que
plantea esta moción, señorías —y ese no es el debate que ustedes
han querido tener—, es si vamos a seguir abordando nuevas medidas,
como se nos ha demandado por parte de la FEMP y por parte del conjunto de
los alcaldes, concejales y diputaciones, para seguir favoreciendo el
sostenimiento de su situación financiera. Y el impulso de la moción
planteada por este grupo, por el Grupo Popular, va precisamente por ese
camino. ¿Y cuál es el camino? Pues, evidentemente, seguir favoreciendo
reformas por parte del Gobierno; y lo vamos a seguir haciendo.

En la primera intervención hacía un balance de lo ya
realizado; en esta última intervención quiero adelantar alguna de las
medidas que en los próximos meses verán la luz y que, sin duda alguna,
van a fortalecer esa viabilidad económica y financiera de las
corporaciones locales. Para ello, como se ha anunciado, el Gobierno está
planteando un nuevo plan de pago a proveedores, en el que se priorizarán
las deudas pendientes de las comunidades autónomas con los ayuntamientos,
cuya cantidad asciende a más de 1700 millones de euros. Señorías, esto
significa que en el Fondo de Liquidez Autonómica de 2013 esa será la
prioridad para que se pague a los ayuntamientos con rapidez; esa es una
medida de la moción y es una medida positiva.

También hemos valorado desde el Gobierno cómo se encuentra
el estudio de un proyecto de nuevo real decreto ley para solucionar la
situación de las entidades locales con graves problemas financieros. Eso
es lo que aquí planteamos en la moción, señorías, no busquen excusas para
votar en contra. Han encontrado ustedes excusas en el futuro debate de la
ley para no hablar de la moción y de las medidas que plantea. ¿Y cuáles
son las medidas que plantea la moción? Pues diversas medidas de apoyo a
ayuntamientos con especiales problemas financieros estructurales. ¿Qué
plantea el Partido Popular? Que en los próximos meses se puedan aprobar
mecanismos extraordinarios de liquidez para ayuntamientos con problemas
financieros. Eso significa plantear iniciativas con medidas
excepcionales, con ámbitos restringidos, con criterios objetivos pero con
facilidades financieras para que ayuntamientos en absoluta quiebra, de
verdad, puedan salir adelante.

Igualmente, señorías, este grupo aplaude e incentiva al
Gobierno, motiva al Gobierno a través de esta moción, para plantear esa
modificación rápida de la Ley de Estabilidad Presupuestaria que permita
que los ayuntamientos saneados puedan destinar el superávit a inversiones
y al cumplimiento de otras obligaciones de pago en sus municipios, y no
solo a la amortización de deuda como ahora. Se calcula que en torno a
3500 municipios, el 40% de los municipios españoles, podrán invertir en
mejorar sus municipios y crear puestos de trabajo. Ya se ha reunido la
Comisión Nacional de Administración Local como paso previo y necesario
para adoptar esta medida, y se está a la espera de la próxima entrada en
vigor de la misma. Igualmente, señorías —y ese es el contenido
verdadero de la moción—, el Gobierno está trabajando en un nuevo
mecanismo de pago a proveedores que permita cancelar la deuda de las
entidades locales correspondientes a 2012, e incluso meses de 2013, al
objeto de posibilitar que se dé cumplimiento a los plazos establecidos en
la normativa de medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones
comerciales, lo que finalmente permitirá reducir a 30 días el período de
pago a proveedores entre administraciones y acreedores.

Señorías, no confundan los términos. Cuando llegue la ley,
debatiremos la ley. Cuando haya que buscar el consenso sobre la ley,
buscaremos el consenso. Y siempre mantendremos la mano tendida para
lograr el acuerdo, pero permitan que el Grupo Popular tome la iniciativa
en el Senado para impulsar del Gobierno de la nación este tipo de
medidas. Ustedes decidirán hoy, señorías, votar en contra. Lo difícil es
que lo expliquen sus señorías en los ayuntamientos y en las diputaciones,
que se van a ver favorecidas por este conjunto de medidas porque la
moción trata sobre las medidas económicas y financieras a favor de las
corporaciones locales. Cuando llegue la ley, hablaremos. Hoy hablamos del
impulso a las soluciones económicas de los ayuntamientos. Por eso son
medidas positivas y por eso, aunque ustedes lo pretendan confundir, el
conjunto de la intervención que ha realizado este grupo ha ido a poner en
valor todas las medidas y futuras medidas que va a plantear el Gobierno.
Votar en contra de eso es, evidentemente, ir en contra de las medidas que
favorecen al conjunto de las corporaciones locales. Y no es una cuestión
de partido, es una cuestión de favorecer a todos los ayuntamientos y a
las diputaciones de España.

Señorías, es evidente que hay que tomar medidas. El
problema, señor Belloch, no es de los municipios, el problema no son los
municipios. El problema es buscar soluciones a la nefasta gestión que se
ha realizado durante muchos años y que ha provocado grandes agujeros.
(Rumores.—Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Señorías, guarden silencio, por
favor.

El señor SANZ CABELLO: Es lógico que sus señorías no
quieran que hablemos de lo que han hecho en los ayuntamientos, y cuando
yo lo recuerdo, ustedes se ponen a gritar y a descalificar, como se
escucha desde la tribuna. (Rumores.)

Solamente me voy a referir a un caso. Si usted cree que el
problema es de los ayuntamientos o un problema de gestión, le voy a poner
el caso de Jerez de la Frontera, donde hemos tenido que heredar un
ayuntamiento con casi 1000 millones de deuda, con más de 30 millones de
déficit, con el 100% de la PIE retenida, con una deuda de la Seguridad
Social y Hacienda de 120 millones de euros, donde el PSOE hipotecó 540
millones de euros de recaudación de la diputación hasta el 2031.
(Rumores.) ¿Y qué ha hecho el Partido Popular? Pues mientras que el
Partido Socialista se gastaba 2,6 millones de euros en gobierno y
personal eventual, el Partido Popular solo gasta ya 774 000 euros; de 33
asesores, a un asesor. El problema no son los ayuntamientos. Aunque a
ustedes les molesta, el problema es de buena o de mala gestión; y hay dos
modelos: el que apuesta por solucionar los problemas de los ayuntamientos
o el que los mantiene en el agujero, como ha hecho hasta ahora el Partido
Socialista.

Nada más y muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Sanz.

Llamen a votación. (Pausa.)

Cierren las puertas.

Señorías, sometemos a votación la moción del Grupo
Parlamentario Popular, tal y como ha sido presentada.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado; votos
emitidos, 237; a favor, 141; en contra, 96.

El señor PRESIDENTE: Queda, por tanto, aprobada.

5.2. MOCIÓN POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A PRESENTAR A
LAS CORTES GENERALES UN PROYECTO DE LEY QUE REGULE EL PROCEDIMIENTO ANTE
LOS JUZGADOS DE VIGILANCIA PENITENCIARIA.

(Núm. exp. 662/000082)

AUTOR: GPP

El señor presidente da lectura al punto 5.2.

El señor PRESIDENTE: A esta moción no se han presentado
enmiendas.

Para su defensa, por el Grupo Parlamentario Popular, tiene
la palabra el senador Altava.

El señor ALTAVA LAVALL: Con la venia del señor
presidente.

El Grupo Parlamentario Popular somete al plenario de la
Cámara una moción (Rumores.)…

El señor PRESIDENTE: Espere un momento, senador Altava.

Señorías, por favor, guarden silencio o abandonen el
hemiciclo en silencio. (Pausa.)

Puede continuar.

El señor ALTAVA LAVALL: Gracias.

Decía que el Grupo Parlamentario Popular somete al plenario
de la Cámara una moción al objeto de que el Gobierno presente un código
procesal unificado, un proyecto de ley que regule, por una parte, las
competencias de los tribunales sentenciadores y de los jueces de
vigilancia penitenciaria, y, por otra, que establezca el procedimiento
que se debe seguir ante estos. Es una demanda de todos los jueces de
vigilancia penitenciaria y de los profesionales que se dedican a esta
materia.

El artículo 117.3 de la Constitución establece que a los
jueces les corresponde juzgar y hacer ejecutar lo juzgado, y ese hacer
ejecutar lo juzgado, que en el derecho comparado se suele conceder a la
Administración, aquí, en España, se concede al juez para que vigile esa
función de hacer ejecutar, no que ejecute de propio sino que vigile esa
función de que alguien ejecute por él.

La Ley Orgánica 1/1979, General Penitenciaria, reguló una
figura fundamental de nuestro mundo jurisdiccional: la figura del juez de
vigilancia penitenciaria, estableciendo en su artículo 76 todas las
competencias que este debía tener: hacer cumplir la pena, instaurar en
definitiva la resolución de los recursos, salvaguardar derechos y
corregir los abusos y desviaciones en que podía incurrir la
Administración penitenciaria. El artículo 76 de dicha ley orgánica se
convierte en numerus apertus; en todo caso nunca es una lista taxativa,
una lista cerrada, sino que cualquier cuestión que derive del
cumplimiento de la ejecución de la pena privativa de libertad o de
medidas de seguridad corresponderá a estos jueces de vigilancia
penitenciaria, de nueva creación.

La Ley Orgánica del Poder Judicial 6/1985 les otorga
netamente una función jurisdiccional, los crea como órganos
jurisdiccionales dependientes del Poder Judicial. Cuando la Ley Orgánica
General Penitenciaria habla de los jueces de vigilancia penitenciaria
nunca piensa en ellos como un inspector de la Administración
penitenciaria sino como un órgano jurisdiccional, un órgano con potestad
jurisdiccional que ejerce la jurisdicción y que, en todo caso, va a
conocer de los ulteriores recursos en vía jurisdiccional que se puedan
plantear ante las peticiones, recursos o quejas de los internos.

Por acuerdo del Consejo General del Poder Judicial de 9 de
julio de 1981 se crearon las diecisiete primeras plazas de jueces de
vigilancia penitenciaria. Pues bien, desde 1981 hasta 2013, dos siguen
siendo todavía los problemas fundamentales que encuentra esta
especialización del orden penal: por una parte, precisar los ámbitos
resolutivos de los jueces de vigilancia penitenciaria, y por otra,
promulgar normas procesales adecuadas. Como ustedes saben, los jueces de
vigilancia penitenciaria y los jueces penales de ejecución se reúnen con
carácter bianual y establecen unos criterios de actuación muy importantes
para ellos. Y precisamente porque falta ese procedimiento, ese código
procesal único, ellos mismos se dan unos criterios uniformadores de
actuación. Los últimos se acordaron en una preciosa isla, Gran Canaria,
durante los días 25, 26 y 27 de junio de 2012 —me refiero a estos
porque son los últimos aprobados—; y entre otras actuaciones,
realizaron la siguiente afirmación. Por una parte, solicitaban que se
inste al Consejo General del Poder Judicial a fin de que dirija consulta
al Ministerio de Justicia para que se informe a quién corresponde la
vigilancia del penado en la libertad vigilada postpenitenciaria en
relación con las medidas del artículo 106 del Código Penal, que se
refiere a las medidas de la libertad vigilada, acuerdo este que fue
adoptado por unanimidad. Y en segundo lugar, y respecto de las cuestiones
de competencia, que la ley debería regular en qué supuestos, con qué
garantías y qué juez es el competente para autorizar la realización de
pruebas radiológicas a los internos, lo que también fue aprobado por
unanimidad.

Porque muchas son las cuestiones que se presentan en el
quehacer diario de los jueces de vigilancia penitenciaria, señorías, y
los que hemos tenido la fortuna de pasar por ese desempeño jurisdiccional
lo conocemos bien. Me gustaría deslindar, por una parte, la ejecución de
las penas privativas de libertad, y por otra, muchas cuestiones que se
plantean que nada tienen que ver con esa ejecución de penas privativas de
libertad. Por ejemplo, si la comida que necesita un interno en

un centro penitenciario es especial porque está sometido a
un tratamiento de enfermedad, el que sea, eso no es una ejecución
derivada de la pena privativa de libertad. Y alguien tiene que resolver
—eso no está regulado— cuál es el procedimiento que se debe
seguir por la Administración penitenciaria, por el juez de vigilancia
penitenciaria ante una Administración que no le diera el régimen especial
de comidas que se necesita.

Las normas procedimentales aplicables hasta el momento son,
por una parte, el artículo 24.2 de la Constitución, que, como saben,
recoge los principios del proceso debido, principios generales en el
Estado democrático de derecho, por otra parte. Unas prevenciones de la
Presidencia del Tribunal Supremo de 8 de octubre de 1981; por cierto,
urgentes y que tenían vocación de interinidad—. El artículo 526 de
la Ley de Enjuiciamiento Criminal sobre visitas a establecimientos
penitenciarios, que, por cierto también, se refiere solo a presos
preventivos. La disposición transitoria primera de la Ley Orgánica
General Penitenciaria. Y, de una manera muy importante, la disposición
adicional quinta de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que reconoce la
defensa letrada, la legitimación para recurrir solo en favor del
Ministerio Fiscal y muchas otras cuestiones no reguladas, pero solo para
materia de ejecución de penas. Se deja fuera todo aquello que no se
corresponde precisamente con esa ejecución de penas, que es el carácter
que le da la norma. Casi merece la pena hacer un texto refundido con
todas las normas vigentes para tener un código claro, que es lo que de
alguna manera pretendemos.

Es cierto que en el anteproyecto de código procesal penal
que ha presentado el Gobierno los artículos 652 a 703 —cincuenta y
un artículos— recogen muchas cuestiones a las que nos referimos. Se
recogen aspectos procedimentales de los jueces de vigilancia
penitenciaria y está en la línea de lo que seguimos, en esa buena línea
de conseguir en su día un código procesal uniforme. Y es un paso primero,
porque, señorías, los magistrados destinados en el orden jurisdiccional
contencioso-administrativo tienen la Ley de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa, de 13 de julio de 1998. Los jueces que se
dedican a lo laboral tienen su propia ley, la Ley de procedimiento
laboral, de 7 de abril de 1995. ¿Por qué sustraemos a los jueces de
vigilancia penitenciaria, dentro del orden penal y con una especificidad
muy importante, el que tengan su propia ley, cuando hay cantidad de
cuestiones que no están reguladas? Funcionan por la bonhomía de los
jueces de vigilancia penitenciaria, pero no están regulados los plazos
que se deben dedicar. ¿Se debe dar traslado de cualquier petición a la
otra parte? ¿Se debe dar traslado, como ahora pondré de manifiesto, al
ministerio fiscal? ¿Solo a él, o puede haber otras partes a las que se
les debe permitir esa personación?

Muchas cuestiones no están reguladas. En primer lugar,
problemas competenciales entre tribunales sentenciadores, entre los
jueces de vigilancia penitenciaria. Para que todos lo podamos entender: a
partir del momento en que alguien ingresa en un centro penitenciario
depende ya casi exclusivamente del juez de vigilancia penitenciaria. Si
el juez de lo penal o la Audiencia Provincial sentenciadora ordena en una
sentencia un ingreso en prisión, se entra en prisión y, a partir de ahí,
como digo, se depende del juez de vigilancia penitenciaria.

Pero, señorías, en las prisiones también hay muchos presos
preventivos. ¿De quién depende el preso preventivo, aquel que todavía no
ha sido juzgado? Depende hoy del juez de instrucción, tiene también
competencias el juez de instrucción. Si un juez de instrucción necesita
hacer, como hemos puesto de manifiesto, una prueba radiológica, porque
para su procedimiento lo necesita, ¿lo tiene que autorizar al juez de
vigilancia penitenciaria o tiene que ser motu proprio el juez de
vigilancia penitenciaria quien lo realice? Eso no está resuelto. Esa no
es una cuestión de pena privativa de libertad y se tiene que resolver. Se
tienen que resolver esas cuestiones de competencia que una y otra vez
ponen de manifiesto los jueces de vigilancia penitenciaria.

También manifiestan los jueces de vigilancia penitenciaria
que vendría muy bien la creación de una sección especial, dentro de los
tribunales superiores de justicia, de vigilancia penitenciaria.
¿Correspondería crear esas secciones especiales dentro de los tribunales
superiores de justicia? Ya sé que es una cuestión de la Ley Orgánica del
Poder Judicial y de la Ley de Demarcación y Planta, pero algo debería
decir también esta futura norma que propugnamos.

Con respecto al procedimiento a seguir, ha de ser un
procedimiento que recoja los principios de economía, celeridad y
flexibilidad, lo que no se encuentra recogido en la actualidad.

Hay multitud de incidentes que no son de ejecución. ¿Qué
pasa cuando el juez de vigilancia penitenciaria o la Administración
penitenciaria decide no conceder un vis a vis familiar, cuando

decide no conceder un vis a vis íntimo? ¿Contra quién se
debe recurrir? Lo único que hay ahora mismo es la disposición adicional
quinta de la Ley Orgánica del Poder Judicial y, supletoriamente,
subsidiariamente, la Ley de Enjuiciamiento Criminal, con lo cual tenemos
que ir a la Ley de Enjuiciamiento Criminal para saber qué nos dice;
acudir al recurso de reforma, en caso de que la resolución sea judicial,
y, en su caso, a la apelación.

Pero se necesitan conocer otras muchas cuestiones que no
están reguladas. ¿Qué pasa con las sanciones impuestas por el centro
penitenciario, por ejemplo, que se imponga a un penado una sanción de
aislamiento, la más grave que existe? ¿Qué pasa si la Administración
penitenciaria le impone una sanción de aislamiento de tres días, cinco
días, etcétera? Se recurre ante el juez de vigilancia penitenciaria. ¿Es
firme esa decisión del juez de vigilancia penitenciaria o tenemos que
acudir también a la Lecrim para darnos cuenta de que cabe la reforma y
cabe la apelación? Máxime, cuando saben —si ustedes se lo han
leído— que el código procesal penal actual hace desaparecer el
recurso de reforma tal y como lo tenemos considerado. Habrá una
posibilidad de plantear el asunto ante el juez para que lo reconsidere,
pero no como recurso de reforma, sino como reconsideración para que eleve
los autos al recurso de apelación en la instancia superior. La
legitimación para recurrir —a mí esto me parece muy
importante— hoy día la tiene solo el ministerio fiscal. ¿Tiene que
haber abogado? ¿Tiene que haber procurador? Porque en el proceso penal sí
que se exige. En el proceso de vigilancia penitenciaria —si podemos
llamarlo así— no se exige que exista un letrado. En fin, hay
cuestiones muy complejas, en las que la misma petición realizada por el
interno no basta porque carece de fundamentación jurídica. Entiendes la
petición, y a veces no se entiende bien. Se necesita en muchos casos
letrado, y la Ley de Asistencia Jurídica del año 1996 también debería
decir algo; en todo caso, que los internos que tengan insuficiencia de
recursos para litigar estén sometidos a la Ley de Asistencia Jurídica
Gratuita. Eso hace falta que lo diga un norma, y hasta ahora no la
tenemos.

¿Habría que dar legitimación a los familiares de los
internos? Señorías, creo que sí, porque cuando privas a alguien de un vis
a vis familiar se ve perjudicado tanto el interno como el familiar, que
no puede estar con aquel. ¿Por qué no se permite esa legitimación al
familiar? (El señor vicepresidente, Lucas Giménez, ocupa la Presidencia.)
¿Por qué no se permite también una legitimación a la víctima? A lo mejor
algo tiene que decir también la víctima: si está de acuerdo o no en que
se le conceda un permiso de salida, o en que se le conceda un determinado
beneficio penitenciario. Todo eso, señorías, que no es propio de la
ejecución de las penas privativas de libertad, se tiene que recoger, no
está regulado. Funciona, porque todo el mundo que trabaja en vigilancia
penitenciaria funciona bien y sabe como tiene que funcionar. Pero repito
que eso no está regulado.

¿Cómo se deben realizar las notificaciones? ¿Al procurador,
si no hay procurador? ¿A quién tiene que ir dirigida cualquier petición
que realiza el interno? Va al centro penitenciario, y de ahí se remite al
juez. ¿Es suficiente? A lo mejor no es suficiente, a lo mejor se necesita
que se formalice de alguna manera a través de un procurador o a través de
un notificador concreto del centro penitenciario.

¿Deben ser hábiles todos los días y todos los años en
vigilancia penitenciaria? No está resuelto. La Ley Orgánica del Poder
Judicial, que es la que habla de habilidad de los días y años, no dice
nada al respecto.

La libertad condicional ¿se debe conceder a todo el mundo?
¿Y su revocación? ¿Y qué pasa con la libertad condicional agravada, de
ancianos y enfermos? ¿Qué pasa con ella? ¿Tiene que ser la misma? ¿Se
debe conceder con los mismos requisitos que la anterior? ¿Y los abonos de
prisión preventiva en los recursos, peticiones y quejas? ¿Cabe el
planteamiento de los recursos de reforma, de apelación y, en todo caso,
de casación para la unificación de la doctrina? Esos recursos, ¿caben con
un efecto o en dos efectos? ¿Cabrá solo el efecto devolutivo o también el
suspensivo en dos efectos? Eso no está resuelto. Claro que de momento nos
acogemos a la Lecrim, porque subsidiariamente se aplica la Ley de
Enjuiciamiento Criminal ya que no se dice nada en la disposición
adicional quinta de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

Todo eso, señorías, se debe recoger en la ley orgánica de
vigilancia penitenciaria que propugnamos, máxime en determinados centros,
como ustedes conocen, donde el interno padece grave trastornos psíquicos
y no está en condiciones de realizar una petición o una queja o una
formulación, a lo mejor teniendo todo el derecho; pero no es capaz de
manifestarse porque no

puede hacerlo. Esa persona necesita estar asistida por un
abogado, por un procurador, por alguien que le verbalice su necesidad. De
eso la ley no dice nada. ¿Funciona? Funciona, porque la Administración
penitenciaria actúa bien, pasa la información, y le llega al juez.

Lo único que les pido, señorías, es que seamos sensibles a
esta actuación, que delimitemos las competencias de los jueces de
vigilancia penitenciaria, que regulemos el procedimiento, porque les
aseguro que hace falta y el mundo judicial lo agradecerá, máxime todos
los jueces de vigilancia penitenciaria que se dedican a ello.

Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos.)

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Muchas gracias,
señorías.

