3.5. Pregunta sobre la valoración del Gobierno de la
situación del sector financiero español.

(Núm. exp. 680/000141)

Autor: JORDI GUILLOT MIRAVET (GPEPC)

3.6. Pregunta sobre la posición del Gobierno en relación
con los tenedores de participaciones preferentes en entidades
bancarias.

(Núm. exp. 680/000144)

Autor: FRANCISCO UTRERA MORA (GPP)

3.7. Pregunta sobre las medidas que piensa adoptar el
Ministerio de Fomento para solucionar definitivamente los grandes
problemas surgidos en la carretera nacional N-634, a la altura de la
localidad de El Bao, municipio de Navia (Asturias), tras las lluvias
torrenciales de junio de 2010.

(Núm. exp. 680/000129)

Autor: ISIDRO MANUEL MARTÍNEZ OBLANCA (GPMX)

3.8. Pregunta sobre si el Gobierno está en disposición de
suscribir el acuerdo firmado por el anterior Ministro de Fomento y el
Presidente de la Xunta de Galicia en julio de 2009, en relación con la
puesta en marcha de la alta velocidad en la Comunidad Autónoma de
Galicia, conocido como «Pacto del Obradoiro».

(Núm. exp. 680/000139)

Autor: PABLO GARCÍA GARCÍA (GPS)

3.9. Pregunta sobre el razonamiento en que se basa el
Gobierno para considerar que el Anteproyecto de Ley de Medidas de
Flexibilización y Fomento del Mercado de Alquiler de Viviendas, en el que
se contempla una reducción sustantiva de los plazos de duración del
contrato de alquiler, contribuirá al fomento del mercado de alquiler en
nuestro país.

(Núm. exp. 680/000142)

Autor: CARLOS MARTÍ JUFRESA (GPEPC)

3.10. Pregunta sobre si tiene previsto el Gobierno mejorar
la conexión ferroviaria entre las Comunidades Autónomas de Madrid y
Galicia.

(Núm. exp. 680/000143)

Autora: MARÍA DOLORES PAN VÁZQUEZ (GPP)

3.11. Pregunta sobre si cree el Gobierno suficiente el
caudal medioambiental propuesto por la Confederación Hidrográfica del
Ebro en el tramo final del río.

(Núm. exp. 680/000131)

Autor: FERRAN SALVADO BEL ACCENSI (GPCIU)

3.12. Pregunta sobre las medidas que piensa adoptar el
Gobierno destinadas a mantener las rentas de los agricultores, una vez
conocida la disminución de los recursos presupuestarios.

(Núm. exp. 680/000132)

Autor: MANEL PLANA FARRAN (GPCIU)

3.13. Pregunta sobre si cree el Gobierno que está aplicando
correctamente la ley de incompatibilidades de altos cargos en la elección
de estos.

(Núm. exp. 680/000135)

Autor: FRANCISCO FUENTES GALLARDO (GPS)

3.14. Pregunta sobre los criterios por los que se rige el
Gobierno para la impugnación de oposiciones de otras Administraciones
Públicas.

(Núm. exp. 680/000136)

Autora: ROSA LUCÍA POLONIO CONTRERAS (GPS)

3.15. Pregunta sobre si el Gobierno considera que ha
contribuido al objetivo de ganar confianza en Europa por el modo en que
ha anunciado el desvío del déficit.

(Núm. exp. 680/000145)

Autor: JUAN MARÍA VÁZQUEZ GARCÍA (GPS)

4. INTERPELACIONES

4.1. Interpelación sobre las medidas anunciadas respecto a
las cuentas públicas de la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias
y su posible tutela por el Ministerio de Hacienda y Administraciones
Públicas.

(Núm. exp. 670/000024)

Autor: ISIDRO MANUEL MARTÍNEZ OBLANCA (GPMX)

4.2. Interpelación sobre las razones de las medidas
impulsadas por el Gobierno en materia de política medioambiental.

(Núm. exp. 670/000022)

Autor: MIGUEL FIDALGO AREDA (GPS)

4.3. Interpelación sobre las previsiones del Ministerio de
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente en cuanto a los caudales
ecológicos que deben fijarse en el Plan Hidrológico de la Cuenca del Ebro
y los criterios en que se sustentan.

(Núm. exp. 670/000023)

Autor: JOAN SABATÉ BORRÀS (GPEPC)

4.4. Interpelación sobre la política del Gobierno en
materia de transporte aéreo con las Comunidades Autónomas de Canarias y
de las Illes Balears, y con las Ciudades de Ceuta y Melilla.

(Núm. exp. 670/000019)

Autor: NARVAY QUINTERO CASTAÑEDA (GPMX)

5. MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIÓN

5.1. Moción por la que se insta al Gobierno a la adopción
de determinadas medidas en relación con la aplicación del Real Decreto
Ley 14/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes de racionalización del
gasto público en el ámbito educativo, sin dañar la igualdad de
oportunidades en un sistema educativo de calidad para todos.

(Núm. exp. 671/000018)

Autor: GPS

Página
1076

3.3. Pregunta sobre el sistema de cotización a tiempo
parcial para los trabajadores autónomos.

Autor: FRANCISCO JAVIER YANGUAS FERNÁNDEZ (GPMX)

1085

El señor Yanguas Fernández formula su pregunta. En nombre
del Gobierno responde la señora ministra de Empleo y Seguridad Social
(Báñez García)

3.4. Pregunta sobre la opinión que le merece a la Ministra
de Empleo y Seguridad Social la previsión sobre el empleo en España,
recogida en el Programa de Estabilidad 2012-2015, recientemente aprobado
por el Consejo de Ministros y remitido a Bruselas.

Autor: JUAN FRANCISCO MARTÍNEZ-ALDAMA SÁENZ (GPS)

1087

El señor Martínez-Aldama Sáenz formula su pregunta. En
nombre del Gobierno responde la señora ministra de Empleo y Seguridad
Social (Báñez García). En turno de réplica interviene de nuevo el señor
Martínez-Aldama Sáenz. En turno de dúplica lo hace la señora ministra de
Empleo y Seguridad Social (Báñez García).

3.5. Pregunta sobre la valoración del Gobierno de la
situación del sector financiero español.

Autor: JORDI GUILLOT MIRAVET (GPEPC)

1088

El señor Guillot Miravet formula su pregunta. En nombre del
Gobierno responde el señor ministro de Economía y Competitividad (De
Guindos Jurado). En turno de réplica interviene de nuevo el señor Guillot
Miravet. En turno de dúplica lo hace el señor ministro de Economía y
Competitividad (De Guindos Jurado).

3.6. Pregunta sobre la posición del Gobierno en relación
con los tenedores de participaciones preferentes en entidades
bancarias.

Autor: FRANCISCO UTRERA MORA (GPP)

1090

El señor Utrera Mora formula su pregunta. En nombre del
Gobierno responde el señor ministro de Economía y Competitividad (De
Guindos Jurado).

3.7. Pregunta sobre las medidas que piensa adoptar el
Ministerio de Fomento para solucionar definitivamente los grandes
problemas surgidos en la carretera nacional N-634, a la altura de la
localidad de El Bao, municipio de Navia (Asturias), tras las lluvias
torrenciales de junio de 2010.

Autor: ISIDRO MANUEL MARTÍNEZ OBLANCA (GPMX)

1092

El señor Martínez Oblanca formula su pregunta. En nombre
del Gobierno responde la señora ministra de Fomento (Pastor Julián). En
turno de réplica interviene de nuevo el señor Martínez Oblanca. En turno
de dúplica lo hace la señora ministra de Fomento (Pastor Julián).

3.8. Pregunta sobre si el Gobierno está en disposición de
suscribir el acuerdo firmado por el anterior Ministro de Fomento y el
Presidente de la Xunta de Galicia en julio de 2009, en relación con la
puesta en marcha de la alta velocidad en la Comunidad Autónoma de
Galicia, conocido como «Pacto del Obradoiro».

Autor: PABLO GARCÍA GARCÍA (GPS)

1093

El señor García García formula su pregunta. En nombre del
Gobierno responde la señora ministra de Fomento (Pastor Julián). En turno
de réplica interviene de nuevo el señor García García. En turno de
dúplica lo hace la señora ministra de Fomento (Pastor Julián).

3.9. Pregunta sobre el razonamiento en que se basa el
Gobierno para considerar que el Anteproyecto de Ley de Medidas de
Flexibilización y Fomento del Mercado de Alquiler de Viviendas, en el que
se contempla una reducción sustantiva de los plazos de duración del
contrato de alquiler, contribuirá al fomento del mercado de alquiler en
nuestro país.

Autor: CARLOS MARTÍ JUFRESA (GPEPC)

1095

El señor Martí Jufresa formula su pregunta. En nombre del
Gobierno responde la señora ministra de Fomento (Pastor Julián). En turno
de réplica interviene de nuevo el señor Martí Jufresa. En turno de
dúplica lo hace la señora ministra de Fomento (Pastor Julián).

3.10. Pregunta sobre si tiene previsto el Gobierno mejorar
la conexión ferroviaria entre las Comunidades Autónomas de Madrid y
Galicia.

Autora: MARÍA DOLORES PAN VÁZQUEZ (GPP)

1097

La señora Pan Vázquez formula su pregunta. En nombre del
Gobierno responde la señora ministra de Fomento (Pastor Julián).

3.11. Pregunta sobre si cree el Gobierno suficiente el
caudal medioambiental propuesto por la Confederación Hidrográfica del
Ebro en el tramo final del río.

Autor: FERRAN SALVADO BEL ACCENSI (GPCIU)

1098

El señor Bel Accensi formula su pregunta. En nombre del
Gobierno responde el señor ministro de Agricultura, Alimentación y Medio
Ambiente (Arias Cañete). En turno de réplica interviene de nuevo el señor
Bel Accensi. En turno de dúplica lo hace el señor ministro de
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (Arias Cañete).

3.12. Pregunta sobre las medidas que piensa adoptar el
Gobierno destinadas a mantener las rentas de los agricultores, una vez
conocida la disminución de los recursos presupuestarios.

Autor: MANEL PLANA FARRAN (GPCIU)

1100

El señor Plana Farran formula su pregunta. En nombre del
Gobierno responde el señor ministro de Agricultura, Alimentación y Medio
Ambiente (Arias Cañete). En turno de réplica interviene de nuevo el señor
Plana Farran. En turno de dúplica lo hace el señor ministro de
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (Arias Cañete).

3.13. Pregunta sobre si cree el Gobierno que está aplicando
correctamente la ley de incompatibilidades de altos cargos en la elección
de estos.

Autor: FRANCISCO FUENTES GALLARDO (GPS)

1101

El señor Fuentes Gallardo formula su pregunta. En nombre
del Gobierno responde el señor ministro de Hacienda y Administraciones
Públicas (Montoro Romero). En turno de réplica interviene de nuevo el
señor Fuentes Gallardo. En turno de dúplica lo hace el señor ministro de
Hacienda y Administraciones Públicas (Montoro Romero).

3.14. Pregunta sobre los criterios por los que se rige el
Gobierno para la impugnación de oposiciones de otras Administraciones
Públicas.

Autora: ROSA LUCÍA POLONIO CONTRERAS (GPS)

1103

La señora Polonio Contreras formula su pregunta. En nombre
del Gobierno responde el señor ministro de Hacienda y Administraciones
Públicas (Montoro Romero). En turno de réplica interviene de nuevo la
señora Polonio Contreras. En turno de dúplica lo hace el señor ministro
de Hacienda y Administraciones Públicas (Montoro Romero).

3.15. Pregunta sobre si el Gobierno considera que ha
contribuido al objetivo de ganar confianza en Europa por el modo en que
ha anunciado el desvío del déficit.

Autor: JUAN MARÍA VÁZQUEZ GARCÍA (GPS)

1105

El señor Vázquez García formula su pregunta. En nombre del
Gobierno responde el señor ministro de Hacienda y Administraciones
Públicas (Montoro Romero). En turno de réplica interviene de nuevo el
señor Vázquez García. En turno de dúplica lo hace el señor ministro de
Hacienda y Administraciones Públicas (Montoro Romero).

El señor presidente agradece a los intervinientes que se
hayan ajustado a los tiempos reglamentarios.

4. INTERPELACIONES

4.1. Interpelación sobre las medidas anunciadas respecto a
las cuentas públicas de la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias
y su posible tutela por el Ministerio de Hacienda y Administraciones
Públicas.

Autor: ISIDRO MANUEL MARTÍNEZ OBLANCA (GPMX)

1106

El señor Martínez Oblanca expone la interpelación. En
nombre del Gobierno responde el señor ministro de Hacienda y
Administraciones Públicas (Montoro Romero). Vuelve a intervenir el señor
Martínez Oblanca. Cierra el debate el señor ministro de Hacienda y
Administraciones Públicas (Montoro Romero).

4.2. Interpelación sobre las razones de las medidas
impulsadas por el Gobierno en materia de política medioambiental.

Autor: MIGUEL FIDALGO AREDA (GPS)

1113

El señor Fidalgo Areda expone la interpelación. En nombre
del Gobierno responde el señor ministro de Agricultura, Alimentación y
Medio Ambiente (Arias Cañete). Vuelve a intervenir el señor Fidalgo
Areda. Cierra el debate el señor ministro de Agricultura, Alimentación y
Medio Ambiente (Arias Cañete).

4.3. Interpelación sobre las previsiones del Ministerio de
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente en cuanto a los caudales
ecológicos que deben fijarse en el Plan Hidrológico de la Cuenca del Ebro
y los criterios en que se sustentan.

Autor: JOAN SABATÉ BORRÀS (GPEPC)

1121

El señor Sabaté Borràs expone la interpelación. En nombre
del Gobierno responde el señor ministro de Agricultura, Alimentación y
Medio Ambiente (Arias Cañete). Vuelve a intervenir el señor Sabaté
Borràs. Cierra el debate el señor ministro de Agricultura, Alimentación y
Medio Ambiente (Arias Cañete).

4.4. Interpelación sobre la política del Gobierno en
materia de transporte aéreo con las Comunidades Autónomas de Canarias y
de las Illes Balears, y con las Ciudades de Ceuta y Melilla.

Autor: NARVAY QUINTERO CASTAÑEDA (GPMX)

1130

El señor Quintero Castañeda expone la interpelación. En
nombre del Gobierno responde la señora ministra de Fomento (Pastor
Julián). Vuelve a intervenir el señor Quintero Castañeda. Cierra el
debate la señora ministra de Fomento (Pastor Julián).

5. MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIÓN

5.1. Moción por la que se insta al Gobierno a la adopción
de determinadas medidas en relación con la aplicación del Real Decreto
Ley 14/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes de racionalización del
gasto público en el ámbito educativo, sin dañar la igualdad de
oportunidades en un sistema educativo de calidad para todos.

Autor: Grupo Parlamentario Socialista

1137

El señor Álvarez Areces defiende la moción.

El señor Alturo Lloan defiende la enmienda del Grupo
Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió.

El señor Peral Guerra defiende la enmienda del Grupo
Parlamentario Popular en el Senado.

El señor Álvarez Areces expone la posición de su grupo
respecto de las enmiendas.

En turno de portavoces intervienen las señoras Martínez
Muñoz, por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV), y Sequera
García, por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya; así
como los señores Alturo Lloan, por el Grupo Parlamentario Catalán en el
Senado Convergència i Unió, Álvarez Areces, por el Grupo Parlamentario
Socialista, y Peral Guerra, por el Grupo Parlamentario Popular en el
Senado.

Se rechaza la moción por 75 votos a favor, 154 en contra y
11 abstenciones.

Se suspende la sesión a las veintiuna horas y treinta
minutos.

Página
1081

Antes de continuar con este punto, les recuerdo a sus
señorías algo que ya les dije en Plenos anteriores: les ruego que en sus
intervenciones se limiten al tiempo que tienen asignado. Yo suelo ser
generoso en la asignación del tiempo, para que sus señorías puedan
terminar la frase o la idea que están expresando en ese momento, pero lo
que no puede ser es que se excedan hasta más de un minuto o minuto y
medio —como ha venido ocurriendo en Plenos anteriores— de los
tres minutos que les corresponden en cada turno de preguntas. Para mí
—se lo dije y se lo repito— resultaría sumamente molesto
dejar a una de sus señorías o a un ministro con la palabra en la boca.
Por lo tanto, les ruego que no me obliguen a hacerlo.

3.1. PREGUNTA SOBRE SI EL GOBIERNO CONSIDERA LA POSIBILIDAD
DE LOGRAR UN INDULTO PARA EL PRESO CONDENADO EN FILIPINAS FRANCISCO
LARRAÑAGA GONZÁLEZ QUE CUMPLE SU CONDENA EN LA PRISIÓN DE MARTUTENE
(GIPUZKOA).

(Núm. exp. 680/000127)

AUTOR: IÑAKI MIRENA ANASAGASTI OLABEAGA (GPV)

El señor PRESIDENTE: Pregunta de don Iñaki Anasagasti.

Tiene la palabra su señoría.

El señor ANASAGASTI OLABEAGA: Muchas gracias, señor
presidente.

En primer lugar, señor ministro, quiero mostrarle, en
nombre de nuestro grupo parlamentario, nuestra condolencia por el
asesinato del policía Cejudo en el Yemen.

Esta pregunta se la hemos formulado aquí a los diversos
ministros de Asuntos Exteriores de la anterior legislatura. La última,
doña Trinidad Jiménez, en relación con don Paco Larrañaga, decía: Lo que
sí quiero señalarle es que el Gobierno apoya la petición de indulto que
han formulado los abogados del señor Larrañaga. Esto fue en abril del año
pasado. Ha pasado más de un año, y quisiéramos saber si el Gobierno
actual, y usted mismo, asume como propia esta iniciativa.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.

Tiene la palabra el señor ministro de Asuntos Exteriores y
de Cooperación.

El señor MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
(García-Margallo Marfil): En primer lugar, señoría, le doy las gracias
por las condolencias que ha expresado, que haré llegar a la familia de la
persona que ha fallecido en el Yemen.

En segundo lugar, este es un asunto que se ha tratado
muchas veces en esta Cámara —muchas veces a petición del senador
que me la formula ahora mismo— y, por tanto, podré ser muy breve en
la exposición de los hechos.

Como sus señorías saben, el 5 de mayo de 1999 el señor
Larrañaga fue condenado a reclusión perpetua en Filipinas. Los delitos
que se le imputaban eran la violación y asesinato de una mujer y la
desaparición de otra. Con posterioridad —el 4 de febrero de 2004,
para ser exacto—, el Tribunal Supremo filipino le condenó a pena de
muerte. El Gobierno español, siempre contrario a dicha pena, solicitó que
fuese conmutada por la de cadena perpetua, petición a la que accedió la
presidenta Macapagal, en el año 2006. El señor Larrañaga fue
posteriormente trasladado a España, para el cumplimiento de su condena,
en octubre de 2009, al amparo del Tratado sobre traslado de personas
condenadas, firmado entre Filipinas y España. Dado que en España no
existe la cadena perpetua, la Audiencia Nacional decidió reconvertir esta
pena en una de 40 años de reclusión.

El señor Larrañaga solicitó en junio de 2010 el indulto de
las autoridades filipinas, únicas competentes para concederlo, de acuerdo
con el artículo 11 del tratado al que me he referido. En su momento, el
Gobierno español trasladó a las autoridades filipinas su apoyo a esta
solicitud; apoyo que este Gobierno mantiene, puesto que no ha retirado lo
que en aquella carta se decidió. El Consejo de Perdón y Libertad
Condicional, dependiente del Ministerio de Justicia filipino, resolvió
denegar dicha solicitud, por entender que no la merecía —entre
comillas— por falta de méritos. Con posterioridad, los abogados del
señor Larrañaga han solicitado de la Audiencia Nacional la reducción del
tiempo de condena de 40 a 30 años; solicitud que fue rechazada por la
Sala de lo Penal el 26 de abril del año pasado.

Respuesta a la pregunta concreta: el Gobierno mantiene lo
que el Gobierno anterior pidió. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro.

Tiene la palabra el señor Anasagasti.

El señor ANASAGASTI OLABEAGA: Muchas gracias, señor
presidente. Muchas gracias, señor ministro.

Usted sabe que a Paco Larrañaga, que está en la prisión de
Martutene, se le ha concedido el régimen abierto, que no es de tercer
grado, y ha comenzado a rehacer su vida. Ha establecido contacto con
escuelas de cocina —Arguiñano, Irizar…— para
matricularse en alguna de ellas; usted, que es un buen gourmet, por lo
menos apreciará esto, y me imagino que, si sale, incluso le invitará a
comer.

Pero la clave es que pueda obtener el indulto, es la clave:
la amnistía o la conmutación de la pena. No somos los únicos que lo
defendemos, sino muchísimos colectivos, porque creemos que es inocente y,
sobre todo, porque no tuvo un juicio justo. Le pedimos, señor ministro,
que, sobre la base del artículo 11 del tratado bilateral, se pueda lograr
su indulto. Y su familia nos pide que le recuerde que la Comisión de
Derechos Humanos de la ONU dictaminó en resolución firme que Paco
Larrañaga sufrió una grave violación de sus derechos fundamentales y no
tuvo un juicio justo. A Larrañaga se le violaron más de una decena de
artículos y no se tuvo en cuenta un resumen de todo el caso escrito por
35 testigos, a quienes no les dejaron testificar en su juicio, ni tampoco
declaraciones juradas firmadas por todos los testigos, ni un certificado
emitido por el departamento de Justicia de Filipinas. Además, ya ha
cumplido la mitad de su condena.

Es un chaval joven, que está cumpliendo su pena en
Martutene. Nosotros creemos en su inocencia. Él nunca pidió el indulto;
él pidió un juicio justo, pero sabía que en Filipinas no iba a haber un
juicio justo. Ahora está en Martutene. Nosotros pensamos que una acción
diplomática fuerte, intensa, seguida, para lograr el indulto o una
conmutación de la pena sería fundamental para que este joven pudiera
rehacer su vida y pensar en el futuro de una manera distinta de la que ha
tenido su vida durante los últimos años.

Además, señor ministro, añado un dato: cuando hicimos un
viaje parlamentario a Filipinas, nos acompañó el señor Moragas, que ahora
está en la Moncloa asesorando al presidente del Gobierno, y que se lo
tomó muy en serio. De manera que yo creo que, si usted actúa por su parte
y el señor Moragas lo hace por la suya, eso está hecho.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.

Señor ministro.

El señor MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
(García-Margallo Marfil): Muchas gracias, señor presidente.

Como su señoría sabe, aprecio de Euskadi casi todo, no solo
su gastronomía.

El artículo 11 del tratado dice literalmente: solo el
Estado de condena podrá conceder el indulto, la amnistía o la conmutación
de la pena o medida de seguridad, conforme a su Constitución y sus leyes.
Sin embargo, el Estado de cumplimiento podrá solicitar del Estado de
condena la concesión del indulto, la amnistía o la comunicación, mediante
petición fundada. Como he dicho antes, el Gobierno anterior apoyó por
carta la petición de indulto hecha por los abogados; petición que sigue
apoyando este Gobierno.

En cuanto al resto de las consideraciones que ha hecho el
senador, hablaré con el Ministerio de Justicia y pronto tendrá la
contestación de este Gobierno. Me tranquiliza que el señor Moragas
coincida con lo que yo digo en algún caso. (Risas.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro.

3.2. PREGUNTA SOBRE SI EL GOBIERNO VA A RESPETAR LOS
COMPROMISOS QUE SE APRUEBEN EN LA CONFERENCIA DE LAS NACIONES UNIDAS
SOBRE DESARROLLO SOSTENIBLE (RÍO+20), QUE SE CELEBRARÁ EN RÍO DE JANEIRO
(BRASIL) EL PRÓXIMO MES DE JUNIO.

(Núm. exp. 680/000140)

AUTORA: AMALUR MENDIZABAL AZURMENDI (GPMX)

El señor PRESIDENTE: Pregunta de doña Amalur
Mendizabal.

Tiene la palabra su señoría.

La señora MENDIZABAL AZURMENDI: Gracias, señor
presidente.

¿Va a respetar el Gobierno de España los compromisos que se
aprueben en la Conferencia de Naciones Unidas sobre desarrollo
sostenible, que se celebrará en Río de Janeiro en el próximo mes de
junio?

Realizo esta pregunta porque, hace 20 años, el Gobierno de
España firmó la Convención sobre Cambio Climático y, unos años después,
el Protocolo de Kioto. Recientemente, el señor ministro Arias Cañete ha
reconocido que no va a cumplir ese compromiso, sino que las emisiones van
a aumentar.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.

Tiene la palabra el señor ministro.

El señor MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
(García-Margallo Marfil): Muchas gracias, señor presidente.

Señoría, me voy a limitar a lo que la pregunta dice, sin
entrar en juicios de valor o en confrontación con declaraciones de otros
miembros de este gabinete.

El primer punto es que España y la Unión Europea estamos
firmemente comprometidos en el éxito de la conferencia Río+20 y desean
que sirva para dar un salto cualitativo en el compromiso con el
desarrollo sostenible. La delegación que estará allí presente será del
más alto nivel —acabo de llegar de Brasil para prepararla— y
estará encabezada por el presidente del Gobierno.

En segundo lugar, esperamos, deseamos, que la conferencia
permita renovar el compromiso con la agenda del desarrollo sostenible,
gracias a un enfoque que integre equilibradamente los aspectos sociales,
económicos y medioambientales.

En tercer lugar, deseamos que los trabajos de la
conferencia, para que no se queden en mera literatura, en meras
declaraciones retóricas, se plasmen en compromisos concretos; compromisos
que deben incluir lo siguiente: la inclusión social, la erradicación de
la pobreza, la creación de espacios en verde y un desarrollo equitativo a
largo plazo.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro.

Senadora Mendizabal, tiene la palabra.

La señora MENDIZABAL AZURMENDI: Le hacía esta pregunta
porque este tipo de actuaciones por parte de un Estado miembro no hacen
más que poner en entredicho la autoridad de la ONU; restan credibilidad
al organismo y a las cumbres. Se debería fortalecer un mandato ambiental
a nivel internacional, que fuera independiente, con una organización más
eficaz y con capacidad de imponer sanciones económicas.

También le resta credibilidad a la ONU el hecho de que cada
vez es más evidente que se anteponen los intereses económicos y
comerciales al interés de la ciudadanía. Más de 230 organizaciones de
todo el mundo han firmado la declaración «No más control y cooptación
empresarial de las Naciones Unidas». En la declaración proponen que la
cumbre Río+20 se aproveche para poner punto final al control empresarial
de Naciones Unidas. Les pongo un ejemplo: han tenido que solicitar el
mantenimiento del derecho humano al agua y al saneamiento; un derecho que
está en peligro porque existen enormes presiones de varios Estados para
sacarlo del texto, y así poder despejar el camino a la privatización de
la gestión del agua. La ONU debería servir realmente al interés público,
y democratizar sus procesos de toma de decisión para garantizar que la
sociedad civil tenga un papel más destacado.

Precisamente, el Ministerio de Medio Ambiente ha puesto en
marcha unas jornadas de encuentro de la sociedad civil, de cara a la
preparación de esta cumbre, en las que sindicatos, administraciones
públicas, centros de investigación, organizaciones no gubernamentales y
empresas han podido hacer supuestamente sus aportaciones. Sin embargo, lo
cierto es que muchas organizaciones han comprobado que, las negociaciones
del borrador cero, gran parte de las demandas de la sociedad civil no han
sido ni van a ser tomadas en consideración. De este modo también se
pierde credibilidad.

Tampoco es de recibo que el Gobierno tramite en Consejo de
Ministros un real decreto ley en materia de medio ambiente con el más
absoluto secretismo, incumpliendo la normativa relativa al acceso a la
información y a la participación pública.

Finalmente, no se puede ir con un discurso tan sostenible y
tan verde, cuando, luego, el Gobierno español es de los pocos que no
apoyan las propuestas de la Directiva de Eficiencia Energética, de la
Comisión Europea: no quiso prohibir la importación de las arenas
bituminosas en la Unión Europea, que

quiso subvencionar el carbón y promueve el uso del
petróleo, que condena a un parón a gran parte del sector renovable, y
que, a la vez, inicia un expediente para revocar el cierre de la central
nuclear más vieja de este territorio. Con estas actuaciones solo consigue
que la ciudadanía cuestione cada vez más su política medioambiental.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.

Tiene la palabra el señor ministro.

El señor MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
(García-Margallo Marfil): Señoría, me voy a limitar al ámbito estricto de
la pregunta, porque, como comprenderá, no tengo tiempo de entrar a hablar
de la reforma en profundidad del sistema de Naciones Unidas, o de
comentar los decretos ley que el Gobierno ha aprobado, o lo que debe
hacer la Unión Europea. Me limito a señalar el compromiso de este
Gobierno en esta materia; compromiso con el desarrollo sostenible, que
intenta integrar los tres aspectos a los que me he referido
anteriormente: los aspectos económicos, los aspectos sociales y los
aspectos medioambientales. Su juicio de valor de que este Gobierno hace
prevalecer los económicos sobre los otros dos, señoría, no lo comparto en
absoluto.

El propósito que nos lleva a esta cumbre —de alto
nivel, insisto— será, repito, la inclusión social, la erradicación
de la pobreza, el crecimiento equitativo a largo plazo, la creación de
empleos verdes y de calidad que permitan un uso eficiente de los
recursos, y el fomento de la salud y del bienestar de las personas;
objetivos que se deben conseguir de forma equilibrada y armónica.

Como he dicho ―y coincido con su señoría―,
estos compromisos deben plasmarse en obligaciones concretas que permitan
enjuiciar y sancionar la conducta de los Estados que no los
compartan.

La conferencia está abierta y están previstas dos rondas de
negociaciones: del 20 de mayo al 2 de junio, en Nueva York; y, del 13 al
15 de junio, en Río de Janeiro, y España estará presente en ambas
rondas.

Créame, señoría, que el desarrollo sostenible es el
objetivo prioritario de un Gobierno que pone en el mismo nivel y da la
misma importancia a los objetivos económicos, a los sociales y a los
ambientales, como corresponde a un organización de centro
progresista.

Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.

3.3. PREGUNTA SOBRE EL SISTEMA DE COTIZACIÓN A TIEMPO
PARCIAL PARA LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS.

(Núm. exp. 680/000130)

AUTOR: FRANCISCO JAVIER YANGUAS FERNÁNDEZ (GPMX)

El señor PRESIDENTE: Preguntas para la señora ministra de
Empleo y Seguridad Social.

En primer lugar, pregunta de don Francisco Javier
Yanguas.

Tiene la palabra su señoría.

El señor YANGUAS FERNÁNDEZ: Muchas gracias, señor
presidente.

Señora ministra, buenas tardes.

La Ley 27/2011, de 1 de agosto, sobre actualización,
adecuación y modernización del sistema de Seguridad Social, en su
disposición final décima, de modificación de la Ley 20/2007, del Estatuto
del trabajo autónomo, dispone que se adicione un nuevo apartado al
artículo 25 de esta última ley, y expone que la ley podrá establecer un
sistema de cotización a tiempo parcial para los trabajadores autónomos,
para determinadas actividades y colectivos, y durante determinados
períodos de su vida laboral. Además, recoge que entrará en vigor el 1 de
enero de 2013. Por tanto, mi pregunta es la siguiente: ¿en qué va a
consistir este sistema de cotización a tiempo parcial para los
trabajadores autónomos?

Antes de que me responda, quiero argumentar que, en estos
tiempos de crisis económica, es importante cualquier avance para lograr
que las personas puedan trabajar y que lo puedan hacer aportando a la
caja común de la Seguridad Social por las horas o los días que
efectivamente hayan trabajado. En UPN creemos que esto es lo justo y que
debemos emprender este camino cuanto antes. Por eso celebramos que se
vaya a cotizar por el trabajo a tiempo parcial a través de la puesta en
marcha de esta disposición final que modifica la Ley del trabajado
autónomo. Permítame sugerirle además, señora ministra, que se ponga esta
medida en marcha cuanto antes, en vez de esperar a 2013. Una medida que

sin duda mejorará y hará más justo el derecho que tienen
los autónomos a trabajar y a cotizar por el trabajo efectivo realizado.
En Navarra, diversos colectivos de autónomos, como CEAT, ATA o UPTA, nos
han pedido en varias reuniones que hemos mantenido con ellos esta y otras
iniciativas; por tanto, debemos celebrar que se puedan poner en
marcha.

Tengo, además, escritos con casos sangrantes, que pongo a
su disposición, que me ha pasado la Cámara de Comercio de Navarra. Al
preguntar en la Seguridad Social, según el funcionario que atienda la
consulta, la respuesta será que hay que darse de alta en Autónomos o que
no es necesario hacerlo porque los ingresos no llegan al salario mínimo
interprofesional. Aquí hay un problema importante, y es urgente que se
pueda cotizar a tiempo parcial en algunos casos, para solventar este tipo
de dudas, que lo único que hacen es fomentar el trabajo autónomo a tiempo
parcial no declarado.

No les descubro nada si digo que las pymes y los autónomos
aportan la mayor parte de la riqueza de España. En Navarra son más de 45
000 y en España más de 3 millones. Por eso es necesario que determinados
sectores y para determinados trabajos se pueda cotizar a tiempo parcial.
Así haremos un sistema contributivo más justo. En Francia, por ejemplo,
los autónomos a tiempo parcial pagan una cantidad fija en concepto de
seguro y, después, cotizan en función de lo efectivamente facturado. En
otros países, como Holanda, la situación es similar. En UPN defendemos
que si en otros países de nuestro entorno está funcionando, en España
también puede funcionar. Por otro lado, esta tarea no va a ser nada
fácil, en absoluto.

Para finalizar, señora ministra, porque veo que me quedo
sin tiempo, le recuerdo que UPN, en la Comisión de Empleo y Seguridad
Social…

El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría.

El señor YANGUAS FERNÁNDEZ: … está a su disposición
—termino ya— para trabajar en la elaboración de esta norma
que supondrá un hito en la mejora de la gestión de los derechos de los
autónomos en Navarra y en España.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Yanguas.

Señora ministra.

La señora MINISTRA DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL (Báñez
García): Gracias, señor presidente.

Señor senador, en primer lugar, quiero agradecer la
disposición de su grupo y la suya para trabajar juntos en la mejora de la
cotización de los autónomos a nuestra Seguridad Social. El Gobierno
defiende, en general, en el marco del Pacto de Toledo, la simplificación
de regímenes que quedarán básicamente reducidos a dos: el de trabajadores
por cuenta propia y el de trabajadores por cuenta ajena.

Es verdad que durante este período legislativo debemos
desarrollar la disposición final décima de la Ley 27/2011. Para el
Gobierno, los autónomos, los emprendedores, van a ser sin duda los
protagonistas de la salida de la crisis y de lo más importante: la
creación de empleo. Por tanto, los emprendedores y los autónomos están en
el corazón de la hoja de ruta de este Gobierno. Es bueno el tema que
usted nos trae a debate esta tarde, porque los autónomos nos piden que
valoremos la posibilidad de una cotización parcial a la Seguridad Social.
Hay trabajadores autónomos que trabajan una parte de la jornada de forma
parcial en el régimen de autónomos y luego tienen otra actividad en el
régimen general.

Quiero aprovechar esta pregunta parlamentaria para
anunciarles que hemos estado trabajando con las asociaciones de autónomos
y estamos estudiando la viabilidad técnica de esta medida, porque tenemos
que tener la garantía de que se haga en términos de equidad —a
igualdad de derechos, igualdad de obligaciones— y de forma que
evitemos el fraude y la competencia desleal. Teniendo en cuanta todas
estas precauciones, les anuncio que el Gobierno, en el marco del trabajo
que está haciendo para desarrollar la ley de emprendedores que presentará
en las próximas semanas, quiere reducir la base de cotización del régimen
especial de trabajadores autónomos hasta un 50% para aquellos autónomos
que, a la vez que trabajan como autónomos a tiempo parcial, estén en
situación de alta en el régimen general de la Seguridad Social; una
reducción de hasta el 50%, por tanto, para las cotizaciones de estos
autónomos que ya están dados de alta en el régimen general de la
Seguridad Social.

Sin duda, esto va a significar más actividad empresarial,
va a significar más cotizaciones y más seguridad de nuestro sistema de
Seguridad Social. Estoy convencida de que vamos a beneficiar al menos

a los 115 000 autónomos que hoy tienen dudas y que se
encuentran en esta situación. Espero que sean muchos más los que se
incorporen al sistema cuando les demos estas facilidades, por el bien de
la economía, por el bien de la cotización al sistema de Seguridad Social.
Así se generará, sin duda, más actividad económica y más empleo para
todos los españoles.

Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora ministra.

3.4. PREGUNTA SOBRE LA OPINIÓN QUE LE MERECE A LA MINISTRA
DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL LA PREVISIÓN SOBRE EL EMPLEO EN ESPAÑA,
RECOGIDA EN EL PROGRAMA DE ESTABILIDAD 2012-2015, RECIENTEMENTE APROBADO
POR EL CONSEJO DE MINISTROS Y REMITIDO A BRUSELAS.

(Núm. exp. 680/000133)

AUTOR: JUAN FRANCISCO MARTÍNEZ-ALDAMA SÁENZ (GPS)

El señor PRESIDENTE: Pregunta de don Juan Francisco
Martínez-Aldama

Tiene la palabra su señoría.

El señor MARTÍNEZ-ALDAMA SÁENZ: Gracias, señor
presidente.

La pregunta está perfectamente formulada.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.

Tiene la palabra, señora ministra.

La señora MINISTRA DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL (Báñez
García): Gracias, señor presidente.

Señor senador, el Programa de Estabilidad del Reino de
España y el Programa Nacional de Reformas marcan la política económica
del Gobierno, a medio y a largo plazo. La diferencia entre lo que hace
este Gobierno y lo que han hecho los Gobiernos anteriores, que, por
cierto, son de su mismo partido político, es que el nuestro lo hace en
condiciones de realismo y transparencia. (Protestas.— Rumores.)
Porque, detrás de los datos que mandamos a Europa y detrás de los
programas de política económica que ha puesto en marcha el Gobierno,
están las personas. Y nuestro compromiso, la primera reforma que ha
puesto en marcha el Gobierno, es decirles la verdad a los ciudadanos. Con
previsiones que no son fáciles de contar, porque no son buenas. Hemos
heredado de ustedes una crisis económica muy grave, que ustedes, con sus
medidas de política económica, ayudaron a agravar en el pasado.
(Rumores.— Protestas.) Pero para eso está este Gobierno: para sacar
a este país de la crisis, de la mano de los ciudadanos y de la de los
emprendedores. Ese es el futuro que todos esperamos y esa es la respuesta
que tiene que dar el Gobierno a una sociedad comprometida con el futuro y
con España. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora ministra.

Senador Martínez-Aldama, tiene la palabra.

El señor MARTÍNEZ-ALDAMA SÁENZ: Gracias, señor
presidente.

Señora ministra, ¿conoce este gráfico? Este gráfico es la
previsión de tasa de paro de su Gobierno, del Gobierno de España, para el
período 2012-2015, recientemente aprobado por ustedes y remitido a
Bruselas. ¿Y este gráfico qué es? Esta es la gran mentira del Partido
Popular. (Aplausos.— Rumores.) No sé si la gran mentira: una de las
grandes mentiras del Partido Popular, porque ustedes, en el Gobierno, no
hacen otra cosa que mentir y engañar a los españoles. (Rumores.—
Protestas.)

Fueron ustedes los que dijeron antes, en la campaña
electoral: voten al Partido Popular, llegará a España la confianza y, con
la confianza, el empleo. Algún atrevido, como el señor Pons, le puso
cifra: tres millones y medio de empleos. Y la verdad es que con ustedes
todo va a peor; va a peor la educación, y hoy se lo dicen en la calle
millones de españoles; (Rumores.) va a peor la sanidad: ustedes han
obligado, lo que nunca había pasado, a que los pensionistas paguen parte
de los medicamentos; va a peor la economía, y va mucho peor el empleo,
señora ministra. La EPA del primer trimestre dice que, con ustedes, hay
en España 366 000 parados más.