Turno en contra.

Para turno en contra, tiene la palabra el senador señor
Díaz Tejera.

El señor DÍAZ TEJERA: Con la venia, señor presidente.
Buenos días.

Si todo es así, señor Altava, como usted lo ha descrito,
¿cómo es posible que no haya sentencias del Tribunal Constitucional que
digan que se están vulnerando los derechos fundamentales de los internos
en los centros penitenciarios de toda España? Mientras usted hacía esas
preguntas yo iba respondiendo algunas de ellas; otras, no, pero sí
algunas. Yo sé que usted sabe las respuestas a las preguntas que ha hecho
porque ha sido juez de vigilancia penitenciaria. Luego, si usted sabe las
respuestas a las preguntas que ha hecho, y si no hay sentencias que digan
que se vulneran los derechos fundamentales —el 24.2 de la
Constitución— en los centros penitenciarios, ¿qué es lo que pasa?
Porque durante treinta y dos años… —veo que me dice que son
treinta y cuatro; no me importa corregir, yo aprendo de todos los seres
humanos; había calculado desde el año 1979; admito el error y
aprendo—. Porque durante treinta y cuatro años se ha funcionado con
el conjunto normativo que usted ha citado. La primera ley que hicieron
las Cortes democráticas fue esta: la Ley Orgánica General Penitenciaria,
una de las leyes más progresistas del mundo, seguramente porque la
hicieron personas que estuvieron en las cárceles de la dictadura porque
lucharon por las libertades. Es una ley progresista, una ley muy
sensible, una ley garantista, que es la que nos ha estado rigiendo hasta
el momento. Es verdad que se ha dictado luego un reglamento. Es verdad la
disposición adicional quinta de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Es
verdad la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Son verdad los criterios
establecidos por el Supremo y los propios criterios establecidos por los
jueces de vigilancia. Todo eso es un subconjunto del ordenamiento
jurídico-penal en el que las preguntas que usted hace tienen respuesta.
Usted pregunta: ¿qué pasa en el ámbito de la vigilancia penitenciaria?
¿Son días hábiles o naturales? Sabe usted que la respuesta es que son
días naturales, porque en el ámbito de la jurisdicción penal rige el
criterio de los días naturales. Eso es lo que rige. Usted sabe que todos
los autos que dictan los jueces de vigilancia son recurribles. Hasta
ahora, en esos treinta y cuatro años hemos estado funcionado así, con ese
subconjunto normativo, y no ha habido una sentencia del Constitucional
que haya dicho que se vulneren derechos elementales. Es más, he leído
todas las enmiendas —de la 55 a la 73— que presentó en el año
1997 el Grupo Parlamentario Popular al proyecto que envió el Gobierno del
Partido Popular a las Cámaras. Y al leer esas enmiendas —se lo he
comentado antes— he visto que todas eran enmiendas de estilo, que
ninguna era sustantiva, con lo cual había una coincidencia entre el
proyecto que mandó el Gobierno y el propio grupo parlamentario. Sin
embargo, desde el año 1997 a 2000 decayó. ¿Por qué? Porque, como se dice
en términos castizos, virgencita, virgencita, que me quede como estoy. Si
algo está funcionando bien con un procedimiento —uso las palabras
exactas que se usaron en la reunión del año 1994— breve, flexible y
garantizador —lo repito: breve, flexible y garantizador—, si
algo está funcionado así, ¿por qué tocarlo? Y añado algo más, que ya no
es una creación de todos los jueces de vigilancia sino una creación
doctrinal, que es la expresión: absoluta libertad de trámites. Se
pregunta al ministerio fiscal, que representa la legalidad en toda
España, se pregunta al penado, y en el mismo día se dicta un auto, que no
tiene que ser de cincuenta páginas, dos meses más tarde, para el propio
ego del que lo escribe —un producto artesanal elaborado—,
sino que el mismo día, con una o dos hojas se dicta el auto, que es
recurrible. Por lo tanto, así se está funcionando, y en general los que
están ahí no quieren cambiar este procedimiento. Y vamos a precisar un
poquito el concepto. El concepto de procedimiento es un cauce —en
términos canarios,

una acequia; para usted, un cauce— donde hay una
secuencia ordenada de trámites que conducen a un fin, a un objetivo.

En la actualidad, en treinta y cuatro años, aquí, en este
ámbito de la vida de los españoles ¿ha habido ese procedimiento? Mi
respuesta es sí; sí ha habido ese procedimiento. ¿Qué ocurre? Que lo
propio en todo ámbito, sobre todo entre los juristas de formación digamos
continental —no entre los juristas de formación anglosajona, que se
basan menos en el sistema normativo y más en el precedente de cómo se ha
resuelto ese caso en otros supuestos—, lo propio, digo, de juristas
con una formación del sistema jurídico continental es que, si es uno
solo, por supuesto tiene muchas consultas; si son dos, imagínense las
consultas que hace; y si son cuarenta u ochenta, entonces la virguería de
bucles jurídicos es inmensa. Pero lo propio es que sea una especie de vis
expansiva, lo que usted planteaba antes; la expresión misma que usted
utilizaba me parece muy clara. Si todos los órdenes jurisdiccionales
tienen ese procedimiento en una ley, nosotros ¿por qué no? Yo eso lo
entiendo; es decir, a usted le parece que ese ámbito concreto tiene
suficiente entidad como para que merezca una ley orgánica que tenga ese
procedimiento. Y lo que yo trato de decirle son dos cosas. Primero, que
si está funcionando bien, no lo toque. Y, segundo, que ese procedimiento,
que esa manera de hacer las cosas ya es un procedimiento. No es necesario
que nos planteemos otra ley en la que pongamos lo que ahora se ha
conquistado o, según el andar de la perrita de este Ministerio de
Justicia, se haga otra cosa. Porque, claro, si usted me dijera: no, en
los proyectos básicos solo se busca el consenso; en los proyectos de más
contenido se trata de dialogar. Pero hay una confusión. Alguien que ha
sido alcalde y pasa por un lugar y ve que hay algo, ordena que se
arregle; si ha sido presidente y ve algo, también, pero, claro, en el
ámbito de la justicia no se puede hacer eso. Hay una confusión a la hora
de decidir, porque los jueces, los secretarios, los procuradores, los
abogados, los funcionarios en general, no funcionan así. Son ámbitos
distintos, todas no son exactamente personas sometidas a un principio de
jerarquía. Entonces, cuando se dice: así, y la gente que está en el lugar
tiene otro criterio, pasa lo que ha pasado. Si, por el contrario, en
lugar de esa concepción errónea se hubiese tenido otro concepto, como:
vamos a dialogar los asuntos básicos porque no son asuntos especialmente
ideológicos sino asuntos más de cómo hacer las cosas, más del cómo que
del qué, entonces yo le diría: mire, el andar de la perrita me inspira
confianza. Pero lo que usted plantea no es que llevemos a un
procedimiento lo que ya existe, que es breve, flexible y garantizador; lo
que está diciendo es: hagamos un procedimiento. Y mi pregunta es: ¿cuál?,
¿cómo?, ¿a qué le llama usted procedimiento? Ahí esta la duda. Si fuera
algo concreto, póngalo todo en un sitio, pero no es eso lo que contiene
la moción. Perdóneme, don Manuel, pero lo que contiene la moción no es
eso; lo que pretende es que se elabore una ley orgánica y un
procedimiento, porque si lo tienen otros órdenes jurisdiccionales, como
usted dijo antes, el laboral, el penal, etcétera, ¿por qué nosotros no?
Mi respuesta es: porque no existe un nosotros. Es lo que trato de
decirle. Porque el orden jurisdiccional que se aplica a la vigilancia
penitenciaria es el orden jurisdiccional penal, y por eso se aplican los
artículos 526 y otros de la propia Ley de Enjuiciamiento Criminal. No es
otro orden distinto, es el orden jurisdiccional penal. No tiene entidad
ni identidad de un orden jurisdiccional distinto, sino que es el juez de
la ejecución de las penas.

Todas las sentencias del Constitucional, cuando hablan de
los jueces de vigilancia penitenciaria, siempre dicen que son una pieza
básica del sistema. No minusvalora la función del juez de vigilancia, la
valora muchísimo. Es el juez de la ejecución de las penas, es el juez
garantista. Yo he visto las expresiones que usted ha utilizado en la
moción. He visto también la exposición de motivos del texto del año 1977.
Es verdad, no es un censor, no es un inspector de servicios, es un juez
que tiene plenas facultades para el desarrollo de sus tareas, pero le
reitero que es parte del orden jurisdiccional penal. Y le digo más, en la
actualidad nadie plantea que tenga que haber una sesión especial del
tribunal superior, porque en la práctica real lo están haciendo las
audiencias; incluso las salas de lo civil y de lo penal en los tribunales
superiores donde no hay derecho foral, como usted sabe, son destinos
balneario. Donde hay derecho foral, hay trabajo en el derecho civil, pero
donde no hay derecho foral, las salas de lo civil y de lo penal son un
destino balneario.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Señoría, por
favor, vaya finalizando.

El señor DÍAZ TEJERA: Acabo ya, señor presidente.

Es un balneario, por eso el razonamiento de fondo es que no
hace falta, porque hay un procedimiento breve, flexible y garantizador. Y
don Manuel, las cosas que funcionan bien, mejor no tocarlas. Esta es una
expresión del compañero Juan Alberto Belloch, no es mía, porque en la
reunión de todos los portavoces del Grupo Parlamentario Socialista,
cuando yo estaba explicando ampliamente el asunto, le pregunté: Juan
Alberto, según tu experiencia, ¿cuál es tu opinión? Su expresión fue: Si
hay algo que está funcionando bien, mejor no tocarlo. En una frase
resumió un discurso mío larguísimo. Yo cojo su idea. Si algo está
funcionando bien, don Manuel, y ahí se está haciendo una magnífica labor,
mejor no tocarlo, por aquello de virgencita, virgencita, que me quede
como estoy.

Gracias, presidente. (Aplausos.)

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, senador
Díaz Tejera.

Turno de portavoces.

¿Grupo Parlamentario Mixto? (Denegaciones.)

Por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado, tiene la
palabra el senador Bildarratz.

El señor BILDARRATZ SORRON: Bai, egun on, mahaiburu
jauna.

Eskertzekoa da gure laguna eta batzordekidea den Altava
jaunak justiziari dagokion gai bat gaur hona ekartzea. Azkenean, guztiok
hemen bertan gauden guztiok dakigun moduan, Espainian justiziak duen
egoera agian ez da guztiok nahi genukeena, eta horren baitan erabakiak
hartu beharrean gaude.

Baina behin hori esan eta gero, momentu honetan eztabaidara
jartzen zaigun mozioa ez da guk esperoko genukeena edo lehenago aipatu
dudan helburuaren baitan gure ustetan lehenetsiko genukeena. Zergatik?
Momentu honetan, eta orain dela gutxi bilera bat izan genuen Justizia
Ministeritzarekin, bai Senatu eta bai Kongresuko justizia batzordeko
bozeramaileek. Horren baitan aipatu zen gutxi gorabehera zein diren
momentu honetan Ministeritzak dituen kezkak eta horren baitan, eta
lehenago Altava jaunak aipatu duen bezala, Zigor Kode Prozesala edo,
itzultzaileentzat, «Código Procesal Penal», Zigor Kode Prozesalaren
inguruan lehen testuak kaleratzen eta eztabaidan jartzen hasiak dira.
Baita ere, Altava jaunak bere esposizioan edo bere agerraldian komentatu
du orain arte nolabait Espainiako egoeran edo ordenamenduan bai egon dela
nolabaiteko praxi txar bat eta praxi txar hori izan da nolabaiteko
erreforma partzialak edo behin-behineko erreformak izan direla nagusitu
direnak. Edo, euskaraz edo erdarazko hizkuntza arruntean «partxeak»
jarrita funtzionatzen ibili garela. Eta aldi berean, mozioan bertan
aurkezten dena, izango litzateke bere zazpigarren paragrafoan orain arte
egon den ordenamenduan faltako litzatekeela nolabaiteko ordenamendu
prozesal osoaren globalizazio edo taldekatzea edo testu batean adieraztea
guzti hori.

Beraz, ez zaigu alde batetik momentu egokia iruditzen hori
gauzatu ahal izateko edo mozio hau aurrera atera ahal izateko. Baita ere
aldi berean ikusi beharra dagoelako oso eztabaida, ikusi den bezala, oso
eztabaida teknikoa dela, eta iruditzen zaigu lege baten eztabaidaren
baitan errazago, interesanteago eta sakonago izango dela gure
erreflexioa. Eta horrekin lotu nahi dut nire bigarren erreflexioa: ez
dela bakezko eztabaida bat, alegia, gai honekin ikusi den bezala,
eztabaida bat dago; alde batetik egon daiteke Altava jaunaren iritzia,
eta lehen aipatu dugun bezala bera izanik Espetxe Zaintzako epailea, bada
bere ikuspegia, eta guztiz ulergarria izan daiteke, baina bere ikuspegia
dauka, baina gero baita ere badago beste ikuspegi bat nolabait esaten
duena orain arte funtzionatu baldin badu, bada funtzionatu dezala, nahiz
ulertu gabeziak ere ikusten direla. Orduan kuestioa da gabezia horiek
ikusten baldin badira nola hobetu daitezkeen justizia atzeratu gabe,
kaltetu gabe eta guztiok onuradun atera gaitezen. Baina gure iritziz
onuradun atera ahal izateko, hori izango litzateke momentu honetan
aztertzen ari garen Zigor Kode Prozesalaren barruan kontenplatu beharreko
elementu bat.

Horregatik, ezezkoa bozkatu dugu, nahiz esan ados egon
gintezke erreflexioarekin. Iruditzen zaigu kronologikoki ez dela momentu
egokiena; ulertzen dugu eztabaida bat eman behar dela baina ez da ez
momentua eta gainera nik uste dut eta ulertu behar da, konplexua dela,
oso konplexua dela, eta bere konplexutasun osoarekin, bere momentua
bilatu behar zaiola eztabaidarako.

Eskerrik asko.

Buenos días, señor presidente.

Es de agradecer que nuestro compañero de comisión, el señor
Altava, haya sacado a colación un asunto vinculado a la justicia, pues,
al fin y al cabo, todos los que estamos aquí sabemos que en España la
justicia no está en la situación que nosotros quisiéramos y, por ello,
tenemos que tomar algunas decisiones.

Dicho esto, en este momento se nos trae esta moción a
debate, y no es la moción que esperábamos o, teniendo en cuenta ese
objetivo del que les hablaba, no es la que deberíamos estar discutiendo.
¿Por qué? Porque hace poco tiempo en una reunión del Ministerio de
Justicia con miembros y portavoces de las comisiones de Justicia, tanto
del Congreso como del Senado, se habló a grandes rasgos de las
preocupaciones de dicho ministerio. Y, como nos decía el señor Altava,
respecto al código procesal penal hay algunos aspectos que ya se están
discutiendo actualmente. También el señor Altava en su exposición nos ha
comentado que hasta ahora en el ordenamiento jurídico español ha habido
una praxis equivocada, una praxis incorrecta. Esa praxis se ha dado por
una serie de reformas puntuales, concretamente jurisdiccionales, que
podrían calificarse como parches. Al mismo tiempo, en el párrafo séptimo
de la moción se pone de manifiesto que falta una especie de globalización
en el ordenamiento actual, algo que debería reflejarse en el texto.

Por lo tanto, no nos parece el momento adecuado para
materializar o sacar adelante esta moción. Al mismo tiempo, tenemos que
tener en cuenta que es un debate muy técnico y nos parece que sería más
fácil, más profundo y más interesante hacer esa reflexión en el debate de
una ley. Y quiero vincular esto con mi segunda reflexión. No se trata de
un debate corriente. Por una parte, tenemos la opinión del señor Altava,
que, como nos decía antes, ha sido juez de vigilancia penitenciaria, por
lo que tiene un punto de vista muy concreto, pero hay otros puntos de
vista posibles, por ejemplo, que como hasta ahora se ha funcionado así,
vamos a seguir igual, aunque tengamos en cuenta que tenemos una serie de
déficits. Porque si somos conscientes de que existen esos déficits,
tendremos que ver cómo funcionar sin retrasar la justicia, sin causar
perjuicios, para que todos nos beneficiemos, y para ello, desde nuestro
punto de vista, no deberíamos analizar esto de lo que estamos hablando
ahora mismo.

Por ello, vamos a votar en contra. Aunque estamos de
acuerdo con algunos puntos de esta reflexión, nos parece que
cronológicamente no estamos en el momento adecuado. Creemos que debemos
tener un debate, pero no es el momento. Nos parece un tema muy complejo,
por lo que, dentro de esa complejidad tenemos que encontrar el momento
adecuado para dicho debate.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Muchas gracias,
senador Bildarratz.

Por el Grupo Parlamentario de la Entesa, tiene la palabra
el senador Saura.

El señor SAURA LAPORTA: Gràcies, senyor president.

Evidentment compartim el contingut de fons de la moció, és
a dir, que pensem que és necessari regular el procediment i delimitar les
competències dels jutges de vigilància penitenciària en relació amb els
tribunals sentenciadors. Tanmateix, em va causar sorpresa veure aquesta
moció perquè, com ha dit ja el portaveu del Partit Nacionalista Basc fa
escassament quinze dies, el propi ministre de Justícia ens va fer entrega
del codi processal penal que contempla en diversos articles, als articles
636, 648, 674, 676, una part de les argumentacions que el senyor Altava
feia. Per tant, ens trobem davant d’una proposta del ministeri de
què això es contempli en el si del codi processal penal i,
paral·lelament, amb una proposta del Partit Popular, que ens proposa una
llei específica per fer això. No sé si és un problema de descoordinació o
de contradicció. Des d’aquest punt de vista, nosaltres pensem que,
independentment, de que les coses hagin funcionat raonablement bé, poden
funcionar millor i, per tant, ens agradaria molt que en debat del codi
processal penal es milloressin i es donessin respostes a insuficiències
que el propis jutges de vigilància penitenciària, amb un document força
extens de 150 o 200 pàgines, plantegen solucions a problemes que
tenen.

Per tant, estem d’acord amb la necessitat que es
millori, es delimitin les competències i es reguli el procediment,
d’acord amb això. A més a més, cal tenir en compte que la moció no
diu quina és l’orientació, tot i que el senyor Altava en la seva
intervenció oral sí que ha dit amb quina orientació. Finalment, no té cap
sentit encarregar al govern que presenti un projecte de llei a les Corts
si ja el mateix ministeri de Justícia té un document de codi processal
penal on contempla

aquests aspectes. Per tant, creiem que no té sentit la
moció i, des d’aquest punt de vista, tot i compartir el fons de la
qüestió, votaríem en contra de la moció que planteja el Grup Popular.

Gràcies, senyor president.

Gracias, señor presidente.

Compartimos el contenido de fondo de la moción, es decir,
pensamos que es necesario regular el procedimiento y delimitar las
competencias de los jueces de vigilancia penitenciaria en relación con
los tribunales sentenciadores. Sin embargo, me sorprendió ver esta
moción, porque, como ya ha apuntado el portavoz del Grupo Parlamentario
Vasco, hace escasamente quince días el propio ministro de Justicia nos
entregó el código procesal penal que contempla en los artículos 636, 648,
674 y 676, una parte de los argumentos que apuntaba el señor Altava. Es
decir, nos encontramos frente a una propuesta del ministerio para que
esto se contemple en el seno del código penal procesal y, al mismo
tiempo, con una iniciativa del Partido Popular que nos propone una ley
específica para hacer esto. No sé si aquí hay una descoordinación o una
contradicción, pero, nosotros pensamos que, independientemente de que las
cosas hayan funcionado razonablemente bien, pueden funcionar mejor. Así
pues, nos gustaría mucho que en este debate del código procesal penal se
diera respuesta a problemas que los propios jueces plantean en un
documento extenso de 150 o 200 páginas.

Por tanto, estoy de acuerdo con la necesidad de que se
mejoren las competencias y se regule el procedimiento. Además, hay que
tener en cuenta que la moción no apunta nada sobre la orientación, aunque
el señor Altava sí la haya mencionado. Y, por último, no tiene sentido
pedir al Gobierno que presente una propuesta de ley a las Cortes si el
Ministerio de Justicia tiene un documento del código judicial penal en el
que ya se contemplan estos aspectos. Por ello, creemos que la moción no
tiene sentido y, aun compartiendo su fondo, vamos a votar en contra de la
moción que plantea el Grupo Parlamentario Popular.

Gracias, señor presidente.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, senador
Saura.

Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado
Convergència i Unió, tiene la palabra la senadora Parera.

La señora PARERA ESCRICHS: Muchas gracias, señor
presidente. Moltes gràcies, senyor president.

A nosaltres ens sorprèn una mica que el grup que dóna
suport al Govern hagi d’instar al Govern a fer res mitjançant una
moció, però en aquest cas nosaltres serem una mica l’opinió
contrària a la resta dels companys i donem la benvinguda a aquesta
moció.

Des del nostre punt de vista, resulta evident que la
legislació processal vigent en matèria penal necessita una profunda
avaluació per tal d’eliminar disfuncions en matèria de competències
i, en aquest cas concret, crear les atribucions correctes que, entenem,
en el moment actual no hi són, la qual cosa genera moltíssima confusió i
fins i tot pot generar indefensió a moltes persones.

Entenem que s’ha d’aprovar una nova Llei
d’enjudiciament criminal i nosaltres anem molt més enllà. No és
veritat que tinguem un esborrany del codi processal penal. Hem vist que
en el programa de reformes del Govern per a l’any 2013 ja hi ha
prevista una nova Llei d’enjudiciament criminal que nosaltres
aplaudim. Entenem que aquí seria potser també el lloc on visualitzar
aquests canvis perquè crec que hem d’anar molt més enllà i
modernitzar i, sobretot, agilitzar els tràmits processals en
l’àmbit penal, que és una matèria que afecta a drets fonamentals i,
per tant, no és pot retardar en el temps de forma innecessària.

Actualment, el nostre criteri és que existeixen massa
discordances en el moment processal en l’execució de les sentències
ja que la legislació actualment no és molt clara al respecte. Per tant,
amb tota aquesta argumentació, nosaltres votarem a favor d’aquesta
moció també perquè la moció no és molt extensa ni molt concreta quant a
la manera amb què s’ha de fer ni les mesures que es proposen. Per
això, perquè és molt general, crec que d’entrada hem de donar el
nostre suport a l’espera de veure què es presenta en el futur en el
Congrés i en aquesta Cambra i, aleshores, avaluar el contingut del que
proposi el govern i decidir si es dóna suport o no, si es fan aportacions
o no, etc.

El que sí faria és un prec, al govern, i al Grup
Parlamentari: en els setze mesos de govern, en matèria de justícia, jo
crec que l’avaluació general és que el govern no ha estat capaç
d’arribar a consensos en matèria de justícia, ni amb la resta de
grups parlamentaris, ni amb els agents implicats, ni amb advocats, ni amb
les Comunitats Autònomes que tenen competències delegades en la matèria,
ni amb el poder judicial, ni amb el Ministeri Fiscal, etc. És evident que
hi ha un malestar en l’àmbit de la justícia en aquest sentit, i
vull demanar que és molt important no només parlar amb els grups
parlamentaris, sinó sobretot parlar amb els advocats, que són els que
estan seguint el dia a dia dels presos, que són els que estan seguint la
problemàtica del dia a dia que s’està vivint en aquesta
matèria.

Un cop fet aquest prec, vull demanar que legislin aquest
punt amb el màxim consens possible i reitero el meu suport a
l’espera de veure quin és el text que finalment presenten.

Moltes gràcies.

Muchas gracias, señor presidente.

A nosotros nos sorprende un tanto que el grupo que apoya al
Gobierno deba instarle a hacer lo que sea mediante una moción, pero en
este caso vamos a adoptar la opinión contraria a los demás compañeros y
vamos a dar la bienvenida a esta moción.

Desde nuestro punto de vista, es evidente que la
legislación existente en materia penal requiere de una profunda
evaluación para eliminar disfunciones en lo que se refiere a competencias
y, en este caso concreto, crear las atribuciones correctas, que no
existen en el momento actual y generan mucha confusión e incluso
indefensión a muchas personas.

Entendemos que debe aprobarse una nueva Ley de
Enjuiciamiento Criminal. No es cierto que tengamos un borrador. Hemos
visto que en el programa de reformas del Gobierno para el año 2013 está
prevista una nueva ley de enjuiciamiento criminal, algo que nosotros
aplaudimos. De hecho, nos parece que este sería el lugar para visualizar
estos cambios. Creo que tenemos que ir mucho más allá, modernizar y,
sobre todo, agilizar los trámites procesales en el ámbito penal, porque
es una materia que afecta a derechos fundamentales y, por lo tanto, no se
puede retrasar en el tiempo de forma innecesaria.

En la actualidad nuestro criterio es que existen demasiadas
discordancias en el momento procesal en la ejecución de las sentencias,
ya que la legislación actual no es muy clara al respecto. Por lo tanto,
conforme a toda esta argumentación, nosotros vamos a votar a favor de
esta moción. Y también lo hacemos porque consideramos que la moción no es
muy concreta a la hora de plantear medidas, es muy general, así que de
entrada debemos darle nuestro apoyo. No obstante, quedamos a la espera de
ver qué se presenta en el futuro en el Congreso y en esta Cámara; será en
ese momento cuando podremos evaluar el contenido de lo que propone el
Gobierno y cuando decidamos si lo apoyamos o no y si realizamos
aportaciones o no.

Pero sí me gustaría pedir algo al Gobierno y al grupo
parlamentario que lo sustenta. Tras dieciséis meses de Gobierno, la
evaluación general en materia de justicia es que el Gobierno no ha sido
capaz de llegar a consensos en materia de justicia, ni con los otros
grupos parlamentarios, ni con los agentes sociales implicados, ni con los
abogados, ni con las comunidades autónomas que tienen competencias
delegadas en la materia, ni con el Poder Judicial, ni con el Ministerio
Fiscal, etcétera. Es evidente que existe un malestar en el ámbito de la
justicia en este sentido. Por eso me gustaría pedirles diálogo, y no solo
con los grupos parlamentarios, sino también con los abogados, que son los
que siguen el día a día de los presos y conocen la problemática que día a
día se vive en relación con esta materia.

Una vez realizada esta petición, les pido que legislen este
punto con el mayor consenso posible. Reitero mi apoyo y quedo a la espera
de ver el texto final que van a presentar.

Gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, senadora
Parera.

Por el Grupo Parlamentario Socialista y en turno de
portavoces, tiene la palabra el senador Díaz Tejera.

El señor DÍAZ TEJERA: Muchas gracias, señor presidente.

La disyuntiva aquí está en si todo ha de tener una ley
orgánica específica. A mí me parece que la respuesta de un jurista
pragmático, no un jurista obsesivo con el sistema normativo para que

todo tenga que tener una ley orgánica —por aquello de
aprender también de otros sistemas jurídicos, que algo, digo yo, nos
podrán enseñar, sobre todo en el caso del Reino Unido, que no ha tenido
experiencia alguna de convivencia con el fascismo ni aceptación del
fascismo de ninguna naturaleza, por eso cito este país—, sería la
de un conjunto de textos básicos, un conjunto de principios básicos y
luego confiar en cómo se interpretan y se aplican esos textos y
principios básicos a la cambiante realidad de la humana condición
viviendo en sociedad. Si esa humana condición es cambiante, si la
convivencia en sociedad es cambiante, es imposible preverlo todo en tipos
abstractos y constreñidos, de ahí que me parezca inteligente esa manera
flexible de ir adecuándolo: cómo se ha interpretado antes este supuesto
cuando un juez se ha visto en esta situación.

Francamente, si en el ámbito administrativo —porque a
veces la duda en los asuntos administrativos está entre la Ley 30/1992,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, de 26 de noviembre, y la Ley de Enjuiciamiento
Criminal— a mí me preguntaran si prefiero un procedimiento breve,
flexible y garantizador con libertad de trámites, contestaría que por
supuesto. ¿Qué necesidad hay de que todo se tenga que ritualizar, que se
tenga que sentar esta parte y después se dé traslado al otro y al otro,
etcétera, y que las cosas se resuelvan dos meses más tarde con un auto de
cincuenta páginas en el que todos digamos: Oh, cuánto bucle, cuánto rizar
el rizo para vanidad del propio escribiente, que le hado mucho al corta y
pega?

Si a mí me preguntan qué prefiere usted, yo contesto: ¿Qué
cree usted que es mejor para garantizar los derechos del preso? Yo no
tengo experiencia como juez de vigilancia. He puesto muchas sentencias
mandando gente a la cárcel y luego visitaba el centro penitenciario para
ver cómo estaban aquellos que había metido en la cárcel. Sí conozco
centros penitenciarios como preso por haberlo sido durante la dictadura
franquista, y cómo se mide el tiempo cuando estás preso es muy distinto a
cómo se mide el tiempo cuando no lo estás, porque el que te den una
respuesta en el día es muy relevante cuando vas a cambiar de grado, o
para una licencia o un licenciamiento, o para una libertad; es muy
distinto a que te den la razón dos meses más tarde en un texto
magníficamente elaborado. (El señor presidente ocupa la Presidencia.)
Habría que preguntar a los miles y miles de internos que están en las
cárceles españolas que, por cierto, son de las que están más asignadas de
toda Europa, están en el primer lugar —y ahora no voy a debatir el
asunto sustantivo de la situación de las cárceles españolas ni los
informes que se han elaborado al respecto, y no por la Unión
Europea—. Por cierto, quiero decir que ayer en el debate se cometió
un error al decir que el Comité para la prevención de la tortura tiene
que ver con la Unión Europea, porque no es verdad; el Comité para la
prevención de la tortura es un órgano del Consejo de Europa y el Consejo
de Europa es una organización de cuarenta y siete países que trabajan en
torno a democracias parlamentarias, derechos humanos y Estados de
derecho, mientras que la Unión Europea es una criatura que nació por el
trabajo del Consejo de Europa, solo la integran veintisiete y es una
unión de integración, no es una unión de colaboración: derecho propio,
moneda, etcétera.

Pues bien, yo no estoy hablando en términos sustantivos del
sistema penitenciario ni sobre lo que planteaba en su intervención ahora
doña Eva Parera —la posibilidad de evaluar algunos centros
penitenciarios, por ejemplo la Modelo de Barcelona, o la situación de los
incomunicados o algunas experiencias de tortura que se han dado en algún
lugar incluso con condenas—, yo no estoy hablando de eso, no estoy
hablando en términos sustantivos, estoy hablando solamente en términos
procedimentales, en términos de forma. Entonces la pregunta es: ¿En el
mismo día y en una hoja para tomar una decisión y poder recurrir, o dos
meses más tarde y que te den la razón? Yo creo que en general los
internos y los presos, las propias familias, los profesionales que
trabajan en este ámbito prefieren que sea el mismo día. En definitiva,
breve, flexible y garantizador.

Don Manuel, si usted en la ponencia hubiese dicho que se
hiciera un texto donde se recogiera lo que ahora están haciendo —y
usted antes me corrigió, no son treinta dos, son treinta y cuatro
años—, lo que han estado haciendo durante treinta y cuatro años no
solo los jueces de vigilancia penitenciaria en primera instancia, sino
también los que confirman o revocan en segunda instancia, si eso que han
construido entre todos y que ha funcionado bien treinta y cuatro años
usted me lo hubiera puesto en un único papelito con la disposición
adicional quinta, etcétera, si usted eso lo hubiera puesto en la moción,
yo habría dicho: Aquí no hay un cheque en

blanco, aquí se trata de poner en un texto lo que ya se ha
conquistado. Pero lo que ustedes plantean no es eso. Ustedes plantean que
se inste al Gobierno a presentar en las Cortes Generales un proyecto de
ley que regule el procedimiento ante los juzgados de vigilancia
penitenciaria. Respuesta: desde el artículo 652 al 703 ya está. Eso ya
está en el borrador del nuevo código procesal penal. Le digo más, en el
anterior borrador de código procesal penal del anterior Gobierno también
estaba. Entonces, si estaba en el anterior borrador —que
decayó—, si está en este, ¿qué tiene de nuevo esto? ¿Por qué razón
se plantea que algo no esté en el código, y sacar un texto distinto? ¿Por
qué?

Entiendo lo de la presión expansiva. Si otros órdenes
tienen su ley, los que trabajan ahí también quieren la suya. Pero es que
ya la tienen, que es la propia Ley de Enjuiciamiento Criminal. Y, sobre
todo, el procedimiento que tienen en la actualidad lo han ido aquilatando
durante tres décadas y cuatro años y nadie cuestiona este procedimiento:
breve, flexible, garantizador y con libertad de trámites.

Si eso, en general, es algo positivo, no entiendo por qué
razón con ese código procesal penal, ya entregado a todos los grupos
parlamentarios, se plantea esto como algo ex novo, porque el propio
ministro ya ha indicado que prefiere la opción del código procesal penal.
Y usted sabe que le he indicado que he tenido la prudencia de llamar al
ministerio para preguntar cuál es el criterio que tienen. Y el criterio
es: no tenemos criterio todavía sobre ese asunto. En una situación así,
sinceramente, me parece vacuo plantearnos esto, porque ya está ese
borrador de código procesal penal. Si esto sirve para que hablemos de la
vigilancia penitenciaria, para que alabemos el trabajo de los jueces de
vigilancia penitenciaria, para que suscitemos el debate de la situación
de las cárceles españolas o para que evaluemos los informes que han hecho
algunos organismos europeos, bienvenido sea, no tengo inconveniente en
abordar ese debate; pero como quiera que usted no ha suscitado el debate
sustantivo ni el debate de contenido, sino que se ha planteado
exclusivamente el asunto del procedimiento, no quiero que el presidente
me diga que vaya a la cuestión, porque no hablamos de contenido sino solo
del cómo se hace. Y nuestra respuesta acerca de cómo se ha hecho en estos
treinta y cuatro años es que se ha hecho bien. Y si en treinta y cuatro
años se ha hecho bien, no quiero cambiar lo que está funcionando bien.
¿Por qué razón? Porque, si está funcionando bien, déjemoslo como está,
porque es muy posible que no lo mejoremos, incluso posiblemente lo
podamos empeorar, porque lo que ya es breve, flexible, garantizador y con
libertad absoluta de trámite se puede hacer de forma distinta.

Incluso, le pregunto, de los órdenes jurisdiccionales, cuál
es más breve, más flexible, más garantizador y tiene más libertad de
trámite que el procedimiento que tienen en la actualidad los jueces de
vigilancia penitenciaria. Ninguno. Hablemos del administrativo, hablemos
del laboral también si quiere. Pero si hablamos del laboral, le pido que
no confunda la forma flexible de conversación en el desarrollo de las
vistas laborales con el hecho de que se sienta una parte, se sienta la
otra, traslado a todas las partes y entregas después el escrito. Dígame
un orden procesal donde el penado pueda verbalmente decirle al juez:
mire, señoría… Un lenguaje simple en el que se deduzca la voluntad
impugnatoria, que es suficiente. No hace falta que se llame recurso de
reforma o recurso de apelación o recurso en queja. No, con que un ser
humano diga: Estoy en contra de esto o no me gusta esto, esa expresión
solo en el ámbito administrativo es un recurso administrativo; en el
ámbito de la vigilancia penitenciaria, ya es un recurso, porque se está
deduciendo de las expresiones que utiliza el penado que está en
desacuerdo con algo. Si está en desacuerdo con algo, eso ya es un
recurso, aunque no tenga la forma escrita. Verbalmente, se puede
conversar con el juez y decirle: Esto no me gusta o en esto estoy en
desacuerdo; eso ya es un recurso. Y se hace el auto: una hoja, un solo
día. Y es suficiente, porque el mecanismo sigue y tiene una respuesta
breve, ágil, en tiempo y garantizadora. Me parece suficiente.

El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría.

El señor DÍAZ TEJERA: Termino ya, señor presidente.

Casi me lo plantearía de forma distinta: ya me gustaría que
los otros órdenes jurisdiccionales cogieran el modelo que han construido
los jueces de vigilancia penitenciaria en treinta y cuatro años. Igual,
si eso se hiciera así, otro gallo nos cantaría en algunos órdenes
jurisdiccionales.

Gracias, señor presidente. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Díaz
Tejera.

Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el
senador Altava.

El señor ALTAVA LAVALL: Muchas gracias, señor
presidente.

Quiero agradecer a la senadora Parera, de Convergència i
Unió, el voto favorable de su grupo parlamentario con respecto a esta
moción. Además, creo que ha sido la única senadora que me ha entendido.
Lo que he planteado aquí es abrir el debate, y ahora tendré la
oportunidad de explicarlo.

Supongo que tanto el Grupo Socialista, como el Grupo
Parlamentario Vasco o como la Entesa votarán a favor el día que llegue a
esta Cámara el código procesal penal porque me han dicho que lo que
estamos pretendiendo regular ya está en el código procesal penal. En este
sentido, si están tan encantados con él, espero contar con el voto
favorable de sus respectivos grupos el día que el Grupo Popular lo
presente.

Si no reguláramos nada, no evolucionaríamos nada. La Ley de
Enjuiciamiento Civil es una gran ley, de 1881, y hasta el año 2000 no
hemos tenido otra, pero ¿por qué la tocamos si era tan buena ley? La Ley
de Enjuiciamiento Criminal, todavía vigente, es de 1882, ¿por qué la
tocamos? Porque han cambiado cosas.

La Ley Orgánica General Penitenciaria es de los albores de
la democracia, de 1979, ¿y en treinta y cuatro años no ha cambiado nada?
¿No han cambiado las cosas? ¿No creen que los internos del año 1979 eran
distintos a los que están en las prisiones hoy en día? ¿No creen que es
necesaria una actualización, una regulación nueva? He sido juez de
vigilancia penitenciaria y, como tal, les digo que sí, que se requiere
absolutamente. Otra cosa es cómo lo regulemos, pero es que no hemos
presentado aquí ningún texto legislativo. Ustedes me han hablado de lo
que se va a regular, a pesar de que no estamos abriendo ese debate; nos
limitamos a instar al Gobierno para que presente un proyecto de ley. Ahí
será cuando empecemos a debatir y a hablar sobre qué es lo que
queremos.

Siguiendo el orden de sus intervenciones, responderé en
primer lugar al senador Bildarratz. Me dice que no es la moción que
esperaban; pues bien, que hubieran presentado una alternativa, pero es
que no han presentado nada y no podemos debatir ningún texto. Si no
esperaban esta, que hubieran presentado una alternativa y, entonces,
estaríamos hablando de algún contenido sobre el que podríamos debatir y
dirimir alguna cuestión. Desconocemos qué moción les habría gustado que
hubiéramos presentado.

Dice que la praxis no es incorrecta, que ha demostrado que
ha funcionado durante treinta y cuatro años. ¡Faltaría más! Pero por la
bonhomía de los profesionales, de los abogados, de la Administración
penitenciaria, de procuradores y de jueces de vigilancia penitenciaria
que han ido llevando las cosas adelante. Sin embargo, les podría poner un
montón de ejemplos manifiestos.

Comentaba el senador Díaz Tejera que la petición de un
interno a un juez es un recurso; y eso no es un recurso, es una petición
o una queja. Si como interno solicito ser visitado por el médico y le
digo al juez en la visita al establecimiento penitenciario que lo he
solicitado y no me llevan, no es ningún recurso, es una petición y si el
juez no me resuelve esa petición ¿qué recurso cabe? Ninguno. Lo que pasa
es que el juez es buena gente, resuelve y pregunta a la Administración
penitenciaria por qué no lo revisan y, entonces, la Administración ha de
indicar cuáles son los motivos, etcétera. Es decir, que en el día a día
se plantean mil problemas y, señorías, no están resueltos. Hay
peticiones, hay quejas que no están resueltas y se deben regular. ¿Cómo?
Seguidamente se lo diré.

La Ley orgánica de Poder Judicial, de 1870, funcionó muy
bien hasta 1985, ciento quince años, ¿y por qué decidieron modificarla,
concretamente ustedes, durante un Gobierno del Partido Socialista? Si
había funcionado durante ciento quince años, ¿por qué no la dejaron?
Porque, lógicamente, habían cambiado muchas cosas en esos ciento quince
años en nuestra querida patria y, efectivamente, se requería una nueva
regulación. Pues bien, les aseguro que ocurre exactamente lo mismo con la
Ley Orgánica General Penitenciaria.

Comentaba el senador Bildarratz que no le parece el momento
adecuado, pero ¿cuál sería el momento adecuado para presentar esta
moción? El Gobierno del Partido Popular presentó una que no se llegó a
debatir e incluso yo, en la legislatura pasada, en la comisión que se
celebró el 24 de noviembre de 2010, presenté esta misma moción para su
debate, pero decayó porque no se llegó a plantear y ahora la hemos vuelto
a retomar. ¿Cuándo le parece que será el momento

adecuado? Creo que al momento adecuado ya llegamos tarde,
porque fue hace muchos años y se debe regular.

Manifiesta que es un debate técnico, ¡y tanto que es un
debate técnico! Sin embargo, no es este el momento del debate técnico; lo
que les pido es la autorización para que el Gobierno traiga un proyecto
de ley en el que podamos debatirlo. Eso es lo que estoy queriendo decir.
¡Claro que llegará el debate técnico en el que podremos plasmar lo que
pensamos todos nosotros!, pero no estamos en ese íter procedimental.

El señor Saura me comentaba que el código procesal penal ya
está regulado en estos cincuenta y un artículos, y es verdad que viene
mucho más regulado de lo que está ahora. Yo ya se lo he manifestado;
veremos si usted vota a favor de ese código procesal penal ya que tan
bien le parece que se regule ahí lo atinente a los jueces de vigilancia
penitenciaria. El código procesal penal está en la línea y regula muchas
cuestiones, eso sí, atinentes a las penas privativas de libertad y de
medidas de seguridad, que es lo que le encarga la Ley Orgánica General
Penitenciaria. Pero muchas otras cuestiones que no tienen que ver con
esas penas privativas de libertad no vienen reguladas y, créanme, se
necesita esa regulación, es decir, ese regular lo negro sobre blanco.

No entiende que el Grupo Parlamentario Popular pida esto.
Pues, señoría, es que creemos que aquí estamos para trabajar, que el
Gobierno tiene la iniciativa legislativa, que el Congreso de los
Diputados también tiene iniciativa legislativa y que aquí, en el Senado,
también tenemos iniciativa legislativa. Por eso instamos a nuestro
Gobierno a que presente esta ley que creemos es necesaria.

El senador Díaz Tejera comentaba lo siguiente: Si algo está
funcionando bien, dejémoslo. Yo ya le he dicho: Haber dejado todas las
otras leyes longevas y centenarias que hemos modificado. Señoría, el
devenir legislativo es muy claro: vida, doctrina, derecho. Las cosas
ocurren en la vida, después la doctrina científica se dedica a hablar y a
escribir sobre ellas, y posteriormente el legislador las regula. Esa vida
ya la tenemos en el quehacer diario de los órganos jurisdiccionales de
vigilancia penitenciaria, en los centros penitenciarios, en las juntas de
tratamiento, en los equipos técnicos, en los psicólogos, en los
trabajadores sociales de los centros penitenciarios. Pero ese trabajar
diario tiene que regularse en una ley que lo formalice y concrete todo.
Pues no está hecho.

Decía Francis Bacon que la misión de los jueces es ius
dicere y no ius dare. Efectivamente, la misión de los jueces es
interpretar y aplicar la norma. Nosotros, como legisladores, somos los
que tenemos que darles esa norma a los jueces para que puedan
interpretarla y aplicarla. Y aquí esos jueces de vigilancia penitenciaria
no tienen norma.

Me comentaba el senador don Arcadio Díaz Tejera que las
preguntas que yo hacía se encuentran respondidas porque funcionan las
cosas. ¡Claro que se encuentran respondidas en la Ley de Enjuiciamiento
Criminal supletoriamente porque no hay una norma que lo establezca! Si
no, ¿para qué tendríamos que regular también los aspectos matrimoniales,
por ejemplo, que son una especificidad dentro de lo civil? Dentro del
Código Civil las separaciones y los divorcios, sean de contencioso, de
mutuo acuerdo o como sean no haría falta que se regularan porque es un
tema civil, del mismo modo que este es un tema penal. ¡Si ya lo sabemos!
Pero no basta. Los aspectos matrimoniales son muy específicos y requieren
su propia legislación, del mismo modo que este es muy específico y les
aseguro que requiere su propia legislación.