Pero lo más grave, señora ministra, es lo que este gráfico
encierra, porque viene a reconocer que ustedes, en cuatro años, serán
incapaces de crear un solo empleo neto. Usted llegó al Gobierno con el

paro en el 21,6%; si se cumple esto, que puede ser peor,
estará en el 22,3%. Es decir, habrá en España más paro y menos trabajo
que cuando gobernaba el Partido Socialista. Esa es la realidad, señoría.
Es más, si se cumplen las previsiones todavía puede ser peor, porque hoy
hemos visto cómo la OCDE lo amplía para el próximo año hasta el 25,3%. Y
hoy el señor Rosell acaba de reconocer que hasta el año 2016 no se va a
crear empleo en España. Por tanto, la gran mentira es la del Partido
Popular.

Y con este gráfico en la mano, que reconoce su incapacidad
para crear empleo, yo tengo que decirle que deje el Gobierno, señora
ministra. Deje el Gobierno, y que pongan a otro ministro en su lugar.
(Aplausos.— Protestas.— Rumores.) Sí, sí, deje el Gobierno,
porque este documento es el documento de la desesperanza; desesperanza
para los parados, que no podrán encontrar empleo, y desesperanza para los
trabajadores, que todavía podrán perderlo con su Gobierno. Y este
documento es la certificación expresa del fracaso de su reforma laboral;
una reforma laboral que sirve para despedir, para rebajar el salario,
para fastidiar el equilibrio entre trabajadores y empresarios, pero que,
evidentemente, no sirve para crear ni un solo empleo neto. Por eso,
señora ministra, deje su trabajo y que lo coja otro responsable del
Partido Popular. (Aplausos.— Protestas.— Rumores.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.

Señora ministra, tiene la palabra.

La señora MINISTRA DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL (Báñez
García): Gracias, señor presidente.

Señor senador, lo que tendría que darle vergüenza es dar
lecciones tras cómo han dejado este país. (Protestas.— Aplausos.)

Yo le animo, con toda humildad, a que pida perdón a los
españoles, y hoy tiene una buena oportunidad de hacerlo. (Rumores.)
Nosotros llevamos cuatro meses en el Gobierno y hemos hecho más en
reformas y en ajustes, para poner a España en la senda del crecimiento y
el empleo, que el Gobierno socialista en ocho años, señoría. Esa es la
realidad. (Rumores.— Aplausos.)

Y, señor senador, no me hable de engaño. Porque ustedes
engañaron a los ciudadanos, y de esa manera no se inspira confianza ni
dentro ni fuera de España (Rumores.), un problema de credibilidad que
tiene este país por culpa de un Gobierno irresponsable como el Gobierno
socialista. (Rumores.) Déjeme que le dé unos datos. El Plan de
Estabilidad 2009-2013 que presentó su Gobierno socialista decía que 2010
sería un año de recuperación, que en 2011 creceríamos al 1,8% y que en
2012, casi al 3%: un 2,9. La tasa de paro para este año, 2012, sería del
17%, y para 2013 se situaría en el 15%. Eso es realismo, cuando nos han
dejado 5 300 000 parados y una mala gestión, con un 8,5% de déficit. Esa
es la realidad. (Aplausos.)

Este Gobierno está haciendo reformas, también la reforma
laboral, para que con la flexibilidad cortemos la sangría de desempleo
que ustedes han creado con una mala política económica y se empiece a
crear empleo de calidad cuando crezcamos. En la vida, señor senador, y en
la política hay dos maneras de actuar: con cobardía y oscurantismo o con
transparencia y diciendo la verdad y dando la cara a los ciudadanos. La
segunda es la nuestra.

(Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora ministra.
(Rumores.)

Señorías, silencio, por favor.

3.5. PREGUNTA SOBRE LA VALORACIÓN DEL GOBIERNO DE LA
SITUACIÓN DEL SECTOR FINANCIERO ESPAÑOL.

(Núm. exp. 680/000141)

AUTOR: JORDI GUILLOT MIRAVET (GPEPC)

El señor PRESIDENTE: Preguntas para el señor ministro de
Economía y Competitividad.

Pregunta de don Jordi Guillot.

Tiene la palabra su señoría.

El señor GUILLOT MIRAVET: Gràcies, president.

Señor ministro, usted en el Congreso afirmaba en febrero,
al presentar la reforma, que se trataba de despejar las dudas que existen
sobre las valoraciones de los activos inmobiliarios para que, de una vez
por todas, vuelva la confianza a nuestro sistema financiero. No sé qué
entendía usted cuando decía de

una vez por todas, porque a los poco más de tres meses de
su reforma han intervenido Bankia, la prima de riesgo ha superado los 500
puntos, la bolsa sigue en caída libre, el paro aumenta y seguimos en
recesión. Y es tal el nivel de confianza recuperado, que nos han impuesto
auditores externos para certificar cuál es la real situación del sector
financiero, para mayor descrédito de los bancos, del Banco de España, del
Gobierno del PP y para vergüenza de España. Y queda claro que su reforma
no ha servido para nada. ¿En qué se han vuelto a equivocar, y cuál va a
ser la nueva improvisación, señor ministro?

El señor PRESIDENTE: Gracias, senador Guillot.

Tiene la palabra, señor ministro.

El señor MINISTRO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD (De Guindos
Jurado): Muchas gracias, señor presidente.

Senador Guillot, el sector financiero es causa y es efecto
de los problemas de la economía española. Nos encontramos con un
endeudamiento del sector privado muy elevado, por encima del 200% del
PIB, con una burbuja inmobiliaria que estalló en el año 2007, y con un
sector financiero que tenía una enorme exposición al ladrillo, como todos
sabemos. Además, eso produjo y generó un colapso del crédito que afecta
al crecimiento económico y a la generación de empleo.

¿Cuál fue la respuesta del Gobierno, señor Guillot? Pues la
respuesta fue la reforma del sector financiero. El objetivo era despejar
las dudas sobre la solvencia —sin solvencia del sector financiero
es muy difícil la recuperación— y promover un proceso de
consolidación en el propio sector financiero, en el sector bancario.

La situación del sector, si me lo permiten ustedes, era, a
diciembre del año pasado, de activos ligados al crédito promotor por
importe de 310 000 millones de euros, de los cuales unos 180 000 eran no
problemáticos y 123 000 problemáticos. En febrero lo que hizo el Gobierno
fue aumentar las provisiones ajustando la valoración de este tipo de
activos de una forma importante. Por ejemplo, incrementando las
provisiones del suelo hasta el 80%, de las promociones en curso, hasta el
65 y del producto terminado, hasta el 35. Eso supusieron 54 000 millones
de euros adicionales de provisiones pagadas por los bancos. Y en mayo lo
que hicimos fue actuar sobre la parte que se considera no problemática,
incrementando las provisiones hasta el 30% del total en 30 000 millones.
De esta forma, lo que es la cobertura media de la cartera del ladrillo en
España alcanza el 45%, que es de las más elevadas.

Su Gobierno, señoría, hizo cinco reformas del sector
financiero y ninguna dio resultados —perdón, su Gobierno, me he
equivocado; me estaba yendo un poquito hacia la izquierda—. Lo que
le estaba diciendo fundamentalmente es que las reformas actuales van a
llevar a que en estos momentos el sector inmobiliario español tenga una
cobertura por parte de lo que es el crédito del banco lo suficientemente
elevada como para garantizar dicha confianza. Además, mañana mismo
compareceré en la Comisión de Economía y Competitividad del Congreso para
dar una explicación más detallada sobre el sector financiero.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.

Tiene la palabra, senador Guillot.

El señor GUILLOT MIRAVET: Gràcies, president.

Señor ministro, ¿cómo puede plantearse un tratamiento para
nuestros bancos si aún no tiene un diagnóstico certero? ¿Cómo puede ser,
si aún no sabemos las cifras reales de la valoración de los activos
inmobiliarios que están pendientes de una auditoría ni la cifra de los
activos tóxicos o problemáticos? Sin esos datos no podemos saber cuánto
dinero hará falta para recapitalizar el sistema financiero. Tampoco
podemos saber si los bancos podrán provisionar sus activos a cargo de
esos resultados y si podrán garantizar que fluyan los créditos a familias
y a empresas. Y tampoco podemos saber si España dispone de los recursos
necesarios para conseguirlos o debemos solicitar algún tipo de ayuda a la
Unión Europea.

Señor de Guindos, el objetivo último de toda reforma es
poner el sistema financiero al servicio de la economía real. Debemos
esclarecer ya el valor real de los activos inmobiliarios; realizar un
saneamiento que se haga contra resultados y no contra reservas; sacar los
activos tóxicos del sistema e integrarlos en un banco malo aparte; un
proceso donde solo se garanticen los depósitos; recuperar la credibilidad
del Banco de España, que tanto han hecho para hundir. Y no hay reforma
posible sin recuperar la confianza. Esta, su principal bandera, es uno de
sus principales fracasos. Hay que acabar con tanto engaño y tanta trampa,
la última, los datos sobre déficit falsos de la Comunidad de Madrid, de
la Valenciana y de la de

Castilla y León. Pero, sobre todo, señor ministro, hay que
dar una explicación a los ciudadanos, que ven que no hay dinero ni para
la sanidad ni para la educación y sí para rescatar bancos. Deben exigirse
responsabilidades por lo acontecido en bancos y cajas. Y no entiendo cómo
ustedes bloquean esta exigencia de responsabilidades. Deben limitarse las
retribuciones escandalosas de los banqueros. Es el momento de
recuperación de una banca pública.

Y, señor ministro, queda claro que el problema no está ni
en los derechos de los trabajadores ni en el sostenimiento del Estado del
bienestar. Está fundamentalmente en una banca rapaz, codiciosa y mal
gestionada. Refórmenla y pónganla al servicio del interés general y no de
unos pocos. Hagan de una vez lo que les toca como Gobierno. No improvisen
más, esperen a los datos, y cuando los tengan acierten en la reforma y en
la conclusión. Porque ya llevamos muchas reformas, siempre dicen lo
mismo, y es el cuento de nunca acabar. Ni se conocen los datos ni ustedes
consiguen el objetivo deseado.

Gràcies, president. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Guillot.

Señor ministro.

El señor MINISTRO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD (De Guindos
Jurado): Senador Guillot, si ha habido alguien que ha limitado el sueldo
de los banqueros ha sido este Gobierno, y lo hizo para todas aquellas
entidades que tenían ayuda pública. Después, lo que estamos haciendo es
introducir transparencia, luz y taquígrafos en todos los activos
bancarios. Por eso se ha indicado a dos entidades independientes, con el
apoyo del Banco de España, que, efectivamente, los analicen; y estamos
llevando a cabo un proceso acelerado desde el punto de vista de lo que es
el saneamiento de esos activos. Y además, lo que se pretende en última
instancia en este proceso es recuperar la credibilidad y la confianza
porque, evidentemente, estaban dañadas. Y vuelvo a repetirle: luz,
taquígrafos, limitación de sueldos de aquellos banqueros que tienen
ayudas en sus entidades por parte del FROB y, en última instancia,
recuperación de la confianza.

Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro.

3.6. PREGUNTA SOBRE LA POSICIÓN DEL GOBIERNO EN RELACIÓN
CON LOS TENEDORES DE PARTICIPACIONES PREFERENTES EN ENTIDADES
BANCARIAS.

(Núm. exp. 680/000144)

AUTOR: FRANCISCO UTRERA MORA (GPP)

El señor PRESIDENTE: Pregunta de don Francisco Utrera.

Tiene la palabra su señoría.

El señor UTRERA MORA: Muchas gracias, señor presidente.

Señor ministro, de todos los productos financieros que han
venido siendo emitidos durante los últimos años uno de los que más
sorpresas están deparando es el de las participaciones preferentes. La
primera sorpresa es que no se trata de un producto de ahorro ni a plazo
ni a la vista ni inmediatamente recuperable, sino una deuda perpetua, de
esas que se emitían en el siglo XIX, sin liquidez en mercado secundario
alguno, porque en el mercado SEND se fijan precios pero no hay en
realidad liquidez, y cuya resolución está en manos de las mismas
entidades que las emiten. En la práctica, la resolución está en manos de
esas entidades.

La segunda sorpresa es que no es un activo de renta fija
—no lo es—, apto, por tanto, para ahorradores conservadores,
jubilados, empleados, amas de casa…, que son quienes
preferentemente han adquirido las participaciones preferentes, hasta el
punto de que, según mis cuentas, más de 16 000 millones de euros de estos
activos andan circulando, y quienes los han adquirido no son, desde
luego, especuladores de alto riesgo en prácticamente ningún caso.

De hecho, y así se está reconociendo en las últimas semanas
o los últimos meses por quienes los han emitido, se trata de híbridos, ni
siquiera de renta variable. Porque, como sabemos, la renta variable sube
y baja. Y los híbridos solo bajan, no pueden subir porque tienen fijado
el precio nominal y a lo único que tienen derecho es a una retribución en
intereses.

La tercera sorpresa es que se les llama preferentes pero no
tienen preferencia alguna en el reparto del capital de una sociedad en
liquidación, en este caso, de una entidad bancaria. Toda preferencia que
tienen es sobre accionistas, que son propietarios y que,
consecuentemente, corren con el riesgo final de liquidación de sus
operaciones.

Me cuesta trabajo creer que en estas condiciones las
personas que han adquirido estos títulos conocieran con exactitud y
fueran informadas con verosimilitud de en qué se estaban metiendo. Me
cuesta también creer que la Comisión Nacional del Mercado de Valores, que
autorizaba la emisión de estos títulos, y el Banco de España, que
controlaba las prácticas bancarias para la adquisición de estos títulos y
de cualesquiera otros, no hayan tenido intervención relevante alguna.

Por esa razón, señor ministro, le pregunto cuál es la
situación actual y qué previsiones de solución a futuro tiene
establecidas el Gobierno para estos títulos en los que están encerrados
literalmente decenas de miles de pequeños ahorradores españoles.

Gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Utrera.

Tiene la palabra, señor ministro.

El señor MINISTRO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD (De Guindos
Jurado): Muchas gracias, presidente.

Señor Utrera, como usted ha comentado, se trata de
productos extremadamente complejos. Comparten características de
productos de renta variable y de renta fija, por lo cual se les considera
híbridos.

Como saben ustedes perfectamente, a partir del año 2009 se
incrementaron muchísimo las emisiones de este tipo de productos,
fundamentalmente porque se consideraba, a efectos del cómputo del capital
de los bancos, que eran capital de una elevada calidad, se consideraba
que eran, como se dice en la terminología, Tier 1.

Lo delicado de la cuestión es que, efectivamente, en muchas
ocasiones se han colocado a quien no era el perfil de inversor adecuado,
básicamente a pequeños y medianos inversores. Este es un producto mucho
más de inversores institucionales, de inversores sofisticados, que para
pequeños ahorradores.

Hubo una modificación del planteamiento cuando a partir de
la Directiva de mercados de instrumentos financieros, de 2004, y a partir
también de la normativa de 2007, se empezó a considerar que este tipo de
productos no eran los adecuados para este tipo de pequeños ahorradores.
Eso hace necesario incrementar todo lo que es la supervisión y la mejor
información a los potenciales clientes. Aquí podemos decir que el
Gobierno anterior, de alguna forma olvidó elementos de claridad y de
transparencia con respecto a las características de estos productos y al
impacto que podía tener en los pequeños y medianos ahorradores.

La Comisión Nacional del Mercado de Valores debería haber
velado más desde el punto de vista de la protección del inversor y haber
puesto mayores diligencias desde el punto de vista de la comercialización
de estos productos.

Nosotros nos hemos encontrado con esta situación y sabemos
perfectamente la sensibilidad social y la responsabilidad que ello
implica desde el punto de vista de los tenedores de estos productos.

Este Gobierno cree firmemente en la transparencia y el
cumplimiento riguroso de los protocolos de actuación de las entidades
financieras. Así, se creó recientemente, dentro del Congreso, y a
instancias del Partido Popular, una subcomisión sobre la transparencia en
la información de los productos financieros e hipotecarios de las
entidades de crédito. Las conclusiones las tendrá en cuenta el Gobierno,
lógicamente, y se las hará llegar al Banco de España y a la Comisión
Nacional del Mercado de Valores. Además, en el Real Decreto Ley 18/2012
se establece una normativa específica respecto del tratamiento especial
de las participaciones preferentes.

Para finalizar le diré que el Gobierno no se detiene aquí,
sino que actualmente se encuentra analizando las posibilidades de llevar
a cabo nuevas normativas para mejorar la comercialización de futuros
productos que puedan ser complejos y que puedan generar situaciones de
incertidumbre e inquietud en la comunidad de ahorradores españoles.

Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro.

3.7. PREGUNTA SOBRE LAS MEDIDAS QUE PIENSA ADOPTAR EL
MINISTERIO DE FOMENTO PARA SOLUCIONAR DEFINITIVAMENTE LOS GRANDES
PROBLEMAS SURGIDOS EN LA CARRETERA NACIONAL N-634, A LA ALTURA DE LA
LOCALIDAD DE EL BAO, MUNICIPIO DE NAVIA (ASTURIAS), TRAS LAS LLUVIAS
TORRENCIALES DE JUNIO DE 2010.

(Núm. exp. 680/000129)

AUTOR: ISIDRO MANUEL MARTÍNEZ OBLANCA (GPMX)

El señor PRESIDENTE: Preguntas para la señora ministra de
Fomento.

Pregunta de don Isidro Martínez Oblanca.

Tiene la palabra su señoría.

El señor MARTÍNEZ OBLANCA: Buenas tardes.

Señora ministra, ¿qué medidas piensa adoptar su ministerio
para solucionar definitivamente los grandes problemas surgidos en la
carretera nacional 634, a la altura de la localidad de El Bao, en Navia,
Asturias, tras las lluvias torrenciales de junio de 2010?

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.

Tiene la palabra, señora ministra.

La señora MINISTRA DE FOMENTO (Pastor Julián): Muchas
gracias, señor presidente.

Señor Martínez Oblanca, todo lo necesario para garantizar
la movilidad de los vecinos de El Bao, de Navia, de Asturias y de
España.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora ministra.

Tiene la palabra, senador Martínez Oblanca.

El señor MARTÍNEZ OBLANCA: Muchas gracias, señor
presidente.

Hace casi dos años, en junio de 2010, en la localidad
naviega de El Bao, en el occidente de Asturias, se produjeron daños
importantes en varias casas y en toda la zona como consecuencia de
lluvias torrenciales que anegaron el lugar. El deficiente mantenimiento
de la canalización del río Barayo, a través de tres tuberías bajo la
nacional 634, ocasionó su obstrucción y provocó que la carretera actuase
a modo de presa, embalsando el agua e inundando el valle.

En aquel entonces, para dar salida al agua del río se
excavó un enorme socavón en la carretera nacional, siendo desviado el
tráfico tras habilitar el antiguo trazado que atraviesa El Bao, en unas
condiciones deficientes para dar cabida a tanto tránsito rodado, lo que
además dificulta el paso de camiones y vehículos especiales. Dos años
después, la solución provisional parece haberse convertido en definitiva
y no existen previsiones para reparar el tramo de calzada que se destruyó
en la nacional 634, es decir, la única vía que comunica Asturias y
Galicia por la costa.

Hablamos de menos de 200 metros de carretera y hablamos de
sustituir el desvío actual, que se habilitó sobre un antiguo trazado de
carretera nacional modificado en 1985. Téngase en cuenta, además, que la
solución provisional es ahora un punto negro, un punto problemático y muy
peligroso. Este tramo de carretera incumple los estándares que debe tener
toda carretera nacional, carece de arcenes, es estrecho y con curvas
peraltadas inadecuadas.

Señora ministra, en el occidente de Asturias se concentran
tres clamorosas muestras de desatención del Estado hacia las obras
públicas de infraestructuras por carretera en Asturias. A los tramos
paralizados: Muros de Nalón-Las Dueñas y Otur-Villapedre, en la Autovía
del Cantábrico, que usted tuvo oportunidad de visitar recientemente, hay
que unir este episodio lamentable sucedido en El Bao, con el cambalache
de una solución circunstancial en una especie de carretera definitiva,
aunque eso suponga retornar en el túnel del tiempo y a comunicaciones del
siglo pasado con vocación de calella que soporta el tránsito de muchos
vehículos y que es paso obligado en la conexión de Asturias con Galicia.

La actual tramitación del proyecto de ley de Presupuestos
Generales del Estado no debería olvidarse de proporcionar una respuesta
adecuada, definitiva y solvente en El Bao para corregir con urgencia lo
que no deja de ser un parche, producto además de un mantenimiento
defectuoso en la canalización de una carretera nacional. A ello le
emplazamos, señora ministra.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.

Tiene la palabra, señora ministra.

La señora MINISTRA DE FOMENTO (Pastor Julián): Muchas
gracias, señor presidente.

Señor Martínez Oblanca, cuando se produjeron esas lluvias
torrenciales el Gobierno socialista hizo unas obras de emergencia para
desembalsar el agua inundada, para restituir el curso del río y para
habilitar el trazado de la antigua carretera; y esa solución provisional
costó 2,3 millones de euros.

Efectivamente, como usted dice, se está construyendo al
lado, prácticamente a 500 metros, una solución definitiva; una solución
definitiva a la demanda de tráfico de esa zona, que, como sabe,
representa la puesta en servicio de la Autovía del Cantábrico, la A-8.
Para entenderlo mejor, hay que aclarar que autovía se encuentra a 500
metros de la nacional 634, en el punto del que estamos hablando. En
concreto me refiero al tramo Otur-Villapedre, que tiene una longitud de
9,4 kilómetros y un presupuesto de 65,28 millones de euros y que está
previsto terminar a finales del 2013. En ese momento la autovía será una
alternativa de gran capacidad a la carretera nacional 634. La autovía
captará la mayor parte del tráfico, especialmente el de largo recorrido,
y la carretera nacional 634 se convertirá en una vía transitada
únicamente por los tráficos locales de poca intensidad. Actualmente, la
intensidad de tráfico en ese tramo es de 13 900 vehículos diarios, de los
cuales una parte importante son vehículos pesados.

Pues bien, señoría, después de explicarle todo esto, que
seguro que usted conoce bien como asturiano que es, en la reconstrucción
del antiguo trazado de la nacional 634, cuando se realizaron las obras de
emergencia se decidió acondicionar un tramo itinerario y convertirlo en
definitivo. Se realizaron actuaciones sobre el firme, el drenaje y la
señalización. El tramo antiguo tiene actualmente 900 metros de longitud,
y el demolido, 250.

Tengo que decirle que si tuviéramos que hacer ese tramo
nuevo la estimación sería de cuatro millones de euros para 250 metros;
como sabe, al ser la desembocadura del río Barayo un espacio, además de
precioso, protegido, y dado que la carretera nacional 634 se integra en
la reserva natural del Barayo, la reconstrucción del tramo requeriría de
declaración de impacto ambiental. En resumen, yo no estoy cerrada a nada,
pero sí debo decirle que para dar la solución que usted plantea se
necesita invertir, después de esos más de dos millones de euros, cuatro
millones de euros y hacer una declaración de impacto medioambiental.

Hemos pedido a los técnicos que nos digan si lo que usted
dice, esa parte de accidentabilidad porque no reúne las condiciones de
una carretera nacional son ciertas. Si fueran ciertas, desde luego cuente
usted con mi apoyo para dar una solución definitiva, que es lo que usted
plantea.

Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora ministra.

3.8. PREGUNTA SOBRE SI EL GOBIERNO ESTÁ EN DISPOSICIÓN DE
SUSCRIBIR EL ACUERDO FIRMADO POR EL ANTERIOR MINISTRO DE FOMENTO Y EL
PRESIDENTE DE LA XUNTA DE GALICIA EN JULIO DE 2009, EN RELACIÓN CON LA
PUESTA EN MARCHA DE LA ALTA VELOCIDAD EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
GALICIA, CONOCIDO COMO «PACTO DEL OBRADOIRO».

(Núm. exp. 680/000139)

AUTOR: PABLO GARCÍA GARCÍA (GPS)

El señor PRESIDENTE: Pregunta de don Pablo García
García.

Tiene la palabra su señoría.

El señor GARCÍA GARCÍA: Gracias, señor presidente.

Señora ministra, usted, como gallega, conoce bien las
deficiencias que todos los gallegos y todas las gallegas venimos
arrastrando desde hace mucho tiempo, y desde el principio casi de la
llegada del ferrocarril. De hecho, fuimos una de las últimas comunidades
comunicadas con Madrid por ferrocarril.

Un siglo después, en el siglo XX, en el siglo XXI ya, en
2004, cuando los socialistas llegamos al Gobierno, después de ocho años
del Gobierno del señor Aznar, nos encontramos con un anquilosado y un
desbaratado proyecto fracasado que solo proponía una vía única que unía
Galicia con Madrid. Desde entonces, desde ese año, 2004, cuando asumimos
el Gobierno, para los socialistas la llegada del AVE a Galicia ha sido
una prioridad y lo ha sido durante todos estos ocho años de Gobierno;
todo eso, en un contexto de crisis y de restricciones presupuestarias,
como usted sabe.

Con la llegada al Gobierno del señor Feijóo hace tres años,
y anteponiendo seguramente los intereses electorales del Partido Popular
más que como presidente de la Xunta, se generó un debate, yo creo que
innecesario, con los plazos, las firmas y los acuerdos que desembocó por
parte del Gobierno central, en aras de responsabilizarse, en el famoso
Pacto del Obradoiro, un curioso pacto en el que el Gobierno central se
compromete a poner los fondos y la Xunta de Galicia exclusivamente a
controlar y revisar, semana tras semana y mes tras mes, ese pacto.

En todo caso, usted, como ministra de Fomento, y ante
numerosas declaraciones contradictorias, ¿se compromete a ratificar en
los mismos términos el pacto anteriormente firmado por el presidente de
la Xunta y el anterior ministro de Fomento?

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.

Tiene la palabra, señora ministra.

La señora MINISTRA DE FOMENTO (Pastor Julián): Muchas
gracias, señor presidente.

Señor García García, como usted sabe, mi compromiso es que
el AVE llegue a todos los territorios de nuestro país para tener una
España vertebrada, una Galicia vertebrada y que además dé respuesta a
algo fundamental, que es la igualdad de oportunidades de los españoles
para movernos por el territorio nacional. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora ministra.

Tiene la palabra, senador García García.

El señor GARCÍA GARCÍA: Gracias, señor presidente.

Me imaginaba, señora ministra, su respuesta. En todo caso,
quisiera simplemente —porque no creo que en el segundo turno pueda
usted decirme mucho más— recordarle frases que el presidente de la
Xunta ha dicho sobre ese pacto. Son innumerables las manifestaciones del
señor Feijóo, como presidente de la Xunta, reclamando la vigencia del
pacto. El propio conselleiro de Infraestructuras gallego nos ha sometido
durante estos tres años a una rueda de prensa semanal de vigencia y
seguimiento de dicho pacto. En el propio programa del Partido Popular o
de las elecciones municipales, en su página 23, se reclamaba la autoría
del pacto y se le ponía como la única garantía de la llegada en 2015 de
la alta velocidad. En la propia campaña hubo numerosas alusiones por
parte del señor Feijóo y del señor Rajoy, entonces candidato, a la
vigencia de dicho pacto. Y es verdad que desde que se ganaron las
elecciones donde dijo digo dice Diego y el señor Feijóo empieza a hablar
del pacto en pasado, a referirse a él…

El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría.

El señor GARCÍA GARCÍA: … como que fue positivo y
cumplió sus fines, pero que en todo caso habría que revisar las
fechas.

Yo no espero que usted me conteste, porque ha tenido
numerosas ocasiones en estos cien días que le había dado el señor Feijóo,
quien decía que en cien días se reuniría con usted para ratificar dicho
pacto.

El señor PRESIDENTE: Termine, señoría, por favor.

El señor GARCÍA GARCÍA Termino, presidente.

Lo que sí le pido es que nos aclare, porque aquí solo hay
dos posibilidades: o el señor Feijóo nos ha estado engañando estos tres
años o lo van a hacer usted o el señor Rajoy. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.

Señora ministra, tiene la palabra.

La señora MINISTRA DE FOMENTO (Pastor Julián): Muchas
gracias, señor presidente.

Señor García García, vaya papelón que le han hecho hacer a
usted esta tarde aquí en el Senado. (Aplausos.)

Fíjese, señor García. El Gobierno se comprometió a poner en
servicio —el Gobierno socialista— en 2012 el Eje Atlántico
entre Coruña y Vigo, y a finales de 2011, o sea, cuando yo me incorporo,
en diciembre de 2011, no había ni licitado la superestructura del tramo
Vigo-Soutomaior, es decir, que habría después que poner el resto y
faltaban quince meses de ejecución.

Para terminar el Eje Atlántico, señoría, faltan aún 938
millones de euros. Pero esto sería casi un tema menor si le digo lo
siguiente: en ese Pacto del Obradoiro se comprometían a poner en servicio
el tramo Olmedo-Zamora en 2012 y las obras de plataforma del tramo entre
Olmedo y Zamora finalizarán, gracias al esfuerzo presupuestario, a
finales de 2012. Pero luego tenemos que hacer el montaje de la vía, la
electrificación y las instalaciones.

En el tramo Zamora-Puebla se comprometían al 2014, y aquí
le voy a dar otros datos. Las obras de la plataforma entre Zamora y La
Hiniesta están todavía en fase de expropiaciones, y esta obra tiene un
plazo de veinticuatro meses. Luego tendrá que venir el montaje, la
electrificación y la seguridad. Y en el resto de la línea, señoría, de
veintinueve tramos solo había siete en ejecución. Por eso le digo que le
han hecho hacer a usted un papelón.

En definitiva, señorías, esto es lo más contundente: del
AVE Olmedo-Galicia faltan 9000 millones aún por pagar; que hay que tener
cara para ven ir aquí a pedir explicaciones. (Aplausos.)

Y tercero, que no es menor: incumplieron el compromiso de
que la línea de alta velocidad Ourense-Santiago estuviera en ancho UIC y
nos han colocado vía en el ancho ibérico, señoría; que también hay que
tener mucha cara para venir aquí.

En resumen, señoría, que llevamos cinco meses en el
Gobierno, que hemos adjudicado obras y contratos por importe de 1134
millones de euros; ocho tramos de la plataforma entre Zamora y Ourense;
las obras de montaje y vía y energía entre Olmedo y Pedralba y el
suministro de balasto; hemos licitado siete tramos de plataforma entre
Lubián y Ourense por un importe de 927 millones; y tenemos consignado
para 2012, 864 para la construcción del AVE Olmedo-Galicia y 313 en el
Eje Atlántico; en total, 1177.

Por cierto, y con permiso del presidente, pídales
explicaciones a sus compañeros de partido cuando se meten con los
gallegos y con el AVE a Galicia, y explíquenles que algunos disfrutan del
AVE desde hace veinte años y que ni los vascos ni los gallegos ni los
asturianos ni los de Alicante…

El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señora ministra.

La señora MINISTRA DE FOMENTO (Pastor Julián): …
tenemos AVE todavía. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora ministra.

3.9. PREGUNTA SOBRE EL RAZONAMIENTO EN QUE SE BASA EL
GOBIERNO PARA CONSIDERAR QUE EL ANTEPROYECTO DE LEY DE MEDIDAS DE
FLEXIBILIZACIÓN Y FOMENTO DEL MERCADO DE ALQUILER DE VIVIENDAS, EN EL QUE
SE CONTEMPLA UNA REDUCCIÓN SUSTANTIVA DE LOS PLAZOS DE DURACIÓN DEL
CONTRATO DE ALQUILER, CONTRIBUIRÁ AL FOMENTO DEL MERCADO DE ALQUILER EN
NUESTRO PAÍS.

(Núm. exp. 680/000142)

AUTOR: CARLOS MARTÍ JUFRESA (GPEPC)

El señor PRESIDENTE: Pregunta de don Carlos Martí
Jufresa.

Tiene la palabra su señoría.

El señor MARTÍ JUFRESA: Gracias, señor presidente. Buenas
tardes, señora ministra.

Tres millones de viviendas vacías son sin duda una gran
oportunidad para continuar reequilibrando el mercado de la vivienda, su
régimen de tenencia, que en este momento se encuentra entre el 17% de
alquiler y el 83% de compra. Reequilibrar este mercado, que aumente el
parque disponible para el alquiler es, sin ninguna duda, bueno para todas
aquellas personas que lo quieran como opción personal, bueno para
facilitar el acceso a la primera vivienda y bueno para facilitar la
movilidad de muchos millones de españoles y españolas y sus cambios
vitales.

Lo que no entiendo, señora ministra, es cómo puede ser que
su respuesta, ante esta oportunidad, sea, una vez más, precariedad, más
precariedad, esta vez precariedad residencial. Reducir los contratos de
alquiler de cinco a tres años es incorporar mayor inseguridad vital a
millones de personas; es, de nuevo, favorecer a los que ya están
favorecidos porque tienen otra vivienda.

Sinceramente, señora ministra, no lo entiendo y, por ello,
mi grupo le pregunta: ¿En qué razonamiento se basa el Gobierno para
considerar que una reducción sustantiva de los plazos de duración del
contrato de alquiler contribuirá al fomento del mercado de alquiler en
nuestro país?

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.

Señora ministra, tiene la palabra.

La señora MINISTRA DE FOMENTO (Pastor Julián): Muchas
gracias, señor presidente.

Señor Martí, la modificación y el anteproyecto de ley para
la reforma del mercado del alquiler se hace fundamentalmente para
preservar la libertad que tienen que tener tanto arrendatarios como
arrendadores respecto a la vivienda. Y, sobre todo, por una cosa muy
importante, porque la posición del inquilino mejora. ¿Sabe por qué?
Porque cualquier inquilino en una vivienda puede finalizar el contrato en
cualquier momento, siempre que lo comunique con un mes de antelación.
Creo que eso es dar derechos al inquilino. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora ministra.

Señor Martí Jufresa, tiene la palabra.

El señor MARTÍ JUFRESA: Gracias.

Señora ministra, el cambio de contrato se puede hacer
perfectamente a día de hoy, pero de lo que estamos hablando es de la
reducción de los plazos de prórroga forzosa de estos contratos, de la
reducción que proponen ustedes en este anteproyecto de ley de cinco a
tres años. Esto, sin ninguna duda, va a reducir las posibilidades de los
inquilinos, va a reducir y a alejar el número de personas de las clases
medias que van a apostar por el alquiler y va a condenar injustamente, va
a poner condiciones absolutamente injustas a las personas que no puedan o
no quieran acceder a la compra. ¿No será, señora ministra, que lo que
sucede, una vez más, es que ustedes quieren apoyar el proceso de
reducción de los activos bancarios? ¿No será que ustedes quieren fomentar
indirectamente, una vez más, la adquisición de vivienda —como
también se pone de manifiesto en el anteproyecto— con la nueva
desgravación? Rectifique, todavía está a tiempo, señora ministra, solo es
un anteproyecto, vuelva a las políticas reales de fomento del alquiler
del Gobierno socialista, que de 2004 a 2011 pasaron del 10% al 17% de las
tenencias en España, desgrave de verdad a propietarios, a inquilinos y a
la rehabilitación. Todavía está a tiempo, señora ministra. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.

Señora ministra, tiene la palabra.

La señora MINISTRA DE FOMENTO (Pastor Julián): Muchas
gracias, señor presidente.

Señoría, yo creo que el que está a tiempo es usted, porque
todavía no ha leído el texto del anteproyecto de ley ni del proyecto de
ley y está vertiendo aquí unas afirmaciones que no se corresponden con lo
que dice el texto.

Mire, señoría, cuando hemos llegado al Gobierno, nos hemos
encontrado con un censo de más de tres millones de viviendas vacías, con
que el stock de vivienda nueva sin vender era de 680 000 viviendas,
señoría, y con que el porcentaje de población que habita en una vivienda
en alquiler apenas llega al 17%, mientras que en Europa está en el 33% de
media, en Alemania, por ejemplo, en el 47%, y, que yo sepa, yo no estaba
gobernando ni en el año 2011 ni en el 2010 ni en el 2009 ni en el 2008 ni
más atrás. Todo esto pone de manifiesto que es necesario modificar el
actual marco regulatorio de la vivienda en alquiler, primero por la
incapacidad del mercado para absorber este importante volumen de
viviendas, y, segundo, para aumentar el porcentaje de vivienda en
alquiler. Por eso, hemos llevado al Consejo de Ministros a primera
lectura este anteproyecto como un conjunto de medidas que favorecen la
libertad de quienes intervienen en el alquiler de la vivienda, para
reforzar la seguridad jurídica, señoría, y para hacer un procedimiento
mucho más justo. Por eso, señoría, con este proyecto lo que hacemos es
favorecer a aquellas personas que lo están pasando peor, a los que están
en paro, a las familias que tienen bajas rentas y a los que no llegan a
pagar una hipoteca.

Señoría, por eso le digo que como usted habla sin leerse el
texto, es fácil decir lo que usted ha dicho sobre el período de los
contratos, y yo de verdad que lo entiendo, porque si yo no me leyera un
documento, hablaría un poco sin saber. La actual situación es que la
prórroga forzosa y la tácita es de ocho años y la libertad es que a
partir de ahora en vez de cinco y tres son tres y uno, se reduce a la
mitad. ¿Le parece mal? A mí no, a mí como ciudadana libre me parece
estupendo. ¿Le parece mal, señoría, que una persona que tenga una
vivienda en alquiler avise al propietario y se vaya de la vivienda porque
ha cambiado su situación laboral o se cambia de ciudad? Antes no lo podía
hacer, señoría, usted sabe que tenía que quedarse y tenía que pagar. Sí,
señoría, la ley es testaruda, está ahí y hay que leerla.

Por lo tanto, señoría, esta es una agenda reformista, esta
es una agenda que quiere el equilibrio entre los derechos del arrendador
y el arrendatario, da más libertad…

El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señora ministra.

La señora MINISTRA DE FOMENTO (Pastor Julián): Señoría, la
situación que nos hemos encontrado es la que hemos heredado del Gobierno
socialista. (Protestas.-Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora ministra.

3.10. PREGUNTA SOBRE SI TIENE PREVISTO EL GOBIERNO MEJORAR
LA CONEXIÓN FERROVIARIA ENTRE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS DE MADRID Y
GALICIA.

(Núm. exp. 680/000143)

AUTORA: MARÍA DOLORES PAN VÁZQUEZ (GPP)

El señor PRESIDENTE: Pregunta de doña Dolores Pan.

Tiene la palabra su señoría.

La señora PAN VÁZQUEZ: Gracias, señor presidente.

Señora ministra, hemos oído hoy de nuevo su compromiso con
la conexión ferroviaria de Galicia con la Meseta, y se lo agradecemos, un
compromiso que se materializó en los Presupuestos Generales del Estado
que estamos debatiendo actualmente y que tiene reservados mil millones
para los cuatro tramos de mayor complejidad orográfica, como son los
tramos de Lubián-Ourense, de esta conexión del AVE de Galicia con
Madrid.

Señora ministra, se lo agradecemos especialmente porque a
los gallegos en estas dos últimas legislaturas se nos ha engañado mucho
con fechas que nunca se cumplieron, con miles de millones de euros que
nunca llegaron a Galicia, e incluso el alcalde de Vigo puso su cargo como
aval para tantas promesas y a día de hoy ni tenemos AVE, ni han llegado
los euros, ni tampoco se ha dejado la alcaldía de Vigo. Lo que hemos
tenido durante todos estos años los gallegos son anuncios y más anuncios,
fotos y más fotos, pero ni con anuncios ni con fotos se acorta el tiempo
que los gallegos invertimos en llegar a Madrid por ferrocarril.

Somos conscientes de que actualmente, con la crisis
económica —que no es la que han sufrido los otros—, hay que
hacer un esfuerzo mayor, junto con la herencia que usted ha recibido,
pero los gallegos sabemos que al fin, tras veinte años de AVE en España,
nosotros también tendremos un AVE. En un momento de bonanza económica,
Galicia y su conexión ferroviaria con la Meseta se hacía con trenes
convencionales que llevaban en funcionamiento, en ocasiones, treinta
años, y llama la atención cómo ahora quienes durante tantos años se
olvidaron de nuestra comunidad autónoma se ponen tras las pancartas y se
quieren erigir de valedores de una mejor conexión con Galicia.

Ministra, de la importancia de las comunicaciones no le voy
a decir yo nada porque lo sabe usted mejor que nosotros mismos. Es una
estrategia de futuro para nuestra comunidad autónoma y es una demanda que
se ha hecho por todo el sector económico y empresarial, pero se trata
también de cohesionar y de dar bienestar a los ciudadanos gallegos que
queremos ser iguales a cualquier otro español de cualquier otra comunidad
autónoma. Y para ello voy a poner algún ejemplo: entre Pontevedra y
Madrid se tardan, en conexión diurna por Talgo, ocho horas y dieciocho
minutos; entre La Coruña y Madrid se tardan seis horas y cincuenta y tres
minutos. Señora ministra, ninguna comunidad autónoma con similar
complejidad a la nuestra soporta estos tiempos de desplazamiento. Por
ejemplo, entre Santander y Madrid se tardan cuatro horas y media y entre
Cádiz y Barcelona siete horas y veinticinco minutos, una hora menos que
entre Pontevedra y Madrid y poco más de media hora que entre La Coruña y
Madrid.

Por eso le pregunto, ministra, si el departamento que usted
dirige tiene intención de mejorar el servicio de ferrocarril entre
Galicia y la Meseta. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.

Señora ministra, tiene la palabra.

La señora MINISTRA DE FOMENTO (Pastor Julián): Muchas
gracias, señora Pan.

En primer lugar, señoría, coincido con usted en que la
solución definitiva a la conexión de Galicia con el resto de España viene
de la mano del AVE, y por eso el esfuerzo que se está haciendo en
Galicia, en el

País Vasco, en Asturias, en Extremadura, en Alicante es
para que todos los lugares de España puedan estar interconexionados. Pero
para que mejore esa distancia en tiempo, que, desde luego, no es propia
del siglo XXI, vamos a extender a la línea con Galicia lo que se conoce
como nuevos trenes híbridos de la serie 730. Se trata de un tren versátil
que incorpora dos nuevos coches técnicos dotados de motores de 1800
kilovatios, diésel y eléctricos, que tienen rodadura desplazable, son
bitensión, tienen sistemas de señalización de alta seguridad y garantizan
la interoperabilidad. En definitiva, es uno de los trenes de alta
velocidad más versátil del mundo.

Este nuevo tren es el resultado de la transformación de
quince unidades del parque de trenes disponibles de la serie 150, cuyas
características contrastadas de prestaciones van a hacer que la distancia
entre Galicia y el resto de España sea menor. Se ha realizado una
inversión de 78 millones de euros. Actualmente, el servicio diurno
Madrid-Galicia se realiza por trenes Talgo, con una frecuencia por
sentido y día, una única, entre Madrid-Coruña-Vigo y Pontevedra. El tren
circula a 200 kilómetros en la zona en que hay alta velocidad, mientras
que en el resto lo hace a 160. ¿Qué es lo que perseguimos? Perseguimos
que haya velocidades máximas con este nuevo tren híbrido de 240
kilómetros por hora o de 250, dependiendo de que vaya en línea UIC o no
ancho UIC. Esto va a suponer, señoría, una mejora en los tiempos de viaje
que, por cierto, no llega a ser comparable a la distancia en otros
lugares de España, pero ciertamente la mejora. Madrid-Ourense va a pasar
a cuatro horas y cuarenta y ocho minutos cuando ahora es de cinco horas y
veinte minutos. Madrid-Santiago, actualmente seis horas y siete minutos,
va a pasar a cinco horas y treinta y seis minutos. Madrid-Coruña ahora es
de seis horas y cuarenta minutos y va a ser de seis horas y ocho minutos.
Madrid-Vigo es de siete horas y quince minutos y va a ser de seis horas y
veinticinco minutos. Y Madrid-Pontevedra, señorías, aunque no se lo
crean, es de siete horas y cincuenta y siete minutos y va a ser de siete
horas.

También me gustaría señalar que el aumento del número de
plazas va a ser importante, pues va a pasar de 440 a 528. Este tren
entrará en funcionamiento el día 17 de junio.

Nos estamos acercando más a la media de las prestaciones de
los españoles. Nos queda mucho camino por recorrer —nunca mejor
dicho— y lo vamos a hacer en un tren híbrido, pero pronto lo
haremos en AVE, como el resto de los españoles. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora ministra.

3.11. PREGUNTA SOBRE SI CREE EL GOBIERNO SUFICIENTE EL
CAUDAL MEDIOAMBIENTAL PROPUESTO POR LA CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL
EBRO EN EL TRAMO FINAL DEL RÍO.

(Núm. exp. 680/000131)

AUTOR: FERRAN SALVADO BEL ACCENSI (GPCIU)

El señor PRESIDENTE: Preguntas para el señor ministro de
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.

Pregunta de don Ferran Salvado Bel. Tiene la palabra su
señoría.

El señor BEL ACCENSI: Gracias, presidente.

Señor ministro, como usted sabe, el miércoles 25 de abril,
hace pocas semanas, el Consejo del Agua de la demarcación del Ebro, en el
marco de la Confederación Hidrográfica del Ebro, el mismo día de su
constitución y a las pocas semanas de tomar posesión el nuevo equipo
directivo de la Confederación Hidrográfica, aprobó una propuesta de Plan
Hidrológico del Ebro, propuesta de un documento fechado el 28 de junio
del 2011 que tendría que haber sido aprobado, obviamente, mucho antes.
Pero esta propuesta incluye, a su vez, una propuesta de caudales
ecológicos en 51 puntos del tramo del Ebro. ¿Cree el Gobierno suficiente
el caudal medioambiental propuesto por la Confederación Hidrográfica del
Ebro en el tramo final del Ebro, concretamente en la estación de Tortosa
y en el delta del Ebro?

El señor PRESIDENTE: Gracias, senador Bel.

Señor ministro, tiene la palabra.

El señor MINISTRO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE (Arias Cañete): Sí, señoría, lo consideramos suficiente. Es más,
en el caso del delta del Ebro el régimen de caudales ecológicos es muy
superior al resto de puntos de la cuenca del Ebro.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.

Senador Bel, tiene la palabra.

El señor BEL ACCENSI: Muchas gracias, señor presidente.

Muchas gracias, señor ministro. Permita que discrepe de su
opinión. Se ha abierto ahora un plazo para someter a consulta esta
propuesta y vamos a presentar a diferentes organismos, entre ellos al
Gobierno de la Generalitat de Cataluña, y a diferentes ayuntamientos,
propuestas para mejorar este caudal medioambiental. Mejorarlo, señor
ministro, porque su propuesta para Tortosa es de 80 metros
cúbicos/segundo durante seis meses al año; durante cuatro meses, entre 91
y 95 metros cúbicos/segundo —eso es muy inferior a lo
actual—; y durante dos meses al año, 150 metros cúbicos/segundo. En
el delta del Ebro estas cantidades pasan a 80 metros cúbicos/segundo
durante dos meses, a 100 durante siete meses y, solo durante tres meses,
120 metros cúbicos/segundo. Esta es una propuesta muy inferior a lo
señalado en el Informe de sostenibilidad de la Comisión para la
Sostenibilidad de las Terres de l’Ebre y en los informes de los que
dispone la misma Generalitat de Cataluña.

Señor ministro, de los tres pilares que plantea el Plan
Hidrológico de la Cuenca del Ebro los objetivos medioambientales han de
ser prioritarios, sobre todo con relación a demandas futuras.
Consideramos que deben conservarse las demandas actuales de utilización,
pero no que las demandas futuras tengan que priorizarse ante los
objetivos medioambientales que son absolutamente insuficientes, según
recoge la propuesta del Plan Hidrológico de la Cuenca del Ebro.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Bel.

Señor ministro, tiene la palabra.

El señor MINISTRO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE (Arias Cañete): Gracias, señor presidente.

En la desembocadura del Ebro, el régimen de caudales
establecido con carácter no vinculante en la actualidad por el Plan
Hidrológico es de 3154 hectómetros cúbicos/año, 100 metros
cúbicos/segundo. En esta propuesta del nuevo Plan Hidrológico este caudal
aumenta a 3370 hectómetros cúbicos/año, 106’8 metros
cúbicos/segundo. Además, se fija un régimen variable entre 80 metros
cúbicos/segundo y 155 metros cúbicos/segundo, más adaptado a las
condiciones naturales del río, y se realizan crecidas puntuales entre
1000 y 1500 metros cúbicos/segundo para renaturalizar el régimen de
caudales y reducir la invasión de macrófitos.

Para la fijación de estos caudales del tramo final del Ebro
se han analizado numerosos estudios científico-técnicos; algunos de ellos
obtenidos por la Agencia Catalana del Agua y propuestos por el Parlamento
de Cataluña para su consideración en el Plan Hidrológico de la Cuenca del
Ebro. También se han analizado aspectos no vinculados al régimen de
caudales ecológicos, pero que por la singularidad del delta han sido
tenidos en cuenta. El resultado es que se puede garantizar un régimen de
caudales ecológicos en el delta del Ebro muy importante y muy superior a
los ríos de la vertiente mediterránea, ya que el embalse de Mequinenza es
una gran reserva estratégica para el delta del Ebro. En torno al 30% del
agua total disponible en la cuenca del Ebro estará garantizada en el
conjunto del delta del Ebro. Además, el régimen de caudales ecológicos
del delta satisface lo establecido en el Reglamento de Planificación y
cumple los criterios técnicos definidos en la planificación hidrológica.
Por otra parte, se ha buscado que el caudal garantizado máximo sea
compatible con los requerimientos de usos del agua de las nueve
comunidades autónomas que utilizan la cuenca. Todo este importante caudal
con fines ecológicos para el delta del Ebro solo es posible si perdura la
gran solidaridad de las nueve comunidades autónomas que integran la
cuenca del Ebro, no solo Cataluña. La gestión paradigmática del Ebro en
la actualidad produce grandes beneficios para todas las comunidades
implicadas en su gestión.

Por último, quisiera señalar a su señoría que el Plan de la
Cuenca del Ebro en el que se establecen los caudales ecológicos para todo
el cauce del río Ebro salió a información pública el pasado 12 mayo y es
fruto de un proceso de participación social sin precedentes y de un
amplio consenso liderado por la Confederación Hidrográfica del Ebro y las
nueve comunidades autónomas implicadas en su gestión. El plan ha buscado
un equilibrio entre el buen estado ecológico y las demandas actuales y
futuras, basando la gestión hidráulica en el principio de unidad de
cuenca.

Señoría, es muy complejo planificar la hidrología de un río
como el Ebro que afecta a tantas comunidades autónomas. Por tanto, todos
hemos de buscar la solidaridad y el entendimiento. En este sentido, el
plan actual busca un punto de encuentro razonable entre todos.
(Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.

3.12. PREGUNTA SOBRE LAS MEDIDAS QUE PIENSA ADOPTAR EL
GOBIERNO DESTINADAS A MANTENER LAS RENTAS DE LOS AGRICULTORES, UNA VEZ
CONOCIDA LA DISMINUCIÓN DE LOS RECURSOS PRESUPUESTARIOS.

(Núm. exp. 680/000132)

AUTOR: MANEL PLANA FARRAN (GPCIU)

El señor PRESIDENTE: Pregunta de don Manel Plana.

Tiene la palabra su señoría.

El señor PLANA FARRAN: Gràcies, president.

Señor ministro, la información que nos proporciona el
Agricultural Policy Perspectives del mes de marzo de 2012, elaborado por
la Comisión Europea, pone de manifiesto que la renta agraria en España
sigue retrocediendo en comparación con el resto de la economía, que,
desgraciadamente, ya es decir. Asimismo, quiero transmitirle una profunda
preocupación por la situación vivida en el año 2011. Me refiero, señor
ministro, a la crisis de precios padecida en el mundo agrario. Y le voy a
poner algunos ejemplos que nos ayudarán a ver la crudeza de la realidad
que vive el sector agrícola y ganadero.

La semana del 15 de abril de 2012 se ha puesto en el
mercado pera conference, que estaba almacenada en frío, de un calibre de
63 y superior a 23 céntimos de euro, cuando el coste de producción se
estima en unos 33 céntimos de euro. La nectarina big top ha tenido una
liquidación al agricultor que se encuentra entre los 17 y 20 céntimos,
cuando su coste de producción es casi de 33 céntimos.

En lo referente al sector del aceite de oliva, y según
datos del Eurostat, el descenso acumulado de las cotizaciones del aceite
en origen ha caído más del 50% desde el año 2002, situación que el mismo
comisario de Agricultura y Desarrollo Rural de la Unión Europea, señor
Ciolos, ha puesto encima de la mesa.

En el sector ovino y caprino han desaparecido más de 4500
cabezas diarias durante el año 2011. Y es que, señor ministro, la
situación vivida el pasado verano con la crisis del pepino y su
repercusión en las hortalizas y en las frutas producidas en España ha
provocado que la crisis de precios se haya instalado, casi de manera
permanente, en nuestro entorno rural. Además, los costes de los insumos
agrícolas no paran de aumentar.

Nos encontramos, pues, en un escenario de incremento
continuado de los costes de producción y de bajada de precios de ventas
del productor que provoca una situación complicada para la supervivencia
de este sector.

Señor ministro, usted está al frente de un ministerio donde
los ajustes presupuestarios han sido muy importantes. Atendiendo a esta
situación de crisis de precios, por un lado, y reducción presupuestaria,
por el otro, le formulo la siguiente pregunta: ¿Qué medidas piensa
adoptar el Gobierno destinadas a mantener la renta de los agricultores
dada la situación de precariedad existente?

El señor PRESIDENTE: Gracias, senador Plana.

Tiene la palabra el señor ministro.

El señor MINISTRO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE (Arias Cañete): Gracias, señor presidente.

El objetivo de este Gobierno no es solo mantener la renta
de los agricultores sino mejorarla, y para ello vamos a poner los medios
con el fin de que el sector agroalimentario español despliegue todo su
potencial.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.

Tiene la palabra el senador Plana.

El señor PLANA FARRAN: Señor ministro, me gustaría que
pudiera concretar alguna de las medidas que dice usted que va a poner en
funcionamiento.

Le voy a poner dos ejemplos más. Un agricultor recibe por
una caja de naranjas de 20 kilos de peso el precio de un café en
cualquier establecimiento, es decir, en torno a 1,20 euros; o 14 litros
de leche al precio de una cajetilla de tabaco en un estanco: algo más de
4 euros. Creo que entre todos —y me consta que se está
haciendo— tenemos la responsabilidad de mantener y aumentar la
renta de los agricultores y ganaderos.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.

Tiene la palabra el señor ministro.

El señor MINISTRO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE (Arias Cañete): Gracias, señor presidente.

Me parece muy razonable la preocupación de su señoría.
Estamos trabajando para establecer las medidas adecuadas y acometiendo
las reformas estructurales necesarias que permitan mejorar y consolidar
la renta agraria.

En primer lugar, estamos buscando alianzas con nuestros
socios europeos para que las ayudas que se deriven de la PAC reformada
—que actualmente suponen un 30% de la renta de los agricultores
españoles como promedio— se mantengan y adapten a la realidad
productiva nacional. Para incrementar el otro 70% que supone la renta de
nuestros agricultores, y que depende del mercado, estamos trabajando, en
primer lugar, en la elaboración de un proyecto de ley de medidas para el
mejor funcionamiento de la cadena agroalimentaria, que espero que en el
próximo otoño puedan considerar sus señorías. En segundo lugar, en la
elaboración de propuestas para modificar la ley de cooperativas
—incluso el régimen fiscal— y la definición de cooperativas
prioritarias en el marco de un plan de integración cooperativa, todo ello
con el fin de favorecer la concentración de la oferta con la que obtener
mejores márgenes a favor de agricultores en las transacciones
comerciales, tanto a la hora de comprar como a la de vender. Estamos
trabajando en un plan de internacionalización para reforzar la imagen y
confianza en los mercados internacionales de nuestros productos y
aprovechar así las oportunidades que dichos mercados exteriores nos
ofrecen, que ya en el vino empieza a rendir sus primeros frutos. Y
estamos trabajando en un programa de innovación tecnológica en los
precios de producción, comercialización y transformación industrial con
el fin de mejorar la productividad y competitividad de la producción
agroalimentaria.

Por otra parte, estamos abordando un análisis de la carga
administrativa que conlleva el desarrollo habitual de la actividad
agraria con el fin de aligerarla mediante la supresión o modificación,
reduciendo así los gastos de funcionamiento de las producciones
agrarias.

En cuanto a la política de seguros agrarios, que contribuye
de manera directa a mantener la renta de los agricultores en caso de
adversidades climáticas, hemos realizado un esfuerzo muy importante en
los presupuestos para mantener el respaldo al sistema de seguros
agrarios. Para ello, hemos previsto una dotación de 246 millones de euros
con el objetivo claro de mantener los niveles de subvención a la
contratación.

Por último, quiero recordarle que desde 1996 hasta 2003,
con Gobiernos del Partido Popular, la renta agraria se incrementó en 9000
millones de euros y tuvimos que afrontar políticas de estabilidad
presupuestaria; pero desde 2004 a 2011, con los presupuestos expansivos
del Gobierno socialista, la renta agraria experimentó una reducción de
3500 millones de euros. Señoría, volveremos a la senda del crecimiento
con reformas estructurales profundas.

Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro.

3.13. PREGUNTA SOBRE SI CREE EL GOBIERNO QUE ESTÁ APLICANDO
CORRECTAMENTE LA LEY DE INCOMPATIBILIDADES DE ALTOS CARGOS EN LA ELECCIÓN
DE ESTOS.

(Núm. exp. 680/000135)

AUTOR: FRANCISCO FUENTES GALLARDO (GPS)

El señor PRESIDENTE: Preguntas para el señor ministro de
Hacienda y Administraciones Públicas.

Pregunta de don Francisco Fuentes Gallardo.

Tiene la palabra su señoría.

El señor FUENTES GALLARDO: Gracias, señor presidente.

Señor ministro, la Ley 2/2006, de 10 de abril, regula las
incompatibilidades y los conflictos de intereses de los altos cargos,
entre los que se encuentran los delegados del Gobierno en las distintas
comunidades autónomas; y el Real Decreto 432/2009 establece en su
artículo 5 las actividades que son incompatibles con el cargo de delegado
del Gobierno, y en su artículo 11 determina que estos cargos están
obligados a presentar declaración de actividades.

Pues bien, el pasado 11 de mayo, el delegado del Gobierno
de Extremadura presenta su dimisión por incompatibilidad cuatro meses
después de haber sido nombrado; repito, cuatro meses después. Aquí han
podido pasar dos cosas: o el delegado del Gobierno en Extremadura ocultó
datos de sus actividades a la Secretaría de Estado de Administraciones
Públicas —cosa que me cuesta creer— o la Secretaría de Estado
no actuó correctamente durante esos cuatro meses y ha permitido que
durante ese tiempo el delegado del Gobierno en Extremadura estuviera
fuera de la Ley.

Por eso, le pregunto si considera el Gobierno que está
aplicando correctamente la Ley de incompatibilidades de altos cargos.

Gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.

Señor ministro, tiene la palabra.

El señor MINISTRO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
(Montoro Romero): Gracias, señor presidente.

Señoría, la obligación del Gobierno es hacer cumplir la Ley
de incompatibilidades de altos cargos y todas las leyes vigentes en
España, y este caso que usted menciona no ha sido precisamente una
excepción, tal como se ha resuelto.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.

Senador Fuentes Gallardo, tiene la palabra.

El señor FUENTES GALLARDO: Gracias, señor presidente.

Señor ministro, ¿cuatro meses tardan ustedes en determinar
que es incompatible o tuvo algo que ver con que el día 9 de mayo, dos
días antes de la dimisión del delegado del Gobierno, un consejero de la
Junta de Extremadura, compañero suyo, tuvo que dimitir porque era
consejero y pasaba consulta de oftalmología en una clínica privada?

De todas formas, el día 11 el exdelegado del Gobierno dice
que diez o doce días antes de presentar la dimisión recibió la
comunicación de la Secretaría de Estado pero que él, motu proprio, pidió
un informe a la Abogacía del Estado —en términos sanitarios, un
segundo diagnóstico—, cosa que es impensable, es decir, recibe una
comunicación de la Secretaría de Estado y, por su cuenta, pide un informe
para ver si la Secretaría de Estado tiene razón o no.

Y lo más grave es que durante todos estos días, y ayer
mismo en la toma de posesión del nuevo delegado, las expresiones que
ustedes utilizaron fueron del siguiente tenor: dimisión injusta, ley
absurda, actitud ejemplar y ética del delegado del Gobierno… A este
paso, lo van a proponer para la Orden del Mérito Civil.

Señor ministro, usted sabe que el desconocimiento de la ley
no exime de su cumplimiento, y el hecho es que, o bien por culpa del
delegado del Gobierno o bien por culpa de su ministerio, todo un cargo de
delegado de Gobierno en una comunidad autónoma ha estado cuatro meses
fuera de la ley. Ese es el hecho. Usted me tiene que responder cómo es
posible, habiendo 17 delegados de Gobierno, que usted tarde cuatro meses
en saber si está fuera de la ley o está cumpliendo la ley.

Gracias, señor presidente. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.

Señor ministro, tiene la palabra.

El señor MINISTRO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
(Montoro Romero): Gracias, señor presidente.

La ley establece que los delegados del Gobierno de las
comunidades autónomas tienen rango de subsecretario y, por tanto, de alto
cargo. Conforme a la Ley de regulación de los conflictos de intereses de
los miembros del Gobierno y de los Altos Cargos de la Administración
General del Estado, los altos cargos

―entre ellos los delegados del Gobierno―
ejercen sus funciones con dedicación exclusiva y no pueden compatibilizar
su actividad con el desempeño, por sí o mediante sustitución o
apoderamiento, de cualquier otro puesto, cargo, representación, profesión
o actividad, sean de carácter público o privado, por cuenta propia o
ajena. Asimismo, tampoco podrán percibir cualquier otra remuneración con
cargo a los presupuestos de las administraciones públicas o entidades
vinculadas o dependientes de ellas ni cualquier otra percepción que,
directa o indirectamente, provenga de una actividad privada.

¿Qué ocurrió en el caso del delegado del Gobierno de
Extremadura, titular de una farmacia? Lo que ocurrió fue que la Oficina
de Conflictos de Intereses y el Servicio Jurídico del Estado actuaron, y
actuaron de forma eficaz, advirtiendo la incompatibilidad de funciones
del delegado del Gobierno y preservando el Estado de derecho. Así,
existían dos opciones: o bien se eliminaba la causa de la
incompatibilidad o bien había que abandonar el cargo. Como bien sabe, la
opción elegida fue la renuncia y eso fue lo que ocurrió.

Por tanto, no veo tampoco más causa ni más conflicto ni más
interés ni más declaraciones públicas ni más comentarios sobre si está
bien o está mal. La ley es la ley; la ley es clara y el Gobierno ha
ejecutado exactamente sus términos precisos.

Gracias, señor presidente. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.

3.14. PREGUNTA SOBRE LOS CRITERIOS POR LOS QUE SE RIGE EL
GOBIERNO PARA LA IMPUGNACIÓN DE OPOSICIONES DE OTRAS ADMINISTRACIONES
PÚBLICAS.

(Núm. exp. 680/000136)

AUTORA: ROSA LUCÍA POLONIO CONTRERAS (GPS)

El señor PRESIDENTE: Pregunta de doña Rosa Polonio.

Tiene la palabra su señoría.

La señora POLONIO CONTRERAS: Gracias, señor presidente.

Señor ministro, ¿cuáles son los criterios por los que se
rige el Gobierno para la impugnación de oposiciones de otras
administraciones públicas?

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.

Tiene la palabra el señor ministro.

El señor MINISTRO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
(Montoro Romero): Gracias, señor presidente.

Señoría, el criterio que sigue el Gobierno es el que
establece la ley, por eso se examinan los contenidos de los presupuestos
de la comunidad autónoma y se analiza si se adecuan exactamente a los
preceptos de la regulación básica; en este caso, la concerniente a las
plantillas: a la cuantía y a su dimensión. Así, en esta oportunidad, la
ley vigente en España es la del año 2012.

Gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.

Tiene la palabra la senadora Polonio.

La señora POLONIO CONTRERAS: Gracias, señor presidente.

Señor ministro, una cosa son sus palabras y lo que
prometieron y, otra bien distinta, los hechos que tanto usted como su
Gobierno llevan después a cabo. Toda su actuación en relación con las
oposiciones no han sido más que continuos despropósitos, que han venido a
sumarse a otros muchos, no solo en educación sino también en sanidad,
empleo ―con esa catastrófica reforma laboral para los
trabajadores―, y en política económica; anuncios que nos hacen
comprobar día a día que sus verdaderas intenciones son el
desmantelamiento progresivo de los sistemas educativo, sanitario y
laboral que hasta ahora conocíamos, con la consiguiente pérdida de
derechos de los ciudadanos y el empeoramiento de la calidad de los
servicios.

Nos dicen cuáles son sus criterios y que deben llevarlos a
cabo, pero hay muchas formas de hacerlo: bien o mal, como ustedes lo han
hecho, perjudicando a los ciudadanos y, lo que es peor, faltando al
respeto ―como en este caso en concreto― a otras
administraciones, como la andaluza, que también representa legítimamente
a los ciudadanos.

Poco les han importando los más de 33 000 opositores que en
Andalucía llevaban meses de trabajo, de esfuerzo personal y económico
preparando exámenes y a los que la impugnación por su Gobierno de las
oposiciones les ha causado un grave perjuicio; perjuicio que se les ha
causado no solo a ellos sino a miles de alumnos que hubieran visto
mejorada su educación por el aumento del profesorado en Andalucía.

Al cambio por sorpresa de los temarios en las oposiciones
se unió meses después el recurso que presentó su Gobierno contra la
convocatoria de oposiciones en Andalucía, todo ello ―y lo que es
peor― sin previo aviso, sin claridad y sin diálogo con el Gobierno
andaluz, a pesar de que el señor ministro de Educación se comprometió en
marzo en el Congreso de los Diputados a intentar solucionar este asunto
dialogando con Andalucía.

¿Considera usted que es tener lealtad institucional con
Andalucía tomar esta decisión el último día posible de los cuatro meses
de que dispusieron y hacerlo sin avisar oficialmente al Gobierno de la
Junta de Andalucía, que se tuvo que enterar del recurso por los medios de
comunicación? ¿Por qué lo hicieron de esta manera, dejando a la Junta de
Andalucía sin posibilidad de defensa? ¿Dónde quedó el diálogo y la
lealtad institucional que ustedes prometieron? ¿Por qué, ante las mismas
circunstancias, no se han aplicado los mismos procedimientos y criterios
a las oposiciones de otras comunidades autónomas, y solo han actuado así
en el caso de Andalucía?

Señor ministro, ante esta forma de actuar solo podemos
concluir que sus intenciones, las verdaderas, son la falta de voluntad
para dialogar y llegar a acuerdos con Andalucía, el ataque continuo a una
educación de calidad como la andaluza, optando por la decisión más dañina
para los opositores y para el conjunto de la comunidad educativa
andaluza. Ya es un poco tarde, y es mucho e irreparable el daño que han
causado con este recurso, pero le pedimos una vez más que escuche a las
comunidades autónomas, a todas, y no solo a alguna, que escuche a los
opositores, a los sindicatos y a la comunidad educativa que, por cierto,
hoy se ha echado a la calle masivamente en contra de sus recortes en
educación.

Aunque sea tarde, le pedimos que rectifique porque es de
sabios rectificar los errores.

Muchísimas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchísimas gracias, señoría.

Tiene la palabra el señor ministro.

El señor MINISTRO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
(Montoro Romero): Gracias, señor presidente.

El caso al que usted alude, señoría, está concernido por la
limitación del número de plazas que una comunidad autónoma puede realizar
o materializar, después de que una legislación básica del Estado entre en
vigor, como fue el Decreto Ley 12/2012. No sé dónde ve su señoría que hay
problemas políticos o problemas de falta de diálogo, porque no ha sido
así. Se ha estado negociando con la Junta de Andalucía hasta el último
momento en relación con esa oferta de plazas. A partir de ello, su
crítica está desfasada. ¿O no hubo diálogo en el último Consejo de
Política Fiscal y Financiera con la Junta de Andalucía relativo a su plan
económico financiero? ¿No lo hubo? Lo hubo hasta el último minuto. No
hubo diálogo, hubo acuerdo; acuerdo relativo a que la Junta de Andalucía
tenía que acomodar su oferta de plazas a lo que es la realidad
financiera.

Señorías, no vamos a tener mejor Estado de bienestar si no
podemos financiarlo. Algo tan sencillo como eso a usted no le sirve como
prédica política, ya lo sé. Quiero decir que ustedes nos han llevado a
una situación de déficit que realmente ha puesto en peligro, en riesgo la
propia imagen de España. (Protestas.) Por tanto, recuperen el aliento,
señorías; recuperen el aliento y colaboren en una tarea prioritaria como
es salir de la crisis actual que estamos viviendo, y no aludan a
referencias que han quedado envejecidas después del último Consejo de
Política Fiscal y Financiera, donde quedó demostrado que la voluntad
política del Gobierno de España era llegar a acuerdos con todos los
Gobiernos autonómicos de España y, por descontado, con la Junta de
Andalucía.

Gracias, señor presidente. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.

3.15. PREGUNTA SOBRE SI EL GOBIERNO CONSIDERA QUE HA
CONTRIBUIDO AL OBJETIVO DE GANAR CONFIANZA EN EUROPA POR EL MODO EN QUE
HA ANUNCIADO EL DESVÍO DEL DÉFICIT.

(Núm. exp. 680/000145)

AUTOR: JUAN MARÍA VÁZQUEZ GARCÍA (GPS)

El señor PRESIDENTE: Pregunta de don Juan María
Vázquez.

Tiene la palabra su señoría.

El señor VÁZQUEZ GARCÍA: Muchas gracias, presidente.

Señor ministro, ¿considera el Gobierno que ganamos
confianza ante nuestros socios europeos con el nuevo afloramiento de
déficit oculto del pasado viernes?

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.

Tiene la palabra el señor ministro.

El señor MINISTRO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
(Montoro Romero): Gracias, señor presidente.

Señor Vázquez, pues sí. Rotundamente, sí. Como no se gana
ninguna confianza es escondiendo los déficits, que es lo que hizo el
último Gobierno socialista de España, señoría. (Rumores.—
Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Señorías, silencio, por favor.

Gracias, señor ministro.

Senador Vázquez, tiene la palabra.

El señor VÁZQUEZ GARCÍA: Señor presidente, decía el francés
Jules Renard que de vez en cuando hay que decir la verdad para que te
crean cuando mientes. (Risas.)

Desde el comienzo de la crisis, ustedes han repetido día
tras día que la responsabilidad absoluta era del Gobierno de Zapatero. Le
dio resultado la estrategia, lo reconozco. Desde hace cinco meses que
están en el Gobierno han repetido en todos los sitios, y en esta tribuna
también, que la responsabilidad de todo, de sus recortes y de todos los
problemas, la tiene la herencia. Lo ha vuelto a decir ahora mismo.

Usted lo escenificó solemnemente en una rueda de prensa a
finales de febrero, y dijo que 2,5 puntos de desviación del déficit era
—y digo textualmente— una falsedad muy grave del Gobierno
anterior. No dijo que esa desviación se debía a la caída de ingresos del
último trimestre; no dijo que era fundamentalmente de las comunidades
autónomas; no dijo que esos 4 puntos del Gobierno ustedes los habían
introducidos en concepto de gastos extraordinarios a finales del año
anterior. Eso no lo dijo, pero sabemos que, además, ustedes intentaron
maquillar las cifras del déficit inflando las de las comunidades
autónomas que habían comenzado a gobernar y disminuyendo las de las
demás. Pero lo del viernes, señor Montoro, no tiene nombre. Usted, tarde,
mal, con nocturnidad y sin dar la cara, nos informa de que hay una
desviación sobre lo que usted dijo a finales de febrero de 4 décimas del
PIB en las comunidades de referencia del Partido Popular: Castilla y
León, Valencia y sobre todo Madrid. Lo de Madrid es de nota. Si todas las
comunidades autónomas hubiesen hecho lo mismo que Madrid, tendríamos un
17% de déficit. (Aplausos.) Solo con esto último que ha aflorado tiene ya
más que todo lo que dejó el Gobierno de España en la Administración
central.

Por eso, señor Montoro, paren ya de hacer ingeniería
contable, paren ya de estrategias partidistas, tengan un poquito de
humildad, menos prepotencia, y acójanse a la oferta de diálogo que
nuestro secretario general y el Grupo Parlamentario Socialista les hacen
constantemente. Así daremos más confianza en Europa, señor Montoro.
Nosotros no le vamos a echar la culpa cuando a finales de este año se
supere el déficit previsto. No le vamos a decir que usted ha engañado,
diremos que usted se ha equivocado, pero no que ha engañado como usted
lleva diciendo todo este tiempo.

Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, senador Vázquez.

Tiene la palabra el señor ministro.

El señor MINISTRO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
(Montoro Romero): Gracias, señor presidente.

Señor Vázquez, mire que insisten. (Rumores.) Insisten en lo
siguiente y lo voy a resumir lo más posible: la previsión del Gobierno
socialista anterior contenida en el Programa de Estabilidad del Reino de
España para el año 2011 era del 6% total para las Administraciones
Públicas. ¿Estamos o no estamos, señor Vázquez? (Rumores.) Cuando se
produce el relevo de Gobierno y este ministro de Hacienda y
Administraciones Públicas llega a su despacho y pide las estimaciones
relativas, estimaciones del cierre, le advierten desde la Intervención
General que habría al menos 2 puntos de desviación. Eso es lo que nos
dicen, 2 puntos que después en la liquidación provisional de las
comunidades autónomas, señor Vázquez, como todos los años, a finales de
enero y comienzo de febrero, se van hacia ese medio punto más que es el
que yo hago público antes de enviarlo a Eurostat; es decir, liquidaciones
provisionales. Y a continuación vienen las liquidaciones definitivas que,
por cierto, este año... (Rumores.)

El señor PRESIDENTE: Señorías, silencio, por favor.

El señor MINISTRO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
(Montoro Romero): A ver si atienden y así toman buena nota de una vez y
se enteran de algo. A ver si se enteran de algo, señoría, a ver si se
entera. (Aplausos.—Rumores.) Luego le paso una notita, señoría.

Les decía, señor presidente, que estamos ante liquidaciones
provisionales, liquidaciones definitivas en esta ocasión adelantadas por
el Plan de Proveedores. El Plan de Proveedores que es precisamente poner
en reconocimiento la deuda comercial para ser liquidada, liquidación que
va a hacer este Gobierno, señor Vázquez, que estaba reconocida en gran
medida, pero a su vez ese Plan de Proveedores lo que ha permitido también
es el afloramiento de una parte de las liquidaciones pendientes que
estaban no reconocidas. Y es así como llegamos a ese déficit que es el
que se está presentando en los planes económicos financieros de las
comunidades autónomas. Punto y final, ningún tipo de ingeniería:
aplicación de la Contabilidad Nacional según criterio de Eurostat. Punto
y final: fiabilidad, seguridad y rigor, señoría, algo que, en fin, no
está mal que el secretario general del Partido Socialista se aplique
algún día y especialmente el señor Rubalcaba.
(Aplausos.—Rumores.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro.
Señorías, silencio, por favor.

Terminado el turno de preguntas, tengo que agradecer a los
senadores y a las senadoras que han intervenido, así como a los ministros
y a las ministras, que se hayan ajustado perfectamente a los tiempos que
tienen reglamentados. Muchísimas gracias. Así da gusto presidir un Pleno.
Gracias. (Aplausos.)

4. INTERPELACIONES

4.1. INTERPELACIÓN SOBRE LAS MEDIDAS ANUNCIADAS RESPECTO A
LAS CUENTAS PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
Y SU POSIBLE TUTELA POR EL MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES
PÚBLICAS.

(Núm. exp. 670/000024)

AUTOR: ISIDRO MANUEL MARTÍNEZ OBLANCA (GPMX)

El señor PRESIDENTE: Pasamos al turno de interpelaciones.
Punto cuarto del orden del día: Interpelación de don Isidro Manuel
Martínez Oblanca, sobre las medidas anunciadas respecto de las cuentas
públicas de la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias y su posible
tutela por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.

Para exponer la interpelación, tiene la palabra el senador
Martínez Oblanca por tiempo de quince minutos.

El señor MARTÍNEZ OBLANCA: Muchas gracias, señor
presidente.

Señor ministro, el viernes 11 de mayo, cumpliendo
estrictamente plazos e instrucciones, el Consejo de Gobierno del
Principado de Asturias remitió su Plan Económico Financiero 2012-2014 al
Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas para su examen por el
Consejo de Política Fiscal y Financiera. Al día siguiente, mediodía del
sábado 12 de mayo, apenas unas horas después de depositarse en Madrid el
plan de Asturias, el ministerio difundió una nota a través de su gabinete
de prensa en la que se informaba del encargo a la Abogacía del Estado y a
la Intervención General para que se estudiase la aplicación en Asturias
de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad
Financiera ante la —cito textualmente— imposibilidad de que
esta comunidad cumpliese los objetivos de estabilidad. (El señor
vicepresidente, Lucas Giménez, ocupa la presidencia.)

La amenazadora nota del ministerio atribuyó literalmente a
la situación política de Asturias y a la existencia de un Gobierno en
funciones la falta de garantías para adoptar medidas en pos del
cumplimiento del objetivo de estabilidad. Esta nota es
—repito— del Ministerio de Hacienda y Administraciones
Públicas. Por su tenor podría ser perfectamente del Gobierno
intervencionista y confiscador de Cristina Kirchner, pero no hay que irse
tan lejos y cruzar el charco porque es del ministro Cristóbal Montoro.
¿Pongo la diana en la compañía Repsol? La intervengo; ¿pongo la diana en
la Comunidad de Asturias? La intervengo. De Cristina Kirchner a Cristóbal
Montoro, de amenaza a amenaza, de intervención a intervención. El modus
operandi es idéntico, análogo. Se inicia desde el Gobierno una campaña de
hostigamiento, de insinuaciones, de falsedades, se siembra y se hacen
caer todas las sospechas posibles sobre el objetivo y, finalmente, se
incumple la ley.

Este cuerpo del delito, con membrete de su departamento, de
amenazas e intervenciones es, señor ministro, un disparate, un
despropósito y un atropello. Causa asombro mírese por donde se mire.
Jamás se había llegado a semejante falta de respeto y de desatino, a
tamaña agresión y a tan tremebundo intento de intimidación hacia una
comunidad autónoma.

El aviso conminatorio del ministerio fue complementado al
día siguiente, domingo, por el propio presidente del Gobierno, Mariano
Rajoy y por usted mismo que estentóreamente lo remachó proclamando la
exigencia de que Asturias resolviese sus cuitas internas en relación con
el proceso de investidura del nuevo Gobierno autonómico y el desarrollo
del plan económico financiero. Claro que para cuitas internas y externas
las de su Gobierno, señor Montoro, que sale a varias al día y en todos
los terrenos, en los propios y hasta en los ajenos.

Lejos de despejar dudas y corregir desatinos sobre
Asturias, usted se sumó entusiasta a la estridencia y a los infundados
planteamientos urdidos desde el Gobierno y divulgados desde el gabinete
de prensa de su ministerio. Gobernar es también una cuestión de modales y
hacerlo de esta manera denota muy malos modales, los mismos malos modales
que en el pasado mes de abril consagraron los métodos de Cristina
Kirchner tras el proceso que desembocó en la intervención de Repsol-YPF
en Argentina, exactamente los mismos, pero aquí en versión de Gobierno
Mariano Rajoy, edición puesta al día. En ningún momento se cuestionó
algunos de los parámetros del plan económico financiero presentado por el
Principado. En ningún momento se ofreció dato alguno que justificara el
afán del ministerio para movilizar a la Abogacía y a la Intervención
General del Estado. Aquí se tiró de nota amenazante, intimidatoria y
premeditada; una nota preelaborada porque en cuestión de horas es
imposible que el ministerio pudiera hacer una evaluación seria y rigurosa
del plan económico financiero de Asturias.