No pretendo cambiar la ley. Fíjese en el tenor literal de
la moción. Lo que yo pretendo es plasmar negro sobre blanco aquello que
funciona, y hay muchas cosas que funcionan, es verdad. Lo que yo pretendo
es plasmar lo que ahora funciona en papel —y en su momento veremos
lo que hay que hacer—, en texto legislativo, para que sea de
obligado cumplimiento y para que los jueces no tengan que reunirse todos
los años o bianualmente, como se hace en ocasiones, para ir aprobando
esos criterios de actuación uniformadores de aquello que no está
regulado, y pregúntese al Consejo General del Poder Judicial y al
Ministerio de Justicia qué debemos hacer, quién tiene competencias para
esto, si el tribunal de instancia, el tribunal sentenciador o nosotros,
porque no está resuelto. ¡Si es que lo ponen de manifiesto! Así
evitaríamos que todas estas cosas se produjeran.

Por último, les aseguro que con la presentación de la
moción lo que pretendo es realzar la función del juez de vigilancia
penitenciaria, que se reconozca la gran tarea que se realiza por la

Administración penitenciaria, por la Dirección General de
Instituciones Penitenciarias en los centros penitenciarios y por los
jueces de vigilancia penitenciaria, que son muy específicos dentro de ese
ordenamiento penal y, desde luego, se les debe reconocer ese texto
legislativo.

Yo les pediría que hicieran una nueva reflexión y que se
sumaran a abrir el debate de esta moción que presenta el Grupo
Parlamentario Popular para que reconocieran y entendieran que existe esa
necesidad pretendida por todos los órganos jurisdiccionales, y, por
supuesto, les pido su voto favorable.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Altava.

LLamen a votación. (Pausa.)

Cierren las puertas.

Señorías, sometemos a votación la moción del Grupo
Parlamentario Popular tal y como ha sido presentada.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 236; a favor, 158; en contra, 78.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

5.3. MOCIÓN POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A LA ADOPCIÓN
DE DETERMINADAS MEDIDAS PARA UNA EFECTIVA GARANTÍA DE LA SOSTENIBILIDAD
DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD Y LA MEJORA DE LA CALIDAD Y SEGURIDAD DE
SUS PRESTACIONES.

(Núm. exp. 662/000080)

AUTOR: GPS

El señor presidente da lectura al punto 5.3.

El señor PRESIDENTE: A esta moción se ha presentado una
enmienda del Grupo Parlamentario Mixto, a iniciativa de los senadores
Mariscal e Iglesias. (Rumores.)

Señorías, guarden silencio, por favor. (Rumores.—
Pausa.)

Señorías, guarden silencio o abandonen el hemiciclo en
silencio. (Rumores.— Pausa.)

Señorías, no vamos a dar comienzo al debate de la moción
hasta que no haya silencio en el hemiciclo. (Pausa.)

Para la defensa de la moción tiene la palabra, por parte
del Grupo Parlamentario Socialista, la senadora Llinares.

La señora LLINARES CUESTA: Gracias, señor presidente.
Señorías, buenos días.

El Grupo Socialista trae al Pleno esta moción que pretende
que nuestro Sistema Nacional de Salud vuelva a ser universal, público,
gratuito y sin exclusiones, que garantice la igualdad, la equidad y la
cohesión en todo el territorio español, contando, como no podía ser de
otra forma, con la implicación de pacientes y profesionales, cuyos
cambios y mejoras deben encaminarse hacia su reforzamiento y no al
desmantelamiento, como está ocurriendo ahora.

Señorías, quiero empezar mi intervención haciendo
referencia al caso de Adrián García, un joven de mi comunidad, la
Comunidad Valenciana, intervenido de una operación de rodilla. Tras la
operación le colocaron una prótesis que por orden de la Conselleria de
Sanidad se le retiró por no poder pagar 152 euros que costaba esa
prótesis. La última noche Adrián —y leo textualmente— la pasó
con fuertes dolores y calmantes. Él reconoce que el dolor no le viene por
la falta de prótesis, el dolor está en la cabeza, y explica: «La
Administración ha ordenado retirarme una prótesis que ya tenía colocada
por cuestiones económicas». Sí, señorías, eso está pasando en mi
comunidad, por cierto, gobernada por el Partido Popular desde hace más de
dieciocho años. Señorías, en mi comunidad tenemos circuito de Fórmula 1,
tenemos aeropuertos sin aviones, tenemos copa de vela, tenemos Ciudad de
la Luz en venta, y no tenemos 152 euros para un paciente que no puede, ni
él ni su familia, pagar una prótesis externa, una ortesis. Señorías,
lamentablemente hay muchos Adrianes en Valencia y en toda España. También
hemos tenido conocimiento de la muerte de un ciudadano senegalés en
Mallorca, que —según se ha conocido por los medios de
comunicación— no habría recibido la adecuada atención sanitaria por
el simple hecho de no tener una tarjeta, por

el simple hecho de ser inmigrante. Al parecer, como les
decía, enfermo de tuberculosis, una enfermedad contagiosa y fácilmente
transmisible. ¿Se han preguntado cuántas personas han podido contraer la
enfermedad?

Empiezo así mi intervención porque las decisiones que se
toman en Sanidad, señorías, afectan a personas con nombres y apellidos, y
cuando hablamos de salud tenemos que hablar de humanización. Porque no se
pude hablar de una atención sanitaria de calidad y en condiciones si no
es una sanidad humana, y estos son dos casos muy concretos de
deshumanización de la sanidad. No podemos permitir bajo ningún concepto
que se produzcan situaciones como las que he descrito, porque son muy
ilustrativas de lo que está pasando, por desgracia, en nuestro país.

Hace un año que el Gobierno del Partido Popular, utilizando
el rodillo de sus votos, aprobó en solitario el Real Decreto-Ley 16/2012,
para garantizar la sostenibilidad y mejorar la calidad y seguridad de sus
prestaciones. El nombre en sí es una burla. El nombre es una burla a la
inteligencia de las personas, porque en realidad es un decreto de
recortes y desmantelamiento del Sistema Nacional de Salud; un decreto sin
consenso social, ni político, ni científico. Les advertimos hace un año
que era un decreto injusto, que tendría graves consecuencias sobre la
salud de las personas, especialmente para las más vulnerables: nuestros
mayores, los enfermos crónicos, los que padecen enfermedades raras o
minoritarias; en definitiva, los grupos de población más enfermos y
dependientes. Y ustedes erre que erre en su error. Como decía Confucio:
quien comete un error y no lo corrige, comete otro aún mayor.

Les dijimos que era un decreto inmoral porque excluía de la
cobertura sanitaria a cientos de miles de personas, con grave riesgo para
la salud de esas personas, y, como les he dicho, para la salud de los
ciudadanos y ciudadanas españoles, cuando estamos hablando de
enfermedades infectocontagiosas.

Como les decía, esta decisión, adoptada de manera
irresponsable y sin consenso, es de una enorme gravedad, con graves
repercusiones tanto en la cohesión social de nuestro país como en la
salud pública.

Y hoy, transcurrido un año desde que se aprobó este real
decreto, podemos afirmar que constituye la mayor agresión a la sanidad
pública que hemos vivido en la historia de nuestra democracia y la mayor
agresión a los miles y miles de ciudadanos y ciudadanas que han sido
apartados del sistema o se han autoexcluido por falta de medios. Sí,
señorías, limitar el derecho a la salud a alguno de los colectivos más
vulnerables de la sociedad es una medida regresiva y discriminatoria,
implica romper uno de los principios básicos, uno de los principales
consensos que en los últimos veinticinco años han guiado la política
sanitaria de nuestro país, la universalidad de la atención sanitaria.
Hemos pasado de un sistema universal, como dijimos cuando hablamos de
este real decreto, a un sistema de aseguramiento, en algunos casos a un
sistema de beneficencia, que ya teníamos muy lejano en el tiempo en
nuestro país.

Por otro lado, es totalmente insólito que el Gobierno no
haya atendido el criterio de los profesionales. Todos los colectivos de
profesionales, sociedades científicas y ONG han manifestado que se trata
de una medida contraria al código deontológico médico, pues sitúa a los
profesionales ante un dilema ético al no poder asegurar la continuidad
del tratamiento y cuidado de sus pacientes.

Paradójicamente, y a pesar de la insistencia de la señora
ministra en definir como uno de los objetivos la homologación de las
prestaciones en el territorio nacional, el real decreto ha venido a
suponer un desequilibrio territorial importante, un claro retroceso. Hay
comunidades que cubren a los inmigrantes y otras no. Hay comunidades que
hacen eficaz el tope del copago farmacéutico y otras no. Se ha confirmado
lo que nuestro grupo y muchísimos sectores de nuestra sociedad les
habíamos anunciado. El nuevo copago farmacéutico está operando como un
elemento disuasorio en la adquisición de medicamentos para los
pensionistas, para los enfermos crónicos, para los pacientes con
enfermedades raras o minoritarias por la única razón de que en muchas
ocasiones no los pueden pagar.

Señorías, en mi comunidad, la Comunidad Valenciana, hay más
de 100 000 pensionistas a los que no se les ha devuelto el dinero que
adelantaron a la conselleria desde hace más de ocho meses. Es decir, los
pensionistas de mi comunidad están realizando un préstamo, están
financiando a la Generalitat valenciana. Realmente, esto es indignante.
Realmente, esto es intolerable. Cuando en otras comunidades —y
citaré a la comunidad andaluza porque sé que los senadores y senadoras
del Grupo Popular valoran mucho la política sanitaria de la Junta de

Andalucía— si un pensionista llega al tope de los
ocho o dieciocho euros ya no tiene que pagar más. Miren si hay
diferencias entre unas comunidades gobernadas por el Partido Popular y
otras gobernadas por el Partido Socialista.

Al copago farmacéutico tenemos que añadir el medicamentazo,
con la exclusión de más de cuatrocientos medicamentos que tienen eficacia
porque los recetan los médicos, eso sí, los receta el médico pero el
enfermo los tiene que pagar. Y en contra de lo que afirmó la ministra,
han aumentado el precio como media más del 50%; algunos, como la
cloperastina, por poner un ejemplo, un medicamento para la tos, ha
aumentado el 189%, o la acetilcisteína, un mucolítico, cuyo aumento es
del 122%. Señorías, todos y todas los que estamos aquí, cuando tenemos
tos nos compramos un jarabe. Nosotros lo podremos pagar, pero muchos
ciudadanos y ciudadanas no se pueden permitir para ellos el lujo de
comprarse ni tan siquiera un jarabe para la tos. (Aplausos.)

Les podría poner muchos ejemplos de lo que sucede en la
vida cotidiana, de lo que está pasando en la calle, de lo que ustedes no
quieren ver, de lo que a la señora ministra no le consta, no sabe, no
contesta, pero les voy a poner uno que me afecta personalmente: yo
utilizo un colirio que vale 6 euros y que dura una semana; pues bien, al
mes, son 24 euros, simplemente un colirio. Yo lo puedo pagar, y ustedes
también, pero mucha gente no puede pagar ni un colirio. Esa es la
realidad de lo que está pasando en nuestro país, les guste o no.

Señorías, la Federación de Asociaciones para la Defensa de
la Sanidad Pública ha emitido un informe en el que refieren que el 16,8%
de los pensionistas ha dejado de tomar algún medicamento. El resultado es
que por unas razones u otras los enfermos en general y los pensionistas
en particular deben optar por adquirir unos u otros medicamentos sobre la
base de un único criterio: su precio y su capacidad para poder
comprarlos.

Así, cuando el ministerio anuncia los datos del ahorro
farmacéutico que ha supuesto esta medida realmente es una tomadura de
pelo porque pretende que ignoremos que en realidad lo que se ha hecho es
trasvasar el gasto al bolsillo de los ciudadanos y ciudadanas, incluso
poniendo en riesgo su salud. Como les parecía poco el copago farmacéutico
y el medicamentazo, también han implantado el copago en el transporte
sanitario no urgente, en material ortoprotésico, en la dietoterapia,
etcétera. Es gravísimo, señorías, porque todo esto lo prescribe un
profesional, y no se utiliza por capricho; son enfermos oncológicos, con
cáncer, que tienen que recibir un tratamiento de quimioterapia o de
radioterapia, o enfermos que deben recibir un tratamiento de
hemodiálisis, etcétera. Señorías, lo que está pasando es realmente
intolerable. Pronto nos cobrarán hasta por respirar; sí, sí, por
respirar, porque ya hay restricciones e incluso problemas con la
oxigenoterapia.

El argumento de la ministra y de los senadores y senadoras
del Grupo Parlamentario Popular es la herencia recibida. Llevamos un año
oyendo la misma cantinela: que han tenido que hacer estas reformas que no
querían porque son muy duras, la cantinela de los 16 000 millones de
euros. Señorías, ya está bien.

Todos sabemos que son razones ideológicas las de ese real
decreto ley, porque la realidad es que solamente en el año 2012 ya había
una deuda acumulada de más de 8000 millones de euros, en un año de
Gobierno del Partido Popular, el 56% de la deuda acumulada en los cinco
años anteriores. Por tanto, ya está bien. Y, por cierto, a las farmacias
de la Comunidad Valenciana les deben 480 millones de euros, ya ha habido
huelgas y vamos a continuar con ellas si no se les paga.

Hasta el informe del Defensor del Pueblo les pone la cara
roja porque dice que las quejas recibidas en sanidad se han multiplicado
por tres en el año 2012, y que hay un punto de inflexión en las quejas.
Antes los ciudadanos hablaban de calidad y de excelencia y ahora todas
las quejas se refieren a los copagos y a la falta o dificultad de acceso
a determinadas prestaciones.

Señorías, pedimos el apoyo de los grupos parlamentarios a
esta moción porque hoy es más oportuna que nunca. La moción es muy clara,
pretende la derogación del Real Decreto 16/2012. Y hay algo que considero
muy importante, y es que nos sentemos en el seno de la Comisión de
Sanidad, con amplia participación de expertos, de profesionales y de
políticos y decidamos qué medidas hemos de adoptar para que nuestro
sistema sanitario continúe siendo público, universal, de calidad, sin
recortes y que no merme el derecho a la salud de todos los españoles y
españolas.

Por eso, señorías, si de verdad creen en la sanidad
pública, les pido que aprueben esta moción, porque los ciudadanos y
ciudadanas se lo agradecerán; no el Grupo Parlamentario

Socialista, que es el que ha propuesto esta moción. La
hemos presentado porque es el sentir de la calle, el sentir de los miles
y miles de ciudadanos que les están diciendo que esto no puede continuar
así.

Muchísimas gracias. Espero contar con su voto a favor.
(Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, senadora Llinares.

Para la defensa de la enmienda del Grupo Parlamentario
Mixto tiene la palabra el senador Iglesias.

El señor IGLESIAS FERNÁNDEZ: Gracias, señor presidente.

Vamos a respaldar la moción a la que hemos formulado una
enmienda que entendemos que completa el texto planteado. Respaldaremos la
moción porque compartimos la necesidad de dar respuesta a la quiebra del
principio de universalidad en la asistencia sanitaria y porque rechazamos
las fórmulas de copago.

Ayer hablábamos en el debate de otra moción del incremento
de las desigualdades, y en esta materia también podemos seguir abundando,
vinculándolo todo a una reflexión sobre la curiosa paradoja, fruto de la
contradicción en la que se mueve el planteamiento ideológico del Partido
Popular a la hora de articular una política global para todo el Estado.
Ayer decíamos que se incrementaban las desigualdades entre los
favorecidos y los desfavorecidos, que se producían desigualdades dentro
de los desfavorecidos según el territorio en el que se asentaban, y lo
mismo podemos decir respecto de la asistencia sanitaria. La quiebra del
principio de universalidad como marco se ha producido en la norma
aprobada por el Gobierno de la nación, pero ha tenido traducciones
diferentes en las comunidades autónomas en relación con aquellas que han
buscado mecanismos alternativos para soslayar esta ruptura. También a
nivel personal, la declaración de insumisión de algunos profesionales
médicos, incluso en aquellas comunidades autónomas en las que se asumía
la quiebra del principio de universalidad, ha dado lugar a tratamiento
desigual.

El Partido Popular, desde una perspectiva ideológica,
pretende amoldar el Estado de las Autonomías —y utilizo un término
deliberadamente ligh— en un proceso de recentralización que resulta
más ajustado a sus valores y principios ideológicos, pero la paradoja y
la contradicción se da cuando en la búsqueda de ese proceso de
recentralización se renuncia a utilizar aquellos mecanismos o
instrumentos que están en manos del poder central para garantizar
tratamiento homogéneo al conjunto de los ciudadanos, vivan en la
comunidad autónoma en la que vivan. Ayer lo veíamos en relación con los
servicios sociales y hoy lo podemos ver en materia sanitaria.

Digamos que dentro de esta contradicción ideológica o de
esta paradoja obviamente priman los aspectos más directamente
relacionados con la economía, con la alternativa al Estado de bienestar,
frente a aquellos que buscan perfilar un nuevo modelo de Estado. Por eso
hemos presentado la enmienda, para intentar corregir la renuncia del
Gobierno de la nación a jugar el papel de garantía de derechos, de
garantía de mínimos de atención en todas las comunidades autónomas; busca
que se modifiquen los Presupuestos Generales del Estado precisamente en
torno a aquella partida presupuestaria que tenía como finalidad que la
Administración central articulara iniciativas que fueran garantía
suficiente de homogeneidad en la atención sanitaria: el fondo de cohesión
y calidad del Sistema Nacional de Salud. Porque el Estado no puede
renunciar a esa función de ser garante —en materia sanitaria
tampoco— de una atención con mínimos homogéneos en el conjunto de
las comunidades autónomas, menos aún cuando a esas comunidades autónomas
se les está empujando a realizar ajustes y recortes que tienen traducción
inmediata en materia de asistencia sanitaria. No vale la excusa
—que yo he escuchado de forma directa de algún responsable
gubernamental— de que el nuevo modelo de financiación debe proveer
a las comunidades autónomas de recursos suficientes para garantizar la
financiación de forma adecuada de las competencias que les han sido
transferidas, porque eso es falso.

Los problemas del sistema sanitario empezaron ya en el
momento de las transferencias de las competencias sanitarias, cuando se
realizó una cicatera valoración de las mismas por el Gobierno responsable
entonces de ellas. A partir de ahí, de que la valoración de esas
transferencias sanitarias fue insuficiente para el coste real, empezó a
padecer las crujías el sistema público de sanidad.

El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría.

El señor IGLESIAS FERNÁNDEZ: Concluyo, señor
presidente.

Cuando se superó la fase de la financiación —a partir
de la valoración de las competencias— y se fue hacia un sistema
general de financiación, tampoco se consiguió el resultado de garantizar
los recursos suficientes. Por eso estamos ahora, en plena crisis,
debatiendo la necesidad de un nuevo modelo de financiación
autonómica.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Iglesias.

Tiene la palabra la senadora Llinares para indicar si
acepta o no la enmienda.

La señora LLINARES CUESTA: Gracias, señor presidente.

Simplemente quiero decir que nos parece oportuna la
enmienda, que la vamos a aceptar y que mejora el texto.

Nada más y muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Llinares.

¿Turno en contra? (Denegaciones.)

No hay turno en contra.

Pasamos al turno de portavoces.

¿Grupo Parlamentario Mixto? (Denegaciones.)

No hay intervención.

¿Grupo Parlamentario Vasco?

Senador Cazalis, tiene la palabra.

El señor CAZALIS EIGUREN: Egun on, senatariok. Egun on,
presidente jauna.

Yo quiero hacer un par de reflexiones a los dos puntos que
contiene la moción, pero primero quiero hacer un recordatorio. Yo
recuerdo que la primera intervención que tuve en esta Cámara respecto a
este tema fue por una iniciativa del senador Lertxundi, y se habló de la
tuberculosis. Aquí hubo una especie de carcajada, que a mí personalmente
me sentó muy mal. Yo no soy tisiólogo, y no hay tisiólogos ya en este
país gracias a Dios. No había tisiólogos en este país, pero estaba claro
que si sacábamos del Sistema Nacional de Salud a aquellos pacientes que
podían tener enfermedades que no podíamos controlar —porque venían
de otros países— esto iba a suceder. Y ha sucedido con la
tuberculosis y esperemos que no suceda con otro tipo de enfermedades para
las que no estaríamos ni preparados, lo cual, a lo mejor, supone que
tengamos que volver a recuperar la especialidad de tisiología, que ya no
existe en este país hace muchísimos años.

Ayer nosotros decíamos que, según la OCDE, la manera óptima
de mejorar las situaciones de desigualdad y de aumentar la cohesión
social era precisamente —y es una de las recomendaciones que hacía
la OCDE— mantener los servicios públicos gratuitos y de calidad
—en este caso, la sanidad—. Y creemos que el Real Decreto Ley
16/2012 va un poco en contra de este criterio y además de forma injusta
en el caso de la sanidad de la Comunidad Autónoma Vasca y de la Comunidad
Foral de Navarra, y pone en peligro lo que hemos conseguido con el
esfuerzo de muchos años: mantener una sociedad más cohesionada, más
equilibrada, y, por lo tanto, también tener unas ciertas fortalezas
frente a los momentos terribles como los que estamos viviendo. Y digo de
forma injusta porque se nos han impuesto el euro por receta y otros
copagos.

Yo quiero recordar que en 2011 la deuda de la sanidad
pública del Estado español era de 16 000 millones de euros, y de esos 16
000 millones de euros, 80 millones de euros correspondían a la sanidad
vasca y 50 millones de euros correspondían a la sanidad navarra. Por lo
tanto, evidentemente, los 80 millones —de los 16 000
millones— no creo que fueran los grandes responsables del desfase
que había en la sanidad, y tenemos que aplicar por decreto y por
sentencia del Tribunal Constitucional —un tribunal que ya todo el
mundo cuestiona como tribunal jurisdiccional, porque es un tribunal
político— el euro por receta y el resto de copagos. Esto pone en
riesgo el statu quo que tenemos, además ha supuesto una invasión
competencial terrible porque la Comunidad Autónoma Vasca, como otras
comunidades autónomas, tiene competencias exclusivas en sanidad. Por lo
tanto, nos invaden las competencias, nos mueven el statu quo y encima no
sirve para solucionar problemas. Porque estamos teniendo problemas con la
tuberculosis, pero también hemos tenido problemas con el tratamiento del
sida de enfermos

extranjeros que venían de otras comunidades, porque ha
habido una avalancha —creo que ya está solucionado, pero no estoy
seguro, todavía tenemos que ver las cifras—. Eso en cuanto al punto
1. Por lo tanto, nosotros hemos estado y estamos de acuerdo con que el
Real Decreto 16/ 2012 no soluciona el problema. No sirve exactamente para
lo que se dice que servía, para mejorar la sostenibilidad del sistema de
salud.

Le diré en cuanto al punto 2, senadora Llinares, que, en
nuestro caso, quienes tienen que hacer esta reflexión son las
instituciones vascas, precisamente porque tenemos competencias plenas en
este sentido. Cuente con nosotros, usted y el Gobierno y todo aquel que
quiera, con el apoyo de nuestro grupo, para, a través de la Comisión de
Sanidad de esta Cámara o en cualquier otro foro, hablar de la reforma de
la sanidad en serio, en serio y sin apriorismos de ninguna clase, o sea,
planteándonos reformar lo que haga falta para poner la salud del
paciente, la salud de los ciudadanos y ciudadanas del Estado en el centro
de la discusión. Habríamos de definir qué servicios y terapias tenemos
que ofrecer y cuál es el mejor sistema de gestión, sin ningún tipo de
apriorismo, para llevar a cabo de la mejor manera posible, de la manera
más adecuada y de la manera más sostenible y económica, evidentemente,
todo eso que podemos diseñar como servicios. Porque, al final, nos
podemos encontrar de nuevo discutiendo las políticas más convenientes
para la administración, para el sector y para los profesionales cuando en
realidad lo que tenemos que discutir es cómo mantenemos en el mejor
estado de salud posible a los ciudadanos, sea como sea, y en algunos
casos tendrá que ser de una manera y en otros de otra, pero ni todo lo
público con personal estatutario es maravilloso ni todo lo privado, lo
subcontratado es malo. Hay que buscar el sistema equilibrado, y en eso
nosotros también estaremos. Por lo tanto, senadora Llinares, le anuncio
que vamos a votar a favor.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Cazalis.

Por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya,
tiene la palabra la senadora Almiñana.

La señora ALMIÑANA RIQUÉ: Gracias, señor presidente. Buenos
días, señorías.

Crec que a ningú li sorprendrà la posició que defensaré. El
meu grup, des del primer moment, ha estat en contra del reial decret.
Nosaltres el que ens proposem aquesta legislatura és parlar de persones i
parlar de drets. Persones que pateixen les seves polítiques i drets que
algunes d’aquestes persones estan perdent.

Començaré pel dret a l’assistència sanitària, que ens
va canviar a tots amb l’entrada en vigor del reial decret de què es
parla a aquesta sessió: el Reial Decret 16/2012. Aquest reial decret va
ser una sorpresa, bàsicament perquè com vostès recorden es va anunciar
deu dies després que s’haguessin retallat uns pressupostos, els
primers pressupostos que aprovava el Partit Popular, un 7% les partides
sanitàries i aleshores es va anunciar una retallada de 7 000 milions més
que venia estipulada per aquest reial decret, que es va aprovar a
l’abril.

En aquest decret, el primer que ens va deixar a tots
bocabadats, va ser que per primera vegada canviaven el que era el sistema
sanitari, tal com l’havíem entès fins ara: universal, gratuït i
accés a tots els ciutadans. I ho canviaven perquè passava senzillament a
ser un sistema per aquelles persones que havien estat assegurades, és a
dir, que havien cotitzat a la Seguretat Social. Això va general molt en
renou, entre d’altres coses perquè en el primer Reial decret que va
sortir, no hi havia inclosos ni els majors de 26 anys, ni les dones
divorciades, ni, per suposat, els ciutadans en situació irregular, els
immigrants en situació irregular. Això va fer que tinguessin que polir
tots aquests serrells amb diversos documents i que finalment ho anessin
adreçant a mesura que sortia una notícia en la premsa, el que demostrava
que vostès s’havien precipitat a prendre aquestes mesures sense
analitzar quines conseqüències tenia.

Però no només es va acabar aquí, si no que el reial decret
tenia moltes més sorpreses, i una d’elles va ser el copagament
farmacèutic per part dels pensionistes. Vostès van explicar que era una
qüestió de progressivitat. No s’han cansat d’explicar-nos a
tots i de dir-nos que la progressivitat es manté perquè aquell
pensionista que te una bona pensió cotitza els seus medicaments, i, en
canvi, un aturat no paga els seus medicament. Però això no és ben bé
veritat. És ben fàcil, només han d’anar a les farmàcies i preguntar
què passa si vostè està aturat. Doncs que el farmacèutic mira
l’ordenador i la renda que li consta és la de fa dos anys. Fa dos
anys, de 6 milions d’aturats,

hi havia molts que afortunadament tenien feina. Per tant,
en una primera instància han de pagar els seus medicaments, i si volen
deixar de pagar-los han de fer una peripècia que, depenent de la
comunitat, porta de vegades més mesos o menys mesos. Això d’una
banda, perquè vostès van decidir que amb aquesta progressivitat la
sanitat seria més justa i equitativa, i els ciutadans que poguessin
serien aquells que tinguessin més diners, però no és així, i en qüestió
de farmàcia, aquell ciutadà que paga és aquell que està més malalt.

També en aquesta caixa de sorpreses ens van dir que les
pròtesis —com acaba d’explicar molt bé en un exemple la
senadora Llinares— a partir d’ara s’haurien de copagar.
També els transports sanitaris per anar a fer diàlisis, també els
transports sanitaris per anar de l’hospital a casa, per rebre depèn
de quins tractaments. Tot això que vostès van considerar que era una
qüestió progressiva i que realment eren molts pocs diners, aquells que la
gent havia d’aportar, ha acabat sent un gran trencament de
l’equitat del nostre sistema sanitari, i, malauradament, avui la
senadora Llinares ens ha portat dos exemples: un exemple d’un
ciutadà que no tenia dret a una pròtesis, i un exemple d’un altre
ciutadà —un immigrant en aquest cas— que tenia —com
molt bé ha explicat— una malaltia que ha acabat sent terminal.

I, a més a més, aquest reial decret no respectava les
competències de les comunitats autònomes. Ja ho va dir el Consell de
Garanties Estatutàries, que és el què en matèria de competències fixa
l’Estatut de Catalunya, va dir que aquest Decret realment se
saltava competències que ja estaven fixades en el nostre Estatut. Sempre
ens ha sorprès per què Convergència i Unió no va portar aquest recurs al
Tribunal Constitucional, com sí va fer Andalusia o Astúries, i van ser
acceptats pel Tribunal Constitucional. Però independentment d’això,
van fer una cosa pitjor, i és que van estrènyer més les comunitats
autònomes perquè tinguessin més dificultats en recursos i, per tant, amb
la prestació sanitària.

L’any passat, si vostès ho recorden, no van compartir
ni el punt del dèficit que el Govern va tenir de marge, que li va donar
la Comunitat Europea. Moltes vegades jo crec que vostès consideren que
per fer sostenible un sistema sanitari públic el que cal és retallar-lo.
Jo no hi estic d’acord. Ni el meu Grup tampoc. I sí que comparteixo
amb el senador del PNV, que el que hem de fer és que sigui un sistema més
eficient, però això no vol dir retallar drets, com vostès han estat fent.
A Catalunya, com saben, jo no estic d’acord amb la política
sanitària que s’està duent a terme, però sí que he de reconèixer
que el conseller Boi Ruiz diu la veritat —una veritat que de
vegades a mi no m’agrada. Una veritat que de vegades li causa
problemes, però diu la veritat.. I darrerament en un esmorzar va dir: Amb
les retallades que hem aplicat s’han lesionat interessos dels
professionals. Evidentment, dinou hospitals catalans han hagut de fer un
ERE. Hi ha hagut una devaluació interna del sistema i els ciutadans han
hagut de fer sacrificis, com l’augment de la llista d’espera.
Doncs, de la mateixa manera que quan el senyor Boi Ruiz també en una
entrevista també va dir prefereixo una tassa per visita que augmentar els
impostos, també deia la veritat, ara també ha dit la veritat. Ha
reconegut que les seves polítiques han tingut unes conseqüències i això
l’honora perquè encara la ministra ni ningú de vostès ha sortit
aquí a reconèixer que aquestes polítiques tenen conseqüències i que de
vegades aquestes conseqüències potser no són les que vostès esperaven,
però són les que hi ha.

Deixi’m, per anar tancant la meva intervenció
recordar-los que el darrer CIS de l’abril ens torna a dir quines
són les preocupacions dels ciutadans del nostre país, en global la
sanitat ha passat a la cinquena posició. Malauradament l’atur
encapçala aquesta llista, els problemes econòmics, la corrupció, és el
segon problema per als espanyols, i la política general és el quart
problema per als espanyols. Però quan els hi pregunten quins problemes li
afecten a vostè personalment, en el seu dia a dia, tornem a tenir la
sanitat en tercer lloc.

I quan els hi deia que jo volia parlar de persones i de
drets, era per fer la reflexió de què cada vegada que vostès fan un
Decret Llei afecta directament a les persones, a totes les persones, les
que coneixem i aquelles que no coneixem —les invisibles—. I
alguns d’aquests decrets, seria bo que els rectifiquessin, perquè
de vegades la gent s’equivoca, i en aquest cas, jo i el meu Grup
considera, que vostès es van equivocar passant d’un sistema
universal com el que teníem, que garantia moltíssim la sanitat i la salut
pública per la majoria dels ciutadans, a un sistema on cada cop anirem
trobant que les desigualtats es van engrandint.

Diuen els estudiosos que els sistemes que inverteixen en
sistemes públics tenen societats més igualitàries. Nosaltres estem
convençuts d’això i per tant sempre treballarem per què les
persones sempre puguin tenir els màxims drets.

Per tant, el grup de l’Entesa donarà suport a aquesta
moció.

Moltes gràcies.

Creo que a nadie le va a sorprender la posición que voy a
defender. Mi grupo desde el primer momento ha tenido una posición en
contra del real decreto. Nosotros nos proponemos en esta legislatura
hablar de personas y de derechos, de personas que sufren sus políticas y
de derechos que algunas de estas personas están perdiendo.

Voy a empezar por el derecho a la asistencia sanitaria que
nos cambió a todos con la entrada en vigor del real decreto del que
hablamos en esta sesión, el Real Decreto 16/2012. Este real decreto fue
una sorpresa, básicamente porque, como ustedes recuerdan, fue anunciado
diez días después de que se hubieran recortado los primeros presupuestos
aprobados por el Partido Popular un 7% en las partidas sanitarias. En
aquel entonces se anunció un recorte de 7000 millones más, estipulado por
este real decreto aprobado en el mes de abril.

De este decreto, lo primero que nos dejó a todos con la
boca abierta fue que por primera vez cambiaban el sistema sanitario tal y
como lo habíamos entendido hasta ahora: universal, gratuito y de acceso a
todos los ciudadanos; lo cambiaban porque pasaba a ser sencillamente un
sistema para aquellas personas que estaban aseguradas, es decir, que
habían cotizado a la Seguridad Social. Esto generó realmente una
conmoción, porque en el primer decreto no quedaban incluidos ni los
mayores de 26 años ni las mujeres divorciadas ni los ciudadanos en
situación irregular, los inmigrantes en situación irregular. Esto hizo
que tuvieran que pulir todos estos flecos en distintos documentos y que,
al final, fueran organizándolo a medida que aparecía esto en la prensa,
lo que demostraba que se habían precipitado a la hora de tomar estas
medidas sin analizar cuáles serían las consecuencias que tendría.

Esto no acabó así, sino que el real decreto tenía muchas
más sorpresas, una de las cuales fue el copago farmacéutico por parte de
los pensionistas. Ustedes explicaron que se trataba de una cuestión de
progresividad; no se han cansado de explicarnos a todos que la
progresividad se mantiene porque el pensionista que goza de una buena
pensión puede acceder a esos medicamentos y una persona en el desempleo
no paga esos medicamentos. Pero no es verdad, vayan a las farmacias y
pregunten qué sucede si usted está parado. Pues se analiza en el
ordenador y la renta que aparece es la de hace dos años; hace dos años,
de esos 6 millones de parados, por suerte muchos tenían trabajo. Es
decir, que en una primera instancia tienen que pagar sus medicamentos, y
si quieren dejar de pagarlos tienen que realizar una pericia, que, según
la comunidad, puede tardar más o menos meses. Esto por un lado. Porque
ustedes pensaron que con esta progresividad la sanidad sería más justa y
equitativa, y los ciudadanos que pagarían serían aquellos que tuvieran
más dinero. Pero no es así, y en la farmacia el ciudadano que paga es
aquel que está más enfermo.

También en esta caja llena de sorpresas nos dijeron que las
prótesis —como nos acaba de explicar muy bien con un ejemplo la
senadora Llinares— a partir de ese momento iban a tener que
copagarse, así como los transportes sanitarios para realizar diálisis,
los transportes sanitarios para trayectos del hospital a casa, para
recibir determinados tratamientos. Todo esto que ustedes consideraron que
era algo progresivo y que en realidad sería poco el dinero que tendría
que aportar la ciudadanía ha acabado siendo una ruptura de la equidad de
nuestro sistema sanitario. Y hoy la senadora Llinares nos ha traído dos
ejemplos, desgraciadamente: uno de un ciudadano que no tenía derecho a
una prótesis y otro de otro ciudadano —en este caso un
inmigrante— que tenía —como muy bien ha explicado— una
enfermedad que ha acabado siendo terminal.

Además este real decreto no respetaba las competencias de
las comunidades autónomas, y así lo dijo el Consejo de Garantías
Estatutarias, que es el que en materia de competencias fija el Estatuto
de Cataluña. Dijo que este decreto se saltaba competencias que ya habían
sido fijadas en nuestro estatuto. Siempre nos ha sorprendido por qué
Convergència i Unió no llevó este recurso al Tribunal Constitucional,
como sí hicieron Andalucía o Asturias y fueron aceptados por el Tribunal
Constitucional. Pero, independientemente de este punto, hicieron algo
peor, y es que apretaron

aún más a las comunidades autónomas para que tuvieran más
dificultades en recursos y, por lo tanto, en la prestación sanitaria.

Si se acuerdan ustedes, el año pasado no compartimos el
punto del margen del déficit del Gobierno que le dio la Unión
Europea.

Muchas veces ustedes consideran que para hacer sostenible
un sistema sanitario público lo que debe hacerse es recortar ese sistema.
Yo no estoy de acuerdo, ni mi grupo, y sí comparto con el senador del PNV
que lo que debemos hacer es lograr que sea un sistema más eficiente. Pero
esto no significa recortar derechos como ustedes han venido haciendo.
Como saben, yo no estoy de acuerdo con la política sanitaria que se está
llevando a cabo en Cataluña, pero debo reconocer que el conseller Boi
Ruiz dice la verdad —una verdad que a veces a mí no me gusta, una
verdad que a veces le genera problemas, pero dice la verdad—. Hace
poco, en un desayuno dijo: Con los recortes que hemos aplicado se han
lesionado intereses de los profesionales. Evidentemente, diecinueve
hospitales catalanes han tenido que realizar un ERE, ha habido una
devaluación interna del sistema y los ciudadanos han tenido que realizar
sacrificios como el aumento de las listas de espera. Cuando el señor Boi
Ruiz en una entrevista dijo que prefería una tasa por visita que aumentar
los impuestos estaba diciendo la verdad, y ahora lo ha vuelto a decir: ha
reconocido que sus políticas han tenido unas consecuencias. Esto le
honra, porque ni la ministra ni nadie de ustedes ha salido aquí a
reconocer que estas políticas tienen consecuencias, que a lo mejor no
eran las que ustedes esperaban pero son las que existen.

Permítanme que cierre mi intervención recordándoles que en
el último CIS del mes de abril se repiten las preocupaciones de nuestros
ciudadanos en el país, y la sanidad ha pasado, en el global, a la quinta
posición. Lamentablemente, el desempleo está a la cabeza de esta lista,
los problemas económicos; la corrupción es el segundo problema para los
españoles y la política general es el cuarto. Pero cuando se les pregunta
cuáles son los problemas que les afecta personalmente en su día a día,
vuelve a aparecer la sanidad como el tercer problema.

Cuando les decía que quería hablar de personas y de
derechos era para realizar esta reflexión: cada vez que ustedes formulan
un real decreto ley, afecta a todas las personas, a las que conocemos y a
aquellas que no conocemos —a las invisibles—. Sería positivo
que rectificaran algunos de estos decretos, porque, en ocasiones, la
gente comete errores. En este caso, tanto mi grupo como yo consideramos
que ustedes se equivocaron y pasaron de un sistema universal, como el que
teníamos, que garantizaba la sanidad y la salud pública para la mayoría
de nuestros ciudadanos, a un sistema en el que vamos a ver que las
desigualdades aumentan cada vez más.

Dicen los estudiosos que los sistemas que invierten en
sistemas públicos tienen sociedades más igualitarias, nosotros estamos
convencidos y, por tanto, siempre vamos a trabajar para que las personas
tengan los máximos derechos.

Por tanto, el Grupo Parlamentario Entesa votará a favor de
esta moción.

Gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Almiñana.

Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado
Convergència i Unió, tiene la palabra la senadora Cunyat.

La señora CUNYAT BADOSA: Gràcies, president.

Senyories, molt bon dia a tothom.

Efectivament, fa un any de l’aprovació del Reial
Decret de mesures urgents per garantir la sostenibilitat del Sistema
Nacional de Salut. Al llarg d’aquest període, de tot aquest any,
s’ha generat un important debat sobre si aquesta decisió, aquesta
nova normativa, ha estat o no encertada. I la veritat és que la reforma
no ha deixat a ningú indiferent.

En la mateixa exposició de motius de la moció fan
referència a ciutadania, professionals, moltíssima gent, que es manifesta
sovint per queixar-se sobre la reforma i també sobre altres aspectes,
altres canvis que hem patit darrerament. I és evident que existeixen,
doncs, posicionaments extremament contraris, diferents, respecte a
algunes de les mesures que han estat preses a través d’aquest reial
decret.

Des del nostre grup, i molt humilment, creiem que no es pot
fer una valoració genèrica del Reial Decret, seria fer una valoració
possiblement massa a la lleugera. En tot cas, creiem que s’hauria
de fer una anàlisi més profunda de les diferents mesures que componen
aquest Reial

Decret. D’una banda —i no els
sorprendrà—, és conegut que des del nostre grup coincidíem en
l’objectiu, en el fons, que perseguia el reial decret llei en el
moment de la seva aprovació. Defensàvem, i defensem, la necessitat de
prendre mesures urgents per garantir la sostenibilitat del Sistema
Nacional de Salut. Per mantenir l’estat del benestar, deia el
senador Cazalis, tal com la meva generació l’hem conegut, és
necessari i urgent fer reformes de tot tipus. Això passa també per fer
canvis en el Sistema Nacional de Salut, que tot i excel·lent, molt bo en
servei, està clarament infrafinançat, tant a nivell estatal com de les
comunitats autònomes. Per tant, és insostenible.

La situació requeria posar en marxa mesures urgents per
assegurar, com dèiem, la sostenibilitat d’aquest sistema sanitari
públic i dels seus principis bàsics. A Catalunya ho vam començar a fer un
any abans del canvi de govern estatal i enteníem, i defensàvem, que es
prengués aquesta mateixa decisió per a la resta de l’Estat
espanyol. Però la nostra sorpresa, i en realitat la de la majoria de
grups parlamentaris, va ser veure com més enllà de l’establiment de
mesures que permetessin fer de l’eficiència i de l’eficàcia
dos pilars fonamentals d’aquest nou sistema de salut que es podia
plantejar, el que en realitat es feia era un autèntic canvi de model
sanitari. Amb un sol reial decret llei es carregaven l’essència del
Sistema Nacional de Salut que havíem conegut fins a aquell moment, un
model sanitari públic i universal en què el dret a l’assistència
sanitària venia determinat pel fet de la mateixa ciutadania i que es
finançava, com bé saben, a través dels impostos. Un sistema que, basat en
el model del National Health Service britànic, s’aprovava als anys
vuitanta amb un ampli consens de totes les forces polítiques amb
representació parlamentària d’aquell moment. Un model definit
mitjançant la Llei general de sanitat, impulsada pel ministre Ernest
Lluch l’any 1986, i que suposava clarament la superació del model
existent fins a aquell moment, el de la Seguritat Social i el de la
cobertura basada en el treball, per passar realment a un model públic i
universal.

Així doncs, després de tres dècades de funcionament
d’aquest model sanitari —pràcticament tota la meva vida o la
de la senadora Almiñana—, el Govern central, amb el suport
evidentment del grup majoritari, aprovava un reial decret que ha suposat
clarament una desafortunada i innecessària regressió, un retorn al passat
del nostre sistema sanitari.

Però, com els deia, la gran sorpresa és que la necessitat
d’adequar-se al marc legal europeu pel que fa a la cobertura dels
ciutadans d’altres països i la voluntat de posar fi a determinades
situacions d’abús no justificava en cap cas el canvi de model que
han plantejat, ni en la magnitud que va ser plantejada.

És veritat que, des d’un punt de vista econòmic, quan
parlem de despesa era necessari fer front a un canvi o fer un
plantejament diferent a la situació que s’estava generant, perquè
és veritat que suposava un important forat, una important despesa
desmesurada, que era inassumible i que s’havia de gestionar. No ens
podíem permetre el luxe de continuar amb la situació que estàvem i,
sobretot, no podíem assumir els costos del conegut turisme sanitari. Però
és evident que no calia arribar on s’ha arribat.