Señorías, poco más de dos semanas después de publicarse en
el Boletín Oficial del Estado la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de
Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, el Gobierno que
la promovió ha hecho trizas una parte sustancial de su contenido.

El preámbulo de la ley destaca como novedad la inclusión,
respecto a anteriores instrumentos legislativos, del principio de lealtad
institucional como principio rector para armonizar y facilitar la
colaboración y cooperación entre las distintas administraciones en
materia presupuestaria.

Casi con la tinta fresca de su publicación en el BOE se ha
destrozado el espíritu y la letra de la ley y se ha infligido un daño
irreparable a la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias y a los
asturianos con un ataque arbitrario, humillante y muy lesivo. El
descrédito provocado no conoce límites nacionales o internacionales,
porque difundir desde ese ministerio la falsa información tiene efectos
devastadores sobre el rating y añade encarecimiento a la financiación a
corto y largo plazo. El perjuicio a Asturias es brutal.

El capítulo II de la citada ley, relativo a los principios
generales, ha quedado convertido en papilla por el Gobierno. Basta con
repasar el artículo 9, titulado: Principio de lealtad institucional, en
cualquiera de sus cinco apartados, para certificar el disparate
antidemocrático, ilegal, intervencionista y kirchneriano que lleva el
membrete del ministerio.

Señor Montoro, con semejante proceder, consistente en
difundir notas amenazadoras en las que se falsean los datos o se insinúan
incumplimientos sin ninguna base, ¿dónde está el respeto en el ejercicio
legítimo de las competencias atribuidas al Estado? ¿Dónde está la
ponderación? ¿Cuándo ha prestado el Gobierno la cooperación? ¿Cuándo en
todo este infausto episodio la asistencia activa al Principado de
Asturias? Señor Montoro, por aquello de buscarle algún atenuante, ¿en su
ministerio se han leído esta ley? El Consejo de Gobierno del Principado
de Asturias ha presentado unas cuentas como consecuencia de la política
de ajuste económico que asumió por iniciativa propia tras su toma de
posesión en julio del 2011, un ajuste que se continuó tras la prórroga
presupuestaria impuesta tras el veto a la ley

impulsado por el Partido Popular y apoyado de forma
entusiasta por el PSOE. La consecuencia de este doble ajuste en el
Principado es que Asturias es la única comunidad autónoma, repito, la
única que presenta superávit presupuestario. No hay, por tanto, ni un
solo elemento de preocupación sobre las cuentas del Principado y sobre el
control del gasto que está llevando a cabo. No puede existir duda alguna,
porque además de cumplir con los objetivos: control, ajuste y límite del
déficit, Asturias ha podido afrontar de forma prioritaria el
mantenimiento de los gastos sociales en educación y sanidad frente a
otras atenciones no esenciales. Usted ha decidido que para recortar el
déficit hay que recortar en sanidad y en educación, pero en Foro somos
partidarios de recortar en servicios no esenciales, por ejemplo, 40
millones de ahorro en el ámbito de la televisión autonómica. Explíquenos
por qué es mejor para los ciudadanos menguar en sanidad y en educación
que en televisiones públicas o en chiringuitos. Explíquelo, por favor. En
Foro no vamos a aceptar esto. El plan económico financiero del Principado
no tiene nada que ocultar ni tiene ningún problema. Por eso, ante las
amenazas de comisionar interventores generales y ante esta estratagema
vertida por el Gobierno a través de su ministerio, el presidente del
Gobierno de Asturias se dirigió inmediatamente al vicepresidente europeo
y comisario de Asuntos Económicos y Monetarios, señor Olli Rehn, para que
tenga un conocimiento preciso y exacto del plan económico financiero que
presentó y para desmentir con datos certeros, rigurosos y serios la
amenaza divulgada de este ministerio.

Aun así, con un plan asturiano intachable, el Consejo de
Política Fiscal y Financiera lo consideró hace cinco días
—reconvertido dicho consejo en consejo político— como no
idóneo, y se atribuyó la decisión de rechazarlo a una cuestión coyuntural
como paso anticipado en función de la circunstancia política. Aquí está
el quid del asunto. ¿Qué se camufla tras esta estratagema dolosa,
desleal, lesiva y dañina hacia Asturias y los asturianos? ¿Qué se esconde
tras este ataque al Estado de derecho? Pues se esconde el
intervencionismo del Gobierno, pero no el intervencionismo sobre las
cuentas públicas asturianas, no, no. Aquí se camufla el intervencionismo
político sobre el proceso de elección del nuevo Gobierno autonómico tras
los resultados del 25 de marzo. El intrusismo, la injerencia y la
interferencia política para impedir que Foro renovase la presidencia del
Principado un año después de conseguir una histórica mayoría
parlamentaria en la Junta General del Principado.

Señor Montoro, el intrusismo y la interferencia han dado su
resultado: su Gobierno ha obtenido una enorme victoria pírrica.

Precisamente, esta misma mañana ha dado comienzo en la
Junta General del Principado el debate de investidura del nuevo Gobierno,
y desde Madrid se ha hecho lo imposible y lo nunca visto para sabotear
las posibilidades de que Foro obtuviese nuevamente la presidencia.

Ese era el objetivo y la esencia de esta inaceptable
amenaza de intervención cometida sobre Asturias por el Ministerio de
Hacienda. La amenaza dio sus frutos y en cuestión de horas gobernará en
Asturias el Partido Socialista. ¡Qué exitazo, señor Montoro!

Además, y como complemento de su estrategia, ha conseguido
que Izquierda Unida tenga representación en esta Cámara, y ya sabe lo que
piensa Izquierda Unida de su política económica, de sus Presupuestos y
del Gobierno en general. Pues ahora también se lo van a contar y votar en
esta Cámara. ¡Qué triunfo, señor Montoro!

Si de verdad le hubiesen preocupado las cuentas de
Asturias, usted no hubiese respaldado como hizo el rechazo a la ley de
presupuestos del año 2012 que impulsó el Partido Popular y que contó con
la ayuda cómplice del Partido Socialista. Un veto que en términos
económicos ha supuesto la prórroga de los presupuestos que han arrastrado
a la región a tener el segundo peor crecimiento de la última década entre
todas las comunidades autónomas, a ser la autonomía con la tasa de
actividad más baja de España —51,72%—, a los injustificables
sobrecostes milmillonarios que han arruinado nuestra competitividad, a
las fastuosas inauguraciones de cartón piedra, a los ruinosos
chiringuitos, a la corrupción, al paulatino desmantelamiento y cierre de
empresas e industrias de larguísima trayectoria, a las cifras de paro más
altas de nuestra historia y a la marcha fuera de Asturias de miles de
jóvenes calificados como leyendas urbanas porque se llegó a afirmar que
era imaginario que fuesen más allá de Pajares. Somos, como expresión de
decadencia, la única comunidad autónoma con la población estancada y
envejecida en los últimos diez años.

¿Se imagina usted, señor Montoro, que hubiese prosperado
cualquiera de los vetos presentados a la ley de Presupuestos Generales
presentada por su Gobierno y que está tramitándose actualmente en las
Cortes Generales? Equivaldría a prorrogar automáticamente el último de
los Presupuestos del Gobierno

Zapatero, el de los 5 millones de parados, el de la
herencia, el de los engaños por los que ustedes claman constantemente y
con razón desde esta tribuna parlamentaria.

Pues eso es lo que ha pasado en Asturias con su inefable
concurso, señor ministro, y eso es lo que ha arrastrado a que en Asturias
sigan hoy vigentes los calamitosos presupuestos de 2011, es decir, los
presupuestos socialistas y comunistas, como gusta conceptuar la nueva
líder regional de su partido.

Un partido que hace un año los rechazó por impresentables
pero que en enero se los impuso a Foro y a los asturianos. Ello no
significa, pese al tremendo lastre de tener que gestionar unos
presupuestos con semejante carga, que no se estén corrigiendo en Asturias
los desequilibrios presupuestarios o que no se estén aplicando
acertadamente los instrumentos autonómicos para corregirlos. De hecho,
Asturias ni es la comunidad que más déficit presentó en 2011, ni tiene el
nivel de endeudamiento de otras regiones, ni su Gobierno se ha sumado a
las comunidades que ya han anunciado públicamente que no van a cumplir el
objetivo de déficit.

Contrariamente al análisis del Consejo de Política Fiscal y
Financiera que usted preside y que el pasado jueves lo tuvo todo
exclusivamente de político, el actual Consejo de Gobierno del Principado
de Asturias ha hecho bien las cosas. Sin embargo —a la vista
está—, tiene en su ficha el ominoso crimen de haber conseguido
gobernar en Asturias tras las elecciones de mayo de 2011, precisamente la
fecha en la que en toda España, en todas las comunidades autónomas donde
se celebraron elecciones, se produjo una gran marea de votos a favor de
las candidaturas del Partido Popular. Asturias fue la excepción en
aquella gran marea azul reflejada aquí, en esta Cámara Alta, con la
presencia de una gran mayoría de senadores populares, 28 de ellos de
designación autonómica. Y Foro, un partido recién creado, consiguió la
mayoría parlamentaria y la oportunidad de gobernar.

Desde entonces, hoy hace justamente un año, el PP no ha
asimilado la realidad del cambio político en Asturias. La secuela del
malestar se ha puesto en evidencia a lo largo de siete meses con bloqueos
parlamentarios sistemáticos de populares y socialistas, incluso después
de la convocatoria de elecciones el 25 de marzo, reiterándose ante la
posibilidad aritmética de que Foro volviese a presidir el Principado con
el apoyo parlamentario de los diputados del PP y del único diputado de
UPyD junto con los del propio Foro.

Y, para cercenar esa posibilidad, el Gobierno de Rajoy, a
través de su Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, ha
interferido en las negociaciones políticas de cara al proceso estatutario
de investidura para elegir presidente autonómico. Lo ha hecho con una
amenazante nota de prensa inaceptable e incumplidora de la ley, y lo ha
consumado con una decisión del Consejo de Política Fiscal y Financiera,
un organismo coordinador con 32 años de existencia, transformado ahora en
sumarísimo instrumento partidista que pone en cuestión de forma falsa,
arbitraria y manifiestamente injusta, carente de todo tipo de rigor, las
medidas del Principado de Asturias para la contención del gasto y para
garantizar los ingresos.

Reconvertir la Administración, el Gobierno, el Ministerio
de Hacienda y Administraciones Públicas, el Consejo de Política Fiscal y
Financiera y hasta los gabinetes de prensa en una herramienta al servicio
no del Estado, sino de los intereses partidistas y partidarios es un
indicador de pésima salud democrática y un signo revelador de que al
frente del Gobierno de España se ha instalado el descrédito.

Nada más, señor presidente.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias,
señoría.

Para contestar la interpelación, en nombre del Gobierno
tiene la palabra el señor ministro de Hacienda y Administraciones
Públicas.

El señor MINISTRO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
(Montoro Romero): Gracias, señor presidente.

Señorías, señor Martínez, hay interpelaciones que están
absolutamente pasadas de tiempo, y por supuesto son procesales, son
correctas. Pero no sé qué estamos debatiendo en el día de hoy cuando,
como usted bien ha señalado, se celebra un debate de investidura en
Asturias consecuencia de las elecciones celebradas el pasado 25 de marzo,
consecuencia de unas elecciones que fueron anticipadas por el presidente
de Asturias, que todavía lo sigue siendo en el día de hoy. Es la
consecuencia política de ello, y a partir de ahí, no entiendo el sentido
de su interpelación.

Vaya por delante —y hasta me cuesta reiterarlo en la
tribuna del Senado— que claro que Asturias merece el respeto del
Gobierno de España. Merece el respeto, no: merece el trabajo, merece el
impulso,

merece la iniciativa. Esa es la tarea encomendada al
Gobierno de España en relación con Asturias y con el conjunto de las
comunidades autónomas de España. Señoría, no le quepa absolutamente
ninguna duda. Y la política que hace el ministro de Hacienda y
Administraciones Públicas es aquella que conduce al objetivo
presupuestario, a la consecución del objetivo de la corrección del
déficit excesivo en el que Asturias y otras comunidades autónomas de
España —y, por supuesto, añado otras, la gran mayoría— habían
incurrido en el año 2011.

Por lo tanto, la exigencia es en relación con sus planes
económico-financieros, la exigencia es relativa a la celebración del
Consejo de Política Fiscal y Financiera el 17 de mayo por la tarde, un
Consejo de Política Fiscal y Financiera que tiene como amparo la nueva
Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera de
España. Señorías, cuando estamos preparando ese consejo, cuando estamos
examinando la materia durante mucho tiempo, ha dicho incorrectamente su
señoría: ¿cómo es posible que se haya dado tan poco tiempo? Eso no es
así, hay un intercambio de información de trabajo con la Consejería de
ese Gobierno de Asturias, ese trabajo es la culminación previa a la
celebración del consejo, y el sábado 12 de mayo, en ese momento, es
cuando se me participa que el Principado, su Gobierno —como deja
constancia en su escrito, que parece que usted no conoce, es un escrito
que hemos leído públicamente de forma reiterativa—, su proyecto de
plan económico financiero, acaba de la siguiente forma, y se lo voy a
leer textualmente para conocimiento de toda la Cámara, aunque ha sido muy
publicado y difundido: «Por otro lado, para finalizar este apartado, es
oportuno señalar que el Principado de Asturias está pendiente de la
constitución de un nuevo Gobierno, fruto de las elecciones anticipadas
celebradas el pasado 25 de marzo, por lo que el actual Gobierno se
encuentra en funciones. Si bien esta circunstancia es meramente temporal,
determina para el actual ejecutivo la limitación…» —repito,
la limitación— «… de no poder, a la fecha de elaboración del
presente plan, ejecutar de forma inmediata las medidas adecuadas de
contención del gasto público. Gobierno de Asturias.»

O sea, que, por estar en funciones, no puede llevar
adelante las medidas necesarias para la contención del gasto público.
Está por escrito, señorías. Esta es la conclusión de ese informe:
«…más allá de las ya efectuadas en la prórroga presupuestaria y en
la retención de no disponibilidad de créditos que se han señalado.» Es
decir, que no va a aplicar ninguna medida nueva, y eso es lo que conduce
precisamente a la nota de prensa que es en sí misma una nota que no
supone la intervención, señoría, supone la aplicación de la Ley de
estabilidad presupuestaria, que es exactamente lo que dice esa nota. Otra
cosa es que haya titulares de prensa que singularizan, que personalizan,
que relativizan los conceptos, pero, señoría, la ley está para cumplirla
y el ministro está para que se cumpla la ley.

Esa comparación que ha hecho usted con otros gobiernos es
tan inadecuada, tan inapropiada. ¿Con quién se está comparando, señoría?
En España hay una ley de estabilidad presupuestaria vigente. ¿Qué está
diciendo: que no hay que aplicar esa ley porque otros gobiernos en otras
partes del mundo, en otras latitudes, hacen otros planteamientos? Es un
argumento…

Señor Martínez, la retórica política tiene unos límites y
la coherencia personal también porque, después de haber sido usted lo que
ha sido en este grupo parlamentario, debería tener bastante más respeto y
más coherencia personal respecto de lo que es la aplicación y de lo que
significan los proyectos políticos. (Aplausos.) Estas comparaciones, esta
vaciedad de argumentos…

Ahora, en la réplica, me explica, por favor —porque
yo no me acabo de enterar—, cómo es posible que la advertencia del
cumplimiento de una ley de estabilidad, o siquiera el rechazo de un PEF
—de un plan económico financiero—, da lugar a que un grupo
político que tiene un diputado decisivo cambie su decisión, la altere, la
modifique —quiero decir si tenía la decisión de antemano—
porque realmente no se entiende bien el argumento. Porque ¿eso qué es,
que la nota de Hacienda provocó que el diputado de UPyD se pronunciara en
otro sentido? ¡Realmente es que tengo que escuchar cada argumento en la
vida pública, que ciertamente me cuesta entender! (Aplausos.) Es que no
lo entiendo, como tampoco entendí —y aprovecho esta ocasión
política para decirlo— la explicación que dio la dirigente de ese
grupo político, que dijo: Así evitamos que Asturias sea intervenida. No
lo entiendo, señorías, es que no entendí nada: así y de la otra manera.
Lo que tiene que hacer Asturias, como el conjunto de las comunidades
autónomas de España, es un plan corrector de la desviación del déficit
público del año 2011, un plan que aplique medidas de contención del gasto
verosímiles y medidas de ingresos tributarios verosímiles, por supuesto,
todo ello dentro de su capacidad de gobierno autonómico pero ateniéndose
a la ley, una ley que nos concierne a todos y a mí el primero, señor
Martínez.

Así pues no entiendo la posición, exactamente el sentido,
ni qué clase de conclusión política lleva usted adelante con esta
interpelación, en primer lugar, porque viene a esta Cámara a destiempo y
viene

a provocar un debate político sin sentido. La verdad, hay
cosas mucho más importantes para todos los asturianos y para todos los
españoles como es cumplir con los objetivos de déficit público, porque
nos estamos jugando la recuperación económica, señoría, nos estamos
jugando la salida de la crisis, nos estamos jugando el poder presentarnos
ante nuestros socios europeos, ante las instituciones europeas como un
país riguroso y serio, con normas que se cumplen.

¿Qué es el Consejo de Política Fiscal y Financiera,
señorías? Un consejo cuyos componentes han tenido por primera vez la
oportunidad de conocer y valorar los planes económico-financieros de
todas las comunidades autónomas, tal y como reza la ley de estabilidad,
un consejo donde también todos han opinado sobre la posición de todos.
Por tanto, esas palabras devaluatorias sobre el Consejo de Política
Fiscal y Financiera también me han parecido absolutamente fuera de lugar,
señor Martínez. Baje usted el tono de sus palabras, adecue su oposición
política y personal —y personal, señoría—, que tenemos una
ley de estabilidad presupuestaria.

El ministro de Hacienda y Administraciones Públicas tiene
la obligación de hacer regir esa Ley de estabilidad presupuestaria, el
Consejo de Política Fiscal y Financiera tiene como objetivo valorar esos
planes y, en suma, el nuevo Gobierno de Asturias tiene también la tarea,
la obligación de presentar en el plazo que marca la ley el nuevo plan
económico financiero para que Asturias contribuya positivamente a la
recuperación económica de Asturias pero también de toda España a través
de la corrección de su déficit público. Tan sencillo como esto.

¿Lo demás? Yo comprendo que a usted le habrá gustado un
resultado político u otro —allá usted, por supuesto, y su
libertad—, pero los que tenemos responsabilidad —y usted
también la tiene en esta Cámara— la tenemos para no utilizar
determinadas calificaciones —como ha hecho con el Consejo de
Política Fiscal y Financiera—, para no utilizar determinadas
comparaciones —que están mucho más allá de lo que una retórica
parlamentaria exige y obliga—, en suma, para hacer interpelaciones
bastante más pertinentes, más procedentes que la de hoy, a la que por
supuesto yo estoy atendiendo, como es también mi deber hacerlo. Pero
insisto en que esto se parece mucho a llorar sobre leche derramada por
parte de algunos, y tenemos mucho trabajo, señor Martínez, y yo espero
que usted colabore positivamente en un trabajo tan importante como el que
tenemos por delante.

Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos.)

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias,
señoría.

En réplica, tiene la palabra por tiempo de cinco minutos el
senador interpelante.

El señor MARTÍNEZ OBLANCA: Muchas gracias, señor
presidente.

Señor ministro, señor ministro, no me venga con lecciones
de las que usted acostumbra con su prepotencia habitual. (Rumores.) Yo le
hablo con la Ley de estabilidad presupuestaria en la mano. Aquí, a esta
tribuna, no se sube con jerga mitinera ni a dar lecciones, se sube con la
Ley presupuestaria. Esto no es Argentina, aunque a usted seguramente le
gustaría actuar como un ministro de aquel país. (Protestas.) Estamos en
España y este es un Estado de derecho, no un Estado de capricho, señor
ministro. Y ese es el fondo del debate de esta cuestión: si el Gobierno
cumple con el Estado de derecho o el Gobierno entra en el Estado de
capricho.

Usted todavía no nos ha citado el precepto de ley que avala
su actuación en contra de Asturias, ni un solo precepto de ley. Indique
ante esta Cámara de representación territorial cuál es el precepto legal
en el que se ampara cuando habla de inestabilidad política. ¿Dónde está
reflejado en la ley? ¿Dónde se menciona algo sobre el Gobierno en
funciones? Ilústrenos qué capítulo, qué artículo, qué apartado, qué
párrafo, qué frase habla del procedimiento electoral en una comunidad
para amenazarla con una intervención. Déjese de lecciones y de mítines,
díganos usted, por favor, dónde están contempladas estas cosas en la ley.
En nombre del Estado de derecho en España, no en el argentino o en el
venezolano, en nombre del Estado de derecho en España, díganos qué
preceptos legales amparan su inaceptable comportamiento con Asturias.

Estamos hablando de un plan económico financiero. Usted
presidió un Consejo de Política Fiscal y Financiera que se trasmutó
exclusivamente en político —se lo reitero—, y así le lució,
por cierto, al día siguiente.

Los datos que le está presentando Asturias gracias al
Gobierno de su partido suponen que tiene superávit. Oiga, atribúyase el
mérito. Hoy Asturias es la única comunidad autónoma de España que
presenta superávit en sus cuentas gracias a que el Partido Popular impuso
al alimón con el Partido Socialista el presupuesto del señor Areces. Un
año antes lo rechazó por impresentable, pero en enero

de 2012, hace cinco meses, sus correligionarios, avalados
por usted, se lo impusieron a Foro. Presuma de ello ante esta Cámara: les
hemos endosado a los asturianos el presupuesto impresentable de los
socialistas del año 2011. Como en la prórroga presupuestaria impuesta no
está prorrogada la Ley de endeudamiento, también les hemos bloqueado y
están sometidos a un programa de recorte que el PP, nuevamente al alimón
con el PSOE, les hemos impuesto y que paraliza 400 millones de euros.
Explíquelo ante la Cámara, por favor, señor Montoro.

Y ahora quiere usted un segundo recorte. Asturias no
solamente tiene que hacer un recorte, ahora tiene que hacer dos y, por
eso, amenazó usted al Gobierno en funciones de Asturias. La prueba más
evidente —lo recordaba usted— es que llegó por allí la
responsable de UPyD para firmar el pacto de investidura que da el
Gobierno al PSOE y proclamó: Ya no hace falta intervención, ya no va a
gobernar Foro, ya nadie tiene coartada para intervenir Asturias. Esta es
la prueba más evidente, señor Montoro. (Protestas.) UPyD le ha comprado a
usted el señuelo y ha mordido su anzuelo. Felicítese, señor Montoro,
felicítese. (Rumores.)

Las cuentas del Principado se defienden solas y como no hay
nada que ocultar, se han remitido a la Comisión Europea y a la
Sindicatura de Cuentas para evitar otro enjuague como el practicado el
jueves por el consejo político que usted presidió, ante el pasmo al día
siguiente de España entera y de Bruselas, señor ministro.

Con Foro en Asturias se han hecho bien las cosas, con
claridad, con limpieza y con honestidad. Nunca se está a destiempo, señor
ministro, cuando se controla la acción del Gobierno, nunca.

Vuelvo a la ley, vuelvo al Estado de derecho. Usted ha
decidido que para recortar el déficit se recorte en educación y sanidad.
Díganos en qué parte de la ley o en qué ley se cita esto. Le repito que
nosotros somos partidarios de recortar en servicios no esenciales, por
ejemplo, en las televisiones, que, en el caso de la autonómica, nos
cuesta 40 millones de euros, o de buscar otros yacimientos de ahorro en
un sobredimensionado sector público colateral o en chiringuitos. Díganos
usted por qué es mejor recortar en sanidad y en educación que en
televisiones. Explíquelo, por favor. En Asturias, con Foro no se merma la
sanidad ni la educación, porque recortamos los gastos en servicios no
esenciales, para la eliminación de la red de chiringuitos, sobrecostes y
despilfarros. Su modelo de recorte de educación y sanidad no coincide con
el modelo que aplicamos en Foro, donde damos prioridad absoluta al
mantenimiento de servicios esenciales para los ciudadanos.

Concluyo, señor presidente. La inadmisible amenaza a
Asturias junto con la engañifa del consejo político del pasado jueves y
su propia intervención esta misma tarde desvelan y revelan, señor
Montoro, un estilo de hacer política que está en las antípodas de las
buenas prácticas democráticas y del rigor que se le supone al Gobierno de
España. Aquí hay que abrocharse el cinturón, pero, por lo visto, también
hay que abrocharse fuertemente el de seguridad.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias,
señoría.

Cierra el debate el señor ministro de Hacienda y
Administraciones Públicas por espacio de cinco minutos.

El señor MINISTRO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
(Montoro Romero): Gracias, señor presidente.

Señor Martínez, no hay nada más que añadir, francamente. No
tengo ningún comentario que hacer porque realmente su intervención no ha
aportado ningún dato. No le han parecido bien las respuestas que yo le he
dado —normal en la vida democrática—, pero no le quepa duda
que la responsabilidad de un Gobierno es aplicar la ley, hacer que se
cumpla esa ley y hacer las valoraciones pertinentes de los programas
económicos que conciernen a esa ley. Y a usted, como representante de un
partido político, le podrá parecer bien o no un programa económico, pero
le recuerdo que esa no es su responsabilidad. Usted no es el evaluador de
ese programa, señor Martínez, lo es el Gobierno de España y lo es el
Consejo de Política Fiscal y Financiera. Y ahora, insisto, lo importante
es ser constructivos. No descalifique a ese Consejo de Política Fiscal y
Financiera que fue enormemente positivo en la organización del Estado de
las Autonomías en España, y fue bien recibido y celebrado
internacionalmente que en nuestro país pudiéramos establecer un
ordenamiento institucional de ese Estado de las Autonomías y a partir de
ello viéramos factible la corrección de los déficits públicos del pasado
y encaminar a todas las comunidades autónomas, con el Gobierno de España,
hacia la consecución del déficit público programado para el año 2012.
Esta es la conclusión de ese consejo, y, por tanto, vamos a celebrar
también que el nuevo

Gobierno de Asturias esté comprometido en la corrección de
ese déficit público con un programa viable y no ya con declaraciones
políticas, porque si hubieran decidido la otra opción, el titular habría
sido el mismo. Por tanto, esa declaración política no vale de nada.

En España tenemos un Estado de derecho, tenemos un Estado
de las Autonomías que hemos de saber preservar entre todos, que ha sido
cuestionado por la realidad muy reciente que hemos atravesado y que
tenemos que saber valorar, que saber poner en juego, que poner en
función, como estamos consiguiendo a partir de la aplicación de la Ley de
estabilidad presupuestaria y su consumación en un Consejo de Política
Fiscal y Financiera. Estoy convencido, y quiero que conste así esta
tarde, de que el nuevo Gobierno de Asturias elaborará ese programa
económico financiero en los preceptos, en los contenidos, para pasar el
trámite de aprobación en el próximo Consejo de Política Fiscal y
Financiera que se celebrará a mediados del mes de junio.

Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos.)

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, señor
ministro.

4.2. INTERPELACIÓN SOBRE LAS RAZONES DE LAS MEDIDAS
IMPULSADAS POR EL GOBIERNO EN MATERIA DE POLÍTICA MEDIOAMBIENTAL.

(Núm. exp. 670/000022)

AUTOR: MIGUEL FIDALGO AREDA (GPS)

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Punto 4.2:
Interpelación sobre las razones de las medidas impulsadas por el Gobierno
en materia de política medioambiental.

Es autor de esta interpelación el senador señor Fidalgo
Areda, del Grupo Parlamentario Socialista.

Para interponer la interpelación, tiene la palabra el
senador interpelante por espacio de quince minutos.

El señor FIDALGO AREDA: Gracias, presidente.

Señorías, señor ministro, el Grupo Socialista plantea la
interpelación para que el ministro explique a la Cámara las razones de
las medidas impulsadas por el Gobierno en materia de política
ambiental.

El Grupo Socialista considera que el medio ambiente no es
un problema para el desarrollo económico, más bien es una oportunidad de
crecimiento seguro y sostenible. Tenemos que aprender del pasado que los
modos de crecer deben construir un nuevo modelo con nuevas bases, un
nuevo modelo de crecimiento, un nuevo modelo de ocupar el territorio, por
ejemplo, la costa; de gestionar los recursos, como el agua, o los
residuos; que el reciclaje es una oportunidad de empleo relevante e
importante en estos momentos y que asegura la sostenibilidad de los
recursos.

El nuevo modelo que necesitamos debe basarse en evitar el
cambio climático que hará inviable el planeta, un modelo en el que tienen
el medio ambiente y la innovación una oportunidad de nueva actividad
económica, de nuevas empresas, de nuevos empleos. Así lo entienden ya
muchas empresas, que, a lo largo del mundo, han demostrado que con
tecnología e innovación se puede hacer más con menos. Así lo ven ya
muchos sectores económicos, así lo ve Europa en ejemplos como la política
pesquera común, que se basa en la sostenibilidad de los recursos
pesqueros como forma de asegurar el desarrollo de muchas comarcas y de
muchos sectores económicos e industriales. Aquí, en el Senado hemos dado
ejemplo trabajando en una posición común la Comisión de Agricultura y
Pesca en relación con la posición sobre la política pesquera común. Así
lo ve Europa cada vez que hace un plan, cada vez que hace una directiva,
sea de aguas, de residuos, de energías renovables, la PPC o la PAC; así
lo ven sus estrategias, como la Estrategia 20-20, la estrategia europea
para el desarrollo sostenible; así lo ve Europa en sus perspectivas
financieras 2014-2020; así lo ve el séptimo programa europeo de medio
ambiente que se está empezando a elaborar. Yo le rogaría al ministro que
nos explicara cuáles son sus propuestas y sus posiciones en ese sentido y
si tiene pensado seguir tocando más leyes que desarrollan las directivas
europeas. Así lo ven todos menos el Gobierno que preside el señor
Rajoy.

Por ello, el Grupo Socialista quiere convencer al Gobierno
de que necesitamos un ministerio de medio ambiente. España tenía y sigue
teniendo buena situación en legislación y planes ambientales —una
buena herencia, seños ministro, en materia de medio ambiente— que
preservan y dan garantías. Un país con prestigio y un alto protagonismo
internacional en la defensa del medio ambiente y de sus políticas por el
mundo; un país líder en energías renovables que se traduce en la
presencia de nuestras empresas a lo largo del mundo; un país con
reconocimiento en materia de lucha contra el cambio climático, como se

demostró recientemente en la Cumbre de Durban, un trabajo
importante por la sostenibilidad que se ha desarrollado en el grupo de
trabajo de Naciones Unidas y que da como base la celebración de la Cumbre
Río+20. Por cierto, señor ministro, nos gustaría que nos explicara cuál
es la posición de España en el seno de la Cumbre de Naciones Unidas
Río+20 y en el seno de Europa respecto de esta cuestión.

La verdad es que los comienzos de este Gobierno son
desoladores, tanto por lo que hace como por lo que no hace.

Señor ministro, nos gustaría que nos explicara las medidas
ambientales que ha tomado a lo largo de este periodo, porque muchas de
las políticas ambientales las ha decidido el ministro de Industria,
autorizando prospecciones petrolíferas que ponen en riesgo las industrias
sostenibles de turismo, suprimiendo el apoyo a las energías renovables y,
mientras, promoviendo la energía nuclear. En esa cuestión, el Ministerio
de Medio Ambiente debe actuar, debe pensar y debe poner condiciones.

Otras políticas de medio ambiente se las ha hecho el
ministro de Hacienda haciendo desaparecer, por ejemplo, muchos de los
programas de desarrollo sostenible del medio rural, muchas de las
inversiones en infraestructuras del agua o de los programas de
biodiversidad, entre otros. ¿Qué va a hacer el ministro para corregir y
complementar esos recortes que sufre, por ejemplo, el desarrollo del
medio rural sostenible?

Otro ministerio que pretende hacer las políticas de medio
ambiente va a ser el de Fomento, que anuncia una nueva legislación en
materia de ocupación del territorio. Creo que debemos tomarnos en serio
este tema y, desde luego, el Ministerio de Medio Ambiente no puede
permitir que se vuelvan a relanzar modelos de construcción del
pasado.

Hay otras cuestiones que preocupan al mundo científico,
porque a veces se reacciona más teniendo en cuenta intereses particulares
o de sectores —por ejemplo, ayer se manifestaban más de cien
científicos en contra de la modificación del Catálogo de Especies
Invasoras, que ese ministerio impulsa para responder a intereses más
particulares que públicos—, o la actitud del Gobierno en relación
con todas las políticas ambientales que está causando grave preocupación
en Europa.

Desde luego, no se hace con consenso ni con visión de
Estado cuando se afronta la reforma de la Ley de Costas en clave
preelectoral, y aún no vino, señor ministro, a explicar a la Cámara las
razones y el contenido de esta reforma, que inicia un proceso de
privatización de algo público como son las playas y la costa. No se
entiende muy bien a qué obedece ese cambio. Por lo tanto, le pido que nos
explique cuáles son las razones de estas modificaciones y sus contenidos.
Por cierto, merecería la pena que también dijera algo sobre si va a
colaborar para que algunas agresiones a determinados espacios, como el
Hotel Algarrobico, desaparezcan o para que determinadas ocupaciones de
industrias contaminantes, como las de la ría de Pontevedra, se
trasladen.

Señor ministro, nos daba la sorpresa hace unos días, en
esos viernes dolorosos, con el decreto de medidas urgentes en materia de
medio ambiente. El ministerio impulsa con urgencia un conglomerado
contrarreformista de diversas leyes —cuatro, en concreto— muy
diferentes, que no guardan relación ni coherencia entre sí, que no
justifican esas razones de urgencia, que, desde luego, pretenden evitar
los informes preceptivos y el debate social; que pretenden evitar la
opinión de las comunidades autónomas que son competentes en la mayoría de
las cuestiones que se regulan; o que pretenden evitar, desde luego, el
sentir de la opinión pública a través del Consejo Asesor de Medio
Ambiente, así como de la ciudadanía en general, impidiendo así el derecho
a participar en la confección de las leyes, como dicen las directivas
europeas. Por lo tanto, nos preocupan las directivas y programas de
Europa porque se están incumpliendo con este retroceso ambiental.

Señor ministro, explíquenos si no tendría más sentido desde
el punto de vista parlamentario tramitar cada una de estas modificaciones
como algo puntual, con todos los trámites reglamentarios y, desde luego,
en un proceso parlamentario tranquilo.

Con esa reforma se da un impulso a la recentralización. Las
comunidades autónomas tienen sus competencias reconocidas en sus
estatutos de autonomía y, desde luego, el Gobierno debe confiar
plenamente en la gestión que las comunidades autónomas hacen —por
cierto, la mayoría de las comunidades autónomas gobernadas por el Partido
Popular—.

En relación con la modificación de los derechos de
emisiones de gases de efecto invernadero nos tendría que explicar por qué
no figuran en los Presupuestos los ingresos por esa cuestión. En cuanto a
la modificación de la Ley 42/2007, nos preocupa que se recorte la
protección de los espacios naturales y, desde luego, que se invadan
competencias de las comunidades autónomas reconocidas en sus estatutos,

transmitiendo además un mensaje peligroso: que hay
contradicción entre proteger los espacios naturales y el desarrollo de
los municipios, porque no es así, es justamente lo contrario.

Respecto a la modificación que se propone de la Ley de
residuos debemos recordar que dicha ley contó con un amplio consenso
parlamentario, se tramitó a lo largo de más de un año, se negoció con los
sectores económicos y empresariales, con los grupos ecologistas y fue al
Consejo Asesor de Medio Ambiente. Por cierto, su modificación —que
impide los sistemas de depósito de evolución y retorno— se realizó
a través de textos transaccionados —Convergència i Unió lo sabe muy
bien— para exigir la viabilidad técnico-económica y los impactos
económicos, así como la incorporación de las entidades y organizaciones
de todos los sectores. Es decir, que se elaboró con todas las cautelas
posibles. Por lo tanto, el Gobierno debería dedicarse a implantar y
desarrollar la ley, en lugar de tratar de buscar un efecto
contrarreformista, que, desde luego, no se justifica políticamente,
porque no es de recibo que en esta maratón de reformas se quiera revisar
prácticamente toda la legislación desde la transición.

Por otra parte, en cuanto a la modificación de la Ley de
residuos debo decir que los SDDR son el sistema más barato. No voy a
leerle alguno de los informes que lo manifiestan, pero es evidente que es
el sistema que más recicla, mucho más que los SIG. No son contradictorios
con los SIG, son más bien una evolución natural de ellos, que en su
momento significaron un gran paso hacia delante, pero ahora es necesario
avanzar más para alcanzar mayores porcentajes de reciclaje y los SDDR son
el único sistema que se acerca al máximo reciclaje posible. Es un sistema
con coste cero para la Administración, beneficia a los ayuntamientos y
ayuda al comercio. En dicho estudio se dice que beneficia al comercio con
535 millones de euros al año. Algún pequeño comercio puede llegar a
recibir 300 euros; y una gran superficie, 300 000 euros. Además, se trata
de un sistema que crea empleo: se calcula que podría crear 14 000 puestos
de trabajo. Por otra parte, es el único sistema que favorece la
reutilización y, desde luego, cumple el principio de que quien contamina
paga y otro principio importante: que quien no contamine no pague.
Asimismo, plantea la modificación de la Ley de Aguas, de su texto
refundido de 2011.

Señor ministro, en lugar de hablar del pacto por el agua,
usted nos trae medidas unilaterales que, desde luego, impiden cualquier
pacto. No tiene sentido quitar competencias a las confederaciones
hidrográficas que están cercanas al territorio y que recogen en sus
planes hidrológicos el principio de cuenca; esos sí que respetan el
principio de cuenca. El Gobierno ha aprovechado para otorgarse
competencias a sí mismo —al ministro—, en lugar de a los
órganos de encuentro, como son los planes hidrológicos y las
confederaciones. Asimismo, abre una puerta peligrosa, como es permitir la
compra-venta de agua en el ámbito del Plan Especial del Alto Guadiana,
una dinámica insostenible que perjudica y pone en riesgo la
biodiversidad. Tendría que explicarnos qué pasará con los derechos que
compró el Estado, pues en Castilla-La Mancha hay más de 2000
profesionales agrarios que cuentan con expedientes con informe favorable
y tendrán que acudir al mercado especulativo abierto para comprar
derechos, que en muchos casos solo existen en el papel. Por lo tanto, se
deja al agricultor profesional que cuida el territorio en manos de un
mercado al que antes no tenía que acudir. Desde luego, esta medida
favorece y crea expectativas de consumo excesivo.

Las aguas, señor ministro, deben gestionarse a través de
planes y objetivos, siempre buscando un equilibrio entre recargas y
extracciones. Abre un nuevo negocio en algo que es público y, desde
luego, rompe un principio importante. Por cierto, aquí también van en
dirección contraria a Europa y yo creo que hay riesgos evidentes de que
se abra algún expediente sancionador a España, por, de alguna forma, ir
en contra del Plan Especial del Alto Guadiana —que, por cierto,
consiguió buenos resultados, evidentes en esos espacios protegidos en el
parque nacional de Las Tablas de Daimiel o en el parque natural de las
Lagunas de Ruidera, que experimentaron una importante recuperación de los
acuíferos—. Nosotros consideramos que dar nuevas concesiones o
legalizar los ilegales es aumentar el déficit estructural de esos
acuíferos y que cualquier actuación debe estar integrada en el plan
hidrológico.