L’atenció sanitària als ciutadans d’altres
països que, malgrat trobar-se en situació irregular, resideixen a
l’Estat s’ha de poder garantir per raons humanitàries i de
salut pública. Les senadores que m’han precedit en l’ús de la
paraula n’han posat diferents exemples, per tant no reiteraré els
casos que s’estan donant. Només un apunt: vostès saben que a
Catalunya estem protegint aquests ciutadans i ho continuarem fent.

Coincidim respecte al reial decret en la necessitat
d’una racionalització de les prestacions i també en la necessitat
d’introduir en determinades prestacions complementàries fórmules de
copagament, sempre que siguin assumibles i no suposin evidentment
barreres d’accés a aquests serveis. Aquests copagaments no poden
castigar els col·lectius més vulnerables i per aquest motiu creiem que és
necessari reconsiderar-les, passant del model actual basat en la
separació entre els actius i els pensionistes a una fórmula més justa i
més racional que per nosaltres seria la que es basa en el nivell
d’ingressos dels ciutadans.

Ara faré una referència al que deia la senyora Almiñana, o
la portaveu del Grup Socialista: nosaltres també posem topalls,
evidentment, i aquesta és la reflexió que jo volia fer.

Pel que fa a les mesures de caràcter organitzatiu que es
plantegen i s’inclouen en aquest Reial Decret Llei i que no suposen
en cap cas ni eficiència ni estalvi, són una clara i denunciable
intromissió a les competències de les comunitats autònomes. Ho deia el
senador Cazalis. L’exemple més flagrant —ell també n’ha
parlat— és l’estatutarització de determinat personal

sanitari del sistema públic que claríssimament implicarà,
al nostre entendre, molts més costos i més rigidesa en la gestió dels
recursos humans. Per tant, no només no ens agrada la fórmula, sinó que
envaeix claríssimament competències.

Bé, a nosaltres ens sembla que, tal com hem demostrat a
Catalunya durant els dos últims anys —insisteixo, nosaltres vam
començar a fer canvis, a plantejar reformes, a fer els deures, quasi un
any abans que arribés el senyor Rajoy—, la introducció de mesures
d’estalvi, d’eficiència, reformes i reordenacions, no té per
què implicar un canvi de model sanitari públic, i l’essència que ha
caracteritzat el nostre model fins al dia d’avui.

Això no evita en cap cas les manifestacions al carrer ni
les crítiques permanents dels grups de l’oposició. Saben que no
estan d’acord amb algunes de les nostres decisions, però em sembla
que a Catalunya hem demostrat que, amb el mateix objectiu de fons, les
coses es poden fer d’una altra manera. És veritat que, possiblement
amb conseqüències, tal com reconeixia el nostre conseller, però sense
carregar-nos l’essència del sistema sanitari que tots voldríem, en
realitat.

Per tant, fetes totes aquestes reflexions i consideracions,
queda clar que, tot i compartir el fons que es perseguia amb el reial
decret, no estem en absolut d’acord, no compartim les mesures ni la
forma que s’han dut a terme. Creiem que la decisió de l’Estat
va ser absolutament desencertada i inadequada, i per aquest motiu, i a la
vista del dictamen emès pel Consell de Garanties Estatutàries, el Govern
de la Generalitat de Catalunya —en aquest cas ho anuncio a la
senyora Almiñana— sí que ha presentat un recurs
d’inconstitucionalitat en relació a diverses disposicions de
l’esmentada norma estatal.

Podríem, doncs, davant de totes aquestes explicacions
formulades, votar a favor de la moció que ens presenta avui el Grup
Parlamentari Socialista, però no ho farem, ens n’abtindrem, i els
ho explico, va vinculat al punt 2 d’aquesta moció.

Com els deia, en relació amb el segon punt al Congrés dels
Diputats ja hi ha creada una subcomissió, precisament per tractar els
temes que proposen. És la Subcomissió per a l’Anàlisi dels
Problemes Estructurals del Sistema Sanitari i de les principals reformes
que s’haurien de dur a terme per garantir la seva sostenibilitat, i
a més a més va ser una comissió creada a instàncies del Grup Parlamentari
de CiU al Congrés. Actualment aquesta subcomissió es troba en període de
compareixences, però curiosament el Grup Parlamentari Socialista
s’ha apartat de la citada subcomissió i, per tant, en no respectar
el seu posicionament inicial i el seu compromís respecte a iniciatives
que, en aquest cas, vam presentar nosaltres mateixos, entendran que en
aquesta ocasió hagi de fer una abstenció a la moció que avui ens
presenten.

Moltíssimes gràcies.

Gracias, presidente.

Señorías, muy buenos días a todos.

Hace un año ya de la aprobación del Real Decreto de medidas
urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud.
A lo largo de este período, de todo este año, se ha suscitado un debate
importante sobre si esta decisión, esta nueva normativa, ha sido o no un
acierto. La verdad es que la reforma no ha dejado a nadie
indiferente.

En la misma exposición de motivos de la moción se hace
referencia a la ciudadanía, a los profesionales y a muchas personas que
se manifiestan a menudo para quejarse de la reforma y también de otros
aspectos u otros cambios que hemos padecido recientemente. Es evidente,
por tanto, que existen posicionamientos radicalmente contrarios o
distintos sobre algunas de las medidas asumidas a través de este real
decreto.

Nuestro grupo, de forma muy humilde, considera que no se
puede realizar una evaluación genérica del real decreto porque
seguramente sería una valoración demasiado ligera, pero consideramos que
debería realizarse un análisis más profundo de las medidas que lo
componen. Por un lado —no les sorprenderá—, como es sabido,
nuestro grupo coincidió con el objetivo perseguido por el real decreto
ley cuando fue aprobado. Defendíamos y defendemos la necesidad de tomar
medidas urgentes para asegurar la sostenibilidad del Sistema Nacional de
Salud. Para mantener el Estado del bienestar, como decía el senador
Cazalis, tal y como mi generación lo ha conocido, es necesario y urgente
acometer reformas de todo tipo, y eso pasa también por una serie de
cambios en el Sistema Nacional de Salud que, aunque es excelente, muy
bueno en

prestaciones de servicios, esta infrafinanciado tanto a
nivel estatal como a nivel de las comunidades autónomas, por tanto, es
insostenible.

La situación exigía poner en marcha medidas urgentes para
asegurar la sostenibilidad de este sistema sanitario público y sus
principios básicos. En Cataluña empezamos a ponerlo en marcha un año
antes del cambio del Gobierno estatal, y entendíamos y defendíamos que se
tomara la misma decisión para el resto del Estado español. Pero nuestra
sorpresa y la de la mayoría de los grupos parlamentarios fue observar
que, más allá del establecimiento de medidas que permitieran hacer de la
eficiencia y de la eficacia dos pilares fundamentales de este nuevo
Sistema Nacional de Salud que podía plantearse, lo que en realidad se
hacía era un cambio del modelo sanitario. En un solo real decreto ley se
cargaban la esencia del Sistema Nacional de Salud que habíamos conocido
hasta ese momento: un modelo sanitario público y universal en el que el
derecho a la asistencia sanitaria venía determinado por el propio hecho
de la ciudadanía y que, como saben ustedes, era financiado a través de
los impuestos. Un sistema que, basado en el modelo del National Health
Service británico, fue aprobado en los años ochenta con un amplio
consenso de todas las fuerzas políticas con representación parlamentaria
en aquel momento. Un modelo definido en la Ley General de Sanidad,
impulsada por el ministro Ernest Lluch en el año 1986, que suponía a
todas luces la superación del modelo existente hasta la fecha, el de la
Seguridad Social y la cobertura basada en el trabajo, para pasar a un
modelo público y universal.

Así, pues, después de tres décadas de funcionamiento de
este modelo sanitario —prácticamente durante toda mi vida y la de
la senadora Almiñana—, el Gobierno central, con el apoyo del grupo
mayoritario, aprobaba un real decreto que ha supuesto claramente una
desafortunada e innecesaria regresión al pasado de nuestro sistema
sanitario.

Sin embargo, como les decía, la gran sorpresa es que la
necesidad de adecuarse al marco legal europeo en cuanto a la cobertura de
ciudadanos de otros países y la voluntad de poner fin a ciertas
situaciones de abuso no justificaba en ningún caso el cambio de modelo
que han propuesto ni con la magnitud en que fue propuesto.

Es verdad que desde la perspectiva económica, al hablar de
gastos, era necesario acometer un cambio o tener un planteamiento
distinto por la situación que se estaba generando, porque representaba un
agujero significativo, un gasto desmedido, que era inasumible y que debía
ser gestionado. No podíamos permitirnos el lujo de seguir en la situación
en la que nos encontrábamos, ni tampoco asumir los costes del conocido
turismo sanitario, pero es evidente que tampoco era necesario llegar a
donde se ha llegado.

La atención sanitaria a los ciudadanos de otros países,
que, aunque se encuentren en situación irregular, residen en el Estado,
debe poder garantizarse por razones humanitarias y de salud pública. Las
senadoras que me han precedido en el uso de la palabra han puesto ya
distintos ejemplos, por lo que no voy a reiterar los casos que se están
dando. Tan solo haré un apunte. Ustedes saben que en Cataluña estamos
protegiendo a estos ciudadanos y vamos a seguir haciéndolo.

Hablo del real decreto. Coincidimos en la necesidad de una
racionalización de las prestaciones y también en la necesidad de
introducir en determinadas prestaciones complementarias fórmulas de
copago siempre que sean asumibles y no supongan, claro está, barreras de
acceso a estos servicios. Estos copagos no pueden castigar a los
colectivos más vulnerables. Por ese motivo pensamos que es necesario
reconsiderarlos, pasando del modelo actual, basado en la separación entre
los activos y los pensionistas, a una fórmula que sea más justa y más
racional, que, para nosotros, sería la basada en el nivel de ingresos de
los ciudadanos.

Haré una referencia a lo que decía la portavoz del Grupo
Socialista. Nosotros también colocamos topes y esta es la reflexión que
quería transmitir.

Las medidas de carácter organizativo planteadas e incluidas
en este real decreto ley que no suponen, en ningún caso, ni eficiencia ni
ahorro conllevan una intromisión clara y denunciable en las competencias
de las comunidades autónomas. Lo decía también el senador Cazalis. El
ejemplo más flagrante —él también lo ha mencionado— es la
estatutarización de un determinado personal sanitario del sistema
público, lo que, de forma clarísima, va a implicar, en nuestra opinión,
muchos más costes y mayor rigidez en la gestión de recursos humanos. O
sea, no nos gusta la fórmula y además invade de forma clarísima
competencias.

A nosotros nos parece bien, tal y como hemos demostrado en
Cataluña en los últimos años —insisto en que nosotros empezamos a
realizar cambios, a plantear reformas y a hacer los deberes casi un año
antes de que llegara el señor Rajoy al poder— la introducción de
medidas de ahorro y de eficiencia —reformas sí y reordenaciones
también—, pero ello no tiene por qué implicar un cambio de modelo
sanitario público ni de la esencia que ha caracterizado a nuestro modelo
hasta la fecha.

Esto no evita, bajo ningún concepto, las manifestaciones en
la calle ni las críticas permanentes de los grupos de la oposición.
Ustedes saben que no están de acuerdo con algunas de nuestras decisiones,
pero me parece que en Cataluña hemos demostrado, con el mismo objetivo de
fondo, que las cosas se pueden lograr de otra forma, aunque es verdad que
posiblemente con consecuencias, tal y como ha reconocido nuestro
conseller, pero sin cargarnos la esencia del sistema sanitario que todos
queremos.

Hechas todas estas reflexiones y consideraciones queda
claro que, aunque compartimos el fondo que se perseguía en el real
decreto, en absoluto estamos de acuerdo ni compartimos las medidas ni la
forma en la que se ha llevado a cabo. Pensamos que la decisión del Estado
fue absolutamente desacertada e inadecuada y, por este motivo, y a la
vista del dictamen emitido por el Consejo de Garantías Estatutarias, el
Gobierno de la Generalitat de Cataluña —ya se lo anunciamos,
senadora Almiñana— ha presentado un recurso de inconstitucionalidad
respecto a algunas disposiciones de la norma estatal mencionada.

Dadas todas las explicaciones formuladas, podríamos votar a
favor de la moción que nos presenta hoy el Grupo Parlamentario
Socialista, pero no lo vamos a hacer, nos vamos a abstener, y se lo
explico. Tiene que ver con el punto 2 de la moción.

En relación con el punto 2 le diré que el Congreso de los
Diputados ya ha creado una subcomisión precisamente para tratar los temas
que proponen, me refiero a la subcomisión creada para el análisis de los
problemas estructurales del sistema sanitario y las principales reformas
que deberían llevarse a cabo para garantizar su sostenibilidad. Además
esta subcomisión se creó a instancia del Grupo Parlamentario de CiU en el
Congreso. Actualmente esta subcomisión se encuentra en periodo de
comparecencias, pero es curioso que el Grupo Parlamentario Socialista se
ha apartado de la citada subcomisión. Por lo tanto, al no respetar el
posicionamiento inicial y su compromiso con iniciativas que nosotros
planteamos, entenderán que en esta ocasión nos abstengamos en la votación
de la moción que ustedes nos presentan hoy.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Cunyat.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la
senadora Llinares.

La señora LLINARES CUESTA: Muchas gracias, señor
presidente.

Señorías, en primer lugar, quiero agradecer al senador
Cazalis, a la senadora Almiñana y al senador Iglesias el voto afirmativo
que han anunciado.

Comparto muchísimas de las cuestiones que han planteado y
entiendo perfectamente la inquietud que les crea la invasión de
competencias que encierra este real decreto, pero cuando se presentó este
real decreto —y yo tuve la oportunidad de intervenir en el turno de
portavoces—, ya les advertimos de que se iban a encontrar con
muchísimos recursos, como así ha sido.

Me preocupa también la tentación recentralizadora del
Gobierno del Partido Popular, y en este real decreto se ve de forma
clara.

Permítame, senadora Cunyat, que no comparta su abstención,
sobre todo por el argumento que nos da: porque hay una subcomisión en el
Congreso. Con ello usted da por entendido que en el Senado no podemos
opinar, no podemos trabajar ni poner en marcha cuestiones importantes.
Respeto su abstención pero para nada comparto su argumento. Yo creo que
el Congreso tiene su trabajo y el Senado el suyo, y todo es
complementario. Repito que no comparto ese argumento.

Señorías, es verdad que con este real decreto se trata a
todas las comunidades por igual —lo decía el senador
Cazalis—. A aquellas comunidades que están gestionando bien los
recursos, que están apostando por una sanidad pública universal, les
obligan a poner en marcha medidas con las que en algunas ocasiones, como
ellos han gestionado bien, no están de acuerdo. Eso es una realidad y
esas son graves consecuencias para el Sistema Nacional de Salud en su
conjunto.

Lo más dramático —y les decía que pedíamos el apoyo
de los grupos porque hoy más que nunca es necesario que se apoye esta
moción— es que hemos conocido nuevos recortes muy graves en el Plan
Nacional de Reformas remitido a la Unión Europea. Otro engaño, no dijeron
nada, yo les puedo asegurar que estuve expectante en esa rueda de prensa
tras el Consejo de Ministros del 26 de abril y ahí no se habló para nada
de recortes en sanidad; luego, cuando hemos tenido la oportunidad de ver
ese documento, comprobamos que recortan en sanidad nada más y nada menos
que 3134 millones de euros y recortan en dependencia 1108 millones de
euros. Y otra cosa que me preocupa también porque lo dejan entrever es
que va a haber grandes recortes en lo que es la cartera de servicios
sanitarios, porque como ustedes intentan enmascararlo hacen un maremágnum
de carteras —nos pasan la cartera complementaria, la cartera
suplementaria— y ahí se deja entrever que otra vez va a haber
restricciones o van a quitar de la cartera común muchas prestaciones muy
importantes, como las prestaciones que tienen que ver con cribados. Yo me
pregunto, ¿qué van a hacer con el cribado del cáncer colorrectal? Porque
cuando científicamente está muy claro la edad en la que se tiene que
empezar el protocolo para la prevención del cáncer de colon, en cada
comunidad cogen una edad. ¿En esa cartera de servicios está garantizado
que todas las comunidades tengan que aplicar el cribado para cáncer
colorrectal? Yo no lo sé.

Otra cuestión que me preocupa muchísimo es la siguiente.
Leo textualmente: Optimización de trece especialidades médicas —sin
más, y ahí piensan ahorrar mucho dinero—. Yo me pongo a temblar
porque cuando oímos la palabra optimizar del Gobierno de Rajoy o de la
señora Mato es para echarse a temblar, porque significa nuevos recortes y
nuevos copagos.

Hay otra cosa que está en ese plan de reformas, que es el
copago en medicamentos de dispensación hospitalaria. Ahora los enfermos
que tienen un cáncer van al hospital y si les ponen una quimioterapia en
el hospital en vena no pagan; pero hay muchos enfermos de cáncer a los
que les dan los medicamentos en pastillas, son de dispensación
hospitalaria pero se las dan directamente al paciente para que se lo tome
en pastillas en su casa. Pues bien, van a introducir el copago también
para esos medicamentos y estamos hablando de enfermedades gravísimas,
como es el cáncer o el sida. Por tanto, ese plan de reformas remitido a
la Unión Europea es muy grave y supone nuevos recortes.

Bajo el paraguas de la crisis están haciendo recortes
bestiales, y es verdad que tenemos que mejorar la eficiencia, es verdad,
para eso pedimos que se cree esa comisión, pero también es verdad que
nuestro sistema sanitario está infrafinanciado, se dedica muchísimo menos
dinero por habitante y año que la media de los países de la Unión
Europea. Y la Comunidad Valenciana no tiene nombre, esto ya no tiene
nombre, porque es la última comunidad en gasto por habitante y año,
concretamente 986 euros cuando la media de España está aproximadamente en
1200 euros —hay comunidades que dedican mucho más—.

Bajo el paraguas de la crisis y de la eficiencia, están
reduciendo personal sanitario. Y aquí me van a permitir que haga un
inciso, porque no se puede permitir bajo ningún concepto lo que ha hecho
el Gobierno de la Comunidad de Madrid, que a 700 profesionales, que han
dedicado su vida a la sanidad pública, se les jubile por carta el día
antes del puente. Eso es totalmente indigno. (Aplausos.) Cualquier
persona que vea que se está produciendo eso no debería tolerarlo bajo
ningún concepto. A nivel personal, han dejado ahí su vida, y no hay un
reconocimiento. Pero es que también han dejado al Sistema Nacional de
Salud, concretamente, en la Comunidad de Madrid, con 700 profesionales
menos, expertos, jefes de servicio. Y eso, al final, ¿quién lo paga? Los
de siempre, los ciudadanos, que irán a su centro y verán que el médico
que les ha atendido toda la vida, que es el que les llevaba el
seguimiento de su tratamiento, ha desaparecido, no está. Hay cuestiones
que no podemos permitir bajo ningún concepto.

Bajo el paraguas de la crisis y la eficiencia, están
cerrando centros de salud prácticamente en todas las comunidades; en las
comunidades del PP, por supuesto, en casi todas. Están cerrando centros
de salud por la tarde y por la noche. En mi comunidad ya han cerrado
centros de salud de urgencias por la noche —ya se lo digo—. Y
volvemos a las guardias de presencia localizada. Saben ustedes que hay
dos modalidades de guardia: de presencia física, cuando el médico, el
profesional sanitario está en su centro de salud o en su hospital, y las
guardias de presencia localizada. Pues ahora la modalidad es que muchas
guardias que eran de presencia física sean de presencia localizada.
¿Sabemos a dónde volvemos? A hace muchísimo tiempo, a cuando yo

estaba de médico en un centro de salud y tenía un
walkie-talkie de la Policía local para que me pudieran localizar. A eso
es a lo que volvemos: 30 años atrás, de destrucción del sistema sanitario
público. A eso es a lo que nos llevan con sus medidas.

Señorías, el derecho a la salud no lo podemos medir en
términos económicos. La salud es un derecho, no una mercancía, pero
ustedes se están cargando eso con este real decreto. Rajoy decía el 4 de
noviembre de 2012: yo voy a meter la tijera a todo, salvo a las
pensiones, la sanidad y la educación, donde no quiero recortar los
derechos de los ciudadanos. Señorías, de todo esto, los recortes más
bestiales han sido en educación, en pensiones y en salud. (Aplausos.)

Desgraciadamente, la política sanitaria no la dirige la
ministra de Sanidad, la dirige el ministro de Hacienda y por eso acepta
estos recortes bestiales que han mandado a la Unión Europea. Por eso, les
digo que es urgente un cambio de rumbo, es urgente que nos aprueben
nuestra moción, es urgente que se derogue este real decreto ley porque,
si no —se lo digo alto y claro—, la ministra de Sanidad no
puede continuar ni un día más como responsable del ministerio, porque
está en juego el bien más preciado que tenemos, que es el derecho a la
salud.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Llinares.

Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la
senadora Pan.

La señora PAN VÁZQUEZ: Gracias, señor presidente.

Señorías, hace aproximadamente un año que les decía desde
esta tribuna como respuesta a una moción similar que presentó el Grupo
Socialista que no se podían resolver los problemas pensando de la misma
manera que cuando se crearon, cuando los crearon ustedes, y hoy les digo
desde aquí también que, si queremos obtener resultados diferentes, hay
que hacer cosas diferentes, y no siempre lo mismo.

Señora portavoz del Grupo Socialista, utilizar el cáncer y
la muerte para hacer política es algo que no está bien, y menos en esta
Cámara; no está bien hacer política con los dramas de los ciudadanos que
padecen esas enfermedades. (Aplausos.)

Lo que es verdaderamente una tomadura de pelo es la
situación en la que ustedes dejaron el Sistema Nacional de Salud, con una
deuda de más de más de 16 000 millones de euros, señorías. No
pretenderían que en un año se resuelva esa tomadura de pelo que hicieron
ustedes a todos los ciudadanos.