En otra modificación limitan el principio de recuperación
de costes y le dan al ministro la potestad discrecional de resolver las
excepciones. Por otra parte, deroga una disposición adicional que existía
en el texto refundido exceptuando a las aguas privadas de las
restricciones en los planes de ordenación, que a nosotros nos parece
peligroso y que de alguna forma contradice sentencias del Supremo.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Señoría, vaya
finalizando, por favor.

El señor FIDALGO AREDA: Por cierto, hablando de agua,
quisiera saber si va a hacer algo para impedir que pase a ser privado el
Canal de Isabel II, porque me pregunto qué haría el Gobierno y que

haría algún grupo parlamentario si esa medida de
privatización de algo público, como es el Canal de Isabel II, se hubiese
hecho en Andalucía o en Cataluña.

Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Muchas gracias,
señoría.

Para contestar a la interpelación, en nombre del Gobierno
tiene la palabra el señor ministro de Agricultura, Alimentación y Medio
Ambiente.

El señor MINISTRO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE (Arias Cañete): Muchas gracias, señor presidente.

Me ha asombrado su intervención, señoría. Si en algo no
puede dar lecciones el Partido Socialista es en materia de política
medioambiental. (Aplausos.— Protestas.) Discursos vacíos y falta
total de política; discursos vacíos.

Empiezo con el cambio climático y con Kioto. En este
momento España incumple radicalmente los objetivos de Kioto;
radicalmente. ¿Saben cómo lo hacemos? A golpe de talonario, comprando
derechos de emisión. No se han reducido las emisiones. A las empresas
energéticas, a las cementeras les regalaron los derechos de emisión, y
algunas equilibran la cuenta de resultados con los derechos que les
sobran. En los sectores difusos, que son responsabilidad del Estado,
tenemos todos los años que comprar derechos de emisión, y algún día
explicarán ustedes a qué precios los compraron. Los compraban a 12, y los
compramos a 4. Algo han mejorado las cosas.

Entonces vamos a hablar en serio. No se cumple Kioto. El
año pasado se han incrementado las emisiones en los sectores energéticos
un 9,2%. ¿Por qué? Por el apoyo al carbón nacional, el más contaminante.
Están ustedes encantados con Kioto, pero no lo han cumplido nunca.
Señorías, no nos engañen.

En materia de aguas ¿qué política han hecho? Derogaron el
Plan Hidrológico Nacional y se quedaron encantados. Lo sustituyeron por
desaladoras. Hemos enterrado centenares de millones de euros, y hoy, de
los 600 hectómetros cúbicos —o una cifra así— no tenemos ni
el 25% en funcionamiento. Desaladoras terminadas que no están conectadas
a la red; desaladoras que no están conectadas con tuberías. Señorías, una
catástrofe. Y están encantados con la política medioambiental. Estamos
denunciados por la Comisión Europea por incumplimientos, porque no han
sido capaces de hacer los planes de demarcación de las confederaciones
hidrográficas. Tenían que haberlos terminado en 2009; hoy no están
terminados y los estamos terminando nosotros.

¿Y me quiere dar a mí lecciones de medio ambiente? Señoría,
no me diga tonterías. (Protestas.) No me diga tonterías.

En aguas, saneamiento de poblaciones, la Comisión Europea
ha denunciado a España porque ni una población tiene las depuradoras
terminadas. ¿Pero qué han hecho ustedes en la mejor época de recursos
presupuestarios? ¿En qué se han gastado el dinero, señorías? ¿En qué se
lo han gastado? ¿Dónde está?

España tiene abierto un expediente de la Comisión Europea
por incumplimiento. No es del Partido Popular, es del Partido Socialista.
España en este momento no tiene resuelto el problema del agua. Las
desaladoras no funcionan. Y están encantados. España no cumple con Kioto.
¿Y nos quieren dar lecciones a nosotros? Señorías, no quieran dar
lecciones. Como siempre, nos toca corregir la falta de política
socialista. Lo vamos a hacer. Estamos terminando los planes de
demarcación, y los terminaremos todos antes de 2013, lo que no han sido
capaces de hacer ustedes. ¡Claro que lo vamos a hacer! Pero no venga
usted por donde viene, señoría, porque se va a equivocar. Evidentemente,
nosotros creemos que la conservación del medio ambiente puede y debe ser
contemplada como aliada del progreso y no como un obstáculo económico
para la generación de empleo.

Nosotros tomamos muchas medidas y usted me pregunta un
montón de cosas.

Respecto a Algarrobico, se le tendría que caer la cara de
vergüenza, señoría. Es el Ayuntamiento de Carboneras el que se salta la
Ley de Costas —socialista—, es el Ayuntamiento de Carboneras
el que da licencias, contra la Ley de Costas; es el Ayuntamiento de
Carboneras el que ha perdido en el Supremo una sentencia la semana
pasada. Y no nos digan: ustedes son responsables. No, señoría. Yo voy a
hablar con el nuevo consejero de Andalucía, pero la que tiene que acordar
la demolición es la Junta de Andalucía —socialista—. Vamos a
ver si tiene el valor de hacerlo contra el Ayuntamiento de Carboneras
—socialista—. (Aplausos.)

Yo no soy sospechoso. Señoría, la Ley de Costas la he
explicado en el Congreso, en la comisión del Congreso; y en el Senado, en
la comisión del Senado, en preguntas parlamentarias, y traeremos el
proyecto de ley a esta Cámara para intentar racionalizar el caos,
simplemente.

Ahora usted me pregunta por el Real Decreto Ley que hemos
aprobado, de 4 de mayo de 2012, de medidas urgentes. Señoría, lo inspiran
dos principios fundamentales: simplificación administrativa y
racionalización del marco jurídico actual. Estamos haciendo reformas
estructurales en todos los ámbitos, también en la legislación ambiental.
¿O es que el medio ambiente está esculpido en granito y no se puede tocar
lo que hicieron los socialistas? Señoría, ¡si no han cumplido nada de los
compromisos europeos! ¿Tendré que modificar las leyes, para cumplirlas y
hacerlo bien?

¿Qué hemos hecho nosotros, señoría? Queremos una
legislación medioambiental que dé seguridad jurídica a los ciudadanos,
que elimine mecanismos de intervención que, por su complejidad, son
ineficaces e imponen demoras difíciles. ¿Sabe usted el tiempo que llevan
ustedes para hacer las declaraciones de impacto ambiental de un asunto
como la refinería Balboa? Ocho años, señoría. El dragado del
Guadalquivir, lo mismo. ¡Si es que no resuelven ningún problema
complicado! Todo nos lo han dejado a nosotros. Lo resolveremos. Pero,
cuando había un problema político, lo metían en los cajones, como las
facturas, que es lo que saben hacer, señorías.
(Aplausos.—Protestas.)

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Silencio,
señorías.

El señor MINISTRO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE (Arias Cañete): Las declaraciones de impacto ambiental tienen
unos plazos inasumibles y vamos a simplificar los procedimientos. ¿A
ustedes les parece mal que simplifiquemos o les encanta que tardemos ocho
años en resolver las cosas? Tema complicado, al cajón; tema facilito, me
lo apunto. Es una manera de gobernar curiosa.

Además, hemos elaborado un decreto ley que se va a tramitar
como proyecto de ley, porque creemos que no hay nada, es absolutamente
transparente nuestro proyecto de ley. ¿Quieren simplificar,
administrativamente? ¿Quieren mejorar la gestión de los recursos
hídricos? ¿Quieren regular las subastas de emisiones de gases de efecto
invernadero? Me pregunta por qué no están en los presupuestos. En primer
lugar, porque empezarán en los presupuestos para 2013. Y, en segundo,
porque son muy difíciles de definir los ingresos de las subastas, no son
ingresos fijos. Se trata de una estimación muy aleatoria, por lo que
habrá subastas piloto, donde veremos a cuánto está la tonelada de CO2, y
sabremos más o menos dónde está. Pero las subastas no empiezan en 2012,
el procedimiento comenzará en 2013. Lo que hemos hecho ha sido modificar
la ley para estar preparados en 2013.

Señorías, el real decreto ha querido modificar las
siguientes leyes: la Ley del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, la
Ley de Residuos y Suelos Contaminados, el texto refundido de la Ley de
Aguas y la Ley del Mercado de Valores. El instrumento era el decreto ley,
porque el cumplimiento de los objetivos que perseguíamos no admitía
espera ni dilación, sin perjuicio de que lo tramitaremos como proyecto de
ley. Queríamos poner fin al desorden jurídico existente en materia de
legislación ambiental, aunque a ustedes les encantaba lo que tenían. No
se cumplía nada, daba igual todo; pero a nosotros, no. Por tanto,
promovemos transparencia, precisión y claridad en las normas.

Hemos modificado la Ley de Patrimonio Natural y de la
Biodiversidad, estableciendo un único documento de planificación para los
territorios protegidos, lo que va a evitar las complicaciones que se
derivan del solapamiento sobre un mismo espacio físico de distintas
figuras de protección, cada una con un régimen de ordenación propio, que,
lejos de garantizar mayor protección ambiental, dificultan la
gestión.

El ciudadano no entiende que sobre un mismo espacio físico
haya seis normas distintas de protección; no lo entiende y le crea una
enorme inseguridad jurídica. A usted le podrá parecer absolutamente
normal, pero nosotros creemos que no hay que hacerlo así.

Hemos modificado la Ley de residuos sustituyendo el régimen
de notificación singular en los traslados de residuos por una
notificación previa y general para eliminar trámites a los operadores
económicos, que suponían una trama poco compatible con altos niveles de
competitividad. Además, hemos suprimido las autorizaciones previstas en
la Ley de residuos para el establecimiento de sistemas colectivos; con
pleno respeto a las competencias de las administraciones autonómicas, se
da validez nacional a la autorización expedida por la comunidad autónoma
que en cada caso sea competente.

Señoría, no tiene sentido que para trasladar un residuo
haya diecisiete autorizaciones administrativas. Estamos poniendo en
marcha un mercado único en la Unión Europea y estamos fragmentando el
mercado

nacional en diecisiete minimercados. No tiene sentido.
Usted dice que no se respeta, pero no es así, lo que hacemos es coordinar
un sistema para dar validez a una autorización general, en el que todas
las comunidades puedan expresar su opinión pero que sea válido en todo el
territorio nacional. Tiene todo el sentido.

Por otro lado, riza usted el rizo cuando critica el sistema
de gestión de residuos de depósito, devolución y retorno. Señorías,
nosotros hemos establecido que sea voluntario, nadie les impide que lo
pongan en marcha, y si es tan bueno, si es tan barato, si genera 14 000
empleos y es voluntario, los operadores lo pondrán en marcha. Sin
embargo, los operadores se han dirigido al Gobierno de la nación para
decir que su puesta en marcha es imposible.

Algunos están a favor de la máquina y otros están a favor
de los operadores económicos que tienen que gestionar el sistema. En un
momento como el actual, con una economía como la que tenemos, con
dificultades de generación de empleo, no queremos imponer obligaciones
adicionales porque, además, contamos con un sistema de retorno de envases
que funciona, que cumple las directivas comunitarias, que cumple los
objetivos y que está funcionando razonablemente bien. ¿Por qué vamos a
imponerlo como obligatorio ―que es lo que ustedes quieren―?
Ustedes no quieren que sea voluntario, quieren que por ley obliguemos a
poner en marcha un sistema, una máquina que favorece a algunos y
perjudica al que se ha desarrollado en todos los términos municipales
―todos conocemos los sistemas de contenedores― y al que los
ciudadanos están habituados. Nos piden que lo cambiemos y nos dicen que
todo lo que se ha hecho hasta la fecha no vale para nada, que es
preferible implantar un sistema obligatorio de máquinas, de retorno de
envases. Señoría, hay que ser mucho más responsable en la función de
Gobierno.

Nosotros no evitamos el establecimiento de este sistema
sino que establecemos su voluntariedad. Hay muchos lobbies y muchos
grandes despachos trabajando para imponer este sistema, pero al Gobierno
no le influyen los lobbies ―podrán influir a otras personas―,
al Gobierno le influye la racionalidad económica. Y decimos: sistema
voluntario. ¿Es tan bueno el sistema? ¿Genera 14 000 empleos? ¿Es tan
barato? En ese caso lo pondrán en marcha los operadores económicos. Y
¿por qué lo rechazan? Alguna razón habrá. El Gobierno ha dicho que su
implantación no es obligatoria, que es voluntaria y a usted eso le
escandaliza, pero lo cierto es que a mí me tranquiliza mucho que sea
voluntaria porque lo que es bueno se impone solo y si para imponer algo
hay que utilizar el peso de la ley, es que no es tan bueno. Por tanto,
señorías, seamos serios.

En materia de política de agua dice usted que el Gobierno
ha hecho barbaridades. Yo lo que he hecho es garantizar el principio de
unidad de cuenca, para garantizar una gestión eficiente y solidaria de
nuestros recursos hídricos en las cuencas intercomunitarias. ¿Sabe usted
lo que he hecho? Recuperar la vigencia del artículo 149.1.22.ª de la
Constitución española, que atribuye al Estado la ordenación y concesión
de recursos y aprovechamientos hidráulicos cuando las aguas discurran por
más de una comunidad. ¿Sabe qué es lo que he hecho? Cumplir la sentencia
del Tribunal Constitucional que declaró inconstitucional el Estatuto de
Autonomía de Andalucía. No he hecho otra cosa que recuperar la
Constitución y la vigencia constitucional.

¿Le parece a usted mal la unidad de cuenca? ¿Usted cree que
en el Ebro, que hay implicadas nueve comunidades autónomas, puede haber
nueve sistemas distintos de gestión? Yo no lo creo. Para una cuenca
intercomunitaria tiene que haber solo un sistema de gestión y lo que he
hecho ha sido recuperar esa competencia. ¿A usted le parece mal? A mí me
parece bien. Lo que me parece mal es lo que hacía el Gobierno socialista
anterior, que en función de las presiones de los territorios iba
fragmentando las cuencas. Me parece un error histórico. Las cuencas
intercomunitarias requieren gestión única, y el plan hidrológico una
gestión única de las cuencas intercomunitarias. Eso es racionalidad,
porque lo contrario es imposible de gestionar.

Critica los problemas que hay en nuestra regulación de las
aguas subterráneas. Mire usted, lo que hemos hecho es adecuarlas a la
directiva marco del agua, en primer lugar para cambiar la definición de
los acuíferos; también hemos hecho una modificación para cumplir con el
Plan Especial del Alto Guadiana. El Plan del Alto Guadiana es un modelo
de gestión socialista. Se prometen miles de millones, se generan
expectativas y no se cumple absolutamente nada.

Nos hemos encontrado con que el rescate de pozos ilegales y
el cierre no se estaban cumpliendo. Nos hemos encontrado con que el
Gobierno no tiene dinero para cerrar pozos. Y fíjese usted lo que ha
dicho: cuando el Gobierno compra los derechos sobre un pozo de
aprovechamiento privado es perfecto; cuando el Gobierno establece que ese
pozo se transforme en una concesión y se pueda enajenar, es una
barbaridad. Fíjese la diferencia, cuando se transfiere la concesión se
reduce el aprovechamiento.

Introducimos elementos de gestión eficiente del agua, de
economía del agua. y usted lo critica. No entiendo absolutamente
nada.

Señoría, por último, hemos modificado la Ley del Mercado de
Valores para permitir las subastas de derechos de emisión de gases de
efecto invernadero, para permitir a las entidades financieras concurrir a
la subasta por cuenta propia a nombre de clientes y para que la Comisión
Nacional del Mercado de Valores tenga funciones de supervisión.

Señoría, este Gobierno se toma en serio los compromisos
internacionales; los vamos a cumplir. Vamos a cumplir la normativa de la
Comisión Europea, de la Unión Europea, y vamos a ser serios. Lo que no
vamos a hacer son discursos grandiosos, prometer planes que no se cumplen
y defraudar las expectativas de los ciudadanos. Yo comprendo que a eso,
señorías, puede que ustedes no estén acostumbrados; nosotros, sí.

Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias,
señoría.

Tiene la palabra el senador interpelante por tiempo de
cinco minutos.

El señor FIDALGO AREDA: Señor ministro, es usted un
ministro espectáculo. Habrá que debatir las interpelaciones por la
mañana.

Desde luego, respecto de los derechos de emisiones y compra
de derechos con dinero, es un mecanismo que está previsto, y lo que ha
conseguido España es reducir las emisiones. Por cierto, mire si hay
ingresos, que debería usted prever en los Presupuestos Generales del
Estado esos ingresos por la subasta. Vuelve usted sobre la cuestión
—que yo no le pregunté— de las desaladoras, y le voy a decir
una cosa: quien está escandalizada es la Unión Europea con usted, porque
¿Cómo puede usted estar diciendo una y otra vez que no se ha gastado,
poniendo en duda si se ha gastado bien en España, en el reino de España,
el dinero de la Unión Europea? ¿Cómo puede un ministro de España decir
eso? Lo que pasa aquí es que hay una oposición responsable; los que son
irresponsables son los del Gobierno porque esta actuación no es propia de
un Gobierno responsable. Desde luego, las desaladoras que no funcionan
—usted lo sabe bien— es por razones partidistas; a veces,
fíjese, hasta personales. En el País Valenciano cambió el presidente, se
fue el señor Camps, vino el señor Fabra y ya no hay problemas para que
funcionen las desaladoras. (Rumores.)

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Silencio,
señorías, por favor. (El señor Agramunt Font de Mora: ¡Pero si no las
hicisteis! ¡Mentiroso!)

¡Silencio, señorías! (El señor Agramunt Font de Mora: ¡Está
mintiendo!)

Señor Agramunt, silencio, por favor.

El señor FIDALGO AREDA: Señor presidente, descuénteme el
tiempo.

Habla usted de responder parlamentariamente. Señor
ministro, aún no ha venido una sola vez a la sesión de control de la
Comisión de Medio Ambiente; por tanto… Habla de que cumple los
compromisos europeos. Todo el sistema de contrarreformas de las leyes se
refiere a normativas y directivas europeas. Por lo tanto, el proyecto de
ley es un buen ejemplo.

Habla de que regula la protección ambiental. Lo que usted
intenta y ha quedado claro —así lo han dicho todos los
colectivos—, es rebajar las condiciones y poner excepciones. En el
traslado de residuos, las comunidades autónomas daban las autorizaciones
dentro de sus competencias, pero evidentemente esas autorizaciones valen
en todo el territorio nacional. El sistema de depósito no es obligatorio;
ya no era obligatorio. Por cierto, fueron los lobbies los que le hicieron
esa reforma porque yo tengo los textos de la propuesta que elaboraron
para regular este asunto y es exacto o casi igual a lo que trasciende de
la reforma de esta ley. Desde luego los sistemas de depósito gestionan el
100%, no son incompatibles con los SIG. Los SIG solo gestionan el 50%, el
otro 50% va a vertedero o a incineradora. Y desde luego no es que sea
obligatorio ahora, se aplica donde después de diversos estudios técnicos
se ve que es viable y que es el mejor, con los acuerdos de los sectores
económicos implicados. Y ya hay comunidades autónomas trabajando para
implantar y desarrollar esos planes.

Por cierto, la unidad de cuenca ya estaba garantizada. Las
cuencas de varias comunidades autónomas son gestión del Estado desde hace
mucho tiempo. Está garantizado en la directiva marco y no hacen falta más
garantías. La eficacia del Plan del Alto Guadiana está demostrada, señor
ministro. Se demuestra en el nivel de los acuíferos, ahí se ve la
eficacia. Se han recuperado los espacios, hasta ha salido en la tele

y se puede ver como los espacios y los ecosistemas de La
Mancha húmeda han recuperado el nivel, los caudales y el equilibrio entre
estaciones y uso.

Señor ministro, a nosotros nos preocupa mucho que el
ministerio ejerza sus competencias, que respete las directivas, que
trabaje en un nuevo modelo económico, que gestione los recursos desde la
eficiencia y la sostenibilidad. Y me parece que el ministerio durante
este tiempo no está ejerciendo las funciones de medio ambiente, que está
evitando la información y la participación de los ciudadanos, que está
trabajando en contra de la línea de Europa, que la técnica de medidas
urgentes no es la más adecuada y que debe olvidar su pretensión de
reformar todas las normas y leyes. En las que reforme debe acudir al
diálogo y al pacto, sobre todo en una materia como el agua, en la que la
normativa que se apruebe debe mantenerse a lo largo del tiempo.

Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias,
señoría.

Para cerrar el debate, en nombre del Gobierno tiene la
palabra el señor ministro de Agricultura, Alimentación y Medio
Ambiente.

El señor MINISTRO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE (Arias Cañete): Gracias, señor presidente.

Señor diputado, yo no soy un ministro espectáculo; el
espectáculo en la Unión Europea lo han dado ustedes con sus políticas
erráticas. (Aplausos.) Es decir, usted me puede contar cualquier milonga,
salvo que han cumplido la legislación europea. Senador, si es que no se
cumplen los objetivos de Kioto. Se compran derechos de emisión a golpe de
talonario, que a usted le parece muy razonable, a mí no. Ustedes en los
sectores difusos no han hecho absolutamente nada. Y en los sectores ETS
han regalado los derechos de emisión, de tal manera que algunas compañías
cementeras han hecho su cuenta de resultados vendiendo derechos de
emisión. Han hecho ricos a mucha gente, pero desde luego al Gobierno le
han empobrecido porque hemos invertido más de 700 millones de euros en
comprar derechos de emisión y no se cumple con Kioto. Además, han
incentivado el carbón nacional y el año pasado se ha visto el resultado
de esa política: 9,2% de incremento de emisiones en los sectores ETS. Y
usted está encantado, yo no.

En materia de política de agua, yo he ido a ver al
comisario responsable, a dar la cara —que no la dieron
ustedes—, a explicar por qué no han cumplido ustedes la directiva,
por qué ustedes han sido incapaces. De todas las cuencas españolas solo
ha habido una, las cuencas internas de Cataluña, en las que han sido
capaces de cumplir el período antes de 2009. En todas las demás cuencas
intercomunitarias o intracomunitarias lo han incumplido. Y tres años
después, España está con procedimientos abiertos por la Unión Europea al
Gobierno y al Partido Socialista, no al Gobierno del Partido Popular. Y
nosotros estamos recuperando el tiempo perdido, cerrando todos los
acuerdos. He convocado a la Comisión Nacional del Agua dentro de poco
para cerrar algunos acuerdos. En el Ebro ya estamos en la fase de
información pública, pero no terminaré antes de 2013 porque ustedes no
habían hecho los deberes, ni habían cumplido el plazo de 2009 ni habían
sido capaces de lograr acuerdos en materia de agua. Y en materia de
saneamiento de poblaciones es una vergüenza lo que han hecho ustedes. (El
señor presidente ocupa la Presidencia.)

Me habla de las desaladoras. Mire usted, yo no soy
partidario de las desaladoras. Nunca lo he sido. Ustedes tenían una
opción. No les gustaban los trasvases; opción legítima, totalmente
legítima. Lo cambian por desaladoras. Lo hacen en 2004 y ocho años más
tarde no está funcionando ni el 25%. Las que funcionan producen agua a un
precio que no quieren los agricultores, o no están conectadas a la red, o
no tienen tuberías, o no tienen demanda. Se han equivocado en algo. Yo
las voy a terminar todas porque no voy a derrochar. ¿Sabe usted lo
primero que tuve yo que hacer cuando llegué? Me encontré con un agujero
de 500 millones de euros en las desaladoras. (Risas.) No, no se rían
porque 500 millones de euros no es una cantidad baladí. Sus señorías
pueden estar muy holgados económicamente; yo no. Lo hemos resuelto con el
Banco Europeo de Inversiones. La semana que viene firmaremos un préstamo
de 500 millones para terminar lo que no han hecho. Vamos a terminar las
desaladoras. Otra cosa será cómo las podamos gestionar, pero las vamos a
terminar todas porque yo no dejo a medias obras; no tiro recursos
públicos. Lo lamentable es que en ocho años hayan sido incapaces de
terminarlas, conectarlas y establecer la red para que funcionara. ¿Les
parece normal? A mí no me parece normal.

Volvamos al sistema de retorno. Señorías, tenemos un
sistema que está cumpliendo los objetivos, no al 50%. Léase las cifras.
Segundo, se está recogiendo ya cristal de vertedero. Sepan que es así.
Por lo

tanto, cumplimos las cifras de las directivas comunitarias.
Si tengo un sistema que cumple los objetivos de las directivas
comunitarias, ¿tengo que incentivar obligatoriamente un sistema
competitivo? No. La norma, si usted la ha leído, dice que es facultativo,
que es voluntario, que se puede poner en marcha el sistema que usted
tanto favorece. Es fantástico. Crea 14 000 empleos. Es más barato. Pero
no lo quieren los operadores económicos. No lo quieren las grandes
superficies. No lo quieren los supermercados. No lo quieren las tiendas.
Algún problema tiene. Lo quiere el que hace la máquina. Lo quieren los
despachos que trabajan para el que hace la máquina. Pero yo con esos no
tengo ninguna relación. Le puedo decir quién es la máquina y quiénes son
los despachos si su señoría tiene interés. Yo no tengo el menor
interés.

Yo lo que digo es que si es tan bueno, es voluntario. Se
puede poner en marcha. A mí me recuerda otros episodios que ya comentaré.
Yo no quiero dar espectáculo mañana, tarde y noche. Estoy dispuesto a
venir a esta Cámara a decir la verdad y la verdad es que no cumplimos en
materia de emisiones, que no cumplimos en materia de aguas y que este
Gobierno se compromete a que cumplamos en materia de emisiones y en
materia de agua. Lo vamos a hacer, con transparencia e informando a la
Cámara.

El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señor ministro.

El señor MINISTRO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE (Arias Cañete): Yo estoy seguro de que a día de hoy he venido a
la Comisión de Agricultura y a la de Medio Ambiente y Cambio Climático
más que todos los ministros socialistas en la legislatura pasada. Estoy
seguro. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.

4.3. INTERPELACIÓN SOBRE LAS PREVISIONES DEL MINISTERIO DE
AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE EN CUANTO A LOS CAUDALES
ECOLÓGICOS QUE DEBEN FIJARSE EN EL PLAN HIDROLÓGICO DE LA CUENCA DEL EBRO
Y LOS CRITERIOS EN QUE SE SUSTENTAN.

(Núm. exp. 670/000023)

AUTOR: JOAN SABATÉ BORRÀS (GPEPC)

El señor PRESIDENTE: Interpelación de don Joan Sabaté sobre
las previsiones del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio
Ambiente, en cuanto a los caudales ecológicos que deben fijarse en el
Plan Hidrológico de la Cuenca del Ebro y los criterios en que se
sustentan.

Para exponer la interpelación, tiene la palabra el senador
Sabaté por tiempo de quince minutos.

El señor SABATÉ BORRÀS: Gracias, señor presidente.

Buenas tardes, señor ministro. Celebro de nuevo poder tener
un debate parlamentario con usted. Hace apenas un par de meses, a finales
de marzo, pude interpelarle sobre las intenciones de su ministerio, y
concretamente de usted como ministro, en cuanto a los recursos y las
previsiones de futuro para estos recursos en general en el conjunto de
las cuencas hidrográficas, y muy especialmente también en la cuenca del
Ebro.

Volvemos hoy, señor ministro, a hablar del río Ebro. A
alguien le puede parecer un tema recurrente y poco importante. Yo sé que
a usted no, porque es el río más importante de España, su cuenca
hidrográfica ocupa una buena parte del territorio español y, sin duda, a
partir del hecho cierto, real y aceptado por prácticamente todo el mundo
de que el agua es un tema de futuro importantísimo, merece la pena que le
prestemos toda la atención.

Hace pocas semanas, el 25 de abril, se constituyó el
Consejo del Agua de la demarcación del Ebro. En esa reunión se presentó
la propuesta del plan hidrológico de la demarcación del Ebro. En esa
propuesta que ahora está en exposición pública, a la que se pueden
presentar propuestas y sugerencias, entre otras cosas, se establecen los
caudales ecológicos para el conjunto de la cuenca del Ebro y también,
evidentemente, para el tramo inferior del Ebro aguas abajo de la Estación
foronómica de Tortosa.

El proyecto de plan establece dos premisas, una la voluntad
de implantar un régimen de caudales ecológicos para el período de
vigencia del plan y una segunda como objetivo a medio y largo plazo de
consecución de un buen estado de las masas de agua. Esto responde a lo
que establece la Directiva marco en materia de aguas, y sin duda son unas
premisas que podemos compartir. Son de carácter genérico y hasta aquí
podríamos estar de acuerdo.

Donde seguramente ya no estaremos de acuerdo es en la
propuesta de caudales ecológicos que establece el plan para el tramo
final del río Ebro aguas abajo de la estación foronómica de Tortosa, como

le decía. Se hace una propuesta de una aportación anual de
3788 hectómetros cúbicos, aproximadamente 121 metros cúbicos por segundo
de caudal ficticio continuo. Evidentemente, este caudal no se mantiene
estable a lo largo del año sino que tiene oscilaciones en función del
período del año hidrológico. En concreto y rápidamente diré que son 104
metros cúbicos por segundo en octubre, 125 en noviembre, 147 en
diciembre, 166 en enero, 152 en febrero, 132 en marzo, 140 en abril, 128
en mayo, 110 en junio, 90 en julio, 80 en agosto y 84 en septiembre. Por
tanto, vamos a unos mínimos en los períodos de estiaje por debajo de los
100 metros cúbicos por segundo que plantean una situación, señor
ministro, realmente alarmante.

Esto se deriva de que estamos ante una propuesta de plan
que establece nuevas reservas de recursos. No solo mantiene las
concesiones ya existentes —hasta ahí podríamos esta de acuerdo, son
derechos ya generados y que no se pueden afectar—, sino que es
evidente que establece una reserva importante de recursos destinados,
entre otros usos, al regadío, a nuevos regadíos. Evidentemente, aquí
estamos ante una situación preocupante. Se ignoran los problemas ya
existentes en este momento en el conjunto de la cuenca y en concreto en
el Ebro, y una realidad de caudales decrecientes, señor ministro. Este es
el problema. Puede ser efecto del cambio climático, sin duda en parte,
pero también de los ciclos naturales del clima. Estamos ante una
situación en la que durante buena parte del sigo XX los caudales
absolutos anuales estimados del Ebro oscilaban entre los 17 000 o los 18
000 hectómetros cúbicos, me refiero hasta la década 1980-1990. En cambio,
a partir de la década de los noventa prácticamente hasta la actualidad,
en apenas cuatro o cinco años hemos superados los 10 000 hectómetros
cúbicos anuales. Estamos, por tanto, ante una realidad de caudales
claramente inferiores —estamos hablando de caudales
absolutos— respecto a la secuencia histórica. Por tanto, sacar
conclusiones, como se hizo con el Plan Hidrológico del año 2001, a partir
de medias de todo el siglo XX no es de recibo porque, evidentemente, hay
que mirar la tendencia, la evolución de estos caudales a lo largo del
tiempo y sobre todo en las dos últimas décadas en que realmente hay una
situación, no diría alarmante, pero sí como mínimo preocupante.

Entendemos, señor ministro, que se fija un caudal ecológico
mínimo —insisto, mínimo—, muy mínimo para atender nuevas
demandas, y nos tememos, como le apuntaba en mi anterior interpelación,
que algunas de estas demandas puedan ser de fuera de la Cuenca
Hidrográfica del Ebro. En definitiva, que se esté intentando garantizar
una reserva, aunque no se alude a ella, para posibles nuevos trasvases
fuera de la Cuenca Hidrográfica del Ebro, fuera de la demarcación.

Señor ministro, por acuerdo entre el ministerio, en su
momento, de Medio Ambiente, cuyas competencias, en definitiva, tiene el
ministerio que dirige usted en este momento, y el departamento de medio
ambiente de la Generalitat de Catalunya, se creó la comisión para la
sostenibilidad de las Tierras del Ebro, de les Terres de
l’Ebre.

Esta comisión mixta entre la Administración General del
Estado, el Gobierno de España y el Gobierno de la Generalitat de
Catalunya, tenía un mandato, un objetivo prioritario, redactar el plan
integral de protección del delta del Ebro. Este era el objetivo
fundamental. Pero también un encargo muy importante, que era elaborar una
propuesta de caudal ecológico para el río Ebro, si bien es cierto que la
última palabra la tiene siempre el Gobierno de España a través de la
Confederación Hidrográfica del Ebro y, por tanto, del ministerio.

Pero, evidentemente, hay un organismo público en el que
participan tanto la Administración central como la autonómica, al que se
encarga que haga una propuesta de caudal ambiental. Nuestra alarma viene
de que entendemos que no se ha tenido en cuenta en absoluto, o, si me lo
permite, se han ignorado completamente los criterios de la comisión para
la sostenibilidad. Y eso que, en principio, estamos ante una propuesta
inicial, ante un proyecto, no se trata del documento definitivo. Por
tanto, todavía estamos a tiempo de corregir esta situación.

Los estudios y propuestas de la comisión para la
sostenibilidad tienen distintas variaciones pero, en general, establecen
tres escenarios, años húmedos, años medios y años secos. Los años húmedos
oscilan entre los 500,2 metros cúbicos por segundo en febrero y los 199,8
en agosto. Los años medios entre 436,5 metros cúbicos por segundo en
febrero y 164,5 en agosto. Y los años secos entre 325,7 en febrero y
154,3 en agosto. En definitiva, en caudales absolutos representarían en
el primer escenario de años húmedos, 12 783 hectómetros cúbicos anuales,
en los años medios 9691 hectómetros cúbicos y en los años secos 7305
hectómetros cúbicos, muy lejos de los 3200 o 3700 que establece la
propuesta de plan hidrológico de la demarcación. Estos caudales
ambientales que propone la comisión para la sostenibilidad representan
respectivamente el 70%, el 53% y el 40% de las aportaciones naturales del
Ebro.

Hay distintos autores que también han trabajado el tema y
que han abundado en él, entre otros, de los más conocidos, el doctor José
María Franquet y el doctor y catedrático de la Universidad de Barcelona
Narcís Prat, que, con matices y no exactamente coincidentes, aunque sí en
el fondo, acaban haciendo propuestas. El doctor Franquet plantea un
caudal ficticio continuo para la estación de Tortosa de 324 metros
cúbicos por segundo, evidentemente, con las oscilaciones pertinentes a lo
largo del año hidrológico. El doctor Prat plantea un caudal de 371 metros
cúbicos por segundo también de caudal ficticio continuo. En definitiva,
10 218 y 11 605 hectómetros cúbicos/año respectivamente.

Evidentemente, esto incluye las concesiones que haya aguas
abajo del azud de Xerta. Se trata de los dos canales de riego del Delta
del Ebro, los canales de la derecha y de la izquierda, con 19 y 26 metros
cúbicos por segundo, el Canal Xerta-Sénia, con 8 metros cúbicos por
segundo, el Canal Aldea-Camarles con 2 metros cúbicos por segundo y el
abastecimiento de aguas a Tarragona con 4 metros cúbicos por segundo.

Señor ministro, hay una diferencia importante entre la
propuesta de la comisión para la sostenibilidad, las propuestas de los
dos expertos que acabo de citar —sin duda, usted podría citar otros
que no coincidan con estos, pero me han parecido dos fuentes
autorizadas— y la propuesta que plantea el ministerio a través de
la Confederación Hidrográfica del Ebro. Hay una diferencia
importante.

Lo que está en juego cuando hablamos de caudales ecológicos
son los impactos sobre el medio, sobre un medio altamente sensible como
es el delta del Ebro, una de las zonas húmedas más importantes del
conjunto del Mediterráneo, el tercer delta en importancia. Una de las
zonas húmedas más importantes, sin duda, de España.

Señor ministro, entre los posibles impactos negativos de
fijar un caudal ambiental claramente insuficiente está, sin duda, el de
la regresión geomorfológica del delta. El delta del Ebro, como usted sabe
muy bien, padece, como es normal en los sistemas deltaicos, un proceso
permanente de subsidencia, de hundimiento progresivo natural, fruto de la
sedimentación, de la consolidación de los sedimentos aportados por el
río, algo que solo se puede compensar con la aportación de nuevos
sedimentos por las aguas del Ebro. Por lo tanto, evidentemente, si
disminuyen los caudales y, fruto de la regulación, también se reduce la
aportación de sedimentos, el delta se hunde progresivamente y el mar
vuelve a ocupar, como está pasando en la actualidad, buena parte de la
zona costera. Es más, sin ser excesivamente alarmista, cabe pensar que
podría llegar incluso a inundar buena parte de la llanura deltaica, dado
que estamos hablando de una zona con una altitud cero prácticamente en su
conjunto.

Asimismo, cabe citar la erosión costera, que también incide
en la misma dirección. La dinámica de las olas y del viento somete a la
costa del delta a un proceso permanente de erosión que solo se compensa
—históricamente, también— con las aportaciones de los
sedimentos aportados por el Ebro. Evidentemente, la reducción de estos
sedimentos significa que, entre la subsidencia y la erosión, el delta
retrocede progresivamente de una manera rápida y alarmante ya en este
momento. Y, además, esto conlleva la necesidad periódica de grandes
avenidas, más allá de los caudales permanentes, precisamente para
facilitar la aportación de sedimentos y garantizar la pervivencia de la
llanura deltaica y no dejarla a merced de lo que pueda suceder en el caso
de que el hundimiento fruto de la subsidencia y la erosión costera
continúen avanzando.

Pero, señor ministro, hay otro impacto negativo y también
altamente preocupante: el tema de la salinización. Señorías, estoy
hablando de la cuña salina. Hay un proceso de intrusión de agua de mar,
precisamente por debajo de las aguas dulces aportadas por el Ebro
—es una cuestión de densidad, puesto que el agua salada es más
densa—; esta penetra en forma de cuña por debajo del agua dulce. Se
trata de una cuña salina que inicia la penetración por la desembocadura
del Ebro, por debajo de caudales alrededor de los 400/500 metros cúbicos
por segundo. Por debajo de 200 metros cúbicos por segundo de caudal
mínimo llega hasta la isla de Gracia, una isla fluvial que está a 17
kilómetros de la desembocadura del Ebro. Por debajo de 100 metros cúbicos
por segundo, señor ministro, llega a la altura de Amposta. Y en periodos
de estiaje graves, que se dan de vez en cuando, si el caudal no supera
los 30 o 50 metros cúbicos por segundo, ha llegado hasta el municipio de
Tortosa. Evidentemente, esta cuña salina que penetra por debajo del agua
dulce del cauce fluvial se infiltra en las tierras contiguas y saliniza
el conjunto de tierras de las riberas de las terrazas del Ebro en esta
zona inferior, en la más próxima a la desembocadura.

Finalmente, cabe citar un tercer impacto —hay
abundantes pero no tenemos suficiente tiempo—: el aumento de la
contaminación difusa. El Ebro tiene un nivel de contaminación importante,
fruto en buena parte de los fertilizantes y productos fitosanitarios. La
construcción de depuradoras de las aguas residuales

urbanas ha mejorado en ese sentido los vertidos pero no
aquellos procedentes de la agricultura y de la ganadería. Evidentemente,
si disminuye la aportación de recursos, disminuye la dilución de estos
contaminantes y, por tanto, aumenta el grado de contaminación de las
aguas, con lo cual empeora la calidad ecológica, que, como hemos dicho al
principio de esta intervención, es uno de los mandatos de la directiva
europea en materia de aguas.

Señor ministro —y voy acabando—, no hay agua
suficiente. Ustedes prometen nuevos regadíos y nuevos trasvases pero,
como no hay agua, están ustedes, señor ministro, amenazando el delta del
Ebro; una zona, como le he dicho, de las más importantes desde el punto
de vista medioambiental y ecológico…

El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría.

El señor SABATÉ BORRÀS: Acabo, señor presidente.

Y, evidentemente, están amenazando también la vida de las
personas, de las comunidades humanas, de la sociedad que vive
precisamente en toda la zona del delta del Ebro y, por extensión, de las
tierras del Ebro.

Esta es nuestra preocupación. Por eso le interpelo hoy,
señor ministro, para que nos explique los criterios en los que se basa su
propuesta y con la esperanza de poder llegar a un acuerdo que la mejore
sustancialmente.

Gracias, señor ministro. Gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.

Para responder a la interpelación tiene la palabra el señor
ministro por tiempo de quince minutos.

El señor MINISTRO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE (Arias Cañete): Gracias, señor presidente.

Muchas gracias, senador Sabaté. Agradezco muchísimo su
interpelación y el rigor con que la ha planteado, y además, entiendo su
preocupación porque sé que su señoría ha estado siempre vinculado a la
desembocadura del Ebro y que siente estos problemas de forma muy cercana.
Así pues, comprendo perfectamente su interés.

Ha dicho usted algo muy importante, y es que no hay agua
suficiente. Señoría, en España sí hay agua suficiente, pero no somos
capaces de regularla, de almacenarla ni de repartirla. Al cabo del año
nos llueve lo suficiente, pero no tenemos suficientes presas para
almacenar el agua ni suficientes interconexiones de cuenca ni suficientes
sistemas de recarga de acuíferos, porque somos un país con una
pluviometría muy heterogénea. Y se da la paradoja de que, a veces,
comunidades como Aragón, atravesadas por el río más caudaloso de España,
que es el Ebro, son las que tienen un mayor impacto de la sequía. Algo no
hemos hecho bien en nuestro país. Así pues, señoría, le reconozco la
mayor: agua hay, pero no tenemos infraestructuras de regulación
suficientes para gestionar bien esa agua que la providencia nos manda
cada año.

Señoría, con motivo de su interpelación anterior le
expliqué que, de acuerdo con la directiva marco del agua, el proceso de
planificación hidrológica tenía que haber terminado el 31 de diciembre de
2009. La situación en que nos encontramos —y vuelvo a
reiterarlo— es que, de las 25 demarcaciones hidrográficas que
componen España, solo hay una que tiene su plan aprobado, y es la de las
cuencas internas de Cataluña. Y hay que dar la enhorabuena a Cataluña,
que fue capaz de hacer los deberes en tiempo y forma.

Por este motivo Bruselas nos ha abierto unos procedimientos
de infracción, aunque el senador Fidalgo quiera minusvalorarlos. Es
verdad que no hemos hecho lo que teníamos que hacer. Junto con Portugal
somos el país más atrasado en el cumplimiento de la directiva marco del
agua, y eso nos ha supuesto una pérdida de credibilidad en materia de
política hidráulica frente a las autoridades de la Unión Europea, y ha
puesto en riesgo la financiación de nuevas obras con fondos europeos.

Y este Gobierno no ha sido el que las ha puesto en riesgo,
porque, senador Fidalgo, decía usted que yo he criticado las depuradoras,
pero yo las voy a terminar con financiación del Banco Europeo de
Inversiones. Pero el hecho es que vamos muy retrasados y si nos abren un
procedimiento de infracción, la consecuencia es la pérdida de fondos
comunitarios.

La voluntad del Gobierno es revisar y finalizar todos los
planes de demarcación hidrográfica intercomunitarios en el mínimo plazo,
y si es posible antes de que termine el 2013, y vamos a apoyar a las
comunidades autónomas en la redacción y aprobación de los planes que
están bajo su competencia y

bajo su responsabilidad. Por ello el ministerio está
celebrando reuniones de trabajo con las distintas administraciones
implicadas en el proceso de la planificación para avanzar sobre todo en
los planes más retrasados.

Una de las primeras medidas que hemos adoptado en materia
hídrica ha sido mejorar la estructura de la Secretaría de Estado de Medio
Ambiente en la gestión del agua para agilizar el proceso de planificación
hidrológica. Hemos establecido una relación genérica muy clara a través
del Real Decreto 401/2012, de 17 de febrero, de estructura del
departamento, en aras de una mejor coordinación. Y el Gobierno va a
seguir trabajando para intentar que a lo largo del año 2012 el Consejo
Nacional del Agua apruebe los planes de las demarcaciones de Galicia
Costa; Tinto-Odiel-Piedras; Guadalete—Barbate; cuencas
mediterráneas andaluzas; Miño-Sil y Baleares, que luego aprobará el
Consejo de Ministros.

Sin embargo, señoría, el avance más significativo en este
proceso, que demuestra la voluntad del Gobierno de solventar la situación
heredada, ha sido el inicio del periodo de información y participación
pública, publicado en el Boletín Oficial del Estado el pasado día 12 de
mayo, del Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica del Ebro, que
es la cuenca más grande de España. Voy a centrarme, pues, en este plan de
la cuenca del Ebro, que es el que nos interesa hoy con motivo de su
interpelación.

Este plan, señorías, es el fruto de muchos años de trabajo,
en el que se ha perseguido el máximo consenso entre las partes implicadas
a través de un amplio proceso de participación. Aquí no hay un diseño
político de un resultado final, sino que hay un debate abierto con la
sociedad, con las nueve comunidades autónomas afectadas por esta cuenca,
buscando el máximo nivel de consenso, lo cual no es fácil cuando se habla
de agua, cuando se habla de un río común.

La demarcación hidrográfica del Ebro es un territorio muy
complejo desde el punto de vista administrativo, alberga nada menos que
nueve comunidades autónomas con amplias competencias en materia de agua y
medio ambiente. Una parte importante de las medidas a aplicar para el
cumplimiento de los objetivos de la planificación es competencia de las
comunidades autónomas, por lo cual hay que hacer una gran coordinación y
corresponsabilidad de todas las partes. Y además de la Administración
General del Estado, del organismo de cuenca, de las administraciones
autonómicas, se cuenta con una administración local formada por diez
diputaciones provinciales, organismos comarcales y 1741 corporaciones
municipales. El Ebro, señoría, no es un río fácil.

Ante esta complejidad administrativa, se diseñó un amplio
proceso de participación pública en colaboración con las comunidades
autónomas que ha permitido alcanzar un cierto grado de consenso
—con las excepciones que ha destacado su señoría— en la
siempre difícil gestión del agua en la cuenca del Ebro.

De acuerdo con el Reglamento de planificación hidrológica
aprobado mediante Real Decreto 907/2007, los actos preceptivos de la
planificación se concretan en los siguientes. En primer lugar, la
organización del proceso y elaboración de las fórmulas de consulta; se
inició en 2005 —no fue este Gobierno— y finalizó en 2007.
Posteriormente hubo una consulta pública de los documentos de programa,
calendario y fórmulas de consulta del Proyecto de participación pública y
del Estudio general de demarcación, que tuvo seis meses —empezó el
26 de julio de 2007 y concluyó el 26 de enero de 2008—. A
continuación hubo una consulta pública del documento inicial de la
Evaluación ambiental estratégica, que tuvo treinta días hábiles desde el
11 de diciembre de 2008, y luego hubo otra consulta pública del documento
Esquema provisional de temas importantes en materia de gestión de aguas,
que duró seis meses, del 31 de julio a 31 de enero de 2009, en la que se
presentaron 543 alegaciones.

Todas las comunidades autónomas han sido partícipes junto a
la confederación del proceso de planificación, en especial por su
participación activa por subcuencas río a río, y se han circulado
versiones previas y borradores de los documentos del plan, así como
reuniones técnicas bilaterales, por lo que mucho del contenido ha contado
con acuerdo previo. Y el pasado 25 de abril se presentó al Consejo del
Agua de la demarcación la propuesta de proyecto del plan hidrológico de
la cuenca del Ebro, trámite preceptivo al de información pública.

El Consejo del Agua —órgano colegiado que se regula
en los artículos 35 y 36 del Texto refundido de la Ley de aguas—
está compuesto por representantes de las nueve comunidades autónomas de
la cuenca, de los usuarios del agua, de la Administración del Estado y
organizaciones económicas, sociales y ambientales. A este órgano
colegiado le asigna la vigente Ley de aguas un papel fundamental en la
tramitación del plan hidrológico de la cuenca del Ebro, por lo que hasta
que este no elabore el preceptivo informe cualquier documentación tiene
carácter de provisionalidad.

A pesar del límite temporal de la planificación
hidrológica, que era el 31 de diciembre de 2009, y de ser este el órgano
destinado a la información y participación pública en el proceso, no ha
sido hasta el 25 de abril de 2012 cuando se ha constituido el relativo a
la demarcación del Ebro. El proyecto de que disponemos y que a su señoría
no le agrada es un punto de partida para que sea enriquecido y
actualizado durante su exposición pública, que ha comenzado
recientemente.

Aunque la propuesta ha sido redactada por la Confederación
Hidrográfica del Ebro, es resultado de un proceso de participación social
sin precedentes, liderado por el organismo y las nueve comunidades
autónomas implicadas en su gestión, en el que se han recogido propuestas
de todo el territorio de la cuenca a través de un programa de reuniones y
encuentros con más de 1700 asociaciones e instituciones que representan
todo el entramado social en cada subcuenca, por ello el documento plantea
que la participación pública sea una de las piedras angulares de la
gestión.

Este amplio proceso de participación ha conseguido crear un
clima de colaboración y de entendimiento en prácticamente toda la cuenca.
Los representantes de usuarios, comunidades autónomas y agentes sociales
han tenido ya acceso al contenido completo del texto para su valoración.
La propuesta ha sido presentada públicamente en todas sus líneas, a lo
que se une que, durante el proceso de planificación, toda la
documentación elaborada por el organismo de cuenca ha sido accesible a
los interesados a través de su espacio web; es decir, ha habido la máxima
transparencia durante todo el proceso, por lo que me felicito.

Ahora, el período de participación pública de seis meses de
duración, es el momento para plantear las posibles discrepancias,
cumpliendo así las normas que regulan el período de planificación;
período de participación que va a servir para enriquecer y actualizar el
plan. Y tras la consulta pública, el organismo de cuenca realizará un
informe sobre las propuestas, soluciones y sugerencias, que se
incorporarán, en su caso, a la propuesta de proyecto del Plan
Hidrológico, que requerirá el informe preceptivo del Consejo del Agua de
la Demarcación. Este plan busca un equilibrio entre el buen estado
ecológico y las demandas actuales y futuras, basando siempre la gestión
hidráulica en el principio de la unidad de cuenca. Es un requerimiento
legal, pero también una oportunidad social que recoge los objetivos
comunes de las nueve comunidades autónomas de la demarcación, para
alcanzar una gestión más eficiente y sostenible del agua, que permita
orientar las decisiones de los ciudadanos en el proyecto de desarrollo.
Respecto a los criterios en los que se basa el plan, son los recogidos en
la legislación vigente —artículo 40 del Texto Refundido de la Ley
de Aguas—, porque tanto la elaboración del plan como la
determinación de los caudales ecológicos se hacen con arreglo a la
legislación vigente: la Orden de 10 de septiembre de 2008 y el Real
Decreto de 6 de julio de 2007.

En cuanto a la mención expresa que hace su señoría en la
interpelación sobre los caudales ecológicos de que se fije su definición,
le diré que, de acuerdo con los artículos 17 y 18 del Reglamento de
Planificación Hidrológica, aprobado mediante Real Decreto de 6 de julio
de 2007, en los que se regulan los aspectos relacionados con la
implantación del régimen de caudales ecológicos, los aspectos más
relevantes son los siguientes. El régimen de caudales ecológicos se
establecerá de modo que permita mantener de forma sostenible la
funcionalidad y estructura de los sistemas acuáticos y de los sistemas
terrestres asociados, contribuyendo a alcanzar el buen estado o potencial
ecológico de ríos y aguas de transición. Los caudales ecológicos, o
demandas ambientales, son una restricción que se impone a los sistemas de
explotación, y únicamente los abastecimientos a poblaciones tienen
supremacía sobre el régimen de caudales ecológicos. En el caso de sequías
prolongadas, podrá aplicarse un régimen de caudales menos exigente, con
la excepción de las zonas incluidas en la Red Natura 2000 o en la Lista
de Humedales de Importancia Internacional, de acuerdo con el Convenio
Ramsar. El proceso para el establecimiento de los caudales, de acuerdo
con lo que se recoge en la sección de planificación hidrológica, se
estructura en tres fases: una primera, de estudios técnicos; una segunda,
de concertación; y una tercera, de implantación y de seguimiento
adaptativo. Para la definición técnica de caudales ecológicos mínimos
—mínimos, señoría—, se han empleado métodos hidrológicos y
biológicos aplicados a una serie de tramos de importancia estratégica y,
como resultado, se ha obtenido la distribución temporal de caudales para
un total de 50 masas de la demarcación; no solo en el delta, sino a lo
largo de todo el río, que también allí son necesarios, señoría. Estas
masas son aquellas que cuentan con resultados por metros hidrológicos y
de modelización de hábitats biológicos y que, además, disponen de
estación de aforo para el control de los mismos y para realizar el
seguimiento adaptativo. En algunas masas no afectadas por la Red Natura
2000 se realiza una segunda definición para el caso de sequías. En
espacios de la Red Natura 2000 o de humedales incluidos en la lista
Ramsar, la normativa impide la disminución de caudales aun en casos de
sequía prolongada. Para su determinación, se ha empleado una metodología
a nivel de todo el Estado, común para las cuencas

intercomunitarias, con objeto de unificar criterios en las
distintas cuencas. En el caso del delta del Ebro, el régimen de caudales
ecológicos es muy superior al del resto de puntos de la cuenca del Ebro,
dado que, como saben ustedes, es una zona de la Red Natura 2000 y,
además, es un humedal incluido en el Convenio Ramsar, lo cual justifica
que tenga un tratamiento diferencial.

Para la fijación de los caudales del delta, se ha analizado
la aportación de los estudios del régimen de caudales ecológicos para el
delta obtenidos por la Agencia Catalana del Agua, y propuestos por el
Parlamento de Cataluña para su consideración en el Plan Hidrológico de la
Cuenca del Ebro. Se han analizado aspectos no estrictamente vinculados al
régimen de caudales ecológicos, pero que, por la singularidad del delta,
han sido tenidos en cuenta. De esta forma, el régimen de caudales
ecológicos del delta satisface, a juicio del Gobierno, lo establecido en
el Reglamento de planificación y cumple los criterios técnicos definidos
en la instrucción de planificación hidrológica —Orden Ministerial
2657/2008—. Y, además de satisfacer los requerimientos normativos,
se ha buscado el caudal garantizado máximo compatible con los
requerimientos de uso del agua en nueve comunidades autónomas. El
problema del Ebro no es solamente la desembocadura y una sola comunidad,
señoría, sino que hay nueve comunidades autónomas con estatutos de
autonomía que fijan caudales, que fijan límites y que tienen todas sus
problemas. El resultado es que se puede garantizar un régimen de caudales
ecológicos en el delta del Ebro muy importante y muy superior al de los
ríos de la vertiente mediterránea, debido a que el embalse de Mequinenza
es una gran reserva estratégica para el delta del Ebro, porque en torno
al 30% del agua total disponible en la cuenca del Ebro estará garantizada
en el delta del Ebro en su conjunto.

El régimen de caudales ecológicos únicamente se establece
en estaciones de aforo, y en este caso en la número 27, de Tortosa, que
conoce bien su señoría…

El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señor ministro.

El señor MINISTRO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE (Arias Cañete): Voy terminando, señor presidente.

El régimen de caudales establecido con carácter no
vinculante por el plan en la desembocadura del Ebro es en la actualidad
de 3154 hectómetros cúbicos/año —en la actualidad—. En la
propuesta, se aumenta a 3370; es decir, estamos hablando de que no hay
una reducción, señoría, sino un incremento de 200 hectómetros cúbicos, es
un embalse de razonable dimensión. Además, se fija un régimen variable,
que ha dicho su señoría, de entre 80 metros cúbicos/segundo y 155 metros
cúbicos/segundo, que está más adaptado a las condiciones naturales del
río. Y además, se realizan crecidas puntuales de entre 1000 y 1500 metros
cúbicos/segundo, para renaturalizar el régimen de caudales y reducir la
invasión de macrófitos. Todo este importante caudal con bienes ecológicos
para el delta solo es posible si perdura la gran solidaridad de todas las
comunidades autónomas que integran la cuenca del Ebro. La gestión
paradigmática del Ebro en la actualidad produce grandes beneficios para
todas las comunidades autónomas, que son dependientes entre sí.

Por último, respecto a la inquietud que su señoría dice que
han generado estos caudales ecológicos, quisiera insistir sobre el amplio
consenso que ha existido en la redacción del plan. Puede haber
discrepancias, pero el proceso de información pública que se ha abierto
permitirá a todos los interesados hacer las aportaciones que estimen
oportunas y plantear discrepancias del texto presentado, que serán
estudiadas con todo rigor por el Gobierno, que no tiene ningún apriorismo
político en esta materia, sino que cree que hay que hacerlo con la mejor
información técnica disponible.

Muchas gracias, señoría. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro.

Tiene la palabra el senador Sabaté, por tiempo de cinco
minutos.

El señor SABATÉ BORRÀS: Gracias, señor presidente, señor
ministro, señorías.

Señor ministro, celebro, como siempre, su buen talante y,
sobre todo, su oferta de diálogo, que entiendo que está implícita de
hecho en la fase procedimental en la que estamos. En cualquier caso, es
bueno que el representante del Gobierno en materia de medio ambiente
explicite e insista en la oferta de diálogo, en esta Cámara, en el
Senado.

Decía usted que hay agua suficiente, pero que hay que
regularla. Yo no sé si hay agua suficiente, señor ministro, ese sería
argumento para otro debate, pero cada vez hay menos agua, y esto debe
llevarnos a prever escenarios de futuro bastante más difíciles de lo que
ya lo son por sí mismos. Es cierto

que solo podemos contar con el agua regulada, eso es
cierto. Y, por tanto, cuando planificamos sobre los usos, sobre las
concesiones, sobre los derechos de uso de las aguas, debemos tener en
cuenta qué cantidad de agua tenemos embalsada, y por tanto regulada. Si
se puede avanzar en la regulación, tanto mejor, pero siempre teniendo
precaución en cuanto a las afectaciones medioambientales que tienen los
embalses, por inundación de las terrazas fluviales y, en definitiva, de
las zonas de ribera, evitando crear más perjuicios que lo que se vienen a
resolver.

Decía usted —me lo dijo en la otra interpelación,
cuando hablamos en general de la política del agua en España— que
la planificación debería haber terminado en 2009. Es cierto, no voy a
discutir eso, lo dice la Directiva europea en materia de aguas; pero
también es cierto, y usted lo sabe, señor ministro, y de alguna forma ha
aludido a ello, que el problema está en que en la cuenca del Ebro en
concreto —no voy a entrar en las otras cuencas hoy— estamos
hablando de nueve comunidades autónomas, con demandas y exigencias,
legítimas o no pero en cualquier caso existentes, que hacen muy difícil
llegar a un acuerdo. Por eso que el Gobierno anterior, el Gobierno
socialista del señor Rodríguez Zapatero, tuvo dificultades para cerrar
ese acuerdo necesario; ya decíamos el otro día e insisto en ello que la
política del agua es una política de Estado y, por tanto, sería necesario
llegar a un acuerdo entre las nueve comunidades autónomas y la
Administración central, el Gobierno de España.

Evidentemente, es un documento mejorable y habrá que
atender a cuantas aportaciones sea posible, pero quiero enfatizar, señor
ministro, señoras y señores senadores, que no es el problema de una
comunidad —en este caso de la catalana, porque estamos hablando del
tramo catalán del Ebro— frente a otras comunidades. Me permito
decir en esta Cámara, señor ministro, que el delta del Ebro es un tema de
España; por tanto, la pervivencia del delta del Ebro es un tema de
interés de España, y por tanto del Gobierno de España y de las
comunidades en su conjunto. No estamos hablando de que si llega agua aquí
la pierden otros, o de si tal o cual; se trata precisamente de un tema de
interés general, de interés público, de interés de España en su conjunto.
Estamos hablando de la pervivencia de este gran humedal, de esta zona
húmeda tan especial. No estamos hablando de nuevas concesiones para usos
o regadíos; estamos hablando en términos distintos. Es legítimo que
cualquiera de las nueve comunidades plantee la necesidad de ampliar
regadíos, de nuevos usos, hasta aquí es legítimo; pero no es lo mismo
plantear usos presentes y futuros posibles, que plantear la posibilidad
de la desaparición del delta del Ebro. No querría ser catastrofista, pero
ya he explicado antes de forma abundante los riesgos que se vislumbran y
los posibles escenarios de futuro en caso de que el caudal ambiental sea
insuficiente.

Decía usted: estamos hablando de caudal ecológico mínimo. A
lo mejor deberíamos hablar, señor ministro, de caudal ambiental. La
Directiva europea en materia de aguas habla de buen estado ecológico.
Precisamente, deberíamos ampliar ese concepto para que, cuando hablemos
de impacto ambiental y de caudal ambiental, no nos refiramos solo al
cauce estricto del río, sino también a todas las zonas adyacentes y, en
este caso, a las riberas del Ebro. En toda la cuenca, de acuerdo, estamos
ante cincuenta masas: ¡por supuesto que debe haber caudales ecológicos en
toda la cuenca!, no discutimos eso. En definitiva, si circula agua para
garantizar caudales ambientales por todos y cada uno de los tramos del
Ebro y por todos y cada uno de sus afluentes, esa agua circulando va a
acabar llegando a la desembocadura y, por lo tanto, al tramo final. De
modo, señor ministro, que no hay contradicción entre los caudales
ecológicos a lo largo de la cuenca y el caudal ecológico en el tramo
final; al contrario: sin duda, el mantenimiento de esos caudales
ecológicos redunda y abunda en el mantenimiento de las condiciones
ambientales en la desembocadura.

Para finalizar, señor ministro, hablaba usted de que se han
tenido en cuenta los criterios del Parlamento de Cataluña. El Parlament
de Cataluña planteó los criterios de la Comisión para la sostenibilidad
de las Tierras del Ebro, coparticipada por el Ministerio, por el
departamento de Medio Ambiente, que están muy lejos —permítame que
se lo repita— de los que se plantean en esta propuesta inicial.
Espero que realmente estemos ante una propuesta inicial y que se puedan
atender las alegaciones que presentarán los gobiernos autonómicos
—también las del Gobierno de la Generalitat—, ayuntamientos y
otras instituciones.

El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría.

El señor SABATÉ BORRÀS: Acabo, señor presidente.

Usted ha hablado de un incremento de 200 hectómetros
cúbicos respecto a la propuesta del año 2001. Es evidente que esa
propuesta era marcadamente insuficiente y 200 hectómetros cúbicos, señor
ministro, no resuelven la propuesta. Estamos ante una amenaza para el
delta del Ebro, para las Tierras del Ebro

catalán, e insisto, señor ministro, en que es un problema
de España. Por tanto, nuestro Gobierno debe atender estos requerimientos
y sé que usted va a tener sensibilidad para ello. Espero que el diálogo
que usted ha ofrecido sirva para avanzar en esa dirección.

Gracias, señor ministro. Gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Sabaté.

Tiene la palabra el señor ministro.

El señor MINISTRO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE (Arias Cañete): Muchas gracias, senador. Agradezco muchísimo la
intervención de su señoría, siempre ponderada, siempre fundamentada y
siempre con la vehemencia que da defender causas en las que uno cree.

Solo quiero decirle una cosa. En el año 2001, cuando se
fijó el caudal ecológico del Ebro, no hubo ningún alboroto. Lo recordará
usted, aunque no sé si entonces era alcalde de Tortosa, o no. Acuérdese
de que se fijó y no hubo el menor problema. Han cambiado algo las cosas,
pero creo que ahora hablamos de caudales porque tememos que se minoren.
Estamos haciendo una fijación de los caudales en la demarcación desde el
punto de vista científico-técnico, sin reservas mentales y sin tener en
la cabeza otras cosas, señoría. En el año 2001 no había ningún problema;
y ahora, con una cifra superior en 200 hectómetros cúbicos, hay
problemas. En 2001 lo hicieron los técnicos, y ahora también. Yo le puedo
garantizar que por parte de este Gobierno no ha habido ninguna presión
política para alterar lo que los técnicos hayan dicho; es más, la
presidencia de la Confederación del Ebro no la ostenta mi partido
político, el partido que apoya al Gobierno, es claro. El Gobierno no está
influyendo en la demarcación de ningún río para alterar lo que los
técnicos digan. Queremos establecer en las demarcaciones unas fijaciones
de caudal que cuenten con la mayor base científica posible.

Luego tiene usted razón, el delta tiene unas
características especiales: está incluido en la Red Natura 2000 y,
además, en la Lista de Humedales de Importancia Internacional, de acuerdo
con el Convenio Ramsar, de 2 de febrero de 1971. Tenemos que ser
conscientes de que es un ecosistema que tenemos que defender, mantener,
conservar y cuidar, completamente de acuerdo. Ahora bien, insisto,
señoría: en lo que respecta a caudales ecológicos, tenga usted la
tranquilidad de que se determinan mediante la aplicación estricta de la
legislación vigente y de que no están sujetos a interpretaciones
partidistas; quiero que tenga la tranquilidad, porque es verdad. Para su
determinación se ha empleado la misma metodología en todo el territorio
nacional para todas las cuencas intercomunitarias, nos parece de
elemental justicia. Sería absurdo que en el Tajo tuviéramos un sistema,
en el Duero otro, en el Guadiana otro, en el Guadalquivir otro y en el
Ebro otro. Hay que utilizar el mismo sistema técnico, y España tiene
técnicos excelentes. Además, en el caso del delta del Ebro, dadas sus
características medioambientales, se han utilizado estudios técnicos de
diversa procedencia, muy exhaustivos y con valiosa información
científico-técnica; se han analizado todos: los de la Agencia Catalana
del Agua, los del Parlamento de Cataluña... Eso no quiere decir que se
tengan en cuenta al cien por cien, pero todos han sido objeto de
consideración rigurosa y seria de los técnicos. Si además unimos a esto
las características del proceso de participación, considero que las cosas
se han hecho razonablemente bien y que se ha buscado un razonable
consenso, que no es fácil en un río con nueve comunidades autónomas y más
de 1000 municipios involucrados. El Ebro no es un río fácil. Se lo puedo
decir de corazón, porque he tenido con este río algún problema que otro.
Pero le he cogido mucho cariño al Ebro, se lo puedo decir, señoría. Por
lo tanto, quiero hacer las cosas razonablemente bien.

Espero que, durante el proceso de participación pública,
los responsables que en este momento defienden los caudales que su
señoría defiende lo articulen técnicamente y puedan convencer a la
demarcación, a los técnicos y a los responsables de las otras nueve
comunidades de que podemos hacer las cosas razonablemente bien. Estoy
seguro de que, al final, todos lograremos entendernos; buscaremos un
consenso y garantizaremos que un área tan sensible medioambientalmente
como el delta del Ebro no tenga problemas. Espero que, dentro de unos
años, cuando su señoría siga defendiendo el delta —que lo seguirá
haciendo— lo pueda defender con tranquilidad, y no con
preocupación.

Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro.

4.4. INTERPELACIÓN SOBRE LA POLÍTICA DEL GOBIERNO EN
MATERIA DE TRANSPORTE AÉREO CON LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS DE CANARIAS Y
DE LAS ILLES BALEARS, Y CON LAS CIUDADES DE CEUTA Y MELILLA.

(Núm. exp. 670/000019)

AUTOR: NARVAY QUINTERO CASTAÑEDA (GPMX)

El señor PRESIDENTE: Siguiente interpelación, del senador
Narvay Quintero, sobre la política del Gobierno en materia de transporte
aéreo con las Comunidades Autónomas de Canarias y de las Illes Balears, y
con las Ciudades de Ceuta y Melilla.

Para defender su interpelación, tiene la palabra el señor
Quintero, por tiempo de quince minutos.

El señor QUINTERO CASTAÑEDA: Gracias, señor presidente.

Buenas tardes, señora ministra.

Lo que planteamos hoy ya lo hemos discutido varias veces en
preguntas orales y en comparecencias suyas anteriores, tanto en Pleno
como en comisión; también se lo planteé al Gobierno anterior. Quiero
decirle de antemano que pocas serán las veces que lo hayamos discutido y
poco será el tiempo que pueda perder en buscar una solución para un
problema del que creo que es usted consciente: el problema de transporte
aéreo que sufren Canarias, las Islas Baleares, Ceuta y Melilla. Todos
estaremos de acuerdo en que es muy diferente el problema aéreo que pueden
sufrir estos dos archipiélagos y las ciudades autónomas de Ceuta y
Melilla del que puedan sufrir los demás aeropuertos de España, puesto que
en el territorio peninsular o continental las conexiones son mucho más
fáciles, mejores y cuentan con diversas alternativas. En cambio, en
Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla, desgraciadamente, solo contamos con
el avión o el barco. En estos últimos años de crisis hemos asistido al
cierre de compañías aéreas, a la cancelación y reducción de rutas y al
incremento de tarifas. Las perspectivas no son nada optimistas para el
presente año, y todo apunta a que lo que ocurrió en abril fue solo el
inicio de un largo período de recesión en el transporte aéreo, que se
traducirá en un encarecimiento del coste de los billetes e incidirá
directamente en la retirada de frecuencias. Le digo esto porque, según
los datos de AENA, en el mes de abril, en los aeropuertos de AENA, el
número de pasajeros ha bajado el 7,3%, como media, y las operaciones el
7%.

Si la situación es preocupante en España, imagínese lo
preocupante que tiene que ser para Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla.
En el caso de dichos territorios, cada frecuencia que se cancela, cada
subida de tarifas que se produce, los sitúan más lejos de la península y
más lejos del continente. Los distancia de la península y su economía se
resiente aún más por su dependencia del sector turístico y por el
encarecimiento de las importaciones y de las exportaciones; la cesta de
la compra se dispara en estos territorios y los productos que exportan al
continente no pueden ser competitivos porque tienen que sumar a su precio
el coste del transporte. Con todo esto, se cierran puertas a las islas
Baleares, a Canarias, a Ceuta y a Melilla. El hecho de que Canarias tenga
una tasa de desempleo del 32% tiene mucho que ver con el asunto que hoy
le planteo en esta interpelación. Todas las regiones ultraperiféricas de
la Unión Europea, tanto en nuestro caso como en los territorios de
ultramar de Francia y Portugal, han sufrido más que ningún otro espacio
comunitario los efectos de esta crisis. No es casual, pues el transporte
es uno de los pilares fundamentales —por no decir el pilar
fundamental— de todos los territorios insulares, especialmente de
Canarias, de Baleares, y también de Ceuta y de Melilla.

Como usted sabe, en 2011 se impuso una política de
bonificación aérea para favorecer la apertura de nuevas rutas y premiar a
aquellas compañías que incrementaran el número de pasajeros. Esta medida,
unida al desvío de pasajeros como consecuencia de la Primavera Árabe,
permitió que Canarias cerrara el ejercicio con unas cifras históricas de
más de 35 millones de pasajeros. Su Gobierno —el nuevo
Gobierno— ha decidido no prorrogar estas bonificaciones,
argumentando que no eran equitativas, que favorecían a determinadas
compañías aéreas. No comparto está opinión, pero la respeto, y no quiero
hablar del pasado, sino del presente y del futuro del transporte aéreo en
Canarias y en Baleares y buscar con usted nuevas medidas para
mejorarlo.

En el proyecto de los Presupuestos Generales del Estado
para 2012, que pronto entrarán en esta Cámara, el Gobierno ha ido un poco
más allá y ha incrementado las tasas aeroportuarias, lo que, según la
patronal turística Exceltur, provocará una caída de más de un millón de
viajeros en 2012. Y es cierto que, aun con esta subida, los nuestros
están entre los aeropuertos europeos con tasas más bajas. Pero
entendemos, igual que la patronal, que no podemos seguir poniendo
obstáculos que dificulten el acceso de los turistas a España y a nuestras
islas. Me refiero, señora ministra, a la posibilidad de que se
introduzcan

bonificaciones para aquellas compañías que, por ejemplo,
operen durante los días valle, para aquellas que abren rutas con nuevos
países emisores de turismo y que se incentive a aquellas que incrementen
el número de frecuencias. Le pedimos que apueste por una solución
intermedia, que permita devolver la esperanza al turismo y a los
operadores aéreos. La situación de malas noticias ha sido incesante, y es
hora de que el Gobierno, tras una cadena de ajustes, apueste ahora por el
crecimiento económico en Canarias, en Baleares, en Ceuta y en Melilla; y
esto pasa ineludiblemente por el transporte aéreo.

Señora ministra, María Dolores Pan ha hecho antes una
referencia a Galicia y al tren. Me alegro de que lo haya hecho y de que
usted le haya respondido, porque estoy totalmente de acuerdo; decía que
se tardaba siete horas cincuenta minutos en venir de algunos puntos de
Galicia hasta Madrid, y que ese tiempo se iba a reducir. Bueno, pues le
puedo decir que, tanto desde Canarias como desde Baleares, o desde El
Hierro, de donde soy yo, se tarda, como mínimo, seis horas cincuenta
minutos o dieciocho horas. La diferencia es que tenemos 1800 kilómetros
por medio, pero el coste desde Galicia a aquí es de 56 euros para todos,
y el coste de venir de El Hierro, a precios de hoy, para venir mañana es
de 690 euros. La diferencia del precio es abismal, y ahí es donde tenemos
que luchar. Y le puedo hacer otra comparación, señora ministra:
Madrid-Segovia en AVE, 18.90 euros, ida y vuelta. Nosotros lo entendemos
y compartimos la idea, evidentemente. Sin embargo, media hora en
transporte aéreo entre islas, tanto en el archipiélago de Canarias como
en Baleares, supera los 80 euros para los residentes, que tienen una
subvención del 50%. Para los no residentes, estaríamos hablando de 160
euros, un precio prohibitivo por viajar a las islas menores tanto de
Canarias como de Baleares.

Señora ministra, hace poco tiempo debatíamos aquí sobre el
certificado de residencia. Hoy le felicito, porque hace unos días hizo
unas declaraciones en Las Palmas de Gran Canaria diciendo que se iba a
poner el certificado electrónico. Eso facilitará mucho su uso, y no el
tener que llevar el papel del certificado, que caduca cada seis meses y
puede crear problemas a los ciudadanos canarios. Estamos de acuerdo con
usted en controlar el fraude, pero pensamos que ni los canarios, ni los
ciudadanos de las islas Baleares, o de Ceuta y Melilla son los que
defraudan, son otros, y que la imposición del certificado de residencia
está perjudicando a los que no defraudan. La felicito por la decisión que
ha tomado, y esperemos que en septiembre, como anunció, entré en
funcionamiento el certificado electrónico de residencia, porque estamos
con usted en que hay que controlar el fraude.

Señora ministra, cuando hablamos de nuestras islas, de los
14 millones de turistas que llegan a Canarias, igual que cuando hablamos
de los millones de turistas que llegan a Baleares, nos encontramos
desgraciadamente con un problema: llegan a Palma de Mallorca, a Gran
Canaria o a Tenerife, pero no a las islas menores. ¿Por qué? Porque el
precio es excesivo. El precio que tienen que pagar para desplazarse desde
Tenerife o Gran Canaria a otra isla es excesivo. Para los turistas, e
igual para los canarios. Tenemos que recordar, como seguramente sucede en
Baleares, que las islas menores no tienen universidad; estamos obligados
a ir a las islas mayores. No tenemos hospitales grandes; para las
especialidades, tenemos que ir a las islas mayores. Para un simple
certificado, para obtener una simple licencia de armas, tenemos que
desplazarnos. Para matricularnos en la UNED, tenemos que desplazarnos.
Ese coste lo están asumiendo quienes viven en las islas menores, y no
tienen esa capacidad, porque no es un coste barato. Ida y vuelta, 78, 80
euros, aproximadamente, para obtener estos servicios a los que todos los
ciudadanos tienen derecho.

Como usted sabe, Canarias cuenta con una subvención del 50%
en el transporte aéreo. No hace falta que invierta más, señor ministra.
Intente distribuir mejor el dinero. ¿Cómo? Le voy a plantear alguna
solución. Usted acaba de licitar algunas líneas aéreas —le ha
costado seis millones de euros— entre El Hierro y La Gomera y Gran
Canaria, entre Tenerife sur y Gran Canaria, o entre Menorca y Madrid, por
ejemplo. Yo creo que tanto los aeropuertos de las islas Baleares como los
de Canarias son rentables. Si consideramos Canarias y Baleares como un
aeropuerto común, durante los últimos cinco años siempre han estado entre
los cuatro aeropuertos con más pasajeros y más operaciones del territorio
español, junto con El Prat y Barajas; de modo que los aeropuertos de los
archipiélagos en su conjunto son completamente rentables. Pero entendemos
que la distribución de la subvención no se puede hacer sobre el 50%,
porque, evidentemente, la compañía aérea subirá el precio, el Estado
tendrá que pagar más y la compañía aérea se beneficiará mucho más. Le
puedo decir que desde 2006 hasta hoy día, que se ha pasado del 37% al
50%, el precio de los billetes de Canarias y de Baleares no ha
descendido. El Gobierno ha pasado de pagar un 37% a pagar un 50%, pero no
ha descendido el precio de los billetes, todo lo contrario: ha aumentado.
Y ese beneficio real se lo llevan las compañías aéreas. ¿Cómo podemos
atajar esto? Canarias y Baleares son rentables, y, como son obligación de
servicio público y por tanto competencia del

Ministerio, le propongo una obligación global, una
obligación de servicio público global, en el que, pérdidas por ganancias,
las compañías saldrán siempre beneficiadas. Se puede hacer; se puede
hacer, porque está declarado como obligación de servicio público.

Señora ministra, en los últimos meses, después de la
desaparición de Spanair y todos esos acontecimientos, los vuelos entre
Canarias y la península están completamente llenos. Las tarifas reducidas
en un avión de 170 plazas solo son para 11. Los vuelos vienen muy llenos
y son muy caros. Venir mañana de El Hierro a Madrid costaría casi 700
euros, un precio prohibitivo. Por 700 euros, desde Madrid-Barajas, no me
equivoco si digo que casi nos ponemos hoy día en cualquier aeropuerto del
mundo. Canarias y Baleares no pueden estar tan lejos de la península ni
pueden estar tan lejos de las capitales sus islas menores. El transporte
aéreo es vital, y usted lo sabe, para la cohesión territorial de
Canarias; para que no nos distanciemos más social y económicamente del
territorio continental. En momentos de crisis, en momentos como este, es
cuando verdaderamente se tiene que hacer una política adecuada. Usted lo
ha dicho: no todos los aeropuertos son rentables. Ha dicho que el
aeropuerto de El Hierro se mantiene porque es un aeropuerto social, cosa
que le agradezco. Yo voy más allá, y le invito a que se distribuyan de
mejor manera los mismos recursos económicos para que los usuarios de esos
territorios insulares ―tanto de Baleares como de Canarias—
puedan tener los mismos derechos y la misma cohesión territorial
—tanto entre las islas como con la Península— que la que
disfrutan todos los ciudadanos del territorio peninsular.

Y le voy a dar dos datos que he sacado. En Renfe alguna
ruta le cuesta a un pasajero 7 u 8 euros, y Renfe tiene que pagar por
ello 150 euros. Yo no digo que esté mal, todo lo contrario. Como usted ha
dicho, hay rutas sociales que hay que mantener. Evidentemente, estoy de
acuerdo con eso; pero también estamos de acuerdo en que es mucho más del
50% lo que paga Renfe. Había una noticia sobre que Renfe tenía más de
3600 millones de déficit.

Sigo apostando, porque creo que esa es una buena forma de
moverse dentro de la Península y que el Estado tiene que garantizar esa
movilidad. Y usted, como ministra, tiene una gran responsabilidad, porque
creo de verdad que la movilidad y la cohesión territorial es lo que nos
va a ayudar a salir de esta crisis que vivimos todos.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Quintero.

Para contestar la interpelación, tiene la palabra la señora
ministra de Fomento, por un tiempo de quince minutos.

La señora MINISTRA DE FOMENTO (Pastor Julián): Gracias,
señor presidente.