Solo le daré un dato en este momento, aunque luego les
facilitaré alguno más. Únicamente en materia de farmacia, en el mes de
marzo, se ahorraron 204,3 millones de euros y el ahorro interanual se
sitúa en 1671 millones de euros. Por tanto, señorías, si multiplicamos
esos 1671 millones de euros por los 8 años de Gobierno socialista salen
13 368 millones de euros, que se acerca un poco al agujero del Sistema
Nacional de Salud que dejaron ustedes, señorías. Por lo tanto, no podemos
renunciar a gestionar mejor los recursos públicos.

Además, señorías, cualquier persona que conozca mínimamente
el sistema sanitario no se opone a la necesidad de reformas, nadie la ha
cuestionado y no digo ahora sino durante los últimos años; repito, ningún
profesional que lo conozca. Ustedes tampoco, y les pondré unos ejemplos.
El señor Fernández Vara: el copago está maldito, pero hay que ver la
manera de revisar las aportaciones en función de las pensiones. Y no es
del Partido Popular. La señora Trinidad Jiménez: El Gobierno está
estudiando la posibilidad de implantar un copago. La señora Pajín: De
entrada, el copago será simbólico. Ramón Jáuregui, ministro de la
Presidencia: Cabe incorporar copagos en sanidad si se quiere que siga
siendo universal y avanzada. Y, dice más: Hay que contar con una mayor
contribución de los ciudadanos en los gastos públicos, teniendo en cuenta
el nivel de renta. El señor García Vargas: El sistema de copago es algo
educativo y bueno para todos los ciudadanos. Carlos Ocaña, secretario de
Estado de Hacienda con ustedes: El copago es posible ahora. Marina Geli:
El copago funciona, ahora todo recae en los ciudadanos que pagan
impuestos y nada en los que utilizan el servicio; debería alterarse esta
proporción y ser más equitativa.

Señorías, repasen ustedes lo que les vienen diciendo a los
españoles a lo largo de los últimos años y luego traigan aquí propuestas.
(Aplausos.)

Además, señoría, en su feudo, en Andalucía, gobernada solo
por el Partido Socialista desde la democracia, solo 1 de cada 3
hospitales es público, amén de ser la comunidad que acumula un

mayor retraso en el pago; un retraso de un año. (Protestas.
— Aplausos.) Pero es que además, allí Izquierda Unida les dice a
ustedes que no dejen sin comedor a los hijos de los sin papeles. Esta es
una muestra de su hipocresía al decir en las comunidades autónomas una
cosa y, otra diferente, cuando vienen aquí. (Protestas.—Aplausos.)
Señorías, así no se puede llegar a ningún sitio.

Lo que ha hecho el real decreto es poner en marcha un
sistema nacional más justo y equitativo, aplicando el principio de que el
que más puede, tiene que aportar algo más y, el que menos puede, aporta
menos o nada. Eso es lo que ha hecho el real decreto.

Ustedes no lo hicieron, pero lo ha hecho Mariano Rajoy. Sí,
señorías, lo ha hecho y nos sentimos muy orgullosos de ello.

Lo que no se puede hacer es improvisar, que es lo que
hicieron ustedes durante 8 años y parece ser que es el camino que van a
seguir también durante estos 4 años, porque las improvisaciones, señoría,
son mejores si se preparan. No le quepa a usted ninguna duda.

La reforma que ha abordado el Gobierno es fruto de un gran
acuerdo del Gobierno con las comunidades autónomas ―sí, con las
comunidades autónomas― en el Consejo Interterritorial. No se puede
venir a esta tribuna a contar mentiras, señorías. Lo aplican todas las
comunidades autónomas, incluso el País Vasco, que lo va a empezar a
aplicar ahora.

Señoría, la sanidad sigue siendo pública en España, a pesar
de la deuda que ustedes dejaron cuando perdieron las elecciones, pero
este Gobierno ha promovido actuaciones para ayudar a las comunidades
autónomas a resolver esa deuda: el Plan de Pago a Proveedores, el Fondo
de Liquidez Autonómico del año 2012 y la nueva convocatoria de 2013 del
remanente del Plan de Pago a Proveedores y el nuevo Fondo de Liquidez
Autonómico del año 2013; ayudas, señoría, para evitar poner en riesgo la
sanidad, que fue lo que ustedes hicieron, ponerla en riesgo, señoría.

Como les dijo el Tribunal de Cuentas, perdieron ustedes
1000 millones de euros por no aplicar las directivas comunitarias.

¿Podría escucharme con la atención que yo le he dispensado
en lugar de darme la espalda y hablar con sus compañeros, señoría?
(Aplausos.)

Señoría, este real decreto garantiza la universalidad, cosa
que ustedes no hicieron. Por primera vez los parados que agotan la
prestación o el subsidio por desempleo tienen cobertura, y también por
primera vez ciudadanos que tradicionalmente no la tenían ahora sí la
tienen, como son los grupos de profesionales colegiados. (Fuertes
rumores.)

Señorías, por primera vez hay una base nacional que ha
detectado que 800 000 titulares de cartillas en activo, trabajadores,
estaban como beneficiarios en cartillas de pensionistas y, por tanto, le
estaban haciendo una trampa al sistema. Señorías, se aborda también la
cartera de servicios de la que usted habló, ¡claro que sí! La igualdad de
todos los españoles es una prioridad para este Gobierno, el que haya una
única tarjeta sanitaria interoperable, que haya un calendario vacunal
único —¡ya era hora!—, que haya un fondo de garantía
asistencial. Señoría, en el barómetro del año 2012 los ciudadanos ya
ponían de manifiesto las desigualdades que encontraban en salud por razón
de vivir en una comunidad o en otra. Se puede y se debe hacer un mejor
uso, un uso más racional de los medicamentos y adecuar los envases a los
tratamientos, señoría. (Rumores.)

Se ha pedido un esfuerzo a los ciudadanos, sí, es verdad, y
también a la industria, pero había un margen, señoría, porque 3700
toneladas de medicamentos se iban al punto Sigre y se tiraban a la
basura. Y los españoles, en el barómetro sanitario de 2011, ponían de
manifiesto que 45 000 000 de envases que no se utilizaban estaban
almacenados en sus casas. Era necesario hacer algo, ¡claro que era
necesario! Había que hacerlo. El uso de genéricos en nuestro país,
señoría, era menor que en países de nuestro entorno, y también teníamos
que impulsar esto. Y, señoría, esta reforma sanitaria ha permitido que
los parados sin prestación dejaran de pagar sus medicamentos.

Con ustedes, los parados sin prestación… Señoría,
póngame atención porque esto es muy importante, usted que es tan sensible
a los problemas sociales. Los parados sin prestación ya no pagan sus
medicamentos. Esto es lo que ha hecho el Gobierno de Mariano Rajoy. Pero
con ustedes pagaban el 40%, señoría. (Aplausos.) Hay que salvaguardar a
los más desprotegidos, en eso estamos de acuerdo. Y hemos actualizado el
Nomenclátor, claro que sí, ustedes lo hicieron en el año 1993 y retiraron
800 medicamentos, pero se han introducido otros muy importantes para
patologías graves, que cuestan en ocasiones incluso más de 1000 euros.
Esos sí que los

ciudadanos no se los pueden pagar, y han sido introducidos
por este Gobierno, señoría. Se han priorizado las nuevas tecnologías, la
e.salud, la real interoperabilidad de los datos, la receta electrónica y
la historia clínica digital. Señorías, hoy en día 16 millones de
españoles de 11 comunidades autónomas disponen de información clínica
interoperable. Esa es una realidad. Y en materia de ordenación
profesional, ustedes abandonaron a los profesionales durante ocho años,
señoría. No sé dónde estaba usted, pero yo estaba en esta Cámara y en el
Congreso, y estaban completamente abandonados, señoría. (Fuertes
rumores.)

El señor PRESIDENTE: Señorías, guarden silencio, por
favor.

La señora PAN VÁZQUEZ: Pues ahora se está dando respuesta a
esas demandas históricas con un registro de profesionales, porque los
profesionales son los pilares del Sistema Nacional de Salud. Y les pongo
solamente dos ejemplos de este reconocimiento: el acuerdo firmado con el
Foro de la Profesión Médica y los acuerdos que se han firmado con los
profesionales de la enfermería.

Señoría, hay que mencionar también los ahorros de la
Plataforma de Compras Centralizada. Ya sé que a ustedes esas cantidades
les parecerán pequeñas puesto que las dejaban a deber, pero lleva
ahorrados 80 millones de euros. Solo en vacunas ha habido un ahorro de 37
millones. Y no hay efectos negativos para la salud, señoría, ¡claro que
no los hay! No se han puesto de manifiesto en la encuesta epidemiológica
ni tampoco en la Encuesta Nacional de Salud.

Señorías, nosotros queremos llegar a acuerdos con ustedes,
pero ustedes abandonan la subcomisión, como así se lo ha hecho ver la
portavoz de CiU, y no asisten a debatir ni aquí ni en el Congreso.

El señor PRESIDENTE: Termine, por favor, señoría.

La señora PAN VÁZQUEZ: Termino, señor presidente.

Queremos llegar a acuerdos con ustedes, claro que sí, pero,
como decía Indira Gandhi, con el puño cerrado no se puede intercambiar un
apretón de manos, y ustedes, señorías, llevan con el puño cerrado desde
que perdieron las elecciones. Abran ustedes la mano por los españoles y
por la sanidad.

Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Pan.

Llamen a votación. (Pausa.)

Cierren las puertas.

Señorías, sometemos a votación la moción del Grupo
Parlamentario Socialista, con la incorporación de la enmienda, aceptada,
del Grupo Parlamentario Mixto.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 237; a favor, 73; en contra, 151; abstenciones, 13.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

6. MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIÓN

6.1. MOCIÓN POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A LA ADOPCIÓN
DE DETERMINADAS MEDIDAS EN RELACIÓN CON EL PROGRAMA DE ESTABILIDAD
2012-2015 Y EL PROGRAMA NACIONAL DE REFORMAS.

(Núm. exp. 671/000070)

AUTOR: GPEPC

El señor presidente da lectura a los puntos 6. y 6.1.
(Rumores.)

El señor PRESIDENTE: Señorías, guarden silencio, por
favor.

A esta moción consecuencia de interpelación se han
presentado dos enmiendas: una del Grupo Parlamentario Mixto, de los
senadores Mariscal e Iglesias, y otra del Grupo Parlamentario Socialista.
(Rumores.)

Señorías, guarden silencio, por favor. (Rumores.)

Señorías, hasta que no haya silencio no vamos a continuar
con la tramitación de la moción. (Pausa.)

Para la defensa de la moción, tiene la palabra, por tiempo
de cinco minutos, el senador Montilla.

El señor MONTILLA AGUILERA: Gràcies, senyor president,

Senyories. aquesta moció és conseqüència de la
interpel·lació que es va formular fa dues setmanes al ministre
d’Economia i Competitivitat, una mica amb l’intent que ens
expliqués les grans línies que tenia previstes respecte a
l’actualització del Programa d’Estabilitat i el quadre
macroeconòmic i el Pla Nacional de Reformes.

La veritat és que el senyor ministre no va ser molt
explícit respecte als criteris d’aquesta actualització, entre
altres coses perquè estava pendent, òbviament, de la discussió i
aprovació pel propi Consell de Ministres tres dies després. (El senyor
vicepresident, Lucas Giménez, ocupa la Presidència.)

El ministre va comentar els grans objectius de la política
econòmica del Govern, entre elles, la sostenibilitat dels comptes
públics, la reforma del sector financer, l’impuls a la
competitivitat, i la lluita contra l’atur com a objectius del
Govern. Però la moció conseqüència d’interpel·lació, tot i que va
ser formulada abans del divendres en què el Consell de Ministres va
aprovar les mencionades actualitzacions, és de plena actualitat.
D’alguna manera, perquè d’alguna manera el Consell de
Ministres no va resoldre les tres qüestions bàsiques, que són objecte
d’aquesta moció, la relativa al dèficit públic, la relativa a
l’ocupació i al creixement, i la relativa a l’accés al crèdit
per part de petites i mitjanes empreses i d’emprenedors.

Certament, vostès saben que el Govern, en aquesta
actualització del Programa d’Estabilitat, va fer unes previsions
que francament empitjoren molt l’escenari macroeconòmic per als
propers anys, tot i que, un o dos dies després, el propi president del
Govern deia que mirarien de millorar aquestes previsions que, per cert,
repeteixo, havien aprovat només dos dies abans.

Bé, el Programa d’Estabilitat i el quadre
macroeconòmic, a banda de recollir i corregir algunes obvietats, com ara
la previsió del decrement del producte interior brut per al present
exercici, que era insostenible continuar mantenint el 0,5 quan vèiem
l’evolució i, a més a més, totes les prediccions d’organismes
internacionals i de serveis d’estudis, el Govern, en un gest de
realisme, l’ha situat en el —1,3, malgrat que —com
vostès saben— el —1,3 encara està per sota del —1,5 que
la pròpia Unió Europea ha previst tot just fa pocs dies.

Pel que fa al dèficit, —i saben vostès que hem parlat
molt sobre aquest tema en aquesta Cambra — el Govern va decidir
incrementar l’objectiu de dèficit acordat amb Brussel·les fins al
6,3%, tot i que la pròpia Unió Europea, posteriorment, en les seves
previsions que fa respectar als països, avança que el dèficit arribarà
fins al 6,5% i fins al 7% també per a l’any vinent. Afortunadament,
hi ha aquesta flexibilització del dèficit i també una flexibilització
respecte al període de temps per arribar a l’objectiu del 3%, que
seria el 2016.

Però, com es distribueix aquest objectiu de dèficit? Això
és el que no ha quedat clar, nosaltres proposem en aquesta moció la
necessitat que sigui proporcional a la despesa entre el diferents nivells
d’administració, que hi hagi una certa asimetria entre Comunitats
Autònomes perquè també hi és a Europa, i perquè és totalment lògic. I
també, a la moció, recollim aspectes relatius al creixement i a
l’ocupació, entre altres coses, perquè les pròpies previsions del
Govern apunten a més atur al 2015, final de legislatura, que al 2011,
inici de legislatura. Aquestes són les previsions del Govern.

Si es fa aquesta previsió, el normal és que després hi hagi
un conjunt de mesures per mirar de corregir aquest gran problema que avui
té la societat espanyola i la veritat és que en el Programa Nacional de
Reformes no hi ha propostes a aquest respecte, més enllà de
l’enunciat. De l’estratègia per a l’empreneduria i
l’ocupació jove que ens va anunciar aquí el ministre, gairebé no hi
ha ni una pàgina. En definitiva, són moltes les carències i,
d’alguna manera, això és el que posa de relleu —i amb això
acabo— la moció conseqüència d’interpel·lació que en el

seu punt tercer tracta el tema del crèdit que també va ser
objecte de debat en la mencionada interpel·lació.

Moltes gràcies.

Gracias, señor presidente.

Señorías, esta moción es consecuencia de la interpelación
que se formuló hace dos semanas al ministro de Economía y Competitividad,
un poco con la idea de que nos explicara las grandes líneas que tenía
previstas respecto a la actualización del Programa de Estabilidad y el
cuadro macroeconómico y el Plan Nacional de Reformas.

Lo cierto es que el señor ministro no fue muy explícito en
cuanto a los criterios de esta actualización entre otras cosas porque,
evidentemente, estaba pendiente de su discusión y aprobación por parte
del propio Consejo de Ministros tres días más tarde. (El señor
vicepresidente, Lucas Giménez, ocupa la Presidencia.)

El ministro comentó los grandes objetivos de política
económica del Gobierno, entre los cuales estaba la sostenibilidad de las
cuentas públicas, la reforma del sector financiero, el impulso a la
competitividad y la lucha contra el desempleo, como objetivos del
Gobierno. Sin embargo, la moción consecuencia de interpelación, si bien
fue formulada antes del viernes en que el Consejo de Ministros aprobó las
actualizaciones mencionadas, es de plena actualidad en cierto modo porque
el Consejo de Ministros no resolvió las tres cuestiones básicas objeto de
esta moción: la relativa al déficit público, la relativa a la ocupación y
al crecimiento y la relativa al acceso al crédito por parte de empresas,
de pequeñas y medianas empresas, y emprendedores.

Saben ustedes, sin duda, que en esta actualización del
Programa de Estabilidad el Gobierno hizo unas previsiones que,
francamente, empeoran claramente el escenario macroeconómico para los
años venideros, si bien uno o dos días después el mismo presidente del
Gobierno decía que intentarían mejorar estas previsiones. Previsiones
que, por cierto, habían aprobado solo dos días antes, insisto.

En el Programa de Estabilidad y el cuadro macroeconómico,
además de recoger y corregir algunas obviedades como, por ejemplo, la
previsión del decremento del PIB para el presente ejercicio, vemos que
era insostenible seguir manteniendo el 0,5% respecto a su evolución y
según todas las previsiones de organismos internacionales y de servicios
de estudios. De hecho, el Gobierno, en un gesto de realismo, pasó al
—1,3%, a pesar de que el —1,3%, como ustedes saben, está por
debajo del —1,5% que la Unión Europea ha previsto hace apenas unos
días.

En cuanto al déficit —y sobre este tema ustedes saben
que se ha hablado mucho en esta Cámara— el Gobierno decidió
aumentar el objetivo de déficit pactado con Bruselas hasta el 6,3%, si
bien la Unión Europea misma posteriormente con sus previsiones —las
cuales hace respetar a los países— avanza que este déficit llegará
al 6,5%, incluso al 7%, el próximo año. Afortunadamente, hay una
flexibilización del déficit y una flexibilización también respecto del
período de tiempo para alcanzar el objetivo del 3%, que sería en 2016.
Pero, ¿cómo se distribuye este objetivo de déficit? Esto es lo que no ha
quedado claro. Nosotros pensamos —y así lo proponemos en esta
moción— que debe ser proporcional al gasto entre los distintos
niveles de la Administración para que haya una simetría entre las
comunidades autónomas, que también existe en Europa, y porque es lógico.
También en la moción recogemos aspectos relativos al crecimiento y a la
ocupación, entre otras cosas, porque las previsiones del Gobierno apuntan
a más desempleo en 2015, final de legislatura, más que en 2011, inicio de
la legislatura. Estas son las previsiones del Gobierno.

Si se cumple esta previsión, o si se hace esta previsión,
lo normal es que después haya medidas para tratar de corregir este gran
problema que afecta a la sociedad española. Y lo cierto es que en el
Programa Nacional de Reformas no hay propuestas en este sentido más allá
de anunciar la estrategia por la emprendeduría y la ocupación de jóvenes
que anunció aquí el ministro, apenas una página. En definitiva, hay
muchas carencias, y esto se pone de manifiesto —y con esto
termino— en la moción consecuencia de interpelación que en su punto
tercero trata el tema del crédito, que también fue objeto de debate en la
mencionada interpelación.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias,
presidente Montilla.

Para la defensa de las enmiendas, por el Grupo
Parlamentario Mixto, tiene la palabra el senador Iglesias.

El señor IGLESIAS FERNÁNDEZ: Gracias, señor presidente.

La enmienda que presentamos los senadores de Izquierda
Unida busca una redacción de la moción que establezca un mayor
distanciamiento en relación con el paquete de reformas al que se hace
referencia y remarcar como única prioridad fundamental de la política
económica el crecimiento y la generación de empleo. Cualquier política
económica es, primero, política porque hay que tomar la decisión de a
quién se pretende beneficiar con esa acción y, después, a través de qué
instrumento económico se va articulando. No es posible convertir la
economía en la ciencia suprema y mucho menos situarla en un nivel
superior al de los principios del funcionamiento del Estado democrático.
Por citar a Galbraith: La economía no existe aparte de la política, y es
de esperar que lo mismo siga sucediendo en el futuro. Hoy, hay que
reivindicar esta demanda de que siga existiendo en el futuro porque
vivimos tiempos en los que cada vez se consolida con mayor insistencia la
búsqueda de una autonomía de funcionamiento de la economía frente a la
política sometida a controles democráticos.

Parece que el Gobierno, en el Consejo de Ministros del
pasado día 26, volvió a establecer previsiones. A mí me gusta recordar
—lamento ser pesado— la necesidad de que los términos que se
utilicen en política sean homogéneos porque, si no, el discurso pierde
sentido. Durante mucho tiempo escuchamos a los responsables del Gobierno
decir que de lo que ellos hablaban era de objetivos, los objetivos que se
fijaban, y a mí me parecía bien, porque políticamente quien tiene la
responsabilidad del Gobierno, tiene la obligación de fijar objetivos para
que, después, los ciudadanos puedan evaluar si las medidas que tomaron
eran acertadas o no para conseguir esos objetivos. De repente, el
Gobierno ya no fija objetivos, establece previsiones como si fuera
Funcas, como si fuera una fundación de estudios económicos. Y poco
después, dos o tres días después, además, los corrige.

Parece que, como demandaba la moción, se va a producir una
flexibilización en la consecución del objetivo del déficit del 3%
prolongándolo dos años más, pero, a la vez, ello no se convierte en una
carta blanca para no seguir acometiendo nuevos ajustes y recortes; entre
ellos, de los que se han planteado en el Programa Nacional de Reformas de
2013, remitido a la Comisión Europea, hay uno que exige una aclaración
puesto que el discurso ha sido oscuro y es cómo va a afectar ese recorte
a la Ley de atención a la dependencia, porque en el programa remitido se
establece un ajuste de 1108 millones. Responsables gubernamentales dicen
que no son 1108 millones más, sino que son fundamentalmente los mismos
que se comprometieron en el consejo sectorial del pasado mes de julio.
Aclárese eso porque es importante.

Empieza a tener sentido, además, que se dé otra paradoja.
Hay una flexibilización del objetivo de déficit, sin embargo, las
previsiones de la Comisión dicen que en 2014 vamos a tener más déficit
del previsto por el Gobierno. Solo tiene una explicación lógica en
términos económicos, la perspectiva de los multiplicadores fiscales.

Todas las estrategias de ajuste que se han desarrollado a
lo largo de estos últimos años partían de una premisa asentada por el
Fondo Monetario Internacional, la premisa de que cada punto de ajuste
fiscal se traducía en medio punto de reducción del PIB en los países
desarrollados.

A estas alturas está claro que no ha sido así, y por eso el
Fondo Monetario Internacional reconoce que, según los países, la
repercusión de ese punto será entre el 0,9 o el 1,7%; en el caso de
España, probablemente el 1,5%; es decir, los efectos de los recortes
generan una caída de ingresos superior al ahorro, y por eso se incrementa
el déficit.