Señor Quintero, muchas gracias por sus palabras y muchas
gracias también por la contribución que sin duda hace con algunas
propuestas para la mejora del futuro de la conectividad de las islas
Canarias.

Como usted ha dicho, y también ha reconocido, el transporte
aéreo desempeña un papel fundamental para el desarrollo del país, para
generar empleo y riqueza, para mejorar las comunicaciones y las
relaciones comerciales y sociales, y sobre todo para algo muy importante
que usted conoce bien: para que vengan más turistas a nuestro país, pues
cuatro de cada cinco turistas internacionales que acceden a nuestro país
lo hacen utilizando este modo de transporte.

En el caso concreto de Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla
el transporte aéreo tiene, como usted ha señalado, una relevancia
fundamental: da cohesión, da vertebración y da desarrollo social y
económico.

La política del Gobierno, señor Quintero, la conoce bien;
está basada en dos ejes fundamentales: en primer lugar, un desarrollo de
infraestructuras aeroportuarias y de navegación aérea seguras, de calidad
y eficientes; y en segundo lugar, garantizar la conectividad de las rutas
aéreas en estos territorios con subvenciones al transporte de residentes,
bonificaciones aeroportuarias y obligaciones de servicio público.

Quiero hacer una valoración, señoría, sobre las
infraestructuras aeroportuarias, a las que se han destinado importantes
recursos de los Presupuestos Generales del Estado. Como usted sabe, AENA
prevé para 2012 una inversión de 223 millones de euros, de los que 156,7
son para Canarias, 64,9 para Baleares, 0,3 para Ceuta, y 1,3 para el
aeropuerto de Melilla.

La evolución del tráfico aéreo, efectivamente, está
bajando; pero, afortunadamente, aunque está bajando, en Canarias no lo
hace tanto como en el resto de España. Así, frente a una bajada entre
enero y abril del 5,9% en el conjunto de los aeropuertos, en Canarias ha
bajado el 3,4%, en Baleares, el 4,6%, y tenemos la buena noticia de que
en Melilla el tráfico ha crecido un 7,3%.

Señoría, nosotros estamos para que la conectividad aérea
esté garantizada en todo momento y, por eso, cuando esa conectividad se
pueda ver alterada lo que hacemos es actuar declarando obligación de
servicio público. Por lo tanto, estamos siguiendo muy de cerca la
evolución de las rutas aéreas de Canarias, de Baleares, de Ceuta y de
Melilla.

En primer lugar, me voy a referir a Canarias. Como se ha
podido comprobar, y usted sabe, en todas las rutas en que operaba Spanair
—que hemos seguido con especial detenimiento—, en todas,
cuando menos hay dos compañías. Por ejemplo, en las rutas entre Gran
Canaria o Tenerife con Madrid hay tres compañías aéreas ofreciendo
servicios y compitiendo entre sí. Y en otras rutas, como
Tenerife-Barcelona o Lanzarote-Bilbao también hay tres compañías.

En cuanto a la conectividad de las rutas interinsulares,
como sabe, el comportamiento hasta la fecha había sido satisfactorio,
pero en los enlaces de más baja demanda, que unen La Gomera y El Hierro
con el resto de las islas, debido a pérdidas económicas de la compañía
que lo operaba, se ha anunciado la retirada de esta ruta. Por eso, como
usted sabe, hemos puesto en marcha la declaración de OSP, y espero que
pasado mañana salga en el Boletín Oficial del Estado, si no hay ningún
problema, esta OSP a licitación. Como sabe, hay un presupuesto de 3,1
millones de euros, en un total de 6,2 millones de euros en dos años,
concretamente para las rutas de La Gomera-Tenerife Norte, La Gomera-Gran
Canaria, El Hierro-Gran Canaria y Gran Canaria-Tenerife Sur. Y como sabe
también, el Consejo de Ministros el 27 de abril lo autorizó; por lo
tanto, ahora, sometido a licitación pública, se pondrá en marcha.

En el caso de Baleares, señoría, también hemos tenido
dificultad, porque no hay competencia en la ruta directa entre Menorca y
Madrid, que ha quedado sin servicio en la temporada de invierno; en las
otras seis rutas que operaba Spanair, con un mínimo de dos operadores.
Así, por ejemplo, la ruta con Palma de Mallorca, con Madrid o Barcelona
se cubre con cuatro compañías, y en la ruta entre Ibiza y Madrid o
Barcelona operan cuatro y tres compañías. Pero para resolver la
conectividad de Menorca con Madrid también estamos poniendo en marcha la
declaración de OSP para que esté lista ya cuando termine el verano.

En el caso de Melilla, señorías, en esta ciudad autónoma no
operaba Spanair, pero también estábamos realizando un seguimiento de
conectividad. En este momento tengo que decir que hay dos compañías que
están ofreciendo rutas a seis destinos peninsulares: Madrid, Barcelona,
Málaga, Valencia, Granada y Almería, y con unos precios más competitivos.

Y en el caso de Ceuta, como ya conocen, en esta ciudad
autónoma existe un helipuerto desde el que se realizan dos rutas aéreas
comerciales de pasajeros con helicópteros que unen Ceuta con Málaga y
Algeciras. Pero, desgraciadamente, la compañía que realiza estos vuelos,
Inaer, ha anunciado su intención de abandonar esta actividad por
criterios de su propia estrategia empresarial. En este momento existe una
compañía que está interesada en la ruta con la que estamos trabajando,
Cathelicopters; pero en el caso de que no operara a partir de la dejada
de Inaer pondremos en marcha el mismo sistema que hemos puesto con las
rutas de Canarias o con las rutas de las islas Baleares.

Señoría, ha hablado usted de las subvenciones al
transporte. Pues bien, además de velar por el mantenimiento de la
conectividad, estamos apoyando y facilitando esa conexión de todos los
ciudadanos de las islas, de Ceuta y de Melilla con subvenciones del 50%
en el precio del billete aéreo para residentes en esas regiones, con una
bonificación de las tarifas aeroportuarias, con subvenciones de billete
aéreo, cuyo montante global, como sabe, es de 285 millones de euros.
También quiero decirle que estamos poniendo en marcha un sistema que,
efectivamente, vele por la eficiencia, la eficacia y la equidad de esto
que es dinero público y que está destinado, como usted muy bien ha dicho,
a los que son ciudadanos que legítimamente son canarios y tienen el
derecho a recibirlo. Canarios, y también menorquines, mallorquines, de
Ceuta o de Melilla.

Además, señoría —usted no lo ha nombrado, pero yo lo
digo—, están las bonificaciones a las tarifas aeroportuarias. Hay
unas bonificaciones de tarifa de aterrizaje, seguridad y pasajeros, de
tal modo que hay una bonificación de un 15% para vuelos con la Península,
de un 70% para vuelos insulares y, adicionalmente, a mayores un 50%
adicional de la tasa de seguridad. Señoría, también tengo que decirle que
en este momento existe lo que se conoce como bonificaciones de
insularidad, que han supuesto en 2011, 27 millones de euros en Canarias,
11,7 millones en Baleares, y en Ceuta y Melilla, 200 000, ya que en este
último caso se aplica solo la bonificación del 15%.

Se lo digo, señoría, porque escuchándole daría la impresión
de que no se está haciendo un esfuerzo. Y yo le puedo decir, señoría, que
estamos haciendo un esfuerzo importante. Estoy segura de que no es todo,
que no es suficiente, pero, como usted bien sabe, hay que adecuar de
verdad estas ayudas también

a las necesidades reales y la necesidad —usted lo ha
dicho— de que las tasas permitan que haya más vuelos con las islas.

Señoría, en relación con sus comentarios sobre las tasas
aeroportuarias y su encarecimiento, me gustaría decirle varias cosas:
primero, que las tasas aeroportuarias en su conjunto representan una
parte muy escasa de lo que son los costes totales de la operación. AENA
Aeropuertos no recibe, señoría, ninguna asignación de los Presupuestos
Generales del Estado, y con las tarifas actuales solo cubre el 63,5% de
los costes totales. Es decir, el presupuesto general del Estado le pone
cero euros a AENA. Por tanto, AENA tiene que vivir, si me permite
decirlo, con las tasas y con los ingresos comerciales. Y por eso, como
usted sabe, en este momento hay una situación prácticamente insostenible,
con 14 900 millones de deuda de AENA. Este hecho es muy importante,
señoría, porque necesitamos la sostenibilidad económica del sistema
aeroportuario español. En su conjunto, las tasas han subido como media un
10,2%. Porque usted no ha señalado aquí tampoco, me imagino que por
olvido, que las tarifas de navegación aérea han bajado un 7,5%; bajarán.
Estoy hablando del anteproyecto del proyecto de presupuestos. Y es
importante que le diga también, señoría, que las tarifas aeroportuarias
españolas son un 43,5% más baratas que la media europea. Y le voy a dar
algunos datos concretos. Así, en Canarias, le decía que en estos momentos
el incremento medio significará un 6,9. Pues bien, de ese 6,9, en la tasa
de ruta de navegación aérea en el 2012 la bajada es del 7,5%. Por tanto,
el incremento de las tasas será un 0,9%, que es inferior, como usted
sabe, al IPC. Este incremento va a tener una repercusión en el usuario de
apenas un euro. En Baleares el incremento de las tasas es del 9,1, que
deducida la disminución de la tasa de ruta de navegación aérea queda en
un 4,5. Y en el caso de Ceuta y Melilla estas bajadas también son
significativas.

Me gustaría destacar también que, siguiendo su
argumentación, me he preocupado de ver las tarifas de los aeropuertos de
otros países —como, por cierto, es mi obligación—: El Cairo,
Túnez y Estambul. Pues, señoría, con el incremento propuesto en el
presupuesto para 2012, en Gran Canaria, Tenerife Sur y Palma de Mallorca
las tarifas serían un 11% más bajas que las de los aeropuertos de El
Cairo, Túnez y Estambul. Y en el caso de Fuerteventura, Lanzarote,
Tenerife Norte, Ibiza y Menorca, un 21% más bajas. La tasa de referencia
en este momento de los aeropuertos, la tarifa de coste medio de los
aeropuertos de El Cairo, Túnez y Estambul es de 2016 euros por escala,
mientras que en los aeropuertos de Gran Canaria, Tenerife Sur y Palma de
Mallorca son 1780 euros. Y en el aeropuerto de Fuerteventura, Lanzarote,
Tenerife Norte, Ibiza y Menorca es de 1595 euros. En resumen, señoría,
que los aeropuertos de Canarias, de Baleares, de Ceuta y de Mellilla
reúnen en la actualidad todos los condicionantes necesarios para prestar
un buen servicio, no siendo las tarifas aeroportuarias y de navegación
aérea elemento que lo impidan. Le diría más, señoría, y si luego me da
tiempo en la réplica le podré decir exactamente cómo están repercutiendo
en este momento todas esas tarifas a las que usted hacía mención.

También en el poco tiempo que me queda le diré que no es un
capricho pedir el empadronamiento, señoría. No es un capricho, porque,
como usted bien conoce, en este momento la Fiscalía está investigando la
actuación que podría no ser regular, para no llamarlo de otra manera, de
la utilización de lo que es un derecho reconocido a los que son
ciudadanos canarios, de las islas Baleares o de Ceuta o Melilla pero que
no pueden utilizar las personas que de facto no residen en los
archipiélagos o en Ceuta y Melilla. Además, se da la circunstancia de que
la base de datos que se está utilizando no se cruzaba con el padrón,
señoría. Y es una obligación, porque yo soy una gestora pública del
dinero público, y me tengo que preocupar porque las subvenciones públicas
lleguen a quienes de verdad son sus destinatarios. Y por eso, señoría,
solo por eso, para asegurar que los beneficiarios de las subvenciones
sean quienes realmente residen en los territorios que tienen el derecho,
y para preservar el derecho de los que lo tienen, y solo eso, hemos
llevado al proyecto de presupuestos la obligatoriedad de acreditar la
condición de residencia mediante el certificado de empadronamiento.

Estamos trabajando, señorías, con las compañías aéreas, con
las agencias de viaje, con la Federación de Municipios y Provincias, todo
ello con el fin de ver el modo de automatizar y agilizar esta
verificación de la residencia. Y también, como ya anuncié en Canarias,
vamos a presentar una enmienda en esta Cámara para que entre en vigor el
día 1 de septiembre y no impida, como usted sabe, lo que son los meses de
mayor movimiento de los aeropuertos.

Termino ya, señor presidente, señorías. Me gustaría decirle
que la mejora continua de nuestros aeropuertos es una necesidad, y más
sobre todo si estamos hablando de territorios insulares, de Ceuta y de
Melilla. Todo ello para que permitan de verdad tener igualdad de
oportunidades.

Usted ha hablado de algunas tarifas. Ha hablado de las
cuantías. Usted sabe que el sector aéreo está liberalizado. Y usted sabe
que, en el mismo día, la misma distancia entre dos puntos de nuestro país
o entre las islas y la Península puede bajar, no le digo en dos horas,
sino en cinco minutos, de 700 euros a 35. Por eso, señoría, quiero
decirle que nosotros hacemos un seguimiento del precio de todos y cada
uno de los billetes, y lo hacemos, como usted bien sabe, porque nosotros
financiamos, como tienen todos los canarios y todos los que tienen ese
derecho, el 50% de esas tarifas.

Tenemos que seguir trabajando, señorías, para garantizar
los derechos de los ciudadanos y para hacerlo todo compatible con el
desarrollo de las infraestructuras aeroportuarias, garantizar la
conectividad de las rutas aéreas y desarrollar y mejorar el transporte
aéreo. Y estamos velando, como le digo, para que haya competencia; y
cuando no la hay estamos actuando.

Como usted sabe, la declaración de obligación de servicio
público para las islas Canarias y el compromiso presupuestario así lo
demuestran, lo que no estaba hasta ahora.

Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señoría.
(Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora ministra.

Tiene la palabra el senador Quintero por tiempo de cinco
minutos.

El senador QUINTERO CASTAÑEDA: Gracias, señor
presidente.

Señora ministra, en primer lugar quiero agradecerle toda la
información y los datos que ha dado. En ningún momento he dicho que se
esté haciendo poco. Seguramente se está haciendo mucho, pero, como usted
ha dicho, a lo mejor no es lo necesario o todavía nos queda mucho camino
por recorrer.

Antes de nada quiero decirle que en su última intervención
ha hecho referencia a que usted es gestora pública y tiene que garantizar
que el dinero público vaya a quien le está destinado y no a quien
defrauda. Estoy completamente de acuerdo con usted. En ningún momento
hemos querido decir —como cuando en aquella ocasión le hice esa
pregunta— que no se pidiera certificado de empadronamiento y que no
se garantizara que quienes tienen derecho a la subvención son aquellos
que realmente la tienen por ley. Evidentemente. Lo que le quería decir es
que no son aquellos que tienen el derecho a una subvención los que se
tienen que ver perjudicados por esto. En aquel momento le planteaba
muchas circunstancias, como que los domingos no abren los ayuntamientos;
y si no tengo un certificado —y el 84 % de los ayuntamientos
canarios no lo tienen por Internet— y necesito viajar un domingo
por necesidad, no puedo o sí puedo, pero tengo que pagar el doble. Pero
me alegro mucho de las medidas que se están tomando y además la felicito.
Y siempre estaremos al lado de los que persigan a quienes intenten
defraudar con dinero público. En eso estoy completamente de acuerdo con
usted.

También ha hablado de las tarifas. Es verdad que pueden
bajar. Entre Canarias y la Península pueden bajar, pero no pueden bajar,
y no bajan, entre Tenerife y El Hierro; y tampoco bajan entre Gran
Canaria y Lanzarote. Desgraciadamente, esas tarifas son completamente
fijas. Son estas: 78,49 euros por un trayecto de treinta minutos para un
residente, y 160 euros para un no residente. Es decir, estas no bajan. La
mayoría de ustedes habrá viajado en un ATR 72 en las dos compañías que
operan en Canarias, y las tarifas son completamente fijas. Evidentemente,
hay algunas tarifas reducidas que cuestan 25 o 50 euros por trayecto,
pero no son tarifas como las otras. Cuando hay competencia entre Canarias
y la Península o Baleares y la Península es verdad que las tarifas pueden
fluctuar de un día para otro, o en función también de los horarios. Pero
lo cierto es que las tarifas internas no bajan. Y yo le decía ¿de qué se
benefician islas como El Hierro, La Gomera o La Palma de esos catorce
millones de turistas que llegan a Canarias? Pues de muy poco, porque el
coste es muy elevado. Y como usted sabe, la declaración de obligación de
servicio público para el transporte aéreo entre las islas está declarada.
Y le decía antes lo del dinero, porque es muy importante. En el 2006 se
modificó también la obligación de servicio público y tenía el 37%. Subió
al 50%. Y yo le decía: en el 2006 el pasaje costaba 74 euros con el 37%,
y hoy cuesta 78 euros con el 50%. Lo que evidentemente han hecho las
compañías con este sistema ha sido ganar mucho dinero.

Y usted decía que va a licitar el jueves las rutas que
comentábamos antes. Pues para muestra, un botón. Las compañías están
dispuestas a dar la espalda a las islas, y yo las entiendo. Son compañías
privadas y lo que quieren es ganar dinero. Pero como gestores públicos,
con los 285 millones de euros que se destinan al 50% yo lo que le pido es
que no permita eso. No permita que las compañías se enriquezcan con el
dinero de todos. No puede ser eso de que cuando estamos en las buenas
épocas sí trabajo, y cuando no lo estamos obligo al Estado a sacar una
obligación de servicio público para volar, pero que sea rentable para mí.
Lo que yo le planteaba es que creemos que el precio de vuelo entre las

islas es insostenible en estos momentos. De hecho, el
número de pasajeros entre islas está bajando brutalmente por lo caros que
son los precios. Lo que yo le planteaba es que distribuyese usted ese
dinero de otra manera. No sé cómo habrá que hacerlo, y no digo que se
haga al 50%, porque si yo, compañía aérea, mañana pongo el billete a 100
euros usted me paga 50, pero si lo pongo a 120 euros me va a pagar 60,
con lo cual al final quienes están ganando son las compañías aéreas.

Y como estoy convencido —usted lo sabe— de que
las rutas tanto a Canarias como a Baleares son rentables en el conjunto
total, aunque es verdad que hay algunas deficitarias, como esas que usted
va a licitar, sí que puede hacer una obligación de servicio público en el
conjunto de Canarias, con lo cual las compañías siguen sacando beneficios
y los ciudadanos se aprovechan mucho más de esta subvención del 50% que
da el Estado. Se lo digo, señora ministra, porque yo, que vengo de la
isla de El Hierro, hace poco tuve el honor de invitar al presidente del
Senado y a un nutrido número de senadores a que visitaran la isla para
que vieran el efecto de la crisis volcánica que hay allí, y lo que más
les trasladaban todos los sectores económicos, sociales e institucionales
era que la única manera de rescatar la economía de las islas menores es
mirando por el transporte aéreo, y la única manera es abaratando los
costes y con una mayor frecuencia en los vuelos.

Por eso, señora ministra —y termino ya, señor
presidente—, la invito a que intente trabajar en el sentido de
intentar garantizar que con ese dinero, con esos 285 millones de euros
que el Gobierno de España da a los canarios, a las islas Baleares y a
Ceuta y Melilla, sean los ciudadanos los que se vean beneficiados con una
reducción de los precios de los billetes y no sean las compañías.

Muchas gracias, señora ministra.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Quintero.

Tiene la palabra la señora ministra de Fomento por tiempo
de cinco minutos.

La señora MINISTRA DE FOMENTO (Pastor Julián): Señor
presidente, senador Quintero, ha vuelto usted a incidir en los mismos
argumentos de la primera parte de su intervención. Señoría, por un lado
su argumento se basa en que tenemos que garantizar la obligación de
servicio público en todas las rutas. Y usted habla de que hay que
garantizarlo haciendo una OSP global para toda la comunicación entre
islas. Ojalá, señoría, yo pudiera hacer algo como lo que usted plantea,
pero tengo una limitación: el Estado de derecho y la Unión Europea. Yo,
que soy ahora la ministra de Fomento, solo puedo declarar obligación de
servicio público allá donde no haya competencia, pero no puedo hacerlo
con carácter general donde la haya. Es decir, donde están concurriendo
dos o tres aerolíneas y ya se está dando un servicio público yo como
puedo actuar es viendo de qué modo ayudo a esas personas que viven en una
isla a que tengan unas condiciones mejores. (El señor vicepresidente,
Lucas Giménez, ocupa la Presidencia.) Pero en ningún caso, señoría, yo
puedo declarar con carácter general que es obligación de servicio
público, como tampoco lo podría hacer en el resto del territorio no
insular. Por eso, señoría, lo que le estaba planteando es que estamos
actuando yendo a las rutas en que no está garantizada la obligación de
servicio público. Y creo que lo estamos haciendo, señoría, con agilidad
suficiente para dar respuesta a las necesidades de los ciudadanos.

Le ponía el ejemplo de Ceuta. Como usted sabe, en Ceuta
para la comunicación lo que hay es el helicóptero. Pues bien, ante la
compañía que no quiere operar, y a la que no se puede obligar, lo que
hacemos es declarar de forma inmediata una OSP y sacarla a licitación
pública. Pero, señor Quintero, le repito que no se puede declarar
obligación de servicio público allá donde hay concurrencia.

Señoría, también le diré con respecto a los precios de los
billetes que nosotros por lo que tenemos que velar en AENA es por ser
eficientes. Por eso, antes le decía que cuando se habla de las tasas
aeroportuarias y de la repercusión que pueden tener, en este momento los
datos y cálculos que tenemos actualizados indican que la repercusión que
tienen las tasas aeroportuarias en el precio del billete es un incremento
que no llegaría a un 1%, que supone una media de 16 céntimos de euro por
turista. Cuando se está hablando de la repercusión de las tasas, le diría
más, ¿cómo se puede hablar del incremento, de que las tasas están
repercutiendo en el tráfico en las islas si no han entrado en vigor? Es
que se oye de todo. ¿Cómo van a hacer efecto las tasas si todavía no se
han aprobado, señoría? Es imposible.

Por lo tanto, lo que hay que tener es un buen sistema con
precios eficientes, pero, desde luego, en ningún caso nosotros podemos
actuar sobre lo que es un sector liberalizado, señoría. Eso sí, tenemos
que velar porque no haya prácticas ilícitas o irregulares.

Usted ha dicho que algunos ganan mucho dinero. Mire, yo
tengo que velar porque la gente actúe conforme al ordenamiento jurídico y
que concurra en competencia; pero ni entro ni salgo en si tienen una

cuenta de resultados o en su cuenta de resultados. Lo que
tengo es que velar por que las compañías tengan suficientes medios para
poder operar y, por cierto, para que no vuelva a ocurrir lo que
desgraciadamente pasó con Spanair.

También aprovecho para decirle —aunque usted no me lo
ha dicho— en este minuto que me queda que he escuchado algunos
discursos a los que les falta un poquito de solidaridad interterritorial.
Y a veces cuando se habla de los beneficios de unos aeropuertos sobre
otros no se están dando todos los datos. Porque cuando se da el resultado
de un aeropuerto y se dice, por ejemplo, que la EBITDA de un año es de
117 millones no se está contando, por ejemplo, con que la deuda imputable
que está todavía sin pagar es de 592 millones de euros en el caso de las
islas, o la inversión pendiente de amortizar, 1381 millones. Por tanto,
creo que el discurso en el que cabemos todos y en el que debemos caber
todos, es el discurso de la solidaridad interterritorial. Y le agradezco
sus palabras con respecto a lo que ha sido una afirmación: que el
aeropuerto de El Hierro tendrá que preservarse siempre porque su interés
es público y de rentabilidad social.

Y mientras tanto nosotros lo que tenemos que hacer es que
todos los aeropuertos españoles puedan tener unas cuentas saneadas. ¿Para
qué? Para poder operar. Intentar tener el mayor volumen de tráfico
posible. Y con respecto a los ciudadanos, intentar preservar que haya
competencia y que no haya abusos.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Señoría, por
favor.

La señora MINISTRA DE FOMENTO (Pastor Julián): Termino
ya.

Y en esa parte de abusos, señoría, el observatorio que
tenemos en este momento desde la AESA lo que hace es velar precisamente
por la competencia. Y, como le digo, ojalá yo pudiera determinar que toda
España, todas las islas, todo, fuera OSP, pero, desgraciadamente, no
puedo hacerlo.

Muchas gracias, señor presidente. Y muchas gracias,
señoría, por sus palabras. (Aplausos.)

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias,
señoría.

5. MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIÓN

5.1. MOCIÓN POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A LA ADOPCIÓN
DE DETERMINADAS MEDIDAS EN RELACIÓN CON LA APLICACIÓN DEL REAL DECRETO
LEY 14/2012, DE 20 DE ABRIL, DE MEDIDAS URGENTES DE RACIONALIZACIÓN DEL
GASTO PÚBLICO EN EL ÁMBITO EDUCATIVO, SIN DAÑAR LA IGUALDAD DE
OPORTUNIDADES EN UN SISTEMA EDUCATIVO DE CALIDAD PARA TODOS.

(Núm. exp. 671/000018)

AUTOR: GPS

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Punto quinto del
orden del día: Mociones consecuencia de interpelación.

Moción 5.1, por la que se insta al Gobierno a la adopción
de determinadas medidas en relación con la aplicación del Real Decreto
Ley 14/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes de racionalización del
gasto público en el ámbito educativo, sin dañar la igualdad de
oportunidades en un sistema educativo de calidad para todos.

A esta moción consecuencia de interpelación se han
presentado dos enmiendas, una del Grupo Parlamentario Catalán en el
Senado Convergència i Unió y otra del Grupo Parlamentario Popular en el
Senado.

Para la defensa de la moción, tiene la palabra, por tiempo
de cinco minutos, el señor Álvarez Areces, por el Grupo Parlamentario
Socialista.

El señor ÁLVAREZ ARECES: Muchas gracias, señor
presidente.

Señorías, esta moción consecuencia de interpelación tiene
mucho que ver con un tema que hoy es de gran actualidad en nuestro país,
que tiene referencia en el ámbito educativo y que nos lleva a afirmar en
esta presentación que, después de los recortes, de las medidas, de los
planteamientos y de las reformas que se avecinan, hemos llegado a la
convicción de que el Gobierno del Partido Popular quiere cambiar el
modelo educativo de la Transición. Y con recortes y reformas de contenido
ideológico busca un modelo más elitista y más barato, rompiendo la
equidad y lesionando la igualdad de oportunidades.

Esta reflexión tiene una motivación, y es que basta
examinar las medidas que se han tomado en apenas cinco meses efectivos
para ver cómo, desde que el señor Rajoy preside el Gobierno de España, en
el ámbito educativo todo ha ido a peor; e incluso lo que funcionaba bien
se ha deteriorado, como es el caso de la educación. Ahí están el decreto
de no disponibilidad, con el que se van 487 millones de euros, los
Presupuestos Generales del Estado, que recortan la educación en 663
millones de euros, y el Real Decreto Ley 14/2012, de 20 de abril, que
recorta la educación, no en 3000 millones, sino en 3986 millones; así es,
1000 millones más, porque si se leen ustedes la memoria, se darán cuenta
de que entre todos los epígrafes en los que se justifican los recortes se
alcanza la cifra que les acabo de decir. Exactamente en cinco meses se
han recortado 5136 millones de euros, lo que supone más de 33 millones de
euros al día. Sí, lo he dicho bien. Cada día que pasa hay 33 millones de
euros menos para la educación.

Pero esto no queda ahí. En el informe que el Gobierno ha
enviado a Bruselas sobre la actualización del programa de estabilización,
se señala que el gasto público en educación va a pasar del 5,1% del PIB,
que es lo que en el momento álgido alcanzó el presupuesto educativo, a un
3,9% del PIB. Es decir, se prevé más de un punto de PIB menos en los
próximos años. O sea, lo que se está planteando no es una corrección de
lo que está pasando, sino una desinversión aún mayor que va a
imposibilitar de facto el programa de reformas que nos anuncian, parte de
las cuales ya están concitadas para la conferencia sectorial que se
celebrará el próximo jueves, donde van a plantearse algunos decretos que
hacen referencia a becas, a la FP dual y a cuestiones como Educación para
la Ciudadanía.

Estamos, por tanto, ante una contrarreforma que tiene un
contenido profundamente ideológico. Pero, además de afectar al ámbito
educativo, también afecta al desarrollo económico de nuestro país. Las
prioridades del Gobierno van en una dirección completamente contraria a
lo que necesitamos para mejorar la productividad y la creación de empleo.
Es más, se están contradiciendo todas las orientaciones dadas por la
Unión Europea, el Programa 2020 y la propia OCDE, a la que tanto se nos
referencia. Todos nos incitan permanentemente a incrementar el gasto
educativo, como sucedió ayer, por ejemplo, en un foro al que tuve ocasión
de asistir con el comisario europeo de Política Regional, el señor
Johannes Hahn, que nos habló de los programas que están previstos en las
perspectivas europeas, en el marco financiero plurianual, para los
próximos siete años de la Unión Europea. Para el epígrafe 1, que se
titula «Crecimiento integrador e inteligente», se piensan aplicar más de
490 000 millones de euros, a los que hay que añadir la participación de
los Estados miembros, las contribuciones nacionales. Estamos hablando de
las políticas de cohesión, pero también de otros programas que van a
permitir que, desde la Unión Europea, tengamos en los próximos siete años
una disponibilidad del orden de 600 000 millones de euros. Y naturalmente
habló también de austeridad y de crecimiento.

Pues bien, todo ello configura un panorama que
evidentemente nosotros no podemos aceptar. Hoy han tenido lugar
importantes movilizaciones del sector educativo en todos los aspectos;
decenas de miles de personas, estudiantes, profesores, organizaciones
sindicales de distinto signo ideológico y miembros de instituciones
pertenecientes a la Universidad, como la CRUE, así como organizaciones de
padres y madres, han dicho no a todo lo que pasa.

Por tanto, nuestra posición…

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Señoría, vaya
finalizando, por favor.

El señor ÁLVAREZ ARECES: Termino ya, señor presidente.

Como digo, nuestra posición en este ámbito no es
exclusivamente partidaria. Creemos que la educación es una inversión de
futuro, creemos que debe haber diálogo, creemos que estos recortes, estas
medidas tienen que retirarse porque dañan a la educación pública, que es
un gran patrimonio de nuestro país. Estamos hablando del mayor recorte
que ha habido en nuestro país en treinta y cinco años de democracia, y
desde luego las movilizaciones de hoy son el preludio de un profundo
descontento social en el ámbito educativo y de una contradicción con las
políticas que tiene que desarrollar España para salir de la crisis.

Gracias. (Aplausos.)

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Muchas gracias,
señoría.

Señorías, pasamos a la defensa de las enmiendas.

En primer lugar, para la defensa de la enmienda del Grupo
Parlamentario de Convergència i Unió, tiene la palabra el senador
Alturo.

El señor ALTURO LLOAN: Moltes gràcies, senyor
president.

Senyories, molt bona tarda. El nostre grup parlamentari ha
presentat una esmena de modificació a la moció conseqüència
d’interpel·lació que ens acaba de presentar i de plantejar el Grup
Socialista, bàsicament per les següents raons. En primer lloc, hem de dir
clar que les competències educatives, gairebé en la seva totalitat, estan
transferides a les comunitats autònomes, i que entorn aproximadament
d’un 90% la despesa en educació l’estan efectuant i
realitzant també les comunitats autònomes.

Per tant, quan nosaltres denunciem que el ministre
d’Educació, amb la retallada que fa a l’educació a través del
Reial Decret Llei 14/2012, de 20 d’abril, de mesures urgents de
racionalització de la despesa pública en l’àmbit de
l’educació sense danyar la igualtat d’oportunitats en un
sistema de qualitat per a tots —crec que aquest títol és ja una
mica irònic en aquesta línia—, el que realment està fent és una
centrifugació del seu dèficit i una invasió clara de les competències que
tenen assignades les comunitats autònomes.

Per a nosaltres, el fet que també tots els programes de
cofinançament que estaven establerts, que d’alguna manera ajudaven
a les comunitats autònomes a fer i tirar endavant determinats programes
educatius, s’hagin retallat en aquesta línia i que pràcticament la
majoria s’hagin suprimit, d’alguna manera evidencia que tenim
aquí un problema. Després, en el torn de portaveus, m’hi referiré
de manera més àmplia.

Per tant, i d’acord amb aquest tema que acabo
d’exposar, el plantejament que fem és que la nostra esmena té per
objectiu instar al Govern a continuar garantint aquesta atenció educativa
de qualitat i la igualtat d’oportunitats en matèria educativa, per
la qual cosa, vist que el 90% aproximadament, com he dit abans, de la
despesa en educació es realitza per part de les comunitat autònomes,
instem al Govern a distribuir els ingressos que realitza la pròpia
Administració de l’Estat com a conseqüència de la pressió fiscal,
de forma que una part reverteixi a les comunitat autònomes per poder fer
front a aquestes situacions a les quals fem referència.

Per tant, nosaltres el que fem és plantejar aquesta esmena
de modificació, de substitució en la línia general que ha plantejat el
portaveu socialista, i que nosaltres entenem que engloba gran part ja
dels plantejaments que ell fa en la moció en qüestió. Li demanaríem que
accepti la nostra esmena que d’alguna manera crec que té un calat
de major profunditat i que en definitiva allò que pretén és dotar a les
administracions autonòmiques, ja que tenen les competències, dels
recursos corresponents per poder-les atendre i mantenir aquesta qualitat
educativa que nosaltres defensem sempre.

Gràcies.

Muchas gracias, señor presidente.

Buenas tardes, señorías. Mi grupo parlamentario ha
presentado una enmienda de modificación a la moción consecuencia de
interpelación que acaba de defender el Grupo Socialista debido
básicamente a los siguientes motivos. En primer lugar, debo decir
claramente que las competencias educativas están transferidas casi en su
totalidad a las comunidades autónomas y que aproximadamente alrededor de
un 90% del gasto en educación también lo están realizando las comunidades
autónomas.

Así pues, cuando denunciamos que el ministro de Educación
lo que realmente hace en educación a través del Real Decreto Ley 14/2012,
de 20 de abril, de medidas urgentes de racionalización del gasto público
en el ámbito de la educación sin dañar la igualdad de oportunidades en un
sistema de calidad para todos —creo que este título es ya un poco
irónico en esta línea— es una centrifugación de su déficit y una
invasión clara de las competencias que tienen asignadas las comunidades
autónomas.

Por tanto, para nosotros el hecho de que todos los
programas de cofinanciación establecidos, que de alguna forma ayudaban a
las comunidades autónomas a hacer determinados programas educativos, se
hayan recortado en esta línea y que prácticamente la mayoría de ellos se
hayan suprimido, pone en evidencia que aquí hay un problema. Pero
después, en el turno de portavoces, me referiré a ello de forma más
amplia.

Así pues, y de acuerdo con todo esto que acabo de exponer,
entendemos que nuestra enmienda tiene como objetivo instar al Gobierno a
continuar garantizando esta atención educativa de calidad y la igualdad
de oportunidades en materia educativa por lo cual, visto que
aproximadamente el 90% del gasto en educación se realiza por parte de las
comunidades autónomas, instamos al Gobierno a distribuir los ingresos que
realiza la propia Administración del Estado como consecuencia de la
presión fiscal, de forma que una parte de ellos revierta en las
comunidades autónomas para hacer frente a estas situaciones a las que nos
referimos.

Por lo tanto, nosotros presentamos esta enmienda de
sustitución en la línea general que ha planteado el portavoz socialista,
que entendemos que engloba muchos de los planteamientos que él realiza en
la moción en cuestión. Le pedimos que la acepte porque tiene un calado
más profundo y, en definitiva, pretende dotar a las administraciones
autonómicas de las competencias y los recursos correspondientes para
poder atender esas competencias y mantener esa calidad educativa que
defendemos siempre.

Gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Por el Grupo
Parlamentario Popular en el Senado, tiene la palabra el senador Peral
para la defensa de la enmienda.

El señor PERAL GUERRA: Muchas gracias, presidente.

Señorías, en primer lugar, ante los incidentes que hoy se
han producido en el sistema educativo de España y por encima del
recurrente debate que se producirá inevitablemente sobre las cifras, sí
quisiera pedir a todos los portavoces que intervendrán a continuación una
declaración inequívoca de rechazo a los actos violentos e ilegales con
los que una minoría de radicales ha querido perturbar la convivencia en
los centros educativos.

Así ocurrió también el jueves pasado, cuando con motivo de
la inauguración de la toma de posesión del nuevo rector de la Universidad
Politécnica de Madrid hubo un intento de asalto del vehículo de la
viceconsejera de Educación de la Comunidad de Madrid, Alicia Delibes, en
medio de amenazas, insultos y golpes al vehículo. Y así ha ocurrido
también hoy en el campus de Somosaguas de la Universidad Complutense de
Madrid, donde se han instalado barricadas para impedir el acceso a los
edificios, en el campus Barri Vell de la Universitat de Girona, o la
ocupación por sesenta personas del despacho del consejero de Educación de
las islas Baleares, o el intento de ocupación de la Consejería de
Educación, Formación y Empleo de la Comunidad Valenciana. (Rumores.)

Por eso les pido a todos los grupos una condena inequívoca
de estos actos y de estas personas, para que quede claro que ningún grupo
de esta Cámara apoya a estos borrokaides de la educación, a estos tonton
macoutes de la educación, a estos camisas pardas de la educación, que muy
poco tienen que ver con los derechos constitucionales de reunión, de
manifestación y de expresión. (Aplausos.)

La moción presentada por el Grupo Parlamentario Socialista
obliga al Grupo Popular a una necesaria disección de la misma.
Coincidimos punto por punto en los objetivos educativos que se detallan
en el segundo párrafo de la moción: incrementar la calidad, la igualdad
de oportunidades, buscar la excelencia sin perder la equidad, considerar
la educación y la investigación como verdaderas prioridades, apoyar a
docentes investigadores para reducir el abandono escolar y lograr una
sociedad más formada y una economía más moderna y competitiva.

Discrepamos profundamente, señorías, en que para alcanzar
esos objetivos sean precisas las medidas que se reclaman en el primer
párrafo de la moción en relación con los Presupuestos Generales del
Estado para el año 2012 y con el Real Decreto Ley sobre racionalización
del gasto educativo. Y por supuesto que no podemos aceptar una exposición
de motivos que incluye frases más propias de un fervorín mitinero
(Rumores.), como por ejemplo «El mayor retroceso en las políticas
educativas de todo el período democrático» o «El mayor ataque a la
educación pública en España». Al leerla pensé que el mayor ataque a la
educación pública en España se produjo con las leyes educativas
socialistas, con la LOGSE y sus derivados. (Protestas.) Con ellas el
sistema educativo perdió en calidad, perdió en exigencia, en respeto y en
convivencia en las aulas, en la autoridad del profesor, en la transmisión
de conocimientos y valores y también, señorías, en la promoción de la
igualdad de oportunidades y de la educación como instrumento de movilidad
social. (Protestas.)

Si las administraciones educativas bajan el listón en la
calidad, en la exigencia, en los contenidos de las asignaturas, en el
respeto y en la convivencia en las aulas en la educación obligatoria, las
familias que puedan permitírselo —y entre ellos las de muy notorios
socialistas— adoptarán las medidas oportunas para que sus hijos no
se vean afectados en la medida de lo posible por estas medidas, y de esta
forma tendrán estos hijos una ventaja respecto a los demás. Y por eso las
leyes educativas socialistas en España han perjudicado la igualdad de
oportunidades.

Y por todos estos motivos hemos presentado una enmienda de
sustitución que, en la línea del párrafo segundo de la moción del Grupo
Socialista, insta al Gobierno a asegurar la sostenibilidad y calidad de
los servicios sociales básicos y del Estado de bienestar, incrementando
la calidad de la educación, asegurando la gratuidad de la educación
pública y la igualdad de oportunidades, manteniendo, señorías, los
niveles de

las becas y ayudas al estudio de los últimos años, teniendo
en cuenta el rendimiento académico de los beneficiarios y fomentando la
investigación, la innovación y la creatividad.

Básicamente hay una enorme coincidencia entre nuestra
enmienda de sustitución y el punto segundo de su moción. (El señor
presidente ocupa la Presidencia.) Si ustedes lo que quieren es ejercer su
derecho de criticar al Gobierno, díganlo claramente, pero si lo que
quieren es la mejora de la calidad, la mejora en la igualdad de
oportunidades y la mejora de la educación en general, apoyen nuestra
moción.

Gracias, señorías. Gracias, señor presidente. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Peral.

Tiene la palabra el senador Álvarez Areces para indicar si
acepta o no las enmiendas, por un tiempo de cinco minutos.

El señor ÁLVAREZ ARECES: Gracias.

Voy a responder a la propuesta de enmiendas.

En primer lugar, lamento que no se pueda considerar de
adición la enmienda de Convergència, porque la hubiese aceptado
claramente. Es una enmienda cuyo contenido comparto. Lo lógico es dotar
de recursos a las comunidades autónomas, ya que el gasto educativo está
descentralizado en las comunidades autónomas, que son las competentes en
la gestión. Y ese es el contenido que comparto. Al ser una enmienda de
sustitución, equivale a sustituir el texto que he presentado por ese y,
claro, se perderían las reflexiones sobre lo que está pasando en estos
momentos y no lo puedo aceptar, aunque lo lamento.

En cuanto a la enmienda del Grupo Popular, aunque hay
algunas consideraciones sobre política educativa de definiciones que,
sinceramente, se podrían compartir en términos abstractos, en lo
concreto, al eliminar toda referencia a la crítica de lo que está
sucediendo, es obvio que no coincide para nada con la formulación de
todas estas palabras de excelencia, de calidad, de equidad, de
reconocimiento de derechos, etcétera. Es una contradicción total, aquí
hay una perversión del lenguaje que estamos continuamente aceptando como
normal y, sinceramente, no se puede aceptar como normal cuando las
palabras y los discursos se contradicen con los hechos.

Reitero la palabra —la he utilizado desde hace mucho
tiempo—, no solo la palabra, la afirmación de que es el mayor
recorte en treinta y cinco años de democracia; díganme ustedes un período
educativo —creo que he estado a lo largo de todo el período
democrático, desde una perspectiva política, interviniendo en la gestión
de la educación— en el que, en cinco meses, se hayan recortado más
de 5000 millones de euros, y se anuncia que en los próximos años se van a
recortar más de 10 000 millones de euros — un punto del PIB
equivale a 10 000 millones de euros, y se anuncian más de 10 000
millones— suponiendo que no hagan nuevas reformas y nuevos
planteamientos. Eso, evidentemente, es insostenible y me reafirmo en que
es el mayor recorte en democracia, la mayor agresión a la enseñanza
pública. Por eso decimos que ese camino está ideologizado, aunque ustedes
no lo acepten, porque no afecta para nada a la enseñanza concertada y
muchos sectores que no tienen nada que ver con el perfil ideológico que
pudiera representar nuestra formación política hoy se han sumado a las
movilizaciones, incluso hay personas que sin estar en las movilizaciones
están en profundo desacuerdo con todo lo que está sucediendo, porque
además no es política europea. No me hablen ustedes de la Estrategia
Europea 2020, porque va justo en la dirección contraria, ni me hablen de
prioridades en la educación, porque, evidentemente, una prioridad, en un
presupuesto, no puede ser recortar más que el promedio; las prioridades
en política tienen que ser políticas y presupuestarias (Aplausos.) Los
recortes tienen profundo carácter ideológico y lo peor está por venir, no
solo en el ámbito económico, porque el borrador de Educación para la
Ciudadanía se presenta ya en la próxima Conferencia Sectorial. Las becas,
junto con la subida de las tasas, es algo imposible de admitir; podría
admitirse una subida progresiva, pactada con los responsables de la
universidad —todos los años subíamos un pequeño porcentaje, se iba
acomodando—, puede ser discutible, lo que es absolutamente
inaceptable es que, además de una subida progresiva de tasas, se rebajen
de facto las becas, porque en términos cuantitativos, aunque se diga que
se mantiene cantidad en lo que significa becas generales, se están
poniendo condiciones académicas mucho más lesivas que impiden que muchas
familias puedan enviar el próximo curso académico a sus hijos a la
universidad. (Aplausos.) Pero todavía es mucho peor lo que va a suceder
con el mantenimiento. Tal como se está planteando el asunto de las becas,
es un auténtico atropello, una pérdida de derechos que afecta a la
igualdad de oportunidades en nuestro país. Probablemente es la más grave
de todas las medidas que se están tomando en estos momentos y tenemos que
denunciarlo, como tenemos también

que denunciar un intento progresivo que se está inculcando
en algunas comunidades autónomas de pretender convertir la libertad de
elección de centro en el derecho número uno, por encima de la
planificación educativa. Esto significaría dualizar el sistema público,
es decir, romper la equidad, la igualdad en el acceso. En territorios
rurales sería prácticamente la liquidación de la escuela pública,
convertir esto en un eje de enseñanza elitista que destroza la
equidad…

El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría.

El señor ÁLVAREZ ARECES: Nosotros, y termino ya, señor
presidente, queremos excelencia, pero excelencia con equidad. Nunca vamos
a renunciar a ese principio porque eso forma parte de las mejores
políticas educativas de la historia educativa de nuestro país, pero
también de las mejores políticas europeas en educación. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Álvarez
Areces.

Pasamos al turno de portavoces.

¿Grupo Mixto? (Denegación.)

No hay intervenciones.

Por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado, tiene la
palabra la senadora Martínez, por tiempo de cinco minutos.

La señora MARTÍNEZ MUÑOZ: Pasa den astean errege lege
dekretua baliotzera bertaratu ginen Kongresura. Momentu horretan,
legebiltzar talde gehienek hezkuntzaren murrizketei egindako ukapenean,
Gobernuaren bakardadea argi geratu zen. Legebiltzar taldeek esadakoaren
artean, badaude hainbat gai, nik neuk aurretik aipatu ditudanak hezkuntza
sektorearekin erlazionatutako hainbat galdera eta mozioetan. Eta gaur
berriro errepikatuko ditut hemen, Alderdi Popularraren gobernuak hain
gogokoa duen errege lege dekretuen baliozkotze prozedurak, eztabaida
ganbera honetatik kanpo uzten baitu. Ganbera honek hain zuzen ere,
lurralde ordezkaritza bokazioa dauka, eta ez dago zertan gogoratu
hezkuntza, autonomia erkidegoen konpetentzia izanik, hezkuntza
eremuarekin zerikusia duten neurri guztiek ganbera honetan eztabaidatzea
garrantzitsua dela, eta oso beharrezkoa ere, akordioak lortzeko.

La semana pasada asistimos en el Congreso a la aprobación
del real decreto ley. En ese momento se hizo evidente que el Gobierno
está solo, puesto que la mayoría de los grupos parlamentarios rechazó las
reducciones propuestas en el ámbito educativo. Muchas cuestiones
planteadas por los grupos parlamentarios del Congreso las he mencionado
yo aquí con anterioridad en varias preguntas y mociones relacionadas con
el sector educativo y hoy voy a volver a repetir esas cuestiones, ya que
el procedimiento para la aprobación de los reales decretos leyes, que
tanto gusta al Gobierno del Partido Popular, excluye ese tipo de debates
en esta Cámara. La vocación de esta Cámara es precisamente la de
representatividad territorial, y no hace falta recordar que, siendo la
educación una competencia que corresponde a las comunidades autónomas, es
muy importante, además de muy necesario, debatir en esta Cámara todas las
medidas relacionadas con el ámbito educativo para poder lograr
acuerdos.

Pero es evidente que el Gobierno no está buscando
complicidades en este tema, no ha hecho el más mínimo esfuerzo en buscar
consensos con nadie. Está solo, absolutamente solo, como lo estuvieron
anteriores Gobiernos, por cierto, cuando reformaron la educación, y así
le va a la educación en España.

Resulta evidente, y no porque lo diga yo, sino porque lo
dicen voces mucho más autorizadas por las décadas que llevan dedicadas en
cuerpo y alma a la enseñanza y la gestión educativa, que es imposible que
ninguna reforma educativa obtenga resultados visibles en el corto y medio
plazo. Son necesarios años de maduración del sistema para que este se
asiente y consiga afianzar su metodología pedagógica y de gestión lo
suficiente como para poder avanzar mínimamente en la consecución de sus
objetivos.

En España ha habido tantas reformas educativas como
Gobiernos de uno u otro color, todas ellas impulsadas más o menos en
solitario por el Gobierno de turno, sin consenso, sin acuerdo y, por lo
tanto, abocadas desde su origen a una muerte anunciada. Y cuando hablo de
consenso, me refiero, en primer lugar, a la comunidad educativa en su
sentido más amplio, a padres, estudiantes, rectores universitarios,
directores de secundaria, profesores y un largo etcétera de agentes del
sector. Ellos saben perfectamente qué hay que reformar.

En segundo lugar, debe buscar también el consenso de las
comunidades autónomas, que son las competentes en dicha materia,
limitando la legislación básica a aquellos ámbitos generales en los que
haya consenso y dejando que sean las propias comunidades autónomas
quienes regulen su propio

sistema educativo como mejor convenga, según sus
peculiaridades sociales, poblacionales, económicas, lingüísticas,
geográficas e incluso políticas. Ellas saben perfectamente también cómo
hay que desarrollar legislativamente la reforma desde el respeto a los
diferentes ámbitos competenciales.

Por último, se debe buscar el consenso más importante de
todos, el consenso de la oposición, pues en sus manos está poner fecha de
caducidad o no a cualquier reforma educativa. Si se consiguen los dos
consensos anteriores, este último consenso caerá por su propio peso y es
este precisamente el que dará una posibilidad de éxito a cualquier
reforma educativa que se ponga en marcha al garantizar su permanencia en
el tiempo lo suficiente como para poder avanzar en la mejora de la
calidad y la búsqueda de la excelencia educativa.

Por lo tanto, he aquí el primer argumento para rechazar no
solo esta, sino cuantas medidas educativas vengan inspiradas desde la
unilateralidad de un Gobierno empecinado en hacer valer su fuerza de
voluntad y la fuerza de su mayoría absoluta frente al resto del sector y
de las fuerzas políticas.

Me referí en su día, en el debate de una moción sobre el
contenido de este Decreto 14/2012, a las razones por las que mi grupo no
comparte las medidas de recorte que afectan a la educación primaria,
secundaria y profesional. Hoy me referiré al ámbito universitario y al
efecto de estas medidas de ajuste, que no de reforma, como bien señala
siempre el ministro Wert, en el acceso a la universidad y en el
desarrollo a la docencia universitaria.

En cuanto a las tasas universitarias, su incremento se ha
venido sustentando por el Ministerio de Educación con un doble argumento.
Para la primera matrícula el incremento del coste estaría justificado por
la necesidad de adecuar el coste de la matrícula al coste real de
impartición de la asignatura en aras de una mejor eficiencia financiera
de los recursos públicos destinados a la educación universitaria.

En cuanto a las sucesivas matriculaciones, el argumento
esgrimido por el ministerio para justificar el brutal incremento no es
otro que el de garantizar el rendimiento académico del alumnado
penalizando a quienes suspenden. Pues bien, no voy a entrar a valorar las
dificultades que esto supondría para muchas familias con hijos e hijas
universitarias. La huelga convocada hoy en varios puntos de España ya se
ha encargado de incidir a este respecto. Pero sí quiero señalar otro
argumento en contra sobre el que se habla menos pero que también es
preocupante, y es que resulta que el coeficiente entre inversión y número
de alumnos es muy dispar entre las diferentes universidades públicas, el
grueso de cuya financiación pública proviene, además, de los presupuestos
autonómicos, como bien han señalado los senadores de CiU en su moción
anterior.

Sería lógico, por tanto, que fuesen las comunidades
autónomas las que estableciesen los costes de matriculación sobre la base
de su coste real y de sus particulares indicadores socioeconómicos. Pero
es que, además, el decreto no hila fino, no baja al suelo para calibrar
el efecto real de las medidas que contiene. Así, sucede que en muchas
universidades la primera matrícula es obligatoria para todas las
asignaturas. ¿Y las personas que estudian y trabajan?

El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría.

La señora MARTÍNEZ MUÑOZ: ¿Y quienes están compaginando
otros estudios con el estudio universitario? A ellos, en buena parte de
las universidades, no se les permite una primera matriculación parcial.
Se les obliga a matricularse de todas las asignaturas del curso y luego
se les penalizará por no aprobar todo y tener que recurrir a posteriores
matriculaciones.

Por último, quiero referirme a la cuestión de los sexenios
de investigación. Los ajustes recogidos por el real decreto parten de una
concepción negativa, peyorativa o minusvaloradora de la función docente
frente a la función investigadora, cuando es evidente que tanto una como
otra función son interdependientes, complementarias e igualmente
necesarias para el funcionamiento óptimo del sistema universitario, al
igual que el desempeño de cargos administrativos dentro de la
universidad.

El señor PRESIDENTE: Termine, señoría, por favor.

La señora MARTÍNEZ MUÑOZ: Ya termino.

Tampoco se puede negar que los jóvenes investigadores que
ingresan en el cuerpo docente de la universidad —los más activos en
materia de investigación, todo hay que decirlo—, por mor de este
nuevo decreto verán muy limitado su nivel de dedicación a la
investigación porque ellos, sí o sí, deberán dedicar al menos treinta y
dos créditos a impartir clases. Este es el segundo motivo que nos lleva a
rechazar los contenidos del decreto.

Por tanto, mi grupo votará a favor de esta moción
consecuencia de interpelación.

Muchas gracias. Eskerrik asko.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Martínez.

Por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya,
tiene la palabra la senadora Sequera, por tiempo de cinco minutos.

La señora SEQUERA GARCÍA: President, senyories, estem
davant d’una sèrie de retallades de la despesa amb la finalitat de
traslladar als mercats financers una mostra de la voluntat del Govern
espanyol del Partit Popular d’emprendre accions per afavorir la
recuperació econòmica del país. El resultat és que tots els indicadors
financers respecte l’Estat espanyol empitjoren dia a dia. La
resposta d’aquests mercats és que no es convencen. No són les
encertades perquè van totalment en contra de tot allò que pot contribuir
a la recuperació i al creixement econòmic del país, i és que el primer
objectiu pel qual cap apostar és pel capital humà. Un país sense una
societat ben formada difícilment millorarà la productivitat, la
competitivitat i la conseqüent creació de llocs de treball. Simplement es
tracta d’aplicar el sentit comú.

Amb les mesures adoptades s’atempta contra
l’equitat d’accés als estudis. Cap persona hauria de trobar
impediments per poder formar-se i menys encara econòmics. El ministre
Wert afirma que no es legislarà una nova llei d’educació, però es
dicten decrets que contradiuen els principis fonamentals de la Llei
d’educació que avui encara està en vigor, i vulnera les
competències transferides a les comunitats autònomes.

L’enriquiment en coneixements de l’ésser humà
és un dret en benefici de la pròpia humanitat i cap Govern que es
consideri d’un país desenvolupat pot adoptar mesures que hi van
totalment en contra. Amb el Reial Decret Llei 14/2012, i els Pressupostos
Generals de l’Estat pel que s’està apostant —malgrat
que es vulgui disfressar amb altres paraules— és la precarietat de
condicions laborals, menys inversió i manteniment, menys subvencions i
beques d’estudi, menys mestres i més alumnes, increment de les
taxes, i no es garanteix en absolut l’equitat, la integració, la
cohesió social, la igualtat d’oportunitats i l’arrelament al
territori.

Si el que pretén el ministre Wert és destacar entre els
seus col·legues de Govern ho està aconseguint. Avui ha escrit una pàgina
més de la història d’Espanya, en la qual ell és el protagonista.
Per primera vegada a la història tot el sector —docents, pares i
mares, estudiants, i de tots els nivells educatius—, es manifesten
de forma general a tot el país a causa de les decisions preses pel
Govern. La societat està manifestant que el resultat de les accions
empreses constitueixen un retrocés social en formació i, per altra banda,
incrementa de forma molt negativa els impediments per a la recuperació
econòmica del país. No s’està acceptant l’acció del
Govern.

De ben segur que en el torn de paraula del Grup
Parlamentari Popular es podrà sentir que van obtenir un recolzament
massiu que els va atorgar la majoria absoluta en les passades eleccions
generals. Però examinant el programa electoral del Partit Popular,
comparant-lo amb les mesures adoptades un cop al Govern pel Ministeri, no
és gens difícil arribar a la conclusió que s’ha produït una estafa
electoral com mai s’havia vist. En el cas que ens ocupa, el Partit
Popular va vendre uns compromisos que entre d’altres deien: Nos
comprometemos a que nuestros hijos puedan recibir la misma educación,
independientemente de las comunidades autónomos en las que estudien, y de
la situación socioeconómica, garantizando la igualdad de oportunidades.
El Reial Decret deixa en mans de les comunitats autònomes la decisió de
quin tipus d’increment s’han d’aplicar a les taxes
—un màxim i un mínim— per tant, es contradiu totalment.

Potenciaremos las nuevas tecnologías y los idiomas en todo
el sistema educativo. El senyor Wert va manifestar en aquesta sala que no
aposta per les noves tecnologies. Per tant, també es contradiu.

Impulsaremos la extensión de la educación infantil de 0 a 3
años. I aquí sí que la contradicció és capital. En el darrer Ple, el
senyor Wert va dir que l’educació de 0 a 3 anys és un tema de
serveis socials, però en canvi la proposta està inclosa dins el programa
electoral d’educació. Per tant, primer caldria que es posessin
d’acord i unifiquessin criteris dins el seu propi Partit.

Instauraremos una nueva modalidad de formación profesional
de carácter dual impulsando un ambicioso programa becas-salario. Però no
hem pogut apreciar cap partida pressupostària en aquest sentit i el
proper curs s’inicia el proper mes de setembre. Per tant, un altre
incompliment.

Promoveremos un proceso de internacionalización y la
modernización de las universidades españolas, siendo un referente de
calidad y de excelencia. Aquí li he de fer una consideració. Si el Govern
vol aconseguir aquesta fita, en cap cas pot permetre les formes amb què
ho ha fet parlant sobre els professionals docents de la universitat. És
verdaderament lamentable les paraules emprades referint-se a

l’activitat docent investigadora de les universitats
de l’Estat. I faig aquesta consideració perquè la proposta és
positiva, però no podem obviar que no ho aconseguirem si no comptem amb
la col·laboració implícita dels docents.

I de ben segur que estan pensant en fer esment en la seva
intervenció el Grup Parlamentari Popular que totes aquestes mesures
s’han hagut de prendre per la situació que s’han trobat. Això
ja no és una excusa. La prova la tenen avui al carrer. Davant una
situació crítica com la que vivim, cal prendre decisions i demostrar
quines són les prioritats d’un Govern. Això és governar, i el cert
és que no ho estan fent. Cal que quedi clar que les mesures que han
adoptat corresponen realment a les prioritats que com a partit polític
defensen. És ideologia pura i dura. A nosaltres no ens sobta —els
coneixem prou bé—, és la ciutadania que està enfadada. I no tan
sols ho diu la ciutadania. També ho diuen altres informes més recents,
com per exemple la OIT, que manifesten un retrocés important com a
societat competitiva.

Manifestem el nostre recolzament a tot el sector educatiu,
apostem pel nostre sistema educatiu públic, essent conscients que sempre
es pot millorar, però que la nostra millora no passa per dilapidar la
igualtat d’oportunitats i la qualitat d’una educació
pública.

El sentit del vot del Grup Parlamentari de l’Entesa
serà afirmatiu. Gràcies. (Aplaudiments.)

Presidente, señorías, estamos ante una serie de recortes
del gasto con la finalidad de trasladar a los mercados financieros una
muestra de la voluntad del Gobierno español del Partido Popular de
adoptar medidas para favorecer la recuperación económica del país. El
resultado es que todos los indicadores financieros relativos al Estado
español empeoran día a día. La respuesta de estos mercados es que no se
convencen. Estas medidas no son las acertadas porque van totalmente en
contra de todo aquello que puede contribuir a la recuperación y al
crecimiento económico del país, y es que el primer objetivo por el que
hay que apostar es por un país con una sociedad bien formada, porque sin
ella no mejorará la productividad, la competitividad y la consecuente
creación de puestos de trabajo. Simplemente se trata de aplicar el
sentido común.

Con las medidas adoptadas se atenta contra la equidad de
acceso a los estudios, cuando ninguna persona debería encontrar
impedimento para poder formarse, y todavía menos si esos impedimentos son
económicos. El ministro Wert afirma que legislará una nueva ley de
educación, pero se dictan decretos que contradicen los principios
fundamentales de la Ley de educación, que hoy todavía está en vigor, y
vulneran las competencias transferidas a las comunidades autónomas.

El enriquecimiento de los conocimientos del ser humano es
un derecho en beneficio de la propia humanidad, por lo que ningún
Gobierno de un país desarrollado puede adoptar medidas en contra de ello.
Con el Real Decreto-ley 14/2012, los Presupuestos Generales del Estado
están apostando —aunque se quiera disfrazar con otras
palabras— por la precariedad de las condiciones laborales, por una
menor inversión y mantenimiento, por menos subvenciones y becas de
estudios, menos maestros y más alumnos, por un incremento de las tasas,
además de no garantizar en absoluto la equidad, la integración, la
cohesión social, la igualdad de oportunidades y el arraigo al
territorio.

Si lo que pretende el ministro Wert es destacar entre sus
colegas del Gobierno, lo está consiguiendo. Hoy ha escrito una página más
de la historia de España, en la que él es el protagonista. Por primera
vez en la historia todo el sector —docentes, padres y madres,
estudiantes de todos los niveles educativos— se manifiestan de
forma general en el país a causa de las decisiones adoptadas por el
Gobierno. La sociedad está manifestando el resultado de las acciones
adoptadas, que constituyen un retroceso social en formación y, por otro
lado, incrementan de forma muy negativa los impedimentos para la
recuperación económica del país. No se está aceptando la acción del
Gobierno.

Estoy totalmente segura de que en el turno de palabra del
Grupo Parlamentario Popular les escucharemos decir que contaron con un
apoyo masivo en las pasadas elecciones generales. Sin embargo, examinando
el programa electoral del Partido Popular, y comparándolo con las medidas
adoptadas por el ministerio, no es difícil llegar a la conclusión de que
se ha producido una estafa electoral como nunca antes se había visto. En
el caso que nos ocupa, el Partido Popular adoptó unos compromisos que,
entre otros decían: Nos comprometemos a que nuestros hijos puedan recibir
la misma educación, independientemente de las comunidades autónomas en
las que estudien y de la situación socioeconómica, garantizando la
igualdad de oportunidades. El real decreto deja en manos de las
comunidades autónomas la decisión del tipo de incremento —un máximo
y un mínimo— a aplicar en las tasas. Por lo tanto, se contradice
totalmente.

Potenciaremos las nuevas tecnologías y los idiomas en todo
el sistema educativo. El señor Wert manifestó en esta sala que no
apostaba por las nuevas tecnologías. Por lo tanto, también se
contradice.

Impulsaremos la extensión de la educación infantil de 0 a 3
años. La contradicción aquí es capital. En el último Pleno, el señor Wert
dijo que la educación de 0 a 3 años es un asunto de los servicios
sociales, pero, en cambio, la propuesta está incluida dentro del programa
electoral de educación. Por lo tanto, lo primero que deberían hacer es
ponerse de acuerdo y unificar criterios dentro de su propio partido.

Instauraremos una nueva modalidad de formación profesional
de carácter dual impulsando un ambicioso programa becas-salario. Sin
embargo, no hemos podido apreciar ninguna partida presupuestaria en este
sentido y el próximo curso se inicia en el mes de septiembre. Por lo
tanto, otro incumplimiento.

Promoveremos un proceso de internacionalización y la
modernización de las universidades españolas, siendo un referente de
calidad y de excelencia. Aquí debo hacerle una consideración. Si el
Gobierno quiere conseguir este hito, en ningún caso puede permitir que se
hable de la forma en que se ha hecho sobre los profesionales docentes de
la universidad. Es verdaderamente lamentable que se hayan utilizado esas
palabras refiriéndose a la actividad docente de las universidades del
Estado. Hago esta consideración porque, aunque la propuesta es positiva,
no podemos obviar que no lo conseguiremos si no contamos con la
colaboración implícita de los docentes.

Seguro que el Grupo Parlamentario Popular manifestará en su
intervención que todas estas medidas se han tenido que adoptar por la
situación que se han encontrado. Esto ya no es excusa. La prueba la
tienen hoy. Con una situación crítica como la que vivimos se deben tomar
decisiones y demostrar cuáles son las prioridades del Gobierno. Eso es
gobernar y lo cierto es que no lo están haciendo. Hay que dejar claro que
las medidas que han adoptado corresponden a las prioridades que como
partido político defienden. Es ideología pura y dura. A nosotros no nos
llama la atención —les conocemos bien—, es la ciudadanía la
que está enfadada. Y no solo lo dice la ciudadanía, sino también otros
informes más recientes como, por ejemplo, el de la OIT, que ha
manifestado nuestro importante retroceso como sociedad competitiva.

Nuestro grupo manifiesta su apoyo al sector educativo y
apuesta por un sistema educativo público, siendo conscientes de que
siempre se puede mejorar, pero que nuestra mejora no pasa por dilapidar
la igualdad de oportunidades y la calidad de la educación pública.

Por lo tanto, el voto del Grupo Parlamentario Entesa será
afirmativo.

Gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Sequera.

Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado
Convergència i Unió, tiene la palabra el senador Alturo.

El señor ALTURO LLOAN: Moltes gràcies, senyor
President.

Fa aproximadament un mes que li feia al ministre
d’Educació, a la sessió de control del Govern la següent pregunta,
per què el Govern decideix rebaixar la dotació a les comunitats autònomes
en l’àmbit de l’educació abans d’ajustar i de reformar
altres costos que corresponen a l’Administració General de
l’Estat?

Jo crec que, el que llavors vaig al ministre avui és del
tot vàlid, doncs estem parlant gairebé del mateix. Aquesta moció
conseqüència d’interpel·lació, que ens presenta el senador Álvarez,
demana la retirada del Reial Decret-llei 14/2012 i adoptar mesures per
incrementar la qualitat del sistema educatiu, fomentar la igualtat
d’oportunitats, per tant no retallar en beques, reduir el fracàs
escolar, entre d’altres mesures, bàsicament.

Bé, estem d’acord amb aquestes propostes, però
segurament amb arguments diferents, o també amb altres arguments dels que
vostè, senador Álvarez, ens planteja.

En la interpel·lació que va fer al ministre
d’Educació va repassar pràcticament tot allò que afecta
l’educació, des de la modificació dels temaris d’oposicions,
les beques, la reforma del sistema educatiu, la reducció de la despesa,
l’eliminació i la supressió de diferents programes que deixen de
tenir assignació pressupostària, com Educa 3, Escola 2.0, els PROA, i com
no, les retallades universitàries.

Té raó quan denuncia tot això i és veritat, però
l’aplicació del Reial Decret, al qual fem referència, i dit sigui
de pas, en el seu tràmit pel Congrés dels Diputats, la setmana passada, a
efectes de la seva validació, el nostre grup parlamentari ja hi va votar
en contra, i es va argumentar convenientment, però jo avui voldria posar
de manifest, una vegada més, els motius pels quals nosaltres, i des del
nostre grup, hi estem en contra, i que crec que són de molta més
profunditat, de molt més de calat, que els que vostè

planteja i que podem agrupar en tres grans blocs. El
primer. L’Estat amb aquesta decisió el que fa és centrifugar
dèficit a les comunitats autònomes i les amenaça d’una intervenció
si no compleixen, obligant-les a fer nous ajustaments, en un moment en
què els centres ja tenen una planificació feta de cara al proper curs,
perjudicant-les de manera greu en la seva gestió. I per un altre costat,
deixi’m que li digui, que Catalunya, aquest darrer any, i de manera
exquisida, ja ha demostrat el seu compromís amb els objectius de dèficit,
cosa que pràcticament ningú no havia fet.

El segon problema és la invasió de competències a les
comunitats autònomes i parlo evidentment per Catalunya, especialment pel
que fa referència a la jornada lectiva del professorat, quan estableix en
un mínim de 25 hores la dedicació al professorat en aquest àmbit, i en 20
hores en els altres ensenyaments, en tots els centres públics i privats
sostinguts amb fons públics. O el termini, per exemple, de 10 dies
lectius per cobrir les baixes del professorat, deixant que siguin els
recursos propis del centre els que atenguin aquestes baixes inferiors al
termini establert, —i aquí veiem una clara vulneració de les
nostres competències—, o l’eliminació de l’obligació
d’impartir les dues modalitats de batxillerat, que tampoc no hi
estem d’acord, doncs estaríem fomentant que una part de la població
sigui tota de lletres i una altra tota de ciències. En definitiva, el
Govern de l’Estat està adoptant en matèries educatives decisions
destinades a la gestió de la despesa sense tenir competències en aquest
àmbit.

El tercer és que difícilment reduirem el fracàs escolar tan
brutal, un 30% aproximadament, doncs doblem de llarg la mitjana europea,
amb l’eliminació dels programes, als que ja he fet referència, o la
disminució de recursos a les comunitats autònomes entorn del 45%. Per
tant, difícilment complirem amb els objectius que ens marca Europa 2020 i
amb les estratègies que hagin de ser necessàries per reduir
l’enunciat fracàs escolar.

I torno a la meva pregunta al ministre. Ja vaig dir-li que
retallar en educació, de males maneres, sense haver esgotat altres vies
de competència estatal, és un greu error.

L’Estat pot incidir sobre els ingressos, cosa que les
autonomies no, solament en una part del que ella ha decidit.

Per tant, són aquestes les nostres raons que ens impulsen a
manifestar-nos en una abstenció en aquesta moció que vostè planteja
precisament perquè nosaltres també entenem que els nostres arguments són
de més calat del que ens està plantejant.

Moltes gràcies.

Muchas gracias, señor presidente.

Hace aproximadamente un mes que en la sesión de control del
Gobierno le hacía al ministro de Educación la siguiente pregunta. ¿Por
qué el Gobierno decide rebajar la dotación a las comunidades autónomas en
el ámbito de la educación antes de ajustar y de reformar otros costes que
corresponden a la Administración General del Estado?

Lo que le señalé en aquel entonces al ministro hoy es del
todo válido, ya que estamos hablando más o menos de lo mismo. Esta moción
consecuencia de interpelación que nos presenta el senador Álvarez pide la
retirada del Real Decreto-ley 14/2012 y adoptar medidas para incrementar
la calidad del sistema educativo, fomentar la igualdad de oportunidades
y, por lo tanto, no recortar en becas y reducir el fracaso escolar, entre
otras medidas.

Estamos de acuerdo con estas propuestas, pero seguramente
con argumentos distintos, o también con otros argumentos diferentes a los
que usted nos plantea hoy, senador Álvarez.

En la interpelación que hizo al ministro de Educación
repasó prácticamente todo aquello que afecta a la educación, desde la
modificación de los temarios de las oposiciones, las becas, la reforma
del sistema educativo, la reducción del gasto en educación, la supresión
y reducción de programas que dejan de tener asignación presupuestaria,
como Educa3, Escuela 2.0, los Proa y, cómo no, también los recortes
universitarios.

Tiene razón cuando denuncia todo esto y es verdad. Pero la
aplicación del real decreto, al cual nos estamos refiriendo, y en su
trámite por el Congreso de los Diputados la semana pasada a efectos de su
convalidación, nuestro grupo parlamentario votó en contra, y se argumentó
convenientemente. Pero yo quisiera poner de manifiesto, una vez más, los
motivos por los cuales nuestro grupo está en contra, que son de mucha más
profundidad, de mucho más calado que los que usted plantea básicamente,
que podemos agrupar en tres grandes bloques. Primero, el Estado con esta
decisión lo que hace es centrifugar déficit a las comunidades autónomas,
y las amenaza con una intervención si no cumplen; las obliga a hacer
nuevos reajustes en un momento en el que los centros ya tienen la
planificación hecha de cara al

próximo curso, perjudicando así a los centros de manera
grave en su gestión. Por otro lado, Cataluña, este último año, y de
manera exquisita, ha demostrado su compromiso con los objetivos de
déficit; cosa que prácticamente nadie más había hecho.

El segundo problema es la invasión de competencias en las
comunidades autónomas y, evidentemente, hablo por Cataluña, especialmente
por lo que se refiere a la jornada lectiva del profesorado, cuando
establece en un mínimo de 25 horas la dedicación del profesorado en este
ámbito, y en 20 horas en otros ámbitos de enseñanza en todos los centros
públicos y privados sustentados con fondos públicos; o el plazo de 10
días lectivos para cubrir las bajas del profesorado, dejando que los
recursos propios del centro atiendan estas bajas inferiores al plazo
establecido —y aquí vemos una clara vulneración de nuestras
competencias—; o la eliminación de la obligación de impartir dos
modalidades de bachillerato, con lo que tampoco estamos de acuerdo, ya
que estaríamos fomentando que una parte de la población tenga una
formación exclusivamente de letras y otra una formación exclusivamente de
ciencias. En definitiva, el Gobierno del Estado está adoptando en materia
educativa decisiones destinadas a la gestión del gasto sin tener las
competencias en este ámbito.

Y el tercer punto es que difícilmente vamos a reducir el
fracaso escolar tan brutal que tenemos, el 30% aproximadamente, ya que
duplicamos de largo la media europea. No lo vamos a reducir con la
eliminación de los programas a los que me he referido: la reducción de
los recursos a las comunidades autónomas, en torno al 45%; no vamos a
cumplir con los objetivos que nos marca Europa 2020 ni con las
estrategias que tengan que ser necesarias para reducir el anunciado
fracaso escolar.

Y, volviendo a mi pregunta al ministro, ya le indiqué que
recortar en educación, de mala manera, sin haber agotado otras vías de
competencia estatal, es un error muy grave.

El Estado puede incidir sobre los ingresos, cosa que las
autonomías no pueden hacer; solamente en una parte de lo que ella ha
decidido.

Estas son las razones que nos impulsan a manifestar nuestra
abstención a la moción que usted nos plantea, precisamente porque
nosotros también entendemos que nuestros argumentos son de más calado que
los que usted nos está manifestando.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Alturo.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el
senador Álvarez Areces.

El señor ÁLVAREZ ARECES: Muchas gracias, señor
presidente.

Utilizando el turno de portavoces, haré mi última
intervención complementaria.

El señor ministro de Educación —acabo de ver un
despacho de Efe— se ha comprometido hoy a mantener una actitud de
diálogo abierto y franco con toda la comunidad educativa sobre la reforma
de la enseñanza y ha valorado la huelga, de la que ha dicho, entre otras
cosas, que es un derecho constitucional y que tiene todo su respeto.
Estupendo. Vamos a los hechos.

En primer lugar, vamos a reconocer que esta afirmación
dista bastante de lo que el portavoz popular nos decía sobre lo que ha
pasado hoy en España. Sinceramente, quede claro que el Partido Socialista
siempre ha condenado cualquier forma de violencia o de alteración, pero,
comparado con todo lo que ha sucedido hoy en este país, donde decenas de
miles de personas se han comportado en libertad, eligiendo un derecho
constitucional: manifestarse, o, simplemente, discrepar, o ir a la
huelga, creo que no tiene nada que ver, ni puede descalificarse de la
forma en que se ha hecho. (Aplausos.)

En segundo lugar, llama al consenso. Efectivamente, es lo
que ha faltado en todo esto. La educación, y, en general, la política, en
momentos como los que vivimos hay que hacerlas con consenso; consenso
para mantener el Estado del bienestar, consenso político con las fuerzas
parlamentarias, consenso social. Pero eso ha faltado hasta ahora. Y si se
rectifica, sería un primer paso para reconducir esta situación.

Nosotros, además de criticar todo lo que ha pasado con
estos recortes, también pedimos consenso y diálogo. Cuando se han
elaborado las leyes educativas que los socialistas han impulsado
—la LOGSE, la LOE, la LOU— se han hecho con un altísimo nivel
de consenso. Otra cosa es que el Partido Popular no las haya votado. Pero
sí la han votado otras fuerzas parlamentarias. Y el Real Decreto-ley de
20 de abril no lo ha votado ni una sola fuerza política de la oposición.
Por tanto, son dos formas de hacer política y de interpretarla,
especialmente en algo muy delicado y complejo, como es la educación.

Al señor ministro le diría que no puede analizar con
rankings y fórmulas simples lo que son elementos complejos, de una gran
diversidad. El abandono escolar no es igual en el conjunto de España. No
tiene que ver solo con el sistema educativo, sino con el ámbito laboral.
De hecho, hoy el abandono escolar

prematuro se está reduciendo, en una etapa de crisis, y
aumentó en la etapa del crecimiento del ladrillo, cosa que hay que tener
en cuenta. El éxito o el fracaso escolar no es igual en el conjunto de
las comunidades autónomas. Algunas están en estándares europeos. Por
tanto, esos rankings que tanto les gustan, esas maneras de clasificar el
ranking de Shangai es un simplicismo extraordinario, que además irrita en
el ámbito universitario, y ha sido puesto de manifiesto por la propia
comunidad universitaria.

No podemos minusvalorar los efectos de los recortes: la
pérdida de igualdad de oportunidades, la pérdida de calidad en la
enseñanza pública en España, menos profesores en las aulas; decenas de
miles de personas pierden su empleo en el ámbito educativo, más alumnos
por aula, con una evidente pérdida de calidad. La subida de las tasas
universitarias es un ataque a la igualdad, máxime cuando las becas dejan
de ser un derecho y se hace más difícil acceder a ellas, porque no
solamente se establecen estándares económicos, sino también rendimientos
académicos muy superiores, ignorando toda una serie de circunstancias que
se dan. La universidad ve violentada la autonomía universitaria porque
también se regula el régimen del profesorado. Se hacen afirmaciones
simplicistas de lo que es la universidad, como la gran dicotomía entre
investigación y docencia, y se ignora también que hay gestión en la
universidad, que hay transferencia tecnológica, que no se pueden utilizar
los créditos ECTS desde un despacho burocrático, tratando de sustituir la
complejidad del sistema y su gestión.

Por eso, coincido con muchas afirmaciones que se han hecho
en el sentido de que se están vulnerando competencias autonómicas y la
propia autonomía universitaria, que está reconocida en nuestras
leyes.

Es necesario recomponer esta situación y el Partido
Socialista, siempre que haya voluntad de diálogo, va a estar presente en
ese diálogo, para hablar ante Europa con una sola voz, para reconducir la
situación nefasta que ha producido la reforma laboral, para mantener el
Estado del bienestar y, especialmente, diálogo en la educación.

Hasta ahora ha habido falta de diálogo y de respeto porque
se ha actuado a espaldas de los representantes de la comunidad educativa.
En este sentido, les voy a citar una frase de un prestigioso científico,
Joan Massagué, que dice que el Gobierno tiene una feroz indiferencia
hacia la ciencia, una indiferencia proactiva y agresiva.

El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría.

El señor ÁLVAREZ ARECES: Acabo ya.

No me diga el señor Wert que él no tiene nada que ver con
la investigación porque la investigación está en la universidad
―aunque esté en otro ámbito del Gobierno―, se han recortado
los créditos en investigación nada menos que el 25% y así no se puede
avanzar hacia el futuro. Con esta política suicida estamos consiguiendo
estrangular promesas y ahuyentar talentos ―decía él― y esto
no lo puede consentir un país como el nuestro.

Por tanto, naturalmente vamos a aceptar cualquier
planteamiento de diálogo, pero queremos que sea un diálogo efectivo y que
esas anunciadas reformas no se hagan convocando comisiones para debatir
presupuestos ―como esta tarde-noche― sin ningún tipo de
planteamiento previo sino, insisto, con un diálogo efectivo, constructivo
y mirando al futuro.

Gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Álvarez
Areces.

Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el
senador Peral.