Dejo la continuación para mi siguiente intervención en el
turno de portavoces, porque me estoy excediendo, y antes de que el
presidente me llame al orden, me voy.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, senador
Iglesias.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, para la defensa de
su enmienda, tiene la palabra el presidente Lerma.

El señor LERMA BLASCO: Gracias, señor presidente.

Efectivamente, después del Consejo de Ministros del
viernes, hay una nueva previsión económica del Gobierno, que hasta ahora
era compartida prácticamente por todos los organismos nacionales e
internacionales, menos por el propio Gobierno, y, naturalmente, ahora ha
tenido que reconsiderar su postura.

No obstante, tengo que decir que después de esta nueva
revisión, y de acuerdo con el artículo de un editorialista en un
periódico de hoy, lo único estable de toda la previsión es el desempleo.
Esa es la realidad que el Gobierno nos ha mostrado en su revisión del
pasado viernes y esa, por desgracia, es la realidad que nosotros queremos
evitar.

Por ello, después de que el Gobierno no solo ha fracasado
estrepitosamente en la reducción del déficit sino que además no ha tomado
ninguna medida para fomentar el empleo, nosotros queremos hacer un
esfuerzo y hemos presentado una enmienda de adición a la moción que
propone una serie de medidas que vendrían a incidir fundamentalmente en
la creación de empleo, lo cual dicho sea de paso no solo no contribuiría
a incrementar el déficit —algo que el Gobierno ha demostrado ya que
es capaz de hacer, a pesar de incrementar los impuestos— sino que
seguramente, gracias al crecimiento económico y la creación de empleo, lo
que haría sería generar más recursos para la Hacienda pública, y, por
tanto, incrementar mucho menos el endeudamiento de lo que está aumentado
en este momento.

A esto hay que añadir unas declaraciones del gobernador del
Banco Central Europeo, que después de decir que rebajaba los tipos de
interés para intentar favorecer el crecimiento económico en Europa,
añadía que de todas maneras no iba a funcionar esa medida porque existe
la trampa de la liquidez, conocida desde hace muchos años por cualquier
economista del mundo, y que el crédito seguiría sin funcionar; por tanto,
además de protestar porque no se adoptaran medidas que debía adoptar él
no tomaba ninguna otra, salvo la protesta. Pues bien, nosotros queremos
insistir en que uno de los problemas clave del crecimiento económico en
España y en toda Europa en este momento son las políticas de austeridad y
la falta de crédito, y, de acuerdo con la propuesta que ahora
presentamos, hemos pasado de considerar el déficit como problema
fundamental a considerar el desempleo.

En ese sentido, apoyamos medidas que incidan directamente
en el crecimiento poniendo a disposición crédito para las empresas y los
emprendedores, y al mismo tiempo, y a fin de paliar las graves
circunstancias que padecen millones de españoles desempleados, medidas
que tenderían también a favorecer la actual situación.

Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias,
señoría.

Turno en contra.

Por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado, tiene la
palabra la senadora señora Angulo.

La señora ANGULO MARTÍNEZ: Gracias, señor presidente.

Utilizo este turno en nombre del Grupo Parlamentario
Popular para expresar que nuestro voto será contrario a la moción por una
simple razón, y es que es una moción del todo innecesaria, porque como
ustedes mismos han reconocido, están instando al Gobierno para que
emprenda una serie de acciones y tome una serie de decisiones ya
realizadas y ya tomadas, dado que todo ello está ampliamente contemplado
en la acción del Gobierno.

Señorías, en el primer punto plantean ustedes, tal y como
han dicho, negociar con la Unión Europea la flexibilización de los
objetivos de déficit para 2013 y 2014, aplazando el objetivo del 3% a
ejercicios posteriores, y como ustedes mismos han dicho, el 26 de abril
de 2013 el Consejo de Ministros aprobó el Programa de Estabilidad
2013-2016 y el Programa Nacional de Reformas, y en esos documentos, en el
Programa de Estabilidad se incluye precisamente una extensión del tiempo
en el que nuestras administraciones deben alcanzar ese déficit por debajo
del 3%, esa nueva senda de consolidación fiscal.

Por tanto, el Gobierno no solo ha negociado ya, sino que ha
conseguido esa flexibilización de los objetivos de déficit y lo ha
confirmado a través de su vicepresidente la propia Comisión Europea. El
señor Olli Rehn decía el otro día que esta decisión se había tomado
—y a eso ustedes no han hecho referencia— teniendo en cuenta
el empeoramiento de las perspectivas económicas que se están dando en
todos los países europeos, como recordaba el presidente del Gobierno,
pero teniendo en cuenta también la credibilidad de la política económica
del Gobierno español, y señorías, senador Lerma, eso también es estable:
La credibilidad de la política económica del Gobierno en este año y medio
y el hecho de que las reformas que ha puesto en marcha el Gobierno de
Mariano Rajoy están funcionando. Quizá deberían pararse a reflexionar
sobre el sentido de su moción de hoy y también sobre el sentido de su
discurso.

En segundo lugar plantean ustedes la articulación de
mecanismos, en concreto del Banco Europeo de Inversiones, que faciliten
el crédito a las pequeñas y medianas empresas, pero saben muy bien
—o deberían saberlo— que el Gobierno está trabajando a todos
los niveles para articular ese mayor crédito a las pequeñas y medianas
empresas, también con el Banco Europeo de Inversiones. Saben que se ha
incrementado el apoyo a la pyme por parte de dicho banco en cooperación
con el sector financiero, y que para ello ese banco, en colaboración con
las autoridades nacionales, ha creado 15 nuevas líneas de crédito
precisamente para dar apoyo a los proyectos de menor cuantía, unas líneas
que han supuesto 2600 millones de euros para la financiación de pequeñas
y medianas empresas, y precisamente porque el mandato del BEI es dar
mayor financiación a pequeñas y medianas empresas. Y tras la ampliación
de capital del año 2012 el Banco Europeo de Inversiones va a reforzar aún
más su actividad en las pymes, destinando hasta 15 000 millones de euros
adicionales de financiación. Por tanto, también en eso ha trabajado el
Gobierno y ha conseguido resultados.

Y plantean priorizar las reformas iniciadas de manera que
puedan generar crecimiento y empleo, y en este sentido, señorías, tengo
que decirles que el camino no empieza hoy. La legislatura no empieza hoy.
El camino lo empezó el Gobierno del Partido Popular en el primer Consejo
de Ministros. Ustedes, señorías del Grupo Parlamentario Socialista,
hablan hoy de medidas para los emprendedores, de medidas para la
financiación, pero saben que la mayor inyección para los emprendedores la
puso el Ministerio de Hacienda, la puso el Gobierno del Partido Popular
con ese Plan de Pago a Proveedores que ha permitido pagar más de 5,5
millones de facturas de las administraciones que con la pasividad del
Gobierno socialista se debían en este país. Seis de cada diez euros de
facturas sociales se debían en este país. Esa fue la mayor inyección
económica y la primera del Gobierno del Partido Popular, y hoy hay en
marcha tres procesos fundamentales. Proceso de consolidación fiscal, que
no es solo reducción del déficit, que han sido mecanismos para salvar de
los pozos de deuda a las administraciones, y el saneamiento del sistema
financiero, que es una realidad, que no es solo la recapitalización de
entidades, que también es la protección de deudores hipotecarios y que se
ha legislado por primera vez para frenar los desahucios o para impedir
los abusos tras la mala comercialización de las preferentes. Y hay un
tercer bloque de medidas importantísimas, señorías, todas las reformas
para la competitividad y el crecimiento; para asegurar que nuestras pymes
tengan crédito se ha impulsado el acceso de las pymes a la financiación
de origen bancario o también la financiación a pymes a través del capital
riesgo y de los business angels.

En definitiva, señorías, hay un programa de reformas en
marcha. Hay un programa de reformas que está generando respeto. En cada
línea del Programa de Estabilidad —y termino, señor
presidente— y del Programa Nacional de Reformas hay reflejada una
política económica dirigida a sentar las bases para recuperar y asegurar
el crecimiento y el empleo. Si hay algo en esos documentos es un esfuerzo
de responsabilidad; de responsabilidad con una previsiones realistas,
incluso conservadoras, y hay un esfuerzo de coherencia y de determinación
de un Gobierno que no ha dejado ni un solo minuto, ni ha perdido en
ningún momento, el objetivo, que es recuperar la creación de empleo.

Y termino recordando las palabras que decía el presidente
de la Caixa esta semana en la presentación de un informe que les aconsejo
y les recomiendo leer: España, tierra de oportunidades, del Consejo
Empresarial de la Competitividad.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Señoría, por
favor, termine.

La señora ANGULO MARTÍNEZ: Termino, señor presidente.

Decía en la presentación el señor Fainé: Las reformas del
Gobierno han colocado a la economía española en un camino sostenible. Si
hay algo que tenemos que hacer en este momento, desde la responsabilidad,
desde la coherencia, es perseverar en esa dirección, es mantener la
firmeza y el pulso firme en esas reformas que nos han puesto en el camino
de la recuperación económica y en ese camino, aunque algunos de ustedes
se incorporarán muy tarde, esperamos encontrarles.

Gracias, señor presidente. (Aplausos.)

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias,
señoría.

Para indicar si acepta o no las enmiendas presentadas,
tiene la palabra el senador Montilla.

El señor MONTILLA AGUILERA: Gràcies. El punt número dos de
la moció òbviament es va redactar en un moment en què encara no es
coneixien els acords que prendria el Consell de Ministres i, segurament,
en un excés podríem dir d’optimisme, francament, pensaven que
desenvoluparia més alguns aspectes que d’alguna manera el Ministre
havia anunciat aquí en la interpel·lació, relatius especialment a tot el
que te relació amb les polítiques de creixement i d’ocupació.
Francament, a l’hora de la veritat, mirant els documents aprovats i
que s’han remés a Brussel·les, aquestes propostes, el grau de
concreció de les mateixes brilla per la seva absència.

I en aquest sentit vull dir que crec que les esmenes en
general que fan tant el Grup Mixt com el Grup Socialista són esmenes que
complementen i milloren el text. És obvi que les dues a la vegada no són
possibles. El grau de concreció de l’esmena del Grup Socialista és
més àmplia. I, en aquest sentit, crec que també inclou si més no
l’esperit i les qüestions principals que te l’esmena del Grup
Mixt. I, per tant, nosaltres acceptaríem l’esmena del Grup
Socialista, que d’alguna manera concreta mitjançant determinades
mesures com afavorir el creixement: mitjançant crèdits per al foment de
l’ocupació, de l’emprenedoria i de suport a
l’exportació, a les empreses exportadores, amb propostes en
l’àmbit comunitari també per tractar de millorar les possibilitats
que hi ha de que no computin en el dèficit, com de fet hi ha
l’antic precedent en el Pacte d’Estabilitat i Creixement del
que es deia la golden rule. Crec que aquest és l’esperit del què
planteja el senyor Lerma.

El tema de l’educació és el que a mi no m’acaba
d’encaixar, sí els temes de recerca i d’inversió productiva,
que, repeteixo, en el seu moment com vostès saben es consideraven dins el
Pacte d’Estabilitat i Creixement, com una possibilitat que
òbviament requeria l’autorització de Brussel·les, però que molts
Estats i comunitats autònomes —en el nostre cas també— van
fer servir.

I desprès allò de la moratòria dels acomiadaments em sembla
també una bona proposta, que per raons econòmiques en aquest període fixa
l’esmena.

En aquest sentit, repeteixo, que acceptaria aquestes
esmenes amb aquesta precisió pel que fa a l’educació, aquesta
petició de reconsideració que li faig al senyor Lerma, amb el ben entés
que acceptant aquesta esmena s’inclou amb un grau fins i tot de
concreció l’esmena també que ha formulat el Grup Mixt.

Moltes gràcies.

Gracias. El punto número dos de la moción, obviamente, se
redactó en un momento en el que todavía no se conocían los acuerdos que
iba a tomar el Consejo de Ministros y, seguramente, en un exceso de
optimismo pensábamos que iba a desarrollar más algunos aspectos que, en
cierto modo, el ministro había ya anunciado en la interpelación relativos
especialmente a las políticas de crecimiento y ocupación. A la hora de la
verdad, viendo los documentos aprobados, que han sido remitidos a
Bruselas, el grado de concreción de estas propuestas brilla por su
ausencia.

Y, en este sentido, creo que las enmiendas, en general,
tanto la planteada por el Grupo Mixto como por el Grupo Socialista,
complementan y mejoran el texto. Es obvio que las dos a la vez no son
posibles. El grado de concreción de la enmienda del Grupo Socialista es
más amplio y, además, creo que también incluye en líneas generales el
espíritu y las cuestiones principales que tiene la enmienda del Grupo
Mixto, y, por tanto, aceptaríamos la enmienda del Grupo Socialista que,
en cierto modo, concreta mediante una serie de medidas cómo favorecer el
crecimiento precisamente mediante créditos para el fomento de la
ocupación, la emprendiduría y el apoyo a las empresas exportadoras, con
propuestas en el ámbito comunitario para intentar mejorar las
posibilidades que hay de que no computen en el déficit, como ya existe ya
un antiguo precedente en el Pacto de Estabilidad y Crecimiento de lo que
se llamaba la golden rule. Creo que este es un poco el espíritu que
plantea el señor Lerma.

Lo que a mí no me acaba de encajar es la educación; sí los
temas de investigación y de productividad, que, como usted sabe, se
consideraban como parte del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, como una
posibilidad que requería, obviamente, la autorización de Bruselas, pero
que en muchos Estados y comunidades autónomas, en nuestro caso, también
utilizamos.

La moratoria en los despidos, que fija la enmienda, también
me parece una buena propuesta que exista por razones económicas.

Por tanto, aceptaría estas enmiendas con la petición de
reconsideración que le hago al señor Lerma, con la idea de que creo que
aceptando esta enmienda se incluye con un grado mayor de concreción la
enmienda formulada por el Grupo Mixto.

Gracias. (Aplausos.)

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, president
Montilla.

Pasamos al turno de portavoces. Por el Grupo Parlamentario
Mixto, tiene la palabra el senador Iglesias.

El señor IGLESIAS FERNÁNDEZ: Gracias, señor presidente.

Me sirve la fórmula que el senador Montilla ha encontrado
para interpretar el encaje de las dos enmiendas. Retomo el argumento. El
argumento era que la flexibilización del objetivo, acompañada de más
ajustes o más recortes no resuelve en absoluto la situación en la que
estamos. Pondré un ejemplo médico que seguramente les sonará a muchos de
ustedes, el de la digitalina. La digitalina es un alcaloide para el
tratamiento de las insuficiencias cardiacas y las arritmias auriculares.
Pero depende de la dosis. Los que hayan leído novelas de Agatha Christie
recordarán que la digitalina era uno de los venenos habituales en los
crímenes que reflejan esas novelas. Los partidarios de las conspiraciones
habrán oído hablar también de la digitalina relacionada con el repentino
fallecimiento del Papa Juan Pablo I. Y eso es lo que ocurre. Las dosis en
las que se utilizan los componentes de respuesta a la crisis no solamente
no nos ayudan a salir de la misma, sino que agravan la enfermedad. Voy a
buscar un ejemplo más próximo todavía. Es llamativo que las comunidades
autónomas que más han recortado su déficit a lo largo de 2012 sean,
precisamente, las que han sufrido una mayor caída del Producto Interior
Bruto, Castilla-La Mancha, Asturias, Extremadura; son la plasmación
práctica, la expresión más clara de la aplicación del principio imperioso
de contención del déficit sin mirar alrededor, sin mirar las consecuencia
que de ello se deriva. Por eso, estamos en una depresión. No parece que
la reducción que acaba de acordar el Banco Central Europeo, la rebaja de
un cuartillo de los tipos de interés, vaya a ser —ningún experto,
ningún responsable de entidades financieras podría asegurarlo— un
mecanismo adecuado para garantizar que el crédito fluya. Crédito y empleo
están directamente relacionados y son los problemas fundamentales de
nuestra economía. Crédito y empleo padecen las consecuencias de los
ajustes y de los recortes de la primacía absoluta del objetivo de
contención del déficit. El tipo de interés está en el 0,5. Este es el
período más largo de la historia económica de los últimos años con los
tipos de interés más bajos. Antes estaba en el 0,75. ¿Cuál es el tipo
medio de interés que pagan las pymes españolas? Por encima del 5%. La
prioridad sigue siendo recapitalizar a las entidades financieras y ni así
ni con tipos de interés diez veces superiores a los fijados por el Banco
Central Europeo fluye el crédito a la economía real en nuestro país. ¿Por
qué? Porque las entidades financieras están mirando por ellas mismas y el
Gobierno consiente que su prioridad, la de las entidades financieras, sea
mirar por ellas mismas. En segundo lugar, porque en una realidad
económica como la que tenemos, con un nivel de desempleo como el que
tenemos, las entidades financieras después de mirar para ellas y por sus
necesidades de recapitalización, no tienen confianza en la capacidad de
devolución de los créditos de quienes tengan el valor en este momento y
en esta coyuntura de solicitar un crédito, de solicitar un préstamo.

Llegamos a situaciones difícilmente comprensibles incluso
si aplicamos la lógica económica más ortodoxa. Como no tenemos banca
pública hemos renunciado a ella. Se utiliza como instrumento para
dinamizar el crédito el ICO, pero en unas condiciones absolutamente
leoninas. El ICO tramita y decide si se va a conceder el crédito. El ICO
pone el dinero de ese crédito prácticamente. El ICO responde del riesgo
de morosidad. La pregunta es, ¿qué pone el banco? Porque incluso desde
una perspectiva religiosa, la justificación del interés en el mundo
cristiano está en el riesgo que asume. Hay otras religiones en las que
está prohibida la usura. Aquí la usura se justifica por el riesgo; a
mayor riesgo, mayor interés. Si el ICO responde, si respondemos todos
¿dónde está el riesgo? ¿Por qué el interés entonces?

El resultado —y concluyo—, es que no hay
medidas eficaces que dinamicen la realidad económica y que sean una
respuesta adecuada al desempleo. Hoy todos ustedes habrán leído en los
medios de comunicación el incremento de la emigración a Alemania, de un
45% el pasado año. Pero hay otro dato que a mí me parece igualmente
espeluznante. En 2012, en relación con 2011…

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Señoría, vaya
finalizando.

El señor IGLESIAS FERNÁNDEZ: Solo tres segundos, señor
presidente.

…la Organización Médica Colegial tramitó un 75% más
de solicitudes de idoneidad, el 91% para moverse hacia el exterior, que
diría la señora ministra de Empleo, antes emigrantes.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, senador
Iglesias.

Por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado, tiene la
palabra la senadora señora Martínez.

La señor a MARTÍNEZ MUÑOZ: Eskerrik asko, presidente
jauna.

Hemen ez dekogu bakarrik mozio bat, baizik eta mozio bi, ze
PSOEK aurkeztutako emendakina guztiz mozio bat dala ematen dau.

Baina, bueno, berdin dau, puntu guztietan aztertuko dot
nire talde parlamentarioaren posizioa.

Muchas gracias, señor presidente.

Aquí no tenemos solo una moción sino que se trata de dos
mociones, porque la enmienda que ha presentado el Grupo Socialista casi
es una moción, tiene sus características.

Pero voy a analizar en todos los puntos la posición de mi
grupo parlamentario.

Porque además de la moción del senador Montilla nos
encontramos con la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista que casi
es una moción en sí misma.

Vamos a votar a favor de la moción porque compartimos
plenamente la moción presentada por el senador Montilla en todos y cada
uno de sus puntos, así como la enmienda presentada en este caso por el
Grupo Parlamentario Socialista, con algunas matizaciones a las que luego
haré alusión.

La moción del senador Montilla hace referencia a la
necesidad de flexibilizar el déficit y de que se haga además con una
distribución equitativa. En ese sentido, es importante señalar que,
además de la Administración central y de las comunidades autónomas, son
los ayuntamientos los que afrontan buena parte del gasto público, y
entiendo que la relajación del déficit tiene que tener en cuenta las
administraciones locales, que se encuentran en este momento con un
déficit cero. Si hay alguien que ha cumplido son precisamente ellas. En
ese sentido, mi grupo parlamentario siempre se ha manifestado a favor de
flexibilizar el déficit y, por lo tanto, entendemos y compartimos
plenamente el punto en su redacción textual.

A la hora de priorizar políticas que generen crecimiento y
empleo, especialmente de los jóvenes y de lo que se llama el
emprendimiento, nosotros también hemos mantenido una postura coincidente
con lo expresado por la moción, al igual que este último punto, al que
hacía extensiva referencia el senador Iglesias cuando hablaba de
facilitar el acceso al crédito a los autónomos y a las pymes. Nos
preocupa mucho, nos preocupa tanto que ha sido de las primeras medidas
que hemos empezado a implementar cuando hemos entrado en el Gobierno
vasco. Hoy mismo, a las cuatro de la tarde, el lehendakari del Gobierno
vasco tiene una reunión con los diputados generales y con la presidenta
de Eudel, con Ibone Bengoetxea, presidenta de la Asociación de Municipios
Vascos, donde les va a lanzar una propuesta, y es la creación de tres
fondos: uno de reactivación económica precisamente orientado a facilitar
el acceso al crédito y a los avales —que los avales también son
fundamentales para las empresas, sobre todo para las pequeñas—, por
un valor a través de un fondo de 200 millones de euros; un fondo de
solidaridad para el empleo de 40 millones de euros que haga especial
hincapié en el empleo de la gente joven y de los parados de larga
duración, y un fondo de apoyo a emprendedores de 5 millones de euros; un
total de 245 millones que se han conseguido sacar gracias a los datos que
estimamos de relajación del déficit que vamos a tener la semana que
viene.

Por lo tanto, es importante visualizar cómo la
flexibilización del objetivo del déficit realmente se traduce en fondos y
en cuantías concretas que van orientadas en este sentido. En
consecuencia, no tengo nada que decir a la moción que ha presentado el
senador Montilla y que apoyamos, como he comentado, sin reservas.